La segunda jornada del debate municipal por Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tuvo uno de sus cruces más tensos entre Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular. El intercambio estuvo marcado por cuestionamientos sobre la gestión municipal, la atención a las zonas periféricas y los integrantes de las listas de candidatos. El encuentro se realizó este martes 22 de septiembre en la Biblioteca Nacional del Perú.

Durante el debate, Daza cuestionó a López Aliaga por asuntos vinculados a la seguridad y a su gestión al frente de la Municipalidad de Lima, mientras que el representante de Renovación Popular respondió defendiendo sus acciones y planteando propuestas para ampliar los recursos destinados a la capital. Ambos también protagonizaron un intercambio sobre la atención a los sectores con menos recursos.

Samuel Daza cuestiona a López Aliaga por candidatos de Renovación Popular

Uno de los momentos de mayor confrontación ocurrió cuando Samuel Daza cuestionó a Rafael López Aliaga por una información sobre integrantes de la lista de Renovación Popular. “Rafael, realmente admiro la capacidad que tienes para mentir”, sostuvo el candidato de Fuerza Popular antes de preguntarle si su organización llevaba “ciento diez candidatos sentenciados o con antecedentes por violación, homicidio y narcotráfico”.

López Aliaga respondió que el sistema del Jurado Nacional de Elecciones les había presentado la lista sin esos antecedentes y señaló que, posteriormente, había decidido suspender la militancia de las 110 personas mencionadas. El representante de Renovación Popular indicó que continuaría con sus propuestas para Lima y mencionó proyectos como escaleras, losas deportivas y la entrega de agua de emergencia.

Daza replicó que los candidatos cuestionados continuaban en carrera y sostuvo: “Rafael, no te metas con mi partido. Tus candidatos siguen en carrera, por si acaso, así que próximamente podríamos tener un alcalde violador, un asesino, traficante”. También cuestionó anteriores declaraciones de López Aliaga sobre su participación política y afirmó: “Nos dijiste: ‘Lima, potencia mundial’, y somos Lima, potencia de tráfico”.

Cruce por la atención a los sectores periféricos

En otro momento del debate, López Aliaga cuestionó a Daza por las propuestas que había presentado y preguntó qué plantearía para incrementar los ingresos de Lima mediante recursos propios y canon aduanero. El representante de Renovación Popular sostuvo que su gestión se había preocupado por llevar alimentos a ollas comunes, comedores populares y vasos de leche.

Daza respondió que los recursos deberían provenir de una mayor participación del Gobierno nacional y mencionó proyectos de transporte que, según planteó, beneficiarían a distintos sectores de la capital. En ese contexto, volvió a cuestionar la atención que, según su versión, recibió la llamada “Lima invisible”, expresión con la que se refirió a zonas periféricas y de menores ingresos.

El candidato de Fuerza Popular recordó además su relación previa con López Aliaga cuando ambos participaron en actividades municipales. Afirmó que esperaba recibir apoyo durante su etapa como alcalde y aseguró que los sectores de Carabayllo, Independencia, Chosica, Ñaña y otros lugares no habían recibido la atención que necesitaban.

Daza acusa abandono y López Aliaga defiende su gestión

Durante la réplica, Daza sostuvo que López Aliaga había concentrado recursos en determinados distritos y afirmó que otras zonas de Lima quedaron relegadas. Como ejemplo, mencionó la plaza central de Ancón y aseguró que el entonces alcalde le había prometido recursos que finalmente no llegaron.

López Aliaga, por su parte, defendió su gestión y señaló que buscaba duplicar los ingresos municipales mediante recursos propios y canon aduanero. También planteó continuar con obras en zonas emergentes de Lima y sostuvo que su propuesta incluía agua de emergencia para toda la ciudad.

El intercambio terminó con nuevas referencias a la seguridad, la gestión municipal y la situación de Lima. La segunda jornada reunió a 13 representantes de organizaciones políticas y se desarrolló bajo una dinámica que incluyó presentación de propuestas, cruces entre candidatos, preguntas ciudadanas y mensajes finales. El JNE estableció que el proceso electoral municipal se realizará el 4 de octubre.

Samuel Daza Taype, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, utilizó parte de su presentación durante el debate municipal de este martes 22 de septiembre para interpretar algunos versos de “Soy Provinciano”, conocida canción de Lorenzo Palacios Quispe, Chacalón. El postulante vinculó la letra con la historia de sus padres y con las dificultades que, según señaló, afrontan sectores de la capital.

Antes de desarrollar su mensaje sobre transporte y su experiencia profesional, Daza recordó que su familia llegó a Lima desde Huánuco y Huancavelica y que se instaló en la tercera zona de Collique. Su intervención también estuvo marcada por una referencia a las carencias que, desde su perspectiva, persisten en distintos barrios de la ciudad.

Daza abrió su intervención con una canción de Chacalón

“Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos, ay, ay, ay, ay, a trabajar”, cantó Daza al inicio de su participación. Luego de esos versos, trasladó el contenido de la canción a su propia historia familiar y sostuvo que sus padres arribaron a Lima durante los años sesenta.

El candidato contó que su padre llegó desde Huánuco, específicamente desde Yate, mientras que su madre procedía de Huancavelica. Ambos, explicó, llegaron buscando oportunidades y terminaron en la tercera zona de Collique. Daza utilizó ese relato para referirse a una población que, según su planteamiento, continúa esperando mejoras en sus condiciones de vida.

“Somos esa Lima invisible que nadie ve”

Tras recordar sus orígenes familiares, Daza cuestionó las condiciones que encontró en los sectores populares de la capital. Mencionó la informalidad, la falta de parques en distintos puntos y las carencias que afectan a los vecinos, para luego afirmar: “Somos esa Lima invisible que nadie ve”.

El postulante de Fuerza Popular sostuvo que esas dificultades explican parte de su decisión de participar en la contienda municipal. “Esos sueños nunca llegan porque los que menos tenemos siempre hemos sido ignorados”, afirmó durante su presentación. Su discurso estuvo centrado en la situación de quienes, según dijo, no han recibido respuestas suficientes a sus necesidades.

Su experiencia profesional y propuesta sobre el transporte

Daza también dedicó parte de su tiempo a presentar su trayectoria académica. Se identificó como ingeniero de transportes y señaló que cursó estudios de maestría en esta especialidad en instituciones de España y Perú. Entre ellas mencionó la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica Pablo de Olavide, además de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Antonio Orego de Trujillo.

El candidato sostuvo que su formación le permite plantear soluciones para uno de los principales problemas de Lima: el tráfico. “Soy experto en transportes y tengo la solución para el problema del tráfico”, manifestó durante el debate. También indicó que es padre de Valentino, de 14 años, y de Luciana, y vinculó su participación electoral con la expectativa de que la ciudad experimente cambios.

Segunda jornada reunió a 13 candidatos

La intervención de Daza ocurrió durante la segunda jornada del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El organismo electoral programó para este martes la participación de otros 13 postulantes a la Alcaldía de Lima, después de una primera jornada realizada el lunes 21 de septiembre.

El encuentro se desarrolla en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, y contempla bloques de presentación, interacción entre candidatos, preguntas ciudadanas, respuestas directas y un mensaje final. Daza fue incluido además en distintos cruces definidos previamente mediante sorteo, entre ellos uno con el representante de Renovación Popular.

Daza figura entre los candidatos medidos por Datum

La participación del postulante de Fuerza Popular se produce a menos de dos semanas de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. En un simulacro de votación de Datum difundido por Cuarto Poder, Daza registró 7,1% de votos válidos y 6,2% considerando el total de votos emitidos.

El estudio fue realizado entre 1.700 electores de Lima y Callao, mediante entrevistas presenciales en hogares entre el 6 y el 12 de septiembre. El simulacro consignó un margen de error de 2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95%. En esa medición también aparecieron otros postulantes que participan en la contienda por Lima.

Al finalizar su presentación, Daza hizo referencia al 4 de octubre como la fecha en la que, según expresó, espera que se produzcan cambios en la capital. Su intervención concluyó inmediatamente después de que el moderador le comunicara que su tiempo había terminado.

El sondeo muestra que el respaldo a la presidenta pasó de 60 % en agosto a 42 % en septiembre, mientras que su desaprobación aumentó de 24 % a 44 %. De esta manera, por primera vez en esta medición, el rechazo a la gestión presidencial supera al nivel de aprobación.

Las cifras también fueron comentadas por el ministro de Salud, Luis Dyer, quien fue consultado por Canal N a su salida del Congreso. El integrante del gabinete señaló que los resultados son “la foto Kodak del momento” y, ante la pregunta sobre si le preocupaba la caída, respondió que lo importante era continuar avanzando con el trabajo del Gobierno.

Diputado Alegría considera que las cifras requieren “atención”

Alegría sostuvo que el resultado de Datum debe ser tomado en cuenta por el oficialismo y vinculó la caída de aprobación con la necesidad de fortalecer la comunicación con la población. “Evidentemente es un llamado, creo que de atención”, declaró a Canal N al ser consultado por el descenso de 18 puntos.

El diputado consideró que uno de los elementos que genera malestar ciudadano es la discusión entre el Ejecutivo y el Congreso. En ese sentido, mencionó el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno y cuestionó que su debate haya sido derivado a doce comisiones y acumule sucesivas postergaciones.

“Creo que lo que quiere la ciudadanía es que hagamos todos los esfuerzos mayores para construir un consenso”, sostuvo Alegría. Su planteamiento apunta a que ambas instancias del Estado reduzcan las diferencias que retrasan la discusión de las medidas solicitadas por el Gobierno.

El legislador también reconoció una posible autocrítica dentro de Fuerza Popular. Señaló que la bancada podría enfocarse en “tender los puentes” y acercarse a partidos políticos que mantienen posiciones distintas, con el objetivo de construir consensos que permitan avanzar con las facultades solicitadas.

Ministro de Salud califica los resultados como una “fotografía” del momento

El ministro de Salud, Luis Dyer, fue consultado por Canal N sobre la caída de la aprobación de Keiko Fujimori mientras se retiraba del Congreso, donde participó en una sesión de la Comisión de Salud.

“Bueno, al final son cifras, son la foto Kodak del momento”, respondió el ministro al ser preguntado por las cifras de Datum. Ante la consulta de si el resultado le preocupaba, Dyer respondió que lo importante era continuar avanzando con el trabajo del Gobierno.

El titular de Salud también se refirió a la labor desarrollada durante su presentación ante la comisión. Indicó que expuso las propuestas de su sector para el corto, mediano y largo plazo y que recibió preguntas de los senadores que deberán ser atendidas dentro de los plazos establecidos.

La encuesta de Datum Internacional fue realizada entre el 11 y el 15 de septiembre a 1.204 personas mediante entrevistas presenciales en sus hogares. El estudio considera a hombres y mujeres de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos y registra un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales.

“Peor de lo que pensé. No tenía ninguna expectativa, pero no era muy consciente de la ineptitud que iba a demostrar. Sobre todo con tanto tiempo estando ahí, ahí”, declaró Cáceres al ser consultado sobre su opinión respecto a la gestión de la mandataria.

El actor cuestionó la falta de un plan de gobierno tras cuatro postulaciones

Lucho Cáceres dirigió parte de sus críticas al historial de Keiko Fujimori como candidata presidencial, tras cuatro postulaciones previas a la Presidencia del Perú. El actor sostuvo que la trayectoria de la mandataria en anteriores procesos electorales debió traducirse en una gestión más sólida una vez en el poder.

“Tanto tiempo ahí ahí, una vez que llegaste ahí, pensé que tenías un plan”, manifestó el actor durante la entrevista. “Es evidente que no lo tiene”, agregó de inmediato, en referencia a la ausencia de un rumbo claro en las primeras acciones del Gobierno.

Las declaraciones se dieron en el marco de una conversación más amplia sobre ‘Álbum de familia’, la película que Cáceres protagoniza junto a Emanuel Soriano. El entrevistador le pidió al actor una opinión adicional sobre la coyuntura política tras abordar los temas centrales del filme, consulta que Cáceres respondió sin evadir el tema.

Una postura consolidada en su trayectoria como crítico del fujimorismo

Las declaraciones de Lucho Cáceres se suman a una serie de pronunciamientos previos del actor sobre el fujimorismo como corriente política. En enero de 2023, durante las movilizaciones conocidas como la ‘Toma de Lima’, Cáceres había señalado que un grupo identificado como “pro fujimontesinista” fue responsable de agredirlo verbalmente en el Parque Kennedy, y cuestionó que cierta prensa atribuyera esos insultos a los manifestantes.

El actor también se ha pronunciado en el pasado sobre el legado del gobierno de Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria. En una polémica con el humorista Carlos Álvarez, Cáceres calificó ese gobierno como “el más nefasto de nuestra historia” y cuestionó el tratamiento benevolente que, a su juicio, cierto humor le había dado a figuras vinculadas al fujimorismo. Tras la muerte del expresidente, el actor lo describió públicamente como “asesino, corrupto, ladrón y cobarde”, en defensa del derecho de otros artistas a manifestarse críticamente sobre su legado.

‘Álbum de familia’, el filme que cierra la Trilogía de la Memoria

Las declaraciones de Cáceres se dieron en el contexto de la promoción de ‘Álbum de familia’, dirigida por el cineasta Joel Calero. La película, que se estrena este jueves 17 de setiembre en las salas de cine de todo el país, cierra la denominada Trilogía de la Memoria, un proyecto que Calero desarrolló durante una década y que aborda las heridas dejadas por el conflicto armado interno en el Perú.

El filme sigue a Alex, interpretado por Emanuel Soriano, un joven a punto de convertirse en padre que descubre un conjunto de fotografías familiares capaces de revelar la participación de su padre, interpretado por Lucho Cáceres, en hechos vinculados al conflicto armado interno. Sobre el eje temático de la historia, Cáceres señaló: “La película toca un punto de si estamos obligados a perdonar o a pasar por alto no solo los errores de nuestros padres, sino, en este caso de la película, los crímenes de nuestros padres”.

La cinta obtuvo su estreno mundial el 10 de agosto de 2024 en el 28° Festival de Cine de Lima y acumuló varios reconocimientos en festivales nacionales, entre ellos el Premio ProArt 2025 de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el galardón a Mejor Largometraje Latinoamericano en RETAMA 2025. Lucho Cáceres también integrará el elenco de la película ‘La gran sangre: Ojo x ojo’, próxima a estrenarse el 12 de noviembre.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando los individuos ingresaron al establecimiento y sorprendieron a los trabajadores que se encontraban en el lugar, según imágenes difundidas por Latina y Panamericana TV.

El dirigente refirió que los asaltantes ingresaron a la oficina principal, donde se encontraban herramientas utilizadas para el trabajo electoral. “Se han sustraído el software y la plataforma y unas laptops de nuestra oficina central, donde monitoreamos nuestros personeros de la región Callao”, señaló.

El robo también incluyó dinero en efectivo. “Hemos tenido una caja chica, un aproximado de diez mil soles, que se han robado estos delincuentes”, afirmó Príncipe al precisar que el tercer implicado se dio a la fuga.

Tras abandonar el local, dos de los sospechosos fueron intervenidos por agentes de la comisaría de la jurisdicción cuando intentaban ocultarse en una sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicada cerca del establecimiento. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial.

Príncipe indicó que los detenidos aún no reconocían su participación y pidió revisar las cámaras de seguridad para identificar al fugitivo, aunque afirmó que las de la municipalidad no registraron el robo. “Están borradas las cámaras y no hay video de lo que ha sucedido”, denunció.

Fuerza Popular, partido fundado por la presidenta Keiko Fujimori, señaló que el asalto ocurrió en un contexto de amenazas previas contra integrantes de la agrupación. La candidata a la alcaldía provincial del Callao, Jossy Garrido, afirmó que “no es la primera vez” que reciben este tipo de intimidaciones, aunque “esta vez han ido más lejos”.

“Han disparado, han emitido disparos al aire, han querido amedrentar a los vecinos, a las personas que se encontraban operando en ese momento”, declaró.

Los representantes de la agrupación anunciaron que solicitarán garantías para sus actividades y mayor seguridad durante la campaña electoral. La Policía continúa con las diligencias para esclarecer el asalto, determinar la responsabilidad de los dos intervenidos y ubicar al tercer sospechoso.

El robo ocurre mientras el Gobierno de Fujimori solicita al Parlamento facultades legislativas para emitir normas y realizar reformas en múltiples materias, principalmente en seguridad, sistema penitenciario, impuestos y legislación laboral, ámbitos en los que se prevén cambios relevantes.

Entre las medidas planteadas figura la modificación de los marcos legales para que las organizaciones criminales puedan ser declaradas terroristas, así como cambios en las normas que regulan el empleo y uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo también plantea “reformar el sistema penitenciario”, que actualmente alberga a unos 100.000 presos en 69 cárceles, cuya capacidad conjunta es de unos 40.000 reclusos.

En ese sentido, el Gobierno contempla “medidas drásticas”, como la construcción de nuevas prisiones y la reubicación de presos de baja peligrosidad a cuarteles en desuso, previamente coordinando con las FFAA, que asumirían el control externo de las penitenciarías.

Chipana cuestionó al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por la situación de inseguridad en Pataz (La Libertad) y sostuvo que los estados de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) no han impedido que el crimen organizado mantenga presencia en distintas zonas del país.

“Lo que ocurre en Pataz es lo mismo que ocurre décadas en el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y en Putumayo”, afirmó la parlamentaria, quien cuestionó que esas zonas permanezcan durante años bajo estados de emergencia pese a la presencia de las fuerzas del orden.

En ese contexto, sostuvo que el ministro tiene “a las fuerzas armadas y a una policía subordinada al crimen organizado” y afirmó que “algunos altos mandos militares operan de manera coordinada e ilegal con las organizaciones criminales” dedicadas, según dijo, al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el sicariato y el lavado de activos.

“Es decir, ‘Lo Pulpos’ y ‘La Jauría’ estarían dentro de las fuerzas del orden y la estructura del Estado”, añadió, lo que generó inmediatamente protestas desde otros sectores de la comisión.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, pidió orden a los legisladores y permitió que Chipana culminara su intervención. Posteriormente, la legisladora fujimorista Cecilia Chacón planteó una cuestión de orden y cuestionó que se generalizara sobre las instituciones armadas y policiales.

“Si es que hay personas que son delincuentes o han delinquido dentro de las fuerzas armadas o de la policía nacional, por supuesto que se tiene que investigar”, señaló.

Chacón pidió a su homóloga de oposición que, si cuenta con información sobre integrantes de las Fuerzas Armadas o la PNP vinculados con organizaciones criminales, identifique a los responsables y presente las denuncias correspondientes.

“No podemos generalizar el honor de nuestras fuerzas armadas y nuestra policía nacional”, afirmó. Tras escuchar el reclamo, Avendaño reiteró el llamado a mantener el orden y cedió nuevamente la palabra a Chipana para que culminara su intervención.

La diputada mantuvo sus afirmaciones y sostuvo que “algunos malos elementos manchan el uniforme”, al tiempo que advirtió que una eventual delegación de facultades al Ejecutivo en materia de seguridad no debe convertirse en una “carta blanca”.

El titular de Defensa acudió al grupo parlamentario para sustentar el pedido del Ejecutivo para obtener facultades legislativas por 120 días. La propuesta contempla medidas sobre la participación temporal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad externa y apoyo en establecimientos penitenciarios, así como disposiciones sobre el uso de la fuerza en coordinación con la Policía Nacional.

La comisión mantiene una sesión permanente para acelerar el análisis del pedido. A ‘Los Pulpos’ se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados postergó para el miércoles 16 de septiembre la votación del informe que recomienda declarar inviable el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo en los 16 asuntos examinados por ese grupo de trabajo.

La decisión obedeció al pedido de las bancadas de Gobierno de ampliar el debate frente al rechazo total planteado por la comisión, que se sumaría a las opiniones desfavorables ya emitidas por Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo; Ciencia; y Justicia y Derechos Humanos.

Fuerza Popular cuestionó el rechazo a los 16 pedidos del Ejecutivo

Durante la sesión, la diputada de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, propuso un cuarto intermedio para revisar el informe y debatir las propuestas de manera separada. La solicitud no prosperó, pero el grupo de trabajo reprogramó la votación.

Barbarán cuestionó que la comisión pasara de anunciar una revisión técnica y punto por punto a recibir un documento que recomienda negar todas las facultades bajo su competencia.

“No nos están pidiendo un debate político, sino técnico. Me sorprende que la semana pasada se hablara de la urgencia de esta comisión para debatir punto por punto y que ahora el informe que nos enviaron concluya que no resulta viable otorgar facultades en ninguno de los extremos”, afirmó.

El informe consultivo revisó 16 pedidos vinculados con materias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La recomendación fue emitir una opinión técnica no favorable en todos ellos:

• Formalización de micro y pequeñas empresas y fortalecimiento del factoring.
• Financiamiento del emprendimiento innovador y los bionegocios.
• Transferencias financieras para los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) públicos.
• Transferencias regionales voluntarias a ProInnóvate.
• Modernización societaria y régimen de sociedades por acciones cerradas simplificadas.
• Títulos de cosecha y financiamiento agrario.
• Mecanización y financiamiento de activos productivos.
• Fondo para el desarrollo de la pesca artesanal.
• Eliminación o modificación del tope a las tasas de interés.
• Finanzas abiertas e inclusión financiera.
• Participación y financiamiento de la remediación ambiental.
• Ejecución de asociaciones público-privadas y proyectos en activos.
• Permisos y exenciones para proyectos de infraestructura.
• Integración de los regímenes tributarios empresariales.
• Modernización aduanera y facilitación del comercio.
• Ampliación y simplificación de obras por impuestos.

El debate por las tasas de interés dividió a la comisión

El pedido para eliminar los topes a las tasas de interés concentró parte de la discusión. El Ejecutivo busca retirar disposiciones incorporadas por la Ley 31143, conocida como ley contra la usura, que fijó límites para los intereses de créditos otorgados por entidades del sistema financiero, como los bancos.

El presidente de la comisión, José Marcelo Salazar, defendió el informe desfavorable y cuestionó uno de los argumentos del Ejecutivo para eliminar el tope a las tasas de interés.

Según la exposición de motivos del MEF, tras la vigencia del límite, los créditos se concentraron cerca del máximo de 114%. Salazar rebatió que las series históricas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no confirman esa premisa.

De acuerdo con el diputado, el Ejecutivo solo tomó como referencia los créditos de consumo, microempresa y pequeña empresa, aunque el sistema registra ocho categorías.

Según explicó, las tasas promedio de esos segmentos en bancos, financieras y cajas municipales se mantuvieron “claramente por debajo” del tope vigente, incluso antes de que entrara en vigor la Ley 31143.

Salazar reconoció que en el pasado existieron operaciones con intereses superiores a 114%, e incluso citó programas de crédito del desaparecido Banco Azteca con tasas de hasta 300%. Pero afirmó que esos casos no bastan para justificar una eliminación general del límite.

También atribuyó parte del aumento estadístico de las tasas en el segmento de microempresas al ingreso de Banco Compartamos, una entidad que, según dijo, aplica intereses más altos por asumir una cartera con mayor riesgo.

Salazar indicó que sus colocaciones representan 1,25% del total del sistema y remarcó que el crecimiento de la morosidad obliga a las entidades a realizar provisiones, lo que reduce sus ganancias.

El informe será remitido a Constitución si Economía lo aprueba

Por su parte, la también diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, cuestionó que el informe recomendara rechazar el pedido en bloque, sin abrir la discusión de cada propuesta. A su salida del hemiciclo, la abogada incluso cuestionó un presunto bloqueo de las facultades por parte de las “bancadas de izquierda”.

“No vamos a estar de acuerdo con todo, pero el informe demuestra que no ha habido intención de llegar a consensos. Si hubiera existido esa voluntad, habríamos comenzado a votar artículo por artículo, que es lo que el pueblo peruano esperaba”.

A su turno, Barbarán propuso discutir por bloques los asuntos con menos consenso, entre ellos las tasas de interés, la creación de productos financieros y la remediación ambiental. La legisladora sostuvo que esa fórmula permitiría acelerar el análisis y una eventual votación. Finalmente, la sala decidió postergar la votación.

Vale precisar que la opinión de la Comisión de Economía no es vinculante. Si el informe se aprueba el miércoles 16, será enviado a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, que deberá elaborar un dictamen sobre el pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días. La decisión final corresponderá al pleno de la Cámara de Diputados.

Trascendió que, ante la falta de consenso y el rechazo planteado por la mesa directiva, las bancadas podrían presentar informes en minoría con propuestas alternativas sobre las facultades solicitadas.

La senadora y portavoz de Fuerza Popular, Patricia Juárez, afirmó este viernes que desconoce quién negoció las condiciones del beneficio por sepelio que le permitió recibir S/ 62.400 del Congreso tras la muerte de su madre, en 2022.

“No tengo la menor idea de quién lo negoció”, respondió durante una entrevista con RPP al ser consultada sobre el desembolso que recibió junto con otros exparlamentarios y sostuvo que este tipo de beneficios son establecidos por las mesas directivas del Parlamento.

“Cualquier tipo de estipendio, cualquier tipo de subvención (...) no la negocia ningún congresista”, señaló. La parlamentaria también rechazó que el monto recibido constituya un doble pago, debido a que los congresistas cuentan además con un seguro que contempla una cobertura por gastos funerarios.

“Si tú utilizas una forma de beneficios de sepelio, no puedes usar el otro. (...) No existe un doble pago”, afirmó. No obstante, consideró que los beneficios otorgados por el Congreso deberían ser revisados si representan un gasto excesivo para el Estado.

“Si esto tiene que recortarse (...) yo siempre he señalado que el dinero del Estado hay que cuidarlo de la mejor manera y tienen que haber niveles y criterios de austeridad”, sostuvo.

Juárez insistió en que desconocía la existencia de este beneficio hasta el fallecimiento de su madre y recordó que durante su trayectoria parlamentaria se ha opuesto a otros gastos que considera excesivos.

“Ya di explicaciones públicas y lo que he señalado es que nosotros, los congresistas o los trabajadores, que son los que reciben este beneficio, no negociamos ni pedimos absolutamente. Y el día que murió mi madre recién me enteré de que había ese subsidio, no sé cómo le llaman en el Congreso”, señaló.

La senadora manifestó además su malestar por tener que abordar el tema debido a que está relacionado con la muerte de su madre. “Yo preferiría millones de veces tener a mi madre viva y no haber siquiera conocido o haber usado ese tipo de estipendios, que no lo hago, que no lo propongo yo, sino que lo proponen las mesas directivas”, afirmó.

“Espero que acá termine este tema, porque son momentos muy graves, son momentos muy dolorosos y no es que esté haciendo drama”, concluyó.

Los pagos del Congreso

Según un informe difundido la semana pasada por la televisora Latina, el Congreso destinó S/ 655.200 a 13 excongresistas que recibieron S/ 62.400 cada uno por gastos de sepelio de familiares cercanos.

El monto, vigente desde 2009, se financia con recursos del Parlamento, pese a que los congresistas también cuentan con un seguro de Rímac que cubre hasta S/ 14.000 por este concepto, de acuerdo con el informe.

Además de Juárez, los beneficiarios fueron Edwin Martínez (Acción Popular), Edgard Reymundo (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú), Germán Tacuri (Perú Libre), Idelso García (Alianza para el Progreso), Carlos Zeballos (Cooperación Popular), David Jiménez (Fuerza Popular), Gladys Echaíz (Renovación Popular), Eduardo Acate (Alianza para el Progreso), Rosselli Amuruz (Avanza País), Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) y María Taipe (Perú Libre).

La ceremonia reunió a familiares, dirigentes y simpatizantes del fujimorismo. Entre los asistentes estuvieron el primer vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el segundo vicepresidente y presidente del Senado, Miguel Torres, además de personas cercanas a la familia Fujimori.

Durante la actividad se inauguró una exposición de 40 fotografías seleccionadas por la propia presidenta entre el archivo familiar. Las imágenes muestran viajes, actividades oficiales y recorridos realizados por Alberto Fujimori durante sus años en el poder.

“Ese estilo de trabajo lo estamos tratando de replicar”

En su intervención, Keiko Fujimori sostuvo que una de las características que quiso destacar de su padre fue su presencia constante en diferentes regiones del país.

“Estas cuarenta [fotografías] son el reflejo de su trabajo, del amor por su pueblo, de esa constancia que él tuvo viajando a cada rincón de nuestro país”, señaló ante los asistentes.

Luego vinculó directamente ese recuerdo con su actual administración.

“Ese estilo de trabajo lo estamos tratando de replicar hoy, que el pueblo peruano nos ha dado la confianza”, afirmó, frase que provocó aplausos entre los simpatizantes presentes en la ceremonia.

Aunque inicialmente indicó que no ofrecería un discurso político, la mandataria hizo referencia a las enseñanzas que, según dijo, recibió de su padre para enfrentar escenarios adversos.

“En los momentos más difíciles él siempre me enseñó a que, con serenidad, con prudencia, pero sobre todo con mucha firmeza, él seguía avanzando”, expresó.

Keiko Fujimori agradeció a quienes acompañaron a su padre durante sus últimos años

La presidenta también dedicó buena parte de su mensaje a agradecer a las personas que permanecieron cerca de Alberto Fujimori durante sus años de prisión, posteriormente durante su enfermedad y después de su fallecimiento.

“Gracias por habernos acompañado todos estos años”, sostuvo. En otro momento calificó como “injustos” los años de encarcelamiento de su padre, una valoración que corresponde a la posición de la mandataria y de su familia sobre los procesos judiciales que afrontó el exjefe de Estado.

Fujimori recordó también la dimensión familiar del expresidente y se refirió especialmente al vínculo que mantuvo con sus nietas.

“Mis hijas lo extrañan muchísimo y ellas atesoran en su corazón todos estos años que pudo compartir con ellas”, manifestó.

La ceremonia terminó con la expresión “que viva Alberto Fujimori”, respondida con aplausos y arengas de los asistentes.

Una exposición de 40 fotografías para recordar al expresidente

Después de su intervención, Keiko Fujimori recorrió la exposición instalada en el cementerio, compuesta por imágenes de diferentes momentos de las gestiones presidenciales de su padre.

La selección buscó mostrar principalmente sus recorridos por el territorio nacional y el contacto que mantuvo con distintas poblaciones durante sus años en el Ejecutivo, según explicó la propia presidenta.

Durante el acto, los asistentes corearon consignas vinculadas a Fuerza Popular y expresaron su respaldo a la mandataria y a la memoria del exmandatario.

Keiko Fujimori señaló que la ceremonia tenía principalmente un carácter familiar y conmemorativo. Tras recorrer la muestra dedicada a su padre, anunció que también se dirigiría al lugar donde reposan los restos de su madre, Susana Higuchi.

La romería se produjo en un momento distinto a los homenajes realizados durante el primer aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: esta vez, Keiko Fujimori participó ya como presidenta de la República, y la referencia al estilo de gobierno de su padre adquirió también una dimensión vinculada a su propia gestión.

María Luisa Carrillo, esposa del primer ministro Luis Galarreta, recibió un pago de 8.470,08 soles (unos 2.500 dólares) del Congreso de la República por desempeñarse como asesora de la diputada Ana Patiño (Fuerza Popular), según información consignada en el Portal de Transparencia de ese poder del Estado.

El registro de remuneraciones identifica a Carrillo como “Asesora II”, un puesto que brinda apoyo técnico, legal y operativo a los despachos congresales, comisiones o bancadas parlamentarias, y señala como su jefa inmediata a la legisladora de la región Junín.

La contratación fue expuesta semanas atrás por el portal La Encerrona, que señaló además que Carrillo y Patiño trabajaron recientemente en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

El mismo medio recordó que Galarreta consignó en su declaración jurada como parlamentario andino que su cónyuge no tenía trabajo. No obstante, ella declaró, como trabajadora del Parlamento, ingresos mensuales por S/ 23.800,11 y un patrimonio superior a S/ 1,14 millones en la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas correspondiente al ejercicio presupuestal 2026.

Según el documento difundido, Carrillo dijo percibir 16.900,11 soles mensuales provenientes del sector público y otros 6.900 soles del sector privado, lo que suma los 23.800,11 soles consignados como ingresos mensuales.

En el apartado patrimonial, declaró bienes por un valor total de 747.594,49 soles. A esta cifra añadió 393.577,47 soles correspondientes al rubro de “otros”, con lo que el valor conjunto asciende a 1.141.171,96 soles.

Además de ser asesora congresal en 2020 (año en que Galarreta era consejero de Fuerza Popular), y candidata de ese partido a regidora de Surco en 2018, su LinkedIn señala que fue coordinadora parlamentaria de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Negó irregularidades

En diálogo con Perú21, el jefe de Gabinete negó que exista alguna irregularidad en la contratación de su esposa y sostuvo que corresponde al Congreso explicar el proceso, pues, según afirmó, él no intervino en su incorporación.

“Ella ha trabajado en el Congreso muchos años con la doctora (Martha) Hildebrandt. Nunca trabajó en mi oficina. Cumple los requisitos y no tiene impedimento, porque yo estoy de licencia en el Parlamento Andino”, dijo.

“No tengo que aclarar nada porque yo no he contratado. Que aclare la institución. Y es bien simple. Cumple los requisitos, no tiene impedimentos. No hay nada más que decir”, agregó.

Asimismo, Galarreta consideró que se ha intentado “armar una novela” alrededor de la contratación de su cónyuge y defendió la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, al afirmar que su Gobierno no ha “entrado a robar”, sino “a trabajar”.

Sus declaraciones surgieron luego de que fuera consultado por la designación de la excongresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, como representante del portafolio de Educación en la Derrama Magisterial, decisión adoptada por el ministro José Antonio Chang, quien compartió viajes con la exparlamentaria a Estados Unidos y Panamá.

“No he podido hablar con el ministro Chang. Conociendo su nivel y habiendo sido ministro antes, tendrá alguna explicación. Y yo mismo digo que hay que ser bien inútil para pensar que alguien puede contratar algo que está prohibido”, apuntó.

Uno de los parlamentarios que ya había expresado públicamente su disconformidad con Juntos por el Perú fue el diputado Marlon Aguirre, quien cuestionó las “actitudes negativas y matonescas” del vocero Ernesto Zunini. En declaraciones a medios nacionales, el legislador dejó abierta la posibilidad de incorporarse a otra bancada; sin embargo, este viernes aseguró que, por el momento, permanecerá en JP.

“De mi persona, ya se está superando todo el tema de los conflictos y la controversia que se ha tenido”, señaló Aguirre al ser consultado sobre las diferencias que había mantenido al interior de la agrupación, surgidas luego de la cuestionada designación de la diputada Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, como presidenta de la Comisión de Energía y Minas.

Ante la pregunta de si tenía previsto pasar a otra bancada, el legislador respondió: “No, todavía no”. Luego precisó que continuará en Juntos por el Perú: “Todavía voy a quedar en JP”.

Juntos por el Perú niega una posible disidencia

Mientras crecen las versiones sobre una eventual salida de parlamentarios, desde Juntos por el Perú descartaron que exista una ruptura dentro de la bancada.

El senador Jaime Quito aseguró que sus integrantes permanecen cohesionados y que mantienen el objetivo político con el que llegaron al Congreso.

“Por supuesto que estamos cohesionados y sólidos porque sabemos a qué hemos venido aquí al Congreso: a cumplir la tarea y el papel que el pueblo nos ha encomendado”, sostuvo.

Quito cuestionó además al actual Gobierno y afirmó que la bancada tiene como una de sus prioridades ejercer oposición frente al régimen que, según dijo, “pretende ser dictatorial”.

Fuerza Popular y Renovación Popular descartan incorporaciones

Las bancadas señaladas como posibles destinos de los legisladores también marcaron distancia de las versiones sobre un eventual pase de integrantes de JP.

El senador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, afirmó que su agrupación no ha recibido ninguna propuesta, por ahora “formal” de congresistas que busquen incorporarse a sus filas.

“No hemos recibido ninguna propuesta formal y, si lo recibiéramos, tendría que sujetarse primero a un acuerdo, a una reunión entre nosotros para ver la pertenencia de esto”, declaró al ser consultado sobre las especulaciones.

Por su parte, la diputada Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, señaló que tiene conocimiento de que existe malestar entre algunos parlamentarios de la oposición, aunque evitó confirmar que se produzcan incorporaciones.

“Tengo entendido que habría bastante malestar en algunos. Fuerza Popular tiene las puertas abiertas a todos aquellos que quieran aportar al país más allá de a qué bancada pertenezcan”, manifestó.

Plantean modificar las reglas para cambiar de bancada

En medio de las versiones sobre posibles movimientos parlamentarios, la diputada de Juntos por el Perú Katherine Palomino, vinculada sentimentalmente con el expresidente Pedro Castillo, presentó un proyecto de ley que busca modificar el Reglamento del Congreso respecto al cambio de bancada.

La iniciativa plantea que un congresista que haya renunciado o haya sido expulsado de un grupo parlamentario pueda incorporarse a otra bancada en más de una oportunidad. Actualmente, la normativa establece restricciones para estos movimientos y contempla la posibilidad de incorporarse a otro grupo parlamentario una sola vez.

El senador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, respaldó la permanencia de Óscar Arriola al frente de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y sostuvo que existe calma en Trujillo “según reportes” que maneja, en medio de una entrevista con Canal N.

Consultado de manera directa sobre si el comandante general debía continuar en el cargo, Aguinaga evitó pronunciarse sobre la gestión personal de Arriola y desplazó el eje de la discusión hacia la institucionalidad policial. “No es el problema de nombres, es el problema de institución. Y la institucionalidad no hay que quebrarla, no importa el nombre”, respondió el legislador, quien remarcó que el mandato del jefe policial se extiende por dos años.

Ante la insistencia del conductor sobre si el liderazgo de Arriola había sido el adecuado durante su gestión, el senador atribuyó los resultados operativos recientes a las directivas del presidente de la República, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Según Aguinaga, esas órdenes explicarían las capturas realizadas en los últimos días.

El intercambio se tensó cuando el periodista contrapuso la cifra de 72 choferes y cobradores asesinados en lo que va del año, pese a la operación conjunta que contó con el respaldo de la policía boliviana, el FBI y la DEA. El comunicador subrayó que el crimen no se ha detenido en el país y recordó que el ataque más reciente ocurrió en la madrugada del domingo, con un saldo de cuatro personas asesinadas y una quinta víctima secuestrada.

La afirmación sobre la calma en Trujillo generó un cruce directo en la entrevista

Frente a ese dato, Aguinaga sostuvo que los informes que maneja indican que existe tranquilidad en la región La Libertad, cuya capital es Trujillo, y expresó su expectativa de que esa situación se replique en el resto del territorio nacional. “En estos momentos, los informes que tenemos es en Trujillo hay mucha tranquilidad”, afirmó el legislador, en referencia a las recientes capturas vinculadas al crimen organizado en la ciudad.

El periodista repreguntó de inmediato para confirmar si el senador sostenía, en efecto, que había tranquilidad en Trujillo, ante lo cual Aguinaga insistió en que las detenciones “les da tranquilidad” a los habitantes y remarcó que ese efecto “no lo pueden negar”. La respuesta llevó al conductor a recordarle que, apenas días atrás, se había producido el asesinato de cuatro personas y el secuestro de una quinta en esa misma ciudad. “¿Cómo que tranquilidad?”, cuestionó el comunicador ante la insistencia del legislador.

El senador pidió evitar la especulación sobre la identidad de los detenidos

Ante el señalamiento de que aún no existe certeza sobre si los detenidos en el operativo binacional fueron efectivamente los responsables del crimen del domingo, Aguinaga llamó a no adelantar conclusiones. “Esperemos que no hagamos tanta especulación, porque lo que estamos es especulando, que fue, que no fue”, sostuvo, y pidió aguardar los resultados de las investigaciones antes de emitir un juicio definitivo sobre la autoría del ataque.

El periodista recordó entonces que el propio ministro Astudillo había reconocido, en esa misma jornada y en el estudio de Canal N, que no podía confirmar si las personas capturadas eran quienes perpetraron el ataque. Aguinaga respondió que, si bien el titular del sector no lo había confirmado, tampoco lo había descartado, en una réplica que evidenció la falta de certeza oficial sobre la identidad de los responsables del crimen que motivó el operativo internacional.

El Poder Judicial absolvió a la diputada de Fuerza Popular, Jessica Navas Sánchez, del delito de malversación de fondos, pero la sentenció al pago de una reparación civil de 150 mil soles a favor del Estado

Como se recuerda, Navas Sánchez fue declarada reo contumaz por no haberse presentado al inicio de este juicio, en el que se le acusó, en su calidad de coordinadora del proyecto “Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha”, de presuntamente haber permitido o autorizado la adquisición de un bus turístico, cuatro motocicletas y una camioneta. Estos bienes no estaban contemplados en el presupuesto ni en el cronograma de desembolsos del proyecto. La Fiscalía pidió 4 años y 8 meses de prisión en su contra.

Sin embargo, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo decidió absolverla del delito. Más que una cuestión de pruebas, la diputada de Fuerza Popular se salva de una condena penal por una cuestión jurídica.

Y es que, para la jueza Irene Hidalgo, quedó acreditado que Navas Sánchez y sus coacusados, en su condición de funcionarios públicos, compraron vehículos que no estaban contemplados en el presupuesto original. Es decir, dieron un fin distinto a los fondos. Sin embargo, dijo la magistrada, para que se hable de malversación de fondos, la desviación del dinero debe causar una afectación al servicio. Esto último no se cumpliría porque el monto, aseveró, en realidad tenía que ser devuelto.

“Lo que se debió haber hecho es devolver el dinero porque estaba sobrando. No ha dicho qué no se hizo. Estando así, si hemos analizado el tipo penal teniendo presente cada uno de sus elementos, para este juzgador queda claro que falta uno de los elementos del tipo penal el cual es la afectación al servicio”, dijo la magistrada.

Reparación civil

La Procuraduría Pública Anticorrupción solicitó una reparación civil de 560.467 soles, argumentando que ese era el monto que había sido utilizado indebidamente por Jessica Navas Sánchez y sus coacusados para la compra indebida de un bus turístico, cuatro motocicletas y una camioneta.

Aunque no se pudo acreditar el elemento de “afectación al servicio” necesario para una condena penal por malversación, la jueza sí consideró probado que los acusados infringieron su deber de cuidado. Concluyó que hubo un daño patrimonial y extrapatrimonial derivado de la actuación funcional indebida, al realizarse compras de vehículos que no estaban contempladas en el convenio ni en la programación presupuestaria.

Sin embargo, la jueza Irene Hidalgo decidió fijar el monto de la reparación civil en 150 mil soles. La jueza señaló que, según las pruebas actuadas durante el juicio oral, no solo participaron Navas y sus dos coacusados, sino que se habría contado con la participación de otros funcionarios que también deberían ser investigados o procesados. Así, en su decisión, la jueza dispuso que se remita copias del expediente al Ministerio Público para que determine si corresponde investigar a los referidos funcionarios.

Por todo ello, dijo la magistrada, la reparación civil no podía ser igual a los 560.467 soles que requirió la Procuraduría Pública Anticorrupción.

La consultora María Luisa Carrillo, esposa del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, fue contratada para trabajar en el Congreso de la República, confirmó este jueves el portal periodístico La Encerrona.

Carrillo cuenta actualmente con un correo electrónico institucional del Parlamento, figura en el directorio de la institución y se encuentra bajo la jefatura de Ana Patiño, diputada de Fuerza Popular por la región Junín.

De acuerdo con el informe, ambas trabajaron recientemente en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), durante la Administración de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Patiño ocupó en esa cartera la jefatura del gabinete de asesores del entonces ministro Ángel Manero, mientras que Carrillo trabajó como consultora en el ministerio hasta junio de este año.

El programa indicó que intentó obtener la versión de la diputada sobre la contratación, pero no recibió respuesta. También afirmó que buscó declaraciones de Galarreta y de representantes de Fuerza Popular, igualmente sin éxito.

Según el despacho, el jefe de Gabinete y mano derecha de la presidenta Keiko Fujimori consignó a comienzos de año, en su declaración jurada como parlamentario andino, que su cónyuge no tenía trabajo.

No obstante, en la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas correspondiente al ejercicio presupuestal de 2026, presentada como trabajadora del Parlamento, Carrillo reportó ingresos mensuales por 23.800,11 soles y un patrimonio superior a 1,14 millones de soles.

De acuerdo con el documento, también difundido por el medio, la esposa del premier registra 16.900,11 soles mensuales provenientes del sector público y otros 6.900 soles del sector privado, lo que eleva sus ingresos mensuales declarados a 23.800,11 soles.

En el apartado patrimonial, Carrillo consignó bienes por un valor total de 747.594,49 soles. A esta cifra se suman 393.577,47 soles correspondientes al rubro de “otros”, con lo que el valor conjunto de ambos conceptos asciende a 1.141.171,96 soles.

Además de ser asesora congresal en 2020 (año en que Galarreta era consejero de Fuerza Popular), y candidata de ese partido a regidora de Surco en 2018, su LinkedIn señala que fue coordinadora parlamentaria de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Galarreta se presentó la semana pasada ante el Congreso para exponer la política general del Gobierno y afirmó que la nueva administración busca “ordenar el Estado, recuperar la seguridad y destrabar el crecimiento”.

Enfatizó que implementar esas medidas es “muy distinto del populismo fácil, no se trata de prometer más, sino de construir un Estado que funcione y genere oportunidades”.

“Fuera de este hemiciclo, el país espera respuestas. Espera seguridad, protección frente a los fenómenos naturales, atención en salud, empleo, inversión y servicios públicos que funcionen. Espera un Estado que esté presente, que llegue a tiempo y que cumpla con su deber”, señaló.

El primer ministro dijo que “ese es el mandato” que ha recibido el gobierno de Fujimori “y es el compromiso que hoy venimos a asumir ante la representación nacional”.

“Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país. Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias”, remarcó.

El partido Fuerza Popular (FP), fundado y liderado por la presidenta Keiko Fujimori, recibió 2.135.684 soles (unos 600.000 dólares) mediante un mecanismo de aportes de campaña que permite mantener en reserva la identidad de los contribuyentes, según un informe difundido este jueves por Latina a partir de documentación oficial.

El monto, consignado en los reportes financieros que las organizaciones políticas entregaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), representa el 50,57 % de los ingresos declarados por Fuerza Popular para financiar su participación en los últimos comicios, en los que Fujimori se impuso en las urnas a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

De acuerdo con el informe, la agrupación de la presidenta es, hasta el momento, la única que ha recurrido a esta modalidad de aportes confidenciales.

Entre el 30 de abril y el 9 de junio, durante la segunda vuelta presidencial, el partido registró ante la ONPE 18 aportes bajo la denominación “Banco de la Nación”, en lugar de consignar el nombre de los contribuyentes.

La figura está contemplada en el artículo 30-C de la Ley de Organizaciones Políticas, incorporado mediante la Ley N.º 32254, publicada en enero de 2025. La norma establece que personas naturales o jurídicas pueden aportar a campañas electorales a través de una cuenta especial habilitada por el Banco de la Nación, sin que la identidad del contribuyente sea comunicada a la organización política.

Entre las operaciones figuran dos depósitos efectuados el 26 de mayo, por 429.974 y 356.628 soles, respectivamente. El 20 de mayo aparecen otros dos, por 399.976 y 249.983 soles.

La especialista en derecho electoral Silvia Guevara explicó a la televisora que, bajo el actual marco jurídico, el partido puede alegar que desconoce la identidad de quien realizó el aporte. La ONPE, según la experta, tampoco tendría facultades para exigir esa información si el Banco de la Nación la mantiene bajo reserva.

“Se corre el riesgo también de que las organizaciones políticas vean la oportunidad bajo este marco jurídico de poder de repente tener distintos aportantes y después hacerse las que desconocen quiénes están aportando (…) para que de todas maneras puedan ser financiados por diversas personas jurídicas y naturales que no necesariamente rigen su actuación dentro del ámbito formal”, advirtió.

La incorporación de esta modalidad al sistema electoral estuvo precedida por un debate en el Congreso gracias a una propuesta presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) mediante el Proyecto de Ley 9432.

A finales de noviembre de 2024, el pleno aprobó una cuestión previa para devolver la iniciativa a la Comisión de Constitución y someterla a un nuevo estudio. Minutos después, el entonces portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, presentó una solicitud de reconsideración.

El 11 de diciembre de 2024, la bancada fujimorista respaldó en bloque la reconsideración, con 18 votos a favor, lo que permitió que el proyecto continuara su trámite parlamentario, según la información difundida por Latina.

La iniciativa pasó después a la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida entonces por el hoy senador fujimorista Fernando Rospigliosi, quien sustentó el proyecto ante la Comisión Permanente.

La norma fue publicada finalmente el 31 de enero de 2025. Además de restituir el financiamiento privado de las organizaciones políticas, estableció la posibilidad de realizar contribuciones bajo confidencialidad mediante cuentas especiales del Banco de la Nación.

A diferencia de sus tres anteriores candidaturas presidenciales, en las que perdió de forma consecutiva, Fujimori llegó a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas.

El gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, y el diputado Javier Castro (Fuerza Popular) protagonizaron este miércoles una acalorada discusión durante una jornada de supervisión de obras de prevención ante el Fenómeno El Niño en zonas vulnerables de la región.

El incidente ocurrió durante una visita a los trabajos que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI) en el río La Leche, donde ambas autoridades intercambiaron acusaciones delante de los participantes de la actividad.

Pérez calificó de “difamador” al parlamentario y lo acusó de cuestionarlo durante los últimos tres años. “Tú has cumplido tres años de difamador, querido Javier. (...) No vengas a hacer tu teatro”, afirmó.

El gobernador regional continuó con sus acusaciones y aseguró que iba a responder públicamente a los cuestionamientos del parlamentario, según las imágenes difundidas por la radio Exitosa.

“Me has difamado tres años y te voy a desenmascarar ahorita delante de toda la gente”, siguió. Durante el intercambio, Pérez también responsabilizó a Castro por sus declaraciones y le pidió asumir las consecuencias de sus afirmaciones.

“Y tú eres responsable de la boca que tienes (...) Estamos hablando, perfecto, no hay problema”, concluyó. La discusión se produjo después de que Castro cuestionara la gestión del gobernador regional y le reprochara su actuación antes de dejar el cargo.

El gobernador respondió que el diputado había llegado a faltarle el respeto y lo acusó de convertir la actividad en un “espectáculo”.

El Poder Judicial ordenó la inmediata devolución de los locales y sedes institucionales de la Universidad Alas Peruanas (UAP) que vienen siendo administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) del Ministerio de Justicia tras su respectiva incautación y desposesión.

Así lo dispuso el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Eiser Alexander Jimenez Coronel, al declarar improcedente un nuevo pedido de incautación presentado por la Fiscalía contra los bienes de la excasa de estudios y otros involucrados en el caso, como Joaquín Ramírez.

Como se recuerda, el patrimonio de la UAP ha sido objeto de medidas judiciales desde 2023, cuando se dictó la primera incautación. Sin embargo, esta decisión fue anulada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. La Fiscalía insistió con su pedido y en 2025, el anterior magistrado a cargo del Juzgado volvió a ordenar la incautación. No obstante, en noviembre de ese mismo año, la segunda instancia nuevamente declaró la nulidad.

Pese a que las incautaciones habían sido anuladas en dos oportunidades, los bienes de la cuestionada universidad seguían bajo administración del Pronabi. Esto fue reclamado por la defensa de la Universidad Alas Peruanas durante la audiencia donde se evaluó el tercer pedido de la Fiscalía para que se ordene la incautación, allanamiento y descerraje de los bienes de la excasa de estudios.

La nueva decisión

El juez Jimenez Coronel desestimó el nuevo pedido de incautación argumentando que la Universidad Alas Peruanas en realidad sería la víctima de los presuntos hechos delictivos que se investigan.

Y es que, según la propia tesis del Ministerio Público, una organización criminal presuntamente liderada por el fallecido exgerente general de la UAP, Fidel Ramírez Prado, en coautoría con Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos y Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, desvió fondos de la universidad y realizó fraudes en perjuicio de su patrimonio. Para el magistrado, al ser la UAP la entidad perjudicada por las acciones de su anterior administración, sería contradictorio aplicarle una medida como la incautación con desposesión.

Además, el Juzgado advierte que la Fiscalía hizo una cuestionada “motivación en bloque”, es decir, se agrupó a los bienes de manera general y se omitió precisar el origen presuntamente ilícito o la vinculación con los hechos investigados.

También se advirtió que no existía peligro en la demora porque sobre los inmuebles ya existían medidas de inhibición inscritas en la SUNARP, con lo que cual estos no están disponibles para venta o transferencia.

Exhortación

Finalmente, el juez Eiser Alexander Jimenez Coronel consigna en su resolución que durante las audiencias la fiscal provincial del caso manifestó en varias oportunidades que no compartía los argumentos planteados por el fiscal adjunto provincial, que fue quien redactó el requerimiento. Incluso, dice, la fiscal dijo que no podía sustentar algunas partes del requerimiento.

El magistrado, que trabajó previamente como fiscal, desestimó la excusa de la representante del Ministerio Público. Señaló que, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, es el fiscal provincial el responsable de la dirección, supervisión y estrategia de los casos a su cargo, no el fiscal adjunto, que apoya.

Por este motivo, en su decisión, el juez Jimenez Coronel exhorta a la fiscal a que “en lo sucesivo observar en lo que fuera pertinente” las disposiciones legales sobre las responsabilidades del fiscal provincial.

El gobierno de Keiko Fujimori presentará un proyecto de ley para modificar la Ley 31570, la norma que hoy le impide cesar al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, antes de que concluya su mandato en setiembre de 2027. La paradoja es que esa misma ley fue aprobada en 2022 con el voto unánime de Fuerza Popular, el partido que ahora lidera el Ejecutivo.

El anuncio lo realizó el ministro del Interior, César Astudillo, durante la presentación del gabinete ministerial ante la Cámara de Diputados. “Yo no voy a firmar ningún documento que vaya contra una ley que se ha dado acá. Yo creo que ninguno de ustedes tampoco lo haría”, afirmó el titular del Ministerio del Interior (Mininter) ante el pleno minutos antes de informar sobre la propuesta que enviará al Parlamento.

La Ley 31570 fue promulgada por insistencia del Congreso anterior en 2022, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Su propósito fue frenar los constantes cambios en el alto mando policial. Y es que el exjefe de Estado nombraba a un comandante general y lo cesaba solo a meses de gestión. Así, con dicha norma se introdujo un mandato fijo de dos años para el comandante general, con posibilidad de una prórroga excepcional de un año.

El Congreso aprobó la norma, pero esta fue observada por Castillo. Finalmente, el Pleno, en la sesión del 1 de setiembre de 2022, aprobó promulgarla por insistencia. Fueron 82 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, con los 23 congresistas de Fuerza Popular que asistieron votando todos a favor.

Los 23 de Fuerza Popular que votaron a favor

Los 23 congresistas de Fuerza Popular que votaron a favor de la insistencia el 1 de setiembre de 2022 fueron:

1. Alejandro Aguinaga Recuenco
2. Arturo Alegría García
3. Rosangella Barbarán Reyes
4. Eduardo Castillo Rivas
5. Nilza Merly Chacón Trujillo
6. Luis Gustavo Cordero Jon Tay
7. Maria del Pilar Cordero Jon Tay
8. Víctor Seferino Flores Ruíz
9. Hernando Guerra García Campos
10. Raúl Huamán Coronado
11. Mery Eliana Infantes Castañeda
12. David Julio Jiménez Heredia
13. Carmen Patricia Juárez Gallegos
14. Juan C. Lizarzaburu Lizarzaburu
15. Jeny Luz López Morales
16. Jorge Alberto Morante Figari
17. Martha Lupe Moyano Delgado
18. Auristela Ana Obando Morgan
19. Vivian Olivos Martínez
20. Tania Estefany Ramírez García
21. César Manuel Revilla Villanueva
22. Héctor José Ventura Ángel
23. Cruz María Zeta Chunga

De ese grupo, seis lograron ingresar a la Cámara de Diputados: Arturo Alegría García, Rosangella Barbarán Reyes, Eduardo Castillo Rivas, Mery Infantes Castañeda, Auristela Obando Morgan y César Revilla Villanueva. Son ellos quienes, desde su nueva posición legislativa, deberán pronunciarse sobre el proyecto que su propio gobierno impulsará para poder cesar al comandante general de la PNP.

Y es que la Ley 31570 fija un listado de causales para el cese anticipado del comandante general. Solo procede la remoción en caso de fallecimiento, solicitud voluntaria de pase al retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia firme del Poder Judicial por delito doloso o la comisión de un delito flagrante. “Realmente, más que causales son candados difíciles que se cumplan”, reconoció el ministro del Interior, César Astudillo, ante los diputados.

Se van definiendo las comisiones del Congreso. El diputado Eduardo Castillo Rivas de Fuerza Popular fue elegido por unanimidad como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026–2027.

Así, la mesa directiva de ese grupo de trabajo también está integrada por los diputados Carlos Alberto Yalta Sotelo (Renovación Popular), en la vicepresidencia, y Jacqueline Tapullima Insapillo (JPP), en la secretaría.

Y si bien la presidenta ya ha señalado que no tocarán los feriados del calendario nacional, Castillo Rivas ha empezado su gestión señalando que sí tienen en la mira a los “feriados no laborables”. Es decir, los días no laborables, aquellos que aprueban los gobiernos regionales y son obligatorios para los trabajadores del sector público.

Días no laborables en la mira

Como se sabe, Perú tiene 16 feriados nacionales, y a pesar de que el sector empresarial haya ya buscado la manera que el Congreso o el Ejecutivo pueda eliminar algunos de los últimos días aprobados, solo ha logrado que se muevan para 2027 —ahora la mayoría se moverán a los lunes, para evitar partir la semana laboral—.

Así, ahora la consigna parece ir por los días no laborables. Como se recuerda, también la Defensoría del Pueblo recomendó al Ejecutivo y al Congreso revisar estas fechas, que actualmente superan los 20 días al año, aunque suelen aplicar para regiones diferenciadas.

“Entre otros temas a revisar son los feriados no laborables que establecen los gobiernos regionales, los cuales son de competencia exclusiva del legislador nacional, aspecto que debe explicitarse claramente”, resaltó Castillo Rivas.

Comisión de Trabajo inicia funciones

Al asumir el cargo, Castillo Rivas expresó su compromiso de promover iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y garantizar su seguridad social futura.

El acto de elección fue conducido por el diputado Fernando García Huby (Partido del Buen Gobierno) y el mismo se realizó mediante lista cerrada y votación nominal, y recibió el respaldo unánime de los integrantes de la comisión.

Del mismo modo, anunció que la comisión impulsará incentivos y simplificaciones normativas para fomentar la contratación de jóvenes mediante prácticas preprofesionales y profesionales, con el objetivo de evitar la fuga del talento juvenil. También indicó que se analizarán el empleo juvenil y las prácticas profesionales.

Otro eje de trabajo de este grupo será la modernización de EsSalud. Al respecto, señaló que se fiscalizará su gestión financiera y la calidad de los servicios que brinda a los asegurados. Además, se evaluarán las reducciones o exoneraciones de contribuciones sociales que puedan afectar su financiamiento.

En otro momento, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó, por unanimidad, que sus sesiones ordinarias se realicen los martes a las 15:00 horas.

Este grupo de trabajo está conformado por 19 diputados:

• Royser Castro Grández, Javier Castro Cruz, Geanmarco Quezada Castro, César Vidaurre Floridas y Jhon Ordóñez Valqui (Fuerza Popular)
• Alejandro Manay Pillaca, Jessica Guevara Ramírez, César Tito Rojas y Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú)
• Fernando García Huby, Jessica Benítez Barrionevo y Édgar Gonzáles Polar (Partido del Buen Gobierno)
• Félix Chang Apuy (Renovación Popular)
• Arturo Eusebio Padilla y Edgard Alvarón De La Cruz (Partido Cívico Obras).

Una disputa por una oficina del cuarto piso del complejo legislativo generó este miércoles momentos de tensión en el Congreso y terminó con la presencia de agentes de la Policía Nacional (PNP), informó el medio de investigación Epicentro TV.

De acuerdo con el informe, el ambiente figuraba como desocupado en los documentos administrativos. Sin embargo, personal de la bancada Ahora Nación ingresó al lugar y, posteriormente, trabajadores de Fuerza Popular sostuvieron que el despacho les correspondía.

La controversia escaló cuando un grupo de personas, entre las que se observa a la legisladora Indira Huilca, reclamó el ingreso de diputados al ambiente. En uno de los videos difundidos se escucha a un interlocutor exigir a un trabajador que se identifique y cuestionarlo por impedir el acceso de parlamentarios.

El intercambio subió de tono ante el reclamo para que uno de los legisladores de Ahora Nación ingresara. Minutos después, agentes policiales acudieron al complejo legislativo para atender la situación.

Inicialmente, se informó que un funcionario de Administración de Edificios había solicitado la intervención policial. Sin embargo, en otro video difundido por el medio, esta versión fue cuestionada. Allí se explica que los agentes acudieron para dejar constancia de lo ocurrido, luego de que se informara que un efectivo verificaría la situación y buscaría resolver el conflicto mediante el diálogo.

En el mismo registro aparece Harvey Colchado, integrante de Ahora Nación y segundo vicepresidente de la Cámara Baja, quien consulta si el ingreso de los agentes había sido autorizado por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. La respuesta fue negativa.

De acuerdo con Epicentro TV, varios congresistas intentaron comunicarse con Forno durante la disputa, sin obtener respuesta. Se trata de un nuevo incidente en el Parlamento, después de dos aparentes robos reportados la semana pasada.

Robos

Raúl Camargo, del partido Obras, informó al oficial mayor del Congreso sobre la desaparición de un celular institucional y su cargador, objetos que se encontraban dentro de una caja colocada sobre un estante de su despacho, ubicado en el sótano uno del nuevo edificio parlamentario.

Una situación similar fue reportada por el diputado Víctor Piñán, también integrante de la misma formación, en cuyo despacho desaparecieron una extensión eléctrica, adaptadores y una caja de vitaminas.

La oficina de este último parlamentario había sido entregada el 31 de julio sin la infraestructura eléctrica necesaria, por lo que su equipo adquirió con recursos propios diversos accesorios para habilitar el espacio.

El 3 de agosto, los trabajadores del despacho encontraron la puerta abierta, pese a que había sido dejada cerrada con llave. Posteriormente, constataron que la extensión y los adaptadores ya no se encontraban en la oficina.

Al día siguiente se produjo otro hecho. Mientras una empresa contratista realizaba trabajos relacionados con la infraestructura eléctrica, desapareció una caja de vitaminas que se encontraba sobre el escritorio de uno de los asesores.

El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, sigue denunciando a jueces que inaplican las denominadas leyes ‘procrimen’ del anterior Congreso a pesar de la promesa de su lideresa, la presidenta Keiko Fujimori, de respetar la independencia judicial y la separación de poderes.

Hoy martes 11 de agosto, Rospigliosi denunció ante la Junta Nacional de Justicia a los jueces superiores Miluska Cano, Otto Verapinto y Helbert Llerena, de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. Este colegiado condenó a 6 policías a penas de hasta 15 años de prisión por la masacre en el Penal Castro Castro en 1992.

Para poder continuar con el proceso penal, los magistrados inaplicaron dos leyes consideradas procrimen: la Ley 32107, que prescribe delitos de lesa humanidad, y la Ley 32419, que concede amnistía a los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1990 y el 2000.

“Interpongo denuncia disciplinaria (...) a fin de que la Junta Nacional de Justicia disponga el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente y, una vez actuadas las pruebas y respetado el debido procedimiento, determine la imposición de la sanción de destitución, de acreditarse las faltas graves y muy graves que se exponen en la presente denuncia”, se lee en el documento de Rospigliosi.

El colegiado, según la sentencia a la que accedió Infobae, inaplicó las referidas normas por considerarlas contrarias a la Constitución Política del Perú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El tribunal aplicó el control de convencionalidad de oficio y sostuvo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables conforme al derecho internacional.

Promesa rota

La acción de Fernando Rospigliosi contradice a su lideresa, la presidenta Keiko Fujimori, quien se comprometió a respetar de manera absoluta la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho. Así lo manifestó la jefa de Estado en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, hizo mención de la contradicción entre el discurso de Fujimori y las voces que la rodean.

“Nos preocupa que su juramento solemne, es decir, su palabra, contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del Poder Judicial, las cuales son inadmisibles en un estado democrático”, afirmó Tello ante jueces supremos en actividad y cesantes, así como ante altos funcionarios presentes en el acto.

La presidenta del PJ subrayó que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una condición estructural del Estado de derecho. Sin ella, advirtió, “la judicatura quedaría subordinada al poder político y las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, quedarían sin defensa frente a los abusos de poder”. En sus palabras, esa independencia “ha evolucionado hasta convertirse en un derecho irrenunciable que tenemos los jueces”.

Tello también apuntó contra los procesos que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió en los últimos meses contra magistrados de distintos niveles por haber aplicado control difuso o control de convencionalidad para inaplicar una ley del Congreso considerada cuestionable.

Para la presidenta del PJ, destituir a un juez por el contenido de sus decisiones —y no por faltas éticas o de conducta— equivale a suprimir la independencia judicial. “Si se llegara a destituir a un juez o a una jueza nombrada mediante concurso público meritocrático únicamente porque una autoridad discrepa con el contenido de sus decisiones o con su criterio jurisdiccional, se eliminaría por completo la independencia judicial y ello resultaría arbitrario”, sostuvo.

Tello fue enfática en que el control difuso no es una invención de los jueces, sino una facultad constitucional, y que el control de convencionalidad es una obligación internacional asumida por el Perú al integrarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Cualquier persona o institución tiene derecho a criticar e impugnar una resolución judicial, y ese derecho lo defenderemos siempre. Pero discrepar con una sentencia no puede ser justificación para despojar del cargo a quien la emitió”, sentenció.

La Junta de Portavoces del Senado del Congreso de la República aprobó la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas para el periodo 2026-2027.

La Comisión de Constitución estará a cargo del oficialismo, Fuerza Popular. En este grupo de trabajo del Senado se revisarán, estudiarán y dictaminarán las propuestas enviadas por la Cámara de Diputados relacionadas a la materia.

El fujimorismo también presidirá las comisiones de Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, y la Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

Por su parte, Juntos por el Perú, el principal partido de oposición, liderará la Comisión de Ética Parlamentaria. Este grupo de trabajo se encargará de procesar a los senadores por presuntas faltas éticas, que podría acabar en su suspensión hasta por 120 días.

El partido de Roberto Sánchez, además, tendrá las presidencias de las comisiones de Gestión del Estado y Contraloría; y la de Procedimientos Especiales.

La Comisión de Procedimientos Especiales tiene como atribución, antes de ser visto por el Pleno del Senado, los procedimiento de elección, designación o ratificación de los altos funcionarios del Estado que establece la Constitución Política del Perú, tales como la elección del defensor del pueblo, la designación del contralor general de la República, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección de los tres directores del Banco Central de Reserva del Perú y la ratificación de su presidente, así como la ratificación del superintendente de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones.

Así quedaron las presidencias de comisiones del Senado

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores:

• Presidencia: Fuerza Popular
• Vicepresidencia: Obras
• Secretaría: Renovación Popular

Defensa Nacional y Orden Interno:

• Presidencia: Renovación Popular
• Vicepresidencia: Obras
• Secretaría: Fuerza Popular

Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo:

• Presidencia: Obras
• Vicepresidencia: Buen Gobierno
• Secretaría: Fuerza Popular

Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor:

• Presidencia: Ahora Nación
• Vicepresidencia: Fuerza Popular
• Secretaría: Buen Gobierno

Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital:

• Presidencia: Buen Gobierno
• Vicepresidencia. Juntos por el Perú
• Secretaría: Fuerza Popular

Gestión del Estado y Contraloría:

• Presidencia: Juntos por el Perú
• Vicepresidencia: Fuerza Popular
• Secretaría: Ahora Nación

Justicia y Derechos Humanos:

• Presidencia: Renovación Popular
• Vicepresidencia: Buen Gobierno
• Secretaría: Fuerza Popular

Ética Parlamentaria:

• Presidencia: Juntos por el Perú
• Vicepresidencia: Fuerza Popular
• Secretaría: Renovación Popular

Procedimientos Especiales:

• Presidencia: Juntos por el Perú
• Vicepresidencia: Renovación Popular
• Secretaría: Fuerza Popular

Inteligencia:

• Presidencia: Fuerza Popular
• Vicepresidencia: Buen Gobierno
• Secretaría: Juntos por el Perú

Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción:

• Presidencia: Fuerza Popular
• Vicepresidencia: Renovación Popular
• Secretaría: Obras

Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República:

• Presidencia: Fuerza Popular
• Secretaría: Buen Gobierno

Los miembros de cada una de las comisiones serán oficializados este miércoles 12 de agosto, cuando el Pleno del Senado apruebe el cuadro nominativo de cada una de las comisiones. Luego, cada grupo de trabajo deberá sesionar para formalizar su respectiva mesa directiva (presidente, vicepresidente, secretario de comisión del Senado).

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) identificó dos irregularidades en el uso del dinero del financiamiento público directo por parte del partido Fuerza Popular durante la segunda mitad del 2025. Ambas observaciones, recogidas en el informe difundido por Latina y al que accedió Infobae, advierten de un presunto uso indebido de fondos del Estado en actividades de formación y capacitación política.

Entre el 1 de setiembre y el 28 de noviembre de 2025, Fuerza Popular contrató a la Universidad de San Martín de Porres (USMP) para dictar el “Diplomado de Especialización en Gestión Pública”, dirigido a 35 personas, por un monto total de 70 mil soles. Es decir, 2 mil soles por participante.

Sin embargo, el informe académico final de la USMP reveló que cinco participantes desaprobaron y uno no asistió. El artículo 26 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP) establece que “en caso el ciudadano o los ciudadanos beneficiarios de estas capacitaciones individuales, específicas o personalizadas no obtengan nota aprobatoria, estos gastos no deben ser solventados con los fondos del FPD”.

El monto observado por los seis participantes que no aprobaron el cusco asciende 12 mil soles. Además, la ONPE advirtió que el partido tampoco acreditó la presentación de informes finales individuales ni la realización de actividades donde se haya puesto a prueba los conocimientos supuestamente adquiridos. Ello también lo exige el mismo reglamento.

Ante el requerimiento formal de la ONPE, Fuerza Popular respondió mediante carta que enviaría “a la brevedad la respuesta correspondiente a lo solicitado”. La documentación nunca llegó, por lo que la observación se mantiene vigente.

Cuestionado proveedor

La segunda irregularidad involucra al proveedor Servic Team S.A.C., contratado por 110 mil soles para ejecutar el “Taller de Liderazgo Político para Jóvenes en Macroregiones”, realizado el 13 de setiembre de 2025 en el departamento de San Martín.

Los términos de referencia elaborado por Fuerza Popular exigían que el proveedor acreditara un mínimo de dos años de experiencia en servicios afines. Sin embargo, la ficha RUC de Servic Team S.A.C. registra el inicio de actividades el 1 de febrero de 2023, y la documentación analizada por la ONPE solo permitió validar ocho meses y trece días de experiencia previa a la firma del contrato.

El fujimorismo, según el informe, intentó justificar la contratación alegando un “error material” en el informe de pluralidad de postores, donde se afirmaba que el proveedor contaba con cinco años de experiencia. En un segundo descargo, el partido sostuvo que la empresa en cuestión. posee “8 años de experiencia como gestora”. La entidad electoral rechazó ambos argumentos por ser contradictorios con la información oficial del RUC y con la documentación de soporte presentada.

La entidad concluyó que “la celebración del contrato se realizó en contravención de las condiciones establecidas en los TDR, afectando la legalidad del proceso de contratación y la idoneidad del gasto efectuado”. Así, el partido de Keiko Fujimori habría incurrido en la infracción muy grave consistente en utilizar el financiamiento público directo para fines diferentes a los señalados en la presente ley.

El diputado Carlos Zegarra (Fuerza Popular) figura en la investigación por el asesinato del periodista iqueño Gastón Medina, ocurrido en enero de 2025, a partir de elementos que incluyen un audio difundido por la propia víctima antes de su muerte y el testimonio de un testigo clave en el caso.

Un informe publicado este martes por el diario La República revela que un registro difundido por Medina en marzo de 2023, tres años antes de su asesinato, contiene la voz de Víctor ‘El Chino’ Mere, vinculado al entorno del Gobierno Regional de Ica, quien menciona un supuesto ataque contra el comunicador y la exvicegobernadora Luz Canales.

“Si hubiésemos matado a esa tía y a Gastón, cambiaban las cosas”, se escucha en la grabación, cuya transcripción fue citada por el medio.

La otra voz de la conversación fue atribuida a Zegarra, quien en ese momento se desempeñaba como asesor del gobernador regional Jorge Hurtado. “Tienen que avanzar sobre esa línea. Yo solamente ejecuto”, decía.

Pese a las amenazas, Medina continuó difundiendo denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la gestión regional y, según el testimonio de su expareja Nathalie Caico, modificó sus rutinas y comenzó a conducir su programa desde su vivienda por motivos de seguridad.

“Nadie lo sabía. Presentaba denuncias ante las autoridades y pedía protección, pero no se hacía nada”, contó al diario.

El 20 de enero de 2025, el periodista fue asesinado frente a su vivienda cuando salía rumbo a una reunión, en un ataque que, según la Fiscalía, fue perpetrado por el ciudadano venezolano Pablo Echeverría Suárez, alias ‘Barrabás’, quien cumple prisión preventiva.

No obstante, la pesquisa continúa centrada en determinar quién habría ordenado el crimen. “Gastón no era un periodista policial ni investigaba organizaciones criminales comunes. Investigaba principalmente casos de corrupción en entidades públicas. Corresponde determinar quién pudo contratar o utilizar una estructura criminal para asesinarlo”, explicó el abogado de los deudos, Wilmer Quispe.

Dos semanas después del asesinato, la Policía encontró una pistola vinculada al crimen, la cual pertenecía al suboficial de la Policía Nacional (PNP) Rogger Tadeo, quien declaró que denunció el robo del arma mientras viajaba en un bus de transporte público en Lima.

En ese contexto, la Fiscalía abrió una carpeta reservada para establecer si existió una estructura detrás del homicidio y determinar las responsabilidades de quienes habrían planificado el ataque.

En ese expediente aparece el nombre del parlamentario, quien ha negado cualquier participación en el asesinato y aseguró que no ha sido citado por el Ministerio Público. “Hasta el día de hoy, a mí no me han citado. Desde el primer momento me puse a disposición. No tengo absolutamente nada que ver”, declaró al diario.

“Esa es toda una historia. Se pueden escuchar audios en los que se habla de que me quieren asesinar. No existe ninguna prueba, ningún indicio ni ningún elemento probatorio que me vincule (...) Esos son comentarios de personas que políticamente no nos tienen dentro de sus planes. Yo me hago una pregunta: ¿quién se benefició con esas muertes? Esa es una pregunta que la justicia debería resolver”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, cuestionó que el caso continúe sin responsables determinados.

“A quien se indica como un potencial autor intelectual ni siquiera ha sido llamado a testificar ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Es más, este personaje hoy ocupa un escaño en el Congreso como parte del partido oficialista”, dijo.

La Junta de Portavoces del Senado, presidida por Miguel Ángel Torres Morales, decidió por unanimidad que las comisiones ordinarias legislativas contarán con 12 integrantes en el periodo anual de sesiones 2026-2027. Así lo informó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso en un comunicado oficial difundido este martes. Esta estructura también alcanza a la Comisión de Procedimientos Especiales y a la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo.

El acuerdo detalla la representación proporcional de cada bancada dentro de estos órganos parlamentarios. Fuerza Popular ocupará 4 plazas, Juntos por el Perú tendrá 3, Renovación Popular contará con 2, mientras que Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación dispondrán de un escaño cada uno.

De esta manera, las siete comisiones ordinarias del Senado quedan conformadas para abordar áreas clave como Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; Gestión del Estado y Contraloría; y Justicia y Derechos Humanos.

La misma Junta de Portavoces determinó la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria y de la Comisión de Inteligencia. La primera tendrá representación de un senador por cada grupo parlamentario, sumando seis integrantes, mientras que la Comisión de Inteligencia estará integrada por cinco titulares: dos de Fuerza Popular, uno de Juntos por el Perú, uno de Renovación Popular y uno del Partido del Buen Gobierno. Todos estos acuerdos deberán ser ratificados en la sesión plenaria convocada para el miércoles 5 de agosto, según confirmó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso.

Por su parte, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, bajo la conducción de la primera vicepresidenta Analí Márquez Huanca, aprobó por mayoría la cantidad de integrantes para las 16 comisiones ordinarias legislativas en el mismo periodo. Siete de estas comisiones estarán compuestas por 26 diputados, incluyendo las áreas de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; así como Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Otras nueve comisiones tendrán 20 integrantes cada una, entre las que se encuentran Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos, Energía y Minas, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, según informó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Composición proporcional y ratificación en el Senado

La distribución proporcional en el Senado busca asegurar la representación de todas las fuerzas políticas en las comisiones, un aspecto que destaca el equilibrio parlamentario en el trabajo legislativo. Según lo detallado en el comunicado, la participación de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y otras bancadas permitirá que los principales bloques cuenten con voz y voto en las decisiones de cada comisión.

Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado, anticipó que la ratificación de estos acuerdos será uno de los puntos centrales en la próxima sesión plenaria, prevista para el miércoles 5 de agosto. La confirmación de los integrantes y la estructura de las comisiones marcará el inicio formal del ciclo de trabajo legislativo para el periodo 2026-2027.

La Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Inteligencia también tendrán una función relevante en la supervisión y fiscalización del poder legislativo y ejecutivo. La integración proporcional de estas comisiones refuerza la transparencia y la vigilancia en el manejo de los asuntos públicos.

Cámara de Diputados: integración y funcionamiento de las comisiones

En la Cámara de Diputados, la aprobación del número de integrantes de las comisiones ordinarias fue resultado de un consenso mayoritario, liderado por la vicepresidenta Analí Márquez Huanca. De acuerdo con la información publicada por el Congreso, la decisión busca optimizar el funcionamiento de los grupos de trabajo y garantizar una representación acorde a la pluralidad política del hemiciclo.

Las siete comisiones más numerosas, con 26 diputados cada una, abordan temas de alta relevancia nacional. Por su parte, las nueve comisiones de 20 miembros trabajan en áreas sectoriales que incluyen desde la defensa nacional hasta la innovación tecnológica y la sociedad digital, fortaleciendo la capacidad de respuesta parlamentaria en distintas materias.

La presencia de representantes de diferentes bancadas en cada comisión permite un debate plural y la posibilidad de alcanzar acuerdos que reflejen el espectro político del país. Estos órganos desempeñan un rol clave en la elaboración, revisión y fiscalización de leyes que impactan en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Comisiones no legislativas y conformación de la Comisión de Ética en Diputados

En cuanto a las comisiones no legislativas de la Cámara de Diputados, la Comisión de Acusaciones Constitucionales quedó conformada por 26 miembros. La Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán seis integrantes cada una, siguiendo lo dispuesto en el Reglamento interno de la cámara baja.

La integración de la Comisión de Ética Parlamentaria quedó definida tras la aprobación de las propuestas de los portavoces de cada bancada. Según lo comunicado oficialmente, la comisión estará compuesta por Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), César Tito Rojas (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación), quienes ejercerán el mandato durante dos años.

La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez Huanca, anunció que el Pleno se reunirá el miércoles 5 de agosto a las 16:00 horas para ratificar estos acuerdos y dar inicio formal al periodo legislativo 2026-2027.

El diputado de Piura, Eduardo Castillo, de la bancada de Fuerza Popular, advirtió que Piura no llegará con obras definitivas para mitigar las consecuencias del Fenómeno El Niño en los próximos cuatro meses. Sostuvo que, ante ese plazo, la respuesta debe concentrarse en descolmatar ríos y reforzar diques para reducir el riesgo de inundaciones.

El legislador del oficialismo sostuvo que el problema se genera por retrasos acumulados. Según indicó a RPP, la prevención tiene “0%” de ejecución y la reacción apenas alcanza el 4%, un nivel que atribuyó sobre todo a la compra de materiales de emergencia como calaminas y triplay para atender a la población durante las lluvias.

Castillo afirmó que las obras debieron iniciarse hace varios años y remarcó que el gobierno anterior tenía que haber comenzado hace meses las intervenciones para amortiguar los efectos del fenómeno. Señaló que la falta de acciones oportunas incrementa el riesgo para la población de Piura.

“Lamentablemente, ayer se le hizo una pregunta a la señora presidenta sobre la salida del río al mar, que es una solución definitiva y lamentablemente en cuatro meses no se va a poder hacer este tipo de trabajo”, indicó el representante de la región Piura.

Convocatoria al sector privado

Castillo valoró las medidas anunciadas por el Gobierno para reducir el impacto de las lluvias. Entre ellas, destacó la asignación inmediata de $140 millones para labores de descolmatación y el despliegue de maquinaria para ejecutar esos trabajos.

Citado por RPP, también consideró positiva la convocatoria del Ejecutivo al sector privado y a los tres niveles de gobierno para afrontar la emergencia. Para el legislador, ese apoyo será determinante porque las obras de gran envergadura no estarán listas en el corto plazo.

“En estos momentos estamos abocados al tema de la prevención y también se está coordinando en temas de reacción. Para eso también se convoca al sector privado. En Junín hemos visto cómo la Caja Huancayo ha hecho un apoyo con veintidós millones de soles me parece para poder levantar la ciudad devastada y de esta manera tenemos que convocar absolutamente a todos”, indicó el diputado Castillo al medio radial.

El representante de Fuerza Popular también saludó la presencia de la presidenta Keiko Fujimori en Piura y sostuvo que asumió el liderazgo de la respuesta frente al fenómeno. Según declaró, designó como responsables del trabajo de descolmatación al ministro de Desarrollo Agrario y al ministro de Defensa.

Castillo advirtió que el margen de maniobra ya es estrecho. "En cuatro meses no se va a poder hacer este tipo de trabajo, así que el reforzamiento de diques y la descolmatación y el refuerzo de diques... va a tener que ver mucho del apoyo del Gobierno y del empresariado privado", dijo.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conversación con la periodista Milagros Leiva para el programa Sin Rodeos este 2 de agosto, en la que inicialmente abordó el difícil momento familiar que atraviesa tras el fallecimiento de su suegra, Vera Karp. Sin embargo, la entrevista dio un giro cuando fue consultado sobre la nueva jefa de Estado y el inicio de su gestión.

Lejos de mantener el tono confrontacional que caracterizó gran parte de la relación entre ambos sectores políticos durante las últimas dos décadas, Alejandro Toledo optó por enviar un mensaje de respaldo institucional, resaltando la importancia de respetar el resultado de las elecciones y de fortalecer la democracia.

Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori por su elección

Durante la entrevista, Milagros Leiva recordó que Eliane Karp había solicitado públicamente una gracia presidencial o un indulto humanitario para el exmandatario y preguntó cuál era su posición frente a la llegada de Keiko Fujimori al poder.

Ante la consulta, Toledo evitó cualquier confrontación política y comenzó reconociendo el resultado de las urnas. “Mire, yo primero quiero felicitarla porque ha sido democráticamente elegida.”

Tras esa afirmación, insistió en que la decisión tomada por los ciudadanos debe ser respetada. “Ese, eh, eso es mi tema, eh, y ha sido elegida democráticamente y hay que respetar eso.”

El expresidente sostuvo que, más allá de las diferencias históricas entre ambos, el país necesita estabilidad para enfrentar los desafíos que tiene por delante. “Y le deseo muchísima suerte, porque los retos que están al frente del Perú son enormes, enormes.”

“Lo que pasó ya pasó”: Toledo deja atrás las diferencias con el fujimorismo

La periodista recordó que Alejandro Toledo fue uno de los principales líderes de la oposición durante el régimen de Alberto Fujimori, impulsando la recordada Marcha de los Cuatro Suyos, considerada uno de los episodios más importantes en el retorno de la democracia peruana.

Frente a ello, le preguntó si realmente deseaba éxito a la hija del exmandatario. La respuesta fue contundente. “Absolutamente.” Toledo explicó que su prioridad no es reabrir antiguos enfrentamientos políticos, sino contribuir a que el país avance.

“El tema es la democracia.” Añadió que el crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para reducir las brechas sociales y beneficiar principalmente a la población más vulnerable. “El tema es el crecimiento de la economía, pero lo más importante es que los beneficios del crecimiento de la economía lleguen a los más pobres.”

El exjefe de Estado sostuvo que esa ha sido una de sus principales convicciones desde que decidió dejar su carrera académica para asumir responsabilidades políticas en el Perú.

“Por favor, eso es mi obsesión. Por eso dejé Harvard, dejé la Universidad de Stanford como profesor en ambas universidades para regresar a devolverle algo de lo mucho que me ha dado mi país.” Posteriormente reiteró que considera necesario mirar hacia adelante. “Yo le deseo ahora... Lo que pasó ya pasó.”

Alejandro Toledo revela que envió condolencias por la muerte de Alberto Fujimori

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Alejandro Toledo reveló que, tras el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, decidió enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares. La revelación sorprendió debido a la histórica rivalidad política entre ambos líderes.

Cuando Milagros Leiva le preguntó a qué se refería, Toledo explicó que había optado por expresar sus condolencias a la familia.

“Le envié un mensaje a la familia de condolencias.” El expresidente sostuvo que, pese a las profundas diferencias políticas que existieron durante años, considera que esos episodios no deben impedir la convivencia democrática.

“No podemos quedarnos en esas rivalidades que afectan el avance del país.” Añadió que el Perú enfrenta desafíos que requieren unidad y una mirada de futuro. “En un momento donde los retos, no solo en el Perú, sino a nivel global, son enormes.”

Toledo pide fortalecer la democracia

Durante otro pasaje de la conversación, Alejandro Toledo reiteró que uno de sus principales deseos para el nuevo gobierno es que se preserve el sistema democrático. En ese sentido, manifestó su respaldo institucional a la nueva administración.

“Entonces, le deseo de todo corazón mucho éxito.” Asimismo, insistió en que el fortalecimiento de la democracia debe estar por encima de cualquier diferencia política.

“Espero que mantengamos la democracia, que la fortalezcamos.” Finalmente, señaló que las discrepancias ideológicas no deberían convertirse en un obstáculo para el desarrollo nacional.

“Independientemente de nuestras diferencias.”

Las declaraciones contrastan con décadas de enfrentamiento político

Las palabras de Alejandro Toledo llaman la atención debido al papel que desempeñó durante los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori.

El exmandatario fue una de las principales figuras de la oposición y encabezó la Marcha de los Cuatro Suyos, movilización que reunió a miles de ciudadanos en Lima para rechazar el régimen fujimorista y exigir el restablecimiento del orden democrático.

Ese episodio marcó un antes y un después en la política peruana y consolidó a Toledo como uno de los principales protagonistas del proceso de transición democrática.

Precisamente por ese antecedente, sus declaraciones hacia Keiko Fujimori han generado especial interés, al evidenciar un tono conciliador que contrasta con la confrontación política que caracterizó la relación entre ambos sectores durante más de dos décadas.

Una entrevista marcada por el difícil momento personal del expresidente

Aunque el principal mensaje político estuvo dirigido a la actual mandataria, la conversación se desarrolló en medio de un complejo momento familiar para Alejandro Toledo.

El expresidente habló inicialmente sobre el fallecimiento de su suegra, Vera Karp, madre de Eliane Karp, y describió el difícil escenario que enfrenta su familia debido a que, según explicó, su esposa no puede viajar para asistir al funeral por la alerta roja de Interpol que pesa en su contra.

Fue en ese contexto que también agradeció las facilidades brindadas por las autoridades del penal para mantener comunicación con sus familiares y respondió las preguntas relacionadas con el nuevo escenario político del país.

Para el senador de Fuerza Popular y presidente del Congreso, Miguel Torres, el caso de Pérez es un delito común y no de función, por lo que afirmó que deben aplicarse “todas las medidas que correspondan”. En conversación con la prensa, pidió a la bancada y al partido del legislador que activen investigaciones y eventuales sanciones que correspondan al parlamentario.

Torres sostuvo que el Parlamento debe condenar una situación que, a su juicio, golpea la imagen institucional. “Flaco favor se le hace a la imagen del Congreso de la República”, afirmó el titular del Senado al reclamar que políticos, periodistas y sociedad civil “cierren filas” para exigir que el caso se tramite con rigor legal.

El vocero fujimorista también añadió que el Congreso avanza en la conformación de sus comisiones y aseguró que será la Comisión de Ética la que analizará el caso específico del congresista Pérez una vez que sea instalada.

Renovación Popular pide intervención de la Comisión de Ética

El diputado Diego Bazán cuestionó lo que definió como un “falso espíritu de cuerpo” que, a su entender, afectó al Parlamento anterior. Desde esa crítica, lamentó que la bancada de Pérez no hubiera tomado medidas inmediatas desde el inicio del caso.

Bazán explicó a Canal N que el asunto no debe agotarse en el terreno penal y remarcó que también corresponde una evaluación ética. En esa línea, recordó que existe “un procedimiento exprés” que él implementó y que permite que “en 12 días ya puede estar sancionado un parlamentario”.

Consultado por las alternativas de castigo, el legislador afirmó que el reglamento contempla la sanción máxima si se acredita responsabilidad. “Acá hay pruebas suficientes, incluso el testimonio de la propia víctima”, dijo, y agregó que ello conduciría a “la sanción máxima”, que fijó en 120 días de suspensión de labores.

Juntos por el Perú coincide con una suspensión del parlamentario

El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, coincidió con las críticas hacia su colega y afirmó que la situación es condenable y expresó su solidaridad con la víctima. En su declaración, también señaló que el vocero de su espacio ya había pedido que la comisión actúe “inmediatamente” y que el legislador sea suspendido para dejar las investigaciones en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial.

El senador insistió en Canal N que la respuesta debe ser inmediata y recordó que, de acuerdo con el reglamento, existe una comisión de ética interna que puede pronunciarse con rapidez en casos como el de Julián Pérez.

Sobre la situación actual del legislador en el partido, el vocero indicó que lo que corresponde, según el reglamento, es solicitar el inicio de un proceso administrativo. A la vez, recomendó que mientras ese trámite dure se determine la suspensión temporal del diputado.

Ernesto Zunini, actual vocero de Juntos por el Perú, indicó que personalmente no tenía conocimiento de los antecedentes de Pérez en casos de violencia y sostuvo que desde un principio la bancada a la que representa fue enérgica en condenar todo acto de violencia, ya fuera psicológica o física, contra la mujer.

El Despacho Presidencial designó este sábado a Edwin Lévano, personero legal de Fuerza Popular, como nuevo secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros (PCM) que lidera Luis Galarreta, de acuerdo con una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que Lévano asumirá el cargo bajo el régimen de la Ley N.º 30057, luego de recibir la opinión favorable de la Subsecretaría General, la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

La resolución precisa que el nombramiento busca cubrir la vacante existente en la Secretaría de PCM del Despacho Presidencial y asegurar el adecuado cumplimiento de las funciones del puesto.

En junio pasado, pocos días después de la primera vuelta electoral, Lévano jugó un papel clave para la formación fujimorista al solicitar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima Oeste 2 y de Puno que no anularan las actas observadas por falta de firmas de los miembros de mesa o por supuesta ilegibilidad.

El abogado pidió aplicar “de manera estricta y preferente el principio de conservación del voto, el cotejo obligatorio de ejemplares y la integración de firmas, datos o caracteres, evitando cualquier interpretación formalista que conduzca a la nulidad o exclusión de votos válidamente emitidos”.

En ese momento, Fuerza Popular sostuvo que las actas habían sido observadas por presunta ausencia de firmas, falta parcial de nombres o números de DNI de los miembros de mesa, uso de huellas dactilares, caracteres supuestamente ilegibles o diferencias de lectura entre los ejemplares.

No obstante, el partido de la presidenta Keiko Fujimori argumentó que esas observaciones, en muchos casos, no afectaban la voluntad del elector ni impedían conocer el resultado de la elección, por lo que debían resolverse mediante el procedimiento vigente: primero con el cotejo de actas, luego con la integración de la información y, solo de ser necesario, con el recuento de sufragios.

“El JEE no puede convertir una observación formal en nulidad automática. La nulidad es excepcional; la regla es conservar el voto y preservar la eficacia del acto electoral”, señaló el documento.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) designó la semana pasada su gabinete ministerial, con solo dos mujeres en un total de diecinueve carteras, en el que recurrió a gente de su máxima confianza y a la experiencia de funcionarios en pasados gobiernos.

En la cartera de Relaciones Exteriores se nombró al periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, quien sorprendió por ser uno de sus rivales en la primera vuelta y que durante quince años trabajó como jefe de prensa y comunicaciones para la Embajada de Estados Unidos en Lima, lo que supone un gesto de acercamiento al país norteamericano.

El Ministerio de Economía parecía inicialmente reservado para el exministro y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (CAD) Luis Carranza, pero finalmente este declinó ser parte del Gobierno y la política económica quedará en manos de Elmer Cuba, un economista que fue parte de la junta directiva del Banco Central y de la campaña electoral de Fujimori en 2016.

La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia del Perú fue analizada por CNN en Español dentro de un fenómeno político que gana presencia en América Latina: el ascenso de una nueva generación de líderes con apellidos vinculados históricamente al poder. El medio internacional calificó a este grupo como los “nepobabies” de la política, en referencia a dirigentes que heredaron una plataforma familiar construida durante décadas.

En un informe firmado por Gonzalo Zegarra y Jhasua Razo, CNN señaló que la mandataria peruana integra una lista de jefes de Estado que llegaron al poder tras una trayectoria marcada por el peso de sus familias. Junto a ella aparecen figuras como Daniel Noboa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia, Bernardo Arévalo en Guatemala y Luis Abinader en República Dominicana, quienes tienen antecedentes familiares ligados a la política nacional de sus países.

Keiko Fujimori y el peso del apellido: una marca política con ventajas y cuestionamientos

Según el análisis de CNN, el apellido Fujimori representa un activo político construido durante décadas, pero también una carga asociada a los cuestionamientos contra el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, quien dirigió el país entre 1990 y 2000.

La investigación cita a la politóloga Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político-Electoral de la Universidad de Guadalajara, quien explicó que alrededor del 20 % de los políticos analizados en América Latina tienen algún tipo de capital familiar, una característica que continúa siendo relevante dentro de los sistemas electorales de la región.

“Los apellidos se convierten en una marca”, explicó Montaño al medio internacional, al señalar que una familia con presencia pública puede otorgar ventajas iniciales a sus integrantes. La especialista sostuvo que pertenecer a un entorno con conexiones, reconocimiento y redes políticas facilita el ingreso a una actividad donde la exposición pública resulta determinante.

En el caso peruano, CNN recordó que Keiko Fujimori tuvo una relación temprana con la política al convertirse en primera dama durante la década de 1990, tras la separación de sus padres. Posteriormente, construyó su propia carrera dentro del Congreso y lideró Fuerza Popular, agrupación con la que postuló en varias oportunidades antes de alcanzar la Presidencia.

El medio también destacó que el legado de Alberto Fujimori mantiene posiciones enfrentadas dentro de la sociedad peruana. Para sus seguidores, su gobierno está asociado a la estabilización económica y la derrota de Sendero Luminoso, mientras que sus críticos recuerdan las condenas por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

El analista internacional Farid Kahhat, citado por CNN, explicó que los apellidos políticos pueden generar beneficios y dificultades dependiendo del contexto. “El apellido genera activos y pasivos”, señaló, al remarcar que la herencia política puede atraer respaldo electoral, pero también movilizar rechazo.

Una ola de familias políticas vuelve al poder en América Latina

El caso de Keiko Fujimori forma parte de una tendencia regional que CNN identifica como un retorno de las dinastías políticas en elecciones democráticas. El informe señala que actualmente existe una cantidad inusual de presidentes latinoamericanos con vínculos familiares directos con antiguos mandatarios o figuras de gran influencia.

Uno de los ejemplos mencionados es Daniel Noboa, presidente de Ecuador e hijo de Álvaro Noboa, empresario y político que intentó llegar a la Presidencia ecuatoriana en varias ocasiones. Aunque Noboa hijo buscó proyectar una imagen propia durante su campaña, su apellido ya contaba con reconocimiento nacional.

En Bolivia, Rodrigo Paz llegó al poder con el respaldo del apellido de su padre, Jaime Paz Zamora, expresidente boliviano entre 1989 y 1993. Su trayectoria, sin embargo, estuvo acompañada por años de participación política previa como congresista, alcalde y senador.

Otro caso destacado es el de Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala e hijo de Juan José Arévalo, mandatario entre 1945 y 1951 y una figura histórica del país centroamericano. A diferencia de otros casos, CNN señala que su apellido estuvo vinculado principalmente al legado de un periodo democrático anterior.

El informe también menciona a Luis Abinader, presidente de República Dominicana, cuyo padre, José Rafael Abinader, fue senador y candidato presidencial. En su caso, la influencia familiar estuvo acompañada por una carrera política propia dentro de su partido antes de llegar al Gobierno.

Para los especialistas consultados por CNN, la expansión de estos liderazgos familiares refleja la importancia que todavía tienen las redes personales frente a estructuras partidarias más sólidas. Montaño sostuvo que el fenómeno evidencia que muchas organizaciones políticas en la región continúan dependiendo más de figuras individuales que de instituciones consolidadas.

Además, el análisis señala que varios de estos nuevos líderes pertenecen a sectores de derecha política, una tendencia relacionada con el acceso a mayores recursos económicos y redes empresariales. Sin embargo, los especialistas advierten que el peso del apellido no garantiza por sí solo una victoria electoral, ya que cada candidato debe enfrentar el contexto político y las evaluaciones ciudadanas sobre su propio desempeño.

El gobierno de Keiko Fujimori tiene en agenda la revisión de los feriados y días no laborables en el país. Según revela el borrador de la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar”, se planea “modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.

O, al menos, eso es lo que está en discusión, dado que el texto no es final, se aprobaría el próximo miércoles en la siguiente sesión del Consejo de Ministros y la decisión final no está tomada, según apuntó el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, en RPP.

A pesar de esto en la exposición de motivos del Ejecutivo (también en ‘borrador’) se señala explícitamente a los cuatro ‘nuevos’ feriados que creó el Congreso anterior, los cuales se sugiere que serían los primeros en ser eliminados. Si el gobierno de Keiko Fujimori decidiera esto iría, sin embargo, en contra de lo que decidió su mismo partido, Fuerza Popular, en el periodo congresal anterior, dado que estos votaron a favor de que se aprobaran tres de estos cuatro feriados.

Fuerza Popular votó a favor de feriados

Infobae Perú revisó los votos de los congresistas a los anteriores feriados que se aprobaron durante el periodo del Congreso del 2021 al 2026. Se validaron cuatro fechas nuevas y el calendario contó con 16 feriados (antes eran doce).

¿Pero sabías que Fuerza Popular votó a favor de tres de estas cuatro fechas nuevas? Así fueron los votos:

• Feriado del 9 de diciembre: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, Fuerza Popular solo tuvo un voto a favor, 19 fueron en contra y uno en abstención. Entró en vigencia en 2021
• Feriado del 6 de agosto: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP tuvo 14 votos a favor, tres en contra, tres en abstención y dos sin respuesta. El feriado entró en vigencia en 2022
• Feriado del 7 de junio: Fue propuesto por Alianza Para el Progreso y Renovación Popular. En la insistencia de la Ley Fuerza Popular tuvo 21 votos a favor. Entró en vigencia en 2023
• Feriado del 23 de julio: Este feriado tuvo origen en una propuesta de Rosangella Barbarán, pero que fue modificada por un error al ser observada por la presidente de entonces Dina Boluarte. Solo ocho congresista de FP votaron a favor en el último filtro para que se aprobara por insistencia. Hubo dos votos en contra y los demás no asistieron a esta sesión. Este fue el último feriado y entró en vigencia en 2023.

Como se observa, el partido de la presidenta Keiko Fujimori validó con votos de varios congresistas de Fuerza Popular a tres de las cuatro leyes que dieron estos feriados.

Si bien no formuló directamente estas propuestas, sí apoyo que se aprobaran. Peo en el caso del feriado del 23 de julio, la propuesta sí vino de Fuerza Popular, solo que en el texto se incluía un error que devino en que la medida incluyera un feriado y esto no fue observado por el mismo partido.

El feriado del 23 de julio

El feriado del 23 de julio, que ya pasó, fue promulgado hace tres años, el 8 de julio del 2023, con la Ley 31822. Pero originalmente tenía como foco principal otra medida: modificar la Ley 16126 para solamente declarar como héroe nacional al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles.

Sin embargo, dentro del texto, presentado por Rosangella Barbarán de Fuerza Popular se incluía un ‘error’: se aclaraba que esta fecha se consideraba un “feriado laborable”. Pero un feriado laborable no existe. Un feriado es un fecha de descanso obligatorio para todos los trabajadores. Posiblemente, se quería aclarar que la fecha del 23 de julio no fuera entendida para nada como un feriado, por lo que se le puso laborable, pero lo propio habría sido día laborable, tal cual.

Pero el proceso siguió y esto no se corrigió durante su primera aprobación en el Congreso y llegó el texto tal cual a la presidenta de ese momento Dina Boluarte. La observación de la presidenta en esa época fue que un feriado no es laborable, por lo que observó la Ley y esta volvió a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Es aquí donde se aprobó haciendo un cambio, que quitó el “laborable”, dejándolo como feriado e incluyendo la medida propia en que se cambiaba el Decreto Legislativo N° 713, norma en que figuran estos días libres. Barbarán propuso la Ley en su momento, pero no asistió a su seguimiento cuando se dieron todos estos cambios.

Años antes de sentarse en la mesa de su gabinete ministerial, Beingolea fue uno de los críticos más duros del fujimorismo, tanto del padre como de la hija. En una entrevista concedida a Perú21 en 2020, por ejemplo, responsabilizó a Alberto Fujimori por el deterioro de la política peruana.

Un año después, en plena campaña electoral, fue todavía más directo contra Keiko Fujimori, a quien acusó de representar “lo peor” de los últimos gobiernos y de haber destruido al país en varias ocasiones. Hoy, esas mismas declaraciones contrastan con el tono conciliador que ha mostrado al asumir la cartera de Cultura, desde donde promete trabajar por la unidad nacional.

Las críticas que Alberto Beingolea lanzó contra el fujimorismo antes de integrar el Gobierno

En enero de 2020, cuando postulaba al Congreso por el PPC, Beingolea concedió una entrevista a Peru21 en la que no dudó en responsabilizar al expresidente Alberto Fujimori por el deterioro del sistema político peruano. Según explicó entonces, el mensaje del fujimorismo instaló la idea de que la política era un espacio “sucio” del que los jóvenes debían mantenerse al margen.

Para el entonces dirigente del PPC, ese proceso abrió una etapa de descomposición que todavía arrastraba consecuencias. Asimismo, esa narrativa terminó alejando a los profesionales más preparados de la actividad partidaria, dejando el camino libre a figuras menos calificadas.

Beingolea fue tajante al resumir esa idea. “Con Fujimori comenzó la desgracia peruana”, dijo en la entrevista, publicada con ese mismo titular. En la misma conversación repasó otros liderazgos personalistas surgidos después del fujimorato, de Toledo a Humala pasando por PPK, a los que agrupó bajo una misma lógica: proyectos armados alrededor de una persona y no de una idea.

También aceptó que los partidos tradicionales, incluido el suyo, cargan con parte de la responsabilidad en esa crisis de representación, aunque insistió en que el PPC se mantuvo firme en construir “desde abajo”, con militancia y planes de gobierno, mientras otras agrupaciones se disolvían apenas perdían a su líder de turno.

Un año después, en plena campaña de 2021, el tono hacia Keiko Fujimori fue todavía más duro. En declaraciones a TV Perú, Beingolea sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular representaba lo peor de los últimos tiempos en el poder y remarcó que la ciudadanía ya no confiaba en ninguno de los candidatos presidenciales.

Incluso afirmó que la organización fujimorista había tenido una enorme mayoría parlamentaria que, en lugar de servir para gobernar, terminó profundizando la crisis política. En esa entrevista también sostuvo que el país necesitaba gestos concretos y no solo discursos, porque a ambos candidatos “no se les cree”.

En esa conversación, recogida entonces por medios como Líbero, Beingolea también habló de la desconfianza ciudadana hacia ambos candidatos y pidió gestos concretos, no solo discursos, de cara a la segunda vuelta. El PPC, aclaró, todavía no había definido su respaldo y observaba con distancia el enfrentamiento entre las dos candidaturas.

Qué dijo ahora Alberto Beingolea al asumir el Ministerio de Cultura de Keiko Fujimori

Pese a ese historial de declaraciones, Alberto Beingolea aceptó formar parte del gabinete de Keiko Fujimori y este martes tomó juramento como nuevo ministro de Cultura. Desde Palacio de Gobierno, el excongresista buscó instalar un mensaje de reconciliación y afirmó que el país necesita superar la polarización. “Tenemos que unirnos todos”, dijo al referirse al momento político que atraviesa el Perú, una frase que marcó el tono de sus primeras declaraciones como integrante del Ejecutivo.

Beingolea indicó que su gestión estará centrada en fortalecer la identidad nacional, promover la diversidad cultural y buscar puntos de encuentro entre peruanos. Según explicó, el país debe dejar atrás las divisiones que han marcado la agenda pública en los últimos años y apostar por una visión de peruanidad más amplia, donde la cultura cumpla un rol articulador. En ese sentido, sostuvo que desde su sector trabajará para rescatar las líneas que, a su juicio, definen la pertenencia común a una misma nación.

Consultado por sus antiguas críticas al fujimorismo, el nuevo ministro respondió que se trata de contextos distintos y recordó que su postura frente a los hechos de 1992 ya había sido expresada públicamente hace años. También remarcó que, en la última elección presidencial, respaldó a Keiko Fujimori frente a Pedro Castillo porque consideraba que el Perú y América Latina atravesaban un escenario de fuerte polarización ideológica. A su entender, el problema de fondo sigue siendo la captura de sectores sensibles como Educación y Cultura por posturas extremas.

En otro momento, defendió su incorporación al gabinete como una decisión de servicio al país. Señaló que recibe la invitación con honor y que asume el cargo “como un soldado más” en una causa orientada a recuperar al Perú. Sobre su nueva función, adelantó que buscará “tratar de buscar aquellas grandes líneas que nos definen a todos como peruanos”.

Antiguas publicaciones en la red social X (antes Twitter) de los actuales ministros Alberto Beingolea (Cultura) y Juan Sheput (Trabajo y Promoción del Empleo) reaparecieron este miércoles, un día después de que ambos juraran al cargo ante la presidenta Keiko Fujimori.

Los mensajes, publicados entre 2015 y 2019, contienen severas críticas contra la lideresa de Fuerza Popular, el partido que encabeza y el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), pese a que hoy integran el gabinete ministerial.

Uno de los mensajes más difundidos, compartido especialmente por el director del portal periodístico La Encerrona, Marco Sifuentes, corresponde a Beingolea. El 20 de marzo de 2018, el ahora ministro acusó al fujimorismo de recurrir a prácticas contrarias a la democracia.

“Como hace 3 décadas, el fujimorismo pretende destruir nuestra democracia con sus despreciables métodos. Compra de conciencias, espionaje, atropello de Constitución, abuso de poder. Pedro Pablo Kuczynski (entonces presidente) es insostenible, pero hay que defender nuestra democracia de los hijos del dictador”, escribió.

En ese momento, Kuczynski atravesaba una grave crisis política que terminó con su renuncia a la Presidencia, en medio de un segundo proceso de vacancia y denuncias por presunta compra de votos.

En otra publicación, fechada el 8 de septiembre de 2015, Beingolea marcó distancia entre el fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, y el fallecido exdictador, al responder a la hoy senadora Martha Chávez. “Bedoya es un demócrata, Fujimori fue un dictador”, señaló.

Más adelante, el 1 de enero de 2019, cuestionó la segunda reelección de Alberto Fujimori y la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“El 31 de diciembre de 1999, en horas de la noche, un JNE de rodillas santificó la ilegal re re elección de Fujimori. El PPC había presentado tacha por violación de Constitución, otros también lo hicieron. JNE rechazó todos los recursos, poco antes del año nuevo... viejo estilo”, publicó.

Otro mensaje, del 8 de agosto de 2017, recordó el denominado “shock” económico aplicado durante el primer gobierno del exdictador. “¿Recuerdan: “que dios nos ayude”? Fujimori ganó prometiendo que no haría skok y su Ministro lo anunció a los 10 días”, escribió junto a un enlace periodístico.

Las críticas de Sheput también quedaron registradas durante la campaña presidencial de 2016, en la que Keiko perdió frente a Kuczynski, así como en los meses posteriores.

El 7 de julio de 2017 cuestionó el llamado al diálogo formulado por la entonces lideresa de Fuerza Popular. “Por un lado Keiko Fujimori solicita el diálogo y por otro sus parlamentarios atacan irrespetuosamente”, señaló.

Semanas antes, el 29 de mayo de 2016, hizo referencia a las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos. “Keiko pudo tener licencia de maternidad pero miles de mujeres esterilizadas salvajemente por gobierno de su padre jamás la tendrán”, escribió.

Ese mismo año también criticó la propuesta ambiental de la entonces candidata presidencial. “Keiko Fujimori fomentará destrucción de Amazonía y medio ambiente al pactar con mineros informales. Populismo irresponsable en acción”, anotó el 29 de abril de 2016.

Uno de los mensajes que mayor repercusión alcanzó fue publicado el 26 de mayo de 2016, cuando Sheput vinculó la campaña presidencial de Fujimori con el tráfico de drogas. “El narcotráfico en la campaña de Keiko. El peligro de convertirnos en un país manejado por la droga”, escribió.

De férreos críticos hoy integran el gabinete de la primera mujer elegida presidenta por voto popular en el país, quien llegó a Palacio de Gobierno luego de tres derrotas consecutivas en las urnas.

En otras palabras, el Gobierno tendría la posibilidad de reorganizar instituciones del Estado — como Sunat, Indecopi, Sunafil, los organismos reguladores y otras entidades públicas — si considera que existen funciones duplicadas o que pueden prestarse de forma más eficiente desde otra institución. La iniciativa forma parte del capítulo dedicado a la reforma estructural y modernización del Estado, uno de los siete ejes contemplados en la solicitud de delegación de facultades.

¿Qué significa que el Gobierno pueda fusionar o eliminar organismos públicos?

Dentro del proyecto de facultades legislativas que el Gobierno envió al Congreso hay un apartado que le permitiría hacer cambios en la estructura del Estado sin tener que presentar una ley por cada institución que quiera modificar.

En términos sencillos, si el Congreso aprueba este pedido, el Ejecutivo podrá crear nuevas entidades públicas, fusionar dos organismos que hoy funcionan por separado, dividir una institución para repartir sus funciones o incluso eliminar aquellas que considere innecesarias o duplican funciones.

Esto podría incluir a entidades como Sunat, Indecopi, Sunafil, Reniec, Osinergmin, Osiptel, Serfor, Sernanp, Senace, Devida, Pronabec, Cofopri, Agromercado, entre muchas otras instituciones que dependen del Poder Ejecutivo o están adscritas a un ministerio.

Por ejemplo, si dos organismos realizan labores similares, el Gobierno podría convertirlos en una sola entidad. También tendría la posibilidad de cerrar un organismo y trasladar todas sus funciones, trabajadores, presupuesto y bienes a otra institución que continúe prestando ese servicio.

El proyecto también contempla que el Ejecutivo pueda redistribuir personal, recursos económicos, oficinas, programas sociales, bienes del Estado y competencias entre distintas entidades, siempre con el objetivo —según el texto presentado— de hacer que el aparato estatal sea más eficiente y reducir la duplicidad de funciones.

La iniciativa aclara que estos cambios deberán realizarse garantizando que los servicios públicos continúen funcionando. Aunque la norma también permitiría reorganizar estructuras dentro de los ministerios, no significa que el Gobierno pueda eliminar un ministerio de manera automática, ya que eso depende del marco constitucional y de las leyes que regulan la organización del Estado.

No solo se trata de instituciones: también plantea cambios como la reducción de feriados

La reforma no se limita a reorganizar entidades. El proyecto también propone modificar algunas reglas relacionadas con el personal que trabaja en el Estado.

Entre las medidas figura el fortalecimiento de la meritocracia, es decir, que los ascensos, capacitaciones y otros procesos internos se basen en el desempeño y los méritos de los servidores públicos. Asimismo, se busca establecer requisitos mínimos para acceder a cargos directivos y puestos de confianza dentro de las entidades estatales.

Además, el Ejecutivo plantea crear incentivos económicos voluntarios para aquellos trabajadores que decidan dejar la administración pública durante los procesos de reorganización. Sin embargo, el propio proyecto precisa que esta medida no autoriza despidos de trabajadores con estabilidad laboral, por lo que quienes cuenten con esa protección legal mantendrán sus derechos.

La reorganización del Estado forma parte de un paquete más amplio de facultades legislativas que el Gobierno solicita por 120 días calendario. Durante ese periodo también busca aprobar reformas relacionadas con seguridad ciudadana, empleo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, desarrollo productivo, inversión privada y cambios tributarios, entre otros temas. De recibir el visto bueno del Congreso, estas modificaciones se realizarían mediante decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo.

Además de la reorganización del Estado, el proyecto de facultades legislativas también incluye cambios en materia laboral. Entre ellos figura la posibilidad de modificar el régimen de los feriados nacionales e, incluso, reducir su número con el objetivo de “racionalizar su uso y fomentar la productividad”, según el texto presentado al Congreso.

Esta propuesta contrasta con las declaraciones que la propia presidenta Keiko Fujimori realizó días atrás, cuando aseguró públicamente que su Gobierno no tenía previsto eliminar ni crear nuevos feriados y que mantendría el calendario actual para favorecer el turismo interno.

En la foto más antigua del archivo, Keiko Fujimori tiene 15 años y está al extremo derecho del encuadre. Saco gris de doble botonadura, blusa clara, cabello negro corto con flequillo y una expresión seria. A su lado, sus hermanos. Al centro, su padre Alberto Fujimori con el brazo en alto. Al extremo izquierdo, su madre Susana Higuchi con un traje blanco de dos piezas: ella era la primera dama.

Keiko era, ese 28 de julio de 1990, simplemente una hija más de la familia presidencial. Ese día nadie hubiera anticipado que, 36 años después, sería ella quien cruzaría el mismo umbral con la banda presidencial sobre el pecho vestida de azul con detalles inspirados en Huancayo.

Lo que vino después fue un arco de vida poco común: de hija adolescente a primera dama a los 19 años, de primera dama a candidata presidencial tres veces derrotada, y finalmente a presidenta del Perú el 28 de julio de 2026. Cada etapa tuvo su propio vestuario, su propio rol y su propio peso simbólico.

1990: la hija que nadie miraba

Cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia por primera vez, Keiko cursaba la secundaria y no tenía ningún rol institucional en el gobierno. Su aparición en los actos oficiales era la de cualquier integrante de la familia presidencial: discreta, en segundo plano, sin protocolo propio.

La imagen de archivo lo confirma. El saco gris de doble botonadura que llevó ese día era ropa de época, sin pretensiones políticas ni mensaje estético deliberado. Cabello natural, sin maquillaje formal, ajena al escrutinio público que recaía sobre su madre. Susana Higuchi era quien acompañaba al presidente en los actos oficiales y quien encabezaba las labores sociales del despacho presidencial. Keiko era, en ese momento, una estudiante de 15 años.

1994-2000: primera dama a los 19, con look de gala y collar de oro

Todo cambió en agosto de 1994. Las tensiones entre sus padres escalaron hasta que Higuchi fue apartada de sus funciones protocolares tras denunciar públicamente casos de corrupción familiar en el manejo de donaciones internacionales provenientes de Japón. Keiko, que se encontraba en el país de vacaciones mientras cursaba estudios en el extranjero, asumió el rol de primera dama con apenas 19 años.

El cambio en su imagen fue inmediato y drástico. Las fotografías de la época muestran a una joven que pasó, casi de golpe, de la ropa casual escolar a los atuendos de gala propios del protocolo presidencial. En eventos oficiales junto a Alberto Fujimori —ya con la banda presidencial— aparece con vestido negro escotado y un llamativo collar de perlas doradas de gran tamaño, labial rojo intenso y cabello negro ondulado con volumen.

En actos del Congreso, un conjunto de tweed en blanco y negro con pin oficial en la solapa. En eventos más informales, blusas oscuras con pañuelos y faldas de corte clásico. Era la moda de mediados de los noventa aplicada al protocolo presidencial peruano: prendas estructuradas, colores contrastantes, accesorios con presencia.

La joven que en 1990 pasaba desapercibida al extremo del encuadre era, en 1995, la figura que acompañaba al presidente en la segunda toma de mando, sentada junto a él en las sillas protocolares de la Misa y Te Deum con un traje de cuadros en blanco y negro y una condecoración oficial prendida al pecho.

Para la tercera y polémica juramentación de su padre, en julio de 2000, Keiko tenía 25 años y su imagen pública estaba consolidada. Saco rosa fucsia, cabello lacio negro largo hasta los hombros, maquillaje más definido: una primera dama joven que ya había acumulado seis años de exposición pública intensa, viajes oficiales, labores sociales y, hacia el final del régimen, participación activa en la campaña que buscó un tercer mandato para Alberto Fujimori pese a sus propias dudas sobre su conveniencia.

Ese gobierno colapsó en noviembre de 2000, tras la difusión de los primeros ‘vladivideos’ y la renuncia de su padre desde Japón. Keiko viajó a Estados Unidos para continuar sus estudios de posgrado.

2011-2021: el naranja de campaña y la imagen de candidata

La siguiente etapa en las tomas de mando fue como espectadora, no como protagonista. Keiko Fujimori se presentó a las elecciones presidenciales en 2011, 2016 y 2021 sin lograr llegar a la presidencia. Durante esos años, su imagen se transformó nuevamente: dejó atrás el protocolo de primera dama y adoptó la estética de la política de masas.

El naranja de Fuerza Popular se convirtió en su color de identidad: chalecos, polos y accesorios en ese tono poblaron sus mítines y caravanas. El cabello pasó a lucirse en coletas altas o con flequillos laterales definidos para proyectar una imagen más dinámica y accesible. Para debates y entrevistas, blazers estructurados y pantalones de sastre en tonos neutros. Una imagen que alternaba entre lo urbano y lo institucional según el escenario.

Las fotos de esos años muestran a una mujer en plena construcción de su propia identidad política, ya separada del protocolo que heredó en los noventa y enfocada en construir la propia.

2026: presidenta con banda y bordados amazónicos

Este 28 de julio, Keiko Fujimori recibió la banda presidencial con un vestido azul de diseño peruano, obra de Patricia Musiris, directora creativa de la firma MODA & CÍA. La pieza, de tono azul sobrio con detalles en los puños se caracterizó por fusionar la elegancia contemporánea con la tradición artesanal andina a través de detalles inspirados en Huancayo y así marcó su llegada a Torre Tagle para recibir a las delegaciones internacionales.

Antes de esa ceremonia, el 15 de julio, había lucido un sastre blanco de dos piezas con la palabra “Perú” bordada en los bolsillos, obra de Yirko Sivirich. Y para recibir a los mandatarios extranjeros en los días previos a la toma de mando, un traje estilo militar en azul marino con los filos del blazer inspirados en la iconografía Koshi Kené del pueblo Shipibo-Konibo: trazos geométricos en el cuello, la pechera, la cintura, los bolsillos y los puños.

La apuesta por diseñadores peruanos y por textiles con referencias a la identidad nacional fue una decisión deliberada que la propia mandataria subrayó en sus apariciones públicas. Una elección que contrasta con la imagen de la adolescente del saco gris de 1990, que no elegía su ropa con ningún mensaje en mente, y con la primera dama de los noventa, cuyo vestuario respondía al protocolo del gobierno de su padre.

Para la Gran Parada Militar del 29 de julio, aún no se ha revelado públicamente cuál será su diseño ni de qué diseñador será.

El equipo detrás del vestuario presidencial

Sue Zacnich lidera un taller integrado por más de diez personas y mantiene a la plantilla que trabajó junto a su madre, Carmela Fuyo, dedicada a la confección de uniformes para empresas. En una entrevista televisiva, la diseñadora relató que su vínculo con Fujimori se estableció a través de un intermediario de Latam, luego de que ella publicara en redes sociales su interés en vestir a la presidenta electa. “Para mí sería un honor vestir a la presidenta”, recordó Zacnich sobre el mensaje inicial que marcó el inicio de la colaboración.

La nueva etapa de imagen de Keiko Fujimori no se limita a una sola creadora. Según el reportaje emitido en televisión, varias diseñadoras nacionales participan en el proceso, entre ellas Cleofé Mendoza, autora del vestido utilizado por Fujimori durante el debate, y Yirko Sivirich, responsable del sastre blanco con bordados verdes con el que recibió sus credenciales. Sue Zacnich detalló que el primer diseño a medida para la mandataria se encontraba aún en fase de pruebas y que será estrenado oficialmente durante la ceremonia del 29 de julio. También afirmó que existe un equipo de asesoría encargado de definir los cortes y preferencias a considerar en el vestuario presidencial, y resaltó que Fujimori “se deja llevar, escucha consejos también”.

El cambio de vestuario y su vínculo con la industria textil peruana

El reportaje televisivo trazó un recorrido por la evolución estética de Keiko Fujimori a lo largo de casi tres décadas de carrera política. En 1994, cuando asumió el rol de primera dama a los 19 años, su imagen estuvo marcada por trajes sobrios, sacos anchos con hombreras, faldas largas y peinados altos, diseñados para proyectar madurez y seriedad. Posteriormente, durante sus campañas presidenciales, Fujimori optó por zapatillas, jeans y el color naranja brillante, símbolo de su partido, con la intención de construir una apariencia más cercana en actividades de campaña y recorridos por mercados.

Durante las presentaciones judiciales y su paso por prisión, la estrategia visual se modificó nuevamente. El color naranja desapareció, dando lugar a tonos neutros, casacas oscuras, blazers amplios y un maquillaje reducido, en un esfuerzo por transmitir la gravedad de la situación. En la actualidad, a los 51 años y con una presencia activa en redes sociales, Fujimori ha vuelto a transformar su imagen: ahora utiliza blazers y prendas confeccionadas en Gamarra y apuesta por una selección de atuendos nacionales para respaldar a la industria textil local.

El color blanco predomina en la nueva fase de su vestuario, en ocasiones acompañado de rojo, y según el informe televisivo, la vestimenta pasó de ser un accesorio a convertirse en una herramienta central de comunicación pública durante sus tres décadas de trayectoria política.

Trayectoria y propuesta de Sue Zacnich

Sue Zacnich explicó que su interés por la moda surgió al observar el trabajo de su madre, quien confeccionaba uniformes y tomaba medidas en el taller familiar. Tras terminar el colegio, estudió diseño de modas y se especializó en sastrería, un rubro tradicionalmente masculino. Actualmente, su taller opera en Gamarra y su atelier de atención se encuentra en San Isidro, donde recibe a las clientas con cita previa. Zacnich continúa trabajando con el equipo formado por su madre y su padre, Edgar.

Sobre la propuesta estética para Fujimori, Zacnich indicó que se basa en tonos neutros con acentos de color, como rosado y celeste, para proyectar cercanía con el público, un atributo que la presidenta electa busca consolidar en esta nueva etapa. La diseñadora describió el proceso de creación de un atuendo presidencial como un trabajo colaborativo, donde la opinión del equipo de asesoría y las preferencias de la mandataria se combinan para definir los cortes y detalles finales.

Un proceso colaborativo y de proyección nacional

El trabajo de Sue Zacnich y de otras diseñadoras peruanas en la imagen de Keiko Fujimori refleja una estrategia orientada a fortalecer el vínculo con la producción nacional y a destacar el talento local en la confección de prendas de alta visibilidad. Este enfoque busca no solo renovar la percepción pública de la mandataria, sino también generar un impacto tangible en el sector textil peruano, especialmente en el tradicional emporio comercial de Gamarra.

La colaboración entre la presidenta electa y las creadoras nacionales ha sido reconocida públicamente en reiteradas ocasiones, y en cada aparición se subraya la intención de incorporar “ropa nacional” como parte del mensaje político y social que acompaña su gestión. De acuerdo con la propia Zacnich, “la presidenta escucha, acepta sugerencias y tiene claro que el vestuario es parte de su comunicación”.

El vestuario como símbolo de identidad y mensaje político

Desde el inicio de su vida pública, Keiko Fujimori ha adaptado su imagen a los distintos momentos de su carrera, utilizando el vestuario como un elemento para proyectar mensajes y conectar con distintos públicos. La actual apuesta por la confección nacional y el trabajo de diseñadoras locales refuerza un discurso de apoyo a la industria y de identificación con las tradiciones textiles peruanas.

La elección de atuendos y el proceso detrás de cada prenda reflejan tanto la evolución personal de la mandataria como el impacto de la moda en la política contemporánea. El próximo 29 de julio, la presentación de un traje elaborado por Sue Zacnich durante el desfile militar marcará un nuevo capítulo en esta narrativa, colocando en primer plano el trabajo artesanal y la creatividad de la moda peruana.

El senador por Ahora Nación, Alfonso López Chau, expresó este 28 de julio su expectativa y exigencia frente al comienzo del mandato de Keiko Fujimori. Durante la jornada de cambio de mando, que coincide con el Día de la Independencia del Perú, el legislador dialogó con Infobae Perú y destacó que “todos los peruanos estamos esperando que sea un quinquenio de justicia y prosperidad”.

López Chau enfatizó la necesidad de “sanar” al país, subrayando que una parte importante de la sociedad peruana continúa afectada por el pasado. El senador señaló: “Esperamos que se curen las heridas y que se haga justicia a los familiares de las víctimas. Eso es lo primero. Se llama sanar”.

Uno de los puntos centrales del inicio de la gestión de Fujimori es la presentación de su primer gabinete ministerial. López Chau, miembro de la bancada opositora en el Congreso, reconoció en diálogo con Infobae Perú el derecho de la presidenta a elegir a su equipo: “Es su gabinete, es un gabinete con ministros que responden a la confianza de ella. Y ese es su derecho”. El senador admitió haber visto una versión anticipada de la lista de ministros, aunque no confirmó su carácter oficial.

El acto de juramentación de los ministros estaba previsto para la misma jornada, generando expectativa tanto en las filas oficialistas como en la oposición. Según declaraciones recogidas por Infobae Perú, López Chau optó por no emitir juicios sobre la composición del gabinete y recalcó que la potestad de elección recae exclusivamente en la presidenta.

Demandas y prioridades para el mensaje presidencial

En la antesala del discurso de Fujimori ante la nación, López Chau detalló cuáles son las áreas que, en su opinión, requieren respuesta inmediata del nuevo gobierno. La salud, la educación y la lucha contra el crimen organizado figuran entre las prioridades señaladas por el legislador. “Qué trae en sus planes, lo que se va a hacer en salud, en educación, en la lucha contra el crimen. Todos esperamos eso”, afirmó.

El senador sumó a estos ejes una demanda personal vinculada al desarrollo nacional: “Espero que exista un gran planteamiento para desarrollar la innovación, la ciencia y la tecnología”. Para López Chau, el impulso de estos sectores puede marcar una diferencia en la agenda legislativa y gubernamental en los próximos cinco años.

Seguridad ciudadana y diálogo político

La cuestión de la seguridad ciudadana ocupa un lugar central en la agenda pública peruana. Consultado por Infobae Perú sobre posibles anuncios en esta materia, López Chau aseguró que el tema no quedará fuera del mensaje presidencial. “Vamos a escuchar. Estoy seguro que es un tema que se va a tocar”, respondió.

El legislador también abordó la posibilidad de diálogo entre el fujimorismo y las bancadas opositoras. Reconoció la existencia de algunas señales positivas, aunque las atribuyó a gestos individuales y no a una política institucional del oficialismo. López Chau subrayó que el Congreso es el espacio natural para la negociación y el debate, indicando: “El Congreso es el sitio donde siempre se conversa y se dialoga, obligatoriamente”.

Perspectivas para el inicio de gobierno

Con el inicio del quinquenio presidencial, la atención se centra en la capacidad del nuevo gobierno para responder a las demandas sociales y políticas más urgentes. La expectativa de justicia, prosperidad y reconciliación nacional marca el tono de las primeras horas de la administración de Keiko Fujimori.

La integración del gabinete y los primeros anuncios oficiales serán determinantes para evaluar el rumbo que tomará el Ejecutivo en relación con los principales desafíos que enfrenta el país. Desde la oposición, se plantean exigencias claras y se mantiene la disposición al diálogo, siempre en el marco institucional del Parlamento.

Mientras Perú se prepara para la Toma de Mando de Keiko Fujimori, tras una tensa elección presidencial en la segunda vuelta del pasaso 7 de junio, uno de los nombres que volvió a captar la atención, fue el de Luis Galarreta. El dirigente de Fuerza Popular acompañará a Fujimori Higushi como primer vicepresidente y también como presidente del Consejo de Ministros, anunciado por la mandataria electa.

Aunque su trayectoria política supera las dos décadas y media, parte de la atención sobre su figura trasciende la actividad partidaria. Su historia personal está vinculada a una condición física que lo acompañó desde los primeros meses de vida y que, con el paso de los años, se convirtió en un elemento visible de su imagen pública.

Abogado, excongresista, presidente del Parlamento entre 2017 y 2018 y actual parlamentario andino, Galarreta construyó una carrera que lo llevó a ocupar algunos de los cargos más importantes del Estado peruano. Su recorrido político atravesó distintas organizaciones antes de consolidarse como uno de los principales dirigentes del fujimorismo.

La talidomida y una decisión médica que marcó su vida

Luis Fernando Galarreta Velarde nació en Lima el 12 de marzo de 1971. Durante el embarazo, su madre consumió talidomida, un medicamento que décadas atrás se recetaba para aliviar las náuseas en mujeres gestantes. Con el tiempo, estudios médicos demostraron que el fármaco provocaba graves malformaciones congénitas en miles de casos alrededor del mundo.

Como consecuencia de esa exposición prenatal, Galarreta nació con anomalías en las extremidades superiores. A los tres meses de vida, los médicos recomendaron la amputación de ambas manos. La decisión recayó en su madre, Rita Velarde, quien aceptó el procedimiento en una etapa temprana de la infancia de su hijo.

La talidomida constituye uno de los episodios más conocidos de la historia farmacéutica mundial. Actualmente su uso está restringido a tratamientos específicos bajo estrictos controles médicos. Durante las décadas de 1950 y 1960, el medicamento produjo miles de casos de focomelia y otras malformaciones congénitas.

En Perú no se registró una crisis sanitaria de la magnitud observada en otros países, aunque existen antecedentes de casos aislados asociados al fármaco.

Tras la operación, Galarreta inició un proceso de adaptación que incluyó el aprendizaje del uso de prótesis en el Instituto Nacional de Rehabilitación del Callao. Esa etapa resultó determinante para el desarrollo de su autonomía durante la niñez y adolescencia.

Una infancia de adaptación y apoyo familiar

La diferencia física fue evidente desde sus primeros años escolares. Según relató el propio Galarreta en una entrevista para el programa Extraordinarios en 2013, sus compañeros de colegio solían recibirlo con sonidos de Transformers cuando ingresaba al aula.

Pese a esas experiencias, sostuvo que nunca se sintió discriminado. En diversos testimonios públicos destacó el respaldo de su entorno más cercano durante la infancia.

Su hermano colaboraba con actividades cotidianas como la alimentación o el desplazamiento dentro de la escuela. Cuando él no estaba presente, varios compañeros asumían ese rol.

“Yo tenía amigos de 9 años que se encargaban de ayudarme en todo. Y muchos de ellos hoy me dicen: ‘Yo aprendí la solidaridad gracias a ti’”, recordó durante aquella entrevista.

Realizó sus estudios escolares en Lima y posteriormente inició su formación universitaria. Con el tiempo, la discapacidad dejó de ser únicamente una circunstancia personal para transformarse en un aspecto visible de su identidad pública.

Incluso adoptó una frase que se volvió recurrente a lo largo de su carrera política: “A mí nadie me rompe la mano”. El eslogan jugaba con una referencia directa a sus prótesis y a una imagen de integridad que buscó proyectar en la actividad pública.

Formación académica y primeros pasos en la política

Galarreta estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Martín de Porres. Además, cursó una especialización en Finanzas y Banca en la Universidad San Ignacio de Loyola.

Su formación incluyó estudios complementarios en comunicación política, así como programas de capacitación desarrollados por instituciones vinculadas a organizaciones políticas europeas, entre ellas la Fundación FAES de España y la Fundación Konrad Adenauer de Alemania.

Su ingreso a la actividad política ocurrió en 1989 dentro del Movimiento Libertad, agrupación liderada por el escritor y entonces candidato presidencial Mario Vargas Llosa.

Dos años después fue elegido secretario nacional universitario de esa organización. El cargo representó una de sus primeras responsabilidades dentro de la estructura partidaria.

En 1998 asumió funciones como personero legal de Renovación Nacional. Más adelante, en 2002, obtuvo un escaño como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por la alianza Unidad Nacional para el periodo 2003-2006.

La llegada de Galarreta al Congreso se produjo en las elecciones parlamentarias de 2006. Obtuvo una curul por Lima dentro de la alianza Unidad Nacional y comenzó así una etapa de presencia continua en la política nacional.

En 2011 consiguió la reelección bajo la Alianza por el Gran Cambio. Durante esos años ejerció funciones como vocero de bancada y presidió comisiones parlamentarias vinculadas a temas económicos y de ética.

Su relación con el Partido Popular Cristiano terminó en 2015. Según declaró entonces, su salida respondió a razones “estrictamente personales”. Poco tiempo después se produjo uno de los movimientos políticos más comentados de su carrera.

El giro hacia Fuerza Popular

La incorporación de Galarreta al fujimorismo sorprendió a numerosos observadores políticos. Antes de sumarse a Fuerza Popular, había expresado cuestionamientos severos contra el régimen de Alberto Fujimori y contra el propio movimiento político liderado por Keiko Fujimori.

En 2011 declaró que el gobierno de Alberto Fujimori “fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción”.

Durante la campaña municipal de 2010 también afirmó que una eventual victoria de Álex Kouri representaría “el primer peldaño para el retorno de la mafia, la cual es representada también por la candidata Keiko Fujimori”.

Sin embargo, a inicios de 2016 apareció públicamente junto a Keiko Fujimori como nuevo vocero de Fuerza Popular. Desde entonces se convirtió en uno de los principales dirigentes del partido.

En declaraciones posteriores sostuvo que Keiko Fujimori “está recogiendo lo mejor de los 90′, porque hubo muchísimas cosas buenas”.

La presidencia del Congreso y el círculo de confianza de Keiko Fujimori

El 26 de julio de 2017 fue elegido presidente del Congreso para el periodo legislativo 2017-2018. Su designación lo convirtió en el primer titular del Parlamento peruano con discapacidad.

Su gestión coincidió con una etapa de alta confrontación política entre el Congreso y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Durante ese periodo se tramitaron los procesos de vacancia presidencial que terminaron con la renuncia del mandatario.

También enfrentó controversias relacionadas con compras realizadas por la administración parlamentaria y con la aprobación de la ley que restringía la publicidad estatal en medios privados, norma que posteriormente fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Tras la disolución del Congreso decretada por Martín Vizcarra en 2019, Galarreta continuó desempeñándose dentro de la Comisión Permanente.

En 2021 integró la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori como candidato a la primera vicepresidencia. Paralelamente postuló al Parlamento Andino y obtuvo un escaño para el periodo 2021-2026.

Hombre de confianza de Keiko Fujimori

Actualmente ejerce como secretario general de Fuerza Popular y figura entre los dirigentes más cercanos a Fujimori. Diversos análisis políticos lo sitúan dentro del núcleo estratégico del partido, junto a otros dirigentes encargados de la conducción interna de la organización.

Para las elecciones generales de 2026 volvió a integrar la fórmula presidencial de Fuerza Popular como candidato a la primera vicepresidencia y consiguió además la reelección como parlamentario andino. Su nombre regresó así al centro de la escena política peruana, donde tras unas elecciones ajustadas, este 28 de julio asumirá la presidencia del Consejo de Ministros y seguirá siendo uno de los hombres de confianza y cercanos a Keiko Fujimori.

Al menos 7 de cada 10 peruanos consideran que la presidenta electa Keiko Fujimori merece una oportunidad para demostrar su capacidad de gobierno, según una encuesta de Ipsos publicada este domingo por Perú21.

El estudio revela que el 71% de los consultados cree que la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1938-2024) merece esa oportunidad, independientemente de si votó por ella. En cambio, el 23% opina que no la merece y un 6% no responde.

El respaldo es mayor en Lima, donde alcanza el 79%, frente al 66% registrado en el interior del país. Por regiones, el mayor apoyo se concentra en el Oriente (77%), mientras que el Sur registra el nivel más bajo (55%).

Según el nivel socioeconómico, el mayor respaldo corresponde a los sectores A y D (76%), seguidos por el C (75%), el B (70%) y el E (61%), que presenta el porcentaje más bajo.

Por género, el 74% de los hombres considera que Fujimori merece una oportunidad, frente al 68% de las mujeres. La aprobación se mantiene estable entre los grupos etarios: 72% entre quienes tienen de 18 a 26 años, 70% entre las personas de 27 a 46 años y 71% entre los mayores de 47 años.

Expectativas

La encuesta también evaluó las expectativas sobre el mandato de la lideresa de Fuerza Popular, quien asumirá la Presidencia este martes para el periodo 2026-2031, tras cuatro postulaciones consecutivas.

El 42% cree que, al concluir su gestión, el país estará mejor que ahora. En tanto, el 27% considera que la situación será similar, el 18% estima que el país estará peor y el 13% no expresa una opinión.

Las expectativas favorables son más altas en la capital (54%) que en el interior (36%). En contraste, el mayor nivel de pesimismo se concentra en el Sur, donde el 29% cree que el país terminará en una situación peor.

Respecto a la elección de Fujimori, las opiniones reflejan un escenario dividido. El 39% afirma sentir preocupación, mientras que el 37% expresa optimismo. Además, el 16% manifiesta indiferencia y el 8% no responde.

La lideresa de Fuerza Popular se sienta en el sillón presidencial luego de perder las tres segundas vueltas anteriores, victora que marca el retorno del fujimorismo al poder casi 26 años después de la renuncia por fax de su padre desde Japón, en medio del escándalo de corrupción que también involucró a su exasesor Vladimiro Montesinos.

De cara al mensaje a la Nación de este 28 de julio, la principal prioridad para la ciudadanía es la lucha contra la delincuencia. El 68% considera que ese debe ser el eje central del discurso presidencial.

Le siguen la lucha contra la corrupción (45%), el fortalecimiento de la salud pública (39%), la mejora de la educación pública (33%) y la reducción de la pobreza (32%).

Más atrás aparecen las medidas frente al fenómeno de El Niño (15%), la reforma del sistema de justicia (13%), las reformas políticas (10%), la construcción de infraestructura (9%) y la promoción de la inversión privada (7%).

Durante ese cuarto de siglo, la primogénita del exmandatario asumió el liderazgo del fujimorismo con el objetivo de lograr la liberación de su padre, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, además de recuperar el poder para reivindicar su legado e intentar limpiar su imagen.

“Ella tiene derecho a hacer todo lo que quiera. Es una opinión legítima y legal”, dijo el legislador de Ahora Nación sobre la designación de Galarreta, partido que integrará la oposición al próximo Ejecutivo.

El senador fue directo al separar la legitimidad política del acuerdo programático. Reconoció que Keiko Fujimori tiene plena potestad para elegir a su premier y que ese derecho no admite cuestionamiento desde la oposición.

“Primero, que la señora Keiko Fujimori legítimamente puede decidir quién va a ser su premier. Yo lo que puedo hacer es sugerir, dar mi opinión personal”, afirmó.

Con todo, López Chau identificó puntos en los que Ahora Nación acompañará al gobierno y otros en los que no. Entre los primeros mencionó el combate a la anemia, la atención a las zonas afectadas por desastres naturales —puso como ejemplo el terremoto en Huancavelica— y el impulso a las inversiones.

“Le voy a poner ejemplo de acelerar para adelante: combatir la anemia, hay un terremoto en Huancavelica, hay que ir, hay que alentar las inversiones”, enumeró.

Las diferencias, en cambio, las situó en dos frentes: la deuda pendiente con los familiares de las víctimas de la violencia política y la negativa del fujimorismo a derogar ciertas leyes. “Claramente tenemos diferencia”, remarcó.

Elmer Cuba, un técnico respetado para Economía

Sobre la designación de Elmer Cuba al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, López Chau fue escueto pero elogioso. Lo calificó de “buen economista” y recordó su paso por el directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

“Elmer Cuba es un buen economista, fue director del Banco Central de Reserva del Perú. Tienen derecho a elegir su gabinete. No podemos cuestionar cuando un presidente nombra su gabinete”, sostuvo.

El senador dejó en claro que esperará a conocer el programa completo del gabinete antes de emitir un juicio más amplio. “Veremos lo que presente el gabinete”, repitió dos veces, como para subrayar que su postura es de observación, no de confrontación anticipada.

Educación, el punto donde propone consenso

Sin que se le preguntara directamente, López Chau abrió un flanco de propuesta concreta sobre la cartera de Educación. Planteó que la futura titular debería salir de las filas de los rectores de universidades públicas del país y ofreció un mecanismo formal para canalizarlo.

“Cualquiera de los rectores de la UNAP. Está el rector de Huancavelica, está el rector de Ayacucho, está el rector de Trujillo, está el rector de Arequipa, cualquiera”, enumeró.

Detalló que ya ha hecho esta propuesta a presidentes anteriores: que la Asociación de Universidades eleve cuatro nombres técnicos al Ejecutivo, y que sea el presidente o la presidenta quien elija libremente entre ellos, o los descarte todos.

“La única institución que tiene a los mejores, ya sea actualmente o egresado, la única, es la universidad. No hay otra”, argumentó para sostener su postura.

El legislador también abrió el debate sobre el futuro de la SUNEDU y las setenta universidades que ya cuentan con licencia aprobada. “¿Va a seguir la misma SUNEDU? ¿Qué hacemos con las setenta universidades que han aprobado?”, preguntó, sin responder él mismo, como una advertencia de que el tema requerirá negociación política.

La denuncia contra Roberto Sánchez y la posición de Ahora Nación

En la rueda de prensa también se le consultó sobre la denuncia periodística contra Roberto Sánchez, excandidato presidencial y aliado de Ahora Nación en la mesa directiva del Congreso, acusado de recortar sueldos a trabajadores en Charca.

López Chau recordó que su partido apoyó a Sánchez en primera y segunda vuelta, y que luego acató los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones que consagraron a Fujimori. Pero no esquivó la pregunta sobre la denuncia.

“Si fuera de nuestro propio partido, empiezo por ahí, por casa, y hubiera este problema, es condenable”, dijo. Y extendió ese criterio a cualquier fuerza política: “Es condenable ser eso cierto, lo que pase en cualquier partido”.

Cuando los periodistas le señalaron que existen chats y pruebas contundentes contra Sánchez, el senador no retrocedió de su postura condicional pero tampoco la endureció. “Si se comprueba lo que usted dice, es condenable”, reiteró.

El modelo Merkel y la socialdemocracia como señal de Galarreta

López Chau rescató una declaración previa del propio Luis Galarreta para leer en ella una apertura hacia la convivencia política. Recordó que el premier designado había expresado públicamente su respeto por la socialdemocracia, y tomó esa frase como una señal positiva.

Para ilustrar por qué esa postura le parece valiosa, recurrió al ejemplo de Alemania: “Lo que muchos no sabemos en el Perú es que en Alemania gobernó la señora Merkel, de derecha, se reeligió cuatro veces. ¿Y con quién gobernó? Con la socialdemocracia“.

“En labios de él, yo lo aliento”, dijo sobre Galarreta, en referencia a esa declaración sobre la socialdemocracia.

El expresidente Francisco Sagasti cuestionó los intentos de modificar la narrativa del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y alertó sobre los riesgos de que el espacio sea intervenido por sectores políticos que buscan imponer una única versión sobre el conflicto armado interno en el Perú.

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, el exmandatario sostuvo que el museo ha conseguido una tarea “extremadamente difícil”: mostrar la violencia cometida por Sendero Luminoso y, al mismo tiempo, reconocer los crímenes y abusos perpetrados por agentes del Estado.

Las declaraciones de Sagasti se producen en un momento de renovada controversia sobre el futuro del LUM. Tras la victoria electoral de Keiko Fujimori, representantes de Fuerza Popular ha vuelto a cuestionar el contenido del museo: políticos como Martha Chávez plantearon la necesidad de modificar su recorrido o revisar su enfoque. En redes sociales, además, numerosos jóvenes expresaron su preocupación por el futuro del museo y realizaron llamados virales a visitar el LUM ante el temor de que pueda ser cerrado o censurado.

¿Qué dijo Francisco Sagasti sobre Keiko Fujimori y el LUM?

Consultado por Infobae Perú sobre el futuro del LUM durante el próximo quinquenio, Francisco Sagasti pidió al nuevo gobierno mantener una posición abierta y reconsiderar las posturas que, según señaló, “buscan minimizar las violaciones de derechos humanos” cometidas durante los años de violencia política.

“Yo espero que tenga la suficiente apertura, no solamente Keiko, sino su gobierno, de recapacitar y darse cuenta que estas posiciones extremistas y conservadoras que tenemos, buscan minimizar la violación de los derechos humanos de una de las partes”, manifestó el expresidente.

Para Sagasti, el debate no debería centrarse en eliminar o deslegitimar una parte de la historia, sino en reconocer la totalidad de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. En ese sentido, defendió el trabajo realizado por el LUM bajo la dirección del historiador Manuel Burga, destituido por el gobierno de Dina Boluarte.

“Yo creo que el LUM ha logrado algo extremadamente difícil, que ha sido mostrar la violencia de ambos lados“, afirmó.

El exmandatario consideró que el espacio de memoria ha conseguido mantener un equilibrio precisamente porque no oculta la responsabilidad de Sendero Luminoso, pero tampoco deja de abordar los crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía. A su juicio, alterar esa mirada para favorecer a uno de los actores implicaría distorsionar el propósito del museo: “Bajo la dirección de Manuel Burga, se mantuvo un equilibrio que ahora se trata de romper”.

Sagasti también cuestionó la idea de modificar la historia para hacerla políticamente más conveniente. “Al hacer esto, lo que estamos haciendo no es mejorar la situación, estamos barriendo debajo de la alfombra algo que eventualmente va a salir”, declaró.

El expresidente puso especial énfasis en el interés de las nuevas generaciones por conocer lo ocurrido. Para Sagasti, los jóvenes que no vivieron directamente los años de violencia política no aceptarán una versión oficial diseñada para limpiar la imagen de un sector específico: “Los jóvenes de su generación están ansiosos de conocer la verdad y no se van a detener simplemente en una fachada que le limpie el rostro a uno o a otro“.

Lugar de la Memoria: las críticas de Fuerza Popular y el temor a que se modifique la memoria del conflicto armado

Las críticas contra el Lugar de la Memoria no son recientes. Desde su inauguración, el espacio ha enfrentado cuestionamientos de sectores conservadores que lo acusan de ofrecer una visión parcial del conflicto armado interno o de no otorgar suficiente protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA.

En 2024, la entonces congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, solicitó al Ministerio de Cultura modificar el guion museográfico del LUM bajo el argumento de que la exposición ofrecía una visión “sesgada” y no incluía suficientemente los testimonios de quienes, según su posición, lucharon por la pacificación del país. El pedido se sumó a otros intentos previos de cuestionar el contenido del museo.

Años antes, el espacio también fue escenario de una fuerte controversia luego de que el entonces congresista Edwin Donayre realizara una visita disfrazado y posteriormente acusara al LUM de hacer apología al terrorismo. El episodio generó una intensa disputa pública y terminó con la salida de una trabajadora del museo.

En el actual escenario político, las críticas han vuelto a tomar fuerza. La senadora electa Martha Chávez ha cuestionado públicamente la existencia y el enfoque del museo, mientras otros sectores han planteado revisar su contenido. Estas posiciones coinciden con un renovado debate sobre la responsabilidad del régimen de Alberto Fujimori en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como La Cantuta.

Frente a este escenario, Sagasti insistió en que la memoria histórica no puede construirse omitiendo responsabilidades: “Hay que empezar a reconocer lo que sucedió”.

El exmandatario recordó que la mayor parte de los asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno fueron atribuidos a Sendero Luminoso y sus integrantes, incluidos militantes de la propia organización. Sin embargo, también sostuvo que el Estado debe reconocer los crímenes cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía: “Hay que reconocer las dos situaciones, sopesarlas y ver cómo podemos evitar que esto suceda en el futuro”.

En el Perú, el destino final del máximo poder suele redactarse en los pasillos de un penal. Francisco Sagasti, sin embargo, habita otro tipo de recinto: una biblioteca infinita.

A sus 81 años - sobre los que ironiza “la vida es una enfermedad mortal y que todos los que nos contagiamos de vida terminamos muriendo” - el único expresidente que camina en libertad abre sus puertas a Infobae Perú, porque aún conserva el privilegio de poder hacerlo.

Ahí, entre sus libros, terminó de madurar su libro Incertidumbre. La tesis de esta colección de ensayos es incómoda: tras cinco siglos en los que la ciencia y la tecnología prometieron avance sin freno el llamado “programa baconiano” se resquebraja por su propio éxito. El resultado es un orden global fracturado, gobiernos que no poseen la confianza pública y sociedades que no saben bien hacia dónde mirar. Sagasti no ofrece certezas para ese vacío, sino algo más pragmático y quizás más útil: rutas posibles.

Esa misma cautela define su manera de hablar de política. Sagasti responde con tino, mesura y algún destello de humor, dejando claro desde el principio que la dignidad de su cargo no le permite opinar sobre políticos aún en escena, ni “dar consejos a quien no los pide”. El hombre libre prefiere contemplar el presente y cuestionar el futuro, buscando, en palabras del cantautor Leonard Cohen, “esas pequeñas grietas por donde aún se cuela la luz”.

- Usted definió alguna vez a Keiko Fujimori como “la candidata eterna”. Por lo visto, la cuarta es la vencida, y asumirá su ansiada presidencia. ¿Es un escenario que contempló como posible?

Francisco Sagasti: Sí, era perfectamente posible. Tiene un grupo de partidarios bastante fiel y se ha mantenido a lo largo de todo este periodo. Pero recordemos: ninguno de los candidatos - y ella fue la que sacó la votación más alta en la primera vuelta - obtuvo más allá del 11% del electorado total.

Quiere decir que casi nueve de cada diez electores no están de acuerdo con su postulación y eventual elección, porque al final, al quedarse en dos, es como un embudo: fuerzan a toda la ciudadanía a escoger entre dos opciones no deseadas.

- El Congreso que está por terminar su gestión ha reformado la Constitución más de 60 veces mientras decía defenderla. ¿Cómo lo lee usted?

Este Congreso fue una Asamblea Constituyente clandestina, “solapa”, como decimos acá. Al cambiar casi 60 artículos o más de la Constitución, asumió las funciones de una Asamblea Constituyente, a pesar de que decían que estaban defendiendo la Constitución.

Entonces, por favor, pónganse un poco más coherentes, un poco más claros, y digan que lo que han hecho es cambiar la Constitución a su conveniencia. Han usurpado las funciones de una Asamblea Constituyente. Y digo clandestina porque fue sin debate abierto, a veces con votaciones entre gallos y medianoche, sin discusión, sin justificación clara a la ciudadanía de las modificaciones que han incorporado.

- En el segundo ensayo de su libro advierte contra el fundamentalismo religioso, un acompañante constante de nuestra política: el primer triunfo de Alberto Fujimori se gestó con votos de iglesias evangélicas, y hoy vemos los nexos de Fuerza Popular con iglesias carismáticas, y de Renovación Popular con el Opus Dei y Con Mis Hijos No Te Metas. ¿Tiene la democracia peruana las defensas necesarias para no convertirse en una teocracia encubierta?

Personalmente creo que sí. Creo que la sensatez, el equilibrio, un punto de vista respetuoso de otros pero sin imponerlo al resto, es una característica de la mayoría de ciudadanos en nuestro país.

Lo que sucede es que la concepción individualista de la salvación eterna (la concepción calvinista de la religión, cada uno vale por sí mismo, lo que importa es el éxito material) es lo que informa a algunos grupos extremistas, conservadores, religiosos. Contra eso hay que resistir a través de organizaciones políticas.

- Pero desde el Congreso hemos visto a ese fundamentalismo religioso impulsar contrarreformas educativas, recorte de derechos a minorías y la firma de documentos internacionales de ultraderecha como la Carta de Madrid del partido Vox. ¿Podríamos estar subestimando el peligro real de un proyecto fundamentalista?

Aquí lo que tenemos no es un proyecto, es un pequeño grupo —porque en realidad son muy pequeños— de activistas religiosos con una cierta concepción ideológica y doctrinaria que no tiene que ver nada con el bien común, ni con el respeto mutuo, ni con considerar a todos los seres humanos como iguales. Algunos se sienten más iguales que otros, denigran a la mujer, no aceptan una serie de decisiones individuales. A pesar de que son individualistas, quieren imponer su punto de vista en el resto. Y yo creo que eso es absurdo y no debemos tolerarlo.

- Usted ha dicho que lo primero que tiene que hacer una persona para ser presidente es no querer serlo. Y Keiko lo quiso, y Keiko lo logró. ¿Qué nos espera con una mandataria que ha ansiado visiblemente el poder por tanto tiempo?

Yo soy una persona que cree que todos podemos cambiar, que todos podemos mejorar. Lo que espero es que, después de lo que ha pasado —incluyendo un periodo de cárcel que a mí me pareció totalmente injustificado y fuera de lugar—, haber pasado por tres derrotas y todo, cualquier persona que llegue a ocupar este puesto haya reflexionado lo suficiente para darse cuenta de que querer ser presidente no es una calificación.

Aquí el problema es que mucha gente cree que gobernar es mandar, imponerse sobre los otros. Y eso, como digo en el libro, es simplemente una demostración de una profunda inseguridad: al no estar contento con su propia manera de ser y sus propios logros, tienen que buscar imponerse sobre los otros para sentirse algo mejor.

Cualquier persona que llega a la Presidencia tiene que tomar conciencia de la enorme responsabilidad y de que, como jefe de Estado, tiene la obligación de escuchar y gobernar para todos, no solamente para su pequeño grupo de votantes que en la primera vuelta le dio casi una décima parte del total del electorado.

- Con un enfoque político como el de Fuerza Popular, centrado fuertemente en el extractivismo, ¿qué riesgos reales enfrenta el medio ambiente en el próximo quinquenio?"

Ahí hay un problema central, y tiene que ver con el carácter del líder y de quien ejerce. Si (Keiko) va a escuchar solo a aquellos que han aportado dinero a la campaña, o que han salido a defenderla, pero que tienen una posición con respecto al medio ambiente que es bastante retrógrada, la hemos perdido.

Lo que uno debe esperar es que un mandatario tenga la apertura para tomar conciencia de que uno de los principales activos que tiene nuestro país es su extraordinaria biodiversidad: diversidad de ecosistemas, de recursos, de etnias. Y que si no se conserva eso de una manera explícita y clara desde el gobierno central, para ponerlo en manera coloquial, estamos matando a la gallina de los huevos de oro.

Entonces, lo que espero es que deje de escuchar algunas de las voces más retrógradas y escuche a las voces que - la palabra está demonizada - las voces más progresistas en términos de una relación de respeto mutuo con el entorno biofísico que sustenta la vida humana.

- Por ahí también me preocupan los nexos con el trumpismo, por ejemplo la figura de Carlos Díaz-Rosillo, asesor tanto de Trump como de Keiko, y una retórica que siempre ha sido bastante en contra de todo lo woke y del medio ambiente en particular.

Pero eso, al final, termina destruyéndose a sí mismo. Vea lo que le está pasando a Trump: acabo de ver una encuesta en la que el expresidente Obama pasa casi el sesenta por ciento de aprobación, y el actual presidente de Estados Unidos, con la justa, pasa de treinta. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la ciudadanía se da cuenta perfectamente para quién y cómo está gobernando.

Si uno va a imitar a los gobernantes de otros países, andamos muertos. Lo que tenemos en América Latina en la presente cosecha de presidentes es básicamente un grupo de autoritarios intolerantes con una manera de pensar totalmente retrógrada.

- Usted se opuso con fuerza a la salida de Manuel Burga del LUM, al que calificó de destacado intelectual. La bancada de Fuerza Popular y Renovación Popular han intentado censurar el contenido del espacio, aduciendo que está sesgado o hace apología al terrorismo. ¿Qué le depararía al LUM en este quinquenio, con una presidenta directamente involucrada en uno de los lados de esa narrativa por su familia?

Yo espero que tenga la suficiente apertura, no solamente ella sino su gobierno, de recapacitar y darse cuenta de que estas posiciones extremistas conservadoras buscan minimizar la violación de los derechos humanos de una de las partes.

Yo creo que el LUM ha logrado algo extremadamente difícil: mostrar la violencia de ambos lados y reconocer con toda claridad que la violencia y los asesinatos empezaron con Sendero Luminoso, este grupo terrorista.

El LUM ha logrado, bajo la dirección de Manuel Burga, mantener un equilibrio que ahora se trata de romper. Pero al hacer esto no estamos mejorando la situación, estamos barriendo debajo de la alfombra algo que eventualmente va a salir. Y los jóvenes de su generación están ansiosos de conocer la verdad y no se van a detener simplemente en una fachada que le limpie el rostro a uno o a otro.

Sabemos que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos por Sendero Luminoso, pero también alrededor de un tercio o más se cometió por la violencia indiscriminada de nuestras fuerzas armadas y la policía. Hay que reconocer las dos situaciones, sopesarlas y ver cómo evitamos que esto vuelva a suceder.

- ¿Estaría en riesgo esa estabilidad con una presidenta directamente involucrada en uno de esos lados?

No sé hasta qué punto. Como le dije al principio, creo que todas las personas pueden cambiar. En el Congreso uno es el cajón: hace bulla, marca ritmos. Pero desde el Ejecutivo uno tiene que ser guitarra: tiene que bordonear, saber generar armonía, traer a las voces, mantenerse dentro del ritmo pero sin ser esclavo del ritmo. La gran pregunta es si un presidente electo se convierte en el estadista o la estadista que necesitamos, o si vamos a seguir con la retahíla de personajes que hemos tenido después del Gobierno de transición y emergencia.

- Si tuviera a Keiko Fujimori en frente, ¿qué tres cosas le diría?

No diría nada si no me pregunta. Yo no doy consejo a quien no me lo pide. Sería cuestión de lo que me pregunte y le contesto, pero no voy a ofrecer nada gratuitamente sin que me lo pidan.

- Soy un joven periodista migrante, miembro de la comunidad LGTBIQ+. Como yo, hay miles de jóvenes peruanas y peruanos que hoy sienten terror de que nuestros derechos queden suspendidos en el aire, o que retroceda lo poco que hemos ganado. ¿Qué palabra de aliento o qué ruta de acción le sugiere a esa juventud?

Lo primero que tendría que decirle a su generación, es que no los paralice el miedo. Eso es lo más importante. Si se paralizan por esta situación, van a perder de todas maneras. Cuando uno se encuentra en situaciones tan complejas como la que se encuentra en su generación, lo que tiene que hacer es tomar las cosas con calma, mirar exactamente cuál es la situación y, citando a Leonard Cohen, buscar las grietas por donde se cuela la luz, que siempre existen.

La herramienta que utilizan los grupos extremistas de cualquier orientación ideológica es el miedo. Entonces, si uno acepta paralizarse por el miedo, no va a poder hacer absolutamente nada. Dejen el miedo de lado, participen activamente. Hay espacios en todos los ámbitos de la vida nacional y créame, esto se lo digo con los años y la experiencia, hasta las más pequeñas cosas que sean a nivel personal e individual terminan teniendo un impacto.

Aquellas cosas positivas son como cuando uno tira una piedra en un estanque y ve cómo poco a poco se van agrandando los círculos y van incorporando más a más gente. Y esto se aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Si simplemente su generación deja que aquellos que han tirado una piedra para contaminar este el agua, andamos... Se requiere recuperar esos espacios, participar activamente, no paralizarse y vencer a ese miedo que todos tenemos de una forma u otra.

Los de mi edad, aquellos que estamos ya por los ochenta, ochenta y uno, como sabemos que la vida es una enfermedad mortal y que todos los que nos contagiamos de vida terminamos muriendo, nos angustiamos menos. Pero que la incertidumbre, la angustia, la turbulencia, la ambigüedad no paralice a su generación.

“De conformidad al artículo 87, inciso c, del Reglamento de Cámara de Diputados, el voto por cédula es secreto. Cualquier infracción es pasible de una acusación constitucional”, afirmó antes del inicio de la sesión, en la que los diputados Pierangeli Dodero y Nery Fernández participaron como escrutadores del proceso.

Sin embargo, varios de los legisladores ignoraron el aviso y mostraron sus cédulas en público después de sufragar, una acción que recibió aplausos en la sala, mientras Chacón tuvo que reiterar la advertencia.

La primera lista que compite por la Mesa Directiva para el periodo 2026-2027 está encabezada por Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) como candidato a la presidencia, acompañado por Analí Márquez (Juntos por el Perú) como primera vicepresidenta; Harvey Colchado (Ahora Nación), como segundo vicepresidente; y José Yataco (Obras), como tercer vicepresidente.

La segunda fórmula tiene como candidata a la presidencia a Norma Yarrow (Renovación Popular), junto a Karina Beteta (Fuerza Popular) como primera vicepresidenta; Diego Bazán (Renovación Popular), como segundo vicepresidente; y Gilmer Trujillo (Fuerza Popular), como tercer vicepresidente.

Horas antes de esta votación ocurrió la elección que dio como ganador al fujimorista Miguel Torres como presidente del Senado, un proceso que quedó marcado por acusaciones de “traición” contra la congresista Silvana Robles (Juntos por el Perú), quien no mostró su voto pese al acuerdo de la coalición opositora.

Del mismo modo, Ernesto Zunini, vocero de esa agrupación, cuestionó las restricciones para el ingreso de la prensa y asesores durante la elección, por lo que pidió explicaciones a la Oficialía Mayor del Congreso.

“Queremos señalar nuestra preocupación acerca de las disposiciones que se han tomado por parte de Oficialía Mayor del Congreso de manera inconsulta, sin coordinar, toda vez que esta sesión debería ser una sesión de carácter público”, declaró ante la prensa.

“Hemos podido constatar que en la mañana han permanecido en el hemiciclo asesores de algunos diputados, senadores y no se ha tenido la misma deferencia con el caso de los diputados y senadores de Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú”, agregó.

Zunini se mostró abierto al ingreso de los medios de comunicación para “que el país pueda constatar el desempeño y las decisiones que toma cada uno de los parlamentarios”, pues, añadió, “nosotros estamos en función de una representación”.

Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

En declaraciones a Epicentro, la excongresista calificó de “irrespetuoso” plantear que algún parlamentario haya traicionado a la coalición opositora o que Fuerza Popular haya ofrecido algún beneficio a cambio de apoyo. La elección de la primera Mesa Directiva del Senado de la República terminó con 30 votos para la lista encabezada por Miguel Torres, 29 para la oposición y una cédula declarada nula, en una jornada marcada por la diferencia mínima entre ambas fórmulas.

Martha Chávez niega que Fuerza Popular haya comprado un voto en elección del Senado

Consultada sobre el resultado de la votación y las críticas que surgieron luego de que la lista de Fuerza Popular y Renovación Popular se impusiera frente al bloque opositor, Martha Chávez aseguró que el resultado se produjo conforme a las expectativas de su agrupación.

“Todo ha salido conforme lo esperábamos”, sostuvo la senadora al ser consultada sobre la elección de la primera Mesa Directiva del Senado.

La periodista le preguntó entonces por las versiones que hablaban de una eventual “traición” de uno de los integrantes de la coalición que competía contra la fórmula de Miguel Torres. Chávez rechazó esa interpretación y pidió evitar ese tipo de afirmaciones. “No, me parece que es irrespetuoso señalar eso. Yo diría que traten de ser más democráticos”, respondió.

Ante la observación de que, al haberse registrado una votación de 30 contra 30 en un momento del proceso, alguien necesariamente habría cambiado su postura o votado de una manera distinta a la esperada, la parlamentaria apeló al principio de libertad de conciencia de los congresistas.

“Los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo ni deben ser objeto de presión alguna para cambiar su parecer”, afirmó.

La discusión se produjo luego de una elección en la que el voto secreto impidió identificar la posición individual de cada senador. En la primera votación, la fórmula encabezada por Miguel Torres obtuvo 30 votos, mientras que la lista opositora alcanzó 29. Una cédula fue declarada nula debido a un rayón en el recuadro correspondiente a la candidatura rival.

La situación provocó una segunda vuelta. El resultado volvió a favorecer a la lista integrada por Fuerza Popular y Renovación Popular, que obtuvo 30 votos frente a los 29 de la oposición y un voto nulo. De esta manera, Miguel Torres fue elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027.

La Mesa Directiva quedó integrada también por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente; Nilza Chacón, de Fuerza Popular, como segunda vicepresidenta; y Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular, como tercer vicepresidente.

Durante la entrevista, la periodista preguntó directamente a Martha Chávez si descartaba que su partido hubiera ofrecido algo a algún congresista para modificar su voto. La senadora respondió que no podía establecerse quién había votado por cada lista debido al carácter secreto de la elección.

“Eso no se puede saber porque el voto es secreto. Cuando hay cédula, votación por cédula electoral, el voto es secreto”, indicó.

Cuando se le insistió sobre la posibilidad de una negociación política, Chávez rechazó responder bajo esa hipótesis. “Por favor, yo no me pongo en supuestos que son irrespetuosos”, afirmó antes de finalizar el intercambio.

Martha Chávez juró como senadora y dedicó su cargo a sus padres y a Alberto Fujimori

Las declaraciones de Martha Chávez se producen apenas dos días después de que jurara como senadora de Fuerza Popular para el periodo 2026-2031. Durante la ceremonia, la política dedicó su nuevo cargo a sus padres y al expresidente Alberto Fujimori, a quien calificó como “el mejor presidente del Perú”.

Chávez cuenta con una extensa trayectoria en el Parlamento. Fue congresista de la República durante seis periodos y, en 1995, se convirtió en la primera mujer en ejercer la presidencia del Congreso. También integró el Congreso Constituyente Democrático instalado tras la disolución del Parlamento en 1992.

Su carrera política ha estado estrechamente vinculada al fujimorismo, corriente que ha defendido durante décadas. En los años noventa, fue una de las principales figuras que respaldaron al gobierno de Alberto Fujimori, junto con Luz Salgado y Carmen Lozada. También defendió al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

A lo largo de su trayectoria, Chávez ha protagonizado diversas controversias por sus declaraciones y posiciones políticas. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2020, cuando, durante una sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento, cuestionó la designación de Vicente Zeballos como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En aquella oportunidad, la entonces congresista señaló que Zeballos, por sus “rasgos andinos”, debía haber sido enviado a Bolivia, debido a la composición mayoritariamente andina o mestiza de ese país. Sus declaraciones generaron críticas y fueron calificadas como inaceptables por el entonces presidente Martín Vizcarra.

Posteriormente, el abogado Edison Félix Tito Peralta presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la parlamentaria por una presunta conducta discriminatoria contra el exministro y excongresista Vicente Zeballos.

Ahora, desde su nuevo cargo en la Cámara de Senadores, Martha Chávez vuelve a ocupar un lugar visible en la política nacional tras la instalación del nuevo Congreso bicameral. Su respaldo a la elección de Miguel Torres se produce en medio de los cuestionamientos sobre el voto nulo que resultó determinante y las críticas de sectores de la oposición sobre el desarrollo de la elección de la Mesa Directiva.

La instalación del Senado para el periodo 2026-2031 abrió una nueva etapa en la organización del Poder Legislativo peruano. La elección de su primera Mesa Directiva definió a las autoridades responsables de conducir los debates, ordenar la agenda parlamentaria y representar institucionalmente a la Cámara Alta durante su primer año de funcionamiento.

La votación reflejó un escenario de competencia ajustada entre los bloques políticos con representación en el Senado. La diferencia de un solo voto resolvió la presidencia del órgano de dirección y confirmó el equilibrio de fuerzas existente al inicio del nuevo periodo legislativo.

El resultado también colocó al frente del Senado a un dirigente con experiencia en el Congreso, en funciones de asesoría parlamentaria y en la estructura interna de Fuerza Popular. Su trayectoria combina actividad política, ejercicio profesional y docencia universitaria.

La conformación de la Mesa Directiva quedó integrada por representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular, agrupaciones que respaldaron una lista conjunta para asumir la conducción de la Cámara Alta.

Miguel Torres asumirá la presidencia del Senado

Miguel Ángel Torres Morales fue elegido presidente de la Mesa Directiva del Senado tras obtener 30 votos frente a los 29 alcanzados por la lista encabezada por Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras. La elección se desarrolló en dos rondas debido al empate registrado entre ambas candidaturas, en una contienda marcada por el equilibrio entre los bloques parlamentarios.

Con este resultado, el abogado y dirigente de Fuerza Popular tendrá a su cargo la conducción del Senado durante el primer año de funcionamiento de la Cámara Alta, restablecida después de más de tres décadas de sistema unicameral.

En las elecciones de 2026 obtuvo un escaño en el Senado y fue el candidato más votado de ese cuerpo legislativo. Esa condición también le permitió presidir la Junta Preparatoria encargada de organizar la instalación y juramentación de los 60 senadores elegidos para el periodo 2026-2031.

Formación académica y experiencia profesional

Según la información registrada en el sistema Declara+, Miguel Torres nació en Lima y cursó estudios de Derecho en la Universidad de Lima, donde obtuvo el grado de bachiller y el título profesional de abogado.

Su formación académica incluye una maestría en Gobierno de las Organizaciones, culminada en 2020 en la Universidad de Piura, además de estudios de Responsabilidad Social en la Universidad ESAN, concluidos en 2012.

Su actividad profesional también comprende una carrera docente. Entre 2006 y 2025 ejerció la enseñanza en la Universidad de Lima. Entre 2018 y 2024 también fue docente en la Universidad San Ignacio de Loyola y, desde 2022 hasta 2025, dictó clases en la Universidad ESAN.

Antes de fortalecer su participación política, desarrolló labores como abogado en el estudio Torres y Torres Lara & Asociados, con funciones vinculadas al derecho tributario y comercial. También realizó consultorías para instituciones públicas y privadas. Entre 2020 y 2024 ocupó el cargo de director académico de la Escuela Digital de Tres Puntas Producciones E.I.R.L.

Torres inició su etapa parlamentaria en 2016, cuando resultó elegido congresista por Fuerza Popular para el periodo 2016-2021. Durante ese mandato presidió la Comisión de Constitución y Reglamento entre 2016 y 2017 e integró las comisiones de Economía, Producción y otros espacios de trabajo legislativo.

Tras el cierre del Congreso en 2019 y el término del periodo parlamentario, continuó vinculado a Fuerza Popular. Entre 2021 y 2025 desempeñó funciones como asesor y jefe de gabinete en el Congreso. Además, asumió responsabilidades partidarias como secretario nacional de Educación, Arte, Cultura, Innovación y Tecnología entre 2018 y 2020.

De acuerdo con el registro de Declara+, desde 2025 figura como apoderado de Fuerza Popular. Su actividad pública también incluyó funciones como vocero político y jefe del gabinete de asesores de la bancada fujimorista.

Durante el proceso electoral de 2026 integró la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori como candidato a la segunda vicepresidencia de la República.

Declaración patrimonial e ingresos registrados

La declaración jurada correspondiente al año 2024, incorporada en el sistema Declara+, registra ingresos totales por S/ 613,593.87 antes de impuestos y otras deducciones.

El documento consigna S/ 319,383.90 provenientes del sector público y S/ 294,209.97 del sector privado, cifra que incorpora remuneraciones y rentas por ejercicio profesional.

La información oficial también registra siete bienes inmuebles ubicados en los distritos limeños de Santiago de Surco y Punta Hermosa. Entre ellos aparecen predios inscritos en las urbanizaciones Huertos de San Antonio, Centro Comercial de Monterrico y Miramar.

En el apartado correspondiente a bienes muebles, la declaración incluye tres vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular. El sistema Declara+ también señala que el senador no registra sentencias firmes.

Fujimori explicó que su compromiso con Fuerza Popular es de dedicación exclusiva, combinando su liderazgo partidario con roles académicos y editoriales. Además de su función política, aseguró que mantiene una colaboración como Global Fellow en la Florida International University y participa en la editorial Fogata, donde contribuye en la estrategia de ventas de libros escritos por su padre. “Trabajo a tiempo completo en el partido, soy Global Fellow y colaboro con Fogata”, afirmó en un episodio de “Confesiones”, donde buscó responder a quienes cuestionan su ocupación fuera de los periodos de campaña.

Trayectoria política y partidaria

En su intervención, la excandidata presidencial defendió que la representación parlamentaria de Fuerza Popular se ha sostenido durante los últimos 15 años. Explicó que su labor principal se enfoca en la construcción de una organización nacional sólida, priorizando la presencia en regiones fuera de Lima. Enumeró entre sus tareas las reuniones, viajes, formación de cuadros y el fortalecimiento interno en etapas no electorales.

Fujimori atribuyó a sectores identificados como “izquierdistas” y “radicales” la generación de una “percepción equivocada” sobre su ocupación. Según la lideresa, durante años se “inventó” y “criticó” una narrativa en torno a su trabajo, a lo que respondió reconstruyendo su trayectoria profesional y política desde los 19 años, cuando asumió el cargo de primera dama tras el divorcio de sus padres.

Fundaciones y gestión social

La dirigente recordó su rol como presidenta de la Fundación por los Niños del Perú, donde, según sus declaraciones, impulsó la construcción de siete aldeas para asistir a 700 niños en situación de abandono. También mencionó la creación de la Fundación Cardio Infantil, con la que, mediante actividades de recaudación, lograron operaciones cardíacas para más de 1.000 niños en Perú.

Fujimori relató que, años después, encontró beneficiarios de estas iniciativas durante sus recorridos por el país. Tras el final del gobierno de su padre, impulsó un emprendimiento privado vinculado a la exportación de productos naturales y la venta de artículos de aromaterapia en supermercados.

Formación académica y experiencia internacional

La lideresa de Fuerza Popular indicó que posteriormente cursó una maestría en administración de empresas en la Universidad de Columbia. Durante esa etapa, trabajó en GM Asset Management, una firma dedicada al manejo de fondos de pensiones en Nueva York. Ese ciclo terminó, según su versión, tras la decisión de Alberto Fujimori de viajar a Chile, lo que motivó su regreso al Perú.

De vuelta en el país, participó en una campaña al Congreso y fue elegida congresista en 2006. A partir de allí, intentó unificar el fujimorismo y, tras no lograrlo, junto a su padre fundó Fuerza Popular en 2010. Dos años después, creó el Instituto Oportunidades, dedicado a capacitaciones para emprendedores, jóvenes y docentes, además de acciones de ayuda social.

Actividad política y educativa actual

Al responder sobre su ocupación actual, Fujimori aseguró que, desde la creación de Fuerza Popular, se dedica de manera exclusiva a consolidar el partido como una organización institucional y duradera. Describió su tarea como una sucesión de reuniones, escucha y recorridos por todo el país, especialmente fuera de la temporada electoral.

La lideresa detalló que también se encarga de preparar cursos de capacitación y formación política, como el curso de la PR, el programa para jóvenes líderes y la “escuela naranja”, definida como la escuela virtual más grande de Latinoamérica. Mencionó capacitaciones para dirigentes, actividades en universidades y programas de investigación, buscando que el partido tenga presencia en cada región del país.

Rol académico y apoyo editorial

A sus responsabilidades políticas, Fujimori suma tareas académicas y editoriales. En la Florida International University, ocupa el cargo de Global Fellow en el Adam Smith Center, donde actúa como profesora visitante invitada a ofrecer conferencias en diversas instituciones académicas. Su jefe directo es Carlos Díaz Rosillo y ha compartido cátedras con figuras como Álvaro Uribe, Guillermo Lazo y Felipe Calderón.

Además, colabora con la editorial Fogata, dirigida por su hermana Sachi Fujimori, encargada de la publicación de libros escritos por Alberto Fujimori. Su contribución se centra en la estrategia de ventas y promoción de estas obras, según detalló en su exposición pública.

Vida personal y conciliación familiar

En la parte final de su intervención, Keiko Fujimori mencionó que el trabajo al que más pasión dedica es el de ser madre de Kaori y Kyara. Relató que en las mañanas se ocupa de acompañarlas, prepararles la lonchera y llevarlas al colegio, mientras que por las tardes su agenda de reuniones le impide estar con ellas.

La dirigente de Fuerza Popular subrayó que su actividad política y profesional se articula con su vida familiar y que la construcción de la organización partidaria depende del trabajo voluntario de cientos de dirigentes a lo largo del país, muchos de los cuales han enfrentado procesos judiciales y cuestionamientos públicos.

A horas de la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) definieron una alianza para disputar la conducción de este órgano parlamentario durante el periodo anual de sesiones 2026-2027. La fórmula está encabezada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras, quien postula a la presidencia de la Mesa Directiva.

La lista fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso y quedó registrada como la segunda fórmula en carrera para dirigir la Cámara Baja. Con esta inscripción, quedaron establecidas las dos candidaturas que participarán en la votación programada para este domingo 26 de julio a las 5:00 p. m.

La propuesta reúne a integrantes de ambas agrupaciones políticas y plantea la siguiente distribución de cargos:

• Presidenta: Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular).
• Primera vicepresidenta: Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular).
• Segundo vicepresidente: Diego Bazán Calderón (Renovación Popular).
• Tercer vicepresidente: Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular).

Alianza entre FP y RP busca dirigir la Cámara Baja

El acuerdo entre ambas bancadas forma parte de las negociaciones para definir la estructura de conducción del nuevo Congreso. Renovación Popular y Fuerza Popular optaron por presentar una fórmula conjunta para la Cámara de Diputados, mientras coordinan posiciones frente a la elección de autoridades parlamentarias.

Días atrás, Norma Yarrow señaló que su bancada respaldaría a Fuerza Popular en la conformación de la Mesa Directiva del Senado, mientras que Renovación Popular buscaría asumir la conducción de la Cámara de Diputados. “Nosotros vamos a apoyar a Fuerza Popular en el Senado, y en Diputados iríamos nosotros”, declaró, según informó El Comercio.

La fórmula presentada deberá conseguir el respaldo de los integrantes de la Cámara de Diputados para asumir la conducción del nuevo órgano parlamentario, en una votación marcada por la necesidad de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Elección definirá a la nueva Mesa Directiva

La votación para elegir a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se realizará este domingo 26 de julio desde las 5:00 p. m. El resultado determinará quiénes ocuparán los principales cargos de dirección durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.

La Mesa Directiva tendrá entre sus funciones conducir las sesiones plenarias, coordinar el funcionamiento administrativo de la Cámara Baja y organizar el desarrollo de las actividades parlamentarias.

El proceso se realizará con una representación de 130 diputados distribuidos entre seis agrupaciones políticas:

• Fuerza Popular: 41 diputados.
• Juntos por el Perú: 32 diputados.
• Partido del Buen Gobierno: 18 diputados.
• Renovación Popular: 15 diputados.
• Partido Cívico Obras: 14 diputados.
• Ahora Nación: 10 diputados.

Nuevo escenario parlamentario

La composición de la Cámara de Diputados plantea un escenario donde las alianzas tendrán un papel clave para definir la dirección del trabajo legislativo. Fuerza Popular cuenta con la bancada más numerosa, mientras que Renovación Popular se ubica como una de las fuerzas con representación dentro de la nueva estructura parlamentaria.

Con la elección de la Mesa Directiva, los diputados definirán a las autoridades que estarán a cargo de conducir la Cámara Baja durante el primer periodo de funcionamiento de este nuevo órgano del Congreso.

La jornada electoral marcará el inicio de una nueva etapa parlamentaria y pondrá a prueba los acuerdos alcanzados entre las distintas agrupaciones que integran la representación nacional.

El Congreso de la República del 2021-2026 ha cesado sus funciones, y el nuevo parlamento, uno bicameral, ya ha juramentado. Ya el portal del Congreso se viene renovando y todo queda listo para las medidas que se plantearán desde diferentes frentes en este nuevo Congreso.

¿Sabías que una de las medidas que más han impactado en los peruanos de los parlamentarios que dejaron sus funciones han sido la aprobación de feriados? Se han tratado de cuatro fechas que fueron promovidas desde partidos como Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular y validados con sus votos por varios más. Este parlamento hizo más grande la lista de días libres nacionales, que antes estaba en doce.

• 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera (Ley N.º 31788), incorporado en 2023
• 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú, en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (Ley N.º 31822), incorporado en 2023
• 6 de agosto: Batalla de Junín (Ley N.º 31530), incorporado en 2022
• 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (Ley N.º 31381), incorporado en 2021.

Perú ahora tiene 16 feriados

La aclaración es válida, dada la cantidad de personas que recibieron el feriado del pasado jueves 23 de julio con sorpresa. Pero este ya lleva siendo celebrado y aplicado desde el 2023 y fue el último que validó el Congreso.

Los peruanos estaba acostumbrados a solo los feriados del 27 y 28 de julio, y ahora cuentan con esta ‘nueva’ fecha, que, como todo feriado, se le aplica el triple pago si se trabaja o día de descanso compensatorio.

Así, la lista, con este y otros tres feriados más, subió a 16 días libres, los cuales aplican para el sector público y los trabajadores privados.

Keiko Fujimori promete no eliminar feriados

A pesar de los pedidos de diferentes actores políticos en la esfera pública, la presidenta entrante, Keiko Fujimori, ha prometido que no eliminará feriados, lo que incluiría las últimas cuatro fechas aprobadas desde el Congreso de la República saliente.

Vale la pena señalar que su partido, Fuerza Popular sí voto a favor de varios de los feriados que se plantearon desde el Congreso, inclusive sirviendo con un proyecto de ley que fue la semilla del feriado que pasó del 23 de julio.

Un repaso rápido de Infobae Perú revela que el partido de la mandataria entrante votó a favor de aprobar estas últimas fechas libres, excepto una.

En orden de aprobación en el Congreso, así votó FP para los feriados desde el Congreso:

• Feriado del 9 de diciembre: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP solo tuvo un voto a favor, 19 fueron en contra y uno en abstención
• Feriado del 6 de agosto: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP tuvo 14 votos a favor, tres en contra, tres en abstención y dos sin respuesta
• Feriado del 7 de junio: Fue propuesto por Alianza Para el Progreso y Renovación Popular. En la insistencia de la Ley Fuerza Popular tuvo 21 votos a favor
• Feriado del 23 de julio: Este tuvo origen en una propuesta de Rosangella Barbarán, pero que fue modificada por un error al ser observada por la presidente de entonces Dina Boluarte. Solo ocho congresista de FP votaron a favor en el último filtro para que se aprobara por insistencia. Hubo dos votos en contra y los demás no asistieron a esta sesión.

El empresario y ex presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos detalló que en la región norte persisten cauces sin limpiar, vegetación acumulada y obras inconclusas. Explicó que esas condiciones incrementan la vulnerabilidad de ciudades claves cuando se presentan lluvias intensas. Según su testimonio, la falta de prevención y la postergación de tareas básicas han sido las omisiones más graves desde el Estado, lo que podría derivar en inundaciones con impacto mayor al registrado en episodios anteriores.

Durante la entrevista, la conductora planteó que el país atraviesa una “catástrofe anunciada”. Neuhaus coincidió y adelantó que la futura administración planea reunir a su Consejo de Ministros el 29 de julio para tomar decisiones rápidas frente a la amenaza. El exfuncionario remarcó que el gobierno entrante deberá actuar con celeridad y priorizar la gestión de riesgos.

Señales de alerta en Piura: obras inconclusas y riesgos de desborde

La preocupación principal de Neuhaus se focalizó en Piura, región a la que viajó recientemente invitado por la Cámara de Comercio local. Allí participó en una reunión con técnicos, autoridades y representantes de las Fuerzas Armadas, donde se expusieron diagnósticos y estrategias necesarias para enfrentar el fenómeno climático. De acuerdo con su relato, ninguna autoridad respondió a la pregunta sobre quién debía encargarse de limpiar el cauce del río, un punto que consideró crítico para evitar desastres.

Describió la situación en la represa Los Ejidos, ubicada al este de la ciudad de Piura, como un ejemplo de las deficiencias existentes. Según Neuhaus, en ese sector se realizaron trabajos con terraplenes de concreto en pendiente, pero la vegetación creció entre las estructuras y también en un desagüe con bombas en la parte alta del malecón. Afirmó que “se hizo mal”, que hubo robo de piezas y que tampoco se limpió el cauce por el que descendería el agua desde la zona alta de la ciudad.

El exintegrante del equipo técnico de Fuerza Popular advirtió que el lecho del río Piura ha subido de nivel por la falta de dragado. Propuso como tarea urgente retirar la vegetación y dragar el cauce, con el objetivo de evitar que el agua choque con arbustos y busque salida fuera del río, lo que podría provocar el ingreso de grandes volúmenes a la ciudad en caso de crecida.

Imagen de un riesgo latente y omisiones en la prevención

Para ilustrar el nivel de riesgo, Neuhaus relató que tomó una fotografía del cauce en la zona del malecón y que, a simple vista, parecía un parque. Solo observando con atención se distinguía “un hilito de agua”, una imagen que utilizó para advertir sobre el posible comportamiento del río ante un aumento repentino del caudal. “Eso puede convertirse en un problema grave cuando llegue la crecida”, sostuvo.

El ex funcionario subrayó que la omisión más grave ha sido la ausencia de una estrategia preventiva anticipada. Desde su perspectiva, el país perdió “valioso tiempo” y existen responsabilidades por omisión tanto en el gobierno saliente como en las autoridades locales. “Las Fuerzas Armadas ya pudieron haber ingresado a limpiar el cauce del río en Piura”, afirmó en la entrevista.

En el caso de Trujillo, Neuhaus señaló que la quebrada de San Ildefonso, cuyas aguas pueden descargar sobre la ciudad, fue intervenida casi hasta llegar al río Moche. Sin embargo, los trabajos se interrumpieron a pocos kilómetros del tramo final, lo que atribuyó a un recorte de recursos y a un cambio en la modalidad de ejecución hacia obras por impuestos. Advirtió que esa decisión dejó inconclusas tareas esenciales en plena emergencia.

El rol de Neuhaus y la articulación privada ante la emergencia

Durante la conversación, la conductora consultó sobre el posible nombramiento de Neuhaus en el próximo gobierno. El empresario negó que tenga un cargo definido y aclaró que viajó como “ciudadano preocupado”. Remarcó que no ha discutido ni asumido ninguna cartera ministerial, debido a razones personales.

No obstante, reconoció que impulsa un grupo de apoyo desde el sector privado. En esa red, mencionó a Juan Manuel Arribas, de la organización Hombro a Hombro, junto con otros profesionales y especialistas en salud. El objetivo, según explicó, es anticipar necesidades y asesorar en la gestión de riesgos, con énfasis en la identificación de enfermedades que podrían expandirse tras las lluvias, como el dengue, y la compra temprana de medicamentos.

“Otros países ya han salido a abastecerse ante un fenómeno climático de escala mundial”, precisó. Este grupo busca prevenir desabastecimientos y preparar estrategias logísticas ante escenarios de emergencia.

Reunión del Consejo de Ministros y expectativas en la gestión de riesgos

La entrevista concluyó con una referencia a la presidenta electa y el anuncio de que el Consejo de Ministros planea reunirse el 29 de julio para adoptar medidas urgentes frente a la amenaza del Niño costero. Para Neuhaus, la futura administración debe actuar sin demoras y convocar a personas con experiencia en gestión de desastres.

“Cuando un gobierno recibe la papa caliente, tiene que llamar a gente que hace y que sabe”, expresó, remarcando la necesidad de contar con equipos técnicos preparados y articulados. La expectativa recae ahora sobre la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante una de las mayores amenazas climáticas de los últimos años para el país.

Las declaraciones de Fujimori aparecen en un escenario en el que el país registra cifras macroeconómicas que difieren de las que imperaban hace más de treinta años. En 1990, Perú presentaba reservas internacionales negativas; hoy, el Banco Central reporta aproximadamente 100.000 millones de dólares de respaldo y un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,5% anual. Fujimori afirmó que el equipo que la acompañará en el Ejecutivo informará desde el 29 de julio los hallazgos detectados en cada sector, junto con las propuestas de cambios para mejorar los servicios públicos.

Contraste entre el discurso político y los indicadores económicos

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde coincidió en que la administración pública enfrenta problemas graves, pero introdujo un matiz relevante. Recordó que el gobierno de Alberto Fujimori recibió el país con unas reservas internacionales de “300 millones de dólares negativos”, mientras que la próxima gestión accederá a un respaldo de 100.000 millones de dólares. Este contraste muestra que, a pesar de las dificultades señaladas, la situación macroeconómica de Perú difiere sustancialmente respecto al pasado.

García Belaúnde también subrayó el crecimiento económico reciente, con un PBI que ronda el 3,5%. Según el exparlamentario, este escenario obliga a matizar la idea de un Estado “catastrófico”, dado que la economía nacional cuenta con recursos y estabilidad que no existían en el periodo de crisis profunda de los años noventa.

Críticas a la gestión pública y el manejo del presupuesto

El exministro Juan Sheput reforzó el señalamiento sobre las deficiencias en el funcionamiento del aparato estatal. Sostuvo que Perú cuenta actualmente con el presupuesto más alto de su historia, pero alertó sobre la baja ejecución y la corrupción que afectan el gasto público. La Contraloría General de la República estima pérdidas por corrupción que alcanzan los 25.000 millones de soles anuales, una cifra que evidencia la magnitud del problema.

Sheput enumeró síntomas de este deterioro administrativo, como la existencia de obras públicas abandonadas, problemas en hospitales dependientes del Ministerio de Salud y la persistente falta de medicamentos. En sus declaraciones, el exministro advirtió que la crisis no radica en la ausencia de recursos, sino en la incapacidad para utilizarlos de forma eficiente y transparente.

El desafío de las obras paralizadas y los servicios públicos

En las primeras evaluaciones de transición, el equipo de Keiko Fujimori identificó una amplia cantidad de obras públicas paralizadas. Según la candidata, este fenómeno afecta directamente la calidad de vida de la población y constituye una de las prioridades a atender en su eventual gobierno. Fujimori detalló que, a partir del 29 de julio, cada ministro designado presentará un informe sectorial en el que se abordarán tanto los hallazgos negativos como las propuestas de solución para optimizar los servicios públicos.

Las autoridades salientes han señalado que la paralización de obras responde a una combinación de factores administrativos, judiciales y presupuestarios. Además, el sector salud enfrenta desafíos persistentes, como la escasez de medicamentos y la infraestructura hospitalaria insuficiente, situaciones que han sido reconocidas por la propia Contraloría General.

Corrupción y gasto público: un problema estructural

El diagnóstico sobre la situación del Estado peruano no solo se centra en los indicadores económicos, sino que pone en relieve los problemas de gestión y corrupción. La Contraloría sostiene que las pérdidas por prácticas corruptas afectan de manera transversal a todos los sectores de la administración pública. Esta cifra, que asciende a los 25.000 millones de soles anuales, representa una preocupación central para quienes defienden la necesidad de una reforma profunda en el Estado.

La discusión pública también incluye el debate sobre la ejecución presupuestaria. A pesar de contar con recursos históricos, los bajos niveles de cumplimiento en la inversión pública y la presencia de procesos judiciales contra funcionarios han dificultado la culminación de proyectos clave para el desarrollo nacional.

El contexto político y la percepción ciudadana

Las declaraciones de Keiko Fujimori se producen en un entorno de polarización política y desconfianza en las instituciones. Sectores de la ciudadanía y analistas cuestionan la pertinencia de calificar como “catastrófico” el estado actual del país, cuando los datos macroeconómicos muestran estabilidad y disponibilidad de reservas. Sin embargo, la percepción de crisis se sostiene por la persistencia de problemas en la gestión pública y el impacto de casos de corrupción que han minado la confianza en el sistema.

La transición de gobierno se perfila como un proceso marcado por el desafío de revertir la tendencia de obras inconclusas y mejorar la provisión de servicios esenciales. El equipo de Fujimori ha prometido transparencia en la presentación de los informes de gestión, así como la implementación de medidas para fortalecer la eficiencia y la rendición de cuentas en el Estado.

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, utilizó la red social X para responder al reciente mensaje de Keiko Fujimori respecto al estado en el que recibe el gobierno peruano. La presidenta electa había declarado que los últimos gobiernos entregan el Estado “de manera catastrófica”, justificando con ello una serie de reclamos y promesas de transparencia en la próxima gestión. Ante ese mensaje, Sánchez publicó una respuesta que apunta directamente al historial parlamentario de Fuerza Popular y a los episodios recientes de inestabilidad institucional.

En su publicación, Sánchez afirmó: “El Gobierno Parlamentario de Keiko Fujimori se auto entrega el Gobierno y dice; ‘Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el estado de manera catastrófica’”. Para el líder de Juntos por el Perú, el relato de crisis en la administración pública omite el papel central de Fuerza Popular en las vacancias presidenciales y el dominio en órganos constitucionales.

Sánchez recordó que el Congreso, con apoyo decisivo de la bancada fujimorista, destituyó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martín Vizcarra y, en su opinión, vacó “ilegalmente” al presidente Pedro Castillo. Sostuvo que estos episodios reflejan una estrategia parlamentaria orientada a controlar la sucesión presidencial y a reconfigurar el equilibrio de poderes en el país.

Control de instituciones clave y cuestionamientos a la legitimidad

En su mensaje, Sánchez también señaló el copamiento de instituciones fundamentales por parte de la mayoría parlamentaria. Mencionó el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía de la Nación (FN), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como organismos bajo influencia del bloque que respalda a Fujimori. Para el dirigente, esta dinámica afecta la independencia de los poderes y la credibilidad en los procedimientos democráticos.

La crítica de Sánchez incluyó una calificación contundente sobre la actitud de Fuerza Popular: “Su cinismo es superlativo tan grande como su ilegitimidad”. De esta manera, el líder de Juntos por el Perú enmarcó el actual proceso de transición en una secuencia de disputas políticas donde el Parlamento ha ejercido un papel dominante y controvertido.

El mensaje difundido por Sánchez se inscribe en el contexto de las tensiones institucionales acumuladas durante los últimos años. La sucesión presidencial en Perú ha estado marcada por vacancias y mociones que han debilitado la estabilidad política, y en ese escenario, la narrativa sobre la crisis estatal adquiere un matiz polémico entre los protagonistas del debate público.

El discurso de crisis y la sucesión presidencial

El reclamo de Keiko Fujimori acerca de la “entrega catastrófica” del Estado fue formulado tras los primeros informes del equipo de transferencia, encabezado por Marco Vinelli. En su intervención pública, la presidenta electa describió un panorama de obras paralizadas y servicios afectados, y anunció que los hallazgos serán difundidos periódicamente por el nuevo gabinete.

De acuerdo con lo expresado por Fujimori, la administración entrante hará un reclamo formal a los gobiernos anteriores y buscará transparentar las condiciones en que recibe la gestión pública. Su discurso prioriza la exposición de deficiencias heredadas y la promesa de corregir gastos superfluos y deficiencias de gestión.

La respuesta de Sánchez confronta esta narrativa y sostiene que la situación actual es consecuencia directa de las decisiones parlamentarias respaldadas por Fuerza Popular. El líder de Juntos por el Perú subraya que el relato de crisis no puede desligarse de la responsabilidad política de quienes promovieron la inestabilidad y el copamiento de organismos autónomos.

Antecedentes de vacancias y concentración de poder

Durante el periodo 2018-2026, el Parlamento peruano aprobó vacancias presidenciales que alteraron la sucesión constitucional en varias ocasiones. El caso de Pedro Castillo ha sido especialmente polémico, con sectores que denuncian un uso extensivo y cuestionable de la causal de “incapacidad moral permanente”. Además, la designación de autoridades en el TC, la FN, la JNJ, la ONPE y el JNE ha sido objeto de críticas por el posible alineamiento con intereses parlamentarios.

El mensaje de Sánchez pone en evidencia la percepción de ilegitimidad y la preocupación por la falta de contrapesos efectivos en el sistema político. Su intervención en X busca instalar en la agenda pública la discusión sobre la validez de los procesos legislativos y la influencia de los bloques mayoritarios en la vida institucional del país.

La controversia generada por este cruce de declaraciones refleja la profundidad de la crisis política y la persistencia de un clima de desconfianza entre actores centrales del escenario nacional. En ese contexto, la transición de mando se percibe como un episodio más en el ciclo de disputas por el control del aparato estatal.

Perspectivas y retos para el nuevo ciclo de gobierno

La administración de Keiko Fujimori inicia su mandato con el desafío de responder a las críticas sobre transparencia, legitimidad y efectividad institucional. El nuevo gabinete se prepara para enfrentar los problemas señalados en los informes de transferencia y para gestionar la compleja herencia de inestabilidad que caracteriza la coyuntura peruana.

Para Juntos por el Perú y sectores afines, el reto consiste en mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de las promesas de transparencia y en exigir la restitución de equilibrios en el sistema de pesos y contrapesos. El debate en X y otras plataformas digitales evidencia la importancia de la comunicación directa entre líderes políticos y la ciudadanía en el proceso democrático.

El inicio del nuevo periodo presidencial se produce bajo la mirada atenta de la sociedad civil, que espera señales claras de respeto al marco constitucional y a la independencia de las instituciones. El contenido del mensaje de Sánchez y la reacción de Fujimori resumen los desafíos inmediatos del país: estabilizar la gobernabilidad y restablecer la confianza en la democracia peruana.

Esta interpretación se inscribe en un contexto de incertidumbre institucional. Sheput sostuvo que, de acuerdo con la normativa vigente, el presidente interino tras la instalación del Congreso sería Miguel Torres, en caso de ser elegido presidente del Legislativo. Este funcionario tendría la responsabilidad de entregar la banda presidencial a quien corresponda en la nueva etapa legislativa. En palabras de Sheput, Balcázar podría acudir el 28 de julio solo como invitado, pero ya fuera del cargo.

El debate surge por la ausencia de una disposición legal explícita que regule este tránsito. Sheput recordó que, tras la crisis de 2000, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo fue modificada para establecer que el presidente del Congreso que asumía la Presidencia de la República debía cesar el 28 de julio. Sin embargo, esa previsión desapareció tras una reforma durante el gobierno aprista, que derogó la norma sin preservar ese artículo, dejando un vacío constitucional y legal.

Un vacío normativo y sus consecuencias en la transición de mando

El origen de este vacío, según Sheput, se encuentra en la derogación de la ley 27508, que regulaba expresamente la duración del mandato del presidente del Congreso en funciones de presidente de la República. La ausencia de una cobertura legal clara genera incertidumbre sobre el momento exacto en que cesa la jefatura de Estado transitoria y quién debe portar la banda presidencial en el acto de transmisión.

Sheput defendió la actuación de María del Carmen Alba en el precedente de Francisco Sagasti, y también consideró válida la posición de Fernando Rospigliosi, aunque cuestionó algunos mensajes suyos por generar confusión. El argumento central es que, al instalarse el nuevo Congreso, el presidente saliente deja de serlo y no puede ingresar al hemiciclo investido como jefe de Estado.

El caso de Valentín Paniagua fue presentado como ejemplo: pudo entregar la banda el 28 de julio porque existía una corrección legal expresa que resolvía la situación. Para Sheput, la diferencia actual reside en que esa cobertura normativa ya no existe, lo que agrava la controversia y expone la fragilidad institucional frente a la ausencia de reglas claras.

Gracia presidencial a Pedro Castillo: un nuevo foco de conflicto

En paralelo al debate sobre la sucesión, Sheput abordó la posibilidad de que José María Balcázar promueva una gracia presidencial para Pedro Castillo, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos días. Según el exministro, existe voluntad política de parte de Balcázar para otorgar ese beneficio, hipótesis alimentada por cambios recientes en la Comisión de Gracias Presidenciales y por presiones de sectores vinculados al castillismo.

Durante la entrevista, se mencionó la participación de Tomás Sóldevilla, relacionado con Antauro Humala, como uno de los impulsores de la medida. La presión aumentó después de que un grupo de trabajo de la ONU calificara de arbitraria la detención de Castillo. El experto en derecho penal Gilmar Andía rechazó esta posibilidad, argumentando: “Si yo voy a conceder un indulto, una de las condiciones es el arrepentimiento y la reparación del daño”, requisito que, según su análisis, Castillo no cumple.

Sheput añadió que el ministro de Justicia, Luis Jiménez, no estaría dispuesto a respaldar una decisión de esa naturaleza y advirtió que forzarla podría tener consecuencias penales. Explicó que, aunque el presidente puede iniciar el trámite, la medida debe contar con el aval político del Consejo de Ministros para ser válida. Además, Sheput recordó que Vladimir Cerrón publicó que había sugerido a Balcázar la gracia para Castillo y un salvoconducto para Betssy Chávez, lo que confirma que el asunto dejó de ser solo jurídico y pasó a ser político.

El papel del gabinete y los límites legales frente a la gracia presidencial

De acuerdo con Sheput, si el ministro de Justicia se niega a firmar la resolución, el trámite se detiene. Incluso si se produjera un cambio ministerial de último momento, la maniobra sería contraria al espíritu de la ley, a los precedentes y quedaría expuesta a una eventual revisión judicial. El debate sobre la facultad presidencial para otorgar indultos o gracias se ha intensificado, con voces que insisten en la necesidad de mantener el equilibrio entre poderes y respetar los límites del marco institucional.

El contexto político actual, marcado por la polarización, ha transformado el debate sobre la gracia presidencial en un tema de interés público y mediático. La controversia se suma a otros episodios recientes que han puesto a prueba la fortaleza de los mecanismos de control democrático y la independencia de las instituciones.

La decisión del Tribunal Constitucional sobre Vladimir Cerrón

La entrevista también incluyó la reciente decisión del Tribunal Constitucional de anular la prisión preventiva de 24 meses impuesta a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. El fallo, adoptado por cuatro de los siete magistrados, permite que Cerrón afronte sus procesos judiciales bajo comparecencia restringida. La resolución dejó en minoría a tres magistrados, entre ellos Pedro Hernández Chávez, quien manifestó su oposición.

Sheput calificó la decisión como un ejemplo más de fallos controvertidos por parte del Tribunal Constitucional. Remarcó que Cerrón, a su juicio, cumplía las condiciones para mantener la prisión preventiva, ya que permaneció prófugo, desafió a la policía y mantuvo su intervención en la vida política. El exministro amplió su crítica al comportamiento reciente del tribunal, al que acusó de acumular decisiones polémicas en casos de alta exposición mediática, entre ellas las que han favorecido a Daniel Urresti y Betssy Chávez.

La resolución sobre Cerrón, junto con el debate sobre la sucesión presidencial y la posible gracia a Castillo, ha elevado la tensión institucional y política en Perú, en un momento en que el país se prepara para una nueva etapa legislativa y la renovación de autoridades.

Un desayuno de alto interés y respuestas evasivas

Según el informe televisivo, el encuentro se inició poco después de las 10:00 en un café ubicado frente al canal de televisión y se extendió por cerca de dos horas, aunque el reporte oficial sostuvo que la charla se prolongó durante tres horas. Durante la conversación, estuvo presente un tercer hombre, identificado únicamente como alguien que tomaba nota de lo conversado y que, al percatarse de las cámaras, se dirigió al baño. La presencia de este personaje añadió un matiz de sigilo a la reunión.

La periodista Taís Casalino intentó indagar sobre el motivo de la reserva del encuentro. Miguel Julián Palomino, exviceministro de Comercio Exterior, respondió con una frase religiosa: “¿Sabe usted rezar el padre nuestro?”, lo que generó nuevas preguntas sobre el tono y el trasfondo de la reunión. Casalino le consultó si su respuesta debía interpretarse como una amenaza o una advertencia, pero no obtuvo aclaraciones adicionales.

Por su parte, Roberto Sánchez indicó en un primer momento que respondería al finalizar el desayuno, pidiendo que se le esperara hasta entonces. Al salir del local, evitó nuevamente referirse a los temas tratados y limitó su respuesta a un “Aprendan a respetar” ante las preguntas sobre los resultados electorales y la situación de su esposa.

Negociaciones en torno a la presidencia del Congreso

El reporte televisivo vinculó la reunión con las negociaciones por la presidencia del Congreso, subrayando la preocupación existente en el entorno de Sánchez sobre ese proceso. Los conductores del programa, citando una fuente no identificada, aseguraron que el exministro se prepara para integrarse al Parlamento como asesor, lo que le permitiría acceder a beneficios económicos descritos como “bonos millonarios”.

En el mismo segmento, se mencionó que el hermano de Sánchez, conocido como “Sunini”, asumiría el liderazgo de Juntos por el Perú frente a un dirigente actual que “ni siquiera sabe contestar”, según el reporte. Además, se recordó una declaración previa de Sánchez en la que aseguró estar “llamado a ser la peor pesadilla de un gobierno fujimorista, de un gobierno dictador, de un gobierno autoritario”. Esta frase fue utilizada para sugerir que el hermetismo del desayuno podría estar vinculado a movimientos políticos aún en desarrollo.

Las versiones sobre la inminente llegada de Roberto Sánchez al Congreso como asesor han cobrado fuerza en el contexto de la renovación de autoridades parlamentarias, en un escenario donde los equilibrios internos resultan clave para la definición de la presidencia.

El entorno de Sánchez y los rostros detrás del encuentro

Tras el retiro de Sánchez del café, las cámaras registraron que abordó una camioneta Tucson blanca, identificada como propiedad de Jeremías Hamán Ramírez. Según el reporte, Hamán Ramírez fue identificado en la escena y se desempeña actualmente como chofer del exministro. El programa detalló que Hamán Ramírez ejerció funciones como asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión de Pedro Castillo, y que también trabajó en el Instituto Peruano del Deporte.

Entre los datos de contexto aportados, se incluyó que Hamán Ramírez fue denunciado por haber recibido 225 entradas para un concierto de Bad Bunny en un estadio, hecho que refuerza el perfil de las personas que actualmente rodean a Sánchez. Según la narración televisiva, el ex candidato se encuentra distanciado de antiguos colaboradores y figuras políticas que antes lo acompañaban, varios de los cuales ahora ocupan escaños en el Congreso.

Keiko Fujimori: LIVE donde confirma acciones de su gobierno

En una conferencia, la futura mandataria afirmó que el equipo de transferencia ya analiza información relevante sobre el estado de la administración pública. Subrayó que los primeros informes revelan datos preocupantes sobre la situación nacional y advirtió que, durante los primeros meses de gestión, su administración expondrá públicamente los principales problemas detectados. “Estamos encontrando datos no muy buenos sobre hospitales paralizados, servicios afectados y áreas críticas”, puntualizó Fujimori.

La dirigente remarcó que la revisión del inventario estatal incluye maquinaria y recursos para enfrentar emergencias climáticas, especialmente ante la inminencia de lluvias intensas y sequías por El Niño. Enfatizó que la respuesta priorizará los puntos de mayor riesgo, debido a que no será posible intervenir los 1.900 focos identificados.

El primer gabinete y la urgencia por la seguridad

Keiko Fujimori señaló que el primer Consejo de Ministros, convocado para el 29 de julio, tendrá como eje la seguridad ciudadana, una demanda reiterada por la población. “Las decisiones principales se adoptarán desde el primer gabinete”, sostuvo. Junto a la seguridad, la gestión de El Niño ocupará un lugar central en la agenda inicial. La futura presidenta advirtió que el Estado no ha realizado los preparativos necesarios y que, por este motivo, la actuación oficial será tardía en varios frentes.

De acuerdo con el plan presentado, la estrategia nacional ante El Niño se dividirá en dos fases: prevención antes de la temporada de lluvias y respuesta a emergencias durante los eventos climáticos. Fujimori explicó que convocará al sector privado, organismos internacionales y gobiernos amigos para fortalecer las capacidades de prevención y atención. Además, subrayó la importancia de la articulación entre el gobierno central, las regiones y los municipios para ejecutar acciones rápidas y coordinadas.

En el ámbito económico, la presidenta electa confirmó que Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva (BCR) durante cinco años más, una decisión que, según explicó, transmite estabilidad al país. Relacionó esta continuidad con la necesidad de evitar escenarios como la hiperinflación de las décadas pasadas, cuyos efectos afectaron, en su mayoría, a las familias de menores recursos.

Transición política, relaciones exteriores y transparencia

La transición presidencial incluye una agenda internacional activa. Fujimori mantuvo reuniones con el canciller Carlos Pareja para revisar los protocolos de las ceremonias oficiales del 28 de julio. Se espera la llegada de jefes de Estado y del rey de España, además de un programa de reuniones bilaterales. El 27 de julio, la presidenta electa recibirá a delegaciones extranjeras y, el día de su asunción, será invitada al Congreso para prestar juramento, tras lo cual participará en el tradicional desfile militar.

La oficina utilizada durante la transición, según precisó Fujimori, corresponde a un local alquilado por su partido para la campaña electoral y no genera gastos para el erario público. En ese espacio, su equipo recibe tanto a representantes diplomáticos como a ciudadanos que presentan propuestas y solicitudes.

La presidenta electa aclaró que, hasta la toma de posesión, no puede adoptar decisiones de gobierno. “Evito desplazamientos o intervenciones que puedan interferir con la administración saliente”, señaló, indicando que su prioridad es respetar el marco legal vigente y garantizar una transición ordenada.

Políticas laborales y sociales: continuidad y revisión

En el terreno económico y social, Keiko Fujimori desmintió rumores sobre la eventual eliminación de feriados o de la CTS. “No vamos a quitar derechos laborales”, aseguró, añadiendo que los días festivos se mantendrán para estimular el turismo interno. Respecto al programa de asistencia social Pensión 65, la mandataria electa ratificó su intención de incrementar año tras año tanto el número de beneficiarios como el monto de la prestación.

La futura jefa de Estado subrayó que las políticas que muestren resultados positivos continuarán, aunque enfatizó la necesidad de corregir “muchas cosas” en la administración pública. Indicó que existen gastos superfluos y deficiencias de gestión que deberán ser atendidos para reasignar recursos hacia sectores más vulnerables y establecer objetivos claros para ministerios y programas públicos.

Además, Fujimori informó que su equipo de transferencia está conformado por más de 50 personas bajo la coordinación de Marco Vinelli. Este grupo, junto a otro dedicado al diálogo político e institucional, recibe información de embajadas, cartas de mandatarios y propuestas ciudadanas, en paralelo a los trabajos de revisión del estado actual del gobierno.

Reclamos a gestiones anteriores y promesas en agenda

La presidenta electa anunció que su administración realizará reclamos formales a los gobiernos anteriores por el “estado catastrófico” en que, según sus palabras, encuentra el país. El objetivo de este señalamiento es transparentar las condiciones en que se inicia el nuevo mandato y establecer responsabilidades sobre la gestión de recursos y servicios públicos.

Respecto a la cultura pop, Fujimori aseguró que cumplirá su promesa vinculada al grupo BTS, aunque no se precisaron detalles sobre el alcance de ese compromiso. La declaración fue recibida con atención por parte de los seguidores del conjunto musical, que han mostrado interés en la política peruana debido a la mención del grupo durante la campaña.

En los próximos meses, Keiko Fujimori anticipó que su gestión hará públicos los resultados del proceso de transferencia y los temas prioritarios en materia de infraestructura, salud, educación y seguridad. El equipo de gobierno planea informar periódicamente sobre el avance de las medidas adoptadas y los desafíos que enfrente la administración, en una apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas.

El proceso de transición ha estado marcado por reuniones constantes con autoridades locales, embajadores y representantes de diversos sectores. Estas actividades han permitido a la futura mandataria consolidar una red de respaldo y establecer los primeros lineamientos de su plan de gobierno, cuyo enfoque apunta a la recuperación del orden, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la reactivación económica.

Reuniones con figuras clave y fortalecimiento de lazos internacionales

En el marco de su agenda previa a la toma de mando, Keiko Fujimori recibió la visita del excandidato presidencial Roberto Chiabra, con quien dialogó sobre los principales desafíos que enfrenta el país y las prioridades de la agenda nacional. Este encuentro se suma a una serie de acercamientos con líderes políticos de diferentes corrientes, en busca de consensos que permitan una gestión estable.

La presidenta electa también mantuvo una reunión con el embajador de Brasil en Perú, Clemente Baena, enfocada en fortalecer la cooperación bilateral e impulsar una agenda conjunta en áreas estratégicas. Ambas partes coincidieron en la importancia de profundizar la colaboración en materia de desarrollo, seguridad y comercio.

En el plano internacional, Fujimori recibió la llamada del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien la felicitó por su elección y reafirmó la disposición de su país para mantener y fortalecer los vínculos de amistad y cooperación. La presidenta electa agradeció el gesto y expresó su interés en ampliar las oportunidades de intercambio y colaboración tecnológica.

Reconocimiento a los veteranos y respaldo a la Policía Nacional

Uno de los gestos más significativos de la presidenta electa fue el encuentro con veteranos de la lucha contra el terrorismo. Keiko Fujimori les expresó su reconocimiento por el servicio prestado a la nación y subrayó que su ejemplo debe inspirar a las nuevas generaciones de policías. Reafirmó el compromiso de su futuro gobierno con el fortalecimiento de la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y las extorsiones.

En palabras de Fujimori, el respaldo institucional será clave para recuperar la seguridad en las calles. Sostuvo que se requieren recursos, capacitación y una política de tolerancia cero contra la impunidad. La presidenta electa destacó que una sociedad segura es condición indispensable para el desarrollo y la paz social.

El énfasis en la seguridad se ha reflejado también en su agenda pública, a través de visitas a zonas vulnerables y reuniones con autoridades vinculadas a la prevención del delito. Estos encuentros han permitido recoger insumos para la elaboración de planes específicos destinados a combatir la criminalidad en distintas regiones del país.

Vínculos regionales y respaldo internacional

La agenda internacional de Keiko Fujimori incluyó una reunión con el embajador de El Salvador en Perú, Pablo Caballero Pineda, quien le transmitió las felicitaciones del presidente Nayib Bukele. Ambos reafirmaron la voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación en áreas como la seguridad y el desarrollo social.

Además, la presidenta electa mantuvo encuentros con representantes de la Asociación de Alcaldesas del Perú, quienes le expresaron su respaldo y le plantearon la importancia de promover el liderazgo femenino en la gestión pública. Fujimori reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las autoridades locales para impulsar el desarrollo de sus comunidades.

En los últimos días, la presidenta electa llegó a la zona afectada por el incendio en La Victoria, donde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y brindó apoyo a los damnificados. Reafirmó que su gobierno priorizará la recuperación de la paz, el orden y la seguridad, y que se implementarán políticas integrales para la atención de emergencias y la prevención de riesgos.

Cronograma oficial del 28 de julio: actos y primeras decisiones

El martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá formalmente la presidencia de Perú. La jornada comenzará en horas de la mañana con la tradicional misa tedeum, una ceremonia religiosa que marca el inicio de las celebraciones patrias. Luego, la presidenta electa esperará la invitación oficial del Congreso para trasladarse a la sede legislativa, donde juramentará como la primera mujer presidenta del país elegida por voto popular.

Tras el acto de juramentación, Fujimori procederá a tomar juramento a su primer gabinete ministerial, cumpliendo así con uno de sus principales compromisos de campaña: conformar un equipo plural y técnico, enfocado en los temas prioritarios para la ciudadanía. Posteriormente, viajará a la región de Junín para supervisar la situación de los pobladores de Chupaca, afectados por el sismo de 5.1 grados registrado el pasado 18 de julio.

El viaje a Chupaca constituye la primera acción oficial de la mandataria fuera de Lima y refleja la orientación territorial de su gestión. Fujimori ha señalado que la atención directa a las emergencias y la presencia del Estado en las zonas más vulnerables serán ejes centrales de su gobierno.

Participación en actos cívicos y agenda de los días posteriores

El miércoles 29 de julio, la presidenta Keiko Fujimori asistirá a la parada cívico-militar en la avenida Brasil, un evento emblemático en el calendario nacional que congrega a las fuerzas armadas y policiales. Esta actividad busca reafirmar el compromiso institucional con la defensa y la soberanía del país.

El día jueves 30 de julio, la mandataria participará en la misa de la iglesia evangélica, cumpliendo con una agenda de respeto a la diversidad religiosa. La presencia en esta ceremonia responde a la invitación de las comunidades de fe y a la voluntad de promover el diálogo interreligioso como parte de la vida democrática.

La atención sobre el aspecto visual de la dirigente no se restringe a los actos protocolares. En sus transmisiones en vivo, Fujimori ha destacado su interés por la textilería local y ha lucido creaciones de diseñadores nacionales como Jirko Sivirich y Sue Saknich, además de mencionar marcas de Gamarra, el emblemático distrito textil de la capital peruana. Esta exposición ha generado debate sobre la construcción de una imagen presidencial que integra elementos de identidad nacional y una lectura política de la moda.

El traje como símbolo de poder y pertenencia

La preferencia por los trajes sastre es notoria en la presidenta electa. Según declaraciones recogidas en el entorno de la mandataria, Fujimori considera que estas prendas le otorgan comodidad y seguridad durante sus apariciones públicas. El equipo de asesores y los diseñadores que colaboran en su vestuario trabajan en piezas que conjugan formalidad, símbolos patrios y una interpretación política de la indumentaria.

Uno de los momentos más comentados fue la ceremonia de entrega de credenciales, celebrada el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional. Para esa ocasión, Fujimori eligió un sastre blanco de dos piezas diseñado por Jirko Sivirich, quien ha alcanzado reconocimiento internacional por llevar la identidad y paisajes de Perú a las pasarelas de alta costura. El diseñador relató que recibió la solicitud de incorporar un color específico: el verde.

Detalles que fortalecen el vínculo con la cultura peruana

Yirko Sivirich narró que a partir de ese pedido surgió la inspiración para incluir referencias a la selva peruana y el bordado con la palabra “Perú”, integrando así elementos simbólicos en la prenda. “Vestir al presidente es algo superimportante”, afirmó el diseñador, quien relacionó ese logro con su propia trayectoria y con el hecho de que su taller se ubica en Gamarra, uno de los polos textiles más grandes del país.

La repercusión de este trabajo alcanzó a otras profesionales del sector. Una sastre local declaró que la aparición de Fujimori usando uno de sus blazers provocó un aumento significativo de seguidores en redes sociales y mencionó que la mandataria incluso la citó con nombre y apellido, lo que representó un impulso inesperado para su carrera.

Más allá del sastre: diseñadores proponen una imagen diversa

El fenómeno de la moda presidencial no se limita a la confección de una prenda puntual. Según la información recabada, existe una diseñadora destacada por ser la primera mujer peruana enfocada en sastrería, un ámbito históricamente ocupado por hombres. Este dato ilustra cómo la exposición pública de la presidenta electa permite visibilizar trayectorias que desafían los esquemas tradicionales dentro del sector textil peruano.

A este diálogo se sumó el diseñador Jorge Luis Salinas, quien propuso ampliar el registro estético de Fujimori una vez que inicie su mandato. Salinas considera que la presidenta podría aparecer en público no solo con sastres, sino también con vestidos y conjuntos pensados para eventos oficiales, recepciones o encuentros bilaterales.

Calidad, confección y referencias internacionales

Salinas aseguró que la presidenta electa “luce más delgada” y no teme experimentar con opciones más juveniles, siempre dentro de un marco de elegancia. Al respecto, mencionó como referentes visuales a la reina Letizia de España y a Kate Middleton, princesa de Gales, subrayando la importancia de la calidad de la tela, la confección precisa y el entalle para proyectar autoridad y sobriedad.

En línea con esta visión, el diseñador señaló que una imagen sobria no implica rigidez. Al referirse a la indumentaria que la mandataria usará el 28 de julio, sostuvo que la elección de una buena tela y una confección exacta bastan para garantizar una presencia sólida, con detalles perceptibles incluso en estilos más contenidos.

A pocos días de la toma de mando de Keiko Fujimori como la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, el canciller Carlos Pareja Ríos confirmó que Christopher Landau encabezará la delegación de Estados Unidos en la toma de mando de Keiko Fujimori y que llegará con una comitiva de 5 o 6 personas.

Pese a que se especuló sobre la llegada del Secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Marco Rubio, para la ceremonia que se realizará en el Congreso, finalmente será Landau quien representará al gobierno estadounidense.

“Se nos ha confirmado que va a venir el subsecretario Christopher, le dicen Chris Landau. Chris Landau es el que va a presidir la delegación norteamericana, va a venir con una delegación de cinco o seis personas”, indicó el canciller a los medios de comunicación.

Relaciones con Venezuela y México podrían reanudarse

Pareja Ríos también informó que trabaja para reanudar vínculos con Venezuela, interrumpidos el 30 de julio de 2024. Explicó que busca, con apoyo e influencia del gobierno de Estados Unidos ante Caracas, la reapertura del consulado peruano porque en ese país hay miles de peruanos que hoy no pueden realizar trámites como poderes ni inscribir a sus hijos nacidos allí.

Sobre México, el canciller recordó que la ruptura diplomática se produjo el 3 de noviembre de 2025, luego del asilo concedido a la expremier Betssy Chávez. Consultado por ese caso, evitó responder y se limitó a señalar que la Cancillería trabaja el tema y que se trata de asuntos complicados.

Mandatarios confirmados para juramento de Keiko Fujimori

Esta semana el canciller Pareja también detalló qué mandatarios han confirmado su participación en la ceremonia de cambio de mando. Entre los citados se encuentran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; y Ecuador, Daniel Noboa.

“Esos son los jefes de Estado que van a venir para la ceremonia de transmisión del mando”, recalcó. Además, mencinó que estarán presentes los cancilleres que acompañarán a los mandatarios, así como ministros de Estado de otros países que no enviarán a sus máximas autoridades.

La delegación internacional incluirá también al primer ministro de Aruba, Mike Eman, y representaciones oficiales de Japón, China y Marruecos. “Vamos a tener una nutrida delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 de julio en la ceremonia en el Congreso”, añadió.

El funcionario adelantó que también se espera la llegada de políticos y personalidades internacionales invitados por la propia Fujimori, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer.

“Todavía no les puedo confirmar porque estamos en ese proceso, pero creo que vamos a tener un conjunto importante de dignatarios, políticos y amistades de la señora Fujimori que estarán en el Perú esos días”, explicó.

Luego de su reunión con representantes de iglesias evangélicas en el Perú, se confirmó que la presidenta electa Keiko Fujimori pidió que la tradicional misa de acción de gracias no se realice el 29 de julio, sino al día siguiente, el 30 de julio. Según Miguel Bardales, uno de los representantes que se reunieron con la lideresa de Fuerza Popular, ella se reunirá el miércoles con su gabinete ministerial.

La decisión comunicada por el vocero de las iglesias evangélicas podría significar que la presidenta electa no solo ya tendría confirmados a los futuros integrantes de su gabinete ministerial, sino que incluso podría juramentar a sus ministros el mismo día

“Hemos venido a traer la invitación y ella nos ha explicado que la situación del país merece una atención, que ella y el gabinete necesitan tomar medidas y que, por esa razón, por este año, nos ha solicitado cambiar la fecha de la ceremonia del 29 al 30”, explicó Bardales a Panamericana.

Informes de transferencia se entregarán este jueves

En paralelo a la organización del inicio de gobierno, este jueves se entregarán los informes finales de transferencia de los ministerios. Como se recuerda, Marco Vinelli está a cargo del equipo de transferencia de Fuerza Popular y remitirá a Fujimori el saldo final de cada cartera para que se adopten las primeras decisiones en cada sector.

Para la senadora electa de Fuerza Popular, Patricia Juárez, esa documentación describa con precisión el estado de la administración pública. “El informe contenga la situación real de los ministerios, y que ese informe tenga la absoluta transparencia y reúna todas las condiciones que dice la ley”.

Juárez añadió que el contenido de esos documentos será determinante para los primeros pasos del nuevo gobierno. “Finalmente, a partir de ese documento y el diagnóstico que tenemos los equipos técnicos respecto a los diversos ministerios, se tomarán las primeras decisiones. Por eso es importante que refleje la situación real de los ministerios”, afirmó en contacto con la prensa.

Presidente Balcázar podría tomar una decisión sobre Pedro Castillo

La legisladora electa también se refirió a la posibilidad de que el presidente interino José María Balcázar aproveche los últimos días de su mandato para conceder un indulto o una gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo, una opción que habría sido mencionada como promesa por parte del actual gobernante.

Ante esa hipótesis, Juárez sostuvo que una medida de ese alcance debería quedar en manos de la nueva jefa de Estado. “Yo creo que hay desesperación, porque son promesas en su momento para llegar a la presidencia de la República, como el señor Balcázar o inclusive el propio Roberto Sánchez, para poder usar el sombrero del señor Castillo”.

La representante de Fuerza Popular insistió en que, por ahora, solo existen versiones no confirmadas y pidió prudencia política en el cierre de la administración interina. “Esa es una decisión, que seguramente corresponderá en su momento a la presidenta ya elegida. Lo que existen son rumores, muchos rumores, pero creemos que el sentido de responsabilidad en decisiones políticas tan trascendentes e importantes debe primar. Y entonces, esperemos que el señor Balcázar culmine su mandato como él siempre lo ha dicho”.

Según la hipótesis fiscal, la red habría operado desde la capital de Loreto con una estructura que combinaba extracción, acopio, manejo y envío de animales silvestres hacia mercados fuera del país. Entre las personas intervenidas figuran las empresarias Milagros Ferreyra Ahuanari y Lita Lisenia Ferreyra Ahuanari, esta última conocida también por su pasado político, luego de haber participado como precandidata a diputada por Fuerza Popular.

Las diligencias incluyeron allanamientos, detenciones preliminares y la revisión de espacios usados como zoocriaderos, donde las autoridades encontraron condiciones que describieron como “calamitosas”.

La orden judicial, la detención preliminar y los alcances del caso

La Fiscalía sostiene que el caso “Los Peludos” no se trataría únicamente de un delito ambiental, sino de una estructura con rasgos de crimen organizado. Por eso, el caso fue tipificado bajo una figura de mayor gravedad: delito aduanero, en la modalidad de tráfico de mercancías restringidas y contrabando.

Por ello, se dispuso la detención preliminar por 15 días naturales para los investigados, además de autorizar el allanamiento con descerraje, la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Durante las primeras horas del operativo, los agentes ingresaron a depósitos usados como zoocriaderos, donde se observaron animales en condiciones precarias. Las imágenes recogidas por las autoridades muestran espacios con hacinamiento, desorden y falta de condiciones mínimas para el manejo de especies vivas.

De acuerdo con la investigación, la presunta organización criminal estaría conformada por al menos 11 personas. Además de las hermanas Ferreyra, el mandato judicial alcanza a Francisco Ferreyra Ahuanari, Carlos Antonio Tello Ferreyra, Néstor Pérez Fachín, Samir Rodríguez Dahua, Bernaldo Torres Dahua, Lando Marcio Vargas Ferreyra, Alan Ruboca Moreno, Gróbel Jesús Panaifo Pacaya y David Arrué Tamani.

Las hermanas Ferreyra bajo la lupa y los antecedentes revelados por Ojo Público

Las hermanas Milagros y Lita Ferreyra no son nombres nuevos en este tipo de investigaciones. Según una investigación de Ojo Público, ambas ya habían sido mencionadas en reportajes previos vinculados al comercio y exportación de fauna amazónica, especialmente en casos relacionados con la extracción de especies como los perezosos. Ese seguimiento periodístico comenzó a tomar fuerza en 2023, cuando se advirtió que un conjunto de empresas relacionadas con las Ferreyra concentraba una porción importante del mercado de exportación de fauna silvestre desde Perú.

En esa misma línea, Ojo Público identificó que cuatro de las 37 empresas exportadoras de fauna peruana pertenecían a las hermanas Ferreyra. Para entonces, más de la mitad de sus operaciones se concentraban en la venta de animales peruanos como tortugas, camaleones, iguanas y lagartijas hacia destinos como Hong Kong, China, Taiwán y otros mercados, por montos que superaban los USD 11 millones.

Otro episodio está vinculado a una alerta emitida por la División de Inteligencia Aduanera de Sunat, que puso en conocimiento de la Fiscalía Ambiental de Loreto la salida irregular de fauna hacia el exterior desde el aeropuerto de Iquitos. En ese contexto, el fiscal Franco Gonzales dispuso la inmovilización de 30 perezosos y ocho osos hormigueros que tenían como destino Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Las especies contaban con un permiso de manejo de fauna que posteriormente fue declarado nulo por irregularidades detectadas por el gobierno regional.

Las pesquisas periodísticas también señalaron que la empresa detrás de esa operación era Ferreyra Fishes & Turtles E.I.R.L., cuya gerencia general estaba a cargo de Lita Ferreyra. Entre 2014 y 2023, ella y su hermana Milagros habrían concentrado buena parte de las exportaciones de animales registradas desde el país. En ese periodo, la firma reportó operaciones previas sobre todo con especies como taricayas, mata mata, motelo y teparo, mientras que el envío de mamíferos hacia Emiratos Árabes representó una ruta nueva para la empresa.

El exasesor de Fuerza Popular, Vicente Silva Checa, anunció este martes que presentará una denuncia contra el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien investigó y acusó a Keiko Fujimori, actual presidenta electa y líder de esa agrupación política.

En una entrevista con la radio Exitosa, Silva Checa calificó a Pérez como “un fiscal muy abusivo” y lo responsabilizó de haber “arruinado la vida” de quienes estuvieron bajo investigaciones a su cargo. “Yo lo voy a denunciar (...) por delitos que él ha cometido y por inconductas funcionales que él ha puesto en práctica”, declaró.

El abogado sostuvo que, durante su gestión en el Ministerio Público, el exmagistrado pidió prisión preventiva para varios investigados “sin ninguna base” y que muchas personas afrontaron procesos judiciales bajo comparecencia, tras presentar documentos o peritajes para respaldar su situación legal.

“A mí me detuvieron preliminarmente una noche sin aviso alguno, sin que tuviera yo una investigación, nada. Y luego este hombre me ha perseguido, prevaricando en innumerables oportunidades, y ya lo determinará el Poder Judicial (...) Ahora llora porque siente el peligro de que se volteen las cosas y él sea el acusado”, afirmó.

“Mucha gente ha visto su vida afectada por este hombre. Y una cosa muy grave que ha hecho es dañar a los partidos políticos. Si no destruirlos, al menos los ha perjudicado seriamente”, añadió al referirse a la imputación contra el Partido Aprista por lavado de activos, que fue finalmente archivada por ser “totalmente desproporcionada”.

“Ha sido muy mal fiscal y fue un error del doctor (Rafael) Vela, el fiscal coordinador, haberlo mantenido en el cargo. Vela debió ponerlo en su lugar a Pérez Gómez y así no estaría en la misma situación que él”, manifestó.

Seguidamente, recordó los 36 meses de prisión preventiva que le impusieron en noviembre de 2018 tras ser señalado por la Fiscalía como parte de la cúpula de una presunta organización criminal dentro de Fuerza Popular. Posteriormente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó esa medida y ordenó su libertad tras declarar fundado el recurso de apelación.

“Yo estuve seis semanas en Piedra Gorda. Tuve la suerte de que, después de tres días en una celda de castigo, me ubicaron en una zona donde había funcionarios públicos connotados que enfrentaban acusaciones, como César Álvarez y otros. No fue un infierno, fue una situación difícil, pero se sobrellevó y salimos”, concluyó.

Temor

En la misma jornada, el actual abogado del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) reiteró que teme por su vida tras la llegada a la jefatura de Estado de Fujimori.

“La ahora mujer más poderosa del país dio una amenaza a inicios de este año cuando le preguntaron en relación a mí. Entonces, es un hecho objetivo que ella públicamente lanzó esta amenaza”, afirmó.

Pese a este escenario, expresó que conserva la esperanza de poder proteger su integridad dentro del país y condicionó esta posibilidad a que Perú se mantenga como “un Estado de derecho”, sin que “se instale un gobierno en el cual ya no se van a respetar ni los derechos ni las garantías”.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó este lunes una ley que establece que policías y militares solo serán procesados por el fuero castrense cuando cometan delitos en el ejercicio de sus funciones, pese a la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhortó a no aprobarla.

La promulgación ocurrió luego de que el mandatario interino, José Balcázar, no formulara observaciones a la autógrafa aprobada por el Parlamento en una segunda votación realizada en junio.

El dictamen modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para impedir que un efectivo militar o policial sea procesado de manera simultánea por los mismos hechos tanto en la justicia ordinaria como en la justicia militar-policial.

Además, la ley dispone que los jueces de la jurisdicción ordinaria archiven investigaciones o procesos cuando constaten que los mismos hechos ya son materia de investigación en el fuero militar-policial.

La bancada fujimorista, a la que pertenece Rospigliosi, promovió la iniciativa al sostener que busca proteger a cientos de policías y militares que actualmente afrontan procesos por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas hace más de tres décadas durante el régimen del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) o en el contexto de las protestas de 2022 y 2023.

Días antes, la congresista Ruth Luque advirtió que todo apuntaba a que Balcázar había decidido “agachar la cabeza al fujimorismo y no observar la autógrafa”, con lo que evitó que el texto regresara al Legislativo.

Críticas

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, señaló en su momento que las presuntas violaciones deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional.

Incluso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos observó la aprobación de la norma, antes de su ratificación en el pleno, por posibles críticas relacionadas con la independencia judicial, la delimitación de competencias entre jurisdicciones y la proporcionalidad de algunas sanciones contempladas en el texto.

La ley aprobada incluye también una precisión sobre el delito de función al incorporar las conductas cometidas por acción u omisión durante el ejercicio de funciones militares o policiales.

De la misma forma, la ley estableció penas de 20 a 30 años de prisión e inhabilitación para militares o policías que colaboren con grupos armados ilegales o bandas criminales aprovechando su cargo o función, e incluso la cadena perpetua cuando dicha colaboración derive en la muerte de una persona.

El Parlamento también aprobó otra iniciativa que incorpora los delitos de lesa humanidad en el Código Penal con el fin de precisar que los casos de asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual sólo podrán ser considerados de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Si lo hechos investigados no cumplen con esos elementos deberán ser procesados como delitos comunes conforme a la legislación penal vigente, anotó la norma.

La ley plantea también que se aplique a los juicios en trámite y en las sentencias en revisión, nulidad u otra garantía constitucional.

La disposición legal remarcó que el Estatuto de Roma, que estableció competencia para los crímenes contra la humanidad, entró en vigencia en Perú en 2002 y que los hechos ocurridos antes de esa fecha no podrán juzgarse como delitos de lesa humanidad en el país.

La dirigente política mencionó que, a raíz del consejo de una voluntaria, decidió dedicar tiempo a una actividad que no había podido realizar en libertad. El acercamiento a la Biblia, gracias a un ejemplar entregado por grupos religiosos que realizaban servicio social en el penal, supuso el inicio de una etapa de mayor serenidad y de conexión con la fe. “Esa tarde empecé por el Nuevo Testamento”, recordó Fujimori, subrayando que el estudio de las escrituras la ayudó a encontrar paz y a modificar su visión sobre el entorno carcelario.

Cambios personales y relaciones en el penal

La lectura diaria de la Biblia coincidió con un cambio en la actitud de Fujimori hacia las demás internas. Contó que empezó a ayudar a las recién llegadas y evitó preguntar por qué cada una estaba presa, convencida de que ese dato no alteraba su disposición a asistirlas. “Aprendí a no juzgar a las personas”, resumió en su relato.

El proceso de adaptación incluyó también la superación de viejos temores. Fujimori detalló cómo perdió el miedo a los gatos, un temor que arrastraba desde su infancia. En el penal, al notar la presencia de gatos cerca de los desagües, decidió pedir alimento para ellos y comenzó a dejarles comida en la puerta de su celda. Dos gatos, Pepe y Gringo, respondieron acercándose y, según la ex candidata, cazaban ratones en la zona, lo que la llevó a interesarse por estos animales. Más tarde, ya en libertad, su familia adoptó cinco gatas, resultado directo de este cambio personal.

La llegada a prisión: del juicio a la celda

El episodio carcelario de Keiko Fujimori comenzó días después de que recuperara la libertad tras una detención preliminar de siete días. El fiscal José Domingo Pérez solicitó prisión preventiva por 36 meses, y el Poder Judicial programó audiencias para tratar el caso. Fujimori asistió a cada audiencia acompañada por dirigentes de su partido y mantenía comunicación nocturna con sus hijas, quienes experimentaron temor por su seguridad.

En una de esas conversaciones, su hija Kaori le preguntó: “Mamá, si es que vas a prisión significa que te pueden matar”. Fujimori explicó que buscó tranquilizarla con palabras simples: “No, Kao, eso no puede pasar y no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que no voy a poder verte todos los días, ni vamos a poder leer cuentos en las noches, pero tú podrás ir a verme dos días a la semana”.

Procedimiento judicial y traslado al penal

La ex candidata sostuvo que el procedimiento judicial no se desarrolló como correspondía, ya que, según su versión, antes de dictar prisión preventiva debían leerse todas las acusaciones a los presentes en la audiencia. El juez anunció la prisión preventiva por 36 meses, lo que derivó en su inmediato traslado.

Fujimori relató que, al saber que ese momento llegaría, pidió a sus acompañantes una despedida rápida para evitar quebrarse. “Vamos a seguir enfrentando esta injusticia”, declaró antes de ser llevada a la carceleta del Poder Judicial, un espacio que describió como “nauseabundo” y ubicado en los sótanos de la sede judicial.

Primeros días en el penal anexo de Chorrillos

Tras el paso por la carceleta, Keiko Fujimori fue trasladada a la prisión anexo de Chorrillos. Al llegar, la directora del penal le ofreció una taza de avena, gesto que la conectó emocionalmente con su abuela por el sabor de la receta. Fujimori fue ubicada en la zona de prevención, un área destinada a nuevas internas, personas castigadas y quienes luego acceden a detención domiciliaria.

Resaltó el papel de los voluntarios que realizaban servicio social en el penal, quienes le recomendaron aprovechar el tiempo de reclusión realizando actividades que no había hecho antes. Fue así como eligió la lectura de la Biblia, iniciativa que marcó el resto de su estadía.

Impacto en la vida familiar y adaptación al encierro

La experiencia carcelaria afectó profundamente a la familia de Fujimori. La ex candidata contó que su salida en libertad ocurrió el 29 de noviembre, fecha que coincidió con el cumpleaños de su hija Kiara. Hasta ese momento, había asumido que no pasaría la Navidad en casa, idea que quedó confirmada cuando un domingo advirtió que la resolución judicial no llegaría a tiempo.

En el penal, Fujimori recibió la visita de su hermana Sachi y sus hijas. Ante la imposibilidad de celebrar la festividad en familia, acordaron hacer su propia Navidad el miércoles siguiente, día habilitado para visitas. “Las fechas importantes también pueden celebrarse en otro momento”, le dijeron sus hijas, según su testimonio.

El papel de la abogada y la resolución del Tribunal Constitucional

La excarcelación de Keiko Fujimori se produjo después de que el Tribunal Constitucional de Perú declarara fundado el recurso presentado por su hermana Sachi y sustentado por la abogada Yuliana Losa. Aunque la libertad demoró varios días en ejecutarse tras la decisión, la ex candidata recuperó su libertad el 29 de noviembre. Definió la fecha como el mejor regalo de cumpleaños para su hija Kiara.

Fujimori señaló que su paso por la prisión la llevó a modificar su relación con las internas y con los animales, consolidando una etapa de mayor cercanía religiosa y familiar. Al salir del penal, su familia la recibió y celebró la libertad con la perspectiva de una nueva etapa.

Expectativas, rutinas y resistencia en prisión

Durante su reclusión, Fujimori mantuvo la esperanza de una salida rápida. Al ingresar a la prisión, llevó dos mochilas que prefirió no desarmar, convencida de que saldría pronto. Frente a la insistencia de su hermana Sachi sobre por qué no ordenaba sus pertenencias, respondía que prefería mantener una actitud positiva.

La convivencia diaria en el penal implicó también la adaptación a nuevas rutinas. Fujimori ayudaba a las recién llegadas y estableció la costumbre de alimentar a los gatos que rondaban la zona. La experiencia, según relató, modificó su percepción sobre la vida en reclusión y reforzó la importancia del apoyo familiar y la fe.

La ex candidata presidencial finalizó su testimonio recordando el impacto de la libertad recuperada, la celebración familiar y el proceso de reintegración tras 13 meses de prisión preventiva.

Según su testimonio, esa jornada comenzó con un interrogatorio en la fiscalía y derivó en una detención que ella consideró arbitraria. En el segundo capítulo de “Confesiones”, la dirigente explicó que la investigación experimentó un giro decisivo cuando se produjo el cambio del fiscal a cargo y se ordenaron nuevas diligencias, entre ellas allanamientos a su entorno político.

El inicio del proceso y la percepción de arbitrariedad

Para Keiko Fujimori, el proceso judicial incluyó episodios que describió como abusivos y extraños. Señaló que, pese a que su partido colaboraba con la justicia, la pesquisa adquirió un tono hostil. Recordó que, antes de presentarse ante la fiscalía, preparó las loncheras de sus hijas y se despidió asegurando que regresaría por la tarde, aunque presentía que algo adverso podía suceder.

Durante el interrogatorio, un oficial de policía le preguntó si estaba bajo orden de arresto. En ese momento, Fujimori avisó a su esposo, Mark Vito Villanella, que la detenían y le solicitó que transmitiera tranquilidad a sus hijas. Ese acto marcó el inicio de una serie de traslados y procedimientos que se extenderían por varios días.

Traslados, exámenes y la mediatización del caso

La lideresa de Fuerza Popular relató que la primera semana incluyó traslados a distintas dependencias policiales, exámenes médicos y psicológicos, y la presentación de una apelación al séptimo día. Dijo que fue llevada primero a una comisaría y luego a la prefectura, donde solicitó papel y lapicero a su abogada, Giuliana Loza, para escribir una carta que buscaba explicar su situación a la militancia y la comunidad internacional.

Fujimori observó que los vehículos que la trasladaban avanzaban a baja velocidad, rodeados de prensa nacional e internacional, lo que interpretó como un intento de convertir el proceso en un espectáculo público. “Se intentaba convertir la detención en un circo”, afirmó en su relato.

Condiciones de detención y contacto con la militancia

Durante el control de identidad, Fujimori presenció cómo las cámaras de televisión enfocaban sus manos esposadas y su rostro. Posteriormente, fue sometida a exámenes médicos, psicológicos, dentales y análisis de sangre y orina, en una secuencia que no pudo completarse el primer día por su extensión.

En la prefectura, la dirigente se encontró con Adriana, una militante mayor del partido, y relató que procuró mantener la serenidad para transmitirle calma. Le cedió el único colchón disponible, mientras ella descansaba sobre una tarima. Sobre esa primera noche, Fujimori fue explícita: “Lloré muchísimo. Lloré en silencio”. Dijo que evitó mostrar su angustia para no preocupar a su acompañante, aunque ambas reconocieron su estado emocional al día siguiente.

Espera, vigilancia y apelación

Al tercer día de detención, Fujimori preguntó cuándo podría salir y recibió como respuesta que la apelación había sido presentada, pero el trámite aún demoraría. Solicitó ropa desde su casa para asearse, pero su abogada le advirtió sobre la posibilidad de vigilancia constante, incluso en espacios privados como el baño o la ducha. “Están filmando cada movimiento tuyo”, le advirtió Loza.

La excongresista señaló que la audiencia de apelación se autorizó al séptimo día. Su abogada le recomendó preparar una intervención breve, de no más de cinco minutos, ya que ese sería el tiempo disponible ante la sala. Antes de partir, un policía le colocó un chaleco con la palabra “detenido” y le indicó que cumplía órdenes superiores.

Resolución judicial y liberación

Fujimori aseguró que la sala resolvió con rapidez y que lo que más recuerda del fallo fue el argumento central: la resolución judicial que ordenó su arresto habría sido elaborada a partir de un “copia y pega”, replicando los pedidos de la fiscalía sin un análisis propio. “La decisión de arresto había sido elaborada con un ‘copia y pega’”, indicó.

Esa misma noche recibió la notificación de su liberación y regresó a su domicilio para reencontrarse con sus hijas. Cerró su relato con una advertencia sobre el futuro: “Lo peor estaba todavía por venir”. La experiencia de detención sin condena, según Fujimori, marcó un antes y un después en su vida y en el escenario político de Perú.

De acuerdo con las declaraciones recogidas en televisión, Isaac Humala centró sus críticas en la figura de Keiko Fujimori, argumentando que, conforme a la ley japonesa, no existe la doble nacionalidad en los términos que él interpreta. Insistió en que, al tener que optar, esa decisión se formaliza por escrito, y aseguró que tanto Fujimori como sus hermanas habrían elegido la nacionalidad japonesa.

Nacionalidad y legitimidad presidencial

Isaac Humala manifestó que Keiko Fujimori y sus hermanas “han optado oportunamente” por la nacionalidad japonesa, lo cual, en su visión, impediría que la ex candidata presidencial pueda ejercer la presidencia del Perú. Frente a la observación del entrevistador sobre el nacimiento de Fujimori en territorio peruano y su identificación pública como peruana, Humala calificó esa afirmación de “falsa” y reiteró que, bajo ningún concepto, existe la doble nacionalidad, siempre según su lectura de la normativa japonesa.

Durante la entrevista, el exdirigente sostuvo que el partido Fuerza Popular “no es partido político” sino “República japonesa que ha llegado al poder”. Añadió que si su hipótesis fuera cierta, las elecciones serían nulas y Fujimori ni siquiera habría podido postularse a la presidencia. Enfatizó que desea que la ex candidata declare públicamente “la verdad” y reconozca su nacionalidad japonesa “por ius sanguinis”.

Críticas a Keiko Fujimori y el grupo Colina

Isaac Humala fue más allá en sus declaraciones al comparar la violencia asociada a Antauro Humala con la que atribuye a Keiko Fujimori. Señaló que, a su entender, la lideresa de Fuerza Popular sería “mil veces más violenta” que su hijo, basándose en los hechos relacionados con el grupo Colina y acusándola de haber permitido torturas a su madre cuando la familia presidencial fue trasladada al Servicio de Inteligencia del Ejército. “Es una presidenta japonesa y es más violentista que Antauro porque ella permitió las torturas del grupo Colina”, aseguró durante el diálogo televisivo.

El exdirigente también expresó que, en su opinión, si se confirmara su tesis sobre la nacionalidad, Keiko Fujimori no debería asumir la presidencia. Además, solicitó que la lideresa fujimorista hiciera pública su condición de nacionalidad japonesa y que renunciara a cualquier aspiración presidencial.

Opinión sobre Pedro Castillo y contexto histórico

En cuanto a la crisis política reciente, Isaac Humala fue consultado sobre Pedro Castillo y su papel en la disolución del Congreso. Al respecto, sostuvo que el exmandatario prometió en varias ocasiones indultar a Antauro Humala cuando este se encontraba en prisión, promesa que no cumplió. Más adelante, Humala padre afirmó que Castillo encabezó un intento de ruptura institucional al anunciar la disolución del Parlamento en un mensaje a la nación. “¿Cómo no va a ser dado golpe de Estado?”, respondió al ser consultado si consideraba a Castillo como responsable de un golpe.

Durante la conversación, el entrevistado evitó centrar el debate en la coyuntura política de Castillo, argumentando que la atención debía dirigirse hacia la situación nacional. Realizó una comparación histórica extrema y sostuvo que el país atraviesa un momento “comparable con el día en 1532”, en referencia a la captura de Atahualpa y la toma del poder por parte de fuerzas extranjeras.

Relación con Antauro Humala y violencia política

Respecto a Antauro Humala, Isaac Humala relativizó las expresiones más agresivas de su hijo. Cuando el conductor mencionó declaraciones en las que Antauro se refirió a la posibilidad de matar a su hermana o a Ollanta Humala, el patriarca respondió que se trataba de “un decir” y las calificó como “una tontería”.

No obstante, utilizó esa referencia para insistir en que la violencia verbal atribuida a su hijo no es comparable con la que, según él, representa Keiko Fujimori. Reiteró que la lideresa de Fuerza Popular estaría vinculada a hechos más graves, como los asociados al grupo Colina, y que, bajo ese argumento, no debería ejercer la presidencia.

Exigencias finales y postura de Isaac Humala

Al cierre de la entrevista, Isaac Humala expresó un doble deseo. Por un lado, exigió que Keiko Fujimori reconozca públicamente su supuesto estatus de ciudadana japonesa por derecho de sangre. Por otro, pidió que no asuma la presidencia bajo ninguna circunstancia.

Las declaraciones de Humala padre se suman a la polarización existente en el escenario político nacional y reflejan una postura crítica frente a las figuras de Keiko Fujimori, Pedro Castillo y el propio entorno familiar. La discusión sobre la nacionalidad y la legitimidad presidencial se mantiene como uno de los ejes recurrentes en el debate público peruano.

La mandataria señaló que uno de los principales desafíos de su gestión será recuperar la confianza de la ciudadanía y demostrar, con resultados, que es posible reducir las divisiones políticas que han marcado al país en los últimos años. En ese contexto, remarcó que el diálogo será una herramienta clave para avanzar en la gobernabilidad y atender las principales demandas de la población.

“No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos”, expresó Fujimori al insistir en que el resultado de las urnas debe convertirse en un punto de partida para una nueva etapa política. Asimismo, sostuvo que el mayor esfuerzo de su administración estará orientado a generar confianza entre los ciudadanos, incluidos quienes aún mantienen dudas sobre su gobierno.

“Han generado odio”

Durante su discurso, la presidenta afirmó que la reconciliación nacional será uno de los ejes de su mandato y consideró que el país necesita superar la confrontación política para enfocarse en resolver los problemas que afectan a la población. En ese sentido, sostuvo que la etapa de las disputas electorales quedó atrás y que ahora corresponde trabajar con una visión de futuro.

Fujimori manifestó que la confianza entre el Estado y la ciudadanía no puede imponerse, sino que debe construirse a través de acciones concretas. Por ello, agradeció tanto a quienes respaldaron su candidatura desde el inicio como a los ciudadanos que decidieron otorgarle su voto pese a las dudas que mantenían sobre su propuesta.

La mandataria también cuestionó el clima de división que, a su juicio, caracterizó a administraciones anteriores. “Tenemos que trabajar denodadamente por lograr una reconciliación. Nuestra sociedad no aguanta más. Esos gobiernos que han pasado generando división y odio, eso se acabó”, manifestó, al reiterar que su gestión buscará fortalecer el diálogo y promover consensos para impulsar el desarrollo del país.

La primera mujer presidente

En otro momento de su intervención, Keiko Fujimori destacó el significado de convertirse en la primera mujer elegida presidenta de la República mediante voto popular. La mandataria afirmó que este hecho representa un avance para la participación femenina en la política y aseguró que el logro trasciende su elección al simbolizar una oportunidad para todas las mujeres del país.

“Estoy orgullosa de ser la primera mujer elegida por el voto popular. Es un gran compromiso, una responsabilidad enorme que asumimos con profunda humildad. Este logro es el logro de las mujeres”, expresó. Además, señaló que espera que su elección sirva de inspiración para las nuevas generaciones y para que más niñas y jóvenes crean que pueden alcanzar sus metas mediante el esfuerzo y la perseverancia.

Finalmente, Fujimori aseguró que su administración estará enfocada en construir un Perú más próspero, especialmente para los jóvenes y los niños. Si bien reconoció que el país cuenta con importantes recursos, sostuvo que el Estado no ha respondido de manera eficiente a las necesidades de la población en los últimos años. Por ello, reiteró que, tras el cierre del proceso electoral, el objetivo de su gobierno será trabajar de manera conjunta para impulsar el desarrollo nacional y ofrecer mejores oportunidades a las futuras generaciones.

La manifestación se realizó en un contexto de tensión política, con la exigencia de libertad para Castillo como consigna central. Aunque la convocatoria buscaba una movilización, no se produjo un desplazamiento por la ciudad. Los asistentes permanecieron en el recinto partidario, donde Sánchez, acompañado de otros dirigentes, presentó la demanda como una expresión del “pueblo organizado”.

Reclamo central: la liberación de Pedro Castillo

El excandidato afirmó que solo “el pueblo organizado”, junto con el movimiento social, las comunidades originarias, los frentes sociales y los grupos ciudadanos, puede constituir un frente democrático capaz de lograr la reivindicación y la restitución de la justicia, con el objetivo de obtener la libertad de Castillo.

Sánchez hizo un llamado a la “unidad para luchar” y a la “unidad para vencer”, orientando su convocatoria a regiones, provincias, distritos, centros poblados y fuerzas ciudadanas que se identifican como democráticas. El dirigente sostuvo que en el país no existe democracia, argumentando que una democracia no puede subsistir sin derechos humanos ni justicia. En ese marco, recordó que Perú ha suscrito convenios y pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos, comprometiendo al Estado a actuar bajo esos principios.

Denuncia de detención arbitraria y vacancia ilegal

Durante el pronunciamiento, Sánchez aseguró que Pedro Castillo fue detenido de manera arbitraria cuando ejercía la presidencia y que la vacancia fue ilegal. Señaló que “jueces y peritos internacionales” ya han exigido su liberación inmediata, en función de los compromisos internacionales asumidos por Perú. Para el dirigente, “este pueblo organizado se va a convertir en la peor pesadilla de un gobierno mafioso, dictador fujimorista”.

El acto marcó también un cambio de imagen en Sánchez, quien ya no lució el sombrero que lo acompañó durante la campaña electoral. El pronunciamiento se extendió mientras el excandidato permanecía en la sede junto con otros miembros de Juntos por el Perú.

Justicia por las víctimas del sur y rechazo a la violencia

Roberto Sánchez reiteró su reclamo de justicia por los más de 50 muertos en las protestas del sur del país, vinculando esa demanda con la exigencia de liberación de Castillo. Sostuvo que existe impunidad y que el poder político actual carece de legitimidad ante una parte mayoritaria de la población.

Durante su declaración pública, el dirigente rechazó la violencia “venga de donde venga” y afirmó que su sector no la promueve ni la defiende. En ese mensaje, ató la demanda de justicia a los asesinatos cometidos durante la crisis política. Dijo que el “comportamiento violento” dejó “más de 50 peruanos asesinados” y calificó esas muertes como “una herida abierta” para el país, repitiendo la consigna “Justicia para los mártires del sur”.

Críticas directas a Keiko Fujimori y a la legitimidad del gobierno

En su intervención, Sánchez sostuvo que “lo primero que debería hacer la señora Fujimori es arrodillarse y pedir perdón a todo el pueblo del sur”, responsabilizándola por “haber quitado la vida” a la población de esa región. Estas acusaciones se enmarcaron en un discurso donde presentó la convocatoria como la expresión del “sentimiento de millones de compatriotas”.

Según el dirigente, a muchas familias les “han arrebatado la vida a sus hijos” y no reciben justicia. Bajo esa premisa, acusó al “gobierno parlamentario de la señora Fujimori” de haberse encumbrado desde una legalidad electoral que, en su visión, no cuenta con “apoyo moral” ni la legitimidad mayoritaria. Sánchez describió a ese pueblo como uno “pintado del color verde esperanza”.

Referencias a la comunidad internacional y la situación de Castillo

En otro tramo de su discurso, Sánchez señaló que el presidente encargado posee la “facultad constitucional y política” para otorgar la gracia presidencial y ordenar la libertad de Pedro Castillo. Sostuvo que algunos sectores rechazan esa posibilidad porque Castillo, “como es el líder del pueblo”, podría movilizarlo, organizarlo y exigir justicia. Frente a la declaración de inviabilidad de su excarcelación, resumió la postura de su sector con una frase: “Nadie les cree”.

El excandidato invocó al “grupo de trabajo de detención arbitraria e ilegal” dentro de una comisión de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. Afirmó que jueces, peritos y expertos internacionales “dan la razón” a quienes rechazan la detención de Castillo.

Reclamo al defensor del pueblo y denuncia de persecución política

En la parte final de su declaración, Sánchez preguntó “dónde está el defensor del pueblo” y criticó el “silencio cómplice” de las instituciones en un momento que, según su visión, exige restituir la justicia. Añadió que el Estado no debe “nunca más perseguir políticamente” a fuerzas que, en sus palabras, fueron víctimas de un complot contra el gobierno democrático constitucional de Castillo.

Sánchez cerró con una reivindicación política de los últimos tres años, asegurando que el “sentimiento y el convencimiento del pueblo tuvieron razón”. Para el dirigente, esa validación proviene de pronunciamientos de jueces, peritos y expertos internacionales que, en su interpretación, respaldan la denuncia sobre la vacancia, la detención y el “secuestro” del exmandatario.

Cancelación de la movilización y reacción de los simpatizantes

En las horas previas, el congresista Sánchez había cancelado la movilización convocada para exigir la libertad y el indulto de Pedro Castillo. Explicó que el Ministerio del Interior no otorgó las garantías necesarias para la realización de la protesta en la vía pública.

A pesar de la suspensión, entre 100 y 150 simpatizantes se concentraron en el exterior del local partidario, ubicado en la avenida 9 de diciembre. Ante ese escenario, la organización resolvió permitir el ingreso de los manifestantes al recinto, donde se mantuvieron a la espera de nuevas directivas.

Argumentos legales y respaldo a la demanda de libertad

Sánchez fundamentó el reclamo en un informe de Naciones Unidas que, según su versión, cuestiona la detención de Pedro Castillo por considerarla arbitraria. Ante los asistentes, el congresista expresó: “Es el sentimiento de nuestro pueblo por justicia”.

Al cierre del acto, un grupo de simpatizantes seguía en los exteriores de la sede partidaria, aguardando la salida de Sánchez, quien continuaba reunido con dirigentes de Juntos por el Perú. El episodio reflejó la persistencia de un sector político que, sin movilización en las calles, mantiene su demanda de liberación para el expresidente y de justicia para las víctimas de la crisis.

Primer giro: la renuncia presidencial y el compromiso familiar

En el año 2000, Alberto Fujimori decidió abandonar la presidencia de Perú en medio de una crisis política. Desde Japón, llamó a su hija Keiko para informarle de la situación. En ese momento, la joven no contemplaba ingresar al mundo político. Según su testimonio, su principal objetivo era desarrollarse como empresaria y su formación en administración de empresas apuntaba en esa dirección.

Keiko Fujimori explicó que, tras la caída del gobierno, permaneció en el país a pesar de que su padre le sugirió salir de Perú. Asumió el compromiso de “defender el legado familiar y el apellido”, lo que la llevó a afrontar investigaciones judiciales y citaciones ante el Congreso y el Ministerio Público. Esta etapa estuvo acompañada de allanamientos en viviendas de familiares y de un entorno de incertidumbre. “Después de aproximadamente dos años, esas investigaciones fueron archivadas”, puntualizó.

Un proyecto de vida en el sector privado

Superada la crisis inicial, Fujimori retomó su plan de vida original. Se asoció con dos amigas y fundó una pequeña empresa dedicada a la venta de productos naturales y de aromaterapia en una cadena comercial importante de Perú. También emprendió la exportación de productos a mercados asiáticos. Este período, según sus palabras, representó una etapa de crecimiento personal y profesional lejos del ámbito político.

Tiempo después, la dirigente logró ingresar a Columbia Business School en Nueva York para cursar una maestría en administración de empresas. Junto a su entonces esposo, Mark Vito Villanella, proyectaba desarrollar una carrera corporativa o incursionar en el emprendimiento privado. “Mi objetivo era desarrollarme en el sector empresarial y construir un futuro diferente al de mi familia”, sostuvo.

La llamada de 2005: punto de inflexión

La segunda llamada clave llegó en noviembre de 2005. Según relató Keiko Fujimori, su padre la contactó desde un teléfono satelital para informarle que viajaría a Chile con la intención de iniciar un proceso de extradición que le permitiera regresar a Perú. Durante esa conversación, le pidió que evaluara postularse al Congreso como parte de la lista parlamentaria. “Sé que estás haciendo tu maestría, pero como las cosas no han salido como estaban planificadas, nos gustaría que te animes a ser candidata, que nos acompañes a la lista como candidata al Congreso”, relató.

Horas después de esa llamada, se enteró por las noticias de la detención de su padre en Chile y de su traslado a dependencias de seguridad. Ese episodio la llevó a viajar para acompañarlo y, ya en ese país, recibió la propuesta formal de integrarse a la lista electoral.

Decisión personal y apoyo familiar

Ante el pedido familiar, Fujimori no aceptó de inmediato la propuesta política. Explicó que necesitaba tiempo para procesar la situación y discutirla con su esposo. Al regresar a Nueva York, conversó con Mark Vito Villanella, quien la alentó a tomar la decisión: “Tu país, el partido y tu familia te necesita. No quiero que te quedes aquí atada por mí. Empaca tus cosas y ya luego vemos”, recordó.

A partir de ese momento, decidió dejar la maestría y regresar a Perú. Reconoció que no tenía experiencia en campañas electorales y que aprendió de figuras como Marta Chávez, quien encabezaba la lista presidencial de entonces. Durante la campaña, implementó estrategias novedosas para acercarse a la ciudadanía, como cantar y bailar en encuentros públicos, además de exponer su mensaje político.

El ingreso al Congreso y la construcción de un partido propio

Luego de recorrer Lima y otras regiones, Fujimori fue elegida congresista, alcanzando el récord como la parlamentaria más votada en la historia de Perú en ese momento. Al asumir sus funciones, intentó unificar diferentes grupos políticos y mantuvo diálogos con diversos líderes. Sin embargo, ese esfuerzo no prosperó. Ante ese escenario, junto a su padre, adquirió un kit electoral para iniciar la formación de Fuerza 2011, partido que posteriormente dio origen a Fuerza Popular.

En declaraciones recogidas en distintos encuentros públicos, Keiko Fujimori subrayó: “Mi ingreso a la política no formaba parte de mi proyecto de vida”. La dirigente reiteró que su vocación inicial era el ámbito privado y que solo circunstancias excepcionales la llevaron a asumir roles de liderazgo en el Congreso y la política nacional.

Una trayectoria marcada por decisiones familiares y coyuntura nacional

A lo largo de sus intervenciones, Fujimori insistió en que su camino hacia la política estuvo determinado por factores externos y familiares. “Dos llamadas cambiaron mi vida y la llevaron a la política”, sintetizó. La experiencia de acompañar a su padre y responder a la crisis familiar terminó por definir su carrera pública, alejándola definitivamente de su proyecto original en el sector privado.

El actor Gabriel Calvo sorprendió al revelar uno de los episodios más desconocidos de su vida personal y profesional. Durante una reciente entrevista en el pódcast ‘Café con la Chevez’ de Trome, el también exconductor de ‘Nadie se salva’ confesó que recibió una propuesta directa de Keiko Fujimori para integrar las filas de Fuerza Popular como candidato a diputado.

Aunque la oferta representaba una oportunidad que pudo cambiar completamente el rumbo de su vida, decidió rechazarla porque sintió que no reunía las condiciones necesarias para asumir un cargo político.

Gabriel Calvo revela que Keiko Fujimori le ofreció ser diputado por Fuerza Popular

A lo largo de la conversación, Gabriel Calvo repasó distintos momentos de su carrera artística y televisiva. Sin embargo, uno de los pasajes que más llamó la atención fue cuando respondió si alguna vez había considerado incursionar en la política.

Lejos de negar cualquier acercamiento, el actor sorprendió al revelar que no solo fue contactado por una agrupación política, sino por tres organizaciones durante las últimas elecciones. Entre ellas figuraba Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, quien incluso le ofreció una ubicación privilegiada dentro de la lista de candidatos.

"Sí, de hecho estuve invitado por tres partidos para las elecciones pasadas. De hecho Keiko tuvo la generosidad de invitarme para diputado con el número 6. De haber aceptado ya ahorita mismo sería diputado“, reveló.

Gabriel Calvo explica por qué rechazó la propuesta de Keiko Fujimori

Después de revelar la oferta, Gabriel Calvo explicó que su decisión no tuvo relación con la agrupación política en sí, sino con un asunto de principios personales y coherencia.

El actor sostuvo que siempre ha considerado que quienes aspiran a un cargo público deben contar con preparación, conocimientos y capacidad para desempeñar esa responsabilidad. Precisamente por ello sintió que aceptar la candidatura habría contradicho el discurso que mantenía en su programa.

"Decliné la invitación con mucho respeto, porque me parece que es un tema serio y que para llegar a la política tienes que estar preparado. Mal hubiera hecho en aceptar mientras yo salía en mi programa, ‘Nadie se salva’, criticando a la gente que no está preparada en política y después yo aceptando sin estar preparado“, afirmó a Trome.

Para el actor, la política exige mucho más que popularidad o reconocimiento mediático. Considera que asumir una responsabilidad de ese nivel implica formación, conocimiento del Estado y una verdadera vocación de servicio, aspectos que, según dijo, todavía no sentía haber desarrollado en ese momento.

Gabriel Calvo no descarta entrar en política, pero primero quiere prepararse

Aunque rechazó la propuesta de Keiko Fujimori, Gabriel Calvo dejó claro que no cierra definitivamente la puerta a la política.

El actor explicó que, con el paso de los años, ha comprendido la importancia de la preparación académica y técnica para desempeñar cualquier función pública. Por ello, señaló que sí contempla participar en el futuro, pero únicamente cuando considere que está realmente capacitado.

"Hubiera sido una contradicción y yo hoy por hoy, a estas alturas de mi vida, creo que la palabra es lo más importante que tiene uno. Entonces sí, no lo descarto. Probablemente en cinco años entre, pero preparándome, estudiando“, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que la coherencia entre lo que una persona dice y hace constituye uno de los valores más importantes en su vida, razón por la que prefirió renunciar a una oportunidad que, según reconoció, pudo haberlo llevado hoy al Congreso.

Gabriel Calvo cuenta cómo nació su amistad con Keiko Fujimori

Otro de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Gabriel Calvo explicó el origen de la amistad que mantiene con Keiko Fujimori, una relación que se remonta a varias décadas atrás.

Según recordó, el primer encuentro ocurrió cuando integraba el desaparecido grupo musical Hexágono, durante la visita de la agrupación mexicana Magneto al Perú.

En aquella época, Keiko Fujimori era apenas una adolescente y una gran admiradora del grupo mexicano. La coincidencia permitió que ambos se conocieran en un evento organizado por la disquera que reunía a los artistas.

"Ella era muy fan de Magneto; tendría 15, 16 años; era la hija del presidente del Perú. Llegó Magneto al Perú y coincidió en que Magneto y Hexágono (donde cantaba) estábamos en la misma disquera y José Castillo, que manejaba Discos Independientes, decide juntarnos para que Magneto nos dé la patadita de la suerte. Fue la prensa y llegó Keiko. Ahí nos conocimos“, relató.

Así se fortaleció la amistad entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori

El actor contó que tiempo después comenzó a trabajar en América Televisión como auxiliar de cámara dentro del área de prensa.

Fue precisamente durante esa etapa laboral cuando volvió a coincidir con Keiko Fujimori, quien realizaba constantes viajes junto a su padre. En uno de esos vuelos, ambos compartieron varias horas de conversación, fortaleciendo una amistad que, según aseguró, continúa vigente.

"Años después, trabajé en prensa en América Televisión, como auxiliar de cámara, y asignaron un equipo que viajaba seguido con Fujimori y, en un vuelo de Los Ángeles a Lima, coincidí con ella y conversamos varias horas. Somos amigos, tenemos comunicación“, concluyó.

Keiko Fujimori recibió este miércoles 15 de julio las credenciales que la acreditan oficialmente como presidenta constitucional del Perú para el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, como parte del acto institucional organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La entrega de este documento representa el último paso formal del proceso de proclamación de las autoridades elegidas en las elecciones generales. Con esta actividad, el organismo electoral completa el procedimiento previsto antes de la transferencia de mando programada para el 28 de julio.

La jornada reunió a autoridades del sistema electoral, representantes políticos e invitados que asistieron a la ceremonia oficial. En paralelo, militantes y simpatizantes de Fuerza Popular permanecieron en los exteriores del recinto para recibir a la presidenta electa tras el término del evento.

Luego del acto protocolar, Keiko Fujimori salió del Gran Teatro Nacional para dirigirse a sus seguidores. En ese momento expresó un mensaje centrado en la etapa posterior a la campaña electoral y agradeció el respaldo recibido durante el proceso.

JNE oficializó la entrega de credenciales a la presidenta electa

La ceremonia inició después de las 11:30 de la mañana con la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, del presidente José María Balcázar y de los integrantes del Pleno del JNE.

Durante el acto, Roberto Burneo entregó las credenciales a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031. El procedimiento también formalizó el reconocimiento de los vicepresidentes elegidos, de acuerdo con el calendario electoral.

Según el Jurado Nacional de Elecciones, la entrega de credenciales constituye el acto mediante el cual las autoridades elegidas reciben la acreditación legal que les permite asumir funciones una vez realizada la ceremonia de transmisión de mando prevista para el próximo 28 de julio.

Simpatizantes recibieron a Keiko Fujimori tras la ceremonia

Al finalizar la actividad oficial, Keiko Fujimori se dirigió a los militantes de Fuerza Popular que acudieron al Gran Teatro Nacional para acompañarla durante esta jornada.

En su intervención agradeció el respaldo de quienes participaron en la campaña y dedicó un saludo a las delegaciones que viajaron desde distintas regiones del país para asistir a la ceremonia.

La presidenta electa sostuvo que el escenario político exige una etapa distinta después de las elecciones y expresó: “Los gobiernos que pasaron no estuvieron a la altura. Yo les digo: hoy la campaña terminó, no hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú. Vamos a trabajar juntos. Hemos dicho en la ceremonia que nuestro gobierno no sea un gobierno de poner primeras piedras, sino que sea de gestión”.

El mensaje también incluyó un reconocimiento a los simpatizantes que, según señaló, mantuvieron el respaldo a su candidatura durante el proceso electoral.

Mensaje incluyó agradecimientos a su familia y equipo político

Durante su aparición pública, Keiko Fujimori dedicó unas palabras a sus hijas y reconoció el respaldo de la fórmula presidencial que la acompañó durante la campaña electoral.

Asimismo, extendió el agradecimiento a los integrantes de Fuerza Popular que participaron en las actividades políticas desarrolladas durante los últimos meses.

En el estrado permanecieron junto a la presidenta electa Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes acompañaron la actividad posterior a la ceremonia oficial realizada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Salida del Gran Teatro Nacional se realizó con medidas de seguridad

Después del discurso dirigido a sus seguidores, Keiko Fujimori dejó el lugar junto a los dirigentes de Fuerza Popular bajo un despliegue de seguridad instalado en los alrededores del Gran Teatro Nacional.

La presencia de efectivos permitió ordenar la salida de las autoridades y de los asistentes que permanecieron en el exterior del recinto luego de la ceremonia.

Con la entrega de credenciales realizada por el Jurado Nacional de Elecciones, el cronograma institucional continúa con la preparación de la transmisión de mando presidencial prevista para el 28 de julio, fecha establecida para el inicio del nuevo periodo de gobierno 2026-2031.

Antes de la incursión política de Alberto Fujimori, la vida familiar transcurría entre veranos dedicados al estudio y actividades deportivas. Keiko Fujimori relató que su madre, Susana Higuchi, organizaba cursos de matemáticas, mientras los hijos asistían a clases de natación, judo y tenis, y recorrían diversos lugares del Perú. La rutina incluía excursiones a la chacra y actividades prácticas, en un ambiente que combinaba disciplina y participación constante.

La tranquilidad familiar se vio alterada cuando los padres de Keiko y Sachi comunicaron a sus cuatro hijos la intención de mudarse del país. El temor al terrorismo motivaba la decisión, aunque Alberto Fujimori propuso hacer “un último esfuerzo” para retribuir al país lo recibido. Ese esfuerzo se tradujo en la creación de Cambio 90, partido político que marcó el inicio de una etapa de exposición pública y riesgo constante.

Recolección de firmas y la campaña desde cero

El proceso de formación de Cambio 90 comenzó con la recolección de firmas en las calles y paraderos universitarios. Keiko Fujimori recordó acompañar a su padre en la esquina de las avenidas Aviación y Javier Prado, mientras su hermana Sachi, por su edad, ya podía participar en la búsqueda de adhesiones junto a sus primos. Familiares, vecinos, profesores y decanos de la Universidad Agraria se sumaron a la iniciativa, así como grupos de pastores.

El vehículo de campaña fue un camión de la chacra familiar, adaptado y conocido como el “fujimóvil”. La música de la tuna agraria acompañaba los recorridos y mítines, lo que aportaba cercanía con los simpatizantes. La austeridad y el contacto directo caracterizaban una campaña que, según las hijas del expresidente, conservaba un fuerte componente familiar.

Propaganda casera y el seguimiento de las encuestas

La elaboración de la propaganda electoral se realizó de manera artesanal. En la vivienda familiar, bajo la dirección de Susana Higuchi y con la ayuda de sus hijas, se montó un taller de carpintería. Se fabricaron entre 15 y 20 paneles metálicos, pintados a mano después de la jornada escolar. La instalación del primer panel en Javier Prado quedó grabada en la memoria de las hermanas como un hito del inicio de la campaña.

Previo a la primera vuelta electoral, una encuesta otorgaba a Alberto Fujimori apenas el 1,5% de intención de voto, aunque él percibía un respaldo mayor por la presencia creciente de periodistas en los alrededores de la casa. “Ya había periodistas esperando afuera, y nosotros les llevábamos sándwiches y jugo”, recordó Keiko Fujimori. La intensidad del movimiento en las calles y la concurrencia a los mítines fueron señales de que la candidatura comenzaba a ganar fuerza.

Del balotaje a la vida bajo amenaza en Palacio de Gobierno

El avance hacia el balotaje frente a Mario Vargas Llosa generó alegría y orgullo en la familia. Según las hermanas Fujimori, el “boca a boca” y el uso de la música contribuyeron al crecimiento de la candidatura. El triunfo no solo significó la llegada a la presidencia, sino también un cambio drástico en la vida cotidiana.

La residencia presidencial sufrió tres atentados, incluido el impacto de un misil que no llegó a explotar. Keiko recordó que, tras ese episodio, se instalaron blindajes y estructuras de fierro en las ventanas del área familiar, lo que redujo la entrada de luz. Durante los días de mayor riesgo, las hijas dormían en el gimnasio del sótano, en camillas, antes de asistir al colegio.

Rutina, disciplina y adaptación a los riesgos

Pese a las amenazas, la familia mantuvo una rutina que incluía desayuno y loncheras preparados por Alberto Fujimori, quien además habilitó una cocina en el segundo piso para preservar la vida doméstica. La práctica de montar bicicleta en la Plaza de Armas y la insistencia en la asistencia escolar, incluso tras noches de alarma, buscaban demostrar que la vida seguía a pesar de la violencia.

Keiko Fujimori describió a su padre como estricto y metódico, aunque nunca les alzó la voz. “Él nos castigaba con su mirada o con su silencio”, afirmó. Tanto Alberto Fujimori como Susana Higuchi supervisaban las tareas escolares y adquirían los libros para el año siguiente apenas concluía el ciclo lectivo.

El costo personal y el legado familiar

En la conversación entre las hermanas, Sachi Fujimori expresó su deseo de que Keiko dejara la política, argumentando que el costo familiar había sido demasiado alto. Keiko Fujimori respondió que siente la responsabilidad de dirigir el legado político de su padre, mientras su hermana desarrolla su propia editorial.

El diálogo se dio en el contexto cercano al primer aniversario del fallecimiento de Alberto Fujimori, momento en el que ambas reflexionaron sobre el sentido de la herencia familiar, asociada a la idea de paz, estabilidad económica y trabajo por los sectores más desprotegidos del país.

“Sobre todo los días que han intentado parar nuestras vidas, es cuando la familia tiene que demostrar que la vida continúa”, fue la frase que Keiko Fujimori atribuyó a su padre para resumir una etapa en la que la vida familiar, el compromiso público y la amenaza constante se entrelazaron en el centro del poder político del Perú.

Al término del encuentro, el líder del partido Sí Creo evitó confirmar si asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque tampoco cerró la puerta a esa posibilidad. En sus declaraciones, prefirió mantener la reserva sobre las versiones que lo vinculan con el próximo gabinete, pero dejó abierta la posibilidad de colaborar con el país desde el cargo que eventualmente le corresponda. Sus declaraciones se producen en medio de las conversaciones que sostiene Keiko Fujimori con diversas figuras políticas en el marco de la conformación de su equipo de gobierno.

Carlos Espá evita confirmar si será ministro de Relaciones Exteriores

Luego de reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori, Carlos Espá fue consultado por la prensa sobre los rumores que lo colocan como posible titular de la Cancillería. Sin embargo, optó por no confirmar ni desmentir la información.

“En el Perú, felizmente, existe libertad de opinión, existe libertad de información y también libertad de especulación”, manifestó al ser abordado por los periodistas, dejando en claro que no emitiría comentarios sobre las versiones que circulan respecto a la conformación del nuevo gabinete.

Pese a la insistencia de los reporteros, el excandidato sostuvo que no hará declaraciones sobre ese tema hasta que exista un anuncio oficial. Incluso, cuando uno de los periodistas le comentó que su silencio podía interpretarse como una confirmación implícita, respondió que no realizaría “ninguna afirmación ni opinión respecto a las especulaciones”.

No obstante, sí dejó una frase que fue interpretada como una señal de disposición para asumir responsabilidades en el futuro gobierno.

“Todos los peruanos siempre tenemos que estar dispuestos a poner nuestro granito de arena en el lugar que nos corresponda. Siempre tratar de pensar en el Perú, que es lo más importante para todos”, afirmó.

Espá también indicó que ha visto diferentes comentarios sobre su eventual incorporación al Ejecutivo, algunos favorables y otros críticos, aunque insistió en que, por ahora, únicamente existen especulaciones.

La reunión con Keiko Fujimori forma parte de la serie de encuentros que viene sosteniendo la presidenta electa con dirigentes políticos y excandidatos presidenciales. Durante la misma jornada también acudió el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, en el marco de las conversaciones impulsadas por el equipo de transferencia del nuevo gobierno.

Respalda anuncios de Keiko Fujimori sobre seguridad y el “Escudo de las Américas”

Además de referirse a los rumores sobre un eventual nombramiento ministerial, Carlos Espá expresó su respaldo a varias de las primeras propuestas anunciadas por Keiko Fujimori para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El excandidato señaló que está de acuerdo con la construcción de penales de máxima seguridad y con endurecer el tratamiento para los líderes de organizaciones criminales, al considerar que muchas de las redes de extorsión continúan operando desde los establecimientos penitenciarios.

“Los cabecillas de organizaciones criminales tienen que sentir el peso de la ley. Hoy muchas de las extorsiones empiezan en los penales y luego se trasladan al resto de la población”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el fortalecimiento del sistema penitenciario es una de las medidas necesarias para reducir el accionar de las mafias dedicadas a la extorsión y otros delitos.

Otro de los temas abordados fue la propuesta de que el Perú participe en el denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otros delitos que operan a nivel continental. Keiko Fujimori manifestó recientemente el interés de su futuro gobierno en sumarse a este mecanismo internacional.

Espá calificó esa posibilidad como una decisión positiva y sostuvo que las organizaciones criminales ya no actúan únicamente dentro de las fronteras nacionales.

“Las organizaciones criminales operan internacionalmente y ningún país puede enfrentarlas de manera aislada. Se necesita una respuesta coordinada entre América Latina y Estados Unidos”, indicó.

Asimismo, precisó que durante la reunión con la presidenta electa no se discutieron propuestas específicas de su plan de gobierno, aunque reconoció que existen coincidencias en temas relacionados con la seguridad ciudadana, el combate al crimen organizado y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar estas amenazas.

Las declaraciones de Carlos Espá se producen mientras continúa la expectativa por el anuncio oficial del gabinete ministerial que acompañará a Keiko Fujimori desde el próximo 28 de julio, una decisión que marcará el inicio de la nueva administración y definirá a los responsables de conducir las principales carteras del Ejecutivo.

El 28 de julio, el presidente electo, Keiko Fujimori, iniciará oficialmente su mandato en una jornada marcada por un riguroso protocolo y una agenda institucional definida por las Fiestas Patrias en Lima. Este día, considerado uno de los más relevantes del calendario político peruano, concentra los actos de transmisión de mando y la presentación formal ante las principales autoridades del país. Desde las primeras horas de la mañana, la capital se convierte en escenario de ceremonias que simbolizan la continuidad democrática y la renovación del liderazgo nacional.

A las 7:50, el presidente electo recibe el saludo protocolar de los miembros del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno. Este acto representa la despedida formal del mandatario saliente y la bienvenida al nuevo jefe del Ejecutivo. Poco después, a las 8:10, el mandatario se traslada a la Basílica Catedral de Lima para asistir a la tradicional Misa Solemne y el Te Deum, un oficio religioso que reúne a autoridades civiles, diplomáticas y militares en conmemoración del aniversario de la independencia nacional.

El recorrido oficial hacia el Congreso de la República y el protocolo parlamentario

Tras la ceremonia religiosa, el presidente electo se dirige en vehículo oficial hacia el Congreso de la República. Durante este trayecto, el centro histórico de Lima refuerza su seguridad y las calles son resguardadas para asegurar la llegada del mandatario. La escolta militar y la presencia de autoridades locales subrayan la importancia del recorrido, que simboliza la unión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el Congreso, una comisión oficial recibe al presidente electo en la entrada principal. El acceso al edificio se da bajo estrictas medidas de seguridad, con honores militares y la entonación del himno nacional. Una vez dentro, el mandatario es conducido al hemiciclo, donde se instala el pleno legislativo para dar inicio a la Sesión Solemne de transmisión de mando.

El momento de la investidura: Juramento solemne y recepción de la banda oficial

A las 10:30, comienza la Sesión Solemne en el Congreso. Se presenta el acta de proclamación de las autoridades electas, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El presidente electo se ubica en el estrado principal, donde presta juramento ante el pleno parlamentario. Esta ceremonia, cargada de simbolismo, marca el inicio formal del nuevo periodo presidencial y reafirma el compromiso con la Constitución.

Al concluir el juramento, el presidente electo recibe la banda presidencial, máximo símbolo del poder Ejecutivo en Perú. La presidenta del Congreso realiza la entrega oficial, mientras los asistentes observan en silencio y las cámaras transmiten el momento a todo el país. El protocolo exige una fórmula tradicional de juramento, que ha mantenido su esencia a lo largo de la historia republicana.

El primer Mensaje a la Nación: Estructura, lineamientos de gobierno y duración

Finalizada la investidura, el nuevo presidente pronuncia su primer Mensaje a la Nación desde el hemiciclo parlamentario. Este discurso es uno de los momentos más esperados de la jornada, ya que establece las prioridades y los lineamientos de la gestión que inicia. El mensaje aborda temas de política interna y externa, desarrollo económico, inclusión social, seguridad y derechos humanos, además de recalcar la importancia de la gobernabilidad y el respeto al Estado de derecho.

La duración del mensaje varía según la agenda y las circunstancias, pero suele superar la hora. El presidente utiliza este espacio para presentar los principales compromisos asumidos, anunciar medidas urgentes y convocar a la unidad nacional. La ciudadanía y los analistas políticos siguen con atención cada anuncio, dado que el discurso marca la hoja de ruta del nuevo gobierno.

El ingreso triunfal a Palacio de Gobierno y la juramentación del primer gabinete

Luego del mensaje en el Congreso, el presidente sale acompañado por una escolta de honor y se dirige de regreso a Palacio de Gobierno. El ingreso a la sede del Ejecutivo se realiza entre aplausos y bajo la atenta vigilancia de las fuerzas de seguridad. En el Salón Dorado, el mandatario recibe el saludo de los jefes de misión diplomática, representantes de organismos internacionales y altas autoridades del Estado, consolidando la legitimidad institucional de la nueva administración.

En las horas siguientes, el presidente toma juramento a los miembros del Gabinete Ministerial. Cada ministro promete cumplir con las responsabilidades de su cargo y ejecutar las políticas delineadas en el primer Mensaje a la Nación. La ceremonia de juramentación, transmitida en directo, completa el proceso de transición y presenta oficialmente al equipo encargado de la gestión estatal.

El 28 de julio concluye con reuniones protocolares y saludos oficiales entre el presidente, los ministros y las delegaciones extranjeras. El día deja establecida la estructura del nuevo gobierno y marca el inicio de una nueva etapa en la vida política del país.

Keiko Fujimori y Fuerza Popular dio a conocer a los parlamentarios que asumirán el rol de voceros en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para el nuevo Congreso bicameral, marcando el inicio de una etapa en la que la bancada buscará consolidar su presencia en el legislativo.

La elección de los voceros se realizó en el marco de la Jornada de Inducción Parlamentaria, un evento dirigido a los congresistas electos para el periodo en que se reestablece la bicameralidad en el Perú. Patricia Juárez fue designada como vocera titular de la Cámara de Senadores, mientras que Víctor Flores ocupará la vocería alterna. En la Cámara de Diputados, la vocería titular recaerá en Cecilia Chacón, con Arturo Alegría como vocero alterno. Esta decisión se presenta como un paso clave para definir el liderazgo y la estrategia parlamentaria de Fuerza Popular.

Perfil de los voceros en el Senado

Patricia Juárez, abogada y política con amplia experiencia en funciones legislativas y de gestión pública, fue elegida para liderar la vocería de Fuerza Popular en la Cámara de Senadores. Juárez ha ocupado cargos de relevancia en el partido y se ha desempeñado previamente como congresista en legislaturas anteriores. Su designación responde a una trayectoria marcada por la defensa de posiciones conservadoras y por su participación activa en debates sobre reformas constitucionales.

Como vocero alterno, Víctor Flores asume la responsabilidad de representar al partido en ausencia de Juárez. Flores cuenta con experiencia en gestión pública y se ha destacado por su trabajo en comisiones parlamentarias vinculadas a temas de justicia y orden interno. La dupla Juárez-Flores buscará articular la posición de la bancada en los debates clave del Senado.

Vocería en la Cámara de Diputados: un enfoque de continuidad

La Cámara de Diputados de la nueva legislatura contará con la representación titular de Cecilia Chacón, figura histórica del fujimorismo y militante de larga data en Fuerza Popular. Chacón ha sido congresista en varias ocasiones y su perfil se asocia a la defensa de los principios del partido, así como a su capacidad para negociar acuerdos con otras bancadas.

Arturo Alegría ocupará la vocería alterna en Diputados, sumando a la estrategia del grupo su experiencia en organización interna y trabajo territorial. Alegría ha mostrado habilidad en la coordinación con bases partidarias y en la articulación de propuestas legislativas orientadas a la descentralización y la participación ciudadana.

La importancia de la vocería parlamentaria

En el contexto del retorno a la bicameralidad, el rol de los voceros parlamentarios adquiere una dimensión central en la coordinación de la agenda legislativa. Los voceros titulares y alternos actúan como portavoces oficiales de la bancada, canalizan los acuerdos internos y representan las posiciones del partido en las comisiones, el pleno y ante la opinión pública.

La elección de figuras de experiencia en ambos órganos busca garantizar que la bancada de Fuerza Popular mantenga una presencia activa y cohesionada en los principales debates. Las designaciones también reflejan la intención del partido de fortalecer su estructura interna y de proyectar una imagen de unidad y compromiso institucional.

Jornada de Inducción Parlamentaria y contexto político

La selección de voceros ocurrió durante la Jornada de Inducción Parlamentaria, un espacio destinado a la capacitación de los nuevos legisladores en procedimientos, reglamentos y funciones del Congreso bicameral. El restablecimiento de la bicameralidad representa un cambio sustancial en la dinámica política nacional, con nuevos retos para la representación y la construcción de consensos.

El proceso de elección de voceros se caracteriza por la búsqueda de perfiles capaces de articular las demandas del partido con las exigencias del nuevo marco institucional. Fuerza Popular optó por parlamentarios que combinan experiencia previa con capacidad de liderazgo y conocimiento de la agenda legislativa.

Unidad y compromiso en la nueva etapa

La designación de los voceros marca el inicio de una etapa en la que Fuerza Popular aspira a consolidar su posición en el Congreso y a influir en la orientación de las reformas políticas y sociales. Desde la bancada se ha subrayado la importancia de actuar con unidad y responsabilidad en la representación de sus electores.

“Este es un momento clave para el partido, que exige trabajo coordinado y apertura al diálogo”, sostuvo una fuente interna de Fuerza Popular tras la elección de los voceros. La bancada ha manifestado su intención de presentar propuestas legislativas en materia de gobernabilidad, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

Reacciones y expectativas en el Congreso

La elección de Patricia Juárez y Cecilia Chacón ha generado expectativas sobre el papel que desempeñarán en la articulación de consensos al interior del Parlamento. Observadores políticos señalan que la experiencia de ambas permitirá una interlocución eficaz con otras fuerzas políticas y contribuirá a definir la agenda del Congreso en el inicio de su funcionamiento bicameral.

La presencia de Víctor Flores y Arturo Alegría en las vocerías alternas complementa el liderazgo de las titulares, aportando diversidad de perspectivas y capacidades organizativas a la bancada. La composición del equipo de voceros refuerza la estrategia de Fuerza Popular para enfrentar los desafíos legislativos y políticos del nuevo periodo.

Desafíos para la bancada en el Congreso bicameral

El regreso a la bicameralidad plantea desafíos en términos de coordinación entre ambas cámaras, negociación de acuerdos y diseño de políticas públicas. En este escenario, la vocería parlamentaria adquiere un rol estratégico para la proyección del partido y la defensa de sus propuestas.

La bancada de Fuerza Popular se prepara para participar activamente en la definición de las reglas internas del Congreso, la integración de comisiones y la discusión de proyectos prioritarios. Los voceros elegidos tendrán la tarea de conducir la agenda del grupo y representar los intereses del partido ante el pleno y la ciudadanía.

Proyección de Fuerza Popular en el nuevo Congreso

Con la designación de sus voceros, Fuerza Popular inicia una etapa en la que buscará consolidar su presencia legislativa y fortalecer su capacidad de incidencia en los grandes debates nacionales. La bancada apuesta por la experiencia y el liderazgo de sus representantes para ejercer una oposición crítica y constructiva, y para contribuir a la gobernabilidad y la estabilidad institucional.

La nueva etapa legislativa será clave para medir la capacidad de Fuerza Popular de articular propuestas y construir mayorías en un escenario de fragmentación política y alta demanda social. La bancada ha reiterado su compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

Cada año, el 28 de julio, la atención política de Perú se concentra en el Mensaje a la Nación, el discurso oficial del presidente ante el Congreso de la República durante el Día de la Independencia. Esta intervención, consagrada como una obligación constitucional, ha sido desde 1832 uno de los actos principales de las Fiestas Patrias.

El mensaje cumple un rol esencial porque permite a la ciudadanía acceder a un balance detallado de la gestión, conocer los logros recientes del gobierno y escuchar las metas y políticas para el futuro. Según los registros históricos del Parlamento, esta ceremonia es considerada uno de los pilares de la democracia peruana.

Origen y sentido institucional del Mensaje a la Nación

La tradición de que el jefe de Estado rinda cuentas ante el Congreso no nació con la proclamación de la independencia en 1821, sino once años más tarde. El primer mensaje presidencial en esa fecha se registró el 28 de julio de 1832. Desde entonces, la intervención presidencial quedó asociada de manera inseparable a la jornada cívica más relevante del calendario nacional.

Según lo establece el artículo 118 de la Constitución, el mandatario debe exponer en detalle la situación de la República y proponer las reformas que considere necesarias. Esta disposición legal consolidó la ceremonia como una de las más esperadas y seguidas por la opinión pública. De acuerdo con reportes parlamentarios, el acto es visto como un mecanismo crítico para vigilar el desempeño del Ejecutivo.

La ceremonia como eje de Fiestas Patrias y acto de control democrático

El Mensaje a la Nación no solo es un acto protocolar. Constituye una práctica institucional que permite al presidente presentar ante la representación nacional y la ciudadanía los avances, dificultades y planes del gobierno. Desde la promulgación de la Ley 1100, en 1909, la intervención presidencial concluye sin respuesta formal del Congreso, lo que refuerza su carácter de informe unilateral.

Solo en situaciones excepcionales la ceremonia se trasladó fuera de Lima, como ocurrió en 1881 durante la Guerra del Pacífico, cuando el presidente provisorio Nicolás de Piérola habló ante la Asamblea Nacional en Ayacucho. Según archivos legislativos, la continuidad de este acto estuvo marcada por las interrupciones políticas que atravesaron la historia republicana, lo que demuestra su importancia en tiempos de estabilidad y crisis.

Rendición de cuentas y anuncio de medidas clave

Uno de los elementos centrales del Mensaje a la Nación es la rendición de cuentas. El presidente informa sobre el estado de la administración pública, la situación económica y el manejo de los recursos estatales. Este ejercicio es considerado indispensable para la transparencia y el control ciudadano, ya que expone tanto los logros como los problemas enfrentados. Además, el discurso permite a la población conocer las principales reformas, proyectos de ley y políticas públicas que se implementarán en el corto y mediano plazo.

Las expectativas sobre el contenido del mensaje suelen ser altas, pues define la agenda política y económica para los meses siguientes. Según fuentes legislativas, los mercados financieros y los distintos sectores productivos siguen con atención los anuncios, ya que pueden influir en la estabilidad y la gobernabilidad.

Evolución histórica: extensión y frecuencia de los discursos presidenciales

A lo largo de la historia, la extensión y el tono de los mensajes presidenciales han variado considerablemente. No todos los 64 presidentes de Perú pudieron dirigirse al Parlamento un 28 de julio, debido a los cambios políticos y las crisis institucionales. Entre los discursos más extensos figura el de Manuel Prado y Ugarteche, quien en 1957 presentó un mensaje de 212 páginas, según la base de datos del Parlamento.

Durante el primer siglo republicano, los textos solían superar las 100 páginas. En las últimas décadas, la extensión se redujo y es común que los documentos no superen las 50 páginas. A pesar de esta reducción, la intervención sigue siendo un momento central para la exposición de los principales lineamientos del Estado.

Sectores clave: economía, salud y seguridad en la estructura del discurso

El Mensaje a la Nación suele estructurarse en torno a los sectores más sensibles para el país. Economía, salud y seguridad ocupan lugares predominantes en la agenda, reflejando las prioridades de la sociedad y del gobierno de turno. De acuerdo con informes parlamentarios, la presentación de cifras económicas, avances en infraestructura, políticas sanitarias y estrategias de seguridad son los puntos más destacados.

El presidente aprovecha esta ocasión para detallar los resultados alcanzados y las metas previstas en cada área, lo que permite al Congreso y a la población evaluar el rumbo de la gestión pública.

Análisis político: impacto en el Congreso y los mercados

Los efectos del Mensaje a la Nación trascienden el ámbito institucional. La reacción del Congreso de la República suele marcar el clima político posterior, mientras que los mercados financieros evalúan los anuncios realizados. Analistas políticos advierten que el contenido del discurso puede modificar las expectativas sobre la estabilidad del gabinete y la viabilidad de reformas estructurales.

En años recientes, la polarización política ha incrementado la atención sobre cada palabra del mandatario, convirtiendo el mensaje en un barómetro de la gobernabilidad y la confianza en el sistema democrático. El impacto sobre la percepción pública y el clima de negocios es seguido de cerca por organismos internacionales y actores económicos.

“Lo que sí sé, y le auguro una buena administración, (es que) cuenta con mucha gente de experiencia en su partido. Yo creo que los ministros van a ser de sus propias filas para garantizar una coherencia y que no haya personas que a veces se ofrecen, advenedizos que se ofrecen en cada etapa de los gobiernos, se marquetean y se ofrecen. Parece que ella está clara en que va a gobernar con sus propios militantes”, dijo Balcázar en entrevista con Radio Nacional.

Luego, el jefe de Estado precisó que la conformación del próximo Consejo de Ministros no fue tema de conversación durante su encuentro del último jueves, pero Fujimori, dice, “siente que su partido tiene suficientes cuadros técnicos como para iniciar su gobierno”.

En su primera entrevista como presidenta electa, Fujimori afirmó que la convocatoria para la conformación de su gabinete sería abierta y plural. Es decir, que buscaría especialistas para las distintas carteras no solo en Fuerza Popular, sino de otros partidos políticos o inclusos expertos independientes sin afiliación política.

Próxima reunión con Fujimori

En la entrevista con Radio Nacional, el presidente José María Balcázar también indicó que el próximo encuentro con la mandataria electa no contará con una agenda de temas, sino que será “un desayuno amical donde vamos a conversar seguramente de varios puntos”.

“Seguramente vamos a incidir más en los puntos de transparencia para que la transferencia sea ordenada, que sea lo más realista, para que ellos entren a gobernar sin ningún tipo de preocupaciones”, señaló.

Y agregó: “Eso asegura que cuando un nuevo ministro entra, encuentre ya los estados, las obras pendientes. Porque hay muchísima obra en el Perú que lo han dejado a medio caminar. Eso es un mal que sufre la administración pública y de malos gobernantes. No solamente el presidente, sino también los gobernadores, los alcaldes, que inician una obra, lo dejan a mitad, viene otra obra, lo dejan en la mitad y así sucesivamente”.

Piden detener nuevas designaciones y nombramientos

Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, solicitó formalmente al gobierno de José María Balcázar que evite hacer nuevas designaciones, nombramientos y asumir compromisos económicos que no sean estrictamente necesarios durante el periodo de transición.

En una carta dirigida al primer ministro Luis Arroyo, Vinelli pidió que los ministerios y entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar cambios administrativos salvo en casos de obligación legal, mandato judicial, emergencia o necesidad pública justificada.

La solicitud busca, dice, fortalecer la confianza pública y asegurar la continuidad adecuada de la gestión gubernamental. Vinelli fundamentó el pedido en los principios de buena administración, transparencia y responsabilidad institucional en el proceso de transferencia de gobierno.

El pedido de “medidas de prudencia administrativas” llega después de que se difundiera que la administración saliente realizó más de 50 designaciones y reemplazos en diversas entidades estatales a menos de un mes del cambio de mando.

De Belaunde enfatizó que, a diferencia de etapas anteriores marcadas por la alternancia entre izquierdas populistas y derechas moderadas, hoy prevalecen corrientes políticas que consideran al adversario un enemigo y utilizan una retórica más agresiva, enmarcada en lo que definió como una “guerra cultural”. La percepción de amenaza y la polarización marcan el tono de la competencia política.

Inseguridad, frustración democrática y rechazo a lo políticamente correcto

Consultado sobre las causas de este viraje, Francisco de Belaunde señaló que una parte significativa de la sociedad rechaza lo que identifica con “lo políticamente correcto” y las agendas progresistas. En ese contexto, se amplifica la idea de que no hay espacio para posiciones intermedias y se premian posturas de mano dura. La inseguridad y la desconfianza en la democracia como herramienta eficaz para solucionar problemas inmediatos motivan este desplazamiento.

El impacto de la globalización, señaló el analista, también desempeña un papel relevante, sobre todo en el norte desarrollado. La deslocalización de empresas hacia Asia dejó a amplios sectores laborales fuera del modelo económico, especialmente en Estados Unidos, donde la base electoral de Trump se compone en buena medida de votantes blancos, obreros y sin estudios universitarios.

América Latina: seguridad y economía como motores del endurecimiento

En el caso latinoamericano, De Belaunde puso el foco en la seguridad. Indicó que, en países afectados por la violencia, crece la disposición a resignar libertades a cambio de orden. El ejemplo más claro es El Salvador, donde la reelección de Nayib Bukele, a pesar de las restricciones constitucionales, evidenció el respaldo ciudadano a gobiernos que ofrecen respuestas concretas frente al delito. Según el especialista, cuando la democracia no genera soluciones visibles, aumenta el apoyo a quienes prometen actuar con urgencia.

No todos los países responden al mismo detonante. En Argentina y Bolivia, el trasfondo principal es económico, mientras que, en El Salvador, Ecuador, Chile, Colombia y Perú, la inseguridad figura como el motor central del endurecimiento político. La fragmentación regional se profundiza según la naturaleza de las demandas sociales y la capacidad de respuesta de los gobiernos.

Bolivia, Chile y Perú: matices en medio del giro regional

Sobre Bolivia, el analista describió un panorama diferente al de las derechas más radicales. Identificó a Rodrigo Paz como una figura de centroderecha o de centro y resaltó su actitud prudente frente a los bloqueos, pese a las presiones para ordenar una respuesta de fuerza. Esa moderación, explicó, le valió críticas por supuesta falta de firmeza, aunque el desbloqueo finalmente se produjo. El país afrontó luego una situación económica adversa, con medidas como la flexibilización del dólar, en un contexto atribuido al deterioro dejado por el Movimiento al Socialismo, al que comparó con el chavismo en Venezuela.

En Chile, Gabriel Boric llegó al poder desde una izquierda más radical que la de Michelle Bachelet, pero una vez en el gobierno adoptó posturas más moderadas, en parte por la falta de mayoría en el Congreso, lo que lo obligó a buscar acuerdos. De Belaunde subrayó que Boric no apoyó autoritarismos de izquierda, condenó la situación venezolana y rechazó el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en Perú. Sobre la crisis peruana, remarcó que Boric criticó las muertes en las protestas, aunque no cuestionó la legitimidad de Dina Boluarte, considerando que la transición se produjo dentro de la legalidad.

Desafíos para la derecha chilena y nuevos equilibrios políticos

El especialista describió un inicio complejo para el actual gobierno chileno de derecha, al que identificó como surgido de una corriente más radical. La caída de su popularidad, la presión por la migración y la inseguridad, junto con la salida de ministros, incluida la titular del Interior, reflejan la dificultad de gobernar aun cuando el discurso de campaña prometía soluciones firmes. Estos factores muestran que el endurecimiento político no siempre se traduce en una gestión estable.

En el análisis regional, De Belaunde observó que la fragmentación política dificulta la consolidación de proyectos de largo plazo. La volatilidad de las alianzas y la polarización limitan la capacidad de respuesta institucional frente a crisis sucesivas, tanto económicas como de seguridad.

Relaciones exteriores y limitaciones para los gobiernos latinoamericanos

Respecto a Keiko Fujimori y la política exterior peruana, el experto explicó que el gobierno de Estados Unidos evitó tomar partido en la última elección. A diferencia de ocasiones en que Trump expresó preferencias, esta vez Washington no apoyó públicamente a ningún candidato. El embajador Bernie Navarro, conocido por intervenir en asuntos peruanos, se mantuvo al margen en la segunda vuelta. De Belaunde argumentó que una injerencia abierta habría podido favorecer al rival de Fujimori, recordando el antecedente de Evo Morales en Bolivia, cuyo ascenso se vio beneficiado por el rechazo a la intervención de un embajador estadounidense.

En el terreno geopolítico, el analista advirtió que cualquier gobierno de la región debe gestionar una relación económica intensa con China y, al mismo tiempo, un vínculo histórico y estratégico con Estados Unidos. En el caso peruano, la relación con Washington incluye la reciente intensificación de los lazos militares. De Belaunde sintetizó que ningún país latinoamericano puede romper con Pekín, dada su relevancia comercial, pero tampoco desatender a Estados Unidos, ya que Washington exige alineamiento en su disputa con China.

El 28 de julio, Perú vive uno de sus actos políticos más solemnes: el cambio de mando presidencial. Este evento, cargado de simbolismo y rigurosidad protocolar, marca la transferencia formal del poder ejecutivo y la renovación de los compromisos institucionales ante la ciudadanía. La ceremonia incluye una serie de tradiciones establecidas que se cumplen con precisión, reflejando la continuidad del Estado y la legitimidad democrática de sus autoridades.

La jornada inicia con la entrega de credenciales, un paso indispensable en el proceso de transición. Según información oficial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoca a los presidentes y vicepresidentes electos para reconocer su designación tras los comicios. Esta ceremonia, que suele realizarse días antes de la asunción, reúne a las principales autoridades electorales, representantes de los poderes del Estado y otras figuras públicas relevantes.

Ceremonia presidencial: juramento ante ambas cámaras

El protocolo de transmisión del mando presidencial también incorpora novedades relevantes. Por primera vez en más de tres décadas, la presidenta electa ofrecerá su juramento ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, en lugar de hacerlo ante una cámara única como sucedía desde 1992. Cevasco destacó que este cuerpo conjunto encarna al verdadero Congreso de la República, encargado de funciones esenciales para la vida institucional del país.

El ritual de asunción incluye una serie de tradiciones poco conocidas fuera del ámbito legislativo. Según relató el ex oficial mayor, la mandataria recibirá la banda presidencial y prestará juramento sobre un cuero de becerro, firmando un texto redactado por ella misma y transcrito por un calígrafo en tinta especial. Estos documentos se conservan en los archivos del Congreso, donde figuran los firmados por los presidentes constitucionales que precedieron.

Banda presidencial: símbolo supremo del poder

La banda presidencial constituye el emblema central del acto de asunción. Confeccionada artesanalmente en raso francés y canutillo metálico importado, la banda exhibe los colores nacionales: rojo y blanco. El rojo recuerda la sangre derramada por los héroes nacionales, mientras que el blanco representa pureza y paz. En el centro, destaca el escudo nacional, bordado a mano en alto relieve.

El protocolo establece que la banda solo puede ser utilizada por el presidente en funciones y en ocasiones específicas: la ceremonia de asunción, la inauguración del año legislativo, las celebraciones de Fiestas Patrias y otros actos oficiales de alto nivel. Cada presidente estrena su propia banda, confeccionada especialmente para la ocasión, marcando el inicio de un nuevo ciclo de gobierno.

Rituales, símbolos y anécdotas del cambio de mando

Previo a la ceremonia, se conforman dos comisiones específicas: una de anuncio, que se desplaza hacia el lugar donde se encontrará la mandataria, Keiko Fujimori, para comunicarle que el Congreso la espera, y otra de recibo, que la acompaña desde la puerta del Palacio Legislativo hasta la sesión solemne. La banda presidencial es confeccionada a medida y su diseño puede variar, adaptándose a la preferencia de la autoridad entrante, ya sea por la ubicación del escudo nacional o por el tipo de bordado.

Cevasco narró que durante la asunción de Dina Boluarte, no hubo tiempo de preparar el tradicional cuero de becerro y el juramento se realizó inicialmente en papel. Posteriormente, se mandó confeccionar el soporte definitivo para cumplir con la formalidad requerida. El ex funcionario contó que, ante la posibilidad de una vacancia presidencial imprevista, ordenó la adquisición anticipada de una banda presidencial y su resguardo en una caja fuerte, lo que permitió su uso inmediato tras la destitución de Pedro Castillo.

Tradiciones y memoria parlamentaria

El ex oficial mayor señaló que los presidentes suelen llevarse la banda al concluir su mandato y, por el desgaste propio del uso, suelen encargar varias piezas durante su gestión. Cevasco lamentó que no prosperara su propuesta de instalar placas en los escaños parlamentarios para dejar constancia de los nombres de los legisladores que ocuparon cada asiento. Esta idea buscaba fortalecer la memoria institucional y reconocer la trayectoria parlamentaria.

Entre las tradiciones que sí se han mantenido, Cevasco destacó el ponche de los libertadores. Esta bebida, cuya fórmula fue rescatada junto con Antonio Jiménez Mayor y barmans del hotel Mauri, se sirve en el Parlamento cada 28 de julio para brindar en el aniversario de la independencia de Perú. Según el relato del ex funcionario, esta preparación recrea la que degustó José de San Martín el día de la proclamación de la independencia.

Protocolo en la transmisión del poder

La ceremonia de transmisión de mando incluye otros elementos que refuerzan el sentido institucional. El presidente saliente entrega un mensaje al Congreso antes de ceder el cargo, repasando los principales logros y desafíos de su gestión. Posteriormente, el mandatario entrante pronuncia un discurso inaugural, en el que expone los lineamientos que guiarán su administración y reitera el compromiso con los valores democráticos de la República.

La presencia de delegaciones extranjeras y de organismos internacionales subraya el carácter público y abierto del evento. Las autoridades diplomáticas y los jefes de Estado invitados asisten en representación de la comunidad internacional, lo que otorga relevancia global a la ceremonia.

Cierre factual

El cambio de mando presidencial del 28 de julio representa la culminación de un proceso democrático y el inicio de un nuevo periodo de gobierno. Las tradiciones protocolares que lo rodean refuerzan el sentido institucional y aseguran la legitimidad de la autoridad que asume el cargo en presencia de la sociedad y la comunidad internacional.

Durante una rueda de prensa posterior a una actividad oficial junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, Fujimori defendió al economista y señaló que “como todo funcionario siempre está expuesto a tener alguna denuncia”.

“Él ya ha aclarado estos procesos de investigación que tiene, pero yo aquí le ratifico mi confianza porque es un profesional competente que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha”, agregó.

Según el expediente consultado por Infobae, la demanda civil se relaciona con su desempeño como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. La acción legal también involucra a otros siete exfuncionarios de la institución, a quienes se les atribuye haber permitido la aprobación de seis ampliaciones de plazo para una obra de riego en Apurímac.

Dichas ampliaciones carecían de sustento técnico y fueron autorizadas por la falta de respuesta o demoras institucionales, según un informe de la Contraloría difundido por Contracorriente.

Fujimori consideró que este tipo de situaciones representa uno de los riesgos del servicio público. “Lo que estamos haciendo es recibiendo información de gobiernos que han pasado y que lamentablemente el Estado no ha funcionado”, declaró.

No obstante, la documentación indica que Vinelli notificó 35 días fuera de plazo la resolución sobre una prestación adicional de obra, una demora por la cual el contratista obtuvo una tercera ampliación automática y el Estado sufrió un perjuicio de 82.936 soles.

En noviembre de 2025, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima rechazó la demanda, al alegar que Agro Rural pretendía que todos los involucrados pagaran solidariamente los 340.547 soles, aunque en la propia demanda se individualizaban responsabilidades por cada ampliación indebida.

La entidad apeló la sentencia, pero la Primera Sala Laboral Permanente anuló todo el proceso, al considerar que la justicia laboral no es competente en este tipo de casos y estableció que, al tratarse de presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, corresponde al fuero civil.

Esta decisión se notificó el 22 de junio. Una vez que el expediente retorne al juzgado de origen, se remitirá al Centro de Distribución General de los Juzgados Civiles de Lima para que un juez civil asuma el caso y decida si Vinelli y los otros exfuncionarios deben pagar la indemnización solicitada.

Anteriormente, un informe de Contracorriente reveló que Vinelli está investigado por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública. Infobae confirmó que el caso cuenta con acusación formal.

De igual modo, de acuerdo con la televisora, el economista figura en al menos otros tres informes de control de la Contraloría por presuntas irregularidades durante su gestión pública.

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, Fujimori informó sobre el encuentro con Balcázar y dio a conocer que acudirá la próxima semana a Palacio de Gobierno luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregue las credenciales de jefa de Estado electa.

“Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado y me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana, después de la ceremonia de recepción de credenciales. Hemos quedado, en principio, el jueves en la mañana. Estaría asistiendo a Palacio para seguir en esa conversación”, dijo.

Acto seguido, Balcázar indicó que la visita protocolar también tuvo como objetivo reiterar la felicitación a Fujimori. “Lo hicimos desde el justo mismo día que estaba siendo reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones”, dijo.

“Yo creo que un buen gobierno con buenos propósitos, lo que decirle al país es diálogo permanente entre todos los peruanos. Y también hemos conversado varios puntos de vista sobre el problema, por ejemplo, del caso de las inversiones que se han hecho y se deben hacer en la parte sur del país y otras consideraciones que hemos dado puntos de vista”, señaló.

El presidente saliente le deseó “el mejor éxito” al Gobierno de Keiko Fujimori “para que gobierne en favor de todos los peruanos, sin exclusión alguna”. “Agradezco, presidenta Keiko, que me haya recibido y la invitación se ha concretizado. De tal manera que todo el Perú gane”, añadió.

Ronda de encuentros

La presidenta electa Keiko Fujimori tuvo una jornada de encuentros el miércoles 8 de julio, a tres semanas de asumir el gobierno el 28 de julio.

En su oficina de San Isidro, Fujimori recibió a los alcaldes provinciales Javier Ponce (Puno) y Óscar Cáceres (Juliaca). El pedido central fue que la futura bancada de Fuerza Popular impulse en el Congreso una comisión investigadora para esclarecer las 54 muertes ocurridas durante las protestas sociales del gobierno de Dina Boluarte. “Lo primero que se ha solicitado a la presidenta es que conforme una comisión de investigación con la bancada de Fuerza Popular para que no quede impune lo sucedido”, declaró Ponce ante la prensa. Los burgomaestres también plantearon mayor inversión pública para la región, agua potable las 24 horas para Juliaca, el proyecto del Puerto Seco San Román y una mayor descentralización del presupuesto nacional. Ambos alcaldes señalaron que Fujimori escuchó sus planteamientos y mostró disposición al diálogo.

También en la sede de Fuerza Popular, la presidenta electa sostuvo un encuentro con un senador mexicano, en un contexto de tensión diplomática entre ambos países. Ese mismo miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia matutina que aún no había tenido comunicación con Fujimori y dejó en suspenso la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde noviembre tras el asilo otorgado por México a la exprimera ministra Betssy Chávez.

Rafael López Aliaga también se reunió con Fujimori ese día. El alcalde de Lima presentó su llamado “Plan Sur” y propuso destinar la mitad de un crédito suplementario de 10.000 millones de soles a seguridad ciudadana, además de plantear la conformación de un bloque de cuatro partidos para enfrentar la corrupción y la brecha social.

Martha Chávez afirmó en la entrevista que las acciones de Marisol Pérez Tello sorprendieron a los militantes del PPC, sobre todo al histórico líder Luis Bedoya Reyes. “Engañó al señor Bedoya. Engañó a los pepecistas, destruyó el partido por dentro. Y siempre ha sido una extrema roja. Asolapada y ha usado el tema de los derechos humanos para clavar sus garras”, indicó la congresista. Además, Chávez consideró que es preferible enfrentar a quienes se identifican abiertamente con ideologías de izquierda radical que a quienes, según ella, ocultan su postura ideológica.

Posturas ideológicas y polarización

En sus declaraciones, Martha Chávez remarcó que prefiere discutir abiertamente con quienes defienden posiciones de izquierda radical, en vez de interactuar con personas que, según su visión, “disfrazan” sus posturas. “Yo prefiero alguien que salga ya de frente a decir que es marxista, maoísta, leninista, y cree en el pensamiento Gonzalo. Vamos a combatir. Frontal. Y te combatiremos ideológicamente y políticamente a alguien asolapado”, sostuvo la legisladora.

Marisol Pérez Tello, por su parte, ha sido conocida por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos y su labor al frente del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la acusación de Chávez apunta a una supuesta utilización de esta agenda con fines políticos. La exministra no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones emitidas.

Contexto político y antecedentes

El PPC ha atravesado varias etapas de fragmentación y debate interno en los últimos años. Fuentes cercanas al partido señalan que la gestión de Marisol Pérez Tello coincidió con un periodo de declive electoral y pérdida de representación parlamentaria. Las declaraciones de Martha Chávez intensifican el debate sobre la dirección y el futuro de la agrupación, así como la influencia de los diferentes sectores en su estructura.

Chávez también puso sobre la mesa la necesidad de investigar el uso de recursos asignados a los partidos políticos para campañas electorales. Según la congresista, se habría recibido “un millón 700 mil soles de la franja”, suma que, a su juicio, debería ser revisada para descartar irregularidades y garantizar la transparencia en el financiamiento de las agrupaciones políticas.

Reacciones y repercusiones

Las palabras de Martha Chávez han generado reacciones divididas dentro del espectro político peruano. Algunos miembros del PPC han evitado pronunciarse de inmediato, mientras que otros actores políticos han señalado la importancia de resolver las diferencias internas mediante el diálogo y los mecanismos institucionales. La acusación de Chávez pone nuevamente en debate la relación entre los partidos tradicionales y las figuras que han asumido roles protagónicos en los últimos procesos electorales.

En el entorno de Marisol Pérez Tello, la expectativa gira en torno a una posible respuesta pública a las declaraciones de la congresista electa. Por ahora, el intercambio se mantiene en el terreno de las declaraciones mediáticas, sin que se haya anunciado una investigación formal sobre las acusaciones vertidas en Canal B.

¿Quién es Marisol Pérez Tello?

Marisol Pérez Tello es abogada, docente universitaria y política peruana. Obtuvo reconocimiento público como ministra de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cargo desde el cual impulsó proyectos de reforma en el sistema judicial y promovió iniciativas vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Su trayectoria incluye una amplia experiencia en el ámbito académico y en la gestión pública, además de haber ejercido la docencia en reconocidas universidades del país.

En el plano partidario, Pérez Tello se desempeñó como secretaria general del Partido Popular Cristiano (PPC), donde asumió responsabilidades en momentos decisivos para la agrupación. Su liderazgo en el partido estuvo marcado por intentos de renovación interna y por su defensa de los valores democráticos, aunque también enfrentó críticas internas vinculadas a la dirección de la organización y la estrategia electoral.

En la actualidad, ella postuló a la presidencia de la república por el partido Primero La Gente donde incluso sentó sus bases en el debate del mes de marzo donde dijo que uno de los pilares del país es su juventud. Lamentablemente no llegó a pasar a segunda vuelta pero ello no ha impedido que siga haciendo política.

¿Quién es Martha Chávez?

Martha Chávez es abogada y política peruana con una extensa carrera en el Congreso de la República. Fue una de las figuras más representativas del fujimorismo, ocupando cargos de liderazgo legislativo y participando activamente en los debates nacionales desde la década de 1990. Su perfil se ha caracterizado por una postura firme en temas de seguridad y orden público, así como por su defensa de las políticas asociadas al gobierno de Alberto Fujimori.

A lo largo de su trayectoria, Chávez ha ocupado diversos cargos en el Parlamento y ha sido protagonista de controversias y debates públicos por sus opiniones y posicionamientos políticos. Su estilo directo y su participación en momentos clave de la política peruana la han convertido en una de las voces más reconocibles dentro del espectro conservador del país.

Fuerza Popular ya mueve sus fichas para asegurarse el control de la nueva estructura bicameral en el Congreso peruano, con Miguel Torres perfilado como presidente del Senado y una disputa abierta por la conducción de la Cámara de Diputados. El regreso a la bicameralidad ha disparado un reacomodo de fuerzas políticas, donde el reparto de los principales cargos legislativos se convierte en la primera pulseada de poder de la nueva etapa parlamentaria.

La definición de las presidencias reviste especial importancia por una regla central: cada cámara elegirá a su propio presidente y la titularidad general del Congreso se alternará cada año, comenzando en el Senado. Esta disposición convierte la elección de la mesa directiva en la cámara alta en el primer eslabón del mando parlamentario y en el punto de partida para la distribución de cuotas en el Legislativo.

Miguel Torres, el nombre de consenso para el Senado

En el Senado, la opción de Miguel Torres aparece consolidada. El legislador resultó el más votado y asumirá la presidencia de la Junta Preparatoria, organismo encargado de instalar el nuevo Congreso bicameral. En el entorno de Fuerza Popular consideran que Torres reúne las condiciones políticas y personales para buscar los apoyos necesarios, sin enfrentar rechazos marcados en otras bancadas. Su experiencia y perfil lo sitúan como la carta más estable de la fuerza fujimorista para encabezar la cámara alta.

La proyección inicial de Fuerza Popular es conformar una Mesa Directiva con Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras. Pero la aritmética parlamentaria presenta dos desafíos: Renovación Popular cuenta con un voto menos hasta que se resuelva la situación interna de Rafael López Aliaga, y el Partido del Buen Gobierno aún no confirma su voluntad de integrar la lista oficialista. Esta última incertidumbre complica la ingeniería de alianzas, ya que otras bancadas como Juntos por el Perú y Ahora Nación mantienen posiciones de confrontación con el fujimorismo.

Una estrategia para recuperar el control institucional

Fuerza Popular busca recrear la fórmula de control institucional que históricamente caracterizó a los oficialismos en el Congreso. Entre 2011 y 2016, el bloque gobernante encabezó el Parlamento durante los primeros años de gestión. Desde 2016, el patrón cambió: el partido de Keiko Fujimori, entonces con 73 legisladores, asumió el mando legislativo pese a estar en la oposición, marcando un antecedente de dominio parlamentario que ahora intenta reeditar en la era bicameral.

La apuesta de Fuerza Popular es presidir ambas cámaras. Esta intención se desprende de las conversaciones preliminares entre bancadas, donde la dirigencia fujimorista ha explicitado su voluntad de recuperar la tradición de control del Legislativo. El objetivo es asegurar capacidad de gestión y proyección política en la nueva arquitectura institucional.

La presidencia de Diputados, terreno de mayor disputa

El escenario es más incierto en la Cámara de Diputados. Aquí, Fuerza Popular impulsa el nombre de Cecilia Chacón, la congresista más votada de su bancada, como candidata a la presidencia. Según fuentes internas, existe una “deuda” con Chacón, quien en 2018 estuvo a punto de ser postulada a la presidencia del Congreso, pero fue desplazada por Daniel Salaverry.

La postulación de Chacón, sin embargo, no cuenta con el mismo consenso que la de Torres. La propuesta de repetir una mesa multipartidaria con Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras no ha generado el nivel de aceptación esperado. Las bancadas rivales buscan equilibrar el reparto de poder y evitar la hegemonía fujimorista en la conducción de ambas cámaras.

Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno, alternativas en Diputados

En ese contexto, ha surgido la posibilidad de que Norma Yarrow, de Renovación Popular, ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados. Yarrow obtuvo la segunda mayor votación del hemiciclo y su nombre representa una opción de consenso para sectores que buscan limitar la concentración de poder en manos de Fuerza Popular. Además, distintas bancadas consideran que el Partido del Buen Gobierno dispone de figuras capaces de asumir la responsabilidad de liderar la cámara baja.

El equilibrio político se convierte en el principal argumento para que la presidencia de Diputados recaiga en una fuerza distinta a la fujimorista. Voceros de varias bancadas sostienen que, si Fuerza Popular controla el Senado y la titularidad general del Congreso en el primer año, debería ceder la conducción de la otra cámara para evitar una percepción de control absoluto.

El reparto de poder, eje de la pulseada parlamentaria

Las expectativas de las fuerzas políticas giran en torno a la conformación de bloques y los consensos necesarios para instalar las mesas directivas. Al interior del Partido del Buen Gobierno prevalece la cautela: sus dirigentes no han decidido si asumirán la presidencia de Diputados en este primer año, lo que mantiene abierta la definición y deja a Cecilia Chacón en carrera, aunque sin la claridad de apoyos que acompaña a Miguel Torres en el Senado.

El reacomodo de fuerzas en el Congreso bicameral responde a la necesidad de garantizar la gobernabilidad, pero también refleja la competencia por espacios de poder que marcará el inicio de este nuevo ciclo legislativo. Las próximas semanas serán decisivas para definir el reparto de cargos y la proyección de cada bancada en la etapa bicameral.

La bancada de Somos Perú, a la que perteneció el exgobernante interino José Jerí, formalizó este lunes ante el Congreso su rechazo a la propuesta de otorgar la medalla en el grado de Gran Cruz al legislador, quien asumió la jefatura de Estado como titular del Parlamento tras la vacancia de Dina Boluarte.

En una carta dirigida a Fernando Rospigliosi, presidente del Legislativo, el grupo fundamentó su oposición en “estrictas consideraciones de orden ético, moral y de idoneidad pública”, al destacar que la distinción representa “la máxima condecoración que otorga este Poder del Estado a ciudadanos que han brindado servicios eminentes a la Nación”.

Somos Perú, bancada a la cual Jerí renunció en junio pasado, añadió que “su historial de actuación pública y los cuestionamientos constitucionales que motivaron su apartamiento de la alta magistratura del Estado son de público conocimiento, resultando incongruente y agraviante para el país pretender honrar una gestión caracterizada por los siguientes hechos”.

Detalló seguidamente que el exjefe de Estado transitorio afrontó una investigación por violencia sexual finalmente archivada, y que no se sometió “en su debido momento, a la realización de la pericia psicológica obligatoria ordenada por el Poder Judicial (...), conducta incompatible con la probidad exigida a un exjefe de Estado o alto funcionario”.

Mencionó, además, la “conducta clandestina (...) en encuentros nocturnos de carácter encubierto y fuera del recinto oficial del Palacio de Gobierno, específicamente en un establecimiento comercial de comida china (chifa), con el referido ciudadano Zhihua Yang, quien ostentaba simultáneamente la condición de proveedor del Estado”.

Posteriormente, el portavoz oficial de la bancada, Héctor Valer, expresó en un comunicado que “entregar la máxima distinción de este Poder del Estado a una figura con un historial de actuación pública repugnante resulta un agravio para el país”.

“Esta rotunda oposición se sustenta en una serie de inconductas de extrema gravedad ética, que van desde su comprobada evasión a la justicia al resistirse a mandatos judiciales de terapias en la investigación por violación sexual, hasta su rol de sabotaje como ‘topo’ en la Comisión Investigadora de Empresas Chinas, encubriendo sus nexos y reuniones clandestinas con proveedores del Estado”, añadió.

Valer agregó “la grave vulneración de la seguridad nacional al permitir el ingreso a Palacio de Gobierno de ciudadanos con arresto domiciliario, y el repudiable uso indebido de la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a su función, menoscabando la investidura presidencial”.

En ese sentido, hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios del Congreso “para que se sumen a esta postura y soliciten formalmente la no condecoración”, en especial a Fuerza Popular, que lidera la mandataria electa Keiko Fujimori, a quien Jerí apoyó en el balotaje.

“El país exige autoridades probas y símbolos que enaltezcan a la Nación, no premios que validen el deshonor”, concluyó. El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso evaluará este jueves, a las 2:00 de la tarde, si otorga o no la medalla al parlamentario.

Jerí estuvo al mando de Palacio durante cuatro meses donde no pudo resistir las sospechas y dudas generadas por su comportamiento como mandatario, al mantener reuniones clandestinas con empresarios chinos y ser señalado de supuestas irregulares en la contratación de funcionarias que previamente había recibido en su oficina.

Al finalizar el encuentro, los burgomaestres ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los temas abordados con la futura mandataria. Además de insistir en la necesidad de esclarecer los hechos ocurridos durante las movilizaciones sociales, solicitaron mayor inversión pública, continuidad de obras de agua y saneamiento, descentralización del presupuesto nacional y una reforma administrativa que permita agilizar la ejecución de proyectos en las regiones.

Alcaldes solicitan una comisión para investigar las muertes ocurridas durante las protestas

El principal pedido presentado por las autoridades fue que la futura bancada de Fuerza Popular impulse la conformación de una comisión investigadora en el próximo Congreso para esclarecer las muertes registradas durante las protestas sociales que marcaron el gobierno de Dina Boluarte y del entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

El alcalde provincial de Puno, Javier Ponce, explicó que la solicitud busca evitar que estos casos queden sin una investigación parlamentaria. “Lo primero que se ha solicitado a la presidenta es que conforme una comisión de investigación con la bancada de Fuerza Popular para que no quede impune lo sucedido, sobre las muertes en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y el premier Otárola”, señaló durante la conferencia.

El burgomaestre agregó que también solicitaron que el próximo gobierno otorgue mayor atención al sur del país, al considerar que la región ha permanecido relegada durante los últimos años.

“Le hemos pedido que le dé una mirada al sur del Perú. En los últimos gobiernos no hemos sido atendidos y no contamos con proyectos de gran envergadura”, indicó.

Consultados sobre la respuesta de Keiko Fujimori, ambos alcaldes señalaron que la presidenta electa escuchó el planteamiento y mostró disposición para mantener el diálogo sobre este tema.

Javier Ponce precisó que la responsabilidad sobre las investigaciones corresponde a la administración saliente y no al gobierno que asumirá funciones en las próximas semanas.

“La responsabilidad no es de este gobierno entrante, sino de la expresidenta Dina Boluarte y del premier Otárola. Aún persiste el dolor por nuestros hermanos que fallecieron. Esperamos que la bancada tome acciones y conforme esta comisión de investigación”, manifestó.

Por su parte, el alcalde de San Román - Juliaca, Óscar Cáceres, afirmó que durante la reunión percibió voluntad para continuar dialogando y buscar consensos.

“Un punto que sí he podido percibir es la voluntad de la presidenta de establecer el diálogo, aperturarlo y buscar la verdad a lo largo de esta conversación. Estamos satisfechos de que pueda materializarse la comisión que se ha planteado”, sostuvo.

Agua, puerto seco y descentralización: los otros pedidos presentados a la presidenta electa

Además del pedido relacionado con las investigaciones, los alcaldes presentaron una serie de iniciativas orientadas al desarrollo de Puno y Juliaca, ciudades que, según indicaron, requieren una mayor presencia del Estado para cerrar brechas de infraestructura.

Óscar Cáceres señaló que uno de los proyectos prioritarios es garantizar la continuidad del proyecto integral de agua y alcantarillado para Juliaca, con el objetivo de brindar un servicio permanente a la población.

“Hemos expresado los principales problemas de nuestra ciudad y queremos que exista la fortaleza necesaria para solucionarlos. Lo que buscamos es que Juliaca tenga, de una vez por todas, agua y desagüe las 24 horas”, afirmó.

Asimismo, entregó a la presidenta electa la propuesta del Puerto Seco San Román, iniciativa que busca convertir a la provincia en un centro logístico para articular el transporte de mercancías provenientes de Brasil y Bolivia, aprovechando la ubicación estratégica de la región.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de modificar los procedimientos administrativos del Estado para facilitar la ejecución de obras públicas. Los alcaldes coincidieron en que la constante rotación de autoridades nacionales durante los últimos años ha dificultado la continuidad de numerosos proyectos.

Cáceres sostuvo que la inestabilidad política afectó directamente la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

“Hemos tenido varios presidentes, ministros y funcionarios en poco tiempo. Esa falta de continuidad ha limitado el desarrollo de nuestros proyectos y consideramos que debe existir una reestructuración del Estado con nuevos procedimientos que permitan agilizar la atención al ciudadano”, expresó.

En la misma línea, Javier Ponce respaldó la necesidad de fortalecer la descentralización y otorgar mayores competencias a los gobiernos subnacionales.

Según explicó, una de las principales demandas consiste en descentralizar el presupuesto nacional, permitiendo que gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales e incluso centros poblados cuenten con mayores recursos y funciones ejecutivas para atender las necesidades de sus localidades.

“Tenemos que comenzar a descentralizar el presupuesto nacional, darle mayor confianza a los gobiernos regionales, provinciales y distritales. De esa forma el Estado podrá llegar a los rincones más profundos del país”, señaló el alcalde de Puno al concluir la conferencia realizada tras la reunión con Keiko Fujimori.

La presidenta electa Keiko Fujimori ya viene desplegando a sus equipos de transferencia ante los distintos ministerios de cara al cambio de mando previsto para el próximo 28 de julio cuando jure oficialmente al cargo.

“Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión”, informó la ‘Oficina de la Presidenta Electa’ en redes sociales.

Horas antes del comunicado de dicho despacho, ya se venían conociendo los documentos con los nombres de los equipos acreditados ante las distintas carteras. No obstante, aún están pendientes que se designen a quienes se encargarán de la transición en las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Desarrollo e Inclusión Social

En la Presidencia del Consejo de Ministros el responsable de la transferencia será el jefe del equipo de transferencia general de Keiko Fujimori, el economista Marco Vinelli, pese a los cuestionamientos que arrastra, como una demanda por indemnización interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y una investigación con acusación en la Fiscalía.

En ese mismo equipo figura Giulliana Loza, abogada personal de Fujimori, y Shirley Montenegro Flores, quien ha sido señalada de presuntamente haber participado en la quema de documentos relevantes para el caso Cócteles.

¿Quiénes integran los equipos de transferencia?

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

• Marco Antonio Vinelli Ruiz
• Jorge Luis Rey de Castro Mesa
• Katushka Tapia Solari
• César Candela Jara
• Giulliana Araceli Loza Ávalos
• César Armando Muriche Astorayme
• Shirley Montenegro Flores

Relaciones Exteriores

• Carlos Octavio Saco-Vértiz Tudela
• Carla Elena Mares Ruiz
• Sandro Esposito Shapiama
• Giacomo José Sanguinetti Ravettino

Economía y Finanzas

• Juan Odar
• Eduardo Padilla
• Isaac Foinquinos

Interior

• Vicente Marcelo Álvarez Moreno
• Remigio Hernani Meloni
• Juan Antonio Padilla Alvarado
• Freddy Chaico de la Borda

Defensa

• Darwin Teófilo Eurafeio León
• Paola Liliana Lobatón Fuchs
• José Luis Tantaleán Alatrista
• Edwin Zegarra Valdivia
• Julio Angulo Florian
• Carlos Rodríguez Zegarra
• Guillermo Oroz Herrera

Salud

• José Francisco Recoba Martínez
• Jaime Gutiérrez Rosas
• Juan Carlos Gonzales Hidalgo

Educación

• Luis Antonio Alemán Nakamura
• Doris Lorena Gavilano Iglesias
• Carlos Miguel Paredes Díaz

Desarrollo Agrario y Riego

• Erick David Uriarte Lozada
• Jorge Barrenechea Cabrera
• Sandra Antonella Fernández Marina
• Percy Omar Mercado Flores

Mujer y Poblaciones Vulnerables

• Hernán José Cuba Chávez
• Javier Masías Astengo
• Mariella María Soldi Vargas

Transportes y Comunicaciones

• Jorge Juan Alfaro Bravo
• Carlos Manuel Castañeda Jiménez
• Claudia Ato Rodríguez

Cultura

• Abraham Rivas Lombardi
• Iván Pereyra Villanueva
• Fernando López Sánchez

Comercio Exterior y Turismo

• Ernesto Arturo García Calderón
• Adriana Patricia Serván Díaz
• Laura Guisella Alegría García

Ambiente (documento formal enviado a la ministra saliente Nelly Paredes)

• Responsable del ETTE: Segundo Agustín Ortiz Ramírez
• Integrante: José Ernesto Vidal Fernández
• Integrante: Priscilla Gavancho Yupanqui

Producción

• Augusto Enrique Eguiguren Praeli
• Sergio Gonzáles Guerrero
• Hugo Alfredo Castañeda Torres

Energía y Minas

• César Juan Zegarra Robles
• Tabata Dulce Vivanco del Castillo
• Edwin Eduardo Regente Ocmin

Trabajo y Promoción del Empleo

• Jorge Perlacios Velásquez
• Samuel Ricardo Asto Asparrin
• Hernán Francisco Ramos Romero

En el ámbito político, los términos virtual presidente, presidente electo y presidente suelen prestarse a equívocos tanto entre la ciudadanía como en la cobertura mediática. Aunque en apariencia se refieren a la misma figura, cada uno tiene un significado preciso vinculado a etapas definidas del proceso electoral y a formalidades legales que estructuran la transición de mando.

Distinguir entre estos conceptos permite identificar con claridad el grado de avance en el proceso de sucesión y el nivel de legitimidad oficial que ostenta la persona elegida, lo que resulta fundamental para comprender el funcionamiento institucional y las dinámicas del poder ejecutivo.

El uso preciso de estos conceptos evita malentendidos sobre el estatus real de quien ha resultado favorecido en una elección. Expertos especializados en política han señalado que la diferencia entre un presidente electo y un virtual presidente radica en el momento exacto del proceso electoral en que se emplea cada término, así como en el grado de oficialidad que implica para el sistema democrático.

Keiko Fujimori: futura presidenta

La denominación de “presidenta” solo corresponde a quien ha jurado y asumido oficialmente el cargo ante el órgano correspondiente, en este caso, el Congreso. Keiko Fujimori, aunque fue proclamada presidenta electa el 3 de julio y recibirá sus credenciales el 15 de julio, aún no ha cumplido el acto formal que marca el inicio de su mandato: la juramentación prevista para el 28 de julio. Hasta ese momento, su estatus es el de presidenta electa, lo que implica que ha sido reconocida oficialmente como ganadora de la elección, pero aún no ejerce las funciones inherentes al cargo.

El concepto de “virtual presidente” se utiliza para referirse a la persona que encabeza los resultados preliminares de una elección, cuando las tendencias ya son irreversibles pero la proclamación oficial aún no se ha realizado. En cambio, el término “presidente electo” se aplica una vez que las autoridades electorales han oficializado el resultado y otorgado las credenciales correspondientes, aunque todavía no se ha producido la asunción formal del poder. La diferencia entre estos términos expresa distintos grados de reconocimiento y oficialidad en el proceso de transición.

Solo después de la juramentación ante el Congreso, Keiko Fujimori podrá ser considerada presidenta y ejercer plenamente las funciones del cargo. Este paso es fundamental para la legitimidad institucional, ya que marca el inicio efectivo de su mandato y el reconocimiento pleno por parte del Estado y la sociedad. La precisión en el uso de estos términos contribuye a una mejor comprensión del proceso democrático y evita confusiones sobre el estatus real de los líderes electos.

Virtual presidente: un reconocimiento mediático, no institucional

El concepto de virtual presidente surge en el lenguaje mediático y político durante la fase inmediata posterior al conteo preliminar de votos, cuando las tendencias ya resultan irreversibles, pero las autoridades electorales todavía no han oficializado el resultado. Esta expresión se utiliza para referirse a la persona que, según proyecciones basadas en conteos rápidos o encuestas de salida, ha obtenido la mayoría suficiente para considerarse ganador.

La denominación de virtual presidente carece de validez legal o constitucional. Se trata de un reconocimiento social y periodístico que anticipa el desenlace formal del proceso. Este término suele emplearse en las horas o días posteriores a la jornada electoral, hasta que la autoridad competente emite los resultados oficiales. Por ejemplo, tras las elecciones generales en algunos países latinoamericanos, los medios suelen titular: “Juan Pérez es el virtual presidente tras el conteo del 90% de los votos”.

Presidente electo: reconocimiento oficial tras la validación de resultados

El término presidente electo se utiliza de manera formal e institucional una vez que la autoridad electoral correspondiente ha concluido el escrutinio y ha declarado ganador a un candidato. Este reconocimiento implica que la persona ha cumplido con todos los requisitos legales y que su elección ha sido validada oficialmente. La figura del presidente electo aparece en el periodo de transición, es decir, en el lapso entre la declaración oficial y la toma de posesión.

Según expertos en derecho constitucional, el estatus de presidente electo otorga al ganador determinadas prerrogativas, como participar en reuniones de transición o recibir información estratégica del Estado. La diferencia fundamental respecto al virtual presidente es la oficialidad y el respaldo legal. Desde ese momento, el presidente electo se convierte en el interlocutor legítimo ante otras autoridades y organizaciones internacionales.

Presidente: ejercicio pleno del poder y legitimidad constitucional

El título de presidente corresponde a quien ha asumido formalmente el cargo, tras prestar juramento y recibir la investidura de acuerdo con la constitución del país. Este es el único término que implica el ejercicio efectivo de las funciones ejecutivas y la representación plena del Estado. El presidente, a partir de su toma de posesión, cuenta con todas las facultades legales y constitucionales para gobernar.

La transición de presidente electo a presidente suele estar marcada por un acto protocolar, que varía según las tradiciones nacionales. En muchos países, la transmisión de mando incluye la entrega de símbolos oficiales como la banda presidencial. El uso del término presidente antes de este acto carece de sustento jurídico y puede inducir a error sobre la legitimidad y los alcances del poder de la persona en cuestión.

¿En qué casos se utiliza cada término?

El uso de cada uno de estos conceptos responde a momentos precisos dentro del calendario electoral y la institucionalidad democrática. La expresión virtual presidente se utiliza solo durante el periodo en el que los resultados son previsibles, pero no oficiales. En contraste, presidente electo se aplica exclusivamente después de la declaración formal por parte del órgano electoral competente y hasta la toma de posesión.

El término presidente debe reservarse para quien ejerce formalmente el cargo, pues solo en ese momento asume la totalidad de las funciones ejecutivas. El empleo erróneo o anticipado de estos conceptos puede generar confusión en la ciudadanía y afectar la percepción sobre la legitimidad del proceso de transición.

Importancia de la precisión terminológica para la democracia

La diferencia entre estas figuras no es meramente semántica. El uso adecuado de los términos contribuye a fortalecer la transparencia y la confianza en las instituciones democráticas. Los observadores internacionales subrayan que la distinción entre virtual presidente y presidente electo ayuda a evitar falsas expectativas y mantiene el respeto por los procedimientos legales.

La precisión en el lenguaje favorecela claridad informativa y la educación cívica, aspectos fundamentales para una sociedad informada y participativa. En contextos de alta polarización política, la utilización correcta de los conceptos resulta aún más relevante para prevenir rumores, desinformación o crisis de legitimidad.

Conclusiones sobre el uso de los términos

Comprender cuándo y cómo se utiliza cada uno de estos términos resulta esencial para periodistas, académicos, funcionarios y ciudadanía en general. Distinguir entre virtual presidente, presidente electo y presidente permite reflejar con fidelidad el estado real del proceso democrático y sus implicancias legales. La precisión terminológica contribuye a la transparencia y a la solidez de los sistemas políticos, al tiempo que refuerza la confianza en las instituciones encargadas de organizar y supervisar las elecciones.

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió este martes al excandidato presidencial Wolfgang Grozo en una reunión realizada días después de la oficialización de los resultados electorales. Tras el encuentro, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el diálogo entre las fuerzas políticas y fortalecer la gobernabilidad para afrontar los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno.

Al salir de la cita, Grozo explicó que la conversación giró en torno a la situación del país, el escenario político tras las elecciones y las prioridades de la próxima administración. Además de hacer un llamado a dejar atrás la polarización, el exaspirante a la Presidencia rechazó que existan condiciones previas para el diálogo político y reiteró sus planteamientos sobre seguridad ciudadana, incluyendo el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional dentro del marco constitucional.

“El Perú no puede seguir fragmentado”: el mensaje de Grozo tras su encuentro con Fujimori

En sus declaraciones a la prensa, Wolfgang Grozo remarcó que el proceso electoral ya quedó atrás y que, a partir de ahora, el foco debe estar puesto en el interés nacional. “Las elecciones terminaron. Una vez ratificada quien estará al frente del país, todos debemos apoyar, más allá de las ideologías”, señaló, al tiempo que insistió en que el escenario actual exige dejar de lado la confrontación política que ha dominado buena parte del debate público en los últimos meses.

El excandidato presidencial sostuvo además que el respaldo a la nueva gestión no debe interpretarse como una renuncia al control ciudadano. En esa línea, subrayó que una cosa es acompañar la estabilidad del país y otra muy distinta otorgar un respaldo sin vigilancia. “Eso no significa dar un cheque en blanco. Todos debemos ser vigilantes y auditores de lo que ocurra durante la gestión”, manifestó, en una frase que buscó marcar distancia frente a cualquier lectura de adhesión irrestricta.

Grozo también comentó que durante la conversación percibió en Keiko Fujimori la intención de construir un equipo con criterio técnico y apertura política. Según explicó, la mandataria electa le habría transmitido la idea de convocar a los perfiles “más capacitados” para conformar un gobierno de ancha base, donde prime la meritocracia por encima de las cuotas partidarias. El excandidato sostuvo que ese enfoque resulta clave para responder a las exigencias del país en una coyuntura compleja.

Otro de los puntos abordados fue la participación de los jóvenes en la vida pública y la necesidad de reforzar la institucionalidad democrática. Grozo consideró que el debate político debe abrir espacio a nuevas voces y a propuestas que ayuden a recomponer la confianza en las instituciones, especialmente en un contexto donde la desafección ciudadana sigue siendo uno de los grandes problemas.

En materia de seguridad ciudadana, el excandidato también se pronunció sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Aclaró que cualquier intervención debe mantenerse dentro del marco constitucional y en calidad de apoyo a la Policía Nacional, descartando una militarización de las calles. “No se trata de sacar a los militares a patrullar las calles. Hay formas en que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional dentro de su rol constitucional”, expresó.

Keiko Fujimori también dialogó con María Corina Machado tras ser proclamada presidenta electa

Horas después de reunirse con Wolfgang Grozo, Keiko Fujimori sostuvo una videollamada con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien la felicitó por su victoria en la segunda vuelta electoral. La conversación se produjo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados de los comicios y sirvió para reafirmar los vínculos políticos que ambas mantienen desde hace varios años.

Durante el diálogo, Fujimori agradeció el respaldo que Machado le expresó durante la campaña presidencial. La dirigente venezolana señaló que Perú y Venezuela comparten la defensa de la democracia y sostuvo que ambas naciones atraviesan procesos que requieren fortalecer sus instituciones. En ese contexto, afirmó que la lucha emprendida en ambos países responde a una misma causa y expresó su confianza en que prevalezcan los valores democráticos.

La conversación también incluyó un mensaje de solidaridad por los terremotos que afectaron recientemente a Venezuela. Fujimori transmitió su apoyo a las familias damnificadas y lamentó las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por la emergencia, además de expresar su deseo de que la población reciba la asistencia necesaria para enfrentar las consecuencias del desastre. Machado agradeció el gesto y valoró el respaldo enviado desde el Perú en un momento de crisis para su país.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego interpuso una demanda por daños y perjuicios contra el economista Marco Vinelli, jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori, y solicitó una indemnización de 340.547 soles.

Según el expediente al que accedió Infobae, se trata de una demanda civil contra Vinelli por su actuación como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. La demanda también está dirigida contra otros siete exfuncionarios de la institución por presuntamente haber permitido la aprobación de seis ampliaciones de plazo para la ejecución de una obra de riego en Apurímac. Estas ampliaciones no contaba con sustento técnico y fueron consentidas debido a la falta de respuesta y/o demora de la institución, según un informe de la Contraloría difundido inicialmente por Contracorriente.

De acuerdo con el referido informe, el hoy jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori no cumplió con notificar a tiempo la resolución que declaraba improcedente una prestación adicional de la obra. La resolución fue notificada, dice el documento, 35 días después de vencido el plazo. Debido a la demora, el contratista solicitó una tercera ampliación, que fue aprobada automáticamente también por falta de respuesta a tiempo. Solo este hecho le habría generado un perjuicio al estado de 82.936 soles.

El documento de la Contraloría también identifica a Vinelli como uno de los funcionarios de Agro Rural, cuya presunta falta de diligencia al momento de resolver consultas técnicas del contratista permitió la aprobación automática de otras tres ampliaciones.

La demanda de Agro Rural

A raíz del informe de Contraloría, Agro Rural interpuso en 2023 la demanda por daños y perjuicios contra Marco Vinelli y los otros 7 funcionarios involucrados en las presuntas irregularidades.

En noviembre de 2025, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima declaró improcedente la demanda. El fallo se justificó en que Agro Rural pedía que todos los involucrados paguen solidariamente 340.547 soles cuando en la propia demanda se identifica a los responsables de cada una de las ampliaciones indebidas.

“No todos participan de los hechos imputables en las mencionadas ampliaciones, por lo que de forma alguna, podría emitirse un pronunciamiento en base a una responsabilidad solidaria de todos los demandados como lo solicita la parte actora; resultando jurídicamente imposible para esta Judicatura, aplicar normativas de la responsabilidad civil que fundamenten como consecuencia del daño ocasionado una posible responsabilidad solidaridad en supuestos de hecho totalmente independiente”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.

Agro Rural apeló la sentencia de primera instancia. No obstante, la Primera Sala Laboral Permanente, de oficio, anuló todo lo actuado en el proceso. El colegiado determinó que la justicia laboral no tiene competencia por razón de la materia para conocer este tipo de demandas. Según el tribunal, dado que la demanda tiene como punto de origen presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, el órgano competente es el juez civil.

Esta última decisión fue notificada el pasado 22 de junio. Una vez que el expediente regrese al juzgado de origen, será remitido al Centro de Distribución General de los Juzgados Civiles de Lima para que un juez de esa especialidad asuma el caso y determine si corresponde que Marco Vinelli y otros exfuncionarios de Agro Rural paguen una indemnización al Estado.

Investigado

Un informe de la periodista Stefany Medina de Contracorriente reveló que Marco Vinelli está en la mira de la Fiscalía Anticorrupción por un delito contra la administración pública. Infobae pudo conocer que el caso se encuentra con acusación.

El referido reportaje también da cuenta que el nombre del jefe del equipo de transferencia de Keiko Fujimori aparece en al menos otros tres informes de control de la Contraloría por presuntas irregularidades cuando trabajó en el Estado.

Susel Paredes, congresista de la República y candidata a la alcaldía de Lima Metropolitana por Ahora Nación, advirtió sobre el nuevo equilibrio de fuerzas en el país tras las recientes elecciones. “El árbitro es de su equipo, los jueces de línea son de su equipo, los comentaristas deportivos son de su equipo, todos son del mismo equipo”, afirmó al referirse a Keiko Fujimori, actual presidenta de la República. La legisladora subrayó que, en este contexto, el fujimorismo controla instituciones clave como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público.

Según relató Paredes, este dominio institucional plantea interrogantes sobre la independencia de poderes y la capacidad de fiscalización en el Estado peruano. “Si ella no toma la decisión de respetar la independencia de poderes, podría ser un gobierno autoritario”, enfatizó en entrevista con RPP, al tiempo que recordó que el fujimorismo logró estos espacios a través de alianzas parlamentarias y pactos coyunturales con otras bancadas.

La candidata señaló que la legitimidad legal del nuevo gobierno es incuestionable, pero alertó sobre la distancia entre la legitimidad jurídica y la social. “Hay una legitimidad jurídica que la tiene, pero la legitimidad social es la que me preocupa”, puntualizó, haciendo referencia al rechazo que enfrenta Keiko Fujimori en algunas regiones y la necesidad de tender puentes para gobernar con estabilidad.

Respecto a los resultados electorales, Paredes afirmó que su agrupación siempre los ha aceptado y consideró un error que sectores de la izquierda hayan impulsado acusaciones de fraude. Diferenció las posturas de los partidos y remarcó que en Ahora Nación se identifican como socialdemócratas, distanciándose de posiciones más radicales.

Las declaraciones de Paredes se producen en un escenario donde la distribución del poder institucional ha sido producto de acuerdos multipartidarios en el Congreso. Recordó que el fujimorismo no ha gobernado solo, sino que ha contado con el respaldo de agrupaciones como Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, además del cerronismo, para elegir autoridades clave.

El Congreso, la oposición y el reto de la gobernabilidad

La legisladora realizó un balance crítico de la gestión del Congreso saliente. Detalló que votó en contra de la Ley de Presupuesto durante los cinco años y cuestionó la distribución de los recursos estatales. Según Paredes, la aprobación de leyes que restringen las investigaciones de inteligencia y dificultan la persecución de delitos ha favorecido la impunidad.

En materia parlamentaria, la candidata destacó la importancia de la disciplina y organización del fujimorismo, que le ha permitido influir en la elección de autoridades y el control de ministerios y organismos autónomos. “Han tenido la mayoría de votación en todo”, afirmó, y señaló que la gestión de alianzas será determinante en el próximo Congreso, especialmente en la elección de las presidencias de ambas cámaras.

La expectativa respecto al nuevo Parlamento es que cuente con cuadros técnicos preparados. Paredes mencionó a figuras de distintas bancadas que, según su experiencia, representan una mejora en la calidad de la representación legislativa.

Propuestas para Lima y experiencia en gestión municipal

En cuanto a su candidatura a la alcaldía de Lima, Susel Paredes enfatizó la necesidad de coordinación con el Ejecutivo para garantizar una gestión efectiva en la capital. Explicó que Lima requiere competencias regionales, como educación y salud, para equipararse con el resto del país y fortalecer su capacidad administrativa.

La candidata criticó la gestión saliente del municipio de Lima, señalando la compra de trenes como un gasto fuera de las competencias municipales y pidió que las responsabilidades sean determinadas por la Contraloría y el Ministerio Público. “¿Cómo gastas plata en algo que no puedes gastar? Porque no es tu competencia”, cuestionó.

Paredes destacó su experiencia en la administración pública, tanto en fiscalización como en seguridad ciudadana, y presentó su equipo como una fórmula técnica y capacitada para enfrentar los desafíos de la ciudad. Subrayó el traslado de La Parada a Santa Anita como uno de los logros de su gestión anterior.

Estrategia política y eje de campaña

Sobre su perfil ideológico, Paredes reiteró su identidad como socialdemócrata y descartó etiquetas extremistas. Reconoció la dificultad de conquistar el voto limeño, mayoritariamente favorable al fujimorismo, pero afirmó contar con un equipo que ha demostrado capacidad para ordenar y transformar espacios públicos complejos.

Su propuesta central para la campaña es “Lima contra las mafias”, apoyada en su experiencia enfrentando organizaciones ilícitas en distintos distritos. La candidata aseguró que el combate a las mafias será el eje de su gestión y que la ciudad necesita una administración que priorice la seguridad y la recuperación de los espacios públicos.

Keiko Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida presidenta del Perú tras imponerse en el balotaje del 7 de junio de 2026 con el 50,13% de los votos válidos frente al 49,87% de Roberto Sánchez, candidato de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, con una diferencia de aproximadamente 50.000 sufragios según el cómputo oficial. La proclamación formal llegó el 3 de julio, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la reconoció como presidenta electa tras semanas de revisión de actas impugnadas, protestas callejeras y denuncias de fraude. La hija del exmandatario Alberto Fujimori asumirá el cargo el 28 de julio de 2026, fecha tradicional del cambio de mando en el país.

La victoria pone fin a quince años de insistencia electoral. Keiko Fujimori había llegado a la segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021 sin poder cruzar la línea de llegada. Su cuarta candidatura, la primera desde la muerte de su padre en septiembre de 2024, estuvo marcada por una campaña que apeló de manera constante a la figura del exmandatario. Nacida el 25 de mayo de 1975 en el distrito limeño de Jesús María, estudió Administración de Empresas en Boston University y obtuvo un MBA en la Columbia Business School, credenciales que sus seguidores presentan como garantía de capacidad de gestión y visión económica.

Reuters describió su proclamación como el desenlace de un proceso que incluyó “semanas de protestas, acusaciones de fraude y revisión de papeletas, tras una elección de margen estrecho”. La agencia de noticias subrayó la fragilidad del consenso inicial en torno a su legitimidad, en un país donde la polarización política convierte cada segunda vuelta en un plebiscito sobre el fujimorismo más que en un debate de propuestas.

De primera dama adolescente a presidenta electa

Keiko Fujimori ingresó al escenario público a los 19 años, cuando su madre, Susana Higuchi, dejó el rol de primera dama tras denunciar actos de corrupción dentro del régimen y afirmar que había sido sometida a torturas por agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo el mando de Vladimiro Montesinos. Keiko asumió entonces las funciones protocolarias en reemplazo de su madre, lo que la situó de manera visible del lado de su padre en medio de un conflicto familiar atravesado por acusaciones de abusos. Esa sustitución marcó tempranamente su imagen pública como aliada política de Alberto Fujimori y la distanció de la figura materna en el imaginario político nacional.

Entre 1994 y 2000, Keiko dirigió entidades como la Fundación para la Infancia y la Fundación Cardio Infantil del Perú, creada por ella en 1996 para operar a niños con cardiopatías congénitas. Esta combinación de exposición al poder presidencial y vinculación con programas asistenciales moldeó una identidad pública singular: hija del presidente, primera dama joven y figura de beneficencia, todo al mismo tiempo, en un entorno de alta conflictividad interna.

Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, el fujimorismo se replegó parcialmente pero conservó bases sociales y redes que permitirían su rearticulación. Keiko Fujimori dio el salto a la política representativa en las elecciones parlamentarias de 2006, cuando fue elegida congresista por Lima Metropolitana. Durante su periodo como parlamentaria se destacó por ser una de las legisladoras más votadas del país, lo que consolidó su perfil de lideresa nacional y la posicionó como candidata presidencial natural para el ciclo siguiente.

Su formación en universidades norteamericanas complementó el capital político heredado del apellido. Los estudios en Boston y el MBA en Columbia le proporcionaron un perfil tecnocrático y globalizado que sus partidarios presentan como evidencia de capacidad para gestionar la economía y comprender el funcionamiento del mundo empresarial, algo valorado en un país cuya política ha estado atravesada por debates sobre modelos económicos y relaciones con inversionistas extranjeros.

Fuerza Popular y tres derrotas antes del triunfo

El vehículo político principal de Keiko en su ruta hacia la presidencia fue Fuerza Popular, partido que fundó el 9 de marzo de 2010 como expresión institucional del fujimorismo en la era post-Alberto. Inicialmente llamado Fuerza 2011, en referencia a los comicios de ese año, se consolidó como organización de derecha con presencia nacional y se convirtió en uno de los actores más influyentes del Congreso peruano. Keiko Fujimori ha ejercido la presidencia del partido desde sus orígenes y se mantiene como líder indiscutida, posición que se reforzó tras el retiro de su hermano Kenji Fujimori y la muerte de su padre en 2024.

Espacios partidarios de Fuerza Popular han difundido mensajes que sintetizan su narrativa central: “Venimos a continuar el legado de Alberto Fujimori: orden, estabilidad y progreso”. Esa fórmula construye una memoria positiva de los años noventa centrada en la derrota de Sendero Luminoso y la estabilización macroeconómica, mientras deja en un segundo plano las violaciones de derechos humanos, la corrupción sistémica y el control de medios que caracterizaron el régimen. Keiko se posiciona como heredera de ese legado, prometiendo replicar la firmeza de su padre dentro de un marco formalmente democrático.

Las tres derrotas previas al triunfo de 2026 configuraron el relato de su trayectoria. En 2011 fue vencida por Ollanta Humala con el 51,49% de los votos frente a su 48,51%. En 2016 perdió ante Pedro Pablo Kuczynski por un margen reducido. En 2021 quedó atrás de Pedro Castillo, el maestro rural que capitalizó el descontento de sectores rurales y populares. Cada derrota reforzó la percepción de que una parte importante del electorado prefería votar contra el fujimorismo antes que permitir su retorno al Ejecutivo, incluso cuando el candidato alternativo generaba escaso entusiasmo.

Aun así, Fuerza Popular mantuvo durante esos años una presencia legislativa determinante. A través de alianzas parlamentarias, el partido logró consolidar su influencia en instituciones clave.

Las elecciones de 2026: una segunda vuelta al límite

Los comicios generales de 2026 se realizaron entre el 12 y el 13 de abril, con la particularidad de que devolvieron al Perú un Congreso bicameral —con Senado y Cámara de Diputados— por primera vez desde las reformas de la década fujimorista. En la primera vuelta, Keiko Fujimori obtuvo 2.877.678 votos, equivalentes al 17,19% de los sufragios válidos, suficientes para asegurar el pase con ventaja a la segunda vuelta en un escenario de alta fragmentación política. Su principal rival, Roberto Sánchez, alcanzó 2.015.114 votos, el 12,04%.

En el balotaje del 7 de junio la contienda se estrechó de manera dramática. El cómputo oficial registró 9.223.396 votos para Keiko Fujimori (50,13%) frente a 9.173.755 para Sánchez (49,87%), una diferencia de apenas 50.000 sufragios. Otras fuentes fijan la brecha en aproximadamente 43.000 votos, lo que subraya la fragilidad estadística del resultado. Sánchez denunció irregularidades en los votos emitidos por peruanos en el extranjero, lo que desató semanas de revisión de actas y alimentó discursos sobre un posible fraude entre sectores de izquierda y movimientos ciudadanos críticos del fujimorismo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se tomó varias semanas para revisar y confirmar el resultado, en un proceso seguido con atención tanto por la ciudadanía peruana como por medios internacionales. Reuters destacó que el proceso estuvo acompañado de protestas de distintos grupos en las calles, tanto de quienes exigían el respeto al resultado preliminar como de quienes reclamaban una revisión exhaustiva. La agencia de noticias subrayó que la proclamación llegó tras un periodo de alta tensión política y social.

Una vez concluida la revisión, el JNE proclamó a Keiko Fujimori presidenta electa el 3 de julio de 2026. Según informes audiovisuales peruanos, recibirá sus credenciales oficiales el 15 de julio y asumirá funciones el 28 del mismo mes.

Procesos judiciales y acusaciones de corrupción

Una de las dimensiones más delicadas de la figura de Keiko Fujimori son los procesos judiciales por presunto lavado de activos, crimen organizado y otras conductas ilícitas vinculadas al escándalo Odebrecht. La Fiscalía la acusó de haber recibido y no declarado aportes ilegales de la constructora brasileña por un monto aproximado de 200 mil dólares destinados a financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. El juicio, que involucraba a más de cuarenta acusados relacionados con Fuerza Popular, se inició el 1 de julio de 2024.

La acusación fiscal sostuvo que Keiko Fujimori habría liderado una organización criminal dentro del partido, orientada a captar aportes ilícitos, ocultarlos mediante mecanismos de simulación de donantes y obstruir la investigación a través de la manipulación de testigos y la destrucción de pruebas. Keiko ha proclamado reiteradamente su inocencia y afirma que las acusaciones forman parte de una persecución política diseñada para impedir su llegada al poder.

En 2024, un tribunal de justicia anuló el juicio en curso por fallas en la formulación de cargos y ordenó reiniciar el proceso. La decisión fue interpretada de manera ambivalente: como muestra de garantías procesales por un lado, y como evidencia de la capacidad del fujimorismo para influir en el curso de procedimientos judiciales que lo afectan, por el otro.

El caso Odebrecht en Perú ha implicado una profunda erosión de confianza en la clase política, con múltiples actores de distintos partidos involucrados en pagos ilícitos para asegurar contratos. En ese contexto, la figura de Keiko se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la penetración de la corrupción en la política electoral. Su insistencia en negar los cargos y presentarse como víctima no ha logrado disipar el escepticismo de amplios sectores ciudadanos, para quienes su elección como presidenta representa un riesgo de consolidación de la impunidad.

Captura institucional y alertas sobre la democracia

Más allá de los procesos judiciales, Keiko Fujimori enfrenta críticas políticas relativas a la estrategia de Fuerza Popular para influir sobre órganos clave del Estado. Análisis disponibles señalan que el partido ha logrado consolidar su control mediante el nombramiento de personas afines en el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, lo que le otorga influencia sobre decisiones de alta relevancia jurídica y política. Esta situación ha sido descrita por sectores críticos como un “secuestro” de las instituciones fundamentales de la democracia.

En redes sociales y discursos de oposición circula la advertencia de que “no podemos entregarle todo el poder a Keiko Fujimori”, con apelaciones directas a la memoria de la década de 1990, cuando el régimen de Alberto Fujimori controló el Congreso, el Poder Judicial y los organismos electorales, produciendo un sistema formalmente democrático pero sustancialmente autoritario. Quienes lanzan estas advertencias consideran que la acumulación de poder legislativo y la influencia sobre el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público por parte de Fuerza Popular son señales de una dinámica similar en gestación.

La preocupación por la captura institucional se intensifica al considerar los procesos judiciales contra la presidenta electa. La combinación de una mandataria investigada y un sistema judicial con jueces y fiscales percibidos como cercanos al fujimorismo abre la posibilidad de que decisiones clave sean tomadas bajo influencia política indebida. Esto pone en tensión el principio de separación de poderes y la independencia judicial, pilares de cualquier sistema democrático sólido.

Reuters y otros medios internacionales han seguido de cerca el proceso peruano, conscientes de que el desenlace de esta tensión entre poder político y control institucional tendrá repercusiones sobre la calidad de la democracia en el país. Numerosos actores peruanos plantean la necesidad de restaurar la independencia institucional y limitar la influencia del fujimorismo, pero la capacidad real de la oposición para lograrlo dependerá de la correlación de fuerzas en el nuevo Congreso bicameral y de la presión que puedan ejercer la sociedad civil y los organismos internacionales.

Género, memoria y la paradoja de la primera presidenta

La condición de primera mujer elegida presidenta del Perú ha sido destacada tanto por medios nacionales como internacionales, que señalan el carácter histórico del resultado en un país donde las mujeres han enfrentado barreras estructurales para alcanzar posiciones de poder ejecutivo. Medios regionales ubican a Keiko Fujimori como la octava o novena presidenta mujer de América Latina, dependiendo de los criterios de conteo, lo que refuerza la dimensión simbólica de su victoria más allá de las fronteras peruanas.

La historia familiar añade complejidad a esa lectura. Keiko llegó a la presidencia tras haber sido primera dama adolescente en reemplazo de su madre, Susana Higuchi, quien abandonó el rol tras denunciar corrupción y torturas en el régimen de Alberto Fujimori. En términos simbólicos, el ascenso de Keiko al poder no solo representa el triunfo de una mujer, sino también la victoria de una narrativa que, en cierta medida, marginó la voz crítica de otra mujer. Ese cruce de género y memoria añade capas al significado de su presidencia.

El perfil conservador de Fuerza Popular en temas sociales plantea interrogantes sobre el tipo de agenda que impulsará. Una reunión privada con el actor mexicano y activista ultraconservador, Eduardo Verástegui, sugiere alineamientos con posiciones restrictivas en debates sobre derechos reproductivos y diversidad sexual. Organizaciones feministas peruanas han trabajado durante años contra el fujimorismo, en parte por las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori, lo que dificulta la construcción de puentes entre la nueva mandataria y esos movimientos.

La paradoja central de su presidencia radica en que el avance simbólico de género convive con continuidades estructurales que cuestionan su profundidad. Keiko llega al poder no como resultado de un movimiento que cuestiona el patriarcado y las desigualdades, sino como heredera de un modelo político vinculado a violencias específicas contra mujeres. La representación descriptiva —una mujer en el cargo— no se traduce automáticamente en representación sustantiva. Su gestión será evaluada, entre otros parámetros, por las políticas concretas en protección contra la violencia de género, derechos reproductivos y reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las mujeres indígenas afectadas por el régimen de su padre.

Desafíos de gobierno: economía, instituciones y derechos humanos

El primer gran desafío del gobierno de Keiko Fujimori será la gobernabilidad en un sistema político fragmentado, con un Congreso bicameral recién reintroducido y una sociedad polarizada. La restauración del Senado y la Cámara de Diputados implica un cambio en la dinámica legislativa que exigirá nuevas habilidades de negociación y coordinación por parte del Ejecutivo. Aunque Fuerza Popular se encuentra en posición de fuerza en el parlamento, su capacidad para construir mayorías estables dependerá de su relación con otras bancadas, muchas de las cuales tienen motivaciones diversas para apoyar u oponerse al gobierno.

En el campo económico, la formación de Keiko en administración de empresas y su orientación pro-mercado sugieren políticas de disciplina fiscal, incentivos para la inversión privada y apertura al comercio internacional, en continuidad con el modelo liberal instaurado en los años noventa. Entre las propuestas difundidas durante la campaña figura la construcción de hospitales de emergencia en todo el país, especialmente en zonas alejadas, con equipamiento adecuado, lo que indica sensibilidad hacia la brecha territorial en el acceso a servicios de salud. La forma en que se financie y ejecute esta iniciativa será una señal temprana sobre las prioridades de su administración.

Los conflictos socioambientales representan otro frente de tensión. El Perú ha experimentado protestas recurrentes en regiones donde la actividad minera o energética impacta sobre comunidades campesinas e indígenas. El énfasis del fujimorismo en orden y crecimiento económico podría traducirse en respuestas más coercitivas y menos dialogantes, lo que aumentaría la posibilidad de enfrentamientos. Un enfoque que combine respeto por los derechos de consulta previa y mecanismos de participación con beneficios claros para las comunidades podría reducir tensiones, aunque exigiría cambios significativos en la mentalidad de los actores estatales y empresariales.

En materia de derechos humanos y memoria, la relación del nuevo gobierno con organizaciones de víctimas del régimen de Alberto Fujimori será objeto de escrutinio permanente. Si el gobierno opta por minimizar las violaciones de derechos cometidas en los años noventa, podría dañar los procesos de justicia transicional y la confianza de las víctimas en el sistema. Si, en cambio, adopta una postura que reconoce los abusos y se compromete con medidas de reparación, podría contribuir a sanar heridas históricas. Hasta ahora, la narrativa de Keiko ha estado más cerca de la reivindicación del legado paterno que del reconocimiento crítico, lo que genera escepticismo sobre la posibilidad de ese segundo escenario.

La transición programada para el 28 de julio de 2026 marcará el inicio de una etapa en la que el fujimorismo retorna al poder ejecutivo con mayores cuotas de influencia en el Congreso y en las instituciones, pero también con una ciudadanía más consciente de sus derechos y con una comunidad internacional atenta al rumbo de la democracia peruana.

En una entrevista con Exitosa, Balcázar rechazó que hubiera irregularidades en esos desplazamientos y planteó una división entre los viajes oficiales y los de carácter personal. Según explicó, los primeros se hicieron para ejecutar o supervisar obras y los segundos, en el caso de Chiclayo, fueron cubiertos con su propio dinero.

Frente al requerimiento de la Contraloría, el mandatario dijo que no se opone, que considera correcto que se soliciten los datos pertinentes sobre sus desplazamientos y que remitirá la información solicitada desde el Despacho Presidencial. También cuestionó que esa revisión no se haya aplicado, según su versión, a sus antecesores: sostuvo que debería conocerse si la Contraloría aplicó el mismo estándar a “mis anteriores colegas de la presidencia”, cuántas veces viajaron y si “pagaron con su plata los viajes”.

Durante la entrevista, el jefe de Estado describió el criterio que, según dijo, siguió en sus traslados fuera de Lima. “Nosotros hemos viajado en vuelos comerciales para hacer obras. No hemos usado el avión presidencial, más que una vez recuerdo, pero lo demás ha sido totalmente transparente y para ejecutar obras”, señaló.

Balcázar identificó a Chiclayo como el caso más observado dentro de sus desplazamientos y aseguró que sus viajes a esa ciudad obedecen a razones familiares. “Mis viajes a Chiclayo, tengo mi familia allá, mi esposa vive allá, entonces viajo continuamente, pero ”con mi plata“, no tengo gasto que cargarle al Estado”, dijo.

El presidente José María Balcázar confirmó que ya se comunicó con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para felicitarla tras su proclamación como presidenta electa de Perú y sostuvo que el protocolo oficial no obliga a un pronunciamiento público desde Palacio de Gobierno en reconocimiento para el ganador de las elecciones presidenciales.

“Hemos conversado, la he felicitado como corresponde a la presidenta”, afirmó el mandatario en una entrevista con Exitosa en la que además precisó que el contacto fue por teléfono y que ocurrió el viernes 3 de julio, el mismo día de la proclamación de resultados electorales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Balcázar afirmó que invitará a Fujimori a Palacio de Gobierno “hasta el 15 de julio que le van a entregar su credencial” por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sobre ese punto, añadió: “Yo creo que en ese punto no hay ningún tipo de omisión”.

Encuentro con Roberto Sánchez

El jefe de Estado también rechazó que su reciente reunión con Roberto Sánchez haya tenido relación con el reconocimiento de la ganadora. “Nada tiene que ver” con ese proceso, dijo, y remarcó que la lideresa de Fuerza Popular “ha ganado las elecciones”.

Según Balcázar, en ese encuentro Sánchez expresó inquietudes por compromisos pendientes del Estado. “Estaba muy preocupado por la deuda social, le hemos explicado y mostrado las cifras que hemos considerado tanto de los proyectos como de la deuda social”, sostuvo.

El presidente detalló que, durante la conversación, se mencionaron demandas sobre pagos específicos al sector educativo. “Ellos consideran que debió ser mucho más extensiva por ejemplo el pago inmediato de los maestros cesantes y jubilados que debía pagarse en un solo tramo. Lo mismo para los profesores universitarios”, afirmó.

Tras 3 derrotas consecutivas en segunda vuelta, Keiko Fujimori fue proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como electa presidenta de la República para el periodo constitucional 2026-2031 el último viernes 3 de julio. Esto tras vencer al hoy excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

“Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la República para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne, que oportunamente será convocado por este Supremo Tribunal Electoral”, dijo Roberto Burneo, presidente del JNE, en la ceremonia.

La victoria de Fujimori tras 3 fracasos electorales quedó plasmada en el acta general de proclamación de resultados. Ahí se detallan los votos obtenidos por Fuerza Popular y Juntos por el Perú en todos los departamentos y en el exterior, el detalle de las actas observadas, los recuentos de votos, la cantidad de mesas instaladas.

También se menciona el último intento de Roberto Sánchez con el que buscaba evitar la proclamación: una apelación contra el acta que oficializó la victoria de Fujimori en el extranjero, que fue presentada el jueves 2 de julio. El JNE la resolvió al día siguiente, declarándola infundada y confirmando la validez del sufragio de miles de peruanos y peruanas fuera del país.

Luego de ello, se efectuó el cómputo general de la votación, que arroja 9.223.396 votos válidos para el fujimorismo (50.135%) y 9.173.755 votos para Juntos por el Perú.

El acta cierra con la firma del presidente del JNE, Roberto Burneo; los magistrados Martha Maishc, Gunther Gonzáles, Rubén Torres y Aarón Oyarce; y la secretaria general Yessica Clavijo.

El primer discurso de Keiko Fujimori como presidenta

Keiko Fujimori prometió este viernes actuar de inmediato tras ser proclamada presidenta electa del Perú por el JNE, con la vista puesta en la transferencia de gobierno que se formalizará el 28 de julio.

El discurso se produjo desde el local partidario de Fuerza Popular en el distrito de San Isidro, en Lima, minutos después de que el titular del JNE, Roberto Burneo Bermejo, proclamara oficialmente a la lideresa del partido como presidenta de la República para el período 2026-2031, junto a Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente.

“Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones“, afirmó Fujimori ante los medios de comunicación. Anunció la creación de la ”Oficina de la Presidenta Electa" y designó a Marco Vinelli como jefe del equipo de transferencia de gobierno, mientras que Torres participará en representación de la plancha presidencial.

En entrevista con Exitosa, Balcázar negó que, tal como algunos sectores dieron a entender, no habría reconocido el triunfo de Fujimori en la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

“Yo le he felicitado ya a la presidenta el mismo día desde el Cuzco que me encontraba realizando ceremonias y también en mi viaje a Puno el viernes pasado. Hemos conversado, hemos lo he felicitado como corresponde a la presidenta”, dijo. Precisó que fue mediante una llamada telefónica directa.

En esa línea, ante la ausencia de un pronunciamiento público por parte de la Presidencia de la República, el mandatario interino aseguró que “el protocolo no exige una publicación, sino una felicitación como corresponde”.

“Además, la vamos a invitar a Palacio hasta el 15 (de julio) que le van a entregar la credencial correspondiente el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que no hay ningún tipo de omisión. Además, el Jurado ha determinado que ella es la ganadora, de tal forma que en ese sentido soy muy estricto. Hay error de una prensa que creía que yo había omitido”, apuntó.

Por otro lado, Balcázar indicó que la reunión que mantuvo con el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, días antes de que el JNE proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa, “nada tenía que con la felicitación que correspondía”.

“(Sánchez) Fue por el crédito suplementario. Estaba muy preocupado por la deuda social y le he explicado, le hemos mostrado las cifras que hemos considerado, tanto de los proyectos como de la deuda social. Ellos consideran que tuvo que haber sido más extensiva el pago inmediato de los maestros cesantes y jubilados. Lo mismo para los maestros universitarios, entre otros, CAS inclusive”, apuntó.

Transferencia de gestión

El Consejo de Ministros de Perú activó el proceso de transferencia de gestión hacia la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asumirá el gobierno el 28 de julio tras ser proclamada ganadora de las elecciones para el periodo 2026-2031.

El arranque del proceso quedó formalizado mediante el oficio múltiple D000016-2026-PCM-DPCM, firmado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y remitido a todos los sectores del Poder Ejecutivo. El documento ordena a cada ministerio activar sus equipos internos de coordinación para cumplir con los plazos legales del cambio de gobierno.

Fujimori designó al economista Marco Vinelli como responsable de coordinar a sus equipos ante los distintos ministerios. Vinelli actuará como representante para la conformación, acreditación y coordinación de los denominados Equipos de Transferencia del Titular Entrante, figura que concentrará el trabajo preliminar de la nueva gestión junto a la Oficina de la Presidenta Electa, instalada en paralelo al inicio del proceso.

El cronograma del proceso de transferencia tiene dos fechas clave: la entrega de credenciales, prevista para el 15 de julio, y la juramentación presidencial, fijada para el martes 28 de julio.

Fuerza Popular, el partido de la mandataria electa Keiko Fujimori, consideró este lunes como un hecho “positivo” que el excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, haya reconocido los resultados electorales que confirman su derrota.

En diálogo con Canal N, el jefe del plan de gobierno de la formación, Marco Vinelli, expresó que el país debe iniciar una etapa enfocada en la acción y la resolución de los problemas pendientes.

“Es positivo porque necesitamos que el país entre en una etapa más bien ya de hacer las cosas”, señaló al añadir que la seguridad, el fenómeno de El Niño y la promoción de la inversión pública y privada para generar empleo son asuntos prioritarios.

“Entonces, yo creo que es positivo que los partidos reconozcan ya los resultados oficiales, que ya los dio el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, agregó.

Sobre la coalición parlamentaria anunciada por Sánchez para “recuperar la democracia” y ejercer control político, Vinelli descartó que esto represente una preocupación para Fuerza Popular respecto a la dinámica parlamentaria.

“El Congreso es para eso: para que puedan conversar, para que puedan ellos dialogar, y van a haber un diálogo entre todos los partidos. Así que es un tema que vemos que es natural”, declaró el portavoz, quien resaltó la normalidad de los consensos y los diálogos programáticos en el Legislativo bicameral.

Consultado sobre posibles conversaciones con Juntos por el Perú, Vinelli aseguró estar “seguro” de que “van a conversar de todas maneras”.

Sánchez explicó que los pilares de su coalición, junto a los partidos Obras y Ahora Nación, serán la justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo (2021-2022), y la libertad del exmandatario, condenado a prisión por el intento fallido de golpe de Estado.

La coalición también promueve la derogatoria de las llamadas ‘leyes procrimen’, un conjunto de normas aprobadas por el Congreso con el objetivo de frenar el crimen organizado, aunque su efecto ha sido el contrario.

En un pronunciamiento firmado por los líderes de los tres partidos, se reconoce que el JNE haya proclamado oficialmente los resultados electorales, pero se aclara que esto “no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades” detectadas en el proceso, que según su posición, “afectaron el proceso electoral”.

Asimismo, informaron que ejercerán “un control político firme, vigilante y responsable” desde ambas cámaras legislativas para defender los derechos ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de poderes, la seguridad ciudadana y la democracia.

La coalición parlamentaria buscará restablecer la paz mediante una agenda inicial que incluye la derogatoria de las leyes que favorecen al crimen, la recuperación del derecho al referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y la seguridad jurídica, y la libertad de Castillo, una de las promesas de campaña de Sánchez.

Durante una conferencia de prensa convocada por el excandidato presidencial Roberto Sánchez, la excandidata a la segunda vicepresidencia Brígida Curo Bustincio no solo se negó a reconocer la derrota de Juntos por el Perú en las elecciones presidenciales frente a Keiko Fujimori, sino que además insultó a la periodista que realizó la consulta en el encuentro con medios de comunicación.

Durante la conferencia de prensa, la periodista Jahaira Pacheco de Exitosa consultó al excandidato presidencial si reconocerían su derrota en la segunda vuelta. La excandidata Curo, que se encontraba al lado de Sánchez, intervino por su cuenta dirigiéndose a la comunicadora e indicó que “no vamos a aceptar, miserable”.

Pese a la respuesta de Curo, Roberto Sánchez no ofreció disculpas ni expresó su rechazo a las palabras de su excompañera de lista. En su lugar, el líder de Juntos por el Perú continuó con su respuesta a la consulta y reiteró que el “cambio de reglas” durante el proceso electoral perjudicó sus opciones en el balotaje y cuestionó a quienes “respaldan” lo que calificó como “irregularidad”.

“En una sana democracia, sin cambios de normas, antojadizas, sin cosas irregulares y más bien transparentes, otro sería el veredicto de ese sistema de justicia electoral. Que esa legalidad, que nosotros impugnamos, siga siendo su camino, y si Exitosa quiere reconocer eso, también siga su camino”, indicó el excandidato.

Curo sostuvo que “el pueblo no va aceptar” dialogar con el Gobierno que encabezará Fujimori desde el 28 de julio, incluso ante un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, condenado en noviembre de 2025 a más de 11 años de cárcel por su intento de golpe de Estado.

Libertad de Pedro Castillo es condición para el diálogo

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien ha sostenido denuncias de un presunto fraude electoral sin presentar pruebas que las respalden, descartó el último viernes la posibilidad de dialogar con la presidenta electa Keiko Fujimori y condicionó cualquier acercamiento al cumplimiento de tres medidas que, según afirmó, responden a demandas de amplios sectores del país.

Consultado sobre la convocatoria al diálogo formulada por la presidenta electa, Sánchez afirmó a RPP que solo estaría dispuesto a reunirse si previamente se cumplen tres condiciones.

La primera es la creación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales en el sur del país. Ocurrido durante el gobierno de transición de Dina Boluarte luego del fracasado golpe de estado de Pedro Castillo.

La segunda condición consiste en derogar las normas que calificó como “leyes procrimen”. Cabe recordar que, en su condición de congresista, Roberto Sánchez fue coautor de una de las iniciativas más cuestionadas que diversos sectores han incluido dentro de ese paquete legislativo. Se trata de la Ley 31989.

Finalmente, pidió la libertad del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando decretó el cierre inconstitucional del Congreso.

El Partido Obras confirmó que abrió conversaciones con Fuerza Popular por la Mesa Directiva del Congreso y dejó planteado su criterio para esa negociación: apoyar lo que, a su juicio, favorezca la gobernabilidad y el “desarrollo” del país.

Según informó la diputada electa de este grupo político, Andrea Medina, el contacto entre ambos partidos ya existe y su bancada resolverá su posición en función de las propuestas que considere viables.

En conversación con Canal N, la diputada indicó que “nuestro vocero, Daniel Barragán, ha tenido ya acercamiento y conversaciones previas que ya próximamente también serán comunicadas oficialmente”. Además, sostuvo que las conversaciones también están abiertas con partidos que serán de oposición al gobierno.

Durante la entrevista, la diputada electa fue consultada de manera directa sobre si las reuniones apuntaban a respaldar a Fuerza Popular en la disputa por la Mesa Directiva. Su respuesta no confirmó un apoyo cerrado, pero confirmó que la conversación existe y que la evaluación interna está en marcha.

“Estamos ahí evaluando nuestros líderes políticos. Y además yo creo que es una cosa muy importante, que hay que buscar el desarrollo, el crecimiento y no ser un partido que obstruye el crecimiento y desarrollo del país”, afirmó Medina.

La parlamentaria retomó esa idea al desarrollar qué entiende su partido por gobernabilidad. Según dijo, la posición de Obras no se definirá por afinidades previas, sino por el contenido de las políticas que se pongan sobre la mesa.

“Manejamos una forma de trabajo un poco distinta, que en sí es según nosotros avancemos y según las propuestas, las políticas públicas que se estén presentando, vamos a buscar nosotros siempre lo mejor para el país”, señaló. La congresista electa añadió que las decisiones de su agrupación se tomarán “según las propuestas también que sean más viables para el país”.

Dos mesas directivas en el Congreso

A partir del retorno de la bicameralidad en el Congreso para el periodo 2026 - 2031, cada cámara (diputados y senadores) tendrá su propia mesa directiva independiente que será elegida en un proceso de votación que se producirá durante el primer pleno que se producirá al inicio de la nueva legislatura.

En conversación con Exitosa, la senadora electa de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, afirmó que la votación para la Mesa Directiva sería el 26 de junio, cuando se definirán las conducciones de ambas cámaras: “Sí, aparentemente sería el 26 ya que se tendría que votar la mesa directiva de ambas cámaras”.

La senadora electa agregó que cada cámara tendrá su propia conducción y que se prevé un esquema alternado en la presidencia del Legislativo. “Cada cámara va a tener una mesa directiva y van a ir rotando, entiendo, las presidencias para que presidan el Congreso, entre la presidencia del Senado y la de la Cámara de Diputados“, afirmó.

La declaración se produjo en una entrevista exclusiva con EL UNIVERSO de Ecuador, donde la futura mandataria adelantó su hoja de ruta a menos de un mes de la toma de posesión, prevista para el 28 de julio, tras la ratificación oficial de su triunfo por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Expectativa de crecimiento y contraste con organismos globales

Durante la conversación, Fujimori subrayó que el principal objetivo de su gestión será impulsar la economía desde la micro y pequeña empresa, otorgando facilidades y respaldo estatal, además de destrabar proyectos de mayor envergadura.

“El Perú es todavía un país donde hay mucha informalidad. Lo primero que tenemos que hacer es darle todas las facilidades, flexibilidad a la micro y pequeña empresa. Es a ellos donde tenemos que darle todos los mecanismos de respaldo de parte del Estado”, afirmó Keiko Fujimori en diálogo con EL UNIVERSO.

La presidenta electa agregó que, además de apoyar a los pequeños empresarios, su plan contempla destrabar los grandes y medianos proyectos de inversión. Según Fujimori, este impulso permitirá que la economía, que actualmente crece a un ritmo de 3,2%, cierre el año en torno al 3,8% y alcance “entre 5% y 6% durante el próximo año”.

Este pronóstico supera ampliamente las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que sitúa el crecimiento peruano en 2,9% para 2026 y 2027, de acuerdo con su informe regional de junio.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), por su parte, elevó su cálculo a 3,4% para 2026 y lo mantuvo en 3,2% para 2027, mientras que el Banco Mundial mantiene su estimación en 2,7% para 2026. El contraste marca distancia entre las expectativas oficiales y la apuesta del próximo gobierno.

Gobernar en un país fragmentado

En la misma entrevista, Fujimori reconoció el escenario de polarización que enfrenta el país tras una elección ajustada.

“Recibo esta gran responsabilidad que la mitad de peruanos me está dando. Entiendo también el mandato y la fragmentación que existe en el Perú. Será una responsabilidad muy grande de nuestro gobierno recuperar la confianza de aquellos que no votaron por nosotros”, expresó la presidenta electa a EL UNIVERSO.

La seguridad será otro eje central de la nueva administración. Fujimori anunció que solicitará facultades especiales para enfrentar el crimen organizado y que convocará a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional en zonas de emergencia y en el sistema penitenciario.

“Habrá una estrategia integral, pero sobre todo un equipo humano que demostró en los años noventa recuperar la paz”, destacó. La futura mandataria remarcó la necesidad de colaboración regional, especialmente con Ecuador, y confirmó que ha sostenido conversaciones con el presidente Daniel Noboa para coordinar acciones contra la criminalidad transfronteriza.

Relaciones internacionales y eje andino

En política exterior, Fujimori afirmó que buscará fortalecer la alianza con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y anticipó la intención de integrar a Perú en el Escudo de las Américas, una plataforma de cooperación regional en seguridad.

También consideró relevante articular un eje político con Ecuador y Colombia para promover una nueva etapa de integración y proyectos conjuntos en la región andina, especialmente en materia de infraestructura, energía y turismo.

Reforma política y prioridades legislativas

Por primera vez en tres décadas, Perú volverá al sistema bicameral en el Congreso. Fujimori subrayó que “el mandato del pueblo es dialogar y consensuar”, y reconoció que su partido, Fuerza Popular, no tendrá mayoría parlamentaria.

Así, planteó la formación de un gabinete amplio, con participación de distintos sectores y con énfasis en la experiencia y la capacidad técnica.

Sobre la posibilidad de una reforma constitucional, la presidenta electa consideró que no es prioritaria y que el enfoque estará en restablecer el funcionamiento del Estado y atender los efectos del fenómeno de El Niño.

Para la relación bilateral, Fujimori resaltó los avances logrados desde la firma del acuerdo de paz en 1997 y subrayó la importancia de dinamizar los gabinetes binacionales, profundizar los proyectos energéticos y de infraestructura, y fomentar el turismo entre ambos países.

Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente como la ganadora de las elecciones presidenciales por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con una resolución publicada en el diario oficial El Peruano en la que se reconoce a la lideresa de Fuerza Popular como presidenta electa.

El documento difundido mantiene como fecha el 3 de julio e indica cuáles fueron las fechas e incidencias ocurridas durante las elecciones generales del 12 y 13 de abril, además del proceso de segunda vuelta el pasado 7 de junio y que enfrentó a las fórmulas presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Según la resolución del JNE, los partidos políticos recibieron más de 2 millones de votos para acceder a la segunda vuelta electoral:

• Fuerza Popular - 2,877,678
• Juntos por el Perú - 2,015,114

La resolución difundida también señala que al final del proceso de conteo de votos, de observación y de impugnación de las actas de votación, “se ha constatado la inexistencia de actas observadas pendientes de resolver, así como tampoco se tiene registro de impugnación alguna en trámite que impida la proclamación”.

No existen recursos para anular elecciones

El documento legal también señala que, a estas alturas del proceso electoral, y teniendo en cuenta que se han resuelto todos los recursos presentados por ambos partidos políticos, ya no existe ningún tipo de procedimiento o acción legal que se pueda presentar para cambiar lo definido por el JNE.

“En virtud del Principio de Seguridad Jurídica, que exige predictibilidad y certeza en el ordenamiento democrático y del Principio de Preclusión, por el cual las etapas del proceso electoral adquieren el carácter de definitivas e irrevocables una vez concluidas, se declara que no existe ningún acto, trámite o cuestión pendiente de resolución por parte de este Supremo Tribunal”, se indica.

En ese sentido, la proclamación oficial de Keiko Fujimori alcanza a toda la fórmula presidencial ganadora, que incluye como vicepresidentes a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres.

Con la proclamación oficial se cierra formalmente el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 y se habilita el inicio del proceso de transferencia entre el gobierno saliente de José Balcázar y la administración entrante.

Primera mujer elegida presidenta del Perú

A sus 51 años, Fujimori se convierte en la primera mujer peruana en llegar a la presidencia por mandato directo de las urnas. La distinción es precisa: Dina Boluarte, quien ejerció el cargo desde diciembre de 2022, accedió al poder por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, sin pasar por una elección presidencial. Fujimori, en cambio, es la primera en ser elegida por voto popular para ocupar el cargo.

Reuters apuntó que la victoria de Fujimori se inscribe en un giro conservador más amplio en América Latina, y que su llegada al poder podría fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región, en línea con la agenda del presidente Donald Trump. La agencia también señaló que Fujimori será la novena presidenta en una década en un país donde ningún mandatario ha logrado completar un período de cinco años en los últimos tiempos.

Keiko Fujimori, proclamada presidenta electa del Perú por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se dirigió la noche del viernes 3 de julio a simpatizantes reunidos en los exteriores de su local partidario en el distrito limeño de San Isidro, tras la oficialización del cierre del proceso electoral.

Desde un estrado móvil instalado frente a su local político, la lideresa de Fuerza Popular agradeció el respaldo de sus seguidores y anunció las primeras líneas generales de lo que sería su eventual gestión de gobierno.

La presidenta electa apareció acompañada de congresistas electos de su agrupación política, mientras un grupo de simpatizantes se congregaba con banderas y pancartas en medio de arengas de apoyo.

En su intervención, Fujimori expresó: “Gracias por creer en mí. Gracias por no rendirse. Si algo hemos demostrado los peruanos es que los peruanos nunca nos rendimos”, en medio de aplausos y ovaciones.

La lideresa de Fuerza Popular afirmó que su gobierno buscará convocar a profesionales de distintas tendencias políticas. En ese sentido, sostuvo:

“Vamos a tener un gobierno abierto en la que, por supuesto, convocaremos a las personas con mayor experiencia, mayor capacidad, sin importar el color político. Tendremos un gobierno digital”.

Añadió que su administración impulsará el uso de tecnología en el Estado: “Así como ustedes con sus celulares, que me ayudaron a llevar las propuestas… esa misma tecnología utilizaremos para hacer que los trámites sean más rápidos, para eliminar la burocracia, para luchar contra la corrupción”.

En otro momento de su discurso, Fujimori hizo referencia a su trayectoria política y familiar al señalar: “Lo que yo he dicho y tengo la escuela de mi padre”, frase que generó ovaciones entre sus simpatizantes.

Asimismo, la presidenta electa afirmó que su gestión buscará mayor cercanía con la población:

“Un gobierno que camine, que viaje, que escuche, que sienta, pero sobre todo que cumpla con la palabra”, indicó.

Agregó que su administración se enfocará en la ejecución de obras públicas: “Vamos a hacer que el Estado vuelva a funcionar. Vamos a transformar esos presupuestos en escuelas, en postas médicas, en carreteras, en programas sociales”.

Roberto Sánchez condiciona diálogo con Keiko Fujimori

El excandidato presidencial y congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, descartó por el momento cualquier posibilidad de entablar un diálogo con la presidenta electa Keiko Fujimori, al señalar que existen una serie de condiciones previas que deben cumplirse antes de sentarse a conversar.

Según sostuvo, uno de los principales requisitos es la conformación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales en el sur del país, ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Además, planteó la derogación de las denominadas “leyes procrimen” y la liberación del expresidente Pedro Castillo como puntos centrales de su posición.

En ese sentido, Sánchez afirmó que solo cuando estas demandas sean atendidas estaría dispuesto a participar en un eventual proceso de diálogo político. No obstante, reiteró sus críticas hacia la lideresa de Fuerza Popular, a quien señaló que no le genera confianza para sostener una conversación directa.

La ceremonia fue presidida por Roberto Burneo, titular del JNE, y contó con la presencia de los cuatro miembros titulares del pleno. En representación de Keiko Fujimori acudió el equipo de personeros legales de Fuerza Popular, mientras la lideresa del partido permaneció en el local partidario de San Isidro, desde donde siguió el acto y posteriormente brindaría declaraciones a la prensa.

Los resultados que respaldaron la proclamación reflejan uno de los márgenes más ajustados de la historia electoral reciente del país. Con el 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135% de los sufragios válidos, frente a los 9.173.755 votos del candidato izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien alcanzó el 49,865%. La diferencia definitiva fue de 49.641 votos.

Con la proclamación oficial se cierra formalmente el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026 y se habilita el inicio del proceso de transferencia entre el gobierno saliente de José Balcázar y la administración entrante.

Una victoria que llegó desde el exterior

Un dato singular marcó el desenlace de esta elección: Fujimori perdió dentro del territorio peruano. Allí, Sánchez se impuso por 32.014 votos. La remontada se produjo gracias al voto de los peruanos residentes en el exterior, donde la candidata de Fuerza Popular acumuló una ventaja de 81.655 sufragios que inclinó la balanza a su favor, según consignó El País.

Junto a Fujimori fueron proclamados sus vicepresidentes: Luis Fernando Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso de la República en 2017, como primer vicepresidente; y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista, como segundo vicepresidente. Ambos integran la plancha de Fuerza Popular desde la primera vuelta, en la que la fórmula obtuvo 2.877.678 votos para liderar el proceso.

La proclamación llegó tras un proceso de escrutinio que se extendió por 22 días desde la celebración de la segunda vuelta el 7 de junio. El JNE realizó previamente una “revisión integral” de todas las actuaciones jurisdiccionales de los Jurados Electorales Especiales (JEE) antes de emitir el Acta General de Proclamación, según un acuerdo de pleno publicado el 30 de junio en el diario oficial El Peruano.

Primera mujer elegida presidenta del Perú

A sus 51 años, Fujimori se convierte en la primera mujer peruana en llegar a la presidencia por mandato directo de las urnas. La distinción es precisa: Dina Boluarte, quien ejerció el cargo desde diciembre de 2022, accedió al poder por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, sin pasar por una elección presidencial. Fujimori, en cambio, es la primera en ser elegida por voto popular para ocupar el cargo.

Reuters apuntó que la victoria de Fujimori se inscribe en un giro conservador más amplio en América Latina, y que su llegada al poder podría fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región, en línea con la agenda del presidente Donald Trump. La agencia también señaló que Fujimori será la novena presidenta en una década en un país donde ningún mandatario ha logrado completar un período de cinco años en los últimos tiempos.

Cuatro intentos, una sola victoria

Fujimori intentó llegar al poder en 2011, 2016 y 2021, en cada caso por márgenes estrechos y con el peso de un antivoto que condicionó sus campañas durante más de una década. Primera dama a los 19 años, cuando su padre Alberto Fujimori ejercía la presidencia, y congresista a los 31, la ahora presidenta electa construyó su trayectoria política bajo la sombra y el legado de un apellido que divide profundamente al electorado peruano.

La victoria se produce en el primer proceso electoral tras el fallecimiento de Alberto Fujimori, ocurrido en septiembre de 2024. Su campaña apeló con frecuencia a la figura paterna y se desarrolló sin el juicio por presuntos aportes ilícitos que había condicionado sus postulaciones anteriores, incluida una prisión preventiva que cumplió entre 2018 y 2020 en el marco del caso Odebrecht. Galarreta describió este período como transformador, al presentar una “nueva Keiko” más reflexiva y pragmática. “Ella salió de prisión sin resentimientos”, dijo el primer vicepresidente en declaraciones a la agencia.

Intentos fallidos de frenar la proclamación

La proclamación no estuvo exenta de tensión jurídica. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente una demanda de hábeas corpus presentada por Tomás Soldevilla, uno de los fundadores del disuelto partido de Antauro Humala, que buscaba suspender cualquier acto de proclamación, juramentación o investidura de Fujimori. El juez constitucional Jonathan Valencia determinó que la eventual asunción al cargo no incidía “de manera negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad individual” del demandante.

Paralelamente, Sánchez recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares contra la proclamación, alegando un supuesto cambio de reglas en pleno proceso electoral relacionado con la digitalización de actas del voto en el exterior. El JNE ya había rechazado su pedido para anular esos votos por haber sido presentado fuera de plazo y sin el pago de las tasas correspondientes —fijadas en 1.375 soles (aproximadamente 402 dólares) por cada mesa impugnada—. “De manera irregular, nos han vencido”, declaró Sánchez en declaraciones recogidas por Infobae Perú, tras reconocer la derrota pero negarse a aceptar la legitimidad del resultado.

Según lo establecido por el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones, Fujimori asumirá formalmente la presidencia el 28 de julio de 2026, fecha del aniversario de la independencia del Perú. Antes, el 15 de julio, el JNE le entregará las credenciales oficiales en un acto en el Teatro Nacional de Lima, documento que certifica a la fórmula ganadora y habilita las etapas de transferencia de gobierno.

El proceso electoral está llegando a su fin y la proclamación de Keiko Fujimori como la primera presidenta electa del Perú es inminente. Con la última audiencia pública descentralizada de proclamación de resultados realizada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, dentro de dos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene programado realizar la ceremonia oficial con los resultados finales.

¿Cómo se realiza la proclamación final? El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes:

• Roberto Rolando Burneo Bermejo: Presidente del JNE.
• Gunther Hernán Gonzales Barrón: Miembro titular.
• Marta Elizabeth Maisch Molina: Miembro titular.
• Rubén Jaime Torres Cortés: Miembro titular.
• Aarón Oyarce Yuzeli: Miembro titular.

Durante la sesión solemne, se indicará cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales. En este caso, con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se conoce que al 100 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori recibió 9,223,396 votos (50.135 %), mientras que Roberto Sánchez obtuvo 9,173,755 (49.865 %).

Proclamación no podrá anularse

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, ratificó que el viernes 3 de julio es la fecha prevista para la proclamación de los resultados oficiales

“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Eleccionesllevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...) Si se puede adelantar, se va a poder adelantar la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con esa fecha prevista para el 3 de julio”, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa.

Ante la consulta sobre la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocero sostuvo que “cualquier ciudadano tiene el derechode recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”, aunque remarcó que el proceso electoral se rige por etapas que no se pueden reabrir una vez cerradas.

En esa línea, el funcionario apuntó a la vigencia de los plazos y a la imposibilidad de retroceder en el cronograma tras los hitos finales. “Hay ciertos principios como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos que han sido señalados. Una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”, señaló.

Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será la primera mujer electa presidenta del Perú y la primera en llegar al cargo después de cuatro intentos en el mismo proceso electoral. Sus vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso en 2017, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista.