Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron que la Fuerza Naval rescató con vida a tres pescadores reportados como desaparecidos mientras realizaban pesca artesanal en el sector de Kaukira, en el departamento de Gracias a Dios. Según la institución, la embarcación perdió contacto el 7 de junio.

Los hombres fueron localizados a tres millas náuticas de la Barra de Caratasca, tras varios días de búsqueda. Las Fuerzas Armadas precisaron que sus familiares no tenían noticias de ellos desde la pérdida de comunicación.

Los rescatados fueron identificados como Frank Allí Arrechavala Méndez y Winston Padilla Bermudez; la tercera persona aún no fue identificada oficialmente, de acuerdo con el reporte. Las autoridades indicaron que se movilizaban en una embarcación tipo tiburonera en la zona de La Mosquitia.

Traslado a la base naval

Las Fuerzas Armadas señalaron que los tres fueron asegurados y evacuados. Ahora son trasladados a la Base Naval de Caratasca para recibir atención médica.

Honduras mantiene la alerta amarilla y verde por los efectos indirectos de la depresión tropical Cristina, que aunque perdió intensidad sigue generando lluvias, viento y oleaje que elevan el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas y peligros marítimos en varias regiones del país, según informó Infobae.

Uno de los puntos de mayor vigilancia es el Golfo de Fonseca, donde el oleaje podría alcanzar entre seis y siete pies de altura, de acuerdo con Infobae. El mismo medio indicó que la marea alta prevista entre las 22:00 y las 24:00 llevó a reforzar las precauciones en las comunidades costeras.

La Alerta Amarilla seguirá durante 24 horas en la línea costera del Golfo de Fonseca y en el municipio de Alianza, en Valle, por el alto oleaje y el posible aumento del caudal del río Goascorán, según Infobae. La medida se mantiene mientras las autoridades observan el comportamiento del mar y de ese afluente.

La Alerta Verde continúa en Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz y Ocotepeque, además del resto de Valle. Las autoridades explicaron al mismo medio que la prevención busca que instituciones de respuesta, gobiernos locales y comunidades sostengan un monitoreo constante ante cambios en el tiempo.

El Golfo de Fonseca concentra el riesgo por oleaje y restricciones marítimas

Aunque Cristina fue degradada a depresión tropical, el fenómeno permanece frente a las costas de Honduras y El Salvador y sigue aportando abundante humedad, lluvias intermitentes, vientos racheados y oleaje elevado en las aguas del Golfo de Fonseca, de acuerdo con reportes de organismos meteorológicos.

Esas condiciones aumentan la probabilidad de crecidas repentinas de ríos, quebradas y riachuelos, además de inundaciones urbanas en zonas vulnerables y saturación de suelos en áreas montañosas. El impacto se concentra sobre todo en el sur, centro, oriente y noroccidente del país, añadió el medio.

Especialistas en gestión de riesgos advirtieron que el estado del mar representa una amenaza para embarcaciones pequeñas y medianas, en especial las dedicadas a la pesca artesanal y al transporte local.

Por esa razón, se mantiene la recomendación de restringir la navegación de naves de pequeño y mediano calado hasta que mejoren las condiciones marítimas.

Las autoridades también recomendaron extremar las precauciones durante las actividades marítimas y vigilar el comportamiento del mar durante la marea alta. En la franja costera bajo alerta, el monitoreo se concentra tanto en el oleaje como en la evolución del río Goascorán.

Las lluvias acumuladas elevan el riesgo de deslizamientos e inundaciones

Las lluvias acumuladas en los últimos días podrían aumentar la vulnerabilidad de comunidades ubicadas cerca de cauces naturales o en zonas de ladera.

Expertos en protección civil advirtieron que los deslizamientos de tierra figuran entre las amenazas más frecuentes de la temporada lluviosa, sobre todo en sectores con antecedentes de movimientos de suelo o deforestación.

Especialistas en gestión de riesgos señalaron en Infobae que los mayores peligros suelen aparecer después de las precipitaciones más intensas, cuando los ríos comienzan a elevarse y los suelos alcanzan su máximo nivel de saturación. También recomendaron a las alcaldías y comités de emergencia local mantener observación permanente sobre los puntos críticos para actuar a tiempo.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, afirmó que la PNP actuará para impedir protestas en la ciudad capital luego de que se conozcan los resultados finales de la segunda vuelta electoral. Según él, la PNP protegerá el derecho de reunión y expresión, pero intervendrá con uso gradual de la fuerza si una protesta afecta a personas, bienes públicos, infraestructura o la tranquilidad pública.

En una entrevista con Panamericana, Arriola sostuvo que la coordinación no quedará limitada a la Policía. Mencionó a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Pública y al alcalde Renzo Reggiardo como parte de un esfuerzo para mantener la seguridad

El jefe policial también situó el operativo en una escala nacional. “La policía va a garantizar la seguridad de los 34 millones de peruanos”, dijo Arriola, al responder por la posibilidad de una nueva “toma de Lima” convocada por ciudadanos.

PNP advierte que usará la fuerza de forma progresiva

El jefe de la Policía explicó que la institución garantizará la seguridad de quienes ejerzan “sus derechos fundamentales a la libertad de reunión y a la libertad de expresión”, pero advirtió que estará vinculado con la conducta de los manifestantes. “Nadie les quita el derecho, sino esos derechos dejan de asistirle, porque comienza la generación de la violencia”, en especial en el centro de Lima.

Consultado sobre posibles desbordes tras el resultado electoral, Arriola respondió: “Si es que hay personas que alteran este orden público, que generan violencia en contra de personas, por supuesto que vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”, dijo Arriola.

El comandante también describió un límite material para la tolerancia estatal frente a ataques a sedes públicas. “No podemos hacer un ole para que pasen e incendien el Congreso o el Palacio o las autoridades”, dijo Arriola, al rechazar la posibilidad de una pasividad policial ante una escalada violenta.

Arriola afirma que se evitará una “toma de Lima”

El comandante general aludió a antecedentes ya identificados por las autoridades y sostuvo que la respuesta actual se apoya en esos registros sobre anteriores intentos de “toma de Lima”.

En ese tramo, indicó que esas referencias están “registradas en las investigaciones en la primera, segunda y tercera tentativa de una supuesta toma de Lima”.

Arriola agregó que el deber de la fuerza es proteger a quienes resulten afectados por eventuales hechos violentos y a quienes tienen a su cargo bienes del Estado.

Comunidad Aymara convoca a protestas si Keiko Fujimori gana las elecciones

La demora en el conteo de votos por parte de los organismos electorales ha generado tensión en los simpatizantes Roberto Sánchez. En la región Puno, en la que el candidato a la presidencia de Juntos por el Perú tuvo un apoyo en mayoría, integrantes de la comunidad Aymara convocaron a una protesta en la que afirman que no reconoceran los resultados si Fuerza Popular gana las elecciones.

“No al fujimorismo. Un voto patriótico, un voto con dignidad, un voto con memoria, con memoria de tantos fallecidos, tantos fallecidos, hermanos tenemos en diferentes regiones asesinados por los militares, por este pacto mafioso. Señora Keiko Fujimori, por favor, háganos el favor de retirarse, señora. Usted no trabaja. Usted no tiene dignidad, no tiene sentimientos, señora. Usted por lo menos ni siquiera tiene una ocupación laboral. Usted no trabaja, usted no sabe qué es sufrir, qué es sudar para conseguir un pan de cada día para nuestros hogares. Señora, por favor, retírese (...) Vamos a llegar hasta Lima y no vamos a admitir”, expresó una ciudadana durante la manifestación pacífica.

Los ciudadanos concentrados cerca al puente Ilave también expresaron que no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta en caso de que gane las elecciones. “No lo vamos a reconocer. Nosotros hemos dado nuestro rechazo categórico. ¿Qué más quiere la señora? ¿Qué le pasa? (...) ¿Piensa que el pueblo está ciego? ¿No tiene memoria?“, indicó la ciudadana.

El ministro de Defensa de la Argentina, Teniente General Carlos Presti, y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, supervisaron este miércoles el cierre del ejercicio combinado “Daga Atlántica“, el primero de gran magnitud que realizan las Fuerzas Armadas de los dos países.

El acto se realizó en la IV Brigada Aerotransportada, en las afueras de la ciudad de Córdoba, hasta donde se trasladaron varias autoridades nacionales y extrajeras para presenciar uno de los últimos entrenamientos que se dieron en el marco de esta iniciativa.

En poco menos de cinco minutos, una fuerte dotación de militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea llegaron al campo de batalla ficticio, abrieron fuego, rescataron a un rehén y lo sacaron de la zona en un exitoso operativo que se desarrolló con precisión milimétrica.

Fueron aproximadamente 25 mil disparos los que se realizaron tanto desde los vehículos de combate como desde los fusiles de los más de 50 uniformados que participaron de la misión, en su totalidad argentinos.

A unos metros de distancia, en unas carpas que se montaron en el lugar y también al aire libre, a un costado de las camionetas que transportan los aparatos de comunicación, los altos mandos observaban el desenvolvimiento de sus subordinados.

Entre el personal de jerarquía se encontraban algunos integrantes del Comando de Operaciones Especiales del Comando Sur de los Estados Unidos (Socsouth, por sus siglas en inglés) y de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales (JSOU) de ese mismo país.

El objetivo de la jornada era salvar a la persona secuestrada en el marco de un escenario hipotético en el que se tiene que recuperar el control del canal de Panamá, premisa que se mantuvo a lo largo de todo el programa.

El ejercicio fue conjunto porque participaron los miembros de las tres Fuerzas Armadas y combinado porque se hizo con la colaboración de las dotaciones norteamericanas, que llegaron a la Argentina en abril, cuando comenzaron los entrenamientos.

La particularidad de esta ocasión fue que, a diferencia de lo que pasa en operativos similares que se hacen en Chile, Brasil u otras naciones de la región, en Córdoba los visitantes le dieron el control total de la situación a los militares locales.

Esto sirvió de prueba para el ejercicio PANAMAX 2026, que se realizará a finales de este año en Panamá y en el que la Argentina volverá a estar al frente del comando operacional de las fuerzas especiales de los Estados participantes.

Luego del despliegue, los uniformados que formaron parte de la misión recibieron un diploma que tiene certificación internacional de la OTAN y la ONU, un hecho histórico para las FFAA, que nunca antes habían podido acceder a esto.

Del evento también participaron los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Relaciones Esteriores, Pablo Quirno, y de Salud, Mario Lugones, además de otras autoridades y diputados, como el libertario Carlos Zapata.

Si bien estaba previsto que asistiera el presidente Javier Milei, el mandatario canceló el viaje por cuestiones de agenda, pero el resto de los funcionarios decidieron ir de todas formas.

La idea es repetir esta experiencia el año que viene con mayor presencia norteamericana, ya que la guarnición extranjera se redujo notablemente debido a la guerra entre Irán e Israel -de hecho, estuvo a punto de cancelarse-.

De todas formas, la meta central es el 2028, para cuando se planea un despliegue mucho más masivo, con entrenamientos más complejos y mayor armamento, ya que para ese momento ya habrán arribado a Buenos Aires casi todos los vehículos Strykers y los aviones F-16 que se compraron en el último tiempo.

En este caso, la Fuerza Aérea participó con un helicóptero Bell 412, un Hércules C130 y un Embraer ERJ; la Armada aportó el avión P3 Orion y el Patrullero Oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”; y el Ejército movilizó tres Strykers.

Lo que dejó el ejercicio y cómo sigue el vínculo con los Estados Unidos

En diálogo con Infobae, el ministro Presti calificó como “un salto de calidad” la realización de este operativo para las Fuerzas Armadas Argentinas, destacó el hecho de que los visitantes norteamericanos hayan dejado el control del comando en manos de las autoridades locales, lo cual no es habitual que ocurra, y anticipó que está en conversaciones con el embajador Lamelas para la compra de los helicópteros Black Hawk, cuyas primeras unidades podrían llegar incluso este año.

“Vinieron alrededor de quince o veinte uniformados para hacer actividades más que nada de planeamiento y preparar también etapas posteriores para otros ejercicios futuros, como el que se va a dar en Panamá en unos meses”, explicó el funcionario.

El ahora integrante del Gabinete, que hizo casi toda su carrera en el Ejército, detalló que “hay tres comandos, el de tierra, aire y mar, pero además, en el mundo OTAN, está el Comando de Fuerzas Especiales, y esta fue la primera vez que los elementos argentinos tomaron el mando de esa organización”.

“Yo creo que eso también responde un poco a la calidad de la gente nuestra, a la experiencia que tiene para interoperar con fuerzas americanas. También los americanos valoran mucho la capacidad intelectual y de planeamiento de nuestros oficiales y suboficiales, tal vez por encima del resto de Sudamérica”, agregó.

No obstante, Presti desestimó cualquier intervención en el conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente, al remarcar que para que algo así sucediera, primero es necesario “un adiestramiento y tener los materiales adecuados, porque las fragatas o los destructores que tiene la Armada, por ejemplo, son buques de guerra que participaron en Malvinas, hace treinta y cinco años”.

Asimismo, el ministro desmintió que la compra de los Black Hawk para el Ejército se haya caído y aseguró que lo conversó incluso este miércoles con Lamelas, ya que se trataría de una adquisición importante porque “te permite interoperar con otras Fuerzas Aéreas”.

“Estamos hablando de cuatro helicópteros de la versión Lima con la posibilidad de que dos vengan antes de fin de año con todo el paquete logístico y de capacitación que lo darían los Estados Unidos. Está en negociaciones", insistió.

Por último, el funcionario hizo un balance de lo que dejó el ejercicio combinado y opinó que “lo más valioso es mostrar que las Fuerzas Armadas de Argentina tienen un capital humano muy grande y que se capacitan de la mejor manera con los recursos que el Estado les proporciona”.

“Durante muchos años, nuestros comandos, las fuerzas especiales, no tuvieron acceso a interoperar o relacionarse con, por ejemplo, los comandos y fuerzas especiales americanas. Y hoy tienen esa oportunidad. Ellos tienen un grado de tecnología, desarrollo y experiencia de guerra que es muy valioso y lo transmiten. Por ejemplo, en el campo había un profesor estadounidense que era un veterano de guerra, que tiene mucha experiencia de combate. Poder acceder a esas experiencias de guerras reales es muy importante”, cerró.

El Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y Sunset Park cierran temporalmente a partir de este martes 9 de junio. La decisión fue comunicada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien informó que ambos espacios permanecerán inhabilitados para el público hasta nuevo aviso como medida de prevención y seguridad para turistas, comerciantes y residentes de la zona costera.

El anuncio, replicado en los canales institucionales, subraya que el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y el parque de diversiones Sunset Park no reabrirán sus puertas mientras persistan las condiciones de riesgo.

“Debido a las condiciones del clima, el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y el Parque de Diversiones Sunset Park permanecerán cerrados temporalmente. Gracias por su comprensión”, expresó la ministra Valdez en una publicación. La medida se mantendrá vigente hasta que existan garantías para la seguridad de visitantes y trabajadores.

Esto responde a los efectos del fuerte oleaje generado por la Tormenta Tropical Cristina, que impactó principalmente la zona litoral de El Salvador. Según el último reporte oficial, una sección de más de 15 metros del muelle turístico del Puerto de La Libertad colapsó a causa de la fuerza del mar.

Además, el oleaje provocó daños leves en el sector de Sunset Park y en varios restaurantes ubicados en el área del malecón, donde el agua del mar ingresó y afectó la infraestructura.

Refuerzan protección y vigilancia en el malecón de La Libertad

Las autoridades de Obras Públicas anunciaron que desplegaron equipos para instalar una protección provisional en el malecón del Puerto de La Libertad. También informaron que, cuando las condiciones del clima lo permitan, iniciarán la construcción de una obra de protección permanente en la zona. Todo ello con el propósito de mantener la seguridad ante variabilidad del oleaje y lluvias en los próximos días.

Por su Parte, la Fuerza Armada de El Salvador, a través de la Marina Nacional, mantiene desplegado un dispositivo de vigilancia y monitoreo en el Puerto de La Libertad y Sunset Park, en cumplimiento de la alerta naranja emitida por las condiciones marítimas adversas. El personal militar supervisa la seguridad en la zona y apoya las labores de prevención, mientras se evalúan los daños y se define el proceso de recuperación de las áreas afectadas.

El monitoreo continuará en todo el litoral, mientras se mantiene la alerta por la posibilidad de que el fenómeno marítimo se intensifique. Las autoridades insisten en acatar las recomendaciones y mantenerse informados a través de los canales gubernamentales para evitar incidentes.

De igual manera, señalaron que el monitoreo se extiende a otras zonas costeras como Acajutla y playa El Majahual, donde se reportan afectaciones de diversa magnitud.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que este 9 de junio, la velocidad del oleaje podrá alcanzar hasta 55 kilómetros por hora, con alturas que oscilarán entre 1.8 y 2.2 metros. Por su parte, para el 10 de junio, se prevé una ligera disminución en la velocidad máxima, que llegará a 50 kilómetros por hora, y alturas entre 1.7 y 2.2 metros.

En un artículo previo se describen seis líneas de acción para construir un sistema de defensa creíble y realista. Una de ellas es la actualización del marco legal que regula la Defensa Nacional, sustentado en la Ley N° 23554 de Defensa Nacional (1988), reglamentada por decreto N° 1112/24. Dicha ley establece bases para la preparación, ejecución y control de la defensa y se complementa con la Ley N° 19101 para el Personal Militar (1971).

Otras leyes y normas inciden en la organización y empleo del sistema de defensa nacional, sin ser éste su ámbito primario. Entre ellas, la Ley N° 24059 de Seguridad Interior (1992) que establece una clara diferencia entre seguridad interior y defensa, y la Ley N° 25520 de Inteligencia Nacional (2001), que regula al Sistema de Inteligencia Nacional. Todas ellas tienen decretos reglamentarios y otras normas derivadas, que evidencian en su conjunto, un marco legal obsoleto, con vacíos, contradicciones y ambigüedades en su cumplimiento.

Obsolescencia del marco legal

Las leyes mencionadas anteriormente se elaboraron en un contexto complejo caracterizado por el fracaso del gobierno de facto, la debilidad inicial del sistema democrático y la necesidad de un control efectivo sobre las FFAA. Ello tuvo como consecuencia, la inclusión de importantes restricciones operativas al Sistema de Defensa Nacional en el afán de limitar la intervención política de las fuerzas armadas.

Aunque comprensibles el contexto y las causas, las leyes crearon una división artificial entre defensa y seguridad (interior) como si fuesen problemas de diferente naturaleza y complejidad, y pudieran enfrentarse de manera independiente y desintegrada. Esto limita la capacidad defensiva del país y resta flexibilidad y velocidad de respuesta frente a amenazas o agresiones complejas (híbridas, proxies, etc). La defensa se prevé y emplea contra cualquier amenaza o agresión a los intereses vitales de la nación y las FFAA no deben considerarse como ultima ratio, sino como un recurso adecuado para algunas situaciones encuadradas legalmente como de seguridad interior y viceversa, con FFSS participando en operaciones militares (como en la guerra de Malvinas).

La Ley N° 24059 prevé emplear a las FFAA en operaciones de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio por el PEN según el Art 86, Inc 17 de la CN (después de la reforma de 1994, está en el Art 99, Inc 16), algo que ningún presidente ha hecho dado el costo político de tal medida. Y aunque el Decreto 1112/24, intenta solucionar esta limitación, se mantiene la condición de que la amenaza o agresión sean externas, cualquiera sea su forma ya que no puede modificar per se, la ley.

La Ley de Inteligencia y normas derivadas limitan a la inteligencia militar a operar sobre organizaciones militares e inteligencia técnica de eventuales agresores (no menciona siquiera a amenazas). Operar sin la inteligencia brindada por su propio sistema afecta la eficiencia de cualquier organización militar (y de cualquier organización en general). También la normativa vigente prohíbe la ejecución de operaciones psicológicas (componente necesario en operaciones de información), algo inconcebible en la actualidad.

Vacíos, contradicciones, incumplimiento y ambigüedades

El marco legal de la defensa se presenta fragmentado y con vacíos importantes, producto de necesidades políticas ocasionales y de diferentes visiones sobre la problemática. Muchos aspectos obligatorios no se cumplen tal como la letra y el espíritu de cada ley pretende, en ocasiones con poca trascendencia, pero en otras con una afectación grave al sistema de defensa. A modo de ejemplo, se cita al servicio militar, a la reserva y a la carencia de una ley orgánica de las FFAA.

La Ley N° 24429 (1995) de Servicio Militar (que no deroga a la Ley N° 17531 de Servicio Militar Obligatorio), prevé la incorporación de soldados voluntarios y habilita al PEN a incorporar soldados mediante conscripción obligatoria, en caso de que no se llegue a cubrir las plazas fijadas anualmente. Este hecho nunca ocurrió desde su promulgación, pese a que las FFAA desde hace décadas, no tienen los efectivos necesarios para cumplir las misiones asignadas de manera eficiente.

Aunque varias leyes refieren a la reserva, no hay una ley específica para ella ni tampoco una de movilización. La carencia de un sistema eficiente y moderno de movilización y reservas, reduce la capacidad de disuasión y de respuesta frente a amenazas o agresiones externas, o para cumplir las misiones subsidiarias de las FFAA.

Otro vacío importante es la carencia de una ley orgánica de las FFAA. Según el artículo 45 y 46 de la Ley de defensa, el CODENA debía elevar varios anteproyectos de leyes en el plazo de un año (incluyendo entre otras, leyes orgánicas, de reserva, de movilización y de producción para la defensa). Poco se ha hecho en ese sentido, excepto con la Ley N° 24948 de Reestructuración de las FFAA, la cual fuera reglamentada de manera parcial e inconexa a través de decretos de distinta temática.

Más allá de lo mencionado, la gestión de la defensa ha sido ambigua y en muchos casos contradictoria con el espíritu de las leyes, citando como ejemplo:

La Ley N° 26.394 Justicia Militar (2008) creó el Código de Disciplina de las FFAA y modificó el Código Penal, cuyo espíritu era eliminar el fuero militar y equiparar derechos del militar con los del ciudadano. No obstante, las modificaciones del Código Penal, incluyen agravamiento de las penas en algunos delitos civiles si son cometidos por militares. Pareciera que ser militar, en su condición de funcionario público, constituye un agravante que no aplica por igual a todos los funcionarios.

Las normas presupuestarias y de planes de reequipamiento son también ejemplo de contradicciones y ambigüedades de gestión. La Ley N° 27565 Fondo Nacional de la Defensa (2020), asigna a la modernización de las FFAA desde 2023, el 0.8 por ciento de los ingresos corrientes. Nunca y sin justificación, se han alcanzado siquiera valores cercanos que permitan un proceso de modernización realista y sostenido.

El desconocimiento de la ley es también grave. Algunos ex presidentes y funcionarios, expresaron en varias ocasiones que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Ello implica ignorar (por desconocimiento o intencionalidad) el Art 8, a) de la Ley de Defensa Nacional, el cual establece taxativamente que el Sistema de Defensa Nacional debe determinar dichas hipótesis, sin mencionar la vigencia del conflicto por Malvinas.

Describir las falencias del marco legal de la defensa excede la extensión y propósito de este trabajo, el que busca alertar a quiénes tienen la responsabilidad de gobernar y legislar, de un problema serio para el futuro de la Nación.

Reconocer estas falencias, es sin embargo el paso necesario para su actualización, la que otorgue al país un marco jurídico políticamente acordado, ordenado, con lineamientos claros y definidos al futuro, y bajo el cual la defensa nacional tenga el poder necesario para asegurar la independencia, la soberanía y la libertad de los argentinos.

Los videojuegos de acción suelen asociarse únicamente con el entretenimiento, pero una investigación reciente publicada en Communications Psychology sugiere que sus efectos podrían ir mucho más allá de la pantalla.

El estudio encontró que la experiencia acumulada en este tipo de juegos se relaciona con una mayor capacidad para aprender habilidades nuevas en entornos exigentes y de alta complejidad, incluido un contexto tan desafiante como la selección y formación de pilotos militares. Este hallazgo reabre el debate sobre el potencial de los videojuegos para desarrollar capacidades cognitivas aplicables al mundo real.

Según se detalla en el artículo de Muy Interesante, revista de divulgación científica, estos videojuegos se asocian con una ventaja a quienes deben adaptarse a tareas desconocidas, lo que indica que algunas actividades cotidianas pueden contribuir al desarrollo de mecanismos útiles para aprender en el futuro.

Metodología y participantes del estudio

El estudio mencionado reunió a 228 hombres pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De ese total, 128 eran alumnos de vuelo naval que ya habían superado procesos de selección aeronáutica, mientras que los 100 restantes desempeñaban otras funciones militares vinculadas a la aviación, sin experiencia previa en evaluaciones aeronáuticas.

Todos los participantes completaron una versión experimental de la batería de medidas basadas en el rendimiento (PBM), integrada en la Aviation Selection Test Battery (ASTB), una herramienta utilizada por la Marina, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera estadounidenses para seleccionar personal de aviación.

Las pruebas requerían seguir objetivos en movimiento con mandos similares a los de una aeronave, responder a señales auditivas, controlar distintos elementos simultáneamente y reaccionar ante situaciones imprevistas, todo ello mientras se gestionaba información de diversas fuentes.

Además, se recopiló información detallada sobre la experiencia de cada participante tanto en videojuegos de acción como en simuladores recreativos de vuelo.

Rendimiento y velocidad de aprendizaje en pruebas de selección aeronáutica

El enfoque del estudio no se limitó a comparar las puntuaciones obtenidas en las pruebas, sino que analizó la evolución del rendimiento a medida que los participantes repetían las tareas.

Mediante modelos matemáticos, los investigadores reconstruyeron las curvas individuales de aprendizaje, lo que permitió distinguir entre quienes partían con ciertas ventajas por habilidades previas y quienes mejoraban con mayor rapidez durante el entrenamiento.

En la práctica, los alumnos de vuelo se desempeñaron mejor en las primeras pruebas por su formación específica. No obstante, el análisis reveló que aquellos con mayor experiencia en videojuegos de acción no solo partían de mejores resultados iniciales, sino que también alcanzaban antes su rendimiento máximo.

El modelo mostró que aproximadamente la mitad de la mejora total se producía tras poco más de tres bloques de práctica, y que entre los alumnos de vuelo, quienes jugaban a videojuegos de acción aprendían a mayor velocidad.

Diferencia entre videojuegos de acción y simuladores de vuelo

Los resultados también revelaron un matiz importante. Aunque los participantes con experiencia en simuladores recreativos de vuelo obtuvieron un mejor desempeño en las primeras etapas de las pruebas, esa ventaja inicial no se tradujo en una mayor rapidez para adquirir nuevas habilidades. En otras palabras, partir con cierta familiaridad ayudó al comienzo, pero no influyó de manera significativa en la capacidad de aprendizaje a medida que avanzaba el entrenamiento.

Por el contrario, la experiencia con videojuegos de acción fue la que mostró las asociaciones más consistentes con una progresión rápida en los alumnos de vuelo.

Este resultado contradice la idea en psicología de que las actividades más similares a una tarea concreta son siempre las que generan más beneficios transferibles. En este caso, la mayor asociación positiva se detectó en una experiencia aparentemente más alejada de la aviación real.

El concepto de aprender a aprender y sus implicaciones

El debate sobre el estudio gira en torno al concepto de aprender a aprender. Esta noción plantea que algunas experiencias no solo enseñan habilidades específicas, sino que ayudan a desarrollar mecanismos generales que facilitan el aprendizaje de competencias nuevas. ¿La distinción? Instruirse para una tarea concreta es distinto a adquirir flexibilidad para desenvolverse cuando no existe un manual claro.

Los autores del estudio sugieren que los videojuegos de acción podrían estar relacionados con este segundo fenómeno. La constante necesidad de supervisar múltiples elementos, reaccionar a cambios inesperados, modificar estrategias y manejar información compleja en estos juegos favorece procesos cognitivos que pueden ser útiles en otros contextos, más allá del propio entretenimiento digital.

Limitaciones y alcance de los resultados

El estudio no afirma que jugar a videojuegos de acción convierta de manera automática a una persona en piloto ni que pueda suplir la formación técnica y especializada.

Tampoco sostiene que acumular horas frente a una pantalla permita saltarse la escuela de vuelo o los procesos de selección. Más bien, los resultados sugieren que existe una relación entre la experiencia con videojuegos de acción y la capacidad para adaptarse y aprender en contextos nuevos.

Además, la asociación más clara se detectó entre los alumnos de vuelo, no en todo el grupo de participantes, lo que apunta a limitaciones en la generalización de los resultados.

Desde 1983, Argentina consolidó uno de los mayores logros institucionales de su historia contemporánea, el control civil de las Fuerzas Armadas. Tras décadas de interrupciones constitucionales, el instrumento militar quedó plenamente subordinado al poder democrático. Sin embargo, más de cuarenta años después, es necesario preguntarnos si ese éxito político estuvo acompañado por una conducción eficaz de la defensa nacional.

La respuesta, observando el estado actual de nuestras capacidades militares, parece evidente. Argentina logró controlar a las Fuerzas Armadas, pero nunca consiguió conducir estratégicamente la defensa como una política de Estado.

El politólogo Thomas C. Bruneau fue uno de los autores que mejor explicó esta diferencia. El control civil garantiza la subordinación militar al poder político y responde a la pregunta “quién manda”. La conducción estratégica, en cambio, exige que la dirigencia sea capaz de definir objetivos, asignar recursos, formular estrategias y sostener la preparación del instrumento militar en el tiempo. Responde a “hacia dónde se conduce y con qué capacidades”.

Bruneau advirtió que numerosos países alcanzaron el primer objetivo mientras fracasaban en el segundo, generando fuerzas armadas plenamente subordinadas, pero crecientemente ineficaces. Argentina encaja con notable precisión en esa descripción.

Tras la derrota de Malvinas y el retorno de la democracia, la sociedad argentina construyó un consenso sólido respecto de la necesidad de impedir cualquier forma de autonomía militar. Fue una decisión correcta y necesaria. El problema surgió cuando la defensa comenzó a ser interpretada casi exclusivamente desde la lógica del control institucional y dejó de ser concebida como una política pública destinada a preservar capacidades estratégicas.

Así, mientras se fortalecían los mecanismos democráticos de supervisión, se fue produciendo una pérdida constante de capacidades militares que terminó arrastrando al país hacia una situación cercana a la indefensión.

Durante gran parte de estas cuatro décadas, el Ministerio de Defensa funcionó más como un espacio de administración política coyuntural que como un verdadero órgano de conducción estratégica. La mayoría de los ministros llegaron al cargo por acuerdos partidarios, sin experiencia previa ni equipos especializados en la materia. Se consolidó entonces una paradoja recurrente, los civiles ejercían la autoridad formal pero dependían técnicamente de los propios militares para comprender el área que debían conducir, subordinando las recomendaciones profesionales recibidas a urgencias presupuestarias, factores electorales o ideológicos.

A ello se sumó la ausencia de continuidad estratégica. Desde 1983, la política exterior argentina osciló entre alineamientos contradictorios y visiones cambiantes del mundo. Cada gobierno redefinió prioridades, alianzas y amenazas. Como consecuencia, la política militar quedó subordinada a los ciclos políticos y jamás se consolidó un consenso básico sobre qué capacidades debía conservar el país y para qué escenarios.

Argentina tuvo “políticas de gobierno para las Fuerzas Armadas”, pero nunca tuvo una verdadera “política de Estado para la Defensa”.

La evolución presupuestaria refleja con claridad este proceso. El gasto en defensa cayó sostenidamente hasta ubicarse hoy por debajo del 0,5 % del PBI. Lo más grave es que esta reducción nunca estuvo acompañada por una reforma estructural coherente. No se reorganizó integralmente el instrumento militar, no se adecuaron las estructuras a los recursos disponibles ni se redefinieron prioridades estratégicas. Simplemente se ajustó.

El resultado fue previsible, estructuras cada vez más costosas para sostener capacidades cada vez menores.

Las consecuencias están a la vista. Obsolescencia de sistemas de armas, disminución de la disponibilidad operativa, reducción del adiestramiento y pérdida de capacidades críticas en los tres componentes de las Fuerzas Armadas. Durante años el país careció de aviación de combate supersónica, la Armada perdió sus capacidades submarinas, gran parte de sus medios de superficie, mientras el Ejército vio limitadas sus posibilidades de despliegue, movilidad y poder de fuego.

El hundimiento del ARA San Juan simbolizó de manera dramática las consecuencias de décadas de desinversión, improvisación y falta de previsibilidad. Desde hace más de dos décadas, el instrumento militar no está en condiciones de cumplir cabalmente con el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional, que fija como misión garantizar la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial, capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Todo esto fue favorecido por la idea de que América del Sur se había convertido en una región donde los conflictos interestatales pertenecían al pasado y que, por lo tanto, la preparación militar había dejado de ser prioritaria. Sin embargo, los intereses vitales de una Nación no desaparecen porque disminuyan las probabilidades de conflicto. La defensa existe precisamente para garantizar que esos intereses puedan ser protegidos cuando las circunstancias cambian.

Y las capacidades militares no se improvisan. Requieren décadas de formación, doctrina, entrenamiento e inversión. Cuando se pierden, recuperarlas demanda enormes recursos financieros y mucho tiempo.

La discusión pública tampoco ayudó. Durante años, la agenda vinculada a la defensa quedó reducida a debates sobre derechos humanos, misiones de paz o asistencia a la comunidad. Todos temas relevantes pero insuficientes para abordar la eficacia, el problema central del instrumento militar. La defensa desapareció de la agenda política porque dejó de percibirse como una prioridad nacional.

La experiencia de la denominada “logística genética”, impulsada a partir de las lecciones surgidas del Informe Rattenbach, ilustra bien esta realidad. Se identificó correctamente la necesidad de planificar la generación de capacidades a largo plazo, pero nunca se consolidó una estructura permanente capaz de sostener esa visión más allá de los cambios de administración.

La falencia persiste hasta hoy. El Ministerio de Defensa carece de una estructura técnico-profesional robusta y estable en el área material, que permita conducir integralmente el ciclo de vida de las capacidades militares. Muchas funciones terminan fragmentadas o delegadas en las propias fuerzas, debilitando la continuidad y la coherencia de la conducción política.

Por eso, cada cierto tiempo reaparece el debate sobre si los ministros deberían ser civiles o militares retirados. La discusión, en realidad, parte de una premisa equivocada. El problema no es el origen profesional del ministro, sino su capacidad técnica y su visión estratégica. Existen excelentes ministros civiles y también militares retirados que han ejercido funciones políticas bajo estricto control democrático. La subordinación institucional está plenamente resuelta. El desafío pendiente es profesionalizar la conducción de la defensa.

La delicada situación económica argentina impide imaginar soluciones basadas exclusivamente en aumentos presupuestarios. Pero las restricciones fiscales no justifican la ausencia de planificación. Países con recursos limitados sostienen instrumentos militares eficaces porque establecen prioridades claras, desarrollan consensos estratégicos duraderos y administran racionalmente sus capacidades.

Argentina necesita avanzar precisamente en esa dirección. Construir acuerdos básicos que sobrevivan a los cambios de gobierno; profesionalizar la conducción política del área; formar a los cuadros superiores en gestión estratégica; adecuar las estructuras a los recursos disponibles; concentrar esfuerzos en capacidades prioritarias; y reconstruir gradualmente los sistemas de planeamiento, logística y generación de capacidades.

Sobre todo, necesita recuperar una discusión seria, madura y desideologizada sobre la defensa nacional.

La defensa no equivale al militarismo ni supone debilitar el control democrático. Un sistema eficaz requiere simultáneamente subordinación política, conducción profesional y capacidades materiales reales. Cuando una de esas dimensiones falta, el Estado se debilita.

El gran desafío argentino del siglo XXI ya no es evitar la intervención militar en la política. Ese objetivo fue alcanzado hace más de cuatro décadas y constituye uno de los principales logros de nuestra democracia.

El desafío pendiente, entonces, es construir una dirigencia capaz de pensar, planificar y conducir estratégicamente la defensa nacional. De lo contrario, seguiremos atrapados en una contradicción que se ha vuelto cada vez más evidente, haber logrado Fuerzas Armadas plenamente subordinadas al poder político, pero con cada vez menos capacidad para cumplir la razón misma de su existencia, la defensa de los intereses vitales de la Nación.

Mientras las grandes potencias, como Estados Unidos y China, disputan influencia más allá de la atmósfera, Argentina avanza en distintos proyectos para definir qué papel desempeñarán sus Fuerzas Armadas en el dominio espacial. Y, si bien nadie puede reclamar como propio ese escenario ultraterrestre, sí es un tema de soberanía el poder decir presente y capitalizar el enorme potencial científico e intelectual propio para ocupar un lugar estratégico y de referencia en este ámbito. No estamos lejos: no por nada, hace pocos meses, el satélite argentino Atenea fue enviado al espacio exterior durante la misión Artemis II. Es decir: hay experiencia, trayectoria y un inmenso horizonte de posibilidades.

Para presentar las distintas iniciativas, proyectos y debates, el Ministerio de Defensa llevó a cabo una nueva jornada de innovación y tecnología. Expertos en satélites, comunicaciones, vectores de lanzamiento y datos se presentaron en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) para poder sentar precedente.

Un dato: el ámbito militar no está solo a la hora de avanzar en esta materia. Alrededor, hay distintos actores –públicos y privados– comprometidos con el desarrollo de tecnología espacial. La CONAE, el CITEDEF, INVAP, ARSAT y firmas como VENG, Space Sur y Ascentio Techonologies son algunas de las organizaciones que acompañan las necesidades con sus desarrollos. Por eso, estuvieron entre los principales oradores del encuentro.

“Cuando pensamos en el desarrollo de capacidades espaciales estratégicas, estamos hablando del presente en la defensa nacional. El espacio ya no es la última frontera, es el teatro de operaciones actual. Pero los desafíos se vuelven más complejos. El conocimiento no puede quedar atrapado en los laboratorios y en los claustros académicos”, advirtió el licenciado Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa, y uno de los principales mentores de la jornada que tuvo lugar en la UNDEF. Un detalle, nada menor: este evento es el segundo de este tipo realizado por la cartera castrense, pues hace un mes tuvo lugar una jornada sobre sistemas de simulación para el adiestramiento táctico.

El espacio, un lugar estratégico: la visión del Ministerio de Defensa

“Hace diez años, hablábamos de drones; hoy debemos tomar nota de las operaciones en el espacio”, advirtió, ante un auditorio repleto de militares, funcionarios y científicos, el general de división Jorge Alberto Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares de la cartera de Defensa.

De acuerdo con el militar, las capacidades espaciales están siendo consideradas en el planeamiento de la defensa. Por eso, adelantó que el Ministerio del teniente general Carlos Alberto Presti busca avanzar en las capacidades de investigación, desarrollo e innovación: “Vamos a tratar de priorizar las tecnologías emergentes y de uso dual. Entre ellas, podemos incluir comunicaciones seguras, sensores, inteligencia artificial aplicada, sistemas nocturnos y no tripulados, soluciones ciberespaciales, guerra electrónica, capacidades de observación y comunicaciones espaciales”.

De todas maneras, el funcionario advirtió que, para que estas iniciativas tengan lugar en las organizaciones militares, se pensó en una serie de directrices: deberán reducir la dependencia externa, mejorar la vigilancia y el control del espacio soberano y fortalecer las capacidades industriales sostenibles.

¿Argentina en el espacio exterior?

Durante la jornada, Julio Spota, rector de la Universidad de la Defensa Nacional, trajo al presente una reflexión de Domingo Faustino Sarmiento. A propósito de la necesidad de avanzar en los desarrollos espaciales en pos de garantizar la defensa y la soberanía, recordó que el autor de Facundo escribió: “¿Acaso porque la empresa sea ardua es por eso absurda?”. Dice Spota que ese mismo lineamiento debemos considerar a la hora de pensar en las capacidades estratégicas: “¿Es absurdo pensar en una Argentina espacial?”.

En representación del claustro castrense, también habló el coronel (retirado) veterano de guerra de Malvinas Carlos Daniel Esteban, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNDEF. Y, de hecho, calificó el evento como el arma más poderosa que tienen las ciencias y la academia para intercambiar conocimientos. A propósito del tema de la jornada, recordó que, cuando los hermanos Wright miraron al cielo en 1903, abrieron un abanico de alternativas para la humanidad, que, desde entonces, comenzó a mirar hacia arriba. “Luego el hombre llegó a la Luna”, resumió al remarcar el sinfín de posibilidades que hoy desafían al mundo en materia científica y tecnológica.

Del cine a la realidad: ¿nos debemos preparar para una guerra orbital?

Uno de los paneles más relevantes de la UNDEF se metió de lleno en el motivo de la jornada: la Fuerza Aérea Argentina es la que tiene la responsabilidad de vigilar y controlar el aeroespacio. Por lo tanto, es la que debe procurar llevar adelante desarrollos que permitan garantizar la soberanía en esos dominios.

¿El contexto? A mediados del siglo XX, se inició una carrera espacial que, además, enfrentó a dos potencias: Estados Unidos y la URSS. “Esta carrera está en una situación bastante más compleja en lo que llamamos el ‘nuevo espacio’”, señaló uno de los oradores, el brigadier mayor retirado Alejandro Moresi, quien caracterizó este nuevo territorio como un ambiente en conflicto permanente en el que conviven civiles y militares: “La militarización del espacio fue escalando”.

De acuerdo con el militar, en este escenario, no hay que dejar de lado la amenaza que representa la existencia de basura espacial, no solo para la Tierra, sino también para los satélites que son enviados al espacio y, como si eso fuera poco, un potencial combate orbital, fenómeno que, hace algunos años, solo podía ser visualizado en la pantalla grande.

En cambio, en este momento, los países evalúan sus capacidades militares para lograr ventajas estratégicas desde o contra el entorno espacial. Lo relevante de este dato es que las tecnologías que tendrán un lugar en esa batalla son de uso dual. Los ejemplos sobran, solo basta decir que, casi a diario, los ciudadanos utilizamos aplicaciones de navegación de GPS. ¿Qué podría suceder si alguien pudiera derivar algunos nanosegundos la ubicación? Eso, en un ataque militar, puede traducirse en un caos absoluto. Es decir, lo que sucede en el espacio impacta en la Tierra. Así que, como se explicó en la UNDEF, este es un momento clave para avanzar en iniciativas que garanticen la soberanía.

La Fuerza Aérea Argentina ya está en el tema. Y cabe señalar que tiene una trayectoria relevante en la materia. Fue el comodoro Horacio Matías Orefice el responsable de hablar en nombre del equipo multidisciplinario que, en la institución, avanza con el plan espacial.

Durante el encuentro, el militar fue contundente: “La jornada se hace un 4 de junio, Día de la Vinculación Tecnológica, en honor al ingeniero físico Juan Sabato, quien dijo que la única manera de lograr desarrollos para el futuro es cuando se unen tres vértices de un triángulo conformado por el Estado, el sector productivo y el científico”. Asimismo, el comodoro detalló que la Fuerza Aérea toma, en esta materia, como prócer guía al comodoro Aldo Zeoli, quien, junto al ingeniero Tabanera, es uno de los fundadores de la actividad aeroespacial argentina.

“En la actualidad, hay más de 20.000 objetos en órbita. Algunos cumplen funciones, otros no, como la basura espacial. Esto, en definitiva, pasa por encima de nuestras cabezas y parece que no tiene efectos más que cuando cae un pedazo de chatarra en la Tierra. Pero sí los tiene, y los últimos en sufrirlo fueron los españoles, a fines del año pasado, cuando quisieron lanzar un satélite de millones de euros y quedó inutilizable por el impacto de una microchatarra. En lo militar, es importante tener conciencia de lo que sucede porque repercute en el día a día de todos nosotros”, destacó el comodoro, quien explicó que, por este motivo, el plan de la Fuerza Aérea contempla distintos ejes: vigilancia y protección, sistemas satelitales e información remota, acceso al espacio, desarrollo de capital humano, doctrina y planteamiento, vinculación, nuevas tecnologías y derecho operacional espacial militar.

En UNDEF, la industria espacial argentina reivindicó su capacidad estratégica y soberana

El sector industrial y científico también tuvo un papel destacado durante la jornada. Empresas como INVAP, ARSAT, VENG, Space Sur y Ascentio Technologies presentaron proyectos vinculados a constelaciones microsatelitales, comunicaciones espaciales resilientes, plataformas soberanas para operaciones multidominio y nuevas arquitecturas de defensa basadas en tecnologías espaciales.

El ingeniero Pedro Rivas, gerente técnico de VENG, además de presentar los desarrollos y colaboraciones con las Fuerzas Armadas y la CONAE, señaló algo que es relevante: Argentina posee una ubicación geográfica clave e infinidad de oportunidades. “Tenemos que potenciarnos”, resumió.

A su lado, la doctora Carolina Catani, de la CONAE, se refirió a un aspecto que no puede ser dejado de lado: las normativas que rigen el ámbito espacial. En ese sentido, la abogada explicó que, si bien se le asignó un uso pacífico al espacio, hay regulaciones que deben tenerse en cuenta. En ese contexto, ella habló de la existencia de una nueva gobernanza y de la necesidad de considerar la propiedad intelectual al considerar los activos argentinos. A propósito, el ingeniero Juan Aurelio, de ARSAT, recordó que Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene capacidad de lanzar y operar un satélite. Por eso, insistió, es relevante poder ocupar las posiciones orbitales del país.

Por su parte, los ingenieros Rafael Mallaret y Alejandro Boeri, de INVAP –la única empresa latinoamericana con capacidad de diseñar y construir sistemas satelitales completos (desde la ingeniería hasta las pruebas en Tierra)–, se refirieron a las constelaciones microsatélites para potenciar la defensa: la arquitectura distribuida puede transformarse en una red estratégica. Además, señalaron que los radares de apertura sintética, que emplean la banda X, pueden presentar ciertas limitaciones para el ámbito militar, por ejemplo, en lo que respecta a la detección de objetos ocultos. Por eso, sugirieron empezar a mirar otras bandas con mayor capacidad.

Cristian Senyk, de Ascentio Technologies agregó algo que puede ser relevante para las Fuerzas Armadas: hay un cambio de paradigma que exige mayor dependencia tecnológica en un escenario de complejidad operacional y de menores tiempos de respuesta y toma de decisión. Por eso, acentuó que hay que pensar sí o sí en plataformas multidominio que puedan procesar lo que ocurre en el espacio, en el aire, en la tierra y en el mar.

Hecho en CITEDEF: así es el nanosatelite del Ejército Argentino

Uno de los momentos más destacados de la jornada estuvo dedicado al primer nanosatélite del Ejército Argentino, un proyecto que refleja la apuesta de la Defensa por desarrollar capacidades espaciales propias.

La iniciativa, de CITEDEF y del Ejército, fue presentada como un paso concreto hacia la incorporación de conocimientos y tecnologías vinculados al acceso y la operación en el dominio espacial. Además, señalaron que el desarrollo permitirá avanzar en materia de comunicaciones y transmisión de datos, y que el gran desafío será la puesta en órbita.

El dato: el lanzamiento está previsto para octubre próximo y estará a cargo de la compañía SpaceX (en el cohete Falcon 9).

La conquista del espacio entra en una nueva era: ¿qué lugar tiene Argentina?

Para cerrar, el ingeniero Pablo de León, de la Universidad de Dakota del Norte, brindó un panorama detallado del contexto internacional actual en materia espacial.

De acuerdo con el especialista, hoy el mundo está hablando del “New Space”, fenómeno que se refiere a la irrupción de empresas comerciales que revolucionaron la industria aeroespacial en Estados Unidos: “Hace algunos años, el monopolio de estas actividades las tenía la NASA y el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Defensa y otros organismos. Esto terminó”.

En ese contexto, el experto recordó que, en julio de 2011, Estados Unidos debió buscar alternativas para transportar astronautas. Paralelamente, lanzó un programa para restaurar esa capacidad y, en ese marco, otorgó contratos a varias empresas, como Boeing y Space X, para que se encargaran del traslado. “Fue un momento de quiebre. Hay otro punto de inflexión que se produce en 2015, cuando el gobierno de los Estados Unidos aprobó un acta de competitividad de lanzamientos espaciales comerciales: lo que dice es que las empresas o los individuos pueden ser dueños de recursos de un asteroide o de la Luna, pero no de los cuerpos celestes”, contó, al tiempo que se refirió al Tratado del Espacio Ultraterrestre, normativa que prohíbe que un país pueda reclamar soberanía en ese lugar.

Asimismo, el ingeniero señaló que los cohetes actuales avanzaron en materia tecnológica y que, por ejemplo, hoy tienen la capacidad de regresar a la Tierra, lo cual también redujo los costos de lanzamiento y transporte. Esto es clave si se considera que, a partir de 2028, Estados Unidos enviará astronautas a la superficie lunar. Y que, además, en el polo sur del satélite, hay recursos naturales. Por eso, De León señaló el interés de las potencias actuales en instalar bases permanentes allí.

“Argentina envió el satélite Atenea. Fue uno de los cuatro países invitados a participar por la NASA. Además, el país es miembro de los Acuerdos Artemisa. Creo que tenemos una oportunidad histórica de seguir participando en este tipo de proyectos, por una variedad de razones; una de ellas es porque seguimos manteniendo la capacidad espacial”, concluyó.

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) activaron un operativo nacional que involucra a 45 000 efectivos para custodiar la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

El despliegue, coordinado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), busca garantizar el normal desarrollo de la jornada y la protección del derecho al sufragio en todo el país.

Desde el Cuartel Rafael Hoyos Rubio, en el distrito del Rímac, partió un contingente de 856 militares con destino a Huánuco, desde donde se distribuyen hacia distintas provincias y distritos para fortalecer la seguridad en los locales de votación.

El general de división Oscar Calle, comandante del Comando Operacional del Centro, destacó que la misión de las Fuerzas Armadas responde al mandato constitucional de resguardo democrático.

La operación se replica en diversas regiones del territorio nacional. Unidades militares se movilizan progresivamente hacia zonas asignadas, reforzando puntos estratégicos y colaborando en el traslado y protección del material electoral.

De acuerdo con la normativa vigente, la participación de las Fuerzas Armadas se realiza con absoluta neutralidad, asegurando el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El plan operativo contempla patrullajes preventivos y vigilancia en áreas consideradas de riesgo, en coordinación con autoridades electorales y policiales. El despliegue busca anticipar cualquier incidente que pueda afectar la jornada del domingo 7 de junio, fecha en la que millones de peruanos acudirán a las urnas.

Recomendaciones para el electorado

La ONPE implementó una serie de medidas para facilitar el acceso de los votantes y evitar aglomeraciones. El horario de sufragio se estableció de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., con atención prioritaria para personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas. Los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. para preparar el inicio de la votación.

El organismo electoral habilitó una plataforma de consulta donde cada ciudadano puede verificar su local asignado, la dirección exacta, el número de mesa y el orden de lista. Este servicio permite también saber si el usuario fue seleccionado como miembro de mesa y acceder a información actualizada en caso de cambios de ubicación.

En Lima Metropolitana, la ONPE reubicó 136 mesas en siete distritos, trasladando puntos de votación de parques o espacios abiertos a instituciones educativas cercanas. La decisión respondió a sugerencias de las Fuerzas Armadas y a la negativa de algunos propietarios privados a ceder instalaciones para el evento.

Entre los distritos con más ajustes destacan Jesús María, Lince y Miraflores, donde mesas que operaron en lugares públicos durante la primera vuelta ahora funcionarán en colegios.

El proceso electoral mantiene el voto obligatorio para ciudadanos de 18 a 69 años. Las multas por inasistencia van desde S/110 hasta S/27,50, según la clasificación socioeconómica del distrito.

Los miembros de mesa que no cumplan con sus funciones enfrentarán una sanción adicional de S/275, que puede acumularse si también omiten el sufragio.

El despliegue de las Fuerzas Armadas y las acciones implementadas por la ONPE buscan asegurar una jornada electoral ordenada, transparente y segura en todo el país.

Las cifras que dejó 2025 ya fueron poco halagüeñas, empezando por el frenazo en las visitas al país desde el extranjero (un 5,5 % menos con respecto a 2024, el mayor retroceso en dos décadas obviando la pandemia) y siguiendo con la discreta acogida del Mundial de Clubes en EE.UU., del que solo se vendieron el 62 % de las entradas.

Ambos datos tienen relación parcial con la creciente antipatía hacia Estados Unidos en otros países que reflejan diferentes encuestas desde que Donald Trump retornó a la presidencia el año pasado.

También tienen que ver con la mano dura que su Gobierno ha aplicado en el terreno migratorio en un país que ya era conocido por sus estrictos controles fronterizos.

Se sabe que este año el Mundial supondrá un repunte en lo que se refiere a visitas de turistas extranjeros, pero los pronósticos muestran que no será tan significativo, ya que el volumen estimado para todo el año (70 millones de viajeros foráneos) seguirá por debajo de los máximos prepandémicos (79 millones en 2019).

La consultora Oxford Economics estimó en concreto que la Copa del Mundo por sí sola será responsable de 742.000 visitas específicas al país.

Sin embargo, un informe de la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos señala que un 80 % de hoteleros encuestados en ciudades anfitrionas afirman que las reservas para las cinco semanas que dura la competición están por debajo de sus previsiones iniciales.

En el mismo informe, casi el 70 % de encuestados dice que las barreras relacionadas con visados -pese a que EE.UU. activó un sistema llamado Visa Pass para acelerar procedimientos para aficionados con boletos- y las preocupaciones de tipo geopolítico están minando significativamente la demanda de los viajeros internacionales.

En lo geopolítico, la guerra de Irán, las enrocadas negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto y los efectos económicos del cierre del estrecho de Ormuz, empezando por el encarecimiento del queroseno que emplean las aerolíneas comerciales, amenazan con desincentivar a muchos potenciales visitantes más.

Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades de derechos humanos emitieron una advertencia de viaje para aficionados, jugadores o incluso periodistas, destacando la "guerra ilegal de Trump con Irán", así como la ampliación de la lista de países cuyos ciudadanos tienen limitada o prohibida -salvo excepciones- la entrada en Estados Unidos.

Ese listado, que según estas organizaciones contribuirá a reducir el número de visitantes foráneos al Mundial, suma ya 40 países y territorios e incluye a cuatro naciones clasificadas para el torneo; Haití, Costa de Marfil, Senegal y la propia Irán.

Esta última disputará sus tres partidos de fase de grupos en sedes estadounidenses, pero aun así ha optado finalmente por cambiar su campamento base de Tucson, en Arizona, a Tijuana, en territorio mexicano.

A esto se unen los grandes operativos que la agencia migratoria ICE ha acometido desde 2025 para capturar indocumentados y deportarlos, un escenario que el director del grupo de trabajo de Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, no descartó que se produzca durante el campeonato, alegando que la seguridad nacional va primero.

La ONG Human Rights Watch advirtió en abril que el Mundial "comenzará en un clima de temor" por las campañas anti inmigración de Trump y subrayó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 ICE arrestó al menos a 167.000 personas, en las 11 ciudades estadounidenses que serán sede.

HRW argumenta además que la magnitud y visibilidad de estas redadas, en las que se aplica abiertamente un criterio racial, no solo van a desincentivar los viajes a EE.UU., también hará que aficionados de determinadas comunidades residentes en el país, en situación tanto regular como irregular, decidan no celebrar en las calles o acudir a partidos o zonas de aficionados. EFE

Honduras y Estados Unidos mantienen conversaciones para desarrollar operaciones militares en territorio hondureño, así lo confirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Héctor Benjamín Valerio. El anuncio se conoció mientras el Gobierno prepara una ofensiva contra el crimen organizado en al menos 40 municipios.

“Actualmente sí hemos tenido pláticas con ellos para poder realizar operaciones en el país. Ellos nos van a brindar todo el apoyo necesario para hacer frente al crimen organizado que actualmente estamos viviendo”, declaró el alto mando militar.

Las declaraciones de Valerio se conocieron mientras el Gobierno hondureño prepara una nueva estrategia de seguridad para debilitar las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, las maras, las pandillas y otras organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Ofensiva anunciada por el Gobierno

El ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta, informó que a partir de esta semana comenzarán “acciones contundentes” orientadas a recuperar el control de zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

Según explicó el funcionario, las primeras intervenciones se desarrollarán en al menos 40 municipios identificados por las autoridades como focos de violencia y actividad criminal.

Argueta señaló que la estrategia incluirá la incorporación de nuevas tecnologías, equipamiento especializado y el acompañamiento de socios internacionales para fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

“El lunes estará llegando la noticia, muy importante de cómo estamos fortaleciendo nuestras instituciones. Ya están llegando todas estas personas para compartir aquí. Y equipo, equipo que ustedes van a poder ver”, expresó.

El Gobierno no detalló qué tipo de tecnología será incorporada ni el alcance exacto de la asistencia internacional.

Cooperación regional

La nueva etapa de colaboración surge después de la participación de Honduras en la cumbre denominada Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de fortalecer la coordinación regional contra el crimen transnacional.

De acuerdo con Argueta, el encuentro permitió establecer mecanismos de cooperación entre los países latinoamericanos para enfrentar amenazas comunes como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y las estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

“Fue un primer paso para que todos los gobiernos de Latinoamérica en conjunto trabajemos contra el crimen organizado, apoyados, por supuesto, por una potencia mundial como Estados Unidos en acompañamiento técnico, fortalecimiento de nuestras fuerzas y persecución del crimen”, afirmó.

Las autoridades hondureñas sostienen que la cooperación internacional será clave para enfrentar organizaciones criminales con redes logísticas, recursos financieros y capacidad de movilización en diferentes países de la región.

Seguridad en Honduras

El anuncio de posibles operaciones conjuntas ocurre en medio de una creciente preocupación por la seguridad ciudadana. En los últimos años, Honduras ha desarrollado estrategias para contener la violencia relacionada con grupos criminales, incluidos estados de excepción, operaciones militares especiales y el fortalecimiento de tareas de inteligencia, mismas que han sido cuestionadas.

Las autoridades sostienen que las organizaciones criminales han cambiado sus métodos de operación, lo que obliga a implementar nuevas herramientas tecnológicas y mecanismos de cooperación internacional para combatirlas.

La eventual participación de Estados Unidos en operaciones dentro del territorio hondureño podría traducirse en asistencia técnica, intercambio de inteligencia, capacitación especializada, apoyo logístico y fortalecimiento institucional, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre el alcance de esas acciones.

Histórica cooperación militar

La cooperación militar entre Honduras y Estados Unidos tiene una larga historia, y uno de sus principales símbolos es la Base Aérea de Palmerola, ubicada en el departamento de Comayagua, Honduras.

Desde la década de 1980, Palmerola ha sido utilizada como un punto estratégico para operaciones de apoyo militar, entrenamiento conjunto, asistencia humanitaria y respuesta ante emergencias en Centroamérica. En sus instalaciones opera la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos, una unidad que ha participado en misiones de ayuda durante desastres naturales, evacuaciones médicas, operaciones de búsqueda y rescate, así como en programas de cooperación en seguridad regional.

La base también ha servido como plataforma para ejercicios militares multinacionales y operaciones destinadas al combate del narcotráfico y otras amenazas transnacionales que afectan a la región. Su ubicación geográfica ha convertido a Palmerola en una de las instalaciones estratégicas para la presencia estadounidense en Centroamérica.

Con apenas unos meses al frente de Fabricaciones Militares, Pablo Glöggler y Diego Martínez buscan imprimirle una nueva dinámica a la histórica empresa del Ministerio de Defensa. Presidente y vicepresidente respectivamente, ambos llegaron desde el sector privado, aunque con un estrecho vínculo con el Ejército Argentino como oficiales de reserva. Cuentan que, cuando los convocó el titular de la cartera castrense, el teniente general Carlos Alberto Presti, les comunicó su objetivo: recuperar capacidades y devolverle protagonismo –estratégico– a la actual sociedad anónima.

La transformación comenzó desde el primer día: apenas oficializadas sus designaciones, iniciaron recorridas por las distintas plantas de Fabricaciones para interiorizarse sobre el estado de situación, dialogar con los trabajadores y relevar las necesidades de cada unidad de negocio. “Es un cambio de paradigma”, repiten desde la sede de avenida Cabildo, donde aseguran que la empresa debe volver a ocupar un lugar central en el sistema de Defensa.

En un encuentro con DEF, Glöggler y Martínez detallan que la apuesta pone el foco en recuperar la producción, modernizar capacidades y fortalecer el vínculo con las Fuerzas Armadas. En ese marco, destacan algunos avances alcanzados en los primeros meses de gestión: la reactivación de líneas productivas, el regreso de la fabricación de municiones para las FF. AA. y la puesta en funcionamiento de una forja que llevaba décadas detenida. También comenzaron a salir nuevamente al mercado en busca de clientes y asociaciones estratégicas.

Detrás de esa idea, aparece una premisa que la conducción repite constantemente: aprovechar el potencial de una empresa que, pese a años de dificultades, conserva personal altamente capacitado y un sello asociado a la calidad de sus productos.

Un dato: Fabricaciones Militares cuenta con plantas en Río Tercero y Villa María (Córdoba), Azul (Buenos Aires) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe), cada una especializada en distintas áreas productivas. Mientras las instalaciones santafesinas concentran actividades ligadas a defensa y seguridad –como armas, municiones y chalecos–, las cordobesas mantienen un fuerte perfil químico e industrial, vinculado a fertilizantes y explosivos.

El regreso de Fabricaciones Militares a las Fuerzas Armadas

-¿Por qué aceptaron el desafío de Fabricaciones Militares?

-Pablo Glöggler (P.G.): Cuando un oficial superior te invita, en realidad te está ordenando. Y la verdad es que tuve ganas de acompañar a alguien que posee entereza. De todas maneras, no fue simple. Hubo una delegación de confianza que a nosotros nos empoderó para poder hacer todo lo necesario para cumplir el mandato.

-¿Cuál es ese mandato?

-P.G.: Vinimos a poner las fábricas a operar y a acercarnos al cliente original, las Fuerzas Armadas. La idea fue reunirnos con sus titulares y mostrarles nuestras capacidades para que pudiéramos pensar en el siguiente paso.

Cuando llegamos acá, nos encontramos con una estructura sobredimensionada. Las posiciones de directorio de todas las empresas, en general, no toman un rol cercano a lo ejecutivo. Nosotros, en cambio, asumimos un papel “100 % manos a la obra”: todos los días y todo el tiempo. Lo primero que hicimos fue cambiar la estructura: pasamos de 32 a seis gerencias, con foco en la parte comercial. Y, además, empezamos a hablar con los jefes de las Fuerzas Armadas: con el almirante Dalle Nogare, el teniente general Zarich, el brigadier general Valverde y el almirante Romay. Y, a su vez, con los directores de Material de las Fuerzas para entender qué necesitaban.

-¿Qué surgió?

-P.G.: Un ejemplo: volvimos a entrar en el TAM 2C-A2. Además, este mes entregamos casi 6 millones de municiones al Ejército. Estamos cotizando munición para la Armada y para la Fuerza Aérea, a quienes no les vendíamos desde hace años.

En ese contexto, estamos recuperando una forja que hace 40 años que estaba pagada. Se prendió y ya hemos podido trabajar para hacer munición de 105 mm para los tanques y cañones.

Un proyecto conjunto de drones y el lanzamiento de un concurso público

-¿Se vienen los drones de Fabricaciones Militares?

-P.G.: Estamos embarcados en armar un proyecto de drones conjunto. Así que invitamos a la Dirección General de Investigaciones del Ejército, también a la Fuerza Aérea, a la Armada, a CITEDEF, a la UNDEF y a la Facultad de Ingeniería del Ejército. Queremos que todos participen.

Somos fieles creyentes en que la conjuntez en el esfuerzo es el mejor camino. Si logramos juntar a todos, podemos llegar a tener herramientas mucho más interesantes.

-Se dice que es una empresa con maquinaria antigua, ¿cuál es la situación en lo financiero y en lo tecnológico?

-P.G.: Es verdad. Fabricaciones cumple 85 años el 9 de octubre de este año; durante esos años, tuvo actualización tecnológica. Pero, en los últimos 35 años, fue muy poca y puntual.

Hay un camino para recorrer en términos de innovación tecnológica. Para ello, llevamos una propuesta del directorio al Ministerio de Defensa (nuestro accionista): lanzar un concurso público nacional e internacional para poder generar uniones transitorias con empresas, que traerán tecnología y capital.

-¿Cómo sería eso?

-P.G.: Sería en cualquiera de los que denominamos “renglones”: hay un renglón químico (la planta química de Río Tercero), hay otro de metalmecánica (tenemos capacidad para hacer cañones, vagones de trenes, material rodante, envueltas de 155 vainas y municiones), un tercer renglón es el de pólvora, explosivos y TNT (que comprende las plantas de Villa María y Azul); y el último es el de municiones y armamento, en Fray Luis Beltrán.

-¿En Fray Luis Beltrán se hace armamento?

-P.G.: No se ha hecho desde hace un tiempo, pero tiene la capacidad. Entonces, por ejemplo, buscamos que una empresa de armas elija Argentina como su hub regional y que, desde allí, podamos empezar a considerar planes progresivos de trabajo: se puede ensamblar y, luego, llegar a hacer el arma y convertirnos en lo que, en los manuales de las Fuerzas Armadas, es el cuarto escalón: el primero es el usuario, el segundo es la sala de armas, el tercero un batallón de arsenales y el cuarto es la fábrica.

Tenemos que actualizar nuestra tecnología y, para eso, necesitamos una buena inyección de capital. Hoy están dadas las condiciones.

-¿Se relega soberanía?

-P.G.: No estamos hablando de perder soberanía. La ejecución de la idea de soberanía tiene que ver con recuperar capacidades. El contrato va a plantear puntualmente que, ante una necesidad, la primera opción son el Estado y las Fuerzas Armadas argentinas.

Hoy estamos terminando los pliegos con la idea de que, a fin de mes o principios de junio, podamos lanzar el concurso. Ese es el camino para terminar con la obsolescencia tecnológica y, además, nos abre el mercado.

Diego Martínez (D.M.): El camino nos lo marcan desde el Ejecutivo, porque pasamos de ser una Dirección General de Fabricaciones Militares, dependiente del Ministerio de Defensa, a ser una sociedad del Estado y luego una sociedad anónima. Eso nos habilitó a poder llevar adelante estas iniciativas.

-¿Y en el plano financiero?

-P.G.: Apenas cumplimos tres meses. Hicimos cambios en la estructura y estamos ajustando todas las posibilidades que tenemos de redirigir fondos para el esfuerzo comercial (que, a su vez, está ligado a lo productivo). Hoy nos acercamos a las Fuerzas Armadas para ver cómo podemos ayudarlas.

Tenemos ingresos, pero considero que no son suficientes. Nosotros buscamos la eficiencia y eso se logra con tecnología. Estamos haciendo esfuerzos titánicos.

Venta de armas en un mundo en guerra

-¿Sigue vigente el fantasma de la privatización de Fabricaciones Militares?

-P.G.: No está previsto en la Ley Bases. Sí estamos acá con el planteo de asociaciones y creemos que es lo mejor para poder llevar cada una de las verticales al siglo XXI.
Es más, hay una quinta vertical que, para mí, tiene que ver con los sistemas no tripulados.

Yo deseo poder estar en ese lugar, estamos con hambre de poder, no solo vender a nuestros clientes originales, sino sumar una capacidad tecnológica que nos aporte poder de disuasión.

-En un mundo en conflicto, ¿Fabricaciones Militares puede consolidarse como proveedor de material militar?

-P.G.: En el presente, los países no entregan material bélico. Si uno necesita nitrocelulosa, no se vende porque los países están produciendo para ellos.
Por ejemplo, en Alemania, Rheinmetall, una de las empresas más grandes del mundo, tiene 73.000 millones de dólares de contratos y no tiene dónde operar; están fabricando tanques en Australia –bajo licencia– para poder suplir las necesidades.

-D.M.: La coyuntura es una oportunidad.

El regreso de Fabricaciones Militares y la incorporación de TAM 2C-A2

-¿Cómo definen el papel de FM en la política de defensa actual?

-P.G.: Creo que el lugar nos lo vamos a ganar nosotros. Hoy, en muy poco tiempo, tuvimos la suerte de lograr estar en constante comunicación con las direcciones de Material de cada Fuerza para acompañarlas en cada una de sus necesidades.

Con respecto a la munición 105 mm para el TAM 2C-A2, estamos trabajando contrarreloj para llegar con eso a los ejercicios y para que el personal de los mecanizados pueda tirar. El TAM 2C-A2 es un proyecto clave para el Ejército y queremos que la munición que utilice sea la nuestra. Una aclaración: no tenemos novedades de calidad.

-D.M.: Además, estamos esponsoreando a tiradores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que participan en distintas competencias. Eso ayuda a demostrar la precisión de nuestra munición. En ese sentido, nuestra munición no viene a granel, como ocurre con los productos de otros fabricantes. Se conserva y puede estar 10 años en stock, en algún polvorín. Además, si alguien tiene un reclamo, nosotros lo revisamos y hacemos control de calidad.

-¿Cómo definen este momento?

-P.G.: Es un cambio institucional. Esto es un equipo y tenemos que sacar a Fabricaciones adelante. El trabajo está consensuado con Defensa, trabajamos junto con la Agencia de Transformación, con Diego Martín Chaher; también lo hacemos con Mario Katzenell y su Secretaría de Investigación; con Guillermo Maderno y con el general Martín y Mirapeña. Es un trabajo completamente institucional que busca avanzar con la empresa.

-En lo personal, ¿qué significa para ustedes este desafío?

-P.G.: Liderar una sociedad anónima del Estado conlleva una cantidad de responsabilidades tremendas. Para mí, es un honor y un privilegio que el teniente general Presti nos haya encomendado esta tarea. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para servir a la Patria. Esta es la misión.

-D.M.: Aceptamos el desafío porque creemos en quien nos lo solicita y porque apostamos a la empresa.

-Cuando los detractores dicen que a Fabricaciones hay que cerrarla, ¿qué respuesta dan?

-P.G.: Cerrar esto sería muy fácil. Pero se perderían oportunidades muy interesantes que pueden ser muy rentables para el país. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando con nitrato de amonio para el agro, porque es uno de los derivados de hacer ácido nítrico.

Lo que podemos hacer es aprovechar cada una de las plantas para convertirlas en generadores de impuestos, de divisas por exportación y multiplicadores de empleo. Si logramos eso, lo que terminaríamos entregando es algo mucho mejor de lo que recibimos.

-D.M.: Para los detractores, es muy fácil cerrar. Pero acá el personal está sumamente comprometido y altamente capacitado. Tiene puesta la camiseta y posee conocimientos que no existen en otros lados. Porque, si se cerró una línea de producción y se vuelve a reactivar, hay que ir a buscar a ese personal, ya que son ellos quienes saben cómo encender esa maquinaria.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) informaron sobre el aseguramiento de una plantación con 33 mil arbustos de supuesta hoja de coca localizada en una zona montañosa del municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, como parte de las operaciones permanentes que ejecutan contra el narcotráfico en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo fue realizado por equipos de operaciones especiales de la Base Naval de Puerto Castilla, durante patrullajes desarrollados en el sector conocido como la sierra de Río Tinto, una zona de difícil acceso donde en los últimos años se han detectado múltiples plantaciones vinculadas a actividades ilícitas.

Las autoridades detallaron que la plantación se encontraba distribuida en una extensión aproximada de seis manzanas de tierra, donde fueron contabilizados alrededor de 33 mil arbustos de hoja de coca listos para continuar su proceso de crecimiento y producción.

Durante el operativo, los efectivos militares también localizaron y aseguraron una instalación artesanal que contenía diversos materiales y precursores químicos presuntamente utilizados para el procesamiento de la droga.

Estos hallazgos forman parte de las evidencias recopiladas por las autoridades para fortalecer las investigaciones relacionadas con estructuras dedicadas al cultivo y producción de sustancias ilícitas.

Las Fuerzas Armadas indicaron que el procedimiento se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público, institución que deberá realizar las diligencias legales correspondientes antes de autorizar la destrucción y erradicación de la plantación encontrada en la zona.

Una vez concluida la inspección técnica y el levantamiento de evidencia, las autoridades procederán a la eliminación total de los arbustos, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

El departamento de Colón continúa siendo uno de los puntos donde con mayor frecuencia se reportan hallazgos de plantaciones de coca. Las condiciones geográficas de algunas áreas montañosas han sido aprovechadas por organizaciones criminales para ocultar cultivos ilegales y laboratorios clandestinos destinados al procesamiento de drogas.

Las operaciones de localización y destrucción de sembradíos forman parte de la estrategia que desarrollan las fuerzas de seguridad para debilitar las fuentes de financiamiento de grupos vinculados al narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

Según cifras oficiales, en lo que va de 2026 las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones que superan los 500 mil arbustos de hoja de coca en distintos departamentos del país. Asimismo, reportan la destrucción de al menos nueve instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de drogas.

Los aseguramientos se han registrado principalmente en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, territorios donde las autoridades han intensificado los patrullajes terrestres, marítimos y aéreos para combatir las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que continuarán desarrollando operaciones especiales en zonas identificadas como corredores utilizados por organizaciones criminales, con el objetivo de detectar nuevos cultivos ilegales, laboratorios clandestinos y estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

El hallazgo de esta nueva plantación en Bonito Oriental se suma a una serie de operaciones ejecutadas durante los últimos meses en la región atlántica del país, considerada una de las áreas estratégicas para las acciones de combate al narcotráfico impulsadas por las autoridades hondureñas.

Alemania y Países Bajos han anunciado un refuerzo clave en la estructura de mando militar aliado en el Báltico con el objetivo de responder a compromisos de la OTAN. El 1GNC asumirá la autoridad sobre tropas aliadas y nacionales posicionadas en estos países, ampliando la capacidad de coordinación y reacción ante posibles amenazas en la región.

La integración de este segundo cuartel general táctico, que se suma al ya existente Cuerpo Multinacional Noreste (MNC NE), eleva la cohesión operativa de la Alianza Atlántica y acorta los tiempos de respuesta previstos en el nuevo Modelo de Fuerzas, definido en la cumbre de Vilna de 2023. Hasta la fecha, el MNC NE era el único responsable de la coordinación en esta zona considerada estratégica para la seguridad europea. La incorporación del 1GNC responde, además, a la necesidad de aumentar las unidades disponibles y reforzar la disuasión frente a potenciales acciones de Rusia.

Según detalló el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, la integración del 1GNC constituye “un ejemplo exitoso de cooperación multinacional”. Pistorius subrayó que en su sede trabajan efectivos de 16 países, lo que permite un modelo de interoperabilidad diaria y refuerza la naturaleza multinacional de la defensa europea. Esta ampliación de la estructura de mando fue recogida también por Frankfurter Allgemeine Zeitung, que destacó la importancia del compromiso germano-neerlandés en el contexto actual de seguridad en Europa.

Mando en caso de guerra y hasta 50.000 militares

La función principal del I Cuerpo Alemán-Neerlandés será liderar entrenamientos, maniobras y actividades preparatorias en coordinación con los elementos aliados desplegados en Estonia y Letonia. En caso de conflicto, el 1GNC asumirá el mando principal para la defensa del flanco oriental de la Alianza. Este cuartel general dispone de experiencia acreditada en misiones de gestión de crisis, destacando su actuación en la ISAF en Afganistán en 2003, 2009 y 2013, así como su participación en la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN durante siete años entre 2005 y 2024.

Creado en 1995, el 1GNC alterna la jefatura entre Alemania y los Países Bajos. La responsabilidad del mando permanece actualmente en manos alemanas, con previsión de traspaso a los Países Bajos a partir de 2028. Además de los dos países fundadores, otras 14 naciones de la OTAN aportan personal a la estructura del cuartel general, que está capacitado para coordinar hasta 50.000 efectivos en situaciones de paz, crisis o conflicto.

Compromiso y futuro de la defensa europea

La decisión, de acuerdo con los comunicados oficiales de los ministerios de Defensa de Alemania y los Países Bajos, pone de manifiesto la voluntad de ambos países de asumir mayor responsabilidad en el ámbito de la defensa europea. Este nuevo despliegue refuerza el vínculo político-militar entre ambos estados y lleva el compromiso de la OTAN con la seguridad de los países bálticos a un nivel operativo superior.

El refuerzo de la estructura de mando en Estonia y Letonia, junto a la interoperabilidad diaria de sus integrantes, busca consolidar la respuesta de la OTAN ante posibles escenarios de crisis en el este de Europa. El acuerdo será uno de los ejes de la próxima cumbre de la Alianza en La Haya, donde se definirán los avances del nuevo Modelo de Fuerzas y la estrategia de defensa colectiva para los próximos años.

Altos mandos militares de Honduras y Guatemala se reunieron para coordinar acciones de vigilancia y control en su frontera común, en un contexto de alertas por movimientos de grupos armados y actividades ilícitas. El encuentro lo encabezaron el general Héctor Benjamín Valerio Ardón y el general José Giovani Martínez Milian, según informaron las fuerzas armadas de ambos países.

La agenda incluyó cooperación bilateral, intercambio de información y operativos coordinados para enfrentar amenazas como narcotráfico, tráfico de armas y contrabando, con foco en puntos de paso clave y en los tramos más vulnerables a cruces irregulares.

Las delegaciones coincidieron en que la zona limítrofe exige vigilancia permanente por la movilidad de estructuras criminales transnacionales que aprovechan la geografía fronteriza para desplazarse y operar.

Seguridad fronteriza

El encuentro fue encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, y el jefe del Estado Mayor de la República de Guatemala, el general de división José Giovani Martínez Milian. Según las autoridades militares, ambos revisaron estrategias de coordinación para reforzar el control territorial en la frontera compartida.

Entre los temas abordados estuvieron el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y el desplazamiento de redes criminales. Las fuerzas armadas señalaron que el trabajo conjunto forma parte de un proceso sostenido que incluye operativos combinados e intercambio de inteligencia en instancias regionales.

Valerio Ardón indicó que ambas delegaciones participaron recientemente en una conferencia especializada sobre drogas sintéticas, un fenómeno que, de acuerdo con las autoridades hondureñas, comenzó a ganar peso en la región por su relación con el delito y sus efectos en la salud pública.

“Estamos comprometidos como países para hacer frente a estos flagelos”, dijo el general hondureño, al vincular la cooperación bilateral con la necesidad de contener las amenazas en zonas fronterizas.

Estrategias conjuntas

Martínez Milian expresó su reconocimiento al trabajo conjunto con Honduras y, según la comunicación oficial, destacó los esfuerzos coordinados para sostener el control territorial y reforzar la seguridad en el área limítrofe.

El general guatemalteco señaló que durante la reunión hubo un intercambio de experiencias operativas, con énfasis en el sector de la zona de Corinto, uno de los principales puntos de paso entre ambos países, donde se reforzaron mecanismos de vigilancia y control.

También subrayó la necesidad de profundizar la interoperabilidad entre fuerzas militares en sectores donde, según Guatemala, la movilidad de grupos delictivos es un desafío constante para las autoridades.

La reunión se realizó tras reportes del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala sobre la detección de vehículos todoterreno con individuos armados que habrían ingresado desde Honduras por pasos no autorizados en la zona de Esquipulas, Chiquimula.

De acuerdo con esos reportes, Guatemala reforzó la vigilancia militar en la frontera como medida preventiva ante posibles incursiones de estructuras criminales.

En paralelo, las autoridades militares vincularon el aumento de la coordinación con hechos violentos recientes en territorio hondureño, al advertir que esos episodios pueden facilitar que grupos delictivos intenten ampliar sus operaciones hacia la franja fronteriza.

Las Fuerzas Armadas de ambos países informaron que mantendrán comunicación permanente, fortalecerán los mecanismos de inteligencia compartida y continuarán con operativos coordinados para mejorar la respuesta ante amenazas transnacionales.

Ante la crisis de violencia que afecta a la región de La Montaña en Guerrero, el gobierno municipal de Olinalá anunció este martes la aplicación de un operativo especial de seguridad junto con las Fuerzas Armadas. Esta medida responde al hallazgo de 19 cuerpos desmembrados en tres accesos a la cabecera municipal en menos de dos meses.

El anuncio se dio a conocer a través del primer comunicado oficial emitido por la administración del presidente priista Manuel Sánchez Rosendo desde el estallido de la crisis. La medida fue el resultado de una reunión entre Sánchez Rosendo y Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero.

El operativo acordado incluyó acciones de seguridad, apoyo humanitario y atención social para las comunidades afectadas. Sin embargo, el documento oficial omitió cualquier mención a las cuatro localidades en el centro del conflicto: Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza.

Los 19 muertos que el comunicado no menciona

El primero de estos episodios ocurrió el 31 de marzo, cuando siete hombres desmembrados aparecieron en el crucero de la carretera Tlapa-Olinalá, en el tramo que comunica con Cualac.

El 11 de mayo, otros seis cadáveres en costales se hallaron en la carretera hacia Temalacatzingo. La madrugada del 21 de mayo, seis cuerpos más —también desmembrados— aparecieron en la caja de una camioneta Nissan estaquitas roja abandonada a la entrada de Teticic.

El convoy de 40 camionetas y el desplazamiento masivo

Un día antes del último hallazgo, el jueves 21 de mayo, hombres armados privaron de la libertad a seis vecinos de esas comunidades. Sus cuerpos aparecieron horas después en la camioneta.

Al día siguiente, el viernes 22, un convoy de aproximadamente 40 camionetas con civiles armados irrumpió simultáneamente en Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza. Los agresores ingresaron a viviendas, golpearon a personas y revisaron teléfonos celulares. El pánico obligó a cientos de familias a huir hacia la cabecera municipal de Olinalá.

A partir de esos hechos, los desplazados quedaron atrapados entre dos amenazas. Por un lado, sufrieron la violencia de los grupos armados, a quienes la población identificó como parte de la disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos. Por el otro, prevaleció el temor a denunciar, ya que los agresores revisaban los teléfonos de quienes interceptaban y nadie sabía en quién confiar.

Los familiares de las víctimas expresaron su inconformidad al solicitar auxilio durante las irrupciones armadas, las autoridades nunca acudieron. Además, no recibieron orientación sobre el tipo de apoyo que podrían recibir tras verse obligados a abandonar sus hogares.

La postura oficial y lo que deja fuera

El comunicado municipal pide a la población “mantener la calma, permanecer unida y evitar la difusión de rumores o información no verificada”. El Ayuntamiento sostiene que “se ha actuado con responsabilidad, prudencia y coordinación institucional” desde el primer momento.

Asimismo, las autoridades refrendaron el compromiso de trabajar “con firmeza y cercanía, privilegiando en todo momento la paz, la seguridad, la vida y el bienestar” de las comunidades. Sin embargo, es la primera vez que la administración emite una postura pública sobre la crisis, pese a que los hechos se acumulan desde finales de marzo.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió antes del último hallazgo que Olinalá se convirtió en un corredor de alta peligrosidad hacia los estados de Morelos y Puebla, con Teticic como el punto de mayor confrontación por ser paso obligado entre regiones.

Violencia que desborda a Olinalá

La crisis de Olinalá se inscribe en una escalada más amplia. El Consejo Nacional Indígena documentó que Los Ardillos asesinaron a 76 de sus integrantes y desaparecieron a 25 más en la región de la Montaña. Más de 800 familias indígenas abandonaron sus hogares en distintos municipios de Guerrero.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó en mayo que la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos provocó el desplazamiento de al menos 96 personas solo en Chilapa. La violencia, sin embargo, no se detuvo pese al despliegue de fuerzas federales en la región.

El otorgamiento de la bonificación responde a la promulgación de la Ley 32577. La norma, publicada el 14 de abril en el diario oficial El Peruano, establece una asignación económica vitalicia, intransferible y no pensionable para los excombatientes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participaron en los periodos más duros de la pacificación nacional, entre las décadas de 1980 y 2000.

“Hoy día nos toca entregar nuestros documentos. El Comando Conjunto aprobará nuestra pensión 1.130 soles, es lo que debemos recibir. Los otros combatientes, los más antiguos, ya están ganando tres mil setenta y cinco”, relató uno de los veteranos en declaraciones recogidas por el citado medio.

Testimonios y expectativas de los veteranos

La mayoría de los presentes en la fila pertenecen a promociones de las décadas de 1980 y 1990. Muchos de ellos accedieron al servicio militar siendo menores de edad, en contextos de alta conflictividad interna.

“Nunca tuvimos una pensión, ni una mensualidad. Ahora, gracias a Dios, ha salido una ley a favor de los veteranos que estuvimos en el tiempo en que el Perú vivía en caos”, explicó Jaime.

El proceso de solicitud incluye la entrega de documentos para ser evaluados y, si corresponde, calificados para el cobro de la bonificación. De acuerdo con los entrevistados, el pago se realizará de manera escalonada, priorizando a los mayores de sesenta años, con la expectativa de que los primeros desembolsos se concreten a partir de octubre.

La ley contempla un monto base de 1.130 soles, aunque algunos beneficiarios ya perciben cifras superiores, hasta 3.075 soles. El carácter no pensionable del beneficio implica que no genera derechos sucesorios ni se integra a la base de cálculo de otras prestaciones laborales.

Cronograma de pago para la pensión mensual vitalicia

La implementación del pago de la pensión vitalicia de 1.130 soles para los veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se realizará de manera escalonada a lo largo de cinco años. El orden de acceso al beneficio depende de la edad y las condiciones de salud de los beneficiarios, con el objetivo de priorizar a quienes presentan mayor vulnerabilidad.

Durante el primer año, el pago se asignará a los veteranos mayores de 60 años y a aquellos que acrediten una discapacidad permanente. En el segundo año, el turno corresponde a los licenciados que tengan entre 55 y 59 años. El tercer año abarcará a quienes se encuentren dentro del rango de 50 a 54 años. Durante el cuarto año, recibirán el pago los excombatientes con edades entre 45 y 49 años. Finalmente, en el quinto año, el resto de los licenciados que cumplan con los requisitos establecidos por la ley podrán acceder a la bonificación.

La aprobación de la Ley N° 32561, que modifica el régimen previsional de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, generará un costo fiscal neto adicional de S/ 46 mil millones en valor presente y aumentará la carga presupuestaria del Estado durante las próximas décadas.

Así lo estimó la Dirección de Estudios Macrofiscales (DEM) del Consejo Fiscal, en un informe técnico publicado el 24 de mayo de 2026.

De acuerdo con el documento, la norma promulgada el 22 de marzo de este año introduce cambios sustanciales al sistema, entre ellos el incremento de la tasa total de aporte previsional de 19% a 25% de la remuneración, distribuidos en 15% para el personal y 10% para el Estado.

El ajuste principal reside en que la pensión de retiro sube al 100% de la remuneración en actividad para quienes cumplan 30 años de servicio, muy por encima del 55% estipulado previamente.

También se incrementa la pensión de viudez al 100%, la de orfandad y ascendencia al 50%, y se extienden los beneficios para orfandad hasta los 28 años, junto con la eliminación de restricciones de acceso y la ampliación de subsidios por fallecimiento, invalidez e incapacidad.

El costo para el Estado supera la inversión en Defensa e Interior

El informe de la DEM detalla que el costo fiscal adicional resulta de la diferencia entre el escenario sin la nueva ley y el escenario tras la promulgación. El gasto estatal en pensiones se incrementa en S/ 38,9 mil millones, los aportes estatales suben en S/ 14,4 mil millones, y el aumento de los aportes personales apenas compensa parcialmente el impacto, con S/ 7,2 mil millones.

El análisis técnico advierte que para lograr la sostenibilidad del régimen, la tasa de aporte conjunta debería elevarse al 42% de la remuneración, con una contribución estatal que llegaría a 27%. Esto equivaldría a que el Tesoro Público financie el 64% de las pensiones bajo el régimen modificado.

El gasto fiscal anual adicional oscilaría entre S/ 1.300 millones en los primeros veinte años y S/ 16.100 millones a 50 años, alcanzando un máximo del 0,14% del PBI anual, cifra que supera el gasto en inversión de los sectores Defensa e Interior y representa hasta el 90% de todo el gasto en bienes y servicios de estos sectores, según datos oficiales de 2025.

Inequidad y presión sobre las finanzas públicas

La Dirección de Estudios Macrofiscales subraya que los regímenes militares y policiales, que representan solo el 9% de los pensionistas, concentraron el 50% de los subsidios estatales en 2025, con un gasto anual de S/ 5.666 millones para 160 mil beneficiarios.

La pensión promedio en este régimen supera ampliamente a la de otros sistemas previsionales, incluido el Sistema Nacional de Pensiones, el privado y el programa Pensión 65, que otorga una subvención de S/ 350 cada dos meses.

El informe agrega que la aprobación de la ley se realizó por insistencia, obviando observaciones del Ejecutivo y sin un estudio actuarial completo. El procedimiento excluyó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y la segunda votación reglamentaria.

Según el Consejo Fiscal, la norma podría presentar “indicios de inconstitucionalidad” al crear obligaciones de gasto público permanente sin identificar fuentes de financiamiento, lo que vulnera restricciones presupuestarias y competencias del Ejecutivo definidas por la Constitución.

Proliferación de leyes con impacto fiscal

El informe del Consejo Fiscal alerta que la Ley N° 32561 se suma a una tendencia legislativa que incrementa la presión sobre la sostenibilidad fiscal.

Entre 2024 y 2026, el Congreso aprobó 268 leyes con impacto fiscal adverso, casi dos veces y media el promedio de los últimos 15 años. Un análisis consolidado de 63 de estas normas indica una presión equivalente a un déficit fiscal adicional anual de 3% del PBI.

La Dirección de Estudios Macrofiscales concluye que “la Ley N° 32561 incrementaría el costo fiscal neto del régimen en aproximadamente S/ 46 mil millones en valor presente” y advierte que para que el sistema sea autosostenible, “la tasa de aporte debería llegar a 42% de la remuneración”.

Los aviones participantes pertenecían a unidades de servicio activo, reserva y la Guardia Nacional Aérea. También estuvo presente el Air Force Global Strike Command, la única fuerza de ataque de largo alcance de ese tipo disponible para Estados Unidos y sus socios, ya que ningún otro país aliado opera bombarderos con esa misión.

El evento anual fue organizado por National Salute to America’s Heroes e incluyó demostraciones de paracaidismo y una exhibición estática de material militar, según Fox News, cadena de noticias estadounidense.

La jornada cerró con una ceremonia de alistamiento en la que juraron más de 150 nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de acuerdo con el mismo medio.

Por su parte, los Golden Knights del Ejército de Estados Unidos y los Red Devils británicos brindaron también adrenalina durante el evento, según Fox News.

Las personas disfrutarán hasta el domingo 24 de mayo de actividades gratuitas en el sector de Lummus Park como punto principal de observación y un corredor de actividades sobre Ocean Drive, según los organizadores.

A qué hora comienza el Hyundai Air & Sea Show en Miami Beach el domingo

Según la sección de detalles del evento publicada por los organizadores, las actividades aéreas se realizarán el domingo 24 de mayo entre 11:30 y 16:30 (hora local de Miami Beach).

En ambas jornadas, la organización informó que el Display Village funcionará de 11:00 a 18:00 hora local, con exhibiciones e instalaciones para el público.

Según los organizadores, el SaluteFest incluirá música en vivo y un segmento de mapeo de proyección 3D al atardecer, proyectado sobre edificios en el sector de 14th Street.

En el anuncio oficial, el evento también anticipó un salto nocturno salto en paracaídas con pirotecnia del Ejército de Estados Unidos Golden Knights, presentaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Band y del equipo de drill, y un cierre con fuegos artificiales.

Según la comunicación oficial del SaluteFest, el cierre tendrá un show de 1.000 drones operado por Hextronics; después habrá fuegos artificiales.

En la misma publicación, los organizadores confirmaron que la grilla artística incluirá a Parmalee como número principal.

La Ciudad de Miami Beach, el gobierno local, publicó que el espectáculo podrá verse desde distintos puntos de South Beach, pero recomendó áreas específicas en la playa. Según la información difundida por el gobierno local y por los organizadores, las zonas sugeridas se ubican entre 1st y 10th Streets y entre 13th y 20th Streets.

De acuerdo con la organización, el Patriot Display Village se instalará sobre Ocean Drive y se presentará como un espacio de cinco manzanas con exhibiciones interactivas, equipos y activaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y agencias asociadas al evento.

La Ciudad de Miami Beach también incluyó el componente gastronómico dentro de los servicios previstos durante el fin de semana, con puestos concentrados en el entorno de Lummus Park.

De acuerdo con la información del evento publicada por los organizadores, el Hyundai Air & Sea Show se realiza como parte de las actividades del fin de semana del Memorial Day en Miami Beach.

El activista y presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, aseguró que los señalamientos emitidos recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su contra buscan desacreditar su trabajo como defensor de derechos humanos y frenar las denuncias que ha realizado sobre presuntos abusos de Fuerzas Armadas en Tamaulipas.

En entrevista con Infobae México, Ramos rechazó las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo que lo señaló por presuntamente utilizar una “fachada de activista” para colaborar con el Cártel del Noreste. La dependencia estadounidense sostuvo que el defensor habría encabezado durante más de una década una supuesta campaña de desinformación para favorecer la imagen pública de la organización criminal y desacreditar las acciones del Ejército mexicano.

Al ser cuestionado sobre una posible injerencia de autoridades mexicanas en los señalamientos del gobierno estadounidense, Ramos afirmó que detrás de las acusaciones existirían intereses relacionados con personajes que, según dijo, son protegidos por Estados Unidos.

El activista señaló directamente al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y al almirante en retiro Marco Antonio Ortega Siu.

“Hubo injerencia de dos actores que son protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Uno de ellos es el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de quien, tengo conocimiento, ya no está en Estados Unidos, que ha viajado a Europa a esconderse de la Interpol”, señaló.

En el caso de Ortega Siu, sostuvo que el exmando naval estuvo involucrado en la desaparición de más de 50 personas en Nuevo Laredo tras un operativo que salió mal y no ha sido llamado a declarar por estos hechos.

“Me parece que el gobierno de Estados Unidos, para protegerlos a ellos, está intentando silenciarnos a nosotros en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo”, afirmó.

Señalamiento de la OFAC

La OFAC señaló recientemente que Ramos presuntamente comandó una campaña para presentar denuncias falsas contra las Fuerzas Armadas mexicanas, pagar a personas para participar en protestas y defender únicamente a integrantes del Cártel del Noreste.

Ante ello, el activista insistió en que las acusaciones forman parte de una estrategia de criminalización que, según dijo, enfrenta desde hace más de una década debido a las denuncias que su organización ha presentado por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abuso de autoridad en Tamaulipas.

“Yo tengo treinta años de defensor y los últimos quince han sido de este tipo de campañas de desprestigio”, sostuvo.

Carpeta de investigación en su contra en 2018

Ramos recordó que en 2018, durante el gobierno estatal encabezado por Cabeza de Vaca, se abrió una carpeta de investigación en su contra bajo acusaciones similares relacionadas con presuntos vínculos criminales.

También mencionó que entre 2020 y 2022, periodo en el que denunció haber sido víctima de espionaje con el software Pegasus, volvió a enfrentar campañas de desprestigio y criminalización.

“Son señalamientos dolosos”

Durante la entrevista, el defensor también criticó las acciones del gobierno estadounidense en materia de seguridad y tráfico ilegal de armas, además de exigir investigaciones contra funcionarios fronterizos vinculados con el paso de contrabando entre México y Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que las Fuerzas Armadas mexicanas reaccionan contra las denuncias de su organización debido a que exhiben presuntos abusos cometidos por personal militar.

“En la medida en que las fuerzas armadas respeten los derechos humanos, creo que no van a tener ningún problema”, declaró.

Finalmente, responsabilizó públicamente a Cabeza de Vaca y a Ortega Siu de cualquier afectación contra su vida, libertad o integridad.

“Ellos son los responsables (de una campaña de desprestigio) y sobre ellos recae mi vida, mi libertad y mi integridad”, concluyó.

En otro acto que refleja las diferencias internas, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó la decisión del Gobierno nacional de comprar un avión para la Fuerza Aérea a través de una operación ejecutiva por el Ministerio de Defensa y señalada por presuntas irregularidades, sobreprecios y falta de transparencia. A través de su cuenta de X, Villarruel tomó distancia y criticó además los desmanejos en la obra social del personal militar y los sueldos bajos del sector.

“Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?“, se preguntó en un mensaje que respondió una nota de Clarín que informaba las irregularidades del caso.

Los señalamientos de la titular del Senado son contra el ministro de Defensa, Carlos Presti, pero alcanzan además al presidente Javier Milei con el que cortó vínculo desde hace meses y quien la señaló en varias oportunidades como “traidora”.

Lo cierto es que el nuevo contrapunto marcado por Villarruel tuvo lugar luego de que se conociera la investigación periodística que detectó irregularidades en la compra de un Embraer ERJ-140LR. La investigación plantea que la aeronave, que se encuentra en malas condiciones, costó US$4.085.000 mientras que la cotización de otros modelos similares rondaban en US$2.300.000.

Asimismo, consigna que el presupuesto había sido de 3,9 millones de dólares, apenas por debajo del límite que obliga a la fuerza a requerir la autorización de la cartera, y precisa además que el proceso estuvo marcado por irregularidades, plazos exprés y acciones que apuntaban a favorecer a un único proveedor. No es la primera compra observada, desde el 2021 se detectaron anomalías en otras cuatro adquisiciones: un Boeing 737-700 (matrícula T-99), un Saab SF-340 (matrícula T-34) y dos Embraer ERJ-140LR (matrículas T-95 y T-96).

Por su parte, el exministro Luis Petri también se expidió sobre el tema y garantizó que denunció el hecho a finales del año pasado. “Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy”, planteó desde su cuenta de X, y sumó: “Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”.

Tras el desmarque de la titular del Senado, varios usuarios cuestionaron sus dichos y reclamaron que radique la denuncia por las irregularidades del caso en la justicia. “Todas cuentas con pocos usuarios. Nunca pensé que iban a defender lo indefendible. Nada más casta que eso”, arremetió.

Hace algunos días, la Vicepresidenta acusó a Petri de haber tenido un “paso fraudulento” por el ministerio que originalmente el mandatario le había prometido que manejaría, cuando todavía eran fórmula presidencial. Además, lo responsabilizó por el deterioro salarial que padecen los efectivos de las Fuerzas Armadas y el deterioro de IOSFA, la obra social del sector.

“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la obra social que atiende a los militares y sus familias”, supo expedirse también en X.

Como contó este medio, la Obra Social de las Fuerzas Armadas no solo registra una compleja situación financiera sino que, además, desde hace una semana cuenta con un nuevo titular luego de que Sergio Maldonado presentara la renuncia.

Actualmente, el designado fue el General de Brigada, Pablo Guillermo Plaza, cambio que se encuentra formalizado en las disposiciones del DNU N° 88/26, que dividió la obra social en dos: por un lado, las prestaciones al personal de seguridad, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y por el otro, las del personal militar que responde a la cartera que lidera Presti.

La ciudad boliviana de La Paz permanece cercada por bloqueos sindicales y sociales pese a los operativos militares y policiales desplegados el sábado para liberar los accesos principales. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en la madrugada del domingo persistían 22 puntos de bloqueo, la mayoría en el departamento de La Paz.

El sábado a las 02.00 horas comenzó un operativo denominado Corredor Humanitario, en el que agentes y militares emplearon medios antidisturbios no letales para intentar restablecer el tránsito. Según la Defensoría del Pueblo, este despliegue dejó al menos 47 personas detenidas y cinco heridas. El Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas del orden tras trece horas de acciones, sin lograr la apertura total de las vías bloqueadas.

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Pedro Callisaya, reportó que entre los heridos hay personas con lesiones oculares y faciales, además de agresiones a la prensa e impedimentos a su labor. También se registraron confrontaciones entre manifestantes y vecinos en distintos puntos de bloqueo.

Callisaya señaló que la protesta debe ejercerse de modo pacífico y que la intervención estatal debe regirse por legalidad, necesidad y proporcionalidad. Solicitó nuevamente el diálogo como mecanismo para resolver la crisis. “Hemos exhortado de manera permanente e incansable al diálogo. Hoy, ante el escenario de crispación que vive el país, convocamos nuevamente a las partes a dialogar de manera sincera, profunda y humana”, declaró a la emisora Erbol.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, indicó que el operativo Corredor Humanitario tenía como objetivo permitir el ingreso de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y medicamentos. Explicó que, una vez conseguido el reabastecimiento de insumos críticos, se ordenó el retiro de policiales y militares para evitar confrontaciones y actos de violencia.Gálvez afirmó que la intervención no buscaba enfrentamiento con los manifestantes, sino garantizar el abastecimiento de hospitales y servicios básicos. Señaló que las fuerzas del orden actuaron bajo criterios de contención y sin uso de armamento letal.

En sectores como Huajchilla y La Ceja de El Alto, se registraron lanzamientos de piedras, uso de cartuchos de dinamita y fogatas para impedir el paso de las fuerzas de seguridad. La Policía respondió con gases lacrimógenos. El convoy militar y policial regresó a La Paz tras más de 13 horas de trabajo.

Durante el operativo se retiraron obstáculos utilizados por campesinos aimaras para bloquear la carretera en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, explicó que la decisión de no avanzar hacia Oruro se debió a la presencia de una marcha de seguidores del ex presidente Evo Morales, también con el objetivo de exigir la dimisión de Paz.

El Gobierno convocó para el domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria Bartolina Sisa y otros sectores sociales a una reunión en Casa Grande del Pueblo. En el encuentro participará el presidente Paz, según el portavoz José Luis Gálvez.

Más de S/ 8.3 millones en maquinaria, combustible y materiales usados para la minería ilegal fueron incautados y destruidos en Madre de Dios durante seis días de intensas operaciones, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta acción, realizada en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, busca frenar el avance de la minería ilegal en una de las regiones más afectadas de la Amazonía.

Las autoridades detallaron que los operativos permitieron decomisar excavadoras, balsas, motores y campamentos rústicos, todos utilizados para extraer oro de manera ilícita. El valor de los bienes destruidos y confiscados asciende a S/ 8’379,726.00, lo que representa un duro golpe a la logística de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad. Los trabajos se centraron en los sectores de Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, donde la minería ilegal se ha expandido en los últimos años.

Con estas intervenciones, las fuerzas del orden buscan debilitar la capacidad operativa de los grupos ilegales y proteger áreas de alto valor ecológico en Madre de Dios. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que la destrucción de maquinaria y equipos es una medida clave para impedir que los mineros ilegales sigan explotando la selva y dañando sus ecosistemas.

Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios

El despliegue de operativos helitransportados fue fundamental para llegar a zonas de difícil acceso donde la minería ilegal ha consolidado sus operaciones. Helicópteros del Comando Operacional del Sur permitieron que los efectivos ingresaran a Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, puntos estratégicos donde abundan los campamentos clandestinos y la maquinaria pesada.

En cada intervención, las autoridades destruyeron equipos y estructuras ilegales bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. De esta manera, se aseguró que los procedimientos cumplieran con las normas legales y ambientales. Los operativos también incluyeron el decomiso de combustible y la desactivación de balsas empleadas para la extracción de oro en los ríos.

Según los reportes oficiales, estas acciones afectan directamente la logística de los mineros ilegales, ya que la reposición de maquinaria y materiales representa un alto costo y limita su capacidad de continuar operando en la zona. Sin embargo, las autoridades subrayan que se requiere una vigilancia constante para evitar que estas redes vuelvan a instalarse en los mismos lugares.

Minería ilegal deja grave huella ecológica y amenaza la biodiversidad en Tambopata

Paralelamente a los operativos, un informe de Conservación Amazónica - ACCA reveló que la minería ilegal ha destruido más de 500 hectáreas de la Reserva Nacional Tambopata en pocos meses. El reporte, basado en imágenes satelitales y difundido en el MAAP #241, señala que solo en 2025 se deforestaron más de 400 hectáreas, superando los niveles más altos registrados en años anteriores.

El monitoreo identificó 183 infraestructuras mineras activas, 67 campamentos ilegales y 5 núcleos de operación dentro de la reserva, especialmente en la zona norte y cerca del río Malinowski. Se estima que unas 1.000 personas participan actualmente en actividades ilegales dentro de Tambopata, lo que demuestra la magnitud del problema.

El informe destaca que la minería ilegal avanza incluso cerca de los puestos de vigilancia estatales, como Otorongo, Azul y Yarinal. Esto evidencia que la sola presencia de personal no es suficiente para detener la expansión de los mineros ilegales. Sidney Novoa, de Conservación Amazónica - ACCA, advirtió que la cercanía de los campamentos ilegales incrementa el riesgo para los guardaparques y dificulta la protección efectiva del territorio.

La presión sobre la Reserva Nacional Tambopata no solo afecta los bosques y ríos, sino que también pone en peligro la seguridad de quienes defienden el ecosistema. Las autoridades y organizaciones ambientales coinciden en que la lucha contra la minería ilegal requiere acciones sostenidas, mayor presupuesto y el fortalecimiento de la fiscalización para evitar que la Amazonía peruana siga perdiendo áreas valiosas a manos de actividades ilícitas.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) informaron este sábado sobre el aseguramiento de una extensa plantación con aproximadamente 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca localizada en una zona montañosa del departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

La operación fue ejecutada a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11 y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en coordinación con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Según el reporte oficial, la plantación ilícita fue encontrada en la aldea Quebrada del Diablo, municipio de Iriona, una zona que en los últimos años ha sido identificada por las autoridades como punto estratégico para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades detallaron que el cultivo estaba distribuido en aproximadamente cuatro manzanas de tierra y contenía alrededor de 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca.

A través de sus redes sociales, las Fuerzas Armadas indicaron que este nuevo hallazgo forma parte de las operaciones permanentes que mantienen en distintas regiones del país para combatir estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

“Una plantación con aproximadamente 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca, distribuida en unas cuatro manzanas de tierra, fue localizada y asegurada por las FFAA, a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11 y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en coordinación con la DLCN”, señalaron las autoridades militares en un comunicado oficial.

Con este aseguramiento, las Fuerzas Armadas suman otro golpe a organizaciones vinculadas al narcotráfico que operan en zonas rurales y de difícil acceso en Honduras.

Las autoridades castrenses destacaron que las operaciones antidrogas desarrolladas durante este año han permitido importantes decomisos y destrucción de cultivos ilícitos en diferentes sectores del territorio nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2026 las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones de supuesta hoja de coca, contabilizando más de 450 mil arbustos destruidos o asegurados.

Asimismo, informaron que durante los operativos también se han localizado y destruido al menos ocho instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de droga.

Según las autoridades, en dichos sitios se encontraron precursores químicos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas derivadas de la hoja de coca.

Las Fuerzas Armadas indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida orientada a reducir la capacidad operativa de grupos criminales vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

“Con estas acciones, las FFAA confirman su compromiso de continuar ejecutando operaciones orientadas al combate del narcotráfico y otras actividades ilícitas, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad del pueblo hondureño”, expresaron mediante sus canales oficiales.

El departamento de Colón ha sido señalado en múltiples ocasiones como una de las zonas utilizadas por estructuras criminales para el cultivo, procesamiento y traslado de drogas debido a sus características geográficas y áreas de difícil acceso.

Las operaciones militares en esta región se han intensificado en los últimos años como parte de los esfuerzos del Estado hondureño para frenar el avance del narcotráfico y desarticular redes criminales que operan en la zona atlántica del país.

Autoridades de seguridad señalaron que continuarán desarrollando patrullajes, inspecciones y operaciones de inteligencia en distintos puntos estratégicos del territorio nacional para detectar nuevas plantaciones ilícitas y laboratorios clandestinos.

El nuevo aseguramiento también refleja la expansión de cultivos ilícitos dentro de Honduras, fenómeno que ha generado preocupación entre organismos de seguridad y autoridades internacionales dedicadas al combate del narcotráfico.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la plantación localizada en Iriona y determinar si existen estructuras criminales operando en la zona.

La madrugada del 15 de mayo marcó un punto de inflexión en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde 33 trabajadores mineros de la empresa Inversiones Mineras Gheraldin fueron liberados tras permanecer secuestrados por una organización criminal armada.

La alerta se activó el jueves 14 a las 18:30 horas, luego de la denuncia presentada por representantes de la minera, quienes reportaron el ingreso violento de individuos armados a las instalaciones del sector La Joya 24/25, en el centro poblado Pueblo Nuevo.

El Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas (FF. AA.)y la Policía Nacional del Perú (PNP), desplegó un contingente de personal de élite tras recibir la notificación.

Las acciones incluyeron coordinación con autoridades locales, representantes de la empresa y rondas campesinas, en un esfuerzo articulado para asegurar el cierre territorial y controlar los accesos a la zona de riesgo. Desde el inicio, el Ministerio Público se mantuvo informado y participó en el marco de sus competencias legales.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad ejecutaron maniobras tácticas de aproximación, contención y control perimétrico, evaluando permanentemente las condiciones del terreno y el riesgo para los trabajadores.

La operación se extendió por más de diez horas, enfrentando desafíos geográficos y climáticos que exigieron coordinación y resistencia física por parte del personal militar y policial.

Fases del rescate

La operación de rescate se dividió en etapas. En la primera fase, 20 trabajadores lograron ser liberados, mientras que el resto fue rescatado en acciones posteriores; en total, 33 trabajadores mineros recuperaron la libertad. Uno de ellos resultó herido por proyectil de arma de fuego, recibiendo atención médica inmediata en el centro minero y reportándose en condición estable.

El grupo armado responsable del secuestro logró escapar a través de los túneles del socavón, aprovechando la compleja infraestructura subterránea de la mina.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables, en el contexto de un estado de emergencia declarado en la zona extractiva para combatir la minería ilegal y el crimen organizado.

La articulación entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público y rondas campesinas resultó clave para el éxito de la intervención.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas destacó el profesionalismo y la disciplina de los equipos que participaron en la operación, así como el compromiso institucional para restablecer la seguridad en Pataz.

Control en la zona minera

El operativo realizado en el sector La Joya evidencia la capacidad de respuesta y la coordinación entre distintas entidades estatales frente a situaciones de alto riesgo en zonas mineras.

La presencia permanente de equipos de seguridad busca garantizar la integridad de trabajadores y pobladores, en un contexto donde la minería ilegal y la acción de organizaciones criminales representan amenazas recurrentes.

Sucede que, a menudo, los grupos armados aprovechan la infraestructura minera para ejecutar acciones delictivas, utilizando túneles y socavones como rutas de escape.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen la vigilancia y control en la jurisdicción del Comando Unificado Pataz, con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger la vida de los peruanos y asegurar la continuidad de las actividades productivas en la región.

La ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas de Honduras se realizó este jueves en el Campo de Parada Marte, después de que el Congreso Nacional aprobara la nómina remitida por la Secretaría de Defensa, lo que permitió la promoción de 148 oficiales en diferentes escalas militares.

El acto estuvo encabezado por el mandatario y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah, acompañado por el secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Junta de Comandantes y otras autoridades civiles y militares.

Entre los ascensos de mayor importancia estuvo el del jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien ascendió de General de Brigada a General de División, convirtiéndose en el oficial de mayor rango dentro de la institución castrense. Además, recibió el Bastón de Mando, símbolo de la autoridad conferida por el comandante general de las Fuerzas Armadas.

Ascensos y reconocimientos

Valerio Ardón indicó durante la ceremonia que estos ascensos representan el reconocimiento al esfuerzo, disciplina y años de servicio por parte de los oficiales promovidos en la estructura militar hondureña.

“Un ascenso no representa únicamente un cambio de grado o una nueva insignia sobre el uniforme, representa el reconocimiento de la patria al sacrificio, el deber cumplido y una trayectoria construida con esfuerzo, disciplina, preparación y lealtad absoluta por Honduras”, expresó durante el acto oficial.

El jefe militar subrayó que los ascensos debieron otorgarse desde diciembre pasado; no obstante, el proceso se retrasó por factores políticos y por la discusión legislativa sobre algunos expedientes incluidos en la nómina enviada por el Poder Ejecutivo.

A pesar de las controversias surgidas en el Congreso Nacional, Valerio Ardón defendió el procedimiento, asegurando que las promociones fueron revisadas de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas y la comisión legislativa de defensa.

“Somos un equipo de trabajo, la comisión de defensa y las Fuerzas Armadas; de tal manera que al final el producto que se pudo presentar es el adecuado”, manifestó.

Además del ascenso de Valerio Ardón, fueron promovidos siete coroneles al grado inmediato superior: Luis Alonso Rosales Cardoza, Marco Alexander Lanza Ávila, Miguel Maldonado Castro, Walter Danilo Hernández Carvajal, Othoniel Gross Castillo, Otto Fabricio Mejía Hércules y José Rodimiro Murillo Aguilar.

La jornada incluyó también el ascenso de 14 oficiales al grado de coronel, 57 al grado de teniente coronel y 69 oficiales al grado de mayor, en reconocimiento a sus méritos profesionales, historia institucional y años de servicio en las diferentes ramas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.

Ascensos avalados por el Congreso Nacional

La aprobación de los ascensos se dio tras un amplio debate legislativo en el Congreso Nacional, donde diputados de oposición cuestionaron la promoción de algunos oficiales por supuestos vínculos con decisiones tomadas durante la crisis política y electoral de 2025.

La comisión de Defensa del Legislativo defendió el dictamen favorable, afirmando que los oficiales promovidos no tienen procesos pendientes ante el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia ni el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Durante otra intervención, Valerio Ardón hizo énfasis en que las Fuerzas Armadas continuarán con procesos internos de supervisión y depuración sobre cualquier integrante involucrado en irregularidades o actos ilícitos.

“Si hay personas dentro de la institución que cometen algún delito serán puestas a la orden de los tribunales”, afirmó el alto mando militar ante los medios de comunicación e invitados a la ceremonia.

El personal que culmina el servicio militar en las Fuerzas Armadas accede a una bonificación del 10 % sobre la nota final en los concursos de acceso al empleo público, según confirmó Josfer Salas Reynaga, coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa. Esta medida se aplica a todos los procesos de selección estatales y busca reconocer la formación y experiencia adquiridas durante el periodo de servicio.

De acuerdo con declaraciones a Agencia Andina, Salas Reynaga precisó que la bonificación no se limita a cargos relacionados con la seguridad, sino que abarca cualquier convocatoria dentro del sector público.

“Cuando quieren ejercer alguna labor dentro del Estado, tienen un 10 % adicional a la nota final del concurso correspondiente”, explicó el funcionario del Ministerio de Defensa. Este puntaje extra se suma al promedio obtenido en el proceso de selección, lo que puede marcar la diferencia entre ingresar o no a la institución seleccionada.

La medida se extiende a entidades como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), organismos del Estado y otras dependencias públicas, independientemente del área profesional a la que aspire el postulante. Según la autoridad, el beneficio responde al aporte que los licenciados pueden ofrecer tras su experiencia en la vida militar, donde se privilegia la disciplina, el orden y la capacitación técnica.

Incentivos adicionales y convenios

Más allá de la bonificación en procesos públicos, existen otros incentivos dirigidos a quienes egresan del servicio militar. El vocero mencionó la posibilidad de obtener un descuento del 50 % en los exámenes de admisión para quienes deseen reincorporarse a las Fuerzas Armadas como personal de carrera. Además, el Ministerio de Defensa avanza en convenios con entidades educativas para facilitar el acceso a programas como Beca 18, entre otros instrumentos de apoyo, dirigidos a ampliar las oportunidades profesionales y académicas de los licenciados.

“Muchos jóvenes que no han terminado la secundaria pueden continuar sus estudios dentro de las instituciones armadas”, remarcó Salas. El funcionario insistió en que la preparación de los conscriptos abarca aspectos tecnológicos y no solo actividades físicas o de seguridad, lo que habilita a los licenciados para desempeñar funciones en distintos ámbitos del sector público.

Señaló que muchos de los conscriptos pueden continuar sus estudios secundarios al interior de las instituciones armadas y, posteriormente, al egresar, tienen acceso gratuito a un instituto superior tecnológico ubicado en Rímac, dedicado exclusivamente a licenciados.

El coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos destacó que los jóvenes cuentan con opciones para compatibilizar la formación militar con estudios universitarios o en institutos, ya que existen autorizaciones y permisos excepcionales para quienes deseen seguir una carrera académica durante el servicio.

Requisitos

• Para postular al Servicio Militar Voluntario en la 1ra Brigada de Fuerzas Especiales en julio de 2025, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad. Este documento es fundamental para acreditar la identidad del postulante ante las autoridades militares.
• También se exige una copia del Certificado de Estudio o las Constancias de logros de aprendizaje, emitidas por el Ministerio de Educación (MINEDU). Este requisito permite verificar el nivel educativo alcanzado por el aspirante.
• Otro requisito indispensable es la Constancia de Inscripción Militar correspondiente a clases anteriores. Este documento acredita que el postulante ha cumplido con el proceso de inscripción previo ante las entidades competentes.
• En cuanto a las condiciones físicas, se ha establecido una estatura mínima de 1,55 metros para varones y de 1,50 metros para damas. Este criterio responde a los estándares definidos para el desempeño de las actividades propias del servicio militar.
• Por último, la edad del postulante debe estar comprendida entre los 18 y 30 años. 

El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, firmó una resolución que restablece las funciones de contrainteligencia militar dentro de las Fuerzas Armadas y deroga una normativa vigente desde 2006, dictada durante la gestión de Nilda Garré. La medida fue publicada este mediodía y representa una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno en materia de inteligencia de la defensa.

La nueva disposición reorganiza el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF) y vuelve a integrar funciones de inteligencia y contrainteligencia militar que habían quedado separadas hace casi dos décadas por una decisión doctrinaria adoptada durante el kirchnerismo.

Según pudo confirmar Infobae, uno de los cambios centrales de la reforma es que el área de contrainteligencia militar pasará a depender del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en línea con el objetivo oficial de fortalecer la conducción conjunta del sistema de inteligencia de defensa y unificar criterios operativos entre las distintas fuerzas.

La resolución establece además que el Sistema de Inteligencia de Defensa estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO) y las direcciones de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El texto firmado por Presti también dispone que las direcciones generales de inteligencia de las Fuerzas Armadas deberán considerarse “componentes independientes entre sí y bajo control funcional” de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

En el Gobierno sostienen que la resolución vigente desde 2006 había generado una situación excepcional respecto de los sistemas de defensa modernos, al impedir que las Fuerzas Armadas contaran con herramientas básicas de prevención y resguardo frente a amenazas externas dirigidas contra personal militar, infraestructura sensible, sistemas de información y capacidades estratégicas.

La propia resolución sostiene que la normativa impulsada durante la gestión Garré “debilitó el Sistema de Inteligencia en el ámbito de la Defensa Nacional, tornándolo vulnerable a las actividades de Inteligencia de actores externos”.

La reforma busca adecuar el sistema argentino de inteligencia militar al escenario internacional actual y a los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei en el marco de la reorganización más amplia del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada junto a la SIDE.

Entre los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Defensa sostiene que “la evolución de la situación regional y mundial en la última década pone en evidencia el surgimiento de diferentes amenazas, la concreción de complejos tipos de agresiones, nuevas formas de accionar en conflictos bélicos e incluso la configuración de escenarios de crisis o tensión donde se manifiestan tácticas híbridas”.

El texto agrega que entre esas amenazas “destacan los ciberataques y las actividades en el marco cognitivo”.

En el Ministerio de Defensa sostienen que la normativa derogada respondía a un criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico que fragmentó funciones consideradas complementarias en cualquier estructura moderna de defensa. La visión oficial es que ningún país con capacidades estratégicas relevantes separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia militar.

La contrainteligencia militar comprende tareas orientadas a prevenir, detectar y neutralizar acciones de espionaje, infiltración, sabotaje, obtención ilegal de información sensible y operaciones destinadas a afectar capacidades militares o estratégicas de un país.

En esa línea, la resolución cita el Decreto 941/25 y señala que la contrainteligencia militar deberá prevenir infiltraciones, espionaje, sabotaje e injerencia de factores externos sobre el proceso decisorio de las autoridades constitucionales y los intereses estratégicos nacionales.

Dentro del Gobierno afirman que la separación impuesta en 2006 limitó durante años mecanismos básicos de autoprotección institucional frente a amenazas externas y nuevas formas de conflictividad internacional.

En ese marco, la Casa Rosada menciona como amenazas concretas el crecimiento de organizaciones terroristas y paraestatales con capacidad operativa internacional, como Hezbollah y Hamas, y el avance de operaciones de injerencia promovidas por potencias extranjeras.

Según pudo saber Infobae, funcionarios nacionales toman como referencia el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, donde comandos armados ingresaron en territorio israelí, atacaron bases militares y asesinaron a más de 1.000 personas. En el oficialismo consideran que ese episodio mostró el tipo de amenazas híbridas y acciones coordinadas que hoy obligan a revisar doctrinas de inteligencia y defensa.

En paralelo, el Gobierno observa con preocupación las disputas geopolíticas y las operaciones de injerencia desarrolladas por actores estatales como Rusia y China, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura estratégica, ciberseguridad, inteligencia tecnológica y control de información sensible.

La resolución también incorpora el concepto de “operaciones en el campo cognitivo” y sostiene que esas acciones “son asiduamente ejecutadas por organismos estatales y paraestatales estratégicos extranjeros” y por organizaciones criminales.

Según el texto oficial, esas operaciones buscan afectar “la confianza en las instituciones y la cohesión social” e “incidir negativamente sobre el Sistema de Defensa de la Nación Argentina”.

Según pudo confirmar Infobae, uno de los argumentos centrales de la resolución es que las Fuerzas Armadas argentinas necesitan recuperar capacidades de prevención y resguardo frente a amenazas complejas que combinan espionaje, presión geopolítica, ciberguerra, terrorismo y operaciones de injerencia.

El texto firmado por Presti también cuestiona que la resolución de 2006 hubiera prohibido las actividades de operaciones psicológicas dirigidas a enemigos o el monitoreo de las que pudieran realizarse contra las propias fuerzas. Según el nuevo esquema, esa restricción dejó “inermes” a las Fuerzas Armadas frente a acciones orientadas a procurar “el quiebre de su moral”.

La resolución también fortalece la conducción conjunta del sistema de inteligencia militar y redefine el funcionamiento interno del SIDEF, en línea con la estrategia oficial de modernización de las capacidades de defensa y seguridad.

En ese marco, la resolución establece que la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto tendrá una doble responsabilidad de asesoramiento y asistencia tanto al ministro de Defensa como al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Además, dispone que el Comando de Operaciones Conjuntas desarrollará la inteligencia operacional en tiempo de paz y fuera de los teatros de operaciones en tiempos de guerra.

En el Ministerio de Defensa remarcan que la medida mantiene expresamente todas las prohibiciones legales vinculadas al espionaje interno. Según explican, la resolución no habilita tareas sobre actividades políticas, sindicales, sociales ni sobre organizaciones civiles ajenas al ámbito específico de la defensa nacional.

El artículo 8 de la resolución prohíbe expresamente obtener información o producir inteligencia sobre personas por razones vinculadas a raza, religión, opinión política o pertenencia a organizaciones partidarias, sindicales o sociales. También impide influir sobre la situación institucional, política, económica o social del país.

Ese punto aparece como uno de los ejes centrales del mensaje oficial para evitar cuestionamientos vinculados a posibles desvíos sobre inteligencia interior, un tema especialmente sensible en la Argentina desde el retorno democrático y las posteriores reformas legislativas impulsadas tras los abusos cometidos durante la última dictadura militar.

La resolución se apoya en la idea de que el escenario internacional actual exige revisar doctrinas diseñadas para otro contexto geopolítico y adaptar las capacidades estatales frente a amenazas híbridas, ciberataques, operaciones de injerencia, terrorismo y organizaciones criminales transnacionales.

La reforma se inscribe además en el proceso más amplio de reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa el Gobierno nacional desde el año pasado. En los últimos meses, la administración Milei avanzó con distintos cambios normativos y operativos orientados a fortalecer la articulación entre organismos de inteligencia, seguridad y defensa.

Entre otras iniciativas recientes, la SIDE inauguró el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) con participación del FBI y autoridades estadounidenses, en una señal de profundización de la cooperación internacional en materia de inteligencia y contraterrorismo.

En el oficialismo consideran que la resolución firmada por Presti corrige una anomalía estructural que había dejado a las Fuerzas Armadas argentinas en una situación atípica respecto de otros sistemas de defensa occidentales.

La resolución fija además un plazo de 90 días para adecuar la doctrina de inteligencia y contrainteligencia militar y de 120 días para organizar, equipar, adiestrar y alistar los nuevos elementos de contrainteligencia militar y contrainteligencia militar en el dominio informacional.

El texto también señala como objetivo “dejar de ser vulnerable ante las acciones de actores estratégicos estatales o paraestatales y de organizaciones criminales de origen externo”.

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la medida busca fortalecer la capacidad del Estado para proteger personal, infraestructura e información sensible frente a amenazas externas, operaciones de injerencia y organizaciones criminales.

A una semana del anuncio del Plan ARMA —el programa oficial de modernización de las Fuerzas Armadas— el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó casi $49.000 millones en partidas de Defensa.

En su columna de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont desglosó el impacto fuerza por fuerza y advirtió sobre las consecuencias de largo plazo de un ajuste que se inscribe en una tendencia de dos décadas de deterioro presupuestario.

La Fuerza Aérea, la más golpeada

El mayor recorte nominal correspondió a la Fuerza Aérea Argentina, cuyo Programa 16 de alistamiento operativo perdió $16.500 millones en bienes de uso y equipos militares. “La más afectada es la Fuerza Aérea, que pierde material en alistamiento operacional: son todos gastos de capital, equipamiento militar y herramientas”, precisó Serbin Pont.

El dato tiene un contexto que lo agrava: la Argentina acaba de incorporar los primeros seis de los 24 aviones F-16AM/BM adquiridos a Dinamarca.

Ejército y Armada: recortes en cadena

El Ejército Argentino registró una disminución de $12.622 millones destinados al equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar. La Armada, por su parte, sufrió un recorte neto de $15.220 millones en su programa de alistamiento operativo.

El ajuste incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por $10.620 millones asignada al proyecto de incorporación de cuatro helicópteros navales livianos AW109M para la Base Naval Puerto Belgrano, uno de los proyectos de adquisición más esperados por la fuerza en los últimos años.

El ajuste llega hasta la Antártida

Uno de los impactos menos visibles pero más significativos del recorte es el que afecta a la logística antártica. “Se han recortado combustibles y lubricantes para la campaña antártica. Hay que ver cómo afecta esto más adelante y si se van a redirigir recursos de otro lado para continuar ejecutando la campaña”, subrayó Serbin Pont.

La única área que recibió un refuerzo presupuestario dentro de la Jurisdicción 45 fue la sanidad militar. El programa de Sanidad Naval recibió un aumento de $4.000 millones destinados a la compra de insumos médicos y farmacéuticos. Un incremento que no impacta en las capacidades operativas pero que refleja la presión que viene acumulando la obra social de las Fuerzas Armadas.

Dos décadas de caída y salarios al límite

El recorte no es un episodio aislado. El gasto en la función Defensa se ubica en el 0,28% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, en un presupuesto donde entre el 75% y el 85% del gasto de cada fuerza se destina a salarios, dejando márgenes mínimos para funcionamiento e inversión.

“El presupuesto de Defensa en términos de porcentaje del PBI viene declinando constantemente en todos los gobiernos en los últimos años. Hoy el 90% va dirigido a salarios y pensiones”, planteó Serbin Pont.

La consecuencia es una tensión creciente entre los cuadros mejor formados. “¿Cuánto le vamos a pagar a un piloto que va a volar un avión que cuesta 60 mil dólares la hora de vuelo? Gente con un nivel de formación muy elevado —comandos, fuerzas especiales— empieza a mirar que hay sectores donde podría estar ganando más”, advirtió el analista.

El Presupuesto 2026 además derogó la obligación de destinar el 0,8% del PBI al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, dejando esa asignación sin un piso legal fijo, lo que elimina el único mecanismo formal de protección presupuestaria que tenía el sector.

El Plan ARMA en el aire

La contradicción central que dejó en evidencia este recorte es la brecha entre el discurso oficial y la realidad presupuestaria. “Si tenías el Plan ARMA para reequipar a las Fuerzas Armadas, estos 35 millones de dólares hubiesen sido recursos adicionales en equipamiento. En cambio, son 35 millones para llenar el vacío de un recorte que se ejecuta vía decreto”, graficó Serbin Pont.

En términos absolutos, los $49.000 millones recortados equivalen a unos 35 millones de dólares. “Para lo que es el Estado nacional, 35 millones de dólares son un vuelto”, reconoció Serbin Pont.

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¿Quiénes están obligados a realizar el servicio militar?

De acuerdo con la normativa vigente, todos los peruanos —hombres y mujeres— que cumplan 17 años están habilitados para matricularse en el registro militar. La inscripción es obligatoria para los varones y voluntaria para las mujeres.

El proceso puede realizarse en las oficinas descentralizadas de los gobiernos regionales, en las sedes de las Fuerzas Armadas o a través de la plataforma en línea del Ministerio de Defensa.

Quienes no se inscriban dentro de los plazos establecidos se exponen a una multa equivalente al 5 % de la unidad impositiva tributaria (UIT), que en 2026 asciende a S/275. Esta sanción puede acumularse si el ciudadano persiste en la omisión, y la falta de registro puede dificultar la obtención de documentos oficiales o la realización de trámites administrativos.

El sorteo para la incorporación en el servicio militar acuartelado incluye a los jóvenes que hayan registrado su información y estén aptos física y psicológicamente. Hay exoneraciones para personas con discapacidad, quienes tengan hijos menores a su cargo, estudiantes universitarios o técnicos matriculados y en algunos casos, para quienes acrediten motivos de salud, religiosos o familiares debidamente documentados.

Requisitos y proceso de inscripción

El procedimiento es ágil: los solicitantes solo presentan su DNI y una copia en los puntos autorizados. La atención inicia a las 7 de la mañana y la constancia se entrega en aproximadamente 20 minutos.

La capacidad diaria llega a 120 personas, y el trámite no tiene costo. La demanda ha crecido, pero las autoridades aseguran que el proceso se mantiene fluido para quienes cumplen con este deber ciudadano.

Oficinas de Registro Militar en Lima

• Surco: Av. Jorge Chávez, cuadra 5 S/N, cerca de la Base Aérea Las Palmas.
• Ancón: Escuela de Supervivencia en el Mar (jirón Abtao S/N).
• Callao: Grupo Aéreo N.° 8, Av. Elmer Faucett, cuadra 38.

Oficinas de Registro Militar en regiones

• Arequipa: Av. Aviación S/N, urb. Zamácola, distrito Cerro Colorado.
• Arequipa – Vítor: Local Municipal La Joya (jirón Dos de Mayo N.° 501).
• Chiclayo: Calle Manuel María Ízaga N.° 883.
• Piura: Av. Luis Montero S/N, distrito Castilla, costado del Grupo Aéreo N.° 7.
• Talara: Villa FAP S/N, Pariñas.
• Pisco: Grupo Aéreo N.° 51, Av. Genaro Medrano S/N.
• Iquitos: Grupo Aéreo N.° 42, pasaje San José S/N, Moronacocha.
• Pucallpa: Distrito Yarinacocha, altura Empresa Electro Ucayali (jr. San Alejandro S/N).
• Tarapoto: Jr. Santa Rosa N.° 161, altura cuadra 6 del Jr. Leguía.
• Juanjuí: Agrupamiento Aéreo de Juanjuí (jr. Iquitos S/N, barrio Santa Rosa).
• San Ramón: Base Aérea San Ramón (Carretera Marginal S/N).
• Tacna: Av. Billinghurst N.° 202.
• Puerto Maldonado: Edif. FAP Plaza de Armas, Av. León Velarde N.° 288, oficina 101.

Beneficios económicos y sociales

El Congreso aprobó recientemente la Ley N.° 32590, que autoriza al Ministerio de Defensa a incrementar la asignación económica mensual de quienes cumplen el servicio militar acuartelado.

Aunque el texto legal no precisa el porcentaje, el Mindef informó que el aumento será del 50 % a partir de junio de 2026, beneficiando a más de 45.000 jóvenes en todo el país. El grueso de estos efectivos pertenece al Ejército, con más de 39.500 beneficiarios; la Marina de Guerra suma más de 4.100 y la Fuerza Aérea, más de 2.100.

El incremento será financiado con recursos institucionales de las Fuerzas Armadas y fondos adicionales autorizados por ley, con un límite de S/ 20.000.000 para el año fiscal 2026. El objetivo es actualizar la escala de asignaciones, dignificar el servicio y reconocer el esfuerzo diario de quienes asumen funciones fundamentales para la defensa nacional.

Más allá del beneficio económico, el servicio militar en Perú incluye alimentación, alojamiento, atención médica y acceso a formación técnica o profesional. Los conscriptos pueden acceder a becas educativas otorgadas por el Estado y a cursos de capacitación que mejoran su empleabilidad al terminar el periodo de servicio. También reciben un seguro de vida y protección social durante el tiempo que permanecen en las filas de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo el Estado detecta a una persona “omisa”?

El Ministerio de Defensa señaló que el Sistema Central de Registro Militar mantiene conexión directa con la base de datos del Reniec. Esta integración permite que, al ingresar el número de DNI, se detecte de inmediato si el ciudadano no realizó la inscripción en el plazo establecido.

En ese caso, la persona queda registrada como “omisa”, lo que implica una multa económica que debe ser pagada para regularizar la situación, aunque no genera consecuencias administrativas adicionales.

El Ministerio de Defensa oficializó mediante la resolución 311/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial la designación del General de Brigada Pablo Guillermo Plaza como nuevo presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La medida se produjo tras la renuncia del titular anterior, Sergio Maldonado, por lo que el ministro de Defensa, Carlos Presti, avanzó con el nombramiento de Plaza dentro del sistema de salud para el personal militar y civil vinculado a las fuerzas. La decisión, que tuvo lugar el 6 de mayo, se enmarcó dentro de las disposiciones del DNU N° 88/26, que creó a la obra social como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con el objetivo de brindar cobertura en todo el territorio argentino y asegurar la fiscalización estatal.

De esta manera, OSFA se configuró como un organismo con personería jurídica propia y legitimación procesal, lo que le permite actuar tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Esta cualidad le otorga autonomía para la gestión de sus recursos y la definición de políticas internas, bajo la supervisión directa de la cartera ministerial.

El Directorio de la obra social está compuesto por cinco miembros titulares y cinco suplentes, los cuales fueron designados por el titular de Defensa. El mandato es por el período de dos años, con posibilidad de reelección por una sola vez. La normativa prevé que los suplentes puedan asumir las funciones de los titulares en caso de dimisión o ausencia justificada, garantizando así la continuidad operativa de la conducción del organismo.

Entre los requisitos exigidos para integrar el Directorio figuran condiciones de idoneidad técnica, experiencia en gestión de servicios de salud, seguridad social, administración pública y financiera, o dirección de grandes organizaciones. De este modo, se busca asegurar la capacidad de los responsables para enfrentar los desafíos de la administración de la obra social.

A principios de marzo, el Gobierno oficializó dichos nombramientos para la entidad encargada de la cobertura médica del personal militar en el país. La medida concretó la reestructuración del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que fue dividido tras atravesar una severa crisis financiera a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el decreto, la integración del directorio contempló dos representantes propuestos por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, otro por el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas o de la propia OSFA, según la futura reglamentación. La presidencia y vicepresidencia son rotativas, elegidas entre los miembros titulares y definidas por el Ministerio de Defensa.

El directorio quedó conformado por el general de brigada retirado Sergio Maldonado como presidente y el general de brigada retirado Omar Horacio Domínguez como vicepresidente. Los acompañan como titulares el capitán de navío retirado Gustavo Rubén Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Como suplentes fueron designados el coronel auditor retirado Juan José Collins, el coronel ingeniero retirado Darío Gabriel Banchio, el capitán de navío retirado Miguel Ángel Alonso y el comodoro mayor Sergio Luis Busdrago.

La OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a prestaciones de salud, mientras que los gastos administrativos no podrán superar el 8 %. Si existiera excedente, hasta un 12 % podrá aplicarse a otras prestaciones sociales. Los aportes a la obra social se calcularán sobre todas las retribuciones remunerativas y no remunerativas, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.

Un amplio operativo interinstitucional permanece activo en Honduras con el objetivo de contener un incendio forestal de gran magnitud que afecta el Parque Nacional Celaque, una de las áreas protegidas más importantes del país, ubicada en el occidente hondureño.

El director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez, informó que participan aproximadamente 800 personas desde hace cuatro días en las labores para combatir el fuego. El incendio se originó en el sector de San Manuel, departamento de Lempira, y se ha extendido hacia zonas de difícil acceso dentro del área protegida.

En las operaciones trabajan cuadrillas del ICF, tres batallones del Ejército de Honduras y voluntarios de comunidades cercanas, distribuidos en diferentes frentes para intentar contener las llamas bajo condiciones climáticas y geográficas adversas.

Las autoridades advirtieron que el impacto de los incendios forestales en el país podría ser mucho mayor al inicialmente estimado, ya que las áreas afectadas a nivel nacional podrían alcanzar hasta 27.000 hectáreas, debido a la reactivación de focos de fuego en distintos puntos del territorio.

Entre las zonas con reportes recientes de siniestros se encuentran Casablanca, en Danlí, El Paraíso, donde un incendio que había sido controlado volvió a reactivarse, así como otros puntos del oriente y occidente del país.

Campamentos de respuesta

El titular del ICF precisó que en algunas áreas se han establecido campamentos temporales para que las brigadas puedan iniciar sus labores desde temprano, dada la complejidad del terreno y la magnitud de los incendios activos.

Con respecto al Parque Nacional Celaque, las autoridades estiman que se ha requerido la participación de hasta mil personas por día en diferentes momentos del operativo. Esto ha significado un costo operativo significativo, ya que, según Ramírez, solo en salarios y jornadas de trabajo se ha registrado una inversión aproximada de 1,2 millones de lempiras en cuatro días.

Intervención de las Fuerzas Armadas

El impacto ambiental es relevante: las autoridades señalan la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la afectación a fuentes de agua que nacen en esta zona protegida, considerada clave para el abastecimiento hídrico de comunidades cercanas.

Además de Celaque, el país ha registrado múltiples incendios forestales en los últimos días. Las Fuerzas Armadas de Honduras comunicaron que el fin de semana participaron en el combate y control de al menos 15 incendios activos en varios departamentos, incluidos Francisco Morazán, Lempira, Santa Bárbara, El Paraíso, Olancho y Cortés.

Entre las zonas afectadas se incluyen Tatumbla, Santa Rosa de Copán, Zamorano, Gracias a Dios, Valle de Jamastrán y Santa Lucía, lo que refleja la extensión del fenómeno en gran parte del territorio nacional.

En lo que va de 2024, las Fuerzas Armadas han intervenido en el control de 304 incendios forestales, que han consumido más de 3.600 hectáreas, movilizando a más de 4.800 efectivos militares en tareas de prevención y combate del fuego.

Las autoridades del ICF indicaron que se investigan las causas del incendio en San Manuel, Lempira, para identificar responsabilidades y determinar si hubo intervención humana, en un contexto en el que la falta de denuncias ciudadanas sigue representando un obstáculo para la judicialización de estos delitos ambientales.

Actualmente, los equipos de emergencia continúan las labores en el Parque Nacional Celaque con la esperanza de contener el fuego en los próximos días y evitar mayores daños a uno de los principales pulmones forestales de Honduras.

El Congreso aprobó la Ley N.° 32590, que establece un nuevo marco para la asignación económica mensual de quienes integran el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas. La norma, oficializada recientemente y publicada en El Peruano, otorga al Ministerio de Defensa la facultad de incrementar este beneficio a partir de junio de 2026.

Si bien el texto legal no detalla el porcentaje, el propio Mindef, a través de la páia oficial del Gobierno del Perú, comunicó que el ajuste será del 50%, alcanzando a 45.767 jóvenes en todo el país.

Esta actualización, según la cartera responsable, busca reconocer la labor y las responsabilidades asumidas por el personal acuartelado. El grueso de los beneficiarios corresponde al Ejército, con 39.521 efectivos; la Marina de Guerra suma 4.109 y la Fuerza Aérea, 2.137. El objetivo central es dignificar el servicio, mejorar la situación económica de los conscriptos y aportar al desarrollo social nacional a través de mejores condiciones para quienes cumplen este deber.

El financiamiento del incremento provendrá del presupuesto institucional de las Fuerzas Armadas y de recursos adicionales autorizados por la normativa vigente. Para el ejercicio fiscal 2026, la ley establece un tope de S/20.000.000 en recursos provenientes del Decreto Legislativo 1440. La medida se implementará mediante el reglamento que emitirá el Ministerio de Defensa, conforme a las atribuciones recibidas en la nueva legislación.

El Ejecutivo sostuvo que esta decisión responde a la necesidad de actualizar una compensación que había quedado rezagada con el tiempo y que ya no reflejaba las exigencias ni los costos actuales para quienes cumplen el servicio militar obligatorio. El Ministerio de Defensa subrayó que la dignificación de la función castrense pasa por reconocer el esfuerzo cotidiano de miles de jóvenes y garantizar condiciones de subsistencia acordes con su rol.

La ley forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema de defensa y promover valores ciudadanos entre la juventud. Las autoridades resaltaron que la mejora en la asignación económica permitirá una mayor estabilidad y motivación para quienes integran las filas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

A partir de junio de 2026, el incremento anunciado deberá aplicarse de acuerdo con el procedimiento detallado en el decreto supremo que publicará la cartera de Defensa. Diversas organizaciones y familias han recibido con expectativa esta medida, considerando que representa un avance en el reconocimiento de quienes asumen la defensa nacional y el cumplimiento del servicio militar en el Perú.

Inscripción militar en Perú

A partir de 2026, los jóvenes peruanos en edad de cumplir el Servicio Militar deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Militar, según la Ley N.° 29248. El proceso puede realizarse en las oficinas de los gobiernos regionales, en las sedes de las Fuerzas Armadas o a través de la plataforma virtual dispuesta por el Ministerio de Defensa. La inscripción garantiza la actualización de datos personales y la asignación correcta para el sorteo o el llamado al servicio.

No cumplir con este trámite acarrea una multa de S/275, equivalente al 5 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), sanción que se aplica a quienes omiten el registro dentro del plazo establecido. El Ministerio de Defensa recordó que esta disposición rige para varones y mujeres, y que la multa puede acumularse si persiste la omisión. El pago debe efectuarse antes de gestionar trámites civiles o administrativos, pues la falta de inscripción puede impedir la obtención de documentos oficiales.

La autoridad militar recomendó a los ciudadanos revisar las fechas y cumplir con los requisitos, para evitar sanciones y acceder a los beneficios del registro formal. El objetivo es ordenar y transparentar el proceso de incorporación al Servicio Militar.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó el 8 de mayo de 2026 el fusil Jaguar, el primer fusil de diseño y fabricación íntegramente colombiana, durante un acto oficial en la Fábrica de Armas y Municiones General José María Córdova de la Industria Militar de Colombia (Indumil), ubicada en Soacha.

El mandatario defendió la producción nacional de armamento como base para la industrialización del país y alertó sobre los riesgos de depender de proveedores externos.

El arma fue desarrollada a lo largo de cinco años. El proyecto arrancó en 2020, cuando expertos del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional definieron los requerimientos operacionales.

Desde entonces, Indumil atravesó etapas de diseño conceptual (2021), fabricación de prototipos en resina y piezas metálicas (2022), integración de componentes mecanizados y piezas impresas en 3D (2023), transición hacia manufactura industrial con moldes para polímeros (2024) y nuevas validaciones con las fuerzas militares y la policía (2025).

Frente al sistema Galil ACE –el fusil que usa actualmente la Fuerza Pública y que está fabricado principalmente en acero–, el Jaguar incorpora cerca de un 65% de polímeros de alta resistencia. Eso se traduce en una reducción aproximada del 15% en peso, mayor resistencia a la corrosión y mejor movilidad para quien lo porta.

Indumil también proyecta que el costo del arma podría ser cerca de un 20% menor frente a los sistemas equivalentes importados, gracias al desarrollo nacional de componentes y a las eficiencias alcanzadas en el proceso de manufactura.

El nombre del fusil fue escogido mediante una convocatoria nacional abierta a ciudadanos de distintas regiones del país. Petro aprovechó el acto para extenderse sobre el simbolismo del animal. “El Jaguar, cuando se vuelve invisible, también es un guerrero. Es invencible. Generalmente es muy difícil derrotar a un Jaguar”, afirmó el presidente.

Añadió que Colombia alberga unos 15.000 jaguares según los científicos, lo que ubica al país entre los tres o cuatro con mayor población de esta especie en el mundo. “Aprenden a moverse como el Jaguar. Y yo creo que el ejército debe aprender a moverse como el Jaguar. Así que no es solo una marca, sino una filosofía”, dijo Petro.

El mandatario también se refirió a la decisión de que el fusil no opere con software. “Las guerras mundiales de hoy demuestran que lo único que puede sobrevivir a un apagón de software son las armas analógicas y debemos aprender de eso”, señaló.

Petro comparó el desarrollo del Jaguar con el origen de la computadora y el Internet, tecnologías que, según recordó, nacieron de la industria militar de potencias como Estados Unidos.

Petro pidió que tanto el Ejército como la Policía Nacional compren exclusivamente armamento fabricado en Colombia. “No puede haber una discrepancia entre una fuerza que hace el esfuerzo y la otra que importa, porque perdemos sinergia”, advirtió.

El presidente también cuestionó los canales de importación de armas: “Los carteles que median en la importación de armas a veces son los que fomentan la violencia”, afirmó.

El mandatario planteó que Soacha podría convertirse en un clúster de fabricación militar que incluya, a futuro, vehículos blindados, drones y embarcaciones. “Si queremos ser un país rico, con la riqueza distribuida entre todos, la industria lo permite”, dijo, y señaló que Indumil, al ser una empresa pública, debe garantizar condiciones laborales a su fuerza de trabajo.

Indumil destacó que el proyecto también busca articular universidades, centros de investigación y empresas del sector tecnológico y metalmecánico. El fusil incorpora mejoras en ergonomía, modularidad y facilidad de mantenimiento frente al Galil ACE.

Si el arma supera las validaciones pendientes, Petro aspira a que el Jaguar se convierta en un producto de exportación: “Ya no seríamos tanto importadores de armas sino más bien exportadores”, afirmó el presidente.

En la región amazónica entre Perú y Brasil, específicamente en el área del río Yavarí, autoridades de ambos países realizaron la “Operación Espejo Mayo 2026”. El despliegue, coordinado por organismos de seguridad de ambas naciones, permitió la incautación de cerca de nueve toneladas de sustancias ilegales y la captura de armamento vinculado al tráfico de drogas.

Durante dos jornadas, el operativo abarcó puntos estratégicos de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, zona fronteriza con Brasil y Colombia. El Comando Operacional de la Amazonía, junto con el Comando Unificado PUMA y la Policía Nacional, dirigieron las acciones principales. Participaron, además, la Fuerza de Tarea Unificada “Mariscal Ramón Castilla”, la Dirección Antidrogas, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú, así como el Ejército brasileño.

El 5 de mayo, la intervención permitió decomisar 985 kilogramos de estupefacientes, destruir un laboratorio precario y retirar químicos, armas y materiales empleados por organizaciones ilegales.

El 6 de mayo, la operación avanzó hacia la incautación de aproximadamente ocho toneladas de marihuana, armas de uso militar, municiones, equipos tácticos y la destrucción de un laboratorio de gran capacidad y campamentos clandestinos. Estos resultados impactaron directamente en la logística y las operaciones de las redes delictivas en la zona.

El General de Ejército César Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, evaluó el operativo como un paso relevante en la política de respuesta coordinada frente al crimen transnacional. Briceño Valdivia resaltó que el país mantiene una estrategia de articulación de recursos terrestres, fluviales y aéreos para enfrentar desafíos que afectan la seguridad de la región y el desarrollo de los Estados involucrados.

En la segunda jornada se logró desarticular infraestructura destinada a la producción y almacenamiento de drogas. El desmantelamiento de laboratorios y campamentos ilegales, así como la incautación de equipos tácticos y armas de guerra, representa un golpe para la operatividad de las redes ilegales que operan en la triple frontera.

Según lineamientos del Ministerio de Defensa, la operación se diseñó para ejercer control estatal en territorios de difícil acceso y neutralizar economías ilícitas a través de inteligencia, movilidad y cooperación internacional. Esta intervención se suma a otros esfuerzos orientados a consolidar la presencia de las fuerzas del orden y limitar los espacios de acción de grupos vinculados al tráfico de estupefacientes.

Las autoridades confirmaron que las acciones de interdicción y control en la Amazonía continuarán, con prioridad en los puntos más vulnerables de la frontera compartida entre Perú, Brasil y Colombia. El Comando Unificado PUMA y la Fuerza de Tarea Unificada “Mariscal Ramón Castilla” mantienen el despliegue de recursos para vigilancia y respuesta rápida ante nuevas amenazas en la zona.

La coordinación binacional demostró la capacidad de respuesta y la integración de información de inteligencia para acceder a áreas dominadas por redes delictivas. Las fuerzas participantes, tanto peruanas como brasileñas, aseguraron que mantendrán la cooperación para enfrentar nuevas modalidades delictivas en la región.

Cerca de 100 oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia, incluyendo mayores y tenientes coroneles, fueron desvinculados tras resoluciones emitidas por el Gobierno nacional. La lista de afectados incluye al menos 40 oficiales con trayectoria sobresaliente, a quienes se sumaron otros 30 nombres confirmados en una nueva resolución publicada este el martes 5 de mayo de 2026, según informó Semana.

La medida generó inquietud dentro del conjunto de instituciones castrenses adscritas al Ministerio de Defensa. Conforme a las declaraciones de miembros de la fuerza pública en diálogo con el medio citado, la salida de oficiales de mayor experiencia y formación internacional podría responder a la intención de debilitar las estructuras militares.

Las resoluciones, que afectan en su mayoría al Ejército Nacional, informan que los oficiales fueron llamados a calificar servicios. El criterio principal para estas desvinculaciones es haber cumplido 20 años de servicio y superar una reciente evaluación, aunque los documentos oficiales no detallan causas adicionales.

Hasta la fecha, el Ministerio de Defensa , liderado por Pedro Sánchez, no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el impacto y la motivación detrás de la salida de estos altos oficiales. Fuentes de ese despacho explicaron que estos movimientos corresponden a “procesos normales” dentro de la coyuntura actual en Colombia.

Generales y almirantes retirados prendieron las alarmas por decisiones del Gobierno Petro en el Ejército

El almirante (r) Hernando Wills, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, afirmó que los retiros masivos de mandos intermedios pueden afectar de manera negativa la capacidad de respuesta de las fuerzas en terreno.

“No es oportuno el retiro en este momento de una gran cantidad de oficiales y mandos medios, que son quienes realmente controlan las operaciones en el terreno”. Para el oficial retirado, el mantenimiento de los cuadros de mando hasta después de las elecciones es esencial para “garantizar a los colombianos la libertad para ejercer su voto”, advirtió Wills en entrevista con El Tiempo.

Recientemente, según afirmó Wills, se registró un crecimiento observable en la frecuencia de salidas de mandos tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional. “Lo que yo observo en los últimos años es que sí ha habido un incremento en la salida de los mandos, y eso de alguna manera puede interpretarse como un intento de politizar las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lo cual es totalmente negativo para el país”, señaló el almirante retirado.

En su criterio, la autonomía en los procedimientos de selección y ascensos es fundamental para evitar la influencia política en las instituciones armadas y preservar su independencia. Las salidas reiteradas de cuadros de mando no solo afectan el funcionamiento operativo, sino que, de acuerdo con la prevención expuesta por el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, pueden minar la percepción de neutralidad que históricamente ha respaldado a los organismos de defensa y seguridad colombianos.

Sobre los mecanismos internos de las Fuerzas Militares para el relevo de personal, Hernando Wills destacó en diálogo con el medio citado el número de oficiales que puede ascender a cada nivel en la jerarquía. En sus palabras: “La estructura de las Fuerzas Militares está diseñada de esa manera. Existe una pirámide que limita el número de oficiales que asciende a cada grado”.

Esta arquitectura institucional prevé, explicó Wills, que los oficiales que culminan cursos de Estado Mayor o altos estudios militares, y que dejan sus cargos, sean reemplazados por nuevos cuadros, muchas veces con formación y capacidades superiores a quienes relevan. Para el presidente del cuerpo de generales y almirantes en retiro, el proceso debe realizarse siempre dentro del ciclo normal y natural de selección del personal, manteniendo la continuidad y operatividad sin alterar el equilibrio funcional, en especial en coyunturas críticas como la actual.

Tal como anticipó Infobae días atrás, el Gobierno oficializó la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, una iniciativa que busca fortalecer y modernizar las capacidades de defensa del país mediante un programa integral de reequipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades operativas para las Fuerzas Armadas.

El decreto 314/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, estableció nuevos mecanismos de financiamiento y redistribución de ingresos estatales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del plan.

En este sentido, dispuso la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización para fortalecer el equipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los porcentajes que se destinarán, el texto indicó que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que los bienes involucrados estuvieran previamente asignados al área de Defensa, ese porcentaje se elevará al 70 % de los ingresos obtenidos.

Asimismo, establecieron que el 10 % de los recursos provenientes de la privatización de empresas y sociedades estatales (las incluidas en la Ley 27.742) también se destinará a la mencionada cartera. Esta disposición refuerza la capacidad de inversión directa en equipamiento militar y desarrollo de infraestructura, constituyendo una fuente adicional y complementaria al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Estos recursos no sustituyen ni afectan lo previsto en dicho fondo, sino que constituyen un complemento destinado a atender necesidades de corto plazo y ampliar la capacidad de inversión en la recuperación de capacidades operativas.

En otro pasaje del texto, el Gobierno advirtió que los avances en tecnología militar, como la irrupción de la inteligencia artificial, el uso de armas robotizadas y el auge de los ciberataques, demandan la incorporación de nuevos medios y capacidades. Según el texto, para un país de la extensión y riqueza de recursos naturales del país, resulta esencial contar con un sistema de defensa con verdadera capacidad de disuasión y respuesta.

En el marco de la nueva normativa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá elevar al organismo conducido por Carlos Presti, en un plazo de noventa días, un informe detallando los requerimientos urgentes en materia de reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica. El Ministerio deberá instrumentar los medios necesarios para responder a estas necesidades, utilizando los fondos asignados por el decreto.

La iniciativa fue impulsada por el propio ministro de Defensa, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo.

La nueva distribución de fondos responde también a la situación presupuestaria que afronta el área. El decreto advierte que la estructura vigente absorbía la mayor parte de los recursos en gastos de personal y funcionamiento, lo que limitaba severamente la inversión en modernización y reequipamiento. Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaban destinados al Tesoro Nacional.

Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionará a recuperar el instrumento militar. Con la reasignación de ingresos provenientes de las privatizaciones y de la administración y venta de inmuebles públicos, el Gobierno busca brindar una fuente adicional y permanente para sostener el funcionamiento y la actualización tecnológica de las Fuerzas Armadas.

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.

El Comando Unificado Pataz ejecutó la operación “Caballo de Troya” en el anexo Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad, como respuesta a informes de inteligencia que alertaron sobre la presencia de armamento ilegal vinculado a actividades de minería ilegal y crimen organizado.

La intervención se realizó durante la madrugada del viernes 1 de mayo, bajo el marco del estado de emergencia vigente en la zona.

Durante la operación, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano (EP) aseguraron el área e ingresaron a un sector conocido como “Las Porfirias”, en el área de “Los Alisos”, donde localizaron una bocamina utilizada como refugio por un grupo numeroso de personas investigadas por presuntas actividades ilícitas. El despliegue táctico involucró la participación de unidades especializadas GRECO y FEC, junto a fuerzas militares.

Como resultado, se logró la detención de 68 personas y la incautación de un arsenal de guerra compuesto por tres fusiles Galil, un fusil de francotirador, un fusil automático ligero FAL, cuatro subametralladoras, municiones de diversos calibres, explosivos y cargadores específicos para este armamento.

Según el reporte oficial, 67 de los detenidos no pertenecerían a Pataz, sino que procederían de otras jurisdicciones, lo que refuerza la hipótesis sobre la presencia de redes delictivas externas en la zona.

Impacto de la intervención y balance acumulado

El material incautado y las personas intervenidas fueron trasladados a la comisaría del sector, donde permanecen bajo investigación a cargo de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el proceso de identificación y diligencias se realiza conforme a ley, y que todos los hallazgos han sido puestos a disposición de las instancias competentes para continuar con las investigaciones.

En conferencia realizada en Trujillo, el jefe del Comando Operacional del Norte, general de división EP Carlos Rabanal Calderón, junto a altos mandos militares y policiales, destacó la importancia de esta operación conjunta.

La intervención fue presentada como uno de los golpes más significativos contra la estructura de la minería ilegal y el crimen organizado desde la creación del Comando Unificado Pataz, por la cantidad de armamento incautado y el alcance del operativo.

El balance acumulado del Comando Unificado en la región indica una afectación económica aproximada de S/ 250 millones a las actividades ilícitas, la incautación de 78 armas entre fusiles y pistolas, más de 16 000 municiones, más de 33 000 kilos de explosivos y la detención de más de 159 personas desde el inicio de sus operaciones.

Compromiso de las fuerzas del orden

El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio del Interior reafirmaron su compromiso de mantener el combate contra la minería ilegal y fortalecer la seguridad de la población en la provincia de Pataz.

La presencia activa de las fuerzas del orden busca restablecer el principio de autoridad y garantizar la tranquilidad de los habitantes frente a escenarios de alta peligrosidad provocados por el avance del crimen organizado.

“Yo creo que ahí hay que pedir que se ahondre las investigaciones. Si hay un proceso en giro, tiene que cumplirse, pero nosotros tenemos que lamentar las víctimas y pedir la disculpa del caso a los deudos”, indicó en conversación con Exitosa.

El mandatario aseguró que se tiene que hacer una investigación transparente que permita llegar a la conclusión qué es lo que pasó realmente durante el operativo en la zona del Vraem. “Es muy grave lo que está ocurriendo. Yo pido que se comunique nuestra predisposición para que la investigación sea a fondo y todas las críticas que lleguen vamos a procesar para ver de dónde vino la responsabilidad, por negligencia o no negligencia, por forma dolosa, lo que fuere”, indicó Balcázar.

Según las versiones actuales, cuando militares abrieron fuego contra la camioneta en la que se transportaban las víctimas, no se encontraron armas ni droga en el vehículo, lo que ha profundizado las dudas sobre la legalidad del operativo, ha motivado la detención de ocho militares, aunque estos fueron liberados luego de vencerse el periodo de flagrancia.

¿Por qué militares atacaron a jugadores de Copa Perú en Huancavelica?

El operativo militar se desarrolló en el corredor Colcabamba-Ayacucho, área considerada estratégica en el VRAEM por su historial de narcotráfico. De acuerdo con Latina Noticias, la patrulla intentó detener una camioneta ante una alerta de inteligencia, y al no acatarse la orden, los uniformados emplearon armas largas. El resultado fue cinco fallecidos y dos heridos graves.

Actas fiscales y reportes de ATV y Epicentro TV coinciden en que no se hallaron armas ni drogas en la camioneta inspeccionada tras el ataque. Los familiares de los afectados defienden que las víctimas eran agricultores y jóvenes futbolistas que retornaban de un partido de la Copa Perú, versión respaldada por allegados como uno de los parientes de William Núñez.

Rogelio Tovar, alcalde de Pucacolpa, aseguró a Epicentro TV que los militares colocaron piedras en la vía —método común en asaltos— y ejecutaron la intervención en condiciones irregulares y con un número inusual de efectivos para un control formal.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, liderada por la fiscal Zina Romero Chávez, abrió una investigación bajo la figura de “presunto homicidio calificado” y remarcó la ausencia de armas y estupefacientes en la escena, tras una revisión formal.

Testigo cambia de versión

El testimonio de Ricardo Jampier Acuña Quispe, sobreviviente del hecho, es una de las piezas clave del proceso. Según un informe de ATV, el joven admitió en su primera declaración a fiscales haber sido contratado, junto a unas cincuenta personas, para “trasladar trece kilos de droga” y recibir un pago de 1.300 soles. Relató haber caminado durante dos días hasta abordar la camioneta intervenida.

Sin embargo, Epicentro TV difundió una segunda declaración en la que Acuña negó toda relación con el narcotráfico, argumentando que había sido coaccionado por militares armados a autoincriminarse.

“Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala”, afirmó el sobreviviente de la masacre. Sostuvo que ni él ni otras víctimas portaban drogas o armas esa noche. Su defensa asegura que la confesión fue extraída bajo amenaza y que los ocupantes eran jóvenes trabajadores y estudiantes que regresaban de un partido, contradiciendo la versión oficial.

Operativo con posibles deficiencias

El especialista Pedro Yaranga, consultado por ATV, cuestionó la legalidad del “operativo militar” en Colcabamba. Explicó que este tipo de acciones requiere la presencia obligatoria de policías antidrogas y representantes del Ministerio Público, especialmente si existe una orden de inteligencia previa.

El alcalde Tovar afirmó que la operación careció de protocolos básicos y criticó la escasa cantidad de soldados desplegados, calificándolo de inusual para controles de ese tipo. Tanto la defensa de las familias como la fiscalía han señalado la entrega incompleta y fuera de plazo de información policial, falta de pruebas balísticas y ausencia de indicios que justificaran el empleo de fuerza letal.

La inexistencia de armas o drogas en la camioneta es considerada un punto central para la investigación y refuerza la sospecha de intervención irregular. La fiscalía dispuso nuevas pericias y medidas restrictivas a los militares implicados, que deberán responder ante la justicia mientras se determina si hubo “forma dolosa” en su accionar.

Titular del Mindef sería citado al Congreso

El caso ha generado repercusiones políticas inmediatas. Según Perú21, el Congreso recibió una moción del congresista Wilson Soto Palacios para citar con urgencia al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, quien llevaba solo una semana en el cargo, a fin de que detalle lo ocurrido y informe sobre las disposiciones adoptadas.

La moción parlamentaria incorpora testimonios de familiares que ratifican la inocencia de los fallecidos y niegan cualquier nexo con el narcotráfico, subrayando denuncias de “uso presuntamente desproporcionado de la fuerza”. El Parlamento exige garantías para prevenir hechos similares e insta a una investigación profunda que asigne las responsabilidades políticas y judiciales correspondientes.

La decisión de extender el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días se sustenta en un diagnóstico claro: la criminalidad no ha disminuido y continúa afectando la seguridad en estas zonas.

El decreto identifica una serie de delitos que explican la continuidad de esta medida. Entre ellos destacan el homicidio, el sicariato y la extorsión, considerados como formas graves de violencia que impactan directamente en la vida diaria de la población.

La Policía Nacional del Perú, a través de informes técnicos, advirtió que estos delitos siguen ocurriendo en ambas jurisdicciones, lo que motivó la recomendación de mantener el régimen excepcional.

Los crímenes que mantienen en alerta a Lima y Callao

El documento señala que la situación en Lima y Callao sigue siendo preocupante debido a la frecuencia y gravedad de los delitos registrados.

El homicidio aparece como uno de los principales indicadores de violencia, mientras que el sicariato refleja la presencia de estructuras criminales más organizadas. A ello se suma la extorsión, que afecta tanto a ciudadanos como a actividades económicas.

Estos delitos no son hechos aislados, sino parte de un escenario más amplio de inseguridad que incluye otras situaciones de violencia.

La evaluación policial se basa en estadísticas, indicadores y análisis del comportamiento delictivo, lo que permite identificar patrones y zonas donde el crimen es más frecuente.

Cómo responde el Estado frente a la delincuencia

Ante este panorama, el Estado optó por mantener el Estado de Emergencia como una herramienta para enfrentar la violencia. La medida permite reforzar la intervención de las fuerzas del orden y ampliar su capacidad de acción.

La Policía Nacional continúa liderando el control de la seguridad, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este trabajo conjunto busca responder con mayor fuerza en zonas donde la delincuencia sigue activa.

El decreto establece que las intervenciones deben realizarse bajo reglas claras, que incluyen condiciones, límites y criterios para el uso de la fuerza, tanto para la Policía como para las Fuerzas Armadas.

Una medida que continuará mientras persista la inseguridad

La prórroga del Estado de Emergencia refleja que la situación no ha sido superada y que el Gobierno considera necesario mantener medidas extraordinarias.

Además de los operativos en calles, la norma permite restringir temporalmente algunos derechos como parte de la estrategia para recuperar el control de la seguridad.

También se establecen condiciones para actividades públicas masivas, que deberán contar con autorización previa, en un contexto donde la prevención sigue siendo clave.

Qué pasará cuando termine el Estado de Emergencia

Al término de los 60 días, las autoridades deberán presentar un informe con los resultados obtenidos durante este periodo.

El documento incluirá las acciones realizadas y permitirá evaluar si la medida ayudó a mejorar la seguridad en Lima y Callao.

Este informe será remitido a distintas instituciones del Estado para su revisión y análisis.

Cómo se sostendrán las acciones contra la delincuencia

El decreto establece que las medidas se financiarán con el presupuesto de las entidades involucradas.

En caso sea necesario, el Ministerio de Economía podrá autorizar recursos adicionales, dependiendo de la disponibilidad.

Además, se mantendrán vigentes otras disposiciones adoptadas previamente, lo que permitirá dar continuidad a las acciones que ya se vienen aplicando para enfrentar la inseguridad.

Según explicó, los fallecidos habían participado en un campeonato distrital de fútbol, la Copa Perú, que se extendió durante casi un mes con la presencia de cuatro equipos de la zona. Los jóvenes aprovechaban sus vacaciones para quedarse una semana más en sus casas familiares antes de regresar a Huancayo, donde estudian.

Sospechas sobre la operatividad militar

De acuerdo con el relato del alcalde, la tragedia se produjo cuando los jóvenes emprendieron el retorno a Huancayo, viajando en una camioneta. Al llegar al paraje Pongo, fueron interceptados por ocho militares, quienes, según la autoridad local, habrían actuado fuera de los protocolos habituales.

Tovar sostiene que los efectivos colocaron piedras en la vía, una práctica asociada a asaltos en la región, obligando así a los vehículos a reducir la velocidad o detenerse. El alcalde puso en duda la naturaleza del operativo, señalando que, por normativa, los despliegues militares de control territorial suelen estar conformados por al menos 15 o 20 efectivos, no por pequeños grupos como el que intervino en este caso.

Tovar afirmó que existe la sospecha entre los pobladores de que el grupo militar habría actuado con la intención de interceptar un posible cargamento de droga, actividad que suele desarrollarse en esa zona. Esta hipótesis, según el alcalde, se alimenta por la forma en que se montó el control y la ausencia de las condiciones formales de un operativo oficial. Para la autoridad local, los jóvenes fueron confundidos con “mochileros” y víctimas de un procedimiento irregular.

“Estoy seguro que no era un operativo militar. Entonces, los ocho militares han ido a asaltar, pues supuestamente salen droga por ahí, por esa causa han ido ellos contra los jóvenes”, relató al citado medio.

La autoridad remarcó que no es inusual que en las trochas de la zona se coloquen piedras para forzar a los vehículos a detenerse, una táctica utilizada en asaltos en la región. Señaló que este tipo de prácticas incrementa el riesgo para los conductores y los pasajeros, sobre todo en contextos de intervención militar sin la debida planificación o respaldo.

Fiscalía investiga el caso

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja abrió una investigación preliminar contra ocho militares y tres civiles tras la muerte de cinco personas en una intervención ocurrida el 25 de abril en la carretera Colcabamba-Ayacucho. El caso, liderado por la fiscal Zina Romero Chávez, busca determinar si existió homicidio calificado durante el operativo por presunto tráfico de drogas.

Según las pesquisas iniciales, los militares habrían disparado contra una camioneta que no acató la orden de alto. Se han dispuesto pericias balísticas, exámenes de absorción atómica y la incautación de celulares y del vehículo involucrado para esclarecer lo sucedido.

Otra teoría electoral. A casi dos meses de la segunda vuelta, Juntos por el Perú ha expresado dudas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo del material electoral. El abogado del partido, Roy Mendoza, señaló que el principal punto de preocupación radica en el contexto político en el que se plantea esta intervención.

Según explicó, durante la primera vuelta ya se intentó que las Fuerzas Armadas asuman un rol más activo en el despliegue y repliegue del material electoral. En ese escenario, advirtió que repetir esa fórmula en la segunda vuelta, bajo las actuales condiciones, genera inquietud dentro de la agrupación.

“Mire, se ha intentado en primera vuelta, se intentó de que las Fuerzas Armadas sean las que hagan el repliegue y despliegue del material electoral. Si eso se intenta nuevamente en la segunda vuelta, ¿no?, quedaría la explicación y caería de maduro ¿Por qué quieren el ministro de Defensa aliado o cercano a Fuerza Popular? Esa es nuestra mayor preocupación”, expuso en entrevista con RPP.

Sospechas por designación en el Ministerio de Defensa

El cuestionamiento de Juntos por el Perú también se centra en la designación del actual ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores, a quien vinculan políticamente con Fuerza Popular. Para Mendoza, este factor introduce un elemento de desconfianza en el manejo de la seguridad electoral.

“Eso es posible, esa es una gran posibilidad”, afirmó al ser consultado sobre la eventual participación de las Fuerzas Armadas en el proceso.

El abogado aclaró que el partido no se opone a la colaboración de las Fuerzas Armadas, pero sí a que asuman un rol central en el control del material electoral. En su posición, considera que esta función debe mantenerse bajo la responsabilidad de los organismos electorales.

“Que se colabore, sí, pero que las Fuerzas Armadas sean ellas las encargadas, porque esa es la propuesta, que sean las encargadas del resguardo y también del acopio del material electoral, eso sí no lo vamos a permitir”, indicó.

Aunque descartó que exista una intención directa de manipular los resultados, insistió en que el contexto político genera dudas.

“No, no creo eso, pero, repito, ya la sola designación de una persona cercana a Fuerza Popular, quien se encuentra en segunda vuelta, ya nos genera cierta preocupación a nosotros”, añadió.

Denuncia constitucional queda en evaluación tras anuncio inicial

En paralelo a estos cuestionamientos, la bancada de Juntos por el Perú había anunciado la presentación de una denuncia constitucional contra el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, la medida no se ha concretado y permanece en evaluación interna.

Mendoza precisó que, hasta el momento, no se ha iniciado ningún procedimiento formal. “No hay actos concretos. Es decir, nosotros no hemos realizado ninguna denuncia. Ni siquiera las denuncias constitucionales. No se ha interpuesto absolutamente nada”, afirmó.

El abogado explicó que la decisión responde a un análisis político sobre la oportunidad de presentar estas acciones en el actual contexto electoral. La prioridad, indicó, es evitar que el proceso se vea aún más tensionado antes de la segunda vuelta.

“He dicho que está en fase de evaluación, en fase de análisis con la bancada. Creo yo que lo que se está evaluando acá es si es que es oportuno realizar esas denuncias constitucionales en este momento o no, porque si también podría contribuir a lo encrispado que está el ambiente electoral”, señaló.

De acuerdo a lo reportado por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, entre los afectados se encontraban niños, adultos y personal policial que realizaba labores de apoyo. Todos quedaron aislados en medio del avance del agua, el lodo y los deslizamientos, sin posibilidad de evacuar por sus propios medios.

La rápida respuesta de las autoridades permitió activar un despliegue aéreo clave para evitar una tragedia. El uso de un helicóptero fue determinante para concretar el rescate en una zona de difícil acceso y bajo condiciones climáticas adversas.

Helicóptero permitió rescatar a personas aisladas en San Ramón

Ante la emergencia, la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Compañía de Intervención Rápida para Desastres fue decisiva. Un helicóptero del Comando Especial Vraem llegó hasta San Ramón tras la solicitud de apoyo de las autoridades municipales, cumpliendo los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Desde el aire, el equipo militar evaluó áreas inundadas y localizó a personas atrapadas, mientras personal especializado bajaba para ejecutar el rescate.

El principal objetivo fue salvaguardar la vida de quienes permanecían aislados por el desborde y el lodo. Los militares coordinaron maniobras en la margen izquierda del río, donde Buenos Días Perú confirmó que evacuaron a una familia de siete integrantes, incluidos dos niños pequeños y cinco adultos, además de asegurar zonas donde el caudal representaba un riesgo inminente para otros pobladores.

La operación aérea se completó con la coordinación del gobierno local y el trabajo conjunto de policías, bomberos y rescatistas municipales, quienes facilitaron la logística en tierra para recibir a los evacuados y atender emergencias adicionales en el distrito.

Operativo permitió salvar a agentes y familias en riesgo

En el mismo operativo, miembros del helicóptero lograron auxiliar a ocho efectivos policiales que habían quedado rodeados por el agua y el lodo durante sus labores de ayuda a la población. Estos agentes, parte de la Policía Nacional del Perú, se encontraban incomunicados y a la espera de apoyo mientras evaluaban rutas para evacuar a familias atrapadas.

Los testimonios transmitidos por Buenos Días Perú dan cuenta de la situación: las personas rescatadas pudieron ser puestas a salvo en sitios seguros y recibieron asistencia médica y alimentos. La colaboración entre la Compañía de Intervención Rápida para Desastres y el gobierno local fue esencial para identificar a tiempo a quienes requerían evacuación por helicóptero, especialmente en viviendas contiguas al margen del río que registraban ingresos de lodo y daños estructurales severos.

Las autoridades desplegaron un segundo reconocimiento aéreo para registrar nuevas áreas de urgencia, mientras otros equipos priorizaban el apoyo a menores y adultos mayores, en sintonía con los protocolos de emergencias por desastres naturales.

Lluvias causan daños y bloquean vías en Chanchamayo

El informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indica que las lluvias han causado huaicos, deslizamientos y obstrucción total de rutas principales en la provincia de Chanchamayo. Sectores como Malecón Tarma, El Naranjal y La Auvernia han sufrido cortes de tránsito, colapso de puentes y daños en viviendas y comercios, dificultando la llegada de ayuda humanitaria.

El gobierno local coordina el traslado de maquinaria para remover lodo y habilitar pasos en los tramos afectados. La amenaza de nuevos desbordes se mantiene, ya que la intensidad de las lluvias no ha cesado y el caudal del río sigue siendo elevado. Los equipos de emergencia advierten que la situación en sectores vulnerables sigue comprometida al continuar las lluvias.

Según la información oficial, no se han registrado pérdidas de vidas humanas hasta el momento. Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas peligrosas y seguir las recomendaciones de emergencia emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y la Policía Nacional del Perú.

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan (SUSJ) lleva poco menos de dos meses y un total de 14 audiencias de riguroso contenido técnico. Esta semana fue el turno del submarinista Luis Alejandro Ficossecco, uno de los varios testigos que declararon en las dos últimas jornadas: oficial en su sexto año de Capitán de Corbeta, con más de cincuenta navegaciones en su haber, experiencia en el ARA Salta, en tres unidades de la Marina de Guerra del Perú y, entre 2015 y 2016, en el propio submarino SUSJ.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, intenta determinar si la embarcación estaba en condiciones de seguridad para ser incorporado a la Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos al momento de su última misión. La hipótesis acusatoria sostiene que no. Cuatro ex oficiales de la Armada -Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa- enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Todos negaron las acusaciones.

Ficossecco fue interrogado durante horas por todas las partes -fiscalía, querellas y defensas-, pero fue su extenso ida y vuelta con Juan Pablo Vigliero, defensor del capitán de navío destituido Claudio Villamide, el que abordó con mayor profundidad dos ejes que atraviesan el núcleo del debate: el significado del Índice de Control del Estado del Material (ICEM) como herramienta para determinar si un buque está en condiciones de navegar, y el análisis del mensaje SITREP (informe de situación) enviado por el San Juan a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017 -casi cinco horas antes de que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) registrara, a las 10:51, un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en el Atlántico Sur-.

El ICEM y sus alcances

Entre la documentación que el debate viene analizando figura el ICEM N°07/17, confeccionado el 5 de septiembre de 2017 por el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Fernández. El ICEM, en rigor, es el instrumento que la Armada impone por reglamento de manera periódica, mediante el cual la dotación y su capitán relevan y califican el estado de todos los sistemas del buque: navegación, comunicaciones, sensores, servicios, control de averías, casco, eléctrico -generadores, baterías y tableros-, hidráulico, snorkel, armas y control de tiro, salvamento, fuerza y propulsión. Ese ICEM N°07/17 calificó al San Juan como “habilitado”, con un índice de 4,25 sobre 5, y lo consignó como “disponible”, aunque especificó que estaba “limitado al estado del material” en virtud de una restricción preventiva en su profundidad operativa. Es una de las piezas que la defensa utiliza para sostener que la nave estaba en estado operativo al momento de su última misión, iniciada el 25 de octubre de 2017 con el propósito de realizar ejercicios de adiestramiento integrado y una patrulla de control de mar de diez días.

Sobre ese instrumento, Ficossecco fue tajante: el ICEM “no es totalmente objetivo”. Lo explicó con un ejemplo concreto. Cuando en 2016 le tocó confeccionar el primer ICEM del San Juan tras el cambio de comando entre los capitanes Blanco y Cella Irigoyen, el submarino no había tenido ninguno en años -en 2014 y 2015 dependía orgánicamente de la Dirección General de Material Naval y no del Comando de la Fuerza de Submarinos-. Al buscar el último ICEM elevado, anterior a las reparaciones de media vida, encontró que su calificación final era más alta que la del período posterior a ese proceso. La situación era peculiar: el submarino antes de ser reparado estructuralmente tenía, sobre el papel, mejor puntaje que después de salir del arsenal de mantenimiento.

La razón es técnica: un equipo que no pudo ser probado se asienta como “no apreciado”, lo que no penaliza el promedio general. Si en cambio se prueba y falla, el puntaje cae. Al respecto, el testigo recordó lo que le había ocurrido con el sonar activo: antes de las reparaciones figuraba como “no apreciado” porque no había podido evaluarse. Después se lo probó, resultó “seriamente degradado” y el número de calificación bajó, ilustró el testigo.

El submarinista aclaró, sin embargo, que la subjetividad del índice no implicaba arbitrariedad: hay subsistemas que hacen directamente a la seguridad náutica -como las baterías- y otros que no -como el sistema IFF o el de degaussing-, y esa distinción es la que debe orientar la lectura del número final. En una unidad con más de treinta años de antigüedad, además, calificar un equipo como operativo “según condiciones de diseño” tiene sus propios matices: las delgas del sonar se degradan con el uso, pero en qué porcentaje exacto nadie puede saberlo con certeza.

A partir de ahí, Ficossecco formuló que el concepto mismo de “operativo” depende de la misión asignada. Un submarino con periscopio en servicio y tubos lanzatorpedos fuera de servicio está operativo para un relevamiento fotográfico de costa, pero no para un enfrentamiento naval. Para ilustrarlo mencionó el trabajo que realizó junto a INVAP en 2014 y 2015, donde se desarrolló una matriz que asignaba distintos niveles de operatividad según la función específica que debía cumplir el buque. Para las misiones de adiestramiento que cumplía el San Juan en 2015 y 2016, dijo, el submarino estaba operativo: “Porque podía navegar.”

Vigliero fue más lejos: ¿estaba operativo porque salía a navegar, o salía a navegar porque estaba operativo? “Si sale a navegar con las condiciones de seguridad, estaba operativo”, respondió Ficossecco. Y ante la pregunta retórica de si la Argentina estaba en guerra durante esas navegaciones, o si se le había confiado alguna misión bélica, el testigo respondió que no: el estándar aplicable era el del adiestramiento, no el del combate.

La audiencia derivó entonces hacia una de las temáticas más tratadas durante el juicio: quién decide si un buque zarpa. Ficossecco fue preciso: la autoridad operativa ordena el despliegue, pero el comandante del buque es el máximo responsable y debe pronunciarse sobre las condiciones de la nave.

A su vez, advirtió que un capitán podía ser relevado si se negaba a zarpar. “Ha sucedido que un comandante dijera que su unidad no estaba en condiciones de navegar y cambiaron al comandante, vino otro, hicieron un arreglo y zarparon”, dijo. Y fue más explícito: “Si un comandante le dice a su subordinado ‘zarpe’, y el subordinado le dice ‘no, yo no zarpo’, ese comandante puede relevarlo, porque no hay que olvidar que somos militares. Entonces sacan a ese comandante y ponen a otro, y quizás este zarpa. Eso pasó en Malvinas“.

Aun así, remarcó que el camino correcto era el opuesto: “Si el comandante considera que no está seguro, no debería zarpar, y debería manifestarlo.” Admitió además que sus propias convicciones sobre este punto cambiaron después de haber comandado un buque: el año pasado tuvo que decir que su unidad no estaba en condiciones de zarpar y así lo hizo. Su buque no zarpó.

“El comandante es el máximo responsable de su unidad (...) -y- es el último responsable de la unidad navegando”, cerró.

Las pruebas de 48 horas

Ante la pregunta del defensor de Villamide sobre cómo determinar si un submarino es seguro para zarpar más allá del ICEM, Ficossecco calificó a las pruebas de 48 horas como el instrumento clave. Se trata de un protocolo en el que cada sistema del buque es puesto en funcionamiento y verificado físicamente antes de zarpar. La ejecución corre a cargo de un suboficial o cabo, supervisado por el jefe de Cargo o jefe de Departamento, y se vuelca en una planilla con el estado de cada equipo y las novedades detectadas. El segundo comandante la revisa completa y puede ordenar que algo se pruebe nuevamente. El comandante recibe el cuadro final: el estado real de la unidad en ese momento, no el del ICEM confeccionado semanas antes.

“El ICEM es más macro. Esto es mucho más particular y va a cada equipo. Y no es verlo sino ponerlo en funcionamiento”, dijo.

Como ejemplo citó los periscopios: en las pruebas de 48 horas se izan y se arrían con cronómetro, y el tiempo se contrasta con los parámetros de la planilla. Si está fuera de rango, se asienta.

A partir de ahí, el intercambio entre Vigliero y el ex tripulante del ARA San Juan fue directo:

—¿Podría un submarino zarpar sin hacer las pruebas de 48 horas?

—No. No conozco algún caso.

—¿Puede afirmar que si un submarino zarpa es porque hizo las pruebas de 48 horas?

—Sí.

—¿Podemos afirmar entonces que si un submarino zarpa es porque hizo las pruebas de 48 horas y estaba en estado seguro para navegar?

—Debería ser así. Ahora, estaba seguro, sí. Puede llegar a zarpar con alguna limitación, y voy a explicar el caso de 2016: teníamos un solo periscopio operativo, no los dos. ¿Afectaba la seguridad náutica? Totalmente, porque tiene un solo periscopio. ¿Zarpamos igual? Sí. ¿Por qué? En la prueba de 48 horas estaba asentado que había un solo periscopio. Pero en la evaluación que hace el comandante dice: “bueno, con un periscopio puedo navegar igual”. Sin los dos periscopios no va a zarpar, se lo aseguro. Ahora, con un periscopio, sí, puedo navegar. ¿Cuál era la alternativa? Bueno, me quedo sin periscopio, tengo que ir a superficie. Esa es la gestión que hace el comandante sobre ese caso particular.

—¿Podría haber algún vínculo entre la misión que tenga asignada un buque y el estado operativo en el que se encuentra?

—Totalmente. De acuerdo a cómo está la unidad, es la tarea que se le va a dar. No puedo mandar a la Antártida a un multipropósito que está en el río porque no está preparado ni en capacidad.

—Usted navegó en 2015 y 2016 en el San Juan. ¿Se sentía seguro navegando en el San Juan?

—Sí.

—¿Tuvo algún temor real sobre el estado de seguridad del submarino?

—No. Cuando tuvimos una emergencia -yo nunca había tenido una-, donde estuvimos asentados en el fondo, creí que no salíamos. Y uno aprende a conocerse de otra manera, a uno mismo y al resto de la gente. Por eso muchas opiniones que vierto sobre el personal que componía la plana mayor y la dotación son por conocerlos en esas situaciones.

El análisis del SITREP

Hacia el final del interrogatorio, Vigliero pidió exhibir en pantalla el mensaje SITREP enviado por la nave a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017, casi cinco horas antes de la implosión registrada por la CTBTO. El texto decía: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado“.

Ficossecco advirtió primero lo que el mensaje no decía: “El problema de esto es la magnitud, que no se expresa.” Las preguntas que le generó al leerlo fueron inmediatas: ¿cuánta agua entró?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿qué pasó con el incendio?, ¿hubo humo?, ¿hubo explosiones? “Eso no es normal que se produzca, para nada”, dijo sobre el ingreso de agua de mar al tanque de baterías. Y explicó por qué el submarino llamó además por voz para ampliar la situación: porque el mensaje escrito dejaba demasiadas preguntas abiertas. “Si yo hubiera sido el comandante de la fuerza de submarinos, esto no me deja claro mucho.”

Al mismo tiempo, leyó señales de control en el texto. La propulsión con circuito dividido indicaba que la tripulación tenía cierto dominio de la situación: no estaban declarando una emergencia sin capacidad de maniobra; estaban navegando y estaban en inmersión. “Lograron controlar lo que pasaba.” El “sin novedades de personal” -fórmula estándar de la Armada para indicar que no hay heridos- completaba ese cuadro de contención relativa. Sobre el cierre del mensaje -“mantendré informado”- Ficossecco también reparó en lo que no decía: ¿cuándo? ¿En cinco horas? ¿En diez? El SITREP ampliatorio nunca llegó.

Pero el punto central de su análisis fue el contexto en que ese mensaje fue redactado. El SITREP se cursó a las seis de la mañana. El incidente había comenzado la noche anterior. Para el testigo, quienes lo escribieron llevaban más de veinte horas sin dormir, en un submarino en superficie con estado de mar 6 -olas de entre cuatro y seis metros o más-, con una emergencia activa, una tripulación reducida y el sistema de guardias de cuatro por ocho completamente alterado.

“El que tenía que hacer guardia de cuatro a ocho de la tarde, esa persona todavía no se había acostado, porque a las ocho de la noche pasó a comer, tuvieron la emergencia, se quedaron despiertos todos”, expresó el oficial.

Describió además lo que significaba navegar en un submarino en superficie con ese estado meteorológico: movimientos “cortos y raros”, muy distintos a los de un buque convencional. “Adentro del submarino es sumamente incómodo. Más el estrés de la situación y el cansancio”, describió.

Luego, al recabar de vuelta en el mensaje enviado, puntualizó: “Tratar de saber, juzgar o interpretar qué puso cuando escribió esto a las seis de la mañana un jefe de operaciones que hacía más de veinte horas que no dormía, con un comandante y un segundo en la misma situación: hay que considerar muchos aspectos, no es tan taxativo”.

Lo que viene

Las audiencias retomaron este lunes y continuarán con declaraciones testimoniales hasta el jueves, luego de lo cual el debate entrará en un cuarto intermedio hasta el lunes 4 de mayo. Este miércoles está prevista la declaración de Horacio Chighizola, ex Secretario de Estrategia y Asuntos Militares y mano derecha del entonces ministro de Defensa Oscar Aguad al momento del siniestro. Su testimonio es uno de los más esperados del tramo actual del juicio.

El Ministerio de Defensa ha anunciado la convocatoria para el año 2026 de casi 3.000 plazas de oficiales y suboficiales tanto en las Fuerzas Armadas como en la Guardia Civil, plazas a las que se puede acceder mediante promoción externa o interna. El Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye este lunes la resolución del proceso y establece que el plazo de presentación de la solicitud de admisión a los procesos de selección se abrirá este martes y se cerrará en 20 días.

El proceso selectivo se estructurará bajo el sistema de concurso-oposición. Para quienes opten por la vía de promoción externa, el Ministerio de Defensa exige en cada proceso una serie de requisitos que deben cumplirse desde la solicitud hasta la incorporación al centro docente militar. Se requiere, entre otros, tener nacionalidad española, y haber cumplido los 18 años. Es indispensable no estar privado de derechos civiles, carecer de antecedentes penales ni encontrarse incurso en procesos judiciales por delito doloso, conforme a las condiciones detalladas por Defensa.

La oferta concreta asciende a 2.944 plazas para ambas escalas. De ellas, 1.337 serán de acceso por ingreso directo, mientras que las 1.607 restantes se reservan a quienes opten a través de la promoción interna. Aproximadamente el 55 % de las plazas se destinan este año a la promoción interna dentro de las Fuerzas Armadas, cifra en línea con la de 2025. Además, se han incluido 1.261 plazas destinadas a personal de tropa y marinería para acceso a la escala de suboficiales, de las que el 80 % quedan reservadas a esta última escala y 120 plazas a quienes aspiren a la escala de oficiales.

Qué requisitos hay para acceder a las plazas de oficiales y suboficiales convocadas por Defensa en 2026

Además de la nacionalidad y los límites de edad establecidos, los candidatos no pueden haber sido expulsados de ninguna Administración Pública u órgano constitucional o estatutario por expediente disciplinario. Tampoco podrán presentarse quienes hayan sido inhabilitados de manera firme para el ejercicio de funciones públicas, ni quienes hayan causado baja en centros docentes militares en los supuestos previstos en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

Defensa aclara que los excluidos de procesos previos por dar positivo en la detección de sustancias psicotrópicas o drogas podrán presentarse únicamente si ha pasado al menos un año desde la fecha de exclusión. Por otra parte, el personal militar no podrá haber dado positivo en análisis toxicológicos realizados durante el último año antes del cierre de solicitudes y no debe tener sanciones disciplinarias firmes por faltas graves o muy graves en su historial militar individual.

También existen restricciones para aspirantes con antecedentes penales, procesos judiciales abiertos, resoluciones por insuficiencia de condiciones psicofísicas o profesionales, así como para quienes posean tatuajes o inserciones incompatibles con los valores constitucionales o la imagen de las Fuerzas Armadas.

Además, no pueden acceder a una escala aquellas personas que ya formen parte de la enseñanza de esa misma escala tras haber resultado seleccionadas en procesos anteriores. En algunos puestos puede exigirse una titulación universitaria específica, aunque otros resultan accesibles solo con bachillerato.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció públicamente a través de su cuenta de X que ha sido alertado sobre un posible atentado en su contra y contra su familia. Según expresó el mandatario, la Policía Nacional le informó sobre un plan de bandas criminales que pone en riesgo su vida y la de sus seres queridos.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, señaló Char en su cuenta personal.

El alcalde hizo un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y brinden las garantías necesarias que le permitan continuar con su labor al frente de la administración distrital.

“Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, enfatizó Char.

La administración distrital y las autoridades continúan en alerta, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer y contrarrestar cualquier amenaza contra la integridad del alcalde y su familia.

Rechazo y solidaridad al alcade Char

La denuncia hecha por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia, generó un amplio rechazo y mensajes de solidaridad por parte de líderes políticos, asociaciones y movimientos a nivel nacional.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó a través de su cuenta de X un rechazo total al plan revelado para atentar contra Char. “Todo indica que este plan tiene que ver con sus denuncias sobre la Paz Total y el impacto en Barranquilla de las bandas delincuenciales con las que el Gobierno nacional ha venido negociando”

Galán, además advirtió sobre el riesgo que supone la estrategia de apaciguamiento de delincuentes, señalando que expone a los gobiernos locales a estructuras criminales cada vez más fuertes y al país a un espiral de violencia.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se sumó a los mensajes de solidaridad. “Toda mi solidaridad con mi amigo y colega Alejandro Char. El gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia”, escribió en redes sociales.

Gutiérrez fue más allá y cuestionó la política de “Paz Total” del gobierno Petro, calificándola como una “entrega total” de Colombia a los peores criminales. El madatario criticó los recientes ataques del presidente Petro contra Char y otros mandatarios locales, sugiriendo que cada vez que el mandatario ataca a los alcaldes, aumenta el riesgo para estos funcionarios.

“Recordemos también el ‘Tarimazo’ en Medellín. Así como también lo hizo en contra de Miguel Uribe y terminó siendo asesinado por ‘gestores de paz’ de Farc, amigos de su gobierno”, agregó Gutiérrez, que concluyó con un llamado a que el próximo gobierno recupere la seguridad y enfrente a los criminales.

El Centro Democrático también emitió un comunicado rechazando categóricamente las amenazas de muerte contra Alejandro Char. “Es inaceptable el uso del terror y la intimidación como herramientas de presión”, señaló el partido, que exigió a las autoridades y organismos de seguridad brindar garantías inmediatas para proteger la vida e integridad del mandatario y su familia.

“La democracia no puede claudicar ante los violentos”, enfatizó el comunicado, reiterando el compromiso del movimiento con la defensa de la libertad y la institucionalidad.

A través de un comunicado oficial, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación contra el alcalde Char, su familia y su entorno. “La violencia contra un mandatario local es una agresión directa contra la institucionalidad democrática, la autoridad legítimamente elegida y la estabilidad de los territorios”.

Asocapitales urgió a las autoridades a tomar medidas inmediatas de protección, investigación y judicialización, y reiteró que garantizar la seguridad de los alcaldes es fundamental para el funcionamiento del Estado en los territorios.

Un nuevo golpe al narcotráfico en el Vraem pone en evidencia la magnitud de las operaciones ilegales que continúan desarrollándose en zonas alejadas del país. Esta vez, un operativo liderado por el Ejército del Perú, en coordinación con otras instituciones del Estado, permitió desarticular una infraestructura clandestina dedicada a la producción de droga en la región Ayacucho.

La intervención se ejecutó en el distrito de Samugari, provincia de La Mar, donde las fuerzas del orden lograron incautar 360 kilos de droga y más de 3.4 toneladas de hoja de coca en proceso de maceración, en un despliegue que forma parte de las acciones permanentes contra el tráfico ilícito en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem), considerado uno de los principales focos de producción de cocaína en el país.

Operativo militar destruye laboratorio clandestino de droga en Ayacucho

El operativo estuvo a cargo de los Grupos de Operadores Especiales (GOOEE) de la Compañía Especial de Comandos “Lince” N.° 2, unidad que pertenece a la 2da Brigada de Infantería del Ejército. La acción se realizó en estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú y bajo la supervisión del Ministerio Público, lo que permitió garantizar la legalidad de la intervención y el manejo de las evidencias.

Durante el despliegue en la zona, los efectivos ubicaron una instalación clandestina acondicionada para la producción de alcaloide de cocaína, donde se halló una poza de maceración activa con aproximadamente 3,450 kilos de hoja de coca en pleno procesamiento. A esto se sumaban cerca de 5,000 kilos de residuos sólidos (detritus), lo que evidencia el volumen de producción que manejaban estas organizaciones ilegales.

Asimismo, en el lugar se identificaron dos pozas de decantación, utilizadas para el tratamiento químico de los insumos, una fase clave en la elaboración de droga. Estas estructuras estaban acondicionadas para sostener una operación continua, lo que sugiere un nivel logístico importante detrás de la actividad ilícita.

Como parte de los resultados del operativo, se logró incautar 360 kilos de sulfato de cocaína, los cuales estaban almacenados en recipientes de gran capacidad listos para su traslado. Todo el material encontrado, incluyendo la droga, los insumos y la infraestructura, fue destruido e incinerado en el mismo lugar, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1100, en presencia de representantes fiscales.

Desde el Ministerio de Defensa, se informó que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia sostenida para debilitar las redes del narcotráfico que operan en el Vraem. La acción no solo apunta a la incautación de droga, sino también a la destrucción de laboratorios y centros de procesamiento que permiten la producción a gran escala.

Otro golpe en el VRAEM: abaten a integrantes de Sendero Luminoso en operativo militar

Un mes antes de este reciente despliegue contra el narcotráfico, las fuerzas del orden ejecutaron una operación clave contra remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM, específicamente en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta, en Ayacucho. La intervención, realizada el 29 de marzo, estuvo a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con participación de la Fuerza Especial Conjunta, el Comando Especial del VRAEM, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, en una acción coordinada que buscaba neutralizar actividades subversivas en la zona.

De acuerdo con información oficial, el operativo dejó como resultado la muerte de dos presuntos integrantes de la organización terrorista, identificados con los alias de “David” —señalado como miembro del Comité Central en el VRAEM— y “Ramírez”. Durante la intervención también se logró la incautación de armamento, entre ellos una ametralladora MAG calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm, lo que evidencia la capacidad operativa que aún mantienen estos grupos en territorios de difícil acceso.

Este hecho se produjo en un contexto particularmente sensible, a pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, proceso que había sido cuestionado previamente por estos remanentes subversivos mediante comunicados difundidos en la zona. Las Fuerzas Armadas informaron que continuarán intensificando las operaciones en el VRAEM, bajo el marco legal vigente y con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de debilitar tanto la presencia terrorista como sus vínculos con economías ilegales en esta parte del país.

Dos soldados estadounidenses resultaron gravemente heridos por un oso pardo durante un ejercicio de entrenamiento en la Joint Base Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, el viernes 18 de abril de 2026.

Según confirmó la 11th Airborne Division a CBS News, ambos militares participaban en un ejercicio de navegación terrestre cuando fueron sorprendidos por el animal.

Los soldados recibieron atención médica inmediata y continúan en observación, mientras las autoridades mantienen en reserva sus identidades hasta que los familiares sean notificados.

El ataque y la respuesta inmediata de los soldados

De acuerdo con el portavoz militar, teniente coronel Jo Nederhoed, ambos soldados portaban aerosol anti-osos (bear spray), una medida de seguridad obligatoria en zonas de entrenamiento expuestas a la fauna local.

Según relató Nederhoed a ABC News, los soldados lograron utilizar el bear spray durante el ataque, lo que habría sido clave para ahuyentar al animal y evitar consecuencias aún más graves. La prioridad de la unidad, aseguró el vocero, es “la seguridad y el bienestar del personal”.

La Alaska Department of Fish and Game explicó que el ataque fue probablemente defensivo, ya que el oso acababa de emerger de la hibernación, una situación que suele incrementar la agresividad de estos animales ante la presencia humana. La supervisora regional del organismo, Cyndi Wardlow, destacó a CBS News la importancia del uso del aerosol: “Tener bear spray en el campo puede haberles salvado la vida”.

Investigación y medidas de seguridad tras el ataque

La investigación oficial sigue en curso. Las autoridades militares y estatales trabajan en conjunto para esclarecer los detalles del incidente y reforzar las medidas de seguridad.

Según precisó el Departamento de Pesca y Caza a Anchorage Daily News, la zona del ataque —el área de entrenamiento Arctic Valley, dentro de la base— fue temporalmente cerrada a actividades recreativas hasta nuevo aviso.

Especialistas del organismo recolectaron muestras en el lugar para identificar la especie y el sexo del animal involucrado. Los funcionarios no lograron localizar al oso tras rastrear la zona, una extensión remota y montañosa dentro de los 259 kilómetros cuadrados que abarca la base militar.

Wardlow aseguró que el objetivo es aprender de cada incidente para incrementar la seguridad de civiles y militares en Alaska.

Una convivencia riesgosa entre humanos y osos

Alaska alberga una de las poblaciones de osos más grandes del mundo, con aproximadamente 100.000 osos negros y 30.000 osos pardos, según cifras oficiales. La presencia de estos animales en áreas cercanas a bases militares y zonas urbanas genera un desafío constante para la convivencia segura.

Entre 2000 y 2017, la Sección de Epidemiología estatal registró 68 hospitalizaciones por ataques de osos, con el 96% de los casos atribuidos a osos pardos. En ese periodo, se contabilizaron 10 muertes en ocho ataques diferentes.

La Joint Base Elmendorf-Richardson aloja a unas 40.000 personas, la mayoría personal militar en servicio activo. Fox News remarcó que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la base: en mayo de 2022, otro soldado perdió la vida tras ser atacado por un oso en las inmediaciones del vertedero regional de Anchorage, tal como informaron fuentes oficiales.

Reacciones y próximos pasos

Funcionarios militares y estatales insisten en la necesidad de mantener la alerta y reforzar las recomendaciones de seguridad, sobre todo en la temporada de primavera, cuando los osos despiertan de la hibernación y aumentan los encuentros con humanos.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales de vida silvestre para garantizar la seguridad de todo el personal y prevenir futuros incidentes”, declaró Nederhoed a Anchorage Daily News. Las investigaciones continuarán hasta determinar con precisión las circunstancias y posibles medidas adicionales de protección.

La experiencia reciente refuerza la importancia de las prácticas de prevención en Alaska, donde la convivencia entre humanos y grandes mamíferos sigue siendo un desafío para la seguridad pública y militar.

Autoridades dieron inicio al ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, que se desarrollará en El Salvador hasta el 27 de abril, en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos. La operación reúne a fuerzas de seguridad de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Belice y tiene como propósito fortalecer la cooperación regional y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales, desastres naturales y crisis humanitarias.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y el general Evan L. Pettus, subcomandante del Comando Sur. Ambos destacaron la relevancia de la cooperación regional y los objetivos del ejercicio, que busca consolidar alianzas y perfeccionar mecanismos conjuntos ante desafíos comunes. Merino Monroy afirmó: “El Salvador asume el rol de coanfitrión con la responsabilidad de la organización logística, los escenarios y los actos oficiales para el desarrollo del ejercicio”.

“Es un honor y un privilegio unirme a ustedes aquí en la apertura del ejercicio CENTAM Guardian 2026, la quinta reunión de este tipo en esta serie vital y un brillante ejemplo de lo que podemos lograr cuando nos unimos con un propósito común”, expresó el general Pettus durante la ceremonia. El oficial estadounidense subrayó la presencia de delegaciones de todos los países participantes como señal de la fortaleza de las alianzas y el compromiso colectivo con un hemisferio más seguro y próspero.

La edición de este año incluye operaciones en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial, aprovechando las fortalezas de cada nación y agencia participante. Evan L. Pettus, subcomandante del Comando Sur de los Estados Unidos, puntualizó: “Nuestra misión es clara: aumentar la participación, mejorar la interoperabilidad y fomentar el tipo de confianza que solo puede forjarse a través de desafíos y triunfos compartidos”.

Durante los 11 días, más de 1.200 personas de la región, entre militares, fuerzas del orden y personal de agencias, participarán en entrenamientos y simulacros. Pettus instó a los presentes a aprovechar la oportunidad para compartir conocimientos y construir relaciones que perduren más allá del ejercicio. “El futuro de nuestro hemisferio depende de los lazos que forjemos aquí”, aseguró.

Por su parte, Merino Monroy resaltó la confianza internacional en el país: “El hecho de que El Salvador haya sido elegido como sede demuestra la confianza de la comunidad internacional en nuestras capacidades y nuestro compromiso con la seguridad regional”. Añadió que “la coordinación y el trabajo conjunto entre fuerzas amigas son esenciales para enfrentar de manera eficaz los desafíos comunes”.

Las fuerzas armadas realizarán pruebas operativas como rescates de rehenes, simulacros de medicina táctica de combate, incursiones aéreas y anfibias y operaciones de descenso en cuerda rápida con supervisión tecnológica.

Las actividades se llevan a cabo en instalaciones estratégicas de El Salvador: la 4ª Brigada de Infantería, el Comando de Fuerzas Especiales, la Base Naval de La Unión y el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada. Estos escenarios permiten recrear situaciones reales de crisis y evaluar la interoperabilidad de los equipos multinacionales.

Durante los 11 días de operación, la población salvadoreña podrá observar el despliegue de medios aéreos, terrestres y marítimos, tanto nacionales como extranjeros. Las maniobras incluirán vuelos de aeronaves sobre el territorio y desplazamientos de efectivos en zonas urbanas y rurales, como parte de la simulación de respuestas ante amenazas y emergencias.

El general Pettus reconoció el papel de las agencias interinstitucionales de Estados Unidos y de los socios regionales, tanto fuerzas del orden como militares y agencias civiles, remarcó que su dedicación y experiencia constituyen la columna vertebral del ejercicio. “Su colaboración no solo es fundamental para nuestro éxito, sino también un modelo del tipo de enfoque de gobierno en su totalidad, que es esencial en el complejo entorno de seguridad actual”, afirmó.

La organización de la logística, los escenarios y los actos oficiales está a cargo de El Salvador, que también coordina la preparación de las fuerzas participantes. El ministro subrayó que este ejercicio permite fortalecer el trabajo conjunto y elevar el nivel de preparación de los equipos involucrados.

El general Pettus destacó que CENTAM Guardian 2026 es más que un evento de capacitación: “Es una demostración viva del poder de la asociación. Nos unimos como una fuerza de tarea combinada, conjunta, multinacional y unida en un propósito: para disuadir y capacitarnos para contrarrestar las amenazas comunes a todos nuestros pueblos y para fortalecer nuestra capacidad colectiva de responder a las crisis, ya sean naturales o provocadas por el hombre”.

El general Pettus concluyó su mensaje enfatizando el espíritu de unidad como fortaleza regional. “Esta unidad, este espíritu de asociación, es nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos permite agregar y proyectar nuestras capacidades, compartir inteligencia en todos los dominios y responder con rapidez y eficacia a cualquier desafío. Es lo que transforma un conjunto de naciones en una verdadera comunidad de acción”, afirmó.

Agregó que el ejercicio no solo prepara para las amenazas actuales, sino que sienta las bases para un futuro de cooperación. “Juntos, no solo estamos defendiendo nuestras naciones, estamos construyendo un legado de cooperación, seguridad y esperanza para las generaciones venideras. Bienvenidos a CENTAM Guardian. Juntos somos más fuertes”, concluyó.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, concluyó la capacitación de personal naval en tres cursos especializados enfocados en búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos, identificación de laboratorios clandestinos y tácticas de vehículos blindados de Infantería de Marina.

La formación se llevó a cabo en instalaciones navales y estuvo dirigida a fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal en escenarios relacionados con seguridad, legalidad y operaciones tácticas. Los cursos incluyeron actividades teóricas y prácticas orientadas al desarrollo de habilidades individuales y de trabajo en equipo.

El curso de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos tuvo una duración de 482 horas por fase, con contenidos que incluyeron manejo de explosivos, artefactos improvisados, amenazas de bomba, contramedidas electrónicas, química de explosivos, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, criminalística y cadena de custodia. Esta capacitación fue impartida por seis instructores.

Localización de Laboratorios Clandestinos

En el caso del curso de Localización de Laboratorios Clandestinos, la duración fue de 200 horas por fase. El programa contempló el uso de equipo de protección personal, procedimientos de descontaminación, desmantelamiento de instalaciones ilícitas, así como planes tácticos y consideraciones operacionales. Esta actualización estuvo a cargo de cinco instructores.

El curso de Táctica de Vehículos Blindados de Infantería de Marina tuvo una duración de 142 horas por fase. Incluyó formación en organización de unidades blindadas, camuflaje, armamento, fuego y maniobra, operaciones urbanas, reconocimiento y empleo táctico en distintos escenarios. La capacitación fue impartida por nueve instructores.

De acuerdo con la información institucional, estos programas sumaron más de 800 horas de formación entre las distintas fases y estuvieron orientados a reforzar la preparación operativa del personal naval en tareas relacionadas con seguridad y respuesta táctica.

La ceremonia de clausura estuvo a cargo del comandante del Grupo Logístico, quien reconoció el desempeño de los participantes y destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en operaciones futuras.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte del proceso de capacitación continua de su personal para fortalecer su capacidad operativa en distintos entornos.

El Gobierno del presidente interino José María Balcázar promulgó la ley que otorga una bonificación económica excepcional de 1.130 soles a los licenciados veteranos de la pacificación nacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Se trata de la Ley 32577, publicada este martes 14 de abril en el diario oficial El Peruano. Se precisa que este beneficio tiene un carácter vitalicio e intransferible, aunque se aclara que no posee naturaleza remunerativa ni pensionable, por lo que no está sujeto a cargas sociales ni forma parte de beneficios laborales previos.

Requisitos y condiciones para la pensión vitalicia

Para que los veteranos de la pacificación nacional puedan acceder a una pensión mensual vitalicia, los solicitantes deben cumplir de manera estricta con una serie de criterios técnicos y legales establecidos en la norma. El requisito principal es haber sido reconocido como veterano de la pacificación nacional por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) con fecha de corte al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con la Ley 30826, un veterano de la pacificación nacional es un “miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciado, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia”

Además de ello, el veterano deberá cumplir con las siguientes condiciones operativas del servicio:

• Haber cumplido el servicio militar obligatorio en el periodo comprendido entre los años 1980 y 2000.
• Haber servido en zonas de emergencia, de acuerdo a la delimitación legal vigente en su momento.
• Contar con una acción pacificadora validada por la institución armada correspondiente.
• Haber prestado servicio de forma consecutiva por un tiempo mínimo de 12 meses y máximo de 24 meses.
• Haber ostentado grados específicos al licenciarse: en el Ejército (desde recluta hasta sargento primero o segundo), en la Marina (desde grumete hasta cabo primero o segundo) o en la Fuerza Aérea (desde aviador hasta sargento primero o segundo).

Por último, los beneficiarios no deben ser deudores alimentarios ni contar con antecedentes policiales, penales o judiciales al momento de presentar su solicitud.

Cronograma de pago de la pensión mensual vitalicia

La ley determina que el pago de los 1.130 soles no se ejecutará de forma simultánea para todos los beneficiarios, sino que se implementará de manera progresiva durante un periodo de cinco años. La prioridad de ingreso al sistema de pagos se basa en la edad y el estado de salud de los veteranos:

1. Primer año (Grupo 1): Veteranos mayores de 60 años y aquellos que presenten una discapacidad permanente.
2. Segundo año (Grupo 2): Licenciados con edades comprendidas entre los 55 y 59 años.
3. Tercer año (Grupo 3): Veteranos que tengan entre 50 y 54 años.
4. Cuarto año (Grupo 4): Licenciados cuyas edades oscilen entre los 45 y 49 años.
5. Quinto año (Grupo 5): El resto de los licenciados que cumplan con los requisitos de ley.

La gestión de las solicitudes y el pago de la pensión mensual vitalicia estará a cargo del Ministerio de Defensa, el cual debe realizar las modificaciones presupuestarias internas necesarias para garantizar el cumplimiento de los pagos sin requerir recursos adicionales al tesoro público.

La madrugada en la provincia de Pataz se vio interrumpida por una operación de alto riesgo que, con el paso de las horas, se convertiría en un mensaje contundente del Estado frente al avance de la criminalidad organizada en zonas mineras.

En una acción conjunta, el Comando Unificado Pataz, bajo la conducción del Comando Operacional del Norte, ejecutó la operación “Qatar”, logrando el rescate de veinte mineros artesanales secuestrados en el interior de la bocamina “Sanone”, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, en la región La Libertad.

De acuerdo con la información oficial, todo se inició cuando inteligencia militar detectó la incursión de una organización criminal armada, la cual habría ingresado violentamente al yacimiento minero con el objetivo de tomar el control territorial. La irrupción se produjo mediante disparos y actos de intimidación, generando pánico entre los trabajadores y consolidando el secuestro de los mineros que se encontraban en el socavón.

Ante este escenario, el despliegue fue inmediato. Las fuerzas de élite del Comando Unificado Pataz, integradas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutaron una maniobra táctica de control territorial, ingresando a la zona minera con precisión operativa. La intervención derivó en un enfrentamiento armado con los delincuentes, quienes, al advertir la presencia de las fuerzas del orden, así como su capacidad operativa y superioridad estratégica, optaron por huir a través de los conductos interiores de la mina.

El operativo se desarrolló en condiciones complejas, propias de un entorno subterráneo, donde la visibilidad, el acceso y la seguridad representan riesgos adicionales. Sin embargo, la planificación permitió asegurar el área y avanzar en la prioridad principal: la liberación de los rehenes. Tras controlar la situación, se logró rescatar a los veinte mineros secuestrados, quienes fueron puestos a buen recaudo sin registrarse heridos ni pérdidas humanas, un resultado que refuerza la efectividad de la intervención.

En medio de este contexto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño Valdivia, destacó el desempeño de las fuerzas involucradas, subrayando el compromiso institucional frente a este tipo de amenazas.

“Nuestras Fuerzas Armadas junto a la PNP, actúan con disciplina, preparación y absoluto compromiso con la nación. En Pataz logramos la liberación de 20 personas retenidas al interior de un socavón, consolidamos la presencia efectiva del Estado, trabajando con la firme decisión de recuperar el control del territorio, proteger la vida de la población y enfrentar con determinación a las organizaciones criminales que amenazan la paz social”, afirmó.

En este contexto, la operación “Qatar” se enmarca dentro de una estrategia más amplia impulsada por el sector Defensa, en la que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lidera acciones y operaciones militares orientadas a restablecer el orden interno, proteger a la población y debilitar las economías ilegales que afectan el desarrollo nacional. La intervención en la bocamina “Sanone” no solo representa un rescate exitoso, sino también un avance en la recuperación progresiva del control territorial por parte del Estado.

Por su parte, el Comando Unificado Pataz reafirmó su compromiso de continuar desarrollando operaciones sostenidas y contundentes en la provincia, con el objetivo de garantizar la integridad de la población, el respeto del Estado de derecho y la recuperación de espacios que han sido vulnerados por organizaciones criminales. Este tipo de intervenciones, señalaron, son fundamentales para devolver la seguridad a las comunidades y frenar el avance de actividades ilícitas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, formalizó la presentación del Plan de Operaciones Elecciones Generales 2026, una estrategia diseñada para resguardar la paz, el orden y la integridad del proceso democrático previsto para el domingo 12 de abril.

La autoridad precisó que el plan contempla la movilización de más de 100 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

Esta operación buscará garantizar el normal desarrollo de los comicios para facilitar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de libertad y tranquilidad. El jefe del gabinete resaltó el carácter inédito del despliegue y subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional para proteger la voluntad popular.

El Gobierno peruano desplegará a más de 61 mil agentes policiales y alrededor de 45 mil miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, junto a 10.338 patrullas, custodiarán los más de 10 mil locales de votación habilitados en todo el país.

Este operativo tiene como prioridad salvaguardar el orden público y la seguridad del material electoral, asegurando la neutralidad y transparencia durante la jornada, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Con el objetivo de garantizar la integridad y legitimidad del proceso, el Ejecutivo ha coordinado acciones logísticas y de soporte con los organismos electorales, respetando su autonomía y función técnica. Arroyo Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno que lidera José María Balcázar con la seguridad ciudadana y la transición democrática, instando a la población a participar de manera masiva en la elección general.

Despliegue de fuerzas y soporte institucional

La ceremonia de lanzamiento se llevó a cabo en la Institución Educativa Alfonso Ugarte de San Isidro, con la presencia de autoridades del Ejecutivo y altos mandos tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas.

En el acto participaron los ministros de Defensa, Carlos Díaz; del Interior, José Zapata; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. También asistieron el comandante general de la Policía Nacional, teniente general Óscar Arriola, y representantes de los altos mandos militares, quienes supervisaron los últimos detalles del operativo nacional.

El Ejecutivo señaló que la organización de este dispositivo de seguridad responde a la necesidad de prevenir incidentes y preservar la tranquilidad en los centros de votación. Arroyo Sánchez enfatizó que el trabajo conjunto entre los ministerios y los entes electorales permite anticipar posibles situaciones de riesgo y adoptar medidas preventivas oportunas.

Paso a paso para consultar tu local de votación

• Ingresa al portal oficial de la ONPE para consultas electorales accediendo a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier computadora, tablet o teléfono móvil.
• Introduce tu número de DNI: el sistema solicitará este dato y, tras ingresarlo, deberás seleccionar la opción “Consultar”.
• Verifica tu información de votación: la plataforma desplegará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia registrado en el documento, y todos los detalles pertinentes sobre tu local de sufragio, tales como:
• • Nombre del establecimiento (colegio, instituto, universidad, entre otros)
  • Dirección exacta y referencia
  • Número de mesa asignada
  • Número de orden en la lista electoral
  • Pabellón, piso y aula (si aplica)
  • Condición de miembro de mesa, sea titular o suplente
  • Herramientas para visualizar el mapa y descargar el croquis del local
• Guarda o imprime la información: se recomienda realizar una captura de pantalla, descargar el croquis o imprimir los datos para disponer de ellos durante la jornada electoral, especialmente si no se contará con acceso a internet en el centro de votación.

A horas de las elecciones generales en Perú, el Ministerio de Defensa (Mindef) anunció que garantiza el derecho al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) durante las Elecciones Generales 2026 de este domingo 12 de abril.

Esta decisión, respaldada por la Constitución Política del Perú y la Ley N° 32166, busca asegurar que el personal militar en actividad ejerza su derecho al sufragio en condiciones de libertad, información y seguridad.

Según informó la cartera liderada por el ministro Carlos Díaz Dañino, la medida responde al compromiso de respetar los derechos fundamentales de quienes integran el sector Defensa, así como a la obligación de fortalecer la institucionalidad democrática.

El organismo detalló que los efectivos de las Fuerzas Armadas acudirán a los locales de votación más cercanos a sus áreas de servicio, una disposición que responde a la necesidad de garantizar un voto ágil y compatible con su labor operativa.

Para ello, el Mindef coordinó con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros entes del sistema electoral para establecer mecanismos que permitan la participación militar incluso en contextos de despliegue o movilización. El personal deberá presentarse debidamente uniformado e identificado en los recintos habilitados para emitir su voto.

Esta acción se enmarca en el respeto absoluto al principio de neutralidad política, un valor considerado fundamental para la democracia y el accionar de las Fuerzas Armadas.

La cartera de Defensa también enfatizó que se brindarán todas las facilidades necesarias para que el personal militar participe activamente en la jornada electoral, salvo en casos excepcionales donde los efectivos se encuentren destacados en zonas de difícil acceso, según precisó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Despliegue militar y seguridad en los comicios

El inicio de las operaciones de seguridad para las elecciones estuvo marcado por el despliegue de 45.540 efectivos de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y del ministro de Defensa.

Esta acción tiene como objetivo resguardar los locales, el material electoral, los accesos y las condiciones de orden público en todo el territorio nacional. El despliegue se completará progresivamente hasta el viernes previo a la elección, en apoyo a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante una ceremonia oficial, el premier Arroyo Sánchez destacó: “No se trata solo de una operación logística, se trata de una demostración concreta de organización, capacidad de respuesta, neutralidad institucional y presencia efectiva del Estado, ahí donde la democracia debe ser protegida”.

Su intervención subrayó que la prioridad del operativo es proteger el voto ciudadano y respaldar una transición democrática estable y confiable. Además, expresó el reconocimiento del Gobierno hacia la disciplina de las Fuerzas Armadas, un mensaje que busca reforzar la confianza pública en el proceso electoral.

Los efectivos han recibido capacitación en protocolos de atención al ciudadano, control de perímetros y manejo de incidentes, y están habilitados para intervenir en caso de infracciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó este 9 de abril que la Cámara atiende cinco solicitudes enviadas por Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, para autorizar la salida de Fuerzas Armadas mexicanas fuera del país durante 2026.

Entre las peticiones sobresale la participación en el Evento No. SOF28, enfocado en la capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas, del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, según informó Laura Itzel Castillo en su cuenta oficial de X.

El paquete que revisará el Senado incluye la intervención en el ejercicio multinacional TRADEWINDS 2026 del 3 al 17 de junio en Antigua y Barbuda, así como el alistamiento para “Flota 205” (FLEETEX 250) en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, del 15 al 30 de junio, seguido por la Revista Naval Internacional 250 en Nueva York del 1 al 8 de julio.

Otras salidas contemplan la colaboración en el ejercicio RIMPAC 2026, programado en las Islas Hawái entre el 24 de junio y el 31 de julio, y la integración en el Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026 en Panamá, del 3 al 14 de agosto de 2026.

Todas las solicitudes serán turnadas a las comisiones competentes, confirmó Laura Itzel Castillo en la red social.

Miembros de la Sedena fueron a recibir capacitación a Estados Unidos

Elementos de Fuerzas Especiales de la Sedena concluyeron hoy un adiestramiento conjunto en Camp Shelby, Mississippi, realizado entre el 18 de enero y el 13 de marzo, dirigido a perfeccionar tácticas de operaciones especiales en coordinación con el Comando Norte de Estados Unidos.

Esta operación, autorizada por el Senado y comunicada por la Secretaría de la Defensa Nacional, responde a la estrategia bilateral de seguridad que busca fortalecer la respuesta ante escenarios complejos en la frontera común, bajo la premisa de reciprocidad, confianza y respeto a la soberanía.

Dentro del periodo de casi dos meses, 40 efectivos de las Fuerzas Especiales de Sedena participaron en el evento SOF28, enfocado en la actualización de técnicas de combate avanzado, integración de inteligencia mediante tecnología satelital y empleo de drones, indican las fuentes consultadas por Milenio. Adicionalmente, el programa contempló la adopción de estándares internacionales y el intercambio de experiencias operativas entre ambas fuerzas armadas.

El grupo viajó en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, portando armamento reglamentario, después de contar con la aprobación formal del Senado en noviembre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre.

Durante la estancia, los militares mexicanos perfeccionaron estrategias de inserción discreta en zonas de alto riesgo, protección de instalaciones críticas y protocolos para la ejecución coordinada de misiones conjuntas. La instrucción, en ambientes simulados, facilitó la alineación doctrinal y permitió consolidar canales eficientes de comunicación entre cadenas de mando.

El ejercicio transcurrió bajo un esquema constitucional estricto que permitió a los soldados mexicanos entrenar en condiciones similares a las operaciones reales. Las instalaciones de Camp Shelby, con una extensión de 525 kilómetros cuadrados, han operado como centro de adiestramiento para fuerzas internacionales desde la Primera Guerra Mundial y ofrecen simulacros a nivel de batallón con empleo de tanques M1 Abrams, vehículos Bradley y obuses Paladin.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la integración de tres comisiones bicamerales clave para la supervisión de la seguridad nacional, el papel de las Fuerzas Armadas y la operación del Canal del Congreso, marcando un paso relevante en la coordinación legislativa tras más de un año y medio de retraso.

Seguridad nacional en el Senado: nuevas comisiones bicamerales entran en funciones

El Pleno avaló los acuerdos impulsados por la Junta de Coordinación Política para designar a las y los legisladores que integrarán las comisiones bicamerales de Seguridad Nacional; de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública; y del Canal de Televisión del Congreso.

De acuerdo con el senador Ignacio Mier Velazco, la aprobación se realizó conforme al reglamento y a la decisión soberana del Pleno, estableciendo las bases para la futura designación de presidencias, las cuales serán determinadas por las propias comisiones bajo un esquema rotatorio entre ambas Cámaras.

Comisión de Seguridad Nacional: facultades clave y vigilancia estratégica

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional será presidida por el senador Eugenio Segura Vázquez y contará con la participación de Enrique Vargas del Villar y Juanita Guerra Mena.

Entre sus principales atribuciones se encuentran la solicitud de informes al Centro Nacional de Inteligencia, el análisis de reportes del Consejo de Seguridad Nacional y la emisión de recomendaciones en la materia.

Además, podrá conocer documentos estratégicos como la Agenda Nacional de Riesgos.

Supervisión de Fuerzas Armadas en seguridad pública: funciones y alcance

Por su parte, la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública será encabezada por el senador Higinio Martínez Miranda.

Su función principal será analizar y dictaminar los informes enviados por el Ejecutivo federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, incluyendo reportes periódicos con indicadores verificables sobre el cumplimiento de criterios como legalidad, regulación, fiscalización y respeto a los derechos humanos.

En esta comisión participan legisladores de diversas fuerzas políticas, lo que garantiza una integración plural.

Canal del Congreso y transparencia: el papel de la tercera comisión bicameral

La tercera comisión bicameral estará enfocada en el Canal de Televisión del Congreso, considerado un instrumento clave para la transparencia y la difusión de las actividades legislativas.

Este órgano será presidido por el senador Homero Davis Castro y contará con la participación de legisladores de Morena, PVEM y PT, mientras que el PAN aún tiene pendiente definir a su representante.

Coordinación legislativa: el objetivo de las comisiones bicamerales

Las comisiones bicamerales son órganos integrados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión para atender temas de interés común.

Su creación busca fortalecer la coordinación entre diputados y senadores en áreas estratégicas.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la relevancia de estos mecanismos para mejorar la articulación institucional y atender asuntos prioritarios de manera conjunta.

¿En qué consisten las comisiones bicamerales?

• Son órganos integrados por senadores y diputados para atender temas de interés común
• Permiten la coordinación directa entre ambas Cámaras del Congreso
• Analizan, supervisan y emiten recomendaciones sobre políticas públicas específicas
• Pueden solicitar información a instituciones del Estado, como el Centro Nacional de Inteligencia
• valúan informes del Ejecutivo federal en temas estratégicosFortalecen la transparencia y la rendición de cuentas
• Sus presidencias son rotatorias entre las Cámaras y los grupos parlamentarios

Con la aprobación de estas comisiones, el Senado da un paso hacia el fortalecimiento del control legislativo en materia de seguridad y transparencia, a la espera de que la Cámara de Diputados designe a sus integrantes para completar la instalación de estos órganos.

En su columna de Infobae al Mediodía, el analista Andrei Serbin Pont expuso la inédita operación de repostaje en vuelo a 26 mil pies de altura con aviones F-35 durante la FIDAE en Chile, resaltando el salto tecnológico y el debate regional sobre inversiones en defensa.

Durante la transmisión en vivo de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont abordó la consulta sobre la posibilidad de cargar combustible a veintiséis mil pies de altura y fue categórico: “Efectivamente, a 26 mil pies de altura estos aviones repostaron de combustible a estos F-35”. La maniobra, ejecutada por la Fuerza Aérea de Chile en el marco de la FIDAE, marcó la primera vez que la institución realizó una operación de reabastecimiento aéreo con aeronaves de quinta generación.

Junto al equipo de Infobae al Mediodía, conformado por Maru Duffard, Jimena Grandinetti y Fede Mayol, Serbin Pont profundizó sobre la relevancia de la exhibición: “Es una gran exhibición aérea que ocurre en Chile, la famosa FIDAE. Están llegando o ya llegaron dos de los aviones de combate más avanzados que hay en el mundo. Son dos aviones norteamericanos”.

Chile realiza el primer repostaje aéreo de F-35 en el hemisferio sur

Serbin Pont remarcó el carácter inédito de la maniobra: “Fue la primera vez que la Fuerza Aérea de Chile llevaba adelante una tarea de repostaje en vuelo con aviones de quinta generación”. Además, puntualizó la trascendencia del arribo de los F-35: “El F-35 es la primera vez que se presenta en FIDAE; la última vez se habían presentado los F-22. Son lo más avanzado en cuanto a las generaciones de aviones de combate”.

El analista detalló las capacidades técnicas de los F-35: “Son aviones que tienen características de baja firma de radar, o sea, te cuesta mucho detectarlo con un radar. Tienen justamente una capacidad de transporte de armas interna para contribuir a esa reducción de la firma de radar. Tienen sensores muy avanzados que le permiten cumplir muchas de las tareas”. También remarcó el protagonismo del modelo en conflictos recientes, como en el estrecho de Ormuz, y su peso en la estrategia militar de Estados Unidos e Israel.

El costo de la modernización y el debate regional

Consultado sobre la magnitud de la inversión, Serbin Pont precisó: “El F-35 es considerado el avión más caro de la historia. Fue un proyecto que costó miles y miles y miles y miles de millones de dólares que recién se empezaban a amortizar una vez que Estados Unidos los logró empezar a vender”. Aportó cifras concretas: “Hoy en día hay 1.300 aeronaves que han sido entregadas. Hay otras 400 que esperan a concretarse”.

Sobre el valor individual, explicó: “Un F-35 nuevo, salido así de fábrica, con todo el apoyo logístico y todo eso, te puede salir entre 200 y 300 millones de dólares cada uno, por lo cual una adquisición de estas características fácilmente rondaría más allá de los tres mil millones de dólares”.

Chile y Argentina: caminos opuestos en defensa

Serbin Pont evaluó la estrategia chilena como resultado de un proceso de modernización sostenida: “Los chilenos vienen llevando adelante un proceso de modernización hace varios años, hace varias décadas, en verdad te diría, muy profunda, siempre a los niveles de los estándares de OTAN. Y el F-35 ha sido el avión que en buena parte de la OTAN ha venido a reemplazar los F-16”. Señaló que Chile podría replicar el modelo de la OTAN, reemplazando los F-16 más antiguos por F-35, lo que implicaría “un salto bastante grande”.

Respecto a la posibilidad de una política similar en Argentina, Serbin Pont fue contundente: “No, no, F-35 no nos da la nafta hoy para operarlos, no nos da, o sea, falta mucha experiencia. Ya el F-16 ha sido un salto tan grande en términos del conocimiento que requiere para operar la nave, para pilotearla, un salto tecnológico enorme que pensar en un F-35... Saltar, Argentina nunca podría haber saltado directamente a un F-35. Lo pueden hacer los chilenos porque llevan veinte años operando los F-16”.

Cerró con una reflexión sobre la política de defensa: “Ellos invierten en defensa porque entendieron que era importante tener un instrumento militar que acompañe a su política exterior. Nosotros dijimos: ‘No pasa nada en el mundo, no invirtamos en defensa’ y vemos, y la piloteamos después. Ahora estamos gastando muchísimo más para tratar de ponernos al día. A los chilenos les digo: ‘La hicieron bien durante 20 años, dijeron invirtamos para no tener que gastar demasiado después a último momento para recuperar capacidades’. Y ahí siguen considerando a ver si hay alternativas para seguir modernizándose”.

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El ajuste anual para los integrantes del Ejército Nacional de Colombia en 2026 contempla un incremento del 7% en sus ingresos.

Esta medida, anunciada en abril, impactará a oficiales y suboficiales en todo el país como parte de la política de actualización aplicada a los servidores públicos, según informó Portafolio.

El aumento dispuesto para los miembros del Ejército Nacional de Colombia en 2026 equivale a una mejora del 7% sobre su salario mensual.

Este ajuste modifica los ingresos de todas las jerarquías y se suma a primas, bonificaciones y subsidios, afectando así el monto total que cada militar percibe por su trabajo.

El incremento salarial tiene sustento legal en el Decreto 0615 de 2025, que respalda tanto la actualización de este año como la de periodos anteriores. El medio especializado ya citado detalló que la remuneración de los militares está formada por una asignación básica y componentes adicionales, además de contar con un régimen especial de pensiones.

¿Cómo se compone el salario militar en Colombia?

El salario en las Fuerzas Armadas va más allá del monto básico. Los elementos adicionales incluyen primas por orden público por labor en zonas de riesgo, bonificaciones por antigüedad según los años de servicio, y primas ligadas a especializaciones o cargos de mando.

Además, existen subsidios para alimentación, salud y vivienda, que complementan la estructura salarial principal. Estos beneficios permiten adaptaciones según el cargo o el lugar en el que el militar preste servicio.

Rangos salariales del Ejército Nacional en 2026

Las proyecciones para 2026, indican que un subteniente recibirá entre $3.200.000 y $3.800.000 mensuales. Un teniente ganará entre $3.800.000 y $4.500.000, y un capitán entre $4.500.000 y $5.500.000.

Quienes ocupan grados superiores, como mayor y teniente coronel, percibirán de $5.500.000 a $6.500.000 y de $6.500.000 a $8.000.000 respectivamente.

Un coronel ganará entre $8.000.000 y $10.000.000, mientras que el general puede recibir más de $12.000.000 al mes.

Estos montos se aproximan y dependen de múltiples factores.

El ingreso final de cada integrante varía según sus responsabilidades, el destino donde se encuentre y las particularidades de su cargo, mostrando la amplia diversidad existente dentro de las fuerzas armadas colombianas.

El Ejército Nacional ofrecerá cobertura médica y formación académica a conscriptos en el 2026

Además de la compensación principal, quienes cumplan el ciclo de servicio podrán acreditar ese tiempo como experiencia laboral.

Esta será considerada en futuros procesos de vinculación laboral. También podrán contar ese periodo como semanas válidas de cotización para pensión, conforme a las condiciones establecidas por el Ejército Nacional.

Estos detalles fueron explicitados por el general Gómez en el marco de la presentación pública de la convocatoria a inicios del 2026.

La convocatoria, dirigida a jóvenes mayores de dieciocho años que cumplan los requisitos físicos, médicos y administrativos, ya se encuentra activa en las distintas unidades militares del país.

El proceso implica la inscripción, la presentación de pruebas médicas, psicológicas y físicas, y la validación de documentación, todo ello gestionado directamente en los batallones y distritos militares habilitados, de acuerdo con lo informado por el Ejército y recogido por Semana.

El servicio contará como experiencia laboral y tiempo de cotización para pensión

Para los interesados, la información oficial sobre las condiciones económicas y sociales, así como los derechos y deberes derivados de la incorporación, es entregada únicamente por personal autorizado en los centros militares, con el fin de evitar la intervención de terceros o intermediarios.

Las autoridades subrayaron ante Semana que no existen costos asociados a la postulación o inscripción durante ninguna fase del proceso.

El general Gómez precisó que el primer contingente de 2026 iniciará actividades el 1 de febrero. Antes de incorporarse, los aspirantes deberán superar las evaluaciones médicas, físicas y psicológicas, y acreditar la documentación requerida. La relación de beneficios incluye el acceso a servicios médicos integrales durante el tiempo de servicio y la posibilidad de participar en procesos educativos internos, orientados al desarrollo personal y profesional.

Aquellos jóvenes que deseen permanecer en la institución al finalizar el periodo obligatorio podrán optar por la matrícula gratuita para iniciar la carrera que conduce a ser oficial o suboficial del Ejército Nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos disciplinares y académicos definidos por la entidad, de acuerdo con la información proporcionada a Semana.

Así, el tiempo de servicio militar será computado como experiencia laboral certificable en el sector laboral civil y también contado como semanas cotizadas a pensión, una novedad en el paquete de beneficios que ofrece la institución para el año 2026.

El gobierno del presidente José María Balcázar inició el despliegue de más de 45 mil agentes de las Fuerzas Armadas para custodiar la totalidad de los locales de votación y garantizar la seguridad de los más de 27 millones de electores habilitados que participarán de las Elecciones Generales 2026 el domingo 12 de abril.

Según anunció el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el despliegue del Ejército durante la jornada electoral busca que el desarrollo del proceso sea seguro y transparente, como parte de un esfuerzo coordinado a nivel nacional.

El día de las elecciones, los 45.540 militares estarán a cargo de controlar el acceso a los centros de votación, custodiar el material electoral y mantener el orden general, bajo principios de legalidad y proporcionalidad. El operativo incluye la activación de protocolos para afrontar cualquier contingencia social o climática que pudiera afectar el proceso.

Esta operación implica coordinación directa entre diferentes instituciones como el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, junto a los ministerios de Defensa e Interior, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y autoridades locales, precisó Arroyo durante el acto de lanzamiento, realizado en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en Chorrillos.

Fuerzas Armadas actuarán bajo principio de neutralidad institucional

Arroyo afirmó que este operativo “no es solo una operación logística”, sino también un mensaje sobre la neutralidad institucional y el rol efectivo del Estado en la protección de la democracia. “Su voto está protegido”, aseguró el titular de la PCM. Detalló que la misión asignada es “estrictamente neutral, de apoyo al proceso electoral, resguardando locales, material electoral, accesos y condiciones de orden”.

La participación de las Fuerzas Armadas en esta oportunidad está orientada a “garantizar la expresión libre de la voluntad popular en una jornada segura, ordenada y transparente”, explicó el titular de la PCM. El objetivo es generar confianza en el proceso democrático en las zonas urbanas, así como en áreas rurales y dispersas.

Refuerzo de la seguridad ciudadana

El operativo electoral es parte de una política para reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer el orden democrático, dijo Arroyo a Andina. Informó que se han implementado 27 equipos de Fuerzas de Tarea Integradas en zonas de alta incidencia delictiva, donde las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y autoridades locales intervienen de manera conjunta.

Además, el Estado ha incorporado 5.655 nuevos efectivos policiales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el periodo previo a las elecciones.

En términos operativos, el domingo 12 de abril se movilizarán miles de efectivos policiales y militares en el 100 % de los locales de votación, asegurando con presencia armada la seguridad directa del proceso, la protección del material electoral y la logística de traslado. Estas medidas fueron confirmadas por Arroyo, quien enfatizó que la misión central consiste en “ser la seguridad absoluta de este proceso electoral”.

Un militar español destinado en la misión de la ONU en Líbano fue detenido durante algo menos de una hora por el Ejército israelí este martes. Sucedió después de que las FDI impidiesen avanzar a un convoy logístico de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el que participaban soldados españoles, que se dirigía a entregar alimentos y otros suministros al contingente indonesio desplegado en la zona.

El convoy fue bloqueado por una patrulla israelí y uno de los militares españoles fue retenido temporalmente. La FINUL denunció la detención, aunque en un primer momento no especificó la nacionalidad del afectado. Fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha confirmado este miércoles que se trataba de un miembro español del contingente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por su parte, ha convocado a Dana Elrich, la encargada de negocios de Israel - la diplomacia corre a su cuenta por el estado de las relaciones entre España e Israel - “para protestar por la injustificable retención de un soldado español”.

“La detención de un miembro de las fuerzas de paz de Naciones Unidas constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”

Un comunicado de la FINUL condenó la situación el mismo martes: “Esta tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detenido a un miembro de las fuerzas de paz de la FINUL tras bloquear un convoy logístico. Tras contactos directos e inmediatos entre el jefe de misión y comandante de la fuerza de la FINUL (Diodato Abagnara) y nuestra oficina de enlace, el miembro de las fuerzas de paz fue liberado en menos de una hora”.

La FINUL ha recordado que “la detención de un miembro de las fuerzas de paz de Naciones Unidas constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”. “Cualquier interferencia en la labor de las fuerzas de paz constituye una violación de la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de la ONU)”, ha agregado.

El militar español fue puesto en libertad tras la intervención diplomática española. Según explicó Robles durante una visita a la Embajada de Líbano en Madrid, España trasladó de inmediato una protesta formal tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Israel. Como resultado de esta gestión, el militar fue liberado en un plazo, según la propia FINUL, inferior a una hora. La ministra calificó el suceso como una vulneración del Derecho Internacional y señaló que las autoridades españolas han recibido garantías de que se depurarán responsabilidades y que el responsable será sancionado. Además, Robles explicó que el mismo convoy ya había sufrido otra incidencia esa misma mañana, cuando se le impidió avanzar en la ruta programada.

La presencia de tropas españolas en Líbano forma parte de la misión FINUL, desplegada en la frontera sur del país para supervisar el alto el fuego entre Israel y la milicia chií Hezbolá. Robles subrayó la complejidad en la que trabajan los efectivos españoles, asegurando, sin embargo, que España no ha considerado la retirada ni la reubicación de su contingente. “No, no, en absoluto, todo lo contrario”, dijo al respecto. “La ONU sabe que España siempre va a estar apoyando porque cree firmemente en la paz y en que el papel que se realiza es importante”, ha explicado.

En ese sentido, y con el fin para reforzar la atención sanitaria a los heridos en la misión, el Ministerio de Defensa ha anunciado el envío de un equipo médico militar a la Base Miguel de Cervantes, situada en Marjayún. Según explicó Robles, la evacuación de los soldados lesionados, especialmente del personal indonesio, presenta complicaciones debido a las dificultades para acceder a hospitales en Beirut y a la imposibilidad de realizar algunos traslados por vía aérea. En los últimos meses, al menos tres militares indonesios han fallecido como consecuencia de los ataques registrados en la zona, lo que ha motivado la decisión de reforzar el apoyo sanitario en la base.

La colaboración entre España y Líbano se mantiene como un elemento prioritario dentro de la política exterior española. Durante la visita a la embajada, Robles trasladó al embajador libanés en España, Hani Chemaitilly, la voluntad de mantener las mejores relaciones bilaterales y el apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas, independientemente del futuro de la misión de la ONU. La ministra reiteró el compromiso de España con la estabilidad y la seguridad regional, así como la intención de continuar con la cooperación militar y humanitaria en el país.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso aprobó el dictamen que propone reconocer nuevos beneficios a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre los nuevos beneficios se encuentra el descuento en el pago de pensiones en universidades públicas y privadas. Esto no solo beneficiaría a los veteranos a los veteranos de las FF. AA. y la PNP, sino también a sus hijos.

Estos son los nuevos beneficios aprobados por el grupo de trabajo:

• Contar con un descuento del 25% en el pago de pensiones de estudio de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, así como para sus hijos. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios que resulten necesarios para el otorgamiento de este beneficio.
• Recibir atención médica gratuita y medicinas en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud.
• Acceder a la adjudicación gratuita y a perpetuidad de un nicho en todos los cementerios del país para recibir sus restos. Las Sociedades de beneficencia y las juntas de participación social, según sea el caso, son las encargadas de dar cumplimiento a esta disposición. Las asignaciones por sepelio son sufragadas por el sector en el que los veteranos de guerra y de la pacificación nacional prestaron servicios.

Votaron a favor del dictamen los congresistas Karol Paredes, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Alex Flores, Margot Palacios, Jorge Montoya, Silvia Monteza, Hilda Portero y Fernando Rospigliosi.

Ahora, el texto deberá ser elevado al Pleno del Congreso de la República para su ratificación. Luego de ello, la autógrafa de la ley deberá ser remitida a la Presidencia de la República para su promulgación u observación en un plazo de 15 días hábiles.

Bono mensual vitalicio para veteranos

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que establece la entrega de un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional. La medida, que fue suscrita por Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, y Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, fue remitida al presidente interino José María Balcázar para su eventual promulgación u observación, con plazo hasta el 14 de abril de 2026.

La norma beneficiaría a 8.997 veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aunque en el primer año atendería a 1.799 personas, con un costo de 24 millones de soles. El beneficio será vitalicio e intransferible, no tendrá carácter remunerativo ni pensionable, y no constituirá base para cargas sociales o derechos laborales.

El pago del bono se implementará de manera progresiva durante cinco años, priorizando a los beneficiarios por grupos de edad. Para acceder, los licenciados deben contar con el reconocimiento oficial de “Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional” por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024. La solicitud podrá presentarse desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de julio de 2027, y el Ejecutivo dispondrá de 60 días hábiles para reglamentar su aplicación.

El Congreso de la República aprobó el otorgamiento de un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional y la autógrafa de la ley ya fue enviada al Poder Ejecutivo, que ahora dispone de plazo hasta el 14 de abril para promulgarla u observarla. El trámite legislativo se encuentra en la etapa final y solo resta la decisión del Ejecutivo para que la norma entre en vigencia.

La ley, sustentada en el Proyecto de Ley 3385/2022-CR, reconoce económicamente a los licenciados que participaron en acciones de pacificación entre 1980 y 2000, siempre que cuenten con el aval del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La iniciativa recibió el respaldo de 86 congresistas en el Pleno y fue exonerada de segunda votación con 83 votos a favor.

¿Cómo se otorgaría el bono a los veteranos?

El bono de 1.130 soles no se otorgará de manera simultánea a todos los beneficiarios. Según explicó Alejandro Soto Reyes, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, los licenciados serán agrupados por franjas etarias, priorizando a los de mayor edad y a quienes tengan discapacidad permanente. Los demás grupos serán incorporados de forma progresiva según su rango de edad.

La medida beneficiará a 8.997 licenciados debidamente acreditados, de acuerdo con el registro oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los requisitos incluyen no tener deudas alimentarias, no registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales, y haber participado en acciones pacificadoras durante el servicio militar.

El proceso legislativo comenzó en octubre de 2022 y atravesó diversas etapas en comisiones y el Pleno, hasta su aprobación definitiva el 12 de marzo de 2026. Tras la aprobación, la autógrafa fue firmada y remitida al despacho presidencial.

¿Qué sucede si el presidente no firma?

Tras la aprobación del bono mensual por parte del Congreso y el envío de la autógrafa al Poder Ejecutivo, el siguiente paso recae en la Presidencia de la República. El Ejecutivo dispone de un plazo legal de 15 días hábiles para tomar una decisión respecto a la norma, plazo que vence el 14 de abril. Durante este periodo, el presidente puede optar por promulgar la ley, con lo cual entraría en vigencia y comenzaría el proceso de implementación del bono para los veteranos.

Existe también la posibilidad de que el Ejecutivo observe la ley, es decir, que formule objeciones o propuestas de modificación y las devuelva al Congreso con sus comentarios. En ese caso, el Parlamento deberá evaluar las observaciones y decidir si las acepta o insiste en el texto original.

Congreso promulgaría ley sin firma presidencial

El procedimiento legislativo peruano contempla un mecanismo que permite al Congreso promulgar una ley sin requerir la firma del presidente cuando este no se pronuncia dentro del plazo establecido. Si el Ejecutivo no promulga ni observa la autógrafa en los 15 días hábiles posteriores a su recepción, el Parlamento adquiere la facultad de publicar la norma en el diario oficial El Peruano, otorgándole plena vigencia legal. Esta figura busca evitar que iniciativas aprobadas por el Poder Legislativo queden suspendidas indefinidamente por omisión del Ejecutivo.

En la práctica, este mecanismo ha sido utilizado en distintas ocasiones para asegurar la continuidad de reformas o medidas económicas y sociales, sobre todo cuando existen diferencias políticas entre ambos poderes del Estado. En el caso del bono para los veteranos de la pacificación nacional, si el presidente no adopta una decisión antes del 14 de abril, el Congreso podrá completar el trámite de promulgación, permitiendo así la implementación del beneficio sin mayores dilaciones administrativas.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso sesionará hoy lunes 6 de abril a las 3 de la tarde y tiene entre los puntos de agenda el debate y votación del predictamen para reconocer nuevos beneficios a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional.

A los 4 beneficios con las que ya cuentan los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se propone sumarle otros 3. Estos serían:

• Contar con un descuento del 25% en el pago de pensiones de estudio de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, así como para sus hijos. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios que resulten necesarios para el otorgamiento de este beneficio.
• Recibir atención médica gratuita y medicinas en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud.
• Acceder a la adjudicación gratuita y a perpetuidad de un nicho en todos los cementerios del país para recibir sus restos. Las Sociedades de beneficencia y las juntas de participación social, según sea el caso, son las encargadas de dar cumplimiento a esta disposición. Las asignaciones por sepelio son sufragadas por el sector en el que los veteranos de guerra y de la pacificación nacional prestaron servicios.

En el caso del descuento en el pago de pensiones de universidades, el predictamen sostiene que no sería una imposición a las casas de estudios, sino que se trataría de una “cooperación voluntaria entre el Estado y las universidades, lo cual permitirá negociar acuerdos“.

Pensión vitalicia en manos del Ejecutivo

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que dispone un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional, beneficio que se destinaría inicialmente a 1.799 exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

De acuerdo con la ley enviada al presidente interino José María Balcázar, el primer año de aplicación demandaría un gasto de 24 millones de soles. El pago comenzará a implementarse de forma escalonada y se extenderá durante cinco años, priorizando a los beneficiarios según grupos de edad.

El periodo al que hace referencia la legislación abarca la violencia terrorista ocurrida en Perú entre 1980 y 2000.

Para acceder al bono, los postulantes deben haber sido reconocidos como “Veteranos de Guerra y de la Pacificación Nacional” por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, condición que debía acreditarse al 31 de diciembre de 2024, según la Ley 30826.

El carácter del bono será vitalicio e intransferible y no tendrá naturaleza remunerativa ni pensionable, lo que implica que no estará sujeto a cargas sociales ni incluirá derechos laborales adicionales. El proceso para solicitar el beneficio estará abierto desde el día siguiente de la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de julio de 2027.

El Ejecutivo tiene un plazo de 60 días hábiles desde la entrada en vigor para emitir las normas reglamentarias necesarias. El presidente interino José María Balcázar dispone hasta el 14 de abril para promulgar u observar la norma; de no hacerlo, el Congreso ordenará su publicación oficial en el diario El Peruano.

De acuerdo con los registros oficiales actualizados al 2026, el Perú cuenta con un total de 8,997 licenciados reconocidos como veteranos de la Pacificación Nacional por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. A esta cifra se suman aproximadamente 3,000 veteranos de guerra acreditados por haber intervenido en conflictos armados internacionales (como las campañas de 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995), alcanzando así una población total cercana a los 12,000 efectivos reconocidos bajo la Ley N° 30826.

Alemania ha introducido cambios en su legislación militar que afectan directamente a los hombres de entre 17 y 45 años. La Ley de Modernización del Servicio Militar, que entró en vigor el 1 de enero de este año, establece que quienes deseen permanecer fuera del país durante más de tres meses deberán obtener una autorización previa de las Fuerzas Armadas. Esta medida se enmarca en los esfuerzos del gobierno alemán para mejorar la gestión de los recursos humanos del Ejército y garantizar la disponibilidad de efectivos en todo momento, siendo el objetivo principal crear un marco legal que facilite el seguimiento de los ciudadanos susceptibles de ser reclutados, especialmente en contextos de emergencia.

De acuerdo con información de Europa Press, el Ministerio de Defensa alemán ha detallado, a través de un portavoz citado por la agencia DPA, que la nueva normativa exige la “autorización del centro de carrera de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero que duren más de tres meses”. Se trata de una obligación formal para todos los varones a partir de los 17 años, aunque, tal como señaló el portavoz, “la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario”. Esta disposición busca evitar cargas administrativas innecesarias en el contexto actual, en el que el servicio no es obligatorio.

Las FFAA alemanas buscan que el número de efectivos alcance los 260.000

La norma introduce también un examen médico obligatorio para los nacidos a partir de 2008, con la intención de contar con información actualizada sobre la condición física de los potenciales candidatos al servicio. La ley fija como meta ampliar el número de soldados activos en 80.000, para llegar a un total de 260.000 efectivos en las Fuerzas Armadas.

La nueva legislación concede al Ejército la capacidad de conocer la localización de los hombres sujetos a servicio militar durante estancias prolongadas en el extranjero. Esta prerrogativa, según explicó el portavoz del Ministerio de Defensa, servirá “para respaldar, en caso necesario, los elementos obligatorios del nuevo servicio militar en su aplicación práctica, como, por ejemplo, el examen médico obligatorio a partir del 1 de enero de 2026”.

No se trata solo de una norma pensada para situaciones de crisis, ya que su aplicación se extiende también a periodos de normalidad y la obligación de solicitar permiso previo no está vinculada a la existencia de un conflicto o estado de emergencia. Incluso fuera de estos supuestos, la ley exige la tramitación de la autorización antes de realizar una estancia larga en el extranjero. El Ministerio de Defensa está trabajando en la elaboración de disposiciones complementarias que permitan otorgar excepciones y reducir la burocracia. “En el Ministerio de Defensa se están elaborando normas concretas para la concesión de excepciones a la obligación de autorización, también con el fin de evitar la burocracia innecesaria”, indicó el portavoz.

El gobierno alemán no ha facilitado cifras sobre el número de solicitudes de autorización presentadas desde la entrada en vigor de la ley ni detalles sobre los mecanismos de control y sanción ante posibles incumplimientos. El portavoz del Ministerio recordó que “la norma ya se aplicaba en tiempos de la Guerra Fría y no tenía relevancia práctica. Tampoco está sancionada de forma específica”. De momento, el incumplimiento de este requisito no implica consecuencias legales directas, lo que refuerza su carácter preventivo y organizativo.

Las fuerzas rusas reportaron la captura de la ciudad de Verjniaia Pisarevka, en la provincia ucraniana de Járkov, episodio atribuido a las acciones del grupo Norte de las Fuerzas Armadas de Rusia y presentado como uno de los avances más recientes en el frente oriental. Este anuncio se suma a los informes divulgados este miércoles en los que el Ministerio de Defensa ruso detalló la ocupación de dos localidades adicionales en las provincias de Járkov y Zaporiyia, en el contexto de una campaña militar que persiste desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Según informó la agencia Europa Press, Moscú señala que estos pasos consolidan la presencia rusa en territorios que ya han sido parcial o totalmente ocupados y anexionados desde el inicio de la intervención militar.

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó a través de Telegram que sus tropas tomaron control de Boikovo, en la provincia de Zaporiyia. En ese punto, las autoridades militares aseguran haber causado daños significativos a formaciones ucranianas, incluyendo a una brigada mecanizada, dos brigadas de asalto y tres regimientos de asalto. De acuerdo con el parte oficial citado por Europa Press, el saldo de este enfrentamiento incluiría 275 efectivos ucranianos, así como la destrucción de un vehículo blindado de transporte de personal, once vehículos motorizados, una estación de guerra electrónica y un depósito de material militar.

La publicación de Europa Press incorporó detalles sobre la magnitud de las pérdidas ucranianas desde el comienzo del conflicto. El Ministerio de Defensa ruso sostiene que sus fuerzas han destruido, hasta la fecha, 671 aeronaves, 284 helicópteros y más de 120.000 vehículos aéreos no tripulados. El balance militar difundido también contabiliza la demolición de 652 sistemas de misiles antiaéreos, 28.630 carros de combate, 1.694 vehículos de combate con sistemas de lanzamiento múltiples y más de 58.000 vehículos militares de distinto tipo.

En relación con la evolución territorial del conflicto, Rusia afirma haber logrado avances sostenidos en el este de Ucrania, si bien señala a Donetsk como el foco principal de su ofensiva durante los últimos meses. Europa Press destacó que, en septiembre de 2022, Moscú proclamó la anexión de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, a pesar de que estas áreas sólo se encuentran ocupadas parcialmente. A este listado se suman incursiones rusas en las provincias de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk. El informe agrega que la península de Crimea fue anexionada por Rusia en 2014 y permanece bajo su control.

La información proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso enfatiza que las llamadas acciones decisivas del grupo Norte resultaron en la “liberación” de Verjniaia Pisarevka, formulación que Moscú utiliza habitualmente para informar sobre la toma de localidades bajo control ucraniano. Europa Press señala que, junto a Boikovo, esta localidad representa uno de los objetivos capturados en las acciones militares recientes.

La serie de anuncios coincide con una escalada de hostilidades en el frente oriental, donde Rusia ha centrado su esfuerzo militar tras haber declarado formalmente la anexión de territorios que mantienen un control territorial parcial. Europa Press consignó también que, durante el transcurso de la invasión, han sido reportados enfrentamientos significativos en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk. Las autoridades rusas atribuyen sus logros al despliegue de unidades regulares y asalto, apoyadas por sistemas de guerra electrónica y vehículos blindados.

Cifras difundidas por el mando ruso, recogidas por Europa Press, refuerzan el argumento gubernamental sobre el impacto de las acciones en el equipamiento ucraniano. A la relación de vehículos y armamento destruido desde 2022, el Ministerio de Defensa suma el control de varias infraestructuras militares ucranianas, resultado de los recientes episodios de combate en el este del país.

Las operaciones de Moscú en Ucrania persistieron durante más de dos años. Europa Press contextualiza los acontecimientos señalando que, tras la anexión de Crimea en 2014, la ofensiva rusa se amplió hacia otras provincias en 2022, generando cambios significativos en el mapa territorial y político de la región conforme al ritmo de los avances militares informados.

El capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres se prepara para liderar su primer viaje de intrucción de la Fragata Libertad, durante un que lo llevará por Brasil, Puerto Rico y Jamaica, con una escala clave en los Estados Unidos, donde participará de los actos por los 250 años de la independencia de ese país.

En diálogo con Infobae, el militar explicó cómo es la vida en el mar, especialmente para los 45 aspirantes a oficiales de la Armada que estarán realizando la prueba final a lo largo de toda la travesía.

El uniformado, que recibió a este medio en su oficina dentro del navío, remarca que “el que crea que lo que se hace en estas misiones es un viaje de egresados se equivoca”, porque el ritmo de trabajo “es bastante intenso”.

En la cámara del comandante, el capitán está rodeado de banderas argentinas, cuadros de sus antecesores y premios que recibió el barco durante estos casi 63 años de existencia, como el Boston Teapot, reconocimiento que se le da a aquella fragata de instrucción que recorra la mayor distancia posible exclusivamente a vela en un período consecutivo de 124 horas.

La Fragata Libertad es actualmente la campeona de esa competencia y acumula un total de 10 trofeos, récord que iguala solamente España, por lo que Cáceres está decidido a revalidar el título, no solo para que la Argentina quede sola en la cima, sino también para que sea la primera vez en la historia que lo consigue en dos años seguidos.

-¿Cuánto tiempo lleva como comandante de la Fragata Libertad?

-Hace cuatro meses que soy comandante de la Fragata Libertad. Desde el día 16 de diciembre del 2025.

-¿Este es su primer viaje de instrucción?

-Este sería mi tercer viaje de instrucción. Hice el viaje en el año 1998 como guardiamarina en comisión, en el año 2017 como jefe del departamento de cubierta y ahora en este año, 2026, como comandante.

-¿Cómo lo afronta?

-Es un desafío profesional de los más importantes en la carrera. Es un buque muy representativo de la Armada y de la Nación. Conlleva mucha responsabilidad. Somos doscientas ochenta personas de tripulación a bordo, con una misión muy importante, que es terminar de formar a nuestros guardiamarinas y cumplir la función de embajadora con la fragata. Hay muchos desafíos y nos preparamos para cumplirlos.

-¿Cuál es la importancia de esta misión?

-Son dos los objetivos principales de la fragata. El primero, terminar de formar a nuestros guardiamarinas en comisión, que hicieron cuatro años de escuela naval en Río Santiago y su quinto año lo completan a bordo de la Fragata Libertad. Los formamos en la aptitud militar y profesional para su futura vida como oficiales de marina. Y luego, representamos al país en cada puerto, mostrando nuestra cultura, geografía y productos. Por ejemplo, la carne que llevamos y consumimos durante el viaje es siempre argentina.

-¿Cómo es la vida en el mar durante tantos meses?

-El viaje tiene cinco meses y ocho días de duración, aproximadamente. Los guardiamarinas necesitan más de cien días de navegación, y el resto son días de puerto para escalas logísticas y de abastecimiento. Cada año egresan guardiamarinas y deben cumplir esos días de navegación.

Es bastante intenso. Los guardamarinas se dividen en dos grupos: uno estudia las últimas materias y el otro trabaja y realiza guardias de navegación, y luego se intercambian los roles. Los vamos distribuyendo en diferentes departamentos, como máquinas, cubierta, abastecimiento, y así se van formando en lo que harán como oficiales de marina.

-Se suele decir que esto no es un viaje de egresados. ¿Qué puede decir al respecto?

-No, no es un viaje de egresados. Acá se trabaja y se estudia. Si lo comparamos con una carrera universitaria, la tesis se rinde acá. El examen final se toma en esta cámara (la oficina del comandante), con el comandante, segundo comandante y los jefes de departamento. No todos aprueban. Lo normal es que uno o dos oficiales no aprueben el curso. Con lo cual, la parte esa de que sería como un viaje de egresados, yo te puedo asegurar que no, el que crea eso se equivoca.

-¿Cómo se maneja un grupo tan grande, no solo de estudiantes sino también de oficiales y suboficiales?

-El buque está perfectamente estructurado: comandante, segundo comandante, cinco jefes de departamento, jefes de cargo, suboficiales y cabos. Todo el personal está seleccionado bajo requisitos de la Armada, lo que facilita el trabajo. Todos están comprometidos con la misión de representar a la Armada y al país.

-¿Cómo es representar al país en el exterior? ¿Qué responsabilidad implica y cómo se prepara?

-Uno trata de hacer su trabajo y comportarse de la mejor manera, e inculcar lo mismo a los guardiamarinas y cabos recién egresados. Lo importante es la buena conducta en el exterior y ser buenas personas. Representamos al país mostrando nuestras particularidades. En este viaje participaremos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos junto a otros grandes veleros, cada uno con la misión de representar a su país y formar futuros oficiales.

-Este viaje se da en un momento en el que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos son buenas. ¿Eso influye en la misión?

-Sí, Argentina tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Visitaremos cinco puertos estadounidenses como parte de la regata Sail 250, que arranca en New Orleans y termina en Boston. Todos los buques participan y muestran su embarcación en cada puerto.

-Quiero volver a cómo es la vida diaria a bordo, ¿qué rutinas se siguen?

-El día comienza a las seis y media o siete de la mañana, con diana y aseo personal. Después del desayuno y la formación, se trabaja hasta las doce treinta. Luego el almuerzo y de nuevo trabajo hasta las diecisiete. Luego hay actividades deportivas, estudio y descanso. La cena es a las veinte, y a las veintidós, descanso. ¿Se pueden ver películas? Sí, es posible, en los camarotes, en algún tiempo libre, a la noche, pero la rutina es muy organizada.

-¿Cómo se maneja el uso de celulares y la comunicación a bordo?

-Ese es todo un tema. La comunicación no es tan abierta como a veces se quiere, pero es parte también de lo que se tiene que enseñar. Las comunicaciones deben ser sí o sí a través del comando. Los guardiamarinas pueden comunicarse con sus familias por WhatsApp, pero está organizado por grupos y horarios. Se limita el uso de redes sociales por cuestiones técnicas y educativas, para que el personal esté concentrado en el trabajo, ya que hay riesgos de accidentes y es importante mantener la atención. Las redes sociales tratamos de que no se usen, porque conllevan mucho gasto, serían 280 celulares conectados. Nosotros necesitamos que el personal esté abocado al trabajo y no al celular con Facebook, con Instagram y esas cuestiones. Cualquier accidente puede modificar la misión. El objetivo va a estar cumplido para mí cuando regresemos todos los que salimos y con los 10 dedos de la mano. Esa es la prioridad, la seguridad.

-¿Cómo asume la responsabilidad de formar a tantos futuros oficiales?

-El proceso de aprendizaje continúa incluso después de egresar de la fragata. El oficial pasa siete años como alumno, formándose y aprendiendo en la flota de mar. Solo después de ese tiempo se le exige como oficial pleno. El proceso de formación lleva su tiempo.

-¿Por qué se usa esta fragata para la prueba final y no un buque de guerra?

-Bueno, en primer lugar, porque es volver a las raíces, a lo más básico, porque a vela se navegó desde siempre, desde el inicio de la historia. Además, porque ya van a tener tiempo de instruirse en un “buque gris” y esto es, de todas formas, una fragata militar, tenemos artillería y también tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad, como piratas o intentos de posesión. Todo el viaje está calculado, pero hay que estar listos.

*Fotos: Maximiliano Luna

El operativo “Proteger y Servir Semana Santa 2026”, impulsado por la Policía Nacional y presentado en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, marca un despliegue inédito de fuerzas de seguridad y prevención en la República Dominicana durante el asueto pascual.

Esta estrategia, que se ejecutará del martes 31 de marzo al domingo 5 de abril, responde a la creciente movilización de ciudadanos en fechas festivas y busca garantizar tanto la protección de la vida como la seguridad de bienes en todo el territorio nacional.

La magnitud del operativo, informada por la Policía Nacional durante el acto oficial, se traduce en la movilización de 25,000 agentes policiacos y 10,000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Esta cifra representa un refuerzo considerable en comparación con el despliegue habitual en otros períodos del año y evidencia el reconocimiento estatal de los riesgos asociados a la confluencia masiva en playas, ríos, carreteras y destinos turísticos durante la Semana Mayor.

El presidente Abinader destacó que el propósito central es proteger la vida de los dominicanos que viajan por el país en estas fechas y remarcó la necesidad de trabajo conjunto entre autoridades y población para asegurar la tranquilidad de las familias.

Más de 35,000 agentes desplegados para la protección integral en Semana Santa

De acuerdo con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la Policía Nacional diseñó el operativo tomando como referencia la experiencia acumulada en años anteriores. La identificación de horarios críticos y puntos de mayor riesgo permitió articular una fuerza de tarea interinstitucional que abarcará carreteras, balnearios y comunidades en todas las regiones.

Raful detalló que, además de los esquemas tradicionales de patrullaje y vigilancia, el dispositivo pone foco en la atención a la violencia intrafamiliar, una problemática que observa un repunte durante las festividades. Para abordar este aspecto, la coordinación recae en la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional.

La ministra llamó a la ciudadanía a asumir el compromiso de la seguridad colectiva con prudencia y responsabilidad, y sostuvo que el éxito del operativo depende de la colaboración activa entre las instituciones estatales y la sociedad.

Reforma policial, modernización y presencia interinstitucional

El director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, afirmó que el plan representa un esfuerzo articulado del Estado dominicano, orientado a preservar vidas y mantener el orden público durante uno de los periodos de mayor tránsito y concentración social.

Cruz Cruz precisó que la Policía Nacional ha profundizado su proceso de reforma y modernización, con avances en la capacitación de nuevos agentes en materias como derechos humanos, uso proporcional de la fuerza y trato digno. “Contamos hoy con un cuerpo más preparado, cercano a la ciudadanía y comprometido con valores éticos, disciplina e integridad”, afirmó el director policial durante el acto oficial, según datos de la Policía Nacional.

Con el despliegue de efectivos acompañado por las Fuerzas Armadas, la misión es servir, proteger y acompañar a la población manteniendo la tranquilidad tanto de residentes como de turistas.

Coordinación interinstitucional y protección a la propiedad

El dispositivo anunciado será ejecutado en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas y la Procuraduría General de la República, además de la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Cuerpo de Bomberos y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

Diversas dependencias de la Policía Nacional, entre ellas la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la Policía de Turismo (Politur), Asuntos Internos, Sanidad Policial y la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, estarán integradas al operativo. El plan incluye la protección de propiedades públicas y privadas, así como la respuesta frente a emergencias, con el objetivo de salvaguardar la convivencia y la seguridad integral de la población durante la Semana Santa 2026.

A la presentación del operativo asistieron, entre otras autoridades, el ministro de Defensa Carlos Antonio Fernández Onofre, la procuradora general Yeni Berenice, el director general de Migración Luis Rafael Lee Ballester y máximos representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como del Viceministerio de Defensa en sus áreas militar, naval y aérea.

En el marco de la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y de los agentes de seguridad, que está en proceso de disolución para pasar a otras dos entidades que se ocupen de cada sector por separado, el Gobierno dispuso también el traspaso de todos los inmuebles involucrados a esa institución, aunque asegura que no se van a vender para pagar la deuda acumulada.

Hasta el momento, todos los edificios donde funcionaba la prestadora de servicios médicos dependían de las Fuerzas Armadas, pero tras los cambios, se decidió que pasen a la órbita del Ministerio de Defensa.

Se trata de un total de 44 establecimientos, entre hoteles y oficinas administrativas, que ahora pasarán a estar en manos del titular de esa cartera, teniente general Carlos Presti.

Así se dispuso en el Decreto publicado meses atrás, a partir del cual se ordenó la eliminación de IOSFA para dar lugar a la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Ambos organismos contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones.

En cuanto a los inmuebles, para que queden dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, fueron inscriptos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que dio lugar a versiones sobre posibles ventas de estos activos.

Al respecto, fuentes de OSFA aseguraron a Infobae que “no se va a rematar ninguno de los edificios involucrados” y que el cambio de manos “es solo una cuestión jurídica”.

“Para nosotros es algo claro, como ahora ya no dependen de las Fuerzas Armadas, sino de un Ministerio, tiene que intervenir AABE, pero no se va a pagar la deuda con eso”, remarcaron.

La entidad tiene un pasivo de unos 200 mil millones de pesos contraída en los últimos años, lo que generó complicaciones para los afiliados y falta de prestaciones.

Sin embargo, para solucionar este conflicto las autoridades apuestan a la Comisión Especial Ad-Hoc que también se creó —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— y que supervisará todo el proceso de transición.

A través de un comunicado, la cartera de Presti sostuvo que se está llevando adelante un “plan de ordenamiento patrimonial destinado a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos”. Este proceso se desarrolla con el objetivo de organizar los activos de la institución bajo los nuevos lineamientos operativos.

Según el texto, el proceso técnico contempla el “relevamiento e inventario de bienes muebles”, así como su posterior “transferencia programada a la nueva estructura”.

Estas acciones se realizan en comunicación constante y “en coordinación con las Fuerzas Armadas”, asegurando que el traspaso de los elementos operativos se realice de manera ordenada entre ambas entidades.

Respecto a la propiedad de los activos de mayor envergadura, el Ministerio ha definido una postura clara: los “bienes inmuebles permanecerán bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa”.

Esta decisión tiene como fin el “resguardando su función institucional y su carácter estratégico”, integrándose en una política que “garantiza su permanencia dentro de la órbita del propio Ministerio”.

Un punto central de la transición, que comenzó el 5 de febrero del presente año conforme a lo dispuesto por el “DNU 88/2026”, es la situación de las unidades de turismo. Los establecimientos hoteleros que actualmente administra el IOSFA “están siendo incorporados a la OSFA” como parte de este reordenamiento.

El futuro de estos complejos quedará en manos de la conducción de la nueva obra social. El propio directorio de OSFA, que cuenta con “representantes de las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, será el organismo que tendrá un “rol decisivo en el destino futuro y modalidad de gestión de esos establecimientos”.

El Ministerio de Defensa subrayó que el plan de transición mantiene la “prioridad puesta en la cobertura de salud de los afiliados”. Bajo esta premisa, las autoridades competentes analizan distintas alternativas para “optimizar el funcionamiento de los hoteles, garantizar su uso y promover una gestión más eficiente y sustentable”.

Finalmente, el organismo aclaró que no se han tomado determinaciones definitivas sobre los modelos de explotación de estos servicios, ya que las “definiciones finales surgirán de los estudios en curso”. Los resultados de estos análisis técnicos y operativos “serán comunicados oportunamente” a través de las vías oficiales de la institución.

La Guardia Revolucionaria iraní detalló que los ataques recientes en bases estadounidenses situadas en Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait implicaron el uso de drones y misiles de precisión en operaciones continuas y consecutivas, lo que apunta a una transformación estratégica en el escenario militar de Medio Oriente. Esta información surge mientras el cuerpo militar responsabilizaba a Estados Unidos y sus aliados de cientos de víctimas en territorio iraní y aludía a ofensivas coordinadas mediante el empleo de tecnologías avanzadas y apoyo de fuerzas aliadas en la región. Según consignó la agencia semioficial Tasnim, las autoridades iraníes han subrayado el uso de “nuevos sistemas de misiles” y la introducción de “tácticas ofensivas” que buscan modificar el equilibrio de poder.

Según informó la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria indicó que sus fuerzas navales y aeroespaciales han dirigido ataques contra “escondites” de tropas estadounidenses en las bases de Al Dafra (Emiratos Árabes Unidos), Victoria (Irak) y Ali al Salem (Kuwait). Estas ofensivas incluyeron la utilización de drones de ataque y misiles de precisión. Además, el comunicado de la Guardia Revolucionaria reivindicó más de 120 acciones atribuidas a la milicia chií Hezbolá en Líbano y a otras fuerzas proiraníes en Irak y Yemen, señalando que han generado “golpes devastadores” contra las fuerzas de Estados Unidos e Israel. Esta actividad ha sido presentada como una respuesta directa a la misión denominada ‘Furia Épica’ lanzada anteriormente por Washington y Tel Aviv.

Tal como publicó la agencia Tasnim, el cuerpo militar iraní explicó que el conflicto se encuentra dentro de una lógica de “expansión lógica y calculada del frente de guerra” por parte de las zonas conocidas como de resistencia. El comunicado oficial señaló la intención de Irán de llevar a cabo una “erosión del poder del régimen sionista y del Ejército estadounidense en la región”, con vistas a crear condiciones para una batalla futura orientada hacia lo que identifican como la “Jerusalén ocupada”.

El balance provisorio proporcionado por las autoridades iraníes, reportado por Tasnim, ya suma más de 2.000 fallecidos en el territorio del país a causa de los enfrentamientos iniciados tras los ataques del 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel. Entre los fallecidos se encuentran figuras relevantes dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad iraníes, incluidos el líder supremo Ali Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Ali Lariyani, así como los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente. El informe también incluye la muerte de altos cargos de las Fuerzas Armadas y de otros organismos de seguridad vinculados al Estado.

La agencia Tasnim informó que, frente a este saldo de víctimas y bajo la presión de ataques repetidos, la Guardia Revolucionaria de Irán ha delineado su estrategia como una de largo plazo con el objetivo declarado de debilitar de forma sostenida a los ejércitos de Estados Unidos e Israel. Según detalló el citado cuerpo militar, el plan contempla la utilización de nueva tecnología militar y la formación de frentes activos mediante alianzas regionales, lo que consideran una “expansión calculada” tanto en el ámbito geográfico como en el uso combinado de capacidades ofensivas y de inteligencia.

La mención a la misión ‘Furia Épica’ por parte de las autoridades iraníes alude a una campaña aérea y de ataques selectivos encabezada por Estados Unidos e Israel, originando la actual situación de escalada bélica en varios países de Medio Oriente. Según consignó Tasnim, dicha misión fue respondida mediante una intensificación de ataques coordinados desde distintos frentes y apoyados en armamento avanzado. El comunicado de la Guardia Revolucionaria subrayó que estas operaciones buscan “preparar el terreno para la batalla final y el avance de la nación islámica”, punto al que Irán atribuye una importancia estratégica y religiosa.

El medio Tasnim detalló que este tipo de enfoque integral también se apoya en la movilización de milicias aliadas y fuerzas proxy en diversos escenarios como Irak, Yemen y el Líbano, cuya participación en acciones ofensivas ha sido reconocida de manera oficial. La enumeración de las más de 120 operaciones de Hezbolá constituye, según la agencia, un ejemplo del alcance regional de la estrategia iraní.

Autoridades iraníes sostienen que el desarrollo de un “horizonte a largo plazo” en la confrontación bélica busca modificar las relaciones de poder existentes e instalar una dinámica de desgaste continuado sobre los adversarios externos, en este caso Estados Unidos e Israel. De acuerdo con la información de Tasnim, este planteo implica la combinación de ofensivas directas, el uso de armamento de nueva generación y la coordinación con fuerzas aliadas en la región para maximizar el desgaste del oponente.

El comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria, que reproduce la agencia Tasnim, vincula estos ataques y acciones militares con un proceso planificado de resistencia que, según su visión, responde a lo que identifican como crímenes e invasiones perpetradas por los ejércitos estadounidense e israelí en diferentes frentes de la región. Esta narrativa oficial insiste en que las represalias y operaciones continuarán mientras persistan las acciones hostiles contra la República Islámica y sus aliados.

El cuadro reportado por el medio incluye la afirmación de las autoridades iraníes acerca de una “transformación cualitativa y estratégica en el terreno” atribuida a la adopción de tácticas novedosas y la entrada en funcionamiento de sistemas de armas mejorados. Además, el fortalecimiento de las “zonas de resistencia” se expone como parte de un plan sostenido para alterar la dinámica militar vigente en Medio Oriente.

Según la recopilación efectuada por la agencia Tasnim, tanto los ataques llevados a cabo en los últimos días como la evolución en las tácticas y tecnología utilizadas forman parte de una respuesta prolongada y de gran escala contra lo que Irán considera una afrenta organizada por Estados Unidos, Israel y aliados. En ese marco, la ampliación de los escenarios de combate y la inclusión de nuevos actores se perfilan como elementos centrales de una estrategia de confrontación prolongada.

La caída de fragmentos provenientes de la interceptación de un dron causó lesiones a varias personas y provocó daños en inmuebles y vehículos en una zona residencial próxima a la base aérea Príncipe Sultán, situada al suroeste de Riad, Arabia Saudí. Según consignó la agencia estatal de noticias SPA, las autoridades saudíes informaron que el incidente dejó varios heridos y generó daños materiales limitados en tres viviendas particulares y en automóviles estacionados en la localidad de Al Jarj. El ataque se registró en un contexto de intensificación de tensiones y acciones armadas en la región.

De acuerdo con lo publicado por la agencia SPA, en los últimos días la base aérea Príncipe Sultán ha sido objetivo de frecuentes ataques. Hace apenas tres jornadas, la instalación militar fue blanco de una ofensiva perpetrada por fuerzas iraníes, en la que al menos doce militares estadounidenses resultaron heridos. Esta escalada se enmarca en la serie de operaciones iniciadas a finales de febrero por Estados Unidos e Israel en la región, en respuesta a la creciente actividad militar iraní.

El medio SPA detalló que, desde el inicio del conflicto, se han lanzado decenas de misiles y drones dirigidos a intereses estadounidenses, israelíes y aliados en el Golfo Pérsico. La mayoría de estos artefactos ha sido detectada y neutralizada por los sistemas de defensa saudíes, reduciendo el impacto en las zonas residenciales y en infraestructuras críticas. No obstante, como evidencian los recientes hechos en Al Jarj, los riesgos para la seguridad de la población civil permanecen elevados debido a la posibilidad de caída de escombros o de impactos directos en áreas habitadas.

A medida que la ofensiva militar se extiende en la región, las fuerzas iraníes han ampliado sus ataques a objetivos en países vecinos. Según informó la agencia estatal, Irán ha dirigido operaciones contra intereses estadounidenses e israelíes en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahréin y territorio saudí. Este despliegue regional responde a la evolución del conflicto y a la reacción coordinada de los países del Golfo para interceptar y mitigar los riesgos de nuevos ataques.

El balance humano en Irán se ha agravado a consecuencia de la respuesta bélica: fuentes oficiales iraníes citadas por la agencia SPA reportaron más de dos mil víctimas mortales desde el inicio de la ofensiva. Entre las personas fallecidas figuran figuras de alto nivel, como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, así como los ministros de Defensa, Aziz Nasirzadé, y de Inteligencia, Esmaeil Jatib. Asimismo, han perdido la vida altos mandos de las Fuerzas Armadas iraníes y otros responsables de organismos de seguridad.

El incremento de ataques y la respuesta internacional han colocado a la región en un estado de tensión permanente. SPA subrayó que la continua interceptación de misiles y drones ha evitado daños mayores en zonas civiles y estratégicas. Las autoridades saudíes han reforzado los dispositivos de defensa y vigilancia alrededor de bases militares, complejos residenciales y puntos de infraestructura crítica, ante la posibilidad de nuevas agresiones.

Las consecuencias humanitarias y materiales de la ofensiva persisten mientras las partes enfrentadas mantienen sus operaciones. La base aérea Príncipe Sultán y sus cercanías se han convertido en uno de los puntos clave en la actual confrontación, tanto por su valor estratégico como por el impacto directo en la seguridad de la población local. Distintos organismos permanecen en alerta ante el desarrollo de los acontecimientos y la posibilidad de que se repitan incidentes como el de Al Jarj.

SPA reportó que la investigación sobre el incidente con el dron interceptado continúa bajo supervisión de autoridades de seguridad saudíes. Los heridos han recibido atención médica y equipos especializados llevan a cabo la evaluación de daños en la zona, así como labores de limpieza y asistencia para los afectados. El gobierno saudí mantiene un monitoreo constante ante el riesgo de nuevos ataques y reiteró su compromiso con la protección de la población civil en el contexto de la crisis regional.

El seguimiento policial sobre las actividades de Alexánder Mendoza, identificado como ‘Calarcá’, tomó un giro decisivo después de que la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, notificó al Gobierno sobre la presunta implicación de este líder disidente en el asesinato de un líder social, fundamentando esta sospecha en pruebas obtenidas durante un operativo militar realizado en julio de 2024. Según informó el medio Caracol Radio, la investigación apunta a una conexión directa con hechos criminales recientes.

Pedro Sánchez, titular del Ministerio de Defensa de Colombia, reiteró durante una entrevista para Caracol Radio que la persecución y eventual captura de ‘Calarcá’ permanece como una de las más altas prioridades para las autoridades de seguridad nacional, independientemente de la continuidad del proceso de negociación entre el Ejecutivo y este grupo. Sánchez remarcó que el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), bajo el liderazgo de Mendoza, mantiene una estructura con motivación principalmente narcotraficante y que su accionar se financia en gran medida por economías ilegales. El ministro descartó que existan intereses ideológicos genuinos detrás de las operaciones de este grupo.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Caracol Radio, la decisión última sobre la captura de Mendoza recae sobre el presidente Gustavo Petro, quien también ostenta el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sánchez apuntó que el Ministerio de Defensa se someterá a la directriz presidencial, recordando que recientemente la Fiscalía advirtió sobre la posibilidad de reactivar una orden de detención si el Ejecutivo no la ejecuta en un plazo de una semana, motivando este ultimátum ante lo que perciben como una falta de voluntad de paz por parte de Mendoza y su organización.

El EMBF representa una de las más relevantes escisiones surgidas tras la ruptura dentro del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por Néstor Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’. El bloque Jorge Briceño, dirigido específicamente por ‘Calarcá’, encabeza las tres estructuras principales de esta facción, que se ha distanciado abiertamente de las directrices originales del antiguo grupo insurgente.

El ministro Sánchez, según detalló Caracol Radio, enfatizó que aunque la mesa de diálogo con el EMBF continúa vigente, la suspensión temporal de la orden de captura contra ‘Calarcá’ solo tiene efectos procesales y no implica un cese de las operaciones de inteligencia militar y policial contra la organización. “Las Fuerzas Armadas no paralizan operativos ni detienen las acciones de control mientras se espera una determinación ejecutiva”, explicó Sánchez. Aclaró además que ninguna política de paz impulsada por el Gobierno constituye un permiso para la comisión de delitos o actividades ilícitas, remarcando que estas estructuras han defraudado no solo la confianza del gobierno sino también la de todo el país.

La reciente información divulgada por la Fiscalía ha agudizado el debate sobre la conveniencia de mantener la mesa de negociación mientras persisten acusaciones graves contra los jefes de estas estructuras armadas. Según publicó Caracol Radio, la Fiscalía asegura contar con material probatorio que comprometería a Mendoza con la violencia ejercida contra líderes sociales, lo que refuerza el argumento de aquellos que exigen una actuación judicial inmediata.

Las controversias han reflejado la tensión existente entre la aplicación estricta de la ley y los mecanismos de negociación promovidos por el Ejecutivo para intentar desmantelar estos grupos por la vía del diálogo. Según consignó el medio Caracol Radio, Sánchez reiteró que la actuación de las fuerzas públicas está sintonizada exclusivamente con las disposiciones presidenciales, subrayando el papel constitucional que define al presidente Petro como máxima autoridad en materia de seguridad.

La identidad y las actividades del EMBF han provocado diversas reacciones. La escisión entre el EMC y el bloque liderado por ‘Calarcá’ ha marcado una nueva etapa en el fenómeno de las disidencias armadas. Según reportó Caracol Radio, la influencia de las economías ilícitas es uno de los factores dominantes en la operatividad de estos grupos. El trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía mantiene el foco en los flujos financieros y en el seguimiento a sus principales líderes.

El desarrollo de la estrategia gubernamental respecto a la captura de ‘Calarcá’ y la persistencia de la mesa de diálogo sigue en el centro del debate institucional de Colombia. Tal como publicó Caracol Radio, el equilibrio entre las políticas de paz y la persecución de acciones criminales continúa siendo un tema en observación permanente tanto por las agencias estatales como por la opinión pública.

De acuerdo con lo publicado por el TSJMU, el demandante había solicitado la suspensión de las resoluciones administrativas mediante las cuales se extinguía su contrato de uso y se ordenaba el desahucio. El solicitante alegaba que debía anularse la decisión que le obligaba a dejar el inmueble en el que había residido desde 1990, y también pedía que se reconociera su derecho a optar a la compra del domicilio bajo las condiciones previstas por la normativa vigente.

Según detalló el tribunal y recogió el TSJMU, la asignación de la vivienda al recurrente se originó por su condición y destino militar, permitiéndole residir legalmente en el inmueble durante el tiempo que mantuvo esa vinculación profesional. El proceso administrativo que desembocó en la extinción del derecho de uso se inició después de que, en 1999, el militar pasara a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, lo que supuso la suspensión de su actividad militar activa. Posteriormente, el solicitante pasó a la situación de retirado.

El medio TSJMU consignó que la Sala se basó en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de octubre de 2025 sobre un caso análogo. La normativa relevante, la Ley 26/1999, determina expresamente que la desaparición de la causa original del derecho de uso constituye motivo suficiente para resolver el contrato relativo a estas viviendas militares. El tribunal explicó que cualquier cambio en la situación administrativa del ocupante que suponga la desaparición de la causa inicial—en este caso, el final de la condición de militar en activo—implica también la extinción automática del contrato de uso del inmueble.

El objetivo de la concesión de este tipo de viviendas, según el tribunal y tal como publicó el TSJMU, consiste en facilitar la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas durante su periodo de servicio activo. Al cesar esa condición, desaparece el fundamento legal que permitió la adjudicación de la vivienda. La sentencia recoge literalmente una cita del Tribunal Supremo: “al quedar suspendida la condición militar del ocupante se ha producido una desaparición sobrevenida de la causa que motivó la adjudicación del uso de la vivienda”.

El tribunal descartó la posibilidad de que el paso del recurrente a otros trabajos para la administración pública pueda mantener o restaurar el derecho sobre la vivienda. El TSJMU sostuvo que este derecho queda circunscrito al momento en que la persona mantiene la condición de militar en activo y no se extiende a otras situaciones administrativas o laborales diferentes.

El fallo del TSJMU considera legales las actuaciones previas del INVIED y rechaza todos los argumentos del recurso planteado por el demandante, quien deberá abonar además las costas procesales. Tal como detalló el TSJMU, la decisión todavía no es firme: existe la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si se acredita interés casacional en el asunto.

Entre los nombres de las víctimas mortales, figuran figuras de relevancia nacional, como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, además de altos mandos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad, según la información difundida por medios estatales iraníes. Las autoridades han informado la cifra de más de 1.500 fallecidos a raíz de la ofensiva, lo que subraya el alcance y consecuencias de los ataques. De acuerdo con la agencia de noticias iraní ISNA, al menos tres personas murieron y otras 12 resultaron heridas en el ataque perpetrado el martes contra la mezquita de Huseiniye Azam, un reconocido centro religioso ubicado en Zanyán, al noroeste de Irán.

El medio ISNA informó que la agresión, atribuida a fuerzas extranjeras y calificada como un "ataque del régimen sionista-estadounidense contra un recinto administrativo de la mezquita", desencadenó una intensa respuesta de los servicios de emergencias, quienes trasladaron a los heridos a diferentes hospitales cercanos y continúan la búsqueda entre los escombros, ante la posibilidad de hallar nuevas víctimas. Según publicó ISNA, la operación de rescate se mantiene activa debido a la incertidumbre sobre potenciales personas atrapadas o fallecidas adicionales.

Paralelamente, la agencia detalló que este mismo martes el Ejército de Israel dio a conocer la conclusión de una nueva oleada de ataques contra infraestructura vinculada al gobierno iraní en Teherán. Israel comunicó la realización de bombardeos en la capital iraní, y se reportaron apagones en varias áreas de la ciudad. Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de heridos o muertos en estos incidentes, conforme a los datos proporcionados por las autoridades.

Además, la agencia de noticias Fars recogió declaraciones de funcionarios locales que señalaron la existencia de más ataques en la provincia central de Isfahán. Las acciones se dirigieron hacia zonas militares, aunque, al igual que en Teherán, no se han especificado cifras de víctimas ni detalles sobre los daños materiales o el estado de las instalaciones afectadas.

En relación a la ofensiva mayor, fuentes oficiales iraníes confirmaron la cifra superior a los 1.500 fallecidos, entre los que destacan figuras políticas y militares de primer orden. La agencia ISNA enfatizó que estos decesos comprenden tanto responsables de alto rango del aparato estatal y de seguridad, como otras personas afectadas por la escalada de violencia.

La mezquita de Huseiniye Azam, escenario del ataque más reciente, es uno de los recintos musulmanes más conocidos en la región noroeste de Irán. Según ISNA, la tensión derivada de los últimos eventos se intensificó a raíz de estas agresiones atribuidas en medios oficiales a Estados Unidos e Israel, lo que ha impulsado una gran movilización de los recursos de emergencia y de las fuerzas de seguridad en amplias zonas del país.

Las autoridades no han ofrecido aún un balance definitivo respecto al número total de afectados ni han indicado posibles próximos pasos, a la espera de que concluyan las operaciones de socorro e investigación en las áreas atacadas. El equipo de emergencia, según ISNA, mantiene actividades enfocadas en la localización de más víctimas y en la estabilización del entorno de la mezquita, mientras la población local permanece bajo medidas de seguridad reforzadas tras los hechos.

Las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno español han impedido que aviones implicados en la operación 'Furia Épica' utilicen tanto las bases de Rota y Morón como el espacio aéreo de España en relación con el conflicto en Irán. Según informó Europa Press, la ministra de Defensa Margarita Robles declaró que estas restricciones fueron comunicadas de manera directa y clara a las autoridades estadounidenses desde el inicio de la operación. A partir de estos hechos, la Casa Blanca sostuvo que Estados Unidos está cumpliendo o superando sus objetivos militares en el marco de la misión lanzada junto a Israel y que no precisa colaboración de España ni de ningún otro país.

De acuerdo con Europa Press, fuentes oficiales de la Casa Blanca afirmaron este lunes que la Administración Trump "no necesita ayuda de España ni de nadie más" para avanzar con sus acciones militares en la llamada operación 'Furia Épica'. El medio detalló que estas declaraciones se produjeron después de que el Gobierno español cerrara el espacio aéreo y las instalaciones militares utilizadas habitualmente por Estados Unidos en territorio nacional ante lo que definió Robles como una guerra "profundamente ilegal e injusta".

La ministra subrayó en sus declaraciones recogidas por Europa Press que la negativa española se trasladó desde el primer momento tanto a la parte estadounidense como a las fuerzas armadas de ese país. El Gobierno de España decidió no autorizar la utilización de sus bases ni el tránsito por su espacio aéreo para ninguna acción vinculada al conflicto en Irán. Robles recalcó que la postura se mantuvo invariable: "ni se autorizan las bases, ni por supuesto se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán".

Europa Press consignó que, pese al cierre de las rutas militares sobre territorio español y la clausura de las facilidades en Rota y Morón, el ejecutivo estadounidense aseguró que las fuerzas armadas mantienen su capacidad de alcanzar los objetivos planteados en la región de Oriente Medio. Las fuentes de la Casa Blanca aludieron específicamente al progreso logrado en la operación conjunta con Israel y descartaron la necesidad de apoyo externo para continuar con sus acciones.

La decisión española, informada tanto públicamente como en vías diplomáticas, forma parte de una respuesta inédita frente a operaciones militares internacionales impulsadas por Washington en las últimas décadas. Rota y Morón, bases estratégicas dentro de la colaboración bilateral entre España y Estados Unidos, permanecen así fuera de uso para cualquier actividad relacionada con la ofensiva militar en Irán.

La operación 'Furia Épica', señalada por Europa Press como el nombre de la acción liderada por Estados Unidos e Israel, se refiere a los actuales ataques u operaciones desarrollados contra objetivos en Irán. Si bien Estados Unidos ha recurrido en ocasiones anteriores a infraestructura europea para dar soporte logístico a su actividad militar en Oriente Medio, esta vez las autoridades estadounidenses recalcaron su suficiencia logística propia.

Europa Press destacó que la respuesta americana busca subrayar la autonomía de acción de sus fuerzas, aún en ausencia de colaboración europea o española específicamente. A su vez, la administración Trump defendió que el despliegue actual y el desarrollo de la campaña militar no se ven afectados por la postura del Gobierno español de limitar el uso de sus recursos territoriales y aéreos.

La posición de España responde a cuestionamientos legales y éticos sobre la legitimidad de la operación 'Furia Épica'. En palabras de Robles, el Gobierno español considera que la intervención militar “es profundamente ilegal e injusta”, lo que motivó la adopción de medidas restrictivas inmediatas. La ministra enfatizó que la decisión fue notificada a las instituciones estadounidenses de forma inequívoca y sin margen para interpretaciones.

Según la información publicada por Europa Press, la coordinación entre Estados Unidos e Israel dentro de la citada operación continúa al margen de la negativa española. Las fuentes americanas reiteraron que los resultados alcanzados por sus fuerzas corroboran la efectividad de sus capacidades sin necesidad de apoyos adicionales de países aliados, remarcando que las metas operativas establecidas en el conflicto se mantienen o han sido superadas.

España y Estados Unidos mantienen desde hace décadas un acuerdo bilateral que regula la utilización de las bases de Rota y Morón, utilizadas tanto por fuerzas estadounidenses como por el escudo antimisiles de la OTAN y otros despliegues logísticos en la región. No obstante, el Gobierno español hizo excepciones en esta ocasión, bloqueando todo uso vinculado a la intervención contra Irán, lo que introduce un nuevo precedente en la política de colaboración militar bilateral, según consignó Europa Press.

En el escenario internacional, la decisión de España ha sido vista, según lo consignó el medio, como una declaración política de distancia respecto a la estrategia militar estadounidense y un refuerzo del principio de no intervención ante acciones que no cuenten con consenso internacional. La Casa Blanca, por su parte, mantiene la postura de que las operaciones militares actuales no dependen de la disponibilidad de respaldos o rutas logísticas españolas ni europeas, dado el alcance y los medios propios de sus fuerzas armadas desplegadas en la zona de conflicto.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó esta mañana que dos integrantes de Sendero Luminoso fueron abatidos durante una operación militar en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta, Ayacucho, en el VRAEM. El operativo se realizó el 29 de marzo con participación de la Fuerza Especial Conjunta, el Comando Especial del VRAEM, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Según el documento oficial, los abatidos fueron identificados como “David”, miembro del Comité Central de Sendero Luminoso en el VRAEM, y “Ramírez”. Además, se incautó una ametralladora MAG calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm.

Las fuerzas armadas anunciaron que continuarán intensificando las operaciones contra las columnas terroristas en la región y aseguraron que las patrullas actúan bajo la legislación vigente y el respeto a los derechos humanos.

Sendero Luminoso llamó a boicotear las elecciones

La operación del Comando Conjunto contra Sendero Luminoso se produjo a menos de dos semanas de las Elecciones Generales 2026, las mismas que la organización terrorista llamó a boicotear el año pasado en un comunicado difundido en la zona.

El documento, firmado por el denominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), contenía descalificaciones contra la expresidenta Dina Boluarte, a quien llamaron “pelele”, y contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien acusan de “asesina”.

Los remanentes del grupo subversivo maoísta acusaron al Estado de mantener un gobierno al servicio de intereses ajenos a la población y califican los procesos electorales como mecanismos para “legitimar a los nuevos hambreadores y degolladores del pueblo”.

“¿Para qué sirve el Congreso peruano? Los 130 rufianes de saco y corbata solo sirven para establecer y aprobar leyes que dejan impunes a los genocidas de masas desarmadas, blindan a los corruptos y criminalizan las justas protestas populares”, se lee en la misiva. También atacan a los partidos tradicionales al afirmar que “están podridos hasta los tuétanos en la corrupción”.

Capturan a lider del narcotráfico en el VRAEM

El pasado 12 de marzo, la PNP informó que logró la captura de una mujer señalada como líder de un clan dedicado al tráfico ilícito de drogas por medio de una modalidad que las autoridades consideran recurrente: dividir grandes cargamentos en partes más pequeñas para sacarlos del país.

La intervención ocurrió a inicios de febrero, pero la confirmación oficial apareció recién después de revisar los detalles del operativo y asegurar la cadena de custodia de la droga incautada. La protagonista del caso es Nena Soto Contreras, conocida en los informes policiales como “La viuda negra”, natural de Santa Rosa, provincia de La Mar, región Ayacucho.

Según información proporcionada por fuentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) al diario La República, Soto Contreras, de 45 años, dirigía un grupo familiar dedicado al transporte de cocaína desde zonas de producción del Vraem hacia rutas que conducen a la frontera con Bolivia.

La detención se produjo el 2 de febrero durante un operativo policial en el peaje Huillque, ubicado en el distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, en la región Cusco. En ese punto, agentes antidrogas interceptaron un automóvil Mazda gris con placa BUS-159.

El vehículo figura registrado a nombre de la pareja de Soto Contreras. Durante la intervención, la mujer cuestionó el procedimiento policial y expresó su rechazo ante la acción de los agentes.

Durante la inspección, los policías levantaron los asientos del piloto y copiloto. En ese punto detectaron que una pieza metálica no coincidía con el diseño original del automóvil. Al desmontar la estructura apareció un compartimento oculto. Dentro de ese espacio se encontraban 60 paquetes de cocaína prensada, conocidos en el lenguaje del narcotráfico como “ladrillos”.

El general Min Aung Hlaing, quien encabezó las Fuerzas Armadas de Birmania durante más de una década y lideró el golpe militar de 2021, figura como uno de los dos candidatos a la Vicepresidencia propuestos por la Cámara Baja, informaron medios estatales según consignó la prensa internacional. Este paso se da en medio de expectativas crecientes sobre la inminente votación parlamentaria que determinará al nuevo presidente del país, en un contexto marcado por enfrentamientos armados internos y cuestionamientos internacionales a los recientes comicios. Según reportó el medio original, la dimisión de Hlaing busca despejar el camino para su eventual nombramiento como jefe de Estado.

De acuerdo con la información publicada, el general de 69 años presentó su renuncia al liderazgo de la junta militar este lunes. La decisión corresponde a una estrategia política en la que su nombre figura en la selección de candidatos que el Parlamento birmano, recién renovado tras las elecciones de enero, deberá votar en los próximos días. Medios nacionales y estatales informaron en directo que “el general Min Aung Hlaing ha sido propuesto como candidato a la Vicepresidencia”, una confirmación recogida por el diputado Kyaw Kyaw Htay, identificado con el sector militar. Al respecto, la Cámara Alta también deberá nominar a su propio candidato, completando así un total de tres aspirantes al cargo de presidente, entre quienes el Parlamento tomará una decisión aún sin fecha establecida.

El anunció llega tras la celebración de los primeros comicios desde el golpe de Estado de febrero de 2021. Según publicó la fuente, estas elecciones estuvieron rodeadas por la violencia vinculada a la guerra civil que atraviesa Myanmar y por graves denuncias sobre la legitimidad del proceso electoral. El Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, apoyado por los militares, obtuvo la victoria, aunque organismos internacionales de Derechos Humanos han emitido críticas por irregularidades y exclusión de grupos opositores. A pesar de la polémica, la asamblea nacional se reunió para elegir a las nuevas autoridades, abriendo la puerta a que Hlaing, tras dejar el liderazgo militar, pueda acceder a la máxima magistratura civil.

Tal como detalló el medio, el viernes pasado la junta hizo pública una serie de modificaciones en la cúpula castrense del país, con la promesa de anunciar los nombramientos tras el gran desfile militar previsto para este viernes. Estos cambios se suman a la incertidumbre política instalada pocos días antes de que el Parlamento decida sobre la presidencia, intensificando las tensiones entre los actores políticos y militares, así como en el conjunto de la sociedad birmana.

El golpe de Estado de 2021 se justificó, según indicó oficialmente el propio Ejército, en supuestas irregularidades cometidas en las elecciones generales de noviembre de 2020, donde la Liga Nacional para la Democracia, liderada por Aung San Suu Kyi, había obtenido una abrumadora mayoría parlamentaria. Aquella afirmación resultó cuestionada rápidamente por varios observadores internacionales, quienes no detectaron pruebas de fraude electoral. En los meses sucesivos a la toma del poder por la fuerza, se desplegó una intensa represión sobre opositores políticos, activistas civiles y participantes en protestas multitudinarias, con cientos de muertos y miles de detenidos.

La situación interna se agravó, según consignó la fuente, debido al aumento de los enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y numerosas milicias rebeldes, especialmente en estados del noreste, fronterizos con China, así como en el estado de Rajine, ubicado en el oeste del país. Estos choques armados han provocado desplazamientos masivos de la población y fortalecido el clima de inestabilidad. Paralelamente, organizaciones internacionales han incrementado la presión sobre la junta, destacando preocupaciones sobre la exclusión política, la persistencia de la violencia y la ausencia de garantías democráticas en el proceso político en curso.

De acuerdo con la cobertura de los medios birmanos, la nominación de Min Aung Hlaing como posible presidente representa la continuación de la influencia militar en la esfera civil, pese a la supuesta transición hacia un gobierno electo. Sobre el calendario político e institucional próximo, se mantiene la expectativa de que el resultado de la votación parlamentaria defina si el hasta ahora hombre fuerte de la dictadura militar pasa a ocupar legalmente la jefatura de Estado, consolidando el dominio castrense por vías formales tras la crisis abierta hace más de tres años.

Durante una conversación con su par turco Yasar Güler, el ministro iraní de Defensa en funciones, Majid Ibn al Reza, expresó que su país se encontraba involucrado en un proceso de negociación con Washington cuando se produjo el ataque sorpresa efectuado por Estados Unidos e Israel. Así lo publicó la cadena estatal IRIB, que recogió las declaraciones del funcionario en un contexto en el que Ankara impulsa nuevas rondas de conversaciones indirectas entre ambos gobiernos tras los incidentes militares de febrero.

De acuerdo con la información difundida por IRIB, Ibn al Reza enfatizó que la República Islámica de Irán accedió a dialogar con EEUU a pesar de la desconfianza y la hostilidad manifiesta, en un intento por alejar la amenaza de un conflicto en la región. Según manifestó el ministro citado por la cadena iraní, la disposición de Teherán para negociar perseguía demostrar su buena voluntad y consideración hacia los países vecinos mediante la vía diplomática.

El ministro declaró que “las Fuerzas Armadas iraníes continuarán utilizando todas sus fuerzas para castigar severamente a los agresores”, y que la política de represalia tiene como objetivo consolidar una “disuasión efectiva” que prevenga la repetición de situaciones de guerra y agresión. La cadena IRIB consignó que esta postura responde a los ataques realizados por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero, los cuales, según afirmó el ministro, limitaron las opciones de Irán y forzaron una respuesta en defensa propia.

Distintos medios han informado que Pakistán se prepara para facilitar contactos diplomáticos entre delegaciones de Estados Unidos e Irán en los próximos días, en un intento por retomar las negociaciones interrumpidas tras los bombardeos. Tal como reportó IRIB, esta mediación cuenta con el respaldo de autoridades turcas, quienes buscan reducir la tensión y restablecer canales de diálogo que permitan evitar una nueva escalada.

Majid Ibn al Reza asumió funciones al frente del Ministerio de Defensa luego de la muerte de su predecesor, Aziz Nasirzadé, ocurrida durante los primeros ataques aéreos llevados a cabo por fuerzas estadounidenses e israelíes al inicio de la ofensiva. Según indicó el propio Ibn al Reza en la conversación con su homólogo turco, la pérdida de Nasirzadé marcó un punto de inflexión en la postura iraní, intensificando la determinación de emplear todos los recursos militares del país para asegurar una respuesta contundente ante futuras agresiones.

IRIB también recogió el mensaje del ministro iraní en el que subrayó que la estrategia de "castigo severo" busca proteger no sólo la soberanía iraní, sino también la estabilidad general de la región, procurando que el ciclo de hostilidades iniciado el 28 de febrero no se repita. La cadena destacó la insistencia de Ibn al Reza en que la política defensiva iraní está guiada por el principio de disuasión, mientras continúan las gestiones diplomáticas impulsadas por Turquía para canalizar una solución negociada.

Las menciones a Estados Unidos e Israel como responsables directos del ataque fueron reiteradas en las declaraciones del ministro, quien reiteró que Teherán seguirá adelante con su enfoque represivo tras los incidentes militares recientes. Según detalló IRIB, la mediación internacional a través de Ankara busca crear un marco donde ambas partes puedan abordar sus desacuerdos sin recurrir a la vía armada, aunque los responsables de Defensa iraníes insisten en que el uso de la fuerza seguirá presente como elemento disuasorio mientras persista el riesgo de nuevas agresiones.

De acuerdo con los datos reportados por la Media Luna Roja iraní, la serie de bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel ha producido daños en más de 100.000 edificaciones civiles, una cifra que incluye casi 40.000 estructuras afectadas en la capital del país, Teherán. Además, las ofensivas han impactado unas 600 escuelas y cerca de 300 centros de salud solo en el transcurso de las últimas cuatro semanas. Este contexto de destrucción masiva se vincula con la advertencia oficial de represalias emitida este domingo por el Ejército de Irán.

Según informó la agencia Fars, el portavoz del mando Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, anunció públicamente que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán priorizarán como blancos las residencias de altos mandos y funcionarios políticos tanto de Estados Unidos como de Israel ubicados en Oriente Próximo y los territorios ocupados. Zolfaqari definió esta medida represiva como una respuesta directa a los bombardeos ejecutados contra “las residencias del pueblo iraní en diversas ciudades”. Las declaraciones realizadas por el portavoz del alto mando militar se inscriben en un marco de creciente tensión y de balance provisional de víctimas: el Ministerio de Sanidad de Irán ha elevado recientemente a 2.076 el número de fallecidos, además de cifrar en 26.500 los heridos por los ataques.

Tal como detalló la agencia Fars, la decisión iraní se presenta como un acto de represalia por lo que denominan “las atrocidades y hechos terroristas” llevados a cabo por “enemigos estadounidenses-sionistas”. Los bombardeos, iniciados el 28 de febrero, han dejado cuantiosas víctimas civiles y militares en diferentes localidades del país bajo gobierno de los ayatolás. El medio informa que los operativos de Estados Unidos e Israel han sido atribuidos como desencadenantes directos tanto de la destrucción de infraestructura como del saldo de víctimas humanas.

En relación con las cifras de bajas, la ONG Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRA) sostiene que desde el inicio de las operaciones militares se han contabilizado 1.551 civiles fallecidos, entre quienes se incluyen 236 menores de edad. A esto se suman 1.208 víctimas mortales entre el personal militar y 702 fallecidos todavía no clasificados, lo que eleva el total a 3.461 decesos desde el 28 de febrero, según publicó la HRA. Mientras tanto, el registro oficial del Ministerio de Sanidad iraní reporta números significativamente superiores, atribuyendo más de 2.000 muertes a la serie coordinada de bombardeos.

El medio Fars destaca que las afirmaciones del portavoz militar integran una escalada discursiva en el contexto de los recientes ataques. Según remarcó Zolfaqari, “las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacarán las residencias de los comandantes y funcionarios políticos estadounidenses y sionistas en la región y los territorios ocupados”. Esta declaración deja en evidencia la orientación del mando iraní hacia objetivos específicos en respuesta a las acciones militares extranjeras, profundizando el clima de confrontación regional.

La Media Luna Roja iraní también informó sobre el alcance de los daños materiales derivados de los ataques sobre el territorio nacional. Más de 100.000 edificios presentan destrucción o daños estructurales, con una proporción importante de propiedades localizadas en Teherán. Fuentes de esta organización agregaron que cerca de 40.000 edificaciones afectadas corresponden exclusivamente a la capital. Además, instituciones educativas y centros de salud figuran de forma destacada entre las infraestructuras impactadas: aproximadamente 600 escuelas y 300 instalaciones sanitarias han resultado dañadas en menos de un mes.

A medida que se suceden informes oficiales y de entidades humanitarias, tal como consignó Fars, la magnitud de la crisis humanitaria y el grado de destrucción se tornan elementos centrales en la administración de la respuesta militar anunciada por Irán. Los comunicados difundidos subrayan la posición mantenida por el liderazgo iraní de responder “proporcionalmente” y orientar estos actos hacia blancos asociados con la toma de decisiones y el mando político-militar de los países a quienes se responsabiliza por la ofensiva.

Al esbozar la directriz estratégica de la reacción, Zolfaqari insistió, según publicó la agencia Fars, en que las medidas adoptadas obedecen a la política de represalia nacional frente a lo que describen como acciones hostiles cometidas por los aliados Washington-Tel Aviv. De acuerdo con este planteamiento, la amenaza de acometer ataques a residencias particulares de líderes estadounidenses e israelíes en Oriente Próximo y áreas bajo ocupación constituye una respuesta a la afectación sufrida en espacios habitados y utilizados por la población civil iraní.

Reportes paralelos de la ONG HRA y la Media Luna Roja exponen discrepancias en el balance de víctimas mortales, aunque ambos organismos remarcan el impacto sobre la población no combatiente y la gravedad de los daños sobre centros vitales para el funcionamiento social del país, incluyendo escuelas y hospitales. Este escenario, detalló la agencia Fars, ha sido utilizado por representantes militares y civiles iraníes como argumento para legitimar la amenaza de una escalada de represalias selectivas.

Los datos acumulados desde el 28 de febrero, según el seguimiento de organizaciones de derechos humanos y entidades estatales, reflejan el efecto devastador de los bombardeos y el impacto en áreas densamente pobladas por civiles. La respuesta de las autoridades iraníes ha incluido la publicación frecuente de balances y la transmisión de comunicados alertando sobre nuevas acciones militares, según han informado Fars y otros medios locales.

Finalmente, el aumento de la tensión en la región y la declaración de intenciones emitida por el mando militar iraní generan un escenario en el que las repercusiones sobre la seguridad de líderes estadounidenses e israelíes adquieren centralidad. Tal como publicaron las autoridades citadas por la agencia Fars, las eventuales ofensivas se presentan como una respuesta directa y declarada ante la dimensión de los daños sufridos por la población y la infraestructura de Irán.

El Ministerio de Defensa kuwaití informó que almacenes pertenecientes a una empresa privada de logística también resultaron afectados durante los recientes ataques, aunque solo se registraron daños materiales en esas instalaciones y no hubo víctimas entre el personal. Según consignó el medio, Kuwait enfrenta actualmente una escalada de agresiones tras el comienzo de las operaciones militares iraníes de represalia, iniciadas el 28 de febrero.

De acuerdo con la información divulgada por el portavoz del Ministerio de Defensa, coronel Saud Abdulaziz al Atuán, se identificaron catorce misiles balísticos y doce drones ingresando al espacio aéreo de Kuwait durante las últimas 24 horas. El funcionario precisó que varios de estos proyectiles impactaron en uno de los campamentos de las Fuerzas Armadas kuwaitíes, con saldo de diez militares heridos. “Los heridos están recibiendo el tratamiento necesario”, confirmó Al Atuán, citado por diferentes agencias. También detalló que, pese a los daños en otras infraestructuras como almacenes logísticos, no hubo víctimas adicionales fuera del personal militar.

Según publicó el medio, la sucesión de ataques iraníes ha incrementado la presión sobre el sistema defensivo de Kuwait. Desde el 28 de febrero, las autoridades han documentado la presencia de 307 misiles balísticos, dos misiles de crucero y un total de 616 drones volando en el espacio aéreo nacional. De acuerdo con Al Atuán, estos episodios han motivado la intensificación de las medidas de defensa y vigilancia en torno a instalaciones militares y puntos estratégicos del país.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Defensa, la prioridad de las Fuerzas Armadas radica en garantizar la seguridad y estabilidad del territorio nacional. “Los miembros de las fuerzas armadas continúan desempeñando sus funciones con un alto nivel de preparación y disciplina, reafirmando su firme compromiso con la protección de la patria y la preservación de su seguridad y estabilidad”, afirmó Al Atuán.

De acuerdo con la cobertura del medio, la oleada de ataques ha puesto a prueba el equipamiento y la capacidad de respuesta militar kuwaití. Más allá de las lesiones sufridas por miembros del ejército, el impacto en infraestructuras logísticas privadas plantea nuevos desafíos en términos de protección de activos esenciales.

El Ministerio de Defensa manifestó que monitorea constantemente la situación y que se encuentra en estado de alerta máxima. Las autoridades repitieron el llamado a la calma, mientras los equipos médicos continúan prestando atención a los heridos y las unidades técnicas evalúan los daños materiales. Según reportó el medio, las instituciones responsables priorizan la revisión de protocolos de defensa y la coordinación entre las diferentes ramas de la seguridad nacional para prevenir nuevas afectaciones.

En su comunicación, el coronel Al Atuán insistió en que el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa del país sigue intacto a pesar del incremento en la frecuencia y el alcance de los ataques. La situación se mantiene en observación y las investigaciones sobre el origen preciso y el impacto de los proyectiles permanecen en curso.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, sostuvo que los recientes gestos de diálogo provenientes de Estados Unidos buscan ocultar una posible invasión terrestre al territorio iraní y aseveró que las fuerzas militares de su país están listas para enfrentar tal contingencia. Según consignó el medio IRIB y citó Qalibaf en su intervención difundida este domingo, “el enemigo envía abiertamente mensajes de negociación y diálogo, pero secretamente planea un ataque terrestre. Ignora que nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales”. Así, el legislador, quien además cuenta con experiencia como antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, afirmó que el estamento militar y político de la República Islámica no considera legítima la vía diplomática que, en su perspectiva, sería una maniobra de Estados Unidos para encubrir posibles preparativos bélicos.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, reiteró una postura de firmeza frente a la posibilidad de una incursión estadounidense. De acuerdo con la retransmisión de su discurso por la televisión estatal IRIB, Zolfaqari manifestó que “los comandantes y militares estadounidenses serán pasto de los tiburones del golfo Pérsico”. Ante las amenazas de acciones militares sugeridas por el expresidente Donald Trump, el vocero militar afirmó que “los guerreros del Islam llevan esperando mucho tiempo algo así para demostrar que la agresión y la ocupación solo traerá capturas humillantes, mutilaciones y desaparición del agresor”.

Zolfaqari hizo hincapié en que, desde la visión iraní, el actual presidente de Estados Unidos únicamente responde a un enfoque de fuerza. Según declaraciones retransmitidas por IRIB, el funcionario recomendó al mandatario estadounidense “estudiar la historia de Irán” y advirtió que la amenaza de una ocupación americana –a la que calificó de “quimera”– ha preparado a los militares iraníes para responder violentamente a cualquier operación terrestre. En palabras directas citadas por la emisora oficial, Zolfaqari concluyó: “Estamos contando los minutos para aniquilar vuestro ejército”.

El medio IRIB también recogió que la advertencia de Zolfaqari se enmarca en un contexto de tensión crecientes motivadas por los mensajes de Washington. A raíz de recientes declaraciones en las que el exmandatario Donald Trump sugirió posibles operaciones en territorio iraní, las autoridades militares de Teherán elevaron el nivel de alerta y comunicaron públicamente la disposición de las fuerzas armadas para actuar de inmediato ante cualquier movimiento estadounidense.

El ejército iraní ha sostenido que cualquier intervención estadounidense en la zona sería interpretada como un acto suicida, prometiendo represalias contundentes y una respuesta que sobrepasaría el ámbito estrictamente militar. Según la información difundida por IRIB, los altos mandos castrenses resaltaron que ya existe un dispositivo de defensa preparado para repeler ataques de gran escala en el Golfo Pérsico y en las fronteras nacionales.

Zolfaqari, al mencionar la disposición de las tropas bajo su mando, alertó en su mensaje televisado que la agresión no solo resultaría en bajas estadounidenses sino que marcaría un precedente negativo para todos los aliados regionales de Washington. La televisión pública IRIB informó también que parte de la estrategia de defensa iraní contempla la rápida movilización de recursos y personal militar ante cualquier indicio de movimiento hostil.

En el Parlamento, la postura de Qalibaf encontró eco entre parlamentarios alineados con el sector conservador, quienes advirtieron que el dispositivo militar iraní cuenta con sistemas de alerta temprana y líneas de coordinación activa con las fuerzas de seguridad, diseñadas para anticipar e impedir cualquier acceso terrestre no autorizado. IRIB detalló que los discursos transmitidos buscan reforzar la percepción de preparación y determinación frente a cualquier intento de confrontación directa.

La acusación de Qalibaf sobre intenciones encubiertas de Estados Unidos fue acompañada por una exhortación dirigida a la ciudadanía iraní y a los sectores del aparato estatal para permanecer vigilantes y cohesionar el respaldo en torno a las fuerzas armadas. Según publicó IRIB, el presidente del Parlamento llamó a rechazar lo que interpretó como maniobras psicológicas por parte del adversario, enfatizando que “los hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses para atacarlos y castigar para siempre a sus aliados regionales”.

En síntesis, la postura oficial, detallada por la televisión estatal y figuras de alto rango como Zolfaqari y Qalibaf, no deja espacio para el diálogo ni para soluciones diplomáticas en la fase actual de tensiones. Según reportó IRIB, la República Islámica ha reforzado su narrativa de firmeza militar, considerando inminente la posibilidad de enfrentamientos en caso de que Estados Unidos avance con sus amenazas sobre territorio o intereses iraníes en la región del Golfo Pérsico.

La identidad del soldado israelí fallecido en el sur de Líbano fue confirmada como Moshe Yitzchak Hacohen Katz, de 22 años y originario de New Haven, Connecticut, quien servía en el 890.º Batallón de la Brigada de Paracaidistas. Tal como detalló el Ejército israelí a través de un comunicado citado por la prensa internacional, en el mismo incidente resultaron heridos otros tres integrantes de las fuerzas armadas, quienes fueron atendidos tras presentar lesiones calificadas como de gravedad moderada. El contexto de estos hechos es el avance de la ofensiva israelí contra posiciones en el sur del país vecino, en una escalada que ha dejado un número creciente de víctimas tanto entre militares como civiles a ambos lados de la frontera.

Según publicó el medio citado, el fallecimiento y las heridas ocurridas en el sur del Líbano forman parte de un patrón de enfrentamientos continuos en la región. El Ejército israelí informó que las familias tanto del soldado muerto como de los heridos ya han recibido la notificación correspondiente. El parte militar precisa que la evacuación de los tres heridos se realizó de forma inmediata para que pudieran recibir atención médica especializada. El informe añade que este no ha sido el único incidente registrado recientemente: el sábado por la mañana, las Fuerzas Armadas reportaron que un oficial de combate israelí resultó gravemente lesionado y otros seis soldados sufrieron heridas leves a causa del lanzamiento de cohetes dirigido contra las tropas que se encontraban desplegadas en el sur libanés.

En jornadas previas, el Ejército también comunicó que otro oficial resultó gravemente herido el viernes tras el impacto de un misil antitanque durante un enfrentamiento en la misma área. Desde el inicio de la actual ofensiva de Israel en territorio libanés, que comenzó a principios de marzo según el recuento oficial del Ejército israelí, al menos cinco soldados de esta nacionalidad han perdido la vida en el sur de Líbano.

En relación con la dimensión regional del conflicto, el partido milicia-chií libanés Hezbolá comunicó el sábado que fuerzas militares de Israel han alcanzado la ribera sur del río Litani. Este punto representa un objetivo estratégico señalado por Hezbolá en su campaña contra posiciones israelíes y forma parte de la justificación anunciada para los recientes ataques contra territorio libanés. Según el último balance divulgado por las autoridades gubernamentales libanesas, las acciones militares en suelo libanés han causado la muerte de aproximadamente 1.200 personas, sumando tanto combatientes como civiles. El medio detalló que el conflicto en la zona sigue experimentando una escalada, intensificándose los combates y los intercambios de fuego transfronterizo.

El reporte difundido por la prensa internacional señala que la confrontación directa entre las fuerzas de Israel y Hezbolá en el sur del Líbano responde a una serie de mutuos ataques, principalmente contra posiciones militares y, en ocasiones, con consecuencias para poblaciones civiles en ambos países. Las autoridades militares israelíes han puesto énfasis en que la ofensiva en marcha tiene como propósito neutralizar amenazas y evitar el lanzamiento de cohetes y misiles hacia territorio israelí, mientras que Hezbolá sostiene que sus operaciones buscan repeler la presencia y los avances israelíes más allá de las posiciones reconocidas internacionalmente.

Tal como consignó el medio de referencia, el suceso que costó la vida del sargento Katz tuvo lugar en un contexto donde los incidentes graves para el Ejército israelí se han intensificado, tanto en cantidad como en impacto. Una serie de ataques recientes ha aumentado la presión sobre los mandos de ambos bandos, dado el creciente número de víctimas y la prolongación del conflicto a lo largo de la línea de frontera entre Israel y Líbano.

El recuento oficial proporcionado por las autoridades castrenses israelíes desde marzo no solo da cuenta de los militares fallecidos, sino también de la magnitud de los enfrentamientos y de los riesgos inherentes a la operación sobre suelo libanés. El despliegue de fuerzas israelíes en la región se ha visto acompañado por una sucesión de enfrentamientos con Hezbolá, que ha reivindicado la autoría de varios de los ataques con cohetes y misiles antitanque registrados durante los últimos días.

El informe publicado por la prensa internacional reafirma que la tensión entre Israel y Hezbolá permanece alta, con cada parte atribuyéndose acciones defensivas dentro de lo que consideran sus propias estrategias militares, mientras la población local de ambos lados convive con los efectos derivados de bombardeos, intercambios de fuego y desplazamientos forzados.

La reciente ofensiva militar ecuatoriana contra explotaciones mineras ilegales en las cercanías de Tulcán, provincia de Carchi, se enmarca en un contexto de creciente tensión en la frontera con Colombia tras una investigación conjunta sobre la posible incursión de un proyectil ecuatoriano en territorio colombiano. Según informó el Ejército de Ecuador en sus canales oficiales, estos bombardeos forman parte de una operación de gran envergadura orientada a combatir actividades mineras ilícitas en la zona fronteriza y a responder a los riesgos ambientales y de seguridad asociados a estas prácticas.

De acuerdo con lo publicado por el Ejército ecuatoriano, las operaciones realizadas el viernes incluyeron el despliegue de armamento combinado. Las fuerzas emplearon tropas especializadas y recurrieron al uso de morteros, helicópteros de combate y vehículos blindados con el fin de desarticular emplazamientos identificados de minería ilegal. El objetivo principal, según consignó la comunicación castrense reproducida por el medio, consiste en frenar el avance de las redes dedicadas a la extracción aurífera no autorizada, que han proliferado en la frontera norte del país.

El medio detalló que las autoridades militares han alertado sobre las consecuencias derivadas de la minería ilegal para el entorno y la seguridad regional. Según información oficial, estas explotaciones provocan un “grave impacto ambiental”, entre los que se enumeran contaminación de fuentes de agua y la vulneración de la integridad de la zona limítrofe con Colombia. Las fuentes consultadas subrayaron que estas operaciones ilícitas no solo erosionan ecosistemas frágiles, sino que también facilitan la presencia de grupos armados dedicados a actividades delictivas transfronterizas.

Los ataques contra posiciones mineras ilegales ocurren después de una semana marcada por la crisis diplomática, en la que el presidente Gustavo Petro de Colombia relató que un proyectil, presuntamente disparado desde Ecuador durante actividades militares, habría alcanzado accidentalmente territorio colombiano. El gobierno ecuatoriano rechazó esta versión, argumentando que la acción militar se centró en grupos criminales presentes en la frontera, y que cualquier incursión correspondiente resultó de un rebote accidental de unos 210 kilómetros desde suelo ecuatoriano, como demostró posteriormente una comisión bilateral que investigó el incidente, según reportó el medio.

En respuesta al episodio, se produjo un intercambio de declaraciones entre los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro, lo que trajo al centro del debate las discrepancias históricas entre ambos gobiernos respecto al control de la frontera y la cooperación en materia de seguridad. La comisión establecida por ambos estados concluyó que el objetivo del proyectil no era territorio colombiano, hecho que contribuyó a matizar las tensiones, aunque no disipó por completo las reservas diplomáticas existentes.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han encuadrado los operativos actuales en una estrategia más amplia de recuperación de la soberanía nacional en la zona norte, donde la proliferación de la minería ilegal ha coincidido con un aumento de incidentes violentos y amenazas al tejido social, según consignó el Ejército. A través de sus comunicados, las autoridades han insistido en la necesidad de mantener la presencia militar para garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino también la integridad ambiental y la prevención de incursiones de organizaciones delictivas extranjeras.

El medio ha recogido las preocupaciones de los mandos militares sobre la persistencia del problema pese a los esfuerzos realizados. Alude a la dificultad de erradicar completamente las redes dedicadas a la extracción clandestina, debido a la capacidad de adaptación de estos grupos y a la complejidad del entorno geográfico fronterizo.

En este escenario, la colaboración entre Ecuador y Colombia continúa siendo un elemento delicado, influido por los eventos recientes y las respuestas respectivas de sus autoridades. El operativo lanzado por Ecuador se suma a una serie de intervenciones efectuadas en los últimos meses en la frontera, reflejando el recrudecimiento de las estrategias de combate a actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como el medioambiente en la región.

La declaración del portavoz militar de los hutíes yemeníes, Yahya Sari, quien afirmó que el grupo mantiene “el dedo en el gatillo para una intervención militar directa”, precedió al primer ataque de este tipo dirigido por los rebeldes contra el sur de Israel desde Yemen. El incidente, ocurrido en la mañana del sábado, fue relatado por las Fuerzas Armadas israelíes y, según consignó el medio local, el proyectil no ocasionó víctimas. El Ejército israelí comunicó que la interceptación de este misil se da en el marco de un contexto regional tensionado y de amenazas recientes.

Según detalló la prensa israelí, las Fuerzas Armadas atribuyeron el lanzamiento del misil a los hutíes yemeníes, alineados con Irán, estableciendo un nexo directo entre este episodio y el incremento de la presión de los aliados iraníes en la región. La ofensiva marca la primera vez durante la actual escalada que los hutíes atacan territorio israelí, tras la campaña militar que Israel y Estados Unidos emprendieron contra Irán desde el 28 de febrero.

El ataque fue detectado y neutralizado sin que se registraran heridos, confirmó el Ejército de Israel. De acuerdo con la información difundida por los medios israelíes, la maniobra coincidió con declaraciones previas de los portavoces hutíes, quienes expresaron su disposición para sumarse al conflicto en Oriente Próximo de manera directa. El comunicado de Yahya Sari, citado por los mismos medios, subrayó la preparación del grupo armado para ampliar su participación militar.

Tal como informó la prensa, este lanzamiento se produce en medio de la intensificación de las hostilidades en la región y la multiplicación de amenazas de parte de grupos aliados a Irán, que han advertido sobre posibles acciones militares en respuesta a la reciente ofensiva contra la República Islámica. El balance más reciente presentado por fuentes oficiales iraníes y recogido por medios internacionales reportó más de 1.500 fallecimientos a raíz de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

Entre los fallecidos a consecuencia de los bombardeos se encuentran figuras de alto perfil dentro del aparato estatal iraní. Según publicaron medios israelíes, se confirmó la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo; también la del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y la de los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. Otras víctimas incluyen altos mandos de las Fuerzas Armadas y representantes de organismos de seguridad.

La intercepción del proyectil en el sur de Israel y la participación de actores regionales, como los rebeldes hutíes, ilustran el impacto de la reciente ofensiva sobre el equilibrio estratégico en Oriente Próximo. Israel mantiene desplegadas medidas de defensa activa para responder a amenazas provenientes de fuerzas alineadas con Irán, mientras continúan manifestaciones públicas de intención bélica por parte de líderes de milicias aliadas.

La cronología de los hechos apunta a un aumento en la implicación de varias facciones respaldadas por Teherán en el conflicto en Oriente Próximo, especialmente después de la ofensiva lanzada contra la República Islámica. Las informaciones recopiladas por los medios israelíes destacan el cambio en la naturaleza de los ataques y el endurecimiento verbal de los principales actores implicados.

El Ejército de Israel comunicó que los sistemas de defensa permanecen en alerta, mientras fuentes de inteligencia monitorean posibles nuevos lanzamientos desde Yemen u otros puntos de la región. Los canales oficiales en Tel Aviv señalaron la gravedad del lanzamiento, aunque remarcaron que la infraestructura defensiva fue capaz de neutralizar el ataque sin daños adicionales.

De acuerdo con la cobertura proporcionada por los medios israelíes, la reciente acción armada y las declaraciones de los dirigentes hutíes se suman a una secuencia de eventos que ha complicado la situación de seguridad en Oriente Próximo, introduciendo variables adicionales en la respuesta de Israel ante agentes respaldados por Irán.

Las autoridades de Irán han dado a conocer este viernes un incremento del número de víctimas civiles en ataques que afectan a barrios residenciales, revelando que entre los fallecidos se encuentran mujeres, niños y una persona embarazada. Según informó la agencia de noticias iraní Mehr, la región de Kermanshah, en el oeste del país, experimentó la muerte de al menos trece personas, incluidas dos menores de edad, por impactos atribuidos a misiles enemigos en medio de la ofensiva conjunta iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

El medio iraní detalló que los ataques con proyectiles alcanzaron diversas áreas residenciales de la provincia, ocasionando el deceso de cuatro mujeres, una de ellas en avanzado estado de gestación. Además, se reportaron situaciones similares en otras localidades relevantes de Irán: en la ciudad de Isfahán, otras veintiséis personas perdieron la vida, entre las que se contabilizan siete menores, después de un bombardeo ocurrido ese mismo día. En Qom, dieciocho personas murieron a causa de ataques contra edificaciones residenciales, destruyéndose diez viviendas y registrando daños materiales en aproximadamente doscientas cincuenta infraestructuras adicionales.

Según consignó la agencia Mehr, las autoridades locales han sostenido que estos bombardeos se enmarcan en una escalada de violencia derivada de la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos. Desde el inicio de esa operación el 28 de febrero, la cifra total de fallecidos confirmados en Irán supera las mil quinientas personas. Este saldo incluye bajas civiles y militares, así como figuras prominentes en la estructura del Estado y de las fuerzas armadas.

Entre los fallecidos de alto rango figura el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, además del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. También se notificó el fallecimiento de los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente, según publicó la agencia Mehr. Junto a ellos se encuentran militares de alto rango y dirigentes de diversos organismos de seguridad.

La destrucción generada por los ataques, según reportó la agencia, se extiende no solo a la pérdida de vidas sino al daño estructural de numerosas comunidades. Las autoridades locales se encuentran desplegando recursos para atender los efectos inmediatos en la población, mientras se mantiene la alerta por eventuales nuevos ataques.

En los testimonios recogidos por la agencia de noticias Mehr, las autoridades han subrayado la presencia de víctimas infantiles y femeninas entre los fallecidos, resaltando la gravedad del impacto en la sociedad civil. Los datos de habitantes afectados y propiedades dañadas continúan actualizándose a medida que se avanza en las labores de rescate y evaluación en el terreno, de acuerdo con lo comunicado por los portavoces oficiales iraníes.

De acuerdo con el análisis realizado por el medio iraní, los efectos de la ofensiva militar han repercutido en diversas regiones del país, generando una situación de crisis humanitaria, con hospitales y centros de emergencia trabajando al límite para atender a los heridos y desplazados. El ataque a barrios residenciales ha intensificado la preocupación entre las autoridades locales respecto a la seguridad y protección de la población civil frente a los bombardeos.

El impacto ocurrió en cuestión de segundos, frente a peatones que transitaban por la zona y que reaccionaron de inmediato al ver al efectivo tendido sobre el asfalto. En medio del ruido vehicular y la tensión del momento, varias personas intentaron asistirlo mientras se solicitaba ayuda de emergencia. El traslado hacia un centro de salud cercano no logró evitar el desenlace fatal.

La víctima se desplazaba en una motocicleta oficial cuando una camioneta blanca, según las primeras versiones, ejecutó una maniobra de giro en U con dirección al óvalo Arriola. El choque resultó inevitable. La conductora del vehículo fue intervenida en el lugar por efectivos policiales y puesta a disposición de las autoridades.

Detención de la presunta responsable

La Policía identificó a la conductora como Lucía Elizabeth Bedón Herrera, de 53 años, quien quedó detenida tras el accidente. De acuerdo con la información preliminar, la mujer realizó un giro en la intersección con la intención de retornar hacia el óvalo Arriola, momento en el que se produjo el impacto con la motocicleta oficial.

Testimonios recogidos en el lugar señalan que “había volteado; es ahí donde impacta, al parecer, con esta unidad motorizada”. La hipótesis inicial apunta a una posible imprudencia en la maniobra, aunque las autoridades no descartan otros factores.

La investigación se encuentra en curso y contempla la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la zona. Agentes de la comisaría de Apolo y de la unidad de tránsito acudieron al lugar para recabar información y dialogar con testigos.

Un impacto que generó desesperación en la vía pública

Tras el choque, el efectivo quedó tendido en la pista, mientras su motocicleta evidenciaba daños severos. El pavimento mostraba marcas de arrastre producto del impacto.

Algunos testigos intentaron auxiliar al herido. “Varias personas trataron de socorrerlo”, se informó desde el lugar. Entre los intentos de ayuda, se escuchaban llamados al número de emergencias 116. Algunos presentes intentaron retirarle el casco con la intención de facilitar su respiración.

El traslado se realizó en una ambulancia hacia un centro de salud ubicado en la cuadra 2 de la avenida Aramburú. Pese a estos esfuerzos, el integrante de las Fuerzas Armadas falleció durante el trayecto.

Investigación en curso y reconstrucción de los hechos

Las autoridades trabajan en la reconstrucción del accidente. La presencia de múltiples cámaras en la zona representa un elemento clave para esclarecer la secuencia exacta. Se busca determinar la velocidad de ambos vehículos y si alguno de los conductores omitió señales de tránsito.

También se evalúa el estado de la motocicleta y del vehículo involucrado. La unidad menor, descrita como una “moto halcón” o “liebre”, presentaba daños visibles tras el impacto. El vehículo de color blanco quedó detenido en la vía, bajo custodia policial.

El caso se mantiene bajo investigación, mientras la detención de la conductora continúa en el marco de las diligencias correspondientes. La información recogida hasta el momento forma parte de un proceso que busca esclarecer las circunstancias de un hecho que generó impacto entre quienes presenciaron la escena y dentro de las instituciones vinculadas al efectivo fallecido.

En la presentación oficial de la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2026 (ETID 2026), Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, enfatizó que esta hoja de ruta permitirá orientar todas las acciones del Ministerio en materia de investigación, desarrollo e innovación, optimizando la asignación de recursos y fijando prioridades definidas ante el contexto actual de crecientes amenazas y acelerada evolución tecnológica. Según publicó el medio, la ETID 2026 se configurará como el instrumento central para la toma de decisiones en el sector defensa, destinando los recursos disponibles a enfrentar los desafíos más urgentes y fortaleciendo la autonomía estratégica nacional.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Defensa y reseñada en el comunicado reproducido por diversos medios, el documento fue entregado a Valcarce por el teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, durante una reunión celebrada en la sede ministerial. El Ministerio detalló que la estrategia define una serie de prioridades tecnológicas para alinear la política de investigación y desarrollo con los objetivos de modernización de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica vinculada al sector.

La ETID 2026 desempeñará un papel central en la sincronización de la política tecnológica y la industrial, según precisó Ivorra durante el acto. Este nuevo marco, indicó, garantiza que los avances en innovación se conviertan en capacidades reales para la defensa nacional, desde la etapa de investigación hasta su implementación y mantenimiento en condiciones operativas. Según consignó el Ministerio, la estrategia pretende reforzar la soberanía tecnológica y asegurar la libertad de acción de España, alineando diferentes capacidades y herramientas en un proceso estructurado orientado a la consecución de habilidades operativas clave.

El Ministerio de Defensa remarcó que la ETID 2026 se constituye como un marco integral para dirigir las inversiones en investigación, desarrollo e innovación hacia las áreas que pueden ofrecer las mejores ventajas operativas. Además, el documento busca orientar a la industria nacional para que se concentre en prioridades vinculadas directamente con la defensa, al tiempo que fomenta la cooperación con entidades tanto nacionales como internacionales.

Tal como reportó el Ministerio de Defensa, el modelo de innovación definido por la estrategia se apoya en tres pilares: la asignación priorizada de recursos tecnológicos para hacer frente a amenazas crecientes, la cooperación como elemento multiplicador de las capacidades del sistema y la mejora continua de los procesos de gestión de I+D+i para garantizar mejores índices de eficiencia, agilidad y transparencia. A esto se suma el fomento del uso de tecnologías de doble aplicación, lo cual facilita la interacción tanto en el ámbito civil como en el militar, y contribuye al desarrollo de un ecosistema innovador que sea competitivo y resistente ante el entorno global.

Durante la presentación, Valcarce expuso que la superioridad tecnológica, junto con la integración multidominio y la resiliencia operativa, se ha convertido en factor decisivo para el éxito de las operaciones en el actual escenario internacional. La nueva estrategia “responde a un entorno estratégico marcado por la aceleración tecnológica y la creciente complejidad de las amenazas”, afirmó la secretaria de Estado de Defensa según el Ministerio.

El teniente general Ivorra, por su parte, subrayó que uno de los efectos inmediatos de la ETID 2026 será la alineación clara de capacidades, prioridades y mecanismos disponibles, y el hecho de que la innovación empleada desde la primera fase de desarrollo seguirá todo el ciclo hasta su despliegue y mantenimiento en misiones reales, según el comunicado del Ministerio de Defensa.

Entre los objetivos fijados por la estrategia se encuentra el refuerzo de la llamada soberanía tecnológica —entendida como la capacidad del país de controlar y decidir sobre los desarrollos esenciales en materia de defensa sin depender completamente de proveedores extranjeros— y la consolidación de una base industrial y tecnológica nacional robusta en conexión con el entorno europeo.

La ETID 2026 también tiene, según el Ministerio de Defensa, la meta de consolidar un tejido industrial innovador que mantenga su competitividad y su resiliencia frente a los retos que plantea la actual coyuntura estratégica internacional. Para ello, la estrategia promueve políticas que incentiven la creación de sinergias, el desarrollo de nuevos productos y soluciones, y el aprovechamiento compartido de conocimientos tecnológicos entre los sectores civil y militar.

La publicación de la ETID 2026 en el Boletín Oficial del Estado, prevista en los próximos días según detalló el Ministerio, marcará el inicio formal de su aplicación y obligará a todos los actores involucrados en el sector defensa a ajustarse a las directrices y prioridades que establece. El documento establece de modo inequívoco que la innovación y la tecnología serán los ejes centrales para responder a las amenazas y retos de seguridad futuros, con una coordinación estrecha entre todos los actores implicados.

En suma, la ETID 2026 representa para el Ministerio de Defensa una apuesta estructural por una defensa capaz de anticipar posibles crisis, responder a ellas y actuar en un entorno caracterizado por la complejidad tecnológica y la incertidumbre estratégica, según la información recabada en el comunicado ministerial y reproducida por los principales medios de comunicación.

Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, anunció que si se concreta un ataque contra alguna isla iraní con la colaboración de un país del Golfo, la infraestructura esencial de esa nación será objeto de represalias directas y sin restricciones. Además, Qalibaf advirtió que las Fuerzas Armadas iraníes han intensificado su vigilancia de todos los movimientos considerados hostiles. El dirigente realizó estas declaraciones en un contexto de tensión regional marcado por operaciones recientes y negociaciones nucleares entre Washington y Teherán.

Según publicó Europa Press, las autoridades iraníes aseguraron haber detectado planes conjuntos de Estados Unidos e Israel —supuestamente apoyados por un país de la región— para ocupar una isla situada en el sur iraní. Qalibaf no mencionó el nombre exacto de la isla ni del país colaborador, pero citó datos sobre una posible incursión y insinuó ubicaciones en disputa con Emiratos Árabes Unidos, como Jark, Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor.

En sus declaraciones ante medios locales, Qalibaf afirmó: “Todos los movimientos enemigos están bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas”. El medio Europa Press también informó que el presidente del Parlamento remarcó que la respuesta iraní, en caso de una acción militar, apuntaría de inmediato a infraestructura clave del eventual aliado regional.

Los señalamientos surgieron poco después de que fuentes del Pentágono confirmaran a Europa Press el despliegue de tropas estadounidenses en Oriente Próximo, incluyendo elementos de una división aerotransportada y unidades de brigada de combate. Esta maniobra militar de Washington se produce mientras medios estadounidenses informaron sobre posibles preparativos para invadir la isla de Jark, de alto valor estratégico para la navegación que atraviesa el golfo Pérsico y el estratégico estrecho de Ormuz.

La disputa sobre la soberanía de las mencionadas islas entre Irán y Emiratos Árabes Unidos se ha perpetuado durante décadas. Estas zonas insulares contribuyen a la importancia geopolítica y económica de la región debido a su localización en rutas marítimas vitales para el comercio internacional del petróleo. De acuerdo con Europa Press, este recrudecimiento verbal de las autoridades iraníes se produjo durante una fase delicada de conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, orientadas a negociar un nuevo pacto nuclear.

Mientras tanto, la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero y desarrollada en el contexto de dichas negociaciones ha generado numerosas víctimas. El balance ofrecido por el gobierno iraní superó los 1.500 fallecidos como consecuencia de acciones israelíes y estadounidenses. Sin embargo, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, incrementó la cifra reportada hasta más de 3.000 personas muertas, según consignó Europa Press. Las víctimas incluyeron a varias figuras destacadas del entramado político y militar de Irán: entre ellas, el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. Además, se suman efectivos de alto rango de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad estatal.

La acusación iraní sobre este presunto complot coincide con el aumento del despliegue militar estadounidense en la región y la persistente tensión en el golfo Pérsico. Según Europa Press, las autoridades de Irán repiten con frecuencia su determinación de defender la integridad de sus territorios insulares y advierten sobre las consecuencias que toda operación militar extranjera tendría sobre la seguridad y la infraestructura de los países involucrados.

La referencia de Qalibaf a que las Fuerzas Armadas de Irán mantienen una vigilancia constante apunta a disuadir eventuales operaciones en las islas disputadas. La advertencia de acciones “implacables y sin restricciones” contra infraestructura vital del presunto país colaborador generó diversas reacciones en la región y contribuyó a la volatilidad de la situación geoestratégica.

El medio Europa Press detalló que la isla de Jark, objetivo de la supuesta operación, posee importancia estratégica por su papel en la navegación marítima, en especial para el tránsito de hidrocarburos, lo que intensifica el interés de potencias extranjeras y regionales en ese territorio. Las islas Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor han sido motivo de largos desacuerdos entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, lo que las coloca en el centro de la disputa mencionada por Qalibaf.

En este escenario, las amenazas de Irán se suman a una cadena de acontecimientos recientes con impacto militar, diplomático y humanitario en la zona. Reportó Europa Press que la intervención militar de Israel y Estados Unidos ha provocado un número significativo de víctimas, entre ellas mandos y altos funcionarios del Estado iraní. La suma de tensiones militares y la posibilidad de represalias directas en caso de un ataque elevan el riesgo de una escalada en la confrontación regional.

La comisión de Acuerdos del Senado, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), analizará este jueves un ramillete de ascensos militares, entre los cuales se encuentran los principales jefes de las tres fuerzas, y el pliego que propone la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.

Sobre el último caso, la oposición kirchnerista busca pegar a Crexell -desde hace largos meses- a un supuesto cambio de parecer ante el debate de la ley Bases de 2024. De hecho, hubo una denuncia que ya fue descartada por la justicia, por lo que el camino para firmar un dictamen y avanzar con este asunto estaría liberado, siempre que haya anuencia entre oficialismo y dialoguistas.

La resistencia del kirchnerismo con Crexell viene de otras épocas, ya que la exsenadora estuvo 12 años en la Cámara alta y, a diferencia del cristinismo, incomodó a diferentes gobiernos. De hecho, una de las opiniones más formadas sobre el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y los vicios de las diferentes administraciones fue estudiado al detalle por Crexell, quien se opuso a la norma 70/23. Recién meses después ocurrió lo de la ley Bases. Los olvidos, casi siempre, son selectivos.

Según la perspectiva de la principal bancada opositora y, como ejemplo, dicho bloque tendría que haber denunciado también a todos los legisladores y “compañeros” que votaron la reforma judicial de la era de Alberto Fernández -se aprobó en el Senado cristinista y quedó noqueada en Diputados-, con una escandalosa creación de decenas de juzgados por todo el país para sumar adhesiones en pleno recinto y a la vista de todos. La miembro informante de ese papelón fue la ultra K María de los Ángeles Sacnun, quien sonó como una eventual candidata de dicho espacio nada menos que para la Corte Suprema.

En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.

Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”, razones por las cuales, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.

Militares

Durante la reunión de Acuerdos también se analizarán las propuestas para promover al grado inmediato superior, con fecha 15 de diciembre de 2025, al general de división Oscar Santiago Zarich. Es quien reemplazó como jefe del Ejército al actual ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti.

Las otras subas de jerarcas apuntan al de la Armada, Juan Carlos Romay, y al del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare. Ambos son vicealmirantes. Además de esto, aparecen expedientes más que demorados de fines de 2021 y 2022.

Premio consuelo

Tras aterrizar hace menos de cuatro meses con llamativas ganas de sumar espacios y poder y, tras quedarse sin presidencia provisional de la Cámara alta, el libertario fueguino Agustín Coto asumiría esta tarde como presidente de la importante comisión de Asuntos Constitucionales. El convite para votar autoridades será media hora antes de Acuerdos, es decir, a las 14.

La evaluación personalizada de cada embarcación sospechosa de pertenecer a la llamada “flota fantasma” rusa precederá cualquier abordaje en aguas británicas, pues especialistas de las fuerzas del orden, del ejército y del sector energético de Reino Unido analizarán individualmente cada caso antes de que se presente una recomendación a los ministros y se active una operación. El Gobierno de Reino Unido confirmó este nuevo protocolo este martes, autorizando formalmente a las Fuerzas Armadas a interceptar y abordar petroleros rusos sancionados que naveguen por su territorio marítimo, en el marco de una estrategia destinada a aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin. Según informó Europa Press, esta decisión busca combatir el tráfico de crudo mediante rutas alternativas utilizadas para eludir las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania.

El medio Europa Press detalló que la denominada 'flota fantasma' rusa constituye el 75 por ciento del transporte de crudo exportado por Rusia. Este transporte se realiza mediante barcos que, según el ejecutivo británico y sus aliados, han sido sancionados debido a su papel en la evasión de restricciones internacionales y en la financiación de la guerra en Ucrania. Las nuevas medidas incluyen la posibilidad de que, tras ser detenidos, los propietarios, operadores y tripulantes de estas embarcaciones enfrenten acciones judiciales por violar las normativas locales sobre sanciones, reportó el medio.

El primer ministro británico, Keir Starmer, manifestó en un comunicado distribuido por su oficina que el objetivo de estas acciones es impedir que el aumento de los precios del petróleo, originado por los conflictos internacionales, beneficie financieramente a Rusia. “Putin se frota las manos ante la guerra en Oriente Próximo porque cree que los precios más altos del petróleo le permitirán enriquecerse. Por eso estamos persiguiendo a su flota clandestina con más ahínco, no solo para mantener a Reino Unido a salvo, sino también para privar a la maquinaria bélica de Putin de las ganancias ilícitas que financian su bárbara campaña en Ucrania”, citó Europa Press.

La nueva autorización llega días después de que unidades de la Marina Real británica intensificaran su colaboración con países aliados. El medio Europa Press consignó que el apoyo de las fuerzas navales británicas se ha enfocado en operaciones de vigilancia, seguimiento e interceptación de buques sancionados o sospechosos, tanto en aguas territoriales europeas como en el Mediterráneo. Esta colaboración internacional se traduce, según el gobierno británico, en una mayor eficacia para bloquear rutas clave empleadas por el régimen ruso para la exportación de crudo.

Reino Unido y sus socios han sancionado un total de 544 embarcaciones de la flota rusa que, según las autoridades del país, constituye una red de transporte envejecida y en malas condiciones técnicas. El endurecimiento de las acciones británicas responde también a la necesidad de coordinarse mejor con aliados en la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), entre los que figuran Finlandia, Suecia y Estonia, cuyos gobiernos ya han ejecutado operaciones recientes dirigidas a obstaculizar buques sospechosos en el mar Báltico. Dichas operaciones han bloqueado rutas marítimas consideradas críticas para las actividades logísticas de Rusia.

La oficina del primer ministro señaló, como publicó Europa Press, que la nueva política refuerza el compromiso del Reino Unido con la seguridad en la región europea y busca disuadir futuros intentos de Rusia de sortear el régimen de sanciones mediante el uso de embarcaciones encubiertas. Reino Unido, al implementar estas medidas, sigue el ejemplo de algunos de sus aliados, afirmando que este paso “subraya aún más” su cooperación regional y la decisión de obstaculizar las actividades hostiles atribuibles a Moscú.

Tras los abordajes previstos en el marco de este nuevo mandato, las autoridades británicas podrán iniciar procesos penales bajo la legislación nacional vigente, con la meta de sancionar tanto a los responsables directos como a aquellos que actúan detrás de las operaciones marítimas rusas. Europa Press recalcó que cada acción será validada caso por caso y sólo después del análisis multidisciplinario, una medida que, según Londres, garantiza tanto la legalidad como la eficacia de la estrategia adoptada.

Más de dos tercios de las instalaciones críticas para la producción de misiles, drones y buques militares iraníes resultaron dañadas o destruidas, y los astilleros del país también sufrieron daños considerables en el transcurso de la ofensiva liderada conjuntamente por Estados Unidos e Israel contra Teherán, que ya atraviesa su cuarta semana de desarrollo. En ese marco, el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), almirante Brad Cooper, comunicó que el balance operativo actual da cuenta de la destrucción del 92% de los buques más grandes de la Armada iraní, lo que representa una reducción sustancial en la capacidad marítima de Irán tanto a nivel regional como global. Según publicó el medio Europa Press, las fuerzas estadounidenses sostienen la evaluación de que la capacidad de combate de Irán sigue en descenso mientras que la hegemonía aérea y militar de EE.UU. en la zona se consolida.

El almirante Cooper anunció a través de redes sociales que “hace apenas unas horas alcanzamos el objetivo iraní número 10.000”, en referencia a los ataques lanzados sobre el territorio de Irán desde el inicio de la operación conocida como 'Furia Épica', el 28 de febrero. Europa Press detalló que Washington reporta más de 10.000 objetivos militares alcanzados en territorio iraní, superando todas las previsiones iniciales de la campaña. La operación cuenta con la participación de más de 50.000 efectivos estadounidenses y ha implicado la realización de más de 10.000 vuelos de combate, según datos aportados por la propia CENTCOM.

En el transcurso de estas misiones, los bombarderos B-52 estadounidenses han transportado hasta 31.751 kilos (70.000 libras) de munición por misión sobre Irán, lo cual enfatiza el alcance de los ataques que, de acuerdo con el comandante Cooper, han logrado “desbordar las defensas aéreas iraníes”. Esta presión sostenida sobre los sistemas defensivos de Teherán ha tenido repercusiones directas en la capacidad operativa del país, particularmente en lo que respecta a lanzamientos de drones y misiles.

Según consignó Europa Press, el Mando Central estadounidense aseguró que la tasa de lanzamiento de misiles y drones iraníes experimentó una reducción de más del 90%, lo que supone una merma notable en la opción de Irán para realizar ataques contra intereses estadounidenses y sus aliados regionales. El propio Cooper afirmó que el aparato de defensa y fabricación militar de Irán se encuentra en un proceso de “eliminación” sin posibilidad de reconstrucción en el corto plazo, como resultado de la ofensiva.

La campaña impactó también en las actividades logísticas y en la capacidad de proyección naval de Irán. Cooper indicó que, tras décadas en las que los grandes buques iraníes “amenazaron y acosaron al transporte marítimo mundial”, estos navíos ya “no están navegando” y han perdido el potencial de actuación fuera de sus inmediaciones. “Mi evaluación operativa es que ahora han perdido la capacidad de proyectar de manera significativa su poderío naval e influencia en la región y en todo el mundo”, expresó el jefe de CENTCOM, según reportó Europa Press.

En cuanto al impacto humano, las autoridades iraníes cifraron en más de 1.500 los fallecidos atribuidos a la ofensiva combinada de Israel y Estados Unidos. La organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó la estimación de víctimas mortales a más de 3.300 personas, según consignó Europa Press. Estos datos ofrecen una dimensión del impacto directo de la campaña sobre la población local y las estructuras de defensa e infraestructuras militares iraníes.

El informe detalla que la superioridad aérea estadounidense se mantiene en los cielos iraníes, con un número acumulado de vuelos de combate que supera los 10.000. Esta presencia reforzada en el espacio aéreo se traduce, según fuentes militares citadas por Europa Press, en una presión constante sobre las posiciones estratégicas y las capacidades defensivas de Irán.

La ofensiva, iniciada a finales de febrero, se inscribe dentro de los objetivos declarados por Estados Unidos y sus aliados de reducir la capacidad de represalia de Teherán. Las acciones coordinadas buscan impedir la reconstrucción de instalaciones militares y logísticas dañadas, mientras la evaluación operativa difundida por el almirante Cooper sostiene que la capacidad de combate iraní seguirá disminuyendo de forma progresiva conforme avanzan las operaciones conjuntas.

En la comunicación pública, Cooper también hizo alusión al “orgullo” expresado tanto por la administración estadounidense como por la ciudadanía hacia los más de 50.000 integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses desplegados bajo la operación 'Furia Épica'. Según reportó Europa Press, la participación sostenida de este contingente continúa recibiendo respaldo oficial, mientras se amplía el alcance de ataques y se consolidan los objetivos planteados al inicio de la campaña militar.

Los datos actualizados por el Ejército de Estados Unidos y recogidos en Europa Press muestran que la ofensiva conjunta ya provocó daños masivos a la infraestructura militar iraní, mediante la destrucción de bases, astilleros y factorías asociadas a la fabricación de armamento estratégico, reduciendo de manera efectiva el margen de maniobra operativo y bélico de Irán a nivel nacional y regional.

La reunión celebrada en Bruselas entre la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, y el Comandante Supremo Aliado en Europa, el general Alexus G. Grynkewich, estuvo marcada por el reconocimiento a la labor de los casi 4.000 militares españoles que participan en operaciones internacionales. Durante el encuentro, Robles enfatizó el reconocimiento que las autoridades y la población civil de los países anfitriones otorgan a la profesionalidad de las fuerzas desplegadas, resaltando la repercusión que esto tiene para la imagen de España en el ámbito internacional.

Según consignó la nota de prensa difundida tras la cita, Robles transmitió a Grynkewich el compromiso “serio, fiable y comprometido” de España con la Alianza Atlántica, así como el carácter “irrefutable” de su apoyo a la paz. El medio que reportó el encuentro destacó la insistencia de la titular de Defensa en el compromiso robusto de las Fuerzas Armadas con la defensa de la seguridad y los valores democráticos. La ministra subrayó la importancia estratégica de la cooperación militar con los aliados en contextos internacionales cada vez más complejos.

El general Grynkewich, quien lidera el Comando Aliado Supremo de Europa de la OTAN, recibió estas declaraciones en una reunión en la que también estuvo presente el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón. Dentro de las conversaciones, la cooperación militar ante desafíos de seguridad internacional y la implicación española dentro de la OTAN ocuparon un lugar central, según informó el medio.

De acuerdo con la información publicada, la ministra Robles también destacó la función ejemplar que representan las Fuerzas Armadas españolas en misiones en el exterior. Actualmente, el contingente español despliega efectivos en distintos escenarios internacionales, lo que refleja la magnitud del compromiso nacional. “Su profesionalidad cuenta con el reconocimiento tanto de las autoridades como de la población civil de los territorios donde operan”, manifestó, haciendo hincapié en la relevancia que estas misiones tienen para la defensa colectiva y la proyección internacional de España.

Tal como notificó la fuente, el apoyo a Ucrania se situó entre los asuntos abordados, donde Robles sostuvo la necesidad de continuar integrando los esfuerzos de todos los socios para mantener la asistencia militar al país en conflicto. Detalló que la entrega de material bélico español se coordina a través del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, en colaboración con otros países aliados. Este enfoque colectivo responde, según se expresó, a la voluntad de España de respaldar la seguridad y la estabilidad en Europa reforzando los lazos multilaterales.

El medio detalló que, durante el encuentro, Robles reiteró que las Fuerzas Armadas españolas representan el “mejor ejemplo” de la fiabilidad del país dentro del marco internacional. La afirmación refuerza el mensaje de credibilidad y compromiso que España quiere mantener con sus aliados. Al mismo tiempo, la reunión evidenció la intención del Ministerio de Defensa de comunicar el valor estratégico que España otorga a su participación activa en las misiones de la OTAN y la acción exterior de sus fuerzas militares.

Según lo publicado, la presencia del almirante general Teodoro López Calderón en la reunión destaca la relevancia institucional del encuentro, en un contexto en el que la cooperación y el diálogo con los representantes de la OTAN constituyen un eje prioritario. De acuerdo con la fuente, el intercambio de impresiones permitió repasar el estado de las operaciones internacionales en curso y valorar el esfuerzo que representa mantener desplegadas a miles de personas en distintos puntos del planeta. La ministra no solo destacó la actuación del personal militar, sino que también puso énfasis en la labor coordinada con los socios internacionales, clave para afrontar retos globales en materia de defensa y seguridad.

El medio concluyó que la jornada en Bruselas puso de manifiesto la voluntad política de España de persistir en sus compromisos con la OTAN y en su papel en operaciones multilaterales, tanto en el entorno europeo como en otros escenarios donde ya mantiene presencia militar.

Un contingente de unos 300 efectivos militares españoles que permanecían desplegados en Irak regresó recientemente al país tras una evacuación derivada de la inestabilidad creciente en Oriente Próximo. La salida se produjo debido al aumento de los ataques de Irán en respuesta a operaciones previas de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, según informó Europa Press. El debate sobre el reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas en escenarios internacionales se realiza en el Congreso de los Diputados, en un contexto donde la seguridad regional y el compromiso internacional de España se ven especialmente cuestionados por el deterioro de la situación en esa área geopolítica.

De acuerdo con Europa Press, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja analizará este miércoles una proposición no de ley planteada por el PSOE para que el Congreso agradezca y reconozca la actuación profesional de los militares españoles desplazados en misiones fuera del territorio nacional. Los socialistas subrayan que el despliegue en operaciones internacionales y de emergencia requiere de un esfuerzo constante y permanente, puesto que los efectivos se mantienen activos en misiones las 24 horas del día y durante toda la semana.

Según el texto de la propuesta, publicado por Europa Press, las Fuerzas Armadas españolas participan en acciones militares en distintos entornos bajo mandatos de la OTAN, la Unión Europea y las Naciones Unidas. El mandato contempla que la Cámara transmita a la sociedad las actuaciones en el exterior y la contribución que realizan tanto para la seguridad del país como para la de los aliados, dentro de una coyuntura internacional caracterizada por su volatilidad y complejidad.

Actualmente, más de 3.000 efectivos se encuentran repartidos en diversas misiones fuera de España. El despliegue más numeroso se concentra en la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en la que cerca de 670 soldados españoles colaboran en labores de estabilización. Cuando la situación en Irak se agravó, los 300 militares evacuados estaban integrados tanto en la coalición internacional contra Estado Islámico, liderada por Estados Unidos bajo la operación Inherent Resolve, como en la misión de la OTAN en ese país (NMI). Tras la evacuación, las tropas se trasladaron primero a la Base Aérea turca de Incirlik y de ahí viajaron hasta España.

Europa Press detalló que, pese a esta operación de retorno, otros 150 militares españoles continúan operando desde la base de Incirlik, situada en la ciudad turca de Adana, desde donde gestionan una batería antimisiles Patriot. Hasta el momento no existe decisión sobre su eventual evacuación, a pesar de que el contexto en Oriente Próximo sigue mostrando signos de inestabilidad severa.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó que la evacuación de los efectivos en Irak resultó "muy complicada" y solo pudo llevarse a cabo tras una estrecha coordinación con los socios de la OTAN. Indicó que la Alianza Atlántica modificó el mandato de la NMI tras el agravamiento del conflicto bélico en la zona. Al ser consultada sobre la posible continuidad de la misión, la ministra adoptó una posición de cautela y señaló: "Vamos a ver qué pasa".

Por otro lado, la situación de los 'cascos azules' españoles en Líbano, quienes forman parte de la misión FINUL de la ONU, no tiene previsto alterarse. Europa Press indica que la posible evacuación de estos efectivos no se contempla por ahora, ya que cualquier decisión sobre ese movimiento corresponde a Naciones Unidas y depende de criterios internacionales de seguridad.

El PSOE, en su proposición no de ley, argumenta que misiones y operaciones en el exterior encarnan la política exterior y la responsabilidad internacional de España, contribuyendo a un entorno de paz y estabilidad regido por normas multilaterales y amparado en valores y principios reconocidos. El texto resalta el papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la defensa nacional y en la prevención de conflictos, bajo marcos como la Directiva de Defensa nacional y la Carta de Naciones Unidas.

La iniciativa planteada a la Comisión de Defensa pide, además, que la labor y la entrega de los militares españoles en el exterior sea difundida y conocida entre la ciudadanía, con el objetivo de dar mayor visibilidad a los riesgos y sacrificios implicados en estas misiones. Según consignó Europa Press, los socialistas recalcan la importancia de informar y reconocer públicamente la actuación de los militares para fortalecer el vínculo entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

El exalcalde de La Victoria expuso esta propuesta ante el público en una jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, que reúne a 34 aspirantes a la Presidencia en el Centro de Convenciones de Lima. El encuentro forma parte del ciclo de debates rumbo a las Elecciones Generales 2026 y aborda temas como seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Control de penales con intervención militar

Forsyth centró parte de su exposición en la situación de los establecimientos penitenciarios, los cuales, según indicó, se han convertido en centros de operación del crimen organizado. En ese sentido, aseguró que tomará medidas inmediatas para recuperar el control del sistema carcelario.

“A mí no me van a contar lo que sufren las madres, a mí no me van a contar lo que sufren los transportistas que hoy pagan cupos porque tienen miedo que les pase algo o maten a sus familias. Por eso es que voy a tomar control de forma inmediata con las Fuerzas Armadas de las cárceles. Se acabó la fiesta en los penales”, manifestó durante el debate.

El candidato también vinculó directamente a los penales con delitos como la extorsión y el cobro de cupos, señalando que los cabecillas de estas organizaciones operan desde el interior de los recintos. En esa línea, insistió en que su propuesta busca cortar esas redes desde su origen.

Seguridad en barrios y reforma policial

Como complemento a su planteamiento, Forsyth propuso reforzar la seguridad en zonas urbanas mediante el programa Barrio Más Seguro, el cual contempla un mayor despliegue policial y el uso de tecnología para prevenir delitos. Según explicó, esta iniciativa incluiría cámaras de reconocimiento facial para facilitar la identificación de delincuentes.

Además, planteó una reforma interna en la Policía Nacional del Perú orientada a mejorar la transparencia en su accionar. Entre las medidas mencionadas, destacó la implementación de sistemas de videovigilancia que registren de manera continua las intervenciones policiales.

El aspirante también hizo énfasis en la prevención como eje de su propuesta, al señalar que el fortalecimiento de actividades deportivas y culturales puede contribuir a reducir la delincuencia. En ese contexto, indicó que su plan busca ofrecer alternativas a los jóvenes para evitar que se involucren en actividades ilícitas.

¿Cómo se distribuyen los bloques y candidatos en el Debate Presidencial 2026 de este martes?

La jornada del martes 24 de marzo del Debate Presidencial 2026 se organiza en dos grandes ejes temáticos: seguridad ciudadana y combate a la criminalidad, así como integridad pública y lucha contra la corrupción. En cada uno de estos bloques, los postulantes han sido agrupados en cuatro ternas, lo que define el orden y dinámica de sus intervenciones.

En el primer tema, las participaciones se distribuyen en grupos de tres candidatos: en la primera terna intervienen Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont; en la segunda, Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Armando Masse; en la tercera, George Forsyth, Carlos Espá y Carlos Jaico; y en la cuarta, Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Walter Chirinos. Para el segundo eje temático, la conformación cambia: la primera terna reúne a Carrasco, Forsyth y Diez-Canseco; la segunda, a Masse, Espá y Belmont; la tercera, a Jaico, Chirinos y Paz de la Barra; y la cuarta, a Sánchez, Cerrón y Molinelli.

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que otorga un bono mensual vitalicio de 1.130 soles a los denominados “veteranos de la pacificación nacional”.

El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, el perulibrista Waldemar Cerrón, suscriben la autógrafa.

La autógrafa de la norma ya fue remitida al Despacho Presidencial para que el presidente interino José María Balcázar, en un plazo de 15 días, la promulgue o la observe.

En caso de que cumplido dicho plazo Balcázar no haya promulgado u observado la ley, el Parlamento ordena su publicación en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con la Ley 30826, un veterano de la pacificación nacional es un “miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciado, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia”.

Según el dictamen aprobado, la norma beneficiaría a 8.997 veteranos, aunque en su primer año alcanzaría a 1.799 veteranos. El gasto en su primera año ascendería a 24 millones de soles.

¿En qué consiste el bono para veteranos?

La norma establece la entrega de una bonificación mensual de 1.130.00 soles. Es importante destacar que este beneficio tiene un carácter vitalicio e intransferible, pero no es remunerativo ni pensionable, por lo que no está sujeto a cargas sociales ni forma parte de beneficios laborales.

Requisitos para acceder al bono mensual vitalicio

Para acceder a este pago, los licenciados deben haber obtenido el reconocimiento de “Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional” por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al 31 de diciembre de 2024. Los requisitos específicos incluyen:

• Haber realizado el servicio militar obligatorio entre los años 1980 y 2000.
• Haber servido en zonas de emergencia y realizado acciones pacificadoras validadas por su institución armada.
• Contar con un tiempo de servicio consecutivo de entre 12 y 24 meses.
• Haber ostentado grados específicos al terminar su servicio, como recluta, soldado, cabo o sargento (según la institución: Ejército, Marina o Fuerza Aérea).
• No ser deudor alimentario y no contar con antecedentes policiales, penales o judiciales.

Cronograma de implementación del bono mensual vitalicio

La entrega del bono no será inmediata para todos, sino que se realizará de forma progresiva durante 5 años, priorizando a los veteranos por grupos de edad:

1. Año 1: Mayores de 60 años o con discapacidad permanente.
2. Año 2: Veteranos de entre 55 y 59 años.
3. Año 3: Veteranos de entre 50 y 54 años.
4. Año 4: Veteranos de entre 45 y 49 años.
5. Año 5: Veteranos de entre 40 y 44 años.

Los plazos para acceder al bono mensual vitalicio

Los veteranos que cumplan con los requisitos podrán presentar su solicitud desde el día siguiente de la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de julio de 2027. Por su parte, el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Defensa y Economía, tiene un plazo de 60 días hábiles para emitir las normas reglamentarias necesarias.

Terrorismo en Perú

El periodo de violencia terrorista en el Perú se extendió oficialmente entre 1980 y 2000, iniciado por el grupo maoísta Sendero Luminoso con la quema de ánforas electorales en Chuschi, Ayacucho, y seguido poco después por el accionar del MRTA. Esta etapa, marcada por una profunda crisis social y económica, alcanzó sus picos de mayor intensidad a finales de la década de los 80 y principios de los 90, hasta que la captura de los principales cabecillas y la desarticulación de sus estructuras operativas permitieron iniciar un proceso de pacificación. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), estas dos décadas representaron el conflicto más prolongado y cruento de la historia republicana del país.

¿Cuándo vence el plazo?

El plazo para que el Ejecutivo decida si observa la autógrafa de la ley de bono mensual vitalicio para veteranos vence el 14 de abril próximo.

El presidente interino José María Balcázar tendrá plazo hasta ese día para intentar frenar el avance de la norma y devolverla al Congreso, que podría promulgarla por insistencia.

Representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han manifestado que el día a día de los agentes implica riesgos concretos y constantes al luchar contra el crimen organizado y vigilar las carreteras españolas, una circunstancia que consideran debe tener una respuesta clara por parte de las autoridades. Sin embargo, la organización denuncia que persiste una ausencia de confirmación sobre si a la Guardia Civil se le aplicará el reconocimiento de “profesión de riesgo” anunciado para las Fuerzas Armadas. El comunicado, recogido por Europa Press, señala que este nivel de incertidumbre perjudica a los agentes y requiere una aclaración inmediata por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, la AUGC ha calificado como “inadmisible” la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio de Defensa acerca de si la Guardia Civil será incluida en el reconocimiento. El sindicato mayoritario señala que esta indecisión genera malestar entre los miembros de la Benemérita, y sostiene que Defensa obliga a los representantes del cuerpo a realizar acciones de presión debido al silencio tanto del Ministerio del Interior como de la Dirección General de la Guardia Civil con respecto a este asunto.

La AUGC, en su comunicado, exige al Gobierno que se resuelvan todas las ambigüedades que rodean la situación. Lo transmiten con especial énfasis al reclamar que la declaración de “profesión de riesgo” abarque a todo el colectivo, sin distinciones, y de forma explícita al personal sujeto al régimen de clases pasivas, quienes afrontan las mismas amenazas derivadas del ejercicio de funciones policiales que el resto de los agentes en activo, según recoge Europa Press.

Según publicó Europa Press, el sindicato solicita tanto al Ministerio del Interior como al de Defensa que la aplicación del reconocimiento como “profesión de riesgo” se produzca sin dilaciones y de manera simultánea, así como la reapertura del diálogo institucional para tratar aspectos como la jubilación anticipada y la introducción de coeficientes reductores en la edad de retiro. La necesidad de abrir negociaciones responde, según la AUGC, a la obligación de garantizar condiciones equitativas a todos los miembros del cuerpo ante la exposición que implica su labor cotidiana.

El medio Europa Press señaló que la AUGC ha expresado su descontento con la decisión del Ministerio de Defensa de hacer público el reconocimiento antes de informar a las asociaciones profesionales del propio cuerpo. La comunicación se realizó a través del perfil oficial del Ministerio en la red social ‘X’, lo que la AUGC considera un ejemplo más del deterioro en la relación entre la Dirección General de la Guardia Civil y las asociaciones profesionales. Desde la perspectiva de la AUGC, este proceder prescinde de la interlocución con quienes representan a los efectivos, lo que agrava la situación de desconfianza y de falta de comunicación interna.

En su anuncio, Defensa detalló que presentará a las asociaciones militares una propuesta para iniciar los trámites formales dentro del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), el órgano que estructura la relación entre las asociaciones del personal militar y el Ministerio para cuestiones vinculadas a la condición de militar, así como a las condiciones de vida y laborales en sus unidades, entre otros temas relevantes. El anuncio anticipa la apertura de un proceso regulado, aunque, según ha subrayado la AUGC a través de Europa Press, permanece sin aclarar si la Guardia Civil formará parte del reconocimiento previsto.

En contraste con la situación actual de la Guardia Civil, otros colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como policías autonómicos y locales, ya cuentan con el estatus de “profesión de riesgo”. La diferencia en el trato institucional constituye uno de los principales factores de malestar para la AUGC, ya que, tal como señala el sindicato y consigna Europa Press, el riesgo al que se enfrentan los guardias civiles no representa una mera posibilidad sino una constante inherente al desarrollo de sus funciones. Por esto, la organización enfatiza en sus reclamaciones tanto la igualdad de condiciones como la seguridad jurídica y social de sus integrantes.

Mientras el Gobierno estudia en el seno del COPERFAS el posible reconocimiento para las Fuerzas Armadas y sus asociaciones militares, la AUGC subraya la urgencia de incluir sin vacilaciones al colectivo de la Guardia Civil en la categoría de “profesión de riesgo”. La incertidumbre sobre la inclusión genera inquietud en un cuerpo que, según la asociación, afronta riesgos equiparables a los de otros funcionarios reconocidos bajo esa misma figura legal.

La AUGC concluye sus demandas instando al Ejecutivo a iniciar conversaciones inmediatas y transparentes para clarificar la situación y abordar no solo el reconocimiento profesional, sino también el resto de derechos aparejados, entre ellos la posibilidad de reducir la edad de jubilación y ajustar los elementos regulatorios de las condiciones laborales para todos los agentes, según recoge Europa Press.

La falta de reconocimiento formal de las competencias adquiridas y el entorno laboral poco flexible tras la desvinculación forzosa afectan de manera notable a oficiales de complemento con alta formación, quienes a partir de los 45 años deben incorporarse al mercado laboral civil. Esta realidad, sumada a la ausencia de medidas de estabilización y las desigualdades existentes respecto a otros funcionarios, motiva la reciente iniciativa que analizará el Parlamento para ofrecer nuevas oportunidades a este colectivo en situación de reserva especial de disponibilidad. El objetivo principal radica en reforzar plantillas y corregir divergencias en sus condiciones laborales y salariales, según detalló Europa Press.

El medio Europa Press informó que la Comisión de Defensa del Congreso tiene previsto debatir una proposición no de ley presentada por el Partido Popular con la finalidad de revertir el llamado "abandono" sufrido por los militares de complemento en España. Esta propuesta aboga por la mejora de sus condiciones retributivas y laborales, así como su estabilización, como respuesta al déficit de personal en las Fuerzas Armadas. El documento registrado por el PP pone el foco en la reincorporación voluntaria de oficiales de complemento que actualmente se encuentran en situación de reserva especial de disponibilidad, priorizando su retorno en la zona geográfica de su domicilio hasta alcanzar la edad de pase a la reserva. Así, se busca su contribución en puestos cruciales tanto en la estructura de los Ejércitos como en la Administración Periférica.

De acuerdo con los datos recogidos por Europa Press, el Partido Popular alerta sobre la necesidad de implementar medidas que reduzcan la temporalidad en el ámbito militar. El grupo promotor de la iniciativa defiende la promoción de mecanismos de protección y estabilización, argumentos que ya benefician a otros segmentos de empleados públicos en la Administración, pero que todavía no se adoptan en este contexto específico. El PP sostiene que muchos de estos oficiales poseen una elevada cualificación universitaria y una amplia experiencia, perfil del que no debería desprenderse la sociedad española, sobre todo ante las carencias actuales de mandos intermedios en las Fuerzas Armadas.

Según consigna Europa Press, la iniciativa también denuncia la situación de desigualdad vigente entre estos militares de complemento y otros funcionarios públicos. El PP critica que se recurre a estos oficiales para atender necesidades estructurales en Defensa, sin buscar alternativas definitivas a la temporalidad que afecta a su situación laboral. En esa línea, el grupo parlamentario considera imprescindible impulsar reformas normativas para que el personal militar de carácter temporal pueda beneficiarse de procesos de estabilización en igualdad de condiciones, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad que regulan el acceso al empleo público en España.

Europa Press añade que el Partido Popular recuerda que han transcurrido 17 años desde la aprobación de la Ley de la Carrera Militar. A pesar de este tiempo, las solicitudes de los propios militares de complemento al Ministerio de Defensa para acceder a un proceso de estabilización han sido denegadas por el Gobierno. En palabras de los promotores de la proposición, estos militares representan candidatos idóneos para cubrir déficit de personal derivados de necesidades actuales tanto en lo material como en lo humano dentro de las Fuerzas Armadas.

El PP sostiene que la reincorporación y estabilización de este grupo de oficiales podría contribuir a solucionar parte de los problemas de personal que afectan a los Ejércitos. Dentro de las demandas recogidas, figura también la mejora de la remuneración asignada a los reservistas de especial disponibilidad, que según informa Europa Press, fue fijada en su momento poco por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Actualmente, el SMI es un 81,22 % superior a dicha asignación, lo que según esta formación política provoca una devaluación económica injustificada para estos profesionales.

El Partido Popular reclama, mediante esta proposición debatida en la Comisión de Defensa, que la compensación para los reservistas de especial disponibilidad se ajuste al grupo de clasificación Grupo A1 en la Administración Pública, correspondiendo al nivel alcanzado durante el desempeño de su empleo militar, según detalló Europa Press. De este modo, el grupo aspira a reconocer formalmente la formación y el servicio prestados por los oficiales de complemento, así como a corregir las desigualdades en materia salarial y de condiciones laborales que actualmente marcarían la diferencia entre estos militares y otros empleados públicos.

La proposición no de ley presentada por el Partido Popular y recogida por Europa Press será objeto de discusión parlamentaria, en medio de la búsqueda de alternativas para fortalecer las plantillas de las Fuerzas Armadas y aprovechar el talento de profesionales con dilatada experiencia, cuyo aporte considera esencial el grupo promotor ante la situación actual de las fuerzas militares en España.

La reclamación de que la carrera militar sea reconocida oficialmente como una profesión de riesgo ha estado presente durante años en las peticiones de las asociaciones de militares, mientras que otras profesiones dentro del ámbito de la seguridad cuentan ya con este reconocimiento. Según informó el Ministerio de Defensa, este miércoles se dará el primer paso formal para avanzar en el proceso que permitiría equiparar el estatus de los militares a otros cuerpos en materia de riesgos profesionales.

De acuerdo con la información difundida por la cartera dirigida por Margarita Robles, la propuesta se presentará ante las asociaciones militares dentro del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). Este organismo constituye el canal de interlocución institucional entre las asociaciones representativas de los miembros de las Fuerzas Armadas y la dirección del Ministerio de Defensa para cuestiones relacionadas con la condición militar, así como sobre los aspectos que afectan a la vida laboral y cotidiana dentro de las unidades.

Según publicó el propio Ministerio en su cuenta oficial en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), la iniciativa consistirá en someter a consideración el inicio de los trámites necesarios que abran el camino para declarar de manera oficial la carrera militar como profesión de riesgo. Este enfoque busca el reconocimiento formal de la exposición inherente a determinados niveles de peligro en el ejercicio de funciones propias del ámbito castrense.

El medio detalló que este movimiento responde a las demandas históricas formuladas por las asociaciones de militares, que han venido argumentando la necesidad de que el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas reciba igual tratamiento que el que ya se otorga a varios cuerpos policiales, tales como policías locales y autonómicos, quienes ya cuentan con el estatus de profesión de riesgo en su ejercicio diario. Dentro de este contexto, la situación de la Guardia Civil aparece diferenciada, puesto que sus integrantes aún no han logrado dicho reconocimiento, a pesar de desempeñar también funciones vinculadas a la seguridad.

Con esta propuesta, el departamento dirigido por Robles pretende abordar de manera estructurada la comparación entre los riesgos asumidos por los militares y los asumidos por el resto de cuerpos de seguridad, una cuestión que ha motivado debates recurrentes en el seno de COPERFAS y en las relaciones entre el Ministerio y las asociaciones representativas de los militares. Según consignó el Ministerio de Defensa, el objetivo de esta medida es iniciar un proceso administrativo que permita avanzar hacia una eventual declaración formal mediante los canales oficiales correspondientes.

El anuncio difundido por Defensa sigue la normativa habitual de consulta previa y participación de las asociaciones, que tienen la posibilidad de aportar sus consideraciones e impulsar el debate sobre el alcance y las implicaciones de la declaración. Esta fase inicial en COPERFAS resulta clave, ya que el Consejo actúa como órgano donde se examinan las propuestas que afectan a las condiciones de vida, trabajo y reconocimiento profesional del personal militar, conforme a los procedimientos establecidos.

El inicio de estos trámites podría suponer consecuencias en cuanto a aspectos salariales, compensaciones por riesgos, cobertura de seguros y modificaciones en los protocolos internos de las Fuerzas Armadas, aunque estos extremos dependerán de los desarrollos normativos posteriores, una vez que la carrera militar obtenga, si procede, el reconocimiento formal solicitado.

El Ministerio de Defensa insistió, según reportó su comunicación en X, en que este procedimiento se fundamenta en la voluntad de responder a una reivindicación ampliamente respaldada dentro del colectivo militar, al tiempo que se mantiene la interlocución continuada con los representantes de las asociaciones. No se precisó una fecha exacta para que se culmine el proceso, ya que los tiempos dependerán de la tramitación administrativa y del consenso alcanzado en COPERFAS y en otras instancias donde deba debatirse la propuesta.

Hasta el momento, la declaración de la condición de “profesión de riesgo” sigue vinculada principalmente a los cuerpos policiales del Estado, de ámbito regional y local. De aprobarse el reconocimiento a los militares, supondría un cambio en el marco del reconocimiento social e institucional de su función, en línea con la equiparación histórica que vienen reclamando las asociaciones de las Fuerzas Armadas.

“Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”, sostuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al referirse a los desafíos vinculados a la falta de actualización del equipo militar y sus consecuencias para la seguridad del personal de las Fuerzas Armadas. Esta declaración surge en el contexto del accidente aéreo ocurrido en la región de Putumayo, el lunes por la mañana, en el que al menos ocho personas perdieron la vida y más de setenta resultaron heridas tras la caída de un avión de transporte del Ejército. De acuerdo con la información publicada por el diario colombiano El Tiempo y recogida por otros medios, la tragedia involucró una aeronave C-130 Hércules con 125 personas a bordo, incluyendo 114 pasajeros y 11 tripulantes.

El gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, comunicó a El Tiempo que, hasta el momento, se han registrado ocho fallecimientos cuyas identidades todavía se encuentran en proceso de verificación. Además, notificó que al menos 73 personas resultaron heridas y entre ellas, 15 presentan estado crítico. Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Carlos Fernando Silva, compartió a través de un video difundido en X (antes Twitter) que “han sido rescatados con vida 48 heridos”, aunque advirtió que estos datos continúan bajo revisión.

Según informó El Tiempo, la aeronave cumplía la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís y transportaba principalmente a personal militar. El accidente se produjo a las 9.50, hora local, poco después del despegue desde Puerto Leguízamo, en una zona selvática del departamento de Putumayo, tal como confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario precisó que el avión trasladaba tropas de la Fuerza Pública y que, tras el siniestro, unidades militares llegaron hasta el sitio para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate.

El presidente Gustavo Petro aportó otra cifra sobre los afectados, elevando el número total de heridos a 77 y mencionando un fallecido en primera instancia. Petro también señaló que aún no se tiene información sobre el paradero ni el estado de 43 personas que viajaban en el avión. El mandatario solicitó prudencia ante la circulación de datos preliminares y pidió esperar a los resultados de la investigación oficial para esclarecer el número exacto de víctimas y las causas del accidente, de acuerdo con lo publicado por El Tiempo.

Tras lo ocurrido, comenzaron a circular vídeos e imágenes grabadas por testigos en los que se observa el momento del impacto y a civiles asistiendo en el traslado de militares heridos empleando motocicletas, en un esfuerzo por acelerar la atención. El general Silva recalcó que los datos reportados hasta ahora son provisionales, por lo que los organismos implicados siguen cotejando la información proveniente del sitio del accidente.

Mientras tanto, Sánchez, ministro de Defensa, confirmó a El Tiempo que se han activado protocolos de atención a las víctimas y sus familiares. También anunció el inicio de una investigación para esclarecer las causas del accidente aéreo y la evaluación del estado de la nave, en la que viajaban un total de 125 personas.

El presidente Petro, según reportó El Tiempo, hizo hincapié en las deficiencias que afectan la capacidad operacional del Ejército, ligadas a demoras administrativas para renovar la flota aérea. A este respecto, manifestó que si quienes gestionan los recursos no responden a las necesidades, deben ser reemplazados. Petro advirtió que no permitirá más demoras, subrayando que está en juego “la vida de los jóvenes”. Además, aseguró que solicitará la compra inmediata de helicópteros y aviones destinados al transporte de tropas, así como la aprobación de nuevos componentes de defensa como antidrones, blindaje, cazas Gripen y helicópteros.

El ministro Sánchez expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y pidió respeto al dolor de quienes resultaron afectados, exhortando a evitar especulaciones o circulaciones de información no confirmada hasta que se publiquen los informes oficiales. Reconoció la gravedad del accidente, indicando que constituye un acontecimiento de “profunda tristeza” para Colombia, tal como consignó El Tiempo.

Las operaciones de búsqueda y rescate siguen vigentes, mientras equipos de emergencia y fuerzas militares trabajan en la atención de los heridos y la localización de los desaparecidos. La determinación de las causas del accidente permanece en manos de las autoridades, quienes analizarán las comunicaciones, el estado de mantenimiento de la aeronave y otros elementos vinculados al siniestro. Según ha reportado El Tiempo, la movilización de apoyo abarca recursos locales y nacionales destinados a mitigar las consecuencias del accidente.

El Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana han mantenido una coordinación constante con las autoridades regionales y centros de salud para agilizar la evacuación y atención médica de los heridos, conforme ha trascendido en medios nacionales. El impacto de este accidente ha puesto en relieve tanto los riesgos asociados a las operaciones militares en territorio selvático como las dificultades estructurales para el mantenimiento de la flota aérea y la protección del personal desplegado.

Una grabación obtenida por una cámara de vigilancia exhibió el ruido de un vehículo aéreo sobrevolando la zona de Varèna, seguido de una explosión y el impacto de restos tras la caída. Este incidente, registrado poco después de las 3:00 de la madrugada, atrajo la atención de las fuerzas armadas lituanas y condujo a una rápida reacción de las autoridades nacionales, según difundió la cadena estatal LRT. Como respuesta directa, la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, decidió convocar para el martes una reunión urgente de la Comisión de Seguridad Nacional con el objetivo de valorar las consecuencias y posibles riesgos para la seguridad del país. La noticia principal radica en la apertura de una investigación formal por parte de las autoridades lituanas tras la caída nocturna de un dron proveniente del exterior, en las inmediaciones de la frontera con Bielorrusia.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Lituania, el artefacto aéreo no tripulado se estrelló en la región de Varèna, junto al lago Lavysas, ubicada en el extremo sur del país y a aproximadamente 30 kilómetros de la frontera bielorrusa. Según informó LRT, las autoridades sospechan firmemente que el dispositivo se originó en territorio bielorruso; así lo afirmó Gintautas Ciunis, vocero de las Fuerzas Armadas, durante una rueda de prensa recogida por el medio gubernamental. El portavoz declaró que "lo más probable es que provenga" de Bielorrusia, subrayando la cercanía de la zona de impacto con la línea divisoria entre ambos países.

Tal como publicó la cadena LRT, el suceso se enmarca en un contexto en el que episodios similares han ocurrido en varias ocasiones desde que comenzara la invasión rusa a Ucrania a principios de 2022. Las autoridades lituanas han reportado en el pasado la repetida irrupción de drones en su espacio aéreo, aparentemente procedentes de Bielorrusia, nación que sostiene una relación de alianza con Moscú.

El Ministerio de Defensa, citado por LRT y otros medios nacionales, enfatizó que la vigilancia y control del espacio aéreo se han reforzado en consecuencia. Por su parte, la primera ministra Ruginiene resolvió la convocatoria de la Comisión de Seguridad Nacional para debatir de emergencia sobre las implicaciones del suceso. Según consignó el medio estatal, este tipo de vuelos no identificados genera preocupación en la administración lituana debido al potencial impacto sobre la seguridad interna y la estabilidad de la región.

Conforme a las declaraciones recogidas por los medios, la investigación impulsada por Lituania busca determinar el origen exacto y la naturaleza del artefacto aéreo, así como los motivos de su incursión y posterior caída en territorio lituano. En el video difundido se observa cómo el objeto volador se aproxima antes del estallido, una evidencia que será analizada como parte de la pesquisa oficial.

A lo largo de los últimos meses, según reportó LRT, las autoridades han abordado otros incidentes que involucraron drones y han incrementado sus acciones de coordinación con organismos internacionales de seguridad. La inquietud por la proximidad geográfica con Bielorrusia y la frecuente aparición de artefactos no identificados motiva a la administración lituana a mantener la atención sobre los acontecimientos fronterizos y las actividades aéreas no autorizadas.

En términos de seguridad nacional, funcionarios lituanos consultados por la cadena estatal han subrayado que la evaluación de riesgos y la elaboración de protocolos de respuesta inmediata permanecen en revisión constante. El gobierno ha reiterado, según LRT, su compromiso de proteger la integridad territorial y garantizar la defensa frente a incidentes que puedan alterar la estabilidad en la frontera sur.

El medio LRT detalló que el suceso se añade a una secuencia de episodios similares, en el marco de la tensión regional vinculada al conflicto ruso-ucraniano y al papel de Bielorrusia como socio militar y político de Rusia. Desde la administración lituana, la investigación actualmente en curso examina tanto la procedencia del artefacto como su posible función y carga, información clave para definir las siguientes medidas a tomar por parte de las autoridades e instituciones de seguridad nacional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfatizó la necesidad de modernizar el equipamiento militar después de que un avión de transporte del Ejército se estrellara en el sur del país con 114 personas a bordo. El mandatario lamentó la falta de avances en la renovación del material de las Fuerzas Armadas, mencionó que existen problemas burocráticos que han dificultado este proceso y afirmó que solicitará de inmediato la adquisición de aeronaves de transporte, helicópteros, antidrones, blindaje y aviones de combate, según publicó la prensa local y reportó la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El accidente ocurrió este lunes cuando una aeronave C-130 Hércules del Ejército colombiano cayó en Puerto Leguízamo, en la región de Putumayo, justo durante la maniobra de despegue. De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el avión viajaban 114 personas y hasta el momento se ha logrado rescatar con vida a 67 ocupantes. Operativos de emergencia se mantienen en la zona, donde tanto equipos de rescate como autoridades militares y civiles continúan las labores de búsqueda, auxilio y evaluación de daños, detalló la Fuerza Aeroespacial Colombiana a través de redes sociales.

Según informó el medio local y confirmó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, el avión transportaba tropas de la Fuerza Pública y tras el siniestro se desplegaron unidades militares al lugar de los hechos. Sánchez explicó que todavía no se tiene un balance definitivo de víctimas ni claridad sobre las causas que provocaron el accidente aéreo. Añadió que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, y que una investigación está en curso para esclarecer lo sucedido.

El mensaje del ministro incluyó un llamado a la cautela sobre la información difundida: “Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, señaló, según consignó el medio que recogió sus declaraciones.

Tras el accidente, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del momento del impacto y vídeos en los que civiles trasladan en motocicleta a militares heridos, en un intento de apoyar las tareas de salvamento mientras se organizaban los equipos oficiales. El presidente Petro expresó su preocupación por la situación y advirtió sobre las consecuencias de los retrasos en la modernización militar: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, afirmó el mandatario, quien también consideró que “persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”.

De acuerdo con lo informado por los medios colombianos y la Fuerza Aeroespacial, además de la movilización inmediata de asistencia y la investigación correspondiente, el incidente reavivó el debate nacional sobre la capacidad logística y operativa de las Fuerzas Armadas. El presidente Petro sostuvo que el Ejército ha deteriorado sus capacidades operativas durante los últimos quince años, aludiendo a que “es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, y demandó la remoción de funcionarios que no estén a la altura de los retos actuales.

El mandatario realizó anuncios relacionados con la modernización y ampliación del parque aéreo militar. Informó que se solicitaría la compra de nuevos helicópteros, aviones de carga y transporte, así como equipamiento adicional que incluiría antidrones, blindajes, cazas Gripen y helicópteros para incrementar la movilidad y protección de las tropas colombianas.

Mientras tanto, el despliegue en Puerto Leguízamo continúa, con el apoyo de la comunidad y autoridades que colaboran con los trabajos de búsqueda y rescate. El área, ubicada en una zona estratégica del sur de Colombia, mantiene la presencia de fuerzas militares y cuerpos de emergencia a la espera de un nuevo balance oficial que permita conocer la cifra definitiva de lesionados y, en caso de ser necesario, de víctimas fatales.

El accidente de la C-130 Hércules genera preocupación en diversos sectores en torno a las condiciones de mantenimiento y antigüedad de los equipos actualmente en uso por las fuerzas militares, así como en relación al ritmo de los procesos administrativos para la adquisición de nuevos recursos. El presidente Petro ha insistido en que no se otorgarán más plazos para modernizar las tropas y que la protección de la vida de los uniformados debe ser prioritaria frente a cualquier otro obstáculo burocrático, de acuerdo con lo reportado por los medios y las comunicaciones del gobierno colombiano.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa mantiene abierta la investigación y continúa la búsqueda de sobrevivientes, mientras diferentes organismos acompañan a las familias de los afectados. Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en la divulgación de información hasta que concluyan los peritajes oficiales y se esclarezcan los hechos que causaron el accidente.