Keiko Fujimori llegó este jueves a sus primeros cien días de gobierno con un respaldo de 40%, según la encuestadora Ipsos. Para Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, el balance de este primer tramo se resume en una idea: “Yo no sé si utilizaría fracaso. Yo diría que es un gobierno que está en deuda”.

La hija del fallecido exdictador Alberto Fujimori asumió el mandato el 28 de julio bajo el lema “Vuelve el orden” y, según reconoció en su propio balance, no logró reducir de forma sostenida los homicidios. Vilca sostiene que esa falta de resultados contrasta con un escenario político inicial más favorable que el de sus antecesores inmediatos, con menor oposición parlamentaria y respaldo constante del “establishment económico y empresarial”.

“No es como un gobierno como el de Pedro Castillo, que gobernaba de visitante. Este juega de local”, apuntó el experto. “Este gobierno, a diferencia de los de Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, tiene mejores números en el Congreso. Tiene bancadas que, por sí solas, pueden bloquear el inicio de una vacancia”, agregó.

Fujimori juró como primera presidenta electa por voto popular

El 28 de julio, Keiko Fujimori prestó juramento ante el Congreso de la República durante una sesión solemne realizada en el marco del 205° aniversario de la independencia peruana. Horas más tarde, tomó juramento a su primer gabinete ministerial, encabezado por Luis Galarreta, quien asumió como presidente del Consejo de Ministros además de primer vicepresidente de la República.

El equipo quedó integrado por 19 carteras, entre ellas la de Relaciones Exteriores, a cargo de Carlos Espá, y la de Interior, bajo el general en retiro César Astudillo. En su primer Mensaje a la Nación, de 46 minutos, la mandataria anunció un incremento del salario mínimo y un plan de contingencia frente al fenómeno de El Niño.

Apenas tres días después de la asunción, Espá adelantó que su gestión buscaría restablecer los vínculos diplomáticos con México y Colombia, rotos desde comienzos de 2023 por el apoyo mexicano al golpista expresidente Pedro Castillo, además de reconstruir el canal con Venezuela.

Vilca vinculó el perfil del canciller con una orientación más amplia de la política exterior peruana hacia Washington: “Poner a alguien como Carlos Espá en la Cancillería claramente va en esa línea. Carlos Espá, como todo el mundo sabe, ha trabajado dos décadas, creo, en la embajada de Estados Unidos y para la política exterior de ese país”, afirmó el investigador, quien consideró que esa cercanía responde también a una búsqueda de respaldo político para la gestión interna.

Perú se sumó al Escudo de las Américas impulsado por Trump

El 10 de septiembre, la mandataria recibió en el Palacio de Gobierno al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cierre de su gira sudamericana, y confirmó la adhesión del país a la coalición contra el crimen organizado transnacional promovida por Donald Trump, que ya agrupaba a quince gobiernos de la región. El encuentro coincidió con la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Para Paulo Vilca, esta adhesión confirma una hipótesis más amplia sobre la región: “Los países latinoamericanos han entregado su política exterior a Estados Unidos. Han dejado de ser autónomos en política exterior y aquellos que están en alianza con Estados Unidos le han encargado que se ocupe de representarlos y de tomar decisiones por ellos”. El investigador agregó que, en el caso peruano, ese vínculo no se limita a la política exterior: “No se trata solamente de seguir a Estados Unidos, sino de utilizar ese apoyo y ese respaldo en la política interna. No es solo un tema de seguridad. Ya hemos visto que tiene otros componentes económicos, comerciales e inclusive territoriales”.

Se creó un Comando Unificado contra la criminalidad

El 7 de octubre, durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado, integradas por 1.350 efectivos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, Fujimori anunció el establecimiento de un centro de control y operaciones en el Cuartel General del Ejército. “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado”, declaró la presidenta tras una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

Vilca cuestionó, sin embargo, la consistencia de la estrategia de seguridad del Ejecutivo. Recordó como ejemplo un episodio ocurrido semanas atrás en el Senado, cuando se le reprochó al ministro y senador César Astudillo que no se atrevía a impulsar una reforma policial. “Tenía miedo. Justamente, cuando alguien queda en evidencia por no tener una idea, creo que eso explica la reacción de Astudillo más que la idea de que él es militar”, señaló el investigador, para quien el episodio ilustra que “este gobierno no tiene ideas” en materia de seguridad ciudadana.

Viaje de Keiko Fujimori a El Salvador

El 28 de octubre, la presidenta cumplió una visita oficial de cuatro días a El Salvador, donde se reunió con su homólogo Nayib Bukele y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que alberga a miles de pandilleros. “Estamos recogiendo varias ideas”, afirmó tras calificar el recinto como “impresionante” y “emblemática”. Ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta de cooperación en salud, seguridad, justicia y turismo, aunque Bukele le advirtió que repetir la fórmula en otro país podría no generar los mismos resultados.

Paulo Vilca ubica este viaje dentro de un patrón más amplio de la gestión: la ausencia de un plan propio frente a la inseguridad. “La dificultad de la política de seguridad ciudadana de Keiko Fujimori es que no tiene un plan ni una propuesta. Creo que eso los ha llevado a buscar en el modelo salvadoreño una plataforma que les permita crear una narrativa y sostener acciones”, explicó. Para el investigador del IEP, el Ejecutivo “está reemplazando la imagen, la performance, por la política pública” y “el problema es que, mientras tanto, el crimen sigue, las extorsiones continúan y no se toman medidas de fondo”.

Oficialismo ganó terreno en el Congreso

A cien días de la juramentación, el Ejecutivo logró elevar su respaldo en el Senado de 30 a 35 votos respecto de la elección de la Mesa Directiva. Paulo Vilca sostiene que las condiciones actuales dificultan un escenario de vacancia, aunque evita descartarlo por completo. “No veo en este momento un escenario de mayor inestabilidad”, señaló, y recordó que las reglas parlamentarias cambiaron tras el fin del Congreso unicameral, con procedimientos más largos y votaciones más exigentes.

De todos modos, Vilca advirtió sobre la imprevisibilidad de la política regional: “Hasta hace cuatro días, Santiago Peña, en Paraguay, se creía inamovible. No digo que se pueda pronosticar algo de acá a cinco años en el Perú. Si algo caracteriza a la política peruana es que aquí reina lo imprevisible”. El investigador identificó la gestión del fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana como las pruebas más inmediatas que debe superar el Gobierno en los próximos meses, junto con eventuales casos de corrupción o un deterioro de la situación económica

“Todo esto es un simple chisme. Mi confianza al primer ministro es absoluta, mi confianza al gabinete”, afirmó la mandataria este viernes 30 de octubre, antes de remarcar: “Yo rechazo y descarto un cambio de primer ministro”.

Las declaraciones se producen después de varios días de especulaciones sobre una posible salida de Luis Galarreta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según estas informaciones, existiría disconformidad entre algunos asesores cercanos a Fujimori por el desempeño del premier frente al fenómeno El Niño, la crisis de inseguridad ciudadana y las demoras en la aprobación de facultades legislativas solicitadas al Congreso.

El pronunciamiento se produjo mientras Galarreta permanece encargado del despacho presidencial, en su condición de primer vicepresidente de la República. Mediante la Resolución Suprema N.° 307-2026-PCM, publicada el 27 de octubre, el Ejecutivo dispuso que asumiera temporalmente estas funciones durante los viajes de Fujimori a El Salvador y España. En paralelo, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quedó encargado de la PCM durante esos periodos.

La figura de Chlimper, en el centro de las versiones sobre cambios en la PCM

El nombre de José Chlimper, exsecretario general de Fuerza Popular y actual integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, apareció entre los posibles reemplazos de Galarreta. Sin embargo, el propio Chlimper descartó esa posibilidad antes del pronunciamiento de la presidenta.

“No tengo ningún afán político ulterior, ni aceptaré cargo público alguno en el futuro por razones de edad y de salud”, afirmó en una entrevista con Canal N, al recordar el mensaje que había publicado anteriormente en sus redes sociales.

La mandataria también se refirió al papel que desempeña Chlimper dentro del Ejecutivo y descartó que su participación en el comité consultivo de la Presidencia esté vinculada con un eventual nombramiento ministerial. “Él es un simple colaborador que está ayudando en este comité consultivo de la Presidencia”, precisó.

Fujimori explicó que el Gobierno busca implementar una unidad de cumplimiento para supervisar la ejecución de obras, así como oficinas dedicadas a la transformación digital, las comunicaciones y la reducción de la burocracia. Sobre la iniciativa tecnológica, señaló que durante su visita a El Salvador también estaba recogiendo experiencias que podrían servir para su implementación en Perú.

Chlimper, por su parte, sostuvo que su nombre estaba siendo utilizado para debilitar políticamente al jefe del Gabinete. “Lucho está totalmente a cargo del premierato”, afirmó, y recordó que Galarreta también ocupa la primera vicepresidencia de la República y la secretaría general de Fuerza Popular.

Galarreta también descartó su salida desde Tumbes

El propio jefe del Gabinete había respondido a las versiones el jueves 29 de octubre, durante una visita a Tumbes junto a los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinellí.

Consultado sobre su posible remoción, Galarreta evitó profundizar en las especulaciones y aseguró que el Ejecutivo está concentrado en atender las emergencias climáticas y combatir la inseguridad ciudadana.

“Yo no comento sobre chismes, digamos, pero sí sobre el tema de fondo. El tema de fondo es que nuestra capacidad de reacción tiene que ser diferente a otros momentos”, señaló.

El premier también reconoció que los ministros están sujetos a evaluación permanente, aunque insistió en que las prioridades del Gobierno se encuentran en la atención del fenómeno El Niño y la lucha contra la criminalidad.

La misma posición fue expresada desde Fuerza Popular. El vocero alterno de la agrupación en el Senado, Víctor Flores, sostuvo que las versiones sobre posibles cambios no tenían “mucho asidero” y describió como “monolítica” la relación entre Fujimori y sus dos vicepresidentes, Galarreta y Miguel Torres.

El respaldo presidencial en medio de cuestionamientos al premier

El pronunciamiento de Fujimori también se produce semanas después de la publicación de la Encuesta del Poder 2026, elaborada por Ipsos Perú y difundida por Semana Económica, que ubicó a Galarreta como la persona más mencionada entre aquellas a las que la mandataria debería dejar de escuchar.

El estudio, publicado el 4 de octubre y basado en las respuestas de 128 participantes, registró un 26 % de menciones para Galarreta, seguido por Fernando Rospigliosi, con 18 %, y José Chlimper, con 12 %. Los resultados reflejan las opiniones del grupo consultado y no constituyen una medición representativa de toda la población peruana.

El dato adquiere relevancia frente al respaldo público expresado este viernes por Fujimori, quien aseguró mantener su confianza tanto en el presidente del Consejo de Ministros como en el resto del gabinete.

Por ahora, la mandataria ha descartado un relevo en la conducción de la PCM, mientras Galarreta continúa al frente del gabinete y mantiene temporalmente el despacho presidencial durante su ausencia del país.

La Séptima Fiscalía Provincial de Familia de Lima Centro concluyó que no existen elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidad a los adolescentes. No obstante, dejó abierta la posibilidad de reabrir el caso si surgen nuevos indicios que los vinculen con los hechos denunciados.

El despacho especializado en familia señaló que no se demostró la responsabilidad de los investigados ni se reunieron pruebas que sustenten un pedido de apertura de proceso por una presunta infracción a la libertad sexual en agravio de un estudiante cuya identidad se mantiene en reserva.

“Al no haberse demostrado la responsabilidad de los adolescentes (...) por falta de elementos de convicción suficientes, procede el archivamiento, dejándose a salvo la posibilidad de reabrirse esta investigación si aparecen nuevos elementos de convicción”, se lee en el fallo.

“Con las atribuciones conferidas por ley, se resuelve no solicitar la apertura de proceso contra los adolescentes señalados por la presunta violación de la libertad sexual en agravio de un menor de identidad reservada. En consecuencia, archívese lo actuado”, continúa.

La resolución ordena comunicar la medida al Tercer Juzgado de Familia de Lima, que ordenó a mediados de septiembre el internamiento preventivo para otros seis adolescentes investigados por el ataque ocurrido, según la pesquisa, cuando el grupo regresaba en un bus tras participar en un torneo escolar de fútbol.

Los cuatro meses de internamiento preventivo dispuestos por el Poder Judicial corresponden al plazo máximo previsto por ley. La Fiscalía solicitó esta medida para seis de los 10 adolescentes incluidos inicialmente en la investigación.

El episodio generó indignación en el país por las denuncias de acoso y violencia sexual en colegios privados, además de los cuestionamientos por presuntos actos de racismo y clasismo en una institución bajo administración de la Marina de Guerra.

A raíz de la denuncia, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori oficializó la reorganización del plantel y encargó su gestión al Ministerio de Educación hasta el año siguiente, con el objetivo de asegurar la continuidad de las clases, reforzar la seguridad y prevenir situaciones de violencia.

Los episodios de violencia escolar se han mantenido relativamente estables en los últimos años, según datos de la Defensoría y del Ministerio de Educación. No obstante, los reportes de violencia sexual entre estudiantes aumentaron un 35% durante los primeros ocho meses de 2026: pasaron de 885 en el mismo período de 2025 a 1.198, de acuerdo con el sistema SíseVe del Minedu. Esta categoría abarca tocamientos, actos de connotación sexual, acoso, acoso digital y violación.

En mayo, el portafolio derogó los Lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) para la Educación Básica, aprobados en 2021, y publicó nuevos lineamientos de educación sexual basados en criterios científicos, biológicos y éticos. La medida cumplió una ley promovida por la mayoría conservadora del Congreso.

Tres parlamentarios presentaron una denuncia constitucional contra el senador fujimorista Fernando Rospigliosi por un patrón de denuncias disciplinarias y declaraciones públicas que, según sostienen, buscaron intimidar a jueces y fiscales que resolvieron en contra de su posición política. En el documento presentado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales se pide que se recomiende su suspensión y la inhabilitación para ejercer función pública hasta por 10 años.

La acusación fue presentada por los senadores Mirtha Vásquez y Jaime Quito, y la diputada Indira Huilca.

Según la denuncia, entre agosto de 2025 y agosto de 2026 Rospigliosi presentó denuncias disciplinarias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra al menos siete magistrados (6 jueces y una fiscal) con el pedido explícito de destitución en cada caso. Estas son:

1. 26 de agosto de 2025 — Contra el juez Richard Concepción Carhuancho, por declarar inaplicable, mediante control difuso, la Ley N° 32107, en la investigación contra el coronel PNP (r) Arturo Castro Arias por el asesinato de siete comuneros en el anexo San Martín de Chupón, Ayacucho, en 1984.
2. Abril de 2026 — Contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, por el proceso seguido contra exintegrantes de la Policía Nacional investigados por el asesinato de Luis Lara Poma, ocurrido en 1983 en Andahuaylas.
3. 22 de julio de 2026 — Contra la fiscal superior Rosario Isabel Quico Palomino, por formular acusación contra el general EP (r) Juan Rivero Lazo por violaciones de derechos humanos ocurridas en 1992.
4. 10 de agosto de 2026 — Contra los jueces Miluska Giovana Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Iván Llerena Lezama, integrantes de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, por la sentencia de 15 años de pena privativa de la libertad impuesta a policías responsables de la masacre del Penal Castro Castro, en 1992.
5. 17 de agosto de 2026 — Contra el juez José Leonel Matos Centeno, por dictar prisión preventiva contra ocho militares investigados por el homicidio de cinco civiles en el caso Colcabamba, ocurrido en abril de 2026 en Huancavelica.

Salvo el caso del juez Matos Centeno, todos los magistrados inaplicaron, mediante control difuso o control de convencionalidad, las leyes 32107 y 32419, que prescribe crímenes de lesa humanidad y otorga amnistía a policías y militares, respectivamente.

Amenazas al PJ

Además del patrón de denuncias disciplinarias, la acusación constitucional hace mención que el senador fujimorista Fernando Rospigliosi declaró en al menos 3 oportunidades que es necesario “barrer” el sistema judicial. Sostienen que esas expresiones se produjeron siempre como reacción inmediata a fallos que le resultaron adversos y que constituyen “el anuncio reiterado de una acción contra el Poder Judicial y sus integrantes”.

En la denuncia se hace énfasis en que esas amenazas persistieron incluso después de que la presidenta Keiko Fujimori se comprometiera públicamente a respetar la separación de poderes durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza. Como se recuerda, la propia presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, había señalado públicamente la contradicción entre ese discurso y la conducta reiterada del legislador.

Los legisladores sostienen que las acciones de Fernando Rospigliosi infringen los artículos 43 (separación de poderes), 44 (deber estatal de garantizar los derechos humanos), 138 (potestad de los jueces de ejercer control difuso), 139 inciso 2 (independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional) y 146, numerales 1 y 3 (garantías de independencia y permanencia de los magistrados en el cargo).

De acuerdo con los parlamentarios, la pluralidad de infracciones, la reiteración del amedrantamiento y la ausencia de toda señal de rectificación justifican la imposición de una inhabilitación de hasta 10 años contra el senador de Fuerza Popular.

El senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi pidió este miércoles al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), el principal gremio de docentes del país, que suspenda el paro nacional de 24 horas convocado para esta semana, al considerar que el país debe concentrar sus esfuerzos en afrontar el fenómeno de El Niño.

“No es momento para estar haciendo paros ahora cuando tenemos problemas tan graves como el Niño, que ya está empezando a afectar algunas localidades y va a ser muy fuerte ahora. (...) Todos los peruanos tenemos que estar unidos para salir adelante en esta circunstancia tan difícil”, declaró a la radio Exitosa.

El Sutep ratificó la paralización para este 29 de octubre con el objetivo de exigir el cumplimiento del convenio colectivo suscrito con el Estado, un mayor presupuesto para Educación y la reglamentación de la Ley 32581, que busca incrementar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados.

El sindicato también reclama que se atiendan sus demandas laborales y previsionales, mientras que el Ministerio de Educación ha declarado improcedente la medida y advertido de que descontará el salario a los docentes que no acudan a trabajar durante la jornada de protesta.

En contraste con la posición del fujimorista, la senadora de Ahora Nación Mirtha Vásquez sostuvo que las movilizaciones reflejan el malestar de la población ante la falta de respuestas del Ejecutivo y la ausencia de un plan claro para afrontar los problemas del país.

“Estos paros y manifestaciones que ya se vienen generando en el país responden también al sentir de la población de que el Gobierno no está respondiendo ni a las urgencias ni nos presenta un plan claro de cómo quiere gestionar el país”, afirmó.

Vásquez mencionó entre los asuntos pendientes la criminalidad organizada y cuestionó los recortes presupuestarios que, según dijo, afectan a sectores estratégicos como Educación y Salud.

Por su parte, el diputado de Renovación Popular Diego Bazán pidió responsabilidad ante las protestas convocadas por distintos motivos, entre ellos, según explicó, la falta de respuesta del Ejecutivo a “algunas iniciativas legislativas que fueron aprobadas en el legislativo y que no han encontrado eco en el Ejecutivo”.

“Yo de acá pido la mayor responsabilidad en el sentido. Yo sé que se puede hacer de manera paulatina y progresiva algunas medidas en el ámbito económico”, señaló.

El Sutep advierte de que podría convocar una huelga indefinida si el Gobierno no atiende sus reclamos, entre ellos destinar a Educación el equivalente al 6 % del producto interior bruto (PIB). Por su parte, el Ministerio de Educación ha advertido de que la protesta podría constituir una interrupción ilegal del servicio educativo y ha dispuesto que las autoridades de los centros escolares reporten las inasistencias para aplicar los descuentos correspondientes.

En agosto de 2025, el mismo gremio marchó hacia el Congreso para exigir la aprobación definitiva del aumento de las pensiones de los docentes jubilados y cesantes, después de que el entonces congresista de Fuerza Popular César Revilla retirara su moción para reconsiderar el resultado de la primera votación.

La senadora Patricia Juárez, vocera de la bancada de Fuerza Popular en la cámara alta, afirmó que una eventual reducción de la remuneración de senadores y diputados no representaría un ahorro significativo para las arcas del Estado. Esto luego de que el Parlamento logrará un ahorro de 300 millones de soles al recortar gastos internos, como alquileres.

“En realidad la reducción de la remuneración de los senadores y diputados no va a mover creo que ni en 0.00 la aguja”, dijo en entrevista con RPP Noticias cuando se le consultó que se implemente como medida de austeridad un recorte de sueldo a los legisladores. “Lo que tenemos que resaltar acá es que hay un ánimo de parte del Legislativo que jamás había ocurrido de poder, en principio, establecer una política de austeridad que ha dado resultados en corto tiempo y de poder ayudar en la tarea que nos debe involucrar a todos los peruanos en la lucha contra la criminalidad”, agregó.

Como se recuerda, ayer martes 27 de octubre, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados dieron a conocer que el Congreso logró un ahorro de 303 millones de soles mediante medidas de austeridad. De ese monto, 30 millones ya fueron transferidos, mientras que el resto, unos 270 millones, lo harán pronto para que sean usados para la atención del fenómeno de El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Si todas las, las instituciones del Estado, eh, tienen este mismo criterio, creo que tendríamos un Estado que gasta menos, que gasta o tiene calidad de gasto y que realmente lo que hace es contribuir al Estado, contribuir con el Gobierno para lograr esta tarea que creo que todos nos hemos autoimpuesto en el sentido del combate contra el crimen y en este momento afrontar todos con lo que tenemos este fenómeno natural que ya está golpeando en la zona norte de nuestro país”, dijo la senadora Patricia Juárez.

Entre los factores que explican el ahorro, Juárez mencionó la reducción del número de bancadas, que pasaron de 13 a 6, lo que disminuyó la necesidad de asignar personal, oficinas y logística a cada agrupación. También señaló la reducción sustancial del número de comisiones, que, dice, llegaron a sumar hasta 25 comisiones especiales en el Congreso unicameral, una cifra cercana al total de comisiones ordinarias existentes en ese momento.

Según Juárez, el recorte también alcanzó rubros como papelería, imprenta, teléfonos y computadoras, que en gestiones anteriores se otorgaban “de manera indiscriminada”. Sobre los bonos a trabajadores del Congreso, precisó que existe un convenio colectivo vigente que debe respetarse, sin que ello implique mantener prácticas previas en las que, según describió, bastaba un pedido del sindicato para que se aprobaran beneficios de forma automática.

¿Cuánto gana un diputado o senador?

En el nuevo Congreso bicameral (2026-2031), tanto senadores como diputados perciben la misma estructura de ingresos, sin distinción jerárquica en el monto:

Remuneración mensual regular

• Sueldo base: 15.600 soles
• Asignación por función congresal (transporte, alimentación, hospedaje): 12.500 soles
• Bono por semana de representación: 4.000 soles
• Total mensual aproximado: 32.000 soles brutos

Beneficios adicionales

• Gasto de instalación: 15.600 soles, pago único al inicio del período (julio 2026)
• Dos gratificaciones anuales (julio y diciembre) equivalentes a un sueldo completo de 15.600 soles cada una

El gasto total del Parlamento en remuneraciones directas ronda los 6,1 millones de soles mensuales y supera los 73 millones de soles al año, solo considerando los 190 congresistas, sin incluir personal de confianza, asesores ni gastos operativos de cada despacho.

Cada despacho congresal, tanto de senadores como de diputados, cuenta con un equipo de 7 personas de confianza.

El Congreso de la República publicó una “fe de erratas” sobre la promulgación de la Ley 32743 que otorga facultades legislativas al gobierno de Keiko Fujimori, para corregir el encabezado que atribuía la promulgación únicamente al Senado en lugar de al Parlamento.

Según la rectificación publicada en el diario El Peruano, se restituye al Congreso como entidad que genera la norma con un nuevo encabezado en el que se lee “El Congreso de la República; Ha dado la Ley siguiente: Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño”.

Miguel Torres, presidente del Congreso, dispuso que se realice la corrección luego de recibir críticas respecto a la redacción de la autógrafa y que se consignara que “El Senado de la República ha dado la Ley siguiente (...)”. El titular del Legislativo reconoció que se trató de un error material.

“La Ley 32743 fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado. Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”, señaló Torres en un comunicado difundido en la plataforma X.

El presidente del Congreso, del Senado y también vicepresidente del Perú, añadió que corregir la denominación era “un deber y una muestra de respeto a quienes representamos, a la transparencia y la institucionalidad”. También sostuvo que la prioridad del Parlamento era atender las urgencias del país.

Pero la postura original de Miguel Torres iba en un sentido completamente opuesto. Hasta el viernes, antes de emitir la “fe de erratas” Torres había defendido que la autógrafa fuese atribuida solo a la Cámara de Senadores, pues señalaba que el Senado aprobaba o modificaba las propuestas remitidas por la Cámara de Diputados y enviaba el texto al Poder Ejecutivo.

La norma llevaba las firmas de Torres y de su primer vicepresidente, Alejandro Muñante, pero no incluía la correspondiente al presidente de la Cámara de Diputados ni la de su primera vicepresidenta. Tampoco mencionaba al Congreso de la República como entidad que dicta la ley.

Cámara de Diputados reclama presencia en la ley

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, pidió formalmente a Torres que adoptara medidas correctivas. En un oficio dirigido sostuvo que la omisión vulneraba el procedimiento del Parlamento bicameral y no reflejaba la voluntad institucional del Congreso.

“El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados”, afirmó Reto. Su argumento se basó en el artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que atribuye al Congreso la potestad de dar leyes y resoluciones legislativas.

El presidente de Diputados también citó el artículo 90, que establece que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República y que este está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. Añadió que, según la tradición parlamentaria bicameral peruana, las autógrafas deben llevar las firmas de los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras, sin importar dónde haya concluido el trámite legislativo.

La controversia también fue cuestionada por especialistas. El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, en conversación con Canal N, calificó la atribución exclusiva al Senado como “un error primarioso” y sostuvo que el texto debió indicar que el Congreso de la República aprobó la norma luego de su tratamiento en Diputados y en el Senado.

Quiroga afirmó al medio televisivo que “el Senado no da leyes, las leyes las da el Congreso de la República según la Constitución”. El abogado Natale Amprimo cuestionó también que se atribuyera la ley solo a una cámara, pese a que el Senado se limita a aprobar o modificar la propuesta que recibe de Diputados.

“Yo lo conozco (...) como una persona muy seria, un miembro del Tribunal Constitucional, y la verdad es que me sorprendió, no esperaba algo como eso”, declaró en una entrevista con RPP.

“Si hay algo que siempre tenemos dentro de las reflexiones que hacemos en la bancada es que la actividad política siempre tiene que tener altas dosis de humildad. (...) Una de las cosas que siempre planteamos es que debemos considerar que hay todo un tiempo hacia adelante y que nada de esto, si un día obtienes una votación favorable, te puede llevar a un exceso de triunfalismo”, añadió.

La legisladora fujimorista consideró que la reacción de Mesía, presidente de la Comisión de Constitución de la cámara alta e integrante de su misma bancada, pudo responder a la tensión acumulada durante las semanas de debate parlamentario.

“Yo creo que él ha estado también con una alta dosis de estrés. Hemos estado con una situación compleja porque no se resolvía, pasaban los días, había demasiada confrontación”, señaló.

Juárez interpretó el episodio como “una forma de expansión” y rechazó que su compañero de bancada hubiera querido exhibir la victoria política del oficialismo frente a sus adversarios. “No creo que lo haya hecho ni para sacar en cara que ganaste. Yo no creo que ese haya sido el sentido, conociendo a Carlos Mesía”, agregó.

En el video, difundido en su cuenta de X, el presidente de la Comisión de Constitución aparece cantando ‘Regálame la silla’, acompañado de imágenes de los escaños vacíos de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, cuyas bancadas no respaldaron el pedido del Ejecutivo para legislar durante 90 días en seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño.

La solicitud fue debatida por el pleno después de que la Comisión de Constitución del Senado aprobara el lunes incorporar siete medidas adicionales al dictamen original de 20 puntos remitido por la Cámara de Diputados. La modificación provocó un enfrentamiento y la posterior retirada de las bancadas opositoras del debate.

Mesía, por su parte, acusó a sectores de la oposición de obstaculizar el debate sobre la delegación de facultades y sostuvo que una controversia sobre el procedimiento de votación en la comisión que preside fue utilizada para impedir que se discutiera el fondo de la solicitud.

En diálogo con Canal N, defendió que la votación no se había cerrado formalmente, pese a que se había anunciado un resultado de seis votos contra cinco en torno a un recurso de reconsideración.

“Yo no cerré la votación. Solamente dije seis votos contra cinco”, explicó al reconocer que comunicó incorrectamente el resultado al señalar que el recurso había sido desestimado. Admitió además que ese error debía ser objeto de autocrítica y añadió que tampoco se había realizado la segunda llamada prevista en el reglamento para que los integrantes presentes que aún no habían expresado su voto pudieran hacerlo.

El presidente del Senado y vicepresidente del Perú, Miguel Torres, defendió que el Senado puede modificar iniciativas de la Cámara de Diputados dentro de la delegación de facultades y negó que sea necesaria una conversación con el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, para discutir los límites de cada cámara del Congreso.

En declaraciones a RPP, Torres sostuvo que, aunque sí conversa con el diputado Reto, no cree que tenga algo que hablár con él sobre las competencias de ambas cámaras. “Yo converso constantemente con el presidente de la Cámara de Diputados y en realidad no tengo mucho que discutir con él respecto de cuáles son las competencias de cada una de las cámaras”.

Según el senador, cada una de las cámaras tiene sus facultades estipuladas en el reglamento del Congreso. “En el caso de Diputados, tienen la iniciativa legislativa tan importante. Ellos pueden presentar proyectos de ley”.

Aunque la Cámara de Diputados aprobó 20 puntos del pedido de facultades presentado por el Ejecutivo específicamente vinculados con el fenómeno del Niño y la inseguridad ciudadana, la Cámara de Senadores dicidió añadir siete puntos adicionales. Según Torres, ninguno de los asuntos tratados excedió las materias que la Cámara de Diputados había habilitado.

La discusión sobre las modificaciones del Senado incluye una exigencia reglamentaria de 31 votos. Torres señaló que ese umbral obliga a Fuerza Popular, Renovación Popular y algún otro sector a alcanzar un entendimiento.

Quiebre de confianza entre Diputados y Senadores

Ante las preguntas sobre la relación entre las dos cámaras, el presidente del Senado rechazó que exista una fractura institucional. “No puede haber un quiebre cuando cada una de las cámaras cumple con sus roles”, dijo Torres a RPP.

Al describir las atribuciones de cada cámara, Torres se refirió al marco reglamentario que rige el trámite de los proyectos. “En el caso del Senado, puede aprobar, puede desaprobar, rechazar o puede modificar”, afirmó.

El vicepresidente sostuvo que la facultad de modificar proyectos tiene límites y que uno de ellos impide desnaturalizar las propuestas aprobadas por Diputados. Frente a los cuestionamientos por las decisiones recientes, respondió: “Si alguien me dice que ayer se ha desnaturalizado, yo no sé qué cosa habrá visto”.

Torres afirmó que el Congreso actuó dentro de la delegación de facultades y respetó las competencias de la Cámara de Diputados.

El titular del Senado también expresó una evaluación crítica sobre los resultados obtenidos para sectores específicos. “Me siento apenado. Siento que no rescatamos a nuestras MYPES, que no rescatamos a nuestros jóvenes, que no rescatamos a nuestros ciudadanos. Sí, siento que hemos fallado”, sostuvo.

Al referirse a los cambios aprobados, Torres mencionó la incorporación de 7 puntos. “Lo que nos tiene que llamar a la reflexión es decir que se está haciendo el mayor de los esfuerzos por alcanzar herramientas que nos permitan salir adelante”, afirmó.

Decretos de urgencia y proyectos de ley para temas que quedaron fuera

El presidente del Consejo de Ministros y vicepresidente del Perú, Luis Galarreta, reaccionó a la aprobación de las facultades legislativas por parte del pleno del Senado y anunció que el gobierno de Keiko Fujimori insistirá en la atención de los temas que no fueron aprobados, pero recurrirá a otras herramientas legales.

En declaraciones a la prensa, Galarreta sostuvo que se recurrirá a proyectos de ley, decretos de urgencia o decretos supremos para atender esos asuntos “si es que corresponde”.

La solicitud inicial del Ejecutivo incluía sesenta y seis puntos distribuidos en ocho materias, mientras que la autorización aprobada se concentró en seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño. Galarreta mencionó entre los temas excluidos las medidas sobre empleo juvenil, formalización y crecimiento de pequeñas empresas.

En declaraciones a la prensa, Galarreta sostuvo que se recurrirá a proyectos de ley, decretos de urgencia o decretos supremos para atender esos asuntos “si es que corresponde”.

La solicitud inicial del Ejecutivo incluía 66 puntos distribuidos en ocho materias, mientras que la autorización aprobada se concentró en seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño. Galarreta mencionó entre los temas excluidos las medidas sobre empleo juvenil, formalización y crecimiento de pequeñas empresas.

El jefe del Gabinete señaló que las acciones sobre esas mismas materias ya estaban en marcha antes de la aprobación parlamentaria. “A los ciudadanos, con o sin el apoyo del Congreso de la República, nosotros vamos a resolverle los problemas a los peruanos, así nos tome un poco más de tiempo”, afirmó.

Galarreta crítico a “sector radical” del Congreso

En contacto con la prensa, Galarreta, saludó la decisión del Senado de aprobar 27 de las 66 facultades legislativas solicitadas por el Gobierno, pero criticó las posturas de un sector del Congreso que, según afirmó, antepuso intereses ideológicos a las necesidades de la población durante el debate de las medidas propuestas por el Ejecutivo.

El premier señaló que la aprobación parcial de las facultades legislativas no impedirá que el Gobierno continúe con sus acciones. Según explicó, los distintos sectores del Ejecutivo ya venían trabajando desde el inicio de la gestión, incluso antes de que el Congreso tomara una decisión sobre la delegación de atribuciones.

Asimismo, cuestionó a los diputados y senadores de oposición que, según su interpretación, priorizaron las diferencias políticas frente a las propuestas del Gobierno.

“Tenemos que lamentar la mezquindad de un sector radical del Congreso de la República, que como dije al comienzo, ya podemos saber quién están a favor del Perú y quiénes no (...) esta vez hemos encontrado, lamentablemente, un sector que ha preferido simplemente darle la espalda a la población”, indicó Galarreta.

Entre los puntos que Galarreta lamentó que no fueran incluidos en la delegación de facultades se encuentran las medidas orientadas a promover el primer empleo juvenil. El presidente del Consejo de Ministros sostuvo que los jóvenes tendrán que esperar el trámite parlamentario de futuras iniciativas, aunque aseguró que el Ejecutivo buscará otras vías para impulsar oportunidades laborales.

Luis Galarreta rechazó las versiones de que el Ejecutivo hubiera condicionado su propuesta a la aprobación íntegra de las 66 facultades legislativas. Afirmó que el Gobierno estaba dispuesto a negociar y aceptar modificaciones para alcanzar un acuerdo con las distintas bancadas del Congreso.

Según explicó, durante las conversaciones con los parlamentarios se evaluó la posibilidad de reducir el número de medidas y llegar a una propuesta consensuada. En ese sentido, sostuvo que la cifra inicial formaba parte de una negociación y no representaba una exigencia de aprobación total.

Miguel Torres afirmó que el Senado respetó el reglamento

Por su parte, el presidente del Senado, del Congreso, y también vicepresidente del Perú, Miguel Torres, sostuvo que el tratamiento parlamentario respetó las reglas vigentes, esto en respuesta a las críticas generadas desde integrantes de las bancadas de oposición que buscaban definir los límites en las facultades de la Cámara de Senadores para modificar lo aprobado por la Cámara de Diputados.

“El Senado ha respetado la labor desarrollada por la Cámara de Diputados, pero también ha ejercido sus competencias conforme a lo establecido en el reglamento”, afirmó Torres durante una conferencia de prensa.

El presidente del Senado, el fujimorista Miguel Torres, afirmó este jueves que el Congreso no logró dotar de herramientas económicas a emprendedores, jóvenes y ciudadanos. Ello en referencia al hecho de que la delegación de facultades se limitara a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, mientras que otras materias, como Mypes y laborales, fueron descartadas.

“Siento que el Congreso no pudo rescatar a los emprendedores, no pudo rescatar a los jóvenes, no pudo rescatar al ciudadano que está harto de un Estado que es paquidérmico, que es lento”, declaró el legislador de Fuerza Popular en entrevista con RPP Noticias.

De las 66 facultades solicitadas originalmente por el Ejecutivo, la Cámara de Diputados había aprobado 20. El Senado aprobó incorporar siete adicionales, con lo que el total final llegó a 27 medidas habilitadas, menos de la mitad de lo pedido.

Torres dijo tener sentimientos encontrados frente al resultado del proceso. Por un lado, reivindicó el trabajo de la Comisión de Constitución del Senado y de los legisladores que respaldaron la iniciativa. “Han trabajado fines de semana, han cumplido con los tiempos establecidos por la norma”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el titular del Senado señaló que el resultado final no alcanzó para dotar al país de herramientas que, según planteó, resultan indispensables para la micro y pequeña empresa, el acceso al crédito y la simplificación administrativa. “Estoy apenado porque siento que el Congreso ha fallado”, afirmó.

Ataca a la oposición

Miguel Torres señaló directamente a la Cámara de Diputados como responsable de buena parte de la demora en el trámite. Según su relato, un proceso que debía resolverse en 15 días, conforme al reglamento, se extendió a casi 40. Contrastó ese ritmo con el del Senado, que resolvió la delegación de facultades en menos de 10 días.

El presidente del Congreso también cuestionó a dirigentes políticos de oposición, a quienes acusó de mantener el foco puesto en contiendas electorales futuras. Mencionó en particular a Roberto Sánchez y Jorge Nieto, a quienes responsabilizó de anteponer cálculos políticos a las necesidades de la población. “Creo que en realidad le están haciendo una traición a nuestro país directamente”, expresó.

Consultado sobre una posible alianza entre el fujimorismo y la bancada Obras, cuyos votos resultaron determinantes para alcanzar las 27 facultades finales, Torres evitó hablar de un pacto formal. “No le puedo hablar de una alianza, pero sí de un entendimiento, de una comprensión”, respondió, en referencia también al respaldo de dos legisladores de la agrupación Buen Gobierno.

Facultades aprobadas

En materia de seguridad ciudadana:

• Participación excepcional y subsidiaria de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional frente a organizaciones criminales y amenazas graves al orden interno, cuando la capacidad policial haya sido sobrepasada.
• Participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de penales.
• Regulación de la libertad vigilada postpenitenciaria para delitos de sicariato, extorsión y criminalidad organizada, con creación de un registro para prevenir la reincidencia.
• Creación de criterios para calificar e inscribir a organizaciones criminales como “grupos hostiles” cuando empleen técnicas similares al terrorismo (explosivos, armas que generan zozobra), lo que permite aplicarles técnicas especiales de investigación y mecanismos de cooperación internacional previstos para el terrorismo, sin modificar la tipificación del delito.
• Modificación del Código Penal para establecer una presunción de actuación racional en casos de legítima defensa, que admite prueba en contrario.
• Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), con mecanismos de control a través de la Comisión de Inteligencia del Senado.
• Modernización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE): infraestructura de seguridad, uso de cuarteles para internos de menor peligrosidad y bloqueo de comunicaciones ilícitas desde los penales.
• Medidas contra la extorsión, el sicariato y la ciberdelincuencia, además de fortalecimiento de los controles migratorios y la fiscalización de armas.

En materia Fenómeno de El Niño (prevención y reconstrucción)

• Facultad al Indeci para entregar ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros quince días de una emergencia.
• Apoyo a productores agrarios afectados.
• Simplificación de procedimientos administrativos para proyectos de infraestructura priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura, con mantenimiento de obligaciones ambientales y de protección del patrimonio cultural.
• Medidas de vivienda de interés social y restitución de servicios básicos para familias damnificadas.
• Modificaciones al régimen de asociaciones público-privadas vinculadas a la reconstrucción.

La senadora de Fuerza Popular Martha Moyano negó haber sido el supuesto ‘agente encubierto Roberto’, un personaje mencionado en las comunicaciones atribuidas al exasesor de la exfiscal de la nación Patricia Benavides, Jaime Villanueva, durante la investigación conocida como ‘caso Valkiria’, archivada en mayo de este año.

“No fui ni soy ni seré agente Roberto”, afirmó la legisladora en un informe difundido este martes por la televisora Willax, al ser consultada sobre las versiones que la vinculan con esa identidad.

Moyano sostuvo que Villanueva debe identificar a la persona con la que presuntamente mantenía conversaciones si pretende involucrarla en los hechos investigados. “Si a mí me imputan algo, tiene que decir”, manifestó.

No obstante, reconoció que se reunió con el exasesor en su despacho, aunque descartó que ese encuentro implicara alguna actividad ilícita. “Lo he dicho varias veces en los medios de comunicación. (...) Ha venido a mi despacho a presentarse a nombre de la señora Benavides. Yo era miembro de la mesa (directiva) y supongo que como él era su asesor y presentaba a su jefa”, explicó.

Por su parte, Christian Salas, abogado de Benavides, cuestionó la solidez de las pruebas reunidas durante la investigación y puso en duda la autenticidad y suficiencia de las capturas de pantalla de WhatsApp que supuestamente mostraban conversaciones entre Villanueva y el ‘agente Roberto’.

“Uno de los datos que se consideran como no probados son justamente esos chats que estaban contenidos no en un dispositivo, sino en pantallazos”, declaró a la misma televisora.

El letrado también señaló que no se acreditó la existencia de un procedimiento formal de agente encubierto ni se identificó oficialmente a la persona que habría utilizado ese alias. Según su versión, Villanueva no entregó su teléfono celular, por lo que no fue posible contrastar las capturas con los registros originales de las conversaciones.

Salas añadió que los presuntos acuerdos ilegales atribuidos a Benavides y a congresistas no se correspondían con los delitos planteados en la investigación. También cuestionó que se sostuviera la existencia de una organización criminal encabezada por la exfiscal.

El alias ‘agente Roberto’ identificaba a una persona que, según las versiones difundidas durante las pesquisas, habría colaborado con el extinto Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

El ‘caso Valkiria’ investigó una presunta red de intercambio de favores en la que Benavides habría buscado respaldo parlamentario para apartar a la exfiscal suprema Zoraida Ávalos a cambio de beneficiar a congresistas mediante decisiones fiscales y nombramientos.

Villanueva declaró que mantuvo coordinaciones con la exjefa del Ministerio Público sobre asuntos políticos e institucionales, entre ellos la inhabilitación de Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Benavides, quien fue suspendida del cargo durante seis meses, sostuvo en su momento que era víctima de “una arbitrariedad” motivada “por intereses políticos”.

En 2024, la JNJ la destituyó por su intervención en una investigación contra su hermana, Enma Benavides, entonces jueza investigada por presuntamente recibir sobornos para favorecer a narcotraficantes.

La consejera de la JNJ María Zavala afirmó que apartó a la fiscal Bersabeth Revilla Corrales con “la finalidad real de interferir en la investigación seguida contra su hermana” y lograr el sobreseimiento del caso.

El anunciado regreso a la política de Kenji Fujimori, hermano menor de la presidenta Keiko Fujimori, terminó convertido en una parodia electoral junto al humorista Tulio Loza, luego de que un adelanto promocional de la entrevista generara expectativa entre los usuarios de redes sociales.

“Ha llegado el momento de hablar con muchísima seriedad”, comenzó su último podcast lanzado este lunes, antes de asegurar que había escuchado distintas propuestas políticas y evaluado cuál representaba mejor los intereses de los peruanos.

“Por eso, desde hoy anuncio públicamente que me uno al ‘PaPePiPoPu de Camotillo, el Tinterillo’”, agregó entre risas, al explicar el significado de las sílabas del nombre: “Pa”, de partido; “Pe”, de peruano; “Pi”, de picante; “Po”, de popular, y “Pu”, de puñales.

La escena incluyó una alusión a los llamados ‘Avengers’, el grupo parlamentario que él encabezó tras su ruptura con Fuerza Popular, el partido liderado por su hermana, ahora jefa de Estado.

“Para todos mis Avengers, (...) hoy tenemos el honor de recibir a una verdadera leyenda, toda una institución de nuestro país, a nuestro cholo de acero inoxidable, Tulio Loza. Te recibimos con mucho cariño y mucho amor”, añadió durante la presentación del humorista.

La parodia llega después de que un video promocional de la entrevista se viralizara en las plataformas sociales, sobre todo porque el excongresista había declarado anteriormente sentirse “totalmente decepcionado” y “desilusionado” de la política, a la que atribuyó “daño y dolor”.

Kenji fue condenado a cuatro años y medio de prisión suspendida por tráfico de influencias por los supuestos ofrecimientos que hizo a congresistas de Fuerza Popular para que votaran en contra de la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, durante la crisis política de 2017.

El excongresista fue grabado por el fallecido Moisés Mamani mientras, presuntamente, ofrecía obras públicas a cambio de votos contra la vacancia presidencial, y Fuerza Popular difundió esas imágenes en un momento en que la agrupación impulsaba la salida de Kuczynski de la Presidencia yno evaluaba el indulto para su padre.

La crisis se profundizó cuando el menor de los Fujimori y nueve congresistas cercanos anunciaron su “renuncia colectiva irrevocable” a Fuerza Popular, un grupo que pasó a ser conocido como los ‘Avengers’ por una fotografía en la que aparecían caracterizados como los héroes de Marvel, mientras el gobierno de PPK atravesaba uno de sus momentos de mayor debilidad.

La salida de esos diez legisladores debilitó a Fuerza Popular y le dio al gobierno de Kuczynski un margen político para enfrentar el proceso de destitución, aunque también abrió una crisis interna en la principal fuerza opositora y agravó el enfrentamiento entre los hermanos Fujimori.

Recientemente, el exparlamentario, elegido en 2011 y reelegido en 2016, afirmó que volver a la política supondría exponerse otra vez al escrutinio público, una situación que no estaba dispuesto a enfrentar.

“Desde que arranqué el pódcast, dije: ‘Esto es cien por ciento entretenimiento’. (...) He vivido más de treinta años en la política y yo ya he decidido dar un paso al costado y mantener mi vida haciendo contenido y mantener mi vida privada muy al margen”, señaló.

La Comisión de Constitución del Senado aprobó el lunes 19 de octubre los veinte puntos del pedido de facultades legislativas para el Poder Ejecutivo, destinado a emitir decretos legislativos sobre seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño durante un período de 90 días.

El dictamen, remitido por la Cámara de Diputados, recibió siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta avanzó hacia el pleno del Senado, instancia que deberá darle aprobación definitiva.

La sesión comenzó pasadas las 11.00 h en la Sala Francisco Bolognesi, bajo la conducción del presidente de la comisión, el senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular, quien recordó que ese día vencía el plazo reglamentario de siete días hábiles para debatir y aprobar el predictamen.

Siete propuestas adicionales para el debate del Senado

Tras ratificar los puntos ya viabilizados por la Cámara de Diputados, la comisión puso en discusión la incorporación de siete materias adicionales. Esas propuestas deberán ser debatidas directamente por el pleno del Senado antes de una definición sobre su inclusión.

La sesión fue suspendida y debía retomarse a las 12.30 h. La presidencia del grupo de trabajo convocó a otros integrantes para que registraran su voto, pero varios no se encontraban presentes.

Quorum alcanzado con mayoría oficialista

El quórum se alcanzó con siete senadores titulares, en su mayoría pertenecientes al oficialismo y a bloques aliados. Además de Mesía, participaron el vicepresidente de la comisión, Roger Astucuri, de Partido Cívico Obras; la secretaria Katherine Ampuero, de Renovación Popular; la senadora Lourdes Alcorta, también de Renovación Popular; y los legisladores de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez.

Ninguno de los integrantes de Juntos por el Perú en la comisión asistió a la sesión: Víctor Cutipa, Íber Maraví, Humberto Morales y Ruth Luque. Tampoco se presentó la senadora Patricia Iturregui, representante del Partido del Buen Gobierno.

¿Por qué no respetan lo avanzado en Diputados?

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, respondió a las críticas del bloque oficialista por no asistir a la sesión de la Comisión de Constitución y afirmó que, en su opinión, es el fujimorismo el que obstaculiza los acuerdos al no respetar lo aprobado en la Cámara de Diputados.

“Ellos (Fuerza Popular) son responsables de obstruir. Porque si ellos dicen amar tanto al Perú, ¿por qué no respetan lo avanzado en diputados? El fujimorismo está acostumbrado a imponer sus votos, a dominar el Parlamento”, expresó.

La senadora también afirmó que el Congreso bicameral tiene un diseño que permite al Senado volver a debatir temas que ya fueron tratados en la Cámara de Diputados.

“No estamos de acuerdo con ingresar a temas que no han sido deliberados ni aprobados en la Cámara de Diputados. Nos parecía que este proceso de delegación de facultades tenía que pasar previamente por sincerar cuáles eran los límites del Senado. Ese proceso nunca se ha dado y las consecuencias están ahí. Para mí se ha abierto un precedente nefasto y creo que lo que va a generar es una mala relación con la Cámara de Diputados”, afirmó la senadora en rueda de prensa.

El senador fujimorista Alejandro Aguinaga reconoció este domingo que viajó a Argentina mientras la Comisión de Constitución de la Cámara Alta debatía el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, una sesión que derivó en una controversia por la conducción del debate y el retiro de cuatro bancadas de oposición.

Aguinaga partió el martes 13 de octubre rumbo a Buenos Aires para asistir a un evento médico y, en una entrevista con RPP, justificó su participación remota al señalar que las normas del Parlamento permiten la asistencia virtual por motivos de viaje.

Sin embargo, no registró dentro del plazo establecido su voto sobre una cuestión de orden que buscaba delimitar las atribuciones de la cámara alta frente a los textos aprobados por la Cámara de Diputados.

El legislador de Fuerza Popular aseguró que sí votó, aunque admitió que su intervención quedó fuera del tiempo previsto debido a problemas de conexión a internet. “Lo claro y concreto es que sí voté y que se nos permite, por motivos de viaje, una virtualidad”, sostuvo.

Añadió que su desplazamiento no obedeció a razones de ocio, sino a un compromiso cuya preparación tomó meses, y que los organizadores rechazaron su excusa porque ya figuraba “en el programa”.

Consultado sobre si había sido un error viajar durante una sesión de importancia nacional, Aguinaga evitó establecer qué actividad debía tener prioridad. “En los dos eventos he estado. Yo no te puedo señalar ahorita cuál era el más importante”, respondió.

Respecto al retraso de su voto, atribuyó el incidente a una posible demora en la conexión. “Es cierto que el que maneja también la recepción del internet probablemente entró [...] y probablemente la mía tuvo un desfase”, explicó.

Aguinaga sostuvo que siguió la sesión desde una sala del evento en Buenos Aires y que su voz se escuchó durante la votación. También mencionó el caso de la senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular), quien, según dijo, consiguió emitir su voto antes del cierre pese a experimentar dificultades de conexión.

Indicó que se preparó un documento para designar a un accesitario, aunque precisó que el trámite comenzó después del incidente. Cuando le preguntaron por qué no gestionó la sustitución antes de viajar, respondió: “Sí, pues, pero sucedió de esa manera”.

El pedido

El Gobierno de Keiko Fujimori busca que el Congreso le delegue facultades para legislar en materias como la lucha contra la criminalidad y la respuesta ante el fenómeno de El Niño. La solicitud ha generado el rechazo de sectores opositores, que cuestionan el alcance de las atribuciones solicitadas, y ha abierto una disputa sobre las competencias del Senado para modificar dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados.

La controversia interrumpió el debate en la Comisión de Constitución, que ha convocado a sus integrantes para este lunes 19 de octubre, a las 11.00, en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, por disposición de su titular, el fujimorista Carlos Mesía.

La sesión requiere un mínimo de siete asistentes para alcanzar el quórum. De los 12 miembros titulares, seis pertenecen al bloque oficialista, integrado por Fuerza Popular y Renovación Popular, y seis a la oposición, representada por Juntos por el Perú, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los senadores opositores acudirán a la convocatoria.

La excongresista Rosa Bartra, exintegrante de Fuerza Popular, responsabilizó a los autores de la Ley 31988 por el diseño con el que se implementó la bicameralidad en el Congreso de la República y pidió a las bancadas que corrijan los reglamentos parlamentarios en lugar de forzar su interpretación. “Nadie se está haciendo responsable de por qué estamos en este entrampamiento”, afirmó en entrevista con RPP con motivo de la crisis que mantiene paralizado el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

Bartra señaló de forma directa a los partidos que impulsaron la reforma constitucional que restableció el sistema de dos cámaras.

“Yo no he escuchado a los autores de la ley 31988 decir: ‘Nos equivocamos, nos apresuramos, no precisamos, hemos recortado de más y es necesario, por lo tanto, reconducir para que la bicameralidad no sea un fracaso’. Yo no lo he visto. Ese es el resultado de cuando Fuerza Popular, Perú Libre y todos los demás se pusieron de acuerdo para sacar la bicameralidad en los términos en la que ha salido. Está mal el diseño y hay que reconocerlo”, declaró.

La excongresista recordó que la Ley 31988 fue aprobada por mayoría calificada y modificó cerca de 70 artículos de la Constitución. Según relató, las advertencias formuladas en su momento sobre la falta de fundamentación del proyecto no fueron atendidas por las bancadas que impulsaron la reforma.

“Cuando nosotros reclamamos, ‘oye, hay demasiada reforma, no está bien fundamentado, no es una bicameralidad viable, va a terminar en una implosión de lo que es el corazón de la democracia, que es el Parlamento’, no fuimos escuchados”, relató. Añadió que la respuesta de los promotores de la iniciativa se limitó a sostener que el ajuste se resolvería en el camino, una postura que calificó de inviable para una institución central del sistema democrático.

Llamado al consenso

Consultada sobre qué recomendaría a los líderes del Congreso para destrabar la crisis, Rosa Bartra planteó que las bancadas utilicen de inmediato las 20 facultades que ya cuentan con respaldo en la Cámara de Diputados y que impulsen el resto de la agenda a través de proyectos de ley ordinarios, incluso bajo la figura de cuestión de confianza si se trata de políticas públicas.

“Si has presentado mal tu solicitud, que es lo que creo que se ha hecho, sin delimitar, sin cumplir con el ciento cuatro, no puedes exigirle todo a una cámara en la que no tienes, además, mayoría”, explicó, en referencia al artículo 104 de la Constitución, que exige delimitar con precisión la materia sobre la que se solicita la delegación de facultades.

La excongresista cuestionó en particular el pedido para fortalecer a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dini) dentro del paquete de facultades, al considerar que no cumple con los requisitos constitucionales de delimitación. “No está delimitado. Fortalecer, ok, pero lo que la Constitución te exige es cuál es el problema a identificar”, apuntó.

Bartra pidió a las bancadas que abandonen la lógica de bloques enfrentados y prioricen el consenso frente a la emergencia que representa el próximo Fenómeno El Niño. “Les pediría, les suplicaría ahora, que bajen el volumen, que todos levanten la bandera del acuerdo y terminen con lo que hay, con los desacuerdos, porque son parte de la democracia”, expresó.

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado suspendió este jueves, sin fecha de reanudación, el debate del predictamen de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

La sesión, presidida por el senador Carlos Mesía (Fuerza Popular), se desarrolló con las bancadas de oposición ausentes del recinto. Esa ausencia se originó horas antes, durante una sesión previa en la que los senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno se retiraron tras una disputa sobre el resultado de una votación. Según la secretaría técnica, una cuestión de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui había obtenido 7 votos a favor contra 6, pero Mesía la declaró rechazada y, tras suspender la sesión en dos ocasiones, ordenó repetir la votación sin que todos los senadores hubieran retornado a la sala. Iturregui calificó esa decisión de desconocer un resultado que, según ella, la oposición ya había ganado.

El oficialismo continúa el debate sin quórum

Con las bancadas de oposición fuera de la sala, Mesía retomó el debate del predictamen y cedió la palabra a los senadores presentes, todos de Fuerza Popular y Renovación Popular. La senadora Patricia Juárez sostuvo que su bancada había mantenido “absolutos modales democráticos” y acusó a los partidos ausentes de buscar “sabotear el funcionamiento de la Comisión de Constitución”. Según su versión, hubo un acuerdo previo para abrir un espacio de diálogo sobre las atribuciones del Senado frente a lo aprobado por la Cámara de Diputados, pero ese acuerdo se rompió cuando la oposición exigió pasar directamente a una votación.

La senadora María Aguayo y la senadora Lourdes Alcorta responsabilizaron a los legisladores ausentes por eventuales consecuencias derivadas de la falta de aprobación de las facultades, en particular ante la proximidad del fenómeno El Niño y el aumento de hechos de inseguridad en el país. Alcorta cuestionó además que los parlamentarios opositores no se presentaran de forma personal y delegaran en sus asesores la entrega de documentos, a quienes calificó de actuar “en manada”. La senadora Martha Moyano y los senadores Héctor Ventura y Víctor Flores completaron las intervenciones del bloque oficialista, con críticas dirigidas a sectores de izquierda a los que atribuyeron una posición de bloqueo sistemático frente al predictamen.

El incidente

En medio del debate, un grupo de asesores de distintas bancadas de oposición ingresó a la sala para dejar un documento con una posición conjunta, sin que ningún senador los acompañara. Mesía confirmó que la comisión no recibió el escrito. La senadora Moyano calificó el episodio como “una situación inaceptable” y cuestionó que los partidos ausentes pretendieran fijar posición a través de sus asesores en lugar de presentarse personalmente a votar. Tras ese incidente, Mesía suspendió la sesión.

Mesía recordó que la comisión se encuentra en sesión permanente desde hace dos semanas, con la delegación de facultades como único punto de agenda, y que el plazo reglamentario para emitir dictamen vence en los próximos días. De aprobarse el predictamen, el texto pasaría a debate del Pleno del Senado el lunes 19 de octubre, aunque el presidente de la comisión no fijó una nueva fecha para retomar la sesión suspendida.

“Bueno, ser autoritario no es tan malo. (...) En algunos casos, a veces hay que tomar decisiones”, declaró a los periodistas al ser consultada por las críticas de la senadora Patricia Iturregui, del partido Buen Gobierno, quien había lanzado ese calificativo al oficialismo.

La controversia se produjo durante la discusión de los cambios al pedido de delegación de facultades del Ejecutivo, donde senadores de las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras abandonaron la sesión tras cuestionar el procedimiento aplicado a una cuestión de orden presentada por Iturregui.

Moyano consideró que el retiro de los legisladores buscaba obstaculizar el debate y sugirió que respondía a la falta de argumentos para defender su posición. “Puede ser que no tengan argumentos válidos para defenderlo, o puede ser que simplemente creen que con esto pueden chantajear”, manifestó.

Previamente, seis legisladores respaldaron la cuestión de orden y cinco se pronunciaron en contra. Sin embargo, el presidente de la comisión, Carlos Mesía, sostuvo que el planteamiento había sido rechazado, lo que provocó reclamos de los legisladores que exigían respetar el resultado.

La fujimorista reconoció que hubo un error en el procedimiento, aunque lo atribuyó a una cuestión técnica. Explicó que, después de votar una cuestión de orden, correspondía realizar un segundo llamado para registrar los votos que no se hubieran emitido o escuchado, en lugar de convocar necesariamente a una nueva votación.

“Precisamente hubo un error, tecnicismo”, afirmó al ser consultada sobre la actuación de la comisión.

Por su parte, la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, reclamó que se respetara el primer resultado y sostuvo que la comisión debía discutir los límites de las atribuciones del Senado. “Estamos solicitando que se debatan los límites del Senado, no quieren aceptar que han perdido la votación”, manifestó.

El grupo parlamentario ha suspendido temporalmente la sesión y prevé reanudar el debate esta tarde.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades al Gobierno de Keiko Fujimori para legislar durante 90 días en temas de seguridad ciudadana y medidas para enfrentar el impacto del fenómeno climático de El Niño.

La decisión, que fue enviada al Senado, se tomó con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones del pleno, tras reconsiderar una primera votación que rechazó el texto aprobado por la Comisión de Constitución con el respaldo de las bancadas de los partidos Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular.

A lo largo de un debate que se prolongó por más de 12 horas, con varias interrupciones para intentar alcanzar consensos, la negativa a aprobar el dictamen inicial llevó al debate de otra propuesta en minoría sustentada por el fujimorista Arturo Alegría.

Sin embargo, el pleno también rechazó este planteamiento porque incorporaba temas adicionales, como el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la promoción del empleo, el desarrollo productivo, el régimen tributario y otros aspectos relacionados con la seguridad ciudadana.

El senador Juan Carlos del Águila, del partido Fuerza Popular, se mostró este miércoles a favor de evaluar el retorno del servicio militar obligatorio en el país, reemplazado por el sistema voluntario en 1999, una propuesta que también fue respaldada desde Juntos por el Perú.

“Particularmente, yo estaría de acuerdo. En mis tiempos había servicio militar y muchos hemos participado de ello, no solamente en el colegio, sino inclusive después del colegio. Creo que es una materia que debe evaluarse para que retorne”, declaró en una entrevista con la emisora Exitosa.

Consultado sobre la posibilidad de debatir esta iniciativa, el legislador respaldó que se analice “sin duda” y sostuvo que los planteamientos deben ser examinados por las instancias correspondientes.

“Yo creo que todos los debates son bienvenidos. Los temas que se plantean, primero a nivel del Poder Ejecutivo o de diputados, finalmente en la Cámara de Senadores tienen que ser debidamente evaluados”, señaló.

El senador Iber Maraví (Juntos por el Perú), por su parte, apoyó la propuesta en diálogo con la misma radio y argumentó que esta modalidad capacita a los ciudadanos para “defender a la patria”.

“Incluso saliendo de ese servicio, esa preparación perdura. […] Y es bien útil. Yo reconozco la utilidad. Lo que pasa es que cada Gobierno de turno tiene sus propios enfoques”, dijo.

En 2024, la entonces congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso, presentó un proyecto de ley para restablecer la obligatoriedad del servicio militar, con el argumento de que la incorporación de jóvenes a las Fuerzas Armadas contribuiría a alejarlos de la delincuencia.

“Con la restitución del servicio militar obligatorio que plantea mi nuevo proyecto de ley, alejaremos a nuestros jóvenes de la delincuencia, la cual viene impactando actualmente a la población a través de actos de sicariato, extorsión, secuestros, robos, entre otros”, dijo entonces.

Ese mismo año, el distrito limeño de Los Olivos, afectado por problemas de inseguridad ciudadana, también planteó restablecer esta modalidad, según informó la agencia estatal Andina.

En marzo de 2025, el Gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte (2023-2025) anunció que presentaría ante el Congreso una iniciativa para recuperar el servicio militar y policial obligatorio, como parte de un conjunto de medidas contra la criminalidad.

Tras una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), celebrada en el Palacio de Gobierno, el Ejecutivo comunicó que impulsaría la iniciativa legislativa. Entre los acuerdos también figuraba incorporar a la Policía Nacional al personal que hubiera cumplido el servicio militar obligatorio.

Las autoridades reunidas en esa cita acordaron, además, adoptar medidas para regularizar la situación migratoria de los extranjeros indocumentados y establecer acciones multisectoriales para expulsarlos del país en caso de incumplimiento.

Actualmente, los jóvenes de entre 18 y 30 años pueden realizar el servicio militar voluntario en la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea o el Ejército, una modalidad que contempla beneficios y derechos, entre ellos una compensación económica mensual.

Durante la campaña presidencial de 2011, a hoy gobernante Keiko Fujimori negó que su plan de gobierno contemplara restablecer el servicio militar obligatorio, después de que la entonces congresista fujimorista Luisa María Cuculiza defendiera el reclutamiento forzoso.

La entonces candidata sostuvo que se trataba de una propuesta personal de la legisladora y aseguró que sus voceros ya habían aclarado que la medida no formaba parte del programa de Fuerza 2011. Cuculiza había argumentado que el servicio militar ayudaría a los ciudadanos a “querer más a su patria”.

La Comisión de Constitución del Senado de la República propone que la delegación de facultades al Ejecutivo se mantengan únicamente en las materias de seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño, tal como lo aprobó la Cámara de Diputados. Sin embargo, la comisión que preside el senador fujimorista Carlos Mesía plantea incorporar determinados puntos, únicamente sobre las materias que recibieron el visto bueno de la cámara baja.

De acuerdo al predictamen al que accedió Infobae, la Comisión de Constitución propone incorporar al texto de facultades delegadas aprobado por la Cámara de Diputados los siguientes puntos:

• Regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente
• Regular para los casos de delitos de alta peligrosidad, lesividad o pluriofensivos la libertad vigilada postpenitenciaria, así como la creación de su respectivo registro, a fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva
• Regular apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en la seguridad ciudadana
• Establecer criterios para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para lograr sus fines, empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo
• Modificar el Código Penal, a fin de establecer que quien ejercita la legítima defensa goza de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión, la cual admite prueba en contrario, y que toda resolución judicial que la descarte requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, respetando la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público
• Modificar el Decreto Legislativo N. 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia

Cabe precisar que, respecto a la materia de prevención ante el Fenómeno El Niño, la Comisión de Constitución del Senado únicamente propone incorporar un punto. Este es:

• Aprobar medidas de simplificación administrativa vinculadas exclusivamente a la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios, respecto de los procedimientos para obtener autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes; eliminación de superposiciones y liberación de interferencias; utilización de derechos de vía; intervención sobre áreas rehabilitadas o zonas de uso público; estableciendo expresamente los procedimientos sujetos a simplificación y sin exceptuar las obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural que resulten aplicables

Así, el número de materias en las que el Gobierno de Keiko Fujimori podría legislar mediantes decretos legislativos se mantendría en dos (seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño), pero los puntos en los que legislaría pasaría de 20 a 27 puntos.

Sesión

La Comisión de Constitución del Senado sesionará este jueves 15 de agosto desde las 11:00 de la mañana. Ahí se sustentará y debatirá el predictamen presentado.

Según declaró el presidente de la Comisión, senador Carlos Mesía, en esa misma sesión se votará el dictamen y, de ser aprobado, sería visto por el Pleno del Senado el próximo lunes 19 de octubre.

Carlos Mesías, presidente de la Comisión de Constitución e integrante de la bancada de Fuerza Popular en el Senado, descartó la posibilidad de ampliar las facultades legislativas aprobadas en la Cámara de Diputados para volver a incluir las 66 propuestas del Ejecutivo.

En conversación con medios de comunicación desde el Congreso, el senador confirmó que el dictamen será debatido el lunes 19 en el pleno del Senado, la decisión responde al tiempo limitado para revisar el documento.

La comisión dispone de siete días hábiles para emitir el dictamen, un plazo que restringe la incorporación de nuevas materias y obliga a concluir la evaluación dentro del cronograma legislativo. El texto que llegue al pleno incluirá los cambios aprobados por los integrantes del grupo de trabajo.

“Ya no hay tiempo porque el lunes se debate lo que el día de mañana o jueves aprobara la comisión, el dictamen de la comisión con los cambios que hagan los señores miembros de la comisión”, manifestó Mesías.

El pedido de facultades que fue elevado al Senado contempla un total de 20 facultades que fueron aprobadas previamente por la Cámara de Diputados. El presidente de la comisión señaló que no se añadirá ningún tema a esa lista y que el grupo se concentrará en finalizar la revisión.

Senador descarta que se repongan los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo

El senador de senador de Fuerza Popular, Víctor Flores, también descartó restituir las 66 medidas del pedido original de facultades legislativas del Ejecutivo, pese a considerar insuficiente que la Cámara de Diputados haya aprobado solo 20 medidas. El legislador sostuvo que la revisión constitucional permitirá incorporar algunos aspectos, pero sin alterar el texto remitido por los diputados.

En una entrevista con RPP, Flores señaló que dos o tres de las 66 medidas originales no cuentan con su respaldo, aunque defendió la relevancia del resto y afirmó que el Ejecutivo dispone de vías alternativas para impulsar las iniciativas que queden fuera de la delegación, entre ellas proyectos de ley con carácter de urgencia y decretos de urgencia.

“Desde el minuto número uno (Keiko Fujimori) ha empezado a trabajar, a legislar por parte del Ejecutivo, a ejecutar el plan de gobierno Perú con orden, porque con facultades y sin facultades, el plan de gobierno se va a llevar a cabo”, dijo al medio radial.

Víctor Flores reveló que el Senado revisará el proyecto aprobado por Diputados y podría añadir disposiciones, pero negó que esa evaluación implique recuperar las 66 medidas solicitadas inicialmente por el Ejecutivo. El senador afirmó que se pueden incorporar puntos sin desnaturalizar el texto ya aprobado.

“En el Senado tenemos que ceñirnos a lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que tenemos que revisar obligatoriamente. Revisar y posiblemente agregar algunos puntos, pero en los temas que han venido de la Cámara de Diputados sin desnaturalizar, está clarísimo. (...) eso no significa que vamos a reponer los 66 puntos”, sostuvo el senador fujimorista.

Flores explicó que la Constitución obliga al Senado a revisar las iniciativas provenientes de la Cámara de Diputados. Bajo ese criterio, definió el papel de la cámara como “revisora, reflexiva, pensante”.

Al ser consultado sobre una eventual restitución integral del pedido original, el senador respondió: “No, no, de ninguna manera”. Añadió que la posibilidad de sumar puntos debe respetar los límites del proyecto aprobado por Diputados.

Víctor Flores, senador de Fuerza Popular, descartó restituir las 66 medidas del pedido original de facultades legislativas del Ejecutivo, pese a considerar insuficiente que la Cámara de Diputados haya aprobado solo 20 medidas. El legislador sostuvo que la revisión constitucional permitirá incorporar algunos aspectos, pero sin alterar el texto remitido por los diputados.

En una entrevista con RPP, Flores señaló que dos o tres de las 66 medidas originales no cuentan con su respaldo, aunque defendió la relevancia del resto y afirmó que el Ejecutivo dispone de vías alternativas para impulsar las iniciativas que queden fuera de la delegación, entre ellas proyectos de ley con carácter de urgencia y decretos de urgencia.

“Desde el minuto número uno (Keiko Fujimori) ha empezado a trabajar, a legislar por parte del Ejecutivo, a ejecutar el plan de gobierno Perú con orden, porque con facultades y sin facultades, el plan de gobierno se va a llevar a cabo”, dijo al medio radial.

El Senado sumará puntos sin reponer las 66 medidas

Víctor Flores reveló que el Senado revisará el proyecto aprobado por Diputados y podría añadir disposiciones, pero negó que esa evaluación implique recuperar las 66 medidas solicitadas inicialmente por el Ejecutivo. El senador afirmó que se pueden incorporar puntos sin desnaturalizar el texto ya aprobado.

“En el Senado tenemos que ceñirnos a lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que tenemos que revisar obligatoriamente. Revisar y posiblemente agregar algunos puntos, pero en los temas que han venido de la Cámara de Diputados sin desnaturalizar, está clarísimo. (...) eso no significa que vamos a reponer los 66 puntos”, sostuvo el senador fujimorista.

Flores explicó que la Constitución obliga al Senado a revisar las iniciativas provenientes de la Cámara de Diputados. Bajo ese criterio, definió el papel de la cámara como “revisora, reflexiva, pensante”.

Al ser consultado sobre una eventual restitución integral del pedido original, el senador respondió: “No, no, de ninguna manera”. Añadió que la posibilidad de sumar puntos debe respetar los límites del proyecto aprobado por Diputados.

El legislador cuestionó que solo 20 medidas hayan avanzado frente a las 66 propuestas planteadas por el Ejecutivo. “De 66, aprobar solamente 20 significa, pues, un tercio, menos de un tercio. Entonces, lamentablemente, eso es muy pobre”, manifestó.

Comando unificado contra la delincuencia

Durante la entrevista, Flores apoyó la implementación de un comando unificado para enfrentar la inseguridad ciudadana. Según explicó, el objetivo es reunir los instrumentos de inteligencia de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Aviación para evitar que operen de forma desconectada.

El senador, quien dijo haber trabajado en asuntos de seguridad y representar a La Libertad, aludió a la situación de Trujillo. “Trujillo era la Ciudad de la Primavera, la Ciudad de la Marinera, la ciudad de la cultura. Hoy en día no sabemos qué ciudad es”, sostuvo.

Flores también afirmó que el esquema de coordinación se vincula con la pertenencia de Perú al Escudo de las Américas y con su condición de aliado de Estados Unidos sin integrar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El senador fujimorista Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, destacó la apertura al diálogo del senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, en medio de las negociaciones por el pedido de facultades legislativas que el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso peruano. En una entrevista con RPP, el parlamentario de Fuerza Popular también reconoció que no descarta un acercamiento con la bancada Juntos por el Perú antes de la votación final del dictamen, prevista para el próximo jueves 15 de octubre.

Consultado sobre los contactos establecidos con otras bancadas para sumar votos a las modificaciones que el Senado pretende introducir al dictamen, el senador fujimorista puso como ejemplo la postura del líder de Ahora Nación. “El senador López Chau ha demostrado bastante transparencia, capacidad de diálogo, no se ha cerrado a toda posibilidad, ha votado en algunos casos con nosotros”, afirmó Mesía.

Según reconoció el fujimorista, Fuerza Popular mantiene conversaciones con distintas fuerzas políticas para garantizar que las modificaciones al dictamen cuenten con el respaldo necesario en el Pleno del Senado. Los contactos directos hasta el momento, dijo, se concentraron en Renovación Popular, aunque reconoció que la vocera de su partido, Patricia Juárez, explora acercamientos con otras agrupaciones.

¿Y Juntos por el Perú?

Al ser consultado sobre un posible diálogo con Juntos por el Perú, Carlos Mesía no descartó la opción. “Claro, puede ser, incluso Juntos por el Perú. No hay que descartar la posibilidad de que podamos entrar en razón”, sostuvo. Sin embargo, precisó que no existen conversaciones activas con esa bancada en este momento.

El senador insistió en que ninguna bancada por sí sola tiene los votos suficientes para imponer cambios al dictamen. “No tenemos veintidós votos, no podemos imponer nada. Esto no va a ser la aprobación en el Senado de lo que quiera Fuerza Popular, sino de lo que pueda consensuar con las otras fuerzas políticas. No podemos hablar de autoritarismo porque nada va a suceder si es que no tenemos el visto bueno de algunas bancadas”, declaró a RPP.

Las posibles modificaciones

Entre los puntos que la Comisión de Constitución del Senado evaluaría incorporar al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados figuran el fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DINI) y una mayor participación de la Policía y las Fuerzas Armadas en el control de los centros penitenciarios, aspectos que fueron rechazados en la Cámara de Diputados por temor a un uso político de la información de inteligencia.

Carlos Mesía defendió la facultad del Senado para introducir cambios al amparo del artículo 102 de la Constitución peruana. “El Senado puede modificar lo que viene de la Cámara de Diputados. No podemos renunciar a eso”, remarcó. Aseguró que la intención no es desnaturalizar el trabajo de los diputados, sino “perfeccionar y mejorar” el texto original.

Reanudan debate

Este sábado se lleva a cabo una sesión de la Comisión de Constitución donde se presentarán los ministros Ernesto Álvarez (Justicia) y César Astudillo (Interior). Luego, en la sesión del próximo martes, los senadores debatirán la redacción del texto.

“Es que no se sabe (qué es desnaturalizar). Esa es una interpretación que se tiene que hacer del reglamento de la Cámara en el momento en que se analiza lo que viene de Diputados, pero en el marco del debate que tiene lugar en el Senado y en la Comisión”, respondió el senador de Fuerza Popular. Ante la repregunta, Mesía fue más escueto: “No lo sé”. Cuando se le preguntó entonces quién define el concepto, contestó por segunda vez que no lo sabía.

Al consultarsele qué instancia definirá una desnaturalización de un dictamen de la Cámara de Diputados, el senador fujimorista afirmó que “hay dos tipos de interpretación: la interpretación política y la interpretación jurídica. Eso lo decide el pleno del Senado”.

Ante la falta de una respuesta concreta, un periodista le indicó a Carlos Mesía que sería una contradicción que implica una desnaturalización cuando es presidente de la Comisión de Constitución. “No sé qué es naturalizar, porque yo no puedo hablar en abstracto, sino en concreto. En lo concreto, voy a ver si significa una terrificación de la buena intención que ha tenido la Cámara de Diputados”, dijo.

El senador sí abrió la puerta a una ampliación e incorporación de otras materias al texto: “Si es que las medidas que han sido aprobadas en la Cámara de Diputados necesitan un complemento, ¿por qué no? Pero no significa eso que vamos a desnaturalizar las materias. Que nosotros vamos a ver lo que es bueno para el país”.

Carlos Mesía remarcó que hizo énfasis en que la revisión del dictamen no corresponde únicamente a Fuerza Popular, sino que involucrará a las demás bancadas representadas en el Senado. “Lo que yo sí creo es que el Senado tiene algo que decir. No solo Fuerza Popular, sino también Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular. Y creo que lo que ellos puedan aportar en la Cámara de Senadores va a ser sumamente valioso”, sostuvo.

Facultades parciales

La Cámara de Diputados aprobó el martes, con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días calendario, acotada a dos materias: seguridad ciudadana y atención ante el fenómeno de El Niño. El dictamen final reúne veinte ítems distribuidos en esos dos ejes, entre ellos la posibilidad de legislar sobre control migratorio, geolocalización, bloqueo de celulares y fiscalización de armas y explosivos, además de la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil durante los primeros quince días de una emergencia.

Al inicio de sus declaraciones, Carlos Mesía había sostenido que su bancada sería respetuosa de lo aprobado por los diputados: “Ahora que han acabado los chantajes, podemos decir con toda tranquilidad al país y a la Cámara de Diputados que vamos a ser respetuosos de lo que viene de la Cámara de Diputados. No vamos a desnaturalizar, vamos a construir país, vamos a perfeccionar, vamos a agregar lo que pensamos que es bueno y sacaremos lo que está mal”.

Una iniciativa legislativa presentada por el diputado Diethell Columbus (Fuerza Popular) propone que las farmacias de clínicas privadas empleen como referencia los precios de mercado publicados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) al calcular descuentos, coberturas, copagos y coaseguros. El proyecto busca evitar que los pacientes paguen montos elevados pese a contar con un seguro privado.

El PL 00184-2026-2031-CD incorpora el artículo 28-B a la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, para obligar a informar al usuario cuál es el precio base del medicamento, de dónde proviene esa cifra, qué descuento recibió, cuánto cubre su seguro y cuál es el monto final que debe pagar.

Aunque el proyecto no fija un precio máximo de venta para los medicamentos, en la práctica introduce una regulación (control de precios) sobre la base de cálculo que determina el copago, el coaseguro y la cobertura del seguro.

La propuesta apunta a transparentar el precio que paga el paciente

El texto dispone que el precio utilizado como base para esos cálculos corresponda al valor referencial de mercado que publique Digemid para el mismo medicamento, laboratorio, concentración, forma farmacéutica y presentación.

Según Columbus, la medida busca corregir una diferencia entre los precios de medicamentos que se venden en las clínicas y los valores que se encuentran en farmacias y boticas externas.

“Lo que se busca es corregir lo que técnicamente se llama una asimetría en el tema de los precios de los medicamentos que encontramos en las farmacias de las clínicas versus lo que encontramos en cualquier botica de la calle”, afirmó.

FP cuestiona uso de catálogos privados como referencia única

La iniciativa establece que los precios públicos sugeridos, catálogos o publicaciones privadas que no se sustenten en transacciones efectivamente reportadas no podrán utilizarse como referencia principal o única para definir el precio base de un medicamento.

Esos documentos podrían utilizarse como fuente complementaria. En ese caso, la farmacia deberá mostrar de forma simultánea el precio de base, la fuente consultada, la mediana de precios de mercado difundida por Digemid, la diferencia porcentual entre ambos valores y el cobro final para el asegurado.

La exposición de motivos cita un reporte del Indecopi de 2021. El documento revisó 213 contratos entre instituciones prestadoras de servicios de salud y entidades administradoras de fondos de aseguramiento en salud, y concluyó que el 88,3% utilizaba el precio público sugerido de Kairos como referencia.

Columbus sostuvo que las observaciones sobre este mecanismo también figuran en documentos de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). “Las clínicas y sus farmacias estructuran el precio que le trasladan al consumidor”, señaló.

El documento incluye brechas de hasta 14,7 veces frente al mercado

El proyecto incorpora un análisis de 100 medicamentos realizado en 2026. Tras descartar productos sin precios comparables o con presentaciones que no coincidían, el estudio consideró válidas 93 observaciones.

En 87 de los 93 casos, el precio promedio de mercado estuvo más de 5% por debajo de la mediana del precio público sugerido. La diferencia mediana entre el mercado y ese referente fue de -57,1%, según la exposición de motivos.

Entre los casos citados figura la ceftriaxona de un gramo en polvo inyectable. El documento calcula un precio de mercado de S/ 10,83, frente a un precio sugerido mediano de S/ 158,88, una diferencia de 14,7 veces. Para el ondansetrón de ocho miligramos por cuatro mililitros, la comparación fue de S/ 4,95 frente a S/ 71,40, equivalente a 14,4 veces.

La iniciativa aclara que estas diferencias no prueban que todas las clínicas cobren esos valores ni que cualquier precio superior al de una botica sea indebido. Las clínicas pueden afrontar costos de disponibilidad permanente, almacenamiento, cadena de frío, trazabilidad y atención hospitalaria.

Los usuarios podrían comprar fuera de la clínica en atenciones ambulatorias

Finalmente, el proyecto reconoce el derecho del paciente a adquirir medicamentos en una farmacia distinta a la del establecimiento privado donde recibió la consulta o atención ambulatoria. La clínica tendría la obligación de informar sobre esa alternativa.

La disposición contempla excepciones para hospitalizaciones, emergencias y procedimientos médicos, donde podrían aplicarse restricciones justificadas por criterios clínicos, sanitarios o de seguridad.

Susalud supervisaría las obligaciones vinculadas con las clínicas y aseguradoras, mientras que la autoridad farmacéutica fiscalizaría a los establecimientos y el reporte de precios. De aprobarse la ley, las entidades privadas tendrían 90 días calendario para adecuar sus sistemas y contratos.

Con todos los votos emitidos por los ciudadanos en todo el Perú durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, algunos de los partidos políticos de alcance nacional que participaron en las Elecciones Generales han “desaparecido” del mapa político pues no lograron una presencia significativa de autoridades a nivel regional, provincial o distrital.

Hasta el momento solo se ha confirmado la elección de 10 gobernadores regionales, 182 alcaldes provinciales y 1,560 alcaldes distritales y la presencia del partido de gobierno, Fuerza Popular, solo se ha limitado a obtener 3 alcaldías provinciales y 31 alcaldes distritales, una cantidad equivalente a menos del 2 % de las circunscripciones.

Incluso Juntos por el Perú, partido que impulsó a Roberto Sánchez a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales este año, no pudo obtener una presencia significativa en autoridades regionales y locales. De hecho, sus resultados hasta el momento son similares a los del partido fujimorista, incluso cuando presentó candidaturas con alianzas. Solo 6 alcaldías provinciales y 42 distritales a nivel nacional.

Los partidos tradicionales como Acción Popular y el Partido Aprista Peruano también tienen una presencia extremadamente reducida, aunque el partido de la lampa corrió con mejor suerte, con 6 alcaldías provinciales y 87 distritales. El partido de la estrella, sin embargo, solo consiguió ubicar a dos alcaldes provinciales y 8 distritales.

En el caso del Partido Popular Cristiano (PPC), su presencia se redujo hasta alcanzar únicamente 3 alcaldías distritales, solo una más que Perú Libre, que obtuvo apenas 2 alcaldías distritales en este proceso a pesar de haber impulsado al expresidente Pedro Castillo a Palacio de Gobierno en el año 2021 y haber obtenido representación en el Congreso en el periodo parlamentario anterior.

Segunda vuelta en regiones

Hasta la publicación de esta nota, los únicos partidos políticos que tienen confirmada su representación en gobiernos regionales son:

• Partido Democrático Somos Perú - 2
• Ahora Nación - 2
• Alianza Para el Progreso - 1
• Renovación Popular - 1
• Partido País Para Todos - 1
• Avanza País - 1
• Libertad Popular - 1
• Alianza Electoral Venceremos - 1

Sin embargo, aún queda pendiente que declare un ganador en la región Amazonas, que sigue en disputa entre el candidato de Somos Perú, Amílcar Díaz Mendoza; y el del Movimiento Regional Amazonense Unidos Al Campo, Segundo Hernández Vásquez.

En el caso de las otras 14 regiones pendientes, estas deberán pasar por un proceso de segunda vuelta entre los dos candidatos más votados pues ninguno de sus candidatos logró superar el 30 % de votos necesarios para ser declarados como ganadores de sus respectivas circunscripciones.

Con este escenario, la presencia de organizaciones políticas aumenta. Somos Perú podría sumar 7 gobernaciones; Ahora Nación tiene la posibilidad de ganar presencia en 3 regiones, mientras que Alianza Para el Progreso puede sumar otras 6 y Renovación Popular puede aumentar sus representantes regionales a dos en total.

Entre los partidos que no tienen una autoridad regional electa, pero podrían sumar alguna, se encuentran: Podemos Perú, Acción Popular, Juntos por el Perú, Fuerza Popular, Partido Frente de la Esperanza 2021; y Fe en el Perú.

El partido oficialista Fuerza Popular que lidera la presidenta Keiko Fujimori fracasó rotundamente en Lima Metropolitana debido a que ninguno de los candidatos a alcalde que presentó en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 resultó electo.

El fujimorismo presentó como candidato para la alcaldía metropolitana a Samuel Daza, quien protagonizó un enfrentamiento con Rafael López Aliaga en las últimas semanas de la campaña. Además, Fuerza Popular presentó candidaturas en 17 de 43 distritos.

Esta es la lista completa de candidatos del partido oficialista en Lima Metropolitana:

1. Samuel Daza - Lima Metropolitana
2. Lauro Cristóbal Muñoz Soldevilla - Ancón
3. Henrry Giscard de la Cruz Arana - Breña
4. Belica Julia Bravo Alcántara - Carabayllo
5. María del Rosario Neyra Onofre - Chorrillos
6. Samuel Horacio Guerrero Castillo - Comas
7. Félix Mario Ventura Rivera - El Agustino
8. María Elena Ríos Suárez - Independencia
9. Roberto Antonio Aymar Silva - Jesús María
10. Martín Jorge Luis Guevara Martínez - La Victoria
11. Otilia Merino García - Lince
12. Julián Ramos Méndez - Los Olivos
13. Javier Arturo Baca Condore (candidato a primer regidor) - Lurín
14. Luis Martín Koc Lem Moya - Pucusana
15. Luis Felipe Moreno Torres - Punta Hermosa
16. Anatoly Renán Bedriñana Córdova - San Juan de Miraflores
17. Ricardo Gil Espadín - Villa El Salvador
18. Carlos Walter Mejía Escajadillo - Villa María del Triunfo

De acuerdo con el boca de urna de Datum para América Televisión, ninguno de los 18 candidatos fujimoristas resultó electo, siendo que en varios casos ni siquiera figuran dentro de los 4 postulantes más votados del distrito.

Así quedaron los distritos donde Fuerza Popular presentó candidatos

Lima Metropolitana

1. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) - 31,2%
2. Francis Allison (Avanza País) - 25,2%
3. Carlos Bruce (Somos Perú) - 15,9%
4. Daniel Urresti (Podemos Perú) - 8,7%

Ancón

1. Pablo Ramos (Renovación Popular) - 28,9%
2. Felipe Arakaki (Podemos) - 24,9%
3. Lauro Muñoz (Fuerza Popular) - 21,3%
4. Víctor Medina (Progresemos) - 12,4%

Breña

1. Isabel Rodríguez (Renovación Popular) - 24,2%
2. Iván Chang (Avanza País) - 21,9%
3. Rommel Carbajal (Fe en el Perú) - 12,8%
4. Luis Ojeda (Somos Perú) - 11,7%

Carabayllo

1. Nandy Córdova (Renovación Popular) - 28,9%
2. Juan Espinoza (Avanza País) - 23,5%
3. Rosario Peláez (Somos Perú) - 10,6%
4. Wilmer Valverde (Podemos) - 8,7%

Chorrillos

1. Roberto Pizarro (Renovación Popular) - 29,2%
2. Ricardo Vásquez (Somos Perú) - 17,0%
3. Richard Cortez (Avanza País) - 13,0%
4. Henry Herrera (Alianza para el Progreso) - 11,2%

Comas

1. Jean Pool Granados (Renovación Popular) - 28,6%
2. Raúl Díaz (Avanza País) - 22,1%
3. Mónica Acuña (Podemos Perú) - 14,3%
4. Yuriko Niño de Guzmán (Somos Perú) - 9,2%

El Agustino

1. Richard Soria, primer regidor (Podemos Perú) - 39,4%
2. Víctor Salcedo (Alianza para el Progreso) - 17,8%
3. Irellis Muchaypiña (Avanza País) - 11,9%
4. Carmen Castillo (Renovación Popular) - 9,9%

Independencia

1. Alfredo Reynaga, primer regidor (Somos Perú) - 25,5%
2. Benigno Calderón (Renovación Popular) - 24,2%
3. Gregorio Quispe (Podemos Perú) - 16,9%
4. José Espejo (Ahora Nación) - 6,3%

Jesús María

1. Luiz Reátegui (Somos Perú) - 31,9%
2. Enrique Ocrospoma (Avanza País) - 24,8%
3. Daniel Li (Renovación Popular) - 21,8%
4. Jorge Quintana (Acción Popular) - 8,8%

La Victoria

1. Alberto Moreno (Somos Perú) - 27,6%
2. Susana Saldaña (Renovación Popular) - 27,3%

Lince

1. José Aliaga (Somos Perú) - 28,3%
2. Mirtha Uribe (Renovación Popular) - 27,4%

Los Olivos

1. Felipe Castillo A. (Avanza País) - 26,2%
2. Luis Milla (Renovación Popular) - 24,3%
3. Erick Melchor (Somos Perú) - 15,9%
4. Felipe Castillo O., primer regidor (Podemos Perú) - 13,3%

Lurín

1. Rosa Torrejón (Renovación Popular) - 35,1%
2. Juan Marticorena, primer regidor (Alianza para el Progreso) - 21,8%
3. Bernardo Silva (Somos Perú) - 20,1%

Miraflores (mencionado por contexto)

1. Jorge Muñoz (Avanza País) - 39,9%
2. Amílcar Cantella (Renovación Popular) - 36,6%
3. Alex Von Ehren (Somos Perú) - 15,5%

San Juan de Miraflores

1. Luis Mendieta (Alianza para el Progreso) - 22,6%
2. Edgar Mejía (Frente de la Esperanza 2021) - 22,3%
3. Mabel Leandro (Renovación Popular) - 21,0%
4. Eloy Chávez (Somos Perú) - 10,9%

Villa El Salvador

1. Marcelino Huamán (Alianza para el Progreso) 28,5%
2. Kevin Yñigo (Somos Perú) 24,2%
3. Luis Mozo (Avanza País) 18,9%
4. Alberto Peralta (Renovación Popular) 9,6%

Villa María del Triunfo

1. David Morales (Avanza País) - 27,4%
2. Robert Ludeña (Renovación Popular) 24,6%
3. Guido Iñigo (Somos Perú) 23,8%
4. Carlos Hinostroza (Podemos Perú) 6,1%

Datum aún no ha dado información sobre boca de urna en Pucusana y Punta Hermosa; sin embargo, dada la tendencia en los otros distritos, los candidatos de Fuerza Popular tampoco lograrían imponerse.

“Yo creo que no va a quedar dudas de que desde Fuerza Popular en el pleno vamos a tratar de que los puntos que han sido retirados los puedan incorporar. Eso es evidente”, afirmó el legislador en entrevista con Epicentro TV.

La comisión aprobó un texto sustitutorio que reduce de ocho a dos las materias sobre las que el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, podrá legislar mediante decretos: seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. El documento, impulsado por las bancadas de Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación, fijó además un plazo de 90 días, inferior a los 120 que solicitaba el Ejecutivo. El dictamen será debatido en el pleno de la Cámara Baja el próximo martes 7 de octubre.

Alegría cuestionó el manejo del debate en la comisión y planteó que los 19 puntos contemplados en el dictamen resultan insuficientes. “Creo que para salir del impase en la comisión, que creemos que ha manejado terriblemente todo el debate, hay que salir de este espacio y vayamos finalmente al debate en el pleno”, sostuvo.

El vocero atribuyó la reducción del pedido original a una posición que, según dijo, fue impulsada por el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, junto al excandidato Roberto Sánchez. Según el fujimorista, esa postura “les va a costar políticamente” a los diputados de esa bancada, a pesar de que, afirmó, buena parte de sus integrantes respalda en privado el otorgamiento de facultades al Ejecutivo.

Niega acuerdos con Renovación Popular

Consultado sobre si Fuerza Popular había pactado con Renovación Popular la reincorporación de puntos específicos, como la sustitución del término “organizaciones terroristas” por “organizaciones hostiles”, el diputado Arturo Alegría lo negó. “No, no hemos llegado a acuerdos”, respondió, y precisó que su bancada aún no mantuvo conversaciones formales sobre el tema con esa agrupación.

El dictamen aprobado en comisión ya había eliminado, dentro del capítulo de seguridad, la posibilidad de declarar a las bandas criminales como organizaciones terroristas y el pedido de participación de las Fuerzas Armadas, dos puntos que Alegría mencionó entre los que su bancada buscará reinstalar en el debate del pleno, junto con medidas vinculadas al control de los penales.

Fuerza Popular descarta algunos puntos

A pesar de que el vocero indicó que se buscará reincorporar algunos puntos, reconoció que en otros no. Explicó que no insistirán en materias económicas, como la eliminación de topes a las tasas de interés, ni en cambios al régimen laboral privado o en temas ambientales y pesqueros, porque anticipó que ese tipo de propuestas “llegaría a un punto muerto” en la negociación.

En cambio, señaló que existen puntos de simplificación administrativa que fueron retirados del texto pese a contar, según él, con consenso técnico entre las bancadas. Como la posibilidad de otorgar subsidios inmediatos a agricultores que perdieron hectáreas de cultivo.

El diputado César Revilla, de Fuerza Popular, admitió que la bancada oficialista flexibilizará su respaldo al pedido original de delegación de facultades legislativas enviado por el Ejecutivo al Congreso, que contempla 66 materias.

“Si es que en la mayoría del Parlamento, el 80% del Parlamento dice, hasta nuestros aliados de Renovación Popular nos dicen, oye, nosotros no vamos con 66 ítems, queremos aprobar 55, 50, tenemos que entender que ese es el consenso”, afirmó Revilla en entrevista con Canal N.

Pese a esa apertura a negociar el número final de materias, Revilla sostuvo que Fuerza Popular mantiene como posición de base el texto original remitido por el Ejecutivo y que cualquier recorte responderá a la dinámica propia del debate parlamentario, no a una decisión unilateral de su bancada. “El Congreso de la República es un tema de consenso, no es un tema de lo que yo quiero, pero obviamente tampoco es el extremo de decir: ‘No, no va a pasar nada’. Entonces, apoyaremos el consenso y trataremos de que sea la mayor cantidad posible”, explicó.

El diputado reconoció, por ejemplo, que existe consenso entre todas las bancadas para excluir del paquete las materias ambientales, pese a que su sector hubiera preferido incluirlas, y rechazó las críticas que, según dijo, vinculan la propuesta con un recorte de derechos laborales.

“Todas las bancadas han quedado en que no desean ver, por ejemplo, temas ambientales. No se va a insistir, pero nosotros quisiéramos que se vean, porque no es nada de lo que están mencionando. Lo que se quiere es poder ayudar a las mype a formalizarse, a ayudar al empleo formal”, afirmó.

Cuarto intermedio

Según relató el diputado fujimorista, la presidenta de la Comisión de Constitución, Gianina Avendaño, evitó someter a votación un informe con dictamen negativo sobre el pedido de facultades, una maniobra que, a su juicio, respondió al interés de un sector de oposición por bloquear por completo el debate. “Lo que ha pasado ayer es una muestra de que la presidenta de la Comisión de Constitución quería pelear con todo el mundo y quería cerrar las puertas al país. La delegación de facultades no ayuda a Keiko Fujimori, ayuda al país, es lo que tiene que tener claro”, afirmó.

Revilla atribuyó esa postura a un sector que calificó como “más radical” dentro de Juntos por el Perú, al que vinculó con el exministro Roberto Sánchez, aunque aclaró que no todos los integrantes de esa bancada actuaron de la misma manera. “Yo creo que hay una parte, porque inclusive hemos tenido en algunas comisiones integrantes de Juntos por el Perú que han votado a favor de las facultades. Hemos tenido en algunas mociones de interpelación integrantes de Juntos por el Perú que han retirado su firma. No todos están en esta opción de irse en contra de todo”, sostuvo.

Tras ese episodio, la comisión pasó a un cuarto intermedio con el objetivo de evaluar la incorporación de los textos sustitutorios presentados por las bancadas. El legislador recordó que Buen Gobierno, Renovación Popular y Obras ya habían elaborado propuestas alternativas, y que la comisión retomará el debate hoy día a las 2 de la tarde.

La bancada de Fuerza Popular presentó este martes una moción para censurar a la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), a quien atribuye una “falta de transparencia” y un “deficiente manejo” de la Mesa Directiva del grupo parlamentario.

La iniciativa fue presentada por el diputado fujimorista Jaime Abensur y respaldada por sus colegas Pier Figari, Marco Pacheco y Arturo Alegría, durante la sesión en la que la comisión debate el predictamen relacionado con la solicitud del Ejecutivo para recibir facultades legislativas en 66 materias por un plazo de 120 días.

Según el documento, la conducción de Avendaño habría afectado la programación de las sesiones y el “oportuno tratamiento” de los asuntos que corresponden a la comisión.

“La falta de transparencia de la señora Giannina Iris Avendaño Vilca en la conducción de la presidencia de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, se ha visto reflejada en el deficiente manejo de la Mesa Directiva”, señala el documento.

Los parlamentarios de Fuerza Popular sustentan su pedido en los principios de transparencia y responsabilidad ética contemplados en el Reglamento de la Cámara Baja.

Abensur ya había cuestionado la decisión de la legisladora de postergar el debate del predictamen y reclamado el cumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento.

Durante la sesión de este martes, Avendaño cuestionó la procedencia de la iniciativa y sostuvo que el pedido de censura no correspondía. Después de más de una hora de debate e intercambios entre los integrantes del grupo de trabajo, anunció que no admitiría la moción presentada en su contra.

En paralero, el jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado, Roberto Sánchez, pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, que dé un paso al costado si pretende “amenazar al país” o al sistema democrático, en respuesta a sus declaraciones sobre el rechazo a la solicitud de facultades.

“Si el señor quiere amenazar al país, amenazar el sistema democrático con sus momentos fugaces de emociones, entonces que dé un paso al costado y que diga: ‘No soy capaz y me voy’”, declaró el excandidato presidencial al ser consultado sobre si las palabras del primer ministro constituían un “ultimátum” al Parlamento.

Sánchez sostuvo que esa sería “la postura correcta” si Galarreta no está dispuesto a asumir la responsabilidad que implica ejercer la presidencia del Consejo de Ministros. “Rechazamos todo tipo de acción totalitaria, violentista”, respondió posteriormente, cuando fue consultado sobre una eventual intención de disolver la Cámara Baja.

Durante un acto oficial en el que se anunció el incremento de la remuneración mínima vital a partir de octubre, Galarreta defendió la gestión de su gabinete durante sus primeros 60 días y afirmó que en ese periodo se han “destrabado” obras de saneamiento, transporte y agricultura, además de incrementarse los operativos policiales y las intervenciones en los penales considerados de máxima seguridad.

También aprovechó la ocasión para pedir a las bancadas parlamentarias respaldar las facultades solicitadas por el Gobierno y cuestionó el dictamen que plantea rechazarlas. “Más allá de los extremos y los radicales que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades, yo creo que hay bancadas que van a estar a la altura”, señaló.

El pedido de remoción contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se encuentro estancado en este momento tras la sesión de la Junta de Portavoces del Senado de la República de hoy martes 29 de setiembre.

La senadora Ruth Luque informó que en la sesión el presidente del Senado, el fujimorista Miguel Torres, sometió a votación el pedido “lo cual es inadecuado porque el inciso b) del Reglamento es claro: el presidente del Senado informa y remite a la Comisión de Procedimientos Especiales”.

“La votación excede la facultad establecida en el propio reglamento. No corresponde. Es inaceptable que Fuerza Popular y Renovación Popular busquen distorsionar lo establecido en el reglamento”, manifestó Luque en su cuenta de X.

Efectivamente, de acuerdo con inciso b) del artículo 204 del Reglamento del Senado establece que, una vez presentada la denuncia, “el presidente del Senado convoca a sesión de la Junta de Portavoces en un plazo máximo de tres días hábiles, para informar sobre la denuncia presentada y acordar su remisión a la Comisión de Procedimientos Especiales”. En ninguna parte se hace mención a un debate y/o votación.

Según pudo conocer Infobae, la votación quedó 30 votos a favor contra 30 votos en contra. Los votos en contra de tramitar el pedido de remoción de Josué Gutiérrez vinieron de Fuerza Popular y Renovación Popular. Debido a que se produjo un empate, se volverá a tratar el tema en una próxima sesión de la Junta de Portavoces.

Hasta que no se remita la denuncia a la Comisión de Procedimientos Especiales, no se dará inicio al proceso de remoción.

¿Por qué se pide la remoción de Josué Gutiérrez?

Cuatro bancadas del Senado —Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras— presentaron el 21 de septiembre una solicitud de remoción contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por “falta grave” en el ejercicio de su cargo.

El pedido se sustenta en dos hechos principales:

• Declaraciones sobre una eventual disolución del Congreso El 27 de agosto, Gutiérrez sostuvo que la presidenta Keiko Fujimori podría aumentar su popularidad entre 20 y 30 puntos porcentuales si decidía cerrar el Congreso bicameral, lo que aceleraría reformas pendientes. Los legisladores consideran que esas declaraciones constituyen “un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes” y resultan incompatibles con las funciones de un organismo constitucional autónomo encargado de proteger los derechos fundamentales y supervisar a la administración pública.
• Presuntas irregularidades en contrataciones de personal La solicitud también invoca un informe de la Contraloría General de la República, difundido por el programa Cuarto Poder el 6 de septiembre, según el cual varias personas sin experiencia en el sector público accedieron a contratos y puestos en planilla tras reunirse directamente con Gutiérrez. El reportaje señala que también se habrían modificado registros de tiempo de servicio para beneficiar a otras personas en cargos altos.

Una vez que el caso llegue a la Comisión de Procedimientos Especiales, este grupo dispondrá de 30 días hábiles para investigar y emitir un informe antes de que el pleno vote. Para destituirlo se requieren 40 de los 60 votos del Senado (dos tercios). Las cuatro bancadas que impulsan la moción suman 30 votos, por lo que necesitan al menos 10 adhesiones de Fuerza Popular o Renovación Popular.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, negó este martes que el enfrentamiento con el candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, haya provocado una ruptura entre ambas organizaciones y calificó a su rival de “un accidente, un hipo”, en medio de la polémica por los mensajes que intercambiaron antes del último debate televisado.

“No (es un quiebre), eso es una teoría suya”, respondió López Aliaga al periodista Fernando Llanos al restar importancia al conflicto con el candidato fujimorista. “¿Pero qué tiene que ver Samuel Daza? Samuel Daza es un accidente, un hipo”, añadió.

López Aliaga sostuvo que había intentado conversar con Daza porque existen “temas conjuntos” relacionados con Ancón. Recordó que su bisabuelo fue alcalde de ese distrito y señaló que durante su gestión en la Municipalidad de Lima (MML) se recuperaron terrenos municipales destinados al proyecto de la denominada Ciudad Bicentenario.

“Mi política ha sido no responderle para nada”, afirmó. La polémica se originó por una serie de mensajes que López Aliaga envió a Daza horas antes del debate municipal, en los que le pidió que le anticipara si pensaba atacarlo y le advirtió que podía perjudicar a Fuerza Popular. “Si vas a atacar dímelo”, le pidió en uno de los chats.

Durante la entrevista, Llanos consultó si esa advertencia significaba que un ataque de Daza podía poner en riesgo el pacto entre Renovación Popular y Fuerza Popular en el Congreso bicameral. “No, señor. Le acabo de decir que no. No se pueden mezclar las cosas”, respondió.

El líder de Renovación Popular defendió la necesidad de mantener la coordinación parlamentaria y sostuvo que la situación política del país obliga a separar las diferencias entre candidatos de los acuerdos institucionales.

“Yo no soy loco, hermano. Está aquí en juego la gobernabilidad del país, que es muy inestable”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el reciente viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Washington para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya autorización, según afirmó, contó con el respaldo “determinante” de Renovación Popular en el Senado. “Yo felicito a la señora Fujimori, el discurso me parece excelente. Lo suscribo al cien por ciento”, manifestó.

“No puedo mezclar los caprichos de un loquito, como este señor de Ancón, con lo que es la política nacional”, siguió.

Daza presentó este miércoles una denuncia ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, promovido por el el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debido a las comunicaciones que, según dijo, buscaban condicionarlo para evitar que lo cuestionara públicamente.

“Hay un acto de supremacía. ‘Oye amiguito, si me vas a atacar, yo tengo a la mano a una bancada que le puedo hacer daño a tu partido, al Ejecutivo’ es lo que realmente dice en el chat, si lo lee”, dijo al diario Perú21.

En ese sentido, calificó el intercambio como “una coacción directa y un chantaje político para no poder expresar libremente nuestras ideas” y sostuvo que corresponderá al organismo electoral evaluar el contenido de las comunicaciones.

La segunda jornada del debate municipal por Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tuvo uno de sus cruces más tensos entre Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular, y Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular. El intercambio estuvo marcado por cuestionamientos sobre la gestión municipal, la atención a las zonas periféricas y los integrantes de las listas de candidatos. El encuentro se realizó este martes 22 de septiembre en la Biblioteca Nacional del Perú.

Durante el debate, Daza cuestionó a López Aliaga por asuntos vinculados a la seguridad y a su gestión al frente de la Municipalidad de Lima, mientras que el representante de Renovación Popular respondió defendiendo sus acciones y planteando propuestas para ampliar los recursos destinados a la capital. Ambos también protagonizaron un intercambio sobre la atención a los sectores con menos recursos.

Samuel Daza cuestiona a López Aliaga por candidatos de Renovación Popular

Uno de los momentos de mayor confrontación ocurrió cuando Samuel Daza cuestionó a Rafael López Aliaga por una información sobre integrantes de la lista de Renovación Popular. “Rafael, realmente admiro la capacidad que tienes para mentir”, sostuvo el candidato de Fuerza Popular antes de preguntarle si su organización llevaba “ciento diez candidatos sentenciados o con antecedentes por violación, homicidio y narcotráfico”.

López Aliaga respondió que el sistema del Jurado Nacional de Elecciones les había presentado la lista sin esos antecedentes y señaló que, posteriormente, había decidido suspender la militancia de las 110 personas mencionadas. El representante de Renovación Popular indicó que continuaría con sus propuestas para Lima y mencionó proyectos como escaleras, losas deportivas y la entrega de agua de emergencia.

Daza replicó que los candidatos cuestionados continuaban en carrera y sostuvo: “Rafael, no te metas con mi partido. Tus candidatos siguen en carrera, por si acaso, así que próximamente podríamos tener un alcalde violador, un asesino, traficante”. También cuestionó anteriores declaraciones de López Aliaga sobre su participación política y afirmó: “Nos dijiste: ‘Lima, potencia mundial’, y somos Lima, potencia de tráfico”.

Cruce por la atención a los sectores periféricos

En otro momento del debate, López Aliaga cuestionó a Daza por las propuestas que había presentado y preguntó qué plantearía para incrementar los ingresos de Lima mediante recursos propios y canon aduanero. El representante de Renovación Popular sostuvo que su gestión se había preocupado por llevar alimentos a ollas comunes, comedores populares y vasos de leche.

Daza respondió que los recursos deberían provenir de una mayor participación del Gobierno nacional y mencionó proyectos de transporte que, según planteó, beneficiarían a distintos sectores de la capital. En ese contexto, volvió a cuestionar la atención que, según su versión, recibió la llamada “Lima invisible”, expresión con la que se refirió a zonas periféricas y de menores ingresos.

El candidato de Fuerza Popular recordó además su relación previa con López Aliaga cuando ambos participaron en actividades municipales. Afirmó que esperaba recibir apoyo durante su etapa como alcalde y aseguró que los sectores de Carabayllo, Independencia, Chosica, Ñaña y otros lugares no habían recibido la atención que necesitaban.

Daza acusa abandono y López Aliaga defiende su gestión

Durante la réplica, Daza sostuvo que López Aliaga había concentrado recursos en determinados distritos y afirmó que otras zonas de Lima quedaron relegadas. Como ejemplo, mencionó la plaza central de Ancón y aseguró que el entonces alcalde le había prometido recursos que finalmente no llegaron.

López Aliaga, por su parte, defendió su gestión y señaló que buscaba duplicar los ingresos municipales mediante recursos propios y canon aduanero. También planteó continuar con obras en zonas emergentes de Lima y sostuvo que su propuesta incluía agua de emergencia para toda la ciudad.

El intercambio terminó con nuevas referencias a la seguridad, la gestión municipal y la situación de Lima. La segunda jornada reunió a 13 representantes de organizaciones políticas y se desarrolló bajo una dinámica que incluyó presentación de propuestas, cruces entre candidatos, preguntas ciudadanas y mensajes finales. El JNE estableció que el proceso electoral municipal se realizará el 4 de octubre.

Samuel Daza Taype, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, utilizó parte de su presentación durante el debate municipal de este martes 22 de septiembre para interpretar algunos versos de “Soy Provinciano”, conocida canción de Lorenzo Palacios Quispe, Chacalón. El postulante vinculó la letra con la historia de sus padres y con las dificultades que, según señaló, afrontan sectores de la capital.

Antes de desarrollar su mensaje sobre transporte y su experiencia profesional, Daza recordó que su familia llegó a Lima desde Huánuco y Huancavelica y que se instaló en la tercera zona de Collique. Su intervención también estuvo marcada por una referencia a las carencias que, desde su perspectiva, persisten en distintos barrios de la ciudad.

Daza abrió su intervención con una canción de Chacalón

“Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos, ay, ay, ay, ay, a trabajar”, cantó Daza al inicio de su participación. Luego de esos versos, trasladó el contenido de la canción a su propia historia familiar y sostuvo que sus padres arribaron a Lima durante los años sesenta.

El candidato contó que su padre llegó desde Huánuco, específicamente desde Yate, mientras que su madre procedía de Huancavelica. Ambos, explicó, llegaron buscando oportunidades y terminaron en la tercera zona de Collique. Daza utilizó ese relato para referirse a una población que, según su planteamiento, continúa esperando mejoras en sus condiciones de vida.

“Somos esa Lima invisible que nadie ve”

Tras recordar sus orígenes familiares, Daza cuestionó las condiciones que encontró en los sectores populares de la capital. Mencionó la informalidad, la falta de parques en distintos puntos y las carencias que afectan a los vecinos, para luego afirmar: “Somos esa Lima invisible que nadie ve”.

El postulante de Fuerza Popular sostuvo que esas dificultades explican parte de su decisión de participar en la contienda municipal. “Esos sueños nunca llegan porque los que menos tenemos siempre hemos sido ignorados”, afirmó durante su presentación. Su discurso estuvo centrado en la situación de quienes, según dijo, no han recibido respuestas suficientes a sus necesidades.

Su experiencia profesional y propuesta sobre el transporte

Daza también dedicó parte de su tiempo a presentar su trayectoria académica. Se identificó como ingeniero de transportes y señaló que cursó estudios de maestría en esta especialidad en instituciones de España y Perú. Entre ellas mencionó la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica Pablo de Olavide, además de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Antonio Orego de Trujillo.

El candidato sostuvo que su formación le permite plantear soluciones para uno de los principales problemas de Lima: el tráfico. “Soy experto en transportes y tengo la solución para el problema del tráfico”, manifestó durante el debate. También indicó que es padre de Valentino, de 14 años, y de Luciana, y vinculó su participación electoral con la expectativa de que la ciudad experimente cambios.

Segunda jornada reunió a 13 candidatos

La intervención de Daza ocurrió durante la segunda jornada del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El organismo electoral programó para este martes la participación de otros 13 postulantes a la Alcaldía de Lima, después de una primera jornada realizada el lunes 21 de septiembre.

El encuentro se desarrolla en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, y contempla bloques de presentación, interacción entre candidatos, preguntas ciudadanas, respuestas directas y un mensaje final. Daza fue incluido además en distintos cruces definidos previamente mediante sorteo, entre ellos uno con el representante de Renovación Popular.

Daza figura entre los candidatos medidos por Datum

La participación del postulante de Fuerza Popular se produce a menos de dos semanas de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. En un simulacro de votación de Datum difundido por Cuarto Poder, Daza registró 7,1% de votos válidos y 6,2% considerando el total de votos emitidos.

El estudio fue realizado entre 1.700 electores de Lima y Callao, mediante entrevistas presenciales en hogares entre el 6 y el 12 de septiembre. El simulacro consignó un margen de error de 2,4 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95%. En esa medición también aparecieron otros postulantes que participan en la contienda por Lima.

Al finalizar su presentación, Daza hizo referencia al 4 de octubre como la fecha en la que, según expresó, espera que se produzcan cambios en la capital. Su intervención concluyó inmediatamente después de que el moderador le comunicara que su tiempo había terminado.

El sondeo muestra que el respaldo a la presidenta pasó de 60 % en agosto a 42 % en septiembre, mientras que su desaprobación aumentó de 24 % a 44 %. De esta manera, por primera vez en esta medición, el rechazo a la gestión presidencial supera al nivel de aprobación.

Las cifras también fueron comentadas por el ministro de Salud, Luis Dyer, quien fue consultado por Canal N a su salida del Congreso. El integrante del gabinete señaló que los resultados son “la foto Kodak del momento” y, ante la pregunta sobre si le preocupaba la caída, respondió que lo importante era continuar avanzando con el trabajo del Gobierno.

Diputado Alegría considera que las cifras requieren “atención”

Alegría sostuvo que el resultado de Datum debe ser tomado en cuenta por el oficialismo y vinculó la caída de aprobación con la necesidad de fortalecer la comunicación con la población. “Evidentemente es un llamado, creo que de atención”, declaró a Canal N al ser consultado por el descenso de 18 puntos.

El diputado consideró que uno de los elementos que genera malestar ciudadano es la discusión entre el Ejecutivo y el Congreso. En ese sentido, mencionó el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno y cuestionó que su debate haya sido derivado a doce comisiones y acumule sucesivas postergaciones.

“Creo que lo que quiere la ciudadanía es que hagamos todos los esfuerzos mayores para construir un consenso”, sostuvo Alegría. Su planteamiento apunta a que ambas instancias del Estado reduzcan las diferencias que retrasan la discusión de las medidas solicitadas por el Gobierno.

El legislador también reconoció una posible autocrítica dentro de Fuerza Popular. Señaló que la bancada podría enfocarse en “tender los puentes” y acercarse a partidos políticos que mantienen posiciones distintas, con el objetivo de construir consensos que permitan avanzar con las facultades solicitadas.

Ministro de Salud califica los resultados como una “fotografía” del momento

El ministro de Salud, Luis Dyer, fue consultado por Canal N sobre la caída de la aprobación de Keiko Fujimori mientras se retiraba del Congreso, donde participó en una sesión de la Comisión de Salud.

“Bueno, al final son cifras, son la foto Kodak del momento”, respondió el ministro al ser preguntado por las cifras de Datum. Ante la consulta de si el resultado le preocupaba, Dyer respondió que lo importante era continuar avanzando con el trabajo del Gobierno.

El titular de Salud también se refirió a la labor desarrollada durante su presentación ante la comisión. Indicó que expuso las propuestas de su sector para el corto, mediano y largo plazo y que recibió preguntas de los senadores que deberán ser atendidas dentro de los plazos establecidos.

La encuesta de Datum Internacional fue realizada entre el 11 y el 15 de septiembre a 1.204 personas mediante entrevistas presenciales en sus hogares. El estudio considera a hombres y mujeres de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos y registra un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales.

“Peor de lo que pensé. No tenía ninguna expectativa, pero no era muy consciente de la ineptitud que iba a demostrar. Sobre todo con tanto tiempo estando ahí, ahí”, declaró Cáceres al ser consultado sobre su opinión respecto a la gestión de la mandataria.

El actor cuestionó la falta de un plan de gobierno tras cuatro postulaciones

Lucho Cáceres dirigió parte de sus críticas al historial de Keiko Fujimori como candidata presidencial, tras cuatro postulaciones previas a la Presidencia del Perú. El actor sostuvo que la trayectoria de la mandataria en anteriores procesos electorales debió traducirse en una gestión más sólida una vez en el poder.

“Tanto tiempo ahí ahí, una vez que llegaste ahí, pensé que tenías un plan”, manifestó el actor durante la entrevista. “Es evidente que no lo tiene”, agregó de inmediato, en referencia a la ausencia de un rumbo claro en las primeras acciones del Gobierno.

Las declaraciones se dieron en el marco de una conversación más amplia sobre ‘Álbum de familia’, la película que Cáceres protagoniza junto a Emanuel Soriano. El entrevistador le pidió al actor una opinión adicional sobre la coyuntura política tras abordar los temas centrales del filme, consulta que Cáceres respondió sin evadir el tema.

Una postura consolidada en su trayectoria como crítico del fujimorismo

Las declaraciones de Lucho Cáceres se suman a una serie de pronunciamientos previos del actor sobre el fujimorismo como corriente política. En enero de 2023, durante las movilizaciones conocidas como la ‘Toma de Lima’, Cáceres había señalado que un grupo identificado como “pro fujimontesinista” fue responsable de agredirlo verbalmente en el Parque Kennedy, y cuestionó que cierta prensa atribuyera esos insultos a los manifestantes.

El actor también se ha pronunciado en el pasado sobre el legado del gobierno de Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria. En una polémica con el humorista Carlos Álvarez, Cáceres calificó ese gobierno como “el más nefasto de nuestra historia” y cuestionó el tratamiento benevolente que, a su juicio, cierto humor le había dado a figuras vinculadas al fujimorismo. Tras la muerte del expresidente, el actor lo describió públicamente como “asesino, corrupto, ladrón y cobarde”, en defensa del derecho de otros artistas a manifestarse críticamente sobre su legado.

‘Álbum de familia’, el filme que cierra la Trilogía de la Memoria

Las declaraciones de Cáceres se dieron en el contexto de la promoción de ‘Álbum de familia’, dirigida por el cineasta Joel Calero. La película, que se estrena este jueves 17 de setiembre en las salas de cine de todo el país, cierra la denominada Trilogía de la Memoria, un proyecto que Calero desarrolló durante una década y que aborda las heridas dejadas por el conflicto armado interno en el Perú.

El filme sigue a Alex, interpretado por Emanuel Soriano, un joven a punto de convertirse en padre que descubre un conjunto de fotografías familiares capaces de revelar la participación de su padre, interpretado por Lucho Cáceres, en hechos vinculados al conflicto armado interno. Sobre el eje temático de la historia, Cáceres señaló: “La película toca un punto de si estamos obligados a perdonar o a pasar por alto no solo los errores de nuestros padres, sino, en este caso de la película, los crímenes de nuestros padres”.

La cinta obtuvo su estreno mundial el 10 de agosto de 2024 en el 28° Festival de Cine de Lima y acumuló varios reconocimientos en festivales nacionales, entre ellos el Premio ProArt 2025 de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el galardón a Mejor Largometraje Latinoamericano en RETAMA 2025. Lucho Cáceres también integrará el elenco de la película ‘La gran sangre: Ojo x ojo’, próxima a estrenarse el 12 de noviembre.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando los individuos ingresaron al establecimiento y sorprendieron a los trabajadores que se encontraban en el lugar, según imágenes difundidas por Latina y Panamericana TV.

El dirigente refirió que los asaltantes ingresaron a la oficina principal, donde se encontraban herramientas utilizadas para el trabajo electoral. “Se han sustraído el software y la plataforma y unas laptops de nuestra oficina central, donde monitoreamos nuestros personeros de la región Callao”, señaló.

El robo también incluyó dinero en efectivo. “Hemos tenido una caja chica, un aproximado de diez mil soles, que se han robado estos delincuentes”, afirmó Príncipe al precisar que el tercer implicado se dio a la fuga.

Tras abandonar el local, dos de los sospechosos fueron intervenidos por agentes de la comisaría de la jurisdicción cuando intentaban ocultarse en una sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicada cerca del establecimiento. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial.

Príncipe indicó que los detenidos aún no reconocían su participación y pidió revisar las cámaras de seguridad para identificar al fugitivo, aunque afirmó que las de la municipalidad no registraron el robo. “Están borradas las cámaras y no hay video de lo que ha sucedido”, denunció.

Fuerza Popular, partido fundado por la presidenta Keiko Fujimori, señaló que el asalto ocurrió en un contexto de amenazas previas contra integrantes de la agrupación. La candidata a la alcaldía provincial del Callao, Jossy Garrido, afirmó que “no es la primera vez” que reciben este tipo de intimidaciones, aunque “esta vez han ido más lejos”.

“Han disparado, han emitido disparos al aire, han querido amedrentar a los vecinos, a las personas que se encontraban operando en ese momento”, declaró.

Los representantes de la agrupación anunciaron que solicitarán garantías para sus actividades y mayor seguridad durante la campaña electoral. La Policía continúa con las diligencias para esclarecer el asalto, determinar la responsabilidad de los dos intervenidos y ubicar al tercer sospechoso.

El robo ocurre mientras el Gobierno de Fujimori solicita al Parlamento facultades legislativas para emitir normas y realizar reformas en múltiples materias, principalmente en seguridad, sistema penitenciario, impuestos y legislación laboral, ámbitos en los que se prevén cambios relevantes.

Entre las medidas planteadas figura la modificación de los marcos legales para que las organizaciones criminales puedan ser declaradas terroristas, así como cambios en las normas que regulan el empleo y uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo también plantea “reformar el sistema penitenciario”, que actualmente alberga a unos 100.000 presos en 69 cárceles, cuya capacidad conjunta es de unos 40.000 reclusos.

En ese sentido, el Gobierno contempla “medidas drásticas”, como la construcción de nuevas prisiones y la reubicación de presos de baja peligrosidad a cuarteles en desuso, previamente coordinando con las FFAA, que asumirían el control externo de las penitenciarías.

Chipana cuestionó al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por la situación de inseguridad en Pataz (La Libertad) y sostuvo que los estados de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) no han impedido que el crimen organizado mantenga presencia en distintas zonas del país.

“Lo que ocurre en Pataz es lo mismo que ocurre décadas en el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y en Putumayo”, afirmó la parlamentaria, quien cuestionó que esas zonas permanezcan durante años bajo estados de emergencia pese a la presencia de las fuerzas del orden.

En ese contexto, sostuvo que el ministro tiene “a las fuerzas armadas y a una policía subordinada al crimen organizado” y afirmó que “algunos altos mandos militares operan de manera coordinada e ilegal con las organizaciones criminales” dedicadas, según dijo, al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el sicariato y el lavado de activos.

“Es decir, ‘Lo Pulpos’ y ‘La Jauría’ estarían dentro de las fuerzas del orden y la estructura del Estado”, añadió, lo que generó inmediatamente protestas desde otros sectores de la comisión.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, pidió orden a los legisladores y permitió que Chipana culminara su intervención. Posteriormente, la legisladora fujimorista Cecilia Chacón planteó una cuestión de orden y cuestionó que se generalizara sobre las instituciones armadas y policiales.

“Si es que hay personas que son delincuentes o han delinquido dentro de las fuerzas armadas o de la policía nacional, por supuesto que se tiene que investigar”, señaló.

Chacón pidió a su homóloga de oposición que, si cuenta con información sobre integrantes de las Fuerzas Armadas o la PNP vinculados con organizaciones criminales, identifique a los responsables y presente las denuncias correspondientes.

“No podemos generalizar el honor de nuestras fuerzas armadas y nuestra policía nacional”, afirmó. Tras escuchar el reclamo, Avendaño reiteró el llamado a mantener el orden y cedió nuevamente la palabra a Chipana para que culminara su intervención.

La diputada mantuvo sus afirmaciones y sostuvo que “algunos malos elementos manchan el uniforme”, al tiempo que advirtió que una eventual delegación de facultades al Ejecutivo en materia de seguridad no debe convertirse en una “carta blanca”.

El titular de Defensa acudió al grupo parlamentario para sustentar el pedido del Ejecutivo para obtener facultades legislativas por 120 días. La propuesta contempla medidas sobre la participación temporal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad externa y apoyo en establecimientos penitenciarios, así como disposiciones sobre el uso de la fuerza en coordinación con la Policía Nacional.

La comisión mantiene una sesión permanente para acelerar el análisis del pedido. A ‘Los Pulpos’ se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados postergó para el miércoles 16 de septiembre la votación del informe que recomienda declarar inviable el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo en los 16 asuntos examinados por ese grupo de trabajo.

La decisión obedeció al pedido de las bancadas de Gobierno de ampliar el debate frente al rechazo total planteado por la comisión, que se sumaría a las opiniones desfavorables ya emitidas por Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo; Ciencia; y Justicia y Derechos Humanos.

Fuerza Popular cuestionó el rechazo a los 16 pedidos del Ejecutivo

Durante la sesión, la diputada de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, propuso un cuarto intermedio para revisar el informe y debatir las propuestas de manera separada. La solicitud no prosperó, pero el grupo de trabajo reprogramó la votación.

Barbarán cuestionó que la comisión pasara de anunciar una revisión técnica y punto por punto a recibir un documento que recomienda negar todas las facultades bajo su competencia.

“No nos están pidiendo un debate político, sino técnico. Me sorprende que la semana pasada se hablara de la urgencia de esta comisión para debatir punto por punto y que ahora el informe que nos enviaron concluya que no resulta viable otorgar facultades en ninguno de los extremos”, afirmó.

El informe consultivo revisó 16 pedidos vinculados con materias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La recomendación fue emitir una opinión técnica no favorable en todos ellos:

• Formalización de micro y pequeñas empresas y fortalecimiento del factoring.
• Financiamiento del emprendimiento innovador y los bionegocios.
• Transferencias financieras para los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) públicos.
• Transferencias regionales voluntarias a ProInnóvate.
• Modernización societaria y régimen de sociedades por acciones cerradas simplificadas.
• Títulos de cosecha y financiamiento agrario.
• Mecanización y financiamiento de activos productivos.
• Fondo para el desarrollo de la pesca artesanal.
• Eliminación o modificación del tope a las tasas de interés.
• Finanzas abiertas e inclusión financiera.
• Participación y financiamiento de la remediación ambiental.
• Ejecución de asociaciones público-privadas y proyectos en activos.
• Permisos y exenciones para proyectos de infraestructura.
• Integración de los regímenes tributarios empresariales.
• Modernización aduanera y facilitación del comercio.
• Ampliación y simplificación de obras por impuestos.

El debate por las tasas de interés dividió a la comisión

El pedido para eliminar los topes a las tasas de interés concentró parte de la discusión. El Ejecutivo busca retirar disposiciones incorporadas por la Ley 31143, conocida como ley contra la usura, que fijó límites para los intereses de créditos otorgados por entidades del sistema financiero, como los bancos.

El presidente de la comisión, José Marcelo Salazar, defendió el informe desfavorable y cuestionó uno de los argumentos del Ejecutivo para eliminar el tope a las tasas de interés.

Según la exposición de motivos del MEF, tras la vigencia del límite, los créditos se concentraron cerca del máximo de 114%. Salazar rebatió que las series históricas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no confirman esa premisa.

De acuerdo con el diputado, el Ejecutivo solo tomó como referencia los créditos de consumo, microempresa y pequeña empresa, aunque el sistema registra ocho categorías.

Según explicó, las tasas promedio de esos segmentos en bancos, financieras y cajas municipales se mantuvieron “claramente por debajo” del tope vigente, incluso antes de que entrara en vigor la Ley 31143.

Salazar reconoció que en el pasado existieron operaciones con intereses superiores a 114%, e incluso citó programas de crédito del desaparecido Banco Azteca con tasas de hasta 300%. Pero afirmó que esos casos no bastan para justificar una eliminación general del límite.

También atribuyó parte del aumento estadístico de las tasas en el segmento de microempresas al ingreso de Banco Compartamos, una entidad que, según dijo, aplica intereses más altos por asumir una cartera con mayor riesgo.

Salazar indicó que sus colocaciones representan 1,25% del total del sistema y remarcó que el crecimiento de la morosidad obliga a las entidades a realizar provisiones, lo que reduce sus ganancias.

El informe será remitido a Constitución si Economía lo aprueba

Por su parte, la también diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, cuestionó que el informe recomendara rechazar el pedido en bloque, sin abrir la discusión de cada propuesta. A su salida del hemiciclo, la abogada incluso cuestionó un presunto bloqueo de las facultades por parte de las “bancadas de izquierda”.

“No vamos a estar de acuerdo con todo, pero el informe demuestra que no ha habido intención de llegar a consensos. Si hubiera existido esa voluntad, habríamos comenzado a votar artículo por artículo, que es lo que el pueblo peruano esperaba”.

A su turno, Barbarán propuso discutir por bloques los asuntos con menos consenso, entre ellos las tasas de interés, la creación de productos financieros y la remediación ambiental. La legisladora sostuvo que esa fórmula permitiría acelerar el análisis y una eventual votación. Finalmente, la sala decidió postergar la votación.

Vale precisar que la opinión de la Comisión de Economía no es vinculante. Si el informe se aprueba el miércoles 16, será enviado a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, que deberá elaborar un dictamen sobre el pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días. La decisión final corresponderá al pleno de la Cámara de Diputados.

Trascendió que, ante la falta de consenso y el rechazo planteado por la mesa directiva, las bancadas podrían presentar informes en minoría con propuestas alternativas sobre las facultades solicitadas.

La senadora y portavoz de Fuerza Popular, Patricia Juárez, afirmó este viernes que desconoce quién negoció las condiciones del beneficio por sepelio que le permitió recibir S/ 62.400 del Congreso tras la muerte de su madre, en 2022.

“No tengo la menor idea de quién lo negoció”, respondió durante una entrevista con RPP al ser consultada sobre el desembolso que recibió junto con otros exparlamentarios y sostuvo que este tipo de beneficios son establecidos por las mesas directivas del Parlamento.

“Cualquier tipo de estipendio, cualquier tipo de subvención (...) no la negocia ningún congresista”, señaló. La parlamentaria también rechazó que el monto recibido constituya un doble pago, debido a que los congresistas cuentan además con un seguro que contempla una cobertura por gastos funerarios.

“Si tú utilizas una forma de beneficios de sepelio, no puedes usar el otro. (...) No existe un doble pago”, afirmó. No obstante, consideró que los beneficios otorgados por el Congreso deberían ser revisados si representan un gasto excesivo para el Estado.

“Si esto tiene que recortarse (...) yo siempre he señalado que el dinero del Estado hay que cuidarlo de la mejor manera y tienen que haber niveles y criterios de austeridad”, sostuvo.

Juárez insistió en que desconocía la existencia de este beneficio hasta el fallecimiento de su madre y recordó que durante su trayectoria parlamentaria se ha opuesto a otros gastos que considera excesivos.

“Ya di explicaciones públicas y lo que he señalado es que nosotros, los congresistas o los trabajadores, que son los que reciben este beneficio, no negociamos ni pedimos absolutamente. Y el día que murió mi madre recién me enteré de que había ese subsidio, no sé cómo le llaman en el Congreso”, señaló.

La senadora manifestó además su malestar por tener que abordar el tema debido a que está relacionado con la muerte de su madre. “Yo preferiría millones de veces tener a mi madre viva y no haber siquiera conocido o haber usado ese tipo de estipendios, que no lo hago, que no lo propongo yo, sino que lo proponen las mesas directivas”, afirmó.

“Espero que acá termine este tema, porque son momentos muy graves, son momentos muy dolorosos y no es que esté haciendo drama”, concluyó.

Los pagos del Congreso

Según un informe difundido la semana pasada por la televisora Latina, el Congreso destinó S/ 655.200 a 13 excongresistas que recibieron S/ 62.400 cada uno por gastos de sepelio de familiares cercanos.

El monto, vigente desde 2009, se financia con recursos del Parlamento, pese a que los congresistas también cuentan con un seguro de Rímac que cubre hasta S/ 14.000 por este concepto, de acuerdo con el informe.

Además de Juárez, los beneficiarios fueron Edwin Martínez (Acción Popular), Edgard Reymundo (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú), Germán Tacuri (Perú Libre), Idelso García (Alianza para el Progreso), Carlos Zeballos (Cooperación Popular), David Jiménez (Fuerza Popular), Gladys Echaíz (Renovación Popular), Eduardo Acate (Alianza para el Progreso), Rosselli Amuruz (Avanza País), Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) y María Taipe (Perú Libre).

La ceremonia reunió a familiares, dirigentes y simpatizantes del fujimorismo. Entre los asistentes estuvieron el primer vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el segundo vicepresidente y presidente del Senado, Miguel Torres, además de personas cercanas a la familia Fujimori.

Durante la actividad se inauguró una exposición de 40 fotografías seleccionadas por la propia presidenta entre el archivo familiar. Las imágenes muestran viajes, actividades oficiales y recorridos realizados por Alberto Fujimori durante sus años en el poder.

“Ese estilo de trabajo lo estamos tratando de replicar”

En su intervención, Keiko Fujimori sostuvo que una de las características que quiso destacar de su padre fue su presencia constante en diferentes regiones del país.

“Estas cuarenta [fotografías] son el reflejo de su trabajo, del amor por su pueblo, de esa constancia que él tuvo viajando a cada rincón de nuestro país”, señaló ante los asistentes.

Luego vinculó directamente ese recuerdo con su actual administración.

“Ese estilo de trabajo lo estamos tratando de replicar hoy, que el pueblo peruano nos ha dado la confianza”, afirmó, frase que provocó aplausos entre los simpatizantes presentes en la ceremonia.

Aunque inicialmente indicó que no ofrecería un discurso político, la mandataria hizo referencia a las enseñanzas que, según dijo, recibió de su padre para enfrentar escenarios adversos.

“En los momentos más difíciles él siempre me enseñó a que, con serenidad, con prudencia, pero sobre todo con mucha firmeza, él seguía avanzando”, expresó.

Keiko Fujimori agradeció a quienes acompañaron a su padre durante sus últimos años

La presidenta también dedicó buena parte de su mensaje a agradecer a las personas que permanecieron cerca de Alberto Fujimori durante sus años de prisión, posteriormente durante su enfermedad y después de su fallecimiento.

“Gracias por habernos acompañado todos estos años”, sostuvo. En otro momento calificó como “injustos” los años de encarcelamiento de su padre, una valoración que corresponde a la posición de la mandataria y de su familia sobre los procesos judiciales que afrontó el exjefe de Estado.

Fujimori recordó también la dimensión familiar del expresidente y se refirió especialmente al vínculo que mantuvo con sus nietas.

“Mis hijas lo extrañan muchísimo y ellas atesoran en su corazón todos estos años que pudo compartir con ellas”, manifestó.

La ceremonia terminó con la expresión “que viva Alberto Fujimori”, respondida con aplausos y arengas de los asistentes.

Una exposición de 40 fotografías para recordar al expresidente

Después de su intervención, Keiko Fujimori recorrió la exposición instalada en el cementerio, compuesta por imágenes de diferentes momentos de las gestiones presidenciales de su padre.

La selección buscó mostrar principalmente sus recorridos por el territorio nacional y el contacto que mantuvo con distintas poblaciones durante sus años en el Ejecutivo, según explicó la propia presidenta.

Durante el acto, los asistentes corearon consignas vinculadas a Fuerza Popular y expresaron su respaldo a la mandataria y a la memoria del exmandatario.

Keiko Fujimori señaló que la ceremonia tenía principalmente un carácter familiar y conmemorativo. Tras recorrer la muestra dedicada a su padre, anunció que también se dirigiría al lugar donde reposan los restos de su madre, Susana Higuchi.

La romería se produjo en un momento distinto a los homenajes realizados durante el primer aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: esta vez, Keiko Fujimori participó ya como presidenta de la República, y la referencia al estilo de gobierno de su padre adquirió también una dimensión vinculada a su propia gestión.

María Luisa Carrillo, esposa del primer ministro Luis Galarreta, recibió un pago de 8.470,08 soles (unos 2.500 dólares) del Congreso de la República por desempeñarse como asesora de la diputada Ana Patiño (Fuerza Popular), según información consignada en el Portal de Transparencia de ese poder del Estado.

El registro de remuneraciones identifica a Carrillo como “Asesora II”, un puesto que brinda apoyo técnico, legal y operativo a los despachos congresales, comisiones o bancadas parlamentarias, y señala como su jefa inmediata a la legisladora de la región Junín.

La contratación fue expuesta semanas atrás por el portal La Encerrona, que señaló además que Carrillo y Patiño trabajaron recientemente en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

El mismo medio recordó que Galarreta consignó en su declaración jurada como parlamentario andino que su cónyuge no tenía trabajo. No obstante, ella declaró, como trabajadora del Parlamento, ingresos mensuales por S/ 23.800,11 y un patrimonio superior a S/ 1,14 millones en la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas correspondiente al ejercicio presupuestal 2026.

Según el documento difundido, Carrillo dijo percibir 16.900,11 soles mensuales provenientes del sector público y otros 6.900 soles del sector privado, lo que suma los 23.800,11 soles consignados como ingresos mensuales.

En el apartado patrimonial, declaró bienes por un valor total de 747.594,49 soles. A esta cifra añadió 393.577,47 soles correspondientes al rubro de “otros”, con lo que el valor conjunto asciende a 1.141.171,96 soles.

Además de ser asesora congresal en 2020 (año en que Galarreta era consejero de Fuerza Popular), y candidata de ese partido a regidora de Surco en 2018, su LinkedIn señala que fue coordinadora parlamentaria de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Negó irregularidades

En diálogo con Perú21, el jefe de Gabinete negó que exista alguna irregularidad en la contratación de su esposa y sostuvo que corresponde al Congreso explicar el proceso, pues, según afirmó, él no intervino en su incorporación.

“Ella ha trabajado en el Congreso muchos años con la doctora (Martha) Hildebrandt. Nunca trabajó en mi oficina. Cumple los requisitos y no tiene impedimento, porque yo estoy de licencia en el Parlamento Andino”, dijo.

“No tengo que aclarar nada porque yo no he contratado. Que aclare la institución. Y es bien simple. Cumple los requisitos, no tiene impedimentos. No hay nada más que decir”, agregó.

Asimismo, Galarreta consideró que se ha intentado “armar una novela” alrededor de la contratación de su cónyuge y defendió la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, al afirmar que su Gobierno no ha “entrado a robar”, sino “a trabajar”.

Sus declaraciones surgieron luego de que fuera consultado por la designación de la excongresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, como representante del portafolio de Educación en la Derrama Magisterial, decisión adoptada por el ministro José Antonio Chang, quien compartió viajes con la exparlamentaria a Estados Unidos y Panamá.

“No he podido hablar con el ministro Chang. Conociendo su nivel y habiendo sido ministro antes, tendrá alguna explicación. Y yo mismo digo que hay que ser bien inútil para pensar que alguien puede contratar algo que está prohibido”, apuntó.

Uno de los parlamentarios que ya había expresado públicamente su disconformidad con Juntos por el Perú fue el diputado Marlon Aguirre, quien cuestionó las “actitudes negativas y matonescas” del vocero Ernesto Zunini. En declaraciones a medios nacionales, el legislador dejó abierta la posibilidad de incorporarse a otra bancada; sin embargo, este viernes aseguró que, por el momento, permanecerá en JP.

“De mi persona, ya se está superando todo el tema de los conflictos y la controversia que se ha tenido”, señaló Aguirre al ser consultado sobre las diferencias que había mantenido al interior de la agrupación, surgidas luego de la cuestionada designación de la diputada Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, como presidenta de la Comisión de Energía y Minas.

Ante la pregunta de si tenía previsto pasar a otra bancada, el legislador respondió: “No, todavía no”. Luego precisó que continuará en Juntos por el Perú: “Todavía voy a quedar en JP”.

Juntos por el Perú niega una posible disidencia

Mientras crecen las versiones sobre una eventual salida de parlamentarios, desde Juntos por el Perú descartaron que exista una ruptura dentro de la bancada.

El senador Jaime Quito aseguró que sus integrantes permanecen cohesionados y que mantienen el objetivo político con el que llegaron al Congreso.

“Por supuesto que estamos cohesionados y sólidos porque sabemos a qué hemos venido aquí al Congreso: a cumplir la tarea y el papel que el pueblo nos ha encomendado”, sostuvo.

Quito cuestionó además al actual Gobierno y afirmó que la bancada tiene como una de sus prioridades ejercer oposición frente al régimen que, según dijo, “pretende ser dictatorial”.

Fuerza Popular y Renovación Popular descartan incorporaciones

Las bancadas señaladas como posibles destinos de los legisladores también marcaron distancia de las versiones sobre un eventual pase de integrantes de JP.

El senador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, afirmó que su agrupación no ha recibido ninguna propuesta, por ahora “formal” de congresistas que busquen incorporarse a sus filas.

“No hemos recibido ninguna propuesta formal y, si lo recibiéramos, tendría que sujetarse primero a un acuerdo, a una reunión entre nosotros para ver la pertenencia de esto”, declaró al ser consultado sobre las especulaciones.

Por su parte, la diputada Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, señaló que tiene conocimiento de que existe malestar entre algunos parlamentarios de la oposición, aunque evitó confirmar que se produzcan incorporaciones.

“Tengo entendido que habría bastante malestar en algunos. Fuerza Popular tiene las puertas abiertas a todos aquellos que quieran aportar al país más allá de a qué bancada pertenezcan”, manifestó.

Plantean modificar las reglas para cambiar de bancada

En medio de las versiones sobre posibles movimientos parlamentarios, la diputada de Juntos por el Perú Katherine Palomino, vinculada sentimentalmente con el expresidente Pedro Castillo, presentó un proyecto de ley que busca modificar el Reglamento del Congreso respecto al cambio de bancada.

La iniciativa plantea que un congresista que haya renunciado o haya sido expulsado de un grupo parlamentario pueda incorporarse a otra bancada en más de una oportunidad. Actualmente, la normativa establece restricciones para estos movimientos y contempla la posibilidad de incorporarse a otro grupo parlamentario una sola vez.

El senador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, respaldó la permanencia de Óscar Arriola al frente de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y sostuvo que existe calma en Trujillo “según reportes” que maneja, en medio de una entrevista con Canal N.

Consultado de manera directa sobre si el comandante general debía continuar en el cargo, Aguinaga evitó pronunciarse sobre la gestión personal de Arriola y desplazó el eje de la discusión hacia la institucionalidad policial. “No es el problema de nombres, es el problema de institución. Y la institucionalidad no hay que quebrarla, no importa el nombre”, respondió el legislador, quien remarcó que el mandato del jefe policial se extiende por dos años.

Ante la insistencia del conductor sobre si el liderazgo de Arriola había sido el adecuado durante su gestión, el senador atribuyó los resultados operativos recientes a las directivas del presidente de la República, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Según Aguinaga, esas órdenes explicarían las capturas realizadas en los últimos días.

El intercambio se tensó cuando el periodista contrapuso la cifra de 72 choferes y cobradores asesinados en lo que va del año, pese a la operación conjunta que contó con el respaldo de la policía boliviana, el FBI y la DEA. El comunicador subrayó que el crimen no se ha detenido en el país y recordó que el ataque más reciente ocurrió en la madrugada del domingo, con un saldo de cuatro personas asesinadas y una quinta víctima secuestrada.

La afirmación sobre la calma en Trujillo generó un cruce directo en la entrevista

Frente a ese dato, Aguinaga sostuvo que los informes que maneja indican que existe tranquilidad en la región La Libertad, cuya capital es Trujillo, y expresó su expectativa de que esa situación se replique en el resto del territorio nacional. “En estos momentos, los informes que tenemos es en Trujillo hay mucha tranquilidad”, afirmó el legislador, en referencia a las recientes capturas vinculadas al crimen organizado en la ciudad.

El periodista repreguntó de inmediato para confirmar si el senador sostenía, en efecto, que había tranquilidad en Trujillo, ante lo cual Aguinaga insistió en que las detenciones “les da tranquilidad” a los habitantes y remarcó que ese efecto “no lo pueden negar”. La respuesta llevó al conductor a recordarle que, apenas días atrás, se había producido el asesinato de cuatro personas y el secuestro de una quinta en esa misma ciudad. “¿Cómo que tranquilidad?”, cuestionó el comunicador ante la insistencia del legislador.

El senador pidió evitar la especulación sobre la identidad de los detenidos

Ante el señalamiento de que aún no existe certeza sobre si los detenidos en el operativo binacional fueron efectivamente los responsables del crimen del domingo, Aguinaga llamó a no adelantar conclusiones. “Esperemos que no hagamos tanta especulación, porque lo que estamos es especulando, que fue, que no fue”, sostuvo, y pidió aguardar los resultados de las investigaciones antes de emitir un juicio definitivo sobre la autoría del ataque.

El periodista recordó entonces que el propio ministro Astudillo había reconocido, en esa misma jornada y en el estudio de Canal N, que no podía confirmar si las personas capturadas eran quienes perpetraron el ataque. Aguinaga respondió que, si bien el titular del sector no lo había confirmado, tampoco lo había descartado, en una réplica que evidenció la falta de certeza oficial sobre la identidad de los responsables del crimen que motivó el operativo internacional.

El Poder Judicial absolvió a la diputada de Fuerza Popular, Jessica Navas Sánchez, del delito de malversación de fondos, pero la sentenció al pago de una reparación civil de 150 mil soles a favor del Estado

Como se recuerda, Navas Sánchez fue declarada reo contumaz por no haberse presentado al inicio de este juicio, en el que se le acusó, en su calidad de coordinadora del proyecto “Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha”, de presuntamente haber permitido o autorizado la adquisición de un bus turístico, cuatro motocicletas y una camioneta. Estos bienes no estaban contemplados en el presupuesto ni en el cronograma de desembolsos del proyecto. La Fiscalía pidió 4 años y 8 meses de prisión en su contra.

Sin embargo, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo decidió absolverla del delito. Más que una cuestión de pruebas, la diputada de Fuerza Popular se salva de una condena penal por una cuestión jurídica.

Y es que, para la jueza Irene Hidalgo, quedó acreditado que Navas Sánchez y sus coacusados, en su condición de funcionarios públicos, compraron vehículos que no estaban contemplados en el presupuesto original. Es decir, dieron un fin distinto a los fondos. Sin embargo, dijo la magistrada, para que se hable de malversación de fondos, la desviación del dinero debe causar una afectación al servicio. Esto último no se cumpliría porque el monto, aseveró, en realidad tenía que ser devuelto.

“Lo que se debió haber hecho es devolver el dinero porque estaba sobrando. No ha dicho qué no se hizo. Estando así, si hemos analizado el tipo penal teniendo presente cada uno de sus elementos, para este juzgador queda claro que falta uno de los elementos del tipo penal el cual es la afectación al servicio”, dijo la magistrada.

Reparación civil

La Procuraduría Pública Anticorrupción solicitó una reparación civil de 560.467 soles, argumentando que ese era el monto que había sido utilizado indebidamente por Jessica Navas Sánchez y sus coacusados para la compra indebida de un bus turístico, cuatro motocicletas y una camioneta.

Aunque no se pudo acreditar el elemento de “afectación al servicio” necesario para una condena penal por malversación, la jueza sí consideró probado que los acusados infringieron su deber de cuidado. Concluyó que hubo un daño patrimonial y extrapatrimonial derivado de la actuación funcional indebida, al realizarse compras de vehículos que no estaban contempladas en el convenio ni en la programación presupuestaria.

Sin embargo, la jueza Irene Hidalgo decidió fijar el monto de la reparación civil en 150 mil soles. La jueza señaló que, según las pruebas actuadas durante el juicio oral, no solo participaron Navas y sus dos coacusados, sino que se habría contado con la participación de otros funcionarios que también deberían ser investigados o procesados. Así, en su decisión, la jueza dispuso que se remita copias del expediente al Ministerio Público para que determine si corresponde investigar a los referidos funcionarios.

Por todo ello, dijo la magistrada, la reparación civil no podía ser igual a los 560.467 soles que requirió la Procuraduría Pública Anticorrupción.

La consultora María Luisa Carrillo, esposa del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, fue contratada para trabajar en el Congreso de la República, confirmó este jueves el portal periodístico La Encerrona.

Carrillo cuenta actualmente con un correo electrónico institucional del Parlamento, figura en el directorio de la institución y se encuentra bajo la jefatura de Ana Patiño, diputada de Fuerza Popular por la región Junín.

De acuerdo con el informe, ambas trabajaron recientemente en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), durante la Administración de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Patiño ocupó en esa cartera la jefatura del gabinete de asesores del entonces ministro Ángel Manero, mientras que Carrillo trabajó como consultora en el ministerio hasta junio de este año.

El programa indicó que intentó obtener la versión de la diputada sobre la contratación, pero no recibió respuesta. También afirmó que buscó declaraciones de Galarreta y de representantes de Fuerza Popular, igualmente sin éxito.

Según el despacho, el jefe de Gabinete y mano derecha de la presidenta Keiko Fujimori consignó a comienzos de año, en su declaración jurada como parlamentario andino, que su cónyuge no tenía trabajo.

No obstante, en la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas correspondiente al ejercicio presupuestal de 2026, presentada como trabajadora del Parlamento, Carrillo reportó ingresos mensuales por 23.800,11 soles y un patrimonio superior a 1,14 millones de soles.

De acuerdo con el documento, también difundido por el medio, la esposa del premier registra 16.900,11 soles mensuales provenientes del sector público y otros 6.900 soles del sector privado, lo que eleva sus ingresos mensuales declarados a 23.800,11 soles.

En el apartado patrimonial, Carrillo consignó bienes por un valor total de 747.594,49 soles. A esta cifra se suman 393.577,47 soles correspondientes al rubro de “otros”, con lo que el valor conjunto de ambos conceptos asciende a 1.141.171,96 soles.

Además de ser asesora congresal en 2020 (año en que Galarreta era consejero de Fuerza Popular), y candidata de ese partido a regidora de Surco en 2018, su LinkedIn señala que fue coordinadora parlamentaria de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Galarreta se presentó la semana pasada ante el Congreso para exponer la política general del Gobierno y afirmó que la nueva administración busca “ordenar el Estado, recuperar la seguridad y destrabar el crecimiento”.

Enfatizó que implementar esas medidas es “muy distinto del populismo fácil, no se trata de prometer más, sino de construir un Estado que funcione y genere oportunidades”.

“Fuera de este hemiciclo, el país espera respuestas. Espera seguridad, protección frente a los fenómenos naturales, atención en salud, empleo, inversión y servicios públicos que funcionen. Espera un Estado que esté presente, que llegue a tiempo y que cumpla con su deber”, señaló.

El primer ministro dijo que “ese es el mandato” que ha recibido el gobierno de Fujimori “y es el compromiso que hoy venimos a asumir ante la representación nacional”.

“Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país. Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias”, remarcó.

El partido Fuerza Popular (FP), fundado y liderado por la presidenta Keiko Fujimori, recibió 2.135.684 soles (unos 600.000 dólares) mediante un mecanismo de aportes de campaña que permite mantener en reserva la identidad de los contribuyentes, según un informe difundido este jueves por Latina a partir de documentación oficial.

El monto, consignado en los reportes financieros que las organizaciones políticas entregaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), representa el 50,57 % de los ingresos declarados por Fuerza Popular para financiar su participación en los últimos comicios, en los que Fujimori se impuso en las urnas a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

De acuerdo con el informe, la agrupación de la presidenta es, hasta el momento, la única que ha recurrido a esta modalidad de aportes confidenciales.

Entre el 30 de abril y el 9 de junio, durante la segunda vuelta presidencial, el partido registró ante la ONPE 18 aportes bajo la denominación “Banco de la Nación”, en lugar de consignar el nombre de los contribuyentes.

La figura está contemplada en el artículo 30-C de la Ley de Organizaciones Políticas, incorporado mediante la Ley N.º 32254, publicada en enero de 2025. La norma establece que personas naturales o jurídicas pueden aportar a campañas electorales a través de una cuenta especial habilitada por el Banco de la Nación, sin que la identidad del contribuyente sea comunicada a la organización política.

Entre las operaciones figuran dos depósitos efectuados el 26 de mayo, por 429.974 y 356.628 soles, respectivamente. El 20 de mayo aparecen otros dos, por 399.976 y 249.983 soles.

La especialista en derecho electoral Silvia Guevara explicó a la televisora que, bajo el actual marco jurídico, el partido puede alegar que desconoce la identidad de quien realizó el aporte. La ONPE, según la experta, tampoco tendría facultades para exigir esa información si el Banco de la Nación la mantiene bajo reserva.

“Se corre el riesgo también de que las organizaciones políticas vean la oportunidad bajo este marco jurídico de poder de repente tener distintos aportantes y después hacerse las que desconocen quiénes están aportando (…) para que de todas maneras puedan ser financiados por diversas personas jurídicas y naturales que no necesariamente rigen su actuación dentro del ámbito formal”, advirtió.

La incorporación de esta modalidad al sistema electoral estuvo precedida por un debate en el Congreso gracias a una propuesta presentada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) mediante el Proyecto de Ley 9432.

A finales de noviembre de 2024, el pleno aprobó una cuestión previa para devolver la iniciativa a la Comisión de Constitución y someterla a un nuevo estudio. Minutos después, el entonces portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, presentó una solicitud de reconsideración.

El 11 de diciembre de 2024, la bancada fujimorista respaldó en bloque la reconsideración, con 18 votos a favor, lo que permitió que el proyecto continuara su trámite parlamentario, según la información difundida por Latina.

La iniciativa pasó después a la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida entonces por el hoy senador fujimorista Fernando Rospigliosi, quien sustentó el proyecto ante la Comisión Permanente.

La norma fue publicada finalmente el 31 de enero de 2025. Además de restituir el financiamiento privado de las organizaciones políticas, estableció la posibilidad de realizar contribuciones bajo confidencialidad mediante cuentas especiales del Banco de la Nación.

A diferencia de sus tres anteriores candidaturas presidenciales, en las que perdió de forma consecutiva, Fujimori llegó a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas.

El gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, y el diputado Javier Castro (Fuerza Popular) protagonizaron este miércoles una acalorada discusión durante una jornada de supervisión de obras de prevención ante el Fenómeno El Niño en zonas vulnerables de la región.

El incidente ocurrió durante una visita a los trabajos que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI) en el río La Leche, donde ambas autoridades intercambiaron acusaciones delante de los participantes de la actividad.

Pérez calificó de “difamador” al parlamentario y lo acusó de cuestionarlo durante los últimos tres años. “Tú has cumplido tres años de difamador, querido Javier. (...) No vengas a hacer tu teatro”, afirmó.

El gobernador regional continuó con sus acusaciones y aseguró que iba a responder públicamente a los cuestionamientos del parlamentario, según las imágenes difundidas por la radio Exitosa.

“Me has difamado tres años y te voy a desenmascarar ahorita delante de toda la gente”, siguió. Durante el intercambio, Pérez también responsabilizó a Castro por sus declaraciones y le pidió asumir las consecuencias de sus afirmaciones.

“Y tú eres responsable de la boca que tienes (...) Estamos hablando, perfecto, no hay problema”, concluyó. La discusión se produjo después de que Castro cuestionara la gestión del gobernador regional y le reprochara su actuación antes de dejar el cargo.

El gobernador respondió que el diputado había llegado a faltarle el respeto y lo acusó de convertir la actividad en un “espectáculo”.

El Poder Judicial ordenó la inmediata devolución de los locales y sedes institucionales de la Universidad Alas Peruanas (UAP) que vienen siendo administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) del Ministerio de Justicia tras su respectiva incautación y desposesión.

Así lo dispuso el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Eiser Alexander Jimenez Coronel, al declarar improcedente un nuevo pedido de incautación presentado por la Fiscalía contra los bienes de la excasa de estudios y otros involucrados en el caso, como Joaquín Ramírez.

Como se recuerda, el patrimonio de la UAP ha sido objeto de medidas judiciales desde 2023, cuando se dictó la primera incautación. Sin embargo, esta decisión fue anulada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. La Fiscalía insistió con su pedido y en 2025, el anterior magistrado a cargo del Juzgado volvió a ordenar la incautación. No obstante, en noviembre de ese mismo año, la segunda instancia nuevamente declaró la nulidad.

Pese a que las incautaciones habían sido anuladas en dos oportunidades, los bienes de la cuestionada universidad seguían bajo administración del Pronabi. Esto fue reclamado por la defensa de la Universidad Alas Peruanas durante la audiencia donde se evaluó el tercer pedido de la Fiscalía para que se ordene la incautación, allanamiento y descerraje de los bienes de la excasa de estudios.

La nueva decisión

El juez Jimenez Coronel desestimó el nuevo pedido de incautación argumentando que la Universidad Alas Peruanas en realidad sería la víctima de los presuntos hechos delictivos que se investigan.

Y es que, según la propia tesis del Ministerio Público, una organización criminal presuntamente liderada por el fallecido exgerente general de la UAP, Fidel Ramírez Prado, en coautoría con Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos y Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, desvió fondos de la universidad y realizó fraudes en perjuicio de su patrimonio. Para el magistrado, al ser la UAP la entidad perjudicada por las acciones de su anterior administración, sería contradictorio aplicarle una medida como la incautación con desposesión.

Además, el Juzgado advierte que la Fiscalía hizo una cuestionada “motivación en bloque”, es decir, se agrupó a los bienes de manera general y se omitió precisar el origen presuntamente ilícito o la vinculación con los hechos investigados.

También se advirtió que no existía peligro en la demora porque sobre los inmuebles ya existían medidas de inhibición inscritas en la SUNARP, con lo que cual estos no están disponibles para venta o transferencia.

Exhortación

Finalmente, el juez Eiser Alexander Jimenez Coronel consigna en su resolución que durante las audiencias la fiscal provincial del caso manifestó en varias oportunidades que no compartía los argumentos planteados por el fiscal adjunto provincial, que fue quien redactó el requerimiento. Incluso, dice, la fiscal dijo que no podía sustentar algunas partes del requerimiento.

El magistrado, que trabajó previamente como fiscal, desestimó la excusa de la representante del Ministerio Público. Señaló que, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, es el fiscal provincial el responsable de la dirección, supervisión y estrategia de los casos a su cargo, no el fiscal adjunto, que apoya.

Por este motivo, en su decisión, el juez Jimenez Coronel exhorta a la fiscal a que “en lo sucesivo observar en lo que fuera pertinente” las disposiciones legales sobre las responsabilidades del fiscal provincial.

El gobierno de Keiko Fujimori presentará un proyecto de ley para modificar la Ley 31570, la norma que hoy le impide cesar al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, antes de que concluya su mandato en setiembre de 2027. La paradoja es que esa misma ley fue aprobada en 2022 con el voto unánime de Fuerza Popular, el partido que ahora lidera el Ejecutivo.

El anuncio lo realizó el ministro del Interior, César Astudillo, durante la presentación del gabinete ministerial ante la Cámara de Diputados. “Yo no voy a firmar ningún documento que vaya contra una ley que se ha dado acá. Yo creo que ninguno de ustedes tampoco lo haría”, afirmó el titular del Ministerio del Interior (Mininter) ante el pleno minutos antes de informar sobre la propuesta que enviará al Parlamento.

La Ley 31570 fue promulgada por insistencia del Congreso anterior en 2022, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Su propósito fue frenar los constantes cambios en el alto mando policial. Y es que el exjefe de Estado nombraba a un comandante general y lo cesaba solo a meses de gestión. Así, con dicha norma se introdujo un mandato fijo de dos años para el comandante general, con posibilidad de una prórroga excepcional de un año.

El Congreso aprobó la norma, pero esta fue observada por Castillo. Finalmente, el Pleno, en la sesión del 1 de setiembre de 2022, aprobó promulgarla por insistencia. Fueron 82 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones, con los 23 congresistas de Fuerza Popular que asistieron votando todos a favor.

Los 23 de Fuerza Popular que votaron a favor

Los 23 congresistas de Fuerza Popular que votaron a favor de la insistencia el 1 de setiembre de 2022 fueron:

1. Alejandro Aguinaga Recuenco
2. Arturo Alegría García
3. Rosangella Barbarán Reyes
4. Eduardo Castillo Rivas
5. Nilza Merly Chacón Trujillo
6. Luis Gustavo Cordero Jon Tay
7. Maria del Pilar Cordero Jon Tay
8. Víctor Seferino Flores Ruíz
9. Hernando Guerra García Campos
10. Raúl Huamán Coronado
11. Mery Eliana Infantes Castañeda
12. David Julio Jiménez Heredia
13. Carmen Patricia Juárez Gallegos
14. Juan C. Lizarzaburu Lizarzaburu
15. Jeny Luz López Morales
16. Jorge Alberto Morante Figari
17. Martha Lupe Moyano Delgado
18. Auristela Ana Obando Morgan
19. Vivian Olivos Martínez
20. Tania Estefany Ramírez García
21. César Manuel Revilla Villanueva
22. Héctor José Ventura Ángel
23. Cruz María Zeta Chunga

De ese grupo, seis lograron ingresar a la Cámara de Diputados: Arturo Alegría García, Rosangella Barbarán Reyes, Eduardo Castillo Rivas, Mery Infantes Castañeda, Auristela Obando Morgan y César Revilla Villanueva. Son ellos quienes, desde su nueva posición legislativa, deberán pronunciarse sobre el proyecto que su propio gobierno impulsará para poder cesar al comandante general de la PNP.

Y es que la Ley 31570 fija un listado de causales para el cese anticipado del comandante general. Solo procede la remoción en caso de fallecimiento, solicitud voluntaria de pase al retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia firme del Poder Judicial por delito doloso o la comisión de un delito flagrante. “Realmente, más que causales son candados difíciles que se cumplan”, reconoció el ministro del Interior, César Astudillo, ante los diputados.

Se van definiendo las comisiones del Congreso. El diputado Eduardo Castillo Rivas de Fuerza Popular fue elegido por unanimidad como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026–2027.

Así, la mesa directiva de ese grupo de trabajo también está integrada por los diputados Carlos Alberto Yalta Sotelo (Renovación Popular), en la vicepresidencia, y Jacqueline Tapullima Insapillo (JPP), en la secretaría.

Y si bien la presidenta ya ha señalado que no tocarán los feriados del calendario nacional, Castillo Rivas ha empezado su gestión señalando que sí tienen en la mira a los “feriados no laborables”. Es decir, los días no laborables, aquellos que aprueban los gobiernos regionales y son obligatorios para los trabajadores del sector público.

Días no laborables en la mira

Como se sabe, Perú tiene 16 feriados nacionales, y a pesar de que el sector empresarial haya ya buscado la manera que el Congreso o el Ejecutivo pueda eliminar algunos de los últimos días aprobados, solo ha logrado que se muevan para 2027 —ahora la mayoría se moverán a los lunes, para evitar partir la semana laboral—.

Así, ahora la consigna parece ir por los días no laborables. Como se recuerda, también la Defensoría del Pueblo recomendó al Ejecutivo y al Congreso revisar estas fechas, que actualmente superan los 20 días al año, aunque suelen aplicar para regiones diferenciadas.

“Entre otros temas a revisar son los feriados no laborables que establecen los gobiernos regionales, los cuales son de competencia exclusiva del legislador nacional, aspecto que debe explicitarse claramente”, resaltó Castillo Rivas.

Comisión de Trabajo inicia funciones

Al asumir el cargo, Castillo Rivas expresó su compromiso de promover iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y garantizar su seguridad social futura.

El acto de elección fue conducido por el diputado Fernando García Huby (Partido del Buen Gobierno) y el mismo se realizó mediante lista cerrada y votación nominal, y recibió el respaldo unánime de los integrantes de la comisión.

Del mismo modo, anunció que la comisión impulsará incentivos y simplificaciones normativas para fomentar la contratación de jóvenes mediante prácticas preprofesionales y profesionales, con el objetivo de evitar la fuga del talento juvenil. También indicó que se analizarán el empleo juvenil y las prácticas profesionales.

Otro eje de trabajo de este grupo será la modernización de EsSalud. Al respecto, señaló que se fiscalizará su gestión financiera y la calidad de los servicios que brinda a los asegurados. Además, se evaluarán las reducciones o exoneraciones de contribuciones sociales que puedan afectar su financiamiento.

En otro momento, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó, por unanimidad, que sus sesiones ordinarias se realicen los martes a las 15:00 horas.

Este grupo de trabajo está conformado por 19 diputados:

• Royser Castro Grández, Javier Castro Cruz, Geanmarco Quezada Castro, César Vidaurre Floridas y Jhon Ordóñez Valqui (Fuerza Popular)
• Alejandro Manay Pillaca, Jessica Guevara Ramírez, César Tito Rojas y Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú)
• Fernando García Huby, Jessica Benítez Barrionevo y Édgar Gonzáles Polar (Partido del Buen Gobierno)
• Félix Chang Apuy (Renovación Popular)
• Arturo Eusebio Padilla y Edgard Alvarón De La Cruz (Partido Cívico Obras).

Una disputa por una oficina del cuarto piso del complejo legislativo generó este miércoles momentos de tensión en el Congreso y terminó con la presencia de agentes de la Policía Nacional (PNP), informó el medio de investigación Epicentro TV.

De acuerdo con el informe, el ambiente figuraba como desocupado en los documentos administrativos. Sin embargo, personal de la bancada Ahora Nación ingresó al lugar y, posteriormente, trabajadores de Fuerza Popular sostuvieron que el despacho les correspondía.

La controversia escaló cuando un grupo de personas, entre las que se observa a la legisladora Indira Huilca, reclamó el ingreso de diputados al ambiente. En uno de los videos difundidos se escucha a un interlocutor exigir a un trabajador que se identifique y cuestionarlo por impedir el acceso de parlamentarios.

El intercambio subió de tono ante el reclamo para que uno de los legisladores de Ahora Nación ingresara. Minutos después, agentes policiales acudieron al complejo legislativo para atender la situación.

Inicialmente, se informó que un funcionario de Administración de Edificios había solicitado la intervención policial. Sin embargo, en otro video difundido por el medio, esta versión fue cuestionada. Allí se explica que los agentes acudieron para dejar constancia de lo ocurrido, luego de que se informara que un efectivo verificaría la situación y buscaría resolver el conflicto mediante el diálogo.

En el mismo registro aparece Harvey Colchado, integrante de Ahora Nación y segundo vicepresidente de la Cámara Baja, quien consulta si el ingreso de los agentes había sido autorizado por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. La respuesta fue negativa.

De acuerdo con Epicentro TV, varios congresistas intentaron comunicarse con Forno durante la disputa, sin obtener respuesta. Se trata de un nuevo incidente en el Parlamento, después de dos aparentes robos reportados la semana pasada.

Robos

Raúl Camargo, del partido Obras, informó al oficial mayor del Congreso sobre la desaparición de un celular institucional y su cargador, objetos que se encontraban dentro de una caja colocada sobre un estante de su despacho, ubicado en el sótano uno del nuevo edificio parlamentario.

Una situación similar fue reportada por el diputado Víctor Piñán, también integrante de la misma formación, en cuyo despacho desaparecieron una extensión eléctrica, adaptadores y una caja de vitaminas.

La oficina de este último parlamentario había sido entregada el 31 de julio sin la infraestructura eléctrica necesaria, por lo que su equipo adquirió con recursos propios diversos accesorios para habilitar el espacio.

El 3 de agosto, los trabajadores del despacho encontraron la puerta abierta, pese a que había sido dejada cerrada con llave. Posteriormente, constataron que la extensión y los adaptadores ya no se encontraban en la oficina.

Al día siguiente se produjo otro hecho. Mientras una empresa contratista realizaba trabajos relacionados con la infraestructura eléctrica, desapareció una caja de vitaminas que se encontraba sobre el escritorio de uno de los asesores.

El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, sigue denunciando a jueces que inaplican las denominadas leyes ‘procrimen’ del anterior Congreso a pesar de la promesa de su lideresa, la presidenta Keiko Fujimori, de respetar la independencia judicial y la separación de poderes.

Hoy martes 11 de agosto, Rospigliosi denunció ante la Junta Nacional de Justicia a los jueces superiores Miluska Cano, Otto Verapinto y Helbert Llerena, de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. Este colegiado condenó a 6 policías a penas de hasta 15 años de prisión por la masacre en el Penal Castro Castro en 1992.

Para poder continuar con el proceso penal, los magistrados inaplicaron dos leyes consideradas procrimen: la Ley 32107, que prescribe delitos de lesa humanidad, y la Ley 32419, que concede amnistía a los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1990 y el 2000.

“Interpongo denuncia disciplinaria (...) a fin de que la Junta Nacional de Justicia disponga el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente y, una vez actuadas las pruebas y respetado el debido procedimiento, determine la imposición de la sanción de destitución, de acreditarse las faltas graves y muy graves que se exponen en la presente denuncia”, se lee en el documento de Rospigliosi.

El colegiado, según la sentencia a la que accedió Infobae, inaplicó las referidas normas por considerarlas contrarias a la Constitución Política del Perú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El tribunal aplicó el control de convencionalidad de oficio y sostuvo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables conforme al derecho internacional.

Promesa rota

La acción de Fernando Rospigliosi contradice a su lideresa, la presidenta Keiko Fujimori, quien se comprometió a respetar de manera absoluta la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho. Así lo manifestó la jefa de Estado en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, hizo mención de la contradicción entre el discurso de Fujimori y las voces que la rodean.

“Nos preocupa que su juramento solemne, es decir, su palabra, contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del Poder Judicial, las cuales son inadmisibles en un estado democrático”, afirmó Tello ante jueces supremos en actividad y cesantes, así como ante altos funcionarios presentes en el acto.

La presidenta del PJ subrayó que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una condición estructural del Estado de derecho. Sin ella, advirtió, “la judicatura quedaría subordinada al poder político y las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, quedarían sin defensa frente a los abusos de poder”. En sus palabras, esa independencia “ha evolucionado hasta convertirse en un derecho irrenunciable que tenemos los jueces”.

Tello también apuntó contra los procesos que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió en los últimos meses contra magistrados de distintos niveles por haber aplicado control difuso o control de convencionalidad para inaplicar una ley del Congreso considerada cuestionable.

Para la presidenta del PJ, destituir a un juez por el contenido de sus decisiones —y no por faltas éticas o de conducta— equivale a suprimir la independencia judicial. “Si se llegara a destituir a un juez o a una jueza nombrada mediante concurso público meritocrático únicamente porque una autoridad discrepa con el contenido de sus decisiones o con su criterio jurisdiccional, se eliminaría por completo la independencia judicial y ello resultaría arbitrario”, sostuvo.

Tello fue enfática en que el control difuso no es una invención de los jueces, sino una facultad constitucional, y que el control de convencionalidad es una obligación internacional asumida por el Perú al integrarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Cualquier persona o institución tiene derecho a criticar e impugnar una resolución judicial, y ese derecho lo defenderemos siempre. Pero discrepar con una sentencia no puede ser justificación para despojar del cargo a quien la emitió”, sentenció.

La Junta de Portavoces del Senado del Congreso de la República aprobó la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas para el periodo 2026-2027.

La Comisión de Constitución estará a cargo del oficialismo, Fuerza Popular. En este grupo de trabajo del Senado se revisarán, estudiarán y dictaminarán las propuestas enviadas por la Cámara de Diputados relacionadas a la materia.

El fujimorismo también presidirá las comisiones de Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, y la Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

Por su parte, Juntos por el Perú, el principal partido de oposición, liderará la Comisión de Ética Parlamentaria. Este grupo de trabajo se encargará de procesar a los senadores por presuntas faltas éticas, que podría acabar en su suspensión hasta por 120 días.

El partido de Roberto Sánchez, además, tendrá las presidencias de las comisiones de Gestión del Estado y Contraloría; y la de Procedimientos Especiales.

La Comisión de Procedimientos Especiales tiene como atribución, antes de ser visto por el Pleno del Senado, los procedimiento de elección, designación o ratificación de los altos funcionarios del Estado que establece la Constitución Política del Perú, tales como la elección del defensor del pueblo, la designación del contralor general de la República, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección de los tres directores del Banco Central de Reserva del Perú y la ratificación de su presidente, así como la ratificación del superintendente de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones.

Así quedaron las presidencias de comisiones del Senado

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores:

• Presidencia: Fuerza Popular
• Vicepresidencia: Obras
• Secretaría: Renovación Popular

Defensa Nacional y Orden Interno:

• Presidencia: Renovación Popular
• Vicepresidencia: Obras
• Secretaría: Fuerza Popular

Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo:

• Presidencia: Obras
• Vicepresidencia: Buen Gobierno
• Secretaría: Fuerza Popular

Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor:

• Presidencia: Ahora Nación
• Vicepresidencia: Fuerza Popular
• Secretaría: Buen Gobierno

Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital:

• Presidencia: Buen Gobierno
• Vicepresidencia. Juntos por el Perú
• Secretaría: Fuerza Popular

Gestión del Estado y Contraloría:

• Presidencia: Juntos por el Perú
• Vicepresidencia: Fuerza Popular
• Secretaría: Ahora Nación

Justicia y Derechos Humanos:

• Presidencia: Renovación Popular
• Vicepresidencia: Buen Gobierno
• Secretaría: Fuerza Popular

Ética Parlamentaria:

• Presidencia: Juntos por el Perú
• Vicepresidencia: Fuerza Popular
• Secretaría: Renovación Popular

Procedimientos Especiales:

• Presidencia: Juntos por el Perú
• Vicepresidencia: Renovación Popular
• Secretaría: Fuerza Popular

Inteligencia:

• Presidencia: Fuerza Popular
• Vicepresidencia: Buen Gobierno
• Secretaría: Juntos por el Perú

Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción:

• Presidencia: Fuerza Popular
• Vicepresidencia: Renovación Popular
• Secretaría: Obras

Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República:

• Presidencia: Fuerza Popular
• Secretaría: Buen Gobierno

Los miembros de cada una de las comisiones serán oficializados este miércoles 12 de agosto, cuando el Pleno del Senado apruebe el cuadro nominativo de cada una de las comisiones. Luego, cada grupo de trabajo deberá sesionar para formalizar su respectiva mesa directiva (presidente, vicepresidente, secretario de comisión del Senado).

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) identificó dos irregularidades en el uso del dinero del financiamiento público directo por parte del partido Fuerza Popular durante la segunda mitad del 2025. Ambas observaciones, recogidas en el informe difundido por Latina y al que accedió Infobae, advierten de un presunto uso indebido de fondos del Estado en actividades de formación y capacitación política.

Entre el 1 de setiembre y el 28 de noviembre de 2025, Fuerza Popular contrató a la Universidad de San Martín de Porres (USMP) para dictar el “Diplomado de Especialización en Gestión Pública”, dirigido a 35 personas, por un monto total de 70 mil soles. Es decir, 2 mil soles por participante.

Sin embargo, el informe académico final de la USMP reveló que cinco participantes desaprobaron y uno no asistió. El artículo 26 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP) establece que “en caso el ciudadano o los ciudadanos beneficiarios de estas capacitaciones individuales, específicas o personalizadas no obtengan nota aprobatoria, estos gastos no deben ser solventados con los fondos del FPD”.

El monto observado por los seis participantes que no aprobaron el cusco asciende 12 mil soles. Además, la ONPE advirtió que el partido tampoco acreditó la presentación de informes finales individuales ni la realización de actividades donde se haya puesto a prueba los conocimientos supuestamente adquiridos. Ello también lo exige el mismo reglamento.

Ante el requerimiento formal de la ONPE, Fuerza Popular respondió mediante carta que enviaría “a la brevedad la respuesta correspondiente a lo solicitado”. La documentación nunca llegó, por lo que la observación se mantiene vigente.

Cuestionado proveedor

La segunda irregularidad involucra al proveedor Servic Team S.A.C., contratado por 110 mil soles para ejecutar el “Taller de Liderazgo Político para Jóvenes en Macroregiones”, realizado el 13 de setiembre de 2025 en el departamento de San Martín.

Los términos de referencia elaborado por Fuerza Popular exigían que el proveedor acreditara un mínimo de dos años de experiencia en servicios afines. Sin embargo, la ficha RUC de Servic Team S.A.C. registra el inicio de actividades el 1 de febrero de 2023, y la documentación analizada por la ONPE solo permitió validar ocho meses y trece días de experiencia previa a la firma del contrato.

El fujimorismo, según el informe, intentó justificar la contratación alegando un “error material” en el informe de pluralidad de postores, donde se afirmaba que el proveedor contaba con cinco años de experiencia. En un segundo descargo, el partido sostuvo que la empresa en cuestión. posee “8 años de experiencia como gestora”. La entidad electoral rechazó ambos argumentos por ser contradictorios con la información oficial del RUC y con la documentación de soporte presentada.

La entidad concluyó que “la celebración del contrato se realizó en contravención de las condiciones establecidas en los TDR, afectando la legalidad del proceso de contratación y la idoneidad del gasto efectuado”. Así, el partido de Keiko Fujimori habría incurrido en la infracción muy grave consistente en utilizar el financiamiento público directo para fines diferentes a los señalados en la presente ley.

El diputado Carlos Zegarra (Fuerza Popular) figura en la investigación por el asesinato del periodista iqueño Gastón Medina, ocurrido en enero de 2025, a partir de elementos que incluyen un audio difundido por la propia víctima antes de su muerte y el testimonio de un testigo clave en el caso.

Un informe publicado este martes por el diario La República revela que un registro difundido por Medina en marzo de 2023, tres años antes de su asesinato, contiene la voz de Víctor ‘El Chino’ Mere, vinculado al entorno del Gobierno Regional de Ica, quien menciona un supuesto ataque contra el comunicador y la exvicegobernadora Luz Canales.

“Si hubiésemos matado a esa tía y a Gastón, cambiaban las cosas”, se escucha en la grabación, cuya transcripción fue citada por el medio.

La otra voz de la conversación fue atribuida a Zegarra, quien en ese momento se desempeñaba como asesor del gobernador regional Jorge Hurtado. “Tienen que avanzar sobre esa línea. Yo solamente ejecuto”, decía.

Pese a las amenazas, Medina continuó difundiendo denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la gestión regional y, según el testimonio de su expareja Nathalie Caico, modificó sus rutinas y comenzó a conducir su programa desde su vivienda por motivos de seguridad.

“Nadie lo sabía. Presentaba denuncias ante las autoridades y pedía protección, pero no se hacía nada”, contó al diario.

El 20 de enero de 2025, el periodista fue asesinado frente a su vivienda cuando salía rumbo a una reunión, en un ataque que, según la Fiscalía, fue perpetrado por el ciudadano venezolano Pablo Echeverría Suárez, alias ‘Barrabás’, quien cumple prisión preventiva.

No obstante, la pesquisa continúa centrada en determinar quién habría ordenado el crimen. “Gastón no era un periodista policial ni investigaba organizaciones criminales comunes. Investigaba principalmente casos de corrupción en entidades públicas. Corresponde determinar quién pudo contratar o utilizar una estructura criminal para asesinarlo”, explicó el abogado de los deudos, Wilmer Quispe.

Dos semanas después del asesinato, la Policía encontró una pistola vinculada al crimen, la cual pertenecía al suboficial de la Policía Nacional (PNP) Rogger Tadeo, quien declaró que denunció el robo del arma mientras viajaba en un bus de transporte público en Lima.

En ese contexto, la Fiscalía abrió una carpeta reservada para establecer si existió una estructura detrás del homicidio y determinar las responsabilidades de quienes habrían planificado el ataque.

En ese expediente aparece el nombre del parlamentario, quien ha negado cualquier participación en el asesinato y aseguró que no ha sido citado por el Ministerio Público. “Hasta el día de hoy, a mí no me han citado. Desde el primer momento me puse a disposición. No tengo absolutamente nada que ver”, declaró al diario.

“Esa es toda una historia. Se pueden escuchar audios en los que se habla de que me quieren asesinar. No existe ninguna prueba, ningún indicio ni ningún elemento probatorio que me vincule (...) Esos son comentarios de personas que políticamente no nos tienen dentro de sus planes. Yo me hago una pregunta: ¿quién se benefició con esas muertes? Esa es una pregunta que la justicia debería resolver”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, cuestionó que el caso continúe sin responsables determinados.

“A quien se indica como un potencial autor intelectual ni siquiera ha sido llamado a testificar ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Es más, este personaje hoy ocupa un escaño en el Congreso como parte del partido oficialista”, dijo.

La Junta de Portavoces del Senado, presidida por Miguel Ángel Torres Morales, decidió por unanimidad que las comisiones ordinarias legislativas contarán con 12 integrantes en el periodo anual de sesiones 2026-2027. Así lo informó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso en un comunicado oficial difundido este martes. Esta estructura también alcanza a la Comisión de Procedimientos Especiales y a la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo.

El acuerdo detalla la representación proporcional de cada bancada dentro de estos órganos parlamentarios. Fuerza Popular ocupará 4 plazas, Juntos por el Perú tendrá 3, Renovación Popular contará con 2, mientras que Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación dispondrán de un escaño cada uno.

De esta manera, las siete comisiones ordinarias del Senado quedan conformadas para abordar áreas clave como Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; Gestión del Estado y Contraloría; y Justicia y Derechos Humanos.

La misma Junta de Portavoces determinó la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria y de la Comisión de Inteligencia. La primera tendrá representación de un senador por cada grupo parlamentario, sumando seis integrantes, mientras que la Comisión de Inteligencia estará integrada por cinco titulares: dos de Fuerza Popular, uno de Juntos por el Perú, uno de Renovación Popular y uno del Partido del Buen Gobierno. Todos estos acuerdos deberán ser ratificados en la sesión plenaria convocada para el miércoles 5 de agosto, según confirmó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso.

Por su parte, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, bajo la conducción de la primera vicepresidenta Analí Márquez Huanca, aprobó por mayoría la cantidad de integrantes para las 16 comisiones ordinarias legislativas en el mismo periodo. Siete de estas comisiones estarán compuestas por 26 diputados, incluyendo las áreas de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; así como Infraestructura, Vivienda y Transportes.

Otras nueve comisiones tendrán 20 integrantes cada una, entre las que se encuentran Defensa Nacional y Orden Interno, Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos, Energía y Minas, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, según informó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Composición proporcional y ratificación en el Senado

La distribución proporcional en el Senado busca asegurar la representación de todas las fuerzas políticas en las comisiones, un aspecto que destaca el equilibrio parlamentario en el trabajo legislativo. Según lo detallado en el comunicado, la participación de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y otras bancadas permitirá que los principales bloques cuenten con voz y voto en las decisiones de cada comisión.

Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado, anticipó que la ratificación de estos acuerdos será uno de los puntos centrales en la próxima sesión plenaria, prevista para el miércoles 5 de agosto. La confirmación de los integrantes y la estructura de las comisiones marcará el inicio formal del ciclo de trabajo legislativo para el periodo 2026-2027.

La Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Inteligencia también tendrán una función relevante en la supervisión y fiscalización del poder legislativo y ejecutivo. La integración proporcional de estas comisiones refuerza la transparencia y la vigilancia en el manejo de los asuntos públicos.

Cámara de Diputados: integración y funcionamiento de las comisiones

En la Cámara de Diputados, la aprobación del número de integrantes de las comisiones ordinarias fue resultado de un consenso mayoritario, liderado por la vicepresidenta Analí Márquez Huanca. De acuerdo con la información publicada por el Congreso, la decisión busca optimizar el funcionamiento de los grupos de trabajo y garantizar una representación acorde a la pluralidad política del hemiciclo.

Las siete comisiones más numerosas, con 26 diputados cada una, abordan temas de alta relevancia nacional. Por su parte, las nueve comisiones de 20 miembros trabajan en áreas sectoriales que incluyen desde la defensa nacional hasta la innovación tecnológica y la sociedad digital, fortaleciendo la capacidad de respuesta parlamentaria en distintas materias.

La presencia de representantes de diferentes bancadas en cada comisión permite un debate plural y la posibilidad de alcanzar acuerdos que reflejen el espectro político del país. Estos órganos desempeñan un rol clave en la elaboración, revisión y fiscalización de leyes que impactan en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Comisiones no legislativas y conformación de la Comisión de Ética en Diputados

En cuanto a las comisiones no legislativas de la Cámara de Diputados, la Comisión de Acusaciones Constitucionales quedó conformada por 26 miembros. La Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán seis integrantes cada una, siguiendo lo dispuesto en el Reglamento interno de la cámara baja.

La integración de la Comisión de Ética Parlamentaria quedó definida tras la aprobación de las propuestas de los portavoces de cada bancada. Según lo comunicado oficialmente, la comisión estará compuesta por Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), César Tito Rojas (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación), quienes ejercerán el mandato durante dos años.

La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez Huanca, anunció que el Pleno se reunirá el miércoles 5 de agosto a las 16:00 horas para ratificar estos acuerdos y dar inicio formal al periodo legislativo 2026-2027.

El diputado de Piura, Eduardo Castillo, de la bancada de Fuerza Popular, advirtió que Piura no llegará con obras definitivas para mitigar las consecuencias del Fenómeno El Niño en los próximos cuatro meses. Sostuvo que, ante ese plazo, la respuesta debe concentrarse en descolmatar ríos y reforzar diques para reducir el riesgo de inundaciones.

El legislador del oficialismo sostuvo que el problema se genera por retrasos acumulados. Según indicó a RPP, la prevención tiene “0%” de ejecución y la reacción apenas alcanza el 4%, un nivel que atribuyó sobre todo a la compra de materiales de emergencia como calaminas y triplay para atender a la población durante las lluvias.

Castillo afirmó que las obras debieron iniciarse hace varios años y remarcó que el gobierno anterior tenía que haber comenzado hace meses las intervenciones para amortiguar los efectos del fenómeno. Señaló que la falta de acciones oportunas incrementa el riesgo para la población de Piura.

“Lamentablemente, ayer se le hizo una pregunta a la señora presidenta sobre la salida del río al mar, que es una solución definitiva y lamentablemente en cuatro meses no se va a poder hacer este tipo de trabajo”, indicó el representante de la región Piura.

Convocatoria al sector privado

Castillo valoró las medidas anunciadas por el Gobierno para reducir el impacto de las lluvias. Entre ellas, destacó la asignación inmediata de $140 millones para labores de descolmatación y el despliegue de maquinaria para ejecutar esos trabajos.

Citado por RPP, también consideró positiva la convocatoria del Ejecutivo al sector privado y a los tres niveles de gobierno para afrontar la emergencia. Para el legislador, ese apoyo será determinante porque las obras de gran envergadura no estarán listas en el corto plazo.

“En estos momentos estamos abocados al tema de la prevención y también se está coordinando en temas de reacción. Para eso también se convoca al sector privado. En Junín hemos visto cómo la Caja Huancayo ha hecho un apoyo con veintidós millones de soles me parece para poder levantar la ciudad devastada y de esta manera tenemos que convocar absolutamente a todos”, indicó el diputado Castillo al medio radial.

El representante de Fuerza Popular también saludó la presencia de la presidenta Keiko Fujimori en Piura y sostuvo que asumió el liderazgo de la respuesta frente al fenómeno. Según declaró, designó como responsables del trabajo de descolmatación al ministro de Desarrollo Agrario y al ministro de Defensa.

Castillo advirtió que el margen de maniobra ya es estrecho. "En cuatro meses no se va a poder hacer este tipo de trabajo, así que el reforzamiento de diques y la descolmatación y el refuerzo de diques... va a tener que ver mucho del apoyo del Gobierno y del empresariado privado", dijo.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conversación con la periodista Milagros Leiva para el programa Sin Rodeos este 2 de agosto, en la que inicialmente abordó el difícil momento familiar que atraviesa tras el fallecimiento de su suegra, Vera Karp. Sin embargo, la entrevista dio un giro cuando fue consultado sobre la nueva jefa de Estado y el inicio de su gestión.

Lejos de mantener el tono confrontacional que caracterizó gran parte de la relación entre ambos sectores políticos durante las últimas dos décadas, Alejandro Toledo optó por enviar un mensaje de respaldo institucional, resaltando la importancia de respetar el resultado de las elecciones y de fortalecer la democracia.

Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori por su elección

Durante la entrevista, Milagros Leiva recordó que Eliane Karp había solicitado públicamente una gracia presidencial o un indulto humanitario para el exmandatario y preguntó cuál era su posición frente a la llegada de Keiko Fujimori al poder.

Ante la consulta, Toledo evitó cualquier confrontación política y comenzó reconociendo el resultado de las urnas. “Mire, yo primero quiero felicitarla porque ha sido democráticamente elegida.”

Tras esa afirmación, insistió en que la decisión tomada por los ciudadanos debe ser respetada. “Ese, eh, eso es mi tema, eh, y ha sido elegida democráticamente y hay que respetar eso.”

El expresidente sostuvo que, más allá de las diferencias históricas entre ambos, el país necesita estabilidad para enfrentar los desafíos que tiene por delante. “Y le deseo muchísima suerte, porque los retos que están al frente del Perú son enormes, enormes.”

“Lo que pasó ya pasó”: Toledo deja atrás las diferencias con el fujimorismo

La periodista recordó que Alejandro Toledo fue uno de los principales líderes de la oposición durante el régimen de Alberto Fujimori, impulsando la recordada Marcha de los Cuatro Suyos, considerada uno de los episodios más importantes en el retorno de la democracia peruana.

Frente a ello, le preguntó si realmente deseaba éxito a la hija del exmandatario. La respuesta fue contundente. “Absolutamente.” Toledo explicó que su prioridad no es reabrir antiguos enfrentamientos políticos, sino contribuir a que el país avance.

“El tema es la democracia.” Añadió que el crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para reducir las brechas sociales y beneficiar principalmente a la población más vulnerable. “El tema es el crecimiento de la economía, pero lo más importante es que los beneficios del crecimiento de la economía lleguen a los más pobres.”

El exjefe de Estado sostuvo que esa ha sido una de sus principales convicciones desde que decidió dejar su carrera académica para asumir responsabilidades políticas en el Perú.

“Por favor, eso es mi obsesión. Por eso dejé Harvard, dejé la Universidad de Stanford como profesor en ambas universidades para regresar a devolverle algo de lo mucho que me ha dado mi país.” Posteriormente reiteró que considera necesario mirar hacia adelante. “Yo le deseo ahora... Lo que pasó ya pasó.”

Alejandro Toledo revela que envió condolencias por la muerte de Alberto Fujimori

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Alejandro Toledo reveló que, tras el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, decidió enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares. La revelación sorprendió debido a la histórica rivalidad política entre ambos líderes.

Cuando Milagros Leiva le preguntó a qué se refería, Toledo explicó que había optado por expresar sus condolencias a la familia.

“Le envié un mensaje a la familia de condolencias.” El expresidente sostuvo que, pese a las profundas diferencias políticas que existieron durante años, considera que esos episodios no deben impedir la convivencia democrática.

“No podemos quedarnos en esas rivalidades que afectan el avance del país.” Añadió que el Perú enfrenta desafíos que requieren unidad y una mirada de futuro. “En un momento donde los retos, no solo en el Perú, sino a nivel global, son enormes.”

Toledo pide fortalecer la democracia

Durante otro pasaje de la conversación, Alejandro Toledo reiteró que uno de sus principales deseos para el nuevo gobierno es que se preserve el sistema democrático. En ese sentido, manifestó su respaldo institucional a la nueva administración.

“Entonces, le deseo de todo corazón mucho éxito.” Asimismo, insistió en que el fortalecimiento de la democracia debe estar por encima de cualquier diferencia política.

“Espero que mantengamos la democracia, que la fortalezcamos.” Finalmente, señaló que las discrepancias ideológicas no deberían convertirse en un obstáculo para el desarrollo nacional.

“Independientemente de nuestras diferencias.”

Las declaraciones contrastan con décadas de enfrentamiento político

Las palabras de Alejandro Toledo llaman la atención debido al papel que desempeñó durante los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori.

El exmandatario fue una de las principales figuras de la oposición y encabezó la Marcha de los Cuatro Suyos, movilización que reunió a miles de ciudadanos en Lima para rechazar el régimen fujimorista y exigir el restablecimiento del orden democrático.

Ese episodio marcó un antes y un después en la política peruana y consolidó a Toledo como uno de los principales protagonistas del proceso de transición democrática.

Precisamente por ese antecedente, sus declaraciones hacia Keiko Fujimori han generado especial interés, al evidenciar un tono conciliador que contrasta con la confrontación política que caracterizó la relación entre ambos sectores durante más de dos décadas.

Una entrevista marcada por el difícil momento personal del expresidente

Aunque el principal mensaje político estuvo dirigido a la actual mandataria, la conversación se desarrolló en medio de un complejo momento familiar para Alejandro Toledo.

El expresidente habló inicialmente sobre el fallecimiento de su suegra, Vera Karp, madre de Eliane Karp, y describió el difícil escenario que enfrenta su familia debido a que, según explicó, su esposa no puede viajar para asistir al funeral por la alerta roja de Interpol que pesa en su contra.

Fue en ese contexto que también agradeció las facilidades brindadas por las autoridades del penal para mantener comunicación con sus familiares y respondió las preguntas relacionadas con el nuevo escenario político del país.

Para el senador de Fuerza Popular y presidente del Congreso, Miguel Torres, el caso de Pérez es un delito común y no de función, por lo que afirmó que deben aplicarse “todas las medidas que correspondan”. En conversación con la prensa, pidió a la bancada y al partido del legislador que activen investigaciones y eventuales sanciones que correspondan al parlamentario.

Torres sostuvo que el Parlamento debe condenar una situación que, a su juicio, golpea la imagen institucional. “Flaco favor se le hace a la imagen del Congreso de la República”, afirmó el titular del Senado al reclamar que políticos, periodistas y sociedad civil “cierren filas” para exigir que el caso se tramite con rigor legal.

El vocero fujimorista también añadió que el Congreso avanza en la conformación de sus comisiones y aseguró que será la Comisión de Ética la que analizará el caso específico del congresista Pérez una vez que sea instalada.

Renovación Popular pide intervención de la Comisión de Ética

El diputado Diego Bazán cuestionó lo que definió como un “falso espíritu de cuerpo” que, a su entender, afectó al Parlamento anterior. Desde esa crítica, lamentó que la bancada de Pérez no hubiera tomado medidas inmediatas desde el inicio del caso.

Bazán explicó a Canal N que el asunto no debe agotarse en el terreno penal y remarcó que también corresponde una evaluación ética. En esa línea, recordó que existe “un procedimiento exprés” que él implementó y que permite que “en 12 días ya puede estar sancionado un parlamentario”.

Consultado por las alternativas de castigo, el legislador afirmó que el reglamento contempla la sanción máxima si se acredita responsabilidad. “Acá hay pruebas suficientes, incluso el testimonio de la propia víctima”, dijo, y agregó que ello conduciría a “la sanción máxima”, que fijó en 120 días de suspensión de labores.

Juntos por el Perú coincide con una suspensión del parlamentario

El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, coincidió con las críticas hacia su colega y afirmó que la situación es condenable y expresó su solidaridad con la víctima. En su declaración, también señaló que el vocero de su espacio ya había pedido que la comisión actúe “inmediatamente” y que el legislador sea suspendido para dejar las investigaciones en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial.

El senador insistió en Canal N que la respuesta debe ser inmediata y recordó que, de acuerdo con el reglamento, existe una comisión de ética interna que puede pronunciarse con rapidez en casos como el de Julián Pérez.

Sobre la situación actual del legislador en el partido, el vocero indicó que lo que corresponde, según el reglamento, es solicitar el inicio de un proceso administrativo. A la vez, recomendó que mientras ese trámite dure se determine la suspensión temporal del diputado.

Ernesto Zunini, actual vocero de Juntos por el Perú, indicó que personalmente no tenía conocimiento de los antecedentes de Pérez en casos de violencia y sostuvo que desde un principio la bancada a la que representa fue enérgica en condenar todo acto de violencia, ya fuera psicológica o física, contra la mujer.

El Despacho Presidencial designó este sábado a Edwin Lévano, personero legal de Fuerza Popular, como nuevo secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros (PCM) que lidera Luis Galarreta, de acuerdo con una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que Lévano asumirá el cargo bajo el régimen de la Ley N.º 30057, luego de recibir la opinión favorable de la Subsecretaría General, la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

La resolución precisa que el nombramiento busca cubrir la vacante existente en la Secretaría de PCM del Despacho Presidencial y asegurar el adecuado cumplimiento de las funciones del puesto.

En junio pasado, pocos días después de la primera vuelta electoral, Lévano jugó un papel clave para la formación fujimorista al solicitar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima Oeste 2 y de Puno que no anularan las actas observadas por falta de firmas de los miembros de mesa o por supuesta ilegibilidad.

El abogado pidió aplicar “de manera estricta y preferente el principio de conservación del voto, el cotejo obligatorio de ejemplares y la integración de firmas, datos o caracteres, evitando cualquier interpretación formalista que conduzca a la nulidad o exclusión de votos válidamente emitidos”.

En ese momento, Fuerza Popular sostuvo que las actas habían sido observadas por presunta ausencia de firmas, falta parcial de nombres o números de DNI de los miembros de mesa, uso de huellas dactilares, caracteres supuestamente ilegibles o diferencias de lectura entre los ejemplares.

No obstante, el partido de la presidenta Keiko Fujimori argumentó que esas observaciones, en muchos casos, no afectaban la voluntad del elector ni impedían conocer el resultado de la elección, por lo que debían resolverse mediante el procedimiento vigente: primero con el cotejo de actas, luego con la integración de la información y, solo de ser necesario, con el recuento de sufragios.

“El JEE no puede convertir una observación formal en nulidad automática. La nulidad es excepcional; la regla es conservar el voto y preservar la eficacia del acto electoral”, señaló el documento.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) designó la semana pasada su gabinete ministerial, con solo dos mujeres en un total de diecinueve carteras, en el que recurrió a gente de su máxima confianza y a la experiencia de funcionarios en pasados gobiernos.

En la cartera de Relaciones Exteriores se nombró al periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, quien sorprendió por ser uno de sus rivales en la primera vuelta y que durante quince años trabajó como jefe de prensa y comunicaciones para la Embajada de Estados Unidos en Lima, lo que supone un gesto de acercamiento al país norteamericano.

El Ministerio de Economía parecía inicialmente reservado para el exministro y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (CAD) Luis Carranza, pero finalmente este declinó ser parte del Gobierno y la política económica quedará en manos de Elmer Cuba, un economista que fue parte de la junta directiva del Banco Central y de la campaña electoral de Fujimori en 2016.

La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia del Perú fue analizada por CNN en Español dentro de un fenómeno político que gana presencia en América Latina: el ascenso de una nueva generación de líderes con apellidos vinculados históricamente al poder. El medio internacional calificó a este grupo como los “nepobabies” de la política, en referencia a dirigentes que heredaron una plataforma familiar construida durante décadas.

En un informe firmado por Gonzalo Zegarra y Jhasua Razo, CNN señaló que la mandataria peruana integra una lista de jefes de Estado que llegaron al poder tras una trayectoria marcada por el peso de sus familias. Junto a ella aparecen figuras como Daniel Noboa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia, Bernardo Arévalo en Guatemala y Luis Abinader en República Dominicana, quienes tienen antecedentes familiares ligados a la política nacional de sus países.

Keiko Fujimori y el peso del apellido: una marca política con ventajas y cuestionamientos

Según el análisis de CNN, el apellido Fujimori representa un activo político construido durante décadas, pero también una carga asociada a los cuestionamientos contra el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, quien dirigió el país entre 1990 y 2000.

La investigación cita a la politóloga Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político-Electoral de la Universidad de Guadalajara, quien explicó que alrededor del 20 % de los políticos analizados en América Latina tienen algún tipo de capital familiar, una característica que continúa siendo relevante dentro de los sistemas electorales de la región.

“Los apellidos se convierten en una marca”, explicó Montaño al medio internacional, al señalar que una familia con presencia pública puede otorgar ventajas iniciales a sus integrantes. La especialista sostuvo que pertenecer a un entorno con conexiones, reconocimiento y redes políticas facilita el ingreso a una actividad donde la exposición pública resulta determinante.

En el caso peruano, CNN recordó que Keiko Fujimori tuvo una relación temprana con la política al convertirse en primera dama durante la década de 1990, tras la separación de sus padres. Posteriormente, construyó su propia carrera dentro del Congreso y lideró Fuerza Popular, agrupación con la que postuló en varias oportunidades antes de alcanzar la Presidencia.

El medio también destacó que el legado de Alberto Fujimori mantiene posiciones enfrentadas dentro de la sociedad peruana. Para sus seguidores, su gobierno está asociado a la estabilización económica y la derrota de Sendero Luminoso, mientras que sus críticos recuerdan las condenas por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

El analista internacional Farid Kahhat, citado por CNN, explicó que los apellidos políticos pueden generar beneficios y dificultades dependiendo del contexto. “El apellido genera activos y pasivos”, señaló, al remarcar que la herencia política puede atraer respaldo electoral, pero también movilizar rechazo.

Una ola de familias políticas vuelve al poder en América Latina

El caso de Keiko Fujimori forma parte de una tendencia regional que CNN identifica como un retorno de las dinastías políticas en elecciones democráticas. El informe señala que actualmente existe una cantidad inusual de presidentes latinoamericanos con vínculos familiares directos con antiguos mandatarios o figuras de gran influencia.

Uno de los ejemplos mencionados es Daniel Noboa, presidente de Ecuador e hijo de Álvaro Noboa, empresario y político que intentó llegar a la Presidencia ecuatoriana en varias ocasiones. Aunque Noboa hijo buscó proyectar una imagen propia durante su campaña, su apellido ya contaba con reconocimiento nacional.

En Bolivia, Rodrigo Paz llegó al poder con el respaldo del apellido de su padre, Jaime Paz Zamora, expresidente boliviano entre 1989 y 1993. Su trayectoria, sin embargo, estuvo acompañada por años de participación política previa como congresista, alcalde y senador.

Otro caso destacado es el de Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala e hijo de Juan José Arévalo, mandatario entre 1945 y 1951 y una figura histórica del país centroamericano. A diferencia de otros casos, CNN señala que su apellido estuvo vinculado principalmente al legado de un periodo democrático anterior.

El informe también menciona a Luis Abinader, presidente de República Dominicana, cuyo padre, José Rafael Abinader, fue senador y candidato presidencial. En su caso, la influencia familiar estuvo acompañada por una carrera política propia dentro de su partido antes de llegar al Gobierno.

Para los especialistas consultados por CNN, la expansión de estos liderazgos familiares refleja la importancia que todavía tienen las redes personales frente a estructuras partidarias más sólidas. Montaño sostuvo que el fenómeno evidencia que muchas organizaciones políticas en la región continúan dependiendo más de figuras individuales que de instituciones consolidadas.

Además, el análisis señala que varios de estos nuevos líderes pertenecen a sectores de derecha política, una tendencia relacionada con el acceso a mayores recursos económicos y redes empresariales. Sin embargo, los especialistas advierten que el peso del apellido no garantiza por sí solo una victoria electoral, ya que cada candidato debe enfrentar el contexto político y las evaluaciones ciudadanas sobre su propio desempeño.

El gobierno de Keiko Fujimori tiene en agenda la revisión de los feriados y días no laborables en el país. Según revela el borrador de la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar”, se planea “modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.

O, al menos, eso es lo que está en discusión, dado que el texto no es final, se aprobaría el próximo miércoles en la siguiente sesión del Consejo de Ministros y la decisión final no está tomada, según apuntó el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, en RPP.

A pesar de esto en la exposición de motivos del Ejecutivo (también en ‘borrador’) se señala explícitamente a los cuatro ‘nuevos’ feriados que creó el Congreso anterior, los cuales se sugiere que serían los primeros en ser eliminados. Si el gobierno de Keiko Fujimori decidiera esto iría, sin embargo, en contra de lo que decidió su mismo partido, Fuerza Popular, en el periodo congresal anterior, dado que estos votaron a favor de que se aprobaran tres de estos cuatro feriados.

Fuerza Popular votó a favor de feriados

Infobae Perú revisó los votos de los congresistas a los anteriores feriados que se aprobaron durante el periodo del Congreso del 2021 al 2026. Se validaron cuatro fechas nuevas y el calendario contó con 16 feriados (antes eran doce).

¿Pero sabías que Fuerza Popular votó a favor de tres de estas cuatro fechas nuevas? Así fueron los votos:

• Feriado del 9 de diciembre: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, Fuerza Popular solo tuvo un voto a favor, 19 fueron en contra y uno en abstención. Entró en vigencia en 2021
• Feriado del 6 de agosto: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP tuvo 14 votos a favor, tres en contra, tres en abstención y dos sin respuesta. El feriado entró en vigencia en 2022
• Feriado del 7 de junio: Fue propuesto por Alianza Para el Progreso y Renovación Popular. En la insistencia de la Ley Fuerza Popular tuvo 21 votos a favor. Entró en vigencia en 2023
• Feriado del 23 de julio: Este feriado tuvo origen en una propuesta de Rosangella Barbarán, pero que fue modificada por un error al ser observada por la presidente de entonces Dina Boluarte. Solo ocho congresista de FP votaron a favor en el último filtro para que se aprobara por insistencia. Hubo dos votos en contra y los demás no asistieron a esta sesión. Este fue el último feriado y entró en vigencia en 2023.

Como se observa, el partido de la presidenta Keiko Fujimori validó con votos de varios congresistas de Fuerza Popular a tres de las cuatro leyes que dieron estos feriados.

Si bien no formuló directamente estas propuestas, sí apoyo que se aprobaran. Peo en el caso del feriado del 23 de julio, la propuesta sí vino de Fuerza Popular, solo que en el texto se incluía un error que devino en que la medida incluyera un feriado y esto no fue observado por el mismo partido.

El feriado del 23 de julio

El feriado del 23 de julio, que ya pasó, fue promulgado hace tres años, el 8 de julio del 2023, con la Ley 31822. Pero originalmente tenía como foco principal otra medida: modificar la Ley 16126 para solamente declarar como héroe nacional al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles.

Sin embargo, dentro del texto, presentado por Rosangella Barbarán de Fuerza Popular se incluía un ‘error’: se aclaraba que esta fecha se consideraba un “feriado laborable”. Pero un feriado laborable no existe. Un feriado es un fecha de descanso obligatorio para todos los trabajadores. Posiblemente, se quería aclarar que la fecha del 23 de julio no fuera entendida para nada como un feriado, por lo que se le puso laborable, pero lo propio habría sido día laborable, tal cual.

Pero el proceso siguió y esto no se corrigió durante su primera aprobación en el Congreso y llegó el texto tal cual a la presidenta de ese momento Dina Boluarte. La observación de la presidenta en esa época fue que un feriado no es laborable, por lo que observó la Ley y esta volvió a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Es aquí donde se aprobó haciendo un cambio, que quitó el “laborable”, dejándolo como feriado e incluyendo la medida propia en que se cambiaba el Decreto Legislativo N° 713, norma en que figuran estos días libres. Barbarán propuso la Ley en su momento, pero no asistió a su seguimiento cuando se dieron todos estos cambios.

Años antes de sentarse en la mesa de su gabinete ministerial, Beingolea fue uno de los críticos más duros del fujimorismo, tanto del padre como de la hija. En una entrevista concedida a Perú21 en 2020, por ejemplo, responsabilizó a Alberto Fujimori por el deterioro de la política peruana.

Un año después, en plena campaña electoral, fue todavía más directo contra Keiko Fujimori, a quien acusó de representar “lo peor” de los últimos gobiernos y de haber destruido al país en varias ocasiones. Hoy, esas mismas declaraciones contrastan con el tono conciliador que ha mostrado al asumir la cartera de Cultura, desde donde promete trabajar por la unidad nacional.

Las críticas que Alberto Beingolea lanzó contra el fujimorismo antes de integrar el Gobierno

En enero de 2020, cuando postulaba al Congreso por el PPC, Beingolea concedió una entrevista a Peru21 en la que no dudó en responsabilizar al expresidente Alberto Fujimori por el deterioro del sistema político peruano. Según explicó entonces, el mensaje del fujimorismo instaló la idea de que la política era un espacio “sucio” del que los jóvenes debían mantenerse al margen.

Para el entonces dirigente del PPC, ese proceso abrió una etapa de descomposición que todavía arrastraba consecuencias. Asimismo, esa narrativa terminó alejando a los profesionales más preparados de la actividad partidaria, dejando el camino libre a figuras menos calificadas.

Beingolea fue tajante al resumir esa idea. “Con Fujimori comenzó la desgracia peruana”, dijo en la entrevista, publicada con ese mismo titular. En la misma conversación repasó otros liderazgos personalistas surgidos después del fujimorato, de Toledo a Humala pasando por PPK, a los que agrupó bajo una misma lógica: proyectos armados alrededor de una persona y no de una idea.

También aceptó que los partidos tradicionales, incluido el suyo, cargan con parte de la responsabilidad en esa crisis de representación, aunque insistió en que el PPC se mantuvo firme en construir “desde abajo”, con militancia y planes de gobierno, mientras otras agrupaciones se disolvían apenas perdían a su líder de turno.

Un año después, en plena campaña de 2021, el tono hacia Keiko Fujimori fue todavía más duro. En declaraciones a TV Perú, Beingolea sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular representaba lo peor de los últimos tiempos en el poder y remarcó que la ciudadanía ya no confiaba en ninguno de los candidatos presidenciales.

Incluso afirmó que la organización fujimorista había tenido una enorme mayoría parlamentaria que, en lugar de servir para gobernar, terminó profundizando la crisis política. En esa entrevista también sostuvo que el país necesitaba gestos concretos y no solo discursos, porque a ambos candidatos “no se les cree”.

En esa conversación, recogida entonces por medios como Líbero, Beingolea también habló de la desconfianza ciudadana hacia ambos candidatos y pidió gestos concretos, no solo discursos, de cara a la segunda vuelta. El PPC, aclaró, todavía no había definido su respaldo y observaba con distancia el enfrentamiento entre las dos candidaturas.

Qué dijo ahora Alberto Beingolea al asumir el Ministerio de Cultura de Keiko Fujimori

Pese a ese historial de declaraciones, Alberto Beingolea aceptó formar parte del gabinete de Keiko Fujimori y este martes tomó juramento como nuevo ministro de Cultura. Desde Palacio de Gobierno, el excongresista buscó instalar un mensaje de reconciliación y afirmó que el país necesita superar la polarización. “Tenemos que unirnos todos”, dijo al referirse al momento político que atraviesa el Perú, una frase que marcó el tono de sus primeras declaraciones como integrante del Ejecutivo.

Beingolea indicó que su gestión estará centrada en fortalecer la identidad nacional, promover la diversidad cultural y buscar puntos de encuentro entre peruanos. Según explicó, el país debe dejar atrás las divisiones que han marcado la agenda pública en los últimos años y apostar por una visión de peruanidad más amplia, donde la cultura cumpla un rol articulador. En ese sentido, sostuvo que desde su sector trabajará para rescatar las líneas que, a su juicio, definen la pertenencia común a una misma nación.

Consultado por sus antiguas críticas al fujimorismo, el nuevo ministro respondió que se trata de contextos distintos y recordó que su postura frente a los hechos de 1992 ya había sido expresada públicamente hace años. También remarcó que, en la última elección presidencial, respaldó a Keiko Fujimori frente a Pedro Castillo porque consideraba que el Perú y América Latina atravesaban un escenario de fuerte polarización ideológica. A su entender, el problema de fondo sigue siendo la captura de sectores sensibles como Educación y Cultura por posturas extremas.

En otro momento, defendió su incorporación al gabinete como una decisión de servicio al país. Señaló que recibe la invitación con honor y que asume el cargo “como un soldado más” en una causa orientada a recuperar al Perú. Sobre su nueva función, adelantó que buscará “tratar de buscar aquellas grandes líneas que nos definen a todos como peruanos”.

Antiguas publicaciones en la red social X (antes Twitter) de los actuales ministros Alberto Beingolea (Cultura) y Juan Sheput (Trabajo y Promoción del Empleo) reaparecieron este miércoles, un día después de que ambos juraran al cargo ante la presidenta Keiko Fujimori.

Los mensajes, publicados entre 2015 y 2019, contienen severas críticas contra la lideresa de Fuerza Popular, el partido que encabeza y el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), pese a que hoy integran el gabinete ministerial.

Uno de los mensajes más difundidos, compartido especialmente por el director del portal periodístico La Encerrona, Marco Sifuentes, corresponde a Beingolea. El 20 de marzo de 2018, el ahora ministro acusó al fujimorismo de recurrir a prácticas contrarias a la democracia.

“Como hace 3 décadas, el fujimorismo pretende destruir nuestra democracia con sus despreciables métodos. Compra de conciencias, espionaje, atropello de Constitución, abuso de poder. Pedro Pablo Kuczynski (entonces presidente) es insostenible, pero hay que defender nuestra democracia de los hijos del dictador”, escribió.

En ese momento, Kuczynski atravesaba una grave crisis política que terminó con su renuncia a la Presidencia, en medio de un segundo proceso de vacancia y denuncias por presunta compra de votos.

En otra publicación, fechada el 8 de septiembre de 2015, Beingolea marcó distancia entre el fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, y el fallecido exdictador, al responder a la hoy senadora Martha Chávez. “Bedoya es un demócrata, Fujimori fue un dictador”, señaló.

Más adelante, el 1 de enero de 2019, cuestionó la segunda reelección de Alberto Fujimori y la actuación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“El 31 de diciembre de 1999, en horas de la noche, un JNE de rodillas santificó la ilegal re re elección de Fujimori. El PPC había presentado tacha por violación de Constitución, otros también lo hicieron. JNE rechazó todos los recursos, poco antes del año nuevo... viejo estilo”, publicó.

Otro mensaje, del 8 de agosto de 2017, recordó el denominado “shock” económico aplicado durante el primer gobierno del exdictador. “¿Recuerdan: “que dios nos ayude”? Fujimori ganó prometiendo que no haría skok y su Ministro lo anunció a los 10 días”, escribió junto a un enlace periodístico.

Las críticas de Sheput también quedaron registradas durante la campaña presidencial de 2016, en la que Keiko perdió frente a Kuczynski, así como en los meses posteriores.

El 7 de julio de 2017 cuestionó el llamado al diálogo formulado por la entonces lideresa de Fuerza Popular. “Por un lado Keiko Fujimori solicita el diálogo y por otro sus parlamentarios atacan irrespetuosamente”, señaló.

Semanas antes, el 29 de mayo de 2016, hizo referencia a las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen de Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos. “Keiko pudo tener licencia de maternidad pero miles de mujeres esterilizadas salvajemente por gobierno de su padre jamás la tendrán”, escribió.

Ese mismo año también criticó la propuesta ambiental de la entonces candidata presidencial. “Keiko Fujimori fomentará destrucción de Amazonía y medio ambiente al pactar con mineros informales. Populismo irresponsable en acción”, anotó el 29 de abril de 2016.

Uno de los mensajes que mayor repercusión alcanzó fue publicado el 26 de mayo de 2016, cuando Sheput vinculó la campaña presidencial de Fujimori con el tráfico de drogas. “El narcotráfico en la campaña de Keiko. El peligro de convertirnos en un país manejado por la droga”, escribió.

De férreos críticos hoy integran el gabinete de la primera mujer elegida presidenta por voto popular en el país, quien llegó a Palacio de Gobierno luego de tres derrotas consecutivas en las urnas.

En otras palabras, el Gobierno tendría la posibilidad de reorganizar instituciones del Estado — como Sunat, Indecopi, Sunafil, los organismos reguladores y otras entidades públicas — si considera que existen funciones duplicadas o que pueden prestarse de forma más eficiente desde otra institución. La iniciativa forma parte del capítulo dedicado a la reforma estructural y modernización del Estado, uno de los siete ejes contemplados en la solicitud de delegación de facultades.

¿Qué significa que el Gobierno pueda fusionar o eliminar organismos públicos?

Dentro del proyecto de facultades legislativas que el Gobierno envió al Congreso hay un apartado que le permitiría hacer cambios en la estructura del Estado sin tener que presentar una ley por cada institución que quiera modificar.

En términos sencillos, si el Congreso aprueba este pedido, el Ejecutivo podrá crear nuevas entidades públicas, fusionar dos organismos que hoy funcionan por separado, dividir una institución para repartir sus funciones o incluso eliminar aquellas que considere innecesarias o duplican funciones.

Esto podría incluir a entidades como Sunat, Indecopi, Sunafil, Reniec, Osinergmin, Osiptel, Serfor, Sernanp, Senace, Devida, Pronabec, Cofopri, Agromercado, entre muchas otras instituciones que dependen del Poder Ejecutivo o están adscritas a un ministerio.

Por ejemplo, si dos organismos realizan labores similares, el Gobierno podría convertirlos en una sola entidad. También tendría la posibilidad de cerrar un organismo y trasladar todas sus funciones, trabajadores, presupuesto y bienes a otra institución que continúe prestando ese servicio.

El proyecto también contempla que el Ejecutivo pueda redistribuir personal, recursos económicos, oficinas, programas sociales, bienes del Estado y competencias entre distintas entidades, siempre con el objetivo —según el texto presentado— de hacer que el aparato estatal sea más eficiente y reducir la duplicidad de funciones.

La iniciativa aclara que estos cambios deberán realizarse garantizando que los servicios públicos continúen funcionando. Aunque la norma también permitiría reorganizar estructuras dentro de los ministerios, no significa que el Gobierno pueda eliminar un ministerio de manera automática, ya que eso depende del marco constitucional y de las leyes que regulan la organización del Estado.

No solo se trata de instituciones: también plantea cambios como la reducción de feriados

La reforma no se limita a reorganizar entidades. El proyecto también propone modificar algunas reglas relacionadas con el personal que trabaja en el Estado.

Entre las medidas figura el fortalecimiento de la meritocracia, es decir, que los ascensos, capacitaciones y otros procesos internos se basen en el desempeño y los méritos de los servidores públicos. Asimismo, se busca establecer requisitos mínimos para acceder a cargos directivos y puestos de confianza dentro de las entidades estatales.

Además, el Ejecutivo plantea crear incentivos económicos voluntarios para aquellos trabajadores que decidan dejar la administración pública durante los procesos de reorganización. Sin embargo, el propio proyecto precisa que esta medida no autoriza despidos de trabajadores con estabilidad laboral, por lo que quienes cuenten con esa protección legal mantendrán sus derechos.

La reorganización del Estado forma parte de un paquete más amplio de facultades legislativas que el Gobierno solicita por 120 días calendario. Durante ese periodo también busca aprobar reformas relacionadas con seguridad ciudadana, empleo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, desarrollo productivo, inversión privada y cambios tributarios, entre otros temas. De recibir el visto bueno del Congreso, estas modificaciones se realizarían mediante decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo.

Además de la reorganización del Estado, el proyecto de facultades legislativas también incluye cambios en materia laboral. Entre ellos figura la posibilidad de modificar el régimen de los feriados nacionales e, incluso, reducir su número con el objetivo de “racionalizar su uso y fomentar la productividad”, según el texto presentado al Congreso.

Esta propuesta contrasta con las declaraciones que la propia presidenta Keiko Fujimori realizó días atrás, cuando aseguró públicamente que su Gobierno no tenía previsto eliminar ni crear nuevos feriados y que mantendría el calendario actual para favorecer el turismo interno.

En la foto más antigua del archivo, Keiko Fujimori tiene 15 años y está al extremo derecho del encuadre. Saco gris de doble botonadura, blusa clara, cabello negro corto con flequillo y una expresión seria. A su lado, sus hermanos. Al centro, su padre Alberto Fujimori con el brazo en alto. Al extremo izquierdo, su madre Susana Higuchi con un traje blanco de dos piezas: ella era la primera dama.

Keiko era, ese 28 de julio de 1990, simplemente una hija más de la familia presidencial. Ese día nadie hubiera anticipado que, 36 años después, sería ella quien cruzaría el mismo umbral con la banda presidencial sobre el pecho vestida de azul con detalles inspirados en Huancayo.

Lo que vino después fue un arco de vida poco común: de hija adolescente a primera dama a los 19 años, de primera dama a candidata presidencial tres veces derrotada, y finalmente a presidenta del Perú el 28 de julio de 2026. Cada etapa tuvo su propio vestuario, su propio rol y su propio peso simbólico.

1990: la hija que nadie miraba

Cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia por primera vez, Keiko cursaba la secundaria y no tenía ningún rol institucional en el gobierno. Su aparición en los actos oficiales era la de cualquier integrante de la familia presidencial: discreta, en segundo plano, sin protocolo propio.

La imagen de archivo lo confirma. El saco gris de doble botonadura que llevó ese día era ropa de época, sin pretensiones políticas ni mensaje estético deliberado. Cabello natural, sin maquillaje formal, ajena al escrutinio público que recaía sobre su madre. Susana Higuchi era quien acompañaba al presidente en los actos oficiales y quien encabezaba las labores sociales del despacho presidencial. Keiko era, en ese momento, una estudiante de 15 años.

1994-2000: primera dama a los 19, con look de gala y collar de oro

Todo cambió en agosto de 1994. Las tensiones entre sus padres escalaron hasta que Higuchi fue apartada de sus funciones protocolares tras denunciar públicamente casos de corrupción familiar en el manejo de donaciones internacionales provenientes de Japón. Keiko, que se encontraba en el país de vacaciones mientras cursaba estudios en el extranjero, asumió el rol de primera dama con apenas 19 años.

El cambio en su imagen fue inmediato y drástico. Las fotografías de la época muestran a una joven que pasó, casi de golpe, de la ropa casual escolar a los atuendos de gala propios del protocolo presidencial. En eventos oficiales junto a Alberto Fujimori —ya con la banda presidencial— aparece con vestido negro escotado y un llamativo collar de perlas doradas de gran tamaño, labial rojo intenso y cabello negro ondulado con volumen.

En actos del Congreso, un conjunto de tweed en blanco y negro con pin oficial en la solapa. En eventos más informales, blusas oscuras con pañuelos y faldas de corte clásico. Era la moda de mediados de los noventa aplicada al protocolo presidencial peruano: prendas estructuradas, colores contrastantes, accesorios con presencia.

La joven que en 1990 pasaba desapercibida al extremo del encuadre era, en 1995, la figura que acompañaba al presidente en la segunda toma de mando, sentada junto a él en las sillas protocolares de la Misa y Te Deum con un traje de cuadros en blanco y negro y una condecoración oficial prendida al pecho.

Para la tercera y polémica juramentación de su padre, en julio de 2000, Keiko tenía 25 años y su imagen pública estaba consolidada. Saco rosa fucsia, cabello lacio negro largo hasta los hombros, maquillaje más definido: una primera dama joven que ya había acumulado seis años de exposición pública intensa, viajes oficiales, labores sociales y, hacia el final del régimen, participación activa en la campaña que buscó un tercer mandato para Alberto Fujimori pese a sus propias dudas sobre su conveniencia.

Ese gobierno colapsó en noviembre de 2000, tras la difusión de los primeros ‘vladivideos’ y la renuncia de su padre desde Japón. Keiko viajó a Estados Unidos para continuar sus estudios de posgrado.

2011-2021: el naranja de campaña y la imagen de candidata

La siguiente etapa en las tomas de mando fue como espectadora, no como protagonista. Keiko Fujimori se presentó a las elecciones presidenciales en 2011, 2016 y 2021 sin lograr llegar a la presidencia. Durante esos años, su imagen se transformó nuevamente: dejó atrás el protocolo de primera dama y adoptó la estética de la política de masas.

El naranja de Fuerza Popular se convirtió en su color de identidad: chalecos, polos y accesorios en ese tono poblaron sus mítines y caravanas. El cabello pasó a lucirse en coletas altas o con flequillos laterales definidos para proyectar una imagen más dinámica y accesible. Para debates y entrevistas, blazers estructurados y pantalones de sastre en tonos neutros. Una imagen que alternaba entre lo urbano y lo institucional según el escenario.

Las fotos de esos años muestran a una mujer en plena construcción de su propia identidad política, ya separada del protocolo que heredó en los noventa y enfocada en construir la propia.

2026: presidenta con banda y bordados amazónicos

Este 28 de julio, Keiko Fujimori recibió la banda presidencial con un vestido azul de diseño peruano, obra de Patricia Musiris, directora creativa de la firma MODA & CÍA. La pieza, de tono azul sobrio con detalles en los puños se caracterizó por fusionar la elegancia contemporánea con la tradición artesanal andina a través de detalles inspirados en Huancayo y así marcó su llegada a Torre Tagle para recibir a las delegaciones internacionales.

Antes de esa ceremonia, el 15 de julio, había lucido un sastre blanco de dos piezas con la palabra “Perú” bordada en los bolsillos, obra de Yirko Sivirich. Y para recibir a los mandatarios extranjeros en los días previos a la toma de mando, un traje estilo militar en azul marino con los filos del blazer inspirados en la iconografía Koshi Kené del pueblo Shipibo-Konibo: trazos geométricos en el cuello, la pechera, la cintura, los bolsillos y los puños.

La apuesta por diseñadores peruanos y por textiles con referencias a la identidad nacional fue una decisión deliberada que la propia mandataria subrayó en sus apariciones públicas. Una elección que contrasta con la imagen de la adolescente del saco gris de 1990, que no elegía su ropa con ningún mensaje en mente, y con la primera dama de los noventa, cuyo vestuario respondía al protocolo del gobierno de su padre.

Para la Gran Parada Militar del 29 de julio, aún no se ha revelado públicamente cuál será su diseño ni de qué diseñador será.

El equipo detrás del vestuario presidencial

Sue Zacnich lidera un taller integrado por más de diez personas y mantiene a la plantilla que trabajó junto a su madre, Carmela Fuyo, dedicada a la confección de uniformes para empresas. En una entrevista televisiva, la diseñadora relató que su vínculo con Fujimori se estableció a través de un intermediario de Latam, luego de que ella publicara en redes sociales su interés en vestir a la presidenta electa. “Para mí sería un honor vestir a la presidenta”, recordó Zacnich sobre el mensaje inicial que marcó el inicio de la colaboración.

La nueva etapa de imagen de Keiko Fujimori no se limita a una sola creadora. Según el reportaje emitido en televisión, varias diseñadoras nacionales participan en el proceso, entre ellas Cleofé Mendoza, autora del vestido utilizado por Fujimori durante el debate, y Yirko Sivirich, responsable del sastre blanco con bordados verdes con el que recibió sus credenciales. Sue Zacnich detalló que el primer diseño a medida para la mandataria se encontraba aún en fase de pruebas y que será estrenado oficialmente durante la ceremonia del 29 de julio. También afirmó que existe un equipo de asesoría encargado de definir los cortes y preferencias a considerar en el vestuario presidencial, y resaltó que Fujimori “se deja llevar, escucha consejos también”.

El cambio de vestuario y su vínculo con la industria textil peruana

El reportaje televisivo trazó un recorrido por la evolución estética de Keiko Fujimori a lo largo de casi tres décadas de carrera política. En 1994, cuando asumió el rol de primera dama a los 19 años, su imagen estuvo marcada por trajes sobrios, sacos anchos con hombreras, faldas largas y peinados altos, diseñados para proyectar madurez y seriedad. Posteriormente, durante sus campañas presidenciales, Fujimori optó por zapatillas, jeans y el color naranja brillante, símbolo de su partido, con la intención de construir una apariencia más cercana en actividades de campaña y recorridos por mercados.

Durante las presentaciones judiciales y su paso por prisión, la estrategia visual se modificó nuevamente. El color naranja desapareció, dando lugar a tonos neutros, casacas oscuras, blazers amplios y un maquillaje reducido, en un esfuerzo por transmitir la gravedad de la situación. En la actualidad, a los 51 años y con una presencia activa en redes sociales, Fujimori ha vuelto a transformar su imagen: ahora utiliza blazers y prendas confeccionadas en Gamarra y apuesta por una selección de atuendos nacionales para respaldar a la industria textil local.

El color blanco predomina en la nueva fase de su vestuario, en ocasiones acompañado de rojo, y según el informe televisivo, la vestimenta pasó de ser un accesorio a convertirse en una herramienta central de comunicación pública durante sus tres décadas de trayectoria política.

Trayectoria y propuesta de Sue Zacnich

Sue Zacnich explicó que su interés por la moda surgió al observar el trabajo de su madre, quien confeccionaba uniformes y tomaba medidas en el taller familiar. Tras terminar el colegio, estudió diseño de modas y se especializó en sastrería, un rubro tradicionalmente masculino. Actualmente, su taller opera en Gamarra y su atelier de atención se encuentra en San Isidro, donde recibe a las clientas con cita previa. Zacnich continúa trabajando con el equipo formado por su madre y su padre, Edgar.

Sobre la propuesta estética para Fujimori, Zacnich indicó que se basa en tonos neutros con acentos de color, como rosado y celeste, para proyectar cercanía con el público, un atributo que la presidenta electa busca consolidar en esta nueva etapa. La diseñadora describió el proceso de creación de un atuendo presidencial como un trabajo colaborativo, donde la opinión del equipo de asesoría y las preferencias de la mandataria se combinan para definir los cortes y detalles finales.

Un proceso colaborativo y de proyección nacional

El trabajo de Sue Zacnich y de otras diseñadoras peruanas en la imagen de Keiko Fujimori refleja una estrategia orientada a fortalecer el vínculo con la producción nacional y a destacar el talento local en la confección de prendas de alta visibilidad. Este enfoque busca no solo renovar la percepción pública de la mandataria, sino también generar un impacto tangible en el sector textil peruano, especialmente en el tradicional emporio comercial de Gamarra.

La colaboración entre la presidenta electa y las creadoras nacionales ha sido reconocida públicamente en reiteradas ocasiones, y en cada aparición se subraya la intención de incorporar “ropa nacional” como parte del mensaje político y social que acompaña su gestión. De acuerdo con la propia Zacnich, “la presidenta escucha, acepta sugerencias y tiene claro que el vestuario es parte de su comunicación”.

El vestuario como símbolo de identidad y mensaje político

Desde el inicio de su vida pública, Keiko Fujimori ha adaptado su imagen a los distintos momentos de su carrera, utilizando el vestuario como un elemento para proyectar mensajes y conectar con distintos públicos. La actual apuesta por la confección nacional y el trabajo de diseñadoras locales refuerza un discurso de apoyo a la industria y de identificación con las tradiciones textiles peruanas.

La elección de atuendos y el proceso detrás de cada prenda reflejan tanto la evolución personal de la mandataria como el impacto de la moda en la política contemporánea. El próximo 29 de julio, la presentación de un traje elaborado por Sue Zacnich durante el desfile militar marcará un nuevo capítulo en esta narrativa, colocando en primer plano el trabajo artesanal y la creatividad de la moda peruana.

El senador por Ahora Nación, Alfonso López Chau, expresó este 28 de julio su expectativa y exigencia frente al comienzo del mandato de Keiko Fujimori. Durante la jornada de cambio de mando, que coincide con el Día de la Independencia del Perú, el legislador dialogó con Infobae Perú y destacó que “todos los peruanos estamos esperando que sea un quinquenio de justicia y prosperidad”.

López Chau enfatizó la necesidad de “sanar” al país, subrayando que una parte importante de la sociedad peruana continúa afectada por el pasado. El senador señaló: “Esperamos que se curen las heridas y que se haga justicia a los familiares de las víctimas. Eso es lo primero. Se llama sanar”.

Uno de los puntos centrales del inicio de la gestión de Fujimori es la presentación de su primer gabinete ministerial. López Chau, miembro de la bancada opositora en el Congreso, reconoció en diálogo con Infobae Perú el derecho de la presidenta a elegir a su equipo: “Es su gabinete, es un gabinete con ministros que responden a la confianza de ella. Y ese es su derecho”. El senador admitió haber visto una versión anticipada de la lista de ministros, aunque no confirmó su carácter oficial.

El acto de juramentación de los ministros estaba previsto para la misma jornada, generando expectativa tanto en las filas oficialistas como en la oposición. Según declaraciones recogidas por Infobae Perú, López Chau optó por no emitir juicios sobre la composición del gabinete y recalcó que la potestad de elección recae exclusivamente en la presidenta.

Demandas y prioridades para el mensaje presidencial

En la antesala del discurso de Fujimori ante la nación, López Chau detalló cuáles son las áreas que, en su opinión, requieren respuesta inmediata del nuevo gobierno. La salud, la educación y la lucha contra el crimen organizado figuran entre las prioridades señaladas por el legislador. “Qué trae en sus planes, lo que se va a hacer en salud, en educación, en la lucha contra el crimen. Todos esperamos eso”, afirmó.

El senador sumó a estos ejes una demanda personal vinculada al desarrollo nacional: “Espero que exista un gran planteamiento para desarrollar la innovación, la ciencia y la tecnología”. Para López Chau, el impulso de estos sectores puede marcar una diferencia en la agenda legislativa y gubernamental en los próximos cinco años.

Seguridad ciudadana y diálogo político

La cuestión de la seguridad ciudadana ocupa un lugar central en la agenda pública peruana. Consultado por Infobae Perú sobre posibles anuncios en esta materia, López Chau aseguró que el tema no quedará fuera del mensaje presidencial. “Vamos a escuchar. Estoy seguro que es un tema que se va a tocar”, respondió.

El legislador también abordó la posibilidad de diálogo entre el fujimorismo y las bancadas opositoras. Reconoció la existencia de algunas señales positivas, aunque las atribuyó a gestos individuales y no a una política institucional del oficialismo. López Chau subrayó que el Congreso es el espacio natural para la negociación y el debate, indicando: “El Congreso es el sitio donde siempre se conversa y se dialoga, obligatoriamente”.

Perspectivas para el inicio de gobierno

Con el inicio del quinquenio presidencial, la atención se centra en la capacidad del nuevo gobierno para responder a las demandas sociales y políticas más urgentes. La expectativa de justicia, prosperidad y reconciliación nacional marca el tono de las primeras horas de la administración de Keiko Fujimori.

La integración del gabinete y los primeros anuncios oficiales serán determinantes para evaluar el rumbo que tomará el Ejecutivo en relación con los principales desafíos que enfrenta el país. Desde la oposición, se plantean exigencias claras y se mantiene la disposición al diálogo, siempre en el marco institucional del Parlamento.

Mientras Perú se prepara para la Toma de Mando de Keiko Fujimori, tras una tensa elección presidencial en la segunda vuelta del pasaso 7 de junio, uno de los nombres que volvió a captar la atención, fue el de Luis Galarreta. El dirigente de Fuerza Popular acompañará a Fujimori Higushi como primer vicepresidente y también como presidente del Consejo de Ministros, anunciado por la mandataria electa.

Aunque su trayectoria política supera las dos décadas y media, parte de la atención sobre su figura trasciende la actividad partidaria. Su historia personal está vinculada a una condición física que lo acompañó desde los primeros meses de vida y que, con el paso de los años, se convirtió en un elemento visible de su imagen pública.

Abogado, excongresista, presidente del Parlamento entre 2017 y 2018 y actual parlamentario andino, Galarreta construyó una carrera que lo llevó a ocupar algunos de los cargos más importantes del Estado peruano. Su recorrido político atravesó distintas organizaciones antes de consolidarse como uno de los principales dirigentes del fujimorismo.

La talidomida y una decisión médica que marcó su vida

Luis Fernando Galarreta Velarde nació en Lima el 12 de marzo de 1971. Durante el embarazo, su madre consumió talidomida, un medicamento que décadas atrás se recetaba para aliviar las náuseas en mujeres gestantes. Con el tiempo, estudios médicos demostraron que el fármaco provocaba graves malformaciones congénitas en miles de casos alrededor del mundo.

Como consecuencia de esa exposición prenatal, Galarreta nació con anomalías en las extremidades superiores. A los tres meses de vida, los médicos recomendaron la amputación de ambas manos. La decisión recayó en su madre, Rita Velarde, quien aceptó el procedimiento en una etapa temprana de la infancia de su hijo.

La talidomida constituye uno de los episodios más conocidos de la historia farmacéutica mundial. Actualmente su uso está restringido a tratamientos específicos bajo estrictos controles médicos. Durante las décadas de 1950 y 1960, el medicamento produjo miles de casos de focomelia y otras malformaciones congénitas.

En Perú no se registró una crisis sanitaria de la magnitud observada en otros países, aunque existen antecedentes de casos aislados asociados al fármaco.

Tras la operación, Galarreta inició un proceso de adaptación que incluyó el aprendizaje del uso de prótesis en el Instituto Nacional de Rehabilitación del Callao. Esa etapa resultó determinante para el desarrollo de su autonomía durante la niñez y adolescencia.

Una infancia de adaptación y apoyo familiar

La diferencia física fue evidente desde sus primeros años escolares. Según relató el propio Galarreta en una entrevista para el programa Extraordinarios en 2013, sus compañeros de colegio solían recibirlo con sonidos de Transformers cuando ingresaba al aula.

Pese a esas experiencias, sostuvo que nunca se sintió discriminado. En diversos testimonios públicos destacó el respaldo de su entorno más cercano durante la infancia.

Su hermano colaboraba con actividades cotidianas como la alimentación o el desplazamiento dentro de la escuela. Cuando él no estaba presente, varios compañeros asumían ese rol.

“Yo tenía amigos de 9 años que se encargaban de ayudarme en todo. Y muchos de ellos hoy me dicen: ‘Yo aprendí la solidaridad gracias a ti’”, recordó durante aquella entrevista.

Realizó sus estudios escolares en Lima y posteriormente inició su formación universitaria. Con el tiempo, la discapacidad dejó de ser únicamente una circunstancia personal para transformarse en un aspecto visible de su identidad pública.

Incluso adoptó una frase que se volvió recurrente a lo largo de su carrera política: “A mí nadie me rompe la mano”. El eslogan jugaba con una referencia directa a sus prótesis y a una imagen de integridad que buscó proyectar en la actividad pública.

Formación académica y primeros pasos en la política

Galarreta estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Martín de Porres. Además, cursó una especialización en Finanzas y Banca en la Universidad San Ignacio de Loyola.

Su formación incluyó estudios complementarios en comunicación política, así como programas de capacitación desarrollados por instituciones vinculadas a organizaciones políticas europeas, entre ellas la Fundación FAES de España y la Fundación Konrad Adenauer de Alemania.

Su ingreso a la actividad política ocurrió en 1989 dentro del Movimiento Libertad, agrupación liderada por el escritor y entonces candidato presidencial Mario Vargas Llosa.

Dos años después fue elegido secretario nacional universitario de esa organización. El cargo representó una de sus primeras responsabilidades dentro de la estructura partidaria.

En 1998 asumió funciones como personero legal de Renovación Nacional. Más adelante, en 2002, obtuvo un escaño como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por la alianza Unidad Nacional para el periodo 2003-2006.

La llegada de Galarreta al Congreso se produjo en las elecciones parlamentarias de 2006. Obtuvo una curul por Lima dentro de la alianza Unidad Nacional y comenzó así una etapa de presencia continua en la política nacional.

En 2011 consiguió la reelección bajo la Alianza por el Gran Cambio. Durante esos años ejerció funciones como vocero de bancada y presidió comisiones parlamentarias vinculadas a temas económicos y de ética.

Su relación con el Partido Popular Cristiano terminó en 2015. Según declaró entonces, su salida respondió a razones “estrictamente personales”. Poco tiempo después se produjo uno de los movimientos políticos más comentados de su carrera.

El giro hacia Fuerza Popular

La incorporación de Galarreta al fujimorismo sorprendió a numerosos observadores políticos. Antes de sumarse a Fuerza Popular, había expresado cuestionamientos severos contra el régimen de Alberto Fujimori y contra el propio movimiento político liderado por Keiko Fujimori.

En 2011 declaró que el gobierno de Alberto Fujimori “fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción”.

Durante la campaña municipal de 2010 también afirmó que una eventual victoria de Álex Kouri representaría “el primer peldaño para el retorno de la mafia, la cual es representada también por la candidata Keiko Fujimori”.

Sin embargo, a inicios de 2016 apareció públicamente junto a Keiko Fujimori como nuevo vocero de Fuerza Popular. Desde entonces se convirtió en uno de los principales dirigentes del partido.

En declaraciones posteriores sostuvo que Keiko Fujimori “está recogiendo lo mejor de los 90′, porque hubo muchísimas cosas buenas”.

La presidencia del Congreso y el círculo de confianza de Keiko Fujimori

El 26 de julio de 2017 fue elegido presidente del Congreso para el periodo legislativo 2017-2018. Su designación lo convirtió en el primer titular del Parlamento peruano con discapacidad.

Su gestión coincidió con una etapa de alta confrontación política entre el Congreso y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Durante ese periodo se tramitaron los procesos de vacancia presidencial que terminaron con la renuncia del mandatario.

También enfrentó controversias relacionadas con compras realizadas por la administración parlamentaria y con la aprobación de la ley que restringía la publicidad estatal en medios privados, norma que posteriormente fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Tras la disolución del Congreso decretada por Martín Vizcarra en 2019, Galarreta continuó desempeñándose dentro de la Comisión Permanente.

En 2021 integró la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori como candidato a la primera vicepresidencia. Paralelamente postuló al Parlamento Andino y obtuvo un escaño para el periodo 2021-2026.

Hombre de confianza de Keiko Fujimori

Actualmente ejerce como secretario general de Fuerza Popular y figura entre los dirigentes más cercanos a Fujimori. Diversos análisis políticos lo sitúan dentro del núcleo estratégico del partido, junto a otros dirigentes encargados de la conducción interna de la organización.

Para las elecciones generales de 2026 volvió a integrar la fórmula presidencial de Fuerza Popular como candidato a la primera vicepresidencia y consiguió además la reelección como parlamentario andino. Su nombre regresó así al centro de la escena política peruana, donde tras unas elecciones ajustadas, este 28 de julio asumirá la presidencia del Consejo de Ministros y seguirá siendo uno de los hombres de confianza y cercanos a Keiko Fujimori.

Al menos 7 de cada 10 peruanos consideran que la presidenta electa Keiko Fujimori merece una oportunidad para demostrar su capacidad de gobierno, según una encuesta de Ipsos publicada este domingo por Perú21.

El estudio revela que el 71% de los consultados cree que la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1938-2024) merece esa oportunidad, independientemente de si votó por ella. En cambio, el 23% opina que no la merece y un 6% no responde.

El respaldo es mayor en Lima, donde alcanza el 79%, frente al 66% registrado en el interior del país. Por regiones, el mayor apoyo se concentra en el Oriente (77%), mientras que el Sur registra el nivel más bajo (55%).

Según el nivel socioeconómico, el mayor respaldo corresponde a los sectores A y D (76%), seguidos por el C (75%), el B (70%) y el E (61%), que presenta el porcentaje más bajo.

Por género, el 74% de los hombres considera que Fujimori merece una oportunidad, frente al 68% de las mujeres. La aprobación se mantiene estable entre los grupos etarios: 72% entre quienes tienen de 18 a 26 años, 70% entre las personas de 27 a 46 años y 71% entre los mayores de 47 años.

Expectativas

La encuesta también evaluó las expectativas sobre el mandato de la lideresa de Fuerza Popular, quien asumirá la Presidencia este martes para el periodo 2026-2031, tras cuatro postulaciones consecutivas.

El 42% cree que, al concluir su gestión, el país estará mejor que ahora. En tanto, el 27% considera que la situación será similar, el 18% estima que el país estará peor y el 13% no expresa una opinión.

Las expectativas favorables son más altas en la capital (54%) que en el interior (36%). En contraste, el mayor nivel de pesimismo se concentra en el Sur, donde el 29% cree que el país terminará en una situación peor.

Respecto a la elección de Fujimori, las opiniones reflejan un escenario dividido. El 39% afirma sentir preocupación, mientras que el 37% expresa optimismo. Además, el 16% manifiesta indiferencia y el 8% no responde.

La lideresa de Fuerza Popular se sienta en el sillón presidencial luego de perder las tres segundas vueltas anteriores, victora que marca el retorno del fujimorismo al poder casi 26 años después de la renuncia por fax de su padre desde Japón, en medio del escándalo de corrupción que también involucró a su exasesor Vladimiro Montesinos.

De cara al mensaje a la Nación de este 28 de julio, la principal prioridad para la ciudadanía es la lucha contra la delincuencia. El 68% considera que ese debe ser el eje central del discurso presidencial.

Le siguen la lucha contra la corrupción (45%), el fortalecimiento de la salud pública (39%), la mejora de la educación pública (33%) y la reducción de la pobreza (32%).

Más atrás aparecen las medidas frente al fenómeno de El Niño (15%), la reforma del sistema de justicia (13%), las reformas políticas (10%), la construcción de infraestructura (9%) y la promoción de la inversión privada (7%).

Durante ese cuarto de siglo, la primogénita del exmandatario asumió el liderazgo del fujimorismo con el objetivo de lograr la liberación de su padre, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, además de recuperar el poder para reivindicar su legado e intentar limpiar su imagen.

“Ella tiene derecho a hacer todo lo que quiera. Es una opinión legítima y legal”, dijo el legislador de Ahora Nación sobre la designación de Galarreta, partido que integrará la oposición al próximo Ejecutivo.

El senador fue directo al separar la legitimidad política del acuerdo programático. Reconoció que Keiko Fujimori tiene plena potestad para elegir a su premier y que ese derecho no admite cuestionamiento desde la oposición.

“Primero, que la señora Keiko Fujimori legítimamente puede decidir quién va a ser su premier. Yo lo que puedo hacer es sugerir, dar mi opinión personal”, afirmó.

Con todo, López Chau identificó puntos en los que Ahora Nación acompañará al gobierno y otros en los que no. Entre los primeros mencionó el combate a la anemia, la atención a las zonas afectadas por desastres naturales —puso como ejemplo el terremoto en Huancavelica— y el impulso a las inversiones.

“Le voy a poner ejemplo de acelerar para adelante: combatir la anemia, hay un terremoto en Huancavelica, hay que ir, hay que alentar las inversiones”, enumeró.

Las diferencias, en cambio, las situó en dos frentes: la deuda pendiente con los familiares de las víctimas de la violencia política y la negativa del fujimorismo a derogar ciertas leyes. “Claramente tenemos diferencia”, remarcó.

Elmer Cuba, un técnico respetado para Economía

Sobre la designación de Elmer Cuba al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, López Chau fue escueto pero elogioso. Lo calificó de “buen economista” y recordó su paso por el directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

“Elmer Cuba es un buen economista, fue director del Banco Central de Reserva del Perú. Tienen derecho a elegir su gabinete. No podemos cuestionar cuando un presidente nombra su gabinete”, sostuvo.

El senador dejó en claro que esperará a conocer el programa completo del gabinete antes de emitir un juicio más amplio. “Veremos lo que presente el gabinete”, repitió dos veces, como para subrayar que su postura es de observación, no de confrontación anticipada.

Educación, el punto donde propone consenso

Sin que se le preguntara directamente, López Chau abrió un flanco de propuesta concreta sobre la cartera de Educación. Planteó que la futura titular debería salir de las filas de los rectores de universidades públicas del país y ofreció un mecanismo formal para canalizarlo.

“Cualquiera de los rectores de la UNAP. Está el rector de Huancavelica, está el rector de Ayacucho, está el rector de Trujillo, está el rector de Arequipa, cualquiera”, enumeró.

Detalló que ya ha hecho esta propuesta a presidentes anteriores: que la Asociación de Universidades eleve cuatro nombres técnicos al Ejecutivo, y que sea el presidente o la presidenta quien elija libremente entre ellos, o los descarte todos.

“La única institución que tiene a los mejores, ya sea actualmente o egresado, la única, es la universidad. No hay otra”, argumentó para sostener su postura.

El legislador también abrió el debate sobre el futuro de la SUNEDU y las setenta universidades que ya cuentan con licencia aprobada. “¿Va a seguir la misma SUNEDU? ¿Qué hacemos con las setenta universidades que han aprobado?”, preguntó, sin responder él mismo, como una advertencia de que el tema requerirá negociación política.

La denuncia contra Roberto Sánchez y la posición de Ahora Nación

En la rueda de prensa también se le consultó sobre la denuncia periodística contra Roberto Sánchez, excandidato presidencial y aliado de Ahora Nación en la mesa directiva del Congreso, acusado de recortar sueldos a trabajadores en Charca.

López Chau recordó que su partido apoyó a Sánchez en primera y segunda vuelta, y que luego acató los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones que consagraron a Fujimori. Pero no esquivó la pregunta sobre la denuncia.

“Si fuera de nuestro propio partido, empiezo por ahí, por casa, y hubiera este problema, es condenable”, dijo. Y extendió ese criterio a cualquier fuerza política: “Es condenable ser eso cierto, lo que pase en cualquier partido”.

Cuando los periodistas le señalaron que existen chats y pruebas contundentes contra Sánchez, el senador no retrocedió de su postura condicional pero tampoco la endureció. “Si se comprueba lo que usted dice, es condenable”, reiteró.

El modelo Merkel y la socialdemocracia como señal de Galarreta

López Chau rescató una declaración previa del propio Luis Galarreta para leer en ella una apertura hacia la convivencia política. Recordó que el premier designado había expresado públicamente su respeto por la socialdemocracia, y tomó esa frase como una señal positiva.

Para ilustrar por qué esa postura le parece valiosa, recurrió al ejemplo de Alemania: “Lo que muchos no sabemos en el Perú es que en Alemania gobernó la señora Merkel, de derecha, se reeligió cuatro veces. ¿Y con quién gobernó? Con la socialdemocracia“.

“En labios de él, yo lo aliento”, dijo sobre Galarreta, en referencia a esa declaración sobre la socialdemocracia.

El expresidente Francisco Sagasti cuestionó los intentos de modificar la narrativa del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y alertó sobre los riesgos de que el espacio sea intervenido por sectores políticos que buscan imponer una única versión sobre el conflicto armado interno en el Perú.

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, el exmandatario sostuvo que el museo ha conseguido una tarea “extremadamente difícil”: mostrar la violencia cometida por Sendero Luminoso y, al mismo tiempo, reconocer los crímenes y abusos perpetrados por agentes del Estado.

Las declaraciones de Sagasti se producen en un momento de renovada controversia sobre el futuro del LUM. Tras la victoria electoral de Keiko Fujimori, representantes de Fuerza Popular ha vuelto a cuestionar el contenido del museo: políticos como Martha Chávez plantearon la necesidad de modificar su recorrido o revisar su enfoque. En redes sociales, además, numerosos jóvenes expresaron su preocupación por el futuro del museo y realizaron llamados virales a visitar el LUM ante el temor de que pueda ser cerrado o censurado.

¿Qué dijo Francisco Sagasti sobre Keiko Fujimori y el LUM?

Consultado por Infobae Perú sobre el futuro del LUM durante el próximo quinquenio, Francisco Sagasti pidió al nuevo gobierno mantener una posición abierta y reconsiderar las posturas que, según señaló, “buscan minimizar las violaciones de derechos humanos” cometidas durante los años de violencia política.

“Yo espero que tenga la suficiente apertura, no solamente Keiko, sino su gobierno, de recapacitar y darse cuenta que estas posiciones extremistas y conservadoras que tenemos, buscan minimizar la violación de los derechos humanos de una de las partes”, manifestó el expresidente.

Para Sagasti, el debate no debería centrarse en eliminar o deslegitimar una parte de la historia, sino en reconocer la totalidad de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. En ese sentido, defendió el trabajo realizado por el LUM bajo la dirección del historiador Manuel Burga, destituido por el gobierno de Dina Boluarte.

“Yo creo que el LUM ha logrado algo extremadamente difícil, que ha sido mostrar la violencia de ambos lados“, afirmó.

El exmandatario consideró que el espacio de memoria ha conseguido mantener un equilibrio precisamente porque no oculta la responsabilidad de Sendero Luminoso, pero tampoco deja de abordar los crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía. A su juicio, alterar esa mirada para favorecer a uno de los actores implicaría distorsionar el propósito del museo: “Bajo la dirección de Manuel Burga, se mantuvo un equilibrio que ahora se trata de romper”.

Sagasti también cuestionó la idea de modificar la historia para hacerla políticamente más conveniente. “Al hacer esto, lo que estamos haciendo no es mejorar la situación, estamos barriendo debajo de la alfombra algo que eventualmente va a salir”, declaró.

El expresidente puso especial énfasis en el interés de las nuevas generaciones por conocer lo ocurrido. Para Sagasti, los jóvenes que no vivieron directamente los años de violencia política no aceptarán una versión oficial diseñada para limpiar la imagen de un sector específico: “Los jóvenes de su generación están ansiosos de conocer la verdad y no se van a detener simplemente en una fachada que le limpie el rostro a uno o a otro“.

Lugar de la Memoria: las críticas de Fuerza Popular y el temor a que se modifique la memoria del conflicto armado

Las críticas contra el Lugar de la Memoria no son recientes. Desde su inauguración, el espacio ha enfrentado cuestionamientos de sectores conservadores que lo acusan de ofrecer una visión parcial del conflicto armado interno o de no otorgar suficiente protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA.

En 2024, la entonces congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, solicitó al Ministerio de Cultura modificar el guion museográfico del LUM bajo el argumento de que la exposición ofrecía una visión “sesgada” y no incluía suficientemente los testimonios de quienes, según su posición, lucharon por la pacificación del país. El pedido se sumó a otros intentos previos de cuestionar el contenido del museo.

Años antes, el espacio también fue escenario de una fuerte controversia luego de que el entonces congresista Edwin Donayre realizara una visita disfrazado y posteriormente acusara al LUM de hacer apología al terrorismo. El episodio generó una intensa disputa pública y terminó con la salida de una trabajadora del museo.

En el actual escenario político, las críticas han vuelto a tomar fuerza. La senadora electa Martha Chávez ha cuestionado públicamente la existencia y el enfoque del museo, mientras otros sectores han planteado revisar su contenido. Estas posiciones coinciden con un renovado debate sobre la responsabilidad del régimen de Alberto Fujimori en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como La Cantuta.

Frente a este escenario, Sagasti insistió en que la memoria histórica no puede construirse omitiendo responsabilidades: “Hay que empezar a reconocer lo que sucedió”.

El exmandatario recordó que la mayor parte de los asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno fueron atribuidos a Sendero Luminoso y sus integrantes, incluidos militantes de la propia organización. Sin embargo, también sostuvo que el Estado debe reconocer los crímenes cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía: “Hay que reconocer las dos situaciones, sopesarlas y ver cómo podemos evitar que esto suceda en el futuro”.

En el Perú, el destino final del máximo poder suele redactarse en los pasillos de un penal. Francisco Sagasti, sin embargo, habita otro tipo de recinto: una biblioteca infinita.

A sus 81 años - sobre los que ironiza “la vida es una enfermedad mortal y que todos los que nos contagiamos de vida terminamos muriendo” - el único expresidente que camina en libertad abre sus puertas a Infobae Perú, porque aún conserva el privilegio de poder hacerlo.

Ahí, entre sus libros, terminó de madurar su libro Incertidumbre. La tesis de esta colección de ensayos es incómoda: tras cinco siglos en los que la ciencia y la tecnología prometieron avance sin freno el llamado “programa baconiano” se resquebraja por su propio éxito. El resultado es un orden global fracturado, gobiernos que no poseen la confianza pública y sociedades que no saben bien hacia dónde mirar. Sagasti no ofrece certezas para ese vacío, sino algo más pragmático y quizás más útil: rutas posibles.

Esa misma cautela define su manera de hablar de política. Sagasti responde con tino, mesura y algún destello de humor, dejando claro desde el principio que la dignidad de su cargo no le permite opinar sobre políticos aún en escena, ni “dar consejos a quien no los pide”. El hombre libre prefiere contemplar el presente y cuestionar el futuro, buscando, en palabras del cantautor Leonard Cohen, “esas pequeñas grietas por donde aún se cuela la luz”.

- Usted definió alguna vez a Keiko Fujimori como “la candidata eterna”. Por lo visto, la cuarta es la vencida, y asumirá su ansiada presidencia. ¿Es un escenario que contempló como posible?

Francisco Sagasti: Sí, era perfectamente posible. Tiene un grupo de partidarios bastante fiel y se ha mantenido a lo largo de todo este periodo. Pero recordemos: ninguno de los candidatos - y ella fue la que sacó la votación más alta en la primera vuelta - obtuvo más allá del 11% del electorado total.

Quiere decir que casi nueve de cada diez electores no están de acuerdo con su postulación y eventual elección, porque al final, al quedarse en dos, es como un embudo: fuerzan a toda la ciudadanía a escoger entre dos opciones no deseadas.

- El Congreso que está por terminar su gestión ha reformado la Constitución más de 60 veces mientras decía defenderla. ¿Cómo lo lee usted?

Este Congreso fue una Asamblea Constituyente clandestina, “solapa”, como decimos acá. Al cambiar casi 60 artículos o más de la Constitución, asumió las funciones de una Asamblea Constituyente, a pesar de que decían que estaban defendiendo la Constitución.

Entonces, por favor, pónganse un poco más coherentes, un poco más claros, y digan que lo que han hecho es cambiar la Constitución a su conveniencia. Han usurpado las funciones de una Asamblea Constituyente. Y digo clandestina porque fue sin debate abierto, a veces con votaciones entre gallos y medianoche, sin discusión, sin justificación clara a la ciudadanía de las modificaciones que han incorporado.

- En el segundo ensayo de su libro advierte contra el fundamentalismo religioso, un acompañante constante de nuestra política: el primer triunfo de Alberto Fujimori se gestó con votos de iglesias evangélicas, y hoy vemos los nexos de Fuerza Popular con iglesias carismáticas, y de Renovación Popular con el Opus Dei y Con Mis Hijos No Te Metas. ¿Tiene la democracia peruana las defensas necesarias para no convertirse en una teocracia encubierta?

Personalmente creo que sí. Creo que la sensatez, el equilibrio, un punto de vista respetuoso de otros pero sin imponerlo al resto, es una característica de la mayoría de ciudadanos en nuestro país.

Lo que sucede es que la concepción individualista de la salvación eterna (la concepción calvinista de la religión, cada uno vale por sí mismo, lo que importa es el éxito material) es lo que informa a algunos grupos extremistas, conservadores, religiosos. Contra eso hay que resistir a través de organizaciones políticas.

- Pero desde el Congreso hemos visto a ese fundamentalismo religioso impulsar contrarreformas educativas, recorte de derechos a minorías y la firma de documentos internacionales de ultraderecha como la Carta de Madrid del partido Vox. ¿Podríamos estar subestimando el peligro real de un proyecto fundamentalista?

Aquí lo que tenemos no es un proyecto, es un pequeño grupo —porque en realidad son muy pequeños— de activistas religiosos con una cierta concepción ideológica y doctrinaria que no tiene que ver nada con el bien común, ni con el respeto mutuo, ni con considerar a todos los seres humanos como iguales. Algunos se sienten más iguales que otros, denigran a la mujer, no aceptan una serie de decisiones individuales. A pesar de que son individualistas, quieren imponer su punto de vista en el resto. Y yo creo que eso es absurdo y no debemos tolerarlo.

- Usted ha dicho que lo primero que tiene que hacer una persona para ser presidente es no querer serlo. Y Keiko lo quiso, y Keiko lo logró. ¿Qué nos espera con una mandataria que ha ansiado visiblemente el poder por tanto tiempo?

Yo soy una persona que cree que todos podemos cambiar, que todos podemos mejorar. Lo que espero es que, después de lo que ha pasado —incluyendo un periodo de cárcel que a mí me pareció totalmente injustificado y fuera de lugar—, haber pasado por tres derrotas y todo, cualquier persona que llegue a ocupar este puesto haya reflexionado lo suficiente para darse cuenta de que querer ser presidente no es una calificación.

Aquí el problema es que mucha gente cree que gobernar es mandar, imponerse sobre los otros. Y eso, como digo en el libro, es simplemente una demostración de una profunda inseguridad: al no estar contento con su propia manera de ser y sus propios logros, tienen que buscar imponerse sobre los otros para sentirse algo mejor.

Cualquier persona que llega a la Presidencia tiene que tomar conciencia de la enorme responsabilidad y de que, como jefe de Estado, tiene la obligación de escuchar y gobernar para todos, no solamente para su pequeño grupo de votantes que en la primera vuelta le dio casi una décima parte del total del electorado.

- Con un enfoque político como el de Fuerza Popular, centrado fuertemente en el extractivismo, ¿qué riesgos reales enfrenta el medio ambiente en el próximo quinquenio?"

Ahí hay un problema central, y tiene que ver con el carácter del líder y de quien ejerce. Si (Keiko) va a escuchar solo a aquellos que han aportado dinero a la campaña, o que han salido a defenderla, pero que tienen una posición con respecto al medio ambiente que es bastante retrógrada, la hemos perdido.

Lo que uno debe esperar es que un mandatario tenga la apertura para tomar conciencia de que uno de los principales activos que tiene nuestro país es su extraordinaria biodiversidad: diversidad de ecosistemas, de recursos, de etnias. Y que si no se conserva eso de una manera explícita y clara desde el gobierno central, para ponerlo en manera coloquial, estamos matando a la gallina de los huevos de oro.

Entonces, lo que espero es que deje de escuchar algunas de las voces más retrógradas y escuche a las voces que - la palabra está demonizada - las voces más progresistas en términos de una relación de respeto mutuo con el entorno biofísico que sustenta la vida humana.

- Por ahí también me preocupan los nexos con el trumpismo, por ejemplo la figura de Carlos Díaz-Rosillo, asesor tanto de Trump como de Keiko, y una retórica que siempre ha sido bastante en contra de todo lo woke y del medio ambiente en particular.

Pero eso, al final, termina destruyéndose a sí mismo. Vea lo que le está pasando a Trump: acabo de ver una encuesta en la que el expresidente Obama pasa casi el sesenta por ciento de aprobación, y el actual presidente de Estados Unidos, con la justa, pasa de treinta. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la ciudadanía se da cuenta perfectamente para quién y cómo está gobernando.

Si uno va a imitar a los gobernantes de otros países, andamos muertos. Lo que tenemos en América Latina en la presente cosecha de presidentes es básicamente un grupo de autoritarios intolerantes con una manera de pensar totalmente retrógrada.

- Usted se opuso con fuerza a la salida de Manuel Burga del LUM, al que calificó de destacado intelectual. La bancada de Fuerza Popular y Renovación Popular han intentado censurar el contenido del espacio, aduciendo que está sesgado o hace apología al terrorismo. ¿Qué le depararía al LUM en este quinquenio, con una presidenta directamente involucrada en uno de los lados de esa narrativa por su familia?

Yo espero que tenga la suficiente apertura, no solamente ella sino su gobierno, de recapacitar y darse cuenta de que estas posiciones extremistas conservadoras buscan minimizar la violación de los derechos humanos de una de las partes.

Yo creo que el LUM ha logrado algo extremadamente difícil: mostrar la violencia de ambos lados y reconocer con toda claridad que la violencia y los asesinatos empezaron con Sendero Luminoso, este grupo terrorista.

El LUM ha logrado, bajo la dirección de Manuel Burga, mantener un equilibrio que ahora se trata de romper. Pero al hacer esto no estamos mejorando la situación, estamos barriendo debajo de la alfombra algo que eventualmente va a salir. Y los jóvenes de su generación están ansiosos de conocer la verdad y no se van a detener simplemente en una fachada que le limpie el rostro a uno o a otro.

Sabemos que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos por Sendero Luminoso, pero también alrededor de un tercio o más se cometió por la violencia indiscriminada de nuestras fuerzas armadas y la policía. Hay que reconocer las dos situaciones, sopesarlas y ver cómo evitamos que esto vuelva a suceder.

- ¿Estaría en riesgo esa estabilidad con una presidenta directamente involucrada en uno de esos lados?

No sé hasta qué punto. Como le dije al principio, creo que todas las personas pueden cambiar. En el Congreso uno es el cajón: hace bulla, marca ritmos. Pero desde el Ejecutivo uno tiene que ser guitarra: tiene que bordonear, saber generar armonía, traer a las voces, mantenerse dentro del ritmo pero sin ser esclavo del ritmo. La gran pregunta es si un presidente electo se convierte en el estadista o la estadista que necesitamos, o si vamos a seguir con la retahíla de personajes que hemos tenido después del Gobierno de transición y emergencia.

- Si tuviera a Keiko Fujimori en frente, ¿qué tres cosas le diría?

No diría nada si no me pregunta. Yo no doy consejo a quien no me lo pide. Sería cuestión de lo que me pregunte y le contesto, pero no voy a ofrecer nada gratuitamente sin que me lo pidan.

- Soy un joven periodista migrante, miembro de la comunidad LGTBIQ+. Como yo, hay miles de jóvenes peruanas y peruanos que hoy sienten terror de que nuestros derechos queden suspendidos en el aire, o que retroceda lo poco que hemos ganado. ¿Qué palabra de aliento o qué ruta de acción le sugiere a esa juventud?

Lo primero que tendría que decirle a su generación, es que no los paralice el miedo. Eso es lo más importante. Si se paralizan por esta situación, van a perder de todas maneras. Cuando uno se encuentra en situaciones tan complejas como la que se encuentra en su generación, lo que tiene que hacer es tomar las cosas con calma, mirar exactamente cuál es la situación y, citando a Leonard Cohen, buscar las grietas por donde se cuela la luz, que siempre existen.

La herramienta que utilizan los grupos extremistas de cualquier orientación ideológica es el miedo. Entonces, si uno acepta paralizarse por el miedo, no va a poder hacer absolutamente nada. Dejen el miedo de lado, participen activamente. Hay espacios en todos los ámbitos de la vida nacional y créame, esto se lo digo con los años y la experiencia, hasta las más pequeñas cosas que sean a nivel personal e individual terminan teniendo un impacto.

Aquellas cosas positivas son como cuando uno tira una piedra en un estanque y ve cómo poco a poco se van agrandando los círculos y van incorporando más a más gente. Y esto se aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Si simplemente su generación deja que aquellos que han tirado una piedra para contaminar este el agua, andamos... Se requiere recuperar esos espacios, participar activamente, no paralizarse y vencer a ese miedo que todos tenemos de una forma u otra.

Los de mi edad, aquellos que estamos ya por los ochenta, ochenta y uno, como sabemos que la vida es una enfermedad mortal y que todos los que nos contagiamos de vida terminamos muriendo, nos angustiamos menos. Pero que la incertidumbre, la angustia, la turbulencia, la ambigüedad no paralice a su generación.

“De conformidad al artículo 87, inciso c, del Reglamento de Cámara de Diputados, el voto por cédula es secreto. Cualquier infracción es pasible de una acusación constitucional”, afirmó antes del inicio de la sesión, en la que los diputados Pierangeli Dodero y Nery Fernández participaron como escrutadores del proceso.

Sin embargo, varios de los legisladores ignoraron el aviso y mostraron sus cédulas en público después de sufragar, una acción que recibió aplausos en la sala, mientras Chacón tuvo que reiterar la advertencia.

La primera lista que compite por la Mesa Directiva para el periodo 2026-2027 está encabezada por Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) como candidato a la presidencia, acompañado por Analí Márquez (Juntos por el Perú) como primera vicepresidenta; Harvey Colchado (Ahora Nación), como segundo vicepresidente; y José Yataco (Obras), como tercer vicepresidente.

La segunda fórmula tiene como candidata a la presidencia a Norma Yarrow (Renovación Popular), junto a Karina Beteta (Fuerza Popular) como primera vicepresidenta; Diego Bazán (Renovación Popular), como segundo vicepresidente; y Gilmer Trujillo (Fuerza Popular), como tercer vicepresidente.

Horas antes de esta votación ocurrió la elección que dio como ganador al fujimorista Miguel Torres como presidente del Senado, un proceso que quedó marcado por acusaciones de “traición” contra la congresista Silvana Robles (Juntos por el Perú), quien no mostró su voto pese al acuerdo de la coalición opositora.

Del mismo modo, Ernesto Zunini, vocero de esa agrupación, cuestionó las restricciones para el ingreso de la prensa y asesores durante la elección, por lo que pidió explicaciones a la Oficialía Mayor del Congreso.

“Queremos señalar nuestra preocupación acerca de las disposiciones que se han tomado por parte de Oficialía Mayor del Congreso de manera inconsulta, sin coordinar, toda vez que esta sesión debería ser una sesión de carácter público”, declaró ante la prensa.

“Hemos podido constatar que en la mañana han permanecido en el hemiciclo asesores de algunos diputados, senadores y no se ha tenido la misma deferencia con el caso de los diputados y senadores de Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú”, agregó.

Zunini se mostró abierto al ingreso de los medios de comunicación para “que el país pueda constatar el desempeño y las decisiones que toma cada uno de los parlamentarios”, pues, añadió, “nosotros estamos en función de una representación”.

Perú vuelve a tener, después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una cámara de senadores y otra de diputados, tras casi un cuarto de siglo funcionando con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

Los 60 senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031 que tendrá como presidenta a Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

En declaraciones a Epicentro, la excongresista calificó de “irrespetuoso” plantear que algún parlamentario haya traicionado a la coalición opositora o que Fuerza Popular haya ofrecido algún beneficio a cambio de apoyo. La elección de la primera Mesa Directiva del Senado de la República terminó con 30 votos para la lista encabezada por Miguel Torres, 29 para la oposición y una cédula declarada nula, en una jornada marcada por la diferencia mínima entre ambas fórmulas.

Martha Chávez niega que Fuerza Popular haya comprado un voto en elección del Senado

Consultada sobre el resultado de la votación y las críticas que surgieron luego de que la lista de Fuerza Popular y Renovación Popular se impusiera frente al bloque opositor, Martha Chávez aseguró que el resultado se produjo conforme a las expectativas de su agrupación.

“Todo ha salido conforme lo esperábamos”, sostuvo la senadora al ser consultada sobre la elección de la primera Mesa Directiva del Senado.

La periodista le preguntó entonces por las versiones que hablaban de una eventual “traición” de uno de los integrantes de la coalición que competía contra la fórmula de Miguel Torres. Chávez rechazó esa interpretación y pidió evitar ese tipo de afirmaciones. “No, me parece que es irrespetuoso señalar eso. Yo diría que traten de ser más democráticos”, respondió.

Ante la observación de que, al haberse registrado una votación de 30 contra 30 en un momento del proceso, alguien necesariamente habría cambiado su postura o votado de una manera distinta a la esperada, la parlamentaria apeló al principio de libertad de conciencia de los congresistas.

“Los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo ni deben ser objeto de presión alguna para cambiar su parecer”, afirmó.

La discusión se produjo luego de una elección en la que el voto secreto impidió identificar la posición individual de cada senador. En la primera votación, la fórmula encabezada por Miguel Torres obtuvo 30 votos, mientras que la lista opositora alcanzó 29. Una cédula fue declarada nula debido a un rayón en el recuadro correspondiente a la candidatura rival.

La situación provocó una segunda vuelta. El resultado volvió a favorecer a la lista integrada por Fuerza Popular y Renovación Popular, que obtuvo 30 votos frente a los 29 de la oposición y un voto nulo. De esta manera, Miguel Torres fue elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027.

La Mesa Directiva quedó integrada también por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente; Nilza Chacón, de Fuerza Popular, como segunda vicepresidenta; y Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular, como tercer vicepresidente.

Durante la entrevista, la periodista preguntó directamente a Martha Chávez si descartaba que su partido hubiera ofrecido algo a algún congresista para modificar su voto. La senadora respondió que no podía establecerse quién había votado por cada lista debido al carácter secreto de la elección.

“Eso no se puede saber porque el voto es secreto. Cuando hay cédula, votación por cédula electoral, el voto es secreto”, indicó.

Cuando se le insistió sobre la posibilidad de una negociación política, Chávez rechazó responder bajo esa hipótesis. “Por favor, yo no me pongo en supuestos que son irrespetuosos”, afirmó antes de finalizar el intercambio.

Martha Chávez juró como senadora y dedicó su cargo a sus padres y a Alberto Fujimori

Las declaraciones de Martha Chávez se producen apenas dos días después de que jurara como senadora de Fuerza Popular para el periodo 2026-2031. Durante la ceremonia, la política dedicó su nuevo cargo a sus padres y al expresidente Alberto Fujimori, a quien calificó como “el mejor presidente del Perú”.

Chávez cuenta con una extensa trayectoria en el Parlamento. Fue congresista de la República durante seis periodos y, en 1995, se convirtió en la primera mujer en ejercer la presidencia del Congreso. También integró el Congreso Constituyente Democrático instalado tras la disolución del Parlamento en 1992.

Su carrera política ha estado estrechamente vinculada al fujimorismo, corriente que ha defendido durante décadas. En los años noventa, fue una de las principales figuras que respaldaron al gobierno de Alberto Fujimori, junto con Luz Salgado y Carmen Lozada. También defendió al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

A lo largo de su trayectoria, Chávez ha protagonizado diversas controversias por sus declaraciones y posiciones políticas. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2020, cuando, durante una sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento, cuestionó la designación de Vicente Zeballos como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En aquella oportunidad, la entonces congresista señaló que Zeballos, por sus “rasgos andinos”, debía haber sido enviado a Bolivia, debido a la composición mayoritariamente andina o mestiza de ese país. Sus declaraciones generaron críticas y fueron calificadas como inaceptables por el entonces presidente Martín Vizcarra.

Posteriormente, el abogado Edison Félix Tito Peralta presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la parlamentaria por una presunta conducta discriminatoria contra el exministro y excongresista Vicente Zeballos.

Ahora, desde su nuevo cargo en la Cámara de Senadores, Martha Chávez vuelve a ocupar un lugar visible en la política nacional tras la instalación del nuevo Congreso bicameral. Su respaldo a la elección de Miguel Torres se produce en medio de los cuestionamientos sobre el voto nulo que resultó determinante y las críticas de sectores de la oposición sobre el desarrollo de la elección de la Mesa Directiva.

La instalación del Senado para el periodo 2026-2031 abrió una nueva etapa en la organización del Poder Legislativo peruano. La elección de su primera Mesa Directiva definió a las autoridades responsables de conducir los debates, ordenar la agenda parlamentaria y representar institucionalmente a la Cámara Alta durante su primer año de funcionamiento.

La votación reflejó un escenario de competencia ajustada entre los bloques políticos con representación en el Senado. La diferencia de un solo voto resolvió la presidencia del órgano de dirección y confirmó el equilibrio de fuerzas existente al inicio del nuevo periodo legislativo.

El resultado también colocó al frente del Senado a un dirigente con experiencia en el Congreso, en funciones de asesoría parlamentaria y en la estructura interna de Fuerza Popular. Su trayectoria combina actividad política, ejercicio profesional y docencia universitaria.

La conformación de la Mesa Directiva quedó integrada por representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular, agrupaciones que respaldaron una lista conjunta para asumir la conducción de la Cámara Alta.

Miguel Torres asumirá la presidencia del Senado

Miguel Ángel Torres Morales fue elegido presidente de la Mesa Directiva del Senado tras obtener 30 votos frente a los 29 alcanzados por la lista encabezada por Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras. La elección se desarrolló en dos rondas debido al empate registrado entre ambas candidaturas, en una contienda marcada por el equilibrio entre los bloques parlamentarios.

Con este resultado, el abogado y dirigente de Fuerza Popular tendrá a su cargo la conducción del Senado durante el primer año de funcionamiento de la Cámara Alta, restablecida después de más de tres décadas de sistema unicameral.

En las elecciones de 2026 obtuvo un escaño en el Senado y fue el candidato más votado de ese cuerpo legislativo. Esa condición también le permitió presidir la Junta Preparatoria encargada de organizar la instalación y juramentación de los 60 senadores elegidos para el periodo 2026-2031.

Formación académica y experiencia profesional

Según la información registrada en el sistema Declara+, Miguel Torres nació en Lima y cursó estudios de Derecho en la Universidad de Lima, donde obtuvo el grado de bachiller y el título profesional de abogado.

Su formación académica incluye una maestría en Gobierno de las Organizaciones, culminada en 2020 en la Universidad de Piura, además de estudios de Responsabilidad Social en la Universidad ESAN, concluidos en 2012.

Su actividad profesional también comprende una carrera docente. Entre 2006 y 2025 ejerció la enseñanza en la Universidad de Lima. Entre 2018 y 2024 también fue docente en la Universidad San Ignacio de Loyola y, desde 2022 hasta 2025, dictó clases en la Universidad ESAN.

Antes de fortalecer su participación política, desarrolló labores como abogado en el estudio Torres y Torres Lara & Asociados, con funciones vinculadas al derecho tributario y comercial. También realizó consultorías para instituciones públicas y privadas. Entre 2020 y 2024 ocupó el cargo de director académico de la Escuela Digital de Tres Puntas Producciones E.I.R.L.

Torres inició su etapa parlamentaria en 2016, cuando resultó elegido congresista por Fuerza Popular para el periodo 2016-2021. Durante ese mandato presidió la Comisión de Constitución y Reglamento entre 2016 y 2017 e integró las comisiones de Economía, Producción y otros espacios de trabajo legislativo.

Tras el cierre del Congreso en 2019 y el término del periodo parlamentario, continuó vinculado a Fuerza Popular. Entre 2021 y 2025 desempeñó funciones como asesor y jefe de gabinete en el Congreso. Además, asumió responsabilidades partidarias como secretario nacional de Educación, Arte, Cultura, Innovación y Tecnología entre 2018 y 2020.

De acuerdo con el registro de Declara+, desde 2025 figura como apoderado de Fuerza Popular. Su actividad pública también incluyó funciones como vocero político y jefe del gabinete de asesores de la bancada fujimorista.

Durante el proceso electoral de 2026 integró la fórmula presidencial encabezada por Keiko Fujimori como candidato a la segunda vicepresidencia de la República.

Declaración patrimonial e ingresos registrados

La declaración jurada correspondiente al año 2024, incorporada en el sistema Declara+, registra ingresos totales por S/ 613,593.87 antes de impuestos y otras deducciones.

El documento consigna S/ 319,383.90 provenientes del sector público y S/ 294,209.97 del sector privado, cifra que incorpora remuneraciones y rentas por ejercicio profesional.

La información oficial también registra siete bienes inmuebles ubicados en los distritos limeños de Santiago de Surco y Punta Hermosa. Entre ellos aparecen predios inscritos en las urbanizaciones Huertos de San Antonio, Centro Comercial de Monterrico y Miramar.

En el apartado correspondiente a bienes muebles, la declaración incluye tres vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular. El sistema Declara+ también señala que el senador no registra sentencias firmes.

Fujimori explicó que su compromiso con Fuerza Popular es de dedicación exclusiva, combinando su liderazgo partidario con roles académicos y editoriales. Además de su función política, aseguró que mantiene una colaboración como Global Fellow en la Florida International University y participa en la editorial Fogata, donde contribuye en la estrategia de ventas de libros escritos por su padre. “Trabajo a tiempo completo en el partido, soy Global Fellow y colaboro con Fogata”, afirmó en un episodio de “Confesiones”, donde buscó responder a quienes cuestionan su ocupación fuera de los periodos de campaña.

Trayectoria política y partidaria

En su intervención, la excandidata presidencial defendió que la representación parlamentaria de Fuerza Popular se ha sostenido durante los últimos 15 años. Explicó que su labor principal se enfoca en la construcción de una organización nacional sólida, priorizando la presencia en regiones fuera de Lima. Enumeró entre sus tareas las reuniones, viajes, formación de cuadros y el fortalecimiento interno en etapas no electorales.

Fujimori atribuyó a sectores identificados como “izquierdistas” y “radicales” la generación de una “percepción equivocada” sobre su ocupación. Según la lideresa, durante años se “inventó” y “criticó” una narrativa en torno a su trabajo, a lo que respondió reconstruyendo su trayectoria profesional y política desde los 19 años, cuando asumió el cargo de primera dama tras el divorcio de sus padres.

Fundaciones y gestión social

La dirigente recordó su rol como presidenta de la Fundación por los Niños del Perú, donde, según sus declaraciones, impulsó la construcción de siete aldeas para asistir a 700 niños en situación de abandono. También mencionó la creación de la Fundación Cardio Infantil, con la que, mediante actividades de recaudación, lograron operaciones cardíacas para más de 1.000 niños en Perú.

Fujimori relató que, años después, encontró beneficiarios de estas iniciativas durante sus recorridos por el país. Tras el final del gobierno de su padre, impulsó un emprendimiento privado vinculado a la exportación de productos naturales y la venta de artículos de aromaterapia en supermercados.

Formación académica y experiencia internacional

La lideresa de Fuerza Popular indicó que posteriormente cursó una maestría en administración de empresas en la Universidad de Columbia. Durante esa etapa, trabajó en GM Asset Management, una firma dedicada al manejo de fondos de pensiones en Nueva York. Ese ciclo terminó, según su versión, tras la decisión de Alberto Fujimori de viajar a Chile, lo que motivó su regreso al Perú.

De vuelta en el país, participó en una campaña al Congreso y fue elegida congresista en 2006. A partir de allí, intentó unificar el fujimorismo y, tras no lograrlo, junto a su padre fundó Fuerza Popular en 2010. Dos años después, creó el Instituto Oportunidades, dedicado a capacitaciones para emprendedores, jóvenes y docentes, además de acciones de ayuda social.

Actividad política y educativa actual

Al responder sobre su ocupación actual, Fujimori aseguró que, desde la creación de Fuerza Popular, se dedica de manera exclusiva a consolidar el partido como una organización institucional y duradera. Describió su tarea como una sucesión de reuniones, escucha y recorridos por todo el país, especialmente fuera de la temporada electoral.

La lideresa detalló que también se encarga de preparar cursos de capacitación y formación política, como el curso de la PR, el programa para jóvenes líderes y la “escuela naranja”, definida como la escuela virtual más grande de Latinoamérica. Mencionó capacitaciones para dirigentes, actividades en universidades y programas de investigación, buscando que el partido tenga presencia en cada región del país.

Rol académico y apoyo editorial

A sus responsabilidades políticas, Fujimori suma tareas académicas y editoriales. En la Florida International University, ocupa el cargo de Global Fellow en el Adam Smith Center, donde actúa como profesora visitante invitada a ofrecer conferencias en diversas instituciones académicas. Su jefe directo es Carlos Díaz Rosillo y ha compartido cátedras con figuras como Álvaro Uribe, Guillermo Lazo y Felipe Calderón.

Además, colabora con la editorial Fogata, dirigida por su hermana Sachi Fujimori, encargada de la publicación de libros escritos por Alberto Fujimori. Su contribución se centra en la estrategia de ventas y promoción de estas obras, según detalló en su exposición pública.

Vida personal y conciliación familiar

En la parte final de su intervención, Keiko Fujimori mencionó que el trabajo al que más pasión dedica es el de ser madre de Kaori y Kyara. Relató que en las mañanas se ocupa de acompañarlas, prepararles la lonchera y llevarlas al colegio, mientras que por las tardes su agenda de reuniones le impide estar con ellas.

La dirigente de Fuerza Popular subrayó que su actividad política y profesional se articula con su vida familiar y que la construcción de la organización partidaria depende del trabajo voluntario de cientos de dirigentes a lo largo del país, muchos de los cuales han enfrentado procesos judiciales y cuestionamientos públicos.

A horas de la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) definieron una alianza para disputar la conducción de este órgano parlamentario durante el periodo anual de sesiones 2026-2027. La fórmula está encabezada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras, quien postula a la presidencia de la Mesa Directiva.

La lista fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso y quedó registrada como la segunda fórmula en carrera para dirigir la Cámara Baja. Con esta inscripción, quedaron establecidas las dos candidaturas que participarán en la votación programada para este domingo 26 de julio a las 5:00 p. m.

La propuesta reúne a integrantes de ambas agrupaciones políticas y plantea la siguiente distribución de cargos:

• Presidenta: Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular).
• Primera vicepresidenta: Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular).
• Segundo vicepresidente: Diego Bazán Calderón (Renovación Popular).
• Tercer vicepresidente: Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular).

Alianza entre FP y RP busca dirigir la Cámara Baja

El acuerdo entre ambas bancadas forma parte de las negociaciones para definir la estructura de conducción del nuevo Congreso. Renovación Popular y Fuerza Popular optaron por presentar una fórmula conjunta para la Cámara de Diputados, mientras coordinan posiciones frente a la elección de autoridades parlamentarias.

Días atrás, Norma Yarrow señaló que su bancada respaldaría a Fuerza Popular en la conformación de la Mesa Directiva del Senado, mientras que Renovación Popular buscaría asumir la conducción de la Cámara de Diputados. “Nosotros vamos a apoyar a Fuerza Popular en el Senado, y en Diputados iríamos nosotros”, declaró, según informó El Comercio.

La fórmula presentada deberá conseguir el respaldo de los integrantes de la Cámara de Diputados para asumir la conducción del nuevo órgano parlamentario, en una votación marcada por la necesidad de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Elección definirá a la nueva Mesa Directiva

La votación para elegir a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se realizará este domingo 26 de julio desde las 5:00 p. m. El resultado determinará quiénes ocuparán los principales cargos de dirección durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.

La Mesa Directiva tendrá entre sus funciones conducir las sesiones plenarias, coordinar el funcionamiento administrativo de la Cámara Baja y organizar el desarrollo de las actividades parlamentarias.

El proceso se realizará con una representación de 130 diputados distribuidos entre seis agrupaciones políticas:

• Fuerza Popular: 41 diputados.
• Juntos por el Perú: 32 diputados.
• Partido del Buen Gobierno: 18 diputados.
• Renovación Popular: 15 diputados.
• Partido Cívico Obras: 14 diputados.
• Ahora Nación: 10 diputados.

Nuevo escenario parlamentario

La composición de la Cámara de Diputados plantea un escenario donde las alianzas tendrán un papel clave para definir la dirección del trabajo legislativo. Fuerza Popular cuenta con la bancada más numerosa, mientras que Renovación Popular se ubica como una de las fuerzas con representación dentro de la nueva estructura parlamentaria.

Con la elección de la Mesa Directiva, los diputados definirán a las autoridades que estarán a cargo de conducir la Cámara Baja durante el primer periodo de funcionamiento de este nuevo órgano del Congreso.

La jornada electoral marcará el inicio de una nueva etapa parlamentaria y pondrá a prueba los acuerdos alcanzados entre las distintas agrupaciones que integran la representación nacional.

El Congreso de la República del 2021-2026 ha cesado sus funciones, y el nuevo parlamento, uno bicameral, ya ha juramentado. Ya el portal del Congreso se viene renovando y todo queda listo para las medidas que se plantearán desde diferentes frentes en este nuevo Congreso.

¿Sabías que una de las medidas que más han impactado en los peruanos de los parlamentarios que dejaron sus funciones han sido la aprobación de feriados? Se han tratado de cuatro fechas que fueron promovidas desde partidos como Perú Libre, Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular y validados con sus votos por varios más. Este parlamento hizo más grande la lista de días libres nacionales, que antes estaba en doce.

• 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera (Ley N.º 31788), incorporado en 2023
• 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú, en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (Ley N.º 31822), incorporado en 2023
• 6 de agosto: Batalla de Junín (Ley N.º 31530), incorporado en 2022
• 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (Ley N.º 31381), incorporado en 2021.

Perú ahora tiene 16 feriados

La aclaración es válida, dada la cantidad de personas que recibieron el feriado del pasado jueves 23 de julio con sorpresa. Pero este ya lleva siendo celebrado y aplicado desde el 2023 y fue el último que validó el Congreso.

Los peruanos estaba acostumbrados a solo los feriados del 27 y 28 de julio, y ahora cuentan con esta ‘nueva’ fecha, que, como todo feriado, se le aplica el triple pago si se trabaja o día de descanso compensatorio.

Así, la lista, con este y otros tres feriados más, subió a 16 días libres, los cuales aplican para el sector público y los trabajadores privados.

Keiko Fujimori promete no eliminar feriados

A pesar de los pedidos de diferentes actores políticos en la esfera pública, la presidenta entrante, Keiko Fujimori, ha prometido que no eliminará feriados, lo que incluiría las últimas cuatro fechas aprobadas desde el Congreso de la República saliente.

Vale la pena señalar que su partido, Fuerza Popular sí voto a favor de varios de los feriados que se plantearon desde el Congreso, inclusive sirviendo con un proyecto de ley que fue la semilla del feriado que pasó del 23 de julio.

Un repaso rápido de Infobae Perú revela que el partido de la mandataria entrante votó a favor de aprobar estas últimas fechas libres, excepto una.

En orden de aprobación en el Congreso, así votó FP para los feriados desde el Congreso:

• Feriado del 9 de diciembre: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP solo tuvo un voto a favor, 19 fueron en contra y uno en abstención
• Feriado del 6 de agosto: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP tuvo 14 votos a favor, tres en contra, tres en abstención y dos sin respuesta
• Feriado del 7 de junio: Fue propuesto por Alianza Para el Progreso y Renovación Popular. En la insistencia de la Ley Fuerza Popular tuvo 21 votos a favor
• Feriado del 23 de julio: Este tuvo origen en una propuesta de Rosangella Barbarán, pero que fue modificada por un error al ser observada por la presidente de entonces Dina Boluarte. Solo ocho congresista de FP votaron a favor en el último filtro para que se aprobara por insistencia. Hubo dos votos en contra y los demás no asistieron a esta sesión.

El empresario y ex presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos detalló que en la región norte persisten cauces sin limpiar, vegetación acumulada y obras inconclusas. Explicó que esas condiciones incrementan la vulnerabilidad de ciudades claves cuando se presentan lluvias intensas. Según su testimonio, la falta de prevención y la postergación de tareas básicas han sido las omisiones más graves desde el Estado, lo que podría derivar en inundaciones con impacto mayor al registrado en episodios anteriores.

Durante la entrevista, la conductora planteó que el país atraviesa una “catástrofe anunciada”. Neuhaus coincidió y adelantó que la futura administración planea reunir a su Consejo de Ministros el 29 de julio para tomar decisiones rápidas frente a la amenaza. El exfuncionario remarcó que el gobierno entrante deberá actuar con celeridad y priorizar la gestión de riesgos.

Señales de alerta en Piura: obras inconclusas y riesgos de desborde

La preocupación principal de Neuhaus se focalizó en Piura, región a la que viajó recientemente invitado por la Cámara de Comercio local. Allí participó en una reunión con técnicos, autoridades y representantes de las Fuerzas Armadas, donde se expusieron diagnósticos y estrategias necesarias para enfrentar el fenómeno climático. De acuerdo con su relato, ninguna autoridad respondió a la pregunta sobre quién debía encargarse de limpiar el cauce del río, un punto que consideró crítico para evitar desastres.

Describió la situación en la represa Los Ejidos, ubicada al este de la ciudad de Piura, como un ejemplo de las deficiencias existentes. Según Neuhaus, en ese sector se realizaron trabajos con terraplenes de concreto en pendiente, pero la vegetación creció entre las estructuras y también en un desagüe con bombas en la parte alta del malecón. Afirmó que “se hizo mal”, que hubo robo de piezas y que tampoco se limpió el cauce por el que descendería el agua desde la zona alta de la ciudad.

El exintegrante del equipo técnico de Fuerza Popular advirtió que el lecho del río Piura ha subido de nivel por la falta de dragado. Propuso como tarea urgente retirar la vegetación y dragar el cauce, con el objetivo de evitar que el agua choque con arbustos y busque salida fuera del río, lo que podría provocar el ingreso de grandes volúmenes a la ciudad en caso de crecida.

Imagen de un riesgo latente y omisiones en la prevención

Para ilustrar el nivel de riesgo, Neuhaus relató que tomó una fotografía del cauce en la zona del malecón y que, a simple vista, parecía un parque. Solo observando con atención se distinguía “un hilito de agua”, una imagen que utilizó para advertir sobre el posible comportamiento del río ante un aumento repentino del caudal. “Eso puede convertirse en un problema grave cuando llegue la crecida”, sostuvo.

El ex funcionario subrayó que la omisión más grave ha sido la ausencia de una estrategia preventiva anticipada. Desde su perspectiva, el país perdió “valioso tiempo” y existen responsabilidades por omisión tanto en el gobierno saliente como en las autoridades locales. “Las Fuerzas Armadas ya pudieron haber ingresado a limpiar el cauce del río en Piura”, afirmó en la entrevista.

En el caso de Trujillo, Neuhaus señaló que la quebrada de San Ildefonso, cuyas aguas pueden descargar sobre la ciudad, fue intervenida casi hasta llegar al río Moche. Sin embargo, los trabajos se interrumpieron a pocos kilómetros del tramo final, lo que atribuyó a un recorte de recursos y a un cambio en la modalidad de ejecución hacia obras por impuestos. Advirtió que esa decisión dejó inconclusas tareas esenciales en plena emergencia.

El rol de Neuhaus y la articulación privada ante la emergencia

Durante la conversación, la conductora consultó sobre el posible nombramiento de Neuhaus en el próximo gobierno. El empresario negó que tenga un cargo definido y aclaró que viajó como “ciudadano preocupado”. Remarcó que no ha discutido ni asumido ninguna cartera ministerial, debido a razones personales.

No obstante, reconoció que impulsa un grupo de apoyo desde el sector privado. En esa red, mencionó a Juan Manuel Arribas, de la organización Hombro a Hombro, junto con otros profesionales y especialistas en salud. El objetivo, según explicó, es anticipar necesidades y asesorar en la gestión de riesgos, con énfasis en la identificación de enfermedades que podrían expandirse tras las lluvias, como el dengue, y la compra temprana de medicamentos.

“Otros países ya han salido a abastecerse ante un fenómeno climático de escala mundial”, precisó. Este grupo busca prevenir desabastecimientos y preparar estrategias logísticas ante escenarios de emergencia.

Reunión del Consejo de Ministros y expectativas en la gestión de riesgos

La entrevista concluyó con una referencia a la presidenta electa y el anuncio de que el Consejo de Ministros planea reunirse el 29 de julio para adoptar medidas urgentes frente a la amenaza del Niño costero. Para Neuhaus, la futura administración debe actuar sin demoras y convocar a personas con experiencia en gestión de desastres.

“Cuando un gobierno recibe la papa caliente, tiene que llamar a gente que hace y que sabe”, expresó, remarcando la necesidad de contar con equipos técnicos preparados y articulados. La expectativa recae ahora sobre la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante una de las mayores amenazas climáticas de los últimos años para el país.

Las declaraciones de Fujimori aparecen en un escenario en el que el país registra cifras macroeconómicas que difieren de las que imperaban hace más de treinta años. En 1990, Perú presentaba reservas internacionales negativas; hoy, el Banco Central reporta aproximadamente 100.000 millones de dólares de respaldo y un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,5% anual. Fujimori afirmó que el equipo que la acompañará en el Ejecutivo informará desde el 29 de julio los hallazgos detectados en cada sector, junto con las propuestas de cambios para mejorar los servicios públicos.

Contraste entre el discurso político y los indicadores económicos

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde coincidió en que la administración pública enfrenta problemas graves, pero introdujo un matiz relevante. Recordó que el gobierno de Alberto Fujimori recibió el país con unas reservas internacionales de “300 millones de dólares negativos”, mientras que la próxima gestión accederá a un respaldo de 100.000 millones de dólares. Este contraste muestra que, a pesar de las dificultades señaladas, la situación macroeconómica de Perú difiere sustancialmente respecto al pasado.

García Belaúnde también subrayó el crecimiento económico reciente, con un PBI que ronda el 3,5%. Según el exparlamentario, este escenario obliga a matizar la idea de un Estado “catastrófico”, dado que la economía nacional cuenta con recursos y estabilidad que no existían en el periodo de crisis profunda de los años noventa.

Críticas a la gestión pública y el manejo del presupuesto

El exministro Juan Sheput reforzó el señalamiento sobre las deficiencias en el funcionamiento del aparato estatal. Sostuvo que Perú cuenta actualmente con el presupuesto más alto de su historia, pero alertó sobre la baja ejecución y la corrupción que afectan el gasto público. La Contraloría General de la República estima pérdidas por corrupción que alcanzan los 25.000 millones de soles anuales, una cifra que evidencia la magnitud del problema.

Sheput enumeró síntomas de este deterioro administrativo, como la existencia de obras públicas abandonadas, problemas en hospitales dependientes del Ministerio de Salud y la persistente falta de medicamentos. En sus declaraciones, el exministro advirtió que la crisis no radica en la ausencia de recursos, sino en la incapacidad para utilizarlos de forma eficiente y transparente.

El desafío de las obras paralizadas y los servicios públicos

En las primeras evaluaciones de transición, el equipo de Keiko Fujimori identificó una amplia cantidad de obras públicas paralizadas. Según la candidata, este fenómeno afecta directamente la calidad de vida de la población y constituye una de las prioridades a atender en su eventual gobierno. Fujimori detalló que, a partir del 29 de julio, cada ministro designado presentará un informe sectorial en el que se abordarán tanto los hallazgos negativos como las propuestas de solución para optimizar los servicios públicos.

Las autoridades salientes han señalado que la paralización de obras responde a una combinación de factores administrativos, judiciales y presupuestarios. Además, el sector salud enfrenta desafíos persistentes, como la escasez de medicamentos y la infraestructura hospitalaria insuficiente, situaciones que han sido reconocidas por la propia Contraloría General.

Corrupción y gasto público: un problema estructural

El diagnóstico sobre la situación del Estado peruano no solo se centra en los indicadores económicos, sino que pone en relieve los problemas de gestión y corrupción. La Contraloría sostiene que las pérdidas por prácticas corruptas afectan de manera transversal a todos los sectores de la administración pública. Esta cifra, que asciende a los 25.000 millones de soles anuales, representa una preocupación central para quienes defienden la necesidad de una reforma profunda en el Estado.

La discusión pública también incluye el debate sobre la ejecución presupuestaria. A pesar de contar con recursos históricos, los bajos niveles de cumplimiento en la inversión pública y la presencia de procesos judiciales contra funcionarios han dificultado la culminación de proyectos clave para el desarrollo nacional.

El contexto político y la percepción ciudadana

Las declaraciones de Keiko Fujimori se producen en un entorno de polarización política y desconfianza en las instituciones. Sectores de la ciudadanía y analistas cuestionan la pertinencia de calificar como “catastrófico” el estado actual del país, cuando los datos macroeconómicos muestran estabilidad y disponibilidad de reservas. Sin embargo, la percepción de crisis se sostiene por la persistencia de problemas en la gestión pública y el impacto de casos de corrupción que han minado la confianza en el sistema.

La transición de gobierno se perfila como un proceso marcado por el desafío de revertir la tendencia de obras inconclusas y mejorar la provisión de servicios esenciales. El equipo de Fujimori ha prometido transparencia en la presentación de los informes de gestión, así como la implementación de medidas para fortalecer la eficiencia y la rendición de cuentas en el Estado.

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, utilizó la red social X para responder al reciente mensaje de Keiko Fujimori respecto al estado en el que recibe el gobierno peruano. La presidenta electa había declarado que los últimos gobiernos entregan el Estado “de manera catastrófica”, justificando con ello una serie de reclamos y promesas de transparencia en la próxima gestión. Ante ese mensaje, Sánchez publicó una respuesta que apunta directamente al historial parlamentario de Fuerza Popular y a los episodios recientes de inestabilidad institucional.

En su publicación, Sánchez afirmó: “El Gobierno Parlamentario de Keiko Fujimori se auto entrega el Gobierno y dice; ‘Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el estado de manera catastrófica’”. Para el líder de Juntos por el Perú, el relato de crisis en la administración pública omite el papel central de Fuerza Popular en las vacancias presidenciales y el dominio en órganos constitucionales.

Sánchez recordó que el Congreso, con apoyo decisivo de la bancada fujimorista, destituyó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martín Vizcarra y, en su opinión, vacó “ilegalmente” al presidente Pedro Castillo. Sostuvo que estos episodios reflejan una estrategia parlamentaria orientada a controlar la sucesión presidencial y a reconfigurar el equilibrio de poderes en el país.

Control de instituciones clave y cuestionamientos a la legitimidad

En su mensaje, Sánchez también señaló el copamiento de instituciones fundamentales por parte de la mayoría parlamentaria. Mencionó el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía de la Nación (FN), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como organismos bajo influencia del bloque que respalda a Fujimori. Para el dirigente, esta dinámica afecta la independencia de los poderes y la credibilidad en los procedimientos democráticos.

La crítica de Sánchez incluyó una calificación contundente sobre la actitud de Fuerza Popular: “Su cinismo es superlativo tan grande como su ilegitimidad”. De esta manera, el líder de Juntos por el Perú enmarcó el actual proceso de transición en una secuencia de disputas políticas donde el Parlamento ha ejercido un papel dominante y controvertido.

El mensaje difundido por Sánchez se inscribe en el contexto de las tensiones institucionales acumuladas durante los últimos años. La sucesión presidencial en Perú ha estado marcada por vacancias y mociones que han debilitado la estabilidad política, y en ese escenario, la narrativa sobre la crisis estatal adquiere un matiz polémico entre los protagonistas del debate público.

El discurso de crisis y la sucesión presidencial

El reclamo de Keiko Fujimori acerca de la “entrega catastrófica” del Estado fue formulado tras los primeros informes del equipo de transferencia, encabezado por Marco Vinelli. En su intervención pública, la presidenta electa describió un panorama de obras paralizadas y servicios afectados, y anunció que los hallazgos serán difundidos periódicamente por el nuevo gabinete.

De acuerdo con lo expresado por Fujimori, la administración entrante hará un reclamo formal a los gobiernos anteriores y buscará transparentar las condiciones en que recibe la gestión pública. Su discurso prioriza la exposición de deficiencias heredadas y la promesa de corregir gastos superfluos y deficiencias de gestión.

La respuesta de Sánchez confronta esta narrativa y sostiene que la situación actual es consecuencia directa de las decisiones parlamentarias respaldadas por Fuerza Popular. El líder de Juntos por el Perú subraya que el relato de crisis no puede desligarse de la responsabilidad política de quienes promovieron la inestabilidad y el copamiento de organismos autónomos.

Antecedentes de vacancias y concentración de poder

Durante el periodo 2018-2026, el Parlamento peruano aprobó vacancias presidenciales que alteraron la sucesión constitucional en varias ocasiones. El caso de Pedro Castillo ha sido especialmente polémico, con sectores que denuncian un uso extensivo y cuestionable de la causal de “incapacidad moral permanente”. Además, la designación de autoridades en el TC, la FN, la JNJ, la ONPE y el JNE ha sido objeto de críticas por el posible alineamiento con intereses parlamentarios.

El mensaje de Sánchez pone en evidencia la percepción de ilegitimidad y la preocupación por la falta de contrapesos efectivos en el sistema político. Su intervención en X busca instalar en la agenda pública la discusión sobre la validez de los procesos legislativos y la influencia de los bloques mayoritarios en la vida institucional del país.

La controversia generada por este cruce de declaraciones refleja la profundidad de la crisis política y la persistencia de un clima de desconfianza entre actores centrales del escenario nacional. En ese contexto, la transición de mando se percibe como un episodio más en el ciclo de disputas por el control del aparato estatal.

Perspectivas y retos para el nuevo ciclo de gobierno

La administración de Keiko Fujimori inicia su mandato con el desafío de responder a las críticas sobre transparencia, legitimidad y efectividad institucional. El nuevo gabinete se prepara para enfrentar los problemas señalados en los informes de transferencia y para gestionar la compleja herencia de inestabilidad que caracteriza la coyuntura peruana.

Para Juntos por el Perú y sectores afines, el reto consiste en mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de las promesas de transparencia y en exigir la restitución de equilibrios en el sistema de pesos y contrapesos. El debate en X y otras plataformas digitales evidencia la importancia de la comunicación directa entre líderes políticos y la ciudadanía en el proceso democrático.

El inicio del nuevo periodo presidencial se produce bajo la mirada atenta de la sociedad civil, que espera señales claras de respeto al marco constitucional y a la independencia de las instituciones. El contenido del mensaje de Sánchez y la reacción de Fujimori resumen los desafíos inmediatos del país: estabilizar la gobernabilidad y restablecer la confianza en la democracia peruana.

Esta interpretación se inscribe en un contexto de incertidumbre institucional. Sheput sostuvo que, de acuerdo con la normativa vigente, el presidente interino tras la instalación del Congreso sería Miguel Torres, en caso de ser elegido presidente del Legislativo. Este funcionario tendría la responsabilidad de entregar la banda presidencial a quien corresponda en la nueva etapa legislativa. En palabras de Sheput, Balcázar podría acudir el 28 de julio solo como invitado, pero ya fuera del cargo.

El debate surge por la ausencia de una disposición legal explícita que regule este tránsito. Sheput recordó que, tras la crisis de 2000, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo fue modificada para establecer que el presidente del Congreso que asumía la Presidencia de la República debía cesar el 28 de julio. Sin embargo, esa previsión desapareció tras una reforma durante el gobierno aprista, que derogó la norma sin preservar ese artículo, dejando un vacío constitucional y legal.

Un vacío normativo y sus consecuencias en la transición de mando

El origen de este vacío, según Sheput, se encuentra en la derogación de la ley 27508, que regulaba expresamente la duración del mandato del presidente del Congreso en funciones de presidente de la República. La ausencia de una cobertura legal clara genera incertidumbre sobre el momento exacto en que cesa la jefatura de Estado transitoria y quién debe portar la banda presidencial en el acto de transmisión.

Sheput defendió la actuación de María del Carmen Alba en el precedente de Francisco Sagasti, y también consideró válida la posición de Fernando Rospigliosi, aunque cuestionó algunos mensajes suyos por generar confusión. El argumento central es que, al instalarse el nuevo Congreso, el presidente saliente deja de serlo y no puede ingresar al hemiciclo investido como jefe de Estado.

El caso de Valentín Paniagua fue presentado como ejemplo: pudo entregar la banda el 28 de julio porque existía una corrección legal expresa que resolvía la situación. Para Sheput, la diferencia actual reside en que esa cobertura normativa ya no existe, lo que agrava la controversia y expone la fragilidad institucional frente a la ausencia de reglas claras.

Gracia presidencial a Pedro Castillo: un nuevo foco de conflicto

En paralelo al debate sobre la sucesión, Sheput abordó la posibilidad de que José María Balcázar promueva una gracia presidencial para Pedro Castillo, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos días. Según el exministro, existe voluntad política de parte de Balcázar para otorgar ese beneficio, hipótesis alimentada por cambios recientes en la Comisión de Gracias Presidenciales y por presiones de sectores vinculados al castillismo.

Durante la entrevista, se mencionó la participación de Tomás Sóldevilla, relacionado con Antauro Humala, como uno de los impulsores de la medida. La presión aumentó después de que un grupo de trabajo de la ONU calificara de arbitraria la detención de Castillo. El experto en derecho penal Gilmar Andía rechazó esta posibilidad, argumentando: “Si yo voy a conceder un indulto, una de las condiciones es el arrepentimiento y la reparación del daño”, requisito que, según su análisis, Castillo no cumple.

Sheput añadió que el ministro de Justicia, Luis Jiménez, no estaría dispuesto a respaldar una decisión de esa naturaleza y advirtió que forzarla podría tener consecuencias penales. Explicó que, aunque el presidente puede iniciar el trámite, la medida debe contar con el aval político del Consejo de Ministros para ser válida. Además, Sheput recordó que Vladimir Cerrón publicó que había sugerido a Balcázar la gracia para Castillo y un salvoconducto para Betssy Chávez, lo que confirma que el asunto dejó de ser solo jurídico y pasó a ser político.

El papel del gabinete y los límites legales frente a la gracia presidencial

De acuerdo con Sheput, si el ministro de Justicia se niega a firmar la resolución, el trámite se detiene. Incluso si se produjera un cambio ministerial de último momento, la maniobra sería contraria al espíritu de la ley, a los precedentes y quedaría expuesta a una eventual revisión judicial. El debate sobre la facultad presidencial para otorgar indultos o gracias se ha intensificado, con voces que insisten en la necesidad de mantener el equilibrio entre poderes y respetar los límites del marco institucional.

El contexto político actual, marcado por la polarización, ha transformado el debate sobre la gracia presidencial en un tema de interés público y mediático. La controversia se suma a otros episodios recientes que han puesto a prueba la fortaleza de los mecanismos de control democrático y la independencia de las instituciones.

La decisión del Tribunal Constitucional sobre Vladimir Cerrón

La entrevista también incluyó la reciente decisión del Tribunal Constitucional de anular la prisión preventiva de 24 meses impuesta a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. El fallo, adoptado por cuatro de los siete magistrados, permite que Cerrón afronte sus procesos judiciales bajo comparecencia restringida. La resolución dejó en minoría a tres magistrados, entre ellos Pedro Hernández Chávez, quien manifestó su oposición.

Sheput calificó la decisión como un ejemplo más de fallos controvertidos por parte del Tribunal Constitucional. Remarcó que Cerrón, a su juicio, cumplía las condiciones para mantener la prisión preventiva, ya que permaneció prófugo, desafió a la policía y mantuvo su intervención en la vida política. El exministro amplió su crítica al comportamiento reciente del tribunal, al que acusó de acumular decisiones polémicas en casos de alta exposición mediática, entre ellas las que han favorecido a Daniel Urresti y Betssy Chávez.

La resolución sobre Cerrón, junto con el debate sobre la sucesión presidencial y la posible gracia a Castillo, ha elevado la tensión institucional y política en Perú, en un momento en que el país se prepara para una nueva etapa legislativa y la renovación de autoridades.

Un desayuno de alto interés y respuestas evasivas

Según el informe televisivo, el encuentro se inició poco después de las 10:00 en un café ubicado frente al canal de televisión y se extendió por cerca de dos horas, aunque el reporte oficial sostuvo que la charla se prolongó durante tres horas. Durante la conversación, estuvo presente un tercer hombre, identificado únicamente como alguien que tomaba nota de lo conversado y que, al percatarse de las cámaras, se dirigió al baño. La presencia de este personaje añadió un matiz de sigilo a la reunión.

La periodista Taís Casalino intentó indagar sobre el motivo de la reserva del encuentro. Miguel Julián Palomino, exviceministro de Comercio Exterior, respondió con una frase religiosa: “¿Sabe usted rezar el padre nuestro?”, lo que generó nuevas preguntas sobre el tono y el trasfondo de la reunión. Casalino le consultó si su respuesta debía interpretarse como una amenaza o una advertencia, pero no obtuvo aclaraciones adicionales.

Por su parte, Roberto Sánchez indicó en un primer momento que respondería al finalizar el desayuno, pidiendo que se le esperara hasta entonces. Al salir del local, evitó nuevamente referirse a los temas tratados y limitó su respuesta a un “Aprendan a respetar” ante las preguntas sobre los resultados electorales y la situación de su esposa.

Negociaciones en torno a la presidencia del Congreso

El reporte televisivo vinculó la reunión con las negociaciones por la presidencia del Congreso, subrayando la preocupación existente en el entorno de Sánchez sobre ese proceso. Los conductores del programa, citando una fuente no identificada, aseguraron que el exministro se prepara para integrarse al Parlamento como asesor, lo que le permitiría acceder a beneficios económicos descritos como “bonos millonarios”.

En el mismo segmento, se mencionó que el hermano de Sánchez, conocido como “Sunini”, asumiría el liderazgo de Juntos por el Perú frente a un dirigente actual que “ni siquiera sabe contestar”, según el reporte. Además, se recordó una declaración previa de Sánchez en la que aseguró estar “llamado a ser la peor pesadilla de un gobierno fujimorista, de un gobierno dictador, de un gobierno autoritario”. Esta frase fue utilizada para sugerir que el hermetismo del desayuno podría estar vinculado a movimientos políticos aún en desarrollo.

Las versiones sobre la inminente llegada de Roberto Sánchez al Congreso como asesor han cobrado fuerza en el contexto de la renovación de autoridades parlamentarias, en un escenario donde los equilibrios internos resultan clave para la definición de la presidencia.

El entorno de Sánchez y los rostros detrás del encuentro

Tras el retiro de Sánchez del café, las cámaras registraron que abordó una camioneta Tucson blanca, identificada como propiedad de Jeremías Hamán Ramírez. Según el reporte, Hamán Ramírez fue identificado en la escena y se desempeña actualmente como chofer del exministro. El programa detalló que Hamán Ramírez ejerció funciones como asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión de Pedro Castillo, y que también trabajó en el Instituto Peruano del Deporte.

Entre los datos de contexto aportados, se incluyó que Hamán Ramírez fue denunciado por haber recibido 225 entradas para un concierto de Bad Bunny en un estadio, hecho que refuerza el perfil de las personas que actualmente rodean a Sánchez. Según la narración televisiva, el ex candidato se encuentra distanciado de antiguos colaboradores y figuras políticas que antes lo acompañaban, varios de los cuales ahora ocupan escaños en el Congreso.

Keiko Fujimori: LIVE donde confirma acciones de su gobierno

En una conferencia, la futura mandataria afirmó que el equipo de transferencia ya analiza información relevante sobre el estado de la administración pública. Subrayó que los primeros informes revelan datos preocupantes sobre la situación nacional y advirtió que, durante los primeros meses de gestión, su administración expondrá públicamente los principales problemas detectados. “Estamos encontrando datos no muy buenos sobre hospitales paralizados, servicios afectados y áreas críticas”, puntualizó Fujimori.

La dirigente remarcó que la revisión del inventario estatal incluye maquinaria y recursos para enfrentar emergencias climáticas, especialmente ante la inminencia de lluvias intensas y sequías por El Niño. Enfatizó que la respuesta priorizará los puntos de mayor riesgo, debido a que no será posible intervenir los 1.900 focos identificados.

El primer gabinete y la urgencia por la seguridad

Keiko Fujimori señaló que el primer Consejo de Ministros, convocado para el 29 de julio, tendrá como eje la seguridad ciudadana, una demanda reiterada por la población. “Las decisiones principales se adoptarán desde el primer gabinete”, sostuvo. Junto a la seguridad, la gestión de El Niño ocupará un lugar central en la agenda inicial. La futura presidenta advirtió que el Estado no ha realizado los preparativos necesarios y que, por este motivo, la actuación oficial será tardía en varios frentes.

De acuerdo con el plan presentado, la estrategia nacional ante El Niño se dividirá en dos fases: prevención antes de la temporada de lluvias y respuesta a emergencias durante los eventos climáticos. Fujimori explicó que convocará al sector privado, organismos internacionales y gobiernos amigos para fortalecer las capacidades de prevención y atención. Además, subrayó la importancia de la articulación entre el gobierno central, las regiones y los municipios para ejecutar acciones rápidas y coordinadas.

En el ámbito económico, la presidenta electa confirmó que Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva (BCR) durante cinco años más, una decisión que, según explicó, transmite estabilidad al país. Relacionó esta continuidad con la necesidad de evitar escenarios como la hiperinflación de las décadas pasadas, cuyos efectos afectaron, en su mayoría, a las familias de menores recursos.

Transición política, relaciones exteriores y transparencia

La transición presidencial incluye una agenda internacional activa. Fujimori mantuvo reuniones con el canciller Carlos Pareja para revisar los protocolos de las ceremonias oficiales del 28 de julio. Se espera la llegada de jefes de Estado y del rey de España, además de un programa de reuniones bilaterales. El 27 de julio, la presidenta electa recibirá a delegaciones extranjeras y, el día de su asunción, será invitada al Congreso para prestar juramento, tras lo cual participará en el tradicional desfile militar.

La oficina utilizada durante la transición, según precisó Fujimori, corresponde a un local alquilado por su partido para la campaña electoral y no genera gastos para el erario público. En ese espacio, su equipo recibe tanto a representantes diplomáticos como a ciudadanos que presentan propuestas y solicitudes.

La presidenta electa aclaró que, hasta la toma de posesión, no puede adoptar decisiones de gobierno. “Evito desplazamientos o intervenciones que puedan interferir con la administración saliente”, señaló, indicando que su prioridad es respetar el marco legal vigente y garantizar una transición ordenada.

Políticas laborales y sociales: continuidad y revisión

En el terreno económico y social, Keiko Fujimori desmintió rumores sobre la eventual eliminación de feriados o de la CTS. “No vamos a quitar derechos laborales”, aseguró, añadiendo que los días festivos se mantendrán para estimular el turismo interno. Respecto al programa de asistencia social Pensión 65, la mandataria electa ratificó su intención de incrementar año tras año tanto el número de beneficiarios como el monto de la prestación.

La futura jefa de Estado subrayó que las políticas que muestren resultados positivos continuarán, aunque enfatizó la necesidad de corregir “muchas cosas” en la administración pública. Indicó que existen gastos superfluos y deficiencias de gestión que deberán ser atendidos para reasignar recursos hacia sectores más vulnerables y establecer objetivos claros para ministerios y programas públicos.

Además, Fujimori informó que su equipo de transferencia está conformado por más de 50 personas bajo la coordinación de Marco Vinelli. Este grupo, junto a otro dedicado al diálogo político e institucional, recibe información de embajadas, cartas de mandatarios y propuestas ciudadanas, en paralelo a los trabajos de revisión del estado actual del gobierno.

Reclamos a gestiones anteriores y promesas en agenda

La presidenta electa anunció que su administración realizará reclamos formales a los gobiernos anteriores por el “estado catastrófico” en que, según sus palabras, encuentra el país. El objetivo de este señalamiento es transparentar las condiciones en que se inicia el nuevo mandato y establecer responsabilidades sobre la gestión de recursos y servicios públicos.

Respecto a la cultura pop, Fujimori aseguró que cumplirá su promesa vinculada al grupo BTS, aunque no se precisaron detalles sobre el alcance de ese compromiso. La declaración fue recibida con atención por parte de los seguidores del conjunto musical, que han mostrado interés en la política peruana debido a la mención del grupo durante la campaña.

En los próximos meses, Keiko Fujimori anticipó que su gestión hará públicos los resultados del proceso de transferencia y los temas prioritarios en materia de infraestructura, salud, educación y seguridad. El equipo de gobierno planea informar periódicamente sobre el avance de las medidas adoptadas y los desafíos que enfrente la administración, en una apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas.

El proceso de transición ha estado marcado por reuniones constantes con autoridades locales, embajadores y representantes de diversos sectores. Estas actividades han permitido a la futura mandataria consolidar una red de respaldo y establecer los primeros lineamientos de su plan de gobierno, cuyo enfoque apunta a la recuperación del orden, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la reactivación económica.

Reuniones con figuras clave y fortalecimiento de lazos internacionales

En el marco de su agenda previa a la toma de mando, Keiko Fujimori recibió la visita del excandidato presidencial Roberto Chiabra, con quien dialogó sobre los principales desafíos que enfrenta el país y las prioridades de la agenda nacional. Este encuentro se suma a una serie de acercamientos con líderes políticos de diferentes corrientes, en busca de consensos que permitan una gestión estable.

La presidenta electa también mantuvo una reunión con el embajador de Brasil en Perú, Clemente Baena, enfocada en fortalecer la cooperación bilateral e impulsar una agenda conjunta en áreas estratégicas. Ambas partes coincidieron en la importancia de profundizar la colaboración en materia de desarrollo, seguridad y comercio.

En el plano internacional, Fujimori recibió la llamada del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien la felicitó por su elección y reafirmó la disposición de su país para mantener y fortalecer los vínculos de amistad y cooperación. La presidenta electa agradeció el gesto y expresó su interés en ampliar las oportunidades de intercambio y colaboración tecnológica.

Reconocimiento a los veteranos y respaldo a la Policía Nacional

Uno de los gestos más significativos de la presidenta electa fue el encuentro con veteranos de la lucha contra el terrorismo. Keiko Fujimori les expresó su reconocimiento por el servicio prestado a la nación y subrayó que su ejemplo debe inspirar a las nuevas generaciones de policías. Reafirmó el compromiso de su futuro gobierno con el fortalecimiento de la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y las extorsiones.

En palabras de Fujimori, el respaldo institucional será clave para recuperar la seguridad en las calles. Sostuvo que se requieren recursos, capacitación y una política de tolerancia cero contra la impunidad. La presidenta electa destacó que una sociedad segura es condición indispensable para el desarrollo y la paz social.

El énfasis en la seguridad se ha reflejado también en su agenda pública, a través de visitas a zonas vulnerables y reuniones con autoridades vinculadas a la prevención del delito. Estos encuentros han permitido recoger insumos para la elaboración de planes específicos destinados a combatir la criminalidad en distintas regiones del país.

Vínculos regionales y respaldo internacional

La agenda internacional de Keiko Fujimori incluyó una reunión con el embajador de El Salvador en Perú, Pablo Caballero Pineda, quien le transmitió las felicitaciones del presidente Nayib Bukele. Ambos reafirmaron la voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación en áreas como la seguridad y el desarrollo social.

Además, la presidenta electa mantuvo encuentros con representantes de la Asociación de Alcaldesas del Perú, quienes le expresaron su respaldo y le plantearon la importancia de promover el liderazgo femenino en la gestión pública. Fujimori reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las autoridades locales para impulsar el desarrollo de sus comunidades.

En los últimos días, la presidenta electa llegó a la zona afectada por el incendio en La Victoria, donde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y brindó apoyo a los damnificados. Reafirmó que su gobierno priorizará la recuperación de la paz, el orden y la seguridad, y que se implementarán políticas integrales para la atención de emergencias y la prevención de riesgos.

Cronograma oficial del 28 de julio: actos y primeras decisiones

El martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá formalmente la presidencia de Perú. La jornada comenzará en horas de la mañana con la tradicional misa tedeum, una ceremonia religiosa que marca el inicio de las celebraciones patrias. Luego, la presidenta electa esperará la invitación oficial del Congreso para trasladarse a la sede legislativa, donde juramentará como la primera mujer presidenta del país elegida por voto popular.

Tras el acto de juramentación, Fujimori procederá a tomar juramento a su primer gabinete ministerial, cumpliendo así con uno de sus principales compromisos de campaña: conformar un equipo plural y técnico, enfocado en los temas prioritarios para la ciudadanía. Posteriormente, viajará a la región de Junín para supervisar la situación de los pobladores de Chupaca, afectados por el sismo de 5.1 grados registrado el pasado 18 de julio.

El viaje a Chupaca constituye la primera acción oficial de la mandataria fuera de Lima y refleja la orientación territorial de su gestión. Fujimori ha señalado que la atención directa a las emergencias y la presencia del Estado en las zonas más vulnerables serán ejes centrales de su gobierno.

Participación en actos cívicos y agenda de los días posteriores

El miércoles 29 de julio, la presidenta Keiko Fujimori asistirá a la parada cívico-militar en la avenida Brasil, un evento emblemático en el calendario nacional que congrega a las fuerzas armadas y policiales. Esta actividad busca reafirmar el compromiso institucional con la defensa y la soberanía del país.

El día jueves 30 de julio, la mandataria participará en la misa de la iglesia evangélica, cumpliendo con una agenda de respeto a la diversidad religiosa. La presencia en esta ceremonia responde a la invitación de las comunidades de fe y a la voluntad de promover el diálogo interreligioso como parte de la vida democrática.

La atención sobre el aspecto visual de la dirigente no se restringe a los actos protocolares. En sus transmisiones en vivo, Fujimori ha destacado su interés por la textilería local y ha lucido creaciones de diseñadores nacionales como Jirko Sivirich y Sue Saknich, además de mencionar marcas de Gamarra, el emblemático distrito textil de la capital peruana. Esta exposición ha generado debate sobre la construcción de una imagen presidencial que integra elementos de identidad nacional y una lectura política de la moda.

El traje como símbolo de poder y pertenencia

La preferencia por los trajes sastre es notoria en la presidenta electa. Según declaraciones recogidas en el entorno de la mandataria, Fujimori considera que estas prendas le otorgan comodidad y seguridad durante sus apariciones públicas. El equipo de asesores y los diseñadores que colaboran en su vestuario trabajan en piezas que conjugan formalidad, símbolos patrios y una interpretación política de la indumentaria.

Uno de los momentos más comentados fue la ceremonia de entrega de credenciales, celebrada el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional. Para esa ocasión, Fujimori eligió un sastre blanco de dos piezas diseñado por Jirko Sivirich, quien ha alcanzado reconocimiento internacional por llevar la identidad y paisajes de Perú a las pasarelas de alta costura. El diseñador relató que recibió la solicitud de incorporar un color específico: el verde.

Detalles que fortalecen el vínculo con la cultura peruana

Yirko Sivirich narró que a partir de ese pedido surgió la inspiración para incluir referencias a la selva peruana y el bordado con la palabra “Perú”, integrando así elementos simbólicos en la prenda. “Vestir al presidente es algo superimportante”, afirmó el diseñador, quien relacionó ese logro con su propia trayectoria y con el hecho de que su taller se ubica en Gamarra, uno de los polos textiles más grandes del país.

La repercusión de este trabajo alcanzó a otras profesionales del sector. Una sastre local declaró que la aparición de Fujimori usando uno de sus blazers provocó un aumento significativo de seguidores en redes sociales y mencionó que la mandataria incluso la citó con nombre y apellido, lo que representó un impulso inesperado para su carrera.

Más allá del sastre: diseñadores proponen una imagen diversa

El fenómeno de la moda presidencial no se limita a la confección de una prenda puntual. Según la información recabada, existe una diseñadora destacada por ser la primera mujer peruana enfocada en sastrería, un ámbito históricamente ocupado por hombres. Este dato ilustra cómo la exposición pública de la presidenta electa permite visibilizar trayectorias que desafían los esquemas tradicionales dentro del sector textil peruano.

A este diálogo se sumó el diseñador Jorge Luis Salinas, quien propuso ampliar el registro estético de Fujimori una vez que inicie su mandato. Salinas considera que la presidenta podría aparecer en público no solo con sastres, sino también con vestidos y conjuntos pensados para eventos oficiales, recepciones o encuentros bilaterales.

Calidad, confección y referencias internacionales

Salinas aseguró que la presidenta electa “luce más delgada” y no teme experimentar con opciones más juveniles, siempre dentro de un marco de elegancia. Al respecto, mencionó como referentes visuales a la reina Letizia de España y a Kate Middleton, princesa de Gales, subrayando la importancia de la calidad de la tela, la confección precisa y el entalle para proyectar autoridad y sobriedad.

En línea con esta visión, el diseñador señaló que una imagen sobria no implica rigidez. Al referirse a la indumentaria que la mandataria usará el 28 de julio, sostuvo que la elección de una buena tela y una confección exacta bastan para garantizar una presencia sólida, con detalles perceptibles incluso en estilos más contenidos.

A pocos días de la toma de mando de Keiko Fujimori como la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, el canciller Carlos Pareja Ríos confirmó que Christopher Landau encabezará la delegación de Estados Unidos en la toma de mando de Keiko Fujimori y que llegará con una comitiva de 5 o 6 personas.

Pese a que se especuló sobre la llegada del Secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Marco Rubio, para la ceremonia que se realizará en el Congreso, finalmente será Landau quien representará al gobierno estadounidense.

“Se nos ha confirmado que va a venir el subsecretario Christopher, le dicen Chris Landau. Chris Landau es el que va a presidir la delegación norteamericana, va a venir con una delegación de cinco o seis personas”, indicó el canciller a los medios de comunicación.

Relaciones con Venezuela y México podrían reanudarse

Pareja Ríos también informó que trabaja para reanudar vínculos con Venezuela, interrumpidos el 30 de julio de 2024. Explicó que busca, con apoyo e influencia del gobierno de Estados Unidos ante Caracas, la reapertura del consulado peruano porque en ese país hay miles de peruanos que hoy no pueden realizar trámites como poderes ni inscribir a sus hijos nacidos allí.

Sobre México, el canciller recordó que la ruptura diplomática se produjo el 3 de noviembre de 2025, luego del asilo concedido a la expremier Betssy Chávez. Consultado por ese caso, evitó responder y se limitó a señalar que la Cancillería trabaja el tema y que se trata de asuntos complicados.

Mandatarios confirmados para juramento de Keiko Fujimori

Esta semana el canciller Pareja también detalló qué mandatarios han confirmado su participación en la ceremonia de cambio de mando. Entre los citados se encuentran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; y Ecuador, Daniel Noboa.

“Esos son los jefes de Estado que van a venir para la ceremonia de transmisión del mando”, recalcó. Además, mencinó que estarán presentes los cancilleres que acompañarán a los mandatarios, así como ministros de Estado de otros países que no enviarán a sus máximas autoridades.

La delegación internacional incluirá también al primer ministro de Aruba, Mike Eman, y representaciones oficiales de Japón, China y Marruecos. “Vamos a tener una nutrida delegación de dignatarios extranjeros que acompañarán a la presidenta el día 28 de julio en la ceremonia en el Congreso”, añadió.

El funcionario adelantó que también se espera la llegada de políticos y personalidades internacionales invitados por la propia Fujimori, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer.

“Todavía no les puedo confirmar porque estamos en ese proceso, pero creo que vamos a tener un conjunto importante de dignatarios, políticos y amistades de la señora Fujimori que estarán en el Perú esos días”, explicó.

Luego de su reunión con representantes de iglesias evangélicas en el Perú, se confirmó que la presidenta electa Keiko Fujimori pidió que la tradicional misa de acción de gracias no se realice el 29 de julio, sino al día siguiente, el 30 de julio. Según Miguel Bardales, uno de los representantes que se reunieron con la lideresa de Fuerza Popular, ella se reunirá el miércoles con su gabinete ministerial.

La decisión comunicada por el vocero de las iglesias evangélicas podría significar que la presidenta electa no solo ya tendría confirmados a los futuros integrantes de su gabinete ministerial, sino que incluso podría juramentar a sus ministros el mismo día

“Hemos venido a traer la invitación y ella nos ha explicado que la situación del país merece una atención, que ella y el gabinete necesitan tomar medidas y que, por esa razón, por este año, nos ha solicitado cambiar la fecha de la ceremonia del 29 al 30”, explicó Bardales a Panamericana.

Informes de transferencia se entregarán este jueves

En paralelo a la organización del inicio de gobierno, este jueves se entregarán los informes finales de transferencia de los ministerios. Como se recuerda, Marco Vinelli está a cargo del equipo de transferencia de Fuerza Popular y remitirá a Fujimori el saldo final de cada cartera para que se adopten las primeras decisiones en cada sector.

Para la senadora electa de Fuerza Popular, Patricia Juárez, esa documentación describa con precisión el estado de la administración pública. “El informe contenga la situación real de los ministerios, y que ese informe tenga la absoluta transparencia y reúna todas las condiciones que dice la ley”.

Juárez añadió que el contenido de esos documentos será determinante para los primeros pasos del nuevo gobierno. “Finalmente, a partir de ese documento y el diagnóstico que tenemos los equipos técnicos respecto a los diversos ministerios, se tomarán las primeras decisiones. Por eso es importante que refleje la situación real de los ministerios”, afirmó en contacto con la prensa.

Presidente Balcázar podría tomar una decisión sobre Pedro Castillo

La legisladora electa también se refirió a la posibilidad de que el presidente interino José María Balcázar aproveche los últimos días de su mandato para conceder un indulto o una gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo, una opción que habría sido mencionada como promesa por parte del actual gobernante.

Ante esa hipótesis, Juárez sostuvo que una medida de ese alcance debería quedar en manos de la nueva jefa de Estado. “Yo creo que hay desesperación, porque son promesas en su momento para llegar a la presidencia de la República, como el señor Balcázar o inclusive el propio Roberto Sánchez, para poder usar el sombrero del señor Castillo”.

La representante de Fuerza Popular insistió en que, por ahora, solo existen versiones no confirmadas y pidió prudencia política en el cierre de la administración interina. “Esa es una decisión, que seguramente corresponderá en su momento a la presidenta ya elegida. Lo que existen son rumores, muchos rumores, pero creemos que el sentido de responsabilidad en decisiones políticas tan trascendentes e importantes debe primar. Y entonces, esperemos que el señor Balcázar culmine su mandato como él siempre lo ha dicho”.

Según la hipótesis fiscal, la red habría operado desde la capital de Loreto con una estructura que combinaba extracción, acopio, manejo y envío de animales silvestres hacia mercados fuera del país. Entre las personas intervenidas figuran las empresarias Milagros Ferreyra Ahuanari y Lita Lisenia Ferreyra Ahuanari, esta última conocida también por su pasado político, luego de haber participado como precandidata a diputada por Fuerza Popular.

Las diligencias incluyeron allanamientos, detenciones preliminares y la revisión de espacios usados como zoocriaderos, donde las autoridades encontraron condiciones que describieron como “calamitosas”.

La orden judicial, la detención preliminar y los alcances del caso

La Fiscalía sostiene que el caso “Los Peludos” no se trataría únicamente de un delito ambiental, sino de una estructura con rasgos de crimen organizado. Por eso, el caso fue tipificado bajo una figura de mayor gravedad: delito aduanero, en la modalidad de tráfico de mercancías restringidas y contrabando.

Por ello, se dispuso la detención preliminar por 15 días naturales para los investigados, además de autorizar el allanamiento con descerraje, la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Durante las primeras horas del operativo, los agentes ingresaron a depósitos usados como zoocriaderos, donde se observaron animales en condiciones precarias. Las imágenes recogidas por las autoridades muestran espacios con hacinamiento, desorden y falta de condiciones mínimas para el manejo de especies vivas.

De acuerdo con la investigación, la presunta organización criminal estaría conformada por al menos 11 personas. Además de las hermanas Ferreyra, el mandato judicial alcanza a Francisco Ferreyra Ahuanari, Carlos Antonio Tello Ferreyra, Néstor Pérez Fachín, Samir Rodríguez Dahua, Bernaldo Torres Dahua, Lando Marcio Vargas Ferreyra, Alan Ruboca Moreno, Gróbel Jesús Panaifo Pacaya y David Arrué Tamani.

Las hermanas Ferreyra bajo la lupa y los antecedentes revelados por Ojo Público

Las hermanas Milagros y Lita Ferreyra no son nombres nuevos en este tipo de investigaciones. Según una investigación de Ojo Público, ambas ya habían sido mencionadas en reportajes previos vinculados al comercio y exportación de fauna amazónica, especialmente en casos relacionados con la extracción de especies como los perezosos. Ese seguimiento periodístico comenzó a tomar fuerza en 2023, cuando se advirtió que un conjunto de empresas relacionadas con las Ferreyra concentraba una porción importante del mercado de exportación de fauna silvestre desde Perú.

En esa misma línea, Ojo Público identificó que cuatro de las 37 empresas exportadoras de fauna peruana pertenecían a las hermanas Ferreyra. Para entonces, más de la mitad de sus operaciones se concentraban en la venta de animales peruanos como tortugas, camaleones, iguanas y lagartijas hacia destinos como Hong Kong, China, Taiwán y otros mercados, por montos que superaban los USD 11 millones.

Otro episodio está vinculado a una alerta emitida por la División de Inteligencia Aduanera de Sunat, que puso en conocimiento de la Fiscalía Ambiental de Loreto la salida irregular de fauna hacia el exterior desde el aeropuerto de Iquitos. En ese contexto, el fiscal Franco Gonzales dispuso la inmovilización de 30 perezosos y ocho osos hormigueros que tenían como destino Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Las especies contaban con un permiso de manejo de fauna que posteriormente fue declarado nulo por irregularidades detectadas por el gobierno regional.

Las pesquisas periodísticas también señalaron que la empresa detrás de esa operación era Ferreyra Fishes & Turtles E.I.R.L., cuya gerencia general estaba a cargo de Lita Ferreyra. Entre 2014 y 2023, ella y su hermana Milagros habrían concentrado buena parte de las exportaciones de animales registradas desde el país. En ese periodo, la firma reportó operaciones previas sobre todo con especies como taricayas, mata mata, motelo y teparo, mientras que el envío de mamíferos hacia Emiratos Árabes representó una ruta nueva para la empresa.

El exasesor de Fuerza Popular, Vicente Silva Checa, anunció este martes que presentará una denuncia contra el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien investigó y acusó a Keiko Fujimori, actual presidenta electa y líder de esa agrupación política.

En una entrevista con la radio Exitosa, Silva Checa calificó a Pérez como “un fiscal muy abusivo” y lo responsabilizó de haber “arruinado la vida” de quienes estuvieron bajo investigaciones a su cargo. “Yo lo voy a denunciar (...) por delitos que él ha cometido y por inconductas funcionales que él ha puesto en práctica”, declaró.

El abogado sostuvo que, durante su gestión en el Ministerio Público, el exmagistrado pidió prisión preventiva para varios investigados “sin ninguna base” y que muchas personas afrontaron procesos judiciales bajo comparecencia, tras presentar documentos o peritajes para respaldar su situación legal.

“A mí me detuvieron preliminarmente una noche sin aviso alguno, sin que tuviera yo una investigación, nada. Y luego este hombre me ha perseguido, prevaricando en innumerables oportunidades, y ya lo determinará el Poder Judicial (...) Ahora llora porque siente el peligro de que se volteen las cosas y él sea el acusado”, afirmó.

“Mucha gente ha visto su vida afectada por este hombre. Y una cosa muy grave que ha hecho es dañar a los partidos políticos. Si no destruirlos, al menos los ha perjudicado seriamente”, añadió al referirse a la imputación contra el Partido Aprista por lavado de activos, que fue finalmente archivada por ser “totalmente desproporcionada”.

“Ha sido muy mal fiscal y fue un error del doctor (Rafael) Vela, el fiscal coordinador, haberlo mantenido en el cargo. Vela debió ponerlo en su lugar a Pérez Gómez y así no estaría en la misma situación que él”, manifestó.

Seguidamente, recordó los 36 meses de prisión preventiva que le impusieron en noviembre de 2018 tras ser señalado por la Fiscalía como parte de la cúpula de una presunta organización criminal dentro de Fuerza Popular. Posteriormente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó esa medida y ordenó su libertad tras declarar fundado el recurso de apelación.

“Yo estuve seis semanas en Piedra Gorda. Tuve la suerte de que, después de tres días en una celda de castigo, me ubicaron en una zona donde había funcionarios públicos connotados que enfrentaban acusaciones, como César Álvarez y otros. No fue un infierno, fue una situación difícil, pero se sobrellevó y salimos”, concluyó.

Temor

En la misma jornada, el actual abogado del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) reiteró que teme por su vida tras la llegada a la jefatura de Estado de Fujimori.

“La ahora mujer más poderosa del país dio una amenaza a inicios de este año cuando le preguntaron en relación a mí. Entonces, es un hecho objetivo que ella públicamente lanzó esta amenaza”, afirmó.

Pese a este escenario, expresó que conserva la esperanza de poder proteger su integridad dentro del país y condicionó esta posibilidad a que Perú se mantenga como “un Estado de derecho”, sin que “se instale un gobierno en el cual ya no se van a respetar ni los derechos ni las garantías”.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó este lunes una ley que establece que policías y militares solo serán procesados por el fuero castrense cuando cometan delitos en el ejercicio de sus funciones, pese a la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhortó a no aprobarla.

La promulgación ocurrió luego de que el mandatario interino, José Balcázar, no formulara observaciones a la autógrafa aprobada por el Parlamento en una segunda votación realizada en junio.

El dictamen modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para impedir que un efectivo militar o policial sea procesado de manera simultánea por los mismos hechos tanto en la justicia ordinaria como en la justicia militar-policial.

Además, la ley dispone que los jueces de la jurisdicción ordinaria archiven investigaciones o procesos cuando constaten que los mismos hechos ya son materia de investigación en el fuero militar-policial.

La bancada fujimorista, a la que pertenece Rospigliosi, promovió la iniciativa al sostener que busca proteger a cientos de policías y militares que actualmente afrontan procesos por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas hace más de tres décadas durante el régimen del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) o en el contexto de las protestas de 2022 y 2023.

Días antes, la congresista Ruth Luque advirtió que todo apuntaba a que Balcázar había decidido “agachar la cabeza al fujimorismo y no observar la autógrafa”, con lo que evitó que el texto regresara al Legislativo.

Críticas

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, señaló en su momento que las presuntas violaciones deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial, de conformidad con el derecho internacional.

Incluso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos observó la aprobación de la norma, antes de su ratificación en el pleno, por posibles críticas relacionadas con la independencia judicial, la delimitación de competencias entre jurisdicciones y la proporcionalidad de algunas sanciones contempladas en el texto.

La ley aprobada incluye también una precisión sobre el delito de función al incorporar las conductas cometidas por acción u omisión durante el ejercicio de funciones militares o policiales.

De la misma forma, la ley estableció penas de 20 a 30 años de prisión e inhabilitación para militares o policías que colaboren con grupos armados ilegales o bandas criminales aprovechando su cargo o función, e incluso la cadena perpetua cuando dicha colaboración derive en la muerte de una persona.

El Parlamento también aprobó otra iniciativa que incorpora los delitos de lesa humanidad en el Código Penal con el fin de precisar que los casos de asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual sólo podrán ser considerados de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Si lo hechos investigados no cumplen con esos elementos deberán ser procesados como delitos comunes conforme a la legislación penal vigente, anotó la norma.

La ley plantea también que se aplique a los juicios en trámite y en las sentencias en revisión, nulidad u otra garantía constitucional.

La disposición legal remarcó que el Estatuto de Roma, que estableció competencia para los crímenes contra la humanidad, entró en vigencia en Perú en 2002 y que los hechos ocurridos antes de esa fecha no podrán juzgarse como delitos de lesa humanidad en el país.

La dirigente política mencionó que, a raíz del consejo de una voluntaria, decidió dedicar tiempo a una actividad que no había podido realizar en libertad. El acercamiento a la Biblia, gracias a un ejemplar entregado por grupos religiosos que realizaban servicio social en el penal, supuso el inicio de una etapa de mayor serenidad y de conexión con la fe. “Esa tarde empecé por el Nuevo Testamento”, recordó Fujimori, subrayando que el estudio de las escrituras la ayudó a encontrar paz y a modificar su visión sobre el entorno carcelario.

Cambios personales y relaciones en el penal

La lectura diaria de la Biblia coincidió con un cambio en la actitud de Fujimori hacia las demás internas. Contó que empezó a ayudar a las recién llegadas y evitó preguntar por qué cada una estaba presa, convencida de que ese dato no alteraba su disposición a asistirlas. “Aprendí a no juzgar a las personas”, resumió en su relato.

El proceso de adaptación incluyó también la superación de viejos temores. Fujimori detalló cómo perdió el miedo a los gatos, un temor que arrastraba desde su infancia. En el penal, al notar la presencia de gatos cerca de los desagües, decidió pedir alimento para ellos y comenzó a dejarles comida en la puerta de su celda. Dos gatos, Pepe y Gringo, respondieron acercándose y, según la ex candidata, cazaban ratones en la zona, lo que la llevó a interesarse por estos animales. Más tarde, ya en libertad, su familia adoptó cinco gatas, resultado directo de este cambio personal.

La llegada a prisión: del juicio a la celda

El episodio carcelario de Keiko Fujimori comenzó días después de que recuperara la libertad tras una detención preliminar de siete días. El fiscal José Domingo Pérez solicitó prisión preventiva por 36 meses, y el Poder Judicial programó audiencias para tratar el caso. Fujimori asistió a cada audiencia acompañada por dirigentes de su partido y mantenía comunicación nocturna con sus hijas, quienes experimentaron temor por su seguridad.

En una de esas conversaciones, su hija Kaori le preguntó: “Mamá, si es que vas a prisión significa que te pueden matar”. Fujimori explicó que buscó tranquilizarla con palabras simples: “No, Kao, eso no puede pasar y no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que no voy a poder verte todos los días, ni vamos a poder leer cuentos en las noches, pero tú podrás ir a verme dos días a la semana”.

Procedimiento judicial y traslado al penal

La ex candidata sostuvo que el procedimiento judicial no se desarrolló como correspondía, ya que, según su versión, antes de dictar prisión preventiva debían leerse todas las acusaciones a los presentes en la audiencia. El juez anunció la prisión preventiva por 36 meses, lo que derivó en su inmediato traslado.

Fujimori relató que, al saber que ese momento llegaría, pidió a sus acompañantes una despedida rápida para evitar quebrarse. “Vamos a seguir enfrentando esta injusticia”, declaró antes de ser llevada a la carceleta del Poder Judicial, un espacio que describió como “nauseabundo” y ubicado en los sótanos de la sede judicial.

Primeros días en el penal anexo de Chorrillos

Tras el paso por la carceleta, Keiko Fujimori fue trasladada a la prisión anexo de Chorrillos. Al llegar, la directora del penal le ofreció una taza de avena, gesto que la conectó emocionalmente con su abuela por el sabor de la receta. Fujimori fue ubicada en la zona de prevención, un área destinada a nuevas internas, personas castigadas y quienes luego acceden a detención domiciliaria.

Resaltó el papel de los voluntarios que realizaban servicio social en el penal, quienes le recomendaron aprovechar el tiempo de reclusión realizando actividades que no había hecho antes. Fue así como eligió la lectura de la Biblia, iniciativa que marcó el resto de su estadía.

Impacto en la vida familiar y adaptación al encierro

La experiencia carcelaria afectó profundamente a la familia de Fujimori. La ex candidata contó que su salida en libertad ocurrió el 29 de noviembre, fecha que coincidió con el cumpleaños de su hija Kiara. Hasta ese momento, había asumido que no pasaría la Navidad en casa, idea que quedó confirmada cuando un domingo advirtió que la resolución judicial no llegaría a tiempo.

En el penal, Fujimori recibió la visita de su hermana Sachi y sus hijas. Ante la imposibilidad de celebrar la festividad en familia, acordaron hacer su propia Navidad el miércoles siguiente, día habilitado para visitas. “Las fechas importantes también pueden celebrarse en otro momento”, le dijeron sus hijas, según su testimonio.

El papel de la abogada y la resolución del Tribunal Constitucional

La excarcelación de Keiko Fujimori se produjo después de que el Tribunal Constitucional de Perú declarara fundado el recurso presentado por su hermana Sachi y sustentado por la abogada Yuliana Losa. Aunque la libertad demoró varios días en ejecutarse tras la decisión, la ex candidata recuperó su libertad el 29 de noviembre. Definió la fecha como el mejor regalo de cumpleaños para su hija Kiara.

Fujimori señaló que su paso por la prisión la llevó a modificar su relación con las internas y con los animales, consolidando una etapa de mayor cercanía religiosa y familiar. Al salir del penal, su familia la recibió y celebró la libertad con la perspectiva de una nueva etapa.

Expectativas, rutinas y resistencia en prisión

Durante su reclusión, Fujimori mantuvo la esperanza de una salida rápida. Al ingresar a la prisión, llevó dos mochilas que prefirió no desarmar, convencida de que saldría pronto. Frente a la insistencia de su hermana Sachi sobre por qué no ordenaba sus pertenencias, respondía que prefería mantener una actitud positiva.

La convivencia diaria en el penal implicó también la adaptación a nuevas rutinas. Fujimori ayudaba a las recién llegadas y estableció la costumbre de alimentar a los gatos que rondaban la zona. La experiencia, según relató, modificó su percepción sobre la vida en reclusión y reforzó la importancia del apoyo familiar y la fe.

La ex candidata presidencial finalizó su testimonio recordando el impacto de la libertad recuperada, la celebración familiar y el proceso de reintegración tras 13 meses de prisión preventiva.

Según su testimonio, esa jornada comenzó con un interrogatorio en la fiscalía y derivó en una detención que ella consideró arbitraria. En el segundo capítulo de “Confesiones”, la dirigente explicó que la investigación experimentó un giro decisivo cuando se produjo el cambio del fiscal a cargo y se ordenaron nuevas diligencias, entre ellas allanamientos a su entorno político.

El inicio del proceso y la percepción de arbitrariedad

Para Keiko Fujimori, el proceso judicial incluyó episodios que describió como abusivos y extraños. Señaló que, pese a que su partido colaboraba con la justicia, la pesquisa adquirió un tono hostil. Recordó que, antes de presentarse ante la fiscalía, preparó las loncheras de sus hijas y se despidió asegurando que regresaría por la tarde, aunque presentía que algo adverso podía suceder.

Durante el interrogatorio, un oficial de policía le preguntó si estaba bajo orden de arresto. En ese momento, Fujimori avisó a su esposo, Mark Vito Villanella, que la detenían y le solicitó que transmitiera tranquilidad a sus hijas. Ese acto marcó el inicio de una serie de traslados y procedimientos que se extenderían por varios días.

Traslados, exámenes y la mediatización del caso

La lideresa de Fuerza Popular relató que la primera semana incluyó traslados a distintas dependencias policiales, exámenes médicos y psicológicos, y la presentación de una apelación al séptimo día. Dijo que fue llevada primero a una comisaría y luego a la prefectura, donde solicitó papel y lapicero a su abogada, Giuliana Loza, para escribir una carta que buscaba explicar su situación a la militancia y la comunidad internacional.

Fujimori observó que los vehículos que la trasladaban avanzaban a baja velocidad, rodeados de prensa nacional e internacional, lo que interpretó como un intento de convertir el proceso en un espectáculo público. “Se intentaba convertir la detención en un circo”, afirmó en su relato.

Condiciones de detención y contacto con la militancia

Durante el control de identidad, Fujimori presenció cómo las cámaras de televisión enfocaban sus manos esposadas y su rostro. Posteriormente, fue sometida a exámenes médicos, psicológicos, dentales y análisis de sangre y orina, en una secuencia que no pudo completarse el primer día por su extensión.

En la prefectura, la dirigente se encontró con Adriana, una militante mayor del partido, y relató que procuró mantener la serenidad para transmitirle calma. Le cedió el único colchón disponible, mientras ella descansaba sobre una tarima. Sobre esa primera noche, Fujimori fue explícita: “Lloré muchísimo. Lloré en silencio”. Dijo que evitó mostrar su angustia para no preocupar a su acompañante, aunque ambas reconocieron su estado emocional al día siguiente.

Espera, vigilancia y apelación

Al tercer día de detención, Fujimori preguntó cuándo podría salir y recibió como respuesta que la apelación había sido presentada, pero el trámite aún demoraría. Solicitó ropa desde su casa para asearse, pero su abogada le advirtió sobre la posibilidad de vigilancia constante, incluso en espacios privados como el baño o la ducha. “Están filmando cada movimiento tuyo”, le advirtió Loza.

La excongresista señaló que la audiencia de apelación se autorizó al séptimo día. Su abogada le recomendó preparar una intervención breve, de no más de cinco minutos, ya que ese sería el tiempo disponible ante la sala. Antes de partir, un policía le colocó un chaleco con la palabra “detenido” y le indicó que cumplía órdenes superiores.

Resolución judicial y liberación

Fujimori aseguró que la sala resolvió con rapidez y que lo que más recuerda del fallo fue el argumento central: la resolución judicial que ordenó su arresto habría sido elaborada a partir de un “copia y pega”, replicando los pedidos de la fiscalía sin un análisis propio. “La decisión de arresto había sido elaborada con un ‘copia y pega’”, indicó.

Esa misma noche recibió la notificación de su liberación y regresó a su domicilio para reencontrarse con sus hijas. Cerró su relato con una advertencia sobre el futuro: “Lo peor estaba todavía por venir”. La experiencia de detención sin condena, según Fujimori, marcó un antes y un después en su vida y en el escenario político de Perú.

De acuerdo con las declaraciones recogidas en televisión, Isaac Humala centró sus críticas en la figura de Keiko Fujimori, argumentando que, conforme a la ley japonesa, no existe la doble nacionalidad en los términos que él interpreta. Insistió en que, al tener que optar, esa decisión se formaliza por escrito, y aseguró que tanto Fujimori como sus hermanas habrían elegido la nacionalidad japonesa.

Nacionalidad y legitimidad presidencial

Isaac Humala manifestó que Keiko Fujimori y sus hermanas “han optado oportunamente” por la nacionalidad japonesa, lo cual, en su visión, impediría que la ex candidata presidencial pueda ejercer la presidencia del Perú. Frente a la observación del entrevistador sobre el nacimiento de Fujimori en territorio peruano y su identificación pública como peruana, Humala calificó esa afirmación de “falsa” y reiteró que, bajo ningún concepto, existe la doble nacionalidad, siempre según su lectura de la normativa japonesa.

Durante la entrevista, el exdirigente sostuvo que el partido Fuerza Popular “no es partido político” sino “República japonesa que ha llegado al poder”. Añadió que si su hipótesis fuera cierta, las elecciones serían nulas y Fujimori ni siquiera habría podido postularse a la presidencia. Enfatizó que desea que la ex candidata declare públicamente “la verdad” y reconozca su nacionalidad japonesa “por ius sanguinis”.

Críticas a Keiko Fujimori y el grupo Colina

Isaac Humala fue más allá en sus declaraciones al comparar la violencia asociada a Antauro Humala con la que atribuye a Keiko Fujimori. Señaló que, a su entender, la lideresa de Fuerza Popular sería “mil veces más violenta” que su hijo, basándose en los hechos relacionados con el grupo Colina y acusándola de haber permitido torturas a su madre cuando la familia presidencial fue trasladada al Servicio de Inteligencia del Ejército. “Es una presidenta japonesa y es más violentista que Antauro porque ella permitió las torturas del grupo Colina”, aseguró durante el diálogo televisivo.

El exdirigente también expresó que, en su opinión, si se confirmara su tesis sobre la nacionalidad, Keiko Fujimori no debería asumir la presidencia. Además, solicitó que la lideresa fujimorista hiciera pública su condición de nacionalidad japonesa y que renunciara a cualquier aspiración presidencial.

Opinión sobre Pedro Castillo y contexto histórico

En cuanto a la crisis política reciente, Isaac Humala fue consultado sobre Pedro Castillo y su papel en la disolución del Congreso. Al respecto, sostuvo que el exmandatario prometió en varias ocasiones indultar a Antauro Humala cuando este se encontraba en prisión, promesa que no cumplió. Más adelante, Humala padre afirmó que Castillo encabezó un intento de ruptura institucional al anunciar la disolución del Parlamento en un mensaje a la nación. “¿Cómo no va a ser dado golpe de Estado?”, respondió al ser consultado si consideraba a Castillo como responsable de un golpe.

Durante la conversación, el entrevistado evitó centrar el debate en la coyuntura política de Castillo, argumentando que la atención debía dirigirse hacia la situación nacional. Realizó una comparación histórica extrema y sostuvo que el país atraviesa un momento “comparable con el día en 1532”, en referencia a la captura de Atahualpa y la toma del poder por parte de fuerzas extranjeras.

Relación con Antauro Humala y violencia política

Respecto a Antauro Humala, Isaac Humala relativizó las expresiones más agresivas de su hijo. Cuando el conductor mencionó declaraciones en las que Antauro se refirió a la posibilidad de matar a su hermana o a Ollanta Humala, el patriarca respondió que se trataba de “un decir” y las calificó como “una tontería”.

No obstante, utilizó esa referencia para insistir en que la violencia verbal atribuida a su hijo no es comparable con la que, según él, representa Keiko Fujimori. Reiteró que la lideresa de Fuerza Popular estaría vinculada a hechos más graves, como los asociados al grupo Colina, y que, bajo ese argumento, no debería ejercer la presidencia.

Exigencias finales y postura de Isaac Humala

Al cierre de la entrevista, Isaac Humala expresó un doble deseo. Por un lado, exigió que Keiko Fujimori reconozca públicamente su supuesto estatus de ciudadana japonesa por derecho de sangre. Por otro, pidió que no asuma la presidencia bajo ninguna circunstancia.

Las declaraciones de Humala padre se suman a la polarización existente en el escenario político nacional y reflejan una postura crítica frente a las figuras de Keiko Fujimori, Pedro Castillo y el propio entorno familiar. La discusión sobre la nacionalidad y la legitimidad presidencial se mantiene como uno de los ejes recurrentes en el debate público peruano.

La mandataria señaló que uno de los principales desafíos de su gestión será recuperar la confianza de la ciudadanía y demostrar, con resultados, que es posible reducir las divisiones políticas que han marcado al país en los últimos años. En ese contexto, remarcó que el diálogo será una herramienta clave para avanzar en la gobernabilidad y atender las principales demandas de la población.

“No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos”, expresó Fujimori al insistir en que el resultado de las urnas debe convertirse en un punto de partida para una nueva etapa política. Asimismo, sostuvo que el mayor esfuerzo de su administración estará orientado a generar confianza entre los ciudadanos, incluidos quienes aún mantienen dudas sobre su gobierno.

“Han generado odio”

Durante su discurso, la presidenta afirmó que la reconciliación nacional será uno de los ejes de su mandato y consideró que el país necesita superar la confrontación política para enfocarse en resolver los problemas que afectan a la población. En ese sentido, sostuvo que la etapa de las disputas electorales quedó atrás y que ahora corresponde trabajar con una visión de futuro.

Fujimori manifestó que la confianza entre el Estado y la ciudadanía no puede imponerse, sino que debe construirse a través de acciones concretas. Por ello, agradeció tanto a quienes respaldaron su candidatura desde el inicio como a los ciudadanos que decidieron otorgarle su voto pese a las dudas que mantenían sobre su propuesta.

La mandataria también cuestionó el clima de división que, a su juicio, caracterizó a administraciones anteriores. “Tenemos que trabajar denodadamente por lograr una reconciliación. Nuestra sociedad no aguanta más. Esos gobiernos que han pasado generando división y odio, eso se acabó”, manifestó, al reiterar que su gestión buscará fortalecer el diálogo y promover consensos para impulsar el desarrollo del país.

La primera mujer presidente

En otro momento de su intervención, Keiko Fujimori destacó el significado de convertirse en la primera mujer elegida presidenta de la República mediante voto popular. La mandataria afirmó que este hecho representa un avance para la participación femenina en la política y aseguró que el logro trasciende su elección al simbolizar una oportunidad para todas las mujeres del país.

“Estoy orgullosa de ser la primera mujer elegida por el voto popular. Es un gran compromiso, una responsabilidad enorme que asumimos con profunda humildad. Este logro es el logro de las mujeres”, expresó. Además, señaló que espera que su elección sirva de inspiración para las nuevas generaciones y para que más niñas y jóvenes crean que pueden alcanzar sus metas mediante el esfuerzo y la perseverancia.

Finalmente, Fujimori aseguró que su administración estará enfocada en construir un Perú más próspero, especialmente para los jóvenes y los niños. Si bien reconoció que el país cuenta con importantes recursos, sostuvo que el Estado no ha respondido de manera eficiente a las necesidades de la población en los últimos años. Por ello, reiteró que, tras el cierre del proceso electoral, el objetivo de su gobierno será trabajar de manera conjunta para impulsar el desarrollo nacional y ofrecer mejores oportunidades a las futuras generaciones.

La manifestación se realizó en un contexto de tensión política, con la exigencia de libertad para Castillo como consigna central. Aunque la convocatoria buscaba una movilización, no se produjo un desplazamiento por la ciudad. Los asistentes permanecieron en el recinto partidario, donde Sánchez, acompañado de otros dirigentes, presentó la demanda como una expresión del “pueblo organizado”.

Reclamo central: la liberación de Pedro Castillo

El excandidato afirmó que solo “el pueblo organizado”, junto con el movimiento social, las comunidades originarias, los frentes sociales y los grupos ciudadanos, puede constituir un frente democrático capaz de lograr la reivindicación y la restitución de la justicia, con el objetivo de obtener la libertad de Castillo.

Sánchez hizo un llamado a la “unidad para luchar” y a la “unidad para vencer”, orientando su convocatoria a regiones, provincias, distritos, centros poblados y fuerzas ciudadanas que se identifican como democráticas. El dirigente sostuvo que en el país no existe democracia, argumentando que una democracia no puede subsistir sin derechos humanos ni justicia. En ese marco, recordó que Perú ha suscrito convenios y pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos, comprometiendo al Estado a actuar bajo esos principios.

Denuncia de detención arbitraria y vacancia ilegal

Durante el pronunciamiento, Sánchez aseguró que Pedro Castillo fue detenido de manera arbitraria cuando ejercía la presidencia y que la vacancia fue ilegal. Señaló que “jueces y peritos internacionales” ya han exigido su liberación inmediata, en función de los compromisos internacionales asumidos por Perú. Para el dirigente, “este pueblo organizado se va a convertir en la peor pesadilla de un gobierno mafioso, dictador fujimorista”.

El acto marcó también un cambio de imagen en Sánchez, quien ya no lució el sombrero que lo acompañó durante la campaña electoral. El pronunciamiento se extendió mientras el excandidato permanecía en la sede junto con otros miembros de Juntos por el Perú.

Justicia por las víctimas del sur y rechazo a la violencia

Roberto Sánchez reiteró su reclamo de justicia por los más de 50 muertos en las protestas del sur del país, vinculando esa demanda con la exigencia de liberación de Castillo. Sostuvo que existe impunidad y que el poder político actual carece de legitimidad ante una parte mayoritaria de la población.

Durante su declaración pública, el dirigente rechazó la violencia “venga de donde venga” y afirmó que su sector no la promueve ni la defiende. En ese mensaje, ató la demanda de justicia a los asesinatos cometidos durante la crisis política. Dijo que el “comportamiento violento” dejó “más de 50 peruanos asesinados” y calificó esas muertes como “una herida abierta” para el país, repitiendo la consigna “Justicia para los mártires del sur”.

Críticas directas a Keiko Fujimori y a la legitimidad del gobierno

En su intervención, Sánchez sostuvo que “lo primero que debería hacer la señora Fujimori es arrodillarse y pedir perdón a todo el pueblo del sur”, responsabilizándola por “haber quitado la vida” a la población de esa región. Estas acusaciones se enmarcaron en un discurso donde presentó la convocatoria como la expresión del “sentimiento de millones de compatriotas”.

Según el dirigente, a muchas familias les “han arrebatado la vida a sus hijos” y no reciben justicia. Bajo esa premisa, acusó al “gobierno parlamentario de la señora Fujimori” de haberse encumbrado desde una legalidad electoral que, en su visión, no cuenta con “apoyo moral” ni la legitimidad mayoritaria. Sánchez describió a ese pueblo como uno “pintado del color verde esperanza”.

Referencias a la comunidad internacional y la situación de Castillo

En otro tramo de su discurso, Sánchez señaló que el presidente encargado posee la “facultad constitucional y política” para otorgar la gracia presidencial y ordenar la libertad de Pedro Castillo. Sostuvo que algunos sectores rechazan esa posibilidad porque Castillo, “como es el líder del pueblo”, podría movilizarlo, organizarlo y exigir justicia. Frente a la declaración de inviabilidad de su excarcelación, resumió la postura de su sector con una frase: “Nadie les cree”.

El excandidato invocó al “grupo de trabajo de detención arbitraria e ilegal” dentro de una comisión de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. Afirmó que jueces, peritos y expertos internacionales “dan la razón” a quienes rechazan la detención de Castillo.

Reclamo al defensor del pueblo y denuncia de persecución política

En la parte final de su declaración, Sánchez preguntó “dónde está el defensor del pueblo” y criticó el “silencio cómplice” de las instituciones en un momento que, según su visión, exige restituir la justicia. Añadió que el Estado no debe “nunca más perseguir políticamente” a fuerzas que, en sus palabras, fueron víctimas de un complot contra el gobierno democrático constitucional de Castillo.

Sánchez cerró con una reivindicación política de los últimos tres años, asegurando que el “sentimiento y el convencimiento del pueblo tuvieron razón”. Para el dirigente, esa validación proviene de pronunciamientos de jueces, peritos y expertos internacionales que, en su interpretación, respaldan la denuncia sobre la vacancia, la detención y el “secuestro” del exmandatario.

Cancelación de la movilización y reacción de los simpatizantes

En las horas previas, el congresista Sánchez había cancelado la movilización convocada para exigir la libertad y el indulto de Pedro Castillo. Explicó que el Ministerio del Interior no otorgó las garantías necesarias para la realización de la protesta en la vía pública.

A pesar de la suspensión, entre 100 y 150 simpatizantes se concentraron en el exterior del local partidario, ubicado en la avenida 9 de diciembre. Ante ese escenario, la organización resolvió permitir el ingreso de los manifestantes al recinto, donde se mantuvieron a la espera de nuevas directivas.

Argumentos legales y respaldo a la demanda de libertad

Sánchez fundamentó el reclamo en un informe de Naciones Unidas que, según su versión, cuestiona la detención de Pedro Castillo por considerarla arbitraria. Ante los asistentes, el congresista expresó: “Es el sentimiento de nuestro pueblo por justicia”.

Al cierre del acto, un grupo de simpatizantes seguía en los exteriores de la sede partidaria, aguardando la salida de Sánchez, quien continuaba reunido con dirigentes de Juntos por el Perú. El episodio reflejó la persistencia de un sector político que, sin movilización en las calles, mantiene su demanda de liberación para el expresidente y de justicia para las víctimas de la crisis.

Primer giro: la renuncia presidencial y el compromiso familiar

En el año 2000, Alberto Fujimori decidió abandonar la presidencia de Perú en medio de una crisis política. Desde Japón, llamó a su hija Keiko para informarle de la situación. En ese momento, la joven no contemplaba ingresar al mundo político. Según su testimonio, su principal objetivo era desarrollarse como empresaria y su formación en administración de empresas apuntaba en esa dirección.

Keiko Fujimori explicó que, tras la caída del gobierno, permaneció en el país a pesar de que su padre le sugirió salir de Perú. Asumió el compromiso de “defender el legado familiar y el apellido”, lo que la llevó a afrontar investigaciones judiciales y citaciones ante el Congreso y el Ministerio Público. Esta etapa estuvo acompañada de allanamientos en viviendas de familiares y de un entorno de incertidumbre. “Después de aproximadamente dos años, esas investigaciones fueron archivadas”, puntualizó.

Un proyecto de vida en el sector privado

Superada la crisis inicial, Fujimori retomó su plan de vida original. Se asoció con dos amigas y fundó una pequeña empresa dedicada a la venta de productos naturales y de aromaterapia en una cadena comercial importante de Perú. También emprendió la exportación de productos a mercados asiáticos. Este período, según sus palabras, representó una etapa de crecimiento personal y profesional lejos del ámbito político.

Tiempo después, la dirigente logró ingresar a Columbia Business School en Nueva York para cursar una maestría en administración de empresas. Junto a su entonces esposo, Mark Vito Villanella, proyectaba desarrollar una carrera corporativa o incursionar en el emprendimiento privado. “Mi objetivo era desarrollarme en el sector empresarial y construir un futuro diferente al de mi familia”, sostuvo.

La llamada de 2005: punto de inflexión

La segunda llamada clave llegó en noviembre de 2005. Según relató Keiko Fujimori, su padre la contactó desde un teléfono satelital para informarle que viajaría a Chile con la intención de iniciar un proceso de extradición que le permitiera regresar a Perú. Durante esa conversación, le pidió que evaluara postularse al Congreso como parte de la lista parlamentaria. “Sé que estás haciendo tu maestría, pero como las cosas no han salido como estaban planificadas, nos gustaría que te animes a ser candidata, que nos acompañes a la lista como candidata al Congreso”, relató.

Horas después de esa llamada, se enteró por las noticias de la detención de su padre en Chile y de su traslado a dependencias de seguridad. Ese episodio la llevó a viajar para acompañarlo y, ya en ese país, recibió la propuesta formal de integrarse a la lista electoral.

Decisión personal y apoyo familiar

Ante el pedido familiar, Fujimori no aceptó de inmediato la propuesta política. Explicó que necesitaba tiempo para procesar la situación y discutirla con su esposo. Al regresar a Nueva York, conversó con Mark Vito Villanella, quien la alentó a tomar la decisión: “Tu país, el partido y tu familia te necesita. No quiero que te quedes aquí atada por mí. Empaca tus cosas y ya luego vemos”, recordó.

A partir de ese momento, decidió dejar la maestría y regresar a Perú. Reconoció que no tenía experiencia en campañas electorales y que aprendió de figuras como Marta Chávez, quien encabezaba la lista presidencial de entonces. Durante la campaña, implementó estrategias novedosas para acercarse a la ciudadanía, como cantar y bailar en encuentros públicos, además de exponer su mensaje político.

El ingreso al Congreso y la construcción de un partido propio

Luego de recorrer Lima y otras regiones, Fujimori fue elegida congresista, alcanzando el récord como la parlamentaria más votada en la historia de Perú en ese momento. Al asumir sus funciones, intentó unificar diferentes grupos políticos y mantuvo diálogos con diversos líderes. Sin embargo, ese esfuerzo no prosperó. Ante ese escenario, junto a su padre, adquirió un kit electoral para iniciar la formación de Fuerza 2011, partido que posteriormente dio origen a Fuerza Popular.

En declaraciones recogidas en distintos encuentros públicos, Keiko Fujimori subrayó: “Mi ingreso a la política no formaba parte de mi proyecto de vida”. La dirigente reiteró que su vocación inicial era el ámbito privado y que solo circunstancias excepcionales la llevaron a asumir roles de liderazgo en el Congreso y la política nacional.

Una trayectoria marcada por decisiones familiares y coyuntura nacional

A lo largo de sus intervenciones, Fujimori insistió en que su camino hacia la política estuvo determinado por factores externos y familiares. “Dos llamadas cambiaron mi vida y la llevaron a la política”, sintetizó. La experiencia de acompañar a su padre y responder a la crisis familiar terminó por definir su carrera pública, alejándola definitivamente de su proyecto original en el sector privado.

El actor Gabriel Calvo sorprendió al revelar uno de los episodios más desconocidos de su vida personal y profesional. Durante una reciente entrevista en el pódcast ‘Café con la Chevez’ de Trome, el también exconductor de ‘Nadie se salva’ confesó que recibió una propuesta directa de Keiko Fujimori para integrar las filas de Fuerza Popular como candidato a diputado.

Aunque la oferta representaba una oportunidad que pudo cambiar completamente el rumbo de su vida, decidió rechazarla porque sintió que no reunía las condiciones necesarias para asumir un cargo político.

Gabriel Calvo revela que Keiko Fujimori le ofreció ser diputado por Fuerza Popular

A lo largo de la conversación, Gabriel Calvo repasó distintos momentos de su carrera artística y televisiva. Sin embargo, uno de los pasajes que más llamó la atención fue cuando respondió si alguna vez había considerado incursionar en la política.

Lejos de negar cualquier acercamiento, el actor sorprendió al revelar que no solo fue contactado por una agrupación política, sino por tres organizaciones durante las últimas elecciones. Entre ellas figuraba Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, quien incluso le ofreció una ubicación privilegiada dentro de la lista de candidatos.

"Sí, de hecho estuve invitado por tres partidos para las elecciones pasadas. De hecho Keiko tuvo la generosidad de invitarme para diputado con el número 6. De haber aceptado ya ahorita mismo sería diputado“, reveló.

Gabriel Calvo explica por qué rechazó la propuesta de Keiko Fujimori

Después de revelar la oferta, Gabriel Calvo explicó que su decisión no tuvo relación con la agrupación política en sí, sino con un asunto de principios personales y coherencia.

El actor sostuvo que siempre ha considerado que quienes aspiran a un cargo público deben contar con preparación, conocimientos y capacidad para desempeñar esa responsabilidad. Precisamente por ello sintió que aceptar la candidatura habría contradicho el discurso que mantenía en su programa.

"Decliné la invitación con mucho respeto, porque me parece que es un tema serio y que para llegar a la política tienes que estar preparado. Mal hubiera hecho en aceptar mientras yo salía en mi programa, ‘Nadie se salva’, criticando a la gente que no está preparada en política y después yo aceptando sin estar preparado“, afirmó a Trome.

Para el actor, la política exige mucho más que popularidad o reconocimiento mediático. Considera que asumir una responsabilidad de ese nivel implica formación, conocimiento del Estado y una verdadera vocación de servicio, aspectos que, según dijo, todavía no sentía haber desarrollado en ese momento.

Gabriel Calvo no descarta entrar en política, pero primero quiere prepararse

Aunque rechazó la propuesta de Keiko Fujimori, Gabriel Calvo dejó claro que no cierra definitivamente la puerta a la política.

El actor explicó que, con el paso de los años, ha comprendido la importancia de la preparación académica y técnica para desempeñar cualquier función pública. Por ello, señaló que sí contempla participar en el futuro, pero únicamente cuando considere que está realmente capacitado.

"Hubiera sido una contradicción y yo hoy por hoy, a estas alturas de mi vida, creo que la palabra es lo más importante que tiene uno. Entonces sí, no lo descarto. Probablemente en cinco años entre, pero preparándome, estudiando“, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que la coherencia entre lo que una persona dice y hace constituye uno de los valores más importantes en su vida, razón por la que prefirió renunciar a una oportunidad que, según reconoció, pudo haberlo llevado hoy al Congreso.

Gabriel Calvo cuenta cómo nació su amistad con Keiko Fujimori

Otro de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Gabriel Calvo explicó el origen de la amistad que mantiene con Keiko Fujimori, una relación que se remonta a varias décadas atrás.

Según recordó, el primer encuentro ocurrió cuando integraba el desaparecido grupo musical Hexágono, durante la visita de la agrupación mexicana Magneto al Perú.

En aquella época, Keiko Fujimori era apenas una adolescente y una gran admiradora del grupo mexicano. La coincidencia permitió que ambos se conocieran en un evento organizado por la disquera que reunía a los artistas.

"Ella era muy fan de Magneto; tendría 15, 16 años; era la hija del presidente del Perú. Llegó Magneto al Perú y coincidió en que Magneto y Hexágono (donde cantaba) estábamos en la misma disquera y José Castillo, que manejaba Discos Independientes, decide juntarnos para que Magneto nos dé la patadita de la suerte. Fue la prensa y llegó Keiko. Ahí nos conocimos“, relató.

Así se fortaleció la amistad entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori

El actor contó que tiempo después comenzó a trabajar en América Televisión como auxiliar de cámara dentro del área de prensa.

Fue precisamente durante esa etapa laboral cuando volvió a coincidir con Keiko Fujimori, quien realizaba constantes viajes junto a su padre. En uno de esos vuelos, ambos compartieron varias horas de conversación, fortaleciendo una amistad que, según aseguró, continúa vigente.

"Años después, trabajé en prensa en América Televisión, como auxiliar de cámara, y asignaron un equipo que viajaba seguido con Fujimori y, en un vuelo de Los Ángeles a Lima, coincidí con ella y conversamos varias horas. Somos amigos, tenemos comunicación“, concluyó.