La decisión se concretó a través de la integración de la FEC al Comando Unificado, la estructura que coordina las acciones conjuntas entre la Policía Nacional y los institutos armados. El programa Panorama, de Panamericana Televisión, accedió en exclusiva a las primeras sesiones de entrenamiento de la unidad y a declaraciones del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quien detalló los alcances de esta nueva etapa.

Militares de élite operarán en zonas urbanas

La FEC está conformada por efectivos seleccionados del Ejército, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la Marina de Guerra, considerados los operadores más capacitados de cada fuerza especial. “Son parte del Comando Unificado, la FEC, que es la élite de la élite, es lo mejor de cada fuerza especial de cada instituto. De ahí se reclutan y lo mejor de lo mejor es la FEC”, explicó Belaunde en declaraciones recogidas por Panorama.

El funcionario agregó que la lógica detrás de la medida responde a una necesidad concreta de reforzar la seguridad ciudadana con los recursos más calificados del Estado. “Lo que nosotros necesitamos, como es de sentido común, es poner lo mejor al servicio de la seguridad de los peruanos”, sostuvo el ministro.

Entrenan para rescatar rehenes y allanar búnkeres criminales

Las imágenes difundidas por el programa muestran ejercicios de asalto rápido en viviendas, con soldados que ingresan en segundos a inmuebles simulados, reducen a presuntos objetivos y aseguran el perímetro con procedimientos de control armado. Estas prácticas forman parte de un entrenamiento que ahora contempla incursiones en espacios urbanos, allanamientos de guaridas de bandas y operaciones de rescate de rehenes, tareas que antes no formaban parte del repertorio habitual de la unidad.

La habilitación legal para esta participación militar en tareas de seguridad interna se dio tras la aprobación de facultades especiales por parte del Senado. Con ese respaldo normativo, la Policía Nacional podrá contar de manera directa con el apoyo de las Fuerzas Armadas en operativos contra el crimen organizado que opera en distritos de la capital.

Bandas criminales usan armas de guerra

El titular del MINDEF justificó la decisión al señalar el nivel de armamento que manejan actualmente los grupos delictivos que operan en Lima. “Lo que hay es una criminalidad que utiliza armamento de guerra, que utiliza explosivos. En respuesta a eso, la democracia, el Estado, pues no puede ser ciego ni bobo y tiene que estar a la altura del desafío”, afirmó el funcionario.

El objetivo declarado de la FEC será identificar el paradero de objetivos de alto valor, entre ellos sicarios, jefes de banda y extorsionadores, para luego intervenir mediante operaciones militares. “Nuestro interés, nuestra inquietud, es tener fuerzas de operaciones especiales que no solamente tengan la destreza para operar en zonas rurales, sino poder hacer intervenciones quirúrgicas urbanas para neutralizar objetivos de alto valor”, explicó el ministro. Según precisó, cada intervención contemplará dos desenlaces posibles: la captura o la neutralización del objetivo.

Los ejercicios registrados por Panorama muestran a los efectivos de la FEC ejecutar maniobras por aire y tierra en lapsos de pocos minutos, con énfasis en la coordinación y el factor sorpresa como elementos centrales de cada intervención. De acuerdo con el reporte, las decisiones durante estas operaciones se toman en cuestión de segundos, un margen que, según los propios instructores, resulta determinante en escenarios de alto riesgo dentro de zonas residenciales.

Un total de 18 personas quedaron detenidas tras un enfrentamiento armado en la provincia de Pataz, en el marco de una operación militar-policial dirigida contra la organización criminal señalada como responsable del asesinato de 13 trabajadores mineros en la zona. El operativo, denominado “Marco Marín”, se ejecutó el 31 de octubre a las 00:22 horas en el sector Marlene, a cargo del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre los capturados figuran Juber Yair Carbajal Cruz, alias “Goku”, y Walter Atanacio Pérez, alias “Lobo”, ambos señalados como presuntos integrantes de la organización criminal “La Nueva Alianza”. La intervención se originó tras labores de inteligencia militar y reconocimiento mediante herramientas tecnológicas, que permitieron identificar la presencia de personas vinculadas a actividades delictivas en la zona, bajo la conducción del Comando Operacional del Norte.

Investigan red de reclutamiento de sicarios

De acuerdo con la información operacional, alias “Goku” estaría vinculado a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, detenido previamente en Colombia y señalado como uno de los presuntos responsables del reclutamiento y captación de sicarios para “La Nueva Alianza”. Las investigaciones correspondientes deberán determinar la presunta participación de ambos detenidos en el asesinato de los 13 trabajadores mineros.

El general de Ejército César Augusto Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, remarcó el objetivo de la intervención. “La seguridad de las familias de Pataz constituye una prioridad de nuestra misión. Nuestros militares y policías cumplen una tarea exigente, con profesionalismo, firmeza y profundo sentido del deber”, afirmó el oficial, según el comunicado del Mininter.

Incautan fusiles y explosivos

Las fuerzas integradas incautaron durante el operativo un fusil Galil, dos fusiles AR-15 con numeración de serie limada, una pistola Derya calibre 9x19 mm, cacerinas y municiones de diversos calibres. También se halló dinamita y cordón detonante, cuya procedencia será materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El decomiso de armamento de guerra y explosivos se suma a las detenciones como parte de los resultados reportados por el CUPAZ, estructura que combina capacidades militares y policiales para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la provincia liberteña. Briceño Valdivia señaló que el objetivo institucional es “fortalecer las operaciones conjuntas para enfrentar a las organizaciones criminales, proteger a la población y contribuir a que Pataz recupere la tranquilidad que merece”.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que las acciones conjuntas con la Policía Nacional continuarán bajo los lineamientos estratégicos del sector Defensa, con el objetivo de fortalecer el control territorial y contribuir al restablecimiento del orden interno en Pataz. La procedencia de las armas y explosivos incautados, así como la posible vinculación de los detenidos con otros hechos criminales en la región, quedan sujetas a las investigaciones en curso.

El Gobierno nacional continúa con la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que atraviesa un proceso de disolución y liquidación desde el mes de febrero. Como parte de la crisis que afronta la prestadora, el presidente Javier Milei dictó un nuevo DNU que limita el traspaso de personal al nuevo organismo castrense, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), con el objetivo de “evitar un desequilibrio financiero y presupuestario”.

Así lo establece el Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma de Milei y el resto de los ministros del gabinete. El texto reformula el DNU 88/26 del 5 de febrero, que oficializó la disolución de IOSFA y en su reemplazo dispuso la creación de dos estructuras paralelas: la OSFA, que depende del ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad nacional.

El sentido de esa reestructuración fue dar una respuesta a la grave crisis que atravesaba la obra social de las FFAA, y al mismo tiempo, que los afiliados del personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, que antes estaban en el IOSFA, pasaran a integrar la OSFFESEG.

Con el nuevo decreto, el Gobierno dispuso que la transferencia de empleados del IOSFA a la OSFA ya no sea automática ni generalizada. La nueva conducción, que preside el general de brigada Pablo Plaza, deberá determinar primero cuántos puestos necesita, y recién entonces identificar a los trabajadores de la residual estructura de IOSFA que cubrirán las vacantes en la prestadora sustituta.

“El DNU actualiza el marco legal de la reorganización iniciada en febrero, con el objetivo de construir una obra social financieramente sostenible y garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones para la familia militar”, señalaron fuentes de OSFA, que desde abril cuenta con 325.000 afiliados en todo el país.

El Poder Ejecutivo justificó en el decreto la urgencia en que el traslado integral de personal habría generado “un grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario” en la OSFA, en un contexto donde ese organismo tiene vedado destinar más del 8% de sus recursos a gastos administrativos y de funcionamiento.

Según el decreto, la OSFA quedó con una población beneficiaria “sustancialmente menor” a la proyectada originalmente, de acuerdo a los considerandos del decreto. “La dotación claramente se va a ajustar, era totalmente grande y enorme, que no tenía sentido y era deficitaria. Vamos a hacer una obra social profesional para los afiliados, señalaron a Infobae fuentes de la cartera que encabeza el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.

“La prioridad es recuperar y fortalecer las prestaciones y que OSFA pueda garantizarlas en el tiempo, en todo el país, con una estructura acorde a sus necesidades, que pueda sostener con sus recursos, para evitar que se repita el descalce entre ingresos y gastos que desfinanció al IOSFA”, agregaron desde la obra social.

Los conflictos gremiales por las farmacias y hoteles

La nueva administración quedó frente a una obra social en liquidación, con abultadas deudas, reclamos de prestadores y afiliados, quienes vieron resentida la atención, y una preocupación creciente de trabajadores en las provincias. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las farmacias y hoteles que prestaban servicios para los beneficiarios de IOSFA.

Ayer, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo una “jornada nacional de lucha” para garantizar la continuidad de las 31 farmacias que dependen de la obra social, y cuyo cierre estaría definido, según resoluciones internas. Hubo protestas en delegaciones del organismo como la sedes de Mar del Plata, Puerto Belgrano, Santa Fe, San Juan, Córdoba, y otras ciudades y provincias del país.

Según esa organización gremial, que dictó el estado de alerta y asamblea permanente, hay en juego 1.450 puestos de trabajo. Para este jueves, anunciaron una marcha a la sede del ministerio de Defensa. El 30 de noviembre es una de las fechas en las que vencen contratos de trabajo en el Estado, y su renovación queda a tiro de una decisión política.

Desde OSFA informaron que “tendrá más farmacias” a disposición que durante la gestión anterior, con un modelo que “permitirá ahorrar más de 7.800 millones de pesos, que podrán ser destinados a prestaciones directamente”. Las autoridades apuntan que esos establecimientos eran los que ocasionaban el déficit, y tan solo “representaban el 1,4% del total de farmacias disponibles para los afiliados en todo el país”. “OSFA comienza con más de 2.000 farmacias para afiliados en todo el país, y bajo un modelo de convenio con farmacias, tiene como objetivo triplicar ese número”, indicaron. “La provisión de medicamentos continúa”, aclararon desde la obra social.

En lo que respecta a los hoteles, durante estas semanas hubo reclamos de sectores sindicales para que continúen estos beneficios para la familia militar. Los conflictos más resonantes fueron en Mar del Plata y en Córdoba.

“La reestructuración orgánica dispuesta por Decreto 778/2026, que elimina las áreas de turismo, ha puesto en riesgo la fuente laboral de más de 300 trabajadores y trabajadoras civiles que cumplen funciones en los 7 hoteles y residencias que se ubican estratégicamente en las áreas turísticas de nuestra provincia”, señaló el comunicado de ATE en una protesta en Córdoba. En algunos casos, se habría logrado un acuerdo para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo hasta el mes de febrero.

Sin embargo, desde OSFA indicaron que la prestadora “se abocará 100% a las prestaciones médicas” y “no tendrá área de turismo y recreación”. “Lo que se estableció fue que los hoteles y centros recreativos, regresen a las FFAA que los aportaron originalmente, cuando se creó el IOSFA en 2013”, indicaron fuentes de la institución. De esa forma, el ministerio de Defensa, en conjunto con cada fuerza armada, definirá qué hacer con cada uno de los establecimientos turísticos. Quedarán por fuera de la órbita de OSFA.

En medio de esta transición, el nuevo DNU, en su artículo 7°, establece tres destinos posibles para los trabajadores del IOSFA en liquidación.

Por un lado, quienes sean seleccionados por la OSFA pasarán a ese organismo, según el régimen jurídico que corresponda a su situación de revista. El segundo grupo de aquellos que no sean transferidos quedarán bajo el control del administrador del IOSFA en liquidación, que deberá evaluar su situación. El tercer grupo está conformado por el personal de Gendarmería y Prefectura, que prestaba servicios en comisión o en adscripción en el IOSFA, y deberá regresar a su organismo de origen.

Concluido el proceso de disolución, el personal de planta permanente con estabilidad que quede en disponibilidad continuará en esa situación dentro del Ministerio de Defensa hasta su reubicación o su despido.

Las deudas y el estado de la obra social

La crisis en IOSFA tuvo una amplia repercusión política, desde que se conoció su proceso de disolución. La diputada nacional Lourdes Arrieta, que rompió con La Libertad Avanza (LLA), impulsó una denuncia penal acusando a Petri por “administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes y abandono de persona” por el estado de la obra social. Según esa denuncia, una auditoría constató que la prestadora pasó de registrar un superávit de 25 mil millones de pesos, a acumular un rojo financiero superior a los 210 mil millones.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se hizo eco de esa acusación. Desde las redes sociales, responsabilizó al ex ministro Luis Petri por la gestión en el organismo y planteó que debe responder “por la paralización casi total de la obra social que atiende a los militares y sus familias”, publicó en un mensaje en mayo pasado.

Ante la repercusión del tema, el ministro Carlos Presti calificó la creación en 2013 de la IOSFA como un “engendro” y aseguró que la prestadora “nunca funcionó bien”. En ese marco, planteó que las reformas en curso buscan garantizar una cobertura adecuada para la familia militar.

A comienzos de octubre, el Ministerio de Defensa anunció el pago de $8.000 millones a clínicas, sanatorios y otros prestadores de 12 provincias de la ex IOSFA. Los pagos se hicieron “para asegurar prestaciones críticas como internaciones, anestesia, diagnóstico por imágenes y laboratorios”.

Por otro lado, desde el 1 de octubre, OSFA revisó 21.000 solicitudes de reintegros pendientes por casi $10.000 millones. El ministerio de Defensa también informó que “inició gestiones” para firmar 1.000 convenios con prestadores que atendían al IOSFA. Más de 500 ya se firmaron, pero como “acuerdos transitorios”.

En sintonía con el nuevo rumbo de la prestadora y la reestructuración, el DNU de este miércoles adecua las condiciones para cumplir con el objetivo de fijar un límite del 8% para gastos administrativos y de funcionamiento, y “destinar la mayor proporción de los recursos a las prestaciones (+80%)”, señalaron fuentes castrenses a este medio.

“Esto forma parte del modelo de OSFA: una gestión más moderna, con control de gastos, procesos más eficientes e incorporación de tecnología para agilizar los trámites y mejorar la atención a los afiliados en todo el país”, agregaron.

La zaga de acontecimientos en la obra social sumó un nuevo episodio en septiembre, con la renuncia del coronel retirado Ariel Guzmán como administrador de la estructura residual del organismo. En su lugar, para completar el proceso de liquidación, asumió el contador Gonzalo Secchi, un profesional especializado en auditoría corporativa, contabilidad y derecho legal y tributario.

El plazo máximo de Secchi para completar la disolución de la obra social y su saneamiento es el 4 de febrero de 2027.

Con 314 votos a favor y 117 en contra, el pleno de San Lázaro avaló modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera para establecer mecanismos de revisión por motivos de seguridad nacional y ampliar la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

La propuesta contempla que las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar) tengan voz y voto permanentes en este organismo, encargado de analizar determinadas operaciones de capital extranjero en el país.

El dictamen avanzó en lo general y quedó pendiente la discusión en lo particular, en la que los legisladores deberán resolver las reservas presentadas.

Posteriormente, la reforma tendrá que regresar al Senado debido a las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados.

Reforma establece un filtro para inversiones extranjeras en México

Uno de los principales cambios consiste en incorporar un procedimiento de autorización para ciertas adquisiciones de empresas mexicanas por parte de inversionistas extranjeros.

El mecanismo se aplicará cuando la participación extranjera supere el 49% del capital de una compañía, sus activos rebasen un umbral económico determinado y sus actividades correspondan a sectores considerados estratégicos o sensibles.

La propuesta no establece una prohibición general para que el capital extranjero supere ese porcentaje en todas las empresas, sino una revisión específica para las operaciones que cumplan con los criterios previstos en la legislación.

La CNIE tendrá la facultad de evaluar estas adquisiciones y determinar si pueden autorizarse, sujetarse a condiciones o rechazarse cuando existan razones relacionadas con la seguridad nacional.

Defensa y Marina tendrán voto en la Comisión de Inversiones Extranjeras

La reforma amplía la participación de dependencias federales en la CNIE. Además de Defensa y Semar, incorpora a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con voz y voto.

También contempla la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque estas instituciones participarían con voz, pero sin voto, cuando se aborden asuntos relacionados con la seguridad nacional.

El objetivo planteado por los promotores de la iniciativa es que la evaluación de inversiones no se limite a sus características económicas y productivas, sino que también considere posibles riesgos para infraestructura, tecnologías y recursos estratégicos del país.

Entre los sectores y actividades que podrían quedar sujetos a revisión se encuentran:

• Energía y minería, por su relación con recursos e infraestructura estratégica.
• Inteligencia artificial, robótica y semiconductores, considerados parte de las tecnologías críticas.
• Ciberseguridad y sistemas digitales, por su importancia para la protección de información.
• Tratamiento y almacenamiento de datos, incluidos los datos personales.
• Transporte, comunicaciones y sectores vinculados con la defensa, además de actividades relacionadas con insumos fundamentales y seguridad alimentaria.

Gobierno podrá condicionar o rechazar determinadas adquisiciones

El nuevo mecanismo permitiría a las autoridades imponer condiciones a ciertas operaciones o impedirlas si consideran que representan riesgos para la seguridad nacional.

La reforma también contempla la posibilidad de ordenar la venta de activos adquiridos e imponer multas de hasta 200,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por determinados incumplimientos.

Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la necesidad de que el Estado tenga herramientas para proteger infraestructura crítica, información y sectores estratégicos, sin que la apertura a la inversión extranjera implique renunciar a esas facultades.

Como parte de los argumentos a favor, se destacó que México recibió 34,968 millones de dólares de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con los datos citados durante el debate.

Oposición advierte riesgos para la certeza jurídica de inversionistas

Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la ampliación de las facultades de la Comisión y la participación permanente de las Fuerzas Armadas en decisiones económicas.

Entre sus principales señalamientos está que Defensa y Marina tendrán voto incluso en asuntos que no necesariamente estén relacionados de manera directa con la seguridad nacional.

También advirtieron que los nuevos criterios de evaluación podrían generar incertidumbre para los inversionistas.

Durante el debate se plantearon dudas sobre la certeza jurídica de las operaciones, particularmente por los criterios económicos que quedarían sujetos a la evaluación de la Comisión.

El dictamen continuará su proceso legislativo con la discusión en lo particular en la Cámara de Diputados. Debido a los cambios incorporados en esta etapa, la minuta deberá regresar al Senado para que revise las modificaciones antes de que pueda concluir el trámite correspondiente.

La vigilancia en la frontera entre República Dominicana y Haití aumentó durante el fin de semana, con más personal, puestos de control y operativos en rutas terrestres utilizadas para el ingreso irregular de extranjeros. El dispositivo busca contener eventuales movimientos migratorios hacia el país en medio de la crisis de seguridad del lado haitiano.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que reforzó sus unidades operativas, equipos de inspección y personal de inteligencia en las zonas donde mantiene presencia. Las medidas abarcan las cinco provincias fronterizas y los corredores viales que conectan esas áreas con los principales centros urbanos y Santo Domingo.

La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de inteligencia participan en las tareas junto con Migración. La coordinación incluye controles en carreteras, puestos de chequeo, centros de procesamiento, puntos de vigilancia establecidos en rutas vehiculares y peatonales.

Los controles se extienden desde la línea fronteriza hacia las ciudades

Las autoridades dominicanas concentraron la supervisión en las regiones noroeste y suroeste, donde se encuentran los principales pasos limítrofes con Haití. Los operativos también alcanzan vías de acceso que pueden ser utilizadas para trasladar a personas en condición migratoria irregular hacia otras provincias.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, dispuso los recorridos de inspección realizados por los responsables de Inteligencia y Control Migratorio de la institución. Durante las visitas, los funcionarios verificaron el despliegue del personal y revisaron los mecanismos de coordinación con las fuerzas de seguridad.

La DGM señaló que se fortalecerá la identificación de las personas detenidas durante los operativos. El organismo indicó que profundizará las verificaciones cuando detecte casos que requieran una investigación adicional por posibles vínculos con actividades delictivas.

También se incrementaron los procedimientos de revisión documental en los pasos fronterizos habilitados. La medida alcanza a quienes ingresan por los cruces formales y a las personas que participan en los mercados binacionales.

La biometría será obligatoria en los mercados binacionales

Entre las disposiciones anunciadas figura la aplicación de controles biométricos al 100% de las personas que accedan a los mercados binacionales. El sistema permite registrar la identidad de los asistentes y verificar si cuentan con autorización para entrar al territorio dominicano.

La DGM sostuvo que el objetivo es impedir el ingreso de integrantes de organizaciones criminales y mejorar la capacidad de respuesta ante hechos que puedan afectar la seguridad en la frontera. El plan contempla vigilancia en los puntos limítrofes, pero también en los corredores que conducen a las ciudades y la capital.

La decisión se produce tras nuevos episodios de violencia en Haití, donde grupos armados mantienen presencia en zonas de Puerto Príncipe y otras regiones. Naciones Unidas advirtió este mes que la inseguridad, los desplazamientos internos y la expansión territorial de las pandillas siguen entre los principales problemas del país vecino.

Pese a ese escenario, las autoridades dominicanas afirmaron que las inspecciones realizadas durante el fin de semana no detectaron alteraciones en las provincias de frontera. El Gobierno también indicó que no ha identificado señales de un ingreso masivo de ciudadanos haitianos como consecuencia de los enfrentamientos recientes.

Las deportaciones aumentaron durante 2026

El refuerzo de la vigilancia se suma a una política de interdicción migratoria que se mantuvo activa en los últimos meses en distintas zonas de República Dominicana. Según datos difundidos por la DGM, 250,429 ciudadanos haitianos fueron deportados entre enero y julio de 2026, un aumento del 16.2% frente al mismo período de 2025.

En junio, Migración informó la deportación de 34.226 personas en condición migratoria irregular. Los operativos alcanzaron provincias fronterizas como Dajabón, Elías Piña y Pedernales, además de Santo Domingo, Santiago y otras demarcaciones del país.

En agosto, la DGM anunció la instalación de una oficina en el paso fronterizo de Dajabón para reforzar los registros durante los mercados binacionales de lunes y viernes. La entidad prevé utilizar sistemas de reconocimiento facial para identificar a los ciudadanos haitianos autorizados a cruzar.

Las autoridades mantendrán los controles en las rutas alternas y los pasos formales mientras sigue el monitoreo de la situación de seguridad en Haití.

El presidente José Antonio Kast encabezó este domingo una reunión con parte de su equipo ministerial para analizar el ingreso de Chile a la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C), iniciativa impulsada por Donald Trump que busca articular una respuesta regional para combatir a organizaciones criminales transnacionales.

El encuentro reunió a los titulares de Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública, en un ambiente de cautela respecto de la adhesión formal al mecanismo, al que Chile se ha acercado bajo la figura de “observador”.

A pocos días de la cumbre de la A3C programada para el 26 y 27 de octubre en República Dominicana -instancia en la que se espera avanzar en la formalización de la coalición-, el punto más sensible está precisamente en el alcance de esa cooperación, puesto que esta iniciativa paralela al Escudo de las Américas no se limita al intercambio de información y abre la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas de los países participantes en operaciones contra redes delictivas, bajo esquemas de coordinación regional.

Cautela en Defensa y la presión del oficialismo

Cabe recordar que el ministro de Defensa, Fernando Barros, cuestionó la idea de que Washington incremente su presencia militar en el continente, aludiendo a la llamada “Doctrina Donroe” planteada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

“Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”, sostuvo Barros en agosto pasado.

Parte de la discusión se ha concentrado en distinguir la A3C del Escudo de las Américas, a la que Chile adhirió en septiembre, decisión que no supone automáticamente su incorporación formal a esta nueva coalición contra las organizaciones criminales.

Aunque ambas iniciativas se inscriben en la estrategia regional de Trump para enfrentar las amenazas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, la A3C contempla una dimensión operativa y militar que ha generado mayores interrogantes entre las autoridades chilenas.

Por esa razón, el Gobierno ya comunicó hace un par de semanas al embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, que Chile participará inicialmente bajo esta figura, determinación que busca mantener abierta la evaluación de las consecuencias jurídicas, políticas y operativas de una adhesión plena.

La discusión, sin embargo, ya trascendió el ámbito de las relaciones exteriores y comenzó a generar presión dentro de las propias fuerzas que respaldan a Kast.

El viernes pasado, representantes de partidos oficialistas solicitaron al mandatario reconsiderar la decisión de mantener al país fuera de la membresía plena de la coalición.

Desde la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, advirtió que sería un error que Chile se restara de una alianza orientada a combatir las organizaciones criminales, postura que fue refrendada por Arturo Squella, senador y líder del Partido Republicano, quien alertó sobre las consecuencias que podría tener la ausencia de Chile como integrante pleno del mecanismo.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Valerio Ardón, planteó ante el Congreso Nacional la necesidad de dotar a la institución castrense de herramientas legales que contribuyan a mejorar su capacidad de respuesta frente a las amenazas contra la seguridad del país.

La petición está dirigida a los diputados del Poder Legislativo, a quienes el alto mando instó a considerar medidas que, según explicó, permitirían reforzar el trabajo que desarrollan los militares en las labores de seguridad nacional y combate a la criminalidad.

Ardón señaló que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no debe limitarse a la incorporación de personal o a la disponibilidad de equipo y recursos logísticos, sino que también debe contemplar disposiciones legales que respalden el cumplimiento de sus funciones.

“Las Fuerzas Armadas es una institución que necesita ser reforzada, no solo con personal y logística, también con leyes”, expresó el jefe militar.

El funcionario manifestó su expectativa de que los diputados puedan analizar la propuesta, aunque no precisó cuáles son las iniciativas legales que espera que sean aprobadas ni si existe un proyecto específico presentado formalmente ante el Congreso.

Seguridad nacional y combate a la criminalidad

La solicitud del jefe castrense se enmarca en la discusión sobre las capacidades de las instituciones encargadas de enfrentar las distintas manifestaciones de la criminalidad en Honduras.

Según Ardón, contar con herramientas jurídicas adecuadas es un componente necesario para fortalecer las operaciones de seguridad y mejorar las condiciones en las que las Fuerzas Armadas desarrollan sus responsabilidades.

El planteamiento apunta a que la capacidad operativa de una institución no depende exclusivamente de los recursos humanos y materiales disponibles, sino también de las facultades y los procedimientos establecidos en la legislación.

Sin embargo, para determinar el alcance de la propuesta será necesario conocer qué disposiciones legales considera insuficientes el alto mando y qué cambios específicos plantea ante los diputados.

La información disponible no detalla si la solicitud está relacionada con reformas a leyes vigentes, nuevas facultades operativas, modificaciones a los procedimientos de actuación militar u otras medidas vinculadas con la seguridad nacional.

Fortalecimiento institucional

Durante sus declaraciones, el jefe de las Fuerzas Armadas comparó las necesidades de la institución militar con las de otros organismos creados por el Gobierno para enfrentar la criminalidad.

A su criterio, si otras entidades han recibido herramientas para desarrollar sus funciones, las Fuerzas Armadas también deberían contar con mecanismos jurídicos que respalden sus actuaciones.

El planteamiento busca situar a la institución castrense dentro de una estrategia de fortalecimiento de las capacidades estatales para responder a los problemas de seguridad.

Congreso Nacional a examinar las propuestas

La petición coloca en el ámbito del Congreso Nacional la posibilidad de examinar las necesidades legales expuestas por el jefe militar y determinar si corresponde impulsar reformas o aprobar nuevas disposiciones.

Cualquier modificación relacionada con las facultades de las Fuerzas Armadas tendría que ser evaluada conforme al marco constitucional y legal hondureño, tomando en cuenta las competencias de las instituciones involucradas y los límites de actuación de cada una.

El análisis también requeriría precisar cómo se aplicarían las nuevas disposiciones, qué mecanismos de supervisión existirían y qué responsabilidades tendrían las autoridades encargadas de ejecutarlas.

Hasta el momento, no se ha establecido un calendario legislativo para abordar la petición ni se ha confirmado que los diputados hayan iniciado el análisis de una iniciativa concreta vinculada con las declaraciones de Ardón.

La solicitud constituye, por ahora, un planteamiento del jefe de las Fuerzas Armadas a la espera de que el Legislativo considere las necesidades que expone la institución.

Las medidas de seguridad y las reformas penales corresponden a ámbitos distintos: mientras las primeras pueden definir las facultades y los procedimientos de actuación de las instituciones, las segundas establecen las consecuencias jurídicas aplicables a las personas responsables de cometer delitos.

La eficacia de estas políticas también depende de factores como la coordinación entre las instituciones, la capacidad de investigación, el funcionamiento de los tribunales y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

El dispositivo, conocido como Sistema de Denegación Activa (ADS, por sus siglas en inglés), fue diseñado por el ejército estadounidense para el control de multitudes y puede alcanzar blancos a más de 800 metros (media milla). Sería la primera vez que esa tecnología se emplea contra migrantes.

Su posible uso fronterizo reaviva interrogantes sobre los límites legales de la fuerza, la eficacia real del sistema y los riesgos para la integridad física de las personas, en particular en zonas cercanas a ríos donde una huida repentina podría resultar fatal.

Qué es el Sistema de Denegación Activa y qué efecto tiene en el cuerpo

El ADS lanza un haz de energía electromagnética de 95 GHz que, al entrar en contacto con la piel humana, genera un efecto de hormigueo y ardor que dura entre diez y quince minutos, según autoridades militares citadas por CNN. El haz penetra aproximadamente 1/64 de pulgada en la superficie de la piel y la calienta de forma casi instantánea, de acuerdo con documentación del Departamento de Defensa citada por Axios.

Funcionarios del Pentágono han comparado la sensación con la ráfaga de calor que se percibe al abrir un horno. El efecto, según documentación militar, produce “un impulso instintivo e irresistible de huir”. El arma no dispara proyectiles ni deja marcas visibles, pero su diseño busca que el cuerpo humano no tolere la exposición.

Incidentes previos con el arma no letal del Pentágono

Aunque se clasifica como no letal, el sistema ha causado quemaduras de segundo grado en al menos dos incidentes documentados:

• Un accidente de laboratorio en 1999 que dejó una ampolla.
• Un ejercicio de entrenamiento en 2007 en la base aérea Moody, en Georgia, donde un aviador resultó herido por errores de procedimiento, según reportó Military.com. El militar se recuperó por completo.

El ejército de Estados Unidos desplegó el ADS brevemente en Afganistán, pero decidió no utilizarlo en operaciones de combate y lo retiró en 2010. También evaluó su empleo para el control de detenidos en instalaciones antiterroristas en el exterior, sin concretarlo.

El memorando de Hegseth habilita un préstamo sin precedentes

El documento autoriza el “préstamo temporal” de una unidad del ADS a partir de septiembre de 2026. Establece que el sistema “no será operado por personal del Departamento de Guerra”, una cláusula que busca deslindar al Pentágono de cualquier responsabilidad sobre el uso final del arma.

La responsabilidad recae en forma exclusiva sobre el DHS, que deberá definir tácticas, técnicas y procedimientos de empleo. Al término de los siete meses, la agencia podrá solicitar una extensión, indicó un funcionario de Defensa a CNN. Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló que la agencia “evalúa de forma continua nuevas tecnologías, en especial aquellas que fortalecen la efectividad operativa”.

Patrick Weaver, jefe adjunto de gabinete de Hegseth, celebró la decisión en la red social X: “La frontera es ahora una instalación militar y un laboratorio de combate para probar nuevos sistemas, incluidas armas de energía dirigida”. La afirmación contrasta con la lectura de especialistas. Jared Keller, autor del boletín de tecnología de defensa Laser Wars, dijo a Axios que el arma plantea cuestionamientos éticos y legales desde su desarrollo. “Personalmente, yo simplemente no lo haría”, afirmó.

Años de debates sobre legalidad y riesgos del arma en la frontera

La idea de desplegar el ADS en la frontera no es nueva. Funcionarios de la CBP han debatido su empleo como herramienta de dispersión en zonas con alta concentración de cruces irregulares, pero nunca lo llevaron a la práctica. El sector El Centro, que cubre unos 113 kilómetros (70 millas) de frontera entre Estados Unidos y México, evaluó el sistema hace varios años bajo la dirección de Rodney Scott, actual comisionado de la CBP.

La preocupación central era si el arma podría incapacitar a quienes estuvieran en el río y multiplicar los rescates de emergencia. “Aunque estés persiguiendo a la gente de vuelta hacia el río, no querés que se metan y se ahoguen”, advirtió un exfuncionario de la CBP a CNN.

En 2018, funcionarios de la CBP sopesaron el uso del ADS contra migrantes, pero la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, rechazó la propuesta. “El problema era tratar a inmigrantes y ciudadanos como combatientes enemigos”, explicó un exfuncionario del DHS. En 2020, el principal oficial de policía militar del Pentágono consultó a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia si disponía de un ADS antes de que fuerzas federales despejaran a manifestantes cerca de Lafayette Square, según NPR.

La Guardia respondió que no contaba con uno.

Qué falta definir sobre el posible despliegue del ADS en la frontera

El memorando no especifica dónde se realizarán las pruebas, qué protocolos de uso de la fuerza se aplicarán ni cómo se abordarían las implicancias de soberanía si el haz alcanza a personas del lado mexicano que aún no hayan cruzado a territorio estadounidense.

La legislación federal autoriza al secretario de Defensa a ceder equipamiento militar a fuerzas civiles, pero el lenguaje del préstamo no garantiza bajo qué marco legal podría utilizarse el arma contra personas, precisó Military.com. Las regulaciones del DHS exigen que sus agentes apliquen “el nivel de fuerza objetivamente razonable según la totalidad de las circunstancias”, un estándar cuya interpretación será central si el sistema llega a desplegarse.

En julio de 2025, la Oficina de Capacidades de Fuerza Intermedia del Pentágono publicó un artículo que abogó por el uso de armas de energía dirigida para reforzar la seguridad fronteriza, según Axios. Algunos agentes de la Patrulla Fronteriza, sin embargo, han puesto en duda que el arma sea necesaria: los cruces irregulares se encuentran en niveles bajos y la dotación de personal ha aumentado.

Si el DHS decide avanzar con el despliegue, deberá resolver las cuestiones legales y operativas que frenaron cada intento anterior.

Un avión F-35 puede valer 100 millones de dólares. Un dron, en cambio, cuesta apenas una fracción de ese monto y, como se vio en Ucrania, inclina la balanza en el campo de batalla. Esa nueva ecuación económica, que ya redefinió la guerra moderna, es la que llevó al Ministerio de Defensa de Argentina a sentar un precedente: reunir en una misma mesa a todos los que pueden fabricar y usar esa tecnología. Los sistemas autónomos no tripulados ofrecen información en tiempo real, multiplican la eficacia de las tropas y cuestan mucho menos que el armamento tradicional.

Del lado de las Fuerzas Armadas, estuvieron las autoridades y efectivos que contaron qué necesitan y mostraron lo que ya lograron puertas adentro: proyectos nacidos, muchas veces, del ingenio y el esfuerzo de sus propios equipos. Del otro lado, científicos e investigadores de los centros tecnológicos de Defensa, empresas privadas y funcionarios de la cartera que conduce el teniente general Carlos Alberto Presti. La meta: que esas ideas dejen de ser prototipos aislados y se conviertan en una agenda común de desarrollo.

La jornada, organizada por la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción del Ministerio, a cargo del licenciado Mario Katzenell, se llevó adelante en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) bajo el título “Sistemas autónomos: el dominio de los vectores no tripulados. UAV (aéreos), USV (marítimos) y UGV (terrestres)”.

Un dato: el programa se organizó en tres tramos. En el primero, además de la exposición del agregado militar ucraniano, coronel Andrii Matsiuk, el Ejército Argentino presentó, a través de su Dirección General de Investigación y Desarrollo, el diseño de un vehículo aéreo no tripulado, y el Servicio de Hidrografía Naval analizó el potencial de estos vehículos para la hidrografía. En el segundo bloque, la Facultad de Ingeniería del Ejército mostró su vehículo autónomo de exploración (VAE); el CITEDEF, un radar de apertura sintética de bajo peso para drones; y la CONAE, sus desarrollos en navegación autónoma y aplicaciones. También expusieron el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, con su experiencia en vectores no tripulados, y distintas empresas vinculadas al área que buscan, desde el sector privado, llevar respuestas a las Fuerzas Armadas.

Además, la jornada tuvo la mirada del Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur de los Estados Unidos, a cargo del coronel Ian Fletcher. El último tramo estuvo dedicado a desarrollos más cercanos al terreno: la FAdeA presentó el proyecto IA-210 Tero, un tricóptero eléctrico de reconocimiento y observación; CITEDEF presentó el bloqueo de sistemas aéreos no tripulados; y la Armada Argentina, su lancha no tripulada USV-01.

Las empresas, los científicos, las universidades y las Fuerzas Armadas: los socios para la red de drones de Argentina

El comodoro César Oscar Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, planteó que este contexto es el de una “transformación tecnológica acelerada” en la que la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas autónomos obligan a tomar las riendas del asunto para evitar quedar atrás de las tendencias. Para el oficial de la Fuerza Aérea, los sistemas no tripulados “son un ejemplo concreto de esta evolución” y son de “importancia estratégica para la defensa nacional”. Subrayó, además, que su desarrollo requiere integrar conocimientos que van desde la ingeniería y la electrónica hasta las comunicaciones, la navegación y el procesamiento de información. “El desarrollo tecnológico requiere del trabajo coordinado entre el Estado, el sistema científico, las universidades y el sector productivo”, sostuvo, al tiempo que agregó que el desafío es conectar a todos esos actores para “generar las condiciones para que el conocimiento se transforme en desarrollos tecnológicos y en capacidades concretas”. Además, puso a la CONAE como “una muestra” de lo que el sistema científico-tecnológico puede aportar “en áreas de alta complejidad”.

Por su parte, el director nacional de Planes y Programas para la Industria y la Producción para la Defensa, Leandro Gabriel Gargiulo, repasó lo hecho en el último año desde la cartera castrense: un relevamiento que identificó 253 empresas vinculadas al sector, un catálogo de firmas y la reducción de los plazos para autorizar exportaciones de material sensible y bélico, un trámite que ahora puede iniciarse en línea. Resumió el rol de la Secretaría en tres verbos, “identificar, conectar y desarrollar”, y planteó que el objetivo es que las iniciativas “no sean esfuerzos aislados, sino parte de una política sostenida, capaz de generar resultados y fortalecer capacidades a largo plazo”.

“Un nuevo paradigma militar”, la voz del agregado militar de Ucrania sobre una tecnología probada en combate

El coronel Andrii Matsiuk, agregado militar de Ucrania en Argentina, fue quien se encargó de abrir los paneles. No hace falta justificar su presencia, solo cabe recordar que su país desarrolló sistemas no tripulados para enfrentar a una potencia militar, y el uso de estos dispositivos en el campo de combate no hace más que mostrar su efectividad y una serie de ventajas a la hora de compararlos con otro tipo de equipamiento.

En ese sentido, el militar ucraniano contó que su país creó en junio de 2024 una rama independiente de sus Fuerzas Armadas dedicada exclusivamente a los sistemas no tripulados, la primera de este tipo en el mundo, a la que definió como un “nuevo paradigma militar”. Para el coronel, estos sistemas pasaron de ser un medio auxiliar de reconocimiento a un componente fundamental en el combate. De todas maneras, advirtió que, para que sean eficaces, deben ser integrados con el área de inteligencia, la guerra electrónica, la defensa antiaérea y el mando y control. De hecho, sostuvo que uno de los avances más importantes no fue el dron en sí, sino la red operativa que lo rodea.

Matsiuk detalló además cómo se reparten las tareas: los aéreos hacen observación, reconocimiento, ataque e intercepción; los terrestres, logística y evacuación de heridos (la cifra no es menor, el 80 % de estas operaciones son protagonizadas por los sistemas no tripulados); y los marítimos demostraron su importancia en el mar Negro y les permitieron “tener una superioridad naval”.

Sistemas autónomos no tripulados en la Fuerza Aérea y la Armada Argentina

El comodoro Horacio Larrosa fue el elegido por la Fuerza Aérea para contar cómo nació la incorporación de vehículos remotamente pilotados en la institución: según relató, fue a partir de una directiva de 2010 que se hizo efectiva hacia 2012. Desde entonces, fueron desarrollando diferentes iniciativas que ganaron lugar progresivamente en el día a día de la Fuerza: el expositor contó que algunos desarrollos ya participaron en ejercicios, se avanzó en un sistema de reconocimiento que incorpora inteligencia artificial y, además, intervinieron en un simulacro de emergencia nuclear junto a otras Fuerzas y organismos.

Pero no todo en las Fuerzas Armadas es de uso militar (o sí, pero también de uso dual). Por ejemplo, el capitán de corbeta Fernando Cristian Bravo subrayó el potencial que tienen los vehículos no tripulados en el Servicio de Hidrografía Naval. De hecho, el organismo encargado de brindar seguridad náutica en los ámbitos marítimos de interés del país, promover la investigación científica y cumplir con estándares de la Organización Hidrográfica Internacional ya cuenta con un desarrollo con capacidades fotogramétricas. ¿En qué se traduce? En mayor flexibilidad para programar campañas sin depender de aeronaves tripuladas y obtener datos de alta resolución en áreas estratégicas. Con estos sistemas, se generan modelos digitales de elevación, ortomosaicos y nubes de puntos, que pueden integrarse con las superficies batimétricas relevadas con sondas multihaz para obtener una representación continua desde el fondo marino hasta el terreno, como se hizo con el predio de la Escuela Naval.

Bravo destacó que esta integración permite la actualización de la cartografía náutica oficial. Desde la óptica de la defensa, aporta información útil para planificar operaciones anfibias, evaluar qué embarcaciones pueden amarrar en determinados muelles según su profundidad y distancia, y estudiar la dinámica y erosión costera para conocer el teatro de operaciones.

El Ejército Argentino no se queda atrás: dos iniciativas propias para cambiar las operaciones

El Ejército Argentino también habló de distintas iniciativas propias. Fue el capitán Juan Manuel Terán quien presentó el diseño de una aeronave no tripulada de despegue y aterrizaje vertical, explicando el proceso de desarrollo de un vector de este tipo, que sigue la misma lógica que el de una aeronave de gran porte. El punto de partida son los requerimientos de los usuarios: en este caso, capacidad de carga, una cámara electroóptica (más un equipo de comunicaciones para extender enlaces), autonomía de ocho horas, entre otros factores. Tras el análisis, la Fuerza puso manos a la obra y comenzó a trabajar en un desarrollo concreto.

De hecho, otro de los grandes avances del Ejército fue presentado por el teniente coronel Marcelo Andrés Acuña, de la Facultad de Ingeniería del Ejército: el VAE, un vehículo autónomo de exploración pensado y desarrollado en esa casa de estudios para que pueda ser empleado por la Fuerza para evacuaciones sanitarias o como apoyo en catástrofes naturales, en logística de operaciones militares y también en el ámbito civil, en actividades como la minería o la seguridad.

En cuanto a sus características, el vehículo puede transportar unos 250 kilos y tiene una autonomía estimada de 150 kilómetros (dependiendo del terreno, la carga y la velocidad).

De los cazas a las plataformas autónomas: la guerra ya no es lo que era

Uno de los expositores planteó la ecuación económica con una cifra: un F-35 cuesta entre 80 y 100 millones de dólares por unidad, y al sumar equipamiento, costos operativos, capacitación del piloto y evolución del armamento, una flota de diez aeronaves puede acercarse a los 1500 millones. La pregunta que dejó abierta es quién puede afrontar hoy una inversión así en un medio que, además, depende de una base fija o de un portaaviones y puede ser destruido en un ataque sorpresa. Los datos de la guerra en Ucrania refuerzan el argumento: las pérdidas de aviones de combate llegaron a su máximo durante 2022 y cayeron abruptamente no por una mejora en los equipos ni por la supresión de las defensas antiaéreas, sino porque las aeronaves dejaron de operar en territorio enemigo y pasaron a lanzar misiles y bombas planeadoras desde su propio espacio. Es decir, las operaciones con aviones caza son necesarias, pero hoy se complementan con otras tecnologías, como los sistemas autónomos, ya sea aéreos, terrestres o navales.

De hecho, desde el C3, los especialistas destacaron que, frente a los medios tradicionales, los sistemas no tripulados tienen capacidad multimisión, mayor supervivencia y alcances que pueden llegar a las 2000 millas.

Es decir, hay una nueva lógica para pensar la guerra: las plataformas tradicionales suelen ser costosas frente a los nuevos sistemas que, además, pueden conseguirse fácilmente en el mercado.

De hecho, esa misma lógica de bajo costo apareció en el desarrollo nacional de un radar de apertura sintética (SAR) para drones, creado íntegramente en el CITEDEF: emite con muy baja potencia y asegura varias horas de operación con pocas baterías. A esto, se sumó una charla sobre navegación autónoma, que subrayó que un vehículo es tan preciso como su sistema de navegación. Para lograrlo, se combinan sensores inerciales, que no dependen de señales externas.

El otro lado de la ecuación es la defensa frente a estos sistemas. Un grupo de investigadores presentó un experimento que aprovecha las limitaciones de diseño de los receptores GPS comerciales para confundirlos y hacer que un dron pierda su referencia de posición. Según relataron, en las pruebas, lograron que el dispositivo quedara anulado y que su ubicación apareciera en un lugar completamente distinto. Una muestra de que, así como los drones abaratan la capacidad ofensiva, también existen respuestas de bajo costo para neutralizarlos.

Los drones, dispositivos bajo costo, pero con alta tasa de efectividad

La jornada sobre sistemas no tripulados dejó en claro que Argentina trabaja en una amplia gama de plataformas en los tres dominios: aire, tierra y agua. En el plano terrestre, el Vehículo Autónomo de Exploración (VAE) y los UGV como plataforma logística multipropósito mostraron el avance hacia vehículos eléctricos capaces de operar en terrenos difíciles, con aplicaciones que van del apoyo en catástrofes y la logística militar a la minería y la seguridad. En el aire, el abanico incluyó desde proyectos de diseño nacional, como el tricóptero eléctrico de reconocimiento y observación IA-210 Tero, hasta el desarrollo de un radar de apertura sintética de bajo peso para drones y las experiencias reales con vectores no tripulados. El ámbito naval tampoco fue la excepción. A ello se sumó el costado defensivo, con exposiciones sobre drones de intercepción y sistemas de bloqueo como respuestas a la proliferación de estas tecnologías en manos de distintos actores.

La mirada hacia afuera y hacia adelante estuvo presente en las charlas sobre el Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur, el futuro de la aviación de combate y la nueva asimetría bélica que introducen los drones FPV, que están transformando los conflictos modernos al permitir que dispositivos de bajo costo cumplan funciones antes reservadas a sistemas mucho más caros. En conjunto, las presentaciones mostraron un ecosistema en crecimiento, con fuerte articulación entre las Fuerzas Armadas, universidades y centros de investigación, y una meta compartida: pasar de los prototipos a la producción.

Los vehículos no tripulados se convirtieron en una realidad que, además de tener usos civiles, está siendo probada en combate. El desafío: avanzar en la adquisición de estas tecnologías, adiestrar a los operadores e incluir los sistemas en la doctrina militar.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles dos recursos presentados por personas que reclamaban ser reconocidas como veteranos de la Guerra de Malvinas y acceder a los beneficios establecidos para los excombatientes. Los expedientes involucraban a demandantes que habían prestado servicios militares en Santa Cruz y Tierra del Fuego durante el conflicto de 1982, pero cuyos pedidos habían sido desestimados por tribunales inferiores al considerar que no se había acreditado su participación en acciones bélicas.

En ambos casos, el máximo tribunal desestimó las quejas por incumplimientos de los requisitos establecidos en la acordada 4/2007, que regula las condiciones formales de presentación de los recursos extraordinarios y las quejas ante la Corte.

El beneficio solicitado está contemplado en la ley 23.848, sancionada el 27 de septiembre de 1990, que estableció una pensión vitalicia para excombatientes de Malvinas. La normativa fue modificada y ampliada posteriormente, entre otras disposiciones, por las leyes 24.652 y 24.892, sancionadas en 1996 y 1997, respectivamente.

El régimen comprende distintas categorías de beneficiarios, entre ellos exsoldados conscriptos que estuvieron destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o participaron efectivamente en combates dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), así como civiles que cumplieron determinadas tareas de servicio o apoyo durante el conflicto, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

El TOM fue la jurisdicción militar establecida el 2 de abril de 1982 para las operaciones relacionadas con las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y estuvo vigente hasta el 7 de abril. A partir de entonces comenzó a funcionar el TOAS, que comprendió un ámbito operacional más amplio, incluidos espacios marítimos y aéreos, hasta la finalización de la guerra.

Paralelamente, se estableció el Teatro de Operaciones Sur (TOS), que abarcaba unidades militares desplegadas en el territorio continental al sur del paralelo 42. Estas delimitaciones territoriales y operativas adquirieron relevancia en los reclamos judiciales, en los que se discutió si las funciones desempeñadas por los demandantes durante el conflicto reunían los requisitos establecidos por la legislación para acceder a la pensión.

Los dos reclamos judiciales

Uno de los expedientes fue promovido por Carlos Alberto Olguín contra el Estado nacional, a través del Ministerio de Defensa. El demandante solicitó ser reconocido como veterano y acceder a la pensión honorífica correspondiente, sobre la base de que durante el conflicto había sido desplazado al Regimiento de Caballería de Tanques 11, ubicado en Puerto Santa Cruz.

Sin embargo, la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó el rechazo de la demanda al considerar que no se había acreditado que Olguín hubiera participado en el TOM o en el TOAS, ni que hubiera intervenido en acciones bélicas.

El demandante cuestionó ese pronunciamiento mediante un recurso extraordinario federal y, posteriormente, acudió en queja ante la Corte Suprema, que desestimó la presentación por incumplimiento de la acordada 4/2007.

La segunda causa, caratulada “Rojas, Raúl Roberto y otros c/ Estado Nacional - Armada Argentina s/ reajuste de haberes”, fue iniciada por personas que habían prestado servicios en una sección de la Agrupación Seguridad de la Base Naval de Ushuaia, en Tierra del Fuego, durante la guerra.

Los demandantes solicitaron su reconocimiento como veteranos y la incorporación al Listado de Excombatientes de Malvinas, con el objetivo de acceder al beneficio contemplado en la ley 23.848.

La Cámara Federal de Tucumán rechazó la demanda al considerar que los reclamantes no habían participado en acciones bélicas. Frente a esa decisión, los actores interpusieron un recurso extraordinario federal y luego acudieron en queja ante la Corte Suprema, que también desestimó la presentación por incumplimiento de los requisitos formales fijados por la máxima instancia judicial.

En ambos expedientes, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, se excusó de intervenir por razones de “delicadeza y decoro”, apartamientos que fueron aceptados.

En la causa iniciada por Olguín, la resolución fue suscripta por Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y los conjueces Eduardo Tazza, José María Montesi y Fernando Robiglio. En el expediente Rojas, intervinieron Lorenzetti, Rosenkrantz y los conjueces Walter Carnota, Alejandro Salas y Carlos Vallefín.

Con el rechazo de las quejas, quedaron firmes las sentencias que habían desestimado los pedidos de reconocimiento como veteranos de la Guerra de Malvinas y el acceso a los beneficios correspondientes.

Al menos 78 salvadoreños, entre militares y policías, se encontrarían en Haití como parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), según cifras oficiales.

Dentro de ese contingente participa la Fuerza de Tarea Libertad II de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), cuya intervención quedó bajo atención luego de que cuatro aerotécnicos desaparecieran tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

La cifra incluye a ocho especialistas en aviación que llegaron en enero de 2025 y a un grupo posterior de 70 efectivos, datos que circularon tras la aprobación de la Asamblea Legislativa para la participación de salvadoreños en dicha misión.

La FAES no ha divulgado una actualización oficial sobre el número de integrantes que permanecen actualmente en territorio haitiano ni sobre la composición precisa de la Fuerza de Tarea Libertad II.

La Fuerza de Supresión de Pandillas es una misión internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar a Haití ante la expansión de los grupos armados. Sustituyó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que estuvo encabezada por Kenia.

La GSF tiene el mandato de respaldar a la Policía Nacional de Haití, realizar operaciones contra organizaciones criminales y contribuir a restablecer condiciones de seguridad en zonas afectadas por la violencia. La ONU autorizó una fuerza de hasta 5,550 uniformados y más de 50 civiles, aunque el despliegue permanece por debajo de ese objetivo.

Según informó Noticias ONU el 19 de octubre, la misión contaba con 1,563 integrantes uniformados desplegados hasta el 12 de octubre. Los contingentes proceden de Chad, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia y Sri Lanka. La operación inició formalmente el 1 de junio y su mandato se extiende hasta marzo de 2027.

La Fuerza de Tarea Libertad II aporta aeronaves y personal técnico

La participación salvadoreña se centró en evacuaciones médicas, traslado de heridos y protección de aeronaves, vehículos y otros recursos de la misión internacional. La Fuerza de Tarea Libertad II opera con helicópteros y personal especializado en aviación.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva ley transitoria que autorizó la continuidad de la FAES en Haití por 12 meses, hasta octubre de 2027. La normativa amplió las funciones permitidas para el contingente.

El nuevo marco legal autoriza el despliegue de aeronaves equipadas para tareas específicas, recursos de protección y personal civil o militar conforme a las necesidades operativas de la GSF.

Las capacidades aéreas tienen un papel relevante debido a las restricciones de movilidad en Haití. Las pandillas controlan sectores urbanos y vías de acceso, levantan bloqueos y atacan vehículos, lo que afecta tanto a los residentes como a las fuerzas de seguridad y a las organizaciones humanitarias.

Cuatro aerotécnicos desaparecieron tras un ataque en Croix-des-Bouquets

El 18 de octubre, cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II fueron emboscados cuando regresaban a su campamento en un vehículo blindado. El ataque ocurrió en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe.

La FAES informó que los agresores emplearon armas de fuego y explosivos. El blindado fue alcanzado, se incendió y los cuatro militares lograron salir de la unidad. Las autoridades salvadoreñas no han confirmado su ubicación desde entonces.

Helicópteros de la FAES acudieron al área para brindar apoyo, pero también recibieron disparos. La institución señaló que los intentos de aproximación por tierra y aire se vieron limitados por los enfrentamientos y las condiciones de seguridad.

Según EFE, los restantes integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II trabajan junto con el mando de la GSF y otros contingentes internacionales para establecer contacto y determinar el paradero de los aerotécnicos.

El Pleno del Senado de Perú debatirá y votará este miércoles 21 de octubre, desde las 10:00 horas, el dictamen que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos en materia de seguridad ciudadana y prevención de los efectos del fenómeno de El Niño, por un plazo de 90 días. La sesión llega después de que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores ampliara el texto original aprobado por la Cámara de Diputados de 20 a 27 puntos.

La Comisión de Constitución incorporó el lunes siete puntos adicionales a los 20 que ya había validado la Cámara de Diputados. Entre las medidas nuevas figuran el resguardo militar de los penales y la intervención de las Fuerzas Armadas contra la inseguridad, así como el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

El paquete ampliado también contempla disposiciones sobre legítima defensa, mecanismos de vigilancia posterior a la prisión para determinados delitos y la simplificación de trámites para proyectos de infraestructura. Con estas incorporaciones, el texto que pasará al Pleno quedó conformado por 27 ítems en total, todos vinculados a seguridad ciudadana y a la prevención de daños por el fenómeno de El Niño.

La comisión aprobó la inclusión de los siete puntos con siete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. Sin embargo, esa unanimidad se explica por la ausencia de las bancadas opositoras: Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno no estuvieron presentes en la sesión.

Los votos provinieron de Fuerza Popular, Renovación Popular y un único congresista de la bancada Obras, el senador Roger Astocuri, cuya presencia resultó decisiva: fue precisamente su voto el que permitió alcanzar el quórum necesario para que la comisión pudiera sesionar y aprobar el dictamen. Sin ese respaldo, la sesión no habría podido continuar.

Cuestionamientos

El senador de Juntos por el Perú Hugo Ccahuana acusó a Obras de “hacerle el juego” al fujimorismo al asistir a la sesión. Ccahuana sostuvo que existía un acuerdo previo entre las bancadas opositoras y Obras para debatir únicamente los 20 puntos originales remitidos por Diputados, compromiso que —a su juicio— se rompió al incorporarse las siete materias adicionales. “Asistir es hacerles el juego”, afirmó el legislador, para quien lo aprobado “ha violentado la Constitución, el reglamento del Senado (...) y las prerrogativas que le corresponden a los diputados”. El senador anticipó además que su bancada presentará una cuestión de orden en el Pleno para que el dictamen regrese a comisión.

La senadora de Ahora Nación Ruth Luque, por su parte, había anticipado que el oficialismo ya contaba con los votos necesarios para el Pleno gracias a su entendimiento con Obras. En respuesta, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, colocó sillas vacías con los logos de las tres bancadas ausentes durante una conferencia de prensa y las acusó de “dar la espalda al reclamo de los ciudadanos”, según RPP y Diario Correo. “El silencio y las sillas vacías hablan más que las palabras”, declaró Juárez, quien expresó su expectativa de que la oposición participe este miércoles en el Pleno.

La conducción de la comisión en los últimos días de debate fue además cuestionada por las cuatro bancadas de oposición, que señalaron que se desconoció una cuestión de orden planteada previamente por la senadora del Partido del Buen Gobierno Patricia Iturregui.

Pese al ajuste en múltiples dependencias del Estado, el área de Defensa y Seguridad no fueron alcanzados por la motosierra. Javier Milei decidió bajo su gestión reequipar y modernizar las Fuerzas Armadas, reconstruir la deteriorada operatividad militar y, a la vez, consolidar alianzas geopolíticas.

Desde que asumió, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) inició la mayor renovación militar en décadas, con la adquisición de cazas supersónicos F-16, blindados de combate Stryker, helicópteros, camiones Unimog y aviones de patrulla para la Aviación Naval.

Desde la Casa Rosada justificaron estas adquisiciones en la intención de reposicionar a la Argentina en el plano internacional, y como parte del realineamiento del Presidente hacia Occidente.

“La Argentina necesita Fuerzas Armadas con más capacidades, preparación y medios para defender su soberanía y sus intereses estratégicos”, posteó el viernes el ministro de Defensa, Carlos Presti, al destacar en un video la incorporación de los aviones F-16 como parte como parte del “proceso de modernización que mira hacia el futuro y acompaña el crecimiento” del país.

Con Milei en el poder, también aumentaron las compras para el área de Seguridad, con la adquisición de pistolas de calibre 9mm y semiautomáticas, escopetas y chalecos antibalas, entre otros insumos para las fuerzas federales bajo la órbita de la ministra Alejandra Monteoliva.

Desde que asumió y hasta agosto pasado, el Ejecutivo gastó en armamentos, equipos militares y de seguridad USD 445.026.954 millones, según calculó la Unidad de Datos a partir de analizar los datos on line del Sistema de Contrataciones Electrónicas, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. La base recoge la información del sitio oficial de contrataciones Comprar.gob.ar, a la que Infobae sumó los acuerdos firmados con otros países para la compra de equipamiento pesado, de combate y aviones.

La cifra sumariza tanto las compras en dólares como las que se hicieron en pesos, convertidos al valor promedio de la divisa para cada año. La misma metodología se usó en todos los cálculos de este informe, para unificar y actualizar los montos.

Los insumos para armamentos incluyen desde municiones y cartuchos, hasta explosivos y pirotecnia para supervivencia. En tanto, los equipos militares y de seguridad comprenden pistolas, fusiles, chalecos antibalas, escudos antidisturbios y aeronaves.

Según el análisis por año, el gasto total en esos conceptos en 2024 fue de USD 357,8 millones; de USD 59,4 millones en 2025; y de USD 27,8 millones en los primeros siete meses de 2026.

Estos montos incluyen tanto las compras en dólares como las que se hicieron en pesos, convertidos a dólar por la Unidad de Datos de Infobae al valor promedio para cada año. En el análisis no se tuvieron en cuenta las adquisiciones de otros ítems como textiles, herramientas, fármacos, informática, ferretería, entre otros, o servicios de mantenimientos.

Las compras para Defensa

Específicamente para las Fuerzas Armadas, las compras de insumos para armamento y equipos militares y de seguridad ascendieron a USD 381.358.597 desde diciembre de 2023 a agosto pasado. Esta cifra no incluye sueldos de los militares, ni gastos de funcionamiento de las fuerzas, ni erogaciones administrativas, o de mantenimiento de edificios o vehículos.

La adquisición más cara fue la de los 24 aviones de combate F-16 (16 monoplazas y 8 biplazas) en 2024. Según la decisión administrativa del Ministerio de Defensa de abril de ese año, se acordó pagar USD 301,2 millones en cinco cuotas anuales.

Fue una adquisición a Dinamarca que concretó el ex ministro Luis Petri en abril de ese año, quien incluso viajó a ese país para cerrar el acuerdo. Son aviones caza de combate supersónico compacto y multifunción destinados a la Fuerza Aérea que, según los especialistas, podrían recuperar la capacidad perdida en 2015 con el retiro de los Mirage, aunque señalan limitaciones para Malvinas.

La llegada de los primeros 6 aviones F-16 tuvo lugar el 5 de diciembre de 2025. El propio Milei, junto a autoridades de las Fuerzas Armadas, presidió el acto oficial de presentación operativa de la flota en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. “Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea”, afirmó el mandatario durante el acto.

La segunda tanda de 6 llegó en septiembre pasado y la Fuerza Aérea Argentina estima que podría adelantarse la recepción de los 12 restantes antes de diciembre de 2027.

No fue la única compra importante de equipos militares. Este año, el Gobierno firmó una carta de oferta y aceptación con Estados Unidos para adquirir 8 vehículos blindados a rueda Stryker 8x8 por USD 20 millones destinados a modernizar la flota del Ejército, en medio de las conversaciones para tratar de ingresar a la OTAN.

El acuerdo fue formalizado en el Pentágono por Petri, con el objetivo de “estandarizar y profundizar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses”. Los primeros vehículos llegaron desde Estados Unidos al país el 25 de noviembre de 2025 y fueron descargados en el puerto bonaerense de Zárate.

“Constituyen un sistema probado en múltiples escenarios y su llegada representa un salto cualitativo en materia de movilidad táctica, protección blindada y despliegue en diversos entornos operacionales”, los promocionó el Ministerio de Defensa en un comunicado al destacar el uso de estos vehículos de guerra.

La carta de intención firmada por Presti contempla la incorporación de más unidades a futuro, hasta un total de 235, para el transporte de infantería, comando, evacuación médica y apoyo de fuego.

Otra de las incorporaciones durante este Gobierno fue la de 4 aviones Lockheed Martin P-3 Orion de patrulla marítima de largo alcance para la Armada P-3 Orion para el control del espacio marítimo y la zona económica exclusiva argentina en el Atlántico. La adquisición a Noruega fue gestionada en octubre de 2023 por USD 60 millones.

El primero de los P-3 Orion llegó el 2 de septiembre de 2024 a la Base Aeronaval Almirante Zar, en Chubut, para prestar servicios en la Escuadrilla de Exploración de la Fuerza Aeronaval N°3 con base en Trelew. En diciembre de ese año, se aprobó una adenda para su mantenimiento y servicio técnico por otros USD 2,4 millones.

El segundo P-3 Orion arribó en noviembre del año pasado, y el tercero en marzo último. Estos tres son aviones cuatrimotores P-3C para exploración y vigilancia marítima, en tanto, el cuarto, un P-3N, está especializado en tareas de búsqueda y rescate. Su arribo está previsto para el segundo semestre de 2026.

Además, se incorporaron 6 helicópteros nuevos Bell 407GXi para operaciones del Ejército y la Fuerza Aérea. Fueron comprados a Canada a través de un contrato de gobierno a gobierno firmado en 2022, con Jorge Taiana como ministro de Defensa, entre la empresa Bell Textron y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con financiamiento de la Canadian Commercial Corporation (CCC) por un total de USD 32,4 millones.

El primero de esos Bell 407GXi llegó en octubre de 2023 y se destinó para la IV Brigada de la Fuerza Aérea, ubicada en la provincia de Mendoza. Otros dos llegaron en marzo de 2025 y fueron para el Ejército. En diciembre de ese mismo año llegaron otros dos más, también para la Fuerza Aérea. El último arribó a nuestro país en septiembre pasado, para uso del Ejército.

La modernización terrestre se completó con la compra de 48 camiones nuevos Unimog U4000, por USD 8,16 millones. Fueron provistos por Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina para el área logística del Ejército, luego de una licitación donde ese evaluaron distintos modelos de procedencia internacional. La eleción de los Unimog se basó en su capacidad de operar en terrenos extremos de montaña, barro, nieve, ríos o zonas rocosas.

El gasto para el área de Seguridad

En cuanto al área de Seguridad, bajo la conducción primero de Patricia Bullrich y luego de la actual ministra Monteoliva, el gasto en armamento, insumos y equipos con ese destino, ascendió a USD 63.668.358 en los 2 años y 8 meses del gobierno libertario analizados. Esta cifra incluye los valores expresados en dólares y los consignados en pesos, convertidos al tipo de cambio promedio de cada año.

No se consideraron en el cálculo sueldos, ni gastos de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, ni erogaciones administrativas o de mantenimiento de edificios o vehículos.

La compra más costosa en dólares en el área de Seguridad fue en 2024: 7.200 pistolas semi automáticas, 800 pistolas calibre 9mm, y 2.000 escopetas semiautomáticas por USD 8,3 millones en total.

En pesos, la adquisición más onerosa también fue en 2024 cuando el Ministerio de Seguridad adquirió 19.700 chalecos antibalas por $14.763 millones, 810 escudos antidisturbios por $201 millones, y 3,3 millones de municiones por $4.286 millones.

Comparación con gobierno anteriores

El gasto total en armamento y equipos militares y de seguridad en los dos años y ocho meses del gobierno de Milei supera al gasto total en este rubro durante la gestión de Alberto Fernández, y a lo erogado en el mandato de Mauricio Macri, aún considerando que el libertario no cumplió su tercer año mandato.

Según calculó Infobae, en el gobierno de Fernández, la cifra ascendió a USD 428,7 millones, incluyendo las compras en pesos convertidas al valor dólar promedio de cada año de su mandato. Esta cifra incluye USD 76,6 millones por la provisión de aviones IA-63 Pampa III a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA), destinados a la Fuerza Aérea, en una contratación directa interadministrativa de mayo de 2021.

En el gobierno de Macri, la cifra total fue muy inferior: USD 72 millones. Su compra más costosa fueron, en abril de 2019, 3 aviones Pampa III por $901,7 millones, equivalentes a USD 18,1 millones, tomando el valor promedio del dólar de ese año.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

El Gobierno clasificó como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, según el Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, ampara bajo reserva absoluta las operaciones contractuales vinculadas a una adquisición cuyo detalle —tipo de material, costo, proveedor y fuerza destinataria— quedó fuera del alcance público.

La decisión se conoce en plena escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el presidente Milei anunció sanciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización argentina, presentó denuncias penales contra varias de ellas, instruyó un procedimiento de arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion, y ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Londres respondió convocando a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta y el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que su país será “implacable” en la defensa de los derechos de los isleños.

El decreto invoca la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” toda adquisición, fabricación o construcción que resulte de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Al activar esa clasificación, los organismos contratantes quedan exceptuados de cumplir con las disposiciones de publicidad y difusión que rigen las compras del Estado.

La medida no es aislada. Desde que asumió, el Ejecutivo dictó al menos cuatro decretos de este tipo. Los tres anteriores —los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24— estuvieron vinculados a la incorporación de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca: cubrieron la operación de compra, la construcción de la infraestructura necesaria y los contratos complementarios gestionados mediante el programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS). Un cuarto decreto, el 735/26, clasificó la exportación temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.

El nuevo decreto, sin embargo, tramita bajo un expediente diferente (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no contiene ninguna referencia a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa fue designada como responsable de instrumentar los actos necesarios para concretar la operación.

Modernización y reequipamiento

El decreto llega en medio de la mayor renovación militar argentina en décadas. Un relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae, basado en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y en acuerdos bilaterales, calculó que desde diciembre de 2023 hasta agosto pasado el Estado destinó USD 445.026.954 a armamento, equipos militares y de seguridad. La cifra ya supera el gasto total de la gestión de Alberto Fernández en ese rubro (USD 428,7 millones) y multiplica por seis el de Mauricio Macri (USD 72 millones), pese a que Milei aún no completó tres años de mandato.

Del total, USD 381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y los USD 63,7 millones restantes al área de Seguridad. El grueso de las compras se concentró en 2024, con USD 357,8 millones, mientras que en 2025 el monto bajó a USD 59,4 millones y en los primeros siete meses de 2026 alcanzó los USD 27,8 millones.

La adquisición estrella fue la de 24 aviones de combate F-16 —16 monoplazas y 8 biplazas— acordada con Dinamarca en abril de 2024 por USD 301,2 millones, pagaderos en cinco cuotas anuales. Los primeros seis ejemplares llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y fueron presentados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, con el presidente al frente del acto. Una segunda tanda de seis unidades arribó en septiembre de 2026, y la Fuerza Aérea estima que los 12 restantes podrían incorporarse antes de diciembre de 2027.

La operación buscó recomponer una capacidad aérea de combate que la Argentina había perdido en 2015, cuando se retiraron los últimos Mirage del servicio activo. Fue gestionada por el entonces ministro Luis Petri y marcó un punto de inflexión en la política de defensa del gobierno libertario.

El reequipamiento no se limitó al aire. El Ejército acordó con Estados Unidos la compra de 8 vehículos blindados Stryker 8x8 por USD 20 millones, con la posibilidad abierta de ampliar la flota hasta 235 unidades en distintas configuraciones: transporte de infantería, evacuación médica, comando y apoyo de fuego. Una primera partida de 50 vehículos fue inspeccionada en Texas y se proyecta su llegada antes de que termine el año.

En paralelo, el Ministerio de Defensa formalizó en marzo de 2026 un acuerdo para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk, también provenientes de reservas estadounidenses. El programa contempla hasta 20 aeronaves con un techo presupuestario de USD 140 millones, canalizadas a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero. Se espera que los primeros cuatro lleguen antes de fin de año para reemplazar a los envejecidos AS332 Super Puma del Batallón de Helicópteros de Asalto 601.

La Armada, por su parte, incorporó 4 aviones de patrulla marítima P-3 Orion adquiridos a Noruega por USD 60 millones, destinados al control del Atlántico Sur y la zona económica exclusiva argentina. Completaron el cuadro 6 helicópteros Bell 407GXi por USD 32,4 millones —comprados a Canadá mediante un contrato de gobierno a gobierno— y 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones para la logística terrestre del Ejército.

El próximo capítulo

El proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso en septiembre, incluyó una autorización para tomar deuda por USD 2.300 millones destinados a tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. Las unidades operarían desde la Base Naval Mar del Plata y la Base Naval Puerto Belgrano, respectivamente.

La Armada ya evaluó las propuestas de dos fabricantes europeos: la francesa Naval Group, con el submarino Scorpène Evolved —72 metros de eslora, 2.000 toneladas de desplazamiento y hasta 80 días de autonomía—, y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), con el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos países ofrecieron financiar la totalidad de la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.

La decisión recae ahora en el presidente Milei. Una eventual firma marcaría la recuperación de la capacidad submarina que la Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, cuando murieron sus 44 tripulantes. La inclusión de las partidas en el Presupuesto, sin embargo, no equivale a un contrato cerrado: la concreción dependerá de la aprobación legislativa y de los términos de financiamiento que se negocien con los proveedores.

El general Sir Roly Walker, jefe del Ejército de Reino Unido, afirmó que el país deberá prepararse para una “conversación franca” sobre los riesgos para la seguridad nacional y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan que combatir en una guerra. Walker pronunció el discurso en la guarnición de Catterick, ante los 700 soldados de la 1.ª División, como recoge Force News. El jefe militar se dirigió a los soldados para anticipar que necesitarán respaldo político y social si se les ordena intervenir en un conflicto.

“No lo sabían, pero nuestra nación va a necesitarlos”, dijo Walker. El general señaló que durante años el país evitó considerar un escenario en el que sus tropas debieran entrar en combate. La preocupación en Europa por las amenazas a la seguridad regional y la capacidad de los ejércitos para responder ante un conflicto de gran escala han crecido las últimas semanas. Walker no detalló qué amenaza concreta motivó su advertencia, aunque planteó que el debate sobre defensa deberá involucrar a toda la sociedad. Según Walker, los ciudadanos deberán aceptar que el refuerzo de la seguridad nacional implique cambios y “sacrificios”.

El discurso del general puso el foco en la relación entre las Fuerzas Armadas y la población. Walker sostuvo que la defensa del país no puede quedar limitada a la actividad de los soldados. “Después, pedirán a esos ciudadanos, para quienes no necesariamente estamos en el centro de sus preocupaciones, que también desempeñen un papel en la defensa y la seguridad de este país”, expresó. El militar reconoció que las prioridades cotidianas de una parte de la población pueden estar alejadas de las cuestiones de defensa, pero cree que esto tendrá que cambiar. “Necesitan entender qué hacemos por ellos”, dijo Walker.

En la parte final de su intervención, Walker pidió a los 700 militares reunidos en Catterick que tengan presente que el respaldo de la población será decisivo si el país entra en guerra. “Para hacer lo único que ustedes hacen y que nadie más puede hacer, que es llevar la lucha al enemigo”, concluyó. El mensaje del jefe militar anticipa una mayor presencia de la defensa en la agenda política británica.

Inversión y apuesta por la defensa de Reino Unido

Reino Unido ha situado la defensa entre sus prioridades ante el deterioro de la seguridad en Europa y el temor a que un conflicto de mayor escala exija reforzar sus capacidades militares. En las últimas semanas, el Gobierno británico ha vinculado ese esfuerzo a inversiones en inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos, con la guerra de Ucrania como fuente de información operativa. A finales de septiembre, Londres abrió a 12 empresas el acceso a una base de datos ucraniana con más de seis millones de registros militares para desarrollar modelos de inteligencia artificial destinados a enjambres de drones.

El material reúne imágenes y videos obtenidos por aeronaves no tripuladas en el frente. Los sistemas deberán permitir que grupos de drones ejecuten tareas de vigilancia, abastecimiento o detección de objetivos pese a interferencias electrónicas o falta de navegación satelital. La base contiene registros de tanques, artillería, defensas antiaéreas, tropas, vehículos y drones. El proyecto, bajo la Asociación de Inteligencia Artificial entre Reino Unido y Ucrania, quedó a cargo de la Fuerza de Tarea de Entrega Rápida de Inteligencia Artificial (RAID). La intención es trasladar lecciones del frente a las Fuerzas Armadas británicas y permitir que menos militares controlen más aparatos por aire, tierra y mar.

Juan Carlos Osorto Castillo, exdirector de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, fue separado de las Fuerzas Armadas de Honduras después de una investigación administrativa por presuntas irregularidades en los fondos de los economatos penitenciarios.

La decisión fue confirmada por el coronel Héctor Fajardo Mejía, director de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas, durante una entrevista con Noticieros Hoy Mismo de TSi. El portavoz explicó que el caso del exdirector penitenciario forma parte de las separaciones ejecutadas por la institución durante 2026.

Según Fajardo, antes de tomar la decisión se desarrolló una investigación administrativa y posteriormente intervino un tribunal de honor, que recomendó separar al oficial superior de la institución castrense.

Los señalamientos contra Osorto están relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos de los economatos que funcionan dentro de los centros penitenciarios.

Sin embargo, el procedimiento administrativo y la separación militar no equivalen, por sí solos, a una condena penal por el supuesto faltante.

Osorto asumió la dirección de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, conocida como cárcel de Támara, en septiembre de 2025. Durante su gestión, el centro penitenciario quedó bajo su responsabilidad como parte de la estructura de administración del sistema carcelario hondureño.

En junio de 2026, las Fuerzas Armadas confirmaron que mantenían una investigación interna contra el oficial por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los fondos de los economatos penitenciarios.

El caso trascendió por señalamientos sobre un posible faltante de aproximadamente L8 millones, una cifra que puso el foco en la administración de los recursos vinculados con estos establecimientos.

Los economatos penitenciarios permiten la adquisición de determinados productos dentro de los centros de reclusión. Por esa razón, el manejo de sus fondos y los controles administrativos forman parte de los aspectos que pueden ser examinados cuando surgen denuncias o indicios de irregularidades.

Hasta la información proporcionada por el portavoz militar, el elemento confirmado es que se desarrolló una investigación administrativa que derivó en la recomendación de separación del coronel.

Fajardo explicó que los procedimientos disciplinarios para oficiales y suboficiales requieren distintas etapas, entre ellas la investigación administrativa y la intervención de un tribunal de honor.

Este tipo de instancia evalúa la conducta del personal militar y puede emitir recomendaciones relacionadas con su permanencia en la institución, de acuerdo con las normas y los reglamentos aplicables.

En el caso de Osorto, el tribunal de honor recomendó su separación después de las diligencias correspondientes, según la explicación del director de Comunicaciones Estratégicas.

El portavoz también indicó que los procesos de esta naturaleza deben desarrollarse respetando el debido proceso. La separación deshonrosa constituye una medida dentro del ámbito militar, mientras que la determinación de eventuales responsabilidades penales corresponde a las autoridades competentes.

Por ello, los señalamientos sobre el manejo de los fondos penitenciarios deben mantenerse diferenciados de cualquier conclusión judicial que pudiera establecerse posteriormente.

Durante la entrevista, Fajardo estimó que un oficial con el rango de coronel puede acumular alrededor de 30 años de servicio en las Fuerzas Armadas. No obstante, no precisó cuánto tiempo llevaba Osorto dentro de la institución ni proporcionó una cifra exacta sobre su trayectoria militar.

El caso del exdirector de Támara se encuentra entre las 125 separaciones deshonrosas que las Fuerzas Armadas reportaron durante 2026, una cifra que incluye personal de distintos rangos y categorías.

Las operaciones contra el narcotráfico en Honduras han permitido localizar decenas de cultivos de hoja de coca y destruir instalaciones utilizadas para procesar drogas durante 2026.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) reportaron el aseguramiento de 62 plantaciones con más de 950.000 arbustos de coca, en un balance que sitúa al departamento de Colón como el principal foco de estos hallazgos.

El portavoz de la institución castrense, Mario Rivera, informó este jueves que los resultados corresponden a las operaciones de seguridad desarrolladas en diferentes regiones del territorio nacional, como parte de las acciones para combatir las estructuras vinculadas al narcotráfico.

“Las Fuerzas Armadas se está intensificando operaciones de seguridad en el combate al narcotráfico, para ello se ha fortalecido el escudo terrestre, aéreo y marítimo. Esto ha permitido que en lo que va de este año se han asegurado 62 plantaciones con más de 950 mil arbustos de hoja de coca”, declaró.

Según el portavoz, las acciones se mantienen en distintos puntos del país mediante el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y despliegue militar por tierra, aire y mar.

Rivera detalló que más del 80% de los aseguramientos de plantaciones de coca registrados durante este año se concentran en el departamento de Colón, lo que convierte a esta región en la de mayor incidencia de estos cultivos dentro de los resultados reportados por las FFAA.

Sin embargo, las operaciones también se han extendido a otros departamentos donde las autoridades mantienen acciones orientadas a detectar plantaciones y combatir las actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas.

Entre las zonas mencionadas por la institución figuran Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, además de Colón, donde se han desarrollado intervenciones para localizar estructuras vinculadas con el narcotráfico.

La presencia de cultivos en distintas regiones mantiene a las fuerzas de seguridad desplegadas en labores de reconocimiento y operaciones terrestres, con el propósito de identificar nuevas plantaciones y otros espacios utilizados para actividades ilícitas.

Como parte de los resultados presentados, el portavoz militar informó que durante 2026 también se han destruido 13 instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de drogas.

En estos lugares, según Rivera, se encontraron precursores químicos empleados en la elaboración de sustancias ilícitas, lo que evidencia que las operaciones no se han limitado a la localización de cultivos, sino que también han incluido intervenciones contra espacios destinados a procesar drogas.

El funcionario agregó que las acciones de seguridad han dejado varias personas detenidas en diferentes sectores del país por su presunta vinculación con este tipo de actividades.

No obstante, el portavoz no precisó la cantidad total de detenidos ni detalló las fechas de las operaciones relacionadas con cada uno de los hallazgos reportados.

Las FFAA mantienen el despliegue de sus efectivos en las zonas identificadas como prioritarias, mientras continúan las acciones contra las estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico.

Rivera también aseguró que las operaciones militares han impedido el procesamiento de aproximadamente 780 kilogramos de cocaína, una cantidad que, según la estimación presentada por la institución, tendría un valor superior a 250 millones de lempiras.

“Hay varias personas detenidas en diferentes sectores del país por la comisión de este ilícito, también podemos agregar que producto de las constantes operaciones de seguridad que realizan las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, los miembros de estas estructuras criminales vinculados a esta ilícita actividad han dejado de procesar alrededor de 780 kilos de cocaína que estarían valorados en más de 250 millones de lempiras”, subrayó.

La cifra corresponde a la valoración económica atribuida por las autoridades a la droga cuyo procesamiento aseguran haber evitado mediante estas intervenciones.

Los resultados forman parte de la estrategia militar de combate al narcotráfico, que incluye el aseguramiento de cultivos, la destrucción de instalaciones artesanales y la identificación de personas presuntamente relacionadas con estas actividades.

Con 62 plantaciones aseguradas y más de 950.000 arbustos localizados, las FFAA mantienen a Colón como su principal zona de intervención contra los cultivos de coca durante 2026, mientras las operaciones continúan en otros departamentos del territorio hondureño.

El Ministerio de Defensa desplegó operaciones militares terrestres y aéreas para combatir los incendios forestales que afectan a ocho regiones del país, según informó Andina Noticias. La intervención incluye tropas del Ejército, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea, y unidades especializadas que trabajan junto a Defensa Civil y pobladores locales.

Las llamas se concentran en Cusco, Ayacucho, Apurímac, Junín, Áncash, Puno, Arequipa y Cajamarca. El Gobierno enmarcó el operativo dentro de su compromiso de proteger a la población y el medio ambiente, de acuerdo con el citado medio peruano.

Ejército combate incendios en Ayacucho y Puno

En el sector de Huaysuy, localidad de San José de Secce, distrito de Santillana, provincia de Huanta, región Ayacucho, efectivos de la Segunda Brigada de Infantería y del batallón Los Cabitos N.° 51 trabajan de forma articulada con Defensa Civil, voluntarios y brigadas de apoyo. El fuego afecta pastizales, plantaciones de eucalipto y vegetación nativa de la zona. Hasta el momento no se reportan daños a la vida humana, según Andina Noticias.

En paralelo, integrantes de la Cuarta Brigada de Montaña del Ejército participan en las acciones de control y mitigación del incendio registrado en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, región Puno.

FAP despliega aviones y helicópteros en Cusco

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegó sus capacidades aéreas hacia Cusco para apoyar las labores de control y extinción del fuego, en coordinación con las instituciones que atienden la emergencia. El avión Beechcraft King Air 360C realizó un reconocimiento aéreo del área afectada para evaluar el alcance del incendio.

La aeronave C-27J Spartan trasladó el sistema Guardián, mientras se dispuso el empleo de helicópteros MI-17 equipados con el sistema helibalde para realizar descargas de agua y complementar el trabajo de bomberos y equipos de respuesta en tierra. A esta intervención se suma el Comando Especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), que desplegó acciones terrestres y aéreas con Compañías de Intervención Rápida para Desastres, orientadas a contener la propagación del fuego y proteger a la población y los recursos naturales.

Incendios extinguidos y hectáreas afectadas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través de su Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que los incendios registrados en los distritos de Parobamba y Matacoto, en Áncash, y en Puyca, en Arequipa, fueron extinguidos gracias al trabajo de personal municipal y pobladores de la zona, sumado a condiciones meteorológicas favorables.

El organismo precisó además que el incendio del sector Pampay, en el distrito y provincia de Sihuas, también en Áncash, se encuentra controlado. La evaluación de daños continúa y hasta el momento se reportan 25 hectáreas de cobertura natural destruidas en ese foco. El Indeci mantiene el monitoreo de estos eventos en coordinación con los centros de operaciones de emergencia regionales, provinciales y distritales.

El jefe del Indeci, general del Ejército Luis Vásquez, informó que el país contabiliza actualmente un total de 58 incendios forestales activos distribuidos en las regiones de Cusco, Ayacucho, Apurímac, Junín, Áncash, Arequipa y Cajamarca. La cifra refleja la magnitud de la emergencia que mantiene movilizadas a las Fuerzas Armadas y a los organismos de gestión de riesgos en distintos puntos del territorio peruano.

Argentina e Israel profundizaron su cooperación en defensa con la firma de un nuevo memorándum de entendimiento, días después de la llegada de los primeros fusiles de asalto ARAD para las Fuerzas Armadas. El acuerdo se suma a una agenda que incluye la modernización del equipamiento militar y posibles adquisiciones de artillería autopropulsada y drones.

Durante una columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó el alcance del acercamiento bilateral, repasó las versiones sobre futuras compras y se refirió a la licitación para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El documento fue firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Carlos Presti, y la embajadora de Israel en la Argentina, Ahuva Spieler Reshef. También participó el coronel Amit Guy, agregado de Defensa israelí en el país.

“Esto es una cosa que se viene ya negociando hace varios meses y que tiene ya algunos resultados que se han visto en estos días y otros que se espera que puedan venir”, señaló Serbin Pont.

El acuerdo con Israel y la llegada de los fusiles ARAD

El memorándum se inscribe en una relación que tuvo otro antecedente en 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, visitó Israel. La agenda de aquella etapa incluyó ciberdefensa, drones, protección de fronteras, comunicaciones satelitales y provisión de armamento.

Uno de los resultados concretos del acercamiento fue la incorporación inicial de 250 fusiles ARAD, fabricados por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI). El nuevo armamento está destinado a reemplazar progresivamente al FAL, utilizado por el Ejército argentino durante décadas.

“Se han convertido en el reemplazo del mítico fusil FAL del Ejército argentino después de 66 años de servicio”, afirmó el analista.

La partida incluye dos variantes: el ARAD 7, de calibre 7,62 × 51 milímetros, destinado principalmente al Ejército, y el ARAD 5, de calibre 5,56 × 45 milímetros, previsto también para la Armada y la Fuerza Aérea. La provisión contempla accesorios y equipamiento complementario.

El contrato tiene un tope de USD 12 millones. Según las estimaciones mencionadas durante el programa, cada fusil cuesta alrededor de USD 1.000, aunque el valor total depende de los componentes incluidos. Serbin Pont remarcó que se trata de una entrega inicial limitada, dentro de un proceso de incorporación que podría continuar con nuevos lotes.

Artillería y drones: los sistemas israelíes que podría incorporar la Argentina

La firma del memorándum volvió a poner el foco en las posibilidades de cooperación militar entre la Argentina e Israel. Entre las versiones sobre eventuales adquisiciones aparecen sistemas de artillería autopropulsada y drones de vigilancia, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre contratos para incorporar ese equipamiento.

Andrei Serbin Pont mencionó dos alternativas que podrían responder a necesidades de modernización de las Fuerzas Armadas: los sistemas de artillería Atmos y los vehículos aéreos no tripulados de la familia Hermes. No obstante, aclaró que se trata de trascendidos y que no puede darse por hecho que las operaciones estén en marcha.

Una de las posibilidades es el Atmos, un sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas de 155 milímetros. Su eventual incorporación permitiría reforzar la movilidad y la capacidad de apoyo de fuego del Ejército, en un contexto de renovación de medios terrestres y de incorporación de vehículos blindados Stryker.

Según las estimaciones mencionadas por Serbin Pont, cada sistema podría costar entre USD 6 millones y USD 7 millones, aunque el monto dependería del equipamiento, las municiones y los servicios incluidos en una eventual contratación.

Otra de las alternativas que mencionó el analista es la incorporación de drones militares de media altitud y larga autonomía, conocidos como MALE. Dentro de la oferta israelí se encuentran los modelos Hermes 450, 600 y 900, plataformas que podrían ampliar las capacidades argentinas de vigilancia y reconocimiento.

Serbin Pont estimó que cada aeronave podría rondar los USD 10 millones, sin contemplar necesariamente el costo total de su puesta en servicio. Un programa de estas características también requeriría estaciones de control, capacitación, mantenimiento y soporte logístico.

El analista consideró que la incorporación de drones podría resultar especialmente relevante para las tres fuerzas, tanto para la vigilancia marítima como para el control de las fronteras y el apoyo a las operaciones militares.

Por ahora, tanto el Atmos como los Hermes deben considerarse posibles alternativas de adquisición y no compras confirmadas. El memorándum establece un marco de cooperación entre ambos países, pero su firma no implica, por sí sola, que esos sistemas hayan sido seleccionados o contratados.

Ushuaia: licitación para construir el muelle de la base naval

En paralelo con la agenda de cooperación internacional, la Argentina avanzó en otro proyecto de infraestructura militar. La licitación para construir el muelle de la Base Naval Integrada de Ushuaia quedó formalizada mediante la Resolución 704/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La obra tiene un presupuesto oficial de $189.321 millones, equivalente a unos USD 120 millones según la estimación mencionada por Serbin Pont. El procedimiento se tramitará a través de la plataforma Contratar y contempla la construcción del muelle.

La iniciativa integra un proyecto de mayor alcance para desarrollar infraestructura naval en Tierra del Fuego. “El plan íntegro para la base es 700 palos y es a largo plazo”, explicó el analista.

Para Serbin Pont, la construcción del muelle constituye una de las prioridades inmediatas. “Que el muelle avance creo que es probablemente lo más importante en este momento”, afirmó.

La adjudicación y el inicio de los trabajos permitirán determinar el avance efectivo de una obra estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.

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La presidenta de la república, Keiko Fujimori, viaja esta mañana a Trujillo para inspeccionar el establecimiento penitenciario El Milagro y liderar la presentación de resultados de una requisa realizada durante la madrugada en ese penal. El operativo forma parte de la décimo octava visita de trabajo de la mandataria al interior del país desde el inicio de su gestión.

La jefa de Estado llega a la región La Libertad acompañada de tres ministros de su gabinete: el titular de Defensa, Rafael Belaunde; el ministro del Interior, César Astudillo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. A la comitiva se suman autoridades regionales que participarán de las distintas actividades programadas para la jornada.

El primer punto de la agenda tiene lugar dentro del penal El Milagro, donde el personal a cargo le explicará a Fujimori el funcionamiento del Centro de Control del establecimiento. Tras esa presentación inicial, la mandataria ingresará a las instalaciones para encabezar personalmente la exposición de los hallazgos obtenidos durante la requisa realizada esta madrugada en el recinto penitenciario.

Las requisas en penales peruanos buscan detectar e incautar objetos prohibidos como armas, celulares, drogas o dispositivos de comunicación que los internos utilizan para coordinar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos. La inspección del penal trujillano se enmarca en una política de control más amplia que el Gobierno viene aplicando en el sistema penitenciario del país.

Balance del Comando Unificado en la región

Después de la actividad en el penal, Fujimori presidirá la presentación de las acciones operativas y los resultados alcanzados por el Comando Unificado en La Libertad. Esta instancia agrupa la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) frente al crimen organizado que opera en la región norte del país.

El acto se realizará en la Unidad de Servicios Especiales de la PNP en Trujillo y contará con la presencia del comandante general de la institución policial, el general de Policía Fredy López. La exposición buscará dar cuenta del balance de las operaciones articuladas entre ambas fuerzas en el marco de la estrategia de seguridad desplegada en la zona.

Cómo nació el Comando Unificado y qué funciones cumple

Fujimori anunció la creación del Comando Unificado el 7 de octubre, durante una ceremonia realizada en el Cuartel General del Ejército, en Lima. En esa oportunidad, la mandataria explicó que la nueva estructura integraría las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la PNP mediante un centro de control y operaciones destinado a dirigir, de manera sincronizada, las acciones contra las organizaciones criminales y la delincuencia en todo el país.

El esquema se apoya en una unidad de Fuerzas Combinadas para el Combate al Crimen Organizado compuesta por 1.350 efectivos, distribuidos entre 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas, según precisó el Ministerio del Interior. “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución”, afirmó la presidenta durante el anuncio.

La creación del comando se produjo en un contexto de fuerte presión social por la inseguridad: los homicidios en el país pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras las denuncias por extorsión se multiplicaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período. Días antes, el Gobierno había declarado un estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad, entre ellos el Trujillo Varones en La Libertad, lo que habilitó a las Fuerzas Armadas a asumir el control perimetral de esos establecimientos junto a la Policía.

Decimoctava gira de trabajo al interior del país

El viaje a La Libertad se suma a una serie de desplazamientos que la presidenta ha realizado por distintas regiones del Perú desde que asumió el cargo. Con esta visita, Fujimori acumula dieciocho giras de trabajo fuera de Lima, un recorrido que combina supervisión de seguridad, gestión penitenciaria y coordinación con autoridades locales.

La presencia simultánea de los ministros de Defensa, Interior y Justicia en la comitiva refleja el carácter intersectorial de la agenda prevista para la jornada en Trujillo, que combina el control del sistema penitenciario con el despliegue de fuerzas de seguridad contra el crimen organizado en la región.

Las Fuerzas Armadas de Honduras buscan ampliar el número de efectivos disponibles para responder a las diferentes emergencias, operaciones y situaciones que requieren presencia militar en distintos puntos del territorio nacional, informó el jefe de la institución, Benjamín Valerio.

La propuesta ya fue presentada al presidente de la República y contempla un plan para fortalecer el recurso humano de las Fuerzas Armadas, aunque su ejecución estará condicionada a la disponibilidad de fondos dentro del presupuesto nacional.

“Ya tenemos un plan con el presidente, se le presentó un plan tanto en el Congreso Nacional y recordemos que eso pasa por un presupuesto para poder fortalecer la parte de personal en nuestras Fuerzas Armadas”, explicó Valerio al referirse a la iniciativa.

El jefe castrense señaló que la necesidad de incrementar los efectivos responde a los diferentes requerimientos que enfrenta la institución en el territorio hondureño. Una mayor cantidad de elementos permitiría distribuir mejor al personal y reforzar la capacidad operativa en las zonas donde se necesita intervención o apoyo militar.

El incremento planteado por las autoridades militares tendría como uno de sus principales objetivos ampliar la capacidad de respuesta ante las situaciones que demandan presencia de las Fuerzas Armadas, tanto en operaciones de seguridad como en labores de apoyo a la población.

La institución mantiene participación en diferentes tareas que requieren despliegue de personal en distintas regiones del país. Por ello, el alto mando considera necesario contar con una cantidad de efectivos que permita atender simultáneamente los requerimientos que surgen en diferentes sectores.

Valerio explicó que la propuesta no se limita únicamente a incorporar nuevos elementos, sino que requiere una planificación presupuestaria que permita cubrir los costos asociados al crecimiento del personal militar.

Entre estos recursos se encuentran las necesidades propias de la institución para garantizar que los efectivos puedan desarrollar sus funciones y cumplir con las operaciones asignadas en el territorio nacional.

El planteamiento también incluye las necesidades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), unidad que participa en diferentes operaciones de seguridad y requiere contar con suficientes efectivos para atender los requerimientos que se presentan.

La disponibilidad de personal constituye uno de los factores que determina la capacidad de despliegue de las unidades militares. En ese sentido, el aumento propuesto permitiría reforzar las operaciones y ampliar la presencia institucional en los lugares donde sea solicitada.

Sin embargo, el jefe de las Fuerzas Armadas reconoció que concretar el incremento dependerá del proceso presupuestario, por lo que la propuesta deberá contar con los recursos económicos necesarios para su ejecución.

La iniciativa deberá avanzar en las instancias correspondientes antes de que pueda materializarse la incorporación de nuevos elementos. Esto implica que el fortalecimiento del personal está sujeto a las decisiones que se adopten en materia de asignación de recursos públicos.

Además de plantear un incremento en el número de efectivos, Valerio destacó que las Fuerzas Armadas ya recibieron recientemente un aumento destinado al personal militar, una medida que, según afirmó, ha tenido un impacto positivo dentro de la institución.

“Gracias a la voluntad del señor presidente las Fuerzas Armadas tuvieron un aumento a nivel de todo el personal y eso viene a mejorar la moral”, manifestó el jefe castrense.

De acuerdo con sus declaraciones, la mejora en las condiciones económicas del personal representa un factor importante para los miembros de la institución y forma parte del proceso de fortalecimiento que se busca impulsar.

Ahora, el siguiente objetivo consiste en aumentar la cantidad de militares disponibles para ampliar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, el alto mando militar mantiene como prioridad fortalecer el personal y garantizar una mayor capacidad de respuesta ante las diferentes necesidades que surgen en Honduras.

El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaunde, afirmó que el Comando Unificado tiene como objetivo devolver la paz a los peruanos frente a la amenaza de la criminalidad organizada y la inseguridad. El funcionario sostuvo que el Gobierno busca integrar las capacidades estatales para responder de manera articulada contra las organizaciones delictivas.

En declaraciones a TVPerú, Belaunde señaló que la estrategia contempla la coordinación entre los sectores de Defensa e Interior, además de la participación de instituciones del sistema de justicia y de la comunidad de inteligencia.

El ministro indicó que, desde el inicio del Gobierno, existe un esfuerzo orientado a reunir recursos y capacidades del Estado ante el avance de la delincuencia. En ese marco, mencionó el trabajo con el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos de inteligencia.

“Se está coordinando con la Fiscalía, con el Poder Judicial, se está recomponiendo la comunidad de inteligencia para poder producir inteligencia en tiempo oportuno, inteligencia de calidad y ahora de lo que se trata es de integrar una fuerza operativa de combate contra las organizaciones criminales”, indicó Belaunde.

La fuerza operativa

El titular del Ministerio de Defensa precisó que el Comando Unificado estará conformado por 1.350 personas. La estructura incluirá a 500 efectivos del Ejército, 80 integrantes de las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC) y miembros de unidades especializadas.

Belaunde destacó que tanto la Policía Nacional como el Ejército cuentan con personal calificado para las tareas previstas dentro de este esquema. Según explicó, la finalidad es que esas capacidades actúen de forma coordinada contra las organizaciones criminales.

“Esta es una fuerza de 1,350 personas, 500 efectivos del Ejército, 80 de las FEC, que son las Fuerzas Especiales Conjuntas, que son de las Fuerzas Armadas, está el Grupo SUAT, el Grupo Greco y grupos altamente calificados”, puntualizó el ministro.

El funcionario no brindó más detalles sobre la distribución de las tareas de cada grupo dentro de la fuerza operativa. Su intervención se centró en la necesidad de una respuesta conjunta frente a los delitos que afectan a la población y a los pequeños empresarios.

Estrategia con la seguridad

Belaunde sostuvo que la meta del Gobierno es que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades sin enfrentar extorsiones, cobros ilegales o amenazas contra su integridad. También mencionó la situación de quienes trabajan por cuenta propia o tienen pequeños negocios.

“Entonces, el objetivo superior acá es devolverle la paz a los peruanos”, enfatizó el ministro de Defensa.

En ese sentido, afirmó que el país debe ofrecer condiciones para que las personas puedan salir a las calles, trabajar y sostener sus actividades económicas sin el temor de ser víctimas de delitos. El funcionario aludió de manera específica a los casos de extorsión, al cobro de cupos y a los asesinatos.

Cooperación de inteligencia

El ministro indicó que la coordinación no se limitará a los organismos nacionales. Según explicó, el Gobierno apunta a una colaboración más cercana con la comunidad de inteligencia internacional y con instituciones del sistema de justicia.

Belaunde mencionó la adhesión al Escudo de las Américas como uno de los instrumentos que permitiría recibir información y apoyo de otros países. “Acá va también a cumplir un rol muy importante habernos adherido al Escudo de las Américas, que nos permite tener la ayuda y la inteligencia proveída por otros países”, afirmó.

El titular de Defensa añadió que la iniciativa busca reforzar el vínculo entre los ministerios involucrados, la Fiscalía, el Poder Judicial y los organismos de inteligencia. “Y después tener una cooperación de la comunidad de inteligencia, una cooperación mucho más estrecha con el sistema de justicia, con la Fiscalía, con el Poder Judicial y la comunidad de inteligencia internacional”, añadió Belaunde.

El Gobierno de Bolivia anunció el miércoles un proyecto de ley para autorizar la participación “excepcional” de las Fuerzas Armadas en operaciones contra el crimen organizado, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta estatal frente a amenazas vinculadas con el narcotráfico. El presidente Rodrigo Paz, los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Economía, Christian Morales, además de jefes militares, informaron la decisión tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep).

Justiniano explicó que el encuentro aprobó cuatro normas. Una de ellas prevé la intervención militar ante amenazas “graves” relacionadas con el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo. “Esta participación será excepcional, temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional”, afirmó el funcionario.

El ministro de Defensa subrayó que el paquete normativo busca dotar al Estado de una mayor capacidad frente a “amenazas complejas”, bajo reglas claras y con respeto a la institucionalidad. Los cuatro proyectos pasarán primero por la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (Udape) y luego serán remitidos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.

Paz sostuvo que el crimen organizado tiene un alcance “transversal” y vinculó a Bolivia con el Escudo de las Américas, una coalición impulsada por el Gobierno de Donald Trump para promover la cooperación regional. “(Una) colaboración equilibrada, equitativa sobre este crimen organizado que está entrando a las instituciones y que tiene la capacidad de doblegar la norma”, indicó el mandatario.

El jefe de Estado también aludió a la detención y posterior encarcelamiento del ex fiscal general Roger Mariaca, acusado de presuntamente liderar una organización de protección al “narcoterrorismo”.

El Gobierno puso en marcha el Cosdep a mediados de septiembre con el propósito de avanzar en una ley que permita identificar amenazas y combatir el narcoterrorismo y el crimen organizado. El organismo, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, es la máxima instancia estatal de asesoramiento, consulta y planificación en seguridad, defensa integral y desarrollo.

En este marco, el recientemente nombrado fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, anunció el martes que una comisión del Escudo de las Américas viajará al país para colaborar con la reforma de la Fiscalía y aportar respaldo técnico a las investigaciones abiertas tras la detención de Mariaca.

Urioste señaló que la cooperación también incluirá especialistas del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Forenses, a través de acuerdos con el Estado boliviano. Los expertos externos revisarán los procesos en curso en medio de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público.

“De repente nos critiquen porque estamos utilizando esta transparencia tan grande de permitir que entre gente a cooperarnos, pero creo que es en este momento una necesidad, necesitamos una consulta externa”, afirmó el fiscal interino durante su primera conferencia de prensa en Sucre.

Urioste, elegido en la madrugada del sábado, sostuvo que su gestión buscará recuperar la institucionalidad de la Fiscalía. “Hemos caído a lo más profundo de la corrupción que puede tener un Estado de Derecho, una institución del Estado ha sido perforada por el crimen organizado”, manifestó.

El 1 de octubre, las autoridades aprehendieron al entonces fiscal general del Estado y a los fiscales regionales Martín Irusta y Alberto Zeballos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Gobierno de Rodrigo Paz los acusa de integrar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público para “incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”. Dos días antes de los arrestos, Estados Unidos revocó las visas de los tres funcionarios, a quienes incluyó en una lista de ciudadanos bolivianos con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Las detenciones ocurrieron una semana después del encuentro entre el presidente Rodrigo Paz y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante las reuniones previas a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

(Con información de EFE)

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará un operativo para custodiar el traslado de material electoral destinado a los locales de votación de Lima y Callao, en la antesala de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM).

Desde las 22:00 de este viernes 2 de octubre, 250 camiones partirán desde un local situado en Lurín con la documentación y los implementos que se utilizarán durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

El comandante general de la PNP, general Fredy López Mendoza, indicó que cada vehículo de carga tendrá asignado un patrullero y una tripulación policial completa. El resguardo acompañará a las unidades desde su salida hasta el punto de entrega, dentro de las medidas previstas para asegurar la distribución del material antes de la apertura de mesas. La institución coordina las rutas y horarios con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Hoy, a partir de las 22 horas, de este local que está ubicado en el distrito de Lurín, van a partir 250 camiones. Estos camiones van a distribuir todo el material electoral a todos los locales de votación que se encuentran ubicados en Lima y Callao. Para cada uno de estos vehículos mayores se encuentra asignado un vehículo policial con una tripulación completa que va a acompañar hasta su lugar de destino”, declaró López Mendoza a TV Perú Noticias.

PNP coordina con la ONPE y las Fuerzas Armadas

El jefe policial precisó que el mismo esquema opera en las regiones, donde el envío del material electoral ya empezó bajo custodia.

En esos desplazamientos, la PNP mantiene coordinación con la ONPE, la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas para responder ante cambios de ruta, dificultades de acceso o cualquier situación que altere el cronograma. La finalidad es que cada paquete llegue al local asignado antes del inicio de las votaciones.

El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) concentra las mayores dificultades para el traslado terrestre, según López Mendoza.

“Es de conocimiento público de todos que la zona del Vraem es la zona más complicada para poder trasladar vía terrestre el material electoral”, manifestó. En determinados distritos, las Fuerzas Armadas utilizarán helicópteros para llevar los paquetes hasta los locales de votación.

El comandante general explicó que el uso de aeronaves responde a condiciones de seguridad y accesibilidad en zonas donde los camiones no pueden completar el recorrido con la misma previsibilidad.

El despliegue busca evitar que la distancia o el estado de las vías retrase la llegada de las cédulas, ánforas y otros materiales. La coordinación incluye la identificación de puntos de entrega y la vigilancia de los trayectos definidos.

PNP también informó sobre operativos contra organizaciones criminales

Durante la entrevista, López Mendoza también se refirió a operativos contra organizaciones vinculadas con sicariato, secuestro y extorsión.

Indicó que las unidades de inteligencia buscan a Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, incorporado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) por su presunto liderazgo en La Nueva Jauría. “Nosotros hacemos operativos diariamente y con resultados positivos”, afirmó el jefe policial.

Asimismo, informó que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) detuvo a ocho personas por un incendio de vehículo en Lima Norte. Señaló que dos detenidos reconocieron su participación durante las diligencias.

El general pidió a las víctimas formalizar las denuncias, porque esos datos permiten avanzar en las investigaciones y aplicar protocolos para proteger su identidad en casos donde la exposición pueda representar un riesgo directo para ellas.

Las Fuerzas Armadas incorporaron los fusiles israelíes ARAD-5 y ARAD-7 para iniciar el reemplazo progresivo de los FAL, el arma individual que acompañó a varias generaciones de militares desde fines de la década de 1950 y que fue utilizada en el conflicto del Beagle y la guerra de Malvinas.

La primera entrega comprendío 250 fusiles, presentados en el Regimiento de Infantería 1 Patricios durante un acto encabezado por el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. La compra también prevé la baja paulatina de los M-16 incorporados desde la década de 1990 en unidades del Ejército, la Armada y fuerzas especiales.

El proceso de renovación apunta a sustituir armamento concebido en la década de 1950 por plataformas de menor peso, configuración modular y capacidad para integrar ópticas y accesorios. Los ARAD-5 y ARAD-7 fueron producidos por Israel Weapon Industries (IWI) y adquiridos al Ministerio de Defensa de Israel bajo la modalidad de contrato entre Estados.

Presti definió la llegada de los nuevos modelos como un cambio excepcional para una institución militar. “No es habitual que una generación militar tenga el privilegio de vivir el cambio de su armamento individual”, afirmó durante la presentación.

El reemplazo de los FAL y M-16 por plataformas modulares

Los ARAD-5 emplean munición de 5,56 mm y serán destinados principalmente a la Armada, donde sustituirán los M-16 de la Infantería de Marina. Los ARAD-7, de 7,62 mm, irán al Ejército y la Fuerza Aérea para reemplazar los FAL que aún utilizan la infantería y el personal de seguridad y defensa.

Ambos fusiles incorporan miras electroópticas de punto rojo MEPRO M-5, rieles Picatinny para accesorios y una estructura basada en las arquitecturas AR-15 y AR-10, respectivamente. El objetivo es que el armamento pueda adaptarse a nuevos equipos y tecnologías a medida que avance su incorporación.

El ARAD-7 utiliza el mismo cartucho 7,62 × 51 milímetros de la OTAN que el FAL argentino. Funciona con un sistema de pistón de gases de carrera corta y regulador de tres posiciones, una configuración que permite adecuar su desempeño a distintas condiciones de operación.

El modelo posee cañones intercambiables de 406 milímetros (16 pulgadas) o 508 milímetros (20 pulgadas), según la versión. Su peso varía entre 4,15 y 4,55 kilos sin cargador, mientras que su longitud oscila entre 87 y 95 centímetros de acuerdo con la posición de la culata.

La firma israelí establece una vida útil mínima de 20.000 disparos para sus componentes principales. El arma incluye culata telescópica plegable, sistema M-LOK para fijar accesorios y controles ambidiestros, accionables desde ambos lados.

La evaluación técnico-operacional que definió la compra se desarrolló durante 2025 con participación de militares de las tres fuerzas. El Estado Mayor Conjunto analizó propuestas de ocho empresas de Argentina, Israel, Europa y Estados Unidos antes de seleccionar los fusiles de IWI.

Las pruebas de recepción y aceptación del primer lote concluyeron en la Guarnición Militar de Campo de Mayo. Especialistas de la compañía israelí tienen previsto capacitar en octubre al personal argentino en operación y mantenimiento, mientras que el segundo lote llegaría durante el primer trimestre de 2027.

También existen gestiones para montar o producir componentes de los ARAD en Argentina, en un esquema similar al aplicado en Perú. No se confirmó, sin embargo, si el acuerdo con Israel incluye una transferencia tecnológica que permita fabricar los fusiles completos en el país.

Casi siete décadas del FAL en las fuerzas argentinas

El FAL comenzó a incorporarse al Ejército Argentino en 1958 con ejemplares fabricados en Bélgica. Dos años después, Fabricaciones Militares inició su producción bajo licencia en la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu, en Rosario.

El fusil se convirtió en el arma estándar del Ejército y luego fue utilizado por la Armada, la Fuerza Aérea y distintas fuerzas de seguridad. Su permanencia se explicó por su resistencia, precisión y facilidad de mantenimiento, aunque el peso de su calibre fue considerado una limitación para ciertas necesidades de la infantería contemporánea.

Miles de argentinos lo utilizaron durante el servicio militar obligatorio, vigente hasta que el gobierno de Carlos Menem suprimió la conscripción. El FAL estuvo presente en entrenamientos, guardias, ejercicios y maniobras, además de haber sido empleado durante la tensión con Chile por el Beagle en 1978 y en la guerra de Malvinas de 1982.

Tras la rendición argentina en las islas, una gran cantidad de fusiles quedó en manos británicas y posteriormente apareció en circuitos de contrabando hacia países en guerra de África y Asia. El arma también quedó asociada al escándalo de tráfico ilegal por el cual miles de fusiles argentinos fueron enviados a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Menem.

La producción nacional, entre las diferentes variantes del FAL y el FAP —su versión pesada—, alcanzó decenas de miles de unidades. Las estimaciones sitúan el total fabricado entre 120.000 y 200.000 fusiles.

Presti sostuvo que la renovación del equipamiento está vinculada con una política más amplia de modernización militar impulsada por el presidente Javier Milei. “El Plan ARMA nos permite financiar los medios, la Política de Fortalecimiento de la Carrera Militar nos permite cuidar y desarrollar el capital humano que deberá emplearlos”, expresó el ministro.

Presti añadió que el cambio de fusiles no constituye el cierre del proceso de modernización. “Tenemos un sistema elegido profesionalmente, tenemos una herramienta que representa un salto cualitativo y tenemos, fundamentalmente, el capital humano capaz de estar a la altura de lo que este momento exige”, dijo.

Musk trabajará junto a Palmer Luckey, fundador de la empresa de defensa Anduril, y el exparlamentario Newt Gingrich, quien presidió la Cámara de Representantes en la década de 1990. El director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, supervisará el proyecto.

El grupo, que incluirá funcionarios, académicos, expertos en políticas públicas y representantes de la industria, tendrá 120 días para presentar un informe final público no clasificado, acompañado por un anexo reservado.

El Proyecto Meridian busca dominar los campos de batalla del futuro

El Proyecto Meridian no está orientado a elaborar nuevas estrategias ni políticas militares. “El objetivo es identificar los dominios que debemos conquistar y las capacidades que debemos dominar”, según Hegseth.

El programa examinará escenarios de combate en un espectro que va desde el subsuelo hasta el espacio cislunar —la región comprendida entre la Tierra y la Luna—, es decir, desde túneles y cavernas hasta las órbitas más lejanas que rodean nuestro planeta.

La premisa central es que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deben anticipar los requerimientos tecnológicos antes de que los conflictos los hagan urgentes. Para eso, el Pentágono convoca a actores del sector privado con experiencia en innovación, a quienes considera más ágiles que la burocracia institucional para detectar brechas tecnológicas y proponer soluciones.

Musk y Luckey diseñarán el arsenal mientras sus empresas compiten por contratos de defensa

La designación de Elon Musk y Palmer Luckey abre interrogantes sobre posibles conflictos de interés, dado que ambos dirigen empresas con contratos vigentes con el Departamento de Defensa, según informó CNBC.

SpaceX, la compañía aeroespacial de Musk, concentra una parte significativa de ese vínculo. En mayo de 2026, la Fuerza Espacial adjudicó a la empresa un contrato de USD 4.160 millones para desarrollar satélites diseñados para rastrear y localizar amenazas aéreas. Días antes, SpaceX había recibido otro contrato de USD 2.290 millones para construir una red militar de comunicaciones satelitales. Por su parte, Anduril —cofundada por Luckey— obtuvo en 2025 un contrato de hasta USD 642 millones del Cuerpo de Marines para sistemas de defensa contra drones.

Ninguno de los tres codirectores —Musk, Luckey ni Gingrich— tiene experiencia de servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, según CNBC. El propio Musk reconoció haber emigrado a Canadá en parte para eludir el servicio militar obligatorio en Sudáfrica.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos no abordó en su comunicado oficial los potenciales conflictos de interés derivados de la participación de estos empresarios.

El Pentágono crea un nuevo mando para la guerra autónoma y los drones

El Proyecto Meridian forma parte de un paquete de seis iniciativas presentadas por Hegseth en Quantico, según el comunicado del Departamento de Guerra. La más significativa en términos estructurales es la creación del Autonomous Warfare Command (AWC, Mando de Guerra Autónoma), un nuevo mando de combate funcional de cuatro estrellas destinado a expandir el uso de sistemas autónomos y robóticos en toda la fuerza conjunta. La previsión oficial es que el AWC quede operativo el 1 de octubre de 2027.

En paralelo, el Pentágono pondrá en marcha el Proyecto Agincourt, enfocado en acelerar la incorporación de drones y plataformas autónomas. Hegseth señaló que la guerra en Ucrania demostró la importancia de combinar armamento convencional de alto nivel con grandes volúmenes de sistemas autónomos de menor costo, según EFE.

FORTRESS America y otras medidas del paquete de Hegseth

Entre las restantes iniciativas anunciadas figura FORTRESS America —acrónimo de Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply, and Survivability (Operaciones Federales para la Resiliencia, los Recursos de las Tropas, la Energía, el Suministro y la Supervivencia)—, un programa para reforzar la autonomía energética de las bases militares, repatriar cadenas de suministro estratégicas y constituir reservas nacionales de municiones, combustible y materiales críticos, según el Departamento de Guerra.

El secretario también lanzó el proyecto Next Great American Base (La Gran Nueva Base Americana), una convocatoria abierta a gobernadores estatales para construir una nueva instalación militar de gran escala en suelo estadounidense.

Además, anunció la creación de la Oficina de Asuntos Religiosos, con dependencia directa de la Secretaría de Defensa, y el programa America’s Corps of Cadets (Cuerpo de Cadetes de América), destinado a ampliar la formación de futuros oficiales en universidades seleccionadas como Louisiana State University, Liberty University, Tuskegee University, Mississippi State University y Hillsdale College.

El Senado de la República aprobó este 30 de septiembre reformas a la Ley de Inversión Extranjera para ampliar la participación de instituciones de seguridad en la revisión de operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

El dictamen fue avalado en lo general con 65 votos a favor y 30 en contra, mientras que en lo particular recibió 65 votos favorables y 28 en contra.

La reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión.

La modificación incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), donde tendrán voz y voto.

¿Qué cambia con la reforma a la Ley de Inversión Extranjera?

El nuevo esquema establece un procedimiento específico para revisar determinadas adquisiciones de empresas mexicanas por parte de capital extranjero cuando puedan involucrar sectores, infraestructura, tecnologías o información considerados estratégicos.

La CNIE pasará de estar integrada por 10 a 13 secretarías, con la incorporación de Defensa, Marina y Seguridad. Además, cuando se analicen asuntos relacionados con seguridad nacional podrán participar como invitadas permanentes, con voz pero sin voto, las personas titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

También contempla la participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, debido a sus atribuciones en infraestructura digital, ciberseguridad, inteligencia artificial y protección de datos.

Uno de los principales cambios se relaciona con la adquisición de empresas mexicanas.

La autorización de la CNIE será necesaria cuando un inversionista extranjero busque adquirir más de 49% del capital social de una compañía cuyos activos superen un monto que todavía deberá establecer la propia Comisión y que participe en actividades consideradas estratégicas.

Inversión extranjera: estos sectores estarán sujetos a revisión

El dictamen contempla diversas áreas en las que una operación podrá ser analizada desde la perspectiva de seguridad nacional.

Entre ellas se encuentran:

• Energía y transporte.Salud, minería y comunicaciones.
• Tratamiento y almacenamiento de datos.
• Infraestructura y sistemas digitales.
• Instalaciones aeroespaciales y de defensa.
• Inteligencia artificial, robótica y semiconductores.
• Ciberseguridad, almacenamiento de energía y computación cuántica y nuclear.
• Nanotecnología y biotecnología.
• Actividades relacionadas con insumos fundamentales y seguridad alimentaria.
• Empresas con acceso a información sensible, incluidos datos personales.

El monto de activos que activará este mecanismo aún no está definido. La reforma establece que la CNIE tendrá 180 días naturales después de la entrada en vigor del decreto para emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación la resolución general que establezca dicho umbral.

Cuando una empresa no supere ese monto, pero el inversionista pretenda adquirir más de 49% de su capital, la solicitud ante la Comisión será voluntaria.

En cambio, cuando se cumplan el porcentaje de participación, el umbral de activos y la actividad estratégica, será obligatoria la autorización.

Oposición cuestiona participación de Fuerzas Armadas en la CNIE

Durante la discusión, legisladores de oposición expresaron reservas sobre el nuevo esquema. El senador del PAN, Miguel Márquez Márquez, sostuvo que la participación de Defensa, Marina y Seguridad con voz y voto puede generar incertidumbre para quienes buscan invertir en México.

El legislador señaló que su bancada respalda la protección de la seguridad nacional, pero cuestionó que las Fuerzas Armadas formen parte con derecho a voto de las tareas ordinarias de un órgano de naturaleza económica y civil.

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, centró sus críticas en la falta de definición del monto de activos y de algunos de los sectores sujetos al procedimiento. También cuestionó que el silencio de la autoridad implique la negativa de la solicitud una vez vencidos los plazos.

Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, defendió el dictamen y señaló que la incorporación de Defensa, Marina y Seguridad no modifica el régimen de áreas estratégicas previsto en la Constitución.

Reyes sostuvo que el objetivo es mantener la apertura a la inversión extranjera y, al mismo tiempo, contar con mecanismos para revisar operaciones que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, explicó que la reforma no pretende someter toda la inversión extranjera a revisión, sino establecer reglas específicas para operaciones que puedan implicar control sobre infraestructura, tecnologías o información estratégica.

La reforma también modifica el régimen de sanciones. Entre las nuevas infracciones se contempla transferir una participación accionaria pese a que la CNIE haya negado la operación o sin contar previamente con una resolución favorable. Estas conductas podrán ser sancionadas con multas de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la UMA.

El dictamen aprobado por el Senado fue enviado a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.

La disputa por las Islas Malvinas atraviesa una nueva etapa marcada por la explotación de recursos, la actividad pesquera y la proyección hacia la Antártida. En ese escenario, el analista internacional Juan Battaleme advirtió sobre la fuerte asimetría militar entre la Argentina y el Reino Unido y el riesgo de que Londres consolide decisiones unilaterales.

Durante una entrevista en Infobae al Mediodía, Battaleme analizó esa estrategia a partir de la idea del “tigre de papel” y planteó que la Argentina necesita recomponer sus capacidades de defensa y utilizar las herramientas económicas y diplomáticas disponibles para evitar que la brecha de poder se traduzca en hechos consumados.

“Siempre vamos a ser una amenaza por nuestra mera posición geográfica”, afirmó al explicar por qué el Atlántico Sur conserva un valor estratégico para Londres, más allá de la relevancia que las Malvinas tengan dentro de la opinión pública británica.

La brecha militar y las restricciones británicas

Battaleme cuestionó el contraste entre el discurso británico que minimiza las capacidades militares argentinas y aquellas declaraciones que presentan al país como un potencial factor de riesgo.

“Nos baja el precio desde el punto de vista militar, pero Burnham nos subió el precio y prácticamente nos puso al nivel de Rusia”, señaló.

Para el analista, la diferencia de recursos entre ambos países condiciona cualquier estrategia argentina. “Lo que el Reino Unido gasta en defensa en un año, nosotros gastamos en 20 años”, sostuvo.

A esa brecha se suma el régimen de restricciones británico sobre determinados componentes destinados a las Fuerzas Armadas argentinas. Battaleme explicó que las sanciones pueden alcanzar piezas de origen británico y también elementos que atraviesen territorio del Reino Unido.

“Si una parte argentina pasara por el Reino Unido y va a una estructura militar argentina, ellos te la podrían tocar porque está sujeta a sanciones”, explicó.

El especialista también se refirió al concepto de enhancement —mejora de capacidades— utilizado por la normativa británica para determinar cuándo un componente puede quedar alcanzado por las restricciones. “Mejora es un criterio político”, afirmó.

En ese contexto, ubicó la situación actual de las Fuerzas Armadas como el resultado de años de desinversión. “Lo que vos estás viendo es el final de la película que empezó en el año 2010”, sostuvo.

La incorporación de los F-16, consideró, constituye un primer paso en la recuperación de capacidades, aunque no modifica por sí sola la relación de fuerzas con Londres. “No te cambia radicalmente, pero ya te da una capacidad, te pone un norte”, señaló.

Petróleo, pesca y Antártida: los intereses británicos en el Atlántico Sur

Para Battaleme, el valor estratégico de las Malvinas está relacionado con tres factores principales: los recursos energéticos, la pesca y la proyección hacia la Antártida. “Si son unilaterales en el Atlántico Sur, lo van a ser también en la Antártida”, advirtió.

En esa lógica ubicó al proyecto petrolero Sea Lion y las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las aguas próximas a las islas. También se refirió a las sanciones anunciadas por la Argentina contra empresas relacionadas con esas operaciones.

A su entender, la estrategia no debería concentrarse únicamente en las compañías que participan directamente de los proyectos. “No es solamente a Rockhopper como se hacía antes, sino que vamos a ir por el que le provee diésel”, explicó.

El planteo supone ampliar el alcance de las medidas económicas sobre la cadena de proveedores que sostiene las operaciones en las islas. Pero Battaleme también remarcó que esas decisiones requieren capacidad efectiva para ser ejecutadas.

La cuestión, por lo tanto, no se limita a la protesta diplomática. Para el analista, la Argentina necesita recuperar herramientas militares, económicas y políticas que le permitan defender sus intereses sin recurrir a una escalada.

Chagos y Diego García: las diferencias entre Londres y Washington

Battaleme también vinculó la discusión sobre Malvinas con otra disputa territorial en la que intervienen el Reino Unido y Estados Unidos: el futuro del archipiélago de Chagos y de la base militar de Diego García.

La instalación estadounidense tiene una ubicación estratégica en el océano Índico y cumple un papel relevante para las operaciones militares de Washington. “Diego García funciona como un portaaviones inhundible”, describió.

El analista explicó que las negociaciones británicas sobre el futuro de Chagos generaron objeciones en Estados Unidos debido al valor militar de la base y a la relación de Mauricio con China.

También mencionó las diferencias entre Londres y Washington sobre el uso de Diego García para determinadas operaciones militares y las posiciones dentro de Estados Unidos que plantean revisar aspectos de la relación estratégica con el Reino Unido.

Sin embargo, Battaleme descartó que esas tensiones impliquen un cambio inmediato de la posición estadounidense sobre Malvinas. “En el corto plazo, no”, respondió.

A su entender, la política exterior argentina sí puede influir en la percepción de Washington. La decisión de Buenos Aires de profundizar su alineamiento con Occidente y no incorporarse a los BRICS forma parte de ese escenario.

La advertencia para 2028

El horizonte que Battaleme considera especialmente relevante es 2028, por los proyectos de infraestructura y explotación de recursos que podrían consolidarse en el área bajo control británico.

Su advertencia apunta a un escenario en el que Londres avance de manera progresiva mientras la Argentina no logra recomponer sus capacidades. El riesgo, según explicó, no sería necesariamente un enfrentamiento militar, sino que determinadas decisiones queden consolidadas antes de que Buenos Aires pueda reaccionar.

“Probablemente en 2028 la Argentina se vaya a comer un hecho consumado y se quede en el espejo de su propia debilidad”, afirmó.

La advertencia resume su diagnóstico sobre la disputa: la asimetría actual no solo limita las capacidades militares argentinas, sino también las posibilidades de actuar frente a proyectos económicos y estratégicos que pueden modificar la situación en el Atlántico Sur.

Para Battaleme, la discusión sobre Malvinas excede la cuestión de la soberanía y comprende también el control de recursos, la pesca, la proyección antártica y el valor geopolítico de la posición argentina. El desafío, planteó, consiste en evitar que esa asimetría termine transformándose en decisiones irreversibles.

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Amnistía Internacional acusó que el nuevo informe sobre Ayotzinapa se concentró únicamente en los actores locales y dejó fuera a las Fuerzas Armadas, por lo que exigió al Estado mexicano entregar toda la información disponible, incluidos 853 folios en poder del Ejército —que se ha negado a entregar— para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas.

La organización advirtió que las familias no requerían otra explicación oficial centrada únicamente en actores locales. Demandó una investigación que examinara las acciones y omisiones de todas las autoridades que tuvieron participación durante los ataques ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

El informe presentado el 28 de septiembre —dos días después de que se cumplieran 12 años— expuso nuevas líneas de investigación surgidas del análisis de comunicaciones telefónicas, diligencias en distintos inmuebles y la identificación de personas que podrían aportar información sobre el caso. Entre los hallazgos estuvo una posible red relacionada con una funeraria y el SEMEFO de Iguala.

Amnistía Internacional pidió investigar a toda la cadena de mando

Amnistía Internacional sostuvo que las nuevas hipótesis debían revisarse con seriedad, independencia y evidencia verificable. La organización consideró que esas líneas no podían desplazar las indagatorias que permanecían pendientes sobre agentes estatales y estructuras de mando.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, afirmó que abrir nuevas rutas de investigación no liberaba al Estado de esclarecer de forma integral las responsabilidades por la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

“Desde Amnistía Internacional advertimos que abrir nuevas líneas de investigación no debe implicar que se cierren u omitan aquellas que continúan pendientes ni sustituye la obligación del Estado mexicano de esclarecer integralmente todas las acciones y omisiones de agentes estatales relacionadas con el caso”, declaró.

La organización cuestionó que el informe retomara una explicación enfocada en autoridades y criminales del ámbito local, sin incorporar de manera suficiente la intervención de órganos de seguridad nacionales.

Para Amnistía Internacional, las investigaciones debían alcanzar la cadena de mando político, a las corporaciones policiales estatales y municipales, a los agentes de procuración de justicia y a las Fuerzas Armadas.

El Ejército mantenía 853 folios requeridos por las familias

Uno de los reclamos centrales fue la entrega de 853 folios que permanecían en poder del Ejército mexicano. Esos documentos habían sido solicitados por madres y padres de los estudiantes, organismos internacionales y una resolución judicial.

Olivares Ferreto sostuvo que la investigación no podía considerarse sustentada en evidencia científica si una institución conservaba información que no había puesto a disposición de las autoridades y de las familias.

“A doce años de los hechos, siguen existiendo preguntas fundamentales sin respuesta y permanece información en poder del Ejército que ha sido requerida reiteradamente por las familias, por organismos y expertos internacionales y, actualmente, mediante una resolución judicial”, expuso.

La directora de Amnistía Internacional agregó que ninguna dependencia debía mantenerse al margen de la revisión. “Si la nueva etapa de la investigación pretende sustentarse en evidencia científica y verificable, el primer requisito debe ser garantizar acceso a toda la evidencia existente. Ninguna institución del Estado puede quedar fuera de ese estándar”, añadió.

Las exigencias sobre los archivos militares formaron parte de una demanda sostenida por las familias, que buscaban conocer el destino de sus hijos y determinar quiénes participaron o permitieron su desaparición.

Las llamadas y una funeraria abrieron nuevas líneas de investigación

Las autoridades federales informaron que el reanálisis de decenas de miles de llamadas telefónicas permitió detectar comunicación entre 17 personas durante las horas de los ataques en Iguala.

Las indagatorias ubicaron contactos entre integrantes de la delincuencia organizada, propietarios de una funeraria, concesionarios del SEMEFO y personas vinculadas con el sector salud de Iguala. A partir de esos datos, las autoridades realizaron cateos y aseguramientos.

En los inmuebles fueron localizados documentos oficiales firmados en blanco, autorizaciones para traslados de cuerpos y un arma de uso exclusivo del Ejército. También encontraron cientos de fragmentos óseos que eran revisados con acompañamiento pericial.

La investigación analizó un horno crematorio clandestino, un colchón con restos humanos y piezas dentales, así como posibles irregularidades en el manejo de cuerpos dentro de la funeraria y el SEMEFO.

Otra línea se relacionó con teléfonos celulares de los estudiantes que habrían sido utilizados después de su desaparición. Las autoridades también revisaron imágenes de una cámara instalada cerca del Palacio de Justicia de Iguala y el testimonio de un hombre que era menor de edad en 2014 y presuntamente pertenecía a un grupo criminal.

Las familias exigieron información por canales institucionales

Amnistía Internacional recordó que las investigaciones realizadas durante los últimos años permitieron documentar irregularidades y ampliar las hipótesis sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes.

La organización mencionó los aportes de la CIDH, el GIEI, el EAAF y las organizaciones que acompañaban a las familias. Esos trabajos apuntaron a la necesidad de profundizar en posibles vínculos entre autoridades, corporaciones de seguridad y grupos criminales que operaban en Guerrero.

“Cualquier nueva hipótesis debe incorporar, contrastar y dar seguimiento a esos hallazgos, así como a las líneas de investigación que permanecen pendientes, y no sustituirlas mediante nuevas narrativas que vuelvan a centrar la explicación de los hechos únicamente en actores locales”, advirtió Olivares Ferreto.

La organización también demandó que las madres y padres recibieran información sustantiva antes que cualquier otro actor, a través de los canales institucionales establecidos para el caso.

“Las madres y los padres de los 43 estudiantes no necesitan una nueva versión oficial. Necesitan una investigación completa, que agote todas las líneas, preserve los avances alcanzados y esclarezca las responsabilidades de quienes participaron, por acción u omisión en la desaparición de sus hijos”, concluyó la directora de Amnistía Internacional México.

(Envíado especial a Córdoba) “Ahora vamos a ir a recibir a papi que ya está llegando”, le dijo una mujer a su pequeño hijo, de unos 4 años, al bajar del avión de la Fuerza Aérea Argentina que los llevó desde Buenos Aires hasta el Área Material Río IV, en la provincia de Córdoba, para reencontrarse con el piloto que venía en uno de los seis nuevos F-16 que arribaron este martes el país, completando así la mitad del paquete que le compró a Dinamarca.

Ya había comenzado a caer el sol cuando, pasadas las 16:00, los cazas surcaron el cielo e hicieron algunas pasadas de exhibición para el público que estaba en el lugar, antes de aterrizar finalmente en suelo nacional.

Las aeronaves las esperaron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti; los jefes del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare, de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Valverde, del Ejército, teniente general Oscar Zarich, y de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y los diputados libertarios Carlos Zapata y Laura Soldano.

El arribo se retrasó unos minutos por algunos problemas meteorológicos que sorprendieron a los pilotos en el sur de Brasil, donde hicieron escala, y norte de la Argentina. A esto se le sumó que uno de los tanqueros se retrasó por falta de documentación, lo que impidió que se aprovechara una ventana de vuelo y los seis F-16 tuvieron que aguardar a la siguiente.

“De todas formas, en el plan original estaba previsto que pudrieran pasar este tipo de cosas y por eso es que se manejaba un espacio de tiempo de llegada y no un horario exacto”, explicó uno de los pilotos que vino desde Dinamarca.

Con esta entrega, el país ya cuenta con 12 de las 24 aeronaves adquiridas por poco más de 300 millones de dólares y el Gobierno analiza la posibilidad de adelantar los dos lotes restantes para completar el programa durante 2027, en pleno año electoral.

Los cazas partieron el 22 de septiembre pasado desde la base aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, e hicieron escalas en Zaragoza y Gran Canaria, España, y la ciudad brasileña de Natal, antes de completar el último tramo hacia Río Cuarto.

Durante la etapa más exigente del recorrido, entre las Islas Canarias y el nordeste del país vecino, la formación contó con apoyo de tres aviones cisterna KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El segundo lote está compuesto por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Los aviones viajaron junto con un Boeing 737 T-99 Islas Malvinas, encargado de transportar técnicos, mecánicos, repuestos y herramientas, y un KC-130H de la Fuerza Aérea Argentina, que participó en las tareas de respaldo logístico y contingencia.

Algunos de estos aviones estuvieron durante parte del trayecto al mando de pilotos argentinos que ya cumplieron con el entrenamiento, mientras que los otros fueron operados por el personal de la empresa norteamericana Top Aces, que es la que se encarga de la logística y de brindar las capacitaciones y elementos complementarios de este sistema de armas.

Entre los primeros, estuvo el vicecomodoro Guillermo Gustavo Llana, el segundo al frente del programa nacional F-16 Peace Condor, a las órdenes del comodoro Juan Manuel Sosa.

En el hangar, Sosa fue el encargado de presentarle formalmente a Romay las unidades que llegaron en este segundo Ferry, completando así la misión de la que estuvo a cargo.

Al llegar, los pilotos bajaron de los cazas, se quitaron los cascos y se dirigieron a saludar a las autoridades militares y políticas, veteranos e invitados especiales.

El niño, que minutos antes aterrizó en el Área Materias proveniente de Buenos Aires, corrió a recibir a su padre, con quien se fundió en un abrazo al que luego se le sumó la madre.

Por su parte, Presti y Valverde firmaron el “libro de oro” que se guarda en el establecimiento y que tiene las rúbricas de las personas más importantes que visitaron el lugar.

Durante su discurso, el ministro destacó la importancia de esta adquisición para la Argentina y les remarcó a los pilotos que ellos ”tienen en sus espaldas la responsabilidad, no solo de operar estas aeronaves, sino también la de instruir a los que vendrán en el futuro”.

“Ustedes, que día a día llenan de orgullo a la República Argentina, con todo lo que hacen y les puedo asegurar que día a día van a seguir haciendo más y vamos a seguir avanzando. Esto es una carrera de largo aliento. Estamos dando recién los primeros pasos, pero estamos dando pasos firmes, concretos y con una visión claria clara hacia dónde va la fuerza de la Argentina”, agregó Valverde.

Previamente, tanto Presti como Lamelas se subieron a algunos de los cazas para conocerlos por dentro, acompañados por sus respectivos pilotos, que les explicaron los controles básicos.

En la ciudad, que por la mañana tuvo algunas lloviznas que hicieron peligrar el acto, ya había un cielo despejado y con poco viento, un ambiente ideal para el arribo de los aviones.

Si bien el destino final de los aviones será la Base Aérea de Tandil, permanecerán en Córdoba hasta que esa otra dependencia esté en condiciones para recibirlos, cuando finalicen las obras de modernización.

La presencia de la causa Malvinas

El arribo se dio en medio de la escalada diplomática por las islas Malvinas. Días atrás, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que la Argentina “no tiene capacidad” para tomar el control del archipiélago y aseguró que Reino Unido tiene condiciones para defenderlo.

Las declaraciones llegaron después de que el presidente Javier Milei volviera a reclamar la soberanía argentina sobre las islas durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El tema sobrevoló el evento, no solo por la presencia de veteranos de la guerra en el Atlántico Sur, sino también por la banda musical de la Fuerza Aérea, que en la previo del arribo de las aeronaves interpretó en varias oportunidades la Marcha de las Islas Malvinas Argentinas.

Asimismo, Presti mencionó en su discurso “las enseñanzas que dejó” la guerra en el Atlántico Sur y que fueron el puntapié para el crecimiento y modernización: “Nuestra historia ofrece una prueba extraordinaria. En Malvinas, la Fuerza Aérea demostró profesionalismo, innovación, capacidad de adaptación y coraje. Sus hombres llevaron los medios disponibles hasta límites que sorprendieron al mundo y dejaron una marca permanente en la cultura militar. Ese legado atravesó generaciones, se sostuvo durante décadas. Y gracias a ese patrimonio profesional, hoy podemos recibir medios de esta complejidad, comprenderlos, dominarlos y hacerlos propio”, expresó.

La incorporación de los F-16 forma parte del plan de reequipamiento que la Casa Rosada vincula con la recuperación de capacidades militares y con las medidas anunciadas recientemente para reforzar el reclamo sobre Malvinas.

El Gobierno ya dispuso partidas para la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, mientras impulsa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina.

Las seis aeronaves permanecerán en Río Cuarto mientras avanzan las tareas de adaptación y mantenimiento. El destino definitivo de la flota será la VI Brigada Aérea de Tandil, donde el Ministerio de Defensa realiza obras para adecuar hangares, sistemas de apoyo y otras instalaciones necesarias para operar los cazas.

El cronograma inicial establecía que estas unidades debían arribar en diciembre, pero la entrega se adelantó tres meses. Ese cambio abrió la posibilidad de acelerar también los dos grupos que todavía permanecen en Dinamarca.

El programa original contempla una tercera tanda y una última entrega a comienzos de 2028. Sin embargo, fuentes vinculadas con el proceso de incorporación reconocieron durante el evento que analizan concentrar las 12 aeronaves restantes durante 2027. Si esa alternativa se concreta, la Argentina podría completar la recepción de los 24 F-16 antes de que termine el año de las elecciones presidenciales.

La compra fue acordada con Dinamarca en abril de 2024 e incluyó aviones, motores adicionales, repuestos, simuladores, capacitación y equipamiento asociado. La operación requirió el aval de Estados Unidos, debido a que se trata de un sistema de armas de origen norteamericano.

La llegada de la segunda tanda permitirá ampliar el entrenamiento de pilotos y técnicos argentinos, un proceso que se realiza en paralelo con las obras en Tandil y la incorporación gradual de capacidades operativas.

Con los seis nuevos aviones ya en Córdoba, el Gobierno deberá definir ahora el calendario de las entregas pendientes y las condiciones para que la flota alcance su despliegue pleno.

Un operativo de inspección en Roatán terminó con el decomiso de siete kilos de cocaína y la detención de dos personas, en un caso que vuelve a colocar a las Islas de la Bahía en el mapa de las operaciones contra el tráfico de drogas por vía marítima.

El hallazgo se produjo en el sector de French Cay, donde se encontraba en un dique seco el bote carguero Champion III. Durante la inspección, los equipos especializados localizaron siete paquetes de color negro con las letras “YZ” que contenían una sustancia sospechosa.

Las pruebas de campo realizadas por personal técnico del Ministerio Público dieron positivo para clorhidrato de cocaína, y los paquetes fueron asegurados como prueba.

La operación dejó dos personas detenidas: un ciudadano hondureño y otro de nacionalidad guatemalteca. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades junto con la droga decomisada para que se determine su situación jurídica y continúen las investigaciones.

La investigación deberá establecer cómo llegó la droga hasta la embarcación, quiénes están detrás del cargamento y cuál era su posible destino.

Decomisos de gran escala

El decomiso de Roatán se produce después de varias operaciones marítimas de gran escala realizadas durante septiembre en el Caribe hondureño.

Uno de los casos más importantes ocurrió a comienzos de ese mes, cuando las autoridades interceptaron una operación en aguas cercanas a Barra Patuca, en Gracias a Dios, que terminó con el decomiso de aproximadamente 899 kilos de cocaína y la captura de cinco personas: cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño.

La droga era transportada en una lancha rápida y, según los reportes de las autoridades, los ocupantes intentaron lanzarla al mar al detectar la presencia de las patrullas. Los agentes lograron recuperar los paquetes.

Análisis de laboratorio confirmaron que los 899 kilos correspondían a clorhidrato de cocaína. Los cinco detenidos enfrentan un proceso por presunto tráfico de drogas agravado.

Más de una tonelada decomisada

El 11 de septiembre se produjo otro de los mayores decomisos del mes. Una embarcación pesquera identificada como First in Line fue interceptada en los bancos de pesca Rosalinda, en el Caribe hondureño.

La operación permitió asegurar 55 fardos con 1.661 kilos de clorhidrato de cocaína. Cuatro ciudadanos hondureños fueron detenidos.

Al igual que en el operativo de Barra Patuca, los ocupantes habrían intentado deshacerse de la droga arrojándola al mar antes de ser interceptados. Los cuatro detenidos fueron enviados a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por presunto tráfico de drogas agravado.

Con estos dos operativos, en apenas unos días las autoridades aseguraron más de 2,5 toneladas de cocaína en operaciones marítimas en el Caribe hondureño.

Roatán también fue escenario de otro decomiso reciente. Una operación desarrollada en la isla permitió localizar una embarcación que, según información proporcionada a las autoridades hondureñas, transportaba cocaína y habría realizado una parada técnica en el país.

Durante la inspección se encontraron 177 kilos de presunta cocaína distribuidos en ocho fardos, además de un arma de fuego. No hubo personas detenidas inicialmente, pero las autoridades continuaron las labores para localizar a los tripulantes.

Mayores decomisos del año

Los operativos marítimos recientes se suman a una serie de decomisos realizados en distintas regiones de Honduras durante 2026. Un registro elaborado con base en reportes oficiales y periodísticos muestra operaciones de diferente magnitud en departamentos como Choluteca, Cortés, Olancho, Yoro, Colón y Gracias a Dios.

En agosto, varias operaciones en Marcovia, Choluteca, permitieron asegurar cientos de kilos en distintos procedimientos. Otro operativo en El Progreso, Yoro, registró un cargamento de aproximadamente 1.240 kilos. El volumen aumentó en septiembre con las operaciones marítimas de Gracias a Dios, donde fueron incautados 899 y 1.661 kilos en procedimientos separados.

Según un balance difundido por las Fuerzas Armadas, los decomisos acumulados durante 2026 ya superan los 2.800 kilos de cocaína en las operaciones contabilizadas por esa institución.

Frente a los cargamentos de cientos o miles de kilos decomisados durante septiembre, los siete kilos encontrados en el Champion III representan una cantidad considerablemente menor. El elemento particular del caso es el lugar del hallazgo: no se trataba de una lancha interceptada en alta mar, sino de un bote carguero en un dique seco de French Cay.

La investigación deberá determinar si la droga llegó hasta la embarcación durante una operación de transporte marítimo o si fue introducida mientras el bote permanecía en tierra.

Dos presuntos delincuentes que eran buscados por la Policía Nacional por distintos hechos delictivos murieron en un intercambios de disparos con agentes durante operativos realizados en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Las autoridades investigan las circunstancias de ambos casos.

Uno de los fallecidos fue identificado como Neyfi T. Monegro, alias “La Parita”, de 29 años. El hecho ocurrió la mañana del lunes en el sector Maquiteria, en Santo Domingo Este, donde agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) realizaban un operativo para detenerlo.

Según la información preliminar ofrecida por la Policía, Monegro tenía varias órdenes de arresto por presuntos asaltos a mano armada y por heridas causadas a otras personas.

Los agentes intentaron apresarlo en la avenida 25 de Febrero, pero, de acuerdo con la versión oficial, se produjo un intercambio de disparos.

Monegro resultó herido durante el operativo y murió después. El vocero policial, Diego Pesqueira, informó que las autoridades ampliarán los detalles una vez concluyan las diligencias de investigación relacionadas con el caso.

Segundo asaltante muere en intercambio de disparos

El segundo fallecido fue Junior Antonio Cuevas Toribio, conocido como “Viño”. El hecho ocurrió la noche del domingo en el sector El Libertador de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

La Policía indicó que Cuevas Toribio era requerido mediante varias órdenes de arresto y acumulaba más de 19 denuncias por presuntos robos, asaltos y otros delitos. La institución también lo vinculó con un incidente ocurrido el 30 de agosto en Herrera, en el que ocho personas resultaron heridas.

De acuerdo con el reporte de la Policía, Cuevas Toribio disparó contra una patrulla con un revólver calibre 38. Los agentes recuperaron el arma, según la institución. El hombre resultó herido durante el intercambio de disparos y murió mientras recibía atención médica.

Pesqueira sostuvo que la investigación permanece abierta para establecer la secuencia completa de los hechos y las responsabilidades que correspondan. La Policía no informó sobre agentes heridos en ninguno de los dos operativos.

Aumentan las muertes reportadas en intercambios de disparos

Las muertes de Monegro y Cuevas Toribio se registraron en un contexto de aumento de intervenciones policiales contra personas buscadas por diferentes delitos en República Dominicana. Con estos dos casos, septiembre acumuló al menos 39 fallecimientos en episodios que la Policía reportó como intercambios de disparos.

En septiembre de 2025 se registraron 14 fallecimientos en operativos descritos por las autoridades de la misma manera. El incremento de los casos de este mes coincidió con el refuerzo de acciones de seguridad en distintas zonas del país.

La Policía, junto con otras instituciones de seguridad y representantes del Ministerio Público, ha incrementado los patrullajes preventivos y los operativos de búsqueda en sectores de Santo Domingo. En esos despliegues participan unidades de investigación, inteligencia, prevención y Operaciones Especiales, además de miembros de las Fuerzas Armadas en determinadas demarcaciones.

El director general de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, afirmó previamente que la institución mantendrá las acciones para localizar y detener a personas requeridas por la justicia. También indicó que los agentes deben actuar dentro de las facultades que establece la ley y aplicar la fuerza de manera proporcional cuando las circunstancias lo requieran.

Según la transcripción de su intervención, el mandatario surcoreano también propuso que la tecnología de defensa de Corea del Sur derive en producción local en México. Además, pidió el “especial interés y apoyo” de la presidenta mexicana para avanzar en ese terreno.

Lo que dijo el presidente surcoreano sobre defensa

Lee Jae-myung afirmó que él y Sheinbaum “seguirán explorando formas” en que Corea del Sur pueda contribuir a la modernización militar mexicana. Mencionó además un memorando de cooperación en defensa nacional, cuyo alcance, según su mensaje, abarca:

• Intercambio de experiencias.
• Formación y capacitación.
• Investigación.

También dijo que ambos gobiernos buscarán “profundizar” ese intercambio. Añadió que su gobierno contribuirá a mejorar la capacidad de la industria de defensa de México, con el objetivo de que ambos países puedan entrar juntos a terceros mercados.

Hasta el momento, en el mensaje analizado no se detallaron equipos, montos, calendarios ni empresas involucradas. Tampoco se precisó el contenido del memorando ni si su firma ocurrió en el marco de esta visita o con anterioridad. Estos puntos no han sido confirmados oficialmente en la información revisada.

Un tema que ya estaba en la agenda

La defensa figuraba entre los temas previstos de la visita. Seúl buscaba impulsar cooperación en IA, digitalización, industria aeroespacial y defensa, incluida la posible participación surcoreana en los planes mexicanos de modernización militar, según el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac.

Por su parte, la agenda de la reunión contemplaba, entre otros rubros, la cooperación en materia de defensa, junto con comercio, inversión, innovación, inteligencia artificial, sector aeroespacial e intercambios culturales.

En la víspera, la presidenta Sheinbaum indicó que se abordarían todos los temas, en particular el comercial, cultural y educativo, sin ampliar detalles sobre acuerdos específicos. Hasta ahora, en el material consultado no consta una postura del Gobierno de México sobre la propuesta surcoreana en materia militar.

Defensa, dentro de una agenda más amplia

El planteamiento militar se inscribe en un conjunto de acuerdos anunciados por el mandatario surcoreano, entre ellos:

• Aeroespacial: afirmó que se firmó un memorando de cooperación en esta industria y que en noviembre se celebrará en México el Día Espacial Corea-México.
• Inteligencia artificial: anunció una delegación público-privada que visitará el país en noviembre y la adopción de una declaración de cooperación en IA.
• Seguridad pública: dijo que se creó una base institucional para combatir el fraude digital, la trata de personas y el narcotráfico.
• Comercio e inversión: señaló un acuerdo de principio para concluir la revisión del acuerdo de protección recíproca de inversiones, tras siete años de negociación, y un esquema de crédito de 100 millones de dólares entre bancos de exportación e importación.
• Energía: agradeció el apoyo de Sheinbaum para el suministro de crudo a empresas surcoreanas.

Contexto de la visita

Seúl define la gira como la primera visita de Estado de un presidente surcoreano a México en 16 años, tomando como referencia la de Lee Myung-bak en 2010. Para la cumbre estaba prevista la firma del Plan de Acción México-Corea 2026-2030.

Tras la reunión privada se preveía un encuentro ampliado con ambas delegaciones, el intercambio de memorandos de entendimiento y un almuerzo oficial, que concluiría con una declaración conjunta ante medios. El viernes, Lee acudirá a un foro empresarial y visitará la K-Expo, antes de regresar a su país el sábado.

Lo que falta por aclarar

Con base en la información disponible, quedan por confirmar por fuentes oficiales:

• El texto y el alcance del memorando de defensa, así como su fecha de firma.
• Si México contempla incorporar tecnología o equipo surcoreano en su modernización militar.
• Qué dependencias mexicanas participarían, como la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina.
• La posición del Gobierno mexicano sobre la producción local de tecnología de defensa.

La medida de fuerza se desarrolló mientras el Gobierno intenta restablecer las prestaciones médicas para los afiliados y resolver las obligaciones que dejó el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La administración de la nueva entidad calcula que la deuda acumulada supera los $200.000 millones; ATE, en cambio, la ubica por encima de los $500.000 millones.

Los manifestantes se concentraron frente al edificio ubicado en la calle Paso 551 y luego ingresaron a las instalaciones. Llegaron al cuarto piso, donde funcionan las oficinas de las autoridades, y permanecieron allí mientras una delegación sindical mantenía una reunión con un integrante del directorio para presentar el reclamo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, encabezó la protesta y anticipó que el gremio podría extender las medidas si no recibe definiciones sobre el personal y los establecimientos turísticos. El conflicto coincide con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, responsable de la liquidación del IOSFA, tras una reunión con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.

ATE advirtió que profundizará las medidas si continúan los cambios laborales

“Hasta ahora, los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas han sido absolutamente razonables. Las medidas y los reclamos fueron progresivos, pero a partir de ahora las vamos a empezar a profundizar y no descartamos ocupar todas las dependencias del organismo”, afirmó Rodolfo Aguiar en diálogo con Infobae.

La discusión se concentra en el destino de las actividades de turismo y recreación que hasta ahora formaban parte de la estructura de la obra social. El sistema incluye hoteles, residencias, cabañas y centros recreativos en distintas provincias. La nueva OSFA prevé concentrar sus recursos en la cobertura sanitaria y apartar de su organigrama esas prestaciones no médicas.

El sindicato sostuvo que la transferencia podría dejar sin empleo a unos 600 trabajadores. La preocupación se intensificó porque numerosos contratos vencen el 30 de septiembre, la fecha prevista para completar el traspaso administrativo de los establecimientos a las Fuerzas Armadas.

Aguiar explicó que los afectados tienen distintos vínculos laborales. Algunos integran la planta permanente del Estado nacional y otros cuentan con contratos temporarios cuya continuidad debe resolverse antes de que finalice el mes. Para el gremio, el riesgo de desvinculación alcanza especialmente a quienes no tienen estabilidad.

Los contratos vencen el 30 de septiembre

En Mar del Plata, ATE contabilizó 147 empleados en los establecimientos turísticos de la obra social. De ese total, 87 son contratados y el resto pertenece a la planta permanente. El sindicato considera que esa composición expone a una parte significativa de la dotación si los acuerdos no son renovados.

La hipótesis que plantea el gremio es que, si las actividades dejan de funcionar, los trabajadores temporarios podrían quedar desvinculados. Quienes pertenecen a la planta estable, en tanto, podrían ingresar en un régimen de disponibilidad, una posibilidad que también rechaza la organización sindical.

“No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”, planteó Aguiar en un comunicado difundido por ATE. La entidad anticipó que mantendrá asambleas para decidir los próximos pasos del plan de lucha.

La situación abarca principalmente predios y hoteles situados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, aunque la nómina incluye otras dependencias recreativas. ATE afirma que el proceso puede derivar en el cierre de 13 hoteles y dos centros, además de afectar las delegaciones y otros servicios vinculados al antiguo sistema.

OSFA niega que haya despidos definidos y atribuye la decisión final a las Fuerzas Armadas

La conducción de OSFA cuestiona esa interpretación. Fuentes con acceso a la administración indicaron a Infobae que no existe una definición cerrada sobre despidos y que el sindicato presenta como resueltas situaciones que aún deben determinarse durante la transición administrativa.

Según esa posición, el personal involucrado tiene condiciones laborales diferentes. Hay militares en actividad que pueden ser reasignados, empleados de planta permanente estatal, contratados del antiguo IOSFA y prestadores que facturan como monotributistas. El destino de cada caso dependerá de las decisiones que adopten las fuerzas una vez que reciban los inmuebles.

La principal divergencia se ubica en el futuro de los hoteles. Para ATE, la transferencia puede encubrir un cierre y abrir la puerta a una eventual venta de propiedades. Las autoridades de la obra social sostienen que los bienes volverán a las Fuerzas Armadas que los habían aportado al sistema y niegan que exista un plan de enajenación.

La decisión del Ministerio de Defensa es que los establecimientos dejen de depender de la obra social y regresen a la órbita del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El cambio apunta a separar el turismo y la recreación de la estructura que deberá administrar exclusivamente la atención sanitaria de los afiliados.

Los hoteles pasarán a las fuerzas que los aportaron al sistema

Los establecimientos continuarán por ahora bajo la administración residual del antiguo IOSFA. A partir del 1 de octubre, las respectivas fuerzas deberán establecer cómo seguirán operando, qué prestaciones mantendrán y bajo qué régimen quedará el personal vinculado con cada predio.

Desde la conducción de la obra social sostienen que los hoteles registran un déficit cercano a $2.000 millones anuales. El diagnóstico oficial es que ese gasto debe quedar fuera de los recursos destinados a consultas, internaciones, medicamentos y otros servicios médicos.

ATE rebate esa evaluación y asegura que los establecimientos pueden financiarse con los ingresos de su actividad. También objeta el traspaso porque entiende que debilita las garantías sobre su continuidad y perjudica a los trabajadores que cumplen funciones en esos lugares.

La nueva estructura de OSFA, según explicaron fuentes del organismo, concentrará su presupuesto y su gestión en los afiliados de las tres Fuerzas Armadas. La transferencia de los activos turísticos forma parte de la redefinición de funciones que se ejecuta en paralelo con la liquidación del instituto anterior.

La deuda acumulada condiciona la recuperación de la cobertura médica

La disputa por los hoteles ocurre mientras persiste la crisis financiera de la obra social militar. El pasivo acumulado por el IOSFA figura entre los principales obstáculos para recuperar el funcionamiento regular del sistema y recomponer los convenios con clínicas, sanatorios, droguerías y otros prestadores.

La administración de OSFA reconoce obligaciones por más de $ 200.000 millones. El sindicato eleva el cálculo por encima de $ 500.000 millones. Esa diferencia forma parte de la discusión política y gremial, aunque ambas partes coinciden en que las deudas afectaron la capacidad de pago de la entidad.

El deterioro tuvo efectos directos sobre militares, retirados y familiares que dependen de la cobertura. En distintas provincias se registraron interrupciones o restricciones en la atención, a partir de las deudas con prestadores privados y de las dificultades para sostener los acuerdos vigentes.

El impacto resulta especialmente sensible fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde muchos afiliados acceden a consultas, estudios, tratamientos e internaciones a través de convenios con centros privados. La recuperación de esos servicios es una de las prioridades que declara la nueva administración.

Defensa busca cancelar los pasivos antes de fin de año

Fuentes de OSFA señalaron que el Ministerio de Defensa trabaja en una salida integral para las obligaciones pendientes y aspira a regularizarlas antes de fin de año. El plan contempla mecanismos estatales para afrontar las deudas del antiguo IOSFA, mientras la nueva obra social arma un presupuesto propio y un esquema de gastos que considera sostenible.

La estrategia parte de un diagnóstico oficial: el organismo anterior acumuló un desequilibrio estructural que terminó por afectar el pago en tiempo y forma a sus prestadores. La administración actual busca que las cuentas heredadas no se trasladen de manera automática a la entidad que asumió la cobertura de las Fuerzas Armadas.

En ese marco, la reducción de actividades ajenas a la atención médica forma parte de la reorganización. Las autoridades plantean que los recursos disponibles deben priorizar las prestaciones sanitarias, una definición que explica el apartamiento de hoteles, centros recreativos y otros servicios de la estructura principal.

La revisión también alcanzó a las 33 farmacias propias de la obra social. Desde el organismo admiten que se analizan modificaciones debido a sus resultados deficitarios, aunque aclaran que todavía no adoptaron una determinación final sobre la continuidad del servicio.

Las 33 farmacias propias también están bajo revisión

ATE afirma que el Gobierno prepara el cierre de las farmacias y su reemplazo por establecimientos privados. La organización sindical sostiene, además, que el ajuste de funciones puede extenderse a delegaciones de distintas provincias y reducir aún más la presencia territorial de la obra social.

La conducción de OSFA no confirmó ese escenario. Sí reconoció que el funcionamiento de la red está en análisis dentro de la revisión general de costos y servicios. La definición dependerá de las evaluaciones administrativas que se completen durante la transición.

Aguiar responsabilizó a las gestiones del organismo durante el gobierno de Javier Milei por el deterioro de las cuentas. También apuntó contra el exministro de Defensa Luis Petri y sostuvo que la entidad había comenzado la actual administración nacional con un saldo positivo.

“Están reventando a una de las mejores y más grandes obras sociales del país. La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra”, sostuvo el dirigente. Según su planteo, el organismo contaba con un superávit de $ 25.000 millones al inicio de la gestión actual.

El DNU 88 dividió la cobertura de militares y fuerzas federales

La crisis se desarrolla en medio de una reorganización dispuesta por el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. La norma separó la cobertura médica de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a las fuerzas federales de seguridad, que hasta entonces estaban reunidas bajo el IOSFA.

El antiguo instituto atendía al personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. La modificación creó dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas bajo la jurisdicción de Defensa y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.

La estructura anterior reunía cerca de 550.000 beneficiarios. Unos 330.000 corresponden a integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias; el resto forma parte del universo de las fuerzas federales. La nueva OSFA asumió la atención de militares, mientras que la entidad de Gendarmería y Prefectura siguió un modelo distinto mediante un convenio con la empresa de medicina privada Medicus.

La separación implicó repartir recursos, personal, bienes y tareas administrativas. Al mismo tiempo, el IOSFA quedó en liquidación con el objetivo de ordenar las obligaciones pendientes y completar el traspaso de los activos que aún figuran bajo su administración.

La nueva obra social administrará la cobertura de 330.000 afiliados militares

El Ministerio de Defensa sostiene que el nuevo esquema debe permitir una administración con presupuesto específico y reglas diferentes de las que regían en la entidad anterior. El objetivo declarado es sostener las prestaciones médicas con los recursos disponibles sin replicar los desequilibrios financieros que acumuló el organismo liquidado.

La liquidación del IOSFA resulta central en ese proceso. La gestión residual debe resolver deudas, transferir bienes y definir la situación de actividades que ya no integrarán la estructura sanitaria. Los hoteles y el personal asociado quedaron en el centro de ese capítulo.

La complejidad de la transición quedó expuesta con la salida del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien administraba la liquidación. De acuerdo con lo informado por Infobae, el ministro Carlos Presti lo recibió el miércoles para analizar el avance de la reorganización.

Presti manifestó su disconformidad con las demoras y reclamó acelerar las medidas administrativas necesarias para sanear el sistema. El encuentro terminó con la desvinculación de Guzmán de la conducción residual del organismo, mientras continúan las gestiones para resolver el pasivo y restablecer convenios médicos.

Desde el organismo indicaron que las tareas administrativas siguen cubiertas y que la definición sobre el reemplazante se conocerá en los próximos días. El Ministerio considera que completar la liquidación es una condición para que la nueva obra social concentre su gestión en la cobertura sanitaria.

Sin embargo, el proceso debe resolver antes el destino de los establecimientos turísticos y de los trabajadores que dejarán de depender de la estructura de salud. Esos dos puntos, atravesados por el vencimiento de contratos y la transferencia prevista para el 30 de septiembre, fueron los que dispararon la ocupación sindical.

La conducción de OSFA enfrenta así una semana de definiciones. Deberá avanzar con el traspaso de los hoteles, responder a los planteos de ATE y sostener la negociación con los prestadores médicos, en un sistema que atiende a aproximadamente 330.000 afiliados de las Fuerzas Armadas.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó las reglas que rigen la seguridad de los comicios en Perú y habilitó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú a cubrirse mutuamente cuando alguna de las dos instituciones no cuente con efectivos disponibles en una zona determinada. La medida se oficializó a través de la resolución 000155-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano hoy 23 de septiembre de 2026 y suscrita por el jefe interino Bernardo Pachas.

La resolución incorpora un párrafo idéntico en los artículos 3, 4 y 8 de las “Instrucciones y disposiciones para el mantenimiento del orden, la protección de la libertad personal, custodia de sedes y resguardo del material electoral”, que establece que “en caso de falta de disponibilidad de efectivos de las FFAA en el área de responsabilidad electoral, esta será cubierta por la PNP o viceversa, previa coordinación entre los Comandos de ambas instituciones”.

El artículo 3, que fija el reparto de responsabilidades, establece que la PNP garantiza la seguridad externa de los locales de votación y la custodia de las sedes de los organismos electorales, mientras que las Fuerzas Armadas garantizan la seguridad interna de esos mismos recintos, el derecho al sufragio y el resguardo del personal y material electoral en su interior. Ahora se añadió la disposición de cobertura mutua.

El artículo 4 regula el tratamiento que ambas instituciones deben dar a las zonas declaradas en estado de emergencia, donde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la PNP adoptan medidas de seguridad para garantizar el ejercicio del derecho al voto y el resguardo del material electoral durante su despliegue y repliegue. También en este artículo se incorporó la misma fórmula de sustitución recíproca.

El artículo 8, por su parte, define de manera directa la custodia de los locales de votación: las Fuerzas Armadas se encargan del resguardo interno y la PNP del resguardo externo y del orden público en las áreas adyacentes. Este artículo ya preveía que las FFAA pudieran intervenir en apoyo de la PNP si su capacidad resultaba sobrepasada. Ahora suma la cláusula de cobertura mutua ante la falta de efectivos de cualquiera de las dos instituciones.

La versión anterior de la norma establecía una división de funciones más rígida entre ambas instituciones en esos mismos tres artículos, sin contemplar ningún mecanismo de sustitución entre ellas ante la eventual falta de efectivos en una zona específica.

Según el propio texto de la resolución, el cambio no partió de una decisión unilateral de la ONPE, sino de una propuesta presentada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El organismo electoral convocó posteriormente a la Policía Nacional y al CCFFAA a una reunión de trabajo con el objetivo de absolver consultas, atender observaciones y alcanzar consensos sobre la iniciativa.

Más cambios

La resolución jefatural de la ONPE también modificó el criterio con el que se determina la dotación de efectivos policiales para la custodia de las sedes centrales de los organismos electorales, de los locales donde se produce el material electoral, de las oficinas descentralizadas y del traslado del material durante las etapas de despliegue y repliegue. En todos esos casos, la exigencia de que la PNP disponga de efectivos “en número suficiente” fue reemplazada por la fórmula “en función a su capacidad operativa”.

La presidenta Keiko Fujimori afirmó este domingo que su Gobierno tomará “fuertes decisiones” para enfrentar las nuevas formas de criminalidad que, según señaló, buscan desafiar la autoridad del Estado, y aseguró ante las Fuerzas Armadas que cuenta con su respaldo para restablecer el orden y la paz en el país.

“Como presidenta de la República, ejerzo la jefatura suprema de las fuerzas armadas. Y para mí es una responsabilidad, no un privilegio”, afirmó durante un discurso en el que destacó el papel histórico del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea

La mandataria sostuvo que su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas implica “el deber de conducir, el deber de establecer prioridades, el deber de tomar decisiones”.

“Y el mensaje es solo uno: en el Perú no habrá territorio con miedo. Tomaremos fuertes decisiones, todas las que sean necesarias para restablecer el orden y la paz en nuestro país. Y sé que cuento con ustedes”, manifestó.

“Nuestras fuerzas armadas han estado presentes en todos los momentos decisivos de nuestra república. Han defendido nuestra soberanía, han enfrentado y han derrotado al terrorismo. Y han acudido al auxilio de nuestro pueblo cuando la emergencia y la naturaleza han golpeado al país”, añadió.

Durante su intervención, la gobernante también rindió homenaje a los héroes nacionales Miguel Grau, Francisco Bolognesi y José Abelardo Quiñones, a quienes presentó como referentes del servicio a la patria.

“Grau nos enseñó el valor sin perder la humanidad. Bolognesi, el deber cumplido hasta el final. Quiñones, que hay momentos en los que la vida de un hombre pasa a pertenecer para siempre a su patria”, afirmó.

Asimismo, destacó a los militares que murieron durante el cumplimiento de sus funciones y sostuvo que el Estado debe reconocer a sus familias y preservar su memoria.

“Nuestra obligación es honrar su memoria, reconocer a sus familias y enseñar a las nuevas generaciones que la libertad, la soberanía y la paz fueron defendidas muchas veces al precio más alto”, declaró.

La jefa de Estado tuvo en esta ceremonia una de sus últimas actividades oficiales en Lima antes de viajar el lunes a Nueva York para participar en el debate presidencial durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una visita que se extenderá hasta el próximo viernes 25.

En uno de los recientes hechos de violencia vinculados a la criminalidad en el país, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte, conocida como ‘China Polo’, fue asesinada en la ciudad andina de Caraz, presuntamente por un sicario.

La víctima había denunciado previamente amenazas de muerte y las había atribuido al general de la Policía Víctor Revoredo, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y recientemente fue reasignado a otro cargo dentro de la institución.

El hallazgo se produjo específicamente en el sector de Campamento, donde efectivos militares identificaron un área de aproximadamente una manzana y media de terreno utilizada presuntamente para el cultivo de estas plantas. En el lugar fueron contabilizados alrededor de 8,250 arbustos de supuesta hoja de coca, según el reporte divulgado por las autoridades.

El operativo fue ejecutado por efectivos del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, unidad de las Fuerzas Armadas que realizó labores de reconocimiento y patrullaje para ubicar el cultivo en medio de una zona de difícil acceso.

De acuerdo con la información proporcionada por las FFAA, las operaciones forman parte de las acciones destinadas a reforzar la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas que se desarrollan en sectores montañosos y de difícil acceso del territorio hondureño.

“Mediante labores de reconocimiento, las FFAA localizaron un área aproximada de una manzana y media en el sector montañoso de Campamento, municipio de Iriona, departamento de Colón, donde se contabilizó un estimado de 8,250 plantas de supuesta hoja de coca”, comunicaron las autoridades.

El hallazgo representa una nueva acción de las instituciones de seguridad hondureñas contra los cultivos vinculados presuntamente al narcotráfico, particularmente en regiones donde las condiciones geográficas dificultan el acceso de las autoridades.

Las FFAA señalaron que la ubicación del cultivo fue posible gracias a los patrullajes de largo alcance y las labores de reconocimiento realizadas por los militares desplegados en la zona. Estas operaciones permiten identificar áreas utilizadas para actividades relacionadas con la producción de sustancias ilícitas.

El Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales tuvo a su cargo las labores operativas en el sector montañoso de Campamento. Los efectivos realizaron recorridos e investigaciones en el área hasta lograr determinar la ubicación del terreno donde se encontraban las plantas.

Las autoridades indicaron que, además de localizar el cultivo, las acciones buscan mantener y fortalecer la presencia institucional en zonas consideradas de difícil acceso. La presencia de unidades especializadas permite realizar patrullajes y reconocimientos en áreas donde pueden establecerse cultivos ilícitos alejados de los principales centros poblados.

En su comunicación, las Fuerzas Armadas reiteraron que este tipo de operaciones están orientadas a fortalecer las acciones contra las actividades vinculadas al narcotráfico y a impedir que estas estructuras utilicen sectores montañosos para desarrollar sus operaciones.

Tras el hallazgo, las autoridades informaron que el cultivo será erradicado, como parte del procedimiento aplicado ante la localización de plantaciones de presunta hoja de coca en el territorio nacional.

El departamento de Colón, por su ubicación geográfica y sus extensas zonas rurales y montañosas, ha sido escenario de operaciones de seguridad relacionadas con el combate al narcotráfico. En este caso, el despliegue se concentró en el municipio de Iriona, específicamente en el sector de Campamento.

Las FFAA destacaron que el resultado fue producto de la coordinación y permanencia de sus efectivos en el terreno, quienes realizaron los patrullajes necesarios para ubicar el área donde se encontraban las 8,250 plantas de presunta hoja de coca.

Por ahora, la información oficial difundida sobre el operativo se concentra en la localización del cultivo, su extensión aproximada y la cantidad estimada de plantas encontradas. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante esta operación ni sobre otros elementos relacionados con el hallazgo.

El Ejército de Reino Unido incorporará nuevos drones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para reforzar la protección de sus soldados y ampliar la información disponible sobre el campo de batalla. El plan combina la adquisición de aeronaves de larga autonomía, capaces de transportar cámaras y sensores, con la entrega de más de mil aparatos pequeños para uso de las tropas en primera línea.

Los nuevos sistemas forman parte del Plan de Inversión en Defensa británico, que prevé reforzar estas capacidades de vigilar a largo alcance del Ejército mediante una nueva generación de aeronaves no tripuladas. El objetivo es sustituir equipos considerados obsoletos y acelerar la llegada de tecnología a las unidades desplegadas. El ministro de Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, presentó las adquisiciones durante el encuentro Defence Vehicle Dynamics, una exposición bienal centrada en la guerra terrestre. “Nuestros soldados merecen la mejor tecnología, y eso es lo que estamos proporcionando”, afirmó Pollard.

El Gobierno británico anunció una inversión de hasta 400 millones de libras esterlinas para poner en servicio el dron AR5, fabricado por la empresa Tekever. El modelo reemplazará al sistema Watchkeeper, que estaba operativo desde 2014, y podrá llevar hasta 50 kilogramos de cámaras y sensores. La iniciativa incluye además un contrato independiente de 16 millones de libras para suministrar 1.025 drones pequeños, adquiridos a tres pequeñas y medianas compañías con sede en el país.

AR5 transportará 50 kilos de cámaras y sensores

El contrato adjudicado a Tekever contempla una primera orden de seis drones AR5, aunque el número podría alcanzar las 24 unidades en 2029. El AR5 es un dron de vigilancia de larga autonomía diseñado para operar durante periodos prolongados. Su capacidad para transportar cámaras y sensores de hasta 50 kilogramos permitirá obtener información desde mayores distancias y durante más tiempo que los equipos pequeños destinados a las tropas sobre el terreno.

El Ministerio de Defensa indicó que este modelo ya fue utilizado por Ucrania en la guerra contra Rusia. El contrato con Tekever contribuirá a sostener más de 1.000 empleos cualificados hasta 2030, según asegura el comunicado oficial. “Estamos orgullosos de entregar el AR5 al Ejército británico en este momento crítico para la seguridad nacional”, afirmó el director ejecutivo de Tekever en Reino Unido, Karl Brew. La empresa fabricará los aparatos en una planta de Swindon. Según el Gobierno, el programa responde a la necesidad de renovar las capacidades de observación y reconocimiento de largo alcance del Ejército, que hasta ahora dependía del sistema Watchkeeper, en servicio desde 2014.

Más de mil drones pequeños

El acuerdo de 16 millones de libras incluye 245 drones FOXE-NATO, desarrollados por Evolve Dynamics. Estos aparatos pesan menos de 250 gramos y cuentan con cámaras infrarrojas, una característica que permitirá utilizarlos en operaciones nocturnas. También se entregarán 670 unidades del modelo Skydio X10 INTL, suministradas por Marlborough Communications Limited. Estos drones pueden prepararse para el vuelo en menos de un minuto y alcanzar una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora.

La tercera partida comprende 110 drones ‘Sonora’, desarrollados mediante una alianza entre Brigantes Consulting, de Exeter, y Harmattan AI. Estos equipos están concebidos para entrenar a los soldados antes de que empleen aeronaves similares durante operaciones reales. El programa busca acelerar la incorporación de tecnología a las unidades militares, con la meta de duplicar la capacidad de combate del Ejército para 2027 y reducir a 24 meses el plazo entre la contratación de un equipo y su llegada a la primera línea. Las entregas del contrato están cerca de completarse, de acuerdo con el comunicado oficial. La adquisición fue gestionada por el Grupo Nacional de Dirección de Armamentos y forma parte del Proyecto Rapstone, precisamente orientado a acortar los plazos de incorporación.

Cuando se están por cumplir 9 años del trágico hundimiento del ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes y una repercusión mundial, Argentina podría volver a tener próximamente una flota de submarinos. El presidente Javier Milei autorizó la compra de tres unidades que podrían comenzar a fabricarse a mediados del 2027, si es que se llega a un acuerdo con las empresas que pujan por quedarse con el negocio.

El gasto está previsto en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió el martes por la noche al Congreso y que incluye la autorización para que el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, tome un préstamo de hasta USD 2.300 millones destinado a la adquisición de estos sumergibles para la Base Naval Mar del Plata.

De acuerdo con lo que explicaron a Infobae fuentes oficiales, recientemente el funcionario recibió dos ofertas concretas por parte de firmas que construyen estos navíos, la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y la francesa Naval Group.

Las conversaciones con estas compañías se intensificaron en el último tiempo, pero comenzaron hace ya varios meses, poco antes de que el propio mandatario nacional asegurara en una entrevista que tenía una buena relación con Emmanuel Macron y que uno de los temas que ambos tenían en agenda era este.

“Hay dos empresas que nos acercaron propuestas, con diferentes precios y sistemas de armas, pero lo más probable es que se opte por la francesa”, anticipó a este medio una persona cercana al ministro Presti.

La compra figura en la planilla anexa al artículo 42 del Presupuesto 2027, referida a las operaciones de crédito público. Allí se establece que el tipo de deuda será un “préstamo”, con un “plazo mínimo de amortización” de tres años y con destino específico para la “adquisición de tres submarinos convencionales”.

El texto no identifica la entidad que otorgará el dinero, aunque en su momento Infobae pudo saber que se estaba negociando con la administración de Macron para que intervenga y algún organismo internacional participe de la transacción.

Tampoco se detalla en el documento el modelo que se buscará incorporar, el país de origen de las embarcaciones ni el plazo previsto para la firma de un eventual contrato, o si las unidades serán construidas en el exterior o si parte del proceso tendrá participación de la industria nacional.

La autorización presupuestaria, de todas formas, representa un avance concreto en una negociación que el Gobierno mantiene desde hace meses para recuperar la capacidad submarina de la Armada. Hasta ahora, una de las principales alternativas que analizaban las autoridades era la compra de unidades a la compañía Naval Group.

La empresa europea ya había mantenido conversaciones con la Argentina durante la administración de Alberto Fernández, cuando se firmó una carta de intención para avanzar en la adquisición de varios de estos barcos. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las gestiones continuaron y se concentraron especialmente en la posibilidad de incorporar submarinos de la clase Scorpene.

Por su parte, la alemana TKMS postuló a su modelo 212, también convencional (de propulsión diésel-eléctrico), de quinta generación, pero con un sistema que le da la capacidad de operar bajo el agua sin necesidad de emerger o usar el tubo de snorkel durante semanas.

No obstante, aunque estudia la oferta y la decisión final todavía no se tomó y dependerá de diferentes factores, como el armamento y las Características específicas, además del precio y la forma de pago, el Ministerio de Defensa se estaría inclinando por el Scorpene.

Cómo es el submarino francés que se analiza y las formas de financiamiento que se ofrecieron

Se trata del mismo modelo que compró Brasil en el marco del programa PROSUB, a partir de un acuerdo firmado en 2008 con Naval Group. El país vecino ya recibió cuatro unidades convencionales y trabaja, además, en el desarrollo de un quinto que será de propulsión nuclear.

En noviembre de 2025, el director de Ventas para países estratégicos, Grecia, Brasil y Latinoamérica de esta firma, Laurent Mourre, explicó a este medio en qué estado se encontraban las conversaciones: “Lo que puedo confirmar es que el gobierno argentino quiere comprar submarinos”, afirmó entonces.

El Scorpene aparece como una de las opciones que más interés generó en la Casa Rosada y en las Fuerzas Armadas. Se trata de un submarino convencional diésel-eléctrico, diseñado para operaciones de vigilancia, control marítimo, inteligencia y defensa de zonas estratégicas.

La compañía francesa también ofrece paquetes que pueden incluir mantenimiento, sistemas eléctricos, armamento y entrenamiento. No solo ofrecen los buques, sino también el mantenimiento de los mismos, los sistemas eléctricos y equipamiento, e incluso el armamento.

En esta línea, cuenta con la capacidad de fabricar misiles MU90, que es el torpedo ligero más potente del mundo, capaz de neutralizar todo tipo de submarinos y que es utilizado por 12 países.

También vende el F21, un torpedo submarino inteligente, que es de largo alcance y, por su versatilidad, puede ser implementado para atacar objetivos de varios tamaños y funciona hasta en condiciones complejas.

Además, la empresa diseñó un sistema de defensa antitorpedo llamado SINGER, que está basado en el revolucionario principio de confusión/dilución. Esta contramedida genera cientos de objetivos falsos que se renuevan constante y aleatoriamente para saturar el procesamiento de datos de los torpedos más modernos y agotar su energía.

Sin embargo, la principal dificultad para la Argentina siempre fue el financiamiento. Cada unidad de este tipo puede superar los USD 700 millones, aunque el costo final depende de las características solicitadas, la incorporación de equipamiento adicional, los sistemas de armas y el lugar de construcción.

Mourre explicó que una eventual producción local requeriría inversiones significativas en infraestructura y formación de personal. Tandanor necesitaría adecuaciones para fabricar submarinos y un programa de ese tipo demandaría cerca de diez años hasta la entrega de la primera unidad.

La otra alternativa sería adquirir los buques construidos en Francia o negociar un esquema de fabricación parcial. En estos casos, la administración europea puede intervenir mediante garantías para créditos de exportación, un mecanismo habitual en contratos de defensa de gran escala.

“Las condiciones de la financiación no dependen de Naval Group, pero el Estado francés puede tener un papel relevante, porque puede dar una garantía”, había señalado el ejecutivo de la firma. También precisó que los bancos participantes suelen conocer tanto al fabricante como al país comprador.

El Presupuesto 2027 no confirma que Naval Group sea finalmente la empresa elegida. La planilla solo habilita el endeudamiento para avanzar con la compra de tres unidades convencionales, por un monto de hasta USD 2.300 millones y con destino a la Base Naval Mar del Plata.

La decisión se suma a otras partidas destinadas a la modernización militar. El Presupuesto prevé fondos para la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano y para obras de infraestructura destinadas a la llegada de una aeronave de caza multirrol a la VI Brigada Aérea de Tandil y al Área Material Río Cuarto.

El Ministerio de Defensa tendrá en 2027 un crédito de $5.234.410 millones, según el proyecto enviado al Congreso. Dentro de esa cifra, el Estado Mayor General de la Armada Argentina recibirá $1.305.942 millones, frente a los $1.052.448 millones contemplados para 2026.

La compra de submarinos requerirá todavía la aprobación del Presupuesto, la definición del financiamiento y la firma de los contratos correspondientes. Pero por primera vez desde el hundimiento del ARA San Juan, la recuperación de una flota submarina aparece incorporada de forma explícita en la planificación financiera del Estado.

El Gobierno prepara espacios militares en Ancón para recibir a presos por delitos menores, como parte de una estrategia orientada a reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del país. Los ambientes se ubican en un terreno en desuso del Ejército, donde antes funcionó la Escuela de Blindados.

La iniciativa contempla el traslado de internos condenados por incumplimiento de obligaciones alimentarias, robos menores y otros delitos considerados de menor peligrosidad. El objetivo es separar a esta población de los reclusos investigados o sentenciados por crimen organizado, sicariato, extorsión y otros delitos de mayor gravedad.

“Ellos irán a cuarteles, irán a hangares, irán a trabajar, irán a hacer talleres”, afirmó una autoridad durante la presentación de la medida.

El Ejecutivo plantea que estas instalaciones permitan aplicar actividades laborales y de capacitación para los internos que sean trasladados.

Las imágenes difundidas desde la Escuela de Infantería de Ancón muestran galpones con techos de calamina, camas camarote, ventanas pequeñas y áreas que requieren adecuaciones para funcionar como espacios de reclusión.

El proyecto contempla la instalación de servicios básicos, iluminación, control de accesos y zonas diferenciadas para los internos.

“No, básicamente donde funcionaba la escuela de blindados en Ancón. Ahí estamos acondicionando varios espacios”, explicó un vocero sobre la ubicación elegida a ATV Noticias. El lugar forma parte de los predios que el Estado evalúa para ampliar temporalmente la capacidad de albergue del sistema penitenciario.

Gobierno evalúa otros terrenos militares ante el hacinamiento penitenciario

La propuesta surge en un contexto de sobrepoblación en las cárceles. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) citadas en el informe, los 69 penales del país tienen capacidad para 41.764 personas, mientras la sobrepoblación alcanza el 156%. También se informó que más de 39.000 internos permanecen sin sentencia.

Entre los establecimientos con mayor presión figura el penal de Huancavelica, con 344 internos pese a que su capacidad es de 60. En Castro Castro, la sobrepoblación supera los 5.000 presos, de acuerdo con los datos expuestos.

La habilitación de espacios castrenses forma parte de un plan que incluye requisas en penales, participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y el anuncio de cárceles de máxima seguridad. El Gobierno plantea reservar los penales de mayor control para criminales considerados de alto perfil, como Jhonsson Pulpo o Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo.

Los internos trasladados a Ancón permanecerían bajo custodia y con reglas específicas de disciplina, aunque el informe no precisó el número de plazas que tendrá el recinto ni la fecha de inicio de los traslados. Tampoco detalló si la administración corresponderá al INPE, al Ejército o a un esquema conjunto.

La autoridad señaló que el uso de terrenos militares permitiría ampliar la fiscalización del sistema penitenciario. “De esa manera nos permite una mayor posibilidad de fiscalizar los penales y ahí nuestras fuerzas armadas también van a participar”, sostuvo.

El Ejecutivo tampoco descarta emplear otros predios del Ejército que estén abandonados o sin actividad operativa. Cada alternativa requerirá evaluaciones sobre infraestructura, seguridad, abastecimiento de agua, servicios de salud y transporte para personal, internos y operadores judiciales.

Un juez federal sentenció en Tamaulipas a Marco Adán “N”, Jesús Eduardo “N” y Gloria Michel “N” a 52 años de prisión por secuestro agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los tres fueron detenidos en 2024 tras una denuncia anónima que permitió ubicar un inmueble en el ejido San Francisco, municipio de Hidalgo. Durante el operativo, las autoridades localizaron a una persona que se encontraba privada de la libertad y aseguraron armas de fuego.

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas participaron en el despliegue que derivó en las capturas. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó el caso ante la justicia federal.

El juez impuso 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado y otros dos años por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con lo que la condena total asciende a 52 años para cada persona.

La reparación integral del daño a la víctima deberá determinarse durante la etapa de ejecución de la sentencia.

Datos obtenidos por Infobae México relaciona a los tres sentenciados con el Cártel del Golfo, información que no fue incluida por la FGR en su comunicado oficial sobre a sobre el veredicto.

El Cártel del Golfo mantiene presencia en Tamaulipas pese a recientes capturas

Durante 2026, autoridades han detenido a integrantes y presuntos líderes de distintas células relacionadas con el Cártel del Golfo en Tamaulipas, donde la organización mantiene una estructura fragmentada.

En febrero fue detenido en Matamoros Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus”, señalado por autoridades como presunto líder de la célula Operativa Ranger.

En abril, Alexander Benavides Flores, alias “El Metro 9”, fue detenido en Reynosa y señalado como presunto integrante y líder de una célula del Cártel del Golfo. Después de su captura se registraron bloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad.

El Cártel del Golfo enfrenta disputas por el control de Tamaulipas

La posición fronteriza de Tamaulipas también ha convertido al estado en un territorio de disputa entre organizaciones criminales. De acuerdo con InSight Crime, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha buscado expandirse hacia zonas que históricamente estuvieron bajo influencia del Cártel del Golfo, entre ellas Reynosa, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, San Fernando y Ciudad Victoria.

La competencia no se limita al tráfico de drogas. El control de los municipios fronterizos permite acceder a rutas hacia Estados Unidos y a otras actividades que generan ingresos para los grupos criminales. La disputa por esas zonas puede involucrar tanto a las distintas facciones del Cártel del Golfo como a organizaciones que buscan desplazarlo de sus áreas tradicionales de operación.

A esta economía se suma el contrabando de combustible. El perfil de InSight Crime actualizado en agosto de 2026 cita una investigación que relacionó a Los Metros, una de las facciones del Cártel del Golfo, con una red binacional dedicada al traslado ilegal de combustible entre México y Estados Unidos. Según esa investigación, millones de litros habrían sido movilizados mediante puertos y aduanas de Tamaulipas, con una presunta participación de empresarios, funcionarios aduaneros y miembros de corporaciones de seguridad.

El mismo análisis señala que más de 95 por ciento del combustible contrabandeado por las diez empresas investigadas habría ingresado a México por Tamaulipas. El dato muestra que las economías asociadas a las facciones del Cártel del Golfo van más allá del tráfico de drogas y aprovechan la infraestructura comercial y fronteriza de la entidad.

La presión sobre el grupo también ocurre desde las instituciones locales. En mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas obtuvo condenas contra 12 integrantes de una banda dedicada al secuestro agravado y señaló que la célula operaba en Reynosa y estaba relacionada con distintas investigaciones por privaciones de la libertad ocurridas entre 2023 y 2024.

Ese mismo mes, la Fiscalía estatal informó sobre otras 12 sentencias contra integrantes de un grupo dedicado a la extorsión. Según la autoridad, los responsables realizaban llamadas desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa y utilizaban cuentas bancarias para recibir los depósitos exigidos a las víctimas, principalmente adolescentes y adultos mayores de Matamoros.

La actividad criminal en Tamaulipas, por tanto, no se concentra en una sola estructura ni en un único delito. Las autoridades han documentado durante 2026 casos de secuestro y extorsión, mientras análisis especializados identifican disputas por territorios fronterizos y economías como el tráfico de drogas, migrantes y combustible.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32735, la conocida ‘Ley Rospigliosi’ que impide que amplía el concepto de delito de función aplicable para la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) e impide que los miembros de estas instituciones sean procesados por el Poder Judicial (fuero civil).

Se trata de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Cusco contra el Congreso. La norma en cuestión lleva como nombre “Ley que modifica el Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094, y el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales”.

De acuerdo con la demanda, la ‘Ley Rospigliosi’ contraviene los límites de la jurisdicción militar al considerar como delito de función “toda conducta ilícita por acción u omisión, cometida por un militar en acciones militares o un policía en situación de actividad, en acción de armas, en acto del servicio, consecuencia del servicio o con ocasión de él, y que atenta contra bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional”.

El fuero militar únicamente investiga y sanciona delitos de función, que protegen bienes jurídicos institucionales, como la disciplina militar, el honor castrense, la obediencia al mando y la defensa nacional. La Ley 32735, al ampliar este concepto a “toda conducta ilícita”, lo desnaturaliza ya que, por ejemplo, un homicidio (delito contra la vida) sería tratado como “delito de función” cuando el bien jurídico protegido es la vida.

En su demanda, el Colegio de Abogados de Cusco también califica como inconstitucional la disposición de la ‘Ley Rospigliosi’ que obliga al Poder Judicial a archivar investigaciones “sin necesidad de audiencia previa y mediante decisión inimpugnable” si es que existe una investigación en el Fuero Militar Policial. Advierten que esto vulnera los derechos de las víctimas y, además, dejaría sin efecto las sentencias condenatorias que todavía no sean firmes y las reparaciones civiles impuestas.

“Habiéndose cumplido los requisitos exigidos por los artículos 97 y siguientes del Nuevo Código Procesal Constitucional, se debe admitir a trámite la demanda. En tal sentido, y estando a lo dispuesto por el artículo 105, inciso 1, del NCPCo, corresponde emplazar al Congreso de la República para que se apersone al proceso y conteste la demanda en el plazo de 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución”, se lee en la resolución del TC.

Dentro de dicho plazo, el procurador público del Congreso deberá responder la demanda. Luego el TC convocará audiencia para que ambas partes presenten ante los magistrados sus argumentos. Al final del debate, la demanda quedará al voto.

Para declarar fundada una demanda de inconstitucionalidad se requieren 5 votos conformes. Si no se llega a esa votación, la demanda es declarada infundada.

Cabe precisar que la Defensoría del Pueblo también presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ‘Ley Rospigliosi’.

El general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y exsecretario de Defensa durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, fue procesado el 1 de septiembre por una jueza que dictó auto de formal procesamiento en su contra y fijó la audiencia preliminar para el 14 de septiembre.

La fiscalía lo acusa de incitación a la discriminación y de limitar derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión, en un caso que organizaciones de derechos humanos consideran capaz de sentar precedente.

La defensa de Hernández, sin embargo, apeló la decisión el 4 de septiembre y pidió el sobreseimiento definitivo de la causa, con el argumento de que el tribunal excluyó de forma indebida dos peritajes y varios documentos presentados por su representación legal. Según un relevamiento de LatAm Journalism Review, el proceso es inédito por el rango del acusado y por el tipo de hechos investigados.

Las acusaciones se originaron en la confrontación entre las Fuerzas Armadas y periodistas

La secuencia que desembocó en el caso se remonta al ciclo electoral que terminó con la llegada de Nasry Asfura a la presidencia el 27 de enero de 2026. En noviembre de 2024, el Auditor Jurídico Militar presentó ante el Ministerio Público una denuncia para abrir procesos contra 12 medios de comunicación por presunta calumnia y difamación.

La tensión creció el 9 de marzo de 2025, durante las elecciones primarias. Thelma Mejía, periodista hondureña y directiva de la Red Centroamericana de Periodistas, dijo a LatAm Journalism Review que ese día marcó un aumento de la hostilidad hacia la prensa, en medio de retrasos que afectaron al 72% de los centros de votación por demoras en la entrega de material electoral custodiado por las Fuerzas Armadas.

Periodistas pidieron explicaciones e incluso reclamaron una investigación del Ministerio Público sobre ese episodio, algo que —según le dijo Mejía a ese medio— provocó el malestar de Hernández.

El 26 de mayo de 2025, la publicación oficial militar “FF.AA. Digital” difundió en portada y páginas interiores acusaciones contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra bajo el título “sicarios de la verdad”. Allí se les atribuyó la difusión de información falsa, algo que los denunciantes interpretaron como estigmatización, incitación al odio y difamación.

El requerimiento fiscal también incorporó publicaciones en redes sociales con esas mismas acusaciones, a las que se sumó un señalamiento público de Hernández contra el periodista José Adán López, a quien vinculó con el crimen organizado.

La fiscalía añadió además la aparición de mantas en distintos puntos de Tegucigalpa con fotografías de periodistas y la frase “Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”. Quienes se adjudicaron esas pancartas se identificaron como Movimiento Popular Hondureño y no establecieron un nexo con las Fuerzas Armadas.

El caso llega en un contexto de aumento de agresiones contra la prensa

Un informe reciente de C-Libre registró un alza de 19,6% en las agresiones contra prensa y personas defensoras en el contexto electoral hondureño. Ese reporte señaló como principal agresor al aparato estatal: 49% de los ataques provinieron de las Fuerzas Armadas, 22,8% de funcionarios del gobierno de Castro y 17% de la Policía Nacional.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también incluyó en su informe anual de 2025 actuaciones de las Fuerzas Armadas que coinciden con los hechos descritos en el requerimiento fiscal. La oficina advirtió: “En un contexto de progresivo deterioro del debate público y de la libertad de expresión en Honduras, esta Oficina también expresa su alarma por los múltiples reportes de estigmatización e intimidación dirigidos contra la prensa por miembros de las Fuerzas Armadas”.

La relatoría agregó que esas acciones se expresaron “tanto en discursos públicos emitidos por su alta cúpula como en la activación y amenaza de procesos penales, que parecen orientados a intimidar y silenciar a periodistas que investigan las actuaciones de esta institución”.

Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), dijo a LatAm Journalism Review que el expediente no habría avanzado sin la presión sostenida de periodistas y organizaciones: “Tuvimos que hacer incidencia permanente y fuerte por tres semanas antes de que libraran el requerimiento fiscal. Con nuestras investigaciones logramos saber que tenían engavetado el requerimiento a pesar que ya estaba listo y denunciamos posibles pactos oscuros bajo la mesa. Así los presionamos con reiteradas comparecencias públicas”.

Meza calificó el expediente como “un caso emblemático e histórico” y afirmó que el trabajo de Asopodehu y de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos fue decisivo para que la fiscalía hiciera pública la investigación.

Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), le dijo a LatAm Journalism Review que la presentación del caso en noviembre de 2025, poco antes del cambio de gobierno, puede alimentar dudas sobre motivaciones políticas.

Aun así, sostuvo que la causa puede convertirse en un “parteaguas” para sancionar actos de coerción contra periodistas: “Puede servir de antecedente jurídico y de jurisprudencia sobre qué hacer en relación con algunas acciones que puedan significar coerción o coartar la libertad de expresión”. También afirmó que podría alentar nuevas denuncias en un país donde, según sus palabras, persiste una alta impunidad en los delitos contra periodistas.

Para Mejía, en declaraciones al mismo medio, el proceso también puede funcionar como límite ante futuras tensiones con la nueva administración. “Creemos que en este gobierno probablemente no se va a vivir la confrontación con los medios tan fuerte como el pasado”, dijo. “Pero eso no significa que no se vaya a dar, sino que creo que serán más estratégicos y más inteligentes en cuanto a las formas en que ellos van a tratar de controlar la opinión”.

La Audiencia Nacional ha rechazado conceder protección internacional a un hombre que asegura que fue reclutado por la fuerza en el Ejército de la República Saharaui cuando tenía 16 años y que decidió escapar cuatro años después para no volver a las filas militares. Llegó a España y pidió asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero Interior rechazó su solicitud. Ahora, la Justicia confirma esa decisión: entiende que las duras condiciones que relató durante su etapa en el Ejército, el temor a tener que regresar a él y la situación general de su país no encajan, por sí solas, en los supuestos que permiten obtener el estatuto de refugiado.

El relato que llevó al hombre hasta los tribunales comienza cuando todavía era menor. Según contó en su solicitud, a los 16 años le obligaron a alistarse en el Ejército de la República Saharaui para luchar contra Marruecos. La guerra, explicó, comenzó en 2020, precisamente el año en el que empezó a plantearse seriamente la posibilidad de marcharse. La enfermedad de su madre, que situó en marzo o abril de aquel año, terminó de reforzar esa decisión.

No llegó a combatir. Su cometido, siempre según su versión, fue otro: construir muros, excavar zulos y levantar infraestructuras destinadas a la defensa. Trabajos especialmente duros que, aseguró, se desarrollaban con una remuneración muy baja y en un ambiente de malos tratos. Él mismo describió aquellas condiciones como “casi un régimen de esclavitud”.

Quiso marcharse junto a su madre. Consiguió incluso algún permiso, pero, según relató, las exigencias para que regresara al Ejército continuaron. Finalmente, en 2020 decidió no volver. Para abandonar el país obtuvo un pasaporte falso de Mauritania y emprendió la salida. Su miedo, explicó a las autoridades españolas, era sencillo: regresar significaba exponerse a tener que incorporarse otra vez al Ejército o a la guerra. “Busca la paz”, resumió su relato.

Interior rechazó su petición y la Audiencia Nacional respalda ahora esa decisión

La primera respuesta llegó del Ministerio del Interior el 4 de julio de 2024. La Administración denegó la solicitud de protección internacional y, cinco días después, rechazó también el reexamen planteado por el interesado. El argumento central era que lo contado no demostraba un temor fundado de persecución por ninguno de los motivos que contempla la normativa de asilo: raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, género u orientación sexual.

Interior puso además el foco en un aspecto concreto del relato: el hombre no había afirmado que hubiera sido obligado a combatir ni a realizar acciones militares defensivas en sentido estricto, sino que había relatado principalmente las malas condiciones de trabajo que sufrió dentro del Ejército. Tampoco consideró suficientemente explicada la etapa que transcurrió entre su salida de las filas militares en 2020 y su posterior salida del país como para apreciar una persecución individual.

La defensa llevó entonces el caso ante la Audiencia Nacional. Solicitó que se reconociera su derecho a que la petición de protección internacional fuese admitida y, como alternativas, pidió que se autorizase su entrada y permanencia en España mientras se resolvía un procedimiento sobre su eventual condición de apátrida o que se le permitiera permanecer por razones humanitarias. El Estado reclamó que se mantuvieran las decisiones de Interior.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una resolución fechada el 13 de julio de 2026, dan la razón a la Administración. La cuestión no está, según explican, en determinar si la situación que describe el solicitante fue dura, sino en si esa situación reúne las características exigidas para activar la protección internacional. Y ahí es donde el caso se queda corto, a juicio de la Sala.

El derecho de asilo no funciona como una protección general frente a cualquier circunstancia adversa que pueda encontrarse una persona al regresar a su país. La condición de refugiado exige que exista un temor fundado de persecución conectado con determinados motivos protegidos. La resolución recuerda que esa persecución puede proceder incluso de actores que no sean el propio Estado, pero en ese supuesto también debe acreditarse que las autoridades del país no pueden o no quieren proteger eficazmente al afectado.

En este caso, los jueces no encuentran ese vínculo. El hombre había puesto sobre la mesa las condiciones sufridas en el Ejército y, durante el procedimiento judicial, también la situación económica y social del país. Pero la Audiencia Nacional considera que ninguno de esos elementos aparece relacionado con una persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, ideología política, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual. Por eso concluye que los hechos invocados quedan fuera de los supuestos previstos por la Convención de Ginebra y la legislación española de asilo.

Tampoco ve acreditado un riesgo grave si regresa

La otra vía que intentó la defensa era la protección subsidiaria. Se trata de una figura distinta del estatuto de refugiado que permite proteger a una persona cuando su regreso puede exponerla a determinados daños graves, como la pena de muerte, la tortura o los tratos inhumanos o degradantes, o amenazas graves contra su vida o integridad física derivadas de una situación de violencia indiscriminada en un conflicto.

Tampoco por ahí prospera el recurso. La Audiencia Nacional considera que no han quedado acreditadas esas circunstancias en el caso concreto. La documentación incorporada al procedimiento, señala, no permite apreciar una situación de violencia generalizada ni un conflicto interno en los términos necesarios para conceder esta protección.

Quedaba una última posibilidad: permitirle permanecer en España por razones humanitarias. Esta alternativa tiene un margen distinto al del asilo y puede atender a circunstancias excepcionales de carácter personal, incluso cuando no estén directamente vinculadas a los motivos clásicos de persecución. Pero también aquí la resolución exige que esas circunstancias sean alegadas y acreditadas.

Y eso es precisamente lo que, según los jueces, no ocurre. La mera referencia a las condiciones de trabajo que sufrió en el Ejército y a las dificultades generales de su país no basta para justificar una autorización de permanencia por razones humanitarias. La Sala recuerda que esta vía está pensada para situaciones excepcionales y no puede convertirse en una alternativa automática cuando no se cumplen los requisitos del asilo o de la protección subsidiaria.

Hay un procedimiento que sigue su propio camino. El hombre había solicitado también el reconocimiento de la condición de apátrida y, según recoge la resolución, ese expediente estaba siendo tramitado de forma independiente. También se encontraba pendiente la cuestión de su permanencia en España mientras se resolvía esa solicitud. La Audiencia Nacional deja claro que ese procedimiento no queda resuelto por su decisión sobre el asilo.

En abril del 2024, el entonces recién asumido presidente Javier Milei ordenó que la Argentina inicie por segunda vez el proceso para ser admitida como parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), comenzando así una nueva etapa en la posición geopolítica del país en lo que respecta a las alianzas militares.

La última vez que había ocurrido algo similar fue en 1999, sobre el final del mandato de Carlos Menem, cuando las relaciones con los Estados Unidos seguían estando en un buen momento y la Casa Rosada pidió ser miembro pleno de la NATO -por sus siglas en inglés- lo cual fue rechazado.

La propia institución internacional aclara en el artículo 10 de su carta fundacional que se podrá incorporar “a cualquier Estado europeo“, por lo que deja explícitamente afuera a los que son de otros continentes.

Por esta razón, hace ya dos años que la gestión libertaria impulsó una estrategia diferente, que es la de solicitar ser “socio global” de la organización, un estatus que sí está permitido y que hasta ahora solamente ostenta Colombia dentro de América Latina.

La alianza militar es un sistema de defensa colectiva que representa los intereses geopolíticos de las principales potencias occidentales, empezando por Washington, y tiene como némesis a Rusia, Irán y China.

Fue creada en abril de 1949 para frenar el avance de la entonces Unión Soviética por un grupo de 12 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Bélgica, Dinamarca, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal.

Con el tiempo se sumaron otras naciones europeas, hasta alcanzar en la actualidad un total de 31 integrantes que, en su conjunto, representan el 53% del gasto militar a nivel mundial.

El punto más importante del tratado es el que establece que un ataque armado contra uno o más de sus miembros plenos, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como dirigido contra todos ellos, razón por la cual son estrictos a la hora de abrirse a nuevos candidatos.

De hecho, la posibilidad de que Ucrania se incorporara a la organización fue uno de los motivos que influyeron en el inicio de la guerra con Rusia, que consideró esas negociaciones como una amenaza.

En 2024, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, se reunió en el cuartel general de la OTAN, en Bruselas, con su secretario general adjunto, Mircea Geoana, y le presentó la carta de intención que inicia el proceso de incorporación de la Argentina.

Desde entonces, el Gobierno inició un proceso de fuerte modernización de sus Fuerzas Armadas, renovando equipo básico que estaba obsoleto, con la adquisición de avanzados fusiles de origen israelí, por ejemplo, o haciendo importantes compras, como la de los aviones F-16 y los P-3 Orion a Noruega, o los Strykers provenientes de los Estados Unidos.

Más recientemente, Milei anunció, en el marco de un plan de fortalecimiento del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, la construcción de una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

Esta es una iniciativa que lleva ya varios años y que alguna vez llamó la atención de la Casa Blanca, que analizó financiar el proyecto, pero que finalmente se hará enteramente con recursos nacionales.

Para esto, el Presidente le ordenó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que priorice las partidas para Defensa al momento de elaborar el Presupuesto 2027, que se enviará la próxima semana al Congreso.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del Palacio de Hacienda, si bien todavía no está definido el monto final que se asignará a esa área, ”no habrá recortes en otros lados, porque el aumento saldrá del superávit“.

Los recursos que se destinan para gastos militares son un punto muy importante para el mandatario estadounidense, Donald Trump, que incluso criticó públicamente a sus aliados por no aumentar las partidas para ese sector.

“Estados Unidos gasta mucho más dinero que cualquier otro país en la OTAN para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio”, sostuvo el republicano en julio pasado.

Por su parte, la Argentina confirmó que participará el año que viene de la Operación Nanook, que realizará la organización internacional, por lo que enviará efectivos al Ártico para participar de los ejercicios encabezados por Canadá.

El 30 de julio, miles de personas cruzaron de Marruecos a Ceuta. Ya se había producido un goteo de entradas, pero ese día el caos se apoderó del espigón de El Tarajal. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llevaba unos días (desde el 27 como mínimo, según los informes que ha desclasificado este miércoles el Gobierno) advirtiendo de movimientos inusuales en redes al otro lado de la frontera.

Pero el aviso más importante se produjo el 29 de julio, un día antes. Un miembro del CNI escribió a Delegación de Gobierno de Ceuta un mensaje por WhatsApp advirtiendo que “en RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20″. Estos mensajes demuestran la línea que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido en todo momento, sobre la existencia de alertas del CNI sobre lo que podía suceder en Ceuta y que al final sucedió.

Así fue la conversación que se mantuvo a las 13:52 del mediodía de ese 29 de julio:

CNI: Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados

CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores

CNI: Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión

Delegación: Sus rilas [una expresión informal que quiere decir “que tengan miedo (ellos)”]

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A las 21:34, es decir, unas siete horas después, Delegación habló con el contacto del CNI unos 11 minutos, una conversación que no ha trascendido en los informes desclasificados por el Gobierno. Ese mismo día, en paralelo y a la misma hora, el CNI avisaba a la Unidad Central Especial 3 (UCE 3) de la Guardia Civil y llamaba sin obtener respuestas, por lo que le dejaba unos mensajes.

CNI: XXXX te llamo por la situación de Ceuta.

CNI: Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono

CNI: Tenemos varios grupos en Fb y WahtsApp incentivando estas entradas.

A las 13:59, se produce una llamada perdida desde la UCE-3.

UCE-3: xxxxxx perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar.

UCE-3: Estos días están XXXX que ha estado unos meses fuera y también Xxxxx

UCE-3: Me puedes llamar a mí también

A las 14:41, se produce una llamada entre ambos cuerpos que dura 7 minutos y 38 segundos.

El CNI advirtió también a Marruecos

El CNI emitió ese mismo 29 de julio a las 18:26 horas una nota informativa con una “alerta temprana” que tenía como destinatario los servicios de inteligencia de Marruecos, en los que avisaba de un posible “asalto a la valla de Ceuta” justo un día después, el 30 de julio, coincidiendo con la semana de la Fiesta del Trono en el país vecino.

“En días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono”, advierte el CNI en esa alerta remitida a la DGST y DGED marroquí.

El CNI avisaba a la inteligencia marroquí de algunos perfiles especialmente activos, y citaba un grupo de Whatsapp de nombre “Asalto a la valla de Ceuta” cuyo administrador tenía “dos teléfonos, uno español y otro argelino”. Su nombre aparece tachado por motivos de seguridad.

También se aludía a un grupo de Facebook con el nombre Ceuta Fnideq con más de 160.000 miembros y se advertía de mensajes en los que se invitaba a cruzar a España. “El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en las fiestas del Trono; a las ocho las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles”, indicaba el CNI.

La inteligencia española se refería, además, a un grupo de Facebook con el hombre Hraga Ceuta con más de 22.000 miembros, en este caso sin un día exacto para cruzar a España, aunque subrayaba que “el llamamiento sería favorable durante toda la semana”.

“Castillejos-Ceuta: toda la semana está bien para los que quieran pasar, esta es la oportunidad; que Dios os facilite”, rezaba el mensaje.

El documento del CNI remitido a la inteligencia marroquí terminaba solicitando colaboración: “En caso de obtener nuevos datos sobre el asunto, se trasladarán oportunamente a su Servicio; se agradece su inestimable y continua colaboración en este asunto”.

En el marco del conflicto por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno anunció recientemente la construcción de una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, que se sumará de esta manera a la que ya existe en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, la cual continuará funcionando normalmente, según aseguraron las autoridades de las Fuerzas Armadas.

El establecimiento en cuestión fue centro también en los últimos días de una fuerte polémica respecto a su futuro, debido a que el Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Presti, dispuso un relevamiento de todos los inmuebles con los que cuenta el sector militar para hacer un análisis exhaustivo y optimizar los recursos.

A través de un comunicado, la Armada Argentina ratificó que la Base Aeronaval que actualmente se encuentra en la localidad bonaerense continuará operando con normalidad, aunque confirmó que se convertirá en una Estación Aeronaval.

En el texto, la institución señaló que, “ante versiones que circulan en redes sociales respecto de un supuesto cierre” de ese lugar, se indica “de manera categórica que no se encuentra previsto” su cese de actividades “ni el despido de su personal civil”.

Con este mensaje se buscó “llevar tranquilidad” a los empleados que cumplen tareas en esa dependencia “a sus familias y a la comunidad de Punta Indio, frente a versiones que generan preocupación e incertidumbre de manera injustificada”.

“Asimismo, cabe señalar que esta información también fue comunicada personalmente por el jefe del Estado Mayor General de la Armada al Intendente de Punta Indio, durante el encuentro que ambos mantuvieron el pasado 27 de agosto en el Edificio Libertad, oportunidad en la que se ratificó la continuidad de la Base Aeronaval”, se recordó.

Efectivamente, en aquella oportunidad el almirante Juan Carlos Romay le explicó al mandatario del partido bonaerense, David Angueira, los alcances del denominado Plan Dédalo, un programa de modernización que demandará cerca de cinco años.

Este proceso implicará cambios graduales en varios frentes de operación: el despliegue territorial y estructura de comando; medios aéreos; doctrina de empleo; sistemas de apoyo; personal e infraestructura.

En este marco, por ejemplo, la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima (EA2V) se mudará en enero próximo al Hangar 4 de la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), bajo dependencia de la Escuadra Aeronaval Nº 2.

Asimismo, para ese mismo mes se espera que la Escuela de Aviación Naval se traslade al Hangar 6 de la BACE y la mencionada Base Aeronaval Punta Indio cambiará su denominación a Estación Aeronaval.

Dentro de este plan, también se espera completar la llegada de los cuatro P-3C Orion adquiridos con el arribo de las dos unidades restantes entre octubre de este año y junio de 2027, reforzando así la capacidad de vigilancia y exploración aeromarítima de largo alcance.

A la vez, comenzará el recambio de los B-200 por los más modernos B-360: dos ejemplares en versión de patrulla marítima llegarían en 2027, mientras que otros dos, pensados para tareas de apoyo logístico, continúan bajo evaluación.

Los helicópteros livianos AS-555 serán retirados en 2027 y reemplazados por cuatro Leonardo AW-109, de los cuales dos arribarían en octubre de ese año y los restantes a comienzos de 2029. Además, entre 2028 y 2029 se prevé incorporar cuatro drones Shield V-BAT para misiones de exploración desde buques de superficie.

No obstante, las autoridades militares remarcan que todos estos cambios responden a un reordenamiento interno para mejorar el trabajo de cada área, pero que “bajo ningún concepto significa que algo vaya a cerrar”.

“La Aviación Naval está llevando adelante un plan integral de modernización y restructuración que contempla la incorporación y modernización de aeronaves, la reorganización de las unidades aeronavales, la mejora del mantenimiento y la adecuación de la infraestructura”, explicaron.

En el comunicado, la Armada agregó que “el objetivo es incrementar la disponibilidad de los medios, optimizar su sostenimiento logístico y fortalecer las capacidades de vigilancia, exploración, instrucción y apoyo a las operaciones navales”.

Con este plan, el organismo pretende avanzar “hacia una Aviación Naval más moderna, eficiente y sostenible, fortaleciendo su contribución a la defensa nacional y a la protección de los intereses marítimos del país”.

“En este sentido, la Base Aeronaval Punta Indio continuará cumpliendo las funciones que, en el marco de este plan, le asigne esta Institución. La Armada Argentina reafirma su compromiso de brindar información oficial, clara y responsable, y solicita recurrir a sus canales institucionales para verificar cualquier información relacionada con sus unidades y su personal”, cerró el mensaje institucional.

Por su parte, la mesa política se reunió este martes en la Casa Rosada y decidió que Presti, acompañado por el canciller, Pablo Quirno viajen esta semana a Ushuaia para visitar el terreno en el que se construirá la base naval integrada anunciada por el presidente Javier Milei.

El jefe de Estado ya dispuso la transferencia de más de 114 mil millones de pesos al Ministerio de Defensa para que comience con las obras de este complejo, que podría demandar hasta 500 millones de dólares.

Las autoridades hondureñas intensificaron sus operaciones contra el tráfico de drogas en las rutas marítimas del Caribe con una nueva acción de interdicción que culminó con el aseguramiento de dos embarcaciones y la detención de 11 personas.

De acuerdo con el reporte proporcionado por las Fuerzas Armadas de Honduras, durante la operación fueron localizados 36 fardos de supuesta cocaína. El hallazgo se produjo luego de que las unidades navales detectaran e interceptaran las embarcaciones que se movilizaban en el sector.

Entre los detenidos se encuentran cinco personas de nacionalidad colombiana, mientras que las autoridades continúan con las diligencias para establecer la identidad y posible participación de cada uno de los ocupantes en el traslado de la droga.

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron la embarcación pesquera camaronera Miss Celeste, con bandera hondureña, además de una lancha rápida tipo go fast.

La presencia de ambas embarcaciones forma parte de las pruebas que serán incorporadas al procedimiento correspondiente para determinar su vinculación con el cargamento de droga localizado durante la intervención.

Paquetes fueron lanzados al mar

Uno de los elementos que podría ampliar el volumen del decomiso es que, según el informe de las Fuerzas Armadas, los ocupantes de la lancha rápida habrían arrojado varios fardos al mar al percatarse de la presencia de las unidades navales.

Por esa razón, las autoridades no descartan que la cantidad de droga involucrada en el incidente sea superior a los 36 fardos recuperados durante la operación.

El despliegue estuvo bajo responsabilidad de efectivos de la Fuerza Naval de Honduras, con apoyo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

La participación permitirán avanzar con las diligencias investigativas y judiciales relacionadas con el caso, incluido el análisis de la droga incautada, la inspección de las embarcaciones y la recopilación de elementos que puedan establecer responsabilidades penales.

El capitán Mario Rivera dijo que “la operación, en un procedimiento que se suma a las acciones que las autoridades hondureñas mantienen en distintos puntos de la zona marítima del país”.

Traslado a la Base Naval de Caratasca

Tras la detención en alta mar, los 11 imputados y la evidencia decomisada serán trasladados a la Base Naval de Caratasca, donde se desarrollarán las diligencias establecidas por las autoridades competentes.

En ese lugar continuará el procesamiento de los indicios y la documentación del caso, mientras los fiscales y agentes de investigación avanzan en la determinación de la posible estructura detrás del traslado del cargamento.

La droga será sometida a los análisis correspondientes para confirmar oficialmente su naturaleza y establecer el peso total del cargamento recuperado.

El operativo se enmarca en las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad hondureñas para frenar el movimiento de drogas por las rutas marítimas del Caribe.

Las operaciones de interdicción buscan detectar embarcaciones sospechosas, interceptar posibles cargamentos ilícitos y evitar que las rutas marítimas sean utilizadas para el traslado de sustancias prohibidas hacia otros puntos de la región.

La ubicación del procedimiento, frente al sector de la Barra Patuca, también muestra la vigilancia que mantienen las autoridades en aguas del Caribe hondureño, particularmente en zonas donde pueden converger rutas utilizadas por embarcaciones pesqueras, comerciales y aquellas vinculadas a actividades ilícitas.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, permitirá reforzar la seguridad en los alrededores de estos establecimientos con participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mientras que el INPE mantendrá a su cargo la administración y custodia interna. El objetivo apunta a controlar los accesos, impedir el ingreso de objetos prohibidos y detectar posibles amenazas.

En entrevista con Canal N, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, explicó que la declaratoria brinda el marco legal para que las Fuerzas Armadas apoyen al personal penitenciario y policial. Sin embargo, remarcó que la estrategia también contempla labores de inteligencia para identificar las estructuras que permiten a las organizaciones criminales continuar coordinando actividades desde las cárceles.

Fuerzas Armadas reforzarán el cerco perimétrico en penales declarados en emergencia

Álvarez explicó que uno de los principales objetivos será establecer un cerco perimétrico con participación del INPE, la Policía y las Fuerzas Armadas. El despliegue permitirá fortalecer la vigilancia en los alrededores de los cinco penales y controlar los puntos considerados vulnerables.

El ministro señaló que esta intervención buscará impedir el ingreso de teléfonos celulares, chips, armas y otros objetos prohibidos que puedan ser utilizados por los internos para mantener comunicaciones y coordinar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos.

Otro de los aspectos que se busca controlar es la instalación de antenas y mecanismos de comunicación clandestina alrededor de los penales. Según Álvarez, la falta de personal suficiente para realizar una vigilancia externa dificultó durante años la detección de estos elementos.

“Básicamente de lo que se trata es del marco legal para posibilitar que la Fuerza Armada pueda ayudar a la Policía y al INPE”, declaró a Canal N. El ministro añadió que este apoyo también tendrá un componente de inteligencia para detectar las nuevas modalidades empleadas por las organizaciones criminales.

Ministro de Justicia plantea reforzar la inteligencia dentro de los penales

Para Álvarez, las acciones de seguridad deben superar los operativos centrados únicamente en las requisas. El titular de Justicia sostuvo que decomisar algunos objetos prohibidos durante una intervención permite mostrar resultados inmediatos, pero resulta insuficiente para conocer cómo funcionan las organizaciones criminales dentro de los penales.

Por ello, planteó recurrir a oficiales en retiro especializados en inteligencia y seguridad, incluidos aquellos que recibieron formación en el extranjero y cuentan con décadas de experiencia. Según explicó, estas capacidades podrían incorporarse a la estrategia estatal para identificar las redes que operan desde los establecimientos penitenciarios.

La propuesta también alcanza al nuevo jefe del INPE, Abraham Lescano, cuyo nombramiento, según Álvarez, respondió a la necesidad de incorporar una nueva estrategia. El ministro precisó que la salida del anterior funcionario, Raúl Inga Garay, no obedeció a una falta y destacó su desempeño como trabajador.

Álvarez indicó que Lescano es un excoronel de la Fuerza Aérea especializado en inteligencia. “Lo que necesitamos ahora es implementar mecanismos de inteligencia al interior de cada uno de los penales y para eso tenemos que hacer una labor silenciosa”, afirmó durante la entrevista.

Gobierno busca reordenar a los internos según su peligrosidad

El Ejecutivo también iniciará un proceso de empadronamiento y clasificación de los internos para determinar si cada persona permanece en el régimen penitenciario que corresponde a su nivel de peligrosidad. La medida busca corregir diferencias detectadas en la distribución de la población carcelaria.

Álvarez señaló que existen internos que permanecen en establecimientos de máxima seguridad pese a no representar necesariamente ese nivel de riesgo. Al mismo tiempo, mencionó que algunos cabecillas de organizaciones criminales permanecen en penales comunes, pese a su capacidad de organización y violencia.

El ministro advirtió que la redistribución tendrá que realizarse de manera progresiva para evitar motines y disturbios. El objetivo es fortalecer el control penitenciario sin generar situaciones que pongan en peligro a los internos, trabajadores del INPE o agentes encargados de la seguridad.

La emergencia comenzó a ejecutarse desde el inicio del plazo de 60 días. Álvarez sostuvo que el Gobierno busca utilizar este periodo como punto de partida para una política penitenciaria de largo plazo, con mayor inteligencia, protección para los trabajadores y mejores condiciones para la resocialización de los internos. “Tiene que ser una labor silenciosa, pero eficaz y permanente”, concluyó.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, explicó que la autorización permite a EMAPE implementar seguridad para sus propias instalaciones, las obras de infraestructura que ejecuta y los espacios bajo su administración, incluidas las vías metropolitanas. Según el burgomaestre, el procedimiento se realizó bajo la normativa correspondiente y con la autorización del organismo encargado de regular el uso civil de armas.

La decisión se produjo luego de hechos delictivos registrados en algunas obras de EMAPE. Reggiardo señaló que trabajadores y contratistas fueron afectados por extorsiones y ataques, con personas fallecidas y heridas. El alcalde indicó que, ante estos hechos, la Municipalidad de Lima recurrió a la Policía Nacional, pero consideró que la respuesta no fue suficiente para brindar la protección requerida.

La autorización generó cuestionamientos del senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, quien calificó la medida como un “grave error” y planteó el riesgo de una “policía paralela”. Reggiardo rechazó esa interpretación y sostuvo que EMAPE actúa como una sociedad anónima de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con una autorización específica para sus labores de seguridad. “Eso es ciencia ficción”, afirmó al referirse a las comparaciones con policías municipales de otros países.

EMAPE podrá proteger sus instalaciones y obras

Reggiardo explicó que la autorización no contempla la creación de una policía municipal. Según su declaración, EMAPE solicitó la licencia como empresa sujeta a la Ley General de Sociedades para cumplir funciones de seguridad vinculadas con sus propios fines.

El alcalde también señaló que el alcance de la autorización se encuentra establecido en la resolución emitida por Sucamec. En ese sentido, rechazó que el personal pueda asumir funciones ajenas a los espacios y actividades bajo responsabilidad de EMAPE.

“Tenemos una licencia como empresa, como una sociedad anónima que solicita EMAPE ante Sucame. Punto, no hay más”, declaró Reggiardo al referirse al alcance de la autorización.

Frente a las críticas de Rospigliosi, el alcalde sostuvo que está dispuesto a explicar directamente el procedimiento y las atribuciones otorgadas a EMAPE. También insistió en que la medida no busca generar enfrentamientos con otras instituciones.

Personal todavía está en reclutamiento y evaluación

Uno de los puntos que requiere precisión es la situación del personal. EMAPE todavía no cuenta con un grupo operativo que realice labores armadas en sus instalaciones. Reggiardo indicó que el proceso se encuentra en una etapa de reclutamiento y formación.

La Municipalidad de Lima ya suscribió un convenio con el Ejército del Perú y, según el alcalde, se encuentra próxima a concretar otro acuerdo con las Fuerzas Armadas. La propuesta contempla incorporar a licenciados de las Fuerzas Armadas y a personal en situación de retiro para las tareas de seguridad de EMAPE.

Reggiardo explicó que una institución educativa privada especializada en seguridad ciudadana participa en la preparación y certificación del personal. El objetivo es evaluar que los integrantes seleccionados cumplan con los estándares establecidos antes de asumir estas funciones.

Por ahora, no existe una fecha exacta para el inicio de las labores con armas. El alcalde indicó que el proceso continúa y que se realizan evaluaciones para presentar una primera promoción. Ante la consulta sobre cuándo comenzará el servicio, respondió: “Yo creo que pronto, muy pronto. No te puedo decir mañana o la próxima semana”.

El personal tendrá funciones de protección

El alcalde precisó que las tareas estarán dirigidas a proteger las instalaciones de EMAPE y los espacios donde la empresa desarrolla obras de infraestructura. Ese será el ámbito específico de actuación del personal autorizado.

Reggiardo también señaló que los integrantes de este grupo no tendrán atribuciones propias de la Policía Nacional. Ante un hecho flagrante, mencionó la figura del arresto ciudadano, mediante la cual una persona puede intervenir a un presunto delincuente y ponerlo a disposición de la Policía Nacional del Perú.

“Los límites es que no pueden, eh, capturar, digamos, aunque hay una ley de arresto ciudadano”, explicó el alcalde al referirse a las facultades del personal.

De acuerdo con su explicación, el uso de armas estará vinculado con las funciones de protección asignadas a EMAPE. La Policía Nacional continuará a cargo de las competencias policiales frente a los delitos.

Otro punto que conviene corregir del texto anterior corresponde al control del personal. Durante la entrevista, Reggiardo señaló de forma expresa que la fiscalización vinculada con la autorización corresponde a Sucamec.

El alcalde sostuvo que las condiciones y controles están contemplados en la resolución mediante la cual el organismo otorgó la autorización. También afirmó que la Municipalidad de Lima puede proporcionar ese documento para que se conozcan los alcances de la medida.

Reggiardo insistió en que el procedimiento se realizó bajo el marco legal y que la autorización fue obtenida después del cumplimiento de los requisitos establecidos por Sucamec.

Municipalidad busca apoyo de las Fuerzas Armadas

El proyecto de seguridad de EMAPE también contempla la participación de personal con experiencia previa en las Fuerzas Armadas. Reggiardo señaló que la Municipalidad de Lima busca aprovechar la preparación de licenciados y efectivos en situación de retiro mediante convenios institucionales.

El alcalde mencionó además la posibilidad de una mayor articulación entre Fuerzas Armadas, municipalidades y empresas privadas de seguridad. Según explicó, existe un número importante de personas vinculadas con labores de seguridad que podría integrarse bajo mecanismos regulados por una autoridad.

En la entrevista, Reggiardo estimó que, si se consideran distintos sectores vinculados con seguridad, el contingente podría llegar a unas 500 mil personas. También planteó que este personal podría ser articulado de manera eficiente mediante una autoridad, aunque señaló que ese mecanismo todavía no existe.

La implementación específica para EMAPE continúa en la etapa de selección, capacitación y evaluación del personal, antes del inicio de las labores con armas de fuego.

Al presídium se sumaron el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado; el diputado Raúl Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; la fiscal general Ernestina Godoy; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Un mensaje centrado en la historia y la soberanía nacional

En su discurso, Sheinbaum vinculó el origen del Colegio Militar con la lucha por la independencia y la soberanía, y recordó el papel de los Niños Héroes en 1847 como uno de los “símbolos más profundos del patriotismo mexicano”. La mandataria también citó al general Felipe Ángeles, antiguo director de la institución, y su frase “nada es sagrado excepto el hombre”, así como la respuesta de Vicente Guerrero —“la patria es primero”— como referentes del espíritu que, dijo, ha acompañado a la institución a lo largo de sus generaciones.

La presidenta subrayó que las Fuerzas Armadas han estado presentes no solo en tareas de defensa y seguridad, sino en la atención a desastres naturales como terremotos, huracanes e inundaciones, y sostuvo que la formación militar debe combinar disciplina, principios y respeto a la dignidad humana.

Condecoración de Perseverancia por la Patria

Como parte del acto, se anunció el reconocimiento a un general en activo que, de acuerdo con lo señalado durante la ceremonia, es el único oficial en servicio que atestiguó la inauguración original del plantel Tlalpan hace 50 años, al cumplir medio siglo de servicio ininterrumpido.

Con base en lo establecido en los artículos 53 y 60 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la presidenta le entregó la condecoración de Perseverancia por la Patria, distinción otorgada personalmente por la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Cierre con homenaje a generaciones de cadetes

Sheinbaum cerró su intervención con un reconocimiento a directivos, maestros, instructores y personal militar y civil que han formado parte de la historia del plantel, así como a las distintas generaciones de cadetes egresadas de la institución. La presidenta llamó a las nuevas generaciones a mantener “viva la memoria de quienes les precedieron” y concluyó el acto con vivas al Heroico Colegio Militar, a sus cadetes, a las Fuerzas Armadas y a México.

La Fuerza Aérea Argentina y la Armada dieron un nuevo paso en la integración de sus capacidades con las primeras pruebas destinadas a conectar operativamente a los F-16 con los P-3C Orion. La actividad se realizó en Río Cuarto y permitió comenzar a establecer los mecanismos para que ambas plataformas puedan intercambiar información durante una operación.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont destacó el desafío operativo que implica vincular las capacidades de vigilancia del P-3 con las de combate del F-16. “Que el P-3 pueda identificar un buque en el mar argentino, marcarlo y comunicárselo al F-16 es un desafío de por sí”, señaló.

La combinación de ambas plataformas permite aprovechar las capacidades específicas de cada una. El P-3 Orion está destinado a tareas de patrulla, vigilancia, reconocimiento e inteligencia, mientras que el F-16 es una aeronave de combate multipropósito.

Link 16, la clave para conectar a los F-16 con los P-3

La integración requiere un sistema capaz de transmitir información entre las distintas plataformas. En este caso, se trata de Link 16, un enlace de datos utilizado por Estados Unidos y países de la OTAN para compartir información táctica.

El sistema permite que la información obtenida por una plataforma pueda ser compartida con otras unidades que participan de una misma operación, lo que amplía las posibilidades de coordinación entre aeronaves con funciones diferentes.

Serbin Pont destacó además la autorización de Estados Unidos para que Argentina pudiera incorporar esta capacidad. “Una de las cosas que lo destacó es que Estados Unidos le dé la luz verde al Link 16 para Argentina”, sostuvo.

Argentina adquirió 24 F-16 a Dinamarca para renovar su capacidad de combate supersónico. Los primeros ejemplares comenzaron a operar desde Río Cuarto, donde se desarrolla parte del proceso de incorporación y entrenamiento, antes del traslado de la flota a su destino definitivo en Tandil.

En paralelo, la Armada avanza con la incorporación de cuatro P-3C Orion adquiridos a Noruega. Dos de las aeronaves ya se encuentran en Trelew y se espera la llegada de un tercer ejemplar. El avión que participó de las pruebas en Río Cuarto fue uno de los primeros incorporados.

“El P-3 es una aeronave que se destaca por sus capacidades de inteligencia y de reconocimiento”, remarcó Serbin Pont.

La interoperabilidad también alcanza a otros países

El desarrollo de esta capacidad puede ampliar las posibilidades de Argentina para participar en ejercicios combinados con fuerzas que utilizan sistemas compatibles.

Serbin Pont puso como ejemplo a Chile, que opera F-16 y mantiene una agenda de cooperación militar con Argentina. “El día de mañana se hacen ejercicios conjuntos con Chile, algo que debería estar pasando con cada vez más frecuencia”, planteó.

En ese escenario, la utilización de sistemas compatibles permitiría ampliar el intercambio de información durante las operaciones. “Los F-16 chilenos van a poder comunicar datos con los F-16 argentinos y los P-3 argentinos y viceversa”, explicó.

La experiencia desarrollada en Río Cuarto funciona así como una primera instancia para que las distintas fuerzas incorporen procedimientos comunes y puedan operar sobre una misma situación con información compartida.

Black Hawk: el Ejército también avanza en la modernización de su flota

Además, Serbin Pont se refirió al proceso de renovación de los helicópteros del Ejército Argentino y anticipó novedades sobre la posible incorporación de UH-60 Black Hawk.

“Se está hablando de que finalmente se viene el primer lote de helicópteros Black Hawk”, afirmó. Según explicó, el esquema que se analiza contempla la llegada de dos ejemplares antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque aclaró que la información todavía se encuentra en desarrollo.

La eventual incorporación forma parte de un proceso más amplio de modernización de la flota de ala rotatoria. Los Black Hawk podrían reemplazar progresivamente a los UH-1H que todavía permanecen en servicio, mientras que para los Huey 2 se analiza como alternativa la incorporación de Bell 407, un modelo que ya comenzó a sumarse a las Fuerzas Armadas.

“Poder modernizar los sistemas de ala rotatoria del Ejército es una cosa que tiene mucha demanda”, sostuvo Serbin Pont.

La integración de los F-16 y los P-3 Orion muestra que el proceso de modernización no se limita a incorporar nuevas aeronaves. El objetivo también es conectarlas, compartir información y generar capacidades de operación conjunta, una condición cada vez más relevante para las misiones de vigilancia, defensa y los ejercicios combinados con otras fuerzas.

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Elementos del Comando Sumpul capturaron a dos hombres en un punto fronterizo no autorizado de Poza Redonda, en el municipio de Victoria de Cabañas Este, donde las autoridades les incautaron 75 paquetes de mercancía de contrabando valuados en alrededor de USD 1,125, según informó este miércoles la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en sus redes sociales.

La institución identificó a los involucrados como Henry Omar V. y Bryan Alexander P. Ambos fueron ubicados durante un procedimiento efectuado en el paso fronterizo no habilitado, una zona que, de acuerdo con el reporte oficial, era utilizada para trasladar productos sin el control correspondiente.

A su vez, la Fuerza Armada indicó que, además de los paquetes de mercadería, los efectivos retuvieron un vehículo, dinero en efectivo y un teléfono celular. “En el procedimiento se incautaron 75 paquetes de mercadería de contrabando”, expresó la FAES.

El procedimiento ocurrió en un paso fronterizo no habilitado

El punto señalado por parte de la Fuerza Armada está ubicado en Poza Redonda, Victoria, Cabañas Este, una zona fronteriza en la que el Comando Sumpul mantiene presencia operativa. La actuación se desarrolló en un paso no habilitado, es decir, fuera de los puestos formales de control para el ingreso y salida de mercancías y personas.

Según la publicación institución castrense, los dos hombres y los bienes retenidos fueron entregados a la Policía Nacional Civil (PNC). A partir de esa entrega, corresponde a la policía y a las instancias competentes establecer si existen elementos para iniciar una investigación penal o administrativa vinculada con el traslado de los productos.

A su vez, la Fuerza Armada presentó el caso como parte de sus acciones contra el comercio irregular en zonas fronterizas. En el mensaje difundido por sus canales oficiales, recordó que el contrabando constituye un delito y advirtió sobre las consecuencias legales que puede tener participar en este tipo de actividades.

El decomiso incluyó un total de 75 paquetes de productos cuya valuación oficial fue de aproximadamente USD 1,125. La cifra corresponde a la estimación divulgada por la institución militar.

“Ambos fueron entregados a la Policía Nacional Civil. El contrabando es un delito. No arriesgues tu libertad por dinero fácil”, detalló la FAES en sus canales oficiales.

La entrega de ambos capturados a la policía salvadoreña implica que la investigación queda bajo la órbita de las autoridades competentes, que deberá verificar la procedencia de los bienes, la ruta utilizada y la eventual participación de otras personas.

En su publicación, la Fuerza Armada informó que los hombres quedaron detenidos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Por tal motivo, tanto el vehículo, como el efectivo y el teléfono celular serán incorporados como elementos de prueba dentro de una investigación.

El caso se conoció a través de las redes sociales oficiales de la Fuerza Armada, que difundieron las identidades de los dos hombres, el lugar del procedimiento y el detalle general de los bienes incautados. La institución no proporcionó declaraciones adicionales sobre el operativo ni sobre las medidas que adoptará la PNC tras recibir a los involucrados.

El 2 de septiembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentó en su redes sociales un nuevo balance de las operaciones de la fuerza pública contra organizaciones criminales y estructuras vinculadas con el narcotráfico. En las últimas 24 horas, reportó 18 capturas, siete sometimientos a la justicia y la recuperación de cuatro menores de edad.

“¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados! En las últimas 24 horas logramos 18 capturas, 7 sometimientos a la justicia, 4 menores recuperados y un integrante del Clan del Golfo muerto en desarrollo de operaciones. Ningún miembro de nuestra Fuerza Pública fue asesinado ni resultó herido”, escribió en su cuenta de X.

Según De la Espriella, durante el periodo incluido en el informe fueron capturadas 12.575 personas. Además, las autoridades incautaron 38.637 kilogramos de estupefacientes y sacaron de circulación 1.318 armas de fuego. En materia de erradicación, la fuerza pública intervino 1.089,8 hectáreas de cultivos de coca.

“Desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública acumula 12.575 capturas, 38.637 kg de estupefacientes incautados, 1.318 armas de fuego fuera de circulación y 1.089,8 hectáreas de coca erradicadas”, aseveró el mandatario.

El balance también registró la muerte de un integrante del Clan del Golfo durante los operativos, mientras que ningún integrante de la fuerza pública murió o resultó herido en las acciones desplegadas en distintas regiones del país.

Las operaciones contra las redes de narcotráfico permitieron la incautación de 3.316 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de cocaína, 25 kilogramos de base de coca y 1.120 kilogramos de hoja de coca.

“El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra fuerza pública”, afirmó el jefe de Estado, quien anticipó que las operaciones continuarán.

Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra alias Calarcá y otros cabecillas de grupos armados ilegales

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra alias Calarcá y otros cabecillas e integrantes de grupos armados ilegales que habían quedado suspendidas durante la política de Paz Total, una decisión que se produjo tras una solicitud formal del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentada el 28 de agosto de 2026 y después del cierre de las distintas mesas de diálogo.

La resolución, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, levantó de manera formal la suspensión de los requerimientos judiciales que pesaban sobre varios integrantes de estructuras armadas en el territorio colombiano.

El documento dejó sin efecto los beneficios jurídicos del Gobierno Petro para integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. También incluyó a representantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, conocida como la Segunda Marquetalia, y a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En el listado correspondiente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la decisión deja sin efecto los beneficios para los siguientes miembros:

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá: máximo cabecilla de la fracción disidente conocida como el Estado Mayor Central (EMC).

• Javier Alfonso Velosa García, alias Dionisio: jefe del frente 33 de las disidencias de las Farc y responsable de ataques en la región oriental del país.
• Roland Arnulfo Torres Huertas, alias Boyacá: comandante histórico de finanzas y seguridad de la estructura en el departamento del Meta y la región del Ariari.

Por parte de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, conocida como la Segunda Marquetalia (también de las disidencias), la reactivación de las órdenes abarca a los siguientes representantes:

• José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza: veterano excomandante de las Farc, segundo al mando del grupo armado y jefe de la delegación de diálogos.
• Giovanni Andrés Rojas, alias Araña: jefe militar con accionar en el departamento de Putumayo a través de la estructura Comandos de Frontera.
• Allende Perilla Sandoval: cabecilla con alta presencia e influencia en las zonas de conflicto del Pacífico nariñense.

En cuanto a la organización armada Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la resolución emitida por el ente acusador incluye a los siguientes integrantes:

• José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo: mando clave de la estructura en la región Caribe y con nexos delictivos en la zona.
• Loryn Emilio Pertuz Ballestas, alias Sebastián o “York”
• Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso
• Elmer David Reyes Carrillo
• Jhon Rafael Salazar Salcedo
• Daniel Bravo Arias

Luego de haber otorgado un aumento, el Gobierno estableció un nuevo esquema de suplementos salariales para el personal de las Fuerzas de Seguridad Federales y el Servicio Penitenciario Federal a través del decreto 845/2026 que oficializó esta madrugada.

La medida modifica distintos beneficios no remunerativos y no bonificables para la Policía Federal (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Para la Policía Federal se incorporó la compensación “Responsabilidad Profesional Sanidad”, que percibirá en forma mensual el personal profesional con título habilitante afectado a tareas de salud dentro de la Superintendencia de Bienestar.

En Gendarmería y Prefectura Naval se creó el suplemento “Destino Estratégico de Operaciones”, para quienes cumplan tareas operativas en zonas con índices críticos de conflictividad, con montos fijos por grado. Ese beneficio no podrá superar el 16% del personal en actividad de cada fuerza, aunque el Ministerio de Seguridad Nacional, con aval de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, podrá ampliar ese límite en situaciones críticas y temporales.

Para la PNA se suma además el suplemento “Alto Riesgo de Grupos Especiales”, dirigido al personal de la Unidad de Operaciones Policiales Especiales de la Agrupación Albatros y al personal de Infantería que conduzca operaciones de alto riesgo.

Ambas fuerzas también incorporan el suplemento “Zona”, que se cobrará de manera proporcional al tiempo de permanencia en los puntos geográficos determinados, donde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva podrá para modificar esos destinos y coeficientes, previa intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

En la PSA se crea la bonificación “Destino de Alta Complejidad” para el personal de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de categorías A y B, incompatible con los suplementos por Jefatura, Tarea Jerárquica y cargo o función intermedia.

Todos estos adicionales son en su mayoría incompatibles entre sí y con el “Servicio de Seguridad Adicional”, una compensación con cargo a los aportes de los requirentes que se limita a 180 horas mensuales y se abona en la Ciudad de Buenos Aires y en jurisdicción federal del resto del país. También se crea la compensación “Recargo de Servicios” para tareas extraordinarias fuera del horario habitual, con un plus del 100% cuando el exceso supera las cinco horas diarias.

Además, fijaron el haber mensual del personal alumno del Servicio Penitenciario Federal: 779.942,83 pesos para el cadete de primer año y 894.362,74 pesos para el aspirante. En paralelo, se derogó el artículo que había creado el suplemento por “Función de Prevención Barrial” en Gendarmería.

En la reciente edición de Boletín Oficial, el Gobierno incluyó también dos nuevos beneficios salariales para el personal militar en actividad. Lo hizo mediante el decreto 846/2026 el cual modifica la Reglamentación de la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y operativiza el “Suplemento por Alta Especialización”, previsto en esa norma pero hasta ahora sin condiciones concretas de aplicación.

El decreto desdobla ese suplemento en dos figuras. La primera, el “Suplemento por Alta Especialización Operacional”, alcanza al personal que acredite la Aptitud Especial de Comandos y se encuentre destinado en organismos de operaciones especiales, o bien en organizaciones que ejecuten operaciones de excepcional complejidad con estándares superiores de selección y adiestramiento.

La segunda, el “Suplemento por Operación y Sostenimiento de Sistemas de Armas de Alta Performance”, será percibido por quienes cuenten con capacitación o certificación técnica específica y estén afectados de forma directa a la operación o el mantenimiento de esos sistemas.

En ambos casos, el Ministerio de Defensa determinará los requisitos funcionales y técnicos exigibles, el personal comprendido y los organismos o sistemas de armas alcanzados. La liquidación será mensual.

La incorporación de los adicionales mencionados en lo que respecta al personal militar, se suma a la resolución conjunta 44/2026 establecida con el Ministerio de Economía que fijó un nuevo esquema de haberes mensuales para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales.

La norma actualiza los valores vigentes desde septiembre de 2026 y reemplaza la escala fijada en julio que rigió para el trimestre junio-agosto.

El artículo 1° establece el haber mensual del personal militar en actividad según cada jerarquía, con los montos detallados en el Anexo I, mientras que el artículo 2° actuó sobre el personal de la Policía de Establecimientos Navales, cuyos importes constan en el Anexo II.

La medida se enmarca en la pauta de incrementos salariales acordada en el ámbito de la negociación colectiva de la Administración Pública Nacional para los meses de septiembre a diciembre de 2026, de aplicación escalonada.

Según ese esquema, el personal militar recibirá una suba del 6,9% a partir del corriente mes. Ese ajuste se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, con lo cual la recomposición proyectada del haber militar llegaría a un 32% durante todo el año.

El Gobierno publicó este lunes en Boletín Oficial las modificaciones salariales que se venían gestionando en las últimas semanas, incluso algunos ya confirmados. Se trata de incrementos escalonados para el personal de la Administración Pública Nacional y las fuerzas de seguridad federales, con vigencia a partir de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Las subas quedaron instrumentadas mediante los decretos 832/2026 y 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.

La iniciativa será un incremento acumulado del 12,22% sobre el haber entre septiembre y diciembre de 2026. El primer aumento será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal de las Fuerzas Armadas sin distinción de grado ni jerarquía, así como a los suplementos calculados sobre esa base.

Los incrementos se aplican en cuatro tramos mensuales consecutivos y alcanzan a los trabajadores permanentes y no permanentes del Estado comprendidos en el convenio colectivo homologado por el decreto 214/06.

En lo que refiere a las fuerzas de seguridad, la actualización para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) comprende el haber mensual, el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado militar de gendarme. Además, se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) a los efectivos desplegados en los Planes Operativos del Ministerio. La medida alcanza a 3.510 efectivos, con una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, y hasta 35% en las jerarquías más bajas.

Por su parte, Prefectura Naval Argentina (PNA), tendrá una suba que abarca el haber mensual y la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado policial en actividad. También se crea el mismo suplemento para el personal desplegado en esos planes y un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Tanto Gendarmería como Prefectura actualizan el Suplemento Zona, con nuevos destinos y coeficientes, alcanzando aproximadamente a 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

Mientras, la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una actualización del haber mensual del 30%, el suplemento por Zona, el valor del Servicio de Policía Adicional y las compensaciones de Custodia y Custodia Ferroviaria.

En lo que respecta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se actualizaron algunos ítems del decreto 836/08 y la compensación por Recargo de Servicio, como también se crea una bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, que alcanza a 2.100 efectivos y representa hasta un 15% de incremento del haber neto para las categorías más bajas.

En el caso del Servicio Penitenciario Federal (SPF), vio modificados el haber mensual, las compensaciones por Fijación de Domicilio y Variabilidad de Vivienda, el complemento por Función Ejecutiva, los suplementos por Zona Sur y Título Académico, el Régimen de Viáticos, el Resarcimiento de Gastos y el Reintegro de Gastos de Sepelio. También se crean los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios y se regulariza la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

Esta medida había sido anticipado por Infobae a partir de la información de una fuente relacionada con el tema sobre los valores que constan en los anexos que integran la medida. En los últimos meses, hubo diferentes incrementos salariales y bonos extraordinarios destinados a este sector, y todos estos beneficios fueron oficializados por resoluciones del Poder Ejecutivo.

De hecho hace algunos meses se estableció un suplemento salarial específico dirigido a todo el personal de las Fuerzas Armadas que acredite la obtención de títulos superiores. Esta disposición comenzó a regir desde el 1° de julio y está destinada tanto al personal en actividad como a los retirados y pensionados. Dicho reconocimiento económico por la formación académica y la profesionalización del capital humano militar, forma parte de los valores actualizados.

En paralelo se conocieron también los ajustes para los empleados de la Administración Pública. El acuerdo paritario, homologado por el decreto 832/2026, fijó subas del 1,90% a partir del 1° de septiembre de 2026, del 1,80% desde el 1° de octubre, del 1,60% desde el 1° de noviembre y del 1,50% desde el 1° de diciembre, siempre sobre las retribuciones vigentes al último día del mes anterior. Cada porcentaje se aplica de forma acumulativa sobre la base actualizada del mes previo.

El mismo decreto estableció la prórroga del Premio Estímulo a la Asistencia hasta fin de año —con actualización de sus montos— y mantuvo las sumas fijas remunerativas y no bonificables previstas por el decreto 56/20 en idénticos valores hasta fin de año.

También se dispuso una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, de carácter excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes de diciembre de 2026. La propuesta oficial se cerró el 25 de agosto en un porcentaje de 6,8%, además del bono.

Sin embargo esta actualización solamente fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a diferencia de la AsociaciónTrabajadores del Estado (ATE) que rechazó la oferta y anunció inminentes medidas de fuerza por considerarla insuficiente.

Docentes de la Administración Central y hora cátedra

Mediante el decreto 834/2026, también aumentaron el valor de la hora cátedra para el personal docente retribuido por ese concepto en la Administración Central y organismos afines. Los montos quedaron fijados en $8.982 desde el 1° de septiembre, $9.144 desde el 1° de octubre, $9.290 desde el 1° de noviembre y $9.429 desde el 1° de diciembre de 2026.

Escuela Nacional de Bibliotecarios e ISER

Para los cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, los nuevos valores se detallan en el Anexo I del mismo decreto.

El cargo de Bedel del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pasará a percibir $122.664 en septiembre, $124.872 en octubre, $126.870 en noviembre y $128.773 en diciembre.

Personal en la Antártida y Curia Castrense

El adicional remuneratorio por prestaciones de servicios en la Antártida para el personal militar se actualizó a $1.598.124 desde el 1° de septiembre, $1.626.890 desde el 1° de octubre, $1.652.920 desde el 1° de noviembre y $1.677.714 desde el 1° de diciembre de 2026.

En tanto que las remuneraciones de los integrantes de la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense también fueron actualizadas por el decreto 834/2026, con los valores escalonados que constan en el Anexo IV.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció este domingo que las Fuerzas Armadas asumirán el control perimétrico de algunos establecimientos penitenciarios del país, aunque reconoció que todavía no puede precisar cuándo comenzará esta intervención.

En diálogo con Cuarto Poder, el titular del portafolio explicó que el Gobierno prepara un decreto supremo para establecer las condiciones de la participación militar en los penales, una medida que, según dijo, busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y frenar las operaciones de las organizaciones criminales que se coordinan desde las cárceles.

“Los penales son la última trinchera del delito, son los centros de operaciones del crimen organizado”, afirmó al señalar que el secuestro de un empresario minero en Trujillo y el asesinato de sus cuatro acompañantes fueron planificados desde tres establecimientos penitenciarios bajo el control de la organización criminal ‘Los Pulpos.’

En ese sentido, planteó la instalación de retenes militares y sistemas de escáneres corporales para controlar a las personas, vehículos y proveedores que ingresen a los establecimientos.

Consultado sobre el inicio de la intervención, el titular de Defensa evitó precisar una fecha y dijo que espera la firma del decreto supremo. “Ya tengo todo el equipamiento para un primer penal”, afirmó al mencionar que entre los establecimientos considerados figuran El Milagro, en Trujillo, Challapalca y los penales de Ancón.

Explicó que la implementación dependerá de la aprobación de la norma y la disponibilidad de equipos, aunque aseguró que ya dispone de algunos escáneres corporales utilizados durante el proceso electoral y que gestiona otros con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el apoyo de Estados Unidos.

La intervención anunciada se limitaría al control de los perímetros de los penales, mientras que el objetivo de combatir directamente a las organizaciones criminales requeriría que estas sean declaradas “grupos hostiles”, una condición que permitiría a las Fuerzas Armadas realizar operaciones militares contra ellas.

Belaúnde mencionó que organizaciones como el ‘Tren de Aragua’, ‘Los Pulpos’, ‘Los Choneros’ de Ecuador y el ‘Comando Vermelho’ de Brasil, estas dos últimas presentes en el país, deberían recibir esa calificación.

También reconoció que las Fuerzas Armadas no cuentan con efectivos suficientes para desplegar militares en cada línea de transporte, una de las actividades más afectadas por las extorsiones y asesinatos.

Ante las críticas por la respuesta del Estado frente a la inseguridad, el funcionario pidió tiempo al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y afirmó que se está reconstruyendo el sistema de seguridad y penitenciario. “Yo entiendo que la población, y con derecho, esté indignada, pero necesitamos también que nos dejen gobernar”, afirmó.

El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En 2020, fue detenido durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en esa provincia.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, informó este domingo 30 de agosto que el plan comenzará en el penal Ancón I, conocido como Piedras Gordas. Luego, la medida se aplicará en otros cuatro establecimientos, con una posible ampliación a más cárceles del interior del país.

El esquema contempla la instalación de retenes militares en los exteriores de los penales. Desde esos puntos se realizarán controles destinados a evitar el ingreso de celulares, chips, armas, drogas y otros elementos prohibidos.

La propuesta también incorpora equipos tecnológicos para las inspecciones. Entre ellos figuran escáneres personales, dispositivos para revisar bultos, detectores de metales e instrumentos destinados a comprobar el funcionamiento de los inhibidores de señal para teléfonos celulares.

Ancón I será el primer penal bajo el nuevo esquema

De acuerdo con lo informado por el ministro de Defensa, Ancón I será el primer establecimiento donde se aplicará el plan piloto. El Gobierno prevé utilizar este centro penitenciario como punto inicial antes de trasladar el sistema a otros cuatro penales.

La participación militar estará concentrada en las zonas exteriores y en los accesos. El personal encargado del control deberá revisar a las personas antes de su ingreso, sin excepciones por su vínculo con el establecimiento penitenciario.

La disposición alcanza al personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a las visitas y a los proveedores de alimentos. Todos deberán pasar por los mecanismos de inspección establecidos para esta etapa.

Según Belaúnde Llosa, los reportes de inteligencia ubican a los centros penitenciarios como puntos desde los cuales se realizan comunicaciones relacionadas con extorsiones. Por ello, el plan incorpora tanto controles físicos como mecanismos tecnológicos.

Escáneres y detectores serán parte de las revisiones

El equipamiento tendrá un papel central en las inspecciones. El Ministerio de Defensa informó que ya dispone de algunos dispositivos para iniciar el despliegue en Ancón I, mientras continúa el proceso de adquisición de otros recursos.

Dos escáneres personales que permanecían en Palacio de Gobierno fueron puestos a disposición del sector Defensa. Además, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) brindó apoyo con equipos destinados a la revisión de bultos.

Los detectores de metales también forman parte de los recursos disponibles para la primera etapa. Estos dispositivos permitirán reforzar la revisión de las personas y de los objetos antes del ingreso al recinto.

Belaúnde explicó que la finalidad del sistema es impedir el acceso de elementos prohibidos. “Lo que se busca es que nada que no debe estar dentro del penal ingrese al penal, es decir, celulares, chips, armas, drogas”, señaló el ministro de Defensa.

Los escáneres personales permitirán ampliar el alcance de las inspecciones más allá de los objetos metálicos visibles. El ministro precisó que estos equipos también pueden identificar elementos ocultos en el cuerpo.

“Vamos a desplegar equipos de escaneo personal que detectan, no solamente objetos metálicos, cualquier cosa que está acoplada al cuerpo o escondida en una cavidad va a poder ser detectada”, afirmó Belaúnde.

El plan contempla, además, el bloqueo de las señales de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. Esta medida apunta a impedir comunicaciones desde los penales mediante teléfonos móviles.

El funcionamiento permanente de los inhibidores también será objeto de supervisión dentro del esquema previsto por el sector Defensa. De esta forma, el control combinará la revisión de personas, paquetes y vehículos con herramientas destinadas a restringir las comunicaciones telefónicas.

Cinco penales forman parte de la primera etapa

La primera fase comprende cinco establecimientos penitenciarios. Ancón I será el punto de inicio y los otros cuatro penales serán incorporados de forma progresiva, de acuerdo con la disponibilidad del equipamiento necesario.

El Ministerio de Defensa continúa con la adquisición de los dispositivos requeridos para completar el despliegue. El inicio en Piedras Gordas está previsto en el menor tiempo posible, según lo señalado por el titular del sector.

La ampliación del esquema dependerá de la implementación de los equipos y de la evaluación posterior de los resultados obtenidos en los primeros cinco establecimientos. El ministro indicó que esa revisión permitirá definir los siguientes pasos del plan.

El primer establecimiento incluido en esta estrategia será el penal Ancón I, conocido como Piedras Gordas. Según explicó el titular del Ministerio de Defensa, el esquema se extenderá después a otros cuatro penales, con posibilidad de ampliar su aplicación según los resultados de la primera etapa.

La propuesta busca impedir el ingreso de celulares, chips, armas y drogas a los centros penitenciarios. Belaúnde sostuvo que los reportes de inteligencia identifican a los penales como uno de los principales puntos desde los cuales se realizan llamadas vinculadas con extorsiones.

El ministro también detalló que el control estará a cargo de personal militar ubicado en retenes instalados fuera de los establecimientos. El acceso quedará sujeto a una revisión previa, sin distinción entre visitantes, trabajadores o personas que ingresen por motivos vinculados con los servicios penitenciarios.

Ancón I será el primer penal con el nuevo control

Belaúnde explicó que Ancón I, en Piedras Gordas, será el primer punto de aplicación del plan. Para esta etapa, el sector ya dispone del equipamiento necesario para iniciar las revisiones.

Entre los recursos previstos figuran escáneres personales, sistemas para revisar paquetes, detectores de metales e instrumentos destinados a verificar el funcionamiento permanente de los inhibidores de señal para teléfonos celulares.

El ministro señaló que parte de los equipos proviene de instituciones que brindaron apoyo para acelerar la puesta en marcha. En ese sentido, indicó que Palacio de Gobierno cedió dos equipos de escaneo personal que permanecían en sus instalaciones para su uso en Piedras Gordas.

También mencionó el respaldo de la SUNAT para disponer de equipos destinados al control de bultos. Los detectores de metales forman parte de los recursos considerados para esta primera fase.

El ministro explicó que el objetivo consiste en impedir el ingreso de objetos prohibidos mediante controles físicos y tecnológicos. “Lo que se busca es que nada que no debe estar dentro del penal ingrese al penal, es decir, celulares, chips, armas, drogas”, señaló.

Respecto de los equipos de escaneo personal, indicó que permitirán detectar objetos metálicos y elementos ocultos. “Vamos a desplegar equipos de escaneo personal que detectan, no solamente objetos metálicos, cualquier cosa que está acoplada al cuerpo o escondida en una cavidad va a poder ser detectada”, afirmó.

El plan comenzará con cinco establecimientos

El titular de Defensa precisó que la primera etapa contempla cinco penales. Ancón I será el punto de partida y los otros cuatro establecimientos se incorporarán conforme el sector disponga del equipamiento requerido.

Belaúnde señaló que la implementación en Piedras Gordas se realizará en poco tiempo, mientras que la ampliación hacia los demás penales dependerá del abastecimiento y despliegue de los equipos.

Después de completar los primeros cinco establecimientos, el Gobierno realizará una evaluación para determinar los siguientes pasos. El ministro indicó que, a partir de los resultados obtenidos, se definirá si el esquema se amplía o se reduce.

El Gobierno anunciará un incremento en los salarios que perciben los militares, así como el resto del personal que integra las Fuerzas Armadas. Según confirmaron a Infobae, dicho aumento salarial se aplicará a partir del mes de septiembre y sería de entre 7% y 10%.

El porcentaje oficial que corresponde al aumento, así como los demás detalles vinculados a esta actualización, serían dados a conocer públicamente en el momento en que se lleve a cabo una comunicación oficial específica sobre el tema. En los últimos meses, hubo diferentes incrementos salariales y bonos extraordinarios destinados a este sector, y todos estos beneficios fueron oficializados por resoluciones del Poder Ejecutivo.

A comienzos del mes de agosto, el Gobierno otorgó una suma fija de $50.000 a la totalidad de los integrantes en actividad pertenecientes tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas policiales y de seguridad federales. Esta decisión por parte de la administración nacional fue hecha pública a través de dos publicaciones que se emitieron en el Boletín Oficial.

La disposición adoptada en ese entonces fue excepcional, es decir, no se repetirá, además de que este monto es remunerativo y no bonificable. La suma correspondiente se pagará en una única ocasión junto con el salario mensual que corresponde al mes de agosto, alcanzando a decenas de miles de agentes que forman parte de las distintas fuerzas bajo la órbita y administración del Estado nacional.

En este contexto, la misma resolución se implementó a través de la firma de los decretos 695/2026 y 696/2026. Estos decretos fueron rubricados por el presidente Javier Milei, por enjefe de Gabinete, Diego Santilli, y, también, por quienes están al frente de los ministerios de Defensa y de Seguridad, es decir, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente. Para cada ministerio con competencias sobre las fuerzas comprendidas en la medida, fue dispuesto un acto administrativo separado y diferenciado.

El texto oficial fundamentaba que la medida respondía a la necesidad de ajustar o actualizar los ingresos de este personal, con la finalidad de preservar el poder adquisitivo de sus salarios, ya que contempla las demandas y el grado de compromiso asociados con las funciones que desempeñan.

Por otra parte, el Gobierno decidió hace algunos meses establecer un suplemento salarial específico dirigido a todo el personal de las Fuerzas Armadas que acredite la obtención de títulos superiores. Esta disposición comenzó a regir desde el 1° de julio y está destinada tanto al personal en actividad como a los retirados y pensionados. El beneficio fue instituido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 y tiene como finalidad reconocer la formación académica y la profesionalización del capital humano militar; para ello, se otorga una suma adicional que se agrega al haber mensual bruto y que será automáticamente actualizada a medida que se vayan concretando futuros aumentos de salario.

El Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Presti, recibió la responsabilidad de comunicar la decisión adoptada por Milei. El suplemento establecido se implementó en tres tramos diferenciados: un 10% para quienes tengan tecnicaturas o títulos terciarios, un 15% para aquellos que cuenten con títulos universitarios de grado y un 25% para quienes dispongan de especializaciones, maestrías o doctorados.

Este beneficio comprende tanto al personal militar que está actualmente en actividad, como también a los retirados y pensionados. El acceso a este reconocimiento no depende de si el beneficiario ocupa o ha ocupado el rol de oficial o suboficial, sino que la condición para percibirlo es haber presentado los títulos académicos correspondientes por parte de cada uno de los integrantes del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

En ese momento, voceros oficiales explicaron a Infobae que la propuesta fue diseñada para responder a una demanda histórica, planteada por las Fuerzas Armadas desde el año 2013, la cual busca igualar las condiciones de los militares respecto a otros organismos de la Administración Pública Nacional y frente a las fuerzas federales de seguridad, en cuyos ámbitos ya se encuentran en vigencia mecanismos similares para el reconocimiento de la formación académica.

El desplazamiento de batallones de ingeniería y maquinaria pesada del Ejército del Perú hacia la región Piura marca el inicio de una nueva etapa en las acciones de prevención ante el Fenómeno El Niño (FEN).

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa (Mindef), desde la guarnición de Mesones Muro, en Amazonas, parte el Batallón de Ingeniería de Combate de Selva N.º 116, mientras que el Batallón de Ingeniería de Construcción N.º 1 se traslada desde la guarnición de Jazán.

La movilización se complementa con el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 7, proveniente de Lambayeque, y el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 51, que parte de Sullana hacia el distrito de Catacaos.

El personal militar y los equipos, entre ellos bulldozers y volquetes, ejecutarán trabajos de limpieza y descolmatación de cauces y quebradas, así como la rehabilitación de vías.

El objetivo es reducir el riesgo de desbordes y mitigar el impacto de las lluvias intensas previstas para los próximos meses. “Esta movilización se realiza en cumplimiento de lo anunciado días atrás por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien informó sobre el despliegue progresivo de unidades de ingeniería y equipos mecánicos del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional”, señala el comunicado de la cartera.

La estrategia de defensa no se limita a la costa norte. En la Sierra de Lima, específicamente en la provincia de Canta, el Batallón de Ingeniería N.º 21 interviene en la apertura y limpieza del camino vecinal Anayca-Collo, mientras que en Santa Eulalia se ejecutan labores de descolmatación en cauces y ríos mediante retroexcavadoras y maquinaria pesada. Estas tareas buscan mantener despejados los accesos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante eventuales precipitaciones.

Según el Ejército, el despliegue incluye 22 batallones de ingeniería y 219 equipos mecánicos, “que vienen siendo desplegados progresivamente para fortalecer las acciones de prevención y la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias”.

Inversiones privadas y públicas

Hace unos días se conoció que la región Piura se prepara para enfrentar el fenómeno El Niño con una capacidad de inversión estimada en S/ 4,352 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), según datos de ProInversión.

Esta herramienta permite que el sector privado financie proyectos de infraestructura, prevención y servicios públicos, contribuyendo a reducir vulnerabilidades en el territorio.

De acuerdo con ProInversión, S/ 2,657 millones corresponden al Gobierno Regional, S/ 1,614 millones a gobiernos locales y más de S/ 80 millones a universidades públicas. “Obras por Impuestos es una herramienta que ayuda a prepararnos para enfrentar la emergencia a nivel nacional”, afirmó Luis Del Carpio Castro, presidente ejecutivo de ProInversión.

Durante el evento “Fenómeno El Niño: prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, autoridades, empresarios y gremios coincidieron en que es necesario acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para la seguridad y el desarrollo de la región. Entre 2009 y 2026, Piura ha adjudicado 78 obras mediante OxI, sumando S/ 1,514 millones e involucrando a cerca de 50 empresas y entidades públicas.

Actualmente, la región maneja una cartera de 46 proyectos potenciales por S/ 1,517 millones, enfocados en vías urbanas, educación y reducción de brechas sociales. La jornada de trabajo en Piura incluyó la firma del Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo, que agrupa a sectores públicos y privados para impulsar obras de alto impacto.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) incautaron 1961 municiones de guerra de diferentes calibres y detuvieron a dos personas en un operativo ejecutado en la provincia de Pataz, región La Libertad.

La intervención, denominada “Némesis”, fue dirigida por el Comando Unificado Pataz e incluyó acciones coordinadas en los centros poblados de Yalén y Pueblo Nuevo. Autoridades del Ministerio de Defensa (Mindef) informaron que el operativo responde a la estrategia de control territorial y combate a las organizaciones criminales que operan en la zona.

Durante la operación se decomisaron también 50 explosivos, dos armas de fuego tipo Galil y CZ Scorpion, una escopeta, pistolas, cargadores de proyectiles, radios de comunicación y un chaleco antibalas.

El material incautado y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar las diligencias e investigaciones señaladas por la ley. “Vamos a mantener la presencia de las fuerzas del orden en la provincia y reforzar la seguridad de la población”, informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado oficial.

La intervención “Némesis” se suma a la reciente operación “Sol Naciente”, realizada días antes en el mismo sector. En esa ocasión, el Comando Unificado Pataz logró la detención de dos personas, además del decomiso de tres fusiles CZ Scorpion, un R-15, una escopeta, cuatro pistolas y 52 explosivos junto a una cantidad significativa de municiones y cargadores abastecidos.

Ambas operaciones forman parte del despliegue permanente del Comando Operacional del Norte, que mantiene el control del territorio para preservar el orden interno.

“Las acciones de control territorial y lucha contra la criminalidad se mantendrán activas en la región, orientadas a reforzar la seguridad de la población”, dijo el jefe del operativo.

Incautación de dinamita y materiales explosivos en Puno

En paralelo, la Policía Nacional ejecutó un operativo en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, región Puno, donde se logró la detención de un camión cargado con materiales explosivos valorados en más de S/ 500 mil.

La intervención, realizada en la intersección de los jirones Mama Ocllo y San Pedro, permitió decomisar 34 cajas de dinamita, 12 cajas de mecha, tres cajas de detonadores y cinco cajas de fulminantes.

El vehículo interceptado fue tasado en aproximadamente S/ 100 mil y el detenido, Wilber Condori Quispe, quedó bajo custodia policial. Según la PNP, estos explosivos suelen estar asociados a delitos como minería ilegal y extorsión en el sur del país. “El cargamento tendría un valor aproximado de S/ 580 mil”, precisó una fuente policial citada por medios locales.

De acuerdo con el Ministerio del Interior (Mininter), la información que permitió la intervención surgió de labores de inteligencia desarrolladas por agentes especializados de la Dirin.

El seguimiento al camión concluyó en la detención en una zona estratégica, y el caso permanece bajo investigación para esclarecer la red de traslado de explosivos en la región.

La Policía Nacional del Perú destacó que el operativo constituye uno de los decomisos más importantes del año en el altiplano, intensificando la vigilancia sobre el tráfico de explosivos por la cercanía con zonas de actividad minera informal.

El encuentro se realizó pasadas las 11:00 en las Bodegas del Pacífico de la Gobernación del Chocó, en el Barrio de Cabí, desde donde se organiza la ayuda para las zonas más afectadas por el desastre natural.

El lugar es el principal centro de acopio de alimentos y provisiones, y el único de atención humanitaria oficial que existe en la zona, ubicado en la periferia del municipio de Quibdó.

En ese sitio se encuentran trabajando desde hace semanas, además de la comitiva argentina, los uniformados y voluntarios locales, por lo que el jefe de Estado fue a saludarlos y agradecerles por el esfuerzo.

Como parte de su recorrido, el mandatario observó las actividades de recepción, almacenamiento, organización y distribución de la ayuda humanitaria destinada a los diferentes sectores afectados por la emergencia.

Según pudo saber este medio, De la Espriella dedicó un momento de la actividad para conversar con los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas, a quienes saludó uno por uno.

El Presidente colombiano estuvo acompañado por la primera dama, Ana Lucía Pineda; la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, entre otras autoridades nacionales, departamentales y militares que participan de las acciones de respuesta y recuperación.

“En Quibdó Chocó, recorro las Bodegas del Pacífico para verificar de primera mano el almacenamiento y la gestión logística de los insumos esenciales para nuestra gente. En la era del Tigre garantizamos que la ayuda llegue a donde se necesita. ¡Firme por la Patria!”, escribió el mandatario.

Durante el acto, además, supervisó el desarrollo del despliegue de ayuda humanitaria que las autoridades militares de los dos países coordinan desde hace días en esa región.

El domingo, la gobernadora Córdoba Curi también visitó por su cuenta al contingente argentino, que se quedará cerca de 10 días más en el sitio, y destacó su compromiso, profesionalismo y trabajo coordinado junto al Ejército Nacional de Colombia.

La delegación, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Presti, y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que encabeza Marcelo Dalle Nogare, desplegó personal y elementos clave para la emergencia.

Según la información oficial, el contingente integra personal del Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina para brindar apoyo logístico, comunicaciones y asistencia médica. La misión dispone de plantas de potabilización y distribución de agua, además de 4.000 raciones de campaña para asistir a los damnificados.

El traslado de las tropas y los insumos se efectuó mediante medios aéreos propios, incluyendo un Hércules C-130 para el transporte de la cocina de campaña y la planta potabilizadora, junto a un Embraer RJ-17 para el traslado de los 32 efectivos desplegados.

La operación se desarrolla en articulación directa con la XV Brigada del Ejército Nacional de Colombia, bajo los lineamientos establecidos por la Cancilleria, por lo que Pablo Quirno también intervino.

Durante la jornada, De la Espriella recorrió los centros de acopio y verificó el funcionamiento de los equipos instalados y supervisó los albergues y la coordinación de un plan integral de reconstrucción.

El trabajo conjunto entre ambos países busca fortalecer la capacidad de respuesta ante las condiciones geográficas y sanitarias complejas del departamento para facilitar no solo la asistencia de las víctimas, sino también la recuperación de la infraestructura crítica.

La presencia de las Fuerzas Armadas argentinas en Colombia fue una nueva señal de la cooperación bilateral, pero también de la buena relación del mandatario local con Javier Milei.

Este vínculo se vio fortalecido semanas atrás cuando el líder libertario viajó a Cali para asistir a la asunción de De la Espriella. Durante aquel encuentro, ambos exhibieron una notable sintonía política.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada describieron la reunión como un diálogo fluido donde coincidieron en la necesidad de profundizar los lazos comerciales y de cooperación en seguridad regional.

El argentino fue uno de los primeros jefes de Estado en instalarse en la ciudad y, al recibirlo, el colombiano le expresó su admiración por la gestión que viene realizando al frente de la Casa Rosada y le presentó a sus hijos.

Los presidentes compartieron una agenda privada donde analizaron los desafíos económicos de la región, consolidando una relación personal que facilita hoy la celeridad en el envío de ayuda.

En cuanto al operativo de las Fuerzas Armadas, el mismo se mantendrá en el territorio hasta que las condiciones permitan una transición hacia la fase de reconstrucción definitiva.

La logística desplegada por el gobierno argentino garantiza la potabilización y distribución de agua, además de proveer las raciones de campaña para las poblaciones más vulnerables.

Por su parte, De la Espriella mantiene su agenda centrada en la atención inmediata a las localidades damnificadas, mientras avanza con las autoridades de la ciudad en la gestión de los recursos necesarios para la recuperación de la zona.

Recientemente, las FFAA también prestaron asistencia en Venezuela tras el doble terremoto que azotó también a ese país y que dejó todavía más fallecidos y edificios completamente desplomados.

En ese caso, se trató de un despliegue de alta complejidad que se extendió durante 18 días de operaciones ininterrumpidas. El contingente, integrado por 146 efectivos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, realizó tareas críticas de búsqueda y rescate, asistencia sanitaria y producción de agua potable.

Con el apoyo de binomios caninos y sistemas aéreos no tripulados, los rescatistas desplegaron 234 patrullas en zonas de riesgo, logrando localizar con vida a dos menores y recuperar 51 cuerpos entre los escombros.

Además de las labores de salvamento, el personal militar garantizó el suministro de servicios esenciales para la población damnificada. Durante el operativo, los especialistas produjeron 210.000 litros de agua potable y distribuyeron diariamente raciones de comida y suministros logísticos en los centros de evacuación.

La misión, que operó en coordinación con agencias internacionales y autoridades locales, concluyó con el repliegue gradual de los efectivos una vez finalizada la etapa crítica de búsqueda, marcando un hito en la capacidad de despliegue rápido de las fuerzas nacionales en escenarios de catástrofe regional.

Después de intensas jornadas, y gracias también a equipos aportados por el gobierno del país caribeño, durante ese episodio los uniformados lograron además encontrar el cuerpo de Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que había quedado atrapado entre los escombros.

Durante casi dos años, uno de los responsables directos de la seguridad del hoy expresidente de la República Gustavo Petro permanece bajo el escrutinio público por una acusación de acoso sexual presentada por una oficial del Ejército: en un caso del que no se conocían detalles, pero que causó escozor en las redes sociales por la manera en que se habría registrado el suceso.

El caso despertó una serie de interrogantes en la institución militar y en la opinión pública debido al cargo que ocupaba el señalado: Sammy Ernesto Rodríguez, que fue edecán de la Casa de Nariño durante el Gobierno anterior y que desde junio de 2026 fue llamado a juicio disciplinario tras encontrarse evidencia de un presunto acoso contra la mayor y abogada Diana Marcela Sierra.

Al respecto, Noticias Caracol reveló el domingo 23 de agosto los contundentes testimonios del incidente que ocurrió la noche del 13 de mayo de 2025, en el Cantón Militar de Palonegro, en Bucaramanga, en donde la mayor Sierra afirmó haber sido víctima de acoso sexual y agresiones verbales por parte del entonces mayor Rodríguez: que se habría sobrepasado con fuertes calificativos e, incluso, sacó a relucir su labor con el ex jefe de Estado.

En su declaración ante el Ministerio Público, Sierra relató que, tras auxiliar a Rodríguez que se encontraba en estado de embriaguez y no podía ingresar a la unidad militar, fue objeto de comentarios y tocamientos de connotación sexual dentro de su vehículo, mientras su hijo de 12 años estaba presente. Una situación a su juicio bochornosa, en la que dijo sentirse ultrajada.

“Cuando ya a la altura del CRM me dice: ¿Dianita, usted sabe hacer el amor rico?”, afirmó Sierra, en su testimonio recogido por el medio de comunicación. La situación escaló cuando, al exigir respeto, Rodríguez intentó tocarla y, posteriormente, la insultó, señalando su cercanía con el círculo de seguridad presidencial. Frente a lo sucedido, la reacción de rechazo fue, por demás, inmediata.

Fue en ese momento, cuando Rodríguez al parecer la insultó con frases ofensivas y la amenazó, al reiterar su posición de poder: “Yo trabajo con Petro, usted no sabe con quién se metió, la voy a mandar para la mierda, no la voy a dejar ascender”, según consta en la denuncia difundida por el medio sobre este caso, en la que en su defensa el implicado expresó que venía de un velorio de un superior.

Así habrían intentado persuadir a la víctima para no revelar lo sucedido con el exedecán de Petro

De acuerdo con el expediente divulgado por el citado medio, varios oficiales de la Segunda División del Ejército Nacional y suboficiales presenciaron o intervinieron en los hechos, y sus testimonios forman parte del proceso. Entre ellos, la cabo Yuliana Clavijo confirmó el estado de embriaguez de Rodríguez y la actitud agresiva que mostró hacia personal militar y civiles, con toda clase de insultos.

El sargento primero César Chica también respaldó la denuncia e informó sobre la negativa inicial de Rodríguez a identificarse y la solicitud de drogas ilícitas durante el episodio. Tanto la denunciante como su entorno reportaron presiones posteriores, con visitas y mensajes de oficiales cercanos a Rodríguez, como el mayor Anderson Quiroga, que le habrían pedido que no denunciara para evitar consecuencias.

“Me decía que por favor no dijera nada, que porque eso había sido un pequeño error de mi mayor, que él era un hombre muy correcto, que él ya había tomado con él, que no entendía por qué había pasado eso, que él estaba a cargo de él y que si yo denunciaba, él se iba a meter en problemas”, recordó Sierra en diálogo con el referido medio televisivo, en el fue reiterativa en los calificativos usados.

Además, su esposo recibió amenazas y mensajes injuriosos, acompañados de fotos personales extraídas de una cuenta de Google hackeada, según la información revelada por Sierra a Noticias Caracol. La investigación disciplinaria avanzó con la recopilación de videos, reconstrucción de la escena y la toma de testimonios de 17 militares, entre ellos superiores directos de Rodríguez y la denunciante.

El pliego de cargos elaborado por la Procuraduría General de la Nación sostiene que existen pruebas de actos de hostigamiento de connotación sexual y tratos humillantes hacia el personal militar. El documento resaltó la responsabilidad agravada que tenía Rodríguez por su posición como edecán de Presidencia y la confianza depositada en él para la protección del entonces jefe de Estado.

El expediente reseñado en contra del hoy coronel Rodríguez recoge también la declaración del esposo de la mayor Sierra, Miguel Plata, que aseguró que el implicado en estos hechos le pidió interceder ante su esposa para evitar que el caso escalara. “Yo sé que la embarré… fue por culpa de unos tragos fue que la embarré”, citó Plata en el expediente divulgado por Noticias Caracol.

El propio Rodríguez, que ya no hace parte de la Casa Militar de la Presidencia no compareció ante la Procuraduría, pues alegó una comisión de servicios en Austria, y presentó su defensa por escrito, en la que atribuyó su comportamiento a una crisis emocional provocada por la pérdida de su teléfono móvil con información sensible y negó cualquier conducta de acoso contra la oficial Sierra.

Medidas adicionales de la Procuraduría

La Procuraduría también solicitó investigar si existió una conducta inadecuada hacia el hijo menor de la mayor y abrió un expediente paralelo por presuntos tratos degradantes hacia otros miembros del Ejército. Además, pidió indagar al mayor Anderson Quiroga por presunta obstrucción al proceso disciplinario al intentar que Sierra no formalizara su denuncia ante el alto mando militar.

El caso adquirió una nueva dimensión cuando, en junio de 2026, el Ministerio de Defensa aprobó el ascenso de Sammy Rodríguez a teniente coronel, pese a que el proceso disciplinario seguía abierto. La abogada de la mayor Sierra, Ángela Ramírez, declaró al citado medio que el ascenso contraviene el Decreto 1799 de 2000, que prohíbe promociones mientras exista un pliego de cargos pendiente.

Según el reporte, el nombramiento fue firmado por el entonces ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Noticias Caracol intentó obtener la versión de Rodríguez sobre las acusaciones, pero hasta el momento no ha respondido a las solicitudes de entrevista, en un caso que sigue abierto bajo investigación disciplinaria y penal.

Perú prepara una capacidad operativa de 39 helicópteros para atender emergencias vinculadas con el fenómeno El Niño. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Estado cuenta actualmente con cerca de 19 aeronaves y destinará 300 millones de soles para ampliar esa disponibilidad hasta diciembre.

La estrategia también contempla equipos para mantener la conectividad terrestre ante posibles interrupciones por lluvias, desbordes y otros eventos asociados al fenómeno climático. El Gobierno dispone de 22 puentes Bailey en stock y prevé recibir 55 unidades adicionales antes de diciembre.

El despliegue de recursos incluye además apoyo de las Fuerzas Armadas, hospitales temporales y espacios destinados a la atención de personas afectadas por posibles emergencias. Según Vinelli, existen 250 puntos previstos para la instalación de albergues en caso de evacuaciones.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) también informó sobre las medidas adoptadas para vigilar la producción agrícola y reducir riesgos ante eventuales alteraciones en el abastecimiento de alimentos. Entre los cultivos bajo seguimiento figuran productos como limón, mango, uva, papa y arroz.

Gobierno incrementará la disponibilidad de helicópteros

Marco Vinelli explicó que la capacidad aérea constituye uno de los recursos previstos para responder ante emergencias y facilitar desplazamientos hacia zonas que puedan quedar aisladas.

“Tenemos ahorita alrededor de 19 helicópteros y estamos haciendo un esfuerzo de 300 millones (de soles) y vamos a tener para diciembre 39 helicópteros para poder hacer desplazamientos en caso se necesite”, indicó en RPP.

A este recurso se suman tres buques BAP de la Marina de Guerra del Perú, previstos para brindar apoyo con medicinas, agua potable y ayuda humanitaria.

El ministro también señaló que EsSalud dispone de tres carpas para hospitales temporales, ubicadas en Tumbes, Piura y Lambayeque, listas para su instalación cuando sea necesario.

Puentes Bailey y personal militar forman parte del dispositivo

El Gobierno dispone de 22 puentes Bailey almacenados y espera incorporar 55 adicionales antes de diciembre. Con ello, se prevé contar con 77 estructuras para atender eventuales interrupciones de vías.

Vinelli también informó que 13.000 efectivos del Ejército están preparados para intervenir ante emergencias relacionadas con desbordes. A esta capacidad se suman los puntos previstos para albergues.

Uno de los trabajos señalados por Midagri corresponde al río Piura. Según Vinelli, este cauce soporta actualmente un flujo aproximado de 1.500 metros cúbicos por segundo, mientras que un escenario de El Niño extremo podría elevar el caudal hasta 4.000 metros cúbicos por segundo.

“Si viene El Niño extremo que señalan, estaríamos llegando a 4,000 metros cúbicos por segundo y dada la condición actual, no soportaría y se aparecerían muchos desbordes. Pero nosotros estamos anticipándonos a ese peor escenario y estamos limpiando todo el río Piura para que tenga una capacidad de pasar el agua de alrededor de 3,900 metros cúbicos por segundo”, explicó.

El ministro indicó que también se realizan labores de descolmatación en Tumbes y Lambayeque. Sobre el plan de manejo integral de cuencas, señaló que el avance en Piura era de cero por ciento al momento del cambio de Gobierno del 28 de julio, aunque otras regiones presentaban avances.

En La Libertad, Vinelli mencionó las obras relacionadas con las quebradas que afectan a Trujillo. Según detalló, la derivación de las quebradas hacia el río Moche ya está culminada, mientras permanece pendiente la limpieza de ocho kilómetros del río.

Lima y otras regiones concentran puntos críticos

El trabajo preventivo también incluye la cuenca del río Rímac, donde fueron identificados puntos críticos. Vinelli informó que se encontraron 12 geomallas almacenadas y que un decreto de urgencia permitió disponer su instalación en 10 quebradas de Lima.

“Las regiones donde más puntos críticos tenemos son Piura, Lima y Arequipa”, subrayó.

La respuesta institucional también quedó bajo una comisión especial integrada por los ministros de Defensa, Vivienda, Economía y Finanzas y Agricultura, junto con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

“Por ejemplo, si se necesita un helicóptero o un avión, podemos conversar con el ministro Defensa y disponer rápidamente, si se necesita una cisterna, con el ministro de Vivienda, o si se necesita temas presupuestarios, se puede conversar con el Ministro de Economía en este seno de la comisión y se pueden atender más rápido las emergencias”, explicó.

El lunes pasado, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado su propuesta de reforma constitucional de seguridad, la que entre otras cosas le otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos básicos como la libertad personal, de desplazamiento y el derecho de reunión, razón por la cual ha recibido críticas de parlamentarios de todos los colores políticos y abogados constitucionalistas.

La iniciativa, que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y tiene como fin ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, establece también que el mandatario podrá aplicar dicho Estado de Excepción en zonas o barrios específicos, permite interceptar comunicaciones y documentos sin necesidad de la autorización de un juez, y amplía las facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, creando además una nómina oficial de organizaciones criminales y terroristas.

Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requiere de un quórum de cuatro séptimos (29 votos) para su aprobación en el Senado, cuestión que se vuelve cuesta arriba tras el descuelgue de parlamentarios oficialistas que acusaron una falta de diálogo previo, y los reparos de la oposición en pleno.

Las críticas de la oposición

Conocido el texto final, uno de los primeros en elevar la voz fue el ex presidente Gabriel Boric quien el martes, durante el lanzamiento de un libro del exministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a la oposición ha adoptar “una posición clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del presidente de la República, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena”.

De la misma opinión fue la exministra vocera de la administración de Boric, Camila Vallejo, quien acusó al Gobierno de intentar pasar “gato por liebre”, pues con la excusa del combate al crimen organizado, persigue “introducir una especie de régimen autoritario para que el Presidente de la República concentre más poder a costa de la libertad de los ciudadanos”.

Según Vallejo, la reforma “no garantiza mayor efectividad en la persecución del delito, sino que lo único que garantiza es que pasemos a Estados de Excepción sumamente más duros, donde limitan las libertades”.

Otro que se mostró en contra fue el senador independiente por Magallanes Karim Bianchi -considerado un “voto bisagra”-, quien aseguró que “así como está, la vamos a rechazar. Hoy día no están los votos y el mío tampoco. Voy a esperar que haya cambios, que escuchen y que logren hacer algo que tenga sentido, porque esto no tiene sentido”.

En tanto, el diputado Patricio Pinilla (DC), sostuvo que “Pinochet, donde quiera que esté, debe estar bien contento porque ha encontrado un buen alumno en el ministro (de Seguridad), Martín Arrau. El nivel de autoritarismo al que nos quieren llevar nos sorprende y nos preocupa y nos llama a una reflexión como país.”

Los descuelgues del oficialismo

Por otra parte, las señales de alerta en el oficialismo ya se veían venir desde el domingo previo al ingreso del proyecto al Congreso, cuando el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, aseguró que aunque respaldan el fondo de la propuesta, “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional (...) Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones?”, agregó el timonel gremialista en conversación con La Tercera.

Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), manifestó que “el estado de emergencia de hasta 240 días sin intervención del Congreso es algo que, teniendo hoy cuatro estados de emergencia —de asamblea, de sitio, de emergencia y de catástrofe—, le otorga al presidente una cantidad de atribuciones que yo creo, lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de derecho”,

Asimismo, el líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, recordó que “lo que se viola o se restringe en un Estado de Excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos. Y esa restricción de los derechos de todos los ciudadanos solamente se puede hacer o se debe hacer en un periodo lo más corto posible”.

Finalmente, el senador Matías Walker (Demócratas), afirmó taxativo que “tendría que colgar mi título de abogado si quisiera votar a favor” y llamó este viernes al Gobierno a retirar la reforma pues conlleva un profundo riesgo para el orden democrático.

“Después de la crítica transversal que ha habido respecto de la reforma constitucional, lo más aconsejable es que el gobierno retire el proyecto, haga un trabajo prelegislativo y podamos generar las reformas que generen consenso y que sean eficaces para el objetivo de perseguir el crimen organizado”, indicó.

“No se puede hacer política con la Constitución. La Constitución requiere un amplio consenso porque esta herramienta en manos de un mal gobierno puede llevar al quebrantamiento del orden democrático”, cerró Walker.

Los reparos de los expertos constitucionalistas

Como era de esperar, la prensa se volcó a conocer la opinión de abogados y expertos en la materia que también se mostraron contrarios a la reforma, como el constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, quien tildó la iniciativa de “populismo constitucional”.

“Recurrir a la reforma de la Constitución para sembrar la expectativa de que con esta reforma yo resuelvo los problemas de seguridad pública, no sólo es populismo, es también irresponsable”, afirmó en el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile.

Ello, puesto que de acuerdo al abogado, gran parte de las medidas propuestas —como los registros de organizaciones criminales o regímenes carcelarios especiales— no requieren una reforma a la Carta Fundamental y pueden abordarse mediante leyes ordinarias o reglamentos.

Por su parte, Jaime Gajardo, abogado y exministro de Justicia de la administración de Boric, sostuvo que el proyecto es “preocupante, porque lamentablemente es el camino que han tomado principalmente gobiernos que han derivado en autoritarios. Esto altera la distribución de poderes que hay en nuestra Constitución; le entrega al presidente la posibilidad de calificar él si una organización es terrorista o no, no a los tribunales de justicia. Eso es completamente ajeno a nuestra tradición“.

Mientras tanto, Juan Ignacio Martínez, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, culpó al Gobierno de “fetichismo constitucional” y se mostró más que preocupado por el plazo de hasta 240 días del Estado de Excepción.

“Si usted hace una lectura de los demás Estados de Excepción constitucional, salvo de Asamblea, que durará mientras dure la guerra externa, el promedio, por ejemplo, del Estado de Sitio, es de 15 días renovables. Estado de Emergencia, 15 días renovables, y en las renovaciones siempre interviene el Congreso”.

“Aquí también intervendría el Congreso, pero después de 120 días (pudiendo renovarlo por otros 120) Esos 120 días, desde el punto de vista de la homogeneización de las normas internas de la Constitución, parecen algo desproporcionado. Desde el punto de vista de los derechos que se pueden restringir, es más o menos lo que uno ya ve en situaciones como el Estado de sitio, por ejemplo”, expuso en conversación con el periodista Tomás Moscciati de BioBíoChile.

“Si se llegara a aprobar un Estado de Excepción particular como este, a mí lo que me inquieta fundamentalmente son dos cuestiones: uno, el plazo, que me parece muy excesivo. Y lo segundo, es importantísimo que no se toquen las facultades de los tribunales para conocer de eventuales infracciones a los derechos fundamentales de las personas. Eso se tiene que resguardar sí o sí, cualquiera sea el estado de excepción que se aplique”, agregó.

Al cierre, el experto en temas constitucionales fue tajante: “Si usted me pregunta, como profesor de Derecho, yo no habría hecho esto. A mí me parece que es muy innecesario”, remató el experto.

Así las cosas, ahora la propuesta deberá ser debatida por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública, antes de llegar a la Sala del Senado para su votación.

La Presidencia de la República Dominicana informó que el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó este 20 de agosto de 2026 en Santo Domingo el acto de despedida del equipo de fuerzas especiales que representará al país en Fuerza Comando Paraguay 2026, una competencia multinacional que reunirá a unidades élite de 17 países.

Durante la ceremonia, el teniente general entregó la bandera nacional a la delegación y afirmó: “Ustedes parten llevando dentro de su pecho el honor de representar a la República Dominicana y a sus Fuerzas Armadas”.

De acuerdo con el comunicado, Fernández Onofre sostuvo que la fortaleza de un soldado de fuerzas especiales no se limita a la condición física ni a la preparación técnica, sino que también se apoya en el carácter, la resiliencia, la fortaleza mental, el liderazgo y la capacidad de mantener la claridad y la cohesión del equipo bajo altos niveles de presión.

La competencia regional

El ministro señaló que la bandera simboliza el compromiso de demostrar profesionalismo y nivel de preparación ante las demás naciones, y agregó: “Cuando esta bandera esté en sus manos, recuerden que ustedes no van solos”, al mencionar el respaldo del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor General, sus compañeros de armas y el pueblo dominicano.

La nota precisó que Fuerza Comando Paraguay 2026 contará con equipos de Estados Unidos, Jamaica, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Brasil, México, Argentina, Belice, Perú y El Salvador, que enfrentarán pruebas de resistencia, precisión, velocidad, planificación, dominio técnico, coordinación y trabajo en equipo.

En el acto estuvieron presentes viceministros de Defensa, el inspector general de las Fuerzas Armadas y subcomandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto a oficiales generales y superiores, instructores y entrenadores.

Traspasos de mando en el Ejército y la Fuerza Aérea

El ministro de Defensa Carlos Fernández Onofre encabezó este 19 de agosto las ceremonias de traspaso de mando en el Ejército y la Fuerza Aérea de República Dominicana, en cumplimiento del Decreto núm. 557-26 del 16 de agosto, emitido por el Poder Ejecutivo. En el Ejército de República Dominicana, el mayor general Jimmy Arias Grullón asumió como comandante general en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quien pasó a ocupar el cargo de inspector general de las Fuerzas Armadas.

El acto se realizó en la Plaza de Ceremonias del Campamento Militar “16 de Agosto”, con el ceremonial militar correspondiente y la entrega de la bandera institucional, símbolo del traspaso de autoridad, responsabilidad y mando.

Más tarde, en la Base Aérea de San Isidro, el mayor general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo asumió como comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana en reemplazo del mayor general Floreal T. Suárez Martínez.

Durante las ceremonias se señaló que estos relevos forman parte del proceso de renovación en la conducción militar y buscan asegurar la continuidad de las políticas, planes y operaciones de las Fuerzas Armadas vinculadas a la defensa y la seguridad nacional.

Nuevas funciones de las Fuerzas Armadas en el sistema penitenciario

Durante su intervención, Galarreta precisó que las Fuerzas Armadas no asumirán la custodia interna de los penales, pero establecerán un cerco externo que controlará el ingreso y salida del personal del INPE. El control incluirá el uso de detectores de metales y otros dispositivos para impedir el ingreso de objetos prohibidos. Según el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas responde a la necesidad de incrementar la fiscalización y reducir los riesgos de complicidad o filtración de bienes ilícitos hacia el interior de las cárceles.

Galarreta subrayó que esta acción permitirá mayor supervisión y fiscalización sobre los penales, especialmente en un contexto de hacinamiento y creciente actividad del crimen organizado dentro de las prisiones.

Medidas para reducir el hacinamiento y mejorar la fiscalización

El titular del gabinete ministerial anunció el traslado de internos condenados por delitos menores, principalmente aquellos vinculados a alimentos o sin violencia, a cuarteles y hangares habilitados a través de convenios con el INPE. “Mientras menos personas tengamos hacinadas, mayor supervisión se podrá realizar”, afirmó Galarreta. Los internos trasladados realizarán trabajos y talleres fuera de los penales convencionales, lo que facilitará el control de la población penitenciaria restante.

La presidenta Keiko Fujimori mantiene el compromiso de construir penales de máxima seguridad, aunque reconoció que estos proyectos requieren tiempo para concretarse. Mientras tanto, el Ejecutivo retomará la edificación de establecimientos penitenciarios abandonados y acelerará los procedimientos para habilitar nuevas infraestructuras, según lo expuesto por Galarreta.

Endurecimiento del régimen penitenciario y bloqueo de comunicaciones

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros también anunció que se bloquearán las señales de comunicación en los penales para impedir que sean utilizados como centros de operaciones del crimen organizado. Además, se endurecerá el régimen para los internos de alta peligrosidad, quienes enfrentarán restricciones en las visitas y periodos de aislamiento más prolongados. “No tendrán privilegios ni beneficios dentro del penal”, señaló Galarreta, remarcando la intención de restablecer el control y la disciplina en estos espacios.

Refuerzo de la lucha contra la extorsión y modernización policial

En el marco de la lucha contra la extorsión y el crimen organizado, Galarreta informó sobre la inversión de diecinueve millones de soles para fortalecer la división de investigación de extorsiones. Antes de diciembre de 2026, está prevista la entrega de vehículos, drones, cámaras, computadoras de alta gama, software de análisis criminal y equipos de protección para la Policía Nacional.

Por otro lado, el sistema automatizado de identificación biométrica AFIS será implementado en quince unidades policiales de investigación criminal y criminalística, con la meta de contar con equipamiento biométrico operativo durante 2026. Además, la Policía Nacional avanza con la implementación de un sistema de biovigilancia inteligente basado en inteligencia artificial, que se proyecta en funcionamiento para julio de 2027, destinado a apoyar la investigación forense y la respuesta en tiempo real.

Compromiso con la seguridad ciudadana y el orden estatal

Durante la presentación, Galarreta enfatizó que el actual gobierno no busca confrontar, sino resolver problemas estructurales del país. “Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”, afirmó. La Política General de Gobierno 2026-2031 se articula en cinco ejes: seguridad ciudadana, reducción de la vulnerabilidad frente a desastres, desarrollo integral de las personas, mayor productividad y consolidación de la gobernabilidad democrática.

“El Estado tiene que volver a funcionar para la gente”, concluyó Galarreta ante el pleno, comprometiendo a su gabinete a ejecutar y rendir cuentas sobre las medidas anunciadas.

Durante su exposición ante la Cámara de Diputados, el titular describió el panorama institucional que recibió el actual gobierno. El funcionario señaló que encontraron “un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”, con una burocracia que, según sus palabras, “llega tarde al delito, a las emergencias y a las necesidades de las familias”.

Aseguró que la administración anterior acumuló recursos sin distribuir y mantuvo procedimientos que complicaron la vida de los ciudadanos, quienes cada día se ven amenazados por la extorsión y delincuencia.

“Durante demasiado tiempo faltaron liderazgo y gestión, y se toleraron la incapacidad, la inacción, la improvisación, el abandono, la mentira, el mercantilismo, el facilismo y la corrupción”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros.

Refuerzo de operativos y expulsión de extranjeros

Uno de los anuncios señaló que se reforzará los operativos de control e identificación de extranjeros en situación irregular, con procedimientos para expulsar a quienes no cumplan con la normativa.

“Aplicaremos los procedimientos correspondientes para quienes deban ser expulsados del país, como ya lo hicimos días atrás. Estas acciones contarán con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas”, declaró Galarreta.

El presidente del Consejo de Ministros afirmó que existen barreras legales y burocráticas que han dificultado la expulsión de extranjeros en situación irregular. Es así que anunció que el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas para agilizar estos procesos y corregir las normas que han permitido que personas detenidas por delitos violentos recuperen su libertad.

“También reforzaremos los operativos de control e identificación de extranjeros en situación irregular, aplicando los procedimientos correspondientes para quienes deban ser expulsados del país, como ya lo hicimos días atrás. Estas acciones contarán con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, incluyendo el reforzamiento del resguardo de nuestros transportistas y de las zonas más vulnerables”, señaló.

Detalló que el gabinete ha sostenido reuniones con la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Poder Judicial y el Ministerio Público para coordinar la lucha contra la criminalidad. Galarreta señaló que parte de la estrategia es revisar y corregir el sistema de flagrancia, para que los delitos sean procesados con rapidez y proporcionalidad.

Cabe precisar que las ‘leyes pro crímenes’ fueron respaldadas y aprobadas por una amplia mayoría multipartidaria de su partido.

También anunció la ampliación progresiva del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos, con el objetivo de cubrir quince distritos judiciales priorizados.

No habrá voto de confianza

La exposición ante el Congreso de la República se realizó en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que establece la obligación de presentar la Política General de Gobierno al inicio del mandato. A diferencia de años previos, esta presentación no conlleva la solicitud de una cuestión de confianza.

Luis Galarreta estuvo acompañado por la totalidad de los miembros del Gabinete Ministerial durante la sesión, la primera celebrada tras el restablecimiento de la bicameralidad en el Parlamento.

Francia tiene nuevas normas y proyectos en el ámbito de defensa. El Gobierno ha promulgado la actualización de la Ley de Programación Militar (LPM) para 2024-2030, que contempla una inversión adicional de 36.000 millones de euros y otorga nuevas herramientas al Estado para reforzar el control sobre la economía de guerra, la movilización ciudadana y la industria nacional de defensa. El texto, publicado el 16 de agosto, responde a la necesidad de adaptar el modelo militar francés a los retos estratégicos actuales, según explica del Ministerio de Defensa.

La nueva ley pone el foco en sectores como los drones, la guerra electrónica, la defensa antiaérea, el espacio y la preparación operativa, considerados prioritarios para la seguridad nacional. El refuerzo presupuestario permitirá acelerar la adquisición de municiones, renovar equipos críticos y aumentar la preparación de las fuerzas armadas. El Estado gana margen para exigir a las empresas reservas estratégicas y puede priorizar pedidos industriales destinados a la defensa, asegurando el suministro de materiales, componentes y productos esenciales.

Impulso industrial de Francia

El presidente Emmanuel Macron y la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, han destacado la importancia de que Francia esté en condiciones de responder a cualquier contexto, incluso ante una posible crisis de gran magnitud en Europa. La reciente actualización de la Ley de Programación Militar tiene como objetivo fortalecer el tejido industrial nacional, priorizando a los fabricantes que producen en territorio francés y generando nuevas oportunidades de empleo y actividad económica.

El texto aprobado refuerza la apuesta por la investigación y el desarrollo en áreas tecnológicas estratégicas, buscando mantener la competitividad internacional de la industria de defensa francesa. El presupuesto asignado también contempla el impulso a la innovación y la modernización de los equipos, lo que permitirá al país adaptarse a los desafíos de seguridad del futuro y asegurar el suministro de material esencial a las fuerzas armadas.

Control del Gobierno y movilización ciudadana

La actualización de la ley introduce el estado de alerta de seguridad nacional, que podrá activarse por decreto del gobierno ante amenazas graves y actuales. Esta medida otorga al Estado más herramientas para proteger los intereses fundamentales y la información estratégica del país, además de reforzar las medidas preventivas contra la divulgación de datos sensibles. La norma amplía la capacidad estatal para orientar la economía hacia las necesidades de defensa, incrementando la flexibilidad en la gestión de recursos y la planificación estratégica.

En el plano social, transforma la jornada de defensa y ciudadanía en una jornada de movilización, centrada en actividades que fortalezcan la cohesión nacional y permitan a los jóvenes de 18 a 25 años acercarse a la defensa y al servicio militar. El Servicio Nacional voluntario y selectivo ofrece a los jóvenes la oportunidad de adquirir competencias profesionales y desempeñar un papel activo en la protección del territorio nacional. El Ministerio de las Fuerzas Armadas subraya que esta actualización consolida la base industrial y tecnológica, impulsa la innovación y mejora la capacidad de reacción ante escenarios de crisis.

La presencia española en la misión de la ONU en Líbano cumple 20 años. Este aniversario coincide con el regreso de más de 850.000 desplazados a sus hogares. La ministra de Defensa, Margarita Robles, realiza una visita oficial a las tropas españolas desplegadas en el país este miércoles, en medio de una escalada de la actividad militar en el sur libanés. ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) advierte que, aunque se estén produciendo retornos, la situación sigue siendo muy peligrosa.

Los militares españoles se encuentran en la base Miguel de Cervantes, próxima a la localidad de Marjayún, que alberga el Cuartel General del sector Este de la misión de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (Finul), liderado por España. El despliegue español, iniciado en septiembre de 2006, mantiene actualmente unos 650 militares en la zona, tras haber alcanzado un máximo de 1.100 efectivos. El contingente realiza patrullas para vigilar la ‘Blue Line’, la frontera entre Líbano e Israel, y trabaja junto a las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) para evitar una escalada.

La efeméride de los 20 años se produce en un momento de especial preocupación por el aumento de la violencia. Entre el 5 y el 16 de agosto, Finul registró un promedio de 137 proyectiles diarios lanzados en el sur del país, dentro de un repunte de la actividad militar israelí. Aunque existen acuerdos de alto el fuego, los ataques aéreos israelíes durante el fin de semana provocaron nuevos desplazamientos, con cientos de familias huyendo hacia el norte. El Ministerio de Defensa ha informado que desde el inicio de la misión en 2006 han muerto 15 soldados españoles en Líbano.

Retornos, daños y necesidades humanitarias

A pesar del retorno de unas 860.000 personas a sus zonas de origen, ACNUR advierte que la crisis de desplazamiento y las necesidades humanitarias siguen vigentes. Muchas familias regresan a viviendas dañadas, con servicios sanitarios y de abastecimiento de agua limitados. La situación de seguridad continúa siendo frágil. Las restricciones a la movilidad y el riesgo por restos explosivos de guerra afectan amplias zonas del sur del país y la región de la Bekaa. Aunque la intensidad de los enfrentamientos ha disminuido, los desplazamientos no han cesado y unas 360.000 personas permanecen sin poder regresar a sus casas, incluidas al menos 22.000 en alojamientos colectivos. Muchas familias dependen de viviendas alquiladas o de la acogida de familiares.

Según denuncia el organismo, ACNUR en Líbano apenas ha recibido el 24 % de los fondos necesarios, lo que limita la cobertura de las necesidades básicas de la población desplazada y retornada. Sin un apoyo sostenido, miles de familias seguirán afrontando desafíos para reconstruir sus hogares y restablecer sus medios de vida. Por ello, desde la organización, aseguran que se trata de una “crisis lejos de terminar”. En medio de un contexto muy complejo, los cientos de soldados españoles continúan desplegados. Según ha explicado Robles en múltiples ocasiones, los militares seguirán allí mientras la ONU así lo consideren.

El canciller Pablo Quirno anunció formalmente el envío de un contingente especializado de asistencia humanitaria a Colombia, en respuesta al sismo de magnitud 7,4 que el pasado 10 de agosto sacudió al país y dejó cerca de 300 muertos, más de 4.000 heridos y decenas de desaparecidos. La misión, denominada “Operación Colombia”, estará integrada por 32 efectivos de las Fuerzas Armadas y partirá desde la I Brigada Aérea de El Palomar a bordo de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.

El despliegue fue confirmado mediante un comunicado oficial de la Cancillería argentina fechado el 18 de agosto de 2026, así como a través de la cuenta en X del propio Quirno. La misión es resultado de una coordinación entre la Cancillería y los Ministerios de Defensa, Seguridad y Salud, en articulación con las autoridades colombianas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, que identificó las necesidades prioritarias sobre el terreno.

El contingente llegará a Quibdó, capital del departamento del Chocó y una de las zonas más golpeadas por la catástrofe. La ciudad, ubicada a orillas del río Atrato en una región de selva densa, precipitaciones intensas y conectividad vial limitada, representa un desafío logístico particular: las vías fluviales constituyen el principal medio de acceso a numerosas comunidades del área.

El equipamiento que transportará el Hércules C-130 incluye una planta potabilizadora de agua con capacidad de captación, potabilización y distribución, una cocina de campaña, equipamiento de cadena de frío, sistemas de comunicaciones radiales y satelitales, y 7.500 raciones individuales de emergencia. Parte de esas raciones será distribuida entre la población afectada; el resto garantizará el autoabastecimiento del personal militar durante el tiempo que permanezca desplegado.

El operativo prevé el uso de dos aeronaves. Mientras el Hércules transportará la carga logística, un Embraer RJ-140 trasladará a los 32 integrantes del contingente. El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, coordinó la partida, prevista en el aeropuerto El Palomar.

Un eje central de la misión es la provisión de agua potable a las comunidades afectadas, una necesidad crítica tras un terremoto de esta magnitud. A esa capacidad se suma un dispositivo de comunicaciones orientado a generar redundancia en los sistemas instalados en los hospitales de la región, y un centro de distribución de alimentos que operará mediante la cocina de campaña.

La preparación del personal incluyó medidas sanitarias específicas para operar en una región tropical. Los 32 efectivos completaron un protocolo que abarcó vacunación y medidas preventivas frente a enfermedades propias del ambiente selvático, entre ellas la malaria. Las condiciones climáticas y sanitarias del Chocó formaron parte de los factores contemplados en la planificación.

El operativo será coordinado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo supervisión del Ministerio de Defensa. La Cancillería intervino por canales diplomáticos para canalizar los requerimientos formulados por Colombia y determinar qué capacidades argentinas podían dar respuesta a las necesidades identificadas tras el sismo.

En su publicación en X, Quirno subrayó que el despliegue se coordina “conjuntamente con nuestro Ministerio de Defensa y la @UNGRD en función de las necesidades de las autoridades colombianas”, y cerró con un número de emergencia para ciudadanos argentinos en territorio colombiano: +57 316 875 9292.

El comunicado oficial de la Cancillería, por su parte, reiteró “el acompañamiento a la República de Colombia y su disposición a colaborar en las tareas de respuesta y recuperación frente a la emergencia”. La misión constituye el único despliegue militar argentino destinado específicamente a la asistencia humanitaria en Colombia tras el terremoto del 10 de agosto.

A pesar de las críticas de la oposición y los reparos de algunos parlamentarios oficialistas, el Gobierno de José Antonio Kast sigue adelante con su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), paquete de más de 30 iniciativas legales y una reforma constitucional que busca entre otras medidas desplegar a las Fuerzas Armadas e intervenir 50 barrios críticos.

Este lunes, el Ejecutivo le puso pie al acelerador e ingresó con suma urgencia al Congreso dos proyectos de ley que son parte la ACOT: uno que tipifica como delito levantar barricadas y otro que crea el sistema de registros de ADN.

Una vez ingresadas las iniciativas, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, indicó que “a los 21 proyectos de la ACOT que ya están en el Congreso, hoy sumamos dos nuevas iniciativas que ingresan con suma urgencia. El combate al crimen organizado es una prioridad de este gobierno, por eso pedimos la colaboración de los parlamentarios para poder avanzar en una agenda que representa plenamente a la ciudadanía”.

El nuevo delito de levantar barricadas

Así las cosas, la primera propuesta busca modificar el Código Penal y tipificar como delito el levantar barricadas, a fin de proteger el derecho a la libre circulación y los servicios de transporte.

Así, el primer inciso sanciona “con la misma pena actualmente vigente (presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días), a quien, sin estar autorizado, interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas, vehículos o el funcionamiento regular de cualquier medio o servicio de transporte, público o privado, de pasajeros o de carga, cualquiera sea la vía o infraestructura por la cual opere”.

El segundo inciso precisa que estos medios pueden ser “terrestres, ferroviarios, subterráneos, marítimos, fluviales, lacustres y aéreos, entre otros—, así como los vehículos e infraestructura asociados a su funcionamiento”.

El tercer inciso establece que el delito se configurará incluso si no existe empleo de violencia o intimidación.

Sistema Nacional de Registros de ADN

La segunda iniciativa crea el Sistema Nacional de Registros de ADN y en su artículo 1° incorpora a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones (PDI), como “organismos habilitados para practicar los exámenes y pruebas biológicas destinados a determinar huellas genéticas”, en adición al Servicio Médico Legal (SML).

El artículo 2°, en tanto, faculta a Carabineros y la PDI para ingresar dicha información al sistema, aunque con la misma obligación del SML de no hacerlo si la víctima se niega o no existe una instrucción previa de la Fiscalía local.

Finalmente, Carabineros y a la PDI también podrá cotejar dicha huella genética en el Sistema Nacional de Registro de ADN, y tendrán la responsabilidad de entregar esa información a la Fiscalía y el tribunal correspondiente.

Los cambios en el gobierno de República Dominicana continúan. El presidente Luis Abinader designó al general Ernesto Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional, lo ascendió a mayor general y dispuso una reorganización en las Fuerzas Armadas y otras áreas del Estado mediante los decretos 558-26 y 557-26, firmados el 16 de agosto.

La decisión también colocó en honrosa situación de retiro al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, tras el cese de sus funciones al frente de la Policía Nacional. La medida derogó además el artículo 1 del Decreto 111-26, del 17 de febrero de 2026, que había nombrado al titular anterior de la institución.

Según la Presidencia de la República Dominicana, Rodríguez García asumirá la conducción de la Policía en cumplimiento de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que exige que el director general sea un oficial general policial activo y ostente el rango de mayor general durante el ejercicio del cargo.

El Gobierno también reordenó la cúpula militar en el Ejército y la Fuerza Aérea

En el Ejército de la República Dominicana, el mayor general Jimmy Arias Grullón fue designado comandante general en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez. Camino Pérez pasó a ser inspector general de las Fuerzas Armadas, en reemplazo del mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario.

Colón Rosario fue nombrado viceministro de Defensa para Asuntos Militares en sustitución del mayor general Miguel Ángel Rubio Báez, quien quedó en honrosa posición de retiro. La misma disposición alcanzó al general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz por antigüedad en el servicio.

En la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo fue ascendido a mayor general y designado comandante general en sustitución del mayor general Floreal T. Suárez Martínez, quien fue colocado en retiro. El general piloto Manuel José Brito Estepan quedó designado subcomandante general.

El coronel paracaidista Dionisio de la Rosa Hernández fue ascendido a general de brigada paracaidista y designado inspector general de la Fuerza Aérea. La publicación oficial también informó que el mayor general Celin Rubio Terreno fue nombrado asesor militar del presidente de la República en sustitución del mayor general Rafael Antonio Carrasco Paulino.

El general de brigada José Manuel Duran Infante fue designado subcomandante general del Ejército. El general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández quedó como inspector general de esa institución.

Los decretos incluyeron ascensos, relevo en seguridad presidencial y retiros

Abinader designó al general de brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda como comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército de la República Dominicana, en sustitución del general de brigada Guillermo Caro Cruz. Caro Cruz fue ascendido a mayor general del Ejército de la República Dominicana y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Cusep.

El mandatario también ascendió al teniente coronel Enmanuel Almonte Polanco al rango de coronel del Ejército de la República Dominicana y lo designó subjefe del Cusep. La disposición incluyó además el ascenso del general Enrique Armando Aguilera Trujillo al rango de mayor general del Ejército.

La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del gobierno de José Antonio Kast, paquete de más de 30 iniciativas legales y una reforma constitucional que busca entre otras medidas desplegar a las Fuerzas Armadas e intervenir 50 barrios críticos, no solo ha causado el rechazo de la oposición sino también de sectores del oficialismo, desde donde varios parlamentarios ya anunciaron que no están disponibles para respaldarla así como se perfila.

Aunque desde el Gobierno han recalcado que la propuesta solo busca cambios específicos en la Constitución a fin de darle soporte legal a la ACOT, medidas como la normalización de las FF.AA en labores de orden público mediante un nuevo Estado de Excepción, la facultad de intervenir telecomunicaciones en los barrios intervenidos y la restricción de derechos sociales básicos para condenados por terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, encendieron las alarmas en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).

Este domingo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que aunque respaldan el fondo de la propuesta, aún no conocen el texto que finalmente será ingresado al Congreso, y “lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar. La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final la debilitan (...) En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional (...) Si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones?”, agregó el timonel gremialista en conversación con La Tercera.

De la misma opinión fue el vicepresidente de la UDI, diputado Eduardo Cretton, quien recalcó que “lo que ha planteado el presidente del partido es que hay legítimas dudas respecto del borrador de reforma constitucional que se ha conocido, sobre todo en temas de discriminación arbitraria. Esas dudas no surgen de un capricho, surgen del compromiso que ha tenido la UDI con la Constitución vigente y con la institucionalidad. A mí no cabe ninguna duda que el ministro Arrau va recoger esas inquietudes y vamos construir una buena reforma”.

“Respetar la institucionalidad”

Desde el mismo partido, pero caminando por la otra vereda, el senador Iván Moreira sostuvo que “no generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma y de las leyes que se implementarán en Chile con respecto a la seguridad. Conozcamos este famoso borrador cuando se envíe exactamente el proyecto definitivo. Con diálogo, con conversaciones, con acuerdos, las cosas se pueden revisar, mejorar, implementar y modificar”.

Declaraciones que fueron refrendadas por la diputada Constanza Hube, quien manifestó que su partido “apoya y apoyará con fuerza la Agenda de Seguridad del Gobierno. Eso no está en discusión (...) Entiendo que genera ruido y especulación un proyecto que probablemente termine diciendo algo distinto al borrador inicial, pero prefiero no detenerme en ese punto. Lo importante es la reforma constitucional en sí. No se trata de estar en contra per se”.

Desde Renovación Nacional, en tanto, la diputada Ximena Ossandón subrayó la importancia de apegarse a la institucionalidad.

“Nosotros tenemos toda la facultad de, a través de las leyes, ir cambiando nuestra Constitución. El tema es: ¿qué es lo de la Constitución que tú crees que quieres cambiar? ¿Es porque no estás de acuerdo con las resoluciones que toma al final el Tribunal Constitucional? A mí me parece que eso sería un poco delicado, porque en el fondo uno tiene que respetar las instituciones”, argumento a BioBíoChile.

Así las cosas, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tiene ahora la misión de “ordenar” a los parlamentarios oficialistas, pues una reforma constitucional requiere un quórum de cuatro séptimos, es decir, 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.

La entrada masiva de 70.000 personas a Ceuta ha dejado al descubierto varios agujeros en la capacidad de respuesta de España. A poco de cumplirse 20 días desde la avalancha migratoria que rebasó durante horas la ciudad autónoma, uno de los debates políticos se ha fijado en la defendibilidad del territorio ante eventuales ataques, ya sean militares o híbridos.

Actualmente, el Estado tiene movilizados hasta 9.000 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y militares. El número, cabe matizar, no será sostenible en el tiempo, ya que antes del 30 de julio apenas se concentraban algo más de 3.000 militares, entre regulares, legionarios, cuerpo de ingenieros, regimientos de caballería y artillería.

En este contexto, el PP registró el pasado mes de junio una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que pretendía reforzar las capacidades del ejército en los enclaves de Ceuta y Melilla. ¿Cómo? Rescatando dos batallones desaparecidos de la Legión hace más de dos décadas. Se trata de la II Bandera legionaria Carlos V del I Tercio Gran Capitán, con sede en Melilla y suprimida en 2006, y la V Bandera Gonzalo Fernández de Córdoba, con sede en Ceuta y depurada en 2007.

Ambos batallones desaparecieron como parte de la reestructuración en el Ejército de Tierra llevada a cabo por el Ministerio de Defensa de Carme Chacón, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía “modernizar” la estructura del Ejército. Desde entonces, las comandancias de Ceuta y Melilla se hallan encuadradas dentro del mando de Canarias.

Luis Peral, entonces senador del Grupo Popular, criticó la reestructuración porque la integridad territorial de España estaba amenazada desde hacía años, teniendo en cuenta que Marruecos ha reivindicado históricamente la soberanía en estos territorios y el precedente de la Marcha Verde. Por su parte, Defensa matizó que la reorganización no se traduciría en una reducción de los efectivos desplegados en ambas ciudades autónomas, sino que podrían permanecer en el territorio “completando las plantillas de las otras unidades”.

Pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no revirtió esta situación, los populares rescataron el asunto en 2022, con el ejecutivo liderado entonces por la coalición PSOE-Podemos. Los senadores Sofía Acedo y Juan José Imbroda, expresidente de Melilla, preguntaron al Gobierno si tenía “intención y voluntad” de recuperar este batallón con su correspondiente dotación.

Sánchez ya lo rechazó en 2022

Moncloa rechazó taxativamente la propuesta, en parte, porque días después trascendería el giro en la posición española respecto a las relaciones bilaterales con Marruecos, cuando Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI expresando que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental constituye “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto.

Cuatro años más tarde, un mes antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el PP volvería a poner el acento en estos batallones. El texto cita el último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, con datos actualizados a enero de 2024, para señalar que España cuenta con 122.244 efectivos militares.

Ese volumen, añade la iniciativa, queda por debajo del umbral fijado en el artículo 16 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Esa norma estableció un máximo de entre 130.000 y 140.000 efectivos en un contexto geopolítico que el grupo considera “distinto del actual”. La propuesta sostiene que la recuperación de estas unidades no tendría solo un efecto orgánico dentro del Ejército, ya que permitiría reforzar las capacidades operativas en los dos enclaves españoles en África.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que las Fuerzas Armadas desempeñarán un rol activo y no meramente simbólico durante la vigencia del estado de emergencia. Esto debido a que la iniciativa no ha logrado disminuir las cifras de inseguirdad ciudadana.

Según el titular, las estrategias de seguridad se enfocarán en acciones concretas, especialmente en el control perimétrico de los centros penitenciarios.

“Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol decorativo o estar acompañando a la policía sin poder hacer nada. Vamos a tomar control perimétrico de los penales. Ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo, incluso del personal del INPE. Todo va a pasar por ese control”, sostuvo a RPP Noticias.

Entre las medidas anunciadas se incluyen la instalación de equipos de escaneo y detección de metales, así como la implementación de sistemas para bloquear señales de celular y drones en los penales.

El ministro señaló que, pese a que estrategias similares se aplicaron sin éxito en el pasado, en esta ocasión se cuenta con tecnología moderna y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para mejorar los sistemas de seguridad y control.

Asimismo, sobre la necesidad de capacitación específica para que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el crimen, el titular afirmó que el pedido de facultades legales contempla periodos de aprendizaje y entrenamiento. Además, indicó que se propondrán modificaciones sobre la categorización de grupos hostiles para facilitar la intervención de las fuerzas del orden, especialmente en zonas de frontera.

Niega beneficios a la minera Poderosa

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, respondió a las acusaciones sobre un supuesto conflicto de intereses por su presunta vinculación con la minera Poderosa en el contexto del estado de emergencia en la provincia de Patáz.

Belaúnde aclaró que los aportes recibidos provinieron de personas naturales y no de empresas, descartando cualquier vínculo económico con la minera Poderosa. Agregó que la contribución de Evangelina Ariasfue personal y motivada por afinidad con el partido, no por intereses empresariales.

En tanto, en el Congreso se promovió una interpelación liderada por el diputado Marino Lavado, de Juntos por el Perú, quien cuestionó la relación entre el ministro, la presidenta del directorio de la minera, Evangelina Arias, y el financiamiento de campañas políticas.

Belaúnde aseguró que no mantiene relación comercial ni laboral con la minera Poderosa y que los aportes a la campaña de Libertad Popular fueron realizados a título personal por Arias.

“No he recibido un centavo ni de la señora Arias ni de Minera Poderosa”, afirmó el titular de Defensa. Respecto al estado de emergencia decretado en Patáz, Belaúnde negó que tenga como objetivo proteger intereses empresariales y mencionó que esta medida viene rigiendo desde el Gobierno de José María Balcázar.

El ministro detalló que el despliegue militar incluye el establecimiento de toques de queda y el control de las rutas de salida del mineral para evitar el robo, así como la vigilancia de actividades ilícitas como la trata de personas y el sicariato.

Aclaró que las diferencias entre la minera formal y los mineros informales deben resolverse mediante el diálogo que puede ser auspiciado por el Ministerio de Energía y Minas, sin injerencia del sector Defensa.

Los aviones de combate españoles de la OTAN se han activado esta madrugada en Rumanía. Un dron ha violado el espacio aéreo rumano en la noche del sábado al domingo y ha sido derribado por uno de los dos cazas F-18 españoles del despliegue de la OTAN en Rumanía que en ese momento estaban en el aire “en misión de vigilancia”, informó el Ministerio de Defensa del país balcánico en un comunicado.

El dron se detectó a las 04:44 (hora local, 01:44 GMT) a 24 kilómetros al norte de Galati, muy cerca de la frontera de Ucrania y Moldavia. Los aviones de combate españoles, que ya estaban en la zona y en alerta como “medida de precaución”, estaban simplemente esperando la autorización para intervenir, ha explicado el ministro de Defensa rumano, Radu Miruta, en un comunicado.

17 minutos después, a las 05:01, el dron fue interceptado y destruido entre las localidades de Băleni y Cudalbi, en el condado de Galați, en una zona que Miruta aclara que está deshabitada.

Fue uno de los dos cazas españoles F-18 el que se encargó de derribarlo. Había despegado de la base militar de Kogalniceanu.

La OTAN ha confirmado el operativo sin detallar la procedencia del dron. En un mensaje, el mando aéreo de la OTAN ha especificado que los F-18 forman parte de un contingente mayor de la Fuerza Aérea y del Espacio Española. Llegaron a la Base Aérea Mihail Kogălniceanu a principios del mes: siete aviones de combate F-18, tres helicópteros NH-90 contradrone, un avión cisterna A400M y alrededor de 200 efectivos de España están estacionados allí.

“La operación fue coordinada a través del Centro Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN en Torrejón, en España. Con la transición de Policía Aérea a Defensa Aérea, la OTAN puede ahora responder de manera más flexible a una gama más amplia de amenazas, utilizando un enfoque en capas y de 360 grados en todos los dominios operativos”, han afirmado.

Rumanía se encuentra “en primera línea de defensa de la Unión Europa”, según el ministro y comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania. Este no es el primer dron que detecta, ya que ha visto de cerca como drones rusos han violado en varios ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la operación militar contra Kiev en febrero de 2022.

“¡Felicidades a los pilotos españoles y al personal militar rumano en el centro de mando por una misión exitosa! Rumania está defendiendo su espacio aéreo, y nuestros aliados están a nuestro lado. Vigilancia, respuesta rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad", se ha congratulado Miruta en redes sociales.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este sábado que Polonia quiere mantenerse al margen de la guerra, pero sostuvo que solo podrá lograrlo si se consolida como un país fuerte, independiente y soberano. También advirtió sobre sectores internos que, según dijo, ubican al enemigo en Europa en lugar de Rusia.

“Queremos evitar la guerra, y solo quienes sean fuertes, estén bien preparados, sean independientes y soberanos podrán evitarla”, sostuvo durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas de Polonia en Gdynia, ciudad portuaria sobre el mar Báltico, situada cerca del enclave ruso de Kaliningrado.

Durante su discurso, Tusk detalló cuatro ejes que, a su entender, sostienen la seguridad polaca: fronteras sólidas y bien custodiadas, alianzas efectivas acompañadas de una política exterior inteligente, inversiones en las Fuerzas Armadas y una economía en expansión, de acuerdo con PAP, agencia de noticias polaca.

La economía y la seguridad

“Hoy ya podemos decir que estamos construyendo una fuerza que, gracias a su modernidad y a su número, determinará el destino de la región. Todo el mundo lo valora, especialmente nuestros aliados”, afirmó.

El jefe de Gobierno también remarcó el desempeño de la economía polaca y aseguró que actualmente crece a un ritmo cuatro veces superior al de Alemania y cinco veces por encima del de Francia, aun en un escenario geopolítico complejo.

En ese contexto, llamó a preservar un Estado fuerte y a reforzar la unidad entre los polacos, en una sociedad atravesada por profundas divisiones ideológicas. Esa tensión también se expresa en la convivencia política entre el presidente Karol Nawrocki, de perfil ultraconservador y euroescéptico, y el propio Tusk, referente liberal.

La advertencia política

Tusk advirtió que Polonia “solo estará realmente seguro cuando no haya traición en Polonia (...) ni irresponsabilidad”.

“Los partidos políticos y los políticos que quieren convencer a los polacos de que nuestro principal problema es Europa, de que nuestro enemigo es Ucrania, de que la Unión Europea es innecesaria y Alemania es el mayor enemigo (...) se olvidan de Rusia: un vecino peligroso que está librando una guerra justo detrás de nuestras fronteras y que, en ocasiones, también hace que esa guerra entre en nuestro territorio”, señaló.

El primer ministro insistió en que “no podemos permitir que la traición, la estupidez y los acuerdos sucios debiliten nuestra defensa y nuestra seguridad”.

“Hago un llamamiento a todos los políticos. A menudo son quienes gritan más fuerte: ‘¡Polonia!’, levantan los brazos hacia Dios e invocan el honor, pero, al igual que en el pasado, con demasiada frecuencia conducen a graves problemas y, en ocasiones, a derrotas”, afirmó Tusk.

El significado del 15 de agosto

El 15 de agosto se recuerda la victoria de Polonia en la Batalla de Varsovia de 1920, un episodio decisivo para resguardar la independencia nacional y frenar el avance de la Revolución bolchevique hacia Europa Occidental.

Ese hecho ocupa un lugar central en la memoria histórica de la Segunda República Polaca.

El Cuerpo Oficial de Pintores de la Armada francesa es uno de los grupos artísticos más longevos de Europa. Su estructura, vigente hasta hoy, reúne a creadores de distintas disciplinas que comparten una pasión por el mar y la vida naval. Este colectivo, cuyas raíces se remontan al siglo XVII, agrupa a pintores, escultores, ilustradores, fotógrafos y grabadores que dedican su talento a documentar y divulgar el universo marítimo y la labor de la marina francesa.

El reconocimiento como Pintor de las Fuerzas Armadas, especializado en temas navales, lo otorga el Ministro de las Fuerzas Armadas a propuesta de un jurado en el Salón de la Marina, una exposición clave organizada junto al Museo Marítimo Nacional. Aunque el título no implica remuneración ni funciones militares, habilita acceso preferente a puertos y buques, y el uso del uniforme en actos oficiales.

Historia y evolución del cuerpo

El registro histórico de los pintores marinos revela una institución en permanente transformación. La primera mención oficial de pintores adscritos al Ministerio de Marina figura en el Anuario de la Marina de 1830, aunque la actividad pictórica naval tiene orígenes incluso en el siglo XIV, cuando artistas anónimos decoraban barcos y producían obras para señalización marítima.

En el siglo XVII, el cardenal Richelieu impulsó la creación formal del cuerpo, con el objetivo de preservar la memoria de las batallas navales a través del arte. Durante el siglo XVIII, la pintura marina se consolidó como un género reservado a artistas de formación avanzada, entre ellos Joseph Vernet, titular de “Pintor de la Armada Real” y autor de una célebre serie sobre los puertos franceses, hoy en el Museo Marítimo Nacional.

La Revolución francesa supuso un paréntesis para la institución, pero la Restauración y la Monarquía de Julio devolvieron el reconocimiento oficial al cuerpo. En 1830, el registro se consolidó. A comienzos del siglo XX, el grupo experimentó un crecimiento sostenido. En 1900 había 32 pintores, cifra que ascendió a 51 en 1914. El marco jurídico se perfeccionó con sucesivos decretos. en 1920, el título de “Pintor del Departamento de Marina” recibió reconocimiento legal, en 1941 se limitó el número de titulares a 20.

Diversidad de estilos y misión actual

El Cuerpo Oficial de Pintores de la Armada destaca por su diversidad de estilos y medios de expresión. Según la Armada francesa, el colectivo agrupa actualmente a artistas vinculados al neoimpresionismo, simbolismo, abstracción e hiperrealismo, junto a escultores, fotógrafos e ilustradores de cómic. El proceso de selección distingue entre pintores autorizados, nombrados por períodos renovables de tres años, con un máximo de 20, y pintores permanentes, quienes alcanzan ese estatus tras al menos nueve años de ejercicio, sin límite de número.

Todos comparten la misión de documentar la vida marítima y los hitos de la Armada. La historia del cuerpo está marcada por el trabajo de artistas que acompañaron expediciones militares y científicas, dieron testimonio de descubrimientos y compartieron los riesgos de los navegantes. Pese a los avances tecnológicos y los cambios en el arte, la misión se mantiene: preservar y difundir la memoria naval con rigor y creatividad.

Un violento asalto en altamar dejó a dos pescadores heridos y una embarcación con alrededor de 15 impactos de bala, luego de que la lancha fuera interceptada por un grupo de hombres armados en las cercanías de Guanaja, Islas de la Bahía.

El ataque fue confirmado por el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, capitán Mario Rivera, quien detalló que la embarcación fue inspeccionada por elementos de la Fuerza Naval después de ponerse a salvo.

De acuerdo con el reporte preliminar, los atacantes se movilizaban en una lancha equipada con dos motores y eran seis personas. Dos de ellos portaban armas de fuego, mientras que los otros cuatro utilizaban armas blancas.

Durante el asalto, los delincuentes amenazaron a la tripulación, se llevaron equipos, objetos personales y parte del producto que transportaba la embarcación, y dejaron a dos miembros de la tripulación con heridas de arma de fuego.

Tras la pista de los responsables

Uno de los pescadores recibió dos disparos en el antebrazo, mientras que el segundo resultó herido en el tobillo derecho. Ambos fueron reportados como estables por las autoridades.

Entre los objetos sustraídos durante el asalto se encuentran dos radios de comunicación, teléfonos celulares y una antena de internet utilizada por la embarcación.

Los atacantes también se llevaron aproximadamente 50 bolsas de langosta y tres sacos con un peso aproximado de 30 libras cada uno.

La embarcación Lucky Trap recibió alrededor de 15 impactos de bala durante el ataque. Pese a los disparos, la embarcación logró continuar navegando y consiguió ponerse a salvo.

La Fuerza Naval realizó una inspección de la embarcación para documentar las condiciones en las que llegó después del ataque y recopilar información sobre lo ocurrido.

Ante los recientes incidentes, las Fuerzas Armadas anunciaron un incremento de los patrullajes de la Fuerza Naval en la zona.

El objetivo será aumentar la vigilancia sobre las embarcaciones que realizan actividades de pesca y navegación, mejorar las condiciones de seguridad para las tripulaciones que se desplazan por las aguas cercanas a Guanaja y detectar movimientos sospechosos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer mayores detalles sobre el ataque sufrido por la Lucky Trap y determinar si existe información que permita identificar a los responsables.

La ubicación de las embarcaciones también representa un desafío para las autoridades, debido a las distancias que deben recorrer las unidades navales cuando reciben reportes de emergencia. Por ello, el fortalecimiento de la vigilancia busca mejorar la capacidad de respuesta ante nuevos incidentes y disuadir la presencia de grupos dedicados al robo de embarcaciones, equipos o productos de pesca.

El caso también podría generar nuevas medidas de coordinación entre los pescadores y las autoridades encargadas de la seguridad marítima. El intercambio de información sobre movimientos sospechosos, rutas utilizadas y sectores considerados de mayor riesgo puede facilitar la reacción ante futuras emergencias y contribuir a proteger a las personas que dependen de las actividades pesqueras en las aguas del Caribe hondureño.

El incidente vuelve a poner bajo atención las condiciones de seguridad en las zonas marítimas donde se desarrollan actividades de pesca comercial y artesanal. Para las tripulaciones, permanecer durante varias horas en altamar implica depender de sistemas de comunicación y de la presencia de patrullajes para reportar situaciones de riesgo o solicitar asistencia.

El Gobierno de Keiko Fujimori aprobó una transferencia de S/ 277,5 millones al Ministerio del Interior (Mininter) para financiar las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) durante el Año Fiscal 2026. La medida busca asegurar los recursos necesarios para atender los pagos correspondientes al personal militar y policial en situación de retiro, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto.

La autorización forma parte de una operación presupuestal de mayor alcance que supera los S/ 443 millones y que también contempla recursos para el Ministerio de Defensa. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 157-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y establece de manera específica el destino que deberán tener los fondos transferidos desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Gobierno destina S/ 277 millones al pago de pensiones militares y policiales

La transferencia aprobada para el Ministerio del Interior asciende exactamente a S/ 277 537 379. Estos recursos serán destinados de manera exclusiva a la Caja de Pensiones Militar Policial, entidad encargada de administrar las prestaciones previsionales correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encuentran en situación de retiro.

Según la disposición publicada este 9 de agosto, el dinero permitirá financiar las obligaciones previsionales correspondientes al Año Fiscal 2026. La transferencia se realiza en cumplimiento del numeral 65.2 del artículo 65 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

El monto asignado al Mininter forma parte de una transferencia presupuestal conjunta de S/ 443 597 223, autorizada por el Ejecutivo con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La partida restante será entregada al Ministerio de Defensa para atender las obligaciones que corresponden a dicho sector.

De acuerdo con el decreto supremo, el Ministerio de Defensa recibirá S/ 166 059 844, mientras que el Mininter concentrará S/ 277 537 379. De esta manera, ambos sectores contarán con recursos adicionales destinados a cumplir con las obligaciones previsionales vinculadas a la Caja de Pensiones Militar Policial.

La norma establece además que el dinero transferido no podrá utilizarse para otros objetivos distintos a los señalados en la autorización presupuestal. Esto significa que los S/ 277 millones asignados al Ministerio del Interior deberán ser dirigidos exclusivamente al financiamiento de las obligaciones previsionales de la entidad.

¿Cómo se distribuirán los más de S/ 443 millones autorizados?

La medida contempla una asignación diferenciada entre las dos instituciones responsables de canalizar los recursos hacia la Caja de Pensiones Militar Policial. El mayor monto corresponde al Ministerio del Interior, con más de S/ 277 millones, mientras que el Ministerio de Defensa recibirá más de S/ 166 millones.

• Ministerio del Interior (Mininter): S/ 277 537 379.
• Ministerio de Defensa (Mindef): S/ 166 059 844.
• Total transferido: S/ 443 597 223

La operación se ejecuta a partir de los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF, mecanismo presupuestal que permite financiar determinadas necesidades durante el ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

En el caso del Mininter, la transferencia tiene un propósito específico: permitir que los recursos lleguen a la Caja de Pensiones Militar Policial para cubrir las obligaciones previsionales que corresponden al año 2026. El decreto no contempla que estos fondos puedan ser utilizados para otros gastos del sector.

Asimismo, la norma asigna al Ministerio del Interior la responsabilidad de realizar el seguimiento y la verificación del uso de los recursos. Esta disposición busca garantizar que el dinero sea empleado de acuerdo con la finalidad para la cual fue aprobado.

La transferencia se produce en el marco de las obligaciones presupuestarias que el Estado debe atender para garantizar el pago de las prestaciones previsionales de quienes pertenecieron a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El financiamiento aprobado para este ejercicio fiscal permitirá cubrir las obligaciones a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial conforme al marco presupuestario establecido para 2026.

El Decreto Supremo N.° 157-2026-EF precisa las condiciones de la operación y establece las responsabilidades de las entidades involucradas en la ejecución de los recursos. Con ello, el Gobierno formalizó la transferencia que permitirá financiar las obligaciones previsionales previstas para este año.

El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte público todavía no tiene una fecha definida. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien explicó este sábado 8 de agosto que el Gobierno aún trabaja en la estrategia que determinará el rol que asumirán los militares frente a la inseguridad ciudadana.

Durante una entrevista con RPP, el titular del Mindef fue consultado sobre el anuncio realizado por la presidenta Keiko Fujimori, quien informó que las Fuerzas Armadas saldrán a las calles y estarán también en el transporte público como parte de las acciones contra la delincuencia.

Belaunde explicó que esta intervención se realizará en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter) y que se plantea conformar una fuerza combinada entre las Fuerzas Armadas (FF.AA) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Este es un trabajo que se va a hacer en coordinación con el Ministerio del Interior. Va a ser una fuerza en ese sentido combinada entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”, declaró.

Militares en las calles: ¿cuándo comenzará?

Belaunde indicó que parte del componente anunciado por el Gobierno requiere facultades delegadas, debido a que se pretende implementar mediante decretos legislativos. Por ello, explicó que actualmente se está afinando el paquete legislativo que deberá ser aprobado previamente por el Congreso.

“No hay fecha en ese sentido. Lo que estamos haciendo es definiendo la estrategia, cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas”, señaló.

La declaración se produce luego de que la presidenta anunciara que los militares estarán presentes tanto en las calles como en los buses de transporte público, en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad y los ataques contra unidades y trabajadores del sector.

FF. AA. tendrán un rol “preponderante” en seguridad

El ministro también fue consultado sobre si las Fuerzas Armadas tendrán capacidad suficiente para atender el número de vehículos que circulan en Lima y Callao, además de cumplir otras tareas asignadas por el Ejecutivo.

Al respecto, Belaunde evitó adelantar detalles de la estrategia que prepara el Gobierno, pero afirmó que las Fuerzas Armadas asumirán un papel protagónico en la seguridad interna.

“Las Fuerzas Armadas van a adquirir un rol preponderante, protagónico en la seguridad interna, pero en apoyo a la Policía Nacional del Perú, que es quien tiene el mandato constitucional para eso”, precisó.

El titular del Mindef remarcó que la participación militar no supondrá desplazar a la Policía de sus funciones constitucionales, sino que se plantea como un mecanismo de apoyo dentro de la estrategia de seguridad del Gobierno.

Las declaraciones las brindó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde también informó sobre las acciones desplegadas para atender el incendio forestal que permanece activo en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque.

Belaunde también explicó que su sector trabaja en la preparación frente a un eventual Fenómeno El Niño y que ya se han identificado 569 puntos críticos a nivel nacional, en los que se priorizarán acciones de prevención y respuesta.

El final del gobierno de Gustavo Petro marcó un hito en la política colombiana, generando reacciones inmediatas entre figuras y aliados del Pacto Histórico.

El ambiente de despedida estuvo acompañado por mensajes de reconocimiento, denuncias institucionales y llamados a la movilización, en un contexto de alta tensión y expectativa nacional.

Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), abrió la jornada con una valoración sobre la relación entre la administración saliente y las Fuerzas Armadas.

En su declaración, Bolívar sostuvo: “Las Fuerzas Armadas despiden a su mejor comandante”. Detalló que el mandatario saliente fue “el que les dio mejor dotación, el que les dio mejor comida, el que dignificó sus salarios, el que les abrió las puertas a la educación”.

Bolívar insistió en que la gestión de Petro en materia de derechos humanos deja un precedente para la institución militar: “Nunca lo olvidarán, esperamos que ellos nunca olviden lo que aprendieron en derechos humanos”. Cerró su mensaje con una frase de despedida: “¡Hasta siempre comandante!”.

Durante la ceremonia de relevo presidencial, Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, denunció que el Congreso de la República permanecía cerrado, situación que calificó como irregular en el marco de la posesión del nuevo jefe de Estado Abelardo de la Espriella.

Zuleta señaló directamente a la revista Semana por el rol desempeñado en el tratamiento mediático de la administración saliente: “Semana, uno de los medios que más ha promovido los ataques y persecución en nuestra contra, uno de los que mintió una y otra vez sobre nosotros, es incapaz de decir esta verdad”.

Para la legisladora, “hoy, en el día de la posesión de un gobierno ilegítimo, el Congreso de la República está cerrado”.

El mensaje de Zuleta subrayó el malestar de la bancada progresista frente al funcionamiento de las instituciones y expuso la tensión existente durante la transmisión de mando.

María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, centró su mensaje en destacar el carácter inédito del ciclo político que culmina.

Pizarro afirmó: “Hoy termina el primer gobierno popular y progresista en la historia de Colombia. Un presidente que contra viento y marea, puso en el centro al pueblo: redujo la pobreza, logró la educación gratuita, demostró que la reforma agraria podía ser realidad y garantizó los derechos de las gentes y territorios de Colombia”.

Pizarro remarcó la continuidad de la lucha social desde la oposición: “Somos una fuerza progresista que no entrega sus banderas, no se vende y no tranza los derechos de la gente. Desde hoy inicia la gran marcha del pueblo de Colombia por regresar al gobierno. El primer paso será el poder local y nos volcamos a ello”.

La exsenadora también dejó en claro la estrategia de defensa de los avances obtenidos: “Resistiremos como siempre lo hemos hecho, con dignidad y compromiso. En las calles y las urnas, con la gente defenderemos cada conquista”.

En su declaración final, Pizarro apostó por mantener la esperanza en el futuro colectivo: “Colombia seguirá siendo la tierra de esperanza y potencia de la vida ¡Palabra que sí!”.

Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico en la Cámara, expresó su agradecimiento al mandatario saliente con palabras precisas.

Carrascal escribió: “Gracias compañero presidente, Gustavo Petro. Honores a quien los merece. Gracias guerrero de la vida”.

Por su parte, el exsenador y expresidente del Senado, Roy Barreras, evocó el ambiente de cambio que marcó la llegada de Gustavo Petro al poder hace cuatro años.

Barreras recordó: “Hace 4 años posesioné al Presidente Gustavo Petro a unos pocos metros de estas puertas que eran de entrada. El sentimiento general era de esperanza”.

Al referirse al cierre de este ciclo, el excongresista contrastó ese ánimo inicial con el actual: “Hoy estas mismas puertas son de salida y al parecer no cruzará el elegido presidente por ellas. Es imposible dejar de ver en los rostros en estas imágenes que el sentimiento hoy es de tristeza”.

Barreras enfatizó que existen múltiples motivos para la melancolía de la jornada, pero proyectó optimismo sobre el futuro político: “La tristeza pasa y les pronostico que un día volverá la esperanza y la alegría a este Palacio… y el expresidente Petro sí será invitado dentro de 4 años a la posesión del próximo Presidente”.

Por último, la representante a la Cámara Aida Quilcué dedicó un mensaje de reconocimiento al expresidente Gustavo Petro tras la finalización de su mandato.

Quilcué expresó su gratitud con un saludo directo: “Amigo y compañero presidente Gustavo Petro, gracias”.

Destacó el carácter perseverante del mandatario, al afirmar: “Hombre de luchas incansables, de grandes convicciones y profundas visiones, con el corazón siempre puesto en su pueblo y en el bienestar de su gente”.

La congresista valoró la trayectoria del exjefe de Estado como ejemplo de entrega social y constancia: “Su caminar, su firmeza y su compromiso son muestra de una vida dedicada a defender las causas colectivas, a construir caminos y a mantener viva la esperanza de un futuro más digno”.

Quilcue concluyó con un agradecimiento por la coherencia y el acompañamiento permanente: “Gracias por tanta entrega, por la palabra firme, por la coherencia y por seguir caminando al lado del pueblo”.

Según información oficial de la FAES, un equipo de rescate respondió a la emergencia luego de recibir el aviso de que una persona había sufrido una lesión en uno de los senderos del volcán Ilamatepec.

Tras ser localizada, la persona lesionada fue atendida en una cabina de emergencia dispuesta en la zona, donde recibió los primeros auxilios antes de ser trasladada a un centro asistencial. De acuerdo con el reporte, la intervención oportuna permitió estabilizar al afectado y evitar complicaciones mayores.

De igual manera, la institución castrense recalcó que este tipo de operativos son parte de su labor preventiva y de respuesta ante situaciones de emergencia en lugares turísticos durante la temporada alta.

La presencia de equipos de auxilio en el área, compuesta por personal de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y organismos de socorro, busca garantizar la seguridad de los turistas. La atención inmediata, sumada a la rápida evacuación, constituye una de las estrategias implementadas para reducir los riesgos asociados a las actividades al aire libre en zonas volcánicas.

En ese contexto, las autoridades han extendido un llamado a la población para extremar precauciones al realizar turismo de montaña durante el periodo vacacional, debido al incremento en la cantidad de personas que visitan los sitios naturales.

Además, se enfatiza la importancia de no consumir bebidas alcohólicas ni energizantes antes o durante las caminatas, así como prestar atención a síntomas como mareos, dolor de cabeza o fatiga.

Los cuerpos de socorro reiteran que la planificación y la precaución contribuyen a lograr una experiencia segura en el ascenso a volcanes, uno de las actividades preferidas durante las festividades de agosto.

La coordinación interinstitucional entre la Fuerza Armada, cuerpos de socorro y autoridades de turismo ha sido fundamental para garantizar la atención inmediata en situaciones como la ocurrida en el volcán Ilamatepec. Al mismo tiempo, las autoridades reiteran el llamado a la responsabilidad individual y colectiva para evitar incidentes que puedan empañar las celebraciones y ponen a disposición los canales de emergencia para cualquier eventualidad durante las actividades de montaña.

Recomendaciones para ascender volcanes

• Informar a familiares o amigos sobre la ruta y el horario de la excursión
• Llevar equipo adecuado y botiquín de primeros auxilios
• Contar con teléfonos móviles cargados y, de ser posible, dispositivos de comunicación por radio
• Respetar las señales y senderos autorizados
• Evitar transitar por zonas de difícil acceso sin guía o preparación
• Consultar el pronóstico del clima antes de ingresar a la ruta
• En caso de accidente, mantener la calma y solicitar ayuda a los equipos de emergencia lo antes posible

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de División Héctor Valerio Ardón, y la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas para abordar el proyecto de reforma a la Ley Constitutiva de la institución militar y revisar la operatividad de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

La reunión se desarrolló en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto y contó con la participación de miembros de la junta directiva del Poder Legislativo, jefes de bancada y diputados que integran la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional.

Según explicó Zambrano, el encuentro tuvo como propósito abrir un espacio de diálogo con la cúpula militar sobre la iniciativa de reforma presentada el pasado 7 de abril por el vicepresidente del Congreso Nacional y diputado liberal por El Paraíso, Mario Segura, para escuchar las observaciones de la institución antes de continuar su discusión en el Poder Legislativo.

Acciones de respaldo

“Este es un acto de respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, porque nos acompañan nuestros jefes de bancada y la Comisión de Defensa y Soberanía para establecer estas mesas de trabajo”, expresó el presidente del Congreso.

Durante su intervención, Zambrano afirmó que uno de los principales objetivos es fortalecer la institucionalidad militar y evitar que las Fuerzas Armadas vuelvan a involucrarse en escenarios de confrontación política.

“Debemos cuidar las Fuerzas Armadas y que no se vuelvan a politizar; su misión es defender la Constitución y al pueblo hondureño”, manifestó.

El titular del Legislativo recordó que previamente había conversado con el general Valerio Ardón y con la Junta de Comandantes para garantizar que cualquier modificación a la Ley Constitutiva será construida mediante consenso entre el Congreso Nacional y la institución militar.

“No vamos a aprobar nada relacionado con las Fuerzas Armadas si no está en consenso con ustedes. Debe hacerse un trabajo en armonía y en equipo; las reformas que sean necesarias para fortalecer su labor pueden contar con el respaldo del Congreso Nacional”, aseguró.

También solicitó a las Fuerzas Armadas mantener su acompañamiento en las tareas de seguridad nacional, al considerar que la ciudadanía continúa depositando altas expectativas en el trabajo que desarrolla la institución en apoyo a otras entidades del Estado.

Incrementos en salarios

Zambrano también aprovechó la reunión para felicitar al alto mando militar por la reciente decisión de incrementar en 3.000 lempiras el salario de la tropa, medida que, según indicó, representa un reconocimiento al trabajo que realizan los efectivos militares.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de la soberanía nacional y el cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución de la República.

“Nos formaron para defender la soberanía y la integridad del país. Para eso cuenten con las Fuerzas Armadas; cuando el país nos necesite siempre vamos a estar presentes”, expresó el alto oficial.

La reunión forma parte del proceso de análisis previo a la discusión de la reforma a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, una iniciativa que busca revisar aspectos relacionados con la organización, atribuciones y funcionamiento de la institución, así como el papel de la Policía Militar del Orden Público dentro de la estrategia de seguridad del Estado.

El Congreso Nacional anunció que las mesas de trabajo continuarán en las próximas semanas con el objetivo de construir una propuesta consensuada antes de que el proyecto sea sometido a discusión y votación en el pleno legislativo.

El deterioro de la imagen de las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas no es, para el contralmirante Daniel Lino Comisso Urdaneta, un fenómeno casual ni repentino. A su juicio, la percepción ciudadana sobre la institución ha transitado, desde 1998, por una ruta de creciente desencanto: primero la decepción, luego el rechazo, después el desprecio y, finalmente, la convicción de que la estructura actual debe ser eliminada y reemplazada.

Afirma comprender esa postura, que considera una reacción lógica de una sociedad que se sintió traicionada por una institución que durante décadas percibió como propia. “¿Qué se puede esperar de ciudadanos que han sufrido las graves consecuencias de la traición de sus FAN” dice recordando que, antes de 1998, las FAN figuraban entre las tres instituciones de mayor prestigio en Venezuela.

Comisso es egresado de la Escuela Naval de Venezuela en el año 1975, integrante de la promoción Almirante Padilla y uno de los oficiales que se pronunció contra Hugo Chávez el 11 de Abril y en la Plaza Altamira en el año 2002.

En su reflexión, el oficial retirado parte de una premisa central: “las Fuerzas Armadas pueden ser útiles, inútiles o incluso dañinas para un país”, según el modo en que respondan a los intereses nacionales y a sus ciudadanos. En el caso venezolano, sostiene que la institución inició una “degeneración” que la llevó de las FAN tradicionales a las llamadas fuerzas armadas bolivarianas y, luego, a una estructura de carácter miliciano y revolucionario.

Para Comisso, toda fuerza armada debe ser concebida como parte de un sistema más amplio de seguridad y defensa, articulado con áreas como justicia, economía, relaciones exteriores e interiores, educación y salud. Ese diseño, afirma, debe responder a una concepción estratégica nacional claramente definida.

Orgullosa para el país

Según su análisis, una FAN será útil si cumple de manera continua sus funciones fundamentales: defender la soberanía nacional, salvaguardar el patrimonio del país y contribuir al desarrollo nacional. “Así era hasta 1998”, sostiene, al recordar su experiencia dentro de la institución.

Entre los hechos que menciona como muestra de esa utilidad, señala la neutralización de la guerrilla castrista, la actualización de capacidades operativas frente a amenazas e hipótesis de conflicto, la defensa del Golfo de Venezuela y el combate contra grupos de la guerrilla colombiana como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

También destaca el contralmirante las labores de patrullaje y presencia en espacios aéreos, marítimos y terrestres; apoyo a zonas periféricas del territorio; protección de reservas ecológicas e instalaciones estratégicas; participación en contingencias nacionales; respaldo a autoridades regionales ante emergencias; formación de ciudadanos y apoyo logístico en eventos críticos, incluido el deslave de Vargas de 1999.

“En contribución al desarrollo del país: formaron, adiestraron y educaron a contingentes de venezolanos a todos los niveles, quienes regresaban a sus actividades como ciudadanos útiles a la patria; apoyaron a los ciudadanos en todas las emergencias y contingencias”, sostiene.

Destaca el apoyo a los ciudadanos “en los sucesos del 11 abril 2002, solicitando la renuncia de Chávez”, además de resguardar la seguridad y la logística de los procesos electorales en todo el territorio nacional. “Generaban polos de crecimiento económico y comercial, en torno a sus comandos y sedes, en el sector civil, que, a su vez, prestaba servicios indispensables para el mantenimiento de las capacidades operativas y logísticas de las unidades”.

Es “parásita, dañina y traidora”

El punto de quiebre, según Comisso, se produjo con la llegada al poder del proyecto castro-chavista. Desde entonces, afirma, se consolidó un proceso de transformación cuyo objetivo fue alterar la esencia de las FAN para ponerlas al servicio del régimen revolucionario “y en ese proceso pasaron a ser fuerzas armadas bolivarianas y luego milicias revolucionarias”.

En esa línea, sostiene que la institución se volvió inútil para los intereses de la República y de sus ciudadanos. Entre sus señalamientos, menciona la entrega de áreas de influencia a Cuba y luego a Rusia, China e Irán; la cesión de territorio a guerrillas y grupos irregulares; y la redefinición del conflicto interno, que habría colocado a los propios venezolanos como enemigos.

Comisso también acusa a la FANB de haberse convertido en cómplice de la delincuencia organizada, del terrorismo y de la explotación irregular de recursos naturales estratégicos. Afirma, además, que participó en el desmontaje del aparato productivo nacional y que dejó de cumplir su compromiso de salvaguardar el patrimonio del país.

Considera que las FAN “compartiendo y compitiendo en la explotación anárquica de los recursos naturales estratégicos y en tráfico de drogas hacia el continente y Europa; se convirtieron en la fuerza del proceso que articuló la expropiación y desmantelamiento del sector productivo nacional”.

Para Comisso Urdaneta la FAN “al convertirse en la fuerza miliciana

de soporte del proceso” cometieron la mayor catástrofe nacional, “el daño antropológico a tres o cuatro generaciones de venezolanos; torturaron, reprimieron y asesinaron a miles de ciudadanos; y propiciaron la salida forzada del país de millones de venezolanos”.

Así mismo “cohonestaron el descalabro de los servicios de educación y salud de todo el país, incluidos sus sistemas de previsión social, dejando desamparados a todos esos sectores”.

En su balance más severo, califica a la FANB revolucionaria como una estructura “parásita, dañina y traidora” a los intereses nacionales. Por ello, plantea que la institución actual debe ser eliminada y sometida a un proceso de investigación que alcance a altos mandos, comandos superiores y presuntos testaferros vinculados con los delitos que enumera.

El contralmirante concluye que Venezuela deberá emprender un proceso de reconstrucción, rediseño y reinstitucionalización de sus Fuerzas Armadas. El objetivo, sostiene, debe ser crear una nueva estructura militar útil, medible y adaptada a las exigencias geopolíticas, estratégicas, tecnológicas y operativas del futuro.

La presidenta Keiko Fujimori anunció este domingo una de las primeras medidas de seguridad de su gestión al confirmar que, en los próximos días, efectivos de las Fuerzas Armadas comenzarán a desplegarse en las calles y en el sistema de transporte con el objetivo de reforzar la lucha contra la delincuencia y trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP).

El anuncio fue realizado durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales desde el despacho presidencial, donde la mandataria presentó un balance de las primeras acciones emprendidas por su gobierno y detalló una serie de medidas relacionadas con la seguridad ciudadana, la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos en Junín, la preparación frente al fenómeno de El Niño, la modernización del sistema de salud y el fortalecimiento de los programas sociales.

La jefa de Estado sostuvo que el despliegue militar forma parte de los compromisos asumidos durante la campaña electoral y aseguró que la medida busca recuperar el orden interno en todo el país mediante un trabajo articulado con las instituciones encargadas de la seguridad.

Keiko Fujimori anuncia presencia de las Fuerzas Armadas en calles y transporte

Durante su mensaje, la presidenta confirmó que el personal militar comenzará a participar en labores de apoyo a la Policía para fortalecer la seguridad en espacios públicos y en la red de transporte.

“En los próximos días, pues las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, afirmó la jefa de Estado. La mandataria explicó que esta estrategia forma parte del plan de su administración para enfrentar el incremento de la criminalidad y devolver la tranquilidad a la población.

Asimismo, señaló que el Gobierno viene impulsando diversas acciones orientadas a fortalecer el orden interno mediante la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado.

Gobierno también dispone apoyo militar al INPE y mantiene operativos en el VRAEM

En materia de seguridad, Keiko Fujimori informó que el Consejo de Ministros aprobó recientemente un marco de colaboración que permitirá a las Fuerzas Armadas brindar apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en las labores de vigilancia de los establecimientos penitenciarios.

La presidenta indicó que esta decisión busca reforzar el control en los centros de reclusión y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad dentro del sistema penitenciario.

Además, destacó que continuarán los operativos contra el narcoterrorismo en el VRAEM, resaltando el respaldo del Ejecutivo a las fuerzas especiales que participaron en la denominada Operación Quiñones, considerada uno de los recientes golpes contra organizaciones criminales que operan en esa zona del país.

La mandataria también confirmó que el Ejecutivo viene coordinando acciones para ejecutar la expulsión de ciudadanos extranjeros que ya cumplieron sus condenas en territorio peruano.

Keiko Fujimori informa sobre la atención a la emergencia en Junín

Otro de los temas abordados durante la transmisión fue la situación de emergencia registrada en la región Junín tras los recientes movimientos sísmicos.

La presidenta explicó que sostuvo reuniones con las autoridades regionales y municipales para coordinar las acciones de reconstrucción y asistencia a las familias afectadas.

“Tuve la posibilidad de conversar con el gobernador regional, con los alcaldes de ambas ambas provincias y siete alcaldes distritales [...] Estamos firmando un convenio para poder empezar la reconstrucción de las casas, a través del programa o del obras por impuestos”, dijo.

Según explicó, el Gobierno proyecta ejecutar la reconstrucción de viviendas utilizando el mecanismo de Obras por Impuestos, con el propósito de acelerar los trabajos y brindar soluciones a las familias damnificadas.

En el ámbito educativo, informó que ya se viene atendiendo la emergencia con infraestructura temporal para garantizar la continuidad de las clases.

“Me comentaron que habían cerca de 23 colegios dañados, 83 aulas que se habían caído [...] han llegado ya a Huancayo 820 domos. En los próximos días van a llegar más”, agregó.

La mandataria sostuvo que la instalación de estos espacios temporales permitirá que los estudiantes continúen con sus actividades académicas mientras avanzan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura educativa.

Fenómeno de El Niño será prioridad para el Gobierno

Durante su mensaje, Keiko Fujimori también manifestó su preocupación por los efectos que ya comienza a generar el fenómeno de El Niño en diversas regiones del país.

La presidenta indicó que su administración ha establecido como una prioridad nacional la implementación de medidas preventivas para enfrentar las consecuencias del evento climático.

“Hemos puesto como prioridad también prepararnos para el fenómeno de El Niño. El fenómeno de El Niño ya está acá en nuestro país, por eso estas temperaturas tan altas, la sequía que ya se empieza a sentir en la sierra”, explicó Keiko Fujimori.

En ese sentido, señaló que las distintas entidades del Ejecutivo vienen coordinando acciones para reducir el impacto que puedan ocasionar las altas temperaturas y la escasez de lluvias en varias zonas del territorio nacional.

Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso

En otro momento de su intervención, la mandataria confirmó que el Ejecutivo iniciará el procedimiento para solicitar facultades legislativas al Congreso de la República, con la finalidad de acelerar la implementación de las principales reformas contempladas en su plan de gobierno.

Según explicó, esta decisión comenzó a definirse durante la primera sesión del Consejo de Ministros, realizada el pasado 29 de julio, y busca dotar al Ejecutivo de herramientas legales que permitan ejecutar con mayor rapidez diversas políticas públicas durante los próximos cinco años.

La presidenta sostuvo que este mecanismo facilitará la puesta en marcha de iniciativas vinculadas con seguridad, economía, salud y modernización del Estado.

Anuncia incremento de Pensión 65 y digitalización del sistema de salud

La transmisión también sirvió para presentar anuncios relacionados con los programas sociales y la modernización del sistema público.

En ese contexto, Keiko Fujimori confirmó que el beneficio económico del programa Pensión 65 será incrementado hasta 700 soles bimensuales, como parte del fortalecimiento de la red de protección social destinada a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, adelantó que el sistema de salud iniciará un proceso de digitalización de las historias clínicas mediante el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, con el objetivo de agilizar la atención médica y optimizar los recursos hospitalarios.

“Esté gobierno va a digitalizar el sistema público. Entonces, estas hojas clínicas van a estar digitalizadas y se utilizará la inteligencia artificial”, puntualizó.

Militarizar las fronteras

El Gobierno del Perú alista un paquete legislativo impulsado por el Ministerio de Defensa para militarizar los puestos fronterizos más estratégicos del país. La iniciativa busca contener el avance del crimen organizado transnacional mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas limítrofes clave, una medida que requiere la aprobación previa del Consejo de Ministros y la posterior solicitud de facultades legislativas ante el Congreso de la República.

De forma complementaria, el Poder Ejecutivo endurecerá la política migratoria mediante la expulsión inmediata de todo ciudadano extranjero que reciba una condena penal en el país. El plan contempla realizar las deportaciones tan pronto se emita el fallo judicial, con el objetivo de evitar el saturamiento del sistema penitenciario y reforzar el principio de seguridad nacional en las áreas de control limítrofe.

Un amplio operativo de inteligencia ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras en la zona fronteriza de El Amatillo culminó con la detención de un ciudadano salvadoreño señalado por las autoridades como presunto integrante de una estructura criminal que opera en la región centroamericana.

La captura se produjo durante acciones de vigilancia desarrolladas por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Lenca Sumpul y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), unidades que mantienen presencia permanente en uno de los pasos fronterizos más importantes del país para reforzar la seguridad nacional y prevenir el ingreso de personas vinculadas al crimen organizado.

Según el informe oficial, el ciudadano fue requerido tras detectarse que había ingresado de manera irregular al territorio hondureño. Las verificaciones realizadas por los equipos de inteligencia permitieron establecer elementos que dieron paso a una investigación más detallada sobre su identidad y posibles antecedentes.

El detenido fue identificado como Henry Zalaya Umanzor, de 45 años, conocido con el alias de “El Gordo”, originario del municipio de Pasaquina, departamento de La Unión, en El Salvador.

De acuerdo con la información proporcionada por las Fuerzas Armadas, el ciudadano posee antecedentes penales en su país por los delitos de falsificación de documentos y robo agravado, registros que fueron confirmados durante el proceso de verificación de información realizado por las instituciones competentes.

Sospechas de vínculos con la Pandilla 18

Las investigaciones desarrolladas por los organismos de seguridad apuntan a que Zalaya Umanzor sería presunto miembro activo de la Pandilla 18, una organización criminal con presencia en distintos países de Centroamérica y señalada por las autoridades de la región por su presunta participación en diversos delitos.

Como parte del procedimiento de identificación, especialistas realizaron análisis periciales al detenido, que permitieron detectar que varios de los tatuajes visibles en su cuerpo habían sido alterados con nuevos diseños.

La hipótesis de los investigadores sostiene que los nuevos tatuajes fueron realizados para cubrir o disimular los símbolos que originalmente hacían referencia a la estructura criminal, una práctica que, de acuerdo con los cuerpos de seguridad, ha sido utilizada por presuntos integrantes de pandillas para dificultar su identificación durante operativos policiales o controles migratorios.

Mario Rivera portavoz de las Fuerzas Armadas dijo que " que los análisis técnicos permitieron identificar rastros de los diseños originales, lo que fortaleció las sospechas sobre la presunta pertenencia del detenido a la organización criminal".

El operativo en El Amatillo

El operativo fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas durante varios días en el corredor fronterizo de El Amatillo, considerado uno de los principales puntos de conexión terrestre entre Honduras y El Salvador.

Las autoridades han reforzado la presencia militar y policial en esta zona debido al constante flujo de personas y mercancías que transitan diariamente entre ambos países, así como por el riesgo de que estructuras criminales intenten movilizar a sus integrantes utilizando rutas fronterizas.

Como parte de estas acciones se ejecutan inspecciones migratorias, patrullajes, controles vehiculares, verificación de identidad y análisis de información de inteligencia para detectar personas con órdenes de captura, antecedentes penales o posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Las autoridades hondureñas informaron que el detenido registra antecedentes judiciales en El Salvador por los delitos de falsificación de documentos y robo agravado.

Aunque no se detalló la fecha en que ocurrieron esos procesos ni el estado actual de estos, la información fue incorporada al expediente elaborado durante el procedimiento realizado por las autoridades hondureñas.

Tras concluir las diligencias iniciales en el lugar de la detención, Zalaya Umanzor fue trasladado a las instalaciones de la Aduana de El Amatillo para desarrollar el procedimiento administrativo correspondiente por su ingreso irregular al territorio hondureño.

Posteriormente, conforme a los protocolos de coordinación existentes entre ambos países, el ciudadano fue entregado a las autoridades salvadoreñas, que asumirán las actuaciones legales que correspondan de acuerdo con su legislación.

Las autoridades destacaron que la cooperación regional ha permitido mejorar el intercambio de información sobre personas investigadas por presuntos vínculos con estructuras criminales, facilitando su identificación cuando intentan cruzar las fronteras centroamericanas.

Durante cuatro décadas, los Murciélagos se han consolidado como una de las unidades militares más especializadas y reservadas de México. Integrados al Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), estos elementos están preparados para ejecutar misiones de alto riesgo que van desde operaciones contra el crimen organizado hasta rescates, infiltraciones y apoyo en situaciones de desastre.

Aunque suelen permanecer lejos de los reflectores por la naturaleza de sus operaciones, los Murciélagos representan uno de los principales activos tácticos del Ejército mexicano y participan en despliegues donde se requiere precisión, sigilo y rapidez.

¿Cómo nacieron los Murciélagos del Ejército Mexicano?

La historia de esta unidad se remonta a 1986, cuando el entonces Estado Mayor de la Defensa Nacional creó el Grupo de Fuerzas Especiales, considerado el antecedente directo del actual Cuerpo de Fuerzas Especiales.

Su formación respondió a la necesidad de contar con militares capaces de actuar en escenarios de alta complejidad, mediante operaciones de infiltración, reconocimiento, rescate y combate especializado.

De acuerdo con SeguriLatam, con el paso de los años, la organización evolucionó y amplió sus capacidades. En la década de 1990 surgieron nuevas estructuras de fuerzas especiales que posteriormente fueron reorganizadas hasta conformar el actual Cuerpo de Fuerzas Especiales, del que forman parte los llamados Murciélagos.

El sobrenombre de Murciélagos proviene de su especialización para operar de noche, aprovechando el factor sorpresa mediante el uso de visión nocturna, tecnología de reconocimiento y tácticas de infiltración silenciosa.

Solo tres de cada diez soldados logran convertirse en Murciélagos

Convertirse en integrante de esta unidad requiere superar un proceso de selección extremadamente riguroso.

De acuerdo con mandos militares, únicamente tres de cada diez aspirantes consiguen aprobar todas las evaluaciones para ingresar al curso de formación.

Los candidatos deben acreditar:

• Exámenes físicos de alto rendimiento.
• Evaluaciones médicas.
• Pruebas psicológicas.
• Controles de confianza.
• Evaluaciones tácticas.
• Pruebas de resistencia física y mental.

Quienes superan esta etapa ingresan al Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, ubicado en Temamatla, Estado de México, donde reciben capacitación intensiva en:

• Combate urbano.
• Guerra irregular.
• Francotirador.
• Manejo de explosivos.
• Paracaidismo militar.
• Supervivencia.
• Combate cuerpo a cuerpo.
• Operaciones nocturnas.
• Infiltración terrestre y aérea.

La exigencia del entrenamiento busca que los elementos puedan responder bajo condiciones extremas, con largas jornadas, privación de sueño y escenarios que simulan situaciones reales de combate.

¿Cuántos “murciélagos” integran esta fuerza especial?

Actualmente, el cuerpo está conformado por alrededor de 4 mil elementos, distribuidos en distintas unidades especializadas.

Además del centro de entrenamiento en Temamatla, cuentan con instalaciones para adiestramiento en diversos ambientes:

• San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, especializado en combate urbano.
• Laguna Salada, Baja California, para operaciones en desierto.
• Xtomoc, Quintana Roo, enfocado en entrenamiento de selva.
• Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, considerado el principal “nido” de la corporación.

Esta infraestructura permite preparar a los militares para actuar prácticamente en cualquier tipo de terreno.

¿Qué misiones realizan los Murciélagos?

Las funciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales abarcan operaciones consideradas de alta prioridad para la seguridad nacional.

Entre ellas destacan:

• Combate contra grupos del crimen organizado.
• Captura de objetivos prioritarios.
• Operaciones de inteligencia.
• Liberación de rehenes.
• Reconocimiento e infiltración.
• Protección de instalaciones estratégicas.
• Operaciones antiterroristas.
• Apoyo a otras fuerzas militares y de seguridad.

Gracias a su nivel de preparación, también participan en despliegues especiales dentro del Plan DN-III-E, cuando las emergencias requieren personal altamente capacitado.

En junio de este año, por ejemplo, integrantes de los Murciélagos participaron en la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), donde colaboran con ingenieros, médicos, personal de rescate y especialistas para atender a la población afectada por fenómenos naturales.

Los Murciélagos también representan a México en competencias internacionales

Además de sus operaciones dentro del país, esta unidad participa regularmente en ejercicios militares y competencias internacionales de fuerzas especiales.

Las pruebas incluyen:

• Marchas forzadas.
• Tiro de precisión.
• Asalto combinado.
• Navegación terrestre.
• Rescate.
• Combate cercano.
• Obstáculos tácticos.

Estos encuentros permiten medir las capacidades operativas de las unidades de élite frente a fuerzas militares de otros países y fortalecer el intercambio de experiencias en materia de operaciones especiales.

Cuatro décadas de una de las unidades más reservadas del Ejército

A diferencia de otras corporaciones militares, gran parte del trabajo de los Murciélagos permanece bajo estricta reserva debido al tipo de operaciones que realizan.

Su intervención suele hacerse pública únicamente cuando las autoridades consideran que no compromete la seguridad de futuras misiones o cuando forman parte de operativos de alto impacto anunciados por el Gobierno federal.

A 40 años de su creación, esta unidad continúa siendo uno de los componentes más especializados de las Fuerzas Armadas Mexicanas, con personal entrenado para actuar en condiciones extremas y responder tanto a amenazas contra la seguridad nacional como a emergencias que requieren una capacidad operativa excepcional.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron este jueves el aseguramiento de 5.500 arbustos de presunta hoja de coca en el municipio de Iriona, departamento de Colón. El hallazgo ocurrió durante un patrullaje en Quebrada del Diablo, donde participaron la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y otras instituciones de seguridad.

El informe oficial indicó que la plantación ocupaba una extensión aproximada de una manzana de tierra y que los 5.500 arbustos presentaban características propias de la hoja de coca.

En el operativo participaron efectivos del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11, la 115 Brigada de Infantería y el Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, junto con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, para asegurar el área y continuar con las diligencias.

Tras la localización del cultivo, las autoridades aseguraron el terreno, mientras el Ministerio Público desarrolla las actuaciones legales y las investigaciones para identificar a los responsables de la plantación y determinar si existen vínculos con estructuras del crimen organizado que operan en la región.

El municipio de Iriona es uno de los puntos donde con mayor frecuencia se detectan plantaciones de coca en Honduras. Las condiciones geográficas de sus montañas y la dificultad para acceder a algunos sectores han sido aprovechadas por organizaciones criminales para establecer cultivos clandestinos y, en algunos casos, laboratorios artesanales destinados al procesamiento de alcaloides.

Iriona y los cultivos detectados

El nuevo aseguramiento ocurrió semanas después de que las autoridades localizaran otra plantación de más de 5.500 arbustos en la comunidad de Río Verde, también en Iriona.

En operativos anteriores desarrollados en el mismo municipio también fueron encontrados cultivos con 7.500, 20.800 y 40.000 arbustos de coca, además de instalaciones clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga.

Las autoridades explicaron que este tipo de intervenciones busca atacar la cadena de producción del narcotráfico desde su origen, para evitar que los cultivos sean cosechados y luego transformados en cocaína.

Además del aseguramiento de plantaciones, los operativos incluyen la destrucción de laboratorios artesanales, la incautación de precursores químicos y la identificación de rutas utilizadas para trasladar droga hacia otros puntos del país y del extranjero.

Las investigaciones continúan para establecer quiénes financiaban el cultivo localizado en Quebrada del Diablo y si existen conexiones con organizaciones criminales nacionales o internacionales.

Cifras de los aseguramientos

Los hallazgos registrados durante 2026 reflejan la escala del desafío que enfrentan las autoridades en el combate al narcotráfico. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año las Fuerzas Armadas han asegurado decenas de plantaciones de coca en distintos departamentos del país, principalmente en Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

Solo durante el primer semestre de 2026, las autoridades informaron el aseguramiento de más de 35 plantaciones, con más de 570 mil arbustos de coca y la destrucción de 10 instalaciones artesanales utilizadas para procesar la droga. Como resultado de estas acciones, estiman que las estructuras criminales dejaron de producir alrededor de 467 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 150 millones de lempiras.

Las estadísticas también muestran que el fenómeno no es nuevo. Durante 2025 fueron aseguradas 51 plantaciones con más de un millón de arbustos de coca, mientras que en años anteriores Honduras registró cifras altas en la detección de cultivos ilícitos en el litoral atlántico.

Las Fuerzas Armadas aseguraron que los patrullajes de largo alcance continuarán en las áreas identificadas con mayor incidencia, con el objetivo de localizar nuevos cultivos, desmantelar centros de procesamiento y reducir la capacidad operativa de las redes criminales.

La operación se desarrolló en la zona de Alto Mantaro, distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo (Junín), con participación de unidades especiales del Comando Especial del Vraem (CEVRAEM), la Policía Nacional y apoyo aéreo. Según las autoridades, Richard era considerado un blanco de alto valor debido a su posición dentro de la estructura armada y su control en el grupo terrorista.

‘Camarada Richard’ era el tercero al mando en Sendero Luminoso

El general de brigada Sandor Gálvez Chavera, jefe del Estado Mayor de Operaciones del CEVRAEM, explicó que la intervención fue producto de un trabajo conjunto de inteligencia entre diversas instituciones. Según detalló, participaron equipos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el propio CEVRAEM, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y el Frente Policial Vraem.

“Hemos podido, a través de una operación conjunta integrada con la Policía Nacional y a través de informaciones de inteligencia, abatir al delincuente terrorista Richard”, señaló el oficial durante la presentación de los resultados del operativo.

Gálvez indicó que el cabecilla pertenecía al denominado buró político de tercera línea de mando de la organización terrorista y que tenía un papel relevante dentro de las columnas armadas. “Es un blanco de alto valor, importante para su organización”, afirmó el general, al remarcar que se trataba de uno de los antiguos integrantes que permanecían en las filas subversivas.

Incautaron fusil, municiones y equipos de comunicación

Durante la intervención, las fuerzas del orden encontraron en poder del ‘Camarada Richard’ diversos materiales utilizados por la organización terrorista. Entre los objetos incautados se halló un fusil Galil calibre 5.56 mm, cargadores con municiones, explosivos, una radio de comunicación y objetos personales.

El general Gálvez explicó que el arma encontrada habría pertenecido al Ejército peruano y que figuraba como perdida desde el año 2010. “Se dio por perdido o robado”, indicó, al señalar que podría haber sido obtenido tras un ataque contra las fuerzas del orden.

Asimismo, detalló que el equipo de comunicación encontrado era utilizado para mantener contacto entre las columnas terroristas que operan en el Vraem. Las autoridades señalaron que los objetos fueron trasladados para continuar con las diligencias correspondientes.

Un militar resultó herido

La operación también dejó un integrante del Ejército herido durante el enfrentamiento terrestre registrado contra otros miembros de la columna terrorista. El militar fue atendido inicialmente en el Fuerte Pichari y luego evacuado a Lima para continuar con su recuperación.

Según informó el jefe del CEVRAEM, durante la extracción del personal militar y la evacuación del herido, uno de los helicópteros recibió 18 impactos de bala por parte de los remanentes terroristas que permanecían en la zona.

Gálvez destacó que la operación fue planificada para evitar daños a civiles debido a la cercanía con centros poblados. “Es una operación quirúrgica, muy entrenada, con gente especializada de fuerzas especiales”, explicó, al señalar que no se registraron daños colaterales durante la intervención.

‘Camarada Richard’ y la matanza en Huarcatán

Según el analista en seguridad integral y gestión de riesgos, Pedro Yaranga, ‘Camarada Richard’ ocupaba una posición clave dentro del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP). Los informes de inteligencia lo identificaban como uno de los principales mandos militares de la organización, responsable de controlar las rutas del narcotráfico a través del eje del río Mantaro y de integrar el primer anillo de seguridad que resguardaba a los cabecillas conocidos como ‘Chato Mendoza’ y ‘Fernando’, considerados entre los líderes de mayor jerarquía en el Vraem.

El nombre de ‘Camarada Richard’ también aparece vinculado a uno de los ataques más sangrientos atribuidos a los remanentes de Sendero Luminoso en los últimos años. En marzo de 2021, una columna terrorista irrumpió en el centro poblado de Huarcatán, en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta (Ayacucho), donde cuatro integrantes de una misma familia fueron asesinados en un crimen que generó el rechazo de las autoridades y de la población.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y los reportes oficiales de la época, las víctimas fueron Pedro Curiñaupa Arone, Gregorio Ccayas Limache, Yolanda Canchanya y dos menores de edad. Los atacantes los acusaron de colaborar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional antes de secuestrarlos y asesinarlos. Tras el hecho, la Fiscalía inició una investigación por presunto delito de terrorismo para esclarecer las responsabilidades de los integrantes de la organización subversiva.

La integrante de la institución naval tenía a su cargo el bastón de mando que sería entregado a la mandataria durante el acto protocolar cuando ocurrió el incidente, registrado por las cámaras del diario La República.

En las imágenes se observa cómo la uniformada pierde el equilibrio y cae al suelo. De inmediato, dos personas se acercan para auxiliarla, mientras otra le proporciona una silla de ruedas para retirarla del lugar.

Tras el hecho, el bastón de mando fue entregado a otro integrante de la Marina, mientras que la mujer fue trasladada hacia una zona ubicada a un costado de Palacio, donde permaneció cabizbaja mientras continuaban los preparativos de la ceremonia.

Posteriormente, Fujimori recibió la insignia y el bastón de mando que portará durante los próximos cinco años, una entrega que estuvo a cargo del general César Augusto Briceño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En la ceremonia participaron los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, así como de la Policía, además de altos mandos militares, destacamentos y autoridades civiles.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), quien estuvo acompañada por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo, inició este martes su mandato para el próximo quinquenio con la toma de mando en el Palacio Legislativo y un primer discurso en el que anunció que otorgará mayor participación a las FFAA en las operaciones contra el crimen organizado.

En ese sentido, señaló que los institutos castrenses asumirán de manera temporal las acciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia. Asimismo, afirmó que una de sus prioridades “será fortalecer integralmente” a la Policía.

Luego de la ceremonia de reconocimiento de su mando sobre las fuerzas de seguridad, Fujimori encabezó la primera reunión del Consejo de Ministros, dirigida por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, donde se aprobarán las primeras medidas de su gestión.

Más tarde, la mandataria presidió el tradicional desfile cívico-militar por los 205 años de la independencia del Perú, realizado en la avenida Brasil, vía que atraviesa los distritos de Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María, Breña y Lima.

Con la toma de mando, la lideresa de Fuerza Popular concretó el retorno del fujimorismo al Gobierno, casi 26 años después de que su padre renunciara por fax desde Japón, tras revelarse un amplio escándalo de corrupción durante su administración.

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Keiko Fujimori encabeza la ceremonia que conmemora el 205° aniversario de la Independencia Nacional, acompañada por las más altas autoridades del Estado, los titulares del Poder Judicial y del Congreso, y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

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El baño de popularidad de Keiko Fujimori en la Av. Brasil

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Mayor Vilca de la Policía Nacional del Perú (PNP) detalla la participación de más de 1500 efectivos en el gran desfile, renovando el compromiso de la institución con la seguridad de todos los peruanos.

La delegación militar de España reveló que les sorprendió el fervor de los peruanos por las Fiestas Patrias

Participación de la PNP en el Desfile Militar

Durante una entrevista, el mayor PNP Iván Vilca García explicó la función de la Policía Nacional del Perú durante las celebraciones de Fiestas Patrias, destacando el compromiso de la institución con la seguridad de la ciudadanía. “La Policía Nacional del Perú es la policía de todos los peruanos y nuestra seguridad es tu prioridad, es nuestra prioridad. Su seguridad de usted es nuestra prioridad”, afirmó Vilca, subrayando la labor de miles de policías desplegados a nivel nacional para resguardar la vida y la paz en el país.

Respecto a la participación policial en el desfile, Vilca detalló que aproximadamente mil quinientos efectivos conforman el séptimo subagrupamiento encargado de mostrar la diversidad de unidades de la Policía Nacional. El mayor puntualizó que la institución “acapara casi toda actividad humana” y resaltó la presencia activa de mujeres en cargos de dirección: “Hoy en día ya la participación no es en la parte... de medio bajo, ¿no? Sino es en la parte ya jefatural, parte... de directoras ya. Tenemos directoras de escuela, tenemos comisarias, tenemos jefes de agrupamiento, jefes de división”.

Al finalizar, Vilca envió un saludo por el aniversario patrio y reiteró el compromiso policial: “Una vez más reiterar, un feliz aniversario patrio, lo cual nos renueva a nosotros como institución policial nuestro compromiso para con la ciudadanía, para con nuestro país, para con, para con todas las familias, eh, del Perú. Porque siempre recuerden que la Policía Nacional del Perú es la policía de todos los peruanos y nuestra prioridad es su seguridad”.

Recibida con entusiasmo por decenas de simpatizantes, Keiko Fujimori llega al Desfile Militar 2026

Keiko Fujimori llega al Desfile Militar con su escolta y se dirige al palco oficial en la av. Brasil

Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, llega a la Parada Militar y recibe los honores de rigor

Empiezan a llegar las autoridades. Además de diputados y senadores, ya llegó Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello

La PNP exhibirá robots con tecnología para rescates y desactivación de explosivos

Cientos de ciudadanos, incluyendo familias enteras, se congregan en la Avenida Brasil desde la noche anterior para asegurar el mejor lugar y no perderse ningún detalle de la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias.

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Policía de Carreteras en la Gran Parada Militar: ¿Cómo te protegen en tus viajes?

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño, le entrega el bastón de mando como Jefa Suprema de las FFAA a Keiko Fujimori

Curiosas imágenes que nos deja la previa del Desfile Militar en la avenida Brasil.

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Keiko Fujimori permanece en su vivienda en San Borja a la espera que se dirija a Palacio de Gobierno donde será reconocida como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas

Diversos escuadrones se alistan para el inicio del Desfile y Parada Militar 2026 en la av. Brasil

La exhibición canina es uno de los desfiles más esperados de la Parada Militar en la av. Brasil. Esta vez a cargo de la Marina de Guerra del Perú

A estas horas se alistan para el inicio del Desfile y Parada Militar

Una tradición que paraliza Lima

El desfile, que recorre más de cuarenta cuadras de la avenida Brasil a lo largo de los distritos de Jesús María, Pueblo Libre y Breña, es la mayor expresión pública del aparato militar y civil del Estado peruano. La tradición se remonta a los primeros años de la república y, edición tras edición, convoca a centenares de miles de ciudadanos a las orillas de esa arteria limeña.

Para esta ocasión, el Ministerio de Defensa estima que al menos siete mil personas desfilarán en el recorrido, mientras que entre 150.000 y 250,000 espectadores se .congregarán de forma presencial.

El primer desfile de Keiko Fujimori como jefa suprema de las FF.AA.

La juramentación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República, celebrada ayer martes en el hemiciclo del Congreso bicameral, la convierte automáticamente en la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la PNP.

Hoy, desde el estrado principal instalado en la cuadra 23 de la avenida Brasil —en el cruce con la avenida General Vivanco—, Fujimori presidirá su primera Gran Parada Militar. El acto tiene una carga simbólica adicional: es la primera vez que una presidenta electa por sufragio universal ocupa ese lugar de honor en la historia del Perú.

Once agrupamientos en la avenida Brasil

El desfile se organiza en once agrupamientos. Al frente marchará la Gran Banda Conjunta de las Fuerzas Armadas y PNP, integrada por 120 músicos: 30 del Ejército del Perú, 30 de la Marina de Guerra del Perú, 30 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y 30 de la PNP.

Tras las delegaciones extranjeras, desfilarán los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional —entre ellos combatientes del Alto Cenepa (1995) y la Compañía Chavín de Huántar—, así como los contingentes completos de la Marina de Guerra, la FAP y el Ejército.

El sexto agrupamiento corresponde a la PNP, que desfilará con su compañía histórica, cadetes de la Escuela de Oficiales, unidades especiales y la unidad canina. El séptimo agrupamiento es el hipomóvil, con el Regimiento Húsares de Junín como escolta de la presidenta de la República. El octavo agrupamiento es motorizado e incluye al INDECI, el SAMU, la Cruz Roja Peruana y los bomberos.

Las seis delegaciones extranjeras

Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia y Panamá abrirán el desfile como primer agrupamiento, en una presencia que el Ministerio de Defensa enmarca en los vínculos de cooperación y fraternidad con el Perú.

Chile estará representado por la Escuela Naval “Arturo Prat”, bajo el mando del teniente primero Luis Sánchez Baeza. Colombia enviará una delegación de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, centro de formación de oficiales del Ejército Nacional colombiano desde 1907, reconocido por haber incorporado a mujeres en su planta de cadetes. La representación de Ecuador desfilará con su bandera nacional como símbolo del heroísmo y la vocación de servicio de sus Fuerzas Armadas.

La delegación de España estará conformada por cadetes de la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio, bajo el mando del capitán Pedro Huarte Segura, profesor de la Academia General Militar de Zaragoza. Desde Italia llegará una delegación de la Academia Aeronáutica, fundada en 1923 y principal instituto universitario militar de la Fuerza Aérea italiana. Panamá participará por segundo año consecutivo con ocho cadetes vinculados a la Policía Nacional de Panamá y al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes realizan parte de su formación en escuelas militares peruanas.

El impase de los bomberos: desconvocados y luego reincorporados

Uno de los episodios más comentados en la previa fue el protagonizado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. A mediados de julio, un representante de la institución anunció públicamente que los bomberos no participarían en el desfile. La razón: tras seis semanas de preparación y cerca de 300 voluntarios convocados, se les comunicó a último momento que solo un grupo reducido podría marchar, lo que fue calificado por la institución como una falta de respeto al esfuerzo de sus integrantes.

La polémica no duró. El Ministerio de Defensa intervino y confirmó la presencia de los bomberos con tres agrupamientos diferenciados. El comandante general del cuerpo, Juan Carlos Morales Carpio, ratificó la participación de la institución e informó que desfilarán tres delegaciones, una de ellas integrada exclusivamente por mujeres. El despliegue incluirá compañías de 81 personas y 15 unidades motorizadas. Morales Carpio aprovechó la ocasión para solicitar al nuevo gobierno mayor apoyo en equipamiento para la institución.

Los bomberos participarán tanto en el octavo agrupamiento motorizado como en el noveno, denominado “La Fuerza de ser Peruanos”, junto al SINAGERD, entidades técnico-científicas como el IGP y el SENAMHI, organismos de salud y gobiernos locales.

Seguridad y restricciones viales

Para garantizar el desarrollo del evento, la PNP desplegará 9,913 efectivos solo para la Gran Parada Militar, parte de un operativo total de 13,463 agentes en Lima y más de 32,000 a nivel nacional, según informó el comandante general de la institución, general Óscar Arriola.

Los desvíos comenzaron la noche del 28 de julio. La PNP instaló rejas y patrulleros desde la cuadra 16 de la avenida Brasil, en dirección al distrito de Magdalena, donde efectivos de la División de Tránsito controlaron el ingreso de vehículos. Solo los residentes de la zona pudieron acceder, previa acreditación de su domicilio con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Varios conductores que desconocían la medida debieron realizar maniobras de retorno para buscar rutas alternas.

Activan desvíos por cierre de la avenida Brasil

Según el plan de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el cierre total de la avenida Brasil —entre la Plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado— rige desde las 00:01 a.m. de este 29 de julio hasta las 3:00 p.m. La restricción alcanza también las vías destinadas a la concentración y desplazamiento de las delegaciones: las avenidas De La Peruanidad, 9 de Diciembre, Alfonso Ugarte, Arica y Guzmán Blanco, el pasaje Ruiz Bravo, el jirón Chota y un tramo de la avenida Javier Prado Oeste.

La Gerencia de Movilidad Urbana de la MML habilitó como rutas alternas las avenidas Alfonso Ugarte, República de Venezuela, Tingo María, José de Sucre, Salaverry, Del Ejército, Garcilaso de la Vega, 28 de Julio y Uruguay. La comuna recomendó a los conductores salir con mayor tiempo de anticipación y priorizar el transporte público para reducir la congestión en las vías aledañas al recorrido del desfile.

El primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori marcó el inicio de una serie de propuestas que buscan transformar distintas áreas del país. Según la agenda oficial, el Ejecutivo busca presentar al Congreso una solicitud de facultades legislativas para emitir normas en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, promoción y protección de los emprendedores, impulso de la micro y pequeña empresa, formalización, empleo, protección social, desarrollo productivo, simplificación administrativa, modernización del Estado y materia tributaria y aduanera.

De acuerdo con el documento elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el pedido se plantea para un periodo de 120 días, con el objetivo de acelerar reformas y responder a retos urgentes.

En el mensaje de toma de mando, Keiko Fujimori adelantó que la prioridad es enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y fortalecer la seguridad interna. “Solicitaremos al Congreso la delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana, empleo y modernización del Estado”, afirmó la presidenta durante su discurso oficial.

Entre las metas, el gobierno propone medidas para proteger a los emprendimientos y pequeñas empresas, impulsar el empleo formal y reorganizar entidades del Poder Ejecutivo. Además, se anunció la intención de perfeccionar el régimen de beneficios laborales, reducir feriados y simplificar trámites con la finalidad de dinamizar la economía y facilitar la inversión privada.

El Ejército podría asumir la dirección de los penales

Dentro de este paquete de propuestas, una de las medidas más debatidas es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) participen en la dirección y gestión de los penales peruanos.

El texto presentado al Congreso establece que el Poder Ejecutivo estaría facultado para legislar sobre la seguridad y control de los establecimientos penitenciarios, incluyendo la reorganización del sistema y la participación temporal y excepcional del Ejército en la administración de las cárceles.

“Prever y regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo de establecimientos y servicios pertenecientes al Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, conforme al marco constitucional vigente”, detalla el documento oficial.

Esta medida busca fortalecer el sistema penitenciario frente a la criminalidad organizada y mejorar la seguridad interna. La propuesta también contempla la actualización del marco normativo para permitir la inversión privada en la infraestructura y gestión de los penales, así como perfeccionar el régimen de tratamiento, trabajo, capacitación y reinserción de los internos.

“El objetivo es reorganizar y optimizar el marco institucional y normativo del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social”, señala el proyecto revisado por el gabinete.

Durante la sesión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo subrayó que estas acciones serían reguladas bajo parámetros constitucionales y en coordinación con las entidades competentes. Desde el entorno de Keiko Fujimori, se ha reiterado la urgencia de combatir la inseguridad y fortalecer las instituciones encargadas del control penitenciario.

La discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los penales genera desde ya atención pública y reacciones de diverso calibre en el ámbito político y social.

Chile movilizó a unos cinco mil militares antes de que el temporal alcanzara su punto más crítico y dejara 13 muertos, cuatro desaparecidos y cerca de 100.000 personas aisladas. Para Andrei Serbin Pont, esa decisión fue uno de los factores que permitió acelerar los rescates y sostener la asistencia en las zonas más afectadas, en un operativo que combinó helicópteros, aviones de transporte, hospitales de campaña y vehículos anfibios para llegar a comunidades que habían quedado completamente incomunicadas.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, el especialista explicó que las autoridades chilenas comenzaron a preparar la respuesta antes de que se produjeran los principales desbordes, deslizamientos de tierra y cortes de rutas que afectaron especialmente a las regiones de Coquimbo y Atacama. Según señaló, el acuartelamiento preventivo de miles de efectivos y la movilización de personal de reserva permitieron que los recursos estuvieran listos para actuar desde las primeras horas de la emergencia. “La principal diferencia fue la preparación”, resumió al analizar la estrategia adoptada por el país tras conocerse los pronósticos meteorológicos.

La magnitud del fenómeno obligó a desplegar capacidades poco habituales incluso para un país acostumbrado a enfrentar catástrofes naturales. “Hubo zonas en las cuales llovió en una hora lo que normalmente llovería en un mes”, explicó Serbin Pont al describir un escenario que dejó poblaciones enteras aisladas y obligó a coordinar recursos terrestres, aéreos y sanitarios para garantizar la asistencia.

Uno de los ejes del operativo fue el puente aéreo organizado por la Brigada de Aviación del Ejército. Diez helicópteros participaron de las tareas de rescate y abastecimiento, lo que permitió evacuar a más de 120 personas que permanecían aisladas hasta el 20 de julio y mantener el traslado de personal, alimentos e insumos hacia sectores donde los caminos habían quedado destruidos o resultaban intransitables.

La Fuerza Aérea complementó ese despliegue mediante vuelos de aviones Hércules C-130, que transportaron 183 toneladas de ayuda humanitaria hacia las regiones afectadas. Cuando ni siquiera era posible acceder por vía terrestre o aérea mediante aterrizajes convencionales, un avión CASA 212 lanzó alimentos, medicamentos y otros suministros mediante paracaídas para abastecer a comunidades completamente incomunicadas. “Ese lanzamiento de ayuda humanitaria fue clave”, destacó el analista al describir una de las operaciones más complejas del dispositivo logístico.

La asistencia también incluyó la instalación de un hospital modular de campaña en Ovalle y puestos de atención médica especializada para reforzar un sistema sanitario exigido por la emergencia. Al mismo tiempo, vehículos blindados con capacidad anfibia ingresaron en sectores anegados donde otros medios no podían operar, mientras unidades de ingenieros despejaban caminos, reparaban infraestructura crítica y trabajaban para restablecer la conectividad entre las localidades afectadas.

Para Serbin Pont, la rapidez de la respuesta no fue producto de la improvisación, sino de una planificación sostenida y de la experiencia acumulada por Chile frente a terremotos, tsunamis e inundaciones. A diferencia de otros desastres naturales, explicó, las lluvias extremas permitían anticipar escenarios de riesgo y comenzar el despliegue antes de que la situación se agravara. “El terremoto es impredecible, pero cuando existe la posibilidad de desbordes empezaban a tomar medidas de precaución para iniciar el despliegue en caso de ser necesario. Eso demuestra un nivel de preparación de fondo que entiende cuáles pueden ser las circunstancias”, afirmó.

El especialista sostuvo que, en ese contexto, las Fuerzas Armadas aportaron capacidades logísticas difíciles de reemplazar por otros organismos del Estado. Redes de comunicaciones, patrullas de auxilio, unidades de emergencia, equipos de ingenieros y medios de transporte permitieron sostener la asistencia incluso cuando buena parte de la infraestructura había colapsado. A su juicio, esa capacidad refleja el valor del uso dual del equipamiento militar. “Es muy positivo cómo han reaccionado las Fuerzas Armadas chilenas a este tipo de emergencias. Contribuyen mucho a pensar a las Fuerzas Armadas como una herramienta que facilita las condiciones necesarias para enfrentar incertidumbre”, sostuvo.

Al ampliar la mirada hacia el plano regional, Serbin Pont señaló que no todos los países cuentan con el mismo nivel de preparación para enfrentar emergencias de esta magnitud. Como ejemplo mencionó el caso de Venezuela, donde, según indicó, distintos desastres naturales dejaron al descubierto limitaciones operativas que comprometieron la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones de crisis.

Consultado por Maru Duffard y Fede Mayol sobre la experiencia argentina, el analista consideró que las Fuerzas Armadas locales también han demostrado una buena capacidad de despliegue territorial y de reacción ante emergencias, aunque advirtió que esas fortalezas conviven con restricciones materiales vinculadas al mantenimiento del equipamiento y la disponibilidad de recursos.

Como ejemplo recordó la intervención durante las inundaciones de La Plata en 2013, el temporal que afectó a Bahía Blanca y las tareas logísticas desarrolladas durante la pandemia de COVID-19, cuando participaron en la distribución de alimentos, insumos sanitarios y vacunas en distintos puntos del país. A su entender, la presencia territorial y la capacidad de movilizar personal siguen siendo activos importantes, aunque preservar ese nivel de respuesta exige inversiones sostenidas para mantener el material y retener personal especializado.

Finalmente, Serbin Pont sostuvo que la eficacia de este tipo de operativos también depende de un factor menos visible: la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de intervenir durante las emergencias. En ese sentido, consideró que, en términos generales, los argentinos mantienen una percepción positiva sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en tareas de asistencia, un aspecto que facilita su despliegue cuando el Estado necesita movilizar rápidamente sus capacidades para responder a una catástrofe.

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La búsqueda de Joseph David Vuelto, de 16 años, continúa entre Cayos Cochinos y Corozal, en Atlántida, después del naufragio de una embarcación.

En el operativo participan cuerpos de rescate, autoridades militares y pescadores artesanales, mientras las Fuerzas Armadas mantienen patrullajes marítimos y recorridos terrestres en la zona.

Desde que se informó su desaparición, personal del Primer Batallón de Infantería de Marina mantiene un operativo de rastreo en una zona marítima y costera de difícil acceso por las corrientes marinas y las condiciones climáticas de los últimos días.

Las Fuerzas Armadas informaron que las operaciones incluyen patrullajes marítimos con la técnica de barrido triangular, un procedimiento de búsqueda y rescate para ampliar las probabilidades de localizar personas u objetos en el agua.

En paralelo, equipos terrestres inspeccionan playas, manglares y zonas de difícil acceso entre las comunidades de Zambo Creek, Corozal y La Unión.

Las autoridades reiteraron que los operativos no serán suspendidos mientras existan posibilidades de localizar al menor, por lo que embarcaciones militares recorren el área de forma permanente.

Cómo ocurrió el naufragio

Según la información recabada por las autoridades, Joseph David Vuelto salió a pescar junto a Lester Bátiz, una actividad que ambos realizaban con frecuencia en las aguas cercanas a Cayos Cochinos.

La última comunicación con la embarcación ocurrió durante la tarde del viernes pasado, antes de que el fuerte oleaje provocara el vuelco de la lancha en la que navegaban.

Tras el accidente, Lester Bátiz permaneció varias horas a la deriva hasta que equipos de emergencia lo localizaron y rescataron con vida. Luego fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con el testimonio del sobreviviente, Joseph habría decidido nadar hacia la costa para buscar ayuda después del naufragio. Desde ese momento no volvió a ser visto.

A los esfuerzos institucionales se sumaron pescadores de la comunidad de Corozal, que conocen la zona y colaboran con sus propias embarcaciones en la inspección de rutas usadas para la pesca artesanal.

Según los reportes conocidos durante las primeras horas de la emergencia, alrededor de siete lanchas participaron desde el inicio en las labores de búsqueda junto con personal naval.

Uno de los pocos indicios hallados durante el rastreo fue la red utilizada por el adolescente durante la jornada de pesca.

Días de búsqueda

Las autoridades señalaron que ese hallazgo confirmó que los equipos inspeccionan el área donde ocurrió el accidente, aunque hasta el momento no ha sido posible establecer el paradero del joven.

También consideran que cualquier objeto localizado en la zona puede aportar información para orientar el operativo hacia nuevos puntos de búsqueda.

Las labores de rescate se desarrollan en un escenario complejo por el estado del mar y las lluvias registradas en la costa norte durante los últimos días.

Las condiciones meteorológicas reducen la visibilidad, modifican las corrientes marinas y dificultan el desplazamiento de pequeñas embarcaciones, factores que obligan a ampliar de manera constante el radio de búsqueda.

Por esa razón, las Fuerzas Armadas mantienen recorridos continuos por vía marítima y terrestre, con inspecciones en playas, islotes y sectores donde las corrientes podrían arrastrar a una persona o restos de una embarcación.

Las autoridades hicieron un llamado a pescadores artesanales, operadores turísticos, navegantes y habitantes de las comunidades costeras para que informen de inmediato cualquier dato que pueda contribuir a localizar al menor.

Debido al tránsito constante de embarcaciones en la zona de Cayos Cochinos, las autoridades consideran que la colaboración ciudadana puede ampliar el alcance del operativo.

El área marítima comprendida entre La Ceiba, Sambo Creek y Cayos Cochinos ha sido escenario de varios operativos de búsqueda y rescate en los últimos años por naufragios, fallas mecánicas y cambios repentinos en las condiciones del mar.

Solo durante este año, la Fuerza Naval participó en diversas misiones que permitieron rescatar con vida a pescadores y turistas que quedaron a la deriva cerca de Cayos Cochinos tras sufrir desperfectos mecánicos o hundimientos de embarcaciones.

El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco (ICAC), representado por su decano Franz Chevarría Montesinos, interpuso ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad parcial contra la recientemente promulgada Ley 32735. El gremio advierte que la norma, aprobada por el Congreso de la República, vulnera gravemente el orden constitucional al expandir de manera irregular la jurisdicción militar-policial en perjuicio de la justicia ordinaria (Poder Judicial).

La Ley 32735, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de julio de 2026 por Fernando Rospigliosi, introduce modificaciones tanto en el Código Penal Militar Policial como en el Nuevo Código Procesal Penal.

Según la demanda, la ley altera el concepto de “delito de función”, permitiendo que toda conducta ilícita cometida por militares o policías durante estados de emergencia o en supuesto cumplimiento de funciones generales sea juzgada por el fuero militar, incluso si se lesionan bienes jurídicos comunes (como la vida, la libertad o el patrimonio) cuando esta jurisdicción es exclusiva para proteger bienes jurídicos castrenses (como la disciplina, la jerarquía y la operatividad de las Fuerzas Armadas y la PNP).

El ICAC sostiene que la Constitución es clara al establecer que la justicia militar es una excepción materialmente restringida, y no un “fuero personal”. Al calificar estas acciones como delitos de función por el simple contexto de su comisión, se está vulnerando el principio de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, que recae en el Poder Judicial.

La demanda tiene un apartado para cuestionar la Única Disposición Complementaria Final de la ley. Esta disposición ordena a los jueces de la jurisdicción ordinaria archivar definitivamente cualquier investigación o proceso penal si se constata la existencia de un proceso militar-policial paralelo por los mismos hechos y sujetos.

Según la norma, esta medida debe ejecutarse en un plazo no mayor a 30 días, mediante una decisión inimpugnable y sin necesidad de una audiencia previa. Sus efectos, dice el gremio, son devastadores para los procesos en curso porque se dejarían sin efecto sentencias condenatorias que aún no tengan calidad de cosa juzgada, anularía antecedentes, levantaría medidas de coerción e, incluso, prohibiría el pago de reparaciones civiles a las víctimas.

El ICAC argumenta que este mecanismo atenta directamente contra el derecho al juez natural, el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia. Se advierte, además, que esto afecta severamente a las víctimas civiles —incluidas las víctimas de violaciones de derechos humanos—, quienes ven anulado su derecho a la verdad, a ser oídas y a recibir reparación.

Delimitación

Cabe precisar que el ICAC no busca derogar la ley en su totalidad. Queda excluido de la demanda el extremo de la ley que agrava las sanciones (con penas de hasta cadena perpetua) para aquellos militares o policías que colaboren con bandas, grupos armados ilegales u organizaciones criminales.

El objetivo es expulsar del ordenamiento jurídico exclusivamente los artículos que predeterminan la preferencia por la justicia militar policial y obligan al cierre de la justicia ordinaria. La demanda se dirige contra el Congreso de la República.

El Tribunal Constitucional deberá ahora evaluar si admite a trámite la demanda, con lo que se tendría que notificar al Parlamento para que conteste.

De congresista a senador

Fernando Rospigliosi Capurro fue elegido senador de la República por la lista nacional de Fuerza Popular tras obtener un total de 68,330 votos preferenciales. Su respaldo en las urnas lo ubicó entre las candidaturas más votadas de su agrupación política, asegurando su escaño en la Cámara Alta para el periodo parlamentario 2026-2031.

Tras la instalación del nuevo Congreso bicameral, el electo parlamentario asumió la conducción de la Junta Preparatoria en calidad de primer secretario. En dicho fuero lideró el proceso de juramentación de los integrantes del fuero de revisión y la posterior votación que definió la primera Mesa Directiva del Senado para el periodo 2026-2027.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó ser víctima de una campaña de desacreditación tras la publicación de su Recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa y respondió a las críticas emitidas.

El pronunciamiento de DGDDH/011/2026, refuta punto por punto trece argumentos que organizaciones, analistas y exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE) han lanzado contra el documento desde su publicación.

El Ejército y la Recomendación 208VG/2026

Uno de los temas centrales del documento es el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La CNDH concluyó que no hubo participación institucional de elementos de la SEDENA en los eventos violentos contra los estudiantes, descartando la existencia de un plan de “contrainsurgencia” o de exterminio hacia los normalistas. No obstante, la Comisión aclaró que no exonera a nadie, pues las responsabilidades penales corresponden a los tribunales.

En ese sentido, la recomendación aborda a detalle el caso de 20 militares que actualmente se encuentran bajo proceso judicial, incluidos los comandantes del 27/o y 41/o Batallón de Infantería.

Ante las acusaciones de ocultar información sobre un presunto soldado infiltrado, el organismo señaló que el 27 Batallón es mencionado 76 veces en la recomendación y el estudiante que causó alta en el Ejército aparece en 69 ocasiones. Para zanjar el tema, la CNDH sentenció categóricamente en su comunicado: “MIENTE QUIEN DICE QUE ES EL EJÉRCITO EL BENEFICIARIO DE ESTA RECOMENDACIÓN, SON LAS VÍCTIMAS”.

El pronunciamiento también dedica un espacio importante a responder a las críticas del GIEI, acusando a algunos de sus exintegrantes de intentar mantener con vida una narrativa que, a consideración de la CNDH, ha retardado la justicia.

En un ejercicio que la Comisión califica como de transparencia y no de criminalización, el documento revela que el GIEI recibió 1.75 millones de dólares en su primera fase entre 2015 y 2016. Posteriormente, en una segunda etapa que abarcó de 2020 a 2023, el grupo obtuvo otros 36 millones 418 mil 944 pesos. Con la exposición de estas cifras, la CNDH cuestionó severamente la falta de resultados sustanciales a casi 12 años de las investigaciones.

“De acuerdo con la información obtenida por la CNDH, solo el GIEI recibió en total, entre 2015 y 2016, 1.75 millones de dólares, equivalente a 30 millones 679 mil 670 pesos. Y en su segunda fase, entre 2020 y 2023, recibieron otros 36 millones 418 944 pesos. Esa información, documentada, consta en el texto de la Recomendación. ¿Decirlo es estigmatizar y criminalizar?"

afirma la CNDH

Frente a los señalamientos de que se reabrió de manera inconstitucional un expediente que ya había sido concluido con la Recomendación 15VG/2018, la institución explicó que la nueva investigación no es una reapertura arbitraria, sino que se originó por una queja interpuesta directamente por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos el 24 de junio de 2021.

La CNDH recordó que la recomendación de 2018 incluía propuestas contrarias a los derechos humanos, como la de investigar a la Normal y a los estudiantes por tráfico de drogas.

La CNDH no puede “cerrar” el caso

Lejos de intentar dar un “carpetazo” o cerrar el caso con una “antiverdad”, el organismo subrayó que su nueva resolución exige a la Fiscalía General de la República (FGR) agotar y concluir todas las líneas de investigación pendientes, incluidas las que involucran la actuación del personal militar. Finalmente, la CNDH reiteró que todo el proceso de esta nueva recomendación se realizó con estricto apego a su Reglamento Interno, priorizando siempre el principio pro persona y los más altos estándares internacionales.

En una operación realizada en la zona de Río Angue, municipio de Metapán, en el departamento de Santa Ana Norte, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) reportó este viernes 24 de julio que localizó un total de 177 paquetes de mercadería de contrabando en estado de abandono, cuyo valor asciende aproximadamente a USD 4,956.

El hallazgo tuvo lugar como parte de los patrullajes preventivos en el marco de las acciones de la FAES para combatir el tráfico ilícito en puntos fronterizos del país.

“En Río Angue, Metapán, Santa Ana Norte, ubicamos en estado de abandono 177 paquetes de mercadería de contrabando, con un valor aproximado de $4,956.00″, expuso la FAES por medio de redes sociales.

Según confirmó a través de sus canales oficiales, la mercadería decomisada fue entregada a la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) para cumplir con el procesamiento correspondiente. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas en relación con este operativo. “La mercadería se encontró en estado de abandono y fue entregada a la PNC para continuar con las diligencias legales”, detalló la institución castrense.

La mercadería incautada está compuesta principalmente por productos sin conocer su origen y que, según las autoridades, suelen introducirse al país sin cumplir con las regulaciones aduaneras vigentes.

El monto estimado de la carga, el cual asciende a casi USD 5,000, fue calculado tras un inventario preliminar realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil.

Refuerzan patrullajes y decomisos

El despliegue de personal militar en la zona de Río Angue responde a las directrices establecidas por el Plan Control Territorial, una estrategia impulsada por el Gobierno de El Salvador con el objetivo de fortalecer la seguridad y disminuir las actividades ilícitas, como el contrabando y el narcotráfico.

De acuerdo a la Fuerza Armada de El Salvador, “estos patrullajes continuarán intensificándose en zonas consideradas de alto riesgo para el tráfico ilegal de mercancías”.

Las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en rutas identificadas como corredores de contrabando, logrando decomisos significativos tanto de mercadería como de sustancias ilícitas, aunque en esta ocasión no se reportaron capturas.

En respuesta a la detección de nuevas rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico ilegal, las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en corredores identificados como puntos críticos de contrabando, logrando decomisos relevantes tanto de mercadería como de sustancias ilícitas. En esta ocasión, no se reportaron capturas de personas vinculadas a las actividades investigadas, aunque los operativos continúan en la zona.

Las investigaciones sobre el origen y el posible destino de los productos incautados permanecen abiertas. Las autoridades mantienen la hipótesis de la existencia de redes organizadas que operan en la región y no descartan la ejecución de nuevas acciones en la zona de Santa Ana Norte y en otros puntos fronterizos, donde el flujo constante de mercadería ilegal representa un desafío persistente para la seguridad nacional y la integridad del sistema aduanero.

“Continuamos ejecutando operaciones para combatir el contrabando y fortalecer la seguridad en las zonas fronterizas del país”, recalcó la FAES en redes sociales.