El Ejército de Reino Unido incorporará nuevos drones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para reforzar la protección de sus soldados y ampliar la información disponible sobre el campo de batalla. El plan combina la adquisición de aeronaves de larga autonomía, capaces de transportar cámaras y sensores, con la entrega de más de mil aparatos pequeños para uso de las tropas en primera línea.

Los nuevos sistemas forman parte del Plan de Inversión en Defensa británico, que prevé reforzar estas capacidades de vigilar a largo alcance del Ejército mediante una nueva generación de aeronaves no tripuladas. El objetivo es sustituir equipos considerados obsoletos y acelerar la llegada de tecnología a las unidades desplegadas. El ministro de Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, presentó las adquisiciones durante el encuentro Defence Vehicle Dynamics, una exposición bienal centrada en la guerra terrestre. “Nuestros soldados merecen la mejor tecnología, y eso es lo que estamos proporcionando”, afirmó Pollard.

El Gobierno británico anunció una inversión de hasta 400 millones de libras esterlinas para poner en servicio el dron AR5, fabricado por la empresa Tekever. El modelo reemplazará al sistema Watchkeeper, que estaba operativo desde 2014, y podrá llevar hasta 50 kilogramos de cámaras y sensores. La iniciativa incluye además un contrato independiente de 16 millones de libras para suministrar 1.025 drones pequeños, adquiridos a tres pequeñas y medianas compañías con sede en el país.

AR5 transportará 50 kilos de cámaras y sensores

El contrato adjudicado a Tekever contempla una primera orden de seis drones AR5, aunque el número podría alcanzar las 24 unidades en 2029. El AR5 es un dron de vigilancia de larga autonomía diseñado para operar durante periodos prolongados. Su capacidad para transportar cámaras y sensores de hasta 50 kilogramos permitirá obtener información desde mayores distancias y durante más tiempo que los equipos pequeños destinados a las tropas sobre el terreno.

El Ministerio de Defensa indicó que este modelo ya fue utilizado por Ucrania en la guerra contra Rusia. El contrato con Tekever contribuirá a sostener más de 1.000 empleos cualificados hasta 2030, según asegura el comunicado oficial. “Estamos orgullosos de entregar el AR5 al Ejército británico en este momento crítico para la seguridad nacional”, afirmó el director ejecutivo de Tekever en Reino Unido, Karl Brew. La empresa fabricará los aparatos en una planta de Swindon. Según el Gobierno, el programa responde a la necesidad de renovar las capacidades de observación y reconocimiento de largo alcance del Ejército, que hasta ahora dependía del sistema Watchkeeper, en servicio desde 2014.

Más de mil drones pequeños

El acuerdo de 16 millones de libras incluye 245 drones FOXE-NATO, desarrollados por Evolve Dynamics. Estos aparatos pesan menos de 250 gramos y cuentan con cámaras infrarrojas, una característica que permitirá utilizarlos en operaciones nocturnas. También se entregarán 670 unidades del modelo Skydio X10 INTL, suministradas por Marlborough Communications Limited. Estos drones pueden prepararse para el vuelo en menos de un minuto y alcanzar una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora.

La tercera partida comprende 110 drones ‘Sonora’, desarrollados mediante una alianza entre Brigantes Consulting, de Exeter, y Harmattan AI. Estos equipos están concebidos para entrenar a los soldados antes de que empleen aeronaves similares durante operaciones reales. El programa busca acelerar la incorporación de tecnología a las unidades militares, con la meta de duplicar la capacidad de combate del Ejército para 2027 y reducir a 24 meses el plazo entre la contratación de un equipo y su llegada a la primera línea. Las entregas del contrato están cerca de completarse, de acuerdo con el comunicado oficial. La adquisición fue gestionada por el Grupo Nacional de Dirección de Armamentos y forma parte del Proyecto Rapstone, precisamente orientado a acortar los plazos de incorporación.

Cuando se están por cumplir 9 años del trágico hundimiento del ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes y una repercusión mundial, Argentina podría volver a tener próximamente una flota de submarinos. El presidente Javier Milei autorizó la compra de tres unidades que podrían comenzar a fabricarse a mediados del 2027, si es que se llega a un acuerdo con las empresas que pujan por quedarse con el negocio.

El gasto está previsto en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió el martes por la noche al Congreso y que incluye la autorización para que el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, tome un préstamo de hasta USD 2.300 millones destinado a la adquisición de estos sumergibles para la Base Naval Mar del Plata.

De acuerdo con lo que explicaron a Infobae fuentes oficiales, recientemente el funcionario recibió dos ofertas concretas por parte de firmas que construyen estos navíos, la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y la francesa Naval Group.

Las conversaciones con estas compañías se intensificaron en el último tiempo, pero comenzaron hace ya varios meses, poco antes de que el propio mandatario nacional asegurara en una entrevista que tenía una buena relación con Emmanuel Macron y que uno de los temas que ambos tenían en agenda era este.

“Hay dos empresas que nos acercaron propuestas, con diferentes precios y sistemas de armas, pero lo más probable es que se opte por la francesa”, anticipó a este medio una persona cercana al ministro Presti.

La compra figura en la planilla anexa al artículo 42 del Presupuesto 2027, referida a las operaciones de crédito público. Allí se establece que el tipo de deuda será un “préstamo”, con un “plazo mínimo de amortización” de tres años y con destino específico para la “adquisición de tres submarinos convencionales”.

El texto no identifica la entidad que otorgará el dinero, aunque en su momento Infobae pudo saber que se estaba negociando con la administración de Macron para que intervenga y algún organismo internacional participe de la transacción.

Tampoco se detalla en el documento el modelo que se buscará incorporar, el país de origen de las embarcaciones ni el plazo previsto para la firma de un eventual contrato, o si las unidades serán construidas en el exterior o si parte del proceso tendrá participación de la industria nacional.

La autorización presupuestaria, de todas formas, representa un avance concreto en una negociación que el Gobierno mantiene desde hace meses para recuperar la capacidad submarina de la Armada. Hasta ahora, una de las principales alternativas que analizaban las autoridades era la compra de unidades a la compañía Naval Group.

La empresa europea ya había mantenido conversaciones con la Argentina durante la administración de Alberto Fernández, cuando se firmó una carta de intención para avanzar en la adquisición de varios de estos barcos. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las gestiones continuaron y se concentraron especialmente en la posibilidad de incorporar submarinos de la clase Scorpene.

Por su parte, la alemana TKMS postuló a su modelo 212, también convencional (de propulsión diésel-eléctrico), de quinta generación, pero con un sistema que le da la capacidad de operar bajo el agua sin necesidad de emerger o usar el tubo de snorkel durante semanas.

No obstante, aunque estudia la oferta y la decisión final todavía no se tomó y dependerá de diferentes factores, como el armamento y las Características específicas, además del precio y la forma de pago, el Ministerio de Defensa se estaría inclinando por el Scorpene.

Cómo es el submarino francés que se analiza y las formas de financiamiento que se ofrecieron

Se trata del mismo modelo que compró Brasil en el marco del programa PROSUB, a partir de un acuerdo firmado en 2008 con Naval Group. El país vecino ya recibió cuatro unidades convencionales y trabaja, además, en el desarrollo de un quinto que será de propulsión nuclear.

En noviembre de 2025, el director de Ventas para países estratégicos, Grecia, Brasil y Latinoamérica de esta firma, Laurent Mourre, explicó a este medio en qué estado se encontraban las conversaciones: “Lo que puedo confirmar es que el gobierno argentino quiere comprar submarinos”, afirmó entonces.

El Scorpene aparece como una de las opciones que más interés generó en la Casa Rosada y en las Fuerzas Armadas. Se trata de un submarino convencional diésel-eléctrico, diseñado para operaciones de vigilancia, control marítimo, inteligencia y defensa de zonas estratégicas.

La compañía francesa también ofrece paquetes que pueden incluir mantenimiento, sistemas eléctricos, armamento y entrenamiento. No solo ofrecen los buques, sino también el mantenimiento de los mismos, los sistemas eléctricos y equipamiento, e incluso el armamento.

En esta línea, cuenta con la capacidad de fabricar misiles MU90, que es el torpedo ligero más potente del mundo, capaz de neutralizar todo tipo de submarinos y que es utilizado por 12 países.

También vende el F21, un torpedo submarino inteligente, que es de largo alcance y, por su versatilidad, puede ser implementado para atacar objetivos de varios tamaños y funciona hasta en condiciones complejas.

Además, la empresa diseñó un sistema de defensa antitorpedo llamado SINGER, que está basado en el revolucionario principio de confusión/dilución. Esta contramedida genera cientos de objetivos falsos que se renuevan constante y aleatoriamente para saturar el procesamiento de datos de los torpedos más modernos y agotar su energía.

Sin embargo, la principal dificultad para la Argentina siempre fue el financiamiento. Cada unidad de este tipo puede superar los USD 700 millones, aunque el costo final depende de las características solicitadas, la incorporación de equipamiento adicional, los sistemas de armas y el lugar de construcción.

Mourre explicó que una eventual producción local requeriría inversiones significativas en infraestructura y formación de personal. Tandanor necesitaría adecuaciones para fabricar submarinos y un programa de ese tipo demandaría cerca de diez años hasta la entrega de la primera unidad.

La otra alternativa sería adquirir los buques construidos en Francia o negociar un esquema de fabricación parcial. En estos casos, la administración europea puede intervenir mediante garantías para créditos de exportación, un mecanismo habitual en contratos de defensa de gran escala.

“Las condiciones de la financiación no dependen de Naval Group, pero el Estado francés puede tener un papel relevante, porque puede dar una garantía”, había señalado el ejecutivo de la firma. También precisó que los bancos participantes suelen conocer tanto al fabricante como al país comprador.

El Presupuesto 2027 no confirma que Naval Group sea finalmente la empresa elegida. La planilla solo habilita el endeudamiento para avanzar con la compra de tres unidades convencionales, por un monto de hasta USD 2.300 millones y con destino a la Base Naval Mar del Plata.

La decisión se suma a otras partidas destinadas a la modernización militar. El Presupuesto prevé fondos para la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano y para obras de infraestructura destinadas a la llegada de una aeronave de caza multirrol a la VI Brigada Aérea de Tandil y al Área Material Río Cuarto.

El Ministerio de Defensa tendrá en 2027 un crédito de $5.234.410 millones, según el proyecto enviado al Congreso. Dentro de esa cifra, el Estado Mayor General de la Armada Argentina recibirá $1.305.942 millones, frente a los $1.052.448 millones contemplados para 2026.

La compra de submarinos requerirá todavía la aprobación del Presupuesto, la definición del financiamiento y la firma de los contratos correspondientes. Pero por primera vez desde el hundimiento del ARA San Juan, la recuperación de una flota submarina aparece incorporada de forma explícita en la planificación financiera del Estado.

El Gobierno prepara espacios militares en Ancón para recibir a presos por delitos menores, como parte de una estrategia orientada a reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del país. Los ambientes se ubican en un terreno en desuso del Ejército, donde antes funcionó la Escuela de Blindados.

La iniciativa contempla el traslado de internos condenados por incumplimiento de obligaciones alimentarias, robos menores y otros delitos considerados de menor peligrosidad. El objetivo es separar a esta población de los reclusos investigados o sentenciados por crimen organizado, sicariato, extorsión y otros delitos de mayor gravedad.

“Ellos irán a cuarteles, irán a hangares, irán a trabajar, irán a hacer talleres”, afirmó una autoridad durante la presentación de la medida.

El Ejecutivo plantea que estas instalaciones permitan aplicar actividades laborales y de capacitación para los internos que sean trasladados.

Las imágenes difundidas desde la Escuela de Infantería de Ancón muestran galpones con techos de calamina, camas camarote, ventanas pequeñas y áreas que requieren adecuaciones para funcionar como espacios de reclusión.

El proyecto contempla la instalación de servicios básicos, iluminación, control de accesos y zonas diferenciadas para los internos.

“No, básicamente donde funcionaba la escuela de blindados en Ancón. Ahí estamos acondicionando varios espacios”, explicó un vocero sobre la ubicación elegida a ATV Noticias. El lugar forma parte de los predios que el Estado evalúa para ampliar temporalmente la capacidad de albergue del sistema penitenciario.

Gobierno evalúa otros terrenos militares ante el hacinamiento penitenciario

La propuesta surge en un contexto de sobrepoblación en las cárceles. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) citadas en el informe, los 69 penales del país tienen capacidad para 41.764 personas, mientras la sobrepoblación alcanza el 156%. También se informó que más de 39.000 internos permanecen sin sentencia.

Entre los establecimientos con mayor presión figura el penal de Huancavelica, con 344 internos pese a que su capacidad es de 60. En Castro Castro, la sobrepoblación supera los 5.000 presos, de acuerdo con los datos expuestos.

La habilitación de espacios castrenses forma parte de un plan que incluye requisas en penales, participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y el anuncio de cárceles de máxima seguridad. El Gobierno plantea reservar los penales de mayor control para criminales considerados de alto perfil, como Jhonsson Pulpo o Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo.

Los internos trasladados a Ancón permanecerían bajo custodia y con reglas específicas de disciplina, aunque el informe no precisó el número de plazas que tendrá el recinto ni la fecha de inicio de los traslados. Tampoco detalló si la administración corresponderá al INPE, al Ejército o a un esquema conjunto.

La autoridad señaló que el uso de terrenos militares permitiría ampliar la fiscalización del sistema penitenciario. “De esa manera nos permite una mayor posibilidad de fiscalizar los penales y ahí nuestras fuerzas armadas también van a participar”, sostuvo.

El Ejecutivo tampoco descarta emplear otros predios del Ejército que estén abandonados o sin actividad operativa. Cada alternativa requerirá evaluaciones sobre infraestructura, seguridad, abastecimiento de agua, servicios de salud y transporte para personal, internos y operadores judiciales.

Un juez federal sentenció en Tamaulipas a Marco Adán “N”, Jesús Eduardo “N” y Gloria Michel “N” a 52 años de prisión por secuestro agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los tres fueron detenidos en 2024 tras una denuncia anónima que permitió ubicar un inmueble en el ejido San Francisco, municipio de Hidalgo. Durante el operativo, las autoridades localizaron a una persona que se encontraba privada de la libertad y aseguraron armas de fuego.

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas participaron en el despliegue que derivó en las capturas. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó el caso ante la justicia federal.

El juez impuso 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado y otros dos años por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con lo que la condena total asciende a 52 años para cada persona.

La reparación integral del daño a la víctima deberá determinarse durante la etapa de ejecución de la sentencia.

Datos obtenidos por Infobae México relaciona a los tres sentenciados con el Cártel del Golfo, información que no fue incluida por la FGR en su comunicado oficial sobre a sobre el veredicto.

El Cártel del Golfo mantiene presencia en Tamaulipas pese a recientes capturas

Durante 2026, autoridades han detenido a integrantes y presuntos líderes de distintas células relacionadas con el Cártel del Golfo en Tamaulipas, donde la organización mantiene una estructura fragmentada.

En febrero fue detenido en Matamoros Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus”, señalado por autoridades como presunto líder de la célula Operativa Ranger.

En abril, Alexander Benavides Flores, alias “El Metro 9”, fue detenido en Reynosa y señalado como presunto integrante y líder de una célula del Cártel del Golfo. Después de su captura se registraron bloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad.

El Cártel del Golfo enfrenta disputas por el control de Tamaulipas

La posición fronteriza de Tamaulipas también ha convertido al estado en un territorio de disputa entre organizaciones criminales. De acuerdo con InSight Crime, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha buscado expandirse hacia zonas que históricamente estuvieron bajo influencia del Cártel del Golfo, entre ellas Reynosa, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, San Fernando y Ciudad Victoria.

La competencia no se limita al tráfico de drogas. El control de los municipios fronterizos permite acceder a rutas hacia Estados Unidos y a otras actividades que generan ingresos para los grupos criminales. La disputa por esas zonas puede involucrar tanto a las distintas facciones del Cártel del Golfo como a organizaciones que buscan desplazarlo de sus áreas tradicionales de operación.

A esta economía se suma el contrabando de combustible. El perfil de InSight Crime actualizado en agosto de 2026 cita una investigación que relacionó a Los Metros, una de las facciones del Cártel del Golfo, con una red binacional dedicada al traslado ilegal de combustible entre México y Estados Unidos. Según esa investigación, millones de litros habrían sido movilizados mediante puertos y aduanas de Tamaulipas, con una presunta participación de empresarios, funcionarios aduaneros y miembros de corporaciones de seguridad.

El mismo análisis señala que más de 95 por ciento del combustible contrabandeado por las diez empresas investigadas habría ingresado a México por Tamaulipas. El dato muestra que las economías asociadas a las facciones del Cártel del Golfo van más allá del tráfico de drogas y aprovechan la infraestructura comercial y fronteriza de la entidad.

La presión sobre el grupo también ocurre desde las instituciones locales. En mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas obtuvo condenas contra 12 integrantes de una banda dedicada al secuestro agravado y señaló que la célula operaba en Reynosa y estaba relacionada con distintas investigaciones por privaciones de la libertad ocurridas entre 2023 y 2024.

Ese mismo mes, la Fiscalía estatal informó sobre otras 12 sentencias contra integrantes de un grupo dedicado a la extorsión. Según la autoridad, los responsables realizaban llamadas desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa y utilizaban cuentas bancarias para recibir los depósitos exigidos a las víctimas, principalmente adolescentes y adultos mayores de Matamoros.

La actividad criminal en Tamaulipas, por tanto, no se concentra en una sola estructura ni en un único delito. Las autoridades han documentado durante 2026 casos de secuestro y extorsión, mientras análisis especializados identifican disputas por territorios fronterizos y economías como el tráfico de drogas, migrantes y combustible.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32735, la conocida ‘Ley Rospigliosi’ que impide que amplía el concepto de delito de función aplicable para la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) e impide que los miembros de estas instituciones sean procesados por el Poder Judicial (fuero civil).

Se trata de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Cusco contra el Congreso. La norma en cuestión lleva como nombre “Ley que modifica el Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094, y el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales”.

De acuerdo con la demanda, la ‘Ley Rospigliosi’ contraviene los límites de la jurisdicción militar al considerar como delito de función “toda conducta ilícita por acción u omisión, cometida por un militar en acciones militares o un policía en situación de actividad, en acción de armas, en acto del servicio, consecuencia del servicio o con ocasión de él, y que atenta contra bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional”.

El fuero militar únicamente investiga y sanciona delitos de función, que protegen bienes jurídicos institucionales, como la disciplina militar, el honor castrense, la obediencia al mando y la defensa nacional. La Ley 32735, al ampliar este concepto a “toda conducta ilícita”, lo desnaturaliza ya que, por ejemplo, un homicidio (delito contra la vida) sería tratado como “delito de función” cuando el bien jurídico protegido es la vida.

En su demanda, el Colegio de Abogados de Cusco también califica como inconstitucional la disposición de la ‘Ley Rospigliosi’ que obliga al Poder Judicial a archivar investigaciones “sin necesidad de audiencia previa y mediante decisión inimpugnable” si es que existe una investigación en el Fuero Militar Policial. Advierten que esto vulnera los derechos de las víctimas y, además, dejaría sin efecto las sentencias condenatorias que todavía no sean firmes y las reparaciones civiles impuestas.

“Habiéndose cumplido los requisitos exigidos por los artículos 97 y siguientes del Nuevo Código Procesal Constitucional, se debe admitir a trámite la demanda. En tal sentido, y estando a lo dispuesto por el artículo 105, inciso 1, del NCPCo, corresponde emplazar al Congreso de la República para que se apersone al proceso y conteste la demanda en el plazo de 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución”, se lee en la resolución del TC.

Dentro de dicho plazo, el procurador público del Congreso deberá responder la demanda. Luego el TC convocará audiencia para que ambas partes presenten ante los magistrados sus argumentos. Al final del debate, la demanda quedará al voto.

Para declarar fundada una demanda de inconstitucionalidad se requieren 5 votos conformes. Si no se llega a esa votación, la demanda es declarada infundada.

Cabe precisar que la Defensoría del Pueblo también presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ‘Ley Rospigliosi’.

El general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y exsecretario de Defensa durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, fue procesado el 1 de septiembre por una jueza que dictó auto de formal procesamiento en su contra y fijó la audiencia preliminar para el 14 de septiembre.

La fiscalía lo acusa de incitación a la discriminación y de limitar derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión, en un caso que organizaciones de derechos humanos consideran capaz de sentar precedente.

La defensa de Hernández, sin embargo, apeló la decisión el 4 de septiembre y pidió el sobreseimiento definitivo de la causa, con el argumento de que el tribunal excluyó de forma indebida dos peritajes y varios documentos presentados por su representación legal. Según un relevamiento de LatAm Journalism Review, el proceso es inédito por el rango del acusado y por el tipo de hechos investigados.

Las acusaciones se originaron en la confrontación entre las Fuerzas Armadas y periodistas

La secuencia que desembocó en el caso se remonta al ciclo electoral que terminó con la llegada de Nasry Asfura a la presidencia el 27 de enero de 2026. En noviembre de 2024, el Auditor Jurídico Militar presentó ante el Ministerio Público una denuncia para abrir procesos contra 12 medios de comunicación por presunta calumnia y difamación.

La tensión creció el 9 de marzo de 2025, durante las elecciones primarias. Thelma Mejía, periodista hondureña y directiva de la Red Centroamericana de Periodistas, dijo a LatAm Journalism Review que ese día marcó un aumento de la hostilidad hacia la prensa, en medio de retrasos que afectaron al 72% de los centros de votación por demoras en la entrega de material electoral custodiado por las Fuerzas Armadas.

Periodistas pidieron explicaciones e incluso reclamaron una investigación del Ministerio Público sobre ese episodio, algo que —según le dijo Mejía a ese medio— provocó el malestar de Hernández.

El 26 de mayo de 2025, la publicación oficial militar “FF.AA. Digital” difundió en portada y páginas interiores acusaciones contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra bajo el título “sicarios de la verdad”. Allí se les atribuyó la difusión de información falsa, algo que los denunciantes interpretaron como estigmatización, incitación al odio y difamación.

El requerimiento fiscal también incorporó publicaciones en redes sociales con esas mismas acusaciones, a las que se sumó un señalamiento público de Hernández contra el periodista José Adán López, a quien vinculó con el crimen organizado.

La fiscalía añadió además la aparición de mantas en distintos puntos de Tegucigalpa con fotografías de periodistas y la frase “Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”. Quienes se adjudicaron esas pancartas se identificaron como Movimiento Popular Hondureño y no establecieron un nexo con las Fuerzas Armadas.

El caso llega en un contexto de aumento de agresiones contra la prensa

Un informe reciente de C-Libre registró un alza de 19,6% en las agresiones contra prensa y personas defensoras en el contexto electoral hondureño. Ese reporte señaló como principal agresor al aparato estatal: 49% de los ataques provinieron de las Fuerzas Armadas, 22,8% de funcionarios del gobierno de Castro y 17% de la Policía Nacional.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también incluyó en su informe anual de 2025 actuaciones de las Fuerzas Armadas que coinciden con los hechos descritos en el requerimiento fiscal. La oficina advirtió: “En un contexto de progresivo deterioro del debate público y de la libertad de expresión en Honduras, esta Oficina también expresa su alarma por los múltiples reportes de estigmatización e intimidación dirigidos contra la prensa por miembros de las Fuerzas Armadas”.

La relatoría agregó que esas acciones se expresaron “tanto en discursos públicos emitidos por su alta cúpula como en la activación y amenaza de procesos penales, que parecen orientados a intimidar y silenciar a periodistas que investigan las actuaciones de esta institución”.

Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), dijo a LatAm Journalism Review que el expediente no habría avanzado sin la presión sostenida de periodistas y organizaciones: “Tuvimos que hacer incidencia permanente y fuerte por tres semanas antes de que libraran el requerimiento fiscal. Con nuestras investigaciones logramos saber que tenían engavetado el requerimiento a pesar que ya estaba listo y denunciamos posibles pactos oscuros bajo la mesa. Así los presionamos con reiteradas comparecencias públicas”.

Meza calificó el expediente como “un caso emblemático e histórico” y afirmó que el trabajo de Asopodehu y de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos fue decisivo para que la fiscalía hiciera pública la investigación.

Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), le dijo a LatAm Journalism Review que la presentación del caso en noviembre de 2025, poco antes del cambio de gobierno, puede alimentar dudas sobre motivaciones políticas.

Aun así, sostuvo que la causa puede convertirse en un “parteaguas” para sancionar actos de coerción contra periodistas: “Puede servir de antecedente jurídico y de jurisprudencia sobre qué hacer en relación con algunas acciones que puedan significar coerción o coartar la libertad de expresión”. También afirmó que podría alentar nuevas denuncias en un país donde, según sus palabras, persiste una alta impunidad en los delitos contra periodistas.

Para Mejía, en declaraciones al mismo medio, el proceso también puede funcionar como límite ante futuras tensiones con la nueva administración. “Creemos que en este gobierno probablemente no se va a vivir la confrontación con los medios tan fuerte como el pasado”, dijo. “Pero eso no significa que no se vaya a dar, sino que creo que serán más estratégicos y más inteligentes en cuanto a las formas en que ellos van a tratar de controlar la opinión”.

La Audiencia Nacional ha rechazado conceder protección internacional a un hombre que asegura que fue reclutado por la fuerza en el Ejército de la República Saharaui cuando tenía 16 años y que decidió escapar cuatro años después para no volver a las filas militares. Llegó a España y pidió asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero Interior rechazó su solicitud. Ahora, la Justicia confirma esa decisión: entiende que las duras condiciones que relató durante su etapa en el Ejército, el temor a tener que regresar a él y la situación general de su país no encajan, por sí solas, en los supuestos que permiten obtener el estatuto de refugiado.

El relato que llevó al hombre hasta los tribunales comienza cuando todavía era menor. Según contó en su solicitud, a los 16 años le obligaron a alistarse en el Ejército de la República Saharaui para luchar contra Marruecos. La guerra, explicó, comenzó en 2020, precisamente el año en el que empezó a plantearse seriamente la posibilidad de marcharse. La enfermedad de su madre, que situó en marzo o abril de aquel año, terminó de reforzar esa decisión.

No llegó a combatir. Su cometido, siempre según su versión, fue otro: construir muros, excavar zulos y levantar infraestructuras destinadas a la defensa. Trabajos especialmente duros que, aseguró, se desarrollaban con una remuneración muy baja y en un ambiente de malos tratos. Él mismo describió aquellas condiciones como “casi un régimen de esclavitud”.

Quiso marcharse junto a su madre. Consiguió incluso algún permiso, pero, según relató, las exigencias para que regresara al Ejército continuaron. Finalmente, en 2020 decidió no volver. Para abandonar el país obtuvo un pasaporte falso de Mauritania y emprendió la salida. Su miedo, explicó a las autoridades españolas, era sencillo: regresar significaba exponerse a tener que incorporarse otra vez al Ejército o a la guerra. “Busca la paz”, resumió su relato.

Interior rechazó su petición y la Audiencia Nacional respalda ahora esa decisión

La primera respuesta llegó del Ministerio del Interior el 4 de julio de 2024. La Administración denegó la solicitud de protección internacional y, cinco días después, rechazó también el reexamen planteado por el interesado. El argumento central era que lo contado no demostraba un temor fundado de persecución por ninguno de los motivos que contempla la normativa de asilo: raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, género u orientación sexual.

Interior puso además el foco en un aspecto concreto del relato: el hombre no había afirmado que hubiera sido obligado a combatir ni a realizar acciones militares defensivas en sentido estricto, sino que había relatado principalmente las malas condiciones de trabajo que sufrió dentro del Ejército. Tampoco consideró suficientemente explicada la etapa que transcurrió entre su salida de las filas militares en 2020 y su posterior salida del país como para apreciar una persecución individual.

La defensa llevó entonces el caso ante la Audiencia Nacional. Solicitó que se reconociera su derecho a que la petición de protección internacional fuese admitida y, como alternativas, pidió que se autorizase su entrada y permanencia en España mientras se resolvía un procedimiento sobre su eventual condición de apátrida o que se le permitiera permanecer por razones humanitarias. El Estado reclamó que se mantuvieran las decisiones de Interior.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una resolución fechada el 13 de julio de 2026, dan la razón a la Administración. La cuestión no está, según explican, en determinar si la situación que describe el solicitante fue dura, sino en si esa situación reúne las características exigidas para activar la protección internacional. Y ahí es donde el caso se queda corto, a juicio de la Sala.

El derecho de asilo no funciona como una protección general frente a cualquier circunstancia adversa que pueda encontrarse una persona al regresar a su país. La condición de refugiado exige que exista un temor fundado de persecución conectado con determinados motivos protegidos. La resolución recuerda que esa persecución puede proceder incluso de actores que no sean el propio Estado, pero en ese supuesto también debe acreditarse que las autoridades del país no pueden o no quieren proteger eficazmente al afectado.

En este caso, los jueces no encuentran ese vínculo. El hombre había puesto sobre la mesa las condiciones sufridas en el Ejército y, durante el procedimiento judicial, también la situación económica y social del país. Pero la Audiencia Nacional considera que ninguno de esos elementos aparece relacionado con una persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, ideología política, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual. Por eso concluye que los hechos invocados quedan fuera de los supuestos previstos por la Convención de Ginebra y la legislación española de asilo.

Tampoco ve acreditado un riesgo grave si regresa

La otra vía que intentó la defensa era la protección subsidiaria. Se trata de una figura distinta del estatuto de refugiado que permite proteger a una persona cuando su regreso puede exponerla a determinados daños graves, como la pena de muerte, la tortura o los tratos inhumanos o degradantes, o amenazas graves contra su vida o integridad física derivadas de una situación de violencia indiscriminada en un conflicto.

Tampoco por ahí prospera el recurso. La Audiencia Nacional considera que no han quedado acreditadas esas circunstancias en el caso concreto. La documentación incorporada al procedimiento, señala, no permite apreciar una situación de violencia generalizada ni un conflicto interno en los términos necesarios para conceder esta protección.

Quedaba una última posibilidad: permitirle permanecer en España por razones humanitarias. Esta alternativa tiene un margen distinto al del asilo y puede atender a circunstancias excepcionales de carácter personal, incluso cuando no estén directamente vinculadas a los motivos clásicos de persecución. Pero también aquí la resolución exige que esas circunstancias sean alegadas y acreditadas.

Y eso es precisamente lo que, según los jueces, no ocurre. La mera referencia a las condiciones de trabajo que sufrió en el Ejército y a las dificultades generales de su país no basta para justificar una autorización de permanencia por razones humanitarias. La Sala recuerda que esta vía está pensada para situaciones excepcionales y no puede convertirse en una alternativa automática cuando no se cumplen los requisitos del asilo o de la protección subsidiaria.

Hay un procedimiento que sigue su propio camino. El hombre había solicitado también el reconocimiento de la condición de apátrida y, según recoge la resolución, ese expediente estaba siendo tramitado de forma independiente. También se encontraba pendiente la cuestión de su permanencia en España mientras se resolvía esa solicitud. La Audiencia Nacional deja claro que ese procedimiento no queda resuelto por su decisión sobre el asilo.

En abril del 2024, el entonces recién asumido presidente Javier Milei ordenó que la Argentina inicie por segunda vez el proceso para ser admitida como parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), comenzando así una nueva etapa en la posición geopolítica del país en lo que respecta a las alianzas militares.

La última vez que había ocurrido algo similar fue en 1999, sobre el final del mandato de Carlos Menem, cuando las relaciones con los Estados Unidos seguían estando en un buen momento y la Casa Rosada pidió ser miembro pleno de la NATO -por sus siglas en inglés- lo cual fue rechazado.

La propia institución internacional aclara en el artículo 10 de su carta fundacional que se podrá incorporar “a cualquier Estado europeo“, por lo que deja explícitamente afuera a los que son de otros continentes.

Por esta razón, hace ya dos años que la gestión libertaria impulsó una estrategia diferente, que es la de solicitar ser “socio global” de la organización, un estatus que sí está permitido y que hasta ahora solamente ostenta Colombia dentro de América Latina.

La alianza militar es un sistema de defensa colectiva que representa los intereses geopolíticos de las principales potencias occidentales, empezando por Washington, y tiene como némesis a Rusia, Irán y China.

Fue creada en abril de 1949 para frenar el avance de la entonces Unión Soviética por un grupo de 12 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Bélgica, Dinamarca, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal.

Con el tiempo se sumaron otras naciones europeas, hasta alcanzar en la actualidad un total de 31 integrantes que, en su conjunto, representan el 53% del gasto militar a nivel mundial.

El punto más importante del tratado es el que establece que un ataque armado contra uno o más de sus miembros plenos, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como dirigido contra todos ellos, razón por la cual son estrictos a la hora de abrirse a nuevos candidatos.

De hecho, la posibilidad de que Ucrania se incorporara a la organización fue uno de los motivos que influyeron en el inicio de la guerra con Rusia, que consideró esas negociaciones como una amenaza.

En 2024, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió en el cuartel general de la OTAN, en Bruselas, con su secretario general adjunto, Mircea Geoana, y le presentó la carta de intención que inicia el proceso de incorporación de la Argentina.

Desde entonces, el Gobierno inició un proceso de fuerte modernización de sus Fuerzas Armadas, renovando equipo básico que estaba obsoleto, con la adquisición de avanzados fusiles de origen israelí, por ejemplo, o haciendo importantes compras, como la de los aviones F-16 y los P-3 Orion a Noruega, o los Strykers provenientes de los Estados Unidos.

Más recientemente, Milei anunció, en el marco de un plan de fortalecimiento del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, la construcción de una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

Esta es una iniciativa que lleva ya varios años y que alguna vez llamó la atención de la Casa Blanca, que analizó financiar el proyecto, pero que finalmente se hará enteramente con recursos nacionales.

Para esto, el Presidente le ordenó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que priorice las partidas para Defensa al momento de elaborar el Presupuesto 2027, que se enviará la próxima semana al Congreso.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del Palacio de Hacienda, si bien todavía no está definido el monto final que se asignará a esa área, ”no habrá recortes en otros lados, porque el aumento saldrá del superávit“.

Los recursos que se destinan para gastos militares son un punto muy importante para el mandatario estadounidense, Donald Trump, que incluso criticó públicamente a sus aliados por no aumentar las partidas para ese sector.

“Estados Unidos gasta mucho más dinero que cualquier otro país en la OTAN para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio”, sostuvo el republicano en julio pasado.

Por su parte, la Argentina confirmó que participará el año que viene de la Operación Nanook, que realizará la organización internacional, por lo que enviará efectivos al Ártico para participar de los ejercicios encabezados por Canadá.

El 30 de julio, miles de personas cruzaron de Marruecos a Ceuta. Ya se había producido un goteo de entradas, pero ese día el caos se apoderó del espigón de El Tarajal. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llevaba unos días (desde el 27 como mínimo, según los informes que ha desclasificado este miércoles el Gobierno) advirtiendo de movimientos inusuales en redes al otro lado de la frontera.

Pero el aviso más importante se produjo el 29 de julio, un día antes. Un miembro del CNI escribió a Delegación de Gobierno de Ceuta un mensaje por WhatsApp advirtiendo que “en RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20″. Estos mensajes demuestran la línea que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido en todo momento, sobre la existencia de alertas del CNI sobre lo que podía suceder en Ceuta y que al final sucedió.

Así fue la conversación que se mantuvo a las 13:52 del mediodía de ese 29 de julio:

CNI: Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados

CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores

CNI: Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión

Delegación: Sus rilas [una expresión informal que quiere decir “que tengan miedo (ellos)”]

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A las 21:34, es decir, unas siete horas después, Delegación habló con el contacto del CNI unos 11 minutos, una conversación que no ha trascendido en los informes desclasificados por el Gobierno. Ese mismo día, en paralelo y a la misma hora, el CNI avisaba a la Unidad Central Especial 3 (UCE 3) de la Guardia Civil y llamaba sin obtener respuestas, por lo que le dejaba unos mensajes.

CNI: XXXX te llamo por la situación de Ceuta.

CNI: Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono

CNI: Tenemos varios grupos en Fb y WahtsApp incentivando estas entradas.

A las 13:59, se produce una llamada perdida desde la UCE-3.

UCE-3: xxxxxx perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar.

UCE-3: Estos días están XXXX que ha estado unos meses fuera y también Xxxxx

UCE-3: Me puedes llamar a mí también

A las 14:41, se produce una llamada entre ambos cuerpos que dura 7 minutos y 38 segundos.

El CNI advirtió también a Marruecos

El CNI emitió ese mismo 29 de julio a las 18:26 horas una nota informativa con una “alerta temprana” que tenía como destinatario los servicios de inteligencia de Marruecos, en los que avisaba de un posible “asalto a la valla de Ceuta” justo un día después, el 30 de julio, coincidiendo con la semana de la Fiesta del Trono en el país vecino.

“En días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono”, advierte el CNI en esa alerta remitida a la DGST y DGED marroquí.

El CNI avisaba a la inteligencia marroquí de algunos perfiles especialmente activos, y citaba un grupo de Whatsapp de nombre “Asalto a la valla de Ceuta” cuyo administrador tenía “dos teléfonos, uno español y otro argelino”. Su nombre aparece tachado por motivos de seguridad.

También se aludía a un grupo de Facebook con el nombre Ceuta Fnideq con más de 160.000 miembros y se advertía de mensajes en los que se invitaba a cruzar a España. “El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en las fiestas del Trono; a las ocho las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles”, indicaba el CNI.

La inteligencia española se refería, además, a un grupo de Facebook con el hombre Hraga Ceuta con más de 22.000 miembros, en este caso sin un día exacto para cruzar a España, aunque subrayaba que “el llamamiento sería favorable durante toda la semana”.

“Castillejos-Ceuta: toda la semana está bien para los que quieran pasar, esta es la oportunidad; que Dios os facilite”, rezaba el mensaje.

El documento del CNI remitido a la inteligencia marroquí terminaba solicitando colaboración: “En caso de obtener nuevos datos sobre el asunto, se trasladarán oportunamente a su Servicio; se agradece su inestimable y continua colaboración en este asunto”.

En el marco del conflicto por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno anunció recientemente la construcción de una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, que se sumará de esta manera a la que ya existe en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, la cual continuará funcionando normalmente, según aseguraron las autoridades de las Fuerzas Armadas.

El establecimiento en cuestión fue centro también en los últimos días de una fuerte polémica respecto a su futuro, debido a que el Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Presti, dispuso un relevamiento de todos los inmuebles con los que cuenta el sector militar para hacer un análisis exhaustivo y optimizar los recursos.

A través de un comunicado, la Armada Argentina ratificó que la Base Aeronaval que actualmente se encuentra en la localidad bonaerense continuará operando con normalidad, aunque confirmó que se convertirá en una Estación Aeronaval.

En el texto, la institución señaló que, “ante versiones que circulan en redes sociales respecto de un supuesto cierre” de ese lugar, se indica “de manera categórica que no se encuentra previsto” su cese de actividades “ni el despido de su personal civil”.

Con este mensaje se buscó “llevar tranquilidad” a los empleados que cumplen tareas en esa dependencia “a sus familias y a la comunidad de Punta Indio, frente a versiones que generan preocupación e incertidumbre de manera injustificada”.

“Asimismo, cabe señalar que esta información también fue comunicada personalmente por el jefe del Estado Mayor General de la Armada al Intendente de Punta Indio, durante el encuentro que ambos mantuvieron el pasado 27 de agosto en el Edificio Libertad, oportunidad en la que se ratificó la continuidad de la Base Aeronaval”, se recordó.

Efectivamente, en aquella oportunidad el almirante Juan Carlos Romay le explicó al mandatario del partido bonaerense, David Angueira, los alcances del denominado Plan Dédalo, un programa de modernización que demandará cerca de cinco años.

Este proceso implicará cambios graduales en varios frentes de operación: el despliegue territorial y estructura de comando; medios aéreos; doctrina de empleo; sistemas de apoyo; personal e infraestructura.

En este marco, por ejemplo, la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima (EA2V) se mudará en enero próximo al Hangar 4 de la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), bajo dependencia de la Escuadra Aeronaval Nº 2.

Asimismo, para ese mismo mes se espera que la Escuela de Aviación Naval se traslade al Hangar 6 de la BACE y la mencionada Base Aeronaval Punta Indio cambiará su denominación a Estación Aeronaval.

Dentro de este plan, también se espera completar la llegada de los cuatro P-3C Orion adquiridos con el arribo de las dos unidades restantes entre octubre de este año y junio de 2027, reforzando así la capacidad de vigilancia y exploración aeromarítima de largo alcance.

A la vez, comenzará el recambio de los B-200 por los más modernos B-360: dos ejemplares en versión de patrulla marítima llegarían en 2027, mientras que otros dos, pensados para tareas de apoyo logístico, continúan bajo evaluación.

Los helicópteros livianos AS-555 serán retirados en 2027 y reemplazados por cuatro Leonardo AW-109, de los cuales dos arribarían en octubre de ese año y los restantes a comienzos de 2029. Además, entre 2028 y 2029 se prevé incorporar cuatro drones Shield V-BAT para misiones de exploración desde buques de superficie.

No obstante, las autoridades militares remarcan que todos estos cambios responden a un reordenamiento interno para mejorar el trabajo de cada área, pero que “bajo ningún concepto significa que algo vaya a cerrar”.

“La Aviación Naval está llevando adelante un plan integral de modernización y restructuración que contempla la incorporación y modernización de aeronaves, la reorganización de las unidades aeronavales, la mejora del mantenimiento y la adecuación de la infraestructura”, explicaron.

En el comunicado, la Armada agregó que “el objetivo es incrementar la disponibilidad de los medios, optimizar su sostenimiento logístico y fortalecer las capacidades de vigilancia, exploración, instrucción y apoyo a las operaciones navales”.

Con este plan, el organismo pretende avanzar “hacia una Aviación Naval más moderna, eficiente y sostenible, fortaleciendo su contribución a la defensa nacional y a la protección de los intereses marítimos del país”.

“En este sentido, la Base Aeronaval Punta Indio continuará cumpliendo las funciones que, en el marco de este plan, le asigne esta Institución. La Armada Argentina reafirma su compromiso de brindar información oficial, clara y responsable, y solicita recurrir a sus canales institucionales para verificar cualquier información relacionada con sus unidades y su personal”, cerró el mensaje institucional.

Por su parte, la mesa política se reunió este martes en la Casa Rosada y decidió que Presti, acompañado por el canciller, Pablo Quirno viajen esta semana a Ushuaia para visitar el terreno en el que se construirá la base naval integrada anunciada por el presidente Javier Milei.

El jefe de Estado ya dispuso la transferencia de más de 114 mil millones de pesos al Ministerio de Defensa para que comience con las obras de este complejo, que podría demandar hasta 500 millones de dólares.

Las autoridades hondureñas intensificaron sus operaciones contra el tráfico de drogas en las rutas marítimas del Caribe con una nueva acción de interdicción que culminó con el aseguramiento de dos embarcaciones y la detención de 11 personas.

De acuerdo con el reporte proporcionado por las Fuerzas Armadas de Honduras, durante la operación fueron localizados 36 fardos de supuesta cocaína. El hallazgo se produjo luego de que las unidades navales detectaran e interceptaran las embarcaciones que se movilizaban en el sector.

Entre los detenidos se encuentran cinco personas de nacionalidad colombiana, mientras que las autoridades continúan con las diligencias para establecer la identidad y posible participación de cada uno de los ocupantes en el traslado de la droga.

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron la embarcación pesquera camaronera Miss Celeste, con bandera hondureña, además de una lancha rápida tipo go fast.

La presencia de ambas embarcaciones forma parte de las pruebas que serán incorporadas al procedimiento correspondiente para determinar su vinculación con el cargamento de droga localizado durante la intervención.

Paquetes fueron lanzados al mar

Uno de los elementos que podría ampliar el volumen del decomiso es que, según el informe de las Fuerzas Armadas, los ocupantes de la lancha rápida habrían arrojado varios fardos al mar al percatarse de la presencia de las unidades navales.

Por esa razón, las autoridades no descartan que la cantidad de droga involucrada en el incidente sea superior a los 36 fardos recuperados durante la operación.

El despliegue estuvo bajo responsabilidad de efectivos de la Fuerza Naval de Honduras, con apoyo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

La participación permitirán avanzar con las diligencias investigativas y judiciales relacionadas con el caso, incluido el análisis de la droga incautada, la inspección de las embarcaciones y la recopilación de elementos que puedan establecer responsabilidades penales.

El capitán Mario Rivera dijo que “la operación, en un procedimiento que se suma a las acciones que las autoridades hondureñas mantienen en distintos puntos de la zona marítima del país”.

Traslado a la Base Naval de Caratasca

Tras la detención en alta mar, los 11 imputados y la evidencia decomisada serán trasladados a la Base Naval de Caratasca, donde se desarrollarán las diligencias establecidas por las autoridades competentes.

En ese lugar continuará el procesamiento de los indicios y la documentación del caso, mientras los fiscales y agentes de investigación avanzan en la determinación de la posible estructura detrás del traslado del cargamento.

La droga será sometida a los análisis correspondientes para confirmar oficialmente su naturaleza y establecer el peso total del cargamento recuperado.

El operativo se enmarca en las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad hondureñas para frenar el movimiento de drogas por las rutas marítimas del Caribe.

Las operaciones de interdicción buscan detectar embarcaciones sospechosas, interceptar posibles cargamentos ilícitos y evitar que las rutas marítimas sean utilizadas para el traslado de sustancias prohibidas hacia otros puntos de la región.

La ubicación del procedimiento, frente al sector de la Barra Patuca, también muestra la vigilancia que mantienen las autoridades en aguas del Caribe hondureño, particularmente en zonas donde pueden converger rutas utilizadas por embarcaciones pesqueras, comerciales y aquellas vinculadas a actividades ilícitas.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, permitirá reforzar la seguridad en los alrededores de estos establecimientos con participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mientras que el INPE mantendrá a su cargo la administración y custodia interna. El objetivo apunta a controlar los accesos, impedir el ingreso de objetos prohibidos y detectar posibles amenazas.

En entrevista con Canal N, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, explicó que la declaratoria brinda el marco legal para que las Fuerzas Armadas apoyen al personal penitenciario y policial. Sin embargo, remarcó que la estrategia también contempla labores de inteligencia para identificar las estructuras que permiten a las organizaciones criminales continuar coordinando actividades desde las cárceles.

Fuerzas Armadas reforzarán el cerco perimétrico en penales declarados en emergencia

Álvarez explicó que uno de los principales objetivos será establecer un cerco perimétrico con participación del INPE, la Policía y las Fuerzas Armadas. El despliegue permitirá fortalecer la vigilancia en los alrededores de los cinco penales y controlar los puntos considerados vulnerables.

El ministro señaló que esta intervención buscará impedir el ingreso de teléfonos celulares, chips, armas y otros objetos prohibidos que puedan ser utilizados por los internos para mantener comunicaciones y coordinar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos.

Otro de los aspectos que se busca controlar es la instalación de antenas y mecanismos de comunicación clandestina alrededor de los penales. Según Álvarez, la falta de personal suficiente para realizar una vigilancia externa dificultó durante años la detección de estos elementos.

“Básicamente de lo que se trata es del marco legal para posibilitar que la Fuerza Armada pueda ayudar a la Policía y al INPE”, declaró a Canal N. El ministro añadió que este apoyo también tendrá un componente de inteligencia para detectar las nuevas modalidades empleadas por las organizaciones criminales.

Ministro de Justicia plantea reforzar la inteligencia dentro de los penales

Para Álvarez, las acciones de seguridad deben superar los operativos centrados únicamente en las requisas. El titular de Justicia sostuvo que decomisar algunos objetos prohibidos durante una intervención permite mostrar resultados inmediatos, pero resulta insuficiente para conocer cómo funcionan las organizaciones criminales dentro de los penales.

Por ello, planteó recurrir a oficiales en retiro especializados en inteligencia y seguridad, incluidos aquellos que recibieron formación en el extranjero y cuentan con décadas de experiencia. Según explicó, estas capacidades podrían incorporarse a la estrategia estatal para identificar las redes que operan desde los establecimientos penitenciarios.

La propuesta también alcanza al nuevo jefe del INPE, Abraham Lescano, cuyo nombramiento, según Álvarez, respondió a la necesidad de incorporar una nueva estrategia. El ministro precisó que la salida del anterior funcionario, Raúl Inga Garay, no obedeció a una falta y destacó su desempeño como trabajador.

Álvarez indicó que Lescano es un excoronel de la Fuerza Aérea especializado en inteligencia. “Lo que necesitamos ahora es implementar mecanismos de inteligencia al interior de cada uno de los penales y para eso tenemos que hacer una labor silenciosa”, afirmó durante la entrevista.

Gobierno busca reordenar a los internos según su peligrosidad

El Ejecutivo también iniciará un proceso de empadronamiento y clasificación de los internos para determinar si cada persona permanece en el régimen penitenciario que corresponde a su nivel de peligrosidad. La medida busca corregir diferencias detectadas en la distribución de la población carcelaria.

Álvarez señaló que existen internos que permanecen en establecimientos de máxima seguridad pese a no representar necesariamente ese nivel de riesgo. Al mismo tiempo, mencionó que algunos cabecillas de organizaciones criminales permanecen en penales comunes, pese a su capacidad de organización y violencia.

El ministro advirtió que la redistribución tendrá que realizarse de manera progresiva para evitar motines y disturbios. El objetivo es fortalecer el control penitenciario sin generar situaciones que pongan en peligro a los internos, trabajadores del INPE o agentes encargados de la seguridad.

La emergencia comenzó a ejecutarse desde el inicio del plazo de 60 días. Álvarez sostuvo que el Gobierno busca utilizar este periodo como punto de partida para una política penitenciaria de largo plazo, con mayor inteligencia, protección para los trabajadores y mejores condiciones para la resocialización de los internos. “Tiene que ser una labor silenciosa, pero eficaz y permanente”, concluyó.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, explicó que la autorización permite a EMAPE implementar seguridad para sus propias instalaciones, las obras de infraestructura que ejecuta y los espacios bajo su administración, incluidas las vías metropolitanas. Según el burgomaestre, el procedimiento se realizó bajo la normativa correspondiente y con la autorización del organismo encargado de regular el uso civil de armas.

La decisión se produjo luego de hechos delictivos registrados en algunas obras de EMAPE. Reggiardo señaló que trabajadores y contratistas fueron afectados por extorsiones y ataques, con personas fallecidas y heridas. El alcalde indicó que, ante estos hechos, la Municipalidad de Lima recurrió a la Policía Nacional, pero consideró que la respuesta no fue suficiente para brindar la protección requerida.

La autorización generó cuestionamientos del senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, quien calificó la medida como un “grave error” y planteó el riesgo de una “policía paralela”. Reggiardo rechazó esa interpretación y sostuvo que EMAPE actúa como una sociedad anónima de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con una autorización específica para sus labores de seguridad. “Eso es ciencia ficción”, afirmó al referirse a las comparaciones con policías municipales de otros países.

EMAPE podrá proteger sus instalaciones y obras

Reggiardo explicó que la autorización no contempla la creación de una policía municipal. Según su declaración, EMAPE solicitó la licencia como empresa sujeta a la Ley General de Sociedades para cumplir funciones de seguridad vinculadas con sus propios fines.

El alcalde también señaló que el alcance de la autorización se encuentra establecido en la resolución emitida por Sucamec. En ese sentido, rechazó que el personal pueda asumir funciones ajenas a los espacios y actividades bajo responsabilidad de EMAPE.

“Tenemos una licencia como empresa, como una sociedad anónima que solicita EMAPE ante Sucame. Punto, no hay más”, declaró Reggiardo al referirse al alcance de la autorización.

Frente a las críticas de Rospigliosi, el alcalde sostuvo que está dispuesto a explicar directamente el procedimiento y las atribuciones otorgadas a EMAPE. También insistió en que la medida no busca generar enfrentamientos con otras instituciones.

Personal todavía está en reclutamiento y evaluación

Uno de los puntos que requiere precisión es la situación del personal. EMAPE todavía no cuenta con un grupo operativo que realice labores armadas en sus instalaciones. Reggiardo indicó que el proceso se encuentra en una etapa de reclutamiento y formación.

La Municipalidad de Lima ya suscribió un convenio con el Ejército del Perú y, según el alcalde, se encuentra próxima a concretar otro acuerdo con las Fuerzas Armadas. La propuesta contempla incorporar a licenciados de las Fuerzas Armadas y a personal en situación de retiro para las tareas de seguridad de EMAPE.

Reggiardo explicó que una institución educativa privada especializada en seguridad ciudadana participa en la preparación y certificación del personal. El objetivo es evaluar que los integrantes seleccionados cumplan con los estándares establecidos antes de asumir estas funciones.

Por ahora, no existe una fecha exacta para el inicio de las labores con armas. El alcalde indicó que el proceso continúa y que se realizan evaluaciones para presentar una primera promoción. Ante la consulta sobre cuándo comenzará el servicio, respondió: “Yo creo que pronto, muy pronto. No te puedo decir mañana o la próxima semana”.

El personal tendrá funciones de protección

El alcalde precisó que las tareas estarán dirigidas a proteger las instalaciones de EMAPE y los espacios donde la empresa desarrolla obras de infraestructura. Ese será el ámbito específico de actuación del personal autorizado.

Reggiardo también señaló que los integrantes de este grupo no tendrán atribuciones propias de la Policía Nacional. Ante un hecho flagrante, mencionó la figura del arresto ciudadano, mediante la cual una persona puede intervenir a un presunto delincuente y ponerlo a disposición de la Policía Nacional del Perú.

“Los límites es que no pueden, eh, capturar, digamos, aunque hay una ley de arresto ciudadano”, explicó el alcalde al referirse a las facultades del personal.

De acuerdo con su explicación, el uso de armas estará vinculado con las funciones de protección asignadas a EMAPE. La Policía Nacional continuará a cargo de las competencias policiales frente a los delitos.

Otro punto que conviene corregir del texto anterior corresponde al control del personal. Durante la entrevista, Reggiardo señaló de forma expresa que la fiscalización vinculada con la autorización corresponde a Sucamec.

El alcalde sostuvo que las condiciones y controles están contemplados en la resolución mediante la cual el organismo otorgó la autorización. También afirmó que la Municipalidad de Lima puede proporcionar ese documento para que se conozcan los alcances de la medida.

Reggiardo insistió en que el procedimiento se realizó bajo el marco legal y que la autorización fue obtenida después del cumplimiento de los requisitos establecidos por Sucamec.

Municipalidad busca apoyo de las Fuerzas Armadas

El proyecto de seguridad de EMAPE también contempla la participación de personal con experiencia previa en las Fuerzas Armadas. Reggiardo señaló que la Municipalidad de Lima busca aprovechar la preparación de licenciados y efectivos en situación de retiro mediante convenios institucionales.

El alcalde mencionó además la posibilidad de una mayor articulación entre Fuerzas Armadas, municipalidades y empresas privadas de seguridad. Según explicó, existe un número importante de personas vinculadas con labores de seguridad que podría integrarse bajo mecanismos regulados por una autoridad.

En la entrevista, Reggiardo estimó que, si se consideran distintos sectores vinculados con seguridad, el contingente podría llegar a unas 500 mil personas. También planteó que este personal podría ser articulado de manera eficiente mediante una autoridad, aunque señaló que ese mecanismo todavía no existe.

La implementación específica para EMAPE continúa en la etapa de selección, capacitación y evaluación del personal, antes del inicio de las labores con armas de fuego.

Al presídium se sumaron el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado; el diputado Raúl Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; la fiscal general Ernestina Godoy; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Un mensaje centrado en la historia y la soberanía nacional

En su discurso, Sheinbaum vinculó el origen del Colegio Militar con la lucha por la independencia y la soberanía, y recordó el papel de los Niños Héroes en 1847 como uno de los “símbolos más profundos del patriotismo mexicano”. La mandataria también citó al general Felipe Ángeles, antiguo director de la institución, y su frase “nada es sagrado excepto el hombre”, así como la respuesta de Vicente Guerrero —“la patria es primero”— como referentes del espíritu que, dijo, ha acompañado a la institución a lo largo de sus generaciones.

La presidenta subrayó que las Fuerzas Armadas han estado presentes no solo en tareas de defensa y seguridad, sino en la atención a desastres naturales como terremotos, huracanes e inundaciones, y sostuvo que la formación militar debe combinar disciplina, principios y respeto a la dignidad humana.

Condecoración de Perseverancia por la Patria

Como parte del acto, se anunció el reconocimiento a un general en activo que, de acuerdo con lo señalado durante la ceremonia, es el único oficial en servicio que atestiguó la inauguración original del plantel Tlalpan hace 50 años, al cumplir medio siglo de servicio ininterrumpido.

Con base en lo establecido en los artículos 53 y 60 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la presidenta le entregó la condecoración de Perseverancia por la Patria, distinción otorgada personalmente por la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Cierre con homenaje a generaciones de cadetes

Sheinbaum cerró su intervención con un reconocimiento a directivos, maestros, instructores y personal militar y civil que han formado parte de la historia del plantel, así como a las distintas generaciones de cadetes egresadas de la institución. La presidenta llamó a las nuevas generaciones a mantener “viva la memoria de quienes les precedieron” y concluyó el acto con vivas al Heroico Colegio Militar, a sus cadetes, a las Fuerzas Armadas y a México.

La Fuerza Aérea Argentina y la Armada dieron un nuevo paso en la integración de sus capacidades con las primeras pruebas destinadas a conectar operativamente a los F-16 con los P-3C Orion. La actividad se realizó en Río Cuarto y permitió comenzar a establecer los mecanismos para que ambas plataformas puedan intercambiar información durante una operación.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont destacó el desafío operativo que implica vincular las capacidades de vigilancia del P-3 con las de combate del F-16. “Que el P-3 pueda identificar un buque en el mar argentino, marcarlo y comunicárselo al F-16 es un desafío de por sí”, señaló.

La combinación de ambas plataformas permite aprovechar las capacidades específicas de cada una. El P-3 Orion está destinado a tareas de patrulla, vigilancia, reconocimiento e inteligencia, mientras que el F-16 es una aeronave de combate multipropósito.

Link 16, la clave para conectar a los F-16 con los P-3

La integración requiere un sistema capaz de transmitir información entre las distintas plataformas. En este caso, se trata de Link 16, un enlace de datos utilizado por Estados Unidos y países de la OTAN para compartir información táctica.

El sistema permite que la información obtenida por una plataforma pueda ser compartida con otras unidades que participan de una misma operación, lo que amplía las posibilidades de coordinación entre aeronaves con funciones diferentes.

Serbin Pont destacó además la autorización de Estados Unidos para que Argentina pudiera incorporar esta capacidad. “Una de las cosas que lo destacó es que Estados Unidos le dé la luz verde al Link 16 para Argentina”, sostuvo.

Argentina adquirió 24 F-16 a Dinamarca para renovar su capacidad de combate supersónico. Los primeros ejemplares comenzaron a operar desde Río Cuarto, donde se desarrolla parte del proceso de incorporación y entrenamiento, antes del traslado de la flota a su destino definitivo en Tandil.

En paralelo, la Armada avanza con la incorporación de cuatro P-3C Orion adquiridos a Noruega. Dos de las aeronaves ya se encuentran en Trelew y se espera la llegada de un tercer ejemplar. El avión que participó de las pruebas en Río Cuarto fue uno de los primeros incorporados.

“El P-3 es una aeronave que se destaca por sus capacidades de inteligencia y de reconocimiento”, remarcó Serbin Pont.

La interoperabilidad también alcanza a otros países

El desarrollo de esta capacidad puede ampliar las posibilidades de Argentina para participar en ejercicios combinados con fuerzas que utilizan sistemas compatibles.

Serbin Pont puso como ejemplo a Chile, que opera F-16 y mantiene una agenda de cooperación militar con Argentina. “El día de mañana se hacen ejercicios conjuntos con Chile, algo que debería estar pasando con cada vez más frecuencia”, planteó.

En ese escenario, la utilización de sistemas compatibles permitiría ampliar el intercambio de información durante las operaciones. “Los F-16 chilenos van a poder comunicar datos con los F-16 argentinos y los P-3 argentinos y viceversa”, explicó.

La experiencia desarrollada en Río Cuarto funciona así como una primera instancia para que las distintas fuerzas incorporen procedimientos comunes y puedan operar sobre una misma situación con información compartida.

Black Hawk: el Ejército también avanza en la modernización de su flota

Además, Serbin Pont se refirió al proceso de renovación de los helicópteros del Ejército Argentino y anticipó novedades sobre la posible incorporación de UH-60 Black Hawk.

“Se está hablando de que finalmente se viene el primer lote de helicópteros Black Hawk”, afirmó. Según explicó, el esquema que se analiza contempla la llegada de dos ejemplares antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque aclaró que la información todavía se encuentra en desarrollo.

La eventual incorporación forma parte de un proceso más amplio de modernización de la flota de ala rotatoria. Los Black Hawk podrían reemplazar progresivamente a los UH-1H que todavía permanecen en servicio, mientras que para los Huey 2 se analiza como alternativa la incorporación de Bell 407, un modelo que ya comenzó a sumarse a las Fuerzas Armadas.

“Poder modernizar los sistemas de ala rotatoria del Ejército es una cosa que tiene mucha demanda”, sostuvo Serbin Pont.

La integración de los F-16 y los P-3 Orion muestra que el proceso de modernización no se limita a incorporar nuevas aeronaves. El objetivo también es conectarlas, compartir información y generar capacidades de operación conjunta, una condición cada vez más relevante para las misiones de vigilancia, defensa y los ejercicios combinados con otras fuerzas.

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Elementos del Comando Sumpul capturaron a dos hombres en un punto fronterizo no autorizado de Poza Redonda, en el municipio de Victoria de Cabañas Este, donde las autoridades les incautaron 75 paquetes de mercancía de contrabando valuados en alrededor de USD 1,125, según informó este miércoles la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en sus redes sociales.

La institución identificó a los involucrados como Henry Omar V. y Bryan Alexander P. Ambos fueron ubicados durante un procedimiento efectuado en el paso fronterizo no habilitado, una zona que, de acuerdo con el reporte oficial, era utilizada para trasladar productos sin el control correspondiente.

A su vez, la Fuerza Armada indicó que, además de los paquetes de mercadería, los efectivos retuvieron un vehículo, dinero en efectivo y un teléfono celular. “En el procedimiento se incautaron 75 paquetes de mercadería de contrabando”, expresó la FAES.

El procedimiento ocurrió en un paso fronterizo no habilitado

El punto señalado por parte de la Fuerza Armada está ubicado en Poza Redonda, Victoria, Cabañas Este, una zona fronteriza en la que el Comando Sumpul mantiene presencia operativa. La actuación se desarrolló en un paso no habilitado, es decir, fuera de los puestos formales de control para el ingreso y salida de mercancías y personas.

Según la publicación institución castrense, los dos hombres y los bienes retenidos fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC). A partir de esa entrega, corresponde a la policía y a las instancias competentes establecer si existen elementos para iniciar una investigación penal o administrativa vinculada con el traslado de los productos.

A su vez, la Fuerza Armada presentó el caso como parte de sus acciones contra el comercio irregular en zonas fronterizas. En el mensaje difundido por sus canales oficiales, recordó que el contrabando constituye un delito y advirtió sobre las consecuencias legales que puede tener participar en este tipo de actividades.

El decomiso incluyó un total de 75 paquetes de productos cuya valuación oficial fue de aproximadamente USD 1,125. La cifra corresponde a la estimación divulgada por la institución militar.

“Ambos fueron entregados a la Policía Nacional Civil. El contrabando es un delito. No arriesgues tu libertad por dinero fácil”, detalló la FAES en sus canales oficiales.

La entrega de ambos capturados a la policía salvadoreña implica que la investigación queda bajo la órbita de las autoridades competentes, que deberá verificar la procedencia de los bienes, la ruta utilizada y la eventual participación de otras personas.

En su publicación, la Fuerza Armada informó que los hombres quedaron detenidos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Por tal motivo, tanto el vehículo, como el efectivo y el teléfono celular serán incorporados como elementos de prueba dentro de una investigación.

El caso se conoció a través de las redes sociales oficiales de la Fuerza Armada, que difundieron las identidades de los dos hombres, el lugar del procedimiento y el detalle general de los bienes incautados. La institución no proporcionó declaraciones adicionales sobre el operativo ni sobre las medidas que adoptará la PNC tras recibir a los involucrados.

El 2 de septiembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentó en su redes sociales un nuevo balance de las operaciones de la fuerza pública contra organizaciones criminales y estructuras vinculadas con el narcotráfico. En las últimas 24 horas, reportó 18 capturas, siete sometimientos a la justicia y la recuperación de cuatro menores de edad.

“¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados! En las últimas 24 horas logramos 18 capturas, 7 sometimientos a la justicia, 4 menores recuperados y un integrante del Clan del Golfo muerto en desarrollo de operaciones. Ningún miembro de nuestra Fuerza Pública fue asesinado ni resultó herido”, escribió en su cuenta de X.

Según De la Espriella, durante el periodo incluido en el informe fueron capturadas 12.575 personas. Además, las autoridades incautaron 38.637 kilogramos de estupefacientes y sacaron de circulación 1.318 armas de fuego. En materia de erradicación, la fuerza pública intervino 1.089,8 hectáreas de cultivos de coca.

“Desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública acumula 12.575 capturas, 38.637 kg de estupefacientes incautados, 1.318 armas de fuego fuera de circulación y 1.089,8 hectáreas de coca erradicadas”, aseveró el mandatario.

El balance también registró la muerte de un integrante del Clan del Golfo durante los operativos, mientras que ningún integrante de la fuerza pública murió o resultó herido en las acciones desplegadas en distintas regiones del país.

Las operaciones contra las redes de narcotráfico permitieron la incautación de 3.316 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de cocaína, 25 kilogramos de base de coca y 1.120 kilogramos de hoja de coca.

“El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra fuerza pública”, afirmó el jefe de Estado, quien anticipó que las operaciones continuarán.

Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra alias Calarcá y otros cabecillas de grupos armados ilegales

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra alias Calarcá y otros cabecillas e integrantes de grupos armados ilegales que habían quedado suspendidas durante la política de Paz Total, una decisión que se produjo tras una solicitud formal del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentada el 28 de agosto de 2026 y después del cierre de las distintas mesas de diálogo.

La resolución, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, levantó de manera formal la suspensión de los requerimientos judiciales que pesaban sobre varios integrantes de estructuras armadas en el territorio colombiano.

El documento dejó sin efecto los beneficios jurídicos del Gobierno Petro para integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. También incluyó a representantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, conocida como la Segunda Marquetalia, y a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En el listado correspondiente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la decisión deja sin efecto los beneficios para los siguientes miembros:

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá: máximo cabecilla de la fracción disidente conocida como el Estado Mayor Central (EMC).

• Javier Alfonso Velosa García, alias Dionisio: jefe del frente 33 de las disidencias de las Farc y responsable de ataques en la región oriental del país.
• Roland Arnulfo Torres Huertas, alias Boyacá: comandante histórico de finanzas y seguridad de la estructura en el departamento del Meta y la región del Ariari.

Por parte de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, conocida como la Segunda Marquetalia (también de las disidencias), la reactivación de las órdenes abarca a los siguientes representantes:

• José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza: veterano excomandante de las Farc, segundo al mando del grupo armado y jefe de la delegación de diálogos.
• Giovanni Andrés Rojas, alias Araña: jefe militar con accionar en el departamento de Putumayo a través de la estructura Comandos de Frontera.
• Allende Perilla Sandoval: cabecilla con alta presencia e influencia en las zonas de conflicto del Pacífico nariñense.

En cuanto a la organización armada Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la resolución emitida por el ente acusador incluye a los siguientes integrantes:

• José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo: mando clave de la estructura en la región Caribe y con nexos delictivos en la zona.
• Loryn Emilio Pertuz Ballestas, alias Sebastián o “York”
• Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso
• Elmer David Reyes Carrillo
• Jhon Rafael Salazar Salcedo
• Daniel Bravo Arias

Luego de haber otorgado un aumento, el Gobierno estableció un nuevo esquema de suplementos salariales para el personal de las Fuerzas de Seguridad Federales y el Servicio Penitenciario Federal a través del decreto 845/2026 que oficializó esta madrugada.

La medida modifica distintos beneficios no remunerativos y no bonificables para la Policía Federal (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Para la Policía Federal se incorporó la compensación “Responsabilidad Profesional Sanidad”, que percibirá en forma mensual el personal profesional con título habilitante afectado a tareas de salud dentro de la Superintendencia de Bienestar.

En Gendarmería y Prefectura Naval se creó el suplemento “Destino Estratégico de Operaciones”, para quienes cumplan tareas operativas en zonas con índices críticos de conflictividad, con montos fijos por grado. Ese beneficio no podrá superar el 16% del personal en actividad de cada fuerza, aunque el Ministerio de Seguridad Nacional, con aval de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, podrá ampliar ese límite en situaciones críticas y temporales.

Para la PNA se suma además el suplemento “Alto Riesgo de Grupos Especiales”, dirigido al personal de la Unidad de Operaciones Policiales Especiales de la Agrupación Albatros y al personal de Infantería que conduzca operaciones de alto riesgo.

Ambas fuerzas también incorporan el suplemento “Zona”, que se cobrará de manera proporcional al tiempo de permanencia en los puntos geográficos determinados, donde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva podrá para modificar esos destinos y coeficientes, previa intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

En la PSA se crea la bonificación “Destino de Alta Complejidad” para el personal de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de categorías A y B, incompatible con los suplementos por Jefatura, Tarea Jerárquica y cargo o función intermedia.

Todos estos adicionales son en su mayoría incompatibles entre sí y con el “Servicio de Seguridad Adicional”, una compensación con cargo a los aportes de los requirentes que se limita a 180 horas mensuales y se abona en la Ciudad de Buenos Aires y en jurisdicción federal del resto del país. También se crea la compensación “Recargo de Servicios” para tareas extraordinarias fuera del horario habitual, con un plus del 100% cuando el exceso supera las cinco horas diarias.

Además, fijaron el haber mensual del personal alumno del Servicio Penitenciario Federal: 779.942,83 pesos para el cadete de primer año y 894.362,74 pesos para el aspirante. En paralelo, se derogó el artículo que había creado el suplemento por “Función de Prevención Barrial” en Gendarmería.

En la reciente edición de Boletín Oficial, el Gobierno incluyó también dos nuevos beneficios salariales para el personal militar en actividad. Lo hizo mediante el decreto 846/2026 el cual modifica la Reglamentación de la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y operativiza el “Suplemento por Alta Especialización”, previsto en esa norma pero hasta ahora sin condiciones concretas de aplicación.

El decreto desdobla ese suplemento en dos figuras. La primera, el “Suplemento por Alta Especialización Operacional”, alcanza al personal que acredite la Aptitud Especial de Comandos y se encuentre destinado en organismos de operaciones especiales, o bien en organizaciones que ejecuten operaciones de excepcional complejidad con estándares superiores de selección y adiestramiento.

La segunda, el “Suplemento por Operación y Sostenimiento de Sistemas de Armas de Alta Performance”, será percibido por quienes cuenten con capacitación o certificación técnica específica y estén afectados de forma directa a la operación o el mantenimiento de esos sistemas.

En ambos casos, el Ministerio de Defensa determinará los requisitos funcionales y técnicos exigibles, el personal comprendido y los organismos o sistemas de armas alcanzados. La liquidación será mensual.

La incorporación de los adicionales mencionados en lo que respecta al personal militar, se suma a la resolución conjunta 44/2026 establecida con el Ministerio de Economía que fijó un nuevo esquema de haberes mensuales para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales.

La norma actualiza los valores vigentes desde septiembre de 2026 y reemplaza la escala fijada en julio que rigió para el trimestre junio-agosto.

El artículo 1° establece el haber mensual del personal militar en actividad según cada jerarquía, con los montos detallados en el Anexo I, mientras que el artículo 2° actuó sobre el personal de la Policía de Establecimientos Navales, cuyos importes constan en el Anexo II.

La medida se enmarca en la pauta de incrementos salariales acordada en el ámbito de la negociación colectiva de la Administración Pública Nacional para los meses de septiembre a diciembre de 2026, de aplicación escalonada.

Según ese esquema, el personal militar recibirá una suba del 6,9% a partir del corriente mes. Ese ajuste se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, con lo cual la recomposición proyectada del haber militar llegaría a un 32% durante todo el año.

El Gobierno publicó este lunes en Boletín Oficial las modificaciones salariales que se venían gestionando en las últimas semanas, incluso algunos ya confirmados. Se trata de incrementos escalonados para el personal de la Administración Pública Nacional y las fuerzas de seguridad federales, con vigencia a partir de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Las subas quedaron instrumentadas mediante los decretos 832/2026 y 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.

La iniciativa será un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026. El primer aumento será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal de las Fuerzas Armadas sin distinción de grado ni jerarquía, así como a los suplementos calculados sobre esa base.

Los incrementos se aplican en cuatro tramos mensuales consecutivos y alcanzan a los trabajadores permanentes y no permanentes del Estado comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06.

En lo que refiere a las fuerzas de seguridad, la actualización para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) comprende el haber mensual, el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado militar de gendarme. Además, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del Ministerio. La medida alcanza a 3.510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, y hasta 35% en las jerarquías más bajas.

Por su parte, Prefectura Naval Argentina (PNA), tendrá una suba que abarca el haber mensual y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado policial en actividad. También se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Tanto Gendarmería como Prefectura actualizan el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes, alcanzando aproximadamente a 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

Mientras, la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una actualización del haber mensual del 30%, el suplemento por Zona, el valor del Servicio de Policía Adicional y las compensaciones de Custodia y Custodia Ferroviaria.

En lo que respecta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se actualizaron algunos ítems del decreto 836/08 y la compensación por Recargo de Servicio, como también se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2.100 efectivos y representa hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

En el caso del Servicio Penitenciario Federal (SPF), vio modificados el haber mensual, las compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, el complemento por Función Ejecutiva, los suplementos por Zona Sur y Título Académico, el Régimen de Viáticos, el Resarcimiento de Gastos y el Reintegro de Gastos de Sepelio. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

Esta medida había sido anticipado por Infobae a partir de la información de una fuente relacionada con el tema sobre los valores que constan en los anexos que integran la medida. En los últimos meses, hubo diferentes incrementos salariales y bonos extraordinarios destinados a este sector, y todos estos beneficios fueron oficializados por resoluciones del Poder Ejecutivo.

De hecho hace algunos meses se estableció un suplemento salarial específico dirigido a todo el personal de las Fuerzas Armadas que acredite la obtención de títulos superiores. Esta disposición comenzó a regir desde el 1° de julio y está destinada tanto al personal en actividad como a los retirados y pensionados. Dicho reconocimiento económico por la formación académica y la profesionalización del capital humano militar, forma parte de los valores actualizados.

En paralelo se conocieron también los ajustes para los empleados de la Administración Pública. El acuerdo paritario, homologado por el decreto 832/2026, fijó subas del 1,90% a partir del 1° de septiembre de 2026, del 1,80% desde el 1° de octubre, del 1,60% desde el 1° de noviembre y del 1,50% desde el 1° de diciembre, siempre sobre las retribuciones vigentes al último día del mes anterior. Cada porcentaje se aplica de forma acumulativa sobre la base actualizada del mes previo.

El mismo decreto estableció la prórroga del Premio Estímulo a la Asistencia hasta fin de año —con actualización de sus montos— y mantuvo las sumas fijas remunerativas y no bonificables previstas por el decreto 56/20 en idénticos valores hasta fin de año.

También se dispuso una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, de carácter excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes de diciembre de 2026. La propuesta oficial se cerró el 25 de agosto en un porcentaje de 6,8%, además del bono.

Sin embargo esta actualización solamente fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a diferencia de la AsociaciónTrabajadores del Estado (ATE) que rechazó la oferta y anunció inminentes medidas de fuerza por considerarla insuficiente.

Docentes de la Administración Central y hora cátedra

Mediante el decreto 834/2026, también aumentaron el valor de la hora cátedra para el personal docente retribuido por ese concepto en la Administración Central y organismos afines. Los montos quedaron fijados en $8.982 desde el 1° de septiembre, $9.144 desde el 1° de octubre, $9.290 desde el 1° de noviembre y $9.429 desde el 1° de diciembre de 2026.

Escuela Nacional de Bibliotecarios e ISER

Para los cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, los nuevos valores se detallan en el Anexo I del mismo decreto.

El cargo de Bedel del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pasará a percibir $122.664 en septiembre, $124.872 en octubre, $126.870 en noviembre y $128.773 en diciembre.

Personal en la Antártida y Curia Castrense

El adicional remuneratorio por prestaciones de servicios en la Antártida para el personal militar se actualizó a $1.598.124 desde el 1° de septiembre, $1.626.890 desde el 1° de octubre, $1.652.920 desde el 1° de noviembre y $1.677.714 desde el 1° de diciembre de 2026.

En tanto que las remuneraciones de los integrantes de la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense también fueron actualizadas por el decreto 834/2026, con los valores escalonados que constan en el Anexo IV.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció este domingo que las Fuerzas Armadas asumirán el control perimétrico de algunos establecimientos penitenciarios del país, aunque reconoció que todavía no puede precisar cuándo comenzará esta intervención.

En diálogo con Cuarto Poder, el titular del portafolio explicó que el Gobierno prepara un decreto supremo para establecer las condiciones de la participación militar en los penales, una medida que, según dijo, busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y frenar las operaciones de las organizaciones criminales que se coordinan desde las cárceles.

“Los penales son la última trinchera del delito, son los centros de operaciones del crimen organizado”, afirmó al señalar que el secuestro de un empresario minero en Trujillo y el asesinato de sus cuatro acompañantes fueron planificados desde tres establecimientos penitenciarios bajo el control de la organización criminal ‘Los Pulpos.’

En ese sentido, planteó la instalación de retenes militares y sistemas de escáneres corporales para controlar a las personas, vehículos y proveedores que ingresen a los establecimientos.

Consultado sobre el inicio de la intervención, el titular de Defensa evitó precisar una fecha y dijo que espera la firma del decreto supremo. “Ya tengo todo el equipamiento para un primer penal”, afirmó al mencionar que entre los establecimientos considerados figuran El Milagro, en Trujillo, Challapalca y los penales de Ancón.

Explicó que la implementación dependerá de la aprobación de la norma y la disponibilidad de equipos, aunque aseguró que ya dispone de algunos escáneres corporales utilizados durante el proceso electoral y que gestiona otros con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el apoyo de Estados Unidos.

La intervención anunciada se limitaría al control de los perímetros de los penales, mientras que el objetivo de combatir directamente a las organizaciones criminales requeriría que estas sean declaradas “grupos hostiles”, una condición que permitiría a las Fuerzas Armadas realizar operaciones militares contra ellas.

Belaúnde mencionó que organizaciones como el ‘Tren de Aragua’, ‘Los Pulpos’, ‘Los Choneros’ de Ecuador y el ‘Comando Vermelho’ de Brasil, estas dos últimas presentes en el país, deberían recibir esa calificación.

También reconoció que las Fuerzas Armadas no cuentan con efectivos suficientes para desplegar militares en cada línea de transporte, una de las actividades más afectadas por las extorsiones y asesinatos.

Ante las críticas por la respuesta del Estado frente a la inseguridad, el funcionario pidió tiempo al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y afirmó que se está reconstruyendo el sistema de seguridad y penitenciario. “Yo entiendo que la población, y con derecho, esté indignada, pero necesitamos también que nos dejen gobernar”, afirmó.

El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En 2020, fue detenido durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en esa provincia.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, informó este domingo 30 de agosto que el plan comenzará en el penal Ancón I, conocido como Piedras Gordas. Luego, la medida se aplicará en otros cuatro establecimientos, con una posible ampliación a más cárceles del interior del país.

El esquema contempla la instalación de retenes militares en los exteriores de los penales. Desde esos puntos se realizarán controles destinados a evitar el ingreso de celulares, chips, armas, drogas y otros elementos prohibidos.

La propuesta también incorpora equipos tecnológicos para las inspecciones. Entre ellos figuran escáneres personales, dispositivos para revisar bultos, detectores de metales e instrumentos destinados a comprobar el funcionamiento de los inhibidores de señal para teléfonos celulares.

Ancón I será el primer penal bajo el nuevo esquema

De acuerdo con lo informado por el ministro de Defensa, Ancón I será el primer establecimiento donde se aplicará el plan piloto. El Gobierno prevé utilizar este centro penitenciario como punto inicial antes de trasladar el sistema a otros cuatro penales.

La participación militar estará concentrada en las zonas exteriores y en los accesos. El personal encargado del control deberá revisar a las personas antes de su ingreso, sin excepciones por su vínculo con el establecimiento penitenciario.

La disposición alcanza al personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a las visitas y a los proveedores de alimentos. Todos deberán pasar por los mecanismos de inspección establecidos para esta etapa.

Según Belaúnde Llosa, los reportes de inteligencia ubican a los centros penitenciarios como puntos desde los cuales se realizan comunicaciones relacionadas con extorsiones. Por ello, el plan incorpora tanto controles físicos como mecanismos tecnológicos.

Escáneres y detectores serán parte de las revisiones

El equipamiento tendrá un papel central en las inspecciones. El Ministerio de Defensa informó que ya dispone de algunos dispositivos para iniciar el despliegue en Ancón I, mientras continúa el proceso de adquisición de otros recursos.

Dos escáneres personales que permanecían en Palacio de Gobierno fueron puestos a disposición del sector Defensa. Además, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) brindó apoyo con equipos destinados a la revisión de bultos.

Los detectores de metales también forman parte de los recursos disponibles para la primera etapa. Estos dispositivos permitirán reforzar la revisión de las personas y de los objetos antes del ingreso al recinto.

Belaúnde explicó que la finalidad del sistema es impedir el acceso de elementos prohibidos. “Lo que se busca es que nada que no debe estar dentro del penal ingrese al penal, es decir, celulares, chips, armas, drogas”, señaló el ministro de Defensa.

Los escáneres personales permitirán ampliar el alcance de las inspecciones más allá de los objetos metálicos visibles. El ministro precisó que estos equipos también pueden identificar elementos ocultos en el cuerpo.

“Vamos a desplegar equipos de escaneo personal que detectan, no solamente objetos metálicos, cualquier cosa que está acoplada al cuerpo o escondida en una cavidad va a poder ser detectada”, afirmó Belaúnde.

El plan contempla, además, el bloqueo de las señales de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. Esta medida apunta a impedir comunicaciones desde los penales mediante teléfonos móviles.

El funcionamiento permanente de los inhibidores también será objeto de supervisión dentro del esquema previsto por el sector Defensa. De esta forma, el control combinará la revisión de personas, paquetes y vehículos con herramientas destinadas a restringir las comunicaciones telefónicas.

Cinco penales forman parte de la primera etapa

La primera fase comprende cinco establecimientos penitenciarios. Ancón I será el punto de inicio y los otros cuatro penales serán incorporados de forma progresiva, de acuerdo con la disponibilidad del equipamiento necesario.

El Ministerio de Defensa continúa con la adquisición de los dispositivos requeridos para completar el despliegue. El inicio en Piedras Gordas está previsto en el menor tiempo posible, según lo señalado por el titular del sector.

La ampliación del esquema dependerá de la implementación de los equipos y de la evaluación posterior de los resultados obtenidos en los primeros cinco establecimientos. El ministro indicó que esa revisión permitirá definir los siguientes pasos del plan.

El primer establecimiento incluido en esta estrategia será el penal Ancón I, conocido como Piedras Gordas. Según explicó el titular del Ministerio de Defensa, el esquema se extenderá después a otros cuatro penales, con posibilidad de ampliar su aplicación según los resultados de la primera etapa.

La propuesta busca impedir el ingreso de celulares, chips, armas y drogas a los centros penitenciarios. Belaúnde sostuvo que los reportes de inteligencia identifican a los penales como uno de los principales puntos desde los cuales se realizan llamadas vinculadas con extorsiones.

El ministro también detalló que el control estará a cargo de personal militar ubicado en retenes instalados fuera de los establecimientos. El acceso quedará sujeto a una revisión previa, sin distinción entre visitantes, trabajadores o personas que ingresen por motivos vinculados con los servicios penitenciarios.

Ancón I será el primer penal con el nuevo control

Belaúnde explicó que Ancón I, en Piedras Gordas, será el primer punto de aplicación del plan. Para esta etapa, el sector ya dispone del equipamiento necesario para iniciar las revisiones.

Entre los recursos previstos figuran escáneres personales, sistemas para revisar paquetes, detectores de metales e instrumentos destinados a verificar el funcionamiento permanente de los inhibidores de señal para teléfonos celulares.

El ministro señaló que parte de los equipos proviene de instituciones que brindaron apoyo para acelerar la puesta en marcha. En ese sentido, indicó que Palacio de Gobierno cedió dos equipos de escaneo personal que permanecían en sus instalaciones para su uso en Piedras Gordas.

También mencionó el respaldo de la SUNAT para disponer de equipos destinados al control de bultos. Los detectores de metales forman parte de los recursos considerados para esta primera fase.

El ministro explicó que el objetivo consiste en impedir el ingreso de objetos prohibidos mediante controles físicos y tecnológicos. “Lo que se busca es que nada que no debe estar dentro del penal ingrese al penal, es decir, celulares, chips, armas, drogas”, señaló.

Respecto de los equipos de escaneo personal, indicó que permitirán detectar objetos metálicos y elementos ocultos. “Vamos a desplegar equipos de escaneo personal que detectan, no solamente objetos metálicos, cualquier cosa que está acoplada al cuerpo o escondida en una cavidad va a poder ser detectada”, afirmó.

El plan comenzará con cinco establecimientos

El titular de Defensa precisó que la primera etapa contempla cinco penales. Ancón I será el punto de partida y los otros cuatro establecimientos se incorporarán conforme el sector disponga del equipamiento requerido.

Belaúnde señaló que la implementación en Piedras Gordas se realizará en poco tiempo, mientras que la ampliación hacia los demás penales dependerá del abastecimiento y despliegue de los equipos.

Después de completar los primeros cinco establecimientos, el Gobierno realizará una evaluación para determinar los siguientes pasos. El ministro indicó que, a partir de los resultados obtenidos, se definirá si el esquema se amplía o se reduce.

El Gobierno anunciará un incremento en los salarios que perciben los militares, así como el resto del personal que integra las Fuerzas Armadas. Según confirmaron a Infobae, dicho aumento salarial se aplicará a partir del mes de septiembre y sería de entre 7% y 10%.

El porcentaje oficial que corresponde al aumento, así como los demás detalles vinculados a esta actualización, serían dados a conocer públicamente en el momento en que se lleve a cabo una comunicación oficial específica sobre el tema. En los últimos meses, hubo diferentes incrementos salariales y bonos extraordinarios destinados a este sector, y todos estos beneficios fueron oficializados por resoluciones del Poder Ejecutivo.

A comienzos del mes de agosto, el Gobierno otorgó una suma fija de $50.000 a la totalidad de los integrantes en actividad pertenecientes tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas policiales y de seguridad federales. Esta decisión por parte de la administración nacional fue hecha pública a través de dos publicaciones que se emitieron en el Boletín Oficial.

La disposición adoptada en ese entonces fue excepcional, es decir, no se repetirá, además de que este monto es remunerativo y no bonificable. La suma correspondiente se pagará en una única ocasión junto con el salario mensual que corresponde al mes de agosto, alcanzando a decenas de miles de agentes que forman parte de las distintas fuerzas bajo la órbita y administración del Estado nacional.

En este contexto, la misma resolución se implementó a través de la firma de los decretos 695/2026 y 696/2026. Estos decretos fueron rubricados por el presidente Javier Milei, por enjefe de Gabinete, Diego Santilli, y, también, por quienes están al frente de los ministerios de Defensa y de Seguridad, es decir, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente. Para cada ministerio con competencias sobre las fuerzas comprendidas en la medida, fue dispuesto un acto administrativo separado y diferenciado.

El texto oficial fundamentaba que la medida respondía a la necesidad de ajustar o actualizar los ingresos de este personal, con la finalidad de preservar el poder adquisitivo de sus salarios, ya que contempla las demandas y el grado de compromiso asociados con las funciones que desempeñan.

Por otra parte, el Gobierno decidió hace algunos meses establecer un suplemento salarial específico dirigido a todo el personal de las Fuerzas Armadas que acredite la obtención de títulos superiores. Esta disposición comenzó a regir desde el 1° de julio y está destinada tanto al personal en actividad como a los retirados y pensionados. El beneficio fue instituido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 y tiene como finalidad reconocer la formación académica y la profesionalización del capital humano militar; para ello, se otorga una suma adicional que se agrega al haber mensual bruto y que será automáticamente actualizada a medida que se vayan concretando futuros aumentos de salario.

El Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Presti, recibió la responsabilidad de comunicar la decisión adoptada por Milei. El suplemento establecido se implementó en tres tramos diferenciados: un 10% para quienes tengan tecnicaturas o títulos terciarios, un 15% para aquellos que cuenten con títulos universitarios de grado y un 25% para quienes dispongan de especializaciones, maestrías o doctorados.

Este beneficio comprende tanto al personal militar que está actualmente en actividad, como también a los retirados y pensionados. El acceso a este reconocimiento no depende de si el beneficiario ocupa o ha ocupado el rol de oficial o suboficial, sino que la condición para percibirlo es haber presentado los títulos académicos correspondientes por parte de cada uno de los integrantes del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

En ese momento, voceros oficiales explicaron a Infobae que la propuesta fue diseñada para responder a una demanda histórica, planteada por las Fuerzas Armadas desde el año 2013, la cual busca igualar las condiciones de los militares respecto a otros organismos de la Administración Pública Nacional y frente a las fuerzas federales de seguridad, en cuyos ámbitos ya se encuentran en vigencia mecanismos similares para el reconocimiento de la formación académica.

El desplazamiento de batallones de ingeniería y maquinaria pesada del Ejército del Perú hacia la región Piura marca el inicio de una nueva etapa en las acciones de prevención ante el Fenómeno El Niño (FEN).

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa (Mindef), desde la guarnición de Mesones Muro, en Amazonas, parte el Batallón de Ingeniería de Combate de Selva N.º 116, mientras que el Batallón de Ingeniería de Construcción N.º 1 se traslada desde la guarnición de Jazán.

La movilización se complementa con el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 7, proveniente de Lambayeque, y el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 51, que parte de Sullana hacia el distrito de Catacaos.

El personal militar y los equipos, entre ellos bulldozers y volquetes, ejecutarán trabajos de limpieza y descolmatación de cauces y quebradas, así como la rehabilitación de vías.

El objetivo es reducir el riesgo de desbordes y mitigar el impacto de las lluvias intensas previstas para los próximos meses. “Esta movilización se realiza en cumplimiento de lo anunciado días atrás por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien informó sobre el despliegue progresivo de unidades de ingeniería y equipos mecánicos del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional”, señala el comunicado de la cartera.

La estrategia de defensa no se limita a la costa norte. En la Sierra de Lima, específicamente en la provincia de Canta, el Batallón de Ingeniería N.º 21 interviene en la apertura y limpieza del camino vecinal Anayca-Collo, mientras que en Santa Eulalia se ejecutan labores de descolmatación en cauces y ríos mediante retroexcavadoras y maquinaria pesada. Estas tareas buscan mantener despejados los accesos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante eventuales precipitaciones.

Según el Ejército, el despliegue incluye 22 batallones de ingeniería y 219 equipos mecánicos, “que vienen siendo desplegados progresivamente para fortalecer las acciones de prevención y la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias”.

Inversiones privadas y públicas

Hace unos días se conoció que la región Piura se prepara para enfrentar el fenómeno El Niño con una capacidad de inversión estimada en S/ 4,352 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), según datos de ProInversión.

Esta herramienta permite que el sector privado financie proyectos de infraestructura, prevención y servicios públicos, contribuyendo a reducir vulnerabilidades en el territorio.

De acuerdo con ProInversión, S/ 2,657 millones corresponden al Gobierno Regional, S/ 1,614 millones a gobiernos locales y más de S/ 80 millones a universidades públicas. “Obras por Impuestos es una herramienta que ayuda a prepararnos para enfrentar la emergencia a nivel nacional”, afirmó Luis Del Carpio Castro, presidente ejecutivo de ProInversión.

Durante el evento “Fenómeno El Niño: prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, autoridades, empresarios y gremios coincidieron en que es necesario acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para la seguridad y el desarrollo de la región. Entre 2009 y 2026, Piura ha adjudicado 78 obras mediante OxI, sumando S/ 1,514 millones e involucrando a cerca de 50 empresas y entidades públicas.

Actualmente, la región maneja una cartera de 46 proyectos potenciales por S/ 1,517 millones, enfocados en vías urbanas, educación y reducción de brechas sociales. La jornada de trabajo en Piura incluyó la firma del Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo, que agrupa a sectores públicos y privados para impulsar obras de alto impacto.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) incautaron 1961 municiones de guerra de diferentes calibres y detuvieron a dos personas en un operativo ejecutado en la provincia de Pataz, región La Libertad.

La intervención, denominada “Némesis”, fue dirigida por el Comando Unificado Pataz e incluyó acciones coordinadas en los centros poblados de Yalén y Pueblo Nuevo. Autoridades del Ministerio de Defensa (Mindef) informaron que el operativo responde a la estrategia de control territorial y combate a las organizaciones criminales que operan en la zona.

Durante la operación se decomisaron también 50 explosivos, dos armas de fuego tipo Galil y CZ Scorpion, una escopeta, pistolas, cargadores de proyectiles, radios de comunicación y un chaleco antibalas.

El material incautado y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar las diligencias e investigaciones señaladas por la ley. “Vamos a mantener la presencia de las fuerzas del orden en la provincia y reforzar la seguridad de la población”, informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado oficial.

La intervención “Némesis” se suma a la reciente operación “Sol Naciente”, realizada días antes en el mismo sector. En esa ocasión, el Comando Unificado Pataz logró la detención de dos personas, además del decomiso de tres fusiles CZ Scorpion, un R-15, una escopeta, cuatro pistolas y 52 explosivos junto a una cantidad significativa de municiones y cargadores abastecidos.

Ambas operaciones forman parte del despliegue permanente del Comando Operacional del Norte, que mantiene el control del territorio para preservar el orden interno.

“Las acciones de control territorial y lucha contra la criminalidad se mantendrán activas en la región, orientadas a reforzar la seguridad de la población”, dijo el jefe del operativo.

Incautación de dinamita y materiales explosivos en Puno

En paralelo, la Policía Nacional ejecutó un operativo en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, región Puno, donde se logró la detención de un camión cargado con materiales explosivos valorados en más de S/ 500 mil.

La intervención, realizada en la intersección de los jirones Mama Ocllo y San Pedro, permitió decomisar 34 cajas de dinamita, 12 cajas de mecha, tres cajas de detonadores y cinco cajas de fulminantes.

El vehículo interceptado fue tasado en aproximadamente S/ 100 mil y el detenido, Wilber Condori Quispe, quedó bajo custodia policial. Según la PNP, estos explosivos suelen estar asociados a delitos como minería ilegal y extorsión en el sur del país. “El cargamento tendría un valor aproximado de S/ 580 mil”, precisó una fuente policial citada por medios locales.

De acuerdo con el Ministerio del Interior (Mininter), la información que permitió la intervención surgió de labores de inteligencia desarrolladas por agentes especializados de la Dirin.

El seguimiento al camión concluyó en la detención en una zona estratégica, y el caso permanece bajo investigación para esclarecer la red de traslado de explosivos en la región.

La Policía Nacional del Perú destacó que el operativo constituye uno de los decomisos más importantes del año en el altiplano, intensificando la vigilancia sobre el tráfico de explosivos por la cercanía con zonas de actividad minera informal.

El encuentro se realizó pasadas las 11:00 en las Bodegas del Pacífico de la Gobernación del Chocó, en el Barrio de Cabí, desde donde se organiza la ayuda para las zonas más afectadas por el desastre natural.

El lugar es el principal centro de acopio de alimentos y provisiones, y el único de atención humanitaria oficial que existe en la zona, ubicado en la periferia del municipio de Quibdó.

En ese sitio se encuentran trabajando desde hace semanas, además de la comitiva argentina, los uniformados y voluntarios locales, por lo que el jefe de Estado fue a saludarlos y agradecerles por el esfuerzo.

Como parte de su recorrido, el mandatario observó las actividades de recepción, almacenamiento, organización y distribución de la ayuda humanitaria destinada a los diferentes sectores afectados por la emergencia.

Según pudo saber este medio, De la Espriella dedicó un momento de la actividad para conversar con los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas, a quienes saludó uno por uno.

El Presidente colombiano estuvo acompañado por la primera dama, Ana Lucía Pineda; la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, entre otras autoridades nacionales, departamentales y militares que participan de las acciones de respuesta y recuperación.

“En Quibdó Chocó, recorro las Bodegas del Pacífico para verificar de primera mano el almacenamiento y la gestión logística de los insumos esenciales para nuestra gente. En la era del Tigre garantizamos que la ayuda llegue a donde se necesita. ¡Firme por la Patria!”, escribió el mandatario.

Durante el acto, además, supervisó el desarrollo del despliegue de ayuda humanitaria que las autoridades militares de los dos países coordinan desde hace días en esa región.

El domingo, la gobernadora Córdoba Curi también visitó por su cuenta al contingente argentino, que se quedará cerca de 10 días más en el sitio, y destacó su compromiso, profesionalismo y trabajo coordinado junto al Ejército Nacional de Colombia.

La delegación, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Presti, y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que encabeza Marcelo Dalle Nogare, desplegó personal y elementos clave para la emergencia.

Según la información oficial, el contingente integra personal del Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina para brindar apoyo logístico, comunicaciones y asistencia médica. La misión dispone de plantas de potabilización y distribución de agua, además de 4.000 raciones de campaña para asistir a los damnificados.

El traslado de las tropas y los insumos se efectuó mediante medios aéreos propios, incluyendo un Hércules C-130 para el transporte de la cocina de campaña y la planta potabilizadora, junto a un Embraer RJ-17 para el traslado de los 32 efectivos desplegados.

La operación se desarrolla en articulación directa con la XV Brigada del Ejército Nacional de Colombia, bajo los lineamientos establecidos por la Cancilleria, por lo que Pablo Quirno también intervino.

Durante la jornada, De la Espriella recorrió los centros de acopio y verificó el funcionamiento de los equipos instalados y supervisó los albergues y la coordinación de un plan integral de reconstrucción.

El trabajo conjunto entre ambos países busca fortalecer la capacidad de respuesta ante las condiciones geográficas y sanitarias complejas del departamento para facilitar no solo la asistencia de las víctimas, sino también la recuperación de la infraestructura crítica.

La presencia de las Fuerzas Armadas argentinas en Colombia fue una nueva señal de la cooperación bilateral, pero también de la buena relación del mandatario local con Javier Milei.

Este vínculo se vio fortalecido semanas atrás cuando el líder libertario viajó a Cali para asistir a la asunción de De la Espriella. Durante aquel encuentro, ambos exhibieron una notable sintonía política.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada describieron la reunión como un diálogo fluido donde coincidieron en la necesidad de profundizar los lazos comerciales y de cooperación en seguridad regional.

El argentino fue uno de los primeros jefes de Estado en instalarse en la ciudad y, al recibirlo, el colombiano le expresó su admiración por la gestión que viene realizando al frente de la Casa Rosada y le presentó a sus hijos.

Los presidentes compartieron una agenda privada donde analizaron los desafíos económicos de la región, consolidando una relación personal que facilita hoy la celeridad en el envío de ayuda.

En cuanto al operativo de las Fuerzas Armadas, el mismo se mantendrá en el territorio hasta que las condiciones permitan una transición hacia la fase de reconstrucción definitiva.

La logística desplegada por el gobierno argentino garantiza la potabilización y distribución de agua, además de proveer las raciones de campaña para las poblaciones más vulnerables.

Por su parte, De la Espriella mantiene su agenda centrada en la atención inmediata a las localidades damnificadas, mientras avanza con las autoridades de la ciudad en la gestión de los recursos necesarios para la recuperación de la zona.

Recientemente, las FFAA también prestaron asistencia en Venezuela tras el doble terremoto que azotó también a ese país y que dejó todavía más fallecidos y edificios completamente desplomados.

En ese caso, se trató de un despliegue de alta complejidad que se extendió durante 18 días de operaciones ininterrumpidas. El contingente, integrado por 146 efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, realizó tareas críticas de búsqueda y rescate, asistencia sanitaria y producción de agua potable.

Con el apoyo de binomios caninos y sistemas aéreos no tripulados, los rescatistas desplegaron 234 patrullas en zonas de riesgo, logrando localizar con vida a dos menores y recuperar 51 cuerpos entre los escombros.

Además de las labores de salvamento, el personal militar garantizó el suministro de servicios esenciales para la población damnificada. Durante el operativo, los especialistas produjeron 210.000 litros de agua potable y distribuyeron diariamente raciones de comida y suministros logísticos en los centros de evacuación.

La misión, que operó en coordinación con agencias internacionales y autoridades locales, concluyó con el repliegue gradual de los efectivos una vez finalizada la etapa crítica de búsqueda, marcando un hito en la capacidad de despliegue rápido de las fuerzas nacionales en escenarios de catástrofe regional.

Después de intensas jornadas, y gracias también a equipos aportados por el gobierno del país caribeño, durante ese episodio los uniformados lograron además encontrar el cuerpo de Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que había quedado atrapado entre los escombros.

Durante casi dos años, uno de los responsables directos de la seguridad del hoy expresidente de la República Gustavo Petro permanece bajo el escrutinio público por una acusación de acoso sexual presentada por una oficial del Ejército: en un caso del que no se conocían detalles, pero que causó escozor en las redes sociales por la manera en que se habría registrado el suceso.

El caso despertó una serie de interrogantes en la institución militar y en la opinión pública debido al cargo que ocupaba el señalado: Sammy Ernesto Rodríguez, que fue edecán de la Casa de Nariño durante el Gobierno anterior y que desde junio de 2026 fue llamado a juicio disciplinario tras encontrarse evidencia de un presunto acoso contra la mayor y abogada Diana Marcela Sierra.

Al respecto, Noticias Caracol reveló el domingo 23 de agosto los contundentes testimonios del incidente que ocurrió la noche del 13 de mayo de 2025, en el Cantón Militar de Palonegro, en Bucaramanga, en donde la mayor Sierra afirmó haber sido víctima de acoso sexual y agresiones verbales por parte del entonces mayor Rodríguez: que se habría sobrepasado con fuertes calificativos e, incluso, sacó a relucir su labor con el ex jefe de Estado.

En su declaración ante el Ministerio Público, Sierra relató que, tras auxiliar a Rodríguez que se encontraba en estado de embriaguez y no podía ingresar a la unidad militar, fue objeto de comentarios y tocamientos de connotación sexual dentro de su vehículo, mientras su hijo de 12 años estaba presente. Una situación a su juicio bochornosa, en la que dijo sentirse ultrajada.

“Cuando ya a la altura del CRM me dice: ¿Dianita, usted sabe hacer el amor rico?”, afirmó Sierra, en su testimonio recogido por el medio de comunicación. La situación escaló cuando, al exigir respeto, Rodríguez intentó tocarla y, posteriormente, la insultó, señalando su cercanía con el círculo de seguridad presidencial. Frente a lo sucedido, la reacción de rechazo fue, por demás, inmediata.

Fue en ese momento, cuando Rodríguez al parecer la insultó con frases ofensivas y la amenazó, al reiterar su posición de poder: “Yo trabajo con Petro, usted no sabe con quién se metió, la voy a mandar para la mierda, no la voy a dejar ascender”, según consta en la denuncia difundida por el medio sobre este caso, en la que en su defensa el implicado expresó que venía de un velorio de un superior.

Así habrían intentado persuadir a la víctima para no revelar lo sucedido con el exedecán de Petro

De acuerdo con el expediente divulgado por el citado medio, varios oficiales de la Segunda División del Ejército Nacional y suboficiales presenciaron o intervinieron en los hechos, y sus testimonios forman parte del proceso. Entre ellos, la cabo Yuliana Clavijo confirmó el estado de embriaguez de Rodríguez y la actitud agresiva que mostró hacia personal militar y civiles, con toda clase de insultos.

El sargento primero César Chica también respaldó la denuncia e informó sobre la negativa inicial de Rodríguez a identificarse y la solicitud de drogas ilícitas durante el episodio. Tanto la denunciante como su entorno reportaron presiones posteriores, con visitas y mensajes de oficiales cercanos a Rodríguez, como el mayor Anderson Quiroga, que le habrían pedido que no denunciara para evitar consecuencias.

“Me decía que por favor no dijera nada, que porque eso había sido un pequeño error de mi mayor, que él era un hombre muy correcto, que él ya había tomado con él, que no entendía por qué había pasado eso, que él estaba a cargo de él y que si yo denunciaba, él se iba a meter en problemas”, recordó Sierra en diálogo con el referido medio televisivo, en el fue reiterativa en los calificativos usados.

Además, su esposo recibió amenazas y mensajes injuriosos, acompañados de fotos personales extraídas de una cuenta de Google hackeada, según la información revelada por Sierra a Noticias Caracol. La investigación disciplinaria avanzó con la recopilación de videos, reconstrucción de la escena y la toma de testimonios de 17 militares, entre ellos superiores directos de Rodríguez y la denunciante.

El pliego de cargos elaborado por la Procuraduría General de la Nación sostiene que existen pruebas de actos de hostigamiento de connotación sexual y tratos humillantes hacia el personal militar. El documento resaltó la responsabilidad agravada que tenía Rodríguez por su posición como edecán de Presidencia y la confianza depositada en él para la protección del entonces jefe de Estado.

El expediente reseñado en contra del hoy coronel Rodríguez recoge también la declaración del esposo de la mayor Sierra, Miguel Plata, que aseguró que el implicado en estos hechos le pidió interceder ante su esposa para evitar que el caso escalara. “Yo sé que la embarré… fue por culpa de unos tragos fue que la embarré”, citó Plata en el expediente divulgado por Noticias Caracol.

El propio Rodríguez, que ya no hace parte de la Casa Militar de la Presidencia no compareció ante la Procuraduría, pues alegó una comisión de servicios en Austria, y presentó su defensa por escrito, en la que atribuyó su comportamiento a una crisis emocional provocada por la pérdida de su teléfono móvil con información sensible y negó cualquier conducta de acoso contra la oficial Sierra.

Medidas adicionales de la Procuraduría

La Procuraduría también solicitó investigar si existió una conducta inadecuada hacia el hijo menor de la mayor y abrió un expediente paralelo por presuntos tratos degradantes hacia otros miembros del Ejército. Además, pidió indagar al mayor Anderson Quiroga por presunta obstrucción al proceso disciplinario al intentar que Sierra no formalizara su denuncia ante el alto mando militar.

El caso adquirió una nueva dimensión cuando, en junio de 2026, el Ministerio de Defensa aprobó el ascenso de Sammy Rodríguez a teniente coronel, pese a que el proceso disciplinario seguía abierto. La abogada de la mayor Sierra, Ángela Ramírez, declaró al citado medio que el ascenso contraviene el Decreto 1799 de 2000, que prohíbe promociones mientras exista un pliego de cargos pendiente.

Según el reporte, el nombramiento fue firmado por el entonces ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Noticias Caracol intentó obtener la versión de Rodríguez sobre las acusaciones, pero hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de entrevista, en un caso que sigue abierto bajo investigación disciplinaria y penal.

Perú prepara una capacidad operativa de 39 helicópteros para atender emergencias vinculadas con el fenómeno El Niño. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Estado cuenta actualmente con cerca de 19 aeronaves y destinará 300 millones de soles para ampliar esa disponibilidad hasta diciembre.

La estrategia también contempla equipos para mantener la conectividad terrestre ante posibles interrupciones por lluvias, desbordes y otros eventos asociados al fenómeno climático. El Gobierno dispone de 22 puentes Bailey en stock y prevé recibir 55 unidades adicionales antes de diciembre.

El despliegue de recursos incluye además apoyo de las Fuerzas Armadas, hospitales temporales y espacios destinados a la atención de personas afectadas por posibles emergencias. Según Vinelli, existen 250 puntos previstos para la instalación de albergues en caso de evacuaciones.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) también informó sobre las medidas adoptadas para vigilar la producción agrícola y reducir riesgos ante eventuales alteraciones en el abastecimiento de alimentos. Entre los cultivos bajo seguimiento figuran productos como limón, mango, uva, papa y arroz.

Gobierno incrementará la disponibilidad de helicópteros

Marco Vinelli explicó que la capacidad aérea constituye uno de los recursos previstos para responder ante emergencias y facilitar desplazamientos hacia zonas que puedan quedar aisladas.

“Tenemos ahorita alrededor de 19 helicópteros y estamos haciendo un esfuerzo de 300 millones (de soles) y vamos a tener para diciembre 39 helicópteros para poder hacer desplazamientos en caso se necesite”, indicó en RPP.

A este recurso se suman tres buques BAP de la Marina de Guerra del Perú, previstos para brindar apoyo con medicinas, agua potable y ayuda humanitaria.

El ministro también señaló que EsSalud dispone de tres carpas para hospitales temporales, ubicadas en Tumbes, Piura y Lambayeque, listas para su instalación cuando sea necesario.

Puentes Bailey y personal militar forman parte del dispositivo

El Gobierno dispone de 22 puentes Bailey almacenados y espera incorporar 55 adicionales antes de diciembre. Con ello, se prevé contar con 77 estructuras para atender eventuales interrupciones de vías.

Vinelli también informó que 13.000 efectivos del Ejército están preparados para intervenir ante emergencias relacionadas con desbordes. A esta capacidad se suman los puntos previstos para albergues.

Uno de los trabajos señalados por Midagri corresponde al río Piura. Según Vinelli, este cauce soporta actualmente un flujo aproximado de 1.500 metros cúbicos por segundo, mientras que un escenario de El Niño extremo podría elevar el caudal hasta 4.000 metros cúbicos por segundo.

“Si viene El Niño extremo que señalan, estaríamos llegando a 4,000 metros cúbicos por segundo y dada la condición actual, no soportaría y se aparecerían muchos desbordes. Pero nosotros estamos anticipándonos a ese peor escenario y estamos limpiando todo el río Piura para que tenga una capacidad de pasar el agua de alrededor de 3,900 metros cúbicos por segundo”, explicó.

El ministro indicó que también se realizan labores de descolmatación en Tumbes y Lambayeque. Sobre el plan de manejo integral de cuencas, señaló que el avance en Piura era de cero por ciento al momento del cambio de Gobierno del 28 de julio, aunque otras regiones presentaban avances.

En La Libertad, Vinelli mencionó las obras relacionadas con las quebradas que afectan a Trujillo. Según detalló, la derivación de las quebradas hacia el río Moche ya está culminada, mientras permanece pendiente la limpieza de ocho kilómetros del río.

Lima y otras regiones concentran puntos críticos

El trabajo preventivo también incluye la cuenca del río Rímac, donde fueron identificados puntos críticos. Vinelli informó que se encontraron 12 geomallas almacenadas y que un decreto de urgencia permitió disponer su instalación en 10 quebradas de Lima.

“Las regiones donde más puntos críticos tenemos son Piura, Lima y Arequipa”, subrayó.

La respuesta institucional también quedó bajo una comisión especial integrada por los ministros de Defensa, Vivienda, Economía y Finanzas y Agricultura, junto con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

“Por ejemplo, si se necesita un helicóptero o un avión, podemos conversar con el ministro Defensa y disponer rápidamente, si se necesita una cisterna, con el ministro de Vivienda, o si se necesita temas presupuestarios, se puede conversar con el Ministro de Economía en este seno de la comisión y se pueden atender más rápido las emergencias”, explicó.

El lunes pasado, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado su propuesta de reforma constitucional de seguridad, la que entre otras cosas le otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos básicos como la libertad personal, de desplazamiento y el derecho de reunión, razón por la cual ha recibido críticas de parlamentarios de todos los colores políticos y abogados constitucionalistas.

La iniciativa, que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y tiene como fin ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, establece también que el mandatario podrá aplicar dicho Estado de Excepción en zonas o barrios específicos, permite interceptar comunicaciones y documentos sin necesidad de la autorización de un juez, y amplía las facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, creando además una nómina oficial de organizaciones criminales y terroristas.

Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere de un quórum de cuatro séptimos (29 votos) para su aprobación en el Senado, cuestión que se vuelve cuesta arriba tras el descuelgue de parlamentarios oficialistas que acusaron una falta de diálogo previo, y los reparos de la oposición en pleno.

Las críticas de la oposición

Conocido el texto final, uno de los primeros en elevar la voz fue el ex presidente Gabriel Boric quien el martes, durante el lanzamiento de un libro del exministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a la oposición ha adoptar “una posición clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del presidente de la República, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena”.

De la misma opinión fue la exministra vocera de la administración de Boric, Camila Vallejo, quien acusó al Gobierno de intentar pasar “gato por liebre”, pues con la excusa del combate al crimen organizado, persigue “introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder a costa de la libertad de los ciudadanos”.

Según Vallejo, la reforma “no garantiza mayor efectividad en la persecución del delito, sino que lo único que garantiza es que pasemos a Estados de Excepción sumamente más duros, donde limitan las libertades”.

Otro que se mostró en contra fue el senador independiente por Magallanes Karim Bianchi -considerado un “voto bisagra”-, quien aseguró que “así como está, la vamos a rechazar. Hoy día no están los votos y el mío tampoco. Voy a esperar que haya cambios, que escuchen y que logren hacer algo que tenga sentido, porque esto no tiene sentido”.

En tanto, el diputado Patricio Pinilla (DC), sostuvo que “Pinochet, donde quiera que esté, debe estar bien contento porque ha encontrado un buen alumno en el ministro (de Seguridad), Martín Arrau. El nivel de autoritarismo al que nos quieren llevar nos sorprende y nos preocupa y nos llama a una reflexión como país.”

Los descuelgues del oficialismo

Por otra parte, las señales de alerta en el oficialismo ya se veían venir desde el domingo previo al ingreso del proyecto al Congreso, cuando el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, aseguró que aunque respaldan el fondo de la propuesta, “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional (...) Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones?”, agregó el timonel gremialista en conversación con La Tercera.

Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), manifestó que “el estado de emergencia de hasta 240 días sin intervención del Congreso es algo que, teniendo hoy cuatro estados de emergencia —de asamblea, de sitio, de emergencia y de catástrofe—, le otorga al presidente una cantidad de atribuciones que yo creo, lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de derecho”,

Asimismo, el líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, recordó que “lo que se viola o se restringe en un Estado de Excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos. Y esa restricción de los derechos de todos los ciudadanos solamente se puede hacer o se debe hacer en un periodo lo más corto posible”.

Finalmente, el senador Matías Walker (Demócratas), afirmó taxativo que “tendría que colgar mi título de abogado si quisiera votar a favor” y llamó este viernes al Gobierno a retirar la reforma pues conlleva un profundo riesgo para el orden democrático.

“Después de la crítica transversal que ha habido respecto de la reforma constitucional, lo más aconsejable es que el gobierno retire el proyecto, haga un trabajo prelegislativo y podamos generar las reformas que generen consenso y que sean eficaces para el objetivo de perseguir el crimen organizado”, indicó.

“No se puede hacer política con la Constitución. La Constitución requiere un amplio consenso porque esta herramienta en manos de un mal gobierno puede llevar al quebrantamiento del orden democrático”, cerró Walker.

Los reparos de los expertos constitucionalistas

Como era de esperar, la prensa se volcó a conocer la opinión de abogados y expertos en la materia que también se mostraron contrarios a la reforma, como el constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, quien tildó la iniciativa de “populismo constitucional”.

“Recurrir a la reforma de la Constitución para sembrar la expectativa de que con esta reforma yo resuelvo los problemas de seguridad pública, no sólo es populismo, es también irresponsable”, afirmó en el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile.

Ello, puesto que de acuerdo al abogado, gran parte de las medidas propuestas —como los registros de organizaciones criminales o regímenes carcelarios especiales— no requieren una reforma a la Carta Fundamental y pueden abordarse mediante leyes ordinarias o reglamentos.

Por su parte, Jaime Gajardo, abogado y exministro de Justicia de la administración de Boric, sostuvo que el proyecto es “preocupante, porque lamentablemente es el camino que han tomado principalmente gobiernos que han derivado en autoritarios. Esto altera la distribución de poderes que hay en nuestra Constitución; le entrega al presidente la posibilidad de calificar él si una organización es terrorista o no, no a los tribunales de justicia. Eso es completamente ajeno a nuestra tradición“.

Mientras tanto, Juan Ignacio Martínez, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, culpó al Gobierno de “fetichismo constitucional” y se mostró más que preocupado por el plazo de hasta 240 días del Estado de Excepción.

“Si usted hace una lectura de los demás Estados de Excepción constitucional, salvo de Asamblea, que durará mientras dure la guerra externa, el promedio, por ejemplo, del Estado de Sitio, es de 15 días renovables. Estado de Emergencia, 15 días renovables, y en las renovaciones siempre interviene el Congreso”.

“Aquí también intervendría el Congreso, pero después de 120 días (pudiendo renovarlo por otros 120) Esos 120 días, desde el punto de vista de la homogeneización de las normas internas de la Constitución, parecen algo desproporcionado. Desde el punto de vista de los derechos que se pueden restringir, es más o menos lo que uno ya ve en situaciones como el Estado de sitio, por ejemplo”, expuso en conversación con el periodista Tomás Moscciati de BioBíoChile.

“Si se llegara a aprobar un Estado de Excepción particular como este, a mí lo que me inquieta fundamentalmente son dos cuestiones: uno, el plazo, que me parece muy excesivo. Y lo segundo, es importantísimo que no se toquen las facultades de los tribunales para conocer de eventuales infracciones a los derechos fundamentales de las personas. Eso se tiene que resguardar sí o sí, cualquiera sea el estado de excepción que se aplique”, agregó.

Al cierre, el experto en temas constitucionales fue tajante: “Si usted me pregunta, como profesor de Derecho, yo no habría hecho esto. A mí me parece que es muy innecesario”, remató el experto.

Así las cosas, ahora la propuesta deberá ser debatida por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública, antes de llegar a la Sala del Senado para su votación.

La Presidencia de la República Dominicana informó que el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó este 20 de agosto de 2026 en Santo Domingo el acto de despedida del equipo de fuerzas especiales que representará al país en Fuerza Comando Paraguay 2026, una competencia multinacional que reunirá a unidades élite de 17 países.

Durante la ceremonia, el teniente general entregó la bandera nacional a la delegación y afirmó: “Ustedes parten llevando dentro de su pecho el honor de representar a la República Dominicana y a sus Fuerzas Armadas”.

De acuerdo con el comunicado, Fernández Onofre sostuvo que la fortaleza de un soldado de fuerzas especiales no se limita a la condición física ni a la preparación técnica, sino que también se apoya en el carácter, la resiliencia, la fortaleza mental, el liderazgo y la capacidad de mantener la claridad y la cohesión del equipo bajo altos niveles de presión.

La competencia regional

El ministro señaló que la bandera simboliza el compromiso de demostrar profesionalismo y nivel de preparación ante las demás naciones, y agregó: “Cuando esta bandera esté en sus manos, recuerden que ustedes no van solos”, al mencionar el respaldo del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor General, sus compañeros de armas y el pueblo dominicano.

La nota precisó que Fuerza Comando Paraguay 2026 contará con equipos de Estados Unidos, Jamaica, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Brasil, México, Argentina, Belice, Perú y El Salvador, que enfrentarán pruebas de resistencia, precisión, velocidad, planificación, dominio técnico, coordinación y trabajo en equipo.

En el acto estuvieron presentes viceministros de Defensa, el inspector general de las Fuerzas Armadas y subcomandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto a oficiales generales y superiores, instructores y entrenadores.

Traspasos de mando en el Ejército y la Fuerza Aérea

El ministro de Defensa Carlos Fernández Onofre encabezó este 19 de agosto las ceremonias de traspaso de mando en el Ejército y la Fuerza Aérea de República Dominicana, en cumplimiento del Decreto núm. 557-26 del 16 de agosto, emitido por el Poder Ejecutivo. En el Ejército de República Dominicana, el mayor general Jimmy Arias Grullón asumió como comandante general en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quien pasó a ocupar el cargo de inspector general de las Fuerzas Armadas.

El acto se realizó en la Plaza de Ceremonias del Campamento Militar “16 de Agosto”, con el ceremonial militar correspondiente y la entrega de la bandera institucional, símbolo del traspaso de autoridad, responsabilidad y mando.

Más tarde, en la Base Aérea de San Isidro, el mayor general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo asumió como comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana en reemplazo del mayor general Floreal T. Suárez Martínez.

Durante las ceremonias se señaló que estos relevos forman parte del proceso de renovación en la conducción militar y buscan asegurar la continuidad de las políticas, planes y operaciones de las Fuerzas Armadas vinculadas a la defensa y la seguridad nacional.

Nuevas funciones de las Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario

Durante su intervención, Galarreta precisó que las Fuerzas Armadas no asumirán la custodia interna de los penales, pero establecerán un cerco externo que controlará el ingreso y salida del personal del INPE. El control incluirá el uso de detectores de metales y otros dispositivos para impedir el ingreso de objetos prohibidos. Según el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas responde a la necesidad de incrementar la fiscalización y reducir los riesgos de complicidad o filtración de bienes ilícitos hacia el interior de las cárceles.

Galarreta subrayó que esta acción permitirá mayor supervisión y fiscalización sobre los penales, especialmente en un contexto de hacinamiento y creciente actividad del crimen organizado dentro de las prisiones.

Medidas para reducir el hacinamiento y mejorar la fiscalización

El titular del gabinete ministerial anunció el traslado de internos condenados por delitos menores, principalmente aquellos vinculados a alimentos o sin violencia, a cuarteles y hangares habilitados a través de convenios con el INPE. “Mientras menos personas tengamos hacinadas, mayor supervisión se podrá realizar”, afirmó Galarreta. Los internos trasladados realizarán trabajos y talleres fuera de los penales convencionales, lo que facilitará el control de la población penitenciaria restante.

La presidenta Keiko Fujimori mantiene el compromiso de construir penales de máxima seguridad, aunque reconoció que estos proyectos requieren tiempo para concretarse. Mientras tanto, el Ejecutivo retomará la edificación de establecimientos penitenciarios abandonados y acelerará los procedimientos para habilitar nuevas infraestructuras, según lo expuesto por Galarreta.

Endurecimiento del régimen penitenciario y bloqueo de comunicaciones

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros también anunció que se bloquearán las señales de comunicación en los penales para impedir que sean utilizados como centros de operaciones del crimen organizado. Además, se endurecerá el régimen para los internos de alta peligrosidad, quienes enfrentarán restricciones en las visitas y periodos de aislamiento más prolongados. “No tendrán privilegios ni beneficios dentro del penal”, señaló Galarreta, remarcando la intención de restablecer el control y la disciplina en estos espacios.

Refuerzo de la lucha contra la extorsión y modernización policial

En el marco de la lucha contra la extorsión y el crimen organizado, Galarreta informó sobre la inversión de diecinueve millones de soles para fortalecer la división de investigación de extorsiones. Antes de diciembre de 2026, está prevista la entrega de vehículos, drones, cámaras, computadoras de alta gama, software de análisis criminal y equipos de protección para la Policía Nacional.

Por otro lado, el sistema automatizado de identificación biométrica AFIS será implementado en quince unidades policiales de investigación criminal y criminalística, con la meta de contar con equipamiento biométrico operativo durante 2026. Además, la Policía Nacional avanza con la implementación de un sistema de biovigilancia inteligente basado en inteligencia artificial, que se proyecta en funcionamiento para julio de 2027, destinado a apoyar la investigación forense y la respuesta en tiempo real.

Compromiso con la seguridad ciudadana y el orden estatal

Durante la presentación, Galarreta enfatizó que el actual gobierno no busca confrontar, sino resolver problemas estructurales del país. “Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”, afirmó. La Política General de Gobierno 2026-2031 se articula en cinco ejes: seguridad ciudadana, reducción de la vulnerabilidad frente a desastres, desarrollo integral de las personas, mayor productividad y consolidación de la gobernabilidad democrática.

“El Estado tiene que volver a funcionar para la gente”, concluyó Galarreta ante el pleno, comprometiendo a su gabinete a ejecutar y rendir cuentas sobre las medidas anunciadas.

Durante su exposición ante la Cámara de Diputados, el titular describió el panorama institucional que recibió el actual gobierno. El funcionario señaló que encontraron “un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”, con una burocracia que, según sus palabras, “llega tarde al delito, a las emergencias y a las necesidades de las familias”.

Aseguró que la administración anterior acumuló recursos sin distribuir y mantuvo procedimientos que complicaron la vida de los ciudadanos, quienes cada día se ven amenazados por la extorsión y delincuencia.

“Durante demasiado tiempo faltaron liderazgo y gestión, y se toleraron la incapacidad, la inacción, la improvisación, el abandono, la mentira, el mercantilismo, el facilismo y la corrupción”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros.

Refuerzo de operativos y expulsión de extranjeros

Uno de los anuncios señaló que se reforzará los operativos de control e identificación de extranjeros en situación irregular, con procedimientos para expulsar a quienes no cumplan con la normativa.

“Aplicaremos los procedimientos correspondientes para quienes deban ser expulsados del país, como ya lo hicimos días atrás. Estas acciones contarán con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas”, declaró Galarreta.

El presidente del Consejo de Ministros afirmó que existen barreras legales y burocráticas que han dificultado la expulsión de extranjeros en situación irregular. Es así que anunció que el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas para agilizar estos procesos y corregir las normas que han permitido que personas detenidas por delitos violentos recuperen su libertad.

“También reforzaremos los operativos de control e identificación de extranjeros en situación irregular, aplicando los procedimientos correspondientes para quienes deban ser expulsados del país, como ya lo hicimos días atrás. Estas acciones contarán con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, incluyendo el reforzamiento del resguardo de nuestros transportistas y de las zonas más vulnerables”, señaló.

Detalló que el gabinete ha sostenido reuniones con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Poder Judicial y el Ministerio Público para coordinar la lucha contra la criminalidad. Galarreta señaló que parte de la estrategia es revisar y corregir el sistema de flagrancia, para que los delitos sean procesados con rapidez y proporcionalidad.

Cabe precisar que las ‘leyes pro crímenes’ fueron respaldadas y aprobadas por una amplia mayoría multipartidaria de su partido.

También anunció la ampliación progresiva del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, con el objetivo de cubrir quince distritos judiciales priorizados.

No habrá voto de confianza

La exposición ante el Congreso de la República se realizó en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que establece la obligación de presentar la Política General de Gobierno al inicio del mandato. A diferencia de años previos, esta presentación no conlleva la solicitud de una cuestión de confianza.

Luis Galarreta estuvo acompañado por la totalidad de los miembros del Gabinete Ministerial durante la sesión, la primera celebrada tras el restablecimiento de la bicameralidad en el Parlamento.

Francia tiene nuevas normas y proyectos en el ámbito de defensa. El Gobierno ha promulgado la actualización de la Ley de Programación Militar (LPM) para 2024-2030, que contempla una inversión adicional de 36.000 millones de euros y otorga nuevas herramientas al Estado para reforzar el control sobre la economía de guerra, la movilización ciudadana y la industria nacional de defensa. El texto, publicado el 16 de agosto, responde a la necesidad de adaptar el modelo militar francés a los retos estratégicos actuales, según explica del Ministerio de Defensa.

La nueva ley pone el foco en sectores como los drones, la guerra electrónica, la defensa antiaérea, el espacio y la preparación operativa, considerados prioritarios para la seguridad nacional. El refuerzo presupuestario permitirá acelerar la adquisición de municiones, renovar equipos críticos y aumentar la preparación de las fuerzas armadas. El Estado gana margen para exigir a las empresas reservas estratégicas y puede priorizar pedidos industriales destinados a la defensa, asegurando el suministro de materiales, componentes y productos esenciales.

Impulso industrial de Francia

El presidente Emmanuel Macron y la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, han destacado la importancia de que Francia esté en condiciones de responder a cualquier contexto, incluso ante una posible crisis de gran magnitud en Europa. La reciente actualización de la Ley de Programación Militar tiene como objetivo fortalecer el tejido industrial nacional, priorizando a los fabricantes que producen en territorio francés y generando nuevas oportunidades de empleo y actividad económica.

El texto aprobado refuerza la apuesta por la investigación y el desarrollo en áreas tecnológicas estratégicas, buscando mantener la competitividad internacional de la industria de defensa francesa. El presupuesto asignado también contempla el impulso a la innovación y la modernización de los equipos, lo que permitirá al país adaptarse a los desafíos de seguridad del futuro y asegurar el suministro de material esencial a las fuerzas armadas.

Control del Gobierno y movilización ciudadana

La actualización de la ley introduce el estado de alerta de seguridad nacional, que podrá activarse por decreto del gobierno ante amenazas graves y actuales. Esta medida otorga al Estado más herramientas para proteger los intereses fundamentales y la información estratégica del país, además de reforzar las medidas preventivas contra la divulgación de datos sensibles. La norma amplía la capacidad estatal para orientar la economía hacia las necesidades de defensa, incrementando la flexibilidad en la gestión de recursos y la planificación estratégica.

En el plano social, transforma la jornada de defensa y ciudadanía en una jornada de movilización, centrada en actividades que fortalezcan la cohesión nacional y permitan a los jóvenes de 18 a 25 años acercarse a la defensa y al servicio militar. El Servicio Nacional voluntario y selectivo ofrece a los jóvenes la oportunidad de adquirir competencias profesionales y desempeñar un papel activo en la protección del territorio nacional. El Ministerio de las Fuerzas Armadas subraya que esta actualización consolida la base industrial y tecnológica, impulsa la innovación y mejora la capacidad de reacción ante escenarios de crisis.

La presencia española en la misión de la ONU en Líbano cumple 20 años. Este aniversario coincide con el regreso de más de 850.000 desplazados a sus hogares. La ministra de Defensa, Margarita Robles, realiza una visita oficial a las tropas españolas desplegadas en el país este miércoles, en medio de una escalada de la actividad militar en el sur libanés. ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) advierte que, aunque se estén produciendo retornos, la situación sigue siendo muy peligrosa.

Los militares españoles se encuentran en la base Miguel de Cervantes, próxima a la localidad de Marjayún, que alberga el Cuartel General del sector Este de la misión de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (Finul), liderado por España. El despliegue español, iniciado en septiembre de 2006, mantiene actualmente unos 650 militares en la zona, tras haber alcanzado un máximo de 1.100 efectivos. El contingente realiza patrullas para vigilar la ‘Blue Line’, la frontera entre Líbano e Israel, y trabaja junto a las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) para evitar una escalada.

La efeméride de los 20 años se produce en un momento de especial preocupación por el aumento de la violencia. Entre el 5 y el 16 de agosto, Finul registró un promedio de 137 proyectiles diarios lanzados en el sur del país, dentro de un repunte de la actividad militar israelí. Aunque existen acuerdos de alto el fuego, los ataques aéreos israelíes durante el fin de semana provocaron nuevos desplazamientos, con cientos de familias huyendo hacia el norte. El Ministerio de Defensa ha informado que desde el inicio de la misión en 2006 han muerto 15 soldados españoles en Líbano.

Retornos, daños y necesidades humanitarias

A pesar del retorno de unas 860.000 personas a sus zonas de origen, ACNUR advierte que la crisis de desplazamiento y las necesidades humanitarias siguen vigentes. Muchas familias regresan a viviendas dañadas, con servicios sanitarios y de abastecimiento de agua limitados. La situación de seguridad continúa siendo frágil. Las restricciones a la movilidad y el riesgo por restos explosivos de guerra afectan amplias zonas del sur del país y la región de la Bekaa. Aunque la intensidad de los enfrentamientos ha disminuido, los desplazamientos no han cesado y unas 360.000 personas permanecen sin poder regresar a sus casas, incluidas al menos 22.000 en alojamientos colectivos. Muchas familias dependen de viviendas alquiladas o de la acogida de familiares.

Según denuncia el organismo, ACNUR en Líbano apenas ha recibido el 24 % de los fondos necesarios, lo que limita la cobertura de las necesidades básicas de la población desplazada y retornada. Sin un apoyo sostenido, miles de familias seguirán afrontando desafíos para reconstruir sus hogares y restablecer sus medios de vida. Por ello, desde la organización, aseguran que se trata de una “crisis lejos de terminar”. En medio de un contexto muy complejo, los cientos de soldados españoles continúan desplegados. Según ha explicado Robles en múltiples ocasiones, los militares seguirán allí mientras la ONU así lo consideren.

El canciller Pablo Quirno anunció formalmente el envío de un contingente especializado de asistencia humanitaria a Colombia, en respuesta al sismo de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió al país y dejó cerca de 300 muertos, más de 4.000 heridos y decenas de desaparecidos. La misión, denominada “Operación Colombia”, estará integrada por 32 efectivos de las Fuerzas Armadas y partirá desde la I Brigada Aérea de El Palomar a bordo de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.

El despliegue fue confirmado mediante un comunicado oficial de la Cancillería argentina fechado el 18 de agosto de 2026, así como a través de la cuenta en X del propio Quirno. La misión es resultado de una coordinación entre la Cancillería y los Ministerios de Defensa, Seguridad y Salud, en articulación con las autoridades colombianas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, que identificó las necesidades prioritarias sobre el terreno.

El contingente llegará a Quibdó, capital del departamento del Chocó y una de las zonas más golpeadas por la catástrofe. La ciudad, ubicada a orillas del río Atrato en una región de selva densa, precipitaciones intensas y conectividad vial limitada, representa un desafío logístico particular: las vías fluviales constituyen el principal medio de acceso a numerosas comunidades del área.

El equipamiento que transportará el Hércules C-130 incluye una planta potabilizadora de agua con capacidad de captación, potabilización y distribución, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, sistemas de comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de emergencia. Parte de esas raciones será distribuida entre la población afectada; el resto garantizará el autoabastecimiento del personal militar durante el tiempo que permanezca desplegado.

El operativo prevé el uso de dos aeronaves. Mientras el Hércules transportará la carga logística, un Embraer RJ-140 trasladará a los 32 integrantes del contingente. El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, coordinó la partida, prevista en el aeropuerto El Palomar.

Un eje central de la misión es la provisión de agua potable a las comunidades afectadas, una necesidad crítica tras un terremoto de esta magnitud. A esa capacidad se suma un dispositivo de comunicaciones orientado a generar redundancia en los sistemas instalados en los hospitales de la región, y un centro de distribución de alimentos que operará mediante la cocina de campaña.

La preparación del personal incluyó medidas sanitarias específicas para operar en una región tropical. Los 32 efectivos completaron un protocolo que abarcó vacunación y medidas preventivas frente a enfermedades propias del ambiente selvático, entre ellas la malaria. Las condiciones climáticas y sanitarias del Chocó formaron parte de los factores contemplados en la planificación.

El operativo será coordinado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo supervisión del Ministerio de Defensa. La Cancillería intervino por canales diplomáticos para canalizar los requerimientos formulados por Colombia y determinar qué capacidades argentinas podían dar respuesta a las necesidades identificadas tras el sismo.

En su publicación en X, Quirno subrayó que el despliegue se coordina “conjuntamente con nuestro Ministerio de Defensa y la @UNGRD en función de las necesidades de las autoridades colombianas”, y cerró con un número de emergencia para ciudadanos argentinos en territorio colombiano: +57 316 875 9292.

El comunicado oficial de la Cancillería, por su parte, reiteró “el acompañamiento a la República de Colombia y su disposición a colaborar en las tareas de respuesta y recuperación frente a la emergencia”. La misión constituye el único despliegue militar argentino destinado específicamente a la asistencia humanitaria en Colombia tras el terremoto del 10 de agosto.

A pesar de las críticas de la oposición y los reparos de algunos parlamentarios oficialistas, el Gobierno de José Antonio Kast sigue adelante con su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), paquete de más de 30 iniciativas legales y una reforma constitucional que busca entre otras medidas desplegar a las Fuerzas Armadas e intervenir 50 barrios críticos.

Este lunes, el Ejecutivo le puso pie al acelerador e ingresó con suma urgencia al Congreso dos proyectos de ley que son parte la ACOT: uno que tipifica como delito levantar barricadas y otro que crea el sistema de registros de ADN.

Una vez ingresadas las iniciativas, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, indicó que “a los 21 proyectos de la ACOT que ya están en el Congreso, hoy sumamos dos nuevas iniciativas que ingresan con suma urgencia. El combate al crimen organizado es una prioridad de este gobierno, por eso pedimos la colaboración de los parlamentarios para poder avanzar en una agenda que representa plenamente a la ciudadanía”.

El nuevo delito de levantar barricadas

Así las cosas, la primera propuesta busca modificar el Código Penal y tipificar como delito el levantar barricadas, a fin de proteger el derecho a la libre circulación y los servicios de transporte.

Así, el primer inciso sanciona “con la misma pena actualmente vigente (presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días), a quien, sin estar autorizado, interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas, vehículos o el funcionamiento regular de cualquier medio o servicio de transporte, público o privado, de pasajeros o de carga, cualquiera sea la vía o infraestructura por la cual opere”.

El segundo inciso precisa que estos medios pueden ser “terrestres, ferroviarios, subterráneos, marítimos, fluviales, lacustres y aéreos, entre otros—, así como los vehículos e infraestructura asociados a su funcionamiento”.

El tercer inciso establece que el delito se configurará incluso si no existe empleo de violencia o intimidación.

Sistema Nacional de Registros de ADN

La segunda iniciativa crea el Sistema Nacional de Registros de ADN y en su artículo 1° incorpora a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones (PDI), como “organismos habilitados para practicar los exámenes y pruebas biológicas destinados a determinar huellas genéticas”, en adición al Servicio Médico Legal (SML).

El artículo 2°, en tanto, faculta a Carabineros y la PDI para ingresar dicha información al sistema, aunque con la misma obligación del SML de no hacerlo si la víctima se niega o no existe una instrucción previa de la Fiscalía local.

Finalmente, Carabineros y a la PDI también podrá cotejar dicha huella genética en el Sistema Nacional de Registro de ADN, y tendrán la responsabilidad de entregar esa información a la Fiscalía y el tribunal correspondiente.

Los cambios en el gobierno de República Dominicana continúan. El presidente Luis Abinader designó al general Ernesto Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional, lo ascendió a mayor general y dispuso una reorganización en las Fuerzas Armadas y otras áreas del Estado mediante los decretos 558-26 y 557-26, firmados el 16 de agosto.

La decisión también colocó en honrosa situación de retiro al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, tras el cese de sus funciones al frente de la Policía Nacional. La medida derogó además el artículo 1 del Decreto 111-26, del 17 de febrero de 2026, que había nombrado al titular anterior de la institución.

Según la Presidencia de la República Dominicana, Rodríguez García asumirá la conducción de la Policía en cumplimiento de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que exige que el director general sea un oficial general policial activo y ostente el rango de mayor general durante el ejercicio del cargo.

El Gobierno también reordenó la cúpula militar en el Ejército y la Fuerza Aérea

En el Ejército de la República Dominicana, el mayor general Jimmy Arias Grullón fue designado comandante general en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez. Camino Pérez pasó a ser inspector general de las Fuerzas Armadas, en reemplazo del mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario.

Colón Rosario fue nombrado viceministro de Defensa para Asuntos Militares en sustitución del mayor general Miguel Ángel Rubio Báez, quien quedó en honrosa posición de retiro. La misma disposición alcanzó al general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz por antigüedad en el servicio.

En la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo fue ascendido a mayor general y designado comandante general en sustitución del mayor general Floreal T. Suárez Martínez, quien fue colocado en retiro. El general piloto Manuel José Brito Estepan quedó designado subcomandante general.

El coronel paracaidista Dionisio de la Rosa Hernández fue ascendido a general de brigada paracaidista y designado inspector general de la Fuerza Aérea. La publicación oficial también informó que el mayor general Celin Rubio Terreno fue nombrado asesor militar del presidente de la República en sustitución del mayor general Rafael Antonio Carrasco Paulino.

El general de brigada José Manuel Duran Infante fue designado subcomandante general del Ejército. El general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández quedó como inspector general de esa institución.

Los decretos incluyeron ascensos, relevo en seguridad presidencial y retiros

Abinader designó al general de brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda como comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército de la República Dominicana, en sustitución del general de brigada Guillermo Caro Cruz. Caro Cruz fue ascendido a mayor general del Ejército de la República Dominicana y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Cusep.

El mandatario también ascendió al teniente coronel Enmanuel Almonte Polanco al rango de coronel del Ejército de la República Dominicana y lo designó subjefe del Cusep. La disposición incluyó además el ascenso del general Enrique Armando Aguilera Trujillo al rango de mayor general del Ejército.

La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del gobierno de José Antonio Kast, paquete de más de 30 iniciativas legales y una reforma constitucional que busca entre otras medidas desplegar a las Fuerzas Armadas e intervenir 50 barrios críticos, no solo ha causado el rechazo de la oposición sino también de sectores del oficialismo, desde donde varios parlamentarios ya anunciaron que no están disponibles para respaldarla así como se perfila.

Aunque desde el Gobierno han recalcado que la propuesta solo busca cambios específicos en la Constitución a fin de darle soporte legal a la ACOT, medidas como la normalización de las FF.AA en labores de orden público mediante un nuevo Estado de Excepción, la facultad de intervenir telecomunicaciones en los barrios intervenidos y la restricción de derechos sociales básicos para condenados por terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, encendieron las alarmas en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).

Este domingo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que aunque respaldan el fondo de la propuesta, aún no conocen el texto que finalmente será ingresado al Congreso, y “lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar. La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final la debilitan (...) En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional (...) Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones?”, agregó el timonel gremialista en conversación con La Tercera.

De la misma opinión fue el vicepresidente de la UDI, diputado Eduardo Cretton, quien recalcó que “lo que ha planteado el presidente del partido es que hay legítimas dudas respecto del borrador de reforma constitucional que se ha conocido, sobre todo en temas de discriminación arbitraria. Esas dudas no surgen de un capricho, surgen del compromiso que ha tenido la UDI con la Constitución vigente y con la institucionalidad. A mí no cabe ninguna duda que el ministro Arrau va recoger esas inquietudes y vamos construir una buena reforma”.

“Respetar la institucionalidad”

Desde el mismo partido, pero caminando por la otra vereda, el senador Iván Moreira sostuvo que “no generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma y de las leyes que se implementarán en Chile con respecto a la seguridad. Conozcamos este famoso borrador cuando se envíe exactamente el proyecto definitivo. Con diálogo, con conversaciones, con acuerdos, las cosas se pueden revisar, mejorar, implementar y modificar”.

Declaraciones que fueron refrendadas por la diputada Constanza Hube, quien manifestó que su partido “apoya y apoyará con fuerza la Agenda de Seguridad del Gobierno. Eso no está en discusión (...) Entiendo que genera ruido y especulación un proyecto que probablemente termine diciendo algo distinto al borrador inicial, pero prefiero no detenerme en ese punto. Lo importante es la reforma constitucional en sí. No se trata de estar en contra per se”.

Desde Renovación Nacional, en tanto, la diputada Ximena Ossandón subrayó la importancia de apegarse a la institucionalidad.

“Nosotros tenemos toda la facultad de, a través de las leyes, ir cambiando nuestra Constitución. El tema es: ¿qué es lo de la Constitución que tú crees que quieres cambiar? ¿Es porque no estás de acuerdo con las resoluciones que toma al final el Tribunal Constitucional? A mí me parece que eso sería un poco delicado, porque en el fondo uno tiene que respetar las instituciones”, argumento a BioBíoChile.

Así las cosas, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tiene ahora la misión de “ordenar” a los parlamentarios oficialistas, pues una reforma constitucional requiere un quórum de cuatro séptimos, es decir, 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.

La entrada masiva de 70.000 personas a Ceuta ha dejado al descubierto varios agujeros en la capacidad de respuesta de España. A poco de cumplirse 20 días desde la avalancha migratoria que rebasó durante horas la ciudad autónoma, uno de los debates políticos se ha fijado en la defendibilidad del territorio ante eventuales ataques, ya sean militares o híbridos.

Actualmente, el Estado tiene movilizados hasta 9.000 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y militares. El número, cabe matizar, no será sostenible en el tiempo, ya que antes del 30 de julio apenas se concentraban algo más de 3.000 militares, entre regulares, legionarios, cuerpo de ingenieros, regimientos de caballería y artillería.

En este contexto, el PP registró el pasado mes de junio una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que pretendía reforzar las capacidades del ejército en los enclaves de Ceuta y Melilla. ¿Cómo? Rescatando dos batallones desaparecidos de la Legión hace más de dos décadas. Se trata de la II Bandera legionaria Carlos V del I Tercio Gran Capitán, con sede en Melilla y suprimida en 2006, y la V Bandera Gonzalo Fernández de Córdoba, con sede en Ceuta y depurada en 2007.

Ambos batallones desaparecieron como parte de la reestructuración en el Ejército de Tierra llevada a cabo por el Ministerio de Defensa de Carme Chacón, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía “modernizar” la estructura del Ejército. Desde entonces, las comandancias de Ceuta y Melilla se hallan encuadradas dentro del mando de Canarias.

Luis Peral, entonces senador del Grupo Popular, criticó la reestructuración porque la integridad territorial de España estaba amenazada desde hacía años, teniendo en cuenta que Marruecos ha reivindicado históricamente la soberanía en estos territorios y el precedente de la Marcha Verde. Por su parte, Defensa matizó que la reorganización no se traduciría en una reducción de los efectivos desplegados en ambas ciudades autónomas, sino que podrían permanecer en el territorio “completando las plantillas de las otras unidades”.

Pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no revirtió esta situación, los populares rescataron el asunto en 2022, con el ejecutivo liderado entonces por la coalición PSOE-Podemos. Los senadores Sofía Acedo y Juan José Imbroda, expresidente de Melilla, preguntaron al Gobierno si tenía “intención y voluntad” de recuperar este batallón con su correspondiente dotación.

Sánchez ya lo rechazó en 2022

Moncloa rechazó taxativamente la propuesta, en parte, porque días después trascendería el giro en la posición española respecto a las relaciones bilaterales con Marruecos, cuando Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI expresando que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental constituye “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto.

Cuatro años más tarde, un mes antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el PP volvería a poner el acento en estos batallones. El texto cita el último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, con datos actualizados a enero de 2024, para señalar que España cuenta con 122.244 efectivos militares.

Ese volumen, añade la iniciativa, queda por debajo del umbral fijado en el artículo 16 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Esa norma estableció un máximo de entre 130.000 y 140.000 efectivos en un contexto geopolítico que el grupo considera “distinto del actual”. La propuesta sostiene que la recuperación de estas unidades no tendría solo un efecto orgánico dentro del Ejército, ya que permitiría reforzar las capacidades operativas en los dos enclaves españoles en África.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que las Fuerzas Armadas desempeñarán un rol activo y no meramente simbólico durante la vigencia del estado de emergencia. Esto debido a que la iniciativa no ha logrado disminuir las cifras de inseguirdad ciudadana.

Según el titular, las estrategias de seguridad se enfocarán en acciones concretas, especialmente en el control perimétrico de los centros penitenciarios.

“Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol decorativo o estar acompañando a la policía sin poder hacer nada. Vamos a tomar control perimétrico de los penales. Ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo, incluso del personal del INPE. Todo va a pasar por ese control”, sostuvo a RPP Noticias.

Entre las medidas anunciadas se incluyen la instalación de equipos de escaneo y detección de metales, así como la implementación de sistemas para bloquear señales de celular y drones en los penales.

El ministro señaló que, pese a que estrategias similares se aplicaron sin éxito en el pasado, en esta ocasión se cuenta con tecnología moderna y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para mejorar los sistemas de seguridad y control.

Asimismo, sobre la necesidad de capacitación específica para que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el crimen, el titular afirmó que el pedido de facultades legales contempla periodos de aprendizaje y entrenamiento. Además, indicó que se propondrán modificaciones sobre la categorización de grupos hostiles para facilitar la intervención de las fuerzas del orden, especialmente en zonas de frontera.

Niega beneficios a la minera Poderosa

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, respondió a las acusaciones sobre un supuesto conflicto de intereses por su presunta vinculación con la minera Poderosa en el contexto del estado de emergencia en la provincia de Patáz.

Belaúnde aclaró que los aportes recibidos provinieron de personas naturales y no de empresas, descartando cualquier vínculo económico con la minera Poderosa. Agregó que la contribución de Evangelina Ariasfue personal y motivada por afinidad con el partido, no por intereses empresariales.

En tanto, en el Congreso se promovió una interpelación liderada por el diputado Marino Lavado, de Juntos por el Perú, quien cuestionó la relación entre el ministro, la presidenta del directorio de la minera, Evangelina Arias, y el financiamiento de campañas políticas.

Belaúnde aseguró que no mantiene relación comercial ni laboral con la minera Poderosa y que los aportes a la campaña de Libertad Popular fueron realizados a título personal por Arias.

“No he recibido un centavo ni de la señora Arias ni de Minera Poderosa”, afirmó el titular de Defensa. Respecto al estado de emergencia decretado en Patáz, Belaúnde negó que tenga como objetivo proteger intereses empresariales y mencionó que esta medida viene rigiendo desde el Gobierno de José María Balcázar.

El ministro detalló que el despliegue militar incluye el establecimiento de toques de queda y el control de las rutas de salida del mineral para evitar el robo, así como la vigilancia de actividades ilícitas como la trata de personas y el sicariato.

Aclaró que las diferencias entre la minera formal y los mineros informales deben resolverse mediante el diálogo que puede ser auspiciado por el Ministerio de Energía y Minas, sin injerencia del sector Defensa.

Los aviones de combate españoles de la OTAN se han activado esta madrugada en Rumanía. Un dron ha violado el espacio aéreo rumano en la noche del sábado al domingo y ha sido derribado por uno de los dos cazas F-18 españoles del despliegue de la OTAN en Rumanía que en ese momento estaban en el aire “en misión de vigilancia”, informó el Ministerio de Defensa del país balcánico en un comunicado.

El dron se detectó a las 04:44 (hora local, 01:44 GMT) a 24 kilómetros al norte de Galati, muy cerca de la frontera de Ucrania y Moldavia. Los aviones de combate españoles, que ya estaban en la zona y en alerta como “medida de precaución”, estaban simplemente esperando la autorización para intervenir, ha explicado el ministro de Defensa rumano, Radu Miruta, en un comunicado.

17 minutos después, a las 05:01, el dron fue interceptado y destruido entre las localidades de Băleni y Cudalbi, en el condado de Galați, en una zona que Miruta aclara que está deshabitada.

Fue uno de los dos cazas españoles F-18 el que se encargó de derribarlo. Había despegado de la base militar de Kogalniceanu.

La OTAN ha confirmado el operativo sin detallar la procedencia del dron. En un mensaje, el mando aéreo de la OTAN ha especificado que los F-18 forman parte de un contingente mayor de la Fuerza Aérea y del Espacio Española. Llegaron a la Base Aérea Mihail Kogălniceanu a principios del mes: siete aviones de combate F-18, tres helicópteros NH-90 contradrone, un avión cisterna A400M y alrededor de 200 efectivos de España están estacionados allí.

“La operación fue coordinada a través del Centro Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN en Torrejón, en España. Con la transición de Policía Aérea a Defensa Aérea, la OTAN puede ahora responder de manera más flexible a una gama más amplia de amenazas, utilizando un enfoque en capas y de 360 grados en todos los dominios operativos”, han afirmado.

Rumanía se encuentra “en primera línea de defensa de la Unión Europa”, según el ministro y comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania. Este no es el primer dron que detecta, ya que ha visto de cerca como drones rusos han violado en varios ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la operación militar contra Kiev en febrero de 2022.

“¡Felicidades a los pilotos españoles y al personal militar rumano en el centro de mando por una misión exitosa! Rumania está defendiendo su espacio aéreo, y nuestros aliados están a nuestro lado. Vigilancia, respuesta rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad", se ha congratulado Miruta en redes sociales.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este sábado que Polonia quiere mantenerse al margen de la guerra, pero sostuvo que solo podrá lograrlo si se consolida como un país fuerte, independiente y soberano. También advirtió sobre sectores internos que, según dijo, ubican al enemigo en Europa en lugar de Rusia.

“Queremos evitar la guerra, y solo quienes sean fuertes, estén bien preparados, sean independientes y soberanos podrán evitarla”, sostuvo durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de Polonia en Gdynia, ciudad portuaria sobre el mar Báltico, situada cerca del enclave ruso de Kaliningrado.

Durante su discurso, Tusk detalló cuatro ejes que, a su entender, sostienen la seguridad polaca: fronteras sólidas y bien custodiadas, alianzas efectivas acompañadas de una política exterior inteligente, inversiones en las Fuerzas Armadas y una economía en expansión, de acuerdo con PAP, agencia de noticias polaca.

La economía y la seguridad

“Hoy ya podemos decir que estamos construyendo una fuerza que, gracias a su modernidad y a su número, determinará el destino de la región. Todo el mundo lo valora, especialmente nuestros aliados”, afirmó.

El jefe de Gobierno también remarcó el desempeño de la economía polaca y aseguró que actualmente crece a un ritmo cuatro veces superior al de Alemania y cinco veces por encima del de Francia, aun en un escenario geopolítico complejo.

En ese contexto, llamó a preservar un Estado fuerte y a reforzar la unidad entre los polacos, en una sociedad atravesada por profundas divisiones ideológicas. Esa tensión también se expresa en la convivencia política entre el presidente Karol Nawrocki, de perfil ultraconservador y euroescéptico, y el propio Tusk, referente liberal.

La advertencia política

Tusk advirtió que Polonia “solo estará realmente seguro cuando no haya traición en Polonia (...) ni irresponsabilidad”.

“Los partidos políticos y los políticos que quieren convencer a los polacos de que nuestro principal problema es Europa, de que nuestro enemigo es Ucrania, de que la Unión Europea es innecesaria y Alemania es el mayor enemigo (...) se olvidan de Rusia: un vecino peligroso que está librando una guerra justo detrás de nuestras fronteras y que, en ocasiones, también hace que esa guerra entre en nuestro territorio”, señaló.

El primer ministro insistió en que “no podemos permitir que la traición, la estupidez y los acuerdos sucios debiliten nuestra defensa y nuestra seguridad”.

“Hago un llamamiento a todos los políticos. A menudo son quienes gritan más fuerte: ‘¡Polonia!’, levantan los brazos hacia Dios e invocan el honor, pero, al igual que en el pasado, con demasiada frecuencia conducen a graves problemas y, en ocasiones, a derrotas”, afirmó Tusk.

El significado del 15 de agosto

El 15 de agosto se recuerda la victoria de Polonia en la Batalla de Varsovia de 1920, un episodio decisivo para resguardar la independencia nacional y frenar el avance de la Revolución bolchevique hacia Europa Occidental.

Ese hecho ocupa un lugar central en la memoria histórica de la Segunda República Polaca.

El Cuerpo Oficial de Pintores de la Armada francesa es uno de los grupos artísticos más longevos de Europa. Su estructura, vigente hasta hoy, reúne a creadores de distintas disciplinas que comparten una pasión por el mar y la vida naval. Este colectivo, cuyas raíces se remontan al siglo XVII, agrupa a pintores, escultores, ilustradores, fotógrafos y grabadores que dedican su talento a documentar y divulgar el universo marítimo y la labor de la marina francesa.

El reconocimiento como Pintor de las Fuerzas Armadas, especializado en temas navales, lo otorga el Ministro de las Fuerzas Armadas a propuesta de un jurado en el Salón de la Marina, una exposición clave organizada junto al Museo Marítimo Nacional. Aunque el título no implica remuneración ni funciones militares, habilita acceso preferente a puertos y buques, y el uso del uniforme en actos oficiales.

Historia y evolución del cuerpo

El registro histórico de los pintores marinos revela una institución en permanente transformación. La primera mención oficial de pintores adscritos al Ministerio de Marina figura en el Anuario de la Marina de 1830, aunque la actividad pictórica naval tiene orígenes incluso en el siglo XIV, cuando artistas anónimos decoraban barcos y producían obras para señalización marítima.

En el siglo XVII, el cardenal Richelieu impulsó la creación formal del cuerpo, con el objetivo de preservar la memoria de las batallas navales a través del arte. Durante el siglo XVIII, la pintura marina se consolidó como un género reservado a artistas de formación avanzada, entre ellos Joseph Vernet, titular de “Pintor de la Armada Real” y autor de una célebre serie sobre los puertos franceses, hoy en el Museo Marítimo Nacional.

La Revolución francesa supuso un paréntesis para la institución, pero la Restauración y la Monarquía de Julio devolvieron el reconocimiento oficial al cuerpo. En 1830, el registro se consolidó. A comienzos del siglo XX, el grupo experimentó un crecimiento sostenido. En 1900 había 32 pintores, cifra que ascendió a 51 en 1914. El marco jurídico se perfeccionó con sucesivos decretos. en 1920, el título de “Pintor del Departamento de Marina” recibió reconocimiento legal, en 1941 se limitó el número de titulares a 20.

Diversidad de estilos y misión actual

El Cuerpo Oficial de Pintores de la Armada destaca por su diversidad de estilos y medios de expresión. Según la Armada francesa, el colectivo agrupa actualmente a artistas vinculados al neoimpresionismo, simbolismo, abstracción e hiperrealismo, junto a escultores, fotógrafos e ilustradores de cómic. El proceso de selección distingue entre pintores autorizados, nombrados por períodos renovables de tres años, con un máximo de 20, y pintores permanentes, quienes alcanzan ese estatus tras al menos nueve años de ejercicio, sin límite de número.

Todos comparten la misión de documentar la vida marítima y los hitos de la Armada. La historia del cuerpo está marcada por el trabajo de artistas que acompañaron expediciones militares y científicas, dieron testimonio de descubrimientos y compartieron los riesgos de los navegantes. Pese a los avances tecnológicos y los cambios en el arte, la misión se mantiene: preservar y difundir la memoria naval con rigor y creatividad.

Un violento asalto en altamar dejó a dos pescadores heridos y una embarcación con alrededor de 15 impactos de bala, luego de que la lancha fuera interceptada por un grupo de hombres armados en las cercanías de Guanaja, Islas de la Bahía.

El ataque fue confirmado por el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, capitán Mario Rivera, quien detalló que la embarcación fue inspeccionada por elementos de la Fuerza Naval después de ponerse a salvo.

De acuerdo con el reporte preliminar, los atacantes se movilizaban en una lancha equipada con dos motores y eran seis personas. Dos de ellos portaban armas de fuego, mientras que los otros cuatro utilizaban armas blancas.

Durante el asalto, los delincuentes amenazaron a la tripulación, se llevaron equipos, objetos personales y parte del producto que transportaba la embarcación, y dejaron a dos miembros de la tripulación con heridas de arma de fuego.

Tras la pista de los responsables

Uno de los pescadores recibió dos disparos en el antebrazo, mientras que el segundo resultó herido en el tobillo derecho. Ambos fueron reportados como estables por las autoridades.

Entre los objetos sustraídos durante el asalto se encuentran dos radios de comunicación, teléfonos celulares y una antena de internet utilizada por la embarcación.

Los atacantes también se llevaron aproximadamente 50 bolsas de langosta y tres sacos con un peso aproximado de 30 libras cada uno.

La embarcación Lucky Trap recibió alrededor de 15 impactos de bala durante el ataque. Pese a los disparos, la embarcación logró continuar navegando y consiguió ponerse a salvo.

La Fuerza Naval realizó una inspección de la embarcación para documentar las condiciones en las que llegó después del ataque y recopilar información sobre lo ocurrido.

Ante los recientes incidentes, las Fuerzas Armadas anunciaron un incremento de los patrullajes de la Fuerza Naval en la zona.

El objetivo será aumentar la vigilancia sobre las embarcaciones que realizan actividades de pesca y navegación, mejorar las condiciones de seguridad para las tripulaciones que se desplazan por las aguas cercanas a Guanaja y detectar movimientos sospechosos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer mayores detalles sobre el ataque sufrido por la Lucky Trap y determinar si existe información que permita identificar a los responsables.

La ubicación de las embarcaciones también representa un desafío para las autoridades, debido a las distancias que deben recorrer las unidades navales cuando reciben reportes de emergencia. Por ello, el fortalecimiento de la vigilancia busca mejorar la capacidad de respuesta ante nuevos incidentes y disuadir la presencia de grupos dedicados al robo de embarcaciones, equipos o productos de pesca.

El caso también podría generar nuevas medidas de coordinación entre los pescadores y las autoridades encargadas de la seguridad marítima. El intercambio de información sobre movimientos sospechosos, rutas utilizadas y sectores considerados de mayor riesgo puede facilitar la reacción ante futuras emergencias y contribuir a proteger a las personas que dependen de las actividades pesqueras en las aguas del Caribe hondureño.

El incidente vuelve a poner bajo atención las condiciones de seguridad en las zonas marítimas donde se desarrollan actividades de pesca comercial y artesanal. Para las tripulaciones, permanecer durante varias horas en altamar implica depender de sistemas de comunicación y de la presencia de patrullajes para reportar situaciones de riesgo o solicitar asistencia.

El Gobierno de Keiko Fujimori aprobó una transferencia de S/ 277,5 millones al Ministerio del Interior (Mininter) para financiar las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) durante el Año Fiscal 2026. La medida busca asegurar los recursos necesarios para atender los pagos correspondientes al personal militar y policial en situación de retiro, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto.

La autorización forma parte de una operación presupuestal de mayor alcance que supera los S/ 443 millones y que también contempla recursos para el Ministerio de Defensa. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 157-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y establece de manera específica el destino que deberán tener los fondos transferidos desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Gobierno destina S/ 277 millones al pago de pensiones militares y policiales

La transferencia aprobada para el Ministerio del Interior asciende exactamente a S/ 277 537 379. Estos recursos serán destinados de manera exclusiva a la Caja de Pensiones Militar Policial, entidad encargada de administrar las prestaciones previsionales correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encuentran en situación de retiro.

Según la disposición publicada este 9 de agosto, el dinero permitirá financiar las obligaciones previsionales correspondientes al Año Fiscal 2026. La transferencia se realiza en cumplimiento del numeral 65.2 del artículo 65 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

El monto asignado al Mininter forma parte de una transferencia presupuestal conjunta de S/ 443 597 223, autorizada por el Ejecutivo con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La partida restante será entregada al Ministerio de Defensa para atender las obligaciones que corresponden a dicho sector.

De acuerdo con el decreto supremo, el Ministerio de Defensa recibirá S/ 166 059 844, mientras que el Mininter concentrará S/ 277 537 379. De esta manera, ambos sectores contarán con recursos adicionales destinados a cumplir con las obligaciones previsionales vinculadas a la Caja de Pensiones Militar Policial.

La norma establece además que el dinero transferido no podrá utilizarse para otros objetivos distintos a los señalados en la autorización presupuestal. Esto significa que los S/ 277 millones asignados al Ministerio del Interior deberán ser dirigidos exclusivamente al financiamiento de las obligaciones previsionales de la entidad.

¿Cómo se distribuirán los más de S/ 443 millones autorizados?

La medida contempla una asignación diferenciada entre las dos instituciones responsables de canalizar los recursos hacia la Caja de Pensiones Militar Policial. El mayor monto corresponde al Ministerio del Interior, con más de S/ 277 millones, mientras que el Ministerio de Defensa recibirá más de S/ 166 millones.

• Ministerio del Interior (Mininter): S/ 277 537 379.
• Ministerio de Defensa (Mindef): S/ 166 059 844.
• Total transferido: S/ 443 597 223

La operación se ejecuta a partir de los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF, mecanismo presupuestal que permite financiar determinadas necesidades durante el ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

En el caso del Mininter, la transferencia tiene un propósito específico: permitir que los recursos lleguen a la Caja de Pensiones Militar Policial para cubrir las obligaciones previsionales que corresponden al año 2026. El decreto no contempla que estos fondos puedan ser utilizados para otros gastos del sector.

Asimismo, la norma asigna al Ministerio del Interior la responsabilidad de realizar el seguimiento y la verificación del uso de los recursos. Esta disposición busca garantizar que el dinero sea empleado de acuerdo con la finalidad para la cual fue aprobado.

La transferencia se produce en el marco de las obligaciones presupuestarias que el Estado debe atender para garantizar el pago de las prestaciones previsionales de quienes pertenecieron a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El financiamiento aprobado para este ejercicio fiscal permitirá cubrir las obligaciones a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial conforme al marco presupuestario establecido para 2026.

El Decreto Supremo N.° 157-2026-EF precisa las condiciones de la operación y establece las responsabilidades de las entidades involucradas en la ejecución de los recursos. Con ello, el Gobierno formalizó la transferencia que permitirá financiar las obligaciones previsionales previstas para este año.

El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte público todavía no tiene una fecha definida. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien explicó este sábado 8 de agosto que el Gobierno aún trabaja en la estrategia que determinará el rol que asumirán los militares frente a la inseguridad ciudadana.

Durante una entrevista con RPP, el titular del Mindef fue consultado sobre el anuncio realizado por la presidenta Keiko Fujimori, quien informó que las Fuerzas Armadas saldrán a las calles y estarán también en el transporte público como parte de las acciones contra la delincuencia.

Belaunde explicó que esta intervención se realizará en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter) y que se plantea conformar una fuerza combinada entre las Fuerzas Armadas (FF.AA) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Este es un trabajo que se va a hacer en coordinación con el Ministerio del Interior. Va a ser una fuerza en ese sentido combinada entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”, declaró.

Militares en las calles: ¿cuándo comenzará?

Belaunde indicó que parte del componente anunciado por el Gobierno requiere facultades delegadas, debido a que se pretende implementar mediante decretos legislativos. Por ello, explicó que actualmente se está afinando el paquete legislativo que deberá ser aprobado previamente por el Congreso.

“No hay fecha en ese sentido. Lo que estamos haciendo es definiendo la estrategia, cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas”, señaló.

La declaración se produce luego de que la presidenta anunciara que los militares estarán presentes tanto en las calles como en los buses de transporte público, en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad y los ataques contra unidades y trabajadores del sector.

FF. AA. tendrán un rol “preponderante” en seguridad

El ministro también fue consultado sobre si las Fuerzas Armadas tendrán capacidad suficiente para atender el número de vehículos que circulan en Lima y Callao, además de cumplir otras tareas asignadas por el Ejecutivo.

Al respecto, Belaunde evitó adelantar detalles de la estrategia que prepara el Gobierno, pero afirmó que las Fuerzas Armadas asumirán un papel protagónico en la seguridad interna.

“Las Fuerzas Armadas van a adquirir un rol preponderante, protagónico en la seguridad interna, pero en apoyo a la Policía Nacional del Perú, que es quien tiene el mandato constitucional para eso”, precisó.

El titular del Mindef remarcó que la participación militar no supondrá desplazar a la Policía de sus funciones constitucionales, sino que se plantea como un mecanismo de apoyo dentro de la estrategia de seguridad del Gobierno.

Las declaraciones las brindó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde también informó sobre las acciones desplegadas para atender el incendio forestal que permanece activo en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque.

Belaunde también explicó que su sector trabaja en la preparación frente a un eventual Fenómeno El Niño y que ya se han identificado 569 puntos críticos a nivel nacional, en los que se priorizarán acciones de prevención y respuesta.

El final del gobierno de Gustavo Petro marcó un hito en la política colombiana, generando reacciones inmediatas entre figuras y aliados del Pacto Histórico.

El ambiente de despedida estuvo acompañado por mensajes de reconocimiento, denuncias institucionales y llamados a la movilización, en un contexto de alta tensión y expectativa nacional.

Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), abrió la jornada con una valoración sobre la relación entre la administración saliente y las Fuerzas Armadas.

En su declaración, Bolívar sostuvo: “Las Fuerzas Armadas despiden a su mejor comandante”. Detalló que el mandatario saliente fue “el que les dio mejor dotación, el que les dio mejor comida, el que dignificó sus salarios, el que les abrió las puertas a la educación”.

Bolívar insistió en que la gestión de Petro en materia de derechos humanos deja un precedente para la institución militar: “Nunca lo olvidarán, esperamos que ellos nunca olviden lo que aprendieron en derechos humanos”. Cerró su mensaje con una frase de despedida: “¡Hasta siempre comandante!”.

Durante la ceremonia de relevo presidencial, Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, denunció que el Congreso de la República permanecía cerrado, situación que calificó como irregular en el marco de la posesión del nuevo jefe de Estado Abelardo de la Espriella.

Zuleta señaló directamente a la revista Semana por el rol desempeñado en el tratamiento mediático de la administración saliente: “Semana, uno de los medios que más ha promovido los ataques y persecución en nuestra contra, uno de los que mintió una y otra vez sobre nosotros, es incapaz de decir esta verdad”.

Para la legisladora, “hoy, en el día de la posesión de un gobierno ilegítimo, el Congreso de la República está cerrado”.

El mensaje de Zuleta subrayó el malestar de la bancada progresista frente al funcionamiento de las instituciones y expuso la tensión existente durante la transmisión de mando.

María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, centró su mensaje en destacar el carácter inédito del ciclo político que culmina.

Pizarro afirmó: “Hoy termina el primer gobierno popular y progresista en la historia de Colombia. Un presidente que contra viento y marea, puso en el centro al pueblo: redujo la pobreza, logró la educación gratuita, demostró que la reforma agraria podía ser realidad y garantizó los derechos de las gentes y territorios de Colombia”.

Pizarro remarcó la continuidad de la lucha social desde la oposición: “Somos una fuerza progresista que no entrega sus banderas, no se vende y no tranza los derechos de la gente. Desde hoy inicia la gran marcha del pueblo de Colombia por regresar al gobierno. El primer paso será el poder local y nos volcamos a ello”.

La exsenadora también dejó en claro la estrategia de defensa de los avances obtenidos: “Resistiremos como siempre lo hemos hecho, con dignidad y compromiso. En las calles y las urnas, con la gente defenderemos cada conquista”.

En su declaración final, Pizarro apostó por mantener la esperanza en el futuro colectivo: “Colombia seguirá siendo la tierra de esperanza y potencia de la vida ¡Palabra que sí!”.

Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico en la Cámara, expresó su agradecimiento al mandatario saliente con palabras precisas.

Carrascal escribió: “Gracias compañero presidente, Gustavo Petro. Honores a quien los merece. Gracias guerrero de la vida”.

Por su parte, el exsenador y expresidente del Senado, Roy Barreras, evocó el ambiente de cambio que marcó la llegada de Gustavo Petro al poder hace cuatro años.

Barreras recordó: “Hace 4 años posesioné al Presidente Gustavo Petro a unos pocos metros de estas puertas que eran de entrada. El sentimiento general era de esperanza”.

Al referirse al cierre de este ciclo, el excongresista contrastó ese ánimo inicial con el actual: “Hoy estas mismas puertas son de salida y al parecer no cruzará el elegido presidente por ellas. Es imposible dejar de ver en los rostros en estas imágenes que el sentimiento hoy es de tristeza”.

Barreras enfatizó que existen múltiples motivos para la melancolía de la jornada, pero proyectó optimismo sobre el futuro político: “La tristeza pasa y les pronostico que un día volverá la esperanza y la alegría a este Palacio… y el expresidente Petro sí será invitado dentro de 4 años a la posesión del próximo Presidente”.

Por último, la representante a la Cámara Aida Quilcué dedicó un mensaje de reconocimiento al expresidente Gustavo Petro tras la finalización de su mandato.

Quilcué expresó su gratitud con un saludo directo: “Amigo y compañero presidente Gustavo Petro, gracias”.

Destacó el carácter perseverante del mandatario, al afirmar: “Hombre de luchas incansables, de grandes convicciones y profundas visiones, con el corazón siempre puesto en su pueblo y en el bienestar de su gente”.

La congresista valoró la trayectoria del exjefe de Estado como ejemplo de entrega social y constancia: “Su caminar, su firmeza y su compromiso son muestra de una vida dedicada a defender las causas colectivas, a construir caminos y a mantener viva la esperanza de un futuro más digno”.

Quilcue concluyó con un agradecimiento por la coherencia y el acompañamiento permanente: “Gracias por tanta entrega, por la palabra firme, por la coherencia y por seguir caminando al lado del pueblo”.

Según información oficial de la FAES, un equipo de rescate respondió a la emergencia luego de recibir el aviso de que una persona había sufrido una lesión en uno de los senderos del volcán Ilamatepec.

Tras ser localizada, la persona lesionada fue atendida en una cabina de emergencia dispuesta en la zona, donde recibió los primeros auxilios antes de ser trasladada a un centro asistencial. De acuerdo con el reporte, la intervención oportuna permitió estabilizar al afectado y evitar complicaciones mayores.

De igual manera, la institución castrense recalcó que este tipo de operativos son parte de su labor preventiva y de respuesta ante situaciones de emergencia en lugares turísticos durante la temporada alta.

La presencia de equipos de auxilio en el área, compuesta por personal de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y organismos de socorro, busca garantizar la seguridad de los turistas. La atención inmediata, sumada a la rápida evacuación, constituye una de las estrategias implementadas para reducir los riesgos asociados a las actividades al aire libre en zonas volcánicas.

En ese contexto, las autoridades han extendido un llamado a la población para extremar precauciones al realizar turismo de montaña durante el periodo vacacional, debido al incremento en la cantidad de personas que visitan los sitios naturales.

Además, se enfatiza la importancia de no consumir bebidas alcohólicas ni energizantes antes o durante las caminatas, así como prestar atención a síntomas como mareos, dolor de cabeza o fatiga.

Los cuerpos de socorro reiteran que la planificación y la precaución contribuyen a lograr una experiencia segura en el ascenso a volcanes, uno de las actividades preferidas durante las festividades de agosto.

La coordinación interinstitucional entre la Fuerza Armada, cuerpos de socorro y autoridades de turismo ha sido fundamental para garantizar la atención inmediata en situaciones como la ocurrida en el volcán Ilamatepec. Al mismo tiempo, las autoridades reiteran el llamado a la responsabilidad individual y colectiva para evitar incidentes que puedan empañar las celebraciones y ponen a disposición los canales de emergencia para cualquier eventualidad durante las actividades de montaña.

Recomendaciones para ascender volcanes

• Informar a familiares o amigos sobre la ruta y el horario de la excursión
• Llevar equipo adecuado y botiquín de primeros auxilios
• Contar con teléfonos móviles cargados y, de ser posible, dispositivos de comunicación por radio
• Respetar las señales y senderos autorizados
• Evitar transitar por zonas de difícil acceso sin guía o preparación
• Consultar el pronóstico del clima antes de ingresar a la ruta
• En caso de accidente, mantener la calma y solicitar ayuda a los equipos de emergencia lo antes posible

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de División Héctor Valerio Ardón, y la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas para abordar el proyecto de reforma a la Ley Constitutiva de la institución militar y revisar la operatividad de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

La reunión se desarrolló en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto y contó con la participación de miembros de la junta directiva del Poder Legislativo, jefes de bancada y diputados que integran la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional.

Según explicó Zambrano, el encuentro tuvo como propósito abrir un espacio de diálogo con la cúpula militar sobre la iniciativa de reforma presentada el pasado 7 de abril por el vicepresidente del Congreso Nacional y diputado liberal por El Paraíso, Mario Segura, para escuchar las observaciones de la institución antes de continuar su discusión en el Poder Legislativo.

Acciones de respaldo

“Este es un acto de respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, porque nos acompañan nuestros jefes de bancada y la Comisión de Defensa y Soberanía para establecer estas mesas de trabajo”, expresó el presidente del Congreso.

Durante su intervención, Zambrano afirmó que uno de los principales objetivos es fortalecer la institucionalidad militar y evitar que las Fuerzas Armadas vuelvan a involucrarse en escenarios de confrontación política.

“Debemos cuidar las Fuerzas Armadas y que no se vuelvan a politizar; su misión es defender la Constitución y al pueblo hondureño”, manifestó.

El titular del Legislativo recordó que previamente había conversado con el general Valerio Ardón y con la Junta de Comandantes para garantizar que cualquier modificación a la Ley Constitutiva será construida mediante consenso entre el Congreso Nacional y la institución militar.

“No vamos a aprobar nada relacionado con las Fuerzas Armadas si no está en consenso con ustedes. Debe hacerse un trabajo en armonía y en equipo; las reformas que sean necesarias para fortalecer su labor pueden contar con el respaldo del Congreso Nacional”, aseguró.

También solicitó a las Fuerzas Armadas mantener su acompañamiento en las tareas de seguridad nacional, al considerar que la ciudadanía continúa depositando altas expectativas en el trabajo que desarrolla la institución en apoyo a otras entidades del Estado.

Incrementos en salarios

Zambrano también aprovechó la reunión para felicitar al alto mando militar por la reciente decisión de incrementar en 3.000 lempiras el salario de la tropa, medida que, según indicó, representa un reconocimiento al trabajo que realizan los efectivos militares.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de la soberanía nacional y el cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución de la República.

“Nos formaron para defender la soberanía y la integridad del país. Para eso cuenten con las Fuerzas Armadas; cuando el país nos necesite siempre vamos a estar presentes”, expresó el alto oficial.

La reunión forma parte del proceso de análisis previo a la discusión de la reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, una iniciativa que busca revisar aspectos relacionados con la organización, atribuciones y funcionamiento de la institución, así como el papel de la Policía Militar del Orden Público dentro de la estrategia de seguridad del Estado.

El Congreso Nacional anunció que las mesas de trabajo continuarán en las próximas semanas con el objetivo de construir una propuesta consensuada antes de que el proyecto sea sometido a discusión y votación en el pleno legislativo.

El deterioro de la imagen de las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas no es, para el contralmirante Daniel Lino Comisso Urdaneta, un fenómeno casual ni repentino. A su juicio, la percepción ciudadana sobre la institución ha transitado, desde 1998, por una ruta de creciente desencanto: primero la decepción, luego el rechazo, después el desprecio y, finalmente, la convicción de que la estructura actual debe ser eliminada y reemplazada.

Afirma comprender esa postura, que considera una reacción lógica de una sociedad que se sintió traicionada por una institución que durante décadas percibió como propia. “¿Qué se puede esperar de ciudadanos que han sufrido las graves consecuencias de la traición de sus FAN” dice recordando que, antes de 1998, las FAN figuraban entre las tres instituciones de mayor prestigio en Venezuela.

Comisso es egresado de la Escuela Naval de Venezuela en el año 1975, integrante de la promoción Almirante Padilla y uno de los oficiales que se pronunció contra Hugo Chávez el 11 de Abril y en la Plaza Altamira en el año 2002.

En su reflexión, el oficial retirado parte de una premisa central: “las Fuerzas Armadas pueden ser útiles, inútiles o incluso dañinas para un país”, según el modo en que respondan a los intereses nacionales y a sus ciudadanos. En el caso venezolano, sostiene que la institución inició una “degeneración” que la llevó de las FAN tradicionales a las llamadas fuerzas armadas bolivarianas y, luego, a una estructura de carácter miliciano y revolucionario.

Para Comisso, toda fuerza armada debe ser concebida como parte de un sistema más amplio de seguridad y defensa, articulado con áreas como justicia, economía, relaciones exteriores e interiores, educación y salud. Ese diseño, afirma, debe responder a una concepción estratégica nacional claramente definida.

Orgullosa para el país

Según su análisis, una FAN será útil si cumple de manera continua sus funciones fundamentales: defender la soberanía nacional, salvaguardar el patrimonio del país y contribuir al desarrollo nacional. “Así era hasta 1998”, sostiene, al recordar su experiencia dentro de la institución.

Entre los hechos que menciona como muestra de esa utilidad, señala la neutralización de la guerrilla castrista, la actualización de capacidades operativas frente a amenazas e hipótesis de conflicto, la defensa del Golfo de Venezuela y el combate contra grupos de la guerrilla colombiana como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

También destaca el contralmirante las labores de patrullaje y presencia en espacios aéreos, marítimos y terrestres; apoyo a zonas periféricas del territorio; protección de reservas ecológicas e instalaciones estratégicas; participación en contingencias nacionales; respaldo a autoridades regionales ante emergencias; formación de ciudadanos y apoyo logístico en eventos críticos, incluido el deslave de Vargas de 1999.

“En contribución al desarrollo del país: formaron, adiestraron y educaron a contingentes de venezolanos a todos los niveles, quienes regresaban a sus actividades como ciudadanos útiles a la patria; apoyaron a los ciudadanos en todas las emergencias y contingencias”, sostiene.

Destaca el apoyo a los ciudadanos “en los sucesos del 11 abril 2002, solicitando la renuncia de Chávez”, además de resguardar la seguridad y la logística de los procesos electorales en todo el territorio nacional. “Generaban polos de crecimiento económico y comercial, en torno a sus comandos y sedes, en el sector civil, que, a su vez, prestaba servicios indispensables para el mantenimiento de las capacidades operativas y logísticas de las unidades”.

Es “parásita, dañina y traidora”

El punto de quiebre, según Comisso, se produjo con la llegada al poder del proyecto castro-chavista. Desde entonces, afirma, se consolidó un proceso de transformación cuyo objetivo fue alterar la esencia de las FAN para ponerlas al servicio del régimen revolucionario “y en ese proceso pasaron a ser fuerzas armadas bolivarianas y luego milicias revolucionarias”.

En esa línea, sostiene que la institución se volvió inútil para los intereses de la República y de sus ciudadanos. Entre sus señalamientos, menciona la entrega de áreas de influencia a Cuba y luego a Rusia, China e Irán; la cesión de territorio a guerrillas y grupos irregulares; y la redefinición del conflicto interno, que habría colocado a los propios venezolanos como enemigos.

Comisso también acusa a la FANB de haberse convertido en cómplice de la delincuencia organizada, del terrorismo y de la explotación irregular de recursos naturales estratégicos. Afirma, además, que participó en el desmontaje del aparato productivo nacional y que dejó de cumplir su compromiso de salvaguardar el patrimonio del país.

Considera que las FAN “compartiendo y compitiendo en la explotación anárquica de los recursos naturales estratégicos y en tráfico de drogas hacia el continente y Europa; se convirtieron en la fuerza del proceso que articuló la expropiación y desmantelamiento del sector productivo nacional”.

Para Comisso Urdaneta la FAN “al convertirse en la fuerza miliciana

de soporte del proceso” cometieron la mayor catástrofe nacional, “el daño antropológico a tres o cuatro generaciones de venezolanos; torturaron, reprimieron y asesinaron a miles de ciudadanos; y propiciaron la salida forzada del país de millones de venezolanos”.

Así mismo “cohonestaron el descalabro de los servicios de educación y salud de todo el país, incluidos sus sistemas de previsión social, dejando desamparados a todos esos sectores”.

En su balance más severo, califica a la FANB revolucionaria como una estructura “parásita, dañina y traidora” a los intereses nacionales. Por ello, plantea que la institución actual debe ser eliminada y sometida a un proceso de investigación que alcance a altos mandos, comandos superiores y presuntos testaferros vinculados con los delitos que enumera.

El contralmirante concluye que Venezuela deberá emprender un proceso de reconstrucción, rediseño y reinstitucionalización de sus Fuerzas Armadas. El objetivo, sostiene, debe ser crear una nueva estructura militar útil, medible y adaptada a las exigencias geopolíticas, estratégicas, tecnológicas y operativas del futuro.

La presidenta Keiko Fujimori anunció este domingo una de las primeras medidas de seguridad de su gestión al confirmar que, en los próximos días, efectivos de las Fuerzas Armadas comenzarán a desplegarse en las calles y en el sistema de transporte con el objetivo de reforzar la lucha contra la delincuencia y trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP).

El anuncio fue realizado durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales desde el despacho presidencial, donde la mandataria presentó un balance de las primeras acciones emprendidas por su gobierno y detalló una serie de medidas relacionadas con la seguridad ciudadana, la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos en Junín, la preparación frente al fenómeno de El Niño, la modernización del sistema de salud y el fortalecimiento de los programas sociales.

La jefa de Estado sostuvo que el despliegue militar forma parte de los compromisos asumidos durante la campaña electoral y aseguró que la medida busca recuperar el orden interno en todo el país mediante un trabajo articulado con las instituciones encargadas de la seguridad.

Keiko Fujimori anuncia presencia de las Fuerzas Armadas en calles y transporte

Durante su mensaje, la presidenta confirmó que el personal militar comenzará a participar en labores de apoyo a la Policía para fortalecer la seguridad en espacios públicos y en la red de transporte.

“En los próximos días, pues las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, afirmó la jefa de Estado. La mandataria explicó que esta estrategia forma parte del plan de su administración para enfrentar el incremento de la criminalidad y devolver la tranquilidad a la población.

Asimismo, señaló que el Gobierno viene impulsando diversas acciones orientadas a fortalecer el orden interno mediante la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado.

Gobierno también dispone apoyo militar al INPE y mantiene operativos en el VRAEM

En materia de seguridad, Keiko Fujimori informó que el Consejo de Ministros aprobó recientemente un marco de colaboración que permitirá a las Fuerzas Armadas brindar apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en las labores de vigilancia de los establecimientos penitenciarios.

La presidenta indicó que esta decisión busca reforzar el control en los centros de reclusión y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad dentro del sistema penitenciario.

Además, destacó que continuarán los operativos contra el narcoterrorismo en el VRAEM, resaltando el respaldo del Ejecutivo a las fuerzas especiales que participaron en la denominada Operación Quiñones, considerada uno de los recientes golpes contra organizaciones criminales que operan en esa zona del país.

La mandataria también confirmó que el Ejecutivo viene coordinando acciones para ejecutar la expulsión de ciudadanos extranjeros que ya cumplieron sus condenas en territorio peruano.

Keiko Fujimori informa sobre la atención a la emergencia en Junín

Otro de los temas abordados durante la transmisión fue la situación de emergencia registrada en la región Junín tras los recientes movimientos sísmicos.

La presidenta explicó que sostuvo reuniones con las autoridades regionales y municipales para coordinar las acciones de reconstrucción y asistencia a las familias afectadas.

“Tuve la posibilidad de conversar con el gobernador regional, con los alcaldes de ambas ambas provincias y siete alcaldes distritales [...] Estamos firmando un convenio para poder empezar la reconstrucción de las casas, a través del programa o del obras por impuestos”, dijo.

Según explicó, el Gobierno proyecta ejecutar la reconstrucción de viviendas utilizando el mecanismo de Obras por Impuestos, con el propósito de acelerar los trabajos y brindar soluciones a las familias damnificadas.

En el ámbito educativo, informó que ya se viene atendiendo la emergencia con infraestructura temporal para garantizar la continuidad de las clases.

“Me comentaron que habían cerca de 23 colegios dañados, 83 aulas que se habían caído [...] han llegado ya a Huancayo 820 domos. En los próximos días van a llegar más”, agregó.

La mandataria sostuvo que la instalación de estos espacios temporales permitirá que los estudiantes continúen con sus actividades académicas mientras avanzan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura educativa.

Fenómeno de El Niño será prioridad para el Gobierno

Durante su mensaje, Keiko Fujimori también manifestó su preocupación por los efectos que ya comienza a generar el fenómeno de El Niño en diversas regiones del país.

La presidenta indicó que su administración ha establecido como una prioridad nacional la implementación de medidas preventivas para enfrentar las consecuencias del evento climático.

“Hemos puesto como prioridad también prepararnos para el fenómeno de El Niño. El fenómeno de El Niño ya está acá en nuestro país, por eso estas temperaturas tan altas, la sequía que ya se empieza a sentir en la sierra”, explicó Keiko Fujimori.

En ese sentido, señaló que las distintas entidades del Ejecutivo vienen coordinando acciones para reducir el impacto que puedan ocasionar las altas temperaturas y la escasez de lluvias en varias zonas del territorio nacional.

Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso

En otro momento de su intervención, la mandataria confirmó que el Ejecutivo iniciará el procedimiento para solicitar facultades legislativas al Congreso de la República, con la finalidad de acelerar la implementación de las principales reformas contempladas en su plan de gobierno.

Según explicó, esta decisión comenzó a definirse durante la primera sesión del Consejo de Ministros, realizada el pasado 29 de julio, y busca dotar al Ejecutivo de herramientas legales que permitan ejecutar con mayor rapidez diversas políticas públicas durante los próximos cinco años.

La presidenta sostuvo que este mecanismo facilitará la puesta en marcha de iniciativas vinculadas con seguridad, economía, salud y modernización del Estado.

Anuncia incremento de Pensión 65 y digitalización del sistema de salud

La transmisión también sirvió para presentar anuncios relacionados con los programas sociales y la modernización del sistema público.

En ese contexto, Keiko Fujimori confirmó que el beneficio económico del programa Pensión 65 será incrementado hasta 700 soles bimensuales, como parte del fortalecimiento de la red de protección social destinada a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, adelantó que el sistema de salud iniciará un proceso de digitalización de las historias clínicas mediante el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, con el objetivo de agilizar la atención médica y optimizar los recursos hospitalarios.

“Esté gobierno va a digitalizar el sistema público. Entonces, estas hojas clínicas van a estar digitalizadas y se utilizará la inteligencia artificial”, puntualizó.

Militarizar las fronteras

El Gobierno del Perú alista un paquete legislativo impulsado por el Ministerio de Defensa para militarizar los puestos fronterizos más estratégicos del país. La iniciativa busca contener el avance del crimen organizado transnacional mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas limítrofes clave, una medida que requiere la aprobación previa del Consejo de Ministros y la posterior solicitud de facultades legislativas ante el Congreso de la República.

De forma complementaria, el Poder Ejecutivo endurecerá la política migratoria mediante la expulsión inmediata de todo ciudadano extranjero que reciba una condena penal en el país. El plan contempla realizar las deportaciones tan pronto se emita el fallo judicial, con el objetivo de evitar el saturamiento del sistema penitenciario y reforzar el principio de seguridad nacional en las áreas de control limítrofe.

Un amplio operativo de inteligencia ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras en la zona fronteriza de El Amatillo culminó con la detención de un ciudadano salvadoreño señalado por las autoridades como presunto integrante de una estructura criminal que opera en la región centroamericana.

La captura se produjo durante acciones de vigilancia desarrolladas por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Lenca Sumpul y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), unidades que mantienen presencia permanente en uno de los pasos fronterizos más importantes del país para reforzar la seguridad nacional y prevenir el ingreso de personas vinculadas al crimen organizado.

Según el informe oficial, el ciudadano fue requerido tras detectarse que había ingresado de manera irregular al territorio hondureño. Las verificaciones realizadas por los equipos de inteligencia permitieron establecer elementos que dieron paso a una investigación más detallada sobre su identidad y posibles antecedentes.

El detenido fue identificado como Henry Zalaya Umanzor, de 45 años, conocido con el alias de “El Gordo”, originario del municipio de Pasaquina, departamento de La Unión, en El Salvador.

De acuerdo con la información proporcionada por las Fuerzas Armadas, el ciudadano posee antecedentes penales en su país por los delitos de falsificación de documentos y robo agravado, registros que fueron confirmados durante el proceso de verificación de información realizado por las instituciones competentes.

Sospechas de vínculos con la Pandilla 18

Las investigaciones desarrolladas por los organismos de seguridad apuntan a que Zalaya Umanzor sería presunto miembro activo de la Pandilla 18, una organización criminal con presencia en distintos países de Centroamérica y señalada por las autoridades de la región por su presunta participación en diversos delitos.

Como parte del procedimiento de identificación, especialistas realizaron análisis periciales al detenido, que permitieron detectar que varios de los tatuajes visibles en su cuerpo habían sido alterados con nuevos diseños.

La hipótesis de los investigadores sostiene que los nuevos tatuajes fueron realizados para cubrir o disimular los símbolos que originalmente hacían referencia a la estructura criminal, una práctica que, de acuerdo con los cuerpos de seguridad, ha sido utilizada por presuntos integrantes de pandillas para dificultar su identificación durante operativos policiales o controles migratorios.

Mario Rivera portavoz de las Fuerzas Armadas dijo que " que los análisis técnicos permitieron identificar rastros de los diseños originales, lo que fortaleció las sospechas sobre la presunta pertenencia del detenido a la organización criminal".

El operativo en El Amatillo

El operativo fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas durante varios días en el corredor fronterizo de El Amatillo, considerado uno de los principales puntos de conexión terrestre entre Honduras y El Salvador.

Las autoridades han reforzado la presencia militar y policial en esta zona debido al constante flujo de personas y mercancías que transitan diariamente entre ambos países, así como por el riesgo de que estructuras criminales intenten movilizar a sus integrantes utilizando rutas fronterizas.

Como parte de estas acciones se ejecutan inspecciones migratorias, patrullajes, controles vehiculares, verificación de identidad y análisis de información de inteligencia para detectar personas con órdenes de captura, antecedentes penales o posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Las autoridades hondureñas informaron que el detenido registra antecedentes judiciales en El Salvador por los delitos de falsificación de documentos y robo agravado.

Aunque no se detalló la fecha en que ocurrieron esos procesos ni el estado actual de estos, la información fue incorporada al expediente elaborado durante el procedimiento realizado por las autoridades hondureñas.

Tras concluir las diligencias iniciales en el lugar de la detención, Zalaya Umanzor fue trasladado a las instalaciones de la Aduana de El Amatillo para desarrollar el procedimiento administrativo correspondiente por su ingreso irregular al territorio hondureño.

Posteriormente, conforme a los protocolos de coordinación existentes entre ambos países, el ciudadano fue entregado a las autoridades salvadoreñas, que asumirán las actuaciones legales que correspondan de acuerdo con su legislación.

Las autoridades destacaron que la cooperación regional ha permitido mejorar el intercambio de información sobre personas investigadas por presuntos vínculos con estructuras criminales, facilitando su identificación cuando intentan cruzar las fronteras centroamericanas.

Durante cuatro décadas, los Murciélagos se han consolidado como una de las unidades militares más especializadas y reservadas de México. Integrados al Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), estos elementos están preparados para ejecutar misiones de alto riesgo que van desde operaciones contra el crimen organizado hasta rescates, infiltraciones y apoyo en situaciones de desastre.

Aunque suelen permanecer lejos de los reflectores por la naturaleza de sus operaciones, los Murciélagos representan uno de los principales activos tácticos del Ejército mexicano y participan en despliegues donde se requiere precisión, sigilo y rapidez.

¿Cómo nacieron los Murciélagos del Ejército Mexicano?

La historia de esta unidad se remonta a 1986, cuando el entonces Estado Mayor de la Defensa Nacional creó el Grupo de Fuerzas Especiales, considerado el antecedente directo del actual Cuerpo de Fuerzas Especiales.

Su formación respondió a la necesidad de contar con militares capaces de actuar en escenarios de alta complejidad, mediante operaciones de infiltración, reconocimiento, rescate y combate especializado.

De acuerdo con SeguriLatam, con el paso de los años, la organización evolucionó y amplió sus capacidades. En la década de 1990 surgieron nuevas estructuras de fuerzas especiales que posteriormente fueron reorganizadas hasta conformar el actual Cuerpo de Fuerzas Especiales, del que forman parte los llamados Murciélagos.

El sobrenombre de Murciélagos proviene de su especialización para operar de noche, aprovechando el factor sorpresa mediante el uso de visión nocturna, tecnología de reconocimiento y tácticas de infiltración silenciosa.

Solo tres de cada diez soldados logran convertirse en Murciélagos

Convertirse en integrante de esta unidad requiere superar un proceso de selección extremadamente riguroso.

De acuerdo con mandos militares, únicamente tres de cada diez aspirantes consiguen aprobar todas las evaluaciones para ingresar al curso de formación.

Los candidatos deben acreditar:

• Exámenes físicos de alto rendimiento.
• Evaluaciones médicas.
• Pruebas psicológicas.
• Controles de confianza.
• Evaluaciones tácticas.
• Pruebas de resistencia física y mental.

Quienes superan esta etapa ingresan al Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, ubicado en Temamatla, Estado de México, donde reciben capacitación intensiva en:

• Combate urbano.
• Guerra irregular.
• Francotirador.
• Manejo de explosivos.
• Paracaidismo militar.
• Supervivencia.
• Combate cuerpo a cuerpo.
• Operaciones nocturnas.
• Infiltración terrestre y aérea.

La exigencia del entrenamiento busca que los elementos puedan responder bajo condiciones extremas, con largas jornadas, privación de sueño y escenarios que simulan situaciones reales de combate.

¿Cuántos “murciélagos” integran esta fuerza especial?

Actualmente, el cuerpo está conformado por alrededor de 4 mil elementos, distribuidos en distintas unidades especializadas.

Además del centro de entrenamiento en Temamatla, cuentan con instalaciones para adiestramiento en diversos ambientes:

• San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, especializado en combate urbano.
• Laguna Salada, Baja California, para operaciones en desierto.
• Xtomoc, Quintana Roo, enfocado en entrenamiento de selva.
• Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, considerado el principal “nido” de la corporación.

Esta infraestructura permite preparar a los militares para actuar prácticamente en cualquier tipo de terreno.

¿Qué misiones realizan los Murciélagos?

Las funciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales abarcan operaciones consideradas de alta prioridad para la seguridad nacional.

Entre ellas destacan:

• Combate contra grupos del crimen organizado.
• Captura de objetivos prioritarios.
• Operaciones de inteligencia.
• Liberación de rehenes.
• Reconocimiento e infiltración.
• Protección de instalaciones estratégicas.
• Operaciones antiterroristas.
• Apoyo a otras fuerzas militares y de seguridad.

Gracias a su nivel de preparación, también participan en despliegues especiales dentro del Plan DN-III-E, cuando las emergencias requieren personal altamente capacitado.

En junio de este año, por ejemplo, integrantes de los Murciélagos participaron en la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), donde colaboran con ingenieros, médicos, personal de rescate y especialistas para atender a la población afectada por fenómenos naturales.

Los Murciélagos también representan a México en competencias internacionales

Además de sus operaciones dentro del país, esta unidad participa regularmente en ejercicios militares y competencias internacionales de fuerzas especiales.

Las pruebas incluyen:

• Marchas forzadas.
• Tiro de precisión.
• Asalto combinado.
• Navegación terrestre.
• Rescate.
• Combate cercano.
• Obstáculos tácticos.

Estos encuentros permiten medir las capacidades operativas de las unidades de élite frente a fuerzas militares de otros países y fortalecer el intercambio de experiencias en materia de operaciones especiales.

Cuatro décadas de una de las unidades más reservadas del Ejército

A diferencia de otras corporaciones militares, gran parte del trabajo de los Murciélagos permanece bajo estricta reserva debido al tipo de operaciones que realizan.

Su intervención suele hacerse pública únicamente cuando las autoridades consideran que no compromete la seguridad de futuras misiones o cuando forman parte de operativos de alto impacto anunciados por el Gobierno federal.

A 40 años de su creación, esta unidad continúa siendo uno de los componentes más especializados de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con personal entrenado para actuar en condiciones extremas y responder tanto a amenazas contra la seguridad nacional como a emergencias que requieren una capacidad operativa excepcional.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron este jueves el aseguramiento de 5.500 arbustos de presunta hoja de coca en el municipio de Iriona, departamento de Colón. El hallazgo ocurrió durante un patrullaje en Quebrada del Diablo, donde participaron la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y otras instituciones de seguridad.

El informe oficial indicó que la plantación ocupaba una extensión aproximada de una manzana de tierra y que los 5.500 arbustos presentaban características propias de la hoja de coca.

En el operativo participaron efectivos del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11, la 115 Brigada de Infantería y el Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, junto con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, para asegurar el área y continuar con las diligencias.

Tras la localización del cultivo, las autoridades aseguraron el terreno, mientras el Ministerio Público desarrolla las actuaciones legales y las investigaciones para identificar a los responsables de la plantación y determinar si existen vínculos con estructuras del crimen organizado que operan en la región.

El municipio de Iriona es uno de los puntos donde con mayor frecuencia se detectan plantaciones de coca en Honduras. Las condiciones geográficas de sus montañas y la dificultad para acceder a algunos sectores han sido aprovechadas por organizaciones criminales para establecer cultivos clandestinos y, en algunos casos, laboratorios artesanales destinados al procesamiento de alcaloides.

Iriona y los cultivos detectados

El nuevo aseguramiento ocurrió semanas después de que las autoridades localizaran otra plantación de más de 5.500 arbustos en la comunidad de Río Verde, también en Iriona.

En operativos anteriores desarrollados en el mismo municipio también fueron encontrados cultivos con 7.500, 20.800 y 40.000 arbustos de coca, además de instalaciones clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga.

Las autoridades explicaron que este tipo de intervenciones busca atacar la cadena de producción del narcotráfico desde su origen, para evitar que los cultivos sean cosechados y luego transformados en cocaína.

Además del aseguramiento de plantaciones, los operativos incluyen la destrucción de laboratorios artesanales, la incautación de precursores químicos y la identificación de rutas utilizadas para trasladar droga hacia otros puntos del país y del extranjero.

Las investigaciones continúan para establecer quiénes financiaban el cultivo localizado en Quebrada del Diablo y si existen conexiones con organizaciones criminales nacionales o internacionales.

Cifras de los aseguramientos

Los hallazgos registrados durante 2026 reflejan la escala del desafío que enfrentan las autoridades en el combate al narcotráfico. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año las Fuerzas Armadas han asegurado decenas de plantaciones de coca en distintos departamentos del país, principalmente en Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

Solo durante el primer semestre de 2026, las autoridades informaron el aseguramiento de más de 35 plantaciones, con más de 570 mil arbustos de coca y la destrucción de 10 instalaciones artesanales utilizadas para procesar la droga. Como resultado de estas acciones, estiman que las estructuras criminales dejaron de producir alrededor de 467 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 150 millones de lempiras.

Las estadísticas también muestran que el fenómeno no es nuevo. Durante 2025 fueron aseguradas 51 plantaciones con más de un millón de arbustos de coca, mientras que en años anteriores Honduras registró cifras altas en la detección de cultivos ilícitos en el litoral atlántico.

Las Fuerzas Armadas aseguraron que los patrullajes de largo alcance continuarán en las áreas identificadas con mayor incidencia, con el objetivo de localizar nuevos cultivos, desmantelar centros de procesamiento y reducir la capacidad operativa de las redes criminales.

La operación se desarrolló en la zona de Alto Mantaro, distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo (Junín), con participación de unidades especiales del Comando Especial del Vraem (CEVRAEM), la Policía Nacional y apoyo aéreo. Según las autoridades, Richard era considerado un blanco de alto valor debido a su posición dentro de la estructura armada y su control en el grupo terrorista.

‘Camarada Richard’ era el tercero al mando en Sendero Luminoso

El general de brigada Sandor Gálvez Chavera, jefe del Estado Mayor de Operaciones del CEVRAEM, explicó que la intervención fue producto de un trabajo conjunto de inteligencia entre diversas instituciones. Según detalló, participaron equipos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el propio CEVRAEM, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y el Frente Policial Vraem.

“Hemos podido, a través de una operación conjunta integrada con la Policía Nacional y a través de informaciones de inteligencia, abatir al delincuente terrorista Richard”, señaló el oficial durante la presentación de los resultados del operativo.

Gálvez indicó que el cabecilla pertenecía al denominado buró político de tercera línea de mando de la organización terrorista y que tenía un papel relevante dentro de las columnas armadas. “Es un blanco de alto valor, importante para su organización”, afirmó el general, al remarcar que se trataba de uno de los antiguos integrantes que permanecían en las filas subversivas.

Incautaron fusil, municiones y equipos de comunicación

Durante la intervención, las fuerzas del orden encontraron en poder del ‘Camarada Richard’ diversos materiales utilizados por la organización terrorista. Entre los objetos incautados se halló un fusil Galil calibre 5.56 mm, cargadores con municiones, explosivos, una radio de comunicación y objetos personales.

El general Gálvez explicó que el arma encontrada habría pertenecido al Ejército peruano y que figuraba como perdida desde el año 2010. “Se dio por perdido o robado”, indicó, al señalar que podría haber sido obtenido tras un ataque contra las fuerzas del orden.

Asimismo, detalló que el equipo de comunicación encontrado era utilizado para mantener contacto entre las columnas terroristas que operan en el Vraem. Las autoridades señalaron que los objetos fueron trasladados para continuar con las diligencias correspondientes.

Un militar resultó herido

La operación también dejó un integrante del Ejército herido durante el enfrentamiento terrestre registrado contra otros miembros de la columna terrorista. El militar fue atendido inicialmente en el Fuerte Pichari y luego evacuado a Lima para continuar con su recuperación.

Según informó el jefe del CEVRAEM, durante la extracción del personal militar y la evacuación del herido, uno de los helicópteros recibió 18 impactos de bala por parte de los remanentes terroristas que permanecían en la zona.

Gálvez destacó que la operación fue planificada para evitar daños a civiles debido a la cercanía con centros poblados. “Es una operación quirúrgica, muy entrenada, con gente especializada de fuerzas especiales”, explicó, al señalar que no se registraron daños colaterales durante la intervención.

‘Camarada Richard’ y la matanza en Huarcatán

Según el analista en seguridad integral y gestión de riesgos, Pedro Yaranga, ‘Camarada Richard’ ocupaba una posición clave dentro del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). Los informes de inteligencia lo identificaban como uno de los principales mandos militares de la organización, responsable de controlar las rutas del narcotráfico a través del eje del río Mantaro y de integrar el primer anillo de seguridad que resguardaba a los cabecillas conocidos como ‘Chato Mendoza’ y ‘Fernando’, considerados entre los líderes de mayor jerarquía en el Vraem.

El nombre de ‘Camarada Richard’ también aparece vinculado a uno de los ataques más sangrientos atribuidos a los remanentes de Sendero Luminoso en los últimos años. En marzo de 2021, una columna terrorista irrumpió en el centro poblado de Huarcatán, en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta (Ayacucho), donde cuatro integrantes de una misma familia fueron asesinados en un crimen que generó el rechazo de las autoridades y de la población.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y los reportes oficiales de la época, las víctimas fueron Pedro Curiñaupa Arone, Gregorio Ccayas Limache, Yolanda Canchanya y dos menores de edad. Los atacantes los acusaron de colaborar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional antes de secuestrarlos y asesinarlos. Tras el hecho, la Fiscalía inició una investigación por presunto delito de terrorismo para esclarecer las responsabilidades de los integrantes de la organización subversiva.

La integrante de la institución naval tenía a su cargo el bastón de mando que sería entregado a la mandataria durante el acto protocolar cuando ocurrió el incidente, registrado por las cámaras del diario La República.

En las imágenes se observa cómo la uniformada pierde el equilibrio y cae al suelo. De inmediato, dos personas se acercan para auxiliarla, mientras otra le proporciona una silla de ruedas para retirarla del lugar.

Tras el hecho, el bastón de mando fue entregado a otro integrante de la Marina, mientras que la mujer fue trasladada hacia una zona ubicada a un costado de Palacio, donde permaneció cabizbaja mientras continuaban los preparativos de la ceremonia.

Posteriormente, Fujimori recibió la insignia y el bastón de mando que portará durante los próximos cinco años, una entrega que estuvo a cargo del general César Augusto Briceño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En la ceremonia participaron los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, así como de la Policía, además de altos mandos militares, destacamentos y autoridades civiles.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), quien estuvo acompañada por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo, inició este martes su mandato para el próximo quinquenio con la toma de mando en el Palacio Legislativo y un primer discurso en el que anunció que otorgará mayor participación a las FFAA en las operaciones contra el crimen organizado.

En ese sentido, señaló que los institutos castrenses asumirán de manera temporal las acciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia. Asimismo, afirmó que una de sus prioridades “será fortalecer integralmente” a la Policía.

Luego de la ceremonia de reconocimiento de su mando sobre las fuerzas de seguridad, Fujimori encabezó la primera reunión del Consejo de Ministros, dirigida por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, donde se aprobarán las primeras medidas de su gestión.

Más tarde, la mandataria presidió el tradicional desfile cívico-militar por los 205 años de la independencia del Perú, realizado en la avenida Brasil, vía que atraviesa los distritos de Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María, Breña y Lima.

Con la toma de mando, la lideresa de Fuerza Popular concretó el retorno del fujimorismo al Gobierno, casi 26 años después de que su padre renunciara por fax desde Japón, tras revelarse un amplio escándalo de corrupción durante su administración.

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio de 2026 se realiza cargada de un peso histórico singular: por primera vez, una mujer elegida por voto popular presidirá el tradicional desfile en la avenida Brasil.

Keiko Fujimori encabeza la ceremonia que conmemora el 205° aniversario de la Independencia Nacional, acompañada por las más altas autoridades del Estado, los titulares del Poder Judicial y del Congreso, y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

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El baño de popularidad de Keiko Fujimori en la Av. Brasil

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Mayor Vilca de la Policía Nacional del Perú (PNP) detalla la participación de más de 1500 efectivos en el gran desfile, renovando el compromiso de la institución con la seguridad de todos los peruanos.

La delegación militar de España reveló que les sorprendió el fervor de los peruanos por las Fiestas Patrias

Participación de la PNP en el Desfile Militar

Durante una entrevista, el mayor PNP Iván Vilca García explicó la función de la Policía Nacional del Perú durante las celebraciones de Fiestas Patrias, destacando el compromiso de la institución con la seguridad de la ciudadanía. “La Policía Nacional del Perú es la policía de todos los peruanos y nuestra seguridad es tu prioridad, es nuestra prioridad. Su seguridad de usted es nuestra prioridad”, afirmó Vilca, subrayando la labor de miles de policías desplegados a nivel nacional para resguardar la vida y la paz en el país.

Respecto a la participación policial en el desfile, Vilca detalló que aproximadamente mil quinientos efectivos conforman el séptimo subagrupamiento encargado de mostrar la diversidad de unidades de la Policía Nacional. El mayor puntualizó que la institución “acapara casi toda actividad humana” y resaltó la presencia activa de mujeres en cargos de dirección: “Hoy en día ya la participación no es en la parte... de medio bajo, ¿no? Sino es en la parte ya jefatural, parte... de directoras ya. Tenemos directoras de escuela, tenemos comisarias, tenemos jefes de agrupamiento, jefes de división”.

Al finalizar, Vilca envió un saludo por el aniversario patrio y reiteró el compromiso policial: “Una vez más reiterar, un feliz aniversario patrio, lo cual nos renueva a nosotros como institución policial nuestro compromiso para con la ciudadanía, para con nuestro país, para con, para con todas las familias, eh, del Perú. Porque siempre recuerden que la Policía Nacional del Perú es la policía de todos los peruanos y nuestra prioridad es su seguridad”.

Recibida con entusiasmo por decenas de simpatizantes, Keiko Fujimori llega al Desfile Militar 2026

Keiko Fujimori llega al Desfile Militar con su escolta y se dirige al palco oficial en la av. Brasil

Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, llega a la Parada Militar y recibe los honores de rigor

Empiezan a llegar las autoridades. Además de diputados y senadores, ya llegó Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello

La PNP exhibirá robots con tecnología para rescates y desactivación de explosivos

Cientos de ciudadanos, incluyendo familias enteras, se congregan en la Avenida Brasil desde la noche anterior para asegurar el mejor lugar y no perderse ningún detalle de la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias.

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Policía de Carreteras en la Gran Parada Militar: ¿Cómo te protegen en tus viajes?

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño, le entrega el bastón de mando como Jefa Suprema de las FFAA a Keiko Fujimori

Curiosas imágenes que nos deja la previa del Desfile Militar en la avenida Brasil.

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Keiko Fujimori permanece en su vivienda en San Borja a la espera que se dirija a Palacio de Gobierno donde será reconocida como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas

Diversos escuadrones se alistan para el inicio del Desfile y Parada Militar 2026 en la av. Brasil

La exhibición canina es uno de los desfiles más esperados de la Parada Militar en la av. Brasil. Esta vez a cargo de la Marina de Guerra del Perú

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Una tradición que paraliza Lima

El desfile, que recorre más de cuarenta cuadras de la avenida Brasil a lo largo de los distritos de Jesús María, Pueblo Libre y Breña, es la mayor expresión pública del aparato militar y civil del Estado peruano. La tradición se remonta a los primeros años de la república y, edición tras edición, convoca a centenares de miles de ciudadanos a las orillas de esa arteria limeña.

Para esta ocasión, el Ministerio de Defensa estima que al menos siete mil personas desfilarán en el recorrido, mientras que entre 150.000 y 250,000 espectadores se .congregarán de forma presencial.

El primer desfile de Keiko Fujimori como jefa suprema de las FF.AA.

La juramentación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República, celebrada ayer martes en el hemiciclo del Congreso bicameral, la convierte automáticamente en la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la PNP.

Hoy, desde el estrado principal instalado en la cuadra 23 de la avenida Brasil —en el cruce con la avenida General Vivanco—, Fujimori presidirá su primera Gran Parada Militar. El acto tiene una carga simbólica adicional: es la primera vez que una presidenta electa por sufragio universal ocupa ese lugar de honor en la historia del Perú.

Once agrupamientos en la avenida Brasil

El desfile se organiza en once agrupamientos. Al frente marchará la Gran Banda Conjunta de las Fuerzas Armadas y PNP, integrada por 120 músicos: 30 del Ejército del Perú, 30 de la Marina de Guerra del Perú, 30 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y 30 de la PNP.

Tras las delegaciones extranjeras, desfilarán los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional —entre ellos combatientes del Alto Cenepa (1995) y la Compañía Chavín de Huántar—, así como los contingentes completos de la Marina de Guerra, la FAP y el Ejército.

El sexto agrupamiento corresponde a la PNP, que desfilará con su compañía histórica, cadetes de la Escuela de Oficiales, unidades especiales y la unidad canina. El séptimo agrupamiento es el hipomóvil, con el Regimiento Húsares de Junín como escolta de la presidenta de la República. El octavo agrupamiento es motorizado e incluye al INDECI, el SAMU, la Cruz Roja Peruana y los bomberos.

Las seis delegaciones extranjeras

Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia y Panamá abrirán el desfile como primer agrupamiento, en una presencia que el Ministerio de Defensa enmarca en los vínculos de cooperación y fraternidad con el Perú.

Chile estará representado por la Escuela Naval “Arturo Prat”, bajo el mando del teniente primero Luis Sánchez Baeza. Colombia enviará una delegación de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, centro de formación de oficiales del Ejército Nacional colombiano desde 1907, reconocido por haber incorporado a mujeres en su planta de cadetes. La representación de Ecuador desfilará con su bandera nacional como símbolo del heroísmo y la vocación de servicio de sus Fuerzas Armadas.

La delegación de España estará conformada por cadetes de la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio, bajo el mando del capitán Pedro Huarte Segura, profesor de la Academia General Militar de Zaragoza. Desde Italia llegará una delegación de la Academia Aeronáutica, fundada en 1923 y principal instituto universitario militar de la Fuerza Aérea italiana. Panamá participará por segundo año consecutivo con ocho cadetes vinculados a la Policía Nacional de Panamá y al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes realizan parte de su formación en escuelas militares peruanas.

El impase de los bomberos: desconvocados y luego reincorporados

Uno de los episodios más comentados en la previa fue el protagonizado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. A mediados de julio, un representante de la institución anunció públicamente que los bomberos no participarían en el desfile. La razón: tras seis semanas de preparación y cerca de 300 voluntarios convocados, se les comunicó a último momento que solo un grupo reducido podría marchar, lo que fue calificado por la institución como una falta de respeto al esfuerzo de sus integrantes.

La polémica no duró. El Ministerio de Defensa intervino y confirmó la presencia de los bomberos con tres agrupamientos diferenciados. El comandante general del cuerpo, Juan Carlos Morales Carpio, ratificó la participación de la institución e informó que desfilarán tres delegaciones, una de ellas integrada exclusivamente por mujeres. El despliegue incluirá compañías de 81 personas y 15 unidades motorizadas. Morales Carpio aprovechó la ocasión para solicitar al nuevo gobierno mayor apoyo en equipamiento para la institución.

Los bomberos participarán tanto en el octavo agrupamiento motorizado como en el noveno, denominado “La Fuerza de ser Peruanos”, junto al SINAGERD, entidades técnico-científicas como el IGP y el SENAMHI, organismos de salud y gobiernos locales.

Seguridad y restricciones viales

Para garantizar el desarrollo del evento, la PNP desplegará 9,913 efectivos solo para la Gran Parada Militar, parte de un operativo total de 13,463 agentes en Lima y más de 32,000 a nivel nacional, según informó el comandante general de la institución, general Óscar Arriola.

Los desvíos comenzaron la noche del 28 de julio. La PNP instaló rejas y patrulleros desde la cuadra 16 de la avenida Brasil, en dirección al distrito de Magdalena, donde efectivos de la División de Tránsito controlaron el ingreso de vehículos. Solo los residentes de la zona pudieron acceder, previa acreditación de su domicilio con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Varios conductores que desconocían la medida debieron realizar maniobras de retorno para buscar rutas alternas.

Activan desvíos por cierre de la avenida Brasil

Según el plan de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el cierre total de la avenida Brasil —entre la Plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado— rige desde las 00:01 a.m. de este 29 de julio hasta las 3:00 p.m. La restricción alcanza también las vías destinadas a la concentración y desplazamiento de las delegaciones: las avenidas De La Peruanidad, 9 de Diciembre, Alfonso Ugarte, Arica y Guzmán Blanco, el pasaje Ruiz Bravo, el jirón Chota y un tramo de la avenida Javier Prado Oeste.

La Gerencia de Movilidad Urbana de la MML habilitó como rutas alternas las avenidas Alfonso Ugarte, República de Venezuela, Tingo María, José de Sucre, Salaverry, Del Ejército, Garcilaso de la Vega, 28 de Julio y Uruguay. La comuna recomendó a los conductores salir con mayor tiempo de anticipación y priorizar el transporte público para reducir la congestión en las vías aledañas al recorrido del desfile.

El primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori marcó el inicio de una serie de propuestas que buscan transformar distintas áreas del país. Según la agenda oficial, el Ejecutivo busca presentar al Congreso una solicitud de facultades legislativas para emitir normas en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, promoción y protección de los emprendedores, impulso de la micro y pequeña empresa, formalización, empleo, protección social, desarrollo productivo, simplificación administrativa, modernización del Estado y materia tributaria y aduanera.

De acuerdo con el documento elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el pedido se plantea para un periodo de 120 días, con el objetivo de acelerar reformas y responder a retos urgentes.

En el mensaje de toma de mando, Keiko Fujimori adelantó que la prioridad es enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y fortalecer la seguridad interna. “Solicitaremos al Congreso la delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana, empleo y modernización del Estado”, afirmó la presidenta durante su discurso oficial.

Entre las metas, el gobierno propone medidas para proteger a los emprendimientos y pequeñas empresas, impulsar el empleo formal y reorganizar entidades del Poder Ejecutivo. Además, se anunció la intención de perfeccionar el régimen de beneficios laborales, reducir feriados y simplificar trámites con la finalidad de dinamizar la economía y facilitar la inversión privada.

El Ejército podría asumir la dirección de los penales

Dentro de este paquete de propuestas, una de las medidas más debatidas es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) participen en la dirección y gestión de los penales peruanos.

El texto presentado al Congreso establece que el Poder Ejecutivo estaría facultado para legislar sobre la seguridad y control de los establecimientos penitenciarios, incluyendo la reorganización del sistema y la participación temporal y excepcional del Ejército en la administración de las cárceles.

“Prever y regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo de establecimientos y servicios pertenecientes al Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, conforme al marco constitucional vigente”, detalla el documento oficial.

Esta medida busca fortalecer el sistema penitenciario frente a la criminalidad organizada y mejorar la seguridad interna. La propuesta también contempla la actualización del marco normativo para permitir la inversión privada en la infraestructura y gestión de los penales, así como perfeccionar el régimen de tratamiento, trabajo, capacitación y reinserción de los internos.

“El objetivo es reorganizar y optimizar el marco institucional y normativo del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social”, señala el proyecto revisado por el gabinete.

Durante la sesión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo subrayó que estas acciones serían reguladas bajo parámetros constitucionales y en coordinación con las entidades competentes. Desde el entorno de Keiko Fujimori, se ha reiterado la urgencia de combatir la inseguridad y fortalecer las instituciones encargadas del control penitenciario.

La discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los penales genera desde ya atención pública y reacciones de diverso calibre en el ámbito político y social.

Chile movilizó a unos cinco mil militares antes de que el temporal alcanzara su punto más crítico y dejara 13 muertos, cuatro desaparecidos y cerca de 100.000 personas aisladas. Para Andrei Serbin Pont, esa decisión fue uno de los factores que permitió acelerar los rescates y sostener la asistencia en las zonas más afectadas, en un operativo que combinó helicópteros, aviones de transporte, hospitales de campaña y vehículos anfibios para llegar a comunidades que habían quedado completamente incomunicadas.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, el especialista explicó que las autoridades chilenas comenzaron a preparar la respuesta antes de que se produjeran los principales desbordes, deslizamientos de tierra y cortes de rutas que afectaron especialmente a las regiones de Coquimbo y Atacama. Según señaló, el acuartelamiento preventivo de miles de efectivos y la movilización de personal de reserva permitieron que los recursos estuvieran listos para actuar desde las primeras horas de la emergencia. “La principal diferencia fue la preparación”, resumió al analizar la estrategia adoptada por el país tras conocerse los pronósticos meteorológicos.

La magnitud del fenómeno obligó a desplegar capacidades poco habituales incluso para un país acostumbrado a enfrentar catástrofes naturales. “Hubo zonas en las cuales llovió en una hora lo que normalmente llovería en un mes”, explicó Serbin Pont al describir un escenario que dejó poblaciones enteras aisladas y obligó a coordinar recursos terrestres, aéreos y sanitarios para garantizar la asistencia.

Uno de los ejes del operativo fue el puente aéreo organizado por la Brigada de Aviación del Ejército. Diez helicópteros participaron de las tareas de rescate y abastecimiento, lo que permitió evacuar a más de 120 personas que permanecían aisladas hasta el 20 de julio y mantener el traslado de personal, alimentos e insumos hacia sectores donde los caminos habían quedado destruidos o resultaban intransitables.

La Fuerza Aérea complementó ese despliegue mediante vuelos de aviones Hércules C-130, que transportaron 183 toneladas de ayuda humanitaria hacia las regiones afectadas. Cuando ni siquiera era posible acceder por vía terrestre o aérea mediante aterrizajes convencionales, un avión CASA 212 lanzó alimentos, medicamentos y otros suministros mediante paracaídas para abastecer a comunidades completamente incomunicadas. “Ese lanzamiento de ayuda humanitaria fue clave”, destacó el analista al describir una de las operaciones más complejas del dispositivo logístico.

La asistencia también incluyó la instalación de un hospital modular de campaña en Ovalle y puestos de atención médica especializada para reforzar un sistema sanitario exigido por la emergencia. Al mismo tiempo, vehículos blindados con capacidad anfibia ingresaron en sectores anegados donde otros medios no podían operar, mientras unidades de ingenieros despejaban caminos, reparaban infraestructura crítica y trabajaban para restablecer la conectividad entre las localidades afectadas.

Para Serbin Pont, la rapidez de la respuesta no fue producto de la improvisación, sino de una planificación sostenida y de la experiencia acumulada por Chile frente a terremotos, tsunamis e inundaciones. A diferencia de otros desastres naturales, explicó, las lluvias extremas permitían anticipar escenarios de riesgo y comenzar el despliegue antes de que la situación se agravara. “El terremoto es impredecible, pero cuando existe la posibilidad de desbordes empezaban a tomar medidas de precaución para iniciar el despliegue en caso de ser necesario. Eso demuestra un nivel de preparación de fondo que entiende cuáles pueden ser las circunstancias”, afirmó.

El especialista sostuvo que, en ese contexto, las Fuerzas Armadas aportaron capacidades logísticas difíciles de reemplazar por otros organismos del Estado. Redes de comunicaciones, patrullas de auxilio, unidades de emergencia, equipos de ingenieros y medios de transporte permitieron sostener la asistencia incluso cuando buena parte de la infraestructura había colapsado. A su juicio, esa capacidad refleja el valor del uso dual del equipamiento militar. “Es muy positivo cómo han reaccionado las Fuerzas Armadas chilenas a este tipo de emergencias. Contribuyen mucho a pensar a las Fuerzas Armadas como una herramienta que facilita las condiciones necesarias para enfrentar incertidumbre”, sostuvo.

Al ampliar la mirada hacia el plano regional, Serbin Pont señaló que no todos los países cuentan con el mismo nivel de preparación para enfrentar emergencias de esta magnitud. Como ejemplo mencionó el caso de Venezuela, donde, según indicó, distintos desastres naturales dejaron al descubierto limitaciones operativas que comprometieron la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones de crisis.

Consultado por Maru Duffard y Fede Mayol sobre la experiencia argentina, el analista consideró que las Fuerzas Armadas locales también han demostrado una buena capacidad de despliegue territorial y de reacción ante emergencias, aunque advirtió que esas fortalezas conviven con restricciones materiales vinculadas al mantenimiento del equipamiento y la disponibilidad de recursos.

Como ejemplo recordó la intervención durante las inundaciones de La Plata en 2013, el temporal que afectó a Bahía Blanca y las tareas logísticas desarrolladas durante la pandemia de COVID-19, cuando participaron en la distribución de alimentos, insumos sanitarios y vacunas en distintos puntos del país. A su entender, la presencia territorial y la capacidad de movilizar personal siguen siendo activos importantes, aunque preservar ese nivel de respuesta exige inversiones sostenidas para mantener el material y retener personal especializado.

Finalmente, Serbin Pont sostuvo que la eficacia de este tipo de operativos también depende de un factor menos visible: la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de intervenir durante las emergencias. En ese sentido, consideró que, en términos generales, los argentinos mantienen una percepción positiva sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en tareas de asistencia, un aspecto que facilita su despliegue cuando el Estado necesita movilizar rápidamente sus capacidades para responder a una catástrofe.

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La búsqueda de Joseph David Vuelto, de 16 años, continúa entre Cayos Cochinos y Corozal, en Atlántida, después del naufragio de una embarcación.

En el operativo participan cuerpos de rescate, autoridades militares y pescadores artesanales, mientras las Fuerzas Armadas mantienen patrullajes marítimos y recorridos terrestres en la zona.

Desde que se informó su desaparición, personal del Primer Batallón de Infantería de Marina mantiene un operativo de rastreo en una zona marítima y costera de difícil acceso por las corrientes marinas y las condiciones climáticas de los últimos días.

Las Fuerzas Armadas informaron que las operaciones incluyen patrullajes marítimos con la técnica de barrido triangular, un procedimiento de búsqueda y rescate para ampliar las probabilidades de localizar personas u objetos en el agua.

En paralelo, equipos terrestres inspeccionan playas, manglares y zonas de difícil acceso entre las comunidades de Zambo Creek, Corozal y La Unión.

Las autoridades reiteraron que los operativos no serán suspendidos mientras existan posibilidades de localizar al menor, por lo que embarcaciones militares recorren el área de forma permanente.

Cómo ocurrió el naufragio

Según la información recabada por las autoridades, Joseph David Vuelto salió a pescar junto a Lester Bátiz, una actividad que ambos realizaban con frecuencia en las aguas cercanas a Cayos Cochinos.

La última comunicación con la embarcación ocurrió durante la tarde del viernes pasado, antes de que el fuerte oleaje provocara el vuelco de la lancha en la que navegaban.

Tras el accidente, Lester Bátiz permaneció varias horas a la deriva hasta que equipos de emergencia lo localizaron y rescataron con vida. Luego fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con el testimonio del sobreviviente, Joseph habría decidido nadar hacia la costa para buscar ayuda después del naufragio. Desde ese momento no volvió a ser visto.

A los esfuerzos institucionales se sumaron pescadores de la comunidad de Corozal, que conocen la zona y colaboran con sus propias embarcaciones en la inspección de rutas usadas para la pesca artesanal.

Según los reportes conocidos durante las primeras horas de la emergencia, alrededor de siete lanchas participaron desde el inicio en las labores de búsqueda junto con personal naval.

Uno de los pocos indicios hallados durante el rastreo fue la red utilizada por el adolescente durante la jornada de pesca.

Días de búsqueda

Las autoridades señalaron que ese hallazgo confirmó que los equipos inspeccionan el área donde ocurrió el accidente, aunque hasta el momento no ha sido posible establecer el paradero del joven.

También consideran que cualquier objeto localizado en la zona puede aportar información para orientar el operativo hacia nuevos puntos de búsqueda.

Las labores de rescate se desarrollan en un escenario complejo por el estado del mar y las lluvias registradas en la costa norte durante los últimos días.

Las condiciones meteorológicas reducen la visibilidad, modifican las corrientes marinas y dificultan el desplazamiento de pequeñas embarcaciones, factores que obligan a ampliar de manera constante el radio de búsqueda.

Por esa razón, las Fuerzas Armadas mantienen recorridos continuos por vía marítima y terrestre, con inspecciones en playas, islotes y sectores donde las corrientes podrían arrastrar a una persona o restos de una embarcación.

Las autoridades hicieron un llamado a pescadores artesanales, operadores turísticos, navegantes y habitantes de las comunidades costeras para que informen de inmediato cualquier dato que pueda contribuir a localizar al menor.

Debido al tránsito constante de embarcaciones en la zona de Cayos Cochinos, las autoridades consideran que la colaboración ciudadana puede ampliar el alcance del operativo.

El área marítima comprendida entre La Ceiba, Sambo Creek y Cayos Cochinos ha sido escenario de varios operativos de búsqueda y rescate en los últimos años por naufragios, fallas mecánicas y cambios repentinos en las condiciones del mar.

Solo durante este año, la Fuerza Naval participó en diversas misiones que permitieron rescatar con vida a pescadores y turistas que quedaron a la deriva cerca de Cayos Cochinos tras sufrir desperfectos mecánicos o hundimientos de embarcaciones.

El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco (ICAC), representado por su decano Franz Chevarría Montesinos, interpuso ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad parcial contra la recientemente promulgada Ley 32735. El gremio advierte que la norma, aprobada por el Congreso de la República, vulnera gravemente el orden constitucional al expandir de manera irregular la jurisdicción militar-policial en perjuicio de la justicia ordinaria (Poder Judicial).

La Ley 32735, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de julio de 2026 por Fernando Rospigliosi, introduce modificaciones tanto en el Código Penal Militar Policial como en el Nuevo Código Procesal Penal.

Según la demanda, la ley altera el concepto de “delito de función”, permitiendo que toda conducta ilícita cometida por militares o policías durante estados de emergencia o en supuesto cumplimiento de funciones generales sea juzgada por el fuero militar, incluso si se lesionan bienes jurídicos comunes (como la vida, la libertad o el patrimonio) cuando esta jurisdicción es exclusiva para proteger bienes jurídicos castrenses (como la disciplina, la jerarquía y la operatividad de las Fuerzas Armadas y la PNP).

El ICAC sostiene que la Constitución es clara al establecer que la justicia militar es una excepción materialmente restringida, y no un “fuero personal”. Al calificar estas acciones como delitos de función por el simple contexto de su comisión, se está vulnerando el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, que recae en el Poder Judicial.

La demanda tiene un apartado para cuestionar la Única Disposición Complementaria Final de la ley. Esta disposición ordena a los jueces de la jurisdicción ordinaria archivar definitivamente cualquier investigación o proceso penal si se constata la existencia de un proceso militar-policial paralelo por los mismos hechos y sujetos.

Según la norma, esta medida debe ejecutarse en un plazo no mayor a 30 días, mediante una decisión inimpugnable y sin necesidad de una audiencia previa. Sus efectos, dice el gremio, son devastadores para los procesos en curso porque se dejarían sin efecto sentencias condenatorias que aún no tengan calidad de cosa juzgada, anularía antecedentes, levantaría medidas de coerción e, incluso, prohibiría el pago de reparaciones civiles a las víctimas.

El ICAC argumenta que este mecanismo atenta directamente contra el derecho al juez natural, el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia. Se advierte, además, que esto afecta severamente a las víctimas civiles —incluidas las víctimas de violaciones de derechos humanos—, quienes ven anulado su derecho a la verdad, a ser oídas y a recibir reparación.

Delimitación

Cabe precisar que el ICAC no busca derogar la ley en su totalidad. Queda excluido de la demanda el extremo de la ley que agrava las sanciones (con penas de hasta cadena perpetua) para aquellos militares o policías que colaboren con bandas, grupos armados ilegales u organizaciones criminales.

El objetivo es expulsar del ordenamiento jurídico exclusivamente los artículos que predeterminan la preferencia por la justicia militar policial y obligan al cierre de la justicia ordinaria. La demanda se dirige contra el Congreso de la República.

El Tribunal Constitucional deberá ahora evaluar si admite a trámite la demanda, con lo que se tendría que notificar al Parlamento para que conteste.

De congresista a senador

Fernando Rospigliosi Capurro fue elegido senador de la República por la lista nacional de Fuerza Popular tras obtener un total de 68,330 votos preferenciales. Su respaldo en las urnas lo ubicó entre las candidaturas más votadas de su agrupación política, asegurando su escaño en la Cámara Alta para el periodo parlamentario 2026-2031.

Tras la instalación del nuevo Congreso bicameral, el electo parlamentario asumió la conducción de la Junta Preparatoria en calidad de primer secretario. En dicho fuero lideró el proceso de juramentación de los integrantes del fuero de revisión y la posterior votación que definió la primera Mesa Directiva del Senado para el periodo 2026-2027.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó ser víctima de una campaña de desacreditación tras la publicación de su Recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa y respondió a las críticas emitidas.

El pronunciamiento de DGDDH/011/2026, refuta punto por punto trece argumentos que organizaciones, analistas y exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE) han lanzado contra el documento desde su publicación.

El Ejército y la Recomendación 208VG/2026

Uno de los temas centrales del documento es el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La CNDH concluyó que no hubo participación institucional de elementos de la SEDENA en los eventos violentos contra los estudiantes, descartando la existencia de un plan de “contrainsurgencia” o de exterminio hacia los normalistas. No obstante, la Comisión aclaró que no exonera a nadie, pues las responsabilidades penales corresponden a los tribunales.

En ese sentido, la recomendación aborda a detalle el caso de 20 militares que actualmente se encuentran bajo proceso judicial, incluidos los comandantes del 27/o y 41/o Batallón de Infantería.

Ante las acusaciones de ocultar información sobre un presunto soldado infiltrado, el organismo señaló que el 27 Batallón es mencionado 76 veces en la recomendación y el estudiante que causó alta en el Ejército aparece en 69 ocasiones. Para zanjar el tema, la CNDH sentenció categóricamente en su comunicado: “MIENTE QUIEN DICE QUE ES EL EJÉRCITO EL BENEFICIARIO DE ESTA RECOMENDACIÓN, SON LAS VÍCTIMAS”.

El pronunciamiento también dedica un espacio importante a responder a las críticas del GIEI, acusando a algunos de sus exintegrantes de intentar mantener con vida una narrativa que, a consideración de la CNDH, ha retardado la justicia.

En un ejercicio que la Comisión califica como de transparencia y no de criminalización, el documento revela que el GIEI recibió 1.75 millones de dólares en su primera fase entre 2015 y 2016. Posteriormente, en una segunda etapa que abarcó de 2020 a 2023, el grupo obtuvo otros 36 millones 418 mil 944 pesos. Con la exposición de estas cifras, la CNDH cuestionó severamente la falta de resultados sustanciales a casi 12 años de las investigaciones.

“De acuerdo con la información obtenida por la CNDH, solo el GIEI recibió en total, entre 2015 y 2016, 1.75 millones de dólares, equivalente a 30 millones 679 mil 670 pesos. Y en su segunda fase, entre 2020 y 2023, recibieron otros 36 millones 418 944 pesos. Esa información, documentada, consta en el texto de la Recomendación. ¿Decirlo es estigmatizar y criminalizar?"

afirma la CNDH

Frente a los señalamientos de que se reabrió de manera inconstitucional un expediente que ya había sido concluido con la Recomendación 15VG/2018, la institución explicó que la nueva investigación no es una reapertura arbitraria, sino que se originó por una queja interpuesta directamente por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos el 24 de junio de 2021.

La CNDH recordó que la recomendación de 2018 incluía propuestas contrarias a los derechos humanos, como la de investigar a la Normal y a los estudiantes por tráfico de drogas.

La CNDH no puede “cerrar” el caso

Lejos de intentar dar un “carpetazo” o cerrar el caso con una “antiverdad”, el organismo subrayó que su nueva resolución exige a la Fiscalía General de la República (FGR) agotar y concluir todas las líneas de investigación pendientes, incluidas las que involucran la actuación del personal militar. Finalmente, la CNDH reiteró que todo el proceso de esta nueva recomendación se realizó con estricto apego a su Reglamento Interno, priorizando siempre el principio pro persona y los más altos estándares internacionales.

En una operación realizada en la zona de Río Angue, municipio de Metapán, en el departamento de Santa Ana Norte, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) reportó este viernes 24 de julio que localizó un total de 177 paquetes de mercadería de contrabando en estado de abandono, cuyo valor asciende aproximadamente a USD 4,956.

El hallazgo tuvo lugar como parte de los patrullajes preventivos en el marco de las acciones de la FAES para combatir el tráfico ilícito en puntos fronterizos del país.

“En Río Angue, Metapán, Santa Ana Norte, ubicamos en estado de abandono 177 paquetes de mercadería de contrabando, con un valor aproximado de $4,956.00″, expuso la FAES por medio de redes sociales.

Según confirmó a través de sus canales oficiales, la mercadería decomisada fue entregada a la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) para cumplir con el procesamiento correspondiente. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en relación con este operativo. “La mercadería se encontró en estado de abandono y fue entregada a la PNC para continuar con las diligencias legales”, detalló la institución castrense.

La mercadería incautada está compuesta principalmente por productos sin conocer su origen y que, según las autoridades, suelen introducirse al país sin cumplir con las regulaciones aduaneras vigentes.

El monto estimado de la carga, el cual asciende a casi USD 5,000, fue calculado tras un inventario preliminar realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil.

Refuerzan patrullajes y decomisos

El despliegue de personal militar en la zona de Río Angue responde a las directrices establecidas por el Plan Control Territorial, una estrategia impulsada por el Gobierno de El Salvador con el objetivo de fortalecer la seguridad y disminuir las actividades ilícitas, como el contrabando y el narcotráfico.

De acuerdo a la Fuerza Armada de El Salvador, “estos patrullajes continuarán intensificándose en zonas consideradas de alto riesgo para el tráfico ilegal de mercancías”.

Las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en rutas identificadas como corredores de contrabando, logrando decomisos significativos tanto de mercadería como de sustancias ilícitas, aunque en esta ocasión no se reportaron capturas.

En respuesta a la detección de nuevas rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal, las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en corredores identificados como puntos críticos de contrabando, logrando decomisos relevantes tanto de mercadería como de sustancias ilícitas. En esta ocasión, no se reportaron capturas de personas vinculadas a las actividades investigadas, aunque los operativos continúan en la zona.

Las investigaciones sobre el origen y el posible destino de los productos incautados permanecen abiertas. Las autoridades mantienen la hipótesis de la existencia de redes organizadas que operan en la región y no descartan la ejecución de nuevas acciones en la zona de Santa Ana Norte y en otros puntos fronterizos, donde el flujo constante de mercadería ilegal representa un desafío persistente para la seguridad nacional y la integridad del sistema aduanero.

“Continuamos ejecutando operaciones para combatir el contrabando y fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas del país”, recalcó la FAES en redes sociales.

El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM) busca consolidarse como uno de los principales referentes internacionales en la preparación de personal para participar en las misiones de paz de las Naciones Unidas (ONU), mediante el fortalecimiento de sus procesos de capacitación, la certificación internacional de sus cursos y una mayor proyección hacia otros países.

Creado como parte del compromiso del Estado mexicano con la ONU, el CECOPAM tiene la misión de preparar a integrantes de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y personal civil que participará en operaciones de paz en distintas regiones del mundo. Actualmente, México mantiene presencia en cuatro misiones internacionales: India y Pakistán, el Sahara Occidental, República Centroafricana y Colombia.

En entrevista con Infobae México, la directora del CECOPAM, la teniente coronel enfermera de Estado Mayor María del Rosario Cardoso Reyes, y el subdirector, el teniente coronel de Infantería Bruno Enrique Ceballos Bernal, explicaron que la visión del centro es trascender el ámbito nacional para posicionarse como un referente en la formación de personal para operaciones de paz.

“Nuestra misión es entrenar a todo el personal bajo los altos estándares que determina la doctrina de Naciones Unidas para que estén aptos y apoyar mejor las operaciones de paz”, señaló Cardoso Reyes.

La capacitación no se limita al Ejército Mexicano. También participan elementos de la Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, civiles nacionales e internacionales e incluso militares de otros países.

De hecho, durante uno de los cursos actuales participan elementos provenientes de Egipto, Bangladesh y Colombia, reflejo de la creciente proyección internacional que ha adquirido el centro mexicano.

Uno de los principales desafíos, coincidieron ambos mandos, continúa siendo el dominio del idioma inglés, requisito indispensable para integrarse al sistema de Naciones Unidas, ya que la mayor parte de las operaciones internacionales se desarrollan en esa lengua.

“Consideraría que nuestra área de oportunidad más grande siempre es el trabajo de preparación en otra lengua”, explicó Ceballos Bernal.

Entrenamiento bajo estándares internacionales

Desde su creación, el CECOPAM ha acompañado el crecimiento de la participación mexicana en operaciones de paz.

Mientras que inicialmente el país colaboraba únicamente en dos misiones internacionales, actualmente mantiene presencia activa en cuatro operaciones, donde personal mexicano se desempeña como observadores militares y oficiales de Estado Mayor.

Los primeros realizan patrullajes, verifican el cumplimiento de acuerdos entre las partes en conflicto y mantienen presencia en el terreno, mientras que los segundos participan en la planeación, coordinación y supervisión de las actividades de las misiones.

Para preparar al personal, el centro cuenta con infraestructura que reproduce escenarios similares a los que enfrentarán durante su despliegue.

Entre ellos destacan una pista especializada para conducción de vehículos tácticos, áreas donde se simulan campamentos de refugiados y bases de operaciones de la ONU, así como espacios destinados a ejercicios de negociación, resolución de conflictos y toma de decisiones bajo condiciones adversas.

La experiencia práctica constituye una de las principales fortalezas del CECOPAM.

A diferencia de otros centros, prácticamente todos sus instructores han participado previamente en misiones internacionales, lo que permite transmitir conocimientos sustentados en experiencias reales.

“Tenemos la capacitación, lo vivimos para poder contarlo y tener más seguridad en los conocimientos que se imparten”, explicó la directora.

Además, el personal continúa capacitándose mediante cursos internacionales e intercambios académicos con centros especializados de países como Francia, China, Colombia y Chile.

La inclusión también forma parte de la estrategia institucional.

Bajo la agenda Mujeres, Paz y Seguridad impulsada por Naciones Unidas, México mantiene una participación femenina acorde con los compromisos internacionales.

Actualmente, de los 19 elementos mexicanos desplegados en operaciones de paz, cinco son mujeres.

Para Cardoso Reyes, la presencia femenina resulta especialmente importante en comunidades vulnerables, donde facilita el contacto con mujeres y niñas para detectar necesidades humanitarias y de protección.

La directora consideró que su nombramiento como primera mujer al frente del CECOPAM representa un reconocimiento al trabajo colectivo de la institución y una muestra del compromiso de las Fuerzas Armadas con la igualdad de oportunidades.

“No es un logro personal; es un reconocimiento al trabajo conjunto y a la formación que he recibido durante toda mi carrera”, afirmó.

Por su parte, Ceballos Bernal sostuvo que la inclusión deja de ser únicamente un compromiso plasmado en documentos cuando se refleja en decisiones institucionales.

“No es en beneficio de las mujeres; es en beneficio de una mejor sociedad, de un mejor país y de unas mejores Fuerzas Armadas”, señaló.

La apuesta por convertir a México en un referente regional

Uno de los principales objetivos del CECOPAM es incrementar el reconocimiento internacional de sus programas académicos.

Actualmente, el centro cuenta con cuatro cursos certificados por el Sistema Integrado de Entrenamiento de Naciones Unidas y espera obtener este año la certificación de un quinto programa.

De concretarse, México igualaría a Brasil como el país latinoamericano con mayor número de cursos certificados por Naciones Unidas, pese a que el centro mexicano tiene apenas ocho años de operación frente a casi dos décadas de funcionamiento de su contraparte brasileña.

Para lograrlo, el CECOPAM trabaja en la actualización permanente de sus programas de estudio, el fortalecimiento del intercambio internacional de instructores y el desarrollo de cursos completamente impartidos en inglés.

La meta también contempla atraer a un mayor número de participantes extranjeros y consolidar la presencia del centro en los principales foros internacionales sobre operaciones de paz.

Los directivos coincidieron en que la contribución más importante de México a la comunidad internacional ha sido la decisión de aportar personal altamente capacitado.

“El mejor aporte que puede haber en el mundo es el personal”, sostuvo Cardoso Reyes, al destacar que detrás de cada despliegue existe un proceso de selección, preparación y profesionalización que busca representar al país con los más altos estándares.

Más allá del entrenamiento militar, ambos mandos insistieron en que la construcción de la paz comienza desde las acciones cotidianas.

“La cultura de la paz debe empezar por nosotros mismos, por nuestras actividades diarias”, expresó la directora.

Mientras México amplía su participación en las operaciones de paz de Naciones Unidas, el CECOPAM busca consolidarse como el principal centro de entrenamiento de América Latina y proyectarse como un referente internacional mediante la certificación de sus cursos, el intercambio de instructores y la preparación de personal bajo los estándares más altos del organismo internacional.

El Congreso de la República publicó la Ley N.° 32736, mediante la cual modifica el Decreto Legislativo N.° 1174, que regula el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (PNP). El objetivo de la norma es adecuar el régimen de salud policial al modelo de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) de las Fuerzas Armadas, introduciendo cambios en su organización y funcionamiento.

De acuerdo con lo informado por Andina Noticias, la ley busca que el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP se adapte a la normativa vigente, manteniendo su condición de persona jurídica de derecho público. Asimismo, reafirma que contará con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable para el cumplimiento de sus funciones.

La norma también establece que el fondo continuará adscrito a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, mientras que la supervisión y evaluación de su gestión permanecerá a cargo del Ministerio del Interior. Con ello, el Congreso busca fortalecer el esquema de administración del sistema de salud policial bajo parámetros similares a los aplicados en las Fuerzas Armadas.

Nueva composición del directorio

Otro de los principales cambios introducidos por la Ley N.° 32736 es la reorganización del directorio, que será el máximo órgano de gobierno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP. Según detalla Andina Noticias, este estará conformado por seis integrantes provenientes de distintas entidades del Estado y de la propia institución policial.

El directorio será presidido por un representante designado por la Comandancia General de la PNP e incluirá además a un representante del Ministerio del Interior, un director designado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un director designado por el Ministerio de Salud (Minsa), un representante de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP y un director vinculado al régimen de salud policial.

La ley también dispone que el presidente del directorio tendrá voto dirimente en caso de empate durante la adopción de acuerdos. Asimismo, precisa que el procedimiento para la designación de los directores, así como los requisitos y funciones específicas de cada uno, serán establecidos posteriormente mediante el reglamento correspondiente.

Directorio sesionará dos veces al mes

La nueva legislación incorpora además reglas para el funcionamiento del directorio. Entre ellas, establece que deberá sesionar como mínimo dos veces al mes y que sus integrantes recibirán dietas por asistir hasta un máximo de cuatro sesiones mensuales, aun cuando participen en un mayor número de reuniones.

Los miembros del directorio también estarán sujetos al régimen de incompatibilidades aplicable a los funcionarios públicos y deberán cumplir las disposiciones del sector público, así como las normas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración del fondo.

Finalmente, la Ley N.° 32736 dispone que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días hábiles para adecuar el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1174, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 002-2015-IN, a las modificaciones incorporadas por la nueva norma. Según informó Andina Noticias, esta actualización permitirá implementar los cambios aprobados por el Congreso y completar el proceso de adecuación del régimen de salud de la Policía Nacional del Perú al modelo aplicado en las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Donalson “N” por portación y posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre los que destacan un fusil .50 Barrett, tras su detención en Matamoros, Tamaulipas, donde civiles armados atacaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que realizaban recorridos de seguridad en la colonia Praderas de La Rioja.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, presentó los datos de prueba ante el juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa.

El juez resolvió vincular a proceso al imputado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Agresión armada en el libramiento Emilio Portes Gil

El 11 de julio de 2026, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizaba recorridos de seguridad y vigilancia por el libramiento Emilio Portes Gil, en la colonia Praderas de La Rioja de Matamoros, cuando fue atacado a tiros por civiles armados.

Durante el enfrentamiento, uno de los vehículos en que se desplazaban los presuntos agresores perdió el control y terminó impactado. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó de manera preliminar dos presuntos agresores lesionados.

Ningún elemento de la SEDENA resultó herido en la acción.

Arsenal de uso militar asegurado en el lugar

Tras repeler la agresión, las autoridades aseguraron un fusil calibre .50 tipo Barrett, nueve armas largas, 51 cargadores, mil 167 cartuchos de diversos calibres, seis chalecos balísticos y un vehículo.

Todo el material fue puesto a disposición de la FGR con sede en Matamoros para los peritajes correspondientes y la determinación de su procedencia.

El fusil Barrett calibre .50 es un rifle de origen estadounidense con un alcance efectivo documentado de mil 800 metros, capaz de neutralizar objetivos a distancias que superan la capacidad del armamento convencional. Su presencia en el aseguramiento ubica el caso entre los de mayor poder de fuego registrados en la entidad durante julio de 2026.

Prisión preventiva en Matamoros durante la investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Donalson “N” por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El MPF aportó los datos de prueba ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, quien emitió la resolución correspondiente.

Además de la vinculación, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Donalson “N” permanecerá recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de Matamoros durante los dos meses establecidos para el cierre de la investigación complementaria.

Matamoros, zona de presión sostenida contra el armamento ilegal

El aseguramiento del 11 de julio no fue un hecho aislado en el municipio fronterizo. Cuatro días después, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas en la colonia Loma Alta de Matamoros y decomisaron otro fusil Barrett calibre .50, cuatro armas largas, 31 cargadores, 930 cartuchos, una granada de mano, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos, de acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Entre el 10 y el 12 de julio, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México registró 56 detenidos y 91 armas aseguradas, entre ellas otro fusil Barrett, en 15 entidades del país, según datos oficiales.

La acumulación de operativos con armamento de nivel militar en Matamoros refleja la presión que las fuerzas federales mantienen sobre la zona fronteriza de Tamaulipas, donde la aparición reiterada del fusil Barrett calibre .50 se ha convertido en un indicador del poder de fuego disponible para grupos del crimen organizado en la región.

El Poder Ejecutivo aprobó ayer una modificación en la reglamentación de la Ley para el Personal Militar N° 19.101, que introduce cambios en el cálculo de haberes y amplía el acceso al suplemento por título universitario para los integrantes de las Fuerzas Armadas. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y fue firmado por el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei.

La medida actualiza los criterios para percibir el suplemento por título, incorporando a todos los miembros del personal militar que acrediten títulos de educación superior reconocidos por la Ley de Educación Superior (N° 24.521), la Ley de Educación Técnico Profesional (N° 26.058) o la Ley de Educación Nacional (N° 26.206). La reglamentación determina que solo se reconocerá el título de mayor graduación en caso de que una persona acredite más de un diploma.

La normativa impacta en el cálculo de haberes mensuales del personal militar, tanto en actividad como en retiro, así como en los familiares con derecho a pensión, siempre que el beneficiario haya cumplido las condiciones antes de pasar a situación de retiro.

El decreto establece que los Jefes de los Estados Mayores Generales de cada fuerza tendrán la facultad de determinar los títulos de interés para otorgar el suplemento, considerando la afinidad con las funciones y tareas desarrolladas por el personal. Según el texto oficial, “los títulos serán reconocidos a partir del primer día del mes siguiente a la presentación de las constancias respectivas ante la autoridad que cada fuerza determine”.

Entre los cambios centrales, el nuevo articulado suprime referencias a conceptos previamente incluidos en la reglamentación, como el “Reintegro de Gastos por Actividad del Servicio” y el “Reintegro de Gastos por Permanencia en Actividad y Responsabilidad Jerárquica”, por haber sido absorbidos por otros rubros salariales o carecer de carácter general. Además, elimina la limitación que restringía el suplemento por título universitario solo al personal superior del cuerpo profesional.

La normativa, que ya se encuentra en vigencia, también deroga el inciso 3° del artículo 2405 de la anterior reglamentación, adecuando la normativa al marco legal vigente luego de la sanción del Decreto N° 473/2026. El mismo fue anunciado hace poco más de un mes, con el propósito de incorporar un adicional al haber mensual bruto para reflejar la formación académica y la profesionalización del personal militar, el cual se ajustará junto con las futuras actualizaciones salariales.

El nuevo esquema prevé un suplemento equivalente al 10% para quienes posean tecnicaturas o títulos terciarios, del 15% para quienes cuenten con títulos universitarios de grado y del 25% para quienes acrediten especializaciones, maestrías o doctorados.

En este punto, desde la cartera de Seguridad habían señalado que, según el grado y el nivel de formación acreditado, en algunos casos el nuevo suplemento podría representar, en algunos casos, mejoras de entre 300.000 y 400.000 pesos mensuales.

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la iniciativa responde a una demanda planteada por las Fuerzas Armadas desde 2013, orientada a equiparar la situación del personal militar con la de otros organismos de la Administración Pública Nacional y las fuerzas federales de seguridad, donde ya se aplican mecanismos de reconocimiento por formación académica.

Por la tarde, el vocero presidencial, Adrián Ravier, declaró ante la prensa: “Este aumento representa un reconocimiento del esfuerzo por profundizar y profesionalizar el instrumento militar”. Y remarcó que, cuando se cuida el gasto público, “se puede invertir más en el capital humano de nuestras Fuerzas”. Asimismo, destacó: “El proceso de recomposición de las Fuerzas Armadas no termina en el equipamiento”. Y señaló que la medida busca “dotar de integrantes capacitados para los desafíos que implican los peligros del presente”.

La crecida del río Kruta obligó a evacuar a 146 personas de las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, en el oriente de Honduras. Los habitantes fueron trasladados a un albergue temporal en la iglesia católica, mientras continúa la vigilancia por lluvias y nuevos riesgos de inundación.

Las comunidades de Baikan y Raksdiimwan están entre las afectadas por el desbordamiento del río. Estos territorios dependen en gran medida de los ríos para movilización, abastecimiento y comunicación con otras localidades de La Mosquitia hondureña.

Entre las personas evacuadas hay 19 hombres, 45 mujeres, 44 niñas y 38 niños. Fueron trasladados a un espacio habilitado temporalmente en la iglesia católica de la comunidad de Tipí, mientras disminuyen los niveles del agua y se determina cuándo será seguro regresar a sus viviendas.

Evacuaciones y riesgo en la zona

La salida de las familias es una medida preventiva ante una emergencia que podría extenderse si continúan las lluvias en la zona. En comunidades donde muchas viviendas están cerca de los ríos, el incremento del caudal puede ocurrir en poco tiempo y deja poco margen de reacción para los pobladores.

Los trabajos de evacuación fueron realizados por personal de la Base Naval de Caratasca, que mantiene equipos desplegados en el área para apoyar a los habitantes afectados y responder ante nuevos llamados de emergencia.

Las labores se desarrollan principalmente mediante transporte acuático, debido a las características geográficas del departamento y las limitaciones de acceso terrestre en varias comunidades.

La atención de la emergencia continúa este martes con nuevos operativos previstos en la comunidad de Lakunka, donde también se mantiene vigilancia por las condiciones generadas por la crecida de los cuerpos de agua.

Impacto en las comunidades

La situación en Gracias a Dios refleja la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en las riberas de los ríos, donde las lluvias intensas pueden provocar inundaciones que afectan viviendas, cultivos y actividades económicas de las familias.

La Mosquitia hondureña posee una amplia red de ríos y lagunas que son fundamentales para la vida diaria de sus habitantes. En muchas comunidades, las rutas fluviales son la principal vía de transporte para trasladarse hacia centros poblados, adquirir alimentos, recibir atención médica o movilizar productos.

Durante períodos de fuertes lluvias, esos mismos ríos pueden convertirse en una amenaza cuando aumentan rápidamente su nivel y provocan inundaciones en zonas habitadas.

Para las familias afectadas, abandonar sus viviendas significa dejar atrás sus pertenencias y, en algunos casos, sus principales fuentes de ingreso. Muchas comunidades de la región dependen de actividades como la pesca, la agricultura de subsistencia y pequeños comercios locales, que pueden resultar afectados cuando las aguas cubren terrenos productivos o dificultan la movilidad.

Qué enfrentan las familias desplazadas

Aunque la prioridad inmediata es proteger la vida de las personas, las familias desplazadas también enfrentan la recuperación una vez que las aguas comiencen a bajar. El retorno a sus hogares dependerá de la evaluación de daños y de que existan condiciones seguras para permanecer nuevamente en las comunidades.

Las experiencias anteriores de inundaciones en Gracias a Dios muestran que los efectos pueden prolongarse incluso después de que disminuyen los niveles de los ríos, debido a daños en viviendas, pérdida de alimentos almacenados, afectaciones en cultivos y dificultades para restablecer las actividades normales.

Además, la ubicación remota de muchas comunidades representa un reto para la entrega de asistencia, ya que los traslados requieren mayor coordinación y, en ocasiones, dependen por completo de vías fluviales o transporte aéreo.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento del clima y los niveles de los ríos en el departamento, debido a que nuevas precipitaciones podrían generar otra vez condiciones de riesgo en sectores que ya presentan afectaciones.

El llamado a la población en zonas vulnerables es mantenerse atenta a las recomendaciones preventivas y evitar permanecer en áreas donde exista peligro por inundaciones o deslizamientos.

En ese contexto, la presidenta electa Keiko Fujimori recibió en su despacho de San Isidro a representantes de organizaciones integradas por excombatientes de la lucha contra el terrorismo. El encuentro permitió abordar pedidos de reconocimiento y la participación de estos licenciados en las actividades previstas para los próximos días.

La reunión se produjo a pocos días de la ceremonia de juramentación presidencial y del desfile militar programado para el 29 de julio. Paralelamente, diversas entidades públicas mantienen operativos y medidas especiales para garantizar el desarrollo de las celebraciones oficiales en Lima.

Las acciones también incluyen restricciones temporales al tránsito en la avenida Brasil y calles cercanas, donde se instalarán las estructuras necesarias para el desfile, según informaron las autoridades locales.

Excombatientes reciben invitación para participar en el desfile militar

Un grupo de licenciados de las Fuerzas Armadas confirmó a Exitosa que Keiko Fujimori los invitó a participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del próximo 29 de julio. La información se conoció luego de una reunión entre la presidenta electa y representantes de asociaciones de excombatientes.

Durante una entrevista con la emisora, un representante identificado como Pereira explicó el motivo de la visita. “Nosotros estamos acá, venimos a dar nuestro respaldo a la señora presidenta y asimismo a darle a conocer quiénes somos, que somos licenciados de las Fuerzas Armadas, excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que no somos grupos violentistas ni etnocaceristas. Somos licenciados, somos la reserva contraterrorista de nuestro país”.

El mismo representante señaló que uno de los resultados del encuentro fue la invitación para asistir al desfile patrio. “Algo muy importante que hemos logrado hoy día, que la señora presidenta nos ha invitado para el desfile para este 29 de Fiestas Patrias”, afirmó.

Según las imágenes difundidas por Exitosa, los asistentes permanecieron en los exteriores de la oficina de la mandataria electa con uniformes utilizados por quienes participaron en operaciones contra el terrorismo durante las décadas de 1980 y 1990.

Asociación informó la presencia de delegaciones de distintas regiones

Pereira indicó que los asistentes pertenecen a la denominada Zona D, organización que, según sus declaraciones, reúne a excombatientes de diferentes partes del país.

“La Zona D es la asociación contraterrorista más grande del Perú. Contamos con veinticinco mil hombres. Estamos acá una delegación de ochenta hombres de diferentes puntos del país. Estamos de Huánuco, Junín, Huancayo, Chiclayo, San Martín también de igual manera”, manifestó durante la entrevista concedida a Exitosa.

El representante también confirmó que la reunión con la presidenta electa se concretó después de permanecer en los exteriores de la oficina. “Así es, satisfactoriamente, así fue”, respondió al ser consultado sobre el encuentro.

De acuerdo con la información difundida sobre la reunión oficial, Keiko Fujimori también recibió a integrantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia “SGTO 2 EP Robert Delgado Viera”, quienes acudieron a su despacho para expresar su respaldo y plantear el reconocimiento a los excombatientes por las funciones que desempeñaron durante la lucha contra el terrorismo.

Durante ese encuentro, la presidenta electa expresó su agradecimiento a los exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por su participación en ese periodo y manifestó el respaldo del futuro Gobierno.

Los representantes de la asociación trasladaron la necesidad de impulsar un reconocimiento para sus miembros debido al papel que desempeñaron durante esas operaciones.

La agenda de la mandataria electa incluye reuniones con autoridades y representantes de distintas organizaciones desde que el Jurado Nacional de Elecciones la proclamó como presidenta electa para el periodo 2026-2031. Su juramentación ante el Congreso está prevista para el 28 de julio.

Las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron este jueves una serie de actividades conmemorativas para recordar el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, fecha que marca el fin de uno de los conflictos armados más importantes en la historia contemporánea de ambos países.

La jornada estuvo dedicada a rendir homenaje a los hondureños que participaron en la defensa de la soberanía nacional durante el conflicto de 1969, conocido popularmente como la Guerra de las Cien Horas, resaltando su legado y el papel que desempeñaron en la protección del territorio nacional.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, informó que las actividades iniciaron con un desfile militar en el que participaron la Escolta de Bandera, la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas, oficiales de la institución y una representación de los veteranos de guerra.

“Las Fuerzas Armadas están conmemorando esta fecha. En el marco de esta efeméride se lleva a cabo un desfile militar con la participación de la Escolta de Bandera, la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas, una representación de oficiales de nuestra institución y también de los veteranos de guerra”, expresó Rivera durante la ceremonia.

Como parte de los actos oficiales, también se realizó el izado de la Bandera Nacional a media asta, un gesto simbólico para honrar a quienes perdieron la vida durante el conflicto armado.

Posteriormente, autoridades militares y civiles colocaron ofrendas florales en el Parque El Soldado, donde se desarrolló una ceremonia solemne acompañada por una misa en memoria de los soldados que defendieron el territorio hondureño hace 57 años.

Rivera explicó que las actividades conmemorativas continuarán en el Campo de Parada Marte, donde se llevará a cabo otra ceremonia oficial y un desfile en el que volverán a participar los veteranos de guerra, quienes serán reconocidos por su servicio al país.

El vocero destacó que el objetivo principal de esta conmemoración es mantener viva la memoria histórica de Honduras y reconocer el sacrificio de quienes participaron en el conflicto, resaltando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Asimismo, señaló que estas actividades buscan fortalecer los valores patrióticos entre las nuevas generaciones, promoviendo el respeto por la historia del país y el reconocimiento a quienes integraron las Fuerzas Armadas durante uno de los momentos más complejos de la región centroamericana.

Las Fuerzas Armadas también subrayaron que esta efeméride representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con la paz y la estabilidad regional, recordando que los conflictos entre naciones deben resolverse mediante el diálogo y la cooperación.

De igual forma, las autoridades militares destacaron que el aniversario no solo honra a los veteranos hondureños, sino que también transmite un mensaje de reconciliación entre Honduras y El Salvador, países que hoy mantienen relaciones diplomáticas y de cooperación en distintos ámbitos.

El conflicto armado de 1969 tuvo una duración de aproximadamente cien horas y dejó consecuencias políticas, sociales y económicas para ambas naciones. Aunque durante muchos años fue recordado como la “Guerra del Fútbol”, historiadores coinciden en que sus causas estuvieron relacionadas con disputas territoriales, problemas migratorios y tensiones acumuladas entre ambos Estados.

Actualmente, las Fuerzas Armadas mantienen esta conmemoración como una tradición institucional para reconocer el valor de los veteranos y recordar la importancia de preservar la soberanía nacional, al tiempo que promueven la paz, la integración y la cooperación entre los países centroamericanos.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se encuentran en un proceso de modernización de sus capacidades militares, y uno de los proyectos más importantes está enfocado en renovar la flota blindada del Ejército de Perú. En diciembre de 2025, se formalizó el programa para la adquisición de tanques de guerra K2 Black Panther, fabricados por la empresa surcoreana Hyundai Rotem, con el objetivo de reemplazar progresivamente a los antiguos tanques soviéticos T-55 que durante décadas fueron parte del poder acorazado peruano.

El acuerdo contempla la compra de 54 unidades K2 Black Panther y 141 vehículos blindados K808-PE, dentro de un programa valorizado aproximadamente entre US$ 1.400 millones y US$ 1.800 millones. Según la información del programa Perú-Corea, la adquisición incluye transferencia tecnológica y participación de la empresa estatal FAME, con miras a fortalecer las capacidades industriales vinculadas al mantenimiento y producción militar.

Frente a esta incorporación, surge la inevitable comparación con los Leopard 2A4CHL de Chile, considerados una de las plataformas blindadas más avanzadas de Sudamérica. Ambos pertenecen a la categoría de carros principales de batalla, tienen pesos similares y cuentan con motores de aproximadamente 1.500 caballos de fuerza, aunque fueron desarrollados bajo conceptos tecnológicos diferentes.

Perú se renueva con los K2 Black Panther

El K2 Black Panther fue diseñado por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa de Corea del Sur (ADD) y fabricado por Hyundai Rotem. El tanque entró en servicio en 2014 y fue desarrollado como una plataforma de nueva generación, con sistemas electrónicos avanzados, alta movilidad y capacidad para operar en escenarios de guerra moderna.

Según Hyundai Rotem, el K2 incorpora un sistema de combate digitalizado que integra sensores, computadora balística, visor panorámico independiente para el comandante y sistemas de seguimiento de objetivos. Además, cuenta con una arquitectura preparada para operaciones conectadas en red, permitiendo compartir información táctica durante una misión.

Leopard 2A4CHL: principal tanque de Chile

Chile incorporó los Leopard 2A4CHL como parte de un proceso de modernización iniciado a mediados de la década del 2000. En 2006, el país firmó un contrato con Alemania para adquirir inicialmente 140 unidades, que fueron entregadas entre 2007 y 2009. Posteriormente, la flota aumentó hasta aproximadamente 172 tanques.

Según la información del programa chileno, estos vehículos fueron adaptados para operar en las condiciones geográficas del país, incluyendo zonas desérticas y sectores ubicados a gran altitud. Entre las modificaciones realizadas destacan mejoras en comunicaciones, sistemas de apoyo y ajustes del motor para operar a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar.

El mantenimiento de los Leopard 2A4CHL está a cargo de FAMAE, institución que desarrolla labores de soporte técnico desde 2014. Además, Chile inició procesos de modernización para parte de su flota, incluyendo la incorporación de nuevos sistemas electrónicos y la actualización de algunos cañones al estándar L/55.

K2 Black Panther: mayor poder de fuego

Uno de los principales puntos de diferencia entre ambos tanques está en su armamento principal. El K2 Black Panther utiliza un cañón liso 120 mm L/55, mientras que el Leopard 2A4CHL emplea originalmente un cañón Rheinmetall 120 mm L/44.

Según las especificaciones técnicas del K2, su cañón más largo permite generar una mayor energía de boca, lo que mejora su capacidad para enfrentar blindajes modernos a mayores distancias. Además, incorpora un cargador automático que permite una cadencia aproximada de 10 disparos por minuto.

Las principales diferencias en armamento son:

• K2 Black Panther
• • Cañón CN08 de 120 mm L/55.
  • Cargador automático.
  • Aproximadamente 40 proyectiles a bordo.
  • Capacidad para emplear municiones avanzadas y el misil KSTAM-II.
• Leopard 2A4CHL
• • Cañón Rheinmetall de 120 mm L/44.
  • Cargador manual.
  • 42 proyectiles a bordo.
  • Uso de municiones APFSDS, HEAT y proyectiles explosivos.

Armamento secundario: ¿cuál está mejor equipado?

Además de su cañón principal de 120 mm, los tanques K2 Black Panther y Leopard 2A4CHL cuentan con armamento secundario diseñado para enfrentar amenazas cercanas, proteger a la tripulación y aumentar su capacidad de combate en distintos escenarios. El blindado surcoreano incorpora una ametralladora coaxial de 7,62 mm instalada junto al cañón principal, utilizada contra infantería, vehículos ligeros y objetivos no blindados. También puede integrar una ametralladora pesada de 12,7 mm sobre la torre, destinada principalmente a defensa contra blancos terrestres ligeros y amenazas aéreas de baja altura. Además, algunas configuraciones del K2 pueden incorporar una estación de armas remota que permite operar la ametralladora desde el interior del vehículo, reduciendo la exposición del comandante.

Por su parte, el Leopard 2A4CHL del Ejército de Chile mantiene la configuración tradicional de la familia Leopard 2 con una ametralladora coaxial MG3 de 7,62 mm junto al cañón y otra ametralladora del mismo calibre montada sobre la torre para defensa cercana. Su sistema defensivo también incluye lanzadores de granadas de humo Wegmann, que permiten generar cortinas de ocultamiento para dificultar la detección y el ataque enemigo. Aunque ambos tanques poseen capacidades similares en armamento auxiliar, el K2 presenta una ventaja tecnológica al permitir sistemas de operación remota y una mayor integración electrónica, mientras que el Leopard 2A4CHL destaca por la fiabilidad y amplia experiencia operacional de su plataforma alemana.

Protección y movilidad: características de los tanques

En protección, ambos vehículos cuentan con blindaje compuesto diseñado para resistir municiones modernas. El Leopard 2A4CHL utiliza una estructura multicapa desarrollada en Alemania, mientras que el K2 incorpora materiales avanzados y módulos de protección adicionales.

El Black Panther dispone de sistemas de alerta y sensores electrónicos, además de una arquitectura preparada para incorporar sistemas de protección activa en futuras versiones. El Leopard, por su parte, mantiene una protección sólida basada en el diseño alemán y sus posteriores actualizaciones.

En movilidad, los dos tanques presentan características similares:

• El K2 pesa entre 55 y 56 toneladas, tiene un motor de aproximadamente 1.500 CV y alcanza unos 70 km/h.
• El Leopard 2A4CHL pesa cerca de 55 toneladas, utiliza un motor MTU de 1.500 CV y puede alcanzar unos 72 km/h.

La principal diferencia está en la suspensión. El K2 cuenta con un sistema hidroneumático ajustable que permite modificar la posición del vehículo según el terreno, mientras que el Leopard emplea una suspensión tradicional con barras de torsión. Sin embargo, el tanque chileno ofrece una mayor autonomía, cercana a los 550 kilómetros frente a los aproximadamente 450 kilómetros del Panther.

Tecnología y costos: dos estrategias blindadas

El K2 Black Panther fue diseñado como un tanque de nueva generación con una arquitectura completamente digital, incorporando sensores avanzados, sistemas de comunicación táctica y capacidad de intercambio de información en tiempo real. Entre sus principales tecnologías destacan el radar de alta frecuencia, cámaras térmicas, sistemas automatizados de seguimiento de objetivos y herramientas que mejoran la detección y respuesta frente a amenazas en el campo de batalla.

El Leopard 2A4CHL, pese a pertenecer a una generación anterior, conserva un alto nivel operativo gracias a las actualizaciones aplicadas por Chile. Su sistema de control de tiro EMES-15, cámaras térmicas y equipos de comunicación digital permiten mantener una elevada precisión en combates diurnos y nocturnos, aunque su diseño original no incorpora el mismo nivel de automatización que el tanque surcoreano.

En el aspecto económico, Perú afrontará una inversión mayor debido a la adquisición de una plataforma nueva que incluye tecnología moderna, soporte logístico y transferencia tecnológica. El costo estimado del programa se ubica entre US$ 26 millones y US$ 33 millones por unidad, considerando el paquete integral. Chile, por su parte, compró sus Leopard 2A4 de segunda mano a Alemania durante la década del 2000 a un precio inicial considerablemente menor y posteriormente destinó recursos para su mantenimiento, repuestos y procesos de modernización.

La misión estuvo integrada por 146 efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además de seis perros especialmente entrenados para la búsqueda de personas entre estructuras colapsadas. Durante el despliegue, el personal argentino realizó tareas de búsqueda y rescate, asistencia sanitaria, apoyo logístico, transporte estratégico, producción de agua potable y acompañamiento psicológico a las víctimas y sus familiares.

Uno de los momentos más delicados de la operación fue la intervención de los rescatistas argentinos en la búsqueda de Lucas Gámez, el pequeño argentino que quedó atrapado bajo los escombros de un edificio que se derrumbó en La Guayra como consecuencia de los terremotos.

El caso del niño movilizó un amplio operativo y conmovió tanto a la Argentina como a Venezuela. Los equipos trabajaron durante varios días en una zona de alta complejidad, en medio de estructuras inestables y bajo el riesgo permanente de nuevos derrumbes. Finalmente, el cuerpo de Lucas fue localizado entre los restos del edificio.

Durante toda la misión, el contingente argentino desplegó 234 patrullas en las zonas de emergencia. De ese total, 90 fueron patrullas de búsqueda integradas por binomios caninos, 108 estuvieron destinadas específicamente a tareas de rescate y otras 36 tuvieron una composición mixta.

Como resultado de las operaciones, los especialistas lograron localizar con vida a dos menores que permanecían atrapados entre los escombros. También hallaron a 78 personas fallecidas y recuperaron 51 cuerpos, que fueron posteriormente remitidos a las autoridades responsables de su identificación y entrega a sus familiares.

El personal especializado argentino fue el primero del dispositivo nacional en llegar a la zona de emergencia y el último en retirarse. Su intervención comenzó con el arribo del primer escalón durante la madrugada del 27 de junio. El segundo grupo se incorporó el 1° de julio para ampliar las capacidades operativas y reforzar la búsqueda en las áreas más afectadas.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas argentinas mantuvieron una presencia permanente en el terreno y trabajaron en coordinación con autoridades venezolanas y equipos provenientes de otras partes del mundo. En total, participaron 15 agencias internacionales en el dispositivo de asistencia y rescate.

La misión incluyó también el empleo de sistemas aéreos no tripulados. Los drones argentinos acumularon 85 horas de vuelo, durante las cuales efectuaron tareas de reconocimiento, evaluación de estructuras, observación de zonas de difícil acceso y apoyo a las patrullas que operaban sobre el terreno.

Ese trabajo resultó especialmente importante en sectores donde el ingreso de los rescatistas representaba un riesgo elevado por el estado de los edificios o por la posibilidad de nuevos desprendimientos. Las imágenes obtenidas desde el aire permitieron establecer prioridades, delimitar áreas de búsqueda y organizar el ingreso de los equipos especializados.

Además de las tareas de rescate, el contingente desarrolló una amplia operación de asistencia humanitaria. Durante los 18 días de despliegue, produjo 210.000 litros de agua potable, de los cuales 57.000 fueron envasados en sachets para su distribución entre la población damnificada.

La provisión de agua adquirió especial relevancia por los daños sufridos en la infraestructura y la interrupción de los servicios básicos en distintas localidades. En numerosos sectores, las plantas argentinas se convirtieron en una de las principales fuentes de abastecimiento para las familias que habían perdido sus viviendas o permanecían en centros de evacuación.

La misión distribuyó además 530 raciones de comida por día: 380 calientes y 150 frías. Los equipos logísticos movilizaron diariamente unos 40 metros cúbicos de suministros y distribuyeron alrededor de una tonelada y media de recursos destinados tanto a los damnificados como al sostenimiento de las brigadas desplegadas.

El dispositivo incluyó también diez generadores eléctricos, utilizados para garantizar energía en los puestos sanitarios, centros de coordinación y bases operativas instaladas en las zonas afectadas. Asimismo, se brindó asistencia logística y movilidad a aproximadamente 140 personas.

En materia sanitaria, el personal médico argentino realizó 103 atenciones a integrantes del contingente. También se efectuaron 23 intervenciones veterinarias sobre los perros de trabajo, sometidos a jornadas prolongadas y a condiciones de alta exigencia física.

Durante la misión hubo cuatro internaciones menores, sin consecuencias graves. Paralelamente, los equipos especializados mantuvieron un servicio permanente de apoyo psicológico para civiles, familiares de víctimas y miembros de los contingentes internacionales que participaron de la emergencia.

El repliegue fue dispuesto después de que la emergencia ingresara en una nueva etapa. En los primeros días posteriores a un terremoto, la prioridad se concentra en localizar sobrevivientes y rescatar personas atrapadas. Con el paso del tiempo, el operativo comienza a orientarse hacia la remoción de estructuras con maquinaria pesada, la limpieza de las zonas afectadas y la recuperación de los servicios.

Ese cambio de fase determinó que las capacidades específicas aportadas por la Argentina hubieran completado las tareas para las que fueron requeridas. A partir de entonces, comenzó el regreso gradual del personal, los equipos y los vehículos utilizados durante el despliegue.

La operación demandó un importante esfuerzo de transporte estratégico. Para el envío del contingente se realizaron seis vuelos redondos, en los que se trasladaron 97,3 metros cúbicos y 12.749,6 kilos de carga.

Esos vuelos acumularon 102 horas y 40 minutos y recorrieron 63.778 kilómetros, una distancia equivalente a aproximadamente una vuelta y media alrededor de la Tierra.

Para el repliegue se programaron otros cinco vuelos redondos, en los que fueron transportados 106,46 metros cúbicos y 14.327,2 kilos de material. Esa etapa demandó 92 horas y 40 minutos de vuelo y un recorrido total de 52.908 kilómetros.

Entre el despliegue y el regreso, la operación aérea acumuló 116.686 kilómetros, una distancia cercana a tres vueltas completas al planeta. En total, se efectuaron once vuelos estratégicos: seis para el envío de personal y equipos y cinco para su repatriación.

Las aeronaves trasladaron brigadas de rescate, insumos médicos, víveres, equipos de comunicación, herramientas, generadores, plantas potabilizadoras y el material necesario para sostener a los efectivos durante casi tres semanas de trabajo.

Toda la operación fue realizada en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias, que participó en la articulación de los recursos enviados por el Estado argentino y en el enlace con las autoridades responsables del operativo en Venezuela.

Tras su llegada al país, los integrantes del contingente fueron trasladados a la I Brigada Aérea de El Palomar. Allí se realizarán los controles médicos y psicológicos previstos para este tipo de despliegues, además de una etapa de descanso y acompañamiento posterior a la misión.

Las evaluaciones buscan detectar consecuencias físicas o emocionales vinculadas con el trabajo desarrollado en un escenario caracterizado por la destrucción, la presencia permanente de víctimas y las extensas jornadas de búsqueda.

El regreso puso fin a una de las mayores operaciones humanitarias recientes realizadas por las Fuerzas Armadas argentinas en el exterior. La misión dejó como saldo dos personas rescatadas con vida, más de 200.000 litros de agua producidos y cientos de patrullas desplegadas.

También quedó marcada por la búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino hallado sin vida bajo los escombros en La Guayra. Su caso fue uno de los episodios más conmovedores de una operación en la que el contingente argentino trabajó hasta la última etapa de búsqueda, antes de que la emergencia pasara definitivamente a la fase de remoción y reconstrucción.

La realidad internacional demuestra que la defensa nacional no constituye una aspiración teórica ni un resabio del pasado, sino una necesidad permanente de todo Estado responsable. Desde esa perspectiva, vale preguntarse por qué la profesión militar sigue siendo indispensable para la Argentina.

Todo combate, batalla y operación militar, sea en la paz o la guerra, puede devenir en un desastre. Un soldado del siglo XXI convive y se prepara cotidianamente, para los conflictos contemporáneos, pero también, para aquellos de un futuro que pareciera ser, al decir de muchos especialistas, muy incierto.

El riguroso y continuo adiestramiento, la disciplina y el servicio prolongado son clave para forjar a los jóvenes integrantes de las Fuerzas Armadas y así enfrentar las exigencias y difíciles geografías adonde se puede llegar a operar. Conducir medios militares y manipular, eficientemente, un sistema de armas de alta tecnología, son todo un desafío.

En su preparación para esta tarea, miles de jóvenes militares dedican sus vidas a esta singular profesión. Tal singularidad deviene en que la función militar implica la subordinación política, la aplicación ordenada y ética de la fuerza y un código de justicia particular. El modelo Sanmartiano constituye un legado que nos tipifica, distingue y honra.

La profesión militar comparte, sin embargo, muchos rasgos con otras profesiones tradicionales como la medicina, la ingeniería y el derecho, que poseen especializaciones, códigos profesionales y éticos, autonomía y el servicio a la sociedad de las que se nutren.

Entonces, ¿qué es lo que distingue a la profesión militar? La respuesta contempla tres aristas. La primera es que el militar asume ciertas restricciones a sus derechos ciudadanos; la segunda se relaciona con las extraordinarias exigencias, riesgos y paradojas morales, que se le pueden presentar. Pero, en su ápice, se encuentra el estar dispuesto, de ser necesario, a perder la vida por el país, es decir, la Argentina y su sociedad.

En un ambiente moderno, el rol de un jefe militar es mucho más complejo que en el pasado. Las decisiones se ven afectadas por múltiples requerimientos y demandas; van mucho más allá que planear tareas, ordenar, ejecutar y supervisar. Son cabeza de organizaciones complejas que tienen en cuenta numerosas variables, hoy permeadas, en todo su espectro por la tecnología.

Si bien cualquier fuerza armada se prepara para actuar en una guerra, el militar ama, por sobre todas las cosas, la paz. Quizás, porque haya estudiado y visto de cerca su flagelo y el sufrimiento que acarrea. También aquellos derivados de emergencias, desastres naturales, pandemias y en operaciones de paz de lejanas geografías.

Al prepararse, permanentemente, para defender los bienes tangibles, como puede ser, una ciudad, una infraestructura crítica o los espacios terrestres, aéreos y marítimos, las fuerzas militares protegen los intereses nacionales, la soberanía y la libertad y vida de sus habitantes.

Si bien la defensa nacional es una función indelegable a sostener en cualquier estado, los enfoques contemporáneos, empleados en los países más avanzados, tratan a la seguridad nacional y, en consecuencia, a la defensa, desde una perspectiva integral. Es decir, que agrupan los esfuerzos colaborativos de las áreas, departamentos y agencias de un gobierno, para lograr la unidad de esfuerzos, hacia un objetivo compartido para situaciones de crisis o de guerras.

Pero este enfoque integrado de gobierno ha sido ampliado, en los últimos tiempos, para involucrar a todo el sector privado y la sociedad en su conjunto, atento a que, si los conflictos son multidimensionales, las soluciones también deben ser integradas, colaborativas y multidimensionales.

Otra peculiaridad respecto de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional es que, además de su empleo efectivo y de disuasión permanente, cumplen otros roles durante la paz, adonde ponen a prueba su temple y dedicación al servicio, como, por ejemplo, las muestras dadas en estos días en Venezuela y en lejanas operaciones de paz, prestigiando a nuestro país.

En síntesis, se considera una ventaja y un activo considerable el contar con profesionales de las Fuerzas Armadas al servicio de la Nación y de su población para cumplir en forma permanente con los roles asignados por el Poder Ejecutivo, integrando sus esfuerzos para el Bien Común.

República Dominicana mantiene una participación logística y humanitaria en la misión multinacional desplegada en Haití, enfocada en la asistencia médica y la coordinación de información, mientras avanza en la seguridad de su frontera con medidas tecnológicas y mejoras para su personal militar.

El presidente de dominicano, Luis Abinader, reafirmó que el país no participa en operaciones directas contra las pandillas en Haití. Según el mandatario, la colaboración dominicana se centra en el apoyo logístico y en la provisión de ayuda médica humanitaria para la población haitiana.

“Nosotros no tenemos participación directa. Lo que tenemos es participación logística. Tenemos participación de apoyo, de ayuda humanitaria médica. Y tenemos una coordinación”, indicó Abinader.

El jefe de Estado explicó que la cooperación incluye un canal permanente de comunicación con la fuerza multinacional que actúa en territorio haitiano. Este mecanismo permite a las autoridades dominicanas prepararse ante cualquier eventualidad.

“Sí, hay coordinación con esa fuerza multinacional. Si hay alguna situación, ellos nos lo informan y nosotros nos preparamos”, expresó el presidente.

El despliegue de la misión internacional en Haití surge en respuesta a la crisis institucional y a la situación de violencia en Puerto Príncipe, donde más del 70 % de la ciudad está bajo control de bandas armadas. Ante este contexto, la relación bilateral entre los gobiernos de Haití y República Dominicana se mantiene limitada.

“La relación con el Gobierno haitiano no es muy fluida por las condiciones que hay allá. Coordinamos con las fuerzas extranjeras y, cuando hay que hacer alguna coordinación con el Gobierno, la hacemos a través de la Cancillería”, sostuvo Abinader.

En el ámbito interno, República Dominicana ha reportado avances en materia de seguridad fronteriza. El presidente destacó la implementación de la verja perimetral inteligente en la frontera, lo que ha permitido reducir delitos como el robo y el contrabando.

Esta infraestructura cuenta con sistemas de vigilancia y ha sido complementada con la modernización de las Fuerzas Armadas, que ahora disponen de vehículos blindados y armamento actualizado.

El fortalecimiento de la seguridad fronteriza abarca también mejoras en las condiciones laborales de los militares. Abinader puntualizó que los salarios del personal militar se han triplicado, pasando de 9,000 pesos a aproximadamente 27,000 pesos dominicanos (aproximadamente a $461).

Además, los miembros de las Fuerzas Armadas asignados a la frontera reciben una compensación adicional por especialidad. “Las Fuerzas Armadas están mejor equipadas. Ya tenemos blindados. Antes no teníamos blindados.

Tenemos un armamento mucho mejor. A los militares se les aumentó el sueldo tres veces. Y a los de la frontera se les paga una especialidad”, detalló el mandatario.

La coordinación internacional y el apoyo logístico, junto con la inversión en tecnología y el fortalecimiento institucional, forman parte de la estrategia del gobierno dominicano para responder a la crisis en el país vecino y asegurar la protección de su territorio.

El presidente reiteró el compromiso de la administración con la estabilidad regional, la defensa de la soberanía nacional y el respaldo a los esfuerzos internacionales para contribuir a la pacificación de Haití.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 9 de julio la Recomendación 208VG/2026, un documento de más de 860 páginas sobre el caso Ayotzinapa. En él, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra concluye que no existe responsabilidad institucional ni participación militar directa en la desaparición de los 43 normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La recomendación sí reconoce 92 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, acota la responsabilidad castrense a actos de omisión individual, por los cuales hay 20 elementos militares bajo proceso penal.

Un punto que generó especial rechazo es que el documento no fue dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a diferencia de otras 22 autoridades notificadas. Además, la CNDH cuestionó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), a los que atribuye haber impulsado una narrativa que calificó de “antiverdad” sobre la presunta responsabilidad militar.

La respuesta de Encinas

Ante esta conclusión, Alejandro Encinas Rodríguez, quien presidió la Covaj entre 2018 y 2023 y actualmente se desempeña como embajador de México ante la OEA, publicó en la red social X una serie de documentos oficiales de la Sedena.

Según estos documentos, el soldado de infantería Julio César López Patolzin —uno de los 43 normalistas desaparecidos— estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) dentro de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, con lo que Encinas denominó una “fachada de alumno”. Los archivos detallan, entre otros puntos:

• Su ingreso a trámites de inscripción en junio de 2014 con fines de inteligencia militar.
• Su reporte de actividades como órgano de búsqueda la mañana del 26 de septiembre de 2014, horas antes de los ataques.
• Mecanismos de comunicación esporádica con sus mandos superiores.

La recomendación de la CNDH, por su parte, descarta que López Patolzin fuera un infiltrado o informante, y sostiene que su presencia en la normal se ampararía en una disposición reglamentaria que permite a militares cursar estudios.

Reacciones de organizaciones y representantes legales

La recomendación también fue criticada por organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que señaló una presunta falta de autonomía del organismo. En entrevista, Isidoro Vicario, abogado de padres y madres de los normalistas, afirmó que la CNDH no tuvo un acercamiento previo con las familias antes de emitir el documento y consideró que la recomendación no aporta elementos para esclarecer el paradero de los estudiantes.

Vicario también recordó que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército habría infiltrado personal en la normal desde 2010, y que existen testimonios de sobrevivientes sobre la presencia de un convoy militar en el Hospital Cristina de Iguala la noche de los hechos —versión que la CNDH atribuye a una revisión rutinaria sin agresión directa.

Hasta el momento, la Sedena no ha emitido un pronunciamiento público adicional sobre los documentos difundidos por Encinas.

El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar las Fuerzas Armadas con énfasis en la atención de emergencias, según anunció el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, durante una entrevista reciente. El funcionario explicó que la iniciativa contempla la adquisición de nuevos equipos, principalmente aviones de ala fija, orientados a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas que afectan a la población.

En diálogo con la agencia EFE, Rodríguez detalló que la modernización prioriza la compra de aparatos destinados al transporte de personas heridas, carga y combate de incendios forestales. “Los aparatos que se estarían adquiriendo son para el transporte de heridos, para el transporte de carga, para el combate de incendios forestales, que nos ayuden a tener mejores soluciones y respuesta a las necesidades del pueblo”, afirmó el titular de Defensa desde Tegucigalpa.

El plan incluye la colaboración con Estados Unidos para la incorporación de aeronaves de carga, multipropósito y vigilancia. Rodríguez señaló que la cooperación internacional está enfocada en dotar a la Fuerza Aérea de Honduras de recursos que permitan mejorar la vigilancia y el control del territorio nacional. Además, subrayó la importancia de sumar drones como herramientas de monitoreo, al destacar que el territorio marítimo hondureño se extiende a 270,000 kilómetros cuadrados, más del doble del área continental del país.

“Estamos viendo drones, que son un medio más económico de vigilancia, hay que tomar en cuenta que nuestro territorio marítimo son 270,000 kilómetros cuadrados, más del doble de nuestro territorio continental, entonces eso necesitamos cubrirlo por razones de soberanía, por razones de narcotráfico. Necesitamos cubrirlo y vigilarlo a través de los drones y la vigilancia aérea”, remarcó Rodríguez.

El programa de fortalecimiento no se limita a la Fuerza Aérea. El ministro indicó que el gobierno encabezado por Nasry Asfura, quien asumió el 27 de enero, ha puesto en marcha un plan integral para mejorar todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Según Rodríguez, el desgaste de los activos militares hace necesario actualizar y reponer equipos de forma periódica para asegurar la operatividad.

“Las Fuerzas Armadas en general es el último recurso que tenemos los hondureños, a ella acudimos al final cuando tenemos necesidades que no podemos cubrir por otros medios, de ahí la importancia de tener unas Fuerzas Armadas listas y equipadas para poder responder a la necesidad del pueblo en casos de desastres, de incendios, de inundaciones, de calamidades, de pandemias, de movilizaciones”, expresó el ministro.

Frente a la reciente adquisición de aviones de combate A-37 por parte de El Salvador, Rodríguez aclaró que la planificación estratégica de Honduras no se ve condicionada por las decisiones de los países vecinos. “Lo que hagan los amigos vecinos no va a condicionar nuestros planes estratégicos, nosotros hemos tenido siempre como responder por nuestra soberanía”, dijo.

En cuanto al aspecto financiero, Rodríguez admitió que la adquisición de equipos representa un reto para el presupuesto nacional. “Estamos compartiendo información con Estados Unidos y estamos haciendo estudios sobre lo que necesita Honduras de la manera más inteligente porque desgraciadamente el equipo militar es caro”, explicó el funcionario.

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas responde a la necesidad de ofrecer soluciones eficaces ante desastres, incendios, inundaciones y otras emergencias que afectan a la sociedad hondureña. Con la incorporación de aeronaves, drones y equipos multipropósito, el gobierno busca garantizar una mejor respuesta ante las necesidades del país y reforzar la vigilancia de su extenso territorio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una extensa recomendación de 867 páginas en la que desacredita los informes publicados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al sostener que no existen pruebas para culpar al Ejército, como se ha informado reiteradamente por grupos de expertos, comisiones de derechos humanos, la familia de los normalistas y sociedad civil.

La CNDH estableció en la Recomendación 208VG/2026, publicada el 9 de julio, que la creación de la llamada “Anti-Verdad Histórica”, una narrativa que, afirmó, responsabiliza infundadamente a las Fuerzas Armadas de México al acusarlas de estar implicadas en la Noche de Iguala de 2014, genera estigmatización y desvía el eje de la investigación iniciada desde hace más de 10 años.

“Como parte de las investigaciones que han dado lugar a la presente recomendación, hemos tenido que superar no solamente resistencias e intentos de manipulación de la información, incluso internamente, sino los prejuicios generados por una narrativa tan nociva como la “Verdad Histórica”, la narrativa de la “Anti-Verdad Histórica” presente en los Informes del GIEI y en los dos primeros informes de la CoVAJ-Ayotzinapa, así como en multitud de artículos periodísticos, libros, películas y reportajes televisivos que, lejos de buscar la verdad llana que merecen las víctimas y todo el pueblo de México, han sido muy útiles para alimentar el sensacionalismo que genera la idea de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas fue el Ejército”, afirma la CNDH.

Ello marca una nueva postura en la historia de desaparición forzada más trágica en los tiempos recientes, en donde 43 jóvenes normalistas fueron desaparecidos cuando se trasladaban a la Ciudad de México para participar en las manifestaciones del 2 de octubre del 68.

Desde entonces, las autoridades locales y federales se empeñaron en contar historias diferentes de lo que pudo haber pasado en aquella noche, como la llamada “Verdad Histórica”, encabezada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, demostrándose con el tiempo que muchas fueron versiones falsas.

Mientras eso sucedía, las madres y padres de los 43 normalistas se han dedicado a exigir justicia y verdad para sus hijos, manifestándose constantemente y convirtiéndose en un símbolo de resistencia.

La búsqueda de la verdad por los 43 ha estado marcada por injusticias, irregularidades, torturas y violaciones a derechos humanos. El caso ha tenido foco internacional por organizaciones como Amnistía Internacional, sin embargo, a punto de cumplirse 13 años, sigue sin haber certeza de lo que ocurrió.

La narrativa sobre el Ejército y su implicación en la Noche de Iguala

A lo largo del extenso informe, la CNDH reiteró que la versión sobre la supuesta responsabilidad militar fue alimentada por declaraciones de exautoridades y organizaciones sociales, sin que hasta ahora exista evidencia objetiva que acredite la participación del Ejército en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 que los señale culpables.

El organismo reconoce antecedentes históricos de represión por parte de las Fuerzas Armadas, “en las décadas de los 50, 60, 70 y 80, como lo hizo en las recomendaciones general 46/2022 y la 98VG/2023 en las que no se titubeó en señalar nombres y grados de los perpetradores, que hoy son públicos”, sin embargo, sostiene que en el caso Ayotzinapa no hay elementos para sostener la existencia de un plan de exterminio estatal ni pruebas que justifiquen una acusación formal contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

El organismo redacta un informe detallado de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y contrasta la información disponible sobre el caso que contempla más de 10 años de investigación, injusticias y violación a los derechos humanos.

Los folios ocultos y la postura de la Defensa Nacional

Uno de los puntos más señalados por la “Anti-Verdad Histórica”, de acuerdo a lo puntualizado por la CNDH, es la supuesta existencia de “folios ocultos” en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI). De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de los 875 folios enlistados por los familiares de los estudiantes, solo 10 corresponden al CRFI de Iguala y ya se entregaron a las autoridades.

La CNDH resalta la explicación de la Defensa donde señala que la numeración no es progresiva, pues el CRFI, inaugurado en diciembre de 2015, quince meses después de la desaparición, usaba números proporcionados por el Batallón de Infantería de Chilpancingo. Entre mayo de 2019 y octubre de 2021, la dependencia entregó más de 18,800 fojas a la CoVAJ, la FGR y el GIEI, incluyendo documentos del CRFI, y asegura que nunca ha negado la existencia de información.

El organismo nacional dedica más de 800 páginas para concluir que no hay evidencia de documentos ocultos y que la controversia ha sido utilizada para sostener especulaciones no comprobadas que acusan la Ejército.

CNDH desacredita informes pero asegura defender a víctimas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó la defensa a los derechos de las víctimas y acreditó “violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en 2014″.

Emitió recomendaciones para garantizar la inscripción de víctimas en el RENAVI y el acceso inmediato a atención médica, psicológica y tanatológica gratuita, supervisar las medidas de reparación integral, así como fortalecer las escuelas normales rurales mediante autonomía, presupuesto e infraestructura adecuada.

La recomendación está dirigida a las ciudadanas y ciudadanos que integran la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno Constitucional del Estado de Guerrero, las presidencias municipales de los ayuntamientos de Iguala de la Independencia, Cocula, Huitzuco de los Figueroa, Taxco de Alarcón, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Tepecoacuilco, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como a las secretarías y direcciones de seguridad pública de los municipios mencionados en el Estado de Guerrero.

Además, solicitó informar sobre los avances en la atención a víctimas y en las búsquedas de los normalistas desaparecidos, asegurando la participación de familiares y el cumplimiento de estándares en derechos humanos. También pide retirar imágenes y narrativas que revictimicen o criminalicen a los normalistas y exige capacitación continua en derechos humanos para los cuerpos policiales de Guerrero.

Subrayó la obligación de mantener abiertas las investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos, reconociendo 79 víctimas y dejando el proceso abierto para nuevas incorporaciones, con el compromiso de sancionar a los responsables conforme a la ley.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó una actualización a su reglamento de seguridad para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se celebrarán el próximo 4 de octubre.

La medida, oficializada mediante la Resolución Jefatural N° 000109-2026-JN/ONPE, prioriza la protección de los locales de votación y la cadena de custodia de las actas, además de reforzar la libertad para ejercer el voto ciudadano.

El nuevo protocolo asigna a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) la responsabilidad de la seguridad interna en los centros de votación, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el resguardo externo y el control del orden público.

Según el documento, la Secretaría General de la ONPE, a través de la Oficina de Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional, coordinará estos esfuerzos con el Comando Conjunto de las FF.AA. y la PNP, ajustando el número de efectivos de acuerdo con el mapa de riesgo de cada región.

Durante procesos anteriores, la PNP se encargaba tanto de la vigilancia interna como externa de los locales de votación, mientras las FF.AA. actuaban principalmente en apoyo logístico y en zonas de difícil acceso.

Con el nuevo enfoque, los militares tendrán un papel activo dentro de los recintos, resguardando tanto al personal como al material electoral, mientras que la Policía se enfocará en el perímetro, la protección de sedes institucionales y el mantenimiento del orden.

Protocolos para la custodia y derechos de los votantes

El reglamento actualizado contempla estándares más estrictos de vigilancia en las sedes operativas de la ONPE y una reingeniería de los planes de contingencia para mitigar riesgos en zonas vulnerables.

La redistribución de funciones busca asegurar la integridad del material electoral, la protección del personal y el respeto a la libertad de los ciudadanos habilitados para votar.

El despliegue del material electoral estará bajo custodia desde las centrales de la ONPE hasta los locales de votación y en el repliegue posterior hacia los centros de cómputo y sedes del Jurado Electoral Especial.

El documento también reitera la protección especial para los miembros de mesa y personeros, quienes no podrán ser detenidos por ninguna autoridad desde 24 horas antes hasta 24 horas después de la votación, salvo en caso de flagrante delito. Esta garantía también ampara a los votantes durante el mismo periodo.

Se mantiene la prohibición del uso de celulares, cámaras fotográficas y de video dentro de las cámaras secretas, con el apoyo de la PNP y las FF.AA. para implementar la restricción. Las oficinas descentralizadas y regionales de la ONPE deberán coordinar permanentemente con las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de todas las disposiciones.

La resolución ordena que su contenido sea puesto en conocimiento de las autoridades competentes, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el RENIEC, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, además de su publicación oficial en el diario El Peruano y en el portal institucional de la ONPE.

Desafíos logísticos

A menos de cien días de la jornada electoral, la ONPE enfrenta desafíos logísticos y financieros para garantizar la cobertura nacional de los comicios.

La institución remarcó que aún se encuentra a la espera de la transferencia total de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), necesarios para la contratación de personal, la capacitación de actores electorales y la distribución del material a nivel nacional.

La ONPE reiteró que los recursos consignados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) corresponden a obligaciones previas y compromisos legales, y no están disponibles para nuevas necesidades.

La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.

Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.

“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.

Una ley incompleta

Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.

Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.

Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.

En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.

Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.

Una herramienta habitual en el mundo

Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.

“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.

Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.

También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.

Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.

Más efectivos y una mayor integración con la sociedad

Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.

A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.

Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.

En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.

Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.

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La presidenta electa Keiko Fujimori recibió este martes al excandidato presidencial Wolfgang Grozo en una reunión realizada días después de la oficialización de los resultados electorales. Tras el encuentro, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el diálogo entre las fuerzas políticas y fortalecer la gobernabilidad para afrontar los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno.

Al salir de la cita, Grozo explicó que la conversación giró en torno a la situación del país, el escenario político tras las elecciones y las prioridades de la próxima administración. Además de hacer un llamado a dejar atrás la polarización, el exaspirante a la Presidencia rechazó que existan condiciones previas para el diálogo político y reiteró sus planteamientos sobre seguridad ciudadana, incluyendo el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional dentro del marco constitucional.

“El Perú no puede seguir fragmentado”: el mensaje de Grozo tras su encuentro con Fujimori

En sus declaraciones a la prensa, Wolfgang Grozo remarcó que el proceso electoral ya quedó atrás y que, a partir de ahora, el foco debe estar puesto en el interés nacional. “Las elecciones terminaron. Una vez ratificada quien estará al frente del país, todos debemos apoyar, más allá de las ideologías”, señaló, al tiempo que insistió en que el escenario actual exige dejar de lado la confrontación política que ha dominado buena parte del debate público en los últimos meses.

El excandidato presidencial sostuvo además que el respaldo a la nueva gestión no debe interpretarse como una renuncia al control ciudadano. En esa línea, subrayó que una cosa es acompañar la estabilidad del país y otra muy distinta otorgar un respaldo sin vigilancia. “Eso no significa dar un cheque en blanco. Todos debemos ser vigilantes y auditores de lo que ocurra durante la gestión”, manifestó, en una frase que buscó marcar distancia frente a cualquier lectura de adhesión irrestricta.

Grozo también comentó que durante la conversación percibió en Keiko Fujimori la intención de construir un equipo con criterio técnico y apertura política. Según explicó, la mandataria electa le habría transmitido la idea de convocar a los perfiles “más capacitados” para conformar un gobierno de ancha base, donde prime la meritocracia por encima de las cuotas partidarias. El excandidato sostuvo que ese enfoque resulta clave para responder a las exigencias del país en una coyuntura compleja.

Otro de los puntos abordados fue la participación de los jóvenes en la vida pública y la necesidad de reforzar la institucionalidad democrática. Grozo consideró que el debate político debe abrir espacio a nuevas voces y a propuestas que ayuden a recomponer la confianza en las instituciones, especialmente en un contexto donde la desafección ciudadana sigue siendo uno de los grandes problemas.

En materia de seguridad ciudadana, el excandidato también se pronunció sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Aclaró que cualquier intervención debe mantenerse dentro del marco constitucional y en calidad de apoyo a la Policía Nacional, descartando una militarización de las calles. “No se trata de sacar a los militares a patrullar las calles. Hay formas en que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional dentro de su rol constitucional”, expresó.

Keiko Fujimori también dialogó con María Corina Machado tras ser proclamada presidenta electa

Horas después de reunirse con Wolfgang Grozo, Keiko Fujimori sostuvo una videollamada con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien la felicitó por su victoria en la segunda vuelta electoral. La conversación se produjo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados de los comicios y sirvió para reafirmar los vínculos políticos que ambas mantienen desde hace varios años.

Durante el diálogo, Fujimori agradeció el respaldo que Machado le expresó durante la campaña presidencial. La dirigente venezolana señaló que Perú y Venezuela comparten la defensa de la democracia y sostuvo que ambas naciones atraviesan procesos que requieren fortalecer sus instituciones. En ese contexto, afirmó que la lucha emprendida en ambos países responde a una misma causa y expresó su confianza en que prevalezcan los valores democráticos.

La conversación también incluyó un mensaje de solidaridad por los terremotos que afectaron recientemente a Venezuela. Fujimori transmitió su apoyo a las familias damnificadas y lamentó las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por la emergencia, además de expresar su deseo de que la población reciba la asistencia necesaria para enfrentar las consecuencias del desastre. Machado agradeció el gesto y valoró el respaldo enviado desde el Perú en un momento de crisis para su país.

En un artículo previo “La defensa que tenemos y la defensa que necesitamos: desafíos para el siglo XXI”, se describían seis líneas de acción para construir un sistema de defensa creíble y realista. Ellas eran:

• La planificación integral del sistema de defensa nacional.
• Adecuación del marco legal.
• Asignación continua y previsible de recursos presupuestarios.
• Transformación innovadora de las FFAA.
• Conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización.
• Organización del complejo I+D+P (Investigación, Desarrollo y Producción).

Las dos primeras líneas fueron desarrolladas en artículos precedentes, abordando hoy sin seguir el orden, la temática de las reservas.

La conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización es una de las medidas de mejor relación costo/eficacia para incrementar las capacidades disuasivas y defensivas concretas del país, en la paz o en caso de conflicto. Los ejemplos de las dos guerras mundiales resultan contundentes, tanto como muchos otros conflictos de menor escala en los que el empleo de reservas ha sido la norma. La guerra de Yom Kippur/Ramadán en 1973, la de Irán-Irak entre 1980 y 1988, los conflictos con rebeldes chechenos, Rusia y Ucrania, muestran una proporción de empleo entre fuerzas activas permanentes y reservas, que varía entre el 1:2,5 a 1:5. Aunque estos conflictos difieren en naturaleza (guerra de desgaste a gran escala y/o conflictos híbridos con apoyo externo) con la naturaleza probable de los conflictos que puedan afectar a nuestro país, la importancia de las reservas es innegable.

En nuestra región, la relación entre efectivos activos y reservas varía: 1:0,5 en el caso de Chile; 1:4 de Brasil, hasta el 1:8 en el caso de Paraguay. Los datos y fuentes son variables y no detallan si es reserva entrenada o es la totalidad del personal en condiciones de ser movilizado, es decir “combatientes preparados e integrados organizadamente” o “ciudadanos con un fusil que apenas saben usar”. Durante el conflicto de 1978 por el canal de Beagle y durante la guerra de Malvinas, Argentina recurrió a la movilización parcial de sus reservas y pese a la utilidad que demostraron, en los años siguientes no hubo mejoras significativas del sistema, y sus capacidades son hoy muy limitadas.

En nuestro país, la problemática de las reservas y de la movilización de los recursos nacionales (y no necesariamente armados), no ha ocupado una posición central más allá de haber sido considerada en el marco legal y de algunos intentos serios pero aislados de las Fuerzas, que no resuelven con plenitud la necesidad.

La Ley de Defensa Nacional N.º 23.556, establece en líneas generales que el Sistema de Defensa Nacional incluye a los “elementos de la reserva” de las Fuerzas Armadas. También introduce el concepto de “Movilización” habilitando al presidente a ordenarla total o parcialmente, afectando a los recursos humanos y materiales del país y a disponer la incorporación de ciudadanos a las Fuerzas Armadas en caso de movilización para atender a la defensa nacional.

La Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas N.º 24.948 establece la necesidad de fortalecer el sistema de reservas, para permitir una rápida transición de una fuerza de paz a una fuerza de combate en caso de movilización, a través de un sistema de convocatoria eficiente. La ley establece también un plazo de 365 días (marzo de 1999) para la promulgación de una ley de reservas y otra de movilización. No se pretende analizar el incumplimiento de plazos en términos cuantitativos, sino expresar que, a pesar de la existencia de numerosos proyectos de ley, la falta de visión estratégica en materia de defensa ha sido y es perniciosa para los intereses de la Nación.

La Ley de Personal Militar N.º 19.101 define la conformación de la reserva, distinguiendo entre la Reserva Incorporada (Personal militar en actividad que ha pasado a situación de retiro y que, por necesidad, es llamado al servicio) y la Reserva Fuera de Servicio (Ciudadanos que han cumplido el servicio militar obligatorio o que tienen instrucción militar y están sujetos a ser convocados por el Estado en caso de conflicto).

El Decreto 1716/2009 (Reglamentación de la Ley de Personal Militar), establece los mecanismos de convocatoria de la reserva, sea para adiestramiento, necesidades de servicio, y finalmente movilización real en caso de conflicto.

Las capacidades que las reservas adiestradas con rápido alistamiento pueden otorgar al país, merecen su consideración dentro de cualquier previsión defensiva, aprovechando y mejorando los sistemas propios de las FFAA (SIREA en el EA y sistemas de reserva naval y de Fuerza Aérea), y la presencia de numerosos reservistas voluntarios, comprometidos y a bajo costo para el estado, contribuyen con la defensa nacional. Ello permitirá avanzar con seriedad y rapidez.

La implementación de un sistema de Reservas y Movilización eficiente requerirá:

• Determinación de necesidades (cantidad, tipo de reservas, tiempos de respuesta, etc.) en función de las posibilidades reales del país (población, recursos financieros, sistemas de armas para equiparla, etc.). En un marco de recursos muy limitados, disponer de un sistema de reservas eficaz permitiría mejorar con menores recursos (en relación a una fuerza activa completa en efectivos y medios), la situación crítica que en términos materiales, humanos y presupuestarios, afecta hoy al sistema de defensa nacional.
• Elaboración del marco legal que encuadre su finalidad, composición, organización (incluyendo creación de elementos), procesos de convocatoria, regímenes de ascenso, compensaciones y otros aspectos, etc.
• Elaboración y ejecución de los procedimientos de registro, convocatoria, adiestramiento, promociones y ascensos, empleo efectivo en conflicto y desmovilización, entre otros.

La actual distinción entre reserva incorporada y reserva fuera de servicio, podría mantenerse agregando una nueva categoría de “RESERVA VOLUNTARIA”, la que a su vez incluiría diferentes agrupamientos en base al empleo previsto, tiempo de alistamiento y disponibilidad.

Esta reserva se podría conformar en base a tres agrupamientos:

1) Operacional: prevista para completar las organizaciones de combate de las FFAA con personal instruido (ex soldados y cuadros de baja o retirados, incluyendo a personal de alta capacitación como pilotos, tripulantes de buques, operadores y técnicos de sistemas de armas complejos, tripulantes de blindados, etc.) con tiempos de alistamiento reducidos. Tendrían períodos de adiestramiento trimestrales según los planes de educación de las fuerzas. Su función principal sería integrar la fuerza activa en operaciones militares. Aunque pueda parecer contradictorio mantener adiestrados a personal con alta capacitación técnica como un piloto, el uso intensivo de simuladores y el contacto permanente con el personal en actividad, ayudaría a mantener una aptitud mínima (la que se incrementaría intensivamente en caso de movilización), hoy inexistente.

2) Complementario: conformado por organizaciones semipermanentes de reserva (compañías, escuadrones, etc.) e integradas con personal que con instrucción militar (cursos para reservistas, ex liceístas, etc.). Sus tiempos de alistamiento serían mayores. Sus funciones en tiempos de paz, incluirían a las misiones complementarias de las FFAA (incluyendo protección civil y apoyo a la comunidad). En conflicto instruirían a la Reserva Fuera de Servicio movilizada para proporcionar reemplazos, y podrían desarrollar operaciones como fuerzas de resistencia local (OFRL) en territorios propios ocupados, previstas en los planes militares. Su empleo complementario para operaciones de protección civil (bomberos, brigadistas, rescatistas, etc.), permitiría a la fuerza activa, un uso adecuado de recursos y tiempo para enfocarse en su misión principal, la preparación para la guerra.

3) Funcional: integrado por ciudadanos con o sin instrucción militar previa incorporados para satisfacer necesidades puntuales, por tiempo reducido y al solo efecto de dicha función o necesidad (por ejemplo, profesionales cuyas capacidades no están cubiertas en las FFAA).

El proyecto preveía la elaboración y actualización de los planes de carrera para los reservistas, tanto como su promoción y ascensos sobre la base de su capacitación, en muchos casos demoradas en la actualidad. El cambio de gestión ministerial en diciembre de 2023 impidió que el proyecto avance, aunque sus postulados mantienen hoy plena vigencia.

La organización de un sistema de reservas eficiente impone adecuar la estructura y dimensiones del Sistema de Defensa Nacional para optimizar organizaciones ineficientes, redundantes u obsoletas. El empleo de los recursos que se economicen, debe volcarse al sistema de reservas para mantener un equilibrio aceptable en el gasto en defensa (reiterando la necesidad de un mayor presupuesto).

La reserva no debe ser vista como un mecanismo de ajuste financiero, sino como una capacidad en la que se debe invertir. Es un error ver a las reservas como una solución austera para mitigar la escasez presupuestaria de las Fuerzas Armadas. Un reservista sin un fusil moderno, sin horas de adiestramiento real y sin sistemas de armas disponibles carece de sentido. Un sistema de reservas eficiente y creíble exige un presupuesto sostenido. En materia de defensa, la economía de fuerzas es el resultado de una inversión inteligente y no el sustituto de un presupuesto limitado.

Nuestro vacío legal muestra una parálisis estratégica crónica. Y aunque en 2023 el Estado Mayor Conjunto de las FFAA presentó sendos proyectos de ley de Reservas y de Movilización, además de un Sistema de Incorporación y Adiestramiento de Reservas (SIARES), que no avanzaron. Mientras, el mundo optimiza constantemente la doctrina de sus reservas, el marco legal permanece en una obsolescencia conceptual que dificulta dar respuesta a las necesidades defensivas del país. Mantener la situación actual no es gratis: implica debilitar a la capacidad de disuasión del Estado de manera deliberada.

El artículo 21 de la Constitución Nacional impone a todo ciudadano la obligación de armarse en defensa de la Patria. Hoy es un mandato inaplicable sin una reforma profunda que optimice nuestras capacidades de movilización. Un sistema de reservas nuevo, creado sobre una estructura diseñada para conflictos del pasado, es un contrasentido, y la capacidad de disuasión de un país no se mide por la cantidad de ciudadanos en condiciones de movilizarse, sino por la capacidad real del Estado para adiestrarlos, equiparlos y desplegarlos en el menor tiempo posible.

La modernización del sistema de defensa, en particular de estructura de las reservas, es una medida factible para concretar ese precepto constitucional y para disponer de una herramienta útil a la hora de proteger los intereses nacionales.

En una acción coordinada, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía ejecutaron un operativo en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

La intervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, con la participación de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Según información difundida por el Ministerio de Defensa (Mindef), la operación concluyó con la destrucción de 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas. Además, se interdictaron cinco motores, 130 metros de alfombra, así como otros bienes empleados en la minería ilegal. El valor total de lo destruido supera los 5,6 millones de soles.

Durante la intervención, las autoridades también incautaron 1,400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubo PVC y 1,400 metros de cable eléctrico, junto a una variedad de materiales utilizados para la extracción ilícita de oro.

Todo el material incautado fue destruido in situ, en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y bajo supervisión del Ministerio Público.

El operativo se suma a las acciones que, desde el sector Defensa, impulsan las Fuerzas Armadas para frenar el avance de la minería ilegal que impacta en áreas naturales protegidas y pone en riesgo la biodiversidad y los recursos ambientales de la región amazónica.

Estrategia nacional y resultados recientes

El golpe en Inambari forma parte de una estrategia nacional articulada para combatir la minería ilegal en la Amazonía peruana. Entre enero y mayo de este año, las fuerzas del orden lograron destruir maquinaria y equipos valorizados en más de 1,200 millones de soles en diferentes regiones.

Otras intervenciones recientes incluyeron la destrucción de dragas y bienes utilizados para la extracción ilegal de oro en las cuencas de los ríos Nanay, Amazonas, Marañón y Tigre, en la región Loreto.

Solo en la primera quincena de junio, un operativo en el sector Puca Urco resultó en la incautación y destrucción de equipos, motores fuera de borda, generadores eléctricos y combustible sin autorización.

El Ministerio de Defensa subrayó que estos operativos buscan proteger las áreas naturales y preservar el patrimonio ambiental. “Reafirma, además, el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental del país”, señaló en un comunicado oficial.

En estas acciones, la colaboración entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y las fuerzas del orden permite que la destrucción e incautación de bienes se realice bajo un marco legal estricto, minimizando la posibilidad de reincidencia. La incautación de combustibles y materiales, como cables y cilindros, busca cortar la cadena logística de la minería ilegal.

El impacto de los operativos en la región se refleja en la reducción de campamentos y equipos dedicados a la extracción ilícita, así como en el refuerzo de la presencia estatal en zonas tradicionalmente afectadas por actividades ilegales. Las autoridades reiteraron que estas intervenciones continuarán en todo el territorio amazónico, priorizando la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

Desde su llegada al poder, el gobierno libertario convirtió a la Defensa en una de sus principales banderas discursivas. Uno de sus lemas fue la puesta en valor de unas Fuerzas Armadas que venían de años de abandono, estigmatización y desaciertos en la gestión. En ese diagnóstico inicial es posible encontrar algunos puntos de coincidencia. Sin embargo, entre el diagnóstico y la acción existe una distancia considerable.

A pesar de una intensa estrategia comunicacional basada en videos de estética cinematográfica, anuncios grandilocuentes y ejercicios conjuntos con potencias extranjeras, el gobierno no impulsó transformaciones de fondo. Por el contrario, la gestión libertaria, primero encabezada por Luis Petri y actualmente bajo la gestión del General Presti, ha profundizado varios de los problemas estructurales que afectan a las Fuerzas Armadas.

Detrás de la puesta en escena y de los anuncios de alto impacto mediático, continúa ausente una política integral de Defensa que permita recuperar capacidades, fortalecer el instrumento militar y proyectar una estrategia nacional sostenible en el tiempo.

La primera pregunta que debería responder la gestión libertaria es cómo pretende sostener un discurso de recuperación de capacidades militares mientras destina a la Defensa el presupuesto más bajo de los últimos veinte años.

Si repasamos los últimos gobiernos, observamos que el promedio anual más elevado de gasto en Defensa de los últimos veinticinco años correspondió al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con unos 4.900 millones de dólares constantes. En tanto que la administración de Javier Milei se ubica en torno a los 4.100 millones de dólares anuales y, de mantenerse la tendencia actual, probablemente concluya su mandato con un promedio inferior a los 4.000 millones de dólares por año. El gobierno que más ha hablado de recuperar las Fuerzas Armadas es, al mismo tiempo, uno de los que menos recursos les ha destinado.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo se compatibilizan los anuncios de modernización, reequipamiento y recuperación de capacidades con un presupuesto que se encuentra casi 1.000 millones de dólares por debajo del registrado en 2015? La experiencia demuestra que no existen transformaciones estructurales ni capacidades militares sostenibles sin una inversión acorde. La comunicación puede construir relatos, pero son los presupuestos los que finalmente revelan las verdaderas prioridades de un gobierno.

La respuesta es sencilla: no existe compatibilidad alguna entre esas dos realidades. El mecanismo utilizado para generar esta ilusión de recuperación en las Fuerzas Armadas ha sido, simplemente, aplicar un severo ajuste sobre los salarios militares, que representan alrededor del 80% del gasto total en Defensa, y destinar una parte de ese ahorro a adquisiciones que alimenten ese relato.

El esquema replica, en esencia, la lógica aplicada por el gobierno a nivel nacional con las jubilaciones y pensiones para sostener el equilibrio fiscal. Las adquisiciones realizadas se financian directamente a costa de los ingresos del personal militar. Desde diciembre de 2023, la licuación salarial acumulada de las Fuerzas Armadas se estima en unos 1.200 millones de dólares. Menos de la mitad de ese monto, aproximadamente 500 millones, fue lo destinado a la tan anunciada incorporación de los F-16, los vehículos Stryker y los camiones Unimog.

El resultado son miles de oficiales y suboficiales viviendo bajo la línea de pobreza y soldados directamente en la indigencia, además de un sistema de salud militar quebrado producto de los bajos salarios, que resultan insuficientes para financiarlo.

Pero el recorte presupuestario no se frenó allí y también avanzó sobre los recursos para mantenimiento, sostenimiento, capacidad operacional, adquisiciones y funcionamiento de las unidades militares, incapaces hoy en día de mantenerse normalmente por falta de insumos, equipamiento individual y escasez de alimentos para la tropa.

En este contexto, el Ministerio de Defensa vuelve a apelar a medidas que poco cambian la realidad. El reciente “adicional remunerativo” anunciado para quienes tengan un título terciario o universitario alcanza apenas a una minoría del personal militar, dejando afuera a la gran mayoría de los efectivos, especialmente a los soldados que hoy se encuentran en situación de indigencia.

Todo esto tiene una raíz filosófica, y es que para la mirada liberal, las Fuerzas Armadas son una agencia más del Estado sujeta al equilibrio fiscal, y la soberanía queda subordinada al presupuesto disponible. Por eso resulta coherente, dentro de esa lógica, tener soldados pobres y aviones nuevos, lo que les permite “optimizar” el gasto y al mismo tiempo sostener el relato.

Para finalizar, el estado de situación se completa con la falta absoluta de una planificación estratégica propia, la subordinación total y sin concesiones a voluntades extranjeras que se circunscribe a la participación en ejercicios de cooperación, dejando voluntariamente que la Defensa de nuestra patria sea guiada por programas de otros países, con sus intereses, prioridades y objetivos específicos.

Muestra de esto es el tratado firmado entre la Armada Argentina y el Comando Sur en el marco del programa internacional llamado “Bienes Comunes Globales”, sin intervención del Ministerio de Defensa, como si el comando inmediato superior de la armada fuese ese organismo internacional.

La Argentina merece verdaderamente reconstruir nuestras FFAA bajo una concepción nacionalista que parta de la premisa opuesta. Donde la soberanía no se negocie y la defensa de la patria sea una inversión irrenunciable del Estado nacional. Y exige también una fuerte autocrítica: el peronismo tuvo años para revertir la situación y no lo hizo. Asumirlo es la condición para construir una alternativa creíble.

Hubo en nuestra historia una doctrina nacionalista que entendió la defensa como parte indivisible del desarrollo de la patria, una visión que ligó la industria, el trabajo y la soberanía en un mismo proyecto, y que concibió a la Nación entera como sustento de su propia defensa.

Argentina posee un extenso litoral marítimo, largas fronteras terrestres, recursos naturales de enorme valor estratégico en disputa y una presencia irrenunciable en el Atlántico Sur. La protección de esos intereses exige presupuestos acordes, planificación de largo plazo basada en prioridades nacionales, con cooperación pero sin subordinación a intereses de potencias extranjeras, desarrollo industrial propio y, por sobre todas las cosas, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que puedan ejercer su profesión con dignidad.

Mientras eso no ocurra, las adquisiciones de los F-16, los Stryker y los grandilocuentes discursos sobre recuperación y grandeza militar seguirán siendo recursos de propaganda. Detrás de la puesta en escena permanecerá intacta la deuda de reconstruir las capacidades necesarias para garantizar la defensa de la soberanía nacional.

*El autor es Teniente General (RE). Se desempeñó como Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino entre 2013 y 2015

Xi Jinping nombró este viernes a Zhang Shuguang como nuevo jefe del organismo de control disciplinario de la Comisión Militar Central (CMC) de China, en la primera promoción al rango de general en casi un año, según informó la agencia oficial Xinhua. El acto se celebró en una ceremonia en Beijing, donde el presidente chino entregó personalmente los certificados de ascenso.

Junto a Zhang Shuguang, Wang Gang fue designado comandante de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL). Ambos oficiales alcanzan así el rango más alto para militares en servicio activo en China.

Zhang Shuguang asumirá como secretario de la comisión de control disciplinario de la CMC y director de su comisión de supervisión, un cargo de peso en medio de la campaña de depuración castrense más extensa del país en medio siglo. Su predecesor en ese puesto, Zhang Shengmin, asciende a vicepresidente de la CMC —la segunda posición del máximo órgano de mando militar— y fue quien presidió la ceremonia y anunció los ascensos firmados por Xi, de acuerdo con Xinhua. La situación del excomandante de la Fuerza Aérea Chang Dingqiu permanece sin definirse.

Xi inició en 2023, meses después de asegurarse un tercer mandato sin precedentes, una campaña de erradicación de la corrupción en las Fuerzas Armadas que ha removido los cimientos de la cúpula castrense. Desde entonces, han sido destituidos dos vicepresidentes de la CMC, tres de sus miembros, un exministro de Defensa y al menos una docena de generales de alto rango al mando de unidades militares.

El episodio más grave fue la investigación abierta contra Zhang Youxia, el oficial uniformado de mayor jerarquía del EPL, miembro del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh) y hasta entonces considerado aliado cercano de Xi. He Weidong, otro exvicepresidente de la CMC, también fue apartado del cargo, al igual que los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu.

En mayo, un tribunal militar condenó a Wei Fenghe y a Li Shangfu a pena de muerte con suspensión de la ejecución por corrupción: Wei fue declarado culpable de aceptar sobornos, y Li, de aceptarlos y ofrecerlos. Ambos habían sido expulsados del PCCh en 2024 por “graves violaciones de la disciplina”, fórmula habitual en China para referirse a casos de este tipo.

La magnitud de las destituciones dejó a la CMC en una situación inédita: el organismo contaba con siete integrantes tras el congreso del PCCh de 2022, pero su composición efectiva se redujo a dos figuras antes de los nombramientos del viernes. La semana anterior a la ceremonia, Beijing retiró sus escaños en el parlamento nacional a seis legisladores militares, en una medida que profundiza el alcance de la depuración.

(Con información de EFE, Europa Press y Bloomberg)

Este fin de semana el Partido Nacional Libertario (PNL), anunció que presentará a la brevedad un proyecto de indulto general para todos los uniformados, Carabineros y de las Fuerzas Armadas, que fueron condenados durante las manifestaciones que sacudieron el país por meses en el llamado estallido social de 2019, el que dejó un saldo oficial de 30 personas fallecidas y 464 víctimas con trauma ocular.

Tal como lo señaló su líder, Johannes Kaiser, la iniciativa consiste en un “indulto general para todos los uniformados que han sido condenados o están procesados en razón del uso de la fuerza durante el periodo del 18/10 en adelante”.

La idea ya fue apoyada por el Partido Republicano (PR), sin embargo, sus socios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) rechazaron la propuesta asegurando que los indultos deben estudiarse “caso a caso”, mientras que desde el Gobierno mostraron cautela y optaron por esperar a que el proyecto sea presentado para analizarlo en detalle.

Así lo aseguró este domingo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en conversación con el programa Estado Nacional de TVN sostuvo que “uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular”.

“A veces uno tiene que elegir entre un escenario no deseado y un escenario muy no deseado. Si tú me preguntaras a mí, frente a la alternativa de que muchos de ellos -que en mi opinión están injustamente presos-, ninguno salga, bueno, vamos a tener que poner las cosas en la balanza y eso se estudia cuando se presenta el proyecto de ley”, agregó, según consignó Emol.

Gobierno muestra cautela

En el mismo programa político el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se mostró cauteloso y afirmó que el Gobierno dará su opinión al respecto cuando conozcan en detalle el documento que desde la colectividad libertaria hace rato venían anunciando.

De acuerdo a la autoridad, se trata de “una discusión que, si algunos parlamentarios quieren tener, vamos a tener que seguir con mucha atención (y) en su minuto dar una posición cuando conozcamos el texto y cuando conozcamos el tipo de discusión”.

Pavez admitió que el tema tiene una “fuerte carga política” y recordó de paso que el Presidente tiene la facultad de otorgar indultos particulares, pero un indulto general de estas características requiere necesariamente “una materia legislativa”.

“Respecto a la atribución presidencial, aquí hay un derecho de petición que se ejerce constitucionalmente. Cuando a usted le piden, el Ejecutivo tiene que responder, y lo tendremos que analizar caso a caso”, cerró Pavez.

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio abrieron una nueva grieta en el debate público nacional, dentro y fuera de la Fuerza Armada. Para dos oficiales retirados de alto rango, la tragedia no solo mostró los daños provocados por la naturaleza, sino también las consecuencias de años de debilitamiento institucional, politización y pérdida de capacidades del Estado.

El general de brigada del Ejército Guaicaipuro Lameda Montero afirmó que el país atraviesa “uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente”, marcado por la sensación de desprotección de una población que, según sostuvo, llega a percibir como agresora a la misma institución llamada a resguardarla.

A su juicio, Venezuela enfrenta el drama de una Fuerza Armada que “perdió la razón que justificaba su existencia” al apartarse del propósito republicano para el cual fue creada. Lameda recordó que el uniforme militar no es una simple prenda, sino la representación visible de un juramento: colocar el deber por encima de la conveniencia, el honor por encima del interés personal y la República por encima de la propia seguridad.

“La Fuerza Armada existe porque la República la necesita”, señaló. Agregó que su misión no es proteger gobiernos, ideologías ni proyectos personales, sino garantizar la soberanía nacional, defender la integridad territorial, proteger a los ciudadanos y responder con disciplina en los momentos más difíciles del país.

El oficial retirado sostuvo que, cuando una institución pierde su propósito, también comienza a perder su “alma”. En ese contexto, aludió a denuncias documentadas durante años por organismos internacionales, investigaciones periodísticas, tribunales y centros de análisis sobre corrupción, violaciones de derechos humanos, uso político de la institución militar y presuntos vínculos de mandos con estructuras asociadas al terrorismo, el narcotráfico, la sustracción de riqueza nacional y la legitimación de capitales.

Aunque aclaró que corresponde a la justicia determinar responsabilidades individuales, Lameda insistió en una consecuencia institucional que considera imposible de ignorar: la pérdida de autoridad moral del mando militar.

“Cuando el mando militar pierde la autoridad moral, la institución deja de proteger a la Nación y comienza a actuar en función de intereses distintos de aquellos que juró defender”, expresó.

Para el general, los acontecimientos recientes evidenciaron tanto la incapacidad de una institución “profundamente politizada” como el deterioro de la confianza ciudadana en quienes estaban llamados a defender la soberanía y proteger a la población.

Lameda Montero, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre el 2000 y 2002, también cuestionó la respuesta institucional ante la emergencia. Señaló que, cuando miles de venezolanos requieren rescate, transporte, logística, comunicaciones, ingeniería militar u hospitales de campaña, la actuación percibida por los afectados ha estado lejos de lo que exige la magnitud de la crisis.

Desde esa perspectiva, planteó una pregunta central: “¿Para qué existe una Fuerza Armada que no logra responder plenamente cuando la patria la necesita con mayor urgencia?”

El general sostuvo que ninguna institución pública existe para garantizar su propia permanencia, sino para cumplir una misión. Cuando deja de hacerlo, añadió, la sociedad tiene derecho a preguntarse si esa institución sigue mereciendo la confianza depositada en ella.

En su reflexión, Lameda subrayó que ser militar no depende únicamente de vestir un uniforme ni de ostentar un grado. A su juicio, lo que define verdaderamente al profesional de las armas es un código de conducta y un compromiso ético que dan sentido al juramento, al mando, al sacrificio y al uso legítimo de las armas.

Debate impostergable

Al apelar a la legislación militar venezolana, recordó que el valor, la buena fe, la rectitud y el decoro constituyen virtudes esenciales del profesional de las armas. “No puede ser militar quien carezca de dignidad, pundonor y rectitud”, afirmó.

El oficial aclaró que su cuestionamiento no pretende juzgar a todos los hombres y mujeres que hoy visten uniforme. Dijo reconocer a quienes han servido con honor, a quienes han sufrido en silencio la degradación institucional y a quienes fueron desplazados por mantenerse fieles a su juramento.

Su crítica, precisó, está dirigida a quienes desde el mando permitieron o protagonizaron que el uniforme y el grado dejaran de representar el código moral que les daba sentido, desviando así a la institución de su propósito original.

Frente a ese escenario, Lameda consideró necesario abrir un debate “legítimo e impostergable” sobre el futuro de la Fuerza Armada venezolana.

A su juicio, la discusión no debe limitarse a si determinados mandos pueden continuar representando a la institución. El verdadero dilema, dijo, es si la Fuerza Armada puede ser recuperada mediante una profunda depuración ética, profesional y jurídica, o si el daño exige un proceso de refundación desde sus cimientos.

“La Fuerza Armada no se reconstruirá comprando nuevos equipos, cambiando uniformes o designando nuevos comandantes”, sostuvo. “Se reconstruirá restaurando el código moral que convierte a una persona armada en un militar al servicio de la Nación”.

El general concluyó que la decisión sobre el futuro de la institución no pertenece exclusivamente a los militares ni al gobierno, sino a la nación que requiere protección. “Venezuela necesita una Fuerza Armada. Pero, antes que eso, necesita volver a tener militares al mando”, afirmó.

Como cierre de su planteamiento, Lameda anunció que reproduce el Código de Honor con el que comienza la formación de un profesional del Ejército venezolano, con el propósito de que cada ciudadano cuente con un criterio propio para valorar la conducta de quienes visten uniforme.

“No fue solo el sismo”

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García coincidió en que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 no encontraron a un país preparado, sino a una nación previamente erosionada por la destrucción de sus instituciones. En su análisis, durante años el liderazgo profesional fue desplazado por jefaturas improvisadas, criterios políticos y decisiones tomadas al margen del mérito, la experiencia y la vocación de servicio.

Para el oficial egresado de la Armada, buena parte de los cuadros formados durante décadas de democracia fueron apartados de forma sistemática. En su lugar, sostuvo, se impuso una estructura marcada por la obediencia política, la falta de profesionalismo y la pérdida del orgullo de pertenencia. El resultado fue un Estado sin músculo técnico para enfrentar una emergencia de gran escala.

Briceño García afirmó que, tras el impacto del 3 de enero de 2026, se intentó instalar en el discurso público la idea de una reinstitucionalización. Pero advirtió que reconstruir el Estado no consiste únicamente en cambiar leyes, sustituir autoridades o anunciar reformas: implica comprender cómo funcionan las organizaciones eficientes y aplicar procesos de transformación con base técnica, planificación estratégica y equipos profesionales.

Según el vicealmirante, quien fuera Comandante de la Armada, durante años se ocultaron debilidades, se maquillaron cifras y se privilegió la politización por encima de la formación de capacidades reales. No hubo, dijo, una política sostenida para desarrollar carreras, seleccionar a los mejores, formar equipos o preparar instituciones para escenarios críticos. “La prioridad fue controlar, no servir”, resumió.

A su juicio, la magnitud de la tragedia obliga a mirar más allá del fenómeno natural. Muchas pérdidas, sostuvo, pudieron evitarse si los ministerios y organismos responsables hubiesen aplicado con rigor normas de construcción antisísmica, controles técnicos y políticas de prevención desde hace décadas.

Briceño García señaló que, si las instituciones de seguridad ciudadana —desde la Defensa Civil y los cuerpos policiales hasta las Fuerzas Armadas— hubiesen estado conducidas por líderes preparados, la reacción del 24 de junio habría sido distinta. La emergencia exigía personal entrenado, equipos adecuados y una coordinación proporcional al doblete sísmico que golpeó al país.

El oficial advirtió que aún existe una ventana crítica para rescatar a miles de desaparecidos. En medio de los edificios colapsados y de las zonas más afectadas, sostuvo, Venezuela necesita especialistas, voluntarios formados y equipos capaces de actuar con método, disciplina y humanidad. Quienes tengan conocimiento en Defensa Civil, rescate, ingeniería, salud, logística y reconstrucción están llamados a integrarse a una tarea que ya no admite demoras.

Para Briceño García, la desgracia venezolana no puede explicarse solo por la violencia de la naturaleza. También es consecuencia de años de deterioro institucional. Por eso, concluyó, la reconstrucción del país exige algo más que levantar estructuras: requiere recuperar un Estado eficiente, disciplinado, despolitizado, democrático y orientado al progreso.

El Pentágono restableció la vacunación obligatoria contra la gripe para todos los reclutas de las fuerzas armadas de Estados Unidos, apenas semanas después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth la declarara voluntaria. La medida llega en medio de un brote activo en la base aérea de Lackland, en Texas, que ya afectó a 275 personas.

Un funcionario del Pentágono confirmó a la Associated Press que todas las ramas militares recibieron autorización para mantener la vacuna como requisito obligatorio para sus reclutas. La excepción fue aprobada en los primeros días de junio, tras una solicitud formal de todos los departamentos militares presentada en mayo.

El brote que aceleró la decisión

La base Lackland aloja el programa de entrenamiento básico de la Fuerza Aérea. Recibe alrededor de 700 reclutas nuevos por semana en condiciones de hacinamiento: dormitorios colectivos, duchas compartidas e instrucción en contacto estrecho y permanente.

Cuando Hegseth eliminó la obligatoriedad de la vacuna a fines de abril, solo el 40% de los reclutas que ingresaron a Lackland eligió vacunarse, según una fuente con conocimiento directo de la situación que habló con AP bajo condición de anonimato. El brote comenzó aproximadamente tres semanas atrás.

El representante demócrata Joaquín Castro, cuyo distrito incluye parte de la base, informó en redes sociales que el brote produjo 275 casos confirmados de gripe. El personal de la base aplica medidas de contención, monitorea a los expuestos y trata los casos con antivirales como Tamiflu, según informó un portavoz de la Fuerza Aérea a CBS News.

La posición oficial del Pentágono

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, confirmó en un comunicado que se otorgaron excepciones al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Salud de la Defensa. No ofreció detalles adicionales.

Un funcionario del Pentágono insistió ante AP en que la coincidencia entre la aprobación de las excepciones y el brote en Lackland fue fortuita: el proceso de evaluación ya estaba en marcha antes de que el brote se hiciera público.

Parnell describió las decisiones como el resultado de “evaluaciones de riesgo exhaustivas” orientadas a “maximizar la preparación operacional, la letalidad y la generación de fuerzas, al tiempo que se protege a las poblaciones en riesgo”.

Por qué los campamentos militares son vulnerables

El doctor Arnold Monto, experto en gripe y profesor emérito de la Universidad de Michigan, explicó a AP que el brote en Lackland “no es inusualmente preocupante” desde el punto de vista epidemiológico. La gripe circula a niveles bajos durante los meses cálidos, pero los entornos cerrados y masivos, como bases militares o cruceros, favorecen los contagios concentrados.

“Es especialmente necesario vacunar cuando hay entornos grupales”, advirtió Monto.

Los reclutas acumulan factores de riesgo adicionales: estrés elevado, privación de sueño y semanas de contacto físico cercano. Ese contexto convierte los campamentos de entrenamiento en ambientes propicios para la transmisión de enfermedades respiratorias.

Un historial de mandatos con altibajos

La vacuna contra la gripe fue obligatoria para las tropas estadounidenses por primera vez en 1945, según un análisis de 2022 citado por CBS News. Se suspendió en 1949, se restableció en los años 50 y permaneció como requisito hasta la orden de Hegseth de abril de 2026, cuando el secretario la calificó de “excesivamente amplia e irracional” e invocó la “autonomía médica” y la libertad religiosa como justificación.

La organización Families Fighting Flu celebró el retorno a la obligatoriedad. Su directora ejecutiva, Michele Slafkosky, lamentó en un comunicado que “más de 200 personas en Lackland se enfermaron cuando se eliminó ese requisito” y afirmó que “esta guía actualizada del ejército salvará vidas”.

El Ejército y la Marina también solicitaron extender la obligatoriedad a grupos más amplios: militares desplegados en el exterior, trabajadores de salud y personal de guarderías, según confirmaron voceros de ambas ramas.

El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la ley para “precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en organizaciones criminales”. Dicha norma incluye una disposición que garantizará impunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

En la sesión plenaria de este martes 23 de junio se ratificó la norma e inmediatamente el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, dio por cerrada el acta para “ejecutar los acuerdos” a pesar de que congresistas manifestaron su oposición a ello.

Rospigliosi hizo oídos sordos a los reclamos, ordenó que se debate el siguiente tema y dejó la conducción de la sesión al perulibrista Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva.

Por otro lado, congresistas como Guido Bellido, Edgard Reymundo, Luth Ruque y Sigrid Bazán denunciaron que en la Mesa de Partes del Congreso no había personal que reciba sus reconsideraciones contra la votación.

Debido al reclamo de los parlamentarios, Cerrón tuvo que poner a debate la reconsideración, que, como era de esperarse, no fue aprobada.

Ahora, la autógrafa de la ley que blinda a policías y militares será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación u observación en un plazo de 15 días hábiles.

¿Qué dice la ley?

El texto aprobado amplía la definición de un delito de “función” en lo que respecta a policías y militares. El objetivo es que, al tratarse de un delito de “función”, la competencia para procesar y juzgar ya no sea del Poder Judicial, sino del Fuero Militar Policial.

Según el texto, para las FF. AA. y la PNP, delito de función se entendería a toda acción ilícita que se cometa en un supuesto cumplimiento de sus deberes o en el marco de un estado de emergencia.

La consecuencia inmediata será que casos de abusos policiales y militares, como las muertes en protestas o la reciente muerte de un menor en la comisaría de Manchay, ya no sea procesado por el Poder Judicial. La competencia pasaría al Fuero Militar Policial.

El texto también dispone que la Corte Suprema determine la competencia a favor del Fuero Militar Policial “cuando se trate de delitos cometidos por personal de las FF. AA. y de la PNP en situación de actividad, en el cumplimiento de su función, en acciones militares, en acto del servicio, consecuencia del servicio o con ocasión de él, o acción de armas y que atenten contra bienes Jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las FF. AA. o la PNP”.

La disposición complementaria de la norma ordena a los órganos del Poder Judicial disponer el archivo definitivo de los procesos en los “se venga siguiendo o se haya seguido en la jurisdicción militar policial por los mismos hechos y sujetos”, procesos donde no haya una sentencia firme. “Asimismo, se deja sin efecto cualquier medida de coerción personal y real que se hubiera dictado en contra de los procesados y no procede el pago de la reparación civil que se haya podido disponer”, se lee.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Perú no aprobar el proyecto de ley que ampliaría las competencias de la jurisdicción militar-policial para investigar y juzgar presuntas violaciones de derechos humanos. A través de un pronunciamiento difundido este 18 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que este tipo de casos deben seguir siendo vistos por tribunales ordinarios, independientes e imparciales, de acuerdo con los estándares del derecho internacional.

La advertencia llega cuando el Congreso de la República se prepara para definir el futuro de una iniciativa que ya fue aprobada en primera votación y que ha generado una fuerte controversia entre organismos nacionales e internacionales. Mientras sus promotores sostienen que busca evitar una doble persecución judicial contra policías y militares, diversas organizaciones de derechos humanos alertan que la propuesta podría abrir la puerta a escenarios de impunidad en casos que involucren a agentes del Estado.

La advertencia de la ONU y el alcance del proyecto en el Congreso

La observación de Volker Türk no se limita a una discrepancia política. En la comunicación difundida por la Oficina del Alto Comisionado, la ONU remarcó que las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial.

Ese criterio coincide con la línea que el sistema de Naciones Unidas ha sostenido durante años: la jurisdicción militar no puede convertirse en una vía para desplazar causas que, por su naturaleza, deben ser examinadas por jueces civiles. En otras palabras, el problema no está en que exista un fuero castrense, sino en que su uso se mantenga restringido y no se extienda a hechos que puedan afectar la vida, la integridad o la libertad de las personas.

El proyecto aprobado en primera votación modifica el Código Penal Militar Policial y establece que un policía o militar no podrá ser investigado al mismo tiempo por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial. También dispone que, si ya existe un proceso abierto en ese fuero, no corresponda abrir otro paralelo en el sistema común. La propuesta recibió respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que los votos en contra provinieron principalmente de sectores de izquierda. Además, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de una segunda votación antes del 24 de junio, fecha que figura como límite legislativo para este trámite.

En el debate parlamentario, quienes respaldan la medida sostienen que el fuero militar-policial permitiría una justicia más especializada para hechos vinculados al servicio. En esa línea, el congresista Alejandro Muñante defendió que los casos vinculados con acciones funcionales de policías o militares sean conocidos por esa jurisdicción. Sin embargo, desde otra orilla, la congresista Susel Paredes cuestionó que se cree un trato distinto para efectivos que cometan delitos comunes, al considerar que ello rompe el principio de igualdad ante la ley y resta legitimidad a la actuación de jueces y fiscales del sistema ordinario.

Las críticas de organismos y especialistas sobre la impunidad

Las observaciones a la propuesta no vienen solo desde la política. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) advirtió que el texto legislativo recuerda mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, favorecieron escenarios de impunidad en el pasado. En su análisis, la ampliación del concepto de delito de función y la incorporación de hechos ocurridos durante estados de emergencia dentro del ámbito militar-policial pueden debilitar la rendición de cuentas cuando se trate de presuntas violaciones de derechos humanos.

Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera sostuvo que la iniciativa resulta incompatible con criterios ya establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han delimitado con claridad qué casos corresponden al fuero ordinario y cuáles al militar. Rivera señaló que el proyecto amplía indebidamente la noción de delito de función y podría trasladar al fuero militar-policial hechos que hoy son de competencia del sistema común.

En la misma línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la primera votación y alertó que extender la jurisdicción militar a delitos comunes desnaturaliza el carácter excepcional de ese fuero y eleva el riesgo de impunidad.

El Gobierno dispuso la creación de un suplemento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas que acredite títulos superiores, una medida que comenzará a regir el 1° de julio y que alcanzará tanto a militares en actividad como a retirados y pensionados. El beneficio, establecido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, busca reconocer la formación académica y la profesionalización del capital humano militar mediante un adicional que se incorporará al haber mensual bruto y acompañará las futuras actualizaciones salariales.

La decisión tomada por el presidente Javier Milei fue anunciada por el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti. El nuevo esquema prevé un suplemento equivalente al 10% para quienes posean tecnicaturas o títulos terciarios, del 15% para quienes cuenten con títulos universitarios de grado y del 25% para quienes acrediten especializaciones, maestrías o doctorados.

El reconocimiento alcanzará al personal militar en actividad, retirados y pensionados. Además, no distinguirá entre oficiales y suboficiales, sino que se otorgará en función de la formación acreditada por cada integrante del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

“El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional”, sostuvo la cartera en un comunicado.

Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, la iniciativa apunta a saldar una demanda histórica de las Fuerzas Armadas que se remonta a 2013 y que buscaba equiparar la situación del personal militar con otros organismos de la Administración Pública Nacional y con las fuerzas federales de seguridad, donde ya existen mecanismos similares de reconocimiento por formación académica.

Cómo se calculará el suplemento y a quiénes alcanzará

El suplemento comenzará a abonarse a partir del 1° de julio y se calculará sobre el haber mensual bruto correspondiente al grado de cada militar. Los porcentajes establecidos en el decreto se aplicarán sobre esa base y no sobre otros adicionales o suplementos existentes.

Al tratarse de un suplemento incorporado a la estructura salarial, el beneficio tendrá impacto sobre los haberes de retiro y las pensiones. Además, acompañará las futuras recomposiciones salariales que se dispongan para el sector, ya que no se trata de una suma fija o extraordinaria.

Fuentes de la cartera señalaron que, según el grado y el nivel de formación acreditado, en algunos casos el nuevo suplemento podría representar, en algunos casos, mejoras de entre 300.000 y 400.000 pesos mensuales.

En el Ministerio consideran que uno de los aspectos más importantes de la medida es que el reconocimiento a la capacitación y al perfeccionamiento profesional tendrá efectos permanentes y se actualizará junto con el resto de las remuneraciones.

La cartera que conduce el teniente general Presti señaló además que el objetivo es “promover la profesionalización de las Fuerzas Armadas, reconocer el valor estratégico del conocimiento y la capacitación permanente y corregir una asimetría histórica”.

“Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza”, sostuvo el comunicado difundido por Defensa.

La medida también busca incentivar la formación continua y el perfeccionamiento profesional del personal militar. Según destacaron fuentes oficiales, el suplemento no está asociado a la jerarquía ni al grado de revista, sino exclusivamente a la acreditación de títulos superiores.

De esta manera, un suboficial con una licenciatura o un posgrado podrá acceder al beneficio en igualdad de condiciones que un oficial con el mismo nivel de estudios, ya que el criterio central será la capacitación y no la posición dentro del escalafón.

En el Ministerio de Defensa consideran que la formación y la especialización constituyen un activo estratégico para el desarrollo de capacidades militares y forman parte de una política orientada a fortalecer los recursos humanos de las Fuerzas Armadas.

“El conocimiento y la capacitación permanente son elementos fundamentales para construir capacidades acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional”, sostuvo el comunicado oficial.

Según las fuentes consultadas por Infobae, el suplemento constituye un reconocimiento al capital humano y al esfuerzo de quienes se capacitan y se perfeccionan dentro de las Fuerzas Armadas, más que una recomposición salarial general.

La medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia impulsada por la actual gestión para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y poner el foco en la profesionalización de sus recursos humanos, uno de los ejes que el Ministerio considera centrales para afrontar los nuevos desafíos en materia de defensa.

El equipo de tiro de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) obtuvo este martes el primer lugar por equipos en la Competencia de Tiro de Puntería de Combate 2026 organizada por la Guardia Nacional de New Hampshire (NHNG) en Estados Unidos.

Con esta victoria, el contingente salvadoreño suma su tercer título en cuatro años, imponiéndose sobre delegaciones militares de otros países.

El logro fue anunciado oficialmente por el ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, quien felicitó a los integrantes del equipo a través de un mensaje institucional.

“Felicito al equipo de tiro de la Fuerza Armada de El Salvador por conquistar el primer lugar por equipos en la Competencia de Tiro de Puntería de Combate de la Guardia Nacional de New Hampshire 2026, alcanzando así su tercera victoria en cuatro años”, expresó el funcionario en su redes sociales oficiales.

El Salvador superó en la tabla final a otros catorce equipos militares de distintas naciones, consolidando la reputación de la FAES en el ámbito de las competencias de tiro de precisión a nivel internacional. La edición 2026 de este torneo, realizada en un campo especializado de la Guardia Nacional de New Hampshire, reunió a agrupaciones de distintas nacionalidad.

El cuadro salvadoreño ocupó el primer lugar entre quince equipos.

Reconocimiento internacional a la disciplina y excelencia del equipo salvadoreño

La NHNG, organizadora de la competencia, confirmó que el equipo conformado por salvadoreño se mantuvo en la cima durante varias rondas. A través de sus canales oficiales, la NHNG reconoció la actuación del grupo centroamericano, destacando no solo la puntería sino también el trabajo en equipo y la preparación táctica de los representantes de El Salvador.

En su mensaje de reconocimiento, Monroy enfatizó: “Mi reconocimiento a nuestro equipo, cuya disciplina, precisión y excelencia le permitió destacar en esta exigente competencia, dejando en alto el nombre de El Salvador y de nuestra institución”.

demás, remarcó que este tipo de resultados evidencian el nivel de profesionalismo, la preparación y la capacidad operativa alcanzada por los efectivos de la FAES: “¡Este triunfo refleja el profesionalismo, la preparación y la capacidad de nuestros soldados!”, puntualizó el ministro.

El Salvador consolida su liderazgo en una de las competencias más exigentes del ámbito militar

La competencia de tiro de puntería de combate de la Guardia Nacional de New Hampshire es considerada uno de los torneos de mayor exigencia para personal militar.

Los participantes deben superar pruebas de precisión en condiciones variables, simulando situaciones de combate real, lo que pone a prueba no solo la destreza individual, sino también la coordinación y la resistencia física y mental de los equipos.

Según información de la propia NHNG, el evento busca fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos entre fuerzas armadas aliadas.

Durante los últimos cuatro años, la delegación salvadoreña logró alzarse con el primer lugar en tres ocasiones, lo que representa una de las trayectorias más sólidas en la historia reciente de la competencia. En ese periodo, solo una vez otro país logró interrumpir la racha de El Salvador.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que el gobierno federal contempla nuevas adquisiciones para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Mexicana, con una estrategia que priorizará aeronaves de carga, transporte de personal y helicópteros durante la actual administración.

Durante ’La Mañanera’ de este martes, el mando militar explicó que estas compras forman parte de un plan integral de desarrollo diseñado para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, cuyo propósito es mantener en condiciones óptimas tanto al personal como al equipamiento utilizado por las Fuerzas Armadas.

Según detalló, la estrategia contempla acciones de corto, mediano y largo plazo, con una proyección que se extiende hasta el año 2050.

“Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional”, señaló Trevilla Trejo al ser cuestionado sobre la modernización de la aviación militar mexicana.

El secretario explicó que las adquisiciones previstas para el corto plazo, es decir, durante la actual administración federal, estarán enfocadas principalmente en aeronaves destinadas a tareas de apoyo logístico y transporte.

“Ya tenemos contempladas todas las adquisiciones que se deben hacer y, hablando de las aeronaves, va encaminado con prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y de helicópteros”, indicó.

Trevilla destacó que estas plataformas son consideradas fundamentales para las operaciones diarias de las Fuerzas Armadas y para las labores de apoyo a la población civil.

En particular, subrayó la relevancia de los helicópteros debido a la diversidad de misiones que pueden desempeñar.

“Los ocupamos mucho en la aplicación del Plan DN-III y también en las operaciones”, afirmó.

El Plan DN-III-E es el mecanismo mediante el cual el Ejército y la Fuerza Aérea participan en tareas de auxilio durante desastres naturales, inundaciones, incendios, huracanes y otras emergencias que afectan a la población.

Sustitución de los aviones F-5, parte de la planeación de largo plazo

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue el futuro de los aviones de combate F-5, aeronaves que integran desde hace décadas la flota de la Fuerza Aérea Mexicana.

Al respecto, Trevilla explicó que la renovación de esos equipos forma parte del programa de modernización, aunque no se encuentra entre las prioridades inmediatas.

El general señaló que la eventual sustitución de los F-5 está contemplada dentro de los objetivos de mediano y largo plazo del plan de desarrollo.

“Los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión, es hablar de la sustitución de los aviones F-5 y eso sería a mediano y largo plazo”, explicó.

Con ello, el funcionario indicó que los proyectos relacionados con aeronaves de combate se desarrollarán de manera gradual dentro de una estrategia que se extenderá más allá de la presente administración.

Producción militar y adquisiciones especializadas

Durante su intervención, Trevilla también explicó que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no depende exclusivamente de nuevas compras.

Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con una fábrica de vestuario y equipo, además de una industria militar encargada de producir diversos materiales utilizados por el Ejército y la Guardia Nacional.

Sin embargo, precisó que existen capacidades y equipos que requieren procesos de adquisición específicos para garantizar que las instituciones cuenten con los recursos necesarios para cumplir sus funciones.

“Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí es de donde nos abastecemos, pero también existe el procedimiento de las adquisiciones”, señaló.

El secretario sostuvo que todas estas acciones forman parte de una planeación integral orientada a mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas y responder a las necesidades que enfrentarán en los próximos años.

Con este programa, el gobierno federal busca fortalecer las capacidades logísticas, de transporte y de respuesta ante emergencias de la Fuerza Aérea Mexicana, mientras avanza en una estrategia de modernización que contempla inversiones escalonadas y la eventual renovación de parte de su flota actual.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron que la Fuerza Naval rescató con vida a tres pescadores reportados como desaparecidos mientras realizaban pesca artesanal en el sector de Kaukira, en el departamento de Gracias a Dios. Según la institución, la embarcación perdió contacto el 7 de junio.

Los hombres fueron localizados a tres millas náuticas de la Barra de Caratasca, tras varios días de búsqueda. Las Fuerzas Armadas precisaron que sus familiares no tenían noticias de ellos desde la pérdida de comunicación.

Los rescatados fueron identificados como Frank Allí Arrechavala Méndez y Winston Padilla Bermudez; la tercera persona aún no fue identificada oficialmente, de acuerdo con el reporte. Las autoridades indicaron que se movilizaban en una embarcación tipo tiburonera en la zona de La Mosquitia.

Traslado a la base naval

Las Fuerzas Armadas señalaron que los tres fueron asegurados y evacuados. Ahora son trasladados a la Base Naval de Caratasca para recibir atención médica.

Honduras mantiene la alerta amarilla y verde por los efectos indirectos de la depresión tropical Cristina, que aunque perdió intensidad sigue generando lluvias, viento y oleaje que elevan el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas y peligros marítimos en varias regiones del país, según informó Infobae.

Uno de los puntos de mayor vigilancia es el Golfo de Fonseca, donde el oleaje podría alcanzar entre seis y siete pies de altura, de acuerdo con Infobae. El mismo medio indicó que la marea alta prevista entre las 22:00 y las 24:00 llevó a reforzar las precauciones en las comunidades costeras.

La Alerta Amarilla seguirá durante 24 horas en la línea costera del Golfo de Fonseca y en el municipio de Alianza, en Valle, por el alto oleaje y el posible aumento del caudal del río Goascorán, según Infobae. La medida se mantiene mientras las autoridades observan el comportamiento del mar y de ese afluente.

La Alerta Verde continúa en Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz y Ocotepeque, además del resto de Valle. Las autoridades explicaron al mismo medio que la prevención busca que instituciones de respuesta, gobiernos locales y comunidades sostengan un monitoreo constante ante cambios en el tiempo.

El Golfo de Fonseca concentra el riesgo por oleaje y restricciones marítimas

Aunque Cristina fue degradada a depresión tropical, el fenómeno permanece frente a las costas de Honduras y El Salvador y sigue aportando abundante humedad, lluvias intermitentes, vientos racheados y oleaje elevado en las aguas del Golfo de Fonseca, de acuerdo con reportes de organismos meteorológicos.

Esas condiciones aumentan la probabilidad de crecidas repentinas de ríos, quebradas y riachuelos, además de inundaciones urbanas en zonas vulnerables y saturación de suelos en áreas montañosas. El impacto se concentra sobre todo en el sur, centro, oriente y noroccidente del país, añadió el medio.

Especialistas en gestión de riesgos advirtieron que el estado del mar representa una amenaza para embarcaciones pequeñas y medianas, en especial las dedicadas a la pesca artesanal y al transporte local.

Por esa razón, se mantiene la recomendación de restringir la navegación de naves de pequeño y mediano calado hasta que mejoren las condiciones marítimas.

Las autoridades también recomendaron extremar las precauciones durante las actividades marítimas y vigilar el comportamiento del mar durante la marea alta. En la franja costera bajo alerta, el monitoreo se concentra tanto en el oleaje como en la evolución del río Goascorán.

Las lluvias acumuladas elevan el riesgo de deslizamientos e inundaciones

Las lluvias acumuladas en los últimos días podrían aumentar la vulnerabilidad de comunidades ubicadas cerca de cauces naturales o en zonas de ladera.

Expertos en protección civil advirtieron que los deslizamientos de tierra figuran entre las amenazas más frecuentes de la temporada lluviosa, sobre todo en sectores con antecedentes de movimientos de suelo o deforestación.

Especialistas en gestión de riesgos señalaron en Infobae que los mayores peligros suelen aparecer después de las precipitaciones más intensas, cuando los ríos comienzan a elevarse y los suelos alcanzan su máximo nivel de saturación. También recomendaron a las alcaldías y comités de emergencia local mantener observación permanente sobre los puntos críticos para actuar a tiempo.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, afirmó que la PNP actuará para impedir protestas en la ciudad capital luego de que se conozcan los resultados finales de la segunda vuelta electoral. Según él, la PNP protegerá el derecho de reunión y expresión, pero intervendrá con uso gradual de la fuerza si una protesta afecta a personas, bienes públicos, infraestructura o la tranquilidad pública.

En una entrevista con Panamericana, Arriola sostuvo que la coordinación no quedará limitada a la Policía. Mencionó a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Pública y al alcalde Renzo Reggiardo como parte de un esfuerzo para mantener la seguridad

El jefe policial también situó el operativo en una escala nacional. “La policía va a garantizar la seguridad de los 34 millones de peruanos”, dijo Arriola, al responder por la posibilidad de una nueva “toma de Lima” convocada por ciudadanos.

PNP advierte que usará la fuerza de forma progresiva

El jefe de la Policía explicó que la institución garantizará la seguridad de quienes ejerzan “sus derechos fundamentales a la libertad de reunión y a la libertad de expresión”, pero advirtió que estará vinculado con la conducta de los manifestantes. “Nadie les quita el derecho, sino esos derechos dejan de asistirle, porque comienza la generación de la violencia”, en especial en el centro de Lima.

Consultado sobre posibles desbordes tras el resultado electoral, Arriola respondió: “Si es que hay personas que alteran este orden público, que generan violencia en contra de personas, por supuesto que vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”, dijo Arriola.

El comandante también describió un límite material para la tolerancia estatal frente a ataques a sedes públicas. “No podemos hacer un ole para que pasen e incendien el Congreso o el Palacio o las autoridades”, dijo Arriola, al rechazar la posibilidad de una pasividad policial ante una escalada violenta.

Arriola afirma que se evitará una “toma de Lima”

El comandante general aludió a antecedentes ya identificados por las autoridades y sostuvo que la respuesta actual se apoya en esos registros sobre anteriores intentos de “toma de Lima”.

En ese tramo, indicó que esas referencias están “registradas en las investigaciones en la primera, segunda y tercera tentativa de una supuesta toma de Lima”.

Arriola agregó que el deber de la fuerza es proteger a quienes resulten afectados por eventuales hechos violentos y a quienes tienen a su cargo bienes del Estado.

Comunidad Aymara convoca a protestas si Keiko Fujimori gana las elecciones

La demora en el conteo de votos por parte de los organismos electorales ha generado tensión en los simpatizantes Roberto Sánchez. En la región Puno, en la que el candidato a la presidencia de Juntos por el Perú tuvo un apoyo en mayoría, integrantes de la comunidad Aymara convocaron a una protesta en la que afirman que no reconoceran los resultados si Fuerza Popular gana las elecciones.

“No al fujimorismo. Un voto patriótico, un voto con dignidad, un voto con memoria, con memoria de tantos fallecidos, tantos fallecidos, hermanos tenemos en diferentes regiones asesinados por los militares, por este pacto mafioso. Señora Keiko Fujimori, por favor, háganos el favor de retirarse, señora. Usted no trabaja. Usted no tiene dignidad, no tiene sentimientos, señora. Usted por lo menos ni siquiera tiene una ocupación laboral. Usted no trabaja, usted no sabe qué es sufrir, qué es sudar para conseguir un pan de cada día para nuestros hogares. Señora, por favor, retírese (...) Vamos a llegar hasta Lima y no vamos a admitir”, expresó una ciudadana durante la manifestación pacífica.

Los ciudadanos concentrados cerca al puente Ilave también expresaron que no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta en caso de que gane las elecciones. “No lo vamos a reconocer. Nosotros hemos dado nuestro rechazo categórico. ¿Qué más quiere la señora? ¿Qué le pasa? (...) ¿Piensa que el pueblo está ciego? ¿No tiene memoria?“, indicó la ciudadana.

El ministro de Defensa de la Argentina, Teniente General Carlos Presti, y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, supervisaron este miércoles el cierre del ejercicio combinado “Daga Atlántica“, el primero de gran magnitud que realizan las Fuerzas Armadas de los dos países.

El acto se realizó en la IV Brigada Aerotransportada, en las afueras de la ciudad de Córdoba, hasta donde se trasladaron varias autoridades nacionales y extrajeras para presenciar uno de los últimos entrenamientos que se dieron en el marco de esta iniciativa.

En poco menos de cinco minutos, una fuerte dotación de militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea llegaron al campo de batalla ficticio, abrieron fuego, rescataron a un rehén y lo sacaron de la zona en un exitoso operativo que se desarrolló con precisión milimétrica.

Fueron aproximadamente 25 mil disparos los que se realizaron tanto desde los vehículos de combate como desde los fusiles de los más de 50 uniformados que participaron de la misión, en su totalidad argentinos.

A unos metros de distancia, en unas carpas que se montaron en el lugar y también al aire libre, a un costado de las camionetas que transportan los aparatos de comunicación, los altos mandos observaban el desenvolvimiento de sus subordinados.

Entre el personal de jerarquía se encontraban algunos integrantes del Comando de Operaciones Especiales del Comando Sur de los Estados Unidos (Socsouth, por sus siglas en inglés) y de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales (JSOU) de ese mismo país.

El objetivo de la jornada era salvar a la persona secuestrada en el marco de un escenario hipotético en el que se tiene que recuperar el control del canal de Panamá, premisa que se mantuvo a lo largo de todo el programa.

El ejercicio fue conjunto porque participaron los miembros de las tres Fuerzas Armadas y combinado porque se hizo con la colaboración de las dotaciones norteamericanas, que llegaron a la Argentina en abril, cuando comenzaron los entrenamientos.

La particularidad de esta ocasión fue que, a diferencia de lo que pasa en operativos similares que se hacen en Chile, Brasil u otras naciones de la región, en Córdoba los visitantes le dieron el control total de la situación a los militares locales.

Esto sirvió de prueba para el ejercicio PANAMAX 2026, que se realizará a finales de este año en Panamá y en el que la Argentina volverá a estar al frente del comando operacional de las fuerzas especiales de los Estados participantes.

Luego del despliegue, los uniformados que formaron parte de la misión recibieron un diploma que tiene certificación internacional de la OTAN y la ONU, un hecho histórico para las FFAA, que nunca antes habían podido acceder a esto.

Del evento también participaron los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Relaciones Esteriores, Pablo Quirno, y de Salud, Mario Lugones, además de otras autoridades y diputados, como el libertario Carlos Zapata.

Si bien estaba previsto que asistiera el presidente Javier Milei, el mandatario canceló el viaje por cuestiones de agenda, pero el resto de los funcionarios decidieron ir de todas formas.

La idea es repetir esta experiencia el año que viene con mayor presencia norteamericana, ya que la guarnición extranjera se redujo notablemente debido a la guerra entre Irán e Israel -de hecho, estuvo a punto de cancelarse-.

De todas formas, la meta central es el 2028, para cuando se planea un despliegue mucho más masivo, con entrenamientos más complejos y mayor armamento, ya que para ese momento ya habrán arribado a Buenos Aires casi todos los vehículos Strykers y los aviones F-16 que se compraron en el último tiempo.

En este caso, la Fuerza Aérea participó con un helicóptero Bell 412, un Hércules C130 y un Embraer ERJ; la Armada aportó el avión P3 Orion y el Patrullero Oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”; y el Ejército movilizó tres Strykers.

Lo que dejó el ejercicio y cómo sigue el vínculo con los Estados Unidos

En diálogo con Infobae, el ministro Presti calificó como “un salto de calidad” la realización de este operativo para las Fuerzas Armadas Argentinas, destacó el hecho de que los visitantes norteamericanos hayan dejado el control del comando en manos de las autoridades locales, lo cual no es habitual que ocurra, y anticipó que está en conversaciones con el embajador Lamelas para la compra de los helicópteros Black Hawk, cuyas primeras unidades podrían llegar incluso este año.

“Vinieron alrededor de quince o veinte uniformados para hacer actividades más que nada de planeamiento y preparar también etapas posteriores para otros ejercicios futuros, como el que se va a dar en Panamá en unos meses”, explicó el funcionario.

El ahora integrante del Gabinete, que hizo casi toda su carrera en el Ejército, detalló que “hay tres comandos, el de tierra, aire y mar, pero además, en el mundo OTAN, está el Comando de Fuerzas Especiales, y esta fue la primera vez que los elementos argentinos tomaron el mando de esa organización”.

“Yo creo que eso también responde un poco a la calidad de la gente nuestra, a la experiencia que tiene para interoperar con fuerzas americanas. También los americanos valoran mucho la capacidad intelectual y de planeamiento de nuestros oficiales y suboficiales, tal vez por encima del resto de Sudamérica”, agregó.

No obstante, Presti desestimó cualquier intervención en el conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente, al remarcar que para que algo así sucediera, primero es necesario “un adiestramiento y tener los materiales adecuados, porque las fragatas o los destructores que tiene la Armada, por ejemplo, son buques de guerra que participaron en Malvinas, hace treinta y cinco años”.

Asimismo, el ministro desmintió que la compra de los Black Hawk para el Ejército se haya caído y aseguró que lo conversó incluso este miércoles con Lamelas, ya que se trataría de una adquisición importante porque “te permite interoperar con otras Fuerzas Aéreas”.

“Estamos hablando de cuatro helicópteros de la versión Lima con la posibilidad de que dos vengan antes de fin de año con todo el paquete logístico y de capacitación que lo darían los Estados Unidos. Está en negociaciones", insistió.

Por último, el funcionario hizo un balance de lo que dejó el ejercicio combinado y opinó que “lo más valioso es mostrar que las Fuerzas Armadas de Argentina tienen un capital humano muy grande y que se capacitan de la mejor manera con los recursos que el Estado les proporciona”.

“Durante muchos años, nuestros comandos, las fuerzas especiales, no tuvieron acceso a interoperar o relacionarse con, por ejemplo, los comandos y fuerzas especiales americanas. Y hoy tienen esa oportunidad. Ellos tienen un grado de tecnología, desarrollo y experiencia de guerra que es muy valioso y lo transmiten. Por ejemplo, en el campo había un profesor estadounidense que era un veterano de guerra, que tiene mucha experiencia de combate. Poder acceder a esas experiencias de guerras reales es muy importante”, cerró.

El Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y Sunset Park cierran temporalmente a partir de este martes 9 de junio. La decisión fue comunicada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien informó que ambos espacios permanecerán inhabilitados para el público hasta nuevo aviso como medida de prevención y seguridad para turistas, comerciantes y residentes de la zona costera.

El anuncio, replicado en los canales institucionales, subraya que el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y el parque de diversiones Sunset Park no reabrirán sus puertas mientras persistan las condiciones de riesgo.

“Debido a las condiciones del clima, el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y el Parque de Diversiones Sunset Park permanecerán cerrados temporalmente. Gracias por su comprensión”, expresó la ministra Valdez en una publicación. La medida se mantendrá vigente hasta que existan garantías para la seguridad de visitantes y trabajadores.

Esto responde a los efectos del fuerte oleaje generado por la Tormenta Tropical Cristina, que impactó principalmente la zona litoral de El Salvador. Según el último reporte oficial, una sección de más de 15 metros del muelle turístico del Puerto de La Libertad colapsó a causa de la fuerza del mar.

Además, el oleaje provocó daños leves en el sector de Sunset Park y en varios restaurantes ubicados en el área del malecón, donde el agua del mar ingresó y afectó la infraestructura.

Refuerzan protección y vigilancia en el malecón de La Libertad

Las autoridades de Obras Públicas anunciaron que desplegaron equipos para instalar una protección provisional en el malecón del Puerto de La Libertad. También informaron que, cuando las condiciones del clima lo permitan, iniciarán la construcción de una obra de protección permanente en la zona. Todo ello con el propósito de mantener la seguridad ante variabilidad del oleaje y lluvias en los próximos días.

Por su Parte, la Fuerza Armada de El Salvador, a través de la Marina Nacional, mantiene desplegado un dispositivo de vigilancia y monitoreo en el Puerto de La Libertad y Sunset Park, en cumplimiento de la alerta naranja emitida por las condiciones marítimas adversas. El personal militar supervisa la seguridad en la zona y apoya las labores de prevención, mientras se evalúan los daños y se define el proceso de recuperación de las áreas afectadas.

El monitoreo continuará en todo el litoral, mientras se mantiene la alerta por la posibilidad de que el fenómeno marítimo se intensifique. Las autoridades insisten en acatar las recomendaciones y mantenerse informados a través de los canales gubernamentales para evitar incidentes.

De igual manera, señalaron que el monitoreo se extiende a otras zonas costeras como Acajutla y playa El Majahual, donde se reportan afectaciones de diversa magnitud.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que este 9 de junio, la velocidad del oleaje podrá alcanzar hasta 55 kilómetros por hora, con alturas que oscilarán entre 1.8 y 2.2 metros. Por su parte, para el 10 de junio, se prevé una ligera disminución en la velocidad máxima, que llegará a 50 kilómetros por hora, y alturas entre 1.7 y 2.2 metros.

En un artículo previo se describen seis líneas de acción para construir un sistema de defensa creíble y realista. Una de ellas es la actualización del marco legal que regula la Defensa Nacional, sustentado en la Ley N° 23554 de Defensa Nacional (1988), reglamentada por decreto N° 1112/24. Dicha ley establece bases para la preparación, ejecución y control de la defensa y se complementa con la Ley N° 19101 para el Personal Militar (1971).

Otras leyes y normas inciden en la organización y empleo del sistema de defensa nacional, sin ser éste su ámbito primario. Entre ellas, la Ley N° 24059 de Seguridad Interior (1992) que establece una clara diferencia entre seguridad interior y defensa, y la Ley N° 25520 de Inteligencia Nacional (2001), que regula al Sistema de Inteligencia Nacional. Todas ellas tienen decretos reglamentarios y otras normas derivadas, que evidencian en su conjunto, un marco legal obsoleto, con vacíos, contradicciones y ambigüedades en su cumplimiento.

Obsolescencia del marco legal

Las leyes mencionadas anteriormente se elaboraron en un contexto complejo caracterizado por el fracaso del gobierno de facto, la debilidad inicial del sistema democrático y la necesidad de un control efectivo sobre las FFAA. Ello tuvo como consecuencia, la inclusión de importantes restricciones operativas al Sistema de Defensa Nacional en el afán de limitar la intervención política de las fuerzas armadas.

Aunque comprensibles el contexto y las causas, las leyes crearon una división artificial entre defensa y seguridad (interior) como si fuesen problemas de diferente naturaleza y complejidad, y pudieran enfrentarse de manera independiente y desintegrada. Esto limita la capacidad defensiva del país y resta flexibilidad y velocidad de respuesta frente a amenazas o agresiones complejas (híbridas, proxies, etc). La defensa se prevé y emplea contra cualquier amenaza o agresión a los intereses vitales de la nación y las FFAA no deben considerarse como ultima ratio, sino como un recurso adecuado para algunas situaciones encuadradas legalmente como de seguridad interior y viceversa, con FFSS participando en operaciones militares (como en la guerra de Malvinas).

La Ley N° 24059 prevé emplear a las FFAA en operaciones de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio por el PEN según el Art 86, Inc 17 de la CN (después de la reforma de 1994, está en el Art 99, Inc 16), algo que ningún presidente ha hecho dado el costo político de tal medida. Y aunque el Decreto 1112/24, intenta solucionar esta limitación, se mantiene la condición de que la amenaza o agresión sean externas, cualquiera sea su forma ya que no puede modificar per se, la ley.

La Ley de Inteligencia y normas derivadas limitan a la inteligencia militar a operar sobre organizaciones militares e inteligencia técnica de eventuales agresores (no menciona siquiera a amenazas). Operar sin la inteligencia brindada por su propio sistema afecta la eficiencia de cualquier organización militar (y de cualquier organización en general). También la normativa vigente prohíbe la ejecución de operaciones psicológicas (componente necesario en operaciones de información), algo inconcebible en la actualidad.

Vacíos, contradicciones, incumplimiento y ambigüedades

El marco legal de la defensa se presenta fragmentado y con vacíos importantes, producto de necesidades políticas ocasionales y de diferentes visiones sobre la problemática. Muchos aspectos obligatorios no se cumplen tal como la letra y el espíritu de cada ley pretende, en ocasiones con poca trascendencia, pero en otras con una afectación grave al sistema de defensa. A modo de ejemplo, se cita al servicio militar, a la reserva y a la carencia de una ley orgánica de las FFAA.

La Ley N° 24429 (1995) de Servicio Militar (que no deroga a la Ley N° 17531 de Servicio Militar Obligatorio), prevé la incorporación de soldados voluntarios y habilita al PEN a incorporar soldados mediante conscripción obligatoria, en caso de que no se llegue a cubrir las plazas fijadas anualmente. Este hecho nunca ocurrió desde su promulgación, pese a que las FFAA desde hace décadas, no tienen los efectivos necesarios para cumplir las misiones asignadas de manera eficiente.

Aunque varias leyes refieren a la reserva, no hay una ley específica para ella ni tampoco una de movilización. La carencia de un sistema eficiente y moderno de movilización y reservas, reduce la capacidad de disuasión y de respuesta frente a amenazas o agresiones externas, o para cumplir las misiones subsidiarias de las FFAA.

Otro vacío importante es la carencia de una ley orgánica de las FFAA. Según el artículo 45 y 46 de la Ley de defensa, el CODENA debía elevar varios anteproyectos de leyes en el plazo de un año (incluyendo entre otras, leyes orgánicas, de reserva, de movilización y de producción para la defensa). Poco se ha hecho en ese sentido, excepto con la Ley N° 24948 de Reestructuración de las FFAA, la cual fuera reglamentada de manera parcial e inconexa a través de decretos de distinta temática.

Más allá de lo mencionado, la gestión de la defensa ha sido ambigua y en muchos casos contradictoria con el espíritu de las leyes, citando como ejemplo:

La Ley N° 26.394 Justicia Militar (2008) creó el Código de Disciplina de las FFAA y modificó el Código Penal, cuyo espíritu era eliminar el fuero militar y equiparar derechos del militar con los del ciudadano. No obstante, las modificaciones del Código Penal, incluyen agravamiento de las penas en algunos delitos civiles si son cometidos por militares. Pareciera que ser militar, en su condición de funcionario público, constituye un agravante que no aplica por igual a todos los funcionarios.

Las normas presupuestarias y de planes de reequipamiento son también ejemplo de contradicciones y ambigüedades de gestión. La Ley N° 27565 Fondo Nacional de la Defensa (2020), asigna a la modernización de las FFAA desde 2023, el 0.8 por ciento de los ingresos corrientes. Nunca y sin justificación, se han alcanzado siquiera valores cercanos que permitan un proceso de modernización realista y sostenido.

El desconocimiento de la ley es también grave. Algunos ex presidentes y funcionarios, expresaron en varias ocasiones que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Ello implica ignorar (por desconocimiento o intencionalidad) el Art 8, a) de la Ley de Defensa Nacional, el cual establece taxativamente que el Sistema de Defensa Nacional debe determinar dichas hipótesis, sin mencionar la vigencia del conflicto por Malvinas.

Describir las falencias del marco legal de la defensa excede la extensión y propósito de este trabajo, el que busca alertar a quiénes tienen la responsabilidad de gobernar y legislar, de un problema serio para el futuro de la Nación.

Reconocer estas falencias, es sin embargo el paso necesario para su actualización, la que otorgue al país un marco jurídico políticamente acordado, ordenado, con lineamientos claros y definidos al futuro, y bajo el cual la defensa nacional tenga el poder necesario para asegurar la independencia, la soberanía y la libertad de los argentinos.

Los videojuegos de acción suelen asociarse únicamente con el entretenimiento, pero una investigación reciente publicada en Communications Psychology sugiere que sus efectos podrían ir mucho más allá de la pantalla.

El estudio encontró que la experiencia acumulada en este tipo de juegos se relaciona con una mayor capacidad para aprender habilidades nuevas en entornos exigentes y de alta complejidad, incluido un contexto tan desafiante como la selección y formación de pilotos militares. Este hallazgo reabre el debate sobre el potencial de los videojuegos para desarrollar capacidades cognitivas aplicables al mundo real.

Según se detalla en el artículo de Muy Interesante, revista de divulgación científica, estos videojuegos se asocian con una ventaja a quienes deben adaptarse a tareas desconocidas, lo que indica que algunas actividades cotidianas pueden contribuir al desarrollo de mecanismos útiles para aprender en el futuro.

Metodología y participantes del estudio

El estudio mencionado reunió a 228 hombres pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De ese total, 128 eran alumnos de vuelo naval que ya habían superado procesos de selección aeronáutica, mientras que los 100 restantes desempeñaban otras funciones militares vinculadas a la aviación, sin experiencia previa en evaluaciones aeronáuticas.

Todos los participantes completaron una versión experimental de la batería de medidas basadas en el rendimiento (PBM), integrada en la Aviation Selection Test Battery (ASTB), una herramienta utilizada por la Marina, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera estadounidenses para seleccionar personal de aviación.

Las pruebas requerían seguir objetivos en movimiento con mandos similares a los de una aeronave, responder a señales auditivas, controlar distintos elementos simultáneamente y reaccionar ante situaciones imprevistas, todo ello mientras se gestionaba información de diversas fuentes.

Además, se recopiló información detallada sobre la experiencia de cada participante tanto en videojuegos de acción como en simuladores recreativos de vuelo.

Rendimiento y velocidad de aprendizaje en pruebas de selección aeronáutica

El enfoque del estudio no se limitó a comparar las puntuaciones obtenidas en las pruebas, sino que analizó la evolución del rendimiento a medida que los participantes repetían las tareas.

Mediante modelos matemáticos, los investigadores reconstruyeron las curvas individuales de aprendizaje, lo que permitió distinguir entre quienes partían con ciertas ventajas por habilidades previas y quienes mejoraban con mayor rapidez durante el entrenamiento.

En la práctica, los alumnos de vuelo se desempeñaron mejor en las primeras pruebas por su formación específica. No obstante, el análisis reveló que aquellos con mayor experiencia en videojuegos de acción no solo partían de mejores resultados iniciales, sino que también alcanzaban antes su rendimiento máximo.

El modelo mostró que aproximadamente la mitad de la mejora total se producía tras poco más de tres bloques de práctica, y que entre los alumnos de vuelo, quienes jugaban a videojuegos de acción aprendían a mayor velocidad.

Diferencia entre videojuegos de acción y simuladores de vuelo

Los resultados también revelaron un matiz importante. Aunque los participantes con experiencia en simuladores recreativos de vuelo obtuvieron un mejor desempeño en las primeras etapas de las pruebas, esa ventaja inicial no se tradujo en una mayor rapidez para adquirir nuevas habilidades. En otras palabras, partir con cierta familiaridad ayudó al comienzo, pero no influyó de manera significativa en la capacidad de aprendizaje a medida que avanzaba el entrenamiento.

Por el contrario, la experiencia con videojuegos de acción fue la que mostró las asociaciones más consistentes con una progresión rápida en los alumnos de vuelo.

Este resultado contradice la idea en psicología de que las actividades más similares a una tarea concreta son siempre las que generan más beneficios transferibles. En este caso, la mayor asociación positiva se detectó en una experiencia aparentemente más alejada de la aviación real.

El concepto de aprender a aprender y sus implicaciones

El debate sobre el estudio gira en torno al concepto de aprender a aprender. Esta noción plantea que algunas experiencias no solo enseñan habilidades específicas, sino que ayudan a desarrollar mecanismos generales que facilitan el aprendizaje de competencias nuevas. ¿La distinción? Instruirse para una tarea concreta es distinto a adquirir flexibilidad para desenvolverse cuando no existe un manual claro.

Los autores del estudio sugieren que los videojuegos de acción podrían estar relacionados con este segundo fenómeno. La constante necesidad de supervisar múltiples elementos, reaccionar a cambios inesperados, modificar estrategias y manejar información compleja en estos juegos favorece procesos cognitivos que pueden ser útiles en otros contextos, más allá del propio entretenimiento digital.

Limitaciones y alcance de los resultados

El estudio no afirma que jugar a videojuegos de acción convierta de manera automática a una persona en piloto ni que pueda suplir la formación técnica y especializada.

Tampoco sostiene que acumular horas frente a una pantalla permita saltarse la escuela de vuelo o los procesos de selección. Más bien, los resultados sugieren que existe una relación entre la experiencia con videojuegos de acción y la capacidad para adaptarse y aprender en contextos nuevos.

Además, la asociación más clara se detectó entre los alumnos de vuelo, no en todo el grupo de participantes, lo que apunta a limitaciones en la generalización de los resultados.

Desde 1983, Argentina consolidó uno de los mayores logros institucionales de su historia contemporánea, el control civil de las Fuerzas Armadas. Tras décadas de interrupciones constitucionales, el instrumento militar quedó plenamente subordinado al poder democrático. Sin embargo, más de cuarenta años después, es necesario preguntarnos si ese éxito político estuvo acompañado por una conducción eficaz de la defensa nacional.

La respuesta, observando el estado actual de nuestras capacidades militares, parece evidente. Argentina logró controlar a las Fuerzas Armadas, pero nunca consiguió conducir estratégicamente la defensa como una política de Estado.

El politólogo Thomas C. Bruneau fue uno de los autores que mejor explicó esta diferencia. El control civil garantiza la subordinación militar al poder político y responde a la pregunta “quién manda”. La conducción estratégica, en cambio, exige que la dirigencia sea capaz de definir objetivos, asignar recursos, formular estrategias y sostener la preparación del instrumento militar en el tiempo. Responde a “hacia dónde se conduce y con qué capacidades”.

Bruneau advirtió que numerosos países alcanzaron el primer objetivo mientras fracasaban en el segundo, generando fuerzas armadas plenamente subordinadas, pero crecientemente ineficaces. Argentina encaja con notable precisión en esa descripción.

Tras la derrota de Malvinas y el retorno de la democracia, la sociedad argentina construyó un consenso sólido respecto de la necesidad de impedir cualquier forma de autonomía militar. Fue una decisión correcta y necesaria. El problema surgió cuando la defensa comenzó a ser interpretada casi exclusivamente desde la lógica del control institucional y dejó de ser concebida como una política pública destinada a preservar capacidades estratégicas.

Así, mientras se fortalecían los mecanismos democráticos de supervisión, se fue produciendo una pérdida constante de capacidades militares que terminó arrastrando al país hacia una situación cercana a la indefensión.

Durante gran parte de estas cuatro décadas, el Ministerio de Defensa funcionó más como un espacio de administración política coyuntural que como un verdadero órgano de conducción estratégica. La mayoría de los ministros llegaron al cargo por acuerdos partidarios, sin experiencia previa ni equipos especializados en la materia. Se consolidó entonces una paradoja recurrente, los civiles ejercían la autoridad formal pero dependían técnicamente de los propios militares para comprender el área que debían conducir, subordinando las recomendaciones profesionales recibidas a urgencias presupuestarias, factores electorales o ideológicos.

A ello se sumó la ausencia de continuidad estratégica. Desde 1983, la política exterior argentina osciló entre alineamientos contradictorios y visiones cambiantes del mundo. Cada gobierno redefinió prioridades, alianzas y amenazas. Como consecuencia, la política militar quedó subordinada a los ciclos políticos y jamás se consolidó un consenso básico sobre qué capacidades debía conservar el país y para qué escenarios.

Argentina tuvo “políticas de gobierno para las Fuerzas Armadas”, pero nunca tuvo una verdadera “política de Estado para la Defensa”.

La evolución presupuestaria refleja con claridad este proceso. El gasto en defensa cayó sostenidamente hasta ubicarse hoy por debajo del 0,5 % del PBI. Lo más grave es que esta reducción nunca estuvo acompañada por una reforma estructural coherente. No se reorganizó integralmente el instrumento militar, no se adecuaron las estructuras a los recursos disponibles ni se redefinieron prioridades estratégicas. Simplemente se ajustó.

El resultado fue previsible, estructuras cada vez más costosas para sostener capacidades cada vez menores.

Las consecuencias están a la vista. Obsolescencia de sistemas de armas, disminución de la disponibilidad operativa, reducción del adiestramiento y pérdida de capacidades críticas en los tres componentes de las Fuerzas Armadas. Durante años el país careció de aviación de combate supersónica, la Armada perdió sus capacidades submarinas, gran parte de sus medios de superficie, mientras el Ejército vio limitadas sus posibilidades de despliegue, movilidad y poder de fuego.

El hundimiento del ARA San Juan simbolizó de manera dramática las consecuencias de décadas de desinversión, improvisación y falta de previsibilidad. Desde hace más de dos décadas, el instrumento militar no está en condiciones de cumplir cabalmente con el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional, que fija como misión garantizar la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial, capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Todo esto fue favorecido por la idea de que América del Sur se había convertido en una región donde los conflictos interestatales pertenecían al pasado y que, por lo tanto, la preparación militar había dejado de ser prioritaria. Sin embargo, los intereses vitales de una Nación no desaparecen porque disminuyan las probabilidades de conflicto. La defensa existe precisamente para garantizar que esos intereses puedan ser protegidos cuando las circunstancias cambian.

Y las capacidades militares no se improvisan. Requieren décadas de formación, doctrina, entrenamiento e inversión. Cuando se pierden, recuperarlas demanda enormes recursos financieros y mucho tiempo.

La discusión pública tampoco ayudó. Durante años, la agenda vinculada a la defensa quedó reducida a debates sobre derechos humanos, misiones de paz o asistencia a la comunidad. Todos temas relevantes pero insuficientes para abordar la eficacia, el problema central del instrumento militar. La defensa desapareció de la agenda política porque dejó de percibirse como una prioridad nacional.

La experiencia de la denominada “logística genética”, impulsada a partir de las lecciones surgidas del Informe Rattenbach, ilustra bien esta realidad. Se identificó correctamente la necesidad de planificar la generación de capacidades a largo plazo, pero nunca se consolidó una estructura permanente capaz de sostener esa visión más allá de los cambios de administración.

La falencia persiste hasta hoy. El Ministerio de Defensa carece de una estructura técnico-profesional robusta y estable en el área material, que permita conducir integralmente el ciclo de vida de las capacidades militares. Muchas funciones terminan fragmentadas o delegadas en las propias fuerzas, debilitando la continuidad y la coherencia de la conducción política.

Por eso, cada cierto tiempo reaparece el debate sobre si los ministros deberían ser civiles o militares retirados. La discusión, en realidad, parte de una premisa equivocada. El problema no es el origen profesional del ministro, sino su capacidad técnica y su visión estratégica. Existen excelentes ministros civiles y también militares retirados que han ejercido funciones políticas bajo estricto control democrático. La subordinación institucional está plenamente resuelta. El desafío pendiente es profesionalizar la conducción de la defensa.

La delicada situación económica argentina impide imaginar soluciones basadas exclusivamente en aumentos presupuestarios. Pero las restricciones fiscales no justifican la ausencia de planificación. Países con recursos limitados sostienen instrumentos militares eficaces porque establecen prioridades claras, desarrollan consensos estratégicos duraderos y administran racionalmente sus capacidades.

Argentina necesita avanzar precisamente en esa dirección. Construir acuerdos básicos que sobrevivan a los cambios de gobierno; profesionalizar la conducción política del área; formar a los cuadros superiores en gestión estratégica; adecuar las estructuras a los recursos disponibles; concentrar esfuerzos en capacidades prioritarias; y reconstruir gradualmente los sistemas de planeamiento, logística y generación de capacidades.

Sobre todo, necesita recuperar una discusión seria, madura y desideologizada sobre la defensa nacional.

La defensa no equivale al militarismo ni supone debilitar el control democrático. Un sistema eficaz requiere simultáneamente subordinación política, conducción profesional y capacidades materiales reales. Cuando una de esas dimensiones falta, el Estado se debilita.

El gran desafío argentino del siglo XXI ya no es evitar la intervención militar en la política. Ese objetivo fue alcanzado hace más de cuatro décadas y constituye uno de los principales logros de nuestra democracia.

El desafío pendiente, entonces, es construir una dirigencia capaz de pensar, planificar y conducir estratégicamente la defensa nacional. De lo contrario, seguiremos atrapados en una contradicción que se ha vuelto cada vez más evidente, haber logrado Fuerzas Armadas plenamente subordinadas al poder político, pero con cada vez menos capacidad para cumplir la razón misma de su existencia, la defensa de los intereses vitales de la Nación.

Mientras las grandes potencias, como Estados Unidos y China, disputan influencia más allá de la atmósfera, Argentina avanza en distintos proyectos para definir qué papel desempeñarán sus Fuerzas Armadas en el dominio espacial. Y, si bien nadie puede reclamar como propio ese escenario ultraterrestre, sí es un tema de soberanía el poder decir presente y capitalizar el enorme potencial científico e intelectual propio para ocupar un lugar estratégico y de referencia en este ámbito. No estamos lejos: no por nada, hace pocos meses, el satélite argentino Atenea fue enviado al espacio exterior durante la misión Artemis II. Es decir: hay experiencia, trayectoria y un inmenso horizonte de posibilidades.

Para presentar las distintas iniciativas, proyectos y debates, el Ministerio de Defensa llevó a cabo una nueva jornada de innovación y tecnología. Expertos en satélites, comunicaciones, vectores de lanzamiento y datos se presentaron en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) para poder sentar precedente.

Un dato: el ámbito militar no está solo a la hora de avanzar en esta materia. Alrededor, hay distintos actores –públicos y privados– comprometidos con el desarrollo de tecnología espacial. La CONAE, el CITEDEF, INVAP, ARSAT y firmas como VENG, Space Sur y Ascentio Techonologies son algunas de las organizaciones que acompañan las necesidades con sus desarrollos. Por eso, estuvieron entre los principales oradores del encuentro.

“Cuando pensamos en el desarrollo de capacidades espaciales estratégicas, estamos hablando del presente en la defensa nacional. El espacio ya no es la última frontera, es el teatro de operaciones actual. Pero los desafíos se vuelven más complejos. El conocimiento no puede quedar atrapado en los laboratorios y en los claustros académicos”, advirtió el licenciado Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa, y uno de los principales mentores de la jornada que tuvo lugar en la UNDEF. Un detalle, nada menor: este evento es el segundo de este tipo realizado por la cartera castrense, pues hace un mes tuvo lugar una jornada sobre sistemas de simulación para el adiestramiento táctico.

El espacio, un lugar estratégico: la visión del Ministerio de Defensa

“Hace diez años, hablábamos de drones; hoy debemos tomar nota de las operaciones en el espacio”, advirtió, ante un auditorio repleto de militares, funcionarios y científicos, el general de división Jorge Alberto Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares de la cartera de Defensa.

De acuerdo con el militar, las capacidades espaciales están siendo consideradas en el planeamiento de la defensa. Por eso, adelantó que el Ministerio del teniente general Carlos Alberto Presti busca avanzar en las capacidades de investigación, desarrollo e innovación: “Vamos a tratar de priorizar las tecnologías emergentes y de uso dual. Entre ellas, podemos incluir comunicaciones seguras, sensores, inteligencia artificial aplicada, sistemas nocturnos y no tripulados, soluciones ciberespaciales, guerra electrónica, capacidades de observación y comunicaciones espaciales”.

De todas maneras, el funcionario advirtió que, para que estas iniciativas tengan lugar en las organizaciones militares, se pensó en una serie de directrices: deberán reducir la dependencia externa, mejorar la vigilancia y el control del espacio soberano y fortalecer las capacidades industriales sostenibles.

¿Argentina en el espacio exterior?

Durante la jornada, Julio Spota, rector de la Universidad de la Defensa Nacional, trajo al presente una reflexión de Domingo Faustino Sarmiento. A propósito de la necesidad de avanzar en los desarrollos espaciales en pos de garantizar la defensa y la soberanía, recordó que el autor de Facundo escribió: “¿Acaso porque la empresa sea ardua es por eso absurda?”. Dice Spota que ese mismo lineamiento debemos considerar a la hora de pensar en las capacidades estratégicas: “¿Es absurdo pensar en una Argentina espacial?”.

En representación del claustro castrense, también habló el coronel (retirado) veterano de guerra de Malvinas Carlos Daniel Esteban, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNDEF. Y, de hecho, calificó el evento como el arma más poderosa que tienen las ciencias y la academia para intercambiar conocimientos. A propósito del tema de la jornada, recordó que, cuando los hermanos Wright miraron al cielo en 1903, abrieron un abanico de alternativas para la humanidad, que, desde entonces, comenzó a mirar hacia arriba. “Luego el hombre llegó a la Luna”, resumió al remarcar el sinfín de posibilidades que hoy desafían al mundo en materia científica y tecnológica.

Del cine a la realidad: ¿nos debemos preparar para una guerra orbital?

Uno de los paneles más relevantes de la UNDEF se metió de lleno en el motivo de la jornada: la Fuerza Aérea Argentina es la que tiene la responsabilidad de vigilar y controlar el aeroespacio. Por lo tanto, es la que debe procurar llevar adelante desarrollos que permitan garantizar la soberanía en esos dominios.

¿El contexto? A mediados del siglo XX, se inició una carrera espacial que, además, enfrentó a dos potencias: Estados Unidos y la URSS. “Esta carrera está en una situación bastante más compleja en lo que llamamos el ‘nuevo espacio’”, señaló uno de los oradores, el brigadier mayor retirado Alejandro Moresi, quien caracterizó este nuevo territorio como un ambiente en conflicto permanente en el que conviven civiles y militares: “La militarización del espacio fue escalando”.

De acuerdo con el militar, en este escenario, no hay que dejar de lado la amenaza que representa la existencia de basura espacial, no solo para la Tierra, sino también para los satélites que son enviados al espacio y, como si eso fuera poco, un potencial combate orbital, fenómeno que, hace algunos años, solo podía ser visualizado en la pantalla grande.

En cambio, en este momento, los países evalúan sus capacidades militares para lograr ventajas estratégicas desde o contra el entorno espacial. Lo relevante de este dato es que las tecnologías que tendrán un lugar en esa batalla son de uso dual. Los ejemplos sobran, solo basta decir que, casi a diario, los ciudadanos utilizamos aplicaciones de navegación de GPS. ¿Qué podría suceder si alguien pudiera derivar algunos nanosegundos la ubicación? Eso, en un ataque militar, puede traducirse en un caos absoluto. Es decir, lo que sucede en el espacio impacta en la Tierra. Así que, como se explicó en la UNDEF, este es un momento clave para avanzar en iniciativas que garanticen la soberanía.

La Fuerza Aérea Argentina ya está en el tema. Y cabe señalar que tiene una trayectoria relevante en la materia. Fue el comodoro Horacio Matías Orefice el responsable de hablar en nombre del equipo multidisciplinario que, en la institución, avanza con el plan espacial.

Durante el encuentro, el militar fue contundente: “La jornada se hace un 4 de junio, Día de la Vinculación Tecnológica, en honor al ingeniero físico Juan Sabato, quien dijo que la única manera de lograr desarrollos para el futuro es cuando se unen tres vértices de un triángulo conformado por el Estado, el sector productivo y el científico”. Asimismo, el comodoro detalló que la Fuerza Aérea toma, en esta materia, como prócer guía al comodoro Aldo Zeoli, quien, junto al ingeniero Tabanera, es uno de los fundadores de la actividad aeroespacial argentina.

“En la actualidad, hay más de 20.000 objetos en órbita. Algunos cumplen funciones, otros no, como la basura espacial. Esto, en definitiva, pasa por encima de nuestras cabezas y parece que no tiene efectos más que cuando cae un pedazo de chatarra en la Tierra. Pero sí los tiene, y los últimos en sufrirlo fueron los españoles, a fines del año pasado, cuando quisieron lanzar un satélite de millones de euros y quedó inutilizable por el impacto de una microchatarra. En lo militar, es importante tener conciencia de lo que sucede porque repercute en el día a día de todos nosotros”, destacó el comodoro, quien explicó que, por este motivo, el plan de la Fuerza Aérea contempla distintos ejes: vigilancia y protección, sistemas satelitales e información remota, acceso al espacio, desarrollo de capital humano, doctrina y planteamiento, vinculación, nuevas tecnologías y derecho operacional espacial militar.

En UNDEF, la industria espacial argentina reivindicó su capacidad estratégica y soberana

El sector industrial y científico también tuvo un papel destacado durante la jornada. Empresas como INVAP, ARSAT, VENG, Space Sur y Ascentio Technologies presentaron proyectos vinculados a constelaciones microsatelitales, comunicaciones espaciales resilientes, plataformas soberanas para operaciones multidominio y nuevas arquitecturas de defensa basadas en tecnologías espaciales.

El ingeniero Pedro Rivas, gerente técnico de VENG, además de presentar los desarrollos y colaboraciones con las Fuerzas Armadas y la CONAE, señaló algo que es relevante: Argentina posee una ubicación geográfica clave e infinidad de oportunidades. “Tenemos que potenciarnos”, resumió.

A su lado, la doctora Carolina Catani, de la CONAE, se refirió a un aspecto que no puede ser dejado de lado: las normativas que rigen el ámbito espacial. En ese sentido, la abogada explicó que, si bien se le asignó un uso pacífico al espacio, hay regulaciones que deben tenerse en cuenta. En ese contexto, ella habló de la existencia de una nueva gobernanza y de la necesidad de considerar la propiedad intelectual al considerar los activos argentinos. A propósito, el ingeniero Juan Aurelio, de ARSAT, recordó que Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene capacidad de lanzar y operar un satélite. Por eso, insistió, es relevante poder ocupar las posiciones orbitales del país.

Por su parte, los ingenieros Rafael Mallaret y Alejandro Boeri, de INVAP –la única empresa latinoamericana con capacidad de diseñar y construir sistemas satelitales completos (desde la ingeniería hasta las pruebas en Tierra)–, se refirieron a las constelaciones microsatélites para potenciar la defensa: la arquitectura distribuida puede transformarse en una red estratégica. Además, señalaron que los radares de apertura sintética, que emplean la banda X, pueden presentar ciertas limitaciones para el ámbito militar, por ejemplo, en lo que respecta a la detección de objetos ocultos. Por eso, sugirieron empezar a mirar otras bandas con mayor capacidad.

Cristian Senyk, de Ascentio Technologies agregó algo que puede ser relevante para las Fuerzas Armadas: hay un cambio de paradigma que exige mayor dependencia tecnológica en un escenario de complejidad operacional y de menores tiempos de respuesta y toma de decisión. Por eso, acentuó que hay que pensar sí o sí en plataformas multidominio que puedan procesar lo que ocurre en el espacio, en el aire, en la tierra y en el mar.

Hecho en CITEDEF: así es el nanosatelite del Ejército Argentino

Uno de los momentos más destacados de la jornada estuvo dedicado al primer nanosatélite del Ejército Argentino, un proyecto que refleja la apuesta de la Defensa por desarrollar capacidades espaciales propias.

La iniciativa, de CITEDEF y del Ejército, fue presentada como un paso concreto hacia la incorporación de conocimientos y tecnologías vinculados al acceso y la operación en el dominio espacial. Además, señalaron que el desarrollo permitirá avanzar en materia de comunicaciones y transmisión de datos, y que el gran desafío será la puesta en órbita.

El dato: el lanzamiento está previsto para octubre próximo y estará a cargo de la compañía SpaceX (en el cohete Falcon 9).

La conquista del espacio entra en una nueva era: ¿qué lugar tiene Argentina?

Para cerrar, el ingeniero Pablo de León, de la Universidad de Dakota del Norte, brindó un panorama detallado del contexto internacional actual en materia espacial.

De acuerdo con el especialista, hoy el mundo está hablando del “New Space”, fenómeno que se refiere a la irrupción de empresas comerciales que revolucionaron la industria aeroespacial en Estados Unidos: “Hace algunos años, el monopolio de estas actividades las tenía la NASA y el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Defensa y otros organismos. Esto terminó”.

En ese contexto, el experto recordó que, en julio de 2011, Estados Unidos debió buscar alternativas para transportar astronautas. Paralelamente, lanzó un programa para restaurar esa capacidad y, en ese marco, otorgó contratos a varias empresas, como Boeing y Space X, para que se encargaran del traslado. “Fue un momento de quiebre. Hay otro punto de inflexión que se produce en 2015, cuando el gobierno de los Estados Unidos aprobó un acta de competitividad de lanzamientos espaciales comerciales: lo que dice es que las empresas o los individuos pueden ser dueños de recursos de un asteroide o de la Luna, pero no de los cuerpos celestes”, contó, al tiempo que se refirió al Tratado del Espacio Ultraterrestre, normativa que prohíbe que un país pueda reclamar soberanía en ese lugar.

Asimismo, el ingeniero señaló que los cohetes actuales avanzaron en materia tecnológica y que, por ejemplo, hoy tienen la capacidad de regresar a la Tierra, lo cual también redujo los costos de lanzamiento y transporte. Esto es clave si se considera que, a partir de 2028, Estados Unidos enviará astronautas a la superficie lunar. Y que, además, en el polo sur del satélite, hay recursos naturales. Por eso, De León señaló el interés de las potencias actuales en instalar bases permanentes allí.

“Argentina envió el satélite Atenea. Fue uno de los cuatro países invitados a participar por la NASA. Además, el país es miembro de los Acuerdos Artemisa. Creo que tenemos una oportunidad histórica de seguir participando en este tipo de proyectos, por una variedad de razones; una de ellas es porque seguimos manteniendo la capacidad espacial”, concluyó.