El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco (ICAC), representado por su decano Franz Chevarría Montesinos, interpuso ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad parcial contra la recientemente promulgada Ley 32735. El gremio advierte que la norma, aprobada por el Congreso de la República, vulnera gravemente el orden constitucional al expandir de manera irregular la jurisdicción militar-policial en perjuicio de la justicia ordinaria (Poder Judicial).

La Ley 32735, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de julio de 2026 por Fernando Rospigliosi, introduce modificaciones tanto en el Código Penal Militar Policial como en el Nuevo Código Procesal Penal.

Según la demanda, la ley altera el concepto de “delito de función”, permitiendo que toda conducta ilícita cometida por militares o policías durante estados de emergencia o en supuesto cumplimiento de funciones generales sea juzgada por el fuero militar, incluso si se lesionan bienes jurídicos comunes (como la vida, la libertad o el patrimonio) cuando esta jurisdicción es exclusiva para proteger bienes jurídicos castrenses (como la disciplina, la jerarquía y la operatividad de las Fuerzas Armadas y la PNP).

El ICAC sostiene que la Constitución es clara al establecer que la justicia militar es una excepción materialmente restringida, y no un “fuero personal”. Al calificar estas acciones como delitos de función por el simple contexto de su comisión, se está vulnerando el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, que recae en el Poder Judicial.

La demanda tiene un apartado para cuestionar la Única Disposición Complementaria Final de la ley. Esta disposición ordena a los jueces de la jurisdicción ordinaria archivar definitivamente cualquier investigación o proceso penal si se constata la existencia de un proceso militar-policial paralelo por los mismos hechos y sujetos.

Según la norma, esta medida debe ejecutarse en un plazo no mayor a 30 días, mediante una decisión inimpugnable y sin necesidad de una audiencia previa. Sus efectos, dice el gremio, son devastadores para los procesos en curso porque se dejarían sin efecto sentencias condenatorias que aún no tengan calidad de cosa juzgada, anularía antecedentes, levantaría medidas de coerción e, incluso, prohibiría el pago de reparaciones civiles a las víctimas.

El ICAC argumenta que este mecanismo atenta directamente contra el derecho al juez natural, el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia. Se advierte, además, que esto afecta severamente a las víctimas civiles —incluidas las víctimas de violaciones de derechos humanos—, quienes ven anulado su derecho a la verdad, a ser oídas y a recibir reparación.

Delimitación

Cabe precisar que el ICAC no busca derogar la ley en su totalidad. Queda excluido de la demanda el extremo de la ley que agrava las sanciones (con penas de hasta cadena perpetua) para aquellos militares o policías que colaboren con bandas, grupos armados ilegales u organizaciones criminales.

El objetivo es expulsar del ordenamiento jurídico exclusivamente los artículos que predeterminan la preferencia por la justicia militar policial y obligan al cierre de la justicia ordinaria. La demanda se dirige contra el Congreso de la República.

El Tribunal Constitucional deberá ahora evaluar si admite a trámite la demanda, con lo que se tendría que notificar al Parlamento para que conteste.

De congresista a senador

Fernando Rospigliosi Capurro fue elegido senador de la República por la lista nacional de Fuerza Popular tras obtener un total de 68,330 votos preferenciales. Su respaldo en las urnas lo ubicó entre las candidaturas más votadas de su agrupación política, asegurando su escaño en la Cámara Alta para el periodo parlamentario 2026-2031.

Tras la instalación del nuevo Congreso bicameral, el electo parlamentario asumió la conducción de la Junta Preparatoria en calidad de primer secretario. En dicho fuero lideró el proceso de juramentación de los integrantes del fuero de revisión y la posterior votación que definió la primera Mesa Directiva del Senado para el periodo 2026-2027.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó ser víctima de una campaña de desacreditación tras la publicación de su Recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa y respondió a las críticas emitidas.

El pronunciamiento de DGDDH/011/2026, refuta punto por punto trece argumentos que organizaciones, analistas y exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE) han lanzado contra el documento desde su publicación.

El Ejército y la Recomendación 208VG/2026

Uno de los temas centrales del documento es el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La CNDH concluyó que no hubo participación institucional de elementos de la SEDENA en los eventos violentos contra los estudiantes, descartando la existencia de un plan de “contrainsurgencia” o de exterminio hacia los normalistas. No obstante, la Comisión aclaró que no exonera a nadie, pues las responsabilidades penales corresponden a los tribunales.

En ese sentido, la recomendación aborda a detalle el caso de 20 militares que actualmente se encuentran bajo proceso judicial, incluidos los comandantes del 27/o y 41/o Batallón de Infantería.

Ante las acusaciones de ocultar información sobre un presunto soldado infiltrado, el organismo señaló que el 27 Batallón es mencionado 76 veces en la recomendación y el estudiante que causó alta en el Ejército aparece en 69 ocasiones. Para zanjar el tema, la CNDH sentenció categóricamente en su comunicado: “MIENTE QUIEN DICE QUE ES EL EJÉRCITO EL BENEFICIARIO DE ESTA RECOMENDACIÓN, SON LAS VÍCTIMAS”.

El pronunciamiento también dedica un espacio importante a responder a las críticas del GIEI, acusando a algunos de sus exintegrantes de intentar mantener con vida una narrativa que, a consideración de la CNDH, ha retardado la justicia.

En un ejercicio que la Comisión califica como de transparencia y no de criminalización, el documento revela que el GIEI recibió 1.75 millones de dólares en su primera fase entre 2015 y 2016. Posteriormente, en una segunda etapa que abarcó de 2020 a 2023, el grupo obtuvo otros 36 millones 418 mil 944 pesos. Con la exposición de estas cifras, la CNDH cuestionó severamente la falta de resultados sustanciales a casi 12 años de las investigaciones.

“De acuerdo con la información obtenida por la CNDH, solo el GIEI recibió en total, entre 2015 y 2016, 1.75 millones de dólares, equivalente a 30 millones 679 mil 670 pesos. Y en su segunda fase, entre 2020 y 2023, recibieron otros 36 millones 418 944 pesos. Esa información, documentada, consta en el texto de la Recomendación. ¿Decirlo es estigmatizar y criminalizar?"

afirma la CNDH

Frente a los señalamientos de que se reabrió de manera inconstitucional un expediente que ya había sido concluido con la Recomendación 15VG/2018, la institución explicó que la nueva investigación no es una reapertura arbitraria, sino que se originó por una queja interpuesta directamente por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos el 24 de junio de 2021.

La CNDH recordó que la recomendación de 2018 incluía propuestas contrarias a los derechos humanos, como la de investigar a la Normal y a los estudiantes por tráfico de drogas.

La CNDH no puede “cerrar” el caso

Lejos de intentar dar un “carpetazo” o cerrar el caso con una “antiverdad”, el organismo subrayó que su nueva resolución exige a la Fiscalía General de la República (FGR) agotar y concluir todas las líneas de investigación pendientes, incluidas las que involucran la actuación del personal militar. Finalmente, la CNDH reiteró que todo el proceso de esta nueva recomendación se realizó con estricto apego a su Reglamento Interno, priorizando siempre el principio pro persona y los más altos estándares internacionales.

En una operación realizada en la zona de Río Angue, municipio de Metapán, en el departamento de Santa Ana Norte, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) reportó este viernes 24 de julio que localizó un total de 177 paquetes de mercadería de contrabando en estado de abandono, cuyo valor asciende aproximadamente a USD 4,956.

El hallazgo tuvo lugar como parte de los patrullajes preventivos en el marco de las acciones de la FAES para combatir el tráfico ilícito en puntos fronterizos del país.

“En Río Angue, Metapán, Santa Ana Norte, ubicamos en estado de abandono 177 paquetes de mercadería de contrabando, con un valor aproximado de $4,956.00″, expuso la FAES por medio de redes sociales.

Según confirmó a través de sus canales oficiales, la mercadería decomisada fue entregada a la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) para cumplir con el procesamiento correspondiente. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en relación con este operativo. “La mercadería se encontró en estado de abandono y fue entregada a la PNC para continuar con las diligencias legales”, detalló la institución castrense.

La mercadería incautada está compuesta principalmente por productos sin conocer su origen y que, según las autoridades, suelen introducirse al país sin cumplir con las regulaciones aduaneras vigentes.

El monto estimado de la carga, el cual asciende a casi USD 5,000, fue calculado tras un inventario preliminar realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil.

Refuerzan patrullajes y decomisos

El despliegue de personal militar en la zona de Río Angue responde a las directrices establecidas por el Plan Control Territorial, una estrategia impulsada por el Gobierno de El Salvador con el objetivo de fortalecer la seguridad y disminuir las actividades ilícitas, como el contrabando y el narcotráfico.

De acuerdo a la Fuerza Armada de El Salvador, “estos patrullajes continuarán intensificándose en zonas consideradas de alto riesgo para el tráfico ilegal de mercancías”.

Las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en rutas identificadas como corredores de contrabando, logrando decomisos significativos tanto de mercadería como de sustancias ilícitas, aunque en esta ocasión no se reportaron capturas.

En respuesta a la detección de nuevas rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal, las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en corredores identificados como puntos críticos de contrabando, logrando decomisos relevantes tanto de mercadería como de sustancias ilícitas. En esta ocasión, no se reportaron capturas de personas vinculadas a las actividades investigadas, aunque los operativos continúan en la zona.

Las investigaciones sobre el origen y el posible destino de los productos incautados permanecen abiertas. Las autoridades mantienen la hipótesis de la existencia de redes organizadas que operan en la región y no descartan la ejecución de nuevas acciones en la zona de Santa Ana Norte y en otros puntos fronterizos, donde el flujo constante de mercadería ilegal representa un desafío persistente para la seguridad nacional y la integridad del sistema aduanero.

“Continuamos ejecutando operaciones para combatir el contrabando y fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas del país”, recalcó la FAES en redes sociales.

El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM) busca consolidarse como uno de los principales referentes internacionales en la preparación de personal para participar en las misiones de paz de las Naciones Unidas (ONU), mediante el fortalecimiento de sus procesos de capacitación, la certificación internacional de sus cursos y una mayor proyección hacia otros países.

Creado como parte del compromiso del Estado mexicano con la ONU, el CECOPAM tiene la misión de preparar a integrantes de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y personal civil que participará en operaciones de paz en distintas regiones del mundo. Actualmente, México mantiene presencia en cuatro misiones internacionales: India y Pakistán, el Sahara Occidental, República Centroafricana y Colombia.

En entrevista con Infobae México, la directora del CECOPAM, la teniente coronel enfermera de Estado Mayor María del Rosario Cardoso Reyes, y el subdirector, el teniente coronel de Infantería Bruno Enrique Ceballos Bernal, explicaron que la visión del centro es trascender el ámbito nacional para posicionarse como un referente en la formación de personal para operaciones de paz.

“Nuestra misión es entrenar a todo el personal bajo los altos estándares que determina la doctrina de Naciones Unidas para que estén aptos y apoyar mejor las operaciones de paz”, señaló Cardoso Reyes.

La capacitación no se limita al Ejército Mexicano. También participan elementos de la Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, civiles nacionales e internacionales e incluso militares de otros países.

De hecho, durante uno de los cursos actuales participan elementos provenientes de Egipto, Bangladesh y Colombia, reflejo de la creciente proyección internacional que ha adquirido el centro mexicano.

Uno de los principales desafíos, coincidieron ambos mandos, continúa siendo el dominio del idioma inglés, requisito indispensable para integrarse al sistema de Naciones Unidas, ya que la mayor parte de las operaciones internacionales se desarrollan en esa lengua.

“Consideraría que nuestra área de oportunidad más grande siempre es el trabajo de preparación en otra lengua”, explicó Ceballos Bernal.

Entrenamiento bajo estándares internacionales

Desde su creación, el CECOPAM ha acompañado el crecimiento de la participación mexicana en operaciones de paz.

Mientras que inicialmente el país colaboraba únicamente en dos misiones internacionales, actualmente mantiene presencia activa en cuatro operaciones, donde personal mexicano se desempeña como observadores militares y oficiales de Estado Mayor.

Los primeros realizan patrullajes, verifican el cumplimiento de acuerdos entre las partes en conflicto y mantienen presencia en el terreno, mientras que los segundos participan en la planeación, coordinación y supervisión de las actividades de las misiones.

Para preparar al personal, el centro cuenta con infraestructura que reproduce escenarios similares a los que enfrentarán durante su despliegue.

Entre ellos destacan una pista especializada para conducción de vehículos tácticos, áreas donde se simulan campamentos de refugiados y bases de operaciones de la ONU, así como espacios destinados a ejercicios de negociación, resolución de conflictos y toma de decisiones bajo condiciones adversas.

La experiencia práctica constituye una de las principales fortalezas del CECOPAM.

A diferencia de otros centros, prácticamente todos sus instructores han participado previamente en misiones internacionales, lo que permite transmitir conocimientos sustentados en experiencias reales.

“Tenemos la capacitación, lo vivimos para poder contarlo y tener más seguridad en los conocimientos que se imparten”, explicó la directora.

Además, el personal continúa capacitándose mediante cursos internacionales e intercambios académicos con centros especializados de países como Francia, China, Colombia y Chile.

La inclusión también forma parte de la estrategia institucional.

Bajo la agenda Mujeres, Paz y Seguridad impulsada por Naciones Unidas, México mantiene una participación femenina acorde con los compromisos internacionales.

Actualmente, de los 19 elementos mexicanos desplegados en operaciones de paz, cinco son mujeres.

Para Cardoso Reyes, la presencia femenina resulta especialmente importante en comunidades vulnerables, donde facilita el contacto con mujeres y niñas para detectar necesidades humanitarias y de protección.

La directora consideró que su nombramiento como primera mujer al frente del CECOPAM representa un reconocimiento al trabajo colectivo de la institución y una muestra del compromiso de las Fuerzas Armadas con la igualdad de oportunidades.

“No es un logro personal; es un reconocimiento al trabajo conjunto y a la formación que he recibido durante toda mi carrera”, afirmó.

Por su parte, Ceballos Bernal sostuvo que la inclusión deja de ser únicamente un compromiso plasmado en documentos cuando se refleja en decisiones institucionales.

“No es en beneficio de las mujeres; es en beneficio de una mejor sociedad, de un mejor país y de unas mejores Fuerzas Armadas”, señaló.

La apuesta por convertir a México en un referente regional

Uno de los principales objetivos del CECOPAM es incrementar el reconocimiento internacional de sus programas académicos.

Actualmente, el centro cuenta con cuatro cursos certificados por el Sistema Integrado de Entrenamiento de Naciones Unidas y espera obtener este año la certificación de un quinto programa.

De concretarse, México igualaría a Brasil como el país latinoamericano con mayor número de cursos certificados por Naciones Unidas, pese a que el centro mexicano tiene apenas ocho años de operación frente a casi dos décadas de funcionamiento de su contraparte brasileña.

Para lograrlo, el CECOPAM trabaja en la actualización permanente de sus programas de estudio, el fortalecimiento del intercambio internacional de instructores y el desarrollo de cursos completamente impartidos en inglés.

La meta también contempla atraer a un mayor número de participantes extranjeros y consolidar la presencia del centro en los principales foros internacionales sobre operaciones de paz.

Los directivos coincidieron en que la contribución más importante de México a la comunidad internacional ha sido la decisión de aportar personal altamente capacitado.

“El mejor aporte que puede haber en el mundo es el personal”, sostuvo Cardoso Reyes, al destacar que detrás de cada despliegue existe un proceso de selección, preparación y profesionalización que busca representar al país con los más altos estándares.

Más allá del entrenamiento militar, ambos mandos insistieron en que la construcción de la paz comienza desde las acciones cotidianas.

“La cultura de la paz debe empezar por nosotros mismos, por nuestras actividades diarias”, expresó la directora.

Mientras México amplía su participación en las operaciones de paz de Naciones Unidas, el CECOPAM busca consolidarse como el principal centro de entrenamiento de América Latina y proyectarse como un referente internacional mediante la certificación de sus cursos, el intercambio de instructores y la preparación de personal bajo los estándares más altos del organismo internacional.

El Congreso de la República publicó la Ley N.° 32736, mediante la cual modifica el Decreto Legislativo N.° 1174, que regula el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (PNP). El objetivo de la norma es adecuar el régimen de salud policial al modelo de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) de las Fuerzas Armadas, introduciendo cambios en su organización y funcionamiento.

De acuerdo con lo informado por Andina Noticias, la ley busca que el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP se adapte a la normativa vigente, manteniendo su condición de persona jurídica de derecho público. Asimismo, reafirma que contará con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable para el cumplimiento de sus funciones.

La norma también establece que el fondo continuará adscrito a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, mientras que la supervisión y evaluación de su gestión permanecerá a cargo del Ministerio del Interior. Con ello, el Congreso busca fortalecer el esquema de administración del sistema de salud policial bajo parámetros similares a los aplicados en las Fuerzas Armadas.

Nueva composición del directorio

Otro de los principales cambios introducidos por la Ley N.° 32736 es la reorganización del directorio, que será el máximo órgano de gobierno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP. Según detalla Andina Noticias, este estará conformado por seis integrantes provenientes de distintas entidades del Estado y de la propia institución policial.

El directorio será presidido por un representante designado por la Comandancia General de la PNP e incluirá además a un representante del Ministerio del Interior, un director designado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un director designado por el Ministerio de Salud (Minsa), un representante de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP y un director vinculado al régimen de salud policial.

La ley también dispone que el presidente del directorio tendrá voto dirimente en caso de empate durante la adopción de acuerdos. Asimismo, precisa que el procedimiento para la designación de los directores, así como los requisitos y funciones específicas de cada uno, serán establecidos posteriormente mediante el reglamento correspondiente.

Directorio sesionará dos veces al mes

La nueva legislación incorpora además reglas para el funcionamiento del directorio. Entre ellas, establece que deberá sesionar como mínimo dos veces al mes y que sus integrantes recibirán dietas por asistir hasta un máximo de cuatro sesiones mensuales, aun cuando participen en un mayor número de reuniones.

Los miembros del directorio también estarán sujetos al régimen de incompatibilidades aplicable a los funcionarios públicos y deberán cumplir las disposiciones del sector público, así como las normas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración del fondo.

Finalmente, la Ley N.° 32736 dispone que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días hábiles para adecuar el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1174, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 002-2015-IN, a las modificaciones incorporadas por la nueva norma. Según informó Andina Noticias, esta actualización permitirá implementar los cambios aprobados por el Congreso y completar el proceso de adecuación del régimen de salud de la Policía Nacional del Perú al modelo aplicado en las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Donalson “N” por portación y posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre los que destacan un fusil .50 Barrett, tras su detención en Matamoros, Tamaulipas, donde civiles armados atacaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que realizaban recorridos de seguridad en la colonia Praderas de La Rioja.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, presentó los datos de prueba ante el juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa.

El juez resolvió vincular a proceso al imputado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Agresión armada en el libramiento Emilio Portes Gil

El 11 de julio de 2026, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizaba recorridos de seguridad y vigilancia por el libramiento Emilio Portes Gil, en la colonia Praderas de La Rioja de Matamoros, cuando fue atacado a tiros por civiles armados.

Durante el enfrentamiento, uno de los vehículos en que se desplazaban los presuntos agresores perdió el control y terminó impactado. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó de manera preliminar dos presuntos agresores lesionados.

Ningún elemento de la SEDENA resultó herido en la acción.

Arsenal de uso militar asegurado en el lugar

Tras repeler la agresión, las autoridades aseguraron un fusil calibre .50 tipo Barrett, nueve armas largas, 51 cargadores, mil 167 cartuchos de diversos calibres, seis chalecos balísticos y un vehículo.

Todo el material fue puesto a disposición de la FGR con sede en Matamoros para los peritajes correspondientes y la determinación de su procedencia.

El fusil Barrett calibre .50 es un rifle de origen estadounidense con un alcance efectivo documentado de mil 800 metros, capaz de neutralizar objetivos a distancias que superan la capacidad del armamento convencional. Su presencia en el aseguramiento ubica el caso entre los de mayor poder de fuego registrados en la entidad durante julio de 2026.

Prisión preventiva en Matamoros durante la investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Donalson “N” por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El MPF aportó los datos de prueba ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, quien emitió la resolución correspondiente.

Además de la vinculación, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Donalson “N” permanecerá recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de Matamoros durante los dos meses establecidos para el cierre de la investigación complementaria.

Matamoros, zona de presión sostenida contra el armamento ilegal

El aseguramiento del 11 de julio no fue un hecho aislado en el municipio fronterizo. Cuatro días después, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas en la colonia Loma Alta de Matamoros y decomisaron otro fusil Barrett calibre .50, cuatro armas largas, 31 cargadores, 930 cartuchos, una granada de mano, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos, de acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Entre el 10 y el 12 de julio, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México registró 56 detenidos y 91 armas aseguradas, entre ellas otro fusil Barrett, en 15 entidades del país, según datos oficiales.

La acumulación de operativos con armamento de nivel militar en Matamoros refleja la presión que las fuerzas federales mantienen sobre la zona fronteriza de Tamaulipas, donde la aparición reiterada del fusil Barrett calibre .50 se ha convertido en un indicador del poder de fuego disponible para grupos del crimen organizado en la región.

El Poder Ejecutivo aprobó ayer una modificación en la reglamentación de la Ley para el Personal Militar N° 19.101, que introduce cambios en el cálculo de haberes y amplía el acceso al suplemento por título universitario para los integrantes de las Fuerzas Armadas. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y fue firmado por el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei.

La medida actualiza los criterios para percibir el suplemento por título, incorporando a todos los miembros del personal militar que acrediten títulos de educación superior reconocidos por la Ley de Educación Superior (N° 24.521), la Ley de Educación Técnico Profesional (N° 26.058) o la Ley de Educación Nacional (N° 26.206). La reglamentación determina que solo se reconocerá el título de mayor graduación en caso de que una persona acredite más de un diploma.

La normativa impacta en el cálculo de haberes mensuales del personal militar, tanto en actividad como en retiro, así como en los familiares con derecho a pensión, siempre que el beneficiario haya cumplido las condiciones antes de pasar a situación de retiro.

El decreto establece que los Jefes de los Estados Mayores Generales de cada fuerza tendrán la facultad de determinar los títulos de interés para otorgar el suplemento, considerando la afinidad con las funciones y tareas desarrolladas por el personal. Según el texto oficial, “los títulos serán reconocidos a partir del primer día del mes siguiente a la presentación de las constancias respectivas ante la autoridad que cada fuerza determine”.

Entre los cambios centrales, el nuevo articulado suprime referencias a conceptos previamente incluidos en la reglamentación, como el “Reintegro de Gastos por Actividad del Servicio” y el “Reintegro de Gastos por Permanencia en Actividad y Responsabilidad Jerárquica”, por haber sido absorbidos por otros rubros salariales o carecer de carácter general. Además, elimina la limitación que restringía el suplemento por título universitario solo al personal superior del cuerpo profesional.

La normativa, que ya se encuentra en vigencia, también deroga el inciso 3° del artículo 2405 de la anterior reglamentación, adecuando la normativa al marco legal vigente luego de la sanción del Decreto N° 473/2026. El mismo fue anunciado hace poco más de un mes, con el propósito de incorporar un adicional al haber mensual bruto para reflejar la formación académica y la profesionalización del personal militar, el cual se ajustará junto con las futuras actualizaciones salariales.

El nuevo esquema prevé un suplemento equivalente al 10% para quienes posean tecnicaturas o títulos terciarios, del 15% para quienes cuenten con títulos universitarios de grado y del 25% para quienes acrediten especializaciones, maestrías o doctorados.

En este punto, desde la cartera de Seguridad habían señalado que, según el grado y el nivel de formación acreditado, en algunos casos el nuevo suplemento podría representar, en algunos casos, mejoras de entre 300.000 y 400.000 pesos mensuales.

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la iniciativa responde a una demanda planteada por las Fuerzas Armadas desde 2013, orientada a equiparar la situación del personal militar con la de otros organismos de la Administración Pública Nacional y las fuerzas federales de seguridad, donde ya se aplican mecanismos de reconocimiento por formación académica.

Por la tarde, el vocero presidencial, Adrián Ravier, declaró ante la prensa: “Este aumento representa un reconocimiento del esfuerzo por profundizar y profesionalizar el instrumento militar”. Y remarcó que, cuando se cuida el gasto público, “se puede invertir más en el capital humano de nuestras Fuerzas”. Asimismo, destacó: “El proceso de recomposición de las Fuerzas Armadas no termina en el equipamiento”. Y señaló que la medida busca “dotar de integrantes capacitados para los desafíos que implican los peligros del presente”.

La crecida del río Kruta obligó a evacuar a 146 personas de las comunidades de Baikan y Raksdiimwan, en el oriente de Honduras. Los habitantes fueron trasladados a un albergue temporal en la iglesia católica, mientras continúa la vigilancia por lluvias y nuevos riesgos de inundación.

Las comunidades de Baikan y Raksdiimwan están entre las afectadas por el desbordamiento del río. Estos territorios dependen en gran medida de los ríos para movilización, abastecimiento y comunicación con otras localidades de La Mosquitia hondureña.

Entre las personas evacuadas hay 19 hombres, 45 mujeres, 44 niñas y 38 niños. Fueron trasladados a un espacio habilitado temporalmente en la iglesia católica de la comunidad de Tipí, mientras disminuyen los niveles del agua y se determina cuándo será seguro regresar a sus viviendas.

Evacuaciones y riesgo en la zona

La salida de las familias es una medida preventiva ante una emergencia que podría extenderse si continúan las lluvias en la zona. En comunidades donde muchas viviendas están cerca de los ríos, el incremento del caudal puede ocurrir en poco tiempo y deja poco margen de reacción para los pobladores.

Los trabajos de evacuación fueron realizados por personal de la Base Naval de Caratasca, que mantiene equipos desplegados en el área para apoyar a los habitantes afectados y responder ante nuevos llamados de emergencia.

Las labores se desarrollan principalmente mediante transporte acuático, debido a las características geográficas del departamento y las limitaciones de acceso terrestre en varias comunidades.

La atención de la emergencia continúa este martes con nuevos operativos previstos en la comunidad de Lakunka, donde también se mantiene vigilancia por las condiciones generadas por la crecida de los cuerpos de agua.

Impacto en las comunidades

La situación en Gracias a Dios refleja la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en las riberas de los ríos, donde las lluvias intensas pueden provocar inundaciones que afectan viviendas, cultivos y actividades económicas de las familias.

La Mosquitia hondureña posee una amplia red de ríos y lagunas que son fundamentales para la vida diaria de sus habitantes. En muchas comunidades, las rutas fluviales son la principal vía de transporte para trasladarse hacia centros poblados, adquirir alimentos, recibir atención médica o movilizar productos.

Durante períodos de fuertes lluvias, esos mismos ríos pueden convertirse en una amenaza cuando aumentan rápidamente su nivel y provocan inundaciones en zonas habitadas.

Para las familias afectadas, abandonar sus viviendas significa dejar atrás sus pertenencias y, en algunos casos, sus principales fuentes de ingreso. Muchas comunidades de la región dependen de actividades como la pesca, la agricultura de subsistencia y pequeños comercios locales, que pueden resultar afectados cuando las aguas cubren terrenos productivos o dificultan la movilidad.

Qué enfrentan las familias desplazadas

Aunque la prioridad inmediata es proteger la vida de las personas, las familias desplazadas también enfrentan la recuperación una vez que las aguas comiencen a bajar. El retorno a sus hogares dependerá de la evaluación de daños y de que existan condiciones seguras para permanecer nuevamente en las comunidades.

Las experiencias anteriores de inundaciones en Gracias a Dios muestran que los efectos pueden prolongarse incluso después de que disminuyen los niveles de los ríos, debido a daños en viviendas, pérdida de alimentos almacenados, afectaciones en cultivos y dificultades para restablecer las actividades normales.

Además, la ubicación remota de muchas comunidades representa un reto para la entrega de asistencia, ya que los traslados requieren mayor coordinación y, en ocasiones, dependen por completo de vías fluviales o transporte aéreo.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento del clima y los niveles de los ríos en el departamento, debido a que nuevas precipitaciones podrían generar otra vez condiciones de riesgo en sectores que ya presentan afectaciones.

El llamado a la población en zonas vulnerables es mantenerse atenta a las recomendaciones preventivas y evitar permanecer en áreas donde exista peligro por inundaciones o deslizamientos.

En ese contexto, la presidenta electa Keiko Fujimori recibió en su despacho de San Isidro a representantes de organizaciones integradas por excombatientes de la lucha contra el terrorismo. El encuentro permitió abordar pedidos de reconocimiento y la participación de estos licenciados en las actividades previstas para los próximos días.

La reunión se produjo a pocos días de la ceremonia de juramentación presidencial y del desfile militar programado para el 29 de julio. Paralelamente, diversas entidades públicas mantienen operativos y medidas especiales para garantizar el desarrollo de las celebraciones oficiales en Lima.

Las acciones también incluyen restricciones temporales al tránsito en la avenida Brasil y calles cercanas, donde se instalarán las estructuras necesarias para el desfile, según informaron las autoridades locales.

Excombatientes reciben invitación para participar en el desfile militar

Un grupo de licenciados de las Fuerzas Armadas confirmó a Exitosa que Keiko Fujimori los invitó a participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del próximo 29 de julio. La información se conoció luego de una reunión entre la presidenta electa y representantes de asociaciones de excombatientes.

Durante una entrevista con la emisora, un representante identificado como Pereira explicó el motivo de la visita. “Nosotros estamos acá, venimos a dar nuestro respaldo a la señora presidenta y asimismo a darle a conocer quiénes somos, que somos licenciados de las Fuerzas Armadas, excombatientes de la lucha contra el terrorismo, que no somos grupos violentistas ni etnocaceristas. Somos licenciados, somos la reserva contraterrorista de nuestro país”.

El mismo representante señaló que uno de los resultados del encuentro fue la invitación para asistir al desfile patrio. “Algo muy importante que hemos logrado hoy día, que la señora presidenta nos ha invitado para el desfile para este 29 de Fiestas Patrias”, afirmó.

Según las imágenes difundidas por Exitosa, los asistentes permanecieron en los exteriores de la oficina de la mandataria electa con uniformes utilizados por quienes participaron en operaciones contra el terrorismo durante las décadas de 1980 y 1990.

Asociación informó la presencia de delegaciones de distintas regiones

Pereira indicó que los asistentes pertenecen a la denominada Zona D, organización que, según sus declaraciones, reúne a excombatientes de diferentes partes del país.

“La Zona D es la asociación contraterrorista más grande del Perú. Contamos con veinticinco mil hombres. Estamos acá una delegación de ochenta hombres de diferentes puntos del país. Estamos de Huánuco, Junín, Huancayo, Chiclayo, San Martín también de igual manera”, manifestó durante la entrevista concedida a Exitosa.

El representante también confirmó que la reunión con la presidenta electa se concretó después de permanecer en los exteriores de la oficina. “Así es, satisfactoriamente, así fue”, respondió al ser consultado sobre el encuentro.

De acuerdo con la información difundida sobre la reunión oficial, Keiko Fujimori también recibió a integrantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia “SGTO 2 EP Robert Delgado Viera”, quienes acudieron a su despacho para expresar su respaldo y plantear el reconocimiento a los excombatientes por las funciones que desempeñaron durante la lucha contra el terrorismo.

Durante ese encuentro, la presidenta electa expresó su agradecimiento a los exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por su participación en ese periodo y manifestó el respaldo del futuro Gobierno.

Los representantes de la asociación trasladaron la necesidad de impulsar un reconocimiento para sus miembros debido al papel que desempeñaron durante esas operaciones.

La agenda de la mandataria electa incluye reuniones con autoridades y representantes de distintas organizaciones desde que el Jurado Nacional de Elecciones la proclamó como presidenta electa para el periodo 2026-2031. Su juramentación ante el Congreso está prevista para el 28 de julio.

Las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron este jueves una serie de actividades conmemorativas para recordar el 57 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, fecha que marca el fin de uno de los conflictos armados más importantes en la historia contemporánea de ambos países.

La jornada estuvo dedicada a rendir homenaje a los hondureños que participaron en la defensa de la soberanía nacional durante el conflicto de 1969, conocido popularmente como la Guerra de las Cien Horas, resaltando su legado y el papel que desempeñaron en la protección del territorio nacional.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, informó que las actividades iniciaron con un desfile militar en el que participaron la Escolta de Bandera, la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas, oficiales de la institución y una representación de los veteranos de guerra.

“Las Fuerzas Armadas están conmemorando esta fecha. En el marco de esta efeméride se lleva a cabo un desfile militar con la participación de la Escolta de Bandera, la Banda Sinfónica de las Fuerzas Armadas, una representación de oficiales de nuestra institución y también de los veteranos de guerra”, expresó Rivera durante la ceremonia.

Como parte de los actos oficiales, también se realizó el izado de la Bandera Nacional a media asta, un gesto simbólico para honrar a quienes perdieron la vida durante el conflicto armado.

Posteriormente, autoridades militares y civiles colocaron ofrendas florales en el Parque El Soldado, donde se desarrolló una ceremonia solemne acompañada por una misa en memoria de los soldados que defendieron el territorio hondureño hace 57 años.

Rivera explicó que las actividades conmemorativas continuarán en el Campo de Parada Marte, donde se llevará a cabo otra ceremonia oficial y un desfile en el que volverán a participar los veteranos de guerra, quienes serán reconocidos por su servicio al país.

El vocero destacó que el objetivo principal de esta conmemoración es mantener viva la memoria histórica de Honduras y reconocer el sacrificio de quienes participaron en el conflicto, resaltando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Asimismo, señaló que estas actividades buscan fortalecer los valores patrióticos entre las nuevas generaciones, promoviendo el respeto por la historia del país y el reconocimiento a quienes integraron las Fuerzas Armadas durante uno de los momentos más complejos de la región centroamericana.

Las Fuerzas Armadas también subrayaron que esta efeméride representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con la paz y la estabilidad regional, recordando que los conflictos entre naciones deben resolverse mediante el diálogo y la cooperación.

De igual forma, las autoridades militares destacaron que el aniversario no solo honra a los veteranos hondureños, sino que también transmite un mensaje de reconciliación entre Honduras y El Salvador, países que hoy mantienen relaciones diplomáticas y de cooperación en distintos ámbitos.

El conflicto armado de 1969 tuvo una duración de aproximadamente cien horas y dejó consecuencias políticas, sociales y económicas para ambas naciones. Aunque durante muchos años fue recordado como la “Guerra del Fútbol”, historiadores coinciden en que sus causas estuvieron relacionadas con disputas territoriales, problemas migratorios y tensiones acumuladas entre ambos Estados.

Actualmente, las Fuerzas Armadas mantienen esta conmemoración como una tradición institucional para reconocer el valor de los veteranos y recordar la importancia de preservar la soberanía nacional, al tiempo que promueven la paz, la integración y la cooperación entre los países centroamericanos.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se encuentran en un proceso de modernización de sus capacidades militares, y uno de los proyectos más importantes está enfocado en renovar la flota blindada del Ejército de Perú. En diciembre de 2025, se formalizó el programa para la adquisición de tanques de guerra K2 Black Panther, fabricados por la empresa surcoreana Hyundai Rotem, con el objetivo de reemplazar progresivamente a los antiguos tanques soviéticos T-55 que durante décadas fueron parte del poder acorazado peruano.

El acuerdo contempla la compra de 54 unidades K2 Black Panther y 141 vehículos blindados K808-PE, dentro de un programa valorizado aproximadamente entre US$ 1.400 millones y US$ 1.800 millones. Según la información del programa Perú-Corea, la adquisición incluye transferencia tecnológica y participación de la empresa estatal FAME, con miras a fortalecer las capacidades industriales vinculadas al mantenimiento y producción militar.

Frente a esta incorporación, surge la inevitable comparación con los Leopard 2A4CHL de Chile, considerados una de las plataformas blindadas más avanzadas de Sudamérica. Ambos pertenecen a la categoría de carros principales de batalla, tienen pesos similares y cuentan con motores de aproximadamente 1.500 caballos de fuerza, aunque fueron desarrollados bajo conceptos tecnológicos diferentes.

Perú se renueva con los K2 Black Panther

El K2 Black Panther fue diseñado por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa de Corea del Sur (ADD) y fabricado por Hyundai Rotem. El tanque entró en servicio en 2014 y fue desarrollado como una plataforma de nueva generación, con sistemas electrónicos avanzados, alta movilidad y capacidad para operar en escenarios de guerra moderna.

Según Hyundai Rotem, el K2 incorpora un sistema de combate digitalizado que integra sensores, computadora balística, visor panorámico independiente para el comandante y sistemas de seguimiento de objetivos. Además, cuenta con una arquitectura preparada para operaciones conectadas en red, permitiendo compartir información táctica durante una misión.

Leopard 2A4CHL: principal tanque de Chile

Chile incorporó los Leopard 2A4CHL como parte de un proceso de modernización iniciado a mediados de la década del 2000. En 2006, el país firmó un contrato con Alemania para adquirir inicialmente 140 unidades, que fueron entregadas entre 2007 y 2009. Posteriormente, la flota aumentó hasta aproximadamente 172 tanques.

Según la información del programa chileno, estos vehículos fueron adaptados para operar en las condiciones geográficas del país, incluyendo zonas desérticas y sectores ubicados a gran altitud. Entre las modificaciones realizadas destacan mejoras en comunicaciones, sistemas de apoyo y ajustes del motor para operar a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar.

El mantenimiento de los Leopard 2A4CHL está a cargo de FAMAE, institución que desarrolla labores de soporte técnico desde 2014. Además, Chile inició procesos de modernización para parte de su flota, incluyendo la incorporación de nuevos sistemas electrónicos y la actualización de algunos cañones al estándar L/55.

K2 Black Panther: mayor poder de fuego

Uno de los principales puntos de diferencia entre ambos tanques está en su armamento principal. El K2 Black Panther utiliza un cañón liso 120 mm L/55, mientras que el Leopard 2A4CHL emplea originalmente un cañón Rheinmetall 120 mm L/44.

Según las especificaciones técnicas del K2, su cañón más largo permite generar una mayor energía de boca, lo que mejora su capacidad para enfrentar blindajes modernos a mayores distancias. Además, incorpora un cargador automático que permite una cadencia aproximada de 10 disparos por minuto.

Las principales diferencias en armamento son:

• K2 Black Panther
• • Cañón CN08 de 120 mm L/55.
  • Cargador automático.
  • Aproximadamente 40 proyectiles a bordo.
  • Capacidad para emplear municiones avanzadas y el misil KSTAM-II.
• Leopard 2A4CHL
• • Cañón Rheinmetall de 120 mm L/44.
  • Cargador manual.
  • 42 proyectiles a bordo.
  • Uso de municiones APFSDS, HEAT y proyectiles explosivos.

Armamento secundario: ¿cuál está mejor equipado?

Además de su cañón principal de 120 mm, los tanques K2 Black Panther y Leopard 2A4CHL cuentan con armamento secundario diseñado para enfrentar amenazas cercanas, proteger a la tripulación y aumentar su capacidad de combate en distintos escenarios. El blindado surcoreano incorpora una ametralladora coaxial de 7,62 mm instalada junto al cañón principal, utilizada contra infantería, vehículos ligeros y objetivos no blindados. También puede integrar una ametralladora pesada de 12,7 mm sobre la torre, destinada principalmente a defensa contra blancos terrestres ligeros y amenazas aéreas de baja altura. Además, algunas configuraciones del K2 pueden incorporar una estación de armas remota que permite operar la ametralladora desde el interior del vehículo, reduciendo la exposición del comandante.

Por su parte, el Leopard 2A4CHL del Ejército de Chile mantiene la configuración tradicional de la familia Leopard 2 con una ametralladora coaxial MG3 de 7,62 mm junto al cañón y otra ametralladora del mismo calibre montada sobre la torre para defensa cercana. Su sistema defensivo también incluye lanzadores de granadas de humo Wegmann, que permiten generar cortinas de ocultamiento para dificultar la detección y el ataque enemigo. Aunque ambos tanques poseen capacidades similares en armamento auxiliar, el K2 presenta una ventaja tecnológica al permitir sistemas de operación remota y una mayor integración electrónica, mientras que el Leopard 2A4CHL destaca por la fiabilidad y amplia experiencia operacional de su plataforma alemana.

Protección y movilidad: características de los tanques

En protección, ambos vehículos cuentan con blindaje compuesto diseñado para resistir municiones modernas. El Leopard 2A4CHL utiliza una estructura multicapa desarrollada en Alemania, mientras que el K2 incorpora materiales avanzados y módulos de protección adicionales.

El Black Panther dispone de sistemas de alerta y sensores electrónicos, además de una arquitectura preparada para incorporar sistemas de protección activa en futuras versiones. El Leopard, por su parte, mantiene una protección sólida basada en el diseño alemán y sus posteriores actualizaciones.

En movilidad, los dos tanques presentan características similares:

• El K2 pesa entre 55 y 56 toneladas, tiene un motor de aproximadamente 1.500 CV y alcanza unos 70 km/h.
• El Leopard 2A4CHL pesa cerca de 55 toneladas, utiliza un motor MTU de 1.500 CV y puede alcanzar unos 72 km/h.

La principal diferencia está en la suspensión. El K2 cuenta con un sistema hidroneumático ajustable que permite modificar la posición del vehículo según el terreno, mientras que el Leopard emplea una suspensión tradicional con barras de torsión. Sin embargo, el tanque chileno ofrece una mayor autonomía, cercana a los 550 kilómetros frente a los aproximadamente 450 kilómetros del Panther.

Tecnología y costos: dos estrategias blindadas

El K2 Black Panther fue diseñado como un tanque de nueva generación con una arquitectura completamente digital, incorporando sensores avanzados, sistemas de comunicación táctica y capacidad de intercambio de información en tiempo real. Entre sus principales tecnologías destacan el radar de alta frecuencia, cámaras térmicas, sistemas automatizados de seguimiento de objetivos y herramientas que mejoran la detección y respuesta frente a amenazas en el campo de batalla.

El Leopard 2A4CHL, pese a pertenecer a una generación anterior, conserva un alto nivel operativo gracias a las actualizaciones aplicadas por Chile. Su sistema de control de tiro EMES-15, cámaras térmicas y equipos de comunicación digital permiten mantener una elevada precisión en combates diurnos y nocturnos, aunque su diseño original no incorpora el mismo nivel de automatización que el tanque surcoreano.

En el aspecto económico, Perú afrontará una inversión mayor debido a la adquisición de una plataforma nueva que incluye tecnología moderna, soporte logístico y transferencia tecnológica. El costo estimado del programa se ubica entre US$ 26 millones y US$ 33 millones por unidad, considerando el paquete integral. Chile, por su parte, compró sus Leopard 2A4 de segunda mano a Alemania durante la década del 2000 a un precio inicial considerablemente menor y posteriormente destinó recursos para su mantenimiento, repuestos y procesos de modernización.

La misión estuvo integrada por 146 efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además de seis perros especialmente entrenados para la búsqueda de personas entre estructuras colapsadas. Durante el despliegue, el personal argentino realizó tareas de búsqueda y rescate, asistencia sanitaria, apoyo logístico, transporte estratégico, producción de agua potable y acompañamiento psicológico a las víctimas y sus familiares.

Uno de los momentos más delicados de la operación fue la intervención de los rescatistas argentinos en la búsqueda de Lucas Gámez, el pequeño argentino que quedó atrapado bajo los escombros de un edificio que se derrumbó en La Guayra como consecuencia de los terremotos.

El caso del niño movilizó un amplio operativo y conmovió tanto a la Argentina como a Venezuela. Los equipos trabajaron durante varios días en una zona de alta complejidad, en medio de estructuras inestables y bajo el riesgo permanente de nuevos derrumbes. Finalmente, el cuerpo de Lucas fue localizado entre los restos del edificio.

Durante toda la misión, el contingente argentino desplegó 234 patrullas en las zonas de emergencia. De ese total, 90 fueron patrullas de búsqueda integradas por binomios caninos, 108 estuvieron destinadas específicamente a tareas de rescate y otras 36 tuvieron una composición mixta.

Como resultado de las operaciones, los especialistas lograron localizar con vida a dos menores que permanecían atrapados entre los escombros. También hallaron a 78 personas fallecidas y recuperaron 51 cuerpos, que fueron posteriormente remitidos a las autoridades responsables de su identificación y entrega a sus familiares.

El personal especializado argentino fue el primero del dispositivo nacional en llegar a la zona de emergencia y el último en retirarse. Su intervención comenzó con el arribo del primer escalón durante la madrugada del 27 de junio. El segundo grupo se incorporó el 1° de julio para ampliar las capacidades operativas y reforzar la búsqueda en las áreas más afectadas.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas argentinas mantuvieron una presencia permanente en el terreno y trabajaron en coordinación con autoridades venezolanas y equipos provenientes de otras partes del mundo. En total, participaron 15 agencias internacionales en el dispositivo de asistencia y rescate.

La misión incluyó también el empleo de sistemas aéreos no tripulados. Los drones argentinos acumularon 85 horas de vuelo, durante las cuales efectuaron tareas de reconocimiento, evaluación de estructuras, observación de zonas de difícil acceso y apoyo a las patrullas que operaban sobre el terreno.

Ese trabajo resultó especialmente importante en sectores donde el ingreso de los rescatistas representaba un riesgo elevado por el estado de los edificios o por la posibilidad de nuevos desprendimientos. Las imágenes obtenidas desde el aire permitieron establecer prioridades, delimitar áreas de búsqueda y organizar el ingreso de los equipos especializados.

Además de las tareas de rescate, el contingente desarrolló una amplia operación de asistencia humanitaria. Durante los 18 días de despliegue, produjo 210.000 litros de agua potable, de los cuales 57.000 fueron envasados en sachets para su distribución entre la población damnificada.

La provisión de agua adquirió especial relevancia por los daños sufridos en la infraestructura y la interrupción de los servicios básicos en distintas localidades. En numerosos sectores, las plantas argentinas se convirtieron en una de las principales fuentes de abastecimiento para las familias que habían perdido sus viviendas o permanecían en centros de evacuación.

La misión distribuyó además 530 raciones de comida por día: 380 calientes y 150 frías. Los equipos logísticos movilizaron diariamente unos 40 metros cúbicos de suministros y distribuyeron alrededor de una tonelada y media de recursos destinados tanto a los damnificados como al sostenimiento de las brigadas desplegadas.

El dispositivo incluyó también diez generadores eléctricos, utilizados para garantizar energía en los puestos sanitarios, centros de coordinación y bases operativas instaladas en las zonas afectadas. Asimismo, se brindó asistencia logística y movilidad a aproximadamente 140 personas.

En materia sanitaria, el personal médico argentino realizó 103 atenciones a integrantes del contingente. También se efectuaron 23 intervenciones veterinarias sobre los perros de trabajo, sometidos a jornadas prolongadas y a condiciones de alta exigencia física.

Durante la misión hubo cuatro internaciones menores, sin consecuencias graves. Paralelamente, los equipos especializados mantuvieron un servicio permanente de apoyo psicológico para civiles, familiares de víctimas y miembros de los contingentes internacionales que participaron de la emergencia.

El repliegue fue dispuesto después de que la emergencia ingresara en una nueva etapa. En los primeros días posteriores a un terremoto, la prioridad se concentra en localizar sobrevivientes y rescatar personas atrapadas. Con el paso del tiempo, el operativo comienza a orientarse hacia la remoción de estructuras con maquinaria pesada, la limpieza de las zonas afectadas y la recuperación de los servicios.

Ese cambio de fase determinó que las capacidades específicas aportadas por la Argentina hubieran completado las tareas para las que fueron requeridas. A partir de entonces, comenzó el regreso gradual del personal, los equipos y los vehículos utilizados durante el despliegue.

La operación demandó un importante esfuerzo de transporte estratégico. Para el envío del contingente se realizaron seis vuelos redondos, en los que se trasladaron 97,3 metros cúbicos y 12.749,6 kilos de carga.

Esos vuelos acumularon 102 horas y 40 minutos y recorrieron 63.778 kilómetros, una distancia equivalente a aproximadamente una vuelta y media alrededor de la Tierra.

Para el repliegue se programaron otros cinco vuelos redondos, en los que fueron transportados 106,46 metros cúbicos y 14.327,2 kilos de material. Esa etapa demandó 92 horas y 40 minutos de vuelo y un recorrido total de 52.908 kilómetros.

Entre el despliegue y el regreso, la operación aérea acumuló 116.686 kilómetros, una distancia cercana a tres vueltas completas al planeta. En total, se efectuaron once vuelos estratégicos: seis para el envío de personal y equipos y cinco para su repatriación.

Las aeronaves trasladaron brigadas de rescate, insumos médicos, víveres, equipos de comunicación, herramientas, generadores, plantas potabilizadoras y el material necesario para sostener a los efectivos durante casi tres semanas de trabajo.

Toda la operación fue realizada en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias, que participó en la articulación de los recursos enviados por el Estado argentino y en el enlace con las autoridades responsables del operativo en Venezuela.

Tras su llegada al país, los integrantes del contingente fueron trasladados a la I Brigada Aérea de El Palomar. Allí se realizarán los controles médicos y psicológicos previstos para este tipo de despliegues, además de una etapa de descanso y acompañamiento posterior a la misión.

Las evaluaciones buscan detectar consecuencias físicas o emocionales vinculadas con el trabajo desarrollado en un escenario caracterizado por la destrucción, la presencia permanente de víctimas y las extensas jornadas de búsqueda.

El regreso puso fin a una de las mayores operaciones humanitarias recientes realizadas por las Fuerzas Armadas argentinas en el exterior. La misión dejó como saldo dos personas rescatadas con vida, más de 200.000 litros de agua producidos y cientos de patrullas desplegadas.

También quedó marcada por la búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino hallado sin vida bajo los escombros en La Guayra. Su caso fue uno de los episodios más conmovedores de una operación en la que el contingente argentino trabajó hasta la última etapa de búsqueda, antes de que la emergencia pasara definitivamente a la fase de remoción y reconstrucción.

La realidad internacional demuestra que la defensa nacional no constituye una aspiración teórica ni un resabio del pasado, sino una necesidad permanente de todo Estado responsable. Desde esa perspectiva, vale preguntarse por qué la profesión militar sigue siendo indispensable para la Argentina.

Todo combate, batalla y operación militar, sea en la paz o la guerra, puede devenir en un desastre. Un soldado del siglo XXI convive y se prepara cotidianamente, para los conflictos contemporáneos, pero también, para aquellos de un futuro que pareciera ser, al decir de muchos especialistas, muy incierto.

El riguroso y continuo adiestramiento, la disciplina y el servicio prolongado son clave para forjar a los jóvenes integrantes de las Fuerzas Armadas y así enfrentar las exigencias y difíciles geografías adonde se puede llegar a operar. Conducir medios militares y manipular, eficientemente, un sistema de armas de alta tecnología, son todo un desafío.

En su preparación para esta tarea, miles de jóvenes militares dedican sus vidas a esta singular profesión. Tal singularidad deviene en que la función militar implica la subordinación política, la aplicación ordenada y ética de la fuerza y un código de justicia particular. El modelo Sanmartiano constituye un legado que nos tipifica, distingue y honra.

La profesión militar comparte, sin embargo, muchos rasgos con otras profesiones tradicionales como la medicina, la ingeniería y el derecho, que poseen especializaciones, códigos profesionales y éticos, autonomía y el servicio a la sociedad de las que se nutren.

Entonces, ¿qué es lo que distingue a la profesión militar? La respuesta contempla tres aristas. La primera es que el militar asume ciertas restricciones a sus derechos ciudadanos; la segunda se relaciona con las extraordinarias exigencias, riesgos y paradojas morales, que se le pueden presentar. Pero, en su ápice, se encuentra el estar dispuesto, de ser necesario, a perder la vida por el país, es decir, la Argentina y su sociedad.

En un ambiente moderno, el rol de un jefe militar es mucho más complejo que en el pasado. Las decisiones se ven afectadas por múltiples requerimientos y demandas; van mucho más allá que planear tareas, ordenar, ejecutar y supervisar. Son cabeza de organizaciones complejas que tienen en cuenta numerosas variables, hoy permeadas, en todo su espectro por la tecnología.

Si bien cualquier fuerza armada se prepara para actuar en una guerra, el militar ama, por sobre todas las cosas, la paz. Quizás, porque haya estudiado y visto de cerca su flagelo y el sufrimiento que acarrea. También aquellos derivados de emergencias, desastres naturales, pandemias y en operaciones de paz de lejanas geografías.

Al prepararse, permanentemente, para defender los bienes tangibles, como puede ser, una ciudad, una infraestructura crítica o los espacios terrestres, aéreos y marítimos, las fuerzas militares protegen los intereses nacionales, la soberanía y la libertad y vida de sus habitantes.

Si bien la defensa nacional es una función indelegable a sostener en cualquier estado, los enfoques contemporáneos, empleados en los países más avanzados, tratan a la seguridad nacional y, en consecuencia, a la defensa, desde una perspectiva integral. Es decir, que agrupan los esfuerzos colaborativos de las áreas, departamentos y agencias de un gobierno, para lograr la unidad de esfuerzos, hacia un objetivo compartido para situaciones de crisis o de guerras.

Pero este enfoque integrado de gobierno ha sido ampliado, en los últimos tiempos, para involucrar a todo el sector privado y la sociedad en su conjunto, atento a que, si los conflictos son multidimensionales, las soluciones también deben ser integradas, colaborativas y multidimensionales.

Otra peculiaridad respecto de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional es que, además de su empleo efectivo y de disuasión permanente, cumplen otros roles durante la paz, adonde ponen a prueba su temple y dedicación al servicio, como, por ejemplo, las muestras dadas en estos días en Venezuela y en lejanas operaciones de paz, prestigiando a nuestro país.

En síntesis, se considera una ventaja y un activo considerable el contar con profesionales de las Fuerzas Armadas al servicio de la Nación y de su población para cumplir en forma permanente con los roles asignados por el Poder Ejecutivo, integrando sus esfuerzos para el Bien Común.

República Dominicana mantiene una participación logística y humanitaria en la misión multinacional desplegada en Haití, enfocada en la asistencia médica y la coordinación de información, mientras avanza en la seguridad de su frontera con medidas tecnológicas y mejoras para su personal militar.

El presidente de dominicano, Luis Abinader, reafirmó que el país no participa en operaciones directas contra las pandillas en Haití. Según el mandatario, la colaboración dominicana se centra en el apoyo logístico y en la provisión de ayuda médica humanitaria para la población haitiana.

“Nosotros no tenemos participación directa. Lo que tenemos es participación logística. Tenemos participación de apoyo, de ayuda humanitaria médica. Y tenemos una coordinación”, indicó Abinader.

El jefe de Estado explicó que la cooperación incluye un canal permanente de comunicación con la fuerza multinacional que actúa en territorio haitiano. Este mecanismo permite a las autoridades dominicanas prepararse ante cualquier eventualidad.

“Sí, hay coordinación con esa fuerza multinacional. Si hay alguna situación, ellos nos lo informan y nosotros nos preparamos”, expresó el presidente.

El despliegue de la misión internacional en Haití surge en respuesta a la crisis institucional y a la situación de violencia en Puerto Príncipe, donde más del 70 % de la ciudad está bajo control de bandas armadas. Ante este contexto, la relación bilateral entre los gobiernos de Haití y República Dominicana se mantiene limitada.

“La relación con el Gobierno haitiano no es muy fluida por las condiciones que hay allá. Coordinamos con las fuerzas extranjeras y, cuando hay que hacer alguna coordinación con el Gobierno, la hacemos a través de la Cancillería”, sostuvo Abinader.

En el ámbito interno, República Dominicana ha reportado avances en materia de seguridad fronteriza. El presidente destacó la implementación de la verja perimetral inteligente en la frontera, lo que ha permitido reducir delitos como el robo y el contrabando.

Esta infraestructura cuenta con sistemas de vigilancia y ha sido complementada con la modernización de las Fuerzas Armadas, que ahora disponen de vehículos blindados y armamento actualizado.

El fortalecimiento de la seguridad fronteriza abarca también mejoras en las condiciones laborales de los militares. Abinader puntualizó que los salarios del personal militar se han triplicado, pasando de 9,000 pesos a aproximadamente 27,000 pesos dominicanos (aproximadamente a $461).

Además, los miembros de las Fuerzas Armadas asignados a la frontera reciben una compensación adicional por especialidad. “Las Fuerzas Armadas están mejor equipadas. Ya tenemos blindados. Antes no teníamos blindados.

Tenemos un armamento mucho mejor. A los militares se les aumentó el sueldo tres veces. Y a los de la frontera se les paga una especialidad”, detalló el mandatario.

La coordinación internacional y el apoyo logístico, junto con la inversión en tecnología y el fortalecimiento institucional, forman parte de la estrategia del gobierno dominicano para responder a la crisis en el país vecino y asegurar la protección de su territorio.

El presidente reiteró el compromiso de la administración con la estabilidad regional, la defensa de la soberanía nacional y el respaldo a los esfuerzos internacionales para contribuir a la pacificación de Haití.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 9 de julio la Recomendación 208VG/2026, un documento de más de 860 páginas sobre el caso Ayotzinapa. En él, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra concluye que no existe responsabilidad institucional ni participación militar directa en la desaparición de los 43 normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La recomendación sí reconoce 92 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, acota la responsabilidad castrense a actos de omisión individual, por los cuales hay 20 elementos militares bajo proceso penal.

Un punto que generó especial rechazo es que el documento no fue dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a diferencia de otras 22 autoridades notificadas. Además, la CNDH cuestionó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), a los que atribuye haber impulsado una narrativa que calificó de “antiverdad” sobre la presunta responsabilidad militar.

La respuesta de Encinas

Ante esta conclusión, Alejandro Encinas Rodríguez, quien presidió la Covaj entre 2018 y 2023 y actualmente se desempeña como embajador de México ante la OEA, publicó en la red social X una serie de documentos oficiales de la Sedena.

Según estos documentos, el soldado de infantería Julio César López Patolzin —uno de los 43 normalistas desaparecidos— estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) dentro de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, con lo que Encinas denominó una “fachada de alumno”. Los archivos detallan, entre otros puntos:

• Su ingreso a trámites de inscripción en junio de 2014 con fines de inteligencia militar.
• Su reporte de actividades como órgano de búsqueda la mañana del 26 de septiembre de 2014, horas antes de los ataques.
• Mecanismos de comunicación esporádica con sus mandos superiores.

La recomendación de la CNDH, por su parte, descarta que López Patolzin fuera un infiltrado o informante, y sostiene que su presencia en la normal se ampararía en una disposición reglamentaria que permite a militares cursar estudios.

Reacciones de organizaciones y representantes legales

La recomendación también fue criticada por organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que señaló una presunta falta de autonomía del organismo. En entrevista, Isidoro Vicario, abogado de padres y madres de los normalistas, afirmó que la CNDH no tuvo un acercamiento previo con las familias antes de emitir el documento y consideró que la recomendación no aporta elementos para esclarecer el paradero de los estudiantes.

Vicario también recordó que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército habría infiltrado personal en la normal desde 2010, y que existen testimonios de sobrevivientes sobre la presencia de un convoy militar en el Hospital Cristina de Iguala la noche de los hechos —versión que la CNDH atribuye a una revisión rutinaria sin agresión directa.

Hasta el momento, la Sedena no ha emitido un pronunciamiento público adicional sobre los documentos difundidos por Encinas.

El gobierno de Honduras implementará un programa para potenciar las Fuerzas Armadas con énfasis en la atención de emergencias, según anunció el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, durante una entrevista reciente. El funcionario explicó que la iniciativa contempla la adquisición de nuevos equipos, principalmente aviones de ala fija, orientados a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas que afectan a la población.

En diálogo con la agencia EFE, Rodríguez detalló que la modernización prioriza la compra de aparatos destinados al transporte de personas heridas, carga y combate de incendios forestales. “Los aparatos que se estarían adquiriendo son para el transporte de heridos, para el transporte de carga, para el combate de incendios forestales, que nos ayuden a tener mejores soluciones y respuesta a las necesidades del pueblo”, afirmó el titular de Defensa desde Tegucigalpa.

El plan incluye la colaboración con Estados Unidos para la incorporación de aeronaves de carga, multipropósito y vigilancia. Rodríguez señaló que la cooperación internacional está enfocada en dotar a la Fuerza Aérea de Honduras de recursos que permitan mejorar la vigilancia y el control del territorio nacional. Además, subrayó la importancia de sumar drones como herramientas de monitoreo, al destacar que el territorio marítimo hondureño se extiende a 270,000 kilómetros cuadrados, más del doble del área continental del país.

“Estamos viendo drones, que son un medio más económico de vigilancia, hay que tomar en cuenta que nuestro territorio marítimo son 270,000 kilómetros cuadrados, más del doble de nuestro territorio continental, entonces eso necesitamos cubrirlo por razones de soberanía, por razones de narcotráfico. Necesitamos cubrirlo y vigilarlo a través de los drones y la vigilancia aérea”, remarcó Rodríguez.

El programa de fortalecimiento no se limita a la Fuerza Aérea. El ministro indicó que el gobierno encabezado por Nasry Asfura, quien asumió el 27 de enero, ha puesto en marcha un plan integral para mejorar todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Según Rodríguez, el desgaste de los activos militares hace necesario actualizar y reponer equipos de forma periódica para asegurar la operatividad.

“Las Fuerzas Armadas en general es el último recurso que tenemos los hondureños, a ella acudimos al final cuando tenemos necesidades que no podemos cubrir por otros medios, de ahí la importancia de tener unas Fuerzas Armadas listas y equipadas para poder responder a la necesidad del pueblo en casos de desastres, de incendios, de inundaciones, de calamidades, de pandemias, de movilizaciones”, expresó el ministro.

Frente a la reciente adquisición de aviones de combate A-37 por parte de El Salvador, Rodríguez aclaró que la planificación estratégica de Honduras no se ve condicionada por las decisiones de los países vecinos. “Lo que hagan los amigos vecinos no va a condicionar nuestros planes estratégicos, nosotros hemos tenido siempre como responder por nuestra soberanía”, dijo.

En cuanto al aspecto financiero, Rodríguez admitió que la adquisición de equipos representa un reto para el presupuesto nacional. “Estamos compartiendo información con Estados Unidos y estamos haciendo estudios sobre lo que necesita Honduras de la manera más inteligente porque desgraciadamente el equipo militar es caro”, explicó el funcionario.

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas responde a la necesidad de ofrecer soluciones eficaces ante desastres, incendios, inundaciones y otras emergencias que afectan a la sociedad hondureña. Con la incorporación de aeronaves, drones y equipos multipropósito, el gobierno busca garantizar una mejor respuesta ante las necesidades del país y reforzar la vigilancia de su extenso territorio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una extensa recomendación de 867 páginas en la que desacredita los informes publicados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al sostener que no existen pruebas para culpar al Ejército, como se ha informado reiteradamente por grupos de expertos, comisiones de derechos humanos, la familia de los normalistas y sociedad civil.

La CNDH estableció en la Recomendación 208VG/2026, publicada el 9 de julio, que la creación de la llamada “Anti-Verdad Histórica”, una narrativa que, afirmó, responsabiliza infundadamente a las Fuerzas Armadas de México al acusarlas de estar implicadas en la Noche de Iguala de 2014, genera estigmatización y desvía el eje de la investigación iniciada desde hace más de 10 años.

“Como parte de las investigaciones que han dado lugar a la presente recomendación, hemos tenido que superar no solamente resistencias e intentos de manipulación de la información, incluso internamente, sino los prejuicios generados por una narrativa tan nociva como la “Verdad Histórica”, la narrativa de la “Anti-Verdad Histórica” presente en los Informes del GIEI y en los dos primeros informes de la CoVAJ-Ayotzinapa, así como en multitud de artículos periodísticos, libros, películas y reportajes televisivos que, lejos de buscar la verdad llana que merecen las víctimas y todo el pueblo de México, han sido muy útiles para alimentar el sensacionalismo que genera la idea de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas fue el Ejército”, afirma la CNDH.

Ello marca una nueva postura en la historia de desaparición forzada más trágica en los tiempos recientes, en donde 43 jóvenes normalistas fueron desaparecidos cuando se trasladaban a la Ciudad de México para participar en las manifestaciones del 2 de octubre del 68.

Desde entonces, las autoridades locales y federales se empeñaron en contar historias diferentes de lo que pudo haber pasado en aquella noche, como la llamada “Verdad Histórica”, encabezada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, demostrándose con el tiempo que muchas fueron versiones falsas.

Mientras eso sucedía, las madres y padres de los 43 normalistas se han dedicado a exigir justicia y verdad para sus hijos, manifestándose constantemente y convirtiéndose en un símbolo de resistencia.

La búsqueda de la verdad por los 43 ha estado marcada por injusticias, irregularidades, torturas y violaciones a derechos humanos. El caso ha tenido foco internacional por organizaciones como Amnistía Internacional, sin embargo, a punto de cumplirse 13 años, sigue sin haber certeza de lo que ocurrió.

La narrativa sobre el Ejército y su implicación en la Noche de Iguala

A lo largo del extenso informe, la CNDH reiteró que la versión sobre la supuesta responsabilidad militar fue alimentada por declaraciones de exautoridades y organizaciones sociales, sin que hasta ahora exista evidencia objetiva que acredite la participación del Ejército en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 que los señale culpables.

El organismo reconoce antecedentes históricos de represión por parte de las Fuerzas Armadas, “en las décadas de los 50, 60, 70 y 80, como lo hizo en las recomendaciones general 46/2022 y la 98VG/2023 en las que no se titubeó en señalar nombres y grados de los perpetradores, que hoy son públicos”, sin embargo, sostiene que en el caso Ayotzinapa no hay elementos para sostener la existencia de un plan de exterminio estatal ni pruebas que justifiquen una acusación formal contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

El organismo redacta un informe detallado de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y contrasta la información disponible sobre el caso que contempla más de 10 años de investigación, injusticias y violación a los derechos humanos.

Los folios ocultos y la postura de la Defensa Nacional

Uno de los puntos más señalados por la “Anti-Verdad Histórica”, de acuerdo a lo puntualizado por la CNDH, es la supuesta existencia de “folios ocultos” en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI). De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de los 875 folios enlistados por los familiares de los estudiantes, solo 10 corresponden al CRFI de Iguala y ya se entregaron a las autoridades.

La CNDH resalta la explicación de la Defensa donde señala que la numeración no es progresiva, pues el CRFI, inaugurado en diciembre de 2015, quince meses después de la desaparición, usaba números proporcionados por el Batallón de Infantería de Chilpancingo. Entre mayo de 2019 y octubre de 2021, la dependencia entregó más de 18,800 fojas a la CoVAJ, la FGR y el GIEI, incluyendo documentos del CRFI, y asegura que nunca ha negado la existencia de información.

El organismo nacional dedica más de 800 páginas para concluir que no hay evidencia de documentos ocultos y que la controversia ha sido utilizada para sostener especulaciones no comprobadas que acusan la Ejército.

CNDH desacredita informes pero asegura defender a víctimas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó la defensa a los derechos de las víctimas y acreditó “violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en 2014″.

Emitió recomendaciones para garantizar la inscripción de víctimas en el RENAVI y el acceso inmediato a atención médica, psicológica y tanatológica gratuita, supervisar las medidas de reparación integral, así como fortalecer las escuelas normales rurales mediante autonomía, presupuesto e infraestructura adecuada.

La recomendación está dirigida a las ciudadanas y ciudadanos que integran la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno Constitucional del Estado de Guerrero, las presidencias municipales de los ayuntamientos de Iguala de la Independencia, Cocula, Huitzuco de los Figueroa, Taxco de Alarcón, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Tepecoacuilco, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como a las secretarías y direcciones de seguridad pública de los municipios mencionados en el Estado de Guerrero.

Además, solicitó informar sobre los avances en la atención a víctimas y en las búsquedas de los normalistas desaparecidos, asegurando la participación de familiares y el cumplimiento de estándares en derechos humanos. También pide retirar imágenes y narrativas que revictimicen o criminalicen a los normalistas y exige capacitación continua en derechos humanos para los cuerpos policiales de Guerrero.

Subrayó la obligación de mantener abiertas las investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos, reconociendo 79 víctimas y dejando el proceso abierto para nuevas incorporaciones, con el compromiso de sancionar a los responsables conforme a la ley.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó una actualización a su reglamento de seguridad para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se celebrarán el próximo 4 de octubre.

La medida, oficializada mediante la Resolución Jefatural N° 000109-2026-JN/ONPE, prioriza la protección de los locales de votación y la cadena de custodia de las actas, además de reforzar la libertad para ejercer el voto ciudadano.

El nuevo protocolo asigna a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) la responsabilidad de la seguridad interna en los centros de votación, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el resguardo externo y el control del orden público.

Según el documento, la Secretaría General de la ONPE, a través de la Oficina de Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional, coordinará estos esfuerzos con el Comando Conjunto de las FF.AA. y la PNP, ajustando el número de efectivos de acuerdo con el mapa de riesgo de cada región.

Durante procesos anteriores, la PNP se encargaba tanto de la vigilancia interna como externa de los locales de votación, mientras las FF.AA. actuaban principalmente en apoyo logístico y en zonas de difícil acceso.

Con el nuevo enfoque, los militares tendrán un papel activo dentro de los recintos, resguardando tanto al personal como al material electoral, mientras que la Policía se enfocará en el perímetro, la protección de sedes institucionales y el mantenimiento del orden.

Protocolos para la custodia y derechos de los votantes

El reglamento actualizado contempla estándares más estrictos de vigilancia en las sedes operativas de la ONPE y una reingeniería de los planes de contingencia para mitigar riesgos en zonas vulnerables.

La redistribución de funciones busca asegurar la integridad del material electoral, la protección del personal y el respeto a la libertad de los ciudadanos habilitados para votar.

El despliegue del material electoral estará bajo custodia desde las centrales de la ONPE hasta los locales de votación y en el repliegue posterior hacia los centros de cómputo y sedes del Jurado Electoral Especial.

El documento también reitera la protección especial para los miembros de mesa y personeros, quienes no podrán ser detenidos por ninguna autoridad desde 24 horas antes hasta 24 horas después de la votación, salvo en caso de flagrante delito. Esta garantía también ampara a los votantes durante el mismo periodo.

Se mantiene la prohibición del uso de celulares, cámaras fotográficas y de video dentro de las cámaras secretas, con el apoyo de la PNP y las FF.AA. para implementar la restricción. Las oficinas descentralizadas y regionales de la ONPE deberán coordinar permanentemente con las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de todas las disposiciones.

La resolución ordena que su contenido sea puesto en conocimiento de las autoridades competentes, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el RENIEC, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, además de su publicación oficial en el diario El Peruano y en el portal institucional de la ONPE.

Desafíos logísticos

A menos de cien días de la jornada electoral, la ONPE enfrenta desafíos logísticos y financieros para garantizar la cobertura nacional de los comicios.

La institución remarcó que aún se encuentra a la espera de la transferencia total de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), necesarios para la contratación de personal, la capacitación de actores electorales y la distribución del material a nivel nacional.

La ONPE reiteró que los recursos consignados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) corresponden a obligaciones previas y compromisos legales, y no están disponibles para nuevas necesidades.

La Argentina mantiene desde hace cuatro décadas una deuda pendiente en materia de defensa. Si bien la Ley de Defensa Nacional reconoce la existencia de reservistas militares, el país nunca avanzó con la legislación que debía establecer cómo movilizarlos y organizarlos frente a una situación de emergencia.

Esa omisión, advirtió Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, responde a una combinación de falta de decisión política, demoras burocráticas y ausencia de consensos sobre una herramienta que, según explicó, forma parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas en numerosos países.

“Es una deuda que lleva ni más ni menos que cuarenta años”, resumió el especialista, al señalar que el problema es “burocrático, legislativo” y refleja la falta de interés para avanzar sobre decisiones “claves para que el Estado pueda cumplir algunas de sus funciones fundamentales, como asegurar el resguardo de la soberanía y de los intereses nacionales”.

Una ley incompleta

Serbin Pont explicó que la figura del reservista no está ausente del marco jurídico argentino. El problema, sostuvo, es que nunca se completó el esquema previsto por la propia Ley de Defensa Nacional.

Según detalló, la normativa vigente establece la existencia de elementos de reserva, pero ordena además que el Consejo de Defensa Nacional impulse una ley específica de movilización nacional para definir el procedimiento mediante el cual esos ciudadanos pueden ser convocados en caso de necesidad. “Eso nunca ocurrió”, sintetizó, y esa ausencia impide contar con un sistema institucionalizado para incorporar personal cuando las circunstancias lo requieren.

Como consecuencia, explicó, las Fuerzas Armadas no disponen de un mecanismo transparente, permanente y accesible para organizar, capacitar y movilizar reservistas.

En ese contexto, señaló que actualmente existen grupos de reservistas distribuidos en distintas unidades del Ejército, aunque funcionan principalmente gracias a la iniciativa de sus propios integrantes. “Hoy hay unidades de reservistas en diferentes puntos, pero son, en buena parte, a pulmón, por el esfuerzo de los propios reservistas que deciden organizarse y coordinar con el Ejército”, describió.

Para el analista, eso implica depender de un recurso humano voluntario sin que exista una política pública que ordene su incorporación, capacitación y eventual convocatoria.

Una herramienta habitual en el mundo

Lejos de tratarse de una excepción, Serbin Pont remarcó que los sistemas de reservas constituyen uno de los pilares sobre los que se organizan muchas Fuerzas Armadas modernas.

“Esto existe en un montón de países. No es un invento argentino; al contrario, es la base con la que funcionan muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, porque sostener un ejército permanente es caro”, explicó.

Para ilustrarlo, recordó el caso de Israel durante la guerra de Yom Kipur. Allí, señaló, el país logró movilizar en apenas 72 horas a unos 400.000 ciudadanos que no integraban el plantel profesional de las Fuerzas Armadas, sino que desarrollaban normalmente sus actividades civiles y fueron convocados cuando estalló el conflicto.

También mencionó el modelo suizo, donde el Estado entrega a los reservistas su uniforme y equipamiento básico una vez finalizada la instrucción militar. De esa manera, explicó, permanecen disponibles para ser convocados con rapidez cuando las circunstancias lo exigen.

Como ejemplo más reciente, Serbin Pont recordó lo ocurrido en Ucrania al comienzo de la invasión rusa en 2022. Según indicó, el gobierno movilizó a miles de reservistas que ya contaban con entrenamiento previo, mientras que otros ciudadanos recibieron instrucción acelerada para cumplir funciones de apoyo. “Los puntos de combate de alta intensidad los llevan los militares profesionales, pero los reservistas cumplen funciones complementarias”, explicó, al destacar que este tipo de esquemas permite ampliar rápidamente las capacidades del Estado sin depender exclusivamente del personal permanente.

Más efectivos y una mayor integración con la sociedad

Durante la columna, el especialista sostuvo que un sistema de reservas no solo incrementa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, sino que también fortalece el vínculo entre la institución militar y la sociedad civil.

A modo de ejemplo, explicó que si el Estado conoce con precisión cuántos efectivos permanentes posee y cuántos reservistas capacitados puede convocar, dispone de una base mucho más sólida para planificar distintos escenarios. “Si las Fuerzas Armadas saben que tienen 80 mil efectivos, pero pueden movilizar otros 80 mil, entonces los planes de contingencia se elaboran sobre una capacidad potencial de 160 mil personas y no únicamente sobre la dotación permanente”, señaló.

Consultado acerca de si existe disposición de la ciudadanía para integrar un sistema de estas características, Serbin Pont respondió que el país ya cuenta con antecedentes de voluntariado que demuestran ese compromiso. Mencionó el caso de los cerca de 40.000 bomberos voluntarios que funcionan en la Argentina y sostuvo que miles de personas dedican tiempo y recursos propios para prestar un servicio a la comunidad. “La voluntad existe; lo que falta es un Estado que la organice”, afirmó.

En ese intercambio, la periodista Maru Duffard reconoció que desconocía que cualquier ciudadano pudiera acercarse voluntariamente a una unidad militar para integrar la reserva. La observación dio pie a una aclaración del especialista, quien explicó que pueden formar parte de ese sistema quienes pasaron por las Fuerzas Armadas, desde soldados voluntarios hasta oficiales retirados. Sin embargo, consideró que el esquema podría ampliarse para incorporar también a personas sin experiencia militar previa, siempre que reciban una instrucción básica que les permita integrarse de manera ordenada.

Para Serbin Pont, completar finalmente el marco legal pendiente desde hace cuarenta años no implica únicamente resolver una cuestión administrativa. Significa, sostuvo, dotar al Estado de una herramienta estratégica para responder ante situaciones excepcionales, aprovechar capacidades que hoy permanecen dispersas y fortalecer el vínculo entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Esa discusión, concluyó, continúa pendiente pese a que la propia legislación la contempló hace ya cuatro décadas.

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La presidenta electa Keiko Fujimori recibió este martes al excandidato presidencial Wolfgang Grozo en una reunión realizada días después de la oficialización de los resultados electorales. Tras el encuentro, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el diálogo entre las fuerzas políticas y fortalecer la gobernabilidad para afrontar los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno.

Al salir de la cita, Grozo explicó que la conversación giró en torno a la situación del país, el escenario político tras las elecciones y las prioridades de la próxima administración. Además de hacer un llamado a dejar atrás la polarización, el exaspirante a la Presidencia rechazó que existan condiciones previas para el diálogo político y reiteró sus planteamientos sobre seguridad ciudadana, incluyendo el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional dentro del marco constitucional.

“El Perú no puede seguir fragmentado”: el mensaje de Grozo tras su encuentro con Fujimori

En sus declaraciones a la prensa, Wolfgang Grozo remarcó que el proceso electoral ya quedó atrás y que, a partir de ahora, el foco debe estar puesto en el interés nacional. “Las elecciones terminaron. Una vez ratificada quien estará al frente del país, todos debemos apoyar, más allá de las ideologías”, señaló, al tiempo que insistió en que el escenario actual exige dejar de lado la confrontación política que ha dominado buena parte del debate público en los últimos meses.

El excandidato presidencial sostuvo además que el respaldo a la nueva gestión no debe interpretarse como una renuncia al control ciudadano. En esa línea, subrayó que una cosa es acompañar la estabilidad del país y otra muy distinta otorgar un respaldo sin vigilancia. “Eso no significa dar un cheque en blanco. Todos debemos ser vigilantes y auditores de lo que ocurra durante la gestión”, manifestó, en una frase que buscó marcar distancia frente a cualquier lectura de adhesión irrestricta.

Grozo también comentó que durante la conversación percibió en Keiko Fujimori la intención de construir un equipo con criterio técnico y apertura política. Según explicó, la mandataria electa le habría transmitido la idea de convocar a los perfiles “más capacitados” para conformar un gobierno de ancha base, donde prime la meritocracia por encima de las cuotas partidarias. El excandidato sostuvo que ese enfoque resulta clave para responder a las exigencias del país en una coyuntura compleja.

Otro de los puntos abordados fue la participación de los jóvenes en la vida pública y la necesidad de reforzar la institucionalidad democrática. Grozo consideró que el debate político debe abrir espacio a nuevas voces y a propuestas que ayuden a recomponer la confianza en las instituciones, especialmente en un contexto donde la desafección ciudadana sigue siendo uno de los grandes problemas.

En materia de seguridad ciudadana, el excandidato también se pronunció sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Aclaró que cualquier intervención debe mantenerse dentro del marco constitucional y en calidad de apoyo a la Policía Nacional, descartando una militarización de las calles. “No se trata de sacar a los militares a patrullar las calles. Hay formas en que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional dentro de su rol constitucional”, expresó.

Keiko Fujimori también dialogó con María Corina Machado tras ser proclamada presidenta electa

Horas después de reunirse con Wolfgang Grozo, Keiko Fujimori sostuvo una videollamada con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien la felicitó por su victoria en la segunda vuelta electoral. La conversación se produjo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados de los comicios y sirvió para reafirmar los vínculos políticos que ambas mantienen desde hace varios años.

Durante el diálogo, Fujimori agradeció el respaldo que Machado le expresó durante la campaña presidencial. La dirigente venezolana señaló que Perú y Venezuela comparten la defensa de la democracia y sostuvo que ambas naciones atraviesan procesos que requieren fortalecer sus instituciones. En ese contexto, afirmó que la lucha emprendida en ambos países responde a una misma causa y expresó su confianza en que prevalezcan los valores democráticos.

La conversación también incluyó un mensaje de solidaridad por los terremotos que afectaron recientemente a Venezuela. Fujimori transmitió su apoyo a las familias damnificadas y lamentó las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por la emergencia, además de expresar su deseo de que la población reciba la asistencia necesaria para enfrentar las consecuencias del desastre. Machado agradeció el gesto y valoró el respaldo enviado desde el Perú en un momento de crisis para su país.

En un artículo previo “La defensa que tenemos y la defensa que necesitamos: desafíos para el siglo XXI”, se describían seis líneas de acción para construir un sistema de defensa creíble y realista. Ellas eran:

• La planificación integral del sistema de defensa nacional.
• Adecuación del marco legal.
• Asignación continua y previsible de recursos presupuestarios.
• Transformación innovadora de las FFAA.
• Conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización.
• Organización del complejo I+D+P (Investigación, Desarrollo y Producción).

Las dos primeras líneas fueron desarrolladas en artículos precedentes, abordando hoy sin seguir el orden, la temática de las reservas.

La conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización es una de las medidas de mejor relación costo/eficacia para incrementar las capacidades disuasivas y defensivas concretas del país, en la paz o en caso de conflicto. Los ejemplos de las dos guerras mundiales resultan contundentes, tanto como muchos otros conflictos de menor escala en los que el empleo de reservas ha sido la norma. La guerra de Yom Kippur/Ramadán en 1973, la de Irán-Irak entre 1980 y 1988, los conflictos con rebeldes chechenos, Rusia y Ucrania, muestran una proporción de empleo entre fuerzas activas permanentes y reservas, que varía entre el 1:2,5 a 1:5. Aunque estos conflictos difieren en naturaleza (guerra de desgaste a gran escala y/o conflictos híbridos con apoyo externo) con la naturaleza probable de los conflictos que puedan afectar a nuestro país, la importancia de las reservas es innegable.

En nuestra región, la relación entre efectivos activos y reservas varía: 1:0,5 en el caso de Chile; 1:4 de Brasil, hasta el 1:8 en el caso de Paraguay. Los datos y fuentes son variables y no detallan si es reserva entrenada o es la totalidad del personal en condiciones de ser movilizado, es decir “combatientes preparados e integrados organizadamente” o “ciudadanos con un fusil que apenas saben usar”. Durante el conflicto de 1978 por el canal de Beagle y durante la guerra de Malvinas, Argentina recurrió a la movilización parcial de sus reservas y pese a la utilidad que demostraron, en los años siguientes no hubo mejoras significativas del sistema, y sus capacidades son hoy muy limitadas.

En nuestro país, la problemática de las reservas y de la movilización de los recursos nacionales (y no necesariamente armados), no ha ocupado una posición central más allá de haber sido considerada en el marco legal y de algunos intentos serios pero aislados de las Fuerzas, que no resuelven con plenitud la necesidad.

La Ley de Defensa Nacional N.º 23.556, establece en líneas generales que el Sistema de Defensa Nacional incluye a los “elementos de la reserva” de las Fuerzas Armadas. También introduce el concepto de “Movilización” habilitando al presidente a ordenarla total o parcialmente, afectando a los recursos humanos y materiales del país y a disponer la incorporación de ciudadanos a las Fuerzas Armadas en caso de movilización para atender a la defensa nacional.

La Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas N.º 24.948 establece la necesidad de fortalecer el sistema de reservas, para permitir una rápida transición de una fuerza de paz a una fuerza de combate en caso de movilización, a través de un sistema de convocatoria eficiente. La ley establece también un plazo de 365 días (marzo de 1999) para la promulgación de una ley de reservas y otra de movilización. No se pretende analizar el incumplimiento de plazos en términos cuantitativos, sino expresar que, a pesar de la existencia de numerosos proyectos de ley, la falta de visión estratégica en materia de defensa ha sido y es perniciosa para los intereses de la Nación.

La Ley de Personal Militar N.º 19.101 define la conformación de la reserva, distinguiendo entre la Reserva Incorporada (Personal militar en actividad que ha pasado a situación de retiro y que, por necesidad, es llamado al servicio) y la Reserva Fuera de Servicio (Ciudadanos que han cumplido el servicio militar obligatorio o que tienen instrucción militar y están sujetos a ser convocados por el Estado en caso de conflicto).

El Decreto 1716/2009 (Reglamentación de la Ley de Personal Militar), establece los mecanismos de convocatoria de la reserva, sea para adiestramiento, necesidades de servicio, y finalmente movilización real en caso de conflicto.

Las capacidades que las reservas adiestradas con rápido alistamiento pueden otorgar al país, merecen su consideración dentro de cualquier previsión defensiva, aprovechando y mejorando los sistemas propios de las FFAA (SIREA en el EA y sistemas de reserva naval y de Fuerza Aérea), y la presencia de numerosos reservistas voluntarios, comprometidos y a bajo costo para el estado, contribuyen con la defensa nacional. Ello permitirá avanzar con seriedad y rapidez.

La implementación de un sistema de Reservas y Movilización eficiente requerirá:

• Determinación de necesidades (cantidad, tipo de reservas, tiempos de respuesta, etc.) en función de las posibilidades reales del país (población, recursos financieros, sistemas de armas para equiparla, etc.). En un marco de recursos muy limitados, disponer de un sistema de reservas eficaz permitiría mejorar con menores recursos (en relación a una fuerza activa completa en efectivos y medios), la situación crítica que en términos materiales, humanos y presupuestarios, afecta hoy al sistema de defensa nacional.
• Elaboración del marco legal que encuadre su finalidad, composición, organización (incluyendo creación de elementos), procesos de convocatoria, regímenes de ascenso, compensaciones y otros aspectos, etc.
• Elaboración y ejecución de los procedimientos de registro, convocatoria, adiestramiento, promociones y ascensos, empleo efectivo en conflicto y desmovilización, entre otros.

La actual distinción entre reserva incorporada y reserva fuera de servicio, podría mantenerse agregando una nueva categoría de “RESERVA VOLUNTARIA”, la que a su vez incluiría diferentes agrupamientos en base al empleo previsto, tiempo de alistamiento y disponibilidad.

Esta reserva se podría conformar en base a tres agrupamientos:

1) Operacional: prevista para completar las organizaciones de combate de las FFAA con personal instruido (ex soldados y cuadros de baja o retirados, incluyendo a personal de alta capacitación como pilotos, tripulantes de buques, operadores y técnicos de sistemas de armas complejos, tripulantes de blindados, etc.) con tiempos de alistamiento reducidos. Tendrían períodos de adiestramiento trimestrales según los planes de educación de las fuerzas. Su función principal sería integrar la fuerza activa en operaciones militares. Aunque pueda parecer contradictorio mantener adiestrados a personal con alta capacitación técnica como un piloto, el uso intensivo de simuladores y el contacto permanente con el personal en actividad, ayudaría a mantener una aptitud mínima (la que se incrementaría intensivamente en caso de movilización), hoy inexistente.

2) Complementario: conformado por organizaciones semipermanentes de reserva (compañías, escuadrones, etc.) e integradas con personal que con instrucción militar (cursos para reservistas, ex liceístas, etc.). Sus tiempos de alistamiento serían mayores. Sus funciones en tiempos de paz, incluirían a las misiones complementarias de las FFAA (incluyendo protección civil y apoyo a la comunidad). En conflicto instruirían a la Reserva Fuera de Servicio movilizada para proporcionar reemplazos, y podrían desarrollar operaciones como fuerzas de resistencia local (OFRL) en territorios propios ocupados, previstas en los planes militares. Su empleo complementario para operaciones de protección civil (bomberos, brigadistas, rescatistas, etc.), permitiría a la fuerza activa, un uso adecuado de recursos y tiempo para enfocarse en su misión principal, la preparación para la guerra.

3) Funcional: integrado por ciudadanos con o sin instrucción militar previa incorporados para satisfacer necesidades puntuales, por tiempo reducido y al solo efecto de dicha función o necesidad (por ejemplo, profesionales cuyas capacidades no están cubiertas en las FFAA).

El proyecto preveía la elaboración y actualización de los planes de carrera para los reservistas, tanto como su promoción y ascensos sobre la base de su capacitación, en muchos casos demoradas en la actualidad. El cambio de gestión ministerial en diciembre de 2023 impidió que el proyecto avance, aunque sus postulados mantienen hoy plena vigencia.

La organización de un sistema de reservas eficiente impone adecuar la estructura y dimensiones del Sistema de Defensa Nacional para optimizar organizaciones ineficientes, redundantes u obsoletas. El empleo de los recursos que se economicen, debe volcarse al sistema de reservas para mantener un equilibrio aceptable en el gasto en defensa (reiterando la necesidad de un mayor presupuesto).

La reserva no debe ser vista como un mecanismo de ajuste financiero, sino como una capacidad en la que se debe invertir. Es un error ver a las reservas como una solución austera para mitigar la escasez presupuestaria de las Fuerzas Armadas. Un reservista sin un fusil moderno, sin horas de adiestramiento real y sin sistemas de armas disponibles carece de sentido. Un sistema de reservas eficiente y creíble exige un presupuesto sostenido. En materia de defensa, la economía de fuerzas es el resultado de una inversión inteligente y no el sustituto de un presupuesto limitado.

Nuestro vacío legal muestra una parálisis estratégica crónica. Y aunque en 2023 el Estado Mayor Conjunto de las FFAA presentó sendos proyectos de ley de Reservas y de Movilización, además de un Sistema de Incorporación y Adiestramiento de Reservas (SIARES), que no avanzaron. Mientras, el mundo optimiza constantemente la doctrina de sus reservas, el marco legal permanece en una obsolescencia conceptual que dificulta dar respuesta a las necesidades defensivas del país. Mantener la situación actual no es gratis: implica debilitar a la capacidad de disuasión del Estado de manera deliberada.

El artículo 21 de la Constitución Nacional impone a todo ciudadano la obligación de armarse en defensa de la Patria. Hoy es un mandato inaplicable sin una reforma profunda que optimice nuestras capacidades de movilización. Un sistema de reservas nuevo, creado sobre una estructura diseñada para conflictos del pasado, es un contrasentido, y la capacidad de disuasión de un país no se mide por la cantidad de ciudadanos en condiciones de movilizarse, sino por la capacidad real del Estado para adiestrarlos, equiparlos y desplegarlos en el menor tiempo posible.

La modernización del sistema de defensa, en particular de estructura de las reservas, es una medida factible para concretar ese precepto constitucional y para disponer de una herramienta útil a la hora de proteger los intereses nacionales.

En una acción coordinada, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía ejecutaron un operativo en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

La intervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, con la participación de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Según información difundida por el Ministerio de Defensa (Mindef), la operación concluyó con la destrucción de 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas. Además, se interdictaron cinco motores, 130 metros de alfombra, así como otros bienes empleados en la minería ilegal. El valor total de lo destruido supera los 5,6 millones de soles.

Durante la intervención, las autoridades también incautaron 1,400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubo PVC y 1,400 metros de cable eléctrico, junto a una variedad de materiales utilizados para la extracción ilícita de oro.

Todo el material incautado fue destruido in situ, en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y bajo supervisión del Ministerio Público.

El operativo se suma a las acciones que, desde el sector Defensa, impulsan las Fuerzas Armadas para frenar el avance de la minería ilegal que impacta en áreas naturales protegidas y pone en riesgo la biodiversidad y los recursos ambientales de la región amazónica.

Estrategia nacional y resultados recientes

El golpe en Inambari forma parte de una estrategia nacional articulada para combatir la minería ilegal en la Amazonía peruana. Entre enero y mayo de este año, las fuerzas del orden lograron destruir maquinaria y equipos valorizados en más de 1,200 millones de soles en diferentes regiones.

Otras intervenciones recientes incluyeron la destrucción de dragas y bienes utilizados para la extracción ilegal de oro en las cuencas de los ríos Nanay, Amazonas, Marañón y Tigre, en la región Loreto.

Solo en la primera quincena de junio, un operativo en el sector Puca Urco resultó en la incautación y destrucción de equipos, motores fuera de borda, generadores eléctricos y combustible sin autorización.

El Ministerio de Defensa subrayó que estos operativos buscan proteger las áreas naturales y preservar el patrimonio ambiental. “Reafirma, además, el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental del país”, señaló en un comunicado oficial.

En estas acciones, la colaboración entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y las fuerzas del orden permite que la destrucción e incautación de bienes se realice bajo un marco legal estricto, minimizando la posibilidad de reincidencia. La incautación de combustibles y materiales, como cables y cilindros, busca cortar la cadena logística de la minería ilegal.

El impacto de los operativos en la región se refleja en la reducción de campamentos y equipos dedicados a la extracción ilícita, así como en el refuerzo de la presencia estatal en zonas tradicionalmente afectadas por actividades ilegales. Las autoridades reiteraron que estas intervenciones continuarán en todo el territorio amazónico, priorizando la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

Desde su llegada al poder, el gobierno libertario convirtió a la Defensa en una de sus principales banderas discursivas. Uno de sus lemas fue la puesta en valor de unas Fuerzas Armadas que venían de años de abandono, estigmatización y desaciertos en la gestión. En ese diagnóstico inicial es posible encontrar algunos puntos de coincidencia. Sin embargo, entre el diagnóstico y la acción existe una distancia considerable.

A pesar de una intensa estrategia comunicacional basada en videos de estética cinematográfica, anuncios grandilocuentes y ejercicios conjuntos con potencias extranjeras, el gobierno no impulsó transformaciones de fondo. Por el contrario, la gestión libertaria, primero encabezada por Luis Petri y actualmente bajo la gestión del General Presti, ha profundizado varios de los problemas estructurales que afectan a las Fuerzas Armadas.

Detrás de la puesta en escena y de los anuncios de alto impacto mediático, continúa ausente una política integral de Defensa que permita recuperar capacidades, fortalecer el instrumento militar y proyectar una estrategia nacional sostenible en el tiempo.

La primera pregunta que debería responder la gestión libertaria es cómo pretende sostener un discurso de recuperación de capacidades militares mientras destina a la Defensa el presupuesto más bajo de los últimos veinte años.

Si repasamos los últimos gobiernos, observamos que el promedio anual más elevado de gasto en Defensa de los últimos veinticinco años correspondió al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con unos 4.900 millones de dólares constantes. En tanto que la administración de Javier Milei se ubica en torno a los 4.100 millones de dólares anuales y, de mantenerse la tendencia actual, probablemente concluya su mandato con un promedio inferior a los 4.000 millones de dólares por año. El gobierno que más ha hablado de recuperar las Fuerzas Armadas es, al mismo tiempo, uno de los que menos recursos les ha destinado.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo se compatibilizan los anuncios de modernización, reequipamiento y recuperación de capacidades con un presupuesto que se encuentra casi 1.000 millones de dólares por debajo del registrado en 2015? La experiencia demuestra que no existen transformaciones estructurales ni capacidades militares sostenibles sin una inversión acorde. La comunicación puede construir relatos, pero son los presupuestos los que finalmente revelan las verdaderas prioridades de un gobierno.

La respuesta es sencilla: no existe compatibilidad alguna entre esas dos realidades. El mecanismo utilizado para generar esta ilusión de recuperación en las Fuerzas Armadas ha sido, simplemente, aplicar un severo ajuste sobre los salarios militares, que representan alrededor del 80% del gasto total en Defensa, y destinar una parte de ese ahorro a adquisiciones que alimenten ese relato.

El esquema replica, en esencia, la lógica aplicada por el gobierno a nivel nacional con las jubilaciones y pensiones para sostener el equilibrio fiscal. Las adquisiciones realizadas se financian directamente a costa de los ingresos del personal militar. Desde diciembre de 2023, la licuación salarial acumulada de las Fuerzas Armadas se estima en unos 1.200 millones de dólares. Menos de la mitad de ese monto, aproximadamente 500 millones, fue lo destinado a la tan anunciada incorporación de los F-16, los vehículos Stryker y los camiones Unimog.

El resultado son miles de oficiales y suboficiales viviendo bajo la línea de pobreza y soldados directamente en la indigencia, además de un sistema de salud militar quebrado producto de los bajos salarios, que resultan insuficientes para financiarlo.

Pero el recorte presupuestario no se frenó allí y también avanzó sobre los recursos para mantenimiento, sostenimiento, capacidad operacional, adquisiciones y funcionamiento de las unidades militares, incapaces hoy en día de mantenerse normalmente por falta de insumos, equipamiento individual y escasez de alimentos para la tropa.

En este contexto, el Ministerio de Defensa vuelve a apelar a medidas que poco cambian la realidad. El reciente “adicional remunerativo” anunciado para quienes tengan un título terciario o universitario alcanza apenas a una minoría del personal militar, dejando afuera a la gran mayoría de los efectivos, especialmente a los soldados que hoy se encuentran en situación de indigencia.

Todo esto tiene una raíz filosófica, y es que para la mirada liberal, las Fuerzas Armadas son una agencia más del Estado sujeta al equilibrio fiscal, y la soberanía queda subordinada al presupuesto disponible. Por eso resulta coherente, dentro de esa lógica, tener soldados pobres y aviones nuevos, lo que les permite “optimizar” el gasto y al mismo tiempo sostener el relato.

Para finalizar, el estado de situación se completa con la falta absoluta de una planificación estratégica propia, la subordinación total y sin concesiones a voluntades extranjeras que se circunscribe a la participación en ejercicios de cooperación, dejando voluntariamente que la Defensa de nuestra patria sea guiada por programas de otros países, con sus intereses, prioridades y objetivos específicos.

Muestra de esto es el tratado firmado entre la Armada Argentina y el Comando Sur en el marco del programa internacional llamado “Bienes Comunes Globales”, sin intervención del Ministerio de Defensa, como si el comando inmediato superior de la armada fuese ese organismo internacional.

La Argentina merece verdaderamente reconstruir nuestras FFAA bajo una concepción nacionalista que parta de la premisa opuesta. Donde la soberanía no se negocie y la defensa de la patria sea una inversión irrenunciable del Estado nacional. Y exige también una fuerte autocrítica: el peronismo tuvo años para revertir la situación y no lo hizo. Asumirlo es la condición para construir una alternativa creíble.

Hubo en nuestra historia una doctrina nacionalista que entendió la defensa como parte indivisible del desarrollo de la patria, una visión que ligó la industria, el trabajo y la soberanía en un mismo proyecto, y que concibió a la Nación entera como sustento de su propia defensa.

Argentina posee un extenso litoral marítimo, largas fronteras terrestres, recursos naturales de enorme valor estratégico en disputa y una presencia irrenunciable en el Atlántico Sur. La protección de esos intereses exige presupuestos acordes, planificación de largo plazo basada en prioridades nacionales, con cooperación pero sin subordinación a intereses de potencias extranjeras, desarrollo industrial propio y, por sobre todas las cosas, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que puedan ejercer su profesión con dignidad.

Mientras eso no ocurra, las adquisiciones de los F-16, los Stryker y los grandilocuentes discursos sobre recuperación y grandeza militar seguirán siendo recursos de propaganda. Detrás de la puesta en escena permanecerá intacta la deuda de reconstruir las capacidades necesarias para garantizar la defensa de la soberanía nacional.

*El autor es Teniente General (RE). Se desempeñó como Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino entre 2013 y 2015

Xi Jinping nombró este viernes a Zhang Shuguang como nuevo jefe del organismo de control disciplinario de la Comisión Militar Central (CMC) de China, en la primera promoción al rango de general en casi un año, según informó la agencia oficial Xinhua. El acto se celebró en una ceremonia en Beijing, donde el presidente chino entregó personalmente los certificados de ascenso.

Junto a Zhang Shuguang, Wang Gang fue designado comandante de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL). Ambos oficiales alcanzan así el rango más alto para militares en servicio activo en China.

Zhang Shuguang asumirá como secretario de la comisión de control disciplinario de la CMC y director de su comisión de supervisión, un cargo de peso en medio de la campaña de depuración castrense más extensa del país en medio siglo. Su predecesor en ese puesto, Zhang Shengmin, asciende a vicepresidente de la CMC —la segunda posición del máximo órgano de mando militar— y fue quien presidió la ceremonia y anunció los ascensos firmados por Xi, de acuerdo con Xinhua. La situación del excomandante de la Fuerza Aérea Chang Dingqiu permanece sin definirse.

Xi inició en 2023, meses después de asegurarse un tercer mandato sin precedentes, una campaña de erradicación de la corrupción en las Fuerzas Armadas que ha removido los cimientos de la cúpula castrense. Desde entonces, han sido destituidos dos vicepresidentes de la CMC, tres de sus miembros, un exministro de Defensa y al menos una docena de generales de alto rango al mando de unidades militares.

El episodio más grave fue la investigación abierta contra Zhang Youxia, el oficial uniformado de mayor jerarquía del EPL, miembro del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh) y hasta entonces considerado aliado cercano de Xi. He Weidong, otro exvicepresidente de la CMC, también fue apartado del cargo, al igual que los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu.

En mayo, un tribunal militar condenó a Wei Fenghe y a Li Shangfu a pena de muerte con suspensión de la ejecución por corrupción: Wei fue declarado culpable de aceptar sobornos, y Li, de aceptarlos y ofrecerlos. Ambos habían sido expulsados del PCCh en 2024 por “graves violaciones de la disciplina”, fórmula habitual en China para referirse a casos de este tipo.

La magnitud de las destituciones dejó a la CMC en una situación inédita: el organismo contaba con siete integrantes tras el congreso del PCCh de 2022, pero su composición efectiva se redujo a dos figuras antes de los nombramientos del viernes. La semana anterior a la ceremonia, Beijing retiró sus escaños en el parlamento nacional a seis legisladores militares, en una medida que profundiza el alcance de la depuración.

(Con información de EFE, Europa Press y Bloomberg)

Este fin de semana el Partido Nacional Libertario (PNL), anunció que presentará a la brevedad un proyecto de indulto general para todos los uniformados, Carabineros y de las Fuerzas Armadas, que fueron condenados durante las manifestaciones que sacudieron el país por meses en el llamado estallido social de 2019, el que dejó un saldo oficial de 30 personas fallecidas y 464 víctimas con trauma ocular.

Tal como lo señaló su líder, Johannes Kaiser, la iniciativa consiste en un “indulto general para todos los uniformados que han sido condenados o están procesados en razón del uso de la fuerza durante el periodo del 18/10 en adelante”.

La idea ya fue apoyada por el Partido Republicano (PR), sin embargo, sus socios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) rechazaron la propuesta asegurando que los indultos deben estudiarse “caso a caso”, mientras que desde el Gobierno mostraron cautela y optaron por esperar a que el proyecto sea presentado para analizarlo en detalle.

Así lo aseguró este domingo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en conversación con el programa Estado Nacional de TVN sostuvo que “uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular”.

“A veces uno tiene que elegir entre un escenario no deseado y un escenario muy no deseado. Si tú me preguntaras a mí, frente a la alternativa de que muchos de ellos -que en mi opinión están injustamente presos-, ninguno salga, bueno, vamos a tener que poner las cosas en la balanza y eso se estudia cuando se presenta el proyecto de ley”, agregó, según consignó Emol.

Gobierno muestra cautela

En el mismo programa político el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se mostró cauteloso y afirmó que el Gobierno dará su opinión al respecto cuando conozcan en detalle el documento que desde la colectividad libertaria hace rato venían anunciando.

De acuerdo a la autoridad, se trata de “una discusión que, si algunos parlamentarios quieren tener, vamos a tener que seguir con mucha atención (y) en su minuto dar una posición cuando conozcamos el texto y cuando conozcamos el tipo de discusión”.

Pavez admitió que el tema tiene una “fuerte carga política” y recordó de paso que el Presidente tiene la facultad de otorgar indultos particulares, pero un indulto general de estas características requiere necesariamente “una materia legislativa”.

“Respecto a la atribución presidencial, aquí hay un derecho de petición que se ejerce constitucionalmente. Cuando a usted le piden, el Ejecutivo tiene que responder, y lo tendremos que analizar caso a caso”, cerró Pavez.

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio abrieron una nueva grieta en el debate público nacional, dentro y fuera de la Fuerza Armada. Para dos oficiales retirados de alto rango, la tragedia no solo mostró los daños provocados por la naturaleza, sino también las consecuencias de años de debilitamiento institucional, politización y pérdida de capacidades del Estado.

El general de brigada del Ejército Guaicaipuro Lameda Montero afirmó que el país atraviesa “uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente”, marcado por la sensación de desprotección de una población que, según sostuvo, llega a percibir como agresora a la misma institución llamada a resguardarla.

A su juicio, Venezuela enfrenta el drama de una Fuerza Armada que “perdió la razón que justificaba su existencia” al apartarse del propósito republicano para el cual fue creada. Lameda recordó que el uniforme militar no es una simple prenda, sino la representación visible de un juramento: colocar el deber por encima de la conveniencia, el honor por encima del interés personal y la República por encima de la propia seguridad.

“La Fuerza Armada existe porque la República la necesita”, señaló. Agregó que su misión no es proteger gobiernos, ideologías ni proyectos personales, sino garantizar la soberanía nacional, defender la integridad territorial, proteger a los ciudadanos y responder con disciplina en los momentos más difíciles del país.

El oficial retirado sostuvo que, cuando una institución pierde su propósito, también comienza a perder su “alma”. En ese contexto, aludió a denuncias documentadas durante años por organismos internacionales, investigaciones periodísticas, tribunales y centros de análisis sobre corrupción, violaciones de derechos humanos, uso político de la institución militar y presuntos vínculos de mandos con estructuras asociadas al terrorismo, el narcotráfico, la sustracción de riqueza nacional y la legitimación de capitales.

Aunque aclaró que corresponde a la justicia determinar responsabilidades individuales, Lameda insistió en una consecuencia institucional que considera imposible de ignorar: la pérdida de autoridad moral del mando militar.

“Cuando el mando militar pierde la autoridad moral, la institución deja de proteger a la Nación y comienza a actuar en función de intereses distintos de aquellos que juró defender”, expresó.

Para el general, los acontecimientos recientes evidenciaron tanto la incapacidad de una institución “profundamente politizada” como el deterioro de la confianza ciudadana en quienes estaban llamados a defender la soberanía y proteger a la población.

Lameda Montero, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre el 2000 y 2002, también cuestionó la respuesta institucional ante la emergencia. Señaló que, cuando miles de venezolanos requieren rescate, transporte, logística, comunicaciones, ingeniería militar u hospitales de campaña, la actuación percibida por los afectados ha estado lejos de lo que exige la magnitud de la crisis.

Desde esa perspectiva, planteó una pregunta central: “¿Para qué existe una Fuerza Armada que no logra responder plenamente cuando la patria la necesita con mayor urgencia?”

El general sostuvo que ninguna institución pública existe para garantizar su propia permanencia, sino para cumplir una misión. Cuando deja de hacerlo, añadió, la sociedad tiene derecho a preguntarse si esa institución sigue mereciendo la confianza depositada en ella.

En su reflexión, Lameda subrayó que ser militar no depende únicamente de vestir un uniforme ni de ostentar un grado. A su juicio, lo que define verdaderamente al profesional de las armas es un código de conducta y un compromiso ético que dan sentido al juramento, al mando, al sacrificio y al uso legítimo de las armas.

Debate impostergable

Al apelar a la legislación militar venezolana, recordó que el valor, la buena fe, la rectitud y el decoro constituyen virtudes esenciales del profesional de las armas. “No puede ser militar quien carezca de dignidad, pundonor y rectitud”, afirmó.

El oficial aclaró que su cuestionamiento no pretende juzgar a todos los hombres y mujeres que hoy visten uniforme. Dijo reconocer a quienes han servido con honor, a quienes han sufrido en silencio la degradación institucional y a quienes fueron desplazados por mantenerse fieles a su juramento.

Su crítica, precisó, está dirigida a quienes desde el mando permitieron o protagonizaron que el uniforme y el grado dejaran de representar el código moral que les daba sentido, desviando así a la institución de su propósito original.

Frente a ese escenario, Lameda consideró necesario abrir un debate “legítimo e impostergable” sobre el futuro de la Fuerza Armada venezolana.

A su juicio, la discusión no debe limitarse a si determinados mandos pueden continuar representando a la institución. El verdadero dilema, dijo, es si la Fuerza Armada puede ser recuperada mediante una profunda depuración ética, profesional y jurídica, o si el daño exige un proceso de refundación desde sus cimientos.

“La Fuerza Armada no se reconstruirá comprando nuevos equipos, cambiando uniformes o designando nuevos comandantes”, sostuvo. “Se reconstruirá restaurando el código moral que convierte a una persona armada en un militar al servicio de la Nación”.

El general concluyó que la decisión sobre el futuro de la institución no pertenece exclusivamente a los militares ni al gobierno, sino a la nación que requiere protección. “Venezuela necesita una Fuerza Armada. Pero, antes que eso, necesita volver a tener militares al mando”, afirmó.

Como cierre de su planteamiento, Lameda anunció que reproduce el Código de Honor con el que comienza la formación de un profesional del Ejército venezolano, con el propósito de que cada ciudadano cuente con un criterio propio para valorar la conducta de quienes visten uniforme.

“No fue solo el sismo”

El vicealmirante Jesús Enrique Briceño García coincidió en que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 no encontraron a un país preparado, sino a una nación previamente erosionada por la destrucción de sus instituciones. En su análisis, durante años el liderazgo profesional fue desplazado por jefaturas improvisadas, criterios políticos y decisiones tomadas al margen del mérito, la experiencia y la vocación de servicio.

Para el oficial egresado de la Armada, buena parte de los cuadros formados durante décadas de democracia fueron apartados de forma sistemática. En su lugar, sostuvo, se impuso una estructura marcada por la obediencia política, la falta de profesionalismo y la pérdida del orgullo de pertenencia. El resultado fue un Estado sin músculo técnico para enfrentar una emergencia de gran escala.

Briceño García afirmó que, tras el impacto del 3 de enero de 2026, se intentó instalar en el discurso público la idea de una reinstitucionalización. Pero advirtió que reconstruir el Estado no consiste únicamente en cambiar leyes, sustituir autoridades o anunciar reformas: implica comprender cómo funcionan las organizaciones eficientes y aplicar procesos de transformación con base técnica, planificación estratégica y equipos profesionales.

Según el vicealmirante, quien fuera Comandante de la Armada, durante años se ocultaron debilidades, se maquillaron cifras y se privilegió la politización por encima de la formación de capacidades reales. No hubo, dijo, una política sostenida para desarrollar carreras, seleccionar a los mejores, formar equipos o preparar instituciones para escenarios críticos. “La prioridad fue controlar, no servir”, resumió.

A su juicio, la magnitud de la tragedia obliga a mirar más allá del fenómeno natural. Muchas pérdidas, sostuvo, pudieron evitarse si los ministerios y organismos responsables hubiesen aplicado con rigor normas de construcción antisísmica, controles técnicos y políticas de prevención desde hace décadas.

Briceño García señaló que, si las instituciones de seguridad ciudadana —desde la Defensa Civil y los cuerpos policiales hasta las Fuerzas Armadas— hubiesen estado conducidas por líderes preparados, la reacción del 24 de junio habría sido distinta. La emergencia exigía personal entrenado, equipos adecuados y una coordinación proporcional al doblete sísmico que golpeó al país.

El oficial advirtió que aún existe una ventana crítica para rescatar a miles de desaparecidos. En medio de los edificios colapsados y de las zonas más afectadas, sostuvo, Venezuela necesita especialistas, voluntarios formados y equipos capaces de actuar con método, disciplina y humanidad. Quienes tengan conocimiento en Defensa Civil, rescate, ingeniería, salud, logística y reconstrucción están llamados a integrarse a una tarea que ya no admite demoras.

Para Briceño García, la desgracia venezolana no puede explicarse solo por la violencia de la naturaleza. También es consecuencia de años de deterioro institucional. Por eso, concluyó, la reconstrucción del país exige algo más que levantar estructuras: requiere recuperar un Estado eficiente, disciplinado, despolitizado, democrático y orientado al progreso.

El Pentágono restableció la vacunación obligatoria contra la gripe para todos los reclutas de las fuerzas armadas de Estados Unidos, apenas semanas después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth la declarara voluntaria. La medida llega en medio de un brote activo en la base aérea de Lackland, en Texas, que ya afectó a 275 personas.

Un funcionario del Pentágono confirmó a la Associated Press que todas las ramas militares recibieron autorización para mantener la vacuna como requisito obligatorio para sus reclutas. La excepción fue aprobada en los primeros días de junio, tras una solicitud formal de todos los departamentos militares presentada en mayo.

El brote que aceleró la decisión

La base Lackland aloja el programa de entrenamiento básico de la Fuerza Aérea. Recibe alrededor de 700 reclutas nuevos por semana en condiciones de hacinamiento: dormitorios colectivos, duchas compartidas e instrucción en contacto estrecho y permanente.

Cuando Hegseth eliminó la obligatoriedad de la vacuna a fines de abril, solo el 40% de los reclutas que ingresaron a Lackland eligió vacunarse, según una fuente con conocimiento directo de la situación que habló con AP bajo condición de anonimato. El brote comenzó aproximadamente tres semanas atrás.

El representante demócrata Joaquín Castro, cuyo distrito incluye parte de la base, informó en redes sociales que el brote produjo 275 casos confirmados de gripe. El personal de la base aplica medidas de contención, monitorea a los expuestos y trata los casos con antivirales como Tamiflu, según informó un portavoz de la Fuerza Aérea a CBS News.

La posición oficial del Pentágono

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, confirmó en un comunicado que se otorgaron excepciones al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Salud de la Defensa. No ofreció detalles adicionales.

Un funcionario del Pentágono insistió ante AP en que la coincidencia entre la aprobación de las excepciones y el brote en Lackland fue fortuita: el proceso de evaluación ya estaba en marcha antes de que el brote se hiciera público.

Parnell describió las decisiones como el resultado de “evaluaciones de riesgo exhaustivas” orientadas a “maximizar la preparación operacional, la letalidad y la generación de fuerzas, al tiempo que se protege a las poblaciones en riesgo”.

Por qué los campamentos militares son vulnerables

El doctor Arnold Monto, experto en gripe y profesor emérito de la Universidad de Michigan, explicó a AP que el brote en Lackland “no es inusualmente preocupante” desde el punto de vista epidemiológico. La gripe circula a niveles bajos durante los meses cálidos, pero los entornos cerrados y masivos, como bases militares o cruceros, favorecen los contagios concentrados.

“Es especialmente necesario vacunar cuando hay entornos grupales”, advirtió Monto.

Los reclutas acumulan factores de riesgo adicionales: estrés elevado, privación de sueño y semanas de contacto físico cercano. Ese contexto convierte los campamentos de entrenamiento en ambientes propicios para la transmisión de enfermedades respiratorias.

Un historial de mandatos con altibajos

La vacuna contra la gripe fue obligatoria para las tropas estadounidenses por primera vez en 1945, según un análisis de 2022 citado por CBS News. Se suspendió en 1949, se restableció en los años 50 y permaneció como requisito hasta la orden de Hegseth de abril de 2026, cuando el secretario la calificó de “excesivamente amplia e irracional” e invocó la “autonomía médica” y la libertad religiosa como justificación.

La organización Families Fighting Flu celebró el retorno a la obligatoriedad. Su directora ejecutiva, Michele Slafkosky, lamentó en un comunicado que “más de 200 personas en Lackland se enfermaron cuando se eliminó ese requisito” y afirmó que “esta guía actualizada del ejército salvará vidas”.

El Ejército y la Marina también solicitaron extender la obligatoriedad a grupos más amplios: militares desplegados en el exterior, trabajadores de salud y personal de guarderías, según confirmaron voceros de ambas ramas.

El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la ley para “precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en organizaciones criminales”. Dicha norma incluye una disposición que garantizará impunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

En la sesión plenaria de este martes 23 de junio se ratificó la norma e inmediatamente el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, dio por cerrada el acta para “ejecutar los acuerdos” a pesar de que congresistas manifestaron su oposición a ello.

Rospigliosi hizo oídos sordos a los reclamos, ordenó que se debate el siguiente tema y dejó la conducción de la sesión al perulibrista Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva.

Por otro lado, congresistas como Guido Bellido, Edgard Reymundo, Luth Ruque y Sigrid Bazán denunciaron que en la Mesa de Partes del Congreso no había personal que reciba sus reconsideraciones contra la votación.

Debido al reclamo de los parlamentarios, Cerrón tuvo que poner a debate la reconsideración, que, como era de esperarse, no fue aprobada.

Ahora, la autógrafa de la ley que blinda a policías y militares será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación u observación en un plazo de 15 días hábiles.

¿Qué dice la ley?

El texto aprobado amplía la definición de un delito de “función” en lo que respecta a policías y militares. El objetivo es que, al tratarse de un delito de “función”, la competencia para procesar y juzgar ya no sea del Poder Judicial, sino del Fuero Militar Policial.

Según el texto, para las FF. AA. y la PNP, delito de función se entendería a toda acción ilícita que se cometa en un supuesto cumplimiento de sus deberes o en el marco de un estado de emergencia.

La consecuencia inmediata será que casos de abusos policiales y militares, como las muertes en protestas o la reciente muerte de un menor en la comisaría de Manchay, ya no sea procesado por el Poder Judicial. La competencia pasaría al Fuero Militar Policial.

El texto también dispone que la Corte Suprema determine la competencia a favor del Fuero Militar Policial “cuando se trate de delitos cometidos por personal de las FF. AA. y de la PNP en situación de actividad, en el cumplimiento de su función, en acciones militares, en acto del servicio, consecuencia del servicio o con ocasión de él, o acción de armas y que atenten contra bienes Jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las FF. AA. o la PNP”.

La disposición complementaria de la norma ordena a los órganos del Poder Judicial disponer el archivo definitivo de los procesos en los “se venga siguiendo o se haya seguido en la jurisdicción militar policial por los mismos hechos y sujetos”, procesos donde no haya una sentencia firme. “Asimismo, se deja sin efecto cualquier medida de coerción personal y real que se hubiera dictado en contra de los procesados y no procede el pago de la reparación civil que se haya podido disponer”, se lee.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Perú no aprobar el proyecto de ley que ampliaría las competencias de la jurisdicción militar-policial para investigar y juzgar presuntas violaciones de derechos humanos. A través de un pronunciamiento difundido este 18 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que este tipo de casos deben seguir siendo vistos por tribunales ordinarios, independientes e imparciales, de acuerdo con los estándares del derecho internacional.

La advertencia llega cuando el Congreso de la República se prepara para definir el futuro de una iniciativa que ya fue aprobada en primera votación y que ha generado una fuerte controversia entre organismos nacionales e internacionales. Mientras sus promotores sostienen que busca evitar una doble persecución judicial contra policías y militares, diversas organizaciones de derechos humanos alertan que la propuesta podría abrir la puerta a escenarios de impunidad en casos que involucren a agentes del Estado.

La advertencia de la ONU y el alcance del proyecto en el Congreso

La observación de Volker Türk no se limita a una discrepancia política. En la comunicación difundida por la Oficina del Alto Comisionado, la ONU remarcó que las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial.

Ese criterio coincide con la línea que el sistema de Naciones Unidas ha sostenido durante años: la jurisdicción militar no puede convertirse en una vía para desplazar causas que, por su naturaleza, deben ser examinadas por jueces civiles. En otras palabras, el problema no está en que exista un fuero castrense, sino en que su uso se mantenga restringido y no se extienda a hechos que puedan afectar la vida, la integridad o la libertad de las personas.

El proyecto aprobado en primera votación modifica el Código Penal Militar Policial y establece que un policía o militar no podrá ser investigado al mismo tiempo por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial. También dispone que, si ya existe un proceso abierto en ese fuero, no corresponda abrir otro paralelo en el sistema común. La propuesta recibió respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que los votos en contra provinieron principalmente de sectores de izquierda. Además, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de una segunda votación antes del 24 de junio, fecha que figura como límite legislativo para este trámite.

En el debate parlamentario, quienes respaldan la medida sostienen que el fuero militar-policial permitiría una justicia más especializada para hechos vinculados al servicio. En esa línea, el congresista Alejandro Muñante defendió que los casos vinculados con acciones funcionales de policías o militares sean conocidos por esa jurisdicción. Sin embargo, desde otra orilla, la congresista Susel Paredes cuestionó que se cree un trato distinto para efectivos que cometan delitos comunes, al considerar que ello rompe el principio de igualdad ante la ley y resta legitimidad a la actuación de jueces y fiscales del sistema ordinario.

Las críticas de organismos y especialistas sobre la impunidad

Las observaciones a la propuesta no vienen solo desde la política. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) advirtió que el texto legislativo recuerda mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, favorecieron escenarios de impunidad en el pasado. En su análisis, la ampliación del concepto de delito de función y la incorporación de hechos ocurridos durante estados de emergencia dentro del ámbito militar-policial pueden debilitar la rendición de cuentas cuando se trate de presuntas violaciones de derechos humanos.

Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera sostuvo que la iniciativa resulta incompatible con criterios ya establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han delimitado con claridad qué casos corresponden al fuero ordinario y cuáles al militar. Rivera señaló que el proyecto amplía indebidamente la noción de delito de función y podría trasladar al fuero militar-policial hechos que hoy son de competencia del sistema común.

En la misma línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la primera votación y alertó que extender la jurisdicción militar a delitos comunes desnaturaliza el carácter excepcional de ese fuero y eleva el riesgo de impunidad.

El Gobierno dispuso la creación de un suplemento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas que acredite títulos superiores, una medida que comenzará a regir el 1° de julio y que alcanzará tanto a militares en actividad como a retirados y pensionados. El beneficio, establecido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, busca reconocer la formación académica y la profesionalización del capital humano militar mediante un adicional que se incorporará al haber mensual bruto y acompañará las futuras actualizaciones salariales.

La decisión tomada por el presidente Javier Milei fue anunciada por el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti. El nuevo esquema prevé un suplemento equivalente al 10% para quienes posean tecnicaturas o títulos terciarios, del 15% para quienes cuenten con títulos universitarios de grado y del 25% para quienes acrediten especializaciones, maestrías o doctorados.

El reconocimiento alcanzará al personal militar en actividad, retirados y pensionados. Además, no distinguirá entre oficiales y suboficiales, sino que se otorgará en función de la formación acreditada por cada integrante del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

“El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional”, sostuvo la cartera en un comunicado.

Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, la iniciativa apunta a saldar una demanda histórica de las Fuerzas Armadas que se remonta a 2013 y que buscaba equiparar la situación del personal militar con otros organismos de la Administración Pública Nacional y con las fuerzas federales de seguridad, donde ya existen mecanismos similares de reconocimiento por formación académica.

Cómo se calculará el suplemento y a quiénes alcanzará

El suplemento comenzará a abonarse a partir del 1° de julio y se calculará sobre el haber mensual bruto correspondiente al grado de cada militar. Los porcentajes establecidos en el decreto se aplicarán sobre esa base y no sobre otros adicionales o suplementos existentes.

Al tratarse de un suplemento incorporado a la estructura salarial, el beneficio tendrá impacto sobre los haberes de retiro y las pensiones. Además, acompañará las futuras recomposiciones salariales que se dispongan para el sector, ya que no se trata de una suma fija o extraordinaria.

Fuentes de la cartera señalaron que, según el grado y el nivel de formación acreditado, en algunos casos el nuevo suplemento podría representar, en algunos casos, mejoras de entre 300.000 y 400.000 pesos mensuales.

En el Ministerio consideran que uno de los aspectos más importantes de la medida es que el reconocimiento a la capacitación y al perfeccionamiento profesional tendrá efectos permanentes y se actualizará junto con el resto de las remuneraciones.

La cartera que conduce el teniente general Presti señaló además que el objetivo es “promover la profesionalización de las Fuerzas Armadas, reconocer el valor estratégico del conocimiento y la capacitación permanente y corregir una asimetría histórica”.

“Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza”, sostuvo el comunicado difundido por Defensa.

La medida también busca incentivar la formación continua y el perfeccionamiento profesional del personal militar. Según destacaron fuentes oficiales, el suplemento no está asociado a la jerarquía ni al grado de revista, sino exclusivamente a la acreditación de títulos superiores.

De esta manera, un suboficial con una licenciatura o un posgrado podrá acceder al beneficio en igualdad de condiciones que un oficial con el mismo nivel de estudios, ya que el criterio central será la capacitación y no la posición dentro del escalafón.

En el Ministerio de Defensa consideran que la formación y la especialización constituyen un activo estratégico para el desarrollo de capacidades militares y forman parte de una política orientada a fortalecer los recursos humanos de las Fuerzas Armadas.

“El conocimiento y la capacitación permanente son elementos fundamentales para construir capacidades acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional”, sostuvo el comunicado oficial.

Según las fuentes consultadas por Infobae, el suplemento constituye un reconocimiento al capital humano y al esfuerzo de quienes se capacitan y se perfeccionan dentro de las Fuerzas Armadas, más que una recomposición salarial general.

La medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia impulsada por la actual gestión para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y poner el foco en la profesionalización de sus recursos humanos, uno de los ejes que el Ministerio considera centrales para afrontar los nuevos desafíos en materia de defensa.

El equipo de tiro de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) obtuvo este martes el primer lugar por equipos en la Competencia de Tiro de Puntería de Combate 2026 organizada por la Guardia Nacional de New Hampshire (NHNG) en Estados Unidos.

Con esta victoria, el contingente salvadoreño suma su tercer título en cuatro años, imponiéndose sobre delegaciones militares de otros países.

El logro fue anunciado oficialmente por el ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, quien felicitó a los integrantes del equipo a través de un mensaje institucional.

“Felicito al equipo de tiro de la Fuerza Armada de El Salvador por conquistar el primer lugar por equipos en la Competencia de Tiro de Puntería de Combate de la Guardia Nacional de New Hampshire 2026, alcanzando así su tercera victoria en cuatro años”, expresó el funcionario en su redes sociales oficiales.

El Salvador superó en la tabla final a otros catorce equipos militares de distintas naciones, consolidando la reputación de la FAES en el ámbito de las competencias de tiro de precisión a nivel internacional. La edición 2026 de este torneo, realizada en un campo especializado de la Guardia Nacional de New Hampshire, reunió a agrupaciones de distintas nacionalidad.

El cuadro salvadoreño ocupó el primer lugar entre quince equipos.

Reconocimiento internacional a la disciplina y excelencia del equipo salvadoreño

La NHNG, organizadora de la competencia, confirmó que el equipo conformado por salvadoreño se mantuvo en la cima durante varias rondas. A través de sus canales oficiales, la NHNG reconoció la actuación del grupo centroamericano, destacando no solo la puntería sino también el trabajo en equipo y la preparación táctica de los representantes de El Salvador.

En su mensaje de reconocimiento, Monroy enfatizó: “Mi reconocimiento a nuestro equipo, cuya disciplina, precisión y excelencia le permitió destacar en esta exigente competencia, dejando en alto el nombre de El Salvador y de nuestra institución”.

demás, remarcó que este tipo de resultados evidencian el nivel de profesionalismo, la preparación y la capacidad operativa alcanzada por los efectivos de la FAES: “¡Este triunfo refleja el profesionalismo, la preparación y la capacidad de nuestros soldados!”, puntualizó el ministro.

El Salvador consolida su liderazgo en una de las competencias más exigentes del ámbito militar

La competencia de tiro de puntería de combate de la Guardia Nacional de New Hampshire es considerada uno de los torneos de mayor exigencia para personal militar.

Los participantes deben superar pruebas de precisión en condiciones variables, simulando situaciones de combate real, lo que pone a prueba no solo la destreza individual, sino también la coordinación y la resistencia física y mental de los equipos.

Según información de la propia NHNG, el evento busca fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos entre fuerzas armadas aliadas.

Durante los últimos cuatro años, la delegación salvadoreña logró alzarse con el primer lugar en tres ocasiones, lo que representa una de las trayectorias más sólidas en la historia reciente de la competencia. En ese periodo, solo una vez otro país logró interrumpir la racha de El Salvador.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que el gobierno federal contempla nuevas adquisiciones para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Mexicana, con una estrategia que priorizará aeronaves de carga, transporte de personal y helicópteros durante la actual administración.

Durante ’La Mañanera’ de este martes, el mando militar explicó que estas compras forman parte de un plan integral de desarrollo diseñado para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, cuyo propósito es mantener en condiciones óptimas tanto al personal como al equipamiento utilizado por las Fuerzas Armadas.

Según detalló, la estrategia contempla acciones de corto, mediano y largo plazo, con una proyección que se extiende hasta el año 2050.

“Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional”, señaló Trevilla Trejo al ser cuestionado sobre la modernización de la aviación militar mexicana.

El secretario explicó que las adquisiciones previstas para el corto plazo, es decir, durante la actual administración federal, estarán enfocadas principalmente en aeronaves destinadas a tareas de apoyo logístico y transporte.

“Ya tenemos contempladas todas las adquisiciones que se deben hacer y, hablando de las aeronaves, va encaminado con prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y de helicópteros”, indicó.

Trevilla destacó que estas plataformas son consideradas fundamentales para las operaciones diarias de las Fuerzas Armadas y para las labores de apoyo a la población civil.

En particular, subrayó la relevancia de los helicópteros debido a la diversidad de misiones que pueden desempeñar.

“Los ocupamos mucho en la aplicación del Plan DN-III y también en las operaciones”, afirmó.

El Plan DN-III-E es el mecanismo mediante el cual el Ejército y la Fuerza Aérea participan en tareas de auxilio durante desastres naturales, inundaciones, incendios, huracanes y otras emergencias que afectan a la población.

Sustitución de los aviones F-5, parte de la planeación de largo plazo

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue el futuro de los aviones de combate F-5, aeronaves que integran desde hace décadas la flota de la Fuerza Aérea Mexicana.

Al respecto, Trevilla explicó que la renovación de esos equipos forma parte del programa de modernización, aunque no se encuentra entre las prioridades inmediatas.

El general señaló que la eventual sustitución de los F-5 está contemplada dentro de los objetivos de mediano y largo plazo del plan de desarrollo.

“Los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión, es hablar de la sustitución de los aviones F-5 y eso sería a mediano y largo plazo”, explicó.

Con ello, el funcionario indicó que los proyectos relacionados con aeronaves de combate se desarrollarán de manera gradual dentro de una estrategia que se extenderá más allá de la presente administración.

Producción militar y adquisiciones especializadas

Durante su intervención, Trevilla también explicó que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no depende exclusivamente de nuevas compras.

Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con una fábrica de vestuario y equipo, además de una industria militar encargada de producir diversos materiales utilizados por el Ejército y la Guardia Nacional.

Sin embargo, precisó que existen capacidades y equipos que requieren procesos de adquisición específicos para garantizar que las instituciones cuenten con los recursos necesarios para cumplir sus funciones.

“Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí es de donde nos abastecemos, pero también existe el procedimiento de las adquisiciones”, señaló.

El secretario sostuvo que todas estas acciones forman parte de una planeación integral orientada a mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas y responder a las necesidades que enfrentarán en los próximos años.

Con este programa, el gobierno federal busca fortalecer las capacidades logísticas, de transporte y de respuesta ante emergencias de la Fuerza Aérea Mexicana, mientras avanza en una estrategia de modernización que contempla inversiones escalonadas y la eventual renovación de parte de su flota actual.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron que la Fuerza Naval rescató con vida a tres pescadores reportados como desaparecidos mientras realizaban pesca artesanal en el sector de Kaukira, en el departamento de Gracias a Dios. Según la institución, la embarcación perdió contacto el 7 de junio.

Los hombres fueron localizados a tres millas náuticas de la Barra de Caratasca, tras varios días de búsqueda. Las Fuerzas Armadas precisaron que sus familiares no tenían noticias de ellos desde la pérdida de comunicación.

Los rescatados fueron identificados como Frank Allí Arrechavala Méndez y Winston Padilla Bermudez; la tercera persona aún no fue identificada oficialmente, de acuerdo con el reporte. Las autoridades indicaron que se movilizaban en una embarcación tipo tiburonera en la zona de La Mosquitia.

Traslado a la base naval

Las Fuerzas Armadas señalaron que los tres fueron asegurados y evacuados. Ahora son trasladados a la Base Naval de Caratasca para recibir atención médica.

Honduras mantiene la alerta amarilla y verde por los efectos indirectos de la depresión tropical Cristina, que aunque perdió intensidad sigue generando lluvias, viento y oleaje que elevan el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas y peligros marítimos en varias regiones del país, según informó Infobae.

Uno de los puntos de mayor vigilancia es el Golfo de Fonseca, donde el oleaje podría alcanzar entre seis y siete pies de altura, de acuerdo con Infobae. El mismo medio indicó que la marea alta prevista entre las 22:00 y las 24:00 llevó a reforzar las precauciones en las comunidades costeras.

La Alerta Amarilla seguirá durante 24 horas en la línea costera del Golfo de Fonseca y en el municipio de Alianza, en Valle, por el alto oleaje y el posible aumento del caudal del río Goascorán, según Infobae. La medida se mantiene mientras las autoridades observan el comportamiento del mar y de ese afluente.

La Alerta Verde continúa en Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz y Ocotepeque, además del resto de Valle. Las autoridades explicaron al mismo medio que la prevención busca que instituciones de respuesta, gobiernos locales y comunidades sostengan un monitoreo constante ante cambios en el tiempo.

El Golfo de Fonseca concentra el riesgo por oleaje y restricciones marítimas

Aunque Cristina fue degradada a depresión tropical, el fenómeno permanece frente a las costas de Honduras y El Salvador y sigue aportando abundante humedad, lluvias intermitentes, vientos racheados y oleaje elevado en las aguas del Golfo de Fonseca, de acuerdo con reportes de organismos meteorológicos.

Esas condiciones aumentan la probabilidad de crecidas repentinas de ríos, quebradas y riachuelos, además de inundaciones urbanas en zonas vulnerables y saturación de suelos en áreas montañosas. El impacto se concentra sobre todo en el sur, centro, oriente y noroccidente del país, añadió el medio.

Especialistas en gestión de riesgos advirtieron que el estado del mar representa una amenaza para embarcaciones pequeñas y medianas, en especial las dedicadas a la pesca artesanal y al transporte local.

Por esa razón, se mantiene la recomendación de restringir la navegación de naves de pequeño y mediano calado hasta que mejoren las condiciones marítimas.

Las autoridades también recomendaron extremar las precauciones durante las actividades marítimas y vigilar el comportamiento del mar durante la marea alta. En la franja costera bajo alerta, el monitoreo se concentra tanto en el oleaje como en la evolución del río Goascorán.

Las lluvias acumuladas elevan el riesgo de deslizamientos e inundaciones

Las lluvias acumuladas en los últimos días podrían aumentar la vulnerabilidad de comunidades ubicadas cerca de cauces naturales o en zonas de ladera.

Expertos en protección civil advirtieron que los deslizamientos de tierra figuran entre las amenazas más frecuentes de la temporada lluviosa, sobre todo en sectores con antecedentes de movimientos de suelo o deforestación.

Especialistas en gestión de riesgos señalaron en Infobae que los mayores peligros suelen aparecer después de las precipitaciones más intensas, cuando los ríos comienzan a elevarse y los suelos alcanzan su máximo nivel de saturación. También recomendaron a las alcaldías y comités de emergencia local mantener observación permanente sobre los puntos críticos para actuar a tiempo.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, afirmó que la PNP actuará para impedir protestas en la ciudad capital luego de que se conozcan los resultados finales de la segunda vuelta electoral. Según él, la PNP protegerá el derecho de reunión y expresión, pero intervendrá con uso gradual de la fuerza si una protesta afecta a personas, bienes públicos, infraestructura o la tranquilidad pública.

En una entrevista con Panamericana, Arriola sostuvo que la coordinación no quedará limitada a la Policía. Mencionó a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Pública y al alcalde Renzo Reggiardo como parte de un esfuerzo para mantener la seguridad

El jefe policial también situó el operativo en una escala nacional. “La policía va a garantizar la seguridad de los 34 millones de peruanos”, dijo Arriola, al responder por la posibilidad de una nueva “toma de Lima” convocada por ciudadanos.

PNP advierte que usará la fuerza de forma progresiva

El jefe de la Policía explicó que la institución garantizará la seguridad de quienes ejerzan “sus derechos fundamentales a la libertad de reunión y a la libertad de expresión”, pero advirtió que estará vinculado con la conducta de los manifestantes. “Nadie les quita el derecho, sino esos derechos dejan de asistirle, porque comienza la generación de la violencia”, en especial en el centro de Lima.

Consultado sobre posibles desbordes tras el resultado electoral, Arriola respondió: “Si es que hay personas que alteran este orden público, que generan violencia en contra de personas, por supuesto que vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza”, dijo Arriola.

El comandante también describió un límite material para la tolerancia estatal frente a ataques a sedes públicas. “No podemos hacer un ole para que pasen e incendien el Congreso o el Palacio o las autoridades”, dijo Arriola, al rechazar la posibilidad de una pasividad policial ante una escalada violenta.

Arriola afirma que se evitará una “toma de Lima”

El comandante general aludió a antecedentes ya identificados por las autoridades y sostuvo que la respuesta actual se apoya en esos registros sobre anteriores intentos de “toma de Lima”.

En ese tramo, indicó que esas referencias están “registradas en las investigaciones en la primera, segunda y tercera tentativa de una supuesta toma de Lima”.

Arriola agregó que el deber de la fuerza es proteger a quienes resulten afectados por eventuales hechos violentos y a quienes tienen a su cargo bienes del Estado.

Comunidad Aymara convoca a protestas si Keiko Fujimori gana las elecciones

La demora en el conteo de votos por parte de los organismos electorales ha generado tensión en los simpatizantes Roberto Sánchez. En la región Puno, en la que el candidato a la presidencia de Juntos por el Perú tuvo un apoyo en mayoría, integrantes de la comunidad Aymara convocaron a una protesta en la que afirman que no reconoceran los resultados si Fuerza Popular gana las elecciones.

“No al fujimorismo. Un voto patriótico, un voto con dignidad, un voto con memoria, con memoria de tantos fallecidos, tantos fallecidos, hermanos tenemos en diferentes regiones asesinados por los militares, por este pacto mafioso. Señora Keiko Fujimori, por favor, háganos el favor de retirarse, señora. Usted no trabaja. Usted no tiene dignidad, no tiene sentimientos, señora. Usted por lo menos ni siquiera tiene una ocupación laboral. Usted no trabaja, usted no sabe qué es sufrir, qué es sudar para conseguir un pan de cada día para nuestros hogares. Señora, por favor, retírese (...) Vamos a llegar hasta Lima y no vamos a admitir”, expresó una ciudadana durante la manifestación pacífica.

Los ciudadanos concentrados cerca al puente Ilave también expresaron que no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta en caso de que gane las elecciones. “No lo vamos a reconocer. Nosotros hemos dado nuestro rechazo categórico. ¿Qué más quiere la señora? ¿Qué le pasa? (...) ¿Piensa que el pueblo está ciego? ¿No tiene memoria?“, indicó la ciudadana.

El ministro de Defensa de la Argentina, Teniente General Carlos Presti, y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, supervisaron este miércoles el cierre del ejercicio combinado “Daga Atlántica“, el primero de gran magnitud que realizan las Fuerzas Armadas de los dos países.

El acto se realizó en la IV Brigada Aerotransportada, en las afueras de la ciudad de Córdoba, hasta donde se trasladaron varias autoridades nacionales y extrajeras para presenciar uno de los últimos entrenamientos que se dieron en el marco de esta iniciativa.

En poco menos de cinco minutos, una fuerte dotación de militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea llegaron al campo de batalla ficticio, abrieron fuego, rescataron a un rehén y lo sacaron de la zona en un exitoso operativo que se desarrolló con precisión milimétrica.

Fueron aproximadamente 25 mil disparos los que se realizaron tanto desde los vehículos de combate como desde los fusiles de los más de 50 uniformados que participaron de la misión, en su totalidad argentinos.

A unos metros de distancia, en unas carpas que se montaron en el lugar y también al aire libre, a un costado de las camionetas que transportan los aparatos de comunicación, los altos mandos observaban el desenvolvimiento de sus subordinados.

Entre el personal de jerarquía se encontraban algunos integrantes del Comando de Operaciones Especiales del Comando Sur de los Estados Unidos (Socsouth, por sus siglas en inglés) y de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales (JSOU) de ese mismo país.

El objetivo de la jornada era salvar a la persona secuestrada en el marco de un escenario hipotético en el que se tiene que recuperar el control del canal de Panamá, premisa que se mantuvo a lo largo de todo el programa.

El ejercicio fue conjunto porque participaron los miembros de las tres Fuerzas Armadas y combinado porque se hizo con la colaboración de las dotaciones norteamericanas, que llegaron a la Argentina en abril, cuando comenzaron los entrenamientos.

La particularidad de esta ocasión fue que, a diferencia de lo que pasa en operativos similares que se hacen en Chile, Brasil u otras naciones de la región, en Córdoba los visitantes le dieron el control total de la situación a los militares locales.

Esto sirvió de prueba para el ejercicio PANAMAX 2026, que se realizará a finales de este año en Panamá y en el que la Argentina volverá a estar al frente del comando operacional de las fuerzas especiales de los Estados participantes.

Luego del despliegue, los uniformados que formaron parte de la misión recibieron un diploma que tiene certificación internacional de la OTAN y la ONU, un hecho histórico para las FFAA, que nunca antes habían podido acceder a esto.

Del evento también participaron los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Relaciones Esteriores, Pablo Quirno, y de Salud, Mario Lugones, además de otras autoridades y diputados, como el libertario Carlos Zapata.

Si bien estaba previsto que asistiera el presidente Javier Milei, el mandatario canceló el viaje por cuestiones de agenda, pero el resto de los funcionarios decidieron ir de todas formas.

La idea es repetir esta experiencia el año que viene con mayor presencia norteamericana, ya que la guarnición extranjera se redujo notablemente debido a la guerra entre Irán e Israel -de hecho, estuvo a punto de cancelarse-.

De todas formas, la meta central es el 2028, para cuando se planea un despliegue mucho más masivo, con entrenamientos más complejos y mayor armamento, ya que para ese momento ya habrán arribado a Buenos Aires casi todos los vehículos Strykers y los aviones F-16 que se compraron en el último tiempo.

En este caso, la Fuerza Aérea participó con un helicóptero Bell 412, un Hércules C130 y un Embraer ERJ; la Armada aportó el avión P3 Orion y el Patrullero Oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”; y el Ejército movilizó tres Strykers.

Lo que dejó el ejercicio y cómo sigue el vínculo con los Estados Unidos

En diálogo con Infobae, el ministro Presti calificó como “un salto de calidad” la realización de este operativo para las Fuerzas Armadas Argentinas, destacó el hecho de que los visitantes norteamericanos hayan dejado el control del comando en manos de las autoridades locales, lo cual no es habitual que ocurra, y anticipó que está en conversaciones con el embajador Lamelas para la compra de los helicópteros Black Hawk, cuyas primeras unidades podrían llegar incluso este año.

“Vinieron alrededor de quince o veinte uniformados para hacer actividades más que nada de planeamiento y preparar también etapas posteriores para otros ejercicios futuros, como el que se va a dar en Panamá en unos meses”, explicó el funcionario.

El ahora integrante del Gabinete, que hizo casi toda su carrera en el Ejército, detalló que “hay tres comandos, el de tierra, aire y mar, pero además, en el mundo OTAN, está el Comando de Fuerzas Especiales, y esta fue la primera vez que los elementos argentinos tomaron el mando de esa organización”.

“Yo creo que eso también responde un poco a la calidad de la gente nuestra, a la experiencia que tiene para interoperar con fuerzas americanas. También los americanos valoran mucho la capacidad intelectual y de planeamiento de nuestros oficiales y suboficiales, tal vez por encima del resto de Sudamérica”, agregó.

No obstante, Presti desestimó cualquier intervención en el conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente, al remarcar que para que algo así sucediera, primero es necesario “un adiestramiento y tener los materiales adecuados, porque las fragatas o los destructores que tiene la Armada, por ejemplo, son buques de guerra que participaron en Malvinas, hace treinta y cinco años”.

Asimismo, el ministro desmintió que la compra de los Black Hawk para el Ejército se haya caído y aseguró que lo conversó incluso este miércoles con Lamelas, ya que se trataría de una adquisición importante porque “te permite interoperar con otras Fuerzas Aéreas”.

“Estamos hablando de cuatro helicópteros de la versión Lima con la posibilidad de que dos vengan antes de fin de año con todo el paquete logístico y de capacitación que lo darían los Estados Unidos. Está en negociaciones", insistió.

Por último, el funcionario hizo un balance de lo que dejó el ejercicio combinado y opinó que “lo más valioso es mostrar que las Fuerzas Armadas de Argentina tienen un capital humano muy grande y que se capacitan de la mejor manera con los recursos que el Estado les proporciona”.

“Durante muchos años, nuestros comandos, las fuerzas especiales, no tuvieron acceso a interoperar o relacionarse con, por ejemplo, los comandos y fuerzas especiales americanas. Y hoy tienen esa oportunidad. Ellos tienen un grado de tecnología, desarrollo y experiencia de guerra que es muy valioso y lo transmiten. Por ejemplo, en el campo había un profesor estadounidense que era un veterano de guerra, que tiene mucha experiencia de combate. Poder acceder a esas experiencias de guerras reales es muy importante”, cerró.

El Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y Sunset Park cierran temporalmente a partir de este martes 9 de junio. La decisión fue comunicada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien informó que ambos espacios permanecerán inhabilitados para el público hasta nuevo aviso como medida de prevención y seguridad para turistas, comerciantes y residentes de la zona costera.

El anuncio, replicado en los canales institucionales, subraya que el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y el parque de diversiones Sunset Park no reabrirán sus puertas mientras persistan las condiciones de riesgo.

“Debido a las condiciones del clima, el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad y el Parque de Diversiones Sunset Park permanecerán cerrados temporalmente. Gracias por su comprensión”, expresó la ministra Valdez en una publicación. La medida se mantendrá vigente hasta que existan garantías para la seguridad de visitantes y trabajadores.

Esto responde a los efectos del fuerte oleaje generado por la Tormenta Tropical Cristina, que impactó principalmente la zona litoral de El Salvador. Según el último reporte oficial, una sección de más de 15 metros del muelle turístico del Puerto de La Libertad colapsó a causa de la fuerza del mar.

Además, el oleaje provocó daños leves en el sector de Sunset Park y en varios restaurantes ubicados en el área del malecón, donde el agua del mar ingresó y afectó la infraestructura.

Refuerzan protección y vigilancia en el malecón de La Libertad

Las autoridades de Obras Públicas anunciaron que desplegaron equipos para instalar una protección provisional en el malecón del Puerto de La Libertad. También informaron que, cuando las condiciones del clima lo permitan, iniciarán la construcción de una obra de protección permanente en la zona. Todo ello con el propósito de mantener la seguridad ante variabilidad del oleaje y lluvias en los próximos días.

Por su Parte, la Fuerza Armada de El Salvador, a través de la Marina Nacional, mantiene desplegado un dispositivo de vigilancia y monitoreo en el Puerto de La Libertad y Sunset Park, en cumplimiento de la alerta naranja emitida por las condiciones marítimas adversas. El personal militar supervisa la seguridad en la zona y apoya las labores de prevención, mientras se evalúan los daños y se define el proceso de recuperación de las áreas afectadas.

El monitoreo continuará en todo el litoral, mientras se mantiene la alerta por la posibilidad de que el fenómeno marítimo se intensifique. Las autoridades insisten en acatar las recomendaciones y mantenerse informados a través de los canales gubernamentales para evitar incidentes.

De igual manera, señalaron que el monitoreo se extiende a otras zonas costeras como Acajutla y playa El Majahual, donde se reportan afectaciones de diversa magnitud.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que este 9 de junio, la velocidad del oleaje podrá alcanzar hasta 55 kilómetros por hora, con alturas que oscilarán entre 1.8 y 2.2 metros. Por su parte, para el 10 de junio, se prevé una ligera disminución en la velocidad máxima, que llegará a 50 kilómetros por hora, y alturas entre 1.7 y 2.2 metros.

En un artículo previo se describen seis líneas de acción para construir un sistema de defensa creíble y realista. Una de ellas es la actualización del marco legal que regula la Defensa Nacional, sustentado en la Ley N° 23554 de Defensa Nacional (1988), reglamentada por decreto N° 1112/24. Dicha ley establece bases para la preparación, ejecución y control de la defensa y se complementa con la Ley N° 19101 para el Personal Militar (1971).

Otras leyes y normas inciden en la organización y empleo del sistema de defensa nacional, sin ser éste su ámbito primario. Entre ellas, la Ley N° 24059 de Seguridad Interior (1992) que establece una clara diferencia entre seguridad interior y defensa, y la Ley N° 25520 de Inteligencia Nacional (2001), que regula al Sistema de Inteligencia Nacional. Todas ellas tienen decretos reglamentarios y otras normas derivadas, que evidencian en su conjunto, un marco legal obsoleto, con vacíos, contradicciones y ambigüedades en su cumplimiento.

Obsolescencia del marco legal

Las leyes mencionadas anteriormente se elaboraron en un contexto complejo caracterizado por el fracaso del gobierno de facto, la debilidad inicial del sistema democrático y la necesidad de un control efectivo sobre las FFAA. Ello tuvo como consecuencia, la inclusión de importantes restricciones operativas al Sistema de Defensa Nacional en el afán de limitar la intervención política de las fuerzas armadas.

Aunque comprensibles el contexto y las causas, las leyes crearon una división artificial entre defensa y seguridad (interior) como si fuesen problemas de diferente naturaleza y complejidad, y pudieran enfrentarse de manera independiente y desintegrada. Esto limita la capacidad defensiva del país y resta flexibilidad y velocidad de respuesta frente a amenazas o agresiones complejas (híbridas, proxies, etc). La defensa se prevé y emplea contra cualquier amenaza o agresión a los intereses vitales de la nación y las FFAA no deben considerarse como ultima ratio, sino como un recurso adecuado para algunas situaciones encuadradas legalmente como de seguridad interior y viceversa, con FFSS participando en operaciones militares (como en la guerra de Malvinas).

La Ley N° 24059 prevé emplear a las FFAA en operaciones de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio por el PEN según el Art 86, Inc 17 de la CN (después de la reforma de 1994, está en el Art 99, Inc 16), algo que ningún presidente ha hecho dado el costo político de tal medida. Y aunque el Decreto 1112/24, intenta solucionar esta limitación, se mantiene la condición de que la amenaza o agresión sean externas, cualquiera sea su forma ya que no puede modificar per se, la ley.

La Ley de Inteligencia y normas derivadas limitan a la inteligencia militar a operar sobre organizaciones militares e inteligencia técnica de eventuales agresores (no menciona siquiera a amenazas). Operar sin la inteligencia brindada por su propio sistema afecta la eficiencia de cualquier organización militar (y de cualquier organización en general). También la normativa vigente prohíbe la ejecución de operaciones psicológicas (componente necesario en operaciones de información), algo inconcebible en la actualidad.

Vacíos, contradicciones, incumplimiento y ambigüedades

El marco legal de la defensa se presenta fragmentado y con vacíos importantes, producto de necesidades políticas ocasionales y de diferentes visiones sobre la problemática. Muchos aspectos obligatorios no se cumplen tal como la letra y el espíritu de cada ley pretende, en ocasiones con poca trascendencia, pero en otras con una afectación grave al sistema de defensa. A modo de ejemplo, se cita al servicio militar, a la reserva y a la carencia de una ley orgánica de las FFAA.

La Ley N° 24429 (1995) de Servicio Militar (que no deroga a la Ley N° 17531 de Servicio Militar Obligatorio), prevé la incorporación de soldados voluntarios y habilita al PEN a incorporar soldados mediante conscripción obligatoria, en caso de que no se llegue a cubrir las plazas fijadas anualmente. Este hecho nunca ocurrió desde su promulgación, pese a que las FFAA desde hace décadas, no tienen los efectivos necesarios para cumplir las misiones asignadas de manera eficiente.

Aunque varias leyes refieren a la reserva, no hay una ley específica para ella ni tampoco una de movilización. La carencia de un sistema eficiente y moderno de movilización y reservas, reduce la capacidad de disuasión y de respuesta frente a amenazas o agresiones externas, o para cumplir las misiones subsidiarias de las FFAA.

Otro vacío importante es la carencia de una ley orgánica de las FFAA. Según el artículo 45 y 46 de la Ley de defensa, el CODENA debía elevar varios anteproyectos de leyes en el plazo de un año (incluyendo entre otras, leyes orgánicas, de reserva, de movilización y de producción para la defensa). Poco se ha hecho en ese sentido, excepto con la Ley N° 24948 de Reestructuración de las FFAA, la cual fuera reglamentada de manera parcial e inconexa a través de decretos de distinta temática.

Más allá de lo mencionado, la gestión de la defensa ha sido ambigua y en muchos casos contradictoria con el espíritu de las leyes, citando como ejemplo:

La Ley N° 26.394 Justicia Militar (2008) creó el Código de Disciplina de las FFAA y modificó el Código Penal, cuyo espíritu era eliminar el fuero militar y equiparar derechos del militar con los del ciudadano. No obstante, las modificaciones del Código Penal, incluyen agravamiento de las penas en algunos delitos civiles si son cometidos por militares. Pareciera que ser militar, en su condición de funcionario público, constituye un agravante que no aplica por igual a todos los funcionarios.

Las normas presupuestarias y de planes de reequipamiento son también ejemplo de contradicciones y ambigüedades de gestión. La Ley N° 27565 Fondo Nacional de la Defensa (2020), asigna a la modernización de las FFAA desde 2023, el 0.8 por ciento de los ingresos corrientes. Nunca y sin justificación, se han alcanzado siquiera valores cercanos que permitan un proceso de modernización realista y sostenido.

El desconocimiento de la ley es también grave. Algunos ex presidentes y funcionarios, expresaron en varias ocasiones que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Ello implica ignorar (por desconocimiento o intencionalidad) el Art 8, a) de la Ley de Defensa Nacional, el cual establece taxativamente que el Sistema de Defensa Nacional debe determinar dichas hipótesis, sin mencionar la vigencia del conflicto por Malvinas.

Describir las falencias del marco legal de la defensa excede la extensión y propósito de este trabajo, el que busca alertar a quiénes tienen la responsabilidad de gobernar y legislar, de un problema serio para el futuro de la Nación.

Reconocer estas falencias, es sin embargo el paso necesario para su actualización, la que otorgue al país un marco jurídico políticamente acordado, ordenado, con lineamientos claros y definidos al futuro, y bajo el cual la defensa nacional tenga el poder necesario para asegurar la independencia, la soberanía y la libertad de los argentinos.

Los videojuegos de acción suelen asociarse únicamente con el entretenimiento, pero una investigación reciente publicada en Communications Psychology sugiere que sus efectos podrían ir mucho más allá de la pantalla.

El estudio encontró que la experiencia acumulada en este tipo de juegos se relaciona con una mayor capacidad para aprender habilidades nuevas en entornos exigentes y de alta complejidad, incluido un contexto tan desafiante como la selección y formación de pilotos militares. Este hallazgo reabre el debate sobre el potencial de los videojuegos para desarrollar capacidades cognitivas aplicables al mundo real.

Según se detalla en el artículo de Muy Interesante, revista de divulgación científica, estos videojuegos se asocian con una ventaja a quienes deben adaptarse a tareas desconocidas, lo que indica que algunas actividades cotidianas pueden contribuir al desarrollo de mecanismos útiles para aprender en el futuro.

Metodología y participantes del estudio

El estudio mencionado reunió a 228 hombres pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De ese total, 128 eran alumnos de vuelo naval que ya habían superado procesos de selección aeronáutica, mientras que los 100 restantes desempeñaban otras funciones militares vinculadas a la aviación, sin experiencia previa en evaluaciones aeronáuticas.

Todos los participantes completaron una versión experimental de la batería de medidas basadas en el rendimiento (PBM), integrada en la Aviation Selection Test Battery (ASTB), una herramienta utilizada por la Marina, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera estadounidenses para seleccionar personal de aviación.

Las pruebas requerían seguir objetivos en movimiento con mandos similares a los de una aeronave, responder a señales auditivas, controlar distintos elementos simultáneamente y reaccionar ante situaciones imprevistas, todo ello mientras se gestionaba información de diversas fuentes.

Además, se recopiló información detallada sobre la experiencia de cada participante tanto en videojuegos de acción como en simuladores recreativos de vuelo.

Rendimiento y velocidad de aprendizaje en pruebas de selección aeronáutica

El enfoque del estudio no se limitó a comparar las puntuaciones obtenidas en las pruebas, sino que analizó la evolución del rendimiento a medida que los participantes repetían las tareas.

Mediante modelos matemáticos, los investigadores reconstruyeron las curvas individuales de aprendizaje, lo que permitió distinguir entre quienes partían con ciertas ventajas por habilidades previas y quienes mejoraban con mayor rapidez durante el entrenamiento.

En la práctica, los alumnos de vuelo se desempeñaron mejor en las primeras pruebas por su formación específica. No obstante, el análisis reveló que aquellos con mayor experiencia en videojuegos de acción no solo partían de mejores resultados iniciales, sino que también alcanzaban antes su rendimiento máximo.

El modelo mostró que aproximadamente la mitad de la mejora total se producía tras poco más de tres bloques de práctica, y que entre los alumnos de vuelo, quienes jugaban a videojuegos de acción aprendían a mayor velocidad.

Diferencia entre videojuegos de acción y simuladores de vuelo

Los resultados también revelaron un matiz importante. Aunque los participantes con experiencia en simuladores recreativos de vuelo obtuvieron un mejor desempeño en las primeras etapas de las pruebas, esa ventaja inicial no se tradujo en una mayor rapidez para adquirir nuevas habilidades. En otras palabras, partir con cierta familiaridad ayudó al comienzo, pero no influyó de manera significativa en la capacidad de aprendizaje a medida que avanzaba el entrenamiento.

Por el contrario, la experiencia con videojuegos de acción fue la que mostró las asociaciones más consistentes con una progresión rápida en los alumnos de vuelo.

Este resultado contradice la idea en psicología de que las actividades más similares a una tarea concreta son siempre las que generan más beneficios transferibles. En este caso, la mayor asociación positiva se detectó en una experiencia aparentemente más alejada de la aviación real.

El concepto de aprender a aprender y sus implicaciones

El debate sobre el estudio gira en torno al concepto de aprender a aprender. Esta noción plantea que algunas experiencias no solo enseñan habilidades específicas, sino que ayudan a desarrollar mecanismos generales que facilitan el aprendizaje de competencias nuevas. ¿La distinción? Instruirse para una tarea concreta es distinto a adquirir flexibilidad para desenvolverse cuando no existe un manual claro.

Los autores del estudio sugieren que los videojuegos de acción podrían estar relacionados con este segundo fenómeno. La constante necesidad de supervisar múltiples elementos, reaccionar a cambios inesperados, modificar estrategias y manejar información compleja en estos juegos favorece procesos cognitivos que pueden ser útiles en otros contextos, más allá del propio entretenimiento digital.

Limitaciones y alcance de los resultados

El estudio no afirma que jugar a videojuegos de acción convierta de manera automática a una persona en piloto ni que pueda suplir la formación técnica y especializada.

Tampoco sostiene que acumular horas frente a una pantalla permita saltarse la escuela de vuelo o los procesos de selección. Más bien, los resultados sugieren que existe una relación entre la experiencia con videojuegos de acción y la capacidad para adaptarse y aprender en contextos nuevos.

Además, la asociación más clara se detectó entre los alumnos de vuelo, no en todo el grupo de participantes, lo que apunta a limitaciones en la generalización de los resultados.

Desde 1983, Argentina consolidó uno de los mayores logros institucionales de su historia contemporánea, el control civil de las Fuerzas Armadas. Tras décadas de interrupciones constitucionales, el instrumento militar quedó plenamente subordinado al poder democrático. Sin embargo, más de cuarenta años después, es necesario preguntarnos si ese éxito político estuvo acompañado por una conducción eficaz de la defensa nacional.

La respuesta, observando el estado actual de nuestras capacidades militares, parece evidente. Argentina logró controlar a las Fuerzas Armadas, pero nunca consiguió conducir estratégicamente la defensa como una política de Estado.

El politólogo Thomas C. Bruneau fue uno de los autores que mejor explicó esta diferencia. El control civil garantiza la subordinación militar al poder político y responde a la pregunta “quién manda”. La conducción estratégica, en cambio, exige que la dirigencia sea capaz de definir objetivos, asignar recursos, formular estrategias y sostener la preparación del instrumento militar en el tiempo. Responde a “hacia dónde se conduce y con qué capacidades”.

Bruneau advirtió que numerosos países alcanzaron el primer objetivo mientras fracasaban en el segundo, generando fuerzas armadas plenamente subordinadas, pero crecientemente ineficaces. Argentina encaja con notable precisión en esa descripción.

Tras la derrota de Malvinas y el retorno de la democracia, la sociedad argentina construyó un consenso sólido respecto de la necesidad de impedir cualquier forma de autonomía militar. Fue una decisión correcta y necesaria. El problema surgió cuando la defensa comenzó a ser interpretada casi exclusivamente desde la lógica del control institucional y dejó de ser concebida como una política pública destinada a preservar capacidades estratégicas.

Así, mientras se fortalecían los mecanismos democráticos de supervisión, se fue produciendo una pérdida constante de capacidades militares que terminó arrastrando al país hacia una situación cercana a la indefensión.

Durante gran parte de estas cuatro décadas, el Ministerio de Defensa funcionó más como un espacio de administración política coyuntural que como un verdadero órgano de conducción estratégica. La mayoría de los ministros llegaron al cargo por acuerdos partidarios, sin experiencia previa ni equipos especializados en la materia. Se consolidó entonces una paradoja recurrente, los civiles ejercían la autoridad formal pero dependían técnicamente de los propios militares para comprender el área que debían conducir, subordinando las recomendaciones profesionales recibidas a urgencias presupuestarias, factores electorales o ideológicos.

A ello se sumó la ausencia de continuidad estratégica. Desde 1983, la política exterior argentina osciló entre alineamientos contradictorios y visiones cambiantes del mundo. Cada gobierno redefinió prioridades, alianzas y amenazas. Como consecuencia, la política militar quedó subordinada a los ciclos políticos y jamás se consolidó un consenso básico sobre qué capacidades debía conservar el país y para qué escenarios.

Argentina tuvo “políticas de gobierno para las Fuerzas Armadas”, pero nunca tuvo una verdadera “política de Estado para la Defensa”.

La evolución presupuestaria refleja con claridad este proceso. El gasto en defensa cayó sostenidamente hasta ubicarse hoy por debajo del 0,5 % del PBI. Lo más grave es que esta reducción nunca estuvo acompañada por una reforma estructural coherente. No se reorganizó integralmente el instrumento militar, no se adecuaron las estructuras a los recursos disponibles ni se redefinieron prioridades estratégicas. Simplemente se ajustó.

El resultado fue previsible, estructuras cada vez más costosas para sostener capacidades cada vez menores.

Las consecuencias están a la vista. Obsolescencia de sistemas de armas, disminución de la disponibilidad operativa, reducción del adiestramiento y pérdida de capacidades críticas en los tres componentes de las Fuerzas Armadas. Durante años el país careció de aviación de combate supersónica, la Armada perdió sus capacidades submarinas, gran parte de sus medios de superficie, mientras el Ejército vio limitadas sus posibilidades de despliegue, movilidad y poder de fuego.

El hundimiento del ARA San Juan simbolizó de manera dramática las consecuencias de décadas de desinversión, improvisación y falta de previsibilidad. Desde hace más de dos décadas, el instrumento militar no está en condiciones de cumplir cabalmente con el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional, que fija como misión garantizar la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial, capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Todo esto fue favorecido por la idea de que América del Sur se había convertido en una región donde los conflictos interestatales pertenecían al pasado y que, por lo tanto, la preparación militar había dejado de ser prioritaria. Sin embargo, los intereses vitales de una Nación no desaparecen porque disminuyan las probabilidades de conflicto. La defensa existe precisamente para garantizar que esos intereses puedan ser protegidos cuando las circunstancias cambian.

Y las capacidades militares no se improvisan. Requieren décadas de formación, doctrina, entrenamiento e inversión. Cuando se pierden, recuperarlas demanda enormes recursos financieros y mucho tiempo.

La discusión pública tampoco ayudó. Durante años, la agenda vinculada a la defensa quedó reducida a debates sobre derechos humanos, misiones de paz o asistencia a la comunidad. Todos temas relevantes pero insuficientes para abordar la eficacia, el problema central del instrumento militar. La defensa desapareció de la agenda política porque dejó de percibirse como una prioridad nacional.

La experiencia de la denominada “logística genética”, impulsada a partir de las lecciones surgidas del Informe Rattenbach, ilustra bien esta realidad. Se identificó correctamente la necesidad de planificar la generación de capacidades a largo plazo, pero nunca se consolidó una estructura permanente capaz de sostener esa visión más allá de los cambios de administración.

La falencia persiste hasta hoy. El Ministerio de Defensa carece de una estructura técnico-profesional robusta y estable en el área material, que permita conducir integralmente el ciclo de vida de las capacidades militares. Muchas funciones terminan fragmentadas o delegadas en las propias fuerzas, debilitando la continuidad y la coherencia de la conducción política.

Por eso, cada cierto tiempo reaparece el debate sobre si los ministros deberían ser civiles o militares retirados. La discusión, en realidad, parte de una premisa equivocada. El problema no es el origen profesional del ministro, sino su capacidad técnica y su visión estratégica. Existen excelentes ministros civiles y también militares retirados que han ejercido funciones políticas bajo estricto control democrático. La subordinación institucional está plenamente resuelta. El desafío pendiente es profesionalizar la conducción de la defensa.

La delicada situación económica argentina impide imaginar soluciones basadas exclusivamente en aumentos presupuestarios. Pero las restricciones fiscales no justifican la ausencia de planificación. Países con recursos limitados sostienen instrumentos militares eficaces porque establecen prioridades claras, desarrollan consensos estratégicos duraderos y administran racionalmente sus capacidades.

Argentina necesita avanzar precisamente en esa dirección. Construir acuerdos básicos que sobrevivan a los cambios de gobierno; profesionalizar la conducción política del área; formar a los cuadros superiores en gestión estratégica; adecuar las estructuras a los recursos disponibles; concentrar esfuerzos en capacidades prioritarias; y reconstruir gradualmente los sistemas de planeamiento, logística y generación de capacidades.

Sobre todo, necesita recuperar una discusión seria, madura y desideologizada sobre la defensa nacional.

La defensa no equivale al militarismo ni supone debilitar el control democrático. Un sistema eficaz requiere simultáneamente subordinación política, conducción profesional y capacidades materiales reales. Cuando una de esas dimensiones falta, el Estado se debilita.

El gran desafío argentino del siglo XXI ya no es evitar la intervención militar en la política. Ese objetivo fue alcanzado hace más de cuatro décadas y constituye uno de los principales logros de nuestra democracia.

El desafío pendiente, entonces, es construir una dirigencia capaz de pensar, planificar y conducir estratégicamente la defensa nacional. De lo contrario, seguiremos atrapados en una contradicción que se ha vuelto cada vez más evidente, haber logrado Fuerzas Armadas plenamente subordinadas al poder político, pero con cada vez menos capacidad para cumplir la razón misma de su existencia, la defensa de los intereses vitales de la Nación.

Mientras las grandes potencias, como Estados Unidos y China, disputan influencia más allá de la atmósfera, Argentina avanza en distintos proyectos para definir qué papel desempeñarán sus Fuerzas Armadas en el dominio espacial. Y, si bien nadie puede reclamar como propio ese escenario ultraterrestre, sí es un tema de soberanía el poder decir presente y capitalizar el enorme potencial científico e intelectual propio para ocupar un lugar estratégico y de referencia en este ámbito. No estamos lejos: no por nada, hace pocos meses, el satélite argentino Atenea fue enviado al espacio exterior durante la misión Artemis II. Es decir: hay experiencia, trayectoria y un inmenso horizonte de posibilidades.

Para presentar las distintas iniciativas, proyectos y debates, el Ministerio de Defensa llevó a cabo una nueva jornada de innovación y tecnología. Expertos en satélites, comunicaciones, vectores de lanzamiento y datos se presentaron en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) para poder sentar precedente.

Un dato: el ámbito militar no está solo a la hora de avanzar en esta materia. Alrededor, hay distintos actores –públicos y privados– comprometidos con el desarrollo de tecnología espacial. La CONAE, el CITEDEF, INVAP, ARSAT y firmas como VENG, Space Sur y Ascentio Techonologies son algunas de las organizaciones que acompañan las necesidades con sus desarrollos. Por eso, estuvieron entre los principales oradores del encuentro.

“Cuando pensamos en el desarrollo de capacidades espaciales estratégicas, estamos hablando del presente en la defensa nacional. El espacio ya no es la última frontera, es el teatro de operaciones actual. Pero los desafíos se vuelven más complejos. El conocimiento no puede quedar atrapado en los laboratorios y en los claustros académicos”, advirtió el licenciado Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción del Ministerio de Defensa, y uno de los principales mentores de la jornada que tuvo lugar en la UNDEF. Un detalle, nada menor: este evento es el segundo de este tipo realizado por la cartera castrense, pues hace un mes tuvo lugar una jornada sobre sistemas de simulación para el adiestramiento táctico.

El espacio, un lugar estratégico: la visión del Ministerio de Defensa

“Hace diez años, hablábamos de drones; hoy debemos tomar nota de las operaciones en el espacio”, advirtió, ante un auditorio repleto de militares, funcionarios y científicos, el general de división Jorge Alberto Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares de la cartera de Defensa.

De acuerdo con el militar, las capacidades espaciales están siendo consideradas en el planeamiento de la defensa. Por eso, adelantó que el Ministerio del teniente general Carlos Alberto Presti busca avanzar en las capacidades de investigación, desarrollo e innovación: “Vamos a tratar de priorizar las tecnologías emergentes y de uso dual. Entre ellas, podemos incluir comunicaciones seguras, sensores, inteligencia artificial aplicada, sistemas nocturnos y no tripulados, soluciones ciberespaciales, guerra electrónica, capacidades de observación y comunicaciones espaciales”.

De todas maneras, el funcionario advirtió que, para que estas iniciativas tengan lugar en las organizaciones militares, se pensó en una serie de directrices: deberán reducir la dependencia externa, mejorar la vigilancia y el control del espacio soberano y fortalecer las capacidades industriales sostenibles.

¿Argentina en el espacio exterior?

Durante la jornada, Julio Spota, rector de la Universidad de la Defensa Nacional, trajo al presente una reflexión de Domingo Faustino Sarmiento. A propósito de la necesidad de avanzar en los desarrollos espaciales en pos de garantizar la defensa y la soberanía, recordó que el autor de Facundo escribió: “¿Acaso porque la empresa sea ardua es por eso absurda?”. Dice Spota que ese mismo lineamiento debemos considerar a la hora de pensar en las capacidades estratégicas: “¿Es absurdo pensar en una Argentina espacial?”.

En representación del claustro castrense, también habló el coronel (retirado) veterano de guerra de Malvinas Carlos Daniel Esteban, secretario de Ciencia y Tecnología de la UNDEF. Y, de hecho, calificó el evento como el arma más poderosa que tienen las ciencias y la academia para intercambiar conocimientos. A propósito del tema de la jornada, recordó que, cuando los hermanos Wright miraron al cielo en 1903, abrieron un abanico de alternativas para la humanidad, que, desde entonces, comenzó a mirar hacia arriba. “Luego el hombre llegó a la Luna”, resumió al remarcar el sinfín de posibilidades que hoy desafían al mundo en materia científica y tecnológica.

Del cine a la realidad: ¿nos debemos preparar para una guerra orbital?

Uno de los paneles más relevantes de la UNDEF se metió de lleno en el motivo de la jornada: la Fuerza Aérea Argentina es la que tiene la responsabilidad de vigilar y controlar el aeroespacio. Por lo tanto, es la que debe procurar llevar adelante desarrollos que permitan garantizar la soberanía en esos dominios.

¿El contexto? A mediados del siglo XX, se inició una carrera espacial que, además, enfrentó a dos potencias: Estados Unidos y la URSS. “Esta carrera está en una situación bastante más compleja en lo que llamamos el ‘nuevo espacio’”, señaló uno de los oradores, el brigadier mayor retirado Alejandro Moresi, quien caracterizó este nuevo territorio como un ambiente en conflicto permanente en el que conviven civiles y militares: “La militarización del espacio fue escalando”.

De acuerdo con el militar, en este escenario, no hay que dejar de lado la amenaza que representa la existencia de basura espacial, no solo para la Tierra, sino también para los satélites que son enviados al espacio y, como si eso fuera poco, un potencial combate orbital, fenómeno que, hace algunos años, solo podía ser visualizado en la pantalla grande.

En cambio, en este momento, los países evalúan sus capacidades militares para lograr ventajas estratégicas desde o contra el entorno espacial. Lo relevante de este dato es que las tecnologías que tendrán un lugar en esa batalla son de uso dual. Los ejemplos sobran, solo basta decir que, casi a diario, los ciudadanos utilizamos aplicaciones de navegación de GPS. ¿Qué podría suceder si alguien pudiera derivar algunos nanosegundos la ubicación? Eso, en un ataque militar, puede traducirse en un caos absoluto. Es decir, lo que sucede en el espacio impacta en la Tierra. Así que, como se explicó en la UNDEF, este es un momento clave para avanzar en iniciativas que garanticen la soberanía.

La Fuerza Aérea Argentina ya está en el tema. Y cabe señalar que tiene una trayectoria relevante en la materia. Fue el comodoro Horacio Matías Orefice el responsable de hablar en nombre del equipo multidisciplinario que, en la institución, avanza con el plan espacial.

Durante el encuentro, el militar fue contundente: “La jornada se hace un 4 de junio, Día de la Vinculación Tecnológica, en honor al ingeniero físico Juan Sabato, quien dijo que la única manera de lograr desarrollos para el futuro es cuando se unen tres vértices de un triángulo conformado por el Estado, el sector productivo y el científico”. Asimismo, el comodoro detalló que la Fuerza Aérea toma, en esta materia, como prócer guía al comodoro Aldo Zeoli, quien, junto al ingeniero Tabanera, es uno de los fundadores de la actividad aeroespacial argentina.

“En la actualidad, hay más de 20.000 objetos en órbita. Algunos cumplen funciones, otros no, como la basura espacial. Esto, en definitiva, pasa por encima de nuestras cabezas y parece que no tiene efectos más que cuando cae un pedazo de chatarra en la Tierra. Pero sí los tiene, y los últimos en sufrirlo fueron los españoles, a fines del año pasado, cuando quisieron lanzar un satélite de millones de euros y quedó inutilizable por el impacto de una microchatarra. En lo militar, es importante tener conciencia de lo que sucede porque repercute en el día a día de todos nosotros”, destacó el comodoro, quien explicó que, por este motivo, el plan de la Fuerza Aérea contempla distintos ejes: vigilancia y protección, sistemas satelitales e información remota, acceso al espacio, desarrollo de capital humano, doctrina y planteamiento, vinculación, nuevas tecnologías y derecho operacional espacial militar.

En UNDEF, la industria espacial argentina reivindicó su capacidad estratégica y soberana

El sector industrial y científico también tuvo un papel destacado durante la jornada. Empresas como INVAP, ARSAT, VENG, Space Sur y Ascentio Technologies presentaron proyectos vinculados a constelaciones microsatelitales, comunicaciones espaciales resilientes, plataformas soberanas para operaciones multidominio y nuevas arquitecturas de defensa basadas en tecnologías espaciales.

El ingeniero Pedro Rivas, gerente técnico de VENG, además de presentar los desarrollos y colaboraciones con las Fuerzas Armadas y la CONAE, señaló algo que es relevante: Argentina posee una ubicación geográfica clave e infinidad de oportunidades. “Tenemos que potenciarnos”, resumió.

A su lado, la doctora Carolina Catani, de la CONAE, se refirió a un aspecto que no puede ser dejado de lado: las normativas que rigen el ámbito espacial. En ese sentido, la abogada explicó que, si bien se le asignó un uso pacífico al espacio, hay regulaciones que deben tenerse en cuenta. En ese contexto, ella habló de la existencia de una nueva gobernanza y de la necesidad de considerar la propiedad intelectual al considerar los activos argentinos. A propósito, el ingeniero Juan Aurelio, de ARSAT, recordó que Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene capacidad de lanzar y operar un satélite. Por eso, insistió, es relevante poder ocupar las posiciones orbitales del país.

Por su parte, los ingenieros Rafael Mallaret y Alejandro Boeri, de INVAP –la única empresa latinoamericana con capacidad de diseñar y construir sistemas satelitales completos (desde la ingeniería hasta las pruebas en Tierra)–, se refirieron a las constelaciones microsatélites para potenciar la defensa: la arquitectura distribuida puede transformarse en una red estratégica. Además, señalaron que los radares de apertura sintética, que emplean la banda X, pueden presentar ciertas limitaciones para el ámbito militar, por ejemplo, en lo que respecta a la detección de objetos ocultos. Por eso, sugirieron empezar a mirar otras bandas con mayor capacidad.

Cristian Senyk, de Ascentio Technologies agregó algo que puede ser relevante para las Fuerzas Armadas: hay un cambio de paradigma que exige mayor dependencia tecnológica en un escenario de complejidad operacional y de menores tiempos de respuesta y toma de decisión. Por eso, acentuó que hay que pensar sí o sí en plataformas multidominio que puedan procesar lo que ocurre en el espacio, en el aire, en la tierra y en el mar.

Hecho en CITEDEF: así es el nanosatelite del Ejército Argentino

Uno de los momentos más destacados de la jornada estuvo dedicado al primer nanosatélite del Ejército Argentino, un proyecto que refleja la apuesta de la Defensa por desarrollar capacidades espaciales propias.

La iniciativa, de CITEDEF y del Ejército, fue presentada como un paso concreto hacia la incorporación de conocimientos y tecnologías vinculados al acceso y la operación en el dominio espacial. Además, señalaron que el desarrollo permitirá avanzar en materia de comunicaciones y transmisión de datos, y que el gran desafío será la puesta en órbita.

El dato: el lanzamiento está previsto para octubre próximo y estará a cargo de la compañía SpaceX (en el cohete Falcon 9).

La conquista del espacio entra en una nueva era: ¿qué lugar tiene Argentina?

Para cerrar, el ingeniero Pablo de León, de la Universidad de Dakota del Norte, brindó un panorama detallado del contexto internacional actual en materia espacial.

De acuerdo con el especialista, hoy el mundo está hablando del “New Space”, fenómeno que se refiere a la irrupción de empresas comerciales que revolucionaron la industria aeroespacial en Estados Unidos: “Hace algunos años, el monopolio de estas actividades las tenía la NASA y el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Defensa y otros organismos. Esto terminó”.

En ese contexto, el experto recordó que, en julio de 2011, Estados Unidos debió buscar alternativas para transportar astronautas. Paralelamente, lanzó un programa para restaurar esa capacidad y, en ese marco, otorgó contratos a varias empresas, como Boeing y Space X, para que se encargaran del traslado. “Fue un momento de quiebre. Hay otro punto de inflexión que se produce en 2015, cuando el gobierno de los Estados Unidos aprobó un acta de competitividad de lanzamientos espaciales comerciales: lo que dice es que las empresas o los individuos pueden ser dueños de recursos de un asteroide o de la Luna, pero no de los cuerpos celestes”, contó, al tiempo que se refirió al Tratado del Espacio Ultraterrestre, normativa que prohíbe que un país pueda reclamar soberanía en ese lugar.

Asimismo, el ingeniero señaló que los cohetes actuales avanzaron en materia tecnológica y que, por ejemplo, hoy tienen la capacidad de regresar a la Tierra, lo cual también redujo los costos de lanzamiento y transporte. Esto es clave si se considera que, a partir de 2028, Estados Unidos enviará astronautas a la superficie lunar. Y que, además, en el polo sur del satélite, hay recursos naturales. Por eso, De León señaló el interés de las potencias actuales en instalar bases permanentes allí.

“Argentina envió el satélite Atenea. Fue uno de los cuatro países invitados a participar por la NASA. Además, el país es miembro de los Acuerdos Artemisa. Creo que tenemos una oportunidad histórica de seguir participando en este tipo de proyectos, por una variedad de razones; una de ellas es porque seguimos manteniendo la capacidad espacial”, concluyó.

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) activaron un operativo nacional que involucra a 45 000 efectivos para custodiar la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

El despliegue, coordinado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), busca garantizar el normal desarrollo de la jornada y la protección del derecho al sufragio en todo el país.

Desde el Cuartel Rafael Hoyos Rubio, en el distrito del Rímac, partió un contingente de 856 militares con destino a Huánuco, desde donde se distribuyen hacia distintas provincias y distritos para fortalecer la seguridad en los locales de votación.

El general de división Oscar Calle, comandante del Comando Operacional del Centro, destacó que la misión de las Fuerzas Armadas responde al mandato constitucional de resguardo democrático.

La operación se replica en diversas regiones del territorio nacional. Unidades militares se movilizan progresivamente hacia zonas asignadas, reforzando puntos estratégicos y colaborando en el traslado y protección del material electoral.

De acuerdo con la normativa vigente, la participación de las Fuerzas Armadas se realiza con absoluta neutralidad, asegurando el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El plan operativo contempla patrullajes preventivos y vigilancia en áreas consideradas de riesgo, en coordinación con autoridades electorales y policiales. El despliegue busca anticipar cualquier incidente que pueda afectar la jornada del domingo 7 de junio, fecha en la que millones de peruanos acudirán a las urnas.

Recomendaciones para el electorado

La ONPE implementó una serie de medidas para facilitar el acceso de los votantes y evitar aglomeraciones. El horario de sufragio se estableció de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., con atención prioritaria para personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas. Los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. para preparar el inicio de la votación.

El organismo electoral habilitó una plataforma de consulta donde cada ciudadano puede verificar su local asignado, la dirección exacta, el número de mesa y el orden de lista. Este servicio permite también saber si el usuario fue seleccionado como miembro de mesa y acceder a información actualizada en caso de cambios de ubicación.

En Lima Metropolitana, la ONPE reubicó 136 mesas en siete distritos, trasladando puntos de votación de parques o espacios abiertos a instituciones educativas cercanas. La decisión respondió a sugerencias de las Fuerzas Armadas y a la negativa de algunos propietarios privados a ceder instalaciones para el evento.

Entre los distritos con más ajustes destacan Jesús María, Lince y Miraflores, donde mesas que operaron en lugares públicos durante la primera vuelta ahora funcionarán en colegios.

El proceso electoral mantiene el voto obligatorio para ciudadanos de 18 a 69 años. Las multas por inasistencia van desde S/110 hasta S/27,50, según la clasificación socioeconómica del distrito.

Los miembros de mesa que no cumplan con sus funciones enfrentarán una sanción adicional de S/275, que puede acumularse si también omiten el sufragio.

El despliegue de las Fuerzas Armadas y las acciones implementadas por la ONPE buscan asegurar una jornada electoral ordenada, transparente y segura en todo el país.

Las cifras que dejó 2025 ya fueron poco halagüeñas, empezando por el frenazo en las visitas al país desde el extranjero (un 5,5 % menos con respecto a 2024, el mayor retroceso en dos décadas obviando la pandemia) y siguiendo con la discreta acogida del Mundial de Clubes en EE.UU., del que solo se vendieron el 62 % de las entradas.

Ambos datos tienen relación parcial con la creciente antipatía hacia Estados Unidos en otros países que reflejan diferentes encuestas desde que Donald Trump retornó a la presidencia el año pasado.

También tienen que ver con la mano dura que su Gobierno ha aplicado en el terreno migratorio en un país que ya era conocido por sus estrictos controles fronterizos.

Se sabe que este año el Mundial supondrá un repunte en lo que se refiere a visitas de turistas extranjeros, pero los pronósticos muestran que no será tan significativo, ya que el volumen estimado para todo el año (70 millones de viajeros foráneos) seguirá por debajo de los máximos prepandémicos (79 millones en 2019).

La consultora Oxford Economics estimó en concreto que la Copa del Mundo por sí sola será responsable de 742.000 visitas específicas al país.

Sin embargo, un informe de la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos señala que un 80 % de hoteleros encuestados en ciudades anfitrionas afirman que las reservas para las cinco semanas que dura la competición están por debajo de sus previsiones iniciales.

En el mismo informe, casi el 70 % de encuestados dice que las barreras relacionadas con visados -pese a que EE.UU. activó un sistema llamado Visa Pass para acelerar procedimientos para aficionados con boletos- y las preocupaciones de tipo geopolítico están minando significativamente la demanda de los viajeros internacionales.

En lo geopolítico, la guerra de Irán, las enrocadas negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto y los efectos económicos del cierre del estrecho de Ormuz, empezando por el encarecimiento del queroseno que emplean las aerolíneas comerciales, amenazan con desincentivar a muchos potenciales visitantes más.

Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras entidades de derechos humanos emitieron una advertencia de viaje para aficionados, jugadores o incluso periodistas, destacando la "guerra ilegal de Trump con Irán", así como la ampliación de la lista de países cuyos ciudadanos tienen limitada o prohibida -salvo excepciones- la entrada en Estados Unidos.

Ese listado, que según estas organizaciones contribuirá a reducir el número de visitantes foráneos al Mundial, suma ya 40 países y territorios e incluye a cuatro naciones clasificadas para el torneo; Haití, Costa de Marfil, Senegal y la propia Irán.

Esta última disputará sus tres partidos de fase de grupos en sedes estadounidenses, pero aun así ha optado finalmente por cambiar su campamento base de Tucson, en Arizona, a Tijuana, en territorio mexicano.

A esto se unen los grandes operativos que la agencia migratoria ICE ha acometido desde 2025 para capturar indocumentados y deportarlos, un escenario que el director del grupo de trabajo de Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, no descartó que se produzca durante el campeonato, alegando que la seguridad nacional va primero.

La ONG Human Rights Watch advirtió en abril que el Mundial "comenzará en un clima de temor" por las campañas anti inmigración de Trump y subrayó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 ICE arrestó al menos a 167.000 personas, en las 11 ciudades estadounidenses que serán sede.

HRW argumenta además que la magnitud y visibilidad de estas redadas, en las que se aplica abiertamente un criterio racial, no solo van a desincentivar los viajes a EE.UU., también hará que aficionados de determinadas comunidades residentes en el país, en situación tanto regular como irregular, decidan no celebrar en las calles o acudir a partidos o zonas de aficionados. EFE

Honduras y Estados Unidos mantienen conversaciones para desarrollar operaciones militares en territorio hondureño, así lo confirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Héctor Benjamín Valerio. El anuncio se conoció mientras el Gobierno prepara una ofensiva contra el crimen organizado en al menos 40 municipios.

“Actualmente sí hemos tenido pláticas con ellos para poder realizar operaciones en el país. Ellos nos van a brindar todo el apoyo necesario para hacer frente al crimen organizado que actualmente estamos viviendo”, declaró el alto mando militar.

Las declaraciones de Valerio se conocieron mientras el Gobierno hondureño prepara una nueva estrategia de seguridad para debilitar las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, las maras, las pandillas y otras organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Ofensiva anunciada por el Gobierno

El ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta, informó que a partir de esta semana comenzarán “acciones contundentes” orientadas a recuperar el control de zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

Según explicó el funcionario, las primeras intervenciones se desarrollarán en al menos 40 municipios identificados por las autoridades como focos de violencia y actividad criminal.

Argueta señaló que la estrategia incluirá la incorporación de nuevas tecnologías, equipamiento especializado y el acompañamiento de socios internacionales para fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

“El lunes estará llegando la noticia, muy importante de cómo estamos fortaleciendo nuestras instituciones. Ya están llegando todas estas personas para compartir aquí. Y equipo, equipo que ustedes van a poder ver”, expresó.

El Gobierno no detalló qué tipo de tecnología será incorporada ni el alcance exacto de la asistencia internacional.

Cooperación regional

La nueva etapa de colaboración surge después de la participación de Honduras en la cumbre denominada Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de fortalecer la coordinación regional contra el crimen transnacional.

De acuerdo con Argueta, el encuentro permitió establecer mecanismos de cooperación entre los países latinoamericanos para enfrentar amenazas comunes como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y las estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

“Fue un primer paso para que todos los gobiernos de Latinoamérica en conjunto trabajemos contra el crimen organizado, apoyados, por supuesto, por una potencia mundial como Estados Unidos en acompañamiento técnico, fortalecimiento de nuestras fuerzas y persecución del crimen”, afirmó.

Las autoridades hondureñas sostienen que la cooperación internacional será clave para enfrentar organizaciones criminales con redes logísticas, recursos financieros y capacidad de movilización en diferentes países de la región.

Seguridad en Honduras

El anuncio de posibles operaciones conjuntas ocurre en medio de una creciente preocupación por la seguridad ciudadana. En los últimos años, Honduras ha desarrollado estrategias para contener la violencia relacionada con grupos criminales, incluidos estados de excepción, operaciones militares especiales y el fortalecimiento de tareas de inteligencia, mismas que han sido cuestionadas.

Las autoridades sostienen que las organizaciones criminales han cambiado sus métodos de operación, lo que obliga a implementar nuevas herramientas tecnológicas y mecanismos de cooperación internacional para combatirlas.

La eventual participación de Estados Unidos en operaciones dentro del territorio hondureño podría traducirse en asistencia técnica, intercambio de inteligencia, capacitación especializada, apoyo logístico y fortalecimiento institucional, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre el alcance de esas acciones.

Histórica cooperación militar

La cooperación militar entre Honduras y Estados Unidos tiene una larga historia, y uno de sus principales símbolos es la Base Aérea de Palmerola, ubicada en el departamento de Comayagua, Honduras.

Desde la década de 1980, Palmerola ha sido utilizada como un punto estratégico para operaciones de apoyo militar, entrenamiento conjunto, asistencia humanitaria y respuesta ante emergencias en Centroamérica. En sus instalaciones opera la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos, una unidad que ha participado en misiones de ayuda durante desastres naturales, evacuaciones médicas, operaciones de búsqueda y rescate, así como en programas de cooperación en seguridad regional.

La base también ha servido como plataforma para ejercicios militares multinacionales y operaciones destinadas al combate del narcotráfico y otras amenazas transnacionales que afectan a la región. Su ubicación geográfica ha convertido a Palmerola en una de las instalaciones estratégicas para la presencia estadounidense en Centroamérica.

Con apenas unos meses al frente de Fabricaciones Militares, Pablo Glöggler y Diego Martínez buscan imprimirle una nueva dinámica a la histórica empresa del Ministerio de Defensa. Presidente y vicepresidente respectivamente, ambos llegaron desde el sector privado, aunque con un estrecho vínculo con el Ejército Argentino como oficiales de reserva. Cuentan que, cuando los convocó el titular de la cartera castrense, el teniente general Carlos Alberto Presti, les comunicó su objetivo: recuperar capacidades y devolverle protagonismo –estratégico– a la actual sociedad anónima.

La transformación comenzó desde el primer día: apenas oficializadas sus designaciones, iniciaron recorridas por las distintas plantas de Fabricaciones para interiorizarse sobre el estado de situación, dialogar con los trabajadores y relevar las necesidades de cada unidad de negocio. “Es un cambio de paradigma”, repiten desde la sede de avenida Cabildo, donde aseguran que la empresa debe volver a ocupar un lugar central en el sistema de Defensa.

En un encuentro con DEF, Glöggler y Martínez detallan que la apuesta pone el foco en recuperar la producción, modernizar capacidades y fortalecer el vínculo con las Fuerzas Armadas. En ese marco, destacan algunos avances alcanzados en los primeros meses de gestión: la reactivación de líneas productivas, el regreso de la fabricación de municiones para las FF. AA. y la puesta en funcionamiento de una forja que llevaba décadas detenida. También comenzaron a salir nuevamente al mercado en busca de clientes y asociaciones estratégicas.

Detrás de esa idea, aparece una premisa que la conducción repite constantemente: aprovechar el potencial de una empresa que, pese a años de dificultades, conserva personal altamente capacitado y un sello asociado a la calidad de sus productos.

Un dato: Fabricaciones Militares cuenta con plantas en Río Tercero y Villa María (Córdoba), Azul (Buenos Aires) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe), cada una especializada en distintas áreas productivas. Mientras las instalaciones santafesinas concentran actividades ligadas a defensa y seguridad –como armas, municiones y chalecos–, las cordobesas mantienen un fuerte perfil químico e industrial, vinculado a fertilizantes y explosivos.

El regreso de Fabricaciones Militares a las Fuerzas Armadas

-¿Por qué aceptaron el desafío de Fabricaciones Militares?

-Pablo Glöggler (P.G.): Cuando un oficial superior te invita, en realidad te está ordenando. Y la verdad es que tuve ganas de acompañar a alguien que posee entereza. De todas maneras, no fue simple. Hubo una delegación de confianza que a nosotros nos empoderó para poder hacer todo lo necesario para cumplir el mandato.

-¿Cuál es ese mandato?

-P.G.: Vinimos a poner las fábricas a operar y a acercarnos al cliente original, las Fuerzas Armadas. La idea fue reunirnos con sus titulares y mostrarles nuestras capacidades para que pudiéramos pensar en el siguiente paso.

Cuando llegamos acá, nos encontramos con una estructura sobredimensionada. Las posiciones de directorio de todas las empresas, en general, no toman un rol cercano a lo ejecutivo. Nosotros, en cambio, asumimos un papel “100 % manos a la obra”: todos los días y todo el tiempo. Lo primero que hicimos fue cambiar la estructura: pasamos de 32 a seis gerencias, con foco en la parte comercial. Y, además, empezamos a hablar con los jefes de las Fuerzas Armadas: con el almirante Dalle Nogare, el teniente general Zarich, el brigadier general Valverde y el almirante Romay. Y, a su vez, con los directores de Material de las Fuerzas para entender qué necesitaban.

-¿Qué surgió?

-P.G.: Un ejemplo: volvimos a entrar en el TAM 2C-A2. Además, este mes entregamos casi 6 millones de municiones al Ejército. Estamos cotizando munición para la Armada y para la Fuerza Aérea, a quienes no les vendíamos desde hace años.

En ese contexto, estamos recuperando una forja que hace 40 años que estaba pagada. Se prendió y ya hemos podido trabajar para hacer munición de 105 mm para los tanques y cañones.

Un proyecto conjunto de drones y el lanzamiento de un concurso público

-¿Se vienen los drones de Fabricaciones Militares?

-P.G.: Estamos embarcados en armar un proyecto de drones conjunto. Así que invitamos a la Dirección General de Investigaciones del Ejército, también a la Fuerza Aérea, a la Armada, a CITEDEF, a la UNDEF y a la Facultad de Ingeniería del Ejército. Queremos que todos participen.

Somos fieles creyentes en que la conjuntez en el esfuerzo es el mejor camino. Si logramos juntar a todos, podemos llegar a tener herramientas mucho más interesantes.

-Se dice que es una empresa con maquinaria antigua, ¿cuál es la situación en lo financiero y en lo tecnológico?

-P.G.: Es verdad. Fabricaciones cumple 85 años el 9 de octubre de este año; durante esos años, tuvo actualización tecnológica. Pero, en los últimos 35 años, fue muy poca y puntual.

Hay un camino para recorrer en términos de innovación tecnológica. Para ello, llevamos una propuesta del directorio al Ministerio de Defensa (nuestro accionista): lanzar un concurso público nacional e internacional para poder generar uniones transitorias con empresas, que traerán tecnología y capital.

-¿Cómo sería eso?

-P.G.: Sería en cualquiera de los que denominamos “renglones”: hay un renglón químico (la planta química de Río Tercero), hay otro de metalmecánica (tenemos capacidad para hacer cañones, vagones de trenes, material rodante, envueltas de 155 vainas y municiones), un tercer renglón es el de pólvora, explosivos y TNT (que comprende las plantas de Villa María y Azul); y el último es el de municiones y armamento, en Fray Luis Beltrán.

-¿En Fray Luis Beltrán se hace armamento?

-P.G.: No se ha hecho desde hace un tiempo, pero tiene la capacidad. Entonces, por ejemplo, buscamos que una empresa de armas elija Argentina como su hub regional y que, desde allí, podamos empezar a considerar planes progresivos de trabajo: se puede ensamblar y, luego, llegar a hacer el arma y convertirnos en lo que, en los manuales de las Fuerzas Armadas, es el cuarto escalón: el primero es el usuario, el segundo es la sala de armas, el tercero un batallón de arsenales y el cuarto es la fábrica.

Tenemos que actualizar nuestra tecnología y, para eso, necesitamos una buena inyección de capital. Hoy están dadas las condiciones.

-¿Se relega soberanía?

-P.G.: No estamos hablando de perder soberanía. La ejecución de la idea de soberanía tiene que ver con recuperar capacidades. El contrato va a plantear puntualmente que, ante una necesidad, la primera opción son el Estado y las Fuerzas Armadas argentinas.

Hoy estamos terminando los pliegos con la idea de que, a fin de mes o principios de junio, podamos lanzar el concurso. Ese es el camino para terminar con la obsolescencia tecnológica y, además, nos abre el mercado.

Diego Martínez (D.M.): El camino nos lo marcan desde el Ejecutivo, porque pasamos de ser una Dirección General de Fabricaciones Militares, dependiente del Ministerio de Defensa, a ser una sociedad del Estado y luego una sociedad anónima. Eso nos habilitó a poder llevar adelante estas iniciativas.

-¿Y en el plano financiero?

-P.G.: Apenas cumplimos tres meses. Hicimos cambios en la estructura y estamos ajustando todas las posibilidades que tenemos de redirigir fondos para el esfuerzo comercial (que, a su vez, está ligado a lo productivo). Hoy nos acercamos a las Fuerzas Armadas para ver cómo podemos ayudarlas.

Tenemos ingresos, pero considero que no son suficientes. Nosotros buscamos la eficiencia y eso se logra con tecnología. Estamos haciendo esfuerzos titánicos.

Venta de armas en un mundo en guerra

-¿Sigue vigente el fantasma de la privatización de Fabricaciones Militares?

-P.G.: No está previsto en la Ley Bases. Sí estamos acá con el planteo de asociaciones y creemos que es lo mejor para poder llevar cada una de las verticales al siglo XXI.
Es más, hay una quinta vertical que, para mí, tiene que ver con los sistemas no tripulados.

Yo deseo poder estar en ese lugar, estamos con hambre de poder, no solo vender a nuestros clientes originales, sino sumar una capacidad tecnológica que nos aporte poder de disuasión.

-En un mundo en conflicto, ¿Fabricaciones Militares puede consolidarse como proveedor de material militar?

-P.G.: En el presente, los países no entregan material bélico. Si uno necesita nitrocelulosa, no se vende porque los países están produciendo para ellos.
Por ejemplo, en Alemania, Rheinmetall, una de las empresas más grandes del mundo, tiene 73.000 millones de dólares de contratos y no tiene dónde operar; están fabricando tanques en Australia –bajo licencia– para poder suplir las necesidades.

-D.M.: La coyuntura es una oportunidad.

El regreso de Fabricaciones Militares y la incorporación de TAM 2C-A2

-¿Cómo definen el papel de FM en la política de defensa actual?

-P.G.: Creo que el lugar nos lo vamos a ganar nosotros. Hoy, en muy poco tiempo, tuvimos la suerte de lograr estar en constante comunicación con las direcciones de Material de cada Fuerza para acompañarlas en cada una de sus necesidades.

Con respecto a la munición 105 mm para el TAM 2C-A2, estamos trabajando contrarreloj para llegar con eso a los ejercicios y para que el personal de los mecanizados pueda tirar. El TAM 2C-A2 es un proyecto clave para el Ejército y queremos que la munición que utilice sea la nuestra. Una aclaración: no tenemos novedades de calidad.

-D.M.: Además, estamos esponsoreando a tiradores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que participan en distintas competencias. Eso ayuda a demostrar la precisión de nuestra munición. En ese sentido, nuestra munición no viene a granel, como ocurre con los productos de otros fabricantes. Se conserva y puede estar 10 años en stock, en algún polvorín. Además, si alguien tiene un reclamo, nosotros lo revisamos y hacemos control de calidad.

-¿Cómo definen este momento?

-P.G.: Es un cambio institucional. Esto es un equipo y tenemos que sacar a Fabricaciones adelante. El trabajo está consensuado con Defensa, trabajamos junto con la Agencia de Transformación, con Diego Martín Chaher; también lo hacemos con Mario Katzenell y su Secretaría de Investigación; con Guillermo Maderno y con el general Martín y Mirapeña. Es un trabajo completamente institucional que busca avanzar con la empresa.

-En lo personal, ¿qué significa para ustedes este desafío?

-P.G.: Liderar una sociedad anónima del Estado conlleva una cantidad de responsabilidades tremendas. Para mí, es un honor y un privilegio que el teniente general Presti nos haya encomendado esta tarea. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para servir a la Patria. Esta es la misión.

-D.M.: Aceptamos el desafío porque creemos en quien nos lo solicita y porque apostamos a la empresa.

-Cuando los detractores dicen que a Fabricaciones hay que cerrarla, ¿qué respuesta dan?

-P.G.: Cerrar esto sería muy fácil. Pero se perderían oportunidades muy interesantes que pueden ser muy rentables para el país. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando con nitrato de amonio para el agro, porque es uno de los derivados de hacer ácido nítrico.

Lo que podemos hacer es aprovechar cada una de las plantas para convertirlas en generadores de impuestos, de divisas por exportación y multiplicadores de empleo. Si logramos eso, lo que terminaríamos entregando es algo mucho mejor de lo que recibimos.

-D.M.: Para los detractores, es muy fácil cerrar. Pero acá el personal está sumamente comprometido y altamente capacitado. Tiene puesta la camiseta y posee conocimientos que no existen en otros lados. Porque, si se cerró una línea de producción y se vuelve a reactivar, hay que ir a buscar a ese personal, ya que son ellos quienes saben cómo encender esa maquinaria.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) informaron sobre el aseguramiento de una plantación con 33 mil arbustos de supuesta hoja de coca localizada en una zona montañosa del municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, como parte de las operaciones permanentes que ejecutan contra el narcotráfico en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo fue realizado por equipos de operaciones especiales de la Base Naval de Puerto Castilla, durante patrullajes desarrollados en el sector conocido como la sierra de Río Tinto, una zona de difícil acceso donde en los últimos años se han detectado múltiples plantaciones vinculadas a actividades ilícitas.

Las autoridades detallaron que la plantación se encontraba distribuida en una extensión aproximada de seis manzanas de tierra, donde fueron contabilizados alrededor de 33 mil arbustos de hoja de coca listos para continuar su proceso de crecimiento y producción.

Durante el operativo, los efectivos militares también localizaron y aseguraron una instalación artesanal que contenía diversos materiales y precursores químicos presuntamente utilizados para el procesamiento de la droga.

Estos hallazgos forman parte de las evidencias recopiladas por las autoridades para fortalecer las investigaciones relacionadas con estructuras dedicadas al cultivo y producción de sustancias ilícitas.

Las Fuerzas Armadas indicaron que el procedimiento se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público, institución que deberá realizar las diligencias legales correspondientes antes de autorizar la destrucción y erradicación de la plantación encontrada en la zona.

Una vez concluida la inspección técnica y el levantamiento de evidencia, las autoridades procederán a la eliminación total de los arbustos, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

El departamento de Colón continúa siendo uno de los puntos donde con mayor frecuencia se reportan hallazgos de plantaciones de coca. Las condiciones geográficas de algunas áreas montañosas han sido aprovechadas por organizaciones criminales para ocultar cultivos ilegales y laboratorios clandestinos destinados al procesamiento de drogas.

Las operaciones de localización y destrucción de sembradíos forman parte de la estrategia que desarrollan las fuerzas de seguridad para debilitar las fuentes de financiamiento de grupos vinculados al narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

Según cifras oficiales, en lo que va de 2026 las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones que superan los 500 mil arbustos de hoja de coca en distintos departamentos del país. Asimismo, reportan la destrucción de al menos nueve instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de drogas.

Los aseguramientos se han registrado principalmente en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, territorios donde las autoridades han intensificado los patrullajes terrestres, marítimos y aéreos para combatir las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que continuarán desarrollando operaciones especiales en zonas identificadas como corredores utilizados por organizaciones criminales, con el objetivo de detectar nuevos cultivos ilegales, laboratorios clandestinos y estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

El hallazgo de esta nueva plantación en Bonito Oriental se suma a una serie de operaciones ejecutadas durante los últimos meses en la región atlántica del país, considerada una de las áreas estratégicas para las acciones de combate al narcotráfico impulsadas por las autoridades hondureñas.

Alemania y Países Bajos han anunciado un refuerzo clave en la estructura de mando militar aliado en el Báltico con el objetivo de responder a compromisos de la OTAN. El 1GNC asumirá la autoridad sobre tropas aliadas y nacionales posicionadas en estos países, ampliando la capacidad de coordinación y reacción ante posibles amenazas en la región.

La integración de este segundo cuartel general táctico, que se suma al ya existente Cuerpo Multinacional Noreste (MNC NE), eleva la cohesión operativa de la Alianza Atlántica y acorta los tiempos de respuesta previstos en el nuevo Modelo de Fuerzas, definido en la cumbre de Vilna de 2023. Hasta la fecha, el MNC NE era el único responsable de la coordinación en esta zona considerada estratégica para la seguridad europea. La incorporación del 1GNC responde, además, a la necesidad de aumentar las unidades disponibles y reforzar la disuasión frente a potenciales acciones de Rusia.

Según detalló el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, la integración del 1GNC constituye “un ejemplo exitoso de cooperación multinacional”. Pistorius subrayó que en su sede trabajan efectivos de 16 países, lo que permite un modelo de interoperabilidad diaria y refuerza la naturaleza multinacional de la defensa europea. Esta ampliación de la estructura de mando fue recogida también por Frankfurter Allgemeine Zeitung, que destacó la importancia del compromiso germano-neerlandés en el contexto actual de seguridad en Europa.

Mando en caso de guerra y hasta 50.000 militares

La función principal del I Cuerpo Alemán-Neerlandés será liderar entrenamientos, maniobras y actividades preparatorias en coordinación con los elementos aliados desplegados en Estonia y Letonia. En caso de conflicto, el 1GNC asumirá el mando principal para la defensa del flanco oriental de la Alianza. Este cuartel general dispone de experiencia acreditada en misiones de gestión de crisis, destacando su actuación en la ISAF en Afganistán en 2003, 2009 y 2013, así como su participación en la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN durante siete años entre 2005 y 2024.

Creado en 1995, el 1GNC alterna la jefatura entre Alemania y los Países Bajos. La responsabilidad del mando permanece actualmente en manos alemanas, con previsión de traspaso a los Países Bajos a partir de 2028. Además de los dos países fundadores, otras 14 naciones de la OTAN aportan personal a la estructura del cuartel general, que está capacitado para coordinar hasta 50.000 efectivos en situaciones de paz, crisis o conflicto.

Compromiso y futuro de la defensa europea

La decisión, de acuerdo con los comunicados oficiales de los ministerios de Defensa de Alemania y los Países Bajos, pone de manifiesto la voluntad de ambos países de asumir mayor responsabilidad en el ámbito de la defensa europea. Este nuevo despliegue refuerza el vínculo político-militar entre ambos estados y lleva el compromiso de la OTAN con la seguridad de los países bálticos a un nivel operativo superior.

El refuerzo de la estructura de mando en Estonia y Letonia, junto a la interoperabilidad diaria de sus integrantes, busca consolidar la respuesta de la OTAN ante posibles escenarios de crisis en el este de Europa. El acuerdo será uno de los ejes de la próxima cumbre de la Alianza en La Haya, donde se definirán los avances del nuevo Modelo de Fuerzas y la estrategia de defensa colectiva para los próximos años.

Altos mandos militares de Honduras y Guatemala se reunieron para coordinar acciones de vigilancia y control en su frontera común, en un contexto de alertas por movimientos de grupos armados y actividades ilícitas. El encuentro lo encabezaron el general Héctor Benjamín Valerio Ardón y el general José Giovani Martínez Milian, según informaron las fuerzas armadas de ambos países.

La agenda incluyó cooperación bilateral, intercambio de información y operativos coordinados para enfrentar amenazas como narcotráfico, tráfico de armas y contrabando, con foco en puntos de paso clave y en los tramos más vulnerables a cruces irregulares.

Las delegaciones coincidieron en que la zona limítrofe exige vigilancia permanente por la movilidad de estructuras criminales transnacionales que aprovechan la geografía fronteriza para desplazarse y operar.

Seguridad fronteriza

El encuentro fue encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, y el jefe del Estado Mayor de la República de Guatemala, el general de división José Giovani Martínez Milian. Según las autoridades militares, ambos revisaron estrategias de coordinación para reforzar el control territorial en la frontera compartida.

Entre los temas abordados estuvieron el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y el desplazamiento de redes criminales. Las fuerzas armadas señalaron que el trabajo conjunto forma parte de un proceso sostenido que incluye operativos combinados e intercambio de inteligencia en instancias regionales.

Valerio Ardón indicó que ambas delegaciones participaron recientemente en una conferencia especializada sobre drogas sintéticas, un fenómeno que, de acuerdo con las autoridades hondureñas, comenzó a ganar peso en la región por su relación con el delito y sus efectos en la salud pública.

“Estamos comprometidos como países para hacer frente a estos flagelos”, dijo el general hondureño, al vincular la cooperación bilateral con la necesidad de contener las amenazas en zonas fronterizas.

Estrategias conjuntas

Martínez Milian expresó su reconocimiento al trabajo conjunto con Honduras y, según la comunicación oficial, destacó los esfuerzos coordinados para sostener el control territorial y reforzar la seguridad en el área limítrofe.

El general guatemalteco señaló que durante la reunión hubo un intercambio de experiencias operativas, con énfasis en el sector de la zona de Corinto, uno de los principales puntos de paso entre ambos países, donde se reforzaron mecanismos de vigilancia y control.

También subrayó la necesidad de profundizar la interoperabilidad entre fuerzas militares en sectores donde, según Guatemala, la movilidad de grupos delictivos es un desafío constante para las autoridades.

La reunión se realizó tras reportes del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala sobre la detección de vehículos todoterreno con individuos armados que habrían ingresado desde Honduras por pasos no autorizados en la zona de Esquipulas, Chiquimula.

De acuerdo con esos reportes, Guatemala reforzó la vigilancia militar en la frontera como medida preventiva ante posibles incursiones de estructuras criminales.

En paralelo, las autoridades militares vincularon el aumento de la coordinación con hechos violentos recientes en territorio hondureño, al advertir que esos episodios pueden facilitar que grupos delictivos intenten ampliar sus operaciones hacia la franja fronteriza.

Las Fuerzas Armadas de ambos países informaron que mantendrán comunicación permanente, fortalecerán los mecanismos de inteligencia compartida y continuarán con operativos coordinados para mejorar la respuesta ante amenazas transnacionales.

Ante la crisis de violencia que afecta a la región de La Montaña en Guerrero, el gobierno municipal de Olinalá anunció este martes la aplicación de un operativo especial de seguridad junto con las Fuerzas Armadas. Esta medida responde al hallazgo de 19 cuerpos desmembrados en tres accesos a la cabecera municipal en menos de dos meses.

El anuncio se dio a conocer a través del primer comunicado oficial emitido por la administración del presidente priista Manuel Sánchez Rosendo desde el estallido de la crisis. La medida fue el resultado de una reunión entre Sánchez Rosendo y Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero.

El operativo acordado incluyó acciones de seguridad, apoyo humanitario y atención social para las comunidades afectadas. Sin embargo, el documento oficial omitió cualquier mención a las cuatro localidades en el centro del conflicto: Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza.

Los 19 muertos que el comunicado no menciona

El primero de estos episodios ocurrió el 31 de marzo, cuando siete hombres desmembrados aparecieron en el crucero de la carretera Tlapa-Olinalá, en el tramo que comunica con Cualac.

El 11 de mayo, otros seis cadáveres en costales se hallaron en la carretera hacia Temalacatzingo. La madrugada del 21 de mayo, seis cuerpos más —también desmembrados— aparecieron en la caja de una camioneta Nissan estaquitas roja abandonada a la entrada de Teticic.

El convoy de 40 camionetas y el desplazamiento masivo

Un día antes del último hallazgo, el jueves 21 de mayo, hombres armados privaron de la libertad a seis vecinos de esas comunidades. Sus cuerpos aparecieron horas después en la camioneta.

Al día siguiente, el viernes 22, un convoy de aproximadamente 40 camionetas con civiles armados irrumpió simultáneamente en Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza. Los agresores ingresaron a viviendas, golpearon a personas y revisaron teléfonos celulares. El pánico obligó a cientos de familias a huir hacia la cabecera municipal de Olinalá.

A partir de esos hechos, los desplazados quedaron atrapados entre dos amenazas. Por un lado, sufrieron la violencia de los grupos armados, a quienes la población identificó como parte de la disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos. Por el otro, prevaleció el temor a denunciar, ya que los agresores revisaban los teléfonos de quienes interceptaban y nadie sabía en quién confiar.

Los familiares de las víctimas expresaron su inconformidad al solicitar auxilio durante las irrupciones armadas, las autoridades nunca acudieron. Además, no recibieron orientación sobre el tipo de apoyo que podrían recibir tras verse obligados a abandonar sus hogares.

La postura oficial y lo que deja fuera

El comunicado municipal pide a la población “mantener la calma, permanecer unida y evitar la difusión de rumores o información no verificada”. El Ayuntamiento sostiene que “se ha actuado con responsabilidad, prudencia y coordinación institucional” desde el primer momento.

Asimismo, las autoridades refrendaron el compromiso de trabajar “con firmeza y cercanía, privilegiando en todo momento la paz, la seguridad, la vida y el bienestar” de las comunidades. Sin embargo, es la primera vez que la administración emite una postura pública sobre la crisis, pese a que los hechos se acumulan desde finales de marzo.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió antes del último hallazgo que Olinalá se convirtió en un corredor de alta peligrosidad hacia los estados de Morelos y Puebla, con Teticic como el punto de mayor confrontación por ser paso obligado entre regiones.

Violencia que desborda a Olinalá

La crisis de Olinalá se inscribe en una escalada más amplia. El Consejo Nacional Indígena documentó que Los Ardillos asesinaron a 76 de sus integrantes y desaparecieron a 25 más en la región de la Montaña. Más de 800 familias indígenas abandonaron sus hogares en distintos municipios de Guerrero.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó en mayo que la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos provocó el desplazamiento de al menos 96 personas solo en Chilapa. La violencia, sin embargo, no se detuvo pese al despliegue de fuerzas federales en la región.

El otorgamiento de la bonificación responde a la promulgación de la Ley 32577. La norma, publicada el 14 de abril en el diario oficial El Peruano, establece una asignación económica vitalicia, intransferible y no pensionable para los excombatientes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participaron en los periodos más duros de la pacificación nacional, entre las décadas de 1980 y 2000.

“Hoy día nos toca entregar nuestros documentos. El Comando Conjunto aprobará nuestra pensión 1.130 soles, es lo que debemos recibir. Los otros combatientes, los más antiguos, ya están ganando tres mil setenta y cinco”, relató uno de los veteranos en declaraciones recogidas por el citado medio.

Testimonios y expectativas de los veteranos

La mayoría de los presentes en la fila pertenecen a promociones de las décadas de 1980 y 1990. Muchos de ellos accedieron al servicio militar siendo menores de edad, en contextos de alta conflictividad interna.

“Nunca tuvimos una pensión, ni una mensualidad. Ahora, gracias a Dios, ha salido una ley a favor de los veteranos que estuvimos en el tiempo en que el Perú vivía en caos”, explicó Jaime.

El proceso de solicitud incluye la entrega de documentos para ser evaluados y, si corresponde, calificados para el cobro de la bonificación. De acuerdo con los entrevistados, el pago se realizará de manera escalonada, priorizando a los mayores de sesenta años, con la expectativa de que los primeros desembolsos se concreten a partir de octubre.

La ley contempla un monto base de 1.130 soles, aunque algunos beneficiarios ya perciben cifras superiores, hasta 3.075 soles. El carácter no pensionable del beneficio implica que no genera derechos sucesorios ni se integra a la base de cálculo de otras prestaciones laborales.

Cronograma de pago para la pensión mensual vitalicia

La implementación del pago de la pensión vitalicia de 1.130 soles para los veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se realizará de manera escalonada a lo largo de cinco años. El orden de acceso al beneficio depende de la edad y las condiciones de salud de los beneficiarios, con el objetivo de priorizar a quienes presentan mayor vulnerabilidad.

Durante el primer año, el pago se asignará a los veteranos mayores de 60 años y a aquellos que acrediten una discapacidad permanente. En el segundo año, el turno corresponde a los licenciados que tengan entre 55 y 59 años. El tercer año abarcará a quienes se encuentren dentro del rango de 50 a 54 años. Durante el cuarto año, recibirán el pago los excombatientes con edades entre 45 y 49 años. Finalmente, en el quinto año, el resto de los licenciados que cumplan con los requisitos establecidos por la ley podrán acceder a la bonificación.

La aprobación de la Ley N° 32561, que modifica el régimen previsional de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, generará un costo fiscal neto adicional de S/ 46 mil millones en valor presente y aumentará la carga presupuestaria del Estado durante las próximas décadas.

Así lo estimó la Dirección de Estudios Macrofiscales (DEM) del Consejo Fiscal, en un informe técnico publicado el 24 de mayo de 2026.

De acuerdo con el documento, la norma promulgada el 22 de marzo de este año introduce cambios sustanciales al sistema, entre ellos el incremento de la tasa total de aporte previsional de 19% a 25% de la remuneración, distribuidos en 15% para el personal y 10% para el Estado.

El ajuste principal reside en que la pensión de retiro sube al 100% de la remuneración en actividad para quienes cumplan 30 años de servicio, muy por encima del 55% estipulado previamente.

También se incrementa la pensión de viudez al 100%, la de orfandad y ascendencia al 50%, y se extienden los beneficios para orfandad hasta los 28 años, junto con la eliminación de restricciones de acceso y la ampliación de subsidios por fallecimiento, invalidez e incapacidad.

El costo para el Estado supera la inversión en Defensa e Interior

El informe de la DEM detalla que el costo fiscal adicional resulta de la diferencia entre el escenario sin la nueva ley y el escenario tras la promulgación. El gasto estatal en pensiones se incrementa en S/ 38,9 mil millones, los aportes estatales suben en S/ 14,4 mil millones, y el aumento de los aportes personales apenas compensa parcialmente el impacto, con S/ 7,2 mil millones.

El análisis técnico advierte que para lograr la sostenibilidad del régimen, la tasa de aporte conjunta debería elevarse al 42% de la remuneración, con una contribución estatal que llegaría a 27%. Esto equivaldría a que el Tesoro Público financie el 64% de las pensiones bajo el régimen modificado.

El gasto fiscal anual adicional oscilaría entre S/ 1.300 millones en los primeros veinte años y S/ 16.100 millones a 50 años, alcanzando un máximo del 0,14% del PBI anual, cifra que supera el gasto en inversión de los sectores Defensa e Interior y representa hasta el 90% de todo el gasto en bienes y servicios de estos sectores, según datos oficiales de 2025.

Inequidad y presión sobre las finanzas públicas

La Dirección de Estudios Macrofiscales subraya que los regímenes militares y policiales, que representan solo el 9% de los pensionistas, concentraron el 50% de los subsidios estatales en 2025, con un gasto anual de S/ 5.666 millones para 160 mil beneficiarios.

La pensión promedio en este régimen supera ampliamente a la de otros sistemas previsionales, incluido el Sistema Nacional de Pensiones, el privado y el programa Pensión 65, que otorga una subvención de S/ 350 cada dos meses.

El informe agrega que la aprobación de la ley se realizó por insistencia, obviando observaciones del Ejecutivo y sin un estudio actuarial completo. El procedimiento excluyó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y la segunda votación reglamentaria.

Según el Consejo Fiscal, la norma podría presentar “indicios de inconstitucionalidad” al crear obligaciones de gasto público permanente sin identificar fuentes de financiamiento, lo que vulnera restricciones presupuestarias y competencias del Ejecutivo definidas por la Constitución.

Proliferación de leyes con impacto fiscal

El informe del Consejo Fiscal alerta que la Ley N° 32561 se suma a una tendencia legislativa que incrementa la presión sobre la sostenibilidad fiscal.

Entre 2024 y 2026, el Congreso aprobó 268 leyes con impacto fiscal adverso, casi dos veces y media el promedio de los últimos 15 años. Un análisis consolidado de 63 de estas normas indica una presión equivalente a un déficit fiscal adicional anual de 3% del PBI.

La Dirección de Estudios Macrofiscales concluye que “la Ley N° 32561 incrementaría el costo fiscal neto del régimen en aproximadamente S/ 46 mil millones en valor presente” y advierte que para que el sistema sea autosostenible, “la tasa de aporte debería llegar a 42% de la remuneración”.

Los aviones participantes pertenecían a unidades de servicio activo, reserva y la Guardia Nacional Aérea. También estuvo presente el Air Force Global Strike Command, la única fuerza de ataque de largo alcance de ese tipo disponible para Estados Unidos y sus socios, ya que ningún otro país aliado opera bombarderos con esa misión.

El evento anual fue organizado por National Salute to America’s Heroes e incluyó demostraciones de paracaidismo y una exhibición estática de material militar, según Fox News, cadena de noticias estadounidense.

La jornada cerró con una ceremonia de alistamiento en la que juraron más de 150 nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de acuerdo con el mismo medio.

Por su parte, los Golden Knights del Ejército de Estados Unidos y los Red Devils británicos brindaron también adrenalina durante el evento, según Fox News.

Las personas disfrutarán hasta el domingo 24 de mayo de actividades gratuitas en el sector de Lummus Park como punto principal de observación y un corredor de actividades sobre Ocean Drive, según los organizadores.

A qué hora comienza el Hyundai Air & Sea Show en Miami Beach el domingo

Según la sección de detalles del evento publicada por los organizadores, las actividades aéreas se realizarán el domingo 24 de mayo entre 11:30 y 16:30 (hora local de Miami Beach).

En ambas jornadas, la organización informó que el Display Village funcionará de 11:00 a 18:00 hora local, con exhibiciones e instalaciones para el público.

Según los organizadores, el SaluteFest incluirá música en vivo y un segmento de mapeo de proyección 3D al atardecer, proyectado sobre edificios en el sector de 14th Street.

En el anuncio oficial, el evento también anticipó un salto nocturno salto en paracaídas con pirotecnia del Ejército de Estados Unidos Golden Knights, presentaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Band y del equipo de drill, y un cierre con fuegos artificiales.

Según la comunicación oficial del SaluteFest, el cierre tendrá un show de 1.000 drones operado por Hextronics; después habrá fuegos artificiales.

En la misma publicación, los organizadores confirmaron que la grilla artística incluirá a Parmalee como número principal.

La Ciudad de Miami Beach, el gobierno local, publicó que el espectáculo podrá verse desde distintos puntos de South Beach, pero recomendó áreas específicas en la playa. Según la información difundida por el gobierno local y por los organizadores, las zonas sugeridas se ubican entre 1st y 10th Streets y entre 13th y 20th Streets.

De acuerdo con la organización, el Patriot Display Village se instalará sobre Ocean Drive y se presentará como un espacio de cinco manzanas con exhibiciones interactivas, equipos y activaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y agencias asociadas al evento.

La Ciudad de Miami Beach también incluyó el componente gastronómico dentro de los servicios previstos durante el fin de semana, con puestos concentrados en el entorno de Lummus Park.

De acuerdo con la información del evento publicada por los organizadores, el Hyundai Air & Sea Show se realiza como parte de las actividades del fin de semana del Memorial Day en Miami Beach.

El activista y presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, aseguró que los señalamientos emitidos recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su contra buscan desacreditar su trabajo como defensor de derechos humanos y frenar las denuncias que ha realizado sobre presuntos abusos de Fuerzas Armadas en Tamaulipas.

En entrevista con Infobae México, Ramos rechazó las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo que lo señaló por presuntamente utilizar una “fachada de activista” para colaborar con el Cártel del Noreste. La dependencia estadounidense sostuvo que el defensor habría encabezado durante más de una década una supuesta campaña de desinformación para favorecer la imagen pública de la organización criminal y desacreditar las acciones del Ejército mexicano.

Al ser cuestionado sobre una posible injerencia de autoridades mexicanas en los señalamientos del gobierno estadounidense, Ramos afirmó que detrás de las acusaciones existirían intereses relacionados con personajes que, según dijo, son protegidos por Estados Unidos.

El activista señaló directamente al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y al almirante en retiro Marco Antonio Ortega Siu.

“Hubo injerencia de dos actores que son protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Uno de ellos es el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de quien, tengo conocimiento, ya no está en Estados Unidos, que ha viajado a Europa a esconderse de la Interpol”, señaló.

En el caso de Ortega Siu, sostuvo que el exmando naval estuvo involucrado en la desaparición de más de 50 personas en Nuevo Laredo tras un operativo que salió mal y no ha sido llamado a declarar por estos hechos.

“Me parece que el gobierno de Estados Unidos, para protegerlos a ellos, está intentando silenciarnos a nosotros en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo”, afirmó.

Señalamiento de la OFAC

La OFAC señaló recientemente que Ramos presuntamente comandó una campaña para presentar denuncias falsas contra las Fuerzas Armadas mexicanas, pagar a personas para participar en protestas y defender únicamente a integrantes del Cártel del Noreste.

Ante ello, el activista insistió en que las acusaciones forman parte de una estrategia de criminalización que, según dijo, enfrenta desde hace más de una década debido a las denuncias que su organización ha presentado por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abuso de autoridad en Tamaulipas.

“Yo tengo treinta años de defensor y los últimos quince han sido de este tipo de campañas de desprestigio”, sostuvo.

Carpeta de investigación en su contra en 2018

Ramos recordó que en 2018, durante el gobierno estatal encabezado por Cabeza de Vaca, se abrió una carpeta de investigación en su contra bajo acusaciones similares relacionadas con presuntos vínculos criminales.

También mencionó que entre 2020 y 2022, periodo en el que denunció haber sido víctima de espionaje con el software Pegasus, volvió a enfrentar campañas de desprestigio y criminalización.

“Son señalamientos dolosos”

Durante la entrevista, el defensor también criticó las acciones del gobierno estadounidense en materia de seguridad y tráfico ilegal de armas, además de exigir investigaciones contra funcionarios fronterizos vinculados con el paso de contrabando entre México y Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que las Fuerzas Armadas mexicanas reaccionan contra las denuncias de su organización debido a que exhiben presuntos abusos cometidos por personal militar.

“En la medida en que las fuerzas armadas respeten los derechos humanos, creo que no van a tener ningún problema”, declaró.

Finalmente, responsabilizó públicamente a Cabeza de Vaca y a Ortega Siu de cualquier afectación contra su vida, libertad o integridad.

“Ellos son los responsables (de una campaña de desprestigio) y sobre ellos recae mi vida, mi libertad y mi integridad”, concluyó.

En otro acto que refleja las diferencias internas, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó la decisión del Gobierno nacional de comprar un avión para la Fuerza Aérea a través de una operación ejecutiva por el Ministerio de Defensa y señalada por presuntas irregularidades, sobreprecios y falta de transparencia. A través de su cuenta de X, Villarruel tomó distancia y criticó además los desmanejos en la obra social del personal militar y los sueldos bajos del sector.

“Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?“, se preguntó en un mensaje que respondió una nota de Clarín que informaba las irregularidades del caso.

Los señalamientos de la titular del Senado son contra el ministro de Defensa, Carlos Presti, pero alcanzan además al presidente Javier Milei con el que cortó vínculo desde hace meses y quien la señaló en varias oportunidades como “traidora”.

Lo cierto es que el nuevo contrapunto marcado por Villarruel tuvo lugar luego de que se conociera la investigación periodística que detectó irregularidades en la compra de un Embraer ERJ-140LR. La investigación plantea que la aeronave, que se encuentra en malas condiciones, costó US$4.085.000 mientras que la cotización de otros modelos similares rondaban en US$2.300.000.

Asimismo, consigna que el presupuesto había sido de 3,9 millones de dólares, apenas por debajo del límite que obliga a la fuerza a requerir la autorización de la cartera, y precisa además que el proceso estuvo marcado por irregularidades, plazos exprés y acciones que apuntaban a favorecer a un único proveedor. No es la primera compra observada, desde el 2021 se detectaron anomalías en otras cuatro adquisiciones: un Boeing 737-700 (matrícula T-99), un Saab SF-340 (matrícula T-34) y dos Embraer ERJ-140LR (matrículas T-95 y T-96).

Por su parte, el exministro Luis Petri también se expidió sobre el tema y garantizó que denunció el hecho a finales del año pasado. “Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy”, planteó desde su cuenta de X, y sumó: “Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”.

Tras el desmarque de la titular del Senado, varios usuarios cuestionaron sus dichos y reclamaron que radique la denuncia por las irregularidades del caso en la justicia. “Todas cuentas con pocos usuarios. Nunca pensé que iban a defender lo indefendible. Nada más casta que eso”, arremetió.

Hace algunos días, la Vicepresidenta acusó a Petri de haber tenido un “paso fraudulento” por el ministerio que originalmente el mandatario le había prometido que manejaría, cuando todavía eran fórmula presidencial. Además, lo responsabilizó por el deterioro salarial que padecen los efectivos de las Fuerzas Armadas y el deterioro de IOSFA, la obra social del sector.

“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la obra social que atiende a los militares y sus familias”, supo expedirse también en X.

Como contó este medio, la Obra Social de las Fuerzas Armadas no solo registra una compleja situación financiera sino que, además, desde hace una semana cuenta con un nuevo titular luego de que Sergio Maldonado presentara la renuncia.

Actualmente, el designado fue el General de Brigada, Pablo Guillermo Plaza, cambio que se encuentra formalizado en las disposiciones del DNU N° 88/26, que dividió la obra social en dos: por un lado, las prestaciones al personal de seguridad, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y por el otro, las del personal militar que responde a la cartera que lidera Presti.

La ciudad boliviana de La Paz permanece cercada por bloqueos sindicales y sociales pese a los operativos militares y policiales desplegados el sábado para liberar los accesos principales. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en la madrugada del domingo persistían 22 puntos de bloqueo, la mayoría en el departamento de La Paz.

El sábado a las 02.00 horas comenzó un operativo denominado Corredor Humanitario, en el que agentes y militares emplearon medios antidisturbios no letales para intentar restablecer el tránsito. Según la Defensoría del Pueblo, este despliegue dejó al menos 47 personas detenidas y cinco heridas. El Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas del orden tras trece horas de acciones, sin lograr la apertura total de las vías bloqueadas.

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Pedro Callisaya, reportó que entre los heridos hay personas con lesiones oculares y faciales, además de agresiones a la prensa e impedimentos a su labor. También se registraron confrontaciones entre manifestantes y vecinos en distintos puntos de bloqueo.

Callisaya señaló que la protesta debe ejercerse de modo pacífico y que la intervención estatal debe regirse por legalidad, necesidad y proporcionalidad. Solicitó nuevamente el diálogo como mecanismo para resolver la crisis. “Hemos exhortado de manera permanente e incansable al diálogo. Hoy, ante el escenario de crispación que vive el país, convocamos nuevamente a las partes a dialogar de manera sincera, profunda y humana”, declaró a la emisora Erbol.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, indicó que el operativo Corredor Humanitario tenía como objetivo permitir el ingreso de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y medicamentos. Explicó que, una vez conseguido el reabastecimiento de insumos críticos, se ordenó el retiro de policiales y militares para evitar confrontaciones y actos de violencia.Gálvez afirmó que la intervención no buscaba enfrentamiento con los manifestantes, sino garantizar el abastecimiento de hospitales y servicios básicos. Señaló que las fuerzas del orden actuaron bajo criterios de contención y sin uso de armamento letal.

En sectores como Huajchilla y La Ceja de El Alto, se registraron lanzamientos de piedras, uso de cartuchos de dinamita y fogatas para impedir el paso de las fuerzas de seguridad. La Policía respondió con gases lacrimógenos. El convoy militar y policial regresó a La Paz tras más de 13 horas de trabajo.

Durante el operativo se retiraron obstáculos utilizados por campesinos aimaras para bloquear la carretera en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, explicó que la decisión de no avanzar hacia Oruro se debió a la presencia de una marcha de seguidores del ex presidente Evo Morales, también con el objetivo de exigir la dimisión de Paz.

El Gobierno convocó para el domingo a representantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originaria Bartolina Sisa y otros sectores sociales a una reunión en Casa Grande del Pueblo. En el encuentro participará el presidente Paz, según el portavoz José Luis Gálvez.

Más de S/ 8.3 millones en maquinaria, combustible y materiales usados para la minería ilegal fueron incautados y destruidos en Madre de Dios durante seis días de intensas operaciones, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta acción, realizada en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, busca frenar el avance de la minería ilegal en una de las regiones más afectadas de la Amazonía.

Las autoridades detallaron que los operativos permitieron decomisar excavadoras, balsas, motores y campamentos rústicos, todos utilizados para extraer oro de manera ilícita. El valor de los bienes destruidos y confiscados asciende a S/ 8’379,726.00, lo que representa un duro golpe a la logística de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad. Los trabajos se centraron en los sectores de Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, donde la minería ilegal se ha expandido en los últimos años.

Con estas intervenciones, las fuerzas del orden buscan debilitar la capacidad operativa de los grupos ilegales y proteger áreas de alto valor ecológico en Madre de Dios. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que la destrucción de maquinaria y equipos es una medida clave para impedir que los mineros ilegales sigan explotando la selva y dañando sus ecosistemas.

Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios

El despliegue de operativos helitransportados fue fundamental para llegar a zonas de difícil acceso donde la minería ilegal ha consolidado sus operaciones. Helicópteros del Comando Operacional del Sur permitieron que los efectivos ingresaran a Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, puntos estratégicos donde abundan los campamentos clandestinos y la maquinaria pesada.

En cada intervención, las autoridades destruyeron equipos y estructuras ilegales bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. De esta manera, se aseguró que los procedimientos cumplieran con las normas legales y ambientales. Los operativos también incluyeron el decomiso de combustible y la desactivación de balsas empleadas para la extracción de oro en los ríos.

Según los reportes oficiales, estas acciones afectan directamente la logística de los mineros ilegales, ya que la reposición de maquinaria y materiales representa un alto costo y limita su capacidad de continuar operando en la zona. Sin embargo, las autoridades subrayan que se requiere una vigilancia constante para evitar que estas redes vuelvan a instalarse en los mismos lugares.

Minería ilegal deja grave huella ecológica y amenaza la biodiversidad en Tambopata

Paralelamente a los operativos, un informe de Conservación Amazónica - ACCA reveló que la minería ilegal ha destruido más de 500 hectáreas de la Reserva Nacional Tambopata en pocos meses. El reporte, basado en imágenes satelitales y difundido en el MAAP #241, señala que solo en 2025 se deforestaron más de 400 hectáreas, superando los niveles más altos registrados en años anteriores.

El monitoreo identificó 183 infraestructuras mineras activas, 67 campamentos ilegales y 5 núcleos de operación dentro de la reserva, especialmente en la zona norte y cerca del río Malinowski. Se estima que unas 1.000 personas participan actualmente en actividades ilegales dentro de Tambopata, lo que demuestra la magnitud del problema.

El informe destaca que la minería ilegal avanza incluso cerca de los puestos de vigilancia estatales, como Otorongo, Azul y Yarinal. Esto evidencia que la sola presencia de personal no es suficiente para detener la expansión de los mineros ilegales. Sidney Novoa, de Conservación Amazónica - ACCA, advirtió que la cercanía de los campamentos ilegales incrementa el riesgo para los guardaparques y dificulta la protección efectiva del territorio.

La presión sobre la Reserva Nacional Tambopata no solo afecta los bosques y ríos, sino que también pone en peligro la seguridad de quienes defienden el ecosistema. Las autoridades y organizaciones ambientales coinciden en que la lucha contra la minería ilegal requiere acciones sostenidas, mayor presupuesto y el fortalecimiento de la fiscalización para evitar que la Amazonía peruana siga perdiendo áreas valiosas a manos de actividades ilícitas.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) informaron este sábado sobre el aseguramiento de una extensa plantación con aproximadamente 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca localizada en una zona montañosa del departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

La operación fue ejecutada a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11 y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en coordinación con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Según el reporte oficial, la plantación ilícita fue encontrada en la aldea Quebrada del Diablo, municipio de Iriona, una zona que en los últimos años ha sido identificada por las autoridades como punto estratégico para actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades detallaron que el cultivo estaba distribuido en aproximadamente cuatro manzanas de tierra y contenía alrededor de 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca.

A través de sus redes sociales, las Fuerzas Armadas indicaron que este nuevo hallazgo forma parte de las operaciones permanentes que mantienen en distintas regiones del país para combatir estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

“Una plantación con aproximadamente 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca, distribuida en unas cuatro manzanas de tierra, fue localizada y asegurada por las FFAA, a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11 y efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en coordinación con la DLCN”, señalaron las autoridades militares en un comunicado oficial.

Con este aseguramiento, las Fuerzas Armadas suman otro golpe a organizaciones vinculadas al narcotráfico que operan en zonas rurales y de difícil acceso en Honduras.

Las autoridades castrenses destacaron que las operaciones antidrogas desarrolladas durante este año han permitido importantes decomisos y destrucción de cultivos ilícitos en diferentes sectores del territorio nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2026 las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones de supuesta hoja de coca, contabilizando más de 450 mil arbustos destruidos o asegurados.

Asimismo, informaron que durante los operativos también se han localizado y destruido al menos ocho instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de droga.

Según las autoridades, en dichos sitios se encontraron precursores químicos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas derivadas de la hoja de coca.

Las Fuerzas Armadas indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida orientada a reducir la capacidad operativa de grupos criminales vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

“Con estas acciones, las FFAA confirman su compromiso de continuar ejecutando operaciones orientadas al combate del narcotráfico y otras actividades ilícitas, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad del pueblo hondureño”, expresaron mediante sus canales oficiales.

El departamento de Colón ha sido señalado en múltiples ocasiones como una de las zonas utilizadas por estructuras criminales para el cultivo, procesamiento y traslado de drogas debido a sus características geográficas y áreas de difícil acceso.

Las operaciones militares en esta región se han intensificado en los últimos años como parte de los esfuerzos del Estado hondureño para frenar el avance del narcotráfico y desarticular redes criminales que operan en la zona atlántica del país.

Autoridades de seguridad señalaron que continuarán desarrollando patrullajes, inspecciones y operaciones de inteligencia en distintos puntos estratégicos del territorio nacional para detectar nuevas plantaciones ilícitas y laboratorios clandestinos.

El nuevo aseguramiento también refleja la expansión de cultivos ilícitos dentro de Honduras, fenómeno que ha generado preocupación entre organismos de seguridad y autoridades internacionales dedicadas al combate del narcotráfico.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la plantación localizada en Iriona y determinar si existen estructuras criminales operando en la zona.

La madrugada del 15 de mayo marcó un punto de inflexión en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde 33 trabajadores mineros de la empresa Inversiones Mineras Gheraldin fueron liberados tras permanecer secuestrados por una organización criminal armada.

La alerta se activó el jueves 14 a las 18:30 horas, luego de la denuncia presentada por representantes de la minera, quienes reportaron el ingreso violento de individuos armados a las instalaciones del sector La Joya 24/25, en el centro poblado Pueblo Nuevo.

El Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas (FF. AA.)y la Policía Nacional del Perú (PNP), desplegó un contingente de personal de élite tras recibir la notificación.

Las acciones incluyeron coordinación con autoridades locales, representantes de la empresa y rondas campesinas, en un esfuerzo articulado para asegurar el cierre territorial y controlar los accesos a la zona de riesgo. Desde el inicio, el Ministerio Público se mantuvo informado y participó en el marco de sus competencias legales.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad ejecutaron maniobras tácticas de aproximación, contención y control perimétrico, evaluando permanentemente las condiciones del terreno y el riesgo para los trabajadores.

La operación se extendió por más de diez horas, enfrentando desafíos geográficos y climáticos que exigieron coordinación y resistencia física por parte del personal militar y policial.

Fases del rescate

La operación de rescate se dividió en etapas. En la primera fase, 20 trabajadores lograron ser liberados, mientras que el resto fue rescatado en acciones posteriores; en total, 33 trabajadores mineros recuperaron la libertad. Uno de ellos resultó herido por proyectil de arma de fuego, recibiendo atención médica inmediata en el centro minero y reportándose en condición estable.

El grupo armado responsable del secuestro logró escapar a través de los túneles del socavón, aprovechando la compleja infraestructura subterránea de la mina.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables, en el contexto de un estado de emergencia declarado en la zona extractiva para combatir la minería ilegal y el crimen organizado.

La articulación entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público y rondas campesinas resultó clave para el éxito de la intervención.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas destacó el profesionalismo y la disciplina de los equipos que participaron en la operación, así como el compromiso institucional para restablecer la seguridad en Pataz.

Control en la zona minera

El operativo realizado en el sector La Joya evidencia la capacidad de respuesta y la coordinación entre distintas entidades estatales frente a situaciones de alto riesgo en zonas mineras.

La presencia permanente de equipos de seguridad busca garantizar la integridad de trabajadores y pobladores, en un contexto donde la minería ilegal y la acción de organizaciones criminales representan amenazas recurrentes.

Sucede que, a menudo, los grupos armados aprovechan la infraestructura minera para ejecutar acciones delictivas, utilizando túneles y socavones como rutas de escape.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen la vigilancia y control en la jurisdicción del Comando Unificado Pataz, con el objetivo de fortalecer la seguridad, proteger la vida de los peruanos y asegurar la continuidad de las actividades productivas en la región.

La ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas de Honduras se realizó este jueves en el Campo de Parada Marte, después de que el Congreso Nacional aprobara la nómina remitida por la Secretaría de Defensa, lo que permitió la promoción de 148 oficiales en diferentes escalas militares.

El acto estuvo encabezado por el mandatario y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah, acompañado por el secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Junta de Comandantes y otras autoridades civiles y militares.

Entre los ascensos de mayor importancia estuvo el del jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien ascendió de General de Brigada a General de División, convirtiéndose en el oficial de mayor rango dentro de la institución castrense. Además, recibió el Bastón de Mando, símbolo de la autoridad conferida por el comandante general de las Fuerzas Armadas.

Ascensos y reconocimientos

Valerio Ardón indicó durante la ceremonia que estos ascensos representan el reconocimiento al esfuerzo, disciplina y años de servicio por parte de los oficiales promovidos en la estructura militar hondureña.

“Un ascenso no representa únicamente un cambio de grado o una nueva insignia sobre el uniforme, representa el reconocimiento de la patria al sacrificio, el deber cumplido y una trayectoria construida con esfuerzo, disciplina, preparación y lealtad absoluta por Honduras”, expresó durante el acto oficial.

El jefe militar subrayó que los ascensos debieron otorgarse desde diciembre pasado; no obstante, el proceso se retrasó por factores políticos y por la discusión legislativa sobre algunos expedientes incluidos en la nómina enviada por el Poder Ejecutivo.

A pesar de las controversias surgidas en el Congreso Nacional, Valerio Ardón defendió el procedimiento, asegurando que las promociones fueron revisadas de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas y la comisión legislativa de defensa.

“Somos un equipo de trabajo, la comisión de defensa y las Fuerzas Armadas; de tal manera que al final el producto que se pudo presentar es el adecuado”, manifestó.

Además del ascenso de Valerio Ardón, fueron promovidos siete coroneles al grado inmediato superior: Luis Alonso Rosales Cardoza, Marco Alexander Lanza Ávila, Miguel Maldonado Castro, Walter Danilo Hernández Carvajal, Othoniel Gross Castillo, Otto Fabricio Mejía Hércules y José Rodimiro Murillo Aguilar.

La jornada incluyó también el ascenso de 14 oficiales al grado de coronel, 57 al grado de teniente coronel y 69 oficiales al grado de mayor, en reconocimiento a sus méritos profesionales, historia institucional y años de servicio en las diferentes ramas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.

Ascensos avalados por el Congreso Nacional

La aprobación de los ascensos se dio tras un amplio debate legislativo en el Congreso Nacional, donde diputados de oposición cuestionaron la promoción de algunos oficiales por supuestos vínculos con decisiones tomadas durante la crisis política y electoral de 2025.

La comisión de Defensa del Legislativo defendió el dictamen favorable, afirmando que los oficiales promovidos no tienen procesos pendientes ante el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia ni el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Durante otra intervención, Valerio Ardón hizo énfasis en que las Fuerzas Armadas continuarán con procesos internos de supervisión y depuración sobre cualquier integrante involucrado en irregularidades o actos ilícitos.

“Si hay personas dentro de la institución que cometen algún delito serán puestas a la orden de los tribunales”, afirmó el alto mando militar ante los medios de comunicación e invitados a la ceremonia.

El personal que culmina el servicio militar en las Fuerzas Armadas accede a una bonificación del 10 % sobre la nota final en los concursos de acceso al empleo público, según confirmó Josfer Salas Reynaga, coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa. Esta medida se aplica a todos los procesos de selección estatales y busca reconocer la formación y experiencia adquiridas durante el periodo de servicio.

De acuerdo con declaraciones a Agencia Andina, Salas Reynaga precisó que la bonificación no se limita a cargos relacionados con la seguridad, sino que abarca cualquier convocatoria dentro del sector público.

“Cuando quieren ejercer alguna labor dentro del Estado, tienen un 10 % adicional a la nota final del concurso correspondiente”, explicó el funcionario del Ministerio de Defensa. Este puntaje extra se suma al promedio obtenido en el proceso de selección, lo que puede marcar la diferencia entre ingresar o no a la institución seleccionada.

La medida se extiende a entidades como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), organismos del Estado y otras dependencias públicas, independientemente del área profesional a la que aspire el postulante. Según la autoridad, el beneficio responde al aporte que los licenciados pueden ofrecer tras su experiencia en la vida militar, donde se privilegia la disciplina, el orden y la capacitación técnica.

Incentivos adicionales y convenios

Más allá de la bonificación en procesos públicos, existen otros incentivos dirigidos a quienes egresan del servicio militar. El vocero mencionó la posibilidad de obtener un descuento del 50 % en los exámenes de admisión para quienes deseen reincorporarse a las Fuerzas Armadas como personal de carrera. Además, el Ministerio de Defensa avanza en convenios con entidades educativas para facilitar el acceso a programas como Beca 18, entre otros instrumentos de apoyo, dirigidos a ampliar las oportunidades profesionales y académicas de los licenciados.

“Muchos jóvenes que no han terminado la secundaria pueden continuar sus estudios dentro de las instituciones armadas”, remarcó Salas. El funcionario insistió en que la preparación de los conscriptos abarca aspectos tecnológicos y no solo actividades físicas o de seguridad, lo que habilita a los licenciados para desempeñar funciones en distintos ámbitos del sector público.

Señaló que muchos de los conscriptos pueden continuar sus estudios secundarios al interior de las instituciones armadas y, posteriormente, al egresar, tienen acceso gratuito a un instituto superior tecnológico ubicado en Rímac, dedicado exclusivamente a licenciados.

El coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos destacó que los jóvenes cuentan con opciones para compatibilizar la formación militar con estudios universitarios o en institutos, ya que existen autorizaciones y permisos excepcionales para quienes deseen seguir una carrera académica durante el servicio.

Requisitos

• Para postular al Servicio Militar Voluntario en la 1ra Brigada de Fuerzas Especiales en julio de 2025, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad. Este documento es fundamental para acreditar la identidad del postulante ante las autoridades militares.
• También se exige una copia del Certificado de Estudio o las Constancias de logros de aprendizaje, emitidas por el Ministerio de Educación (MINEDU). Este requisito permite verificar el nivel educativo alcanzado por el aspirante.
• Otro requisito indispensable es la Constancia de Inscripción Militar correspondiente a clases anteriores. Este documento acredita que el postulante ha cumplido con el proceso de inscripción previo ante las entidades competentes.
• En cuanto a las condiciones físicas, se ha establecido una estatura mínima de 1,55 metros para varones y de 1,50 metros para damas. Este criterio responde a los estándares definidos para el desempeño de las actividades propias del servicio militar.
• Por último, la edad del postulante debe estar comprendida entre los 18 y 30 años. 

El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, firmó una resolución que restablece las funciones de contrainteligencia militar dentro de las Fuerzas Armadas y deroga una normativa vigente desde 2006, dictada durante la gestión de Nilda Garré. La medida fue publicada este mediodía y representa una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno en materia de inteligencia de la defensa.

La nueva disposición reorganiza el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF) y vuelve a integrar funciones de inteligencia y contrainteligencia militar que habían quedado separadas hace casi dos décadas por una decisión doctrinaria adoptada durante el kirchnerismo.

Según pudo confirmar Infobae, uno de los cambios centrales de la reforma es que el área de contrainteligencia militar pasará a depender del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en línea con el objetivo oficial de fortalecer la conducción conjunta del sistema de inteligencia de defensa y unificar criterios operativos entre las distintas fuerzas.

La resolución establece además que el Sistema de Inteligencia de Defensa estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO) y las direcciones de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El texto firmado por Presti también dispone que las direcciones generales de inteligencia de las Fuerzas Armadas deberán considerarse “componentes independientes entre sí y bajo control funcional” de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

En el Gobierno sostienen que la resolución vigente desde 2006 había generado una situación excepcional respecto de los sistemas de defensa modernos, al impedir que las Fuerzas Armadas contaran con herramientas básicas de prevención y resguardo frente a amenazas externas dirigidas contra personal militar, infraestructura sensible, sistemas de información y capacidades estratégicas.

La propia resolución sostiene que la normativa impulsada durante la gestión Garré “debilitó el Sistema de Inteligencia en el ámbito de la Defensa Nacional, tornándolo vulnerable a las actividades de Inteligencia de actores externos”.

La reforma busca adecuar el sistema argentino de inteligencia militar al escenario internacional actual y a los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei en el marco de la reorganización más amplia del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada junto a la SIDE.

Entre los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Defensa sostiene que “la evolución de la situación regional y mundial en la última década pone en evidencia el surgimiento de diferentes amenazas, la concreción de complejos tipos de agresiones, nuevas formas de accionar en conflictos bélicos e incluso la configuración de escenarios de crisis o tensión donde se manifiestan tácticas híbridas”.

El texto agrega que entre esas amenazas “destacan los ciberataques y las actividades en el marco cognitivo”.

En el Ministerio de Defensa sostienen que la normativa derogada respondía a un criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico que fragmentó funciones consideradas complementarias en cualquier estructura moderna de defensa. La visión oficial es que ningún país con capacidades estratégicas relevantes separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia militar.

La contrainteligencia militar comprende tareas orientadas a prevenir, detectar y neutralizar acciones de espionaje, infiltración, sabotaje, obtención ilegal de información sensible y operaciones destinadas a afectar capacidades militares o estratégicas de un país.

En esa línea, la resolución cita el Decreto 941/25 y señala que la contrainteligencia militar deberá prevenir infiltraciones, espionaje, sabotaje e injerencia de factores externos sobre el proceso decisorio de las autoridades constitucionales y los intereses estratégicos nacionales.

Dentro del Gobierno afirman que la separación impuesta en 2006 limitó durante años mecanismos básicos de autoprotección institucional frente a amenazas externas y nuevas formas de conflictividad internacional.

En ese marco, la Casa Rosada menciona como amenazas concretas el crecimiento de organizaciones terroristas y paraestatales con capacidad operativa internacional, como Hezbollah y Hamas, y el avance de operaciones de injerencia promovidas por potencias extranjeras.

Según pudo saber Infobae, funcionarios nacionales toman como referencia el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, donde comandos armados ingresaron en territorio israelí, atacaron bases militares y asesinaron a más de 1.000 personas. En el oficialismo consideran que ese episodio mostró el tipo de amenazas híbridas y acciones coordinadas que hoy obligan a revisar doctrinas de inteligencia y defensa.

En paralelo, el Gobierno observa con preocupación las disputas geopolíticas y las operaciones de injerencia desarrolladas por actores estatales como Rusia y China, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura estratégica, ciberseguridad, inteligencia tecnológica y control de información sensible.

La resolución también incorpora el concepto de “operaciones en el campo cognitivo” y sostiene que esas acciones “son asiduamente ejecutadas por organismos estatales y paraestatales estratégicos extranjeros” y por organizaciones criminales.

Según el texto oficial, esas operaciones buscan afectar “la confianza en las instituciones y la cohesión social” e “incidir negativamente sobre el Sistema de Defensa de la Nación Argentina”.

Según pudo confirmar Infobae, uno de los argumentos centrales de la resolución es que las Fuerzas Armadas argentinas necesitan recuperar capacidades de prevención y resguardo frente a amenazas complejas que combinan espionaje, presión geopolítica, ciberguerra, terrorismo y operaciones de injerencia.

El texto firmado por Presti también cuestiona que la resolución de 2006 hubiera prohibido las actividades de operaciones psicológicas dirigidas a enemigos o el monitoreo de las que pudieran realizarse contra las propias fuerzas. Según el nuevo esquema, esa restricción dejó “inermes” a las Fuerzas Armadas frente a acciones orientadas a procurar “el quiebre de su moral”.

La resolución también fortalece la conducción conjunta del sistema de inteligencia militar y redefine el funcionamiento interno del SIDEF, en línea con la estrategia oficial de modernización de las capacidades de defensa y seguridad.

En ese marco, la resolución establece que la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto tendrá una doble responsabilidad de asesoramiento y asistencia tanto al ministro de Defensa como al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Además, dispone que el Comando de Operaciones Conjuntas desarrollará la inteligencia operacional en tiempo de paz y fuera de los teatros de operaciones en tiempos de guerra.

En el Ministerio de Defensa remarcan que la medida mantiene expresamente todas las prohibiciones legales vinculadas al espionaje interno. Según explican, la resolución no habilita tareas sobre actividades políticas, sindicales, sociales ni sobre organizaciones civiles ajenas al ámbito específico de la defensa nacional.

El artículo 8 de la resolución prohíbe expresamente obtener información o producir inteligencia sobre personas por razones vinculadas a raza, religión, opinión política o pertenencia a organizaciones partidarias, sindicales o sociales. También impide influir sobre la situación institucional, política, económica o social del país.

Ese punto aparece como uno de los ejes centrales del mensaje oficial para evitar cuestionamientos vinculados a posibles desvíos sobre inteligencia interior, un tema especialmente sensible en la Argentina desde el retorno democrático y las posteriores reformas legislativas impulsadas tras los abusos cometidos durante la última dictadura militar.

La resolución se apoya en la idea de que el escenario internacional actual exige revisar doctrinas diseñadas para otro contexto geopolítico y adaptar las capacidades estatales frente a amenazas híbridas, ciberataques, operaciones de injerencia, terrorismo y organizaciones criminales transnacionales.

La reforma se inscribe además en el proceso más amplio de reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa el Gobierno nacional desde el año pasado. En los últimos meses, la administración Milei avanzó con distintos cambios normativos y operativos orientados a fortalecer la articulación entre organismos de inteligencia, seguridad y defensa.

Entre otras iniciativas recientes, la SIDE inauguró el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) con participación del FBI y autoridades estadounidenses, en una señal de profundización de la cooperación internacional en materia de inteligencia y contraterrorismo.

En el oficialismo consideran que la resolución firmada por Presti corrige una anomalía estructural que había dejado a las Fuerzas Armadas argentinas en una situación atípica respecto de otros sistemas de defensa occidentales.

La resolución fija además un plazo de 90 días para adecuar la doctrina de inteligencia y contrainteligencia militar y de 120 días para organizar, equipar, adiestrar y alistar los nuevos elementos de contrainteligencia militar y contrainteligencia militar en el dominio informacional.

El texto también señala como objetivo “dejar de ser vulnerable ante las acciones de actores estratégicos estatales o paraestatales y de organizaciones criminales de origen externo”.

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la medida busca fortalecer la capacidad del Estado para proteger personal, infraestructura e información sensible frente a amenazas externas, operaciones de injerencia y organizaciones criminales.

A una semana del anuncio del Plan ARMA —el programa oficial de modernización de las Fuerzas Armadas— el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó casi $49.000 millones en partidas de Defensa.

En su columna de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont desglosó el impacto fuerza por fuerza y advirtió sobre las consecuencias de largo plazo de un ajuste que se inscribe en una tendencia de dos décadas de deterioro presupuestario.

La Fuerza Aérea, la más golpeada

El mayor recorte nominal correspondió a la Fuerza Aérea Argentina, cuyo Programa 16 de alistamiento operativo perdió $16.500 millones en bienes de uso y equipos militares. “La más afectada es la Fuerza Aérea, que pierde material en alistamiento operacional: son todos gastos de capital, equipamiento militar y herramientas”, precisó Serbin Pont.

El dato tiene un contexto que lo agrava: la Argentina acaba de incorporar los primeros seis de los 24 aviones F-16AM/BM adquiridos a Dinamarca.

Ejército y Armada: recortes en cadena

El Ejército Argentino registró una disminución de $12.622 millones destinados al equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar. La Armada, por su parte, sufrió un recorte neto de $15.220 millones en su programa de alistamiento operativo.

El ajuste incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por $10.620 millones asignada al proyecto de incorporación de cuatro helicópteros navales livianos AW109M para la Base Naval Puerto Belgrano, uno de los proyectos de adquisición más esperados por la fuerza en los últimos años.

El ajuste llega hasta la Antártida

Uno de los impactos menos visibles pero más significativos del recorte es el que afecta a la logística antártica. “Se han recortado combustibles y lubricantes para la campaña antártica. Hay que ver cómo afecta esto más adelante y si se van a redirigir recursos de otro lado para continuar ejecutando la campaña”, subrayó Serbin Pont.

La única área que recibió un refuerzo presupuestario dentro de la Jurisdicción 45 fue la sanidad militar. El programa de Sanidad Naval recibió un aumento de $4.000 millones destinados a la compra de insumos médicos y farmacéuticos. Un incremento que no impacta en las capacidades operativas pero que refleja la presión que viene acumulando la obra social de las Fuerzas Armadas.

Dos décadas de caída y salarios al límite

El recorte no es un episodio aislado. El gasto en la función Defensa se ubica en el 0,28% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, en un presupuesto donde entre el 75% y el 85% del gasto de cada fuerza se destina a salarios, dejando márgenes mínimos para funcionamiento e inversión.

“El presupuesto de Defensa en términos de porcentaje del PBI viene declinando constantemente en todos los gobiernos en los últimos años. Hoy el 90% va dirigido a salarios y pensiones”, planteó Serbin Pont.

La consecuencia es una tensión creciente entre los cuadros mejor formados. “¿Cuánto le vamos a pagar a un piloto que va a volar un avión que cuesta 60 mil dólares la hora de vuelo? Gente con un nivel de formación muy elevado —comandos, fuerzas especiales— empieza a mirar que hay sectores donde podría estar ganando más”, advirtió el analista.

El Presupuesto 2026 además derogó la obligación de destinar el 0,8% del PBI al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, dejando esa asignación sin un piso legal fijo, lo que elimina el único mecanismo formal de protección presupuestaria que tenía el sector.

El Plan ARMA en el aire

La contradicción central que dejó en evidencia este recorte es la brecha entre el discurso oficial y la realidad presupuestaria. “Si tenías el Plan ARMA para reequipar a las Fuerzas Armadas, estos 35 millones de dólares hubiesen sido recursos adicionales en equipamiento. En cambio, son 35 millones para llenar el vacío de un recorte que se ejecuta vía decreto”, graficó Serbin Pont.

En términos absolutos, los $49.000 millones recortados equivalen a unos 35 millones de dólares. “Para lo que es el Estado nacional, 35 millones de dólares son un vuelto”, reconoció Serbin Pont.

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¿Quiénes están obligados a realizar el servicio militar?

De acuerdo con la normativa vigente, todos los peruanos —hombres y mujeres— que cumplan 17 años están habilitados para matricularse en el registro militar. La inscripción es obligatoria para los varones y voluntaria para las mujeres.

El proceso puede realizarse en las oficinas descentralizadas de los gobiernos regionales, en las sedes de las Fuerzas Armadas o a través de la plataforma en línea del Ministerio de Defensa.

Quienes no se inscriban dentro de los plazos establecidos se exponen a una multa equivalente al 5 % de la unidad impositiva tributaria (UIT), que en 2026 asciende a S/275. Esta sanción puede acumularse si el ciudadano persiste en la omisión, y la falta de registro puede dificultar la obtención de documentos oficiales o la realización de trámites administrativos.

El sorteo para la incorporación en el servicio militar acuartelado incluye a los jóvenes que hayan registrado su información y estén aptos física y psicológicamente. Hay exoneraciones para personas con discapacidad, quienes tengan hijos menores a su cargo, estudiantes universitarios o técnicos matriculados y en algunos casos, para quienes acrediten motivos de salud, religiosos o familiares debidamente documentados.

Requisitos y proceso de inscripción

El procedimiento es ágil: los solicitantes solo presentan su DNI y una copia en los puntos autorizados. La atención inicia a las 7 de la mañana y la constancia se entrega en aproximadamente 20 minutos.

La capacidad diaria llega a 120 personas, y el trámite no tiene costo. La demanda ha crecido, pero las autoridades aseguran que el proceso se mantiene fluido para quienes cumplen con este deber ciudadano.

Oficinas de Registro Militar en Lima

• Surco: Av. Jorge Chávez, cuadra 5 S/N, cerca de la Base Aérea Las Palmas.
• Ancón: Escuela de Supervivencia en el Mar (jirón Abtao S/N).
• Callao: Grupo Aéreo N.° 8, Av. Elmer Faucett, cuadra 38.

Oficinas de Registro Militar en regiones

• Arequipa: Av. Aviación S/N, urb. Zamácola, distrito Cerro Colorado.
• Arequipa – Vítor: Local Municipal La Joya (jirón Dos de Mayo N.° 501).
• Chiclayo: Calle Manuel María Ízaga N.° 883.
• Piura: Av. Luis Montero S/N, distrito Castilla, costado del Grupo Aéreo N.° 7.
• Talara: Villa FAP S/N, Pariñas.
• Pisco: Grupo Aéreo N.° 51, Av. Genaro Medrano S/N.
• Iquitos: Grupo Aéreo N.° 42, pasaje San José S/N, Moronacocha.
• Pucallpa: Distrito Yarinacocha, altura Empresa Electro Ucayali (jr. San Alejandro S/N).
• Tarapoto: Jr. Santa Rosa N.° 161, altura cuadra 6 del Jr. Leguía.
• Juanjuí: Agrupamiento Aéreo de Juanjuí (jr. Iquitos S/N, barrio Santa Rosa).
• San Ramón: Base Aérea San Ramón (Carretera Marginal S/N).
• Tacna: Av. Billinghurst N.° 202.
• Puerto Maldonado: Edif. FAP Plaza de Armas, Av. León Velarde N.° 288, oficina 101.

Beneficios económicos y sociales

El Congreso aprobó recientemente la Ley N.° 32590, que autoriza al Ministerio de Defensa a incrementar la asignación económica mensual de quienes cumplen el servicio militar acuartelado.

Aunque el texto legal no precisa el porcentaje, el Mindef informó que el aumento será del 50 % a partir de junio de 2026, beneficiando a más de 45.000 jóvenes en todo el país. El grueso de estos efectivos pertenece al Ejército, con más de 39.500 beneficiarios; la Marina de Guerra suma más de 4.100 y la Fuerza Aérea, más de 2.100.

El incremento será financiado con recursos institucionales de las Fuerzas Armadas y fondos adicionales autorizados por ley, con un límite de S/ 20.000.000 para el año fiscal 2026. El objetivo es actualizar la escala de asignaciones, dignificar el servicio y reconocer el esfuerzo diario de quienes asumen funciones fundamentales para la defensa nacional.

Más allá del beneficio económico, el servicio militar en Perú incluye alimentación, alojamiento, atención médica y acceso a formación técnica o profesional. Los conscriptos pueden acceder a becas educativas otorgadas por el Estado y a cursos de capacitación que mejoran su empleabilidad al terminar el periodo de servicio. También reciben un seguro de vida y protección social durante el tiempo que permanecen en las filas de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo el Estado detecta a una persona “omisa”?

El Ministerio de Defensa señaló que el Sistema Central de Registro Militar mantiene conexión directa con la base de datos del Reniec. Esta integración permite que, al ingresar el número de DNI, se detecte de inmediato si el ciudadano no realizó la inscripción en el plazo establecido.

En ese caso, la persona queda registrada como “omisa”, lo que implica una multa económica que debe ser pagada para regularizar la situación, aunque no genera consecuencias administrativas adicionales.

El Ministerio de Defensa oficializó mediante la resolución 311/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial la designación del General de Brigada Pablo Guillermo Plaza como nuevo presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La medida se produjo tras la renuncia del titular anterior, Sergio Maldonado, por lo que el ministro de Defensa, Carlos Presti, avanzó con el nombramiento de Plaza dentro del sistema de salud para el personal militar y civil vinculado a las fuerzas. La decisión, que tuvo lugar el 6 de mayo, se enmarcó dentro de las disposiciones del DNU N° 88/26, que creó a la obra social como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con el objetivo de brindar cobertura en todo el territorio argentino y asegurar la fiscalización estatal.

De esta manera, OSFA se configuró como un organismo con personería jurídica propia y legitimación procesal, lo que le permite actuar tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Esta cualidad le otorga autonomía para la gestión de sus recursos y la definición de políticas internas, bajo la supervisión directa de la cartera ministerial.

El Directorio de la obra social está compuesto por cinco miembros titulares y cinco suplentes, los cuales fueron designados por el titular de Defensa. El mandato es por el período de dos años, con posibilidad de reelección por una sola vez. La normativa prevé que los suplentes puedan asumir las funciones de los titulares en caso de dimisión o ausencia justificada, garantizando así la continuidad operativa de la conducción del organismo.

Entre los requisitos exigidos para integrar el Directorio figuran condiciones de idoneidad técnica, experiencia en gestión de servicios de salud, seguridad social, administración pública y financiera, o dirección de grandes organizaciones. De este modo, se busca asegurar la capacidad de los responsables para enfrentar los desafíos de la administración de la obra social.

A principios de marzo, el Gobierno oficializó dichos nombramientos para la entidad encargada de la cobertura médica del personal militar en el país. La medida concretó la reestructuración del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que fue dividido tras atravesar una severa crisis financiera a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el decreto, la integración del directorio contempló dos representantes propuestos por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, uno por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, otro por el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y un representante del personal civil de las Fuerzas Armadas o de la propia OSFA, según la futura reglamentación. La presidencia y vicepresidencia son rotativas, elegidas entre los miembros titulares y definidas por el Ministerio de Defensa.

El directorio quedó conformado por el general de brigada retirado Sergio Maldonado como presidente y el general de brigada retirado Omar Horacio Domínguez como vicepresidente. Los acompañan como titulares el capitán de navío retirado Gustavo Rubén Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Como suplentes fueron designados el coronel auditor retirado Juan José Collins, el coronel ingeniero retirado Darío Gabriel Banchio, el capitán de navío retirado Miguel Ángel Alonso y el comodoro mayor Sergio Luis Busdrago.

La OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) deberán destinar al menos el 80 % de sus recursos a prestaciones de salud, mientras que los gastos administrativos no podrán superar el 8 %. Si existiera excedente, hasta un 12 % podrá aplicarse a otras prestaciones sociales. Los aportes a la obra social se calcularán sobre todas las retribuciones remunerativas y no remunerativas, excluyendo asignaciones familiares, gastos y viáticos.

Un amplio operativo interinstitucional permanece activo en Honduras con el objetivo de contener un incendio forestal de gran magnitud que afecta el Parque Nacional Celaque, una de las áreas protegidas más importantes del país, ubicada en el occidente hondureño.

El director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez, informó que participan aproximadamente 800 personas desde hace cuatro días en las labores para combatir el fuego. El incendio se originó en el sector de San Manuel, departamento de Lempira, y se ha extendido hacia zonas de difícil acceso dentro del área protegida.

En las operaciones trabajan cuadrillas del ICF, tres batallones del Ejército de Honduras y voluntarios de comunidades cercanas, distribuidos en diferentes frentes para intentar contener las llamas bajo condiciones climáticas y geográficas adversas.

Las autoridades advirtieron que el impacto de los incendios forestales en el país podría ser mucho mayor al inicialmente estimado, ya que las áreas afectadas a nivel nacional podrían alcanzar hasta 27.000 hectáreas, debido a la reactivación de focos de fuego en distintos puntos del territorio.

Entre las zonas con reportes recientes de siniestros se encuentran Casablanca, en Danlí, El Paraíso, donde un incendio que había sido controlado volvió a reactivarse, así como otros puntos del oriente y occidente del país.

Campamentos de respuesta

El titular del ICF precisó que en algunas áreas se han establecido campamentos temporales para que las brigadas puedan iniciar sus labores desde temprano, dada la complejidad del terreno y la magnitud de los incendios activos.

Con respecto al Parque Nacional Celaque, las autoridades estiman que se ha requerido la participación de hasta mil personas por día en diferentes momentos del operativo. Esto ha significado un costo operativo significativo, ya que, según Ramírez, solo en salarios y jornadas de trabajo se ha registrado una inversión aproximada de 1,2 millones de lempiras en cuatro días.

Intervención de las Fuerzas Armadas

El impacto ambiental es relevante: las autoridades señalan la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la afectación a fuentes de agua que nacen en esta zona protegida, considerada clave para el abastecimiento hídrico de comunidades cercanas.

Además de Celaque, el país ha registrado múltiples incendios forestales en los últimos días. Las Fuerzas Armadas de Honduras comunicaron que el fin de semana participaron en el combate y control de al menos 15 incendios activos en varios departamentos, incluidos Francisco Morazán, Lempira, Santa Bárbara, El Paraíso, Olancho y Cortés.

Entre las zonas afectadas se incluyen Tatumbla, Santa Rosa de Copán, Zamorano, Gracias a Dios, Valle de Jamastrán y Santa Lucía, lo que refleja la extensión del fenómeno en gran parte del territorio nacional.

En lo que va de 2024, las Fuerzas Armadas han intervenido en el control de 304 incendios forestales, que han consumido más de 3.600 hectáreas, movilizando a más de 4.800 efectivos militares en tareas de prevención y combate del fuego.

Las autoridades del ICF indicaron que se investigan las causas del incendio en San Manuel, Lempira, para identificar responsabilidades y determinar si hubo intervención humana, en un contexto en el que la falta de denuncias ciudadanas sigue representando un obstáculo para la judicialización de estos delitos ambientales.

Actualmente, los equipos de emergencia continúan las labores en el Parque Nacional Celaque con la esperanza de contener el fuego en los próximos días y evitar mayores daños a uno de los principales pulmones forestales de Honduras.

El Congreso aprobó la Ley N.° 32590, que establece un nuevo marco para la asignación económica mensual de quienes integran el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas. La norma, oficializada recientemente y publicada en El Peruano, otorga al Ministerio de Defensa la facultad de incrementar este beneficio a partir de junio de 2026.

Si bien el texto legal no detalla el porcentaje, el propio Mindef, a través de la páia oficial del Gobierno del Perú, comunicó que el ajuste será del 50%, alcanzando a 45.767 jóvenes en todo el país.

Esta actualización, según la cartera responsable, busca reconocer la labor y las responsabilidades asumidas por el personal acuartelado. El grueso de los beneficiarios corresponde al Ejército, con 39.521 efectivos; la Marina de Guerra suma 4.109 y la Fuerza Aérea, 2.137. El objetivo central es dignificar el servicio, mejorar la situación económica de los conscriptos y aportar al desarrollo social nacional a través de mejores condiciones para quienes cumplen este deber.

El financiamiento del incremento provendrá del presupuesto institucional de las Fuerzas Armadas y de recursos adicionales autorizados por la normativa vigente. Para el ejercicio fiscal 2026, la ley establece un tope de S/20.000.000 en recursos provenientes del Decreto Legislativo 1440. La medida se implementará mediante el reglamento que emitirá el Ministerio de Defensa, conforme a las atribuciones recibidas en la nueva legislación.

El Ejecutivo sostuvo que esta decisión responde a la necesidad de actualizar una compensación que había quedado rezagada con el tiempo y que ya no reflejaba las exigencias ni los costos actuales para quienes cumplen el servicio militar obligatorio. El Ministerio de Defensa subrayó que la dignificación de la función castrense pasa por reconocer el esfuerzo cotidiano de miles de jóvenes y garantizar condiciones de subsistencia acordes con su rol.

La ley forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema de defensa y promover valores ciudadanos entre la juventud. Las autoridades resaltaron que la mejora en la asignación económica permitirá una mayor estabilidad y motivación para quienes integran las filas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

A partir de junio de 2026, el incremento anunciado deberá aplicarse de acuerdo con el procedimiento detallado en el decreto supremo que publicará la cartera de Defensa. Diversas organizaciones y familias han recibido con expectativa esta medida, considerando que representa un avance en el reconocimiento de quienes asumen la defensa nacional y el cumplimiento del servicio militar en el Perú.

Inscripción militar en Perú

A partir de 2026, los jóvenes peruanos en edad de cumplir el Servicio Militar deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Militar, según la Ley N.° 29248. El proceso puede realizarse en las oficinas de los gobiernos regionales, en las sedes de las Fuerzas Armadas o a través de la plataforma virtual dispuesta por el Ministerio de Defensa. La inscripción garantiza la actualización de datos personales y la asignación correcta para el sorteo o el llamado al servicio.

No cumplir con este trámite acarrea una multa de S/275, equivalente al 5 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), sanción que se aplica a quienes omiten el registro dentro del plazo establecido. El Ministerio de Defensa recordó que esta disposición rige para varones y mujeres, y que la multa puede acumularse si persiste la omisión. El pago debe efectuarse antes de gestionar trámites civiles o administrativos, pues la falta de inscripción puede impedir la obtención de documentos oficiales.

La autoridad militar recomendó a los ciudadanos revisar las fechas y cumplir con los requisitos, para evitar sanciones y acceder a los beneficios del registro formal. El objetivo es ordenar y transparentar el proceso de incorporación al Servicio Militar.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó el 8 de mayo de 2026 el fusil Jaguar, el primer fusil de diseño y fabricación íntegramente colombiana, durante un acto oficial en la Fábrica de Armas y Municiones General José María Córdova de la Industria Militar de Colombia (Indumil), ubicada en Soacha.

El mandatario defendió la producción nacional de armamento como base para la industrialización del país y alertó sobre los riesgos de depender de proveedores externos.

El arma fue desarrollada a lo largo de cinco años. El proyecto arrancó en 2020, cuando expertos del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional definieron los requerimientos operacionales.

Desde entonces, Indumil atravesó etapas de diseño conceptual (2021), fabricación de prototipos en resina y piezas metálicas (2022), integración de componentes mecanizados y piezas impresas en 3D (2023), transición hacia manufactura industrial con moldes para polímeros (2024) y nuevas validaciones con las fuerzas militares y la policía (2025).

Frente al sistema Galil ACE –el fusil que usa actualmente la Fuerza Pública y que está fabricado principalmente en acero–, el Jaguar incorpora cerca de un 65% de polímeros de alta resistencia. Eso se traduce en una reducción aproximada del 15% en peso, mayor resistencia a la corrosión y mejor movilidad para quien lo porta.

Indumil también proyecta que el costo del arma podría ser cerca de un 20% menor frente a los sistemas equivalentes importados, gracias al desarrollo nacional de componentes y a las eficiencias alcanzadas en el proceso de manufactura.

El nombre del fusil fue escogido mediante una convocatoria nacional abierta a ciudadanos de distintas regiones del país. Petro aprovechó el acto para extenderse sobre el simbolismo del animal. “El Jaguar, cuando se vuelve invisible, también es un guerrero. Es invencible. Generalmente es muy difícil derrotar a un Jaguar”, afirmó el presidente.

Añadió que Colombia alberga unos 15.000 jaguares según los científicos, lo que ubica al país entre los tres o cuatro con mayor población de esta especie en el mundo. “Aprenden a moverse como el Jaguar. Y yo creo que el ejército debe aprender a moverse como el Jaguar. Así que no es solo una marca, sino una filosofía”, dijo Petro.

El mandatario también se refirió a la decisión de que el fusil no opere con software. “Las guerras mundiales de hoy demuestran que lo único que puede sobrevivir a un apagón de software son las armas analógicas y debemos aprender de eso”, señaló.

Petro comparó el desarrollo del Jaguar con el origen de la computadora y el Internet, tecnologías que, según recordó, nacieron de la industria militar de potencias como Estados Unidos.

Petro pidió que tanto el Ejército como la Policía Nacional compren exclusivamente armamento fabricado en Colombia. “No puede haber una discrepancia entre una fuerza que hace el esfuerzo y la otra que importa, porque perdemos sinergia”, advirtió.

El presidente también cuestionó los canales de importación de armas: “Los carteles que median en la importación de armas a veces son los que fomentan la violencia”, afirmó.

El mandatario planteó que Soacha podría convertirse en un clúster de fabricación militar que incluya, a futuro, vehículos blindados, drones y embarcaciones. “Si queremos ser un país rico, con la riqueza distribuida entre todos, la industria lo permite”, dijo, y señaló que Indumil, al ser una empresa pública, debe garantizar condiciones laborales a su fuerza de trabajo.

Indumil destacó que el proyecto también busca articular universidades, centros de investigación y empresas del sector tecnológico y metalmecánico. El fusil incorpora mejoras en ergonomía, modularidad y facilidad de mantenimiento frente al Galil ACE.

Si el arma supera las validaciones pendientes, Petro aspira a que el Jaguar se convierta en un producto de exportación: “Ya no seríamos tanto importadores de armas sino más bien exportadores”, afirmó el presidente.

En la región amazónica entre Perú y Brasil, específicamente en el área del río Yavarí, autoridades de ambos países realizaron la “Operación Espejo Mayo 2026”. El despliegue, coordinado por organismos de seguridad de ambas naciones, permitió la incautación de cerca de nueve toneladas de sustancias ilegales y la captura de armamento vinculado al tráfico de drogas.

Durante dos jornadas, el operativo abarcó puntos estratégicos de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, zona fronteriza con Brasil y Colombia. El Comando Operacional de la Amazonía, junto con el Comando Unificado PUMA y la Policía Nacional, dirigieron las acciones principales. Participaron, además, la Fuerza de Tarea Unificada “Mariscal Ramón Castilla”, la Dirección Antidrogas, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú, así como el Ejército brasileño.

El 5 de mayo, la intervención permitió decomisar 985 kilogramos de estupefacientes, destruir un laboratorio precario y retirar químicos, armas y materiales empleados por organizaciones ilegales.

El 6 de mayo, la operación avanzó hacia la incautación de aproximadamente ocho toneladas de marihuana, armas de uso militar, municiones, equipos tácticos y la destrucción de un laboratorio de gran capacidad y campamentos clandestinos. Estos resultados impactaron directamente en la logística y las operaciones de las redes delictivas en la zona.

El General de Ejército César Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, evaluó el operativo como un paso relevante en la política de respuesta coordinada frente al crimen transnacional. Briceño Valdivia resaltó que el país mantiene una estrategia de articulación de recursos terrestres, fluviales y aéreos para enfrentar desafíos que afectan la seguridad de la región y el desarrollo de los Estados involucrados.

En la segunda jornada se logró desarticular infraestructura destinada a la producción y almacenamiento de drogas. El desmantelamiento de laboratorios y campamentos ilegales, así como la incautación de equipos tácticos y armas de guerra, representa un golpe para la operatividad de las redes ilegales que operan en la triple frontera.

Según lineamientos del Ministerio de Defensa, la operación se diseñó para ejercer control estatal en territorios de difícil acceso y neutralizar economías ilícitas a través de inteligencia, movilidad y cooperación internacional. Esta intervención se suma a otros esfuerzos orientados a consolidar la presencia de las fuerzas del orden y limitar los espacios de acción de grupos vinculados al tráfico de estupefacientes.

Las autoridades confirmaron que las acciones de interdicción y control en la Amazonía continuarán, con prioridad en los puntos más vulnerables de la frontera compartida entre Perú, Brasil y Colombia. El Comando Unificado PUMA y la Fuerza de Tarea Unificada “Mariscal Ramón Castilla” mantienen el despliegue de recursos para vigilancia y respuesta rápida ante nuevas amenazas en la zona.

La coordinación binacional demostró la capacidad de respuesta y la integración de información de inteligencia para acceder a áreas dominadas por redes delictivas. Las fuerzas participantes, tanto peruanas como brasileñas, aseguraron que mantendrán la cooperación para enfrentar nuevas modalidades delictivas en la región.

Cerca de 100 oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia, incluyendo mayores y tenientes coroneles, fueron desvinculados tras resoluciones emitidas por el Gobierno nacional. La lista de afectados incluye al menos 40 oficiales con trayectoria sobresaliente, a quienes se sumaron otros 30 nombres confirmados en una nueva resolución publicada este el martes 5 de mayo de 2026, según informó Semana.

La medida generó inquietud dentro del conjunto de instituciones castrenses adscritas al Ministerio de Defensa. Conforme a las declaraciones de miembros de la fuerza pública en diálogo con el medio citado, la salida de oficiales de mayor experiencia y formación internacional podría responder a la intención de debilitar las estructuras militares.

Las resoluciones, que afectan en su mayoría al Ejército Nacional, informan que los oficiales fueron llamados a calificar servicios. El criterio principal para estas desvinculaciones es haber cumplido 20 años de servicio y superar una reciente evaluación, aunque los documentos oficiales no detallan causas adicionales.

Hasta la fecha, el Ministerio de Defensa , liderado por Pedro Sánchez, no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el impacto y la motivación detrás de la salida de estos altos oficiales. Fuentes de ese despacho explicaron que estos movimientos corresponden a “procesos normales” dentro de la coyuntura actual en Colombia.

Generales y almirantes retirados prendieron las alarmas por decisiones del Gobierno Petro en el Ejército

El almirante (r) Hernando Wills, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, afirmó que los retiros masivos de mandos intermedios pueden afectar de manera negativa la capacidad de respuesta de las fuerzas en terreno.

“No es oportuno el retiro en este momento de una gran cantidad de oficiales y mandos medios, que son quienes realmente controlan las operaciones en el terreno”. Para el oficial retirado, el mantenimiento de los cuadros de mando hasta después de las elecciones es esencial para “garantizar a los colombianos la libertad para ejercer su voto”, advirtió Wills en entrevista con El Tiempo.

Recientemente, según afirmó Wills, se registró un crecimiento observable en la frecuencia de salidas de mandos tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional. “Lo que yo observo en los últimos años es que sí ha habido un incremento en la salida de los mandos, y eso de alguna manera puede interpretarse como un intento de politizar las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lo cual es totalmente negativo para el país”, señaló el almirante retirado.

En su criterio, la autonomía en los procedimientos de selección y ascensos es fundamental para evitar la influencia política en las instituciones armadas y preservar su independencia. Las salidas reiteradas de cuadros de mando no solo afectan el funcionamiento operativo, sino que, de acuerdo con la prevención expuesta por el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, pueden minar la percepción de neutralidad que históricamente ha respaldado a los organismos de defensa y seguridad colombianos.

Sobre los mecanismos internos de las Fuerzas Militares para el relevo de personal, Hernando Wills destacó en diálogo con el medio citado el número de oficiales que puede ascender a cada nivel en la jerarquía. En sus palabras: “La estructura de las Fuerzas Militares está diseñada de esa manera. Existe una pirámide que limita el número de oficiales que asciende a cada grado”.

Esta arquitectura institucional prevé, explicó Wills, que los oficiales que culminan cursos de Estado Mayor o altos estudios militares, y que dejan sus cargos, sean reemplazados por nuevos cuadros, muchas veces con formación y capacidades superiores a quienes relevan. Para el presidente del cuerpo de generales y almirantes en retiro, el proceso debe realizarse siempre dentro del ciclo normal y natural de selección del personal, manteniendo la continuidad y operatividad sin alterar el equilibrio funcional, en especial en coyunturas críticas como la actual.

Tal como anticipó Infobae días atrás, el Gobierno oficializó la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, una iniciativa que busca fortalecer y modernizar las capacidades de defensa del país mediante un programa integral de reequipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades operativas para las Fuerzas Armadas.

El decreto 314/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, estableció nuevos mecanismos de financiamiento y redistribución de ingresos estatales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del plan.

En este sentido, dispuso la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización para fortalecer el equipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los porcentajes que se destinarán, el texto indicó que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que los bienes involucrados estuvieran previamente asignados al área de Defensa, ese porcentaje se elevará al 70 % de los ingresos obtenidos.

Asimismo, establecieron que el 10 % de los recursos provenientes de la privatización de empresas y sociedades estatales (las incluidas en la Ley 27.742) también se destinará a la mencionada cartera. Esta disposición refuerza la capacidad de inversión directa en equipamiento militar y desarrollo de infraestructura, constituyendo una fuente adicional y complementaria al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Estos recursos no sustituyen ni afectan lo previsto en dicho fondo, sino que constituyen un complemento destinado a atender necesidades de corto plazo y ampliar la capacidad de inversión en la recuperación de capacidades operativas.

En otro pasaje del texto, el Gobierno advirtió que los avances en tecnología militar, como la irrupción de la inteligencia artificial, el uso de armas robotizadas y el auge de los ciberataques, demandan la incorporación de nuevos medios y capacidades. Según el texto, para un país de la extensión y riqueza de recursos naturales del país, resulta esencial contar con un sistema de defensa con verdadera capacidad de disuasión y respuesta.

En el marco de la nueva normativa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá elevar al organismo conducido por Carlos Presti, en un plazo de noventa días, un informe detallando los requerimientos urgentes en materia de reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica. El Ministerio deberá instrumentar los medios necesarios para responder a estas necesidades, utilizando los fondos asignados por el decreto.

La iniciativa fue impulsada por el propio ministro de Defensa, quien desde su llegada al cargo planteó la necesidad de crear mecanismos de financiamiento estables para recuperar equipamiento, infraestructura y despliegue operativo.

La nueva distribución de fondos responde también a la situación presupuestaria que afronta el área. El decreto advierte que la estructura vigente absorbía la mayor parte de los recursos en gastos de personal y funcionamiento, lo que limitaba severamente la inversión en modernización y reequipamiento. Hasta el decreto, todos los recursos obtenidos por la venta o concesiones de activos estatales estaban destinados al Tesoro Nacional.

Ahora, con esta decisión, parte de los fondos se direccionará a recuperar el instrumento militar. Con la reasignación de ingresos provenientes de las privatizaciones y de la administración y venta de inmuebles públicos, el Gobierno busca brindar una fuente adicional y permanente para sostener el funcionamiento y la actualización tecnológica de las Fuerzas Armadas.

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa agenda es la base integrada en Tierra del Fuego, una obra que en el Gobierno consideran de valor geoestratégico central. Su ubicación en el extremo sur le daría a la Argentina mayor capacidad logística y operativa en el Atlántico Sur y reforzaría la proyección nacional sobre la actividad antártica.

El Comando Unificado Pataz ejecutó la operación “Caballo de Troya” en el anexo Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad, como respuesta a informes de inteligencia que alertaron sobre la presencia de armamento ilegal vinculado a actividades de minería ilegal y crimen organizado.

La intervención se realizó durante la madrugada del viernes 1 de mayo, bajo el marco del estado de emergencia vigente en la zona.

Durante la operación, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército Peruano (EP) aseguraron el área e ingresaron a un sector conocido como “Las Porfirias”, en el área de “Los Alisos”, donde localizaron una bocamina utilizada como refugio por un grupo numeroso de personas investigadas por presuntas actividades ilícitas. El despliegue táctico involucró la participación de unidades especializadas GRECO y FEC, junto a fuerzas militares.

Como resultado, se logró la detención de 68 personas y la incautación de un arsenal de guerra compuesto por tres fusiles Galil, un fusil de francotirador, un fusil automático ligero FAL, cuatro subametralladoras, municiones de diversos calibres, explosivos y cargadores específicos para este armamento.

Según el reporte oficial, 67 de los detenidos no pertenecerían a Pataz, sino que procederían de otras jurisdicciones, lo que refuerza la hipótesis sobre la presencia de redes delictivas externas en la zona.

Impacto de la intervención y balance acumulado

El material incautado y las personas intervenidas fueron trasladados a la comisaría del sector, donde permanecen bajo investigación a cargo de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el proceso de identificación y diligencias se realiza conforme a ley, y que todos los hallazgos han sido puestos a disposición de las instancias competentes para continuar con las investigaciones.

En conferencia realizada en Trujillo, el jefe del Comando Operacional del Norte, general de división EP Carlos Rabanal Calderón, junto a altos mandos militares y policiales, destacó la importancia de esta operación conjunta.

La intervención fue presentada como uno de los golpes más significativos contra la estructura de la minería ilegal y el crimen organizado desde la creación del Comando Unificado Pataz, por la cantidad de armamento incautado y el alcance del operativo.

El balance acumulado del Comando Unificado en la región indica una afectación económica aproximada de S/ 250 millones a las actividades ilícitas, la incautación de 78 armas entre fusiles y pistolas, más de 16 000 municiones, más de 33 000 kilos de explosivos y la detención de más de 159 personas desde el inicio de sus operaciones.

Compromiso de las fuerzas del orden

El Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio del Interior reafirmaron su compromiso de mantener el combate contra la minería ilegal y fortalecer la seguridad de la población en la provincia de Pataz.

La presencia activa de las fuerzas del orden busca restablecer el principio de autoridad y garantizar la tranquilidad de los habitantes frente a escenarios de alta peligrosidad provocados por el avance del crimen organizado.

“Yo creo que ahí hay que pedir que se ahondre las investigaciones. Si hay un proceso en giro, tiene que cumplirse, pero nosotros tenemos que lamentar las víctimas y pedir la disculpa del caso a los deudos”, indicó en conversación con Exitosa.

El mandatario aseguró que se tiene que hacer una investigación transparente que permita llegar a la conclusión qué es lo que pasó realmente durante el operativo en la zona del Vraem. “Es muy grave lo que está ocurriendo. Yo pido que se comunique nuestra predisposición para que la investigación sea a fondo y todas las críticas que lleguen vamos a procesar para ver de dónde vino la responsabilidad, por negligencia o no negligencia, por forma dolosa, lo que fuere”, indicó Balcázar.

Según las versiones actuales, cuando militares abrieron fuego contra la camioneta en la que se transportaban las víctimas, no se encontraron armas ni droga en el vehículo, lo que ha profundizado las dudas sobre la legalidad del operativo, ha motivado la detención de ocho militares, aunque estos fueron liberados luego de vencerse el periodo de flagrancia.

¿Por qué militares atacaron a jugadores de Copa Perú en Huancavelica?

El operativo militar se desarrolló en el corredor Colcabamba-Ayacucho, área considerada estratégica en el VRAEM por su historial de narcotráfico. De acuerdo con Latina Noticias, la patrulla intentó detener una camioneta ante una alerta de inteligencia, y al no acatarse la orden, los uniformados emplearon armas largas. El resultado fue cinco fallecidos y dos heridos graves.

Actas fiscales y reportes de ATV y Epicentro TV coinciden en que no se hallaron armas ni drogas en la camioneta inspeccionada tras el ataque. Los familiares de los afectados defienden que las víctimas eran agricultores y jóvenes futbolistas que retornaban de un partido de la Copa Perú, versión respaldada por allegados como uno de los parientes de William Núñez.

Rogelio Tovar, alcalde de Pucacolpa, aseguró a Epicentro TV que los militares colocaron piedras en la vía —método común en asaltos— y ejecutaron la intervención en condiciones irregulares y con un número inusual de efectivos para un control formal.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, liderada por la fiscal Zina Romero Chávez, abrió una investigación bajo la figura de “presunto homicidio calificado” y remarcó la ausencia de armas y estupefacientes en la escena, tras una revisión formal.

Testigo cambia de versión

El testimonio de Ricardo Jampier Acuña Quispe, sobreviviente del hecho, es una de las piezas clave del proceso. Según un informe de ATV, el joven admitió en su primera declaración a fiscales haber sido contratado, junto a unas cincuenta personas, para “trasladar trece kilos de droga” y recibir un pago de 1.300 soles. Relató haber caminado durante dos días hasta abordar la camioneta intervenida.

Sin embargo, Epicentro TV difundió una segunda declaración en la que Acuña negó toda relación con el narcotráfico, argumentando que había sido coaccionado por militares armados a autoincriminarse.

“Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala”, afirmó el sobreviviente de la masacre. Sostuvo que ni él ni otras víctimas portaban drogas o armas esa noche. Su defensa asegura que la confesión fue extraída bajo amenaza y que los ocupantes eran jóvenes trabajadores y estudiantes que regresaban de un partido, contradiciendo la versión oficial.

Operativo con posibles deficiencias

El especialista Pedro Yaranga, consultado por ATV, cuestionó la legalidad del “operativo militar” en Colcabamba. Explicó que este tipo de acciones requiere la presencia obligatoria de policías antidrogas y representantes del Ministerio Público, especialmente si existe una orden de inteligencia previa.

El alcalde Tovar afirmó que la operación careció de protocolos básicos y criticó la escasa cantidad de soldados desplegados, calificándolo de inusual para controles de ese tipo. Tanto la defensa de las familias como la fiscalía han señalado la entrega incompleta y fuera de plazo de información policial, falta de pruebas balísticas y ausencia de indicios que justificaran el empleo de fuerza letal.

La inexistencia de armas o drogas en la camioneta es considerada un punto central para la investigación y refuerza la sospecha de intervención irregular. La fiscalía dispuso nuevas pericias y medidas restrictivas a los militares implicados, que deberán responder ante la justicia mientras se determina si hubo “forma dolosa” en su accionar.

Titular del Mindef sería citado al Congreso

El caso ha generado repercusiones políticas inmediatas. Según Perú21, el Congreso recibió una moción del congresista Wilson Soto Palacios para citar con urgencia al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, quien llevaba solo una semana en el cargo, a fin de que detalle lo ocurrido y informe sobre las disposiciones adoptadas.

La moción parlamentaria incorpora testimonios de familiares que ratifican la inocencia de los fallecidos y niegan cualquier nexo con el narcotráfico, subrayando denuncias de “uso presuntamente desproporcionado de la fuerza”. El Parlamento exige garantías para prevenir hechos similares e insta a una investigación profunda que asigne las responsabilidades políticas y judiciales correspondientes.

La decisión de extender el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días se sustenta en un diagnóstico claro: la criminalidad no ha disminuido y continúa afectando la seguridad en estas zonas.

El decreto identifica una serie de delitos que explican la continuidad de esta medida. Entre ellos destacan el homicidio, el sicariato y la extorsión, considerados como formas graves de violencia que impactan directamente en la vida diaria de la población.

La Policía Nacional del Perú, a través de informes técnicos, advirtió que estos delitos siguen ocurriendo en ambas jurisdicciones, lo que motivó la recomendación de mantener el régimen excepcional.

Los crímenes que mantienen en alerta a Lima y Callao

El documento señala que la situación en Lima y Callao sigue siendo preocupante debido a la frecuencia y gravedad de los delitos registrados.

El homicidio aparece como uno de los principales indicadores de violencia, mientras que el sicariato refleja la presencia de estructuras criminales más organizadas. A ello se suma la extorsión, que afecta tanto a ciudadanos como a actividades económicas.

Estos delitos no son hechos aislados, sino parte de un escenario más amplio de inseguridad que incluye otras situaciones de violencia.

La evaluación policial se basa en estadísticas, indicadores y análisis del comportamiento delictivo, lo que permite identificar patrones y zonas donde el crimen es más frecuente.

Cómo responde el Estado frente a la delincuencia

Ante este panorama, el Estado optó por mantener el Estado de Emergencia como una herramienta para enfrentar la violencia. La medida permite reforzar la intervención de las fuerzas del orden y ampliar su capacidad de acción.

La Policía Nacional continúa liderando el control de la seguridad, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este trabajo conjunto busca responder con mayor fuerza en zonas donde la delincuencia sigue activa.

El decreto establece que las intervenciones deben realizarse bajo reglas claras, que incluyen condiciones, límites y criterios para el uso de la fuerza, tanto para la Policía como para las Fuerzas Armadas.

Una medida que continuará mientras persista la inseguridad

La prórroga del Estado de Emergencia refleja que la situación no ha sido superada y que el Gobierno considera necesario mantener medidas extraordinarias.

Además de los operativos en calles, la norma permite restringir temporalmente algunos derechos como parte de la estrategia para recuperar el control de la seguridad.

También se establecen condiciones para actividades públicas masivas, que deberán contar con autorización previa, en un contexto donde la prevención sigue siendo clave.

Qué pasará cuando termine el Estado de Emergencia

Al término de los 60 días, las autoridades deberán presentar un informe con los resultados obtenidos durante este periodo.

El documento incluirá las acciones realizadas y permitirá evaluar si la medida ayudó a mejorar la seguridad en Lima y Callao.

Este informe será remitido a distintas instituciones del Estado para su revisión y análisis.

Cómo se sostendrán las acciones contra la delincuencia

El decreto establece que las medidas se financiarán con el presupuesto de las entidades involucradas.

En caso sea necesario, el Ministerio de Economía podrá autorizar recursos adicionales, dependiendo de la disponibilidad.

Además, se mantendrán vigentes otras disposiciones adoptadas previamente, lo que permitirá dar continuidad a las acciones que ya se vienen aplicando para enfrentar la inseguridad.

Según explicó, los fallecidos habían participado en un campeonato distrital de fútbol, la Copa Perú, que se extendió durante casi un mes con la presencia de cuatro equipos de la zona. Los jóvenes aprovechaban sus vacaciones para quedarse una semana más en sus casas familiares antes de regresar a Huancayo, donde estudian.

Sospechas sobre la operatividad militar

De acuerdo con el relato del alcalde, la tragedia se produjo cuando los jóvenes emprendieron el retorno a Huancayo, viajando en una camioneta. Al llegar al paraje Pongo, fueron interceptados por ocho militares, quienes, según la autoridad local, habrían actuado fuera de los protocolos habituales.

Tovar sostiene que los efectivos colocaron piedras en la vía, una práctica asociada a asaltos en la región, obligando así a los vehículos a reducir la velocidad o detenerse. El alcalde puso en duda la naturaleza del operativo, señalando que, por normativa, los despliegues militares de control territorial suelen estar conformados por al menos 15 o 20 efectivos, no por pequeños grupos como el que intervino en este caso.

Tovar afirmó que existe la sospecha entre los pobladores de que el grupo militar habría actuado con la intención de interceptar un posible cargamento de droga, actividad que suele desarrollarse en esa zona. Esta hipótesis, según el alcalde, se alimenta por la forma en que se montó el control y la ausencia de las condiciones formales de un operativo oficial. Para la autoridad local, los jóvenes fueron confundidos con “mochileros” y víctimas de un procedimiento irregular.

“Estoy seguro que no era un operativo militar. Entonces, los ocho militares han ido a asaltar, pues supuestamente salen droga por ahí, por esa causa han ido ellos contra los jóvenes”, relató al citado medio.

La autoridad remarcó que no es inusual que en las trochas de la zona se coloquen piedras para forzar a los vehículos a detenerse, una táctica utilizada en asaltos en la región. Señaló que este tipo de prácticas incrementa el riesgo para los conductores y los pasajeros, sobre todo en contextos de intervención militar sin la debida planificación o respaldo.

Fiscalía investiga el caso

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja abrió una investigación preliminar contra ocho militares y tres civiles tras la muerte de cinco personas en una intervención ocurrida el 25 de abril en la carretera Colcabamba-Ayacucho. El caso, liderado por la fiscal Zina Romero Chávez, busca determinar si existió homicidio calificado durante el operativo por presunto tráfico de drogas.

Según las pesquisas iniciales, los militares habrían disparado contra una camioneta que no acató la orden de alto. Se han dispuesto pericias balísticas, exámenes de absorción atómica y la incautación de celulares y del vehículo involucrado para esclarecer lo sucedido.

Otra teoría electoral. A casi dos meses de la segunda vuelta, Juntos por el Perú ha expresado dudas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo del material electoral. El abogado del partido, Roy Mendoza, señaló que el principal punto de preocupación radica en el contexto político en el que se plantea esta intervención.

Según explicó, durante la primera vuelta ya se intentó que las Fuerzas Armadas asuman un rol más activo en el despliegue y repliegue del material electoral. En ese escenario, advirtió que repetir esa fórmula en la segunda vuelta, bajo las actuales condiciones, genera inquietud dentro de la agrupación.

“Mire, se ha intentado en primera vuelta, se intentó de que las Fuerzas Armadas sean las que hagan el repliegue y despliegue del material electoral. Si eso se intenta nuevamente en la segunda vuelta, ¿no?, quedaría la explicación y caería de maduro ¿Por qué quieren el ministro de Defensa aliado o cercano a Fuerza Popular? Esa es nuestra mayor preocupación”, expuso en entrevista con RPP.

Sospechas por designación en el Ministerio de Defensa

El cuestionamiento de Juntos por el Perú también se centra en la designación del actual ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores, a quien vinculan políticamente con Fuerza Popular. Para Mendoza, este factor introduce un elemento de desconfianza en el manejo de la seguridad electoral.

“Eso es posible, esa es una gran posibilidad”, afirmó al ser consultado sobre la eventual participación de las Fuerzas Armadas en el proceso.

El abogado aclaró que el partido no se opone a la colaboración de las Fuerzas Armadas, pero sí a que asuman un rol central en el control del material electoral. En su posición, considera que esta función debe mantenerse bajo la responsabilidad de los organismos electorales.

“Que se colabore, sí, pero que las Fuerzas Armadas sean ellas las encargadas, porque esa es la propuesta, que sean las encargadas del resguardo y también del acopio del material electoral, eso sí no lo vamos a permitir”, indicó.

Aunque descartó que exista una intención directa de manipular los resultados, insistió en que el contexto político genera dudas.

“No, no creo eso, pero, repito, ya la sola designación de una persona cercana a Fuerza Popular, quien se encuentra en segunda vuelta, ya nos genera cierta preocupación a nosotros”, añadió.

Denuncia constitucional queda en evaluación tras anuncio inicial

En paralelo a estos cuestionamientos, la bancada de Juntos por el Perú había anunciado la presentación de una denuncia constitucional contra el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, la medida no se ha concretado y permanece en evaluación interna.

Mendoza precisó que, hasta el momento, no se ha iniciado ningún procedimiento formal. “No hay actos concretos. Es decir, nosotros no hemos realizado ninguna denuncia. Ni siquiera las denuncias constitucionales. No se ha interpuesto absolutamente nada”, afirmó.

El abogado explicó que la decisión responde a un análisis político sobre la oportunidad de presentar estas acciones en el actual contexto electoral. La prioridad, indicó, es evitar que el proceso se vea aún más tensionado antes de la segunda vuelta.

“He dicho que está en fase de evaluación, en fase de análisis con la bancada. Creo yo que lo que se está evaluando acá es si es que es oportuno realizar esas denuncias constitucionales en este momento o no, porque si también podría contribuir a lo encrispado que está el ambiente electoral”, señaló.

De acuerdo a lo reportado por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, entre los afectados se encontraban niños, adultos y personal policial que realizaba labores de apoyo. Todos quedaron aislados en medio del avance del agua, el lodo y los deslizamientos, sin posibilidad de evacuar por sus propios medios.

La rápida respuesta de las autoridades permitió activar un despliegue aéreo clave para evitar una tragedia. El uso de un helicóptero fue determinante para concretar el rescate en una zona de difícil acceso y bajo condiciones climáticas adversas.

Helicóptero permitió rescatar a personas aisladas en San Ramón

Ante la emergencia, la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Compañía de Intervención Rápida para Desastres fue decisiva. Un helicóptero del Comando Especial Vraem llegó hasta San Ramón tras la solicitud de apoyo de las autoridades municipales, cumpliendo los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Desde el aire, el equipo militar evaluó áreas inundadas y localizó a personas atrapadas, mientras personal especializado bajaba para ejecutar el rescate.

El principal objetivo fue salvaguardar la vida de quienes permanecían aislados por el desborde y el lodo. Los militares coordinaron maniobras en la margen izquierda del río, donde Buenos Días Perú confirmó que evacuaron a una familia de siete integrantes, incluidos dos niños pequeños y cinco adultos, además de asegurar zonas donde el caudal representaba un riesgo inminente para otros pobladores.

La operación aérea se completó con la coordinación del gobierno local y el trabajo conjunto de policías, bomberos y rescatistas municipales, quienes facilitaron la logística en tierra para recibir a los evacuados y atender emergencias adicionales en el distrito.

Operativo permitió salvar a agentes y familias en riesgo

En el mismo operativo, miembros del helicóptero lograron auxiliar a ocho efectivos policiales que habían quedado rodeados por el agua y el lodo durante sus labores de ayuda a la población. Estos agentes, parte de la Policía Nacional del Perú, se encontraban incomunicados y a la espera de apoyo mientras evaluaban rutas para evacuar a familias atrapadas.

Los testimonios transmitidos por Buenos Días Perú dan cuenta de la situación: las personas rescatadas pudieron ser puestas a salvo en sitios seguros y recibieron asistencia médica y alimentos. La colaboración entre la Compañía de Intervención Rápida para Desastres y el gobierno local fue esencial para identificar a tiempo a quienes requerían evacuación por helicóptero, especialmente en viviendas contiguas al margen del río que registraban ingresos de lodo y daños estructurales severos.

Las autoridades desplegaron un segundo reconocimiento aéreo para registrar nuevas áreas de urgencia, mientras otros equipos priorizaban el apoyo a menores y adultos mayores, en sintonía con los protocolos de emergencias por desastres naturales.

Lluvias causan daños y bloquean vías en Chanchamayo

El informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indica que las lluvias han causado huaicos, deslizamientos y obstrucción total de rutas principales en la provincia de Chanchamayo. Sectores como Malecón Tarma, El Naranjal y La Auvernia han sufrido cortes de tránsito, colapso de puentes y daños en viviendas y comercios, dificultando la llegada de ayuda humanitaria.

El gobierno local coordina el traslado de maquinaria para remover lodo y habilitar pasos en los tramos afectados. La amenaza de nuevos desbordes se mantiene, ya que la intensidad de las lluvias no ha cesado y el caudal del río sigue siendo elevado. Los equipos de emergencia advierten que la situación en sectores vulnerables sigue comprometida al continuar las lluvias.

Según la información oficial, no se han registrado pérdidas de vidas humanas hasta el momento. Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas peligrosas y seguir las recomendaciones de emergencia emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y la Policía Nacional del Perú.

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan (SUSJ) lleva poco menos de dos meses y un total de 14 audiencias de riguroso contenido técnico. Esta semana fue el turno del submarinista Luis Alejandro Ficossecco, uno de los varios testigos que declararon en las dos últimas jornadas: oficial en su sexto año de Capitán de Corbeta, con más de cincuenta navegaciones en su haber, experiencia en el ARA Salta, en tres unidades de la Marina de Guerra del Perú y, entre 2015 y 2016, en el propio submarino SUSJ.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, intenta determinar si la embarcación estaba en condiciones de seguridad para ser incorporado a la Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos al momento de su última misión. La hipótesis acusatoria sostiene que no. Cuatro ex oficiales de la Armada -Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa- enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Todos negaron las acusaciones.

Ficossecco fue interrogado durante horas por todas las partes -fiscalía, querellas y defensas-, pero fue su extenso ida y vuelta con Juan Pablo Vigliero, defensor del capitán de navío destituido Claudio Villamide, el que abordó con mayor profundidad dos ejes que atraviesan el núcleo del debate: el significado del Índice de Control del Estado del Material (ICEM) como herramienta para determinar si un buque está en condiciones de navegar, y el análisis del mensaje SITREP (informe de situación) enviado por el San Juan a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017 -casi cinco horas antes de que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) registrara, a las 10:51, un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en el Atlántico Sur-.

El ICEM y sus alcances

Entre la documentación que el debate viene analizando figura el ICEM N°07/17, confeccionado el 5 de septiembre de 2017 por el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Fernández. El ICEM, en rigor, es el instrumento que la Armada impone por reglamento de manera periódica, mediante el cual la dotación y su capitán relevan y califican el estado de todos los sistemas del buque: navegación, comunicaciones, sensores, servicios, control de averías, casco, eléctrico -generadores, baterías y tableros-, hidráulico, snorkel, armas y control de tiro, salvamento, fuerza y propulsión. Ese ICEM N°07/17 calificó al San Juan como “habilitado”, con un índice de 4,25 sobre 5, y lo consignó como “disponible”, aunque especificó que estaba “limitado al estado del material” en virtud de una restricción preventiva en su profundidad operativa. Es una de las piezas que la defensa utiliza para sostener que la nave estaba en estado operativo al momento de su última misión, iniciada el 25 de octubre de 2017 con el propósito de realizar ejercicios de adiestramiento integrado y una patrulla de control de mar de diez días.

Sobre ese instrumento, Ficossecco fue tajante: el ICEM “no es totalmente objetivo”. Lo explicó con un ejemplo concreto. Cuando en 2016 le tocó confeccionar el primer ICEM del San Juan tras el cambio de comando entre los capitanes Blanco y Cella Irigoyen, el submarino no había tenido ninguno en años -en 2014 y 2015 dependía orgánicamente de la Dirección General de Material Naval y no del Comando de la Fuerza de Submarinos-. Al buscar el último ICEM elevado, anterior a las reparaciones de media vida, encontró que su calificación final era más alta que la del período posterior a ese proceso. La situación era peculiar: el submarino antes de ser reparado estructuralmente tenía, sobre el papel, mejor puntaje que después de salir del arsenal de mantenimiento.

La razón es técnica: un equipo que no pudo ser probado se asienta como “no apreciado”, lo que no penaliza el promedio general. Si en cambio se prueba y falla, el puntaje cae. Al respecto, el testigo recordó lo que le había ocurrido con el sonar activo: antes de las reparaciones figuraba como “no apreciado” porque no había podido evaluarse. Después se lo probó, resultó “seriamente degradado” y el número de calificación bajó, ilustró el testigo.

El submarinista aclaró, sin embargo, que la subjetividad del índice no implicaba arbitrariedad: hay subsistemas que hacen directamente a la seguridad náutica -como las baterías- y otros que no -como el sistema IFF o el de degaussing-, y esa distinción es la que debe orientar la lectura del número final. En una unidad con más de treinta años de antigüedad, además, calificar un equipo como operativo “según condiciones de diseño” tiene sus propios matices: las delgas del sonar se degradan con el uso, pero en qué porcentaje exacto nadie puede saberlo con certeza.

A partir de ahí, Ficossecco formuló que el concepto mismo de “operativo” depende de la misión asignada. Un submarino con periscopio en servicio y tubos lanzatorpedos fuera de servicio está operativo para un relevamiento fotográfico de costa, pero no para un enfrentamiento naval. Para ilustrarlo mencionó el trabajo que realizó junto a INVAP en 2014 y 2015, donde se desarrolló una matriz que asignaba distintos niveles de operatividad según la función específica que debía cumplir el buque. Para las misiones de adiestramiento que cumplía el San Juan en 2015 y 2016, dijo, el submarino estaba operativo: “Porque podía navegar.”

Vigliero fue más lejos: ¿estaba operativo porque salía a navegar, o salía a navegar porque estaba operativo? “Si sale a navegar con las condiciones de seguridad, estaba operativo”, respondió Ficossecco. Y ante la pregunta retórica de si la Argentina estaba en guerra durante esas navegaciones, o si se le había confiado alguna misión bélica, el testigo respondió que no: el estándar aplicable era el del adiestramiento, no el del combate.

La audiencia derivó entonces hacia una de las temáticas más tratadas durante el juicio: quién decide si un buque zarpa. Ficossecco fue preciso: la autoridad operativa ordena el despliegue, pero el comandante del buque es el máximo responsable y debe pronunciarse sobre las condiciones de la nave.

A su vez, advirtió que un capitán podía ser relevado si se negaba a zarpar. “Ha sucedido que un comandante dijera que su unidad no estaba en condiciones de navegar y cambiaron al comandante, vino otro, hicieron un arreglo y zarparon”, dijo. Y fue más explícito: “Si un comandante le dice a su subordinado ‘zarpe’, y el subordinado le dice ‘no, yo no zarpo’, ese comandante puede relevarlo, porque no hay que olvidar que somos militares. Entonces sacan a ese comandante y ponen a otro, y quizás este zarpa. Eso pasó en Malvinas“.

Aun así, remarcó que el camino correcto era el opuesto: “Si el comandante considera que no está seguro, no debería zarpar, y debería manifestarlo.” Admitió además que sus propias convicciones sobre este punto cambiaron después de haber comandado un buque: el año pasado tuvo que decir que su unidad no estaba en condiciones de zarpar y así lo hizo. Su buque no zarpó.

“El comandante es el máximo responsable de su unidad (...) -y- es el último responsable de la unidad navegando”, cerró.

Las pruebas de 48 horas

Ante la pregunta del defensor de Villamide sobre cómo determinar si un submarino es seguro para zarpar más allá del ICEM, Ficossecco calificó a las pruebas de 48 horas como el instrumento clave. Se trata de un protocolo en el que cada sistema del buque es puesto en funcionamiento y verificado físicamente antes de zarpar. La ejecución corre a cargo de un suboficial o cabo, supervisado por el jefe de Cargo o jefe de Departamento, y se vuelca en una planilla con el estado de cada equipo y las novedades detectadas. El segundo comandante la revisa completa y puede ordenar que algo se pruebe nuevamente. El comandante recibe el cuadro final: el estado real de la unidad en ese momento, no el del ICEM confeccionado semanas antes.

“El ICEM es más macro. Esto es mucho más particular y va a cada equipo. Y no es verlo sino ponerlo en funcionamiento”, dijo.

Como ejemplo citó los periscopios: en las pruebas de 48 horas se izan y se arrían con cronómetro, y el tiempo se contrasta con los parámetros de la planilla. Si está fuera de rango, se asienta.

A partir de ahí, el intercambio entre Vigliero y el ex tripulante del ARA San Juan fue directo:

—¿Podría un submarino zarpar sin hacer las pruebas de 48 horas?

—No. No conozco algún caso.

—¿Puede afirmar que si un submarino zarpa es porque hizo las pruebas de 48 horas?

—Sí.

—¿Podemos afirmar entonces que si un submarino zarpa es porque hizo las pruebas de 48 horas y estaba en estado seguro para navegar?

—Debería ser así. Ahora, estaba seguro, sí. Puede llegar a zarpar con alguna limitación, y voy a explicar el caso de 2016: teníamos un solo periscopio operativo, no los dos. ¿Afectaba la seguridad náutica? Totalmente, porque tiene un solo periscopio. ¿Zarpamos igual? Sí. ¿Por qué? En la prueba de 48 horas estaba asentado que había un solo periscopio. Pero en la evaluación que hace el comandante dice: “bueno, con un periscopio puedo navegar igual”. Sin los dos periscopios no va a zarpar, se lo aseguro. Ahora, con un periscopio, sí, puedo navegar. ¿Cuál era la alternativa? Bueno, me quedo sin periscopio, tengo que ir a superficie. Esa es la gestión que hace el comandante sobre ese caso particular.

—¿Podría haber algún vínculo entre la misión que tenga asignada un buque y el estado operativo en el que se encuentra?

—Totalmente. De acuerdo a cómo está la unidad, es la tarea que se le va a dar. No puedo mandar a la Antártida a un multipropósito que está en el río porque no está preparado ni en capacidad.

—Usted navegó en 2015 y 2016 en el San Juan. ¿Se sentía seguro navegando en el San Juan?

—Sí.

—¿Tuvo algún temor real sobre el estado de seguridad del submarino?

—No. Cuando tuvimos una emergencia -yo nunca había tenido una-, donde estuvimos asentados en el fondo, creí que no salíamos. Y uno aprende a conocerse de otra manera, a uno mismo y al resto de la gente. Por eso muchas opiniones que vierto sobre el personal que componía la plana mayor y la dotación son por conocerlos en esas situaciones.

El análisis del SITREP

Hacia el final del interrogatorio, Vigliero pidió exhibir en pantalla el mensaje SITREP enviado por la nave a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017, casi cinco horas antes de la implosión registrada por la CTBTO. El texto decía: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado“.

Ficossecco advirtió primero lo que el mensaje no decía: “El problema de esto es la magnitud, que no se expresa.” Las preguntas que le generó al leerlo fueron inmediatas: ¿cuánta agua entró?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿qué pasó con el incendio?, ¿hubo humo?, ¿hubo explosiones? “Eso no es normal que se produzca, para nada”, dijo sobre el ingreso de agua de mar al tanque de baterías. Y explicó por qué el submarino llamó además por voz para ampliar la situación: porque el mensaje escrito dejaba demasiadas preguntas abiertas. “Si yo hubiera sido el comandante de la fuerza de submarinos, esto no me deja claro mucho.”

Al mismo tiempo, leyó señales de control en el texto. La propulsión con circuito dividido indicaba que la tripulación tenía cierto dominio de la situación: no estaban declarando una emergencia sin capacidad de maniobra; estaban navegando y estaban en inmersión. “Lograron controlar lo que pasaba.” El “sin novedades de personal” -fórmula estándar de la Armada para indicar que no hay heridos- completaba ese cuadro de contención relativa. Sobre el cierre del mensaje -“mantendré informado”- Ficossecco también reparó en lo que no decía: ¿cuándo? ¿En cinco horas? ¿En diez? El SITREP ampliatorio nunca llegó.

Pero el punto central de su análisis fue el contexto en que ese mensaje fue redactado. El SITREP se cursó a las seis de la mañana. El incidente había comenzado la noche anterior. Para el testigo, quienes lo escribieron llevaban más de veinte horas sin dormir, en un submarino en superficie con estado de mar 6 -olas de entre cuatro y seis metros o más-, con una emergencia activa, una tripulación reducida y el sistema de guardias de cuatro por ocho completamente alterado.

“El que tenía que hacer guardia de cuatro a ocho de la tarde, esa persona todavía no se había acostado, porque a las ocho de la noche pasó a comer, tuvieron la emergencia, se quedaron despiertos todos”, expresó el oficial.

Describió además lo que significaba navegar en un submarino en superficie con ese estado meteorológico: movimientos “cortos y raros”, muy distintos a los de un buque convencional. “Adentro del submarino es sumamente incómodo. Más el estrés de la situación y el cansancio”, describió.

Luego, al recabar de vuelta en el mensaje enviado, puntualizó: “Tratar de saber, juzgar o interpretar qué puso cuando escribió esto a las seis de la mañana un jefe de operaciones que hacía más de veinte horas que no dormía, con un comandante y un segundo en la misma situación: hay que considerar muchos aspectos, no es tan taxativo”.

Lo que viene

Las audiencias retomaron este lunes y continuarán con declaraciones testimoniales hasta el jueves, luego de lo cual el debate entrará en un cuarto intermedio hasta el lunes 4 de mayo. Este miércoles está prevista la declaración de Horacio Chighizola, ex Secretario de Estrategia y Asuntos Militares y mano derecha del entonces ministro de Defensa Oscar Aguad al momento del siniestro. Su testimonio es uno de los más esperados del tramo actual del juicio.

El Ministerio de Defensa ha anunciado la convocatoria para el año 2026 de casi 3.000 plazas de oficiales y suboficiales tanto en las Fuerzas Armadas como en la Guardia Civil, plazas a las que se puede acceder mediante promoción externa o interna. El Boletín Oficial del Estado (BOE) incluye este lunes la resolución del proceso y establece que el plazo de presentación de la solicitud de admisión a los procesos de selección se abrirá este martes y se cerrará en 20 días.

El proceso selectivo se estructurará bajo el sistema de concurso-oposición. Para quienes opten por la vía de promoción externa, el Ministerio de Defensa exige en cada proceso una serie de requisitos que deben cumplirse desde la solicitud hasta la incorporación al centro docente militar. Se requiere, entre otros, tener nacionalidad española, y haber cumplido los 18 años. Es indispensable no estar privado de derechos civiles, carecer de antecedentes penales ni encontrarse incurso en procesos judiciales por delito doloso, conforme a las condiciones detalladas por Defensa.

La oferta concreta asciende a 2.944 plazas para ambas escalas. De ellas, 1.337 serán de acceso por ingreso directo, mientras que las 1.607 restantes se reservan a quienes opten a través de la promoción interna. Aproximadamente el 55 % de las plazas se destinan este año a la promoción interna dentro de las Fuerzas Armadas, cifra en línea con la de 2025. Además, se han incluido 1.261 plazas destinadas a personal de tropa y marinería para acceso a la escala de suboficiales, de las que el 80 % quedan reservadas a esta última escala y 120 plazas a quienes aspiren a la escala de oficiales.

Qué requisitos hay para acceder a las plazas de oficiales y suboficiales convocadas por Defensa en 2026

Además de la nacionalidad y los límites de edad establecidos, los candidatos no pueden haber sido expulsados de ninguna Administración Pública u órgano constitucional o estatutario por expediente disciplinario. Tampoco podrán presentarse quienes hayan sido inhabilitados de manera firme para el ejercicio de funciones públicas, ni quienes hayan causado baja en centros docentes militares en los supuestos previstos en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

Defensa aclara que los excluidos de procesos previos por dar positivo en la detección de sustancias psicotrópicas o drogas podrán presentarse únicamente si ha pasado al menos un año desde la fecha de exclusión. Por otra parte, el personal militar no podrá haber dado positivo en análisis toxicológicos realizados durante el último año antes del cierre de solicitudes y no debe tener sanciones disciplinarias firmes por faltas graves o muy graves en su historial militar individual.

También existen restricciones para aspirantes con antecedentes penales, procesos judiciales abiertos, resoluciones por insuficiencia de condiciones psicofísicas o profesionales, así como para quienes posean tatuajes o inserciones incompatibles con los valores constitucionales o la imagen de las Fuerzas Armadas.

Además, no pueden acceder a una escala aquellas personas que ya formen parte de la enseñanza de esa misma escala tras haber resultado seleccionadas en procesos anteriores. En algunos puestos puede exigirse una titulación universitaria específica, aunque otros resultan accesibles solo con bachillerato.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció públicamente a través de su cuenta de X que ha sido alertado sobre un posible atentado en su contra y contra su familia. Según expresó el mandatario, la Policía Nacional le informó sobre un plan de bandas criminales que pone en riesgo su vida y la de sus seres queridos.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, señaló Char en su cuenta personal.

El alcalde hizo un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y brinden las garantías necesarias que le permitan continuar con su labor al frente de la administración distrital.

“Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, enfatizó Char.

La administración distrital y las autoridades continúan en alerta, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer y contrarrestar cualquier amenaza contra la integridad del alcalde y su familia.

Rechazo y solidaridad al alcade Char

La denuncia hecha por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia, generó un amplio rechazo y mensajes de solidaridad por parte de líderes políticos, asociaciones y movimientos a nivel nacional.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó a través de su cuenta de X un rechazo total al plan revelado para atentar contra Char. “Todo indica que este plan tiene que ver con sus denuncias sobre la Paz Total y el impacto en Barranquilla de las bandas delincuenciales con las que el Gobierno nacional ha venido negociando”

Galán, además advirtió sobre el riesgo que supone la estrategia de apaciguamiento de delincuentes, señalando que expone a los gobiernos locales a estructuras criminales cada vez más fuertes y al país a un espiral de violencia.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se sumó a los mensajes de solidaridad. “Toda mi solidaridad con mi amigo y colega Alejandro Char. El gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia”, escribió en redes sociales.

Gutiérrez fue más allá y cuestionó la política de “Paz Total” del gobierno Petro, calificándola como una “entrega total” de Colombia a los peores criminales. El madatario criticó los recientes ataques del presidente Petro contra Char y otros mandatarios locales, sugiriendo que cada vez que el mandatario ataca a los alcaldes, aumenta el riesgo para estos funcionarios.

“Recordemos también el ‘Tarimazo’ en Medellín. Así como también lo hizo en contra de Miguel Uribe y terminó siendo asesinado por ‘gestores de paz’ de Farc, amigos de su gobierno”, agregó Gutiérrez, que concluyó con un llamado a que el próximo gobierno recupere la seguridad y enfrente a los criminales.

El Centro Democrático también emitió un comunicado rechazando categóricamente las amenazas de muerte contra Alejandro Char. “Es inaceptable el uso del terror y la intimidación como herramientas de presión”, señaló el partido, que exigió a las autoridades y organismos de seguridad brindar garantías inmediatas para proteger la vida e integridad del mandatario y su familia.

“La democracia no puede claudicar ante los violentos”, enfatizó el comunicado, reiterando el compromiso del movimiento con la defensa de la libertad y la institucionalidad.

A través de un comunicado oficial, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación contra el alcalde Char, su familia y su entorno. “La violencia contra un mandatario local es una agresión directa contra la institucionalidad democrática, la autoridad legítimamente elegida y la estabilidad de los territorios”.

Asocapitales urgió a las autoridades a tomar medidas inmediatas de protección, investigación y judicialización, y reiteró que garantizar la seguridad de los alcaldes es fundamental para el funcionamiento del Estado en los territorios.

Un nuevo golpe al narcotráfico en el Vraem pone en evidencia la magnitud de las operaciones ilegales que continúan desarrollándose en zonas alejadas del país. Esta vez, un operativo liderado por el Ejército del Perú, en coordinación con otras instituciones del Estado, permitió desarticular una infraestructura clandestina dedicada a la producción de droga en la región Ayacucho.

La intervención se ejecutó en el distrito de Samugari, provincia de La Mar, donde las fuerzas del orden lograron incautar 360 kilos de droga y más de 3.4 toneladas de hoja de coca en proceso de maceración, en un despliegue que forma parte de las acciones permanentes contra el tráfico ilícito en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem), considerado uno de los principales focos de producción de cocaína en el país.

Operativo militar destruye laboratorio clandestino de droga en Ayacucho

El operativo estuvo a cargo de los Grupos de Operadores Especiales (GOOEE) de la Compañía Especial de Comandos “Lince” N.° 2, unidad que pertenece a la 2da Brigada de Infantería del Ejército. La acción se realizó en estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú y bajo la supervisión del Ministerio Público, lo que permitió garantizar la legalidad de la intervención y el manejo de las evidencias.

Durante el despliegue en la zona, los efectivos ubicaron una instalación clandestina acondicionada para la producción de alcaloide de cocaína, donde se halló una poza de maceración activa con aproximadamente 3,450 kilos de hoja de coca en pleno procesamiento. A esto se sumaban cerca de 5,000 kilos de residuos sólidos (detritus), lo que evidencia el volumen de producción que manejaban estas organizaciones ilegales.

Asimismo, en el lugar se identificaron dos pozas de decantación, utilizadas para el tratamiento químico de los insumos, una fase clave en la elaboración de droga. Estas estructuras estaban acondicionadas para sostener una operación continua, lo que sugiere un nivel logístico importante detrás de la actividad ilícita.

Como parte de los resultados del operativo, se logró incautar 360 kilos de sulfato de cocaína, los cuales estaban almacenados en recipientes de gran capacidad listos para su traslado. Todo el material encontrado, incluyendo la droga, los insumos y la infraestructura, fue destruido e incinerado en el mismo lugar, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1100, en presencia de representantes fiscales.

Desde el Ministerio de Defensa, se informó que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia sostenida para debilitar las redes del narcotráfico que operan en el Vraem. La acción no solo apunta a la incautación de droga, sino también a la destrucción de laboratorios y centros de procesamiento que permiten la producción a gran escala.

Otro golpe en el VRAEM: abaten a integrantes de Sendero Luminoso en operativo militar

Un mes antes de este reciente despliegue contra el narcotráfico, las fuerzas del orden ejecutaron una operación clave contra remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM, específicamente en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta, en Ayacucho. La intervención, realizada el 29 de marzo, estuvo a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con participación de la Fuerza Especial Conjunta, el Comando Especial del VRAEM, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, en una acción coordinada que buscaba neutralizar actividades subversivas en la zona.

De acuerdo con información oficial, el operativo dejó como resultado la muerte de dos presuntos integrantes de la organización terrorista, identificados con los alias de “David” —señalado como miembro del Comité Central en el VRAEM— y “Ramírez”. Durante la intervención también se logró la incautación de armamento, entre ellos una ametralladora MAG calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm, lo que evidencia la capacidad operativa que aún mantienen estos grupos en territorios de difícil acceso.

Este hecho se produjo en un contexto particularmente sensible, a pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, proceso que había sido cuestionado previamente por estos remanentes subversivos mediante comunicados difundidos en la zona. Las Fuerzas Armadas informaron que continuarán intensificando las operaciones en el VRAEM, bajo el marco legal vigente y con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de debilitar tanto la presencia terrorista como sus vínculos con economías ilegales en esta parte del país.

Dos soldados estadounidenses resultaron gravemente heridos por un oso pardo durante un ejercicio de entrenamiento en la Joint Base Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, el viernes 18 de abril de 2026.

Según confirmó la 11th Airborne Division a CBS News, ambos militares participaban en un ejercicio de navegación terrestre cuando fueron sorprendidos por el animal.

Los soldados recibieron atención médica inmediata y continúan en observación, mientras las autoridades mantienen en reserva sus identidades hasta que los familiares sean notificados.

El ataque y la respuesta inmediata de los soldados

De acuerdo con el portavoz militar, teniente coronel Jo Nederhoed, ambos soldados portaban aerosol anti-osos (bear spray), una medida de seguridad obligatoria en zonas de entrenamiento expuestas a la fauna local.

Según relató Nederhoed a ABC News, los soldados lograron utilizar el bear spray durante el ataque, lo que habría sido clave para ahuyentar al animal y evitar consecuencias aún más graves. La prioridad de la unidad, aseguró el vocero, es “la seguridad y el bienestar del personal”.

La Alaska Department of Fish and Game explicó que el ataque fue probablemente defensivo, ya que el oso acababa de emerger de la hibernación, una situación que suele incrementar la agresividad de estos animales ante la presencia humana. La supervisora regional del organismo, Cyndi Wardlow, destacó a CBS News la importancia del uso del aerosol: “Tener bear spray en el campo puede haberles salvado la vida”.

Investigación y medidas de seguridad tras el ataque

La investigación oficial sigue en curso. Las autoridades militares y estatales trabajan en conjunto para esclarecer los detalles del incidente y reforzar las medidas de seguridad.

Según precisó el Departamento de Pesca y Caza a Anchorage Daily News, la zona del ataque —el área de entrenamiento Arctic Valley, dentro de la base— fue temporalmente cerrada a actividades recreativas hasta nuevo aviso.

Especialistas del organismo recolectaron muestras en el lugar para identificar la especie y el sexo del animal involucrado. Los funcionarios no lograron localizar al oso tras rastrear la zona, una extensión remota y montañosa dentro de los 259 kilómetros cuadrados que abarca la base militar.

Wardlow aseguró que el objetivo es aprender de cada incidente para incrementar la seguridad de civiles y militares en Alaska.

Una convivencia riesgosa entre humanos y osos

Alaska alberga una de las poblaciones de osos más grandes del mundo, con aproximadamente 100.000 osos negros y 30.000 osos pardos, según cifras oficiales. La presencia de estos animales en áreas cercanas a bases militares y zonas urbanas genera un desafío constante para la convivencia segura.

Entre 2000 y 2017, la Sección de Epidemiología estatal registró 68 hospitalizaciones por ataques de osos, con el 96% de los casos atribuidos a osos pardos. En ese periodo, se contabilizaron 10 muertes en ocho ataques diferentes.

La Joint Base Elmendorf-Richardson aloja a unas 40.000 personas, la mayoría personal militar en servicio activo. Fox News remarcó que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la base: en mayo de 2022, otro soldado perdió la vida tras ser atacado por un oso en las inmediaciones del vertedero regional de Anchorage, tal como informaron fuentes oficiales.

Reacciones y próximos pasos

Funcionarios militares y estatales insisten en la necesidad de mantener la alerta y reforzar las recomendaciones de seguridad, sobre todo en la temporada de primavera, cuando los osos despiertan de la hibernación y aumentan los encuentros con humanos.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales de vida silvestre para garantizar la seguridad de todo el personal y prevenir futuros incidentes”, declaró Nederhoed a Anchorage Daily News. Las investigaciones continuarán hasta determinar con precisión las circunstancias y posibles medidas adicionales de protección.

La experiencia reciente refuerza la importancia de las prácticas de prevención en Alaska, donde la convivencia entre humanos y grandes mamíferos sigue siendo un desafío para la seguridad pública y militar.

Autoridades dieron inicio al ejercicio multinacional CENTAM Guardian 2026, que se desarrollará en El Salvador hasta el 27 de abril, en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos. La operación reúne a fuerzas de seguridad de El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Belice y tiene como propósito fortalecer la cooperación regional y mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas transnacionales, desastres naturales y crisis humanitarias.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y el general Evan L. Pettus, subcomandante del Comando Sur. Ambos destacaron la relevancia de la cooperación regional y los objetivos del ejercicio, que busca consolidar alianzas y perfeccionar mecanismos conjuntos ante desafíos comunes. Merino Monroy afirmó: “El Salvador asume el rol de coanfitrión con la responsabilidad de la organización logística, los escenarios y los actos oficiales para el desarrollo del ejercicio”.

“Es un honor y un privilegio unirme a ustedes aquí en la apertura del ejercicio CENTAM Guardian 2026, la quinta reunión de este tipo en esta serie vital y un brillante ejemplo de lo que podemos lograr cuando nos unimos con un propósito común”, expresó el general Pettus durante la ceremonia. El oficial estadounidense subrayó la presencia de delegaciones de todos los países participantes como señal de la fortaleza de las alianzas y el compromiso colectivo con un hemisferio más seguro y próspero.

La edición de este año incluye operaciones en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial, aprovechando las fortalezas de cada nación y agencia participante. Evan L. Pettus, subcomandante del Comando Sur de los Estados Unidos, puntualizó: “Nuestra misión es clara: aumentar la participación, mejorar la interoperabilidad y fomentar el tipo de confianza que solo puede forjarse a través de desafíos y triunfos compartidos”.

Durante los 11 días, más de 1.200 personas de la región, entre militares, fuerzas del orden y personal de agencias, participarán en entrenamientos y simulacros. Pettus instó a los presentes a aprovechar la oportunidad para compartir conocimientos y construir relaciones que perduren más allá del ejercicio. “El futuro de nuestro hemisferio depende de los lazos que forjemos aquí”, aseguró.

Por su parte, Merino Monroy resaltó la confianza internacional en el país: “El hecho de que El Salvador haya sido elegido como sede demuestra la confianza de la comunidad internacional en nuestras capacidades y nuestro compromiso con la seguridad regional”. Añadió que “la coordinación y el trabajo conjunto entre fuerzas amigas son esenciales para enfrentar de manera eficaz los desafíos comunes”.

Las fuerzas armadas realizarán pruebas operativas como rescates de rehenes, simulacros de medicina táctica de combate, incursiones aéreas y anfibias y operaciones de descenso en cuerda rápida con supervisión tecnológica.

Las actividades se llevan a cabo en instalaciones estratégicas de El Salvador: la 4ª Brigada de Infantería, el Comando de Fuerzas Especiales, la Base Naval de La Unión y el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada. Estos escenarios permiten recrear situaciones reales de crisis y evaluar la interoperabilidad de los equipos multinacionales.

Durante los 11 días de operación, la población salvadoreña podrá observar el despliegue de medios aéreos, terrestres y marítimos, tanto nacionales como extranjeros. Las maniobras incluirán vuelos de aeronaves sobre el territorio y desplazamientos de efectivos en zonas urbanas y rurales, como parte de la simulación de respuestas ante amenazas y emergencias.

El general Pettus reconoció el papel de las agencias interinstitucionales de Estados Unidos y de los socios regionales, tanto fuerzas del orden como militares y agencias civiles, remarcó que su dedicación y experiencia constituyen la columna vertebral del ejercicio. “Su colaboración no solo es fundamental para nuestro éxito, sino también un modelo del tipo de enfoque de gobierno en su totalidad, que es esencial en el complejo entorno de seguridad actual”, afirmó.

La organización de la logística, los escenarios y los actos oficiales está a cargo de El Salvador, que también coordina la preparación de las fuerzas participantes. El ministro subrayó que este ejercicio permite fortalecer el trabajo conjunto y elevar el nivel de preparación de los equipos involucrados.

El general Pettus destacó que CENTAM Guardian 2026 es más que un evento de capacitación: “Es una demostración viva del poder de la asociación. Nos unimos como una fuerza de tarea combinada, conjunta, multinacional y unida en un propósito: para disuadir y capacitarnos para contrarrestar las amenazas comunes a todos nuestros pueblos y para fortalecer nuestra capacidad colectiva de responder a las crisis, ya sean naturales o provocadas por el hombre”.

El general Pettus concluyó su mensaje enfatizando el espíritu de unidad como fortaleza regional. “Esta unidad, este espíritu de asociación, es nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos permite agregar y proyectar nuestras capacidades, compartir inteligencia en todos los dominios y responder con rapidez y eficacia a cualquier desafío. Es lo que transforma un conjunto de naciones en una verdadera comunidad de acción”, afirmó.

Agregó que el ejercicio no solo prepara para las amenazas actuales, sino que sienta las bases para un futuro de cooperación. “Juntos, no solo estamos defendiendo nuestras naciones, estamos construyendo un legado de cooperación, seguridad y esperanza para las generaciones venideras. Bienvenidos a CENTAM Guardian. Juntos somos más fuertes”, concluyó.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, concluyó la capacitación de personal naval en tres cursos especializados enfocados en búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos, identificación de laboratorios clandestinos y tácticas de vehículos blindados de Infantería de Marina.

La formación se llevó a cabo en instalaciones navales y estuvo dirigida a fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal en escenarios relacionados con seguridad, legalidad y operaciones tácticas. Los cursos incluyeron actividades teóricas y prácticas orientadas al desarrollo de habilidades individuales y de trabajo en equipo.

El curso de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos tuvo una duración de 482 horas por fase, con contenidos que incluyeron manejo de explosivos, artefactos improvisados, amenazas de bomba, contramedidas electrónicas, química de explosivos, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, criminalística y cadena de custodia. Esta capacitación fue impartida por seis instructores.

Localización de Laboratorios Clandestinos

En el caso del curso de Localización de Laboratorios Clandestinos, la duración fue de 200 horas por fase. El programa contempló el uso de equipo de protección personal, procedimientos de descontaminación, desmantelamiento de instalaciones ilícitas, así como planes tácticos y consideraciones operacionales. Esta actualización estuvo a cargo de cinco instructores.

El curso de Táctica de Vehículos Blindados de Infantería de Marina tuvo una duración de 142 horas por fase. Incluyó formación en organización de unidades blindadas, camuflaje, armamento, fuego y maniobra, operaciones urbanas, reconocimiento y empleo táctico en distintos escenarios. La capacitación fue impartida por nueve instructores.

De acuerdo con la información institucional, estos programas sumaron más de 800 horas de formación entre las distintas fases y estuvieron orientados a reforzar la preparación operativa del personal naval en tareas relacionadas con seguridad y respuesta táctica.

La ceremonia de clausura estuvo a cargo del comandante del Grupo Logístico, quien reconoció el desempeño de los participantes y destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en operaciones futuras.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte del proceso de capacitación continua de su personal para fortalecer su capacidad operativa en distintos entornos.

El Gobierno del presidente interino José María Balcázar promulgó la ley que otorga una bonificación económica excepcional de 1.130 soles a los licenciados veteranos de la pacificación nacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Se trata de la Ley 32577, publicada este martes 14 de abril en el diario oficial El Peruano. Se precisa que este beneficio tiene un carácter vitalicio e intransferible, aunque se aclara que no posee naturaleza remunerativa ni pensionable, por lo que no está sujeto a cargas sociales ni forma parte de beneficios laborales previos.

Requisitos y condiciones para la pensión vitalicia

Para que los veteranos de la pacificación nacional puedan acceder a una pensión mensual vitalicia, los solicitantes deben cumplir de manera estricta con una serie de criterios técnicos y legales establecidos en la norma. El requisito principal es haber sido reconocido como veterano de la pacificación nacional por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) con fecha de corte al 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con la Ley 30826, un veterano de la pacificación nacional es un “miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro o licenciado, que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia”

Además de ello, el veterano deberá cumplir con las siguientes condiciones operativas del servicio:

• Haber cumplido el servicio militar obligatorio en el periodo comprendido entre los años 1980 y 2000.
• Haber servido en zonas de emergencia, de acuerdo a la delimitación legal vigente en su momento.
• Contar con una acción pacificadora validada por la institución armada correspondiente.
• Haber prestado servicio de forma consecutiva por un tiempo mínimo de 12 meses y máximo de 24 meses.
• Haber ostentado grados específicos al licenciarse: en el Ejército (desde recluta hasta sargento primero o segundo), en la Marina (desde grumete hasta cabo primero o segundo) o en la Fuerza Aérea (desde aviador hasta sargento primero o segundo).

Por último, los beneficiarios no deben ser deudores alimentarios ni contar con antecedentes policiales, penales o judiciales al momento de presentar su solicitud.

Cronograma de pago de la pensión mensual vitalicia

La ley determina que el pago de los 1.130 soles no se ejecutará de forma simultánea para todos los beneficiarios, sino que se implementará de manera progresiva durante un periodo de cinco años. La prioridad de ingreso al sistema de pagos se basa en la edad y el estado de salud de los veteranos:

1. Primer año (Grupo 1): Veteranos mayores de 60 años y aquellos que presenten una discapacidad permanente.
2. Segundo año (Grupo 2): Licenciados con edades comprendidas entre los 55 y 59 años.
3. Tercer año (Grupo 3): Veteranos que tengan entre 50 y 54 años.
4. Cuarto año (Grupo 4): Licenciados cuyas edades oscilen entre los 45 y 49 años.
5. Quinto año (Grupo 5): El resto de los licenciados que cumplan con los requisitos de ley.

La gestión de las solicitudes y el pago de la pensión mensual vitalicia estará a cargo del Ministerio de Defensa, el cual debe realizar las modificaciones presupuestarias internas necesarias para garantizar el cumplimiento de los pagos sin requerir recursos adicionales al tesoro público.

La madrugada en la provincia de Pataz se vio interrumpida por una operación de alto riesgo que, con el paso de las horas, se convertiría en un mensaje contundente del Estado frente al avance de la criminalidad organizada en zonas mineras.

En una acción conjunta, el Comando Unificado Pataz, bajo la conducción del Comando Operacional del Norte, ejecutó la operación “Qatar”, logrando el rescate de veinte mineros artesanales secuestrados en el interior de la bocamina “Sanone”, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, en la región La Libertad.

De acuerdo con la información oficial, todo se inició cuando inteligencia militar detectó la incursión de una organización criminal armada, la cual habría ingresado violentamente al yacimiento minero con el objetivo de tomar el control territorial. La irrupción se produjo mediante disparos y actos de intimidación, generando pánico entre los trabajadores y consolidando el secuestro de los mineros que se encontraban en el socavón.

Ante este escenario, el despliegue fue inmediato. Las fuerzas de élite del Comando Unificado Pataz, integradas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutaron una maniobra táctica de control territorial, ingresando a la zona minera con precisión operativa. La intervención derivó en un enfrentamiento armado con los delincuentes, quienes, al advertir la presencia de las fuerzas del orden, así como su capacidad operativa y superioridad estratégica, optaron por huir a través de los conductos interiores de la mina.

El operativo se desarrolló en condiciones complejas, propias de un entorno subterráneo, donde la visibilidad, el acceso y la seguridad representan riesgos adicionales. Sin embargo, la planificación permitió asegurar el área y avanzar en la prioridad principal: la liberación de los rehenes. Tras controlar la situación, se logró rescatar a los veinte mineros secuestrados, quienes fueron puestos a buen recaudo sin registrarse heridos ni pérdidas humanas, un resultado que refuerza la efectividad de la intervención.

En medio de este contexto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño Valdivia, destacó el desempeño de las fuerzas involucradas, subrayando el compromiso institucional frente a este tipo de amenazas.

“Nuestras Fuerzas Armadas junto a la PNP, actúan con disciplina, preparación y absoluto compromiso con la nación. En Pataz logramos la liberación de 20 personas retenidas al interior de un socavón, consolidamos la presencia efectiva del Estado, trabajando con la firme decisión de recuperar el control del territorio, proteger la vida de la población y enfrentar con determinación a las organizaciones criminales que amenazan la paz social”, afirmó.

En este contexto, la operación “Qatar” se enmarca dentro de una estrategia más amplia impulsada por el sector Defensa, en la que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lidera acciones y operaciones militares orientadas a restablecer el orden interno, proteger a la población y debilitar las economías ilegales que afectan el desarrollo nacional. La intervención en la bocamina “Sanone” no solo representa un rescate exitoso, sino también un avance en la recuperación progresiva del control territorial por parte del Estado.

Por su parte, el Comando Unificado Pataz reafirmó su compromiso de continuar desarrollando operaciones sostenidas y contundentes en la provincia, con el objetivo de garantizar la integridad de la población, el respeto del Estado de derecho y la recuperación de espacios que han sido vulnerados por organizaciones criminales. Este tipo de intervenciones, señalaron, son fundamentales para devolver la seguridad a las comunidades y frenar el avance de actividades ilícitas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, formalizó la presentación del Plan de Operaciones Elecciones Generales 2026, una estrategia diseñada para resguardar la paz, el orden y la integridad del proceso democrático previsto para el domingo 12 de abril.

La autoridad precisó que el plan contempla la movilización de más de 100 mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional.

Esta operación buscará garantizar el normal desarrollo de los comicios para facilitar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de libertad y tranquilidad. El jefe del gabinete resaltó el carácter inédito del despliegue y subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional para proteger la voluntad popular.

El Gobierno peruano desplegará a más de 61 mil agentes policiales y alrededor de 45 mil miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, junto a 10.338 patrullas, custodiarán los más de 10 mil locales de votación habilitados en todo el país.

Este operativo tiene como prioridad salvaguardar el orden público y la seguridad del material electoral, asegurando la neutralidad y transparencia durante la jornada, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Con el objetivo de garantizar la integridad y legitimidad del proceso, el Ejecutivo ha coordinado acciones logísticas y de soporte con los organismos electorales, respetando su autonomía y función técnica. Arroyo Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno que lidera José María Balcázar con la seguridad ciudadana y la transición democrática, instando a la población a participar de manera masiva en la elección general.

Despliegue de fuerzas y soporte institucional

La ceremonia de lanzamiento se llevó a cabo en la Institución Educativa Alfonso Ugarte de San Isidro, con la presencia de autoridades del Ejecutivo y altos mandos tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas.

En el acto participaron los ministros de Defensa, Carlos Díaz; del Interior, José Zapata; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto. También asistieron el comandante general de la Policía Nacional, teniente general Óscar Arriola, y representantes de los altos mandos militares, quienes supervisaron los últimos detalles del operativo nacional.

El Ejecutivo señaló que la organización de este dispositivo de seguridad responde a la necesidad de prevenir incidentes y preservar la tranquilidad en los centros de votación. Arroyo Sánchez enfatizó que el trabajo conjunto entre los ministerios y los entes electorales permite anticipar posibles situaciones de riesgo y adoptar medidas preventivas oportunas.

Paso a paso para consultar tu local de votación

• Ingresa al portal oficial de la ONPE para consultas electorales accediendo a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier computadora, tablet o teléfono móvil.
• Introduce tu número de DNI: el sistema solicitará este dato y, tras ingresarlo, deberás seleccionar la opción “Consultar”.
• Verifica tu información de votación: la plataforma desplegará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia registrado en el documento, y todos los detalles pertinentes sobre tu local de sufragio, tales como:
• • Nombre del establecimiento (colegio, instituto, universidad, entre otros)
  • Dirección exacta y referencia
  • Número de mesa asignada
  • Número de orden en la lista electoral
  • Pabellón, piso y aula (si aplica)
  • Condición de miembro de mesa, sea titular o suplente
  • Herramientas para visualizar el mapa y descargar el croquis del local
• Guarda o imprime la información: se recomienda realizar una captura de pantalla, descargar el croquis o imprimir los datos para disponer de ellos durante la jornada electoral, especialmente si no se contará con acceso a internet en el centro de votación.

A horas de las elecciones generales en Perú, el Ministerio de Defensa (Mindef) anunció que garantiza el derecho al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) durante las Elecciones Generales 2026 de este domingo 12 de abril.

Esta decisión, respaldada por la Constitución Política del Perú y la Ley N° 32166, busca asegurar que el personal militar en actividad ejerza su derecho al sufragio en condiciones de libertad, información y seguridad.

Según informó la cartera liderada por el ministro Carlos Díaz Dañino, la medida responde al compromiso de respetar los derechos fundamentales de quienes integran el sector Defensa, así como a la obligación de fortalecer la institucionalidad democrática.

El organismo detalló que los efectivos de las Fuerzas Armadas acudirán a los locales de votación más cercanos a sus áreas de servicio, una disposición que responde a la necesidad de garantizar un voto ágil y compatible con su labor operativa.

Para ello, el Mindef coordinó con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otros entes del sistema electoral para establecer mecanismos que permitan la participación militar incluso en contextos de despliegue o movilización. El personal deberá presentarse debidamente uniformado e identificado en los recintos habilitados para emitir su voto.

Esta acción se enmarca en el respeto absoluto al principio de neutralidad política, un valor considerado fundamental para la democracia y el accionar de las Fuerzas Armadas.

La cartera de Defensa también enfatizó que se brindarán todas las facilidades necesarias para que el personal militar participe activamente en la jornada electoral, salvo en casos excepcionales donde los efectivos se encuentren destacados en zonas de difícil acceso, según precisó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Despliegue militar y seguridad en los comicios

El inicio de las operaciones de seguridad para las elecciones estuvo marcado por el despliegue de 45.540 efectivos de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y del ministro de Defensa.

Esta acción tiene como objetivo resguardar los locales, el material electoral, los accesos y las condiciones de orden público en todo el territorio nacional. El despliegue se completará progresivamente hasta el viernes previo a la elección, en apoyo a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante una ceremonia oficial, el premier Arroyo Sánchez destacó: “No se trata solo de una operación logística, se trata de una demostración concreta de organización, capacidad de respuesta, neutralidad institucional y presencia efectiva del Estado, ahí donde la democracia debe ser protegida”.

Su intervención subrayó que la prioridad del operativo es proteger el voto ciudadano y respaldar una transición democrática estable y confiable. Además, expresó el reconocimiento del Gobierno hacia la disciplina de las Fuerzas Armadas, un mensaje que busca reforzar la confianza pública en el proceso electoral.

Los efectivos han recibido capacitación en protocolos de atención al ciudadano, control de perímetros y manejo de incidentes, y están habilitados para intervenir en caso de infracciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó este 9 de abril que la Cámara atiende cinco solicitudes enviadas por Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, para autorizar la salida de Fuerzas Armadas mexicanas fuera del país durante 2026.

Entre las peticiones sobresale la participación en el Evento No. SOF28, enfocado en la capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas, del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, según informó Laura Itzel Castillo en su cuenta oficial de X.

El paquete que revisará el Senado incluye la intervención en el ejercicio multinacional TRADEWINDS 2026 del 3 al 17 de junio en Antigua y Barbuda, así como el alistamiento para “Flota 205” (FLEETEX 250) en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, del 15 al 30 de junio, seguido por la Revista Naval Internacional 250 en Nueva York del 1 al 8 de julio.

Otras salidas contemplan la colaboración en el ejercicio RIMPAC 2026, programado en las Islas Hawái entre el 24 de junio y el 31 de julio, y la integración en el Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026 en Panamá, del 3 al 14 de agosto de 2026.

Todas las solicitudes serán turnadas a las comisiones competentes, confirmó Laura Itzel Castillo en la red social.

Miembros de la Sedena fueron a recibir capacitación a Estados Unidos

Elementos de Fuerzas Especiales de la Sedena concluyeron hoy un adiestramiento conjunto en Camp Shelby, Mississippi, realizado entre el 18 de enero y el 13 de marzo, dirigido a perfeccionar tácticas de operaciones especiales en coordinación con el Comando Norte de Estados Unidos.

Esta operación, autorizada por el Senado y comunicada por la Secretaría de la Defensa Nacional, responde a la estrategia bilateral de seguridad que busca fortalecer la respuesta ante escenarios complejos en la frontera común, bajo la premisa de reciprocidad, confianza y respeto a la soberanía.

Dentro del periodo de casi dos meses, 40 efectivos de las Fuerzas Especiales de Sedena participaron en el evento SOF28, enfocado en la actualización de técnicas de combate avanzado, integración de inteligencia mediante tecnología satelital y empleo de drones, indican las fuentes consultadas por Milenio. Adicionalmente, el programa contempló la adopción de estándares internacionales y el intercambio de experiencias operativas entre ambas fuerzas armadas.

El grupo viajó en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, portando armamento reglamentario, después de contar con la aprobación formal del Senado en noviembre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre.

Durante la estancia, los militares mexicanos perfeccionaron estrategias de inserción discreta en zonas de alto riesgo, protección de instalaciones críticas y protocolos para la ejecución coordinada de misiones conjuntas. La instrucción, en ambientes simulados, facilitó la alineación doctrinal y permitió consolidar canales eficientes de comunicación entre cadenas de mando.

El ejercicio transcurrió bajo un esquema constitucional estricto que permitió a los soldados mexicanos entrenar en condiciones similares a las operaciones reales. Las instalaciones de Camp Shelby, con una extensión de 525 kilómetros cuadrados, han operado como centro de adiestramiento para fuerzas internacionales desde la Primera Guerra Mundial y ofrecen simulacros a nivel de batallón con empleo de tanques M1 Abrams, vehículos Bradley y obuses Paladin.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la integración de tres comisiones bicamerales clave para la supervisión de la seguridad nacional, el papel de las Fuerzas Armadas y la operación del Canal del Congreso, marcando un paso relevante en la coordinación legislativa tras más de un año y medio de retraso.

Seguridad nacional en el Senado: nuevas comisiones bicamerales entran en funciones

El Pleno avaló los acuerdos impulsados por la Junta de Coordinación Política para designar a las y los legisladores que integrarán las comisiones bicamerales de Seguridad Nacional; de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública; y del Canal de Televisión del Congreso.

De acuerdo con el senador Ignacio Mier Velazco, la aprobación se realizó conforme al reglamento y a la decisión soberana del Pleno, estableciendo las bases para la futura designación de presidencias, las cuales serán determinadas por las propias comisiones bajo un esquema rotatorio entre ambas Cámaras.

Comisión de Seguridad Nacional: facultades clave y vigilancia estratégica

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional será presidida por el senador Eugenio Segura Vázquez y contará con la participación de Enrique Vargas del Villar y Juanita Guerra Mena.

Entre sus principales atribuciones se encuentran la solicitud de informes al Centro Nacional de Inteligencia, el análisis de reportes del Consejo de Seguridad Nacional y la emisión de recomendaciones en la materia.

Además, podrá conocer documentos estratégicos como la Agenda Nacional de Riesgos.

Supervisión de Fuerzas Armadas en seguridad pública: funciones y alcance

Por su parte, la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública será encabezada por el senador Higinio Martínez Miranda.

Su función principal será analizar y dictaminar los informes enviados por el Ejecutivo federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, incluyendo reportes periódicos con indicadores verificables sobre el cumplimiento de criterios como legalidad, regulación, fiscalización y respeto a los derechos humanos.

En esta comisión participan legisladores de diversas fuerzas políticas, lo que garantiza una integración plural.

Canal del Congreso y transparencia: el papel de la tercera comisión bicameral

La tercera comisión bicameral estará enfocada en el Canal de Televisión del Congreso, considerado un instrumento clave para la transparencia y la difusión de las actividades legislativas.

Este órgano será presidido por el senador Homero Davis Castro y contará con la participación de legisladores de Morena, PVEM y PT, mientras que el PAN aún tiene pendiente definir a su representante.

Coordinación legislativa: el objetivo de las comisiones bicamerales

Las comisiones bicamerales son órganos integrados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión para atender temas de interés común.

Su creación busca fortalecer la coordinación entre diputados y senadores en áreas estratégicas.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la relevancia de estos mecanismos para mejorar la articulación institucional y atender asuntos prioritarios de manera conjunta.

¿En qué consisten las comisiones bicamerales?

• Son órganos integrados por senadores y diputados para atender temas de interés común
• Permiten la coordinación directa entre ambas Cámaras del Congreso
• Analizan, supervisan y emiten recomendaciones sobre políticas públicas específicas
• Pueden solicitar información a instituciones del Estado, como el Centro Nacional de Inteligencia
• valúan informes del Ejecutivo federal en temas estratégicosFortalecen la transparencia y la rendición de cuentas
• Sus presidencias son rotatorias entre las Cámaras y los grupos parlamentarios

Con la aprobación de estas comisiones, el Senado da un paso hacia el fortalecimiento del control legislativo en materia de seguridad y transparencia, a la espera de que la Cámara de Diputados designe a sus integrantes para completar la instalación de estos órganos.

En su columna de Infobae al Mediodía, el analista Andrei Serbin Pont expuso la inédita operación de repostaje en vuelo a 26 mil pies de altura con aviones F-35 durante la FIDAE en Chile, resaltando el salto tecnológico y el debate regional sobre inversiones en defensa.

Durante la transmisión en vivo de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont abordó la consulta sobre la posibilidad de cargar combustible a veintiséis mil pies de altura y fue categórico: “Efectivamente, a 26 mil pies de altura estos aviones repostaron de combustible a estos F-35”. La maniobra, ejecutada por la Fuerza Aérea de Chile en el marco de la FIDAE, marcó la primera vez que la institución realizó una operación de reabastecimiento aéreo con aeronaves de quinta generación.

Junto al equipo de Infobae al Mediodía, conformado por Maru Duffard, Jimena Grandinetti y Fede Mayol, Serbin Pont profundizó sobre la relevancia de la exhibición: “Es una gran exhibición aérea que ocurre en Chile, la famosa FIDAE. Están llegando o ya llegaron dos de los aviones de combate más avanzados que hay en el mundo. Son dos aviones norteamericanos”.

Chile realiza el primer repostaje aéreo de F-35 en el hemisferio sur

Serbin Pont remarcó el carácter inédito de la maniobra: “Fue la primera vez que la Fuerza Aérea de Chile llevaba adelante una tarea de repostaje en vuelo con aviones de quinta generación”. Además, puntualizó la trascendencia del arribo de los F-35: “El F-35 es la primera vez que se presenta en FIDAE; la última vez se habían presentado los F-22. Son lo más avanzado en cuanto a las generaciones de aviones de combate”.

El analista detalló las capacidades técnicas de los F-35: “Son aviones que tienen características de baja firma de radar, o sea, te cuesta mucho detectarlo con un radar. Tienen justamente una capacidad de transporte de armas interna para contribuir a esa reducción de la firma de radar. Tienen sensores muy avanzados que le permiten cumplir muchas de las tareas”. También remarcó el protagonismo del modelo en conflictos recientes, como en el estrecho de Ormuz, y su peso en la estrategia militar de Estados Unidos e Israel.

El costo de la modernización y el debate regional

Consultado sobre la magnitud de la inversión, Serbin Pont precisó: “El F-35 es considerado el avión más caro de la historia. Fue un proyecto que costó miles y miles y miles y miles de millones de dólares que recién se empezaban a amortizar una vez que Estados Unidos los logró empezar a vender”. Aportó cifras concretas: “Hoy en día hay 1.300 aeronaves que han sido entregadas. Hay otras 400 que esperan a concretarse”.

Sobre el valor individual, explicó: “Un F-35 nuevo, salido así de fábrica, con todo el apoyo logístico y todo eso, te puede salir entre 200 y 300 millones de dólares cada uno, por lo cual una adquisición de estas características fácilmente rondaría más allá de los tres mil millones de dólares”.

Chile y Argentina: caminos opuestos en defensa

Serbin Pont evaluó la estrategia chilena como resultado de un proceso de modernización sostenida: “Los chilenos vienen llevando adelante un proceso de modernización hace varios años, hace varias décadas, en verdad te diría, muy profunda, siempre a los niveles de los estándares de OTAN. Y el F-35 ha sido el avión que en buena parte de la OTAN ha venido a reemplazar los F-16”. Señaló que Chile podría replicar el modelo de la OTAN, reemplazando los F-16 más antiguos por F-35, lo que implicaría “un salto bastante grande”.

Respecto a la posibilidad de una política similar en Argentina, Serbin Pont fue contundente: “No, no, F-35 no nos da la nafta hoy para operarlos, no nos da, o sea, falta mucha experiencia. Ya el F-16 ha sido un salto tan grande en términos del conocimiento que requiere para operar la nave, para pilotearla, un salto tecnológico enorme que pensar en un F-35... Saltar, Argentina nunca podría haber saltado directamente a un F-35. Lo pueden hacer los chilenos porque llevan veinte años operando los F-16”.

Cerró con una reflexión sobre la política de defensa: “Ellos invierten en defensa porque entendieron que era importante tener un instrumento militar que acompañe a su política exterior. Nosotros dijimos: ‘No pasa nada en el mundo, no invirtamos en defensa’ y vemos, y la piloteamos después. Ahora estamos gastando muchísimo más para tratar de ponernos al día. A los chilenos les digo: ‘La hicieron bien durante 20 años, dijeron invirtamos para no tener que gastar demasiado después a último momento para recuperar capacidades’. Y ahí siguen considerando a ver si hay alternativas para seguir modernizándose”.

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El ajuste anual para los integrantes del Ejército Nacional de Colombia en 2026 contempla un incremento del 7% en sus ingresos.

Esta medida, anunciada en abril, impactará a oficiales y suboficiales en todo el país como parte de la política de actualización aplicada a los servidores públicos, según informó Portafolio.

El aumento dispuesto para los miembros del Ejército Nacional de Colombia en 2026 equivale a una mejora del 7% sobre su salario mensual.

Este ajuste modifica los ingresos de todas las jerarquías y se suma a primas, bonificaciones y subsidios, afectando así el monto total que cada militar percibe por su trabajo.

El incremento salarial tiene sustento legal en el Decreto 0615 de 2025, que respalda tanto la actualización de este año como la de periodos anteriores. El medio especializado ya citado detalló que la remuneración de los militares está formada por una asignación básica y componentes adicionales, además de contar con un régimen especial de pensiones.

¿Cómo se compone el salario militar en Colombia?

El salario en las Fuerzas Armadas va más allá del monto básico. Los elementos adicionales incluyen primas por orden público por labor en zonas de riesgo, bonificaciones por antigüedad según los años de servicio, y primas ligadas a especializaciones o cargos de mando.

Además, existen subsidios para alimentación, salud y vivienda, que complementan la estructura salarial principal. Estos beneficios permiten adaptaciones según el cargo o el lugar en el que el militar preste servicio.

Rangos salariales del Ejército Nacional en 2026

Las proyecciones para 2026, indican que un subteniente recibirá entre $3.200.000 y $3.800.000 mensuales. Un teniente ganará entre $3.800.000 y $4.500.000, y un capitán entre $4.500.000 y $5.500.000.

Quienes ocupan grados superiores, como mayor y teniente coronel, percibirán de $5.500.000 a $6.500.000 y de $6.500.000 a $8.000.000 respectivamente.

Un coronel ganará entre $8.000.000 y $10.000.000, mientras que el general puede recibir más de $12.000.000 al mes.

Estos montos se aproximan y dependen de múltiples factores.

El ingreso final de cada integrante varía según sus responsabilidades, el destino donde se encuentre y las particularidades de su cargo, mostrando la amplia diversidad existente dentro de las fuerzas armadas colombianas.

El Ejército Nacional ofrecerá cobertura médica y formación académica a conscriptos en el 2026

Además de la compensación principal, quienes cumplan el ciclo de servicio podrán acreditar ese tiempo como experiencia laboral.

Esta será considerada en futuros procesos de vinculación laboral. También podrán contar ese periodo como semanas válidas de cotización para pensión, conforme a las condiciones establecidas por el Ejército Nacional.

Estos detalles fueron explicitados por el general Gómez en el marco de la presentación pública de la convocatoria a inicios del 2026.

La convocatoria, dirigida a jóvenes mayores de dieciocho años que cumplan los requisitos físicos, médicos y administrativos, ya se encuentra activa en las distintas unidades militares del país.

El proceso implica la inscripción, la presentación de pruebas médicas, psicológicas y físicas, y la validación de documentación, todo ello gestionado directamente en los batallones y distritos militares habilitados, de acuerdo con lo informado por el Ejército y recogido por Semana.

El servicio contará como experiencia laboral y tiempo de cotización para pensión

Para los interesados, la información oficial sobre las condiciones económicas y sociales, así como los derechos y deberes derivados de la incorporación, es entregada únicamente por personal autorizado en los centros militares, con el fin de evitar la intervención de terceros o intermediarios.

Las autoridades subrayaron ante Semana que no existen costos asociados a la postulación o inscripción durante ninguna fase del proceso.

El general Gómez precisó que el primer contingente de 2026 iniciará actividades el 1 de febrero. Antes de incorporarse, los aspirantes deberán superar las evaluaciones médicas, físicas y psicológicas, y acreditar la documentación requerida. La relación de beneficios incluye el acceso a servicios médicos integrales durante el tiempo de servicio y la posibilidad de participar en procesos educativos internos, orientados al desarrollo personal y profesional.

Aquellos jóvenes que deseen permanecer en la institución al finalizar el periodo obligatorio podrán optar por la matrícula gratuita para iniciar la carrera que conduce a ser oficial o suboficial del Ejército Nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos disciplinares y académicos definidos por la entidad, de acuerdo con la información proporcionada a Semana.

Así, el tiempo de servicio militar será computado como experiencia laboral certificable en el sector laboral civil y también contado como semanas cotizadas a pensión, una novedad en el paquete de beneficios que ofrece la institución para el año 2026.

El gobierno del presidente José María Balcázar inició el despliegue de más de 45 mil agentes de las Fuerzas Armadas para custodiar la totalidad de los locales de votación y garantizar la seguridad de los más de 27 millones de electores habilitados que participarán de las Elecciones Generales 2026 el domingo 12 de abril.

Según anunció el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el despliegue del Ejército durante la jornada electoral busca que el desarrollo del proceso sea seguro y transparente, como parte de un esfuerzo coordinado a nivel nacional.

El día de las elecciones, los 45.540 militares estarán a cargo de controlar el acceso a los centros de votación, custodiar el material electoral y mantener el orden general, bajo principios de legalidad y proporcionalidad. El operativo incluye la activación de protocolos para afrontar cualquier contingencia social o climática que pudiera afectar el proceso.

Esta operación implica coordinación directa entre diferentes instituciones como el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, junto a los ministerios de Defensa e Interior, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y autoridades locales, precisó Arroyo durante el acto de lanzamiento, realizado en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en Chorrillos.

Fuerzas Armadas actuarán bajo principio de neutralidad institucional

Arroyo afirmó que este operativo “no es solo una operación logística”, sino también un mensaje sobre la neutralidad institucional y el rol efectivo del Estado en la protección de la democracia. “Su voto está protegido”, aseguró el titular de la PCM. Detalló que la misión asignada es “estrictamente neutral, de apoyo al proceso electoral, resguardando locales, material electoral, accesos y condiciones de orden”.

La participación de las Fuerzas Armadas en esta oportunidad está orientada a “garantizar la expresión libre de la voluntad popular en una jornada segura, ordenada y transparente”, explicó el titular de la PCM. El objetivo es generar confianza en el proceso democrático en las zonas urbanas, así como en áreas rurales y dispersas.

Refuerzo de la seguridad ciudadana

El operativo electoral es parte de una política para reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer el orden democrático, dijo Arroyo a Andina. Informó que se han implementado 27 equipos de Fuerzas de Tarea Integradas en zonas de alta incidencia delictiva, donde las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y autoridades locales intervienen de manera conjunta.

Además, el Estado ha incorporado 5.655 nuevos efectivos policiales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el periodo previo a las elecciones.

En términos operativos, el domingo 12 de abril se movilizarán miles de efectivos policiales y militares en el 100 % de los locales de votación, asegurando con presencia armada la seguridad directa del proceso, la protección del material electoral y la logística de traslado. Estas medidas fueron confirmadas por Arroyo, quien enfatizó que la misión central consiste en “ser la seguridad absoluta de este proceso electoral”.

Un militar español destinado en la misión de la ONU en Líbano fue detenido durante algo menos de una hora por el Ejército israelí este martes. Sucedió después de que las FDI impidiesen avanzar a un convoy logístico de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el que participaban soldados españoles, que se dirigía a entregar alimentos y otros suministros al contingente indonesio desplegado en la zona.

El convoy fue bloqueado por una patrulla israelí y uno de los militares españoles fue retenido temporalmente. La FINUL denunció la detención, aunque en un primer momento no especificó la nacionalidad del afectado. Fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha confirmado este miércoles que se trataba de un miembro español del contingente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por su parte, ha convocado a Dana Elrich, la encargada de negocios de Israel - la diplomacia corre a su cuenta por el estado de las relaciones entre España e Israel - “para protestar por la injustificable retención de un soldado español”.

“La detención de un miembro de las fuerzas de paz de Naciones Unidas constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”

Un comunicado de la FINUL condenó la situación el mismo martes: “Esta tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detenido a un miembro de las fuerzas de paz de la FINUL tras bloquear un convoy logístico. Tras contactos directos e inmediatos entre el jefe de misión y comandante de la fuerza de la FINUL (Diodato Abagnara) y nuestra oficina de enlace, el miembro de las fuerzas de paz fue liberado en menos de una hora”.

La FINUL ha recordado que “la detención de un miembro de las fuerzas de paz de Naciones Unidas constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”. “Cualquier interferencia en la labor de las fuerzas de paz constituye una violación de la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de la ONU)”, ha agregado.

El militar español fue puesto en libertad tras la intervención diplomática española. Según explicó Robles durante una visita a la Embajada de Líbano en Madrid, España trasladó de inmediato una protesta formal tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Israel. Como resultado de esta gestión, el militar fue liberado en un plazo, según la propia FINUL, inferior a una hora. La ministra calificó el suceso como una vulneración del Derecho Internacional y señaló que las autoridades españolas han recibido garantías de que se depurarán responsabilidades y que el responsable será sancionado. Además, Robles explicó que el mismo convoy ya había sufrido otra incidencia esa misma mañana, cuando se le impidió avanzar en la ruta programada.

La presencia de tropas españolas en Líbano forma parte de la misión FINUL, desplegada en la frontera sur del país para supervisar el alto el fuego entre Israel y la milicia chií Hezbolá. Robles subrayó la complejidad en la que trabajan los efectivos españoles, asegurando, sin embargo, que España no ha considerado la retirada ni la reubicación de su contingente. “No, no, en absoluto, todo lo contrario”, dijo al respecto. “La ONU sabe que España siempre va a estar apoyando porque cree firmemente en la paz y en que el papel que se realiza es importante”, ha explicado.

En ese sentido, y con el fin para reforzar la atención sanitaria a los heridos en la misión, el Ministerio de Defensa ha anunciado el envío de un equipo médico militar a la Base Miguel de Cervantes, situada en Marjayún. Según explicó Robles, la evacuación de los soldados lesionados, especialmente del personal indonesio, presenta complicaciones debido a las dificultades para acceder a hospitales en Beirut y a la imposibilidad de realizar algunos traslados por vía aérea. En los últimos meses, al menos tres militares indonesios han fallecido como consecuencia de los ataques registrados en la zona, lo que ha motivado la decisión de reforzar el apoyo sanitario en la base.

La colaboración entre España y Líbano se mantiene como un elemento prioritario dentro de la política exterior española. Durante la visita a la embajada, Robles trasladó al embajador libanés en España, Hani Chemaitilly, la voluntad de mantener las mejores relaciones bilaterales y el apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas, independientemente del futuro de la misión de la ONU. La ministra reiteró el compromiso de España con la estabilidad y la seguridad regional, así como la intención de continuar con la cooperación militar y humanitaria en el país.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso aprobó el dictamen que propone reconocer nuevos beneficios a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre los nuevos beneficios se encuentra el descuento en el pago de pensiones en universidades públicas y privadas. Esto no solo beneficiaría a los veteranos a los veteranos de las FF. AA. y la PNP, sino también a sus hijos.

Estos son los nuevos beneficios aprobados por el grupo de trabajo:

• Contar con un descuento del 25% en el pago de pensiones de estudio de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, así como para sus hijos. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios que resulten necesarios para el otorgamiento de este beneficio.
• Recibir atención médica gratuita y medicinas en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud.
• Acceder a la adjudicación gratuita y a perpetuidad de un nicho en todos los cementerios del país para recibir sus restos. Las Sociedades de beneficencia y las juntas de participación social, según sea el caso, son las encargadas de dar cumplimiento a esta disposición. Las asignaciones por sepelio son sufragadas por el sector en el que los veteranos de guerra y de la pacificación nacional prestaron servicios.

Votaron a favor del dictamen los congresistas Karol Paredes, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Alex Flores, Margot Palacios, Jorge Montoya, Silvia Monteza, Hilda Portero y Fernando Rospigliosi.

Ahora, el texto deberá ser elevado al Pleno del Congreso de la República para su ratificación. Luego de ello, la autógrafa de la ley deberá ser remitida a la Presidencia de la República para su promulgación u observación en un plazo de 15 días hábiles.

Bono mensual vitalicio para veteranos

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que establece la entrega de un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional. La medida, que fue suscrita por Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, y Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, fue remitida al presidente interino José María Balcázar para su eventual promulgación u observación, con plazo hasta el 14 de abril de 2026.

La norma beneficiaría a 8.997 veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aunque en el primer año atendería a 1.799 personas, con un costo de 24 millones de soles. El beneficio será vitalicio e intransferible, no tendrá carácter remunerativo ni pensionable, y no constituirá base para cargas sociales o derechos laborales.

El pago del bono se implementará de manera progresiva durante cinco años, priorizando a los beneficiarios por grupos de edad. Para acceder, los licenciados deben contar con el reconocimiento oficial de “Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional” por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024. La solicitud podrá presentarse desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de julio de 2027, y el Ejecutivo dispondrá de 60 días hábiles para reglamentar su aplicación.

El Congreso de la República aprobó el otorgamiento de un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional y la autógrafa de la ley ya fue enviada al Poder Ejecutivo, que ahora dispone de plazo hasta el 14 de abril para promulgarla u observarla. El trámite legislativo se encuentra en la etapa final y solo resta la decisión del Ejecutivo para que la norma entre en vigencia.

La ley, sustentada en el Proyecto de Ley 3385/2022-CR, reconoce económicamente a los licenciados que participaron en acciones de pacificación entre 1980 y 2000, siempre que cuenten con el aval del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La iniciativa recibió el respaldo de 86 congresistas en el Pleno y fue exonerada de segunda votación con 83 votos a favor.

¿Cómo se otorgaría el bono a los veteranos?

El bono de 1.130 soles no se otorgará de manera simultánea a todos los beneficiarios. Según explicó Alejandro Soto Reyes, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, los licenciados serán agrupados por franjas etarias, priorizando a los de mayor edad y a quienes tengan discapacidad permanente. Los demás grupos serán incorporados de forma progresiva según su rango de edad.

La medida beneficiará a 8.997 licenciados debidamente acreditados, de acuerdo con el registro oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los requisitos incluyen no tener deudas alimentarias, no registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales, y haber participado en acciones pacificadoras durante el servicio militar.

El proceso legislativo comenzó en octubre de 2022 y atravesó diversas etapas en comisiones y el Pleno, hasta su aprobación definitiva el 12 de marzo de 2026. Tras la aprobación, la autógrafa fue firmada y remitida al despacho presidencial.

¿Qué sucede si el presidente no firma?

Tras la aprobación del bono mensual por parte del Congreso y el envío de la autógrafa al Poder Ejecutivo, el siguiente paso recae en la Presidencia de la República. El Ejecutivo dispone de un plazo legal de 15 días hábiles para tomar una decisión respecto a la norma, plazo que vence el 14 de abril. Durante este periodo, el presidente puede optar por promulgar la ley, con lo cual entraría en vigencia y comenzaría el proceso de implementación del bono para los veteranos.

Existe también la posibilidad de que el Ejecutivo observe la ley, es decir, que formule objeciones o propuestas de modificación y las devuelva al Congreso con sus comentarios. En ese caso, el Parlamento deberá evaluar las observaciones y decidir si las acepta o insiste en el texto original.

Congreso promulgaría ley sin firma presidencial

El procedimiento legislativo peruano contempla un mecanismo que permite al Congreso promulgar una ley sin requerir la firma del presidente cuando este no se pronuncia dentro del plazo establecido. Si el Ejecutivo no promulga ni observa la autógrafa en los 15 días hábiles posteriores a su recepción, el Parlamento adquiere la facultad de publicar la norma en el diario oficial El Peruano, otorgándole plena vigencia legal. Esta figura busca evitar que iniciativas aprobadas por el Poder Legislativo queden suspendidas indefinidamente por omisión del Ejecutivo.

En la práctica, este mecanismo ha sido utilizado en distintas ocasiones para asegurar la continuidad de reformas o medidas económicas y sociales, sobre todo cuando existen diferencias políticas entre ambos poderes del Estado. En el caso del bono para los veteranos de la pacificación nacional, si el presidente no adopta una decisión antes del 14 de abril, el Congreso podrá completar el trámite de promulgación, permitiendo así la implementación del beneficio sin mayores dilaciones administrativas.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso sesionará hoy lunes 6 de abril a las 3 de la tarde y tiene entre los puntos de agenda el debate y votación del predictamen para reconocer nuevos beneficios a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional.

A los 4 beneficios con las que ya cuentan los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se propone sumarle otros 3. Estos serían:

• Contar con un descuento del 25% en el pago de pensiones de estudio de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, así como para sus hijos. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, suscriben los convenios que resulten necesarios para el otorgamiento de este beneficio.
• Recibir atención médica gratuita y medicinas en todos los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud.
• Acceder a la adjudicación gratuita y a perpetuidad de un nicho en todos los cementerios del país para recibir sus restos. Las Sociedades de beneficencia y las juntas de participación social, según sea el caso, son las encargadas de dar cumplimiento a esta disposición. Las asignaciones por sepelio son sufragadas por el sector en el que los veteranos de guerra y de la pacificación nacional prestaron servicios.

En el caso del descuento en el pago de pensiones de universidades, el predictamen sostiene que no sería una imposición a las casas de estudios, sino que se trataría de una “cooperación voluntaria entre el Estado y las universidades, lo cual permitirá negociar acuerdos“.

Pensión vitalicia en manos del Ejecutivo

El Congreso de la República firmó la autógrafa de ley que dispone un bono mensual vitalicio de 1.130 soles para los veteranos de la pacificación nacional, beneficio que se destinaría inicialmente a 1.799 exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

De acuerdo con la ley enviada al presidente interino José María Balcázar, el primer año de aplicación demandaría un gasto de 24 millones de soles. El pago comenzará a implementarse de forma escalonada y se extenderá durante cinco años, priorizando a los beneficiarios según grupos de edad.

El periodo al que hace referencia la legislación abarca la violencia terrorista ocurrida en Perú entre 1980 y 2000.

Para acceder al bono, los postulantes deben haber sido reconocidos como “Veteranos de Guerra y de la Pacificación Nacional” por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, condición que debía acreditarse al 31 de diciembre de 2024, según la Ley 30826.

El carácter del bono será vitalicio e intransferible y no tendrá naturaleza remunerativa ni pensionable, lo que implica que no estará sujeto a cargas sociales ni incluirá derechos laborales adicionales. El proceso para solicitar el beneficio estará abierto desde el día siguiente de la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de julio de 2027.

El Ejecutivo tiene un plazo de 60 días hábiles desde la entrada en vigor para emitir las normas reglamentarias necesarias. El presidente interino José María Balcázar dispone hasta el 14 de abril para promulgar u observar la norma; de no hacerlo, el Congreso ordenará su publicación oficial en el diario El Peruano.

De acuerdo con los registros oficiales actualizados al 2026, el Perú cuenta con un total de 8,997 licenciados reconocidos como veteranos de la Pacificación Nacional por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. A esta cifra se suman aproximadamente 3,000 veteranos de guerra acreditados por haber intervenido en conflictos armados internacionales (como las campañas de 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995), alcanzando así una población total cercana a los 12,000 efectivos reconocidos bajo la Ley N° 30826.

Alemania ha introducido cambios en su legislación militar que afectan directamente a los hombres de entre 17 y 45 años. La Ley de Modernización del Servicio Militar, que entró en vigor el 1 de enero de este año, establece que quienes deseen permanecer fuera del país durante más de tres meses deberán obtener una autorización previa de las Fuerzas Armadas. Esta medida se enmarca en los esfuerzos del gobierno alemán para mejorar la gestión de los recursos humanos del Ejército y garantizar la disponibilidad de efectivos en todo momento, siendo el objetivo principal crear un marco legal que facilite el seguimiento de los ciudadanos susceptibles de ser reclutados, especialmente en contextos de emergencia.

De acuerdo con información de Europa Press, el Ministerio de Defensa alemán ha detallado, a través de un portavoz citado por la agencia DPA, que la nueva normativa exige la “autorización del centro de carrera de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero que duren más de tres meses”. Se trata de una obligación formal para todos los varones a partir de los 17 años, aunque, tal como señaló el portavoz, “la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario”. Esta disposición busca evitar cargas administrativas innecesarias en el contexto actual, en el que el servicio no es obligatorio.

Las FFAA alemanas buscan que el número de efectivos alcance los 260.000

La norma introduce también un examen médico obligatorio para los nacidos a partir de 2008, con la intención de contar con información actualizada sobre la condición física de los potenciales candidatos al servicio. La ley fija como meta ampliar el número de soldados activos en 80.000, para llegar a un total de 260.000 efectivos en las Fuerzas Armadas.

La nueva legislación concede al Ejército la capacidad de conocer la localización de los hombres sujetos a servicio militar durante estancias prolongadas en el extranjero. Esta prerrogativa, según explicó el portavoz del Ministerio de Defensa, servirá “para respaldar, en caso necesario, los elementos obligatorios del nuevo servicio militar en su aplicación práctica, como, por ejemplo, el examen médico obligatorio a partir del 1 de enero de 2026”.

No se trata solo de una norma pensada para situaciones de crisis, ya que su aplicación se extiende también a periodos de normalidad y la obligación de solicitar permiso previo no está vinculada a la existencia de un conflicto o estado de emergencia. Incluso fuera de estos supuestos, la ley exige la tramitación de la autorización antes de realizar una estancia larga en el extranjero. El Ministerio de Defensa está trabajando en la elaboración de disposiciones complementarias que permitan otorgar excepciones y reducir la burocracia. “En el Ministerio de Defensa se están elaborando normas concretas para la concesión de excepciones a la obligación de autorización, también con el fin de evitar la burocracia innecesaria”, indicó el portavoz.

El gobierno alemán no ha facilitado cifras sobre el número de solicitudes de autorización presentadas desde la entrada en vigor de la ley ni detalles sobre los mecanismos de control y sanción ante posibles incumplimientos. El portavoz del Ministerio recordó que “la norma ya se aplicaba en tiempos de la Guerra Fría y no tenía relevancia práctica. Tampoco está sancionada de forma específica”. De momento, el incumplimiento de este requisito no implica consecuencias legales directas, lo que refuerza su carácter preventivo y organizativo.

Las fuerzas rusas reportaron la captura de la ciudad de Verjniaia Pisarevka, en la provincia ucraniana de Járkov, episodio atribuido a las acciones del grupo Norte de las Fuerzas Armadas de Rusia y presentado como uno de los avances más recientes en el frente oriental. Este anuncio se suma a los informes divulgados este miércoles en los que el Ministerio de Defensa ruso detalló la ocupación de dos localidades adicionales en las provincias de Járkov y Zaporiyia, en el contexto de una campaña militar que persiste desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Según informó la agencia Europa Press, Moscú señala que estos pasos consolidan la presencia rusa en territorios que ya han sido parcial o totalmente ocupados y anexionados desde el inicio de la intervención militar.

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó a través de Telegram que sus tropas tomaron control de Boikovo, en la provincia de Zaporiyia. En ese punto, las autoridades militares aseguran haber causado daños significativos a formaciones ucranianas, incluyendo a una brigada mecanizada, dos brigadas de asalto y tres regimientos de asalto. De acuerdo con el parte oficial citado por Europa Press, el saldo de este enfrentamiento incluiría 275 efectivos ucranianos, así como la destrucción de un vehículo blindado de transporte de personal, once vehículos motorizados, una estación de guerra electrónica y un depósito de material militar.

La publicación de Europa Press incorporó detalles sobre la magnitud de las pérdidas ucranianas desde el comienzo del conflicto. El Ministerio de Defensa ruso sostiene que sus fuerzas han destruido, hasta la fecha, 671 aeronaves, 284 helicópteros y más de 120.000 vehículos aéreos no tripulados. El balance militar difundido también contabiliza la demolición de 652 sistemas de misiles antiaéreos, 28.630 carros de combate, 1.694 vehículos de combate con sistemas de lanzamiento múltiples y más de 58.000 vehículos militares de distinto tipo.

En relación con la evolución territorial del conflicto, Rusia afirma haber logrado avances sostenidos en el este de Ucrania, si bien señala a Donetsk como el foco principal de su ofensiva durante los últimos meses. Europa Press destacó que, en septiembre de 2022, Moscú proclamó la anexión de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, a pesar de que estas áreas sólo se encuentran ocupadas parcialmente. A este listado se suman incursiones rusas en las provincias de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk. El informe agrega que la península de Crimea fue anexionada por Rusia en 2014 y permanece bajo su control.

La información proporcionada por el Ministerio de Defensa ruso enfatiza que las llamadas acciones decisivas del grupo Norte resultaron en la “liberación” de Verjniaia Pisarevka, formulación que Moscú utiliza habitualmente para informar sobre la toma de localidades bajo control ucraniano. Europa Press señala que, junto a Boikovo, esta localidad representa uno de los objetivos capturados en las acciones militares recientes.

La serie de anuncios coincide con una escalada de hostilidades en el frente oriental, donde Rusia ha centrado su esfuerzo militar tras haber declarado formalmente la anexión de territorios que mantienen un control territorial parcial. Europa Press consignó también que, durante el transcurso de la invasión, han sido reportados enfrentamientos significativos en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk. Las autoridades rusas atribuyen sus logros al despliegue de unidades regulares y asalto, apoyadas por sistemas de guerra electrónica y vehículos blindados.

Cifras difundidas por el mando ruso, recogidas por Europa Press, refuerzan el argumento gubernamental sobre el impacto de las acciones en el equipamiento ucraniano. A la relación de vehículos y armamento destruido desde 2022, el Ministerio de Defensa suma el control de varias infraestructuras militares ucranianas, resultado de los recientes episodios de combate en el este del país.

Las operaciones de Moscú en Ucrania persistieron durante más de dos años. Europa Press contextualiza los acontecimientos señalando que, tras la anexión de Crimea en 2014, la ofensiva rusa se amplió hacia otras provincias en 2022, generando cambios significativos en el mapa territorial y político de la región conforme al ritmo de los avances militares informados.

El capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres se prepara para liderar su primer viaje de intrucción de la Fragata Libertad, durante un que lo llevará por Brasil, Puerto Rico y Jamaica, con una escala clave en los Estados Unidos, donde participará de los actos por los 250 años de la independencia de ese país.

En diálogo con Infobae, el militar explicó cómo es la vida en el mar, especialmente para los 45 aspirantes a oficiales de la Armada que estarán realizando la prueba final a lo largo de toda la travesía.

El uniformado, que recibió a este medio en su oficina dentro del navío, remarca que “el que crea que lo que se hace en estas misiones es un viaje de egresados se equivoca”, porque el ritmo de trabajo “es bastante intenso”.

En la cámara del comandante, el capitán está rodeado de banderas argentinas, cuadros de sus antecesores y premios que recibió el barco durante estos casi 63 años de existencia, como el Boston Teapot, reconocimiento que se le da a aquella fragata de instrucción que recorra la mayor distancia posible exclusivamente a vela en un período consecutivo de 124 horas.

La Fragata Libertad es actualmente la campeona de esa competencia y acumula un total de 10 trofeos, récord que iguala solamente España, por lo que Cáceres está decidido a revalidar el título, no solo para que la Argentina quede sola en la cima, sino también para que sea la primera vez en la historia que lo consigue en dos años seguidos.

-¿Cuánto tiempo lleva como comandante de la Fragata Libertad?

-Hace cuatro meses que soy comandante de la Fragata Libertad. Desde el día 16 de diciembre del 2025.

-¿Este es su primer viaje de instrucción?

-Este sería mi tercer viaje de instrucción. Hice el viaje en el año 1998 como guardiamarina en comisión, en el año 2017 como jefe del departamento de cubierta y ahora en este año, 2026, como comandante.

-¿Cómo lo afronta?

-Es un desafío profesional de los más importantes en la carrera. Es un buque muy representativo de la Armada y de la Nación. Conlleva mucha responsabilidad. Somos doscientas ochenta personas de tripulación a bordo, con una misión muy importante, que es terminar de formar a nuestros guardiamarinas y cumplir la función de embajadora con la fragata. Hay muchos desafíos y nos preparamos para cumplirlos.

-¿Cuál es la importancia de esta misión?

-Son dos los objetivos principales de la fragata. El primero, terminar de formar a nuestros guardiamarinas en comisión, que hicieron cuatro años de escuela naval en Río Santiago y su quinto año lo completan a bordo de la Fragata Libertad. Los formamos en la aptitud militar y profesional para su futura vida como oficiales de marina. Y luego, representamos al país en cada puerto, mostrando nuestra cultura, geografía y productos. Por ejemplo, la carne que llevamos y consumimos durante el viaje es siempre argentina.

-¿Cómo es la vida en el mar durante tantos meses?

-El viaje tiene cinco meses y ocho días de duración, aproximadamente. Los guardiamarinas necesitan más de cien días de navegación, y el resto son días de puerto para escalas logísticas y de abastecimiento. Cada año egresan guardiamarinas y deben cumplir esos días de navegación.

Es bastante intenso. Los guardamarinas se dividen en dos grupos: uno estudia las últimas materias y el otro trabaja y realiza guardias de navegación, y luego se intercambian los roles. Los vamos distribuyendo en diferentes departamentos, como máquinas, cubierta, abastecimiento, y así se van formando en lo que harán como oficiales de marina.

-Se suele decir que esto no es un viaje de egresados. ¿Qué puede decir al respecto?

-No, no es un viaje de egresados. Acá se trabaja y se estudia. Si lo comparamos con una carrera universitaria, la tesis se rinde acá. El examen final se toma en esta cámara (la oficina del comandante), con el comandante, segundo comandante y los jefes de departamento. No todos aprueban. Lo normal es que uno o dos oficiales no aprueben el curso. Con lo cual, la parte esa de que sería como un viaje de egresados, yo te puedo asegurar que no, el que crea eso se equivoca.

-¿Cómo se maneja un grupo tan grande, no solo de estudiantes sino también de oficiales y suboficiales?

-El buque está perfectamente estructurado: comandante, segundo comandante, cinco jefes de departamento, jefes de cargo, suboficiales y cabos. Todo el personal está seleccionado bajo requisitos de la Armada, lo que facilita el trabajo. Todos están comprometidos con la misión de representar a la Armada y al país.

-¿Cómo es representar al país en el exterior? ¿Qué responsabilidad implica y cómo se prepara?

-Uno trata de hacer su trabajo y comportarse de la mejor manera, e inculcar lo mismo a los guardiamarinas y cabos recién egresados. Lo importante es la buena conducta en el exterior y ser buenas personas. Representamos al país mostrando nuestras particularidades. En este viaje participaremos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos junto a otros grandes veleros, cada uno con la misión de representar a su país y formar futuros oficiales.

-Este viaje se da en un momento en el que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos son buenas. ¿Eso influye en la misión?

-Sí, Argentina tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Visitaremos cinco puertos estadounidenses como parte de la regata Sail 250, que arranca en New Orleans y termina en Boston. Todos los buques participan y muestran su embarcación en cada puerto.

-Quiero volver a cómo es la vida diaria a bordo, ¿qué rutinas se siguen?

-El día comienza a las seis y media o siete de la mañana, con diana y aseo personal. Después del desayuno y la formación, se trabaja hasta las doce treinta. Luego el almuerzo y de nuevo trabajo hasta las diecisiete. Luego hay actividades deportivas, estudio y descanso. La cena es a las veinte, y a las veintidós, descanso. ¿Se pueden ver películas? Sí, es posible, en los camarotes, en algún tiempo libre, a la noche, pero la rutina es muy organizada.

-¿Cómo se maneja el uso de celulares y la comunicación a bordo?

-Ese es todo un tema. La comunicación no es tan abierta como a veces se quiere, pero es parte también de lo que se tiene que enseñar. Las comunicaciones deben ser sí o sí a través del comando. Los guardiamarinas pueden comunicarse con sus familias por WhatsApp, pero está organizado por grupos y horarios. Se limita el uso de redes sociales por cuestiones técnicas y educativas, para que el personal esté concentrado en el trabajo, ya que hay riesgos de accidentes y es importante mantener la atención. Las redes sociales tratamos de que no se usen, porque conllevan mucho gasto, serían 280 celulares conectados. Nosotros necesitamos que el personal esté abocado al trabajo y no al celular con Facebook, con Instagram y esas cuestiones. Cualquier accidente puede modificar la misión. El objetivo va a estar cumplido para mí cuando regresemos todos los que salimos y con los 10 dedos de la mano. Esa es la prioridad, la seguridad.

-¿Cómo asume la responsabilidad de formar a tantos futuros oficiales?

-El proceso de aprendizaje continúa incluso después de egresar de la fragata. El oficial pasa siete años como alumno, formándose y aprendiendo en la flota de mar. Solo después de ese tiempo se le exige como oficial pleno. El proceso de formación lleva su tiempo.

-¿Por qué se usa esta fragata para la prueba final y no un buque de guerra?

-Bueno, en primer lugar, porque es volver a las raíces, a lo más básico, porque a vela se navegó desde siempre, desde el inicio de la historia. Además, porque ya van a tener tiempo de instruirse en un “buque gris” y esto es, de todas formas, una fragata militar, tenemos artillería y también tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad, como piratas o intentos de posesión. Todo el viaje está calculado, pero hay que estar listos.

*Fotos: Maximiliano Luna

El operativo “Proteger y Servir Semana Santa 2026”, impulsado por la Policía Nacional y presentado en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, marca un despliegue inédito de fuerzas de seguridad y prevención en la República Dominicana durante el asueto pascual.

Esta estrategia, que se ejecutará del martes 31 de marzo al domingo 5 de abril, responde a la creciente movilización de ciudadanos en fechas festivas y busca garantizar tanto la protección de la vida como la seguridad de bienes en todo el territorio nacional.

La magnitud del operativo, informada por la Policía Nacional durante el acto oficial, se traduce en la movilización de 25,000 agentes policiacos y 10,000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Esta cifra representa un refuerzo considerable en comparación con el despliegue habitual en otros períodos del año y evidencia el reconocimiento estatal de los riesgos asociados a la confluencia masiva en playas, ríos, carreteras y destinos turísticos durante la Semana Mayor.

El presidente Abinader destacó que el propósito central es proteger la vida de los dominicanos que viajan por el país en estas fechas y remarcó la necesidad de trabajo conjunto entre autoridades y población para asegurar la tranquilidad de las familias.

Más de 35,000 agentes desplegados para la protección integral en Semana Santa

De acuerdo con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la Policía Nacional diseñó el operativo tomando como referencia la experiencia acumulada en años anteriores. La identificación de horarios críticos y puntos de mayor riesgo permitió articular una fuerza de tarea interinstitucional que abarcará carreteras, balnearios y comunidades en todas las regiones.

Raful detalló que, además de los esquemas tradicionales de patrullaje y vigilancia, el dispositivo pone foco en la atención a la violencia intrafamiliar, una problemática que observa un repunte durante las festividades. Para abordar este aspecto, la coordinación recae en la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional.

La ministra llamó a la ciudadanía a asumir el compromiso de la seguridad colectiva con prudencia y responsabilidad, y sostuvo que el éxito del operativo depende de la colaboración activa entre las instituciones estatales y la sociedad.

Reforma policial, modernización y presencia interinstitucional

El director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, afirmó que el plan representa un esfuerzo articulado del Estado dominicano, orientado a preservar vidas y mantener el orden público durante uno de los periodos de mayor tránsito y concentración social.

Cruz Cruz precisó que la Policía Nacional ha profundizado su proceso de reforma y modernización, con avances en la capacitación de nuevos agentes en materias como derechos humanos, uso proporcional de la fuerza y trato digno. “Contamos hoy con un cuerpo más preparado, cercano a la ciudadanía y comprometido con valores éticos, disciplina e integridad”, afirmó el director policial durante el acto oficial, según datos de la Policía Nacional.

Con el despliegue de efectivos acompañado por las Fuerzas Armadas, la misión es servir, proteger y acompañar a la población manteniendo la tranquilidad tanto de residentes como de turistas.

Coordinación interinstitucional y protección a la propiedad

El dispositivo anunciado será ejecutado en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas y la Procuraduría General de la República, además de la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Cuerpo de Bomberos y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

Diversas dependencias de la Policía Nacional, entre ellas la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la Policía de Turismo (Politur), Asuntos Internos, Sanidad Policial y la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, estarán integradas al operativo. El plan incluye la protección de propiedades públicas y privadas, así como la respuesta frente a emergencias, con el objetivo de salvaguardar la convivencia y la seguridad integral de la población durante la Semana Santa 2026.

A la presentación del operativo asistieron, entre otras autoridades, el ministro de Defensa Carlos Antonio Fernández Onofre, la procuradora general Yeni Berenice, el director general de Migración Luis Rafael Lee Ballester y máximos representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como del Viceministerio de Defensa en sus áreas militar, naval y aérea.

En el marco de la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y de los agentes de seguridad, que está en proceso de disolución para pasar a otras dos entidades que se ocupen de cada sector por separado, el Gobierno dispuso también el traspaso de todos los inmuebles involucrados a esa institución, aunque asegura que no se van a vender para pagar la deuda acumulada.

Hasta el momento, todos los edificios donde funcionaba la prestadora de servicios médicos dependían de las Fuerzas Armadas, pero tras los cambios, se decidió que pasen a la órbita del Ministerio de Defensa.

Se trata de un total de 44 establecimientos, entre hoteles y oficinas administrativas, que ahora pasarán a estar en manos del titular de esa cartera, teniente general Carlos Presti.

Así se dispuso en el Decreto publicado meses atrás, a partir del cual se ordenó la eliminación de IOSFA para dar lugar a la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Ambos organismos contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones.

En cuanto a los inmuebles, para que queden dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, fueron inscriptos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que dio lugar a versiones sobre posibles ventas de estos activos.

Al respecto, fuentes de OSFA aseguraron a Infobae que “no se va a rematar ninguno de los edificios involucrados” y que el cambio de manos “es solo una cuestión jurídica”.

“Para nosotros es algo claro, como ahora ya no dependen de las Fuerzas Armadas, sino de un Ministerio, tiene que intervenir AABE, pero no se va a pagar la deuda con eso”, remarcaron.

La entidad tiene un pasivo de unos 200 mil millones de pesos contraída en los últimos años, lo que generó complicaciones para los afiliados y falta de prestaciones.

Sin embargo, para solucionar este conflicto las autoridades apuestan a la Comisión Especial Ad-Hoc que también se creó —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— y que supervisará todo el proceso de transición.

A través de un comunicado, la cartera de Presti sostuvo que se está llevando adelante un “plan de ordenamiento patrimonial destinado a mejorar la eficiencia en la administración de los recursos”. Este proceso se desarrolla con el objetivo de organizar los activos de la institución bajo los nuevos lineamientos operativos.

Según el texto, el proceso técnico contempla el “relevamiento e inventario de bienes muebles”, así como su posterior “transferencia programada a la nueva estructura”.

Estas acciones se realizan en comunicación constante y “en coordinación con las Fuerzas Armadas”, asegurando que el traspaso de los elementos operativos se realice de manera ordenada entre ambas entidades.

Respecto a la propiedad de los activos de mayor envergadura, el Ministerio ha definido una postura clara: los “bienes inmuebles permanecerán bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa”.

Esta decisión tiene como fin el “resguardando su función institucional y su carácter estratégico”, integrándose en una política que “garantiza su permanencia dentro de la órbita del propio Ministerio”.

Un punto central de la transición, que comenzó el 5 de febrero del presente año conforme a lo dispuesto por el “DNU 88/2026”, es la situación de las unidades de turismo. Los establecimientos hoteleros que actualmente administra el IOSFA “están siendo incorporados a la OSFA” como parte de este reordenamiento.

El futuro de estos complejos quedará en manos de la conducción de la nueva obra social. El propio directorio de OSFA, que cuenta con “representantes de las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, será el organismo que tendrá un “rol decisivo en el destino futuro y modalidad de gestión de esos establecimientos”.

El Ministerio de Defensa subrayó que el plan de transición mantiene la “prioridad puesta en la cobertura de salud de los afiliados”. Bajo esta premisa, las autoridades competentes analizan distintas alternativas para “optimizar el funcionamiento de los hoteles, garantizar su uso y promover una gestión más eficiente y sustentable”.

Finalmente, el organismo aclaró que no se han tomado determinaciones definitivas sobre los modelos de explotación de estos servicios, ya que las “definiciones finales surgirán de los estudios en curso”. Los resultados de estos análisis técnicos y operativos “serán comunicados oportunamente” a través de las vías oficiales de la institución.