Otra teoría electoral. A casi dos meses de la segunda vuelta, Juntos por el Perú ha expresado dudas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo del material electoral. El abogado del partido, Roy Mendoza, señaló que el principal punto de preocupación radica en el contexto político en el que se plantea esta intervención.

Según explicó, durante la primera vuelta ya se intentó que las Fuerzas Armadas asuman un rol más activo en el despliegue y repliegue del material electoral. En ese escenario, advirtió que repetir esa fórmula en la segunda vuelta, bajo las actuales condiciones, genera inquietud dentro de la agrupación.

“Mire, se ha intentado en primera vuelta, se intentó de que las Fuerzas Armadas sean las que hagan el repliegue y despliegue del material electoral. Si eso se intenta nuevamente en la segunda vuelta, ¿no?, quedaría la explicación y caería de maduro ¿Por qué quieren el ministro de Defensa aliado o cercano a Fuerza Popular? Esa es nuestra mayor preocupación”, expuso en entrevista con RPP.

Sospechas por designación en el Ministerio de Defensa

El cuestionamiento de Juntos por el Perú también se centra en la designación del actual ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores, a quien vinculan políticamente con Fuerza Popular. Para Mendoza, este factor introduce un elemento de desconfianza en el manejo de la seguridad electoral.

“Eso es posible, esa es una gran posibilidad”, afirmó al ser consultado sobre la eventual participación de las Fuerzas Armadas en el proceso.

El abogado aclaró que el partido no se opone a la colaboración de las Fuerzas Armadas, pero sí a que asuman un rol central en el control del material electoral. En su posición, considera que esta función debe mantenerse bajo la responsabilidad de los organismos electorales.

“Que se colabore, sí, pero que las Fuerzas Armadas sean ellas las encargadas, porque esa es la propuesta, que sean las encargadas del resguardo y también del acopio del material electoral, eso sí no lo vamos a permitir”, indicó.

Aunque descartó que exista una intención directa de manipular los resultados, insistió en que el contexto político genera dudas.

“No, no creo eso, pero, repito, ya la sola designación de una persona cercana a Fuerza Popular, quien se encuentra en segunda vuelta, ya nos genera cierta preocupación a nosotros”, añadió.

Denuncia constitucional queda en evaluación tras anuncio inicial

En paralelo a estos cuestionamientos, la bancada de Juntos por el Perú había anunciado la presentación de una denuncia constitucional contra el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, la medida no se ha concretado y permanece en evaluación interna.

Mendoza precisó que, hasta el momento, no se ha iniciado ningún procedimiento formal. “No hay actos concretos. Es decir, nosotros no hemos realizado ninguna denuncia. Ni siquiera las denuncias constitucionales. No se ha interpuesto absolutamente nada”, afirmó.

El abogado explicó que la decisión responde a un análisis político sobre la oportunidad de presentar estas acciones en el actual contexto electoral. La prioridad, indicó, es evitar que el proceso se vea aún más tensionado antes de la segunda vuelta.

“He dicho que está en fase de evaluación, en fase de análisis con la bancada. Creo yo que lo que se está evaluando acá es si es que es oportuno realizar esas denuncias constitucionales en este momento o no, porque si también podría contribuir a lo encrispado que está el ambiente electoral”, señaló.

De acuerdo a lo reportado por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, entre los afectados se encontraban niños, adultos y personal policial que realizaba labores de apoyo. Todos quedaron aislados en medio del avance del agua, el lodo y los deslizamientos, sin posibilidad de evacuar por sus propios medios.

La rápida respuesta de las autoridades permitió activar un despliegue aéreo clave para evitar una tragedia. El uso de un helicóptero fue determinante para concretar el rescate en una zona de difícil acceso y bajo condiciones climáticas adversas.

Helicóptero permitió rescatar a personas aisladas en San Ramón

Ante la emergencia, la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Compañía de Intervención Rápida para Desastres fue decisiva. Un helicóptero del Comando Especial Vraem llegó hasta San Ramón tras la solicitud de apoyo de las autoridades municipales, cumpliendo los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Desde el aire, el equipo militar evaluó áreas inundadas y localizó a personas atrapadas, mientras personal especializado bajaba para ejecutar el rescate.

El principal objetivo fue salvaguardar la vida de quienes permanecían aislados por el desborde y el lodo. Los militares coordinaron maniobras en la margen izquierda del río, donde Buenos Días Perú confirmó que evacuaron a una familia de siete integrantes, incluidos dos niños pequeños y cinco adultos, además de asegurar zonas donde el caudal representaba un riesgo inminente para otros pobladores.

La operación aérea se completó con la coordinación del gobierno local y el trabajo conjunto de policías, bomberos y rescatistas municipales, quienes facilitaron la logística en tierra para recibir a los evacuados y atender emergencias adicionales en el distrito.

Operativo permitió salvar a agentes y familias en riesgo

En el mismo operativo, miembros del helicóptero lograron auxiliar a ocho efectivos policiales que habían quedado rodeados por el agua y el lodo durante sus labores de ayuda a la población. Estos agentes, parte de la Policía Nacional del Perú, se encontraban incomunicados y a la espera de apoyo mientras evaluaban rutas para evacuar a familias atrapadas.

Los testimonios transmitidos por Buenos Días Perú dan cuenta de la situación: las personas rescatadas pudieron ser puestas a salvo en sitios seguros y recibieron asistencia médica y alimentos. La colaboración entre la Compañía de Intervención Rápida para Desastres y el gobierno local fue esencial para identificar a tiempo a quienes requerían evacuación por helicóptero, especialmente en viviendas contiguas al margen del río que registraban ingresos de lodo y daños estructurales severos.

Las autoridades desplegaron un segundo reconocimiento aéreo para registrar nuevas áreas de urgencia, mientras otros equipos priorizaban el apoyo a menores y adultos mayores, en sintonía con los protocolos de emergencias por desastres naturales.

Lluvias causan daños y bloquean vías en Chanchamayo

El informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indica que las lluvias han causado huaicos, deslizamientos y obstrucción total de rutas principales en la provincia de Chanchamayo. Sectores como Malecón Tarma, El Naranjal y La Auvernia han sufrido cortes de tránsito, colapso de puentes y daños en viviendas y comercios, dificultando la llegada de ayuda humanitaria.

El gobierno local coordina el traslado de maquinaria para remover lodo y habilitar pasos en los tramos afectados. La amenaza de nuevos desbordes se mantiene, ya que la intensidad de las lluvias no ha cesado y el caudal del río sigue siendo elevado. Los equipos de emergencia advierten que la situación en sectores vulnerables sigue comprometida al continuar las lluvias.

Según la información oficial, no se han registrado pérdidas de vidas humanas hasta el momento. Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas peligrosas y seguir las recomendaciones de emergencia emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y la Policía Nacional del Perú.

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan (SUSJ) lleva poco menos de dos meses y un total de 14 audiencias de riguroso contenido técnico. Esta semana fue el turno del submarinista Luis Alejandro Ficossecco, uno de los varios testigos que declararon en las dos últimas jornadas: oficial en su sexto año de Capitán de Corbeta, con más de cincuenta navegaciones en su haber, experiencia en el ARA Salta, en tres unidades de la Marina de Guerra del Perú y, entre 2015 y 2016, en el propio submarino SUSJ.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, intenta determinar si la embarcación estaba en condiciones de seguridad para ser incorporado a la Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos al momento de su última misión. La hipótesis acusatoria sostiene que no. Cuatro ex oficiales de la Armada -Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa- enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Todos negaron las acusaciones.

Ficossecco fue interrogado durante horas por todas las partes -fiscalía, querellas y defensas-, pero fue su extenso ida y vuelta con Juan Pablo Vigliero, defensor del capitán de navío destituido Claudio Villamide, el que abordó con mayor profundidad dos ejes que atraviesan el núcleo del debate: el significado del Índice de Control del Estado del Material (ICEM) como herramienta para determinar si un buque está en condiciones de navegar, y el análisis del mensaje SITREP (informe de situación) enviado por el San Juan a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017 -casi cinco horas antes de que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) registrara, a las 10:51, un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en el Atlántico Sur-.

El ICEM y sus alcances

Entre la documentación que el debate viene analizando figura el ICEM N°07/17, confeccionado el 5 de septiembre de 2017 por el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Fernández. El ICEM, en rigor, es el instrumento que la Armada impone por reglamento de manera periódica, mediante el cual la dotación y su capitán relevan y califican el estado de todos los sistemas del buque: navegación, comunicaciones, sensores, servicios, control de averías, casco, eléctrico -generadores, baterías y tableros-, hidráulico, snorkel, armas y control de tiro, salvamento, fuerza y propulsión. Ese ICEM N°07/17 calificó al San Juan como “habilitado”, con un índice de 4,25 sobre 5, y lo consignó como “disponible”, aunque especificó que estaba “limitado al estado del material” en virtud de una restricción preventiva en su profundidad operativa. Es una de las piezas que la defensa utiliza para sostener que la nave estaba en estado operativo al momento de su última misión, iniciada el 25 de octubre de 2017 con el propósito de realizar ejercicios de adiestramiento integrado y una patrulla de control de mar de diez días.

Sobre ese instrumento, Ficossecco fue tajante: el ICEM “no es totalmente objetivo”. Lo explicó con un ejemplo concreto. Cuando en 2016 le tocó confeccionar el primer ICEM del San Juan tras el cambio de comando entre los capitanes Blanco y Cella Irigoyen, el submarino no había tenido ninguno en años -en 2014 y 2015 dependía orgánicamente de la Dirección General de Material Naval y no del Comando de la Fuerza de Submarinos-. Al buscar el último ICEM elevado, anterior a las reparaciones de media vida, encontró que su calificación final era más alta que la del período posterior a ese proceso. La situación era peculiar: el submarino antes de ser reparado estructuralmente tenía, sobre el papel, mejor puntaje que después de salir del arsenal de mantenimiento.

La razón es técnica: un equipo que no pudo ser probado se asienta como “no apreciado”, lo que no penaliza el promedio general. Si en cambio se prueba y falla, el puntaje cae. Al respecto, el testigo recordó lo que le había ocurrido con el sonar activo: antes de las reparaciones figuraba como “no apreciado” porque no había podido evaluarse. Después se lo probó, resultó “seriamente degradado” y el número de calificación bajó, ilustró el testigo.

El submarinista aclaró, sin embargo, que la subjetividad del índice no implicaba arbitrariedad: hay subsistemas que hacen directamente a la seguridad náutica -como las baterías- y otros que no -como el sistema IFF o el de degaussing-, y esa distinción es la que debe orientar la lectura del número final. En una unidad con más de treinta años de antigüedad, además, calificar un equipo como operativo “según condiciones de diseño” tiene sus propios matices: las delgas del sonar se degradan con el uso, pero en qué porcentaje exacto nadie puede saberlo con certeza.

A partir de ahí, Ficossecco formuló que el concepto mismo de “operativo” depende de la misión asignada. Un submarino con periscopio en servicio y tubos lanzatorpedos fuera de servicio está operativo para un relevamiento fotográfico de costa, pero no para un enfrentamiento naval. Para ilustrarlo mencionó el trabajo que realizó junto a INVAP en 2014 y 2015, donde se desarrolló una matriz que asignaba distintos niveles de operatividad según la función específica que debía cumplir el buque. Para las misiones de adiestramiento que cumplía el San Juan en 2015 y 2016, dijo, el submarino estaba operativo: “Porque podía navegar.”

Vigliero fue más lejos: ¿estaba operativo porque salía a navegar, o salía a navegar porque estaba operativo? “Si sale a navegar con las condiciones de seguridad, estaba operativo”, respondió Ficossecco. Y ante la pregunta retórica de si la Argentina estaba en guerra durante esas navegaciones, o si se le había confiado alguna misión bélica, el testigo respondió que no: el estándar aplicable era el del adiestramiento, no el del combate.

La audiencia derivó entonces hacia una de las temáticas más tratadas durante el juicio: quién decide si un buque zarpa. Ficossecco fue preciso: la autoridad operativa ordena el despliegue, pero el comandante del buque es el máximo responsable y debe pronunciarse sobre las condiciones de la nave.

A su vez, advirtió que un capitán podía ser relevado si se negaba a zarpar. “Ha sucedido que un comandante dijera que su unidad no estaba en condiciones de navegar y cambiaron al comandante, vino otro, hicieron un arreglo y zarparon”, dijo. Y fue más explícito: “Si un comandante le dice a su subordinado ‘zarpe’, y el subordinado le dice ‘no, yo no zarpo’, ese comandante puede relevarlo, porque no hay que olvidar que somos militares. Entonces sacan a ese comandante y ponen a otro, y quizás este zarpa. Eso pasó en Malvinas“.

Aun así, remarcó que el camino correcto era el opuesto: “Si el comandante considera que no está seguro, no debería zarpar, y debería manifestarlo.” Admitió además que sus propias convicciones sobre este punto cambiaron después de haber comandado un buque: el año pasado tuvo que decir que su unidad no estaba en condiciones de zarpar y así lo hizo. Su buque no zarpó.

“El comandante es el máximo responsable de su unidad (...) -y- es el último responsable de la unidad navegando”, cerró.

Las pruebas de 48 horas

Ante la pregunta del defensor de Villamide sobre cómo determinar si un submarino es seguro para zarpar más allá del ICEM, Ficossecco calificó a las pruebas de 48 horas como el instrumento clave. Se trata de un protocolo en el que cada sistema del buque es puesto en funcionamiento y verificado físicamente antes de zarpar. La ejecución corre a cargo de un suboficial o cabo, supervisado por el jefe de Cargo o jefe de Departamento, y se vuelca en una planilla con el estado de cada equipo y las novedades detectadas. El segundo comandante la revisa completa y puede ordenar que algo se pruebe nuevamente. El comandante recibe el cuadro final: el estado real de la unidad en ese momento, no el del ICEM confeccionado semanas antes.

“El ICEM es más macro. Esto es mucho más particular y va a cada equipo. Y no es verlo sino ponerlo en funcionamiento”, dijo.

Como ejemplo citó los periscopios: en las pruebas de 48 horas se izan y se arrían con cronómetro, y el tiempo se contrasta con los parámetros de la planilla. Si está fuera de rango, se asienta.

A partir de ahí, el intercambio entre Vigliero y el ex tripulante del ARA San Juan fue directo:

—¿Podría un submarino zarpar sin hacer las pruebas de 48 horas?

—No. No conozco algún caso.

—¿Puede afirmar que si un submarino zarpa es porque hizo las pruebas de 48 horas?

—Sí.

—¿Podemos afirmar entonces que si un submarino zarpa es porque hizo las pruebas de 48 horas y estaba en estado seguro para navegar?

—Debería ser así. Ahora, estaba seguro, sí. Puede llegar a zarpar con alguna limitación, y voy a explicar el caso de 2016: teníamos un solo periscopio operativo, no los dos. ¿Afectaba la seguridad náutica? Totalmente, porque tiene un solo periscopio. ¿Zarpamos igual? Sí. ¿Por qué? En la prueba de 48 horas estaba asentado que había un solo periscopio. Pero en la evaluación que hace el comandante dice: “bueno, con un periscopio puedo navegar igual”. Sin los dos periscopios no va a zarpar, se lo aseguro. Ahora, con un periscopio, sí, puedo navegar. ¿Cuál era la alternativa? Bueno, me quedo sin periscopio, tengo que ir a superficie. Esa es la gestión que hace el comandante sobre ese caso particular.

—¿Podría haber algún vínculo entre la misión que tenga asignada un buque y el estado operativo en el que se encuentra?

—Totalmente. De acuerdo a cómo está la unidad, es la tarea que se le va a dar. No puedo mandar a la Antártida a un multipropósito que está en el río porque no está preparado ni en capacidad.

—Usted navegó en 2015 y 2016 en el San Juan. ¿Se sentía seguro navegando en el San Juan?

—Sí.

—¿Tuvo algún temor real sobre el estado de seguridad del submarino?

—No. Cuando tuvimos una emergencia -yo nunca había tenido una-, donde estuvimos asentados en el fondo, creí que no salíamos. Y uno aprende a conocerse de otra manera, a uno mismo y al resto de la gente. Por eso muchas opiniones que vierto sobre el personal que componía la plana mayor y la dotación son por conocerlos en esas situaciones.

El análisis del SITREP

Hacia el final del interrogatorio, Vigliero pidió exhibir en pantalla el mensaje SITREP enviado por la nave a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017, casi cinco horas antes de la implosión registrada por la CTBTO. El texto decía: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado“.

Ficossecco advirtió primero lo que el mensaje no decía: “El problema de esto es la magnitud, que no se expresa.” Las preguntas que le generó al leerlo fueron inmediatas: ¿cuánta agua entró?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿qué pasó con el incendio?, ¿hubo humo?, ¿hubo explosiones? “Eso no es normal que se produzca, para nada”, dijo sobre el ingreso de agua de mar al tanque de baterías. Y explicó por qué el submarino llamó además por voz para ampliar la situación: porque el mensaje escrito dejaba demasiadas preguntas abiertas. “Si yo hubiera sido el comandante de la fuerza de submarinos, esto no me deja claro mucho.”

Al mismo tiempo, leyó señales de control en el texto. La propulsión con circuito dividido indicaba que la tripulación tenía cierto dominio de la situación: no estaban declarando una emergencia sin capacidad de maniobra; estaban navegando y estaban en inmersión. “Lograron controlar lo que pasaba.” El “sin novedades de personal” -fórmula estándar de la Armada para indicar que no hay heridos- completaba ese cuadro de contención relativa. Sobre el cierre del mensaje -“mantendré informado”- Ficossecco también reparó en lo que no decía: ¿cuándo? ¿En cinco horas? ¿En diez? El SITREP ampliatorio nunca llegó.

Pero el punto central de su análisis fue el contexto en que ese mensaje fue redactado. El SITREP se cursó a las seis de la mañana. El incidente había comenzado la noche anterior. Para el testigo, quienes lo escribieron llevaban más de veinte horas sin dormir, en un submarino en superficie con estado de mar 6 -olas de entre cuatro y seis metros o más-, con una emergencia activa, una tripulación reducida y el sistema de guardias de cuatro por ocho completamente alterado.

“El que tenía que hacer guardia de cuatro a ocho de la tarde, esa persona todavía no se había acostado, porque a las ocho de la noche pasó a comer, tuvieron la emergencia, se quedaron despiertos todos”, expresó el oficial.

Describió además lo que significaba navegar en un submarino en superficie con ese estado meteorológico: movimientos “cortos y raros”, muy distintos a los de un buque convencional. “Adentro del submarino es sumamente incómodo. Más el estrés de la situación y el cansancio”, describió.

Luego, al recabar de vuelta en el mensaje enviado, puntualizó: “Tratar de saber, juzgar o interpretar qué puso cuando escribió esto a las seis de la mañana un jefe de operaciones que hacía más de veinte horas que no dormía, con un comandante y un segundo en la misma situación: hay que considerar muchos aspectos, no es tan taxativo”.

Lo que viene

Las audiencias retomaron este lunes y continuarán con declaraciones testimoniales hasta el jueves, luego de lo cual el debate entrará en un cuarto intermedio hasta el lunes 4 de mayo. Este miércoles está prevista la declaración de Horacio Chighizola, ex Secretario de Estrategia y Asuntos Militares y mano derecha del entonces ministro de Defensa Oscar Aguad al momento del siniestro. Su testimonio es uno de los más esperados del tramo actual del juicio.

El Ministerio de Defensa ha anunciado la convocatoria para el año 2026 de casi 3.000 plazas de oficiales y suboficiales tanto en las Fuerzas Armadas como en la Guardia Civil, plazas a las que se puede acceder mediante promoción externa o interna. El Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye este lunes la resolución del proceso y establece que el plazo de presentación de la solicitud de admisión a los procesos de selección se abrirá este martes y se cerrará en 20 días.

El proceso selectivo se estructurará bajo el sistema de concurso-oposición. Para quienes opten por la vía de promoción externa, el Ministerio de Defensa exige en cada proceso una serie de requisitos que deben cumplirse desde la solicitud hasta la incorporación al centro docente militar. Se requiere, entre otros, tener nacionalidad española, y haber cumplido los 18 años. Es indispensable no estar privado de derechos civiles, carecer de antecedentes penales ni encontrarse incurso en procesos judiciales por delito doloso, conforme a las condiciones detalladas por Defensa.

La oferta concreta asciende a 2.944 plazas para ambas escalas. De ellas, 1.337 serán de acceso por ingreso directo, mientras que las 1.607 restantes se reservan a quienes opten a través de la promoción interna. Aproximadamente el 55 % de las plazas se destinan este año a la promoción interna dentro de las Fuerzas Armadas, cifra en línea con la de 2025. Además, se han incluido 1.261 plazas destinadas a personal de tropa y marinería para acceso a la escala de suboficiales, de las que el 80 % quedan reservadas a esta última escala y 120 plazas a quienes aspiren a la escala de oficiales.

Qué requisitos hay para acceder a las plazas de oficiales y suboficiales convocadas por Defensa en 2026

Además de la nacionalidad y los límites de edad establecidos, los candidatos no pueden haber sido expulsados de ninguna Administración Pública u órgano constitucional o estatutario por expediente disciplinario. Tampoco podrán presentarse quienes hayan sido inhabilitados de manera firme para el ejercicio de funciones públicas, ni quienes hayan causado baja en centros docentes militares en los supuestos previstos en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

Defensa aclara que los excluidos de procesos previos por dar positivo en la detección de sustancias psicotrópicas o drogas podrán presentarse únicamente si ha pasado al menos un año desde la fecha de exclusión. Por otra parte, el personal militar no podrá haber dado positivo en análisis toxicológicos realizados durante el último año antes del cierre de solicitudes y no debe tener sanciones disciplinarias firmes por faltas graves o muy graves en su historial militar individual.

También existen restricciones para aspirantes con antecedentes penales, procesos judiciales abiertos, resoluciones por insuficiencia de condiciones psicofísicas o profesionales, así como para quienes posean tatuajes o inserciones incompatibles con los valores constitucionales o la imagen de las Fuerzas Armadas.

Además, no pueden acceder a una escala aquellas personas que ya formen parte de la enseñanza de esa misma escala tras haber resultado seleccionadas en procesos anteriores. En algunos puestos puede exigirse una titulación universitaria específica, aunque otros resultan accesibles solo con bachillerato.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció públicamente a través de su cuenta de X que ha sido alertado sobre un posible atentado en su contra y contra su familia. Según expresó el mandatario, la Policía Nacional le informó sobre un plan de bandas criminales que pone en riesgo su vida y la de sus seres queridos.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, señaló Char en su cuenta personal.

El alcalde hizo un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y brinden las garantías necesarias que le permitan continuar con su labor al frente de la administración distrital.

“Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, enfatizó Char.

La administración distrital y las autoridades continúan en alerta, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer y contrarrestar cualquier amenaza contra la integridad del alcalde y su familia.

Rechazo y solidaridad al alcade Char

La denuncia hecha por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia, generó un amplio rechazo y mensajes de solidaridad por parte de líderes políticos, asociaciones y movimientos a nivel nacional.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó a través de su cuenta de X un rechazo total al plan revelado para atentar contra Char. “Todo indica que este plan tiene que ver con sus denuncias sobre la Paz Total y el impacto en Barranquilla de las bandas delincuenciales con las que el Gobierno nacional ha venido negociando”

Galán, además advirtió sobre el riesgo que supone la estrategia de apaciguamiento de delincuentes, señalando que expone a los gobiernos locales a estructuras criminales cada vez más fuertes y al país a un espiral de violencia.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se sumó a los mensajes de solidaridad. “Toda mi solidaridad con mi amigo y colega Alejandro Char. El gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia”, escribió en redes sociales.

Gutiérrez fue más allá y cuestionó la política de “Paz Total” del gobierno Petro, calificándola como una “entrega total” de Colombia a los peores criminales. El madatario criticó los recientes ataques del presidente Petro contra Char y otros mandatarios locales, sugiriendo que cada vez que el mandatario ataca a los alcaldes, aumenta el riesgo para estos funcionarios.

“Recordemos también el ‘Tarimazo’ en Medellín. Así como también lo hizo en contra de Miguel Uribe y terminó siendo asesinado por ‘gestores de paz’ de Farc, amigos de su gobierno”, agregó Gutiérrez, que concluyó con un llamado a que el próximo gobierno recupere la seguridad y enfrente a los criminales.

El Centro Democrático también emitió un comunicado rechazando categóricamente las amenazas de muerte contra Alejandro Char. “Es inaceptable el uso del terror y la intimidación como herramientas de presión”, señaló el partido, que exigió a las autoridades y organismos de seguridad brindar garantías inmediatas para proteger la vida e integridad del mandatario y su familia.

“La democracia no puede claudicar ante los violentos”, enfatizó el comunicado, reiterando el compromiso del movimiento con la defensa de la libertad y la institucionalidad.

A través de un comunicado oficial, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación contra el alcalde Char, su familia y su entorno. “La violencia contra un mandatario local es una agresión directa contra la institucionalidad democrática, la autoridad legítimamente elegida y la estabilidad de los territorios”.

Asocapitales urgió a las autoridades a tomar medidas inmediatas de protección, investigación y judicialización, y reiteró que garantizar la seguridad de los alcaldes es fundamental para el funcionamiento del Estado en los territorios.

Un nuevo golpe al narcotráfico en el Vraem pone en evidencia la magnitud de las operaciones ilegales que continúan desarrollándose en zonas alejadas del país. Esta vez, un operativo liderado por el Ejército del Perú, en coordinación con otras instituciones del Estado, permitió desarticular una infraestructura clandestina dedicada a la producción de droga en la región Ayacucho.

La intervención se ejecutó en el distrito de Samugari, provincia de La Mar, donde las fuerzas del orden lograron incautar 360 kilos de droga y más de 3.4 toneladas de hoja de coca en proceso de maceración, en un despliegue que forma parte de las acciones permanentes contra el tráfico ilícito en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem), considerado uno de los principales focos de producción de cocaína en el país.

Operativo militar destruye laboratorio clandestino de droga en Ayacucho

El operativo estuvo a cargo de los Grupos de Operadores Especiales (GOOEE) de la Compañía Especial de Comandos “Lince” N.° 2, unidad que pertenece a la 2da Brigada de Infantería del Ejército. La acción se realizó en estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú y bajo la supervisión del Ministerio Público, lo que permitió garantizar la legalidad de la intervención y el manejo de las evidencias.

Durante el despliegue en la zona, los efectivos ubicaron una instalación clandestina acondicionada para la producción de alcaloide de cocaína, donde se halló una poza de maceración activa con aproximadamente 3,450 kilos de hoja de coca en pleno procesamiento. A esto se sumaban cerca de 5,000 kilos de residuos sólidos (detritus), lo que evidencia el volumen de producción que manejaban estas organizaciones ilegales.

Asimismo, en el lugar se identificaron dos pozas de decantación, utilizadas para el tratamiento químico de los insumos, una fase clave en la elaboración de droga. Estas estructuras estaban acondicionadas para sostener una operación continua, lo que sugiere un nivel logístico importante detrás de la actividad ilícita.

Como parte de los resultados del operativo, se logró incautar 360 kilos de sulfato de cocaína, los cuales estaban almacenados en recipientes de gran capacidad listos para su traslado. Todo el material encontrado, incluyendo la droga, los insumos y la infraestructura, fue destruido e incinerado en el mismo lugar, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1100, en presencia de representantes fiscales.

Desde el Ministerio de Defensa, se informó que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia sostenida para debilitar las redes del narcotráfico que operan en el Vraem. La acción no solo apunta a la incautación de droga, sino también a la destrucción de laboratorios y centros de procesamiento que permiten la producción a gran escala.

Otro golpe en el VRAEM: abaten a integrantes de Sendero Luminoso en operativo militar

Un mes antes de este reciente despliegue contra el narcotráfico, las fuerzas del orden ejecutaron una operación clave contra remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM, específicamente en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta, en Ayacucho. La intervención, realizada el 29 de marzo, estuvo a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con participación de la Fuerza Especial Conjunta, el Comando Especial del VRAEM, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, en una acción coordinada que buscaba neutralizar actividades subversivas en la zona.

De acuerdo con información oficial, el operativo dejó como resultado la muerte de dos presuntos integrantes de la organización terrorista, identificados con los alias de “David” —señalado como miembro del Comité Central en el VRAEM— y “Ramírez”. Durante la intervención también se logró la incautación de armamento, entre ellos una ametralladora MAG calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm, lo que evidencia la capacidad operativa que aún mantienen estos grupos en territorios de difícil acceso.

Este hecho se produjo en un contexto particularmente sensible, a pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, proceso que había sido cuestionado previamente por estos remanentes subversivos mediante comunicados difundidos en la zona. Las Fuerzas Armadas informaron que continuarán intensificando las operaciones en el VRAEM, bajo el marco legal vigente y con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de debilitar tanto la presencia terrorista como sus vínculos con economías ilegales en esta parte del país.

Dos soldados estadounidenses resultaron gravemente heridos por un oso pardo durante un ejercicio de entrenamiento en la Joint Base Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, el viernes 18 de abril de 2026.

Según confirmó la 11th Airborne Division a CBS News, ambos militares participaban en un ejercicio de navegación terrestre cuando fueron sorprendidos por el animal.

Los soldados recibieron atención médica inmediata y continúan en observación, mientras las autoridades mantienen en reserva sus identidades hasta que los familiares sean notificados.

El ataque y la respuesta inmediata de los soldados

De acuerdo con el portavoz militar, teniente coronel Jo Nederhoed, ambos soldados portaban aerosol anti-osos (bear spray), una medida de seguridad obligatoria en zonas de entrenamiento expuestas a la fauna local.

Según relató Nederhoed a ABC News, los soldados lograron utilizar el bear spray durante el ataque, lo que habría sido clave para ahuyentar al animal y evitar consecuencias aún más graves. La prioridad de la unidad, aseguró el vocero, es “la seguridad y el bienestar del personal”.

La Alaska Department of Fish and Game explicó que el ataque fue probablemente defensivo, ya que el oso acababa de emerger de la hibernación, una situación que suele incrementar la agresividad de estos animales ante la presencia humana. La supervisora regional del organismo, Cyndi Wardlow, destacó a CBS News la importancia del uso del aerosol: “Tener bear spray en el campo puede haberles salvado la vida”.

Investigación y medidas de seguridad tras el ataque

La investigación oficial sigue en curso. Las autoridades militares y estatales trabajan en conjunto para esclarecer los detalles del incidente y reforzar las medidas de seguridad.

Según precisó el Departamento de Pesca y Caza a Anchorage Daily News, la zona del ataque —el área de entrenamiento Arctic Valley, dentro de la base— fue temporalmente cerrada a actividades recreativas hasta nuevo aviso.

Especialistas del organismo recolectaron muestras en el lugar para identificar la especie y el sexo del animal involucrado. Los funcionarios no lograron localizar al oso tras rastrear la zona, una extensión remota y montañosa dentro de los 259 kilómetros cuadrados que abarca la base militar.

Wardlow aseguró que el objetivo es aprender de cada incidente para incrementar la seguridad de civiles y militares en Alaska.

Una convivencia riesgosa entre humanos y osos

Alaska alberga una de las poblaciones de osos más grandes del mundo, con aproximadamente 100.000 osos negros y 30.000 osos pardos, según cifras oficiales. La presencia de estos animales en áreas cercanas a bases militares y zonas urbanas genera un desafío constante para la convivencia segura.

Entre 2000 y 2017, la Sección de Epidemiología estatal registró 68 hospitalizaciones por ataques de osos, con el 96% de los casos atribuidos a osos pardos. En ese periodo, se contabilizaron 10 muertes en ocho ataques diferentes.

La Joint Base Elmendorf-Richardson aloja a unas 40.000 personas, la mayoría personal militar en servicio activo. Fox News remarcó que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la base: en mayo de 2022, otro soldado perdió la vida tras ser atacado por un oso en las inmediaciones del vertedero regional de Anchorage, tal como informaron fuentes oficiales.

Reacciones y próximos pasos

Funcionarios militares y estatales insisten en la necesidad de mantener la alerta y reforzar las recomendaciones de seguridad, sobre todo en la temporada de primavera, cuando los osos despiertan de la hibernación y aumentan los encuentros con humanos.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales de vida silvestre para garantizar la seguridad de todo el personal y prevenir futuros incidentes”, declaró Nederhoed a Anchorage Daily News. Las investigaciones continuarán hasta determinar con precisión las circunstancias y posibles medidas adicionales de protección.

La experiencia reciente refuerza la importancia de las prácticas de prevención en Alaska, donde la convivencia entre humanos y grandes mamíferos sigue siendo un desafío para la seguridad pública y militar.

Autoridades dieron inicio al ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, que se desarrollará en El Salvador hasta el 27 de abril, en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos. La operación reúne a fuerzas de seguridad de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Belice y tiene como propósito fortalecer la cooperación regional y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales, desastres naturales y crisis humanitarias.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y el general Evan L. Pettus, subcomandante del Comando Sur. Ambos destacaron la relevancia de la cooperación regional y los objetivos del ejercicio, que busca consolidar alianzas y perfeccionar mecanismos conjuntos ante desafíos comunes. Merino Monroy afirmó: “El Salvador asume el rol de coanfitrión con la responsabilidad de la organización logística, los escenarios y los actos oficiales para el desarrollo del ejercicio”.

“Es un honor y un privilegio unirme a ustedes aquí en la apertura del ejercicio CENTAM Guardian 2026, la quinta reunión de este tipo en esta serie vital y un brillante ejemplo de lo que podemos lograr cuando nos unimos con un propósito común”, expresó el general Pettus durante la ceremonia. El oficial estadounidense subrayó la presencia de delegaciones de todos los países participantes como señal de la fortaleza de las alianzas y el compromiso colectivo con un hemisferio más seguro y próspero.

La edición de este año incluye operaciones en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial, aprovechando las fortalezas de cada nación y agencia participante. Evan L. Pettus, subcomandante del Comando Sur de los Estados Unidos, puntualizó: “Nuestra misión es clara: aumentar la participación, mejorar la interoperabilidad y fomentar el tipo de confianza que solo puede forjarse a través de desafíos y triunfos compartidos”.

Durante los 11 días, más de 1.200 personas de la región, entre militares, fuerzas del orden y personal de agencias, participarán en entrenamientos y simulacros. Pettus instó a los presentes a aprovechar la oportunidad para compartir conocimientos y construir relaciones que perduren más allá del ejercicio. “El futuro de nuestro hemisferio depende de los lazos que forjemos aquí”, aseguró.

Por su parte, Merino Monroy resaltó la confianza internacional en el país: “El hecho de que El Salvador haya sido elegido como sede demuestra la confianza de la comunidad internacional en nuestras capacidades y nuestro compromiso con la seguridad regional”. Añadió que “la coordinación y el trabajo conjunto entre fuerzas amigas son esenciales para enfrentar de manera eficaz los desafíos comunes”.

Las fuerzas armadas realizarán pruebas operativas como rescates de rehenes, simulacros de medicina táctica de combate, incursiones aéreas y anfibias y operaciones de descenso en cuerda rápida con supervisión tecnológica.

Las actividades se llevan a cabo en instalaciones estratégicas de El Salvador: la 4ª Brigada de Infantería, el Comando de Fuerzas Especiales, la Base Naval de La Unión y el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada. Estos escenarios permiten recrear situaciones reales de crisis y evaluar la interoperabilidad de los equipos multinacionales.

Durante los 11 días de operación, la población salvadoreña podrá observar el despliegue de medios aéreos, terrestres y marítimos, tanto nacionales como extranjeros. Las maniobras incluirán vuelos de aeronaves sobre el territorio y desplazamientos de efectivos en zonas urbanas y rurales, como parte de la simulación de respuestas ante amenazas y emergencias.

El general Pettus reconoció el papel de las agencias interinstitucionales de Estados Unidos y de los socios regionales, tanto fuerzas del orden como militares y agencias civiles, remarcó que su dedicación y experiencia constituyen la columna vertebral del ejercicio. “Su colaboración no solo es fundamental para nuestro éxito, sino también un modelo del tipo de enfoque de gobierno en su totalidad, que es esencial en el complejo entorno de seguridad actual”, afirmó.

La organización de la logística, los escenarios y los actos oficiales está a cargo de El Salvador, que también coordina la preparación de las fuerzas participantes. El ministro subrayó que este ejercicio permite fortalecer el trabajo conjunto y elevar el nivel de preparación de los equipos involucrados.

El general Pettus destacó que CENTAM Guardian 2026 es más que un evento de capacitación: “Es una demostración viva del poder de la asociación. Nos unimos como una fuerza de tarea combinada, conjunta, multinacional y unida en un propósito: para disuadir y capacitarnos para contrarrestar las amenazas comunes a todos nuestros pueblos y para fortalecer nuestra capacidad colectiva de responder a las crisis, ya sean naturales o provocadas por el hombre”.

El general Pettus concluyó su mensaje enfatizando el espíritu de unidad como fortaleza regional. “Esta unidad, este espíritu de asociación, es nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos permite agregar y proyectar nuestras capacidades, compartir inteligencia en todos los dominios y responder con rapidez y eficacia a cualquier desafío. Es lo que transforma un conjunto de naciones en una verdadera comunidad de acción”, afirmó.

Agregó que el ejercicio no solo prepara para las amenazas actuales, sino que sienta las bases para un futuro de cooperación. “Juntos, no solo estamos defendiendo nuestras naciones, estamos construyendo un legado de cooperación, seguridad y esperanza para las generaciones venideras. Bienvenidos a CENTAM Guardian. Juntos somos más fuertes”, concluyó.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, concluyó la capacitación de personal naval en tres cursos especializados enfocados en búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos, identificación de laboratorios clandestinos y tácticas de vehículos blindados de Infantería de Marina.

La formación se llevó a cabo en instalaciones navales y estuvo dirigida a fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal en escenarios relacionados con seguridad, legalidad y operaciones tácticas. Los cursos incluyeron actividades teóricas y prácticas orientadas al desarrollo de habilidades individuales y de trabajo en equipo.

El curso de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos tuvo una duración de 482 horas por fase, con contenidos que incluyeron manejo de explosivos, artefactos improvisados, amenazas de bomba, contramedidas electrónicas, química de explosivos, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, criminalística y cadena de custodia. Esta capacitación fue impartida por seis instructores.

Localización de Laboratorios Clandestinos

En el caso del curso de Localización de Laboratorios Clandestinos, la duración fue de 200 horas por fase. El programa contempló el uso de equipo de protección personal, procedimientos de descontaminación, desmantelamiento de instalaciones ilícitas, así como planes tácticos y consideraciones operacionales. Esta actualización estuvo a cargo de cinco instructores.

El curso de Táctica de Vehículos Blindados de Infantería de Marina tuvo una duración de 142 horas por fase. Incluyó formación en organización de unidades blindadas, camuflaje, armamento, fuego y maniobra, operaciones urbanas, reconocimiento y empleo táctico en distintos escenarios. La capacitación fue impartida por nueve instructores.

De acuerdo con la información institucional, estos programas sumaron más de 800 horas de formación entre las distintas fases y estuvieron orientados a reforzar la preparación operativa del personal naval en tareas relacionadas con seguridad y respuesta táctica.

La ceremonia de clausura estuvo a cargo del comandante del Grupo Logístico, quien reconoció el desempeño de los participantes y destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en operaciones futuras.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte del proceso de capacitación continua de su personal para fortalecer su capacidad operativa en distintos entornos.

El Gobierno del presidente interino José María Balcázar promulgó la ley que otorga una bonificación económica excepcional de 1.130 soles a los licenciados veteranos de la pacificación nacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Se trata de la Ley 32577, publicada este martes 14 de abril en el diario oficial El Peruano. Se precisa que este beneficio tiene un carácter vitalicio e intransferible, aunque se aclara que no posee naturaleza remunerativa ni pensionable, por lo que no está sujeto a cargas sociales ni forma parte de beneficios laborales previos.

Requisitos y condiciones para la pensión vitalicia

Para que los veteranos de la pacificación nacional puedan acceder a una pensión mensual vitalicia, los solicitantes deben cumplir de manera estricta con una serie de criterios técnicos y legales establecidos en la norma. El requisito principal es haber sido reconocido como veterano de la pacificación nacional por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) con fecha de corte al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con la Ley 30826, un veterano de la pacificación nacional es un “miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciado, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia”

Además de ello, el veterano deberá cumplir con las siguientes condiciones operativas del servicio:

• Haber cumplido el servicio militar obligatorio en el periodo comprendido entre los años 1980 y 2000.
• Haber servido en zonas de emergencia, de acuerdo a la delimitación legal vigente en su momento.
• Contar con una acción pacificadora validada por la institución armada correspondiente.
• Haber prestado servicio de forma consecutiva por un tiempo mínimo de 12 meses y máximo de 24 meses.
• Haber ostentado grados específicos al licenciarse: en el Ejército (desde recluta hasta sargento primero o segundo), en la Marina (desde grumete hasta cabo primero o segundo) o en la Fuerza Aérea (desde aviador hasta sargento primero o segundo).

Por último, los beneficiarios no deben ser deudores alimentarios ni contar con antecedentes policiales, penales o judiciales al momento de presentar su solicitud.

Cronograma de pago de la pensión mensual vitalicia

La ley determina que el pago de los 1.130 soles no se ejecutará de forma simultánea para todos los beneficiarios, sino que se implementará de manera progresiva durante un periodo de cinco años. La prioridad de ingreso al sistema de pagos se basa en la edad y el estado de salud de los veteranos:

1. Primer año (Grupo 1): Veteranos mayores de 60 años y aquellos que presenten una discapacidad permanente.
2. Segundo año (Grupo 2): Licenciados con edades comprendidas entre los 55 y 59 años.
3. Tercer año (Grupo 3): Veteranos que tengan entre 50 y 54 años.
4. Cuarto año (Grupo 4): Licenciados cuyas edades oscilen entre los 45 y 49 años.
5. Quinto año (Grupo 5): El resto de los licenciados que cumplan con los requisitos de ley.

La gestión de las solicitudes y el pago de la pensión mensual vitalicia estará a cargo del Ministerio de Defensa, el cual debe realizar las modificaciones presupuestarias internas necesarias para garantizar el cumplimiento de los pagos sin requerir recursos adicionales al tesoro público.

La madrugada en la provincia de Pataz se vio interrumpida por una operación de alto riesgo que, con el paso de las horas, se convertiría en un mensaje contundente del Estado frente al avance de la criminalidad organizada en zonas mineras.

En una acción conjunta, el Comando Unificado Pataz, bajo la conducción del Comando Operacional del Norte, ejecutó la operación “Qatar”, logrando el rescate de veinte mineros artesanales secuestrados en el interior de la bocamina “Sanone”, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, en la región La Libertad.

De acuerdo con la información oficial, todo se inició cuando inteligencia militar detectó la incursión de una organización criminal armada, la cual habría ingresado violentamente al yacimiento minero con el objetivo de tomar el control territorial. La irrupción se produjo mediante disparos y actos de intimidación, generando pánico entre los trabajadores y consolidando el secuestro de los mineros que se encontraban en el socavón.

Ante este escenario, el despliegue fue inmediato. Las fuerzas de élite del Comando Unificado Pataz, integradas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutaron una maniobra táctica de control territorial, ingresando a la zona minera con precisión operativa. La intervención derivó en un enfrentamiento armado con los delincuentes, quienes, al advertir la presencia de las fuerzas del orden, así como su capacidad operativa y superioridad estratégica, optaron por huir a través de los conductos interiores de la mina.

El operativo se desarrolló en condiciones complejas, propias de un entorno subterráneo, donde la visibilidad, el acceso y la seguridad representan riesgos adicionales. Sin embargo, la planificación permitió asegurar el área y avanzar en la prioridad principal: la liberación de los rehenes. Tras controlar la situación, se logró rescatar a los veinte mineros secuestrados, quienes fueron puestos a buen recaudo sin registrarse heridos ni pérdidas humanas, un resultado que refuerza la efectividad de la intervención.

En medio de este contexto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño Valdivia, destacó el desempeño de las fuerzas involucradas, subrayando el compromiso institucional frente a este tipo de amenazas.

“Nuestras Fuerzas Armadas junto a la PNP, actúan con disciplina, preparación y absoluto compromiso con la nación. En Pataz logramos la liberación de 20 personas retenidas al interior de un socavón, consolidamos la presencia efectiva del Estado, trabajando con la firme decisión de recuperar el control del territorio, proteger la vida de la población y enfrentar con determinación a las organizaciones criminales que amenazan la paz social”, afirmó.

En este contexto, la operación “Qatar” se enmarca dentro de una estrategia más amplia impulsada por el sector Defensa, en la que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lidera acciones y operaciones militares orientadas a restablecer el orden interno, proteger a la población y debilitar las economías ilegales que afectan el desarrollo nacional. La intervención en la bocamina “Sanone” no solo representa un rescate exitoso, sino también un avance en la recuperación progresiva del control territorial por parte del Estado.

Por su parte, el Comando Unificado Pataz reafirmó su compromiso de continuar desarrollando operaciones sostenidas y contundentes en la provincia, con el objetivo de garantizar la integridad de la población, el respeto del Estado de derecho y la recuperación de espacios que han sido vulnerados por organizaciones criminales. Este tipo de intervenciones, señalaron, son fundamentales para devolver la seguridad a las comunidades y frenar el avance de actividades ilícitas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, formalizó la presentación del Plan de Operaciones Elecciones Generales 2026, una estrategia diseñada para resguardar la paz, el orden y la integridad del proceso democrático previsto para el domingo 12 de abril.

La autoridad precisó que el plan contempla la movilización de más de 100 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

Esta operación buscará garantizar el normal desarrollo de los comicios para facilitar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de libertad y tranquilidad. El jefe del gabinete resaltó el carácter inédito del despliegue y subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional para proteger la voluntad popular.

El Gobierno peruano desplegará a más de 61 mil agentes policiales y alrededor de 45 mil miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, junto a 10.338 patrullas, custodiarán los más de 10 mil locales de votación habilitados en todo el país.

Este operativo tiene como prioridad salvaguardar el orden público y la seguridad del material electoral, asegurando la neutralidad y transparencia durante la jornada, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Con el objetivo de garantizar la integridad y legitimidad del proceso, el Ejecutivo ha coordinado acciones logísticas y de soporte con los organismos electorales, respetando su autonomía y función técnica. Arroyo Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno que lidera José María Balcázar con la seguridad ciudadana y la transición democrática, instando a la población a participar de manera masiva en la elección general.

Despliegue de fuerzas y soporte institucional

La ceremonia de lanzamiento se llevó a cabo en la Institución Educativa Alfonso Ugarte de San Isidro, con la presencia de autoridades del Ejecutivo y altos mandos tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas.

En el acto participaron los ministros de Defensa, Carlos Díaz; del Interior, José Zapata; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. También asistieron el comandante general de la Policía Nacional, teniente general Óscar Arriola, y representantes de los altos mandos militares, quienes supervisaron los últimos detalles del operativo nacional.

El Ejecutivo señaló que la organización de este dispositivo de seguridad responde a la necesidad de prevenir incidentes y preservar la tranquilidad en los centros de votación. Arroyo Sánchez enfatizó que el trabajo conjunto entre los ministerios y los entes electorales permite anticipar posibles situaciones de riesgo y adoptar medidas preventivas oportunas.

Paso a paso para consultar tu local de votación

• Ingresa al portal oficial de la ONPE para consultas electorales accediendo a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier computadora, tablet o teléfono móvil.
• Introduce tu número de DNI: el sistema solicitará este dato y, tras ingresarlo, deberás seleccionar la opción “Consultar”.
• Verifica tu información de votación: la plataforma desplegará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia registrado en el documento, y todos los detalles pertinentes sobre tu local de sufragio, tales como:
• • Nombre del establecimiento (colegio, instituto, universidad, entre otros)
  • Dirección exacta y referencia
  • Número de mesa asignada
  • Número de orden en la lista electoral
  • Pabellón, piso y aula (si aplica)
  • Condición de miembro de mesa, sea titular o suplente
  • Herramientas para visualizar el mapa y descargar el croquis del local
• Guarda o imprime la información: se recomienda realizar una captura de pantalla, descargar el croquis o imprimir los datos para disponer de ellos durante la jornada electoral, especialmente si no se contará con acceso a internet en el centro de votación.

A horas de las elecciones generales en Perú, el Ministerio de Defensa (Mindef) anunció que garantiza el derecho al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) durante las Elecciones Generales 2026 de este domingo 12 de abril.

Esta decisión, respaldada por la Constitución Política del Perú y la Ley N° 32166, busca asegurar que el personal militar en actividad ejerza su derecho al sufragio en condiciones de libertad, información y seguridad.

Según informó la cartera liderada por el ministro Carlos Díaz Dañino, la medida responde al compromiso de respetar los derechos fundamentales de quienes integran el sector Defensa, así como a la obligación de fortalecer la institucionalidad democrática.

El organismo detalló que los efectivos de las Fuerzas Armadas acudirán a los locales de votación más cercanos a sus áreas de servicio, una disposición que responde a la necesidad de garantizar un voto ágil y compatible con su labor operativa.

Para ello, el Mindef coordinó con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros entes del sistema electoral para establecer mecanismos que permitan la participación militar incluso en contextos de despliegue o movilización. El personal deberá presentarse debidamente uniformado e identificado en los recintos habilitados para emitir su voto.

Esta acción se enmarca en el respeto absoluto al principio de neutralidad política, un valor considerado fundamental para la democracia y el accionar de las Fuerzas Armadas.

La cartera de Defensa también enfatizó que se brindarán todas las facilidades necesarias para que el personal militar participe activamente en la jornada electoral, salvo en casos excepcionales donde los efectivos se encuentren destacados en zonas de difícil acceso, según precisó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Despliegue militar y seguridad en los comicios

El inicio de las operaciones de seguridad para las elecciones estuvo marcado por el despliegue de 45.540 efectivos de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y del ministro de Defensa.

Esta acción tiene como objetivo resguardar los locales, el material electoral, los accesos y las condiciones de orden público en todo el territorio nacional. El despliegue se completará progresivamente hasta el viernes previo a la elección, en apoyo a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante una ceremonia oficial, el premier Arroyo Sánchez destacó: “No se trata solo de una operación logística, se trata de una demostración concreta de organización, capacidad de respuesta, neutralidad institucional y presencia efectiva del Estado, ahí donde la democracia debe ser protegida”.

Su intervención subrayó que la prioridad del operativo es proteger el voto ciudadano y respaldar una transición democrática estable y confiable. Además, expresó el reconocimiento del Gobierno hacia la disciplina de las Fuerzas Armadas, un mensaje que busca reforzar la confianza pública en el proceso electoral.

Los efectivos han recibido capacitación en protocolos de atención al ciudadano, control de perímetros y manejo de incidentes, y están habilitados para intervenir en caso de infracciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó este 9 de abril que la Cámara atiende cinco solicitudes enviadas por Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, para autorizar la salida de Fuerzas Armadas mexicanas fuera del país durante 2026.

Entre las peticiones sobresale la participación en el Evento No. SOF28, enfocado en la capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas, del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, según informó Laura Itzel Castillo en su cuenta oficial de X.

El paquete que revisará el Senado incluye la intervención en el ejercicio multinacional TRADEWINDS 2026 del 3 al 17 de junio en Antigua y Barbuda, así como el alistamiento para “Flota 205” (FLEETEX 250) en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, del 15 al 30 de junio, seguido por la Revista Naval Internacional 250 en Nueva York del 1 al 8 de julio.

Otras salidas contemplan la colaboración en el ejercicio RIMPAC 2026, programado en las Islas Hawái entre el 24 de junio y el 31 de julio, y la integración en el Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026 en Panamá, del 3 al 14 de agosto de 2026.

Todas las solicitudes serán turnadas a las comisiones competentes, confirmó Laura Itzel Castillo en la red social.

Miembros de la Sedena fueron a recibir capacitación a Estados Unidos

Elementos de Fuerzas Especiales de la Sedena concluyeron hoy un adiestramiento conjunto en Camp Shelby, Mississippi, realizado entre el 18 de enero y el 13 de marzo, dirigido a perfeccionar tácticas de operaciones especiales en coordinación con el Comando Norte de Estados Unidos.

Esta operación, autorizada por el Senado y comunicada por la Secretaría de la Defensa Nacional, responde a la estrategia bilateral de seguridad que busca fortalecer la respuesta ante escenarios complejos en la frontera común, bajo la premisa de reciprocidad, confianza y respeto a la soberanía.

Dentro del periodo de casi dos meses, 40 efectivos de las Fuerzas Especiales de Sedena participaron en el evento SOF28, enfocado en la actualización de técnicas de combate avanzado, integración de inteligencia mediante tecnología satelital y empleo de drones, indican las fuentes consultadas por Milenio. Adicionalmente, el programa contempló la adopción de estándares internacionales y el intercambio de experiencias operativas entre ambas fuerzas armadas.

El grupo viajó en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, portando armamento reglamentario, después de contar con la aprobación formal del Senado en noviembre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre.

Durante la estancia, los militares mexicanos perfeccionaron estrategias de inserción discreta en zonas de alto riesgo, protección de instalaciones críticas y protocolos para la ejecución coordinada de misiones conjuntas. La instrucción, en ambientes simulados, facilitó la alineación doctrinal y permitió consolidar canales eficientes de comunicación entre cadenas de mando.

El ejercicio transcurrió bajo un esquema constitucional estricto que permitió a los soldados mexicanos entrenar en condiciones similares a las operaciones reales. Las instalaciones de Camp Shelby, con una extensión de 525 kilómetros cuadrados, han operado como centro de adiestramiento para fuerzas internacionales desde la Primera Guerra Mundial y ofrecen simulacros a nivel de batallón con empleo de tanques M1 Abrams, vehículos Bradley y obuses Paladin.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la integración de tres comisiones bicamerales clave para la supervisión de la seguridad nacional, el papel de las Fuerzas Armadas y la operación del Canal del Congreso, marcando un paso relevante en la coordinación legislativa tras más de un año y medio de retraso.

Seguridad nacional en el Senado: nuevas comisiones bicamerales entran en funciones

El Pleno avaló los acuerdos impulsados por la Junta de Coordinación Política para designar a las y los legisladores que integrarán las comisiones bicamerales de Seguridad Nacional; de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública; y del Canal de Televisión del Congreso.

De acuerdo con el senador Ignacio Mier Velazco, la aprobación se realizó conforme al reglamento y a la decisión soberana del Pleno, estableciendo las bases para la futura designación de presidencias, las cuales serán determinadas por las propias comisiones bajo un esquema rotatorio entre ambas Cámaras.

Comisión de Seguridad Nacional: facultades clave y vigilancia estratégica

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional será presidida por el senador Eugenio Segura Vázquez y contará con la participación de Enrique Vargas del Villar y Juanita Guerra Mena.

Entre sus principales atribuciones se encuentran la solicitud de informes al Centro Nacional de Inteligencia, el análisis de reportes del Consejo de Seguridad Nacional y la emisión de recomendaciones en la materia.

Además, podrá conocer documentos estratégicos como la Agenda Nacional de Riesgos.

Supervisión de Fuerzas Armadas en seguridad pública: funciones y alcance

Por su parte, la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública será encabezada por el senador Higinio Martínez Miranda.

Su función principal será analizar y dictaminar los informes enviados por el Ejecutivo federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, incluyendo reportes periódicos con indicadores verificables sobre el cumplimiento de criterios como legalidad, regulación, fiscalización y respeto a los derechos humanos.

En esta comisión participan legisladores de diversas fuerzas políticas, lo que garantiza una integración plural.

Canal del Congreso y transparencia: el papel de la tercera comisión bicameral

La tercera comisión bicameral estará enfocada en el Canal de Televisión del Congreso, considerado un instrumento clave para la transparencia y la difusión de las actividades legislativas.

Este órgano será presidido por el senador Homero Davis Castro y contará con la participación de legisladores de Morena, PVEM y PT, mientras que el PAN aún tiene pendiente definir a su representante.

Coordinación legislativa: el objetivo de las comisiones bicamerales

Las comisiones bicamerales son órganos integrados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión para atender temas de interés común.

Su creación busca fortalecer la coordinación entre diputados y senadores en áreas estratégicas.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la relevancia de estos mecanismos para mejorar la articulación institucional y atender asuntos prioritarios de manera conjunta.

¿En qué consisten las comisiones bicamerales?

• Son órganos integrados por senadores y diputados para atender temas de interés común
• Permiten la coordinación directa entre ambas Cámaras del Congreso
• Analizan, supervisan y emiten recomendaciones sobre políticas públicas específicas
• Pueden solicitar información a instituciones del Estado, como el Centro Nacional de Inteligencia
• valúan informes del Ejecutivo federal en temas estratégicosFortalecen la transparencia y la rendición de cuentas
• Sus presidencias son rotatorias entre las Cámaras y los grupos parlamentarios

Con la aprobación de estas comisiones, el Senado da un paso hacia el fortalecimiento del control legislativo en materia de seguridad y transparencia, a la espera de que la Cámara de Diputados designe a sus integrantes para completar la instalación de estos órganos.

En su columna de Infobae al Mediodía, el analista Andrei Serbin Pont expuso la inédita operación de repostaje en vuelo a 26 mil pies de altura con aviones F-35 durante la FIDAE en Chile, resaltando el salto tecnológico y el debate regional sobre inversiones en defensa.

Durante la transmisión en vivo de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont abordó la consulta sobre la posibilidad de cargar combustible a veintiséis mil pies de altura y fue categórico: “Efectivamente, a 26 mil pies de altura estos aviones repostaron de combustible a estos F-35”. La maniobra, ejecutada por la Fuerza Aérea de Chile en el marco de la FIDAE, marcó la primera vez que la institución realizó una operación de reabastecimiento aéreo con aeronaves de quinta generación.

Junto al equipo de Infobae al Mediodía, conformado por Maru Duffard, Jimena Grandinetti y Fede Mayol, Serbin Pont profundizó sobre la relevancia de la exhibición: “Es una gran exhibición aérea que ocurre en Chile, la famosa FIDAE. Están llegando o ya llegaron dos de los aviones de combate más avanzados que hay en el mundo. Son dos aviones norteamericanos”.

Chile realiza el primer repostaje aéreo de F-35 en el hemisferio sur

Serbin Pont remarcó el carácter inédito de la maniobra: “Fue la primera vez que la Fuerza Aérea de Chile llevaba adelante una tarea de repostaje en vuelo con aviones de quinta generación”. Además, puntualizó la trascendencia del arribo de los F-35: “El F-35 es la primera vez que se presenta en FIDAE; la última vez se habían presentado los F-22. Son lo más avanzado en cuanto a las generaciones de aviones de combate”.

El analista detalló las capacidades técnicas de los F-35: “Son aviones que tienen características de baja firma de radar, o sea, te cuesta mucho detectarlo con un radar. Tienen justamente una capacidad de transporte de armas interna para contribuir a esa reducción de la firma de radar. Tienen sensores muy avanzados que le permiten cumplir muchas de las tareas”. También remarcó el protagonismo del modelo en conflictos recientes, como en el estrecho de Ormuz, y su peso en la estrategia militar de Estados Unidos e Israel.

El costo de la modernización y el debate regional

Consultado sobre la magnitud de la inversión, Serbin Pont precisó: “El F-35 es considerado el avión más caro de la historia. Fue un proyecto que costó miles y miles y miles y miles de millones de dólares que recién se empezaban a amortizar una vez que Estados Unidos los logró empezar a vender”. Aportó cifras concretas: “Hoy en día hay 1.300 aeronaves que han sido entregadas. Hay otras 400 que esperan a concretarse”.

Sobre el valor individual, explicó: “Un F-35 nuevo, salido así de fábrica, con todo el apoyo logístico y todo eso, te puede salir entre 200 y 300 millones de dólares cada uno, por lo cual una adquisición de estas características fácilmente rondaría más allá de los tres mil millones de dólares”.

Chile y Argentina: caminos opuestos en defensa

Serbin Pont evaluó la estrategia chilena como resultado de un proceso de modernización sostenida: “Los chilenos vienen llevando adelante un proceso de modernización hace varios años, hace varias décadas, en verdad te diría, muy profunda, siempre a los niveles de los estándares de OTAN. Y el F-35 ha sido el avión que en buena parte de la OTAN ha venido a reemplazar los F-16”. Señaló que Chile podría replicar el modelo de la OTAN, reemplazando los F-16 más antiguos por F-35, lo que implicaría “un salto bastante grande”.

Respecto a la posibilidad de una política similar en Argentina, Serbin Pont fue contundente: “No, no, F-35 no nos da la nafta hoy para operarlos, no nos da, o sea, falta mucha experiencia. Ya el F-16 ha sido un salto tan grande en términos del conocimiento que requiere para operar la nave, para pilotearla, un salto tecnológico enorme que pensar en un F-35... Saltar, Argentina nunca podría haber saltado directamente a un F-35. Lo pueden hacer los chilenos porque llevan veinte años operando los F-16”.

Cerró con una reflexión sobre la política de defensa: “Ellos invierten en defensa porque entendieron que era importante tener un instrumento militar que acompañe a su política exterior. Nosotros dijimos: ‘No pasa nada en el mundo, no invirtamos en defensa’ y vemos, y la piloteamos después. Ahora estamos gastando muchísimo más para tratar de ponernos al día. A los chilenos les digo: ‘La hicieron bien durante 20 años, dijeron invirtamos para no tener que gastar demasiado después a último momento para recuperar capacidades’. Y ahí siguen considerando a ver si hay alternativas para seguir modernizándose”.

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El ajuste anual para los integrantes del Ejército Nacional de Colombia en 2026 contempla un incremento del 7% en sus ingresos.

Esta medida, anunciada en abril, impactará a oficiales y suboficiales en todo el país como parte de la política de actualización aplicada a los servidores públicos, según informó Portafolio.

El aumento dispuesto para los miembros del Ejército Nacional de Colombia en 2026 equivale a una mejora del 7% sobre su salario mensual.

Este ajuste modifica los ingresos de todas las jerarquías y se suma a primas, bonificaciones y subsidios, afectando así el monto total que cada militar percibe por su trabajo.

El incremento salarial tiene sustento legal en el Decreto 0615 de 2025, que respalda tanto la actualización de este año como la de periodos anteriores. El medio especializado ya citado detalló que la remuneración de los militares está formada por una asignación básica y componentes adicionales, además de contar con un régimen especial de pensiones.

¿Cómo se compone el salario militar en Colombia?

El salario en las Fuerzas Armadas va más allá del monto básico. Los elementos adicionales incluyen primas por orden público por labor en zonas de riesgo, bonificaciones por antigüedad según los años de servicio, y primas ligadas a especializaciones o cargos de mando.

Además, existen subsidios para alimentación, salud y vivienda, que complementan la estructura salarial principal. Estos beneficios permiten adaptaciones según el cargo o el lugar en el que el militar preste servicio.

Rangos salariales del Ejército Nacional en 2026

Las proyecciones para 2026, indican que un subteniente recibirá entre $3.200.000 y $3.800.000 mensuales. Un teniente ganará entre $3.800.000 y $4.500.000, y un capitán entre $4.500.000 y $5.500.000.

Quienes ocupan grados superiores, como mayor y teniente coronel, percibirán de $5.500.000 a $6.500.000 y de $6.500.000 a $8.000.000 respectivamente.

Un coronel ganará entre $8.000.000 y $10.000.000, mientras que el general puede recibir más de $12.000.000 al mes.

Estos montos se aproximan y dependen de múltiples factores.

El ingreso final de cada integrante varía según sus responsabilidades, el destino donde se encuentre y las particularidades de su cargo, mostrando la amplia diversidad existente dentro de las fuerzas armadas colombianas.

El Ejército Nacional ofrecerá cobertura médica y formación académica a conscriptos en el 2026

Además de la compensación principal, quienes cumplan el ciclo de servicio podrán acreditar ese tiempo como experiencia laboral.

Esta será considerada en futuros procesos de vinculación laboral. También podrán contar ese periodo como semanas válidas de cotización para pensión, conforme a las condiciones establecidas por el Ejército Nacional.

Estos detalles fueron explicitados por el general Gómez en el marco de la presentación pública de la convocatoria a inicios del 2026.

La convocatoria, dirigida a jóvenes mayores de dieciocho años que cumplan los requisitos físicos, médicos y administrativos, ya se encuentra activa en las distintas unidades militares del país.

El proceso implica la inscripción, la presentación de pruebas médicas, psicológicas y físicas, y la validación de documentación, todo ello gestionado directamente en los batallones y distritos militares habilitados, de acuerdo con lo informado por el Ejército y recogido por Semana.

El servicio contará como experiencia laboral y tiempo de cotización para pensión

Para los interesados, la información oficial sobre las condiciones económicas y sociales, así como los derechos y deberes derivados de la incorporación, es entregada únicamente por personal autorizado en los centros militares, con el fin de evitar la intervención de terceros o intermediarios.

Las autoridades subrayaron ante Semana que no existen costos asociados a la postulación o inscripción durante ninguna fase del proceso.

El general Gómez precisó que el primer contingente de 2026 iniciará actividades el 1 de febrero. Antes de incorporarse, los aspirantes deberán superar las evaluaciones médicas, físicas y psicológicas, y acreditar la documentación requerida. La relación de beneficios incluye el acceso a servicios médicos integrales durante el tiempo de servicio y la posibilidad de participar en procesos educativos internos, orientados al desarrollo personal y profesional.

Aquellos jóvenes que deseen permanecer en la institución al finalizar el periodo obligatorio podrán optar por la matrícula gratuita para iniciar la carrera que conduce a ser oficial o suboficial del Ejército Nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos disciplinares y académicos definidos por la entidad, de acuerdo con la información proporcionada a Semana.

Así, el tiempo de servicio militar será computado como experiencia laboral certificable en el sector laboral civil y también contado como semanas cotizadas a pensión, una novedad en el paquete de beneficios que ofrece la institución para el año 2026.

El gobierno del presidente José María Balcázar inició el despliegue de más de 45 mil agentes de las Fuerzas Armadas para custodiar la totalidad de los locales de votación y garantizar la seguridad de los más de 27 millones de electores habilitados que participarán de las Elecciones Generales 2026 el domingo 12 de abril.

Según anunció el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el despliegue del Ejército durante la jornada electoral busca que el desarrollo del proceso sea seguro y transparente, como parte de un esfuerzo coordinado a nivel nacional.

El día de las elecciones, los 45.540 militares estarán a cargo de controlar el acceso a los centros de votación, custodiar el material electoral y mantener el orden general, bajo principios de legalidad y proporcionalidad. El operativo incluye la activación de protocolos para afrontar cualquier contingencia social o climática que pudiera afectar el proceso.

Esta operación implica coordinación directa entre diferentes instituciones como el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, junto a los ministerios de Defensa e Interior, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y autoridades locales, precisó Arroyo durante el acto de lanzamiento, realizado en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en Chorrillos.

Fuerzas Armadas actuarán bajo principio de neutralidad institucional

Arroyo afirmó que este operativo “no es solo una operación logística”, sino también un mensaje sobre la neutralidad institucional y el rol efectivo del Estado en la protección de la democracia. “Su voto está protegido”, aseguró el titular de la PCM. Detalló que la misión asignada es “estrictamente neutral, de apoyo al proceso electoral, resguardando locales, material electoral, accesos y condiciones de orden”.

La participación de las Fuerzas Armadas en esta oportunidad está orientada a “garantizar la expresión libre de la voluntad popular en una jornada segura, ordenada y transparente”, explicó el titular de la PCM. El objetivo es generar confianza en el proceso democrático en las zonas urbanas, así como en áreas rurales y dispersas.

Refuerzo de la seguridad ciudadana

El operativo electoral es parte de una política para reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer el orden democrático, dijo Arroyo a Andina. Informó que se han implementado 27 equipos de Fuerzas de Tarea Integradas en zonas de alta incidencia delictiva, donde las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y autoridades locales intervienen de manera conjunta.

Además, el Estado ha incorporado 5.655 nuevos efectivos policiales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el periodo previo a las elecciones.

En términos operativos, el domingo 12 de abril se movilizarán miles de efectivos policiales y militares en el 100 % de los locales de votación, asegurando con presencia armada la seguridad directa del proceso, la protección del material electoral y la logística de traslado. Estas medidas fueron confirmadas por Arroyo, quien enfatizó que la misión central consiste en “ser la seguridad absoluta de este proceso electoral”.

Un militar español destinado en la misión de la ONU en Líbano fue detenido durante algo menos de una hora por el Ejército israelí este martes. Sucedió después de que las FDI impidiesen avanzar a un convoy logístico de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el que participaban soldados españoles, que se dirigía a entregar alimentos y otros suministros al contingente indonesio desplegado en la zona.

El convoy fue bloqueado por una patrulla israelí y uno de los militares españoles fue retenido temporalmente. La FINUL denunció la detención, aunque en un primer momento no especificó la nacionalidad del afectado. Fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha confirmado este miércoles que se trataba de un miembro español del contingente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por su parte, ha convocado a Dana Elrich, la encargada de negocios de Israel - la diplomacia corre a su cuenta por el estado de las relaciones entre España e Israel - “para protestar por la injustificable retención de un soldado español”.

“La detención de un miembro de las fuerzas de paz de Naciones Unidas constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”

Un comunicado de la FINUL condenó la situación el mismo martes: “Esta tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detenido a un miembro de las fuerzas de paz de la FINUL tras bloquear un convoy logístico. Tras contactos directos e inmediatos entre el jefe de misión y comandante de la fuerza de la FINUL (Diodato Abagnara) y nuestra oficina de enlace, el miembro de las fuerzas de paz fue liberado en menos de una hora”.

La FINUL ha recordado que “la detención de un miembro de las fuerzas de paz de Naciones Unidas constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”. “Cualquier interferencia en la labor de las fuerzas de paz constituye una violación de la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de la ONU)”, ha agregado.

El militar español fue puesto en libertad tras la intervención diplomática española. Según explicó Robles durante una visita a la Embajada de Líbano en Madrid, España trasladó de inmediato una protesta formal tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Israel. Como resultado de esta gestión, el militar fue liberado en un plazo, según la propia FINUL, inferior a una hora. La ministra calificó el suceso como una vulneración del Derecho Internacional y señaló que las autoridades españolas han recibido garantías de que se depurarán responsabilidades y que el responsable será sancionado. Además, Robles explicó que el mismo convoy ya había sufrido otra incidencia esa misma mañana, cuando se le impidió avanzar en la ruta programada.

La presencia de tropas españolas en Líbano forma parte de la misión FINUL, desplegada en la frontera sur del país para supervisar el alto el fuego entre Israel y la milicia chií Hezbolá. Robles subrayó la complejidad en la que trabajan los efectivos españoles, asegurando, sin embargo, que España no ha considerado la retirada ni la reubicación de su contingente. “No, no, en absoluto, todo lo contrario”, dijo al respecto. “La ONU sabe que España siempre va a estar apoyando porque cree firmemente en la paz y en que el papel que se realiza es importante”, ha explicado.

En ese sentido, y con el fin para reforzar la atención sanitaria a los heridos en la misión, el Ministerio de Defensa ha anunciado el envío de un equipo médico militar a la Base Miguel de Cervantes, situada en Marjayún. Según explicó Robles, la evacuación de los soldados lesionados, especialmente del personal indonesio, presenta complicaciones debido a las dificultades para acceder a hospitales en Beirut y a la imposibilidad de realizar algunos traslados por vía aérea. En los últimos meses, al menos tres militares indonesios han fallecido como consecuencia de los ataques registrados en la zona, lo que ha motivado la decisión de reforzar el apoyo sanitario en la base.

La colaboración entre España y Líbano se mantiene como un elemento prioritario dentro de la política exterior española. Durante la visita a la embajada, Robles trasladó al embajador libanés en España, Hani Chemaitilly, la voluntad de mantener las mejores relaciones bilaterales y el apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas, independientemente del futuro de la misión de la ONU. La ministra reiteró el compromiso de España con la estabilidad y la seguridad regional, así como la intención de continuar con la cooperación militar y humanitaria en el país.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso aprobó el dictamen que propone reconocer nuevos beneficios a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre los nuevos beneficios se encuentra el descuento en el pago de pensiones en universidades públicas y privadas. Esto no solo beneficiaría a los veteranos a los veteranos de las FF. AA. y la PNP, sino también a sus hijos.

Estos son los nuevos beneficios aprobados por el grupo de trabajo:

• Contar con un descuento del 25% en el pago de pensiones de estudio de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, así como para sus hijos. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios que resulten necesarios para el otorgamiento de este beneficio.
• Recibir atención médica gratuita y medicinas en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud.
• Acceder a la adjudicación gratuita y a perpetuidad de un nicho en todos los cementerios del país para recibir sus restos. Las Sociedades de beneficencia y las juntas de participación social, según sea el caso, son las encargadas de dar cumplimiento a esta disposición. Las asignaciones por sepelio son sufragadas por el sector en el que los veteranos de guerra y de la pacificación nacional prestaron servicios.

Votaron a favor del dictamen los congresistas Karol Paredes, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Alex Flores, Margot Palacios, Jorge Montoya, Silvia Monteza, Hilda Portero y Fernando Rospigliosi.

Ahora, el texto deberá ser elevado al Pleno del Congreso de la República para su ratificación. Luego de ello, la autógrafa de la ley deberá ser remitida a la Presidencia de la República para su promulgación u observación en un plazo de 15 días hábiles.

Bono mensual vitalicio para veteranos

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que establece la entrega de un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional. La medida, que fue suscrita por Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, y Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, fue remitida al presidente interino José María Balcázar para su eventual promulgación u observación, con plazo hasta el 14 de abril de 2026.

La norma beneficiaría a 8.997 veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aunque en el primer año atendería a 1.799 personas, con un costo de 24 millones de soles. El beneficio será vitalicio e intransferible, no tendrá carácter remunerativo ni pensionable, y no constituirá base para cargas sociales o derechos laborales.

El pago del bono se implementará de manera progresiva durante cinco años, priorizando a los beneficiarios por grupos de edad. Para acceder, los licenciados deben contar con el reconocimiento oficial de “Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional” por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024. La solicitud podrá presentarse desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de julio de 2027, y el Ejecutivo dispondrá de 60 días hábiles para reglamentar su aplicación.

El Congreso de la República aprobó el otorgamiento de un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional y la autógrafa de la ley ya fue enviada al Poder Ejecutivo, que ahora dispone de plazo hasta el 14 de abril para promulgarla u observarla. El trámite legislativo se encuentra en la etapa final y solo resta la decisión del Ejecutivo para que la norma entre en vigencia.

La ley, sustentada en el Proyecto de Ley 3385/2022-CR, reconoce económicamente a los licenciados que participaron en acciones de pacificación entre 1980 y 2000, siempre que cuenten con el aval del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La iniciativa recibió el respaldo de 86 congresistas en el Pleno y fue exonerada de segunda votación con 83 votos a favor.

¿Cómo se otorgaría el bono a los veteranos?

El bono de 1.130 soles no se otorgará de manera simultánea a todos los beneficiarios. Según explicó Alejandro Soto Reyes, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, los licenciados serán agrupados por franjas etarias, priorizando a los de mayor edad y a quienes tengan discapacidad permanente. Los demás grupos serán incorporados de forma progresiva según su rango de edad.

La medida beneficiará a 8.997 licenciados debidamente acreditados, de acuerdo con el registro oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los requisitos incluyen no tener deudas alimentarias, no registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales, y haber participado en acciones pacificadoras durante el servicio militar.

El proceso legislativo comenzó en octubre de 2022 y atravesó diversas etapas en comisiones y el Pleno, hasta su aprobación definitiva el 12 de marzo de 2026. Tras la aprobación, la autógrafa fue firmada y remitida al despacho presidencial.

¿Qué sucede si el presidente no firma?

Tras la aprobación del bono mensual por parte del Congreso y el envío de la autógrafa al Poder Ejecutivo, el siguiente paso recae en la Presidencia de la República. El Ejecutivo dispone de un plazo legal de 15 días hábiles para tomar una decisión respecto a la norma, plazo que vence el 14 de abril. Durante este periodo, el presidente puede optar por promulgar la ley, con lo cual entraría en vigencia y comenzaría el proceso de implementación del bono para los veteranos.

Existe también la posibilidad de que el Ejecutivo observe la ley, es decir, que formule objeciones o propuestas de modificación y las devuelva al Congreso con sus comentarios. En ese caso, el Parlamento deberá evaluar las observaciones y decidir si las acepta o insiste en el texto original.

Congreso promulgaría ley sin firma presidencial

El procedimiento legislativo peruano contempla un mecanismo que permite al Congreso promulgar una ley sin requerir la firma del presidente cuando este no se pronuncia dentro del plazo establecido. Si el Ejecutivo no promulga ni observa la autógrafa en los 15 días hábiles posteriores a su recepción, el Parlamento adquiere la facultad de publicar la norma en el diario oficial El Peruano, otorgándole plena vigencia legal. Esta figura busca evitar que iniciativas aprobadas por el Poder Legislativo queden suspendidas indefinidamente por omisión del Ejecutivo.

En la práctica, este mecanismo ha sido utilizado en distintas ocasiones para asegurar la continuidad de reformas o medidas económicas y sociales, sobre todo cuando existen diferencias políticas entre ambos poderes del Estado. En el caso del bono para los veteranos de la pacificación nacional, si el presidente no adopta una decisión antes del 14 de abril, el Congreso podrá completar el trámite de promulgación, permitiendo así la implementación del beneficio sin mayores dilaciones administrativas.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso sesionará hoy lunes 6 de abril a las 3 de la tarde y tiene entre los puntos de agenda el debate y votación del predictamen para reconocer nuevos beneficios a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional.

A los 4 beneficios con las que ya cuentan los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se propone sumarle otros 3. Estos serían:

• Contar con un descuento del 25% en el pago de pensiones de estudio de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, así como para sus hijos. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios que resulten necesarios para el otorgamiento de este beneficio.
• Recibir atención médica gratuita y medicinas en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud.
• Acceder a la adjudicación gratuita y a perpetuidad de un nicho en todos los cementerios del país para recibir sus restos. Las Sociedades de beneficencia y las juntas de participación social, según sea el caso, son las encargadas de dar cumplimiento a esta disposición. Las asignaciones por sepelio son sufragadas por el sector en el que los veteranos de guerra y de la pacificación nacional prestaron servicios.

En el caso del descuento en el pago de pensiones de universidades, el predictamen sostiene que no sería una imposición a las casas de estudios, sino que se trataría de una “cooperación voluntaria entre el Estado y las universidades, lo cual permitirá negociar acuerdos“.

Pensión vitalicia en manos del Ejecutivo

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que dispone un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional, beneficio que se destinaría inicialmente a 1.799 exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

De acuerdo con la ley enviada al presidente interino José María Balcázar, el primer año de aplicación demandaría un gasto de 24 millones de soles. El pago comenzará a implementarse de forma escalonada y se extenderá durante cinco años, priorizando a los beneficiarios según grupos de edad.

El periodo al que hace referencia la legislación abarca la violencia terrorista ocurrida en Perú entre 1980 y 2000.

Para acceder al bono, los postulantes deben haber sido reconocidos como “Veteranos de Guerra y de la Pacificación Nacional” por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, condición que debía acreditarse al 31 de diciembre de 2024, según la Ley 30826.

El carácter del bono será vitalicio e intransferible y no tendrá naturaleza remunerativa ni pensionable, lo que implica que no estará sujeto a cargas sociales ni incluirá derechos laborales adicionales. El proceso para solicitar el beneficio estará abierto desde el día siguiente de la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de julio de 2027.

El Ejecutivo tiene un plazo de 60 días hábiles desde la entrada en vigor para emitir las normas reglamentarias necesarias. El presidente interino José María Balcázar dispone hasta el 14 de abril para promulgar u observar la norma; de no hacerlo, el Congreso ordenará su publicación oficial en el diario El Peruano.

De acuerdo con los registros oficiales actualizados al 2026, el Perú cuenta con un total de 8,997 licenciados reconocidos como veteranos de la Pacificación Nacional por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. A esta cifra se suman aproximadamente 3,000 veteranos de guerra acreditados por haber intervenido en conflictos armados internacionales (como las campañas de 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995), alcanzando así una población total cercana a los 12,000 efectivos reconocidos bajo la Ley N° 30826.

Alemania ha introducido cambios en su legislación militar que afectan directamente a los hombres de entre 17 y 45 años. La Ley de Modernización del Servicio Militar, que entró en vigor el 1 de enero de este año, establece que quienes deseen permanecer fuera del país durante más de tres meses deberán obtener una autorización previa de las Fuerzas Armadas. Esta medida se enmarca en los esfuerzos del gobierno alemán para mejorar la gestión de los recursos humanos del Ejército y garantizar la disponibilidad de efectivos en todo momento, siendo el objetivo principal crear un marco legal que facilite el seguimiento de los ciudadanos susceptibles de ser reclutados, especialmente en contextos de emergencia.

De acuerdo con información de Europa Press, el Ministerio de Defensa alemán ha detallado, a través de un portavoz citado por la agencia DPA, que la nueva normativa exige la “autorización del centro de carrera de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero que duren más de tres meses”. Se trata de una obligación formal para todos los varones a partir de los 17 años, aunque, tal como señaló el portavoz, “la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario”. Esta disposición busca evitar cargas administrativas innecesarias en el contexto actual, en el que el servicio no es obligatorio.

Las FFAA alemanas buscan que el número de efectivos alcance los 260.000

La norma introduce también un examen médico obligatorio para los nacidos a partir de 2008, con la intención de contar con información actualizada sobre la condición física de los potenciales candidatos al servicio. La ley fija como meta ampliar el número de soldados activos en 80.000, para llegar a un total de 260.000 efectivos en las Fuerzas Armadas.

La nueva legislación concede al Ejército la capacidad de conocer la localización de los hombres sujetos a servicio militar durante estancias prolongadas en el extranjero. Esta prerrogativa, según explicó el portavoz del Ministerio de Defensa, servirá “para respaldar, en caso necesario, los elementos obligatorios del nuevo servicio militar en su aplicación práctica, como, por ejemplo, el examen médico obligatorio a partir del 1 de enero de 2026”.

No se trata solo de una norma pensada para situaciones de crisis, ya que su aplicación se extiende también a periodos de normalidad y la obligación de solicitar permiso previo no está vinculada a la existencia de un conflicto o estado de emergencia. Incluso fuera de estos supuestos, la ley exige la tramitación de la autorización antes de realizar una estancia larga en el extranjero. El Ministerio de Defensa está trabajando en la elaboración de disposiciones complementarias que permitan otorgar excepciones y reducir la burocracia. “En el Ministerio de Defensa se están elaborando normas concretas para la concesión de excepciones a la obligación de autorización, también con el fin de evitar la burocracia innecesaria”, indicó el portavoz.

El gobierno alemán no ha facilitado cifras sobre el número de solicitudes de autorización presentadas desde la entrada en vigor de la ley ni detalles sobre los mecanismos de control y sanción ante posibles incumplimientos. El portavoz del Ministerio recordó que “la norma ya se aplicaba en tiempos de la Guerra Fría y no tenía relevancia práctica. Tampoco está sancionada de forma específica”. De momento, el incumplimiento de este requisito no implica consecuencias legales directas, lo que refuerza su carácter preventivo y organizativo.

Las fuerzas rusas reportaron la captura de la ciudad de Verjniaia Pisarevka, en la provincia ucraniana de Járkov, episodio atribuido a las acciones del grupo Norte de las Fuerzas Armadas de Rusia y presentado como uno de los avances más recientes en el frente oriental. Este anuncio se suma a los informes divulgados este miércoles en los que el Ministerio de Defensa ruso detalló la ocupación de dos localidades adicionales en las provincias de Járkov y Zaporiyia, en el contexto de una campaña militar que persiste desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Según informó la agencia Europa Press, Moscú señala que estos pasos consolidan la presencia rusa en territorios que ya han sido parcial o totalmente ocupados y anexionados desde el inicio de la intervención militar.

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó a través de Telegram que sus tropas tomaron control de Boikovo, en la provincia de Zaporiyia. En ese punto, las autoridades militares aseguran haber causado daños significativos a formaciones ucranianas, incluyendo a una brigada mecanizada, dos brigadas de asalto y tres regimientos de asalto. De acuerdo con el parte oficial citado por Europa Press, el saldo de este enfrentamiento incluiría 275 efectivos ucranianos, así como la destrucción de un vehículo blindado de transporte de personal, once vehículos motorizados, una estación de guerra electrónica y un depósito de material militar.

La publicación de Europa Press incorporó detalles sobre la magnitud de las pérdidas ucranianas desde el comienzo del conflicto. El Ministerio de Defensa ruso sostiene que sus fuerzas han destruido, hasta la fecha, 671 aeronaves, 284 helicópteros y más de 120.000 vehículos aéreos no tripulados. El balance militar difundido también contabiliza la demolición de 652 sistemas de misiles antiaéreos, 28.630 carros de combate, 1.694 vehículos de combate con sistemas de lanzamiento múltiples y más de 58.000 vehículos militares de distinto tipo.

En relación con la evolución territorial del conflicto, Rusia afirma haber logrado avances sostenidos en el este de Ucrania, si bien señala a Donetsk como el foco principal de su ofensiva durante los últimos meses. Europa Press destacó que, en septiembre de 2022, Moscú proclamó la anexión de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, a pesar de que estas áreas sólo se encuentran ocupadas parcialmente. A este listado se suman incursiones rusas en las provincias de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk. El informe agrega que la península de Crimea fue anexionada por Rusia en 2014 y permanece bajo su control.

La información proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso enfatiza que las llamadas acciones decisivas del grupo Norte resultaron en la “liberación” de Verjniaia Pisarevka, formulación que Moscú utiliza habitualmente para informar sobre la toma de localidades bajo control ucraniano. Europa Press señala que, junto a Boikovo, esta localidad representa uno de los objetivos capturados en las acciones militares recientes.

La serie de anuncios coincide con una escalada de hostilidades en el frente oriental, donde Rusia ha centrado su esfuerzo militar tras haber declarado formalmente la anexión de territorios que mantienen un control territorial parcial. Europa Press consignó también que, durante el transcurso de la invasión, han sido reportados enfrentamientos significativos en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk. Las autoridades rusas atribuyen sus logros al despliegue de unidades regulares y asalto, apoyadas por sistemas de guerra electrónica y vehículos blindados.

Cifras difundidas por el mando ruso, recogidas por Europa Press, refuerzan el argumento gubernamental sobre el impacto de las acciones en el equipamiento ucraniano. A la relación de vehículos y armamento destruido desde 2022, el Ministerio de Defensa suma el control de varias infraestructuras militares ucranianas, resultado de los recientes episodios de combate en el este del país.

Las operaciones de Moscú en Ucrania persistieron durante más de dos años. Europa Press contextualiza los acontecimientos señalando que, tras la anexión de Crimea en 2014, la ofensiva rusa se amplió hacia otras provincias en 2022, generando cambios significativos en el mapa territorial y político de la región conforme al ritmo de los avances militares informados.

El capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres se prepara para liderar su primer viaje de intrucción de la Fragata Libertad, durante un que lo llevará por Brasil, Puerto Rico y Jamaica, con una escala clave en los Estados Unidos, donde participará de los actos por los 250 años de la independencia de ese país.

En diálogo con Infobae, el militar explicó cómo es la vida en el mar, especialmente para los 45 aspirantes a oficiales de la Armada que estarán realizando la prueba final a lo largo de toda la travesía.

El uniformado, que recibió a este medio en su oficina dentro del navío, remarca que “el que crea que lo que se hace en estas misiones es un viaje de egresados se equivoca”, porque el ritmo de trabajo “es bastante intenso”.

En la cámara del comandante, el capitán está rodeado de banderas argentinas, cuadros de sus antecesores y premios que recibió el barco durante estos casi 63 años de existencia, como el Boston Teapot, reconocimiento que se le da a aquella fragata de instrucción que recorra la mayor distancia posible exclusivamente a vela en un período consecutivo de 124 horas.

La Fragata Libertad es actualmente la campeona de esa competencia y acumula un total de 10 trofeos, récord que iguala solamente España, por lo que Cáceres está decidido a revalidar el título, no solo para que la Argentina quede sola en la cima, sino también para que sea la primera vez en la historia que lo consigue en dos años seguidos.

-¿Cuánto tiempo lleva como comandante de la Fragata Libertad?

-Hace cuatro meses que soy comandante de la Fragata Libertad. Desde el día 16 de diciembre del 2025.

-¿Este es su primer viaje de instrucción?

-Este sería mi tercer viaje de instrucción. Hice el viaje en el año 1998 como guardiamarina en comisión, en el año 2017 como jefe del departamento de cubierta y ahora en este año, 2026, como comandante.

-¿Cómo lo afronta?

-Es un desafío profesional de los más importantes en la carrera. Es un buque muy representativo de la Armada y de la Nación. Conlleva mucha responsabilidad. Somos doscientas ochenta personas de tripulación a bordo, con una misión muy importante, que es terminar de formar a nuestros guardiamarinas y cumplir la función de embajadora con la fragata. Hay muchos desafíos y nos preparamos para cumplirlos.

-¿Cuál es la importancia de esta misión?

-Son dos los objetivos principales de la fragata. El primero, terminar de formar a nuestros guardiamarinas en comisión, que hicieron cuatro años de escuela naval en Río Santiago y su quinto año lo completan a bordo de la Fragata Libertad. Los formamos en la aptitud militar y profesional para su futura vida como oficiales de marina. Y luego, representamos al país en cada puerto, mostrando nuestra cultura, geografía y productos. Por ejemplo, la carne que llevamos y consumimos durante el viaje es siempre argentina.

-¿Cómo es la vida en el mar durante tantos meses?

-El viaje tiene cinco meses y ocho días de duración, aproximadamente. Los guardiamarinas necesitan más de cien días de navegación, y el resto son días de puerto para escalas logísticas y de abastecimiento. Cada año egresan guardiamarinas y deben cumplir esos días de navegación.

Es bastante intenso. Los guardamarinas se dividen en dos grupos: uno estudia las últimas materias y el otro trabaja y realiza guardias de navegación, y luego se intercambian los roles. Los vamos distribuyendo en diferentes departamentos, como máquinas, cubierta, abastecimiento, y así se van formando en lo que harán como oficiales de marina.

-Se suele decir que esto no es un viaje de egresados. ¿Qué puede decir al respecto?

-No, no es un viaje de egresados. Acá se trabaja y se estudia. Si lo comparamos con una carrera universitaria, la tesis se rinde acá. El examen final se toma en esta cámara (la oficina del comandante), con el comandante, segundo comandante y los jefes de departamento. No todos aprueban. Lo normal es que uno o dos oficiales no aprueben el curso. Con lo cual, la parte esa de que sería como un viaje de egresados, yo te puedo asegurar que no, el que crea eso se equivoca.

-¿Cómo se maneja un grupo tan grande, no solo de estudiantes sino también de oficiales y suboficiales?

-El buque está perfectamente estructurado: comandante, segundo comandante, cinco jefes de departamento, jefes de cargo, suboficiales y cabos. Todo el personal está seleccionado bajo requisitos de la Armada, lo que facilita el trabajo. Todos están comprometidos con la misión de representar a la Armada y al país.

-¿Cómo es representar al país en el exterior? ¿Qué responsabilidad implica y cómo se prepara?

-Uno trata de hacer su trabajo y comportarse de la mejor manera, e inculcar lo mismo a los guardiamarinas y cabos recién egresados. Lo importante es la buena conducta en el exterior y ser buenas personas. Representamos al país mostrando nuestras particularidades. En este viaje participaremos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos junto a otros grandes veleros, cada uno con la misión de representar a su país y formar futuros oficiales.

-Este viaje se da en un momento en el que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos son buenas. ¿Eso influye en la misión?

-Sí, Argentina tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Visitaremos cinco puertos estadounidenses como parte de la regata Sail 250, que arranca en New Orleans y termina en Boston. Todos los buques participan y muestran su embarcación en cada puerto.

-Quiero volver a cómo es la vida diaria a bordo, ¿qué rutinas se siguen?

-El día comienza a las seis y media o siete de la mañana, con diana y aseo personal. Después del desayuno y la formación, se trabaja hasta las doce treinta. Luego el almuerzo y de nuevo trabajo hasta las diecisiete. Luego hay actividades deportivas, estudio y descanso. La cena es a las veinte, y a las veintidós, descanso. ¿Se pueden ver películas? Sí, es posible, en los camarotes, en algún tiempo libre, a la noche, pero la rutina es muy organizada.

-¿Cómo se maneja el uso de celulares y la comunicación a bordo?

-Ese es todo un tema. La comunicación no es tan abierta como a veces se quiere, pero es parte también de lo que se tiene que enseñar. Las comunicaciones deben ser sí o sí a través del comando. Los guardiamarinas pueden comunicarse con sus familias por WhatsApp, pero está organizado por grupos y horarios. Se limita el uso de redes sociales por cuestiones técnicas y educativas, para que el personal esté concentrado en el trabajo, ya que hay riesgos de accidentes y es importante mantener la atención. Las redes sociales tratamos de que no se usen, porque conllevan mucho gasto, serían 280 celulares conectados. Nosotros necesitamos que el personal esté abocado al trabajo y no al celular con Facebook, con Instagram y esas cuestiones. Cualquier accidente puede modificar la misión. El objetivo va a estar cumplido para mí cuando regresemos todos los que salimos y con los 10 dedos de la mano. Esa es la prioridad, la seguridad.

-¿Cómo asume la responsabilidad de formar a tantos futuros oficiales?

-El proceso de aprendizaje continúa incluso después de egresar de la fragata. El oficial pasa siete años como alumno, formándose y aprendiendo en la flota de mar. Solo después de ese tiempo se le exige como oficial pleno. El proceso de formación lleva su tiempo.

-¿Por qué se usa esta fragata para la prueba final y no un buque de guerra?

-Bueno, en primer lugar, porque es volver a las raíces, a lo más básico, porque a vela se navegó desde siempre, desde el inicio de la historia. Además, porque ya van a tener tiempo de instruirse en un “buque gris” y esto es, de todas formas, una fragata militar, tenemos artillería y también tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad, como piratas o intentos de posesión. Todo el viaje está calculado, pero hay que estar listos.

*Fotos: Maximiliano Luna

El operativo “Proteger y Servir Semana Santa 2026”, impulsado por la Policía Nacional y presentado en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, marca un despliegue inédito de fuerzas de seguridad y prevención en la República Dominicana durante el asueto pascual.

Esta estrategia, que se ejecutará del martes 31 de marzo al domingo 5 de abril, responde a la creciente movilización de ciudadanos en fechas festivas y busca garantizar tanto la protección de la vida como la seguridad de bienes en todo el territorio nacional.

La magnitud del operativo, informada por la Policía Nacional durante el acto oficial, se traduce en la movilización de 25,000 agentes policiacos y 10,000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Esta cifra representa un refuerzo considerable en comparación con el despliegue habitual en otros períodos del año y evidencia el reconocimiento estatal de los riesgos asociados a la confluencia masiva en playas, ríos, carreteras y destinos turísticos durante la Semana Mayor.

El presidente Abinader destacó que el propósito central es proteger la vida de los dominicanos que viajan por el país en estas fechas y remarcó la necesidad de trabajo conjunto entre autoridades y población para asegurar la tranquilidad de las familias.

Más de 35,000 agentes desplegados para la protección integral en Semana Santa

De acuerdo con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la Policía Nacional diseñó el operativo tomando como referencia la experiencia acumulada en años anteriores. La identificación de horarios críticos y puntos de mayor riesgo permitió articular una fuerza de tarea interinstitucional que abarcará carreteras, balnearios y comunidades en todas las regiones.

Raful detalló que, además de los esquemas tradicionales de patrullaje y vigilancia, el dispositivo pone foco en la atención a la violencia intrafamiliar, una problemática que observa un repunte durante las festividades. Para abordar este aspecto, la coordinación recae en la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional.

La ministra llamó a la ciudadanía a asumir el compromiso de la seguridad colectiva con prudencia y responsabilidad, y sostuvo que el éxito del operativo depende de la colaboración activa entre las instituciones estatales y la sociedad.

Reforma policial, modernización y presencia interinstitucional

El director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, afirmó que el plan representa un esfuerzo articulado del Estado dominicano, orientado a preservar vidas y mantener el orden público durante uno de los periodos de mayor tránsito y concentración social.

Cruz Cruz precisó que la Policía Nacional ha profundizado su proceso de reforma y modernización, con avances en la capacitación de nuevos agentes en materias como derechos humanos, uso proporcional de la fuerza y trato digno. “Contamos hoy con un cuerpo más preparado, cercano a la ciudadanía y comprometido con valores éticos, disciplina e integridad”, afirmó el director policial durante el acto oficial, según datos de la Policía Nacional.

Con el despliegue de efectivos acompañado por las Fuerzas Armadas, la misión es servir, proteger y acompañar a la población manteniendo la tranquilidad tanto de residentes como de turistas.

Coordinación interinstitucional y protección a la propiedad

El dispositivo anunciado será ejecutado en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas y la Procuraduría General de la República, además de la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Cuerpo de Bomberos y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

Diversas dependencias de la Policía Nacional, entre ellas la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la Policía de Turismo (Politur), Asuntos Internos, Sanidad Policial y la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, estarán integradas al operativo. El plan incluye la protección de propiedades públicas y privadas, así como la respuesta frente a emergencias, con el objetivo de salvaguardar la convivencia y la seguridad integral de la población durante la Semana Santa 2026.

A la presentación del operativo asistieron, entre otras autoridades, el ministro de Defensa Carlos Antonio Fernández Onofre, la procuradora general Yeni Berenice, el director general de Migración Luis Rafael Lee Ballester y máximos representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como del Viceministerio de Defensa en sus áreas militar, naval y aérea.

En el marco de la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y de los agentes de seguridad, que está en proceso de disolución para pasar a otras dos entidades que se ocupen de cada sector por separado, el Gobierno dispuso también el traspaso de todos los inmuebles involucrados a esa institución, aunque asegura que no se van a vender para pagar la deuda acumulada.

Hasta el momento, todos los edificios donde funcionaba la prestadora de servicios médicos dependían de las Fuerzas Armadas, pero tras los cambios, se decidió que pasen a la órbita del Ministerio de Defensa.

Se trata de un total de 44 establecimientos, entre hoteles y oficinas administrativas, que ahora pasarán a estar en manos del titular de esa cartera, teniente general Carlos Presti.

Así se dispuso en el Decreto publicado meses atrás, a partir del cual se ordenó la eliminación de IOSFA para dar lugar a la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Ambos organismos contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones.

En cuanto a los inmuebles, para que queden dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, fueron inscriptos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que dio lugar a versiones sobre posibles ventas de estos activos.

Al respecto, fuentes de OSFA aseguraron a Infobae que “no se va a rematar ninguno de los edificios involucrados” y que el cambio de manos “es solo una cuestión jurídica”.

“Para nosotros es algo claro, como ahora ya no dependen de las Fuerzas Armadas, sino de un Ministerio, tiene que intervenir AABE, pero no se va a pagar la deuda con eso”, remarcaron.

La entidad tiene un pasivo de unos 200 mil millones de pesos contraída en los últimos años, lo que generó complicaciones para los afiliados y falta de prestaciones.

Sin embargo, para solucionar este conflicto las autoridades apuestan a la Comisión Especial Ad-Hoc que también se creó —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— y que supervisará todo el proceso de transición.

A través de un comunicado, la cartera de Presti sostuvo que se está llevando adelante un “plan de ordenamiento patrimonial destinado a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos”. Este proceso se desarrolla con el objetivo de organizar los activos de la institución bajo los nuevos lineamientos operativos.

Según el texto, el proceso técnico contempla el “relevamiento e inventario de bienes muebles”, así como su posterior “transferencia programada a la nueva estructura”.

Estas acciones se realizan en comunicación constante y “en coordinación con las Fuerzas Armadas”, asegurando que el traspaso de los elementos operativos se realice de manera ordenada entre ambas entidades.

Respecto a la propiedad de los activos de mayor envergadura, el Ministerio ha definido una postura clara: los “bienes inmuebles permanecerán bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa”.

Esta decisión tiene como fin el “resguardando su función institucional y su carácter estratégico”, integrándose en una política que “garantiza su permanencia dentro de la órbita del propio Ministerio”.

Un punto central de la transición, que comenzó el 5 de febrero del presente año conforme a lo dispuesto por el “DNU 88/2026”, es la situación de las unidades de turismo. Los establecimientos hoteleros que actualmente administra el IOSFA “están siendo incorporados a la OSFA” como parte de este reordenamiento.

El futuro de estos complejos quedará en manos de la conducción de la nueva obra social. El propio directorio de OSFA, que cuenta con “representantes de las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, será el organismo que tendrá un “rol decisivo en el destino futuro y modalidad de gestión de esos establecimientos”.

El Ministerio de Defensa subrayó que el plan de transición mantiene la “prioridad puesta en la cobertura de salud de los afiliados”. Bajo esta premisa, las autoridades competentes analizan distintas alternativas para “optimizar el funcionamiento de los hoteles, garantizar su uso y promover una gestión más eficiente y sustentable”.

Finalmente, el organismo aclaró que no se han tomado determinaciones definitivas sobre los modelos de explotación de estos servicios, ya que las “definiciones finales surgirán de los estudios en curso”. Los resultados de estos análisis técnicos y operativos “serán comunicados oportunamente” a través de las vías oficiales de la institución.

La Guardia Revolucionaria iraní detalló que los ataques recientes en bases estadounidenses situadas en Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait implicaron el uso de drones y misiles de precisión en operaciones continuas y consecutivas, lo que apunta a una transformación estratégica en el escenario militar de Medio Oriente. Esta información surge mientras el cuerpo militar responsabilizaba a Estados Unidos y sus aliados de cientos de víctimas en territorio iraní y aludía a ofensivas coordinadas mediante el empleo de tecnologías avanzadas y apoyo de fuerzas aliadas en la región. Según consignó la agencia semioficial Tasnim, las autoridades iraníes han subrayado el uso de “nuevos sistemas de misiles” y la introducción de “tácticas ofensivas” que buscan modificar el equilibrio de poder.

Según informó la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria indicó que sus fuerzas navales y aeroespaciales han dirigido ataques contra “escondites” de tropas estadounidenses en las bases de Al Dafra (Emiratos Árabes Unidos), Victoria (Irak) y Ali al Salem (Kuwait). Estas ofensivas incluyeron la utilización de drones de ataque y misiles de precisión. Además, el comunicado de la Guardia Revolucionaria reivindicó más de 120 acciones atribuidas a la milicia chií Hezbolá en Líbano y a otras fuerzas proiraníes en Irak y Yemen, señalando que han generado “golpes devastadores” contra las fuerzas de Estados Unidos e Israel. Esta actividad ha sido presentada como una respuesta directa a la misión denominada ‘Furia Épica’ lanzada anteriormente por Washington y Tel Aviv.

Tal como publicó la agencia Tasnim, el cuerpo militar iraní explicó que el conflicto se encuentra dentro de una lógica de “expansión lógica y calculada del frente de guerra” por parte de las zonas conocidas como de resistencia. El comunicado oficial señaló la intención de Irán de llevar a cabo una “erosión del poder del régimen sionista y del Ejército estadounidense en la región”, con vistas a crear condiciones para una batalla futura orientada hacia lo que identifican como la “Jerusalén ocupada”.

El balance provisorio proporcionado por las autoridades iraníes, reportado por Tasnim, ya suma más de 2.000 fallecidos en el territorio del país a causa de los enfrentamientos iniciados tras los ataques del 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel. Entre los fallecidos se encuentran figuras relevantes dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad iraníes, incluidos el líder supremo Ali Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Ali Lariyani, así como los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente. El informe también incluye la muerte de altos cargos de las Fuerzas Armadas y de otros organismos de seguridad vinculados al Estado.

La agencia Tasnim informó que, frente a este saldo de víctimas y bajo la presión de ataques repetidos, la Guardia Revolucionaria de Irán ha delineado su estrategia como una de largo plazo con el objetivo declarado de debilitar de forma sostenida a los ejércitos de Estados Unidos e Israel. Según detalló el citado cuerpo militar, el plan contempla la utilización de nueva tecnología militar y la formación de frentes activos mediante alianzas regionales, lo que consideran una “expansión calculada” tanto en el ámbito geográfico como en el uso combinado de capacidades ofensivas y de inteligencia.

La mención a la misión ‘Furia Épica’ por parte de las autoridades iraníes alude a una campaña aérea y de ataques selectivos encabezada por Estados Unidos e Israel, originando la actual situación de escalada bélica en varios países de Medio Oriente. Según consignó Tasnim, dicha misión fue respondida mediante una intensificación de ataques coordinados desde distintos frentes y apoyados en armamento avanzado. El comunicado de la Guardia Revolucionaria subrayó que estas operaciones buscan “preparar el terreno para la batalla final y el avance de la nación islámica”, punto al que Irán atribuye una importancia estratégica y religiosa.

El medio Tasnim detalló que este tipo de enfoque integral también se apoya en la movilización de milicias aliadas y fuerzas proxy en diversos escenarios como Irak, Yemen y el Líbano, cuya participación en acciones ofensivas ha sido reconocida de manera oficial. La enumeración de las más de 120 operaciones de Hezbolá constituye, según la agencia, un ejemplo del alcance regional de la estrategia iraní.

Autoridades iraníes sostienen que el desarrollo de un “horizonte a largo plazo” en la confrontación bélica busca modificar las relaciones de poder existentes e instalar una dinámica de desgaste continuado sobre los adversarios externos, en este caso Estados Unidos e Israel. De acuerdo con la información de Tasnim, este planteo implica la combinación de ofensivas directas, el uso de armamento de nueva generación y la coordinación con fuerzas aliadas en la región para maximizar el desgaste del oponente.

El comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria, que reproduce la agencia Tasnim, vincula estos ataques y acciones militares con un proceso planificado de resistencia que, según su visión, responde a lo que identifican como crímenes e invasiones perpetradas por los ejércitos estadounidense e israelí en diferentes frentes de la región. Esta narrativa oficial insiste en que las represalias y operaciones continuarán mientras persistan las acciones hostiles contra la República Islámica y sus aliados.

El cuadro reportado por el medio incluye la afirmación de las autoridades iraníes acerca de una “transformación cualitativa y estratégica en el terreno” atribuida a la adopción de tácticas novedosas y la entrada en funcionamiento de sistemas de armas mejorados. Además, el fortalecimiento de las “zonas de resistencia” se expone como parte de un plan sostenido para alterar la dinámica militar vigente en Medio Oriente.

Según la recopilación efectuada por la agencia Tasnim, tanto los ataques llevados a cabo en los últimos días como la evolución en las tácticas y tecnología utilizadas forman parte de una respuesta prolongada y de gran escala contra lo que Irán considera una afrenta organizada por Estados Unidos, Israel y aliados. En ese marco, la ampliación de los escenarios de combate y la inclusión de nuevos actores se perfilan como elementos centrales de una estrategia de confrontación prolongada.

La caída de fragmentos provenientes de la interceptación de un dron causó lesiones a varias personas y provocó daños en inmuebles y vehículos en una zona residencial próxima a la base aérea Príncipe Sultán, situada al suroeste de Riad, Arabia Saudí. Según consignó la agencia estatal de noticias SPA, las autoridades saudíes informaron que el incidente dejó varios heridos y generó daños materiales limitados en tres viviendas particulares y en automóviles estacionados en la localidad de Al Jarj. El ataque se registró en un contexto de intensificación de tensiones y acciones armadas en la región.

De acuerdo con lo publicado por la agencia SPA, en los últimos días la base aérea Príncipe Sultán ha sido objetivo de frecuentes ataques. Hace apenas tres jornadas, la instalación militar fue blanco de una ofensiva perpetrada por fuerzas iraníes, en la que al menos doce militares estadounidenses resultaron heridos. Esta escalada se enmarca en la serie de operaciones iniciadas a finales de febrero por Estados Unidos e Israel en la región, en respuesta a la creciente actividad militar iraní.

El medio SPA detalló que, desde el inicio del conflicto, se han lanzado decenas de misiles y drones dirigidos a intereses estadounidenses, israelíes y aliados en el Golfo Pérsico. La mayoría de estos artefactos ha sido detectada y neutralizada por los sistemas de defensa saudíes, reduciendo el impacto en las zonas residenciales y en infraestructuras críticas. No obstante, como evidencian los recientes hechos en Al Jarj, los riesgos para la seguridad de la población civil permanecen elevados debido a la posibilidad de caída de escombros o de impactos directos en áreas habitadas.

A medida que la ofensiva militar se extiende en la región, las fuerzas iraníes han ampliado sus ataques a objetivos en países vecinos. Según informó la agencia estatal, Irán ha dirigido operaciones contra intereses estadounidenses e israelíes en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahréin y territorio saudí. Este despliegue regional responde a la evolución del conflicto y a la reacción coordinada de los países del Golfo para interceptar y mitigar los riesgos de nuevos ataques.

El balance humano en Irán se ha agravado a consecuencia de la respuesta bélica: fuentes oficiales iraníes citadas por la agencia SPA reportaron más de dos mil víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva. Entre las personas fallecidas figuran figuras de alto nivel, como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, así como los ministros de Defensa, Aziz Nasirzadé, y de Inteligencia, Esmaeil Jatib. Asimismo, han perdido la vida altos mandos de las Fuerzas Armadas iraníes y otros responsables de organismos de seguridad.

El incremento de ataques y la respuesta internacional han colocado a la región en un estado de tensión permanente. SPA subrayó que la continua interceptación de misiles y drones ha evitado daños mayores en zonas civiles y estratégicas. Las autoridades saudíes han reforzado los dispositivos de defensa y vigilancia alrededor de bases militares, complejos residenciales y puntos de infraestructura crítica, ante la posibilidad de nuevas agresiones.

Las consecuencias humanitarias y materiales de la ofensiva persisten mientras las partes enfrentadas mantienen sus operaciones. La base aérea Príncipe Sultán y sus cercanías se han convertido en uno de los puntos clave en la actual confrontación, tanto por su valor estratégico como por el impacto directo en la seguridad de la población local. Distintos organismos permanecen en alerta ante el desarrollo de los acontecimientos y la posibilidad de que se repitan incidentes como el de Al Jarj.

SPA reportó que la investigación sobre el incidente con el dron interceptado continúa bajo supervisión de autoridades de seguridad saudíes. Los heridos han recibido atención médica y equipos especializados llevan a cabo la evaluación de daños en la zona, así como labores de limpieza y asistencia para los afectados. El gobierno saudí mantiene un monitoreo constante ante el riesgo de nuevos ataques y reiteró su compromiso con la protección de la población civil en el contexto de la crisis regional.

El seguimiento policial sobre las actividades de Alexánder Mendoza, identificado como ‘Calarcá’, tomó un giro decisivo después de que la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, notificó al Gobierno sobre la presunta implicación de este líder disidente en el asesinato de un líder social, fundamentando esta sospecha en pruebas obtenidas durante un operativo militar realizado en julio de 2024. Según informó el medio Caracol Radio, la investigación apunta a una conexión directa con hechos criminales recientes.

Pedro Sánchez, titular del Ministerio de Defensa de Colombia, reiteró durante una entrevista para Caracol Radio que la persecución y eventual captura de ‘Calarcá’ permanece como una de las más altas prioridades para las autoridades de seguridad nacional, independientemente de la continuidad del proceso de negociación entre el Ejecutivo y este grupo. Sánchez remarcó que el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), bajo el liderazgo de Mendoza, mantiene una estructura con motivación principalmente narcotraficante y que su accionar se financia en gran medida por economías ilegales. El ministro descartó que existan intereses ideológicos genuinos detrás de las operaciones de este grupo.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Caracol Radio, la decisión última sobre la captura de Mendoza recae sobre el presidente Gustavo Petro, quien también ostenta el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sánchez apuntó que el Ministerio de Defensa se someterá a la directriz presidencial, recordando que recientemente la Fiscalía advirtió sobre la posibilidad de reactivar una orden de detención si el Ejecutivo no la ejecuta en un plazo de una semana, motivando este ultimátum ante lo que perciben como una falta de voluntad de paz por parte de Mendoza y su organización.

El EMBF representa una de las más relevantes escisiones surgidas tras la ruptura dentro del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por Néstor Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’. El bloque Jorge Briceño, dirigido específicamente por ‘Calarcá’, encabeza las tres estructuras principales de esta facción, que se ha distanciado abiertamente de las directrices originales del antiguo grupo insurgente.

El ministro Sánchez, según detalló Caracol Radio, enfatizó que aunque la mesa de diálogo con el EMBF continúa vigente, la suspensión temporal de la orden de captura contra ‘Calarcá’ solo tiene efectos procesales y no implica un cese de las operaciones de inteligencia militar y policial contra la organización. “Las Fuerzas Armadas no paralizan operativos ni detienen las acciones de control mientras se espera una determinación ejecutiva”, explicó Sánchez. Aclaró además que ninguna política de paz impulsada por el Gobierno constituye un permiso para la comisión de delitos o actividades ilícitas, remarcando que estas estructuras han defraudado no solo la confianza del gobierno sino también la de todo el país.

La reciente información divulgada por la Fiscalía ha agudizado el debate sobre la conveniencia de mantener la mesa de negociación mientras persisten acusaciones graves contra los jefes de estas estructuras armadas. Según publicó Caracol Radio, la Fiscalía asegura contar con material probatorio que comprometería a Mendoza con la violencia ejercida contra líderes sociales, lo que refuerza el argumento de aquellos que exigen una actuación judicial inmediata.

Las controversias han reflejado la tensión existente entre la aplicación estricta de la ley y los mecanismos de negociación promovidos por el Ejecutivo para intentar desmantelar estos grupos por la vía del diálogo. Según consignó el medio Caracol Radio, Sánchez reiteró que la actuación de las fuerzas públicas está sintonizada exclusivamente con las disposiciones presidenciales, subrayando el papel constitucional que define al presidente Petro como máxima autoridad en materia de seguridad.

La identidad y las actividades del EMBF han provocado diversas reacciones. La escisión entre el EMC y el bloque liderado por ‘Calarcá’ ha marcado una nueva etapa en el fenómeno de las disidencias armadas. Según reportó Caracol Radio, la influencia de las economías ilícitas es uno de los factores dominantes en la operatividad de estos grupos. El trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía mantiene el foco en los flujos financieros y en el seguimiento a sus principales líderes.

El desarrollo de la estrategia gubernamental respecto a la captura de ‘Calarcá’ y la persistencia de la mesa de diálogo sigue en el centro del debate institucional de Colombia. Tal como publicó Caracol Radio, el equilibrio entre las políticas de paz y la persecución de acciones criminales continúa siendo un tema en observación permanente tanto por las agencias estatales como por la opinión pública.

De acuerdo con lo publicado por el TSJMU, el demandante había solicitado la suspensión de las resoluciones administrativas mediante las cuales se extinguía su contrato de uso y se ordenaba el desahucio. El solicitante alegaba que debía anularse la decisión que le obligaba a dejar el inmueble en el que había residido desde 1990, y también pedía que se reconociera su derecho a optar a la compra del domicilio bajo las condiciones previstas por la normativa vigente.

Según detalló el tribunal y recogió el TSJMU, la asignación de la vivienda al recurrente se originó por su condición y destino militar, permitiéndole residir legalmente en el inmueble durante el tiempo que mantuvo esa vinculación profesional. El proceso administrativo que desembocó en la extinción del derecho de uso se inició después de que, en 1999, el militar pasara a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, lo que supuso la suspensión de su actividad militar activa. Posteriormente, el solicitante pasó a la situación de retirado.

El medio TSJMU consignó que la Sala se basó en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de octubre de 2025 sobre un caso análogo. La normativa relevante, la Ley 26/1999, determina expresamente que la desaparición de la causa original del derecho de uso constituye motivo suficiente para resolver el contrato relativo a estas viviendas militares. El tribunal explicó que cualquier cambio en la situación administrativa del ocupante que suponga la desaparición de la causa inicial—en este caso, el final de la condición de militar en activo—implica también la extinción automática del contrato de uso del inmueble.

El objetivo de la concesión de este tipo de viviendas, según el tribunal y tal como publicó el TSJMU, consiste en facilitar la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas durante su periodo de servicio activo. Al cesar esa condición, desaparece el fundamento legal que permitió la adjudicación de la vivienda. La sentencia recoge literalmente una cita del Tribunal Supremo: “al quedar suspendida la condición militar del ocupante se ha producido una desaparición sobrevenida de la causa que motivó la adjudicación del uso de la vivienda”.

El tribunal descartó la posibilidad de que el paso del recurrente a otros trabajos para la administración pública pueda mantener o restaurar el derecho sobre la vivienda. El TSJMU sostuvo que este derecho queda circunscrito al momento en que la persona mantiene la condición de militar en activo y no se extiende a otras situaciones administrativas o laborales diferentes.

El fallo del TSJMU considera legales las actuaciones previas del INVIED y rechaza todos los argumentos del recurso planteado por el demandante, quien deberá abonar además las costas procesales. Tal como detalló el TSJMU, la decisión todavía no es firme: existe la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si se acredita interés casacional en el asunto.

Entre los nombres de las víctimas mortales, figuran figuras de relevancia nacional, como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, además de altos mandos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad, según la información difundida por medios estatales iraníes. Las autoridades han informado la cifra de más de 1.500 fallecidos a raíz de la ofensiva, lo que subraya el alcance y consecuencias de los ataques. De acuerdo con la agencia de noticias iraní ISNA, al menos tres personas murieron y otras 12 resultaron heridas en el ataque perpetrado el martes contra la mezquita de Huseiniye Azam, un reconocido centro religioso ubicado en Zanyán, al noroeste de Irán.

El medio ISNA informó que la agresión, atribuida a fuerzas extranjeras y calificada como un "ataque del régimen sionista-estadounidense contra un recinto administrativo de la mezquita", desencadenó una intensa respuesta de los servicios de emergencias, quienes trasladaron a los heridos a diferentes hospitales cercanos y continúan la búsqueda entre los escombros, ante la posibilidad de hallar nuevas víctimas. Según publicó ISNA, la operación de rescate se mantiene activa debido a la incertidumbre sobre potenciales personas atrapadas o fallecidas adicionales.

Paralelamente, la agencia detalló que este mismo martes el Ejército de Israel dio a conocer la conclusión de una nueva oleada de ataques contra infraestructura vinculada al gobierno iraní en Teherán. Israel comunicó la realización de bombardeos en la capital iraní, y se reportaron apagones en varias áreas de la ciudad. Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de heridos o muertos en estos incidentes, conforme a los datos proporcionados por las autoridades.

Además, la agencia de noticias Fars recogió declaraciones de funcionarios locales que señalaron la existencia de más ataques en la provincia central de Isfahán. Las acciones se dirigieron hacia zonas militares, aunque, al igual que en Teherán, no se han especificado cifras de víctimas ni detalles sobre los daños materiales o el estado de las instalaciones afectadas.

En relación a la ofensiva mayor, fuentes oficiales iraníes confirmaron la cifra superior a los 1.500 fallecidos, entre los que destacan figuras políticas y militares de primer orden. La agencia ISNA enfatizó que estos decesos comprenden tanto responsables de alto rango del aparato estatal y de seguridad, como otras personas afectadas por la escalada de violencia.

La mezquita de Huseiniye Azam, escenario del ataque más reciente, es uno de los recintos musulmanes más conocidos en la región noroeste de Irán. Según ISNA, la tensión derivada de los últimos eventos se intensificó a raíz de estas agresiones atribuidas en medios oficiales a Estados Unidos e Israel, lo que ha impulsado una gran movilización de los recursos de emergencia y de las fuerzas de seguridad en amplias zonas del país.

Las autoridades no han ofrecido aún un balance definitivo respecto al número total de afectados ni han indicado posibles próximos pasos, a la espera de que concluyan las operaciones de socorro e investigación en las áreas atacadas. El equipo de emergencia, según ISNA, mantiene actividades enfocadas en la localización de más víctimas y en la estabilización del entorno de la mezquita, mientras la población local permanece bajo medidas de seguridad reforzadas tras los hechos.

Las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno español han impedido que aviones implicados en la operación 'Furia Épica' utilicen tanto las bases de Rota y Morón como el espacio aéreo de España en relación con el conflicto en Irán. Según informó Europa Press, la ministra de Defensa Margarita Robles declaró que estas restricciones fueron comunicadas de manera directa y clara a las autoridades estadounidenses desde el inicio de la operación. A partir de estos hechos, la Casa Blanca sostuvo que Estados Unidos está cumpliendo o superando sus objetivos militares en el marco de la misión lanzada junto a Israel y que no precisa colaboración de España ni de ningún otro país.

De acuerdo con Europa Press, fuentes oficiales de la Casa Blanca afirmaron este lunes que la Administración Trump "no necesita ayuda de España ni de nadie más" para avanzar con sus acciones militares en la llamada operación 'Furia Épica'. El medio detalló que estas declaraciones se produjeron después de que el Gobierno español cerrara el espacio aéreo y las instalaciones militares utilizadas habitualmente por Estados Unidos en territorio nacional ante lo que definió Robles como una guerra "profundamente ilegal e injusta".

La ministra subrayó en sus declaraciones recogidas por Europa Press que la negativa española se trasladó desde el primer momento tanto a la parte estadounidense como a las fuerzas armadas de ese país. El Gobierno de España decidió no autorizar la utilización de sus bases ni el tránsito por su espacio aéreo para ninguna acción vinculada al conflicto en Irán. Robles recalcó que la postura se mantuvo invariable: "ni se autorizan las bases, ni por supuesto se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán".

Europa Press consignó que, pese al cierre de las rutas militares sobre territorio español y la clausura de las facilidades en Rota y Morón, el ejecutivo estadounidense aseguró que las fuerzas armadas mantienen su capacidad de alcanzar los objetivos planteados en la región de Oriente Medio. Las fuentes de la Casa Blanca aludieron específicamente al progreso logrado en la operación conjunta con Israel y descartaron la necesidad de apoyo externo para continuar con sus acciones.

La decisión española, informada tanto públicamente como en vías diplomáticas, forma parte de una respuesta inédita frente a operaciones militares internacionales impulsadas por Washington en las últimas décadas. Rota y Morón, bases estratégicas dentro de la colaboración bilateral entre España y Estados Unidos, permanecen así fuera de uso para cualquier actividad relacionada con la ofensiva militar en Irán.

La operación 'Furia Épica', señalada por Europa Press como el nombre de la acción liderada por Estados Unidos e Israel, se refiere a los actuales ataques u operaciones desarrollados contra objetivos en Irán. Si bien Estados Unidos ha recurrido en ocasiones anteriores a infraestructura europea para dar soporte logístico a su actividad militar en Oriente Medio, esta vez las autoridades estadounidenses recalcaron su suficiencia logística propia.

Europa Press destacó que la respuesta americana busca subrayar la autonomía de acción de sus fuerzas, aún en ausencia de colaboración europea o española específicamente. A su vez, la administración Trump defendió que el despliegue actual y el desarrollo de la campaña militar no se ven afectados por la postura del Gobierno español de limitar el uso de sus recursos territoriales y aéreos.

La posición de España responde a cuestionamientos legales y éticos sobre la legitimidad de la operación 'Furia Épica'. En palabras de Robles, el Gobierno español considera que la intervención militar “es profundamente ilegal e injusta”, lo que motivó la adopción de medidas restrictivas inmediatas. La ministra enfatizó que la decisión fue notificada a las instituciones estadounidenses de forma inequívoca y sin margen para interpretaciones.

Según la información publicada por Europa Press, la coordinación entre Estados Unidos e Israel dentro de la citada operación continúa al margen de la negativa española. Las fuentes americanas reiteraron que los resultados alcanzados por sus fuerzas corroboran la efectividad de sus capacidades sin necesidad de apoyos adicionales de países aliados, remarcando que las metas operativas establecidas en el conflicto se mantienen o han sido superadas.

España y Estados Unidos mantienen desde hace décadas un acuerdo bilateral que regula la utilización de las bases de Rota y Morón, utilizadas tanto por fuerzas estadounidenses como por el escudo antimisiles de la OTAN y otros despliegues logísticos en la región. No obstante, el Gobierno español hizo excepciones en esta ocasión, bloqueando todo uso vinculado a la intervención contra Irán, lo que introduce un nuevo precedente en la política de colaboración militar bilateral, según consignó Europa Press.

En el escenario internacional, la decisión de España ha sido vista, según lo consignó el medio, como una declaración política de distancia respecto a la estrategia militar estadounidense y un refuerzo del principio de no intervención ante acciones que no cuenten con consenso internacional. La Casa Blanca, por su parte, mantiene la postura de que las operaciones militares actuales no dependen de la disponibilidad de respaldos o rutas logísticas españolas ni europeas, dado el alcance y los medios propios de sus fuerzas armadas desplegadas en la zona de conflicto.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó esta mañana que dos integrantes de Sendero Luminoso fueron abatidos durante una operación militar en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta, Ayacucho, en el VRAEM. El operativo se realizó el 29 de marzo con participación de la Fuerza Especial Conjunta, el Comando Especial del VRAEM, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Según el documento oficial, los abatidos fueron identificados como “David”, miembro del Comité Central de Sendero Luminoso en el VRAEM, y “Ramírez”. Además, se incautó una ametralladora MAG calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm.

Las fuerzas armadas anunciaron que continuarán intensificando las operaciones contra las columnas terroristas en la región y aseguraron que las patrullas actúan bajo la legislación vigente y el respeto a los derechos humanos.

Sendero Luminoso llamó a boicotear las elecciones

La operación del Comando Conjunto contra Sendero Luminoso se produjo a menos de dos semanas de las Elecciones Generales 2026, las mismas que la organización terrorista llamó a boicotear el año pasado en un comunicado difundido en la zona.

El documento, firmado por el denominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), contenía descalificaciones contra la expresidenta Dina Boluarte, a quien llamaron “pelele”, y contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien acusan de “asesina”.

Los remanentes del grupo subversivo maoísta acusaron al Estado de mantener un gobierno al servicio de intereses ajenos a la población y califican los procesos electorales como mecanismos para “legitimar a los nuevos hambreadores y degolladores del pueblo”.

“¿Para qué sirve el Congreso peruano? Los 130 rufianes de saco y corbata solo sirven para establecer y aprobar leyes que dejan impunes a los genocidas de masas desarmadas, blindan a los corruptos y criminalizan las justas protestas populares”, se lee en la misiva. También atacan a los partidos tradicionales al afirmar que “están podridos hasta los tuétanos en la corrupción”.

Capturan a lider del narcotráfico en el VRAEM

El pasado 12 de marzo, la PNP informó que logró la captura de una mujer señalada como líder de un clan dedicado al tráfico ilícito de drogas por medio de una modalidad que las autoridades consideran recurrente: dividir grandes cargamentos en partes más pequeñas para sacarlos del país.

La intervención ocurrió a inicios de febrero, pero la confirmación oficial apareció recién después de revisar los detalles del operativo y asegurar la cadena de custodia de la droga incautada. La protagonista del caso es Nena Soto Contreras, conocida en los informes policiales como “La viuda negra”, natural de Santa Rosa, provincia de La Mar, región Ayacucho.

Según información proporcionada por fuentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) al diario La República, Soto Contreras, de 45 años, dirigía un grupo familiar dedicado al transporte de cocaína desde zonas de producción del Vraem hacia rutas que conducen a la frontera con Bolivia.

La detención se produjo el 2 de febrero durante un operativo policial en el peaje Huillque, ubicado en el distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, en la región Cusco. En ese punto, agentes antidrogas interceptaron un automóvil Mazda gris con placa BUS-159.

El vehículo figura registrado a nombre de la pareja de Soto Contreras. Durante la intervención, la mujer cuestionó el procedimiento policial y expresó su rechazo ante la acción de los agentes.

Durante la inspección, los policías levantaron los asientos del piloto y copiloto. En ese punto detectaron que una pieza metálica no coincidía con el diseño original del automóvil. Al desmontar la estructura apareció un compartimento oculto. Dentro de ese espacio se encontraban 60 paquetes de cocaína prensada, conocidos en el lenguaje del narcotráfico como “ladrillos”.

El general Min Aung Hlaing, quien encabezó las Fuerzas Armadas de Birmania durante más de una década y lideró el golpe militar de 2021, figura como uno de los dos candidatos a la Vicepresidencia propuestos por la Cámara Baja, informaron medios estatales según consignó la prensa internacional. Este paso se da en medio de expectativas crecientes sobre la inminente votación parlamentaria que determinará al nuevo presidente del país, en un contexto marcado por enfrentamientos armados internos y cuestionamientos internacionales a los recientes comicios. Según reportó el medio original, la dimisión de Hlaing busca despejar el camino para su eventual nombramiento como jefe de Estado.

De acuerdo con la información publicada, el general de 69 años presentó su renuncia al liderazgo de la junta militar este lunes. La decisión corresponde a una estrategia política en la que su nombre figura en la selección de candidatos que el Parlamento birmano, recién renovado tras las elecciones de enero, deberá votar en los próximos días. Medios nacionales y estatales informaron en directo que “el general Min Aung Hlaing ha sido propuesto como candidato a la Vicepresidencia”, una confirmación recogida por el diputado Kyaw Kyaw Htay, identificado con el sector militar. Al respecto, la Cámara Alta también deberá nominar a su propio candidato, completando así un total de tres aspirantes al cargo de presidente, entre quienes el Parlamento tomará una decisión aún sin fecha establecida.

El anunció llega tras la celebración de los primeros comicios desde el golpe de Estado de febrero de 2021. Según publicó la fuente, estas elecciones estuvieron rodeadas por la violencia vinculada a la guerra civil que atraviesa Myanmar y por graves denuncias sobre la legitimidad del proceso electoral. El Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, apoyado por los militares, obtuvo la victoria, aunque organismos internacionales de Derechos Humanos han emitido críticas por irregularidades y exclusión de grupos opositores. A pesar de la polémica, la asamblea nacional se reunió para elegir a las nuevas autoridades, abriendo la puerta a que Hlaing, tras dejar el liderazgo militar, pueda acceder a la máxima magistratura civil.

Tal como detalló el medio, el viernes pasado la junta hizo pública una serie de modificaciones en la cúpula castrense del país, con la promesa de anunciar los nombramientos tras el gran desfile militar previsto para este viernes. Estos cambios se suman a la incertidumbre política instalada pocos días antes de que el Parlamento decida sobre la presidencia, intensificando las tensiones entre los actores políticos y militares, así como en el conjunto de la sociedad birmana.

El golpe de Estado de 2021 se justificó, según indicó oficialmente el propio Ejército, en supuestas irregularidades cometidas en las elecciones generales de noviembre de 2020, donde la Liga Nacional para la Democracia, liderada por Aung San Suu Kyi, había obtenido una abrumadora mayoría parlamentaria. Aquella afirmación resultó cuestionada rápidamente por varios observadores internacionales, quienes no detectaron pruebas de fraude electoral. En los meses sucesivos a la toma del poder por la fuerza, se desplegó una intensa represión sobre opositores políticos, activistas civiles y participantes en protestas multitudinarias, con cientos de muertos y miles de detenidos.

La situación interna se agravó, según consignó la fuente, debido al aumento de los enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y numerosas milicias rebeldes, especialmente en estados del noreste, fronterizos con China, así como en el estado de Rajine, ubicado en el oeste del país. Estos choques armados han provocado desplazamientos masivos de la población y fortalecido el clima de inestabilidad. Paralelamente, organizaciones internacionales han incrementado la presión sobre la junta, destacando preocupaciones sobre la exclusión política, la persistencia de la violencia y la ausencia de garantías democráticas en el proceso político en curso.

De acuerdo con la cobertura de los medios birmanos, la nominación de Min Aung Hlaing como posible presidente representa la continuación de la influencia militar en la esfera civil, pese a la supuesta transición hacia un gobierno electo. Sobre el calendario político e institucional próximo, se mantiene la expectativa de que el resultado de la votación parlamentaria defina si el hasta ahora hombre fuerte de la dictadura militar pasa a ocupar legalmente la jefatura de Estado, consolidando el dominio castrense por vías formales tras la crisis abierta hace más de tres años.

Durante una conversación con su par turco Yasar Güler, el ministro iraní de Defensa en funciones, Majid Ibn al Reza, expresó que su país se encontraba involucrado en un proceso de negociación con Washington cuando se produjo el ataque sorpresa efectuado por Estados Unidos e Israel. Así lo publicó la cadena estatal IRIB, que recogió las declaraciones del funcionario en un contexto en el que Ankara impulsa nuevas rondas de conversaciones indirectas entre ambos gobiernos tras los incidentes militares de febrero.

De acuerdo con la información difundida por IRIB, Ibn al Reza enfatizó que la República Islámica de Irán accedió a dialogar con EEUU a pesar de la desconfianza y la hostilidad manifiesta, en un intento por alejar la amenaza de un conflicto en la región. Según manifestó el ministro citado por la cadena iraní, la disposición de Teherán para negociar perseguía demostrar su buena voluntad y consideración hacia los países vecinos mediante la vía diplomática.

El ministro declaró que “las Fuerzas Armadas iraníes continuarán utilizando todas sus fuerzas para castigar severamente a los agresores”, y que la política de represalia tiene como objetivo consolidar una “disuasión efectiva” que prevenga la repetición de situaciones de guerra y agresión. La cadena IRIB consignó que esta postura responde a los ataques realizados por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero, los cuales, según afirmó el ministro, limitaron las opciones de Irán y forzaron una respuesta en defensa propia.

Distintos medios han informado que Pakistán se prepara para facilitar contactos diplomáticos entre delegaciones de Estados Unidos e Irán en los próximos días, en un intento por retomar las negociaciones interrumpidas tras los bombardeos. Tal como reportó IRIB, esta mediación cuenta con el respaldo de autoridades turcas, quienes buscan reducir la tensión y restablecer canales de diálogo que permitan evitar una nueva escalada.

Majid Ibn al Reza asumió funciones al frente del Ministerio de Defensa luego de la muerte de su predecesor, Aziz Nasirzadé, ocurrida durante los primeros ataques aéreos llevados a cabo por fuerzas estadounidenses e israelíes al inicio de la ofensiva. Según indicó el propio Ibn al Reza en la conversación con su homólogo turco, la pérdida de Nasirzadé marcó un punto de inflexión en la postura iraní, intensificando la determinación de emplear todos los recursos militares del país para asegurar una respuesta contundente ante futuras agresiones.

IRIB también recogió el mensaje del ministro iraní en el que subrayó que la estrategia de "castigo severo" busca proteger no sólo la soberanía iraní, sino también la estabilidad general de la región, procurando que el ciclo de hostilidades iniciado el 28 de febrero no se repita. La cadena destacó la insistencia de Ibn al Reza en que la política defensiva iraní está guiada por el principio de disuasión, mientras continúan las gestiones diplomáticas impulsadas por Turquía para canalizar una solución negociada.

Las menciones a Estados Unidos e Israel como responsables directos del ataque fueron reiteradas en las declaraciones del ministro, quien reiteró que Teherán seguirá adelante con su enfoque represivo tras los incidentes militares recientes. Según detalló IRIB, la mediación internacional a través de Ankara busca crear un marco donde ambas partes puedan abordar sus desacuerdos sin recurrir a la vía armada, aunque los responsables de Defensa iraníes insisten en que el uso de la fuerza seguirá presente como elemento disuasorio mientras persista el riesgo de nuevas agresiones.

De acuerdo con los datos reportados por la Media Luna Roja iraní, la serie de bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel ha producido daños en más de 100.000 edificaciones civiles, una cifra que incluye casi 40.000 estructuras afectadas en la capital del país, Teherán. Además, las ofensivas han impactado unas 600 escuelas y cerca de 300 centros de salud solo en el transcurso de las últimas cuatro semanas. Este contexto de destrucción masiva se vincula con la advertencia oficial de represalias emitida este domingo por el Ejército de Irán.

Según informó la agencia Fars, el portavoz del mando Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, anunció públicamente que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán priorizarán como blancos las residencias de altos mandos y funcionarios políticos tanto de Estados Unidos como de Israel ubicados en Oriente Próximo y los territorios ocupados. Zolfaqari definió esta medida represiva como una respuesta directa a los bombardeos ejecutados contra “las residencias del pueblo iraní en diversas ciudades”. Las declaraciones realizadas por el portavoz del alto mando militar se inscriben en un marco de creciente tensión y de balance provisional de víctimas: el Ministerio de Sanidad de Irán ha elevado recientemente a 2.076 el número de fallecidos, además de cifrar en 26.500 los heridos por los ataques.

Tal como detalló la agencia Fars, la decisión iraní se presenta como un acto de represalia por lo que denominan “las atrocidades y hechos terroristas” llevados a cabo por “enemigos estadounidenses-sionistas”. Los bombardeos, iniciados el 28 de febrero, han dejado cuantiosas víctimas civiles y militares en diferentes localidades del país bajo gobierno de los ayatolás. El medio informa que los operativos de Estados Unidos e Israel han sido atribuidos como desencadenantes directos tanto de la destrucción de infraestructura como del saldo de víctimas humanas.

En relación con las cifras de bajas, la ONG Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRA) sostiene que desde el inicio de las operaciones militares se han contabilizado 1.551 civiles fallecidos, entre quienes se incluyen 236 menores de edad. A esto se suman 1.208 víctimas mortales entre el personal militar y 702 fallecidos todavía no clasificados, lo que eleva el total a 3.461 decesos desde el 28 de febrero, según publicó la HRA. Mientras tanto, el registro oficial del Ministerio de Sanidad iraní reporta números significativamente superiores, atribuyendo más de 2.000 muertes a la serie coordinada de bombardeos.

El medio Fars destaca que las afirmaciones del portavoz militar integran una escalada discursiva en el contexto de los recientes ataques. Según remarcó Zolfaqari, “las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacarán las residencias de los comandantes y funcionarios políticos estadounidenses y sionistas en la región y los territorios ocupados”. Esta declaración deja en evidencia la orientación del mando iraní hacia objetivos específicos en respuesta a las acciones militares extranjeras, profundizando el clima de confrontación regional.

La Media Luna Roja iraní también informó sobre el alcance de los daños materiales derivados de los ataques sobre el territorio nacional. Más de 100.000 edificios presentan destrucción o daños estructurales, con una proporción importante de propiedades localizadas en Teherán. Fuentes de esta organización agregaron que cerca de 40.000 edificaciones afectadas corresponden exclusivamente a la capital. Además, instituciones educativas y centros de salud figuran de forma destacada entre las infraestructuras impactadas: aproximadamente 600 escuelas y 300 instalaciones sanitarias han resultado dañadas en menos de un mes.

A medida que se suceden informes oficiales y de entidades humanitarias, tal como consignó Fars, la magnitud de la crisis humanitaria y el grado de destrucción se tornan elementos centrales en la administración de la respuesta militar anunciada por Irán. Los comunicados difundidos subrayan la posición mantenida por el liderazgo iraní de responder “proporcionalmente” y orientar estos actos hacia blancos asociados con la toma de decisiones y el mando político-militar de los países a quienes se responsabiliza por la ofensiva.

Al esbozar la directriz estratégica de la reacción, Zolfaqari insistió, según publicó la agencia Fars, en que las medidas adoptadas obedecen a la política de represalia nacional frente a lo que describen como acciones hostiles cometidas por los aliados Washington-Tel Aviv. De acuerdo con este planteamiento, la amenaza de acometer ataques a residencias particulares de líderes estadounidenses e israelíes en Oriente Próximo y áreas bajo ocupación constituye una respuesta a la afectación sufrida en espacios habitados y utilizados por la población civil iraní.

Reportes paralelos de la ONG HRA y la Media Luna Roja exponen discrepancias en el balance de víctimas mortales, aunque ambos organismos remarcan el impacto sobre la población no combatiente y la gravedad de los daños sobre centros vitales para el funcionamiento social del país, incluyendo escuelas y hospitales. Este escenario, detalló la agencia Fars, ha sido utilizado por representantes militares y civiles iraníes como argumento para legitimar la amenaza de una escalada de represalias selectivas.

Los datos acumulados desde el 28 de febrero, según el seguimiento de organizaciones de derechos humanos y entidades estatales, reflejan el efecto devastador de los bombardeos y el impacto en áreas densamente pobladas por civiles. La respuesta de las autoridades iraníes ha incluido la publicación frecuente de balances y la transmisión de comunicados alertando sobre nuevas acciones militares, según han informado Fars y otros medios locales.

Finalmente, el aumento de la tensión en la región y la declaración de intenciones emitida por el mando militar iraní generan un escenario en el que las repercusiones sobre la seguridad de líderes estadounidenses e israelíes adquieren centralidad. Tal como publicaron las autoridades citadas por la agencia Fars, las eventuales ofensivas se presentan como una respuesta directa y declarada ante la dimensión de los daños sufridos por la población y la infraestructura de Irán.

El Ministerio de Defensa kuwaití informó que almacenes pertenecientes a una empresa privada de logística también resultaron afectados durante los recientes ataques, aunque solo se registraron daños materiales en esas instalaciones y no hubo víctimas entre el personal. Según consignó el medio, Kuwait enfrenta actualmente una escalada de agresiones tras el comienzo de las operaciones militares iraníes de represalia, iniciadas el 28 de febrero.

De acuerdo con la información divulgada por el portavoz del Ministerio de Defensa, coronel Saud Abdulaziz al Atuán, se identificaron catorce misiles balísticos y doce drones ingresando al espacio aéreo de Kuwait durante las últimas 24 horas. El funcionario precisó que varios de estos proyectiles impactaron en uno de los campamentos de las Fuerzas Armadas kuwaitíes, con saldo de diez militares heridos. “Los heridos están recibiendo el tratamiento necesario”, confirmó Al Atuán, citado por diferentes agencias. También detalló que, pese a los daños en otras infraestructuras como almacenes logísticos, no hubo víctimas adicionales fuera del personal militar.

Según publicó el medio, la sucesión de ataques iraníes ha incrementado la presión sobre el sistema defensivo de Kuwait. Desde el 28 de febrero, las autoridades han documentado la presencia de 307 misiles balísticos, dos misiles de crucero y un total de 616 drones volando en el espacio aéreo nacional. De acuerdo con Al Atuán, estos episodios han motivado la intensificación de las medidas de defensa y vigilancia en torno a instalaciones militares y puntos estratégicos del país.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Defensa, la prioridad de las Fuerzas Armadas radica en garantizar la seguridad y estabilidad del territorio nacional. “Los miembros de las fuerzas armadas continúan desempeñando sus funciones con un alto nivel de preparación y disciplina, reafirmando su firme compromiso con la protección de la patria y la preservación de su seguridad y estabilidad”, afirmó Al Atuán.

De acuerdo con la cobertura del medio, la oleada de ataques ha puesto a prueba el equipamiento y la capacidad de respuesta militar kuwaití. Más allá de las lesiones sufridas por miembros del ejército, el impacto en infraestructuras logísticas privadas plantea nuevos desafíos en términos de protección de activos esenciales.

El Ministerio de Defensa manifestó que monitorea constantemente la situación y que se encuentra en estado de alerta máxima. Las autoridades repitieron el llamado a la calma, mientras los equipos médicos continúan prestando atención a los heridos y las unidades técnicas evalúan los daños materiales. Según reportó el medio, las instituciones responsables priorizan la revisión de protocolos de defensa y la coordinación entre las diferentes ramas de la seguridad nacional para prevenir nuevas afectaciones.

En su comunicación, el coronel Al Atuán insistió en que el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa del país sigue intacto a pesar del incremento en la frecuencia y el alcance de los ataques. La situación se mantiene en observación y las investigaciones sobre el origen preciso y el impacto de los proyectiles permanecen en curso.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que los recientes gestos de diálogo provenientes de Estados Unidos buscan ocultar una posible invasión terrestre al territorio iraní y aseveró que las fuerzas militares de su país están listas para enfrentar tal contingencia. Según consignó el medio IRIB y citó Qalibaf en su intervención difundida este domingo, “el enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales”. Así, el legislador, quien además cuenta con experiencia como antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, afirmó que el estamento militar y político de la República Islámica no considera legítima la vía diplomática que, en su perspectiva, sería una maniobra de Estados Unidos para encubrir posibles preparativos bélicos.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, reiteró una postura de firmeza frente a la posibilidad de una incursión estadounidense. De acuerdo con la retransmisión de su discurso por la televisión estatal IRIB, Zolfaqari manifestó que “los comandantes y militares estadounidenses serán pasto de los tiburones del golfo Pérsico”. Ante las amenazas de acciones militares sugeridas por el expresidente Donald Trump, el vocero militar afirmó que “los guerreros del Islam llevan esperando mucho tiempo algo así para demostrar que la agresión y la ocupación solo traerá capturas humillantes, mutilaciones y desaparición del agresor”.

Zolfaqari hizo hincapié en que, desde la visión iraní, el actual presidente de Estados Unidos únicamente responde a un enfoque de fuerza. Según declaraciones retransmitidas por IRIB, el funcionario recomendó al mandatario estadounidense “estudiar la historia de Irán” y advirtió que la amenaza de una ocupación americana –a la que calificó de “quimera”– ha preparado a los militares iraníes para responder violentamente a cualquier operación terrestre. En palabras directas citadas por la emisora oficial, Zolfaqari concluyó: “Estamos contando los minutos para aniquilar vuestro ejército”.

El medio IRIB también recogió que la advertencia de Zolfaqari se enmarca en un contexto de tensión crecientes motivadas por los mensajes de Washington. A raíz de recientes declaraciones en las que el exmandatario Donald Trump sugirió posibles operaciones en territorio iraní, las autoridades militares de Teherán elevaron el nivel de alerta y comunicaron públicamente la disposición de las fuerzas armadas para actuar de inmediato ante cualquier movimiento estadounidense.

El ejército iraní ha sostenido que cualquier intervención estadounidense en la zona sería interpretada como un acto suicida, prometiendo represalias contundentes y una respuesta que sobrepasaría el ámbito estrictamente militar. Según la información difundida por IRIB, los altos mandos castrenses resaltaron que ya existe un dispositivo de defensa preparado para repeler ataques de gran escala en el Golfo Pérsico y en las fronteras nacionales.

Zolfaqari, al mencionar la disposición de las tropas bajo su mando, alertó en su mensaje televisado que la agresión no solo resultaría en bajas estadounidenses sino que marcaría un precedente negativo para todos los aliados regionales de Washington. La televisión pública IRIB informó también que parte de la estrategia de defensa iraní contempla la rápida movilización de recursos y personal militar ante cualquier indicio de movimiento hostil.

En el Parlamento, la postura de Qalibaf encontró eco entre parlamentarios alineados con el sector conservador, quienes advirtieron que el dispositivo militar iraní cuenta con sistemas de alerta temprana y líneas de coordinación activa con las fuerzas de seguridad, diseñadas para anticipar e impedir cualquier acceso terrestre no autorizado. IRIB detalló que los discursos transmitidos buscan reforzar la percepción de preparación y determinación frente a cualquier intento de confrontación directa.

La acusación de Qalibaf sobre intenciones encubiertas de Estados Unidos fue acompañada por una exhortación dirigida a la ciudadanía iraní y a los sectores del aparato estatal para permanecer vigilantes y cohesionar el respaldo en torno a las fuerzas armadas. Según publicó IRIB, el presidente del Parlamento llamó a rechazar lo que interpretó como maniobras psicológicas por parte del adversario, enfatizando que “los hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales”.

En síntesis, la postura oficial, detallada por la televisión estatal y figuras de alto rango como Zolfaqari y Qalibaf, no deja espacio para el diálogo ni para soluciones diplomáticas en la fase actual de tensiones. Según reportó IRIB, la República Islámica ha reforzado su narrativa de firmeza militar, considerando inminente la posibilidad de enfrentamientos en caso de que Estados Unidos avance con sus amenazas sobre territorio o intereses iraníes en la región del Golfo Pérsico.

La identidad del soldado israelí fallecido en el sur de Líbano fue confirmada como Moshe Yitzchak Hacohen Katz, de 22 años y originario de New Haven, Connecticut, quien servía en el 890.º Batallón de la Brigada de Paracaidistas. Tal como detalló el Ejército israelí a través de un comunicado citado por la prensa internacional, en el mismo incidente resultaron heridos otros tres integrantes de las fuerzas armadas, quienes fueron atendidos tras presentar lesiones calificadas como de gravedad moderada. El contexto de estos hechos es el avance de la ofensiva israelí contra posiciones en el sur del país vecino, en una escalada que ha dejado un número creciente de víctimas tanto entre militares como civiles a ambos lados de la frontera.

Según publicó el medio citado, el fallecimiento y las heridas ocurridas en el sur del Líbano forman parte de un patrón de enfrentamientos continuos en la región. El Ejército israelí informó que las familias tanto del soldado muerto como de los heridos ya han recibido la notificación correspondiente. El parte militar precisa que la evacuación de los tres heridos se realizó de forma inmediata para que pudieran recibir atención médica especializada. El informe añade que este no ha sido el único incidente registrado recientemente: el sábado por la mañana, las Fuerzas Armadas reportaron que un oficial de combate israelí resultó gravemente lesionado y otros seis soldados sufrieron heridas leves a causa del lanzamiento de cohetes dirigido contra las tropas que se encontraban desplegadas en el sur libanés.

En jornadas previas, el Ejército también comunicó que otro oficial resultó gravemente herido el viernes tras el impacto de un misil antitanque durante un enfrentamiento en la misma área. Desde el inicio de la actual ofensiva de Israel en territorio libanés, que comenzó a principios de marzo según el recuento oficial del Ejército israelí, al menos cinco soldados de esta nacionalidad han perdido la vida en el sur de Líbano.

En relación con la dimensión regional del conflicto, el partido milicia-chií libanés Hezbolá comunicó el sábado que fuerzas militares de Israel han alcanzado la ribera sur del río Litani. Este punto representa un objetivo estratégico señalado por Hezbolá en su campaña contra posiciones israelíes y forma parte de la justificación anunciada para los recientes ataques contra territorio libanés. Según el último balance divulgado por las autoridades gubernamentales libanesas, las acciones militares en suelo libanés han causado la muerte de aproximadamente 1.200 personas, sumando tanto combatientes como civiles. El medio detalló que el conflicto en la zona sigue experimentando una escalada, intensificándose los combates y los intercambios de fuego transfronterizo.

El reporte difundido por la prensa internacional señala que la confrontación directa entre las fuerzas de Israel y Hezbolá en el sur del Líbano responde a una serie de mutuos ataques, principalmente contra posiciones militares y, en ocasiones, con consecuencias para poblaciones civiles en ambos países. Las autoridades militares israelíes han puesto énfasis en que la ofensiva en marcha tiene como propósito neutralizar amenazas y evitar el lanzamiento de cohetes y misiles hacia territorio israelí, mientras que Hezbolá sostiene que sus operaciones buscan repeler la presencia y los avances israelíes más allá de las posiciones reconocidas internacionalmente.

Tal como consignó el medio de referencia, el suceso que costó la vida del sargento Katz tuvo lugar en un contexto donde los incidentes graves para el Ejército israelí se han intensificado, tanto en cantidad como en impacto. Una serie de ataques recientes ha aumentado la presión sobre los mandos de ambos bandos, dado el creciente número de víctimas y la prolongación del conflicto a lo largo de la línea de frontera entre Israel y Líbano.

El recuento oficial proporcionado por las autoridades castrenses israelíes desde marzo no solo da cuenta de los militares fallecidos, sino también de la magnitud de los enfrentamientos y de los riesgos inherentes a la operación sobre suelo libanés. El despliegue de fuerzas israelíes en la región se ha visto acompañado por una sucesión de enfrentamientos con Hezbolá, que ha reivindicado la autoría de varios de los ataques con cohetes y misiles antitanque registrados durante los últimos días.

El informe publicado por la prensa internacional reafirma que la tensión entre Israel y Hezbolá permanece alta, con cada parte atribuyéndose acciones defensivas dentro de lo que consideran sus propias estrategias militares, mientras la población local de ambos lados convive con los efectos derivados de bombardeos, intercambios de fuego y desplazamientos forzados.

La reciente ofensiva militar ecuatoriana contra explotaciones mineras ilegales en las cercanías de Tulcán, provincia de Carchi, se enmarca en un contexto de creciente tensión en la frontera con Colombia tras una investigación conjunta sobre la posible incursión de un proyectil ecuatoriano en territorio colombiano. Según informó el Ejército de Ecuador en sus canales oficiales, estos bombardeos forman parte de una operación de gran envergadura orientada a combatir actividades mineras ilícitas en la zona fronteriza y a responder a los riesgos ambientales y de seguridad asociados a estas prácticas.

De acuerdo con lo publicado por el Ejército ecuatoriano, las operaciones realizadas el viernes incluyeron el despliegue de armamento combinado. Las fuerzas emplearon tropas especializadas y recurrieron al uso de morteros, helicópteros de combate y vehículos blindados con el fin de desarticular emplazamientos identificados de minería ilegal. El objetivo principal, según consignó la comunicación castrense reproducida por el medio, consiste en frenar el avance de las redes dedicadas a la extracción aurífera no autorizada, que han proliferado en la frontera norte del país.

El medio detalló que las autoridades militares han alertado sobre las consecuencias derivadas de la minería ilegal para el entorno y la seguridad regional. Según información oficial, estas explotaciones provocan un “grave impacto ambiental”, entre los que se enumeran contaminación de fuentes de agua y la vulneración de la integridad de la zona limítrofe con Colombia. Las fuentes consultadas subrayaron que estas operaciones ilícitas no solo erosionan ecosistemas frágiles, sino que también facilitan la presencia de grupos armados dedicados a actividades delictivas transfronterizas.

Los ataques contra posiciones mineras ilegales ocurren después de una semana marcada por la crisis diplomática, en la que el presidente Gustavo Petro de Colombia relató que un proyectil, presuntamente disparado desde Ecuador durante actividades militares, habría alcanzado accidentalmente territorio colombiano. El gobierno ecuatoriano rechazó esta versión, argumentando que la acción militar se centró en grupos criminales presentes en la frontera, y que cualquier incursión correspondiente resultó de un rebote accidental de unos 210 kilómetros desde suelo ecuatoriano, como demostró posteriormente una comisión bilateral que investigó el incidente, según reportó el medio.

En respuesta al episodio, se produjo un intercambio de declaraciones entre los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro, lo que trajo al centro del debate las discrepancias históricas entre ambos gobiernos respecto al control de la frontera y la cooperación en materia de seguridad. La comisión establecida por ambos estados concluyó que el objetivo del proyectil no era territorio colombiano, hecho que contribuyó a matizar las tensiones, aunque no disipó por completo las reservas diplomáticas existentes.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han encuadrado los operativos actuales en una estrategia más amplia de recuperación de la soberanía nacional en la zona norte, donde la proliferación de la minería ilegal ha coincidido con un aumento de incidentes violentos y amenazas al tejido social, según consignó el Ejército. A través de sus comunicados, las autoridades han insistido en la necesidad de mantener la presencia militar para garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino también la integridad ambiental y la prevención de incursiones de organizaciones delictivas extranjeras.

El medio ha recogido las preocupaciones de los mandos militares sobre la persistencia del problema pese a los esfuerzos realizados. Alude a la dificultad de erradicar completamente las redes dedicadas a la extracción clandestina, debido a la capacidad de adaptación de estos grupos y a la complejidad del entorno geográfico fronterizo.

En este escenario, la colaboración entre Ecuador y Colombia continúa siendo un elemento delicado, influido por los eventos recientes y las respuestas respectivas de sus autoridades. El operativo lanzado por Ecuador se suma a una serie de intervenciones efectuadas en los últimos meses en la frontera, reflejando el recrudecimiento de las estrategias de combate a actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como el medioambiente en la región.

La declaración del portavoz militar de los hutíes yemeníes, Yahya Sari, quien afirmó que el grupo mantiene “el dedo en el gatillo para una intervención militar directa”, precedió al primer ataque de este tipo dirigido por los rebeldes contra el sur de Israel desde Yemen. El incidente, ocurrido en la mañana del sábado, fue relatado por las Fuerzas Armadas israelíes y, según consignó el medio local, el proyectil no ocasionó víctimas. El Ejército israelí comunicó que la interceptación de este misil se da en el marco de un contexto regional tensionado y de amenazas recientes.

Según detalló la prensa israelí, las Fuerzas Armadas atribuyeron el lanzamiento del misil a los hutíes yemeníes, alineados con Irán, estableciendo un nexo directo entre este episodio y el incremento de la presión de los aliados iraníes en la región. La ofensiva marca la primera vez durante la actual escalada que los hutíes atacan territorio israelí, tras la campaña militar que Israel y Estados Unidos emprendieron contra Irán desde el 28 de febrero.

El ataque fue detectado y neutralizado sin que se registraran heridos, confirmó el Ejército de Israel. De acuerdo con la información difundida por los medios israelíes, la maniobra coincidió con declaraciones previas de los portavoces hutíes, quienes expresaron su disposición para sumarse al conflicto en Oriente Próximo de manera directa. El comunicado de Yahya Sari, citado por los mismos medios, subrayó la preparación del grupo armado para ampliar su participación militar.

Tal como informó la prensa, este lanzamiento se produce en medio de la intensificación de las hostilidades en la región y la multiplicación de amenazas de parte de grupos aliados a Irán, que han advertido sobre posibles acciones militares en respuesta a la reciente ofensiva contra la República Islámica. El balance más reciente presentado por fuentes oficiales iraníes y recogido por medios internacionales reportó más de 1.500 fallecimientos a raíz de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

Entre los fallecidos a consecuencia de los bombardeos se encuentran figuras de alto perfil dentro del aparato estatal iraní. Según publicaron medios israelíes, se confirmó la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo; también la del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y la de los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. Otras víctimas incluyen altos mandos de las Fuerzas Armadas y representantes de organismos de seguridad.

La intercepción del proyectil en el sur de Israel y la participación de actores regionales, como los rebeldes hutíes, ilustran el impacto de la reciente ofensiva sobre el equilibrio estratégico en Oriente Próximo. Israel mantiene desplegadas medidas de defensa activa para responder a amenazas provenientes de fuerzas alineadas con Irán, mientras continúan manifestaciones públicas de intención bélica por parte de líderes de milicias aliadas.

La cronología de los hechos apunta a un aumento en la implicación de varias facciones respaldadas por Teherán en el conflicto en Oriente Próximo, especialmente después de la ofensiva lanzada contra la República Islámica. Las informaciones recopiladas por los medios israelíes destacan el cambio en la naturaleza de los ataques y el endurecimiento verbal de los principales actores implicados.

El Ejército de Israel comunicó que los sistemas de defensa permanecen en alerta, mientras fuentes de inteligencia monitorean posibles nuevos lanzamientos desde Yemen u otros puntos de la región. Los canales oficiales en Tel Aviv señalaron la gravedad del lanzamiento, aunque remarcaron que la infraestructura defensiva fue capaz de neutralizar el ataque sin daños adicionales.

De acuerdo con la cobertura proporcionada por los medios israelíes, la reciente acción armada y las declaraciones de los dirigentes hutíes se suman a una secuencia de eventos que ha complicado la situación de seguridad en Oriente Próximo, introduciendo variables adicionales en la respuesta de Israel ante agentes respaldados por Irán.

Las autoridades de Irán han dado a conocer este viernes un incremento del número de víctimas civiles en ataques que afectan a barrios residenciales, revelando que entre los fallecidos se encuentran mujeres, niños y una persona embarazada. Según informó la agencia de noticias iraní Mehr, la región de Kermanshah, en el oeste del país, experimentó la muerte de al menos trece personas, incluidas dos menores de edad, por impactos atribuidos a misiles enemigos en medio de la ofensiva conjunta iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

El medio iraní detalló que los ataques con proyectiles alcanzaron diversas áreas residenciales de la provincia, ocasionando el deceso de cuatro mujeres, una de ellas en avanzado estado de gestación. Además, se reportaron situaciones similares en otras localidades relevantes de Irán: en la ciudad de Isfahán, otras veintiséis personas perdieron la vida, entre las que se contabilizan siete menores, después de un bombardeo ocurrido ese mismo día. En Qom, dieciocho personas murieron a causa de ataques contra edificaciones residenciales, destruyéndose diez viviendas y registrando daños materiales en aproximadamente doscientas cincuenta infraestructuras adicionales.

Según consignó la agencia Mehr, las autoridades locales han sostenido que estos bombardeos se enmarcan en una escalada de violencia derivada de la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos. Desde el inicio de esa operación el 28 de febrero, la cifra total de fallecidos confirmados en Irán supera las mil quinientas personas. Este saldo incluye bajas civiles y militares, así como figuras prominentes en la estructura del Estado y de las fuerzas armadas.

Entre los fallecidos de alto rango figura el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, además del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. También se notificó el fallecimiento de los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente, según publicó la agencia Mehr. Junto a ellos se encuentran militares de alto rango y dirigentes de diversos organismos de seguridad.

La destrucción generada por los ataques, según reportó la agencia, se extiende no solo a la pérdida de vidas sino al daño estructural de numerosas comunidades. Las autoridades locales se encuentran desplegando recursos para atender los efectos inmediatos en la población, mientras se mantiene la alerta por eventuales nuevos ataques.

En los testimonios recogidos por la agencia de noticias Mehr, las autoridades han subrayado la presencia de víctimas infantiles y femeninas entre los fallecidos, resaltando la gravedad del impacto en la sociedad civil. Los datos de habitantes afectados y propiedades dañadas continúan actualizándose a medida que se avanza en las labores de rescate y evaluación en el terreno, de acuerdo con lo comunicado por los portavoces oficiales iraníes.

De acuerdo con el análisis realizado por el medio iraní, los efectos de la ofensiva militar han repercutido en diversas regiones del país, generando una situación de crisis humanitaria, con hospitales y centros de emergencia trabajando al límite para atender a los heridos y desplazados. El ataque a barrios residenciales ha intensificado la preocupación entre las autoridades locales respecto a la seguridad y protección de la población civil frente a los bombardeos.

El impacto ocurrió en cuestión de segundos, frente a peatones que transitaban por la zona y que reaccionaron de inmediato al ver al efectivo tendido sobre el asfalto. En medio del ruido vehicular y la tensión del momento, varias personas intentaron asistirlo mientras se solicitaba ayuda de emergencia. El traslado hacia un centro de salud cercano no logró evitar el desenlace fatal.

La víctima se desplazaba en una motocicleta oficial cuando una camioneta blanca, según las primeras versiones, ejecutó una maniobra de giro en U con dirección al óvalo Arriola. El choque resultó inevitable. La conductora del vehículo fue intervenida en el lugar por efectivos policiales y puesta a disposición de las autoridades.

Detención de la presunta responsable

La Policía identificó a la conductora como Lucía Elizabeth Bedón Herrera, de 53 años, quien quedó detenida tras el accidente. De acuerdo con la información preliminar, la mujer realizó un giro en la intersección con la intención de retornar hacia el óvalo Arriola, momento en el que se produjo el impacto con la motocicleta oficial.

Testimonios recogidos en el lugar señalan que “había volteado; es ahí donde impacta, al parecer, con esta unidad motorizada”. La hipótesis inicial apunta a una posible imprudencia en la maniobra, aunque las autoridades no descartan otros factores.

La investigación se encuentra en curso y contempla la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la zona. Agentes de la comisaría de Apolo y de la unidad de tránsito acudieron al lugar para recabar información y dialogar con testigos.

Un impacto que generó desesperación en la vía pública

Tras el choque, el efectivo quedó tendido en la pista, mientras su motocicleta evidenciaba daños severos. El pavimento mostraba marcas de arrastre producto del impacto.

Algunos testigos intentaron auxiliar al herido. “Varias personas trataron de socorrerlo”, se informó desde el lugar. Entre los intentos de ayuda, se escuchaban llamados al número de emergencias 116. Algunos presentes intentaron retirarle el casco con la intención de facilitar su respiración.

El traslado se realizó en una ambulancia hacia un centro de salud ubicado en la cuadra 2 de la avenida Aramburú. Pese a estos esfuerzos, el integrante de las Fuerzas Armadas falleció durante el trayecto.

Investigación en curso y reconstrucción de los hechos

Las autoridades trabajan en la reconstrucción del accidente. La presencia de múltiples cámaras en la zona representa un elemento clave para esclarecer la secuencia exacta. Se busca determinar la velocidad de ambos vehículos y si alguno de los conductores omitió señales de tránsito.

También se evalúa el estado de la motocicleta y del vehículo involucrado. La unidad menor, descrita como una “moto halcón” o “liebre”, presentaba daños visibles tras el impacto. El vehículo de color blanco quedó detenido en la vía, bajo custodia policial.

El caso se mantiene bajo investigación, mientras la detención de la conductora continúa en el marco de las diligencias correspondientes. La información recogida hasta el momento forma parte de un proceso que busca esclarecer las circunstancias de un hecho que generó impacto entre quienes presenciaron la escena y dentro de las instituciones vinculadas al efectivo fallecido.

En la presentación oficial de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2026 (ETID 2026), Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, enfatizó que esta hoja de ruta permitirá orientar todas las acciones del Ministerio en materia de investigación, desarrollo e innovación, optimizando la asignación de recursos y fijando prioridades definidas ante el contexto actual de crecientes amenazas y acelerada evolución tecnológica. Según publicó el medio, la ETID 2026 se configurará como el instrumento central para la toma de decisiones en el sector defensa, destinando los recursos disponibles a enfrentar los desafíos más urgentes y fortaleciendo la autonomía estratégica nacional.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Defensa y reseñada en el comunicado reproducido por diversos medios, el documento fue entregado a Valcarce por el teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, durante una reunión celebrada en la sede ministerial. El Ministerio detalló que la estrategia define una serie de prioridades tecnológicas para alinear la política de investigación y desarrollo con los objetivos de modernización de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica vinculada al sector.

La ETID 2026 desempeñará un papel central en la sincronización de la política tecnológica y la industrial, según precisó Ivorra durante el acto. Este nuevo marco, indicó, garantiza que los avances en innovación se conviertan en capacidades reales para la defensa nacional, desde la etapa de investigación hasta su implementación y mantenimiento en condiciones operativas. Según consignó el Ministerio, la estrategia pretende reforzar la soberanía tecnológica y asegurar la libertad de acción de España, alineando diferentes capacidades y herramientas en un proceso estructurado orientado a la consecución de habilidades operativas clave.

El Ministerio de Defensa remarcó que la ETID 2026 se constituye como un marco integral para dirigir las inversiones en investigación, desarrollo e innovación hacia las áreas que pueden ofrecer las mejores ventajas operativas. Además, el documento busca orientar a la industria nacional para que se concentre en prioridades vinculadas directamente con la defensa, al tiempo que fomenta la cooperación con entidades tanto nacionales como internacionales.

Tal como reportó el Ministerio de Defensa, el modelo de innovación definido por la estrategia se apoya en tres pilares: la asignación priorizada de recursos tecnológicos para hacer frente a amenazas crecientes, la cooperación como elemento multiplicador de las capacidades del sistema y la mejora continua de los procesos de gestión de I+D+i para garantizar mejores índices de eficiencia, agilidad y transparencia. A esto se suma el fomento del uso de tecnologías de doble aplicación, lo cual facilita la interacción tanto en el ámbito civil como en el militar, y contribuye al desarrollo de un ecosistema innovador que sea competitivo y resistente ante el entorno global.

Durante la presentación, Valcarce expuso que la superioridad tecnológica, junto con la integración multidominio y la resiliencia operativa, se ha convertido en factor decisivo para el éxito de las operaciones en el actual escenario internacional. La nueva estrategia “responde a un entorno estratégico marcado por la aceleración tecnológica y la creciente complejidad de las amenazas”, afirmó la secretaria de Estado de Defensa según el Ministerio.

El teniente general Ivorra, por su parte, subrayó que uno de los efectos inmediatos de la ETID 2026 será la alineación clara de capacidades, prioridades y mecanismos disponibles, y el hecho de que la innovación empleada desde la primera fase de desarrollo seguirá todo el ciclo hasta su despliegue y mantenimiento en misiones reales, según el comunicado del Ministerio de Defensa.

Entre los objetivos fijados por la estrategia se encuentra el refuerzo de la llamada soberanía tecnológica —entendida como la capacidad del país de controlar y decidir sobre los desarrollos esenciales en materia de defensa sin depender completamente de proveedores extranjeros— y la consolidación de una base industrial y tecnológica nacional robusta en conexión con el entorno europeo.

La ETID 2026 también tiene, según el Ministerio de Defensa, la meta de consolidar un tejido industrial innovador que mantenga su competitividad y su resiliencia frente a los retos que plantea la actual coyuntura estratégica internacional. Para ello, la estrategia promueve políticas que incentiven la creación de sinergias, el desarrollo de nuevos productos y soluciones, y el aprovechamiento compartido de conocimientos tecnológicos entre los sectores civil y militar.

La publicación de la ETID 2026 en el Boletín Oficial del Estado, prevista en los próximos días según detalló el Ministerio, marcará el inicio formal de su aplicación y obligará a todos los actores involucrados en el sector defensa a ajustarse a las directrices y prioridades que establece. El documento establece de modo inequívoco que la innovación y la tecnología serán los ejes centrales para responder a las amenazas y retos de seguridad futuros, con una coordinación estrecha entre todos los actores implicados.

En suma, la ETID 2026 representa para el Ministerio de Defensa una apuesta estructural por una defensa capaz de anticipar posibles crisis, responder a ellas y actuar en un entorno caracterizado por la complejidad tecnológica y la incertidumbre estratégica, según la información recabada en el comunicado ministerial y reproducida por los principales medios de comunicación.

Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, anunció que si se concreta un ataque contra alguna isla iraní con la colaboración de un país del Golfo, la infraestructura esencial de esa nación será objeto de represalias directas y sin restricciones. Además, Qalibaf advirtió que las Fuerzas Armadas iraníes han intensificado su vigilancia de todos los movimientos considerados hostiles. El dirigente realizó estas declaraciones en un contexto de tensión regional marcado por operaciones recientes y negociaciones nucleares entre Washington y Teherán.

Según publicó Europa Press, las autoridades iraníes aseguraron haber detectado planes conjuntos de Estados Unidos e Israel —supuestamente apoyados por un país de la región— para ocupar una isla situada en el sur iraní. Qalibaf no mencionó el nombre exacto de la isla ni del país colaborador, pero citó datos sobre una posible incursión y insinuó ubicaciones en disputa con Emiratos Árabes Unidos, como Jark, Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor.

En sus declaraciones ante medios locales, Qalibaf afirmó: “Todos los movimientos enemigos están bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas”. El medio Europa Press también informó que el presidente del Parlamento remarcó que la respuesta iraní, en caso de una acción militar, apuntaría de inmediato a infraestructura clave del eventual aliado regional.

Los señalamientos surgieron poco después de que fuentes del Pentágono confirmaran a Europa Press el despliegue de tropas estadounidenses en Oriente Próximo, incluyendo elementos de una división aerotransportada y unidades de brigada de combate. Esta maniobra militar de Washington se produce mientras medios estadounidenses informaron sobre posibles preparativos para invadir la isla de Jark, de alto valor estratégico para la navegación que atraviesa el golfo Pérsico y el estratégico estrecho de Ormuz.

La disputa sobre la soberanía de las mencionadas islas entre Irán y Emiratos Árabes Unidos se ha perpetuado durante décadas. Estas zonas insulares contribuyen a la importancia geopolítica y económica de la región debido a su localización en rutas marítimas vitales para el comercio internacional del petróleo. De acuerdo con Europa Press, este recrudecimiento verbal de las autoridades iraníes se produjo durante una fase delicada de conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, orientadas a negociar un nuevo pacto nuclear.

Mientras tanto, la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero y desarrollada en el contexto de dichas negociaciones ha generado numerosas víctimas. El balance ofrecido por el gobierno iraní superó los 1.500 fallecidos como consecuencia de acciones israelíes y estadounidenses. Sin embargo, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, incrementó la cifra reportada hasta más de 3.000 personas muertas, según consignó Europa Press. Las víctimas incluyeron a varias figuras destacadas del entramado político y militar de Irán: entre ellas, el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. Además, se suman efectivos de alto rango de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad estatal.

La acusación iraní sobre este presunto complot coincide con el aumento del despliegue militar estadounidense en la región y la persistente tensión en el golfo Pérsico. Según Europa Press, las autoridades de Irán repiten con frecuencia su determinación de defender la integridad de sus territorios insulares y advierten sobre las consecuencias que toda operación militar extranjera tendría sobre la seguridad y la infraestructura de los países involucrados.

La referencia de Qalibaf a que las Fuerzas Armadas de Irán mantienen una vigilancia constante apunta a disuadir eventuales operaciones en las islas disputadas. La advertencia de acciones “implacables y sin restricciones” contra infraestructura vital del presunto país colaborador generó diversas reacciones en la región y contribuyó a la volatilidad de la situación geoestratégica.

El medio Europa Press detalló que la isla de Jark, objetivo de la supuesta operación, posee importancia estratégica por su papel en la navegación marítima, en especial para el tránsito de hidrocarburos, lo que intensifica el interés de potencias extranjeras y regionales en ese territorio. Las islas Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor han sido motivo de largos desacuerdos entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, lo que las coloca en el centro de la disputa mencionada por Qalibaf.

En este escenario, las amenazas de Irán se suman a una cadena de acontecimientos recientes con impacto militar, diplomático y humanitario en la zona. Reportó Europa Press que la intervención militar de Israel y Estados Unidos ha provocado un número significativo de víctimas, entre ellas mandos y altos funcionarios del Estado iraní. La suma de tensiones militares y la posibilidad de represalias directas en caso de un ataque elevan el riesgo de una escalada en la confrontación regional.

La comisión de Acuerdos del Senado, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), analizará este jueves un ramillete de ascensos militares, entre los cuales se encuentran los principales jefes de las tres fuerzas, y el pliego que propone la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.

Sobre el último caso, la oposición kirchnerista busca pegar a Crexell -desde hace largos meses- a un supuesto cambio de parecer ante el debate de la ley Bases de 2024. De hecho, hubo una denuncia que ya fue descartada por la justicia, por lo que el camino para firmar un dictamen y avanzar con este asunto estaría liberado, siempre que haya anuencia entre oficialismo y dialoguistas.

La resistencia del kirchnerismo con Crexell viene de otras épocas, ya que la exsenadora estuvo 12 años en la Cámara alta y, a diferencia del cristinismo, incomodó a diferentes gobiernos. De hecho, una de las opiniones más formadas sobre el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y los vicios de las diferentes administraciones fue estudiado al detalle por Crexell, quien se opuso a la norma 70/23. Recién meses después ocurrió lo de la ley Bases. Los olvidos, casi siempre, son selectivos.

Según la perspectiva de la principal bancada opositora y, como ejemplo, dicho bloque tendría que haber denunciado también a todos los legisladores y “compañeros” que votaron la reforma judicial de la era de Alberto Fernández -se aprobó en el Senado cristinista y quedó noqueada en Diputados-, con una escandalosa creación de decenas de juzgados por todo el país para sumar adhesiones en pleno recinto y a la vista de todos. La miembro informante de ese papelón fue la ultra K María de los Ángeles Sacnun, quien sonó como una eventual candidata de dicho espacio nada menos que para la Corte Suprema.

En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.

Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”, razones por las cuales, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.

Militares

Durante la reunión de Acuerdos también se analizarán las propuestas para promover al grado inmediato superior, con fecha 15 de diciembre de 2025, al general de división Oscar Santiago Zarich. Es quien reemplazó como jefe del Ejército al actual ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti.

Las otras subas de jerarcas apuntan al de la Armada, Juan Carlos Romay, y al del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare. Ambos son vicealmirantes. Además de esto, aparecen expedientes más que demorados de fines de 2021 y 2022.

Premio consuelo

Tras aterrizar hace menos de cuatro meses con llamativas ganas de sumar espacios y poder y, tras quedarse sin presidencia provisional de la Cámara alta, el libertario fueguino Agustín Coto asumiría esta tarde como presidente de la importante comisión de Asuntos Constitucionales. El convite para votar autoridades será media hora antes de Acuerdos, es decir, a las 14.

La evaluación personalizada de cada embarcación sospechosa de pertenecer a la llamada “flota fantasma” rusa precederá cualquier abordaje en aguas británicas, pues especialistas de las fuerzas del orden, del ejército y del sector energético de Reino Unido analizarán individualmente cada caso antes de que se presente una recomendación a los ministros y se active una operación. El Gobierno de Reino Unido confirmó este nuevo protocolo este martes, autorizando formalmente a las Fuerzas Armadas a interceptar y abordar petroleros rusos sancionados que naveguen por su territorio marítimo, en el marco de una estrategia destinada a aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin. Según informó Europa Press, esta decisión busca combatir el tráfico de crudo mediante rutas alternativas utilizadas para eludir las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania.

El medio Europa Press detalló que la denominada 'flota fantasma' rusa constituye el 75 por ciento del transporte de crudo exportado por Rusia. Este transporte se realiza mediante barcos que, según el ejecutivo británico y sus aliados, han sido sancionados debido a su papel en la evasión de restricciones internacionales y en la financiación de la guerra en Ucrania. Las nuevas medidas incluyen la posibilidad de que, tras ser detenidos, los propietarios, operadores y tripulantes de estas embarcaciones enfrenten acciones judiciales por violar las normativas locales sobre sanciones, reportó el medio.

El primer ministro británico, Keir Starmer, manifestó en un comunicado distribuido por su oficina que el objetivo de estas acciones es impedir que el aumento de los precios del petróleo, originado por los conflictos internacionales, beneficie financieramente a Rusia. “Putin se frota las manos ante la guerra en Oriente Próximo porque cree que los precios más altos del petróleo le permitirán enriquecerse. Por eso estamos persiguiendo a su flota clandestina con más ahínco, no solo para mantener a Reino Unido a salvo, sino también para privar a la maquinaria bélica de Putin de las ganancias ilícitas que financian su bárbara campaña en Ucrania”, citó Europa Press.

La nueva autorización llega días después de que unidades de la Marina Real británica intensificaran su colaboración con países aliados. El medio Europa Press consignó que el apoyo de las fuerzas navales británicas se ha enfocado en operaciones de vigilancia, seguimiento e interceptación de buques sancionados o sospechosos, tanto en aguas territoriales europeas como en el Mediterráneo. Esta colaboración internacional se traduce, según el gobierno británico, en una mayor eficacia para bloquear rutas clave empleadas por el régimen ruso para la exportación de crudo.

Reino Unido y sus socios han sancionado un total de 544 embarcaciones de la flota rusa que, según las autoridades del país, constituye una red de transporte envejecida y en malas condiciones técnicas. El endurecimiento de las acciones británicas responde también a la necesidad de coordinarse mejor con aliados en la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), entre los que figuran Finlandia, Suecia y Estonia, cuyos gobiernos ya han ejecutado operaciones recientes dirigidas a obstaculizar buques sospechosos en el mar Báltico. Dichas operaciones han bloqueado rutas marítimas consideradas críticas para las actividades logísticas de Rusia.

La oficina del primer ministro señaló, como publicó Europa Press, que la nueva política refuerza el compromiso del Reino Unido con la seguridad en la región europea y busca disuadir futuros intentos de Rusia de sortear el régimen de sanciones mediante el uso de embarcaciones encubiertas. Reino Unido, al implementar estas medidas, sigue el ejemplo de algunos de sus aliados, afirmando que este paso “subraya aún más” su cooperación regional y la decisión de obstaculizar las actividades hostiles atribuibles a Moscú.

Tras los abordajes previstos en el marco de este nuevo mandato, las autoridades británicas podrán iniciar procesos penales bajo la legislación nacional vigente, con la meta de sancionar tanto a los responsables directos como a aquellos que actúan detrás de las operaciones marítimas rusas. Europa Press recalcó que cada acción será validada caso por caso y sólo después del análisis multidisciplinario, una medida que, según Londres, garantiza tanto la legalidad como la eficacia de la estrategia adoptada.

Más de dos tercios de las instalaciones críticas para la producción de misiles, drones y buques militares iraníes resultaron dañadas o destruidas, y los astilleros del país también sufrieron daños considerables en el transcurso de la ofensiva liderada conjuntamente por Estados Unidos e Israel contra Teherán, que ya atraviesa su cuarta semana de desarrollo. En ese marco, el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), almirante Brad Cooper, comunicó que el balance operativo actual da cuenta de la destrucción del 92% de los buques más grandes de la Armada iraní, lo que representa una reducción sustancial en la capacidad marítima de Irán tanto a nivel regional como global. Según publicó el medio Europa Press, las fuerzas estadounidenses sostienen la evaluación de que la capacidad de combate de Irán sigue en descenso mientras que la hegemonía aérea y militar de EE.UU. en la zona se consolida.

El almirante Cooper anunció a través de redes sociales que “hace apenas unas horas alcanzamos el objetivo iraní número 10.000”, en referencia a los ataques lanzados sobre el territorio de Irán desde el inicio de la operación conocida como 'Furia Épica', el 28 de febrero. Europa Press detalló que Washington reporta más de 10.000 objetivos militares alcanzados en territorio iraní, superando todas las previsiones iniciales de la campaña. La operación cuenta con la participación de más de 50.000 efectivos estadounidenses y ha implicado la realización de más de 10.000 vuelos de combate, según datos aportados por la propia CENTCOM.

En el transcurso de estas misiones, los bombarderos B-52 estadounidenses han transportado hasta 31.751 kilos (70.000 libras) de munición por misión sobre Irán, lo cual enfatiza el alcance de los ataques que, de acuerdo con el comandante Cooper, han logrado “desbordar las defensas aéreas iraníes”. Esta presión sostenida sobre los sistemas defensivos de Teherán ha tenido repercusiones directas en la capacidad operativa del país, particularmente en lo que respecta a lanzamientos de drones y misiles.

Según consignó Europa Press, el Mando Central estadounidense aseguró que la tasa de lanzamiento de misiles y drones iraníes experimentó una reducción de más del 90%, lo que supone una merma notable en la opción de Irán para realizar ataques contra intereses estadounidenses y sus aliados regionales. El propio Cooper afirmó que el aparato de defensa y fabricación militar de Irán se encuentra en un proceso de “eliminación” sin posibilidad de reconstrucción en el corto plazo, como resultado de la ofensiva.

La campaña impactó también en las actividades logísticas y en la capacidad de proyección naval de Irán. Cooper indicó que, tras décadas en las que los grandes buques iraníes “amenazaron y acosaron al transporte marítimo mundial”, estos navíos ya “no están navegando” y han perdido el potencial de actuación fuera de sus inmediaciones. “Mi evaluación operativa es que ahora han perdido la capacidad de proyectar de manera significativa su poderío naval e influencia en la región y en todo el mundo”, expresó el jefe de CENTCOM, según reportó Europa Press.

En cuanto al impacto humano, las autoridades iraníes cifraron en más de 1.500 los fallecidos atribuidos a la ofensiva combinada de Israel y Estados Unidos. La organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó la estimación de víctimas mortales a más de 3.300 personas, según consignó Europa Press. Estos datos ofrecen una dimensión del impacto directo de la campaña sobre la población local y las estructuras de defensa e infraestructuras militares iraníes.

El informe detalla que la superioridad aérea estadounidense se mantiene en los cielos iraníes, con un número acumulado de vuelos de combate que supera los 10.000. Esta presencia reforzada en el espacio aéreo se traduce, según fuentes militares citadas por Europa Press, en una presión constante sobre las posiciones estratégicas y las capacidades defensivas de Irán.

La ofensiva, iniciada a finales de febrero, se inscribe dentro de los objetivos declarados por Estados Unidos y sus aliados de reducir la capacidad de represalia de Teherán. Las acciones coordinadas buscan impedir la reconstrucción de instalaciones militares y logísticas dañadas, mientras la evaluación operativa difundida por el almirante Cooper sostiene que la capacidad de combate iraní seguirá disminuyendo de forma progresiva conforme avanzan las operaciones conjuntas.

En la comunicación pública, Cooper también hizo alusión al “orgullo” expresado tanto por la administración estadounidense como por la ciudadanía hacia los más de 50.000 integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses desplegados bajo la operación 'Furia Épica'. Según reportó Europa Press, la participación sostenida de este contingente continúa recibiendo respaldo oficial, mientras se amplía el alcance de ataques y se consolidan los objetivos planteados al inicio de la campaña militar.

Los datos actualizados por el Ejército de Estados Unidos y recogidos en Europa Press muestran que la ofensiva conjunta ya provocó daños masivos a la infraestructura militar iraní, mediante la destrucción de bases, astilleros y factorías asociadas a la fabricación de armamento estratégico, reduciendo de manera efectiva el margen de maniobra operativo y bélico de Irán a nivel nacional y regional.

La reunión celebrada en Bruselas entre la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, y el Comandante Supremo Aliado en Europa, el general Alexus G. Grynkewich, estuvo marcada por el reconocimiento a la labor de los casi 4.000 militares españoles que participan en operaciones internacionales. Durante el encuentro, Robles enfatizó el reconocimiento que las autoridades y la población civil de los países anfitriones otorgan a la profesionalidad de las fuerzas desplegadas, resaltando la repercusión que esto tiene para la imagen de España en el ámbito internacional.

Según consignó la nota de prensa difundida tras la cita, Robles transmitió a Grynkewich el compromiso “serio, fiable y comprometido” de España con la Alianza Atlántica, así como el carácter “irrefutable” de su apoyo a la paz. El medio que reportó el encuentro destacó la insistencia de la titular de Defensa en el compromiso robusto de las Fuerzas Armadas con la defensa de la seguridad y los valores democráticos. La ministra subrayó la importancia estratégica de la cooperación militar con los aliados en contextos internacionales cada vez más complejos.

El general Grynkewich, quien lidera el Comando Aliado Supremo de Europa de la OTAN, recibió estas declaraciones en una reunión en la que también estuvo presente el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón. Dentro de las conversaciones, la cooperación militar ante desafíos de seguridad internacional y la implicación española dentro de la OTAN ocuparon un lugar central, según informó el medio.

De acuerdo con la información publicada, la ministra Robles también destacó la función ejemplar que representan las Fuerzas Armadas españolas en misiones en el exterior. Actualmente, el contingente español despliega efectivos en distintos escenarios internacionales, lo que refleja la magnitud del compromiso nacional. “Su profesionalidad cuenta con el reconocimiento tanto de las autoridades como de la población civil de los territorios donde operan”, manifestó, haciendo hincapié en la relevancia que estas misiones tienen para la defensa colectiva y la proyección internacional de España.

Tal como notificó la fuente, el apoyo a Ucrania se situó entre los asuntos abordados, donde Robles sostuvo la necesidad de continuar integrando los esfuerzos de todos los socios para mantener la asistencia militar al país en conflicto. Detalló que la entrega de material bélico español se coordina a través del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, en colaboración con otros países aliados. Este enfoque colectivo responde, según se expresó, a la voluntad de España de respaldar la seguridad y la estabilidad en Europa reforzando los lazos multilaterales.

El medio detalló que, durante el encuentro, Robles reiteró que las Fuerzas Armadas españolas representan el “mejor ejemplo” de la fiabilidad del país dentro del marco internacional. La afirmación refuerza el mensaje de credibilidad y compromiso que España quiere mantener con sus aliados. Al mismo tiempo, la reunión evidenció la intención del Ministerio de Defensa de comunicar el valor estratégico que España otorga a su participación activa en las misiones de la OTAN y la acción exterior de sus fuerzas militares.

Según lo publicado, la presencia del almirante general Teodoro López Calderón en la reunión destaca la relevancia institucional del encuentro, en un contexto en el que la cooperación y el diálogo con los representantes de la OTAN constituyen un eje prioritario. De acuerdo con la fuente, el intercambio de impresiones permitió repasar el estado de las operaciones internacionales en curso y valorar el esfuerzo que representa mantener desplegadas a miles de personas en distintos puntos del planeta. La ministra no solo destacó la actuación del personal militar, sino que también puso énfasis en la labor coordinada con los socios internacionales, clave para afrontar retos globales en materia de defensa y seguridad.

El medio concluyó que la jornada en Bruselas puso de manifiesto la voluntad política de España de persistir en sus compromisos con la OTAN y en su papel en operaciones multilaterales, tanto en el entorno europeo como en otros escenarios donde ya mantiene presencia militar.

Un contingente de unos 300 efectivos militares españoles que permanecían desplegados en Irak regresó recientemente al país tras una evacuación derivada de la inestabilidad creciente en Oriente Próximo. La salida se produjo debido al aumento de los ataques de Irán en respuesta a operaciones previas de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, según informó Europa Press. El debate sobre el reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas en escenarios internacionales se realiza en el Congreso de los Diputados, en un contexto donde la seguridad regional y el compromiso internacional de España se ven especialmente cuestionados por el deterioro de la situación en esa área geopolítica.

De acuerdo con Europa Press, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja analizará este miércoles una proposición no de ley planteada por el PSOE para que el Congreso agradezca y reconozca la actuación profesional de los militares españoles desplazados en misiones fuera del territorio nacional. Los socialistas subrayan que el despliegue en operaciones internacionales y de emergencia requiere de un esfuerzo constante y permanente, puesto que los efectivos se mantienen activos en misiones las 24 horas del día y durante toda la semana.

Según el texto de la propuesta, publicado por Europa Press, las Fuerzas Armadas españolas participan en acciones militares en distintos entornos bajo mandatos de la OTAN, la Unión Europea y las Naciones Unidas. El mandato contempla que la Cámara transmita a la sociedad las actuaciones en el exterior y la contribución que realizan tanto para la seguridad del país como para la de los aliados, dentro de una coyuntura internacional caracterizada por su volatilidad y complejidad.

Actualmente, más de 3.000 efectivos se encuentran repartidos en diversas misiones fuera de España. El despliegue más numeroso se concentra en la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en la que cerca de 670 soldados españoles colaboran en labores de estabilización. Cuando la situación en Irak se agravó, los 300 militares evacuados estaban integrados tanto en la coalición internacional contra Estado Islámico, liderada por Estados Unidos bajo la operación Inherent Resolve, como en la misión de la OTAN en ese país (NMI). Tras la evacuación, las tropas se trasladaron primero a la Base Aérea turca de Incirlik y de ahí viajaron hasta España.

Europa Press detalló que, pese a esta operación de retorno, otros 150 militares españoles continúan operando desde la base de Incirlik, situada en la ciudad turca de Adana, desde donde gestionan una batería antimisiles Patriot. Hasta el momento no existe decisión sobre su eventual evacuación, a pesar de que el contexto en Oriente Próximo sigue mostrando signos de inestabilidad severa.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que la evacuación de los efectivos en Irak resultó "muy complicada" y solo pudo llevarse a cabo tras una estrecha coordinación con los socios de la OTAN. Indicó que la Alianza Atlántica modificó el mandato de la NMI tras el agravamiento del conflicto bélico en la zona. Al ser consultada sobre la posible continuidad de la misión, la ministra adoptó una posición de cautela y señaló: "Vamos a ver qué pasa".

Por otro lado, la situación de los 'cascos azules' españoles en Líbano, quienes forman parte de la misión FINUL de la ONU, no tiene previsto alterarse. Europa Press indica que la posible evacuación de estos efectivos no se contempla por ahora, ya que cualquier decisión sobre ese movimiento corresponde a Naciones Unidas y depende de criterios internacionales de seguridad.

El PSOE, en su proposición no de ley, argumenta que misiones y operaciones en el exterior encarnan la política exterior y la responsabilidad internacional de España, contribuyendo a un entorno de paz y estabilidad regido por normas multilaterales y amparado en valores y principios reconocidos. El texto resalta el papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la defensa nacional y en la prevención de conflictos, bajo marcos como la Directiva de Defensa nacional y la Carta de Naciones Unidas.

La iniciativa planteada a la Comisión de Defensa pide, además, que la labor y la entrega de los militares españoles en el exterior sea difundida y conocida entre la ciudadanía, con el objetivo de dar mayor visibilidad a los riesgos y sacrificios implicados en estas misiones. Según consignó Europa Press, los socialistas recalcan la importancia de informar y reconocer públicamente la actuación de los militares para fortalecer el vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

El exalcalde de La Victoria expuso esta propuesta ante el público en una jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, que reúne a 34 aspirantes a la Presidencia en el Centro de Convenciones de Lima. El encuentro forma parte del ciclo de debates rumbo a las Elecciones Generales 2026 y aborda temas como seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Control de penales con intervención militar

Forsyth centró parte de su exposición en la situación de los establecimientos penitenciarios, los cuales, según indicó, se han convertido en centros de operación del crimen organizado. En ese sentido, aseguró que tomará medidas inmediatas para recuperar el control del sistema carcelario.

“A mí no me van a contar lo que sufren las madres, a mí no me van a contar lo que sufren los transportistas que hoy pagan cupos porque tienen miedo que les pase algo o maten a sus familias. Por eso es que voy a tomar control de forma inmediata con las Fuerzas Armadas de las cárceles. Se acabó la fiesta en los penales”, manifestó durante el debate.

El candidato también vinculó directamente a los penales con delitos como la extorsión y el cobro de cupos, señalando que los cabecillas de estas organizaciones operan desde el interior de los recintos. En esa línea, insistió en que su propuesta busca cortar esas redes desde su origen.

Seguridad en barrios y reforma policial

Como complemento a su planteamiento, Forsyth propuso reforzar la seguridad en zonas urbanas mediante el programa Barrio Más Seguro, el cual contempla un mayor despliegue policial y el uso de tecnología para prevenir delitos. Según explicó, esta iniciativa incluiría cámaras de reconocimiento facial para facilitar la identificación de delincuentes.

Además, planteó una reforma interna en la Policía Nacional del Perú orientada a mejorar la transparencia en su accionar. Entre las medidas mencionadas, destacó la implementación de sistemas de videovigilancia que registren de manera continua las intervenciones policiales.

El aspirante también hizo énfasis en la prevención como eje de su propuesta, al señalar que el fortalecimiento de actividades deportivas y culturales puede contribuir a reducir la delincuencia. En ese contexto, indicó que su plan busca ofrecer alternativas a los jóvenes para evitar que se involucren en actividades ilícitas.

¿Cómo se distribuyen los bloques y candidatos en el Debate Presidencial 2026 de este martes?

La jornada del martes 24 de marzo del Debate Presidencial 2026 se organiza en dos grandes ejes temáticos: seguridad ciudadana y combate a la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción. En cada uno de estos bloques, los postulantes han sido agrupados en cuatro ternas, lo que define el orden y dinámica de sus intervenciones.

En el primer tema, las participaciones se distribuyen en grupos de tres candidatos: en la primera terna intervienen Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont; en la segunda, Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Armando Masse; en la tercera, George Forsyth, Carlos Espá y Carlos Jaico; y en la cuarta, Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Walter Chirinos. Para el segundo eje temático, la conformación cambia: la primera terna reúne a Carrasco, Forsyth y Diez-Canseco; la segunda, a Masse, Espá y Belmont; la tercera, a Jaico, Chirinos y Paz de la Barra; y la cuarta, a Sánchez, Cerrón y Molinelli.

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que otorga un bono mensual vitalicio de 1.130 soles a los denominados “veteranos de la pacificación nacional”.

El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, el perulibrista Waldemar Cerrón, suscriben la autógrafa.

La autógrafa de la norma ya fue remitida al Despacho Presidencial para que el presidente interino José María Balcázar, en un plazo de 15 días, la promulgue o la observe.

En caso de que cumplido dicho plazo Balcázar no haya promulgado u observado la ley, el Parlamento ordena su publicación en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con la Ley 30826, un veterano de la pacificación nacional es un “miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciado, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia”.

Según el dictamen aprobado, la norma beneficiaría a 8.997 veteranos, aunque en su primer año alcanzaría a 1.799 veteranos. El gasto en su primera año ascendería a 24 millones de soles.

¿En qué consiste el bono para veteranos?

La norma establece la entrega de una bonificación mensual de 1.130.00 soles. Es importante destacar que este beneficio tiene un carácter vitalicio e intransferible, pero no es remunerativo ni pensionable, por lo que no está sujeto a cargas sociales ni forma parte de beneficios laborales.

Requisitos para acceder al bono mensual vitalicio

Para acceder a este pago, los licenciados deben haber obtenido el reconocimiento de “Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional” por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al 31 de diciembre de 2024. Los requisitos específicos incluyen:

• Haber realizado el servicio militar obligatorio entre los años 1980 y 2000.
• Haber servido en zonas de emergencia y realizado acciones pacificadoras validadas por su institución armada.
• Contar con un tiempo de servicio consecutivo de entre 12 y 24 meses.
• Haber ostentado grados específicos al terminar su servicio, como recluta, soldado, cabo o sargento (según la institución: Ejército, Marina o Fuerza Aérea).
• No ser deudor alimentario y no contar con antecedentes policiales, penales o judiciales.

Cronograma de implementación del bono mensual vitalicio

La entrega del bono no será inmediata para todos, sino que se realizará de forma progresiva durante 5 años, priorizando a los veteranos por grupos de edad:

1. Año 1: Mayores de 60 años o con discapacidad permanente.
2. Año 2: Veteranos de entre 55 y 59 años.
3. Año 3: Veteranos de entre 50 y 54 años.
4. Año 4: Veteranos de entre 45 y 49 años.
5. Año 5: Veteranos de entre 40 y 44 años.

Los plazos para acceder al bono mensual vitalicio

Los veteranos que cumplan con los requisitos podrán presentar su solicitud desde el día siguiente de la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de julio de 2027. Por su parte, el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Defensa y Economía, tiene un plazo de 60 días hábiles para emitir las normas reglamentarias necesarias.

Terrorismo en Perú

El periodo de violencia terrorista en el Perú se extendió oficialmente entre 1980 y 2000, iniciado por el grupo maoísta Sendero Luminoso con la quema de ánforas electorales en Chuschi, Ayacucho, y seguido poco después por el accionar del MRTA. Esta etapa, marcada por una profunda crisis social y económica, alcanzó sus picos de mayor intensidad a finales de la década de los 80 y principios de los 90, hasta que la captura de los principales cabecillas y la desarticulación de sus estructuras operativas permitieron iniciar un proceso de pacificación. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), estas dos décadas representaron el conflicto más prolongado y cruento de la historia republicana del país.

¿Cuándo vence el plazo?

El plazo para que el Ejecutivo decida si observa la autógrafa de la ley de bono mensual vitalicio para veteranos vence el 14 de abril próximo.

El presidente interino José María Balcázar tendrá plazo hasta ese día para intentar frenar el avance de la norma y devolverla al Congreso, que podría promulgarla por insistencia.

Representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han manifestado que el día a día de los agentes implica riesgos concretos y constantes al luchar contra el crimen organizado y vigilar las carreteras españolas, una circunstancia que consideran debe tener una respuesta clara por parte de las autoridades. Sin embargo, la organización denuncia que persiste una ausencia de confirmación sobre si a la Guardia Civil se le aplicará el reconocimiento de “profesión de riesgo” anunciado para las Fuerzas Armadas. El comunicado, recogido por Europa Press, señala que este nivel de incertidumbre perjudica a los agentes y requiere una aclaración inmediata por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, la AUGC ha calificado como “inadmisible” la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio de Defensa acerca de si la Guardia Civil será incluida en el reconocimiento. El sindicato mayoritario señala que esta indecisión genera malestar entre los miembros de la Benemérita, y sostiene que Defensa obliga a los representantes del cuerpo a realizar acciones de presión debido al silencio tanto del Ministerio del Interior como de la Dirección General de la Guardia Civil con respecto a este asunto.

La AUGC, en su comunicado, exige al Gobierno que se resuelvan todas las ambigüedades que rodean la situación. Lo transmiten con especial énfasis al reclamar que la declaración de “profesión de riesgo” abarque a todo el colectivo, sin distinciones, y de forma explícita al personal sujeto al régimen de clases pasivas, quienes afrontan las mismas amenazas derivadas del ejercicio de funciones policiales que el resto de los agentes en activo, según recoge Europa Press.

Según publicó Europa Press, el sindicato solicita tanto al Ministerio del Interior como al de Defensa que la aplicación del reconocimiento como “profesión de riesgo” se produzca sin dilaciones y de manera simultánea, así como la reapertura del diálogo institucional para tratar aspectos como la jubilación anticipada y la introducción de coeficientes reductores en la edad de retiro. La necesidad de abrir negociaciones responde, según la AUGC, a la obligación de garantizar condiciones equitativas a todos los miembros del cuerpo ante la exposición que implica su labor cotidiana.

El medio Europa Press señaló que la AUGC ha expresado su descontento con la decisión del Ministerio de Defensa de hacer público el reconocimiento antes de informar a las asociaciones profesionales del propio cuerpo. La comunicación se realizó a través del perfil oficial del Ministerio en la red social ‘X’, lo que la AUGC considera un ejemplo más del deterioro en la relación entre la Dirección General de la Guardia Civil y las asociaciones profesionales. Desde la perspectiva de la AUGC, este proceder prescinde de la interlocución con quienes representan a los efectivos, lo que agrava la situación de desconfianza y de falta de comunicación interna.

En su anuncio, Defensa detalló que presentará a las asociaciones militares una propuesta para iniciar los trámites formales dentro del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), el órgano que estructura la relación entre las asociaciones del personal militar y el Ministerio para cuestiones vinculadas a la condición de militar, así como a las condiciones de vida y laborales en sus unidades, entre otros temas relevantes. El anuncio anticipa la apertura de un proceso regulado, aunque, según ha subrayado la AUGC a través de Europa Press, permanece sin aclarar si la Guardia Civil formará parte del reconocimiento previsto.

En contraste con la situación actual de la Guardia Civil, otros colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como policías autonómicos y locales, ya cuentan con el estatus de “profesión de riesgo”. La diferencia en el trato institucional constituye uno de los principales factores de malestar para la AUGC, ya que, tal como señala el sindicato y consigna Europa Press, el riesgo al que se enfrentan los guardias civiles no representa una mera posibilidad sino una constante inherente al desarrollo de sus funciones. Por esto, la organización enfatiza en sus reclamaciones tanto la igualdad de condiciones como la seguridad jurídica y social de sus integrantes.

Mientras el Gobierno estudia en el seno del COPERFAS el posible reconocimiento para las Fuerzas Armadas y sus asociaciones militares, la AUGC subraya la urgencia de incluir sin vacilaciones al colectivo de la Guardia Civil en la categoría de “profesión de riesgo”. La incertidumbre sobre la inclusión genera inquietud en un cuerpo que, según la asociación, afronta riesgos equiparables a los de otros funcionarios reconocidos bajo esa misma figura legal.

La AUGC concluye sus demandas instando al Ejecutivo a iniciar conversaciones inmediatas y transparentes para clarificar la situación y abordar no solo el reconocimiento profesional, sino también el resto de derechos aparejados, entre ellos la posibilidad de reducir la edad de jubilación y ajustar los elementos regulatorios de las condiciones laborales para todos los agentes, según recoge Europa Press.

La falta de reconocimiento formal de las competencias adquiridas y el entorno laboral poco flexible tras la desvinculación forzosa afectan de manera notable a oficiales de complemento con alta formación, quienes a partir de los 45 años deben incorporarse al mercado laboral civil. Esta realidad, sumada a la ausencia de medidas de estabilización y las desigualdades existentes respecto a otros funcionarios, motiva la reciente iniciativa que analizará el Parlamento para ofrecer nuevas oportunidades a este colectivo en situación de reserva especial de disponibilidad. El objetivo principal radica en reforzar plantillas y corregir divergencias en sus condiciones laborales y salariales, según detalló Europa Press.

El medio Europa Press informó que la Comisión de Defensa del Congreso tiene previsto debatir una proposición no de ley presentada por el Partido Popular con la finalidad de revertir el llamado "abandono" sufrido por los militares de complemento en España. Esta propuesta aboga por la mejora de sus condiciones retributivas y laborales, así como su estabilización, como respuesta al déficit de personal en las Fuerzas Armadas. El documento registrado por el PP pone el foco en la reincorporación voluntaria de oficiales de complemento que actualmente se encuentran en situación de reserva especial de disponibilidad, priorizando su retorno en la zona geográfica de su domicilio hasta alcanzar la edad de pase a la reserva. Así, se busca su contribución en puestos cruciales tanto en la estructura de los Ejércitos como en la Administración Periférica.

De acuerdo con los datos recogidos por Europa Press, el Partido Popular alerta sobre la necesidad de implementar medidas que reduzcan la temporalidad en el ámbito militar. El grupo promotor de la iniciativa defiende la promoción de mecanismos de protección y estabilización, argumentos que ya benefician a otros segmentos de empleados públicos en la Administración, pero que todavía no se adoptan en este contexto específico. El PP sostiene que muchos de estos oficiales poseen una elevada cualificación universitaria y una amplia experiencia, perfil del que no debería desprenderse la sociedad española, sobre todo ante las carencias actuales de mandos intermedios en las Fuerzas Armadas.

Según consigna Europa Press, la iniciativa también denuncia la situación de desigualdad vigente entre estos militares de complemento y otros funcionarios públicos. El PP critica que se recurre a estos oficiales para atender necesidades estructurales en Defensa, sin buscar alternativas definitivas a la temporalidad que afecta a su situación laboral. En esa línea, el grupo parlamentario considera imprescindible impulsar reformas normativas para que el personal militar de carácter temporal pueda beneficiarse de procesos de estabilización en igualdad de condiciones, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad que regulan el acceso al empleo público en España.

Europa Press añade que el Partido Popular recuerda que han transcurrido 17 años desde la aprobación de la Ley de la Carrera Militar. A pesar de este tiempo, las solicitudes de los propios militares de complemento al Ministerio de Defensa para acceder a un proceso de estabilización han sido denegadas por el Gobierno. En palabras de los promotores de la proposición, estos militares representan candidatos idóneos para cubrir déficit de personal derivados de necesidades actuales tanto en lo material como en lo humano dentro de las Fuerzas Armadas.

El PP sostiene que la reincorporación y estabilización de este grupo de oficiales podría contribuir a solucionar parte de los problemas de personal que afectan a los Ejércitos. Dentro de las demandas recogidas, figura también la mejora de la remuneración asignada a los reservistas de especial disponibilidad, que según informa Europa Press, fue fijada en su momento poco por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Actualmente, el SMI es un 81,22 % superior a dicha asignación, lo que según esta formación política provoca una devaluación económica injustificada para estos profesionales.

El Partido Popular reclama, mediante esta proposición debatida en la Comisión de Defensa, que la compensación para los reservistas de especial disponibilidad se ajuste al grupo de clasificación Grupo A1 en la Administración Pública, correspondiendo al nivel alcanzado durante el desempeño de su empleo militar, según detalló Europa Press. De este modo, el grupo aspira a reconocer formalmente la formación y el servicio prestados por los oficiales de complemento, así como a corregir las desigualdades en materia salarial y de condiciones laborales que actualmente marcarían la diferencia entre estos militares y otros empleados públicos.

La proposición no de ley presentada por el Partido Popular y recogida por Europa Press será objeto de discusión parlamentaria, en medio de la búsqueda de alternativas para fortalecer las plantillas de las Fuerzas Armadas y aprovechar el talento de profesionales con dilatada experiencia, cuyo aporte considera esencial el grupo promotor ante la situación actual de las fuerzas militares en España.

La reclamación de que la carrera militar sea reconocida oficialmente como una profesión de riesgo ha estado presente durante años en las peticiones de las asociaciones de militares, mientras que otras profesiones dentro del ámbito de la seguridad cuentan ya con este reconocimiento. Según informó el Ministerio de Defensa, este miércoles se dará el primer paso formal para avanzar en el proceso que permitiría equiparar el estatus de los militares a otros cuerpos en materia de riesgos profesionales.

De acuerdo con la información difundida por la cartera dirigida por Margarita Robles, la propuesta se presentará ante las asociaciones militares dentro del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). Este organismo constituye el canal de interlocución institucional entre las asociaciones representativas de los miembros de las Fuerzas Armadas y la dirección del Ministerio de Defensa para cuestiones relacionadas con la condición militar, así como sobre los aspectos que afectan a la vida laboral y cotidiana dentro de las unidades.

Según publicó el propio Ministerio en su cuenta oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), la iniciativa consistirá en someter a consideración el inicio de los trámites necesarios que abran el camino para declarar de manera oficial la carrera militar como profesión de riesgo. Este enfoque busca el reconocimiento formal de la exposición inherente a determinados niveles de peligro en el ejercicio de funciones propias del ámbito castrense.

El medio detalló que este movimiento responde a las demandas históricas formuladas por las asociaciones de militares, que han venido argumentando la necesidad de que el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas reciba igual tratamiento que el que ya se otorga a varios cuerpos policiales, tales como policías locales y autonómicos, quienes ya cuentan con el estatus de profesión de riesgo en su ejercicio diario. Dentro de este contexto, la situación de la Guardia Civil aparece diferenciada, puesto que sus integrantes aún no han logrado dicho reconocimiento, a pesar de desempeñar también funciones vinculadas a la seguridad.

Con esta propuesta, el departamento dirigido por Robles pretende abordar de manera estructurada la comparación entre los riesgos asumidos por los militares y los asumidos por el resto de cuerpos de seguridad, una cuestión que ha motivado debates recurrentes en el seno de COPERFAS y en las relaciones entre el Ministerio y las asociaciones representativas de los militares. Según consignó el Ministerio de Defensa, el objetivo de esta medida es iniciar un proceso administrativo que permita avanzar hacia una eventual declaración formal mediante los canales oficiales correspondientes.

El anuncio difundido por Defensa sigue la normativa habitual de consulta previa y participación de las asociaciones, que tienen la posibilidad de aportar sus consideraciones e impulsar el debate sobre el alcance y las implicaciones de la declaración. Esta fase inicial en COPERFAS resulta clave, ya que el Consejo actúa como órgano donde se examinan las propuestas que afectan a las condiciones de vida, trabajo y reconocimiento profesional del personal militar, conforme a los procedimientos establecidos.

El inicio de estos trámites podría suponer consecuencias en cuanto a aspectos salariales, compensaciones por riesgos, cobertura de seguros y modificaciones en los protocolos internos de las Fuerzas Armadas, aunque estos extremos dependerán de los desarrollos normativos posteriores, una vez que la carrera militar obtenga, si procede, el reconocimiento formal solicitado.

El Ministerio de Defensa insistió, según reportó su comunicación en X, en que este procedimiento se fundamenta en la voluntad de responder a una reivindicación ampliamente respaldada dentro del colectivo militar, al tiempo que se mantiene la interlocución continuada con los representantes de las asociaciones. No se precisó una fecha exacta para que se culmine el proceso, ya que los tiempos dependerán de la tramitación administrativa y del consenso alcanzado en COPERFAS y en otras instancias donde deba debatirse la propuesta.

Hasta el momento, la declaración de la condición de “profesión de riesgo” sigue vinculada principalmente a los cuerpos policiales del Estado, de ámbito regional y local. De aprobarse el reconocimiento a los militares, supondría un cambio en el marco del reconocimiento social e institucional de su función, en línea con la equiparación histórica que vienen reclamando las asociaciones de las Fuerzas Armadas.

“Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”, sostuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al referirse a los desafíos vinculados a la falta de actualización del equipo militar y sus consecuencias para la seguridad del personal de las Fuerzas Armadas. Esta declaración surge en el contexto del accidente aéreo ocurrido en la región de Putumayo, el lunes por la mañana, en el que al menos ocho personas perdieron la vida y más de setenta resultaron heridas tras la caída de un avión de transporte del Ejército. De acuerdo con la información publicada por el diario colombiano El Tiempo y recogida por otros medios, la tragedia involucró una aeronave C-130 Hércules con 125 personas a bordo, incluyendo 114 pasajeros y 11 tripulantes.

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, comunicó a El Tiempo que, hasta el momento, se han registrado ocho fallecimientos cuyas identidades todavía se encuentran en proceso de verificación. Además, notificó que al menos 73 personas resultaron heridas y entre ellas, 15 presentan estado crítico. Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Carlos Fernando Silva, compartió a través de un video difundido en X (antes Twitter) que “han sido rescatados con vida 48 heridos”, aunque advirtió que estos datos continúan bajo revisión.

Según informó El Tiempo, la aeronave cumplía la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís y transportaba principalmente a personal militar. El accidente se produjo a las 9.50, hora local, poco después del despegue desde Puerto Leguízamo, en una zona selvática del departamento de Putumayo, tal como confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario precisó que el avión trasladaba tropas de la Fuerza Pública y que, tras el siniestro, unidades militares llegaron hasta el sitio para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate.

El presidente Gustavo Petro aportó otra cifra sobre los afectados, elevando el número total de heridos a 77 y mencionando un fallecido en primera instancia. Petro también señaló que aún no se tiene información sobre el paradero ni el estado de 43 personas que viajaban en el avión. El mandatario solicitó prudencia ante la circulación de datos preliminares y pidió esperar a los resultados de la investigación oficial para esclarecer el número exacto de víctimas y las causas del accidente, de acuerdo con lo publicado por El Tiempo.

Tras lo ocurrido, comenzaron a circular vídeos e imágenes grabadas por testigos en los que se observa el momento del impacto y a civiles asistiendo en el traslado de militares heridos empleando motocicletas, en un esfuerzo por acelerar la atención. El general Silva recalcó que los datos reportados hasta ahora son provisionales, por lo que los organismos implicados siguen cotejando la información proveniente del sitio del accidente.

Mientras tanto, Sánchez, ministro de Defensa, confirmó a El Tiempo que se han activado protocolos de atención a las víctimas y sus familiares. También anunció el inicio de una investigación para esclarecer las causas del accidente aéreo y la evaluación del estado de la nave, en la que viajaban un total de 125 personas.

El presidente Petro, según reportó El Tiempo, hizo hincapié en las deficiencias que afectan la capacidad operacional del Ejército, ligadas a demoras administrativas para renovar la flota aérea. A este respecto, manifestó que si quienes gestionan los recursos no responden a las necesidades, deben ser reemplazados. Petro advirtió que no permitirá más demoras, subrayando que está en juego “la vida de los jóvenes”. Además, aseguró que solicitará la compra inmediata de helicópteros y aviones destinados al transporte de tropas, así como la aprobación de nuevos componentes de defensa como antidrones, blindaje, cazas Gripen y helicópteros.

El ministro Sánchez expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y pidió respeto al dolor de quienes resultaron afectados, exhortando a evitar especulaciones o circulaciones de información no confirmada hasta que se publiquen los informes oficiales. Reconoció la gravedad del accidente, indicando que constituye un acontecimiento de “profunda tristeza” para Colombia, tal como consignó El Tiempo.

Las operaciones de búsqueda y rescate siguen vigentes, mientras equipos de emergencia y fuerzas militares trabajan en la atención de los heridos y la localización de los desaparecidos. La determinación de las causas del accidente permanece en manos de las autoridades, quienes analizarán las comunicaciones, el estado de mantenimiento de la aeronave y otros elementos vinculados al siniestro. Según ha reportado El Tiempo, la movilización de apoyo abarca recursos locales y nacionales destinados a mitigar las consecuencias del accidente.

El Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana han mantenido una coordinación constante con las autoridades regionales y centros de salud para agilizar la evacuación y atención médica de los heridos, conforme ha trascendido en medios nacionales. El impacto de este accidente ha puesto en relieve tanto los riesgos asociados a las operaciones militares en territorio selvático como las dificultades estructurales para el mantenimiento de la flota aérea y la protección del personal desplegado.

Una grabación obtenida por una cámara de vigilancia exhibió el ruido de un vehículo aéreo sobrevolando la zona de Varèna, seguido de una explosión y el impacto de restos tras la caída. Este incidente, registrado poco después de las 3:00 de la madrugada, atrajo la atención de las fuerzas armadas lituanas y condujo a una rápida reacción de las autoridades nacionales, según difundió la cadena estatal LRT. Como respuesta directa, la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, decidió convocar para el martes una reunión urgente de la Comisión de Seguridad Nacional con el objetivo de valorar las consecuencias y posibles riesgos para la seguridad del país. La noticia principal radica en la apertura de una investigación formal por parte de las autoridades lituanas tras la caída nocturna de un dron proveniente del exterior, en las inmediaciones de la frontera con Bielorrusia.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Lituania, el artefacto aéreo no tripulado se estrelló en la región de Varèna, junto al lago Lavysas, ubicada en el extremo sur del país y a aproximadamente 30 kilómetros de la frontera bielorrusa. Según informó LRT, las autoridades sospechan firmemente que el dispositivo se originó en territorio bielorruso; así lo afirmó Gintautas Ciunis, vocero de las Fuerzas Armadas, durante una rueda de prensa recogida por el medio gubernamental. El portavoz declaró que "lo más probable es que provenga" de Bielorrusia, subrayando la cercanía de la zona de impacto con la línea divisoria entre ambos países.

Tal como publicó la cadena LRT, el suceso se enmarca en un contexto en el que episodios similares han ocurrido en varias ocasiones desde que comenzara la invasión rusa a Ucrania a principios de 2022. Las autoridades lituanas han reportado en el pasado la repetida irrupción de drones en su espacio aéreo, aparentemente procedentes de Bielorrusia, nación que sostiene una relación de alianza con Moscú.

El Ministerio de Defensa, citado por LRT y otros medios nacionales, enfatizó que la vigilancia y control del espacio aéreo se han reforzado en consecuencia. Por su parte, la primera ministra Ruginiene resolvió la convocatoria de la Comisión de Seguridad Nacional para debatir de emergencia sobre las implicaciones del suceso. Según consignó el medio estatal, este tipo de vuelos no identificados genera preocupación en la administración lituana debido al potencial impacto sobre la seguridad interna y la estabilidad de la región.

Conforme a las declaraciones recogidas por los medios, la investigación impulsada por Lituania busca determinar el origen exacto y la naturaleza del artefacto aéreo, así como los motivos de su incursión y posterior caída en territorio lituano. En el video difundido se observa cómo el objeto volador se aproxima antes del estallido, una evidencia que será analizada como parte de la pesquisa oficial.

A lo largo de los últimos meses, según reportó LRT, las autoridades han abordado otros incidentes que involucraron drones y han incrementado sus acciones de coordinación con organismos internacionales de seguridad. La inquietud por la proximidad geográfica con Bielorrusia y la frecuente aparición de artefactos no identificados motiva a la administración lituana a mantener la atención sobre los acontecimientos fronterizos y las actividades aéreas no autorizadas.

En términos de seguridad nacional, funcionarios lituanos consultados por la cadena estatal han subrayado que la evaluación de riesgos y la elaboración de protocolos de respuesta inmediata permanecen en revisión constante. El gobierno ha reiterado, según LRT, su compromiso de proteger la integridad territorial y garantizar la defensa frente a incidentes que puedan alterar la estabilidad en la frontera sur.

El medio LRT detalló que el suceso se añade a una secuencia de episodios similares, en el marco de la tensión regional vinculada al conflicto ruso-ucraniano y al papel de Bielorrusia como socio militar y político de Rusia. Desde la administración lituana, la investigación actualmente en curso examina tanto la procedencia del artefacto como su posible función y carga, información clave para definir las siguientes medidas a tomar por parte de las autoridades e instituciones de seguridad nacional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfatizó la necesidad de modernizar el equipamiento militar después de que un avión de transporte del Ejército se estrellara en el sur del país con 114 personas a bordo. El mandatario lamentó la falta de avances en la renovación del material de las Fuerzas Armadas, mencionó que existen problemas burocráticos que han dificultado este proceso y afirmó que solicitará de inmediato la adquisición de aeronaves de transporte, helicópteros, antidrones, blindaje y aviones de combate, según publicó la prensa local y reportó la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El accidente ocurrió este lunes cuando una aeronave C-130 Hércules del Ejército colombiano cayó en Puerto Leguízamo, en la región de Putumayo, justo durante la maniobra de despegue. De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el avión viajaban 114 personas y hasta el momento se ha logrado rescatar con vida a 67 ocupantes. Operativos de emergencia se mantienen en la zona, donde tanto equipos de rescate como autoridades militares y civiles continúan las labores de búsqueda, auxilio y evaluación de daños, detalló la Fuerza Aeroespacial Colombiana a través de redes sociales.

Según informó el medio local y confirmó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, el avión transportaba tropas de la Fuerza Pública y tras el siniestro se desplegaron unidades militares al lugar de los hechos. Sánchez explicó que todavía no se tiene un balance definitivo de víctimas ni claridad sobre las causas que provocaron el accidente aéreo. Añadió que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, y que una investigación está en curso para esclarecer lo sucedido.

El mensaje del ministro incluyó un llamado a la cautela sobre la información difundida: “Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, señaló, según consignó el medio que recogió sus declaraciones.

Tras el accidente, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del momento del impacto y vídeos en los que civiles trasladan en motocicleta a militares heridos, en un intento de apoyar las tareas de salvamento mientras se organizaban los equipos oficiales. El presidente Petro expresó su preocupación por la situación y advirtió sobre las consecuencias de los retrasos en la modernización militar: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, afirmó el mandatario, quien también consideró que “persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”.

De acuerdo con lo informado por los medios colombianos y la Fuerza Aeroespacial, además de la movilización inmediata de asistencia y la investigación correspondiente, el incidente reavivó el debate nacional sobre la capacidad logística y operativa de las Fuerzas Armadas. El presidente Petro sostuvo que el Ejército ha deteriorado sus capacidades operativas durante los últimos quince años, aludiendo a que “es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, y demandó la remoción de funcionarios que no estén a la altura de los retos actuales.

El mandatario realizó anuncios relacionados con la modernización y ampliación del parque aéreo militar. Informó que se solicitaría la compra de nuevos helicópteros, aviones de carga y transporte, así como equipamiento adicional que incluiría antidrones, blindajes, cazas Gripen y helicópteros para incrementar la movilidad y protección de las tropas colombianas.

Mientras tanto, el despliegue en Puerto Leguízamo continúa, con el apoyo de la comunidad y autoridades que colaboran con los trabajos de búsqueda y rescate. El área, ubicada en una zona estratégica del sur de Colombia, mantiene la presencia de fuerzas militares y cuerpos de emergencia a la espera de un nuevo balance oficial que permita conocer la cifra definitiva de lesionados y, en caso de ser necesario, de víctimas fatales.

El accidente de la C-130 Hércules genera preocupación en diversos sectores en torno a las condiciones de mantenimiento y antigüedad de los equipos actualmente en uso por las fuerzas militares, así como en relación al ritmo de los procesos administrativos para la adquisición de nuevos recursos. El presidente Petro ha insistido en que no se otorgarán más plazos para modernizar las tropas y que la protección de la vida de los uniformados debe ser prioritaria frente a cualquier otro obstáculo burocrático, de acuerdo con lo reportado por los medios y las comunicaciones del gobierno colombiano.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa mantiene abierta la investigación y continúa la búsqueda de sobrevivientes, mientras diferentes organismos acompañan a las familias de los afectados. Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en la divulgación de información hasta que concluyan los peritajes oficiales y se esclarezcan los hechos que causaron el accidente.

Los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos (EAU) han causado desde el inicio de la escalada regional la muerte de ocho personas, incluidos dos miembros de las Fuerzas Armadas emiratíes y seis civiles de distintas nacionalidades, así como 158 heridos de diversa gravedad. El Ministerio de Defensa de EAU reportó, según consignó el medio que difundió la información original, la destrucción reciente de siete misiles balísticos y 16 drones lanzados desde territorio iraní, cifras que elevan a más de 2.150 las agresiones atribuidas a Teherán en el contexto del actual conflicto.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, citado por diversas agencias y replicado por el medio original, las fuerzas antiaéreas emiratíes han interceptado hasta ahora 352 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.789 vehículos aéreos no tripulados. Estos datos reflejan la magnitud de los ataques sufridos desde el inicio de lo que el gobierno califica como “flagrante agresión iraní”. Según informó el medio original, el incremento de los ataques responde a las tensiones regionales aumentadas tras la incursión militar conjunta de Estados Unidos e Israel, llevada a cabo el 28 de febrero.

El Ministerio de Defensa de EAU detalló que, tras el ataque estadounidense e israelí, Emiratos se transformó en el principal objetivo de las acciones de represalia organizadas por Irán. La ofensiva continúa desde entonces, manteniendo la presión sobre infraestructuras y zonas civiles. Las víctimas mortales, según los datos oficiales aportados y publicados por el medio, incluyen ciudadanos de nacionalidades paquistaní, nepalesa, bangladesí y palestina, lo que evidencia el carácter internacional del impacto y el alcance de la crisis.

Al informar sobre estos sucesos, el Ministerio de Defensa añadió que Emiratos Árabes Unidos “permanece plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza”, indicando que sus fuerzas armadas responderán de manera decidida ante “cualquier intento de socavar la seguridad del Estado”. Esta posición busca enviar una señal de disuasión afirmando que la defensa del espacio aéreo es prioritaria para el gobierno.

El balance de heridas producido desde el comienzo del conflicto incluye 158 personas con diferentes niveles de gravedad, tal como detalló el Ministerio y difundió el medio original. Las autoridades han dedicado recursos adicionales al fortalecimiento de las capacidades de defensa aérea, enfocados tanto en la protección de la población como de las principales infraestructuras estratégicas. Según publicó el medio citado, el uso masivo de drones y misiles balísticos por parte de las fuerzas iraníes se configura como un elemento central de la actual escalada, lo que ha implicado que EAU incremente su coordinación militar interna y con aliados externos.

La secuencia de ataques refleja una intensificación inédita de la ofensiva regional y una expansión de la zona de riesgo más allá del conflicto entre Irán y otros actores estatales, expandiéndose a toda la región del Golfo y afectando a la seguridad de trabajadores extranjeros y residentes. La persistencia de represalias tras el 28 de febrero muestra una estrategia sostenida por parte de Irán respecto a su respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel, como reportó el medio que ha seguido de cerca la evolución del conflicto.

El Ministerio de Defensa concluyó, en una comunicación replicada por el medio, enfatizando la disposición permanente de EAU para defender su territorio, al tiempo que advirtió acerca de futuras respuestas ante nuevas agresiones. El tono de la declaración subrayó la gravedad de la situación y la determinación gubernamental de frenar cualquier escalada adicional, manteniendo la vigilancia sobre el espacio aéreo nacional.

El director de la oficina de Gestión de Crisis de la provincia de Azerbaiyán Oriental señaló la muerte de seis personas y seis heridos tras ataques a viviendas en la ciudad de Tabriz. La situación se agravó por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán, iniciada el 28 de febrero mientras representantes de Washington y Teherán mantenían conversaciones para intentar avanzar en un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Según publicó la agencia iraní de noticias Tasnim, los bombardeos causaron daños en edificios residenciales, aunque no se detalló más información sobre el incidente.

El vicegobernador de Lorestán, provincia ubicada al oeste de Irán, informó que al menos seis personas perecieron y cuarenta y tres resultaron lesionadas por los bombardeos que afectaron a varios edificios residenciales en Jorramabad. El medio Tasnim recogió declaraciones de la autoridad regional en las que se confirmó que cuatro de estos edificios resultaron totalmente destruidos, mientras numerosas viviendas de los alrededores sufrieron daños estructurales. El impacto del ataque dejó a decenas de familias afectadas por lesiones y pérdidas materiales.

Los informes oficiales detallan que los ataques en Jorramabad y Tabriz constituyen una parte de la ofensiva más amplia que Estados Unidos e Israel llevan a cabo en territorio iraní. Según consignó el medio Tasnim, la acción militar se da en paralelo con las negociaciones entre representantes estadounidenses e iraníes para alcanzar un entendimiento en torno al desarrollo nuclear de la República Islámica, contexto que ha contribuido al aumento de la tensión en la región de Oriente Medio.

Las autoridades iraníes han emitido balances actualizados sobre las consecuencias de la ofensiva, indicando más de mil quinientos muertos, de los cuales doscientos diez son menores de edad. De acuerdo con la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, la cifra total de fallecidos asciende a más de tres mil. Human Rights Activists in Iran ha documentado víctimas tanto civiles como militares en distintos puntos del país desde el inicio de los ataques.

Entre las personas fallecidas en la ofensiva se encuentran figuras de alto perfil del aparato estatal y militar iraní. El medio Tasnim reportó la muerte del líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, así como la del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. Junto a ellos, perdieron la vida los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente, además de otros altos mandos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estatal.

El panorama que presentan las autoridades y medios oficiales iraníes da cuenta de una situación de emergencia en distintas regiones del país, donde se contabilizan daños materiales significativos y una cifra de víctimas que continúa en aumento. Según información difundida por la agencia Tasnim y recogida por otras fuentes, la población afectada enfrenta la destrucción de infraestructura residencial, así como la pérdida de vidas y la lesión de decenas de personas.

Las acciones militares en Irán coinciden con un período de alta tensión diplomática entre Teherán y Washington, mientras las conversaciones para un nuevo pacto nuclear se mantienen estancadas en medio de la escalada bélica. Los informes tanto gubernamentales como los publicados por la organización Human Rights Activists in Iran destacan el elevado número de muertos y heridos, señalando el impacto de la ofensiva en la sociedad iraní y en la estructura del poder estatal.

La información recopilada hasta el momento refleja que las ciudades de Jorramabad y Tabriz han sufrido algunos de los ataques más severos desde el inicio de la operación estadounidense-israelí, afectando no sólo a civiles sino también a altos funcionarios del régimen. Los datos aportados por las autoridades provinciales citadas por Tasnim, así como los balances de organizaciones humanitarias, permiten dimensionar el alcance de la ofensiva y la gravedad de la crisis humanitaria derivada del conflicto.

El Congreso de la República promulgó este domingo 22 de marzo la Ley N° 32561, que modifica el Decreto Legislativo 1133 sobre el régimen de pensiones del personal militar y policial, por insistencia y pese a las observaciones del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La norma fue aprobada en sus términos originales, sin cambios de fondo tras la revisión de las advertencias técnicas del Gobierno respecto a sostenibilidad, equidad y constitucionalidad.

Congreso desoye las advertencias técnicas: reforma de pensiones se aprueba sin cambios

El principal cambio que introduce la ley es que todo militar o policía bajo el régimen del D.L. 1133 que cumpla con 30 años de servicios reales y efectivos recibirá, al momento de su retiro, una pensión mensual equivalente al 100% de la remuneración consolidada de su grado en actividad.

Es decir, la pensión será igual al sueldo completo que percibiría si siguiera trabajando. Para el personal que se retire antes de cumplir los 30 años, la pensión será proporcional a los años de servicio (“tantas treintavas partes” del 100%).

El beneficio se extiende a oficiales, suboficiales, técnicos y personal de tropa, siempre que estén bajo el régimen legal vigente. La única excepción corresponde a quienes sean retirados por medida disciplinaria, insuficiencia profesional o sentencia judicial firme que implique separación definitiva del servicio.

Pensión igual al sueldo para militares y policías: un privilegio sin precedentes

El Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que la reforma tendrá un impacto fiscal acumulado de al menos S/ 14,851 millones en valor presente, cifra que podría incrementarse con el ingreso de nuevas generaciones de beneficiarios.

El MEF sostuvo que el aumento del aporte previsional (ahora 25% del sueldo, 15% a cargo del trabajador y 10% del Estado) no compensa el alza del beneficio y que el sistema generará un déficit creciente que deberá ser cubierto por el Tesoro Público, es decir, por todos los contribuyentes.

El Ejecutivo observó también que la ley fue aprobada sin un estudio actuarial que demuestre su sostenibilidad, lo que contraviene la exigencia constitucional para cualquier reforma previsional.

Además, advirtió que igualar la pensión al 100% del sueldo de actividad constituye una “nivelación”, mecanismo prohibido expresamente por la Constitución y que en el pasado llevó al colapso de sistemas previsionales como el de la “cédula viva”.

MEF advierte un déficit millonario que recaerá sobre los ciudadanos

La reforma, que también reconoce la unión de hecho como causal de acceso a pensión de sobreviviente, amplía beneficios para cónyuges, huérfanos y ascendientes, y ajusta el funcionamiento de la Caja de Pensiones Militar-Policial.

El Congreso, sin embargo, rechazó todas las objeciones técnicas y constitucionales del Ejecutivo, defendiendo que la naturaleza riesgosa de la función militar y policial justifica un trato diferenciado y mejores condiciones previsionales.

El MEF y expertos en seguridad social han advertido que la ley genera una brecha de equidad frente al régimen general de pensiones (ONP y AFP), ya que permite que militares y policías se jubilen mucho antes que cualquier otro trabajador —incluso a los 52 años— y reciban una pensión muy superior al promedio nacional.

El debate sobre el impacto fiscal y la sostenibilidad de este sistema continuará en los próximos años, a medida que ingresen nuevas cohortes de beneficiarios y el Estado deba afrontar el creciente costo de las pensiones.

El Ministerio de Defensa de Turquía informó que dos empleados de la empresa armamentística turca ASELSAN se cuentan entre las víctimas mortales del accidente de helicóptero ocurrido en aguas territoriales de Qatar, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de una persona desaparecida tras el siniestro. El helicóptero, que era de uso militar, cayó durante una operación rutinaria y, según comunicaron desde Doha, el incidente se produjo debido a “un fallo técnico”. Autoridades turcas y cataríes confirmaron la muerte de seis de los siete ocupantes.

Según consignó el medio de comunicación turco citado en el informe, entre los fallecidos se encuentra un oficial del ejército de Turquía, además de los dos trabajadores de ASELSAN. El Ministerio del Interior de Qatar también reportó el deceso de tres de sus propios militares tras el accidente. Las autoridades qataríes detallaron que la aeronave se estrelló mientras se realizaba una misión considerada parte de las operaciones rutinarias de las fuerzas armadas del país.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por diversos medios internacionales, los equipos de rescate de Qatar mantienen operativos de búsqueda para localizar a la séptima persona, cuya identidad no ha trascendido en los comunicados oficiales. El incidente mantiene en alerta a las autoridades, que han centrado sus esfuerzos en recuperar al desaparecido y esclarecer las circunstancias exactas que condujeron a la caída del helicóptero militar.

El medio oficial de Qatar indicó que el accidente tuvo lugar en un contexto de creciente tensión en la región, ya que el país fue referido como uno de los estados del Golfo que ha enfrentado acciones retaliatorias por parte de Irán desde que Estados Unidos e Israel iniciaran bombardeos contra objetivos iraníes a finales de febrero. Sin embargo, hasta el momento las autoridades cataríes han atribuido el accidente exclusivamente a una falla técnica del aparato, sin que existan indicios públicos de intervención hostil.

La compañía turca ASELSAN, cuyo personal se encontraba entre los ocupantes del helicóptero, es reconocida por su aporte en la fabricación de sistemas electrónicos y de defensa para uso militar. Los fallecidos pertenecían a un equipo cuyas actividades en Qatar estaban alineadas con proyectos de cooperación bilateral en materia de defensa y equipamiento, según datos difundidos por el Ministerio de Defensa turco.

Qatar y Turquía sostienen una alianza estratégica en el ámbito militar y de seguridad, lo que ha impulsado la presencia de personal turco en territorio qatarí tanto en funciones de entrenamiento como de soporte técnico, detalló el medio turco. El accidente ha generado muestras de condolencia de parte de las autoridades de ambos países, y se han anunciado investigaciones paralelas para esclarecer las causas exactas que provocaron el fallo técnico y el posterior accidente del helicóptero.

Reportes oficiales del Ministerio del Interior catarí aseguraron que tanto la identificación de los cuerpos como la localización del desaparecido forman parte de las prioridades de los equipos de emergencia desplegados en la zona donde ocurrió el siniestro. Investigadores militares y expertos técnicos tanto de Turquía como de Qatar participarán en la evaluación de los restos de la aeronave y la recolección de pruebas que permitan determinar la naturaleza precisa de la avería que derivó en la caída del aparato militar.

Hasta el momento, no se han hecho públicas las identidades específicas de todas las víctimas, aunque las autoridades mencionaron la nacionalidad de los fallecidos y su relación profesional o militar con los gobiernos respectivos y la compañía ASELSAN. El suceso ha añadido una nueva preocupación en la región, ya tensa por incidentes recientes y amenazas en materia de seguridad, reportó el medio catarí. Las autoridades insisten en que el siniestro responde a un mal funcionamiento de la aeronave, mientras el desarrollo de los trabajos de búsqueda continúa bajo supervisión militar.

La vigente asignación anual para los reservistas de especial disponibilidad presenta actualmente una diferencia significativa respecto al Salario Mínimo Interprofesional, situándose considerablemente por debajo de este baremo, según lo detallado por el Partido Popular. Esta circunstancia ha derivado en una devaluación económica para este colectivo, cuya retribución inicial solo quedaba ligeramente por debajo del SMI, pero que, tras sucesivas subidas de este indicador, ahora resulta un 81,22 por ciento inferior, tal como publicó el medio que informa sobre la iniciativa registrada en el Congreso. A partir de este dato, el Partido Popular ha reclamado ante el Gobierno la necesidad de revisar y actualizar las compensaciones dirigidas a los reservistas, para que estas sean acordes al grupo de clasificación A1 y al nivel correspondiente al empleo militar previo de cada afectado, argumentando que una mejora en estas condiciones contribuiría a paliar parte de los problemas estructurales de personal en las Fuerzas Armadas.

Según el informe publicado por el medio, el Partido Popular presentó una proposición no de ley en el Congreso para instar al Ejecutivo a modificar el marco legal vigente y revertir, en sus palabras, la situación de “abandono” en la que se encuentran los oficiales de complemento. La propuesta fue defendida por Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, quien recalcó la importancia de reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en un escenario internacional caracterizado por mayores exigencias. En su intervención, Gamarra remarcó que el PP solicita cambios normativos urgentes que permitan la reincorporación voluntaria de los oficiales de complemento que actualmente están en situación de reserva de especial disponibilidad, dentro del área donde tengan fijada su residencia y hasta que alcancen la edad de pase a la reserva, con la finalidad de cubrir vacantes necesarias tanto en la estructura de los Ejércitos como en la Administración Periférica.

Tal como reportó la fuente original, el Partido Popular subrayó la importancia de impulsar mecanismos para reducir la temporalidad de los oficiales de complemento y reclamar procesos de protección y estabilización que actualmente sí se aplican a otros colectivos de personal público. El partido alertó de que la ausencia de estas medidas ha obligado a muchos oficiales de complemento, tras cumplir los 45 años, a buscar su incorporación al mercado laboral civil, pese a contar con alta cualificación universitaria. No obstante, según la denuncia del PP, estos profesionales no consiguen un reconocimiento formal de las competencias adquiridas durante años de servicio y se enfrentan a la rigidez del entorno laboral civil, que muchas veces no corresponde a sus perfiles formativos y experiencia.

En la proposición presentada, el PP también puso de manifiesto la desigualdad que, a su juicio, padecen estos militares frente a otros funcionarios públicos, a la vez que señaló el abuso de la temporalidad en el seno de las Fuerzas Armadas. El partido acusó al Ministerio de Defensa de emplear a oficiales temporales para cubrir necesidades estructurales sin adoptar medidas permanentes. De acuerdo con el Partido Popular, este enfoque no resulta eficaz para afrontar la carencia de mandos intermedios, problema que afecta actualmente a los Ejércitos y que, según afirma, podría aliviarse si se aprovecha la experiencia y capacitación acumulada por los oficiales de complemento a lo largo de su carrera.

El medio indicó en su información que los populares propusieron articular las adaptaciones normativas oportunas, de modo que el personal militar con contratos temporales y estatus similar pudiese entrar en procesos de estabilización, siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad prescritos para el acceso al empleo público en España. En el documento registrado en el Congreso, el Partido Popular criticó que hayan transcurrido diecisiete años desde la entrada en vigor de la Ley de la Carrera Militar y que en ese periodo las demandas de los militares de complemento no hayan sido atendidas. Según consignó la publicación, estos mismos militares han presentado solicitudes de estabilización ante el Ministerio de Defensa, y estas han sido rechazadas por el Gobierno, pese a la urgencia de reforzar tanto el material como el personal de las Fuerzas Armadas, en opinión del propio PP.

El diagnóstico realizado por el PP, según lo detallado por la prensa especializada, sostiene que incorporar y estabilizar a los oficiales de complemento podría ser una respuesta efectiva a los problemas de déficit de personal en los Ejércitos y permitiría retener talento cualificado que, en la actualidad, se está desperdiciando tras años de formación y servicio. En la iniciativa, se señala que España “no debería renunciar” a estos perfiles profesionales, ya que aportarían soluciones ante la escasez de mandos intermedios derivados del contexto actual.

La propuesta legislativa presentada demanda no solo la actualización de la remuneración de los reservistas de especial disponibilidad, sino también el establecimiento de mecanismos claros para su reincorporación, dentro de la limitación geográfica correspondiente al domicilio de cada afectado, cubriendo así necesidades funcionales y estructurales tanto en la milicia como en la Administración periférica. Según reportó la información publicada, esta iniciativa representa el intento más reciente del Partido Popular por evidenciar lo que considera una discriminación sostenida en el tiempo hacia los oficiales de complemento, y sugiere una agenda de reformas legales para asegurar la estabilidad, prosperidad y reconocimiento profesional de estos colectivos dentro del marco de defensa nacional.

Una de las acciones más recientes del Ejército israelí en el sur de Líbano incluyó el hallazgo de una edificación utilizada como base de encuentro por miembros del partido-milicia chií Hezbolá, junto con el descubrimiento de un importante almacén de armas atribuido a esa organización. Según informó Europa Press, el operativo se desarrolló en el contexto de la intensificación de los enfrentamientos en la frontera, tras el último intercambio de ataques entre Israel y Hezbolá.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, las fuerzas israelíes comunicaron la muerte de diez integrantes de Hezbolá durante una operación sobre el terreno. El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas de Israel, que destacaron la participación de la Brigada 7 en la eliminación de más de diez combatientes considerados "terroristas" y definidos como una amenaza inmediata para sus efectivos. Aunque el comunicado no precisó la fecha exacta de los hechos, detalló que las tropas desplegadas lograron localizar no solo la mencionada estructura de reunión, sino también "numerosas armas" utilizadas en acciones previas por parte de Hezbolá contra objetivos israelíes.

Europa Press detalló además que el Ejército israelí aseguró su determinación de continuar las operaciones dirigidas contra la organización, a la que acusan de actuar bajo auspicio del régimen iraní. "El Ejército israelí continuará actuando con firmeza contra la organización terrorista Hezbolá, que ha decidido unirse a la campaña y operar auspiciado bajo el régimen terrorista iraní, y no permitirán que se cause daño a los ciudadanos del Estado de Israel", afirmaron desde el estamento castrense israelí, según recogió el medio citado.

La actual ofensiva israelí ha incluido bombardeos intensivos y el despliegue de tropas en territorio libanés. Según reportó Europa Press, esta serie de acciones ha sido respuesta a los ataques con cohetes lanzados desde Líbano por parte de efectivos de Hezbolá, considerados una represalia tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. El Ministerio de Sanidad libanés documentó hasta la fecha 1.024 víctimas mortales y 2.740 personas heridas a raíz de los ataques israelíes en territorio libanés, de acuerdo con la publicación de Europa Press.

A pesar del aumento de la tensión, Europa Press recordó que los ataques israelíes se han mantenido durante los últimos meses, más allá del cese al fuego que había sido establecido en noviembre de 2024. Israel ha justificado la continuidad de sus operaciones bajo el argumento de que sus acciones buscan debilitar a Hezbolá, lo que según la versión oficial no trasgrede el acuerdo de alto el fuego. Autoridades libanesas y representantes de Hezbolá han cuestionado públicamente esta postura e incluso Naciones Unidas ha emitido condenas hacia las acciones militares israelíes, como relató el medio mencionado.

El desarrollo de estos acontecimientos en la frontera israelí-libanesa ocurre en un contexto de escalada y respuesta mutua, en donde ambas partes sostienen posiciones enfrentadas respecto a la legitimidad de las operaciones y los ataques. Según consignó Europa Press, mientras Israel justifica su ofensiva por razones de seguridad nacional y atribuye la responsabilidad de la violencia a Hezbolá, tanto el Gobierno de Líbano como la organización chií y organismos internacionales sostienen posturas críticas hacia la continuidad de los bombardeos y la extensión del conflicto.

El Gobierno japonés ha confirmado la liberación de uno de los dos ciudadanos nacionales que permanecían bajo custodia en Irán, quien tiene previsto regresar pronto a su país tras pasar recluido desde el año anterior. Mientras tanto, otro japonés arrestado a principios de este año sigue detenido, pero las autoridades japonesas aseguran que continúan en contacto con su familia y otros actores implicados en busca de una pronta liberación. Estas novedades llegan en medio de una coyuntura marcada por la seguridad en la navegación a través del estrecho de Ormuz, paso esencial para el suministro energético de Japón, según informó la agencia de noticias Bloomberg.

El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, descartó la posibilidad de mantener contactos bilaterales exclusivos con Irán con el fin de garantizar el paso seguro de los navíos japoneses por dicho corredor marítimo. Motegi, en declaraciones recogidas por Bloomberg y durante una entrevista con Fuji Television, expresó: “No es algo que estemos considerando en este momento”, haciendo referencia a la opción de negociaciones en solitario con Teherán. En lugar de optar por una vía bilateral, el Ejecutivo japonés busca establecer condiciones que beneficien a todos los actores involucrados en el tránsito marítimo internacional, dando prioridad a la protección de la libertad de navegación en la zona.

De acuerdo con Bloomberg, Motegi resaltó que la seguridad del paso por Ormuz sigue siendo un desafío para Japón, ya que aproximadamente 45 buques relacionados con empresas japonesas siguen resultado afectados por la situación en esa vía, clave para el transporte mundial de energía. El funcionario recalcó que, como país dependiente de la importación de crudo —más del 90 por ciento de su petróleo proviene de Oriente Próximo— Japón asume la responsabilidad de proteger sus intereses energéticos. Motegi además reiteró el rechazo del Gobierno nipón a aumentar las compras a Rusia, citando las sanciones internacionales impuestas a ese país.

A pesar de dejar fuera de la agenda las conversaciones bilaterales directas con Irán, el Gobierno de Japón analiza alternativas en el marco internacional. Una de las opciones en evaluación consiste en un posible despliegue de sus Fuerzas Armadas para realizar labores de desminado en el estrecho de Ormuz si se alcanzara un alto el fuego en el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, reportó el medio Kyodo. Motegi especificó que esta posibilidad dependería de la existencia de un alto el fuego total: “Si se produjera un alto el fuego total, hipotéticamente hablando, entonces podrían surgir cuestiones como el desminado. Esto es puramente hipotético, pero si se estableciera un alto el fuego y las minas navales crearan un obstáculo, creo que sería algo a tener en cuenta”.

En relación a la capacidad de Japón para operar en este tipo de misiones, Motegi destacó en entrevista transcrita por la agencia Kyodo que la tecnología japonesa de desminado naval se encuentra “al más alto nivel del mundo”. Esta cualidad técnica podría ser determinante si la comunidad internacional solicita asistencia para garantizar el flujo seguro de petróleo y mercancías a través del estrecho, responsable de una cuarta parte del tráfico marítimo mundial de crudo.

El contexto de estas decisiones incluye la reciente disposición expresada por Teherán para permitir la navegación de barcos japoneses por Ormuz. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en entrevista telefónica publicada por la agencia Kyodo, manifestó la voluntad de Irán de facilitar el paso a los buques de bandera japonesa. A pesar de estos mensajes, Motegi indicó a Bloomberg que la posibilidad de un trato preferente para Japón no ha sido tema de discusión en los contactos recientes entre ambos gobiernos.

La importancia estratégica del estrecho de Ormuz para Japón radica en que representa el punto de tránsito para el petróleo importado por el país asiático. La dependencia energética exterior de Japón acentúa la necesidad de garantizar el paso seguro para sus embarcaciones en una de las rutas más transitadas del mundo. Según Bloomberg, la decisión del Gobierno japonés de no entablar negociaciones directas y exclusivas con Irán se enmarca en una política que prioriza soluciones multilaterales para salvaguardar tanto sus propios intereses como la estabilidad global del suministro energético.

El suministro proveniente de Ormuz, sostuvo Motegi, podría considerarse más viable para los socios europeos en el contexto de las restricciones sobre el crudo ruso, mientras Japón insiste en mantener el cumplimiento de las sanciones internacionales contra Moscú. El dinamismo de la política internacional, las preocupaciones por la seguridad y la tecnología disponible condicionan la respuesta japonesa frente a la situación en una región que concentra buena parte del comercio global de hidrocarburos.

A lo largo de las declaraciones recogidas por Bloomberg y Kyodo, el Ejecutivo japonés pone de manifiesto su posición de evitar acuerdos exclusivos y enfatiza la importancia de la cooperación internacional y el respeto a las reglas globales para mantener abierto un canal crucial para la economía mundial y la seguridad energética japonesa.

Continúa la polémica en torno al proceso de compra de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP). En esta ocasión, el expresidente José Jerí defendió la continuidad de esta iniciativa, aprobada durante su mandato.

A través de sus redes sociales, Jerí sostuvo que la adquisición de los aviones a Estados Unidos responde a una estrategia de defensa nacional y obedece a la necesidad de renovar equipos cuya vida útil está cerca de expirar.

El exmandatario precisó que la decisión de avanzar con el procedimiento se fundamenta en un proyecto presupuestado desde años previos, iniciado bajo el gobierno de Dina Boluarte y posteriormente respaldado por su sucesor, José María Balcázar.

“Los aviones son necesarios y es parte de una estrategia de defensa nacional, orientada a fortalecer nuestra capacidad disuasiva. Súmale que estamos por perder nuestros aviones actuales por acabar su vida útil. Esto viene de años, se proyectó y se presupuestó, y con ello se inicia todo el procedimiento“, escribió el también congresista en su cuenta de X.

Proceso técnico y etapas pendientes

El Gobierno de José María Balcázar emitió un comunicado para aclarar el estado actual del proceso de adquisición, ante el aumento de cuestionamientos públicos sobre el costo y la cantidad de aeronaves.

De esta manera, Presidencia informó que el proceso de compra estatal de aviones se encuentra en fase de desarrollo y contempla distintas etapas técnicas, presupuestales y de control antes de llegar a la firma de un contrato.

La ruta prevista incluye la solicitud de adquisición por parte de la FAP, la presentación de postores, el análisis técnico de las ofertas recibidas, la asignación de recursos, la revisión por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA) y la Contraloría General de la República. Según el Ejecutivo, solo una vez que se completen todas estas fases, se negociará y eventualmente se firmará el contrato de compra.

El comunicado oficial subraya que aún no se ha definido el modelo ni el proveedor de la flota. Si bien la propuesta de los F-16 Block 70 de Estados Unidos figura entre las opciones evaluadas, la decisión estratégica corresponde al Estado, no exclusivamente a la Fuerza Aérea.

El requerimiento original contemplaba la compra de 24 aeronaves por un presupuesto de 3,500 millones de dólares, mientras que la oferta estadounidense plantea 12 aviones por 3,400 millones de dólares, lo que ha suscitado preguntas sobre la eficiencia en el gasto y la justificación de la reducción de unidades.

Recursos asignados

La adquisición cuenta con respaldo financiero, tras la aprobación de decretos supremos que autorizaron la transferencia de más de S/1,689 millones al Ministerio de Defensa (Mindef) para la ejecución del proyecto de renovación. Estos fondos integran el presupuesto global de 3,500 millones de dólares destinado a la compra de la nueva flota de combate.

El gobierno reiteró que la adquisición responde a la necesidad de reemplazar aeronaves como los Mirage 2000P, MiG-29 y Sukhoi Su-25, muchos de los cuales se encuentran fuera de servicio por antigüedad.

El proceso seguirá bajo análisis en las instancias correspondientes, con la Central de Compras encargada de definir el modelo final tras la revisión técnica y legal.

El presidente José María Balcázar modificó su postura respecto a la adquisición de aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP). A pocas horas de haber anunciado públicamente la elección de los F-16 Block 70 de Estados Unidos, el Ejecutivo emitió un comunicado oficial señalando que aún no se ha definido el modelo ni el proveedor de la flota que renovará el parque aéreo militar.

La aclaración llegó luego de que el mandatario atribuyera la supuesta decisión a la gestión anterior y de que creciera el debate sobre el costo y la cantidad de aeronaves.

El proceso de compra, iniciado durante el gobierno de Dina Boluarte y continuado en las gestiones de José Jerí y Balcázar, comprende diversas etapas técnicas, presupuestales y de control.

El Ejecutivo detalló que la decisión final se tomará después de completar la evaluación de ofertas, la revisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA), la recomendación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y la opinión de la Contraloría General de la República. Solo una vez culminadas estas fases, se negociará y firmará un eventual contrato.

Diferencias en el proceso

El giro del gobierno ocurre en un contexto de debate sobre el costo de la adquisición y las diferencias entre las alternativas consideradas. Mientras la propuesta estadounidense contempla la venta de 12 aviones F-16 por aproximadamente 3,400 millones de dólares, el requerimiento original de la FAP apuntaba a la compra de 24 aeronaves por un presupuesto de 3,500 millones de dólares.

Esta diferencia ha generado cuestionamientos, ya que reducir la cantidad de unidades sin una justificación técnica clara podría abrir interrogantes sobre la eficiencia del gasto público.

El sistema F-16 Block 70 forma parte de las opciones evaluadas por la FAP, pero la definición final corresponde a una decisión estratégica a nivel de Estado y no exclusivamente a la institución aérea. La Fuerza Aérea presentó una terna de alternativas y el proceso sigue bajo análisis en las instancias correspondientes.

Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez negó que exista un convenio definitivo firmado con Estados Unidos y aseguró que el expediente se encuentra en revisión por la Contraloría.

Álvarez explicó que, tras este paso, la Central de Compras será la encargada de definir el modelo de aeronave, descartando cualquier anuncio oficial antes de culminar el procedimiento. A pesar de estas precisiones, admitió que por razones geopolíticas y comerciales, el modelo estadounidense parece el más probable.

Recursos asignados y etapas pendientes

El proceso de adquisición cuenta con respaldo financiero, tras la publicación de decretos supremos que autorizan transferencias por más de S/1,689 millones al Ministerio de Defensa (Mindef) para la ejecución del proyecto de inversión vinculado a la renovación de la flota de la FAP.

Estos fondos forman parte de un presupuesto global de 3,500 millones de dólares destinado a la compra de los nuevos aviones de combate.

El Ejecutivo reiteró que la adquisición de la nueva flota responde a la necesidad de reemplazar aeronaves como los Mirage 2000P, MiG-29 y Sukhoi Su-25, en su mayoría fuera de servicio por antigüedad.

La decisión sobre el modelo definitivo, sin embargo, sigue pendiente y solo será confirmada tras cumplir con todos los requisitos técnicos y legales.

El gobierno finalizó su comunicado subrayando que cualquier anuncio se realizará únicamente al concluir el proceso, manteniendo la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

El Ministerio Público ecuatoriano inició una investigación luego de que Bryan Argenis Ledesma Franco fuera hallado sin vida tras un operativo militar en Milagro, provincia de Guayas. Siete miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran ahora detenidos bajo la sospecha de haber incurrido en extralimitación de funciones durante dicho procedimiento, hecho por el cual serán procesados según lo dispuesto en el Artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), una infracción que prevé penas de hasta trece años de prisión, de acuerdo a lo reportado por Ecuavisa.

Según consignó la televisión ecuatoriana Ecuavisa, los siete militares, quienes no comparecieron a su base el pasado viernes, fueron localizados y arrestados en el cantón La Troncal, dentro de la provincia de Cañar. El caso está siendo seguido de oficio por la Fiscalía, que detalló que Ledesma Franco habría sido sometido a agresiones físicas y a la aplicación de electricidad por parte del personal militar durante la tarde del lunes 16 de marzo.

La víctima, Bryan Argenis Ledesma Franco, murió antes de llegar al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Milagro, adonde fue trasladado como resultado del operativo militar. Tal como publicó Ecuavisa, el fallecimiento ocurrió en el contexto de una intervención de las Fuerzas Armadas en la que, de acuerdo a la versión oficial, la persona perdió la vida tras presuntamente haber sido agredida y electrocutada por los uniformados.

En relación a su situación judicial previa, según informó Ecuavisa, Ledesma Franco había sido condenado durante 2024 a un año de cárcel por porte de armas. No obstante, dado que la condena era inferior a cinco años, la defensa legal del acusado logró que el juez suspendiera la ejecución de la pena, permitiéndole, de este modo, no ingresar al sistema penitenciario.

La Fiscalía ecuatoriana comunicó que la investigación previa se abrió de oficio con el objetivo de esclarecer los hechos relacionados con la muerte del ciudadano durante ese procedimiento ejecutado por las Fuerzas Armadas en Milagro. El Ministerio Público indicó que entre las principales líneas indagatorias se encuentran tanto las circunstancias del operativo militar como las acciones que habrían derivado en la muerte por electrocución.

El medio Ecuavisa detalló que los militares señalados serán procesados por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tipificado en el Artículo 293 del COIP. Esta legislación establece sanciones que pueden alcanzar hasta trece años de prisión para los funcionarios públicos o militares que, en el marco de sus atribuciones, excedan los límites permitidos por la ley y provoquen lesiones graves o muerte a terceros.

Al referirse al avance del proceso, según reportó Ecuavisa, autoridades judiciales continúan recabando pruebas y tomando declaraciones para determinar el nivel de responsabilidad de los detenidos en los hechos. La retención de los militares en La Troncal fue realizada después de que estos no regresaran a sus instalaciones militares, lo que, según la misma fuente, facilitó su localización y detención por las autoridades.

De acuerdo con la información proporcionada por Ecuavisa, los acontecimientos han generado atención en el ámbito judicial y militar, ya que involucran no solo la muerte de un civil durante un operativo de seguridad sino también la presunta actuación irregular de miembros de las Fuerzas Armadas. Expertos consultados por el canal han explicado que los procedimientos penales seguirán bajo la jurisdicción ordinaria mientras se determina la existencia de responsabilidades individuales.

Tal como reportó Ecuavisa, el Ministerio Público ha reiterado que la investigación busca establecer la verdad de los hechos y garantizar un proceso justo tanto para la víctima como para los acusados. La muerte de Bryan Argenis Ledesma Franco durante el operativo militar en Milagro ha puesto bajo el escrutinio público las prácticas empleadas por las fuerzas de seguridad nacionales y la aplicación estricta de la ley frente a posibles excesos o violaciones a los derechos fundamentales en Ecuador.

La operación militar en el municipio colombiano de Arauquita, en el noreste del país, desencadenó preocupación entre habitantes de la región tras el ataque llevado a cabo por miembros de la Comisión Camilo Cienfuegos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes abrieron fuego contra tropas oficiales en la zona. De acuerdo con información reportada por el medio Europa Press, el enfrentamiento dejó como resultado la muerte de los soldados Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas, además de ocho uniformados heridos—entre ellos un suboficial—todos trasladados a centros de salud y actualmente fuera de peligro según comunicaron las Fuerzas Armadas.

Según detalló Europa Press, el incidente ocurrió el viernes durante una acción del Ejército colombiano dirigida contra una de las facciones de la guerrilla del ELN. Durante la operación, integrantes armados de la mencionada comisión ejecutaron el ataque que terminó con la vida de los dos soldados en el lugar. El saldo de heridos se conformó por un suboficial y siete soldados, los cuales fueron atendidos de inmediato en centros médicos y su estado no representa gravedad, según las autoridades militares.

La reacción oficial del Ejército colombiano no se hizo esperar. En un comunicado difundido tras la operación, la institución expresó sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de los militares fallecidos, destacando sus trayectorias y roles en la defensa y el servicio a Colombia. La declaración subrayó: "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestros soldados fallecidos, honrando su memoria, vocación de servicio y sacrifico por Colombia", tal como publicó Europa Press.

El mismo comunicado del Ejército condenó el ataque, que consideró un "acto terrorista", y alertó sobre el peligro que representó no solo para las fuerzas militares, sino también para la población civil residente en Arauquita. La preocupación en la localidad se centra ahora en la posibilidad de nuevos ataques, teniendo en cuenta la persistente amenaza de los grupos armados en áreas limítrofes y rurales del noreste colombiano, según consignó el medio.

Las autoridades militares, por su parte, anunciaron la continuación de operaciones de control territorial y seguridad en la zona. Europa Press reportó que el Comando de la Décima Octava Brigada comunicó su resolución de mantener "operaciones militares sostenidas para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados", en alusión a los esfuerzos por limitar la capacidad de actuación del ELN y otros grupos ilegales en la región.

El contexto de esta ofensiva forma parte del conflicto de larga duración entre el Estado colombiano y el ELN, una organización insurgente que mantiene presencia en diversas zonas fronterizas del país, particularmente en regiones donde la influencia estatal enfrenta desafíos por la actividad de grupos armados. Según informó Europa Press, el ataque en Arauquita eleva la tensión y la incertidumbre en el área, especialmente para sus habitantes, quienes han experimentado episodios violentos similares en el pasado.

Las fuerzas de seguridad recalcaron que, pese a este suceso, la estructura de mando continuará con las estrategias previstas para hacer frente a las acciones de grupos armados ilegales. En ese sentido, el Ejército colombiano reiteró su compromiso con la protección tanto de sus efectivos como de la población civil, y reafirmó que la institución está implementando medidas para prevenir futuros ataques y limitar el poder de influencia y acción del ELN en Arauquita y zonas circundantes.

Europa Press indicó que el evento ocurrido este viernes representa uno de los más recientes episodios de confrontación directa entre fuerzas militares y el ELN en la región. Los hechos ponen nuevamente bajo el escrutinio público la situación de seguridad en departamentos fronterizos, donde la dinámica del conflicto continúa afectando tanto a los militares como a las comunidades locales.

El Ejército resaltó que los uniformados heridos reciben atención médica y que sus lesiones no ponen en riesgo su vida. Aunque las autoridades no han dado detalles sobre la magnitud del despliegue militar tras el ataque, sí subrayaron que se mantienen actividades de patrullaje, vigilancia y protección en la zona, a fin de reducir la posibilidad de ataques adicionales y salvaguardar tanto la infraestructura como a la ciudadanía.

Finalmente, las operaciones forman parte de un esfuerzo más amplio del Estado colombiano para recuperar el control sobre territorios afectados por la actividad de grupos armados organizados, en el marco del conflicto persistente con la guerrilla del ELN, según precisó Europa Press. El episodio en Arauquita pone de relieve los constantes desafíos de seguridad que enfrentan tanto las fuerzas armadas como las comunidades asentadas en las regiones más conflictivas del país.

El Pleno del Congreso, en sesión plenaria, dio luz verde a la entrega de un bono mensual de 1.130 soles destinado a los denominados “veteranos de la pacificación nacional”. Este beneficio, de naturaleza vitalicia, se establece como exclusivo para los beneficiarios, ya que no podrá ser transferido a terceros.

Un veterano de la pacificación nacional, de acuerdo con la Ley 30826, es un “miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciado, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia”.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Parlamento, la norma alcanzaría a 8.997 veteranos y en su primer año, donde solo recibirían el beneficio 1.799 veteranos, el gasto ascendería a más de 24 millones de soles anuales.

Para el quinto año, donde se prevé que todos los veteranos perciban la bonificación, el costo de la norma ascendería a casi 122 millones de soles al año.

La autógrafa de la ley será remitida por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, al presidente interino José María Balcázar, a fin de que la promulgue o la observe.

Condiciones

Ahora bien, el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso establece una serie de requisitos para acceder al bono mensual vitalicio. Estos son:

• Haber realizado servicio militar obligatorio entre los años 1980 y 2000.
• Haber servido en zonas de emergencia, conforme al dispositivo legal que lo haya delimitado en su oportunidad.
• Haber realizado una acción pacificadora durante su servicio, validada por el instituto armado.
• Haber servido de forma consecutiva durante doce meses como mínimo y hasta veinticuatro meses.
• En el caso del Ejército Peruano, haber terminado el servicio militar obligatorio como recluta o soldado o cabo o sargento primero o sargento segundo.
• En el caso de la Marina de Guerra del Perú, haber terminado el servicio militar obligatorio como grumete o marinero o cabo primero o cabo segundo.
• En el caso de la Fuerza Aérea del Perú, haber terminado el servicio militar obligatorio como aviador o cabo o sargento primero o sargento segundo.

Asimismo, los veteranos que quieran acceder a este beneficio no tienen que ser deudores alimentarios ni tener antecedentes policiales, penales o judiciales.

Por otro lado, el monto de 1.130 soles no se entregará de golpe a todos los veteranos. Los veteranos serán divididos en rangos etarios. Los de mayor edad serán priorizados, mientras que los otros se incorporarán en el siguiente orden:

• En el primer año, se incorpora al Grupo 1 a los licenciados veteranos mayores de 60 años en adelante y aquellos con discapacidad permanente
• En el segundo año, se incorpora al Grupo 2 a los licenciados veteranos mayores de 55 años hasta los 59 años
• En el tercer año, se incorpora al Grupo 3 a los licenciados veteranos mayores de 50 años hasta los 54 años
• En el cuarto año, se incorpora al Grupo 4 a los licenciados veteranos mayores de 45 años hasta los 49 años
• En el quinto año, se incorpora al Grupo 5 a los licenciados veteranos mayores de 40 años hasta los 44 años

Autógrafa pendiente

La autógrafa de la ley que otorga un bono mensual vitalicio a los veteranos ya ha sido remitida a la Presidencia de la República para su promulgación.

La autógrafa es suscrita por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 15 días para que la promulgue u observe. Si no ocurre ni uno de los dos en ese tiempo, la promulga el Parlamento.

Entonces, al día siguiente de la publicación en El Peruano, la norma deberá ser acatada. El Ministerio de Defensa se encargaría de empadronar a los veteranos y tramitar las respectivas solicitudes.

Así votaron las bancadas

El pleno del Congreso aprobó el dictamen para otorgar una pensión mensual vitalicia de 1.130 soles con 71 votos a favor.

Votaron a favor del proyecto las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País, Bancada Socialista, Honor y Democracia, Bloque Democrático Popular y no agrupados.

De acuerdo con la información difundida por el medio Europa Press, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos detalló que el último episodio incluyó la interceptación de cuatro misiles balísticos y 26 vehículos aéreos no tripulados, todos de origen iraní. El informe oficial incluye datos precisos sobre la magnitud de los ataques: desde el inicio de la agresión, las defensas antiaéreas locales han logrado interceptar 338 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.740 drones.

Europa Press reportó que estos ataques han causado víctimas entre las fuerzas armadas y la población civil. Hasta la fecha, han perdido la vida dos militares emiratíes y seis civiles de diferentes nacionalidades, entre ellas paquistaní, nepalí, bangladesí y palestina. Además, el número de heridos asciende a 158, con distintos niveles de gravedad.

El Ministerio de Defensa emiratí afirmó que el país mantiene todas sus capacidades de respuesta y su disposición para enfrentar nuevas amenazas derivadas de la escalada en la región. Según consignó Europa Press, el Ministerio subrayó que “responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado” y aseguró que Emiratos “permanece plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza”.

A partir del 28 de febrero, tras el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel, Emiratos Árabes Unidos se consolidó como uno de los principales objetivos de represalias regionales. Los números facilitados por el Ministerio reflejan la dimensión de la ofensiva proveniente de Irán, y la capacidad de reacción del aparato defensivo emiratí.

El total de incidentes incluye ataques con diversas tipologías de armamento, lo que evidencia la variedad de recursos desplegados en el conflicto. Las defensas antiaéreas han logrado neutralizar la mayor parte de las amenazas, aunque persisten los riesgos para la seguridad interna, tal como lo expuso el Ministerio, citado por Europa Press.

En el contexto de estos hechos, se ha visto afectada tanto la infraestructura militar como la vida de quienes residen o trabajan en Emiratos Árabes Unidos, incluidos ciudadanos de países asiáticos y de Palestina. Según detalló Europa Press, la cifra de víctimas y heridos está en aumento, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia y los protocolos de emergencia.

El Ministerio de Defensa emiratí alertó sobre la gravedad de los ataques y la determinación de los organismos estatales para impedir que las acciones hostiles tengan éxito. Europa Press consignó que los voceros oficiales insistieron en la necesidad de mantener un estado de alerta sostenido ante la persistencia de las amenazas de origen iraní, al tiempo que reiteraron la capacidad de las fuerzas armadas para evitar una vulneración mayor de la seguridad nacional.

La evolución del conflicto en Oriente Próximo y la amenaza constante sobre las tropas desplegadas en la zona han motivado que más de 200 militares españoles estén a la espera de evacuación de Irak, mientras unos 100 ya lograron salir como parte de una adaptación de la misión de la OTAN. En este contexto, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad y el riesgo al que se enfrentan quienes se encuentran desplegados en escenarios bélicos, situando la demanda de reconocimiento legal de la profesión militar como tema central del debate. Según informó la propia AUME, la escalada de tensión en países como Líbano e Irak incide directamente en el nivel de exposición al peligro de las Fuerzas Armadas españolas.

Tal como publicó la Asociación Unificada de Militares Españoles y reportó la prensa, la organización insistió en la necesidad de que la profesión militar reciba la catalogación de actividad de riesgo a efectos legales. Particularmente, la AUME utilizó como ejemplo la “extrema vulnerabilidad” de los miembros de las Fuerzas Armadas que cumplen labores en la misión de la ONU en Líbano (FINUL), rodeados por los enfrentamientos entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá, así como la situación de los efectivos que colaboran con la OTAN en Irak. El medio detalló que, actualmente, alrededor de 650 militares españoles se mantienen desplegados en Líbano y la situación de inseguridad en la región se agudiza con cada jornada de conflicto.

De acuerdo con la información difundida por la AUME, los hechos que se desarrollan en Oriente Próximo confirman “la peligrosidad intrínseca del servicio de las Fuerzas Armadas” y ratifican el riesgo “extremo” al que se expone el personal militar. La asociación reclamó medidas específicas de protección social para estos profesionales y considera que el Estado debe garantizar el “reconocimiento de la profesión militar como de riesgo” y el “acceso a la jubilación anticipada” sin penalización en sus retribuciones. Según consignó la propia organización, tales prerrogativas ya se reconocen a otros cuerpos de seguridad y sectores profesionales con condiciones comparables.

El medio AUME denunció que resulta “absurdo y carente de toda lógica institucional que el Gobierno continúe excluyendo a los militares de la aplicación de los coeficientes reductores para la jubilación”. La organización cuestionó que la Seguridad Social mantenga su postura de rechazo frente a estas demandas y dirigió críticas al Ministerio de Defensa por su “silencio cómplice ante una demanda de justicia básica”. Según la asociación, la administración ha ignorado el hecho de que “quienes hoy se encuentran bajo fuego o en situaciones de alerta máxima en Oriente Próximo son ignorados por el sistema de Seguridad Social”.

Entre las principales exigencias expresadas por la AUME figura la solicitud de apoyo por parte del Ministerio de Defensa para que lidere la defensa de los derechos de los militares desplegados, especialmente frente a lo que define como “reticencias” de otras carteras ministeriales. La agrupación ha reiterado la urgencia de un trato diferenciado para los miembros de las Fuerzas Armadas en zonas de conflicto y la necesidad de equiparar sus condiciones de protección social y jubilación con las de otros cuerpos profesionales que desempeñan tareas consideradas de riesgo.

En sus recientes declaraciones, AUME remarcó que la situación en Oriente Próximo constituye un escenario de “alerta máxima” que supera los riesgos habituales de la profesión militar. A raíz de estos acontecimientos, la organización destacó que ni el Ministerio de Seguridad Social ni el Ministerio de Defensa han mostrado una respuesta concreta a las inquietudes del colectivo. Según su postura, esta falta de reconocimiento y protección afecta tanto la moral como la seguridad a largo plazo de los efectivos destacados en el extranjero.

AUME insistió en que la normativa social y laboral en vigor resulta insuficiente para responder a las circunstancias actuales de quienes prestan servicio en zonas de alto peligro. Subrayó que la legislación vigente otorga beneficios jubilatorios a otros sectores sometidos a condiciones arriesgadas, sin reconocer los riesgos asociados al trabajo de las Fuerzas Armadas. La asociación militar presionó para que se revisen los criterios de clasificación de profesiones de riesgo y se tomen en consideración los casos de militares desplegados en conflicto activo.

El medio recalcó que la petición de AUME se produce en un contexto de cambio en las estrategias de despliegue internacional de España y en momentos en los que las misiones, diseñadas inicialmente para labores de formación o apoyo, han derivado en situaciones de enfrentamiento armado y necesidad de evacuación rápida. En el caso de Irak, la modificación adoptada por la OTAN, según reportó la fuente, ha hecho necesario reubicar y repatriar a decenas de efectivos ante la escalada de la violencia en la región.

De este modo, la AUME continúa su campaña para que las autoridades reconozcan la especificidad y peligrosidad del trabajo militar en destinos internacionales, señalando que la falta de políticas de protección social adecuadas y la ausencia de rutas seguras para la jubilación anticipada colocan a los profesionales de las Fuerzas Armadas en una situación de desamparo y desigualdad frente al resto de los trabajadores con profesiones catalogadas como de riesgo.

La demostración incluyó una secuencia de pruebas en las cuales los nuevos vehículos blindados de Corea del Norte lograron interceptar cada misil antitanque y neutralizar a todos los drones que se aproximaron durante el ejercicio, de acuerdo con información difundida por la agencia norcoreana KCNA. Este despliegue se realizó en un campo de entrenamiento situado en Pyongyang y contó con la presencia del líder norcoreano Kim Jong Un, así como de altos cargos del Ejército, incluyendo al ministro de Defensa, No Kwang Chol. Según publicó KCNA, Kim Jong Un aprovechó la ocasión para declarar que las capacidades de combate de sus tropas mejorarán con la incorporación de estos equipamientos inteligentes y subrayó la promesa de dotar a sus fuerzas terrestres con sistemas tecnológicos avanzados.

Según reportó KCNA, el ejercicio incluyó la evaluación de los denominados “sistemas de protección activos” instalados en los tanques de combate, orientados a contrarrestar ataques de misiles guiados y aeronaves no tripuladas. Los resultados de la prueba, de acuerdo con el mismo medio, mostraron que los nuevos blindados interceptaron el cien por ciento de los proyectiles lanzados, demostrando un nivel de eficacia superior respecto a previos sistemas defensivos de las fuerzas norcoreanas.

Durante la supervisión de las maniobras, Kim Jong Un aseguró en su discurso frente a los soldados que los carros de combate incorporan avances significativos en cuanto a potencia de fuego, movilidad y capacidades de defensa. KCNA consignó que el líder norcoreano destacó la reciente superación de las limitaciones tácticas que antes presentaban las unidades blindadas, especialmente en operaciones nocturnas donde reconoció que el desempeño era insuficiente. En sus palabras, el desempeño de estos tanques “es ahora incomparablemente superior”.

Kim Jong Un también se refirió a la estrategia de equipar de forma generalizada a sus fuerzas terrestres con los nuevos vehículos, afirmando que el ejército de Corea del Norte dispondrá de estos tanques, lo que a su entender representa una mejora considerable en el nivel técnico y operativo de sus fuerzas blindadas. “Nuestro Ejército estará equipado con estos poderosos carros”, declaró el mandatario ante los oficiales militares reunidos, según consignó la agencia oficial.

La cobertura de KCNA detalló que, además del ministro de Defensa, asistieron otros altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes presenciaron la secuencia de ejercicios tácticos. Los ensayos realizados en el campo de entrenamiento de Pyongyang buscan, según la narración de la fuente, fortalecer la preparación del personal y adaptar a las tropas a las tecnologías militares de nueva generación desarrolladas por la república.

La introducción de estos vehículos de combate, equipados con tecnología de protección avanzada, refleja el énfasis puesto por el gobierno norcoreano en modernizar y reforzar su poder militar. KCNA reportó que Kim Jong Un subrayó en múltiples oportunidades durante su intervención la intención de mantener el ritmo de innovación armamentística, insistiendo en que “nuestras fuerzas blindadas han alcanzado un nivel superior”.

La agencia norcoreana también hizo eco de las palabras del líder, quien en su discurso enfatizó que estos desarrollos ofrecen una ventaja cualitativa sobre amenazas convencionales, haciendo alusión tanto al incremento de la seguridad de las tropas como al cambio en la capacidad de respuesta ante “diferentes métodos de ataque, incluyendo incursiones de drones y misiles antitanque”.

El ejercicio y la divulgación de los resultados, según detalló KCNA, buscan transmitir tanto al personal militar como al público interno el mensaje de que las fuerzas norcoreanas disponen de armamento actualizado, capaz de enfrentar múltiples amenazas de manera eficiente. Al presentar los resultados obtenidos —la interceptación total de los misiles antitanque y la neutralización de los drones en distintos escenarios—, el liderazgo norcoreano intenta mostrar que la ampliación en el uso de esta tecnología constituye una prioridad en la agenda militar actual.

La presencia de altos mandos, junto con el ministro de Defensa y la supervisión directa de Kim Jong Un, otorga a las maniobras un carácter institucional y estratégico. Según consignó la agencia norcoreana, estos ejercicios responden a la voluntad del gobierno de fortalecer su capacidad disuasoria y enviar una señal sobre el nivel de desarrollo alcanzado por las Fuerzas Armadas nacionales, especialmente en el contexto regional y de potenciales amenazas externas.

Las cifras oficiales muestran un aumento en las víctimas mortales vinculadas al reciente conflicto regional entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos, con un total confirmado de ocho fallecidos, incluidos dos integrantes de las Fuerzas Armadas emiratíes. Según informó el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, las autoridades lograron interceptar el jueves siete misiles balísticos y 15 drones disparados desde territorio iraní en medio de una escalada de hostilidades originada por bombardeos israelíes sobre una instalación de gas clave.

De acuerdo con datos recogidos por el medio, las defensas aéreas emiratíes han logrado neutralizar hasta la fecha 334 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.714 drones, sumando un total de 2.063 ataques interceptados desde que comenzó la ofensiva iraní como respuesta a la expansión del conflicto en la zona. El Ministerio de Defensa emiratí precisó en su balance que estos ataques forman parte de la operación de represalia lanzada por Irán tras el ataque israelí al yacimiento gasístico, catalogando la acción como “flagrante agresión iraní”.

El medio consignó que Emiratos Árabes Unidos ha mantenido sus fuerzas en estado de máxima alerta, con la advertencia de que responderá con firmeza ante cualquier amenaza adicional. En su declaración, el Ministerio de Defensa enfatizó la disposición del Estado para hacer frente a estos riesgos, remarcando que "permanece plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza" y recalcaron que "responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado".

Los sistemas antiaéreos emiratíes resultaron fundamentales para interceptar los artefactos lanzados, incluyendo tanto misiles balísticos como vehículos aéreos no tripulados. Según las cifras recopiladas, la ofensiva iraní ha implicado el uso intensivo de diferentes tipos de tecnología militar, lo que ha requerido una respuesta continua y adaptada de las autoridades de defensa de Emiratos Árabes Unidos.

El contexto de estas hostilidades se deriva directamente del bombardeo israelí a una infraestructura energética estratégica, hecho que detonó la serie de ataques iraníes hacia territorio emiratí. El reportaje precisó que esta dinámica ha elevado la tensión en la región y ha obligado a Emiratos Árabes Unidos a reforzar sus capacidades de defensa antiaérea ante la persistencia de amenazas armadas.

El balance de víctimas mortales hasta el momento refleja el impacto humano de los ataques, con ocho personas fallecidas según las autoridades locales, de las cuales dos son militares en servicio. Las pérdidas han intensificado la preocupación por la seguridad y la estabilidad interna del país, así como la de sus fuerzas armadas que operan para contener la agresión externa.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos reiteró a través de sus comunicados, citados por los medios, su intención de mantener una vigilancia constante y capacidad de respuesta proporcional a las amenazas recibidas. El informe oficial advirtió sobre la continuidad de la tensión mientras persistan las operaciones desde Irán y puntualizó en el compromiso estatal con la preservación de la seguridad nacional frente a cualquier incidente similar futuro.

Al abordar la conciliación familiar en las Fuerzas Armadas, la cabo primero Adelina Torres Díaz recordó su propia experiencia al ingresar en el Ejército de Tierra en el año 2000 y destacó las dificultades para compatibilizar la vida profesional y familiar, señalando que en aquellos años no existía un marco de conciliación formal. Torres expresó que su caso demuestra que el apoyo es crucial y que resulta posible avanzar en la carrera militar si se cuenta con personas dispuestas a ayudar, según consignó el medio.

El premio ‘Soldado Idoia Rodríguez’ fue entregado este jueves a Torres por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en un acto realizado en la sede del Ministerio de Defensa. Tal como detalló la fuente original, la distinción se otorga a militares y civiles cuya labor ha contribuido significativamente al impulso de la igualdad de oportunidades y al reconocimiento del papel de la mujer en las Fuerzas Armadas. El galardón recuerda a la cabo Idoia Rodríguez Buján, fallecida en 2007 en Herat, Afganistán, tras la explosión de una mina durante una misión internacional, siendo la primera mujer militar española que perdió la vida en operaciones en el exterior.

De acuerdo con el medio, la cabo primero Adelina Torres Díaz ha desarrollado una trayectoria marcada por la participación en operaciones internacionales de alto riesgo. Su historial incluye un primer despliegue en Kosovo en 2003, experiencia que calificó como muy formativa. Posteriormente, durante sus misiones en Afganistán en los años 2007, 2011 y 2013, experimentó situaciones complejas, enfrentó “la dureza” de la población local y “la exigencia de las misiones”, perdiendo allí a dos compañeros, hecho que, según sus propias palabras, la marcó profundamente. En 2020 integró la misión de las Fuerzas Armadas en Líbano, actuación que coincidió temporalmente con la pandemia de la Covid-19, añadiendo un nivel adicional de dificultad al operativo.

Sobre el significado del reconocimiento recibido, Torres resaltó que la distinción implica una gran responsabilidad y que “no se premia solo el pasado”, sino que debe ser una guía para sus acciones presentes y futuras. “Recibir el premio es un gran honor y una gran responsabilidad, te condiciona porque tienes que hacerte acreedor del galardón por lo que vas a seguir haciendo, y no solo en honor a Idoia Rodríguez”, afirmó la galardonada, citada por la fuente informativa. También enfatizó que el reconocimiento simboliza el esfuerzo colectivo de muchas mujeres en el Ejército, y no únicamente el suyo personal.

La ceremonia contó con la presencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea, reportó el medio. La subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, puso de relieve que hoy las mujeres integran el 13,3% de los efectivos totales en las Fuerzas Armadas, subrayando que “la igualdad de oportunidades en las Fuerzas Armadas es hoy una realidad”, según publicó la fuente.

Durante el acto, la ministra Margarita Robles realizó una intervención en la que subrayó el ejemplo de entrega y compromiso representado por la cabo primero Torres. “Ha enseñado que ser militar y llevar uniforme es una filosofía de vida. Es compromiso, compañero, estar siempre con quien lo pasa peor y ser una familia”, declaró Robles, destacando que el hecho de cumplir con el deber en misiones internacionales sirve como referente para las futuras generaciones de militares. La ministra incidió en que las mujeres militares ofrecen un modelo a sus hijos al servir en el extranjero, indicando que “les dan un ejemplo”.

El Ministerio de Defensa destacó en un comunicado oficial que la soldado canaria ha recibido diversas recompensas por su firme compromiso y espíritu de sacrificio, remarcando su comportamiento ejemplar a lo largo de su carrera. Según relató el medio, la constancia y dedicación de Torres la convierten en una referencia para quienes integran y quienes aspiren a formar parte de las Fuerzas Armadas, tanto hombres como mujeres.

El premio ‘Soldado Idoia Rodríguez’ se instituyó en el año 2007 y desde entonces reconoce a quienes han realizado contribuciones relevantes para visibilizar y fortalecer el rol femenino en la institución militar. Tal como reportó la fuente, la ceremonia de entrega de este año se enfocó en destacar que la igualdad y el compromiso continúan avanzando en el ámbito de la defensa, subrayando que la inclusión y la diversidad forman parte de los valores actuales del Ejército español.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, en un mensaje difundido en sus redes sociales, señaló que, de acuerdo con las declaraciones de funcionarios militares israelíes y estadounidenses, se habría destruido hasta el 320% de las lanzaderas de misiles iraníes. Pese a estos datos, Qalibaf resaltó que Irán mantiene un ritmo elevado en el lanzamiento de misiles. Ante estas afirmaciones, el líder iraní planteó de forma irónica que "ahora, el enemigo pretende destruir hasta el 500% de ellos. ¡Un logro único para las Fuerzas Armadas estadounidenses!", refiriéndose a los reportes publicados por ambas potencias sobre el impacto de sus operaciones militares sobre el arsenal iraní. Estas declaraciones surgen en el contexto de la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y en medio de las negociaciones en curso entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo pacto nuclear, según consignó el medio.

La ironía utilizada por Qalibaf apunta a poner en entredicho la precisión y veracidad de las cifras de daños que tanto Estados Unidos como Israel han llevado a la esfera internacional durante los últimos días. Según publicó la fuente, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró en diferentes ocasiones que Irán ya no contaba con Fuerza Aérea ni Armada, insistiendo en que los ataques coordinados produjeron daños de gran magnitud en las capacidades militares del país persa.

En este contexto, el liderazgo iraní ha optado por comunicar sus propias cifras sobre el impacto humano del conflicto. Las autoridades oficiales informaron que la ofensiva de Israel y Estados Unidos provocó más de 1.200 muertos en Irán, de acuerdo con el último balance disponible. Sin embargo, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, reportó que la cifra supera los 3.000 fallecidos, en su mayoría civiles, según consignó la fuente. Esta discrepancia evidencia la dificultad para verificar las consecuencias totales de los ataques y subraya la tensión informativa que rodea el conflicto.

El inicio de la ofensiva el 28 de febrero coincidió con un momento especialmente sensible, ya que el gobierno iraní y la administración estadounidense se encontraban inmersos en un proceso de negociación con el objetivo de renovar o establecer un nuevo acuerdo nuclear. En medio de esas discusiones, la acción coordinada por parte de Washington y Tel Aviv intensificó la crisis regional y expuso los diferentes relatos sobre el verdadero alcance de los ataques y la situación de las capacidades militares iraníes, detalló el medio original.

Mohamed Baqer Qalibaf no solo se refirió a las cifras técnicas difundidas por Estados Unidos e Israel, sino que, mediante su mensaje público, cuestionó la estrategia de comunicación de las potencias occidentales, sugiriendo que los datos sobre la destrucción de capacidades militares de Irán estarían inflados o no corresponderían a la realidad. Al mismo tiempo, enfatizó la continuidad de la operatividad iraní, mencionando que, pese a los datos sobre supuestas aniquilaciones masivas de equipamiento militar, el país seguía ejecutando ataques y empleando misiles en cantidades significativas, remarca la fuente.

El balance en la cantidad de bajas mortales genera un escenario de incertidumbre sobre la dimensión humanitaria de la crisis. Mientras las cifras oficiales difieren de los reportes independientes, la situación evidencia el impacto sobre la población civil y el grado de destrucción alcanzado por la operación militar. Human Rights Activists in Iran afirmó, según reporta la fuente, que la mayoría de las víctimas pertenecen a la población civil, hecho que resalta la gravedad de los hechos denunciados y las diferencias en la percepción de los datos según el origen de los informes.

Este cruce de versiones acerca del nivel de daño sobre las estructuras militares y las consecuencias para la sociedad iraní acompaña el actual deterioro de las relaciones internacionales en torno a la cuestión nuclear. El medio destacó que las acciones llevadas a cabo bajo la coordinación de Estados Unidos e Israel recibieron múltiples respuestas y cuestionamientos de las autoridades iraníes, quienes recalcaron el mantenimiento de la capacidad defensiva.

Las divergencias en la evaluación de daños militares y víctimas civiles forman parte del ambiente de confrontación política y mediática generado tras la ofensiva. Las declaraciones de Qalibaf y los diferentes partes de bajas exponen el grado de polarización existente respecto a los hechos, subraya la fuente informativa citada, en tanto los actores internacionales continúan defendiendo sus puntos de vista mediante cifras y posicionamientos en foros diplomáticos y plataformas virtuales.

Durante el análisis con el staff de Infobae al Regreso, compuesto por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Serbin Pont precisó: “En Irán, después de las Fuerzas Armadas, hay toda una estructura paralela que es la Guardia Revolucionaria. Es una estructura armada, pero su rol, a diferencia de las Fuerzas Armadas, no es la protección de la soberanía de Irán, es la protección de la revolución islámica en Irán”.

La Guardia Revolucionaria: un ejército al servicio del régimen

El especialista distinguió las funciones: “Las Fuerzas Armadas, como en la mayoría de los países, están divididas en Fuerza Aérea, Ejército y Armada”. Sin embargo, explicó que la Guardia Revolucionaria tiene su propia fuerza terrestre y aeroespacial, controla el programa de misiles, la fuerza Quds (dedicada a inteligencia y operaciones en el exterior) y el Basij, encargado de la represión interna.

“La Guardia Revolucionaria responde directamente al régimen. No es que su misión sea el resguardo de Irán. Su objetivo es preservar el poder del régimen”, aclaró Serbin Pont, aludiendo a la lógica de autodefensa que atraviesa la política iraní desde la revolución islámica.

El analista advirtió que la existencia de este cuerpo paralelo “permite balancear el poder cuando tenés el control del Estado, porque una estructura así previene golpes internos y asegura la lealtad al régimen, más allá de las Fuerzas Armadas tradicionales”.

Funciones y estructuras: control social y proyección exterior

Serbin Pont profundizó sobre la organización interna: “El Basij es una milicia paramilitar alineada ideológicamente con el régimen y su función central es el control social y la represión interna”. En simultáneo, la Guardia Revolucionaria lidera operaciones de inteligencia y terrorismo en el exterior a través de la fuerza Quds.

“Muchas de las operaciones militares externas y de represión interna están a cargo de la Guardia y sus ramas. Por eso, los ataques recientes se focalizaron en descabezar a los líderes de esta estructura”, puntualizó el analista.

La doble cadena de mando genera “una lógica de preservación del régimen, donde cada rama cumple funciones específicas: mientras las Fuerzas Armadas se centran en la defensa territorial, la Guardia Revolucionaria vela por la supervivencia política de la cúpula”, remarcó.

Impacto en el equilibrio de poder y la respuesta internacional

El especialista señaló que la presencia de dos estructuras armadas “dificulta cualquier intento de golpe militar clásico y refuerza la capacidad del régimen para reprimir protestas internas”. Además, la Guardia Revolucionaria dispone de recursos autónomos y acceso a tecnología militar avanzada.

En el contexto actual, “las operaciones de Israel y Estados Unidos buscan neutralizar la estructura de mando de la Guardia Revolucionaria, porque saben que su desarticulación puede provocar una crisis de poder interna”, afirmó Serbin Pont.

La estructura dual también condiciona la política exterior iraní, ya que “la fuerza Quds permite a Irán proyectar influencia más allá de sus fronteras y operar en escenarios de conflicto regional”, como destacó el especialista en diálogo con el equipo de Infobae al Regreso.

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El Gobierno de Ecuador informó que sus Fuerzas Armadas destruyeron 129 campamentos de minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus, una extensa área protegida ubicada cerca de la frontera con Perú. El operativo, que se ejecutó durante nueve días, incluyó bombardeos y acciones terrestres con el objetivo de frenar el avance de organizaciones criminales vinculadas a la extracción ilícita de oro en esta zona de alta biodiversidad.

De acuerdo con el balance oficial, la intervención que duró nueve días, también permitió eliminar 94 bocaminas y 56 chancadoras, equipos clave utilizados por estas redes ilegales. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para frenar el avance de organizaciones criminales que operan en territorios sensibles, aprovechando el alto valor del oro en el mercado internacional.

Operativo militar destruye campamentos, bocaminas y maquinaria clave

El despliegue militar se concentró en los sectores de San Luis, Dos Camas y La Aida, donde las autoridades habían identificado una fuerte presencia de mineros ilegales operando dentro del área protegida. En estos puntos, las fuerzas del orden no solo desmantelaron campamentos, sino que también eliminaron componentes esenciales para la extracción del mineral.

Según el reporte oficial, se destruyeron 94 bocaminas y 56 chancadoras, equipos fundamentales en el procesamiento del oro. Estas instalaciones formaban parte de una red organizada que había logrado instalarse en zonas de difícil acceso, aprovechando la geografía del parque.

Además, durante las intervenciones se decomisaron explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas de internet satelital y generadores eléctricos, lo que evidencia el nivel logístico con el que operaban estas organizaciones. La presencia de tecnología como antenas satelitales revela una estructura que permitía mantener operaciones constantes, incluso en áreas remotas.

El Gobierno ecuatoriano estimó que estas acciones generaron una afectación económica cercana a los tres millones de dólares para las redes criminales. Asimismo, se logró recuperar aproximadamente 130 hectáreas que habían sido ocupadas por actividades extractivas ilegales dentro del parque.

Alta biodiversidad en riesgo por extracción ilegal de oro

El Parque Nacional Podocarpus es considerado una de las zonas más biodiversas de Ecuador. Con más de 146.000 hectáreas, se extiende entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en una región de transición entre los Andes y la Amazonía, con altitudes que van desde los 900 hasta los 3.600 metros.

Este ecosistema alberga entre 3.000 y 4.000 especies de plantas vasculares, además de 63 especies de orquídeas, de las cuales al menos 25 se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. Entre su flora destacan especies como el romerillo, cedro, laurel y pumamaqui, que forman parte de un hábitat clave para la conservación ambiental en la región.

Sin embargo, la expansión de la minería ilegal de oro ha generado impactos severos en este entorno. Las operaciones clandestinas implican la deforestación de bosques, alteración de suelos y la contaminación de ríos con metales pesados como el mercurio, utilizado en el proceso de extracción.

El avance de estas actividades también está vinculado al accionar de organizaciones criminales, que han diversificado sus fuentes de ingresos ante el incremento del valor del oro en el mercado internacional. En este contexto, las autoridades ecuatorianas señalaron que han intensificado su estrategia de intervención, enmarcada en una política más amplia de combate contra estructuras vinculadas al narcotráfico, extorsión y economías ilegales.

En Perú, la minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las principales economías ilícitas, con una capacidad de generación de ingresos que incluso supera otras actividades criminales. De acuerdo con reportes del sector Interior, el valor de un kilo de oro en el mercado negro puede alcanzar los 100 mil dólares, lo que ha convertido a esta actividad en un negocio altamente rentable para redes organizadas. Este escenario ha impulsado su expansión en regiones como Madre de Dios, Puno, Cusco, Loreto y Huánuco, donde la extracción se realiza sin control y con un fuerte impacto ambiental.

En la semana más crítica para el oficialismo, que se encuentra envuelto en diferentes escándalos que impactan en las principales figuras del Gobierno, La Libertad Avanza habilitó una sesión en el Senado. Con un temario de bajo impacto, la apertura del recinto significó una oportunidad para la oposición, que encontró en el Senado la caja de resonancia para apuntar al presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Miguel, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y varias de las políticas que lleva adelante la administración nacional.

El ámbito elegido fueron las cuestiones de privilegio. Casi tres horas en las que solo la senadora Patricia Bullrich tomó la palabra por el oficialismo en un intento de defensa. Antes y después, uno a uno, fueron pasando varios legisladores del peronismo que apuntaron a cada uno de los temas: presupuestos universitarios, ley de emergencia en discapacidad, los viajes de Adorni, el rol del fiscal Eduardo Taiano, la denuncia de un supuesto pago de coima a la exsenadora Lucila Crexell por el voto afirmativo en la Ley Bases a cambio de la embajada en Canadá y, obviamente, la causa $LIBRA y su impacto en la cúpula del Ejecutivo. El primero en apuntar al presidente Javier Milei fue el senador del peronismo Martín Soria, quien dijo que “la promoción del token $LIBRA no es un hecho anomalía, no es un error” sino que entiende que la criptoestafa “es un modus operandi porque estamos en presencia de un estafador serial”, en referencia al presidente Milei.

En esa línea también se mostró una encendida Juliana Di Tullio que, fiel a su estilo, habló, discutió y estableció límites a la presidencia de la Cámara en cabeza de Bartolomé Abdala en ese momento y a su colega Patricia Bullrich. “Este es un gobierno de estafadores. El presidente de la Argentina es un estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones de dólares para estafar a 40.000 personas”. Luego, la senadora bonaerense leyó parte del discurso de Milei en la Asamblea Legislativa, en especial la idea de “la moral como política de Estado”. “Milei usó su investidura presidencial para estafar porque sin el tuit no hubieran 40.000 estafados, cobró 5 palos verdes para publicar, no me puede hablar de ‘la moral como política de Estado. Si hasta se hizo una estructura propia para que lo investiguen”, agregó.

La respuesta llegó de parte de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien, a diferencia de otros momentos, en un tono calmado hizo referencia a Cristina Kirchner y Amado Boudou. Luego de repetir en varias ocasiones que “como argentina” le daba pena que una expresidenta esté presa, la exministra apuntó a lo que fueron las administraciones kirchneristas. “Señalan a Adorni, que se equivocó y pidió disculpas, y Cristina Kirchner se hacía llevar Clarín y La Nación al sur. Más de 50 vuelos para llevar los diarios al sur. No sean hipócritas”, arrancó.

Pero luego fue en defensa de Javier y Karina Milei, primero señalando un dato erróneo: la causa sobre una posible criptoestafa estaba radicada en los Estados Unidos y que la justicia del país del norte de América ya la había cerrado “por falta de delito”. Luego hizo referencia —algo que repitió en varias ocasiones— a la situación de CFK: “Está detenida, con una tobillera e inhabilitada para ejercer cargos públicos. No sean hipócritas que la fuerza política de ustedes tiene procesados y condenados a la fórmula completa —en referencia a Cristina Kirchner y Amado Boudou. Ahora porque no les gusta los tiempos de la justicia se quejan de que van lento, con Cristina que van rápido. No sean hipócritas, nuestro presidente es absolutamente inocente”.

A nadie, por lo menos de la oposición, le quedó claro el porqué del llamado a esta sesión en este contexto por parte del oficialismo. Todos los temas en la agenda podían esperar. Los ascensos militares, los pliegos para los embajadores, jueces y hasta los tratados internacionales podían esperar. Tanto es así que en la sesión, que duró casi cinco horas, en pocos minutos el pleno del Senado aprobó el ingreso de los pliegos. “No queda claro quién fue el o la que tuvo la idea, pero no fue la mejor, fueron tres horas en donde la oposición aprovechó para tirar todos los temas que están en la agenda”, señaló un libertario disconforme con la apertura del recinto.

Los pliegos

La sesión que tenía como origen aceptar los pliegos, en sí misma, duró muy poco tiempo. En pocos minutos se aprobó que tomara estado parlamentario el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal. La votación incluyó la aceptación del pliego que propone como embajadora en Canadá a la ex senadora neuquina Lucila Crexell.

Asimismo, este miércoles se dio ingreso a una serie de pliegos militares, con el objeto de solicitar el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior a 188 oficiales de las Fuerzas Armadas. Entre ellos, se destacan los pedidos para promover a vicealmirantes y generales designados como jefes de Estado Mayor de las distintas fuerzas, así como a comodoros, vicecomodoros, generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles. De acuerdo con la información remitida, la Armada Argentina concentra 80 pedidos de ascenso, incluyendo 2 contraalmirantes y 78 capitanes de navío. La Fuerza Aérea suma 39 solicitudes, correspondientes a 6 comodoros y 33 vicecomodoros, mientras que el Ejército Argentino reúne 68 propuestas, entre 2 generales de brigada, 12 coroneles y 54 tenientes coroneles. La iniciativa incluye también a los principales candidatos a conducir el Estado Mayor Conjunto y las jefaturas de cada fuerza, según consta en los documentos ingresados esta semana.

El Ministerio de Defensa de Ecuador informó que tras analizar los reportes militares sobre el hallazgo de un explosivo en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, las autoridades concluyeron que la operación militar realizada por las Fuerzas Armadas ecuatorianas respondió a acciones legítimas en el contexto del conflicto armado interno del país y que estas se limitaron a territorio ecuatoriano. Esta declaración se dio luego de que surgieran señalamientos desde el gobierno colombiano sobre la posible responsabilidad del Ejército ecuatoriano en la aparición del artefacto en territorio colombiano, desencadenando la conformación de un equipo técnico conjunto para investigar los hechos.

Según publicó el medio, los Ministerios de Defensa de Colombia y Ecuador acordaron conformar una comisión técnica binacional que investigará en el sitio las circunstancias que rodean el hallazgo del explosivo, situado en una zona de Colombia próxima a la frontera común. El comunicado emitido por el Ministerio de Defensa ecuatoriano detalló que el acuerdo surgió tras una reunión entre el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, el jefe del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado, y sus homólogos colombianos. Durante el encuentro, los altos mandos intercambiaron información relevante sobre el caso y revisaron los datos recogidos por ambos países.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa del Ecuador, el análisis compartido permitió a ambas partes corroborar que las operaciones militares de las fuerzas ecuatorianas estaban amparadas dentro de sus fronteras y en cumplimiento del marco legal aplicable a su situación de conflicto armado interno. En el mismo comunicado, las autoridades ecuatorianas reiteraron que la lucha contra las organizaciones delictivas y mafias continuará desarrollándose exclusivamente en territorio ecuatoriano y bajo controles nacionales.

Tal como consignó la fuente original, la decisión de crear una comisión técnica surge a raíz de declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien señaló públicamente que el artefacto explosivo supuestamente pertenecía al Ejército ecuatoriano. Petro puso en duda que el dispositivo proviniese de grupos armados ilegales, planteando que la presencia de la bomba en Colombia obedecería a acciones militares ecuatorianas. Estas afirmaciones fueron rechazadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reportó que la amenaza representada por el artefacto fue desactivada y que en este momento no existe peligro para la comunidad. Sánchez añadió que las investigaciones siguen abiertas, orientándose a esclarecer cómo y por qué ese artefacto explosivo apareció en suelo colombiano, según informó el medio mencionado.

Las autoridades de ambos países subrayaron la importancia de mantener un canal de comunicación abierto y de coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad en la frontera, según los distintos comunicados disponibles. Asimismo, reiteraron el compromiso de continuar con las investigaciones para evitar la repetición de incidentes similares y garantizar la tranquilidad de la población en las zonas limítrofes.

La situación se enmarca en el contexto de las operaciones que realiza Ecuador para enfrentar el conflicto armado no internacional que vive el país, lo que implica un despliegue importante de sus fuerzas militares en distintas regiones, algunas muy próximas a la línea divisoria con Colombia. Como respuesta a las tensiones diplomáticas generadas tras las declaraciones del presidente Petro, las autoridades de ambos países apuestan actualmente por mecanismos técnicos e institucionales de verificación e investigación conjunta, según detalló el Ministerio de Defensa de Ecuador en su pronunciamiento oficial.

Finalmente, ambas partes señalaron que el análisis de la información proseguirá a través de la mencionada comisión binacional, la cual tendrá la tarea de presentar resultados preliminares sobre la procedencia del explosivo y las circunstancias de su hallazgo, manteniendo a las poblaciones locales informadas sobre los avances de la indagatoria, según destacaron los funcionarios durante los comunicados efectuados tras la reunión.

El Senado de la Nación inaugura el período de sesiones ordinarias. Desde las 14, los legisladores comenzaron con la primera sesión del año dentro del período regular del Congreso y lo hacen con temas que, en principio, no generan demasiadas controversias, pero que la oposición no dejará pasar para criticar al oficialismo.

La sesión busca aprobar el ingreso de los pliegos de ascensos militares y de embajadores para que sean tratados por la Comisión de Acuerdos, espacio que por ahora espera que el peronismo envíe los nombres de los legisladores que representarán al bloque.

El encuentro es para aprobar la entrada formal de una buena cantidad de pliegos de las Fuerzas Armadas que deberán ser analizados en la Comisión de Acuerdos. El detalle es que, en esta ocasión, el oficialismo ya anunció que no se pedirá informes al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), como se hacía regularmente. La entidad suele preparar informes relacionados al accionar de los militares propuestos para los ascensos con la represión de la última dictadura militar.

Pero en la sesión, en la que solo se vota el ingreso de los pliegos, hay dos que pueden elevar el tono de la discusión.

El primero es el del padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques. El único pliego judicial que se ingresará es el de Carlos “Coco” Mahiques, el juez que en noviembre cumplirá 75 años, la edad jubilatoria en el mundo judicial. El funcionario actualmente reviste en la Cámara de Casación Penal y lo que se propone —a pedido del juez y del Ejecutivo— es que continúe por cinco años más, hasta que cumpla los 80 años.

Lo que es seguro que generará un debate, y que puede ser que la oposición encarnada en el bloque Justicialista se oponga, es otro de los pliegos que se votará para que ingrese.

Se ingresarán varios pliegos de diplomáticos y, en esta tanda, se tratará el de la exsenadora por Neuquén, Lucila Crexell, que aseguran está propuesta para ocupar la embajada argentina en Canadá.

El pasado viernes, la Cancillería envió el pliego de la exsenadora neuquina, que está en la mira de los legisladores del peronismo, ya que entienden que esta designación es el cumplimiento de una promesa de la Casa Rosada a la exlegisladora, que asumió en diciembre de 2019 por la lista de Juntos por el Cambio en Neuquén.

Durante el debate de la Ley Bases, Crexell se había mostrado crítica del texto que impulsaba el recién asumido gobierno libertario, asegurando que no estaba en condiciones de acompañarlo. Hasta la mañana en la que se iba a debatir en el recinto el proyecto de ley, la en ese momento senadora aseguraba que no lo iba a acompañar. Sin embargo, cuando llegó el momento de apretar el botón verde o rojo, la patagónica apretó el verde, generando un empate en 36 votos a favor y 36 votos en contra, lo que habilitó a que la vicepresidenta de la Nación, en su rol de titular de la Cámara, Victoria Villarruel, definiera con su voto y se aprobara finalmente la Ley Bases.

Por esos días, en los pasillos de la Cámara Alta se señalaba que el cambio de actitud y el posterior acompañamiento de parte de Crexell el gobierno lo iba a agradecer enviándola como embajadora en la dependencia frente a la Unesco en la ciudad de París, Francia.

Finalmente, si se aprueba, el destino de la exsenadora no será París, sino que la neuquina tendrá como destino la embajada argentina en la ciudad de Ottawa, Canadá, donde el idioma oficial es el inglés, pero también el francés.

El Congreso de la República aprobó un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los licenciados veteranos de la pacificación nacional, pero el beneficio aún no entró en vigencia porque la autógrafa del proyecto permanece pendiente de remisión a la Presidencia de la República para su promulgación.

El proyecto de ley logró 86 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones en el Pleno. Posteriormente, la exoneración de la segunda votación obtuvo 83 votos favorables, sin votos en contra y con seis abstenciones.

¿Qué falta para promulgarse el dictamen?

Según la cronología legislativa, el proyecto fue presentado el 21 de octubre de 2022. Luego de pasar por las comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República y Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, obtuvo dictamen favorable el 24 de octubre de 2025. El 7 de noviembre de ese año, el Consejo Directivo incluyó el tema en el orden del día, y el 3 de marzo de 2026 se acordó su inclusión en la agenda del Pleno. Finalmente, el 12 de marzo de este año, el Pleno aprobó la ley y la exoneró de segunda votación.

A pesar de estos avances legislativos, la autógrafa todavía no llegó al Ejecutivo. Se requiere la firma del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y de uno de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, antes de enviarla al Poder Ejecutivo, que cuenta con 15 días para promulgar u observar la norma.

Si este plazo transcurre sin pronunciamiento, el Parlamento queda habilitado para promulgarla. La propuesta establece que el bono será entregado de manera progresiva, con prioridad para veteranos de mayor edad y aquellos que presenten discapacidad permanente.

El dictamen alcanzará a 8.997 licenciados acreditados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La ley está dirigida a quienes prestaron servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 en zonas de emergencia, siempre que cuenten con el reconocimiento correspondiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

¿Cuáles son los requisitos para el bono?

De acuerdo con el dictamen, existen varias consideraciones que deben tener en cuenta cada veterano y verificar a detalle. Asimismo, de aprobarse, los beneficiarios serán organizados por grupos de edad. Aquellos de mayor edad recibirán el bono en primer lugar, mientras que los demás serán incorporados gradualmente según su rango etario.

• Haber realizado servicio militar obligatorio entre los años 1980 y 2000.
• Haber servido en zonas de emergencia, conforme al dispositivo legal que lo haya delimitado en su oportunidad.
• Haber realizado una acción pacificadora durante su servicio, validada por el instituto armado.
• Haber servido de forma consecutiva durante doce meses como mínimo y hasta veinticuatro meses.
• En el caso del Ejército Peruano, haber terminado el servicio militar obligatorio como recluta o soldado o cabo o sargento primero o sargento segundo.
• En el caso de la Marina de Guerra del Perú, haber terminado el servicio militar obligatorio como grumete o marinero o cabo primero o cabo segundo.
• En el caso de la Fuerza Aérea del Perú, haber terminado el servicio militar obligatorio como aviador o cabo o sargento primero o sargento segundo.

El Gobierno de Perú aprobó una transferencia de S/522 millones (USD 146 millones) para financiar la modernización de la Fuerza Aérea, en el marco de la renovación de su flota de aviones de combate.

La nueva partida, oficializada mediante Decreto Supremo N° 043-2026-EF con la firma de la expresidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se suma a los S/1.137 millones transferidos en febrero para el proyecto de recuperación de la capacidad de control aeroespacial y precisión en operaciones militares en la Base Aérea La Joya, en Arequipa.

Perú destina 500 millones de soles para compra de cazas

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los fondos serán destinados a la adquisición de nuevos cazas multirol para reemplazar los actuales MiG-29 y Mirage 2000, aviones con más de 35 años de servicio.

La transferencia se canaliza mediante recursos provenientes de operaciones oficiales de crédito, enmarcadas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para 2026 y la Ley de Endeudamiento del Sector Público 2025, utilizando emisión de bonos soberanos. El proyecto está registrado con el Código Único de Inversiones (CUI) N° 2573425.

La normativa emitida por el Ejecutivo asigna los fondos al Pliego 026 del Ministerio de Defensa, con ejecución a cargo de la Fuerza Aérea del Perú bajo la categoría “Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional”.

El objetivo es restablecer el control aeroespacial y la precisión operativa en la región sur del país, considerada estratégica para la seguridad nacional. El plan implica la adquisición de 24 aviones de combate de alto rendimiento.

Más de 1.600 millones de soles asignados en dos meses

El proceso de compra fue declarado de “secreto militar” a través del Decreto Supremo Nº 001-2026-DE, publicado el 5 de marzo, que incluyó la contratación vinculada al proyecto CUI N° 2573425 en la lista de adquisiciones reservadas de las Fuerzas Armadas.

Esta decisión habilita la contratación directa, sin licitación pública, aunque bajo la supervisión de la Contraloría General de la República y la Agencia de Compras de las FFAA. La operación contempla la adquisición de 20 monoplazas y 4 biplazas, por un monto estimado de US$3.500 millones.

Actualmente, la Fuerza Aérea del Perú evalúa tres modelos de cazas en la etapa final del proceso: el F-16 Block 70 de Lockheed Martin, el Gripen E de Saab y el Rafale F4 de Dassault Aviation.

Se prevé que la decisión final sobre el modelo seleccionado se conozca en abril, aunque está sujeta al contexto político. Si bien el contrato inicial contempla la compra de 24 aeronaves, existe la posibilidad de una segunda adquisición similar en el futuro.

F-16, Gripen y Rafale en lista: Contraloría supervisa compra

El expediente de adquisición ya fue remitido a la Contraloría General de la República, que debe emitir su opinión en un plazo de 7 a 10 días. Una vez obtenida la conformidad, la Agencia de Compras de las FFAA avanzará hacia la fase de negociación y firma del contrato, prevista para mediados de junio.

Antes de la suscripción, el gobierno deberá transferir aproximadamente otros US$ 710 millones, equivalentes al 30% del valor total, como pago inicial.

Perú considera prioritaria esta operación para restablecer plenamente la capacidad operativa de la aviación militar, actualmente dependiente de un núcleo reducido de cazas Mirage 2000P/DP, MiG-29S/SMP y Su-25.

El Ministerio de Defensa sostiene que la modernización de la Fuerza Aérea es clave para garantizar la defensa nacional y el cumplimiento de los roles constitucionales asignados a las FFAA.

El Ministerio de Defensa en España comunicó el pasado domingo la “reubicación temporal” de los militares del Grupo de Operaciones Especiales destacados en Irak, después de evaluar que la situación de seguridad se había deteriorado debido a la guerra en Irán. La decisión surge ante la imposibilidad de continuar cumpliendo los objetivos asignados al contingente español. Esta serie de movimientos anticipa la preparación del Ejecutivo para evacuar a los efectivos nacionales presentes en territorio iraquí, según informaron fuentes oficiales a Europa Press.

Según confirmó el medio Europa Press, la elaboración de estos planes responde al incremento de tensiones tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces, la ministra de Defensa, Margarita Robles, notificó que todos los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales trasladados se encontraban en ubicaciones seguras y sin incidentes registrados. El Ejecutivo decidió estas medidas para garantizar la seguridad de las tropas, en respuesta a la “volatilidad y fragilidad de la situación en la zona”. De acuerdo con las autoridades militares españolas, el compromiso con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak permanece sin cambios, aunque las circunstancias impusieron la necesidad de reajustar la presencia española sobre el terreno.

España mantiene actualmente en Irak un contingente de aproximadamente 300 miembros de las Fuerzas Armadas. Estos efectivos participan en dos principales operaciones: la Operación Inherent Resolve, coordinada por la coalición internacional contra Daesh desde 2014 —a la que pertenece el Grupo de Operaciones Especiales recientemente reubicado— y la Misión de la OTAN en Irak (NMI). El país también contribuye con la Unidad de Force Protection y el Elemento de Apoyo Nacional, ambos grupos organizados por la OTAN a petición de las autoridades iraquíes. La coordinación con las autoridades del país anfitrión y con la coalición internacional se ha mantenido constante durante este periodo de reajuste de personal. Países aliados y socios de España han sido informados de todos los pasos tomados, aseguró el Ministerio de Defensa según Europa Press.

Respecto a la Misión de la OTAN en Irak, la Alianza Atlántica confirmó a Europa Press que actualmente revisa y ajusta su despliegue en ese país en coordinación con los aliados. Según declaraciones de la portavoz de la OTAN, Allison Hart, “podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el contexto de la Misión de la OTAN en Irak (NMI). Estamos trabajando en estrecha coordinación con los aliados y socios”. Las recientes hostilidades, que incluyen ataques de Irán como represalia por la operación militar estadounidense e israelí, han motivado estos cambios en la estructura operativa de la misión.

La NMI, iniciada en 2018, ofrece asesoramiento y desarrollo de capacidades a las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad iraquíes, sin actividades de combate. Su objetivo ha sido fortalecer la estabilización, la lucha contra el terrorismo y evitar el resurgimiento del Estado Islámico. Hasta ahora, Francia ocupaba la dirección de la misión, y estaba previsto que España la asumiera el 26 de mayo, con el teniente general Ramón Armada sustituyendo al general de división francés Christophe Hintzy, según informó Margarita Robles al Congreso en enero.

El contingente español representa el principal aporte de personal dentro de la NMI, con cerca de 170 efectivos entre varios centenares de participantes de otros Estados miembro de la OTAN y países socios como Austria y Australia. Aunque la OTAN ha confirmado los “ajustes” en el despliegue por razones de seguridad, ha preferido no ampliar los detalles sobre los nuevos planes. La organización también ha asegurado, según detalló Europa Press, que tanto el diálogo político como la cooperación práctica seguirán desarrollándose entre la OTAN e Irak a través de esta misión.

Las hostilidades han escalado en las últimas jornadas. El pasado viernes, un ataque con drones a una base militar en la región kurda de Irak provocó la muerte de un militar francés y heridas a otros seis. El ataque se atribuye a una milicia iraquí proiraní, que había advertido de acciones armadas contra intereses franceses en respuesta al despliegue del portaaeronaves Charles de Gaulle. Emmanuel Macron, presidente de Francia, condenó el ataque en redes sociales, señalando que la presencia francesa en Irak responde únicamente a la lucha contra el terrorismo y que la guerra en Irán no puede justificar este tipo de acciones.

La situación de seguridad en Irak continúa siendo un desafío para las misiones internacionales desplegadas. Según ha reportado Europa Press, tanto organismos internacionales como gobiernos de países participantes en misiones de seguridad mantienen una revisión permanente de sus despliegues y estrategias para proteger al personal. El Ministerio de Defensa español, por su parte, remarcó que cualquier decisión que afecte al contingente español responderá prioritariamente a garantizar la seguridad, aunque se mantiene activo el compromiso con los aliados y con la estabilidad del país anfitrión.

Volodimir Zelenski puso el foco en la reducción del suministro de sistemas de defensa aérea hacia Ucrania y destacó la urgencia de encontrar alternativas en medio de la creciente competencia internacional por recursos militares, especialmente debido a la demanda de países del golfo Pérsico tras los recientes acontecimientos en Irán. Según informó Europa Press, el presidente ucraniano enfatizó que la guerra en Irán ha generado una disminución tangible de la ayuda militar que recibe el país, afectando de manera directa la cantidad de misiles antiaéreos y otros elementos de defensa que llegan a Kiev.

Durante una comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Madrid, Zelenski explicó que Ucrania experimenta complicaciones para acceder a sistemas como los Patriots debido a la alta demanda proveniente de otras regiones, en particular de naciones del golfo Pérsico que han avanzado en la modernización de sus propias defensas. El medio Europa Press detalló las declaraciones de Zelenski, quien reconoció que "faltan armamentos, los misiles de antiaéreos, por la competencia que ahora tenemos que hacer con otros países que los requieren, que los necesitan", aludiendo al impacto que la situación en Irán tiene sobre el apoyo logístico a su ejército.

Pese a esta reducción, Zelenski indicó que continúan llegando cargamentos militares, aunque en menor cantidad. Subrayó que persisten los envíos de armamento, lo que permite mantener cierta operatividad en el frente, aunque con recursos más limitados. Ante el contexto, el mandatario hizo un llamado a innovar en cuanto a las tecnologías de defensa y propuso encontrar alternativas que permitan suplir la escasez de interceptores para baterías Patriots. Según consignó Europa Press, Zelenski mencionó la necesidad de impulsar la fabricación de nuevos sistemas, poniendo especial atención a los equipos antidrones. Según sus palabras, "tenemos que encontrar una alternativa a los sistemas Patriot, no solo fabricarlos, hay que encontrar unos sistemas alternativos que podamos utilizar todos".

De acuerdo con Europa Press, Zelenski explicó que, si bien muchos países árabes cuentan actualmente con modernos sistemas antimisiles, para la protección de la población civil resulta prioritario el empleo de interceptores de drones, que, al ser más económicos, pueden producirse y desplegarse en mayores cantidades, aunque requieran un volumen significativo para resultar efectivos. "Con los Patriot a veces no es suficiente para defender a la población civil, es mucho más interesante contar con interceptores de drones, que son baratos, pero se necesitan muchos", expresó el presidente ucraniano durante su intervención.

En paralelo al debate sobre los sistemas de defensa, Zelenski insistió ante los líderes europeos sobre la necesidad de desbloquear el paquete financiero de 90.000 millones de euros reservado para la ayuda a Ucrania, aprobado a finales de 2025 pero actualmente bloqueado por Hungría. Según publicó Europa Press, el presidente de Ucrania defendió que la Unión Europea debe buscar mecanismos para liberar dichos fondos, advirtiendo que la falta de este respaldo supondría una revisión de los acuerdos alcanzados, lo cual ha calificado como algo "injusto".

Durante su exposición, Zelenski manifestó: "Contamos mucho con que los países de la Unión Europea encontrarán las formas de resolver este problema, porque el acuerdo se alcanzó antes de finales del 2025, porque si no, estamos hablando de una reconsideración de estos acuerdos, y es algo injusto". El medio Europa Press reportó que el presidente ucraniano enfatizó que no existe alternativa real a este fondo de 90.000 millones de euros para sostener la capacidad de defensa y la estabilidad de su país. Aunque aceptó que pueden discutirse distintas vías de financiación, subrayó la imposibilidad de abandonar el respaldo a las Fuerzas Armadas ucranianas.

Además, Zelenski remarcó en reiteradas ocasiones lo que considera un trato injusto, citando el bloqueo actual como una circunstancia que pone en riesgo la seguridad y el futuro de Ucrania. Según Europa Press, sostuvo que la resolución del financiamiento es la cuestión central que debe abordar la cumbre de líderes de la Unión Europea programada para este jueves en Bruselas, urgió a los dirigentes comunitarios a priorizar la búsqueda de acuerdos que permitan mantener el apoyo militar y financiero ante la persistencia del conflicto y la presión internacional sobre el suministro de sistemas de defensa avanzada.

El medio Europa Press incluyó que, en este encuentro, Zelenski reiteró la disposición de Ucrania a avanzar en soluciones propias, tanto en la fabricación de defensas como en alternativas al financiamiento, pero reiteró la importancia del respaldo externo para sostener la defensa de su territorio en un contexto global marcado por la competencia internacional por recursos militares y la modificación de las prioridades defensivas de otros estados.

Las fuerzas de Emiratos Árabes Unidos han reportado que los ataques de Irán han causado la muerte de miembros de su ejército y de civiles de distintas nacionalidades, además de provocar más de un centenar de heridos. Según informó el Ministerio de Defensa emiratí, la cifra de personas lesionadas por las ofensivas iraníes asciende a 158, mientras que las víctimas mortales incluyen a dos integrantes de las Fuerzas Armadas de Emiratos y a seis civiles procedentes de países como Pakistán, Nepal, Bangladesh y Palestina. La cartera de Defensa subrayó que el país mantiene un estado de preparación máxima ante cualquier posible respuesta desde Teherán.

De acuerdo con lo publicado por el medio Europa Press, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos anunció la interceptación de trece misiles balísticos y veintisiete drones en las últimas acciones hostiles. Según detalló la autoridad emiratí, el total de ataques atribuidos a Irán desde el inicio de la guerra supera los 2.000. El Ministerio precisó que, desde el inicio del conflicto, las defensas aéreas de Emiratos han logrado interceptar 327 misiles balísticos, quince misiles de crucero y 1.699 drones.

Emiratos Árabes Unidos ha identificado un aumento en las agresiones tras el ataque conjunto realizado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, episodio que, según consignó Europa Press, convirtió al país del Golfo en uno de los principales objetivos de las represalias por parte de Teherán. La escalada de hostilidades se tradujo en una amplia variedad de medidas de defensa implementadas por Emiratos, buscando contrarrestar la amenaza que representan los misiles y vehículos aéreos no tripulados lanzados desde territorio iraní.

En el comunicado ministerial, citado por Europa Press, las autoridades destacaron que el país se mantiene atento ante cualquier nuevo acto de agresión. El Ministerio aseguró que Emiratos responderá con determinación a cualquier intento de comprometer la seguridad nacional. Esta declaración vino acompañada del énfasis en la capacidad militar de defensa y en la disposición de las fuerzas de seguridad para abordar cualquier potencial ataque procedente de Irán.

El aumento sostenido en el número de incursiones aéreas ha inquietado a las autoridades emiratíes y ha generado preocupación entre la población y las diversas comunidades extranjeras que habitan el país, dada la diversidad de nacionalidades entre las víctimas civiles. Según Europa Press, los ataques han utilizado una combinación de armamento, lo que ha obligado a reforzar los sistemas de defensa y vigilancia militar.

El Ministerio de Defensa puntualizó que los dispositivos antiaéreos han desempeñado un papel central en la contención de la ofensiva iraní, detallando la magnitud del esfuerzo implicado en impedir la llegada de misiles y drones a territorio emiratí. Las estadísticas aportadas por la autoridad incluyen la destrucción de cientos de proyectiles balísticos y drones, lo que evidencia la continuidad y la intensidad de los ataques desde el inicio del conflicto regional.

La situación ha generado una advertencia explícita por parte del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ante la posibilidad de un nuevo incremento de la violencia y de mayores represalias. Según insistió el Ministerio de Defensa a Europa Press, el país permanece preparado para actuar en defensa de la población y de su integridad territorial, y no ha descartado respuestas más severas ante actos futuros que pongan en peligro la seguridad del Estado.

Los recientes eventos marcaron un punto de inflexión tanto para la política de seguridad nacional emiratí como para la dinámica de las relaciones regionales en Oriente Medio, en vista del papel que Emiratos desempeña como aliado estratégico de Occidente en la zona. La reiterada aparición de ataques desde Irán motivó la intensificación de los protocolos de defensa y el despliegue de recursos bélicos de última generación para proteger puntos clave en el país.

El informe divulgado por Europa Press pone en relieve la compleja situación de seguridad que enfrenta Emiratos Árabes Unidos a raíz de este episodio de violencia en aumento, así como la repercusión internacional de la confrontación, dada la participación de potencias como Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto que engloba a la región. La persistencia en la defensa de la soberanía nacional constituye, según la postura oficial emiratí, una prioridad ante el flujo constante de amenazas provenientes de Teherán.

Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Comando Espacial del país ha mantenido un papel activo en la supervisión de misiles iraníes y en la emisión de alertas a las Fuerzas Armadas británicas desplegadas en Oriente Próximo, con el objetivo de proteger tanto a la población del Reino Unido como a las bases y aliados en la región. Este apoyo especializado se ha desarrollado en el marco del conflicto que estalló a finales de febrero, después de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desencadenó ataques de represalia por parte de Teherán dirigidos hacia territorio israelí e intereses estadounidenses en países vecinos del golfo Pérsico. En ese contexto, el Ministerio de Defensa británico reportó allí el derribo del mayor número de drones registrado en una sola noche desde el arranque de esta escalada.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales oficiales del Ministerio de Defensa, una unidad terrestre de defensa antidrones del Reino Unido, dedicada a operar en una zona calificada como de alto riesgo, fue la encargada de llevar a cabo esta operación nocturna en la que se interceptó una cantidad sin precedentes de aparatos no tripulados. La acción responde a la intensificación de las amenazas planteadas por Irán y sus aliados en el contexto del conflicto que afecta a Oriente Próximo desde el 28 de febrero.

El medio británico señaló que, además de la actividad antidrones en tierra, durante la misma noche se desarrollaron patrullas aéreas defensivas con aviones de combate Typhoon y F-35. Estas aeronaves del Reino Unido contaron con el apoyo logístico de los aviones Voyager, que facilitaron el reabastecimiento de combustible en pleno vuelo. Las patrullas se desplegaron sobre diversos países del área, entre ellos Qatar, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, así como sobre Jordania y el Mediterráneo oriental, con el fin de reforzar la seguridad en un entorno considerado de riesgo creciente.

Según informó el Ministerio de Defensa, la intervención del Comando Espacial ha sido determinante para coordinar la respuesta del Reino Unido y los aliados frente a las actividades de las milicias iraníes en la región. Este comando, a través de dos escuadrones especializados, ha estado siguiendo las trayectorias de misiles y generando alertas tempranas para las operaciones militares británicas y aliadas. El Ministerio indicó que esa labor tiene como principal objetivo la prevención de daños a la población civil del Reino Unido, la protección de instalaciones estratégicas y la cooperación con socios en el terreno.

Tal como consignó el Ministerio de Defensa en su nota oficial, el episodio se inscribe en las hostilidades desencadenadas tras los ataques del 28 de febrero por parte de Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán. La respuesta de Irán incluyó el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses situados en países vecinos, lo que ha llevado a un incremento en la presencia y las actividades militares británicas para contener escaladas y apoyar la defensa de infraestructuras discretas y personal.

El Ministerio destacó que sus unidades terrestres especializadas en defensa antidrones permanecen en zonas con altos niveles de amenaza y desempeñan funciones clave al neutralizar vehículos aéreos no tripulados hostiles. La cooperación aérea —a través de la operación combinada de plataformas Typhoon y F-35— añade una capa adicional de protección, facilitando una respuesta rápida ante misiles o drones que puedan representar riesgos inmediatos.

En la publicación también se subrayó que, en la madrugada reportada, se logró la mayor cantidad de interceptaciones en una sola jornada nocturna desde el comienzo de la actual confrontación. El Ministerio no precisó el número exacto de drones derribados, pero calificó la cifra como sin precedentes bajo sus criterios internos. Asimismo, las autoridades británicas reiteraron el compromiso de continuar con las actividades de patrullaje y disuasión en colaboración directa con sus aliados en el Golfo y el Mediterráneo.

La situación de tensión encaminó a reforzar la vigilancia electrónica e inteligencia espacial sobre la región. La integración del Comando Espacial y el monitoreo de vectores balísticos y vehículos aéreos no tripulados contribuyen a anticipar movimientos hostiles y a elevar la capacidad de respuesta inmediata. Según las declaraciones oficiales recogidas por el Ministerio de Defensa, estos esfuerzos tienen como foco salvaguardar personal y activos estratégicos frente a cualquier nueva escalada regional.

España cuenta con varios despliegues militares en la región que hoy tiene todas las miradas encima. Oriente Medio es un escenario fundamental de las misiones internacionales por su relevancia estratégica. La escalada del conflicto entre EEUU e Israel contra Irán está conllevando decisiones importantes por parte de otros países, tanto los de la península arábiga como europeos con enclaves cercanos.

España optó por cerrar las bases de Rota y Morón a los aviones estadounidenses si pretendían usarlas en ofensivas contra Irán. El ejecutivo de Sánchez sí que aceptó el envío de una fragata a las aguas de Chipre. Hace un par de días anunció la reubicación de sus 300 militares en Irak ante el incremento del peligro, mientras que las de Líbano permanecen en la zona.

Italia fue el primer país en retirar a sus soldados de Irak, donde hay dos misiones. Por un lado, se encuentra la operación ‘Inherent Resolve‘, liderada por EEUU con el objetivo de luchar contra el Daesh. Por otro, también se lleva a cabo una misión bajo la bandera de la OTAN, colaborando con las autoridades iraquíes. En ambos casos, al tener un objetivo distinto al peligro actual, que son ataques iraníes, se están llevando a cabo retiradas.

Militares que España mantiene en Oriente Medio

El principal despliegue de España en Oriente Medio es Líbano. En la base ‘Miguel de Cervantes’, España lidera la misión de la ONU, FINUL, donde 700 profesionales españoles están destinados. El objetivo es vigilar el cese de hostilidades entre Hezbolá e Israel y acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países en la ‘Blue Line’.

Tras la primera reubicación en Irak han aumentado las dudas sobre conservar este despliegue en el país fronterizo con Israel. Sin embargo, existe una importante diferencia, pues, mientras allí el motivo de la misión es otro, en Líbano la razón de ser del despliegue es favorecer la paz entre los dos bloques que ahora se están atacando mutuamente. Por ello, supone una mayor implicación pero la escalada hace necesaria o una actualización de sus funciones, ya que no pueden intervenir, o una retirada, asumiendo el fin de la paz.

Por otro lado, se encuentra la Unidad Patriot en Turquía. En torno a 140 militares españoles están desplegados en territorio turco y trabajan con la batería antimisiles Patriot, que ha estado implicada en la defensa del país las últimas semanas. Turquía ha recibido al menos tres ataques atribuidos a Irán desde que comenzó el conflicto.

Finalmente se encuentra la fragata F-105 ‘Cristóbal Colón’ de la Armada. España decidió apoyar a Francia en su desvío de una misión que inicialmente estaba en el Báltico. Se dirigieron a aguas cercanas a Chipre para apoyar en la defensa de un país de la Unión Europea. El portaviones francés ‘Charles de Gaulle’ lidera el operativo, mientras que el buque español es uno de sus acompañantes. A bordo pueden ir hasta 205 tripulantes, elevando el número de militares españoles en zona de peligro.

La Armada Española opera una flota de cazaminas que se ha convertido en pieza central para la protección de rutas marítimas y bases navales tanto en territorio nacional como en operaciones internacionales. La 1ª Escuadrilla de Medidas Contra Minas (MCM) está compuesta por seis buques, Segura, Sella, Tambre, Turia, Duero y Tajo, construidos en los astilleros de Navantia en Cartagena.

Varios cazaminas se despliegan rotativamente en los Grupos Permanentes de Contraminas de la OTAN (SNMCMG-2), participando en operaciones en el Mediterráneo. El contexto internacional marcado por la escalada en Oriente Medio podría implicar a uno de estos buques en una próxima misión marítima.

La Armada define su misión como “detectar y neutralizar minas marítimas” y asegura que “sin ellos, hasta la flota más peligrosa estaría en peligro”. Por ello, en un reciente mensaje en X los cataloga de “guardianes silenciosos del mar”. Explica que garantizan la libertad de maniobra y continuidad del resto de fuerzas".

Cómo son los cazaminas

Estas unidades destacan por estar fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Esto permite una alta resistencia ante el impacto de explosiones submarinas. Cada buque desplaza 550 toneladas, mide 54 metros de eslora y 10,7 metros de manga, y dispone de una autonomía de 2.000 millas náuticas. La dotación estándar de cada cazaminas está formada por seis oficiales, once suboficiales y veinticuatro marineros.

En el ámbito técnico, los buques están equipados con sónar de profundidad variable AN/SQQ-32 (Sp) y vehículos submarinos por control remoto como Pluto Plus y Minesniper, que permiten detectar, identificar y neutralizar minas de fondo y de orinque. El armamento principal incluye un cañón Oerlikon de 20 mm y sistemas de radar Kelvin Hughes Type 1007 y Koden MDC 1550.

El mando recae en un capitán de fragata, apoyado por una jefatura de órdenes, que coordina a los seis buques de la escuadrilla. Cada nave se organiza en una estructura administrativa, dedicada a la preparación y el mantenimiento, y otra operativa, que se activa en cada misión. Los controles táctico y de plataforma gestionan los sistemas de combate, sensores, comunicaciones, navegación y servicios de apoyo, lo que permite una respuesta eficaz ante amenazas submarinas.

Su función internacional

La escuadrilla está plenamente integrada en la OTAN. Varios cazaminas, como el Sella (M-32), rotan en estos grupos y completan despliegues junto a otras armadas europeas, consolidando el papel de la flota española en la defensa colectiva y la protección de infraestructuras clave. Uno de los últimos casos es el del cazaminas Tambre, durante su integración en la operación ‘Noble Shield’.

Tras la reciente tensión en el Estrecho de Ormuz, los cazaminas españoles mantienen un alto estado de alistamiento y capacidad de respuesta inmediata. El Tajo (M-36) se ha integrado en la fuerza contraminas europea EUROMARFOR, mientras que el Turia (M-34) finaliza su puesta a punto en Cartagena tras años de reparación. Podrían enfrentarse próximamente a una misión fundamental que solo este tipo de buques son capaces de hacer: proteger al resto de la flota de la amenaza de las minas.

Un miembro de la dotación del patrullero Tagomago participó por primera vez en las misiones de vigilancia marítima en el mar de Alborán, oportunidad que, según recogió la Armada, le permitió aprender de los tripulantes más experimentados sobre el control del tráfico marítimo y la supervisión del cumplimiento normativo en navegación. La experiencia incluyó la contribución a mantener la presencia naval en áreas estratégicas, con el objetivo de disuadir riesgos y garantizar la seguridad. La noticia principal, según informó la Armada, es la finalización de la operación de vigilancia marítima del Patrullero de Vigilancia de Zona (PVZ) Tagomago en espacios considerados de interés nacional en la zona del mar de Alborán, dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD).

De acuerdo con la información proporcionada por la Armada, la misión del Tagomago se centró en la verificación y control del tráfico marítimo en aguas próximas a la isla de Alborán. Estas actividades buscan asegurar la libertad de navegación, la presencia naval en puntos clave y el conocimiento detallado del entorno marítimo. Además, corresponden a funciones de seguridad marítima definidas por las Fuerzas Armadas para prevenir y gestionar amenazas y actos ilícitos que puedan afectar la estabilidad y la seguridad en el área.

El medio detalló que el buque Tagomago opera bajo el control operativo del Mando de Operaciones y que, con una dotación compuesta por 25 hombres y mujeres, se ha integrado de manera habitual en tareas de protección de los intereses marítimos nacionales. Según consignó la Armada, el patrullero es el segundo de los diez construidos dentro de la clase Anaga en la década de los ochenta y forma parte de los ocho buques que dependen del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima situadas en Cádiz.

Entre las tareas que cumplió el Tagomago durante su reciente despliegue se incluiría, según reportó la Armada, el control y protección del tráfico marítimo, así como la vigilancia y control de la actividad pesquera en la zona. El papel de este tipo de patrulleros resulta fundamental en la supervisión y resguardo de los espacios marítimos de soberanía y de interés nacional marcados por la normativa vigente.

En relación con la estructura de mando, informó la Armada que el Mando Operativo Marítimo (MOM) es la instancia responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en espacios atribuidos a la soberanía nacional. Subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa, el MOM se encuentra dirigido por el almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, desde su sede en Cartagena (Murcia).

El medio amplió que los buques de la Armada involucrados en estas tareas lo hacen bajo el control operativo del Mando de Operaciones, el cual coordina actividades para potenciar el conocimiento del entorno marítimo, proteger los intereses nacionales y anticipar posibles amenazas en colaboración con otras instituciones del Estado. Tal como publicó la Armada, estas Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión constituyen una herramienta esencial para detectar y responder rápidamente ante cualquier situación de crisis que pueda afectar la seguridad marítima.

Según agregó la Armada, el MOM integra su labor dentro de la estructura de Mandos Permanentes junto a los Mandos Operativos Terrestre, Aéreo, Espacial y Ciberespacial. El conjunto de estas entidades permite coordinar la vigilancia y protección diaria de los dominios estratégicos del país. En este contexto, aproximadamente 850 militares de las Fuerzas Armadas participan en operaciones permanentes a diario, bajo la dirección del Mando de Operaciones, reforzando así la capacidad de anticipación y respuesta ante riesgos que amenacen los intereses nacionales, tal como informó la Armada.

El papel del Tagomago en este despliegue apostó, según detalló el medio, tanto por la vigilancia como por la disuasión ante eventuales riesgos y amenazas. El buque, diseñado especialmente para la acción marítima y la protección de los intereses estratégicos en el entorno marino, reforzó la presencia de las Fuerzas Armadas en un área identificada como sensible por su relevancia en el tráfico marítimo y la soberanía nacional.

Durante la operación recientemente concluida, el patrullero no solo participó en labores de presencia, sino que contribuyó de forma activa al cumplimiento de la normativa y al control de situaciones irregulares o potencialmente peligrosas en las proximidades de la isla de Alborán. Esta presencia naval consolidó los mecanismos de defensa y prevención establecidos por el Estado, garantizando la estabilidad y la defensa de los espacios marítimos de interés, puntualizó la Armada en sus comunicados sobre el operativo.

La operación militar emprendida por las Fuerzas Armadas ecuatorianas se extendió hasta la noche, cuando los soldados emplearon lanzadores de cohetes para atacar infraestructuras criminales dentro del Parque Nacional Podocarpus. De acuerdo con lo publicado por agencias internacionales como Europa Press, las autoridades han señalado que estas maniobras nocturnas buscan mantener presión constante sobre los grupos ilegales y asegurar la protección del ecosistema, evitando que estas organizaciones logren reiniciar actividades ilícitas en el área protegida.

El Ejército de Ecuador informó que el batallón desplegado destruyó 129 campamentos clandestinos y 94 bocaminas, en una acción dirigida contra la minería ilegal que se lleva a cabo en el sur del país, específicamente en los sectores conocidos como San Luis, Dos Camas y La Aida. Según detalló Europa Press, el área operativa abarca aproximadamente 130 hectáreas utilizadas previamente para la extracción no autorizada de minerales.

El comunicado castrense citado por Europa Press destaca que, durante el operativo, las fuerzas militares no solo desmantelaron campamentos y bocaminas, sino que también incautaron equipamiento logístico fundamental para las actividades ilícitas. Entre los artículos confiscados figuran explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas satelitales del sistema Starlink, chancadoras, generadores eléctricos y diferentes herramientas que facilitaban la explotación minera dentro del parque nacional.

La operación militar ocasionó un golpe financiero estimado por las autoridades en alrededor de 3 millones de dólares a las estructuras logísticas y financieras de los Grupos Armados Organizados (GAO) vinculados a estas actividades ilícitas. Europa Press explicó que el debilitamiento de estas redes afecta directamente la capacidad operativa de las organizaciones criminales que se benefician económicamente de la minería ilegal en la zona.

En su comunicación oficial, el Ejército subrayó que la intervención responde a dos objetivos centrales: confrontar a los Grupos Armados Organizados y sus economías clandestinas, y restaurar el equilibrio ambiental en el Parque Nacional Podocarpus, afectado por la contaminación y los daños ecológicos generados por las infraestructuras ilegales extraídas en la operación. El medio Europa Press recogió declaraciones donde las autoridades militarizan la protección del entorno y recalcan que las tareas militares contribuyen tanto a debilitar las actividades delictivas como a mitigar el deterioro ambiental.

Tras la destrucción de los asentamientos clandestinos, las Fuerzas Armadas continúan su presencia en la región, desarrollando lo que han denominado la fase de seguimiento y aseguramiento sobre las áreas previamente devastadas por la minería ilegal. Esta etapa está orientada a garantizar que los sectores intervenidos permanezcan libres de actividades ilícitas y a reforzar las medidas de protección del área natural, según la información que distribuyó Europa Press.

Los reportes oficiales insisten en que las operaciones en San Luis, Dos Camas y La Aida han sido acompañadas de una estrategia de acción nocturna que, según el comunicado militar, permite mantener vigilancia constante y evitar intentos de reactivación minera. El Ejército definió el uso de lanzadores de cohetes por la noche como una técnica para disuadir y golpear a las estructuras criminales que han operado en el parque nacional.

El operativo constituye parte de los esfuerzos del Estado para enfrentar la crisis de minería ilegal que afecta distintas áreas protegidas en Ecuador. El Ejército sostiene que la incautación de materiales y la destrucción de infraestructura reduce tanto el potencial de daño ambiental como los recursos económicos disponibles a los grupos criminales involucrados, elementos que Europa Press incluyó al difundir el comunicado de la institución militar.

Los datos divulgados hasta ahora por las autoridades y reportados en medios como Europa Press reflejan que el golpe a la minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus representa una acción de magnitud destinada a disuadir la economía criminal asociada a los GAO, favorecer la recuperación ecológica de la zona y mantener la integridad de áreas de alto valor ambiental amenazadas por la extracción ilícita de minerales.

Un refugio que albergaba un centro italiano de control de drones ha quedado completamente destruido tras un ataque contra la base aérea de Alí al Salem, en Kuwait, donde operan conjuntamente contingentes militares de Italia y Estados Unidos. El impacto de un proyectil contra las instalaciones inutilizó un dron, un modelo Reaper utilizado por la Fuerza Aérea italiana en misiones de vigilancia e inteligencia en la región.

Las autoridades italianas ha confirmado el ataque y han subrayado que no se han registrado víctimas entre el personal desplegado. “Esta mañana la base Alí al Salem de Kuwait, que acoge estadounidenses e italianos, ha sido atacada con un dron de ataque que impactó en un refugio con un centro de control de aparatos aéreos de control remoto (RPAS) italiano y que ha sido destruido”, ha explicado el jefe del Estado Mayor de la Defensa italiano, el general Luciano Portolano.

El militar ha indicado que contactó de inmediato con el comandante del contingente italiano destacado en la base, el coronel Marco Mangini, para conocer la situación sobre el terreno. Según ha trasladado posteriormente, “todo el personal está a salvo y no hay heridos”. El incidente ha sido comunicado también al Gobierno italiano.

La instalación de Alí al Salem acoge personal militar italiano dentro de las operaciones internacionales en Oriente Medio. En los últimos días, además, el contingente desplegado en la base había sido reducido como medida de precaución tras el inicio, el pasado 28 de febrero, de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, manteniéndose únicamente el personal imprescindible para garantizar las funciones básicas de la misión.

El dron destruido formaba parte de los medios desplegados para apoyar estas operaciones y era considerado un recurso clave para las tareas de vigilancia. Según el Ministerio de Defensa italiano, el aparato afectado por el ataque era “un bien esencial para las actividades que estaba en la base para garantizar la continuidad de las operaciones”.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha asegurado posteriormente que la seguridad del personal desplegado no se ha visto comprometida. “No hay riesgo ni problemas para nuestros militares”, ha señalado en declaraciones a la cadena Rete4. Tajani también ha subrayado el contexto regional del ataque, al señalar que “Kuwait es objetivo militar de Irán debido a la presencia de bases estadounidenses”. “No nos van a intimidar. Vamos a cumplir con nuestros compromisos internacionales”, ha añadido.

Un dron clave para la vigilancia en la región

El aparato destruido en la base kuwaití era un dron Reaper, evolución del conocido Predator B y uno de los sistemas no tripulados más avanzados utilizados por la Aeronáutica italiana. Se trata de un vehículo aéreo diseñado para misiones de vigilancia, reconocimiento y obtención de inteligencia durante largos periodos de tiempo.

La propia Fuerza Aérea italiana lo describía hace aproximadamente un año como un dispositivo “extremadamente ligero y silencioso”, capaz de observar objetivos a grandes distancias. Su capacidad de vigilancia le permite monitorizar movimientos y actividades en tierra desde varios kilómetros de distancia, lo que lo convierte en una herramienta habitual en operaciones militares y misiones de inteligencia.

Según ha explicado al HuffPost Italia Pietro Batacchi, director de la revista especializada Rivista Italiana Difesa, el Reaper destaca por sus prestaciones técnicas. “Se trata de un dron que garantiza altas prestaciones. Tiene un alcance de casi 1.000 kilómetros, una autonomía de 24 horas y un coste que ronda los 20 millones de euros si se incluyen también los sensores”, ha detallado. El experto ha subrayado que este tipo de aparatos se utilizan principalmente como plataforma de vigilancia. “Es un activo valioso en la recopilación de información, en este caso en clave anti-ISIS”, ha señalado.

La presencia de este dron en Kuwait respondía precisamente a la posición estratégica del país en la región. Desde esta base, el aparato apoyaba las misiones internacionales que colaboran con Irak en la lucha contra el Estado Islámico mediante labores de reconocimiento y vigilancia aérea. “Es un instrumento muy útil para la recogida de inteligencia y la vigilancia”, ha explicado Batacchi. “Con su potente radar puede ver todo lo que ocurre en tierra, por lo que servía de apoyo en las misiones que respaldan a Irak contra el Estado Islámico”, ha agregado.

Un sistema compuesto por tres elementos

El sistema Reaper no se limita únicamente al dron que vuela sobre el terreno. Según explica la Aeronáutica italiana, el sistema completo se compone de tres elementos principales.

El primero es el propio aparato aéreo, equipado con sensores y sistemas de observación. El segundo es la estación de control, desde la que los operadores dirigen el vuelo del dron. Gracias a una conexión por satélite, esta estación puede controlar el aparato incluso cuando se encuentra a cientos de kilómetros de distancia.

El tercer elemento es la estación operativa encargada de procesar y analizar los datos e imágenes captados por el dron. La información recopilada se transmite en tiempo real, lo que permite a los mandos militares disponer de una visión inmediata de lo que sucede sobre el terreno.

Las dimensiones del aparato contribuyen también a sus capacidades operativas. El Reaper cuenta con una envergadura cercana a los 20 metros y una longitud de aproximadamente 11 metros, lo que le permite transportar sensores avanzados y permanecer en vuelo durante largos periodos.

Italia dispone actualmente de un número reducido de estos drones. Según las informaciones disponibles, la Fuerza Aérea cuenta con seis unidades operativas, asignadas al 32º Stormo. En los próximos años esta cifra podría aumentar, ya que en 2024 se desbloqueó un acuerdo con Estados Unidos para la adquisición de otros seis aparatos adicionales.

Por el momento, sin embargo, la flota es limitada, lo que convierte la pérdida del dron en Kuwait en un contratiempo para las capacidades italianas en la zona. Según fuentes conocedoras del despliegue citadas por HuffPost Italia, el aparato destruido era el único destinado a esa misión concreta. Los demás se encuentran actualmente en Italia cuando no están desplegados en operaciones.

La vulnerabilidad de la base de Alí al Salem ya había sido señalada por algunos analistas debido a su proximidad geográfica a Irán. Batacchi ha recordado que la instalación se encuentra dentro del alcance de drones y misiles de corto alcance iraníes, lo que la convierte en una posición especialmente expuesta en el actual contexto regional. En los últimos días, precisamente por esa exposición, el contingente italiano en la base había sido reducido de forma significativa. Actualmente permanecen allí 82 militares, frente a los 321 que había inicialmente, encargados de mantener las actividades esenciales de la misión.

El grupo armado Al Shabaab, según el Ministerio de Defensa de Somalia, perdió a nueve de sus presuntos integrantes durante una ofensiva combinada de fuerzas oficiales y milicias locales en la localidad de Busley Daud, ubicada en la región de Bajo Shabelle, al sur de Mogadiscio. De acuerdo con el reporte difundido por el ministerio y citado por varios medios, las operaciones concentraron sus esfuerzos en una célula insurgente señalada como responsable de diversos episodios de inseguridad que afectaron a comunidades rurales próximas a la capital. La cartera de defensa subrayó que este operativo forma parte de una estrategia más amplia para erradicar la presencia de grupos armados en áreas donde suelen establecerse y esconderse.

La información publicada por las autoridades, reproducida por agencias internacionales, indica que la acción coordinada contó con la participación tanto de efectivos de las Fuerzas Armadas de Somalia como de agrupaciones comunales de autodefensa. Según el Ministerio de Defensa, durante el enfrentamiento, nueve presuntos miembros de Al Shabaab resultaron muertos. El gobierno explicó que la operación tuvo lugar en la región de Bajo Shabelle, un territorio estratégico para el grupo insurgente, que está vinculado a la red terrorista Al Qaeda. La fuente oficial sostuvo que estas personas “eran responsables de causar daños e inseguridad a la población local”, y añadió que entre los objetivos del dispositivo se encontraba la protección directa de los civiles y la recuperación de aquellos sectores rurales donde los insurgentes han intentado asentarse.

Tal como reportó el Ministerio de Defensa de Somalia, las intervenciones de las fuerzas armadas y las milicias de autodefensa local se enmarcan en una política intensificada tras la asunción del presidente Hasán Sheij Mohamud en mayo de 2022. Desde entonces, la administración somalí ha reiterado la prioridad de reforzar la lucha contra el terrorismo como eje de su gestión. El gobierno ha adoptado una línea de acción que privilegia la colaboración entre los militares y distintas estructuras sociales, incluidas las milicias conformadas por habitantes de zonas rurales, para desalojar a insurgentes de las áreas donde suelen acumular recursos y planificar incursiones.

El grupo Al Shabaab, según consignó el medio, ha incrementado la frecuencia y el alcance de sus ataques durante los meses recientes, logrando en ocasiones tomar posición en sectores al norte de Mogadiscio. Ante esta evolución, las autoridades reforzaron el despliegue de operaciones en colaboración con clanes locales, en un intento de recuperar el control de territorios bajo presión armada y proteger a la ciudadanía que se ve afectada por episodios reiterados de violencia. El plan estatal expuesto por el Ministerio de Defensa subraya el compromiso sostenido de las fuerzas oficiales y los actores comunitarios para liberar zonas donde los grupos armados buscan refugio y reconstituirse tras sucesivos golpes militares.

El comunicado ministerial, divulgado por medios internacionales, remarcó que la protección de la población civil y la erradicación de la amenaza insurgente continúan como tareas centrales de las fuerzas conjuntas. Las operaciones militares combinadas entre el gobierno y agrupaciones locales forman parte del plan general presentado por el presidente somalí para afrontar el desafío que representa Al Shabaab, organización clasificada como terrorista y vinculada a Al Qaeda. Tras los combates en Busley Daud, la administración insistió en la importancia de mantener la presión en las áreas rurales próximas a Mogadiscio, donde suelen registrarse movimientos y reagrupamientos de las células armadas que buscan recuperar territorios perdidos.

Las declaraciones oficiales recogidas en el comunicado señalaron que las personas neutralizadas durante el operativo desempeñaban un papel significativo en las estrategias de coacción y violencia aplicadas contra vecinos de la región. El gobierno reiteró el objetivo de no limitar las intervenciones a acciones estrictamente militares, sino también asegurar la estabilidad y el normal desarrollo de la vida civil mediante la recuperación de territorios ocupados o amenazados por estos grupos armados. Las acciones recientes en Bajo Shabelle buscan consolidar un cerco a las fuerzas de Al Shabaab, que en los últimos años han experimentado fluctuaciones en sus capacidades operativas a medida que las autoridades locales y nacionales han intensificado la colaboración con comunidades rurales.

Reportes difundidos por el Ministerio de Defensa y citados por medios internacionales puntualizaron que el enfoque estratégico del actual gobierno consiste en fortalecer la sinergia entre fuerzas estatales y autodefensas comunales, acción que ha permitido llevar a cabo múltiples ofensivas en regiones donde la labor de inteligencia y la respuesta rápida son determinantes para anticipar movimientos insurgentes. Las autoridades insisten en que estos dispositivos cuentan con planes continuos para perseguir y desmantelar células armadas que insisten en establecerse en sectores rurales, considerados vulnerables debido a su lejanía de los grandes centros urbanos y a las dificultades logísticas para el despliegue permanente de fuerzas estatales.

Según publicó el Ministerio de Defensa, la intensificación de los operativos refleja una respuesta a la creciente actividad de Al Shabaab, que desde hace meses desarrolla incursiones tanto en la periferia como en zonas más próximas a Mogadiscio, a pesar de las medidas adoptadas para contener y debilitar sus capacidades. El presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, reiteró tras asumir en 2022 la necesidad de centrar los esfuerzos gubernamentales en la erradicación total del grupo terrorista, ubicando la seguridad como prioridad nacional frente a una amenaza que recurrentemente atenta contra la estabilidad regional y la integridad de las comunidades rurales y urbanas.

El temor a una guerra de alcance global se sitúa entre las principales preocupaciones para la ciudadanía española, superando incluso otras inquietudes como la posibilidad de un conflicto civil o el deterioro del sistema democrático, según reflejan los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Este organismo recogió en una encuesta, realizada a finales de febrero y publicada el lunes, las percepciones sobre los riesgos bélicos y el papel de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, la mayoría de los consultados, ocho de cada diez, considera que la posibilidad de una guerra con armamento nuclear es real, aunque poco más de la mitad descarta que una situación así suponga el fin de la humanidad.

Según publicó el CIS, el 78,9% de quienes participaron en el sondeo ve factible que en un futuro se produzca un conflicto donde se utilicen armas nucleares, mientras que solo un 19,4% descarta esa opción. Ante el escenario hipotético de un ataque nuclear, las opiniones se dividen entre quienes consideran que provocaría el colapso total de la humanidad, un 41,7%, y aquellos que creen que la especie humana continuaría existiendo, cifra que alcanza el 54,1%. El medio también detalló que el sentido de alarma social es considerable: en una escala del cero al diez, la preocupación por una guerra mundial obtiene una valoración de 8 puntos, por encima del temor a una guerra civil, evaluada en un 7,49, y a la posibilidad de una crisis democrática, que llega a un 7,21.

La encuesta, divulgada por el CIS, indaga en la percepción que existe sobre la capacidad disuasoria de las Fuerzas Armadas. Un 67,7% de los encuestados estima que contar con unas fuerzas militares bien equipadas y preparadas actúa como salvaguarda frente a potenciales ataques de otros Estados. En oposición, un 29,6% no vincula directamente la fortaleza del Ejército con la posibilidad de evitar agresiones externas.

El dato de que el temor a una guerra a escala mundial puntúe notablemente más alto que el miedo a un conflicto interno o a la erosión del sistema democrático señala una focalización clara hacia escenarios internacionales y tecnológicos. El CIS apunta a que el arma nuclear es percibida como una amenaza creíble dentro del imaginario de riesgos posibles, aunque gran parte de la ciudadanía mantiene que su uso no conduciría inevitablemente al fin de la civilización humana.

De acuerdo con el CIS, la muestra utilizada corresponde a un trabajo de campo efectuado a finales del mes de febrero, en el que se exploraron, entre otros temas, las inquietudes sociales vinculadas a la seguridad y la defensa. Los resultados obtenidos muestran una sociedad dividida en las consecuencias últimas de un enfrentamiento nuclear, pero mayoritariamente convencida de su potencial ocurrencia en las próximas décadas.

En lo relativo al papel del ejército, la encuesta revela que dos tercios de los españoles consideran esencial la existencia de Fuerzas Armadas bien dotadas, asignando a esta institución una función preventiva clave para reducir la probabilidad de conflictos armados provenientes del exterior. Este dato contrasta con el grupo minoritario que no atribuye esa capacidad a las fuerzas militares, lo que evidencia una pluralidad de perspectivas sobre los mecanismos para preservar la seguridad nacional.

El informe elaborado por el CIS pone de manifiesto que los temores vinculados al estallido de una guerra global con posible uso de armamento nuclear configuran uno de los ejes principales de la preocupación ciudadana, superando a otros factores internos de inestabilidad. El documento completa el panorama de percepción sobre los riesgos y la función defensiva, destacando el peso asignado a la preparación militar como barrera ante potenciales crisis de orden internacional.

Tras la reciente destitución de todo el gabinete de Madagascar, Michael Randrianirina ha encargado a Mamitiana Rajaonarison la responsabilidad de reestructurar el poder político como nuevo primer ministro, enfrentando el reto de formar un Ejecutivo en medio de crisis institucional y demandas ciudadanas por transparencia. Según informó la agencia Europa Press, el nombramiento ocurrió pocos días después de que Randrianirina cesara a la totalidad del anterior gobierno malgache, sin detallar públicamente las razones para esa decisión.

El anuncio fue comunicado por la Presidencia de Madagascar a través de redes sociales, según publicó Europa Press, destacando que Rajaonarison, quien hasta ese momento ejercía como jefe del organismo anticorrupción del país, ahora asume como primer ministro en un contexto marcado por inestabilidad política. En su mensaje, Randrianirina afirmó: “Depende de usted y del nuevo Gobierno aplicar las políticas gubernamentales. Tanto yo como el pueblo malgache exigimos resultados rápidos y precisos”. También subrayó que el criterio para elegir a Rajaonarison para el puesto tuvo que ver con su "honestidad" y "valentía".

El medio Europa Press consignó que Randrianirina asumió la presidencia de transición tras el golpe de Estado ocurrido en octubre de 2025, cuando se produjo la destitución del presidente electo, Andry Rajoelina. La salida forzada de Rajoelina se produjo en un escenario de protestas masivas y represión. La intervención del nuevo mandatario, con respaldo militar del Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), resultó definitiva durante las manifestaciones antigubernamentales. De acuerdo con Europa Press, Rajoelina, quien había sido reelegido en las disputadas elecciones de 2023, permanecía en paradero desconocido tras conocerse informaciones sobre su posible evacuación en un avión francés.

Randrianirina no detalló públicamente las razones para la remoción del ex primer ministro Herintsalama Rajaonarivelo ni de los demás miembros del Ejecutivo, limitándose a señalar que se trató de parte de un proceso de “refundación” institucional tras la caída de Rajoelina. En su declaración recogida por Europa Press, el presidente de transición explicó que Rajaonarison tiene la tarea de encabezar la formación del nuevo gabinete y deberá encargarse de ejecutar las políticas prioritarias del Estado.

Según reportó Europa Press, la situación política en Madagascar continúa caracterizándose por una alta inestabilidad. El país ha vivido repetidos golpes de Estado desde que obtuvo la independencia de Francia en 1960, con disturbios recientes que han visibilizado la insatisfacción de amplios sectores de la población ante la gestión gubernamental, la falta de acceso a servicios esenciales y la percepción de corrupción. Las protestas, reprimidas por fuerzas de seguridad bajo el gobierno de Rajoelina, han generado una crisis institucional amplia cuya resolución depende de la capacidad del nuevo Ejecutivo para lograr resultados tangibles rápidamente.

El perfil de Mamitiana Rajaonarison, hasta el momento vinculado a la lucha contra la corrupción desde la jefatura del organismo anticorrupción malgache, plantea expectativas sobre las prioridades de la nueva administración, en especial en cuanto a la transparencia y la respuesta a las demandas sociales, detalló Europa Press. La presidencia de transición ha insistido en la urgencia de consolidar una nueva estructura de gobierno capaz de responder al reclamo de cambio por parte de la sociedad.

El actual contexto en Madagascar, tal como reportó Europa Press, refleja también la persistencia de divisiones políticas profundas. Rajoelina, removido por la fuerza, no ha reconocido la legitimidad de las acciones recientes y continúa considerándose presidente malgache. Su posición añade un elemento de incertidumbre a una coyuntura nacional marcada por la falta de estabilidad y la desconfianza en las instituciones políticas.

Ante este panorama, la comunidad nacional e internacional observa los próximos pasos del gobierno de transición encabezado ahora por Rajaonarison, cuyas acciones estarán bajo permanente escrutinio dada la insistencia pública en la transparencia, la honestidad y la eficacia en el manejo del poder político.

Durante una rueda de prensa, Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, sostuvo que las Fuerzas Armadas del país están al mando del control del tráfico en el estrecho de Ormuz y enfatizó que ningún Estado cuenta con autorización para emplear esa vía marítima con el objetivo de atacar a Irán. Según reportó la agencia iraní de noticias Tasnim, Baqaei atribuyó la causa de las restricciones al paso de buques a la inseguridad generada por Estados Unidos e Israel tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero en contra del país asiático, situación que llevó a Teherán a establecer “condiciones específicas” para el tránsito en dicha área estratégica.

De acuerdo con Tasnim, el portavoz del gobierno iraní argumentó que las medidas adoptadas en Ormuz buscan salvaguardar la seguridad nacional y evitar que naciones consideradas agresoras utilicen de manera indebida esa ruta marítima. Baqaei subrayó que Irán cuenta con prerrogativas, derivadas de su condición de país costero, para tomar decisiones dirigidas a la protección de la seguridad en el estrecho, una de las vías más relevantes para el comercio y transporte de petróleo a nivel global.

El medio Tasnim detalló que, además del control militar y las restricciones impuestas al tráfico marítimo, la Guardia Revolucionaria de Irán asumió la autoría de varios ataques contra buques en la región de Ormuz. Estas acciones forman parte de la reacción del país persa a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, la cual no solo se limita a territorio iraní, sino que también ha alcanzado zonas bajo control israelí e instalaciones vinculadas a intereses estadounidenses en distintas áreas de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

La agencia Tasnim consignó que Irán ha mantenido su postura de vigilante del estrecho de Ormuz y del paso seguro de barcos, pese al agravamiento de las tensiones. Baqaei afirmó durante su intervención que “Irán siempre ha sido guardián y custodio del estrecho y del paso seguro de barcos a través del mismo. Son los estadounidenses e israelíes los que han generado estas condiciones”. El funcionario señaló directamente a Estados Unidos e Israel como responsables de la actual situación de inestabilidad y de la escalada de restricciones en la zona.

Respecto al impacto humano de la ofensiva, Tasnim reportó que las autoridades iraníes informaron un saldo de más de 1.200 muertos a consecuencia de las acciones militares promovidas por Israel y Estados Unidos. Sin embargo, la organización Human Rights Watch in Iran, que tiene sede en Estados Unidos, estimó que la cifra de víctimas mortales supera las 3.000 personas, en su mayoría pertenecientes a la población civil.

El estrecho de Ormuz figura como uno de los puntos más sensibles para el comercio internacional, dada su relevancia en el tránsito energético mundial. Las restricciones implementadas por Irán afectan el transporte de mercancías y materias primas, además de generar un aumento en la tensión geopolítica de la región. Según publicó la agencia Tasnim, el gobierno iraní considera indispensable la vigilancia militar permanente en la zona ante lo que describe como amenazas directas procedentes de Estados Unidos e Israel.

En sus declaraciones recogidas por Tasnim, Baqaei reiteró el derecho de Irán a regular las condiciones de navegación en Ormuz. "Como país costero, tenemos derecho a adoptar las medidas necesarias en el estrecho de Ormuz para garantizar la seguridad nacional y evitar que los agresores usen mal esta vía marítima", declaró el portavoz ante los medios. Ante la continuidad de la ofensiva y las limitaciones al tráfico marítimo, la atención internacional se concentra en las posibles repercusiones económicas y de seguridad en la zona e incluso fuera de ella.

Cada 15 de marzo, en México se celebra el Día del Militar Retirado. La fecha reconoce la trayectoria profesional y el servicio de hombres y mujeres que formaron parte del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Según una comunicación oficial en las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional este 15 de marzo, el objetivo de la conmemoración es fortalecer el sentido de pertenencia del personal militar retirado a través de un reconocimiento institucional cada año.

Como parte de este homenaje anual, la Secretaría transmitió un mensaje de agradecimiento a quienes integraron las filas de las fuerzas armadas, destacando que “su ejemplo inspira y enorgullece a las nuevas generaciones de militares”.

¿Cuándo puede un militar retirarse?

La estructura de beneficios y posibilidades de reincorporación para los militares retirados en México plantea un panorama complejo, donde tanto el retiro como el eventual regreso a las filas de las Fuerzas Armadas están regulados por estrictos parámetros legales y administrativos, definidos por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Más allá de la prestación directa a los militares, ciertos beneficios pueden alcanzar también a sus familiares, siempre que exista un vínculo comprobable con la Sedena.

El acceso a estos beneficios exige la estricta demostración de causales puntuales, entre las que destacan alcanzar la edad límite de servicio, quedar incapacitado en combate o durante acciones conexas al servicio, desarrollar imposibilidad física producto de una enfermedad prolongada —específicamente cuando esta perdura por más de seis meses— o simplemente solicitar el retiro después de cumplir, al menos, veinte años de servicio efectivo.

La definición legal de militar en retiro incluye diversas circunstancias: desde quienes han sido dados de baja por actos de servicio o padecimientos físicos hasta quienes cumplen un ciclo laboral extenso en la Sedena. Esta variedad habilita un rango amplio de prestaciones que se extienden mucho más allá del simple haber de retiro.

¿Cuáles son las prestaciones de los militares por retirarse?

Una vez confirmada la condición de retiro, la ley garantiza a los beneficiarios un abanico de facilidades económicas, sociales y asistenciales. Se incluyen el haber de retiro —es decir, el salario base correspondiente al rango alcanzado—, una pensión, así como una compensación única. En caso de fallecimiento, se otorgan pagas de defunción y ayuda para gastos funerarios, acompañadas de un fondo de trabajo y un fondo de ahorro.

Además, los retirados cuentan con seguro de vida, seguro colectivo de retiro, opciones de préstamos hipotecarios y acceso a un servicio médico integral. Otras prestaciones abarcan farmacias económicas, becas de manutención, escolares y especiales. Este paquete de beneficios se encuentra disponible tanto para el militar como para ciertos familiares que cumplan con los requisitos.

En términos comparativos, la normativa explícita de México sobre el retiro de militares reconoce no sólo riesgos inherentes a la actividad, sino también una variedad de causas admitidas para solicitar la baja, entre ellas quedar incapacitado por motivos ajenos al cumplimiento del deber, siempre que la enfermedad o lesión limite el desempeño por un periodo de seis meses o más.

El comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán, general Alireza Tangsiri, advirtió a las naciones árabes del golfo Pérsico sobre el riesgo de cooperar con Estados Unidos y otros países occidentales en acciones militares contra territorio iraní, manifestando que estos aliados externos priorizan intereses propios por encima de la seguridad local. Tangsiri afirmó que, en circunstancias críticas, las potencias occidentales están dispuestas a dejar de lado a sus socios regionales, y añadió que esta conducta se refleja en los acontecimientos recientes. En este contexto, la Guardia Revolucionaria subrayó que la verdadera alternativa recae en la unidad de los estados islámicos y en la expulsión de fuerzas estadounidenses del área, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la Guardia Revolucionaria iraní comunicó que la mayor parte de los misiles utilizados en su respuesta a los bombardeos provenientes de Estados Unidos e Israel corresponden a armamento producido hace más de diez años. Esta aclaración se produce tras el aumento de tensión en la región y los ataques cruzados entre fuerzas iraníes y occidentales, donde la República Islámica empleó tecnologías que, según su alto mando, ya pertenecen a generaciones anteriores de su arsenal.

Europa Press detalló que, en palabras de la Guardia Revolucionaria, “muchos de los misiles que fueron fabricados tras la guerra de los doce días aún no han sido utilizados”, señalando que todavía no han empleado los modelos más recientes desarrollados por la industria militar iraní. Esta aseveración busca remarcar que las capacidades armamentísticas de Irán no se han mostrado en su totalidad y que la ofensiva actual no representa el máximo poderío de sus fuerzas.

En el mismo comunicado, los líderes iraníes destacaron la resistencia que han mantenido las fuerzas del país frente a la creciente presión internacional. La referencia a la guerra de los doce días apunta a un precedente en el fortalecimiento del arsenal iraní, indicando que, desde aquel conflicto, se han producido nuevas generaciones de misiles que permanecen sin emplear en los ataques más recientes.

El general Tangsiri dedicó parte de su intervención a los líderes árabes del golfo Pérsico, reiterando que Estados Unidos y otros estados occidentales no brindan garantías reales de protección. Europa Press citó al comandante cuando expresó: “Desde hace años les hemos dicho a los gobernantes del golfo Pérsico que Estados Unidos y los países occidentales no solo no os darán seguridad, sino que cuando haya necesidad, os sacrificarán por sus propios intereses”. Según el medio, Tangsiri añadió que los acontecimientos actuales demuestran dicha advertencia, resaltando que “os han sacrificado por su ambición”.

En su mensaje, el comandante propuso como solución la consolidación de la unidad entre los estados islámicos como vía para fortalecer la defensa regional y limitar la influencia de actores externos. Tangsiri afirmó que solo la expulsión de Estados Unidos de la región podrá modificar el equilibrio de poder y garantizar la seguridad de los países árabes implicados.

Europa Press informó que las declaraciones de la Guardia Revolucionaria exponen tanto una advertencia dirigida a los aliados de Occidente en la región como una muestra de la confianza del Estado iraní en su evolución militar. Al señalar que los misiles empleados pertenecen a generaciones pasadas, Irán busca transmitir que mantiene reservas significativas de tecnología armamentista más avanzada, reservada ante un agravamiento del conflicto o una escalada militar mayor.

Las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel se han intensificado a raíz de los ataques e intercambios de misiles en el contexto del conflicto en Oriente Medio, según publicó Europa Press. Las advertencias lanzadas por el alto mando iraní forman parte de una estrategia de comunicación orientada a persuadir a los gobiernos del golfo Pérsico de revisar sus actuales políticas de alianza con potencias occidentales y a manifestar la capacidad de Irán para resistir presiones externas sin emplear toda la extensión de su armamento disponible.

Europa Press consignó que estas posiciones de la República Islámica reflejan tanto su interés en preservar la autonomía regional como en establecer un frente común entre los países islámicos frente a la injerencia extranjera. Las manifestaciones públicas de altos mandos militares iraníes buscan impactar tanto en la percepción internacional como en los esquemas de seguridad de los estados vecinos.

Las fuerzas españolas de operaciones especiales desplegadas en Irak han sido trasladadas a ubicaciones seguras tras no poder continuar con sus funciones originales, en un movimiento realizado en plena cooperación con aliados internacionales y autoridades iraquíes. Según el Ministerio de Defensa, la situación de seguridad en Irak se ha visto afectada a causa de la reciente escalada de violencia regional vinculada a la guerra en Irán, lo que llevó a la “reubicación temporal” de estos efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG), parte de la coalición internacional contra Estado Islámico.

El Ministerio de Defensa confirmó este domingo que todos los militares afectados se encuentran ya en localizaciones consideradas seguras y sin que se haya producido ningún incidente. Tal como informó el Ministerio, el personal militar ha sido informado y protegido a lo largo del proceso, que se realizó en coordinación estrecha tanto con la coalición global presente en la región como con las autoridades locales iraquíes. Además, Defensa detalló que los países socios y aliados de España han sido mantenidos al tanto de la operación de redespliegue.

De acuerdo con el comunicado difundido por Defensa y reportado por los principales medios, España cuenta en estos momentos con aproximadamente 300 efectivos de sus Fuerzas Armadas en Irak, formando parte de dos misiones principales. La primera, bajo la Operación Resolución Inherente, se dirige desde 2014 a combatir a Estado Islámico mediante una coalición internacional, de la que forma parte el Grupo de Operaciones Especiales recientemente reubicado. Además, la segunda misión responde a la OTAN en Irak (NMI), cuya dirección pasará a manos de un general español en junio, según lo previsto y detallado por Defensa.

El medio detalló que, a estas misiones, se suman la Unidad de Protección de Fuerzas y el Elemento de Apoyo Nacional en Irak, dos agrupaciones que operan en el país bajo el paraguas de la OTAN y a pedido de las propias autoridades iraquíes. La decisión de redesplegar a los efectivos de operaciones especiales surge debido a la “volatilidad y fragilidad de la situación” en la zona, condiciones que según Defensa justifican este tipo de medidas dirigidas principalmente a resguardar la seguridad de los militares desplegados.

El Ministerio subrayó que el compromiso de España con la coalición internacional y la estabilidad de Irak permanece sin cambios, a pesar del traslado temporal de su contingente especial. Insistió en que las medidas adoptadas responden exclusivamente a la necesidad de garantizar la protección de las tropas, ante la actual coyuntura marcada por un aumento de los riesgos militares y de seguridad en la región.

La decisión adoptada por las autoridades españolas coincidió en el tiempo con el fallecimiento de un militar francés, confirmado el pasado viernes por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras un ataque con drones considerado “inaceptable” por el mandatario, y dirigido contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, al norte del país. Según publicó el Ministerio de Defensa español, este episodio refuerza el contexto de deterioro de la seguridad que motivó el traslado de las fuerzas de operaciones especiales.

En el proceso de redespliegue, las autoridades encargadas han mantenido una comunicación constante con los países aliados, reforzando los lazos de cooperación multinacional de la coalición y de la OTAN en Irak. El Ministerio recalcó la implicación de España en los objetivos internacionales de lucha contra Estado Islámico, y puntualizó que la coordinación con socios locales e internacionales guía cada una de las decisiones operativas adoptadas frente a incidentes de seguridad.

El medio recogió que, durante la última década, la presencia militar española en Irak ha respondido a mandatos internacionales para fortalecer las capacidades iraquíes frente a actores extremistas. El compromiso con la estabilidad y la continuación de la instrucción y asistencia dependerá de la evolución de la situación sobre el terreno, evaluada constantemente junto a los socios internacionales y bajo supervisión de las autoridades del Ministerio de Defensa.