Fotografías: Ministerio de Justicia y Seguridad

Con el estruendo controlado de la precisión y el rigor táctico como telón de fondo, El Salvador celebra este fin de semana (2 y 3 de mayo), la Copa 202 Aniversario de la Fuerza Armada 2026. Este evento, que ha logrado consolidarse en tiempo récord como una de las citas de tiro práctico y deportivo más importantes de la región, reúne a centenares de atletas que buscan la gloria en el polígono de tiro nacional.

La competencia no es solo un torneo; es un homenaje vivo a la historia castrense del país. Nacida en 2024 para conmemorar el bicentenario de la institución, la copa ha evolucionado rápidamente, pasando de ser una celebración local a un certamen de alto nivel que hoy cuenta con la participación de delegaciones de 17 países, incluyendo potencias como Estados Unidos y Argentina.

Diseñados bajo estrictos estándares internacionales, los recorridos obligan a los tiradores a salir de su zona de confort. No se trata solo de apuntar a un blanco estático; los participantes deben navegar por entornos dinámicos que simulan situaciones reales de alta presión.

En estos circuitos, se evalúan cuatro pilares fundamentales:

1. Precisión: La capacidad de colocar cada impacto en el punto exacto bajo fatiga.
2. Velocidad de reacción: El tiempo de respuesta ante blancos móviles o sorpresivos.
3. Control mental: La disciplina necesaria para mantener la calma en recorridos complejos.
4. Toma de decisiones: La estrategia para abordar cada escenario de la manera más eficiente posible.

Figuras de talla mundial en suelo cuscatleco

La edición 2026 ha atraído a nombres de peso. Entre los participantes destaca el argentino Germán Romitelli, subcampeón mundial de tiro práctico, cuya presencia eleva el nivel competitivo y sirve de referente para los talentos locales. Asimismo, la veteranía se hace presente con Gorka Ibáñez, quien con 25 años de trayectoria deportiva, aporta la experiencia y el dominio técnico que caracteriza a los grandes maestros de esta disciplina.

Con una afluencia que oscila entre los 285 y 354 competidores, el torneo demuestra que el tiro deportivo en El Salvador goza de una salud excepcional, atrayendo no solo a militares en servicio, sino a civiles y deportistas de élite que ven en esta copa una oportunidad única de fogueo internacional.

Desde su creación en 2024, la copa ha visto desfilar a los mejores exponentes del tiro. Aunque los resultados de 2026 están en desarrollo, el historial reciente marca una tendencia de dominio tanto salvadoreño como regional.

• 2024: El Año del Bicentenario

En su edición inaugural, la competencia estuvo marcada por el fervor patriótico. En la categoría de Pistola (Producción), los tiradores salvadoreños dominaron el podio, aprovechando el conocimiento del terreno. No obstante, delegaciones de Guatemala y Honduras lograron colarse en los primeros puestos de la categoría Standard, demostrando la fuerte rivalidad centroamericana.

• 2025: Consolidación Internacional

El año pasado, la Copa 201 Aniversario vio un incremento notable en la dificultad de los escenarios. En esta edición, el equipo de tiro de la Marina Nacional de El Salvador destacó por su disciplina, obteniendo varios trofeos en las categorías combinadas. A nivel individual, tiradores de Estados Unidos y Argentina comenzaron a desplazar los tiempos récord, sentando las bases para la altísima competitividad que vemos en el presente año.

Al finalizar la jornada de mañana, se conocerán los nuevos monarcas de la precisión, pero el verdadero ganador ya es el deporte nacional, que ha encontrado en esta competencia una vitrina internacional de prestigio innegable.

Con determinación, la soldado salvadoreña Idelma Lizeth Delgado rompió una marca que había permanecido sin cambios durante treinta y ocho años en el atletismo femenino de El Salvador. La atleta participó en la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series de Madrid y consiguió un tiempo de 2:47:32 en la maratón, superando el registro de Kriscia Lorena García (2:49:34), que estaba vigente desde 1988. Con este resultado, Delgado ocupó el noveno puesto entre 2.845 mujeres en la competencia.

La preparación de Delgado fue constante y disciplinada, bajo la dirección de su entrenador, el licenciado Sandoval. El esfuerzo, la dedicación y la constancia fueron factores clave que permitieron a la atleta alcanzar esta meta que durante años fue un objetivo para el atletismo salvadoreño.

El récord anterior representaba un reto para las corredoras salvadoreñas. La nueva marca lograda por Delgado no solo significa un triunfo individual, sino que también abre una etapa diferente para el atletismo femenino en el país. Ahora, el tiempo de Delgado se convierte en un referente para las futuras generaciones.

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, celebró públicamente el logro de Delgado y escribió en su publicación: “¡Felicidades, orgullo nacional!”. Además, el ministro destacó que este resultado pone en alto “el azul y blanco de nuestra bandera y a nuestra @FUERZARMADASV”.

La edición 48 de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid y su impacto en la ciudad

Este 26 de abril de 2026, la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid celebró su edición número 48, recorriendo algunas de las calles más representativas de la capital junto a 47.000 participantes de diversas partes del mundo. Corredores de más de 110 países se reunieron para participar en un evento que consolidó a Madrid como un destino importante para el atletismo popular.

El evento ofreció tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros, permitiendo que cualquier aficionado pudiera formar parte de la mayor fiesta del running en España. Miles de espectadores se volcaron a las calles para animar a los atletas y vivir una jornada deportiva única en la ciudad.

La organización, a cargo de AD. MAPOMA, preparó más de 30 puntos de animación a lo largo del recorrido. Este despliegue convirtió la competencia en una verdadera celebración, sumando ritmo y entusiasmo a la experiencia de corredores y público.

Además de su carácter deportivo, la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid fortaleció el turismo en la ciudad. Cerca de 10.000 corredores extranjeros participaron en la carrera, lo que favoreció el reconocimiento internacional de Madrid y tuvo un impacto positivo en la economía local. El evento mostró cómo la pasión y el esfuerzo colectivo pueden transformar una jornada atlética en una experiencia memorable para la ciudad y para quienes formaron parte de ella.

La edición 48 no solo celebró el esfuerzo y la pasión de los atletas, sino que también evidenció cómo el deporte puede unir culturas y transformar el paisaje urbano en una fiesta compartida. La jornada dejó huella en la historia de la ciudad y en la memoria de quienes participaron, incluidos aquellos que, como Idelma Lizeth Delgado, lograron alcanzar sueños perseguidos.

El nuevo récord nacional salvadoreño y la magnitud del evento en Madrid demostraron que el trabajo en equipo, la dedicación y la pasión por el atletismo pueden llevar a resultados extraordinarios, tanto en el plano individual como colectivo. Así, la historia de Delgado quedó ligada al espíritu de superación que define a la maratón y a la fiesta deportiva vivida en la capital española.

En el cantón Paso de Gualache, distrito de Tecapán, ubicado en el oriente de El Salvador, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo en la noche del domingo a Miguel ángel Campo Chicas por ingresar a una vivienda para cometer un robo.

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad se produjo después de que la víctima denunciara el hecho tras encontrar al acusado escondido en el interior de su vivienda. Según informó la PNC, Campo Chicas será procesado por el delito de robo.

Las autoridades detallaron que Campo Chicas, de 18 años, aprovechó que la casa se encontraba sola y entró al inmueble para sustraer pertenencias.

El incidente se registró en Usulután cuando la víctima retornó al domicilio luego de asistir a actividades religiosas y halló al joven escondido debajo de una cama. Se produjo un forcejeo, aunque el acusado logró huir inicialmente, fue identificado por la víctima y posteriormente capturado horas más tarde.

El operativo incluyó la participación de la Fuerza Armada de El Salvador, lo que permitió la localización y arresto del implicado en el mismo sector, según reportó la PNC.

Campo Chicas ya había sido arrestado previamente durante 2024, cuando aún era menor de edad. No obstante, fue liberado debido a su edad, sin que se precisara el cargo ni el tiempo que permaneció detenido, según mencionó el ministro de Justicia y Seguridad Pública en sus declaraciones.

Esta reincidencia coloca el foco sobre las políticas de reincorporación social y la efectividad de las medidas de control frente a personas liberadas por su minoría de edad.

El titular de la cartera de Seguridad, Gustavo Villatoro, se refirió al caso en su cuenta oficial de la red social X: “Por casos como este estamos impulsando reformas que fortalezcan nuestras leyes, porque los criminales deben enfrentar verdaderas consecuencias y no volver a las calles a seguir dañando a la población”. La declaración destaca la intención del gobierno de revisar y endurecer el marco normativo para responder a delitos como el perpetrado por Campo Chicas, con el objetivo de evitar reincidencias y fortalecer la protección de la ciudadanía.

En El Salvador, la legislación penal establece que la pena por robo simple, cuando no media violencia, puede oscilar entre seis y 10 años de prisión, mientras que para el robo agravado, la condena puede alcanzar hasta 30 años. Estos marcos legales buscan disuadir y sancionar los delitos patrimoniales.

12 años de cárcel a hombre que robó dinero en una vivienda de Lislique

Un hecho reciente evidencia el peso de estas sanciones: solo días antes, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una condena de 12 años de cárcel contra José Fausto Granados Chicas, quien fue encontrado culpable de realizar un robo agravado en el distrito de Lislique, La Unión.

De acuerdo con la acusación, junto a sus hermanos Aguido Granados Chicas y Santos Anastasio Granados Chicas, José Fausto Granados Chicas ingresó armado a la vivienda de una familia y tras intimidar a los presentes, incluida la hija de la víctima, a quien le apuntaron con un arma en la cabeza, sustrajo un total de $600 y un teléfono celular.

El Tribunal de Sentencia de La Unión dictó la condena en rebeldía luego de declarar responsables a los implicados, tras el reporte presentado por la Fiscalía.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el secretario de Marina-Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, publicó este domingo en sus redes sociales un mensaje de reconocimiento a las más de 22 mil mujeres que forman parte de la institución, cifra que representa el 26% de su personal total. El almirante secretario subrayó que la entrega, disciplina y vocación de servicio de las mujeres navales, mercantes y civiles fortalecen todos los días a la Secretaría de Marina tanto como Fuerza Armada como Autoridad Marítima Nacional.

Más allá de la cifra: mujeres de la Marina destacan en mando, operación, ciencia y formación en todas las áreas

Morales Ángeles destacó que lo más relevante no es el número, sino los roles que ellas desempeñan. En el mar, las mujeres navales comandan buques, realizan trabajos submarinos, llevan a cabo investigación científica, meteorología, oceanografía y participan en operaciones de búsqueda y rescate. En el aire, pilotan aeronaves, dirigen misiones y forman a nuevas generaciones como instructoras de vuelo. En tierra, integran la Infantería de Marina, participan en operaciones de seguridad, desarrollo tecnológico, ingeniería y ocupan puestos de alta dirección.

Cambios normativos en la Marina abren el acceso a todos los niveles sin distinción de género

La Secretaría de Marina emitió también un comunicado en el que informó que, derivado de las reformas constitucionales impulsadas por el Estado mexicano en noviembre de 2024, la institución ha avanzado en la armonización de su normativa interna. En 2025 se incorporó lenguaje incluyente y perspectiva de género en disposiciones clave como la Ley Orgánica de la Armada de México, el Reglamento Interior de la Secretaría y la Ley de Ascensos, estableciendo de manera explícita que el personal naval, sin distinción de género, puede ejercer cualquier nivel de mando conforme a su jerarquía y capacidades. Un cambio que no es menor: significa que el techo institucional, al menos en papel, ya no existe.

Reconocimiento y compromiso de las mujeres en la Marina

La dependencia reafirmó su compromiso con la igualdad sustantiva, los derechos humanos y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, principios que ahora forman parte del núcleo normativo de la institución.

“Su labor enaltece el uniforme que portan e inspira a nuevas generaciones”, escribió el almirante secretario, quien cerró con un reconocimiento personal a todas las mujeres que, desde distintos frentes, sirven a México con profesionalismo, liderazgo y compromiso.

La Presidencia de la República de El Salvador define el denominado “efecto Bukele” como la transformación radical en los niveles de seguridad pública y violencia en el país.

Bajo la administración actual y mediante estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción instaurado en marzo de 2022, el país ha dejado atrás las tasas de homicidios más altas del continente y, de acuerdo con los datos oficiales, se ha posicionado como uno de los países más seguros del hemisferio occidental.

La Casa Presidencial destaca que estas cifras han dado lugar a reconocimiento internacional, cambiando la percepción global sobre El Salvador.

Según los datos más recientes de la Presidencia de la República de El Salvador, la cifra de homicidios ha disminuido de forma sostenida: el registro pasó de 6.656 homicidios en 2015 a 82 en 2025.

La tasa por cada 100 mil habitantes muestra una reducción drástica, situándose actualmente en 1.3 homicidios, de acuerdo con el Ejecutivo. Para comparar, la Casa Presidencial indica los siguientes datos: Ecuador reporta 45.7, Jamaica 49.4, Honduras 31.4 y Colombia 24.9 en el mismo parámetro.

La Presidencia relaciona el denominado “efecto Bukele” no solo con la reducción numérica de la violencia homicida, sino también con la recuperación de territorios históricamente dominados por estructuras criminales y una mayor presencia estatal en zonas previamente controladas por pandillas.

El Ejecutivo atribuye este fenómeno al fortalecimiento de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, instituciones asociadas a logros operativos sin precedentes. Entre estos, resalta la incautación de 6.606 kilogramos de droga realizada el 15 de febrero de 2026 por la Marina salvadoreña, considerada la mayor en la historia nacional.

Baja de homicidios

El Salvador registró en 2025 un total de 82 homicidios a nivel nacional, lo que representó una reducción histórica en la tasa de crímenes violentos y marcó la primera vez que el país concluye un año con una cifra de homicidios en dos dígitos, según datos presentados por el ministro de Seguridad Pública y Justicia Gustavo Villatoro y recopilados por la Mesa Tripartita formada por la Fiscalía General, la Policía y Medicina Legal. El descenso se vinculó a la continuidad del régimen de excepción implementado durante el gobierno de Nayib Bukele, que acumula 1,102 días sin homicidios, de los cuales 988 se produjeron bajo la vigencia de dicho régimen desde 2022.

Estos resultados fueron presentados como parte del balance anual de seguridad de 2025 el pasado 5 de enero.

En 2024, El Salvador reportó 114 homicidios, lo que evidenció una disminución absoluta de 32 asesinatos. Esta diferencia llevó la tasa nacional de homicidios a 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025, frente al 1.9 registrado en 2024. En 2019, la cifra nacional superaba los 1,000 homicidios anuales, por lo que el descenso a tan solo 82 casos significa una transformación sin precedentes en las estadísticas criminales del país.

De acuerdo con el ministro Gustavo Villatoro, en 2025 “los 82 homicidios están resueltos”. Contrastó así con la situación al inicio de la administración de Bukele, cuando “recibimos con 97% de impunidad en homicidio, o sea, los gobiernos anteriores solo podían en cada 100 homicidios hacer justicia en tres por cada 100 homicidios.”

Desde 2019, el país redujo las muertes violentas de más de 1.000 a menos de 100 anuales, superando primero la barrera de los tres dígitos en 2024 y luego alcanzando el mínimo histórico.

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, advirtió hoy en entrevista matutina sobre el incremento alarmante en la cantidad de incendios de maleza registrados en lo que va del año en El Salvador, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el balance de Protección Civil, la mayoría de los incendios están vinculados a la quema de maleza seca, una práctica que ha crecido de forma notable en los últimos meses. “Hemos tenido un aumento del 87% en la atención de incendios en maleza en comparación al año anterior, una cifra realmente alta”, puntualizó Pérez. Hasta el momento, se contabilizan 1,203 incidentes de este tipo, frente a los 638 registrados en el mismo periodo del año anterior. El subdirector explicó que este aumento casi duplica los casos previos y lo atribuyó tanto a factores climáticos como a conductas imprudentes de la población.

Durante la entrevista AM de Canal 10, el subdirector de Protección Civil mencionó que solo en la jornada de ayer el Cuerpo de Bomberos atendió 59 emergencias vinculadas a incendios, la cifra más alta registrada en lo que va del 2026. “Ha sido el día más crítico del año”, afirmó Pérez, señalando que el país se encuentra en alerta amarilla debido a la magnitud del problema.

Asimismo, explicó que el clima seco y el incremento de los vientos contribuyen al riesgo, pero destacó la responsabilidad ciudadana en la prevención. “Tiene que ver con las condiciones climáticas, pero también con el descuido, el que a veces prendamos fuego a la basura cuando no debería ser, en lugares inapropiados, y esto propicia a que en áreas donde tenemos bastante maleza sea fácil la propagación”, señaló. Agregó que quemar basura o residuos en áreas con vegetación seca incrementa el peligro, por lo que pidió a la población cambiar estos hábitos. “Ya no podemos estar prendiendo fuego y descuidándonos, esto nos ha generado este tipo de problema”, apuntó.

El subdirector relató incidentes recientes, como el incendio urbano-forestal en el kilómetro 3.5 del Bulevar del Ejército, en el límite entre San Salvador y Soyapango. El siniestro afectó vegetación seca y viviendas de construcción sencilla. Gracias a la intervención coordinada de Bomberos, Fuerza Armada, gestores de tránsito y otras instituciones, el fuego se contuvo antes de que escalara. “La intervención fue atendida en horas de la tarde, en plena hora del tráfico, y se logró controlar. Fue parte de los trabajos que el día de ayer, ya por la tarde noche, se atendieron”, comentó Pérez, quien destacó el apoyo de la ciudadanía para facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

También hizo referencia a otros eventos, como el incendio en una terminal de autobuses en Santa Ana, donde resultaron dañadas tres unidades, y otro en la carretera Litoral a la altura de La Concordia, Jiquilisco, Usulután. En ambos, la intervención del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones permitió sofocar las llamas sin mayores consecuencias. Insistió en que la mayoría de estos casos podrían evitarse eliminando prácticas de riesgo. “El descuido, el prender fuego a la basura y no poner atención o no estar atentos a esto, nos ha generado hoy esta cantidad de incendios”, sostuvo.

Ante la creciente emergencia, el Sistema Nacional de Protección Civil ha reforzado la coordinación entre sus entidades. “Tenemos equipos tácticos de emergencia y delegados territoriales a nivel municipal, departamental y regional para garantizar la coordinación pertinente ante los incendios”, indicó Pérez. Señaló además el papel de la Fuerza Armada, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil y otras instituciones en cada operativo, así como la movilización de recursos para evacuar a personas y animales en peligro.

El subdirector reiteró el llamado a no encender fuego en zonas con maleza seca y a seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir el riesgo de nuevos incendios. “Es recomendable no encender fuego en lugares donde hay bastante maleza, ya que este se propaga más rápido y se incendia con mayor facilidad”, concluyó.

El Presidente Nayib Bukele ascendió al ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, al grado de almirante, tras la reforma a la Ley de la Carrera Militar. El anuncio fue difundido por la Secretaría de Prensa de la Presidencia este domingo en un mensaje publicado en X, donde se destacó el proceso de fortalecimiento institucional de la Fuerza Armada de El Salvador.

Según el comunicado, además del ascenso de Merino Monroy, el Diario Oficial publicó 752 ascensos militares a diferentes rangos. Este movimiento se enmarca dentro de la estrategia oficial para consolidar y modernizar la estructura de mando de la institución castrense.

La Secretaría informó que estas promociones forman parte del nuevo marco legal que regula la carrera militar, permitiendo mayor flexibilidad y nuevos criterios para el otorgamiento de grados superiores dentro de la Fuerza Armada. “Como parte del proceso de fortalecimiento institucional de la Fuerza Armada de El Salvador”, detalló la dependencia en la red social.

El ascenso de René Francis Merino Monroy se produce tras la aprobación de reformas que buscan actualizar el escalafón y los procedimientos internos en la institución, abriendo la puerta a la promoción de oficiales en distintos niveles jerárquicos.

Merino Monroy ejerce desde el 1 de junio de 2019 como Ministro de la Defensa Nacional de El Salvador, designado por el presidente Bukele. Se trata del primer integrante de la Fuerza Naval en encabezar este ministerio.

El funcionario fue promovido en el rango de Almirante el pasado 31 de diciembre de 2025, pero el cambio salió publicado en la reciente edición del Diario Oficial del pasado 28 de enero de 2026 y hasta hoy fue divulgado en las redes sociales de la Presidencia.

El ministro ya había sido ascendido a vicealmirante en 2021 y antes tuvo el rango de contraalmirante tras una modificación en la Ley de la Carrera Militar que permitió la creación de esta categoría.

La Asamblea Legislativa aprobó las reformas en octubre de 2025, las cuales introdujeron un cambio relevante en la estructura de la Fuerza Armada: la Ley de la Carrera Militar ahora reconoce los grados de General del Ejército, General del Aire y Almirante, lo cual redefine la categoría de oficiales generales en el Ejército.

La iniciativa afecta de forma directa la clasificación de oficiales generales en la Marina Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército. Ahora, los mandos superiores en cada una de estas ramas accederán a un grado especialmente creado para su función.

Este ajuste en la carrera castrense pretende, según la argumentación que dieron los diputados al aprobar la reforma, “establecer las condiciones que promuevan la mejor efectividad y funcionamiento del servicio militar” al garantizar que la estructura jerárquica responda a las exigencias operativas y de mando actuales.

Durante su mandato, Merino Monroy ha asumido un papel central en la ejecución del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, dos pilares de la estrategia de seguridad oficial.

Durante el primer mes y la primera semana de febrero de 2026, El Salvador ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico, con una serie de operativos que han permitido la captura de múltiples sospechosos y la incautación de diversas cantidades de drogas, dinero y vehículos en diferentes regiones del país.

Según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la División Antinarcóticos, las acciones se desplegaron en municipios como Mejicanos, Ilopango, Santa Tecla, Tonacatepeque, Candelaria de la Frontera, Berlín, Chalchuapa, Sonsonate, San Miguel y en la zona costera de La Libertad.

De acuerdo con la información otorgada por Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, uno de los decomisos más relevantes se produjo al sur de playa Toluca, en el departamento de La Libertad, donde las unidades especializadas de la PNC interceptaron una embarcación que transportaba 13 bultos de cocaína, con un peso aproximado de 398 kilogramos y un valor superior a los 10 millones de dólares.

En este operativo fueron capturados Handy Yocimar Medina Gómez, salvadoreño, y Carlos Roberto Quezada Orellana, de nacionalidad guatemalteco-mexicana. Las autoridades atribuyen estos resultados a la vigilancia permanente en la zona costera, que ha sido reforzada ante el aumento de intentos de tráfico marítimo.

Según el Ministerio de Defensa, en lo que va de 2026, se han incautado 2,815 kilogramos de cocaína, valorados en más de 70 millones de dólares. Buena parte de estas incautaciones se concentra en operativos marítimos, donde la colaboración con la Fuerza Armada y el uso de tecnología de rastreo han permitido detectar embarcaciones antes de que alcancen territorio nacional. la PNC subraya que las autoridades mantienen el despliegue de unidades especiales en rutas identificadas como puntos críticos para el paso de estupefacientes.

Otras incautaciones

Durante los mismos días, la PNC reportó la detención de dos ciudadanos guatemaltecos, Keny Josué Contreras López y Williams Rodiccson Rolando Barrera Yoccute, quienes intentaron ingresar al país con dos porciones grandes de cocaína valoradas en 50,228 dólares.

El procedimiento, realizado en el kilómetro 95 de la carretera de Frontera San Cristóbal a Santa Ana, contó con el apoyo del equipo canino K9 Mirko, que permitió localizar una caleta oculta dentro del vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

En zonas urbanas y rurales, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo patrullajes y allanamientos que derivaron en la captura de más de una docena de personas relacionadas con delitos de tráfico, posesión y tenencia de drogas.

En el municipio de Mejicanos, José Rafael Cruz Mejía y Steven Eduardo Viches Alemán fueron detenidos con porciones de marihuana, cocaína y metanfetamina, además de tres celulares, dinero en efectivo y una motocicleta.

En Santa Tecla, Carlos Enrique Solís y Miguel Alfredo Casanga Girón resultaron aprehendidos por portar marihuana y dinero, mientras que en Ilopango, Jorge Eduardo Guzmán Bonilla fue localizado con varias porciones de marihuana, una calculadora, una báscula digital, un celular y dinero en efectivo.

Los operativos en áreas residenciales continúan, como el realizado en la urbanización Cumbres de San Bartolo, Tonacatepeque, donde Jorge Alexander González Coreas fue remitido por posesión de marihuana y cocaína, además de portar 300 dólares en efectivo y un celular.

Acciones similares se ejecutaron en Chalchuapa, donde Alberto Fernando Escalante Salazar transportaba varios paquetes de marihuana valorados en 2,347.45 dólares, y en la colonia Tazumal, donde Ana Elizabeth Rodríguez Ardón fue intervenida con cuatro porciones de marihuana y un celular.

La ofensiva también alcanzó a estructuras criminales. En Sonsonate Centro, la División Antinarcóticos y equipos de las Fuerzas Especiales capturaron a Alfredo Oswaldo Reyes López, alias Puchi, perfilado como miembro de la MS13, y a Deysi Carolina García Ortiz, con 13 porciones de cocaína, cuatro de marihuana y tres de metanfetamina, además de celulares, un vehículo, dinero y una balanza electrónica. Reyes López enfrentará cargos por tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

Extranjeros enfrentan la justicia por delitos de tráfico, posesión y tenencia

La justicia salvadoreña también ha dictado condenas en procesos relevantes. Ocho extranjeros recibieron sentencias de entre 14 y 17 años de prisión por delitos de tráfico, posesión y tenencia de drogas, en un caso donde los estupefacientes alcanzaron un valor de 38,9 millones de dólares.

De acuerdo con EFE, estos fallos forman parte de una estrategia judicial que busca sancionar tanto a los operadores locales como a quienes usan la región como corredor internacional.

El contexto regional explica parte de la presión sobre El Salvador. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 la droga incautada en territorio nacional superó las 25 toneladas, con un valor estimado de 618,7 millones de dólares, mientras que en 2024 se decomisaron más de 17,2 toneladas, valoradas en 422,7 millones de dólares.

La mayoría de estos cargamentos corresponde a cocaína interceptada en el Pacífico, aunque las incautaciones de marihuana, crack y metanfetaminas también han aumentado.

En respuesta a la evolución de las rutas del narcotráfico, el gobierno ha reforzado la coordinación entre la PNC, la División Antinarcóticos y la Fuerza Armada, priorizando el patrullaje en puntos estratégicos, allanamientos preventivos y el uso de tecnología para la detección de caletas y embarcaciones.

EFE señala que, según las autoridades, estas acciones han permitido reducir el uso del territorio salvadoreño como corredor para el tráfico internacional y fortalecer la persecución penal de los responsables.

Los resultados recientes reflejan un esfuerzo sostenido para enfrentar las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y limitar el impacto de estas actividades en comunidades locales y rutas internacionales.

Las operaciones continúan en todo el país, con un enfoque en la vigilancia permanente y la cooperación interinstitucional, en línea con los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño en materia de seguridad y justicia

“Esta banda de rateros de motos nace precisamente de la inquietud de un ciudadano que notó algo anormal en la zona de Ciudad Delgado.” Con esa frase, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, describió el origen de la investigación que llevó a la desarticulación de una estructura criminal dedicada al hurto de motocicletas en El Salvador.

De acuerdo con Villatoro, la denuncia ciudadana fue el primer paso para analizar reportes de robos en la zona, lo que permitió a la División Central de Investigaciones obtener videos y recopilar denuncias que perfilaban el modo de operar del grupo.

La estructura estaba compuesta por siete personas, entre las que se encontraban tres menores de edad. Los videos y pruebas exhibidos mostraron cómo actuaban: uno de los integrantes llegaba hasta la motocicleta, la empujaba y, con un desarmador, manipulaba la ignición para encenderla y huir del lugar. Villatoro detalló que en ocasiones las bandas trabajaban juntas y, en otras oportunidades, de forma individual, pero siempre con el mismo propósito: sustraer las motos, llevarlas a un terreno en Huizúcar para desmantelarlas y vender las piezas como repuestos.

El operativo para desarticular la banda duró un poco más de tres días y culminó con la detención de siete integrantes, cuya captura fue documentada con imágenes y videos. Tres de los detenidos son menores de edad, uno de ellos señalado como cabecilla de la banda.

Durante la investigación se logró interrumpir la actividad criminal y localizar el terreno donde desmantelaban las motos, así como identificar los puntos de venta de las piezas robadas. Las pruebas incluyeron motocicletas sin registro, piezas automotrices y teléfonos celulares, los cuales serán analizados para fortalecer el proceso penal y vincular a los detenidos con otros delitos.

La operación, ejecutada entre noviembre de 2025 y enero de 2026, se enfocó en sectores como Planes de Renderos, Panchimalco y San Marcos. El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que se realizaron 12 allanamientos en distintos puntos del país, con apoyo de herramientas tecnológicas, técnicas especiales de investigación y la oportuna denuncia de la población.

La Fiscalía solicitó el secuestro judicial de los dispositivos electrónicos y la extracción de información digital para alimentar el caso, que será presentado ante tribunales contra el crimen organizado. Delgado fue enfático: “No se trata de simples niños que estaban cometiendo una travesura. Eran criminales que atentan contra la propiedad de los salvadoreños”.

Uno de los hechos más polémicos fue la liberación del cabecilla de la banda, un menor de edad, apenas cinco semanas después de su captura el 18 de diciembre de 2024.

Villatoro subrayó que, aunque respetan la independencia judicial, no tolerarán decisiones que pongan en riesgo a la sociedad: “La sorpresa es que, por decisión judicial, el 25 de enero fue liberado. Obviamente, lo andamos buscando. Pesa sobre él el delito de agrupaciones ilícitas y hurto agravado”. El ministro insistió en que la tolerancia con el crimen no será negociable, aun tratándose de menores de edad.

El mensaje a la ciudadanía fue claro: la colaboración de la sociedad es indispensable para combatir el crimen. Villatoro y Delgado coincidieron en la importancia de denunciar y de rechazar cualquier justificación hacia los responsables, sin distinción por la edad de los implicados.

“No vamos a permitir que solo porque son menores de edad estén tomando decisiones que atentan contra la sociedad”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad. Delgado reforzó el mensaje al señalar que las investigaciones y acciones institucionales seguirán hasta desarticular por completo las estructuras criminales.

La cooperación entre la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República fue destacada por el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. El funcionario enfatizó que el despliegue de ambas instituciones permite no solo contener delitos graves como el homicidio, sino también dedicar tiempo y recursos a investigar delitos patrimoniales que afectan la tranquilidad de la población. “Estas acciones que se están realizando precisamente nos van a conducir a un país con ese nivel de tranquilidad”, dijo Merino Monroy. Añadió que el gabinete de seguridad ampliado mantendrá dispositivos en todo el territorio y actuará ante cualquier denuncia que reciba de la ciudadanía.

En cuanto a los resultados inmediatos, Villatoro expuso que, en una sola noche, la banda logró hurtar cinco motos entre las 12:00 y las 4:00 am en distintos puntos de San Salvador y su área metropolitana. Además, mencionó la rapidez y eficacia del trabajo conjunto, como lo sucedido con un homicidio reciente: por la mañana se informó el crimen y por la noche ya habían capturado a los dos responsables junto con el arma utilizada. El gabinete reafirmó que la seguridad territorial es ahora una prioridad estatal y que la meta es erradicar tanto a pandilleros como a los “rateros” que afectan el patrimonio de los salvadoreños.

Un paracaidista fue rescatado tras experimentar desorientación durante su descenso, cayendo sobre terrenos difíciles en la Colonia Santa Lucía, Ilopango, El Salvador, este miércoles.

Las brigadas de Cruz Verde Soyapango y Cruz Verde San Martín recibieron la alerta de desaparición, activando el operativo de búsqueda y rescate junto a las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES).

El incidente ocurrió en un entorno que presenta características geográficas complicadas, como barrancos y vegetación densa. Dichas condiciones dificultaron la visibilidad y la orientación de los cuerpos de socorro.

Operativo de búsqueda y estado de la víctima

Los equipos de rescate recibieron la alarma luego que el paracaidista ya había perdido contacto visual con su punto de aterrizaje y permanecía extraviado en una de las zonas de difícil acceso de la Colonia Santa Lucía.

El despliegue del operativo involucró la coordinación efectiva entre los socorristas de Cruz Verde y FAES, quienes lograron localizar al mencionado paracaidista desaparecido en el barranco.

Según informaron los equipos de rescate, el hombre no presentaba lesiones tras su evaluación médica. Tras ser estabilizado, fue trasladado inmediatamente a una zona segura para su evaluación.

“Nuestros socorristas en conjunto con elementos de la fuerza armada localizaron al hombre, quien afortunadamente luego de su evaluación no presentaba lesiones. La víctima fue extraída del lugar y llevado hacia una zona segura”, expresó Cruz Verde por medio de redes sociales.

La intervención conjunta resultó decisiva para garantizar la integridad de la víctima. Este caso refuerza la capacidad de respuesta de los actores de protección civil en emergencias de este tipo.

El conocimiento de los rescatistas facilitó una respuesta inmediata. Su capacitación les permitió organizar de manera eficiente al equipo, distribuir adecuadamente todos los recursos disponibles y tomar decisiones oportunas para optimizar el tiempo de intervención.

Esta preparación previa resultó fundamental para coordinar las tareas y atender la emergencia con rapidez y eficacia.

Personas que realizan paracaidismo en áreas urbanas o semiurbanas del país enfrentan un mayor riesgo de aterrizajes no controlados, lo que resalta la necesidad de contar con protocolos eficaces de rescate en casos de emergencia.

Condiciones meteorológicas y riesgos para actividades aéreas

De acuerdo con los datos recientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), El Salvador registra actualmente vientos del norte en todo el país, con velocidades sostenidas entre 10 y 25 km/h y ráfagas que alcanzan los 50 a 70 km/h.

Esta situación se presenta cielos parcialmente nublados, en particular en las regiones norte, centro y oriente. El MARN ha advertido sobre la posibilidad de caída de árboles y ha recomendado mantenerse informado por fuentes oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar zonas de riesgo.

Para quienes practican actividades aéreas como el paracaidismo, estas condiciones incrementan el riesgo de desvíos durante el descenso y de aterrizajes imprevistos fuera de las zonas designadas o planificadas.

Las ráfagas de viento pueden alterar la trayectoria y dificultar el control del paracaídas, sobre todo en entornos urbanos o en áreas con terrenos complicados, barrancos o vegetación espesa. Por esta razón, resulta fundamental considerar las condiciones meteorológicas antes de realizar saltos y contar con protocolos de rescate bien establecidos evitando así un percance mayor.

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar precauciones al realizar cualquier actividad al aire libre que implique exposición a grandes alturas o el uso de equipos livianos, como el paracaidismo, vuelos en parapente o el uso de drones.

Las ráfagas de viento pueden provocar accidentes o desvíos inesperados, por lo que se recomienda posponer estas actividades en caso de condiciones adversas y estar atentos a los reportes meteorológicos oficiales antes de planificar cualquier evento de este tipo.

En 20 días de 2026, no se registraron asesinatos en El Salvador, según el más reciente balance de la Policía Nacional Civil (PNC). Este resultado refuerza la imagen de un país que avanza hacia escenarios de menor violencia, bajo un monitoreo constante de las instituciones encargadas de la seguridad.

La PNC informó a través de su cuenta en X que el sábado 24 de enero finalizó sin homicidios en todo el territorio nacional. La entidad comunicó: “Finalizamos el sábado 24 de enero, con 0 homicidios en el país”, destacando una tendencia que se sostiene desde el inicio del año.

Las operaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han sido señaladas como el pilar para mantener estos niveles de tranquilidad social. El despliegue permanente y la presencia activa en las calles han alejado episodios de violencia, según la información difundida por las autoridades.

El discurso oficial sostiene que estos avances han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental. Las instituciones mantienen su compromiso de reforzar las acciones que permitan extender este periodo sin homicidios y consolidar una reducción sostenida.

Días con Homicidios

Durante el mes de enero se registraron cuatro asesinatos en diferentes localidades de El Salvador, en todos los casos las autoridades informaron que ya se realizaron capturas de los presuntos responsables.

• 19 de enero se reportó un homicidio en Santa Ana, cabecera del departamento del mismo nombre.
• 14 de enero, otro asesinato ocurrió en Apopa, municipio del departamento de San Salvador.
• 4 de enero, las autoridades documentaron un caso similar en Ilopango, también en el departamento de San Salvador
• 2 de enero en El Paisnal, dentro de la misma jurisdicción departamental, fue el primer caso del mes.

303 días sin homicidios en 2025

El 2025 sobresalió en El Salvador al registrar 303 días sin homicidios, de acuerdo con el recuento oficial de la Policía Nacional Civil. Este resultado refleja el impacto sostenido de la actual política de seguridad, que permitió cerrar el año con apenas 82 asesinatos, ninguno de ellos vinculado a pandillas, y consolidó una disminución del 28 % en comparación con 2024, cuando las autoridades reportaron 114 casos.

Las autoridades atribuyen el cambio radical en las cifras a medidas como la aplicación del Plan Control Territorial y la instauración del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, bajo el cual se han detenido a más de 90,800 mil personas identificadas como miembros de pandillas.

Aseguran que los homicidios registrados durante 2025 estuvieron relacionados con situaciones de intolerancia social entre familiares, conocidos o parejas, y no con actividades de pandillas. Además, las autoridades destacan que todos los casos fueron resueltos, lo que redujo la impunidad a niveles mínimos y fortaleció la percepción de seguridad en el país.

El año pasado, meses como diciembre y noviembre sumaron 26 días cada uno sin homicidios, mientras que octubre acumuló 24 jornadas, septiembre 23, agosto 27, julio 29 y los meses de junio, mayo y abril registraron 25 días libres de asesinatos cada uno. Marzo reportó 22 días, febrero 26 y enero, 25, según cita diario El Salvador.

Hasta el 1° de diciembre de 2025, el acumulado de días sin asesinatos durante la gestión de Nayib Bukele suma 1,102 jornadas, de las cuales 988 corresponden al periodo del régimen de excepción. Este desempeño ha despertado el interés de países de la región, como Estados Unidos, que han enviado delegaciones para conocer de cerca la experiencia salvadoreña.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sostuvo: “Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, seguiremos trabajando para construir un país más próspero y seguro para las futuras generaciones”. Por su parte, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, resaltó el papel de la Fuerza Armada en estos resultados, señalando la histórica incautación de drogas y las operaciones en altamar como parte de los avances en materia de seguridad.

El incremento de incendios en El Salvador durante enero prendió señales de alerta en las autoridades del país. Según datos presentados por el Director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, este sábado en conferencia de prensa, entre el 1 y el 23 de enero se contabilizaron 330 incendios en 2025, frente a 503 en el mismo período de 2026, lo que representa un aumento del 52 % respecto al año anterior. Esta tendencia ascendente preocupa a Protección Civil, dado el impacto ambiental y social que generan estos siniestros en distintas regiones del país.

En la jornada previa, se reportaron veintiséis incendios en maleza, siete en basureros y dos forestales a nivel nacional. A este panorama se suma un hecho lamentable ocurrido en el kilómetro 32,5 de Aguilares en la Troncal del Norte. Allí tuvo lugar un incendio de interfaz en el que se quemaron varias hectáreas de caña, cuatro locales comerciales y tres vehículos, ilustrando la severidad de los daños que pueden ocasionar estas emergencias, según detalló Baltazar Solano al medio Secretaría de prensa.

Solano señaló que las causas principales de estos incendios están asociadas a comportamientos humanos: el lanzamiento de colillas encendidas desde vehículos, la realización de fogatas sin el debido apagado y la quema de basura en predios abiertos.

También mencionó prácticas como la caza ilegal, donde los perpetradores prenden fuego al bosque para capturar animales y abandonan el lugar dejando el incendio activo. De igual forma, remarcó que en ocasiones, para extraer miel, se incendian árboles con las abejas adentro, lo que deriva en la propagación de las llamas por la acción del viento.

El director de Protección Civil, Luis Hernández, insistió ante la prensa en la responsabilidad individual y colectiva en la prevención de incendios. Advirtió que “los incendios no se producen de forma natural, alguien los provoca” e hizo un llamado enfático a la población para abstenerse de iniciar fuegos, especialmente bajo condiciones meteorológicas adversas, como los vientos del norte, que incrementan la vulnerabilidad en los territorios salvadoreños.

Hernández recalcó que estos vientos, frecuentes en la época invernal del hemisferio norte y que también impactan al triángulo norte de Centroamérica, agravan el riesgo de expansión de los incendios y dificultan su control.

Sanciones para quien ocasione incendios

El marco legal vigente contempla severas sanciones para quienes ocasionen incendios deliberadamente. Solano citó el artículo 265 del Código Penal salvadoreño: “El que mediante incendio creare un peligro común efectivo para las personas o los bienes, será sancionado con prisión de tres a seis años.” Además, destacó la existencia de jurisprudencia que profundiza la responsabilidad penal, civil y administrativa por estas prácticas.

En la dimensión ambiental, Solano subrayó que “el incendio erosiona, se pierde la capa fértil de la tierra, que se llama mantillo, lo cual también genera una contaminación importante”. Tales efectos secundarios, observó, a menudo revisten consecuencias más graves que el impacto visible inmediato, en tanto comprometen la productividad del suelo y la conservación de los recursos naturales.

La alerta de Protección Civil se mantiene activa. Hernández informó que el sistema nacional, junto al Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, continúa realizando operativos coordinados, como el reciente en las zonas montañosas de Ahuachapán y Santa Ana, donde se logró contener incendios que amenazaban con aumentar los daños.

El funcionario enfatizó la importancia de evitar la quema de basura y de predios baldíos, y reiteró que toda la población debe acatar las recomendaciones y actuar con responsabilidad frente al uso del fuego, especialmente en un contexto de condiciones climáticas desfavorables.

La Dirección General de Protección Civil de El Salvador ha desplegado un operativo conjunto ante el aumento de incendios forestales y emergencias asociadas a ráfagas de viento y quema de basura, informó el director de la institución, Luis Alonso Amaya, en entrevista radial esta mañana.

Según el funcionario, la coordinación entre instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada ha sido clave para atender situaciones que van desde caídas de árboles hasta incendios en zonas rurales y urbanas.

De acuerdo con los informes emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), los vientos han alcanzado velocidades de hasta 55 kilómetros por hora en áreas de planicie y niveles superiores en zonas montañosas, lo que ha incrementado la peligrosidad de incidentes. Amaya explicó que las elevaciones, como las cercanas a Comasagua, suelen registrar ráfagas más intensas, especialmente al inicio y al final del día, lo cual contribuye a la caída de árboles y a la propagación de incendios.

Durante las últimas horas, Protección Civil reportó la atención de diversas emergencias, incluyendo la caída de un árbol sobre un vehículo en la carretera hacia Santa Ana, hecho que resultó en dos personas lesionadas. “El árbol cayó en el preciso momento en el que el vehículo iba pasando. Es una carretera donde las velocidades oscilan entre los 60 y los 90 kilómetros por hora”, precisó Amaya. Las víctimas fueron rescatadas y trasladadas a centros de atención médica.

En cuanto a los incendios, el director remarcó que, hasta el momento, no se han registrado siniestros forestales de gran magnitud como en años anteriores, aunque advirtió: “tener un incendio de gran extensión equivale al esfuerzo de controlar varios pequeños en distintos puntos”. El funcionario insistió en la importancia de la respuesta articulada, ya que cada evento requiere la acción simultánea de distintas entidades estatales y municipales.

La Fuerza Armada intervino recientemente en la extinción de un incendio en un predio de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán Sur, mientras que el Cuerpo de Bomberos se ha mantenido activo atendiendo incidentes en maleza seca, hojarasca, vegetación, desechos sólidos y vivienda en puntos como el cantón El Sunza, ruta a Guaymango, en Ahuachapán Sur; en Santiago Nonualco, La Paz Centro; calle antigua a Zacatecoluca, La Paz Oeste; cantón Las Flores, en San Vicente; El Paraíso, Chalatenango Centro; en Moncagua, San Miguel Centro; en Aguilares, San Salvador Norte; y cantón Cangrejera, La Libertad Costa, entre otros. Muchos de estos incendios tienen origen en la quema de basura o residuos agrícolas, una práctica que Amaya considera de alto riesgo bajo las actuales condiciones meteorológicas.

El titular de Protección Civil subrayó que prácticamente la totalidad de los incendios en el país se derivan de la acción humana. “En El Salvador no hay ni un tan solo incendio que de manera natural se produzca. Cada vez que hay un incendio, puedo asegurarle que empezó porque a alguien se le ocurrió ponerle fuego a un promontorio de basura”, afirmó Amaya, citando la postura del director general del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mediante su Observatorio de Amenazas, emite avisos y alertas basados en análisis científico-técnico, utilizando modelos matemáticos y proyecciones para anticipar condiciones de riesgo. El director de Protección Civil explicó que la toma de decisiones, como la declaratoria de alerta verde, responde a estos estudios previos y a la evaluación conjunta con otras entidades.

Actualmente, la institución mantiene un aviso preventivo y reitera el llamado a la población a evitar cualquier quema de basura o preparación de tierras “fuera de temporada”, ya que las lluvias aún no han iniciado. “No es momento para estarle prendiendo fuego al país”, enfatizó el funcionario.

Las autoridades han reforzado la vigilancia y la capacidad de respuesta en todo el territorio, a la espera de que la intensidad de los vientos disminuya y con la expectativa de una reducción en el número de emergencias atendidas.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele defendió este lunes en el Palacio Nacional de San Salvador los resultados de su política anti estructuras criminales al declarar que el país vivió una “dictadura de las pandillas” y sostuvo que tras la implementación de medidas extraordinarias desde 2022, el control criminal en el territorio se ha visibilizado con éxito.

El mandatario enmarcó su intervención durante el primer desayuno nacional por la oración, un evento que congregó a los tres órganos del Estado y promovió un compromiso colectivo con los valores y el bienestar nacional.

Bukele recordó que El Salvador enfrentó décadas marcadas por la guerra civil en los 80 y una posterior ola de violencia asociada a las pandillas, fenómeno que según el presidente llegó a “secuestrar” la vida pública y la economía del país.

El jefe de Estado subrayó que “las pandillas tenían secuestrado nuestro país”, imponiendo toques de queda, gravámenes a los comercios y restringiendo el libre desplazamiento, acciones que configuraron un escenario de “dictadura del crimen” para la sociedad salvadoreña.

Las medidas excepcionales que Bukele implementó en 2022 respondieron a una ofensiva violenta de las pandillas, que, según datos expuestos durante el acto, provocó la muerte de un salvadoreño cada 30 minutos durante un fin de semana.

El mandatario destacó la magnitud de ese estallido al comparar la cifra, en términos proporcionales, con la población estadounidense. Frente a esta crisis, el gobierno suspendió las licencias del personal de la Policía Nacional Civil y desplegó operativos conjuntos con la Fuerza Armada, mientras se declaraba un estado de excepción para dotar a los cuerpos de seguridad de amplias facultades.

El combate a las pandillas y su posible exportación regional

Bukele defendió la contundencia de la respuesta estatal, alegando que el país estaba infestado por un “cáncer con metástasis” que se había enquistado en varias instituciones. Las autoridades estimaron en aproximadamente 70 mil los pandilleros activos más colaboradores en ese periodo.

Al argumentar el éxito de sus métodos, el presidente afirmó que la “guerra contra las pandillas” no provocó una sola baja civil, tanto en su fase crítica como hasta el presente, en contraste con los presagios iniciales de que habría miles de muertos. En palabras de Bukele, “no hubo ninguna. Nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil”.

Abordando el impacto internacional del modelo salvadoreño, Bukele explicó que, después de cuatro años de ejecución, su gobierno ha ofrecido “asesoría a otros países en situaciones similares”, compartiendo equipos, información y diseños de prisiones.

El presidente consideró que el elemento espiritual, personificado en el acto de la oración, representa un pilar fundamental de su estrategia, por encima de cualquier réplica mecánica: “Hemos tratado de ayudar a otros países a que repliquen lo que pasó en El Salvador [...] pero hasta ahora ningún país ha logrado replicarlo, y creo que la razón es porque se debe incluir como pilar fundamental la oración y pedirle a Dios”, argumentó.

Respecto a la naturaleza de los crímenes cometidos por las pandillas, Bukele recordó ante los presentes que llegaron a cortar las manos de sus propios conciudadanos, un ejemplo que ilustró como “uno de cientos de miles de casos” y reiteró la gravedad del problema enfrentado por su administración.

La entrada en vigencia del nuevo estado de emergencia en Lima y Callao desde hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, suscitó diversas interrogantes sobre el alcance de las restricciones para la ciudadanía.

Frente a las dudas manifestadas en redes sociales y ante el anuncio oficial del presidente interino José Jerí, por la norma publicada en el diario oficial El Peruano se desprende que las reuniones familiares no se encuentran prohibidas en estas jurisdicciones.

La medida, respaldada por el Decreto Supremo n.° 124-2025-PCM estableció restricciones vinculadas a la seguridad ciudadana, pero no incluye la suspensión de eventos como fiestas de cumpleaños, bodas o bautizos en el ámbito privado.

Alcance de la medida

Según el decreto supremo, la declaratoria de estado de emergencia en Lima y la Provincia Constitucional del Callao responde a razones de “seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada y delitos conexos”.

La medida, que entró en vigencia hoy miércoles, implica la restricción del ejercicio de derechos constitucionales como la libertad de tránsito e inviolabilidad de domicilio, pero establece excepciones puntuales.

El artículo 2 del decreto precisa que “las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo”. En el caso de eventos deportivos, espectáculos y otros acontecimientos multitudinarios se requerirá solicitar un permiso. Las autoridades evaluarán si no constituye un riesgo o va en contra de la disposición.

Qué sí se prohíbe

La norma contempla, de manera textual, la restricción de “reuniones sociales, espectáculos y eventos masivos”, detallando que esta disposición alcanza manifestaciones y concentraciones públicas que puedan afectar el orden público.

La mención de “domicilios y visitas familiares” como espacios no prohibidos ha permitido descartar la suspensión de reuniones en hogares, lo cual incluye cumpleaños, matrimonios civiles, bautizos y encuentros similares.

La confusión surgió tras el anuncio del régimen excepcional referido a la restricción de libertades, pero sin precisar el detalle sobre las reuniones de índole familiar. En plataformas digitales, varios usuarios demandaron claridad sobre el alcance de la suspensión de derechos, inquietud que fue despejada una vez publicada la versión oficial de la norma en El Peruano y revisado por Infobae Perú el texto integral.

Detalles del control

El decreto establece la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para el control del orden interno, en coordinación con las autoridades municipales y regionales.

La PNP queda facultada para efectuar detenciones, controles de identidad y registros personales en zonas y horarios considerados de riesgo, especialmente aquellas identificadas por el Comité Territorial y entidades de inteligencia.

La disposición gubernamental ordena también la creación del Comité de Coordinación Operativa Regional (CCOR) y el Comité de Fiscalización (CF), que monitorizan la implementación y cumplimiento de las medidas.

Adicionalmente, se enfatiza la lucha contra la criminalidad, el tráfico ilícito de armas y actos vinculados con la trata de personas en las zonas comprometidas por el estado de emergencia.

Medidas complementarias

La norma dispone la ejecución de planes de seguridad y fiscalización en mercados ilegales y puntos de venta informales de chips de telefonía, obligando a los concesionarios a cumplir las disposiciones del Ministerio del Interior.

Este requerimiento se suma al incremento de patrullajes por parte de la PNP y efectivos militares, así como operativos dirigidos al control del transporte informal y la fiscalización de puntos críticos en la capital y el puerto.

El estado de emergencia se aplicará durante un periodo inicial de 30 días calendario, renovable conforme a la evolución de la seguridad en ambos territorios. Las autoridades han reafirmado que las restricciones se limitarán a las actividades señaladas en la norma y han instado a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales.

El Peruano ha sido el canal oficial encargado de difundir la totalidad del decreto, cuya interpretación y vigencia han sido confirmadas también por la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los ministerios involucrados en la protección del orden interno.

Se reitera que la vigencia del estado de emergencia no alcanza las reuniones familiares ni otros eventos de carácter privado, siempre que estos no sean masivos ni impliquen riesgos para la seguridad pública.

La situación permanecerá bajo evaluación de las autoridades de Lima y Callao, quienes reportarán los avances en la reducción de delitos y la efectividad de los controles en las próximas semanas.

Las discusiones internas sobre la conformación de la lista cerrada del Centro Democrático al Senado continúan generando movimientos dentro del partido.

En esta ocasión, asociaciones de veteranos y miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional hicieron pública su petición para que el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui ocupe un lugar destacado con opción real de elección.

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A través de una carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la dirección del partido, los firmantes pidieron que Uscátegui sea tenido en cuenta como candidato al Senado para las elecciones de 2026.

En la misiva, los solicitantes recalcaron la necesidad de contar con una voz legítima y conocedora dentro del Congreso, que defienda los intereses de quienes han prestado servicio a la Nación desde la fuerza pública.

“El doctor José Jaime Uscátegui se ha caracterizado por ser el único congresista que, de manera permanente, ha representado y defendido los intereses de los veteranos, soldados profesionales, suboficiales, oficiales y sus familias”, escribieron los firmantes.

En la misiva se lee: “Nuestra solicitud se fundamenta en la destacada labor del doctor Uscátegui, su compromiso con la democracia y la seguridad del país, y su cercanía con las necesidades reales del sector castrense”.

El líder político, hijo del general (r) Jaime Uscátegui, trabajó durante su trayectoria legislativa en iniciativas relacionadas con la protección jurídica y social de los integrantes retirados de las Fuerzas Armadas. Además, su formación académica en curso en el área de Seguridad y Defensa fue destacada como un elemento clave para reforzar su preparación frente a los desafíos legislativos y estratégicos del país.

“Reconocemos y valoramos su liderazgo histórico en la defensa de la democracia y de la Nación, y confiamos en su capacidad de orientar decisiones políticas que marcarán rumbo del país. Asimismo, destacamos que actualmente adelanta un doctorado en Seguridad y Defensa, lo que reafirma su compromiso académico y estratégico con los más altos intereses nacionales”, señalaron los firmantes en la carta enviada al máximo líder del uribismo.

El respaldo a esta propuesta no solo proviene de organizaciones de veteranos, sino de sectores civiles que siguen de cerca la actividad legislativa de Uscátegui. El documento fue firmado por oficiales, suboficiales, soldados profesionales y policías en uso del buen retiro, así como por asociaciones que agrupan a sus familias.

Los firmantes expresaron su intención de que esa eventual candidatura no sea simbólica, sino que se ubique en una posición que garantice la elección del aspirante. Consideran que el respaldo histórico del sector militar al Centro Democrático amerita una representación efectiva dentro del Senado.

“Como veteranos y ciudadanos, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la patria, la democracia y el pueblo colombiano. Estamos convencidos de que su respaldo al doctor Uscátegui fortalecerá nuestra representación en el Senado y garantizará que la voz de la Fuerza Pública y sus familias siga teniendo un espacio digno y eficaz en el Senado (sic)”, afirmaron en uno de los apartes más extensos del documento.

La discusión sobre los primeros lugares de la lista cerrada del partido continúa siendo una de las principales prioridades del Centro Democrático. Fuentes del movimiento político señalaron a la revista Semana que la senadora Paloma Valencia mostró su respaldo a la posible inclusión de Uscátegui en los primeros puestos.

Las voces dentro del movimiento coinciden en que el respaldo de los sectores militares ha sido un pilar desde la creación del partido, por lo que conceder espacio a sus representantes no solo tendría lógica política, sino un valor simbólico ante sus bases.

“Agradecemos de antemano su atención y apoyo a esta solicitud, seguros de que su gestión continuará contribuyendo al bienestar del pueblo colombiano y al reconocimiento de quienes hemos entregado lo mejor de nuestras vidas al servicio de la Nación”, concluyeron los firmantes.

Aunque la decisión final sobre el orden de la lista aún no está tomada, el mensaje de las reservas fue recibido con atención dentro de las directivas del partido. Varios líderes reconocen que la postulación de Uscátegui podría consolidar una parte importante del electorado uribista, especialmente en regiones con fuerte presencia militar y policial.

La resolución 60474, suscrita por el ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, representa quizá el hito más negativo en la Fuerza Armada de los últimos tiempos, con la decisión de Nicolás Maduro de ascender al primer general de Brigada técnico en la Fuerza Armada de Venezuela, específicamente en la Aviación Militar, causando un rechazo silencioso en los oficiales de comando, uno de los cuales le dijo a Infobae “están regresando la institución a una montonera”.

El mes de julio es la época de ascensos, cambios militares y la celebración del 5 de Julio de 1811, Declaración de la Independencia de Venezuela. Este año en los ascensos resalta el del grado de general de Brigada en la categoría “técnico” de Fidel Ernesto Hernández Figueroa, el primero de los oficiales técnicos en llegar al generalato.

La Ley Constitucional, que fue aprobada por la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 2017, establece, en la cuarta de las disposiciones transitorias y finales que el ascenso a generales de Brigada y de División “para el Oficial Efectivo Técnico y el ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales en la categoría de Asimilado y su equivalente en la Armada Bolivariana, comenzará a regir a partir de las promociones egresadas en el año 2010”.

Un alto oficial de la Aviación, en conversación con Infobae, revela lo que considera “una bofetada al mancillar el grado de General” porque el ahora general de Brigada Hernández Figueroa es egresado de la Escuela Técnica de la FAV en el año 1993. “Tiene 32 años de servicio”.

Explica que Hernández es ingeniero de vuelo de C-130, de manera que “la Fuerza Aérea perdió un técnico y ganó un general, que no ayuda en nada a la institución. Es una irresponsabilidad de los otros 3 SOPC que lo ascendieron”.

Indignado el general expresa que “la cúpula militar permite esta aberración, que solo logrará que ese oficial técnico, Fidel Hernández, sea rechazado por sus compañeros y por los oficiales generales egresados de los institutos de formación de oficiales, porque está claro que lo que se busca es desmoralizar a la Fuerza Armada”.

El general que habló con Infobae dice que “una de las decisiones más perversas que tomó el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue haber homologado la antigüedad de los SOPC (Suboficiales Profesionales de Carrera) en vez de haberlo hecho sobre los sueldos”.

General de tablitas

“De ahí sobrevino la repartición de grados, relajando la disciplina y subordinación entre los Oficiales graduados en las Escuelas Militares, ahora llamados Oficiales de Comando, y los entonces Sub-Oficiales que ahora llaman Oficiales técnicos”, dice lamentando el antecedente que está lesionando a la institución castrense.

A su juicio, lo que buscan quienes están en el poder político y militar en Venezuela es “seguir destruyendo la majestad del generalato. Porque si bien es cierto que la Ley Constitucional de la Fuerza Armada, promulgada en el 2020, por la ilegal Asamblea Constituyente, contempla el ascenso para General de Brigada a los oficiales técnicos, es solo aplicable para los oficiales técnicos graduados a partir del 2010”.

Destacó que oyó a un oficial utilizar para casos como este la expresión “general de tablitas” como término coloquial y despectivo “usa principalmente en algunos países de América Latina, como el caso de Venezuela, para referirse a un militar que ha alcanzado un alto rango, pero no por méritos reales o experiencia en combate, sino más bien por favores políticos, influencias, lealtades partidistas o corrupción interna”.

“Se le llama ‘tablitas’ como referencia a las insignias o charreteras que llevan los militares en el uniforme para mostrar su rango. Así que un ‘general de tablitas’ es alguien que tiene el uniforme y las insignias, pero no el respeto o la trayectoria real que justifique su rango”.

“Es similar en sentido al uso del término ‘general de escritorio’, que se refiere a un alto oficial que no ha estado en combate, pero ocupa un cargo alto en la jerarquía”.

Los méritos

Un divisionario de la Aviación, en situación de retiro, le dijo a Infobae que en su caso para General de Brigada, “no solo egresé de la Academia Militar, la Escuela de Aviación Militar, también demostré cualidades de mando y conducción, planificación de operaciones y destacar en cursos, tanto en Venezuela como en el exterior”.

“Fui director de línea de grandes unidades de combate, estado mayores, cursos de auxiliar de Estado Mayor, básico de Estado Mayor y de Estado Mayor, comandante de brigadas”.

En una fuerza militar, “un general es un oficial de alto rango que dirige unidades militares más grandes que un regimiento, como brigadas, divisiones, cuerpos de ejército, o incluso ejércitos completos o grupos de ejércitos. Son los líderes estratégicos y tácticos de la Fuerza Armada, responsables de la dirección y supervisión de las operaciones militares y estrategias”.

Expresa que lamentablemente en Venezuela “ya no existe ni Fuerza Armada ni Institución Armada ni nada que se le asemeje. Es un cuerpo amorfo de agentes políticos uniformados, que los obligan al proselitismo forzado, que los vigilan, controlan y persiguen”.Agrega que “les dan con un palo a los que piensan y una chapa a los sapos y mediocres, solo por ser serviles canallas y arrastrados. Ellos violan la propia Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que es en sí misma inconstitucional”.

La decisión de Chávez de convertir en oficiales técnicos a los suboficiales trajo “consecuencias graves principalmente a la Aviación. Fuga de plataforma tecnológica de mano de obra calificada para las líneas de vuelo, para los talleres de mantenimiento, para la organización”.

Asevera que fueron “soluciones simplistas y nefastas, sacar a los recién oficiales técnicos de la Aviación, ya que se generaron conflictos fuertes de disciplina en las unidades. La aviación fue todo un desastre en el manejo y gestión de ese aspecto”.

Responsabiliza a quienes debieron asesorar apropiadamente al entonces presidente Hugo Chávez “por culpa de ese Alto Mando que no hizo su trabajo ocupándose de asesorar al presidente, que siendo militar entendería mucho más la situación y así evitar todo lo que ocurrió después”, dice el general en retiro.

“Vi oleadas de recién oficiales técnicos que la Aviación sacó de las unidades de vuelo y logísticas, para ponerlos a la orden del Comando Estratégico Operacional (CEO) en las recientemente creadas Regiones de Defensa Integral (REDI) y Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI)”.

Es así como “un suboficial, acostumbrado a trabajar en su línea de vuelo, en su taller de mantenimiento, servicio logístico, casi al lado de su casa, saliendo del trabajo antes de las 5 de la tarde, cuando no tenía una comisión especial o servicio de guardia, fue enviado a una REDI en otra región, pues pide la baja y se va con sus más de 15 años de servicio, su porcentaje de pensiones y su estrella. Eso fue lo que ocurrió”, finaliza diciendo

Leópolis (Ucrania), 4 ene (EFE).- Ucrania perdió más de 3.600 kilómetros cuadrados de territorio en 2024 frente a los 540 kilómetros cuadrados que dejó de controlar un año antes y los 430 kilómetros cuadrados que logró liberar de la ocupación rusa, según los datos de la plataforma de análisis militar recogidos por el portal 'Militarnyi'.

El ritmo de la ofensiva rusa aumentó en la segunda mitad del año pasado y, especialmente a partir de agosto, las pérdidas territoriales fueron en aumento mes a mes.

En noviembre, las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron 610 kilómetros cuadrados de territorio o 20,3 kilómetros cuadrados al día en sus enfrentamientos con las tropas rusas.

Las mayores pérdidas territoriales se registran en las regiones orientales de Donetsk y Járkov.

Es en el territorio de la región de Donetsk donde el Ejército ruso concentró el mayor potencial ofensivo y logró los mayores éxitos.

Según 'Militranyi', en el nuevo año, Rusia continuará sus esfuerzos para completar la captura de las ciudades de Kurájove, Toretsk y Chasiv Yar en la región de Donetsk.

Además, avanzará hacia la frontera administrativa de la región de Dnipropetrovsk con la perspectiva de comenzar las hostilidades en esa región y aumentar el control sobre el territorio de la región de Donetsk en todas las direcciones.

A su vez, Ucrania seguirá luchando en la región rusa de Kursk, en la cual incursionó en agosto pasado y en un mes logró hacerse con el control de 1.100 kilómetros cuadrados.

Pasados cinco meses de combates en esa provincia, que linda con la región nororiental ucraniana de Sumi, la contraofensiva rusa, con ayuda de miles de soldados norcoreanos, logró recuperar más de la mitad del territorio ocupado por las tropas ucranianas.

Según 'Militarnyi', a finales de 2024 quedaban en Kursk bajo control de las Fuerzas Armadas ucranianas unos 460 kilómetros cuadrados. EFE

San Salvador, 20 dic (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este viernes una ley transitoria para el envío, en una fecha aún no revelada, de una misión de la Fuerza Armada del país centroamericano a Haití enfocada en la evacuación médica.

Ley Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití fue aprobada con los votos de 59 diputados de 60 en el órgano Legislativo.

La normativa, de acuerdo con el decreto leído durante el desarrollo de la sesión plenaria, "permitirá al Estado de El Salvador cumplir con las obligaciones contraídas como miembro de la ONU, especialmente en la contribución de misiones de mantenimiento de la paz".

El documento de ley, con 11 artículos, también señala que El Salvador apoyará con "aeronaves completamente equipadas para evacuaciones medicas", aunque no se específica el número.

Se desconoce cuándo partirá dicha misión de evacuación a Haití, tampoco se han brindado detalles de los elementos de la Fuerza Armada que la integrarán.

El Congreso ratificó el pasado 31 de octubre el envío de una misión del Ejército a Haití, enfocada en la evacuación médica con el contingente de los cascos azules de las Naciones Unidas destacados en ese país.

Las misiones diplomáticas de El Salvador y Haití ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron a principios de octubre pasado un acuerdo de cooperación para el envío del apoyo, el cual fue ratificado en el Parlamento con 57 votos de 60 diputados.

A inicios de marzo pasado, el presidente Nayib Bukele aseguró que podía arreglar la grave crisis de violencia que sufre Haití si cuenta con el visto bueno de las autoridades locales y de la ONU.

En enero de 2023, El Salvador se había comprometido a abrir una oficina de cooperación en dicho país para "reducir los altos índices de criminalidad", según informó entonces la Vicepresidencia.

El Gobierno haitiano anunció el pasado jueves que establecerá el estado de emergencia en todo el país a partir del domingo próximo en un contexto de resurgimiento de la inseguridad con el aumento de las masacres perpetradas por bandas armadas contra la población civil.

El lunes por la noche, pandilleros de la banca armadas que lidera el expolicía Jimmy Cherisier, alias 'Barbacue', incendiaron el hospital el Hospital Bernard Maevs, situado en la carretera que lleva al aeropuerto Toussaint Louverture.

Esa acción se produjo luego de que el domingo pasado agentes de la Policía Nacional de Haití mataron en un intercambio de disparos a Kendy, alias Jeff Mafia, considerado el número dos de la poderosa y temida banda criminal liderada por Barbacue.

Se calcula que las bandas controlan un 80 % del territorio de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y ahora también la bahía, según informaciones de la emisora Metropole.EFE

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió este lunes que el exiliado opositor Edmundo González Urrutia, que reclama una victoria sobre el presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, será arrestado si vuelve al país.

“Gustosamente lo recibiré (...) Sabe el señor González Urrutia que apenas ponga un dedo en Venezuela será detenido”, ironizó Cabello en una conferencia de prensa, en reacción a la promesa del opositor de retornar al país sudamericano para tomar el poder el 10 de enero, cuando Maduro tiene previsto juramentarse ante el Parlamento para un tercer mandato (2025-2031).

“Si pone un pie en Venezuela, será detenido y juzgado", insistió el alto funcionario.

El domingo, en medio de su gira internacional, González Urrutia pidió respaldo a la Fuerza Armada, cuyo alto mando ha expresado “lealtad incondicional” a Maduro.

“El 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe”, expresó el diplomático de 75 años en un video en redes sociales, al tiempo que María Corina Machado, líder de la oposición, llamó a protestas para el día 9.

Cabello replicó aseverando que “los cuarteles están en tranquilidad”, mientras un amplio despliegue de seguridad fue ordenado en las calles.

El funcionario chavista también confirmó este lunes la detención de más de 120 personas de diversas nacionalidades, acusadas de planificar presuntos “actos terroristas” y actividades desestabilizadoras en Venezuela, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo.

“Este financiamiento viene del narcotráfico y del narcoparamilitarismo colombiano, de la mano de Álvaro Uribe y de Iván Duque”, señaló directamente Cabello, mencionando a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Iván Duque como responsables de apoyar estas actividades. Además, acusó a la opositora venezolana María Corina Machado de recibir recursos de estas fuentes ilícitas para, según sus palabras, llevar al país “al caos”.

“Ellos han estado hablando, declarando y señalando los planes que tienen, de dónde vino el financiamiento, y nosotros lo denunciamos”, dijo Cabello en declaraciones difundidas este domingo.

De acuerdo con un informe del Wall Street Journal del fin de semana, la dictadura de Maduro, después de las fraudulentas elecciones del 28 de julio pasado, incrementó la detención de ciudadanos extranjeros como parte de una estrategia que busca ganar influencia en las relaciones con gobiernos adversarios.

Según analistas y defensores de derechos humanos, “estas detenciones tienen un objetivo claro: usarlas como moneda de cambio en negociaciones políticas o económicas, especialmente con países como Estados Unidos”, con quienes el régimen venezolano mantiene tensas relaciones.

Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con 52% de los votos, sin que hasta el momento se haya publicado un escrutinio detallado, como exige la ley.

La oposición, por su parte, publicó en una web copias de actas electorales que sostienen la victoria de González Urrutia con más del 70% de los votos, documentos cuya validez niega el chavismo.

Protestas poselectorales fueron duramente reprimidas por las fuerzas del orden, con saldo de 28 muertos y unos 200 heridos, además de 2.400 detenidos. Tres de los arrestados murieron en prisión.

“Venezuela está en paz. Quienes quieran perturbar la paz, asuman las consecuencias”, lanzó Cabello.

(Con información de AFP)

Durante unas operaciones fluviales en el municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, tropas de la Armada de Colombia localizaron y destruyeron un depósito ilegal de explosivos y armamento que, según las autoridades, pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) estructura 30, conocida como Rafael Aguilera. Este golpe a las estructuras ilegales es parte de un esfuerzo por garantizar la seguridad en la región del Pacífico, hacia el sur del país.

El hallazgo fue resultado de una operación liderada por la Brigada de Infantería de Marina No. 4, con la participación del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 41, y el apoyo clave de la inteligencia naval. Según el informe oficial, el depósito fue localizado en la vereda Vuelta Larga, una zona rural de Olaya Herrera.

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Dentro del escondite, se encontraron 41 artefactos explosivos improvisados tipo mina antipersonal, 16 granadas de diferentes calibres, 2 rampas de lanzamiento con 8 kilogramos de explosivos, un fusil M4, un proveedor con 20 cartuchos, y elementos alusivos a la estructura armada, como brazaletes.

El material encontrado, de acuerdo con las autoridades, estaba destinado a ser empleado contra la fuerza pública, lo que habría representado un alto riesgo para los uniformados y la población civil de la región. La destrucción del arsenal se llevó a cabo en el lugar, al seguir estrictos protocolos de seguridad para evitar cualquier daño colateral.

Un uniformado involucrado en la operación declaró: “La Armada de Colombia (...) por la inteligencia naval logró la ubicación y posterior destrucción de un depósito ilegal de armas, explosivos y municiones”. Además, destacó que el material destruido “evitó posibles afectaciones a la comunidad y contribuyó a la seguridad de la región”.

Este operativo no solo neutralizó una amenaza directa, sino que representó un avance significativo en la lucha contra las estructuras armadas ilegales que operan en el Pacífico colombiano.

Cabe destacar que, el municipio de Olaya Herrera, como otras zonas del departamento de Nariño, ha sido históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales que buscan controlar corredores estratégicos para actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y la minería ilegal. Estas dinámicas provocaron un clima de inseguridad y desplazamiento forzado en varias comunidades.

Explosión en Jamundí deja 14 heridos: presunto autor de ataque fue señalado como integrante de Gaor

En un hecho que provocó consternación en Jamundí (Valle del Cauca), una motocicleta cargada con explosivos detonó este sábado en el sector de Las Piñas, cerca de un puesto de control policial. La explosión dejó un saldo de 14 personas heridas, incluyendo siete civiles y siete policías, mientras que el presunto autor del ataque, señalado como integrante de un Gaor, murió en el lugar.

El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que el hecho ocurrió cuando el motociclista, al notar la presencia del puesto de control, accionó el artefacto explosivo: “En el lugar de los hechos se llevaba a cabo un puesto de control de la Policía donde, al parecer, fue requerido un presunto integrante de un Grupo Armado Organizado Residual, que se movilizaba como motociclista, y al notar la presencia policial activó el artefacto que había sido acondicionado en la motocicleta, falleciendo en el sitio”.

Las autoridades atribuyeron el ataque a la estructura Jaime Martínez, una facción disidente de las Farc que forma parte del Estado Mayor Central (EMC). Esta organización opera en el suroeste de Colombia, como departamentos como Valle del Cauca, donde se intensificó su accionar en los últimos meses.

Según el coronel Oviedo, este ataque sería una respuesta de los grupos armados a las recientes operaciones de las fuerzas de seguridad en la región. Las actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, continúan siendo las principales fuentes de financiamiento para estas estructuras, que buscan mantener el control territorial a través de actos violentos.

De los siete policías heridos, dos fueron trasladados a la ciudad de Cali debido a la gravedad de sus lesiones. Uno de ellos se encuentra con pronóstico reservado tras haber sufrido una lesión craneal por una esquirla, motivo por el cual está siendo atendido en la clínica Fundación Valle del Lili. Los civiles afectados, aunque con lesiones menos graves, están recibiendo atención médica en hospitales locales.

San Salvador, 5 nov (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó la noche del martes la trigésima segunda ampliación del régimen de excepción, medida para "combatir" a las pandillas, por la presencia de "remanentes" de miembros de estas bandas "en barrios y comunidades".

La ampliación de la medida, vigente desde marzo de 2022, se dio sin debate de los diputados con 57 votos de 60 diputados, todos de NI y sus aliados, con lo que seguirán suspendidos por 30 días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.

La vigencia de esta prórroga llega hasta el 6 de diciembre del presente año, de acuerdo con el decreto legislativo leído durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó una nueva ampliación de dicho régimen bajo la justificación que "existe la amenaza de reagrupación de estos grupos por remanentes de pandilleros en barrios y colonias".

Por lo tanto, indica el decreto leído, "esta situación sigue demandando una intervención extraordinaria gubernamental".

El Ejecutivo de Bukele asegura que con esta medida las pandillas "han sido erradicadas" en el país y destaca la baja de homicidios en esta nación.

No obstante, un grupo de 2.500 elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional fueron desplegados el pasado 28 de octubre en una colonia populosa de El Salvador para implementar un "cerco de seguridad" por la supuesta presencia de miembros de pandillas.

Este "cerco de seguridad" se suma a otros implementados en otras zonas del país centroamericano para "combatir" a las pandillas en el contexto del régimen de excepción.

Esta medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Con más de 83.100 detenciones, esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.

Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia. EFE

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San Salvador, 30 oct (EFE).- El Congreso de El Salvador ratificó este miércoles el envío de una misión de su Fuerza Armada a Haití enfocada en la evacuación médica con el contingente de los cascos azules de las Naciones Unidas destacados en ese país.

Las misiones diplomáticas de El Salvador y Haití ente la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron el acuerdo de cooperación, ratificado en el Órgano Legislativo salvadoreño con 57 votos de 60 diputados.

De acuerdo con el dictamen favorable emitido por una comisión, que dio luz verde a su votación, el acuerdo "refleja el compromiso de apoyar a Haití en su situación de crisis y responde al llamado de la comunidad internacional para contribuir a la paz y seguridad en la región".

"Facilita una acción efectiva y respetuosa del derecho internacional y los derechos humanos, al mismo tiempo que fortalece la posición diplomática del país y sus relaciones con organismos internacionales y otros países participantes", indica el documento.

El decreto aprobado por el oficialismo no detalla las misiones que realizarán los militares salvadoreñas en territorio haitiano con los cascos azules.

Sin embargo, la directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Patricia Aguilera, explicó recientemente a la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno que "El Salvador apoyará con programas de evacuación médica la misión de seguridad en Haití".

El Gobierno de Nayib Bukele no había informado internamente sobre la suscripción del "Acuerdo sobre la Protección de la Condición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití".

A inicios de marzo pasado, Bukele aseguró que podía arreglar la grave crisis de violencia que sufre Haití si cuenta con el visto bueno de las autoridades locales y de la ONU.

"Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión", publicó Bukele en inglés en su cuenta de X.

En enero de 2023, El Salvador se había comprometido a abrir una oficina de cooperación en dicho país para "reducir los altos índices de criminalidad", según informó entonces la Vicepresidencia. EFE

San Salvador, 28 oct (EFE).- Un grupo de 2.500 elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional fueron desplegados la madrugada de este lunes en una colonia populosa de El Salvador para implementar un "cerco de seguridad" por la presencia de pandillas, anunció en X el presidente Nayib Bukele.

El mandatario publicó que "inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos".

Indicó que "hoy, en horas de la madrugada, hemos establecido un cerco de seguridad en toda la colonia, con 2,000 soldados y 500 policías, para extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área".

Bukele acompañó su publicación con un vídeo en el que se observa a militares y policías desplegándose por la zona.

Este "cerco de seguridad" se suma a otros implementados en otras zonas del país centroamericano para "combatir" a las pandillas en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Con más de 81.900 detenciones, esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno del presidente Bukele contra las pandillas, lo que le granjeó su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.EFE

Caracas, 14 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este lunes a fortalecer el sistema de defensa armada del país para disuadir eventuales agresiones, algo con lo que vinculó a la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

En su programa semanal de televisión, el mandatario llamó a los militares a "perfeccionar el sistema de defensa armado del país, para que a nadie se le ocurra -ni paramilitares colombianos, ni mercenarios gringos- una agresión armada o acciones armadas contra el pueblo".

Sin entrar en detalles, reiteró que la violencia siempre está "en los planes del fascismo", como suele referirse a la PUD, que denunció fraude en las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la controvertida victoria a Maduro.

El líder chavista se refirió a los cambios que anunció esta jornada relacionados con los integrantes de la cúpula militar, entre los que destacó la ratificación de Vladimir Padrino como ministro de Defensa, cargo que ocupa desde hace 10 años.

A partir de estos cambios, explicó, la Fuerza Armada debe "avanzar a pasos acelerados en la recuperación del bienestar de la familia militar" y "profundizar y perfeccionar el sistema de formación doctrinaria, ideológica y operativa militar".

Asimismo, instó a profundizar "la visión" de la unidad entre lo civil con lo militar y policial, con el objetivo de que la Fuerza Armada sea "cada vez más chavista", pese a que la Constitución establece que la institución es meramente profesional y sin militancia política.

Maduro hizo estos cambios en la institución castrense un día después de que la líder opositora María Corina Machado pidiese a los militares no "avalar" a "un régimen que va de salida", en referencia al Gobierno, a quien, según la exdiputada, el pueblo "derrotó ampliamente" en los comicios del 28 de julio.

En un audio publicado en redes sociales dirigido a los militares, la opositora indicó que, tras "casi tres meses" de las presidenciales, "ni el CNE (Consejo Nacional Electoral), ni el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) ni Maduro han podido mostrar una sola prueba de que ganaron la elección, porque la perdieron". EFE

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San Salvador, 4 oct (EFE).- Una corte penal de El Salvador condenó el viernes a 40 años de cárcel al exsargento de la Fuerza Armada Héctor Ovidio Alvarado por la violación de una menor de edad en septiembre de 2023, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

"La FGR logró hacer justicia a favor de una menor que fue abusada por el exsargento de la Fuerza Armada", indicó la fuente en su cuenta de X.

Apuntó que los hechos se dieron en una zona costera del país al momento en que "un grupo de menores de edad regresaban de departir en la playa cuando fueron interceptados por 5 soldados y el exargento".

"Alvarado tomó a la víctima y la llevó a un lugar aislado para abusar sexualmente de ella, el resto de los implicados se quedaron en la zona amenazando a los acompañantes de la víctima", relató la Fiscalía.

Los otros señalados por la Fiscalía han sido identificados como René Escobar, Hilario Flores, Vicente Gómez, Edgardo Pintín y Eder Salazar, quienes deberán enfrentarse a la Justicia nuevamente tras la anulación de un fallo que sobreseyó el proceso contra ellos.

Para el Ministerio Público salvadoreño, Alvarado "es el autor directo de los hechos", mientras que Escobar, Flores, Gómez, Pintín y Salazar "son cómplices necesarios".

Según un reporte de tres organizaciones humanitarias, los cuerpos de seguridad salvadoreños han superado a las pandillas en la generación de desplazamiento forzado interno y entre los hechos generadores se encuentran el acoso y el abuso sexual.

Los datos de Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) señalan que las 223 víctimas de desplazamiento que han atendido entre 2022 y 2023 denunciaron amenazas (18,4 %), vigilancia (17 %), detención arbitraria (16,6 %) y malos tratos y tortura (14,8 %) por parte de policías y soldados.

Además, entre las vulneraciones que estas personas han denunciado ante las organizaciones se encuentra el acoso sexual (2,2 %) y el abuso sexual (0,9 %). EFE

Desde que el GJ (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez llegó al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), se convirtió en un propagandista para tratar de realzar la imagen de la institución castrense, la FANB va desdibujando, cada día más, su responsabilidad. Exige a los comandantes la elaboración de videos efectistas para intentar demostrar que combaten a grupos irregulares armados, destruyen pistas de aterrizaje y neutralizan aeronaves del narcotráfico.

Es así como la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Zulia hizo un video resaltado que “en el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo 2024, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada al sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia, en los municipios Machiques de Perijá, Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón”. Las cuentas de la ZODI Zulia que publicó el video, fueron eliminadas.

Ascendido a General de División del ejército en el año 2022, Henry David Rodríguez Martínez es el Nr. 15 de la promoción “GJ José Antonio Páez” 1994 y actual jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral del Zulia. La excusa de destruir la máquina es el combate contra el narcotráfico.

En el video, que desapareció de las redes, pero que Infobae logró rescatar, se oye al jefe militar que comandó la destrucción de la máquina, decir que están “ejecutando al Orden de Operaciones Relámpago del Catatumbo, en contra de los grupos TANCOl (Terroristas, Asesinos y Narcotraficantes Colombianos)”, mientras indica en subtítulos que la máquina es “tipo Jumbo y que está en las inmediaciones de la pista clandestina SL-05″. Le colocan explosivos a la máquina, mientras se ve a funcionarios militares fuertemente armados. De repente en un cuadro posterior del video, se observa el momento preciso en que la máquina es implosionada.

El alto oficial aparece rodeado de cuatro militares con armas largas, detrás la máquina aun echando humo y a un lado una candela aun por apagar. “Mi comandante, misión cumplida, máquina destruida, Chávez vive, la patria sigue.”, grita el grupo. “¿Y me hacen esto?”

En otro video, junto a la máquina quemada y con voz entristecida, Gilberto Romero expresa lo injusto que es “pagar justo por pecadores, cuando muy bien saben quiénes son los que están en ese flagelo de la droga y la tengan que pagar con uno”. Refiere que eso le sucede a él, dueño de la única finca que ha permanecido aquí cumpliendo la función social, donde hay producción y obreros, para que le vengan a uno a destruir un equipo alegando que ha trabajado en las pistas esas” (del narcotráfico).

Explica que es bien sabido que él está “cercado por dos chorros que hizo el río y es imposible que esta máquina haya llegado hasta allá donde están esas pistas”. Calificó lo hecho por la ZODI Zulia como un falso positivo. “Destruyen el patrimonio de una finca, de la que dependemos varias familias”, destacando que su suegra está enferma desde hace tres años y atendida por una enfermera permanente.

Asevera que él, su familia y sus obreros, dependen del trabajo en la finca. “¿Y me hacen esta cosa?”, finaliza diciendo.

Militares se equivocaron

Son numerosas las denuncias de productores y ganaderos de la zona fronteriza por lo que sucede, por una parte, con los irregulares y, por otra, con los militares en Machiques del Zulia.

“La ZODI publica el video, con bombos y platillos, como si hubiese hecho una hazaña al destruir la máquina, diciendo que era instrumento para las pistas del narcotráfico. Los militares por esa zona tienen la costumbre de que siembran a cualquier ganadero para que les dé dinero o les pague extorsión”, le dice a Infobae el ganadero José Sánchez, del Zulia.

“Esta vez se equivocaron y le quemaron el jumbo a los Romero que son una familia con varias décadas de trabajo en la zona. Tienen su haciendita desde hace muchos años, herencia de sus padres y de sus abuelos”.

“Como le pasa por un lado el río, ese jumbo lo utilizaban los Romero principalmente para los trabajos de levantar muros y protegerse del río cuando crece”.

“Imagino que el productor reclamó la quema de su máquina, porque él no está metido en eso de las pistas, y como le digo es una familia con tradición agrícola en la zona. Ahora la cuenta de la ZODI, donde publicaron el video de la destrucción de la máquina, la desaparecieron, porque se dieron cuenta que se equivocaron”.

Agrega Sánchez, en la conversación con Infobae, “aquí en la frontera, todos saben que las máquinas que utiliza el narcotráfico para sus pistas de aterrizaje son otras, es decir, tipo patrol para aplanar el terreno, con una cuchilla grande que posee, Además usan camiones tipos volteo para la arena y luego pasar el patrol”.

Los narcos también “utilizan máquinas niveladoras del terreno, rodillos compactadores, pero no jumbos, porque los jumbos se usan por aquí para dragar los ríos, para subir los muros e impedir que cuando el río crece su nivel se inunde la finca”.

Agrega que “los militares para sus ascensos tienen a cada rato que hacer procedimientos, y en las notas de prensa se refleja que la operación se hizo en determinado municipio, pero sin especificar dónde; en este caso el productor salió a decir lo ocurrido con la destrucción del jumbo”, finaliza diciendo.

El general de División Henry David Rodríguez Martínez, comandante de la ZODI Zulia, debe responderle a la familia Romero por la destrucción de la máquina de su propiedad, en un operativo que terminó en un error.

Y, por otra parte, el oficial debe abocarse a hacer una operación para destruir la pista de aterrizaje, porque según el video de la ZODI Zulia hasta nombre le tienen: SL-05.