El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 desestimó las solicitudes para excluir la candidatura de Fernando Rospigliosi al Senado de la República por la condena de 9 meses de prisión suspendida que se le impuso por difamar a Delia Espinoza.

Se concluye que no corresponde dejar sin efecto la candidatura de Rospigliosi porque no existe aún una sentencia íntegra notificada, sino que se conoce el adelanto del fallo de la jueza suprema Norma Carbajal.

“Advirtiéndose que en el presente caso se ha denunciado la existencia de un adelanto del fallo y no de una sentencia condenatoria, puesto que la misma será leída en su integridad y notificada a las partes el 15 de abril de 2026 a las 15:00 horas, este Jurado Electoral Especial considera que no procede atender las solicitudes para excluir al candidato Fernando Miguel Rospigliosi Capurro”, se lee en la resolución emitida el domingo 12.

Ahora bien, el JEE también sostiene que, según el cronograma electoral, solo se puede excluir a un candidato hasta un día antes de la elección, es decir, hasta el sábado 11 de abril.

“Habiéndose superado el hito temporal antes señalado, este Jurado Electoral Especial considera que no resulta jurídicamente posible disponer la exclusión del candidato Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, en atención al estricto cumplimiento del cronograma electoral y a la naturaleza preclusiva de los plazos que rigen los procesos electorales”, se lee en la resolución.

Fernando Rospigliosi sería reelegido

El fujimorista Fernando Rospigliosi conseguiría un escaño en el nuevo Senado de la República, de acuerdo con los resultados de la ONPE al 32,4% de actas contabilizadas en la elección de Senado Nacional.

Rospigliosi, de momento, cuenta con 26.818 votos preferenciales, que lo ubica entre los 3 candidatos fujimoristas con mayor votación, seguido de Miguel Torres (118.639 votos) y Martha Chávez (52.966 votos).

Otros candidatos fujimoristas que, hasta este momento, lograrían entrar al Senado son Patricia Juárez, Martha Moyano y César Astudillo.

Los otros escaños que ganaría Fuerza Popular vendrían de la votación por distrito múltiple (regional). En esta votación, los candidatos que ingresarían a la Cámara Alta son Marco Miyashiro, Jacques Rodrich, Karla Schaefer, Alejandro Aguinaga, Elard Melgar, Víctor Noriega, José Arista, Víctor Flores, David Jiménez, Juan Carlos del Águila, Segundo Tapia, Roy Ventura, Jorge Velásquez, Héctor Ventura y Rafael Miyashiro.

Los candidatos con menor votación podrían no llegar a entrar al Senado si, a medida que se sumen más actas contabilizadas, los porcentajes que consigan otros partidos aumente. En ese escenario, se tendría que recalcular el número de escaños que a cada organización le correspondería.

Fujimori pide prudencia

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que los resultados del conteo rápido divulgados tras la jornada electoral del 13 de abril constituyen un “motivo de mucha alegría” para su equipo, aunque optó por no anticiparse y sostuvo que aguardará los resultados oficiales con “prudencia”.

La lideresa reiteró, además, su posición frente a las fuerzas políticas de izquierda al ser consultada sobre la posible formación de alianzas rumbo a la segunda vuelta: “Nosotros hemos señalado claramente que el enemigo es la izquierda. De cara a esta segunda vuelta, por eso es que para mí es muy alentador, motivo de mucha alegría ver el conteo rápido. Vamos a esperar con la prudencia del caso. Pero vuelvo a repetir, vamos a priorizar el diálogo y ese será nuestro actuar en el futuro congreso bicameral de Fuerza Popular”, declaró.

Las proyecciones iniciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalan que el partido Fuerza Popular superaría los 20 escaños en el nuevo Senado Nacional, mientras que Renovación Popular y Junto por el Perú alcanzarían cerca de 10 asientos cada uno.

Según los resultados mostrados en la web de la ONPE al 69.057 % de actas contabilizadas, ATV indica que se estaría concretando el regreso al Congreso de políticos que ya estuvieron en el Poder Legislativo hace más de 10 años y que ahora ocuparán un lugar en el Senado.

Rostros conocidos en el Senado

Es el caso de Martha Chávez, histórica protagonista de la presidencia del Congreso durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, junto a la incorporación de Miguel Torres, cercano a Keiko Fujimori, marca las novedades más sobresalientes en la lista de Fuerza Popular.

En el caso de Renovación Popular, Lourdes Alcorta expresó su confianza en lograr una bancada relevante, en un Senado que, de acuerdo con las proyecciones, quedaría principalmente en manos del fujimorismo y la agrupación de Rafael López Aliaga, como indicó la cobertura del medio.

Dentro de los posibles nombres para representar a Fuerza Popular figuran Cecilia Chacón y Diethell Columbus. Por parte de Renovación Popular sobresalen Norma Yarrow y el exgeneral de la policía José Baella.

Por Junto por el Perú, ingresarían figuras como José Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo. En el partido Buen Gobierno, se destaca la presencia de Flavio Figallo y del militar en retiro Óscar Reto; para el partido Obras, la candidata referida es Jenny Samanes.

Triple empate en la elección presidencial

La definición por quién será el candidato presidencial que acompañará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se disputa entre tres candidatos que están empatados estadísticamente en el segundo lugar: Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quienes aún tienen chances de llegar a esta segunda etapa del proceso electoral.

Según las estadísticas del Conteo Rápido presentado por la Asociación Civil Transparencia al 95.7 %, el candidato Roberto Sánchez obtuvo el segundo lugar con 12.4 % de los votos válidos; mientras que Rafael López Aliaga obtuvo un 11.3 % y Jorge Nieto alcanzó un 10.7 % de los votos ciudadanos. Sin embargo, los tres candidatos se ubican en un margen de 1.7 % y la diferencia entre estas cifras no permite indicar con total seguridad cuál de estos candidatos alcanzará el segundo lugar de las elecciones presidenciales.

Más allá de la zona del empate técnico declarado por Transparencia, se ubica el candidato Ricardo Belmont (Obras) que alcanzó el 10.2 % de los votos válidos, pero que no cuenta con posibilidades reales de ser incluido en la zona de empate técnico, según los datos de la encuestadora IPSOS y AC Transparencia.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó que el avance del conteo rápido en las elecciones generales de Perú representa “motivo de mucha alegría” para su equipo, aunque insistió en que esperará los resultados oficiales “con la prudencia del caso”.

Así lo manifestó en declaraciones ofrecidas la mañana de este lunes 13 de abril, tras los reportes de Datum e Ipsos que la posicionan en primer lugar y la proyectan a una segunda vuelta.

Fujimori agradeció a quienes respaldaron a Fuerza Popular y a los candidatos electos al Congreso bicameral. La lideresa subrayó la importancia del diálogo para la siguiente etapa legislativa.

“Primero agradecemos el respaldo y la confianza a quienes probablemente han sido electos senadores y diputados. Como lo he señalado en varias oportunidades, de nuestro lado hemos aprendido y vamos a priorizar el diálogo”, declaró ante la prensa.

En el mismo encuentro, la candidata fue consultada sobre la posible necesidad de alianzas políticas en la segunda vuelta. Fujimori reiteró su postura frente a los sectores de izquierda, recalcando: “Nosotros hemos señalado claramente que el enemigo es la izquierda. De cara a esta segunda vuelta, por eso es que para mí es muy alentador, motivo de mucha alegría ver el conteo rápido. Vamos a esperar con la prudencia del caso. Pero vuelvo a repetir, vamos a priorizar el diálogo y ese será nuestro actuar en el futuro congreso bicameral de Fuerza Popular”.

Discursos de gratitud

Durante la noche anterior, en un mensaje público transmitido por Canal N tras conocerse el conteo rápido al 100% de Datum y los resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori dirigió unas palabras a la ciudadanía.

La candidata explicó que optó por esperar los datos del conteo rápido antes de dar un pronunciamiento, argumentando: “He querido esperar los resultados del conteo rápido para poder pronunciarme”.

En su intervención, Fujimori expresó: “Quiero expresar mi agradecimiento profundo a todos los peruanos que han expresado su confianza en nosotros el día de hoy”. La lideresa de Fuerza Popular destacó el papel de su equipo, mencionando: “Quiero agradecer a los miembros de la plancha, a algunos miembros de nuestro partido, a mi familia, a mis hijas que están arriba viéndome”.

La candidata también reconoció el trabajo de los actores del proceso electoral: “Gracias también a los miembros de mesa, que hasta ahora siguen haciendo el conteo de los votos, a los personeros, no solo de los de Fuerza Popular, sino de todos los partidos políticos”, remarcó.

Frente a los resultados

Al referirse a la publicación de los primeros resultados, Keiko Fujimori subrayó el enfoque con el que recibe el respaldo obtenido. “Recibo estos resultados, por supuesto, con profunda gratitud, con humildad, pero también con gran responsabilidad”, aseguró en su mensaje.

En el diálogo con la prensa, la aspirante presidencial fue consultada sobre la composición del próximo Congreso y el papel de Fuerza Popular en la estabilidad política. La periodista destacó: “Lidera en Fuerza Popular porque tienen un gran número de diputados, de senadores, ¿no? Entendemos que va a ser clave también para tener la estabilidad en los próximos cinco años, de cualquiera que sea el próximo gobierno”. Fujimori respondió reiterando su compromiso con el diálogo y el trabajo en el Legislativo.

La jornada electoral generó expectativa nacional, con el país atento a los reportes de Datum e Ipsos y a los datos oficiales de la ONPE. La candidatura de Fujimori se mantiene en el centro del escenario político peruano, mientras los partidos y la ciudadanía esperan la confirmación de los resultados que definirán la configuración del Congreso y la segunda vuelta presidencial.

¡Una vez más! Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, volverá a disputar una segunda vuelta electoral por la presidencia de Perú durante el periodo 2026-2031. Se trata de su cuarto intento en esta instancia, tras perder en las últimas tres elecciones.

De acuerdo con resultados a boca de urna de IPSOS y Datum, la candidata obtuvo alrededor del 16 % de los votos en la primera vuelta realizada este domingo 12 de abril, en la que más de 27 millones de peruanos acudieron a las urnas. Este resultado le permitió ubicarse entre los dos postulantes más votados y asegurar su pase a la etapa decisiva.

El avance de la candidata también vuelve a poner en primer plano el alto nivel de rechazo que ha registrado en distintos procesos electorales. Keiko Fujimori ha enfrentado en sus anteriores postulaciones un marcado antivoto, reflejado en los resultados de segunda vuelta de 2011, 2016 y 2021, donde no logró imponerse. Este factor se perfila nuevamente como un elemento clave en la contienda, en la medida en que podría influir en la decisión de los electores en la etapa definitiva.

“Mi padre me pidio ser candidata”

Keiko Fujimori, señaló que este proceso electoral es el primero que afronta sin la presencia de sus padres y que, como parte del inicio de la jornada, acudió al cementerio para recordarlos. Durante su pronunciamiento, indicó que comenzó el día agradeciendo a Dios y manteniendo presentes a ambos, evocando además los momentos compartidos en anteriores campañas, como los tradicionales desayunos electorales. En ese marco, destacó que la jornada representa “una fiesta del Perú” y una oportunidad para impulsar cambios en el país.

En ese contexto, reveló que en los últimos días de vida de su padre, Alberto Fujimori, este le pidió asumir una nueva candidatura presidencial en caso él no pudiera hacerlo. “En los últimos días, antes de que mi padre parta, él me pidió que yo sea la candidata si es que él no podía asumir esa responsabilidad”, señaló para las cámaras de ATV.

Asimismo, explicó que no pudo responder en ese momento, pero que al aceptar posteriormente la postulación por invitación de su partido, interpretó su decisión como una respuesta a ese pedido: “Papá, voy a aceptar también tu invitación”. También expresó gratitud por el respaldo recibido durante la campaña, exhortó a la ciudadanía a no perder la esperanza y llamó a los electores a acudir a votar en la jornada electoral.

Keiko Fujimori plantea expulsión de migrantes irregulares

La candidata presidencial en Perú, anunció que en caso de asumir el cargo impulsará la expulsión de migrantes indocumentados como parte de su estrategia de seguridad. La propuesta incluye el uso de las Fuerzas Armadas para recuperar el orden en los primeros 100 días de gestión y la creación de un corredor humanitario para facilitar el retorno de quienes no cuenten con documentos. Fujimori vinculó el aumento de la criminalidad con la migración irregular y subrayó la necesidad de aplicar medidas de “mano dura” en el control fronterizo y la seguridad ciudadana.

Además de la expulsión de migrantes irregulares, Fujimori planteó solicitar al Congreso facultades para que las Fuerzas Armadas intervengan en el control de los centros penitenciarios. Su plan de seguridad contempla el patrullaje conjunto entre Policía y Ejército, la modernización de comisarías y la creación de unidades especializadas contra la extorsión. Estas propuestas se enmarcan en una agenda política alineada con gobiernos conservadores de la región y buscan responder al incremento de la delincuencia y la demanda social por mayor seguridad.

Formación académica y trayectoria política

Nacida el 25 de mayo de 1975 en Lima, Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori y de Susana Higuchi. Su vínculo con la vida pública se inició de manera temprana, cuando en 1994, con 19 años, asumió el cargo de primera dama tras la separación de sus padres, durante el gobierno de su padre. Según su declaración jurada, actualmente tiene 50 años y reside en el distrito de Santiago de Surco, en Lima.

En el ámbito académico, cursó estudios de Administración de Empresas en Estados Unidos, con formación en instituciones como la Universidad de Boston. Esta etapa precedió a su exposición directa en la política nacional, que se consolidó con su rol como primera dama en un contexto político complejo.

Su carrera política formal comenzó en 2006, cuando fue elegida congresista de la República para el periodo 2006-2011, convirtiéndose en una de las legisladoras más votadas. Posteriormente, asumió el liderazgo de Fuerza Popular, partido con el que ha mantenido una presencia constante en la política peruana y que ha consolidado como una de las principales fuerzas en el escenario nacional.

Camino a la segunda vuelta y evolución electoral

En el proceso electoral de 2026, Keiko Fujimori mantuvo una presencia constante en las encuestas, aunque sin liderarlas de manera sostenida. Según mediciones de Ipsos, su intención de voto se ubicaba en torno al 7% en enero y subió ligeramente a 8% en febrero. El mayor avance se registró en marzo, cuando alcanzó 14.2% en simulacro de votación (votos válidos), mientras que en abril se movió en un rango de entre 10% y 13%, llegando a 11.8% un día antes de los comicios.

Por su parte, los sondeos de Datum Internacional mostraron una tendencia similar. En marzo, la candidata registró 10.7% de intención de voto, ubicándose en empate técnico en el primer lugar. En los días previos a la elección, su respaldo se mantuvo en un rango competitivo de entre 10% y 12%, alcanzando 13.2% dos días antes de la jornada electoral, lo que confirmó su posicionamiento dentro del grupo de candidatos con mayores opciones.

El 14% alcanzado finalmente en la primera vuelta refleja un respaldo que, si bien no es mayoritario, resultó suficiente para avanzar al balotaje en un contexto de alta fragmentación del voto. Este desempeño evidencia la existencia de un electorado que ha sostenido su candidatura en distintos procesos, permitiéndole mantenerse competitiva pese a escenarios adversos y elevados niveles de rechazo.

Cuestionamientos y procesos judiciales

La trayectoria de Keiko Fujimori ha estado marcada por diversos cuestionamientos, principalmente vinculados a investigaciones fiscales por presunto financiamiento irregular de campañas electorales en el caso Odebrecht.

Estas investigaciones incluyeron acusaciones por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, lo que derivó en periodos de prisión preventiva en el marco de las diligencias fiscales. Estos episodios han tenido un impacto significativo en su imagen pública.

La candidata ha rechazado de manera reiterada todas las acusaciones y ha sostenido que los procesos en su contra responden a motivaciones políticas. En paralelo, su actuación y la de su partido en el Congreso han sido objeto de críticas por su rol en episodios de confrontación institucional.

Principales propuestas de campaña

En el plano programático, Keiko Fujimori ha centrado su discurso en la reactivación económica, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del aparato estatal.

Entre sus principales propuestas se encuentran el impulso a la inversión privada, la generación de empleo formal y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Estas medidas buscan dinamizar la economía en un contexto de desaceleración.

En materia de seguridad, ha planteado una estrategia de mayor firmeza frente al crimen organizado, incluyendo el fortalecimiento de la Policía y cambios en el sistema de justicia. Asimismo, ha propuesto mejoras en servicios públicos como salud y educación, con énfasis en ampliar la cobertura y calidad.

Nuevo escenario electoral

El paso de Keiko Fujimori a una nueva segunda vuelta configura un escenario político que vuelve a poner en evidencia la polarización existente en el país. Su candidatura genera tanto respaldo como rechazo en distintos sectores.

La campaña hacia el balotaje será clave para definir si logra ampliar su base electoral y captar votos de sectores indecisos o distantes a su propuesta. Este factor ha sido determinante en sus intentos anteriores.

Con una trayectoria marcada por la persistencia, la exposición pública y la controversia, Keiko Fujimori enfrenta nuevamente el desafío de alcanzar la presidencia en un contexto político complejo y altamente competitivo.

Fuerza Popular y Renovación Popular, partidos liderados por los candidatos presidencial Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, solicitaron este domingo la ampliación inédita del proceso electoral hasta este lunes 13 de abril, tras registrar deficiencias durante la jornada de votación en distintos puntos del país.

El partido de La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) señaló en un comunicado que, pese a la extensión del horario hasta las 18:00 horas, “muchos electores no pudieron ejercer su derecho por fallas organizativas ajenas a su voluntad”.

“Exigimos extender el horario de votación hasta mañana para habilitar los locales que no aperturaron las mesas por falta de material”, agregó la formación, al remarcar que los ciudadanos “no pueden ser quienes paguen el precio de la ineptitud del Estado”.

En la misma línea, la congresista Gladys Echaíz, vocera e integrante de Renovación Popular —partido del exalcalde Rafael López Aliaga—, informó que presentará una solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para requerir la convocatoria a “elecciones complementarias en el término de 24 horas”.

“Estamos planteando una alternativa de solución que consideramos viable para además garantizar el derecho de todos los electores a elegir al representante que deseen, que consideren es el idóneo para gobernar nuestro país. Basta ya de improvisaciones. Basta ya de generar, sombras o fisuras u obstáculos en la realización de un proceso electoral”, indicó.

Echaíz mencionó que la sugerencia surgió “del equipo de trabajo” y que ya había enviado una solicitud al JNE. “Esperemos que lo vean en el pleno que están convocando para hoy día a las seis de la tarde”, siguió.

Las autoridades ampliaron una hora más el tiempo para sufragar tras los múltiples problemas registrados para abrir los centros de votación, especialmente en la capital. Piero Corvetto, jefe de la ONPE, anunció que el JNE aceptó extender la jornada de votación en todo el país hasta las 18.00 horas y ya no hasta las 17.00 horas.

Numerosos locales no pudieron abrir desde la mañana, como estaba previsto, debido a que no había llegado el material electoral que debe repartir la ONPE, mientras que en otros lugares hubo problemas de conexión y de suministro eléctrico para hacer funcionar impresoras y otros equipos.

Corvetto ratificó que la demora en la entrega del material electoral recae en la empresa Galaga, responsable de su distribución a los distintos locales de votación.

En paralelo, López Aliaga presentó una demanda ante la Fiscalía en la que solicita la captura inmediata del funcionario, a quien acusó de omisión de funciones y permanente estado de flagrancia para que intervenga la Fiscalía.

Previamente, el aspirante presidencial había afirmado, sin pruebas, que empezó “el intento de fraude” de los comicios generales, pues para él “no es casualidad” que no haya llegado el material electoral a grandes centros de votación en zonas, donde según su criterio, los electores lo apoyan mayoritariamente.

“Creo que ya empezó el intento de fraude en zonas donde la estadística muestra que son de Renovación Popular. No llega el material electoral y varios adultos mayores, pacientes enfermos y hasta con oxígeno que vinieron temprano y que posiblemente ya no van a regresar… estemos atentos", indicó en la red social X.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aguardará los resultados de las elecciones generales 2026 en un hotel en San Borja en compañía de su familia y miembros de su agrupación política.

Desde ese lugar, la hija de Alberto Fujimori esperará el flash electoral del boca de urna, que se difundirá a partir de las 18:00 en esta oportunidad, debido a los retrasos en la instalación de mesas.

La jornada de la aspirante al sillón presidencial comenzó temprano, marcada por el cumplimiento de una tradición familiar y política: la visita al cementerio Campo Fe de Huachipa para rendir homenaje a sus padres, el expresidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Acompañada por sus hijas y colaboradores cercanos, la candidata expresó que esta elección tiene un significado especial, ya que es la primera vez que participa en un proceso electoral sin la presencia de sus progenitores.

El tributo familiar antecedió al tradicional desayuno electoral, realizado también en Huachipa, donde compartió con sus hijas y miembros de Fuerza Popular, reafirmando la importancia de la familia como motor en su carrera política.

Durante este compartir, Keiko Fujimori se mostró confiada en el desarrollo del proceso y exhortó a la ciudadanía a participar con serenidad y esperanza. En compañía de dirigentes como Luis Galarreta y Miguel Torres, la candidata recordó que su partido siempre ha respetado los resultados electorales, y pidió prudencia tanto a sus simpatizantes como a otras fuerzas políticas.

“Creo que en estos momentos lo que se necesita es serenidad, sabiduría y prudencia”, subrayó, destacando además la presencia de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) en la observación del proceso.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue su llegada al colegio Libertador San Martín, en San Borja, donde ejerció su derecho al voto. La candidata debió esperar dos horas más de lo previsto debido a retrasos en la instalación de mesas, situación que también afectó a cientos de electores en otros distritos de Lima Metropolitana.

A su arribo al centro de votación, Fujimori fue recibida por una multitud de simpatizantes y periodistas, aunque optó por no extenderse en declaraciones tras sufragar alrededor del mediodía.

Postulaciones de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori ha acumulado tres derrotas consecutivas en elecciones presidenciales en Perú, convirtiéndose en una figura central del escenario político nacional. En 2011, perdió en segunda vuelta frente a Ollanta Humala por un margen ajustado. Volvió a intentarlo en 2016 y, otra vez en balotaje, cayó ante Pedro Pablo Kuczynski, en una elección definida por menos de medio punto porcentual.

En 2021, la lideresa de Fuerza Popular buscó una vez más la presidencia y se midió ante Pedro Castillo, un candidato de origen sindicalista que sorprendió a propios y extraños al liderar la primera vuelta.

La segunda vuelta estuvo marcada por la polarización, acusaciones de fraude sin pruebas y una revisión exhaustiva de actas. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó ganador al profesor y selló la tercera derrota consecutiva de Fujimori en unos comicios presidenciales.

La candidata explicó que participa por primera vez en un proceso electoral sin la presencia de sus padres. “Es la primera vez que vamos a un proceso electoral sin mi papá y sin mi mamá, así es que queremos empezar este día yendo al cementerio”, señaló Fujimori.

Según informó Latina Noticias, Keiko Fujimori salió de su vivienda en el distrito limeño de San Borja alrededor de las 7:00, acompañada de su equipo de campaña y personal de seguridad del Estado. La candidata sostuvo que este acto privado antecede a los compromisos públicos de la jornada.

Keiko Fujimori visita el cementerio en Huachipa al inicio de la jornada electoral

La visita al cementerio Campo Fe de Huachipa ocupa un lugar central en la agenda de Keiko Fujimori durante el primer tramo del día electoral. De acuerdo con el equipo de campaña, la candidata estará acompañada de familiares y colaboradores cercanos en este acto privado. Fujimori dijo: “Queremos empezar este día yendo al cementerio”, solicitando acompañamiento respetuoso a la prensa.

La candidata indicó que, para su familia, la ausencia de sus padres en este proceso electoral representa una circunstancia inédita, por lo que decidió rendirles tributo en la intimidad, antes de participar en las actividades públicas de la jornada. El expresidente Alberto Fujimori, quien falleció siendo militante de Fuerza Popular, y Susana Higuchi forman parte del legado político y personal que la candidata reivindica en cada campaña.

La decisión de iniciar la jornada en el cementerio apunta a mantener presentes los valores y la memoria de sus padres en un contexto de amplia exposición política y mediática.

Participará en desayuno electoral tras visita al cementerio

Tras la visita al cementerio, Keiko Fujimori tiene programado el tradicional desayuno electoral, una costumbre consolidada en los comicios peruanos. Si bien la locación exacta aún no ha sido confirmada por el equipo de prensa de Fuerza Popular, se espera que la candidata comparta este momento con su familia, miembros del partido y simpatizantes.

El desayuno electoral simboliza el inicio formal de la jornada para la candidata y su entorno y sirve como espacio de encuentro con los medios y la opinión pública, que observan de cerca cada detalle de la agenda de los principales aspirantes a la presidencia.

Los anteriores desayunos electorales de Keiko Fujimori

La tradición del desayuno electoral ha acompañado a Keiko Fujimori en cada campaña presidencial. A lo largo de tres procesos electorales, el punto de encuentro ha variado en función de la estrategia política y el contexto de cada elección. En 2011 y 2016, Fujimori optó por realizar el desayuno en su domicilio en La Molina, donde se reunía con su madre, Susana Higuchi, sus hijas y su hermano Kenji Fujimori, permitiendo la cobertura de la prensa.

En la campaña de 2016, el formato se trasladó a locales privados o residencias familiares en Lima, como un espacio en Ate, con una organización más estructurada y presencia de medios. Para 2021, la candidata decidió acercarse a sectores populares realizando el desayuno en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados del país. Esta decisión fue interpretada como un gesto de apertura y búsqueda de mayor identificación con nuevos segmentos sociales.

En todos los casos, el evento se ha caracterizado por la presencia de familiares, militantes y prensa, seguido del desplazamiento al centro de votación para emitir el sufragio. Este formato ha consolidado el desayuno electoral como un ritual de alta visibilidad en el inicio de la jornada comicial.

Keiko Fujimori revela el último pedido de su padre

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acudió al cementerio Campo Fe de Huachipa acompañada de sus hijas Kiara y Kaori y de su hermana Sachi Fujimori, para visitar la tumba de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en el marco del primer proceso electoral que vive sin la presencia de sus padres. Durante su recorrido, relató ante la prensa el último pedido que le realizó su padre antes de fallecer.

Durante la conversación en el cementerio, Keiko Fujimori reveló a Latina Noticias que en los días previos al fallecimiento de Alberto Fujimori, él le manifestó un deseo explícito: “En los últimos días, antes de que mi padre parta, él me pidió que yo sea la candidata, que él no podía asumir esa responsabilidad. Yo no pude contestarle cuando él estaba con vida, pero cuando tomé la decisión de aceptar la invitación del partido, lo primero que hice fue dar un beso al cielo para decirle: ‘Papá, voy a aceptar también tu invitación’”.

La jornada inició con una visita a la tumba de Susana Higuchi, madre de Keiko, en otra zona del mismo cementerio. “Es mi primer proceso electoral sin mi papá y sin mi mamá, y por eso hemos querido empezar este día primero agradeciendo a Dios y también la bendición de mi papá y de mi mamá. Decirles que los tenemos presentes”, expresó Fujimori ante los medios reunidos.

Kenji Fujimori, hermano de la candidata, no participó en la ceremonia, decisión que se entiende dentro de su postura de mantenerse al margen de toda actividad política durante este periodo, según explicó la candidata. Su otro hermano, Hiro Fujimori, permanece en Japón y tampoco pudo sumarse a la actividad.

El congresista y candidato de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, uno de los rostros más representativos del fujimorismo, está envuelto en un nuevo escándalo que evidenciaría su influencia en EsSalud de Lambayeque, región por la que actualmente postula.

En su programa ‘Karla de miércoles’, la periodista Karla Ramírez difundió fragmentos de un audio de al menos 40 minutos de duración entre Sheyla Ruidias y una amiga. En la conversación, la joven confirma que mantiene una relación sentimental con el parlamentario. Ruidias no solo sería la pareja de Aguinaga, sino también su auxiliar parlamentaria.

Durante el diálogo, la joven afirma que tiene al congresista “en su mano” y que él la defendería sin cuestionamientos. Sin embargo, en ningún momento expresa sentimientos hacia el legislador.

Más allá de este episodio, Ramírez expone otro dato relevante. La hermana de Sheyla, Paulina Ruidias Urdiales, obtuvo órdenes de servicio en EsSalud por más de 64 mil soles.

Según la periodista, Ruidias Urdiales es comunicadora y, en un periodo de 18 meses, percibió ese monto cuando aún contaba con el grado de bachiller, ya que se tituló recientemente.

“Paulina Ruiz Díaz, cuñada de los amores de Aguinaga, ha recibido órdenes de servicio de EsSalud Lambayeque en el área de comunicaciones. Qué suerte, ¿no?”, cuestionó Ramírez.

Además del vínculo familiar, Paulina Ruiz Díaz está afiliada a Fuerza Popular y, pese a trabajar en EsSalud —entidad que solicitó neutralidad a sus colaboradores durante el proceso electoral—, ha sido vista participando en mitines en Lambayeque junto a Aguinaga.

Antecedentes de Aguinaga y su influencia en EsSalud

Este nuevo audio reforzaría lo que la periodista Karla Ramírez había señalado previamente: EsSalud habría sido utilizada para el pago de favores partidarios. Según sus reportes, no solo el partido de César Acuña influye en la designación y remoción de funcionarios, sino que el congresista Alejandro Aguinaga también interviene para solicitar que se mantenga a personas de su entorno en determinados cargos.

Un caso citado es el de Mayder Vera, una funcionaria que debía ser reemplazada, pero que habría permanecido en el puesto tras la intervención del parlamentario. Este hecho se conoció a través de otro audio en el que se le escucha pedir que no sea retirada.

“No me huevees, no la saques, no la saques”. Ese registro también fue difundido por la periodista. Según indicó, en sus descargos el congresista no negó haber realizado la llamada, sino que sostuvo que el audio fue “sacado de contexto” y utilizado con fines políticos.

¿Qué dijo Fuerza Popular?

En sus declaraciones públicas, Alejandro Aguinaga afirmó que la difusión del audio responde a una represalia y a un cálculo político de sus adversarios. Además, aseguró que se someterá a las investigaciones que correspondan.

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, evitó pronunciarse sobre el fondo del caso. En una entrevista, indicó que esperará los resultados de las investigaciones antes de emitir una posición sobre el audio que involucra a su candidato.

En esa línea, recordó que su agrupación adopta medidas drásticas frente a militantes involucrados en irregularidades y citó como ejemplo el caso de la excongresista María Cordero Jon Tay, quien fue expulsada de la bancada tras conocerse la denuncia por recorte de sueldo a sus trabajadores.

En conversación con Exitosa, Fujimori aseguró que el partido político que representa ha experimentado cambios internos y pidió a los peruanos que le den una oportunidad para gobernar el país.

Fujimori respondió a las afirmaciones que relacionan a Fuerza Popular con la inestabilidad nacional, señalando que nunca ha ejercido la presidencia: “Yo no he sido presidenta, han habido otros presidentes que me han querido echar la culpa a mí, buscando sus excusas. Los presidentes han sido otros y, es por eso, que hoy lo que pido es la oportunidad de serlo”, declaró en una conversación con el medio radial.

Según su análisis, el escenario político nacional se ha visto afectado por un debate “estéril” entre fujimorismo y antifujimorismo durante los últimos 25 años, lo que, en su opinión, ha impedido la aparición de propuestas integradoras.

Fujimori asegura que reconocerá resultados incluso si vuelve a perder las elecciones

La candidata de Fuerza Popular, ahora en su cuarta postulación consecutiva, mostró su disposición a aceptar los resultados de las elecciones del 12 de abril, incluso en caso de que los resultados no la favorezcan.

Luego de los comicios de 2016, recordó que si bien las personas de su entorno discutieron la posibilidad de solicitar un recuento de votos tras su derrota ante Pedro Pablo Kuczynski, Fujimori decidió reconocer el resultado: “Yo les decía: no voy a hacer ninguna de las dos cosas, yo voy a reconocer los resultados y el que me quiera acompañar que venga a mi lado”, relató la hija del exdictador Alberto Fujimori.

Postura de Fuerza Popular frente a los cuestionamientos y cambios internos

Fujimori también rechazó las acusaciones de integrar un “pacto mafioso”, argumento que asoció a la capacidad de su partido para lograr acuerdos. Calificó como falsa esa acusación y afirmó: “No somos un pacto mafioso. Eso es falso”.

La candidata sostuvo que Fuerza Popular atraviesa un proceso de renovación interna, donde participan directivos con experiencia de gobiernos anteriores junto a nuevos integrantes jóvenes, quienes contribuyen a fortalecer su funcionamiento democrático. También indicó que los señalamientos de sus adversarios responden a “ataques por lograr acuerdos” y resaltó que la agrupación reconoce errores del pasado y mantiene la disposición para corregirlos.

Propuestas frente a la inseguridad y reformas judiciales

Sobre el combate al crimen, Fujimori aseguró que promoverá medidas estrictas: “Una política de mano dura, absoluta decisión para controlar las fronteras, recuperar el control de las cárceles, volver a hacer rastrillaje, que los presos y los internos trabajen por su comida, volver a tener jueces sin rostro”.

Entre las iniciativas más debatidas mencionó la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la aplicación de mecanismos judiciales usados en la lucha contra el terrorismo.

Fujimori remarcó: “proponemos mano dura, absoluta decisión para controlar las fronteras”. Según su plataforma, reforzar la respuesta estatal ante el crimen organizado es una prioridad, junto con la consolidación institucional de su partido.

En la resolución a la que accedió Infobae, el JEE Tumbes argumenta que, si bien correspondía una multa de 20 UIT (110 mil soles) por la gravedad del hecho, la pena tenía que reducirse a la mitad porque Ventura reconoció haber participado en la actividad proselitista cuestionada.

Cabe precisar que, por la entrega de machetes, también se dispuso iniciar un procedimiento sancionador al partido Fuerza Popular. Sin embargo, al final no se impuso sanción alguna a la organización porque no se acreditó que esta haya estado involucrada, sino que se trató de “un evento aislado organizado por el propio candidato”.

Héctor Ventura apeló la decisión del JEE Tumbes, que admitió su recurso y elevó el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que resuelva en última instancia.

La entrega de machetes

La entrega de machetes fue advertida en la página de Facebook “Tumbes de miércoles”. Ahí se ve al parlamentario fujimorista entregar personalmente machetes a ciudadanos cercanos. También se aprecia a simpatizantes de Fuerza Popular portando almanaques.

De acuerdo con el informe de fiscalización, el valor promedio de los machetes era de 19 soles, cifra que supera el límite de S/16,50 (el 0,3% de una UIT) para artículos permitidos como propaganda electoral.

El fujimorista no negó los hechos, sino que intentó alegar que el machete “operaría como un significante político, análogo, aunque menos convencional, a otros objetos de propaganda como lapiceros, tazas, libros”. Por lo que, dijo, calificaría como artículo publicitario.

Sin embargo, el JEE Tumbes determinó que Héctor Ventura, de manera “evidente”, buscó influir en el voto ya que un machete “es un instrumento de trabajo indispensable en el quehacer diario de los agricultores y cuyo valor no está al alcance de todos, lo que desliza la idea de ayuda al sector y que muy probablemente puede generar gratitud en los beneficiarios del mismo”.

Otro argumento del parlamentario de Fuerza Popular fue afirmar que el precio real de los machetes sería de entre 9,50 y 15 soles, según cotizaciones que él mismo realizó en Tumbes y Piura.

No obstante, el JEE advierte que Ventura no adjuntó un comprobante de pago que confirme que el precio del objeto no supera el límite permitido (0,3% de una UIT). También deja constancia que la cotización de los machetes no se realizó en la fecha que los entregó (febrero de 2026), sino un mes después, cuando ya sabía que había un procedimiento sancionador en trámite en su contra.

Por ello, el colegiado declaró que el congresista fujimorista incurrió en una conducta prohibida en la campaña política.

Cabe precisar que el cobro de la multa de 55 mil soles se hará efectiva 7 días después de que la sanción sea confirmada. En ese momento también se notificará al Ministerio Público para que determine si abre investigación al parlamentario.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 dispuso archivar el proceso iniciado contra Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia y al Senado por Fuerza Popular, quien había sido señalado por una presunta omisión de información respecto a la titularidad de acciones en su declaración jurada de hoja de vida (DJHV) presentada para las Elecciones Generales de 2026.

Un informe de fiscalización advirtió que Torres no consignó participación accionaria en la empresa “A.C GAMES & ENTERTAINMENTS S.A.C.”, donde figura como suscriptor de 1.500 acciones según información de la SUNARP. El fiscalizador señaló que la declaración de hoja de vidad omitió este dato, por lo que el fujimorista habría dado información falsa.

Sin embargo, tras analizar el caso, el JEE concluyó que no existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionador. El colegiado explicó que dicha empresa registra “baja de oficio” y condición de “no habido” ante la SUNAT desde julio de 2014, lo que significa que se encuentra inoperativa y sin existencia jurídica efectiva.

Además, el JEE sostiene que han trancurrido más de 10 años desde que dicha empresa fue dada de baja, por lo que Miguel Torres no estaba en la obligación de consignarla en su hoja de vida.

Finalmente, el colegiado se pronuncia sobre la inacción de la SUNARP al no depurar de sus registros a personas jurídicas que no reportan ninguna actividad u operación. “Laa posible inacción de la SUNARP al no depurar partidas tan antiguas no puede ser trasladada como una responsabilidad sancionable al administrado (Miguel Torres)”, se lee.

Así, el JEE Lima Centro 2 concluye que "corresponde declarar no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador respecto a los hechos advertidos" sobre supuesta información falsa contra el candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular.

Defiende a Rospigliosi

Miguel Torres se sumó a los mensajes en defensa del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien fue condenado por difamar a la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza.

“En el Perú estamos viendo algo muy peligroso: la justicia usada como arma política y en especial en etapas electorales. Cuando un dirigente denuncia al terrorismo o cuestiona a la izquierda radical, inmediatamente aparece una querella, una denuncia o un proceso. Eso no es justicia. Eso es persecución”, dijo. No mencionó que Rospigliosi fue condenado por llamar sin pruebas “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” a Espinoza.

Para la jueza Norma Carbajal, las expresiones usadas por Rospigliosi constituyeron un uso abusivo de su derecho a la libertad de expresión que generó una grave afectación al honor de la exfiscal de la Nación.

Por ello, se le impuso al presidente del Congreso una condena de 9 meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 200 mil soles.

Aunque haya sido condenado en primera instancia, Fernando Rospigliosi podría seguir postulando, según coinciden especialistas en derecho electoral. Esto porque la sentencia íntegra será leída y notificada luego del día de las elecciones generales, el domingo 12 de abril. La lectura del fallo íntegro será el 15 de abril.

El debate sobre las actividades profesionales de Keiko Fujimori se reavivó tras la difusión de un video en el que la candidata presidencial explica su situación laboral. Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, enfrenta cuestionamientos públicos sobre su ocupación fuera de la política, en particular por la percepción de una baja actividad profesional más allá de su rol partidario.

En un registro difundido en redes sociales y medios, Fujimori afirma: “Estoy en Miami, en la universidad donde trabajo como profesora global, la Florida International University para el centro Adam Smith. Esta vez he venido invitada para un evento, he visitado el campus, me he encontrado con colegas y estoy aprovechando para ver los contenidos para mi siguiente clase. Estoy muy contenta en esta nueva etapa de mi vida. Ya les iré contando más sobre mis actividades”.

De acuerdo con la respuesta oficial enviada al periodista Carlos Navea del programa Beto a Saber de Willax por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, Keiko Fujimori ostenta el título de distinguished world leadership fellow, es decir, “becaria distinguida en liderazgo mundial”. Este reconocimiento, según la propia universidad, es honorífico y no implica necesariamente una relación laboral remunerada ni la realización de actividades docentes regulares.

Un análisis del video presentado por Fujimori en Willax evidencia que las actividades mencionadas consisten en visitas al campus, participación en eventos y reuniones con colegas, sin que se muestren tareas asociadas a docencia, investigación o gestión académica, como la preparación de clases, corrección de trabajos o interacción directa con estudiantes. La figura de “profesora global” no corresponde a una categoría formal de docencia reconocida en el sistema universitario estadounidense ni en la propia institución.

¿Qué figura en la hoja de vida de Keiko Fujimori ante el JNE?

Según el programa periodístico La Encerrona, la información presentada por Keiko Fujimori ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalla como única experiencia laboral el cargo de presidenta del partido político Fuerza Popular. En la plataforma Club Otorongo, que recopila datos patrimoniales de autoridades y candidatos, se consigna que Fujimori percibe un ingreso anual de 271.853 soles con 45 céntimos, equivalente a aproximadamente USD 6.000 mensuales al tipo de cambio actual, por su función como presidenta del partido. Este salario proviene de los fondos públicos asignados a las agrupaciones políticas que superan la valla electoral, mecanismo de financiamiento vigente en el sistema peruano.

La documentación oficial no registra otra ocupación remunerada fuera de su desempeño al frente de Fuerza Popular, lo que refuerza la percepción de que la labor partidaria constituye la principal —y única— actividad profesional de Keiko Fujimori en los últimos años.

Plan de gobierno de Fuerza Popular

El plan de gobierno de Fuerza Popular para el periodo 2026-2031, titulado “Perú con Orden”, se enfoca en recuperar la estabilidad nacional bajo tres ejes estratégicos: orden ciudadano, económico y jurídico. La propuesta económica mantiene la defensa del modelo de libre mercado y la Constitución de 1993, buscando reducir la informalidad laboral al 30% mediante una reforma tributaria para las Mypes que prohíbe la doble sanción (cierre y multa). Además, promueve el concepto de “capitalismo popular” y una convivencia armoniosa entre minería y agricultura para destrabar proyectos de inversión de alto impacto.

En materia de seguridad y servicios sociales, el plan prioriza la “mano dura” contra el crimen organizado y la delincuencia común, proponiendo el uso de tecnología predictiva, drones y el fortalecimiento del control fronterizo con apoyo de las Fuerzas Armadas. En educación y salud, plantea la construcción de 2,000 nuevos colegios, el retorno de cursos como Educación Cívica y el uso de telemedicina universal para agilizar los diagnósticos en postas médicas. Asimismo, incluye el compromiso de garantizar el acceso a medicamentos genéricos obligatorios en farmacias y la lucha contra la desnutrición infantil mediante alimentos reforzados con hierro.

El plan de gobierno de Fuerza Popular no contempla el aborto terapéutico ni la educación sexual integral como parte de ejes de protección para niñas víctimas de violación, ni plantea su implementación como política pública, según un análisis realizado por la organización feminista Manuela Ramos.

El análisis hecho por la ONG al plan de gobierno del partido fujimorista, titulado Análisis electoral Perú - 2026, detalla las propuestas de Fuerza Popular sobre la protección de niñas y adolescentes frente a la violencia sexual de la que son víctimas y ha identificado que el partido propone un sistema de protección y justicia especializado para niñas víctimas de violencia sexual, con diferenciación por género y ciclo de vida, además de asignación presupuestal y gestión de casos. Aunque el plan afirma que la educación es una competencia primaria de los padres, el Estado queda relegado a un papel subsidiario.

El primer principio del Decálogo del partido es “la vida desde la concepción”, lo que excluye la posibilidad de que se contemplen políticas como el aborto terapéutico para niñas embarazadas, incluso en casos de abuso sexual. Por otro lado, la “educación sexual integral” solo se menciona una vez en todo el plan, dentro de un diagnóstico sobre causas de embarazo adolescente, sin indicar propuestas claras para su implementación como parte de políticas públicas vinculadas a la salud.

Según Manuela Ramos, el plan de Fuerza Popular menciona que una de sus propuestas es el “establecimiento de un sistema de protección y justicia especializado para la atención de niñas y adolescentes mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual”, que incluye un sistema diferenciado por género y ciclo de vida, con presupuesto específico, gestión integral de casos y el programa Familia y Colegio Protegen, que prevé campañas preventivas dirigidas a varones jóvenes. Se orienta a detectar riesgo de violencia sexual en colegios y coordinar acciones con fiscalía y comisarías, pero no incluye estrategias de prevención a través de la educación.

Sin embargo, el documento también advierte que los Centros de Emergencia Mujer no aparecen en el plan de Fuerza Popular, así como tampoco el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Términos como “feminicidio” y la palabra “género” tampoco forman parte de las consideraciones del partido de Keiko Fujimori.

Tampoco se contemplan protocolos de no revictimización ni existe institucionalidad de género que respalde estas propuestas. El informe subraya: “Un sistema de protección para niñas víctimas de violencia sexual que no menciona los CEM ni el MIMP no tiene la plataforma institucional para operar”.

Postura sobre embarazo infantil y aborto terapéutico

El informe de la ONG indica que el plan de Fuerza Popular reconoce que el 28,6 % de adolescentes de la selva rural están embarazadas y atribuye estos casos a “brechas en educación sexual integral y servicios de salud”, y plantea un programa multisectorial de prevención. Sin embargo, no menciona el aborto terapéutico ni propone implementar la educación sexual integral. Tampoco aparecen los términos “aborto” o “terapéutico” en el documento del partido.

El segundo punto del Decálogo señala que “los padres, por obligación y derecho, se encargan de la educación de sus hijos. El Estado participa de manera subsidiaria respetando la libertad de definir los alcances elegidos por ellos”. Esta premisa, según el informe, es incompatible con una educación sexual integral obligatoria y definida por el Estado.

El análisis de Manuela Ramos concluye que las propuestas de Fuerza Popular están enfocadas en la protección posterior al daño, sin prevención ni un marco institucional de género para su implementación.

La economía es el eje vertebral de los planes de gobierno presentados para las Elecciones 2026 en el Perú. En un contexto de bajo crecimiento, informalidad persistente y alta desigualdad, la campaña electoral ha convertido el debate económico en un terreno de competencia programática y técnica. La recuperación postpandemia, la necesidad de empleo digno, la inversión en infraestructura, la formalización y la transformación productiva son prioridades compartidas, pero las estrategias y el papel del Estado, el mercado y la descentralización muestran matices sustanciales entre partidos.

Este informe detalla y compara las propuestas económicas de Fuerza Popular, Renovación Popular, País para Todos, Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación y Primero la Gente. Se presentan los enfoques, medidas y metas específicas de cada agrupación en materia fiscal, tributaria, inversión, formalización, diversificación productiva, innovación, descentralización, inclusión financiera y sostenibilidad. Finalmente, se identifican las coincidencias y las innovaciones clave en cada propuesta, aportando una visión integral de los modelos económicos en disputa y el horizonte de políticas para los próximos cinco años.

Fuerza Popular: Disciplina fiscal, shock desregulatorio y digitalización

Fuerza Popular de Keiko Fujimori prioriza la disciplina fiscal y la modernización administrativa como motores del crecimiento. Su meta es reducir el déficit fiscal al 1% del PBI y restablecer la regla fiscal, comprometiéndose a eficiencia en gasto, eliminación de gastos superfluos y ampliación de la base tributaria sin aumentar la presión sobre los contribuyentes formales. El plan destaca el shock desregulatorio: eliminar 500 trámites administrativos, digitalizar el 80% de los procedimientos empresariales mediante una Ventanilla Única Digital con inteligencia artificial y aplicar la estrategia “Cero Colas” en el Estado. Se busca reducir en al menos 40% el tiempo de tramitación de proyectos de inversión y atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones adicionales de capital privado anualmente, generando 500.000 empleos formales. En sectores estratégicos —minería, energía, agricultura, turismo— se prioriza la inversión privada, las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, con énfasis en la descentralización y la inclusión territorial. El financiamiento se apoya en crecimiento sostenido, APP y un eventual aumento prudente de la deuda pública para inversión productiva.

Novedad: La apuesta más ambiciosa por la digitalización estatal, la simplificación radical de trámites y el control algorítmico de eficiencia pública.

Plan de Gobierno del partido Fuerza Popular by Infobae Perú

Renovación Popular: Reactivación, formalización y descentralización

Renovación Popular de Rafael López Aliaga propone reactivar la economía por sectores, enfatizando la eficiencia estatal y la descentralización. Plantea unificar regímenes tributarios para simplificar la formalización, reducir el IGV, eliminar exoneraciones y crear una Ley del Contribuyente que brinde seguridad jurídica. Favorece la industrialización, la diversificación productiva y la creación de zonas francas, así como incentivos a la inversión privada nacional y extranjera. El plan destaca la meta de crear 2 millones de empleos a través de la modernización industrial y la promoción de PYMES vía un Instituto de Promoción y Desarrollo PYME. En infraestructura, impulsa megaproyectos (trenes, puertos, carreteras, banda ancha nacional) y la modernización agrícola con investigación y desarrollo local. El Estado debe ser reducido, eficaz y descentralizado, con incentivos a gobiernos regionales y locales.

Novedad: El énfasis en la reducción de ministerios, el incentivo a la formalización tributaria y la creación de una Policía Municipal como parte del aparato productivo local.

Plan de Gobierno de Renovación Popular by Infobae Perú

País para Todos: Estabilidad, productividad y Estado digital

El plan de País para Todos de Carlos Álvarez estructura la economía sobre cuatro bases: seguridad, economía, honestidad y justicia. Plantea un blindaje macroeconómico con disciplina fiscal, convergencia del déficit al 1% del PBI y presión tributaria creciente al 17%. Propone reforma tributaria sin subir tasas, masificar factura electrónica y eliminar exoneraciones ineficientes. La inversión pública debe ser eficiente, con ejecución priorizada y cero corrupción, y la privada debe destrabarse mediante simplificación y ventanilla única territorial. Apuesta por la digitalización total del Estado, con interoperabilidad, menos trámites y una plataforma digital única. La transformación productiva incluye impulso a la agricultura, minería sostenible, energía renovable, turismo y servicios modernos. El plan incorpora metas claras: aumentar exportaciones no tradicionales, reducir la informalidad laboral, modernizar el sistema previsional y expandir el crédito a MYPE y hogares.

Novedad: Estado digital interoperable, control fiscal en tiempo real y régimen único para MYPE, con fuerte enfoque en formalización y rendición de cuentas pública.

Plan de Gobierno del partido País Para Todos 2026 - 2031 by Infobae Perú

Juntos por el Perú: Ruptura con el extractivismo, justicia fiscal y economía solidaria

Juntos por el Perú de Roberto Sánchez propone superar el modelo primario-exportador y neoliberal. Su visión es una economía mixta, donde el Estado recupere soberanía sobre recursos estratégicos, impulse la industrialización, la ciencia y la innovación, y priorice la agricultura familiar y la economía cooperativa. El plan exige reforma constitucional, nacionalización parcial de recursos, sistema tributario progresivo (más impuestos a grandes fortunas, eliminación de exoneraciones), e inversión masiva en ciencia y tecnología. Propone presión tributaria del 25% del PBI, reducción de informalidad al 60% y creación de polos industriales regionales. El Estado debe ser actor central en sectores estratégicos, con control de precios en mercados en crisis, justicia laboral, aumento de salarios y pensiones, y desarrollo rural integral.

Novedad: La propuesta más radical de reorientación productiva, nacionalización parcial y justicia fiscal, con metas de industrialización y transición energética.

Plan de Gobierno de Juntos Por El Perú by Infobae Perú

Buen Gobierno: Diversificación, fondo soberano y transición ecológica

El Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto parte de una visión de diversificación productiva y formalización. Promueve la creación de un Fondo Soberano de Riqueza, crecimiento anual de 5%, presión tributaria de 18% y reducción de informalidad laboral al 50%. Propone fortalecer la inversión pública y privada, ampliar la base tributaria, modernizar el sistema financiero y el empleo formal, y universalizar salud, educación y conectividad digital. El plan incluye incentivos para la innovación, transición ecológica, economía circular y desarrollo industrial regional. En empleo, apuesta por incentivos fiscales y clústeres productivos; en agricultura, por capacitación, innovación y alianzas público-privadas. La infraestructura es priorizada en función de cierre de brechas y competitividad.

Novedad: Fondo soberano, impuestos verdes, modernización financiera y una agenda de innovación tecnológica transversal.

Plan de Gobierno del Partido Del Buen Gobierno by Infobae Perú

Ahora Nación: Desarrollo sostenible, matriz diversificada y competitividad territorial

Ahora Nación de Alfonso López Chau apuesta por una economía sostenible, inclusiva y competitiva, con crecimiento real promedio del 6%, déficit fiscal bajo el 1% y deuda pública menor al 30%. Propone una política industrial orientada a la diversificación y la productividad, con enfoque territorial y promoción de cadenas de valor regionales. El Estado es promotor y aliado del sector privado, con reglas claras y fiscalidad progresiva. Destaca la inversión en infraestructura hídrica, asistencia técnica agrícola, acceso al crédito y fortalecimiento de la agroindustria. El comercio exterior se enfoca en diversificación de mercados y valor agregado, mientras el turismo y la energía se presentan como motores de desarrollo local.

Novedad: Plan nacional de crecimiento regional, fondo soberano, ciudades modelo y enfoque de desarrollo territorial competitivo.

Plan de Gobierno del partido Ahora Nación by Infobae Perú

Primero la Gente: Economía para la inclusión, formalización y diversificación

Primero la Gente de Marisol Pérez Tello estructura su plan económico en torno a la inversión privada competitiva, desarrollo de MIPYME, diversificación productiva y sostenibilidad fiscal. Propone la recuperación de grandes proyectos, fast track para inversiones, ventanilla única digital y centros tecnológicos sectoriales. En empleo, plantea reducir la informalidad al 55%, aumentar la productividad laboral y elevar la inversión privada al 22% del PBI. Destaca la promoción de la economía digital, la bioindustria, la acuicultura y la economía creativa. En fiscalidad, apuesta por una reforma progresiva, reducción de controversias contractuales y presión tributaria creciente. La política exterior busca diversificar mercados y captar inversión de calidad.

Novedad: Fast track para inversiones, nuevos sectores estratégicos (acuicultura, economía creativa), y digitalización integral de servicios públicos y productivos.

Plan de Gobierno de Primero La Gente by Infobae Perú

Obras: Economía social de mercado con equidad y desarrollo local

Obras de Ricardo Belmont promueve una economía social de mercado con rostro humano, defendiendo la inversión privada, la formalización y la descentralización productiva y administrativa. Propone un plan de caminos rurales, electrificación y saneamiento para la producción, y centros de acopio para valor agregado local. El Estado debe ser promotor y vigilante, con transparencia, ética y reducción del aparato estatal. Destaca el combate a monopolios y oligopolios, el impulso a la industrialización de recursos, y la participación estatal en sectores estratégicos. Prioriza la plataforma digital única para obras públicas, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Financia la inversión con reorientación del gasto y APP bajo estricta supervisión.

Novedad: Formalización local, industrialización progresiva, centro de acopio municipal y plataforma digital de seguimiento ciudadano.

Plan de Gobierno del partido OBRAS by Infobae Perú

Coincidencias y novedades

Coincidencias:

• Disciplina fiscal y sostenibilidad macroeconómica.
• Formalización laboral y empresarial, y reducción de la informalidad.
• Inversión en infraestructura y cierre de brechas.
• Apoyo a MYPE y pymes, innovación y desarrollo productivo.
• Digitalización estatal, simplificación de trámites y uso de tecnología.
• Diversificación productiva y mayor valor agregado.
• Sostenibilidad ambiental y transición energética.
• Promoción de la inversión privada con reglas claras y seguridad jurídica.

Novedades/diferencias:

• Fuerza Popular, País para Todos y Primero la Gente: Enfoque en digitalización radical y Estado interoperable.
• Juntos por el Perú y Buen Gobierno: Reforma profunda del sistema tributario, fondos soberanos y transición ecológica.
• Renovación Popular: Incentivos tributarios para formalización, reducción de ministerios, zonas francas y nueva Ley del Contribuyente.
• Obras: Formalización y desarrollo productivo desde lo local, control ciudadano digital y Estado promotor pero no interventor.
• Ahora Nación: Plan nacional territorial, ciudades modelo, fondo soberano y enfoque competitivo regional.
• País para Todos y Primero la Gente: Fast track para proyectos clave, ventanillas únicas y sandboxes regulatorios productivos.
• Juntos por el Perú: Nacionalización parcial, ruptura con el modelo extractivo, industrialización y justicia fiscal.
• Buen Gobierno: Impuestos verdes, modernización financiera y modelo de inclusión productiva.

Cada partido ofrece matices y apuestas diferenciadas, desde la intervención estatal y la justicia fiscal hasta la digitalización radical y la descentralización productiva. El reto será pasar de la promesa programática a la ejecución real y medible en el próximo quinquenio.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos y en el eje central del debate electoral de 2026. Extorsiones, homicidios, robos y crimen organizado han alcanzado niveles históricos, alimentando el miedo en barrios urbanos, mercados, zonas rurales y corredores logísticos. Frente a este escenario, los partidos y candidatos presidenciales han elaborado planes de gobierno que colocan la lucha contra la criminalidad y la recuperación del control territorial en el corazón de sus propuestas. Sin embargo, aunque todos coinciden en la urgencia de enfrentar la violencia, difieren en el enfoque, las herramientas y la profundidad de sus reformas.

Este informe analiza en detalle las estrategias y medidas planteadas en los planes de gobierno de Fuerza Popular, Renovación Popular, País para Todos, Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación y Primero la Gente. Se examinan sus diagnósticos, líneas de acción y metas cuantificables, identificando los puntos de coincidencia —como la modernización tecnológica y la profesionalización de la Policía— y destacando las novedades que cada propuesta aporta en áreas como prevención comunitaria, inteligencia, reforma penitenciaria, articulación institucional y rendición de cuentas. El objetivo es ofrecer una radiografía comparada que permita entender cómo cada agrupación política planea devolver la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos, y cuáles son los caminos innovadores y las deudas históricas que buscan saldar.

Fuerza Popular: “Perú con Orden”, tecnología y prevención desde la infancia

Fuerza Popular de Keiko Fujimori propone una intervención integral que parte de un severo diagnóstico: 27% de los peruanos han sido víctimas de delitos y la extorsión alcanza niveles críticos. Su plan aboga por lanzar un Programa Nacional de Prevención Temprana para jóvenes en riesgo, modernizar la Policía Nacional (PNP) con tecnología avanzada (videovigilancia, drones, reconocimiento facial), y construir comisarías seguras y sostenibles. Destaca la creación de un Consejo Presidencial de Prevención del Delito y la Plataforma Perú con Orden para información en tiempo real. En el frente penal, se impulsan mega penales, unidades de flagrancia y trabajo productivo penitenciario, junto con un proceso de profesionalización y meritocracia policial. El objetivo es reducir la impunidad y devolver la tranquilidad a las familias, con metas de reducción de homicidios y delitos en 20%. La propuesta incluye:

• Prevención temprana: Programa nacional desde la Presidencia para niños y adolescentes en riesgo, con becas, deportes y tutoría.
• Consejo Presidencial de Prevención y escuelas deportivas como herramienta de reintegración.
• Patrullaje inteligente: Refuerzo en zonas críticas, uso de drones, cámaras con reconocimiento facial, geolocalización y “Botón de Pánico” digital en celulares.
• Modernización policial: Reingeniería en equipamiento, profesionalización, formación universitaria y meritocracia. Dos líneas: Seguridad/Orden Interno e Investigación Criminal.
• Mega penales y cárceles productivas: Construcción de 4 mega penales, 4 modulares y 1 juvenil, con administración exclusiva de las FF.AA.; programas de reinserción laboral y convenios APP.
• Plataforma “Perú con Orden”: Sistema digital nacional de denuncias y videovigilancia.
• Sistema Nacional de Flagrancia: Unidades express en 24 regiones para reducir la impunidad del 90% al 50%.
• Interoperabilidad: Integración digital entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial.
• Metas: Reducir homicidios en 20%, implementar C5i en todas las regiones, y modernizar 200 comisarías en los primeros 100 días.

Novedad: Integración tecnológica avanzada (drones, cámaras, plataforma nacional de denuncias), enfoque en prevención juvenil y apuesta por la productividad penitenciaria a gran escala.

Plan de Gobierno del partido Fuerza Popular by Infobae Perú

Renovación Popular: Unidades itinerantes y cooperación internacional

El plan de Renovación Popular de Rafael López Aliaga se centra en “derrotar la delincuencia, el pandillaje y la microcomercialización de drogas”. Propone la creación de Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, videovigilancia integral, más agentes encubiertos y potenciar el servicio de inteligencia policial. Destaca un convenio con Estados Unidos para tecnología y extradición de cabecillas criminales. Plantea devolver autoridad a la PNP, crear una Policía Municipal y fortalecer la profesionalización policial, incluso permitiendo el ingreso de licenciados de las Fuerzas Armadas a la PNP. En migración, promueve controles estrictos y regularización para extranjeros. El énfasis está en la acción interinstitucional y la recuperación del control estatal, con metas de reducción drástica de índices de violencia y extorsión.

• Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana: Grupos móviles mixtos (Policía, FF.AA., serenazgo, PJ, Fiscalía, sociedad civil) para zonas críticas.
• Videovigilancia nacional: Integración en ciudades, trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno.
• Potenciar inteligencia policial: Agentes encubiertos, convenio con EE.UU. para tecnología y extradición inmediata de cabecillas.
• Revalorización policial: Más herramientas legales, Instituto de Investigación y Desarrollo Policial, ingreso preferente de FF.AA. licenciados.
• Policía Municipal: Creación de nuevo cuerpo policial local.
• Migración: Control estricto de extranjeros, regularización solo para quienes no tengan antecedentes. Nacionalidad tras 5 años de residencia productiva.
• Metas: Reducción drástica de violencia y extorsión, creación de la Policía Municipal, y extradición expedita de criminales.

Novedad: Unidades itinerantes interinstitucionales, integración FF.AA.-PNP, cooperación formal con EE.UU., y la figura de policía local municipal.

Plan de Gobierno de Renovación Popular by Infobae Perú

País para Todos: Seguridad como base del desarrollo y pacto nacional

El programa de Carlos Álvarez pone la seguridad como condición innegociable para cualquier avance en educación, economía o salud. Propone un enfoque integral: mano firme contra mafias y crimen organizado, pero también inteligencia, articulación estatal y oportunidades sociales. Plantea una reforma total del sistema policial y judicial, la creación de una Plataforma Nacional de Análisis Criminal, uso masivo de tecnología y una meta concreta: reducir la tasa de homicidios de 8.6 a 6 por 100 mil habitantes, y la extorsión de 0.9 a 0.6 por cada 100 adultos. Reivindica la transparencia y control ciudadano, con metas de reducción del miedo y la victimización. Propone:

• Control territorial: Recuperación física de barrios y espacios públicos.
• Plataforma Nacional de Análisis Criminal (PNAC): Unificación de datos de PNP, Fiscalía, INPE, SBS y OSIPTEL.
• Reforma total PNP y sistema judicial: Carrera meritocrática estricta, depuración, y profesionalización.
• Investigación avanzada: Geolocalización, rastreo financiero, análisis de redes sociales, laboratorios forenses regionales.
• Intervención en extorsión: Unidades anti-extorsión, rastreo digital y financiero, protección a testigos y víctimas.
• Reforma penitenciaria: 100% de penales con bloqueadores y módulos de máxima seguridad, inteligencia penitenciaria conectada.
• Prevención social: Créditos justos para evitar “gota a gota”, formalización laboral, educación financiera y programas de prevención en escuelas.
• Cooperación internacional: Enfoque regional y acuerdos con INTERPOL y Comunidad Andina para crimen transnacional.
• Metas: Reducir homicidios de 8,6 a 6 por 100 mil habitantes; reducción de extorsión en más del 50%; 100% de penales con control tecnológico.

Novedad: Plataforma digital de análisis criminal unificada, sistema de inteligencia penitenciaria, y el enfoque de seguridad como habilitador transversal.

Plan de Gobierno del partido País Para Todos 2026 - 2031 by Infobae Perú

Partido del Buen Gobierno: Derogación de “leyes pro-crimen” y enfoque comunitario

El plan de Buen Gobierno de Jorge Nieto inicia con la derogación inmediata de las “leyes pro-crimen”, que —según el documento— han debilitado la capacidad del Estado para sancionar y prevenir el delito. Propone una comisión especial para revisar la legislación penal, fortalecer la función comunitaria de la Policía y el patrullaje integrado con serenazgo, y usar inteligencia artificial y macrodatos para prevenir el delito. En prevención, plantea programas educativos y comunitarios para adolescentes y jóvenes, y refuerza la protección de víctimas de violencia de género. La meta: reducir la victimización urbana al 20% y desarticular al menos 250 bandas criminales al 2031.

• Comisión especial para marco normativo: Revisar y derogar leyes que debilitan la persecución penal.
• Prevención juvenil: Espacios educativos y programas comunitarios para reducir violencia adolescente.
• Policía comunitaria: Fortalecer la función territorial, canales de denuncia y atención ciudadana.
• Inteligencia artificial y big data: Para análisis y prevención del delito.
• Patrullaje integrado: PNP y serenazgo, con vigilancia estratégica y mapas del delito.
• Atención a víctimas: Especial énfasis en violencia de género e intrafamiliar.
• Participación ciudadana: Observatorio Nacional de Seguridad, veedurías y control social.
• Metas: Reducción de victimización urbana al 20%, duplicar bandas criminales desarticuladas, cobertura de protección para víctimas al 50%.

Novedad: Derogación de leyes recientes, enfoque comunitario y uso intensivo de inteligencia artificial en prevención.

Plan de Gobierno del Partido Del Buen Gobierno by Infobae Perú

Juntos por el Perú: Reingeniería policial y plataformas de denuncia ciudadana

Juntos por el Perú de Roberto Sánchez denuncia la corrupción y la ineficiencia de las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias. Propone una depuración inmediata de mandos policiales comprometidos con la corrupción, la creación de una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito, y una plataforma digital unificada para denuncias y seguimiento de casos. Plantea veedurías ciudadanas, una política de seguridad territorial y la derogación de leyes que —considera— han creado impunidad. Da prioridad a la prevención comunitaria, la recuperación de espacios públicos y la protección de sectores vulnerables.

• Depuración de la PNP: Sanciones inmediatas, reforma de ascensos y régimen disciplinario.
• Unidad de Inteligencia Financiera y Ciberdelito: Rastreo de extorsiones y fraudes digitales.
• Plataforma digital unificada: Para denuncias, seguimiento y alertas comunitarias.
• Control ciudadano: Veedurías y observatorios civiles, alfabetización digital y prevención de fraude cibernético.
• Justicia penal eficiente: Más fiscalías especializadas, juzgados de flagrancia y defensores públicos.
• Control territorial: Plan nacional de recuperación de barrios, juntas vecinales, protección a víctimas y prevención comunitaria.
• Metas: 100% personal policial evaluado en integridad, reducción de homicidios en 70%, 200 espacios públicos recuperados, 200 juntas vecinales activas.

Novedad: Plataforma unificada de denuncias, control ciudadano directo, y enfoque de justicia con prevención social.

Plan de Gobierno de Juntos Por El Perú by Infobae Perú

Obras: Estado eficiente, percepción de seguridad y control social

Obras de Ricardo Belmont plantea un Estado reducido y eficiente, con énfasis en la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del tejido social. Propone reestructurar el sistema de justicia (Policía, Fiscalía, INPE y Poder Judicial), establecer controles y monitoreo rigurosos y mejorar la percepción de seguridad barrial en 15 puntos porcentuales. Aspira a que el 50% de denuncias se resuelvan y a mejorar la confianza ciudadana en las instituciones, aunque el plan carece de propuestas tecnológicas específicas.

• Reestructuración judicial: PNP, Fiscalía, INPE y PJ bajo control, evaluación y seguimiento.
• Mejorar percepción de seguridad: Meta de subir en 15 puntos la percepción vecinal.
• Resolución de denuncias: Lograr que el 50% de denuncias sean resueltas.
• Control y monitoreo: Implementar sistemas de control en el sistema de justicia.
• Reducción de la carga procesal: Meta de reducir expedientes en cantidad y calidad en 2 años.
• Rechazo a la violencia: Enfatiza el monopolio estatal de la fuerza y condena toda violencia, narcotráfico y crimen.Novedad: Enfoque en percepción, control vecinal y eficiencia judicial, más que en tecnología o fuerza.

Plan de Gobierno del partido OBRAS by Infobae Perú

Ahora Nación: Articulación estatal, interoperabilidad y meritocracia

El plan de Ahora Nación de Alfonso López Chau apuesta por una transformación integral del sistema de seguridad ciudadana, priorizando el enfoque preventivo y comunitario, pero también la mano firme y la coordinación real entre todas las entidades estatales. Plantea una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad, un sistema informático interoperable (Policía, Fiscalía, INPE y Poder Judicial), y profesionalización policial bajo supervisión de SUNEDU/MINEDU. Integra inteligencia, becas, uso de polígrafo y sanciones estrictas, así como la reubicación de penales y el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria. Propone indicadores y metas ambiciosas, con participación ciudadana y transparencia.

• Nueva ley de seguridad ciudadana: Liderazgo claro del Ejecutivo, integración real de prevención y combate, decisiones basadas en evidencia.
• Sistema interoperable digital: Policía, MinJus, MP, PJ e INPE conectados.
• Reforma policial: Admisión dirigida por universidades, supervisión SUNEDU/MINEDU, uso de polígrafo, becas, meritocracia, sanción de corrupción.
• Inteligencia y tecnología: Unidades especializadas, banco de ADN mineral para lucha contra minería ilegal, laboratorios y agentes de inteligencia en todas las comisarías clave.
• Sistema penitenciario profesionalizado: Concurso meritocrático para presidente del INPE, bloqueadores de señal, formación ética y progresiva reubicación de penales fuera de ciudades.
• Metas: Reducción de extorsión a 13.000 denuncias/año, 0% de comisarías sin servicios básicos, 5 complejos regionales nuevos, 0% de inversiones penitenciarias pendientes.

Novedad: Digitalización y meritocracia en toda la cadena judicial-policial, banco de ADN para minería, y sistema interoperable nacional.

Plan de Gobierno del partido Ahora Nación by Infobae Perú

Primero la Gente: Integralidad, prevención y control territorial

Primero la Gente de Marisol Pérez Tello parte de un diagnóstico profundo: la inseguridad como fenómeno estructural alimentado por economías ilegales, corrupción y fragmentación institucional. Plantea una política nacional integral con enfoque territorial, prevención comunitaria, reforma de la PNP y del sistema judicial, plataformas digitales de denuncia y control ciudadano. La novedad: un enfoque de seguridad “con cuidado y prevención”, ampliando servicios para mujeres, jóvenes y personas vulnerables, y la protección legal de juntas vecinales y comités comunales.

• Política nacional integral y territorial: Seguridad como justicia y presencia estatal, no privilegio.
• Reforma policial: Depuración, formación ética, democratización de ascensos, control ciudadano y enfoque de derechos.
• Inteligencia financiera: Unidad especial para rastrear extorsión y lavado, control de telecomunicaciones y geolocalización de llamadas.
• Prevención comunitaria: Planes locales con juntas vecinales, recuperación de espacios públicos, prevención escolar y protección a víctimas.
• Justicia penal articulada: Más fiscalías, juzgados de flagrancia, defensoría pública ágil.
• Control democrático: Veedurías, observatorios, campañas de alfabetización digital.
• Metas: Reducción de homicidios en 70%, 80% de policías capacitados en tecnología, 100 mil prestadores de servicio militar con formación técnica, 200 espacios públicos recuperados.

Novedad: Seguridad como política de cuidado, protección legal a juntas vecinales, alfabetización digital masiva y enfoque de género y comunidad.

Plan de Gobierno de Primero La Gente by Infobae Perú

Coincidencias y diferencias clave

Coincidencias:

• Reforma, profesionalización y depuración de la PNP.
• Uso de tecnología, videovigilancia, inteligencia artificial y digitalización para prevención y persecución del delito.
• Integración entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial.
• Control penitenciario efectivo y reinserción.
• Prevención comunitaria y recuperación de espacios públicos.
• Transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas.
• Lucha frontal contra la extorsión y el crimen organizado.

Novedades y diferencias:

• Fuerza Popular y Renovación Popular innovan en tecnología policial y mega penales, y apuestan por la prevención desde la infancia.
• País para Todos y Buen Gobierno priorizan plataformas unificadas digitales, inteligencia artificial y derogación de leyes pro-crimen.
• Juntos por el Perú y Primero la Gente ponen el foco en control ciudadano, prevención comunitaria, protección a víctimas y depuración policial radical.
• Ahora Nación destaca la interoperabilidad digital, meritocracia en toda la cadena judicial-policial y banco de ADN para minería ilegal.
• Obras enfatiza la percepción de seguridad, eficiencia judicial y control social más que en la fuerza o la tecnología.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expuso sus principales propuestas en los ámbitos de seguridad, economía, salud, educación y lucha contra la corrupción a pocos días de las elecciones generales, el próximo 12 de abril.

Durante su conversación con la Agencia Andina, Fujimori subrayó que “nuestra principal propuesta y eje de campaña es recuperar el orden” y que, entre las medidas clave, se contempla el control de fronteras y cárceles mediante la participación de las Fuerzas Armadas y el uso de inteligencia para anticipar delitos.

Durante su exposición respecto a la seguridad ciudadana, afirmó que en un eventual gobierno de Fuerza Popular buscará construir “cuatro penales y un megapenal para reos de alta peligrosidad, como es el penal El Cecot, en El Salvador”.

Seguridad ciudadana y transporte público

La candidata abordó también la problemática de la seguridad en el transporte público y afirmó que “estamos recomendando al Poder Ejecutivo convocar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y colocar un efectivo en cada bus para resguardar la vida de las personas”. Esto a pesar de que ya existe un plan en marcha para la vigilancia de los buses de transporte público por medio de escoltas de patrulleros por sectores y que no hay suficientes agentes de la PNP para que se asigne a un policía a cada uno de los buses que circulan solo en Lima Metropolitana.

Sobre el control fronterizo y la migración, la líder de Fuerza Popular adelantó que solicitará facultades especiales al Congreso desde el primer día de su eventual mandato. “Con estas facultades lo que vamos a hacer es adquirir 1.000 patrulleros para tener una actitud proactiva en todo el control fronterizo”, declaró.

Consultada por la gestión penitenciaria, Fujimori propuso la construcción de nuevas instalaciones carcelarias y la implementación de tecnología e inteligencia para elevar el estándar de seguridad. La participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo de fronteras y la creciente vigilancia a través de sistemas integrados forman parte de su paquete de medidas, diseñado para enfrentar tanto el delito común como el crimen organizado

Economía y desarrollo productivo

Respecto a la actividad minera, Keiko Fujimori sostuvo que “el Perú es un país minero” y enfatizó la necesidad de promover la industria con respeto ambiental y trabajo articulado con las comunidades. Señaló que “la priorización del agua es, primero, para el consumo humano, la agricultura, la ganadería, y, en último lugar, para las actividades extractivas”.

Propuso agilizar los procesos de formalización y ejecutar una vigilancia estricta frente a la minería que incumpla las normativas ambientales.

Sobre política económica, Fujimori subrayó la inversión privada y pública como motores clave: “El motor económico del Perú, 20% depende de la inversión pública y un 80% de la inversión privada. En el sector privado, debemos destrabar grandes proyectos y también ampliar los proyectos de irrigación”. En su programa figura la ampliación de Chavimochic III y Majes Siguas II, así como la construcción de reservorios y canales.

Fujimori también resaltó el impacto de la agroexportación; busca ampliar y fortalecer los grandes proyectos de irrigación para incrementar el desarrollo rural.

Políticas sociales y educación

En materia social, la candidata de Fuerza Popular propuso fortalecer y ampliar programas como PRONA, comedores populares, clubes de madres y ollas comunes, con la entrega de bonos de reconocimiento a estas organizaciones. Detalló: “Los programas sociales que sí funcionaron, como Juntos, Beca 18 y Pensión 65, serán repotenciados y ampliados”.

En salud pública, anunció como prioridad la implementación de telemedicina universal para reducir tiempos de espera y mejorar el acceso a diagnósticos. “Telemedicina universal para eliminar las colas”, afirmó. Además, propuso acciones firmes contra la anemia infantil y el uso de arroz fortificado con hierro dentro de la estrategia nutricional.

Sobre infraestructura hospitalaria, la candidata explicó: “Sabemos que nuestro país tiene cuatro formas de hacer inversión pública: obra pública, asociaciones público-privadas, obras por impuestos y gobierno a gobierno. Dependiendo de la magnitud del hospital, se puede trabajar en propuestas de gobierno a gobierno para otorgar mayor dinamismo en los grandes hospitales”.

En el ámbito educativo, Fujimori planteó mejorar la infraestructura y los contenidos escolares, incorporando inglés, educación cívica y física. Ofreció la construcción de canchas deportivas y la entrega de 5 millones de kits escolares. Señaló: “La educación es la herramienta para que nuestros hijos tengan mejores oportunidades”.

Además, propuso incentivos para maestros en zonas rurales y un aprovechamiento más eficiente de la tecnología y el acceso a Internet.

Transparencia y combate a la corrupción

Para enfrentar la corrupción, Fujimori propuso desarrollar herramientas digitales destinadas a transparentar las decisiones estatales y crear un “ejército de oficiales de cumplimiento” para eliminar trabas burocráticas.

En el cierre de la entrevista, la candidata pidió a los electores la oportunidad de gobernar: “Aspiro a ser presidenta para recuperar el orden y para volver a dar a nuestro país paz y progreso”.

El Plan de Gobierno 2026–2031 que Fuerza Popular presentó bajo el lema “Perú con Orden” redefine la estrategia de ese partido ante un escenario nacional marcado por la inseguridad, el estancamiento económico y el desencanto ciudadano con el Estado. De la mano de Keiko Fujimori y su equipo, el documento ofrece una hoja de ruta que busca apelar al recuerdo de los noventa, revalorar la experiencia del fujimorismo y posicionar el “orden” como pilar transversal de sus propuestas para los próximos cinco años.

La apuesta es clara: reconstituir la confianza desde medidas de fuerte intervención estatal, innovación tecnológica, énfasis en disciplina fiscal y una perspectiva de mercado social, pero también de mano dura contra la criminalidad y la corrupción. El plan no solo traza un diagnóstico, sino que detalla un repertorio de propuestas de reforma sectorial, indicadores y estrategias de implementación, todo nutrido con evidencia estadística exclusiva y una visión de país al 2031 que pretende distancia de sus rivales políticos.

El lugar del fujimorismo: reivindicación y horizonte

Desde el primer bloque, el documento se ocupa de construir una narrativa que reivindica el papel histórico de Fuerza Popular en la recuperación peruana tras la hiperinflación y el avance del terrorismo en los años noventa. Alberto Fujimori, el fujimorismo y la “decisión política firme” son piezas centrales para explicar el orden y el crecimiento de entonces, en paralelo con el énfasis en la disciplina estatal y el ejemplo de la derrota terrorista.

El plan sostiene que el Perú enfrenta hoy una encrucijada similar: la inseguridad, el desborde del crimen organizado, el deterioro institucional y la parálisis en la inversión han reinstalado la zozobra nacional. Sostiene Keiko Fujimori: “Cuando hay orden, hay futuro”. El documento afirma que el crecimiento del pasado no llegó a todos y admite fallas en el Estado para atender la vida cotidiana de las personas: “Seguimos siendo uno de los países que menos invierte en salud pública y con uno de los índices más bajos de camas hospitalarias por cada mil habitantes en la región”, alerta la candidata. Bajo ese marco autocrítico se esboza la promesa de recomponer el Estado, con apertura a técnicos “de todos los sectores” y la voz de la ciudadanía.

Ejes estratégicos principales del plan

El contenido vertebral del plan descansa en tres ejes, cada uno con líneas de acción y metas concretas:

• Orden: abarca control territorial, fortalecimiento policial, disciplina fiscal, lucha anticorrupción y modernización del sistema judicial y gestión pública, con políticas como la reconstrucción y equipamiento de comisarías, la instalación de un sistema nacional de videovigilancia y programas de prevención para jóvenes en riesgo. Se destaca la meta de reducir la impunidad en robos y asaltos del 90% al 50% hacia 2031, y la promesa de digitalizar el funcionamiento de hasta el 100% de las entidades nacionales y el 70% de las regionales.
• Economía: pone el foco en la diversificación y la mejora de la productividad, con énfasis en micro, pequeñas y medianas empresas (MYPE), reducción de trámites, digitalización masiva, ratificación de la independencia del Banco Central y la defensa de la economía social de mercado. La meta prioritaria es reducir el déficit fiscal al 1% del PBI y digitalizar al menos el 80% de trámites empresariales. Se plantea generar entre USD 5.000 y 7.000 millones adicionales en inversiones privadas cada año, con la consecuente creación de más de 500.000 nuevos empleos formales.
• Social: reúne educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y pensiones. Aquí la meta es reducir la pobreza a 15% en cinco años, sacar a más de un millón de peruanos de esa situación y ampliar la cobertura de programas sociales y acceso a servicios básicos. Se presenta un plan agresivo para cerrar brechas de infraestructura escolar y dotar a todos los colegios priorizados de conectividad y servicios básicos, así como duplicar la cobertura de becas y créditos educativos.

Inseguridad ciudadana y la reforma estatal planteada

Según el diagnóstico, la inseguridad ciudadana es el principal obstáculo para el desarrollo y la inversión, con el 27,1% de peruanos víctimas de delitos urbanos, el 84% percibiéndose inseguro y una tasa nacional de homicidios de 6,74 por cada 100 mil habitantes. El texto detalla que más de 1,7 millones de ciudadanos han sido víctimas de extorsión y que el 82% de los vehículos policiales en comisarías está inoperativo. Además de la precariedad física (el 44% de comisarías sin servicios básicos), enfatiza la falta de interoperabilidad digital y la debilidad institucional (alta rotación política, escasa meritocracia).

El plan plantea una reforma estructural de seguridad: incluye el lanzamiento de una plataforma nacional de denuncias y vigilancia en tiempo real (Perú con Orden), la construcción y modernización de comisarías, el incremento masivo de patrullaje motorizado, el despliegue de drones, la creación de unidades especializadas para enfrentar extorsión a MYPE y el uso de inteligencia artificial para prevenir crimen y detectar sobrecostos en contratos públicos. En el frente judicial, se busca reducir la impunidad en delitos a la mitad, crear mega penales y ampliar el sistema de flagrancia, para sentenciar el 50% de casos en menos de seis meses.

Estrategias de lucha contra la corrupción y transparencia

La lucha contra la corrupción aparece como capítulo prioritario, con datos que exponen la magnitud del problema: el país pierde S/ 24.268 millones al año, el equivalente al 12,7% del gasto público de 2023. La propuesta denuncia la existencia de redes de captura sistemática y propugna extender el control concurrente en el gasto, introducir inteligencia artificial para detectar anomalías en compras estatales, fortalecer la Contraloría y establecer plataformas digitales para que ciudadanos monitoreen obras públicas en tiempo real.

Se plantea, además, la transición hacia una “criptomoneda estatal para transacciones públicas”, una medida inédita en el debate nacional. La meta es reducir en 30% las pérdidas anuales por corrupción y asegurar que el 100% de los contratos y licitaciones sean públicamente accesibles y auditables.

Reforma económica: desregulación y apoyo a MYPE

De acuerdo al plan, la carga regulatoria y la tramitomanía explican hasta 3 puntos del PBI en ineficiencia y retrasos productivos cada año. Bajo ese diagnóstico, promete eliminar 500 procedimientos redundantes, digitalizar el 80% de los trámites empresariales y acelerar proyectos de inversión mediante la digitalización y descentralización de la administración pública. Una meta concreta: atraer cada año USD 5.000 a 7.000 millones adicionales en inversión privada y crear 500.000 empleos formales.

Para las micro y pequeñas empresas, que representan el 99,4% del tejido productivo, el plan articula la propuesta alrededor de la creación de la entidad PROMPYME, la apertura electrónica instantánea de negocios, incentivos fiscales y crediticios diferenciados para jóvenes y mujeres, financiamiento semilla y plataformas de comercio digital. Se fija como meta elevar al 60% la formalidad de las MYPE y asegurar que al menos el 40% accedan a crédito productivo, así como aumentar en 25% su productividad promedio.

Sectores productivos, conectividad y sostenibilidad

En minería, el plan sitúa la presión tributaria sobre el sector en 47% de las utilidades y reconoce retrasos de hasta 7-10 años en la puesta en marcha de nuevos proyectos. Propone digitalizar totalmente los trámites mineros, crear un fondo nacional de innovación para pequeña minería y una política de reparto directo del 40% del canon minero entre la población de las zonas extractivas, con control comunitario. Para el agro, la prioridad es duplicar el área con riego tecnificado (del 34% al 60%), modernizar caminos rurales, crear polos logísticos y aumentar la productividad agrícola en 30%.

En energía, revela que el 75% del diésel consumido es importado y propone reducir esa dependencia al 50%, duplicar la proporción de energías renovables en la matriz (del 6% al 20%) y conseguir cobertura eléctrica total, con énfasis en la Amazonía y la sierra. En telecomunicaciones, apunta a la digitalización y el acceso universal a internet, con una meta del 90% de cobertura en todos los distritos.

Políticas sociales, educación, salud y vivienda

Dentro del ámbito social, Fuerza Popular resalta las brechas en salud, educación y vivienda. La meta oficial: reducir la pobreza a 15% al término de su gestión. Señala que más de 3,5 millones de peruanos no cuentan con agua potable y 6,4 millones carecen de alcantarillado, mientras que tres de cada diez escuelas carecen de servicios básicos.

En educación, el plan menciona un déficit en infraestructura escolar de S/ 158.832 millones y tasas de deserción crecientes. Propone construir 3.000 colegios, garantizar acceso a tablets con internet para todos los estudiantes y fortalecer la formación docente, centrando el enfoque en competencias digitales e inteligencia artificial. En salud, el énfasis está en la reforma del primer nivel (más de 8.000 establecimientos, el 60% en condiciones inadecuadas), la digitalización de historias clínicas y la expansión de atención domiciliaria y campañas preventivas. El objetivo: bajar la anemia infantil al 20% y acortar los tiempos de espera en hospitales.

Para favorecer a la primera infancia y juventudes, el plan busca triplicar la cobertura de programas alimentarios, establecer capital semilla para jóvenes emprendedores y crear centros de orientación juvenil, junto a iniciativas como un seguro oncológico para universitarios, líneas 24/7 en salud mental y reformas al sistema de becas y créditos educativos.

En pensiones, la propuesta incrementa a S/ 700 bimestrales la “Pensión 65”, prevé preinscribir automáticamente a la población objetivo y simplificar trámites mediante ventanillas digitales y pagos electrónicos.

Infraestructura, vivienda y sostenibilidad ambiental

El plan prevé la construcción de 1,25 millones de viviendas nuevas y la digitalización de títulos de un millón de predios urbanos. Para agua y saneamiento, promete cobertura total hacia 2031, elevar el reúso de aguas residuales a 55% y digitalizar los mecanismos de control. Incluye una estrategia urbana de formalización de la propiedad y asistencia técnica para autoconstrucción segura, además de la integración de catastros en una plataforma nacional.

En sostenibilidad, las metas apuntan a reducir en 50% la deforestación ilegal en la Amazonía y valorizar el 40% de residuos urbanos, con incentivos tributarios para empresas verdes y fondos específicos.

Financiación, estructura y mecanismos de control

La propuesta sustenta su viabilidad en una proyección de crecimiento: PBI de USD 350 mil millones y expansión de hasta 6% para 2031. Se priorizan las Asociaciones Público-Privadas, Obras por Impuestos y Prioridad Fiscal. También se anticipa la opción de elevar la deuda pública hasta en un punto adicional del PBI, con foco en inversión productiva y el fortalecimiento de la recaudación por reducción de la informalidad y ampliación de la base tributaria. Minería, agroexportación y turismo figuran como motores fiscales.

En materia de control, el esquema prevé una robusta rendición de cuentas, con informes semestrales públicos, plataformas de seguimiento ciudadano y la obligación de reportar el avance de metas mediante datos abiertos.

Indicadores clave y datos diferenciales

Diversos datos y diagnósticos exclusivos aparecen en el plan de Keiko Fujimori para un eventual gobierno, así como en su diagnóstico previo a las elecciones 2026: solo el 28,4% de las micro y pequeñas empresas accede a créditos formales y más del 80% de las microempresas opera en la informalidad.

El costo de la corrupción e inconducta funcional alcanzó los S/ 24.268 millones en 2023, mientras que solo el 6% de la matriz energética proviene de fuentes renovables. El déficit de infraestructura educativa supera los S/ 158.800 millones.

Además, el 44% de las comisarías opera sin servicios básicos y el 82% de los vehículos policiales no funciona. La pobreza afecta al 29% de la población, la anemia infantil al 43,1% y solo el 35% de los adultos mayores accede a un sistema de pensión.

La visión al 2031

La visión de Fuerza Popular se resume en “un Perú con Orden y sin corrupción, con instituciones sólidas, reglas claras y autoridades que rinden cuentas”. Las metas verificables y el énfasis en plataformas digitales, transparencia y participación ciudadana distinguen esta propuesta respecto a versiones anteriores. El documento reitera que el crecimiento, la eficacia estatal y el bienestar social solamente son posibles con la restauración del orden.

Fuerza Popular sintetiza su propuesta política: “el objetivo es claro: alcanzar un Perú con fuerza, donde el orden sea el punto de partida para vivir con dignidad, trabajar con libertad, emprender con esperanza e invertir con confianza”.

Plan de gobierno de Fuerza Popular

Plan de Gobierno del partido Fuerza Popular by Infobae Perú

A pocos días de una de las elecciones más decisivas de la historia reciente, Keiko Fujimori fue entrevistada en el programa ‘Enfrentados’ de América TV, donde analizó su actual posición, defendió el legado de Fuerza Popular y admitió las lecciones aprendidas tras tres décadas de vida política. “Vienen seis días claves y cualquier cosa puede pasar en el Perú: aún hay un bolsón grande de indecisos”, afirmó, subrayando que el esfuerzo de su partido y la militancia será fundamental en el tramo final de la campaña.

Fujimori reconoció que la experiencia y los golpes recibidos en la política la han llevado a madurar y a valorar el diálogo por encima de la confrontación. “Hoy el país necesita más diálogo y menos enfrentamiento. He aprendido a no rendirme, a acercarme a Dios y a dar siempre la cara. Todo lo vivido me ha hecho más fuerte, y quiero poner esa fuerza al servicio del país para recuperar el orden”, expresó, en referencia a los procesos judiciales y la persecución política que, según ella, ha enfrentado.

Niega ser culpable de la crisis política de 2016

Consultada sobre su rol en la crisis política de 2016 y el supuesto “obstruccionismo” de Fuerza Popular, Fujimori negó esa narrativa y defendió el apoyo de su bancada a las leyes clave del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. “No hubo obstrucción. Dimos el voto de confianza, aprobamos presupuesto y facultades legislativas. Pero también aprendí lecciones personales: a no rendirme y a dar la cara ante la adversidad”, enfatizó.

Sobre la gestión frente a Pedro Castillo, Keiko destacó el papel de la oposición para evitar una Mesa Directiva en manos de Perú Libre y asegurar la continuidad de Julio Velarde en el BCR. Además, defendió las medidas adoptadas para moderar la cuestión de confianza y evitar el cierre del Congreso. “Cuando llegó el golpe de Estado de Castillo, todas las instituciones —Congreso, prensa, Fuerzas Armadas y ciudadanía— defendimos la democracia”, remarcó, admitiendo que el Congreso no es popular, pero reivindicando su papel en la defensa institucional.

Defiende autogolpe del 5 de abril

En un día simbólico, al cumplirse 34 años del autogolpe de 1992, Fujimori calificó esa medida como “de excepción, pero irrepetible”, recordando el contexto de terrorismo e hiperinflación de la época. “Fue una decisión difícil, pero permitió derrotar al terrorismo, convocar a una Asamblea Constituyente y crear la Constitución de 1993, que trajo crecimiento al país. Pero fue irrepetible”, sostuvo, aunque admitió que faltó diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso.

Sobre el balance del fujimorismo en la última década, Keiko resaltó la aprobación de la bicameralidad como la reforma más importante frente a la inestabilidad, y recordó que la estabilidad institucional fue clave para mantener el grado de inversión del Perú ante la comunidad internacional. “Esta reforma no es solo mérito de Fuerza Popular, sino de un esfuerzo parlamentario conjunto”, añadió.

Segunda vuelta en las Elecciones 2026

Al ser consultada sobre una posible segunda vuelta, Fujimori pidió prudencia y esfuerzo: “No estamos garantizados de estar en la segunda vuelta. Hay que trabajar con alegría y prudencia, y convocar a nuestra militancia a sumar como personeros. Si se da, mi actitud será la misma: priorizar el diálogo, evitar confrontaciones innecesarias y concentrarnos en el verdadero adversario político, que es la izquierda radical”.

Sobre sus eventuales rivales, Fujimori saludó la participación de Carlos Álvarez y defendió el derecho de todos a competir, aunque instó a los ciudadanos a evaluar la solidez de los equipos técnicos detrás de cada candidatura.

Finalmente, Keiko Fujimori reflexionó sobre su experiencia en campañas y su conexión con la ciudadanía: “Recorro el país desde que fui primera dama a los 19 años. Disfruto escuchar y ayudar a las personas. La campaña política no es una carrera de cien metros, es una maratón. Hay que guardar energías para el último tramo. Mi experiencia como triatleta me ha enseñado a resistir y a llegar con fuerza al final”.

Dentro de ese marco, el rol de Fuerza Popular vuelve a situarse en el debate público. La organización política, que en el pasado contó con una mayoría amplia, hoy ocupa una posición distinta en el Parlamento. Las declaraciones recientes de su lideresa reflejan una estrategia orientada a marcar distancia frente a acusaciones sobre control político del Congreso.

El Congreso instalado el 27 de julio de 2021 inició funciones con una composición diversa. Fuerza Popular obtuvo 24 escaños en ese momento, cifra que luego se redujo a 21. En la actualidad, ese número representa una primera minoría dentro de un Parlamento de 130 integrantes.

Durante la entrevista, Fujimori rechazó la idea de que su partido ejerza control sobre el Legislativo. “En los últimos cinco años, Fuerza Popular ha tenido primero veinticuatro y hoy veinte congresistas”, señaló. En esa línea, precisó que ese número no permite definir decisiones de forma unilateral.

La lideresa también hizo referencia a episodios recientes vinculados a votaciones clave en el Congreso. Según explicó, su bancada adoptó una posición minoritaria en procesos como la vacancia del parlamentario José Jerí. “Nosotros nos quedamos solos”, afirmó, al describir el resultado de esa votación.

Debate sobre el pasado parlamentario

El análisis del presente político incluye comparaciones con el periodo en que Fuerza Popular alcanzó 73 escaños durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ese antecedente suele aparecer en el debate como un punto de origen de la crisis política prolongada.

Frente a ese señalamiento, Fujimori reconoció un estilo confrontacional en esa etapa. “Es verdad que Fuerza Popular fue muy confrontacional y de eso hemos aprendido”, indicó. Sin embargo, marcó una diferencia entre confrontación y obstrucción. Según su versión, las principales iniciativas del Ejecutivo recibieron respaldo parlamentario en ese periodo.

También atribuyó parte de la narrativa crítica a sectores de izquierda. “Las narrativas que la izquierda han querido, digamos, meterle a la población”, sostuvo, en referencia a la percepción pública sobre el rol de su bancada en años anteriores.

En la entrevista, Fujimori trazó una línea clara entre posiciones políticas en la región. Planteó la existencia de un “péndulo” entre izquierda, centro y derecha en América Latina. En ese contexto, afirmó que el Perú atraviesa un giro dentro de esa dinámica.

La lideresa cuestionó propuestas atribuidas a sectores de izquierda, como la intervención en el Banco Central de Reserva. Mencionó de forma específica el riesgo de remover a Julio Velarde de su cargo. “Vamos a defender la autonomía del Banco Central de Reserva”, declaró.

Asimismo, contrastó enfoques sobre el desarrollo agrario. Mientras describió propuestas de cierre de agroexportadoras por parte de sus adversarios, señaló que su agrupación plantea inversión en infraestructura agrícola, como reservorios y canales.

Seguridad y control del Estado

Otro eje de la entrevista se centró en la inseguridad. Fujimori planteó la necesidad de recuperar el control territorial como prioridad. “Recuperar el orden es lo más importante en estos momentos”, afirmó.

Entre las medidas mencionadas, destacó el fortalecimiento del control en fronteras con apoyo de las Fuerzas Armadas y cambios en el sistema penitenciario. También propuso un esquema en el que los internos trabajen para acceder a mejores condiciones alimentarias.

En ese apartado, mencionó a integrantes de su equipo en temas de seguridad, como Marco Miyashiro, a quien atribuyó la captura de Ismael Guzmán, y Fernando Rospigliosi, exministro del Interior. También incluyó al almirante Tubino dentro de ese grupo.

La entrevista también abordó el impacto de procesos judiciales en campañas anteriores. Fujimori sostuvo que en el pasado existieron interferencias del Ministerio Público. En ese punto, hizo referencia al caso conocido como “Los Cócteles”, vinculado al fiscal José Domingo Pérez.

Según explicó, una resolución del Tribunal Constitucional anuló las imputaciones en su contra. “Después de diez años de mucho señalamiento, de prisiones injustas, tenemos una resolución absolutoria”, indicó.

Estas declaraciones se producen en un contexto preelectoral en el que distintas encuestadoras ubican a Fujimori en posiciones expectantes. La entrevista en Panorama se emitió a pocos días de una nueva jornada electoral, en medio de un escenario político fragmentado y con alta competencia entre candidaturas.

Keiko Fujimori oficializa su cuarta postulación a la presidencia del Perú. Tras tres intentos consecutivos en los que alcanzó la segunda vuelta electoral, la lideresa de Fuerza Popular busca romper su racha histórica en un tablero político marcado por la fragmentación y más de 30 partidos inscritos. Hoy, lidera las encuestas aunque con apenas 13 % de votos emitidos según el último simulacro de Ipsos.

En su discurso de lanzamiento, prometió hacer frente a la crisis de inseguridad con “mano dura”, evocando la estrategia adoptada por su padre. Defiende su experiencia y resiliencia, resaltando que es la única mujer que pasó la primera vuelta, y subrayó que no busca inmunidad ni cargos de consolación.

En entrevistas recientes, reconoció públicamente los desafíos personales y políticos de los últimos años, incluida su prisión preventiva, el fallecimiento de sus padres y su divorcio, episodios que, según sus propias palabras, fortalecieron su carácter y renovaron su compromiso con el país.

La postulación de Keiko Fujimori en 2026 representa para sus seguidores la apuesta por la continuidad y el retorno del fujimorismo al poder, mientras que para sus detractores simboliza la permanencia de una figura asociada a la polarización y a controversias judiciales.

Biografía y nombre completo

Nacida el 25 de mayo de 1975 en Lima, Keiko Sofía Fujimori Higuchi es hija del expresidente Alberto Fujimori y de Susana Higuchi. Su vida estuvo desde temprano ligada a la política nacional, ya que en 1994, con apenas diecinueve años, asumió el cargo de Primera Dama tras la separación de sus padres, mientras su padre ejercía la presidencia.

De acuerdo con su declaración jurada, actualmente tiene 50 años y reside en el distrito Santiago de Surco, en la ciudad de Lima.

Partido político y símbolo

Keiko Fujimori postula por la organización política que fundó: Fuerza Popular. Históricamente, es identificada con la letra “K” como símbolo distintivo en los procesos electorales. Esta agrupación representa la continuidad del fujimorismo en la política peruana, con una base militante sólida y presencia en todo el país.

Experiencia

La experiencia de Keiko Fujimori se concentra en el ámbito legislativo y partidario. Fue congresista de la República durante el periodo 2006-2011, donde se posicionó como una de las principales figuras de oposición.

Desde el año 2013 hasta la actualidad, se desempeña como presidenta del partido con el que participará en el presente proceso electoral. Su centro de labores se ubica en el Parque Hernán Velarde 38, en Santa Beatriz, Lima.

¿Dónde estudió Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori registra una formación académica sólida en instituciones del extranjero:

• Educación Básica: Aunque no se precisan los centros, declaró que concluyó satisfactoriamente sus estudios primarios y secundarios.
• Estudios Universitarios: Obtuvo el grado de Licenciada en Administración de Empresas en Boston University, Estados Unidos, habiendo egresado y obtenido el título el 18 de mayo de 1997. Su título fue reconocido oficialmente mediante resolución el 27 de marzo de 2025.
• Estudios de Posgrado: Cuenta con un título de Máster en Administración de Empresas por Columbia University, obtenido el 21 de mayo de 2008. Este grado de Maestro fue reconocido por las autoridades peruanas el 11 de noviembre de 2024.

¿Desde cuándo está afiliada Fuerza Popular?

La trayectoria de la candidata dentro de su actual organización es fundacional. Fujimori declaró desempeñarse como fundadora de Fuerza Popular desde el año 2009. No registra antecedentes de afiliación en otros partidos políticos previos a este periodo.

Trayectoria partidaria y política

El inicio formal de la carrera política de Keiko Fujimori se dio en 2006 cuando fue congresista de la República de la mano de Alianza por el Futuro, organización con la que postuló en calidad de invitada.

En 2009, fundó Fuerza Popular, partido que lidera como presidente desde el 2010 hasta la actualidad. Ha sido candidata presidencial en tres oportunidades, y aunque no logró la presidencia, su partido obtuvo la mayoría en el Congreso durante el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, lo que le permitió marcar la agenda nacional.

Sentencias y/o demandas

Durante los últimos años, Keiko Fujimori enfrentó múltiples investigaciones judiciales, principalmente por supuestos aportes ilícitos relacionados con el caso Odebrecht. No obstante, en enero de este año, a partir de un fallo del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del denominado ‘caso Cócteles‘.

En los apartados correspondientes a antecedentes judiciales de su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mencionó lo siguiente:

• En el apartado de sentencias penales, declaró que no tiene información por reportar respecto a sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos.
• Otras sentencias: Tampoco registra sentencias firmes por incumplimiento de obligaciones familiares, alimentarias, contractuales, laborales o por violencia familiar.

¿Cuánto dinero tiene?

Respecto a su declaración jurada de ingresos correspondiente al año fiscal 2024, Keiko Fujimori reportó lo siguiente:

• Sector Público: No registró ingresos provenientes del Estado.
• Sector Privado: Declaró una remuneración bruta anual de S/ 271,853.45.
• Otros Ingresos: No reportó ingresos por ejercicio individual de profesión (rentas de cuarta categoría) ni por otros conceptos como arrendamientos o regalías.
• Total de ingresos anuales: S/ 271,853.45.

Bienes muebles e inmuebles

La situación patrimonial declarada por la candidata en cuanto a propiedades es la siguiente:

• Bienes Inmuebles: Fujimori declara que no tiene información por reportar sobre inmuebles a su nombre o de la sociedad de gananciales.
• Bienes Muebles: Registra un vehículo de marca Subaru Forester con un valor de S/ 115,998.00.
• Situación del Vehículo: En la información complementaria, precisa que la unidad fue adquirida en el año 2017 y que actualmente se encuentra embargada. El valor consignado corresponde al precio de adquisición original.
• Acciones y Participaciones: Declaró no tener información sobre titularidad de acciones o participaciones en personas jurídicas.

Fiel a su estilo, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, advirtió que habrá un “tremendo fraude electoral” y, además, arremetió contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y su jefe, Piero Corvetto. No contento con ello, en recientes declaraciones lo amenazó directamente.

La reacción de López Aliaga se produjo luego de que, en las últimas encuestas, cayera del primer al segundo lugar. Sin embargo, el exalcalde no es el único que impulsa la narrativa de un supuesto fraude.

La candidata al Congreso por Fuerza Popular y una de las figuras más representativas del partido fujimorista, Martha Chávez, tuvo un discurso similar. En una entrevista a Expreso, tras la primera ronda de debate, manifestó sus preferencias para una eventual segunda vuelta.

La fujimorista comentó que prefiere que el enfrentamiento sea entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, para que el proceso sea “tranquilo”.

“(...)Pero, de todas formas, lo preferiría frente al riesgo de que pudiera haber fraude”, declaró.

En esa línea, volvió a cuestionar procesos pasados en los que Keiko Fujimori resultó derrotada: primero ante Ollanta Humala, luego frente a Pedro Pablo Kuczynski y, finalmente, ante Pedro Castillo. Mientras que en los casos de Humala y PPK habló de “irregularidades”, en el triunfo de Castillo insistió en sus sospechas de fraude.

“Pero en el 2021 yo sí creo que ha habido fraude, comenzando por la propia postulación de la señora Dina Boluarte, que nunca debió ser aceptada como candidata. Además, murieron más de 200 mil peruanos durante la pandemia, pero aparecían votando”, resaltó.

La sospecha de Podemos Perú

Los partidos de derecha no son los únicos que han comenzado a instalar este discurso. El candidato de Podemos Perú, ex Perú Libre, Guido Bellido, difundió un comunicado en sus redes sociales en el que también expresó su preocupación por un supuesto intento de fraude, aunque esta vez atribuido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Denuncio la primera operación de fraude electoral contra la voluntad popular por parte del JNE. De ninguna manera es concebible que se duplique la valla electoral para favorecer únicamente a dos partidos políticos”, expresó.

La preocupación de Bellido surge a partir de cómo se realizaría el conteo de votos para superar la valla electoral. Según indicó, al cambiar la fórmula, muchos partidos pequeños no alcanzarían el mínimo requerido, ya que, en la práctica, en lugar del 5 %, se estaría aplicando un 10 %.

¿Es posible un fraude?

Aunque algunos candidatos sostienen con firmeza que los resultados de estos comicios podrían ser fraudulentos, la evidencia apunta en otra dirección: se trata de un escenario altamente improbable.

Según el exjefe de la ONPE y politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Fernando Tuesta Soldevilla, para que se concrete un fraude electoral no basta con sospechas, errores de conteo o irregularidades aisladas. Es necesario que todas las instituciones encargadas del proceso, incluido el Ejecutivo, estén controladas.

En su columna en Perú 21, el especialista recordó que el fraude electoral solo ocurrió una vez en la historia reciente, durante el gobierno de Alberto Fujimori, en el año 2000.

“Se puede cuestionar una decisión, apelar una resolución, denunciar un hecho concreto. Lo que no se puede hacer seriamente es convertir cualquier episodio aislado en la prueba automática de una elección robada. En el Perú, el verdadero fraude no fue un meme, un audio viral o una fotografía sacada de contexto, sino la captura de instituciones por el poder, como sucedió en el 2000, el último verdadero fraude de la historia reciente”, escribió.

Asimismo, advirtió sobre el impacto que tiene la reiteración de este discurso en la democracia, que ya enfrenta serias debilidades.

“Precisamente por eso, acusar sin pruebas no fortalece la democracia ni defiende el voto: deteriora la confianza pública, desacredita a los árbitros y prepara a los seguidores para no aceptar el resultado”, alertó.

En el video difundido por medios locales se observa a la autoridad en el centro de la plaza de Macarí, mientras escucha a la jefa de la ronda increparlo por su apoyo a Fujimori Higuchi. El malestar se centra en que, durante las muertes ocurridas en 2022 y 2023 en Juliaca, el fujimorismo apoyó la represión policial de ese entonces y respaldó a la presidenta Dina Boluarte.

La mujer, con un látigo en mano, increpa a Yucra por hacer quedar mal a la “población de Macarí” tras su encuentro con Fujimori en un fundo privado. Aparentemente, el subprefecto se excusó señalando que ya no era autoridad; sin embargo, esto fue desmentido por la líder de la ronda.

“Y también me mintió. Me dijo que usted había dejado su cargo el primero de enero de este año y ya no era subprefecto. (...) No es posible que una autoridad haga eso, porque primero es la población. Creo que usted está en su conciencia”, increpó la mujer.

Acto seguido, le pidió a Yucra que se pusiera en posición de rana y que repitiera 30 veces el ejercicio. Después, que hiciera flexiones. Mientras el subprefecto realizaba estos movimientos en la plaza, la líder de la ronda le propinaba algunos latigazos.

Mientras lo golpeaba, le recordaba que ese era su castigo por haber hecho quedar mal a la población de Macarí al reunirse con Keiko Fujimori.

“Para mí no es, no está lo correcto que usted ha actuado. A una delincuente que es la señora Keiko, que no sabemos cómo ha hecho en nuestra población, qué ha hecho, ha asesinado tanta gente acá, allá en Juliaca. ¿Usted no recuerda eso?“, señaló.

Tras finalizar el castigo, le pidió al subprefecto que abandone la plaza de armas.

El subprefecto subió fotos a sus redes personales

Las criticas al subprefecto distrital de Macarí, Freddy Condori, iniciaron luego de que se difundieron imágenes en redes sociales donde se le ve participando en actividades vinculadas a la recepción de la lideresa de Fuerza Popular.

El hecho ocurrió el miércoles 18 de marzo en el fundo San Antonio, donde, según versiones difundidas entre pobladores, la autoridad distrital habría mostrado una actitud cercana durante la llegada de la candidata presidencial. Esta situación ha despertado cuestionamientos entre ciudadanos, quienes ponen en duda la imparcialidad que debería mantener una autoridad en funciones frente a actividades de carácter político.

Freddy Condori fue designado como prefecto durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, lo que ha reavivado el debate en el distrito de Macarí sobre el rol que deben cumplir estas autoridades. Para algunos vecinos, su presencia en este tipo de actos podría interpretarse como una señal de afinidad política, lo que consideran inapropiado para un representante del Ejecutivo en el ámbito local.

La polémica se intensificó luego de que el propio prefecto compartiera en su cuenta personal de Facebook fotografías junto a un equipo de periodistas de Canal N, quienes formaban parte de la cobertura de la visita de Fujimori. Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando reacciones divididas en redes sociales.

El caso más cuestionado es el de Rolando Cueva García, candidato con el número 21 por Lima del partido Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto Montesinos. En imágenes difundidas por el dominical, se observa a Cueva, bachiller en Ingeniería Electrónica, empuñando un arma, apuntando y disparando a una víctima imaginaria. En otros clips, se le ve bebiendo cerveza mientras viaja en una camioneta en movimiento.

Sin embargo, lo más grave no son solo las imágenes. Cueva es gerente de Promayers Energy SAC, empresa que ha facturado más de 2.5 millones de soles con el Estado. De ese monto, 1.7 millones provienen de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde él fue alumno y miembro del Consejo Directivo.

En julio de 2023, un exalumno de la UNI lo denunció formalmente por amenazas de muerte. Según el testimonio policial, Cueva y sus amigos lo abordaron para exigirle que dejara de investigar los contratos de su empresa con la universidad o “él y su familia iban a pagar las consecuencias”. El denunciante afirmó que tomó en serio la amenaza precisamente por los videos de Cueva con armas en redes sociales.

Ante la solicitud de su descargo, Rolando Cueva envió un video alegando que el arma era un “encendedor tipo pistola” y que el video era de 2019, calificándolo como una “broma irresponsable en un espacio que creí seguro”. Sobre la denuncia por amenazas, se limitó a decir: “Yo no participé en nada... se trata de un conflicto entre otras personas”.

Debido al escándalo, Cueva anunció que declinaba a su candidatura. No obstante, como es de conocimiento público, el plazo para renunciar venció en febrero, por lo que su nombre y foto seguirán apareciendo en la cédula de votación e igual podría ser elegido.

Candidatos con sentencias por robo

El informe también puso al descubierto a otros tres candidatos con antecedentes por delitos contra el patrimonio que buscan llegar al Congreso:

1. Diana Carhuamaca García (Partido Democrático Federal - Lima): Candidata con el número 1 por la lista de Armando Massé. Declaró en su hoja de vida una sentencia por hurto agravado. En 2018 fue señalada como “tendera” en una galería de San Juan de Lurigancho. Según la denuncia policial, se le encontró dentro de su bolso “vestidos y un pantalón” tras ser retenida por las vendedoras.
2. Alessandra Olivera Sánchez (Cooperación Popular - Cusco): Actual presidenta del Comité Nacional de Disciplina del partido de Yonhy Lescano. Declaró una sentencia por hurto simple. En 2017 fue señalada por presuntamente “hurtar ropa de una azotea” en San Jerónimo, Cusco. La ropa, valorizada en mil soles entre polos y zapatillas, fue reconocida por la agraviada gracias a las cámaras de vigilancia.
3. Segundo Ticlla (Fuerza Popular - Cajamarca): Exalcalde de Chota que postula a diputado. Tiene una condena de cuatro años de prisión suspendida por hurto agravado, sentencia que quedó firme en 2022. Además, en septiembre de 2024, fue intervenido por la policía en Chiclayo porque contaba con una “requisitoria vigente por el delito de falsedad ideológica”.

Sin duda, la falta de filtros no distingue ideologías. Con las listas ya cerradas y los plazos de renuncia vencidos, la última palabra la tendrá el ciudadano este 12 de abril frente a la cédula de votación.

En un breve pronunciamiento ante la prensa, Fujimori señaló que no conoce los detalles del caso y evitó emitir una opinión. Indicó que será el personero legal de su organización política quien revise el expediente y adopte las acciones correspondientes. En esa línea, deslizó que el tema seguirá el curso regular de los procedimientos administrativos, lo que incluye una eventual apelación.

“Bueno, todo eso será evaluado por el personero legal de nuestro partido y me imagino que habrá, un proceso de apelación. Concluido el proceso podré pronunciarme”, destacó.

Fujimori busca centrar la agenda en propuestas

En paralelo, Keiko Fujimori se refirió hacia su participación en el próximo debate presidencial. Según afirmó, este espacio será utilizado para exponer propuestas y sostener intercambios con sus contendores en un marco de respeto.

La candidata evitó adelantar contenidos específicos, pero dejó en claro que su enfoque estará en presentar iniciativas antes que en confrontaciones. Señaló que el debate representa una oportunidad para comunicar sus planteamientos a la ciudadanía y diferenciarse en el tramo final de la campaña.

Asimismo, hizo un llamado a los demás partidos políticos para reforzar la presencia de personeros durante la jornada electoral. Consideró que una mayor cantidad de veedores contribuirá a garantizar la transparencia del proceso y el respeto de la voluntad popular en las urnas.

Este pronunciamiento se da en un contexto en el que los plazos para la acreditación de personeros están próximos a vencer, lo que incrementa la presión sobre las organizaciones políticas para asegurar su cobertura en los centros de votación.

JNE confirma sanción contra Fuerza Popular por uso indebido de fondos

Mientras la candidata evitaba profundizar en el tema, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la sanción contra Fuerza Popular por infracciones vinculadas al uso del financiamiento público directo durante el segundo semestre de 2023.

La decisión del máximo órgano electoral declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa del partido, con lo que se confirmó la multa de 33 unidades impositivas tributarias, equivalente a 163 350 soles. Además, se dispuso la pérdida del 10 % del financiamiento público directo correspondiente a la asignación semestral.

La sanción se origina en una resolución previa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que detectó gastos considerados no permitidos por la Ley de Organizaciones Políticas. El JNE respaldó esta evaluación al determinar que los recursos públicos fueron utilizados en conceptos ajenos a los fines establecidos por la normativa vigente.

El fallo recalca que la infracción es de carácter “muy grave”, lo que justifica tanto la multa económica como la reducción del financiamiento estatal al partido.

Gastos observados: vales, canastas y merchandising

El caso se centra en el uso de fondos públicos para la adquisición de vales de pavo y canastas navideñas destinadas a trabajadores del partido, así como en la compra de artículos como polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos y servicios tecnológicos.

Según la ONPE, estos gastos no están contemplados dentro de las categorías permitidas, como funcionamiento ordinario o actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. El JNE coincidió con este criterio al señalar que la normativa no incluye beneficios como vales o canastas dentro del concepto de gasto de personal.

Además, el tribunal electoral precisó que la ley no otorga a los partidos una facultad discrecional amplia para destinar recursos públicos a beneficios laborales adicionales. En ese sentido, concluyó que dichos desembolsos exceden los límites establecidos.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la sanción contra el partido político Fuerza Popular de Keiko Fujimori por usar dinero del financiamiento público directo para fines diferentes señalados en la ley.

La sanción consiste en una multa de 33 UIT, equivalente a 163.350 soles (UIT de 2023, año en que se cometió la infracción) y la pérdida del 10% del financiamiento público directo.

Esta pena fue impuesta a finales de 2025 por el jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. Fuerza Popular, a través de su representante Martha Chávez apeló; sin embargo, el JNE rechazó el recurso y ratificó la resolución.

Malgasto de dinero

La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE había detectado que en el segundo semestre de 2023 Fuerza Popular habría usado dinero del financiamiento público directo para comprar polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos, máquina 360° plataforma giratoria, vales de pavo y dos canastas navideñas.

Fuerza Popular quiso hacer pasar los vales de pavo y las canastas como gastos de funcionamiento ordinario cuando el Reglamento permite pagar con dinero público sueldos.

“Por tanto, es posible concluir que estos gastos escapan de la utilización que ha circunscrito la norma, recayendo en infracción muy grave de acuerdo con el numeral 7 del literal c del artículo 36 de la LOP”, se lee en la resolución del JNE.

Por otro lado, el fujimorismo pretendió justificar la compra de polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos, máquina 360° plataforma giratoria como para de actividades de difusión. Alegaron que tenían la potestad de elegir qué estrategia usar. Sin embargo, el JNE asevera que “la norma es clara, concreta y precisa en establecer que la difusión debe estar dirigida a informar a los afiliados y a la ciudadanía en general sobre las actividades de formación”.

Los magistrados advierten que los elementos adquiridos no detallan “fecha, hora, lugar, tema, ponentes, entre otros, sobre la actividad de formación, capacitación e investigación a realizarse”. “Todo lo contrario, tales gastos observados estarían relacionados a la entrega de artículos/obsequios en retribución o compensación de la asistencia del evento; en otras palabras, no constituyen en estricto una promoción previa que informe o difunda la realización del mismo”, afirman.

Por ello, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decide rechazar el recurso de apelación de Fuerza Popular y confirmar la sanción impuesta por la ONPE.

“Con la K de Killers"

Cientos de asistentes que abandonaban el recinto del concierto de The Killers el lunes por la noche compartieron en redes sociales imágenes de, al menos, tres simpatizantes fujimoristas repartiendo artículos promocionales a pocos metros del parque John Lennon, en el distrito de San Miguel.

Las prendas y botellas impresas hacían explícito el apoyo a la postulación de ‘Miki’ Torres al Senado. Dos mujeres —según se observa en videos publicados en plataformas sociales— ofrecían las prendas con la frase: “Polos gratis con la K de Killers”, en una referencia tanto al símbolo de la banda estadounidense como al emblema de Fuerza Popular.

“Vamos a elegir a un presidente y después el Congreso lo va a sacar cuando le dé la gana y lo va a reemplazar por un títere”, mencionó, poniendo el dedo en la llaga sobre la inestabilidad política que ha marcado al Perú en la última década. Para el exministro, la fragmentación de las encuestas —donde los líderes apenas alcanzan el 10%— es la prueba de que el 30% de indecisos tiene en sus manos la oportunidad real de quebrar el statu quo y evitar que las mismas agrupaciones sigan modificando la Constitución en beneficio propio.

Del Solar apuntó directamente a lo que él denomina como los responsables del retroceso institucional del país. Mencionó específicamente a quienes “acabaron con la reforma de la educación”, “hicieron leyes favoreciendo al crimen organizado” e “impidieron que los responsables de la muerte de decenas de peruanos vayan ante la justicia”. Bajo esta premisa, su llamado es claro: el cambio real no está en la figura presidencial, sino en la composición del nuevo Congreso bicameral (Senado y Diputados).

La “Lista Negra” de Salvador del Solar: Los partidos por los que pide no votar

En un movimiento inusual para una figura de su perfil, Salvador del Solar fue directo al grano y mencionó con nombre propio a las agrupaciones políticas que, según su visión, “secuestraron” el poder. El exministro instó a la ciudadanía a no otorgar su voto a las siguientes organizaciones:

• Fuerza Popular
• Renovación Popular
• Perú Libre
• Alianza para el Progreso (APP)
• Avanza País
• Juntos por el Perú
• Somos Perú
• Podemos Perú

“No votes por ninguno de ellos. Hay otras opciones, opciones bastante razonables para diferentes preferencias políticas. Vota por ellas”, insistió. Este pedido de “voto de castigo” busca reducir la representación de estas bancadas que, según Del Solar, modificaron “media Constitución sin consultarnos” para asegurar su reelección y beneficios personales.

Los 4 ‘mandamientos’ de Del Solar para el 12 de abril

Para que el cambio sea efectivo, el exministro propuso una hoja de ruta de cuatro puntos estratégicos que todo elector debería considerar al momento de ingresar a la cámara secreta este domingo 12 de abril:

1. Votar sí o sí: Advirtió que el ausentismo es el mejor aliado de los partidos tradicionales, ya que les permite mantener su porcentaje de representación con menos votos reales.
2. Identificar las nuevas opciones: Llamó a buscar alternativas fuera del bloque de partidos mencionados, asegurando que existen propuestas razonables tanto en la derecha como en la izquierda.
3. No votar en blanco ni viciado: Explicó que, en primera vuelta, el voto nulo o viciado reduce el universo de votos válidos, lo que termina favoreciendo a los partidos con estructuras de voto duro.
4. Voto lineal o en bloque: Su recomendación final fue votar por el mismo partido para Presidente, Senado, Diputados y Parlamento Andino. Según Del Solar, esto garantizaría que quien llegue a la presidencia tenga condiciones mínimas de gobernabilidad y no sea obstruido desde el primer día.

“Este 12 de abril no dejes que las cosas sigan como están. Ve, vota, vota bien. Haz que las cosas cambien”, concluyó.

Durante una entrevista, Fujimori confirmó que el parlamentario ya presentó sus descargos, a través de un comunicado público y también lo hizo dentro de la organización política. En esa línea, indicó que el partido ha optado por activar sus mecanismos internos antes de emitir una posición definitiva.

Explicó que, ante hechos de esta naturaleza, la práctica dentro del fujimorismo es iniciar una investigación inmediata. Por ello, precisó que el proceso ya se encuentra en marcha y que será ese procedimiento el que determine eventuales responsabilidades.

Sin embargo, cuando fue consultada directamente sobre si considera inapropiada las presiones de Aguinaga, la lideresa fujimorista evadió la respuesta. Señaló que prefiere esperar los resultados de la investigación antes emitir una opinión condenatoria. Esto pese a que en sus descargos, el mismo congresista admitió haber hecho la llamada.

“Yo prefiero esperar las conclusiones de la investigación”, aclaró.

No obstante, para desviar el tema recordó que su partido no dudó en separara a parlamentarios acusados de actos ilegales. Como ejemplo, mencionó el caso de la excongresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, que fue denunciada por recorte de sueldos a sus trabajadores. Según indicó, esa denuncia fue presentada por la propia bancada ante instancias como la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo que derivó en su salida del Congreso.

El audio que compromete a Alejandro Aguinaga

El caso se originó a partir de un reportaje del portal La Pista Clave, que difundió un audio correspondiente a una llamada telefónica registrada en noviembre del año pasado. En la grabación se escucha a Alejandro Aguinaga dirigirse a un gerente de EsSalud Lambayeque para pedirle que no retire del cargo a la terapeuta Mayder Vera González.

En el diálogo, el parlamentario insiste en que no se realicen cambios en ese momento, advirtiendo que podrían generarse problemas internos. También menciona el contexto político y la posibilidad de que se produzcan modificaciones en la estructura de la institución.

El contenido del audio muestra una conversación directa, en la que Aguinaga reitera su pedido en varias ocasiones. Incluso advierte sobre posibles consecuencias si no se mantiene a la funcionaria en su puesto.

De acuerdo con el informe periodístico, la llamada se habría producido semanas después de que EsSalud decidiera retirar a Vera González de la jefatura de la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque.

Descargo de Aguinaga y defensa de su actuación

Tras la difusión del audio, Aguinaga respondió públicamente y rechazó que haya ejercido presiones indebidas. En su pronunciamiento, sostuvo que la conversación ha sido presentada fuera de contexto y que su difusión responde a intereses electorales.

El congresista afirmó que actuó dentro de sus funciones y con transparencia. Según explicó, su intervención tuvo como finalidad evitar lo que consideraba una arbitrariedad contra una trabajadora de carrera en una institución que, a su juicio, venía siendo utilizada con fines políticos.

Asimismo, cuestionó la difusión del audio en medio de la campaña electoral, señalando que se busca desviar la atención de otras denuncias relacionadas con presuntos malos manejos en EsSalud Lambayeque.

Aguinaga también aseguró que no existe ni existirá presión indebida en su conducta pública y defendió su trayectoria. En ese sentido, indicó que continuará rindiendo cuentas sobre sus acciones y que no será intimidado por lo que calificó como una estrategia política.

Durante el bloque dedicado a la integridad pública y la lucha contra la corrupción en el debate presidencial, Mario Vizcarra, candidato de Perú Primero, confrontó a Enrique Valderrama, del APRA, y a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Las declaraciones de Vizcarra captaron la atención de los espectadores y generaron repercusión en redes sociales.

¿Qué ocurrió?

En su intervención, Vizcarra respondió a Valderrama, quien minutos antes había cuestionado su legitimidad política y lo había vinculado con su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, al calificarlo de “testaferro”.

“No se puede hablar de seguridad ciudadana desde la impunidad y la corrupción. Señor Martín Vizcarra. Sí, Martín, no Mario, porque usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel. Su hermano lo dirige desde la prisión”, afirmó el representante aprista durante el debate.

Mario Vizcarra, en respuesta, defendió a su hermano Martín, calificó de corruptos al APRA y a Fuerza Popular, y mencionó a Alan García, quien se quitó la vida el 17 de abril de 2019 antes de ser detenido.

“Mi hermano está preso por enfrentarse a pactos y partidos mafiosos, como el que el señor representa (APRA). Por su juventud, quizá ignora que su partido estuvo vinculado a la corrupción, al igual que el partido naranja (en referencia a Fuerza Popular), y eso está demostrado”, expresó Vizcarra.

“Mi hermano puede seguir hablando y defendiéndose. En cambio, su jefe, solo podría responder a través de una ouija sobre las graves acusaciones que desestimó”, agregó durante su intervención.

Intervención de Keiko Fujimori

Al ver involucrado su partido, Keiko Fujimori solicitó el uso de la palabra para responder a Vizcarra. En su defensa, mencionó el caso “vacunagate”, escándalo ocurrido en 2021 por la vacunación irregular contra el coronavirus, que involucró al Martín Vizcarra y a familiares cercanos.

“El señor Vizcarra es muy parecido a su hermano Martín. Lo único que hicieron fue vacunarse contra el Covid-19, pero, claro, no se vacunaron contra la mentira y la corrupción”, respondió Fujimori Higuchi.

El debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reunió a doce postulantes en una jornada que abordó la corrupción y el desencanto social, además de la seguridad.

Participaron en el debate presidencial los siguientes candidatos: Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos), Paul Jaimes (Progresemos), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Mesías Guevara (Partido Morado), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Rafael Belaunde (Libertad Popular) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

Las otras tres fechas del debate presidencial se realizarán el lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril, también desde las 8 pm, en las que volverán a participar los 35 candidatos presidenciales. 

La organización del JNE ha estipulado que la participación es completamente presencial y exclusiva de los titulares presidenciales. No se permitirá la intervención de delegados ni suplentes. Esta regla pretende garantizar la transparencia y la responsabilidad directa ante la ciudadanía.

Esta semana la moderación estuvo a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo. La segunda etapa del debate será guiada por Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

En el tercer bloque del Debate Presidencial 2026, centrado en la Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) protagonizó un intenso intercambio de acusaciones con Mario Vizcarra (Perú Primero) y Mesías Guevara (Partido Morado). Lo que inició como una exposición sobre reformas estructurales del Estado derivó rápidamente en un careo sobre historiales judiciales, vacunas irregulares y el uso de la fe en la política.

Fujimori abrió su intervención diagnosticando que la corrupción actual es “el freno al desarrollo” y no solo un problema administrativo. Su propuesta bandera para este bloque fue un “shock de transparencia” basado en la digitalización total de los procesos estatales.

“Necesitamos que todos los gastos y trámites se simplifiquen y puedan verse en línea. Hoy, una reforma de justicia está más preocupada en perseguir opositores que en condenar criminales”, afirmó la candidata, señalando que solo cinco de cada diez mil denuncias llegan a sentencia.

Para operativizar esta vigilancia, anunció la creación de un “ejército de oficiales de cumplimiento”. Estos funcionarios tendrían la misión de monitorear las instituciones públicas y reportar anomalías directamente a la Presidencia de la República, buscando saltar las trabas de la burocracia tradicional.

Sin embargo, la tensión escaló cuando Mario Vizcarra recordó el pasado del fujimorismo y mencionó la situación carcelaria de su hermano (el expresidente Martín Vizcarra) como una consecuencia de “enfrentarse a partidos mafiosos”. La respuesta de Fujimori fue frontal y apeló a la memoria del escándalo de las vacunas.

“El señor Vizcarra es muy parecido a su hermano. Lo único que hicieron fue irse a vacunar rapidito contra el COVID. Pero claro, nunca se vacunaron de la mentira y la corrupción”, disparó la lideresa de Fuerza Popular, invalidando los ataques de su contendor.

A esta crítica se sumó la defensa de su modelo de formalización. Fujimori relató el caso de Guillermina, una artesana de Lamas, para proponer un cambio en el rol de la SUNAT. “La SUNAT solo sabe perseguir a los emprendedores y ponerles multas. Vamos a simplificar las cosas”, prometió.

Por su parte, el candidato del Partido Morado, Mesías Guevara, centró su ataque en la influencia de Fuerza Popular en los organismos de justicia. Guevara acusó a Fujimori de tener un “pacto mafioso” con Vladimir Cerrón para controlar el Tribunal Constitucional y obtener impunidad.

A su turno, Vizcarra insistió en referirse a la lideresa naranja: “Sí, aunque le moleste a la señora Keiko, hay jóvenes que desconocen el nivel de corrupción que llevó el gobierno de su padre. Y ahora pretenden seguir lucrándose, seguir con sus prácticas mafiosas desde el Congreso. Y eso todo el mundo lo sabe. Por eso es que no le gusta que le recuerden cómo fue su pasado. Y con el socio, Vladimiro Montesinos, que sabemos cómo repartía el dinero en fajos comprando voluntades de muchas personas que ahora purgan prisión. Eso no quiere que se recuerden. Pero el pueblo peruano está advertido, sabe quién está a su favor, sabe quién legisla en su contra. Y aquí tenemos un ejemplo, quién está en contra del pueblo”.

Fujimori replicó deslindando de las sentencias por corrupción y recordando la sentencia contra Martín Vizcarra. “Alguien ha sido sentenciado por corrupción y su hermano también está en prisión. Yo no. Llevan décadas haciendo las mismas mentiras, colgándose de mi falda en vez de hacerse cargo de sus propias ineptitudes”, sentenció.

Hacia el final del bloque, Fujimori recurrió a un tono personal para hablar de su proceso judicial. Denunció haber pasado 490 días en prisión preventiva sin condena, vinculando su caso a los de Alan García y Luis Castañeda Lossio como ejemplos de una “justicia que persigue a la democracia”.

“Me encerraron cuando mis hijas tenían nueve y once años. Pero encontré también un sentido, y es que me acerqué mucho a Dios”, confesó.

Esta mención a la religión fue duramente cuestionada por Guevara, quien calificó de “blasfemia” y “cinismo” el uso de la fe en el debate, cerrando el bloque con una acusación de lavado de activos a través de los polémicos ‘cócteles’ de Fuerza Popular.

Durante el intercambio, Fujimori Higuchi cuestionó que Nieto hable sobre seguridad y critique las leyes aprobadas por el Congreso, donde su partido tiene representación. En ese contexto, le recordó una fotografía en la que aparece con el cabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos.

Sin embargo, lejos de alterarse, el exministro de Cultura respondió que Fernando Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular, también aparece en esa imagen. Además, responsabilizó a la lideresa fujimorista de la actual crisis de seguridad y política que atraviesa el país.

Nieto afirmó que, tras perder las elecciones de 2016, Fujimori anunció que gobernaría desde el Congreso, algo que —según sostuvo— terminó ocurriendo.

“Y veo que esa decisión que usted tomó en julio del 2016, voy a gobernar desde el Congreso, que la ha perseguido durante todo este tiempo, finalmente la ha terminado realizando. Y usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno, el anterior, son sus gobiernos, como lo hemos visto todos”, exclamó.

En ese sentido, pidió poner fin a la “coalición por la impunidad”, en alusión a los partidos que integran el Congreso, entre ellos Fuerza Popular, ya que —según indicó— “han hecho mucho daño” al país.

Finalmente, sostuvo que las propuestas de Fuerza Popular para combatir la criminalidad no son eficaces, y responsabilizó a ese partido por el aumento de la inseguridad ciudadana.

“Lo que nos ha ofrecido es el incremento de muertos diarios en este país, es el incremento de los delitos, del sicariato”, culminó.

Contra el Congreso y el Ejecutivo

El cruce de palabras entre Jorge Nieto y Keiko Fujimori vino precedido por sus duras palabras hacia el Congreso y el gobierno. Tanto él y Mesías Guevara afirmaron que existe un “pacto mafioso” o una “coalición” entre ambos poderes que actualmente gobierna el país.

Precisamente, Nieto inició su participación, lamentando que apesar de la diversidad de propuestas en seguridad, no haya un resultado concreto, debido a las recientes normas aprobadas.

“Si los criminales están ganando esta batalla es porque sus socios, esa coalición por la impunidad en el Gobierno y en el Congreso, y en distintas instancias del Estado, son sus cómplices”, afirmó.

La última encuesta favorece a Nieto

El ascenso de Jorge Nieto en las encuestas marca un giro en la dinámica de la campaña electoral. A diferencia de otras candidaturas con mayor exposición mediática, el postulante del Partido del Buen Gobierno ha optado por una estrategia centrada en resaltar su experiencia en la gestión pública y su perfil técnico, con un tono moderado en el debate político.

Este enfoque empieza a reflejarse en los sondeos. Según la última encuesta de Ipsos, Nieto alcanza el 5% de intención de voto y se ubica en un empate técnico por el tercer lugar junto a Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez.

El resultado lo posiciona dentro del grupo de candidatos que buscan consolidarse como alternativas frente a las principales fuerzas políticas, en un escenario aún fragmentado y abierto.

El retirado fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien acusó a la candidata presidencial Keiko Fujimori, analizó este miércoles en vivo la participación de la lideresa de Fuerza Popular en la tercera tanda del debate presidencial, donde se presentó el último grupo de 12 candidatos.

Fujimori tuvo un cara a cara con el exministro Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, uno de los postulantes con mayor crecimiento en intención de voto en los últimos días, así como a Mesías Guevara, representante del Partido Morado.

Pérez, a quien la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad no ratificar como fiscal anticorrupción, opinó en su programa digital ‘Mejor con Domingo’ que el primer bloque “lo ganó largamente Mesías Guevara”, quien afirmó que “hay un pacto mafioso” que legisla a favor de la criminalidad.

“Lamentablemente, Jorge Nieto no ha querido identificarlo con esos términos, divagaba que hay una coalición de intereses, ese es el pacto mafioso. La señora Fujimori nuevamente le miente al país. No olvidemos que Fernando Rospigliosi (de Fuerza Popular y actual presidente del Congreso) fue ministro de Alejandro Toledo, quien hoy está preso en un penal por coimero; él es parte de su equipo de trabajo que está señalado”, sostuvo.

El magistrado también cuestionó la postura de Fujimori al “justificar” las llamadas leyes procrimen, como la que modificó el proceso de colaboración eficaz, al sugerir que José Miguel Castro, exgerente municipal, colaborador eficaz y testigo principal en el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), fue asesinado, a pesar de que su deceso aún se investiga.

“A mí me gustaría saber si la señora ya tiene el resultado de la investigación por la muerte de un colaborador en el caso Lava Jato, pero ese hecho no ha sido la justificación para que se modifique. La modificación a la ley se dio antes de esa trágica muerte”, afirmó.

Castro, quien fue hallado sin vida en su vivienda en junio de 2025, figuraba como testigo principal en el caso de corrupción por los supuestos aportes irregulares de Odebrecht y OAS, en el que también estaba presuntamente implicado, y por el que el Ministerio Público solicitaba 25 años de prisión en su contra.

“Mesías Guevara definitivamente ha ganado este espacio. Le agradezco haberme mencionado. A la señora Fujimori le recordaron quién era la señora K, y sigue mintiendo, porque ella indica que a los 14 años vivía en Palacio. Ella, a esa edad, estaba viviendo en el Pentagonito, en el SIN, donde estaba su tío Vladimiro Montesinos”, añadió Pérez.

El exfiscal respondió así a una declaración de la lideresa de Fuerza Popular, quien recordó que a esa edad, “cuando vivía en Palacio”, presenció un ataque terrorista, tras lo cual su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), le dijo que “vaya al colegio porque con esa imagen vencen al terror”.

Fujimori llegó al debate electoral en el primer lugar en intención de voto, con un empate técnico con el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, al tener alrededor del 12 % de las preferencias.

Es la cuarta vez que la hija del fallecido autócrata busca la Presidencia, después de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Pérez cumple actualmente una suspensión por seis meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) por presuntas infracciones administrativas graves en su labor al frente de dicha acusación por lavado de activos de Fujimori.

El fiscal fue sancionado por la ANC por haber presuntamente presentado una acusación sin la imputación debidamente fundamentada a nivel fáctico, jurídico y probatorio.

Fiel a su estilo de campaña, la lideresa naranja abrió su intervención con una crítica frontal al estado actual de la seguridad en el Perú. No apeló a historias personales de inmediato, sino a la sensación de inseguridad cotidiana del elector: “Hoy nuestro país vive al revés. Los ciudadanos de bien con miedo en sus casas, tras las rejas y los delincuentes en las calles y bien, gracias. Nuestro país no aguanta más improvisación”, arrancó la lideresa de Fuerza Popular, posicionando su partido como el único con la “fuerza” y el “equipo” para derrotar a lo que calificó como “lacras”.

Planteó que su misión sería recuperar el orden para vivir, emprender y trabajar, admitiendo que en el proceso se requiere “madurez política” y “menos confrontación”.

La cronología del debate dio un giro cuando los periodistas interpelaron directamente a la candidata sobre una de las herramientas más críticas contra el crimen: la colaboración eficaz. Se le recordó que su bancada aprobó por insistencia una modificación que, según la Fiscalía y la Policía Nacional, debilita esta herramienta.

Ante la pregunta directa de cómo beneficiaría esta ley a la lucha contra el crimen, Fujimori respondió: “Esa ley lo que buscó es acortar los plazos para evitar, entiendo yo, que vuelva a suceder lo que sucedió con un señor que quería ser colaborador eficaz y que terminó asesinado”.

Esta justificación se convirtió en el punto de ataque para sus contendientes durante el resto del bloque. Tras la respuesta técnica, el candidato Mesías Guevara inició su intervención recordando los años de cuestionamientos judiciales contra Fujimori. Fue en este punto donde la candidata apeló a un ‘lenguaje de jóvenes’ para evadir la confrontación directa con Guevara.

“Son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting“, lanzó Fujimori.

El representante por el Partido Morado no tardó en replicar con la misma jerga: “Ella me dice que me va a ghostear, yo la voy a papear”. Además, aprovechó para mencionar a los fiscales Delia Espinoza y José Domingo Pérez, enviando “saludos” de este último a Fujimori, lo que elevó la tensión en el set.

Siguiendo el orden del debate, Jorge Nieto tomó la palabra para profundizar en la crítica legislativa. El candidato por el partido El Buen Gobierno cuestionó cómo reducir los tiempos de colaboración o cambiar la tipología de organización criminal podía ayudar a combatir el delito.

“¿Cómo pensar que todas estas leyes han terminado finalmente favoreciendo a la delincuencia? Tenemos que derogar este conjunto de leyes llamadas ‘pro-crimen’”, sentenció Nieto. Su acusación fue directa: señaló que Keiko Fujimori gobierna desde el Congreso a través de una “coalición por la impunidad” que, según sus palabras, ha incrementado el número de muertos diarios y delitos de sicariato.

Ante las duras acusaciones de Nieto, Fujimori decidió responder cuestionando el pasado político de su oponente. Fue aquí donde introdujo el nombre del cabecilla del MRTA para invalidar el discurso de seguridad de Nieto.

“¿Cómo pensar que alguien que se toma fotos con Víctor Polay Campos tiene autoridad para hablar del tema de seguridad? Para mí no hay respuesta", disparó.

Nieto respondió que dicha mención era una “insidia” y recordó que en aquel contexto histórico incluso el actual congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, aparecía en registros similares, restándole peso al ataque.

Solo hacia el final de su participación, y tras haber pasado por los bloques de propuestas y ataques, Keiko Fujimori relató su vivencia en Palacio de Gobierno a los 14 años durante un ataque terrorista.

“Mi padre a las cuatro de la mañana nos dijo: ‘Hoy más que nunca tienen que ir al colegio, porque frente al terrorismo nunca se retrocede’. Ese día aprendí que con decisión política, pero siempre dando la cara, venceremos al terror”, concluyó la candidata.

De acuerdo con imágenes difundidas por Canal N, los grupos involucrados, identificados con prendas y distintivos vinculados a los candidatos Enrique Valderrama y Keiko Fujimori, protagonizaron momentos de tensión que incluyeron gritos, empujones e intercambios verbales en la vía pública.

Tensión en medio de la jornada electoral

Tras los empujones y la confrontación verbal, personal de seguridad intervino para evitar que el incidente escalara. No se reportaron heridos de gravedad, aunque el enfrentamiento evidenció el clima de polarización que se vive en el contexto electoral.

El hecho ocurrió en medio de la presencia de simpatizantes que acudieron al lugar para respaldar a sus candidatos, lo que generó concentraciones de grupos con posiciones políticas opuestas en un mismo espacio. La situación fue controlada minutos después, permitiendo que las actividades del debate continuaran con normalidad en el interior del recinto.

Tercera fecha del debate presidencial

El altercado se produjo durante una de las fechas del ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, que reúne a los candidatos presidenciales en distintas jornadas. Este evento se realiza de manera presencial en el Centro de Convenciones de Lima y forma parte del proceso electoral que culminará en abril de 2026.

El debate está dividido en seis fechas —del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril— con la participación de 36 candidatos distribuidos en grupos diarios. Estas jornadas buscan que la ciudadanía conozca las propuestas de los postulantes en temas como seguridad, corrupción, empleo y educación.

La euforia por el esperado concierto de la banda The Killers en la Costa Verde terminó envuelta en polémica. La noche del último lunes, cientos de asistentes que abandonaban el recinto en el multiespacio Costa 21, se encontraron con una escena que rápidamente generó críticas en redes sociales: simpatizantes del partido Fuerza Popular repartiendo polos y tomatodos de manera gratuita.

El hecho no pasó desapercibido. Varios jóvenes cuestionaron en redes sociales el uso de un evento musical masivo para difundir propaganda política vinculada a su lideresa y candidata presidencial Keiko Fujimori, en un contexto electoral marcado por estrictas normas sobre la entrega de dádivas. La situación, además, encendió el debate sobre posibles sanciones y la intervención de organismos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones.

Regalos en plena salida del concierto generan críticas y advertencias legales

De acuerdo con registros audiovisuales difundidos en redes, al menos tres simpatizantes del fujimorismo se ubicaron en los alrededores del parque John Lennon, en el distrito de San Miguel, para repartir artículos promocionales a los asistentes. Entre los objetos entregados figuraban polos blancos y tomatodos que incluían mensajes de apoyo a la candidatura de ‘Miki’ Torres al Senado.

“Polos gratis con la K de Killers”, se escuchaba decir a dos mujeres que ofrecían las prendas, en alusión tanto a la banda estadounidense como al símbolo político. La escena, que muchos asistentes tomaron con humor, también provocó incomodidad y reclamos por lo que consideraron un aprovechamiento del evento con fines electorales.

La entrega de dádivas en campañas políticas está regulada en el Perú. Según precisó la ONPE, los candidatos tienen prohibido ofrecer o entregar dinero, regalos o bienes que excedan el valor permitido. La normativa vigente establece que solo se pueden distribuir artículos publicitarios cuyo costo no supere el 0,3% de una UIT, equivalente a S/16,50.

Además, la ley es clara respecto a otros bienes restringidos. No se permite la entrega de productos como alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción o enseres del hogar, ya sea de forma directa o mediante terceros. Estas restricciones buscan evitar que se influya en la decisión del electorado mediante incentivos materiales.

En caso de incumplimiento, el Jurado Electoral Especial puede imponer sanciones que van desde multas económicas —entre 5 y 30 UIT— hasta la exclusión del candidato involucrado. Por ello, diversos ciudadanos han solicitado que las autoridades evalúen lo ocurrido tras el concierto y determinen si corresponde iniciar un proceso sancionador.

Antecedentes por entrega de dádivas marcan el contexto electoral

No se trata de un hecho aislado. El antecedente más significativo se remonta al 2016, cuando la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales sancionó a Fuerza Popular con una multa de 395.000 soles por la entrega de dádivas durante la campaña. La medida incluyó la exclusión de candidatos que participaron en estas prácticas, tras comprobarse la distribución de dinero y bienes con fines proselitistas.

En aquella resolución, publicada en el diario oficial El Peruano, se concluyó que los postulantes incurrieron en una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas al ofrecer beneficios materiales para promover sus candidaturas. Este tipo de sanciones marcó un precedente en la fiscalización electoral en el país.

En febrero pasado, un caso similar involucró a militantes de Alianza para el Progreso, agrupación liderada por César Acuña. En aquella ocasión, se difundió un video en el que una camioneta vinculada al partido repartía cajas de leche en el distrito de Cieneguilla, lo que también generó cuestionamientos sobre el uso de recursos durante la campaña.

Según información registral, el vehículo utilizado estaba vinculado directamente al candidato presidencial, lo que intensificó la controversia. Desde el partido se defendieron señalando que únicamente distribuyen materiales permitidos como calendarios, tazas, polos y lapiceros. Sin embargo, reportes similares se replicaron en otros distritos de Lima.

El partido político Fuerza Popular presentará una apelación ante el Poder Judicial para no tener que pagar 17 millones de soles a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para obtener copias certificadas de las listas de electores de la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

Así lo anunció el candidato a la Primera Vicepresidencia y al Senado, Miguel Torres, en entrevista con RPP Noticias.

“Obviamente nosotros hemos apelado, estamos apelando, estamos diciendo: ‘Oye, a ver, me lo puedes pasar digital y no tengo ningún problema?’ O sea, 17 millones es evidentemente una barrera que se nos está poniendo para tener la información a la cual no tendríamos cómo atender, pero podría ser de manera digital”, declaró.

El candidato también indicó que el fujimorismo discute “si es que la información que nos van a dar permite o no permite encontrar la verdad”. Esto en referencia a que no podrán acceder a la foto, firma y huella del elector porque son datos sensibles.

Según Fuerza Popular, en la segunda vuelta de las Elecciones 2021 habrían votado personas fallecidas y se habrían suplantado identidades. Sin embargo, toda denuncia fue desestimada por la Fiscalía y los observadores nacionales e internacionales descartaron todo señalamiento de fraude.

¿Por qué el PJ le dio la razón a Fuerza Popular?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá entregar, bajo estrictas medidas de protección de datos personales, la lista de electores que participaron en la segunda vuelta de las Elecciones 2021 a Fuerza Popular, luego de que el Poder Judicial resolviera a su favor.

La decisión, adoptada en doble instancia, se produce tras una prolongada controversia luego de las denuncias de un inexistente fraude realizadas por Fujimori tras los comicios en los que resultó derrotada por tercera vez.

En el fallo de segunda instancia, la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima precisó que la ONPE debe proporcionar la documentación “aplicando las medidas de protección necesarias para salvaguardar datos sensibles”. Para los magistrados, la lista reviste “naturaleza pública” y la respuesta negativa de la entidad electoral “no fue debidamente fundamentada ni proporcional”, según consta en la sentencia a la que accedió Infobae.

El caso se remonta a 2021, cuando Fujimori y su partido solicitaron la lista para intentar acreditar presuntas irregularidades electorales, entre ellas “suplantación de identidades” y “alteración de firmas”. La ONPE rechazó inicialmente el pedido, alegando protección de datos personales sensibles, como grado de instrucción, firma y huella digital de cada votante, cuya entrega implicaría una vulneración de la intimidad de millones de ciudadanos.

Después de la negativa, Fuerza Popular interpuso una demanda de hábeas data. El juez supernumerario Alexis Anicama –quien previamente había dispuesto la anulación de la destitución de Luis Arce Córdova y ordenado pensión vitalicia para el expresidente Pedro Castillo– atendió el reclamo y falló en primera instancia a favor del partido de Fujimori. En ese pronunciamiento inicial, la judicatura sostuvo que la lista tenía carácter público por haber sido utilizada oficialmente en el proceso electoral de 2021, por lo que debía ser entregada a los solicitantes.

El fallo de primera instancia, no obstante, omitió cualquier consideración sobre los posibles riesgos asociados a la distribución de información personal contenida en la lista. Fue en la revisión de la Segunda Sala donde se introdujo la obligación de preservar aquellos datos que pudieran afectar la privacidad de los involucrados. Los jueces indicaron que la ONPE no ponderó alternativas como la “disociación, anonimización o supresión de datos sensibles”, sino que actuó mediante una “negativa absoluta, sin ofrecer alternativas razonables ni evaluar el interés público”.

No es solo Alianza para el Progreso. El partido fujimorista, Fuerza Popular, también busca mantener cuotas de poder y evidenciar su influencia en EsSalud. Tras la difusión de un audio que involucra a Alejandro Aguinaga, el legislador emitió un comunicado en el que sostiene que el caso responde a intereses electorales. Aguinaga, además, apunta a la reelección como senador.

Asimismo, afirma que el audio fue descontextualizado.

La controversia se originó tras la difusión de una grabación en la que el parlamentario habría intervenido para evitar la salida de una funcionaria en EsSalud Lambayeque. El caso reaviva el debate sobre la injerencia política en una de las principales instituciones de salud del país.

Aguinaga rechaza acusaciones

En su pronunciamiento, el congresista sostuvo que la difusión del audio responde a un intento de desviar la atención en plena campaña electoral. Señaló que se trata de un material “descontextualizado” que fue grabado en noviembre pasado, pero difundido ahora con fines políticos.

El parlamentario afirmó que su intervención no tuvo como objetivo ejercer presión indebida, sino evitar lo que calificó como un abuso de autoridad contra una trabajadora de carrera. En esa línea, remarcó que actuó con “transparencia” y dentro de sus funciones.

Además, insistió en que no existe irregularidad en su conducta y que su trayectoria respalda su accionar. “No me van a intimidar”, enfatizó, al asegurar que continuará defendiendo la legalidad.

El legislador también pidió celeridad al Ministerio Público para investigar presuntas irregularidades en EsSalud, en un intento por trasladar el foco hacia denuncias internas en la institución.

Periodista revela contradicciones en los descargos

Tras la difusión del audio, la periodista Karla Ramírez —quien dio a conocer el caso— cuestionó la versión del parlamentario. Según explicó, en sus descargos el fujimorista negó conocer a la funcionaria implicada.

Sin embargo, el contenido del audio sugiere un nivel de cercanía mayor al que el legislador reconoce públicamente. Ramírez también señaló que el congresista admitió conocer a otros funcionarios vinculados a presuntos malos manejos, aunque no habría presentado denuncias al respecto.

Estas contradicciones alimentan las dudas sobre el rol que habría desempeñado el parlamentario en decisiones internas de EsSalud, especialmente en un contexto donde la influencia política en cargos administrativos es constantemente cuestionada.

El audio y la intervención en EsSalud, según “La Pista Clave”

De acuerdo con un reportaje del programa “La Pista Clave”, el audio corresponde a una conversación telefónica registrada en noviembre del año pasado. En ella, se escucha a Aguinaga insistir en que no se retire a la terapeuta Mayder Vera González de un cargo directivo en EsSalud Lambayeque.

En la grabación, el congresista pide de forma reiterada: “No la saques”, e incluso advierte que realizar cambios podría “mover el gallinero”. Además, menciona que la funcionaria forma parte de su entorno de confianza.

El informe periodístico detalla que Vera González ocupaba un cargo en la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque y que había sido retirada en octubre. No obstante, meses después, la decisión fue revertida y la funcionaria fue reinstalada en el puesto.

Asimismo, el reportaje revela que la trabajadora participó en actividades de campaña del legislador, lo que ella misma reconoció como un gesto “por agradecimiento”. Este elemento refuerza la hipótesis de una posible relación política detrás de su permanencia en el cargo.

Crisis en EsSalud: denuncias por deficiencias mientras crece la disputa política

El caso se produce en un contexto crítico para EsSalud, marcado por denuncias sobre deficiencias en la atención y falta de recursos.

Un ejemplo reciente se registró en Puno, donde familiares denunciaron la muerte de un paciente tras una atención que calificaron como deficiente. Según el testimonio recogido, el paciente permaneció varios días sin diagnóstico claro debido a la falta de equipos adecuados.

El Hospital Base III-Puno no cuenta con un tomógrafo operativo desde hace más de dos años, lo que limita la capacidad de respuesta ante casos complejos. La situación obligó a los médicos a trabajar con herramientas insuficientes, lo que, según los familiares, retrasó decisiones clave.

“Pagamos la ineficiencia con la vida”, denunció un familiar, al cuestionar la falta de reacción oportuna del personal médico.

A esto se suma la inestabilidad en la gestión. En la Red Puno, por ejemplo, se han registrado múltiples cambios de gerentes en poco tiempo, lo que dificulta la continuidad de políticas y mejoras en el servicio.

Mientras tanto, las disputas políticas por espacios de poder dentro de EsSalud continúan.

Un audio difundido este domingo por el portal de investigación La Pista Clave revela la intervención directa del congresista fujimorista Alejandro Aguinaga para impedir el retiro de una funcionaria de EsSalud en Lambayeque.

La grabación muestra que el legislador y actual aspirante al Senado por Fuerza Popular ordenó mantener a Mayder Vera González como jefa de la Oficina de Investigación y Docencia de la red prestacional de la entidad en esa región.

La autenticidad de la comunicación fue confirmada por el propio congresista. “No la saques (…), no la saques (…), no me huevees, no la saques, nomás te digo. No hagas cambios ahorita que vas a (…) mover el gallinero (…) ¿Cómo te voy a defender si no me estás apoyando con una persona que quiero?”, se le escucha decir.

El diálogo ocurrió en noviembre de 2025, cuando la Gerencia de la Red Lambayeque de EsSalud había propuesto reemplazar a la funcionaria en su cargo. Según la Nota N.° 001230, la propuesta planteaba designar a Eva Janeth Delgado Soto en su lugar. Antes de la llamada, la funcionaria figuraba en el documento oficial como reemplazada.

En ese contexto, Vera González, chiclayana, terapeuta y afiliada a Fuerza Popular, ocupó cargos jefaturales desde 2022 en la misma red de EsSalud. De acuerdo con la grabación, el gerente intentó calmar la situación al asegurar que la funcionaria formaba parte del equipo; aun así, el parlamentario insistió en evitar modificaciones.

“Ahorita toditos, toditos están pegados con baba. Así que no hagas cambios ahorita que vas a (…) vas a mover el gallinero. Ahorita van a cambiar las cabezas (…) ¿cómo te voy a defender?”, insistió.

La decisión adoptada en 2025 se revirtió en febrero de 2026, cuando la Gerencia General de EsSalud Lambayeque emitió la Resolución N.° 456 – GG-ESSALUD-2026. El documento formalizó el encargo a Vera González como jefa de la Oficina I, nivel Ejecutivo 5, en la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque y precisó que, mientras dure el encargo, su plaza quedará reservada.

La resolución lleva la firma del gerente general de EsSalud, Martín Colca Ccahuana, quien poco después asumió la Gerencia de la Red Prestacional Sabogal.

En videos de campaña difundidos por La Pista Clave, se observa a Vera González junto a Aguinaga durante caravanas, acompañada por otros trabajadores de EsSalud Lambayeque como Wilder Díaz Capitán y Paulina Ruidias Urdiales, también vinculados al partido.

El audio, de 56 segundos de duración, ha motivado una denuncia formal ante la Fiscalía contra el parlamentario y la funcionaria por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, abuso de autoridad y aceptación ilegal de cargo.

Consultado por el portal de investigación, Aguinaga reconoció la autenticidad del intercambio y justificó su intervención para “reclamar por una profesional” a la que calificó de “intachable”. Afirmó que desconocía la afiliación de su protegida a Fuerza Popular y su participación en actividades proselitistas.

“A diferencia de otros actores políticos que buscan ocultar sus acciones, no dudo en rendir cuentas públicamente, como siempre lo he hecho. Sobre las supuestas presiones que se me atribuyen, dejo en claro que en todo momento he actuado con absoluta transparencia y dentro de mis funciones”, apuntó en un comunicado posterior publicado en X.

“Lo que hoy se intenta presentar como escándalo no es más que una patraña política, impulsada por quienes buscan desviar la atención frente a las graves irregularidades que vienen siendo expuestas en EsSalud y pretenden obtener ventaja electoral creando cortinas de humo (...) No me van a intimidar”, siguió.

Vera González, por su parte, sostuvo que trabaja en EsSalud por concurso desde 2012 y que sus funciones jefaturales comenzaron en 2022. También reconoció que acompaña al fujimorista en actividades electorales “por agradecimiento”.

El congresista fujimorista Alejandro Aguinaga reconoció la autenticidad del audio en el que exige mantener en su puesto a una funcionaria del Seguro Social (EsSalud) en Lambayeque. Sin embargo, rechazó que haya cometido alguna ilegalidad y acusó a sus críticos de desviar la atención sobre lo que calificó como “la podredumbre” en el sistema de salud.

“No pretendan ocultar la podredumbre en EsSalud con audios oportunistas en plena campaña electoral”, escribió el actual aspirante al Senado por Fuerza Popular en un pronunciamiento a través de sus redes sociales.

“Sobre las supuestas presiones que se me atribuyen, dejo en claro que en todo momento he actuado con absoluta transparencia y dentro de mis funciones. La conversación en cuestión tuvo como única finalidad evitar que se consumara una arbitrariedad y abuso de autoridad contra una trabajadora de carrera, en una institución que venía siendo copada con fines políticos. No existe ni existirá presión indebida en mi conducta pública; mi trayectoria así lo demuestra”, continuó.

Sostuvo que la difusión del audio responde a intereses electorales y es una maniobra para desviar la atención de denuncias más graves en la institución. “En un contexto en el que diariamente salen a la luz numerosas denuncias sobre malos manejos y direccionamiento de contrataciones en EsSalud Lambayeque se pretende distraer la atención pública difundiendo un audio descontextualizado, realizado en noviembre pasado y hoy puesto a la luz, lo que responde claramente a un interés electoral subalterno”, afirmó en su comunicado oficial.

Aguinaga, lejos de retroceder, insistió en que “lo que hoy se intenta presentar como escándalo no es más que una patraña política, impulsada por quienes buscan desviar la atención frente a las graves irregularidades que vienen siendo expuestas en EsSalud y pretenden obtener ventaja electoral creando cortinas de humo”.

Además, exigió que las autoridades se concentren en investigar los hechos de corrupción dentro de la institución. “En estos contratos con visos de corrupción exijo a la Fiscalia celeridad y lograr el castigo debido a los actores de estos delitos contra la salud de los asegurados”, reclamó.

“No me van a intimidar. Seguiré firme, defendiendo la legalidad, la verdad y el derecho de las personas frente a cualquier tipo de abuso”, sentenció.

¿Qué dice Alejandro Aguinaga en el audio difundido?

La grabación de 56 segundos, que fue difundida por el portal de investigación La Pista Clave, recoge el momento en que Aguinaga instruye al gerente de la Red Lambayeque de EsSalud: “No la saques (…), no la saques (…), no me huevees, no la saques, nomás te digo. No hagas cambios ahorita que vas a (…) mover el gallinero (…) ¿Cómo te voy a defender si no me estás apoyando con una persona que quiero?”. El diálogo sucedió en noviembre de 2025, cuando la gerencia había propuesto reemplazar a Mayder Vera González como jefa de la Oficina de Investigación y Docencia de la red, según la Nota N.° 001230.

La funcionaria involucrada, Mayder Vera González, es terapeuta y afiliada a Fuerza Popular. Ella confirmó que trabaja en EsSalud por concurso desde 2012 y que ocupa cargos jefaturales desde 2022. Consultada por el portal de investigación, admitió que acompaña al congresista en actividades proselitistas “por agradecimiento”.

Continúa en EsSalud

La resolución N.° 456 – GG-ESSALUD-2026, firmada en febrero de este año por el entonces gerente general de EsSalud Lambayeque, Martín Colca Ccahuana, formalizó el encargo de Vera González como jefa de la Oficina I, nivel Ejecutivo 5, en la red prestacional. El documento dejó constancia de que su plaza original quedaría reservada durante el periodo del encargo.

“Nosotros ya reconocimos los resultados”, afirmó Fujimori, al tiempo que explicó que el interés del partido se centraba en contrastar datos vinculados a denuncias realizadas tras los comicios. Según indicó, el acceso a esta información hubiera permitido verificar posibles irregularidades en el padrón electoral y en la identificación de votantes.

Tendrá que pagar S/17 millones

La candidata presidencial también cuestionó el tiempo que tomó obtener una respuesta sobre el acceso a esta información. “Lamentamos que se haya demorado cinco años para poder supuestamente tener acceso a un documento que debe ser público”, expresó para el citado medio. En ese sentido, sostuvo que la información entregada sería incompleta, lo que limitaría su utilidad para los fines planteados por su organización política.

Otro punto señalado fue el costo requerido para acceder a los datos. Fujimori indicó que se les solicitó el pago millones de soles, lo que calificó como inviable. “Para conocer la verdad y tener información transparente, piden que el partido pague 17 millones de soles. Esto para nosotros es imposible”, manifestó la lidereza de Fuerza Popular.

¿Para qué pidió la lista?

Respecto a lo que buscaban verificar con la lista de electores, Keiko Fujimori detalló que se trataba de contrastar información relacionada con denuncias previas que se dieron tras los comicios de 2021.

“Si es que han habido personas muertas que luego hicieron uso de su voto, si es que habían personas que su huella o firma no correspondía con la que RENIEC registraba”, explicó, al referirse a los aspectos que pretendían analizar.

En ese contexto, reiteró que estos datos hubieran sido útiles para esclarecer cuestionamientos formulados tras el proceso electoral. Sin embargo, reconoció que actualmente no cuentan con acceso a dicha información debido a las condiciones planteadas.

Propuesta de mayor transparencia

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular planteó que este tipo de información debería estar disponible de manera digital y sin costo para la ciudadanía. “Lo que creemos es que una información de esta naturaleza no tiene que ser impresa, puede ser accedida en línea de manera virtual, de tal manera que no tenga costo alguno”, sostuvo para Canal N.

Asimismo, hizo referencia a una norma aprobada por el Congreso que permitirá conservar las cédulas de votación hasta la proclamación de resultados, lo que, según indicó, facilitaría una mayor transparencia. “Cualquier partido político que quiera revisar una mesa lo podrá hacer viendo las cédulas y hacer un nuevo conteo”, concluyó.

Estabilidad monetaria y fiscal

Keiko Fujimori, cuestionó las recientes normas aprobadas por el Congreso de la República al advertir que varias carecen de sustento técnico y presupuesto, lo que podría generar un impacto fiscal de miles de millones de soles. Desde el Rímac, señaló que si bien “hay una expectativa de muchísimos sectores en buscar un aumento de pensiones y beneficios”, estos deben evaluarse en función de la capacidad del Estado para financiarlos.

Fujimori afirmó que cualquier mejora debe aplicarse de forma gradual y con respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, al remarcar que “este tipo de iniciativas tiene que ser aprobado de manera conjunta” para “mantener la estabilidad monetaria y fiscal”. Asimismo, recordó que el Parlamento no tenía iniciativa de gasto, aunque indicó que “el Tribunal Constitucional les ha aperturado esta ventana”, en referencia a recientes cambios en la interpretación de sus facultades.

La candidata presidencial de Fuerza Popular por cuarta ocasión consecutiva, Keiko Fujimori, accederá a la lista de electores de la segunda vuelta de las Elecciones 2021. Con ello conocerá los nombres y apellidos de los millones de ciudadanos que acudieron a las urnas el domingo 6 de junio de 2021.

Sin embargo, el último pronunciamiento del Poder Judicial, al que accedió Infobae, pone límites a la información que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá entregar a Fuerza Popular.

De acuerdo con la resolución emitida el pasado 18 de marzo, la entidad electoral deberá suprimir de la lista de electores la fotografía, la firma y la huella dactilar del ciudadano por ser datos sensibles.

Cabe precisar que la ONPE también había pedido que se elimine de la ficha la indicación de si el elector votó o no. Sin embargo, el juez supernumerario Alexis Anicama considera que esa información no es sensible y que “únicamente el sentido del voto es el único dato cuya reserva es absoluta e inviolable”.

Millonario costo

Según un informe de la ONPE, cumplir con la sentencia del PJ costaría casi 28 millones de soles y demoraría 4 años y 2 meses en completar su ejecución (extracción de data, fotocopiado, certificación, anonimización, digitalización y grabación en CD).

Al respecto, el Juzgado rechaza esta observación de la ONPE porque, dice, la sentencia debe cumplirse en sus propios términos y dentro del plazo establecido ahí, es decir, 3 días hábiles.

“Cumpla la entidad demandada (ONPE) en el plazo máximo de 15 días con dar cumplimiento la sentencia con la calidad de cosa juzgada sin mayor dilación y en sus propios términos, debiendo de no solo remitir la información de manera física sino también de manera digital”, se lee en la resolución.

Por otro lado, el Juzgado sí le da razón a la entidad electoral sobre el costo de las copias certificadas. Según el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la ONPE, la certificación de más de 2,5 millones de páginas costaría más de 17,5 millones de soles, monto deberá ser cancelado por Fuerza Popular.

¿Por qué se le dio la razón a Fuerza Popular?

El fallo de primera instancia, al que accedió Infobae, declaró que la lista de electores constituye información pública y debe ser entregada, dado que fue utilizada en la segunda vuelta y se considera de acceso público.

La sentencia de primera instancia no abordó la protección de datos personales. Este aspecto fue precisado posteriormente en apelación por la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima, que confirmó la obligación de entregar la lista, pero estableció que la documentación debe proteger los datos sensibles de los ciudadanos. “La negativa de entrega no fue debidamente fundamentada ni proporcional”, indicaron los magistrados en el fallo.

Los jueces superiores indicaron que la ONPE no evaluó la posibilidad de entregar la información mediante procesos de anonimización o supresión de datos personales.

El tribunal citó a especialistas en derecho constitucional, como César Landa Arroyo y Christian Guzmán Napurí, para fundamentar que el acceso a información electoral tiene interés público y contribuye a la transparencia y fiscalización ciudadana.

De acuerdo con la sentencia, la ONPE tendrá que proporcionar la lista de electores de la segunda vuelta de 2021, siempre que se apliquen las medidas necesarias para salvaguardar los datos personales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que procederá a entregar a Fuerza Popular la lista de electores de la segunda vuelta de las Elecciones 2021, comicios donde Keiko Fujimori perdió por tercera vez consecutiva.

Esto en cumplimiento de la sentencia del juez supernumerario Alexis Anicama, el mismo que anuló la destitución de Luis Arce Córdova y ordenó al Congreso entregar pensión vitalicia al golpista expresidente Pedro Castillo.

Días después de que Keiko Fujimori denunció un inexistente “fraude” en la segunda vuelta, Fuerza Popular solicitó a la ONPE entregar la lista de electores con el objetivo de intentar acreditar la supuesta suplantación de identidades, alteraciones de firmas y otros delirios.

La entidad electoral se negó porque la lista de electores incluye datos sensibles de los ciudadanos que acudieron a las urnas como el grado de instrucción, la firma, la huella digital, entre otra información personal cuya divulgación implicaría una invasión de la intimidad.

Ante ello, el fujimorismo inició una demanda de habeas data contra la ONPE. La sentencia de primera instancia, a la que accedió Infobae, llegó a inicios de 2025.

Según este fallo, la lista de electores “es de acceso público” porque se usó en la segunda vuelta de las Elecciones 2021. Y por ello, dice, se acredita que ONPE cuenta con dicha información y “al ser información pública corresponde su entrega”.

Fuerza Popular no accederá a datos personales

La sentencia de primera instancia no se pronuncia sobre la información sensible que contiene la lista de electores. Fue la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima la que en apelación, aunque confirma el fallo, precisa que se deberá entregar la documentación “aplicando las medidas de protección necesarias para salvaguardar datos sensibles”.

Los jueces superiores afirman que la lista de electores es “de naturaleza pública” y que “la negativa de entrega no fue debidamente fundamentada ni proporcional”.

“Se ha configurado una afectación directa al derecho constitucional invocado. Por tanto, corresponde confirmar la sentencia que declara fundada la demanda de hábeas data, ordenando a la entidad demandada entregar la información solicitada, aplicando las medidas de protección necesarias para salvaguardar datos sensibles”, se lee en la sentencia de segunda instancia.

La Sala Constitucional dice en su fallo que la ONPE no evaluó si era posible entregar la lista de electores “previa disociación, anonimización o supresión de datos sensibles”, sino que “la negativa fue absoluta, sin ponderar el interés público ni ofrecer alternativas razonables”.

“Autores como César Landa Arroyo y Christian Guzmán Napurí han señalado que el hábeas data no solo protege la autodeterminación informativa, sino que constituye una herramienta de control democrático sobre la administración pública. El acceso a información electoral —como las listas de electores— tiene interés público, y su entrega fortalece la transparencia y la fiscalización ciudadana", dicen los magistrados.

Es por ello que la Segunda Sala en lo Constitucional de Lima decide ratificar el fallo de primera instancia y ordenó a la ONPE entregar la lista de electores de la segunda vuelta de las Elecciones 2021, previa censura de los datos personales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, en cumplimiento de una resolución judicial, entregará a Fuerza Popular las listas de electores utilizadas en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. La organización política liderada por Keiko Fujimori deberá asumir un costo superior a 17 millones de soles por la emisión de las copias, según lo estipulado en el fallo.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima notificó a la ONPE que se ha declarado fundada la demanda de hábeas data presentada por Fuerza Popular. Como resultado, el organismo deberá proporcionar las listas de electores, suprimiendo datos sensibles como fotografía, firma manuscrita y huella dactilar, en concordancia con las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales.

La ONPE explicó que las listas de electores constituyen el documento que, el día de la votación, se encuentra en cada mesa de sufragio a cargo de los miembros designados. Dicho registro contiene nombres y apellidos completos, número de DNI y, originalmente, la fotografía de cada votante, junto con los espacios para firma y huella digital, elementos que serán omitidos para proteger la privacidad de los ciudadanos.

2.5 millones de páginas a imprimir

Según el comunicado institucional, la solicitud de Fuerza Popular abarca listas correspondientes a mesas de sufragio en las que participaron 18.856.802 electores. La entrega de la información se realizará tanto en formato digital como en físico. Para la documentación impresa, se prevé que el volumen total supere los 2,5 millones de páginas, cada una de las cuales deberá ser certificada conforme a lo solicitado por el partido político.

El organismo electoral detalló que el costo de la emisión de las copias certificadas asciende a 17.532.630 soles, monto que, de acuerdo con la resolución judicial, será cubierto íntegramente por Fuerza Popular. La ONPE reiteró que, si bien siempre ha manifestado su disposición a colaborar con los requerimientos judiciales, tiene la obligación de salvaguardar los datos personales de los ciudadanos, conforme a la normativa vigente.

Poder Judicial ordena la entrega de listas electorales

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó el fallo que obliga a la ONPE a entregar a Fuerza Popular las listas de electores utilizadas en la segunda vuelta de 2021. Esta decisión ratifica lo resuelto por el Cuarto Juzgado Constitucional Transitorio y se inscribe en el marco de una demanda de hábeas data promovida por el partido fujimorista.

El mandato judicial sostiene que la documentación solicitada constituye información pública y que la negativa de acceso por parte de la ONPE se extendió durante varios años. El tribunal también desestimó los argumentos presentados por el organismo electoral para restringir la entrega de los registros, al considerar que no se acreditaron causas suficientes para limitar el ejercicio del derecho de acceso, reconocido en el artículo 2, inciso 5, de la Constitución Política.

La sentencia judicial abre la puerta a que Fuerza Popular pueda cotejar los documentos electorales con el objetivo de verificar eventuales irregularidades en las mesas de sufragio. El partido argumenta que el acceso a las listas permitirá contrastar firmas y datos para fundamentar impugnaciones sobre presuntas falsificaciones, suplantación de identidad o adulteraciones en los votos emitidos en el balotaje entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Durante el proceso judicial, tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones rechazaron el pedido de Fuerza Popular, lo que generó cuestionamientos en torno a la transparencia de las autoridades electorales. La resolución del tribunal señala que la negativa de las entidades responsables no se corresponde con la naturaleza pública de los documentos ni con la finalidad de control y fiscalización que invocó la parte demandante.

Implicancias y antecedentes del caso

La entrega de listas de electores en formato tanto físico como digital marca un precedente relevante sobre el acceso a información electoral en el Perú. Según la normativa vigente, la ONPE debe custodiar y proteger los registros electorales, ya que contienen datos personales sensibles. Por este motivo, la entrega deberá ejecutarse mediante procedimientos de anonimización o supresión de información, tal como exige la Ley de Protección de Datos Personales.

La organización política solicitó copias certificadas y soporte digital de los padrones para utilizarlos como prueba ante los Jurados Electorales Especiales y el Jurado Nacional de Elecciones, con el fin de sustentar reclamos y eventuales impugnaciones. El tribunal constitucional consideró que no existían razones legales suficientes para denegar el acceso a la documentación, por lo que dispuso su entrega en los términos indicados.

La ONPE confirmó que la entrega de la información física implicará la producción y certificación de más de 2,5 millones de páginas, y que el costo total, superior a 17,5 millones de soles, será asumido por Fuerza Popular, en cumplimiento de la resolución emitida por la Segunda Sala Constitucional.

La ONPE enfatizó en su comunicado que continuará cumpliendo los fallos judiciales y garantizando la protección de los datos personales de los ciudadanos peruanos, política institucional que, según remarcó, siempre ha respetado. El organismo subrayó que la protección de la información sensible será prioritaria durante la ejecución del mandato judicial.

Con la entrega de las listas de electores a Fuerza Popular, se habilitará una revisión técnica y documental de los registros utilizados en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, proceso que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia del Perú.

La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú, Annalisa Corrado, ratificó este jueves que las elecciones presidenciales de 2021, en las que Pedro Castillo fue declarado ganador, se desarrollaron sin irregularidades ni fraude. Detalló que las conclusiones del bloque europeo se basan en una metodología probada y que las denuncias formuladas por Keiko Fujimori carecen de sustento técnico.

“No se ha detectado ningún fraude”, afirmó en rueda de prensa, subrayando la confianza de la misión en el proceso electoral peruano y el temor de que la lideresa naranja repita denuncias infundadas que puedan dividir al país. En 2021, Castillo superó a Fujimori por una diferencia de 44.000 votos, resultado que la candidata impugnó sin presentar pruebas sólidas, lo que desencadenó una campaña de desinformación y tensión política. La validez del proceso fue respaldada entonces por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la propia Unión Europea.

Corrado explicó que la misión de la UE ha empleado en Perú los mismos sistemas y procedimientos aplicados en más de 200 elecciones nacionales durante más de dos décadas de trabajo internacional. Agregó que el equipo europeo se encuentra preparado para abordar “eventuales narrativas de fraude sin contacto con la realidad” durante los comicios del próximo 12 de abril.

La jefa de misión también hizo un llamado a la responsabilidad política y social de los candidatos, subrayando que la prioridad es que todos los postulantes tengan igualdad de condiciones para exponer sus propuestas. “Los invitamos a tener una campaña lo más respetuosa posible, tanto hacia los adversarios políticos como hacia los ciudadanos que votan”, indicó Corrado, quien recordó que este año compiten 35 candidatos presidenciales y cientos de aspirantes al Congreso.

El despliegue de la misión europea será uno de los más amplios en la historia reciente de Perú. Más de 150 observadores participarán en el seguimiento del proceso, de los cuales 50 permanecerán de manera sostenida en las 25 regiones del país. La misión mantuvo reuniones con diversos aspirantes, incluida la propia Keiko Fujimori, como parte de sus funciones de acompañamiento institucional.

En su intervención, Corrado valoró las mejoras implementadas por las autoridades electorales peruanas tras las recomendaciones de la UE en 2021. Destacó la decisión de cerrar el padrón electoral más cerca de la fecha de los comicios y ampliar el horario de votación, que este año será de 07:00 a 17:00 horas. Estas medidas buscan facilitar la participación ciudadana y garantizar la transparencia en todas las etapas de la elección.

De cara a las próximas elecciones, la UE exhortó a los actores políticos a evitar discursos que alimenten la desconfianza o la confrontación. El despliegue de observadores internacionales busca garantizar la limpieza y la legitimidad del proceso, así como reforzar la credibilidad de las autoridades electas.

Annalisa Corrado concluyó que la misión europea mantendrá su acompañamiento durante todo el proceso y publicará informes periódicos sobre el desarrollo de la campaña y la jornada electoral, en línea con su compromiso de contribuir a la transparencia y la integridad de la democracia en Perú.

En declaraciones a Canal N, mencionó que aunque no conocía los detalles de la acusación, consideraba la denuncia como “profundamente preocupante”. “Esperamos que, de ser así, una persona que tiene este tipo de acusaciones no ejerza este cargo”, afirmó.

Consultada acerca de las eventuales acciones que podría tomar el presidente José María Balcázar, quien en el pasado también estuvo envuelto en polémica por declaraciones relacionadas con las relaciones entre adultos y menores de edad, sostuvo que la situación representa una oportunidad decisiva para el mandatario: “Este es el mejor momento en el que el presidente tiene la oportunidad de saber cuál es su actuar frente a estos hechos”.

La denuncia contra Alfaro fue presentada por una mujer que, en el programa Beto a Saber de Willax, aseguró haber sido víctima de agresión sexual por parte del actual ministro cuando tenía 16 años y él era gerente de la empresa Electro Ucayali en la ciudad de Pucallpa. Según el testimonio, el hecho habría ocurrido en el año 2000 y derivó en un embarazo. “Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, relató la denunciante al canal de televisión.

El caso tomó notoriedad pública tras la difusión del testimonio y la confirmación de que, como consecuencia de la presunta agresión, nació un hijo reconocido legalmente por Alfaro. Según los registros públicos, reside en Australia desde hace una década. La madre, que no lo ha visto desde 2016, manifestó que la exposición pública de su caso responde tanto a la búsqueda de justicia como al deseo de reencontrarse con su hijo.

La denuncia pública se produce en un momento de alta tensión política, cuando el gabinete ministerial de Balcázar enfrenta el escrutinio del Congreso por el voto de confianza y la presión social derivada de recientes escándalos y crisis sectoriales.

Ante la difusión de la denuncia, Alfaro no ofreció declaraciones presenciales, pero sí publicó un comunicado en Facebook, donde aseguró haber mantenido una “sana convivencia durante cinco años” con la denunciante y cuestionó las motivaciones detrás de las afirmaciones públicas, sugiriendo intereses económicos no revelados por su expareja.

Alfaro anunció que entregará todas las pruebas al Ministerio Público y lamentó que la situación haya trascendido a los medios de comunicación “sin mayores elementos de juicio”, afectando tanto a su hijo como a la denunciante.

“Por esta situación, y en aras de la transparencia, entregaré todas las evidencias al Ministerio Público. Es muy penoso que esta situación se exponga de esta manera en medios de comunicación, sin mayores elementos de juicio, afectando a nuestro hijo y también a ella misma”, aseguró.

Para las Elecciones Generales de 2026, Fuerza Popular ha oficializado su propuesta electoral con la mira puesta en recuperar el liderazgo en el norte del país. La organización confirmó que Keiko Fujimori Higuchi es su candidata a la Presidencia de la República, acompañada en la plancha presidencial por Luis Galarreta Velarde (Primera Vicepresidencia) y Miguel Torres Morales (Segunda Vicepresidencia). En La Libertad, la estrategia del partido busca consolidar su presencia histórica aprovechando el retorno a la bicameralidad.

El retorno a la bicameralidad en La Libertad

Después de más de tres décadas, el Congreso de la República volverá a dividirse en dos instancias. Para el departamento de La Libertad, esto implica una representación diferenciada: la región elegirá a sus propios representantes para la Cámara de Diputados y contará con representación directa en el Senado mediante el distrito electoral departamental.

Fuerza Popular ha estructurado su propuesta enfocándose en la seguridad ciudadana y el impulso de proyectos de infraestructura, temas que consideran fundamentales para el desarrollo del norte peruano.

Candidatos al Senado por La Libertad

Para la Cámara Alta, el partido presenta candidatos que buscan liderar el debate de reformas estructurales. En el caso específico de La Libertad, la propuesta para el Senado departamental está conformada por:

• Víctor Seferino Flores Ruiz
• Estela Belinda Briceño Uceda

Además, los electores de la región podrán votar por la lista de senadores a nivel nacional, que incluye a figuras históricas y técnicos del partido:

1. Miguel Ángel Torres Morales
2. Martha Gladys Chávez Cossío
3. Fernando Miguel Rospigliosi Capurro
4. Carmen Patricia Juárez Gallegos
5. César Augusto Astudillo Salcedo
6. Carlos Mario del Carmen Tubino Arias Schreiber
7. Cecilia Antonieta Castro Torres
8. Carlos Fernando Mesía Ramírez
9. Sitza Lita Romero Peralta
10. Sandro Esposito Shapiama
11. Rita Elena Ayasta de Díaz
12. Ricardo Rivera Romero
13. Liliana Angélica Pinedo Achaca
14. Jaime Agustín Sobero Taira
15. Jeny Luz López Morales
16. Raúl Huamán Coronado
17. Santusa Ansia Mamani Vilca
18. Erwin Tito Ortega
19. María Pilar Pérez Villasante
20. César Milton Campos Ramírez
21. Betty Gladys Ananculí Gómez
22. Jesús Alexander Alcalá Mateo
23. Elsa Nora Tuesta de Nogueira
24. Alexander Gallardo Sandoval
25. Estela Martha León Requena
26. Juan Manuel Alarcón Ato
27. Cecilia Rosario Villanueva Oshiro
28. Carlos Walter Mejía Escajadillo
29. Magda Lili Manco Padilla

Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por La Libertad

La Cámara de Diputados representa directamente a las provincias de la región. De acuerdo con la conformación del partido para este proceso electoral, estos son los candidatos que disputarán los 8 escaños correspondientes a La Libertad:

1. Gilmer Trujillo Zegarra
2. Leticia Maruja Leiva Baylón
3. Miguel Ángel Vivanco Reyes
4. Mary Luz Vilca Flores
5. Geanmarco Antonio Quezada Castro
6. Evelyn Marisol Siccha Rodríguez
7. Javier Edwart Estrada Pozo
8. Rosario Franki Paredes Chipana

Desafíos y propuestas para la región

La plataforma de Fuerza Popular para esta campaña prioriza la lucha contra la criminalidad organizada, un problema crítico en provincias como Trujillo, Virú y Pataz. Sus propuestas legislativas se orientan al fortalecimiento de las facultades policiales y reformas en el sistema judicial para acelerar los procesos contra la extorsión y el sicariato.

Asimismo, los candidatos han resaltado la necesidad de asegurar la ejecución presupuestal para obras de prevención ante desastres naturales y el destrabe definitivo de proyectos de irrigación, con el fin de reactivar la economía agrícola de la región.

Importancia electoral de La Libertad

Históricamente, el norte del país ha sido un termómetro decisivo en los comicios generales. Para Fuerza Popular, asegurar una representación sólida en La Libertad es clave para su gobernabilidad en el próximo Congreso. La elección de 2026 pondrá a prueba el nuevo modelo bicameral y la capacidad de estos representantes para canalizar las demandas de seguridad y crecimiento económico que exige la ciudadanía liberteña.

¿Qué significa tener un Congreso Bicameral en Perú?

Un Congreso Bicameral implica que el Poder Legislativo se divide en dos cámaras: el Senado y la Cámara de Diputados. En este modelo, los senadores son elegidos a nivel nacional y cumplen funciones de revisión de leyes y designación de altos funcionarios, mientras que los diputados representan a las regiones según su población y mantienen las tareas de legislar, fiscalizar y representar a la ciudadanía.

Este sistema exige que toda ley sea aprobada por ambas cámaras antes de entrar en vigor, lo que promueve mayor control y equilibrio institucional. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la bicameralidad amplía la participación política y permite una representación más precisa de los intereses regionales en el Congreso.

La decisión de Fuerza Popular sobre el voto de confianza para el Gabinete de Denisse Miralles se definirá el 18 de marzo, justo cuando la primera ministra exponga ante el pleno del Congreso. Así lo anunció la lideresa Keiko Fujimori, quien reiteró su postura de escepticismo frente al presidente José María Balcázar y advirtió sobre las consecuencias de mantener la incertidumbre en un contexto de crisis climática y política.

En sus declaraciones, la candidata presidencial evidenció desconfianza hacia el actual Ejecutivo al señalar: “Tenemos un presidente de izquierda que ha mostrado poca reacción frente, por ejemplo, a la presencia del fenómeno El Niño Costero”, dijo a RPP Noticias.

Fujimori detalló que la bancada de Fuerza Popular analizará la exposición de la primera ministra antes de adoptar una postura conjunta, con el objetivo de dar una respuesta “responsable” acorde a la situación nacional, según recogió RPP Noticias.

El bloque fujimorista no será la única fuerza legislativa que defina su voto en la fecha clave. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó que la presentación de Denisse Miralles se inscribe en el marco constitucional, ratificando la voluntad de “diálogo y coordinación con el Congreso”, de cara a la transición democrática prevista para el 12 de abril, día de la próxima elección presidencial.

Keiko Fujimori sostiene su desconfianza hacia el Gabinete Miralles

La postura de Keiko Fujimori respecto al Gabinete de Denisse Miralles ha estado marcada por la desconfianza desde la designación de la economista al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 25 de febrero.

En su intervención del 2 de marzo, Fujimori remarcó: “Tengo una mirada de desconfianza, sin duda, porque tenemos un presidente de izquierda, pero también mencioné que esa decisión la va a tomar la bancada de Fuerza Popular”. Añadió que el grupo parlamentario se reunirá tras la presentación de Miralles y su equipo ministerial, y precisó que la postura definitiva se hará pública a través de los congresistas.

La desconfianza de Fujimori se fundamenta en la percepción de un Ejecutivo vacilante ante emergencias, especialmente frente a los daños ocasionados por las inundaciones y a la persistencia de tensiones políticas. Su mensaje incluyó una exhortación a los ministros para que recorran el país y atiendan directamente a las familias afectadas, una demanda que refleja la presión popular ante la inminencia del voto de confianza.

Por otra parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, precisó —citando el reglamento— que la votación se realizará inmediatamente después de la exposición de la plancha ministerial. “El pleno determinará el respaldo al gabinete ese mismo día”, declaró Rospigliosi. El propio partido fujimorista pidió actuar con “sensatez y tranquilidad”, priorizando la estabilidad política y social en un periodo caracterizado por la volatilidad.

El anuncio de un inminente pronunciamiento ha añadido presión en el escenario político, dadas las recientes crisis y los incidentes derivados del fenómeno meteorológico que han dejado a múltiples regiones afectadas.

Posturas divididas de las bancadas parlamentarias ante el Gabinete Miralles

La votación sobre el Gabinete Miralles se produce en un ambiente de fragmentación y escepticismo explícito entre las principales bancadas del Congreso. Según reportó RPP Noticias, agrupaciones como Renovación Popular y Avanza País ya han anticipado su rechazo a otorgar la confianza, mientras que otros bloques —incluido Podemos Perú— han supeditado su decisión a la gestión de crisis específicas.

El vocero de Podemos Perú, Guido Bellido, advirtió que no respaldarán a Miralles si se concreta la liquidación de Petroperú, una medida que consideran lesiva para la “soberanía energética” del país. “No vamos a permitir que Petroperú sea rematada”, afirmó.

Por su parte, Edgard Reymundo del Bloque Democrático Popular planteó la renuncia de Miralles para facilitar una recomposición integral del gabinete. En contraste, Somos Perú —a través del congresista Alex Paredes— cuestionó la actitud de las agrupaciones que niegan el respaldo a menos de un mes de elecciones, sugiriendo que la prioridad debe ser lograr consensos que permitan gestionar la crisis.

Ante las presiones y rechazos, Denisse Miralles ha sostenido reuniones con diversas bancadas legislativas para promover el diálogo. Tras reunirse con Acción Popular y Honor y Democracia, la premier subrayó: “Nosotros les hemos pedido respetuosamente que nos den esa confianza, y lo creemos positivo porque ha sido un diálogo bastante constructivo”, expresó Miralles a la prensa. Sin embargo, el vocero Jorge Montoya aclaró que el grupo aún está deliberando: “No hemos decidido lo del voto de confianza, lo revisaremos en el transcurso de la semana”.

Gabinete Miralles se conformó tras la designación de José María Balcázar como presidente

El actual Gabinete de Denisse Miralles fue constituido el 25 de febrero, días después de la destitución de José Jerí y la designación de José María Balcázar como presidente interino por parte del Congreso de la República. Miralles subrayó en su primer mensaje que la “primera tarea” es “asegurar la transición democrática coordinada y transparente”, objetivo que enmarca la actual solicitud de voto de confianza ante la representación nacional.

El Gobierno de transición ha puesto el foco en coordinar con los organismos electorales, tanto en la entrega de recursos como en la garantía de “neutralidad absoluta” del Ejecutivo de cara a las elecciones previstas para el 12 de abril.

Durante una actividad pública, Fujimori subrayó el aporte histórico y actual de las FF.AA. a la seguridad y estabilidad del país. “La verdad que son muy lamentables estas declaraciones. Me parecen irrespetuosas frente al rol fundamental que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Rol que nos ayudó a traer la paz, a luchar contra el terrorismo y hoy rol fundamental que yo, como candidata, y espero tener la confianza de llegar a ser presidenta del Perú, convocaré a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional para luchar contra la delincuencia”, expresó.

Asimismo, enfatizó su “respeto y gratitud enorme” a los militares peruanos y recalcó que la preparación y compromiso demostrados por las fuerzas castrenses serán clave para recuperar la seguridad ciudadana. “Estoy segura que con la fuerza y la preparación que ellos tienen y que han demostrado, vamos a volver a conseguir la paz, pero esta vez en las calles”, añadió.

Las palabras de Fujimori se suman a una ola de críticas en el Congreso y el ámbito político tras la difusión de las declaraciones de López Aliaga, quien, además de plantear trasladar la capital a Junín, afirmó: “Debemos tener tropa. Ingeniería militar, ingeniería policial, (...) pero no estar en los cuarteles haciendo estupideces, pues”.

Las expresiones sobre el supuesto ocio de los militares en los cuarteles provocaron rechazo en el Parlamento. El expresidente interino José Jerí señaló que “no es tolerable que un candidato presidencial desprecie la labor del personal del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea”.

En la misma línea, el legislador y militar en retiro Roberto Chiabra afirmó: “Para él es ‘una estupidez’ que ayuden en emergencias, que participen en seguridad ciudadana, en el VRAEM, Pataz, Madre de Dios, etc. Estupidez es ser ofensivo y no conocer lo que hacen los soldados. Quien se burla de ellos le falta el respeto a las FF.AA. y al Perú”.

El expresidente del Congreso y actual candidato presidencial, José Williams, también destacó la labor formativa y sacrificada de los miembros de las Fuerzas Armadas, señalando que “en los cuarteles se forman hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por el Perú”.

Por su parte, el actual titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, defendió que los militares “están entrenándose para cumplir su misión, la defensa nacional y eventualmente la defensa del orden interno”. Advirtió que “si no se entrenan, no podrán realizar su misión” y cuestionó la capacidad de liderazgo de quien no valora estas tareas.

El exjefe de Gabinete, Pedro Cateriano, también criticó a López Aliaga y consideró inaceptable que un candidato presidencial se refiera de esa manera a los militares, añadiendo con ironía: “beber en exceso hace daño a la salud”.

En defensa del líder de Renovación Popular, el congresista Alejandro Muñante sostuvo que la frase fue “descontextualizada” y que se utiliza políticamente por quienes, a su juicio, “nada o poco han hecho” por las Fuerzas Armadas.

“El Tribunal Constitucional se encarga de ver hechos, analizar hábeas corpus, demandas de amparo, sin mirar el nombre y el apellido. No conozco ni he escuchado la sustentación de su causa, pero estoy segura que el tribunal tomará una decisión técnica y sustentará bien cuál será la decisión final”, declaró durante una actividad en homenaje a María Elena Moyano, símbolo de la resistencia frente a la violencia de Sendero Luminoso en el distrito de Villa El Salvador.

Deñaló que, aunque desconoce los detalles específicos del recurso presentado por la defensa de Cerrón, confía en que los magistrados actuarán con independencia. “Más allá de la decisión final que tome el Tribunal Constitucional, yo no le tengo miedo a la competencia. Y si es que va a debatir, pues debatiremos con él”, agregó. No obstante, cuestionó la calidad de prófugo del candidato de Perú Libre.

“Acá lo importante es que él siempre debió dar la cara. Ese ha sido mi actuar y eso es lo que yo espero de los demás políticos. Sin embargo, creo que por ahora, con prudencia, debemos esperar la resolución final, que no sabemos cuál va a ser, pero lo más importante es conocer los detalles y la sustentación”, sentenció.

La posición de Fujimori se da en un contexto de cuestionamientos por la rapidez con la que el TC programó la audiencia para analizar el hábeas corpus de Cerrón, en comparación con otros procesos similares. El expediente del hábeas corpus ingresó a la entidad en febrero de este año y, en menos de un mes, se programó la audiencia para su revisión, un plazo considerablemente corto respecto a la duración habitual para casos similares. Este hecho fue señalado por diversos actores políticos y analistas como un posible indicio de trato preferencial o presión política sobre el máximo órgano constitucional.

En la audiencia, el abogado de Cerrón, Humberto Abanto, argumentó que la prisión preventiva vulnera los derechos de su defendido y afecta la equidad en la competencia electoral, ya que Cerrón es el único candidato presidencial que no puede hacer campaña personalmente en territorio nacional. Además, la defensa sostuvo que la sentencia que motivó la prisión preventiva fue finalmente revocada en instancias superiores, por lo que la medida restrictiva perdió sustento jurídico.

El debate público se intensificó tras la filtración de un borrador de fallo supuestamente favorable a Cerrón antes de la realización de la audiencia. Según este documento, el TC declararía fundada la demanda por vulneración al derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales y anularía la prisión preventiva, ordenando al juzgado correspondiente definir la situación jurídica de Cerrón con una medida menos gravosa. Aunque uno de los magistrados del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, confirmó la existencia de un documento interno, aclaró que se trataba de un proyecto elaborado por asesores y que aún no reflejaba una decisión definitiva del pleno.

En entrevista con CNN Chile, la lideresa naranja indicó que considera a Bachelet una “mujer con gran experiencia”, y subrayó que sería una “gran representante de Latinoamérica” en el máximo cargo de Naciones Unidas.

Agregó que, de concretarse la candidatura, conversaría con las fuerzas políticas de su país para buscar un respaldo institucional a la postulación de la exmandataria chilena. “Yo sí creo que habría un consenso en el Perú de respaldar una postura como la de Michelle Bachelet. Más allá de que podamos tener discrepancias ideológicas, me parece que es una mujer muy preparada”, afirmó.

Consultada sobre la posibilidad de que el presidente chileno José Antonio Kast se sumara al respaldo, expresó su confianza en que “va a tomar la decisión correcta”.

Consultada sobre su agenda conjunta ante una eventual victoria en las Elecciones 2026, mencionó que trabajaría en favor de una cooperación regional y expresó afinidad con la línea impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump.

“Caminaríamos en esa línea, además con Rodrigo Paz, que es otro presidente de un país vecino a quien queremos mucho. El presidente Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz Zamora, que ha sido un presidente que también gobernó en la época de mi padre, conozco a su familia. En la línea del presidente Noboa, el presidente de Ecuador, país vecino también del Perú. Así es que yo sí creo que hoy el escenario latinoamericano tiene un barrio de amigos y de colaboradores”, afirmó.

Fujimori subrayó que la integración regional no se limita a cuestiones ideológicas, sino que responde a la necesidad de coordinar esfuerzos frente a desafíos comunes. “Aspiramos a trabajar juntos en cooperación en los retos que tenemos, en los retos de la lucha contra la criminalidad organizada, en lograr procesos migratorios de retorno para los hermanos venezolanos, en cooperación los temas económicos. Creo que hay mucho por trabajar”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó que, en caso de alcanzar la presidencia, la implementación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes venezolanos desde Perú dependerá de los resultados de las elecciones en Colombia, previstas para mayo próximo.

“Este corredor humanitario es factible siempre y cuando pasen dos cosas. Vamos a tener que esperar el proceso electoral en el Perú y también en Colombia, para poder realizar esto de una manera conjunta”, afirmó.

“Creo que lo prudente sería esperar a que culmine el proceso electoral en Colombia, ya que estamos ad portas de una segunda vuelta. Si es que Paloma Valencia y el Centro Democrático salen ganadores, este plan sí es factible”, sostuvo desde la toma de mando del presidente José Antonio Kast.

El nuevo Senado del Congreso -que regresará a la bicameralidad este año- podría estar compuesto por solo cinco partidos políticos, tres de los cuales ya forman parte del parlamento en la actualidad, según indica un reciente simulacro de votación elaborado por Ipsos.

El estudio, difundido por Perú21, indica que los únicos cinco partidos políticos que superarían el umbral electoral requerido para acceder a la cámara alta serían Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, además de las nuevas incorporaciones País para Todos y Ahora Nación, quienes obtendrían más del 5% de los votos válidos.

El único requisito mínimo que deberán cumplir para integrar el Senado es conseguir al menos tres senadores en más de una circunscripción electoral.

De acuerdo con los datos recogidos por Ipsos, Fuerza Popular lidera la intención de voto con el 13,6% de los sufragios válidos. Renovación Popular registra el 12,1%, mientras que Alianza Para el Progreso alcanza el 9,1%. País para Todos obtiene un 7% y Ahora Nación suma el 6,2%.

Diferencias entre simulacro y encuesta de intención de voto

Los resultados del simulacro muestran diferencias respecto a la encuesta de intención de voto, también elaborada por Ipsos. Según Perú21, aunque Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza Para el Progreso lideran las preferencias en ambos casos, el cuarto y quinto lugar varían según el tipo de estudio.

Mientras que en la encuesta de intención de voto Somos Perú y Juntos por el Perú ocupan las posiciones que les permitirían acceder al Senado, País para Todos y Ahora Nación los reemplazan en el simulacro.

Fuerza Popular y Renovación Popular liderarían la Cámara de Diputados

Según la simulación estadística elaborada por el Instituto Aklla Perú proyecta cómo podría quedar conformada la futura Cámara de Diputados si los comicios se realizaran hoy. El análisis, basado en la encuesta nacional de Ipsos del 27 de febrero y en 1,000 escenarios estadísticos aplicando el método de cifra repartidora, anticipa un Parlamento dominado por seis partidos políticos.

Según la proyección, Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) encabezarían la representación en la Cámara de Diputados con 32 escaños cada uno, lo que los colocaría como las bancadas más grandes del hemiciclo. Ambos partidos tendrían además 100% de probabilidad de superar la barrera electoral, según el modelo.

En segundo nivel aparece Alianza para el Progreso (APP), que alcanzaría 29 curules y una probabilidad de 99.9% de ingresar al Parlamento. Más atrás se ubica el Partido Democrático Somos Perú, con 17 escaños proyectados.

La simulación también indica que Avanza País obtendría 10 diputados, aunque con una probabilidad menor de superar la barrera electoral (35.4%). Por su parte, el histórico Partido Aprista Peruano alcanzaría igualmente 10 escaños, con una probabilidad de 79.5%.

¿Cómo se repartirán los asientos en el Senado?

En el caso del Senado, habrá dos tipos de elección:

• 30 senadores elegidos por regiones. En la mayoría de regiones gana el candidato del partido que tenga más votos.
• 30 senadores elegidos a nivel nacional, que se reparten de forma proporcional entre los partidos.

Para la Cámara de Diputados, los 130 escaños también se reparten proporcionalmente entre los partidos que superen la barrera electoral.

“Voy a buscar a la prensa, en lugar que ustedes me busquen a mí, para evitar que digan ‘El doctor Balcázar está enfermo’. Más bien, me preocupa que cada día me vuelvo más inteligente y yo puedo hablar permanentemente todos los días. Hablo con Kant, hablo con Hegel y eso prueba de que efectivamente estoy bien”, aseveró.

Utilizó estas referencias a los filósofos alemanes para sustentar su lucidez mental y marcar distancia de quienes cuestionan su comportamiento. Incluso, hizo una referencia a las críticas que lo sindican de estar a favor del matrimonio infantil.

“Yo soy un irreverente nato y soy un conspirador permanente en el buen sentido de la palabra. Ahí está mi discurso en el Congreso, en las comisiones, en los votos que he emitido. Y tal vez por eso es que a veces fui malinterpretado por alguien que de repente no tiene una formación muy adecuada, no tiene un poco de cultura muy elevada”, remarcó.

Sobre su relación con los medios de comunicación, el legislador se mostró abierto a un diálogo constante, incluso irónico sobre su supuesta complejidad al expresarse. “Me dan una impresión como que yo soy una persona díscola y que tendría que hablar primero en revés para que me entiendan. Mis mejores relaciones con la prensa fueron permanentemente mientras estuve de congresista. Y ahora que estoy en la presidencia, estoy mejor para conversar con la prensa diariamente, si es posible”, puntualizó.

En la misma línea, el congresista minimizó la posibilidad de que su bancada o fuerzas externas, como Vladimir Cerrón, logren condicionar sus decisiones desde la presidencia. “Si me dijeran ‘está manipulando Fuerza Popular y APP, que tienen mayoría de votos en el Congreso’, podría prestarse a un poco de duda. Pero que me digan que con diez votos de Perú Libre me van a manipular en el Gobierno, pues, es un poco ya de chiste. Eso no se va a producir nunca”, sentenció.

Vale mencionar que Alianza para el Progreso también es uno de los partidos señalados de tener gran influencia en la toma de decisiones sobre el gabinete ministerial. Incluso la figura de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aparece bajo esta lupa de sospecha. Aunque la premier no registra una afiliación oficial a APP, su trayectoria profesional y sus nexos con figuras clave como José Salardi, jefe del plan de gobierno de Acuña, lo que refuerza la tesis de una gestión tutelada.

A ello se suma la salida de Luis Quiroz del Ministerio de Salud y los escándalos de contrataciones de familiares vinculados al entorno de Richard Acuña en EsSalud.

Tal es así que Hernando de Soto, quien había sido anunciado inicialmente como premier, vinculó su separación con las cuotas de poder de Alianza para el Progreso y Perú Libre. “si llama César Acuña para felicitarme es porque está ahí adentro, si han quedado sus ministros es porque está ahí adentro”, expresó en una entrevista a El Comercio.

La Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró reo contumaz a Jessica Navas Sánchez, candidata a diputada por Fuerza Popular, por no presentarse a la instalación del juicio oral en su contra por presunta malversación de fondos.

Así, la jueza penal unipersonal Karina Bedoya Maque ordenó que se cursen los oficios de ubicación y captura contra Navas Sánchez a fin de que sea conducida compulsivamente al Juzgado, a fin de que se ponga a derecho y el juicio sea instalado formalmente.

Por este proceso, la Fiscalía solicita 4 años y 8 meses contra la candidata a diputada con el número 1 de Fuerza Popular por Ucayali, además de 1 año y 8 meses de inhabilitación y una reparación civil de 760.477 soles.

El caso

Se trata de un proceso judicial contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional de Ucayali, incluida Jessica Navas Sánchez, por el presunto desvío de recursos del proyecto “Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha”. La acusación gira en torno a la presunta compra irregular de vehículos con fondos destinados exclusivamente a la gestión turística de la zona.

La investigación se centra en las actuaciones de Jessica Navas Sánchez, Lisette Rengifo Rojas y Wilber Trujillano Alcalá, quienes habrían autorizado y ejecutado adquisiciones no contempladas en los convenios oficiales del proyecto.

El caso parte de la ejecución del Componente 2 del proyecto turístico, con un presupuesto de 4.353.599 soles, enfocado en mejorar la gestión turística en Ucayali. Según la acusación fiscal, el convenio que regulaba el uso de estos fondos prohibía su destinación a fines distintos a los aprobados.

El Ministerio Público sostiene que, pese a estas restricciones, los investigados autorizaron la compra de un bus turístico de dos niveles por 399 mil soles, una camioneta 4x4 por 131.027 soles y cuatro motocicletas lineales por 30.440 soles. Estas adquisiciones, presuntamente irregulares, habrían sido promovidas y formalizadas por los tres imputados en diferentes periodos de gestión.

Más cuestionados en las listas de Fuerza Popular

Veintiocho candidatos de Fuerza Popular registran sentencias judiciales firmes por delitos que incluyen corrupción y tentativa de homicidio, una situación que plantea interrogantes sobre los criterios de selección y transparencia en la inscripción de aspirantes al Congreso, tal como reveló el programa Cuarto Poder.

El caso más grave consignado por Cuarto Poder corresponde a Américo Orozco, empresario postulado como diputado por Madre de Dios. Según los documentos judiciales citados en el reportaje, Orozco fue condenado en 2013 a seis años de prisión efectiva por “tentativa de homicidio calificado”, luego de haber ingresado a la vivienda de su expareja y disparado contra un hombre —quien sobrevivió tras recibir “cerca de ocho disparos en el rostro, tórax y abdomen”—. La sentencia incluyó además el pago de 40 mil soles en concepto de reparación civil. Orozco cumplió parte de su condena en un penal de Arequipa y el restante bajo régimen de semilibertad, omitiendo estos antecedentes en su hoja de vida ante el JNE. Al ser consultado por la reportera, declaró: “Tendría que mostrarme. La verdad que no sé”.

El informe documenta además a Obed Bernuy Atachagua, docente y candidato a diputado por Lima, actualmente bajo investigación por hostigamiento sexual contra una alumna de doce años. Su expediente ante el Jurado tampoco consigna antecedentes, aunque la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) abrió un proceso administrativo disciplinario tras una denuncia formal. Bernuy, consultado por la reportera de Cuarto Poder, afirmó: “Toda esta situación ha sido creada por una persona que no tiene a Dios en su corazón”. El Ministerio Público mantiene una investigación preliminar por acoso sexual en curso.

Otro de los postulantes es el excongresista Erwin Tito Ortega, ginecólogo obstetra y ahora aspirante al Senado, quien registra una demanda por alimentos y se vio envuelto en un caso judicial tras dirigir un parto por videollamada en el Hospital El Carmen de Huancayo, durante el cual declaró muerto a un bebé que nació con vida. Un testigo entrevistado por el programa relató: “El médico no se encontraba dentro del hospital y solo daba indicaciones por celular a dos residentes y esta paciente estaba desangrándose en sala de partos”. Tras este episodio, se recomendó su separación del nosocomio y actualmente enfrenta una investigación fiscal por presunta falsificación de documentos para eludir la sanción administrativa.

Entre los exfuncionarios que aspiran a un escaño se encuentra Jorge Velásquez Portocarrero, exgobernador regional y candidato al Senado, quien según el informe acumula “más de cien denuncias” y sentencias tanto penales como civiles. En 2021 fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión y obligado a pagar una reparación civil de 300 mil soles; su paso por prisión estuvo acompañado de una investigación fiscal paralela por lavado de activos, que derivó en el decomiso de cuatro avionetas y otros bienes de su propiedad. Sin embargo, en junio de 2024, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia y Velásquez Portocarrero recuperó su libertad.

En Lambayeque, el candidato a diputado Javier Castro Cruz enfrenta varias sentencias por injuria y difamación, que él atribuye a su labor como locutor radial: “Me he ganado unos juicios en el camino y he tenido unas cuatro a cinco sentencias condenatorias”, expresó al medio. Castro Cruz también enfrenta demandas por pensión alimenticia y sanciones de retención judicial sobre su salario. Explicó que estos procesos derivan de su situación personal: “A veces uno no llega a tener un buen final con sus compromisos y termina separándose, divorciando y finalmente terminamos en procesos judiciales que también he consignado ahí, como es lo correcto”.

“Todas las personas que han sido inscritas dentro de nuestro partido y que hoy son candidatos están rehabilitados. A tal punto que el Jurado Nacional de Elecciones los ha validado”, pronunció.

Respecto a las omisiones de antecedentes en las hojas de vida presentadas ante el organismo electoral, la excongresista trasladó la responsabilidad a la institución electoral: “No conozco cada detalle, pero si hubiera algo que falte en una hoja de vida, estoy segura de que el JNE va a tomar las decisiones correspondientes. Tendrá que hacerse las correcciones o retirarlo de carrera”.

Finalmente, apeló a la trayectoria de su bancada para garantizar la ética de sus futuros legisladores. “El comportamiento de Fuerza Popular ustedes ya lo conocen. Somos el único partido que, cuando hemos encontrado a alguien que ha cometido un acto delictivo, ha retirado a su congresista. Ese será nuestro actuar”, sentenció.

Perfiles bajo la lupa: Tentativa de homicidio y hostigamiento sexual

Pese a las declaraciones de Fujimori, la información revelada por un reportaje de Cuarto Poder expone la gravedad de los antecedentes de los 28 candidatos que integran sus listas parlamentarias. Entre los casos más críticos destaca el de Américo Orozco, aspirante a diputado por Madre de Dios.

En mayo de 2013, irrumpió en la vivienda de su expareja y abrió fuego contra un hombre que se encontraba en el lugar. La víctima sobrevivió milagrosamente a ocho impactos de bala que alcanzaron su rostro, tórax y abdomen.

Aunque fue condenado a seis años de prisión tras acogerse a la terminación anticipada, Orozco no registró este antecedente en su hoja de vida oficial. Al ser increpado por el equipo periodístico, su respuesta fue el desconocimiento: “Tendría que mostrarme. La verdad que no sé”, afirmó el candidato.

La lista también incluye a:

• Obed Bernuy Atachagua (Diputados - Lima): Este docente enfrenta una investigación fiscal y un proceso administrativo en la UGEL por el presunto hostigamiento sexual a una escolar de 12 años. Ante la gravedad de la acusación, Bernuy se limitó a señalar que la situación fue “creada por una persona que no tiene a Dios en su corazón”.
• Jorge Velásquez Portocarrero (Senado). El exgobernador regional carga un historial judicial voluminoso: más de cien denuncias en su contra. En 2021, fue condenado a más de cinco años de prisión, periodo en el cual la Fiscalía le decomisó cuatro avionetas y diversos inmuebles bajo sospecha de lavado de activos. Si bien el Tribunal Constitucional anuló su sentencia en junio de 2024 permitiéndole postular, los procesos por sus vínculos financieros permanecen en la memoria judicial de la región Ucayali.
• Erwin Tito Ortega (Senado): El médico ginecólogo protagonizó un polémico episodio en el Hospital El Carmen de Huancayo. Según testimonios, Tito asistió un parto por videollamada desde fuera del hospital, dando indicaciones a residentes mientras la madre se desangraba. El bebé, que nació con vida, fue declarado muerto por el médico a través del celular. Actualmente, enfrenta una investigación por presunta falsificación de documentos para evadir sanciones.

Fuerza Popular, el partido liderado por la cuatro veces candidata presidencial Keiko Fujimori, incluye en sus listas al Senado y la Cámara de Diputados a 28 postulantes con sentencias firmes, según un reportaje publicado este domingo por Cuarto Poder.

Las condenas van desde omisión a la asistencia familiar hasta delitos de corrupción de funcionarios y tentativa de homicidio calificado. Algunos candidatos, de acuerdo con el dominical, tampoco informaron sobre sus antecedentes judiciales en las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Entre los casos destaca el del empresario Américo Orozco, aspirante a diputado por Madre de Dios, quien en mayo de 2013, según documentos judiciales citados en el informe, entró a la vivienda de su expareja y abrió fuego contra un hombre presente en el lugar.

La víctima, quien sobrevivió al ataque, recibió cerca de ocho disparos en el rostro, tórax y abdomen. Fue detenido meses después y se acogió a la terminación anticipada, lo que resultó en una condena de seis años de prisión efectiva y el pago de 40 mil soles como reparación civil. Pasó breve periodo en un penal de Arequipa y cumplió su pena en semilibertad, pero omitió este antecedente en su hoja de vida.

Consultado sobre el tema, respondió no recordar la condena. “Tendría que mostrarme. La verdad que no sé”, dijo a la reportera.

La lista fujimorista también incluye a Obed Bernuy Atachagua, docente y candidato a diputado por Lima, quien enfrenta una investigación por hostigamiento sexual contra una escolar de doce años. Su hoja de vida no consigna sentencias, aunque la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) inició un proceso administrativo disciplinario tras una denuncia formal.

“Toda esta situación ha sido creada por una persona que no tiene a Dios en su corazón”, afirmó el aspirante al ser consultado al respecto. El Ministerio Público mantiene una investigación preliminar por acoso.

Otro aspirante es el excongresista Erwin Tito Ortega, ginecólogo obstetra que postula al Senado, quien registra una demanda por alimentos y protagonizó un caso en el Hospital El Carmen de Huancayo, donde asistió un parto por videollamada y declaró muerto a un bebé que nació con vida.

“El médico no se encontraba dentro del hospital y solo daba indicaciones por celular a dos residentes y esta paciente estaba desangrándose en sala de partos”, relató un testigo al dominical. Luego del episodio, recomendaron apartarlo del hospital y ahora enfrenta una investigación fiscal por presunta falsificación de documentos para evitar la sanción.

Jorge Velásquez Portocarrero, exgobernador regional y actual candidato al Senado, acumula más de cien denuncias y registra sentencias penales y civiles. En 2021 recibió una condena de cinco años y cuatro meses de prisión y una reparación civil de 300 mil soles. Mientras permanecía en prisión, la Fiscalía lo investigó por lavado de activos, lo que incluyó el decomiso de cuatro avionetas de su propiedad y otros bienes. En junio de 2024, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia y el exgobernador recuperó la libertad.

Javier Castro Cruz, candidato a diputado por Lambayeque, suma sentencias por injuria y difamación, aunque atribuye los procesos a su labor como locutor. “Me he ganado unos juicios en el camino y he tenido unas cuatro a cinco sentencias condenatorias”, aseveró.

El reportaje también señala que enfrenta demandas por pensión alimenticia y retenciones judiciales sobre su salario. “A veces uno no llega a tener un buen final con sus compromisos y termina separándose, divorciando y finalmente terminamos en procesos judiciales que también he consignado ahí, como es lo correcto”, explicó.

De los 21 congresistas que actualmente integran la bancada fujimorista, 18 buscan la reelección. Además, 33 exparlamentarios aspiran a regresar al Congreso, muchos de ellos bajo investigación fiscal.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, condicionó el respaldo de su bancada al gabinete encabezado por Denisse Miralles. Durante una entrevista en el programa Punto Final, la excandidata presidencial señaló que su partido no otorgará el voto de confianza si el Ejecutivo mantiene la decisión de aplicar clases virtuales en los colegios de Lima y Callao en medio de la crisis energética.

Fujimori criticó duramente la gestión del Gobierno frente a la emergencia y aseguró que las decisiones se tomaron tarde. “Me preocupa el pésimo manejo que han tomado; en medio de las lluvias e inundaciones no se han movilizado y han tomado acciones muy tardías”, afirmó.

La dirigente del partido naranja sostuvo que la virtualidad no es una solución adecuada para enfrentar el problema del suministro de combustible que atraviesa el país. En su opinión, las medidas adoptadas por el gabinete han sido improvisadas y perjudican a los estudiantes.

Además, señaló que su agrupación política observa con atención las decisiones del Ejecutivo y advirtió que el Congreso evaluará el desempeño del gabinete cuando este solicite el voto de confianza ante el Parlamento.

Fuerza Popular rechaza virtualidad en colegios y cuestiona impacto en estudiantes

Asimismo, Fujimori insistió en que la continuidad de las clases virtuales no tiene sustento técnico y termina afectando la educación de los escolares. Según indicó, esta modalidad se planteó originalmente como una respuesta temporal durante emergencias, pero ahora se estaría utilizando de forma innecesaria.

La lideresa fujimorista sostuvo que la decisión del Gobierno perjudica el aprendizaje y también la dinámica económica del país. Pues, según afirmó, mantener la virtualidad reduce la productividad y limita el normal desarrollo de las actividades educativas.

Fujimori también recordó los problemas que generó este modelo durante la pandemia y lo calificó como un fracaso. En ese contexto, criticó la postura del gabinete y afirmó que las decisiones del Ejecutivo no están resolviendo la crisis actual.

UNICEF expresa preocupación

A las críticas contra la estrategia del Ejecutivo, se sumó una advertencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El organismo internacional emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por los efectos que la crisis energética y las clases virtuales podrían tener en niñas, niños y adolescentes.

Además, pidió a las autoridades considerar las lecciones que dejó la pandemia, especialmente en temas de conectividad, aprendizaje y bienestar emocional de los estudiantes.

Según el pronunciamiento, una parte importante de las familias y de las escuelas en el Perú aún no cuenta con las condiciones necesarias para adaptarse a una educación completamente remota. Esto incluye limitaciones tecnológicas y dificultades pedagógicas para implementar adecuadamente las clases virtuales.

UNICEF también recordó que diversos estudios ya han demostrado que la educación a distancia puede afectar el desarrollo académico y la salud emocional de los estudiantes, sobre todo cuando se prolonga por largos periodos.

Las dudas iniciales sobre la legalidad de la medida

Antes de que el Gobierno oficializara la obligatoriedad de las clases virtuales, la exministra de Educación Marilú Martens cuestionó la forma en que se comunicó la medida.

En declaraciones previas a la publicación de la norma, Martens explicó que el anuncio inicial del Ministerio de Educación no tenía carácter obligatorio porque no había sido publicado oficialmente.

“El Ministerio de Educación, si lo iba a hacer con carácter de obligatoriedad, debió publicarlo en El Diario El Peruano, no lo ha hecho. Lo que ha realizado es un comunicado el día viernes, ¿no? En el que informa que las clases deben suspenderse de manera, eh, presencial”, señaló.

La exministra también recordó que los colegios privados cuentan con autonomía para organizar su calendario escolar. “Las instituciones educativas privadas tienen autonomía, inclusive, de poder hacer su calendario escolar, ¿no? Tanto así que ya vemos que colegios han comenzado en marzo, algunos en febrero”, agregó.

Horas después de estas declaraciones, el Gobierno formalizó la medida mediante la Resolución Viceministerial N.° 033-2026-MINEDU, que estableció la educación remota obligatoria en Lima y Callao hasta el 14 de marzo.

¿Cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados?

Según la proyección, Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) encabezarían la representación en la Cámara de Diputados con 32 escaños cada uno, lo que los colocaría como las bancadas más grandes del hemiciclo. Ambos partidos tendrían además 100% de probabilidad de superar la barrera electoral, según el modelo.

En segundo nivel aparece Alianza para el Progreso (APP), que alcanzaría 29 curules y una probabilidad de 99.9% de ingresar al Parlamento. Más atrás se ubica el Partido Democrático Somos Perú, con 17 escaños proyectados.

La simulación también indica que Avanza País obtendría 10 diputados, aunque con una probabilidad menor de superar la barrera electoral (35.4%). Por su parte, el histórico Partido Aprista Peruano alcanzaría igualmente 10 escaños, con una probabilidad de 79.5%.

La barrera electoral reduciría la fragmentación

El estudio advierte que la aplicación de la barrera electoral —5% de votos válidos y al menos siete diputados— tendría un efecto importante en la composición del Parlamento.

Sin esta regla, el hemiciclo podría fragmentarse con más de 15 partidos representados. Sin embargo, con la barrera vigente, la simulación muestra un escenario con solo seis fuerzas políticas dominantes que concentrarían los 130 escaños de la Cámara de Diputados.

Así podría quedar el Senado

El mismo ejercicio estadístico también proyecta la composición del nuevo Senado, que volverá a existir tras el retorno al sistema bicameral. De acuerdo con la simulación, Alianza para el Progreso sería la principal fuerza con 19 senadores, seguido por Renovación Popular con 16 y Fuerza Popular con 13.

Más atrás aparecerían Partido Democrático Somos Perú y el Partido Aprista Peruano, ambos con 6 escaños cada uno.

En este caso, la barrera electoral también jugaría un papel determinante: partidos como Avanza País tendrían probabilidades muy bajas de ingresar al Senado, lo que dejaría la Cámara Alta dominada por cinco agrupaciones políticas.

Cabe recordar que otro de los datos más relevantes del análisis de Ipsos es el alto nivel de indecisión electoral. Según la encuesta utilizada para la simulación, el 43% de los encuestados aún no tiene definido su voto, lo que podría modificar significativamente la proyección actual en las próximas semanas.

¿Cómo se asignarán los escaños de senadores y diputados?

Primero se cuentan todos los votos de las elecciones. Luego, solo participan en el reparto de escaños los partidos que superan la barrera electoral, es decir, los que obtienen al menos el 5 % de los votos válidos a nivel nacional y un mínimo de representantes (3 senadores o 7 diputados).

Después se reparten los escaños usando un sistema llamado cifra repartidora, que es una fórmula matemática que distribuye los puestos en el Congreso de manera proporcional a los votos que obtuvo cada partido. En otras palabras, los partidos con más votos obtienen más escaños, pero también se busca que otras fuerzas con respaldo electoral tengan representación.

En el caso del Senado, habrá dos tipos de elección:

• 30 senadores elegidos por regiones. En la mayoría de regiones gana el candidato del partido que tenga más votos.
• 30 senadores elegidos a nivel nacional, que se reparten de forma proporcional entre los partidos.

Para la Cámara de Diputados, los 130 escaños también se reparten proporcionalmente entre los partidos que superen la barrera electoral.

Finalmente, entra en juego el voto preferencial: dentro de cada lista de partido, los candidatos que reciban más votos directos de los electores son quienes ocupan los escaños que le corresponden a su organización política.

En entrevista con Al día con Willax, justificó y vinculó sus calificativos a una presunta defensa a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas. Cuestionó que mientras los agentes del orden son procesados, los instigadores “están libres, nadie los investiga”.

“Yo puse un tuit cuando ella tuvo el descaro, la desfachatez, la vergüenza de reunirse con una supuesta asociación de víctimas. ¿Tú sabes quiénes son los que organizan esas asociaciones de víctimas? Sendero Luminoso y el MRTA en los años ochenta y noventa. Creen que los peruanos no tenemos memoria. Las supuestas asociaciones de víctimas eran impulsadas por el terrorismo. Hoy, las víctimas son los policías y militares que defendieron la democracia y el Estado de derecho. La situación es inversa, las víctimas son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, mencionó.

Consultado sobre si se arrepiente de llamar a la exfiscal “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”, reiteró: “No, por supuesto que no, que revise el diccionario de la Real Academia a ver lo que significa desquiciada”. Señaló que el término tiene “muchas acepciones, como exasperada”.

Además, mencionó que Espinoza, como persona pública y habiendo ocupado la Fiscalía de la Nación, un cargo muy importante, está sujeta a críticas. “A mí me critican todos los días. Ella misma, la mafia caviar, han hecho campaña diciendo que el Congreso da leyes prodelincuencia. Yo soy autor de alguna de esas leyes, como la que devuelve la investigación preliminar a la policía. La defiendo desde hace muchísimo tiempo”, sostuvo.

“No voy a querellar a medio mundo, como hace esta señora. Yo siempre me he opuesto a la penalización de este tipo de cosas. Eso debería ser materia de juicios civiles, no penales, donde te meten a la cárcel por decir lo que piensas. Todas las organizaciones de periodistas en el Perú y en el mundo se oponen a esto y yo también. Pero esa es la ley, eso es lo que está ahora, así es que ya nada que hacer”, agregó.

El legislador denunció que “hay más de 350 policías y militares que están procesados, investigados por la fiscalía. Incluso crearon un organismo especial, el Eficavip, solo para perseguir policías y militares. Y no crearon ningún organismo para perseguir a los autores de estos delitos, a los que atacaron a la policía. ¿Cuántos de los instigadores están presos? Ninguno. ¿Cuántos están investigados? Nadie”.

Respecto a la audiencia de conciliación, relató: “Ella rechazó de inmediato la conciliación. Bueno, yo tampoco [quería]” y confirmó que el Congreso evalúa nuevas denuncias constitucionales contra Espinoza: “Esta señora ya ha sido sancionada por el Congreso, ha sido inhabilitada por diez años por violar la Constitución y la ley. La Junta Nacional de Justicia la ha destituido por violar la Constitución y la ley. Esa es la señora que me está acusando”.

Consultado sobre si la querella responde a una venganza, afirmó: “Sí, por supuesto, y por todas las críticas que yo le he hecho. Porque la he desenmascarado. Le he puesto como lo que es: perseguidora de policías y militares y defensora de aquellos que trataron de destruir la democracia y de instaurar una dictadura”.

Sobre la ampliación de la demanda, explicó: “Ellos habían presentado una serie de supuestas evidencias de lo que yo había dicho y después piden añadir un tuit más del 17 de enero, que no estaba en la demanda inicial. La juez lo admitió. Ahora se supone que es un delito continuado. O sea, yo soy un delincuente perverso que continúo cometiendo delitos. Doy mis opiniones”.

El contexto judicial y político del caso

El enfrentamiento entre Fernando Rospigliosi y Delia Espinoza adquirió dimensión judicial luego de que, el 7 de julio de 2025, el presidente del Congreso publicara en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje donde calificaba a la exfiscal como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” y la acusaba de “ufanarse de la ilegal persecución contra policías y militares”.

Espinoza respondió con una carta notarial exigiendo retractación, que no fue atendida, y luego presentó una querella por presunta difamación agravada, solicitando una condena de 2 años y 4 meses de prisión y una reparación civil de un millón de soles, suma que, según la exfiscal, sería donada al Hospital de Neoplásicas.

El juicio oral, instalado el martes 3 de marzo por el Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema y presidido por la jueza suprema provisional Norma Carbajal, se desarrolla de manera virtual, con comparecencia obligatoria del congresista bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de ausencia. El abogado de Espinoza, Julio Huerta, logró que se amplíe la imputación para incluir un tuit adicional de enero de 2026, bajo el argumento de “delito continuado”, lo que extiende el plazo de prescripción hasta julio de 2030.

La defensa de Rospigliosi, a cargo de Humberto Abanto, sostiene que las declaraciones del parlamentario corresponden al ejercicio legítimo de la libertad de expresión y crítica política hacia altos funcionarios. Por su parte, la parte demandante aportó como pruebas los mensajes en redes sociales y entrevistas televisivas. La próxima sesión está programada para el martes 10 de marzo a las 14:00, cuando Delia Espinoza deberá rendir declaración.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 archivó el proceso sancionador contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntamente haber consignado información falsa en su hoja de vida.

Como se recuerda, un informe de Fiscalización del referido JEE alertó que Fujimori habría omitido declarar sus vínculos con las empresas SUMMIT PRODUCTS S.A.C, donde registra 3.500 acciones, y KYARA29 E.I.R.L., donde figura como titular y gerente.

Por esta aparente omisión, la líderesa de Fuerza Popular podría haber sido sancionada con hasta 10 UIT y denunciada ante el Ministerio Público.

Sin embargo, el JEE desestima el caso porque las dos presuntas omisiones en la hoja de vida ya fueron subsanadas mediante una anotación marginal solicitada por antes que se elaborara el informe de fiscalización.

En dicho expediente, el JEE Lima Centro 1, según la resolución, ya “analizó la naturaleza de la información patrimonial cuestionada”, “descartó expresamente la configuración de falsedad u omisión sancionable, y ”optó por la anotación marginal como mecanismo de corrección y complementación".

“En tal escenario, mantener abierto el presente procedimiento sancionador implicaría desconocer la preclusión de las etapas procedimentales y el principio de coherencia de los actos jurisdiccionales, generando duplicidad de pronunciamientos sobre una misma materia ya resuelta”, se lee en la resolución.

Por ello, el JEE Lima Centro 1 sostiene que se debe declarar que la presunta infracción ha perdido objeto y corresponde archivar el expediente.

“Declarar la perdida de objeto del presente procedimiento sancionador iniciado mediante Resolución N.º 01320-2026-JEE-LIC1/JNE, y disponer el archivo definitivo de los actuados relacionados con la presunta infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP”, resolvió el tribunal.

Keiko Fujimori en las encuestas

Keiko Fujimori muestra un ligero en la intención de voto, colocándose a solo un punto porcentual de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, según la última encuesta de Ipsos. El estudio, realizado después de la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso, refleja un cambio relevante en la competencia por la presidencia, a menos de dos meses de las elecciones generales.

La encuesta de Ipsos sitúa a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con un 9% de preferencia, lo que representa un incremento respecto al sondeo previo. Este crecimiento ocurre tras la crisis parlamentaria en la que la bancada fujimorista se opuso a la salida de José Jerí. Según el informe, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, mantiene el primer lugar con 10%, aunque ha perdido dos puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

La diferencia entre ambos candidatos se reduce a un solo punto, lo que intensifica la disputa por el liderazgo electoral. La caída de López Aliaga coincide con los cuestionamientos desde el fujimorismo a su bancada por presuntamente favorecer la elección de José María Balcázar, vinculado a Perú Libre, como presidente del Congreso y presidente interino de la República. Esta acusación fue rechazada por Renovación Popular, aunque desde Fuerza Popular se votó a favor de Balcázar para dirigir las críticas hacía el partido celeste.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó este lunes sus reservas respecto al gabinete encabezado por la economista Denisse Miralles, que acudirá el próximo 18 de marzo al pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza a su programa de gobierno.

“Yo tengo una mirada de desconfianza, sin duda, porque tenemos un presidente de izquierda, pero también mencioné que esa decisión la va a tomar la bancada de Fuerza Popular. Ellos se reunirán después de escuchar el mensaje para luego anunciar la postura”, declaró a la prensa durante un acto proselitista.

“No quiero adelantar, esa es una posición que la anuncian los propios congresistas”, añadió, e invocó a los ministros a recorrer el país para atender a las familias afectadas por las lluvias.

Fujimori insistió en que la bancada asumirá una decisión colectiva y “con una mirada responsable”, la cual se comunicará tras la reunión que se realizará después del mensaje que Miralles y los titulares de portafolios deben emitir ante el Parlamento.

Previamente, el presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi, informó que, tras la exposición de la plancha ministerial, se llevará a cabo la votación correspondiente.

El fujimorista subrayó que, frente a las recientes crisis políticas y los daños ocasionados por lluvias e inundaciones, resulta imprescindible actuar con “sensatez y tranquilidad para preservar la estabilidad”, y precisó que el pleno determinará el respaldo al gabinete ese mismo día.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó esta información, señalando en la red social X que “el Gobierno reafirma su firme voluntad de diálogo y coordinación con el Congreso”, por lo que se concretará la presentación del gabinete ante el pleno “en el marco del proceso constitucional para la solicitud del voto de confianza”.

Tras asumir la presidencia del Consejo de Ministros de manera sorpresiva el pasado 25 de febrero, Miralles sostuvo que la “primera tarea” del Ejecutivo de transición, liderado por José María Balcázar, “es asegurar la transición democrática coordinada y transparente” en el país.

La economista remarcó que Perú “necesita el cierre de esta etapa de incertidumbre política”, aludiendo a los recientes cambios en la jefatura de Estado que culminaron con la destitución de José Jerí y la posterior designación de Balcázar por parte del Congreso.

Miralles aseguró que mantendrá una coordinación firme con los organismos electorales, tanto para la entrega de recursos económicos como para garantizar la “neutralidad absoluta” del Ejecutivo en el proceso electoral previsto para el 12 de abril, fecha en la que se elegirá al nuevo Gobierno.

Polémica y sorpresa

Antes de su nombramiento, el Ejecutivo provisional había anunciado que el primer ministro sería el excandidato presidencial Hernando de Soto. Sin embargo, la propuesta fue retirada por presuntas injerencias de fuerzas políticas con control en el Legislativo, según denunció él mismo.

La resolución N° 01609-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida el 27 de febrero de 2026, detalla que la investigación se originó tras el informe presentado por la fiscalizadora de hoja de vida adscrita al JEE, Antonia Janet Bernales Chávez. Según el documento, el organismo identificó una posible discrepancia entre la información declarada por Torres y la data oficial remitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

En su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), Torres Morales afirmó no poseer acciones ni participaciones en empresas. Sin embargo, SUNARP informó oficialmente que el candidato figura como titular de 1.500 acciones en la empresa A.C. Games & Entertainments S.A.C., inscrita bajo la partida registral N.º 12981048. Esta diferencia entre lo declarado y lo registrado motivó la intervención del JEE, en cumplimiento de la normativa electoral vigente.

“Existen indicios razonables para disponer el inicio del procedimiento sancionador en contra del señor candidato, por presunta falsedad de información en su DJHV, infracción contemplada en el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP, concordante con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de DJHV, siendo la sanción aplicable la imposición de una multa entre una (1) y diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT), sin perjuicio de remitir los actuados al Ministerio Público, para que actúe conforme a sus atribuciones”, se lee en el informe.

El procedimiento sancionador se enmarca en lo dispuesto por el artículo 16 del Reglamento de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato para las Elecciones Generales 2026, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La normativa establece que, ante la verificación de información falsa en la DJHV, corresponde en primer lugar corregir la declaración, imponer una multa que puede variar entre una y diez UIT, y remitir el expediente al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones legales.

Un día para presentar descargos

Conforme al artículo 23 del Reglamento de DJHV, el JEE debe notificar tanto al personero legal de la organización política como al presunto infractor para que, en el plazo máximo de un día calendario luego de la notificación, presenten sus descargos.

“Correr traslado del informe de fiscalización y demás actuados pertinentes, al personero legal titular de la organización política Fuerza Popular, así como a don Miguel Ángel Torres Morales… para que efectúe los descargos respectivos, en el plazo no mayor de un (1) día calendario luego de la notificación, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento sin su absolución”, se lee.

En caso de que el candidato reconozca expresamente su responsabilidad por escrito durante la oportunidad de presentar descargos, la sanción económica podría reducirse a la mitad, tal como lo estipula el artículo 25 del Reglamento. La resolución indica que, de no contar el candidato con casilla electrónica habilitada, la notificación se realizará en su domicilio registrado ante el RENIEC, exhortándolo a solicitar la apertura de su casilla electrónica para futuros pronunciamientos.

La autoridad electoral reitera que, una vez vencido el plazo, y con o sin descargos, el JEE se pronunciará “en el término no mayor a tres (3) días calendario, sin audiencia pública”, sobre la existencia o no de la infracción y la eventual imposición de la multa correspondiente.

Imágenes difundidas por la televisora Latina muestran que el escenario donde la candidata presidencial iba a dirigirse al público estuvo a punto de colapsar, lo que llevó a suspender la actividad por unos minutos.

Fujimori, quien visitó antes San Martín de Pangoa, Mazamari y Satipo, tropezó mientras era asistida por integrantes de su comitiva y por el apu, autoridad de esta comunidad donde residen al menos 25 familias asháninkas.

El día anterior al incidente, la política había cancelado su llegada a Pichanaqui por las lluvias y los bloqueos en la carretera central. Durante su recorrido por Satipo y Pangoa, enfrentó rechazo de algunos pobladores, quienes la recibieron con carteles y lanzaron globos de agua y piedras a su caravana. La policía intervino para controlar la situación.

Anteriormente, en una caravana en Iquitos, recibió el impacto de un globo con agua en el rostro. No obstante, afirmó que lo más importante es desarrollar la campaña “con actitud positiva y propuestas”, y sostuvo que “en esto nadie nos va a parar”.

“Toda esta ola de violencia, de delincuencia, que está aquejando nuestro país, no solamente hace que los ciudadanos vivamos con miedo; tiene que ver con la recuperación del orden, de la paz y de la seguridad, que para nosotros es el principal objetivo cuando lleguemos a ser gobierno”, declaró en Pampa Michi.

“Yo lo que les digo es que se tomarán todas las decisiones correspondientes para controlar las fronteras, controlar nuestras cárceles y recuperar la paz y la tranquilidad”, agregó al comprometerse a fortalecer las cuencas y promover la reforestación de la selva central.

Seguidamente, condenó el atentado contra el alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta Campos, quien falleció este jueves luego de ser atacado a balazos cuando se dirigía a la municipalidad, una situación por la que fue trasladado de emergencia a un hospital en Lima.

“Qué lamentable lo sucedido. Esto tiene que ver con la recuperación del orden, de la paz y la seguridad, que para nosotros es el principal objetivo”, dijo al respecto.

Según un comunicado oficial, el deceso ocurrió a las 16:00 horas mientras era atendido en una ambulancia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, ubicada dentro del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. Ureta Campos recibió dos impactos de bala en el tórax y su condición ya “era extremadamente crítica” cuando se inició su traslado a la capital.

Sondeo

La última encuesta de Ipsos para Perú 21 recoge que el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lidera la intención de voto con 10%, aunque cae dos puntos respecto al sondeo anterior, mientras Fujimori sube a 9% y acorta la diferencia a solo un punto porcentual. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, y César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), registran 4% cada uno.

Fuerza Popular mantiene una posición vigilante ante la conformación del nuevo gabinete encabezado por Hernando de Soto, en un contexto marcado por recurrentes tensiones entre los poderes del Estado y persistente preocupación por la economía y la estabilidad democrática en Perú. Según consignó Canal N, Keiko Fujimori ha destacado la importancia de observar detenidamente cada decisión que tome el presidente José Balcázar desde la conformación de su gabinete, prevista para este martes, cuando faltan menos de dos meses para las próximas elecciones generales en un escenario político nacional caracterizado por la inestabilidad durante la última década.

En declaraciones recogidas por Canal N, Fujimori, como líder de Fuerza Popular y candidata presidencial, ha reiterado sus advertencias sobre posibles riesgos vinculados a la pérdida de autonomía del Banco Central de Reserva, así como a eventuales amenazas a la Constitución y al proceso electoral. La dirigente subrayó que, pese a estos temores, resulta prematuro hacer una valoración definitiva sobre los alcances de la nueva administración, limitándose a enfatizar que su agrupación se mantendrá alerta ante cualquier decisión relevante que adopte el Ejecutivo bajo la dirección de Balcázar.

De acuerdo con la información difundida por Canal N, Hernando de Soto asumirá la jefatura del Consejo de Ministros, liderando un equipo que, según fuentes oficiales, podría estar conformado por 18 ministerios. Se prevé que algunos integrantes del gabinete anterior, liderado por José Jerí, conserven sus cargos. Entre ellos destaca Denisse Miralles, quien podría seguir a cargo del Ministerio de Economía, lo que sugiere cierta continuidad dentro de la nueva estructura gubernamental.

Fujimori reconoció ante medios locales la trayectoria de De Soto en asuntos económicos, resaltando su contribución en este ámbito para el país. Sin embargo, cuestionó el respaldo que De Soto ofreció en 2021 al expresidente Pedro Castillo. La dirigente política añadió que lo fundamental será examinar el contenido del discurso que el nuevo primer ministro presentará en el Congreso, reiterando que la postura de Fuerza Popular consistirá en evaluar los actos y anuncios oficiales a medida que se presenten.

En la antesala de la juramentación de su nuevo gabinete, José Balcázar se reunió en la sede del Palacio de Gobierno con dirigentes partidarios, representantes de la sociedad civil, empresarios y diplomáticos extranjeros. El objetivo de estos encuentros fue recoger opiniones y fortalecer los vínculos entre el Ejecutivo y diversos sectores clave para la gobernabilidad.

El ascenso de Balcázar a la presidencia representa el octavo cambio de jefe de Estado en Perú en los últimos diez años, un fenómeno inédito por su frecuencia en la región, de acuerdo con la información de Canal N. Su llegada al poder ocurrió después de que el Congreso destituyó a José Jerí mediante una moción de censura, impulsada por varios escándalos que rodearon a su administración. Esta sucesión rápida de mandatarios profundiza el clima de incertidumbre y las preocupaciones sobre la capacidad de las instituciones peruanas para asegurar la estabilidad a largo plazo.

Durante el fin de semana previo a la asunción del gabinete, medios como Canal N siguieron de cerca las conversaciones entre los actores políticos y sectores sociales, mientras crecía el debate sobre las condiciones necesarias para garantizar la autonomía de los principales órganos del Estado y la integridad del proceso electoral en un año clave para Perú.

La afirmación fue abordada directamente en el programa Sin Medias Tintas, conducido por Pedro Tenorio, donde la lideresa de Fuerza Popular respondió con firmeza y negó tajantemente cualquier vínculo.

El conductor introdujo el tema señalando el impacto político de lo dicho por el líder de Renovación Popular. “Lo cierto es que en campaña también ocurren movidas impactantes. Esta noche hemos visto al candidato Rafael López Aliaga decir que Vladimiro Montesinos es asesor de su campaña. Él está detrás del accionar de la bancada y de Keiko Fujimori. ¿Es tan así?”, preguntó Tenorio, poniendo sobre la mesa una de las acusaciones más sensibles del actual proceso electoral.

keiko Fujimori se pronuncia tras declaraciones de Rafael López Aliaga

Antes de responder directamente, Keiko Fujimori optó por hacer una pausa y dirigir su mensaje al Ejecutivo frente a la emergencia nacional que atraviesan varias regiones del país. “Antes de contestar su pregunta, sobre todos los ataques que ha señalado el candidato López Aliaga, yo sí quisiera hacer una reflexión y un llamado al gobierno de turno. En estos momentos, hay trece regiones de nuestro país que están sufriendo inundaciones. Arequipa”, comenzó señalando.

La lideresa de Fuerza Popular expresó su posición frente a los ataques. “Yo lamento, porque lo que esperan los peruanos de un líder es que, si es que han cometido un error, también lo sepan reconocer. Y en este caso, toda esta situación se pudo evitar. Lo que yo veo son actos y palabras de desesperación y ahora ataques infundados. Pero yo le voy a decir algo, Pedro. Así como decidimos nosotros no ir con el juego de los caviares y no votar por la censura, de la misma manera, yo no le voy a hacer el juego a los caviares que buscan esta confrontación permanente y constante. Entonces, yo al señor López Aliaga no le voy a contestar”.

El conductor buscó precisar el término utilizado: “¿El señor López Aliaga es caviar?”. Fujimori respondió con cautela: “No es…”. Tenorio reformuló: “Está animando, en todo caso, lanzando estas acusaciones es él, ¿no? El mundo caviar”.

La candidata explicó: “Yo creo que los que más disfrutan de una confrontación de esa manera son los caviares. Entonces, nosotros por eso no votamos por la censura del señor Gerir, incluso sabiendo que esto podía significar un costo político, pero para nosotros, con la fuerza que tiene la izquierda en el Parlamento, era un riesgo enorme ir a una votación. Creo que estarían felices de vernos en esta confrontación”.

En el intercambio también se abordó la polémica votación que derivó en la salida de expresidente José Jerí y la elección de José María Balcázar. “Tomaron una decisión, anunciaron su votación por Mari Carmen Alva. Lamentablemente, ella no consiguió los votos. Esta situación era un riesgo y por eso es que nosotros decíamos: hay que evitarlo”, sostuvo Fujimori, en referencia a las decisiones parlamentarias recientes.

Ante la acusación directa de que su bancada habría dividido votos favoreciendo a Balcázar, la respuesta fue categórica. “Falso”, afirmó cuando el conductor señaló que López Aliaga aseguraba que terminaron votando por el actual mandatario. Incluso cuando Tenorio mencionó supuestos testimonios, la candidata replicó:

“De Lizárragauro, que no pertenece ya a la bancada de Fuerza Popular. Entonces, no hay bancada más disciplinada que la de nuestro partido. A lo largo de los últimos quince años, siempre ha sido la bancada que ha votado unida, disciplinada, con debates constantes, y por eso es que de nuestro partido se anunció la votación, se hizo público el respaldo. De parte de ellos, no”.

El conductor planteó entonces una interrogante estratégica: “¿Entonces, a qué está jugando López Aliaga? Él, en teoría, está en las encuestas como número uno, ¿por qué tendría que buscarle pleito al número dos?”. Fujimori respondió: “Yo creo que lo que él busca es distraer la atención de la responsabilidad que no está queriendo asumir. Todo esto lo pudimos evitar, pero fue la bancada de Renovación Popular, ahora le diríamos Renovación Caviar, la que trabajó proactivamente para censurar al presidente Gerir. Hoy tenemos consecuencias que pueden ser terribles y creo que lo que nos corresponde, yo ya no voy a responder a sus insultos”.

Sin embargo, el momento más directo de la entrevista llegó al cierre del bloque. “Cuando López Aliaga dice esta noche que Montesinos está detrás de sus decisiones”, planteó Tenorio. Fujimori respondió de inmediato: “Absolutamente”. El conductor completó la frase: “Y asesora su campaña”. La candidata fue tajante: “Absolutamente falso. El señor Montesinos está en la cárcel y bien puesto en la cárcel”.

¿Qué dijo Rafael Aliaga?

La elección de José María Balcázar como presidente de la República sigue generando fuertes fricciones entre las principales fuerzas políticas. Luego de que el último miércoles el parlamentario de izquierda se impusiera en el Pleno a María del Carmen Alva y asumiera el cargo tras la censura de José Jerí, los partidos han iniciado una disputa pública para determinar quién fue responsable del desenlace.

Desde el bloque opositor, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País sostienen que la actuación de Renovación Popular fue clave para que Balcázar alcanzara la Presidencia. Según su versión, determinadas decisiones y votos terminaron inclinando la balanza en un escenario que, aseguran, pudo evitarse.

Sin embargo, desde la agrupación liderada por Rafael López Aliaga rechazan esa lectura y apuntan directamente al fujimorismo. En declaraciones a Canal N, el alcalde y líder político no solo negó responsabilidad, sino que lanzó una acusación frontal contra Keiko Fujimori.

“Para mí Montesinos está en la campaña asesorando a esta señora, porque a ella tampoco le da tanto el cerebro, pero creo que Montesinos sí. Hay alguien de esta calaña”, afirmó López Aliaga, insinuando que detrás de las decisiones políticas existiría una estrategia similar a las ejecutadas en el pasado por Vladimiro Montesinos.

El hecho, registrado en video y ampliamente difundido, se convirtió en el centro de atención de la jornada. La reacción inmediata de Fujimori fue continuar su recorrido, sin mostrar signos de molestia o interrupción en su agenda.

El incidente, ocurrido en pleno desarrollo de actividades proselitistas, generó diversas interpretaciones entre los asistentes y en redes sociales. Un sector atribuyó el lanzamiento del globo al contexto festivo de los carnavales amazónicos, mientras que otros lo identificaron como una manifestación de rechazo político.

Durante el trayecto, además, la candidata recibió otros chorros de agua de origen incierto. Se detalló que la acción no produjo daños físicos a la postulante, quien se mantiene como una de las figuras más reconocidas del escenario electoral peruano.

Keiko Fujimori ha enfrentado en tres ocasiones previas el reto de alcanzar la presidencia del Perú, sin lograr hasta ahora el triunfo. El episodio de Iquitos, lejos de alterar su discurso, se sumó a la serie de momentos que han marcado sus campañas.

Ambiente dividido

La presencia de Keiko Fujimori en las calles de Iquitos reunió a simpatizantes y detractores, quienes se hicieron notar con gritos, pancartas y diversas formas de expresión. Mientras un sector aplaudía su recorrido, otro optaba por lanzar globos llenos de agua, acto que para algunos constituyó una protesta directa contra la líder de Fuerza Popular.

La candidata avanzó entre un ambiente de efervescencia política. La acción de arrojar agua, en el contexto de la caravana, no pudo ser atribuida con claridad a un festejo de carnaval o a una manifestación de rechazo. Lo cierto es que la escena fue ampliamente compartida y discutida, incrementando la atención pública sobre la figura de Fujimori en plena campaña.

Encuesta CPI

De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), Keiko Fujimori se ubica en el segundo lugar en intención de voto para las elecciones presidenciales de abril de 2026, apenas detrás de Rafael López Aliaga. La medición, realizada entre el 14 y el 18 de febrero de 2026, incluyó 1.300 entrevistas en todo el país, abarcando tanto zonas urbanas como rurales.

El sondeo revela que el 29,1% del electorado se declara indeciso, mientras que los votos en blanco o nulos suman 16,1%. Rafael López Aliaga lidera con un 13,9%, seguido por Keiko Fujimori con 7,0% y Alfonso López-Chau con 5,1%. El crecimiento de López-Chau, quien pasó de 1,8% en noviembre de 2025 a 5,1% en febrero de 2026, representa un incremento cercano al 350 %.

El reporte de CPI subraya la estabilidad del voto duro de López Aliaga, así como la base constante de Fujimori, que no ha mostrado variaciones desde noviembre pasado. La encuesta también destaca el alto nivel de dispersión y hartazgo entre el electorado, lo que podría definir el desenlace de la contienda en las próximas semanas.

Debate familiar

En paralelo al incidente de Iquitos, la candidata presidencial se refirió a la postura de su hija, Kyara Villanella, quien expresó públicamente su desacuerdo con la posición de su madre en torno al aborto en casos de violación.

En declaraciones recogidas por RPP Noticias, Keiko Fujimori afirmó: “En casa tengo largos debates con mis hijas y valoro muchísimo que ellas empiecen a tener sus propias opiniones. Esto lo hemos conversado, por supuesto. Es claro, yo tengo una postura, yo defiendo la vida y mis hijas tienen otra”.

Las diferencias surgieron luego de que Kyara Villanella manifestara en redes sociales que, en un caso hipotético de violación, optaría por abortar, a diferencia de la recomendación de su madre de llevar el embarazo hasta el final.

Keiko Fujimori subrayó que respeta la valentía de su hija para sostener sus ideas y que, aunque las discusiones internas son habituales en su hogar, la exposición pública de estos debates suele estar ligada a la notoriedad de su apellido.

Durante una entrevista en el programa Enfrentados, Fujimori reiteró que su apoyo al aborto se limita a los casos donde la vida de la madre está en riesgo, de acuerdo con la legislación peruana actual. “Yo estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero en caso de violación, no”, puntualizó.

Durante la jornada, José Jerí compartió en sus redes sociales la importancia de mantener los vínculos con Estados Unidos, considerado por él como “principal socio estratégico”. En ese contexto, la reciente reunión entre el nuevo mandatario peruano, José María Balcázar, y el embajador estadounidense Bernie Navarro en Lima, refleja el interés de ambos países en la continuidad del diálogo y la cooperación, tras la destitución de Jerí en medio de una fase de marcada volatilidad política e institucional.

Según informó la Presidencia de Perú por sus redes sociales, el encuentro entre Balcázar y Navarro en Palacio de Gobierno sirvió para sostener y desarrollar los lazos de cooperación bilateral, con el objetivo de reafirmar el compromiso conjunto en áreas prioritarias para el desarrollo y la estabilidad en la región. Tal como consignó la misma fuente, la cita contó con la difusión de imágenes oficiales que respaldan la voluntad de ambas partes por mantener un canal de comunicación abierto y estable.

El medio detalló que esta reunión se inscribe en la serie de encuentros programados por Balcázar con distintos sectores políticos y diplomáticos en los días posteriores a su asunción. Esta ronda de diálogos ocurre en un contexto en el que Estados Unidos ha mostrado públicamente su preocupación por la regularidad en los cambios de la presidencia peruana. Unas horas antes de la votación parlamentaria que determinó la salida de Jerí, Bernie Navarro expresó que su país habría preferido que Jerí continuase en la jefatura del Estado, al considerar que “cambiar de presidentes seguido (...) no es normal”. Además, instó a los actores políticos peruanos a reducir la tensión y trabajar para realizar unas elecciones que garanticen estándares de dignidad y legitimidad, según publicó la prensa local.

La destitución de Jerí a manos del Congreso, impulsada por una moción de censura tras una serie de escándalos que desgastaron su gestión, significó el ascenso de Balcázar al cargo presidencial. De acuerdo con lo informado por distintos medios, Balcázar se convirtió así en el octavo presidente que asume el poder en Perú en el transcurso de los últimos diez años, acentuando la excepcional inestabilidad en la estructura política nacional y regional.

El Congreso, con la excepción del partido Fuerza Popular, apoyó a gran mayoría la salida de Jerí. En declaraciones a RPP recogidas en medios de referencia, Keiko Fujimori, principal referente de Fuerza Popular y líder opositora, señaló que no tiene previsto participar en los encuentros convocados por Balcázar en Palacio de Gobierno, aunque puntualizó que la posición final dependerá de lo que decida el comité ejecutivo de la formación. Fujimori explicó: “Mi respuesta personal es no, para eso existen los canales institucionales dentro del Congreso”, remarcando la autonomía institucional como vía de diálogo preferente para su organización.

De acuerdo con las publicaciones oficiales de la Presidencia, las reuniones iniciadas por Balcázar también incluyeron contactos con los principales líderes de partidos políticos, entre ellos Vladimir Cerrón, máximo dirigente de Perú Libre, actualmente prófugo de la justicia. Cerrón participó desde la distancia por medio de videoconferencia para ofrecer su visión en el proceso de consulta, según detalló la fuente presidencial. La invitación a diversas agrupaciones forma parte de un esfuerzo por reconstruir el consenso político tras los últimos acontecimientos.

El medio comunicó que, mientras avanza la serie de reuniones con diferentes fuerzas y sectores, la continuidad institucional y la estabilidad democrática siguen siendo motivos de atención tanto a nivel nacional como internacional. Manifestaciones públicas como la de Jerí, quien instó a su sucesor a no descuidar la relación estratégica con Estados Unidos, reflejan la inquietud sobre el rumbo político y económico del país.

La presencia de Estados Unidos en las conversaciones políticas peruanas, a través de su embajador, junto con su llamado a la moderación y la estabilidad democrática, se produce en medio de las dudas sobre la duración de los mandatos y el calibre de los compromisos internacionales adquiridos por sucesivos gobiernos. Según publicó la prensa regional, el escenario político peruano se mantiene en una fase marcada por la incertidumbre institucional y la preocupación por el impacto que puedan tener los relevos frecuentes en la máxima magistratura.

La polémica sobre el aborto en casos de violación sumó un nuevo capítulo en la interna de la familia Fujimori, luego de que Kyara Villanella, hija mayor de Keiko Fujimori, se distanciara públicamente de la postura de su madre y afirmara estar a favor de la interrupción del embarazo en circunstancias extremas.

Ante la exposición mediática y la ola de comentarios, la lideresa de Fuerza Popular decidió pronunciarse, resaltando el respeto y la apertura al diálogo que existen en su hogar, aunque sostiene su posición personal.

“Desde el amor de mamá siempre voy a respetar las opiniones de mis hijas”, dijo Fujimori

El tema cobró notoriedad después de que Keiko Fujimori, en una reciente entrevista televisiva, afirmara que, en caso de un embarazo producto de una violación, recomendaría a sus hijas tener al bebé y no recurrir al aborto, en línea con las restricciones actuales de la ley peruana, que solo permite la interrupción del embarazo si la vida de la madre está en riesgo.

La respuesta de Kyara Villanella, de 18 años, llegó rápidamente a través de sus redes sociales. “En el caso hipotético presentado, una violación, yo sí optaría por abortar”, escribió, marcando una diferencia y defendiendo su derecho a decidir sobre su cuerpo y su futuro.

Consultada por la postura de su hija, Keiko Fujimori abordó el tema desde un ángulo conciliador y maternal: “En casa tengo largos debates con mis hijas y yo valoro muchísimo que ellas empiecen a tener sus propias opiniones. Esto lo hemos conversado, por supuesto. Es claro, yo tengo una postura, yo defiendo la vida y mis hijas tienen otra”, señaló en entrevista con RPP.

La lideresa naranja explicó que estos desacuerdos son habituales en su hogar, aunque adquieren notoriedad pública debido a su apellido. Añadió: “Creo que la gran diferencia, al ser Fujimori, es que a veces nuestros debates se hacen públicos. Pero yo, desde el amor de mamá, siempre voy a respetar las opiniones de mis hijas y valoro la valentía que ellas tienen para defender sus ideas”.

Un debate familiar que se vuelve público

No es la primera vez que las opiniones de los miembros del clan Fujimori generan polémica en la sociedad peruana. Esta contradicción reciente entre Keiko y Kyara reavivó la discusión sobre el aborto en casos de violación, una cuestión sensible en Perú, donde el acceso a la interrupción del embarazo está fuertemente restringido y cada año decenas de niñas son obligadas a maternar tras sufrir violencia sexual.

Kyara Villanella, quien manifestó su desacuerdo “por haber sido mencionada directamente” en una entrevista sin su consentimiento, enfatizó la importancia de la autonomía y la diversidad de pensamiento en el entorno familiar: “Somos personas distintas y es natural que tengamos opiniones que no coincidan. No busco generar un problema más grande ni abrir un debate sobre el aborto. Simplemente, quiero dejar constancia de cuál es mi opinión”.

Keiko Fujimori reiteró que su apoyo se limita al aborto terapéutico en casos en que la vida de la madre corre peligro, postura defendida tanto en el Congreso como en su campaña presidencial. “Yo estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero en caso de violación, no”, recalcó, dejando claro que, aunque comprende la complejidad del tema y la realidad de miles de víctimas en el país, no cambiará su posición política.

Reacciones políticas

La controversia en la familia Fujimori se da en medio de un creciente debate nacional sobre los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han subrayado que el embarazo infantil, resultado de violación, representa un grave riesgo para la salud física y mental de las víctimas.

Según cifras del Ministerio de Salud del Perú, solo en 2025, cerca de mil niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres en el Perú. El caso también pone en agenda la influencia de los debates familiares y sociales en la definición de políticas públicas. Mientras Keiko Fujimori sostiene su postura conservadora, Kyara Villanella se presenta como una voz generacional que exige ser escuchada y reconocida en la toma de decisiones que afectan a las mujeres jóvenes.

Analistas destacan la forma en que la lideresa de Fuerza Popular gestiona las discrepancias familiares, destacando: “Yo valoro la valentía que ellas tienen para defender sus ideas”, lo que subraya su disposición al diálogo y la tolerancia.

En contraste, Kyara Villanella ha señalado que su camino profesional estará centrado en la medicina y no en la política, y que asume posiciones propias como influencer y joven adulta ante la opinión pública.

Tras días de discusión sobre los derechos de salud reproductiva en Perú, Keiko Fujimori se pronunció sobre su posición y la de su hija ante la posibilidad de recurrir a un aborto terapéutico en casos de violación. La controversia se originó cuando Keiko Fujimori, afirmó que tanto ella como su bancada apoyan el aborto terapéutico, únicamente cuando la persona gestante está “en riesgo” y que ante un abuso sexual, optaría por que sus hijas no aborten. “Yo le diría a mis hijas que ellas tengan al bebé”, sentenció en aquel momento.

La respuesta de su primogénita, Kyara Villanella, no tardó en llegar: “Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado, una violación, yo sí optaría por abortar”.

Este viernes, Fujimori abordó por primera vez el desacuerdo público con su hija. En diálogo con RPP, la candidata presidencial minimizó cualquier conflicto familiar y describió la situación como parte de una dinámica de libertad en su hogar. “En casa tengo largos debates con mis hijas y yo valoro muchísimo que ellas empiecen a tener sus propias opiniones”, señaló.

“Esto lo hemos conversado, por supuesto, y es claro: yo tengo una postura, yo defiendo la vida y mis hijas tienen otra”, señaló la candidata presidencial. Al ser consultada sobre si esto provocó discusiones, respondió que mantienen debates internos desde hace muchos años. “Creo que la gran diferencia, al ser Fujimori, es que a veces nuestros debates se hacen públicos. Yo, desde el amor de mamá, siempre voy a respetar las opiniones de mis hijas y valoro la valentía que ellas tienen para defender sus ideas”, concluyó.

Keiko Fujimori optó por apelar a su rol materno. “Yo, desde el amor de mamá, siempre voy a respetar las opiniones de mis hijas y valoro la valentía que ellas tienen para defender sus ideas”, concluyó en RPP.

El origen de la diferencia pública

La postura de Keiko Fujimori se dio tras las denuncias hacia el centro de acogida, La Casa del Padre, vinculado a la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui. La preocupación de políticos y ciudadanos giró en torno a niñas presuntamente inducidas a maternar en dichos albergues, debido a pensamientos religiosos.

“Yo estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero en caso de violación, no”, aseguró la lideresa.

Sin embargo, Kyara Villanella, de 18 años, utilizó sus redes sociales para precisar que, aunque entiende el rol político de su madre, ella posee una capacidad de decisión independiente. “Tengo 18 años, soy mayor de edad. Yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá”, manifestó tajantemente a través de su cuenta de Instagram.

Niñas no madres

En el Perú, la violencia sexual contra menores constituye una crisis de salud pública donde el aborto terapéutico es una herramienta legal clave para evitar daños irreversibles. Cada día, doce niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas, la mayoría como consecuencia de una violación sexual. Asimismo, las cifras oficiales revelan que cerca de 1500 niñas menores de 14 años dan a luz cada año.

Debido a que el cuerpo de una niña no está biológicamente preparado para una gestación, estos casos suelen implicar un riesgo inminente para su salud, cumpliendo con el requisito técnico para acceder al procedimiento legal. Pese a ello, el acceso a este servicio enfrenta barreras ideológicas que fuerzan a cientos de menores a la maternidad, ignorando que el embarazo infantil representa, por definición, un peligro para la integridad de la víctima.

Durante una conversación con periodistas, Fernando Rospigliosi planteó interrogantes sobre quién realmente apoya a José María Balcázar, luego de que este asumiera como jefe de Estado tras la destitución de José Jerí. Rospigliosi, quien ocupa de manera interina la presidencia del Congreso, alertó sobre la falta de consensos previos en la elección de nuevas autoridades y advirtió que esta situación podría poner en jaque el proceso electoral previsto en Perú para mediados de abril. Según consignó el medio, el legislador expresó preocupación por la situación institucional y remarcó que este episodio se suma a la inestabilidad política que arrastra el país en los últimos años.

El diputado de Fuerza Popular, Rospigliosi, criticó abiertamente la decisión tomada contra Jerí, a la que calificó como un “error gravísimo” y un “salto al vacío”, según informó el medio. De acuerdo con Rospigliosi, la única vía constitucional adecuada para apartar al entonces presidente era la figura de la vacancia presidencial; sin embargo, se recurrió a una moción de censura, algo que él considera absolutamente irregular. “Era absolutamente irregular tratar de censurar al presidente José Jerí cuando el único camino era la vacancia (...) Era un error gravísimo destituir al señor Jerí y dar un salto al vacío (...) Lo hicieron a pesar de todas las advertencias”, fueron sus palabras según detalló el medio.

Para Rospigliosi, quienes impulsaron la salida de Jerí no previeron las consecuencias de esta medida, señalando que no existía un plan concreto respecto a su reemplazo. El medio publicó que el legislador cuestionó que se impulsara a una candidata como Maricarmen Alva para la sucesión, sin haber alcanzado los acuerdos políticos necesarios para asegurar su elección. “Destituyeron a Jerí sin saber qué venía y ahora tenemos las consecuencias”, afirmó el titular interino del Congreso, subrayando la ausencia de consensos y la improvisación con la que, según afirma, se gestionó el relevo presidencial.

El contexto político peruano se ve atravesado así por otra crisis institucional. Rospigliosi enfatizó la irresponsabilidad de quienes promovieron la destitución de Jerí, según publicó el medio, y advirtió que nuevas incertidumbres rodean no solo al ejecutivo sino también al futuro del proceso electoral nacional. El legislador llamó la atención sobre el origen político de Balcázar —dirigente de Perú Libre— y se preguntó en voz alta quién podría estar detrás de su designación, aludiendo directamente al líder partidario Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde hace más de dos años. “¿Quién está detrás de él? Vamos a ver qué gabinete tiene”, reiteró ante la prensa.

La cobertura del medio recogió también el contexto en el cual Vladimir Cerrón celebró la victoria de Balcázar como un logro “simbólico” tras la crisis política ocurrida en 2022. La situación, según insistió Rospigliosi, dispara alertas en un momento delicado para la democracia peruana, donde se prevé la realización de uno de los procesos electorales más fragmentados de la región, con alrededor de treinta candidatos compitiendo por la presidencia. Del resultado de esos comicios surgirá el noveno presidente del país en algo menos de diez años, reflejando el ciclo de constante inestabilidad que ha marcado la historia política reciente del país.

Rospigliosi recomendó que la sociedad permanezca atenta en las próximas semanas, ya que considera que la “irresponsabilidad” en la toma de decisiones y la falta de acuerdos pueden traer consecuencias para la institucionalidad y para la transparencia en la elección programada. Según reportó el medio, el legislador ve en la actual coyuntura un elemento más de una cadena de crisis sucesivas que desafían el marco democrático de Perú.

El texto también resalta que Fuerza Popular ha sido el único partido que se opuso al cese de Jerí, lo que evidencia la fragmentación política que caracteriza al Congreso actual, tal como señaló el medio. La sucesión de gobiernos y la perenne crisis política configuran un escenario en donde la incertidumbre y la falta de consensos predominan en la vida institucional peruana, según la información presentada por el medio de referencia.

Desde sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular advirtió que el país atraviesa un momento crítico y aseguró que “la democracia está en peligro”, marcando así el tono de confrontación que adoptará su agrupación frente al nuevo mandatario.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta oficial de X pocas horas después de que el Congreso definiera la sucesión presidencial. En un texto directo y sin matices, Fujimori expresó su rechazo a la designación de Balcázar, a quien identificó políticamente dentro de la izquierda.

“Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar. Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta”, escribió.

Sus palabras no solo cuestionaron la legitimidad política del proceso, sino que señalaron responsabilidades concretas. Al mencionar a Rafael López Aliaga, la excandidata presidencial evidenció las fracturas dentro del espectro opositor y dejó claro que, a su juicio, la actual coyuntura es consecuencia de decisiones adoptadas por determinados sectores del Parlamento. La narrativa que construyó en su mensaje giró en torno a la idea de un retroceso institucional y una amenaza al orden democrático.

Fujimori insistió en que la situación exige una reacción inmediata. “No podemos perder más tiempo. Tenemos que frenar su avance antes de que sea demasiado tarde. La democracia está en peligro. Hoy, con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación”, agregó en su publicación.

El pronunciamiento se produjo en un contexto marcado por la incertidumbre y la recomposición de alianzas en el Congreso. La elección de Balcázar se dio tras la salida de José Jerí y se definió en una votación en la que el ahora mandatario obtuvo 60 votos, imponiéndose a Maricarmen Alva. Esa cifra fue presentada por el propio Balcázar como una muestra de respaldo suficiente para encarar un período de transición que, según dijo, puede ser productivo si existe voluntad política.

Minutos después de recibir la banda presidencial, el flamante jefe de Estado ofreció su primer mensaje a la nación. Con tono sereno, agradeció el apoyo parlamentario y apeló a la idea de reconstrucción institucional. “Me siento honrado con el voto de ustedes para poder decirle a los peruanos: ‘Es posible construir democracia’”, expresó en el inicio de su intervención, intentando instalar una narrativa de consenso y estabilidad.

Balcázar sostuvo que el desafío inmediato no es insuperable. “No es difícil gobernar un país”, afirmó, y añadió que “se pueden hacer muchas cosas en un solo mes”, siempre que exista coordinación y trabajo conjunto. Sus declaraciones apuntaron a transmitir confianza en medio de un escenario de polarización creciente. La brevedad del período que le corresponde encabezar fue presentada como un incentivo para actuar con eficacia y priorizar acuerdos básicos.

En esa línea, el presidente interino aseguró que promoverá el diálogo con todas las bancadas representadas en el Congreso. Subrayó que la confrontación permanente ha debilitado la institucionalidad y llamó a dejar atrás las divisiones ideológicas tradicionales. “Ya no estamos en tiempo de pelear, no hay derechas ni izquierdas”, manifestó, planteando una visión pragmática de la política en el tramo final del actual período gubernamental.

Keiko Fujimori, tras la investidura de José María Balcázar como presidente interino de Perú, pidió a su propio partido actuar con urgencia para frenar lo que describió como el avance de fuerzas políticas que amenazan la estabilidad constitucional del país. Esta postura surgió después de las diferencias internas que evidenció la negativa de Fuerza Popular, la principal fuerza del Congreso, a apoyar las mociones de censura contra el mandatario destituido José Jerí. La líder de este partido responsabilizó a figuras como Rafael López Aliaga y sus aliados por la situación de “caos” que vive el país, según informó Europa Press.

Según detalló Europa Press, la elección de Balcázar se concretó tras una segunda votación en la cámara, donde el diputado de Perú Libre alcanzó 64 apoyos frente a los 46 obtenidos por Maricarmen Alva, candidata propuesta por la bancada de Acción Popular. Ninguno de los cuatro aspirantes iniciales había conseguido los votos suficientes durante la jornada anterior para imponerse, y fue sólo en el nuevo proceso de sufragio que Balcázar logró el respaldo necesario.

La sesión parlamentaria que llevó a la destitución del mandatario interino se resolvió la víspera con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Jerí enfrentaba dos investigaciones por tráfico de influencias, motivo por el cual las formaciones propiciaron la moción de censura en su contra, según publicó Europa Press.

Fujimori expresó a través de sus redes sociales que la “izquierda radical vuelve a gobernar” tras la investidura de Balcázar. Describió el día como un momento negativo para Perú, atribuyendo la responsabilidad a quienes, bajo su mirada, generaron la crisis institucional. La dirigente de Fuerza Popular insistió en que advirtió sobre este desenlace y criticó la apertura que permitió la llegada al poder de nuevas corrientes políticas.

El conflicto entre los partidos liderados por Fujimori y López Aliaga se intensificó el fin de semana previo, cuando ambas agrupaciones polemizaron por la postura adoptada ante la permanencia de Jerí. Renovación Popular, bajo el liderazgo de López Aliaga, acusó al partido de Fujimori de “avalar la corrupción” por no apoyar la salida del entonces presidente interino, según consignó el medio.

La dirigente de Fuerza Popular remarcó que no es momento para perder tiempo y apeló a sus filas para “frenar el avance” de sus adversarios antes de que las instituciones democráticas se vean comprometidas. Fujimori aseguró que el partido defenderá la Constitución y la libertad, y se opondrá tanto a formaciones políticas emergentes como a las “ambiciones de poder sin límites” de determinados actores, según citó Europa Press.

Balcázar permanecerá como presidente interino hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que se prevé la toma de posesión del ganador en los próximos comicios presidenciales, los cuales están programados para el 12 de abril. Estas fechas marcan el calendario institucional en medio de una coyuntura marcada por la polarización y los cuestionamientos entre los principales bloques del Congreso, detalló Europa Press.

El desarrollo de estos hechos refleja las tensiones entre diversos sectores políticos y la confrontación por la legitimidad y el rumbo del país. Las declaraciones de Fujimori y la respuesta de Renovación Popular evidencian un escenario de acusaciones mutuas, con cada agrupación responsabilizándose por el contexto de incertidumbre y las medidas adoptadas frente a la crisis institucional, según el reporte de Europa Press.

La votación secreta en el Congreso posibilitó que, más allá de los pronunciamientos públicos, el resultado final respondiera a negociaciones que actualmente nadie quiere asumir de manera pública. Mientras pocas bancadas reconocen haber respaldado su designación, varias fuerzas políticas se acusan entre sí de haber facilitado el triunfo del legislador de Perú Libre, quien ha sido cuestionado por defender el matrimonio entre menores.

El fuego cruzado inició antes de la votación

Horas antes de la elección, Norma Yarrow, de Renovación Popular (RP), advirtió en X que una fracción de Fuerza Popular estaría dispuesta a votar por Balcázar, acusándolos de “entregar el Perú a la izquierda radical. Su sed de venganza no tiene límites”. Su mensaje fue compartido por Rafael López Aliaga.

Desde Fuerza Popular (FP), la congresista Rossangella Barbarán respondió rechazando los señalamientos y cuestionando que se basaran en “chismes”. Luego, la bancada fujimorista emitió un comunicado anunciando su respaldo a María del Carmen Alva como candidata a la Mesa Directiva y defendiendo su posición en nombre de la estabilidad.

Para ese entonces, Alva se perfilaba como favorita para ganar la elección del Congreso ya que no tenía acusaciones ni investigaciones en su contra como los de José Jerí. No había otro candidato considerado idóneo para la derecha en el Congreso y se pensaba que sus votaciones en línea ideológica iban a superar ampliamente a la izquierda.

La votación que cambió el tablero

En la primera vuelta, Balcázar superó por un estrecho margen a la lista encabezada por Alva. En la segunda ronda, comenzaron las versiones sobre negociaciones entre bancadas.

En los pasillos del Congreso se mencionó una presunta negociación de Ríchard Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), junto con José Luna Gálvez, de Podemos Perú (PP), para inclinar votos hacia Balcázar. Finalmente, el parlamentario alcanzó 64 votos y se impuso.

Tras el resultado, el congresista Elvis Vergara, de Acción Popular, acusó directamente a Acuña de ser el “operador político” detrás de la elección. “María del Carmen Alva era la mejor carta que había en el Congreso para asumir la presidencia y no otra persona que nos va a dar mucho trabajo en la Comisión de Fiscalización porque tiene un montón de’anticuchos’. El operador político de Balcázar es César Acuña (líder de APP) obviamente en estos momentos”, señaló.

Acusaciones tras el resultado

Norma Yarrow volvió a hablar de un “pacto fujicerronista”, mientras que Vladimir Cerrón negó cualquier alianza con Fuerza Popular y celebró lo que calificó como una derrota política de la derecha.

“Han tenido tres años sentado (en la Mesa Directiva del Congreso) al hermano de un prófugo: Waldermar Cerrón y su hermano Vladimir Cerrón. Vienen hoy a decir que nosotros somos los culpables de lo que haya pasado. Lo advertí al mediodía: los babys y las viudas estaban de luto (por la salida de José Jerí)”, dijo Yarrow.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó la jornada que dio la victoria a Balcázar como “un día muy triste para el país” y responsabilizó a López Aliaga por abrir la puerta al retorno de la izquierda al poder.

Desde la bancada fujimorista, César Revilla aseguró que votaron disciplinadamente por Alva e insistió en atribuir el desenlace al “ego de un irresponsable” de Rafael López Aliaga.

Por su parte, César Acuña, mencionado en el pacto para la victoria de Balcázar, adoptó un tono institucional, invocando al nuevo presidente del Perú a garantizar estabilidad y elecciones transparentes. Mientras tanto, su partido deslizó que votos ocultos de Renovación Popular habrían sido determinantes y que no permitirán ningún intento de indulto ni beneficios para Pedro Castillo ni para Vladimir Cerrón.

El almirante en retiro Jorge Montoya, de Renovación Popular lanzó un mensaje frontal contra cualquier acercamiento con la izquierda, insistiendo en que su bancada no apoyó la lista de Balcázar: “El tiempo pone a cada quien en su lugar (...) Con el comunismo ni a la esquina”.

A su vez, Avanza País cuestionó el rol de López Aliaga y advirtió sobre el riesgo institucional tras la elección: “Este hecho reabre un debate legítimo sobre el rumbo que podría asumir el país en materia económica, institucional y democrática”.

El Congreso de Perú ha convocado para este miércoles una sesión especial destinada a seleccionar al próximo jefe del Ejecutivo, luego de la salida inminente de José Jerí del cargo presidencial, tras una moción de censura aprobada por amplia mayoría. De acuerdo con Europa Press, los partidos políticos disponen de la jornada de este martes para presentar a sus postulantes, entre quienes ya figuran María del Carmen Alva, Héctor Acuña, Edgar Reymundo y José Balcázar. Esta reconfiguración política ocurre cuando solo faltan unos meses para las elecciones generales agendadas para el 12 de abril.

La decisión parlamentaria registrada el martes resultó en 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, lo que obligó a Jerí a abandonar la presidencia de manera inmediata, según informó Europa Press. El mandatario afrontaba siete mociones de censura relacionadas con dos investigaciones judiciales sobre presunto tráfico de influencias. Las pesquisas, de acuerdo con el detalle publicado por Europa Press, involucran la designación de personas cercanas a Jerí en funciones estatales y la celebración de reuniones no oficiales con empresarios de origen chino.

La moción fue impulsada por una docena de agrupaciones políticas que, pese a la fragmentación del Congreso peruano, sumaron apoyos suficientes para concretar la destitución. Europa Press reportó que la fuerza parlamentaria más numerosa, Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, sostuvo su respaldo a Jerí hasta la votación final, mientras otras bancadas de la derecha evidenciaron divisiones. Cinco legisladores de Somos Perú –la formación de Jerí–, dos representantes de Acción Popular y uno de Honor y Democracia se inclinaron por votar en contra de la destitución.

A partir de la destitución, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ordenó la realización de un nuevo pleno que se celebrará el miércoles. Dicha sesión tendrá por objetivo designar al nuevo presidente o presidenta que llevará las riendas del país durante el corto tramo que resta hasta los comicios generales de abril. Según Europa Press, hasta el cierre de la tarde del martes se habían presentado cuatro aspirantes: María del Carmen Alva, de Acción Popular; Héctor Acuña, de Honor y Democracia; Edgar Reymundo, de Bloque Democrático Popular; y José Balcázar, de Perú Libre.

La gestión de José Jerí al frente del Ejecutivo ha resultado breve. Europa Press recordó que su acceso a la jefatura del Estado ocurrió en octubre pasado, proveniente del cargo de presidente del Congreso durante la administración de Dina Boluarte. Boluarte fue removida mediante otra moción de destitución, impulsada en un contexto de marcada crisis de seguridad ciudadana y tras episodios de represión violenta durante jornadas de protesta. La breve presidencia de Jerí lo ubicó como el octavo mandatario peruano en un lapso de diez años.

Europa Press contextualizó que las investigaciones judiciales que afectaron a Jerí incluían tanto la atención puesta en designaciones directas de allegados, como la controversia por mantener encuentros al margen de la agenda oficial con empresarios provenientes de China. Estos hechos influyeron en la proliferación de mociones de censura, que al final precipitaron su salida.

Según consignó el mismo medio, la destitución de Jerí se inserta en un escenario de fuerte fragmentación política dentro del Congreso, evidenciada en la variedad de grupos que apoyaron o rechazaron la moción. Las posturas divididas, incluso dentro de partidos tradicionalmente aliados o rivales del exmandatario, reflejaron las tensiones y cambiantes equilibrios internos antes del proceso de selección de un nuevo jefe del Estado.

El calendario electoral mantiene como fecha los comicios generales del 12 de abril, lo que deja en suspenso la duración y el margen de maniobra del próximo presidente interino. La agenda parlamentaria, según Europa Press, prevé resolver la sucesión de manera expedita, en respuesta tanto a la cercanía de las elecciones como a las demandas de estabilidad provenientes de diversos sectores políticos y sociales.

Europa Press subrayó que la situación transitoria de la presidencia peruana encaja en una secuencia de crisis institucionales protagonizadas por la rápida rotación de jefaturas estatales. Jerí se suma así a la lista de mandatarios que han abandonado el cargo antes de completar un periodo constitucional, sea por decisión parlamentaria o renuncia forzada debido a convulsiones políticas y judiciales.

Las diligencias judiciales en curso sobre José Jerí y las circunstancias de su defenestración continúan siendo objeto de atención nacional, mientras el Congreso se apresta a votar por su sustituto en una sesión que se anticipa decisiva para el breve tramo que resta hasta la realización de las elecciones generales.

El Bloque Democrático propuso inicialmente a Edgard Reymundo. Poco después, se sumó la postulación de Héctor Acuña Peralta, congresista que, tras haber integrado diversas bancadas, ahora forma parte de grupos de la derecha parlamentaria.

Una tercera candidatura corresponde a María del Carmen Alva Prieto, abogada e histórica militante de Acción Popular. Finalmente, la cuarta lista está encabezada por José María Balcázar, representante de Perú Libre.

Precisamente, la candidatura de este último generó enfrentamientos y especulaciones entre los grupos parlamentarios.

¿Fuerza Popular en contra de María del Carmen Alva?

Trascendió que la bancada de Fuerza Popular, por pedido de su lideresa Keiko Fujimori, se uniría a Perú Libre para votar por José María Balcázar. Ante estos supuestos, la propia candidata a las Elecciones 2026 se pronunció al respecto.

“En las próximas horas, la bancada de Fuerza Popular se va a reunir y ellos van a tomar la decisión y harán el anuncio correspondiente. Fuerza Popular no está postulando a nadie”, precisó desde Tumbes, donde se encuentra en campaña electoral.

Esto provocó una pelea en redes sociales con los integrantes de Renovación Popular. Su líder, Rafael López Aliaga, y su aspirante a la vicepresidencia y parlamentaria, Norma Yarrow, escribieron el mismo mensaje en contra de FP.

“Otra vez, por venganza tras haber sacado a su nefasto presidente, una fracción de FP —los llamados ‘Babys’ o ‘viuda’— estaría dispuesta a dar sus votos a Balcázar. FP vuelve a entregar al Perú a la izquierda radical. No es rumor: es un secreto a voces. Su sed de venganza no tiene límites. No les importa el Perú. Hoy veremos si se consuma la traición”, publicó el popular ‘Porky’ en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Ante ello, la congresista ‘naranja’ Rosangella Barbarán respondió a Yarrow: “Con el respeto y el cariño que te tengo, ¿pretendes presidir un país haciéndole caso a todos los chismes que te cuentan tus propios trolles? En FP no somos ‘therians’; como partido serio, nos reunimos antes de tomar decisiones. Mejor preocúpate por lo que dicen de ti en RP”, replicó.

Al final, se sumó a los votos

En medio de estos dimes y diretes, miembros de la bancada de Fuerza Popular realizaron un pronunciamiento en los exteriores del Auditorio Faustino Sánchez Carrión, en el jirón Azángaro, en Cercado de Lima, minutos antes de la elección del nuevo presidente del Congreso de la República.

Durante la alocución, los legisladores destacaron que “el país necesita orden y estabilidad” y rechazaron la censura ocurrida el día anterior, señalando que “no defendemos gobiernos, defendemos al Perú”.

Los voceros enfatizaron que “los peruanos estamos cansados de ver a los políticos discutiendo” y cuestionaron que la agenda política y mediática se aleje de los problemas reales, como la inseguridad, la economía frágil y la paralización de obras públicas. En ese contexto, reafirmaron su respaldo a María del Carmen Alva para la presidencia del Congreso, esperando que su gestión preserve la estabilidad y la seguridad nacional.

Sin embargo, no sirvió de mucho ese apoyo. Luego de más de tres horas de votación, el congresista José María Balcázar, de Perú Libre, resultó electo presidente de la Mesa Directiva del Parlamento y, en consecuencia, se convirtió en jefe de Estado.

La crisis política en Perú entra en una fase decisiva. Tras la destitución de José Jerí con 75 votos en el Congreso, el país se prepara para elegir, en cuestión de horas, al nuevo presidente del Parlamento, quien asumirá automáticamente como presidente de la República interino hasta el 28 de julio. En medio de negociaciones intensas y movimientos estratégicos, un giro inesperado comienza a tomar fuerza en el hemiciclo de emergencia del jirón Azángaro.

Fuentes parlamentarias habrían señalado que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, estaría dispuesto a respaldar la candidatura de Héctor Acuña Peralta para que asuma la presidencia del Congreso y, por sucesión constitucional, la jefatura del Estado. Sin embargo, en un comunicado oficial, el partido oficializó su apoyo a María del Carmen Alva.

La sesión clave se desarrollará este miércoles a las 6:00 p.m. en el hemiciclo de emergencia ubicado en el jirón Azángaro. Cuatro nombres están sobre la mesa: Héctor Acuña, María del Carmen Alva, Edgard Reymundo y José María Balcázar. Sin embargo, más allá de las candidaturas formales, las negociaciones políticas avanzan a contrarreloj y las tensiones entre bancadas evidencian que el cálculo electoral pesa tanto como la estabilidad institucional.

Fuerza Popular se inclina por Maricarmen Alva en votación clave

La sesión convocada para las 6:00 p.m. no solo definirá a la nueva Mesa Directiva, sino también al octavo mandatario en diez años. En este escenario, el respaldo fujimorista a Héctor Acuña aparece como una jugada estratégica que responde tanto a cálculos parlamentarios como a tensiones acumuladas.

En Fuerza Popular existe malestar por el rol que jugó Alianza para el Progreso en la caída de Jerí. La bancada naranja considera que APP no acompañó la permanencia del exmandatario en un momento clave. Respaldar a Héctor Acuña —hermano del político César Acuña— implicaría marcar distancia con el líder de APP y enviar un mensaje político claro en pleno proceso de reacomodo de fuerzas.

Héctor Acuña, ingeniero civil y empresario cajamarquino, no enfrenta procesos penales vigentes y ha mantenido una postura pública diferenciada de su hermano desde su salida de APP en 2022. Incluso lo responsabilizó políticamente por la caída del techo del Real Plaza Trujillo al señalar: «Él debió prever que todos los sectores funcionen, no centrarse en la parte administrativa». Esa fractura familiar y política es leída en el Congreso como un factor que facilita el eventual respaldo fujimorista sin que ello suponga una alianza directa con APP.

El nuevo presidente interino y el reacomodo del poder

La elección del nuevo titular del Parlamento se da tras la censura de José Jerí, quien dejó el cargo en medio de investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias, cuestionamientos por reuniones no registradas y el escándalo conocido como ‘Chifagate’. Su salida activó el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución, trasladando al Congreso la responsabilidad de garantizar la continuidad institucional.

En la contienda también figuran María del Carmen Alva, con respaldo de sectores vinculados a Renovación Popular, además de Edgard Reymundo y José María Balcázar. Sin embargo, la falta de consenso en Fuerza Popular sobre apoyar a Alva y la decisión de no votar por otras alternativas habría abierto la puerta a la opción de Héctor Acuña.

El reglamento establece que el candidato necesita mayoría simple de los congresistas presentes. De no alcanzarse en primera votación, se convocará a una segunda ronda entre los dos más votados. El ganador jurará de inmediato y asumirá simultáneamente la conducción del Congreso y del Ejecutivo.

Mientras el país observa expectante, la decisión que se tome esta tarde no solo definirá un nombre, sino que evidenciará quién logra articular mayorías en un Parlamento fragmentado y en permanente tensión.

Quedan solo unas horas para que el Congreso de la República de Perú se reúna nuevamente en una sesión del Pleno en la que se definirá quién será el sucesor o sucesora de José Jerí como presidente encargado hasta julio del 2026 luego de que fuera censurado la tarde del martes 17 de febrero.

La nueva elección, convocada para esta tarde a las 6:00 p.m., solo definirá a la persona que ocupará el cargo de presidente del Congreso y, por consiguiente, se convertirá en el nuevo mandatario o mandataria. Esto fue confirmado por el Parlamento en una publicación en su cuenta oficial de X.

Según el comunicado, esta decisión se fundamenta en que la moción de censura que fue aprobada en el Pleno del Congreso afecta únicamente a José Jerí como presidente del Congreso, mientras que el resto de integrantes de la Mesa Directiva permanecerán en sus cargos. Con esto, el congresista fujimorista y candidato al Senado por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, seguirá siendo presidente del Congreso.

Tras la elección de esta tarde, la persona designada jurará el cargo y asumirá de inmediato la jefatura parlamentaria, así como la encargatura de la Presidencia de la República, en cumplimiento del mecanismo previsto, reiteró la cuenta oficial del Congreso en X.

¿Cómo es la votación que elige al presidente del Congreso?

El procedimiento de votación en el Congreso peruano se rige por el artículo 12 del Reglamento, que establece una secuencia precisa para la elección de autoridades. Durante la sesión, se presentan y leen las listas de candidatos, tras lo cual la Mesa Directiva designa a dos congresistas como escrutadores, responsables de supervisar el proceso. El presidente del Congreso es el primero en emitir su voto, seguido por los miembros de la Mesa Directiva y los escrutadores. Luego, el resto de los congresistas es llamado uno a uno, por orden alfabético, para depositar sus cédulas en el ánfora.

Finalizada la votación, los escrutadores y la Mesa Directiva realizan el conteo de los votos y proclaman ganador al candidato que obtenga un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Si ningún postulante alcanza ese umbral, se convoca a una segunda votación entre los dos candidatos más votados.

El ganador de la elección presta juramento de inmediato y asume sus funciones en el acto, garantizando la continuidad institucional del Legislativo. Este procedimiento busca asegurar transparencia y legitimidad en la elección de las autoridades parlamentarias, así como el respeto por los lineamientos normativos vigentes en el Congreso.

Jerí vuelve a su escaño

José Jerí ha recuperado su escaño en el Congreso de la República de Perú de manera inmediata tras ser destituido como presidente interino mediante una moción de censura que contó con 75 votos a favor.

Según explicó el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, Jerí nunca perdió su condición de parlamentario, ya que la Constitución y el reglamento del Congreso establecen que el cargo es irrenunciable; por lo tanto, al dejar la jefatura del Estado, retoma automáticamente sus funciones legislativas. Esta reincorporación lo habilita legalmente para participar con voz y voto en la sesión extraordinaria convocada para elegir a su sucesor.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a arremeter este lunes contra la dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien días atrás lo había tildado de “títere de los caviares” y de carecer de “madurez emocional” debido a su propuesta de destituir al presidente interino José Jerí a pocos días de las elecciones.

“Si la señora no se molesta, ya es problema de ella, porque ella lleva en este tema casi toda su vida, viviendo en un Estado corrupto”, declaró López Aliaga a la televisora Willax, al mencionar que solo se molesta al ver lo que considera una mala administración pública.

“(Fujimori, también aspirante a la presidencia) ha podido hacer mucho, muchísimo, sobre todo en la época de PPK (Pedro Pablo Kuczynski), pero es picona e inmadura”, agregó.

Kuczynski ganó las elecciones de 2016, mientras que la hija del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) retuvo el control del Congreso y desde allí ejerció una fuerte oposición, que se intensificó durante el escándalo de corrupción del caso Odebrecht que involucró al entonces presidente.

PPK pudo superar una primera moción de destitución tras conceder el indulto al fallecido autócrata, pero dimitió frente a una segunda moción que no iba a poder salvar.

“(Hubiera hecho) las reformas grandes que el Estado necesitaba, pero de picona jodió al Perú, pues. (...) Yo nunca he vivido del Estado. Dijo que yo ganaba millones de dólares. Sí, claro que sí. Me he sacado la mie**a trabajando desde los 15 años, ella no ha hecho lo mismo”, añadió López Aliaga.

Cruce

Anteriormente, el líder de Renovación Popular señaló a Fuerza Popular de avalar la corrupción al respaldar a Jerí, quien antes de su destitución quedó involucrado en una investigación por reuniones clandestinas con un empresario chino y por la contratación de mujeres en el Estado tras visitarlo en su despacho.

Por su parte, Fujimori afirmó en un video publicado en X, antes Twitter, que el exalcalde se había convertido “en un títere de los caviares y de quienes apuestan por la confrontación permanente y empujan a la inestabilidad”. Agregó que, independientemente de la postura de Renovación Popular, el fujimorismo no será “cómplice de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político”.

“El tono y el contenido de sus ataques es una advertencia de su intolerancia; calumnia e injuria no solo a Fuerza Popular, sino a todo aquel que no piensa como usted. Y sobre todo, rechazamos la forma denigrante de referirse a las mujeres. Calificar de prostitutas a mujeres por el mero hecho de asistir a una reunión o fiesta revela una mirada agresiva y discriminatoria que el Perú no debe normalizar”, afirmó.

“Los peruanos no quieren más confrontación infantil. Están hartos de insultos. Nos piden orden y soluciones. Cómo enfrentar a los criminales, cómo levantar la economía golpeada por años de inestabilidad, cómo llevar obras y servicios donde no llegan. Ya aprendimos, ahí está toda nuestra energía: resolver las necesidades reales de los peruanos. El Perú necesita orden, paz y, lo que a usted le falta, madurez emocional para liderar”, concluyó.

El Congreso de la República decidió este 17 de febrero que el mandato del presidente José Jerí no daba más. Con 75 votos a favor se selló la salida del miembro de Somos Perú. Sin embargo, el camino hacia la censura estuvo marcado por una sesión larga en la que se sometieron a votación, una a una, las siete mociones presentadas en su contra. Durante este proceso, un bloque de 24 congresistas, pertenecientes principalmente a las bancadas de Fuerza Popular y Somos Perú, intentaron frenar un desenlace que parecía inevitable.

La estrategia de este bloque buscó elevar la valla de votos necesaria. Mientras que la censura requiere de una mayoría simple de los asistentes, diversos legisladores abogaron por cambiar la figura legal a una vacancia presidencial. Este cambio de vía habría exigido una votación calificada mucho más alta que los 58 “a favor” que finalmente retiraron a Jerí de su cargo provisional.

Los congresistas que votaron en contra

Más de veinte congresistas, entre Acción Popular, Honor y Democracia, Somos Perú y la mayoría de Fuerza Popular, fueron el bloque legislativo que mostró su apoyo al presidente envuelto en escándalos con empresarios chinos, reuniones secretas, contrataciones irregulares de jóvenes en puestos de confianza y una denuncia por presunta violación. Así votaron los congresistas de estas bancadas:

• Fuerza Popular: Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamante, Enrique Castillo Rivas, Mary Cruz Zeta, Víctor Flores, Raúl Huamán, Eliana Infantes, Patricia Juárez, Jeny López, Martha Moyano, Ana Obando, Estefany Ramírez, César Revilla y María Zeta Chunga.
• Somos Perú: Alfredo Azurín, Elizabeth Medina, Jorge Morante, Alex Paredes y Ana Zegarra.
• Acción Popular: Carlos Alva e Ilich López.
• Honor y Democracia: Javier Padilla.

La cuestión de orden de Ana Zegarra

En medio del pleno, la congresista Ana Zegarra planteó una cuestión de orden para detener el trámite de las siete mociones de censura. La propuesta de Zegarra buscaba forzar la aplicación del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, correspondiente a la vacancia presidencial, bajo el argumento de que los actos cuestionados de Jerí se dieron en su ejercicio como jefe de Estado y no como presidente del Legislativo.

“Nosotros estaríamos cometiendo riesgo de infracción contra la Constitución de no aplicarse la vacancia”, sostuvo Zegarra durante su intervención. No obstante, su iniciativa fue interpretada por otros sectores, entre estos Wilson Quispe, como un intento de “prolongar la agonía de Jerí”. La propuesta fue rechazada por 71 votos en contra y se continuó el procedimiento regular de la censura.

Zegarra permaneció por más de tres horas y media del día anterior a la censura en Palacio de Gobierno, en lo que se presume fueron coordinaciones finales ante la inminente votación.

Los congresistas de Avanza País, Alejandro Cavero, Adriana Tudela, José Williams y Rosselli Amuruz, aprovecharon su propuesta para alinearse y apoyar la medida que pretendía detener las mociones de censura en curso.

Del mismo modo, durante la votación de admisión de las mociones, seis integrantes de la bancada de Fuerza Popular, Alegría, Castillo, Juárez, López, Obando y Revilla, cambiaron su voto de abstención a rechazo cuando la admisión ya contaba con los votos suficientes. Aunque el giro no alteró el resultado, dejó en evidencia la voluntad política de su grupo por respaldar a Jerí hasta el último minuto.

Kyara Villanella, la hija mayor de la aspirante presidencial Keiko Fujimori, manifestó este martes su desacuerdo con la reciente declaración de su madre sobre el aborto en casos de violación, una causal que continúa penalizada en el Perú, pese a que registra una de las tasas más altas de violencia sexual en Sudamérica.

Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, Kyara se distanció de la postura de la lideresa de Fuerza Popular, quien afirmó el último fin de semana que había conversado con sus hijas y les había dicho que, si llegaban a sobrevivir a una violación, debían llevar a término el embarazo.

“Entiendo que mi mamá es una figura política y que, por lo tanto, sus declaraciones generan debate público. Sin embargo, en este caso yo también he sido mencionada directamente, y por eso siento la necesidad de hablar”, señaló al inicio de su mensaje.

La mayor de las hijas de Fujimori indicó que, aunque suele evitar temas “controversiales”, decidió pronunciarse porque su madre, quien busca la presidencia por cuarta vez, la incluyó en sus declaraciones “sin su consentimiento”.

“Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado –una violación– yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá”, afirmó.

La joven recalcó que pertenecer a la misma familia no significa compartir ideas. “Somos personas distintas y es natural que tengamos opiniones que no coincidan. No busco generar un problema más grande ni abrir un debate sobre el aborto. (...) Simplemente, quiero dejar constancia de cuál es mi opinión, ya que se me ha involucrado en este tema sin mi consentimiento”, agregó.

Kyara también marcó distancia respecto al camino político de su madre, quien inició su carrera a la misma edad. “Yo no soy una persona política. Crecí en un entorno político, sí, pero no es el camino que quiero seguir. Mi interés está en el área de la Medicina, no en participar en debates públicos ni controversias políticas. Por eso me resulta incómodo tener que pronunciarme sobre una discusión que no busqué”, concluyó.

El domingo pasado, en una entrevista con América TV, la hija del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) declaró que solo estaba a favor del aborto terapéutico, legal en el país para los casos en que la salud o la vida de la mujer corran peligro inminente por la continuación del embarazo. Pese a que la normativa existe desde hace un siglo, el acceso a este servicio sigue presentando muchas dificultades en la práctica.

Consultada sobre otras situaciones, la política fue enfática al rechazar la interrupción del embarazo en casos de violación. “(En ese escenario), yo optaría, y les diría a mis hijas, que ellas tengan al bebé”, añadió en una declaración que generó una ola de críticas de políticos, candidatos y organizaciones feministas.

Aborto en debate electoral

El tema del aborto en menores pasó a ser parte de las temáticas de las Elecciones 2026 a raíz de una polémica con la congresista Milagros Jáuregui. Se conoció que en el centro de acogida ‘La Casa del Padre’ -de propiedad de Jáuregui- se había expuesto en un evento público a niñas que habían sido forzadas a dar a luz luego de haber sido víctimas de violación.

Este hecho generó un debate abierto y muchos partidos optaron por tomar posición. Es en ese momento que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori dijo estar en contra del aborto por violación, así sea en menores, y que solo lo permitiría si está en riesgo la vida de la madre.

Perú registró el año pasado un récord de denuncias por violación, con un promedio de una cada 40 minutos y 13.096 casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer. Entre 2020 y 2024, se contabilizaron 53.652 denuncias, aunque las cifras reales serían mayores debido al sub registro.

El futuro del presidente peruano José Jerí depende de la votación inminente de una de las siete mociones de censura presentadas en el Congreso, escenario que podría forzar un nuevo cambio de mando apenas cuatro meses después de su asunción, según consignó el medio Europa Press. Si alguna de estas mociones suma al menos 66 votos favorables, el Congreso nombrará de inmediato a una nueva autoridad que ejercerá la jefatura del Estado hasta el 28 de julio, fecha prevista para la transferencia de poder al ganador de las próximas elecciones del 12 de abril.

El debate sobre el destino político de Jerí ha profundizado la pugna interna en la derecha peruana, detalló Europa Press. En las horas previas al pleno extraordinario convocado para resolver sobre las mociones de censura, los principales partidos conservadores han expuesto sus diferencias en público. Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori y principal fuerza legislativa, ha optado por no respaldar las propuestas para destituir al presidente. Esta decisión ha provocado que Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga, cuestione abiertamente el papel de sus rivales de bancada.

Renovación Popular comunicó que votará a favor de la destitución de Jerí, argumentando incapacidad del mandatario para enfrentar el aumento de la inseguridad en el país y señalando la existencia de redes clientelares dentro del Congreso, con referencias a presuntos casos de prostitución que han generado controversia adicional, según reportó Europa Press. Desde la agrupación de López Aliaga han utilizado la expresión “Fuji Jerismo” para referirse irónicamente a lo que consideran un alineamiento total del gobierno con Fuerza Popular.

Por su parte, Fuerza Popular respondió acusando a Renovación Popular de haberse convertido en un “títere de los caviares”, término que en la política peruana alude de forma despectiva a ciertas organizaciones de izquierda. Keiko Fujimori, en un mensaje difundido en redes sociales y reproducido por Europa Press, sostuvo: “Indistintamente de la decisión que ustedes ya tomaron, y a quién designen, nosotros no seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político”.

La inestabilidad institucional en Perú se ha convertido en un patrón, explicó Europa Press. La administración de Jerí se encuentra bajo escrutinio en un contexto en el que el país ha cambiado de jefe de Estado en siete ocasiones durante la última década. La actual crisis surge a solo cuatro meses de la caída de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue destituida tras una gestión marcada por episodios de represión violenta de protestas, muertes de manifestantes, múltiples investigaciones de corrupción y uno de los episodios de inseguridad más graves en la historia reciente del país.

En el caso de Jerí, Europa Press recordó la polémica suscitada por sus reuniones con empresarios chinos, algunas de ellas efectuadas en circunstancias poco usuales, como su ingreso con el rostro cubierto a un restaurante, hecho que dio lugar a investigaciones sobre tráfico de influencias y patrocinio ilegal. También la prensa puso bajo atención los contratos estatales obtenidos por un grupo de cinco mujeres jóvenes tras visitar el Palacio de Gobierno, lo que generó nuevas sospechas sobre la transparencia y el procedimiento en la adjudicación de empleos públicos.

Actualmente, la única agrupación que se mantiene al margen del pedido de destitución, además de Fuerza Popular, es Somos Perú, partido al que pertenece Jerí, afirmó Europa Press. El clima político se tensiona a medida que se acerca el pleno extraordinario, con la posibilidad de que el Congreso vuelva a designar, por octava vez en diez años, a un nuevo presidente provisional, antes de que las urnas definan el rumbo del país.

En caso de aprobarse alguna de las mociones de censura, la transición implicaría que el Congreso elija un reemplazo por mayoría. La persona electa ocuparía la presidencia temporalmente y finalizaría su mandato el 28 de julio, permitiendo que el vencedor de los comicios generales asuma el cargo. Según Europa Press, el proceso suma un elemento de incertidumbre adicional a un escenario caracterizado por la fragmentación política y el enfrentamiento entre agrupaciones que, aunque comparten afinidad ideológica, se acusan mutuamente de buscar réditos partidarios a través de la inestabilidad institucional.

La sesión extraordinaria del Congreso, que abordará las siete mociones consecutivas, determinará la continuidad o relevo del actual mandatario. El desenlace podría modificar el mapa político en vísperas de las elecciones y acentuar las divisiones preexistentes dentro de la derecha, así como las tensiones generalizadas en el Legislativo y en la sociedad peruana.

Este martes, el Congreso destituyó a José Jerí del cargo de presidente del Perú, en un giro que profundiza la crisis política en el país. Un día antes de la votación que selló su salida, Jerí se reunió en Palacio de Gobierno con la congresista Mery Infantes Castañeda, integrante de la bancada de Fuerza Popular, en un contexto marcado por maniobras parlamentarias y creciente presión institucional.

La remoción de Jerí, aprobada por 75 votos a favor y solo 24 en contra tras una sesión extraordinaria de más de cuatro horas, lo convirtió en el séptimo presidente retirado por el Legislativo en la última década. Su caída se precipitó por el desplome de su popularidad, que superó el 60% de desaprobación, y una acumulación de escándalos que erosionaron la confianza ciudadana y el respaldo en el Congreso.

La víspera de la censura, Jerí recibió a Infantes Castañeda en Palacio en una cita registrada oficialmente, mientras la bancada fujimorista buscaba impedir su destitución. El encuentro, que se prolongó por más de 40 minutos, se realizó en medio de versiones cruzadas sobre el futuro político del mandatario y las posibles estrategias para sostenerlo en el cargo.

Motivos oficiales de la reunión de José Jerí con congresista de Fuerza Popular

Según la agenda pública del Despacho Presidencial, la reunión entre José Jerí y Mery Infantes Castañeda, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización, tenía como finalidad evaluar los avances y resultados de las políticas implementadas para la prevención y control del cáncer en el Perú.

La Presidencia difundió en X que Jerí participó en una mesa de trabajo orientada a mejorar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos para pacientes oncológicos, con la presencia de padres de pacientes y representantes del Congreso, el Ministerio de Salud, EsSalud y la Presidencia del Consejo de Ministros. En ese espacio, el mandatario garantizó que, por primera vez, las instituciones públicas de salud coordinan esfuerzos para optimizar la atención oncológica en todo el país.

Durante el encuentro, familiares de pacientes oncológicos transmitieron sus preocupaciones y necesidades a las autoridades, quienes destacaron el compromiso estatal en la mejora del abastecimiento de medicamentos y la coordinación entre los distintos organismos públicos de salud.

El intento de blindaje de Fuerza Popular a José Jerí

La actitud de Fuerza Popular fue determinante en la fase previa a la votación. Keiko Fujimori, lideresa del partido, afirmó en X que cambiar de presidente a menos de dos meses de las elecciones solo incrementaría la incertidumbre nacional. En su mensaje, recalcó que Fuerza Popular defiende el orden constitucional y exigió que las investigaciones sigan su curso legal.

Durante el Pleno, legisladores como Patricia Juárez y Jorge Morante argumentaron que la censura no es el mecanismo adecuado para destituir a un presidente y defendieron la vacancia como la vía constitucional prevista. La bancada promovió una cuestión previa para evitar la votación de la censura y forzar la vacancia, intentando postergar cualquier decisión hasta marzo, pero la mayoría parlamentaria desestimó esa estrategia.

Mery Infantes Castañeda, protagonista de la reunión con Jerí en la víspera, fue una de las 19 congresistas de Fuerza Popular que apoyaron esta maniobra dilatoria. La propuesta fue rechazada y, en la votación subsiguiente, la censura contra Jerí procedió con 75 votos a favor, marcando el desenlace de una jornada de alta tensión política.

A pesar del respaldo cerrado, la defensa de Fuerza Popular no logró evitar la salida de Jerí. Los votos fujimoristas no alcanzaron para revertir la decisión de la mayoría, que finalmente optó por la censura tras un debate intenso y cargado de acusaciones.

Las denuncias y escándalos que precipitaron la censura de José Jerí

La gestión de José Jerí estuvo marcada por una seguidilla de denuncias que terminaron por debilitar su permanencia en el Ejecutivo. Uno de los episodios más graves fue la denuncia por presunta violación sexual, presentada en 2024 y archivada inicialmente por la Fiscalía, pero reactivada este año con nuevos testimonios y pedidos de exámenes periciales.

El escándalo conocido como “Chifagate” intensificó la crisis. Jerí fue captado en reuniones nocturnas, sin registro oficial, con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, este último vinculado a tráfico de madera y contratos estatales. Las imágenes de Jerí encapuchado ingresando a restaurantes alimentaron sospechas de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses particulares. Las explicaciones dadas por el mandatario, plagadas de contradicciones, solo aumentaron la desconfianza.

Además, se investigan contrataciones irregulares en Palacio de Gobierno: al menos nueve mujeres que mantuvieron reuniones privadas con Jerí obtuvieron cargos estatales poco después, lo que motivó una indagación fiscal por tráfico de influencias agravado. La Contraloría solicitó expedientes y comprobantes de pago de varias de estas contrataciones, mientras la Fiscalía Anticorrupción abrió una pesquisa preliminar por los vínculos personales detrás de los contratos.

A este contexto se suman denuncias por corrupción en la Comisión de Presupuesto del Congreso —con sobornos de S/150.000 por la inclusión de proyectos— y un incremento patrimonial superior al 1.000% en 2024, considerado enriquecimiento ilícito. El desplome de la popularidad de Jerí, que superó el 70% de rechazo según algunas encuestas, coincidió con la difusión de informes sobre su entorno personal, fiestas privadas y la filtración de mensajes entre el mandatario y sus colaboradoras.

La suma de estos episodios determinó el desenlace político y activó el mecanismo de sucesión presidencial previsto en la Constitución. El Pleno del Congreso debe elegir en las próximas horas a un nuevo titular del Legislativo, quien asumirá la jefatura del Estado hasta la transmisión de mando en julio.

En entrevista con el programa ‘Enfrentados’, la lideresa naranja fue consultada sobre el escenario de una niña de ocho años embarazada producto de un ultraje. La aspirante al sillón presidencial fue tajante al señalar que su apoyo se limita estrictamente a lo que dicta la ley peruana actual.

“Yo estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero en caso de violación, no”, aseguró. Incluso, mencionó que este tema que ya formó parte de las conversaciones privadas con sus hijas, estableciendo que su defensa de la vida desde la concepción es un mandato innegociable en su entorno familiar. “Yo optaría y le diría a mis hijas que ellas tengan al bebé”, sentenció; hecho que generó un amplio debate y polarización en redes sociales.

“Yo optaría por abortar”

Pese a lo expresado por su madre, la hija mayor de la candidata presidencial Keiko Fujimori, Kyara Villanella, manifestó su desacuerdo y aseguró que optaría por interrumpir el embarazo en casos de violación, independiente a la edad de la víctima.

“Entiendo que mi mamá es una figura política y que, por lo tanto, sus declaraciones generan debate público. Sin embargo, en este caso yo también he sido mencionada directamente, y por eso siento la necesidad de hablar. [...] Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado –una violación– yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá”, afirmó a través de su cuenta en Instagram.

Estas declaraciones surgen en medio del debate sobre la protección de los derechos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, tras el escándalo protagonizado por el refugio Casa del Padre y la congresista Milagros Jáuregui.

El refugio Casa del Padre, ubicado en el distrito limeño de Cieneguilla, cobró notoriedad luego de que se difundieran imágenes de niñas de entre 10 y 13 años, todas víctimas de violación, que se presentaron en un coro navideño cargando a sus propios hijos en brazos. El video promocional del evento, que mostraba a treinta menores uniformadas sobre un estrado, fue eliminado junto con las redes sociales de la institución tras el rechazo de colectivos feministas y defensores de derechos humanos, quienes consideraron que la exposición pública de las niñas resultaba revictimizante.

Milagros Jáuregui, también conocida como Milagros Aguayo —por el apellido de su esposo, con quien dirige un clan de pastores evangélicos—, es la fundadora del refugio y actual presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso. Desde su llegada al Parlamento en 2021 por el partido Renovación Popular, se identificó como una defensora de valores tradicionales e impulsó proyectos para eliminar el feminicidio del Código Penal y suprimir el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Jáuregui sostiene que su metodología busca que las adolescentes no perciban el embarazo como una condena, sino como una oportunidad: “Ellas tienen que ser agradecidas por ese niño que va a nacer porque, lejos de ser el recuerdo del dolor, va a ser un sello de esperanza”.

El caso generó una ola de críticas desde distintos sectores. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado subrayando que “el embarazo infantil no es un tema de ideologías” y recordó que el aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924. La organización enfatizó que forzar a una niña a continuar con un embarazo producto de una violación constituye una forma de tortura, e instó al Estado a garantizar la protección de las víctimas en lugar de obligarlas a la maternidad.

Diariamente, casi tres niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres en Perú durante 2025

Según datos del Ministerio de Salud, en 2025 se registraron 993 niñas menores de 14 años que fueron obligadas a convertirse en madres en Perú. Solo en el último mes, el número de casos superó los 40.

El año pasado, el Instituto Nacional Materno Perinatal modificó la guía de procedimiento para el aborto terapéutico, restringiendo las causales de 15 a 11 y eliminando aquellas asociadas a la salud mental de adolescentes. Esta reducción fue impulsada por Jáuregui, quien defendió la medida argumentando que “defender la vida desde la concepción no es opcional, es mandato constitucional”.

El blindaje de los congresistas de Fuerza Popular no fue suficiente para evitar la censura de José Jerí como presidente del Congreso y, en consecuencia, su cese como presidente interino de la República.

Desde antes de la sesión del Pleno Extraordinario se supo que Fuerza Popular no apoyaría la censura de Jerí. Así lo anunció Keiko Fujimori en un video difundido en X, antes Twitter.

“El Perú vive horas difíciles: o nos dejamos arrastrar al caos o defendemos el orden. Cambiar a un presidente a cincuenta y siete días de las elecciones sin hechos concluyentes es empujar al país a más incertidumbre”, dijo la candidata presidencial de Fuerza Popular acompañada de otras figuras de la cúpula del partido naranja.

Y agregó: “Fuerza Popular protege el orden constitucional, no a una persona. Exigimos que se investigue, que se esclarezca y, en el caso que corresponda, que le caiga todo el peso de la ley”.

Sus palabras fueron ordenes. En la sesión del Pleno Extraordinario, los congresistas fujimoristas que intervinieron defendieron la permanencia de José Jerí en la Presidencia de la República a pesar de las denuncias de reuniones clandestinas con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares de mujeres que visitaron Palacio de Gobierno.

Por ejemplo, Patricia Juárez se sumó a la propuesta de la somista Ana Zegarra para que se inicie un proceso de vacancia presidencial en lugar de una censura para apartar a Jerí del cargo.

“La censura es una figura propia del ámbito parlamentario”, dijo. “Utilizarla para sancionar conductas vinculadas al ejercicio de la Presidencia de la República no solo la distorsiona, sino que altera gravemente nuestro sistema presidencialista”, añadió.

En esa misma línea opinó el fujimorista Jorge Morante. “El señor Jerí, les guste o les deje de gustar, es el presidente de la República y la única forma de cesarlo es a través de la vacancia, no de una moción de censura”.

La congresista Tania Ramírez, muy a su estilo, también defendió la cuestión de orden de Zegarra.

Los congresistas de Fuerza Popular votaron a favor del planteamiento de Zegarra, pero no bastó ya que los votos en contra fueron mayores. Lo mismo pasó con la votación de la censura.

Los cuestionamientos de José Jerí

El ascenso accidental de José Jerí a la presidencia interina de Perú, tras la vacancia de Dina Boluarte en octubre de 2025, ha estado marcado por una serie de graves cuestionamientos que erosionan su legitimidad y generan desconfianza pública.

Uno de los episodios más sensibles es la denuncia por presunta violación sexual presentada a fines de 2024, cuando aún era congresista. La acusación surgió tras una fiesta privada en Canta, donde una mujer alegó abuso; un examen médico legal confirmó lesiones, aunque la Fiscalía archivó el caso en 2025 por falta de pruebas concluyentes que lo vincularan directamente. Sin embargo, el tema resurgió en febrero de 2026 con testimonios y pedidos de pruebas adicionales, como exámenes biológicos y de tumescencia peneana solicitados por un coacusado, reavivando dudas sobre su conducta.

Otro foco de críticas es el denominado Chifagate: reuniones clandestinas —sin registro oficial— con empresarios chinos, incluido Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong (este último ligado a tráfico de madera). Las imágenes de Jerí encapuchado ingresando a restaurantes chinos a medianoche desataron investigaciones por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses particulares. El mandatario alegó motivos culturales, pero las contradicciones en sus explicaciones agravaron la crisis.

Además, enfrenta acusaciones de contrataciones irregulares: al menos nueve mujeres que se reunieron con él en Palacio —algunas en horarios nocturnos— obtuvieron puestos estatales poco después, lo que motivó otra indagación fiscal por tráfico de influencias agravado.

A ello se suman denuncias previas por corrupción en la Comisión de Presupuesto del Congreso (sobornos de S/150.000 por incluir proyectos) y un incremento patrimonial superior al 1.000% en 2024, calificado de enriquecimiento ilícito.

“Consideramos que impulsar la vacancia o la censura resulta un acto de irresponsabilidad y solo traerá más inestabilidad política al país”, sostuvo la aspirante presidencial, aunque agregó que respaldan la posibilidad de que Jerí sea investigado y sancionado si corresponde.

“A 56 días del próximo proceso electoral, esta posibilidad de cambio va a generar caos. Hemos decidido no apoyar estas mociones que se van a debatir el día de ayer. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien forma parte de nuestro partido, cumple con los procedimientos y el reglamento vigente”, puntualizó.

Consultada sobre la opción de que el fujimorismo asuma el mando interino si Jerí deja el cargo, la heredera política del exdictador Alberto Fujimori fue clara: “Ningún congresista de Fuerza Popular va a postular para ocupar el cargo. Nos vamos a abstener en todo este proceso porque consideramos que es una gran irresponsabilidad”, dijo.

Señaló que su bancada seguirá atenta a los acontecimientos y rechazó cualquier especulación sobre acuerdos internos para presentar candidatos propios.

Ante la pregunta sobre un posible impacto electoral para Fuerza Popular por su respaldo al gobernante, Fujimori sostuvo que la prioridad debe ser la estabilidad nacional. “No es momento de mirar los porcentajes de aprobación ni los intereses personales o partidarios. Plantear esta posición responde a pensar en el país, en su estabilidad y en el futuro. Incluso si eso implica asumir un pequeño costo político, estamos dispuestos porque lo importante es el futuro de los peruanos”, manifestó.

Jerí, que en su condición de presidente del Congreso ascendió a la Presidencia en octubre pasado para relevar a la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025) y llevar las riendas de Perú hasta los comicios de abril próximo, puede ver finalizado su mandato antes de tiempo por las investigaciones abiertas en su contra con apenas cuatro meses como gobernante.

Las mociones de censura en su contra se han acumulado en las últimas semanas a medida que su popularidad va cayendo, un efecto que ha provocado que los partidos que tienen mayoría en el Congreso, y que inicialmente lo respaldaron, ahora buscan distanciarse a pocas semanas de los comicios.

Solo el fujimorismo, que es el partido más grande dentro del hemiciclo peruano, mantiene su apoyo explícito al gobernante, incluso cuando la Fiscalía le ha abierto investigaciones por tráfico de influencias, al presuntamente haber mantenido reuniones clandestinas con empresarios chinos que son contratistas del Estado y de la propia oficina presidencial.

Una serie de vídeos de cámaras de seguridad revelaron que Jerí acudió el 26 de diciembre a cenar, encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, a un chifa del empresario Zhihua ‘Johnny’ Yang, a cuya tienda llegó también el 6 de enero, horas después de que ese local hubiera sido clausurado por las autoridades municipales.

En diálogo con la prensa, el fujimorista reiteró su desacuerdo con la vía con la que se busca la salida del jefe de Estado. No obstante, explicó que, de aprobarse, la censura requiere únicamente una mayoría simple de los congresistas presentes y hábiles, y que se convocará de inmediato a la elección de un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá también la jefatura del Estado hasta la transmisión de mando prevista para el 28 de julio, tras las elecciones generales.

“En caso de que se apruebe la censura, entonces habrá que convocar a la elección de un nuevo presidente del Congreso, que se convertiría automáticamente en un nuevo presidente de la República. Para la elección de un nuevo presidente, tienen que presentarse los candidatos. Cumplido el plazo, hay una votación secreta para la elección”, expresó.

Si Jerí supera la censura —es decir, si no se alcanza la mayoría simple necesaria—, obtendrá un respiro institucional de apenas dos semanas. El presidente del Congreso confirmó que, al iniciarse la legislatura ordinaria el 1 de marzo, la moción de vacancia deberá ser puesta a debate en el pleno.

A diferencia de la censura, el proceso de vacancia exige una mayoría calificada de dos tercios del número legal de miembros del Congreso, es decir, por lo menos 87 votos. La aritmética parlamentaria actual juega en contra de una destitución inmediata: bancadas claves como Fuerza Popular han mantenido una postura reservada y, sin su respaldo, la vacancia podría convertirse en un debate político sin efectos reales.

“En la hipótesis de que no prosperara la censura al presidente Jerí, el primero de marzo se inicia la legislatura ordinaria. En el primer pleno que se efectúe en esta legislatura ordinaria, el primer tema va a ser, como corresponde y como señala el reglamento, la moción de vacancia, que también ha sido presentada”, mencionó.

¿Quiénes son los voceados para suceder a José Jerí?

En caso de que prospere la censura o la vacancia contra José Jerí, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente parlamentario, quien asumirá automáticamente la jefatura del Estado de manera interina hasta la transmisión de mando prevista para el 28 de julio. En este contexto, María del Carmen Alva y José María Balcázar emergen como los nombres más mencionados dentro de la baraja de sucesión.

María del Carmen Alva, abogada y militante histórica de Acción Popular, fue presidenta del Congreso durante el periodo 2021-2022. Su gestión estuvo marcada por episodios de confrontación y polémicas públicas, destacando incidentes como el jalón de brazo a una colega en pleno hemiciclo y presiones para cambiar votos.

Por otro lado, José María Balcázar, congresista de Perú Libre y exmagistrado, arrastra un historial de cuestionamientos por su destitución en el Poder Judicial por inconducta funcional y declaraciones polémicas sobre temas sensibles como el matrimonio infantil.

El partido Renovación Popular acusó a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” debido a su férrea defensa al presidente interino José Jerí.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular indicó que no propusieron a Jerí como presidente del Congreso, sino al congresista José Cueto, a quien describieron como un “caballero, incuestionable”.

“Jerí no debe continuar un día más en Palacio. Ha abusado de su posición en Palacio para llevar mujeres, durante toda una noche y luego darle cargos bien remunerados”, se lee en el pronunciamiento.

El texto también menciona que el mandatario interino “no ha hecho absolutamente nada contra inseguridad ciudadana” y que “deja entrar” a Palacio de Gobierno a personas con detención domiciliaria. Esto último en referencia al empresario chino Ji Wu Xiaodong, quien visitó hasta en 3 oportunidades a José Jerí en Palacio a pesar de que pesaba sobre él un mandato de detención domiciliaria desde 2024.

“Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa”, se lee.

El comunicado también consigna que Jerí, según un reporte de Perú21, invitó a su cumpleaños número 38 a trabajadoras del Congreso que fueron señaladas como parte de una presunta red de prostitución. “Una de ellas fue asesinada por sicarios, vinculados a Congresistas que están investigados por haber armado red sexual en el Congreso”.

“Renovación Popular tiene valores y principios sólidos. Es una Derecha Cristiana. No es una ‘derecha’ mercantilista y farisea, financiada por empresas corruptas, que sostiene, en aras a una ‘estabilidad’ sin ningún fundamento, a un personaje que ha mansillado el rol de ser Presidente del Perú”, finaliza el pronunciamiento.

Dimes y diretes

El enfrentamiento entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori escaló en las últimas semanas, con acusaciones cruzadas sobre trayectoria laboral, manejo político y fuentes de ingreso. El líder de Renovación Popular calificó a la lideresa de Fuerza Popular de “vaga” y afirmó que “hay gente que vive de la campaña política, que en 5 años no hace nada y luego se aparece a ver cómo recauda fondos y guarda la mitad ‘pan para mayo’ y la otra mitad lo meterá, pues, en su campaña política”.

La disputa se intensificó luego de que Keiko Fujimori, en entrevista con el diario Trome, respondiera a las acusaciones del exalcalde: “No soy errática, dirijo un partido político formal, no soy una improvisada y cumplo con mi palabra. Es lamentable que él, teniendo la oportunidad de trabajar como alcalde, prácticamente no haya hecho mucho”. Fujimori dijo tener experiencia profesional fuera de la política y detalló que supeustamente ejerce como profesora global en la Universidad de La Florida. “Tengo tres fuentes de ingresos”, aseguró.

En réplica, López Aliaga subrayó su trayectoria laboral y labores como empresario, asegurando que durante más de 50 años ha creado “100 mil puestos de trabajo formales en la zona más deprimida de nuestro país” y dijo no haber “cobrado un mango como alcalde”. También señaló supuestamente haber financiado personalmente sus gastos y viajes oficiales mientras ocupó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Durante una reciente entrevista en el programa electoral de TV Perú, Fujimori fue consultada sobre la urgencia de despenalizar la interrupción del embarazo para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

“En Fuerza Popular y quien habla está a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo, mas no en caso de violación”, sentenció. Con ello, la nuevamente candidata a la presidencia, y también al Senado, reafirmó la doctrina que su partido ha sostenido pese a las recomendaciones de organismos internacionales de salud y niñez.

Rechaza las publicaciones de La Casa del Padre

Antes de pronunciarse sobre la política pública que impulsará su partido en caso de adquirir un escaño, Fujimori aprovechó el espacio para referirse a la reciente exposición mediática de menores en el refugio “La Casa del Padre”, donde imágenes de niñas víctimas de violación fueron difundidas en redes sociales. La lideresa calificó este hecho como una vulneración de identidad. “A esas chicas hay que protegerlas, hay que cuidarlas... esta información realmente las vulnera”, señaló.

Por otro lado, Keiko no se pronunció ante las polémicas declaraciones de un miembro de su partido. El candidato al Senado, Carlos Tubino, provocó una ola de indignación al relativizar los embarazos infantiles forzados, afirmando que “no siempre son violaciones” y que, en algunos casos, se trataría de “noches de placer”.

A favor de la educación sexual

La lideresa de Fuerza Popular abogó por el retorno de cursos de educación cívica y educación sexual. “Enseñarle a nuestras hijas a levantar su voz, a no quedarse calladas, a señalar cuando ha habido un tocamiento o algo extraño”, explicó.

No obstante, cuando se le cuestionó por la oposición que sectores de su propia bancada han mostrado históricamente hacia el enfoque de género y la educación sexual integral (ESI) en las escuelas, Fujimori intentó desmarcarse. “Quizás eso ha podido ocurrir en otro partido”, respondió, intentando limpiar el historial de su agrupación.

Memoria legislativa

Al revisar el historial del comportamiento del partido, se contradice la versión de la política. No hace falta retroceder décadas para encontrar ejemplos de legisladores de Fuerza Popular que han liderado la ofensiva contra el Ministerio de Educación (Minedu) bajo la bandera del colectivo “Con mis hijos no te metas”.

En 2019, la entonces congresista fujimorista Nelly Cuadros protagonizó un episodio recordado por su retórica al comparar los manuales educativos del Minedu con la “pornografía infantil” durante una comisión frente a la ministra Flor Pablo. “Es tan peligroso y tan similar”, afirmó en aquel entonces, en sintonía con colegas de bancada como Julio Rosas, Tamar Arimborgo, Carlos Tubino y Marco Miyashiro, quienes activamente buscaron censurar el enfoque de género del Currículo Nacional.

Según informes de organizaciones como Promsex, el fujimorismo fue el motor político que impulsó ataques sistemáticos contra el enfoque de género, a pesar de que este ya estaba incorporado en la legislación peruana desde 2015 (Ley 30364) como una herramienta necesaria para frenar la violencia contra la mujer.

El enfoque de género que defendió Fujimori

Para justificar su postura actual, Keiko apeló a los orígenes de su partido, recordando que durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, se buscó “empoderar a las mujeres” dándoles alternativas para elegir cuántos hijos tener. Es correcto afirmar que el enfoque de género tuvo bastante presencia en el discurso y política de su antecesor.

Si bien es cierto que en 1995, en la Conferencia de Beijing, el expresidente se enfrentó a la Iglesia Católica defendiendo que “sean las mujeres las que decidan”, esa política derivó años después en uno de los capítulos más oscuros de la historia médica del país: las esterilizaciones forzadas.

Lo que inició como una propuesta de “alternativas” terminó en un sistema de cuotas y metas que obligó a miles de mujeres campesinas y quechuahablantes a someterse a intervenciones sin consentimiento, un caso por el cual el Estado peruano ya ha reconocido responsabilidad internacional ante la CIDH.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría omitido declarar sus vínculos con empresas en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1.

De acuerdo con el documento, Fujimori no habría consignado en su hoja de vida las acciones que registra en la SUMMIT PRODUCTS S.A.C, donde registra 3.500 acciones. Esto según información remitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Cabe precisar que, según los registros de la Sunat, Summit Products S.A.C. tiene el estado de “baja de oficio” desde 2009.

El informe de fiscalización del JEE también da cuenta que Keiko Fujimori no declaró en su hoja de vida su participación en la empresa KYARA29 E.I.R.L., donde figura como titular y gerente. Esta empresa fue creada por la candidata presidencial para administrar la carrera de influencer de su hija Kyara Villanella.

No hubo modificación alguna en la titularidad de la empresa, sino hasta febrero de este año. Coincidentemente, esto es días después de que la Sunarp remitió la información al fiscalizador del JEE Lima Centro 1.

Desde el 6 de febrero de 2026, fecha en la que se registró la escritura pública, la candidata de Fuerza Popular ya no es titular y gerente de KYARA29 E.I.R.L.

“Conforme al contenido del presente informe, se informa al JEE Lima Centro 1 sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida del Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata por la organización política Fuerza Popular al cargo de Presidente de la República. En el Rubro VIII - Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas; Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales - Ítem Titularidad de Acciones y Participaciones, se ha identificado que habría información falsa”, advierte la fiscalizadora Liliana Herrera.

Sanciones

Por omitir declarar los vínculos con empresas Keiko Fujimori no será excluida de la contienda electoral. Sin embargo, sí podría enfrentar una multa de hasta 10 UIT (55 mil soles) y una investigación en el Ministerio Público.

El Pleno del JEE Lima Centro 1 deberá determinar si inicia un procedimiento sancionador contra Fujimori por presunta infracción a las normas sobre declaración de hoja de vida. En ese escenario, se notificaría al personero legal de Fuerza Popular para que dé sus descargos.

Investigada por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Keiko Fujimori por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar que los ingresos y rentas declarados por la lideresa de Fuerza Popular no registraron modificaciones, aunque habría recibido USD3,6 millones en efectivo de Dionisio Romero, ex presidente del Banco de Crédito del Perú.

La disposición fiscal califica el caso como complejo y establece un plazo inicial de 8 meses para las pesquisas. La línea de investigación se centra en la incompatibilidad entre la declaración patrimonial de Fujimori de 2010, cuando fue congresista y reportó 117.500 soles en bienes y 513.872 soles en el rubro “Otros”, y la ausencia de variaciones significativas pese a la supuesta entrega del dinero. En 2011, solo se evidencia un incremento de 90.000 soles en el apartado de “Otros” frente al año anterior.

Según el reporte de La Contra, la nueva indagación se diferencia del archivado Caso Cócteles porque apunta directamente al patrimonio personal de la candidata, quien tenía la obligación de transparentar sus recursos ante la Contraloría.

La posible vacancia presidencial de José Jerí ha generado respuestas inmediatas de parte de la Presidencia del Consejo de Ministros y de Fuerza Popular. Ambos coinciden en que solo puede evaluarse la salida del mandatario del cargo en caso de que se presentan hechos comprobados e hicieron un llamado a preservar la estabilidad política en las semanas previas a las elecciones generales.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que la vacancia presidencial únicamente procede en casos de extrema gravedad, no sobre la base de “elucubraciones”. Explicó que la Constitución contempla esta figura como una “ventana” que solo puede abrirse cuando no existe la posibilidad de esperar un proceso judicial, debido a irregularidades graves como sobornos, golpes de Estado o actos comprobados de corrupción. “Son cosas gravísimas”, subrayó Álvarez Miranda.

El presidente del Consejo de Ministros instó a congresistas y ciudadanos a reflexionar sobre la pertinencia de recurrir a una medida tan severa en el contexto actual y cuestionó las consecuencias que tendría esta situación. “Una, ¿vale la pena cargar con la mochila antes de la primera vuelta? Y la segunda pregunta, un poco más profunda, es ¿los hechos que aparecen, constituyen ciertamente una causal suficiente de vacancia?”

Por su parte, Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia y al Senado por Fuerza Popular, confirmó en N Portada que su agrupación no respaldará la vacancia de Jerí sin pruebas concretas de un delito.“Nosotros vamos por la vacancia ni bien se demuestre que existe alguna prueba de algún delito concreto. Hasta ahora todo lo que hay son indicios, pero la vacancia hoy por hoy no es un camino que para nosotros deba tocarse”.

Torres recalcó que el país no necesita mayor inestabilidad política, especialmente cuando faltan ocho semanas para las elecciones generales. Consideró que durante el periodo preelectoral es fundamental priorizar la estabilidad y evitar debates que incrementen la incertidumbre.

En sus declaraciones recogidas por N Portada, el representante opositor expresó además su molestia por la gestión reciente de Jerí, a quien responsabilizó directamente por la controversia política. Señaló que la coyuntura actual responde a “actos poco transparentes” del propio presidente. Afirmó: “El primer responsable es el señor Jerí, porque hoy estamos ante esta situación producto de esos actos poco transparentes”.

Torres recordó que la expectativa nacional era que el mandatario fortaleciera la seguridad y garantizara la transparencia en el proceso electoral. Sostuvo: “A eso nos deberíamos estar dedicando, al tema de seguridad, en vez de estar hablando sobre las reuniones poco transparentes del presidente de la República”.

Pleno extraordinario del Congreso en suspenso

La convocatoria del pleno extraordinario del Congreso para debatir la censura del presidente José Jerí deberá esperar un poco más por fallos en la presentación del documento oficial, según lo afirmó el titular del Parlamento y candidato al senado por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.

El congresista fujimorista aseguró en su cuenta oficial de X que recibió el documento presentado por los promotores de la moción de censura, pero que de las 81 firmas enviadas, solo 29 son válidas, lo que deja en el aire la iniciativa que lo obligaría a convocar a un pleno extraordinario.

“Se ha presentado la moción para convocar a un pleno extraordinario con 81 firmas (digitales). Solo 29 son válidas. (...) Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno”, indicó el congresista de Fuerza Popular.

Estos son los 29 nombres de las firmas válidas según lo afirma el presidente del Congreso:

1. Maria Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre)
2. Juan Bartolome Burgos Oliveros (Podemos Perú)
3. Jose Daniel Williams Zapata (Avanza País)
4. Yessica Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País)
5. Adriana Josefina Tudela Gutierrez (Avanza País)
6. Alejandro Enrique Cavero Alva (Avanza País)
7. Luis Roberto Kamiche Morante (APP- Firma retirada)
8. Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu (APP)
9. Nieves Esmeralda Limachi Quispe (Juntos por el Perú)
10. Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (APP)
11. Roberto Enrique Chiabra Leon (APP)
12. Francis Jhasmina Paredes Castro (Podemos Perú)
13. Luis Raul Picón Quedo (Podemos Perú)
14. Magaly Rosmery Ruiz Rodriguez (APP)
15. Lady Mercedes Camones Soriano (APP)
16. Heidy Lisbeth Juarez Calle (Podemos Perú)
17. Jose Leon Luna Galvez (Podemos Perú)
18. Elva Edhit Julon Irigoin (APP)
19. German Adolfo Tacuri Valdivia (Juntos por el Perú)
20. Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú)
21. Digna Calle Lobaton (Podemos Perú)
22. Jose Maria Balcazar Zelada (Perú Libre)
23. Alejandro Soto Reyes (APP)
24. Eduardo Salhuana Cavides (APP)
25. Rosio Torres Salinas (APP)
26. Idelso Manuel Garcia Correa (APP)
27. Ariana Maybee Orúe Medina (Podemos Perú)
28. Nivardo Edgar Tello Montes (Podemos Perú)
29. Javier Rommel Padilla Romero (Honor y Democracia)

La moción para convocar un Pleno Extraordinario en el Congreso con el objetivo de debatir la censura contra el presidente interino José Jerí fue presentada con un aparente respaldo mayoritario: 81 firmas digitales de congresistas de diversas bancadas, superando el mínimo legal de 78 rúbricas requerido por el reglamento parlamentario. Sin embargo, lejos de avanzar, el proceso quedó paralizado.

La Oficialía Mayor del Congreso detectó serias irregularidades en la validación de esas firmas y el congresista Roberto Kamiche formalizó el retiro de su apoyo ante rumores de que María del Carmen Alva sería quien asuma el Ejecutivo.

¿Qué pasó y qué se debe hacer ahora?

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, detalló que la principal causa de la invalidez de las firmas fue un error en la cadena digital: el sistema Refirma RENIEC requiere que cada congresista utilice correctamente su DNI electrónico —en versiones 2.0 o 3.0— y firme el documento original, no copias ni archivos alterados. Si uno de los firmantes comete un error, como firmar en un archivo equivocado o interrumpir el proceso digital, todas las firmas siguientes en la secuencia quedan automáticamente invalidadas por el sistema.

Explicó que este problema no es inusual en documentos extensos. “No es un error del sistema del Congreso ni de la Oficialía Mayor, sino de los propios firmantes. Basta con que uno se equivoque para que el resto de la cadena de firmas quede sin efecto. Ha pasado antes con proyectos de ley y otras mociones, y la solución es clara: volver a firmar correctamente”, indicó.

Consultado por la prensa, mencionó que el procedimiento para subsanar el error es directo, pero requiere coordinación y rapidez por parte de los congresistas. Cada legislador cuya firma fue invalidada debe volver a firmar el documento, asegurándose de utilizar el mecanismo digital correcto, firmar el archivo original y mantener la secuencia establecida por el protocolo digital. Solo así el sistema Refirma RENIEC reconocerá la validez de todas las rúbricas.

“Apenas llegue el documento con las firmas correctas y validadas, inmediatamente convocaré al pleno extraordinario. No depende de la voluntad política, sino del cumplimiento estricto del reglamento y la legalidad”, aseguró.

Asimismo, ante el debate de si lo que corresponde es una censura o vacancia y la posibilidad de cambiar el punto en agenda durante el pleno, aclaró que, una vez validada, solo se podrá tocar el tema de la solicitud. Es decir, el debate de la censura a José Jerí, sin posibilidad de ampliación. Si el pleno extraordinario llega a realizarse y la censura se aprueba, el siguiente paso será elegir a un nuevo presidente del Congreso, quien asumiría inmediatamente la presidencia de la República.

En paralelo, Rospigliosi recordó que la mayoría de los constitucionalistas consultados considera que el mecanismo adecuado para remover a Jerí sería la vacancia, ya que los hechos cuestionados ocurrieron durante su ejercicio como presidente de la República y no solo como titular del Legislativo. No obstante, aseguró que deberá respetarse lo que decida la mayoría.

“Sería algo, de acuerdo a los constitucionalistas, mal hecho, ilegal o lo que sea, pero es lo que decidiría el Congreso. Y si el Congreso decide eso, bueno, hay que aceptar lo que el Congreso haya decidido”, expresó.

“Sería algo, de acuerdo a los constitucionalistas, mal hecho, ilegal o lo que sea, pero es lo que decidiría el Congreso. Y si el Congreso decide eso, bueno, hay que aceptar lo que el Congreso haya decidido”, expresó a la prensa.

Aclaró que, en caso de aprobarse la censura, se procederá a elegir un nuevo titular del Parlamento, quien, de acuerdo con la legislación vigente, asumiría de inmediato la Presidencia de la República hasta el relevo programado para el 28 de julio tras las elecciones generales.

Consultado sobre una eventual renuncia colectiva de la Mesa Directiva, como pasó en el gobierno de Manuel Merino, fue categórico: “No pasa nada con la Mesa Directiva porque la moción es para censurar al congresista José Jerí. Yo no renunciaría. No sé qué será del señor Waldemar Cerrón o el señor Ilich López. Eso habría que preguntarle a ellos, yo no tengo por qué renunciar”.

Las siete mociones de censura contra José Jerí se fundamentan en supuestos actos de inconducta funcional durante su ejercicio como presidente de la República en diciembre de 2025 y enero de 2026. Entre ellos, las reuniones no oficiales con empresarios chinos, falta de acciones frente a la inseguridad ciudadana, reorganización de Petroperú y contrataciones en el Estado.

¿Cuántos votos se necesitan para la censura?

Para aprobar una moción de censura se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Considerando los 130 parlamentarios, se necesitan 66 votos para la aprobación.

¿Quiénes son los voceados para reemplazar a José Jerí?

Ante la inminente posibilidad de una sucesión, dos nombres concentran las miradas en el Congreso como eventuales reemplazantes de José Jerí en la Presidencia de la República.

La primera es María del Carmen Alva, abogada y militante de Acción Popular con amplia experiencia en el sector público, quien ya fue presidenta del Congreso en el periodo 2021-2022. Durante su gestión como titular del Parlamento, no estuvo exenta de críticas. Algunos de los episodios más recordados son el jalón de brazo a la congresista Isabel Cortez, la vez que le dijo a la alcaldesa de Ocoña “¡están en mi casa!”, y cuando presionó a la parlamentaria Francis Paredes para que cambie su voto; actos percibidos como agresiones que generaron un fuerte rechazo público y mediático.

El otro candidato es José María Balcázar, congresista de Perú Libre, abogado cajamarquino y exmagistrado del Poder Judicial. Balcázar fue destituido de la Corte Suprema por inconducta funcional grave, tras anular junto a otros magistrados una resolución firme, lo que vulneró la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada. En el Parlamento también generó el rechazo de gran sector de la población por sus posturas sobre el matrimonio infantil y las relaciones sexuales tempranas, declaraciones que le valieron el rechazo del Ministerio de la Mujer y de diversos sectores sociales y políticos.

La convocatoria del pleno extraordinario del Congreso para debatir la censura del presidente José Jerí deberá esperar un poco más por fallos en la presentación del documento oficial, según lo afirmó el titular del Parlamento y candidato al senado por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.

El congresista fujimorista aseguró en su cuenta oficial de X que recibió el documento presentado por los promotores de la moción de censura, pero que de las 81 firmas enviadas, solo 29 son válidas, lo que deja en el aire la iniciativa que lo obligaría a convocar a un pleno extraordinario.

“Se ha presentado la moción para convocar a un pleno extraordinario con 81 firmas (digitales). Solo 29 son válidas. (...) Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el pleno”, indicó el congresista de Fuerza Popular

Sin embargo, durante el proceso de entrega del documento, Rospigliosi también advirtió que el congresista Luis Roberto Kamiche Morante (Alianza Para el Progreso) ha retirado su firma.

Estos son los 29 nombres de las firmas válidas según lo afirma el presidente del Congreso:

1. Maria Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre)
2. Juan Bartolome Burgos Oliveros (Podemos Perú)
3. Jose Daniel Williams Zapata (Avanza País)
4. Yessica Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País)
5. Adriana Josefina Tudela Gutierrez (Avanza País)
6. Alejandro Enrique Cavero Alva (Avanza País)
7. Luis Roberto Kamiche Morante (APP- Firma retirada)
8. Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu (APP)
9. Nieves Esmeralda Limachi Quispe (Juntos por el Perú)
10. Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (APP)
11. Roberto Enrique Chiabra Leon (APP)
12. Francis Jhasmina Paredes Castro (Podemos Perú)
13. Luis Raul Picón Quedo (Podemos Perú)
14. Magaly Rosmery Ruiz Rodriguez (APP)
15. Lady Mercedes Camones Soriano (APP)
16. Heidy Lisbeth Juarez Calle (Podemos Perú)
17. Jose Leon Luna Galvez (Podemos Perú)
18. Elva Edhit Julon Irigoin (APP)
19. German Adolfo Tacuri Valdivia (Juntos por el Perú)
20. Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú)
21. Digna Calle Lobaton (Podemos Perú)
22. Jose Maria Balcazar Zelada (Perú Libre)
23. Alejandro Soto Reyes (APP)
24. Eduardo Salhuana Cavides (APP)
25. Rosio Torres Salinas (APP)
26. Idelso Manuel Garcia Correa (APP)
27. Ariana Maybee Orúe Medina (Podemos Perú)
28. Nivardo Edgar Tello Montes (Podemos Perú)
29. Javier Rommel Padilla Romero (Honor y Democracia)

¿Qué sigue para debatir la salida de José Jerí?

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, una vez reunidas las firmas, el procedimiento se activa con la presentación formal de la solicitud. Esta solicitud debe especificar los temas a tratar y ser entregada por escrito.

El presidente del Congreso dispone entonces de hasta quince días para convocar al Pleno Extraordinario. Si el titular del Parlamento no cumple con la convocatoria en el plazo establecido, la facultad recae sucesivamente en los vicepresidentes o, en última instancia, en el Oficial Mayor del Congreso.

Durante el receso parlamentario, solo la Comisión Permanente permanece activa; sin embargo, este mecanismo obliga a reunir a los 130 congresistas para abordar exclusivamente los temas de la convocatoria.

De acuerdo al documento, el único punto en agenda son las mociones de censura contra el presidente José Jerí. Sin embargo, de acuerdo a constitucionalistas citados por el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, solo la vacancia sería la vía correcta para culminar con el mandato de José Jerí, por el cargo y porque los hechos por los que se le cuestiona son relacionados con su labor en Palacio de Gobierno.

El candidato al Senado por Fuerza Popular, Carlos Tubino, provocó este miércoles una ola de repudio tras expresar su postura sobre el aborto terapéutico, legal en el país desde hace un siglo, y minimizar los casos de violación de menores.

Durante un podcast transmitido por Latina, el exlegislador afirmó que la única solución ante el embarazo en niñas y adolescentes debe centrarse en la educación y no en la interrupción del embarazo, incluso en casos de violación, pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU considera esta negativa una forma de tortura.

“Con relación al embarazo infantil, que es un problema que lo he visto de cerca en la región Ucayali, acá tiene que haber todo un trabajo importante de educación (...) en un mundo donde hoy hay tanta competencia para conseguir un trabajo, para salir de la pobreza, con puestos de trabajo dignos, es un tema que sí se tiene que encarar, pero sobre todo con educación”, señaló.

Al consultarle sobre el aborto terapéutico, en especial cuando el riesgo de vida de las menores está en juego, Tubino ratificó su postura contraria: “No creo en el aborto por violación, porque inclusive cuando se juegan los temas de violación judicialmente, hay muchas cosas que quedan con trapo suelto por acá, trapo suelto por allá... acusaciones a veces falsas”, dijo.

Tubino cuestionó además la veracidad de las denuncias de abuso sexual en menores embarazadas. “No siempre son violaciones. A veces también son noches de placer y después se hace la denuncia de violación”, sostuvo. La conductora le subrayó entonces que las niñas legalmente no pueden consentir relaciones sexuales. “Puede suceder, he dicho”, agregó.

Solo en 2025, 993 menores de entre 0 y 14 años enfrentaron embarazos forzados; una de ellas tenía apenas 10 años. Para enero de este año, la cifra ya supera los 40 casos y, entre ellos, se reportó que al menos una niña fue obligada a convivir con su agresor.

El aspirante emitió estas declaraciones en un bloque que abordó la difusión de imágenes de menores obligadas a gestar, publicadas en las redes sociales del albergue gestionado por la congresista y pastora Milagros Jáuregui, también candidata al Senado.

En los últimos días, una serie de fotografías generó indignación al mostrar a un grupo de menores en fila frente a un escenario junto a Jáuregui, quien aparece sonriendo ante las cámaras. Varias de las niñas cargan en brazos a sus hijos, nacidos de embarazos impuestos tras la negativa al aborto legal.

Otras cubren sus rostros mientras las exponen ante el público para respaldar un discurso antiderechos. La legisladora afirmó que la actividad fue “privada” y que consistió en un evento donde se reunió el coro del refugio ‘La Casa del Padre’, que recibió en agosto de 2025 la visita de la entonces ministra de la Mujer, Ana Peña.

Posición del fujimorismo

El candidato a la segunda vicepresidencia en la fórmula presidencial de Keiko Fujimori por Fuerza Popular, Miguel Torres, ha calificado lo ocurrido como “terrible e indignante”.

“El uso de niñas violentadas cruza una línea que ninguna persona, ningún político, ningún adulto responsable debería cruzar. A las niñas no se les expone, no se les utiliza, no se les instrumentaliza para imponer visiones personales, religiosas o políticas. No se puede normalizar lo inaceptable”, declaró en un clip difundido en X.

“Me parece un poco contradictorio, porque las mismas personas que quieren cerrar el despacho de Jerí quieren sacarlo de la presidencia, con lo cual él volvería al Congreso. Entonces, quieren sacarlo de la presidencia de la República y retornarlo al Congreso y a la vez quieren cerrar el despacho del Congreso”, cuestionó el titular del Legislativo.

Mencionó que el cargo de legislador es irrenunciable y aseguró que la única forma de que se deje de destinar recursos para personal de su oficina es que el mismo funcionario lo solicite. “A menos que el señor Jerí saque a sus trabajadores, nosotros no podemos hacerlo, porque él sigue siendo congresista a pesar de que ocupa la presidencia de la República”, sentenció.

Desde que asumió la Presidencia de la República en octubre pasado, Jerí mantiene una estructura administrativa que abarca tres frentes: su despacho en la Casa de Pizarro, la oficina de la presidencia del Congreso y su oficina parlamentaria en el edificio Roberto Ramírez del Villar. En conjunto, el mandatario tiene bajo su coordinación a más de 30 personas distribuidas en estos espacios, lo que genera cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la legitimidad de su permanencia en el Legislativo.

De acuerdo a medios como El Comercio y Contra corriente, el Poder Legislativo destina un gasto mensual de S/90,433 en salarios para cuatro asesores, tres técnicos y una auxiliar. Es decir, desde octubre, mes en el que se mudó a Palacio, se desembolsó S/361,732 en sueldos para este equipo. Entre los trabajadores figura Ana Li Sotelo, técnica de la Presidencia del Congreso, hermana de la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, y candidata a diputada por Lima. Su sueldo asciende a S/8,677, mientras que otros integrantes, como Úrsula Tataje Córdova y Marco Murrueta Ostos, perciben S/15,570 y S/12,763 respectivamente.

De los ocho trabajadores asignados a dicha oficina, seis son militantes de Somos Perú, el partido que llevó a Jerí al Parlamento como accesitario tras la inhabilitación de Martín Vizcarra. Fuentes legislativas señalaron que varios de estos empleados coordinan actualmente con Rospigliosi, aunque el presidente del Congreso ha preferido mantener como núcleo principal a su propio personal de confianza. Los cinco colaboradores restantes responderían directamente a Jerí y cumplirían funciones por encargo.

Los cuestionamientos hacia el manejo administrativo y la presencia de funcionarios ligados a Somos Perú es mayor al corroborarse que, desde que Jerí asumió la presidencia de la República, la producción legislativa de su despacho es prácticamente nula: entre el 15 de octubre y la fecha, no se presentó ningún proyecto de ley. Durante este periodo, los asesores del mandatario cobraron S/192,000, lo que eleva el desembolso total del Estado peruano a S/553,732 por ambas oficinas, sin considerar gratificaciones ni bonos adicionales.

La desaprobación ciudadana hacia las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP) y Somos Perú alcanzan a superar el 90 % a solo dos meses de las elecciones generales de 2026 en Perú. Ninguna de las principales agrupaciones parlamentarias supera el 30 % de respaldo, mientras la desconfianza se amplía sobre el Congreso, una mala imagen que también alcanza a Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular y actual presidente del Congreso.

Según la más reciente encuesta de la consultora peruana Imasen, difundida por el diario La República, APP encabeza el rechazo con un 94,2 % de desaprobación y solo 1,1 % de apoyo.

Por otro lado, Somos Perú, partido del presidente interino José Jerí, le sigue con 87 % de rechazo y apenas 3 % de aprobación, mientras Fuerza Popular alcanza 82,1 % de desaprobación frente a 12,9 % de respaldo.

Aunque Renovación Popular registra un nivel de rechazo menor al resto de las bancadas evaluadas, sus cifras siguen siendo negativas con un 64,2 % de desaprobación y 28,7 % de aprobación. Todas las agrupaciones sufren el impacto de un rechazo generalizado y la falta de respaldo ciudadano.

Bancadas impopulares no apoyan mociones contra José Jerí

Hasta ahora las bancadas de APP, Fuerza Popular y Somos Perú han evitado respaldar mociones de censura o vacancia contra el mandatario, pese a investigaciones abiertas por el Ministerio Público en contra del presidente Jerí por presunto tráfico de influencias en el caso ‘Chifagate’ de reuniones no declaradas con empresarios chinos.

El rechazo al Congreso también crece a escala nacional. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la desaprobación aumentó de 82,1 % a 88,5 %, mientras la aprobación cayó a 9,1 %. Por regiones, el sur lidera con 93,2 % de rechazo en enero, frente a 81,2 % en noviembre. En Lima y Callao, la desaprobación subió de 81,5 % a 87 %, mientras el respaldo se ubicó en 12 %. El norte muestra 91,1 % de rechazo y 8,1 % de aprobación; el centro alcanza 80,2 % de desaprobación, y el oriente se mantiene cerca del 80 %, con un respaldo inferior al 8 %.

La figura del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, también enfrenta un marcado rechazo. Su desaprobación nacional pasó de 62,7 % en noviembre a 70,5 % en enero, mientras la aprobación descendió de 27,6 % a 23,9 %. En Lima y Callao, el respaldo es el más elevado con 33,5 %, pero en el norte baja a 18,8 %, en el sur a 15,1 %, el centro registra 61,3 % de desaprobación y el oriente llega al 70,9 %.

Fernando Rospigliosi rechaza mociones de vacancia

La controversia se intensificó cuando Rospigliosi elevó su discurso contra el Poder Judicial, luego de que una sala penal decidiera no aplicar la prescripción en casos de delitos de lesa humanidad. El titular del Congreso amenazó con “barrer” con la institución judicial, lo que originó un rechazo institucional de la Sala Plena de la Corte Suprema, que defendió la independencia judicial y alertó sobre posibles consecuencias para la ciudadanía.

Simultáneamente, Rospigliosi se ha posicionado como principal defensor del presidente interino, minimizando la polémica por las reuniones irregulares y calificando de “absurda” cualquier tentativa de censura contra Jerí antes de las elecciones.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado por el legislador Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular y dejó firme la decisión que lo sanciona por vulnerar el principio de neutralidad electoral, tras el uso de símbolos partidarios en actividades oficiales difundidas en redes sociales, en el marco de las elecciones generales de 2026.

La resolución ratifica lo dispuesto previamente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque, que el 11 de diciembre de 2025 determinó que Alejandro Aguinaga incurrió en una infracción a la normativa electoral vigente. El caso fue evaluado en audiencia pública virtual el 28 de enero y posteriormente debatido y votado en sesión privada del Pleno del JNE.

Difusión de campañas médicas con símbolos partidarios

De acuerdo con el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, el congresista utilizó su cuenta de Facebook para difundir campañas médicas gratuitas realizadas el 31 de octubre y el 13 de noviembre de 2025. Estas actividades se llevaron a cabo durante la semana de representación parlamentaria, periodo en el que los legisladores cumplen funciones oficiales financiadas con recursos públicos.

En las publicaciones fiscalizadas se observaron banners del despacho congresal que incluían el símbolo del partido Fuerza Popular, así como otros elementos visuales asociados a dicha organización política. Para el JNE, esta conducta configura una vulneración al principio de neutralidad, al tratarse de actividades oficiales desarrolladas en el contexto del proceso electoral.

La evaluación del JEE y el JNE

El procedimiento fue iniciado por el Jurado Electoral Especial de Lambayeque tras un informe de fiscalización electoral que detectó la difusión del contenido en redes sociales. En su análisis, el JEE concluyó que la exhibición de símbolos partidarios en actividades propias de la función congresal contraviene las reglas de neutralidad establecidas en la normativa electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó este criterio y precisó que, durante la semana de representación, los congresistas no pueden utilizar colores, emblemas ni mensajes de carácter político-partidario, independientemente de que exista o no una intención proselitista expresa.

Recurso de apelación declarado infundado

En su recurso de apelación, Alejandro Aguinaga sostuvo que las campañas médicas formaban parte de su labor de representación y que no buscaban promover a su partido político. También alegó presuntas deficiencias en la notificación del procedimiento y falta de motivación en la resolución emitida por el JEE de Lambayeque.

Sin embargo, el JNE determinó que la notificación se realizó conforme a ley y que la resolución cuestionada expone de manera clara los hechos, la normativa aplicable y la infracción cometida. Por ello, declaró infundado el recurso y dejó firme la sanción impuesta.

Con esta decisión, el expediente será remitido nuevamente al Jurado Electoral Especial de Lambayeque para que continúe con el trámite correspondiente. Las notificaciones se realizarán a través de la casilla electrónica del Jurado Nacional de Elecciones.

Normativa electoral aplicada

El caso fue resuelto en aplicación del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. Según esta normativa, los funcionarios públicos deben mantener una conducta neutral durante los procesos electorales, evitando cualquier acción que pueda favorecer o perjudicar a una organización política.

El Jurado Nacional de Elecciones subrayó que el respeto al principio de neutralidad es una garantía para la equidad en la competencia electoral y para la correcta utilización de los recursos públicos.

¿Quién es Alejandro Aguinaga?

Alejandro Aguinaga Recuenco es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de especialización en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Unidad de Estrasburgo, en Francia. Inició su carrera política en 1994, cuando fue designado viceministro de Salud durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, y posteriormente se desempeñó como ministro de Salud entre 1999 y 2000.

Ha sido elegido congresista en tres periodos legislativos (2006-2011, 2011-2016 y 2021-2026) y actualmente preside la Comisión Especial de Seguimiento de las Políticas de Lucha contra el Cáncer. Es conocido también por haber sido el médico de cabecera y uno de los defensores más cercanos de Alberto Fujimori.

Aguinaga enfrenta investigaciones vinculadas al caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen fujimorista, proceso que ha atravesado anulaciones y retrocesos judiciales. Asimismo, fue cuestionado por su participación en el escándalo del “Vacunagate” en 2021 y por su voto a favor de iniciativas legislativas que han sido criticadas por limitar la persecución de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

Actualmente, el congresista postula al Senado de la República por Fuerza Popular, en un escenario marcado por cuestionamientos legales y ahora por una infracción electoral confirmada por el máximo organismo del sistema electoral.

El pedido que plantea la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir las diversas mociones de vacancia y censura presentadas contra el presidente interino José Jerí ya alcanzó las 56 firmas.

Para que el pedido, impulsado por Renovación Popular y la congresista no agrupada Flor Pablo, sea admitido por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, son necesarias 78 firmas.

La congresista Ruth Luque alertó que el titular del Parlamento se niega a convocar al pleno para evitar que se discuta una eventual vacancia o censura contra José Jerí. Incluso, recordó que Rospigliosi pidió asesoría legal para consultar cuál es el procedimiento que corresponde, dado que Jerí es el presidente del Congreso que asumió como jefe de Estado interino tras la vacancia de Dina Boluarte.

“Rospigliosi busca que las mociones de censura contra Jeri no se debatan y pretende con sus ‘asesores legales’ decir que corresponde una vacancia, así mantener a Jeri. El pedido de pleno extraordinario sigue en marcha, ya van más de 53 firmas”, señaló la parlamentaria.

Lo cierto es que Rospigliosi ha señalado, como posición personal, que no respalda la censura ni una eventual vacancia de José Jerí, teniendo en cuenta los pocos meses que quedan antes del cambio de gobierno y el proceso electoral.

Fuerza Popular y APP no respaldan un nuevo cambio de gobierno

Dos de las bancadas con las que Jerí compartió la Mesa Directiva, Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP), tampoco respaldan un nuevo cambio de gobierno.

En el caso de Fuerza Popular, la postura del partido y de la bancada es apostar por la “institucionalidad” del país y advertir sobre las consecuencias que tendría un nuevo cambio de gobierno en un contexto electoral. Sin embargo, en una última entrevista, Keiko Fujimori, lideresa del partido, puso en duda su continuidad y señaló que la agrupación le retirará el respaldo en caso aparezca evidencia de algún delito en flagrancia.

Alianza Para el Progreso y las señales ambiguas

En el caso de Alianza Para el Progreso, su líder, César Acuña, aclaró que fueron los primeros en pedir la renuncia de Jerí, pero que este ignoró dicha solicitud. “Tengo mala suerte”, exclamó.

Asimismo, pese a que la posición del partido es un cambio de mandato, Acuña indicó que los congresistas de la bancada no tienen mandato imperativo. Por su parte, los parlamentarios de APP, aunque han cuestionado la actitud de José Jerí, tampoco han dado muestras claras de respaldar el pleno extraordinario.

El respaldo de la izquierda y congresistas no agrupados

Las firmas que aparecen en el pedido del pleno extraordinario provienen, en su mayoría, de bancadas de izquierda y de congresistas no agrupados. Recientemente, el número se incrementó tras el respaldo de Avanza País.

José Williams, congresista y candidato a la presidencia por ese partido, indicó que el apoyo de la agrupación se debe a que los últimos cuestionamientos contra José Jerí no lo convierten en la persona idónea para dirigir el país en medio del proceso electoral y garantizar una transición ordenada.

Perú Libre y Podemos Perú: posiciones dispares

En el caso de Perú Libre, se inició con la recolección de firmas para una censura, aunque el motivo central fue la privatización de Petroperú y el respaldo del Ejecutivo a una eventual intervención militar en Venezuela.

Por su parte, en Podemos Perú, la atención parece estar centrada en la campaña política y en los enfrentamientos con Renovación Popular, ya que solo la firma del congresista Juan Burgos figura en el documento del pedido de pleno extraordinario.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió una investigación preliminar contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto enriquecimiento ilícito.

Según reportó el periodista César Prado para La Contra, se trata de una investigación relacionada a la entrega de 3.6 millones de dólares en efectivo por parte de Dionisio Romero, expresidente del Banco de Crédito del Perú (BCP), a Fujimori entre noviembre de 2010 y mayo de 2011

Si bien el ingreso de dinero entregado por Romero a la campaña fujimorista de 2011 fue investigado en el archivado Caso Cócteles, la nueva investigación está dirigida al patrimonio de la lideresa de Fuerza Popular.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Fujimori, quien para ese momento era congresista de la República, tenía que reportar sus ingresos, bienes y rentas en su declaración jurada ante Contraloría. Sin embargo, de la revisión de estos documentos, no se acredita algún cambio significativo a pesar de que se le entregó 3.6 millones de dólares en efectivo.

En su declaración de 2010, Fujimori declaró 117.500 soles en bienes y 513.872 soles en el rubro “Otros”, incluidas cuentas bancarias. Para 2011 declaró lo mismo en bienes y solo 90 mil soles más en el rubro “Otros”.

“No aparece en ningún extremo de la suma USD 3,65 millones; pese a que entre los meses de noviembre y diciembre de 2010, el empresario Dionisio Romero Paoletti habría dispuesto de efectivo del Banco de Crédito del Perú (BCP) para transferir la suma de USD 700,000 a Keiko Sofía Fujimori Higuchi”, se lee en un extracto de la disposición fiscal.

En el 2011, dice la Fiscalía, Romero completo los 2.950.000 millones de dólares restantes, pero no hubo cambio considerable en su declaración de ingresos, bienes y rentas.

De acuerdo con la disposición fiscal, la investigación ha sido catalogada como compleja y se fijó un plazo inicial de 8 meses.

“Perderá por cuarta vez”

César Hildebrandt lanzó fuertes críticas contra Keiko Fujimori tras su reciente entrevista con la periodista Milagros Leiva, en la que la candidata de Fuerza Popular negó el autoritarismo del régimen de su padre. El periodista calificó de “amenazas” los comentarios de Fujimori hacia el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez y cuestionó que se presentara como “víctima de la justicia” y “mártir de una persecución” mediática.

En su pódcast, el director de Hildebrandt en sus trece subrayó que la actuación de Pérez se basó en pruebas contundentes: “demostró en más de seis mil páginas que Fuerza Popular recibió millones de dólares en negro y no dio cuenta de ellos ni ante la ONPE ni ante sus militantes”. Además, Hildebrandt expresó que la intención de Keiko Fujimori de disputar la presidencia por cuarta vez está marcada por el rechazo popular. “Usted va a perder por cuarta vez. Y no porque haya gente que la odie, sino porque hay gente que le teme. Teme que usted sea el vivo, inexorable y exacto retrato de su padre”, manifestó.

Hildebrandt también criticó la narrativa de la candidata, quien sostuvo que el expresidente Alberto Fujimori permaneció “secuestrado” durante su condena de veinticinco años de prisión por crímenes contra la humanidad y corrupción, al señalar: “No, señora Keiko, su papito secuestró al país durante diez años. Su papito fue encarcelado porque se demostró que mandó matar y que robó y permitió el saqueo cuantioso de caudales públicos”.

La criminalidad no estalló en 2017. Pese a que Keiko Fujimori aseguró que ese año marcó el inicio de una “explosión” del delito en el país, las estadísticas oficiales y el análisis de especialistas en seguridad pública muestran un escenario distinto: ni los homicidios ni la victimización registraron un salto abrupto en ese periodo. Por el contrario, varios indicadores evidencian estabilidad e incluso una reducción en algunos delitos.

El domingo 25 de enero, durante su participación en el programa Fuego Cruzado de ATV, la candidata presidencial por Fuerza Popular sostuvo:

“Si es que vemos la estadística de la criminalidad, la criminalidad explotó en el año 2017 con la apertura de las fronteras. Y el descontrol en ese momento es cuando llegó”.

Con la expresión “apertura de las fronteras”, Fujimori aludió al ingreso de población migrante venezolana al país. Sin embargo, las cifras oficiales no respaldan que 2017 haya sido un punto de inflexión en el aumento de la criminalidad.

¿Qué dicen las cifras sobre la criminalidad?

Según explicó a PerúCheck Noam López, investigador especializado en seguridad ciudadana, existen dos indicadores que permiten medir de manera consistente la criminalidad en el Perú: la tasa de homicidios y la encuesta de victimización. Otras estadísticas, como las denuncias policiales, presentan altos niveles de subregistro y no reflejan con precisión la magnitud real del delito.

De acuerdo con la encuesta de victimización, en 2017 el porcentaje de personas que reportó haber sido víctima de algún delito descendió, pasando de 29 % en 2016 a 26 % en 2017, es decir, una reducción de tres puntos porcentuales. Lejos de una “explosión”, el dato muestra una caída en la percepción y experiencia directa de delitos.

La tendencia ascendente recién aparece varios años después. Los registros indican que la victimización comienza a incrementarse a partir de 2022, no en 2017.

Homicidios: sin salto abrupto en 2017

Los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) refuerzan esta conclusión. La tasa de homicidios —medida como muertes dolosas por cada 100 mil habitantes— pasó de 7.7 en 2016 a 7.8 en 2017, un aumento marginal de apenas 0.1 puntos, equivalente a 53 muertes más en todo el país.

En comparación, entre 2014 y 2016 la tasa de homicidios aumentó en 0.5 puntos, un crecimiento mayor al observado en 2017. Tras ese año, las cifras incluso muestran una tendencia a la baja, alcanzando su nivel más bajo en 2020, con una tasa de 5.8 durante la pandemia de la Covid-19.

La posición de los especialistas

Ricardo Valdés, exministro del Interior, explicó al citado medio que alrededor de 2016 y 2017 la criminalidad no se disparó, sino que mostró una reducción sostenida:

“A partir de 2016, 2017, empieza a producirse una disminución de la victimización que se ha sostenido. Recién a partir del año 2021 se produce un incremento”.

En la misma línea, Noam López sostuvo que, al revisar los datos entre 2013 y 2020, no se observa una variación abrupta o vertiginosa en la criminalidad. Por ello, concluyó que la afirmación de Keiko Fujimori “no tiene respaldo estricto en los datos”.

El aumento de denuncias no prueba una explosión del delito

Es cierto que las denuncias policiales registraron un incremento en 2017. Ese año se contabilizaron alrededor de 400 mil denuncias, un 12 % más que en 2016. No obstante, este indicador no mide adecuadamente la criminalidad debido al subregistro.

López ilustró esta limitación con un ejemplo concreto: mientras Osiptel estima que se roban aproximadamente 1.7 millones de celulares al año, el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) apenas registra unos 65 mil casos en ocho años, lo que representa solo el 0.5 % del total estimado.

Criminalidad, migración y discurso político

La afirmación de Keiko Fujimori se suma a una narrativa recurrente en el contexto electoral. La mencionada publicación advirtió anteriormente que otros candidatos también han difundido datos falsos sobre la supuesta presencia masiva de “delincuentes venezolanos” en el país.

En 2016, Ngaire Woods, profesora de gobernanza económica global en la Universidad de Oxford, advirtió que en periodos electorales la xenofobia suele ser utilizada como una herramienta política para canalizar el miedo y la frustración ciudadana hacia réditos electorales rápidos.

En ese sentido, la criminalidad no “explotó” en 2017, como afirmó Keiko Fujimori. Los datos oficiales de homicidios y victimización muestran que ese año no representó un quiebre en la tendencia delictiva y, en algunos casos, evidenció una reducción. Los especialistas consultados coinciden en que el incremento significativo de la criminalidad se produce recién a partir de 2021. Por estas razones, PerúCheck calificó la afirmación de la candidata como falsa.

El tema surgió a partir de una pregunta formulada por el exgobernador Mesías Guevara, a quien Fujimori respondió recordando su postura luego de perder los comicios frente a Kuczynski. “Felizmente, Milagros, usted ha mostrado la imagen de la conferencia de prensa donde reconozco los resultados, eh, de la contienda del año 2016 y en la que señalo Fuerza Popular será oposición”, afirmó. En ese contexto, subrayó que, a diferencia de lo ocurrido tras las elecciones de 2021, no impulsó denuncias ni pedidos de nulidad.

El rol del fujimorismo durante el gobierno de PPK

Fujimori insistió en que su partido actuó dentro del marco democrático y recordó que Fuerza Popular respaldó decisiones clave del Ejecutivo. Según señaló, las votaciones a favor del voto de confianza, la ley de presupuesto y la delegación de facultades legislativas evidencian que existió una voluntad política de contribuir a la gobernabilidad.

Sin embargo, olvidó mencionar el pedido de censura que su bancada impulsó en contra del minsitro de Educación, Jaime Saavedra, hecho que marcó el punto de quiebre en las fricciones entre el Congreso y el Ejecutivo.

En ese sentido, reconoció que el escenario de confrontación terminó imponiéndose. “Pero nos faltó más diálogo, sin duda”, admitió. En esa línea, sostuvo que la crisis fue el resultado de errores compartidos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no de una estrategia deliberada de su bancada. “Yo le quiero señalar al señor, este, Mesías Guevara, que la crisis política no la puede generar solamente un partido”, afirmó.

Autocrítica y el mensaje de diálogo hacia el futuro

La excandidata presidencial aseguró que esa experiencia dejó lecciones que hoy marcan su discurso político. Según explicó, su campaña actual busca diferenciarse del pasado y evitar la confrontación. “Y es por eso que yo en esta campaña, y lo hemos aprendido ya desde hace varios años, eh, no vamos a pisar el palito de insultar. Y lo que hemos logrado, sí, es siempre tender puentes. Y a través del diálogo se logran muchas cosas”, remarcó.

Al ser consultada sobre su relación con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Fujimori reconoció que, pese a los intentos de acercamiento, el entendimiento no fue suficiente. “Por supuesto. Eh, enviamos en su momento a Cecilia Chacón, Pepe Chlimper también estuvo con Fernando Zavala en varias oportunidades, pero sí, faltó diálogo de, de ambas partes”, señaló.

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular deslizó que las figuras más confrontacionales ya no forman parte de su entorno político, aunque evitó dar nombres. “Yo quiero decir que las personas que en su momento, eh, fueron o utilizaron adjetivos muy fuertes, hoy no están en Fuerza Popular”, concluyó, dejando en manos de la ciudadanía sacar sus propias conclusiones sobre ese periodo de la política peruana.

En entrevista con Milagros Leiva, la lideresa fujimorista explicó el motivo de su sonrisa cuando era escoltada por la Policía, una imagen que generó amplio debate público.

Según relató, al asistir a las audiencias de prisión preventiva tenía la sensación de que el Poder Judicial ordenaría su encarcelamiento, por lo que decidió preparar emocionalmente a sus hijas ante esa posibilidad. En ese contexto, su mayor preocupación era que Kyara y Kaori Villanella la percibieran serena y sin miedo.

Por ello, contó que, tras conocerse la decisión judicial, optó por sonreír frente a las cámaras. “Yo solamente me enfoqué en cómo quiero que mis hijas me vean para que estén tranquilas y sepan que no me van a matar, que ese era el miedo principal de Kaori. Y entonces, cuando yo veo a las cámaras, digo, este es mi momento de demostrarle a mis hijas que estoy bien y que soy fuerte. Y por eso sonrío. Sonrío a las cámaras para ellas”, recordó.

Las reacciones tras su sonrisa

La escena no pasó desapercibida y desató una ola de comentarios y cuestionamientos. Más tarde, cuando pudo conversar con su abogada, Giulliana Loza, fue advertida sobre la controversia que había provocado su gesto.

“Claro, ya después llegó Giulliana Loza y me dijo que están diciendo barbaridades de tu sonrisa”, relató Fujimori.

Frente a esa advertencia, la excandidata presidencial aseguró que no le dio importancia a las críticas y dejó en claro el sentido de su mensaje. “A mí no me importa. No aclares nada. Mi mensaje ha sido enviado solo para mis hijas”, respondió.

Keiko Fujimori y sus tres ingresos a la cárcel

Keiko Fujimori pasó por la cárcel en tres ocasiones como parte de las investigaciones del llamado caso Cócteles, un proceso que marcó su trayectoria política durante varios años y que estuvo relacionado con los presuntos aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

El primer episodio ocurrió el 10 de octubre de 2018. Ese día, Fujimori fue detenida dentro de la sede del Ministerio Público por disposición judicial. La medida fue de carácter preliminar y se prolongó por ocho días. Tiempo después, el Tribunal Constitucional concluyó que esta detención no estuvo debidamente sustentada y la declaró inconstitucional.

A finales de ese mismo mes, el 31 de octubre de 2018, la situación se agravó. El Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por un periodo de 36 meses. Keiko Fujimori fue trasladada al penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde permaneció recluida más de un año. El 29 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional dispuso su liberación al considerar que la medida vulneró su derecho a la libertad personal.

El tercer ingreso a prisión se produjo el 28 de enero de 2020, cuando se dictó una nueva orden de prisión preventiva, esta vez por 15 meses. Fujimori permaneció privada de su libertad cerca de tres meses y medio, hasta el 5 de mayo de ese año, cuando una sala de apelaciones revocó la decisión y ordenó que continúe el proceso bajo comparecencia.

En total, la lideresa de Fuerza Popular estuvo encarcelada alrededor de 16 meses y medio. Con el paso del tiempo, ninguna de las medidas que la mantuvieron en prisión fue confirmada por instancias superiores. Por el contrario, el Tribunal Constitucional determinó que existieron excesos y falta de proporcionalidad en las decisiones judiciales.

Con una sentencia emitida en octubre de 2025, el máximo intérprete de la Constitución concluyó que las detenciones y prisiones preventivas impuestas a Keiko Fujimori vulneraron sus derechos fundamentales, cerrando así uno de los capítulos más polémicos del proceso judicial que se extendió por más de siete años.