A horas de la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) definieron una alianza para disputar la conducción de este órgano parlamentario durante el periodo anual de sesiones 2026-2027. La fórmula está encabezada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras, quien postula a la presidencia de la Mesa Directiva.

La lista fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso y quedó registrada como la segunda fórmula en carrera para dirigir la Cámara Baja. Con esta inscripción, quedaron establecidas las dos candidaturas que participarán en la votación programada para este domingo 26 de julio a las 5:00 p. m.

La propuesta reúne a integrantes de ambas agrupaciones políticas y plantea la siguiente distribución de cargos:

• Presidenta: Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular).
• Primera vicepresidenta: Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular).
• Segundo vicepresidente: Diego Bazán Calderón (Renovación Popular).
• Tercer vicepresidente: Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular).

Alianza entre FP y RP busca dirigir la Cámara Baja

El acuerdo entre ambas bancadas forma parte de las negociaciones para definir la estructura de conducción del nuevo Congreso. Renovación Popular y Fuerza Popular optaron por presentar una fórmula conjunta para la Cámara de Diputados, mientras coordinan posiciones frente a la elección de autoridades parlamentarias.

Días atrás, Norma Yarrow señaló que su bancada respaldaría a Fuerza Popular en la conformación de la Mesa Directiva del Senado, mientras que Renovación Popular buscaría asumir la conducción de la Cámara de Diputados. “Nosotros vamos a apoyar a Fuerza Popular en el Senado, y en Diputados iríamos nosotros”, declaró, según informó El Comercio.

La fórmula presentada deberá conseguir el respaldo de los integrantes de la Cámara de Diputados para asumir la conducción del nuevo órgano parlamentario, en una votación marcada por la necesidad de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Elección definirá a la nueva Mesa Directiva

La votación para elegir a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se realizará este domingo 26 de julio desde las 5:00 p. m. El resultado determinará quiénes ocuparán los principales cargos de dirección durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.

La Mesa Directiva tendrá entre sus funciones conducir las sesiones plenarias, coordinar el funcionamiento administrativo de la Cámara Baja y organizar el desarrollo de las actividades parlamentarias.

El proceso se realizará con una representación de 130 diputados distribuidos entre seis agrupaciones políticas:

• Fuerza Popular: 41 diputados.
• Juntos por el Perú: 32 diputados.
• Partido del Buen Gobierno: 18 diputados.
• Renovación Popular: 15 diputados.
• Partido Cívico Obras: 14 diputados.
• Ahora Nación: 10 diputados.

Nuevo escenario parlamentario

La composición de la Cámara de Diputados plantea un escenario donde las alianzas tendrán un papel clave para definir la dirección del trabajo legislativo. Fuerza Popular cuenta con la bancada más numerosa, mientras que Renovación Popular se ubica como una de las fuerzas con representación dentro de la nueva estructura parlamentaria.

Con la elección de la Mesa Directiva, los diputados definirán a las autoridades que estarán a cargo de conducir la Cámara Baja durante el primer periodo de funcionamiento de este nuevo órgano del Congreso.

La jornada electoral marcará el inicio de una nueva etapa parlamentaria y pondrá a prueba los acuerdos alcanzados entre las distintas agrupaciones que integran la representación nacional.

El Congreso de la República del 2021-2026 ha cesado sus funciones, y el nuevo parlamento, uno bicameral, ya ha juramentado. Ya el portal del Congreso se viene renovando y todo queda listo para las medidas que se plantearán desde diferentes frentes en este nuevo Congreso.

¿Sabías que una de las medidas que más han impactado en los peruanos de los parlamentarios que dejaron sus funciones han sido la aprobación de feriados? Se han tratado de cuatro fechas que fueron promovidas desde partidos como Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular y validados con sus votos por varios más. Este parlamento hizo más grande la lista de días libres nacionales, que antes estaba en doce.

• 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera (Ley N.º 31788), incorporado en 2023
• 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú, en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (Ley N.º 31822), incorporado en 2023
• 6 de agosto: Batalla de Junín (Ley N.º 31530), incorporado en 2022
• 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (Ley N.º 31381), incorporado en 2021.

Perú ahora tiene 16 feriados

La aclaración es válida, dada la cantidad de personas que recibieron el feriado del pasado jueves 23 de julio con sorpresa. Pero este ya lleva siendo celebrado y aplicado desde el 2023 y fue el último que validó el Congreso.

Los peruanos estaba acostumbrados a solo los feriados del 27 y 28 de julio, y ahora cuentan con esta ‘nueva’ fecha, que, como todo feriado, se le aplica el triple pago si se trabaja o día de descanso compensatorio.

Así, la lista, con este y otros tres feriados más, subió a 16 días libres, los cuales aplican para el sector público y los trabajadores privados.

Keiko Fujimori promete no eliminar feriados

A pesar de los pedidos de diferentes actores políticos en la esfera pública, la presidenta entrante, Keiko Fujimori, ha prometido que no eliminará feriados, lo que incluiría las últimas cuatro fechas aprobadas desde el Congreso de la República saliente.

Vale la pena señalar que su partido, Fuerza Popular sí voto a favor de varios de los feriados que se plantearon desde el Congreso, inclusive sirviendo con un proyecto de ley que fue la semilla del feriado que pasó del 23 de julio.

Un repaso rápido de Infobae Perú revela que el partido de la mandataria entrante votó a favor de aprobar estas últimas fechas libres, excepto una.

En orden de aprobación en el Congreso, así votó FP para los feriados desde el Congreso:

• Feriado del 9 de diciembre: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP solo tuvo un voto a favor, 19 fueron en contra y uno en abstención
• Feriado del 6 de agosto: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP tuvo 14 votos a favor, tres en contra, tres en abstención y dos sin respuesta
• Feriado del 7 de junio: Fue propuesto por Alianza Para el Progreso y Renovación Popular. En la insistencia de la Ley Fuerza Popular tuvo 21 votos a favor
• Feriado del 23 de julio: Este tuvo origen en una propuesta de Rosangella Barbarán, pero que fue modificada por un error al ser observada por la presidente de entonces Dina Boluarte. Solo ocho congresista de FP votaron a favor en el último filtro para que se aprobara por insistencia. Hubo dos votos en contra y los demás no asistieron a esta sesión.

El empresario y ex presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos detalló que en la región norte persisten cauces sin limpiar, vegetación acumulada y obras inconclusas. Explicó que esas condiciones incrementan la vulnerabilidad de ciudades claves cuando se presentan lluvias intensas. Según su testimonio, la falta de prevención y la postergación de tareas básicas han sido las omisiones más graves desde el Estado, lo que podría derivar en inundaciones con impacto mayor al registrado en episodios anteriores.

Durante la entrevista, la conductora planteó que el país atraviesa una “catástrofe anunciada”. Neuhaus coincidió y adelantó que la futura administración planea reunir a su Consejo de Ministros el 29 de julio para tomar decisiones rápidas frente a la amenaza. El exfuncionario remarcó que el gobierno entrante deberá actuar con celeridad y priorizar la gestión de riesgos.

Señales de alerta en Piura: obras inconclusas y riesgos de desborde

La preocupación principal de Neuhaus se focalizó en Piura, región a la que viajó recientemente invitado por la Cámara de Comercio local. Allí participó en una reunión con técnicos, autoridades y representantes de las Fuerzas Armadas, donde se expusieron diagnósticos y estrategias necesarias para enfrentar el fenómeno climático. De acuerdo con su relato, ninguna autoridad respondió a la pregunta sobre quién debía encargarse de limpiar el cauce del río, un punto que consideró crítico para evitar desastres.

Describió la situación en la represa Los Ejidos, ubicada al este de la ciudad de Piura, como un ejemplo de las deficiencias existentes. Según Neuhaus, en ese sector se realizaron trabajos con terraplenes de concreto en pendiente, pero la vegetación creció entre las estructuras y también en un desagüe con bombas en la parte alta del malecón. Afirmó que “se hizo mal”, que hubo robo de piezas y que tampoco se limpió el cauce por el que descendería el agua desde la zona alta de la ciudad.

El exintegrante del equipo técnico de Fuerza Popular advirtió que el lecho del río Piura ha subido de nivel por la falta de dragado. Propuso como tarea urgente retirar la vegetación y dragar el cauce, con el objetivo de evitar que el agua choque con arbustos y busque salida fuera del río, lo que podría provocar el ingreso de grandes volúmenes a la ciudad en caso de crecida.

Imagen de un riesgo latente y omisiones en la prevención

Para ilustrar el nivel de riesgo, Neuhaus relató que tomó una fotografía del cauce en la zona del malecón y que, a simple vista, parecía un parque. Solo observando con atención se distinguía “un hilito de agua”, una imagen que utilizó para advertir sobre el posible comportamiento del río ante un aumento repentino del caudal. “Eso puede convertirse en un problema grave cuando llegue la crecida”, sostuvo.

El ex funcionario subrayó que la omisión más grave ha sido la ausencia de una estrategia preventiva anticipada. Desde su perspectiva, el país perdió “valioso tiempo” y existen responsabilidades por omisión tanto en el gobierno saliente como en las autoridades locales. “Las Fuerzas Armadas ya pudieron haber ingresado a limpiar el cauce del río en Piura”, afirmó en la entrevista.

En el caso de Trujillo, Neuhaus señaló que la quebrada de San Ildefonso, cuyas aguas pueden descargar sobre la ciudad, fue intervenida casi hasta llegar al río Moche. Sin embargo, los trabajos se interrumpieron a pocos kilómetros del tramo final, lo que atribuyó a un recorte de recursos y a un cambio en la modalidad de ejecución hacia obras por impuestos. Advirtió que esa decisión dejó inconclusas tareas esenciales en plena emergencia.

El rol de Neuhaus y la articulación privada ante la emergencia

Durante la conversación, la conductora consultó sobre el posible nombramiento de Neuhaus en el próximo gobierno. El empresario negó que tenga un cargo definido y aclaró que viajó como “ciudadano preocupado”. Remarcó que no ha discutido ni asumido ninguna cartera ministerial, debido a razones personales.

No obstante, reconoció que impulsa un grupo de apoyo desde el sector privado. En esa red, mencionó a Juan Manuel Arribas, de la organización Hombro a Hombro, junto con otros profesionales y especialistas en salud. El objetivo, según explicó, es anticipar necesidades y asesorar en la gestión de riesgos, con énfasis en la identificación de enfermedades que podrían expandirse tras las lluvias, como el dengue, y la compra temprana de medicamentos.

“Otros países ya han salido a abastecerse ante un fenómeno climático de escala mundial”, precisó. Este grupo busca prevenir desabastecimientos y preparar estrategias logísticas ante escenarios de emergencia.

Reunión del Consejo de Ministros y expectativas en la gestión de riesgos

La entrevista concluyó con una referencia a la presidenta electa y el anuncio de que el Consejo de Ministros planea reunirse el 29 de julio para adoptar medidas urgentes frente a la amenaza del Niño costero. Para Neuhaus, la futura administración debe actuar sin demoras y convocar a personas con experiencia en gestión de desastres.

“Cuando un gobierno recibe la papa caliente, tiene que llamar a gente que hace y que sabe”, expresó, remarcando la necesidad de contar con equipos técnicos preparados y articulados. La expectativa recae ahora sobre la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante una de las mayores amenazas climáticas de los últimos años para el país.

El equipo detrás del vestuario presidencial

Sue Zacnich lidera un taller integrado por más de diez personas y mantiene a la plantilla que trabajó junto a su madre, Carmela Fuyo, dedicada a la confección de uniformes para empresas. En una entrevista televisiva, la diseñadora relató que su vínculo con Fujimori se estableció a través de un intermediario de Latam, luego de que ella publicara en redes sociales su interés en vestir a la presidenta electa. “Para mí sería un honor vestir a la presidenta”, recordó Zacnich sobre el mensaje inicial que marcó el inicio de la colaboración.

La nueva etapa de imagen de Keiko Fujimori no se limita a una sola creadora. Según el reportaje emitido en televisión, varias diseñadoras nacionales participan en el proceso, entre ellas Cleofé Mendoza, autora del vestido utilizado por Fujimori durante el debate, y Jirko Sivirich, responsable del sastre blanco con bordados verdes con el que recibió sus credenciales. Sue Zacnich detalló que el primer diseño a medida para la mandataria se encontraba aún en fase de pruebas y que será estrenado oficialmente durante la ceremonia del 29 de julio. También afirmó que existe un equipo de asesoría encargado de definir los cortes y preferencias a considerar en el vestuario presidencial, y resaltó que Fujimori “se deja llevar, escucha consejos también”.

El cambio de vestuario y su vínculo con la industria textil peruana

El reportaje televisivo trazó un recorrido por la evolución estética de Keiko Fujimori a lo largo de casi tres décadas de carrera política. En 1994, cuando asumió el rol de primera dama a los 19 años, su imagen estuvo marcada por trajes sobrios, sacos anchos con hombreras, faldas largas y peinados altos, diseñados para proyectar madurez y seriedad. Posteriormente, durante sus campañas presidenciales, Fujimori optó por zapatillas, jeans y el color naranja brillante, símbolo de su partido, con la intención de construir una apariencia más cercana en actividades de campaña y recorridos por mercados.

Durante las presentaciones judiciales y su paso por prisión, la estrategia visual se modificó nuevamente. El color naranja desapareció, dando lugar a tonos neutros, casacas oscuras, blazers amplios y un maquillaje reducido, en un esfuerzo por transmitir la gravedad de la situación. En la actualidad, a los 51 años y con una presencia activa en redes sociales, Fujimori ha vuelto a transformar su imagen: ahora utiliza blazers y prendas confeccionadas en Gamarra y apuesta por una selección de atuendos nacionales para respaldar a la industria textil local.

El color blanco predomina en la nueva fase de su vestuario, en ocasiones acompañado de rojo, y según el informe televisivo, la vestimenta pasó de ser un accesorio a convertirse en una herramienta central de comunicación pública durante sus tres décadas de trayectoria política.

Trayectoria y propuesta de Sue Sacnik

Sue Zacnich explicó que su interés por la moda surgió al observar el trabajo de su madre, quien confeccionaba uniformes y tomaba medidas en el taller familiar. Tras terminar el colegio, estudió diseño de modas y se especializó en sastrería, un rubro tradicionalmente masculino. Actualmente, su taller opera en Gamarra y su atelier de atención se encuentra en San Isidro, donde recibe a las clientas con cita previa. Zacnich continúa trabajando con el equipo formado por su madre y su padre, Edgar.

Sobre la propuesta estética para Fujimori, Zacnich indicó que se basa en tonos neutros con acentos de color, como rosado y celeste, para proyectar cercanía con el público, un atributo que la presidenta electa busca consolidar en esta nueva etapa. La diseñadora describió el proceso de creación de un atuendo presidencial como un trabajo colaborativo, donde la opinión del equipo de asesoría y las preferencias de la mandataria se combinan para definir los cortes y detalles finales.

Un proceso colaborativo y de proyección nacional

El trabajo de Sue Zacnich y de otras diseñadoras peruanas en la imagen de Keiko Fujimori refleja una estrategia orientada a fortalecer el vínculo con la producción nacional y a destacar el talento local en la confección de prendas de alta visibilidad. Este enfoque busca no solo renovar la percepción pública de la mandataria, sino también generar un impacto tangible en el sector textil peruano, especialmente en el tradicional emporio comercial de Gamarra.

La colaboración entre la presidenta electa y las creadoras nacionales ha sido reconocida públicamente en reiteradas ocasiones, y en cada aparición se subraya la intención de incorporar “ropa nacional” como parte del mensaje político y social que acompaña su gestión. De acuerdo con la propia Zacnich, “la presidenta escucha, acepta sugerencias y tiene claro que el vestuario es parte de su comunicación”.

El vestuario como símbolo de identidad y mensaje político

Desde el inicio de su vida pública, Keiko Fujimori ha adaptado su imagen a los distintos momentos de su carrera, utilizando el vestuario como un elemento para proyectar mensajes y conectar con distintos públicos. La actual apuesta por la confección nacional y el trabajo de diseñadoras locales refuerza un discurso de apoyo a la industria y de identificación con las tradiciones textiles peruanas.

La elección de atuendos y el proceso detrás de cada prenda reflejan tanto la evolución personal de la mandataria como el impacto de la moda en la política contemporánea. El próximo 29 de julio, la presentación de un traje elaborado por Sue Zacnich durante el desfile militar marcará un nuevo capítulo en esta narrativa, colocando en primer plano el trabajo artesanal y la creatividad de la moda peruana.

Las declaraciones de Fujimori aparecen en un escenario en el que el país registra cifras macroeconómicas que difieren de las que imperaban hace más de treinta años. En 1990, Perú presentaba reservas internacionales negativas; hoy, el Banco Central reporta aproximadamente 100.000 millones de dólares de respaldo y un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,5% anual. Fujimori afirmó que el equipo que la acompañará en el Ejecutivo informará desde el 29 de julio los hallazgos detectados en cada sector, junto con las propuestas de cambios para mejorar los servicios públicos.

Contraste entre el discurso político y los indicadores económicos

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde coincidió en que la administración pública enfrenta problemas graves, pero introdujo un matiz relevante. Recordó que el gobierno de Alberto Fujimori recibió el país con unas reservas internacionales de “300 millones de dólares negativos”, mientras que la próxima gestión accederá a un respaldo de 100.000 millones de dólares. Este contraste muestra que, a pesar de las dificultades señaladas, la situación macroeconómica de Perú difiere sustancialmente respecto al pasado.

García Belaúnde también subrayó el crecimiento económico reciente, con un PBI que ronda el 3,5%. Según el exparlamentario, este escenario obliga a matizar la idea de un Estado “catastrófico”, dado que la economía nacional cuenta con recursos y estabilidad que no existían en el periodo de crisis profunda de los años noventa.

Críticas a la gestión pública y el manejo del presupuesto

El exministro Juan Sheput reforzó el señalamiento sobre las deficiencias en el funcionamiento del aparato estatal. Sostuvo que Perú cuenta actualmente con el presupuesto más alto de su historia, pero alertó sobre la baja ejecución y la corrupción que afectan el gasto público. La Contraloría General de la República estima pérdidas por corrupción que alcanzan los 25.000 millones de soles anuales, una cifra que evidencia la magnitud del problema.

Sheput enumeró síntomas de este deterioro administrativo, como la existencia de obras públicas abandonadas, problemas en hospitales dependientes del Ministerio de Salud y la persistente falta de medicamentos. En sus declaraciones, el exministro advirtió que la crisis no radica en la ausencia de recursos, sino en la incapacidad para utilizarlos de forma eficiente y transparente.

El desafío de las obras paralizadas y los servicios públicos

En las primeras evaluaciones de transición, el equipo de Keiko Fujimori identificó una amplia cantidad de obras públicas paralizadas. Según la candidata, este fenómeno afecta directamente la calidad de vida de la población y constituye una de las prioridades a atender en su eventual gobierno. Fujimori detalló que, a partir del 29 de julio, cada ministro designado presentará un informe sectorial en el que se abordarán tanto los hallazgos negativos como las propuestas de solución para optimizar los servicios públicos.

Las autoridades salientes han señalado que la paralización de obras responde a una combinación de factores administrativos, judiciales y presupuestarios. Además, el sector salud enfrenta desafíos persistentes, como la escasez de medicamentos y la infraestructura hospitalaria insuficiente, situaciones que han sido reconocidas por la propia Contraloría General.

Corrupción y gasto público: un problema estructural

El diagnóstico sobre la situación del Estado peruano no solo se centra en los indicadores económicos, sino que pone en relieve los problemas de gestión y corrupción. La Contraloría sostiene que las pérdidas por prácticas corruptas afectan de manera transversal a todos los sectores de la administración pública. Esta cifra, que asciende a los 25.000 millones de soles anuales, representa una preocupación central para quienes defienden la necesidad de una reforma profunda en el Estado.

La discusión pública también incluye el debate sobre la ejecución presupuestaria. A pesar de contar con recursos históricos, los bajos niveles de cumplimiento en la inversión pública y la presencia de procesos judiciales contra funcionarios han dificultado la culminación de proyectos clave para el desarrollo nacional.

El contexto político y la percepción ciudadana

Las declaraciones de Keiko Fujimori se producen en un entorno de polarización política y desconfianza en las instituciones. Sectores de la ciudadanía y analistas cuestionan la pertinencia de calificar como “catastrófico” el estado actual del país, cuando los datos macroeconómicos muestran estabilidad y disponibilidad de reservas. Sin embargo, la percepción de crisis se sostiene por la persistencia de problemas en la gestión pública y el impacto de casos de corrupción que han minado la confianza en el sistema.

La transición de gobierno se perfila como un proceso marcado por el desafío de revertir la tendencia de obras inconclusas y mejorar la provisión de servicios esenciales. El equipo de Fujimori ha prometido transparencia en la presentación de los informes de gestión, así como la implementación de medidas para fortalecer la eficiencia y la rendición de cuentas en el Estado.

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, utilizó la red social X para responder al reciente mensaje de Keiko Fujimori respecto al estado en el que recibe el gobierno peruano. La presidenta electa había declarado que los últimos gobiernos entregan el Estado “de manera catastrófica”, justificando con ello una serie de reclamos y promesas de transparencia en la próxima gestión. Ante ese mensaje, Sánchez publicó una respuesta que apunta directamente al historial parlamentario de Fuerza Popular y a los episodios recientes de inestabilidad institucional.

En su publicación, Sánchez afirmó: “El Gobierno Parlamentario de Keiko Fujimori se auto entrega el Gobierno y dice; ‘Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el estado de manera catastrófica’”. Para el líder de Juntos por el Perú, el relato de crisis en la administración pública omite el papel central de Fuerza Popular en las vacancias presidenciales y el dominio en órganos constitucionales.

Sánchez recordó que el Congreso, con apoyo decisivo de la bancada fujimorista, destituyó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martín Vizcarra y, en su opinión, vacó “ilegalmente” al presidente Pedro Castillo. Sostuvo que estos episodios reflejan una estrategia parlamentaria orientada a controlar la sucesión presidencial y a reconfigurar el equilibrio de poderes en el país.

Control de instituciones clave y cuestionamientos a la legitimidad

En su mensaje, Sánchez también señaló el copamiento de instituciones fundamentales por parte de la mayoría parlamentaria. Mencionó el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía de la Nación (FN), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como organismos bajo influencia del bloque que respalda a Fujimori. Para el dirigente, esta dinámica afecta la independencia de los poderes y la credibilidad en los procedimientos democráticos.

La crítica de Sánchez incluyó una calificación contundente sobre la actitud de Fuerza Popular: “Su cinismo es superlativo tan grande como su ilegitimidad”. De esta manera, el líder de Juntos por el Perú enmarcó el actual proceso de transición en una secuencia de disputas políticas donde el Parlamento ha ejercido un papel dominante y controvertido.

El mensaje difundido por Sánchez se inscribe en el contexto de las tensiones institucionales acumuladas durante los últimos años. La sucesión presidencial en Perú ha estado marcada por vacancias y mociones que han debilitado la estabilidad política, y en ese escenario, la narrativa sobre la crisis estatal adquiere un matiz polémico entre los protagonistas del debate público.

El discurso de crisis y la sucesión presidencial

El reclamo de Keiko Fujimori acerca de la “entrega catastrófica” del Estado fue formulado tras los primeros informes del equipo de transferencia, encabezado por Marco Vinelli. En su intervención pública, la presidenta electa describió un panorama de obras paralizadas y servicios afectados, y anunció que los hallazgos serán difundidos periódicamente por el nuevo gabinete.

De acuerdo con lo expresado por Fujimori, la administración entrante hará un reclamo formal a los gobiernos anteriores y buscará transparentar las condiciones en que recibe la gestión pública. Su discurso prioriza la exposición de deficiencias heredadas y la promesa de corregir gastos superfluos y deficiencias de gestión.

La respuesta de Sánchez confronta esta narrativa y sostiene que la situación actual es consecuencia directa de las decisiones parlamentarias respaldadas por Fuerza Popular. El líder de Juntos por el Perú subraya que el relato de crisis no puede desligarse de la responsabilidad política de quienes promovieron la inestabilidad y el copamiento de organismos autónomos.

Antecedentes de vacancias y concentración de poder

Durante el periodo 2018-2026, el Parlamento peruano aprobó vacancias presidenciales que alteraron la sucesión constitucional en varias ocasiones. El caso de Pedro Castillo ha sido especialmente polémico, con sectores que denuncian un uso extensivo y cuestionable de la causal de “incapacidad moral permanente”. Además, la designación de autoridades en el TC, la FN, la JNJ, la ONPE y el JNE ha sido objeto de críticas por el posible alineamiento con intereses parlamentarios.

El mensaje de Sánchez pone en evidencia la percepción de ilegitimidad y la preocupación por la falta de contrapesos efectivos en el sistema político. Su intervención en X busca instalar en la agenda pública la discusión sobre la validez de los procesos legislativos y la influencia de los bloques mayoritarios en la vida institucional del país.

La controversia generada por este cruce de declaraciones refleja la profundidad de la crisis política y la persistencia de un clima de desconfianza entre actores centrales del escenario nacional. En ese contexto, la transición de mando se percibe como un episodio más en el ciclo de disputas por el control del aparato estatal.

Perspectivas y retos para el nuevo ciclo de gobierno

La administración de Keiko Fujimori inicia su mandato con el desafío de responder a las críticas sobre transparencia, legitimidad y efectividad institucional. El nuevo gabinete se prepara para enfrentar los problemas señalados en los informes de transferencia y para gestionar la compleja herencia de inestabilidad que caracteriza la coyuntura peruana.

Para Juntos por el Perú y sectores afines, el reto consiste en mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de las promesas de transparencia y en exigir la restitución de equilibrios en el sistema de pesos y contrapesos. El debate en X y otras plataformas digitales evidencia la importancia de la comunicación directa entre líderes políticos y la ciudadanía en el proceso democrático.

El inicio del nuevo periodo presidencial se produce bajo la mirada atenta de la sociedad civil, que espera señales claras de respeto al marco constitucional y a la independencia de las instituciones. El contenido del mensaje de Sánchez y la reacción de Fujimori resumen los desafíos inmediatos del país: estabilizar la gobernabilidad y restablecer la confianza en la democracia peruana.

Esta interpretación se inscribe en un contexto de incertidumbre institucional. Sheput sostuvo que, de acuerdo con la normativa vigente, el presidente interino tras la instalación del Congreso sería Miguel Torres, en caso de ser elegido presidente del Legislativo. Este funcionario tendría la responsabilidad de entregar la banda presidencial a quien corresponda en la nueva etapa legislativa. En palabras de Sheput, Balcázar podría acudir el 28 de julio solo como invitado, pero ya fuera del cargo.

El debate surge por la ausencia de una disposición legal explícita que regule este tránsito. Sheput recordó que, tras la crisis de 2000, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo fue modificada para establecer que el presidente del Congreso que asumía la Presidencia de la República debía cesar el 28 de julio. Sin embargo, esa previsión desapareció tras una reforma durante el gobierno aprista, que derogó la norma sin preservar ese artículo, dejando un vacío constitucional y legal.

Un vacío normativo y sus consecuencias en la transición de mando

El origen de este vacío, según Sheput, se encuentra en la derogación de la ley 27508, que regulaba expresamente la duración del mandato del presidente del Congreso en funciones de presidente de la República. La ausencia de una cobertura legal clara genera incertidumbre sobre el momento exacto en que cesa la jefatura de Estado transitoria y quién debe portar la banda presidencial en el acto de transmisión.

Sheput defendió la actuación de María del Carmen Alba en el precedente de Francisco Sagasti, y también consideró válida la posición de Fernando Rospigliosi, aunque cuestionó algunos mensajes suyos por generar confusión. El argumento central es que, al instalarse el nuevo Congreso, el presidente saliente deja de serlo y no puede ingresar al hemiciclo investido como jefe de Estado.

El caso de Valentín Paniagua fue presentado como ejemplo: pudo entregar la banda el 28 de julio porque existía una corrección legal expresa que resolvía la situación. Para Sheput, la diferencia actual reside en que esa cobertura normativa ya no existe, lo que agrava la controversia y expone la fragilidad institucional frente a la ausencia de reglas claras.

Gracia presidencial a Pedro Castillo: un nuevo foco de conflicto

En paralelo al debate sobre la sucesión, Sheput abordó la posibilidad de que José María Balcázar promueva una gracia presidencial para Pedro Castillo, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos días. Según el exministro, existe voluntad política de parte de Balcázar para otorgar ese beneficio, hipótesis alimentada por cambios recientes en la Comisión de Gracias Presidenciales y por presiones de sectores vinculados al castillismo.

Durante la entrevista, se mencionó la participación de Tomás Sóldevilla, relacionado con Antauro Humala, como uno de los impulsores de la medida. La presión aumentó después de que un grupo de trabajo de la ONU calificara de arbitraria la detención de Castillo. El experto en derecho penal Gilmar Andía rechazó esta posibilidad, argumentando: “Si yo voy a conceder un indulto, una de las condiciones es el arrepentimiento y la reparación del daño”, requisito que, según su análisis, Castillo no cumple.

Sheput añadió que el ministro de Justicia, Luis Jiménez, no estaría dispuesto a respaldar una decisión de esa naturaleza y advirtió que forzarla podría tener consecuencias penales. Explicó que, aunque el presidente puede iniciar el trámite, la medida debe contar con el aval político del Consejo de Ministros para ser válida. Además, Sheput recordó que Vladimir Cerrón publicó que había sugerido a Balcázar la gracia para Castillo y un salvoconducto para Betssy Chávez, lo que confirma que el asunto dejó de ser solo jurídico y pasó a ser político.

El papel del gabinete y los límites legales frente a la gracia presidencial

De acuerdo con Sheput, si el ministro de Justicia se niega a firmar la resolución, el trámite se detiene. Incluso si se produjera un cambio ministerial de último momento, la maniobra sería contraria al espíritu de la ley, a los precedentes y quedaría expuesta a una eventual revisión judicial. El debate sobre la facultad presidencial para otorgar indultos o gracias se ha intensificado, con voces que insisten en la necesidad de mantener el equilibrio entre poderes y respetar los límites del marco institucional.

El contexto político actual, marcado por la polarización, ha transformado el debate sobre la gracia presidencial en un tema de interés público y mediático. La controversia se suma a otros episodios recientes que han puesto a prueba la fortaleza de los mecanismos de control democrático y la independencia de las instituciones.

La decisión del Tribunal Constitucional sobre Vladimir Cerrón

La entrevista también incluyó la reciente decisión del Tribunal Constitucional de anular la prisión preventiva de 24 meses impuesta a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. El fallo, adoptado por cuatro de los siete magistrados, permite que Cerrón afronte sus procesos judiciales bajo comparecencia restringida. La resolución dejó en minoría a tres magistrados, entre ellos Pedro Hernández Chávez, quien manifestó su oposición.

Sheput calificó la decisión como un ejemplo más de fallos controvertidos por parte del Tribunal Constitucional. Remarcó que Cerrón, a su juicio, cumplía las condiciones para mantener la prisión preventiva, ya que permaneció prófugo, desafió a la policía y mantuvo su intervención en la vida política. El exministro amplió su crítica al comportamiento reciente del tribunal, al que acusó de acumular decisiones polémicas en casos de alta exposición mediática, entre ellas las que han favorecido a Daniel Urresti y Betssy Chávez.

La resolución sobre Cerrón, junto con el debate sobre la sucesión presidencial y la posible gracia a Castillo, ha elevado la tensión institucional y política en Perú, en un momento en que el país se prepara para una nueva etapa legislativa y la renovación de autoridades.

Un desayuno de alto interés y respuestas evasivas

Según el informe televisivo, el encuentro se inició poco después de las 10:00 en un café ubicado frente al canal de televisión y se extendió por cerca de dos horas, aunque el reporte oficial sostuvo que la charla se prolongó durante tres horas. Durante la conversación, estuvo presente un tercer hombre, identificado únicamente como alguien que tomaba nota de lo conversado y que, al percatarse de las cámaras, se dirigió al baño. La presencia de este personaje añadió un matiz de sigilo a la reunión.

La periodista Taís Casalino intentó indagar sobre el motivo de la reserva del encuentro. Miguel Julián Palomino, exviceministro de Comercio Exterior, respondió con una frase religiosa: “¿Sabe usted rezar el padre nuestro?”, lo que generó nuevas preguntas sobre el tono y el trasfondo de la reunión. Casalino le consultó si su respuesta debía interpretarse como una amenaza o una advertencia, pero no obtuvo aclaraciones adicionales.

Por su parte, Roberto Sánchez indicó en un primer momento que respondería al finalizar el desayuno, pidiendo que se le esperara hasta entonces. Al salir del local, evitó nuevamente referirse a los temas tratados y limitó su respuesta a un “Aprendan a respetar” ante las preguntas sobre los resultados electorales y la situación de su esposa.

Negociaciones en torno a la presidencia del Congreso

El reporte televisivo vinculó la reunión con las negociaciones por la presidencia del Congreso, subrayando la preocupación existente en el entorno de Sánchez sobre ese proceso. Los conductores del programa, citando una fuente no identificada, aseguraron que el exministro se prepara para integrarse al Parlamento como asesor, lo que le permitiría acceder a beneficios económicos descritos como “bonos millonarios”.

En el mismo segmento, se mencionó que el hermano de Sánchez, conocido como “Sunini”, asumiría el liderazgo de Juntos por el Perú frente a un dirigente actual que “ni siquiera sabe contestar”, según el reporte. Además, se recordó una declaración previa de Sánchez en la que aseguró estar “llamado a ser la peor pesadilla de un gobierno fujimorista, de un gobierno dictador, de un gobierno autoritario”. Esta frase fue utilizada para sugerir que el hermetismo del desayuno podría estar vinculado a movimientos políticos aún en desarrollo.

Las versiones sobre la inminente llegada de Roberto Sánchez al Congreso como asesor han cobrado fuerza en el contexto de la renovación de autoridades parlamentarias, en un escenario donde los equilibrios internos resultan clave para la definición de la presidencia.

El entorno de Sánchez y los rostros detrás del encuentro

Tras el retiro de Sánchez del café, las cámaras registraron que abordó una camioneta Tucson blanca, identificada como propiedad de Jeremías Hamán Ramírez. Según el reporte, Hamán Ramírez fue identificado en la escena y se desempeña actualmente como chofer del exministro. El programa detalló que Hamán Ramírez ejerció funciones como asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión de Pedro Castillo, y que también trabajó en el Instituto Peruano del Deporte.

Entre los datos de contexto aportados, se incluyó que Hamán Ramírez fue denunciado por haber recibido 225 entradas para un concierto de Bad Bunny en un estadio, hecho que refuerza el perfil de las personas que actualmente rodean a Sánchez. Según la narración televisiva, el ex candidato se encuentra distanciado de antiguos colaboradores y figuras políticas que antes lo acompañaban, varios de los cuales ahora ocupan escaños en el Congreso.

Keiko Fujimori: LIVE donde confirma acciones de su gobierno

En una conferencia, la futura mandataria afirmó que el equipo de transferencia ya analiza información relevante sobre el estado de la administración pública. Subrayó que los primeros informes revelan datos preocupantes sobre la situación nacional y advirtió que, durante los primeros meses de gestión, su administración expondrá públicamente los principales problemas detectados. “Estamos encontrando datos no muy buenos sobre hospitales paralizados, servicios afectados y áreas críticas”, puntualizó Fujimori.

La dirigente remarcó que la revisión del inventario estatal incluye maquinaria y recursos para enfrentar emergencias climáticas, especialmente ante la inminencia de lluvias intensas y sequías por El Niño. Enfatizó que la respuesta priorizará los puntos de mayor riesgo, debido a que no será posible intervenir los 1.900 focos identificados.

El primer gabinete y la urgencia por la seguridad

Keiko Fujimori señaló que el primer Consejo de Ministros, convocado para el 29 de julio, tendrá como eje la seguridad ciudadana, una demanda reiterada por la población. “Las decisiones principales se adoptarán desde el primer gabinete”, sostuvo. Junto a la seguridad, la gestión de El Niño ocupará un lugar central en la agenda inicial. La futura presidenta advirtió que el Estado no ha realizado los preparativos necesarios y que, por este motivo, la actuación oficial será tardía en varios frentes.

De acuerdo con el plan presentado, la estrategia nacional ante El Niño se dividirá en dos fases: prevención antes de la temporada de lluvias y respuesta a emergencias durante los eventos climáticos. Fujimori explicó que convocará al sector privado, organismos internacionales y gobiernos amigos para fortalecer las capacidades de prevención y atención. Además, subrayó la importancia de la articulación entre el gobierno central, las regiones y los municipios para ejecutar acciones rápidas y coordinadas.

En el ámbito económico, la presidenta electa confirmó que Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva (BCR) durante cinco años más, una decisión que, según explicó, transmite estabilidad al país. Relacionó esta continuidad con la necesidad de evitar escenarios como la hiperinflación de las décadas pasadas, cuyos efectos afectaron, en su mayoría, a las familias de menores recursos.

Transición política, relaciones exteriores y transparencia

La transición presidencial incluye una agenda internacional activa. Fujimori mantuvo reuniones con el canciller Carlos Pareja para revisar los protocolos de las ceremonias oficiales del 28 de julio. Se espera la llegada de jefes de Estado y del rey de España, además de un programa de reuniones bilaterales. El 27 de julio, la presidenta electa recibirá a delegaciones extranjeras y, el día de su asunción, será invitada al Congreso para prestar juramento, tras lo cual participará en el tradicional desfile militar.

La oficina utilizada durante la transición, según precisó Fujimori, corresponde a un local alquilado por su partido para la campaña electoral y no genera gastos para el erario público. En ese espacio, su equipo recibe tanto a representantes diplomáticos como a ciudadanos que presentan propuestas y solicitudes.

La presidenta electa aclaró que, hasta la toma de posesión, no puede adoptar decisiones de gobierno. “Evito desplazamientos o intervenciones que puedan interferir con la administración saliente”, señaló, indicando que su prioridad es respetar el marco legal vigente y garantizar una transición ordenada.

Políticas laborales y sociales: continuidad y revisión

En el terreno económico y social, Keiko Fujimori desmintió rumores sobre la eventual eliminación de feriados o de la CTS. “No vamos a quitar derechos laborales”, aseguró, añadiendo que los días festivos se mantendrán para estimular el turismo interno. Respecto al programa de asistencia social Pensión 65, la mandataria electa ratificó su intención de incrementar año tras año tanto el número de beneficiarios como el monto de la prestación.

La futura jefa de Estado subrayó que las políticas que muestren resultados positivos continuarán, aunque enfatizó la necesidad de corregir “muchas cosas” en la administración pública. Indicó que existen gastos superfluos y deficiencias de gestión que deberán ser atendidos para reasignar recursos hacia sectores más vulnerables y establecer objetivos claros para ministerios y programas públicos.

Además, Fujimori informó que su equipo de transferencia está conformado por más de 50 personas bajo la coordinación de Marco Vinelli. Este grupo, junto a otro dedicado al diálogo político e institucional, recibe información de embajadas, cartas de mandatarios y propuestas ciudadanas, en paralelo a los trabajos de revisión del estado actual del gobierno.

Reclamos a gestiones anteriores y promesas en agenda

La presidenta electa anunció que su administración realizará reclamos formales a los gobiernos anteriores por el “estado catastrófico” en que, según sus palabras, encuentra el país. El objetivo de este señalamiento es transparentar las condiciones en que se inicia el nuevo mandato y establecer responsabilidades sobre la gestión de recursos y servicios públicos.

Respecto a la cultura pop, Fujimori aseguró que cumplirá su promesa vinculada al grupo BTS, aunque no se precisaron detalles sobre el alcance de ese compromiso. La declaración fue recibida con atención por parte de los seguidores del conjunto musical, que han mostrado interés en la política peruana debido a la mención del grupo durante la campaña.

En los próximos meses, Keiko Fujimori anticipó que su gestión hará públicos los resultados del proceso de transferencia y los temas prioritarios en materia de infraestructura, salud, educación y seguridad. El equipo de gobierno planea informar periódicamente sobre el avance de las medidas adoptadas y los desafíos que enfrente la administración, en una apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas.

El proceso de transición ha estado marcado por reuniones constantes con autoridades locales, embajadores y representantes de diversos sectores. Estas actividades han permitido a la futura mandataria consolidar una red de respaldo y establecer los primeros lineamientos de su plan de gobierno, cuyo enfoque apunta a la recuperación del orden, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la reactivación económica.

Reuniones con figuras clave y fortalecimiento de lazos internacionales

En el marco de su agenda previa a la toma de mando, Keiko Fujimori recibió la visita del excandidato presidencial Roberto Chiabra, con quien dialogó sobre los principales desafíos que enfrenta el país y las prioridades de la agenda nacional. Este encuentro se suma a una serie de acercamientos con líderes políticos de diferentes corrientes, en busca de consensos que permitan una gestión estable.

La presidenta electa también mantuvo una reunión con el embajador de Brasil en Perú, Clemente Baena, enfocada en fortalecer la cooperación bilateral e impulsar una agenda conjunta en áreas estratégicas. Ambas partes coincidieron en la importancia de profundizar la colaboración en materia de desarrollo, seguridad y comercio.

En el plano internacional, Fujimori recibió la llamada del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien la felicitó por su elección y reafirmó la disposición de su país para mantener y fortalecer los vínculos de amistad y cooperación. La presidenta electa agradeció el gesto y expresó su interés en ampliar las oportunidades de intercambio y colaboración tecnológica.

Reconocimiento a los veteranos y respaldo a la Policía Nacional

Uno de los gestos más significativos de la presidenta electa fue el encuentro con veteranos de la lucha contra el terrorismo. Keiko Fujimori les expresó su reconocimiento por el servicio prestado a la nación y subrayó que su ejemplo debe inspirar a las nuevas generaciones de policías. Reafirmó el compromiso de su futuro gobierno con el fortalecimiento de la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y las extorsiones.

En palabras de Fujimori, el respaldo institucional será clave para recuperar la seguridad en las calles. Sostuvo que se requieren recursos, capacitación y una política de tolerancia cero contra la impunidad. La presidenta electa destacó que una sociedad segura es condición indispensable para el desarrollo y la paz social.

El énfasis en la seguridad se ha reflejado también en su agenda pública, a través de visitas a zonas vulnerables y reuniones con autoridades vinculadas a la prevención del delito. Estos encuentros han permitido recoger insumos para la elaboración de planes específicos destinados a combatir la criminalidad en distintas regiones del país.

Vínculos regionales y respaldo internacional

La agenda internacional de Keiko Fujimori incluyó una reunión con el embajador de El Salvador en Perú, Pablo Caballero Pineda, quien le transmitió las felicitaciones del presidente Nayib Bukele. Ambos reafirmaron la voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación en áreas como la seguridad y el desarrollo social.

Además, la presidenta electa mantuvo encuentros con representantes de la Asociación de Alcaldesas del Perú, quienes le expresaron su respaldo y le plantearon la importancia de promover el liderazgo femenino en la gestión pública. Fujimori reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las autoridades locales para impulsar el desarrollo de sus comunidades.

En los últimos días, la presidenta electa llegó a la zona afectada por el incendio en La Victoria, donde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y brindó apoyo a los damnificados. Reafirmó que su gobierno priorizará la recuperación de la paz, el orden y la seguridad, y que se implementarán políticas integrales para la atención de emergencias y la prevención de riesgos.

Cronograma oficial del 28 de julio: actos y primeras decisiones

El martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá formalmente la presidencia de Perú. La jornada comenzará en horas de la mañana con la tradicional misa tedeum, una ceremonia religiosa que marca el inicio de las celebraciones patrias. Luego, la presidenta electa esperará la invitación oficial del Congreso para trasladarse a la sede legislativa, donde juramentará como la primera mujer presidenta del país elegida por voto popular.

Tras el acto de juramentación, Fujimori procederá a tomar juramento a su primer gabinete ministerial, cumpliendo así con uno de sus principales compromisos de campaña: conformar un equipo plural y técnico, enfocado en los temas prioritarios para la ciudadanía. Posteriormente, viajará a la región de Junín para supervisar la situación de los pobladores de Chupaca, afectados por el sismo de 5.1 grados registrado el pasado 18 de julio.

El viaje a Chupaca constituye la primera acción oficial de la mandataria fuera de Lima y refleja la orientación territorial de su gestión. Fujimori ha señalado que la atención directa a las emergencias y la presencia del Estado en las zonas más vulnerables serán ejes centrales de su gobierno.

Participación en actos cívicos y agenda de los días posteriores

El miércoles 29 de julio, la presidenta Keiko Fujimori asistirá a la parada cívico-militar en la avenida Brasil, un evento emblemático en el calendario nacional que congrega a las fuerzas armadas y policiales. Esta actividad busca reafirmar el compromiso institucional con la defensa y la soberanía del país.

El día jueves 30 de julio, la mandataria participará en la misa de la iglesia evangélica, cumpliendo con una agenda de respeto a la diversidad religiosa. La presencia en esta ceremonia responde a la invitación de las comunidades de fe y a la voluntad de promover el diálogo interreligioso como parte de la vida democrática.

La atención sobre el aspecto visual de la dirigente no se restringe a los actos protocolares. En sus transmisiones en vivo, Fujimori ha destacado su interés por la textilería local y ha lucido creaciones de diseñadores nacionales como Jirko Sivirich y Sue Saknich, además de mencionar marcas de Gamarra, el emblemático distrito textil de la capital peruana. Esta exposición ha generado debate sobre la construcción de una imagen presidencial que integra elementos de identidad nacional y una lectura política de la moda.

El traje como símbolo de poder y pertenencia

La preferencia por los trajes sastre es notoria en la presidenta electa. Según declaraciones recogidas en el entorno de la mandataria, Fujimori considera que estas prendas le otorgan comodidad y seguridad durante sus apariciones públicas. El equipo de asesores y los diseñadores que colaboran en su vestuario trabajan en piezas que conjugan formalidad, símbolos patrios y una interpretación política de la indumentaria.

Uno de los momentos más comentados fue la ceremonia de entrega de credenciales, celebrada el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional. Para esa ocasión, Fujimori eligió un sastre blanco de dos piezas diseñado por Jirko Sivirich, quien ha alcanzado reconocimiento internacional por llevar la identidad y paisajes de Perú a las pasarelas de alta costura. El diseñador relató que recibió la solicitud de incorporar un color específico: el verde.

Detalles que fortalecen el vínculo con la cultura peruana

Yirko Sivirich narró que a partir de ese pedido surgió la inspiración para incluir referencias a la selva peruana y el bordado con la palabra “Perú”, integrando así elementos simbólicos en la prenda. “Vestir al presidente es algo superimportante”, afirmó el diseñador, quien relacionó ese logro con su propia trayectoria y con el hecho de que su taller se ubica en Gamarra, uno de los polos textiles más grandes del país.

La repercusión de este trabajo alcanzó a otras profesionales del sector. Una sastre local declaró que la aparición de Fujimori usando uno de sus blazers provocó un aumento significativo de seguidores en redes sociales y mencionó que la mandataria incluso la citó con nombre y apellido, lo que representó un impulso inesperado para su carrera.

Más allá del sastre: diseñadores proponen una imagen diversa

El fenómeno de la moda presidencial no se limita a la confección de una prenda puntual. Según la información recabada, existe una diseñadora destacada por ser la primera mujer peruana enfocada en sastrería, un ámbito históricamente ocupado por hombres. Este dato ilustra cómo la exposición pública de la presidenta electa permite visibilizar trayectorias que desafían los esquemas tradicionales dentro del sector textil peruano.

A este diálogo se sumó el diseñador Jorge Luis Salinas, quien propuso ampliar el registro estético de Fujimori una vez que inicie su mandato. Salinas considera que la presidenta podría aparecer en público no solo con sastres, sino también con vestidos y conjuntos pensados para eventos oficiales, recepciones o encuentros bilaterales.

Calidad, confección y referencias internacionales

Salinas aseguró que la presidenta electa “luce más delgada” y no teme experimentar con opciones más juveniles, siempre dentro de un marco de elegancia. Al respecto, mencionó como referentes visuales a la reina Letizia de España y a Kate Middleton, princesa de Gales, subrayando la importancia de la calidad de la tela, la confección precisa y el entalle para proyectar autoridad y sobriedad.

En línea con esta visión, el diseñador señaló que una imagen sobria no implica rigidez. Al referirse a la indumentaria que la mandataria usará el 28 de julio, sostuvo que la elección de una buena tela y una confección exacta bastan para garantizar una presencia sólida, con detalles perceptibles incluso en estilos más contenidos.

A pocos días de la toma de mando de Keiko Fujimori como la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, el canciller Carlos Pareja Ríos confirmó que Christopher Landau encabezará la delegación de Estados Unidos en la toma de mando de Keiko Fujimori y que llegará con una comitiva de 5 o 6 personas.

Pese a que se especuló sobre la llegada del Secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Marco Rubio, para la ceremonia que se realizará en el Congreso, finalmente será Landau quien representará al gobierno estadounidense.

“Se nos ha confirmado que va a venir el subsecretario Christopher, le dicen Chris Landau. Chris Landau es el que va a presidir la delegación norteamericana, va a venir con una delegación de cinco o seis personas”, indicó el canciller a los medios de comunicación.

Relaciones con Venezuela y México podrían reanudarse

Pareja Ríos también informó que trabaja para reanudar vínculos con Venezuela, interrumpidos el 30 de julio de 2024. Explicó que busca, con apoyo e influencia del gobierno de Estados Unidos ante Caracas, la reapertura del consulado peruano porque en ese país hay miles de peruanos que hoy no pueden realizar trámites como poderes ni inscribir a sus hijos nacidos allí.

Sobre México, el canciller recordó que la ruptura diplomática se produjo el 3 de noviembre de 2025, luego del asilo concedido a la expremier Betssy Chávez. Consultado por ese caso, evitó responder y se limitó a señalar que la Cancillería trabaja el tema y que se trata de asuntos complicados.

Mandatarios confirmados para juramento de Keiko Fujimori

Esta semana el canciller Pareja también detalló qué mandatarios han confirmado su participación en la ceremonia de cambio de mando. Entre los citados se encuentran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; y Ecuador, Daniel Noboa.

“Esos son los jefes de Estado que van a venir para la ceremonia de transmisión del mando”, recalcó. Además, mencinó que estarán presentes los cancilleres que acompañarán a los mandatarios, así como ministros de Estado de otros países que no enviarán a sus máximas autoridades.

La delegación internacional incluirá también al primer ministro de Aruba, Mike Eman, y representaciones oficiales de Japón, China y Marruecos. “Vamos a tener una nutrida delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 de julio en la ceremonia en el Congreso”, añadió.

El funcionario adelantó que también se espera la llegada de políticos y personalidades internacionales invitados por la propia Fujimori, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer.

“Todavía no les puedo confirmar porque estamos en ese proceso, pero creo que vamos a tener un conjunto importante de dignatarios, políticos y amistades de la señora Fujimori que estarán en el Perú esos días”, explicó.

Luego de su reunión con representantes de iglesias evangélicas en el Perú, se confirmó que la presidenta electa Keiko Fujimori pidió que la tradicional misa de acción de gracias no se realice el 29 de julio, sino al día siguiente, el 30 de julio. Según Miguel Bardales, uno de los representantes que se reunieron con la lideresa de Fuerza Popular, ella se reunirá el miércoles con su gabinete ministerial.

La decisión comunicada por el vocero de las iglesias evangélicas podría significar que la presidenta electa no solo ya tendría confirmados a los futuros integrantes de su gabinete ministerial, sino que incluso podría juramentar a sus ministros el mismo día

“Hemos venido a traer la invitación y ella nos ha explicado que la situación del país merece una atención, que ella y el gabinete necesitan tomar medidas y que, por esa razón, por este año, nos ha solicitado cambiar la fecha de la ceremonia del 29 al 30”, explicó Bardales a Panamericana.

Informes de transferencia se entregarán este jueves

En paralelo a la organización del inicio de gobierno, este jueves se entregarán los informes finales de transferencia de los ministerios. Como se recuerda, Marco Vinelli está a cargo del equipo de transferencia de Fuerza Popular y remitirá a Fujimori el saldo final de cada cartera para que se adopten las primeras decisiones en cada sector.

Para la senadora electa de Fuerza Popular, Patricia Juárez, esa documentación describa con precisión el estado de la administración pública. “El informe contenga la situación real de los ministerios, y que ese informe tenga la absoluta transparencia y reúna todas las condiciones que dice la ley”.

Juárez añadió que el contenido de esos documentos será determinante para los primeros pasos del nuevo gobierno. “Finalmente, a partir de ese documento y el diagnóstico que tenemos los equipos técnicos respecto a los diversos ministerios, se tomarán las primeras decisiones. Por eso es importante que refleje la situación real de los ministerios”, afirmó en contacto con la prensa.

Presidente Balcázar podría tomar una decisión sobre Pedro Castillo

La legisladora electa también se refirió a la posibilidad de que el presidente interino José María Balcázar aproveche los últimos días de su mandato para conceder un indulto o una gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo, una opción que habría sido mencionada como promesa por parte del actual gobernante.

Ante esa hipótesis, Juárez sostuvo que una medida de ese alcance debería quedar en manos de la nueva jefa de Estado. “Yo creo que hay desesperación, porque son promesas en su momento para llegar a la presidencia de la República, como el señor Balcázar o inclusive el propio Roberto Sánchez, para poder usar el sombrero del señor Castillo”.

La representante de Fuerza Popular insistió en que, por ahora, solo existen versiones no confirmadas y pidió prudencia política en el cierre de la administración interina. “Esa es una decisión, que seguramente corresponderá en su momento a la presidenta ya elegida. Lo que existen son rumores, muchos rumores, pero creemos que el sentido de responsabilidad en decisiones políticas tan trascendentes e importantes debe primar. Y entonces, esperemos que el señor Balcázar culmine su mandato como él siempre lo ha dicho”.

Según la hipótesis fiscal, la red habría operado desde la capital de Loreto con una estructura que combinaba extracción, acopio, manejo y envío de animales silvestres hacia mercados fuera del país. Entre las personas intervenidas figuran las empresarias Milagros Ferreyra Ahuanari y Lita Lisenia Ferreyra Ahuanari, esta última conocida también por su pasado político, luego de haber participado como precandidata a diputada por Fuerza Popular.

Las diligencias incluyeron allanamientos, detenciones preliminares y la revisión de espacios usados como zoocriaderos, donde las autoridades encontraron condiciones que describieron como “calamitosas”.

La orden judicial, la detención preliminar y los alcances del caso

La Fiscalía sostiene que el caso “Los Peludos” no se trataría únicamente de un delito ambiental, sino de una estructura con rasgos de crimen organizado. Por eso, el caso fue tipificado bajo una figura de mayor gravedad: delito aduanero, en la modalidad de tráfico de mercancías restringidas y contrabando.

Por ello, se dispuso la detención preliminar por 15 días naturales para los investigados, además de autorizar el allanamiento con descerraje, la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Durante las primeras horas del operativo, los agentes ingresaron a depósitos usados como zoocriaderos, donde se observaron animales en condiciones precarias. Las imágenes recogidas por las autoridades muestran espacios con hacinamiento, desorden y falta de condiciones mínimas para el manejo de especies vivas.

De acuerdo con la investigación, la presunta organización criminal estaría conformada por al menos 11 personas. Además de las hermanas Ferreyra, el mandato judicial alcanza a Francisco Ferreyra Ahuanari, Carlos Antonio Tello Ferreyra, Néstor Pérez Fachín, Samir Rodríguez Dahua, Bernaldo Torres Dahua, Lando Marcio Vargas Ferreyra, Alan Ruboca Moreno, Gróbel Jesús Panaifo Pacaya y David Arrué Tamani.

Las hermanas Ferreyra bajo la lupa y los antecedentes revelados por Ojo Público

Las hermanas Milagros y Lita Ferreyra no son nombres nuevos en este tipo de investigaciones. Según una investigación de Ojo Público, ambas ya habían sido mencionadas en reportajes previos vinculados al comercio y exportación de fauna amazónica, especialmente en casos relacionados con la extracción de especies como los perezosos. Ese seguimiento periodístico comenzó a tomar fuerza en 2023, cuando se advirtió que un conjunto de empresas relacionadas con las Ferreyra concentraba una porción importante del mercado de exportación de fauna silvestre desde Perú.

En esa misma línea, Ojo Público identificó que cuatro de las 37 empresas exportadoras de fauna peruana pertenecían a las hermanas Ferreyra. Para entonces, más de la mitad de sus operaciones se concentraban en la venta de animales peruanos como tortugas, camaleones, iguanas y lagartijas hacia destinos como Hong Kong, China, Taiwán y otros mercados, por montos que superaban los USD 11 millones.

Otro episodio está vinculado a una alerta emitida por la División de Inteligencia Aduanera de Sunat, que puso en conocimiento de la Fiscalía Ambiental de Loreto la salida irregular de fauna hacia el exterior desde el aeropuerto de Iquitos. En ese contexto, el fiscal Franco Gonzales dispuso la inmovilización de 30 perezosos y ocho osos hormigueros que tenían como destino Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Las especies contaban con un permiso de manejo de fauna que posteriormente fue declarado nulo por irregularidades detectadas por el gobierno regional.

Las pesquisas periodísticas también señalaron que la empresa detrás de esa operación era Ferreyra Fishes & Turtles E.I.R.L., cuya gerencia general estaba a cargo de Lita Ferreyra. Entre 2014 y 2023, ella y su hermana Milagros habrían concentrado buena parte de las exportaciones de animales registradas desde el país. En ese periodo, la firma reportó operaciones previas sobre todo con especies como taricayas, mata mata, motelo y teparo, mientras que el envío de mamíferos hacia Emiratos Árabes representó una ruta nueva para la empresa.

El exasesor de Fuerza Popular, Vicente Silva Checa, anunció este martes que presentará una denuncia contra el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien investigó y acusó a Keiko Fujimori, actual presidenta electa y líder de esa agrupación política.

En una entrevista con la radio Exitosa, Silva Checa calificó a Pérez como “un fiscal muy abusivo” y lo responsabilizó de haber “arruinado la vida” de quienes estuvieron bajo investigaciones a su cargo. “Yo lo voy a denunciar (...) por delitos que él ha cometido y por inconductas funcionales que él ha puesto en práctica”, declaró.

El abogado sostuvo que, durante su gestión en el Ministerio Público, el exmagistrado pidió prisión preventiva para varios investigados “sin ninguna base” y que muchas personas afrontaron procesos judiciales bajo comparecencia, tras presentar documentos o peritajes para respaldar su situación legal.

“A mí me detuvieron preliminarmente una noche sin aviso alguno, sin que tuviera yo una investigación, nada. Y luego este hombre me ha perseguido, prevaricando en innumerables oportunidades, y ya lo determinará el Poder Judicial (...) Ahora llora porque siente el peligro de que se volteen las cosas y él sea el acusado”, afirmó.

“Mucha gente ha visto su vida afectada por este hombre. Y una cosa muy grave que ha hecho es dañar a los partidos políticos. Si no destruirlos, al menos los ha perjudicado seriamente”, añadió al referirse a la imputación contra el Partido Aprista por lavado de activos, que fue finalmente archivada por ser “totalmente desproporcionada”.

“Ha sido muy mal fiscal y fue un error del doctor (Rafael) Vela, el fiscal coordinador, haberlo mantenido en el cargo. Vela debió ponerlo en su lugar a Pérez Gómez y así no estaría en la misma situación que él”, manifestó.

Seguidamente, recordó los 36 meses de prisión preventiva que le impusieron en noviembre de 2018 tras ser señalado por la Fiscalía como parte de la cúpula de una presunta organización criminal dentro de Fuerza Popular. Posteriormente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó esa medida y ordenó su libertad tras declarar fundado el recurso de apelación.

“Yo estuve seis semanas en Piedra Gorda. Tuve la suerte de que, después de tres días en una celda de castigo, me ubicaron en una zona donde había funcionarios públicos connotados que enfrentaban acusaciones, como César Álvarez y otros. No fue un infierno, fue una situación difícil, pero se sobrellevó y salimos”, concluyó.

Temor

En la misma jornada, el actual abogado del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) reiteró que teme por su vida tras la llegada a la jefatura de Estado de Fujimori.

“La ahora mujer más poderosa del país dio una amenaza a inicios de este año cuando le preguntaron en relación a mí. Entonces, es un hecho objetivo que ella públicamente lanzó esta amenaza”, afirmó.

Pese a este escenario, expresó que conserva la esperanza de poder proteger su integridad dentro del país y condicionó esta posibilidad a que Perú se mantenga como “un Estado de derecho”, sin que “se instale un gobierno en el cual ya no se van a respetar ni los derechos ni las garantías”.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó este lunes una ley que establece que policías y militares solo serán procesados por el fuero castrense cuando cometan delitos en el ejercicio de sus funciones, pese a la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhortó a no aprobarla.

La promulgación ocurrió luego de que el mandatario interino, José Balcázar, no formulara observaciones a la autógrafa aprobada por el Parlamento en una segunda votación realizada en junio.

El dictamen modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para impedir que un efectivo militar o policial sea procesado de manera simultánea por los mismos hechos tanto en la justicia ordinaria como en la justicia militar-policial.

Además, la ley dispone que los jueces de la jurisdicción ordinaria archiven investigaciones o procesos cuando constaten que los mismos hechos ya son materia de investigación en el fuero militar-policial.

La bancada fujimorista, a la que pertenece Rospigliosi, promovió la iniciativa al sostener que busca proteger a cientos de policías y militares que actualmente afrontan procesos por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas hace más de tres décadas durante el régimen del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) o en el contexto de las protestas de 2022 y 2023.

Días antes, la congresista Ruth Luque advirtió que todo apuntaba a que Balcázar había decidido “agachar la cabeza al fujimorismo y no observar la autógrafa”, con lo que evitó que el texto regresara al Legislativo.

Críticas

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, señaló en su momento que las presuntas violaciones deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional.

Incluso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos observó la aprobación de la norma, antes de su ratificación en el pleno, por posibles críticas relacionadas con la independencia judicial, la delimitación de competencias entre jurisdicciones y la proporcionalidad de algunas sanciones contempladas en el texto.

La ley aprobada incluye también una precisión sobre el delito de función al incorporar las conductas cometidas por acción u omisión durante el ejercicio de funciones militares o policiales.

De la misma forma, la ley estableció penas de 20 a 30 años de prisión e inhabilitación para militares o policías que colaboren con grupos armados ilegales o bandas criminales aprovechando su cargo o función, e incluso la cadena perpetua cuando dicha colaboración derive en la muerte de una persona.

El Parlamento también aprobó otra iniciativa que incorpora los delitos de lesa humanidad en el Código Penal con el fin de precisar que los casos de asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual sólo podrán ser considerados de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Si lo hechos investigados no cumplen con esos elementos deberán ser procesados como delitos comunes conforme a la legislación penal vigente, anotó la norma.

La ley plantea también que se aplique a los juicios en trámite y en las sentencias en revisión, nulidad u otra garantía constitucional.

La disposición legal remarcó que el Estatuto de Roma, que estableció competencia para los crímenes contra la humanidad, entró en vigencia en Perú en 2002 y que los hechos ocurridos antes de esa fecha no podrán juzgarse como delitos de lesa humanidad en el país.

La dirigente política mencionó que, a raíz del consejo de una voluntaria, decidió dedicar tiempo a una actividad que no había podido realizar en libertad. El acercamiento a la Biblia, gracias a un ejemplar entregado por grupos religiosos que realizaban servicio social en el penal, supuso el inicio de una etapa de mayor serenidad y de conexión con la fe. “Esa tarde empecé por el Nuevo Testamento”, recordó Fujimori, subrayando que el estudio de las escrituras la ayudó a encontrar paz y a modificar su visión sobre el entorno carcelario.

Cambios personales y relaciones en el penal

La lectura diaria de la Biblia coincidió con un cambio en la actitud de Fujimori hacia las demás internas. Contó que empezó a ayudar a las recién llegadas y evitó preguntar por qué cada una estaba presa, convencida de que ese dato no alteraba su disposición a asistirlas. “Aprendí a no juzgar a las personas”, resumió en su relato.

El proceso de adaptación incluyó también la superación de viejos temores. Fujimori detalló cómo perdió el miedo a los gatos, un temor que arrastraba desde su infancia. En el penal, al notar la presencia de gatos cerca de los desagües, decidió pedir alimento para ellos y comenzó a dejarles comida en la puerta de su celda. Dos gatos, Pepe y Gringo, respondieron acercándose y, según la ex candidata, cazaban ratones en la zona, lo que la llevó a interesarse por estos animales. Más tarde, ya en libertad, su familia adoptó cinco gatas, resultado directo de este cambio personal.

La llegada a prisión: del juicio a la celda

El episodio carcelario de Keiko Fujimori comenzó días después de que recuperara la libertad tras una detención preliminar de siete días. El fiscal José Domingo Pérez solicitó prisión preventiva por 36 meses, y el Poder Judicial programó audiencias para tratar el caso. Fujimori asistió a cada audiencia acompañada por dirigentes de su partido y mantenía comunicación nocturna con sus hijas, quienes experimentaron temor por su seguridad.

En una de esas conversaciones, su hija Kaori le preguntó: “Mamá, si es que vas a prisión significa que te pueden matar”. Fujimori explicó que buscó tranquilizarla con palabras simples: “No, Kao, eso no puede pasar y no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que no voy a poder verte todos los días, ni vamos a poder leer cuentos en las noches, pero tú podrás ir a verme dos días a la semana”.

Procedimiento judicial y traslado al penal

La ex candidata sostuvo que el procedimiento judicial no se desarrolló como correspondía, ya que, según su versión, antes de dictar prisión preventiva debían leerse todas las acusaciones a los presentes en la audiencia. El juez anunció la prisión preventiva por 36 meses, lo que derivó en su inmediato traslado.

Fujimori relató que, al saber que ese momento llegaría, pidió a sus acompañantes una despedida rápida para evitar quebrarse. “Vamos a seguir enfrentando esta injusticia”, declaró antes de ser llevada a la carceleta del Poder Judicial, un espacio que describió como “nauseabundo” y ubicado en los sótanos de la sede judicial.

Primeros días en el penal anexo de Chorrillos

Tras el paso por la carceleta, Keiko Fujimori fue trasladada a la prisión anexo de Chorrillos. Al llegar, la directora del penal le ofreció una taza de avena, gesto que la conectó emocionalmente con su abuela por el sabor de la receta. Fujimori fue ubicada en la zona de prevención, un área destinada a nuevas internas, personas castigadas y quienes luego acceden a detención domiciliaria.

Resaltó el papel de los voluntarios que realizaban servicio social en el penal, quienes le recomendaron aprovechar el tiempo de reclusión realizando actividades que no había hecho antes. Fue así como eligió la lectura de la Biblia, iniciativa que marcó el resto de su estadía.

Impacto en la vida familiar y adaptación al encierro

La experiencia carcelaria afectó profundamente a la familia de Fujimori. La ex candidata contó que su salida en libertad ocurrió el 29 de noviembre, fecha que coincidió con el cumpleaños de su hija Kiara. Hasta ese momento, había asumido que no pasaría la Navidad en casa, idea que quedó confirmada cuando un domingo advirtió que la resolución judicial no llegaría a tiempo.

En el penal, Fujimori recibió la visita de su hermana Sachi y sus hijas. Ante la imposibilidad de celebrar la festividad en familia, acordaron hacer su propia Navidad el miércoles siguiente, día habilitado para visitas. “Las fechas importantes también pueden celebrarse en otro momento”, le dijeron sus hijas, según su testimonio.

El papel de la abogada y la resolución del Tribunal Constitucional

La excarcelación de Keiko Fujimori se produjo después de que el Tribunal Constitucional de Perú declarara fundado el recurso presentado por su hermana Sachi y sustentado por la abogada Yuliana Losa. Aunque la libertad demoró varios días en ejecutarse tras la decisión, la ex candidata recuperó su libertad el 29 de noviembre. Definió la fecha como el mejor regalo de cumpleaños para su hija Kiara.

Fujimori señaló que su paso por la prisión la llevó a modificar su relación con las internas y con los animales, consolidando una etapa de mayor cercanía religiosa y familiar. Al salir del penal, su familia la recibió y celebró la libertad con la perspectiva de una nueva etapa.

Expectativas, rutinas y resistencia en prisión

Durante su reclusión, Fujimori mantuvo la esperanza de una salida rápida. Al ingresar a la prisión, llevó dos mochilas que prefirió no desarmar, convencida de que saldría pronto. Frente a la insistencia de su hermana Sachi sobre por qué no ordenaba sus pertenencias, respondía que prefería mantener una actitud positiva.

La convivencia diaria en el penal implicó también la adaptación a nuevas rutinas. Fujimori ayudaba a las recién llegadas y estableció la costumbre de alimentar a los gatos que rondaban la zona. La experiencia, según relató, modificó su percepción sobre la vida en reclusión y reforzó la importancia del apoyo familiar y la fe.

La ex candidata presidencial finalizó su testimonio recordando el impacto de la libertad recuperada, la celebración familiar y el proceso de reintegración tras 13 meses de prisión preventiva.

Según su testimonio, esa jornada comenzó con un interrogatorio en la fiscalía y derivó en una detención que ella consideró arbitraria. En el segundo capítulo de “Confesiones”, la dirigente explicó que la investigación experimentó un giro decisivo cuando se produjo el cambio del fiscal a cargo y se ordenaron nuevas diligencias, entre ellas allanamientos a su entorno político.

El inicio del proceso y la percepción de arbitrariedad

Para Keiko Fujimori, el proceso judicial incluyó episodios que describió como abusivos y extraños. Señaló que, pese a que su partido colaboraba con la justicia, la pesquisa adquirió un tono hostil. Recordó que, antes de presentarse ante la fiscalía, preparó las loncheras de sus hijas y se despidió asegurando que regresaría por la tarde, aunque presentía que algo adverso podía suceder.

Durante el interrogatorio, un oficial de policía le preguntó si estaba bajo orden de arresto. En ese momento, Fujimori avisó a su esposo, Mark Vito Villanella, que la detenían y le solicitó que transmitiera tranquilidad a sus hijas. Ese acto marcó el inicio de una serie de traslados y procedimientos que se extenderían por varios días.

Traslados, exámenes y la mediatización del caso

La lideresa de Fuerza Popular relató que la primera semana incluyó traslados a distintas dependencias policiales, exámenes médicos y psicológicos, y la presentación de una apelación al séptimo día. Dijo que fue llevada primero a una comisaría y luego a la prefectura, donde solicitó papel y lapicero a su abogada, Giuliana Loza, para escribir una carta que buscaba explicar su situación a la militancia y la comunidad internacional.

Fujimori observó que los vehículos que la trasladaban avanzaban a baja velocidad, rodeados de prensa nacional e internacional, lo que interpretó como un intento de convertir el proceso en un espectáculo público. “Se intentaba convertir la detención en un circo”, afirmó en su relato.

Condiciones de detención y contacto con la militancia

Durante el control de identidad, Fujimori presenció cómo las cámaras de televisión enfocaban sus manos esposadas y su rostro. Posteriormente, fue sometida a exámenes médicos, psicológicos, dentales y análisis de sangre y orina, en una secuencia que no pudo completarse el primer día por su extensión.

En la prefectura, la dirigente se encontró con Adriana, una militante mayor del partido, y relató que procuró mantener la serenidad para transmitirle calma. Le cedió el único colchón disponible, mientras ella descansaba sobre una tarima. Sobre esa primera noche, Fujimori fue explícita: “Lloré muchísimo. Lloré en silencio”. Dijo que evitó mostrar su angustia para no preocupar a su acompañante, aunque ambas reconocieron su estado emocional al día siguiente.

Espera, vigilancia y apelación

Al tercer día de detención, Fujimori preguntó cuándo podría salir y recibió como respuesta que la apelación había sido presentada, pero el trámite aún demoraría. Solicitó ropa desde su casa para asearse, pero su abogada le advirtió sobre la posibilidad de vigilancia constante, incluso en espacios privados como el baño o la ducha. “Están filmando cada movimiento tuyo”, le advirtió Loza.

La excongresista señaló que la audiencia de apelación se autorizó al séptimo día. Su abogada le recomendó preparar una intervención breve, de no más de cinco minutos, ya que ese sería el tiempo disponible ante la sala. Antes de partir, un policía le colocó un chaleco con la palabra “detenido” y le indicó que cumplía órdenes superiores.

Resolución judicial y liberación

Fujimori aseguró que la sala resolvió con rapidez y que lo que más recuerda del fallo fue el argumento central: la resolución judicial que ordenó su arresto habría sido elaborada a partir de un “copia y pega”, replicando los pedidos de la fiscalía sin un análisis propio. “La decisión de arresto había sido elaborada con un ‘copia y pega’”, indicó.

Esa misma noche recibió la notificación de su liberación y regresó a su domicilio para reencontrarse con sus hijas. Cerró su relato con una advertencia sobre el futuro: “Lo peor estaba todavía por venir”. La experiencia de detención sin condena, según Fujimori, marcó un antes y un después en su vida y en el escenario político de Perú.

De acuerdo con las declaraciones recogidas en televisión, Isaac Humala centró sus críticas en la figura de Keiko Fujimori, argumentando que, conforme a la ley japonesa, no existe la doble nacionalidad en los términos que él interpreta. Insistió en que, al tener que optar, esa decisión se formaliza por escrito, y aseguró que tanto Fujimori como sus hermanas habrían elegido la nacionalidad japonesa.

Nacionalidad y legitimidad presidencial

Isaac Humala manifestó que Keiko Fujimori y sus hermanas “han optado oportunamente” por la nacionalidad japonesa, lo cual, en su visión, impediría que la ex candidata presidencial pueda ejercer la presidencia del Perú. Frente a la observación del entrevistador sobre el nacimiento de Fujimori en territorio peruano y su identificación pública como peruana, Humala calificó esa afirmación de “falsa” y reiteró que, bajo ningún concepto, existe la doble nacionalidad, siempre según su lectura de la normativa japonesa.

Durante la entrevista, el exdirigente sostuvo que el partido Fuerza Popular “no es partido político” sino “República japonesa que ha llegado al poder”. Añadió que si su hipótesis fuera cierta, las elecciones serían nulas y Fujimori ni siquiera habría podido postularse a la presidencia. Enfatizó que desea que la ex candidata declare públicamente “la verdad” y reconozca su nacionalidad japonesa “por ius sanguinis”.

Críticas a Keiko Fujimori y el grupo Colina

Isaac Humala fue más allá en sus declaraciones al comparar la violencia asociada a Antauro Humala con la que atribuye a Keiko Fujimori. Señaló que, a su entender, la lideresa de Fuerza Popular sería “mil veces más violenta” que su hijo, basándose en los hechos relacionados con el grupo Colina y acusándola de haber permitido torturas a su madre cuando la familia presidencial fue trasladada al Servicio de Inteligencia del Ejército. “Es una presidenta japonesa y es más violentista que Antauro porque ella permitió las torturas del grupo Colina”, aseguró durante el diálogo televisivo.

El exdirigente también expresó que, en su opinión, si se confirmara su tesis sobre la nacionalidad, Keiko Fujimori no debería asumir la presidencia. Además, solicitó que la lideresa fujimorista hiciera pública su condición de nacionalidad japonesa y que renunciara a cualquier aspiración presidencial.

Opinión sobre Pedro Castillo y contexto histórico

En cuanto a la crisis política reciente, Isaac Humala fue consultado sobre Pedro Castillo y su papel en la disolución del Congreso. Al respecto, sostuvo que el exmandatario prometió en varias ocasiones indultar a Antauro Humala cuando este se encontraba en prisión, promesa que no cumplió. Más adelante, Humala padre afirmó que Castillo encabezó un intento de ruptura institucional al anunciar la disolución del Parlamento en un mensaje a la nación. “¿Cómo no va a ser dado golpe de Estado?”, respondió al ser consultado si consideraba a Castillo como responsable de un golpe.

Durante la conversación, el entrevistado evitó centrar el debate en la coyuntura política de Castillo, argumentando que la atención debía dirigirse hacia la situación nacional. Realizó una comparación histórica extrema y sostuvo que el país atraviesa un momento “comparable con el día en 1532”, en referencia a la captura de Atahualpa y la toma del poder por parte de fuerzas extranjeras.

Relación con Antauro Humala y violencia política

Respecto a Antauro Humala, Isaac Humala relativizó las expresiones más agresivas de su hijo. Cuando el conductor mencionó declaraciones en las que Antauro se refirió a la posibilidad de matar a su hermana o a Ollanta Humala, el patriarca respondió que se trataba de “un decir” y las calificó como “una tontería”.

No obstante, utilizó esa referencia para insistir en que la violencia verbal atribuida a su hijo no es comparable con la que, según él, representa Keiko Fujimori. Reiteró que la lideresa de Fuerza Popular estaría vinculada a hechos más graves, como los asociados al grupo Colina, y que, bajo ese argumento, no debería ejercer la presidencia.

Exigencias finales y postura de Isaac Humala

Al cierre de la entrevista, Isaac Humala expresó un doble deseo. Por un lado, exigió que Keiko Fujimori reconozca públicamente su supuesto estatus de ciudadana japonesa por derecho de sangre. Por otro, pidió que no asuma la presidencia bajo ninguna circunstancia.

Las declaraciones de Humala padre se suman a la polarización existente en el escenario político nacional y reflejan una postura crítica frente a las figuras de Keiko Fujimori, Pedro Castillo y el propio entorno familiar. La discusión sobre la nacionalidad y la legitimidad presidencial se mantiene como uno de los ejes recurrentes en el debate público peruano.

La mandataria señaló que uno de los principales desafíos de su gestión será recuperar la confianza de la ciudadanía y demostrar, con resultados, que es posible reducir las divisiones políticas que han marcado al país en los últimos años. En ese contexto, remarcó que el diálogo será una herramienta clave para avanzar en la gobernabilidad y atender las principales demandas de la población.

“No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos”, expresó Fujimori al insistir en que el resultado de las urnas debe convertirse en un punto de partida para una nueva etapa política. Asimismo, sostuvo que el mayor esfuerzo de su administración estará orientado a generar confianza entre los ciudadanos, incluidos quienes aún mantienen dudas sobre su gobierno.

“Han generado odio”

Durante su discurso, la presidenta afirmó que la reconciliación nacional será uno de los ejes de su mandato y consideró que el país necesita superar la confrontación política para enfocarse en resolver los problemas que afectan a la población. En ese sentido, sostuvo que la etapa de las disputas electorales quedó atrás y que ahora corresponde trabajar con una visión de futuro.

Fujimori manifestó que la confianza entre el Estado y la ciudadanía no puede imponerse, sino que debe construirse a través de acciones concretas. Por ello, agradeció tanto a quienes respaldaron su candidatura desde el inicio como a los ciudadanos que decidieron otorgarle su voto pese a las dudas que mantenían sobre su propuesta.

La mandataria también cuestionó el clima de división que, a su juicio, caracterizó a administraciones anteriores. “Tenemos que trabajar denodadamente por lograr una reconciliación. Nuestra sociedad no aguanta más. Esos gobiernos que han pasado generando división y odio, eso se acabó”, manifestó, al reiterar que su gestión buscará fortalecer el diálogo y promover consensos para impulsar el desarrollo del país.

La primera mujer presidente

En otro momento de su intervención, Keiko Fujimori destacó el significado de convertirse en la primera mujer elegida presidenta de la República mediante voto popular. La mandataria afirmó que este hecho representa un avance para la participación femenina en la política y aseguró que el logro trasciende su elección al simbolizar una oportunidad para todas las mujeres del país.

“Estoy orgullosa de ser la primera mujer elegida por el voto popular. Es un gran compromiso, una responsabilidad enorme que asumimos con profunda humildad. Este logro es el logro de las mujeres”, expresó. Además, señaló que espera que su elección sirva de inspiración para las nuevas generaciones y para que más niñas y jóvenes crean que pueden alcanzar sus metas mediante el esfuerzo y la perseverancia.

Finalmente, Fujimori aseguró que su administración estará enfocada en construir un Perú más próspero, especialmente para los jóvenes y los niños. Si bien reconoció que el país cuenta con importantes recursos, sostuvo que el Estado no ha respondido de manera eficiente a las necesidades de la población en los últimos años. Por ello, reiteró que, tras el cierre del proceso electoral, el objetivo de su gobierno será trabajar de manera conjunta para impulsar el desarrollo nacional y ofrecer mejores oportunidades a las futuras generaciones.

La manifestación se realizó en un contexto de tensión política, con la exigencia de libertad para Castillo como consigna central. Aunque la convocatoria buscaba una movilización, no se produjo un desplazamiento por la ciudad. Los asistentes permanecieron en el recinto partidario, donde Sánchez, acompañado de otros dirigentes, presentó la demanda como una expresión del “pueblo organizado”.

Reclamo central: la liberación de Pedro Castillo

El excandidato afirmó que solo “el pueblo organizado”, junto con el movimiento social, las comunidades originarias, los frentes sociales y los grupos ciudadanos, puede constituir un frente democrático capaz de lograr la reivindicación y la restitución de la justicia, con el objetivo de obtener la libertad de Castillo.

Sánchez hizo un llamado a la “unidad para luchar” y a la “unidad para vencer”, orientando su convocatoria a regiones, provincias, distritos, centros poblados y fuerzas ciudadanas que se identifican como democráticas. El dirigente sostuvo que en el país no existe democracia, argumentando que una democracia no puede subsistir sin derechos humanos ni justicia. En ese marco, recordó que Perú ha suscrito convenios y pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos, comprometiendo al Estado a actuar bajo esos principios.

Denuncia de detención arbitraria y vacancia ilegal

Durante el pronunciamiento, Sánchez aseguró que Pedro Castillo fue detenido de manera arbitraria cuando ejercía la presidencia y que la vacancia fue ilegal. Señaló que “jueces y peritos internacionales” ya han exigido su liberación inmediata, en función de los compromisos internacionales asumidos por Perú. Para el dirigente, “este pueblo organizado se va a convertir en la peor pesadilla de un gobierno mafioso, dictador fujimorista”.

El acto marcó también un cambio de imagen en Sánchez, quien ya no lució el sombrero que lo acompañó durante la campaña electoral. El pronunciamiento se extendió mientras el excandidato permanecía en la sede junto con otros miembros de Juntos por el Perú.

Justicia por las víctimas del sur y rechazo a la violencia

Roberto Sánchez reiteró su reclamo de justicia por los más de 50 muertos en las protestas del sur del país, vinculando esa demanda con la exigencia de liberación de Castillo. Sostuvo que existe impunidad y que el poder político actual carece de legitimidad ante una parte mayoritaria de la población.

Durante su declaración pública, el dirigente rechazó la violencia “venga de donde venga” y afirmó que su sector no la promueve ni la defiende. En ese mensaje, ató la demanda de justicia a los asesinatos cometidos durante la crisis política. Dijo que el “comportamiento violento” dejó “más de 50 peruanos asesinados” y calificó esas muertes como “una herida abierta” para el país, repitiendo la consigna “Justicia para los mártires del sur”.

Críticas directas a Keiko Fujimori y a la legitimidad del gobierno

En su intervención, Sánchez sostuvo que “lo primero que debería hacer la señora Fujimori es arrodillarse y pedir perdón a todo el pueblo del sur”, responsabilizándola por “haber quitado la vida” a la población de esa región. Estas acusaciones se enmarcaron en un discurso donde presentó la convocatoria como la expresión del “sentimiento de millones de compatriotas”.

Según el dirigente, a muchas familias les “han arrebatado la vida a sus hijos” y no reciben justicia. Bajo esa premisa, acusó al “gobierno parlamentario de la señora Fujimori” de haberse encumbrado desde una legalidad electoral que, en su visión, no cuenta con “apoyo moral” ni la legitimidad mayoritaria. Sánchez describió a ese pueblo como uno “pintado del color verde esperanza”.

Referencias a la comunidad internacional y la situación de Castillo

En otro tramo de su discurso, Sánchez señaló que el presidente encargado posee la “facultad constitucional y política” para otorgar la gracia presidencial y ordenar la libertad de Pedro Castillo. Sostuvo que algunos sectores rechazan esa posibilidad porque Castillo, “como es el líder del pueblo”, podría movilizarlo, organizarlo y exigir justicia. Frente a la declaración de inviabilidad de su excarcelación, resumió la postura de su sector con una frase: “Nadie les cree”.

El excandidato invocó al “grupo de trabajo de detención arbitraria e ilegal” dentro de una comisión de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. Afirmó que jueces, peritos y expertos internacionales “dan la razón” a quienes rechazan la detención de Castillo.

Reclamo al defensor del pueblo y denuncia de persecución política

En la parte final de su declaración, Sánchez preguntó “dónde está el defensor del pueblo” y criticó el “silencio cómplice” de las instituciones en un momento que, según su visión, exige restituir la justicia. Añadió que el Estado no debe “nunca más perseguir políticamente” a fuerzas que, en sus palabras, fueron víctimas de un complot contra el gobierno democrático constitucional de Castillo.

Sánchez cerró con una reivindicación política de los últimos tres años, asegurando que el “sentimiento y el convencimiento del pueblo tuvieron razón”. Para el dirigente, esa validación proviene de pronunciamientos de jueces, peritos y expertos internacionales que, en su interpretación, respaldan la denuncia sobre la vacancia, la detención y el “secuestro” del exmandatario.

Cancelación de la movilización y reacción de los simpatizantes

En las horas previas, el congresista Sánchez había cancelado la movilización convocada para exigir la libertad y el indulto de Pedro Castillo. Explicó que el Ministerio del Interior no otorgó las garantías necesarias para la realización de la protesta en la vía pública.

A pesar de la suspensión, entre 100 y 150 simpatizantes se concentraron en el exterior del local partidario, ubicado en la avenida 9 de diciembre. Ante ese escenario, la organización resolvió permitir el ingreso de los manifestantes al recinto, donde se mantuvieron a la espera de nuevas directivas.

Argumentos legales y respaldo a la demanda de libertad

Sánchez fundamentó el reclamo en un informe de Naciones Unidas que, según su versión, cuestiona la detención de Pedro Castillo por considerarla arbitraria. Ante los asistentes, el congresista expresó: “Es el sentimiento de nuestro pueblo por justicia”.

Al cierre del acto, un grupo de simpatizantes seguía en los exteriores de la sede partidaria, aguardando la salida de Sánchez, quien continuaba reunido con dirigentes de Juntos por el Perú. El episodio reflejó la persistencia de un sector político que, sin movilización en las calles, mantiene su demanda de liberación para el expresidente y de justicia para las víctimas de la crisis.

Primer giro: la renuncia presidencial y el compromiso familiar

En el año 2000, Alberto Fujimori decidió abandonar la presidencia de Perú en medio de una crisis política. Desde Japón, llamó a su hija Keiko para informarle de la situación. En ese momento, la joven no contemplaba ingresar al mundo político. Según su testimonio, su principal objetivo era desarrollarse como empresaria y su formación en administración de empresas apuntaba en esa dirección.

Keiko Fujimori explicó que, tras la caída del gobierno, permaneció en el país a pesar de que su padre le sugirió salir de Perú. Asumió el compromiso de “defender el legado familiar y el apellido”, lo que la llevó a afrontar investigaciones judiciales y citaciones ante el Congreso y el Ministerio Público. Esta etapa estuvo acompañada de allanamientos en viviendas de familiares y de un entorno de incertidumbre. “Después de aproximadamente dos años, esas investigaciones fueron archivadas”, puntualizó.

Un proyecto de vida en el sector privado

Superada la crisis inicial, Fujimori retomó su plan de vida original. Se asoció con dos amigas y fundó una pequeña empresa dedicada a la venta de productos naturales y de aromaterapia en una cadena comercial importante de Perú. También emprendió la exportación de productos a mercados asiáticos. Este período, según sus palabras, representó una etapa de crecimiento personal y profesional lejos del ámbito político.

Tiempo después, la dirigente logró ingresar a Columbia Business School en Nueva York para cursar una maestría en administración de empresas. Junto a su entonces esposo, Mark Vito Villanella, proyectaba desarrollar una carrera corporativa o incursionar en el emprendimiento privado. “Mi objetivo era desarrollarme en el sector empresarial y construir un futuro diferente al de mi familia”, sostuvo.

La llamada de 2005: punto de inflexión

La segunda llamada clave llegó en noviembre de 2005. Según relató Keiko Fujimori, su padre la contactó desde un teléfono satelital para informarle que viajaría a Chile con la intención de iniciar un proceso de extradición que le permitiera regresar a Perú. Durante esa conversación, le pidió que evaluara postularse al Congreso como parte de la lista parlamentaria. “Sé que estás haciendo tu maestría, pero como las cosas no han salido como estaban planificadas, nos gustaría que te animes a ser candidata, que nos acompañes a la lista como candidata al Congreso”, relató.

Horas después de esa llamada, se enteró por las noticias de la detención de su padre en Chile y de su traslado a dependencias de seguridad. Ese episodio la llevó a viajar para acompañarlo y, ya en ese país, recibió la propuesta formal de integrarse a la lista electoral.

Decisión personal y apoyo familiar

Ante el pedido familiar, Fujimori no aceptó de inmediato la propuesta política. Explicó que necesitaba tiempo para procesar la situación y discutirla con su esposo. Al regresar a Nueva York, conversó con Mark Vito Villanella, quien la alentó a tomar la decisión: “Tu país, el partido y tu familia te necesita. No quiero que te quedes aquí atada por mí. Empaca tus cosas y ya luego vemos”, recordó.

A partir de ese momento, decidió dejar la maestría y regresar a Perú. Reconoció que no tenía experiencia en campañas electorales y que aprendió de figuras como Marta Chávez, quien encabezaba la lista presidencial de entonces. Durante la campaña, implementó estrategias novedosas para acercarse a la ciudadanía, como cantar y bailar en encuentros públicos, además de exponer su mensaje político.

El ingreso al Congreso y la construcción de un partido propio

Luego de recorrer Lima y otras regiones, Fujimori fue elegida congresista, alcanzando el récord como la parlamentaria más votada en la historia de Perú en ese momento. Al asumir sus funciones, intentó unificar diferentes grupos políticos y mantuvo diálogos con diversos líderes. Sin embargo, ese esfuerzo no prosperó. Ante ese escenario, junto a su padre, adquirió un kit electoral para iniciar la formación de Fuerza 2011, partido que posteriormente dio origen a Fuerza Popular.

En declaraciones recogidas en distintos encuentros públicos, Keiko Fujimori subrayó: “Mi ingreso a la política no formaba parte de mi proyecto de vida”. La dirigente reiteró que su vocación inicial era el ámbito privado y que solo circunstancias excepcionales la llevaron a asumir roles de liderazgo en el Congreso y la política nacional.

Una trayectoria marcada por decisiones familiares y coyuntura nacional

A lo largo de sus intervenciones, Fujimori insistió en que su camino hacia la política estuvo determinado por factores externos y familiares. “Dos llamadas cambiaron mi vida y la llevaron a la política”, sintetizó. La experiencia de acompañar a su padre y responder a la crisis familiar terminó por definir su carrera pública, alejándola definitivamente de su proyecto original en el sector privado.

El actor Gabriel Calvo sorprendió al revelar uno de los episodios más desconocidos de su vida personal y profesional. Durante una reciente entrevista en el pódcast ‘Café con la Chevez’ de Trome, el también exconductor de ‘Nadie se salva’ confesó que recibió una propuesta directa de Keiko Fujimori para integrar las filas de Fuerza Popular como candidato a diputado.

Aunque la oferta representaba una oportunidad que pudo cambiar completamente el rumbo de su vida, decidió rechazarla porque sintió que no reunía las condiciones necesarias para asumir un cargo político.

Gabriel Calvo revela que Keiko Fujimori le ofreció ser diputado por Fuerza Popular

A lo largo de la conversación, Gabriel Calvo repasó distintos momentos de su carrera artística y televisiva. Sin embargo, uno de los pasajes que más llamó la atención fue cuando respondió si alguna vez había considerado incursionar en la política.

Lejos de negar cualquier acercamiento, el actor sorprendió al revelar que no solo fue contactado por una agrupación política, sino por tres organizaciones durante las últimas elecciones. Entre ellas figuraba Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, quien incluso le ofreció una ubicación privilegiada dentro de la lista de candidatos.

"Sí, de hecho estuve invitado por tres partidos para las elecciones pasadas. De hecho Keiko tuvo la generosidad de invitarme para diputado con el número 6. De haber aceptado ya ahorita mismo sería diputado“, reveló.

Gabriel Calvo explica por qué rechazó la propuesta de Keiko Fujimori

Después de revelar la oferta, Gabriel Calvo explicó que su decisión no tuvo relación con la agrupación política en sí, sino con un asunto de principios personales y coherencia.

El actor sostuvo que siempre ha considerado que quienes aspiran a un cargo público deben contar con preparación, conocimientos y capacidad para desempeñar esa responsabilidad. Precisamente por ello sintió que aceptar la candidatura habría contradicho el discurso que mantenía en su programa.

"Decliné la invitación con mucho respeto, porque me parece que es un tema serio y que para llegar a la política tienes que estar preparado. Mal hubiera hecho en aceptar mientras yo salía en mi programa, ‘Nadie se salva’, criticando a la gente que no está preparada en política y después yo aceptando sin estar preparado“, afirmó a Trome.

Para el actor, la política exige mucho más que popularidad o reconocimiento mediático. Considera que asumir una responsabilidad de ese nivel implica formación, conocimiento del Estado y una verdadera vocación de servicio, aspectos que, según dijo, todavía no sentía haber desarrollado en ese momento.

Gabriel Calvo no descarta entrar en política, pero primero quiere prepararse

Aunque rechazó la propuesta de Keiko Fujimori, Gabriel Calvo dejó claro que no cierra definitivamente la puerta a la política.

El actor explicó que, con el paso de los años, ha comprendido la importancia de la preparación académica y técnica para desempeñar cualquier función pública. Por ello, señaló que sí contempla participar en el futuro, pero únicamente cuando considere que está realmente capacitado.

"Hubiera sido una contradicción y yo hoy por hoy, a estas alturas de mi vida, creo que la palabra es lo más importante que tiene uno. Entonces sí, no lo descarto. Probablemente en cinco años entre, pero preparándome, estudiando“, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que la coherencia entre lo que una persona dice y hace constituye uno de los valores más importantes en su vida, razón por la que prefirió renunciar a una oportunidad que, según reconoció, pudo haberlo llevado hoy al Congreso.

Gabriel Calvo cuenta cómo nació su amistad con Keiko Fujimori

Otro de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Gabriel Calvo explicó el origen de la amistad que mantiene con Keiko Fujimori, una relación que se remonta a varias décadas atrás.

Según recordó, el primer encuentro ocurrió cuando integraba el desaparecido grupo musical Hexágono, durante la visita de la agrupación mexicana Magneto al Perú.

En aquella época, Keiko Fujimori era apenas una adolescente y una gran admiradora del grupo mexicano. La coincidencia permitió que ambos se conocieran en un evento organizado por la disquera que reunía a los artistas.

"Ella era muy fan de Magneto; tendría 15, 16 años; era la hija del presidente del Perú. Llegó Magneto al Perú y coincidió en que Magneto y Hexágono (donde cantaba) estábamos en la misma disquera y José Castillo, que manejaba Discos Independientes, decide juntarnos para que Magneto nos dé la patadita de la suerte. Fue la prensa y llegó Keiko. Ahí nos conocimos“, relató.

Así se fortaleció la amistad entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori

El actor contó que tiempo después comenzó a trabajar en América Televisión como auxiliar de cámara dentro del área de prensa.

Fue precisamente durante esa etapa laboral cuando volvió a coincidir con Keiko Fujimori, quien realizaba constantes viajes junto a su padre. En uno de esos vuelos, ambos compartieron varias horas de conversación, fortaleciendo una amistad que, según aseguró, continúa vigente.

"Años después, trabajé en prensa en América Televisión, como auxiliar de cámara, y asignaron un equipo que viajaba seguido con Fujimori y, en un vuelo de Los Ángeles a Lima, coincidí con ella y conversamos varias horas. Somos amigos, tenemos comunicación“, concluyó.

Keiko Fujimori recibió este miércoles 15 de julio las credenciales que la acreditan oficialmente como presidenta constitucional del Perú para el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, como parte del acto institucional organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La entrega de este documento representa el último paso formal del proceso de proclamación de las autoridades elegidas en las elecciones generales. Con esta actividad, el organismo electoral completa el procedimiento previsto antes de la transferencia de mando programada para el 28 de julio.

La jornada reunió a autoridades del sistema electoral, representantes políticos e invitados que asistieron a la ceremonia oficial. En paralelo, militantes y simpatizantes de Fuerza Popular permanecieron en los exteriores del recinto para recibir a la presidenta electa tras el término del evento.

Luego del acto protocolar, Keiko Fujimori salió del Gran Teatro Nacional para dirigirse a sus seguidores. En ese momento expresó un mensaje centrado en la etapa posterior a la campaña electoral y agradeció el respaldo recibido durante el proceso.

JNE oficializó la entrega de credenciales a la presidenta electa

La ceremonia inició después de las 11:30 de la mañana con la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, del presidente José María Balcázar y de los integrantes del Pleno del JNE.

Durante el acto, Roberto Burneo entregó las credenciales a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031. El procedimiento también formalizó el reconocimiento de los vicepresidentes elegidos, de acuerdo con el calendario electoral.

Según el Jurado Nacional de Elecciones, la entrega de credenciales constituye el acto mediante el cual las autoridades elegidas reciben la acreditación legal que les permite asumir funciones una vez realizada la ceremonia de transmisión de mando prevista para el próximo 28 de julio.

Simpatizantes recibieron a Keiko Fujimori tras la ceremonia

Al finalizar la actividad oficial, Keiko Fujimori se dirigió a los militantes de Fuerza Popular que acudieron al Gran Teatro Nacional para acompañarla durante esta jornada.

En su intervención agradeció el respaldo de quienes participaron en la campaña y dedicó un saludo a las delegaciones que viajaron desde distintas regiones del país para asistir a la ceremonia.

La presidenta electa sostuvo que el escenario político exige una etapa distinta después de las elecciones y expresó: “Los gobiernos que pasaron no estuvieron a la altura. Yo les digo: hoy la campaña terminó, no hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú. Vamos a trabajar juntos. Hemos dicho en la ceremonia que nuestro gobierno no sea un gobierno de poner primeras piedras, sino que sea de gestión”.

El mensaje también incluyó un reconocimiento a los simpatizantes que, según señaló, mantuvieron el respaldo a su candidatura durante el proceso electoral.

Mensaje incluyó agradecimientos a su familia y equipo político

Durante su aparición pública, Keiko Fujimori dedicó unas palabras a sus hijas y reconoció el respaldo de la fórmula presidencial que la acompañó durante la campaña electoral.

Asimismo, extendió el agradecimiento a los integrantes de Fuerza Popular que participaron en las actividades políticas desarrolladas durante los últimos meses.

En el estrado permanecieron junto a la presidenta electa Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes acompañaron la actividad posterior a la ceremonia oficial realizada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Salida del Gran Teatro Nacional se realizó con medidas de seguridad

Después del discurso dirigido a sus seguidores, Keiko Fujimori dejó el lugar junto a los dirigentes de Fuerza Popular bajo un despliegue de seguridad instalado en los alrededores del Gran Teatro Nacional.

La presencia de efectivos permitió ordenar la salida de las autoridades y de los asistentes que permanecieron en el exterior del recinto luego de la ceremonia.

Con la entrega de credenciales realizada por el Jurado Nacional de Elecciones, el cronograma institucional continúa con la preparación de la transmisión de mando presidencial prevista para el 28 de julio, fecha establecida para el inicio del nuevo periodo de gobierno 2026-2031.

Antes de la incursión política de Alberto Fujimori, la vida familiar transcurría entre veranos dedicados al estudio y actividades deportivas. Keiko Fujimori relató que su madre, Susana Higuchi, organizaba cursos de matemáticas, mientras los hijos asistían a clases de natación, judo y tenis, y recorrían diversos lugares del Perú. La rutina incluía excursiones a la chacra y actividades prácticas, en un ambiente que combinaba disciplina y participación constante.

La tranquilidad familiar se vio alterada cuando los padres de Keiko y Sachi comunicaron a sus cuatro hijos la intención de mudarse del país. El temor al terrorismo motivaba la decisión, aunque Alberto Fujimori propuso hacer “un último esfuerzo” para retribuir al país lo recibido. Ese esfuerzo se tradujo en la creación de Cambio 90, partido político que marcó el inicio de una etapa de exposición pública y riesgo constante.

Recolección de firmas y la campaña desde cero

El proceso de formación de Cambio 90 comenzó con la recolección de firmas en las calles y paraderos universitarios. Keiko Fujimori recordó acompañar a su padre en la esquina de las avenidas Aviación y Javier Prado, mientras su hermana Sachi, por su edad, ya podía participar en la búsqueda de adhesiones junto a sus primos. Familiares, vecinos, profesores y decanos de la Universidad Agraria se sumaron a la iniciativa, así como grupos de pastores.

El vehículo de campaña fue un camión de la chacra familiar, adaptado y conocido como el “fujimóvil”. La música de la tuna agraria acompañaba los recorridos y mítines, lo que aportaba cercanía con los simpatizantes. La austeridad y el contacto directo caracterizaban una campaña que, según las hijas del expresidente, conservaba un fuerte componente familiar.

Propaganda casera y el seguimiento de las encuestas

La elaboración de la propaganda electoral se realizó de manera artesanal. En la vivienda familiar, bajo la dirección de Susana Higuchi y con la ayuda de sus hijas, se montó un taller de carpintería. Se fabricaron entre 15 y 20 paneles metálicos, pintados a mano después de la jornada escolar. La instalación del primer panel en Javier Prado quedó grabada en la memoria de las hermanas como un hito del inicio de la campaña.

Previo a la primera vuelta electoral, una encuesta otorgaba a Alberto Fujimori apenas el 1,5% de intención de voto, aunque él percibía un respaldo mayor por la presencia creciente de periodistas en los alrededores de la casa. “Ya había periodistas esperando afuera, y nosotros les llevábamos sándwiches y jugo”, recordó Keiko Fujimori. La intensidad del movimiento en las calles y la concurrencia a los mítines fueron señales de que la candidatura comenzaba a ganar fuerza.

Del balotaje a la vida bajo amenaza en Palacio de Gobierno

El avance hacia el balotaje frente a Mario Vargas Llosa generó alegría y orgullo en la familia. Según las hermanas Fujimori, el “boca a boca” y el uso de la música contribuyeron al crecimiento de la candidatura. El triunfo no solo significó la llegada a la presidencia, sino también un cambio drástico en la vida cotidiana.

La residencia presidencial sufrió tres atentados, incluido el impacto de un misil que no llegó a explotar. Keiko recordó que, tras ese episodio, se instalaron blindajes y estructuras de fierro en las ventanas del área familiar, lo que redujo la entrada de luz. Durante los días de mayor riesgo, las hijas dormían en el gimnasio del sótano, en camillas, antes de asistir al colegio.

Rutina, disciplina y adaptación a los riesgos

Pese a las amenazas, la familia mantuvo una rutina que incluía desayuno y loncheras preparados por Alberto Fujimori, quien además habilitó una cocina en el segundo piso para preservar la vida doméstica. La práctica de montar bicicleta en la Plaza de Armas y la insistencia en la asistencia escolar, incluso tras noches de alarma, buscaban demostrar que la vida seguía a pesar de la violencia.

Keiko Fujimori describió a su padre como estricto y metódico, aunque nunca les alzó la voz. “Él nos castigaba con su mirada o con su silencio”, afirmó. Tanto Alberto Fujimori como Susana Higuchi supervisaban las tareas escolares y adquirían los libros para el año siguiente apenas concluía el ciclo lectivo.

El costo personal y el legado familiar

En la conversación entre las hermanas, Sachi Fujimori expresó su deseo de que Keiko dejara la política, argumentando que el costo familiar había sido demasiado alto. Keiko Fujimori respondió que siente la responsabilidad de dirigir el legado político de su padre, mientras su hermana desarrolla su propia editorial.

El diálogo se dio en el contexto cercano al primer aniversario del fallecimiento de Alberto Fujimori, momento en el que ambas reflexionaron sobre el sentido de la herencia familiar, asociada a la idea de paz, estabilidad económica y trabajo por los sectores más desprotegidos del país.

“Sobre todo los días que han intentado parar nuestras vidas, es cuando la familia tiene que demostrar que la vida continúa”, fue la frase que Keiko Fujimori atribuyó a su padre para resumir una etapa en la que la vida familiar, el compromiso público y la amenaza constante se entrelazaron en el centro del poder político del Perú.

Al término del encuentro, el líder del partido Sí Creo evitó confirmar si asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque tampoco cerró la puerta a esa posibilidad. En sus declaraciones, prefirió mantener la reserva sobre las versiones que lo vinculan con el próximo gabinete, pero dejó abierta la posibilidad de colaborar con el país desde el cargo que eventualmente le corresponda. Sus declaraciones se producen en medio de las conversaciones que sostiene Keiko Fujimori con diversas figuras políticas en el marco de la conformación de su equipo de gobierno.

Carlos Espá evita confirmar si será ministro de Relaciones Exteriores

Luego de reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori, Carlos Espá fue consultado por la prensa sobre los rumores que lo colocan como posible titular de la Cancillería. Sin embargo, optó por no confirmar ni desmentir la información.

“En el Perú, felizmente, existe libertad de opinión, existe libertad de información y también libertad de especulación”, manifestó al ser abordado por los periodistas, dejando en claro que no emitiría comentarios sobre las versiones que circulan respecto a la conformación del nuevo gabinete.

Pese a la insistencia de los reporteros, el excandidato sostuvo que no hará declaraciones sobre ese tema hasta que exista un anuncio oficial. Incluso, cuando uno de los periodistas le comentó que su silencio podía interpretarse como una confirmación implícita, respondió que no realizaría “ninguna afirmación ni opinión respecto a las especulaciones”.

No obstante, sí dejó una frase que fue interpretada como una señal de disposición para asumir responsabilidades en el futuro gobierno.

“Todos los peruanos siempre tenemos que estar dispuestos a poner nuestro granito de arena en el lugar que nos corresponda. Siempre tratar de pensar en el Perú, que es lo más importante para todos”, afirmó.

Espá también indicó que ha visto diferentes comentarios sobre su eventual incorporación al Ejecutivo, algunos favorables y otros críticos, aunque insistió en que, por ahora, únicamente existen especulaciones.

La reunión con Keiko Fujimori forma parte de la serie de encuentros que viene sosteniendo la presidenta electa con dirigentes políticos y excandidatos presidenciales. Durante la misma jornada también acudió el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, en el marco de las conversaciones impulsadas por el equipo de transferencia del nuevo gobierno.

Respalda anuncios de Keiko Fujimori sobre seguridad y el “Escudo de las Américas”

Además de referirse a los rumores sobre un eventual nombramiento ministerial, Carlos Espá expresó su respaldo a varias de las primeras propuestas anunciadas por Keiko Fujimori para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El excandidato señaló que está de acuerdo con la construcción de penales de máxima seguridad y con endurecer el tratamiento para los líderes de organizaciones criminales, al considerar que muchas de las redes de extorsión continúan operando desde los establecimientos penitenciarios.

“Los cabecillas de organizaciones criminales tienen que sentir el peso de la ley. Hoy muchas de las extorsiones empiezan en los penales y luego se trasladan al resto de la población”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el fortalecimiento del sistema penitenciario es una de las medidas necesarias para reducir el accionar de las mafias dedicadas a la extorsión y otros delitos.

Otro de los temas abordados fue la propuesta de que el Perú participe en el denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otros delitos que operan a nivel continental. Keiko Fujimori manifestó recientemente el interés de su futuro gobierno en sumarse a este mecanismo internacional.

Espá calificó esa posibilidad como una decisión positiva y sostuvo que las organizaciones criminales ya no actúan únicamente dentro de las fronteras nacionales.

“Las organizaciones criminales operan internacionalmente y ningún país puede enfrentarlas de manera aislada. Se necesita una respuesta coordinada entre América Latina y Estados Unidos”, indicó.

Asimismo, precisó que durante la reunión con la presidenta electa no se discutieron propuestas específicas de su plan de gobierno, aunque reconoció que existen coincidencias en temas relacionados con la seguridad ciudadana, el combate al crimen organizado y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar estas amenazas.

Las declaraciones de Carlos Espá se producen mientras continúa la expectativa por el anuncio oficial del gabinete ministerial que acompañará a Keiko Fujimori desde el próximo 28 de julio, una decisión que marcará el inicio de la nueva administración y definirá a los responsables de conducir las principales carteras del Ejecutivo.

El 28 de julio, el presidente electo, Keiko Fujimori, iniciará oficialmente su mandato en una jornada marcada por un riguroso protocolo y una agenda institucional definida por las Fiestas Patrias en Lima. Este día, considerado uno de los más relevantes del calendario político peruano, concentra los actos de transmisión de mando y la presentación formal ante las principales autoridades del país. Desde las primeras horas de la mañana, la capital se convierte en escenario de ceremonias que simbolizan la continuidad democrática y la renovación del liderazgo nacional.

A las 7:50, el presidente electo recibe el saludo protocolar de los miembros del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno. Este acto representa la despedida formal del mandatario saliente y la bienvenida al nuevo jefe del Ejecutivo. Poco después, a las 8:10, el mandatario se traslada a la Basílica Catedral de Lima para asistir a la tradicional Misa Solemne y el Te Deum, un oficio religioso que reúne a autoridades civiles, diplomáticas y militares en conmemoración del aniversario de la independencia nacional.

El recorrido oficial hacia el Congreso de la República y el protocolo parlamentario

Tras la ceremonia religiosa, el presidente electo se dirige en vehículo oficial hacia el Congreso de la República. Durante este trayecto, el centro histórico de Lima refuerza su seguridad y las calles son resguardadas para asegurar la llegada del mandatario. La escolta militar y la presencia de autoridades locales subrayan la importancia del recorrido, que simboliza la unión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el Congreso, una comisión oficial recibe al presidente electo en la entrada principal. El acceso al edificio se da bajo estrictas medidas de seguridad, con honores militares y la entonación del himno nacional. Una vez dentro, el mandatario es conducido al hemiciclo, donde se instala el pleno legislativo para dar inicio a la Sesión Solemne de transmisión de mando.

El momento de la investidura: Juramento solemne y recepción de la banda oficial

A las 10:30, comienza la Sesión Solemne en el Congreso. Se presenta el acta de proclamación de las autoridades electas, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El presidente electo se ubica en el estrado principal, donde presta juramento ante el pleno parlamentario. Esta ceremonia, cargada de simbolismo, marca el inicio formal del nuevo periodo presidencial y reafirma el compromiso con la Constitución.

Al concluir el juramento, el presidente electo recibe la banda presidencial, máximo símbolo del poder Ejecutivo en Perú. La presidenta del Congreso realiza la entrega oficial, mientras los asistentes observan en silencio y las cámaras transmiten el momento a todo el país. El protocolo exige una fórmula tradicional de juramento, que ha mantenido su esencia a lo largo de la historia republicana.

El primer Mensaje a la Nación: Estructura, lineamientos de gobierno y duración

Finalizada la investidura, el nuevo presidente pronuncia su primer Mensaje a la Nación desde el hemiciclo parlamentario. Este discurso es uno de los momentos más esperados de la jornada, ya que establece las prioridades y los lineamientos de la gestión que inicia. El mensaje aborda temas de política interna y externa, desarrollo económico, inclusión social, seguridad y derechos humanos, además de recalcar la importancia de la gobernabilidad y el respeto al Estado de derecho.

La duración del mensaje varía según la agenda y las circunstancias, pero suele superar la hora. El presidente utiliza este espacio para presentar los principales compromisos asumidos, anunciar medidas urgentes y convocar a la unidad nacional. La ciudadanía y los analistas políticos siguen con atención cada anuncio, dado que el discurso marca la hoja de ruta del nuevo gobierno.

El ingreso triunfal a Palacio de Gobierno y la juramentación del primer gabinete

Luego del mensaje en el Congreso, el presidente sale acompañado por una escolta de honor y se dirige de regreso a Palacio de Gobierno. El ingreso a la sede del Ejecutivo se realiza entre aplausos y bajo la atenta vigilancia de las fuerzas de seguridad. En el Salón Dorado, el mandatario recibe el saludo de los jefes de misión diplomática, representantes de organismos internacionales y altas autoridades del Estado, consolidando la legitimidad institucional de la nueva administración.

En las horas siguientes, el presidente toma juramento a los miembros del Gabinete Ministerial. Cada ministro promete cumplir con las responsabilidades de su cargo y ejecutar las políticas delineadas en el primer Mensaje a la Nación. La ceremonia de juramentación, transmitida en directo, completa el proceso de transición y presenta oficialmente al equipo encargado de la gestión estatal.

El 28 de julio concluye con reuniones protocolares y saludos oficiales entre el presidente, los ministros y las delegaciones extranjeras. El día deja establecida la estructura del nuevo gobierno y marca el inicio de una nueva etapa en la vida política del país.

Keiko Fujimori y Fuerza Popular dio a conocer a los parlamentarios que asumirán el rol de voceros en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para el nuevo Congreso bicameral, marcando el inicio de una etapa en la que la bancada buscará consolidar su presencia en el legislativo.

La elección de los voceros se realizó en el marco de la Jornada de Inducción Parlamentaria, un evento dirigido a los congresistas electos para el periodo en que se reestablece la bicameralidad en el Perú. Patricia Juárez fue designada como vocera titular de la Cámara de Senadores, mientras que Víctor Flores ocupará la vocería alterna. En la Cámara de Diputados, la vocería titular recaerá en Cecilia Chacón, con Arturo Alegría como vocero alterno. Esta decisión se presenta como un paso clave para definir el liderazgo y la estrategia parlamentaria de Fuerza Popular.

Perfil de los voceros en el Senado

Patricia Juárez, abogada y política con amplia experiencia en funciones legislativas y de gestión pública, fue elegida para liderar la vocería de Fuerza Popular en la Cámara de Senadores. Juárez ha ocupado cargos de relevancia en el partido y se ha desempeñado previamente como congresista en legislaturas anteriores. Su designación responde a una trayectoria marcada por la defensa de posiciones conservadoras y por su participación activa en debates sobre reformas constitucionales.

Como vocero alterno, Víctor Flores asume la responsabilidad de representar al partido en ausencia de Juárez. Flores cuenta con experiencia en gestión pública y se ha destacado por su trabajo en comisiones parlamentarias vinculadas a temas de justicia y orden interno. La dupla Juárez-Flores buscará articular la posición de la bancada en los debates clave del Senado.

Vocería en la Cámara de Diputados: un enfoque de continuidad

La Cámara de Diputados de la nueva legislatura contará con la representación titular de Cecilia Chacón, figura histórica del fujimorismo y militante de larga data en Fuerza Popular. Chacón ha sido congresista en varias ocasiones y su perfil se asocia a la defensa de los principios del partido, así como a su capacidad para negociar acuerdos con otras bancadas.

Arturo Alegría ocupará la vocería alterna en Diputados, sumando a la estrategia del grupo su experiencia en organización interna y trabajo territorial. Alegría ha mostrado habilidad en la coordinación con bases partidarias y en la articulación de propuestas legislativas orientadas a la descentralización y la participación ciudadana.

La importancia de la vocería parlamentaria

En el contexto del retorno a la bicameralidad, el rol de los voceros parlamentarios adquiere una dimensión central en la coordinación de la agenda legislativa. Los voceros titulares y alternos actúan como portavoces oficiales de la bancada, canalizan los acuerdos internos y representan las posiciones del partido en las comisiones, el pleno y ante la opinión pública.

La elección de figuras de experiencia en ambos órganos busca garantizar que la bancada de Fuerza Popular mantenga una presencia activa y cohesionada en los principales debates. Las designaciones también reflejan la intención del partido de fortalecer su estructura interna y de proyectar una imagen de unidad y compromiso institucional.

Jornada de Inducción Parlamentaria y contexto político

La selección de voceros ocurrió durante la Jornada de Inducción Parlamentaria, un espacio destinado a la capacitación de los nuevos legisladores en procedimientos, reglamentos y funciones del Congreso bicameral. El restablecimiento de la bicameralidad representa un cambio sustancial en la dinámica política nacional, con nuevos retos para la representación y la construcción de consensos.

El proceso de elección de voceros se caracteriza por la búsqueda de perfiles capaces de articular las demandas del partido con las exigencias del nuevo marco institucional. Fuerza Popular optó por parlamentarios que combinan experiencia previa con capacidad de liderazgo y conocimiento de la agenda legislativa.

Unidad y compromiso en la nueva etapa

La designación de los voceros marca el inicio de una etapa en la que Fuerza Popular aspira a consolidar su posición en el Congreso y a influir en la orientación de las reformas políticas y sociales. Desde la bancada se ha subrayado la importancia de actuar con unidad y responsabilidad en la representación de sus electores.

“Este es un momento clave para el partido, que exige trabajo coordinado y apertura al diálogo”, sostuvo una fuente interna de Fuerza Popular tras la elección de los voceros. La bancada ha manifestado su intención de presentar propuestas legislativas en materia de gobernabilidad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

Reacciones y expectativas en el Congreso

La elección de Patricia Juárez y Cecilia Chacón ha generado expectativas sobre el papel que desempeñarán en la articulación de consensos al interior del Parlamento. Observadores políticos señalan que la experiencia de ambas permitirá una interlocución eficaz con otras fuerzas políticas y contribuirá a definir la agenda del Congreso en el inicio de su funcionamiento bicameral.

La presencia de Víctor Flores y Arturo Alegría en las vocerías alternas complementa el liderazgo de las titulares, aportando diversidad de perspectivas y capacidades organizativas a la bancada. La composición del equipo de voceros refuerza la estrategia de Fuerza Popular para enfrentar los desafíos legislativos y políticos del nuevo periodo.

Desafíos para la bancada en el Congreso bicameral

El regreso a la bicameralidad plantea desafíos en términos de coordinación entre ambas cámaras, negociación de acuerdos y diseño de políticas públicas. En este escenario, la vocería parlamentaria adquiere un rol estratégico para la proyección del partido y la defensa de sus propuestas.

La bancada de Fuerza Popular se prepara para participar activamente en la definición de las reglas internas del Congreso, la integración de comisiones y la discusión de proyectos prioritarios. Los voceros elegidos tendrán la tarea de conducir la agenda del grupo y representar los intereses del partido ante el pleno y la ciudadanía.

Proyección de Fuerza Popular en el nuevo Congreso

Con la designación de sus voceros, Fuerza Popular inicia una etapa en la que buscará consolidar su presencia legislativa y fortalecer su capacidad de incidencia en los grandes debates nacionales. La bancada apuesta por la experiencia y el liderazgo de sus representantes para ejercer una oposición crítica y constructiva, y para contribuir a la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

La nueva etapa legislativa será clave para medir la capacidad de Fuerza Popular de articular propuestas y construir mayorías en un escenario de fragmentación política y alta demanda social. La bancada ha reiterado su compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

Cada año, el 28 de julio, la atención política de Perú se concentra en el Mensaje a la Nación, el discurso oficial del presidente ante el Congreso de la República durante el Día de la Independencia. Esta intervención, consagrada como una obligación constitucional, ha sido desde 1832 uno de los actos principales de las Fiestas Patrias.

El mensaje cumple un rol esencial porque permite a la ciudadanía acceder a un balance detallado de la gestión, conocer los logros recientes del gobierno y escuchar las metas y políticas para el futuro. Según los registros históricos del Parlamento, esta ceremonia es considerada uno de los pilares de la democracia peruana.

Origen y sentido institucional del Mensaje a la Nación

La tradición de que el jefe de Estado rinda cuentas ante el Congreso no nació con la proclamación de la independencia en 1821, sino once años más tarde. El primer mensaje presidencial en esa fecha se registró el 28 de julio de 1832. Desde entonces, la intervención presidencial quedó asociada de manera inseparable a la jornada cívica más relevante del calendario nacional.

Según lo establece el artículo 118 de la Constitución, el mandatario debe exponer en detalle la situación de la República y proponer las reformas que considere necesarias. Esta disposición legal consolidó la ceremonia como una de las más esperadas y seguidas por la opinión pública. De acuerdo con reportes parlamentarios, el acto es visto como un mecanismo crítico para vigilar el desempeño del Ejecutivo.

La ceremonia como eje de Fiestas Patrias y acto de control democrático

El Mensaje a la Nación no solo es un acto protocolar. Constituye una práctica institucional que permite al presidente presentar ante la representación nacional y la ciudadanía los avances, dificultades y planes del gobierno. Desde la promulgación de la Ley 1100, en 1909, la intervención presidencial concluye sin respuesta formal del Congreso, lo que refuerza su carácter de informe unilateral.

Solo en situaciones excepcionales la ceremonia se trasladó fuera de Lima, como ocurrió en 1881 durante la Guerra del Pacífico, cuando el presidente provisorio Nicolás de Piérola habló ante la Asamblea Nacional en Ayacucho. Según archivos legislativos, la continuidad de este acto estuvo marcada por las interrupciones políticas que atravesaron la historia republicana, lo que demuestra su importancia en tiempos de estabilidad y crisis.

Rendición de cuentas y anuncio de medidas clave

Uno de los elementos centrales del Mensaje a la Nación es la rendición de cuentas. El presidente informa sobre el estado de la administración pública, la situación económica y el manejo de los recursos estatales. Este ejercicio es considerado indispensable para la transparencia y el control ciudadano, ya que expone tanto los logros como los problemas enfrentados. Además, el discurso permite a la población conocer las principales reformas, proyectos de ley y políticas públicas que se implementarán en el corto y mediano plazo.

Las expectativas sobre el contenido del mensaje suelen ser altas, pues define la agenda política y económica para los meses siguientes. Según fuentes legislativas, los mercados financieros y los distintos sectores productivos siguen con atención los anuncios, ya que pueden influir en la estabilidad y la gobernabilidad.

Evolución histórica: extensión y frecuencia de los discursos presidenciales

A lo largo de la historia, la extensión y el tono de los mensajes presidenciales han variado considerablemente. No todos los 64 presidentes de Perú pudieron dirigirse al Parlamento un 28 de julio, debido a los cambios políticos y las crisis institucionales. Entre los discursos más extensos figura el de Manuel Prado y Ugarteche, quien en 1957 presentó un mensaje de 212 páginas, según la base de datos del Parlamento.

Durante el primer siglo republicano, los textos solían superar las 100 páginas. En las últimas décadas, la extensión se redujo y es común que los documentos no superen las 50 páginas. A pesar de esta reducción, la intervención sigue siendo un momento central para la exposición de los principales lineamientos del Estado.

Sectores clave: economía, salud y seguridad en la estructura del discurso

El Mensaje a la Nación suele estructurarse en torno a los sectores más sensibles para el país. Economía, salud y seguridad ocupan lugares predominantes en la agenda, reflejando las prioridades de la sociedad y del gobierno de turno. De acuerdo con informes parlamentarios, la presentación de cifras económicas, avances en infraestructura, políticas sanitarias y estrategias de seguridad son los puntos más destacados.

El presidente aprovecha esta ocasión para detallar los resultados alcanzados y las metas previstas en cada área, lo que permite al Congreso y a la población evaluar el rumbo de la gestión pública.

Análisis político: impacto en el Congreso y los mercados

Los efectos del Mensaje a la Nación trascienden el ámbito institucional. La reacción del Congreso de la República suele marcar el clima político posterior, mientras que los mercados financieros evalúan los anuncios realizados. Analistas políticos advierten que el contenido del discurso puede modificar las expectativas sobre la estabilidad del gabinete y la viabilidad de reformas estructurales.

En años recientes, la polarización política ha incrementado la atención sobre cada palabra del mandatario, convirtiendo el mensaje en un barómetro de la gobernabilidad y la confianza en el sistema democrático. El impacto sobre la percepción pública y el clima de negocios es seguido de cerca por organismos internacionales y actores económicos.

“Lo que sí sé, y le auguro una buena administración, (es que) cuenta con mucha gente de experiencia en su partido. Yo creo que los ministros van a ser de sus propias filas para garantizar una coherencia y que no haya personas que a veces se ofrecen, advenedizos que se ofrecen en cada etapa de los gobiernos, se marquetean y se ofrecen. Parece que ella está clara en que va a gobernar con sus propios militantes”, dijo Balcázar en entrevista con Radio Nacional.

Luego, el jefe de Estado precisó que la conformación del próximo Consejo de Ministros no fue tema de conversación durante su encuentro del último jueves, pero Fujimori, dice, “siente que su partido tiene suficientes cuadros técnicos como para iniciar su gobierno”.

En su primera entrevista como presidenta electa, Fujimori afirmó que la convocatoria para la conformación de su gabinete sería abierta y plural. Es decir, que buscaría especialistas para las distintas carteras no solo en Fuerza Popular, sino de otros partidos políticos o inclusos expertos independientes sin afiliación política.

Próxima reunión con Fujimori

En la entrevista con Radio Nacional, el presidente José María Balcázar también indicó que el próximo encuentro con la mandataria electa no contará con una agenda de temas, sino que será “un desayuno amical donde vamos a conversar seguramente de varios puntos”.

“Seguramente vamos a incidir más en los puntos de transparencia para que la transferencia sea ordenada, que sea lo más realista, para que ellos entren a gobernar sin ningún tipo de preocupaciones”, señaló.

Y agregó: “Eso asegura que cuando un nuevo ministro entra, encuentre ya los estados, las obras pendientes. Porque hay muchísima obra en el Perú que lo han dejado a medio caminar. Eso es un mal que sufre la administración pública y de malos gobernantes. No solamente el presidente, sino también los gobernadores, los alcaldes, que inician una obra, lo dejan a mitad, viene otra obra, lo dejan en la mitad y así sucesivamente”.

Piden detener nuevas designaciones y nombramientos

Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, solicitó formalmente al gobierno de José María Balcázar que evite hacer nuevas designaciones, nombramientos y asumir compromisos económicos que no sean estrictamente necesarios durante el periodo de transición.

En una carta dirigida al primer ministro Luis Arroyo, Vinelli pidió que los ministerios y entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar cambios administrativos salvo en casos de obligación legal, mandato judicial, emergencia o necesidad pública justificada.

La solicitud busca, dice, fortalecer la confianza pública y asegurar la continuidad adecuada de la gestión gubernamental. Vinelli fundamentó el pedido en los principios de buena administración, transparencia y responsabilidad institucional en el proceso de transferencia de gobierno.

El pedido de “medidas de prudencia administrativas” llega después de que se difundiera que la administración saliente realizó más de 50 designaciones y reemplazos en diversas entidades estatales a menos de un mes del cambio de mando.

De Belaunde enfatizó que, a diferencia de etapas anteriores marcadas por la alternancia entre izquierdas populistas y derechas moderadas, hoy prevalecen corrientes políticas que consideran al adversario un enemigo y utilizan una retórica más agresiva, enmarcada en lo que definió como una “guerra cultural”. La percepción de amenaza y la polarización marcan el tono de la competencia política.

Inseguridad, frustración democrática y rechazo a lo políticamente correcto

Consultado sobre las causas de este viraje, Francisco de Belaunde señaló que una parte significativa de la sociedad rechaza lo que identifica con “lo políticamente correcto” y las agendas progresistas. En ese contexto, se amplifica la idea de que no hay espacio para posiciones intermedias y se premian posturas de mano dura. La inseguridad y la desconfianza en la democracia como herramienta eficaz para solucionar problemas inmediatos motivan este desplazamiento.

El impacto de la globalización, señaló el analista, también desempeña un papel relevante, sobre todo en el norte desarrollado. La deslocalización de empresas hacia Asia dejó a amplios sectores laborales fuera del modelo económico, especialmente en Estados Unidos, donde la base electoral de Trump se compone en buena medida de votantes blancos, obreros y sin estudios universitarios.

América Latina: seguridad y economía como motores del endurecimiento

En el caso latinoamericano, De Belaunde puso el foco en la seguridad. Indicó que, en países afectados por la violencia, crece la disposición a resignar libertades a cambio de orden. El ejemplo más claro es El Salvador, donde la reelección de Nayib Bukele, a pesar de las restricciones constitucionales, evidenció el respaldo ciudadano a gobiernos que ofrecen respuestas concretas frente al delito. Según el especialista, cuando la democracia no genera soluciones visibles, aumenta el apoyo a quienes prometen actuar con urgencia.

No todos los países responden al mismo detonante. En Argentina y Bolivia, el trasfondo principal es económico, mientras que, en El Salvador, Ecuador, Chile, Colombia y Perú, la inseguridad figura como el motor central del endurecimiento político. La fragmentación regional se profundiza según la naturaleza de las demandas sociales y la capacidad de respuesta de los gobiernos.

Bolivia, Chile y Perú: matices en medio del giro regional

Sobre Bolivia, el analista describió un panorama diferente al de las derechas más radicales. Identificó a Rodrigo Paz como una figura de centroderecha o de centro y resaltó su actitud prudente frente a los bloqueos, pese a las presiones para ordenar una respuesta de fuerza. Esa moderación, explicó, le valió críticas por supuesta falta de firmeza, aunque el desbloqueo finalmente se produjo. El país afrontó luego una situación económica adversa, con medidas como la flexibilización del dólar, en un contexto atribuido al deterioro dejado por el Movimiento al Socialismo, al que comparó con el chavismo en Venezuela.

En Chile, Gabriel Boric llegó al poder desde una izquierda más radical que la de Michelle Bachelet, pero una vez en el gobierno adoptó posturas más moderadas, en parte por la falta de mayoría en el Congreso, lo que lo obligó a buscar acuerdos. De Belaunde subrayó que Boric no apoyó autoritarismos de izquierda, condenó la situación venezolana y rechazó el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en Perú. Sobre la crisis peruana, remarcó que Boric criticó las muertes en las protestas, aunque no cuestionó la legitimidad de Dina Boluarte, considerando que la transición se produjo dentro de la legalidad.

Desafíos para la derecha chilena y nuevos equilibrios políticos

El especialista describió un inicio complejo para el actual gobierno chileno de derecha, al que identificó como surgido de una corriente más radical. La caída de su popularidad, la presión por la migración y la inseguridad, junto con la salida de ministros, incluida la titular del Interior, reflejan la dificultad de gobernar aun cuando el discurso de campaña prometía soluciones firmes. Estos factores muestran que el endurecimiento político no siempre se traduce en una gestión estable.

En el análisis regional, De Belaunde observó que la fragmentación política dificulta la consolidación de proyectos de largo plazo. La volatilidad de las alianzas y la polarización limitan la capacidad de respuesta institucional frente a crisis sucesivas, tanto económicas como de seguridad.

Relaciones exteriores y limitaciones para los gobiernos latinoamericanos

Respecto a Keiko Fujimori y la política exterior peruana, el experto explicó que el gobierno de Estados Unidos evitó tomar partido en la última elección. A diferencia de ocasiones en que Trump expresó preferencias, esta vez Washington no apoyó públicamente a ningún candidato. El embajador Bernie Navarro, conocido por intervenir en asuntos peruanos, se mantuvo al margen en la segunda vuelta. De Belaunde argumentó que una injerencia abierta habría podido favorecer al rival de Fujimori, recordando el antecedente de Evo Morales en Bolivia, cuyo ascenso se vio beneficiado por el rechazo a la intervención de un embajador estadounidense.

En el terreno geopolítico, el analista advirtió que cualquier gobierno de la región debe gestionar una relación económica intensa con China y, al mismo tiempo, un vínculo histórico y estratégico con Estados Unidos. En el caso peruano, la relación con Washington incluye la reciente intensificación de los lazos militares. De Belaunde sintetizó que ningún país latinoamericano puede romper con Pekín, dada su relevancia comercial, pero tampoco desatender a Estados Unidos, ya que Washington exige alineamiento en su disputa con China.

El 28 de julio, Perú vive uno de sus actos políticos más solemnes: el cambio de mando presidencial. Este evento, cargado de simbolismo y rigurosidad protocolar, marca la transferencia formal del poder ejecutivo y la renovación de los compromisos institucionales ante la ciudadanía. La ceremonia incluye una serie de tradiciones establecidas que se cumplen con precisión, reflejando la continuidad del Estado y la legitimidad democrática de sus autoridades.

La jornada inicia con la entrega de credenciales, un paso indispensable en el proceso de transición. Según información oficial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoca a los presidentes y vicepresidentes electos para reconocer su designación tras los comicios. Esta ceremonia, que suele realizarse días antes de la asunción, reúne a las principales autoridades electorales, representantes de los poderes del Estado y otras figuras públicas relevantes.

Ceremonia presidencial: juramento ante ambas cámaras

El protocolo de transmisión del mando presidencial también incorpora novedades relevantes. Por primera vez en más de tres décadas, la presidenta electa ofrecerá su juramento ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, en lugar de hacerlo ante una cámara única como sucedía desde 1992. Cevasco destacó que este cuerpo conjunto encarna al verdadero Congreso de la República, encargado de funciones esenciales para la vida institucional del país.

El ritual de asunción incluye una serie de tradiciones poco conocidas fuera del ámbito legislativo. Según relató el ex oficial mayor, la mandataria recibirá la banda presidencial y prestará juramento sobre un cuero de becerro, firmando un texto redactado por ella misma y transcrito por un calígrafo en tinta especial. Estos documentos se conservan en los archivos del Congreso, donde figuran los firmados por los presidentes constitucionales que precedieron.

Banda presidencial: símbolo supremo del poder

La banda presidencial constituye el emblema central del acto de asunción. Confeccionada artesanalmente en raso francés y canutillo metálico importado, la banda exhibe los colores nacionales: rojo y blanco. El rojo recuerda la sangre derramada por los héroes nacionales, mientras que el blanco representa pureza y paz. En el centro, destaca el escudo nacional, bordado a mano en alto relieve.

El protocolo establece que la banda solo puede ser utilizada por el presidente en funciones y en ocasiones específicas: la ceremonia de asunción, la inauguración del año legislativo, las celebraciones de Fiestas Patrias y otros actos oficiales de alto nivel. Cada presidente estrena su propia banda, confeccionada especialmente para la ocasión, marcando el inicio de un nuevo ciclo de gobierno.

Rituales, símbolos y anécdotas del cambio de mando

Previo a la ceremonia, se conforman dos comisiones específicas: una de anuncio, que se desplaza hacia el lugar donde se encontrará la mandataria, Keiko Fujimori, para comunicarle que el Congreso la espera, y otra de recibo, que la acompaña desde la puerta del Palacio Legislativo hasta la sesión solemne. La banda presidencial es confeccionada a medida y su diseño puede variar, adaptándose a la preferencia de la autoridad entrante, ya sea por la ubicación del escudo nacional o por el tipo de bordado.

Cevasco narró que durante la asunción de Dina Boluarte, no hubo tiempo de preparar el tradicional cuero de becerro y el juramento se realizó inicialmente en papel. Posteriormente, se mandó confeccionar el soporte definitivo para cumplir con la formalidad requerida. El ex funcionario contó que, ante la posibilidad de una vacancia presidencial imprevista, ordenó la adquisición anticipada de una banda presidencial y su resguardo en una caja fuerte, lo que permitió su uso inmediato tras la destitución de Pedro Castillo.

Tradiciones y memoria parlamentaria

El ex oficial mayor señaló que los presidentes suelen llevarse la banda al concluir su mandato y, por el desgaste propio del uso, suelen encargar varias piezas durante su gestión. Cevasco lamentó que no prosperara su propuesta de instalar placas en los escaños parlamentarios para dejar constancia de los nombres de los legisladores que ocuparon cada asiento. Esta idea buscaba fortalecer la memoria institucional y reconocer la trayectoria parlamentaria.

Entre las tradiciones que sí se han mantenido, Cevasco destacó el ponche de los libertadores. Esta bebida, cuya fórmula fue rescatada junto con Antonio Jiménez Mayor y barmans del hotel Mauri, se sirve en el Parlamento cada 28 de julio para brindar en el aniversario de la independencia de Perú. Según el relato del ex funcionario, esta preparación recrea la que degustó José de San Martín el día de la proclamación de la independencia.

Protocolo en la transmisión del poder

La ceremonia de transmisión de mando incluye otros elementos que refuerzan el sentido institucional. El presidente saliente entrega un mensaje al Congreso antes de ceder el cargo, repasando los principales logros y desafíos de su gestión. Posteriormente, el mandatario entrante pronuncia un discurso inaugural, en el que expone los lineamientos que guiarán su administración y reitera el compromiso con los valores democráticos de la República.

La presencia de delegaciones extranjeras y de organismos internacionales subraya el carácter público y abierto del evento. Las autoridades diplomáticas y los jefes de Estado invitados asisten en representación de la comunidad internacional, lo que otorga relevancia global a la ceremonia.

Cierre factual

El cambio de mando presidencial del 28 de julio representa la culminación de un proceso democrático y el inicio de un nuevo periodo de gobierno. Las tradiciones protocolares que lo rodean refuerzan el sentido institucional y aseguran la legitimidad de la autoridad que asume el cargo en presencia de la sociedad y la comunidad internacional.

Durante una rueda de prensa posterior a una actividad oficial junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, Fujimori defendió al economista y señaló que “como todo funcionario siempre está expuesto a tener alguna denuncia”.

“Él ya ha aclarado estos procesos de investigación que tiene, pero yo aquí le ratifico mi confianza porque es un profesional competente que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha”, agregó.

Según el expediente consultado por Infobae, la demanda civil se relaciona con su desempeño como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. La acción legal también involucra a otros siete exfuncionarios de la institución, a quienes se les atribuye haber permitido la aprobación de seis ampliaciones de plazo para una obra de riego en Apurímac.

Dichas ampliaciones carecían de sustento técnico y fueron autorizadas por la falta de respuesta o demoras institucionales, según un informe de la Contraloría difundido por Contracorriente.

Fujimori consideró que este tipo de situaciones representa uno de los riesgos del servicio público. “Lo que estamos haciendo es recibiendo información de gobiernos que han pasado y que lamentablemente el Estado no ha funcionado”, declaró.

No obstante, la documentación indica que Vinelli notificó 35 días fuera de plazo la resolución sobre una prestación adicional de obra, una demora por la cual el contratista obtuvo una tercera ampliación automática y el Estado sufrió un perjuicio de 82.936 soles.

En noviembre de 2025, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima rechazó la demanda, al alegar que Agro Rural pretendía que todos los involucrados pagaran solidariamente los 340.547 soles, aunque en la propia demanda se individualizaban responsabilidades por cada ampliación indebida.

La entidad apeló la sentencia, pero la Primera Sala Laboral Permanente anuló todo el proceso, al considerar que la justicia laboral no es competente en este tipo de casos y estableció que, al tratarse de presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, corresponde al fuero civil.

Esta decisión se notificó el 22 de junio. Una vez que el expediente retorne al juzgado de origen, se remitirá al Centro de Distribución General de los Juzgados Civiles de Lima para que un juez civil asuma el caso y decida si Vinelli y los otros exfuncionarios deben pagar la indemnización solicitada.

Anteriormente, un informe de Contracorriente reveló que Vinelli está investigado por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública. Infobae confirmó que el caso cuenta con acusación formal.

De igual modo, de acuerdo con la televisora, el economista figura en al menos otros tres informes de control de la Contraloría por presuntas irregularidades durante su gestión pública.

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, Fujimori informó sobre el encuentro con Balcázar y dio a conocer que acudirá la próxima semana a Palacio de Gobierno luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregue las credenciales de jefa de Estado electa.

“Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado y me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana, después de la ceremonia de recepción de credenciales. Hemos quedado, en principio, el jueves en la mañana. Estaría asistiendo a Palacio para seguir en esa conversación”, dijo.

Acto seguido, Balcázar indicó que la visita protocolar también tuvo como objetivo reiterar la felicitación a Fujimori. “Lo hicimos desde el justo mismo día que estaba siendo reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones”, dijo.

“Yo creo que un buen gobierno con buenos propósitos, lo que decirle al país es diálogo permanente entre todos los peruanos. Y también hemos conversado varios puntos de vista sobre el problema, por ejemplo, del caso de las inversiones que se han hecho y se deben hacer en la parte sur del país y otras consideraciones que hemos dado puntos de vista”, señaló.

El presidente saliente le deseó “el mejor éxito” al Gobierno de Keiko Fujimori “para que gobierne en favor de todos los peruanos, sin exclusión alguna”. “Agradezco, presidenta Keiko, que me haya recibido y la invitación se ha concretizado. De tal manera que todo el Perú gane”, añadió.

Ronda de encuentros

La presidenta electa Keiko Fujimori tuvo una jornada de encuentros el miércoles 8 de julio, a tres semanas de asumir el gobierno el 28 de julio.

En su oficina de San Isidro, Fujimori recibió a los alcaldes provinciales Javier Ponce (Puno) y Óscar Cáceres (Juliaca). El pedido central fue que la futura bancada de Fuerza Popular impulse en el Congreso una comisión investigadora para esclarecer las 54 muertes ocurridas durante las protestas sociales del gobierno de Dina Boluarte. “Lo primero que se ha solicitado a la presidenta es que conforme una comisión de investigación con la bancada de Fuerza Popular para que no quede impune lo sucedido”, declaró Ponce ante la prensa. Los burgomaestres también plantearon mayor inversión pública para la región, agua potable las 24 horas para Juliaca, el proyecto del Puerto Seco San Román y una mayor descentralización del presupuesto nacional. Ambos alcaldes señalaron que Fujimori escuchó sus planteamientos y mostró disposición al diálogo.

También en la sede de Fuerza Popular, la presidenta electa sostuvo un encuentro con un senador mexicano, en un contexto de tensión diplomática entre ambos países. Ese mismo miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia matutina que aún no había tenido comunicación con Fujimori y dejó en suspenso la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde noviembre tras el asilo otorgado por México a la exprimera ministra Betssy Chávez.

Rafael López Aliaga también se reunió con Fujimori ese día. El alcalde de Lima presentó su llamado “Plan Sur” y propuso destinar la mitad de un crédito suplementario de 10.000 millones de soles a seguridad ciudadana, además de plantear la conformación de un bloque de cuatro partidos para enfrentar la corrupción y la brecha social.

Martha Chávez afirmó en la entrevista que las acciones de Marisol Pérez Tello sorprendieron a los militantes del PPC, sobre todo al histórico líder Luis Bedoya Reyes. “Engañó al señor Bedoya. Engañó a los pepecistas, destruyó el partido por dentro. Y siempre ha sido una extrema roja. Asolapada y ha usado el tema de los derechos humanos para clavar sus garras”, indicó la congresista. Además, Chávez consideró que es preferible enfrentar a quienes se identifican abiertamente con ideologías de izquierda radical que a quienes, según ella, ocultan su postura ideológica.

Posturas ideológicas y polarización

En sus declaraciones, Martha Chávez remarcó que prefiere discutir abiertamente con quienes defienden posiciones de izquierda radical, en vez de interactuar con personas que, según su visión, “disfrazan” sus posturas. “Yo prefiero alguien que salga ya de frente a decir que es marxista, maoísta, leninista, y cree en el pensamiento Gonzalo. Vamos a combatir. Frontal. Y te combatiremos ideológicamente y políticamente a alguien asolapado”, sostuvo la legisladora.

Marisol Pérez Tello, por su parte, ha sido conocida por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos y su labor al frente del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la acusación de Chávez apunta a una supuesta utilización de esta agenda con fines políticos. La exministra no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones emitidas.

Contexto político y antecedentes

El PPC ha atravesado varias etapas de fragmentación y debate interno en los últimos años. Fuentes cercanas al partido señalan que la gestión de Marisol Pérez Tello coincidió con un periodo de declive electoral y pérdida de representación parlamentaria. Las declaraciones de Martha Chávez intensifican el debate sobre la dirección y el futuro de la agrupación, así como la influencia de los diferentes sectores en su estructura.

Chávez también puso sobre la mesa la necesidad de investigar el uso de recursos asignados a los partidos políticos para campañas electorales. Según la congresista, se habría recibido “un millón 700 mil soles de la franja”, suma que, a su juicio, debería ser revisada para descartar irregularidades y garantizar la transparencia en el financiamiento de las agrupaciones políticas.

Reacciones y repercusiones

Las palabras de Martha Chávez han generado reacciones divididas dentro del espectro político peruano. Algunos miembros del PPC han evitado pronunciarse de inmediato, mientras que otros actores políticos han señalado la importancia de resolver las diferencias internas mediante el diálogo y los mecanismos institucionales. La acusación de Chávez pone nuevamente en debate la relación entre los partidos tradicionales y las figuras que han asumido roles protagónicos en los últimos procesos electorales.

En el entorno de Marisol Pérez Tello, la expectativa gira en torno a una posible respuesta pública a las declaraciones de la congresista electa. Por ahora, el intercambio se mantiene en el terreno de las declaraciones mediáticas, sin que se haya anunciado una investigación formal sobre las acusaciones vertidas en Canal B.

¿Quién es Marisol Pérez Tello?

Marisol Pérez Tello es abogada, docente universitaria y política peruana. Obtuvo reconocimiento público como ministra de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cargo desde el cual impulsó proyectos de reforma en el sistema judicial y promovió iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Su trayectoria incluye una amplia experiencia en el ámbito académico y en la gestión pública, además de haber ejercido la docencia en reconocidas universidades del país.

En el plano partidario, Pérez Tello se desempeñó como secretaria general del Partido Popular Cristiano (PPC), donde asumió responsabilidades en momentos decisivos para la agrupación. Su liderazgo en el partido estuvo marcado por intentos de renovación interna y por su defensa de los valores democráticos, aunque también enfrentó críticas internas vinculadas a la dirección de la organización y la estrategia electoral.

En la actualidad, ella postuló a la presidencia de la república por el partido Primero La Gente donde incluso sentó sus bases en el debate del mes de marzo donde dijo que uno de los pilares del país es su juventud. Lamentablemente no llegó a pasar a segunda vuelta pero ello no ha impedido que siga haciendo política.

¿Quién es Martha Chávez?

Martha Chávez es abogada y política peruana con una extensa carrera en el Congreso de la República. Fue una de las figuras más representativas del fujimorismo, ocupando cargos de liderazgo legislativo y participando activamente en los debates nacionales desde la década de 1990. Su perfil se ha caracterizado por una postura firme en temas de seguridad y orden público, así como por su defensa de las políticas asociadas al gobierno de Alberto Fujimori.

A lo largo de su trayectoria, Chávez ha ocupado diversos cargos en el Parlamento y ha sido protagonista de controversias y debates públicos por sus opiniones y posicionamientos políticos. Su estilo directo y su participación en momentos clave de la política peruana la han convertido en una de las voces más reconocibles dentro del espectro conservador del país.

Fuerza Popular ya mueve sus fichas para asegurarse el control de la nueva estructura bicameral en el Congreso peruano, con Miguel Torres perfilado como presidente del Senado y una disputa abierta por la conducción de la Cámara de Diputados. El regreso a la bicameralidad ha disparado un reacomodo de fuerzas políticas, donde el reparto de los principales cargos legislativos se convierte en la primera pulseada de poder de la nueva etapa parlamentaria.

La definición de las presidencias reviste especial importancia por una regla central: cada cámara elegirá a su propio presidente y la titularidad general del Congreso se alternará cada año, comenzando en el Senado. Esta disposición convierte la elección de la mesa directiva en la cámara alta en el primer eslabón del mando parlamentario y en el punto de partida para la distribución de cuotas en el Legislativo.

Miguel Torres, el nombre de consenso para el Senado

En el Senado, la opción de Miguel Torres aparece consolidada. El legislador resultó el más votado y asumirá la presidencia de la Junta Preparatoria, organismo encargado de instalar el nuevo Congreso bicameral. En el entorno de Fuerza Popular consideran que Torres reúne las condiciones políticas y personales para buscar los apoyos necesarios, sin enfrentar rechazos marcados en otras bancadas. Su experiencia y perfil lo sitúan como la carta más estable de la fuerza fujimorista para encabezar la cámara alta.

La proyección inicial de Fuerza Popular es conformar una Mesa Directiva con Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras. Pero la aritmética parlamentaria presenta dos desafíos: Renovación Popular cuenta con un voto menos hasta que se resuelva la situación interna de Rafael López Aliaga, y el Partido del Buen Gobierno aún no confirma su voluntad de integrar la lista oficialista. Esta última incertidumbre complica la ingeniería de alianzas, ya que otras bancadas como Juntos por el Perú y Ahora Nación mantienen posiciones de confrontación con el fujimorismo.

Una estrategia para recuperar el control institucional

Fuerza Popular busca recrear la fórmula de control institucional que históricamente caracterizó a los oficialismos en el Congreso. Entre 2011 y 2016, el bloque gobernante encabezó el Parlamento durante los primeros años de gestión. Desde 2016, el patrón cambió: el partido de Keiko Fujimori, entonces con 73 legisladores, asumió el mando legislativo pese a estar en la oposición, marcando un antecedente de dominio parlamentario que ahora intenta reeditar en la era bicameral.

La apuesta de Fuerza Popular es presidir ambas cámaras. Esta intención se desprende de las conversaciones preliminares entre bancadas, donde la dirigencia fujimorista ha explicitado su voluntad de recuperar la tradición de control del Legislativo. El objetivo es asegurar capacidad de gestión y proyección política en la nueva arquitectura institucional.

La presidencia de Diputados, terreno de mayor disputa

El escenario es más incierto en la Cámara de Diputados. Aquí, Fuerza Popular impulsa el nombre de Cecilia Chacón, la congresista más votada de su bancada, como candidata a la presidencia. Según fuentes internas, existe una “deuda” con Chacón, quien en 2018 estuvo a punto de ser postulada a la presidencia del Congreso, pero fue desplazada por Daniel Salaverry.

La postulación de Chacón, sin embargo, no cuenta con el mismo consenso que la de Torres. La propuesta de repetir una mesa multipartidaria con Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras no ha generado el nivel de aceptación esperado. Las bancadas rivales buscan equilibrar el reparto de poder y evitar la hegemonía fujimorista en la conducción de ambas cámaras.

Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, alternativas en Diputados

En ese contexto, ha surgido la posibilidad de que Norma Yarrow, de Renovación Popular, ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados. Yarrow obtuvo la segunda mayor votación del hemiciclo y su nombre representa una opción de consenso para sectores que buscan limitar la concentración de poder en manos de Fuerza Popular. Además, distintas bancadas consideran que el Partido del Buen Gobierno dispone de figuras capaces de asumir la responsabilidad de liderar la cámara baja.

El equilibrio político se convierte en el principal argumento para que la presidencia de Diputados recaiga en una fuerza distinta a la fujimorista. Voceros de varias bancadas sostienen que, si Fuerza Popular controla el Senado y la titularidad general del Congreso en el primer año, debería ceder la conducción de la otra cámara para evitar una percepción de control absoluto.

El reparto de poder, eje de la pulseada parlamentaria

Las expectativas de las fuerzas políticas giran en torno a la conformación de bloques y los consensos necesarios para instalar las mesas directivas. Al interior del Partido del Buen Gobierno prevalece la cautela: sus dirigentes no han decidido si asumirán la presidencia de Diputados en este primer año, lo que mantiene abierta la definición y deja a Cecilia Chacón en carrera, aunque sin la claridad de apoyos que acompaña a Miguel Torres en el Senado.

El reacomodo de fuerzas en el Congreso bicameral responde a la necesidad de garantizar la gobernabilidad, pero también refleja la competencia por espacios de poder que marcará el inicio de este nuevo ciclo legislativo. Las próximas semanas serán decisivas para definir el reparto de cargos y la proyección de cada bancada en la etapa bicameral.

La bancada de Somos Perú, a la que perteneció el exgobernante interino José Jerí, formalizó este lunes ante el Congreso su rechazo a la propuesta de otorgar la medalla en el grado de Gran Cruz al legislador, quien asumió la jefatura de Estado como titular del Parlamento tras la vacancia de Dina Boluarte.

En una carta dirigida a Fernando Rospigliosi, presidente del Legislativo, el grupo fundamentó su oposición en “estrictas consideraciones de orden ético, moral y de idoneidad pública”, al destacar que la distinción representa “la máxima condecoración que otorga este Poder del Estado a ciudadanos que han brindado servicios eminentes a la Nación”.

Somos Perú, bancada a la cual Jerí renunció en junio pasado, añadió que “su historial de actuación pública y los cuestionamientos constitucionales que motivaron su apartamiento de la alta magistratura del Estado son de público conocimiento, resultando incongruente y agraviante para el país pretender honrar una gestión caracterizada por los siguientes hechos”.

Detalló seguidamente que el exjefe de Estado transitorio afrontó una investigación por violencia sexual finalmente archivada, y que no se sometió “en su debido momento, a la realización de la pericia psicológica obligatoria ordenada por el Poder Judicial (...), conducta incompatible con la probidad exigida a un exjefe de Estado o alto funcionario”.

Mencionó, además, la “conducta clandestina (...) en encuentros nocturnos de carácter encubierto y fuera del recinto oficial del Palacio de Gobierno, específicamente en un establecimiento comercial de comida china (chifa), con el referido ciudadano Zhihua Yang, quien ostentaba simultáneamente la condición de proveedor del Estado”.

Posteriormente, el portavoz oficial de la bancada, Héctor Valer, expresó en un comunicado que “entregar la máxima distinción de este Poder del Estado a una figura con un historial de actuación pública repugnante resulta un agravio para el país”.

“Esta rotunda oposición se sustenta en una serie de inconductas de extrema gravedad ética, que van desde su comprobada evasión a la justicia al resistirse a mandatos judiciales de terapias en la investigación por violación sexual, hasta su rol de sabotaje como ‘topo’ en la Comisión Investigadora de Empresas Chinas, encubriendo sus nexos y reuniones clandestinas con proveedores del Estado”, añadió.

Valer agregó “la grave vulneración de la seguridad nacional al permitir el ingreso a Palacio de Gobierno de ciudadanos con arresto domiciliario, y el repudiable uso indebido de la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a su función, menoscabando la investidura presidencial”.

En ese sentido, hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios del Congreso “para que se sumen a esta postura y soliciten formalmente la no condecoración”, en especial a Fuerza Popular, que lidera la mandataria electa Keiko Fujimori, a quien Jerí apoyó en el balotaje.

“El país exige autoridades probas y símbolos que enaltezcan a la Nación, no premios que validen el deshonor”, concluyó. El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso evaluará este jueves, a las 2:00 de la tarde, si otorga o no la medalla al parlamentario.

Jerí estuvo al mando de Palacio durante cuatro meses donde no pudo resistir las sospechas y dudas generadas por su comportamiento como mandatario, al mantener reuniones clandestinas con empresarios chinos y ser señalado de supuestas irregulares en la contratación de funcionarias que previamente había recibido en su oficina.

Al finalizar el encuentro, los burgomaestres ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los temas abordados con la futura mandataria. Además de insistir en la necesidad de esclarecer los hechos ocurridos durante las movilizaciones sociales, solicitaron mayor inversión pública, continuidad de obras de agua y saneamiento, descentralización del presupuesto nacional y una reforma administrativa que permita agilizar la ejecución de proyectos en las regiones.

Alcaldes solicitan una comisión para investigar las muertes ocurridas durante las protestas

El principal pedido presentado por las autoridades fue que la futura bancada de Fuerza Popular impulse la conformación de una comisión investigadora en el próximo Congreso para esclarecer las muertes registradas durante las protestas sociales que marcaron el gobierno de Dina Boluarte y del entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

El alcalde provincial de Puno, Javier Ponce, explicó que la solicitud busca evitar que estos casos queden sin una investigación parlamentaria. “Lo primero que se ha solicitado a la presidenta es que conforme una comisión de investigación con la bancada de Fuerza Popular para que no quede impune lo sucedido, sobre las muertes en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y el premier Otárola”, señaló durante la conferencia.

El burgomaestre agregó que también solicitaron que el próximo gobierno otorgue mayor atención al sur del país, al considerar que la región ha permanecido relegada durante los últimos años.

“Le hemos pedido que le dé una mirada al sur del Perú. En los últimos gobiernos no hemos sido atendidos y no contamos con proyectos de gran envergadura”, indicó.

Consultados sobre la respuesta de Keiko Fujimori, ambos alcaldes señalaron que la presidenta electa escuchó el planteamiento y mostró disposición para mantener el diálogo sobre este tema.

Javier Ponce precisó que la responsabilidad sobre las investigaciones corresponde a la administración saliente y no al gobierno que asumirá funciones en las próximas semanas.

“La responsabilidad no es de este gobierno entrante, sino de la expresidenta Dina Boluarte y del premier Otárola. Aún persiste el dolor por nuestros hermanos que fallecieron. Esperamos que la bancada tome acciones y conforme esta comisión de investigación”, manifestó.

Por su parte, el alcalde de San Román - Juliaca, Óscar Cáceres, afirmó que durante la reunión percibió voluntad para continuar dialogando y buscar consensos.

“Un punto que sí he podido percibir es la voluntad de la presidenta de establecer el diálogo, aperturarlo y buscar la verdad a lo largo de esta conversación. Estamos satisfechos de que pueda materializarse la comisión que se ha planteado”, sostuvo.

Agua, puerto seco y descentralización: los otros pedidos presentados a la presidenta electa

Además del pedido relacionado con las investigaciones, los alcaldes presentaron una serie de iniciativas orientadas al desarrollo de Puno y Juliaca, ciudades que, según indicaron, requieren una mayor presencia del Estado para cerrar brechas de infraestructura.

Óscar Cáceres señaló que uno de los proyectos prioritarios es garantizar la continuidad del proyecto integral de agua y alcantarillado para Juliaca, con el objetivo de brindar un servicio permanente a la población.

“Hemos expresado los principales problemas de nuestra ciudad y queremos que exista la fortaleza necesaria para solucionarlos. Lo que buscamos es que Juliaca tenga, de una vez por todas, agua y desagüe las 24 horas”, afirmó.

Asimismo, entregó a la presidenta electa la propuesta del Puerto Seco San Román, iniciativa que busca convertir a la provincia en un centro logístico para articular el transporte de mercancías provenientes de Brasil y Bolivia, aprovechando la ubicación estratégica de la región.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de modificar los procedimientos administrativos del Estado para facilitar la ejecución de obras públicas. Los alcaldes coincidieron en que la constante rotación de autoridades nacionales durante los últimos años ha dificultado la continuidad de numerosos proyectos.

Cáceres sostuvo que la inestabilidad política afectó directamente la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

“Hemos tenido varios presidentes, ministros y funcionarios en poco tiempo. Esa falta de continuidad ha limitado el desarrollo de nuestros proyectos y consideramos que debe existir una reestructuración del Estado con nuevos procedimientos que permitan agilizar la atención al ciudadano”, expresó.

En la misma línea, Javier Ponce respaldó la necesidad de fortalecer la descentralización y otorgar mayores competencias a los gobiernos subnacionales.

Según explicó, una de las principales demandas consiste en descentralizar el presupuesto nacional, permitiendo que gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales e incluso centros poblados cuenten con mayores recursos y funciones ejecutivas para atender las necesidades de sus localidades.

“Tenemos que comenzar a descentralizar el presupuesto nacional, darle mayor confianza a los gobiernos regionales, provinciales y distritales. De esa forma el Estado podrá llegar a los rincones más profundos del país”, señaló el alcalde de Puno al concluir la conferencia realizada tras la reunión con Keiko Fujimori.

La presidenta electa Keiko Fujimori ya viene desplegando a sus equipos de transferencia ante los distintos ministerios de cara al cambio de mando previsto para el próximo 28 de julio cuando jure oficialmente al cargo.

“Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión”, informó la ‘Oficina de la Presidenta Electa’ en redes sociales.

Horas antes del comunicado de dicho despacho, ya se venían conociendo los documentos con los nombres de los equipos acreditados ante las distintas carteras. No obstante, aún están pendientes que se designen a quienes se encargarán de la transición en las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Desarrollo e Inclusión Social

En la Presidencia del Consejo de Ministros el responsable de la transferencia será el jefe del equipo de transferencia general de Keiko Fujimori, el economista Marco Vinelli, pese a los cuestionamientos que arrastra, como una demanda por indemnización interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y una investigación con acusación en la Fiscalía.

En ese mismo equipo figura Giulliana Loza, abogada personal de Fujimori, y Shirley Montenegro Flores, quien ha sido señalada de presuntamente haber participado en la quema de documentos relevantes para el caso Cócteles.

¿Quiénes integran los equipos de transferencia?

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

• Marco Antonio Vinelli Ruiz
• Jorge Luis Rey de Castro Mesa
• Katushka Tapia Solari
• César Candela Jara
• Giulliana Araceli Loza Ávalos
• César Armando Muriche Astorayme
• Shirley Montenegro Flores

Relaciones Exteriores

• Carlos Octavio Saco-Vértiz Tudela
• Carla Elena Mares Ruiz
• Sandro Esposito Shapiama
• Giacomo José Sanguinetti Ravettino

Economía y Finanzas

• Juan Odar
• Eduardo Padilla
• Isaac Foinquinos

Interior

• Vicente Marcelo Álvarez Moreno
• Remigio Hernani Meloni
• Juan Antonio Padilla Alvarado
• Freddy Chaico de la Borda

Defensa

• Darwin Teófilo Eurafeio León
• Paola Liliana Lobatón Fuchs
• José Luis Tantaleán Alatrista
• Edwin Zegarra Valdivia
• Julio Angulo Florian
• Carlos Rodríguez Zegarra
• Guillermo Oroz Herrera

Salud

• José Francisco Recoba Martínez
• Jaime Gutiérrez Rosas
• Juan Carlos Gonzales Hidalgo

Educación

• Luis Antonio Alemán Nakamura
• Doris Lorena Gavilano Iglesias
• Carlos Miguel Paredes Díaz

Desarrollo Agrario y Riego

• Erick David Uriarte Lozada
• Jorge Barrenechea Cabrera
• Sandra Antonella Fernández Marina
• Percy Omar Mercado Flores

Mujer y Poblaciones Vulnerables

• Hernán José Cuba Chávez
• Javier Masías Astengo
• Mariella María Soldi Vargas

Transportes y Comunicaciones

• Jorge Juan Alfaro Bravo
• Carlos Manuel Castañeda Jiménez
• Claudia Ato Rodríguez

Cultura

• Abraham Rivas Lombardi
• Iván Pereyra Villanueva
• Fernando López Sánchez

Comercio Exterior y Turismo

• Ernesto Arturo García Calderón
• Adriana Patricia Serván Díaz
• Laura Guisella Alegría García

Ambiente (documento formal enviado a la ministra saliente Nelly Paredes)

• Responsable del ETTE: Segundo Agustín Ortiz Ramírez
• Integrante: José Ernesto Vidal Fernández
• Integrante: Priscilla Gavancho Yupanqui

Producción

• Augusto Enrique Eguiguren Praeli
• Sergio Gonzáles Guerrero
• Hugo Alfredo Castañeda Torres

Energía y Minas

• César Juan Zegarra Robles
• Tabata Dulce Vivanco del Castillo
• Edwin Eduardo Regente Ocmin

Trabajo y Promoción del Empleo

• Jorge Perlacios Velásquez
• Samuel Ricardo Asto Asparrin
• Hernán Francisco Ramos Romero

En el ámbito político, los términos virtual presidente, presidente electo y presidente suelen prestarse a equívocos tanto entre la ciudadanía como en la cobertura mediática. Aunque en apariencia se refieren a la misma figura, cada uno tiene un significado preciso vinculado a etapas definidas del proceso electoral y a formalidades legales que estructuran la transición de mando.

Distinguir entre estos conceptos permite identificar con claridad el grado de avance en el proceso de sucesión y el nivel de legitimidad oficial que ostenta la persona elegida, lo que resulta fundamental para comprender el funcionamiento institucional y las dinámicas del poder ejecutivo.

El uso preciso de estos conceptos evita malentendidos sobre el estatus real de quien ha resultado favorecido en una elección. Expertos especializados en política han señalado que la diferencia entre un presidente electo y un virtual presidente radica en el momento exacto del proceso electoral en que se emplea cada término, así como en el grado de oficialidad que implica para el sistema democrático.

Keiko Fujimori: futura presidenta

La denominación de “presidenta” solo corresponde a quien ha jurado y asumido oficialmente el cargo ante el órgano correspondiente, en este caso, el Congreso. Keiko Fujimori, aunque fue proclamada presidenta electa el 3 de julio y recibirá sus credenciales el 15 de julio, aún no ha cumplido el acto formal que marca el inicio de su mandato: la juramentación prevista para el 28 de julio. Hasta ese momento, su estatus es el de presidenta electa, lo que implica que ha sido reconocida oficialmente como ganadora de la elección, pero aún no ejerce las funciones inherentes al cargo.

El concepto de “virtual presidente” se utiliza para referirse a la persona que encabeza los resultados preliminares de una elección, cuando las tendencias ya son irreversibles pero la proclamación oficial aún no se ha realizado. En cambio, el término “presidente electo” se aplica una vez que las autoridades electorales han oficializado el resultado y otorgado las credenciales correspondientes, aunque todavía no se ha producido la asunción formal del poder. La diferencia entre estos términos expresa distintos grados de reconocimiento y oficialidad en el proceso de transición.

Solo después de la juramentación ante el Congreso, Keiko Fujimori podrá ser considerada presidenta y ejercer plenamente las funciones del cargo. Este paso es fundamental para la legitimidad institucional, ya que marca el inicio efectivo de su mandato y el reconocimiento pleno por parte del Estado y la sociedad. La precisión en el uso de estos términos contribuye a una mejor comprensión del proceso democrático y evita confusiones sobre el estatus real de los líderes electos.

Virtual presidente: un reconocimiento mediático, no institucional

El concepto de virtual presidente surge en el lenguaje mediático y político durante la fase inmediata posterior al conteo preliminar de votos, cuando las tendencias ya resultan irreversibles, pero las autoridades electorales todavía no han oficializado el resultado. Esta expresión se utiliza para referirse a la persona que, según proyecciones basadas en conteos rápidos o encuestas de salida, ha obtenido la mayoría suficiente para considerarse ganador.

La denominación de virtual presidente carece de validez legal o constitucional. Se trata de un reconocimiento social y periodístico que anticipa el desenlace formal del proceso. Este término suele emplearse en las horas o días posteriores a la jornada electoral, hasta que la autoridad competente emite los resultados oficiales. Por ejemplo, tras las elecciones generales en algunos países latinoamericanos, los medios suelen titular: “Juan Pérez es el virtual presidente tras el conteo del 90% de los votos”.

Presidente electo: reconocimiento oficial tras la validación de resultados

El término presidente electo se utiliza de manera formal e institucional una vez que la autoridad electoral correspondiente ha concluido el escrutinio y ha declarado ganador a un candidato. Este reconocimiento implica que la persona ha cumplido con todos los requisitos legales y que su elección ha sido validada oficialmente. La figura del presidente electo aparece en el periodo de transición, es decir, en el lapso entre la declaración oficial y la toma de posesión.

Según expertos en derecho constitucional, el estatus de presidente electo otorga al ganador determinadas prerrogativas, como participar en reuniones de transición o recibir información estratégica del Estado. La diferencia fundamental respecto al virtual presidente es la oficialidad y el respaldo legal. Desde ese momento, el presidente electo se convierte en el interlocutor legítimo ante otras autoridades y organizaciones internacionales.

Presidente: ejercicio pleno del poder y legitimidad constitucional

El título de presidente corresponde a quien ha asumido formalmente el cargo, tras prestar juramento y recibir la investidura de acuerdo con la constitución del país. Este es el único término que implica el ejercicio efectivo de las funciones ejecutivas y la representación plena del Estado. El presidente, a partir de su toma de posesión, cuenta con todas las facultades legales y constitucionales para gobernar.

La transición de presidente electo a presidente suele estar marcada por un acto protocolar, que varía según las tradiciones nacionales. En muchos países, la transmisión de mando incluye la entrega de símbolos oficiales como la banda presidencial. El uso del término presidente antes de este acto carece de sustento jurídico y puede inducir a error sobre la legitimidad y los alcances del poder de la persona en cuestión.

¿En qué casos se utiliza cada término?

El uso de cada uno de estos conceptos responde a momentos precisos dentro del calendario electoral y la institucionalidad democrática. La expresión virtual presidente se utiliza solo durante el periodo en el que los resultados son previsibles, pero no oficiales. En contraste, presidente electo se aplica exclusivamente después de la declaración formal por parte del órgano electoral competente y hasta la toma de posesión.

El término presidente debe reservarse para quien ejerce formalmente el cargo, pues solo en ese momento asume la totalidad de las funciones ejecutivas. El empleo erróneo o anticipado de estos conceptos puede generar confusión en la ciudadanía y afectar la percepción sobre la legitimidad del proceso de transición.

Importancia de la precisión terminológica para la democracia

La diferencia entre estas figuras no es meramente semántica. El uso adecuado de los términos contribuye a fortalecer la transparencia y la confianza en las instituciones democráticas. Los observadores internacionales subrayan que la distinción entre virtual presidente y presidente electo ayuda a evitar falsas expectativas y mantiene el respeto por los procedimientos legales.

La precisión en el lenguaje favorecela claridad informativa y la educación cívica, aspectos fundamentales para una sociedad informada y participativa. En contextos de alta polarización política, la utilización correcta de los conceptos resulta aún más relevante para prevenir rumores, desinformación o crisis de legitimidad.

Conclusiones sobre el uso de los términos

Comprender cuándo y cómo se utiliza cada uno de estos términos resulta esencial para periodistas, académicos, funcionarios y ciudadanía en general. Distinguir entre virtual presidente, presidente electo y presidente permite reflejar con fidelidad el estado real del proceso democrático y sus implicancias legales. La precisión terminológica contribuye a la transparencia y a la solidez de los sistemas políticos, al tiempo que refuerza la confianza en las instituciones encargadas de organizar y supervisar las elecciones.

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió este martes al excandidato presidencial Wolfgang Grozo en una reunión realizada días después de la oficialización de los resultados electorales. Tras el encuentro, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el diálogo entre las fuerzas políticas y fortalecer la gobernabilidad para afrontar los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno.

Al salir de la cita, Grozo explicó que la conversación giró en torno a la situación del país, el escenario político tras las elecciones y las prioridades de la próxima administración. Además de hacer un llamado a dejar atrás la polarización, el exaspirante a la Presidencia rechazó que existan condiciones previas para el diálogo político y reiteró sus planteamientos sobre seguridad ciudadana, incluyendo el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional dentro del marco constitucional.

“El Perú no puede seguir fragmentado”: el mensaje de Grozo tras su encuentro con Fujimori

En sus declaraciones a la prensa, Wolfgang Grozo remarcó que el proceso electoral ya quedó atrás y que, a partir de ahora, el foco debe estar puesto en el interés nacional. “Las elecciones terminaron. Una vez ratificada quien estará al frente del país, todos debemos apoyar, más allá de las ideologías”, señaló, al tiempo que insistió en que el escenario actual exige dejar de lado la confrontación política que ha dominado buena parte del debate público en los últimos meses.

El excandidato presidencial sostuvo además que el respaldo a la nueva gestión no debe interpretarse como una renuncia al control ciudadano. En esa línea, subrayó que una cosa es acompañar la estabilidad del país y otra muy distinta otorgar un respaldo sin vigilancia. “Eso no significa dar un cheque en blanco. Todos debemos ser vigilantes y auditores de lo que ocurra durante la gestión”, manifestó, en una frase que buscó marcar distancia frente a cualquier lectura de adhesión irrestricta.

Grozo también comentó que durante la conversación percibió en Keiko Fujimori la intención de construir un equipo con criterio técnico y apertura política. Según explicó, la mandataria electa le habría transmitido la idea de convocar a los perfiles “más capacitados” para conformar un gobierno de ancha base, donde prime la meritocracia por encima de las cuotas partidarias. El excandidato sostuvo que ese enfoque resulta clave para responder a las exigencias del país en una coyuntura compleja.

Otro de los puntos abordados fue la participación de los jóvenes en la vida pública y la necesidad de reforzar la institucionalidad democrática. Grozo consideró que el debate político debe abrir espacio a nuevas voces y a propuestas que ayuden a recomponer la confianza en las instituciones, especialmente en un contexto donde la desafección ciudadana sigue siendo uno de los grandes problemas.

En materia de seguridad ciudadana, el excandidato también se pronunció sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Aclaró que cualquier intervención debe mantenerse dentro del marco constitucional y en calidad de apoyo a la Policía Nacional, descartando una militarización de las calles. “No se trata de sacar a los militares a patrullar las calles. Hay formas en que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional dentro de su rol constitucional”, expresó.

Keiko Fujimori también dialogó con María Corina Machado tras ser proclamada presidenta electa

Horas después de reunirse con Wolfgang Grozo, Keiko Fujimori sostuvo una videollamada con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien la felicitó por su victoria en la segunda vuelta electoral. La conversación se produjo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados de los comicios y sirvió para reafirmar los vínculos políticos que ambas mantienen desde hace varios años.

Durante el diálogo, Fujimori agradeció el respaldo que Machado le expresó durante la campaña presidencial. La dirigente venezolana señaló que Perú y Venezuela comparten la defensa de la democracia y sostuvo que ambas naciones atraviesan procesos que requieren fortalecer sus instituciones. En ese contexto, afirmó que la lucha emprendida en ambos países responde a una misma causa y expresó su confianza en que prevalezcan los valores democráticos.

La conversación también incluyó un mensaje de solidaridad por los terremotos que afectaron recientemente a Venezuela. Fujimori transmitió su apoyo a las familias damnificadas y lamentó las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por la emergencia, además de expresar su deseo de que la población reciba la asistencia necesaria para enfrentar las consecuencias del desastre. Machado agradeció el gesto y valoró el respaldo enviado desde el Perú en un momento de crisis para su país.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego interpuso una demanda por daños y perjuicios contra el economista Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, y solicitó una indemnización de 340.547 soles.

Según el expediente al que accedió Infobae, se trata de una demanda civil contra Vinelli por su actuación como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. La demanda también está dirigida contra otros siete exfuncionarios de la institución por presuntamente haber permitido la aprobación de seis ampliaciones de plazo para la ejecución de una obra de riego en Apurímac. Estas ampliaciones no contaba con sustento técnico y fueron consentidas debido a la falta de respuesta y/o demora de la institución, según un informe de la Contraloría difundido inicialmente por Contracorriente.

De acuerdo con el referido informe, el hoy jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori no cumplió con notificar a tiempo la resolución que declaraba improcedente una prestación adicional de la obra. La resolución fue notificada, dice el documento, 35 días después de vencido el plazo. Debido a la demora, el contratista solicitó una tercera ampliación, que fue aprobada automáticamente también por falta de respuesta a tiempo. Solo este hecho le habría generado un perjuicio al estado de 82.936 soles.

El documento de la Contraloría también identifica a Vinelli como uno de los funcionarios de Agro Rural, cuya presunta falta de diligencia al momento de resolver consultas técnicas del contratista permitió la aprobación automática de otras tres ampliaciones.

La demanda de Agro Rural

A raíz del informe de Contraloría, Agro Rural interpuso en 2023 la demanda por daños y perjuicios contra Marco Vinelli y los otros 7 funcionarios involucrados en las presuntas irregularidades.

En noviembre de 2025, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima declaró improcedente la demanda. El fallo se justificó en que Agro Rural pedía que todos los involucrados paguen solidariamente 340.547 soles cuando en la propia demanda se identifica a los responsables de cada una de las ampliaciones indebidas.

“No todos participan de los hechos imputables en las mencionadas ampliaciones, por lo que de forma alguna, podría emitirse un pronunciamiento en base a una responsabilidad solidaria de todos los demandados como lo solicita la parte actora; resultando jurídicamente imposible para esta Judicatura, aplicar normativas de la responsabilidad civil que fundamenten como consecuencia del daño ocasionado una posible responsabilidad solidaridad en supuestos de hecho totalmente independiente”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.

Agro Rural apeló la sentencia de primera instancia. No obstante, la Primera Sala Laboral Permanente, de oficio, anuló todo lo actuado en el proceso. El colegiado determinó que la justicia laboral no tiene competencia por razón de la materia para conocer este tipo de demandas. Según el tribunal, dado que la demanda tiene como punto de origen presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, el órgano competente es el juez civil.

Esta última decisión fue notificada el pasado 22 de junio. Una vez que el expediente regrese al juzgado de origen, será remitido al Centro de Distribución General de los Juzgados Civiles de Lima para que un juez de esa especialidad asuma el caso y determine si corresponde que Marco Vinelli y otros exfuncionarios de Agro Rural paguen una indemnización al Estado.

Investigado

Un informe de la periodista Stefany Medina de Contracorriente reveló que Marco Vinelli está en la mira de la Fiscalía Anticorrupción por un delito contra la administración pública. Infobae pudo conocer que el caso se encuentra con acusación.

El referido reportaje también da cuenta que el nombre del jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori aparece en al menos otros tres informes de control de la Contraloría por presuntas irregularidades cuando trabajó en el Estado.

Susel Paredes, congresista de la República y candidata a la alcaldía de Lima Metropolitana por Ahora Nación, advirtió sobre el nuevo equilibrio de fuerzas en el país tras las recientes elecciones. “El árbitro es de su equipo, los jueces de línea son de su equipo, los comentaristas deportivos son de su equipo, todos son del mismo equipo”, afirmó al referirse a Keiko Fujimori, actual presidenta de la República. La legisladora subrayó que, en este contexto, el fujimorismo controla instituciones clave como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público.

Según relató Paredes, este dominio institucional plantea interrogantes sobre la independencia de poderes y la capacidad de fiscalización en el Estado peruano. “Si ella no toma la decisión de respetar la independencia de poderes, podría ser un gobierno autoritario”, enfatizó en entrevista con RPP, al tiempo que recordó que el fujimorismo logró estos espacios a través de alianzas parlamentarias y pactos coyunturales con otras bancadas.

La candidata señaló que la legitimidad legal del nuevo gobierno es incuestionable, pero alertó sobre la distancia entre la legitimidad jurídica y la social. “Hay una legitimidad jurídica que la tiene, pero la legitimidad social es la que me preocupa”, puntualizó, haciendo referencia al rechazo que enfrenta Keiko Fujimori en algunas regiones y la necesidad de tender puentes para gobernar con estabilidad.

Respecto a los resultados electorales, Paredes afirmó que su agrupación siempre los ha aceptado y consideró un error que sectores de la izquierda hayan impulsado acusaciones de fraude. Diferenció las posturas de los partidos y remarcó que en Ahora Nación se identifican como socialdemócratas, distanciándose de posiciones más radicales.

Las declaraciones de Paredes se producen en un escenario donde la distribución del poder institucional ha sido producto de acuerdos multipartidarios en el Congreso. Recordó que el fujimorismo no ha gobernado solo, sino que ha contado con el respaldo de agrupaciones como Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, además del cerronismo, para elegir autoridades clave.

El Congreso, la oposición y el reto de la gobernabilidad

La legisladora realizó un balance crítico de la gestión del Congreso saliente. Detalló que votó en contra de la Ley de Presupuesto durante los cinco años y cuestionó la distribución de los recursos estatales. Según Paredes, la aprobación de leyes que restringen las investigaciones de inteligencia y dificultan la persecución de delitos ha favorecido la impunidad.

En materia parlamentaria, la candidata destacó la importancia de la disciplina y organización del fujimorismo, que le ha permitido influir en la elección de autoridades y el control de ministerios y organismos autónomos. “Han tenido la mayoría de votación en todo”, afirmó, y señaló que la gestión de alianzas será determinante en el próximo Congreso, especialmente en la elección de las presidencias de ambas cámaras.

La expectativa respecto al nuevo Parlamento es que cuente con cuadros técnicos preparados. Paredes mencionó a figuras de distintas bancadas que, según su experiencia, representan una mejora en la calidad de la representación legislativa.

Propuestas para Lima y experiencia en gestión municipal

En cuanto a su candidatura a la alcaldía de Lima, Susel Paredes enfatizó la necesidad de coordinación con el Ejecutivo para garantizar una gestión efectiva en la capital. Explicó que Lima requiere competencias regionales, como educación y salud, para equipararse con el resto del país y fortalecer su capacidad administrativa.

La candidata criticó la gestión saliente del municipio de Lima, señalando la compra de trenes como un gasto fuera de las competencias municipales y pidió que las responsabilidades sean determinadas por la Contraloría y el Ministerio Público. “¿Cómo gastas plata en algo que no puedes gastar? Porque no es tu competencia”, cuestionó.

Paredes destacó su experiencia en la administración pública, tanto en fiscalización como en seguridad ciudadana, y presentó su equipo como una fórmula técnica y capacitada para enfrentar los desafíos de la ciudad. Subrayó el traslado de La Parada a Santa Anita como uno de los logros de su gestión anterior.

Estrategia política y eje de campaña

Sobre su perfil ideológico, Paredes reiteró su identidad como socialdemócrata y descartó etiquetas extremistas. Reconoció la dificultad de conquistar el voto limeño, mayoritariamente favorable al fujimorismo, pero afirmó contar con un equipo que ha demostrado capacidad para ordenar y transformar espacios públicos complejos.

Su propuesta central para la campaña es “Lima contra las mafias”, apoyada en su experiencia enfrentando organizaciones ilícitas en distintos distritos. La candidata aseguró que el combate a las mafias será el eje de su gestión y que la ciudad necesita una administración que priorice la seguridad y la recuperación de los espacios públicos.

Keiko Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida presidenta del Perú tras imponerse en el balotaje del 7 de junio de 2026 con el 50,13% de los votos válidos frente al 49,87% de Roberto Sánchez, candidato de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, con una diferencia de aproximadamente 50.000 sufragios según el cómputo oficial. La proclamación formal llegó el 3 de julio, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la reconoció como presidenta electa tras semanas de revisión de actas impugnadas, protestas callejeras y denuncias de fraude. La hija del exmandatario Alberto Fujimori asumirá el cargo el 28 de julio de 2026, fecha tradicional del cambio de mando en el país.

La victoria pone fin a quince años de insistencia electoral. Keiko Fujimori había llegado a la segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021 sin poder cruzar la línea de llegada. Su cuarta candidatura, la primera desde la muerte de su padre en septiembre de 2024, estuvo marcada por una campaña que apeló de manera constante a la figura del exmandatario. Nacida el 25 de mayo de 1975 en el distrito limeño de Jesús María, estudió Administración de Empresas en Boston University y obtuvo un MBA en la Columbia Business School, credenciales que sus seguidores presentan como garantía de capacidad de gestión y visión económica.

Reuters describió su proclamación como el desenlace de un proceso que incluyó “semanas de protestas, acusaciones de fraude y revisión de papeletas, tras una elección de margen estrecho”. La agencia de noticias subrayó la fragilidad del consenso inicial en torno a su legitimidad, en un país donde la polarización política convierte cada segunda vuelta en un plebiscito sobre el fujimorismo más que en un debate de propuestas.

De primera dama adolescente a presidenta electa

Keiko Fujimori ingresó al escenario público a los 19 años, cuando su madre, Susana Higuchi, dejó el rol de primera dama tras denunciar actos de corrupción dentro del régimen y afirmar que había sido sometida a torturas por agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo el mando de Vladimiro Montesinos. Keiko asumió entonces las funciones protocolarias en reemplazo de su madre, lo que la situó de manera visible del lado de su padre en medio de un conflicto familiar atravesado por acusaciones de abusos. Esa sustitución marcó tempranamente su imagen pública como aliada política de Alberto Fujimori y la distanció de la figura materna en el imaginario político nacional.

Entre 1994 y 2000, Keiko dirigió entidades como la Fundación para la Infancia y la Fundación Cardio Infantil del Perú, creada por ella en 1996 para operar a niños con cardiopatías congénitas. Esta combinación de exposición al poder presidencial y vinculación con programas asistenciales moldeó una identidad pública singular: hija del presidente, primera dama joven y figura de beneficencia, todo al mismo tiempo, en un entorno de alta conflictividad interna.

Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, el fujimorismo se replegó parcialmente pero conservó bases sociales y redes que permitirían su rearticulación. Keiko Fujimori dio el salto a la política representativa en las elecciones parlamentarias de 2006, cuando fue elegida congresista por Lima Metropolitana. Durante su periodo como parlamentaria se destacó por ser una de las legisladoras más votadas del país, lo que consolidó su perfil de lideresa nacional y la posicionó como candidata presidencial natural para el ciclo siguiente.

Su formación en universidades norteamericanas complementó el capital político heredado del apellido. Los estudios en Boston y el MBA en Columbia le proporcionaron un perfil tecnocrático y globalizado que sus partidarios presentan como evidencia de capacidad para gestionar la economía y comprender el funcionamiento del mundo empresarial, algo valorado en un país cuya política ha estado atravesada por debates sobre modelos económicos y relaciones con inversionistas extranjeros.

Fuerza Popular y tres derrotas antes del triunfo

El vehículo político principal de Keiko en su ruta hacia la presidencia fue Fuerza Popular, partido que fundó el 9 de marzo de 2010 como expresión institucional del fujimorismo en la era post-Alberto. Inicialmente llamado Fuerza 2011, en referencia a los comicios de ese año, se consolidó como organización de derecha con presencia nacional y se convirtió en uno de los actores más influyentes del Congreso peruano. Keiko Fujimori ha ejercido la presidencia del partido desde sus orígenes y se mantiene como líder indiscutida, posición que se reforzó tras el retiro de su hermano Kenji Fujimori y la muerte de su padre en 2024.

Espacios partidarios de Fuerza Popular han difundido mensajes que sintetizan su narrativa central: “Venimos a continuar el legado de Alberto Fujimori: orden, estabilidad y progreso”. Esa fórmula construye una memoria positiva de los años noventa centrada en la derrota de Sendero Luminoso y la estabilización macroeconómica, mientras deja en un segundo plano las violaciones de derechos humanos, la corrupción sistémica y el control de medios que caracterizaron el régimen. Keiko se posiciona como heredera de ese legado, prometiendo replicar la firmeza de su padre dentro de un marco formalmente democrático.

Las tres derrotas previas al triunfo de 2026 configuraron el relato de su trayectoria. En 2011 fue vencida por Ollanta Humala con el 51,49% de los votos frente a su 48,51%. En 2016 perdió ante Pedro Pablo Kuczynski por un margen reducido. En 2021 quedó atrás de Pedro Castillo, el maestro rural que capitalizó el descontento de sectores rurales y populares. Cada derrota reforzó la percepción de que una parte importante del electorado prefería votar contra el fujimorismo antes que permitir su retorno al Ejecutivo, incluso cuando el candidato alternativo generaba escaso entusiasmo.

Aun así, Fuerza Popular mantuvo durante esos años una presencia legislativa determinante. A través de alianzas parlamentarias, el partido logró consolidar su influencia en instituciones clave.

Las elecciones de 2026: una segunda vuelta al límite

Los comicios generales de 2026 se realizaron entre el 12 y el 13 de abril, con la particularidad de que devolvieron al Perú un Congreso bicameral —con Senado y Cámara de Diputados— por primera vez desde las reformas de la década fujimorista. En la primera vuelta, Keiko Fujimori obtuvo 2.877.678 votos, equivalentes al 17,19% de los sufragios válidos, suficientes para asegurar el pase con ventaja a la segunda vuelta en un escenario de alta fragmentación política. Su principal rival, Roberto Sánchez, alcanzó 2.015.114 votos, el 12,04%.

En el balotaje del 7 de junio la contienda se estrechó de manera dramática. El cómputo oficial registró 9.223.396 votos para Keiko Fujimori (50,13%) frente a 9.173.755 para Sánchez (49,87%), una diferencia de apenas 50.000 sufragios. Otras fuentes fijan la brecha en aproximadamente 43.000 votos, lo que subraya la fragilidad estadística del resultado. Sánchez denunció irregularidades en los votos emitidos por peruanos en el extranjero, lo que desató semanas de revisión de actas y alimentó discursos sobre un posible fraude entre sectores de izquierda y movimientos ciudadanos críticos del fujimorismo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se tomó varias semanas para revisar y confirmar el resultado, en un proceso seguido con atención tanto por la ciudadanía peruana como por medios internacionales. Reuters destacó que el proceso estuvo acompañado de protestas de distintos grupos en las calles, tanto de quienes exigían el respeto al resultado preliminar como de quienes reclamaban una revisión exhaustiva. La agencia de noticias subrayó que la proclamación llegó tras un periodo de alta tensión política y social.

Una vez concluida la revisión, el JNE proclamó a Keiko Fujimori presidenta electa el 3 de julio de 2026. Según informes audiovisuales peruanos, recibirá sus credenciales oficiales el 15 de julio y asumirá funciones el 28 del mismo mes.

Procesos judiciales y acusaciones de corrupción

Una de las dimensiones más delicadas de la figura de Keiko Fujimori son los procesos judiciales por presunto lavado de activos, crimen organizado y otras conductas ilícitas vinculadas al escándalo Odebrecht. La Fiscalía la acusó de haber recibido y no declarado aportes ilegales de la constructora brasileña por un monto aproximado de 200 mil dólares destinados a financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. El juicio, que involucraba a más de cuarenta acusados relacionados con Fuerza Popular, se inició el 1 de julio de 2024.

La acusación fiscal sostuvo que Keiko Fujimori habría liderado una organización criminal dentro del partido, orientada a captar aportes ilícitos, ocultarlos mediante mecanismos de simulación de donantes y obstruir la investigación a través de la manipulación de testigos y la destrucción de pruebas. Keiko ha proclamado reiteradamente su inocencia y afirma que las acusaciones forman parte de una persecución política diseñada para impedir su llegada al poder.

En 2024, un tribunal de justicia anuló el juicio en curso por fallas en la formulación de cargos y ordenó reiniciar el proceso. La decisión fue interpretada de manera ambivalente: como muestra de garantías procesales por un lado, y como evidencia de la capacidad del fujimorismo para influir en el curso de procedimientos judiciales que lo afectan, por el otro.

El caso Odebrecht en Perú ha implicado una profunda erosión de confianza en la clase política, con múltiples actores de distintos partidos involucrados en pagos ilícitos para asegurar contratos. En ese contexto, la figura de Keiko se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la penetración de la corrupción en la política electoral. Su insistencia en negar los cargos y presentarse como víctima no ha logrado disipar el escepticismo de amplios sectores ciudadanos, para quienes su elección como presidenta representa un riesgo de consolidación de la impunidad.

Captura institucional y alertas sobre la democracia

Más allá de los procesos judiciales, Keiko Fujimori enfrenta críticas políticas relativas a la estrategia de Fuerza Popular para influir sobre órganos clave del Estado. Análisis disponibles señalan que el partido ha logrado consolidar su control mediante el nombramiento de personas afines en el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, lo que le otorga influencia sobre decisiones de alta relevancia jurídica y política. Esta situación ha sido descrita por sectores críticos como un “secuestro” de las instituciones fundamentales de la democracia.

En redes sociales y discursos de oposición circula la advertencia de que “no podemos entregarle todo el poder a Keiko Fujimori”, con apelaciones directas a la memoria de la década de 1990, cuando el régimen de Alberto Fujimori controló el Congreso, el Poder Judicial y los organismos electorales, produciendo un sistema formalmente democrático pero sustancialmente autoritario. Quienes lanzan estas advertencias consideran que la acumulación de poder legislativo y la influencia sobre el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público por parte de Fuerza Popular son señales de una dinámica similar en gestación.

La preocupación por la captura institucional se intensifica al considerar los procesos judiciales contra la presidenta electa. La combinación de una mandataria investigada y un sistema judicial con jueces y fiscales percibidos como cercanos al fujimorismo abre la posibilidad de que decisiones clave sean tomadas bajo influencia política indebida. Esto pone en tensión el principio de separación de poderes y la independencia judicial, pilares de cualquier sistema democrático sólido.

Reuters y otros medios internacionales han seguido de cerca el proceso peruano, conscientes de que el desenlace de esta tensión entre poder político y control institucional tendrá repercusiones sobre la calidad de la democracia en el país. Numerosos actores peruanos plantean la necesidad de restaurar la independencia institucional y limitar la influencia del fujimorismo, pero la capacidad real de la oposición para lograrlo dependerá de la correlación de fuerzas en el nuevo Congreso bicameral y de la presión que puedan ejercer la sociedad civil y los organismos internacionales.

Género, memoria y la paradoja de la primera presidenta

La condición de primera mujer elegida presidenta del Perú ha sido destacada tanto por medios nacionales como internacionales, que señalan el carácter histórico del resultado en un país donde las mujeres han enfrentado barreras estructurales para alcanzar posiciones de poder ejecutivo. Medios regionales ubican a Keiko Fujimori como la octava o novena presidenta mujer de América Latina, dependiendo de los criterios de conteo, lo que refuerza la dimensión simbólica de su victoria más allá de las fronteras peruanas.

La historia familiar añade complejidad a esa lectura. Keiko llegó a la presidencia tras haber sido primera dama adolescente en reemplazo de su madre, Susana Higuchi, quien abandonó el rol tras denunciar corrupción y torturas en el régimen de Alberto Fujimori. En términos simbólicos, el ascenso de Keiko al poder no solo representa el triunfo de una mujer, sino también la victoria de una narrativa que, en cierta medida, marginó la voz crítica de otra mujer. Ese cruce de género y memoria añade capas al significado de su presidencia.

El perfil conservador de Fuerza Popular en temas sociales plantea interrogantes sobre el tipo de agenda que impulsará. Una reunión privada con el actor mexicano y activista ultraconservador, Eduardo Verástegui, sugiere alineamientos con posiciones restrictivas en debates sobre derechos reproductivos y diversidad sexual. Organizaciones feministas peruanas han trabajado durante años contra el fujimorismo, en parte por las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori, lo que dificulta la construcción de puentes entre la nueva mandataria y esos movimientos.

La paradoja central de su presidencia radica en que el avance simbólico de género convive con continuidades estructurales que cuestionan su profundidad. Keiko llega al poder no como resultado de un movimiento que cuestiona el patriarcado y las desigualdades, sino como heredera de un modelo político vinculado a violencias específicas contra mujeres. La representación descriptiva —una mujer en el cargo— no se traduce automáticamente en representación sustantiva. Su gestión será evaluada, entre otros parámetros, por las políticas concretas en protección contra la violencia de género, derechos reproductivos y reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las mujeres indígenas afectadas por el régimen de su padre.

Desafíos de gobierno: economía, instituciones y derechos humanos

El primer gran desafío del gobierno de Keiko Fujimori será la gobernabilidad en un sistema político fragmentado, con un Congreso bicameral recién reintroducido y una sociedad polarizada. La restauración del Senado y la Cámara de Diputados implica un cambio en la dinámica legislativa que exigirá nuevas habilidades de negociación y coordinación por parte del Ejecutivo. Aunque Fuerza Popular se encuentra en posición de fuerza en el parlamento, su capacidad para construir mayorías estables dependerá de su relación con otras bancadas, muchas de las cuales tienen motivaciones diversas para apoyar u oponerse al gobierno.

En el campo económico, la formación de Keiko en administración de empresas y su orientación pro-mercado sugieren políticas de disciplina fiscal, incentivos para la inversión privada y apertura al comercio internacional, en continuidad con el modelo liberal instaurado en los años noventa. Entre las propuestas difundidas durante la campaña figura la construcción de hospitales de emergencia en todo el país, especialmente en zonas alejadas, con equipamiento adecuado, lo que indica sensibilidad hacia la brecha territorial en el acceso a servicios de salud. La forma en que se financie y ejecute esta iniciativa será una señal temprana sobre las prioridades de su administración.

Los conflictos socioambientales representan otro frente de tensión. El Perú ha experimentado protestas recurrentes en regiones donde la actividad minera o energética impacta sobre comunidades campesinas e indígenas. El énfasis del fujimorismo en orden y crecimiento económico podría traducirse en respuestas más coercitivas y menos dialogantes, lo que aumentaría la posibilidad de enfrentamientos. Un enfoque que combine respeto por los derechos de consulta previa y mecanismos de participación con beneficios claros para las comunidades podría reducir tensiones, aunque exigiría cambios significativos en la mentalidad de los actores estatales y empresariales.

En materia de derechos humanos y memoria, la relación del nuevo gobierno con organizaciones de víctimas del régimen de Alberto Fujimori será objeto de escrutinio permanente. Si el gobierno opta por minimizar las violaciones de derechos cometidas en los años noventa, podría dañar los procesos de justicia transicional y la confianza de las víctimas en el sistema. Si, en cambio, adopta una postura que reconoce los abusos y se compromete con medidas de reparación, podría contribuir a sanar heridas históricas. Hasta ahora, la narrativa de Keiko ha estado más cerca de la reivindicación del legado paterno que del reconocimiento crítico, lo que genera escepticismo sobre la posibilidad de ese segundo escenario.

La transición programada para el 28 de julio de 2026 marcará el inicio de una etapa en la que el fujimorismo retorna al poder ejecutivo con mayores cuotas de influencia en el Congreso y en las instituciones, pero también con una ciudadanía más consciente de sus derechos y con una comunidad internacional atenta al rumbo de la democracia peruana.

En una entrevista con Exitosa, Balcázar rechazó que hubiera irregularidades en esos desplazamientos y planteó una división entre los viajes oficiales y los de carácter personal. Según explicó, los primeros se hicieron para ejecutar o supervisar obras y los segundos, en el caso de Chiclayo, fueron cubiertos con su propio dinero.

Frente al requerimiento de la Contraloría, el mandatario dijo que no se opone, que considera correcto que se soliciten los datos pertinentes sobre sus desplazamientos y que remitirá la información solicitada desde el Despacho Presidencial. También cuestionó que esa revisión no se haya aplicado, según su versión, a sus antecesores: sostuvo que debería conocerse si la Contraloría aplicó el mismo estándar a “mis anteriores colegas de la presidencia”, cuántas veces viajaron y si “pagaron con su plata los viajes”.

Durante la entrevista, el jefe de Estado describió el criterio que, según dijo, siguió en sus traslados fuera de Lima. “Nosotros hemos viajado en vuelos comerciales para hacer obras. No hemos usado el avión presidencial, más que una vez recuerdo, pero lo demás ha sido totalmente transparente y para ejecutar obras”, señaló.

Balcázar identificó a Chiclayo como el caso más observado dentro de sus desplazamientos y aseguró que sus viajes a esa ciudad obedecen a razones familiares. “Mis viajes a Chiclayo, tengo mi familia allá, mi esposa vive allá, entonces viajo continuamente, pero ”con mi plata“, no tengo gasto que cargarle al Estado”, dijo.

El presidente José María Balcázar confirmó que ya se comunicó con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para felicitarla tras su proclamación como presidenta electa de Perú y sostuvo que el protocolo oficial no obliga a un pronunciamiento público desde Palacio de Gobierno en reconocimiento para el ganador de las elecciones presidenciales.

“Hemos conversado, la he felicitado como corresponde a la presidenta”, afirmó el mandatario en una entrevista con Exitosa en la que además precisó que el contacto fue por teléfono y que ocurrió el viernes 3 de julio, el mismo día de la proclamación de resultados electorales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Balcázar afirmó que invitará a Fujimori a Palacio de Gobierno “hasta el 15 de julio que le van a entregar su credencial” por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sobre ese punto, añadió: “Yo creo que en ese punto no hay ningún tipo de omisión”.

Encuentro con Roberto Sánchez

El jefe de Estado también rechazó que su reciente reunión con Roberto Sánchez haya tenido relación con el reconocimiento de la ganadora. “Nada tiene que ver” con ese proceso, dijo, y remarcó que la lideresa de Fuerza Popular “ha ganado las elecciones”.

Según Balcázar, en ese encuentro Sánchez expresó inquietudes por compromisos pendientes del Estado. “Estaba muy preocupado por la deuda social, le hemos explicado y mostrado las cifras que hemos considerado tanto de los proyectos como de la deuda social”, sostuvo.

El presidente detalló que, durante la conversación, se mencionaron demandas sobre pagos específicos al sector educativo. “Ellos consideran que debió ser mucho más extensiva por ejemplo el pago inmediato de los maestros cesantes y jubilados que debía pagarse en un solo tramo. Lo mismo para los profesores universitarios”, afirmó.

Tras 3 derrotas consecutivas en segunda vuelta, Keiko Fujimori fue proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como electa presidenta de la República para el periodo constitucional 2026-2031 el último viernes 3 de julio. Esto tras vencer al hoy excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

“Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la República para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne, que oportunamente será convocado por este Supremo Tribunal Electoral”, dijo Roberto Burneo, presidente del JNE, en la ceremonia.

La victoria de Fujimori tras 3 fracasos electorales quedó plasmada en el acta general de proclamación de resultados. Ahí se detallan los votos obtenidos por Fuerza Popular y Juntos por el Perú en todos los departamentos y en el exterior, el detalle de las actas observadas, los recuentos de votos, la cantidad de mesas instaladas.

También se menciona el último intento de Roberto Sánchez con el que buscaba evitar la proclamación: una apelación contra el acta que oficializó la victoria de Fujimori en el extranjero, que fue presentada el jueves 2 de julio. El JNE la resolvió al día siguiente, declarándola infundada y confirmando la validez del sufragio de miles de peruanos y peruanas fuera del país.

Luego de ello, se efectuó el cómputo general de la votación, que arroja 9.223.396 votos válidos para el fujimorismo (50.135%) y 9.173.755 votos para Juntos por el Perú.

El acta cierra con la firma del presidente del JNE, Roberto Burneo; los magistrados Martha Maishc, Gunther Gonzáles, Rubén Torres y Aarón Oyarce; y la secretaria general Yessica Clavijo.

El primer discurso de Keiko Fujimori como presidenta

Keiko Fujimori prometió este viernes actuar de inmediato tras ser proclamada presidenta electa del Perú por el JNE, con la vista puesta en la transferencia de gobierno que se formalizará el 28 de julio.

El discurso se produjo desde el local partidario de Fuerza Popular en el distrito de San Isidro, en Lima, minutos después de que el titular del JNE, Roberto Burneo Bermejo, proclamara oficialmente a la lideresa del partido como presidenta de la República para el período 2026-2031, junto a Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente.

“Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones“, afirmó Fujimori ante los medios de comunicación. Anunció la creación de la ”Oficina de la Presidenta Electa" y designó a Marco Vinelli como jefe del equipo de transferencia de gobierno, mientras que Torres participará en representación de la plancha presidencial.

En entrevista con Exitosa, Balcázar negó que, tal como algunos sectores dieron a entender, no habría reconocido el triunfo de Fujimori en la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

“Yo le he felicitado ya a la presidenta el mismo día desde el Cuzco que me encontraba realizando ceremonias y también en mi viaje a Puno el viernes pasado. Hemos conversado, hemos lo he felicitado como corresponde a la presidenta”, dijo. Precisó que fue mediante una llamada telefónica directa.

En esa línea, ante la ausencia de un pronunciamiento público por parte de la Presidencia de la República, el mandatario interino aseguró que “el protocolo no exige una publicación, sino una felicitación como corresponde”.

“Además, la vamos a invitar a Palacio hasta el 15 (de julio) que le van a entregar la credencial correspondiente el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que no hay ningún tipo de omisión. Además, el Jurado ha determinado que ella es la ganadora, de tal forma que en ese sentido soy muy estricto. Hay error de una prensa que creía que yo había omitido”, apuntó.

Por otro lado, Balcázar indicó que la reunión que mantuvo con el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, días antes de que el JNE proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa, “nada tenía que con la felicitación que correspondía”.

“(Sánchez) Fue por el crédito suplementario. Estaba muy preocupado por la deuda social y le he explicado, le hemos mostrado las cifras que hemos considerado, tanto de los proyectos como de la deuda social. Ellos consideran que tuvo que haber sido más extensiva el pago inmediato de los maestros cesantes y jubilados. Lo mismo para los maestros universitarios, entre otros, CAS inclusive”, apuntó.

Transferencia de gestión

El Consejo de Ministros de Perú activó el proceso de transferencia de gestión hacia la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asumirá el gobierno el 28 de julio tras ser proclamada ganadora de las elecciones para el periodo 2026-2031.

El arranque del proceso quedó formalizado mediante el oficio múltiple D000016-2026-PCM-DPCM, firmado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y remitido a todos los sectores del Poder Ejecutivo. El documento ordena a cada ministerio activar sus equipos internos de coordinación para cumplir con los plazos legales del cambio de gobierno.

Fujimori designó al economista Marco Vinelli como responsable de coordinar a sus equipos ante los distintos ministerios. Vinelli actuará como representante para la conformación, acreditación y coordinación de los denominados Equipos de Transferencia del Titular Entrante, figura que concentrará el trabajo preliminar de la nueva gestión junto a la Oficina de la Presidenta Electa, instalada en paralelo al inicio del proceso.

El cronograma del proceso de transferencia tiene dos fechas clave: la entrega de credenciales, prevista para el 15 de julio, y la juramentación presidencial, fijada para el martes 28 de julio.

Fuerza Popular, el partido de la mandataria electa Keiko Fujimori, consideró este lunes como un hecho “positivo” que el excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, haya reconocido los resultados electorales que confirman su derrota.

En diálogo con Canal N, el jefe del plan de gobierno de la formación, Marco Vinelli, expresó que el país debe iniciar una etapa enfocada en la acción y la resolución de los problemas pendientes.

“Es positivo porque necesitamos que el país entre en una etapa más bien ya de hacer las cosas”, señaló al añadir que la seguridad, el fenómeno de El Niño y la promoción de la inversión pública y privada para generar empleo son asuntos prioritarios.

“Entonces, yo creo que es positivo que los partidos reconozcan ya los resultados oficiales, que ya los dio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, agregó.

Sobre la coalición parlamentaria anunciada por Sánchez para “recuperar la democracia” y ejercer control político, Vinelli descartó que esto represente una preocupación para Fuerza Popular respecto a la dinámica parlamentaria.

“El Congreso es para eso: para que puedan conversar, para que puedan ellos dialogar, y van a haber un diálogo entre todos los partidos. Así que es un tema que vemos que es natural”, declaró el portavoz, quien resaltó la normalidad de los consensos y los diálogos programáticos en el Legislativo bicameral.

Consultado sobre posibles conversaciones con Juntos por el Perú, Vinelli aseguró estar “seguro” de que “van a conversar de todas maneras”.

Sánchez explicó que los pilares de su coalición, junto a los partidos Obras y Ahora Nación, serán la justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo (2021-2022), y la libertad del exmandatario, condenado a prisión por el intento fallido de golpe de Estado.

La coalición también promueve la derogatoria de las llamadas ‘leyes procrimen’, un conjunto de normas aprobadas por el Congreso con el objetivo de frenar el crimen organizado, aunque su efecto ha sido el contrario.

En un pronunciamiento firmado por los líderes de los tres partidos, se reconoce que el JNE haya proclamado oficialmente los resultados electorales, pero se aclara que esto “no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades” detectadas en el proceso, que según su posición, “afectaron el proceso electoral”.

Asimismo, informaron que ejercerán “un control político firme, vigilante y responsable” desde ambas cámaras legislativas para defender los derechos ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de poderes, la seguridad ciudadana y la democracia.

La coalición parlamentaria buscará restablecer la paz mediante una agenda inicial que incluye la derogatoria de las leyes que favorecen al crimen, la recuperación del derecho al referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y la seguridad jurídica, y la libertad de Castillo, una de las promesas de campaña de Sánchez.

Durante una conferencia de prensa convocada por el excandidato presidencial Roberto Sánchez, la excandidata a la segunda vicepresidencia Brígida Curo Bustincio no solo se negó a reconocer la derrota de Juntos por el Perú en las elecciones presidenciales frente a Keiko Fujimori, sino que además insultó a la periodista que realizó la consulta en el encuentro con medios de comunicación.

Durante la conferencia de prensa, la periodista Jahaira Pacheco de Exitosa consultó al excandidato presidencial si reconocerían su derrota en la segunda vuelta. La excandidata Curo, que se encontraba al lado de Sánchez, intervino por su cuenta dirigiéndose a la comunicadora e indicó que “no vamos a aceptar, miserable”.

Pese a la respuesta de Curo, Roberto Sánchez no ofreció disculpas ni expresó su rechazo a las palabras de su excompañera de lista. En su lugar, el líder de Juntos por el Perú continuó con su respuesta a la consulta y reiteró que el “cambio de reglas” durante el proceso electoral perjudicó sus opciones en el balotaje y cuestionó a quienes “respaldan” lo que calificó como “irregularidad”.

“En una sana democracia, sin cambios de normas, antojadizas, sin cosas irregulares y más bien transparentes, otro sería el veredicto de ese sistema de justicia electoral. Que esa legalidad, que nosotros impugnamos, siga siendo su camino, y si Exitosa quiere reconocer eso, también siga su camino”, indicó el excandidato.

Curo sostuvo que “el pueblo no va aceptar” dialogar con el Gobierno que encabezará Fujimori desde el 28 de julio, incluso ante un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, condenado en noviembre de 2025 a más de 11 años de cárcel por su intento de golpe de Estado.

Libertad de Pedro Castillo es condición para el diálogo

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien ha sostenido denuncias de un presunto fraude electoral sin presentar pruebas que las respalden, descartó el último viernes la posibilidad de dialogar con la presidenta electa Keiko Fujimori y condicionó cualquier acercamiento al cumplimiento de tres medidas que, según afirmó, responden a demandas de amplios sectores del país.

Consultado sobre la convocatoria al diálogo formulada por la presidenta electa, Sánchez afirmó a RPP que solo estaría dispuesto a reunirse si previamente se cumplen tres condiciones.

La primera es la creación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales en el sur del país. Ocurrido durante el gobierno de transición de Dina Boluarte luego del fracasado golpe de estado de Pedro Castillo.

La segunda condición consiste en derogar las normas que calificó como “leyes procrimen”. Cabe recordar que, en su condición de congresista, Roberto Sánchez fue coautor de una de las iniciativas más cuestionadas que diversos sectores han incluido dentro de ese paquete legislativo. Se trata de la Ley 31989.

Finalmente, pidió la libertad del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando decretó el cierre inconstitucional del Congreso.

El Partido Obras confirmó que abrió conversaciones con Fuerza Popular por la Mesa Directiva del Congreso y dejó planteado su criterio para esa negociación: apoyar lo que, a su juicio, favorezca la gobernabilidad y el “desarrollo” del país.

Según informó la diputada electa de este grupo político, Andrea Medina, el contacto entre ambos partidos ya existe y su bancada resolverá su posición en función de las propuestas que considere viables.

En conversación con Canal N, la diputada indicó que “nuestro vocero, Daniel Barragán, ha tenido ya acercamiento y conversaciones previas que ya próximamente también serán comunicadas oficialmente”. Además, sostuvo que las conversaciones también están abiertas con partidos que serán de oposición al gobierno.

Durante la entrevista, la diputada electa fue consultada de manera directa sobre si las reuniones apuntaban a respaldar a Fuerza Popular en la disputa por la Mesa Directiva. Su respuesta no confirmó un apoyo cerrado, pero confirmó que la conversación existe y que la evaluación interna está en marcha.

“Estamos ahí evaluando nuestros líderes políticos. Y además yo creo que es una cosa muy importante, que hay que buscar el desarrollo, el crecimiento y no ser un partido que obstruye el crecimiento y desarrollo del país”, afirmó Medina.

La parlamentaria retomó esa idea al desarrollar qué entiende su partido por gobernabilidad. Según dijo, la posición de Obras no se definirá por afinidades previas, sino por el contenido de las políticas que se pongan sobre la mesa.

“Manejamos una forma de trabajo un poco distinta, que en sí es según nosotros avancemos y según las propuestas, las políticas públicas que se estén presentando, vamos a buscar nosotros siempre lo mejor para el país”, señaló. La congresista electa añadió que las decisiones de su agrupación se tomarán “según las propuestas también que sean más viables para el país”.

Dos mesas directivas en el Congreso

A partir del retorno de la bicameralidad en el Congreso para el periodo 2026 - 2031, cada cámara (diputados y senadores) tendrá su propia mesa directiva independiente que será elegida en un proceso de votación que se producirá durante el primer pleno que se producirá al inicio de la nueva legislatura.

En conversación con Exitosa, la senadora electa de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, afirmó que la votación para la Mesa Directiva sería el 26 de junio, cuando se definirán las conducciones de ambas cámaras: “Sí, aparentemente sería el 26 ya que se tendría que votar la mesa directiva de ambas cámaras”.

La senadora electa agregó que cada cámara tendrá su propia conducción y que se prevé un esquema alternado en la presidencia del Legislativo. “Cada cámara va a tener una mesa directiva y van a ir rotando, entiendo, las presidencias para que presidan el Congreso, entre la presidencia del Senado y la de la Cámara de Diputados“, afirmó.

La declaración se produjo en una entrevista exclusiva con EL UNIVERSO de Ecuador, donde la futura mandataria adelantó su hoja de ruta a menos de un mes de la toma de posesión, prevista para el 28 de julio, tras la ratificación oficial de su triunfo por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Expectativa de crecimiento y contraste con organismos globales

Durante la conversación, Fujimori subrayó que el principal objetivo de su gestión será impulsar la economía desde la micro y pequeña empresa, otorgando facilidades y respaldo estatal, además de destrabar proyectos de mayor envergadura.

“El Perú es todavía un país donde hay mucha informalidad. Lo primero que tenemos que hacer es darle todas las facilidades, flexibilidad a la micro y pequeña empresa. Es a ellos donde tenemos que darle todos los mecanismos de respaldo de parte del Estado”, afirmó Keiko Fujimori en diálogo con EL UNIVERSO.

La presidenta electa agregó que, además de apoyar a los pequeños empresarios, su plan contempla destrabar los grandes y medianos proyectos de inversión. Según Fujimori, este impulso permitirá que la economía, que actualmente crece a un ritmo de 3,2%, cierre el año en torno al 3,8% y alcance “entre 5% y 6% durante el próximo año”.

Este pronóstico supera ampliamente las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que sitúa el crecimiento peruano en 2,9% para 2026 y 2027, de acuerdo con su informe regional de junio.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), por su parte, elevó su cálculo a 3,4% para 2026 y lo mantuvo en 3,2% para 2027, mientras que el Banco Mundial mantiene su estimación en 2,7% para 2026. El contraste marca distancia entre las expectativas oficiales y la apuesta del próximo gobierno.

Gobernar en un país fragmentado

En la misma entrevista, Fujimori reconoció el escenario de polarización que enfrenta el país tras una elección ajustada.

“Recibo esta gran responsabilidad que la mitad de peruanos me está dando. Entiendo también el mandato y la fragmentación que existe en el Perú. Será una responsabilidad muy grande de nuestro gobierno recuperar la confianza de aquellos que no votaron por nosotros”, expresó la presidenta electa a EL UNIVERSO.

La seguridad será otro eje central de la nueva administración. Fujimori anunció que solicitará facultades especiales para enfrentar el crimen organizado y que convocará a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en zonas de emergencia y en el sistema penitenciario.

“Habrá una estrategia integral, pero sobre todo un equipo humano que demostró en los años noventa recuperar la paz”, destacó. La futura mandataria remarcó la necesidad de colaboración regional, especialmente con Ecuador, y confirmó que ha sostenido conversaciones con el presidente Daniel Noboa para coordinar acciones contra la criminalidad transfronteriza.

Relaciones internacionales y eje andino

En política exterior, Fujimori afirmó que buscará fortalecer la alianza con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anticipó la intención de integrar a Perú en el Escudo de las Américas, una plataforma de cooperación regional en seguridad.

También consideró relevante articular un eje político con Ecuador y Colombia para promover una nueva etapa de integración y proyectos conjuntos en la región andina, especialmente en materia de infraestructura, energía y turismo.

Reforma política y prioridades legislativas

Por primera vez en tres décadas, Perú volverá al sistema bicameral en el Congreso. Fujimori subrayó que “el mandato del pueblo es dialogar y consensuar”, y reconoció que su partido, Fuerza Popular, no tendrá mayoría parlamentaria.

Así, planteó la formación de un gabinete amplio, con participación de distintos sectores y con énfasis en la experiencia y la capacidad técnica.

Sobre la posibilidad de una reforma constitucional, la presidenta electa consideró que no es prioritaria y que el enfoque estará en restablecer el funcionamiento del Estado y atender los efectos del fenómeno de El Niño.

Para la relación bilateral, Fujimori resaltó los avances logrados desde la firma del acuerdo de paz en 1997 y subrayó la importancia de dinamizar los gabinetes binacionales, profundizar los proyectos energéticos y de infraestructura, y fomentar el turismo entre ambos países.

Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente como la ganadora de las elecciones presidenciales por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con una resolución publicada en el diario oficial El Peruano en la que se reconoce a la lideresa de Fuerza Popular como presidenta electa.

El documento difundido mantiene como fecha el 3 de julio e indica cuáles fueron las fechas e incidencias ocurridas durante las elecciones generales del 12 y 13 de abril, además del proceso de segunda vuelta el pasado 7 de junio y que enfrentó a las fórmulas presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Según la resolución del JNE, los partidos políticos recibieron más de 2 millones de votos para acceder a la segunda vuelta electoral:

• Fuerza Popular - 2,877,678
• Juntos por el Perú - 2,015,114

La resolución difundida también señala que al final del proceso de conteo de votos, de observación y de impugnación de las actas de votación, “se ha constatado la inexistencia de actas observadas pendientes de resolver, así como tampoco se tiene registro de impugnación alguna en trámite que impida la proclamación”.

No existen recursos para anular elecciones

El documento legal también señala que, a estas alturas del proceso electoral, y teniendo en cuenta que se han resuelto todos los recursos presentados por ambos partidos políticos, ya no existe ningún tipo de procedimiento o acción legal que se pueda presentar para cambiar lo definido por el JNE.

“En virtud del Principio de Seguridad Jurídica, que exige predictibilidad y certeza en el ordenamiento democrático y del Principio de Preclusión, por el cual las etapas del proceso electoral adquieren el carácter de definitivas e irrevocables una vez concluidas, se declara que no existe ningún acto, trámite o cuestión pendiente de resolución por parte de este Supremo Tribunal”, se indica.

En ese sentido, la proclamación oficial de Keiko Fujimori alcanza a toda la fórmula presidencial ganadora, que incluye como vicepresidentes a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres.

Con la proclamación oficial se cierra formalmente el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 y se habilita el inicio del proceso de transferencia entre el gobierno saliente de José Balcázar y la administración entrante.

Primera mujer elegida presidenta del Perú

A sus 51 años, Fujimori se convierte en la primera mujer peruana en llegar a la presidencia por mandato directo de las urnas. La distinción es precisa: Dina Boluarte, quien ejerció el cargo desde diciembre de 2022, accedió al poder por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, sin pasar por una elección presidencial. Fujimori, en cambio, es la primera en ser elegida por voto popular para ocupar el cargo.

Reuters apuntó que la victoria de Fujimori se inscribe en un giro conservador más amplio en América Latina, y que su llegada al poder podría fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región, en línea con la agenda del presidente Donald Trump. La agencia también señaló que Fujimori será la novena presidenta en una década en un país donde ningún mandatario ha logrado completar un período de cinco años en los últimos tiempos.

Keiko Fujimori, proclamada presidenta electa del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se dirigió la noche del viernes 3 de julio a simpatizantes reunidos en los exteriores de su local partidario en el distrito limeño de San Isidro, tras la oficialización del cierre del proceso electoral.

Desde un estrado móvil instalado frente a su local político, la lideresa de Fuerza Popular agradeció el respaldo de sus seguidores y anunció las primeras líneas generales de lo que sería su eventual gestión de gobierno.

La presidenta electa apareció acompañada de congresistas electos de su agrupación política, mientras un grupo de simpatizantes se congregaba con banderas y pancartas en medio de arengas de apoyo.

En su intervención, Fujimori expresó: “Gracias por creer en mí. Gracias por no rendirse. Si algo hemos demostrado los peruanos es que los peruanos nunca nos rendimos”, en medio de aplausos y ovaciones.

La lideresa de Fuerza Popular afirmó que su gobierno buscará convocar a profesionales de distintas tendencias políticas. En ese sentido, sostuvo:

“Vamos a tener un gobierno abierto en la que, por supuesto, convocaremos a las personas con mayor experiencia, mayor capacidad, sin importar el color político. Tendremos un gobierno digital”.

Añadió que su administración impulsará el uso de tecnología en el Estado: “Así como ustedes con sus celulares, que me ayudaron a llevar las propuestas… esa misma tecnología utilizaremos para hacer que los trámites sean más rápidos, para eliminar la burocracia, para luchar contra la corrupción”.

En otro momento de su discurso, Fujimori hizo referencia a su trayectoria política y familiar al señalar: “Lo que yo he dicho y tengo la escuela de mi padre”, frase que generó ovaciones entre sus simpatizantes.

Asimismo, la presidenta electa afirmó que su gestión buscará mayor cercanía con la población:

“Un gobierno que camine, que viaje, que escuche, que sienta, pero sobre todo que cumpla con la palabra”, indicó.

Agregó que su administración se enfocará en la ejecución de obras públicas: “Vamos a hacer que el Estado vuelva a funcionar. Vamos a transformar esos presupuestos en escuelas, en postas médicas, en carreteras, en programas sociales”.

Roberto Sánchez condiciona diálogo con Keiko Fujimori

El excandidato presidencial y congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, descartó por el momento cualquier posibilidad de entablar un diálogo con la presidenta electa Keiko Fujimori, al señalar que existen una serie de condiciones previas que deben cumplirse antes de sentarse a conversar.

Según sostuvo, uno de los principales requisitos es la conformación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales en el sur del país, ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Además, planteó la derogación de las denominadas “leyes procrimen” y la liberación del expresidente Pedro Castillo como puntos centrales de su posición.

En ese sentido, Sánchez afirmó que solo cuando estas demandas sean atendidas estaría dispuesto a participar en un eventual proceso de diálogo político. No obstante, reiteró sus críticas hacia la lideresa de Fuerza Popular, a quien señaló que no le genera confianza para sostener una conversación directa.

La ceremonia fue presidida por Roberto Burneo, titular del JNE, y contó con la presencia de los cuatro miembros titulares del pleno. En representación de Keiko Fujimori acudió el equipo de personeros legales de Fuerza Popular, mientras la lideresa del partido permaneció en el local partidario de San Isidro, desde donde siguió el acto y posteriormente brindaría declaraciones a la prensa.

Los resultados que respaldaron la proclamación reflejan uno de los márgenes más ajustados de la historia electoral reciente del país. Con el 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos, frente a los 9.173.755 votos del candidato izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien alcanzó el 49,865%. La diferencia definitiva fue de 49.641 votos.

Con la proclamación oficial se cierra formalmente el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 y se habilita el inicio del proceso de transferencia entre el gobierno saliente de José Balcázar y la administración entrante.

Una victoria que llegó desde el exterior

Un dato singular marcó el desenlace de esta elección: Fujimori perdió dentro del territorio peruano. Allí, Sánchez se impuso por 32.014 votos. La remontada se produjo gracias al voto de los peruanos residentes en el exterior, donde la candidata de Fuerza Popular acumuló una ventaja de 81.655 sufragios que inclinó la balanza a su favor, según consignó El País.

Junto a Fujimori fueron proclamados sus vicepresidentes: Luis Fernando Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso de la República en 2017, como primer vicepresidente; y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista, como segundo vicepresidente. Ambos integran la plancha de Fuerza Popular desde la primera vuelta, en la que la fórmula obtuvo 2.877.678 votos para liderar el proceso.

La proclamación llegó tras un proceso de escrutinio que se extendió por 22 días desde la celebración de la segunda vuelta el 7 de junio. El JNE realizó previamente una “revisión integral” de todas las actuaciones jurisdiccionales de los Jurados Electorales Especiales (JEE) antes de emitir el Acta General de Proclamación, según un acuerdo de pleno publicado el 30 de junio en el diario oficial El Peruano.

Primera mujer elegida presidenta del Perú

A sus 51 años, Fujimori se convierte en la primera mujer peruana en llegar a la presidencia por mandato directo de las urnas. La distinción es precisa: Dina Boluarte, quien ejerció el cargo desde diciembre de 2022, accedió al poder por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, sin pasar por una elección presidencial. Fujimori, en cambio, es la primera en ser elegida por voto popular para ocupar el cargo.

Reuters apuntó que la victoria de Fujimori se inscribe en un giro conservador más amplio en América Latina, y que su llegada al poder podría fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región, en línea con la agenda del presidente Donald Trump. La agencia también señaló que Fujimori será la novena presidenta en una década en un país donde ningún mandatario ha logrado completar un período de cinco años en los últimos tiempos.

Cuatro intentos, una sola victoria

Fujimori intentó llegar al poder en 2011, 2016 y 2021, en cada caso por márgenes estrechos y con el peso de un antivoto que condicionó sus campañas durante más de una década. Primera dama a los 19 años, cuando su padre Alberto Fujimori ejercía la presidencia, y congresista a los 31, la ahora presidenta electa construyó su trayectoria política bajo la sombra y el legado de un apellido que divide profundamente al electorado peruano.

La victoria se produce en el primer proceso electoral tras el fallecimiento de Alberto Fujimori, ocurrido en septiembre de 2024. Su campaña apeló con frecuencia a la figura paterna y se desarrolló sin el juicio por presuntos aportes ilícitos que había condicionado sus postulaciones anteriores, incluida una prisión preventiva que cumplió entre 2018 y 2020 en el marco del caso Odebrecht. Galarreta describió este período como transformador, al presentar una “nueva Keiko” más reflexiva y pragmática. “Ella salió de prisión sin resentimientos”, dijo el primer vicepresidente en declaraciones a la agencia.

Intentos fallidos de frenar la proclamación

La proclamación no estuvo exenta de tensión jurídica. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente una demanda de hábeas corpus presentada por Tomás Soldevilla, uno de los fundadores del disuelto partido de Antauro Humala, que buscaba suspender cualquier acto de proclamación, juramentación o investidura de Fujimori. El juez constitucional Jonathan Valencia determinó que la eventual asunción al cargo no incidía “de manera negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad individual” del demandante.

Paralelamente, Sánchez recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares contra la proclamación, alegando un supuesto cambio de reglas en pleno proceso electoral relacionado con la digitalización de actas del voto en el exterior. El JNE ya había rechazado su pedido para anular esos votos por haber sido presentado fuera de plazo y sin el pago de las tasas correspondientes —fijadas en 1.375 soles (aproximadamente 402 dólares) por cada mesa impugnada—. “De manera irregular, nos han vencido”, declaró Sánchez en declaraciones recogidas por Infobae Perú, tras reconocer la derrota pero negarse a aceptar la legitimidad del resultado.

Según lo establecido por el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones, Fujimori asumirá formalmente la presidencia el 28 de julio de 2026, fecha del aniversario de la independencia del Perú. Antes, el 15 de julio, el JNE le entregará las credenciales oficiales en un acto en el Teatro Nacional de Lima, documento que certifica a la fórmula ganadora y habilita las etapas de transferencia de gobierno.

El proceso electoral está llegando a su fin y la proclamación de Keiko Fujimori como la primera presidenta electa del Perú es inminente. Con la última audiencia pública descentralizada de proclamación de resultados realizada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, dentro de dos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene programado realizar la ceremonia oficial con los resultados finales.

¿Cómo se realiza la proclamación final? El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes:

• Roberto Rolando Burneo Bermejo: Presidente del JNE.
• Gunther Hernán Gonzales Barrón: Miembro titular.
• Marta Elizabeth Maisch Molina: Miembro titular.
• Rubén Jaime Torres Cortés: Miembro titular.
• Aarón Oyarce Yuzeli: Miembro titular.

Durante la sesión solemne, se indicará cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales. En este caso, con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se conoce que al 100 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori recibió 9,223,396 votos (50.135 %), mientras que Roberto Sánchez obtuvo 9,173,755 (49.865 %).

Proclamación no podrá anularse

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, ratificó que el viernes 3 de julio es la fecha prevista para la proclamación de los resultados oficiales

“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Eleccionesllevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...) Si se puede adelantar, se va a poder adelantar la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con esa fecha prevista para el 3 de julio”, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa.

Ante la consulta sobre la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocero sostuvo que “cualquier ciudadano tiene el derechode recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”, aunque remarcó que el proceso electoral se rige por etapas que no se pueden reabrir una vez cerradas.

En esa línea, el funcionario apuntó a la vigencia de los plazos y a la imposibilidad de retroceder en el cronograma tras los hitos finales. “Hay ciertos principios como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos que han sido señalados. Una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”, señaló.

Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será la primera mujer electa presidenta del Perú y la primera en llegar al cargo después de cuatro intentos en el mismo proceso electoral. Sus vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso en 2017, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista.

Homicidio, difamación, malversación de fondos, hurto y más

Entre los casos figura el del congresista electo por la región San Martín, Francisco Gatica Vega, quien fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio culposo tras un accidente de tránsito que ocasionó la muerte de una persona y dejó a otra gravemente herida.

Consultado sobre el caso, Gatica confirmó la existencia de la sentencia y sostuvo que los hechos ocurrieron hace más de 15 años. “Fue homicidio culposo, accidente de tránsito. Puede revisarlo en la página. Es un caso recontra antiguo”, declaró.

El legislador electo evitó profundizar en las circunstancias del hecho y señaló que el caso ya fue esclarecido ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, la investigación periodística señala que el entonces conductor se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrió el accidente que provocó la muerte de Eulogio Armas García y dejó gravemente herido a Wilmer Gatica Mori.

Otro de los casos corresponde al diputado electo por Lambayeque Javier Castro Cruz, quien registra cuatro sentencias penales por los delitos de difamación, injuria y calumnia.

El propio parlamentario reconoció los fallos en su contra y los atribuyó a su labor periodística. “He tenido unas dos docenas de querellas. De ellas he tenido unas tres o cuatro sentencias condenatorias que las he asumido con responsabilidad y se han cumplido”, afirmó.

Asimismo, el informe sostiene que Castro fue sentenciado en primera instancia por difamación agravada tras acusar públicamente a la abogada Gabriela Vidarte Mata de desafiliarlo ilegalmente de un partido político, hecho que el Poder Judicial determinó que era falso.

Además, registra tres sentencias por incumplimiento de pensión de alimentos, las cuales explicó como parte de procesos judiciales derivados de su divorcio.

La diputada electa por Ucayali Jessica Navas Sánchez registra una sentencia por el delito de falsedad genérica, luego de consignar información incorrecta en su hoja de vida.

La legisladora indicó que el caso se originó cuando un personero legal, según alegó, la declaró como bachiller en su hoja de vida al considerar que le correspondía el bachillerato automático, pero ella ya era egresada. “Fue hace muchos años. Ya estoy rehabilitada”, señaló.

Navas también confirmó que actualmente afronta un juicio oral por presunta malversación de fondos relacionado con un proyecto turístico en el lago Yarinacocha, investigación en la que la Fiscalía atribuye un presunto perjuicio económico superior a los S/500 mil.

El diputado electo por Cajamarca Segundo Ticlla Rafael, exalcalde de Chota, registra una sentencia por hurto agravado en perjuicio del también exburgomaestre Jeiner Julón.

Ticlla aseguró que el proceso respondió a una denuncia impulsada por un adversario político y cuestionó la actuación del sistema judicial. “No me avergüenzo de esa sentencia. Nunca me he dedicado a actos ilícitos. Para mí, la justicia en el Perú es una de las más corruptas del mundo”, manifestó. El parlamentario también registra una sentencia civil por alimentos.

Otro de los legisladores electos con antecedentes es Alexander Salas Rivera, representante de Lima Provincias y exalcalde de Nuevo Imperial.

Salas fue sentenciado este año en segunda instancia por el delito de usurpación de funciones, luego de remover al procurador de su municipalidad.

El diputado defendió su actuación y sostuvo que el propio procurador reconoció su responsabilidad durante el juicio. “Es solamente por usurpación de funciones. Lo han hecho muy mediático y han hecho daño a mi familia”, declaró.

Ocho diputados también reportan sentencias civiles

La investigación también identificó que otros parlamentarios electos de Fuerza Popular registran sentencias civiles, principalmente por procesos de alimentos e incumplimiento de contratos.

Entre ellos figuran:

• Marvin Palma Mendoza
• Gladys Andrade Salguero
• Carlos Zegarra Sánchez
• Karina Beteta Rubin
• César Vidaurre Floridas
• Royser Castro Grandes

Proética pide transparentar los antecedentes

El director ejecutivo de Proética, José Luis Gargurevich, sostuvo que las autoridades electas deben explicar públicamente el contexto de sus antecedentes judiciales para fortalecer la transparencia.

Según indicó, la ciudadanía tiene derecho a conocer estos antecedentes antes del inicio de la nueva gestión parlamentaria, especialmente en un escenario marcado por el deterioro de la confianza en el Congreso.

La designación de Marco Vinelli como jefe del equipo de transición de Keiko Fujimori ha puesto el foco en un perfil eminentemente técnico, poco conocido fuera del ámbito empresarial y académico, pero con amplia trayectoria en el sector agroindustrial. La decisión de la lideresa de Fuerza Popular destaca por priorizar la experiencia en gestión corporativa y el conocimiento de políticas públicas vinculadas a la economía agrícola.

Marco Vinelli es economista con una Maestría en Administración Estratégica de Empresas (MBA) y otra en Finanzas. Actualmente ocupa el cargo de gerente general en Allpu, una empresa dedicada a la agroexportación. Desde esa posición, ha dirigido estrategias de crecimiento y expansión de mercados, consolidando su experiencia en gestión empresarial y desarrollo de proyectos.

Según su historial profesional, Vinelli suma más de quince años en cargos de dirección ejecutiva, gerencia general, planificación y presupuesto, además de haber liderado proyectos de inversión pública y privada.

Su especialización en la elaboración y ejecución de planes de negocio y en la gestión financiera lo posiciona como referente en el sector agroindustrial, considerado uno de los motores de las exportaciones peruanas.

Labor docente

El perfil académico de Vinelli se caracteriza por una intensa labor como docente universitario y de programas de especialización. Ha impartido cursos y diplomados en áreas como Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos (OxI), Invierte.pe, sistema tributario peruano, evaluación privada de proyectos agroindustriales, finanzas, gerencia de agronegocios y desarrollo sostenible. También ha participado como profesor en programas de maestría enfocados en administración de agronegocios y sostenibilidad.

Entre sus publicaciones recientes destacan títulos como Elasticidad de la demanda y oferta en productos agrícolas del Perú (junio de 2025), La importancia de impulsar el desarrollo de políticas agropecuarias en el Perú y Latinoamérica (diciembre de 2024) y Financiamiento agropecuario para los pequeños agricultores del Perú (septiembre de 2024).

En años previos, ha abordado temas como infraestructura de riego, inversión pública en agricultura, cambio climático, fenómeno de El Niño y crisis alimentaria.

Políticas agropecuarias

Durante los últimos años, Vinelli ha sostenido una presencia constante como analista y articulista especializado en economía agrícola, infraestructura y financiamiento rural.

Su enfoque revela una orientación hacia el fortalecimiento de la competitividad del sector agrícola a través de la inversión, modernización y la promoción de herramientas como las APP, Obras por Impuestos e Invierte.pe. Este conocimiento resulta relevante para la articulación entre el Estado y la inversión privada, aspecto clave en los procesos de transición gubernamental.

En sus análisis recientes, Vinelli ha planteado la necesidad de impulsar políticas para el financiamiento de pequeños agricultores y la implementación de carteras de inversión público-privadas. Además, ha resaltado oportunidades para la sostenibilidad económica en proyectos como el cáñamo industrial y las finanzas verdes.

Un perfil técnico

La elección de Marco Vinelli para liderar el equipo de transición de Keiko Fujimori responde a la búsqueda de un perfil técnico y especializado, alejado del protagonismo político tradicional. Su experiencia se ha desarrollado principalmente en el ámbito empresarial y académico, con énfasis en gestión pública, evaluación de inversiones, planificación estratégica y desarrollo agroindustrial.

El vínculo de Vinelli con la agroexportación y su capacidad para integrar mecanismos de colaboración entre el sector público y el privado lo ubican como un actor clave en la etapa de transición.

Su trayectoria combina la gestión de empresas, la docencia universitaria y la producción de análisis económico, elementos que marcan la apuesta de Fujimori por un equipo con conocimiento profundo de uno de los sectores más dinámicos de la economía peruana.

El Jurado Nacional de Elecciones anunció oficialmente el día en el que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, será proclamada como nueva presidenta electa del Perú en una ceremonia oficial. Según un comunicado oficial emitido por el JNE, la proclamación general de resultados de la segunda elección presidencial será, como se había estimado, el viernes 3 de julio.

El documento oficial también confirma que la sesión solemne del JNE será presidida por el jefe del organismo electoral, Roberto Burneo, y se realizará a las 12:00 horas en la sede del JNE en el distrito de Jesús María.

¿Cómo se hará la proclamación final de resultados?

El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes:

• Roberto Rolando Burneo Bermejo: Presidente del JNE.
• Gunther Hernán Gonzales Barrón: Miembro titular.
• Marta Elizabeth Maisch Molina: Miembro titular.
• Rubén Jaime Torres Cortés: Miembro titular.
• Aarón Oyarce Yuzeli: Miembro titular.

Durante la sesión solemne, se indicará cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales. En este caso, con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se conoce que al 100 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori recibió 9,223,396 votos (50.135 %), mientras que Roberto Sánchez obtuvo 9,173,755 (49.865 %).

Proclamación no podrá anularse

En días previos, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, ratificó que el viernes 3 de julio sería la fecha para la proclamación de los resultados oficiales.

“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...)”, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa.

Ante la consulta sobre la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocero sostuvo que “cualquier ciudadano tiene el derechode recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”, aunque remarcó que el proceso electoral se rige por etapas que no se pueden reabrir una vez cerradas.

En esa línea, el funcionario apuntó a la vigencia de los plazos y a la imposibilidad de retroceder en el cronograma tras los hitos finales. “Hay ciertos principios como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos que han sido señalados. Una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”, señaló.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será la primera mujer electa presidenta del Perú y la primera en llegar al cargo después de cuatro intentos en el mismo proceso electoral. Sus vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso en 2017, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista.

Keiko Fujimori se convirtió en presidenta electa del Perú luego de vencer en segunda vuelta a Roberto Sánchez en las elecciones generales 2026. La lideresa de Fuerza Popular asumirá funciones como mandataria a partir de este 28 de julio cuando releve a José María Balcázar.

Con el cambio de mando, el foco se traslada a las atribuciones del cargo más alto del Poder Ejecutivo. La Constitución Política del Perú establece que la presidenta de la República es, a la vez, jefa de Estado y jefa de Gobierno, y concentra competencias vinculadas a la conducción política, la dirección de la administración pública y la relación institucional con el Congreso, el Poder Judicial y las entidades autónomas.

En la práctica, el alcance de esas facultades incide en decisiones clave: desde la formación del gabinete ministerial y la orientación general de las políticas públicas hasta la representación del país en el exterior. También incluye responsabilidades vinculadas a la seguridad nacional y al orden interno, así como la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas vigentes.

La investidura presidencial trae, además, un componente administrativo que define la operatividad diaria del Estado. La mandataria encabeza el Consejo de Ministros, fija prioridades de gestión y, en coordinación con su gabinete, impulsa medidas que luego requieren ejecución mediante los distintos sectores y niveles de gobierno.

En ese marco, la llegada de Fujimori al poder abre un nuevo ciclo político y obliga a precisar, con base en la Constitución, cuáles son las funciones que asumirá desde su primer día en el cargo. Estas son las responsabilidades de la jefa de Estado, según la carta magna del país:

• Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, las leyes y demás disposiciones legales.
• Representar al Estado, dentro y fuera del territorio nacional.
• Dirigir la política general del Gobierno.
• Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.
• Convocar a elecciones para presidente de la República y para representantes a Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señale la ley.
• Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria.
• Dirigir los mensajes al Congreso, en cualquier época, y obligatoriamente en forma personal y por escrito al instalarse la primera legislatura ordinaria anual.
• Promulgar las leyes y disponer su cumplimiento.
• Ejercer la facultad de reglamentar las leyes, sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones.
• Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.
• Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.
• Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso.
• Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y autorizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones.
• Presidir el Sistema de Defensa Nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
• Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio y la soberanía del Estado.
• Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso.
• Conceder indultos y conmutar penas, así como ejercer el derecho de gracia en la forma que señala la ley.
• Ejercer el derecho de iniciativa legislativa.
• Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.
• Regular las tarifas arancelarias.
• Disponer la convocatoria a referéndum.
• Nombrar y remover a los ministros de Estado, a propuesta y con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros.
• Cumplir las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomienden.

Javier Milei se comunicó hoy, de manera telefónica, con Keiko Fujimori para felicitarla por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú y anunció, además, el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países.

El mandatario argentino afirmó que las dos naciones “vuelven a encontrarse en el camino de la libertad” y subrayó en X que el Perú se suma al bloque de países de la región que, según sus palabras, decidieron “plantarse frente al socialismo”.

Fujimori, de 51 años, ganó la segunda vuelta del 7 de junio frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez por un margen de apenas 49.641 votos —50,135% contra 49,865%— sobre un total de más de 18 millones de sufragios. El resultado, confirmado con el 100% de las actas escrutadas, la convierte en la primera mujer en alcanzar la presidencia del Perú y pone fin a tres derrotas presidenciales consecutivas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto oficializar el resultado el 3 de julio.

Más allá de esta comunicación, Milei ya había felicitado a la presidenta electa el pasado 30 de junio, también a través de sus redes sociales. “El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, indicó en ese momento. Luego añadió que “los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”.

Fujimori respondió a su par argentino y lo hizo utilizando la misma vía. “Muchas gracias, presidente Javier Milei, por su saludo y sus palabras”. A su vez, adelantó los lineamientos de la relación bilateral que proyecta para su gestión. “El Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulse el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países”.

En la publicación de hoy, a su vez, el mandatario destacó la necesidad de “abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”. “Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”, agregó. Y concluyó: “El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”.

Para Milei, la victoria de Fujimori se inscribe en una dinámica más amplia que el gobierno argentino viene promoviendo. Junto con Bolivia (Rodrigo Paz) y Colombia (Abelardo de la Espriella, presidente electo), presenta a Perú como parte de un bloque de países que, según su narrativa, se orientan hacia la libertad económica y el rechazo al socialismo.

La victoria de Fuerza Popular representa el retorno del fujimorismo al Poder Ejecutivo peruano por primera vez desde el año 2000, cuando el gobierno de Alberto Fujimori colapsó tras el escándalo de los denominados “vladivideos”, una serie de grabaciones de video secretas realizadas entre 1998 y 2000 por orden de Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia y hombre de confianza del entonces presidente peruano, que registraban pagos a congresistas, jueces, empresarios, dueños de medios de comunicación y militares para asegurar su lealtad al gobierno fujimorista.

Fujimori asumirá el cargo el 28 de julio, fecha en que relevará al presidente interino José María Balcázar. La Constitución Política del Perú establece que la presidenta de la República es, a la vez, jefa de Estado y jefa de Gobierno, con atribuciones que abarcan desde la conducción de la política exterior y la conformación del gabinete ministerial hasta la dirección del Sistema de Defensa Nacional. El mandato tendrá una duración de cinco años.

El esquema de transferencia ya cuenta con una dimensión definida. Según fuentes cercanas a Fuerza Popular, el equipo requerirá al menos setenta personas distribuidas entre los diecinueve ministerios y entidades adscritas. El secretario general del partido, Luis Galarreta, explicó que ya disponen de la mayoría de los técnicos necesarios para esta tarea, y que el economista Marco Vinelli lidera la coordinación técnica. “Vinelli, coordinador del plan de gobierno, ya trabaja con los equipos de transferencia. Pero necesitamos la información real”, afirmó Galarreta en un programa televisivo.

Marco Vinelli y los responsables sectoriales del traspaso

Marco Vinelli cuenta con experiencia en la gestión pública y privada. Se ha desempeñado como gerente general de Allpu, empresa de agroexportación, y director de la Escuela de Gobierno de ESAN. Además, ocupó cargos directivos en el Ministerio de Agricultura y Riego, así como en AGROIDEAS y AGRO RURAL. Su perfil técnico ha sido clave para el diseño del plan de gobierno y el armado de los equipos de transferencia, de acuerdo con fuentes partidarias.

Para los ministerios de Interior y Defensa, los senadores electos Marco Miyashiro y César Astudillo asumirán la conducción de la transferencia. Miyashiro fue director general de la Policía Nacional y participó en la captura de Abimael Guzmán. Astudillo, por su parte, lideró el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y fue comandante general del Ejército. También se considera a Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas, para la coordinación en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o incluso para encabezar esa cartera o la Presidencia del Consejo de Ministros, según versiones recogidas por medios nacionales.

Carranza figura entre los nombres evaluados para integrar el gabinete inicial. La estrategia de Fuerza Popular apunta a conformar un equipo técnico robusto, capaz de asumir funciones de inmediato en cuanto se formalice el relevo.

Estrategia frente al fenómeno de El Niño

La prevención ante el fenómeno de El Niño constituye el otro eje prioritario del equipo de la virtual presidenta. Fuentes del entorno de Fujimori señalan que se evalúa la creación de un comando especial para centralizar la licitación y ejecución de las obras asociadas a este evento climático. La propuesta busca unificar decisiones que actualmente se encuentran dispersas en distintos sectores del Estado, entre ellos los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Infraestructura.

“La llegada de El Niño merece una atención especial. Los presupuestos están repartidos y se requiere de una unidad centralizada ante la premura. Se ha sugerido la creación de este comando y que se trabaje con contratos de gobierno a gobierno. Y que esa unidad articule de manera transversal con los ministerios”, explicaron fuentes partidarias.

Carlos Neuhaus, presidente del Partido Popular Cristiano, sería el principal candidato para liderar este comando. Dentro de las alternativas, no se descarta que asuma el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o alguna otra cartera vinculada a infraestructura e industrias, según versiones recogidas por la prensa nacional.

Prioridades de gestión y declaraciones de Keiko Fujimori

En declaraciones públicas, Keiko Fujimori reiteró que la prevención ante El Niño será uno de los ejes inmediatos de su gestión. “En los próximos seis meses está llegando el Fenómeno de El Niño, que serán lluvias torrenciales, terribles, el Perú ha vivido estos episodios que se pueden transformar en grandes inundaciones y destruir tierras agrícolas. Desde el primer día tenemos que trabajar en prevención, sobre todo en las zonas que tienen mayor riesgo, como la costa norte”, afirmó en el pódcast “The Abundance Revolution”, conducido por el periodista Ismael Cala.

La virtual jefa de Estado adelantó que se limpiarán los cauces de los ríos y se fortalecerán los puentes en las zonas vulnerables. Tras el conteo al 100% de la ONPE, también señaló que el gobierno saliente “no ha hecho muchos trabajos de prevención” y que la nueva administración deberá actuar con “mucha velocidad y eficiencia”.

El Ejecutivo actual permanece a la espera de la proclamación oficial del JNE para iniciar formalmente la transferencia. Fuentes oficiales indicaron que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mantiene su disposición para una transición “ordenada, transparente y en beneficio del país”. Además, una comisión multisectorial elabora un informe con recomendaciones y oportunidades de mejora para el próximo gobierno, incluyendo acciones conjuntas para enfrentar el fenómeno de El Niño y facilitar el proceso de acceso del Perú a la OCDE.

Reuniones políticas y llamado a la reconciliación

Paralelamente a la estructura técnica, Fujimori sostuvo reuniones en la sede central de Fuerza Popular con representantes de distintos sectores. Recibió a agricultores del Valle de Majes, al ex jefe del Gabinete Ministerial Yehude Simon y al expresidente del Congreso José Williams Zapata. Simon expresó que la lideresa transmitió su voluntad de gobernar “para todos” y de dialogar con adversarios políticos. “Tenemos que hacer el esfuerzo para la reconciliación y para trabajar por los hermanos del sur. Cuando termina un proceso electoral, tenemos que saber respetar [el resultado]”, declaró Simon a la prensa.

Consultado sobre la intención de Juntos por el Perú de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impugnar el balotaje, Simon respondió que “ese es un problema” de su ex partido, subrayando que la ciudadanía demanda “paz, trabajo y generar confianza”.

Fujimori ha remarcado que su principal responsabilidad será liderar un proceso profundo de reconciliación y unidad nacional. “Van a ser solo cinco años. Mi objetivo es cumplir y hacer un buen mandato de cinco años y ya después de ello podré dedicarme a las conferencias”, declaró en un mensaje reciente.

Salud institucional y relaciones bilaterales

Entre la noche del lunes y la mañana del martes, la virtual presidenta respondió los saludos de mandatarios latinoamericanos. A Javier Milei, de Argentina, le agradeció sus palabras y afirmó que “el Perú inicia una nueva etapa”, con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales sobre la base del diálogo y una agenda común de desarrollo.

Al presidente de Chile, José Antonio Kast, señaló la oportunidad de impulsar iniciativas de estabilidad y crecimiento. Al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, le expresó su confianza en concretar una agenda de trabajo conjunto entre Lima y Bogotá.

A menos de un mes del inicio del nuevo Congreso bicameral, las negociaciones para definir las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados avanzan en medio de reservas y contactos cruzados. El futuro reparto de comisiones ordinarias y la conformación de las mesas directivas se han convertido en el eje central de las conversaciones, en un contexto marcado por la fragmentación política y la necesidad de articular mayorías estables. Según se explicó en un informe de Canal N, el proceso de definición no solo determinará la conducción de cada cámara, sino que también establecerá las reglas para la distribución de espacios de poder dentro del nuevo esquema legislativo.

La clave de las negociaciones reside en la asignación de las comisiones ordinarias, que en esta legislatura se reducen a 16 en Diputados y 6 en el Senado. El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó para Canal N que la disminución de comisiones complica los acuerdos políticos, ya que los espacios de negociación se han acotado respecto al diseño anterior. Según el análisis de Cevasco, la disputa se concentra en cómo se repartirá ese poder limitado y en la capacidad de las bancadas para alcanzar consensos que les permitan incidir en la agenda parlamentaria desde posiciones estratégicas.

Cuatro listas en juego y el peso de Fuerza Popular

En este escenario, se perfilan hasta cuatro listas para competir por el control de las mesas directivas: dos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. De acuerdo con cálculos internos, la presidencia de Diputados podría recaer en un representante del espectro de izquierda, mientras que el Senado quedaría en manos de una agrupación de centro o derecha, aunque se descarta a Fuerza Popular para ese puesto específico.

Fuerza Popular, con 41 diputados y 22 senadores, se posiciona como la bancada más numerosa del próximo Parlamento. Arturo Alegría, diputado electo por ese partido, sostuvo que la magnitud de su bancada convierte a la agrupación en “pieza decisiva” en ambas cámaras, aunque reconoció que no alcanza la mayoría por sí sola.

“Lo que sabemos es que hay que tender puentes. No hay manera de que las cosas caminen si no dialogamos con diferentes bancadas que nos permitan conseguir la mayoría”, declaró Alegría en diálogo con la prensa. Según el legislador, será indispensable buscar acuerdos con fuerzas de centro, ya que una alianza exclusiva con Renovación Popular no resultaría suficiente para conformar mayoría.

El propio Alegría señaló que aún no existe una decisión interna sobre la eventual postulación de Fuerza Popular a las presidencias de Senado o Diputados. Planteó, además, que quien asuma una presidencia deberá contar con experiencia previa, debido a que la implementación del sistema bicameral exigirá conocimiento técnico del procedimiento parlamentario desde el inicio de la legislatura.

Renovación Popular y Buen Gobierno exploran alianzas

La bancada de Renovación Popular, que dispondrá de 15 diputados y 8 senadores, prepara su propia estrategia de acercamientos. Alejandro Muñante, senador electo, indicó que el partido iniciará reuniones formales con otras fuerzas en los próximos días. Explicó que, aunque no hay diálogos oficiales, ya ha sostenido conversaciones informales con integrantes de Fuerza Popular sobre la conformación de la Junta Preparatoria del Senado.

Muñante integrará dicha Junta por ser el senador de menor edad, acompañado por Miguel Torres, el más votado, y Fernando Rospigliosi, el de mayor edad, ambos de Fuerza Popular. Este trío tendrá a su cargo la apertura formal del nuevo Parlamento, la convocatoria y juramentación de los legisladores, así como la organización de la sesión que elegirá la Mesa Directiva. Las funciones de la Junta Preparatoria se extenderán entre el 15 y el 26 de julio, con sesiones previstas entre el 22 y el 26 del mismo mes.

En cuanto al Partido del Buen Gobierno, que contará con 7 senadores y 18 diputados, las conversaciones formales para alianzas apenas comienzan. Un diputado electo de esa agrupación, que solicitó anonimato, explicó que los primeros acercamientos tendrán lugar una vez que culminen la elaboración de sus proyectos estratégicos para la legislatura. La organización interna del partido ya registra avances: en una reciente reunión, se acordó designar a Óscar Reto como vocero político en Diputados y a Flavio Figallo como vocero en el Senado.

Figallo confirmó a un canal de televisión local la existencia de “pequeños acercamientos” con otras agrupaciones, aunque aclaró que aún no se han formalizado acuerdos. Desde la bancada, no descartan postular a alguna de las mesas directivas, dependiendo del curso de las negociaciones.

Ahora Nación y las conversaciones cruzadas

El bloque de Ahora Nación, con 4 senadores y 10 diputados, también busca articular una lista propia para la Mesa Directiva. Mirtha Vásquez, senadora electa, describió que la agrupación mantiene diálogos abiertos con otras bancadas, sin definiciones cerradas hasta el momento. De estos contactos podría surgir una candidatura alternativa a la que impulse la derecha parlamentaria. “Por el momento nada definido”, aseguró Vásquez.

En paralelo, se han intensificado los contactos entre figuras de diferentes partidos. Fuentes parlamentarias informaron que el excandidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se reunió recientemente con Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras. Circuló la versión de una posible participación de Jorge Nieto en esos encuentros, aunque el propio dirigente desmintió esa información. Ante la pregunta sobre un posible encuentro futuro con Sánchez, Nieto respondió: “Ni descarto ni encarto”.

Para José Cevasco, la etapa de conversaciones tendrá un impacto decisivo en la dinámica del nuevo Congreso, debido a que la reducción de comisiones incrementa el valor político de cada acuerdo alcanzado. “Sí va a haber grandes conversaciones sobre el tema de la distribución de las presidencias de comisiones ordinarias porque, de acuerdo con los nuevos reglamentos, van a ser mucho menos. En la Cámara de Diputados se han reducido a 16 y en el Senado a 6. Hay menos espacios para negociar. Ahí se verá la capacidad de negociación política”, afirmó el exoficial mayor.

Un Congreso fragmentado ante el reto de construir mayorías

El proceso de instalación del Congreso bicameral pone a prueba la habilidad de las bancadas para buscar consensos en un escenario carente de mayorías absolutas. La fragmentación política obliga a articular alianzas flexibles, donde cada voto adquiere un peso determinante para la conformación de mesas directivas y la distribución de comisiones.

Las próximas semanas serán decisivas para definir el equilibrio de fuerzas en el Parlamento y marcarán el inicio de una legislatura en la que la negociación será el eje central de la actividad legislativa.

En un taller del Callao, el bordador César Grados trabaja en la confección de la banda presidencial destinada a Keiko Fujimori, quien se prepara para asumir como presidenta electa del Perú. Según un reporte de América Noticias, la prenda presenta un avance del 75% y requiere adaptaciones especiales en los hombros, ya que será utilizada por primera vez por una mujer en la historia republicana reciente del país.

El encargo introduce un nuevo desafío técnico, debido a las diferencias en la estructura corporal respecto a los presidentes anteriores. Grados, especialista en bordados ceremoniales, indicó que el proceso para diseñar la banda incluyó consideraciones inéditas para asegurar el ajuste adecuado sobre el atuendo que empleará la mandataria electa durante la ceremonia de juramentación.

El significado histórico de la prenda

Keiko Fujimori se convertirá en la primera mujer en portar la banda presidencial del Perú, lo que representa un momento simbólico para la política nacional. El acto de entrega y uso de la banda forma parte de la ceremonia de transmisión de mando, en la que el nuevo jefe de Estado asume formalmente el cargo ante el Congreso y la ciudadanía.

El bordador César Grados explicó a América Noticias que la pieza mantiene los símbolos tradicionales, pero se incorporan ajustes que responden a la fisonomía de la presidenta electa. “Se han hecho pruebas y modificaciones en la caída del tejido para que luzca correcta y cómoda al ser usada por una mujer”, detalló Grados en declaraciones recogidas por el medio televisivo.

Detalles técnicos y proceso de confección

La banda presidencial está confeccionada con tela de alta calidad y bordados en hilos dorados, siguiendo los lineamientos históricos establecidos para la máxima investidura política del país. El proceso exige precisión en el manejo de materiales y la incorporación de los colores patrios, así como del escudo nacional bordado en el centro de la pieza.

De acuerdo con lo informado, el avance alcanzó ya el 75% del total del trabajo previsto, y se estima que las pruebas finales se realizarán en los próximos días. El taller de Grados se encuentra en el Callao, una ubicación con tradición en la elaboración de vestimenta ceremonial para autoridades nacionales.

La posibilidad de restaurar símbolos históricos

Una de las novedades en esta edición de la banda presidencial reside en la opción de restaurar alguno de los antiguos distintivos que utilizó Alberto Fujimori, expresidente del Perú y padre de la mandataria electa. El propio Grados confirmó la existencia de conversaciones sobre la posibilidad de adaptar o restaurar alguna de estas insignias, lo que podría aportar un elemento adicional de carga simbólica a la ceremonia.

El bordador señaló que la decisión final sobre el uso de estas piezas históricas corresponde al equipo de protocolo de la presidenta electa. “Estamos evaluando la factibilidad de restaurar los detalles originales, siempre respetando la solemnidad del acto y la normativa vigente”, sostuvo Grados en diálogo con América Noticias.

El rol de los bordadores en las ceremonias oficiales

La labor de los bordadores en la preparación de ceremonias presidenciales suele pasar desapercibida, aunque resulta fundamental para el desarrollo de los actos oficiales. En el caso de César Grados, su experiencia incluye la confección de prendas protocolares para autoridades de distintas ramas del Estado, lo que le otorga un conocimiento específico sobre las exigencias formales y simbólicas de cada encargo.

El taller en el Callao se ha convertido en punto de referencia para la producción de elementos usados en eventos de alto nivel, como las bandas y medallas que se entregan en los actos de transmisión de mando y otras ceremonias institucionales.

Tradición, protocolo y simbolismo

La banda presidencial es el símbolo máximo de la autoridad ejecutiva en el Perú y, de acuerdo con la legislación vigente, debe incluir los colores nacionales y el escudo oficial. Su confección sigue un protocolo riguroso, que busca resguardar la tradición y el respeto institucional.

La próxima ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori marcará un antes y un después en la representación visual del poder político en el país, al incorporar elementos inéditos en la indumentaria presidencial. El trabajo de César Grados contribuye a preservar la continuidad de los símbolos nacionales, al tiempo que introduce innovaciones dictadas por el contexto histórico actual.

Expectativa ante la presentación final

El equipo de la presidenta electa y el propio bordador han evitado revelar detalles completos sobre el diseño final, con el propósito de mantener la expectativa hasta el día de la juramentación. Entre los elementos que se mantienen en reserva figuran los posibles distintivos restaurados y los ajustes finales en la prenda.

La presentación pública de la banda presidencial suele constituir uno de los momentos más observados de la transición de mando, ya que concentra tanto el simbolismo de la autoridad como las expectativas ciudadanas sobre el inicio de una nueva gestión.

Próximos pasos en el proceso

La etapa final del proceso de confección incluye pruebas de vestimenta, ajustes en la caída de la banda y la validación de los detalles bordados. César Grados aseguró que todo estará listo para la fecha prevista de la ceremonia, garantizando que la prenda cumpla tanto con los requisitos técnicos como con los valores simbólicos asociados a la investidura presidencial.

De acuerdo con el reporte de América Noticias, el taller del Callao permanecerá en actividad hasta completar el encargo, que será entregado al equipo de protocolo de la presidenta electa en los días previos a la juramentación.

Previo a la proclamación de resultados de las elecciones, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo reuniones con representantes de diversos partidos políticos y sectores sociales. Esta mañana, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, acudió a la oficina de la presidenta electa y afirmó que Fujimori aseguró que la prioridad durante su gobierno sería la educación.

En declaraciones a la prensa, Castro indicó que el gremio de maestros espera que la presidenta Fujimori sostenga sus compromisos con el sector, porque “los cesantes y jubilados en el Perú definitivamente es un sector abandonado y desatendido por el Estado”, en referencia al debate sobre pensiones.

Castro sostuvo que el encuentro tuvo como eje “recuperar confianza y credibilidad del país en la política y en sus gobernantes”, según declaró en una entrevista con Exitosa tras salir de la cita con la lideresa de Fuerza Popular.

El dirigente del SUTEP explicó que acudió al encuentro con Keiko Fujimori con “el espíritu democrático que caracteriza al Sutep” y que, en ese marco, fue a “reconocer que las cosas ya están prácticamente definidas”. Añadió que también buscó recordar los compromisos hechos en campaña: “Los maestros y auxiliares de educación del país y la población que está preocupada por la educación exige que se cumplan”.

Sobre lo conversado con Fujimori, señaló que ella “ha sostenido, juntamente con el primer presidente, que la prioridad va a ser educación” y que “los derechos de los trabajadores no van a ser violentados”. En el mismo tramo, afirmó que el tema previsional exige “voluntad de diálogo” y “un reglamento que sepa recoger este tema y darle solución”.

Relación del SUTEP con el próximo gobierno

Consultado por la relación con el eventual gobierno, Castro dijo que el gremio buscará “estar presentes siempre en todo aquello que signifique atención por la educación y apoyo por la educación”.

El secretario general del Sutep adelantó que habrá un nuevo encuentro para ampliar la agenda con el sector en declaraciones a Exitosa: “Va a haber una futura reunión, seguramente ya con toda la dirigencia nacional, para poder plantearle la problemática de la educación”. “Hemos establecido la necesidad de coordinar, no se ha establecido todavía fecha”, agregó al medio radial.

Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.

Con el 100% de las 92,766 actas contabilizadas al 29 de junio de 2026, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9′223,396 votos, equivalentes al 50.135% de los sufragios válidos. Roberto Sánchez, su rival, alcanzó 9′173,755 votos, el 49.865% del total. Una diferencia de apenas 49,641 sufragios separó a los dos candidatos al cierre del escrutinio, en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será la primera mujer electa presidenta del Perú y la primera en llegar al cargo después de cuatro intentos en el mismo proceso electoral. Su vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso en 2017, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista.

El fujimorismo, movimiento político de derecha surgido en el Perú en los años 90 bajo el liderazgo de Alberto Fujimori, mantiene hasta hoy una base social leal y polariza el debate político nacional, sobre todo después de la virtual elección de Keiko Fujimori, con Fuerza Popular.

El fenómeno, que ha atravesado décadas de transformaciones en el escenario partidario peruano, continúa vigente con la figura de Keiko Fujimori, quien en 2026 alcanzó la presidencia en su cuarto intento.

El fujimorismo se consolidó en la década de 1990 a partir del gobierno de Alberto Fujimori, padre de Keiko. Este movimiento adoptó un perfil populista de derecha, con énfasis en políticas de libre mercado y apertura comercial. El enfoque pragmático y autoritario marcó la gobernabilidad de Alberto, cuya gestión enfrentó la hiperinflación y la crisis económica heredadas de los años 80.

Una de las principales banderas del fujimorismo fue la lucha contra el terrorismo: bajo su mandato, el Estado atribuyó la derrota de grupos armados como Sendero Luminoso y el MRTA a operativos militares y políticas de seguridad de mano dura. Este legado se convirtió en uno de los pilares de la identidad fujimorista, especialmente entre sectores populares que asocian el fin de la violencia con la figura del expresidente.

El movimiento también construyó un vínculo directo con las bases a través de programas sociales y asistencia directa, lo que reforzó una relación clientelar y populista con amplios sectores de la sociedad.

El quiebre institucional

El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori protagonizó el conocido “Fujimorazo” o autogolpe de Estado, al disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Este hecho abrió paso a la Constitución de 1993, que permitió la reelección presidencial y centralizó el poder en el Ejecutivo. El giro autoritario de estas acciones dejó una marca indeleble en la historia política peruana y en la percepción pública sobre el fujimorismo.

El régimen cayó en el año 2000, tras denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Alberto Fujimori fue finalmente condenado en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro de un periodista y un empresario. Estos casos, en los que murieron 25 personas a manos de un grupo militar encubierto, profundizaron la división en la sociedad peruana y alimentaron el surgimiento del antifujimorismo. Falleció en 2024.

La herencia polític

Tras la caída del régimen, el movimiento fujimorista se reorganizó y adoptó una estructura partidaria bajo el nombre de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, hija del expresidente.

Desde entonces, el fujimorismo ha mantenido una base electoral sólida y una presencia constante en el Congreso, aun cuando enfrenta un rechazo persistente por parte de sectores que asocian su historia con el autoritarismo y los abusos del pasado.

En 2026, Keiko Fujimori se presentó por cuarta vez como candidata presidencial y consiguió la victoria, lo que consolidó el arraigo del movimiento. Su figura genera tanto adhesión como rechazo: para sus simpatizantes, representa la continuidad del legado de su fallecido padre, identificado con la pacificación y la recuperación económica; para sus detractores, revive el recuerdo de un liderazgo autoritario y de graves violaciones institucionales.

Factores del arraigo

El fujimorismo sigue contando con adeptos por razones múltiples. Los sectores populares reconocen en la gestión de Alberto Fujimori el fin de la crisis económica y del terrorismo. Además, la debilidad y el colapso de otros partidos políticos han permitido que el fujimorismo conserve un piso electoral constante, basado en redes de organización y apoyo que han sobrevivido a los cambios de coyuntura.

Expertos señalan que los “partidos ex autoritarios normalmente no tienen una mayoría, pero sí conservan cierto nivel de apoyo de sociedad que les sirve de piso electoral”. Añaden que el éxito relativo del fujimorismo se explica tanto por la caída del resto de las fuerzas políticas como por la disciplina y capacidad política de Keiko Fujimori: “No es muy carismática pero es disciplinada, trabaja, aprende y es una buena política”.

Polarización y futuro

La historia reciente del Perú muestra al fujimorismo como un actor central, capaz de movilizar a amplios sectores y provocar rechazo en igual medida. La polarización entre simpatizantes y detractores se refleja en cada proceso electoral y en el debate público. El apellido Fujimori se ha convertido en un símbolo que divide a la sociedad peruana y define la agenda política desde la década de 1990 hasta la actualidad.

El movimiento fujimorista, lejos de diluirse tras la condena y fallecimiento de su fundador en 2024, ha logrado reinventarse y mantener su influencia en el escenario nacional. Su permanencia responde tanto a la memoria de un pasado marcado por la crisis y la violencia, como a la ausencia de alternativas partidarias consolidadas. En los próximos días, Keiko Fujimori ahora será proclamada presidenta de la república del Perú.

La senadora electa de Fuerza Popular, Karla Schaefer, indicó que el gobierno de Keiko Fujimori deberá enfocar sus esfuerzos en mitigar los efectos del Niño Costero y el llamado ‘Niño Global’ en las zonas más vulnerables y garantizar la seguridad de los ciudadanos más expuestos a sufrir las consecuencias de la emergencia climática.

En entrevista con Latina, la representante de Fuerza Popular advirtió que la región Piura enfrenta un riesgo mayor al del 2017 ante un eventual fenómeno de El Niño, porque indicó que la infraestructura de drenaje y evacuación no se encuentra en buen estado y en condiciones “terribles” pese a que son necesarias para enfrentar no solo las lluvias, sino un eventual desborde del río Piura.

Según la parlamentaria, en ese entonces el río se desbordó con 3.326 metros cúbicos por segundo, pero hoy no tendría capacidad para soportar ni 1.900 metros cúbicos por segundo.

La representamte electa de Piura aseguró que se necesita una respuesta de emergencia. Sostuvo que ya no hay margen para infraestructura definitiva antes de un eventual impacto climático y que la prioridad debe pasar por medidas de mitigación, evacuación y ordenamiento de zonas vulnerables.

Reconstrucción en Piura mejoró infraestructura frente a lluvias

Schaefer describió un sistema fragmentado, con varias instituciones involucradas y sin una autoridad que, según su versión, imponga orden. “Cuando se aprobó reconstrucción con cambios en el 2017, se prendió una luz de esperanza para los piuranos. Y hoy han pasado exactamente nueve años y estamos en nada”, sostuvo

“Todas las obras de infraestructura que, que se han hecho no tienen ningún impacto para soportar lluvias, ni siquiera lluvias menores”, dijo a Latina.

En su evaluación, el problema no se limita al cauce del río Piura. Señaló que los drenajes de la ciudad son insuficientes y que de los siete sistemas de cámaras de rebombeo previstos solo se han hecho cinco.

Comparó ese cuadro con el escenario previo al desastre de 2017. Según explicó, en 2016 sí se hicieron trabajos de prevención y descolmatación que permitieron mitigar parte del efecto de lluvias y caudales altos. Ahora, sostuvo, la región está “en mucha peor situación que en 2017”.

Evacuar población y mitigar daños

Schaefer sostuvo que el escenario ya no permite pensar en soluciones estructurales antes de la próxima temporada de riesgo. “Es imposible (hacer obras) en seis meses, porque quizás este Niño comience en octubre, como fue en el 83”, indicó la senadora electa.

A partir de esa premisa, planteó un plan centrado en la evacuación preventiva. “Tenemos que tener un plan de evacuación de personas que están en zonas vulnerables, en cuencas ciegas, donde no se puede mitigar la situación de inundación”, afirmó.

La dirigente también vinculó esa necesidad con el crecimiento urbano desordenado. Dijo que muchas poblaciones siguen expuestas por invasiones y por falta de servicios básicos, y que la emergencia podría convertirse en una oportunidad para reordenar asentamientos instalados en áreas de alto riesgo.

En su descripción del impacto esperado, añadió una dimensión económica. Señaló que la pesca y la agroexportación serían golpeadas por el fenómeno y citó una estimación escuchada a Luis Miguel Castilla y Carranza sobre una caída de 29% en el PBI.

La definición electoral, aún pendiente de proclamación oficial por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el día tres, habilita a Fuerza Popular para activar equipos de transición y responder a las urgencias prioritarias del país. En entrevista, Galarreta detalló que su partido mantenía una diferencia consolidada de entre 45.000 y 50.000 votos a favor de Fujimori desde días atrás, y que la comunicación pública del resultado fue postergada hasta el cierre casi total del escrutinio.

Equipos de transferencia: estructura y prioridades inmediatas

El dirigente de Fuerza Popular explicó que la organización política ya avanzó en la formación de equipos técnicos para la transferencia, bajo la coordinación de Marco Vinelli, responsable del plan de gobierno. Según sus estimaciones, estos equipos deberían contar con al menos 57 personas para cubrir los 19 ministerios y diversos organismos públicos, alcanzando un total de entre 60 y 70 integrantes.

“Queremos saber cómo nos encuentra”, manifestó Galarreta al referirse al estado del aparato estatal. Entre las áreas de atención inmediata, el vicepresidente virtual mencionó la situación de los ríos y quebradas, la disponibilidad de maquinaria y las obras de prevención ante lluvias intensas, citando como ejemplo el retiro de mallas de protección en cinco quebradas de Chosica.

El partido condiciona el acceso a información oficial del Ejecutivo a la proclamación formal por parte del JNE. Mientras tanto, Fuerza Popular avanza en el diseño de estrategias para abordar cuestiones críticas como la inseguridad y el impacto potencial del fenómeno de El Niño.

Cuestionamientos al manejo presupuestario y administrativos

Galarreta criticó diversas decisiones presupuestarias de la administración saliente. Mencionó un crédito suplementario de 9.000 millones de soles, dentro del cual el Congreso solicitó 151 millones. A su juicio, la Contraloría debería revisar la legalidad de comprometer partidas hasta diciembre, incluidas obras que estuvieron paralizadas durante dos años y fueron licitadas recientemente.

El dirigente también advirtió sobre movimientos administrativos que, a su entender, requieren revisión durante la transición. Como ejemplo, citó la convocatoria de un concurso público para 44 plazas en el Banco de la Nación.

“Hay que revisar si una administración de salida puede comprometer fondos hasta diciembre”, sostuvo, señalando que la revisión de estos procesos será parte del paquete de acciones de los equipos de transferencia.

El Niño, seguridad y orden fiscal: ejes para los primeros 100 días

Consultado sobre los primeros desafíos del nuevo gobierno, Luis Galarreta enumeró la medición del impacto del fenómeno de El Niño y la evaluación de la situación real del Estado como prioridades inmediatas. El pico del fenómeno se espera entre noviembre y marzo, con posibles lluvias intensas en algunas regiones, sequías en otras y temperaturas elevadas en el norte del país.

En el plano económico, Galarreta anticipó una proyección de crecimiento del PIB entre 3,4% y 3,5%, pero advirtió que El Niño podría modificar estas cifras. Sostuvo que el equipo de Fuerza Popular planea destrabar grandes inversiones para potenciar la expansión económica.

En materia de seguridad, Fujimori asumirá el liderazgo político del tema con medidas que incluyen la adquisición de cámaras de vigilancia, el fortalecimiento de la inteligencia policial y la implementación de una reforma en la Policía Nacional. Galarreta describió a la institución como “heroica”, aunque reconoció la necesidad de cambios estructurales por la difusa línea actual entre la criminalidad y algunos efectivos.

Ajuste fiscal y continuidad de compromisos sociales

El ajuste fiscal será otra de las banderas del próximo gobierno, con el objetivo de “poner orden en el gasto” desde el inicio de la gestión. El vicepresidente electo mencionó la existencia de entre 200 y 250 proyectos promovidos por congresistas bajo una “ventana” constitucional de iniciativa de gasto y consideró que este mecanismo debería ser revisado o precisado por el tribunal correspondiente.

Galarreta enfatizó que este ajuste no implicará el desconocimiento de obligaciones sociales. “Cualquier corrección deberá convivir con el cumplimiento de deudas pendientes del Estado”, expresó, subrayando la importancia de preservar el déficit, el endeudamiento y las variables macroeconómicas.

Gabinete de amplitud y perfil técnico-político

Respecto a la conformación del gabinete, Galarreta evitó confirmar nombres específicos, aunque reconoció que varios miembros del equipo técnico de campaña posiblemente integrarán el próximo Consejo de Ministros. Entre los nombres mencionados figuran Luis Carranza y “Meli” para áreas como la transferencia y el sector agrario, aunque aclaró que la decisión final corresponde a Fujimori.

El perfil de gabinete proyectado apunta a ser “amplio”, con la inclusión de profesionales, tecnócratas y políticos, y una orientación que va “del centro hacia la derecha”. Galarreta también consideró posible el diálogo con una “izquierda moderna” que no necesariamente participará en el Ejecutivo.

El dirigente resaltó la necesidad de tender puentes con autoridades subnacionales, gremios empresariales y sindicatos, en un contexto donde cerca del 50% del electorado no apoyó a Fuerza Popular. Según su visión, esto obliga a priorizar el diálogo político y social.

Continuidad institucional y reformas en seguridad

Galarreta confirmó que una de las primeras acciones del nuevo gobierno será buscar la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva para garantizar la estabilidad institucional y económica. Recordó que el directorio del banco está integrado por tres miembros designados por el Ejecutivo y tres por el Congreso.

En el cierre de su intervención, el dirigente defendió una reciente norma sobre el fuero militar y policial, rechazando que habilite abusos. Según explicó, la disposición delimita los casos que corresponden al fuero civil y cuáles al militar-policial, sin proteger delitos comunes cometidos por policías o militares.

La futura administración impulsará una reforma policial desde el primer día y buscará ejercer autoridad contra los delincuentes, no contra los ciudadanos, según las declaraciones de Galarreta, quien respondió a cuestionamientos sobre un posible sesgo autoritario del gobierno entrante.

En entrevista con Exitosa, Schaefer consideró que, si estuviera en la misma situación, también optaría por utilizar un símbolo ligado a la trayectoria de su padre. “Sería algo bueno. Pienso, si mi padre fue presidente, lo haría, lo haría, por supuesto que sí. Eso es una decisión de ella”, expresó.

La senadora de Fuerza Popular también estableció un paralelo entre el contexto político de 1990 y el actual. Recordó que Alberto Fujimori fue considerado virtual ganador antes de la proclamación oficial y señaló que, en su opinión, ocurrió una situación similar con Keiko Fujimori. “Ya la hacían ganadora, ya era muy difícil revertir. Y el 10 de junio Alberto Fujimori gana la segunda vuelta”, afirmó para Exitosa.

“No repetir errores”

Durante la conversación, Karla Schaefer fue consultada sobre si el próximo gobierno representará una continuidad del liderazgo político de Alberto Fujimori. En respuesta, manifestó que espera que la presidenta electa logre superar el desempeño de su padre y marque diferencias respecto a los aspectos cuestionados de su administración.

“Esperemos. Es difícil a veces superar al maestro, pero debería superarlo y las cosas malas enterrarlas. Nunca más repetir algo que lamentablemente se le critica y que hoy se repite y no pasa nada”, declaró.

La senadora no precisó cuáles eran esos episodios, aunque sostuvo que la nueva gestión debe evitar prácticas que hayan sido objeto de cuestionamientos y enfocarse en mejorar la administración pública. Asimismo, indicó que el nuevo gobierno tendrá el reto de responder a las demandas ciudadanas en medio de la polarización política y las expectativas generadas tras la segunda vuelta electoral.

Corrupción, inseguridad y fenómeno de El Niño

Schaefer señaló que los principales desafíos que enfrentará la futura administración de Keiko Fujimori. Afirmó que la corrupción constituye el problema más grave que deberá afrontar el Estado, al considerar que afecta la ejecución de obras públicas y el funcionamiento de las instituciones.

“El flagelo más terrible que tenemos que enfrentar es la corrupción. Institucionalizada en todos los estamentos del Estado. Eso lleva a que no tengamos obras, que las obras estén mal hechas y que existan miles de proyectos paralizados”, señaló para el citado medio.

Además, sostuvo que el Gobierno deberá adoptar medidas para enfrentar el posible impacto del fenómeno de El Niño y reforzar las acciones de prevención en las regiones vulnerables. Entre ellas mencionó el descolmatado de ríos, el encauzamiento de quebradas y la ejecución de infraestructura hidráulica que reduzca el riesgo de inundaciones.

Fuerza Popular plantea diálogo con la oposición

La senadora electa consideró que su agrupación política debe buscar consensos con las demás organizaciones representadas en el Congreso, pese a las diferencias surgidas durante el proceso electoral. En ese sentido, afirmó que los distintos sectores políticos comparten objetivos relacionados con la lucha contra la inseguridad, la corrupción, la anemia y la prevención de desastres naturales.

La senadora también se refirió a las regiones donde Keiko Fujimori no obtuvo la mayoría de votos y sostuvo que el próximo gobierno deberá incrementar la presencia del Estado mediante la ejecución de obras y la mejora de los servicios públicos. Según indicó, el abandono de estas zonas ha contribuido al descontento de la población y debe ser atendido con inversiones en infraestructura, salud, educación y conectividad.

Finalmente, comparó nuevamente la trayectoria de Keiko Fujimori con la de su padre y señaló que existen coincidencias simbólicas entre ambos procesos políticos, como la edad con la que llegarán a la Presidencia y el contexto de sus respectivas elecciones. En ese sentido, reiteró que la futura mandataria tiene la oportunidad de construir un gobierno propio, conservar los aspectos que considera positivos del legado de Alberto Fujimori y dejar atrás aquellos hechos que continúan siendo objeto de cuestionamientos.

Una vez finalizado el conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que las cifras dieran como ganadora de la segunda vuelta a Keiko Fujimori, diversos gobiernos de la región y otros actores internacionales la reconocieron como la próxima presidenta del Perú para el periodo 2026-2031.

El dato que terminó de ordenar esas reacciones fue la diferencia final: Fujimori se impuso a Roberto Sánchez por 49.641 votos, con 50,135% de los sufragios válidos, equivalentes a 9.223.396 votos, tras un conteo que se extendió durante 22 días desde la segunda vuelta del 7 de junio.

Según informó RPP, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, habló por teléfono con la presidenta electa para transmitirle sus mejores deseos. También confirmó que ambos acordaron reunirse en el marco de la toma de mando prevista para el 28 de julio.

La validación internacional no quedó solo en los saludos protocolares. La Misión de Observación Electoral de la OEA fijó posición sobre la disputa poselectoral al sostener que su equipo, desplegado dentro y fuera del país, “no ha identificado irregularidades (...) que hayan alterado la voluntad de millones de peruanos expresada en las urnas”.

La declaración de la misión de observación respondió a las acusaciones de presuntas irregularidades formuladas por Roberto Sánchez después de una elección resuelta por un margen estrecho. El pronunciamiento respaldó de manera directa el conteo oficial una vez que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el 100% de las actas.

La Secretaría General de la Comunidad Andina también saludó a la mandataria electa. En su mensaje reconoció el espíritu democrático del pueblo peruano y expresó su disposición para seguir articulando esfuerzos que profundicen el proceso de integración andina en beneficio de la subregión.

Presidentes y cancillerías reconocieron victoria de Fujimori

Entre las reacciones a la victoria de Keiko Fujimori se encuentra el mensaje del presidente de Argentina, Javier Milei, que escribió en X: “Felicito a Keiko Fujimori por su victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”.

Desde Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella difundió un video de una llamada con Fujimori. Allí sostuvo que ambos países estarán conducidos por administraciones que comparten “la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones”, y coincidió con ella en la necesidad de impulsar el intercambio comercial y combatir el crimen transnacional.

En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz felicitó a la lideresa de Fuerza Popular y expresó respeto por la voluntad democrática manifestada en las urnas. A la vez, comprometió la continuidad del fortalecimiento de los lazos de cooperación y desarrollo entre ambos países.

Por su lado, el Gobierno de Uruguay, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado oficial para saludar la victoria de Fujimori. La cancillería añadió su expectativa de profundizar los vínculos bilaterales en favor de la integración regional.

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, ratificó que el 3 de julio es la fecha prevista para la proclamación de los resultados oficiales de la elección presidencial de 2026, que dan como ganadora a Keiko Fujimori según el conteo oficial de la ONPE, y aclaró que el cronograma solo se moverá si el cierre de etapas se acelera.

“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...) Si se puede adelantar, se va a poder adelantar la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con esa fecha prevista para el 3 de julio”, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa.

Ante la consulta sobre la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocero sostuvo que “cualquier ciudadano tiene el derecho de recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”, aunque remarcó que el proceso electoral se rige por etapas que no se pueden reabrir una vez cerradas.

En esa línea, el funcionario apuntó a la vigencia de los plazos y a la imposibilidad de retroceder en el cronograma tras los hitos finales. “Hay ciertos principios como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos que han sido señalados. Una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”, señaló.

Sobre los cuestionamientos relacionados con la primera vuelta, Valdivia explicó que para la segunda elección se adoptaron medidas correctivas vinculadas a la publicidad de los actos de control.

“Se decidió que en la segunda elección sí transparentáramos todas las actas de fiscalización que se realizaron. Ustedes todo eso lo pudieron haber seguido en el portal electrónico del Jurado Nacional de Elecciones, (...) a fin de que la ciudadanía quede tranquila con el resultado que se ha dado y que, prontamente, lo vamos a proclamar”, indicó.

Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.

Con el 100% de las 92,766 actas contabilizadas al 29 de junio de 2026, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9′223,396 votos, equivalentes al 50.135% de los sufragios válidos. Roberto Sánchez, su rival, alcanzó 9′173,755 votos, el 49.865% del total. Una diferencia de apenas 49,641 sufragios separó a los dos candidatos al cierre del escrutinio, en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será la primera mujer electa presidenta del Perú y la primera en llegar al cargo después de cuatro intentos en el mismo proceso electoral. Su vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso en 2017, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista.

Tras culminar el conteo oficial de actas de la segunda vuelta presidencial, el proceso electoral entra en su etapa final antes del cambio de mando. Aunque los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya muestran a Keiko Fujimori como la presidenta electa, todavía deben cumplirse una serie de pasos formales antes de que pueda asumir el cargo.

La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora y la juramentación ante el Congreso forman parte del cronograma que definirá el inicio del nuevo gobierno. Según explicó el abogado especialista en temas electorales José Tello, estos procedimientos son parte del cierre del proceso electoral y no se verían modificados por los recursos presentados por la agrupación de Roberto Sánchez.

¿Cuál es el siguiente paso tras el 100% de actas contabilizadas?

Con todas las actas contabilizadas, el proceso continúa con las proclamaciones descentralizadas a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE). Estas instancias deben completar los procedimientos correspondientes antes de que el JNE emita la resolución final de proclamación.

El especialista José Tello explicó en RPP que, tras esta etapa, el organismo electoral podría realizar una revisión integral del expediente electoral antes de la proclamación definitiva, como ocurrió en la primera vuelta, con el objetivo de evitar cuestionamientos posteriores.

“Lo que viene es una etapa en la cual los jurados electorales especiales hacen las proclamaciones descentralizadas. Tras eso, es muy probable que el Jurado pida las actas para una revisión”, explicó.

¿Cuándo será proclamada oficialmente Keiko Fujimori?

De acuerdo con el cronograma señalado por las autoridades electorales, la proclamación oficial de resultados está prevista para el 3 de julio, a cargo del presidente del JNE, Roberto Burneo.

Con la resolución de proclamación del JNE se cerraría oficialmente la segunda vuelta presidencial. Desde ese momento, el resultado electoral queda firme. “La resolución final del Jurado Nacional de Elecciones es inapelable. Ahí terminó todo”, señaló Tello.

¿Cuándo recibirá sus credenciales la fórmula presidencial ganadora?

Luego de la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la presidenta electa y a sus vicepresidentes. Este documento acredita oficialmente a la nueva fórmula presidencial que asumirá el periodo 2026-2031.

Este acto permite que las autoridades electas puedan continuar con la preparación de la transición de gobierno antes de la ceremonia de juramentación.

¿Cuándo inicia oficialmente el gobierno de Keiko Fujimori?

El nuevo gobierno comenzará oficialmente el 28 de julio de 2026, fecha establecida para la juramentación presidencial ante el Congreso de la República.

Ese día, Keiko Fujimori asumiría la Presidencia del Perú y se convertiría en la primera mujer elegida mediante voto popular para ocupar el cargo.

¿Los recursos presentados por Roberto Sánchez pueden cambiar el resultado?

Roberto Sánchez y Juntos por el Perú anunciaron que acudirán a instancias judiciales y organismos internacionales para presentar sus cuestionamientos al proceso electoral.

Sin embargo, José Tello explicó que estos recursos no modificarían el cronograma electoral ni impedirían la proclamación y juramentación de la autoridad electa.

“Los recursos judiciales no van a alterar lo que ya viene ocurriendo, porque la justicia no puede ir contra un cronograma electoral que se está cerrando”, indicó.

El especialista señaló que algunos procesos judiciales podrían continuar incluso después de la juramentación, pero no tendrían efecto sobre la instalación del nuevo gobierno.

Un nuevo periodo tras años de crisis política

Para Tello, el inicio del próximo gobierno representa también un reto de estabilidad política después de una década marcada por cambios constantes en el Ejecutivo.

El especialista recordó que el Perú atravesó un periodo de alta inestabilidad con sucesivos reemplazos presidenciales y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso.

En ese contexto, destacó que Fuerza Popular llegaría al gobierno con una presencia importante en el Parlamento, lo que podría facilitar acuerdos políticos si logra construir alianzas con otras bancadas.

“El reto es generar una agenda nacional y salir de esta situación en la que nos hemos enfrascado por diez años de nuestra historia”, sostuvo.

Keiko Fujimori ganó las elecciones de 2026, cerrando un ciclo de tres derrotas presidenciales consecutivas y reabriendo una discusión de fondo sobre el lugar del fujimorismo en la democracia peruana. Su llegada a Palacio de Gobierno no solo reconfigura el mapa político, sino que devuelve al movimiento fundado en torno a Alberto Fujimori al ejercicio directo del poder ejecutivo, algo que no ocurría desde el año 2000.

El resultado marca un punto de inflexión para Fuerza Popular, que deja de ser únicamente una bancada con alta capacidad de influencia parlamentaria para convertirse nuevamente en proyecto de gobierno. En términos políticos, implica el tránsito de una fuerza que operó durante dos décadas en la oposición o en el Congreso hacia la conducción del Estado.

El fujimorismo, sin embargo, no es solo un partido ni una candidatura. Como plantea el politólogo Jorge Aragón de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se trata también de una organización que ha mantenido presencia constante desde 2006 y que encarna una polarización persistente en la política peruana. Esa tensión entre reivindicación del legado de los años noventa y rechazo a su deriva autoritaria sigue estructurando el debate público. En ese sentido, el triunfo de 2026 no elimina esa disputa: la traslada al centro del poder.

Fin del gobierno de Alberto Fujimori

El colapso del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 estuvo marcado por el escándalo de corrupción revelado mediante los “vladivideos”, que expusieron el pago de sobornos a congresistas para asegurar apoyos políticos. La crisis precipitó la salida del entonces mandatario, quien viajó a una cumbre en Asia y luego se trasladó a Japón, desde donde envió su renuncia por fax.

El Congreso rechazó esa renuncia y lo destituyó el 21 de noviembre de 2000 bajo la figura de “incapacidad moral permanente”. Con ello se abrió una transición encabezada por Valentín Paniagua, que restableció el orden democrático y convocó a elecciones en 2001.

Sin embargo, como advierte Aragón, la caída del régimen no significó la desaparición de sus efectos. Los sistemas autoritarios —señala— dejan “herencias” que persisten en el nuevo orden político. En el caso peruano, esas huellas se expresan en la polarización, en la desconfianza institucional y en la permanencia de una forma de hacer política marcada por liderazgos fuertes y alta confrontación.

Keiko Fujimori y la reinvención del movimiento fujimorista (2001–2010)

Tras la caída del régimen, el fujimorismo no desapareció. Conservó presencia en el Congreso y comenzó un proceso de reorganización interna que derivó en el surgimiento de nuevos liderazgos. En ese contexto emergió Keiko Fujimori, quien pasó de figura secundaria a referente central del movimiento.

En 2006, fue elegida congresista por Alianza por el Futuro, convirtiéndose en la parlamentaria más votada a nivel nacional. Su ingreso formal a la política marcó el inicio de un proceso de institucionalización del fujimorismo sin Alberto Fujimori en el poder.

Durante este periodo, Keiko consolidó su liderazgo y articuló las bases de lo que luego sería Fuerza Popular, combinando una narrativa de continuidad con el legado de su padre y una estrategia de inserción dentro del sistema democrático. Este equilibrio le permitió sostener la identidad del movimiento mientras ampliaba su alcance electoral.

La paradoja del fujimorismo: pierde el Ejecutivo, gana el Congreso (2011-2016)

En 2011, Keiko Fujimori perdió la segunda vuelta frente a Ollanta Humala. Cinco años después, en 2016, volvió a ser derrotada por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por un margen estrecho. Sin embargo, en esa misma elección, Fuerza Popular obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, consolidando una posición de enorme influencia legislativa.

Ese poder parlamentario se convirtió en un factor determinante del conflicto político con el Ejecutivo. Durante el gobierno de PPK, las tensiones entre el Congreso y el Gobierno derivaron en una crisis que culminó con su renuncia en 2018. El propio expresidente sostuvo posteriormente que Martín Vizcarra habría participado en un supuesto “complot” junto con Keiko Fujimori para precipitar su salida, acusación que se sumó al clima de alta confrontación política de la época.

En paralelo, se desarrolló el caso Cócteles, una investigación por presuntos aportes irregulares a campañas electorales de 2011 y 2016. Años después, el proceso fue archivado tras una decisión del Tribunal Constitucional, que dispuso el “sobreseimiento definitivo” del caso, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los implicados.

Derrota frente a Pedro Castillo y narrativa de fraude electoral

En 2021, Keiko Fujimori volvió a perder la presidencia, esta vez frente a Pedro Castillo, en una elección marcada por una fuerte polarización. Tras la segunda vuelta, la lideresa de Fuerza Popular denunció sin pruebas la existencia de un fraude electoral, cuestionando el conteo de actas y la validez del proceso.

Las misiones internacionales de observación, incluida la OEA, reconocieron la organización del proceso electoral y recomendaron canalizar cualquier discrepancia por las vías legales. Pese a ello, la narrativa del fraude se mantuvo como un eje discursivo del fujimorismo en los años posteriores.

En 2025, en un evento partidario, Fujimori reiteró esa posición al afirmar que “nos robaron los votos”, sin presentar evidencias que respalden sus declaraciones. Este tipo de discursos, según el material revisado, también reaparecerían en el contexto electoral de 2026, cuando su opositor Roberto Sánchez habría planteado cuestionamientos similares sobre los resultados, evidenciando la persistencia de disputas por la legitimidad electoral en la política peruana.

Casos Cordero Jon Tay y cuestionamientos a congresistas fujimoristas

El periodo posterior a 2018 también estuvo marcado por investigaciones fiscales a diversos congresistas vinculados a Fuerza Popular. Entre los casos más notorios figuran los hermanos Luis Gustavo y María del Pilar Cordero Jon Tay.

A María del Pilar se le atribuye la presunta reducción de hasta el 75% del sueldo de un trabajador de su despacho parlamentario, lo que motivó una investigación por concusión. El material incluye audios donde se le escucha exigir pagos en términos controvertidos, lo que generó fuerte impacto mediático.

En el caso de Luis Gustavo Cordero, se le sindica de haber participado en coordinaciones relacionadas con una supuesta red de espionaje, además de viajes vinculados a la adquisición de equipos. Ambos casos fueron políticamente sensibles al interior del Congreso.

Asimismo, un antecedente relevante es el archivo de una investigación contra 10 congresistas de Fuerza Popular por presunta obstrucción a la justicia durante los allanamientos a locales del partido en 2017, decisión adoptada por la Fiscalía de la Nación.

Kenji Fujimori y las tensiones internas dentro del fujimorismo

En 2022, Kenji Fujimori marcó distancia de Fuerza Popular y atribuyó sus problemas con la justicia a las tensiones internas dentro del propio fujimorismo. El excongresista señaló que su caso no puede entenderse fuera del contexto de la disputa política que se generó en el Congreso durante los años de mayor influencia parlamentaria del partido liderado por su hermana, Keiko Fujimori.

Sus declaraciones se dieron en el marco de los procesos derivados de los “Mamanivideos”, que provocaron su desafuero e inhabilitación política. Este episodio profundizó la fractura dentro del fujimorismo y evidenció la disputa por el control del liderazgo del movimiento, así como las diferencias entre los distintos sectores de la familia Fujimori en torno al rumbo político del partido.

Fuerza Popular y el blindaje a Dina Boluarte

Durante el gobierno de Dina Boluarte, Fuerza Popular desempeñó un rol clave en la estabilidad parlamentaria. Según el material revisado, la bancada votó en bloque en contra de siete mociones de vacancia presidencial, impidiendo que estas fueran admitidas a debate.

El sistema de vacancia en el Perú requiere 52 votos para su admisión y 87 para su aprobación final. En todos los casos mencionados, las iniciativas no lograron avanzar en el Congreso, en parte debido a la postura cohesionada de Fuerza Popular.

Este comportamiento fue interpretado por diversos analistas como un “blindaje parlamentario” que permitió la continuidad del gobierno en un contexto de alta fragmentación política. En paralelo, declaraciones atribuidas a Alberto Fujimori señalaron que la continuidad del gobierno de Boluarte respondía a acuerdos políticos del partido, reforzando la percepción del peso del fujimorismo en la gobernabilidad.

Keiko Fujimori y el regreso del fujimorismo al Ejecutivo

La victoria de Keiko Fujimori en 2026 no solo representa un cambio de ciclo electoral, sino también la consolidación de un proceso de larga duración: la transformación del fujimorismo de régimen autoritario a actor central de la política peruana.

El movimiento llega al poder tras haber sido oposición, mayoría parlamentaria y fuerza de bloqueo institucional. Su evolución, atravesada por derrotas, controversias judiciales y alta polarización, refleja la persistencia de los legados políticos del pasado en el presente.

En ese marco, el fujimorismo no aparece como un actor nuevo, sino como una estructura política que ha sabido adaptarse a los cambios del sistema. Su retorno al Ejecutivo en 2026 reabre una pregunta que sigue vigente desde hace más de dos décadas: cómo se administra en democracia el legado de un régimen que marcó profundamente la historia política del Perú.

Tras conocerse el cierre definitivo del escrutinio, el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dayer, calificó la jornada como el cumplimiento de un objetivo colectivo y destacó la labor de los representantes de su organización política en el territorio nacional. “Solo me queda decir: misión cumplida”, afirmó durante una entrevista con el programa 24/7 de Latina Noticias.

El dirigente expresó su reconocimiento a quienes participaron en la vigilancia del proceso electoral y sostuvo que la estrategia desplegada permitió consolidar el resultado. “Agradecer a los 900 mil personeros a nivel nacional, peruanos y peruanas que se fajaron realmente para salvar la democracia. (...) Lo logramos. Hoy se ha podido contabilizar ya el cien por ciento de las actas y realmente nos sentimos contentos (...) y muy felices de que Keiko Fujimori sea nuestra nueva presidenta electa”, manifestó.

Dayer precisó que más de 90.000 ciudadanos colaboraron como voluntarios en las labores de supervisión y recolección de documentos oficiales. Según indicó, ese esfuerzo permitió recuperar 82.514 registros de distintas mesas de sufragio. A su juicio, ese material respaldó el triunfo de Fuerza Popular con evidencia verificable y descartó las acusaciones de fraude formuladas por otros sectores.

Durante la conversación también explicó por qué los partidos políticos cuentan con copias de las actas de sufragio. Señaló que se trata de un procedimiento contemplado en la legislación electoral y que cada personero recibe un ejemplar oficial al finalizar el escrutinio en la mesa. “La ley lo manda (...) esa acta es la que nosotros hemos acopiado a nivel nacional. Eso es un procedimiento normal, está dentro de la ley y es el derecho que tiene un personero”, sostuvo.

Respecto de las primeras proyecciones difundidas la noche de la segunda vuelta, Dayer aseguró que en Fuerza Popular mantuvieron la calma debido a que los sondeos reflejaban un empate técnico. Añadió que, una vez iniciado el acopio de la documentación, el equipo efectuó un conteo basado en cifras oficiales y no en estimaciones estadísticas.

“Trabajamos esa noche y esa madrugada sin parar (...) simplemente lo que hacíamos era acopiar todas nuestras actas para finalmente tener data verdadera, sin proyección. De ahí tuvimos la tranquilidad de que realmente los números estaban favoreciendo”, declaró.

Consultado sobre las acciones legales que buscan impedir la proclamación de la candidatura vencedora, el jefe de personeros indicó que esos recursos ya no forman parte del ámbito de los organismos electorales. En ese sentido, afirmó que el proceso se desarrolló conforme a las normas vigentes y expresó confianza en que las siguientes etapas se cumplirán según el cronograma establecido.

Dayer invocó a las autoridades competentes a evaluar un eventual adelanto de la proclamación y la entrega de credenciales, previstas para los primeros días de julio. Argumentó que el país necesita acelerar la transferencia gubernamental para atender asuntos prioritarios, como la seguridad ciudadana y las medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño. “El país necesita ya un equipo que esté trabajando (...) no deberíamos estar esperando hasta quincena de julio”, concluyó.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta electa del Perú y le expresó sus mejores deseos de éxito durante su mandato. El pronunciamiento se produjo luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el cómputo de la segunda vuelta presidencial.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Ramdin informó que la presidenta electa lo invitó a asistir a la ceremonia de toma de posesión. Asimismo, señaló que ambos acordaron sostener una reunión al margen de dicho acto para dialogar sobre temas de interés común.

El secretario general de la OEA manifestó además su interés en trabajar estrechamente con el próximo Gobierno peruano para fortalecer la cooperación institucional. Precisó que las áreas prioritarias serán la seguridad, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible, como parte de la agenda conjunta entre el organismo y el Perú.

OEA reafirma cooperación con Perú

En respuesta al saludo, la lidereza de Fuerza Popular agradeció las felicitaciones y los buenos deseos expresados por Albert R. Ramdin. La presidenta electa afirmó que espera mantener una relación de trabajo con la OEA orientada al fortalecimiento de la democracia y las instituciones.

“Estoy convencida de que podremos fortalecer nuestra cooperación y trabajar de manera conjunta para consolidar la democracia, la institucionalidad y el desarrollo de nuestra región", manifestó Fujimori mediante sus redes sociales.

La comunicación entre ambas autoridades se produce en el inicio del proceso de transición hacia el nuevo Gobierno. La reunión prevista durante la ceremonia de investidura permitirá abordar las prioridades de cooperación entre la OEA y el Perú para los próximos años.

OEA destaca la participación de Roberto Sánchez

Además de felicitar a Keiko Fujimori, Albert R. Ramdin envió un mensaje al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por la campaña desarrollada durante el proceso electoral.

Albert R. Ramdin destacó que la participación de todos los candidatos y el respeto a la competencia democrática constituyen elementos fundamentales para fortalecer las instituciones del Perú y respaldar la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

Con este pronunciamiento, el organismo hemisférico reconoció el desarrollo del proceso electoral y reiteró la importancia de preservar los mecanismos democráticos como base para la estabilidad institucional del país.

¿Cuándo juramentará Keiko Fujimori?

El calendario constitucional peruano establece que la juramentación de la presidenta electa Keiko Fujimori se realizará el 28 de julio de 2026. Esta fecha coincide con las celebraciones por Fiestas Patrias, siguiendo la tradición en la que los mandatarios asumen sus funciones el día del aniversario de la independencia nacional. La ceremonia tendrá lugar en la sede del Congreso de la República, que ha retornado al sistema bicameral, y contempla la entrega de la banda presidencial y el primer mensaje a la Nación de la mandataria.

Previo a la toma de posesión, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe concluir la etapa de proclamación oficial y entrega de credenciales. Este proceso incluye la resolución de apelaciones y actas impugnadas, así como el reconocimiento legal de la candidatura vencedora. El presidente del JNE, Roberto Burneo, estimó que la proclamación se realizará el 3 de julio de 2026, tras lo cual se entregarán las credenciales necesarias para la asunción del nuevo gobierno.

La juramentación de Keiko Fujimori marcará el inicio del periodo presidencial 2026-2031 y dará paso a la transferencia de funciones entre las autoridades salientes y el nuevo Ejecutivo. Entre las primeras acciones figuran la designación del presidente del Consejo de Ministros y la conformación del gabinete ministerial. El proceso de transición busca asegurar la continuidad de la gestión pública antes de la instalación oficial del nuevo gobierno el 28 de julio.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, analiza incorporar a “varios” integrantes de su equipo técnico en su futuro gabinete presidencial, según confirmó este domingo Luis Galarreta, virtual vicepresidente y secretario general del partido.

En diálogo con Punto Final, el portavoz fujimorista, cuyo nombre figura entre los posibles candidatos para encabezar el gabinete ministerial, precisó que el tema sigue abierto, aunque la intención de incluir perfiles técnicos permanece.

“Por lo menos el equipo técnico, varios de ellos, creemos que van a estar en el futuro gabinete”, afirmó al reiterar que aún no hay una decisión definitiva ni se han definido todos los nombres, pese a que algunos ya son conocidos.

Entre los miembros del equipo técnico se encuentran Luis Carranza, quien intervino en el debate previo al balotaje en materia de Economía y Generación de Empleo; Carlos Neuhaus en Infraestructura; Vladimiro Huaroc en Reforma del Estado; Rosangella Barbarán en Juventud y Deporte; y Marco Antonio Vinelli en Agricultura y Medio Ambiente.

“El Perú de hoy día requiere —y Keiko lo ha dicho— un gabinete amplio. Se usa la palabra ancha base, pero es amplio, es amplio”, volvió a apuntar Galarreta.

Relató que envió un mensaje al actual jefe de Gabinete, Luis Arroyo, ya que el comité de Fuerza Popular está “armando los equipos de transferencia”. Además, mencionó que el equipo técnico ha advertido sobre procesos en curso, como concursos públicos en el Banco de la Nación.

“¿A razón de qué? Ahorita, hay muchas cosas que pueden hacer ahora, pero definitivamente van a caer en la ilegalidad o la Contraloría tendrá que revisar si correspondía”, remarcó.

Galarreta explicó que el equipo técnico de Fuerza Popular requiere la autorización formal del Jurado Nacional de Elecciones para iniciar el proceso de transferencia y supervisión en las entidades del Estado.

“Queríamos saber cuánto está, si están descolmados los ríos. Te hablaba de unas mallas que parecen se las han sacado acá en Chosica no más, cuánta maquinaria se va a necesitar. Todos sabemos que el 25 de diciembre es Navidad, el 28 de julio es Fiesta Patria, y todos sabemos cuándo llueve en el Perú y cuándo se desbordan los ríos. Y nunca hay prevención. Entonces, nosotros tenemos que arrancar del día uno ya habiendo visto cómo están los números”, indicó.

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales concluyó este lunes, veintidós días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la política sobre el excandidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

Con el conteo completado al 100 % por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Keiko Fujimori se convirtió en la nueva presidenta electa de la República del Perú tras obtener el 50.135% de los votos, según el cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en una elección sumamente ajustada frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. En este escenario, el voto en el extranjero fue determinante para consolidar su victoria, especialmente en ciudades de Estados Unidos y Argentina, donde se concentró una importante comunidad de electores peruanos.

El respaldo fuera del país no solo amplió la ventaja de la candidata de Fuerza Popular, sino que también inclinó el resultado en el tramo final del escrutinio. En Estados Unidos, Keiko Fujimori logró imponerse en todas las ciudades con mayor presencia de votantes peruanos, destacando Miami, New Jersey y Washington D.C. como los principales centros de votación.

En Argentina, el conteo de las últimas actas del exterior terminó por reforzar la tendencia favorable a Fujimori. Buenos Aires concentró el mayor volumen de votos, seguida por Córdoba, La Plata y Mendoza, confirmando la importancia del voto migrante en el resultado final de las elecciones 2026.

Ciudades de EE.UU. que más votaron por Keiko Fujimori

• Miami: Keiko Fujimori 9.394 votos / Roberto Sánchez 1.192 votos
• New Jersey: Keiko Fujimori 6.809 votos / Roberto Sánchez 2.020 votos
• Washington D.C.: Keiko Fujimori 4.885 votos / Roberto Sánchez 1.911 votos
• Los Ángeles: Keiko Fujimori 4.717 votos / Roberto Sánchez 1.515 votos
• New York: Keiko Fujimori 4.710 votos / Roberto Sánchez 2.012 votos
• Hartford: Keiko Fujimori 2.229 votos / Roberto Sánchez 880 votos
• San Francisco: Keiko Fujimori 2.083 votos / Roberto Sánchez 952 votos
• Atlanta: Keiko Fujimori 1.656 votos / Roberto Sánchez 620 votos
• Houston: Keiko Fujimori 1.454 votos / Roberto Sánchez 313 votos
• Dallas: Keiko Fujimori 1.162 votos / Roberto Sánchez 326 votos
• Orlando: Keiko Fujimori 1.151 votos / Roberto Sánchez 186 votos
• Salt Lake City: Keiko Fujimori 1.148 votos / Roberto Sánchez 507 votos

El desempeño en estas ciudades muestra una tendencia uniforme a favor de la candidata de Fuerza Popular, con ventajas amplias en centros urbanos de alta concentración de migrantes peruanos. Miami y New Jersey destacan como los principales aportes al resultado total del voto exterior.

Ciudades de Argentina que más votaron por Keiko Fujimori

• Buenos Aires: Keiko Fujimori 18.749 votos / Roberto Sánchez 11.253 votos
• Córdoba: Keiko Fujimori 3.201 votos / Roberto Sánchez 2.203 votos
• La Plata: Keiko Fujimori 2.697 votos / Roberto Sánchez 1.926 votos
• Mendoza: Keiko Fujimori 1.093 votos / Roberto Sánchez 826 votos

En el caso de Argentina, el impacto del voto exterior fue especialmente relevante debido al volumen de electores en Buenos Aires, que concentró la mayor parte de la participación peruana en ese país. Córdoba y La Plata también aportaron diferencias favorables para Fujimori, mientras que Mendoza mostró un margen más ajustado.

El cierre del escrutinio en estas ciudades, sumado al sólido desempeño en Estados Unidos, terminó por consolidar el resultado del voto en el extranjero, considerado un factor clave en la victoria de Keiko Fujimori según los datos oficiales de la ONPE.

Los resultados de la segunda vuelta electoral de 2026 colocan a Keiko Fujimori Higuchi como la ganadora y virtual presidenta de la República del Perú. En su cuarta postulación presidencial, la lideresa de Fuerza Popular logró imponerse a su contrincante Roberto Sánchez y superarlo por un margen cercano a los 50 mil votos en el conteo oficial.

La hija del expresidente Alberto Fujimori ha sido un personaje activo en la política peruana desde su adolescencia, acumulando más de tres décadas de presencia pública entre cargos institucionales, campañas electorales, liderazgo partidario y controversias judiciales.

Origen, familia y primeros años en la política

Keiko Fujimori nació el 25 de mayo de 1975 en Lima y es la hija mayor de cuatro hermanos. Su ingreso a la vida pública se produjo durante la campaña presidencial de su padre en 1990, cuando Alberto Fujimori inició su ascenso político en el Perú, lo que la expuso desde muy joven al entorno mediático y a la dinámica del poder estatal.

En 1994, a los 19 años, asumió el rol de primera dama tras la separación de sus padres, convirtiéndose en la primera dama más joven de América, luego de que su madre, Susana Higuchi, fuera apartada del cargo en medio de tensiones políticas y denuncias públicas contra el gobierno. Desde Palacio de Gobierno, Keiko cumplió funciones protocolares y representativas mientras continuaba sus estudios universitarios.

En el plano académico, cursó estudios de Administración en la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y posteriormente obtuvo un MBA en la Universidad de Stanford, formación que reforzó su perfil técnico en gestión. En noviembre del 2000, aún en el país, fue testigo directo de la crisis final del gobierno de su padre, quien renunció desde Japón tras el colapso político del régimen fujimorista.

Ingreso al Congreso

Keiko Fujimori inició su carrera electoral en el proceso de 2006, cuando fue elegida congresista por la coalición fujimorista. En esa elección obtuvo más de 600 mil votos preferenciales, convirtiéndose en la parlamentaria más votada del país, un hecho que consolidó su presencia en la política nacional desde el inicio de su trayectoria legislativa.

Durante su paso por el Congreso (2006-2011), integró diversas comisiones ordinarias, con énfasis en temas sociales, mujer y desarrollo agrario. También ejerció funciones de vocera de su bancada, en un contexto en el que el fujimorismo buscaba reinsertarse políticamente tras la caída del régimen de su padre.

Su desempeño legislativo coincidió con la reorganización del espacio político fujimorista, que empezaba a reconstruirse como fuerza partidaria con proyección nacional, sentando las bases para su posterior liderazgo presidencial.

Tres candidaturas presidenciales perdidas

Keiko Fujimori postuló a la presidencia en 2011, 2016 y 2021, alcanzando la segunda vuelta en las tres ocasiones, pero sin lograr la victoria. En 2011 perdió frente a Ollanta Humala; en 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski; y en 2021 frente a Pedro Castillo.

En 2011 lideró la fórmula de Fuerza 2011, y posteriormente consolidó la estructura partidaria que derivaría en Fuerza Popular, organización que formalizó su liderazgo en 2013. En 2016, aunque fue derrotada en el balotaje, su partido obtuvo una amplia mayoría en el Congreso, lo que le permitió ejercer una fuerte influencia política en el escenario nacional.

Durante el periodo posterior a 2016, Fuerza Popular tuvo un rol central en la crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo, incluyendo procesos de vacancia presidencial y tensiones institucionales. En 2021, su tercera candidatura estuvo marcada por una elección altamente polarizada y por denuncias de presuntas irregularidades en el conteo, que fueron desestimadas por las autoridades electorales.

Investigaciones fiscales, prisión preventiva y controversias

Desde 2017, Keiko Fujimori enfrentó investigaciones del Ministerio Público en el denominado caso Odebrecht, específicamente el expediente conocido como “Caso Cócteles”, por presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016. La Fiscalía la acusó de lavado de activos y solicitó penas superiores a 30 años de prisión.

En el marco de este proceso, fue detenida preventivamente en 2018, situación que generó amplio debate político y jurídico en el país. Posteriormente fue liberada tras decisiones judiciales que cuestionaron la proporcionalidad de la medida. Durante estos años, Fujimori sostuvo que el proceso tenía motivación política y negó las acusaciones en su contra.

En octubre de 2025, el Tribunal Constitucional declaró fundado un recurso presentado por su defensa y anuló actuaciones clave del proceso, al considerar que la figura penal aplicada no correspondía al periodo de los hechos investigados, lo que dejó sin efecto la principal causa en su contra vinculada a este caso.

Elecciones 2026 y presidencia electa

En 2025, Keiko Fujimori anunció su cuarta candidatura presidencial con la plancha integrada por Luis Galarreta y Miguel Torres, en una campaña que volvió a enfatizar su experiencia política y el legado de su padre, fallecido en 2024.

Durante la campaña de 2026, su discurso se centró en estabilidad institucional, recuperación económica y fortalecimiento del Estado, en un contexto de alta fragmentación política. En la primera vuelta obtuvo el primer lugar, y en la segunda vuelta enfrentó a Roberto Sánchez, en una contienda extremadamente ajustada.

El conteo oficial confirmó su victoria por un margen cercano a los 50 mil votos, consolidando su triunfo tras tres derrotas presidenciales previas. Con este resultado, Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031, marcando un giro decisivo en su prolongada trayectoria política.

Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú en su cuarto intento, al imponerse a Roberto Sánchez en la segunda vuelta del 7 de junio, en unos comicios que cerraron un proceso electoral accidentado y que la ubican al frente de un país con una crisis política de una década sin resolver.

Fujimori Higushi llega al poder obteniendo 9′223.396 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos. Roberto Sánchez, su rival, alcanzó 9′173.755 votos, el 49,865% del total. Una diferencia de apenas 49.641 sufragios separó a los dos candidatos al cierre del escrutinio, en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana.

Para el analista político Dante Solano, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Científica del Sur, ese punto de partida condiciona todo el mandato: “Ambos candidatos no tenían el suficiente soporte popular para poder sostener sus planes de gobierno”.

El Perú que recibe Fujimori acumula más de ocho presidentes en diez años y niveles mínimos de confianza institucional. La desafección ciudadana quedó expuesta en la primera vuelta, donde el conjunto de los dos candidatos finalistas apenas rozó el 30% del electorado habilitado, según datos de la ONPE. Solano describe ese dato como una advertencia directa para el nuevo gobierno: “Uno de cada tres peruanos no votó por ninguno de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta”.

La restitución del Senado y la Cámara de Diputados —tras décadas con un parlamento unicameral— introduce un nuevo esquema de contrapesos que Fujimori deberá gestionar desde el primer día. El analista señala que la posición del partido de Jorge Nieto, que mantuvo neutralidad durante toda la campaña, puede ser la llave para articular una coalición legislativa estable. Una alianza con Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, también aparece como opción natural dado el alineamiento ideológico entre ambas fuerzas.

El frente económico: confianza que aún debe ganarse

En el frente económico, Fuerza Popular llega con un programa orientado a la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversión privada, señales que el sector empresarial recibe con mayor confianza que las propuestas de su rival. Pero Solano advierte que las señales discursivas no bastan si no se concretan en nombramientos técnicos y políticas fiscales responsables: “El Ministerio de Economía tiene que dar la confianza de que no se van a erosionar más las cuentas fiscales”. La informalidad laboral, los conflictos sociales y la reactivación productiva son los ejes que el nuevo gobierno deberá abordar sin dilación.

Más allá de la estabilidad macroeconómica, el Perú arrastra una agenda social de largo plazo que incluye brechas en educación, acceso a servicios básicos en zonas rurales y la expansión de economías ilegales vinculadas a la minería y el narcotráfico. Solano señala que ningún gobierno puede sostener el crecimiento económico sin atender simultáneamente los conflictos sociales que lo amenazan desde adentro. La historia reciente del país muestra que la inestabilidad política suele tener su origen en esas tensiones no resueltas, y que postergarlas solo amplía su costo político y social.

La tensión postelectoral y los primeros pasos del gobierno

La tensión postelectoral será otro frente inmediato. Sánchez concentró su apoyo en el sur, el centro y el Perú rural —donde CPI le otorgó el 53,3% en la sierra centro y sur—, territorios donde Fujimori registró sus niveles más bajos de respaldo. Esa fractura geográfica no desaparece con el resultado electoral y anticipa un escenario de movilizaciones en regiones donde el nuevo gobierno tendrá poca base de apoyo. Solano advierte que los primeros nombramientos del gabinete serán el indicador más claro del rumbo del gobierno: “Si vemos nombramientos posicionales, todos los actores políticos y la prensa tienen derecho a denunciarlo y hacerlo público”.

La participación juvenil registrada durante el proceso suma una variable adicional. Los jóvenes que se movilizaron en esta elección —tanto a favor como en contra de Fujimori— representan un segmento del electorado con expectativas concretas y mayor disposición a la acción política directa. “Son jóvenes que han estado bien introducidos en el proceso y se han movilizado”, señaló Solano. El fujimorismo deberá encontrar la manera de interlocutar con ese sector si quiere ampliar su base de legitimidad más allá de Lima y el norte del país.

Política exterior: entre Washington, Pekín y la región

En política exterior, Fujimori gobernará en un contexto de competencia abierta entre Estados Unidos y China, los dos principales socios comerciales del Perú. El embajador estadounidense ha mantenido una presencia más activa que sus antecesores durante el proceso electoral, mientras que China consolida su influencia económica en la región a través de inversiones en infraestructura y minería. “El Perú tiene que ser muy cuidadoso y muy estratégico en sus relaciones internacionales”, afirmó Solano, quien advierte que cualquier señal de alineamiento exclusivo con una de las dos potencias puede tener costos comerciales y diplomáticos inmediatos.

A nivel regional, el mapa latinoamericano muestra a Argentina y Chile alineados hacia posiciones más conservadoras, mientras Brasil transita su propio proceso electoral con una disputa abierta entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la derecha. Para Solano, la posición geoestratégica del Perú como puerta hacia Asia Pacífico es una ventaja que ningún gobierno debería desaprovechar, más allá del signo ideológico de sus vecinos. El país tiene, además, una conexión directa con Brasil y un historial de acuerdos multilaterales —como la Alianza del Pacífico— que trascienden las diferencias ideológicas entre sus socios.

Un proceso con heridas que el nuevo gobierno hereda

El proceso que culminó este domingo estuvo marcado desde su inicio por problemas logísticos que forzaron a 13 centros de votación a extender sus operaciones al día siguiente de la primera vuelta, y por un conteo que tardó 33 días en arrojar resultados definitivos, con el 100% del escrutinio confirmado por la ONPE el 15 de mayo. La proclamación tardía de los candidatos finalistas acortó la campaña de segunda vuelta, que se limitó a dos debates como principales instancias de contraste público.

Ese conjunto de factores alimentó cuestionamientos sobre la solidez del proceso que, según Solano, no deben minimizarse aunque tampoco magnificarse. “No ha sido el mejor proceso electoral, sin duda alguna, pero también hay elementos que funcionaron”, afirmó el analista. Fujimori asume la presidencia con esa sombra presente y con la tarea de demostrar que su gobierno puede ser el punto de inflexión en una década de inestabilidad que el propio resultado electoral no alcanza, por sí solo, para cerrar.

Con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100%, Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, se impone por una diferencia de cerca de 50 mil votos en su cuarto intento por llegar al poder. La lideresa de Fuerza Popular asume la presidencia en un escenario de marcada polarización política y altos niveles de desconfianza social. Su mandato, previsto para el periodo 2026-2031, inicia en medio de demandas urgentes por seguridad, salud, educación y reactivación económica.

La ajustada victoria de Fujimori, obtenida con el 50,135% de los votos válidos, representa uno de los resultados más reñidos de la historia reciente del país y supone el retorno del fujimorismo al poder después de veinticinco años, como reportó Deutsche Welle. Frente a este nuevo contexto, el plan de gobierno de Fuerza Popular traza propuestas específicas para atender los desafíos centrales que enfrenta el Perú.

El programa de la presidenta electa, titulado “Perú con Orden”, plantea ejes de acción en seguridad, salud pública, educación, crecimiento económico y financiamiento de infraestructura, temas que se detallan a continuación.

Inseguridad ciudadana: Plan para frenar la delincuencia

La inseguridad ciudadana lidera la agenda del nuevo gobierno. Fuerza Popular propone la creación de Centros de Comando y Videovigilancia en las 24 regiones, el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes y la instalación de 10.000 cámaras de vigilancia. El fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú es considerado una prioridad para recuperar el control territorial y mejorar la respuesta ante el delito.

El plan prevé la construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas y la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express, medidas orientadas a agilizar la detención y procesamiento de delitos en flagrancia. Además, incorpora la aplicación de inteligencia artificial para identificar patrones delictivos y anticipar situaciones de riesgo, según el documento oficial.

Expertos citados por Infobae señalan que la implementación de estas propuestas enfrenta desafíos técnicos y financieros. El documento reconoce que “vivir con tranquilidad, trabajar con estabilidad y emprender con confianza se ha vuelto cada vez más difícil”, y fija metas de impacto inmediato para los primeros cien días de gestión.

Salud pública: Mejoras en hospitales y abastecimiento

Mejorar la salud pública es otro de los ejes centrales del plan de Fuerza Popular. La propuesta prioriza la modernización de la infraestructura hospitalaria del Ministerio de Salud (Minsa), incluyendo la construcción y rehabilitación de hospitales en áreas urbanas y rurales de alta demanda. Se busca consolidar un sistema de compras centralizadas para garantizar el abastecimiento eficiente de medicamentos y equipos médicos.

El programa contempla la utilización de tecnología para controlar inventarios en tiempo real, evitando faltantes de insumos críticos en los hospitales del país. Entre los objetivos inmediatos figura la ampliación de la cobertura en atención primaria y el fortalecimiento de los sistemas de referencia y contrarreferencia hospitalaria.

Asimismo, el plan incluye el fortalecimiento de las campañas de prevención, el incremento de la cobertura de vacunación y el refuerzo de la atención materno-infantil. Se subraya la necesidad de transparencia en la gestión de recursos y de monitoreo en los resultados de las políticas de salud.

Educación nacional: Presupuesto y meritocracia docente

La educación es presentada como un motor clave para el desarrollo. El plan de Fuerza Popular prevé la construcción de 3.000 colegios durante el quinquenio, junto con la intervención en instituciones educativas que presentan daños estructurales, especialmente en zonas rurales y urbanas con alta matrícula. El objetivo es garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

Respecto al presupuesto escolar, el documento oficial propone un incremento progresivo y la creación de infraestructura educativa resiliente ante riesgos climáticos y sísmicos. Las inversiones estarán focalizadas en reducir las brechas históricas en el acceso a la educación de calidad en regiones vulnerables.

En el ámbito docente, el plan impulsa la meritocracia a través de un programa nacional de desarrollo profesional, enfocado en habilidades digitales, inteligencia artificial y metodologías innovadoras. Se plantea asegurar el pago de la deuda social pendiente a los maestros y fomentar redes de formación continua.

Crecimiento económico: Reactivación y empleo formal

La reactivación económica es una prioridad para la presidenta electa. El plan de Fuerza Popular apuesta por un “shock desregulatorio”, que incluye la eliminación de más de 500 trámites administrativos y la creación de una Ventanilla Única Digital Nacional para digitalizar el 80% de los procedimientos empresariales.

El programa estima que estas medidas permitirán atraer entre 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales en inversión privada y crear más de 500.000 empleos formales cada año. Además, se proyecta reducir el déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031, consolidando la sostenibilidad macroeconómica.

El impulso a sectores estratégicos como minería, agricultura, turismo y manufactura es clave en la estrategia económica. Se incluyen incentivos para la formalización empresarial y la innovación, buscando diversificar la matriz productiva.

Financiamiento: ¿Cómo costearán los megaproyectos?

El financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura se apoya en el uso de Asociaciones Público-Privadas (APP) y el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). El plan prevé movilizar recursos privados mediante la monetización de activos estatales subutilizados, con el objetivo de evitar aumentos significativos de la presión fiscal.

Se contempla la posibilidad de aumentar hasta en 1% del PBI la deuda pública, exclusivamente para proyectos de inversión productiva con alto retorno social y económico. El documento señala que este endeudamiento será temporal y estará orientado a obras de infraestructura que permitan dinamizar la economía.

El fortalecimiento de la recaudación tributaria mediante la ampliación de la base y la simplificación de obligaciones fiscales es otro de los mecanismos previstos. El uso de tecnología para combatir la evasión y la informalidad busca garantizar la viabilidad financiera y la sostenibilidad de los compromisos asumidos por la nueva administración.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.

Con el 100% de las 92,766 actas contabilizadas al 29 de junio de 2026, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9′223,396 votos, equivalentes al 50.135% de los sufragios válidos. Roberto Sánchez, su rival, alcanzó 9′173,755 votos, el 49.865% del total. Una diferencia de apenas 49,641 sufragios separó a los dos candidatos al cierre del escrutinio, en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana.

El largo camino al poder: cuatro intentos, una sola meta

La historia política de Fujimori comenzó antes de que cumpliera 20 años. En 1994, con 19 años, asumió el rol de primera dama de la Nación tras la separación de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Fue esa exposición temprana al poder la que moldeó su vocación política y la que también le heredó el peso más difícil de cargar: el apellido de un expresidente condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Su primera candidatura presidencial llegó en 2011, con solo 36 años —uno más del mínimo requerido—, bajo la bandera de Fuerza 2011. Pasó a la segunda vuelta con el 23,5% de los votos, pero el escritor Mario Vargas Llosa apoyó en el último tramo a su rival, el nacionalista Ollanta Humala, quien la derrotó con el 51,49% frente al 48,51% de ella. La diferencia fue de poco más de 447.000 votos.

En 2016 llegó como favorita. Obtuvo el 39,9% en la primera vuelta, una ventaja que parecía incontestable. Pero el antifujimorismo se movilizó con una intensidad que nadie había previsto y el banquero conservador Pedro Pablo Kuczynski la derrotó por apenas 41.000 votos. Fue la derrota que más le dolió. La que, según quienes la conocen, nunca terminó de digerir.

En 2021 llegó en el peor momento posible. Las encuestas la situaban en el sexto lugar antes de la primera vuelta. El escándalo del caso Cócteles, los tres períodos de prisión preventiva y el desgaste de Fuerza Popular en el Congreso habían erosionado su base. Sin embargo, la fragmentación del voto conservador actuó en su favor: obtuvo apenas el 13% en la primera vuelta, pero fue suficiente para pasar al balotaje. Allí perdió ante Pedro Castillo por un margen de décimas, en una de las noches electorales más tensas de la historia peruana.

El antivoto que por fin no alcanzó

Durante años, el concepto de “antivoto” definió la carrera de Fujimori tanto como sus propias propuestas. Era el techo invisible: podía crecer hasta cierto punto, pero el rechazo transversal a su candidatura —alimentado por la memoria de los años noventa, las violaciones a los derechos humanos del gobierno de su padre y los juicios por lavado de activos— siempre terminaba por movilizar a votantes que de otro modo se habrían quedado en casa.

Para 2026, espertos y analistas en temas electorales coincidieron en que Fujimori había logrado reducir ese antivoto a niveles mínimos históricos. La muerte de su padre Alberto Fujimori en 2023 cerró un capítulo que había mantenido abierta la herida del fujimorismo en la memoria colectiva. El archivo del caso Cócteles, ordenado en enero de 2026 por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que determinó que los aportes de campaña recibidos antes de 2016 no podían ser calificados como lavado de activos, liberó a la candidata de la presión judicial que había marcado sus campañas anteriores.

En la primera vuelta del 12 de abril obtuvo el 17,18% de los votos válidos, el resultado más alto de todos los candidatos. Ese número confirmó que su base electoral se había consolidado y que el antivoto, aunque presente, no tenía ya la fuerza de 2016 o 2021.

¿Quién es Keiko Fujimori, la nueva presidenta del Perú?

Keiko Fujimori nació el 25 de mayo de 1975 en Lima. Es administradora de empresas con licenciatura en Boston University y máster en Administración de Empresas por Columbia University, título reconocido en Perú en noviembre de 2024. Fundó Fuerza Popular en 2009 y desde entonces es su principal dirigente. Fue congresista entre 2006 y 2011, período en el que acumuló la mayor votación individual de una legisladora hasta ese momento: 602.869 votos.

Su plan de gobierno, “Perú con Orden”, tiene tres ejes: seguridad, economía y social. En seguridad propone la creación de Centros de Comando y Videovigilancia en las 24 regiones, el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes y 10.000 cámaras, la construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas y la ampliación de las Unidades de Flagrancia Express. En economía plantea reducir el déficit fiscal al 1% del PBI hacia 2031 y atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones anuales de inversión privada. En lo social fija reducir la pobreza al 15% en cinco años y construir 3.000 colegios.

Las polémicas que marcaron su camino

El caso más mediático de su trayectoria fue el caso Cócteles, que la acusaba de lavar activos provenientes de aportes de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016. El proceso la llevó a prisión preventiva en tres ocasiones: en 2018, 2020 y abril de 2021, acumulando más de 500 días de detención. La investigación fue conducida durante años por el fiscal José Domingo Pérez y convirtió a Fujimori en el centro del debate sobre independencia judicial y uso político de la prisión preventiva en el Perú.

En octubre de 2025, el Tribunal Constitucional resolvió que los aportes de campaña anteriores a 2016 no podían ser calificados automáticamente como lavado de activos. En enero de 2026, el Poder Judicial archivó definitivamente los cargos. La Fiscalía apeló esa decisión y el caso quedó al voto en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, aunque sin efecto sobre la candidatura.

Fujimori también fue señalada por el papel obstruccionista de Fuerza Popular en el Congreso entre 2016 y 2019, período en el que el partido usó su mayoría de 73 escaños para desestabilizar al gobierno de Kuczynski y que terminó con la caída del presidente. Esa etapa fracturó al partido y deterioró su imagen pública de manera significativa.

La presidencia que comienza el 28 de julio

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será la primera mujer electa presidenta del Perú y la primera en llegar al cargo después de cuatro intentos en el mismo proceso electoral. Su vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso en 2017, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista.

Los descuentos aplicados a trabajadores del Congreso de la República para transferir aportes a partidos políticos quedaron bajo cuestionamiento tras la difusión de una investigación de Punto Final. El reportaje revela un sistema de cheques y transferencias que permitió el traslado de recursos provenientes de descuentos por planilla hacia Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso.

Según la investigación, el equipo periodístico accedió a registros de operaciones bancarias efectuadas desde las cuentas del Congreso. La documentación permitió identificar los montos, beneficiarios y modalidades de pago utilizados entre 2022 y 2025.

Los registros muestran que Alianza para el Progreso recibió 459 mil soles, Perú Libre obtuvo 834 mil soles y Fuerza Popular acumuló más de un millón 333 mil soles. De acuerdo con el informe, los recursos procedían de descuentos aplicados a las remuneraciones de trabajadores afiliados a esas organizaciones políticas que figuraban en la planilla del Parlamento.

El reportaje también incorpora la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que sostiene que este tipo de descuentos no cuenta con respaldo en la normativa vigente. En la misma línea, el abogado laboralista Christian Sánchez afirma que el procedimiento carece de cobertura legal y puede generar responsabilidad administrativa.

La investigación además expone un incremento del personal contratado por el Congreso durante el actual periodo legislativo. Según los registros revisados, la institución pasó de 3.199 trabajadores en 2021 a 3.925 empleados hasta mayo de 2026.

Especialista cuestiona el uso de recursos administrativos del Estado

El abogado laboralista Christian Sánchez sostuvo que el mecanismo afecta derechos laborales y carece de respaldo normativo. “Es un caso preocupante porque el trabajador ve afectada su remuneración para que ese dinero sea trasladado a un partido político. Y se utilizan los mecanismos de la entidad estatal, de la Oficina de Recursos Humanos, los recursos públicos, para gestionar transferencias de dinero a partidos políticos sin ninguna cobertura legal”, afirmó.

El especialista también expresó dudas sobre el carácter voluntario de los aportes. “Es una decisión arbitraria, es ilegal, genera responsabilidad administrativa. Y aun si estuviera admitido este caso por una norma expresa, que no lo está, la voluntariedad es dudosa, porque, al parecer, si el trabajador no aporta, ¿qué pasa? Le quitan su trabajo”, indicó.

El MEF sostiene que los descuentos no cuentan con respaldo legal

Como parte del informe, Punto Final consultó al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la posibilidad de efectuar descuentos en planillas estatales destinados a partidos políticos.

La respuesta oficial precisa que la normativa vigente solo permite descuentos establecidos por ley, cuotas sindicales autorizadas por el servidor y mandatos judiciales expresos. También menciona los fondos de bienestar contemplados por la legislación.

El documento citado añade que “No se identificó algún partido político inscrito en el listado de fondos de bienestar autorizados”.

Sobre este punto, Christian Sánchez sostuvo: “No lo hay. Tal es así que el informe que hemos podido revisar del Ministerio de Economía y Finanzas así también lo establece. No hay cobertura legal. Consecuentemente, en el Estado yo no puedo ejecutar actos de administración o actos administrativos sin cobertura legal. Al no haber habilitación legal, es un acto arbitrario”.

Fuerza Popular recibió transferencias mediante descuentos por planilla

La investigación identifica a la excongresista Karina Beteta como extesorera titular de Fuerza Popular durante parte del periodo analizado. El informe precisa que el Congreso confirmó que los pagos consultados correspondían a importes transferidos por concepto de descuentos en las planillas de remuneraciones.

Según los registros presentados, durante 2022 el partido recibió cuatro transferencias por 40.700 soles. En 2023 acumuló 339.950 soles mediante 28 transferencias. Durante 2024 obtuvo más de 427 mil soles distribuidos en 36 operaciones bancarias. El reporte añade que en 2025 los depósitos superaron el medio millón de soles.

La investigación también expone una escala de descuentos mensuales aplicada a congresistas, parlamentarios andinos, asesores, profesionales, técnicos, asistentes y auxiliares afiliados a la organización política.

Perú Libre registró cheques y transferencias durante varios años

El reportaje identifica a Ofelia Ríos Pacheco como tesorera de Perú Libre y presenta registros de cheques emitidos por el Congreso a favor del partido.

Entre los documentos revisados figura un cheque fechado el 15 de diciembre de 2025 por 24.279 soles. El informe también identifica otros once cheques emitidos entre agosto y diciembre de ese mismo año.

Las cifras recopiladas muestran que durante 2023 Perú Libre recibió recursos mediante siete cheques y nueve transferencias. En 2024 aparecen 39 transferencias. Para 2025 vuelven los cheques junto con nuevas transferencias.

La suma de las operaciones identificadas alcanza 834.357 soles provenientes de descuentos aplicados a remuneraciones de congresistas y personal de confianza contratado por el Parlamento.

Alianza para el Progreso utilizó cheques emitidos por el Congreso

La investigación señala que Luis Ricardo Mateo Alcaraz, tesorero de Alianza para el Progreso, recibió cheques emitidos por el Congreso para su posterior entrega al partido.

Consultado por el dominical, respondió: “Son aportes de los congresistas hacia el partido”.

Ante la pregunta sobre el mecanismo utilizado, añadió: “No es que es un convenio, es un acuerdo de la Mesa Directiva para que a través de los aportes de los congresistas se entregue al partido”.

Los registros revisados por el equipo periodístico muestran que durante 2022 el Congreso emitió doce cheques por 152 mil soles a favor de Alianza para el Progreso. En 2023 aparecen trece cheques por 107 mil soles. En 2024 figuran doce cheques por 104 mil soles y, durante 2025, otros desembolsos por 96 mil soles. El total identificado por la investigación asciende a 459 mil soles.

El partido Fuerza Popular, que postula a Keiko Fujimori para la presidencia, atribuyó este domingo la virtual victoria de su candidata en las elecciones a los resultados obtenidos en la región de Puno, donde la postulante enfrenta rechazo y no realizó el cierre de campaña.

Luis Dyer, jefe de personeros de la agrupación, destacó en diálogo con Perú21 el desempeño en la zona altiplánica, donde alcanzaron el 85% de las mesas y lograron reunir 95 mil votos, cifra que calificó como “el récord histórico del fujimorismo”.

Dyer señaló que Juntos por el Perú, la organización de su rival Roberto Sánchez, “quiere vender” la idea de que Fujimori “ganó por los votos del extranjero” y no en el país. “Pero no. Ganamos por Puno”, afirmó al remarcar que en Cusco el partido también obtuvo resultados destacados, con 155 mil votos.

Puno, escenario de la jornada más sangrienta de protestas durante la administración de la presidenta Dina Boluarte —a quien Fujimori respaldó—, ha manifestado rechazo a la candidata a través de Alexander Pilco, secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), quien anunció que el sindicato no reconocerá la legitimidad de Fujimori.

Por su parte, el alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque, informó que buscará un acercamiento con la lideresa de Fuera Popular tras su proclamación, con el objetivo de gestionar financiamiento para proyectos regionales.

“Tenemos que acercarnos, por el bien de la provincia, si llega la invitación del Palacio de Gobierno estaremos presentes, ya llevando el paquete de propuestas y necesidades que tiene Puno”, declaró a la radio Pachamama al subrayar que dejará de lado diferencias políticas en favor del desarrollo provincial.

Días antes del balotaje del 7 de junio, Fujimori no acudió a una actividad de cierre de campaña en la región sureña y optó por enviar un mensaje grabado dirigido a sus simpatizantes.

“Convertiremos a Puno en una región energética, industrial y exportadora, y promoveremos el tren Puno-Bolivia para integrarnos al continente y abrir nuevas oportunidades para nuestra gente. Puno tiene todo para liderar el sur del Perú”, expresó en dicha grabación.

Con el 99,990% de las actas contabilizadas a nivel nacional, la candidata se ubica en el umbral de Palacio de Gobierno al registrar el 50,134% de los votos, equivalente a 9.222.365 sufragios, mientras que Sánchez obtiene el 49,866%, con 9.173.053 votos.

En Puno, con el 100% de las actas procesadas, Juntos por el Perú alcanza el 86,406% (613.281 votos) y Fujimori el 13,594% (96.486 votos).

Según Dyer, Fuerza Popular implementó un sistema de vigilancia compuesto por tres tipos de personeros, denominados lobos, soldados y leales. “Los lobos iban a las mesas 900. Los soldados iban a todas las mesas donde, según la proyección, perdíamos. Y los leales iban a las mesas fujimoristas, esas en donde sabíamos que Keiko sacaba una alta votación, porque se veía el mapa de calor”, explicó.

La congresista Ruth Luque, senadora electa de Ahora Nación, planteó que el próximo Congreso bicameral deberá revisar el paquete de normas que califica como “leyes pro crimen” y “pro impunidad”, pero también consideró que el nuevo escenario político puede similar al que, a su juicio, dominó el Parlamento saliente.

Aunque la senadora electa aceptó en conversación con RPP que la ganadora de la segunda vuelta es Keiko Fujimori, la representante de Ahora Nación indicó que la hija del exdictador, Alberto Fujimori, no posee la legitimidad política que necesita para gobernar el Perú. Sostuvo que un gobierno liderado por la lideresa de Fuerza Popular, podría caer en “venganzas” contra adversarios políticos.

Luque también fijó posición sobre la disputa poselectoral: dijo que reconoce el resultado legal que llevará a Keiko Fujimori al poder, pero negó legitimidad política a ese desenlace. “Para mí no es legítimo’, afirmó, luego de diferenciar entre victoria legal y legitimidad democrática.

“De más de 30 partidos, donde las dos fuerzas que han pasado (Juntos por el Perú y Fuerza Popular) no son las fuerzas que expresan lo que la mayoría de la población quiere. Ahí están los resultados. Y un resultado donde territorialmente dentro del Perú no ha votado por Keiko Fujimori”, afirmó la parlamentaria electa en conversación con RPP.

Pese a que Luque negó que haya existido fraude, sí habló de cambios en las reglas electorales y de vulneraciones al principio de intangibilidad electoral. También mencionó deficiencias de comunicación institucional, estigmatización mediática contra sectores de izquierda y centroizquierda, y un rechazo persistente en el sur del país hacia la figura de Fujimori.

Luque dijo que Roberto Sánchez agotará los recursos de impugnación contra los votos del exterior y estimó que el Jurado no los amparará. A partir de ese cálculo, señaló que existe un resultado legal que inclinará la elección hacia Fuerza Popular.

Luque advierte “venganzas” contra enemigos políticos del fujimorismo

La senadora de Ahora Nación afirmó que sí cree que un eventual gobierno de Keiko Fujimori podría incurrir en actos de venganza o represalia contra adversarios políticos.

“Ellos (Fuerza Popular) han actuado cinco años castigando, por ejemplo, a Delia Espinoza, cuando no le corresponde. Le han hecho una ley hasta para sacarla del Colegio de Abogados de Lima. Actúan y han generado leyes para envalentonar a la Policía y niegan que hayan sectores dentro del sector militar que tienen que responder cuando se vulneran derechos ciudadanos (...)”, indicó la vocera de Ahora Nación.

Ante el medio radial, Luque también indicó que la supuesta “venganza” del fujimorismo se produciría por medio de instituciones públicas que, en su opinión, están cooptadas por Fuerza Popular pues sus máximas autoridades fueron electas por el Congreso saliente.

Las derogatorias que dejará en el Parlamento

Al ser consultada por la propuesta fujimorista de convocar especialistas para definir qué normas favorecen al crimen, Luque descartó esa salida por considerar que ya hubo un antecedente sin resultados. En ese tramo de la entrevista recordó la comisión impulsada durante una gestión transitoria y cuestionó que el Ministerio de Justicia de entonces se dedicara a promover audiencias sobre la salida de la Corte Interamericana y la pena de muerte.

Su propuesta fue otra. “Para mí, el debate tiene que ser en el Parlamento”, dijo Luque, antes de precisar que deja siete proyectos orientados a derogar o modificar normas que, según su evaluación, beneficiaron al crimen organizado.

Entre los ejemplos, mencionó la modificación de la ley de organización criminal, la reforma sobre extinción de dominio y cambios que, según sostuvo, terminaron exonerando responsabilidades penales a partidos o ampliando beneficios a investigados. Sostuvo que esas decisiones no solo favorecieron a políticos bajo pesquisa, sino también a organizaciones criminales.

Luque fue más lejos al sostener que no le sorprendería que varias de esas leyes hayan sido coordinadas con “ciertas presuntas organizaciones”, aunque no identificó nombres concretos. Señaló que la velocidad con la que avanzaron algunas reformas y el tipo de beneficiarios que dejaron le generan esa sospecha política.

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú a la presidencia, lideró una nueva manifestación este sábado en el Centro de Lima en la que anunció que su partido político presentará una Acción de Amparo ante el Poder Judicial para, según afirmó, proteger los derechos constitucionales de participación política y exigir transparencia en el proceso electoral, cuyos resultados oficiales serán proclamados el próximo 3 de julio.

En su discurso, el dirigente cuestionó decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y sostuvo que los cambios en las reglas afectaron la legalidad y el debido proceso. “Acudiremos a todas las instancias para buscar justicia. Vamos a presentar un amparo porque se han afectado derechos constitucionales a la legalidad y a un proceso transparente del cual tenemos muchas dudas”, afirmó.

La movilización empezó pasadas las 4:00 p.m. en la cuadra cuatro de la avenida Paseo Colón, donde se ubica la sede del partido. Participaron delegaciones de Ica, Apurímac y Cajamarca, y la marcha avanzó de forma pacífica bajo vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Sánchez dijo que la acción judicial marcará el inicio de “jornadas democráticas de lucha” y adelantó que elevarán sus reclamos ante instancias internacionales, aunque no indicó a cuáles acudirá en un intento por evitar que se proclame a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como la ganadora de las elecciones.

Roberto Sánchez habla sobre funcionario de ONPE que renunció

En su discurso, el candidato presidencial también hizo referencia a hechos recientes, como la renuncia del exsecretario general de la ONPE, Elar Bolaños, quien desistió de ocupar su cargo luego de que, supuestamente, detectara irregularidades en el sistema de la entidad electoral que no fueron generadas por él, según una carta difundida por él.

“Así como siguen ocurriendo irregularidades, altos funcionarios están renunciando a ONPE por graves irregularidades. Pero aquí, pero aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque esa fuerza totalitaria ha tomado el sistema de justicia y otros poderes. Pero el pueblo se organiza, hermanos. Este pueblo que pintó de verde el territorio nacional, los distritos, las provincias, las regiones, dice que acá la victoria es del pueblo, compañeros", afirmó Roberto Sánchez.

Sin embargo, el candidato de Juntos por el Perú no mencionó que las presuntas irregularidades detectadas por Bolaños estaban vinculadas con las Elecciones Regionales y Municipales 2026, no al proceso de segunda vuelta presidencial.

“Tomo esta decisión debido a la grave situación que enfrentamos para la organización y ejecución de las Elecciones Regionales 2026 programadas para el 4 de octubre de 2026. Hay factores vinculados a la marcha administrativa a mi cargo, sin embargo, soy consciente de una serie de situaciones que no están dentro del ámbito de mi competencia en el plano de las contrataciones públicas”, se lee en su carta de renuncia del 23 de junio.

Roberto Sánchez enfrentaría posible inhabilitación política

El constitucionalista Óscar Urviola manifestó que Roberto Sánchez carece de fundamento legal para rechazar una determinación del Jurado Nacional de Elecciones, advirtiendo que esa postura puede provocar una crisis institucional y afectar la transición democrática programada para el 28 de julio.

Durante una entrevista con Ocurre Ahora, el ex presidente del Tribunal Constitucional abordó el caso como una presunta infracción constitucional, y no solo como una controversia electoral. Expuso que cuando un candidato y actual congresista anuncia públicamente que no acatará una resolución de la autoridad electoral, incurre en una contradicción directa con el mandato de respeto al ordenamiento jurídico peruano.

Urviola fundamentó su posición en el artículo 38 de la Constitución peruana, el cual obliga a todos los ciudadanos a honrar al país, proteger sus intereses y defender el marco constitucional. “Desconocer al Jurado Nacional de Elecciones representa una vulneración directa de ese mandato”, afirmó el jurista ante la consulta del programa.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el senador mexicano Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), en un encuentro orientado a reforzar el diálogo político y la cooperación entre Perú y México.

Según informó Andina Noticias, la cita se realizó en el local partidario, donde ambas delegaciones intercambiaron puntos de vista sobre la situación política regional y la importancia de mantener canales de comunicación entre fuerzas políticas de distintos países de América Latina. También se abordaron temas vinculados al proceso electoral peruano y al rol de los actores encargados de fiscalizar el voto ciudadano.

De acuerdo con lo discutido, uno de los puntos centrales fue la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales que garantizan la transparencia electoral, así como el respeto a los resultados oficiales emitidos por los organismos competentes.

PRI y Copppal en el diálogo político regional

Alejandro Moreno Cárdenas, además de su rol como senador del PRI, preside la Copppal, una organización que articula a partidos políticos de América Latina y el Caribe. De acuerdo con el citado medio, destacó la importancia de consolidar la relación entre Perú y México, en el marco de los vínculos históricos, comerciales y políticos que comparten ambos países.

El legislador mexicano señaló que existe interés en promover una agenda de cooperación más activa en la región, basada en el diálogo entre partidos y el fortalecimiento de la democracia. Asimismo, consideró relevante impulsar espacios de entendimiento que contribuyan a la estabilidad institucional en los países de la región.

En ese contexto, remarcó la importancia de la unidad nacional y del respeto a la voluntad ciudadana como elementos clave para la gobernabilidad democrática, según información difundida por Andina Noticias.

Reunión paralela con deportistas peruanos

Como parte de sus actividades, Keiko Fujimori también recibió a los medallistas olímpicos Stefano Peschiera y Nicolás Pacheco, quienes presentaron propuestas relacionadas con el desarrollo del deporte en el país.

De acuerdo con el citado medio, los atletas compartieron iniciativas orientadas a fortalecer el alto rendimiento deportivo y a mejorar las condiciones para los deportistas peruanos con miras a futuras competencias internacionales.

Peschiera destacó la importancia de que el deporte sea incorporado en una agenda de desarrollo nacional de largo plazo, mientras que Pacheco resaltó la necesidad de prepararse para eventos como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos, con políticas que permitan sostener el crecimiento del sector.

Inminente victoria de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori se encamina a una victoria inminente en las elecciones presidenciales de Perú, con más del 99.8% de los votos contabilizados. Su equipo prepara la transición presidencial en un escenario dominado por la inseguridad ciudadana, riesgos asociados al fenómeno del Niño y una situación fiscal restringida debido a recientes decisiones legislativas y del Ejecutivo.

La seguridad ciudadana será el eje de los primeros 100 días de gobierno. El plan de Fuerza Popular contempla la creación del Centro de Comando y Videovigilancia C5i en Lima y Callao, basado en inteligencia artificial y la modernización del sistema de vigilancia. Sin embargo, especialistas advierten sobre los altos costos y las limitaciones técnicas para su pronta implementación.

Además, el próximo gobierno deberá actuar frente al fenómeno del Niño, activando fondos de contingencia para empresas y apoyando a comunidades vulnerables. La presión fiscal, agravada por un crédito suplementario y el aumento del gasto público, limitará el margen de maniobra para ejecutar nuevas políticas económicas y sociales.

Consultado sobre la posibilidad de asumir una cartera ministerial, Belaúnde respondió: “Lo pensaría, por supuesto”. No obstante, precisó que, a su juicio, el proceso inmediato debe centrarse en la conformación del gabinete por parte de la presidenta electa. “Le van a entregar sus credenciales como presidenta electa y yo creo que tiene que tener todo el espacio y la tranquilidad para armar un gabinete”, manifestó.

El excandidato también reveló que ha mantenido contacto con Keiko Fujimori y otros dirigentes cercanos a la lideresa de Fuerza Popular. Explicó que las conversaciones estuvieron enfocadas en los desafíos que enfrentará el próximo gobierno, especialmente en sectores como energía, minería e hidrocarburos, aunque aclaró que en ningún momento se le ofreció un cargo ministerial.

Respaldo a Keiko Fujimori y crítica a Roberto Sánchez

En conversación con el citado medio, Belaúnde explicó las razones por las que decidió respaldar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. Según indicó, consideró que la contienda representaba una elección entre dos proyectos distintos para el país y sostuvo que optó por apoyar una propuesta que, en su opinión, garantiza la continuidad de la inversión privada y la estabilidad económica.

“Entendía que el Perú se estaba jugando su futuro democrático y económico”, afirmó. Asimismo, señaló que buscó contribuir a una plataforma política “más popular, más abierta y más integradora”, aunque reconoció que no comparte todas las posiciones de Fuerza Popular.

En ese contexto, Belaúnde cuestionó la candidatura de Roberto Sánchez y sostuvo que el postulante de Juntos por el Perú construyó una alianza con sectores de izquierda para alcanzar la segunda vuelta. Además, afirmó que durante la campaña intentó moderar su discurso con el objetivo de ampliar su respaldo electoral, aunque consideró que esa estrategia no fue suficiente para imponerse en los comicios.

Integración del país y reforma del Estado

El excandidato también se refirió a los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno tras las elecciones. En diálogo con Exitosa, señaló que el país continúa dividido y que una de las principales tareas de la próxima administración será promover la reconciliación nacional e incorporar a los sectores que, según dijo, no se han beneficiado del crecimiento económico.

“Hay un país profundamente fracturado, dividido, polarizado, en dos partes prácticamente iguales. La acción del nuevo gobierno tiene que ser integrar el Perú”, sostuvo. En esa línea, afirmó que resulta necesario fortalecer la presencia del Estado en el sur andino y en otras zonas alejadas mediante mayores inversiones en infraestructura, salud, educación y servicios básicos.

Belaúnde añadió que el crecimiento económico, por sí solo, no resolverá las brechas sociales. Si bien defendió la promoción de la inversión privada como motor del desarrollo, consideró que el Estado debe priorizar políticas que permitan integrar a las poblaciones que permanecen al margen de los beneficios de la economía de mercado.

Minería, formalización e instituciones

Respecto a la actividad minera y el proceso de formalización de la pequeña minería. Belaúnde señaló que el país debe aprovechar su potencial minero, pero sostuvo que ello requiere una mayor participación de las comunidades y reglas que faciliten la incorporación de los pequeños productores al marco legal.

Asimismo, indicó que existen distintos escenarios dentro de la minería informal y consideró que el Estado debe desempeñar un papel más activo para facilitar acuerdos entre concesionarios y pequeños mineros, además de revisar la normativa vigente para eliminar barreras burocráticas que dificultan la formalización de la minería artesanal.

El excandidato se pronunció sobre la conformación del futuro gabinete y el fortalecimiento de las instituciones. Consideró que el nuevo Ejecutivo debería integrar a profesionales con experiencia y alineados con un mismo programa de gobierno, evitando equipos con posiciones contrapuestas. Además, afirmó que el próximo quinquenio representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad democrática, reforzar la separación de poderes y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dayer, manifestó este jueves su preocupación por la “increíble la lentitud” del Jurado Electoral Especial (JEE), responsable de resolver las actas observadas e impugnaciones, una demora que, según su opinión, retrasa la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa.

En diálogo con la prensa, Dayer indicó que 114 actas electorales aún permanecen observadas debido a dudas sobre el reconteo, problemas de legibilidad o ausencia de firmas. “Esas 114 actas, si las tuviera la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), las procesa en dos minutos, solamente dos minutos. Pero, obviamente, la ONPE tiene que esperar las resoluciones de cada acta”, expresó.

El portavoz consideró que este retraso afecta, sobre todo, la organización de la transición. “El país pierde porque hoy Fuerza Popular debería estar ya fijándose en el tema de la delincuencia, el fenómeno de El Niño y sacar el país adelante inmediatamente”, señaló.

Comparó la situación en Perú con la de Colombia, donde el Consejo Nacional Electoral ya proclamó al presidente electo Abelardo de la Espriella, felicitado por Fujimori, tras la segunda vuelta.

En cuanto a la conformación de un eventual gabinete, Dyer refirió que, de acuerdo con lo mencionado con la candidata, “será un gabinete amplio, que obviamente contará con el apoyo de Fuerza Popular y seguramente con buenos, excelentes técnicos para que el país salga adelante”.

Consultado sobre su posible integración al gabinete, respondió que estaría “encantado, pero Keiko hoy cuenta con excelentes candidatos para el gabinete, gente muy técnica”.

Con el 99,880 % de las actas contabilizadas, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) suma 9.209.041 votos, mientras que su contrincante Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanza 9.164.453. La diferencia entre ambos es de 44.588 votos, uno de los márgenes más ajustados de la historia.

Más temprano, durante un encuentro con partidarios en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, la aspirante aseguró que recibe su victoria presidencial con humildad y anunció la conformación de una plancha ministerial integrado por figuras “más allá” de su partido.

“Esta elección ya acabó. Ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años. Y lo que vamos a hacer es que el Estado vuelva a funcionar. Lo que vamos a hacer es recuperar las calles y podamos salir con tranquilidad”, declaró.

Reconoció la marcada polarización del país, evidenciada en los comicios, y convocó a la unidad nacional. “La elección ya acabó y lo que ha mostrado es un país que está fragmentado.Lo que nos corresponde ahora es tender los puentes,es volvernos a abrazar, es trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos”, afirmó.

También se dirigió a los sectores que aún mantienen suspicacia hacia su figura y aseguró que su gestión priorizará la ejecución de obras y la generación de empleo. “Quiero enviar ese mensaje a las personas que todavía desconfían de nosotros, que vamos a llevar las obras, que vamos a llevar trabajo, que vamos a construir escuelas y que vamos a trabajar juntos por la paz, por el orden y el desarrollo de nuestro país”, indicó.

El candidato explicó que su decisión parte de una interpretación estricta de la normativa electoral, la cual le otorga la potestad de cuestionar el proceso antes de que se proclamen los resultados finales. Sánchez afirmó: “La ley me faculta a presentar recursos y observaciones cuando existen dudas razonables. No se trata de desconocer el sistema, sino de exigir respeto a la voluntad popular”.

Fundamentación jurídica y pasos previstos

Durante la conversación, Sánchez adelantó que su equipo jurídico ya elaboró una serie de acciones legales orientadas a que se resuelvan antes de la proclamación oficial del ganador. Precisó que la estrategia está centrada en garantizar la transparencia y la legitimidad de cada voto emitido. “El objetivo es muy claro: que no haya dudas sobre los resultados ni sobre la legitimidad de quien asuma la presidencia. No estamos pidiendo privilegios, solo que se cumpla la ley”, indicó.

El candidato mencionó que las medidas legales comprenderán impugnaciones de actas en las que se han detectado inconsistencias y recursos administrativos ante los órganos electorales competentes. “Nuestras observaciones tienen sustento y están acompañadas de pruebas. Solicitamos que se revisen antes de cualquier anuncio definitivo, tal como lo contempla la ley”, detalló.

Argumentos y respeto a la normativa electoral

Sánchez insistió en que su proceder se enmarca en la legalidad y no busca entorpecer el proceso democrático. “Cumplo estrictamente con la normativa electoral. Las reglas del juego establecen mecanismos de impugnación y revisión, y no podemos permitir que se omitan cuando existen señales de alerta”, remarcó.

Al ser consultado sobre los tiempos y la viabilidad de los recursos, Sánchez aseguró que la normativa establece plazos claros para la revisión de impugnaciones antes de la proclamación de resultados. “No pretendemos extender el proceso más allá de lo razonable. Solicitamos que se resuelvan los recursos dentro de los plazos legales para que la ciudadanía tenga certeza y confianza en el desenlace”, comentó.

Importancia del voto nacional y del exterior

En otro tramo de la entrevista, Sánchez subrayó el valor del voto emitido tanto dentro como fuera del país. “El voto de cada peruano, ya sea en Lima, Cusco o Madrid, tiene el mismo peso y merece el mismo respeto. La voz de la diáspora es fundamental y no puede ser minimizada o puesta en duda”, afirmó.

Destacó que su respeto por la decisión popular incluye a todos los sectores y regiones, sin distinción. “He defendido siempre el derecho de los peruanos en el exterior a participar en la construcción democrática del país. Su aporte es parte esencial de la voluntad nacional”, añadió el candidato.

Transparencia y confianza institucional

Sánchez hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones. “La transparencia es la base de toda democracia. Si queremos que la ciudadanía confíe en los resultados, debemos garantizar que no haya dudas ni sombras durante todo el proceso”, subrayó.

El candidato pidió a los órganos electorales actuar con objetividad y rapidez en la resolución de los recursos planteados. “La ONPE tiene la responsabilidad de despejar cualquier cuestionamiento, de manera que ningún ciudadano sienta que su voto fue ignorado o alterado”, sostuvo.

Perspectivas y mensaje final

En el cierre de la entrevista, Sánchez reiteró que su rechazo a los resultados no implica desconocimiento de la institucionalidad, sino una exigencia de transparencia y respeto al marco legal. “La democracia se sostiene en el respeto a la voluntad popular y en la certeza de que cada voto cuenta. No se trata de obstaculizar, sino de defender ese principio”, concluyó.

Sánchez envió un mensaje a sus simpatizantes y a la población en general, instando a mantener la calma y esperar el desarrollo de los procedimientos legales. “Confío en que las instituciones actuarán conforme a derecho y que, al final, prevalecerá la voluntad de la mayoría”, manifestó el candidato presidencial.

En conferencia de prensa, Fujimori se refirió a los reportes de agencias de noticias internacionales que dan por hecho que ganó la segunda vuelta por una diferencia mínima de votos ante Sánchez.

“Hemos visto que ya también algunas agencias de noticias dan por hecho un resultado que sería irreversible. Y frente a estos resultados, lo primero que quiero es agradecer. Agradecer al pueblo peruano, agradecer a nuestro partido y agradecer sobre todo al rol de los personeros. Y hoy quiero brindar mi agradecimiento público a Lucho Dyer, jefe del comando de personeros de nuestro partido”, dijo.

Al ser consultada sobre las acciones que emprenderá su gobierno ante su ajustada victoria, la lideresa de Fuerza Popular indicó que su Gobierno se enfocará en las zonas donde no obtuvo respaldo de los electores.

“Somos conscientes que el Perú está dividido, que prácticamente son mitades. Y entendemos esas votaciones. Y lo que muchas de las personas reclaman, sobre todo, es que nuevamente el Estado vuelva a funcionar. Y es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar, en las zonas donde nos han respaldado, pero sobre todo en las zonas donde todavía hay desconfianza con nuestro grupo político”, afirmó.

Finalmente, Keiko Fujimori adelantó que su primer Consejo de Ministros estará conformado por distintas personalidades políticas para que materialicen las propuestas plasmadas en su plan de Gobierno.

“La convocatoria para un futuro gabinete va a ser una convocatoria amplia, una convocatoria abierta, plural, pero sobre todo con experiencia, que nos garanticen, sobre todo, que cada una de estas propuestas que hemos hecho el equipo técnico y yo, pues ahora se conviertan en realidad”, señaló.

Sabe cómo se siente perder

Ante la pregunta de si le parecía relevante que Roberto Sánchez y su partido Juntos por el Perú reconocieran la derrota, Keiko Fujimori respondió que es una “decisión personalísima”. “Yo entiendo cómo se puede sentir, porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales”, añadió.

En 2021, cuando Pedro Castillo comenzó a superar a Fujimori en el conteo de votos de la segunda vuelta, la candidata de Fuerza Popular promovió denuncias de fraude que no fueron sustentadas con pruebas. Este miércoles reconoció: “En el año 2021, nosotros hicimos una serie de denuncias, mostramos algunas evidencias, pero para nosotros lo más importante era prepararnos luego para este proceso electoral”.

Sobre las acusaciones de Roberto Sánchez, la candidata de Fuerza Popular las descartó por carecer de respaldo probatorio y las calificó como un intento de “seguir sembrando dudas, meter cizaña”. El congresista había denunciado el martes un supuesto “fraude en desarrollo” en la votación de los peruanos en el exterior, sin presentar evidencias. Su cuestionamiento se centró en que los lineamientos para el voto en el extranjero no fueron los mismos que en la primera vuelta.

El presidente del Congreso y senador electo para el periodo 2026-2031, Fernando Rospigliosi, acusó a Roberto Sánchez de intentar desestabilizar el próximo gobierno de Keiko Fujimori al cuestionar el resultado de las Elecciones 2026 incluso antes de que se proclame a la lideresa de Fuerza Popular como la ganadora.

El parlamentario fujimorista indicó en RPP que “sin duda todo esto es parte de una maniobra para desestabilizar el gobierno que se iniciará el 28 de julio” y afirmó que Sánchez tratará de “generar un ambiente de caos y de inestabilidad en el Perú tratando de hacer que el próximo gobierno fracase. No es un comportamiento democrático”

Durante una entrevista con el medio radial, agregó que ese “uno gana o pierde las elecciones y no trata de tumbar al siguiente gobierno de manera inmediata”. Rospigliosi también señaló que el comportamiento del candidato de Juntos por el Perú confirmaba las dudas que existían sobre él. Señaló que esos temores habían surgido cuando Sánchez se alió con Antauro Humala y con “varios integrantes del Movadef”, al que definió como “la fachada de Sendero Luminoso”.

En ese mismo tramo, también lo comparó con el expresidente Pedro Castillo y recordó el 7 de diciembre de 2022 como antecedente de una ruptura democrática. Según dijo, la posición actual de Sánchez confirma que esas objeciones sobre su talante democrático “se han confirmado”.

Rospigliosi dijo: “Yo espero que el señor Sánchez recapacite y rectifique este comportamiento que está fuera de lugar en este momento”.

El congresista fujimorista también habló sobre los retos más importantes del próximo gobierno y aseguró que el país también enfrentará una emergencia asociada al fenómeno climático, y que este factor, en combinación con una crisis social, podría volver más complejo el arranque de la próxima gestión.

Rospigliosi defendió ley de impunidad para policías

El presidente del Congreso respondió por la ley que precisa la aplicación del fuero militar policial para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que cometan “delitos de función”.

Sobre el contenido de la norma, afirmó que uno de los proyectos que integró el dictamen fue presentado por él hace más de dos años y negó que se hubiera impulsado a último momento. También rechazó la comparación con sistemas judiciales de Cuba o Venezuela y respondió con una referencia constitucional: “El fuero militar siempre existió”.

Rospigliosi citó el artículo 173 de la Constitución para sostener que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía están sometidos a esa jurisdicción cuando se trata de delitos de función. Según su lectura, lo que hizo la ley fue restituir una aplicación que, a su juicio, no venía ejecutándose como correspondía.

El congresista dijo quesi un militar o un policía asalta un banco, roba una billetera o, como en el caso de un capitán del Ejército es capturado extorsionando en Pataz, se trata de un delito común y el caso va a la justicia ordinaria. En cambio, planteó que si un policía se enfrenta a un delincuente durante el servicio con su arma reglamentaria y luego se le acusa de haberlo matado ilegalmente, eso constituye un delito de función y debe pasar al tribunal militar.

Con más del 99.859% de los votos contabilizados y una victoria inminente de Keiko Fujimori, el equipo de Fuerza Popular se anticipa al anuncio oficial y ya diseña la transición presidencial en Perú. En este proceso, que culminará el 28 de julio, el partido fujimorista perfila sus prioridades para los primeros 100 días de gobierno en un contexto marcado por inseguridad ciudadana, riesgos vinculados al fenómeno del Niño y una situación fiscal condicionada por decisiones recientes del Congreso y el Ejecutivo.

Según informó Punto Final, el entorno de Fujimori trabaja en un esquema de transición que deberá enfrentar urgencias acumuladas y presiones económicas inmediatas generadas por crisis políticas en los últimos 10 años.

Un escenario fiscal restringido para el próximo gobierno

Uno de los principales obstáculos identificados es el estado de las finanzas públicas. El gobierno saliente presentó un crédito suplementario por más de S/ 9.000 millones; cerca del 30% de esa suma corresponde a gasto corriente, según economistas como David Tuesta. Parte de estos fondos se destinaría a sueldos, beneficios y otros compromisos salariales, lo que limita el margen de maniobra para nuevas políticas.

Al análisis fiscal se suma el impacto de unas 200 leyes aprobadas en el Congreso que incrementan el presupuesto público en casi S/ 36.000 millones. El Consejo Fiscal advirtió sobre el efecto acumulado de estas normas, la mayoría referidas al aumento de gasto corriente en el Estado. Punto Final detalló que este tipo de decisiones condicionará la capacidad del próximo gobierno para ejecutar su propio plan económico y social.

Seguridad ciudadana: la prioridad de los primeros 100 días

Mientras los Jurados Electorales Especiales resuelven las últimas actas observadas, la dirigencia de Fuerza Popular mantiene un discurso cauteloso sobre el resultado final, pero ya define acciones inmediatas. El partido coloca la seguridad como eje central de su estrategia para los primeros meses de gestión. De acuerdo con el plan presentado, la propuesta principal consiste en poner en marcha el Centro de Comando y Videovigilancia C5i en Lima y Callao, un sistema basado en inteligencia artificial, integración tecnológica y la geolocalización de patrulleros y ambulancias.

Punto Final recogió declaraciones de Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y virtual primer vicepresidente de Keiko Fujimori, quien subrayó la necesidad de combinar tecnología avanzada y liderazgo político para enfrentar la delincuencia. “La tecnología hoy día, la inteligencia artificial, la tecnología, las cámaras. Entonces, hay mucho por hacer en el lado de la inseguridad los primeros 100 días, pero, sobre todo, y eso hay que tener claro, Carlos, es liderazgo”, afirmó Galarreta en el informe televisivo.

Dudas técnicas y costo del plan de seguridad

El propio reporte de Punto Final incluyó objeciones sobre la viabilidad del plan. Un especialista consultado por el medio estimó que un C5i con las características propuestas costaría alrededor de USD 500 millones y dependería de una infraestructura urbana inteligente que hoy no existe en Lima. La falta de semáforos automatizados y otros componentes limita la implementación plena del sistema en el corto plazo.

El peso económico de la inseguridad quedó reflejado en un informe de la Universidad de Piura, citado por Punto Final, que calculó que la delincuencia representa un costo anual de USD 11.800 millones (aproximadamente el 2,8% del PIB del país). Además, una encuesta de Ipsos Perú ubicó a la delincuencia como la principal preocupación de los peruanos a comienzos de mes.

Medidas adicionales y despliegue territorial

El plan de Fuerza Popular contempla la emisión de decretos de urgencia para financiar patrulleros inteligentes, la interconexión de cámaras de vigilancia y la modernización de 200 comisarías. También se prevé el fortalecimiento de unidades de flagrancia exprés en Lima, Piura y Trujillo, y una intervención militar policial en Tumbes por su alta sensibilidad como paso fronterizo.

Punto Final precisó que estas acciones buscarían dar respuesta rápida a los reclamos ciudadanos y revertir la percepción de inseguridad, que se ha consolidado como el problema más acuciante para el electorado.

El fenómeno del Niño y la urgencia de la prevención

Otro de los retos inmediatos identificados por el entorno de Fuerza Popular es el fenómeno del Niño, cuyo periodo crítico podría extenderse desde diciembre de este año hasta abril del próximo. El plan de gobierno plantea activar fondos de contingencia a través de COFIDE para las pequeñas y medianas empresas afectadas, junto con la reubicación progresiva de comunidades vulnerables y la diversificación de la matriz energética.

La demora en la transferencia de mando genera inquietud dentro del partido. Según explicó Galarreta a Punto Final, la futura administración necesita conocer desde ahora el estado de los ríos, la maquinaria disponible y las obras de canalización requeridas para prevenir desbordes e inundaciones.

Presión fiscal y reforma institucional

El estado de las cuentas públicas representa otra presión inmediata para el próximo gobierno. Uno de los economistas consultados por Punto Final señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas es consciente de la gravedad fiscal y cuestionó que el crédito suplementario se haya tramitado en el tramo final de la actual administración. Este sería el crédito suplementario más grande gestionado por un gobierno saliente en los últimos 30 años.

El Congreso, según el mismo análisis, recibió beneficios adicionales en un contexto en el que su presupuesto se duplicó en los últimos cinco años. Fuerza Popular reconoció la aprobación de normas populistas durante este quinquenio y evalúa recurrir al Tribunal Constitucional para limitar la facultad del Parlamento de legislar sobre gasto corriente.

El principal reto político de este equipo será construir consensos en un contexto de alta polarización. Según el reporte de Punto Final, la duración de la “luna de miel” del próximo gobierno dependerá de la capacidad de respuesta ante problemas inmediatos como la seguridad, el fenómeno del Niño, la minería ilegal y las brechas sociales persistentes en el país.

La virtual presidenta, Keiko Fujimori, avanza en la definición de su primer Consejo De Ministros bajo estricta confidencialidad, según reportó Punto Final. Entre los candidatos a integrar el gabinete destacan Luis Carranza, exministro y economista durante el segundo gobierno de Alan García, como opción para liderar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Carranza, con experiencia previa en el cargo, es percibido como una figura capaz de otorgar estabilidad al frente de la política económica.

Para el Ministerio de Desarrollo Agrario, el nombre de Marco Vinelli circula entre los asesores cercanos a la virtual presidenta. Vinelli, especialista en gestión agraria, podría asumir funciones en un sector que enfrenta problemas de productividad, acceso a tecnología y riesgos climáticos.

En el área de Defensa, la propuesta recaería en el general en retiro César Astudillo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Su trayectoria militar lo posiciona como un perfil con experiencia operativa y conocimiento de la estructura castrense, un atributo relevante ante desafíos en materia de seguridad nacional.

El Ministerio del Interior, otro punto clave de la agenda gubernamental, cuenta con tres alternativas: el general Marco Miyashiro, el exministro Fernando Rospigliosi y el exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Juan Carlos Sotil. Estas posibles designaciones reflejan la prioridad que el nuevo gobierno otorga a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.

Punto Final señala que la presidenta Fujimori se apoya en la consulta de técnicos y exfuncionarios con trayectoria en la administración pública, en busca de equilibrar experiencia, capacidad de gestión y respaldo político.

Un gabinete ante retos inmediatos

La principal tarea del primer gabinete será enfrentar desafíos urgentes de gobernabilidad y gestión. Fuentes consultadas por Punto Final advierten que la duración de la “luna de miel” del Ejecutivo dependerá de la rapidez y eficacia con la que el equipo ministerial atienda problemas inmediatos. Entre estos se encuentran la seguridad ciudadana, el impacto del fenómeno del Niño, la minería ilegal y las persistentes brechas sociales que afectan a millones de peruanos.

La seguridad figura en la cima de las preocupaciones, con la criminalidad urbana y el narcotráfico como amenazas constantes. La designación de un ministro del Interior con experiencia operativa y capacidad de coordinación será determinante para el despliegue de nuevas políticas y el fortalecimiento de las fuerzas policiales.

En el ámbito económico, la gestión de Luis Carranza podría orientar la estrategia hacia la recuperación del crecimiento y la estabilidad fiscal, en un contexto marcado por la desaceleración y la presión sobre el gasto público. “La expectativa ciudadana es alta y la tolerancia a la inacción será baja”, advirtió una fuente política consultada por Punto Final.

El fenómeno del Niño, con sus efectos sobre la infraestructura, la agricultura y el abastecimiento de alimentos, exige una coordinación eficaz entre los ministerios de Economía, Desarrollo Agrario y Defensa para mitigar daños y garantizar la atención de emergencias.

La minería ilegal, otro frente crítico, demanda una respuesta multisectorial. El gabinete deberá articular acciones entre Interior, Defensa y Ambiente para enfrentar la expansión de actividades extractivas no reguladas, que afectan ecosistemas y alimentan circuitos de violencia.

Consensos en un escenario polarizado

El clima político obliga al gabinete a buscar consensos desde el inicio. La fragmentación del Congreso y la desconfianza entre sectores políticos y sociales dificultan la aprobación de reformas y la implementación de políticas públicas. Punto Final describe que la gestión del primer gabinete será evaluada no solo por sus resultados, sino por su capacidad para tender puentes y evitar enfrentamientos que profundicen la crisis institucional.

Uno de los desafíos más delicados será reducir la polarización y evitar que la confrontación política paralice la acción del Ejecutivo. En ese sentido, la composición del gabinete puede enviar señales de apertura o endurecimiento, según los perfiles finalmente designados y el grado de diálogo que promuevan con la oposición.

La brecha social y regional también representa un reto para el nuevo equipo ministerial. La capacidad de articular políticas inclusivas y de respuesta rápida en zonas afectadas por la pobreza, la violencia o el abandono estatal será un factor clave para la legitimidad y la gobernabilidad.

“Este gabinete tendrá que demostrar desde el primer día que escucha y responde”, explicó un analista político a Punto Final, quien remarcó la importancia de la gestión de expectativas en un país donde la confianza en las instituciones se encuentra en niveles bajos.

Expectativas y posibles escenarios

El primer gabinete de Keiko Fujimori se perfila como un equipo de técnicos con experiencia, apoyado en figuras de trayectoria en la administración pública y las fuerzas de seguridad. Según Punto Final, la presidenta buscará combinar perfiles políticos con especialistas para enfrentar la complejidad del escenario nacional. La atención pública se concentra en los próximos anuncios y en la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante las crisis que marcan el inicio de esta nueva gestión.

Keiko Fujimori quedó este martes en condiciones de ser considerada presidenta electa de Perú, al ampliar su ventaja sobre Roberto Sánchez a 43.386 votos, una diferencia que ya no puede revertirse con el nivel de escrutinio alcanzado. De confirmarse en la proclamación oficial, la lideresa de Fuerza Popular asumiría un mandato de cinco años a partir del 28 de julio, en un país marcado por una década de inestabilidad política.

Al llegar al 99,79% del conteo de la segunda vuelta presidencial, Fujimori reunía el 50,118% de los votos válidos frente al 49,882% de Sánchez. Restaban por contabilizarse aproximadamente 36.911 votos, una cifra inferior a la distancia que separa a ambos candidatos. Este margen deja a Sánchez sin posibilidades matemáticas de remontar la diferencia.

Ventaja irreversible y cierre del escrutinio

Hasta la noche del martes, faltaban por escrutarse 131 actas electorales, lo que representa el 0,141% del total de 92.766 mesas instaladas para la votación del 7 de junio. Cada acta contiene en promedio unos 200 votos para los candidatos, volumen insuficiente para alterar el resultado definitivo. El dato central es ese: con una ventaja de 43.386 votos y apenas 131 actas pendientes, la distancia resulta inalcanzable para el candidato de Juntos por el Perú.

El proceso de escrutinio ha mantenido la atención del país debido a la extrema paridad entre los contendientes. La tensión política se manifestó en los centros de cómputo y en las calles, mientras los seguidores de ambos postulantes esperaban la confirmación de los resultados que definirán el rumbo del país para el próximo lustro.

Rechazo del jurado electoral a pedidos de nulidad

A la diferencia obtenida por Fujimori se sumó una decisión clave del sistema electoral: el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró improcedente el pedido de Juntos por el Perú para anular la votación en el exterior. La resolución abarcó las mesas a cargo de las oficinas consulares de África, América del Norte, Centroamérica y el Caribe, América del Sur, Asia y Medio Oriente, Europa y Oceanía.

La autoridad electoral precisó que el pedido fue presentado fuera de plazo y sin el pago de la tasa correspondiente. En la misma resolución, el jurado exhortó al representante legal de la fuerza política a adecuar su conducta a los principios de colaboración, buena fe y celeridad, con el objetivo de evitar actuaciones que retrasen el desarrollo de los trámites electorales.

Otros recursos y reacciones de los candidatos

El tribunal también declaró improcedente otro pedido de nulidad sobre mesas de sufragio en varias ciudades de Estados Unidos, Francia y España. Esa presentación había sido hecha por una ciudadana y fue rechazada por extemporánea, por falta de legitimidad de la solicitante y por no haberse pagado la tasa electoral. Estos rechazos cierran las principales vías de impugnación de Sánchez.

El propio Sánchez sostuvo que la votación en el exterior había sido vulnerada y anticipó que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori. Además, anunció que promoverá protestas callejeras si las autoridades electorales no aceptaban su planteo. En contraste, la candidata de Fuerza Popular criticó que su rival intentara desconocer la voluntad de la diáspora peruana residente fuera del país.

Expectativa por la proclamación formal

El proceso continúa a la espera de la proclamación formal de los resultados. El Jurado Nacional de Elecciones prevé anunciar los resultados definitivos a más tardar a mediados de julio. Si se confirma la ventaja, la líder de Fuerza Popular asumirá la presidencia el 28 de julio para un período de cinco años, hasta 2031. La expectativa crece en un país que ha vivido múltiples cambios de gobierno en el último decenio.

La elección presidencial de este año también tendría un impacto político más amplio. Representaría el regreso del fujimorismo al poder tras 26 años, desde la salida de Alberto Fujimori, quien renunció a la presidencia por fax desde Japón en 2000, tras la difusión de un escándalo de corrupción que involucró a su asesor Vladimiro Montesinos.

El regreso del fujimorismo y la figura de Keiko Fujimori

El expresidente Alberto Fujimori, padre de la candidata, gobernó entre 1990 y 2000 y fue condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. Montesinos también recibió condenas por violaciones a los derechos humanos y corrupción. El regreso del fujimorismo supone un capítulo significativo en la historia política de Perú.

Para Keiko Fujimori, esta fue su cuarta candidatura presidencial. En las tres elecciones anteriores, perdió en la segunda vuelta. El actual proceso electoral, caracterizado por la extrema paridad y la alta polarización, evidencia la persistencia de profundas divisiones en la sociedad peruana.

Inestabilidad política y desafíos para el nuevo gobierno

De confirmarse su triunfo, el nuevo gobierno comenzará después de una década en la que Perú tuvo ocho presidentes como resultado de una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Parlamento. La inestabilidad institucional y la fragmentación política representan algunos de los mayores desafíos para la administración entrante.

A lo largo del proceso, la autoridad electoral reiteró el compromiso con la transparencia y la legalidad, en medio de protestas y manifestaciones ciudadanas. El desenlace del escrutinio y la proclamación oficial definirán el inicio de una nueva etapa para el país andino.

Cifras y contexto histórico de la elección

El conteo final arrojó 50,118% de votos para Keiko Fujimori y 49,882% para Roberto Sánchez. El margen de 43.386 votos y la escasa cantidad de actas pendientes configuran un escenario donde el resultado parece sellado. La cantidad de votos restantes, inferior a la diferencia entre los candidatos, refuerza la percepción de un desenlace irreversible.

La elección se desarrolló bajo estrictos controles y con observadores nacionales e internacionales. El país queda a la espera de la proclamación oficial que pondrá fin a una de las campañas más disputadas y polarizadas de las últimas décadas.

La Transferencia de Gobierno en el Perú constituye un proceso formal e institucional en el que la gestión saliente entrega a la administración electa toda la información oficial y la rendición de cuentas correspondiente. Este procedimiento tiene como finalidad principal garantizar la continuidad del Estado, la transparencia y el acceso a datos verificados para la nueva autoridad. La Contraloría General de la República (CGR) regula y supervisa este proceso para asegurar que la transición se realice conforme a las disposiciones legales vigentes.

Durante la transferencia, la administración saliente debe presentar reportes detallados sobre su gestión, incluyendo documentación sobre el estado financiero, contratos en ejecución, obras públicas, y los principales retos y logros de la gestión. El objetivo es que la nueva gestión cuente con un panorama real y actualizado de la situación del país. Según la Contraloría General de la República, este procedimiento se activa una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama oficialmente al ganador de los comicios presidenciales.

Formación de equipos y revisión de información

Para ejecutar la transferencia, tanto la gestión saliente como la nueva conforman equipos de trabajo integrados por funcionarios de alto nivel y representantes de los organismos de control. Estos equipos se encargan de revisar minuciosamente el estado de las finanzas públicas, el avance de obras de infraestructura, los contratos vigentes y el funcionamiento de los servicios públicos. El propósito es evitar que se presenten vacíos de información o interrupciones en la prestación de los servicios esenciales para la ciudadanía.

Uno de los puntos clave que resalta la Contraloría General de la República es la obligación de entregar información clara, completa y verificable. Esto incluye inventarios de bienes, informes de auditoría, procedimientos administrativos pendientes y cualquier otro documento relevante. Además, se buscan mecanismos que permitan una transición ordenada y eviten que la nueva administración enfrente obstáculos inesperados en sus primeros días de gestión.

Duración y etapas del proceso de transferencia

El proceso de Transferencia de Gobierno en el Perú tiene una duración estimada de entre cuatro y seis semanas. Este periodo inicia formalmente tras la proclamación oficial del presidente electo por parte del Jurado Nacional de Elecciones y se extiende hasta la ceremonia de toma de mando el 28 de julio. En este lapso se realizan reuniones periódicas entre los equipos de ambas administraciones, se comparten documentos oficiales y se levantan actas de cada sesión.

De acuerdo con información de la Contraloría General de la República, la transferencia incluye varias etapas: la preparación de informes por parte del gobierno saliente, la revisión y validación de la documentación por los representantes del gobierno entrante y la elaboración de un acta de transferencia final. Esta última recoge el estado general de la administración y las recomendaciones para la gestión entrante.

Importancia de la transparencia y la supervisión

La transparencia es uno de los principios rectores de la Transferencia de Gobierno. La Contraloría General de la República, como ente supervisor, verifica que la información entregada sea veraz y que no existan omisiones que puedan perjudicar el inicio de la nueva gestión. Se busca evitar que existan “zonas grises” o datos ocultos que pongan en riesgo la administración de los recursos públicos y la prestación de servicios básicos.

Un aspecto relevante es la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación como observadores del proceso. La Contraloría General de la República publica reportes periódicos y habilita canales de denuncia para detectar posibles irregularidades o incumplimientos. El seguimiento público resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática.

Rol del JNE y la ONPE en la proclamación de resultados

La transferencia efectiva depende de la proclamación oportuna de los resultados electorales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) juegan un papel esencial en este punto, ya que la proclamación oficial del ganador es el punto de partida para la transferencia. Retrasos en este proceso pueden afectar la organización y el desarrollo de la transición, generando incertidumbre institucional y afectando la planificación de la nueva gestión.

En este contexto, autoridades y especialistas en administración pública han subrayado la importancia de que ambos organismos aceleren los procedimientos de escrutinio y proclamación. La transferencia solo puede desarrollarse plenamente cuando existe certeza sobre quién asumirá el mando, lo que exige eficiencia y celeridad en los procedimientos electorales.

Continuidad del Estado y recomendaciones finales

Asegurar la continuidad del Estado es uno de los objetivos centrales de la Transferencia de Gobierno. La entrega ordenada de información y la colaboración entre equipos técnicos permiten que los servicios públicos no se interrumpan y que la nueva administración pueda iniciar su gestión con conocimiento pleno de la situación nacional. Distintas organizaciones especializadas han coincidido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar prácticas opacas o ineficientes en este proceso.

Por este motivo, la responsabilidad de la Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales es fundamental. Ambas instituciones deben priorizar la proclamación de resultados para garantizar que la transferencia se realice en los plazos previstos y con la mayor transparencia posible. La celeridad y la claridad en este procedimiento son la base para una transición ordenada y una nueva etapa de gestión democrática en el país.

La posible proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de la República ha trasladado el foco de la discusión política hacia una pregunta clave: ¿cómo estará conformado el próximo gabinete de ministros? Con menos de seis semanas para el cambio de mando y un Congreso fragmentado, la designación del presidente del Consejo de Ministros y del equipo ministerial será una de las primeras señales que definan la relación entre el Ejecutivo, el Parlamento y los distintos actores políticos.

La composición del gabinete no solo tendrá impacto en la gobernabilidad, sino también en la posibilidad de construir acuerdos en un escenario donde Fuerza Popular no contará con mayoría propia ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Analistas políticos consultados por Latina coinciden en que las próximas designaciones serán observadas por el Congreso, los mercados, los gobiernos regionales y la ciudadanía, convirtiéndose en un gesto clave para el inicio de la nueva administración.

¿Qué perfil tendría el próximo gabinete de ministros?

Aunque todavía no existen nombres oficiales, el debate gira alrededor del perfil que debería tener el futuro gabinete de ministros. Para el analista político Jeffrey Radzinsky, el liderazgo principal deberá recaer en la propia Keiko Fujimori, mientras que el equipo ministerial representará el segundo gran mensaje político de su eventual gobierno.

Según explicó, más que la figura del presidente del Consejo de Ministros, será la composición completa del gabinete la que permita conocer el rumbo que tomará la nueva administración.

"El gran liderazgo lo tiene que asumir la propia Keiko Fujimori y la parte del gabinete va a ser el segundo gran gesto importante después de la elección“, señaló.

Radzinsky sostuvo que un gabinete exclusivamente técnico no sería suficiente para enfrentar el contexto político actual, ya que los ministros, por definición, deben tener capacidad para negociar, construir equipos y recuperar el funcionamiento de la administración pública.

"Los ministros de Estado son, por definición, políticos. Tienen que tener un dominio técnico, por supuesto, pero por sobre todo tienen que estar en capacidad de componer equipos y reclutar“, indicó.

Otro aspecto que destacó es la necesidad de recuperar cuadros profesionales del Estado que, según afirmó, se han ido perdiendo durante los últimos años.

La composición ministerial también tendría que reflejar una apertura hacia sectores donde la candidatura fujimorista encontró mayor distancia electoral, sin abandonar completamente la identidad de Fuerza Popular.

"Abrir la cancha implica mantener una línea propuesta, pero ampliar el espectro para convocar personas y mostrar cercanía con espacios de debate público y geográficos donde existe mayor distancia respecto al resultado electoral“, explicó el especialista.

Analistas descartan un gabinete exclusivamente fujimorista

Para José Carlos Requena, el próximo equipo ministerial deberá priorizar la construcción de legitimidad política, más allá de la legitimidad obtenida en las urnas.

"Lo que tiene que terminar de forjar es la legitimidad política y ahí va a tener que abrir cancha“, afirmó.

El analista considera que la opinión pública y el Congreso exigirán un gabinete que no permanezca encerrado en el círculo tradicional del fujimorismo. Sin embargo, también advirtió que una apertura excesivamente forzada podría generar el efecto contrario.

"No puede ser una apertura contra natura“, manifestó al referirse a la posibilidad de incorporar figuras provenientes de sectores ideológicamente opuestos únicamente como una señal de consenso.

Requena señaló que el perfil ideal sería el de personas con experiencia en gestión y, sobre todo, con sensibilidad política para desenvolverse en un Congreso donde será indispensable negociar permanentemente.

"No necesariamente se requieren políticos experimentados; se requiere alguien con sensibilidad política“, precisó.

Los especialistas también coinciden en que el eventual gobierno deberá buscar alianzas parlamentarias para impulsar sus iniciativas, tal como ocurrió en administraciones anteriores que tampoco contaban con mayoría legislativa.

En ese contexto, la conformación del gabinete será observada como una primera prueba para medir la capacidad de diálogo del Ejecutivo con otras fuerzas políticas.

Radzinsky incluso considera natural que existan ministros identificados con el fujimorismo, siempre que el equipo incorpore perfiles capaces de ampliar la representación política.

"Que hayan algunos fujimoristas históricos en el gabinete tendría sentido. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es cohesionar a su núcleo, pero comprender que ese núcleo es muy limitado para llevar un mensaje y una acción que tiene que ser pronta“, sostuvo.

Mientras avanza el proceso de proclamación oficial, la expectativa se concentra en los anuncios que pueda realizar Keiko Fujimori durante las próximas semanas. La elección del próximo presidente del Consejo de Ministros, así como de las principales carteras del Estado, será uno de los primeros indicadores sobre la estrategia que adoptará el nuevo gobierno para construir gobernabilidad en un escenario marcado por la ausencia de mayorías parlamentarias y el inicio simultáneo de la campaña para las elecciones municipales y regionales.

El excanciller Francisco Tudela afirmó que la virtual victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial tendría una lectura que excede la política peruana. Según sostuvo, si se confirma el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular, habría derrotado a una coalición que calificó como extremista y de alcance latinoamericano.

Tudela señaló que el actual escenario electoral debe leerse dentro de una disputa política continental. “Si Keiko Fujimori resulta ganadora, si se confirma su victoria, habrá vencido a una coalición extremista que no solamente es peruana, sino también latinoamericana”, declaró en entrevista con el programa Diálogos de El Montonero.

El exdiplomático sostuvo que el resultado de la segunda vuelta no solo marcaría el rumbo político del Perú, sino también el equilibrio regional entre proyectos políticos enfrentados en América Latina. En su análisis, sectores de la izquierda latinoamericana mantienen vínculos e intereses comunes en países como Bolivia, Colombia y Perú.

Tudela advierte una articulación regional de la izquierda

Para Tudela, la candidatura de Roberto Sánchez representa una izquierda “más articulada” que la que llevó a Pedro Castillo al poder en 2021. A su juicio, el bloque que respaldó a Sánchez no expresa únicamente una opción política nacional, sino una red conectada con movimientos de izquierda radical en la región.

En esa línea, mencionó la situación política de Bolivia y las protestas impulsadas por sectores cercanos a Evo Morales contra el gobierno de Rodrigo Paz. Según el excanciller, esos episodios muestran que la disputa no se limita a cada país, sino que forma parte de una estrategia regional.

“Son los sectores más radicales de la izquierda latinoamericana y han hecho una alianza regional que va de Colombia, pasa por el Perú y va a Bolivia”, afirmó.

Tudela también sostuvo que, de confirmarse la victoria de Fujimori, el resultado tendría consecuencias geopolíticas para América Latina, especialmente en la costa del Pacífico. Según dijo, una derrota de la izquierda peruana modificaría el equilibrio político regional y debilitaría al llamado socialismo del siglo XXI en esa zona del continente.

Críticas al plan político de Roberto Sánchez

El excanciller también cuestionó el plan de gobierno de Roberto Sánchez, al que calificó como “anacrónico”. Según sostuvo, algunas propuestas de la izquierda peruana apuntan a regresar a modelos económicos estatistas que, en su opinión, no responden a un mundo interconectado ni a las exigencias actuales de comercio, inversión y productividad.

“El programa político, el plan de gobierno, es simplemente regresar a 1968”, señaló. En esa línea, criticó planteamientos vinculados a nacionalizaciones y al retorno de un rol empresarial más amplio del Estado.

Tudela consideró que la virtual victoria de Fujimori supondría derrotar a fuerzas “muy peligrosas” que, desde su perspectiva, impulsan programas no viables y recurren a la movilización social como herramienta de presión política.

“Se lograría vencer, en caso de confirmarse la victoria de Keiko Fujimori, a fuerzas muy peligrosas que tienen programas de gobierno no viables y que movilizan turbas”, afirmó durante la entrevista.

Tudela: la izquierda teme perder representación popular

Durante la entrevista, Tudela también abordó el peso del antifujimorismo en la política peruana. Según afirmó, este fenómeno ha funcionado durante años como una herramienta para deslegitimar al fujimorismo y a quienes son asociados con ese sector político.

“El antifujimorismo es una herramienta de satanización. Acusar a alguien de fujimorista es satanizarlo”, sostuvo.

Para el excanciller, una victoria de Keiko Fujimori obligaría a las fuerzas políticas a relacionarse con un eventual gobierno fujimorista y podría reducir el peso del antifujimorismo como eje de confrontación. Tudela comparó ese escenario con lo ocurrido con el antiaprismo tras la llegada de Alan García al poder en 1985, al señalar que, una vez que un sector gana una elección, sus adversarios se ven forzados a negociar con esa nueva realidad política.

En esa línea, sostuvo que el principal temor de la izquierda frente al fujimorismo no sería solo electoral, sino también social. Según su interpretación, el fujimorismo logró disputar el vínculo con sectores populares a través de obras públicas, servicios básicos e infraestructura, un espacio que la izquierda considera históricamente propio.

“La idea de la izquierda es que ellos representan los sectores populares. Y Fujimori demostró que era falso”, afirmó Tudela.

Llamado a esperar resultados oficiales

Pese a su lectura favorable a una victoria de Keiko Fujimori, Tudela insistió en que el país debe esperar la confirmación oficial del resultado. También advirtió que el día siguiente a la proclamación será clave, ante la posibilidad de movilizaciones o cuestionamientos desde sectores que respaldan a Roberto Sánchez.

“Todos los peruanos tenemos que estar advertidos sobre el día siguiente de la confirmación oficial del ganador de la elección”, sostuvo.

El excanciller consideró que, si Fujimori es confirmada como presidenta electa, el nuevo gobierno deberá enfrentar no solo una oposición política interna, sino también tensiones regionales y posibles intentos de desestabilización.

“La democracia representativa ya no es un tema nacional, es un tema continental”, concluyó.

Keiko Fujimori ya se ve como presidenta. La candidata presidencial celebró de manera anticipada los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, antes de que el conteo de actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegara al 100%. Lo hizo durante una actividad por el Día del Padre organizada con militantes de su partido Fuerza Popular, en un contexto en el que el escrutinio oficial aún mostraba una diferencia mínima entre las principales candidaturas.

El acto político se desarrolló cuando el avance del conteo ya superaba el 99% de actas procesadas, pero aún faltaban registros por contabilizar. En ese escenario, Fujimori optó por dirigirse a sus simpatizantes con un mensaje de victoria simbólica, destacando el trabajo de su organización política durante la campaña electoral. La actividad combinó el homenaje por el Día del Padre con referencias directas a los resultados preliminares.

La jornada estuvo marcada por un clima de expectativa nacional debido a lo ajustado del resultado, lo que mantiene en suspenso la definición oficial de la segunda vuelta presidencial. En ese contexto, la candidata buscó reforzar el mensaje de unidad entre sus seguidores y resaltar el papel de las bases partidarias en el proceso electoral.

Keiko Fujimori celebra resultados electorales antes del cierre del conteo oficial

Durante su intervención, Fujimori agradeció a sus seguidores y dirigentes partidarios por el respaldo durante la campaña y el proceso electoral. En un discurso marcado por referencias a la militancia de su organización, afirmó: “A lo largo de estos años, que no han sido fáciles, los dirigentes de nuestro partido demostraron que los golpes nos hacen más fuertes”.

La candidata también enfatizó el carácter simbólico de la fecha y el vínculo con sus simpatizantes: “Los papás de Fuerza Popular demostraron que nos podemos caer, pero siempre nos vamos a levantar”. En otro momento, sostuvo que el resultado parcial representa un cierre de campaña alentador: “Y nos faltan pocos días: ¡sí se pudo!”.

Keiko Fujimori asegura que derrotará a la delincuencia

En su discurso, la candidata atribuyó a su partido la superación de distintos hitos históricos. “Los peruanos hemos demostrado al mundo que siempre podemos, que hemos derrotado al terrorismo, que derrotamos la hiperinflación y que ahora vamos a derrotar la delincuencia”, sostuvo.

Asimismo, dirigió palabras a distintos sectores sociales que participaron en su campaña. “Quiero agradecer a todos los papás que me abrieron las puertas de sus casas”, expresó, antes de mencionar a transportistas, emprendedores y trabajadores independientes “que a pesar del temor, del miedo y la amenaza, salen adelante a trabajar”.

También incluyó en sus agradecimientos a emprendedores de zonas populares de Lima y a sus personeros electorales. “Gracias a ustedes y a todo el trabajo que se ha hecho a través de los personeros, hoy podemos decir… ¡sí se pudo!”, señaló, destacando el rol organizativo de su partido en el proceso electoral.

Conteo al 99.681% mantiene disputa ajustada entre ambas candidaturas

Según el último reporte del sistema de cómputo oficial de la ONPE, con el 99.681% de actas contabilizadas, la segunda vuelta presidencial muestra una diferencia mínima entre las dos principales candidaturas.

Keiko Fujimori registra el 50.112% de los votos válidos, equivalente a 9,188,198 sufragios. En tanto, su contendor, Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, alcanza el 49.888%, con 9,147,065 votos.

El avance del escrutinio deja pendiente un pequeño porcentaje de actas por procesar, mientras el país permanece a la espera de la culminación oficial del conteo. La estrecha diferencia mantiene el proceso en observación hasta la publicación del resultado final definitivo por parte de la autoridad electoral.

Visita a tumba de Alberto Fujimori

En el marco de las Elecciones 2026 y coincidiendo con las celebraciones por el Día del Padre, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acudió al cementerio Campo Fe de Huachipa para rendir homenaje ante la tumba de su progenitor, el expresidente Alberto Fujimori. Acompañada por sus hijas Kiara y Kaori, así como por su hermana Sachi, la candidata presidencial protagonizó un momento de profunda reflexión y oración en memoria de sus padres. Durante el encuentro con la prensa, la exlegisladora resaltó la carga emotiva de este proceso electoral por ser el primero que afronta sin la presencia física de sus progenitores, detallando que antes de iniciar la jornada electoral consideró indispensable buscar su bendición y recordar el legado familiar.

Esta significativa visita se produce en un escenario de alta expectativa política, marcado por la difusión de los últimos simulacros de votación de las principales encuestadoras que proyectan una sólida tendencia a su favor para alcanzar la presidencia del Perú. Al ser consultada sobre las proyecciones que la colocan con ventaja en este trascendental balotaje, Keiko Fujimori optó por mantener la cautela, afirmando que recibe las cifras con optimismo pero con los pies sobre la tierra. Asimismo, recordó conmovida que la decisión de postular por cuarta vez al sillón de Pizarro fue una respuesta directa a una de las últimas voluntades de su padre, por lo que este gesto simbólico refuerza el compromiso con sus simpatizantes en el tramo final de la campaña electoral.

Han pasado dos semanas desde la jornada electoral de segunda vuelta que enfrentó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por la presidencia del Perú, pero no se espera un resultado oficial al 100 % hasta mediados de julio, un mes después del proceso de elección.

En paralelo, Colombia pasó por un proceso electoral similar, pero con una diferencia clave: los resultados oficiales se conocieron apenas unas horas luego de que finalice el proceso de votación y ya se ha informado que el ganador es Abelardo de la Espriella.

¿Cuál se cuentan votos en Perú y Colombia?

En un contexto de incertidumbre para el Perú, y frente a la rapidez del conteo en Colombia, la pregunta es evidente ¿por qué el proceso es más rápido en Colombia que en Perú?

La respuesta se encuentra en el proceso de “preconteo” de Colombia, lo que permite difundir resultados en pocas horas porque transmite al 100 % los datos de mesa como información preliminar, mientras que en el Perú las actas observadas o impugnadas no ingresan al cómputo global hasta que se agotan otros procedimientos como las impugnaciones, reconteos y apelaciones, un paso previo decisivo antes de declarar a un ganador, sobre todo cuando la diferencia entre candidatos es mínima, como ha pasado en las últimas elecciones en el país.

Esa diferencia de diseño del proceso de conteo de votos explica por qué, según Infobae, menos de dos horas después del cierre de las urnas la Registraduría Nacional del Estado Civil ya mostraba una ventaja de poco más de 245 mil votos para Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, en el sistema colombiano, la divulgación temprana de un resultado no significa que este sea el definitivo. El valor jurídico solo se consigue luego de que se pase por un proceso de escrutinio oficial.

Es decir que: mientras que en Perú el llamado “conteo rápido” lo realiza una empresa privada (Ipsos) usando una muestra de todas las actas de votación, en Colombia el proceso de “preconteo” lo hace el equivalente a la ONPE con absolutamente todos los votos emitidos y se informa oficialmente a los ciudadanos. En ambos casos, luego de que los votantes tienen estos datos, se pasa por un proceso de escrutinio para que se indique cuál es el resultado definitivo de las elecciones.

Conteo de votos en Perú tiene múltiples etapas

En Perú, el recorrido es más largo. Tras el cierre de mesas, las actas van a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el conteo oficial, pero las observadas o impugnadas pasan a los Jurados Electorales Especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cada JEE programa la revisión, emite una resolución y abre un plazo de tres días calendario para apelaciones. Si nadie impugna, el acta vuelve a la ODPE para su cómputo; si hay apelación, el JEE tiene un día para elevarla al pleno del JNE y ese órgano dispone de otros tres días calendario para resolver de forma inapelable.

Rafael Belaunde, excandidato presidencial del partido Libertad Popular e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, admitió que evaluaría integrar un eventual gabinete si Keiko Fujimori se lo propusiera.

Durante una conversación con RPP, Belaúnde indicó que no descartaría ser parte del Consejo de Ministros durante un eventual gobierno fujimorista. “Sí, lo pensaría. Por supuesto que lo pensaría”, afirmó el excandidato presidencial luego de ser consultado por un posible ofrecimiento del cargo de ministro de Energía y Minas.

Ante la pregunta sobre si su participación en el equipo técnico fujimorista respondía a una aspiración personal de llegar al Ejecutivo, Belaunde negó que ese fuera el motivo y sostuvo en diálogo con RPP que su apoyo a Fuerza Popular durante la segunda vuelta se debió a que “creía que su plan era superior, no solamente al de Roberto Sánchez”.

El exaspirante presidencial también afirmó que hasta el momento no existió una conversación concreta sobre un cargo. “Bueno, no. Nunca hemos hablado de eso. No, no me lo han propuesto”, respondió cuando el periodista insistió con la posibilidad de una invitación formal para sumarse al gabinete.

Belaunde remarcó que hasta el momento tampoco hubo un ofrecimiento ni gestiones de su parte para ocupar un puesto. “Estamos ya en el ámbito de la mera especulación. Ni ellos me lo han propuesto, ni yo lo he sugerido, ni mi apoyo ha tenido nada que ver”, indicó.

Peruanos quieren un Consejo de Ministros multipartidario

Una nueva encuesta realizada por Ipsos indica quela mayoría de ciudadanos considera que el próximo Consejo de Ministros debe estar compuesto por integrantes de diferentes partidos políticos.

El estudio de opinión, difundido en Perú21, indica que para el 53 %, los ministros deberían ser de diferente afiliación política, mientras que solo un 21 % cree que debe ser conformado por personajes vinculados al partido político ganador de las elecciones. El 18 % considera mejor que sea un gabinete conformado por “técnicos independientes”.

En el desagregado por regiones, aunque en diferentes proporciones, la coincidencia en el norte (58 %), centro (48 %), sur (55 %), y en oriente (53 %), la mayoría de sus ciudadanos considera que el gabinete debe integrarse por diferentes fuerzas políticas. Esta idea es más apoyada tanto en zonas rurales (56 %), como en el interior del Perú (55 %).

Keiko Fujimori ya se ve como presidenta del Perú

La candidata presidencial deFuerza Popularcelebró de manera anticipada los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, antes de que el conteo de actas de laOficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE) llegara al 100%. Lo hizo durante una actividad por el Día del Padre organizada con militantes de su partido Fuerza Popular, en un contexto en el que el escrutinio oficial aún mostraba una diferencia mínima entre las principales candidaturas.

Durante su intervención, Fujimori agradeció a sus seguidores y dirigentes partidarios por el respaldo durante la campaña y el proceso electoral. En un discurso marcado por referencias a la militancia de su organización, afirmó: “A lo largo de estos años, que no han sido fáciles, los dirigentes de nuestro partido demostraron que los golpes nos hacen más fuertes”.

La candidata también enfatizó el carácter simbólico de la fecha y el vínculo con sus simpatizantes: “Los papás de Fuerza Popular demostraron que nos podemos caer, pero siempre nos vamos a levantar”. En otro momento, sostuvo que el resultado parcial representa un cierre de campaña alentador: “Y nos faltan pocos días: ¡sí se pudo!”.

Antauro Humala reavivó el debate sobre la nacionalidad de Keiko Fujimori al solicitar al Jurado Nacional de Elecciones que aclare si la candidata presidencial posee doble nacionalidad, comparando su situación con la de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a su ciudadanía estadounidense antes de asumir la presidencia. La controversia se suma a la tensión postelectoral que atraviesa Perú, marcada por denuncias de presuntas irregularidades en la votación del exterior y el reclamo de una revisión exhaustiva.

Antauro Humala señaló que la candidatura de Keiko Fujimori debe ser revisada por el organismo electoral, a raíz de una “sospecha firme” sobre la existencia de una segunda nacionalidad, una inquietud que él vincula a los antecedentes de su padre, Alberto Fujimori. El excandidato sostuvo que un militante de su entorno elevó un pedido formal al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 11 de junio para que se esclareciera el estatus de la candidata, pero la respuesta oficial se limitó a informar la fecha de inscripción de Fujimori sin abordar el fondo de la consulta.

¿Cuál es la nacionalidad de Keiko Fujimori según su hoja de vida registrada en el JNE?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha publicado la hoja de vida de Keiko Fujimori en su plataforma oficial, donde se confirma que la candidata presidencial nació en Lima, Perú, y que posee únicamente la nacionalidad peruana. El documento presentado ante la autoridad electoral no registra ninguna otra nacionalidad, respaldando que Fujimori Higuchi no tiene doble nacionalidad y que ello sea la japonesa.

Esta información oficial desmiente la afirmación de Antauro Humala, quien había señalado que Keiko Fujimori contaba con nacionalidad japonesa además de la peruana. La hoja de vida disponible en el portal del JNE permite a cualquier ciudadano verificar los datos personales y de nacionalidad de los candidatos, garantizando transparencia en los procesos electorales. Consulta la información completa en el enlace: Hoja de vida de Keiko Fujimori en el JNE.

Humala exige postergar proclamación hasta esclarecer irregularidades

Antauro Humala instó al JNE a abstenerse de proclamar un ganador mientras persistan dudas sobre la votación del exterior y la nacionalidad de los finalistas. En declaraciones recogidas en Ocurre Ahora tras la entrevista que dio a la periodista Mávila Huertas, el dirigente sostuvo que el proceso electoral “arrastra un pecado original” desde la exclusión de su partido del proceso, un hecho que, según su relato, marcó la competencia desde el inicio. Además, pidió que los votos provenientes de países como Estados Unidos y Argentina sean revisados por supuestas “irregularidades” que, en sus palabras, “raspan con el fraude”.

El exmilitar remarcó que su postura se mantendrá hasta el 28 de julio, fecha que considera el límite para la conclusión del proceso electoral. Según Humala, la elección aún no está definida y “la moneda está en el aire”. La tensión se ha visto reflejada en movilizaciones ciudadanas y acciones legales de amparo presentadas por aliados suyos, como el abogado Walter Ayala, quien solicitó una revisión de los sufragios emitidos en el extranjero.

Alianza frustrada con la izquierda y críticas al rumbo de campaña

En la misma entrevista, Humala recordó que su agrupación política apoyó la candidatura de Roberto Sánchez como parte de un esfuerzo para unir el nacionalismo con la izquierda. El acercamiento, relató, comenzó con un partido amistoso de fútbol y derivó en negociaciones entre ambas dirigencias para conformar una alianza electoral que, según él, buscaba evitar que ambos sectores compitieran separados.

El proyecto, sin embargo, no prosperó. Humala atribuyó el fracaso a la pérdida de inscripción de su partido, que, según su versión, fue una decisión del JNE, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Ante ese escenario, explicó que su grupo solo pudo sumarse a la campaña de Sánchez en calidad de invitados. Afirmó que se les ofrecieron ministerios en un eventual gobierno, propuesta que rechazó para concentrarse en recuperar la inscripción de su partido y reorganizarlo.

Críticas a la estrategia de Sánchez y el impacto en los resultados

Durante la segunda vuelta, Humala se distanció de la dirección de campaña de Sánchez. Cuestionó el giro político del candidato y de sus nuevos aliados, indicando que “no era necesario tirarse a la derecha o al centro” ni volverse “rosadito, casi anaranjadito”. Según el exmilitar, ese viraje pudo influir en una eventual derrota de Sánchez y sostuvo que, si los resultados no favorecen a su candidato, quedaría en evidencia que la estrategia fue desacertada.

El líder etnocacerista insistió en que los reservistas apoyarían las movilizaciones surgidas tras la elección y reiteró su respaldo a los recursos judiciales presentados para auditar la votación extranjera. “Si un conteo justo y legítimo de los votos del extranjero desfavorece a Sánchez, entonces se trataría de una competencia con un ganador y un perdedor”, expresó.

Dudas sobre la nacionalidad de los finalistas y comparación con PPK

Humala amplió su cuestionamiento al pedir que el JNE verifique si alguno de los finalistas, Roberto Sánchez o Keiko Fujimori, tiene doble nacionalidad. En ese contexto, recordó el caso de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien renunció a su nacionalidad estadounidense antes de ser proclamado presidente en 2016, y sugirió que la misma norma debe aplicarse a todos los candidatos.

Sobre Keiko Fujimori, Humala reiteró que no posee pruebas concluyentes, pero alegó que la sospecha se basa en los antecedentes familiares y en la falta de respuesta concreta del JNE. Solicitó que, en caso de no aclararse este punto, el organismo electoral se abstenga de proclamarla como presidenta por motivos de seguridad nacional.

Dirigentes nacionalistas en el Congreso y balance político

Al ser consultado sobre la presencia de dirigentes vinculados a su movimiento en el Congreso, Humala explicó que, tras la anulación de la inscripción partidaria, alentaron a sus correligionarios a postular en otras agrupaciones. Mencionó entre ellos a Daniel Barragán Coloma, Walter Gagó Rodríguez, Diana Hanco, Arturo Eusebio Padilla y Andrea Medina Stein, y aclaró que mantienen lazos de amistad o filiación política, pero que no están sujetos a una conducción directa de su parte.

El dirigente evitó atribuirse liderazgo sobre los legisladores electos y explicó que permanecen en las agrupaciones que los acogieron, ya que una renuncia los dejaría sin bancada. Pese a este contexto, Humala reivindicó el resultado político del nacionalismo, al considerar que su sector logró insertar representantes en el Parlamento y contribuir al avance del partido apoyado a la segunda vuelta.

Petición de claridad y próximos pasos del proceso electoral

En sus declaraciones públicas, Antauro Humala reiteró que la legitimidad del proceso depende de la transparencia en la revisión de los votos y la aclaración de la nacionalidad de los candidatos. El dirigente enfatizó que el proceso electoral peruano enfrenta desafíos institucionales y reclamó que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con su función de garantizar la transparencia y seguridad jurídica en el desenlace de la contienda.