Atraparon a un policía de la provincia de Córdoba que vendía droga. Durante el operativo en el que fue descubierto, su pareja intentó ocultar cocaína, la consumió y, como consecuencia, murió horas más tarde en un hospital. El oficial quedó detenido y fue imputado por tenencia de estupefacientes para comercialización.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, durante el ingreso del personal táctico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a la vivienda, ubicada en el barrio IPV 360 de la ciudad capital, la principal investigada optó por ingerir varios envoltorios de cocaína en el baño, en un intento desesperado por deshacerse de la sustancia.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Poco después, la mujer experimentó vómitos y convulsiones. Ante su estado crítico, los oficiales la trasladaron de inmediato al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, ubicado en el barrio Argüello, donde fue asistida por el equipo médico.

El personal sanitario procedió a inducirle un coma farmacológico y lograron estabilizarla. Sin embargo, la evolución resultó desfavorable: horas más tarde fue derivada al Hospital de Urgencias y, a las 8 de la mañana del jueves, falleció producto de un shock cardiogénico.

El agente, atrapado en el mismo domicilio del operativo, fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, de acuerdo con la información oficial difundida por el MPF de Córdoba.

Durante el registro, los agentes incautaron 100 dosis de cocaína, un arma de fuego, dos cargadores, 35 cartuchos, dinero en efectivo, un automóvil y diversos elementos vinculados a la investigación.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispusieron la remisión de los objetos secuestrados y el traslado del detenido a la sede judicial para continuar con las actuaciones.

En cuanto a cómo serán los procedimientos, según le confiaron a Infobae, ahora quedó una causa abierta por la muerte de la mujer, a quien se le realizará en las próximas horas una autopsia.

Más allá del informe preliminar, se le harán también estudios anatomopatológicos, que suelen demorar días, incluso semanas, por lo que los resultados totales para conocer los resultados finales se harán esperar. Una vez obtenidos, se podrá constatar la causa real de la muerte de la mujer que consumió envoltorios de cocaína para ocultarlos como parte de la evidencia que luego la PFA incautó.

En lo que respecta a la imputación del oficial, le confirmaron a este medio que sigue detenido y espera por las decisiones de la justicia. Se espera que la semana próxima se le tome declaración, y luego se seguirá con los pasos correspondientes.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un amplio operativo de seguridad en una fiesta electrónica que se desarrollaba en la ciudad de La Calera, Córdoba. Los trabajos culminaron con el secuestro de diversas sustancias ilícitas.

El despliegue policial formó parte de una estrategia preventiva que busca frenar la circulación de drogas en fiestas multitudinarias, según informaron fuentes oficiales.

El operativo estuvo en manos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Desde el inicio del evento, uniformados y agentes encubiertos prestaron especial atención a los accesos y zonas clave del predio, donde se congregaron cientos de asistentes. La intervención se enmarcó dentro de un plan provincial de lucha contra el narcotráfico que lleva a cabo en todos los festivales y reuniones de gran escala en la provincia.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, un elemento destacado del operativo fue la participación de canes adiestrados de la División K-9, que realizaron exhaustivas inspecciones en áreas sensibles como baños y barras.

Estos controles permitieron localizar dosis de cocaína, tusi, MDMA y marihuana, las cuales fueron incautadas en distintos puntos del predio.

El procedimiento policial no solo incluyó el secuestro de sustancias, sino también la identificación de varias personas para descartar antecedentes penales y posibles vínculos con redes de distribución.

Incautaron varias dosis de drogas en una fiesta en Mar del Plata

A finales de diciembre, las autoridades pudieron desarticular una fiesta clandestina con la participación de más de 400 personas.

Los procedimientos se llevaron a cabo alrededor de las 10 de la mañana, en una vivienda ubicada en la intersección de Sánchez Labrador y Los Manzanos. Personal de la Comisaría N°15, el Cuerpo de Caballería, Inspección General y la Patrulla Municipal llegaron hasta allí tras recibir un llamado por parte de los vecinos, quienes alertaron sobre el desarrollo de una fiesta en la zona.

Al llegar, los agentes constataron la presencia de cerca de 40 vehículos estacionados en las inmediaciones, música a volumen elevado y una importante concentración de jóvenes que ingresaban al predio.

La respuesta de las autoridades incluyó el desalojo inmediato del lugar y el secuestro de equipos de sonido, como parlantes y amplificadores, utilizados para la fiesta.

La inspección permitió confirmar la existencia de una 'pool party’ no autorizada, en la que la concurrencia superaba los límites permitidos por las ordenanzas municipales y la Ley Provincial 13.178. Las autoridades labraron las actas de infracción correspondientes y procedieron al decomiso de material sonoro.

Durante la intervención, los agentes descubrieron una cartera descartada en las inmediaciones. En su interior, hallaron varias bolsas ziploc con pastillas de drogas sintéticas y una sustancia en polvo de color rosa, identificada como TUSI. El hallazgo fue comunicado de inmediato a la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso las actuaciones judiciales de rigor.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que analizará las pruebas recogidas y podrá impulsar acciones penales contra quienes resulten responsables del transporte, tenencia y eventual comercialización de drogas en el contexto de la fiesta.

Cinco integrantes de una banda narcofamiliar que operaba en barrio Villa Alberdi de la ciudad de Córdoba fueron detenidos tras un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El operativo, realizado luego de varios meses de investigación, incluyó siete allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas a pocas cuadras entre sí.

Fuentes oficiales precisaron que cuatro domicilios funcionaban como puntos de venta y los otros tres eran resguardos de la droga y del dinero.

Durante los registros, se incautaron 323 dosis de cocaína, 19 plantas de cannabis sativa, una motocicleta y $2.151.000 en efectivo, además de distintos elementos relevantes para la causa.

La organización estaba conformada por tres hombres de 60, 42 y 30 años y dos mujeres de 36 y 18 años, todos mayores de edad que, de acuerdo a la investigación, compartían vínculos familiares y de vecindad.

Sobre la situación legal de los implicados, se confirmó que tres de los detenidos tenían antecedentes por violar la Ley Nacional de Estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria ordenó el traslado de los detenidos a sede judicial, manteniéndolos a disposición de la justicia provincial. Se investiga si existen más personas implicadas en la red dedicada a la comercialización de drogas en la zona.

Megaoperativo antidrogas en el conurbano bonaerense

Un megaoperativo desplegado por la policía bonaerense en los partidos de La Matanza y Merlo resultó en la detención de siete personas, la confiscación de casi 3.000 dosis de cocaína y el fallecimiento de un narcotraficante que intentó huir arrojándose a un espejo de agua en un descampado.

El procedimiento, denominado Operativo La Banda del Fondo, desmanteló una organización dedicada al narcomenudeo en el conurbano bonaerense. Como consecuencia de la abrupta muerte, la fiscalía de Homicidios, a cargo de Diego Rulli, tomó intervención inmediata para esclarecer las circunstancias.

En la fase final del operativo, que contó con la colaboración de buzos tácticos y una embarcación tipo gomón, la policía recuperó el cuerpo del hombre de nacionalidad paraguaya. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, la víctima murió en el lugar. El Ministerio Público Fiscal ordenó la recepción de testimonios y no dispuso medidas contra los oficiales actuantes.

La operación se ejecutó en dos etapas. Primero, durante la madrugada, se allanaron once domicilios en Virrey del Pino, donde se capturó al presunto jefe de la banda, B. G. L., un ciudadano paraguayo de 30 años, junto con otra guardadora de drogas identificada como D. R. I. M., también paraguaya, y la argentina G. E. A., de 25 años. Además, los investigadores arrestaron a dos implicados que operaban en sitios de ocultamiento de estupefacientes.

La segunda fase transcurrió en las localidades de Libertad y Pontevedra. Mediante drones, los agentes detectaron a varios sujetos realizando tareas de venta y custodia en un predio conocido como “La Tosquera”, de extensas 30 hectáreas rodeadas de vegetación y espejos de agua —un sitio que registraba antecedentes por disputas territoriales entre bandas rivales.

Ante la irrupción policial, los implicados huyeron hacia el descampado e intentaron ocultarse en el agua. Dos fueron capturados en el acto, mientras que un tercero, el mencionado extranjero, desapareció bajo la superficie. Finalmente, cuatro personas adicionales quedaron aprehendidas: el paraguayo C. A. J., de 22 años; el argentino S. E. A., de 24; D. T. D., argentina de 23 que operaba como satélite; y R. M. A., paraguayo de 29 años, identificado como “soldadito” o satélite.

La investigación —que comenzó el 30 de septiembre tras labores encubiertas, seguimientos, grabaciones y el uso de tecnología con drones— permitió confirmar la existencia de una estructura criminal fragmentada en roles definidos: jefes, guardadores, vendedores y “soldaditos”. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que los puntos de venta estaban protegidos por vigilantes armados, contando algunos con armas de alto poder de fuego.

Durante los allanamientos se incautaron 36 ladrillos de marihuana, 2.342 gramos de cocaína en 2.941 envoltorios, dos pistolas calibre 9 milímetros —una de ellas robada—, cartuchos de 9 mm y .22, además de 25.000 pesos argentinos, 100 dólares estadounidenses, cuatro vehículos, doce teléfonos celulares, balanzas de precisión y una máquina contadora de billetes.

Participaron en el operativo la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Delegación La Matanza junto con la UFI N.º 14 —bajo la dirección de los fiscales Matías Folino y Fernando López— y el Juzgado de Garantías N.º 4, encabezado por el juez Fernando Pinos Guevara. De los siete detenidos, cuatro recuperaron la libertad posteriormente, aunque permanecen imputados dentro de la investigación judicial.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal provincial, la FPA llevó adelante una serie de 30 simultáneos en los barrios Villa Boedo, Villa Los Tingados, Renacimiento, Colonia Lola y San Jorge de la ciudad de Córdoba y en dos celdas de la cárcel de Bouwer, desde donde operaban dos de los acusados.

En ese sentido, informaron que la organización narcocriminal estaba compuesta por 19 personas, en su mayoría familiares. Además, se logró el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego, vehículos y elementos relacionados a la causa.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae, se trató de un megaoperativo que golpeó de lleno a una de las bandas “más fuertes” que operaba en la zona donde se llevaron los allanamientos.

Los detalles del procedimiento serán dados en conferencia de prensa por el Ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, y la fiscal Milagros Rivas, quien estuvo al frente de la investigación.

Los 19 detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que investiga los vínculos entre los distintos miembros de la organización. Según los primeros datos, el grupo mantenía una estructura jerárquica y familiar, con roles definidos para la distribución de droga en distintos puntos de venta.

Antecedente

A fines del mes pasado, la ciudad de Saldán, en la provincia de Córdoba, fue escenario de un operativo policial que derivó en la detención de dos hermanos sospechados de comercializar cocaína en el barrio Portón de Piedra. La acción estuvo encabezada por el Ministerio Público Fiscal y la FPA, a escasa distancia de un centro hospitalario.

Según fuentes oficiales, la investigación se había iniciado tras varios reportes de venta de estupefacientes en la zona.

El operativo comenzó en horas de la tarde y requirió la presencia de canes especialmente adiestrados para detectar estupefacientes. Según reveló la FPA, los agentes ingresaron a dos viviendas de la calle Managua que, de acuerdo con la investigación previa, funcionaban como puntos activos de venta al menudeo.

En el interior de ambas casas se encontraron envoltorios con cocaína, sumas de dinero en efectivo, una motocicleta, y diferentes elementos como balanzas digitales y materiales de fraccionamiento. Los perros adiestrados facilitaron la ubicación precisa de la droga, lo que permitió recuperar dosis listas para ser comercializadas.

El hallazgo y la recolección de evidencias quedaron bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, quien dio inmediata intervención a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno.

Los dos hermanos, señalados por la investigación como responsables de la distribución en el barrio Portón de Piedra, fueron detenidos.

Dos semanas antes, también en Córdoba, cayó un líder narco que usaba un almacén y una casa de comidas como pantalla para vender cocaína. Según se informó, operaba en el barrio General Bustos.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el MPF.

A partir de las denuncias, la FPA pudo detectar que el local funcionaba durante el día como comercio tradicional y por la noche se transformaba en punto de entrega de drogas a clientes habituales. El despliegue se efectuó bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que ordenó el allanamiento y detención del implicado, según informó el portal El Doce.tv.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos.

También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por la FPA.

Tras cinco meses de investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de la provincia de Córdoba desarticuló una banda dedicada a entregar drogas y otros elementos prohibidos al complejo penitenciario de Bouwer con la ayuda de drones. Hay 10 detenidos.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal provincial, se realizaron 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba que permitieron la caída de la organización.

El procedimiento, que se realizó en viviendas de los barrios General Mosconi,Liceo Segunda Sección,Ampliación Pueyrredón,San Jorge y Nuestro Hogar III, permitió la detención de cuatro hombres,cinco mujeres, y una menor de edad.

La investigación se inició a partir de informaciones suministradas por la Jefatura del Establecimiento Penitenciario de Córdoba. Fue así que pudieron establecer que la organización preparaba los paquetes con estupefacientes (cocaína y marihuana), teléfonos celulares y cables USB, objetos altamente cotizados dentro del ámbito penitenciario, y utilizaba los drones para lanzarlos hacia el interior del penal.

Durante los operativos, intervinieron efectivos del Equipo de Acción Táctica, quienes secuestraron 6.594 dosis de marihuana, 1.855 de cocaína, seis armas de fuego (con 215 municiones), $32.493.600, 1.300 dólares, cinco automóviles, cuatro motocicletas, una moto de agua, seis drones y material destinado al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. El valor total de los elementos incautados asciende a $243.367.680.

Además, cuatro de los investigados fueron capturados en un peaje sobre la Ruta Nacional 36 mientras intentaban concretar una entrega dentro del penal de Bouwer. En ese momento, se les incautó uno de los drones y varios paquetes de drogas ya armados.

De acuerdo con la comunicación del MPF, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno a cargo de Carlos Cornejo emitió, además, 123 órdenes de allanamiento en el complejo penitenciario de Bouwer, que fueron llevadas adelante por efectivos del Servicio Penitenciario de Córdoba en cinco pabellones, en busca de detectar posibles vínculos internos con la organización desarticulada.

Por disposición del fiscal Cornejo y de la Secretaría de Investigación y Juicio para causas vinculadas a Organizaciones Criminales, a cargo de Federico Kosciuk, los detenidos y todos los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.

Antecedente

En junio, durante un patrullaje preventivo en las inmediaciones de la cárcel de Bouwer, personal del Sistema Penitenciario detectó un dron colgado de un tendido eléctrico.

La escena llamó la atención: el dispositivo había quedado suspendido en los cables, visiblemente trabado, con dos teléfonos celulares atascados entre su estructura.

El hecho ocurrió este lunes y forma parte de una modalidad que, si bien no es nueva, sigue preocupando a los responsables de seguridad en los establecimientos carcelarios.

Según pudo reconstruir Infobae, el dron, marca Mavic Pro, fue detectado fuera del perímetro del penal, por lo que luego de realizar el hallazgo, el personal penitenciario dio aviso a la Policía de Córdoba, que tiene competencia sobre el lugar.

Al llegar a la zona, los policías descolgaron el dispositivo del tendido eléctrico y encontraron un paquete negro envuelto con cinta aislante, el cual pendía de un hilo blanco que estaba sujeto a una de las alas. Dentro de ese envoltorio, se encontraban dos celulares marca Samsung, que fueron incautados para la investigación.

Esta maniobra, de acuerdo con fuentes penitenciarias, evidencia una modalidad que no es tan recurrente. En otras cárceles de la provincia, como San Francisco, Río Cuarto, Villa María, Cruz del Eje y Los Arroyos, se han registrado episodios similares, pero con otras modalidades, ya que el terreno es diferente y no están rodeadas de campo, como la de Bower.

En esos casos, personas se acercan en moto a los muros perimetrales y lanzan paquetes por encima, que pueden contener desde celulares hasta drogas. Esta tendencia obliga a los guardias a estar en constante alerta.

Pero en Bouwer no pueden llegar de la misma manera y el ingenio se puso a tono con la innovación. Actualmente, el penal no cuenta con sistemas de inhibición ni mecanismos para derribar drones. Desde la institución indicaron que ya se ha iniciado un proceso de licitación para incorporar tecnología que permita detectar e impedir este tipo de vuelos no autorizados.

Mientras tanto, las estrategias de contención siguen siendo manuales y dependen de la vigilancia y los patrullajes, dado que esta cárcel está rodeada de campos.

La dificultad para neutralizar estos dispositivos responde también a los tiempos administrativos que implica la compra de tecnología de seguridad. Aunque se trata de una necesidad reconocida por las autoridades penitenciarias, los procesos formales para adquirir e implementar nuevas herramientas suelen extenderse.

En ese contexto, las organizaciones que intentan vulnerar la seguridad carcelaria continúan perfeccionando sus métodos. El uso de drones para introducir celulares no es exclusivo del complejo de Bouwer.

Estas prácticas, que combinan el uso de tecnología y logística externa, representan un desafío constante para las fuerzas de seguridad penitenciaria.

En muchos casos, la finalidad es garantizar a los internos el acceso a medios de comunicación o a elementos prohibidos, que pueden facilitar la coordinación de actividades ilegales desde el interior de las cárceles.

La seguridad en el sistema penitenciario de Córdoba quedó expuesta este sábado tras el arresto de un guardia que intentó introducir elementos prohibidos al Establecimiento Penitenciario N.º 5 de Villa María. El incidente fue detectado durante el control de ingreso regular de personal.

Según voceros judiciales y penitenciarios citados por ElDoce.TV, el episodio ocurrió durante un control estándar que incluyó escáner de pertenencias y body scanner corporal, recursos clave en los procedimientos de prevención. El guardia adoptó una actitud evasiva, hecho que motivó una revisión minuciosa por parte de sus compañeros de turno.

Durante el control, los agentes hallaron dos envoltorios plásticos con una sustancia sospechosa y dos celulares ocultos entre las pertenencias del trabajador. El reporte fue elevado de inmediato a superiores, lo que derivó en la intervención de la FPA. Técnicos de la fuerza, mediante reactivos químicos, confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína. Aunque la cantidad exacta no se informó, las autoridades judiciales subrayaron la gravedad del intento de ingreso, calificado como delito según la legislación actual.

El guardia fue arrestado e imputado por tenencia de estupefacientes, según la ley vigente sobre drogas ilícitas. Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba comunicaron la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.

El caso fue notificado a la Dirección de Prevención, la División de Investigaciones y la Fiscalía de turno, organismos que ahora avanzan con el análisis del hecho. La investigación busca establecer si el agente actuó junto a internos u otras personas ajenas al penal. Una de las líneas abre la posibilidad de vínculos con estructuras que operan desde las cárceles mediante celulares introducidos irregularmente.

Desarticularon una banda narco en Córdoba que era dirigida desde la cárcel de Villa María

Hace una semana, un operativo del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular una banda dedicada al narcotráfico en la ciudad de Bell Ville, con la detención de siete personas y el secuestro de pruebas clave en la investigación.

Según información de El Doce, la organización mantenía contacto permanente con dos reclusos de la Unidad Penitenciaria N.º 5 de Villa María, quienes coordinaban la distribución y logística de la venta de drogas en Bell Ville y zonas cercanas. Uno de los allanamientos se realizó en la celda de estos internos, donde se incautaron dispositivos electrónicos y registros escritos vinculados a la red y a la administración de fondos.

La investigación se inició tras una denuncia anónima recibida por el juez Sergio Pinto. La División Unidad Operativa Federal identificó seis domicilios y una celda relacionados con la estructura criminal, lo que permitió realizar siete allanamientos simultáneos. En los procedimientos participaron funcionarios judiciales y representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, quienes resaltaron la coordinación interinstitucional.

Durante los operativos, los agentes secuestraron 202 dosis de cocaína, más de 309.000 pesos en efectivo, un automóvil, cinco motocicletas, dos balanzas de precisión, una cámara de seguridad, tres tablets y cinco teléfonos celulares, además de elementos utilizados para la comercialización y fraccionamiento de estupefacientes. El análisis de los dispositivos electrónicos será clave para el avance de la causa.

Los detenidos, cuatro hombres y tres mujeres, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia Federal e imputados por infracción a la Ley de Drogas.

Una investigación iniciada por la Dirección de Investigación Operativa (DIO) del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, a partir de una denuncia presentada por el Colegio de Farmacéuticos, derivó en un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que culminó con la detención de una mujer y el secuestro de una importante cantidad de medicamentos y dinero en la ciudad capital.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre calle Watt al 4600, en el barrio Estación Ferreyra de la ciudad de Córdoba.

En ese lugar, según se constató en la investigación, la detenida habría utilizado una página web de acceso público para comercializar fármacos sin la autorización correspondiente. La casa funcionaba como centro de acopio de medicamentos destinados a la venta ilegal.

Durante el allanamiento se secuestró una máquina de contar billetes y un monto en efectivo que ascendió a $23.403.000. Junto con el dinero, los agentes incautaron 1.926 cajas, 874 blísteres sueltos, 74 botellas, 18 sobres y 328 comprimidos de medicamentos y psicofármacos.

Entre los productos hallados había presentaciones de marcas conocidas como Tafirol, Sertal, Actron, Buscapina, Ibuprofeno, Diclofenac, Amoxidal, Bayaspirina, Novalgina y Paracetamol, entre otras.

El detalle del decomiso incluyó además 196 frascos estériles y 32 test de embarazo, lo que evidenció la magnitud del material almacenado.

De acuerdo con la información oficial, la cantidad de fármacos incautados superaba ampliamente el stock habitual de una farmacia habilitada, lo que reforzó la hipótesis sobre el carácter clandestino de las operaciones.

La investigación estableció que la comercialización de estas sustancias se realizaba sin control sanitario, infringiendo lo establecido en el Artículo 204 del Código Penal, que sanciona la venta de medicamentos por parte de quienes carezcan de autorización legal. Dicho delito está tipificado como un atentado contra la salud pública.

Tras el procedimiento, la mujer, de 36 años, quedó imputada y a disposición de la Fiscalía del Primer Turno, que intervino en la causa. Mientras tanto, los elementos secuestrados fueron trasladados y puestos bajo resguardo como parte de la prueba recolectada.

Robo de medicamentos

En tanto, este martes por la mañana otra sospechosa fue detenida tras robar en un Centro de Salud Municipal de la ciudad de Córdoba.

Fuentes del caso explicaron que un policía que prestaba servicios adicionales en el Barrio Guiñazú de la capital cordobesa detuvo a una mujer de 44 años en el centro de salud de esa zona, ubicado en el cruce de las calles De la Caja y Del Erquencho.

Cuando la requisó, el policía encontró varios medicamentos y artículos farmacéuticos que, momentos antes, la sospechosa los habría sustraído de la farmacia del lugar.

Le incautaron varias cajas, paquetes y tiras de diversos fármacos, además de elementos sanitarios. Luego, la aprehendida fue trasladada a la comisaría de la zona y quedó a disposición de la justicia.

Venta de drogas

Tras un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Cádiz (sin número) de barrio El Chaparral de la ciudad de Córdoba, una mujer de 51 años fue detenida por la FPA por la venta de estupefacientes.

Así, los policías lograron desarticular un punto de venta de drogas, incautando 137 dosis de cocaína, 17 dosis de marihuana, dinero y diversos elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que el domicilio allanado se encontraba en una zona de difícil acceso por pasillos y a tan solo 100 metros de la escuela Hilario Ascasubi.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispuso el traslado de la detenida, quien fue imputada por el delito de comercialización de estupefacientes.

Una serie de allanamientos ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la provincia de Córdoba permitió descubrir y desbaratar tres puntos de venta de drogas. Las acciones culminaron con la detención de dos personas y el secuestro de drogas, dinero en efectivo y materiales vinculados a la causa.

El operativo se llevó a cabo el miércoles en las inmediaciones de un merendero comunitario, ubicado en el barrio Alberdi, de la localidad de Río Cuarto.

Según informó el portal El Doce.tv, las pesquisas de la FPA se concentraron en la calle Aníbal Ponce al 1000, donde lograron detectar el funcionamiento de tres centros de venta de sustancias prohibidas, operando casi en simultáneo. De acuerdo con la información del MPF, en total, se incautaron 328 dosis de cocaína, una suma de $195.720 en efectivo y otros elementos considerados de importancia para el desarrollo de la causa.

Durante el despliegue policial, dos adultos —un hombre y una mujer, identificados posteriormente como pareja— fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.

Las autoridades remarcaron que ambos cumplirían roles centrales en la organización, dedicados a la venta y distribución minorista de drogas.

En el lugar, los efectivos también secuestraron materiales de corte, balanzas digitales y teléfonos celulares, piezas que complementan las evidencias sobre la red desmantelada.

Toda la operación fue seguida en tiempo real por la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Río Cuarto, responsable de coordinar los pasos judiciales posteriores.

Los delitos que están bajo análisis incluyen tenencia y comercialización de estupefacientes agravada por su proximidad a establecimientos de atención infantil.

El fiscal interviniente evalúa la posible extensión de la red en otros puntos del barrio y no descarta nuevas detenciones a partir del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.

Detuvieron a una familia narco que usaba a un menor para vender droga

Hace unas semanas, la FPA desarticuló una banda narco familiar que utilizaba a un menor para vender drogas en la plaza de la ciudad cordobesa de Corral de Bustos.

El operativo se desarrolló luego de siete meses de investigación y de recibir múltiples llamados anónimos que apuntaban a movimientos sospechosos y a la presencia de actividad vinculada a la venta de drogas en distintos puntos del municipio.

Las tareas de inteligencia también incluyeron seguimientos, vigilancia encubierta y registros en video que finalmente respaldaron la solicitud de allanamientos.

Según informó el medio local ElDoce.tv, la secuencia de allanamientos simultáneos se llevó a cabo en las inmediaciones de las calles Entre Ríos y Ecuador, donde agentes fuertemente armados irrumpieron en tres viviendas señaladas como puntos de distribución de estupefacientes.

El procedimiento permitió la detención de cinco personas, integrantes de una misma familia, y el secuestro de una significativa cantidad de drogas, dinero en efectivo y otros elementos supuestamente utilizados para el fraccionamiento y comercialización ilegal. Se trata de tres hombres —de 15, 29 y 44 años— y de dos mujeres —de 32 y 35 años—.

El menor de edad, además de residir en uno de los domicilios, desempeñaba un rol clave en la distribución de los estupefacientes.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 181 dosis de cocaína, 102 de marihuana y 203.000 pesos en efectivo. Los domicilios también albergaban balanzas de precisión, envases y otros elementos usualmente utilizados para el fraccionamiento de drogas destinadas a la venta callejera.

Este martes, la Policía de Córdoba desarticuló una banda dedicada a estafas usando de manera ilegal las tarjetas de crédito de socios de Club Atlético Belgrano. Luego de una serie de allanamientos en la capital cordobesa, los oficiales del Departamento Delitos Económicos detuvieron a tres personas y secuestraron elementos clave vinculados al esquema delictivo.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos ofrecían a los socios del Pirata la gestión del pago de sus abonos a un valor notablemente inferior al correspondiente, utilizando de manera ilegítima los datos de las tarjetas.

Según pudo averiguar Infobae, durante los operativos, las autoridades incautaron teléfonos celulares, documentación y tarjetas de crédito presuntamente vinculadas a la causa.

Además, la Fuerza Policial Antinarcotráfico decomisó varios gramos de marihuana y elementos asociados a la venta de estupefacientes, lo que llevó a la detención de un cuarto individuo.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, bajo la dirección del doctor Franco Pilnik.

Desde el club informaron que el Tribunal de Conducta sancionó a 309 socios y socias involucrados en operaciones fraudulentas detectadas a través del panel web oficial. Además, la institución recuperó el 90% del dinero afectado y la denuncia penal presentada sigue bajo investigación.

Los directivos de Belgrano advirtieron sobre la importancia de evitar gestiones a través de terceros y recordaron que los únicos canales oficiales para trámites societarios son la web belgranosocios.com, la sede social y la línea telefónica 0810 345 1322.

Condenaron a un policía por haber utilizado las tarjetas de cuatro agentes

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Tomás Agustín Álvarez Cabezas, oficial ayudante de la Policía Federal Argentina (PFA), a dos años de prisión condicional, cuatro años de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 12.500 pesos por utilizar sin autorización los datos de tarjetas de crédito de cuatro compañeros para realizar compras, hechos ocurridos entre 2022 y 2024. El fallo también incluyó restricciones de acercamiento, fijación de domicilio y control judicial, tras comprobarse que el acusado, aprovechando su relación de confianza, cometió 51 actos de defraudación y violó sus deberes como funcionario público.

La decisión se llevó a cabo el 6 de junio. Álvarez Cabezas, entonces oficial ayudante de la División Pericias Telefónicas de la Policía Federal Argentina (PFA) y de 23 años, reconoció su responsabilidad en la audiencia celebrada el 28 de mayo pasado. La solicitud de pena fue impulsada por la auxiliar fiscal Alejandra Dellagiustina, quien precisó la gravedad de los 51 hechos de defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito pertenecientes a cuatro personas cercanas al acusado, incluida una amiga de su ex pareja.

De acuerdo con la resolución firmada por el juez Luis Salas, el policía “de manera ilícita y aprovechando la relación de confianza con los damnificados, utilizó sus tarjetas de crédito sin su debida autorización” para realizar compras que incluyeron perfumes importados, vestimenta, entradas a espectáculos, combustible y comida. El magistrado accedió a todas las solicitudes de la fiscalía, con excepción de la obligatoriedad de cumplir trabajos comunitarios.

El fallo hizo especial hincapié en que, como funcionario público, Álvarez Cabezas tenía el deber de hacer cumplir la ley y prevenir delitos, pero en cambio “adoptó una conducta delictiva” que perjudicó no solo a sus compañeros de la fuerza sino también a la imagen institucional de la misma. Entre los años 2022 y 2024 se configuró la maniobra defraudatoria, con víctimas que compartían el entorno inmediato del acusado y, en tres casos, establecieron vínculo en la Escuela de Policía Federal. La investigación se abrió tras la denuncia presentada el 7 de junio de 2024 ante la División Delitos Tecnológicos de la PFA.

Según los detalles del expediente, el primer hecho que impulsó la pesquisa afectó a una mujer policía, amiga de la ex pareja del imputado. La víctima detectó al menos doce compras fraudulentas por internet en mayo de 2024 con información bancaria de tres de sus tarjetas, emitidas por el Banco Nación y el Banco Galicia. De acuerdo con su relato, durante una visita al domicilio de la ex pareja de Álvarez Cabezas, dejó su mochila en la cocina, lo que permitió al policía acceder a las tarjetas y extraer la información con la que concretó las operaciones ilícitas.

La localidad cordobesa de Corral de Bustos fue escenario de una extensa investigación que culminó con la desarticulación de una banda narco familiar tras varios allanamientos. Utilizaban a un menor para vender drogas en la plaza. Como resultado, apresaron a tres hombres y dos mujeres.

El operativo, realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se desarrolló luego de siete meses de pesquisas y de recibir múltiples llamados anónimos que apuntaban a movimientos sospechosos y a la presencia de actividad vinculada a la venta de drogas en distintos puntos del municipio.

Según informó el medio local ElDoce.tv, la secuencia de allanamientos simultáneos se llevó a cabo durante la mañana de este domingo. Los vecinos observaron el despliegue policial en inmediaciones de las calles Entre Ríos y Ecuador, donde agentes fuertemente armados irrumpieron en tres viviendas señaladas como puntos de distribución de estupefacientes.

El procedimiento permitió la detención de cinco personas, integrantes de una misma familia, y el secuestro de una significativa cantidad de drogas, dinero en efectivo y otros elementos supuestamente utilizados para el fraccionamiento y comercialización ilegal.

Las tareas de inteligencia también incluyeron seguimientos, vigilancia encubierta y registros en video que finalmente respaldaron la solicitud de allanamientos.

En el operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico ingresó a las tres viviendas identificadas como epicentro de la actividad. Allí aprehendieron a tres hombres —de 15, 29 y 44 años— y a dos mujeres —de 32 y 35 años—.

El menor de edad, además de residir en uno de los domicilios, desempeñaba un rol clave en la distribución de los estupefacientes.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 181 dosis de cocaína, 102 de marihuana y 203.000 pesos en efectivo. Los domicilios también albergaban balanzas de precisión, envases y otros elementos usualmente utilizados para el fraccionamiento de drogas destinadas a la venta callejera.

Los especialistas en la materia consignaron que la cantidad de dosis y la modalidad de distribución daban cuenta de una organización estructurada y con una red de clientes en diferentes sectores de la ciudad.

Además del secuestro de la droga y el dinero, los investigadores encontraron celulares presuntamente utilizados para coordinar entregas y recibir pedidos bajo la modalidad delivery, así como cuadernos y anotaciones que serían analizadas por la justicia especializada.

La banda familiar implementaba distintas estrategias para evitar controles y lograr que la droga llegara a distintos sectores sociales.

Según las fuentes, la presencia de adolescentes en la entrega de drogas responde a un intento de dificultar la acción policial y minimizar el riesgo penal. Además, la banda ofrecía marihuana y cocaína a través de la modalidad delivery, acercando los estupefacientes a los domicilios de sus compradores en horarios coordinados y mediante llamados o mensajes de aplicación.

La causa quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico, con asiento en la ciudad de Marcos Juárez. El ministerio público, encabezado por funcionarios especializados en la materia, ordenó el traslado inmediato de los cinco detenidos y de todas las evidencias recogidas a la sede judicial.

Las medidas judiciales buscarán determinar la imputación formal de los adultos y la situación del adolescente involucrado. Las autoridades evalúan posibles agravantes por el uso de un menor en la estructura y por la cercanía de los puntos de venta a espacios públicos y frecuentados por jóvenes.

Una pareja y su hija menor de edad quedaron detenidos durante un operativo antidrogas realizado en un barrio Residencial de la ciudad de Córdoba. En el procedimiento incautaron envoltorios de cocaína y dinero en efectivo, entre otros elementos.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) se encargó este miércoles de llevar a cabo el operativo en el sudoeste de la ciudad capital, más precisamente en el barrio San Roque. Todo se dio como resultado de una investigación iniciada por llamados anónimos que alertaron acerca de movimientos sospechosos en una vivienda de la zona. Las denuncias indicaban movimientos poco habituales y tránsito constante de personas en la vivienda familiar.

El allanamiento tuvo como epicentro una casa sobre calle Viedma Recalde al 4900. Al irrumpir en el domicilio, los efectivos sorprendieron a la mujer intentando deshacerse de los paquetes de cocaína en la cocina. Como consecuencia, no opuso resistencia y quedó arrestada. Minutos después, quedaron aprehendidos su pareja y la hija de ambos, una menor de edad.

De la casa se llevaron 165 envoltorios de cocaína, 26 pastillas de Rohypnol, una balanza digital y 365.000 pesos en efectivo, de acuerdo con lo publicado por El Doce TV. Dicho material fue remitido a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que dispuso la imputación de los tres por el delito de Comercialización Agravada de Estupefacientes.

Respecto al rol de la menor, trascendió que participaba activamente en la comercialización, situación que deberá ser analizada por la Justicia Penal Juvenil. En tanto, los tres quedaron a disposición de la Fiscalía.

Este reciente caso se suma a otro que dejó a tres mujeres detenidas en Villa María, la semana pasada. Durante el operativo coordinado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) se concretó la desarticulación de dos puntos de venta de drogas. Según informó el portal La Voz, los allanamientos se realizaron sobre Cortada 4 de Septiembre, en el barrio Centro.

El procedimiento fue el resultado de tareas de inteligencia que se extendieron durante varias semanas y estuvo supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María. La información detallada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que la principal investigada utilizaba a sus propias hijas para la comercialización de estupefacientes, una de ellas menor de edad.

Esta práctica se considera una agravante penal por el involucramiento de personas menores de edad en actividades delictivas. Las autoridades, además, abrieron una investigación paralela para determinar el alcance de la participación de la menor involucrada y definir eventuales medidas protectorias conforme a la legislación vigente sobre derechos de niños y adolescentes.

Agentes de la FPA ingresaron en horas de la tarde del 20 de junio a dos viviendas, identificadas previamente como centros de acopio y punto de venta de drogas al menudeo. Durante los registros, fueron secuestrados envoltorios de cocaína y marihuana, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos presuntamente empleados para fraccionar y empaquetar las sustancias.

El dinero encontrado, junto al volumen de la droga secuestrada, refuerza la hipótesis sobre la existencia de múltiples puntos de venta activos y un circuito amplio de distribución. Los teléfonos celulares secuestrados quedaron listos para ser peritados, con el objetivo de establecer si existe una red delictiva de mayor alcance, mientras que los elementos para el fraccionamiento resultan clave para la causa. Conforme precisaron desde el Ministerio Público Fiscal, se trata de objetos que constituyen pruebas fundamentales para avanzar en la investigación.

Por disposición judicial, las tres mujeres permanecen detenidas y a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María que coordina el análisis del material secuestrado y la confección de las actuaciones judiciales por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En un operativo coordinado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular una organización dedicada al narcotráfico que actuaba en distintas zonas de la provincia de Córdoba.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno y permitió imputar a seis personas por el delito de comercialización de estupefacientes. El grupo contaba con antecedentes federales y manejaba una estructura con roles definidos y conexiones en varios barrios cordobeses.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el operativo se desarrolló en el marco de un trabajo de seguimiento y vigilancia sobre la organización, cuyos miembros lograron mantener una intensa actividad ilegal en los últimos años, ncluso después de ser investigados por la Justicia Federal.

Entre los seis detenidos figuran cuatro hombres de 59, 33, 28 y 34 años y dos mujeres de 46 y 50 años, todos vinculados por lazos familiares.

El liderazgo de la banda correspondía al hombre de 59 años, quien, junto con tres de sus hijos, articulaba la red de comercialización en distintos sectores de la ciudad y áreas periféricas.

Tanto el jefe de la banda como uno de sus hijos ya habían sido involucrados en una causa federal de 2019, lo que resalta la reincidencia y el entramado consolidado dentro de la familia. Sus antecedentes por narcotráfico no impidieron que retomaran y expandieran la actividad clandestina.

La FPA desplegó el operativo en ocho domicilios distribuidos en Río Ceballos, Río Segundo y varios barrios de la capital, entre ellos Villa Revol, Talleres Oeste, José Ignacio Díaz 4ª Sección, Cárcano de Horizonte y Villa Ciudad Evita. En esta última zona se desarticularon dos puntos de venta situados en un sector que, según la fuerza, es considerado de alta peligrosidad debido al nivel de conflictividad y movimiento narco.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron 140 dosis de cocaína, 19 dosis de marihuana, un arma de fuego, cuatro vehículos y una fuerte suma de dinero en efectivo: $64.821.500 y 107.484 dólares. También se secuestraron diversos elementos utilizados tanto para el fraccionamiento como para la comercialización, incluyendo bolsitas, balanzas digitales y teléfonos celulares.

La investigación de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno reveló que, además de los puntos de venta fijos, la organización distribuía drogas a través de la modalidad de delivery. De esta manera, los integrantes de la banda lograban abastecer a consumidores y revendedores en diferentes partes de Córdoba sin quedar expuestos durante los intercambios en espacios públicos.

El sistema delivery implicaba el traslado en vehículos particulares y la coordinación telefónica con clientes, lo que dificultaba tanto la detección como la interrupción de las transacciones.

Tras el procedimiento, las seis personas adultas quedaron a disposición de la Justicia provincial y acusadas por comercialización de estupefacientes, en una causa que continúa bajo análisis para determinar la posible participación de otros integrantes y la ruta del dinero decomisado.

Cayó otra banda narco familiar en Córdoba

Más de 12 kilos de cocaína fueron incautados en un operativo reciente en Villa Nueva, donde la FPA logró desarticular una banda de tráfico de drogas familiar. De acuerdo con información publicada por las autoridades, la acción fue el resultado de denuncias anónimas y dos meses de investigación por parte de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María.

Tal como pudo saber el medio local ElDoce.TV, el allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada en la calle Intendente Paviotti sin número, sorprendiendo a los acusados en su centro de operaciones que funcionaba también como un punto de venta y consumo para clientes habituales. La intervención culminó con la detención de tres integrantes de una familia, acusados de dirigir el negocio ilícito.

Según confirmó la FPA, los detenidos eran dos hombres de 43 y 38 años y una mujer de 47, quienes tenían roles específicos dentro de la organización. La estructura de la banda consistía en una pareja acompañada por el hermano de la mujer, cuya participación fue crucial en la comercialización de estupefacientes.

A través de un operativo conjunto, la fuerza policial de la provincia de Córdoba desbarató este fin de semana una fiesta clandestina que se realizaba en el departamento de Punilla. En el lugar, secuestraron drogas y por el hecho, una persona quedó detenida.

Al arribar al lugar en donde se desarrollaba el evento, las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Juan Pablo Quinteros, junto al director general de Departamentales Norte de la policía, Ariel Vargas, se encontraron con que los organizadores habían desmantelado parcialmente el sitio, dándose a la fuga. Sin embargo, a raíz del procedimiento del que también participó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), pudieron dar con los responsables.

“Con una rápida actuación pudimos identificarlos, secuestrar una gran cantidad de elementos y pruebas y hasta detener a una persona que claramente se encontraba en el lugar comercializando distintos tipos de drogas”, indicó el titular de la cartera de Seguridad. El detenido es un joven de 22 años que tenía en su poder 12 gramos de marihuana, 2 gramos de tusi (“cocaína rosa”), y 1,5 gramos de éxtasis, según indicó el portal La Voz.

La intervención se produjo el domingo por la tarde, en el camino a Pampa de Olaen, al noreste de la Sierra Grande y a pocos kilómetros de La Falda. Hacia el este la define el valle de Punilla. El portal El Doce TV señaló que el evento no contaba con las habilitaciones correspondientes. A su vez, La Voz añadió que la fiesta se promocionaba a través de las redes sociales y que la ubicación se compartía solamente a aquellos que habían adquirido la entrada, lo que dio la pauta de la clandestinidad de la fiesta. Según trascendió, asistieron un total de 500 personas.

Además de los estupefacientes, los agentes secuestraron distintos elementos vinculados a la organización del evento, tales como tablones, pulseras, tickets de ingreso y equipos de sonido. En la zona, la policía halló estructuras montadas para el desarrollo de la fiesta, incluyendo carpas, un domo inflable, baños químicos y barras de expendio de bebidas.

Los organizadores quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de la doctora Paula Kelm, quien se encuentra al aguado de los resultados de las pesquisas para determinar posibles responsabilidades adicionales y eventuales sanciones a los organizadores. Por otro lado, el joven detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.

Antecedentes

Hasta hace menos de un mes, la policía de Córdoba había clausurado dos establecimientos, identificados como “Delirios” y “Club Ibiza”, que funcionaban sin habilitación y presentaban diversas irregularidades, entre ellas la contratación de menores de edad. Los procedimientos estuvieron encabezados por el ministro de Seguridad, en conjunto con la Fiscalía de Turno 2, a cargo de Guillermo González.

Las autoridades señalaron que ambos lugares estaban vinculados al denominado “clan Moyano”, una estructura que, según Quinteros, ha manejado la vida nocturna clandestina de la ciudad durante décadas. “Son históricos dueños de la noche, relacionados con la ilegalidad y protegidos en el pasado por sectores del poder político”, aseguró.

En los procedimientos se incautaron 29 teléfonos celulares, tres DVR de cámaras de seguridad, tres cajas fuertes, dos cajas registradoras, posnets y diversa documentación. También se confiscaron equipos de sonido e iluminación, bebidas alcohólicas y generadores eléctricos, cuyo valor total se estimó en 150 millones de pesos. A su vez, en “Delirios”, la policía detectó la presencia de una joven de 17 años trabajando en la puerta y de cinco adolescentes de entre 14 y 17 años entre los asistentes. En tanto, en “Club Ibiza”, las fuerzas de seguridad arrestaron a una mujer mayor de edad sobre quien pesaba un pedido de captura por robo calificado.