Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos interceptaron y destruyeron tres drones vinculados a organizaciones criminales mexicanas esta semana en el Valle del Río Grande, al sur de Texas. De acuerdo con las autoridades, los aparatos representaban una amenaza directa para militares y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La operación marcó un nuevo paso en la estrategia de seguridad en la frontera con México, ya que para neutralizar los drones se utilizó un sistema láser militar de alta energía, el Army Multipurpose High Energy Laser. A diferencia de los métodos convencionales, esta tecnología emplea energía dirigida para inutilizar objetivos en vuelo sin usar munición.

El hecho tuvo lugar entre la noche del martes 25 y la madrugada del miércoles 26 de agosto, según informaron el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD).

Quiénes participaron en la operación

La ejecución de este operativo estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, una unidad militar creada en 2025. Este grupo cuenta con aproximadamente 8.000 miembros del servicio activo y tiene como objetivo principal respaldar las políticas de control migratorio y combate a los grupos delictivos de la administración del presidente Donald Trump.

El comandante de dicha fuerza, el Mayor General Curtis Taylor, afirmó mediante un comunicado oficial: “Las redes de cárteles están empleando cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley”.

Cómo funciona el sistema láser militar

La tecnología empleada forma parte de una nueva generación de armas de energía dirigida. Estos sistemas concentran un haz de luz de alta intensidad sobre el objetivo, lo cual provoca daños estructurales o electrónicos inmediatos. A diferencia de las armas de fuego, esta modalidad ofrece precisión y reduce los daños colaterales.

El Ejército de Estados Unidos incorporó este tipo de recursos para enfrentar incursiones aéreas de bajo costo. Aunque el Pentágono evitó identificar al fabricante específico del láser utilizado en esta ocasión, la empresa AeroVironment Inc entregó sus primeros sistemas multifuncionales de alta energía al ejército durante el verano de 2025.

Por qué los cárteles usan drones en la frontera

Los grupos criminales emplean aeronaves no tripuladas principalmente para labores de inteligencia. Austin Doctor, director de iniciativas estratégicas en el Centro Nacional de Innovación, Tecnología y Educación contra el Terrorismo, explicó que estas herramientas apoyan actividades como el tráfico de personas, armas y narcóticos.

Los delincuentes suelen adaptar modelos comerciales disponibles en el mercado para monitorear las rutas de patrullaje y detectar puntos débiles en la vigilancia fronteriza. Aunque los grupos criminales no han utilizado drones armados dentro del territorio estadounidense, sí existen registros de ataques con explosivos mediante estos equipos en regiones internas de México contra bandas rivales.

Antecedentes y otros incidentes con drones y láseres

El uso de sistemas de energía dirigida ha generado situaciones complejas recientemente. En febrero de 2026, el ejército estadounidense derribó por error un dron gubernamental en el área de Fort Hancock, también en el suroeste de Texas. Ese mismo mes, la Administración Federal de Aviación suspendió operaciones aéreas cerca del Aeropuerto Internacional de El Paso debido a desacuerdos internos sobre pruebas militares con láseres.

El despliegue del sistema de Tecnología de Enjambres de Vehículos Aéreos No Tripulados de Bajo Costo (LOCUST, por sus siglas en inglés), también de la firma AeroVironment Inc, causó una interrupción de siete horas en el espacio aéreo de la región. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló en aquel entonces que las autoridades actuaron para responder a una incursión de drones de cárteles, lo cual calificó como una amenaza normalizada.

La reacción de México y repercusiones diplomáticas

El gobierno de Estados Unidos mantiene hermetismo sobre la ubicación exacta de los impactos de esta semana. Los portavoces militares evitaron aclarar si los derribos ocurrieron sobre territorio estadounidense o mexicano. Esta ambigüedad genera fricciones potenciales, dado que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que cualquier acción unilateral de Washington en suelo mexicano constituye una violación a la soberanía nacional.

La cooperación entre ambos países continúa en materia de seguridad para combatir el incremento de drones en la franja fronteriza. Sin embargo, la implementación de medidas militares unilaterales con tecnología avanzada suma un nivel de complejidad a la relación bilateral, especialmente ante la presión del gobierno estadounidense por cumplir promesas de campaña relacionadas con la seguridad fronteriza.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum que México impida que más personas migrantes, principalmente mexicanos, crucen de manera irregular la frontera, de acuerdo con un reporte publicado este jueves por Bloomberg.

El mensaje habría sido transmitido por el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, al canciller mexicano Roberto Velasco, durante el encuentro privado que ambos funcionarios sostuvieron el miércoles 26 de agosto en Washington, según personas familiarizadas con la conversación citadas por el medio.

La exigencia surge después de que las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos alcanzaran en julio su nivel más alto desde el comienzo del segundo mandato de Trump. Sin embargo, los cruces irregulares continúan muy por debajo de las cifras registradas durante años anteriores.

¿Qué está exigiendo Donald Trump al Gobierno de Sheinbaum?

Según Bloomberg, el llamado de EEUU es encabezado por Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y uno de los principales promotores de la política migratoria restrictiva de Trump.

La principal demanda sería que el Gobierno mexicano despliegue mayores esfuerzos para interceptar a las personas que intentan llegar a Estados Unidos sin documentos, incluso cuando se trate de ciudadanos mexicanos.

La solicitud representaría una nueva presión sobre Sheinbaum, pues México ha colaborado en el control del tránsito de migrantes extranjeros por su territorio, pero impedir que sus propios ciudadanos abandonen el país implicaría dificultades políticas, jurídicas y operativas.

En México, el derecho a entrar y salir del territorio nacional está reconocido en el artículo 11 de la Constitución. Por esta razón, las autoridades pueden combatir delitos vinculados con el tráfico de personas o advertir sobre los riesgos de cruzar la frontera, pero no detener arbitrariamente a una persona únicamente por su intención de viajar.

El reclamo estadounidense también ocurre en medio de un repunte mensual de los encuentros fronterizos. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), retomados por medios internacionales, indican que durante julio se registraron alrededor de 33 800 detenciones en la frontera con México, el máximo mensual desde febrero de 2025.

Pese al aumento reciente, la cifra permanece lejos de los niveles observados anteriormente. En diciembre de 2024, por ejemplo, los encuentros mensuales llegaron a aproximadamente 370 mil.

Marco Rubio pidió “acciones decisivas” contra la migración irregular

Tras la reunión, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Rubio solicitó “acciones decisivas” para atender tres asuntos considerados prioritarios por Washington:

• Poner fin a la migración irregular hacia Estados Unidos.
• Detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.
• Desmantelar a los cárteles y las organizaciones designadas como terroristas, además de privarlas de armas.

El comunicado oficial no especificó qué medidas concretas espera Washington que adopte México. Tampoco mencionó expresamente una petición para impedir la salida de ciudadanos mexicanos; ese señalamiento procede de las fuentes anónimas consultadas por Bloomberg.

La versión difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso el acento en otros aspectos del encuentro. La dependencia destacó los avances bilaterales en seguridad, particularmente en el combate al tráfico de drogas y armas y contra la delincuencia organizada transnacional.

La Cancillería agregó que Velasco insistió en mantener una colaboración basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la coordinación “sin subordinación”.

Asimismo, las autoridades mexicanas señalaron que durante la reunión se revisaron los avances para reducir la migración irregular y se abordó la protección de los derechos humanos de los mexicanos sometidos a procedimientos migratorios en Estados Unidos.

México y Estados Unidos muestran prioridades distintas

Los posicionamientos difundidos después del encuentro reflejan diferencias entre ambos gobiernos. Mientras Washington sostiene que México debe intensificar las acciones contra la migración y el tráfico de drogas, la administración de Sheinbaum destaca los resultados alcanzados y reclama corresponsabilidad.

El Gobierno mexicano también ha endurecido sus críticas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de las muertes de ciudadanos mexicanos durante redadas o mientras permanecían en centros de detención.

Sheinbaum ha señalado que su administración buscará una relación de cooperación con Estados Unidos, pero mantendrá como límites la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la no injerencia.

La presión migratoria se incorpora a una agenda bilateral marcada por las negociaciones comerciales, el combate al fentanilo, el tráfico de armas y las exigencias estadounidenses contra los cárteles. Aunque ambos gobiernos aseguran que mantienen abiertos los canales de comunicación, las versiones divergentes sobre la reunión muestran que persisten desacuerdos respecto a las responsabilidades de cada país.

China e India retomaron este martes en Beijing su diálogo sobre la frontera himalaya, con un acuerdo para avanzar hacia una solución “justa, razonable y mutuamente aceptable” a una disputa que lleva décadas sin resolverse.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, encabezaron la 25.ª reunión de representantes especiales sobre la cuestión limítrofe, descrita por la cancillería china como “exhaustiva, profunda, amistosa y franca”. En la agenda figuraron el control de las zonas en disputa, la cooperación transfronteriza y asuntos regionales e internacionales de interés común.

Wang destacó que el vínculo entre Beijing y Nueva Delhi ya no reviste únicamente importancia bilateral, sino una dimensión global y estratégica, e instó a ambas partes a “reforzar la comunicación y reducir diferencias”. Doval reconoció que durante el último año la relación ha estado “regresando de forma constante a la normalidad”.

El asesor indio se reunió también con el vicepresidente chino, Han Zheng, quien pidió incrementar la confianza mutua y profundizar el diálogo entre las dos potencias. Las delegaciones fijaron una nueva ronda de conversaciones en territorio indio para 2027.

Las dos naciones comparten aproximadamente 3.500 kilómetros de frontera en el Himalaya, en gran parte sin delimitar. En junio de 2020, un choque militar en el valle de Galwan dejó al menos 20 soldados indios y 4 chinos muertos, desencadenando la peor crisis entre ambos gobiernos en décadas y un enfrentamiento armado que se prolongó cuatro años.

En octubre de 2024 se alcanzó un acuerdo de retirada de tropas que abrió paso a una normalización gradual. Desde entonces, ambos gobiernos recuperaron visados, reabrieron el comercio fronterizo y restablecieron los vuelos directos. Las conversaciones de representantes especiales, que habían estado suspendidas durante cinco años, se celebran anualmente desde su reanudación.

Doval subrayó que las conversaciones adquieren especial peso ante la cumbre de los BRICS, prevista en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre, donde podría estar presente el presidente chino Xi Jinping, aunque no existe confirmación oficial de su asistencia.

De concretarse, sería la primera visita de Xi a territorio indio en siete años y podría propiciar un nuevo encuentro con el primer ministro Narendra Modi, tras el que ambos mantuvieron en agosto de 2025 en Tianjin, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

México y Guatemala acordaron el Plan Binacional 2027 para coordinar acciones en seguridad, conectividad fronteriza, movilidad humana, desarrollo y cooperación técnica, una hoja de ruta que busca dar continuidad política a la relación bilateral y traducir en proyectos concretos el entendimiento entre ambos gobiernos.

El acuerdo se alcanzó en una reunión en Ciudad de México entre el secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco Álvarez y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala Carlos Ramiro Martínez Alvarado.

De acuerdo con la cancillería mexicana, el plan se apoyará en cinco pilares: seguridad compartida, frontera y conectividad, movilidad humana con dignidad, desarrollo de oportunidades y cooperación técnica y científica.

Entre las medidas previstas figuran un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad, mejoras en los cruces de la frontera común, acciones para facilitar el comercio y avances hacia una interconexión ferroviaria mediante la línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La agenda también incluye una segunda etapa del programa Sembrando Vida en Guatemala, que beneficiará a 10 mil personas en 15 departamentos, además de proyectos de cooperación técnica, científica, energética e hidroeléctrica, informaron autoridades guatemaltecas del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

El plan binacional ordena la relación para 2027 en cinco ejes

Velasco afirmó que ambos países acordaron una ruta que “fijará el rumbo y las prioridades de nuestra relación bilateral del próximo año”. La cancillería mexicana precisó que esa estructura busca consolidar acuerdos y proyectos de largo plazo para dar solidez y continuidad al vínculo entre los dos países.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cancilleres reconocieron el carácter prioritario y estratégico de la relación bilateral y señalaron que atraviesa un momento favorable por el entendimiento entre la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo.

La reunión también dejó definido que antes de cerrar 2026 ambos gobiernos buscarán avances en los temas ya identificados en la agenda común. El medio reportó que esa programación abarca seguridad fronteriza, infraestructura, movilidad humana, desarrollo y cooperación.

Seguridad, frontera e interconexión ferroviaria quedaron entre las prioridades inmediatas

En materia de seguridad, la cancillería mexicana informó que Velasco y Martínez destacaron los avances en la negociación de un Memorándum de Entendimiento para reformular el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala. El objetivo es ampliar su capacidad ejecutiva y operativa para responder de forma más eficaz y coordinada a los desafíos actuales.

Ese componente de seguridad aparece en paralelo a un contexto regional marcado por la presión del crimen organizado.

En el plano fronterizo, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que los cancilleres se comprometieron a avanzar en infraestructura y en el bienestar compartido de las comunidades de ambos lados de la frontera.

Añadió que ambos funcionarios subrayaron la importancia de concretar en el futuro próximo la interconexión ferroviaria por medio de la línea K del Corredor Interoceánico, presentada como una oportunidad para ampliar la integración logística regional y fortalecer los vínculos económicos.

Velasco resumió ese objetivo con una frase difundida por la dependencia mexicana: “Queremos también que nuestra frontera sea cada vez más un espacio de encuentro, conectividad y prosperidad”.

Los cancilleres acordaron además celebrar próximamente en Ciudad de México una reunión plenaria de la Comisión Binacional México-Guatemala, el principal mecanismo de diálogo político y concertación entre ambos países, que dará seguimiento a los trabajos conjuntos derivados de este encuentro.

En uno de los bultos ocultos detrás del asiento trasero de un Volkswagen había algo que todavía se movía. La revisión, realizada en el cruce fronterizo de San Ysidro, permitió descubrir 69 animales vivos escondidos en un compartimento del vehículo, entre ellos víboras venenosas, caimanes y un cocodrilo bebé.

El caso, reconstruido por Fox News a partir de información de la Fiscalía federal del Distrito Sur de California y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, derivó en la detención de una mujer de Tijuana y reactivó una causa por tráfico de fauna silvestre en la frontera con México.

La acusada fue identificada como Georgina Bribiesca Chavez, de 66 años. Las autoridades la arrestaron el 10 de agosto cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense.

Frente a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aseguró que no tenía nada para declarar.

La secuencia tomó otro rumbo cuando los oficiales revisaron sus antecedentes. Allí apareció una orden de arresto pendiente vinculada a una investigación federal. Los agentes secuestraron el Volkswagen, pero el hallazgo central apareció recién a la mañana siguiente.

Un compartimento oculto y fundas cerradas con cinta

La inspección completa del auto expuso un espacio de fábrica adaptado para ocultar carga, detalló Fox News. Dentro de ese sector había varias fundas de almohada cerradas con nudos y selladas con cinta adhesiva.

Uno de esos bultos se movía. Esa señal alertó a los agentes, que trasladaron las bolsas al Zoológico de San Diego para una revisión especializada. Allí apareció el detalle del cargamento: 60 lagartijas abronia, cuatro víboras venenosas de palma con manchas amarillas, tres caimanes, un cocodrilo bebé y una serpiente índigo.

Los fiscales afirmaron que la mujer nunca informó que transportaba animales y que los ejemplares permanecieron dentro del auto durante casi 24 horas bajo el calor de agosto. Los tres caimanes murieron antes de recibir atención.

El resto de los animales permanecía estable la semana pasada y seguía bajo cuidado del zoológico, indicó el reporte. Ese dato quedó incorporado al expediente abierto en la Justicia federal.

La pesquisa avanzó durante 18 meses

La causa fue el resultado de una pesquisa encubierta de aproximadamente 18 meses a cargo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, afirmó la Fiscalía. El foco de ese trabajo estuvo puesto en una presunta red dedicada al comercio de especies exóticas entre México y Estados Unidos.

Los investigadores también señalaron a Salvador Pelayo, de 28 años y residente de Chula Vista, como presunto socio de Chavez. Pelayo fue arrestado en julio y también se declaró inocente, indicó Fox News. La acusación sostiene que ambos habrían operado juntos desde 2023 y que obtuvieron decenas de miles de dólares por esas maniobras.

Uno de los episodios bajo análisis ocurrió en marzo de 2025. En esa oportunidad, Chavez entregó cuatro tortugas de caja mexicanas protegidas a un agente encubierto a cambio de USD 2.600 dólares en efectivo, indicó la acusación federal. Los fiscales agregaron que esos ejemplares murieron después de su traslado al Zoológico de Oakland.

Pelayo enfrenta además una acusación separada por haber utilizado el alias “Jose Lopez” para despachar cuatro tortugas protegidas mexicanas y de Yucatán a un agente encubierto en Nueva York, afirmó la Fiscalía.

Los cargos y la posible pena

Chavez se declaró inocente del cargo federal por tráfico de fauna y quedó detenida sin derecho a fianza.

Pelayo adoptó la misma postura ante la Justicia. Ambos enfrentan cargos bajo la Lacey Act, una norma de Estados Unidos que sanciona el comercio ilegal de vida silvestre. Esa figura prevé una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta USD 250.000.

La pesquisa sigue en manos de la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, con apoyo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

La medida que se conoció este lunes habilitó el cruce, primero desde el sector argentino, para los días martes, miércoles y jueves desde las 9 de la mañana hasta las 21 hasta el sector de Guardia Vieja. En tanto, el Centro de Frontera del Cristo Redentor precisó que el viernes 21 y el sábado 22, el flujo se invertirá: solo circularán camiones en sentido Chile-Argentina, con el mismo horario y hasta Uspallata.

En esa línea, según señalaron desde Vialidad Nacional, durante la tarde se tenía registrado que habían cruzado 1170 camiones de los más de 3500 que había en la provincia de Mendoza. Las largas filas de vehículos se extendieron desde Uspallata hasta la zona del túnel, por toda la Ruta Nacional 7.

El operativo de ordenamiento comenzó kilómetros antes del corredor de alta montaña. Desde la zona de la destilería, en Luján de Cuyo, la Ruta Provincial 84 amaneció ocupada por una extensa fila de unidades estacionadas en ambas manos de la calzada. Personal de Gendarmería coordinó la liberación progresiva de los vehículos, que fueron habilitados en tandas de aproximadamente 100 unidades para incorporarse de manera ordenada a la Ruta 7 y continuar hacia Uspallata, desde donde avanzaron por alta montaña hasta el cruce fronterizo.

Respecto de los vehículos particulares y micros, la situación permanece sin definición concreta. Debido al volumen de transporte de carga que circulará durante los próximos días por el Sistema Integrado Cristo Redentor, se resolvió que, por el momento, ese tipo de vehículos no podrá cruzar en ningún sentido.

Desde la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor indicaron, no obstante, que existe la posibilidad de habilitar el tránsito para particulares y micros entre el domingo 23 y el lunes 24 de agosto. La decisión dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas, dado que se aguarda el ingreso de un nuevo temporal en alta montaña. Según señalaron a este medio, la idea es liberar de camiones la frontera lo más pronto posible y se seguirá evaluando la evolución hasta el viernes.

El peso económico de los 35 días de clausura quedó documentado en cifras concretas. Según los cálculos de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), cada unidad detenida generó una pérdida de entre USD 450 y USD 600 diarios, según si contaba o no con equipo de frío.

El daño se extendió también al comercio exterior. Bruno Pescarmona, ingeniero agrónomo especializado en sustentabilidad, publicó en la red social X: “1 MES!! Cuanta negligencia!” y detalló que “el 70% de las exportaciones de Mendoza sale por vía terrestre hacia Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor”, lo que, sobre la base de USD 1.538 millones exportados en el último año, representa cerca de USD 1.070 millones. Agregó que un mes de cierre ininterrumpido “paraliza o pone en riesgo directo exportaciones por USD 95 y USD 100 millones en productos mendocinos”. En la misma línea, Martín Clement, ex presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), calificó la situación de “insólita” y sostuvo que “la gestión —de ambos lados— debe ser privada”, al tiempo que señaló que la dejadez del paso se advierte incluso en días normales de verano.

Ante la imposibilidad de cruzar por el Cristo Redentor, algunas empresas optaron por desviar sus cargas hacia los pasos del sur en la provincia de Neuquén. Llegar al cruce de Pino Hachado, preparado para 70 camiones diarios, implicaba recorrer cerca de 2.000 kilómetros adicionales respecto de los 380 o 400 kilómetros que separan Mendoza de Santiago de Chile, con demoras de 48 horas en un paso que durante el cierre duplicó o triplicó su capacidad habitual.

El cierre estuvo determinado por condiciones climáticas de magnitud excepcional. Las nevadas se extendieron entre Punta de Vacas y Las Cuevas, generaron acumulaciones de hasta 4 metros en algunos sectores y afectaron 80 kilómetros de ruta, el mayor registro para la zona desde 2008. La formación de hielo, el riesgo de desprendimientos y la posibilidad de avalanchas impidieron garantizar una circulación segura durante semanas. Los 35 días de clausura superaron el récord anterior de 26 días consecutivos, registrado en 2023.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó el esquema actual de gestión del corredor y anunció que llevará al próximo Comité de Frontera, previsto para octubre, una iniciativa para que ambos gobiernos nacionales realicen una licitación conjunta para tercerizar las tareas de limpieza.

“Que hagan una licitación conjunta, no que participen 10.000 organismos de distintas agencias de ambos lados, que sea una licitación internacional”, planteó el mandatario provincial, quien puso como referencia a países como Canadá, donde empresas especializadas pueden despejar corredores en plazos de entre 48 y 72 horas ante temporales de magnitud normal, o en una semana ante eventos de la escala que afectó a la alta montaña mendocina durante julio y agosto.

La historia fue difundida por una conductora juarense, quien relató en redes sociales el conflicto que tuvo con otra automovilista mientras ambas esperaban avanzar hacia territorio estadounidense.

Según explicó la joven, todo comenzó cuando una camioneta intentó ingresar a la fila de vehículos que aguardaban para cruzar la frontera. La maniobra habría generado molestia debido al poco espacio disponible entre los automóviles y a los constantes cláxones de la conductora que pretendía incorporarse.

La afectada aseguró que, ante las condiciones de la fila, no tenía posibilidades de permitirle el paso en ese momento. Sin embargo, metros más adelante, la camioneta consiguió colocarse en la fila, precisamente detrás del automóvil de la joven.

Lo que parecía quedar únicamente como una disputa por el lugar dentro de la fila cambió de tono poco después. De acuerdo con la versión publicada en Facebook, la copiloto de la camioneta descendió del vehículo visiblemente molesta y caminó hacia el automóvil de la afectada.

La mujer habría comenzado a golpear uno de los cristales del vehículo y posteriormente utilizó una llave para rayar la carrocería. La acción ocasionó daños visibles en el automóvil y convirtió una discusión por el tránsito en un incidente que terminó involucrando a las autoridades estadounidenses.

La conductora decidió continuar su recorrido hacia el cruce internacional y, una vez que llegó al área correspondiente, informó de lo ocurrido a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida como CBP por sus siglas en inglés.

Los oficiales tomaron conocimiento de la denuncia y, según el relato de la joven, intervinieron contra la presunta responsable de los daños. Una de las fotografías que acompañó la publicación muestra a agentes de la autoridad estadounidense escoltando a la mujer mientras se encontraba esposada.

El desenlace provocó sorpresa entre los usuarios de Facebook, particularmente porque, de acuerdo con la versión de la afectada, las consecuencias para la conductora no se limitaron a la detención.

La joven afirmó que la mujer fue llevada ante las autoridades y que además le fue retirada su visa de turista como consecuencia de lo ocurrido.

Hasta el momento, esta versión corresponde al testimonio difundido por la conductora en redes sociales, por lo que los detalles sobre el procedimiento migratorio y las circunstancias legales de la intervención dependen de la información disponible sobre el caso.

La publicación rápidamente comenzó a acumular reacciones, comentarios y compartidos. Muchos usuarios consideraron que el desenlace fue una consecuencia de haber llevado demasiado lejos una disputa que comenzó por un lugar en la fila para cruzar hacia Estados Unidos.

Entre las opiniones predominó la idea de que las agresiones y daños a vehículos no deben considerarse una simple discusión de tránsito, especialmente en una zona fronteriza donde cualquier incidente puede terminar involucrando a autoridades de ambos países.

El caso también abrió un debate sobre la importancia de mantener la calma durante las largas filas para ingresar a Estados Unidos. Lo que inició como un conflicto por incorporarse a una línea de vehículos terminó, según el relato viral, con una persona esposada y con consecuencias que incluso habrían alcanzado su situación migratoria.

Entre enero y julio de 2026 se decomisaron en el puesto fronterizo de Paso Canoas, ubicado entre Panamá y Costa Rica, un total de 103.01 kilogramos de productos.

De esa cantidad, 57.77 kilogramos correspondieron a productos de origen vegetal y 45.24 kilogramos a productos de origen animal.

Entre los productos identificados se encuentran quesos, embutidos, granos, hojas y hierbas secas, procedentes principalmente de Costa Rica y Nicaragua.

Al ingresar al país sin la certificación o documentación sanitaria requerida, estos productos pueden representar un riesgo para la sanidad animal y vegetal local, toda vez que se desconoce si ha sido sometido o no a las condiciones mínimas de producción que garanticen la inocuidad y la debida mitigación de riesgos de contaminantes biológicos.

En el punto de ingreso de Paso Canoas se mantienen acciones de vigilancia mediante inspecciones no intrusivas realizadas con el apoyo de los binomios caninos de la Unidad Canina Agropecuaria (UCA).

Esta es una herramienta especializada utilizada por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que permite detectar productos de origen animal y vegetal que puedan representar un riesgo para la sanidad agropecuaria del país.

Los binomios realizan recorridos e inspecciones a busetas, cabezales de camiones, vehículos de turismo y equipajes de pasajeros, identificando posibles productos sujetos a control, sin necesidad de realizar una revisión invasiva de los medios de transporte o pertenencias.

Se explicó que la labor de la Unidad Canina Agropecuaria con sus binomios complementa los procedimientos de inspección que desarrolla la Dirección de Cuarentena Agropecuaria en Paso Canoas, al igual que en los diferentes puntos de ingreso del país, al ser no intrusivo y de una revisión dinámica y muy eficaz.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria insiste en que antes de ingresar a Panamá los viajeros y usuarios deben verificar los requisitos aplicables a los productos de origen animal y vegetal que transporten.

“Evitar el ingreso de mercancías sin la certificación correspondiente contribuye directamente a proteger la producción nacional y prevenir riesgos para la sanidad agropecuaria”, sostuvo una fuente ministerial.

Tan solo en abril, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen los binomios de la Unidad Canina Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario interceptaron un total de 286.19 kilogramos de productos de origen animal y vegetal ocultos en equipajes, informó en su momento el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

En detalle, la información asegura que estos operativos tienen como objetivo salvaguardar el patrimonio fito y zoosanitario de Panamá, evitando el ingreso de plagas o enfermedades que puedan poner en riesgo la producción nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la mayor cantidad de retenciones correspondió a productos vegetales, aunque la variedad de artículos animales también fue significativa.

De los 90.24 kg de origen animal, se confiscó miel, queso bovino, jamón de cerdo, salami, camarones, suero y diversos embutidos provenientes de países como Colombia, Venezuela, República Dominicana y El Salvador.

Mientras que los 195.95 kg correspondientes a productos de origen vegetal incluyeron frutas como manzanas, granadillas, naranjas y guineos; además de rosas naturales, granos (lentejas, garbanzos, frijol de monte) y especias como canela y anís estrellado.

Entre los principales países de procedencia se encuentran Colombia, China, Perú y Cuba.

Para mantener la efectividad de estos controles, el MIDA informó sobre la reciente capacitación de nuevos integrantes de la Unidad Canina.

Los nuevos binomios recibieron inducción teórica y práctica en técnicas de manejo, obediencia y protocolos de inspección.

La Unidad Canina Agropecuaria opera de manera permanente en los puntos de entrada al país, garantizando que todo producto que represente un riesgo sanitario sea detectado antes de su introducción al territorio nacional.

Panamá y Costa Rica buscan promover acciones que contribuyan a agilizar y facilitar el movimiento de mercancías, a través del transporte de carga.

La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, se reunieron en la capital panameña y acordaron intercambiar información con los gremios del sector de cada país.

Esto, con el propósito de conocer sus planteamientos y recopilar insumos que permitan fortalecer la coordinación y facilitar el transporte de carga entre ambos países.

El transporte de carga terrestre entre Panamá y Costa Rica atraviesa, entre 2025 y 2026, una fase de fuerte contraste entre, por un lado, conflictos comerciales sin resolver y episodios de cierres fronterizos con elevados costos económicos.

Por otro, existe un avance significativo en la modernización de la infraestructura fronteriza, la digitalización de los trámites aduaneros y la construcción de nuevos proyectos logísticos de largo plazo como el Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano.

En este periodo, ambos gobiernos han puesto en marcha mecanismos de coordinación para agilizar el paso de mercancías, han consolidado modelos de gestión coordinada de fronteras como el Centro de Control Integrado de Paso Canoas.

De igual manera, han impulsado pilotos para el uso de declaraciones electrónicas anticipadas en el tránsito internacional de carga, al mismo tiempo que mantienen una compleja disputa ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por medidas sanitarias y restricciones a las exportaciones agrícolas y agroindustriales.

El estado actual del transporte de carga refleja, en consecuencia, una dualidad: operativamente, pues la frontera funciona con mejores condiciones físicas y tecnológicas que hace pocos años, sin embargo, la estructura regulatoria y el conflicto comercial de fondo continúan generando incertidumbre para los exportadores y transportistas, mientras que la vulnerabilidad del corredor a huelgas y bloqueos sociales sigue siendo un riesgo latente.

El transporte de carga entre Panamá y Costa Rica ocupa una posición central en la arquitectura logística de Centroamérica, al conectar el istmo panameño, con su economía fuertemente orientada a los servicios y la logística global, con el mercado costarricense y, a través de este, con el resto de Mesoamérica.

La frontera terrestre entre ambos países se articula principalmente alrededor del paso de Paso Canoas, una ciudad y complejo fronterizo que ha sido descrito como un punto neurálgico para la circulación de carga y personas y que, en la última década, se ha transformado en el principal laboratorio regional de gestión coordinada de fronteras.

Este paso se encuentra en la zona sur de Costa Rica, a unos 300 kilómetros por carretera de San José, y a escasos kilómetros de la línea fronteriza con Panamá, lo que le confiere un carácter de nodo donde convergen tanto los flujos binacionales como los tránsitos hacia otros países centroamericanos.

En el ámbito físico, Paso Canoas ha pasado de ser un espacio fragmentado con instalaciones dispersas, donde los controles migratorios y aduaneros se realizaban en múltiples oficinas, a convertirse en un Centro de Control Integrado, concebido por los programas de integración fronteriza de ambos países con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el marco de la reunión con su homóloga costarricense, el ministro Moltó también confirmó personalmente la recepción de la propuesta presentada por Costa Rica la primera semana del mes de agosto en relación con el proceso comercial que ambos países mantienen ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta propuesta, dijo, será evaluada con la debida profundidad técnica, comercial y jurídica. Panamá seguirá conduciendo este proceso con firmeza, respeto y una visión de beneficio mutuo.

Señaló que existen retos compartidos y también planteamientos propios de los sectores productivos que forman parte de esta agenda bilateral.

Nuestro compromiso, aseguró, es avanzar con responsabilidad, procurando soluciones que faciliten el comercio, fortalezcan las condiciones para el transporte de carga y generen oportunidades reales en ambas direcciones.

Las mipymes de la zona fronteriza de la República Dominicana crecieron 18.8% entre 2021 y 2024, pero siguen concentradas en actividades de baja productividad y con acceso limitado al crédito. El comercio reúne el 37.9% de estas empresas y el financiamiento al segmento representa apenas el 1.4% del total nacional.

El peso de ese tejido empresarial dentro de la economía nacional sigue siendo reducido. De acuerdo con el ministerio, la zona fronteriza registró 2,033 empresas en 2024, equivalentes al 1.7% del total de la República Dominicana, y el 98.8% de ellas corresponde a mipymes.

La estructura también muestra un predominio de unidades de menor escala. El 83.2% son microempresas, aunque ese volumen no se traduce en una participación proporcional en ingresos tributarios: en 2024 aportaron 29.5% de la recaudación generada por las mipymes de la región, mientras las pequeñas y medianas concentraron más de dos terceras partes.

El comercio domina la actividad empresarial en la frontera

Según el informe del Ministerio de Hacienda y Economía, el 37.9% de las mipymes fronterizas se dedica al comercio y la reparación de vehículos de motor y motocicletas.

En movilidad, el diagnóstico oficial muestra un rasgo de la región. El documento Caracterización del Parque Vehicular en la Zona Fronteriza a mayo de 2026, elaborado con datos de la Dirección General de Impuestos Internos, indica que las motocicletas representan el 81.2% del parque vehicular fronterizo, por encima del promedio nacional de 57.9%.

En 2025, el parque vehicular nacional alcanzó 6.640.871 unidades y 261,710 correspondían a la zona fronteriza, equivalentes al 3.9% del total. Según el documento, esa alta participación de motocicletas plantea desafíos de movilidad, acceso al transporte colectivo e infraestructura vial.

Detrás de ese sector aparecen las actividades de alojamiento y servicios de comida, con 11.7%, y la agricultura, ganadería y pesca, con 10.8%.

El propio estudio sostiene que esa composición limita la generación de valor agregado y la capacidad de formar encadenamientos productivos más complejos. Durante el período analizado se sumaron 95 nuevas unidades en comercio y reparación de vehículos y 41 en agricultura.

La distribución territorial también es desigual. La frontera norte concentra el 76.9% de las mipymes y Monte Cristi reúne por sí sola el 38% de todas las empresas registradas en el territorio fronterizo.

En expansión empresarial, Pedernales y Monte Cristi encabezaron el período 2021-2024 con aumentos de 41% y 24.9%, de acuerdo con las autoridades. Esa concentración, según el informe, está asociada a mejores condiciones de infraestructura, conectividad y acceso a mercados.

El crédito llega en montos bajos y con mayor morosidad

El acceso al financiamiento aparece como uno de los principales límites para el crecimiento de estas empresas. Según otro informe oficial citado por el medio dominicano elDinero, en 2024 la cartera de crédito dirigida a mipymes de la frontera ascendió a RD$ 8,237.2 millones, repartidos en 23,886 operaciones.

Aunque esas empresas concentraron el 3.1% de las operaciones crediticias de mipymes en la República Dominicana, solo captaron el 1.4% del saldo total financiado a ese segmento. El saldo promedio por préstamo fue de RD$ 344,900, menos de la mitad del promedio nacional, estimado en RD$ 773,400.

La concentración geográfica del crédito repite el patrón empresarial. Monte Cristi acumula el 31% del saldo adeudado por las mipymes de la región y Dajabón el 19.3%; entre ambas provincias reúnen el 50.3% de toda la cartera crediticia destinada al sector.

El análisis por tamaño revela otra brecha. Las microempresas concentran el 70.9% de las operaciones, equivalentes a 16,934 préstamos, pero reciben solo el 36.1% del saldo total financiado; las pequeñas empresas, con 28.9% de las operaciones, absorben 50.4% de los recursos.

De acuerdo con el informe, esa diferencia confirma que gran parte de los créditos a microempresas corresponde a montos reducidos, orientados sobre todo a liquidez y capital de trabajo. La estructura del financiamiento se dirige más a actividades comerciales, de consumo y sostenimiento operativo que a inversiones productivas de largo plazo.

La calidad de la cartera también muestra presión. La tasa de morosidad de los préstamos a mipymes en la zona fronteriza llegó a 2.4% en 2024, por encima del 1.4% registrado en el resto de la República Dominicana para este segmento, con Monte Cristi en 3.9% y Dajabón en 2.9%.

La frontera aporta poco a la recaudación

El informe del ministerio agrega que la zona fronteriza apenas contribuyó con 0.6% de la recaudación tributaria nacional en 2024. Monte Cristi y Santiago Rodríguez concentraron la mayor parte de esos ingresos, con participaciones de 32.8% y 23.7%, mientras Independencia registró el menor aporte, con 3.6%.

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en ingles) detuvieron el pasado 3 de agosto a un mexicano de 22 años que intentaba ingresar a Estados Unidos por el puerto de entrada de San Ysidro, en la frontera entre Tijuana y San Diego, con más de 7 kilogramos de fentanilo escondidos en el interior de una moto eléctrica.

Según un comunicado emitido por el CBP este 8 de agosto, cinco días después del golpe al crimen, el valor estimado del cargamento en el mercado negro asciende a 238 mil 32 dólares.

Autoridades revelaron que el conductor llegó al cruce fronterizo a bordo de la moto marca Revoo, modelo 2024. Los agentes lo remitieron a inspección secundaria tras detectar irregularidades. Fue en esa revisión donde el operativo derivó en uno de los decomisos más llamativos registrados recientemente.

Rayos X y perro policía detectaron los paquetes bajo la parte trasera de la moto

Durante la inspección secundaria, un sistema de rayos X reveló anomalías en la zona trasera de la moto eléctrica. De forma simultánea, un perro policía de la CBP alertó a los agentes sobre exactamente la misma área del vehículo.

La coincidencia entre la alerta canina y las anomalías detectadas por el sistema de imágenes llevó a los agentes a realizar una inspección física directa. Al desmontar la parte trasera, encontraron siete paquetes que contenían fentanilo blanco en polvo, con un peso total de 16.53 libras, equivalentes a poco más de 7 kilogramos.

Los narcóticos fueron confiscados junto con el ciclomotor Revoo 2024, un dispositivo de rastreo GPS y un teléfono celular que el conductor llevaba. La presencia del rastreador GPS sugiere que el vehículo podría haber sido monitoreado por terceros durante el cruce.

El conductor fue arrestado en el lugar. Enfrenta un proceso federal por importación de narcóticos, delito que en Estados Unidos puede acarrear penas de prisión de hasta cadena perpetua dependiendo de la cantidad y las circunstancias del caso.

Hasta el momento las autoridades no han relacionado este golpe con algún grupo criminal de los que operan en la zona de Tijuana. Entre los cuales destacan en Cártel Arellano Félix, el Cártel Jalisco Nueva Generación y El Cártel de Sinaloa.

“Los contrabandistas están empleando tácticas innovadoras”, advirtió la directora del cruce

Este 8 de agosto, un comunicado de prensa emitido por el CBP en su pagina oficial detalló que Mariza Marin, directora del puerto de San Ysidro, se refirió al operativo donde fue decomisado el fentanilo como un ejemplo de la evolución en los métodos de tráfico de drogas hacia la frontera norte.

“Los contrabandistas están empleando tácticas innovadoras para introducir drogas letales. A pesar de estos desafíos, los agentes se mantienen vigilantes y utilizan eficazmente su capacitación, sus perros policía y la tecnología no intrusiva para frustrar estos intentos de contrabando”, declaró Marin.

El uso de una moto eléctrica como vehículo de transporte de narcóticos representó, según la propia agencia, una táctica poco convencional. Los vehículos eléctricos de ese tipo tienen compartimentos y estructuras internas distintas a los vehículos de combustión, lo que puede dificultar la inspección visual directa.

El puerto de entrada de San Ysidro es el cruce fronterizo terrestre más transitado del mundo. Por ese punto ingresan a diario decenas de miles de vehículos y peatones procedentes de Tijuana. La CBP opera en ese puerto con agentes especializados, tecnología de detección y unidades caninas entrenadas para identificar narcóticos, explosivos y otras sustancias ilícitas.

La agencia cuenta con más de 70 mil agentes desplegados en tierra, mar y aire a lo largo de todo el territorio estadounidense, y es considerada la mayor organización policial del país y la primera agencia unificada de gestión fronteriza del mundo.

“Al que se le ocurra pasar, se muere”, amenaza el general de Brigada José Gregorio Viloria Arcaya, jefe del comando de zona No 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, en un video compartido en redes donde aparece haciendo un recorrido en bicicleta por Castillete, punto neurálgico de la frontera con Colombia en el estado Zulia.

Los productores de la región dicen que ese tono desafiante dista mucho de la realidad que padecen con unos cuerpos de seguridad que miran hacia otro lado, mientras guerrilleros colombianos y venezolanos ejercen el control en los municipios fronterizos, aumentando la extorsión.

“Precisamente por estos días están peinando la zona”, comenta un ganadero sobre el despliegue de los grupos irregulares. “Nos están pidiendo que les demos un maute (novillo o ternero, bovino que ha pasado la etapa de destete) de 250 kilos o 700 dólares, refiere el hombre, que resguarda su identidad por temor a represalias.

La presencia de guerrilleros en el estado Zulia no tiene nada de novedoso. “Desde hace más de 50 años están aquí. El Zulia, al igual que los estados Táchira y Apure, es el aliviadero de esos grupos irregulares, que se instalan en la zona para burlar la persecución de las autoridades colombianas”, describe un productor agropecuario.

Sin embargo, en los últimos meses algo ha cambiado. El operativo militar contra el narcotráfico ordenado por la administración de Donald Trump en el Caribe, estaría obligando a estas organizaciones delictivas a reorientar sus actividades y ampliar sus fuentes de financiamiento, incrementando de esa manera la presión sobre los dueños de las unidades de producción en el campo zuliano.

Más presión

“A raíz de la persecución de Estados Unidos, atacando lanchas y avionetas, a los guerrilleros se les ha limitado mucho su accionar y estamos viendo que se han dedicado a volver a las zonas ganaderas. En estos momentos tenemos una presencia mucho mayor en todos los municipios, especialmente en Villa del Rosario, Machiques de Perijá, Semprún y Colón”, detalla la fuente.

Estiman que 80% de los irregulares responden al Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que el 20% restante forma parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Recientemente ha habido enfrentamientos y muertos en la frontera”, comenta el productor, en alusión a una masacre ocurrida el 10 de mayo en el municipio Jesús María Semprún que dejó un saldo de cinco muertos.

Dos días después del hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en X: “Di la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela. Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en ningún acuerdo de paz”.

Por las buenas

“Todos saben quiénes son y dónde están, incluidos los cuerpos de seguridad venezolanos”, destaca la fuente. De acuerdo con estos testimonios, los guerrilleros transitan libremente por las vías nacionales y cruzan los puntos de control sin ser molestados por policías y militares. “Hay una convivencia y una comunicación estrecha entre guerrilla y cuerpos de seguridad desde hace mucho tiempo para evitar enfrentamientos”, afirma.

El productor comenta que los irregulares llevan a cabo una “extorsión amigable”. “No hay secuestro ni tampoco amenazan, solo se acercan y piden una ‘colaboración’. Entonces, tienes que darle un animal o dinero. Todos en la zona sabemos que tenemos que estar bien con ellos, porque por las malas no te dejan trabajar”, acota.

La “colaboración” solicitada está entre los 500 y 3 mil dólares, supuestamente para cubrir la “logística de alimentación y combustible” que requieren para su funcionamiento.

“Tú llegas a cualquier finca y te consigues un grupo de diez hombres. Andan de finca en finca, ellos conocen los números telefónicos de los productores, las relaciones familiares, han hecho una labor de inteligencia y eso va a desencadenar en cosas malas si no se toman correctivos”, advierte el empresario.

Cuenta que un grupo guerrillero levantó una especie de campamento en una finca y que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se llevaron preso al dueño por “permitirlo” y no denunciar el hecho. “El productor termina siendo el culpable, cuando en realidad no puede hacer nada porque está entre dos problemas: La presión de los guerrilleros y la falta de apoyo de los cuerpos de seguridad”.

Los gremios en el estado Zulia han expresado su preocupación a las autoridades locales, pero estas se limitarían a repetir el discurso oficial de que combaten a los grupos irregulares, aunque en el terreno los afectados observan todo lo contrario.

Soledad

“Los productores que ‘colaboran’ lo hacen porque estamos solos en el campo. Se siente mucho temor, zozobra”, indica la fuente, que resalta que los guerrilleros también redoblaron su patrullaje por la zona camaronera cercana al Lago de Maracaibo, “donde hay mucho movimiento de dinero”.

La guerra declarada por la administración Trump contra el narcotráfico está teniendo consecuencias insospechadas para los ganaderos zulianos. “Cuando estaban con las lanchas y aviones, prácticamente no se veían por las fincas, pero ahora han vuelto a sus actividades rutinarias”, lamenta.

El impacto se concentra en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), diseñado para albergar a unas 500 personas y que hoy funciona muy por encima de su capacidad. Ante la falta de espacio, el Gobierno local instaló carpas y habilitó dispositivos extraordinarios para dar alojamiento a quienes llegan exhaustos tras atravesar la frontera.

“La ciudad está completamente desbordada”, resumió José Luis Echarri, periodista de El Faro de Ceuta, durante una entrevista con Infobae al Regreso. “Desde que se abrieron las fronteras el flujo ha sido constante y el CETI, que tiene capacidad para unas 500 personas, ahora alberga a miles”, explicó.

Un sistema al límite

Las escenas que se repiten en el paso fronterizo reflejan la dimensión de la crisis. Echarri describió la llegada de personas “completamente dañadas, desoladas, mojadas, empapadas y con mucho cansancio”, aunque también destacó el alivio que experimentan al alcanzar territorio español.

“Muchos llegan gritando ‘Viva España’ o ‘Viva Pedro Sánchez’. Hay un ambiente de celebración por haber conseguido cruzar, pero inmediatamente aparece otra realidad: la ciudad no tiene capacidad para absorber semejante cantidad de personas”, señaló.

El periodista explicó que Ceuta, una ciudad de alrededor de 85.000 habitantes, carece de infraestructura para responder a un ingreso masivo de migrantes en un período tan corto. “No existe capacidad para dar cobijo a todos. Se han tenido que levantar tiendas de campaña y muchos servicios funcionan al límite”, afirmó.

La presión sobre los dispositivos de acogida también comenzó a sentirse en distintos puntos de la ciudad, donde la presencia constante de migrantes y la saturación de los recursos generaron preocupación entre los vecinos y obligaron a reorganizar la asistencia social.

Entre la solidaridad y el desconcierto

La sensación de colapso es compartida por quienes viven y trabajan diariamente en Ceuta. Desde la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, el sacerdote Alberto Gadea describió una ciudad atravesada por el desconcierto.

“La situación que estamos viviendo es muy, muy compleja. Está sucediendo algo que no sucede en ningún sitio. Miles de personas atraviesan la frontera con esa espontaneidad y esa libertad, y eso genera mucho desconcierto”, sostuvo.

Según explicó, la incertidumbre también alimenta el temor de parte de la población. “La gente siente miedo, no tanto porque estas personas vayan a hacer algo, sino porque no las conoce. Todo ocurre muy deprisa y eso provoca una sensación de bloqueo”, afirmó.

El sacerdote relató, además, cómo la crisis comenzó a impactar en la vida cotidiana de la ciudad. “Esta tarde estábamos celebrando la adoración y la eucaristía cuando tres personas entraron en la iglesia buscando refugio porque escapaban de un forcejeo. Se refugiaron aquí”, contó.

Para Gadea, el mayor desafío aparece después del cruce de la frontera. “Uno ve grupos de inmigrantes caminando por las calles, de un lado para otro, sin encontrar ninguna solución. Atender a esta multitud no es fácil porque los lugares preparados para hacerlo están completamente colapsados”.

Frente a ese escenario, la Iglesia decidió reforzar su asistencia. El obispado destinará las colectas de los próximos días a colaborar con la atención de los migrantes. “Como cristianos tenemos que tener una mirada de compasión y solidaridad. Son personas y hay que atenderlas. Pero también es cierto que los recursos disponibles ya no alcanzan”, remarcó.

Una crisis que revive el recuerdo de 2021

Tanto Echarri como Gadea coincidieron en que el escenario actual recuerda a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas ingresaron de forma irregular a Ceuta tras la relajación de los controles fronterizos.

“La sensación que tuve hoy es exactamente la misma que hace cinco años”, recordó Gadea. “Tengo 47 años, nací en Ceuta y he convivido toda mi vida con esta realidad, pero lo que estamos viviendo vuelve a ser excepcional”.

Echarri explicó que la mayoría de quienes llegan no pretende permanecer en la ciudad. “Su objetivo es alcanzar la península ibérica. Permanecen durante semanas o meses en el CETI y, cuando pueden, continúan viaje hacia el resto de España”, señaló.

Consultado sobre las causas del aumento de los cruces, el periodista consideró que no existe un único factor que explique el fenómeno. También relativizó que el reciente fallo del Tribunal Supremo sea el detonante exclusivo del incremento migratorio, aunque reconoció que las limitaciones para realizar devoluciones inmediatas incrementan la presión sobre los centros de acogida. “Cuando esas personas no pueden ser devueltas de forma inmediata, el Estado tiene la obligación de recibirlas y asistirlas”, explicó.

Mientras el Gobierno español refuerza los controles fronterizos, moviliza recursos adicionales y mantiene la coordinación con Marruecos para intentar contener el flujo migratorio, Ceuta vuelve a quedar en el centro de una crisis que supera ampliamente sus capacidades. Con una infraestructura pensada para una realidad muy distinta y miles de personas que buscan continuar su camino hacia Europa, el enclave español enfrenta el desafío de sostener la asistencia humanitaria sin que el sistema termine por colapsar.

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El flujo migratorio de El Salvador durante el primer semestre de 2026 muestra un crecimiento en la cantidad de personas que entran y salen del país por aire, tierra y mar, al comparar con el mismo periodo del año anterior.

Las cifras destacan el uso principal de las rutas tradicionales y la importancia de los principales puntos de control migratorio.

Por vía aérea, El Salvador registró 1,077,894 entradas en los primeros seis meses de 2026, lo que significa un aumento del 2.74 % respecto a 2025, cuando se contabilizaron 1,049,107 ingresos.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador fue el principal punto de llegada, con 562,075 personas entre enero y marzo, lo que equivale al 99.5 % del total aéreo en ese periodo. En el mismo trimestre de 2025, el aeropuerto recibió 514,321 personas.

El Aeropuerto de Ilopango mostró también un incremento relevante: 2,931 entradas en el primer trimestre de 2026, frente a 2,380 del año anterior, lo que representa un 23.2 % más. En el segundo trimestre, el país sumó 512,888 entradas aéreas, de las cuales 510,474 correspondieron al aeropuerto internacional, mientras que Ilopango registró 2,367, El Zapote 17, Helitours 25 y Salamanca 5.

En cuanto a las salidas aéreas, el primer semestre de 2026 cerró con 1,108,301 registros, una disminución del 3.65 % frente a 1,087,161 de 2025. Entre enero y marzo, se contabilizaron 603,389 salidas aéreas, de las cuales 600,348 fueron por el aeropuerto internacional, lo que equivale al 99.5 % del total del periodo. Ilopango sumó 3,041 salidas en 2026, comparado con 2,350 en 2025.

Entradas y salidas terrestres

El movimiento terrestre evidenció los mayores incrementos. Durante el primer semestre de 2026, 2,782,034 personas ingresaron al país por las fronteras, un 13.37 % más que en 2025, cuando fueron 2,453,901. De enero a marzo, el registro fue de 1,494,539 entradas; San Cristóbal lideró con 360,135 personas (24.1 % del total), seguido de Las Chinamas (325,194) y El Amatillo (235,930).

El segundo trimestre reafirmó la importancia de Las Chinamas, con 305,700 entradas. San Cristóbal y El Amatillo siguieron en volumen de ingresos. En el mismo periodo de 2025, el punto fronterizo con mayor movimiento había sido Las Chinamas.

Para las salidas terrestres, el semestre cerró con 2,560,595 registros, un 5.5 % más que el año anterior. En el primer trimestre de 2026 se reportaron 1,287,482 salidas, con Las Chinamas al frente (297,569 personas), seguida de San Cristóbal (234,627) y El Amatillo (216,148). El incremento respecto al mismo periodo de 2025 fue del 7.5 %.

Entradas y salidas marítimas

El tránsito marítimo también presentó incrementos notables. Durante los primeros seis meses de 2026, hubo 31,820 entradas, lo que representa un 55.2 % más que las 20,502 de 2025. Entre enero y marzo de 2026, el Puerto de Acajutla fue el punto más utilizado, con 11,436 entradas (68.8 % del total). Le siguieron el Puerto de La Unión (3,061) y Meanguera (835).

En el segundo trimestre, Acajutla sumó 11,911 ingresos, La Unión 2,235 y Meanguera 629.

Las salidas marítimas en el semestre fueron 34,381, superando las 22,861 de 2025. En el primer trimestre, se registraron 17,634 salidas, de las cuales 11,308 salieron por Acajutla (64.1 % del total), seguido de La Unión (4,423) y Meanguera (766).

El análisis de los datos confirma que El Salvador experimentó un incremento generalizado en la movilidad de personas durante el primer semestre de 2026, tanto en ingresos como en salidas, y por todas las vías de acceso al país. Los principales aeropuertos, fronteras terrestres y puertos siguen siendo los puntos de mayor concentración del flujo migratorio.

La zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica será escenario de un operativo binacional de salud pública para contener el dengue, con énfasis en la participación ciudadana y la eliminación de criaderos, ante el incremento sostenido de casos y la amenaza constante de la enfermedad.

Las autoridades de Costa Rica y Panamá intensificarán esta semana las medidas de control y prevención del dengue en la zona fronteriza, tras reportarse más de 300 casos confirmados en la provincia panameña de Chiriquí.

La operación conjunta se centrará en el corregimiento de Progreso (Barú) y el distrito de Paso Canoas (cantón de Corredores) y busca frenar el avance del mosquito aedes aegypti.

El jefe regional de Control de Vectores en Chiriquí, Patricio Camarena, explicó que la campaña se desarrollará de lunes a viernes e involucra a personal sanitario de ambos países.

Camarena advirtió que la lucha contra el dengue requiere un esfuerzo constante y que la colaboración de la comunidad es fundamental para reducir la propagación.

Las acciones incluyen inspecciones, eliminación de criaderos y trabajo educativo con los habitantes y transeúntes de la frontera.

La eliminación de cualquier depósito de agua es la principal medida para evitar la reproducción del mosquito, ya que los insecticidas solo afectan a los ejemplares adultos.

Durante el operativo se atenderá especialmente a los puntos con mayor infestación, entre ellos David, Bugaba y Dolega, aunque la provincia de Chiriquí registra casos en sus 14 distritos.

La alta permeabilidad de la frontera y el fácil desplazamiento del Aedes aegypti obligan a mantener la vigilancia. Según Camarena, “la población aún no ha tomado conciencia sobre la amenaza del dengue”.

El funcionario reiteró que la prevención debe ser un esfuerzo compartido entre las autoridades y los residentes, quienes tienen la responsabilidad de eliminar posibles criaderos en sus entornos.

El dengue (o fiebre quebrantahuesos) es una infección vírica que se transmite de los mosquitos a las personas. Es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales que en los climas templados, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas. Cuando estos aparecen, los más frecuentes son fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel. En la mayoría de los casos se mejora en una o dos semanas, pero algunas personas sufren dengue grave y necesitan atención hospitalaria. En los casos graves, puede ser mortal.

El riesgo de contraer dengue se puede reducir protegiéndose de las picaduras de los mosquitos, sobre todo durante el día.

Se puede aliviar el dolor que causa la enfermedad, pero por el momento no hay ningún tratamiento específico contra ella.

En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia del dengue en el mundo: los casos notificados a la OMS han pasado de 505, 430 en 2000 a 14,6 millones en 2024.

En la mayor parte de los casos, la persona es asintomática o presenta síntomas leves que se pueden controlar sin ayuda médica, por lo que el número real de casos de dengue es superior al notificado.

Actualmente, el dengue es endémico en 100 países.

En 2024 se registró el número más alto de casos en la historia en un periodo de 12 meses, y resultaron afectados más de 100 países de todos los continentes.

La OMS detalle que ese año, debido a la transmisión persistente y al incremento inesperado del número de casos, se registró un máximo histórico de más de 14,6 millones de casos y más de 12,000 muertes relacionadas con esta enfermedad.

La incidencia mundial, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas.

Más de 1.500 camiones permanecen varados en el paso Cristo Redentor, el principal cruce fronterizo entre Argentina y Chile, cerrado desde hace más de 72 horas por intensas nevadas y lluvias registradas en la Cordillera de los Andes. Así lo informó este viernes la gobernación de la provincia argentina de Mendoza, en momentos en que el corredor bioceánico atraviesa uno de sus cierres más prolongados del último tiempo.

Alberto Marengo, subsecretario de Industria y Comercio del Ministerio de Producción de Mendoza, detalló en conferencia de prensa que 580 unidades están detenidas en alta montaña, distribuidas en distintos puntos de la carretera fronteriza, otras 70 aguardan en el predio Red Mercosur y unas 950 permanecen sobre un tramo de la Ruta Nacional 7, al este de la capital provincial.

Protocolo de contingencia activado

“Hoy tenemos aproximadamente 1.550 camiones y son todos vehículos que no son de la provincia de Mendoza, ya que los transportes con base operativa o domicilio en Mendoza fueron enviados a sus bases o domicilios”, precisó el funcionario ante la prensa.

El organismo activó un protocolo especial previsto para cierres que superan las 72 horas, orientado a ordenar el tránsito de cargas y evitar congestiones adicionales sobre la traza vial que conecta la ciudad de Mendoza con el límite internacional con Chile.

Según Marengo, la etapa más compleja llegará recién con la reapertura del corredor: “Va a requerir unos cinco o seis días poder empezar a despejar los camiones que tenemos en la provincia", advirtió, en referencia al operativo de descompresión posterior al reinicio del paso.

Un corredor clave para el comercio bilateral

Por el Sistema Integrado Cristo Redentor circulan habitualmente unos 360.000 camiones al año, un promedio de mil unidades por día entre exportaciones e importaciones bilaterales, aunque en la temporada invernal el cruce solo admite entre 500 y 600 vehículos diarios debido a las condiciones climáticas propias de la alta montaña.

El funcionario advirtió que, una vez habilitado el paso, el flujo podría dispararse porque numerosas cargas acumuladas durante el cierre se sumarán a la demanda habitual del corredor. “Va a ser un momento crítico, vamos a tener que tener mucha paciencia”, anticipó.

Condiciones extremas en alta montaña

Las autoridades remarcaron que el escenario en altura seguirá siendo complejo por la acumulación de nieve, incluso después de que se autorice la circulación. “Vamos a tener una alta montaña sin banquinas, con paredones de nieve laterales", describió Marengo.

Pese al despliegue de maquinaria vial y a los trabajos de remoción de nieve en la zona, el funcionario aclaró que las condiciones no serán las habituales del corredor. El protocolo vigente además dispone que los camiones solo puedan estacionar en puntos con servicios básicos garantizados.

“Solamente se aparcan camiones en lugares que tengan condiciones de servicio”, explicó, en alusión a los puntos de espera ubicados junto a estaciones de combustible, que permiten asegurar sanitarios, asistencia y resguardo a los choferes mientras dura el cierre.

Otros pasos también bloqueados

La situación no se limita a Cristo Redentor. Otros cruces cordilleranos entre Argentina y Chile permanecen cerrados por el mismo temporal, lo que amplía el impacto sobre la logística binacional: Potrillo de Piuquenes, Cajón de Maipo, Las Leñas, Vergara y Paso Pehuenche.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas y viento blanco para Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, lo que anticipa que el fenómeno seguirá afectando la circulación cordillerana en los próximos días.

El cierre prolongado expone, una vez más, la vulnerabilidad estructural del principal corredor terrestre entre ambos países frente a los fenómenos invernales. La normalización dependerá tanto de la evolución del clima en alta montaña como de la capacidad operativa para absorber, sin nuevos cuellos de botella, el volumen de cargas acumulado durante estos días de cierre.

El fuerte temporal de nieve que golpea la zona de la cordillera dejó este miércoles cuatro pasos fronterizos cerrados simultáneamente entre Argentina y Chile, con cientos de camioneros varados a ambos lados de la montaña a la espera de una reapertura que, por el momento, no tiene fecha definida.

El escenario más representativo de la crisis se concentra en el paso Cristo Redentor, en Mendoza, donde más de 1000 camiones están detenidos ante la prohibición de circulación. Aunque las autoridades no confirmaron una cifra exacta, medios locales coinciden en ese número. La postal de los cientos de vehículos detenidos en Alta Montaña y distintos sectores de la provincia se convirtió en una de las más difundidas de los últimos días.

La situación en la zona cordillerana de Neuquén no difiere demasiado. El paso Pino Hachado permaneció cerrado durante todo el martes y la acumulación de vehículos en la localidad de Las Lajas llegó a los 100 camiones que no pudieron cruzar hacia territorio chileno. Daniel Vergara, director de Defensa Civil de Las Lajas, precisó en declaraciones a LU5 que hasta la noche del martes se contabilizaban cerca de 80 unidades estacionadas, aunque anticipó que la cifra crecería con las horas.

“Hoy tendremos unos 100 camiones esperando para que se habilite el paso”, afirmó. A diferencia de lo que ocurre en otros puntos del país, los vehículos no están dispersos a la vera de la ruta, sino en un predio habilitado con capacidad para hasta 250 transportes.

Vialidad Nacional explicó que el cierre del paso Pino Hachado obedece a la acumulación de nieve y la formación de hielo en la calzada sobre la ruta en la zona del límite internacional. A eso se suma viento fuerte, precipitaciones que continúan y el riesgo de posible caída de piedras en la Ruta Nacional 242, en el kilómetro 48.

Vergara fue cauteloso respecto a los plazos de reapertura. Si bien anticipó que los reportes oficiales llegarían durante la mañana, descartó una habilitación temprana: “Seguro que no lo van a habilitar a las 8, pero sí después del mediodía puede llegar a habilitarse”, señaló, y aclaró que todo dependerá del trabajo de las máquinas de Vialidad para despejar las rutas tras las nevadas nocturnas.

Más al norte, el paso de Jama, en Jujuy, permanece cerrado del lado chileno también por condiciones climáticas. Según informó la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy, hay nieve sobre la calzada en la Ruta 27 CH, entre los kilómetros 100 y 157, con cielo nublado y fuertes vientos en la zona. Personal de Vialidad trabaja en tareas de despeje, aunque sin un plazo estimado de reapertura.

La interrupción del tránsito internacional derivó en una concentración de vehículos de carga sobre la Ruta 9, con mayor presencia de camiones en las rutas que conectan con el norte provincial, especialmente en la localidad de Volcán.

El cuarto paso afectado es el Río Futaleufú, en Chubut, cuyo cierre responde a una causa diferente, aunque igualmente vinculada al frío: el congelamiento de las cañerías internas y externas de las instalaciones del complejo fronterizo impidió garantizar el suministro de agua y, con ello, el funcionamiento normal del paso.

La medida, que rige desde este miércoles 22 de julio, fue adoptada tras una reunión entre autoridades argentinas y chilenas con competencia sobre el cruce que conecta la localidad chubutense de Los Cipreses con la chilena de Futaleufú. La reapertura quedó supeditada a que las condiciones meteorológicas permitan descongelar las instalaciones y restablecer el servicio de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por nevadas y fuerte viento blanco para las provincias de Mendoza, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz durante las próximas horas, lo que anticipa que las condiciones adversas se extenderán al menos en el corto plazo.

La madrugada del pasado miércoles 8 de julio, el silencio habitual de la comunidad rural de Rodeo Grande, en Somotillo, Chinandega, cobijó la partida silenciosa de Alba Dayana Martínez Oconor. Sin abrazos de despedida ni promesas de retorno inmediato, la joven mujer inició un viaje clandestino persiguiendo el anhelo de un futuro mejor, dejando atrás su tierra natal y el calor de su hogar bajo el supuesto de un empleo temporal en la frontera sur de Nicaragua.

Nadie, ni siquiera sus propios hijos, sospechaba que su destino real se encontraba a miles de kilómetros, en la inhóspita y peligrosa ruta hacia los Estados Unidos. La ilusión del viaje se transformó súbitamente en una pesadilla colectiva ocho días después, cuando una llamada telefónica quebró la frágil paz de la familia Martínez.

Al otro lado de la línea, voces gélidas y autoritarias confirmaron el peor de los temores: Alba había sido secuestrada durante su tránsito por territorio mexicano. Sus captores, identificados como miembros de una temida organización criminal, permitieron que la joven hablara unos breves instantes para demostrar que seguía con vida. El precio fijado para su libertad asciende a la astronómica cifra de 25,000 dólares, una cantidad que para sus seres queridos representa una barrera tan infranqueable como la propia frontera.

Don Ronald José Martínez Martínez, un campesino de 63 años debilitado por una enfermedad renal crónica, relató al medio nicaragüense La Prensa, los detalles de un engaño nacido por amor y desesperación. «Ella decidió viajar a escondidas».

La familia creía que Alba se encontraba trabajando cerca de la frontera con Costa Rica; la dolorosa verdad llegó a través del teléfono de una tía. Ahora, el dispositivo móvil que antes servía para acortar distancias afectivas se ha convertido en el canal de extorsión mediante el cual los secuestradores ejercen una presión psicológica devastadora sobre una familia desamparada.

La dolorosa realidad de la pobreza y un clamor de solidaridad

Para la familia Martínez, la exigencia de los 25,000 dólares es sinónimo de una sentencia imposible de cumplir en el corto plazo. En la humilde vivienda de Rodeo Grande, la subsistencia es una lucha de carácter diario. «Eso es duro para uno como pobre. Aquí cuando conseguimos, comemos; y cuando no conseguimos, tenemos que aguantar», expresó al medio don Ronald.

Su patología médica crónica restringe severamente sus jornadas en el campo, obligándolo a depender de la solidaridad comunitaria y de las escasas siembras que el clima inclemente permite cosechar.

Pese a la precariedad y al dolor moral, la comunidad de Somotillo y la diáspora nicaragüense radicada en los EE.UU., se han movilizado en una carrera contrarreloj para salvar la vida de Alba. Entre préstamos locales, colectas comunitarias y negociaciones agónicas con los captores para ganar tiempo, la familia intenta reunir cada centavo posible. Sus dos hijos, de 17 y 19 años, aguardan en vilo el retorno de la madre que partió en silencio buscando asegurarles un bienestar que el entorno rural les negaba.

Las consecuencias de viajar de manera ilegal hacia los Estados Unidos y la violencia estructural en las fronteras

El drama de Alba Dayana no es un hecho aislado, sino el reflejo trágico de las severas consecuencias que enfrentan miles de migrantes al emprender la travesía de forma irregular. Optar por las rutas clandestinas hacia los Estados Unidos significa adentrarse en un territorio sin ley, donde el ser humano pierde sus derechos fundamentales y se convierte en una simple mercancía.

Al evadir los controles migratorios oficiales debido al severo endurecimiento de las políticas fronterizas contemporáneas, los viajeros se ven obligados a recurrir a redes de tráfico de personas o a transitar por zonas geográficas de extremo peligro, quedando desprotegidos ante un entorno hostil.

En los márgenes de las fronteras latinoamericanas y mexicanas opera una maquinaria delictiva implacable. Estructuras criminales fuertemente armadas y carteles despiadados controlan los caminos, las vías ferroviarias y los desiertos. Estos grupos delincuenciales no se limitan a extorsionar; recurren sistemáticamente por:

• Secuestro masivo
• La tortura física y psicológica
• El abuso sexual
• Asesinatos impune de quienes no logran costear sus exigencias financieras.

Aquellos que deciden viajar por su cuenta sufren una suerte similar, expuestos a la deshidratación, el cansancio extremo y a la invisibilidad jurídica que impide a las autoridades rastrear su paradero una vez que caen en las redes del crimen organizado. Cada minuto transcurrido representa un tormento de incertidumbre para este hogar nicaragüense, que hoy simboliza el costo humano más amargo de la migración forzada.

Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos en el Complejo Fronterizo Los Libertadores por intentar cruzar a Chile, con armas de fuego y municiones.

Los operativos tuvieron como protagonistas a un mendocino, de 58 años, y a un cordobés de 53, interceptados en procedimientos independientes y simultáneos. La actuación conjunta del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y el cuerpo de Carabineros permitió detectar y evitar el paso ilegal de armamento, generando preocupación por los mecanismos de tráfico en la región.

El primer incidente se produjo durante el control de un colectivo de pasajeros procedente de la provincia de Mendoza con destino a Santiago de Chile. Según informaron las autoridades, el pasajero fue sometido a una revisión exhaustiva al presentar indicios de ocultar elementos no declarados. Durante la inspección, los funcionarios detectaron que el hombre llevaba adosados a su abdomen, mediante una faja, objetos cuyo peso y forma despertaron sospechas.

Según lo informado por el portal El Sol, al realizar la requisa, los agentes hallaron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros con la numeración de serie adulterada, tres cargadores con capacidad para 17 proyectiles cada uno, un cargador rápido y diversos accesorios asociados a las armas. La modalidad empleada por el detenido evidencia un intento deliberado de evadir los controles aduaneros y policiales, complicando la trazabilidad del armamento y dificultando su posible identificación en eventuales delitos.

Y mientras se desarrollaba este operativo, un segundo procedimiento se realizaba de manera independiente sobre otro ciudadano argentino, de 53 años, originario de Córdoba. El hombre viajaba en un vehículo particular con destino a la ciudad chilena de Los Andes. Durante la inspección del automóvil, los agentes encontraron una pistola Bersa Thunder 9 calibre 9 milímetros desarmada y distribuida en diferentes compartimentos del vehículo, estrategia que buscaba eludir la detección mediante rayos X y revisiones manuales.

Junto al arma, se secuestró un cargador y 18 municiones sin percutar del mismo calibre, lo que refuerza la hipótesis de un intento planificado de contrabando de armas.

De acuerdo con los reportes oficiales, los implicados quedaron a disposición de la justicia chilena, que deberá determinar su situación procesal y las eventuales imputaciones por contrabando y tenencia ilegal de armas.

La coordinación entre aduanas y fuerzas de seguridad de ambos países es considerada fundamental para enfrentar el tráfico de armas, un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades argentinas como chilenas. La frontera entre Mendoza y la Región de Valparaíso es uno de los puntos más transitados del Cono Sur, lo que obliga a mantener controles estrictos y permanentes.

El ingreso ilegal de armas de fuego y municiones está penado tanto por la legislación chilena como argentina, con sanciones que incluyen prisión efectiva y la incautación de los bienes utilizados en el traslado.

En los últimos años, las autoridades chilenas han reportado un aumento en los intentos de ingreso de armas por pasos fronterizos terrestres, lo que ha llevado a reforzar los controles y la capacitación del personal. Los operativos recientes refuerzan la política de tolerancia cero frente al contrabando de armamento, considerado un factor de riesgo para la seguridad pública y la criminalidad organizada.

El gobierno de Baja California acumuló 573 detenciones en coordinación con autoridades de Estados Unidos entre 2022 y el 14 de julio de 2026, según informó el secretario de Seguridad Ciudadana, el general Laureano Carrillo Rodríguez, durante la conferencia mañanera del estado encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La misma conferencia abrió con la defensa pública de la gobernadora, ante la difusión de audios en los que habría sostenido conversaciones comprometedoras con personas que se identificaron como intermediarios de autoridades estadounidenses.

De las 573 detenciones coordinadas con agencias del país vecino, 266 correspondieron a Mexicali, 209 a Tijuana y 98 al resto de los municipios del estado.

Según los datos revelados, las agencias con las que el gobierno estatal mantuvo enlace fueron:

• Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana
• Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
• Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP)
• Patrulla de Caminos de California (CHP)
• Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)
• Buró Federal de Investigaciones (FBI)
• U.S. Marshals
• Administración para el Control de Drogas (DEA)
• Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)
• Alguacil del Condado de San Diego
• Departamento de Policía de San Diego

Ningún acuerdo autorizó a agencias de Estados Unidos el operar en Baja California

El secretario Carrillo Rodríguez precisó que las reuniones con las once agencias acreditadas en el Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana fueron periódicas y se enfocaron exclusivamente en el intercambio de información e inteligencia.

“No tenemos ningún compromiso con ellos más que el intercambio de información a través de las diferentes mesas y mecanismos que tenemos”, sostuvo el funcionario.

Carrillo Rodríguez subrayó que ningún documento ni convenio autorizó a las agencias estadounidenses a operar directamente en territorio bajacaliforniano. Aclaró que ese tipo de coordinación binacional es práctica común en cualquier institución de seguridad, federal, estatal o municipal, con presencia en la frontera.

La gobernadora Marina del Pilar respaldó esa postura desde su intervención al inicio de la conferencia. “Por convicción yo voy a seguir trabajando en coordinación con las autoridades norteamericanas en el marco institucional”, sostuvo, y aclaró que ese intercambio nunca implicó la entrega de información reservada ni la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

122 objetivos prioritarios detenidos, la mayoría vinculados al Cártel de Sinaloa

Otras de las cifras compartidas en la conferencia revelaron que las labores de inteligencia estatal permitieron la captura de 122 objetivos prioritarios entre noviembre de 2022 y julio de 2026.

91 personas de las arrestadas pertenecerían al Cártel de Sinaloa, 22 al Cártel Jalisco Nueva Generación y 9 al Cártel Arellano Félix.

Las autoridades también aclararon que tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024, la organización sinaloense se dividió en facción de Los Mayos y facción de Los Chapitos: de los objetivos capturados, 85 correspondieron a los Mayos y 6 a los Chapitos, cerrando así la cifra de 91.

Por su parte, la fiscal general del estado María Elena Andrade Ramírez informó se han desarticulado 43 bandas dedicadas a la extorsión, con 95 detenidos, lo que posicionó a Baja California entre los tres estados con mejores resultados en ese rubro a nivel nacional.

Marina del Pilar negó haber entregado información reservada a autoridades extranjeras

Al inicio de la conferencia, antes de la presentación de resultados de seguridad, Marina del Pilar tomó la palabra para rechazar las acusaciones derivadas de los audios filtrados. La gobernadora sostuvo que jamás traicionó a México ni entregó información que comprometiera la seguridad nacional, y atribuyó la grabación a una operación orquestada por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

Según su versión, Bonilla la contactó por WhatsApp en diciembre de 2025 para ofrecerle una reunión con personas que se presentaron como asesores o intermediarios de agencias estadounidenses, en el contexto de gestiones relacionadas con su visa para entrar a EEUU. La reunión se realizó el 15 de diciembre de 2025 en las oficinas de Tijuana. “Confié de buena fe, ingenuamente quizá, sí, por qué no decirlo”, admitió la gobernadora ante los medios de comunicación.

Del Pilar señaló que, al notar irregularidades en la conversación, remitió a los visitantes con un abogado que nunca fue contactado por ellos.

Las imágenes de cientos de uruguayos cruzando hacia Argentina por los puentes internacionales o en buques parecen ser cosas del pasado. Entre 2022 y 2023, los viajes para aprovechar de un país barato por la diferencia cambiaria fueron masivos. Pero con la llegada de Javier Milei al poder esto comenzó a cambiar y en el gobierno uruguayo ahora la preocupación está en la frontera con Brasil.

Así lo reconoció días atrás en el Parlamento el ministro de Economía, Gabriel Oddone. “Con relación a Argentina se ha tenido una mejora extraordinaria, que se inició en 2024, en la capacidad de competencia bilateral con ese país”, dijo el jerarca ante diputados, según consta en la versión taquigráfica.

Oddone señaló que Uruguay está más barato en dólares que “el promedio de precios que tuvieron lugar entre 2010 y 2025”. “Con respecto a Argentina estamos baratos en relación a lo que ocurrió en los últimos quince años y con respecto a Brasil estamos persistentemente caros”, resumió el ministro en su comparecencia ante diputados.

Para el gobierno uruguayo hay un problema en la frontera con Brasil. Por este motivo –explicó el ministro– el foco del Poder Ejecutivo ha estado en ese lado del límite del país.

“Hemos puesto mucho más énfasis en las medidas de frontera sobre el lado brasileño que sobre el lado argentino, porque la relación de precios con Argentina mejoró sustancialmente, no tanto por acciones desplegadas por la política económica uruguaya, sino por una tendencia a la normalización macroeconómica que tuvo una apreciación cambiaria en Argentina”, explicó Oddone.

Las medidas a las que se refiere incluyen el establecimiento de un régimen simplificado para la importación, la exoneración del 75% de los aportes patronales para nuevos trabajadores y la ampliación del descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi), pensado para los combustibles.

Oddone reconoció que el fin de la fuerte brecha de precios con Argentina se debió a decisiones que tomó el gobierno de ese país, por encima de medidas de la política económica uruguaya. Reconoció que “es poco” lo que puede hacer un gobierno en Uruguay cuando la realidad de los precios está “tan distorsionada”.

La atención ahora está en Brasil, país en el que “persiste de manera firme con un desvío importante respecto del precio promedio de los últimos 15 años”.

“Este es un fenómeno que debe preocuparnos y ocuparnos a los hacedores de política económica en Uruguay, porque este fenómeno tiene alta probabilidad de persistir en el tiempo, explicó el ministro de Economía.

¿Qué es lo que sucede en la comparación entre los dos países? Que Uruguay incrementó “notoriamente su riqueza relativa en relación a Brasil” y este fenómeno no es reversible en el corto plazo.

“No hay forma, desde la gestión macroeconómica, de resolver este desvío del tipo de cambio real. Solamente una mejora del clima de negocios en Brasil que llevara a una apreciación del real va a permitir desviar esto”, explicó Oddone. La gestión económica en ese país está marcada por un déficit fiscal “muy elevado” y la solución a estos problemas ocurrirá “muy lentamente”, según la estimación del jerarca uruguayo.

“Debemos tener una mirada sobre la frontera con Brasil y sobre las actividades que tienen lugar en ese país, diferente a la que tenemos con Argentina, no solamente porque la frontera es mucho más permeable, sino también porque las diferencias de precios son relevantes. Eso es lo que fundamenta aspectos de lo que hemos estado haciendo”, cerró el ministro uruguayo.

El Indicador de Precios Fronterizos de la Universidad Católica del Uruguay mide la diferencia de precios entre Uruguay y sus vecinos.

En la medición de marzo, adquirir una canasta en la ciudad uruguaya de Artigas era un 54% más caro que hacerlo en la brasileña Quaraí. En tanto, la brecha entre Uruguay y Argentina (medida en las ciudades Salto-Concordia) es de un 15%.

La República Dominicana ha vuelto a poner sobre la mesa su estricta política de control de fronteras y ordenamiento migratorio. Mediante una estrategia de simultaneidad operativa, la Dirección General de Migración (DGM) ejecutó un plan masivo de interdicción a lo largo de todo el país que culminó con la detención de 3,574 extranjeros en condición irregular y la posterior repatriación de 3,311 de ellos.

Este masivo despliegue de las fuerzas de control del Estado se da en un contexto de constantes desafíos en la administración de los flujos de personas que ingresan de manera clandestina, un fenómeno que afecta sensiblemente el balance socioeconómico y de seguridad nacional de la media isla.

El núcleo duro de estas operaciones se concentró de manera estratégica en el Gran Santo Domingo y en la línea divisoria con Haití. Históricamente, la porción occidental de la isla sufre de una severa inestabilidad institucional, económica y de seguridad que empuja a miles de sus ciudadanos a ingresar ilegalmente a territorio dominicano en busca de subsistencia y empleo.

Es por ello que las autoridades de la DGM enfocaron una tercera parte de toda su capacidad de interdicción en cuatro áreas neurálgicas:

• Santo Domingo: Registró la mayor concentración de indocumentados con un total de 304 interdicciones (representando el 11% a nivel país).
• Pedernales: Localidad fronteriza del sur que sumó 266 casos controlados (un 10% del total nacional).
• Elías Piña: Punto crítico de tránsito que reportó 197 extranjeros retenidos (7%).
• Montecristi: Situada al noroeste del territorio, donde las patrullas detuvieron a 144 personas en estatus irregular (5%).

Estas demarcaciones concentraron de forma combinada un total de 911 casos detectados, lo cual equivale exactamente al 33% del impacto total reportado durante este fin de semana de intensas redadas. La

La persecución del estatus migratorio irregular no se limitó únicamente a la frontera común. El operativo abarcó un despliegue nacional sin precedentes en municipios, distritos municipales y barriadas de otras 27 provincias de la geografía dominicana.

El debido proceso como eje de las operaciones estatales

La Dirección General de Migración enfatizó que las retenciones masivas no se ejecutaron de manera arbitraria. Cada uno de los equipos desplegados en el terreno llevó a cabo un proceso exhaustivo de depuración y verificación de los documentos de identidad individuales para comprobar de forma fidedigna el estatus legal de los ciudadanos extranjeros abordados en la vía pública o en centros de acopio.

Todas estas acciones legales se amparan bajo los estrictos parámetros dictados por la Ley General de Migración No. 285-04 y su correspondiente reglamento de aplicación.

La institución remarcó de forma categórica que únicamente aquellos ciudadanos extranjeros que se vieron imposibilitados de mostrar evidencias sólidas que certificaran su permanencia regular y vigente en la República Dominicana fueron retenidos de manera formal.

Tras ser procesados en los centros de acogida habilitados por el gobierno, se inició el protocolo correspondiente para el traslado directo hacia las estaciones de control fronterizo establecidas, garantizando el respeto mutuo, el apego al debido proceso y salvaguardando la dignidad humana en cada una de las deportaciones ejecutadas. Con estas medidas, las autoridades dominicanas reafirman el ejercicio de su soberanía nacional ante la crisis migratoria regional.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de cerrar la frontera a la importación de ganado mexicano, medida que, según la mandataria, genera afectaciones directas no solo para el sector ganadero nacional sino también para los propios productores estadounidenses.

Sheinbaum explicó que la restricción se mantiene incluso en entidades como Sonora y Chihuahua, donde no se han detectado casos del gusano barrenador, plaga que originó la medida sanitaria.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la decisión estadounidense ha tenido un efecto inmediato en el mercado de la carne, elevando los precios en ambos países y limitando las oportunidades de exportación para los ganaderos mexicanos.

“El cierre también afecta a los ganaderos de Estados Unidos, que son quienes engordan y después producen carne en ese país”, afirmó Sheinbaum al referirse al impacto binacional de la medida.

Sheinbaum señaló que el gobierno de México ha hecho esfuerzos para apoyar a los productores afectados y que se han tomado medidas técnicas para combatir la plaga, como la construcción de una planta para la producción de mosca estéril, con el objetivo de erradicar el gusano barrenador y facilitar la reapertura comercial.

La presidenta subrayó que la reapertura de la frontera depende exclusivamente de la decisión de Washington, aunque destacó que el diálogo técnico y diplomático entre ambos gobiernos se mantiene activo.

Restricción fronteriza mantiene precios altos y limita exportaciones

A pesar de la presión de los ganaderos mexicanos y de las autoridades estatales, la frontera con Estados Unidos permanece cerrada para el ganado procedente de México, una medida que, de acuerdo con la presidenta, no responde a la situación epidemiológica real en entidades como Sonora y Chihuahua. “Nosotros quisiéramos que se abriera la frontera desde el primer momento. Es una decisión unilateral de los Estados Unidos”, remarcó Sheinbaum.

El gobierno federal ha destinado recursos para apoyar a los productores de las zonas más afectadas y ha impulsado la inversión en infraestructura sanitaria. Según la mandataria, la planta de producción de mosca estéril, que inició operaciones este año, representa un paso fundamental para erradicar el gusano barrenador y demostrar a las autoridades estadounidenses que existen condiciones para reanudar el comercio. Pese a ello, la reapertura no depende de las acciones mexicanas sino de la voluntad política de Estados Unidos.

La presidenta advirtió que, mientras se mantenga la restricción, el mercado de la carne continuará distorsionado. El cierre genera pérdidas para los exportadores mexicanos, pero también incrementa los costos para los productores estadounidenses, que dependen del ganado mexicano para sus procesos de engorda y abasto interno. “El cierre también afecta a los ganaderos de Estados Unidos”, reiteró Sheinbaum.

Tráfico ilegal de ganado y regreso de la mosca barrenadora

El control de la plaga del gusano barrenador enfrenta un desafío adicional por el tráfico ilegal de ganado en la frontera sur de México y Centroamérica.

De acuerdo con The Guardian, el movimiento clandestino de animales sin controles sanitarios ha permitido que la plaga se propague no solo entre el ganado, sino también en la fauna silvestre de la región.

Cámaras instaladas para monitorear el tráfico clandestino han registrado a jaguares, pumas y tapires con lesiones características del parásito, evidenciando que el problema rebasa el ámbito ganadero. Jeremy Radachowsky, director para Mesoamérica y el Caribe de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, sostuvo que el verdadero riesgo radica en el movimiento irregular de ganado, ya que la fauna silvestre no dispersa la plaga a grandes distancias.

Hasta el momento, en Estados Unidos se han confirmado treinta y cuatro casos de gusano barrenador en animales, principalmente en Texas y uno en Nuevo México. Las autoridades estadounidenses han liberado cien millones de moscas estériles en la región como método de control, pero expertos como Phillip Kaufman, de la Universidad Texas A&M, estiman que se requerirían hasta quinientos millones de ejemplares para detener el avance.

Radachowsky advirtió que, además del gusano barrenador, el tráfico irregular de ganado podría abrir la puerta a otras enfermedades como tuberculosis, brucelosis, fiebre aftosa y gripe aviar. La falta de monitoreo epidemiológico en la fauna silvestre de América Latina agrava la situación y dificulta la contención efectiva de la plaga.

México refuerza la vigilancia sanitaria y mantiene diálogo con Estados Unidos

El gobierno de México ha reforzado la vigilancia sanitaria en coordinación con autoridades de Estados Unidos y de Panamá, país donde también se han implementado estrategias de control de la plaga. La presidenta Sheinbaum reiteró que el objetivo es erradicar el gusano barrenador y reabrir la frontera para la exportación de ganado, aunque reconoció que el proceso depende de la voluntad del gobierno estadounidense.

Sheinbaum insistió en que la defensa del sector ganadero nacional es una prioridad y que el comercio formal, acompañado de controles sanitarios estrictos, es la única vía para evitar la propagación de enfermedades y proteger tanto la economía como la salud pública en ambos países. La mandataria concluyó que, mientras persista el tráfico ilegal de ganado y la restricción fronteriza, el problema sanitario y comercial seguirá latente.

En el marco de una investigación sobre tráfico ilegal de personas entre Chile y Argentina, una mujer identificada como C. N. fue detenida en una comisaría de la provincia de Mendoza. La acusada, de 45 años, enfrenta cargos por facilitar el paso clandestino de personas a través de fronteras no habilitadas, integrando una estructura que habría operado durante varios meses.

La secuencia comenzó semanas atrás, cuando efectivos de seguridad detectaron a un hombre armado en la Ruta Nacional 7, lo que derivó en una pesquisa más amplia sobre una organización dedicada a violar la Ley de Migraciones. Las indagaciones revelaron que la banda facilitaba el ingreso clandestino de ciudadanos, muchos con antecedentes penales, desde Chile hacia Mendoza por pasos fronterizos no habilitados.

En mayo, la Policía Federal Argentina realizó seis allanamientos, entre ellos en un hostel de Guaymallén cerca de la terminal de ómnibus, que funcionaba como refugio temporal para las personas traficadas. Durante estos operativos, C. N. fue arrestada por primera vez junto a otros presuntos miembros del grupo, de acuerdo con la información a la que accedió el medio local Los Andes.

En el lugar, además, se halló una infraestructura para el cultivo y procesamiento de marihuana: más de 9 kilos de cogollos y picadura, 67 plantas de cannabis, municiones, dinero en efectivo en diferentes monedas, documentación extranjera, trece teléfonos celulares y equipamiento tecnológico para cultivo intensivo.

La mujer cumplía con una prisión domiciliaria, pero al constatarse que no se encontraba en su vivienda, la Justicia revocó este beneficio. De esta manera, volvió a ser detenida.

Actualmente, la investigación permanece bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Mendoza y el Juzgado Federal de Garantías N° 1. Siete presuntos integrantes de la organización siguen supeditados a la causa, mientras la justicia busca determinar la magnitud de la red, la cantidad de personas involucradas y el alcance de las actividades ilegales.

Durante la investigación, las autoridades confirmaron que sobre C. N. pesaba un pedido de captura previo por una causa de tráfico de armas. Según determinaron los investigadores, la acusada habría facilitado el traslado ilegal de armamento desde Chile hacia Argentina utilizando el Paso Internacional Los Libertadores, corredor clave en la frontera andina. Este paso fronterizo, que conecta la provincia de Mendoza con la región chilena de Valparaíso, es uno de los principales corredores terrestres entre ambos países y ha sido señalado en investigaciones anteriores como zona de tránsito para delitos transnacionales.

Este antecedente complicó a la mujer, ya que la suma de los cargos consolidó el perfil de una organización delictiva que operaba en múltiples rubros ilegales.

Un hombre que figuraba entre los siete sospechosos más buscados de la provincia fue detenido en Córdoba hace dos semanas y, junto a otro acusado, fue imputado por el asesinato de Zamir Torres, un niño de cuatro años que murió tras un ataque armado ocurrido hace casi un año en la ciudad de Frontera. En el mismo hecho, el padrastro del menor resultó gravemente herido, siendo señalado como el presunto destinatario del ataque.

Ambos acusados quedaron bajo prisión preventiva como coautores de homicidio calificado, delito que contempla la pena de prisión perpetua, y con su procesamiento, el número de implicados en el caso asciende a cuatro.

De acuerdo con la información del Ministerio Público de Acusación (MPA) de Santa Fe, la formalización de la imputación se realizó el viernes último en los tribunales de Rafaela, donde el fiscal Pedro Machado atribuyó a Samuel Elías Reyes, de 30 años, y a un joven identificado por sus iniciales como S.E.B., de 22 años, la coautoría del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. Además, se les imputó tentativa de homicidio por el ataque a la madre y al padrastro de la víctima, así como portación ilegal de arma de guerra.

Reyes fue capturado el viernes 12 de junio por efectivos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe en Córdoba, integraba la lista de los criminales más buscados de la provincia debido a un pedido de captura vigente por acribillar al menor. Junto a él, fue imputado formalmente S.E.B., cuya identidad permanece reservada.

Según informó el portal del diario La Capital, el fiscal Machado explicó que la acusación se sustenta en la evidencia reunida durante la investigación, incluyendo testimonios y elementos materiales. El juez Nicolás Stegmayer hizo lugar a las imputaciones y dictó prisión preventiva para ambos acusados por el plazo legal de dos años.

A la lista de procesados se suman Matías Escobedo, de 29 años, y Thiago Medrano, de 20 años, quienes fueron detenidos días después del hecho y también permanecen en prisión preventiva imputados por homicidio calificado. En tanto, una mujer de 24 años, identificada como B.C.R.D., obtuvo la libertad con restricciones: tiene prohibido ingresar a Frontera, acercarse a víctimas o testigos y portar armas de fuego. Además, deberá constituir domicilio y presentarse semanalmente ante la autoridad policial.

El hecho se produjo alrededor de las 18.30 del miércoles 9 de julio del año pasado en la ciudad ubicada en el límite entre Santa Fe y Córdoba, dentro del departamento Castellanos.

Zamir viajaba junto a su madre en un Fiat Fiesta, conducido por la pareja de la mujer, Brian M., apodado “Peladito”. Mientras avanzaban hacia el sur por la Calle 7, fueron interceptados al reducir la velocidad frente a un lomo de burro por los ocupantes de un Fiat Cronos.

Según la hipótesis de la fiscalía, desde el Cronos —en el que viajaban cuatro personas— se efectuaron disparos con pistolas calibre 9 milímetros. Tras los primeros tiros, Matías Escobedo, el joven identificado como S.E.B. y la mujer descendieron del automóvil y, ya a una distancia de dos o tres metros, realizaron al menos diez disparos adicionales. Zamir Torres recibió tres impactos de bala y fue trasladado sin signos vitales al Hospital de San Francisco. El padrastro del niño, en tanto, sufrió heridas graves y fue hospitalizado en Santa Fe. Los agresores abandonaron el lugar y luego incendiaron el vehículo utilizado, acción interpretada por la fiscalía como una maniobra para dificultar el esclarecimiento del hecho.

La relación de la familia de la víctima con un joven conocido como “Pocholito”, poseedor de antecedentes por robo, homicidio y agresiones, también forma parte de los elementos considerados en la causa. La fiscalía sostiene que estos antecedentes contribuyen a delinear el contexto de violencia en el que se produjo el ataque mortal.

Por ahora, los detalles sobre la participación individual de cada acusado y la organización del ataque permanecen bajo reserva para proteger el avance de la investigación y resguardar los testimonios obtenidos. Con la reciente imputación de Reyes y S.E.B., suman cuatro los detenidos por el crimen de Zamir Torres, mientras la causa sigue avanzando en los tribunales de la provincia.

“Hace dos días el presidente (Donald) Trump publicó en su red social un comunicado que dice que la frontera con México es la frontera más segura, y también reconoce la disminución de la entrada de fentanilo, él habla de cerca del 66%, si no me acuerdo en su publicación, en realidad el último mes llegó a casi 74%”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes durante la conferencia de prensa matutina frente a medios de comunicación desde Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Esto, referente a las declaraciones de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien aseguró que los cárteles de la droga mantienen el control total de la frontera norte del país, al operar mediante “plazas” controladas por grupos criminales.

Sheinbaum Pardo dijo que no podría haber una frontera segura si no se trabaja de ambos lados, y si no hay colaboración de México y de EEUU desde sus territorios.

“Desde nuestro punto de vista, por todos los gobiernos de México, no soy la única presidenta que lo ha planteado así, sino presidentes incluso de distintos partidos políticos, de que no es necesario un muro, que lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros, esa ha sido una posición de México siempre, y es nuestra posición”, señaló.

Dijo que el reconocimiento de que la frontera entre México y EEUU es segura, no podía ocurrir si no se trabaja de ambos lados de la frontera, y señaló que las declaraciones del funcionario estadounidense están relacionadas con la elección de noviembre.

“Hay mucho también en este momento, vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre, como hemos dicho, no queremos que usen a México, hay muchos temas en Estados Unidos, importantes de atender, para que se use a México como parte de la campaña, entonces mucho de esto tiene que ver con la elección de noviembre, nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”.

Dijo que no se podría explicar la reducción de la entrada de fentanilo a EEUU, que se mide con las incautaciones que hace la agencia CBP en su frontera, si no se estuviera trabajando en esos temas en México.

“Tiene que ver con el trabajo que hacemos, y el trabajo que ellos hacen, y la coordinación que hemos establecido”, señaló.

Markwayne Mullin asegura que la frontera está dominada por los cárteles mexicanos

El pasado jueves, durante una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional, Markwayne Mullin defendió la construcción de barreras físicas y el reforzamiento tecnológico en la zona fronteriza.

Mullin afirmó que actualmente existen nueve cárteles que operan en la región y que, según su versión, no existe “ni un solo centímetro” de la frontera norte mexicana que no esté bajo el dominio de una plaza criminal.

El funcionario estadounidense no presentó pruebas públicas para respaldar dichas declaraciones, aunque sostuvo que las organizaciones delictivas han fortalecido sus capacidades operativas en los últimos años.

Durante su comparecencia, Mullin explicó que los grupos criminales monitorean constantemente las vulnerabilidades fronterizas para facilitar el tráfico de drogas y personas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, los llamados “jefes de plaza” coordinan operaciones para detectar puntos débiles en la vigilancia fronteriza y aprovecharlos para mover cargamentos ilegales.

Asimismo, señaló que las autoridades estadounidenses han identificado un incremento en el uso de sistemas aéreos no tripulados, es decir, drones, por parte de las organizaciones criminales. Añadió que recientemente fue descubierto un túnel clandestino, algo que calificó como el primer hallazgo de este tipo “en años”.

“El muro está obligando a los cárteles a modificar sus rutas tradicionales”, indicó Mullin al defender la estrategia impulsada por el gobierno estadounidense para reforzar la seguridad en la frontera.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asestó un nuevo golpe al tráfico internacional de estupefacientes al detener a una ciudadana estadounidense que intentaba introducir un millonario cargamento de drogas sintéticas al país. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del puente internacional Paso del Norte, uno de los puertos de entrada más transitados de la región, el cual conecta de manera directa a Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, con la ciudad fronteriza de El Paso, Texas.

La mujer, de quien se detalló es originaria del estado de Nuevo México, llevaba consigo un cargamento oculto de más de 25 kilogramos de metanfetamina pura.

Detalles de la incautación millonaria

De acuerdo con el reporte oficial y pormenorizado emitido por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) con sede en El Paso, la incautación tuvo lugar el pasado 18 de junio. Durante una inspección minuciosa de rutina, los agentes fronterizos detectaron diversas irregularidades que llevaron al descubrimiento inmediato del cargamento ilícito. En total, los oficiales confiscaron 57 libras del narcótico, lo que equivale de manera exacta a 25.85 kilogramos.

Según las estimaciones de las autoridades federales estadounidenses, este volumen de metanfetamina alcanzaría un valor superior a un estimado de medio millón de dólares una vez distribuido y vendido en el mercado negro, lo que representa una importante afectación a las finanzas de las organizaciones criminales trasnacionales que operan en esta franja.

Al respecto de esta operación, las autoridades responsables de custodiar los puertos de entrada a los Estados Unidos destacaron la labor incesante y el rigor de su personal operativo. “Mediante una acción decisiva, una preparación constante y el trabajo en equipo, los oficiales de CBP están apuntando agresivamente a los contrabandistas, eliminando narcóticos peligrosos de nuestras comunidades y reforzando la seguridad fronteriza todos los días”, señaló la autoridad federal, reiterando la política de cero tolerancia ante estas actividades.

Alerta por drástico incremento en aseguramientos

Este decomiso no es un evento aislado en los cruces internacionales, sino que forma parte de una tendencia al alza sumamente preocupante en el trasiego de narcóticos sintéticos por la frontera sur. Las propias estadísticas oficiales publicadas por la CBP revelan un incremento drástico en los volúmenes de droga asegurados en la región en lo que va del año, demostrando un cambio en la dinámica de tráfico.

Al analizar los datos, durante los primeros ocho meses del Año Fiscal 2025 (periodo comprendido entre octubre de 2024 y mayo de 2025), las autoridades fronterizas lograron asegurar un total de mil 014 libras, equivalentes a 459.9 kilos de metanfetamina. En marcado contraste, durante el mismo lapso del actual Año Fiscal 2026 (de octubre de 2025 a mayo de 2026), la cifra de decomisos se disparó hasta alcanzar las mil 701 libras, es decir, 771.5 kilogramos de la sustancia.

Este enorme salto estadístico representa un contundente incremento del 67.75 por ciento en el volumen traficado y detectado de esta droga, encendiendo las máximas alertas de las agencias de seguridad e inteligencia en ambos lados de la frontera.

Los peligros mortales de la metanfetamina

El combate frontal al trasiego de este narcótico es prioritario no solo por temas de seguridad nacional, sino por los graves estragos que causa en la salud pública de los ciudadanos. La metanfetamina, como lo detalla ampliamente la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (conocida mundialmente por sus siglas en inglés, DEA), es un potente estimulante sintético que acelera de forma extrema el funcionamiento general del sistema corporal humano.

Esta peligrosa droga, que habitualmente se presenta y comercializa de forma ilegal en forma de pastillas o como polvo, es altamente adictiva desde sus primeros usos y produce efectos devastadores y degenerativos en los consumidores a corto y largo plazo.

Las autoridades sanitarias y de seguridad advierten de forma enfática que el consumo de dosis elevadas puede resultar letal. Entre las causas de muerte más comunes por sobredosis o abuso prolongado de metanfetamina se encuentran los accidentes cerebrovasculares severos, los ataques cardíacos fulminantes o el colapso de órganos por problemas multiorgánicos provocados por un sobrecalentamiento corporal extremo.

Tras su captura, la mujer, el cargamento y el vehículo utilizado fueron puestos a disposición de las autoridades federales para enfrentar los cargos correspondientes por narcotráfico.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves a la administración Trump a bloquear el acceso al asilo en la frontera con México, en un fallo que redefine quién tiene derecho a pedir protección en el país.

La decisión permite al gobierno impedir físicamente que los migrantes pisen suelo estadounidense; el requisito que, según la ley federal, les da derecho a solicitar esa protección.

El tribunal resolvió una pregunta que parecía simple pero tenía consecuencias enormes: ¿qué significa “llegar” a Estados Unidos? La mayoría conservadora respondió que un migrante detenido en territorio mexicano, frente a un puesto fronterizo, todavía no llegó al país y, por lo tanto, no tiene derecho a pedir refugio.

Qué es el “metering” y cómo funciona

La política en cuestión se conoce como metering —en español, “dosificación” o “devolución”— y consiste en limitar la cantidad de personas que pueden presentar una solicitud de asilo cada día en los cruces fronterizos.

En la práctica, los agentes de migración se apostaban en los puentes internacionales y en la línea fronteriza para impedir que los solicitantes pisaran suelo estadounidense. Quienes eran rechazados debían esperar en México, a veces durante semanas o meses, en condiciones precarias.

Según Telemundo, las organizaciones defensoras de migrantes documentaron campamentos improvisados sin acceso suficiente a alimentos ni atención médica. La organización Al Otro Lado —que presentó una demanda en 2017 en nombre de solicitantes de Honduras, Nicaragua y México y lleva casi una década litigando el caso— fue quien inició el desafío legal, de acuerdo con Reuters.

Qué necesita demostrar quien pide asilo

Para que el contexto quede claro: el asilo es una protección legal que permite a una persona permanecer en un país cuando regresar al suyo representa un peligro real. En Estados Unidos, la ley exige demostrar temor de persecución por alguna de estas razones:

• Raza;
• Religión;
• Nacionalidad;
• Pertenencia a un grupo social específico;
• Opinión política.

Quien obtiene asilo no puede ser deportado, tiene derecho a trabajar legalmente, puede traer a su familia inmediata y puede solicitar la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía.

Con el fallo de este jueves, ese proceso empieza —o no— dependiendo de si el migrante logra poner un pie en territorio estadounidense.

El voto: seis a favor, tres en contra

Los seis jueces conservadores —Samuel Alito, John Roberts, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— votaron a favor de la administración Trump.

Las tres juezas liberales —Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor— disintieron, según confirmaron The Guardian y AP.

La palabra de Alito y Sotomayor

La opinión mayoritaria, redactada por Alito, argumentó: “Un invitado no llega a una casa cuando toca la puerta”, según AP. También sostuvo que los migrantes detenidos en México no “llegan” por el simple hecho de “intentar, sin éxito, entrar en este país”, de acuerdo con The New York Times.

Sotomayor leyó su disidencia desde el estrado —un gesto poco frecuente que indica profundo desacuerdo— y la extendió a 35 páginas, casi el doble que la opinión mayoritaria, según The Guardian.

En su texto, advirtió que la decisión le permite al gobierno ignorar una amplia gama de leyes que protegen a los solicitantes de asilo con solo bloquearles la entrada:

“Pueden hacerlo incluso si el solicitante de asilo está en el umbral de un puerto de entrada designado para recibir a todos los no ciudadanos que buscan ingresar al país. Incluso si el puerto de entrada tiene capacidad suficiente para atenderlo”, indicó. Y agregó: “Incluso si el solicitante de asilo tiene la certeza de ser perseguido, o asesinado, si es rechazado”.

Su conclusión fue directa: la mayoría “apaga lamentable y trágicamente la luz de la antorcha de la Estatua de la Libertad”.

Alito respondió en el acto —otro momento inusual— y defendió su postura al señalar que la política había sido aplicada durante dos administraciones presidenciales, de acuerdo con AP.

Por qué importa el fallo más allá del metering

La política de dosificación no está en vigor en este momento. Fue derogada por la administración de Joe Biden en 2021, pero la administración Trump recurrió a la Justicia para tener la flexibilidad de restablecerla como herramienta de control fronterizo, consignó The New York Times.

La administración Trump ya impuso otras restricciones al asilo desde que volvió al poder en enero de 2025, y algunas de ellas también enfrentan desafíos judiciales.

La mayoría conservadora de la Corte se mostró receptiva a los argumentos de poder presidencial de Trump y emitió varias órdenes temporales que le permitieron avanzar con sus políticas mientras los casos seguían en tribunales inferiores. El retraso acumulado en el sistema de asilo roza los cuatro millones de casos pendientes, con esperas prolongadas para las audiencias, según The New York Times.

La Corte también registró al menos una excepción notable: rechazó el pedido de Trump para desplegar cientos de efectivos de la Guardia Nacional en el área de Chicago, pese a la política de mano dura que caracteriza a su segundo mandato.

Un juez de Rhode Island rechazó este mes la suspensión indefinida de solicitudes de asilo impuesta por el gobierno. Un tribunal de apelaciones de Washington dictaminó en abril que la administración no podía negar de manera categórica las solicitudes de quienes cruzan desde México, según The New York Times.

El recorrido de una política de tres administraciones

Otros casos de inmigración que la Corte aún debe resolver

El fallo de este jueves no cierra el debate migratorio en la Corte. De acuerdo con Reuters, los jueces tienen pendientes dos decisiones más con plazo estimado para finales de junio:

• Ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship): Trump firmó un decreto para restringir el derecho automático a la ciudadanía estadounidense para quienes nacen en el país. Su legalidad todavía está en disputa.
• Protecciones temporales: la administración busca revocar el estatus migratorio temporal de más de 350.000 haitianos y alrededor de 6.100 sirios que viven en Estados Unidos.

Ambas decisiones pueden ampliar o limitar el margen de acción del gobierno federal sobre la población migrante que ya reside en el país.

Desde hace más de un año, el Pentágono mantiene desplegados aproximadamente 9 mil soldados en servicio activo a lo largo de más de 3 mil 200 kilómetros de la frontera suroeste de Estados Unidos, con el objetivo declarado de hacer frente a la migración irregular, el contrabando y los cárteles de la droga. Las tropas permanecen en sus posiciones —con un costo de decenas de millones de dólares cada semana— a pesar de que la administración Trump logró hace meses su objetivo principal de reducir drásticamente los cruces ilegales.

Así lo reveló un extenso reportaje publicado el 23 de junio por The New York Times, firmado por el corresponsal de seguridad nacional Eric Schmitt.

Cárteles responden: hackeos y mensajes amenazantes

Lejos de disminuir, las tensiones en la zona han escalado. Según funcionarios del Congreso citados por el Times, tras la muerte del líder cartelero conocido como El Mencho —abatido en febrero con apoyo de la CIA— militares estadounidenses descubrieron que sus teléfonos habían sido hackeados y comenzaron a recibir mensajes amenazantes.

Las patrullas militares, que operan en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y con el ejército mexicano, han empujado a los cárteles hacia zonas montañosas más remotas para evadir la detección. Sin embargo, no se han registrado ataques con drones ni bajas entre las fuerzas estadounidenses, de acuerdo con los mandos militares consultados por el diario.

525 millones de dólares y contando

El Pentágono informó en mayo que solo los primeros cuatro meses de la operación tuvieron un costo de 525 millones de dólares, aunque el departamento se negó a revelar el monto total acumulado hasta la fecha.

El senador demócrata Jack Reed, de Rhode Island, advirtió en una audiencia reciente que la misión fronteriza estaría desviando fondos de ejercicios de entrenamiento esenciales. Según Reed, el Ejército enfrenta un déficit presupuestario de casi 2 mil millones de dólares, principalmente porque el Departamento de Seguridad Nacional no ha reembolsado los gastos generados por las misiones de apoyo fronterizo.

El debate en el Congreso

Algunos legisladores han cuestionado si estas patrullas representan el mejor uso de soldados en servicio activo, quienes de otro modo estarían entrenando para posibles despliegues en Europa del Este, el Medio Oriente o la región del Indo-Pacífico.

La representante Sara Jacobs, demócrata de California e integrante del Comité de Servicios Armados, fue una de las voces más directas durante una audiencia en marzo: “Nuestros militares no se alistaron para trabajar en el control de la inmigración, y esta maniobra política está poniendo sus vidas en riesgo”, declaró.

Tecnología y patrullas conjuntas con México

El reportaje del NYT también detalla el componente tecnológico de la misión. El ejército ha realizado más de 800 vuelos de vigilancia y reconocimiento desde el inicio de la operación, frente a los aproximadamente 160 del año anterior, con apoyo de aviones U-2, RC-135 y drones RQ-4 Global Hawk.

Por primera vez, según el Times, el ejército realizó patrullas conjuntas con soldados mexicanos utilizando radios encriptadas y láseres de alta energía para neutralizar drones operados por cárteles.

Sin salida a la vista

El Pentágono también ha designado cinco franjas de tierra a lo largo de la frontera —en California, Arizona, Nuevo México y Texas— que de facto funcionan como extensiones de bases militares estadounidenses. Los migrantes que ingresen a esas zonas pueden ser detenidos temporalmente por soldados hasta la llegada de agentes de la Patrulla Fronteriza. Hasta ahora, el ejército reporta 116 personas detenidas de esta forma.

La operación, denominada Ardent Vanguard, acaba de recibir a su tercer comandante, el general de división Curtis D. Taylor, de la Primera División Blindada, sin que exista un horizonte claro para su conclusión.

La difusión de la Clasificación Anual de Mercados (Annual Market Classification, en inglés) de Morgan Stanley Capital International (MSCI) despertó gran expectativa entre analistas e inversores, pero la Argentina seguirá siendo “mercado aislado” durante, al menos, 2026. Esta instancia era relevante para el mercado local ya que se evaluaba la posibilidad de iniciar una consulta pública para que el país obtuviera una mejor clasificación financiera, algo que finalmente no ocurrió.

El punto central radicaba en que la entidad decidiera o no habilitar un período de consulta, un requisito fundamental para avanzar hacia la categoría de “mercado de frontera” y, posteriormente, aspirar a la de “mercado emergente”.

La economía argentina se ubica actualmente en la categoría más baja del sistema de clasificación, denominada “Standalone Market” (mercado aislado). En este grupo también figuran países latinoamericanos como Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago, junto a naciones de otras regiones como Malta, Bosnia, Palestina, Nigeria, Zimbabue, Líbano y Ucrania, todos identificados por enfrentar crisis o por su limitada integración en los mercados financieros internacionales.

Este 23 de junio se definió si se iniciaba una consulta pública dirigida a los inversores, paso que hubiera habilitado un cambio en el estatus del país, aunque una resolución definitiva no se espera antes de 2027. Para cualquier modificación en la categoría, será necesario cumplir con ciertos requisitos técnicos y contar con el apoyo de la comunidad inversora internacional, condiciones que facilitarían la llegada de capitales y modificarían la percepción de riesgo sobre Argentina.

“El Marco de Clasificación de Mercados de MSCI determina si un mercado es desarrollado, emergente o de frontera según la accesibilidad y la posibilidad de inversión que experimentan realmente los inversores institucionales internacionales”, afirmó Raman Aylur Subramanian, jefe de Clasificación de Mercados y Taxonomías de MSCI.

Y agregó: “La inclusión en índices y la clasificación de mercados no son juicios estáticos. Deben evaluarse de manera continua frente a los cambios en el mercado y la experiencia de los inversores institucionales internacionales. Cuando el acceso al mercado o la experiencia empeoran, nuestro marco exige que respondamos de forma decidida. Y cuando la accesibilidad y la posibilidad de inversión mejoran de manera significativa y sostenida, los mercados pueden avanzar en la clasificación, como ocurrió con Bulgaria y Grecia”.

La semana pasada, la organización había publicado el Global Market Accessibility Review 2026, donde se constataron que no hubo cambios en los criterios de evaluación del país respecto a las dos ediciones anteriores.

El proceso de revisión llevado adelante por MSCI está basado en criterios técnicos y de accesibilidad para los inversores. El objetivo de las autoridades argentinas es que el país recupere la categoría de “mercado emergente”, estatus que ya ostentan Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en la región.

Para aspirar a ese objetivo, la Argentina debe mostrar avances en la apertura a inversores extranjeros, la claridad regulatoria, la liquidez y la capitalización de sus empresas. Persisten, sin embargo, restricciones cambiarias para las firmas locales y, antes de alcanzar el nivel de emergente, existe una instancia previa: la de “mercado de frontera”.

Un eventual cambio de clasificación generaría que numerosos fondos de inversión ajusten sus carteras para reflejar la presencia argentina en los índices internacionales. De acuerdo con estimaciones, la inclusión en la categoría de mercado de frontera otorgaría al país una participación cercana al 5% dentro de ese segmento.

“En la revisión de este año, MSCI concluyó que no hubo mejoras suficientes en materia de acceso al mercado respecto de 2024 y, además, confirmó que el país no ingresará al proceso formal de revisión, un requisito indispensable antes de cualquier reclasificación”, determinó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

Bajo este escenario, Ritondale estimó que la ventana más probable para un ascenso recién aparece hacia 2028: “el supuesto base es que durante 2027 se consoliden nuevas medidas de apertura, MSCI abra una consulta y Argentina sea incorporada a la lista de revisión”.

“La experiencia reciente muestra que los países suelen permanecer más de un año en esa instancia, ya que MSCI busca comprobar que los cambios son permanentes y no susceptibles de revertirse. Una vez superado ese punto, Argentina cuenta con una ventaja relevante: ya cumple con los criterios de tamaño y liquidez exigidos para integrar categorías superiores”, añadió.

Hasta 2021, el país integró el segmento de emergente y dejó de pertenecer a ese grupo únicamente por la imposición de controles cambiarios, no por cuestiones vinculadas al tamaño de su mercado. Si MSCI evalúa que la flexibilización cambiaria se mantiene de manera sostenible, podría contemplarse un regreso directo a la clasificación de Mercado Emergente, sin necesidad de pasar previamente por la etapa intermedia.

Un informe de la consultora LCG determinó que la entidad no introdujo cambios en su revisión anual de accesibilidad y mantuvo a la Argentina en la categoría categoría, “por las restricciones cambiarias, las trabas a la repatriación de utilidades y la falta de información corporativa en inglés”.

“El informe técnico reveló que, a pesar de los recientes avances regulatorios, persisten trabas severas asociadas al cepo cambiario, los controles de capitales y la falta de infraestructura operativa para inversores extranjeros”, sumó Ignacio Morales, analista financiero de Wise Capital.

En efecto, MSCI había mantenido sin cambios los 18 puntos que integran la evaluación como mercado aislado, igualando los indicadores que figuraron en el reporte de 2025.

Las principales evaluaciones del MSCI

El informe de MSCI expone cada una de las condiciones vigentes para inversores internacionales en el mercado argentino:

• Derechos iguales para inversores extranjeros: la información empresarial no siempre está disponible en inglés.
• Restricción al flujo de capitales: la flexibilización de restricciones en abril de 2025 permitió repatriar nuevas ganancias, pero esto depende de la presentación de documentación y las utilidades previas siguen sujetas a restricciones.
• Liberalización del mercado cambiario: ausencia de mercado de divisas en el exterior y restricciones locales, como la obligación de vincular operaciones cambiarias a transacciones de valores.
• Registro de inversores y apertura de cuentas: toda la documentación debe ser presentada en español.
• Regulaciones de mercado: no todas las normativas están disponibles en inglés.
• Flujo de información: la información detallada del mercado bursátil no siempre se divulga en inglés.
• Compensación y liquidación: no existe la figura de custodio nominal y las facilidades de sobregiro permanecen prohibidas.
• Operaciones: la competencia entre agentes de bolsa es limitada, lo que puede traducirse en costos de negociación más altos.
• Transferibilidad: se permiten operaciones fuera de mercado, aunque existen restricciones.
• Disponibilidad de instrumentos de inversión: las limitaciones sobre el uso de datos bursátiles restringen la oferta de instrumentos.
• Estabilidad institucional: el informe menciona intervenciones gubernamentales que han puesto en duda la estabilidad de la economía de “libre mercado”, incluso en lo que respecta a la actividad de inversores extranjeros.

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a 3 personas por la probable comisión del delito de introducción al territorio nacional de forma ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Tres tractocamiones con cartuchos de uso exclusivo militar detenidos en Nogales

La Guardia Nacional, con apoyo de personal de Aduanas, interceptó a los tres hombres durante revisiones en el Recinto Fiscal Puerto Fronterizo Nogales III y en la garita Mariposa. El procedimiento fue rutinario hasta que las inspecciones de las unidades revelaron lo que transportaban: cartuchos útiles de diferentes calibres, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Los imputados fueron identificados como Manuel “N”, Alexis “N” y Ciro “N”. Cada uno conducía un tractocamión distinto y en cada unidad móvil fue detenida por separado en los puntos de control. En conjunto, sus unidades cargaban más de 55 mil cartuchos.

El desglose: quién llevaba qué

Las cifras individuales precisan la magnitud del aseguramiento. A Alexis “N” le fueron decomisados 20 mil cartuchos útiles. A Manuel “N”, 23 mil 680 cartuchos y 93 cargadores. A Ciro “N”, 11 mil 499 cartuchos de diversos calibres.

La introducción ilícita de municiones de uso castrense al territorio nacional constituye un delito federal. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reserva al Ejército Mexicano el uso de ciertos calibres y tipos de armamento, por lo que su posesión o traslado sin autorización por parte de civiles se persigue por la vía penal federal.

La FGR lleva el caso ante un juez de control

Tras la puesta a disposición de los tres detenidos, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora presentó los datos de prueba ante un juez de control. La FECOR es la unidad de la FGR que opera en los estados y atiende delitos de competencia federal fuera de la capital.

El juez analizó los elementos aportados por el Ministerio Público y determinó que eran suficientes para continuar el proceso penal por lo que la resolución judicial vinculó a proceso a los tres imputados por su probable participación en la introducción ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria

El juzgador impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los tres detenidos. Esta figura, prevista en el artículo 19 de la Constitución para delitos considerados de alto impacto, impide que los imputados enfrenten el proceso en libertad mientras avanza la investigación.

El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de tres meses. Durante ese periodo, la FECOR en Sonora deberá consolidar la carpeta de investigación y preparar los elementos que sostendrán la acusación formal en la siguiente etapa del proceso penal acusatorio.

Nogales es uno de los cruces fronterizos de mayor tráfico de carga entre México y Estados Unidos. El Puerto Fronterizo Nogales III y la garita Mariposa procesan diariamente decenas de tractocamiones con mercancía comercial. Según el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, Sonora ha concentrado en las últimas semanas varios operativos de aseguramiento de armas, cartuchos y sustancias ilícitas en puntos de entrada al país.

La ley que los persigue: hasta 30 años por introducción ilícita de municiones

El cargo central que sostiene la FGR es la introducción ilícita al territorio nacional de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El Artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fija para ese delito una pena de 5 a 30 años de prisión, más una multa de 20 a 500 días. Esa es la pena base pero el caso de León “N” tiene un agravante adicional.

Los 93 cargadores que pueden sumar años a la condena de León “N”

Entre los tres imputados, Manuel “N” es quien enfrenta el marco punitivo más alto. Además de los 23 mil 680 cartuchos, las autoridades le aseguraron 93 cargadores de uso exclusivo. El Artículo 83 Quintus de la misma ley sanciona la posesión ilícita de más de cinco cargadores con 4 a 8 años adicionales de prisión, cargo que puede acumularse al principal.

Su máximo teórico supera los 38 años.

El cargo que podría cambiar todo: delincuencia organizada

Durante los tres meses que durará la investigación, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora tiene margen para incorporar nuevos cargos. Si los investigadores logran acreditar que los tres conductores operaban bajo las órdenes de alguna estructura criminal, el delito de delincuencia organizada entraría al expediente.

Ese cargo, previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece penas de 20 a 40 años de prisión que se suman a las del delito base.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, informó el aseguramiento de 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona, en medio de la ofensiva para detener el tráfico de armamento en la frontera.

El funcionario destacó que el decomiso se llevó a cabo por elementos de la Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en una acción con la que también busca desarmar a los cárteles de la droga.

Además, destacó el uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva en los puertos de entrada y salida para facilitar la detección de objetos ilícitos y evitar su ingreso tanto a México como Estados Unidos.

“Este decomiso reafirma el compromiso de Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles. También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva para identificar y detener actividades ilícitas. Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos”, escribió en redes sociales.

No es el primer aseguramiento de armamento en la frontera: en febrero fueron más de 4 mil armas que serían enviadas a México

Un hecho similar se registró a principios de este 2026, cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) informó el decomiso de 4 mil 359 armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por cárteles.

La operación inició el 20 de enero de 2025 como parte de una ofensiva nacional contra las redes criminales que ha sumado un total de 36 mil 277 armas de fuego decomisadas que era utilizadas en delitos. De esta cifra, se identificó que 4 mil 359 serían enviadas a territorio mexicano.

Además de las armas, la ATF también aseguró 648 mil 975 rondas de municiones con destino al país, dentro de un total de 2 millones 317 mil 999 cartuchos decomisados a miembros de pandillas, civiles y proveedores de organizaciones criminales transnacionales. De acuerdo con el reporte, esa cifra equivale a un promedio de más de mil 600 rondas incautadas por día.

El subdirector de la ATF, Robert Cekada, afirmó que las armas utilizadas en delitos dentro de Estados Unidos provienen de todo el país y destacó que no se trata de un problema originado en de la zona fronteriza con México.

“Este no es un problema de la frontera suroeste, sino una amenaza nacional (…) Desmantelaremos estas redes en todos los niveles, les cortaremos el acceso a las armas y exigiremos a todos los delincuentes que rindan cuentas ante la ley”, afirmó.

Los decomisos se han realizado en un contexto en el que las autoridades mexicanas han insistido a Estados Unidos en llevar a cabo acciones para detener el flujo de armas a territorio mexicano, ya que terminan en manos de miembros de los cárteles de la droga.

El 78% de las armas decomisadas en México provienen de EEUU: Defensa

Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que desde 2012 se han decomisado en México 137 mil cartuchos calibre .50 provenientes de la empresa estadounidense Lake City Army Ammunition Plant, lo que equivale al 47% del total asegurado.

Trevilla Trejo precisó que la mayor parte de esos cartuchos ha sido localizada en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua; y en menor cantidad, en Michoacán.

Sobre la administración actual, el mando militar indicó que han sido aseguradas 18 mil armas largas y cortas, de las cuales entre 77% y 78% provienen de Estados Unidos. A ese inventario se suman 20 lanzagranadas calibre 40, 12 lanzacohetes y 273 ametralladoras de distintos calibres.

Esta ofensiva se ha desarrollado en medio de tensiones debido a que Trump ha señalado que los cárteles controlan el país, mientras que Sheinbaum lo niega. Además, el pasado mes de abril fue acusado por Estados Unidos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de esa entidad por presuntamente recibir sobornos de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Las gigantescas piezas de hormigón forman parte del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast y se ubican en sectores cercanos a los hitos fronterizos con el Perú. Su presencia puede observarse incluso desde territorio peruano, donde efectivos de la Policía Nacional mantienen vigilancia permanente en una de las zonas más sensibles del límite entre ambos países.

¿Qué son los tetrápodos y por qué Chile los colocó en la frontera con Perú?

Los tetrápodos son estructuras de hormigón armado con cuatro grandes brazos que se extienden en diferentes direcciones, un diseño que les permite mantenerse estables y resistir fuertes impactos o movimientos. Aunque originalmente fueron creados para obras marítimas, como rompeolas destinados a disminuir la fuerza del oleaje, ahora han sido adaptados para reforzar el control terrestre en la frontera norte de Chile.

Cada uno de estos bloques mide aproximadamente 2,9 metros de altura, 3,4 metros de ancho y alcanza un peso cercano a las 16 toneladas, lo que los convierte en una barrera prácticamente imposible de mover sin maquinaria pesada.

Las unidades instaladas en la zona de Arica y Parinacota fueron donadas por el Puerto de Arica y poseen una base compuesta por piedras naturales de entre dos y cuatro toneladas, además de más de seis metros cúbicos de hormigón, características que garantizan una alta resistencia y una larga vida útil.

El principal objetivo de estas estructuras es bloquear el tránsito de vehículos por pasos no habilitados, una modalidad utilizada frecuentemente por organizaciones dedicadas al contrabando, el narcotráfico y el tráfico de personas para evitar los controles oficiales.

Las autoridades chilenas sostienen que el tamaño y el peso de los tetrápodos representan una solución efectiva porque dificultan el ingreso y salida de automóviles en zonas desérticas donde resulta complicado mantener vigilancia permanente durante las 24 horas.

Además de su resistencia, otra de sus ventajas es que pueden ser trasladados y reubicados cuando sea necesario, permitiendo reforzar distintos puntos de la frontera sin realizar grandes modificaciones al terreno.

Cómo forman parte del Plan Escudo Fronterizo y qué otras medidas aplica Chile

La instalación de tetrápodos en la frontera con Perú forma parte de un conjunto de acciones contempladas dentro del Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que busca fortalecer el control migratorio y combatir el crimen organizado en el extremo norte chileno.

Estas estructuras complementan la construcción de una extensa zanja de seguridad, una obra que avanza en la región de Arica y Parinacota y que posteriormente se extendería hacia Tarapacá y Antofagasta. El propósito es dificultar el uso de rutas clandestinas por donde circulan vehículos vinculados a actividades ilícitas.

Según las autoridades chilenas, los tetrápodos fueron colocados entre distintos hitos fronterizos estratégicos, donde históricamente se ha detectado el tránsito irregular de automóviles durante la noche.

Desde el lado peruano, los bloques son visibles a varios cientos de metros de distancia y se ubican frente a un campamento de vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP), que mantiene presencia permanente en la zona debido al estado de emergencia vigente en la frontera.

El gobierno chileno también anunció reformas legales para endurecer el control migratorio. Entre las iniciativas destaca la ampliación del plazo de retención de migrantes con orden de expulsión y la tipificación como delito del traslado de personas en situación migratoria irregular dentro del territorio chileno.

No obstante, especialistas y representantes políticos del vecino país han señalado que los tetrápodos deben ser considerados como una herramienta complementaria y no como una solución definitiva. Sostienen que el control de la frontera requiere una estrategia más amplia que incluya tecnología de vigilancia, inteligencia, presencia permanente de las autoridades y acciones coordinadas contra las organizaciones criminales.

La mañana de este jueves, Carabineros de Chile detuvo a cinco militares bolivianos que ingresaron al país de manera irregular por el paso fronterizo de Colchane (1.960 kms al norte de Santiago), incautando la camioneta en que se movilizaban y su armamento. Sin embargo, por la tarde, el fiscal a cargo de la investigación resolvió que no cometieron delito alguno, razón por la cual serán reconducidos de vuelta a Bolivia a la brevedad.

De acuerdo a una nota de Radio Paulina, los uniformados formaban parte de una caravana de vehículos que se disponía a cruzar la frontera en el sector del Salar de Coipasa, cuando fueron detectados por un Puesto de Observación Fronteriza (POF) del Ejército, quienes notificaron a Carabineros de inmediato.

Tras ser detenidos se les incautaron sus armas de servicio y el vehículo en el que se trasladaban.

He aquí el detalle del decomiso:

-1 vehículo militar sin patente, marca Toyota, modelo Land Cruiser.

-5 pistolas (con su respectiva munición).

-1 fusil de guerra (con su respectiva munición).

-3 cartuchos de gas y una granada de mano de gas.

“No hay delito”

Tras la detención, el comisionado presidencial de la Macrozona Norte, Alberto Soto, valoró la rápida acción del Ejército y la policía nacional “en el marco del Plan de Fortalecimiento Fronterizo”, y explicó que los detenidos se encontraban realizando pesquisas contra el crimen organizado cuando ingresaron al país de manera accidental.

Debido a esto, el fiscal del Tamarugal, Milton Torres, aseguró que “no hay un delito que se les pueda imputar por ahora y, desde ese punto de vista, más que el ingreso irregular, se ha dispuesto su reconducción al vecino país de Bolivia“.

Tocante a la camioneta y las armas decomisadas, detalló que estos serán “remitidos en su momento, previo análisis, vía consular al país de Bolivia también“.

Uno de los siete prófugos más buscados por el Gobierno de Santa Fe fue detenido este viernes en La Puerta, un pueblo ubicado a 125 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Se trata de Samuel Elías Reyes, un hombre de 30 años sobre quien pesaba un pedido de captura por el crimen del nene de 4 años que fue asesinado a disparos en Frontera.

La captura se produjo luego de varias tareas de coordinación operativa que permitieron localizar al fugitivo. Según confirmaron fuentes oficiales, en la operación de inteligencia y seguimiento participó la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP), dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI).

Hasta el momento de su detención, Reyes era buscado por presuntamente estar involucrado en un ataque armado ocurrido el 9 de julio de 2025 en una zona conocida por las constantes disputas territoriales entre bandas narco.

En ese episodio, el menor de edad recibió ocho disparos que le causaron la muerte en el acto, mientras que su padre, B. M., conocido como Peladito, resultó gravemente herido tras recibir seis balazos. Ambos viajaban en un vehículo junto con la madre del nene, quien resultó ilesa.

A pesar de que las víctimas llegaron por sus propios medios al Hospital Iturraspe de San Francisco, Córdoba, el nene no pudo ser reanimado. En contraposición, su padre había sido ingresado en estado crítico a la Unidad de Terapia Intensiva.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, la principal hipótesis investigaría un presunto ajuste de cuentas entre bandas rústicas que se disputarían el control territorial del narcomenudeo en Frontera.

Como parte de este argumento, los investigadores apuntaron que esta ciudad, con menos de 10 mil habitantes, experimentó varios episodios de violencia vinculados al negocio de la droga. Además, remarcaron que no se trataría de un fenómeno novedoso en la localidad.

Con la captura de Reyes, el número de detenidos por el crimen del nene de 4 años ascendió a seis. Los primeros cinco habían sido detenidos a lo largo de julio del año pasado, por lo que la localización del fugitivo produjo un avance significativo en la causa.

Previo a su detención, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe había ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos, luego de que el acusado fuera incluido en el listado de los siete delincuentes más buscados de la provincia.

Sobre esta medida, el titular de la cartera de Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó que el sistema de recompensas funciona como un instrumento útil para avanzar en investigaciones y detener a prófugos implicados en delitos graves. “Son delincuentes y muchas veces quienes conocen su paradero terminan aportando información”, señaló.

Tras la captura de Reyes, así quedó la lista de los seis prófugos más buscados en Santa Fe

Desde que el Gobierno santafesino anunció la creación de la lista de los delincuentes más buscados en su provincia, el número se redujo de diez a un total de seis. Con la reciente detención de Reyes, el listado quedó conformado de la siguiente manera:

Matías Ignacio Gazzani

Por Gazzani, de 29 años, las autoridades ofrecen una recompensa de 70 millones de pesos por información que permita su localización. Según fuentes oficiales, nació el 15 de febrero de 1996 en Rosario y está acusado del delito de asociación ilícita.

Vicente Matías Pignata

En el caso de Pignata, de 41 años, el gobierno provincial ofrece una recompensa de 40 millones de pesos por información que facilite su captura. Está acusado de haber cometido una infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes, y es oriundo de Sauce Viejo.

Jesús Maximiliano Eusebio

Jesús Maximiliano Eusebio, conocido como Coco, tiene 32 años y es buscado por las autoridades de Santa Fe por el delito de asociación ilícita. Por información de su paradero, se encuentra vigente una recompensa de 35 millones de pesos.

Facundo Nicolás Aguirre

Nacido en Rosario, Facundo Nicolás Aguirre, apodado Pariente, tiene 27 años y está acusado por el delito de homicidios. A raíz de esto, se habilitó una recompensa de 35 millones de pesos para quienes aporten información que permita su detención.

Fernando Sebastián Vázquez

Para el Gobierno de Santa Fe, Vázquez es considerado como un objetivo prioritario en investigaciones por crímenes violentos, ya que se encuentra imputado por homicidio. Es oriundo de Rosario y actualmente tiene 44 años. Por él, ofrecen una recompensa de 30 millones de pesos.

Ramiro Gastón Escalante

Escalante, de 30 años, es buscado por el delito de asociación ilícita, específicamente, en el ámbito del crimen organizado. El gobierno ofrece una recompensa de 25 millones de pesos a quien aporte información que facilite su localización.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 911, escribir a recompensas@mpa.santafe.gov.ar. En el caso de Vázquez y Escalante, también se podrán contactar a las redes sociales de Fiscalía Regional 2 o presentarse en el Centro de Justicia de Rosario (Sarmiento 2850), en cualquier sede de las Fiscalías Regionales de la provincia, en la Fiscalía de Santa Fe (Av. General E. López 3302), en Venado Tuerto (Alvear 675), en Reconquista (Iriondo 553) o en Rafaela (Necochea 44).

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó este martes 26 de mayo un balance de su primer año en el cargo, enumerando avances en seguridad fronteriza, combate al fentanilo y cooperación bilateral contra el crimen organizado.

Afirmó que actualmente se tiene la frontera más segura en toda la historia.

El diplomático señaló que la relación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum generó “resultados reales”, aunque reconoció que “queda mucho trabajo por delante”.

En materia de acuerdos bilaterales, Johnson también destacó que en solo 16 meses se logró más avance bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década, y que un acuerdo sobre la crisis de aguas residuales del Río Tijuana avanza hacia una solución permanente sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses.

Aprehensiones en frontera México-EEUU caen a nivel más bajo en 55 años

La Patrulla Fronteriza registró el nivel más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en 55 años, según el comunicado de la embajada. Las detenciones diarias se mantuvieron 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración de Joe Biden, con cero liberaciones de migrantes.

Johnson atribuyó esos resultados al freno de la migración ilegal y al combate al tráfico de personas.

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por casi 3 mil 200 kilómetros, desde el Golfo de México hasta el Pacífico, y conecta cuatro estados estadounidenses —California, Arizona, Nuevo México y Texas— con seis estados mexicanos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Johnson afirmó que esas acciones conjuntas salvaron vidas al reducir los cruces en condiciones de riesgo, y sostuvo que en este momento se tiene la frontera más segura de toda la historia.

Muertes por sobredosis de fentanilo bajaron

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% para finales de 2025, de acuerdo con el balance de Johnson. Las incautaciones de fentanilo en la frontera por parte de autoridades estadounidenses cayeron 50%, mientras que las realizadas en territorio mexicano aumentaron de forma significativa, lo que frenó el flujo de droga antes de que llegara a comunidades en Estados Unidos.

El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos disminuyó más de 95%. Las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron 65.5 toneladas métricas en el mar y desmanteló más de 2 mil 300 narcolaboratorios en el periodo reportado.

México realizó 96 extradiciones y la ATF decomisó más de 36 mil armas ilegales en un año

Desde el inicio de la administración Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, entre ellas cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

Además, entre los operativos bilaterales destacados Johnson figuró el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la captura de Audias Flores Silva, mejor conocido como “El Jardinero” y el arresto de Samuel Ramírez Jr, buscado por asesinatos en EEUU.

La cooperación bilateral también se extendió al tráfico ilegal de armas. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU (ATF) incautó más de 36 mil armas ilegales durante el primer año de la administración Trump, incluidas 4 mil 359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles y organizaciones criminales.

Las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125% respecto al periodo anterior.

El programa Mission Firewall fortaleció las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas entre ambos países.

Los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado también formaron parte del balance, como mecanismo para proteger al sector pecuario y evitar afectaciones al comercio fronterizo.

La primera reunión oficial entre los ministros de Seguridad de Panamá y Costa Rica se produjo en un punto cargado de simbolismo: la frontera que une a ambos países y que, al mismo tiempo, los obliga a enfrentar amenazas comunes que van desde el narcotráfico hasta el tráfico de migrantes y la trata de personas.

El encuentro tuvo lugar en el Cuartel de Progreso del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en la provincia panameña de Chiriquí, donde el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, recibió a su homólogo costarricense, Gerald Campos Valverde. La reunión marcó el primer acercamiento formal entre ambos funcionarios desde la llegada de Campos al Ministerio de Seguridad de Costa Rica bajo la gestión de la presidenta Laura Fernández.

Más allá de los temas estrictamente policiales, la cita ocurre en un momento particular para la relación bilateral.

Panamá y Costa Rica han mantenido históricamente una de las relaciones más estables de Centroamérica. Sin embargo, en los últimos años han surgido diferencias vinculadas al comercio bilateral, medidas sanitarias, restricciones al intercambio de productos y posiciones políticas que han generado episodios de tensión entre ambos gobiernos.

La llegada de Laura Fernández a la presidencia costarricense abrió una nueva etapa política en San José. Aunque las discrepancias comerciales se han incrementado en las últimas semanas, ambos países han mantenido abiertos los canales de diálogo en áreas consideradas estratégicas, especialmente en seguridad, migración y control fronterizo.

Precisamente la frontera común se ha convertido en uno de los principales puntos de interés para las autoridades.

La línea limítrofe entre Panamá y Costa Rica supera los 363 kilómetros de extensión y constituye uno de los corredores terrestres más importantes de Centroamérica. Además de conectar dos economías estrechamente vinculadas, sirve como ruta para el transporte de mercancías, el tránsito de turistas y los movimientos migratorios que atraviesan la región.

Paso Canoas concentra la mayor parte del intercambio comercial y migratorio entre ambos países, pero no es el único punto habilitado para el tránsito fronterizo. También operan los pasos de Río Sereno-Sabalito y Sixaola-Guabito, utilizados para actividades comerciales, turísticas y el movimiento cotidiano de poblaciones fronterizas.

Las autoridades de ambas naciones han impulsado proyectos de modernización para fortalecer los controles y agilizar el flujo de personas y mercancías.

La compleja geografía fronteriza representa uno de los principales desafíos para los organismos de seguridad. Sectores montañosos, áreas boscosas y amplias zonas rurales dificultan la vigilancia permanente y han favorecido históricamente la existencia de rutas informales utilizadas para el paso de mercancías y personas fuera de los controles oficiales.

Aunque no existe una cifra oficial actualizada sobre la cantidad de cruces irregulares, distintos estudios y reportes han descrito la frontera como una zona vulnerable a actividades de contrabando, tráfico de personas y otros delitos transnacionales.

Precisamente por esas condiciones geográficas, Panamá y Costa Rica han reforzado en los últimos años la coordinación entre organismos migratorios, policiales y aduaneros. La creación de mecanismos conjuntos de vigilancia e intercambio de información busca cerrar espacios de operación a las organizaciones criminales sin afectar el intenso intercambio económico y humano que caracteriza a la región fronteriza.

La preocupación no es menor. Tanto Panamá como Costa Rica se han convertido en territorios de tránsito para redes criminales que operan a escala regional y que aprovechan corredores logísticos para movilizar drogas hacia mercados de Norteamérica y Europa.

Durante la reunión, las delegaciones analizaron los principales desafíos asociados al crimen organizado transnacional. Entre ellos figuran el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los delitos ambientales, el contrabando y otras actividades criminales que aprovechan las fronteras para expandir sus operaciones.

Las autoridades coincidieron en que estas organizaciones han incrementado su capacidad para actuar simultáneamente en varios países mediante estructuras cada vez más sofisticadas, lo que exige respuestas coordinadas y un intercambio permanente de inteligencia.

En ese contexto, el ministro Ábrego destacó la importancia de fortalecer una relación de cooperación que históricamente ha permitido a ambos países enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad.

Por su parte, Campos reafirmó el interés de Costa Rica en profundizar los mecanismos de intercambio de información estratégica y robustecer la coordinación operativa entre las instituciones encargadas de combatir las organizaciones criminales.

La reunión contó además con la participación de autoridades migratorias, policiales y de control fronterizo de ambas naciones, así como del director general del Senafront, Larry Solís.

El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre vigilancia fronteriza, coordinación interinstitucional y buenas prácticas para enfrentar amenazas que afectan por igual a ambos países.

La importancia de este tipo de acercamientos se ha incrementado en los últimos años debido a los cambios que experimenta Centroamérica.

Además del narcotráfico, la región enfrenta presiones asociadas a los flujos migratorios que atraviesan el continente rumbo a Norteamérica. Aunque gran parte de la atención internacional se concentra en la selva del Darién, las autoridades reconocen que la gestión de estos movimientos requiere coordinación a lo largo de toda la ruta centroamericana.

Al mismo tiempo, delitos como el tráfico ilegal de especies, la explotación de recursos naturales y otras actividades vinculadas al crimen ambiental han comenzado a ocupar un lugar más relevante dentro de las agendas de seguridad de ambos países.

En ese escenario, Panamá y Costa Rica buscan consolidar una estrategia común que combine vigilancia, intercambio de inteligencia y cooperación operativa.

La reunión celebrada en Chiriquí no elimina las diferencias que han surgido en otros ámbitos de la relación bilateral, particularmente en materia comercial. Sin embargo, sí envía una señal clara de que ambos gobiernos consideran la seguridad fronteriza como un espacio donde la cooperación resulta indispensable.

Para Panamá y Costa Rica, la frontera sigue siendo mucho más que una línea divisoria: es un punto de encuentro donde convergen comercio, migración, desarrollo económico y desafíos de seguridad que ningún país puede enfrentar por sí solo.

El Ministerio de Salud confirmó este jueves un nuevo caso importado de sarampión, detectado mediante una prueba RT-PCR realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), el contagio se identificó dentro de la vigilancia epidemiológica intensificada que se mantiene en el país.

Según el ministerio, a la fecha se contabilizan dos casos importados y un caso relacionado con la importación, mientras cinco sospechosos siguen bajo investigación para determinar si están vinculados con los confirmados.

El caso, de acuerdo con las autoridades de salud, corresponde a un hombre de 24 años, de nacionalidad guatemalteca, que ingresó el 2 de junio de 2026 por el puesto fronterizo de Paso Canoas, informó la entidad de salud pública.

El paciente inició con los síntomas de fiebre el 4 de junio, y presentó erupción cutánea el 9 de junio, con síntomas gastrointestinales.

La investigación epidemiológica determinó antecedentes de exposición a familiares con sarampión unos 15 días antes del inicio de los síntomas y confirmó que no tenía registro de vacunación.

El Ministerio de Salud indicó que el hombre acudió el 10 de junio a una instalación privada en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, que notificó la sospecha clínica.

Inmediatamente se activaron equipos de respuesta rápida que ejecutaron en menos de 24 horas el aislamiento, el seguimiento de contactos, la toma de muestras y la vacunación de personas expuestas.

La institución precisó que el paciente permanece hospitalizado y aislado, con buen estado general. También informó que se aplicaron actividades de bloqueo vacunal y seguimiento de contactos en Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Norte, Coclé, Panamá Oeste y San Miguelito, zonas visitadas por el paciente durante el período de transmisibilidad.

El Ministerio de Salud pidió a la población verificar y completar el esquema de vacunación, acudir a los servicios de salud ante fiebre y exantema e informar viajes recientes o contacto con casos sospechosos o confirmados.

También recomendó vacunarse al menos 15 días antes de viajar a países o zonas con circulación activa de sarampión.

Esta semana el Minsa anunció la llegada de un nuevo lote de 100 mil dosis de vacunas contra el sarampión para reforzar el abastecimiento nacional, en medio del incremento de la demanda registrado en las últimas semanas debido a los viajes previstos hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sarampión es considerado uno de los virus más contagiosos del mundo. Se transmite por el aire a través de gotas respiratorias que se dispersan cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso habla.

Los síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre alta, tos persistente, secreción nasal, ojos enrojecidos y una erupción cutánea característica que comienza en el rostro y posteriormente se extiende al resto del cuerpo.

Las Organización Mundial de la Salud manifiesta que aunque muchas personas se recuperan sin complicaciones, la enfermedad puede provocar neumonía, encefalitis, ceguera, hospitalizaciones e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños, personas inmunocomprometidas y adultos no vacunados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este martes una caída del 97% en el ingreso de fentanilo por vía marítima a territorio estadounidense y adelantó que su administración trasladará ahora el foco de sus operativos a la frontera terrestre con México. Las declaraciones, realizadas desde la Casa Blanca, representan una advertencia directa a las redes de tráfico que operan por tierra.

El dato que Trump celebró — y la advertencia que vino después

Durante el evento de firma de la Ley de América Segura, Trump detalló los números que, según su administración, demuestran el éxito de su política fronteriza:

• Cero migrantes irregulares admitidos en los últimos doce meses.
• Reducción de casi 60% en el flujo general de fentanilo.
• Caída del 97% en el ingreso de la droga por rutas marítimas.

Pero lejos de conformarse, el mandatario lanzó una advertencia que no pasó desapercibida: “Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra, porque el mar era más difícil”, dijo, dirigiéndose implícitamente a México.

Por qué importa el giro hacia la frontera terrestre

Trump explicó que las rutas marítimas eran, hasta hace poco, la opción “más segura” para los traficantes: quienes eran detenidos en el mar eran procesados y liberados, y regresaban a operar la noche siguiente. Eso, afirmó, ya no ocurre.

Con el cierre efectivo de esa vía, la lógica del tráfico apunta ahora hacia los cruces terrestres — territorio donde México juega un papel central y donde la presión de Washington promete intensificarse.

El tono: entre la fanfarronería y la amenaza

El discurso de Trump combinó humor y advertencia en partes iguales. Al referirse a quienes aún intentan cruzar por mar a pesar de los operativos, bromeó sobre su “valentía” — y remató: “No lo hacen una segunda vez.”

La frase, dicha entre risas, resume la filosofía disuasoria de su administración: visibilidad del riesgo como herramienta de control.

La contraparte que Trump no menciona: la Marina de México

Mientras Washington presume los números, los datos cuentan otra historia. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, la Secretaría de Marina de México aseguró más de 74 toneladas de cocaína, casi 119 toneladas de metanfetamina y más de 1.5 toneladas de fentanilo — todo esto con una fuerza de apenas 80 mil elementos frente a organizaciones criminales con capacidad logística transnacional. En el ámbito marítimo, los resultados incluyen 74 embarcaciones aseguradas, tres narcosubmarinos de bajo perfil y 114 laboratorios clandestinos desmantelados.

También, el secretario de Marina mexicano sostuvo reuniones de alto nivel con la U.S. Navy y la U.S. Coast Guard — y el embajador estadounidense Ronald Johnson destacó públicamente los resultados de esa cooperación bilateral.

El Mundial arranca mañana — y EE.UU. ya lanzó alerta de terrorismo en México

El anuncio de Trump llega en un momento de máxima tensión diplomática: este jueves 11 de junio arranca el Mundial de Futbol 2026 en territorio mexicano, estadounidense y canadiense — y apenas días antes, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para viajeros en México, en la que clasificó a ciertas zonas del país bajo la categoría de riesgo por terrorismo. La medida fue recibida con malestar en México, donde funcionarios señalaron que el timing no era casual. Para muchos analistas, la alerta forma parte del mismo repertorio de presión que Washington ha desplegado en los últimos meses sobre su vecino del sur: aranceles, deportaciones, descalificaciones públicas — y ahora, una advertencia que llega a 24 horas del pitazo inicial.

Agentes de la CIA y 10 funcionarios mexicanos: la otra tensión que no se nombra

Detrás de los discursos y las cifras, existe una capa más profunda de fricción bilateral. En semanas recientes trascendió la presencia de agentes de la CIA operando en Chihuahua, lo que generó una crisis diplomática silenciosa entre ambos gobiernos. A eso se suma que Estados Unidos tiene señalados a 10 funcionarios mexicanos — entre ellos figuras vinculadas a la seguridad y la política — en el marco de investigaciones sobre vínculos con el crimen organizado. Ninguno de los dos temas ha sido abordado abiertamente en la mesa oficial, pero pesan sobre cada declaración, cada negociación del TMEC y cada cifra que Trump presenta como logro propio. La diplomacia entre México y EU rara vez ocurre solo en los podios.

Donald Trump firmó este miércoles la Secure America Act, una ley que destina USD 70 mil millones a reforzar la seguridad fronteriza y las operaciones de deportación en Estados Unidos hasta 2029.

En una ceremonia oficial, el presidente destacó que esta medida financia, de manera inmediata y completa, el Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de su mandato y elimina así el debate anual sobre recursos para ICE y la Patrulla Fronteriza.

El mandatario subrayó que la ley otorga “el apoyo y los recursos que necesitan los héroes de ICE y Border Patrol para defender nuestras fronteras, proteger nuestro territorio y mantener segura a América”.

Asimismo, agradeció el respaldo del Congreso y calificó la aprobación como un paso esencial para “restaurar el orden” y cumplir la promesa de la mayor operación de deportación en la historia nacional.

Los ejes del discurso presidencial

Los puntos centrales del discurso de Trump al promulgar la Secure America Act subrayan el giro de su política migratoria hacia el endurecimiento del control fronterizo.

• La ley asigna “38 mil millones de dólares a ICE” y “26 mil millones a la Patrulla Fronteriza”, garantizando los recursos “para proteger nuestras fronteras y sacar a los criminales extranjeros del país”.
• Trump afirmó que desde el inicio de su mandato priorizó “eliminar a las personas más peligrosas, violentas e indocumentadas”, citando la expulsión de casi cinco mil individuos con antecedentes delictivos en Washington, DC.
• El presidente vinculó su política con la reducción del crimen en ciudades como Nueva Orleans y Memphis: “Tuvimos el Mardi Gras más seguro de la historia… Y en Memphis, el crimen bajó un 77%”.
• Sostuvo que la ley permitirá mantener “la frontera más segura que el país haya tenido”, y frenar la llegada de caravanas y reduciendo delitos asociados al tráfico y la trata de personas.

Qué cambia con la Secure America Act

La legislación, aprobada por un margen estrecho y solo con votos republicanos, fija por primera vez un financiamiento plurianual que deja de lado el debate presupuestario anual y asegura la continuidad de la agenda migratoria de Trump. “No tendremos que hablar más de esto”, dijo el presidente al firmar la ley.

La Casa Blanca sostiene que el nuevo financiamiento permitirá contratar, equipar y entrenar personal, además de invertir en tecnología y reforzar operaciones contra el narcotráfico y la trata de personas.

Debate político y confrontación con los demócratas

Trump acusó a la oposición demócrata de “votar con los carteles, los traficantes y los criminales”, y de intentar “extorsionar” al gobierno para obtener cambios en la política migratoria. “No podemos dejar que nos extorsionen. La gente quiere ley y orden, no quiere crimen, y eso es lo que estábamos defendiendo hoy”, sostuvo el mandatario en la conferencia de prensa.

La bancada demócrata, por su parte, calificó la ley como un “cheque en blanco” para ICE y la Patrulla Fronteriza, reclamando la ausencia de controles y reformas. El líder opositor Hakeem Jeffries denunció que la norma “entrega fondos ilimitados sin supervisión ni garantías para los derechos civiles”, según citó PBS.

Impacto y consecuencias prácticas

Según Trump, la nueva legislación ya muestra resultados: “En los últimos 12 meses, cero extranjeros ilegales han sido admitidos en Estados Unidos. Cortamos el flujo de fentanilo en casi un 60% y, por mar, en un 97%”. El presidente reiteró que la construcción de más de mil kilómetros de muro fue clave para el cambio: “Sin el muro no se podría hacer”.

Además, el mandatario celebró la colaboración con cuerpos policiales y la Guardia Nacional, resaltando que trabajaron con trabajado la policía del Capitolio: “Son gente increíble, y estamos orgullosos de la labor en Washington, DC”.

Contexto y reacciones

El proceso legislativo estuvo marcado por meses de enfrentamiento, con un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional tras la negativa demócrata a aprobar fondos sin reformas operativas. Finalmente, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria para sortear el filibusterismo y aprobar el paquete con carácter urgente, de acuerdo a PBS.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, calificó de “imperativo” el financiamiento para evitar el colapso de ICE y la Patrulla Fronteriza. Organizaciones policiales y asociaciones conservadoras celebraron la ley como una victoria para la seguridad pública, mientras que defensores de derechos civiles alertaron sobre la falta de controles y la discrecionalidad en el uso de recursos.

Un precedente para la política migratoria

La Secure America Act sienta un precedente al blindar financieramente la política de deportaciones y control fronterizo durante tres años, sin condiciones de reforma ni supervisión adicional. Trump concluyó su discurso reiterando: “América tiene hoy una frontera fuerte y segura porque cumplimos lo que prometimos”.

El debate entre seguridad y derechos civiles seguirá presente, mientras la nueva ley redefine el alcance y las prioridades de la aplicación migratoria en Estados Unidos.

El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gustavo Gutiérrez, afirmó el martes 9 de junio de 2026 en Quito que Colombia levantó casi la totalidad de los aranceles impuestos a Ecuador, una decisión que, según explicó, desactiva la tensión comercial abierta desde febrero y devuelve a ambos países al esquema de libre comercio previsto por la normativa andina.

La medida colombiana mantendrá durante 45 días los gravámenes para productos vinculados al arroz, dijo Gutiérrez en declaraciones en el I Foro Andino de Turismo. Además, confirmó que acaba de revisar la norma correspondiente y que el levantamiento alcanza a casi todos los bienes que integraban la lista afectada.

El funcionario sostuvo que la decisión llega después de que Quito eliminó los aranceles que había impuesto en el marco de la disputa bilateral. Según Gutiérrez, el paso dado por los dos gobiernos muestra que ambos “escuchan a la normativa andina” y cumplen con la obligación de aplicar el programa de liberación comercial de la región.

Ese es el efecto inmediato de la medida: Colombia retiró casi todos sus aranceles a Ecuador y solo dejó una excepción temporal para bienes ligados al arroz. Para la Secretaría General de la CAN, eso permite reanudar un intercambio comercial normal entre los dos socios andinos.

Gutiérrez precisó que la entidad andina no tiene mandato para intervenir en los asuntos relacionados con las tasas cobradas durante los cuatro meses que se prolongó la disputa. Sin embargo, confirmó que continúa el proceso para emitir los dictámenes sobre los seis recursos presentados ante el organismo por los aranceles.

A juicio del secretario general, el levantamiento de las medidas restablece uno de los pilares del sistema andino: el programa de liberación comercial. Por eso calificó la decisión como una “muy buena noticia” y sostuvo que elimina la tensión entre Colombia y Ecuador.

El decreto con el que el Gobierno nacional derogó los aranceles a los productos ecuatorianos

El Gobierno colombiano dejó sin efecto el arancel del 30% que había impuesto a las importaciones provenientes de Ecuador, en un nuevo paso hacia la normalización de las relaciones comerciales entre ambos países. La decisión fue adoptada mediante el Decreto 0583 de 2026, expedido el pasado 5 de junio de 2026 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Diana Morales.

“Se toman medidas de restricción al ingreso de mercancías provenientes y originarias de Ecuador por razones de seguridad nacional de la República de Colombia”, puntualiza el decreto.

“Que la derogatoria de la tasa por servicio aduanero aplicada por la República del Ecuador a las mercancías provenientes de Colombia, elimina las circunstancias que dieron lugar a la adopción de medidas contenidas en el Decreto 0170 de 2026 y permite regularizar en gran medida las condiciones normales de acceso al mercado binacional”.

La medida revierte parcialmente las disposiciones contenidas en el Decreto 170 del 20 de febrero de 2026, con el que Colombia respondió a los gravámenes impuestos por Ecuador a productos colombianos en medio de una escalada de tensiones comerciales y diplomáticas que marcó buena parte del primer semestre del año.

De acuerdo con el texto oficial, las medidas contempladas en el artículo 2 del Decreto 170 y las sanciones asociadas dejarán de aplicarse 45 días después de la publicación de la nueva norma. La decisión cobija mercancías clasificadas en varias subpartidas arancelarias relacionadas principalmente con el arroz y sus derivados.

El Ministerio de Comercio explicó que la determinación responde al levantamiento de los aranceles ecuatorianos sobre productos colombianos, una medida que se produjo tras una orden emitida por la Comunidad Andina (CAN). A través de su cuenta oficial en la red social X, la cartera señaló que la eliminación del gravamen colombiano se da luego de que Ecuador retirara las restricciones comerciales que había impuesto a Colombia.

El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes, por 52 votos contra 47, un proyecto de ley de USD 70.000 millones para financiar las agencias de control migratorio del gobierno de Donald Trump: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. La votación final se produjo pasadas las 5 de la mañana, tras semanas de demoras y una noche entera de tensión interna dentro del Partido Republicano.

La ley garantiza el presupuesto de ambas agencias por tres años, hasta el final del mandato de Trump, según información de la agencia de noticias, Associated Press (AP). El bloqueo demócrata al financiamiento de ICE y la Patrulla Fronteriza se mantuvo desde principios de año, cuando agentes federales mataron a dos manifestantes en Minneapolis.

El texto aprobado no incluye ninguna restricción al fondo de acuerdos de USD 1.776 millones que la administración Trump reservó para compensar a aliados políticos que alegan haber sido perseguidos.

El fondo que casi destruyó el proyecto

El mayor obstáculo no provino de los demócratas, sino del interior del bloque republicano. Varios senadores del propio partido intentaron durante horas incluir enmiendas para bloquear ese fondo de compensaciones, vinculado a un acuerdo judicial que resuelve la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, de Dakota del Sur, dijo: “Esto habría terminado varias horas antes si no hubiéramos tenido que lidiar con algunos de los problemas en torno al fondo”, según informó The Boston Globe. Thune impulsó durante semanas que el proyecto se mantuviera enfocado en el financiamiento migratorio, sin añadir cláusulas que pudieran complicar su posterior aprobación en la Cámara de Representantes.

Las enmiendas que el Senado rechazó

La primera votación del jueves por la mañana fue una iniciativa demócrata para prohibir el fondo. Estuvo abierta durante horas mientras tres senadores decidían su postura.

El senador republicano Bill Cassidy, de Luisiana, terminó votando en contra, y la moción demócrata fue derrotada por un margen mínimo.

Cassidy presentó luego su propia enmienda: propuso redirigir los pagos del fondo hacia los agentes de policía heridos durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La propuesta tenía una carga simbólica directa, ya que los beneficiarios del fondo de Trump podrían incluir a simpatizantes del expresidente que atacaron a esos mismos policías. El Senado también rechazó esa enmienda.

El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, presentó una tercera propuesta: prohibir el fondo y transferir el dinero a un fondo antifraude del Departamento de Justicia. La apoyaron más de 10 republicanos, pero la mayoría de los demócratas votó en contra y garantizó su rechazo.

Tillis dijo sobre el costo político: “Si Blanche dice que esto es en gran medida inoperativo, ¿por qué no aprovechar este momento para codificarlo? De lo contrario, expones a todos nuestros miembros que están en campaña a tener que lidiar con esto hasta el día de las elecciones”.

La postura de Trump y la respuesta demócrata

El miércoles, Trump generó confusión sobre el estado del fondo cuando, ante la prensa, dijo que el acuerdo “es muy importante” y que no sabía si estaba cancelado o en suspenso. “Tendría que preguntarle a los abogados”, añadió. Esa declaración reactivó la presión de los senadores republicanos que querían bloquearlo por ley.

El fiscal general interino Todd Blanche había dicho días antes que el fondo no seguiría adelante. Aun así, Cassidy advirtió que el acuerdo sigue activo y que los pagos “absolutamente pueden realizarse”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, dijo: “Los republicanos dejan a los contribuyentes sin más que una promesa del arreglador personal de Donald Trump. Eso no es rendición de cuentas. Eso es una carta blanca”.

El contexto: meses sin financiamiento regular

ICE y la Patrulla Fronteriza llevan meses sin presupuesto ordinario. El bloqueo demócrata comenzó tras los homicidios de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis en enero. Los demócratas exigieron reformas: mejor identificación para los agentes y mayor uso de órdenes judiciales, entre otras medidas.

Las negociaciones no prosperaron y el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional venció en febrero sin acuerdo.

El Congreso financió el resto del departamento a fines de abril con apoyo demócrata, pero ICE y la Patrulla Fronteriza quedaron excluidos. Los republicanos recurrieron a una maniobra procedimental para sortear el filibuster y aprobar el proyecto sin ningún voto demócrata.

La presidenta Laura Fernández lanzó un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para abordar de manera definitiva la problemática en Crucitas, una región que actualmente exige un gasto de USD 1 millón al mes solo en operaciones de seguridad.

La mandataria advirtió que la situación en Crucitas representa un riesgo que trasciende lo ambiental, pues bandas de crimen organizado ya se han asentado en la zona, profundizando un ciclo de delitos y pérdida de recursos nacionales.

Según Fernández, la continuidad de este modelo implica que el país sacrifica fondos esenciales que podrían emplearse en otras áreas de la seguridad pública.

La presidenta subrayó: “Nos consume un millón de dólares al mes la atención de seguridad que estamos dando en Crucitas, eso es mucha plata que debería de estarse distribuyendo en otras de las tantas necesidades de la seguridad nacional”.

Con esto, insistió en la urgencia de que los diputados den trámite a la propuesta de legalizar la minería de oro en la región, una iniciativa que permanece en la Asamblea Legislativa desde hace aproximadamente dos años y medio.

Fernández extendió una invitación directa a los legisladores para visitar Crucitas el próximo 19 de junio, enfatizando que el recorrido será a pie y no en helicóptero.

La intención es que los diputados experimenten de primera mano las condiciones que soportan los cuerpos policiales y comprendan la gravedad de posponer una solución efectiva.

“Qué fácil es desde la comodidad del aire acondicionado y desde la comodidad de una oficina burocrática... decir, ay, me opongo a esa solución, mientras nuestros policías pasan en un ambiente inhóspito, solo ahí, casi que con la ayuda de Dios”, reclamó la presidenta.

Actualmente, la controversia gira en torno a la legalización de la minería de oro como estrategia para frenar el deterioro ambiental, el robo de recursos y el fortalecimiento de la criminalidad en Crucitas.

Fernández argumenta que la falta de acción perpetúa un “combo de todo lo malo” para el país: daños ecológicos, saqueo de bienes nacionales y el avance del crimen organizado.

La propuesta del Ejecutivo busca que la legalización permita un control estatal sobre la explotación minera, con la promesa de reducir los riesgos sociales y ambientales, así como el elevado gasto en seguridad.

El llamado de Laura Fernández es claro: sin una intervención legislativa, la crisis en Crucitas seguirá agravándose, drenando recursos y comprometiendo la estabilidad y bienestar nacional.

Un conflicto agravado de minería ilegal

La minería ilegal en Crucitas volvió a exponer en 2026 una crisis que mezcla daño ambiental, redes criminales y tensión entre Costa Rica y Nicaragua, después de que la Fuerza Pública costarricense detuviera a 19 nicaragüenses en la zona, según Infobae, en un conflicto agravado desde que se anuló la concesión legal para explotar oro y el territorio quedó abierto a la extracción clandestina.

Esa actividad ilegal provoca pérdidas anuales de unos USD 252 millones para Costa Rica, según Divergentes. El medio señaló que el oro extraído en la frontera alimenta un circuito de tráfico hacia Nicaragua, con participación de estructuras organizadas que facilitan su traslado y procesamiento.

La dimensión transfronteriza también llevó al gobierno costarricense a presentar reclamos diplomáticos a Nicaragua para pedir mayor vigilancia en la frontera y en el río San Juan, según Bloomberg Línea. La respuesta nicaragüense, de acuerdo con ese medio, ha sido limitada y la extracción clandestina continúa.

La zona quedó expuesta tras la anulación del proyecto aurífero

El origen del conflicto actual se remonta a 1999, cuando la empresa canadiense Industrias Infinito S.A. solicitó una concesión para explotar oro a cielo abierto en Las Crucitas, en el cantón de San Carlos, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

En 2008, el gobierno de Costa Rica declaró el proyecto de interés público y habilitó su avance, pese a la oposición de grupos ambientalistas y comunidades locales, de acuerdo con ese registro.

La concesión fue anulada en 2010 por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, que citó irregularidades en el proceso y posibles daños ambientales al ecosistema del río San Juan, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

Esa decisión frenó la explotación legal, pero dejó la zona vulnerable a nuevas incursiones irregulares.

Lo que ocurre hoy en Crucitas es una extracción clandestina de oro realizada por grupos de mineros artesanales conocidos como coligalleros en Costa Rica y güiriseros en Nicaragua, según La Prensa Nicaragua.

El medio informó que esos grupos emplean métodos que incluyen sustancias tóxicas como cianuro y mercurio.

En distintos operativos federales recientes se ha documentado el uso de camiones de carga refrigerada con productos agrícolas para ocultar drogas sintéticas en rutas que conectan el occidente del país con la frontera de Baja California, particularmente Tijuana, uno de los principales puntos de cruce hacia Estados Unidos.

El caso más reciente ocurrió este domingo 31 de mayo, cuando fue asegurado un tractocamión procedente de Nayarit con cerca de una tonelada de metanfetamina oculta entre jícamas congeladas dentro de la caja refrigerada, en un compartimento adaptado para el traslado del cargamento.

El 7 de julio de 2025, autoridades federales decomisaron en Tijuana más de una tonelada de metanfetamina escondida en cajas de tomate transportadas en un camión de carga. El vehículo fue interceptado en un punto de revisión del corredor 2000, donde se detectaron modificaciones en la estructura del remolque.

Ese mismo año, en la garita de Otay, también en Tijuana, se reportó el aseguramiento de droga sintética oculta en un vehículo de carga comercial, como parte de revisiones en cruces fronterizos utilizados para el ingreso de mercancías hacia Estados Unidos.

En estos casos, los cargamentos fueron localizados en compartimentos ocultos, dobles fondos y adaptaciones en cajas refrigeradas, en unidades que simulaban transportar productos agrícolas de consumo regular.

Tijuana y el corredor del Pacífico: punto crítico de inspección fronteriza

Tijuana, Baja California, es uno de los principales cruces terrestres entre México y Estados Unidos, lo que la convierte en un punto estratégico para el comercio legal y, al mismo tiempo, en una zona de alta vigilancia para el tránsito de mercancías.

El flujo constante de productos agrícolas provenientes de estados del occidente como Nayarit, Jalisco y Sinaloa forma parte de una cadena logística que utiliza transporte refrigerado para el abastecimiento de mercados nacionales y de exportación, lo que también ha sido aprovechado en distintos casos para el ocultamiento de cargamentos ilícitos.

En esta región operan distintas estructuras criminales con presencia histórica en el noroeste y occidente del país, entre ellas facciones del Cártel de Sinaloa y células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con autoridades de seguridad, estas organizaciones funcionan mediante células fragmentadas que utilizan infraestructura comercial existente para el movimiento de cargamentos ilícitos, sin que ello implique una relación directa o exclusiva entre un grupo específico y cada uno de los aseguramientos registrados.

La ubicación fronteriza de Tijuana y su conexión con cruces hacia California la mantienen como uno de los principales puntos de inspección en operativos conjuntos entre autoridades mexicanas y estadounidenses para el control del tráfico de drogas y mercancías.

Estados Unidos entregará a Panamá $3 millones para iniciar la limpieza ambiental de la provincia de Darién, por donde miles de migrantes transitaron en su periplo por llegar a la nación norteamericana.

Miles de plásticos, ropa, residuos sólidos, entre otros desperdicios, fueron dejados por los migrantes a su paso por una trocha que abrieron por el llamado Tapón del Darién, una selva que sirve de frontera entre Panamá y Colombia, y que hasta ese momento se mantenía virgen.

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, quien hizo el anuncio del aporte de su país para la limpieza de Darién, dijo que el trabajo se hará en conjunto con el Ministerio de Ambiente, y que además dará oportunidades de trabajo para los darienitas que se sumen a esta iniciativa.

Agregó que “vamos a estar contratando personas locales para darle empleos a estas personas que viven en estas comunidades, para limpiar el ambiente y asegurar que regrese a lo que era antes”.

En 2024 las autoridades del momento calcularon que la migración irregular dejó al menos 2,500 toneladas de basura en la selva darienita y que la limpieza costaría unos $12 millones.

En su momento, Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, declaró que así como Estados Unidos ha invertido para evitar el paso de migrantes, debe hacerse cargo de la limpieza del Darién, puesto que la mayoría de personas ingresaron a la zona con el objetivo de llegar a su nación.

“No están limpiando su desastre. Si Estados Unidos es responsable porque abrió sus fronteras, entonces Estados Unidos debería pagar por eso”, sentenció Navarro.

Los medios señalaron que en el primer trimestre de 2024 el flujo de migrantes por Darién alcanzó los 110,008, mientras que 2025 se redujo drásticamente a 2,831.

En 2026, según las autoridades la cifra se estancó en 92 personas.

Este año no han pasado más de 2,500 personas, afirmó Larry Solís, director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

En la odisea migratoria los ciudadanos de Venezuela fueron lo que más se aventuraron por la trocha darienita, al igual que ecuatorianos, colombianos y nativos de Ghana.

Desde 2021 el número de personas que cruzaban la peligrosa selva aumentó exponencialmente, alcanzando más de 520.000 en 2023, sostiene la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales.

Las causas de este fenómeno, afirma la organización, incluyen la combinación de crisis políticas y económicas en América Latina, la falta de vías migratorias legales y la difusión de información sobre las rutas disponibles.

Los trayectos, tanto terrestres como marítimos, variaban en duración y costo, exponiendo a los migrantes, en su mayoría venezolanos, haitianos y africanos, a condiciones extremas, abusos y explotación.

A su llegada a Panamá los migrantes eran atendidos en estaciones administradas por el Servicio Nacional de Fronteras y la Organización Internacional de las Migraciones, aunque los recursos eran limitados.

Desde 2024, bajo el gobierno de José Raúl Mulino, Panamá adoptó una política de cooperación con Estados Unidos que incluyó la repatriación aérea de migrantes irregulares.

En agosto de ese año el gobierno de Estados Unidos otorgó $6 millones para la repatriación de los migrantes.

La cooperación entre ambos países redujo el flujo migratorio en un 96% para marzo de 2025, pero también generó nuevas problemáticas humanitarias, como el cierre de centros de acogida y el incremento de un flujo inverso hacia el sur, manifiesta la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales.

El Gobierno de Delcy Rodríguez rechazó la escalada de violencia en la región colombiana del Catatumbo, ubicada en la frontera con Venezuela, y manifestó su “profunda preocupación” tras el anuncio de las Fuerzas Militares de Colombia sobre el desmantelamiento de un núcleo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con un saldo preliminar de siete posibles muertos.

En un comunicado, la Cancillería venezolana afirmó: “Venezuela ha sido sorprendida por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas”.

El Ejecutivo de Rodríguez subrayó que Venezuela “ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano” y observó “con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera” con “graves afectaciones”.

El martes, las Fuerzas Militares de Colombia informaron sobre una operación en el Catatumbo en la que desarticularon un núcleo de seguridad del Comando Central del ELN y reportaron siete rebeldes muertos en la ofensiva.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró en X: “Dí la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela”, refiriéndose a la operación en esa región fronteriza, considerada uno de los principales bastiones de la guerrilla.

El ataque consistió en una operación de interdicción aérea y asalto en una zona rural de Tibú, el municipio más importante del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, según detalló el mando militar.

En la operación participaron efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea, con apoyo de la Fiscalía, que “lograron afectar de manera contundente una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre".

Según el Ejército, este grupo “tenía un alto valor estratégico para el ELN” por enfrentarse al Frente 33 de las disidencias de las FARC en la disputa por el control territorial y de los cultivos de coca en el Catatumbo.

Además, se encargaba de la seguridad de miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN “cuando estos cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas”.

La Cancillería venezolana exhortó a evitar “acciones que puedan agravar las tensiones o generar mayores riesgos para las poblaciones fronterizas”.

México mantiene su atractivo como uno de los destinos turísticos favoritos a nivel mundial. Durante el primer trimestre de 2026, el país registró un incremento en la llegada de visitantes internacionales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tan solo en marzo de 2026, ingresaron al país 9,36 millones de turistas extranjeros, cifra que representa un aumento anual de 11,9 % frente a los 8,37 millones registrados en el mismo mes de 2025.

El reporte del INEGI revela que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento de visitantes fronterizos, aunque también se observaron caídas en el turismo aéreo y en el gasto promedio de los viajeros.

Visitantes fronterizos eligen México

Uno de los datos más destacados del informe fue el fuerte crecimiento de los visitantes fronterizos, quienes aumentaron un 33,9 % anual durante marzo de 2026.

En total, este segmento superó los 1,94 millones de personas, consolidándose como uno de los motores de recuperación turística en el país.

En contraste, el número de turistas que llegaron por vía aérea presentó una disminución de 7,5 %, al ubicarse en 2,22 millones de visitantes.

Cifras clave del turismo internacional en 2026

• 9,36 millones de turistas internacionales llegaron a México
• Incremento anual de 11,9 %
• 1,94 millones de visitantes fronterizos
• Crecimiento de 33,9 % en turismo fronterizo
• 2,22 millones de turistas llegaron por avión
• Caída de 7,5 % en turismo aéreo

Gasto de turistas extranjeros cayó en marzo

Pese al aumento en la llegada de viajeros, el gasto total realizado por turistas internacionales mostró una disminución anual.

El informe del INEGI detalla que el ingreso total por visitantes extranjeros pasó de 3.667,1 millones de dólares en marzo de 2025 a 3.541,1 millones de dólares en marzo de 2026, lo que representa una caída de 3,4 %.

Asimismo, el gasto promedio por turista también retrocedió de forma importante:

• Marzo 2025: 438,2 dólares
• Marzo 2026: 378,1 dólares
• Disminución anual: 13,7 %

México se mantiene entre los países más visitados del mundo

El crecimiento del turismo internacional confirma la tendencia positiva que ha mantenido México desde el final de la pandemia de covid-19.

Durante 2025, el país recibió 47,78 millones de turistas internacionales, cifra que representó un aumento de 6,1 % respecto a 2024.

Además, el ingreso de divisas por viajeros internacionales alcanzó los 34.991,6 millones de dólares, un crecimiento anual de 6,2 %.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), México se mantiene como el sexto país más visitado del mundo, posición que el Gobierno federal busca mejorar.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado como objetivo que el país logre colocarse dentro del top 5 mundial en recepción de turistas internacionales.

PIB turístico también mostró crecimiento

El dinamismo del sector también se reflejó en la economía relacionada con el turismo.

El Producto Interno Bruto (PIB) turístico, como lo denomina el INEGI, registró un crecimiento anual de 1,3 % al cierre de 2025, reforzando la relevancia del sector para la economía mexicana.

Especialistas consideran que el turismo seguirá siendo una de las actividades económicas clave para México, especialmente por el impulso de destinos de playa, turismo cultural, gastronómico y fronterizo.

La frontera venezolana se ha convertido en un problema geopolítico de gran escala, sostiene el abogado y ex diputado Juan Bautista García Escalona, quien advierte que desde el estado Apure se han proyectado durante años redes de cocaína y otras economías criminales hacia Estados Unidos, Europa y países árabes, mientras nuevas estructuras de lavado de dinero se instalan con facilidad en el territorio y levantan empresas y operaciones de forma casi inmediata.

Para García Escalona, lo que está en juego en Apure no es únicamente la seguridad de una región. “La integridad misma del país” está comprometida, asegura, por lo que considera urgente elevar el nivel de conciencia sobre lo que ocurre en la frontera para construir soluciones reales y evitar que la población siga sometida a la violencia y al crimen organizado.

El también dirigente político y defensor de Derechos Humanos cuestiona, en la conversación con Infobae, la narrativa oficial sobre la seguridad fronteriza. A su juicio, afirmar que la frontera venezolana es segura, como lo hace el Gobierno, “no solo es una mentira peligrosa, sino una fachada de un conjunto de actividades que han erosionado al Estado”. En ese contexto, reclama una defensa efectiva del territorio y denuncia el presunto uso de recursos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de grupos irregulares, entre ellos vehículos, armas y lanchas.

Según su diagnóstico, el territorio fronterizo está hoy fragmentado por actores armados, con autoridades que responden a lógicas criminales. En ese mapa de poder, dice, el narcotráfico define rutas, impone silencios, teje alianzas y empuja al Estado a renunciar al ejercicio de una soberanía efectiva.

Frente a ese escenario, García Escalona sostiene que Venezuela necesita instituciones sólidas, funcionarios íntegros y una voluntad política firme para romper con el poder corruptor de las economías ilegales. En su opinión, sin una respuesta institucional seria, la frontera seguirá siendo terreno fértil para redes criminales que operan con creciente capacidad de expansión.

Entre los hechos más graves que denuncia figura el secuestro de niños indígenas. Asegura que, desde hace años, se registran casos de traslados forzados desde la población de Elorza, en Apure, hacia Colombia y luego a otros destinos, en medio de “sospechas sobre trata de personas y posibles usos criminales aún más severos”.

El abogado afirma que llevó estas denuncias ante organismos del Estado venezolano y que, en su condición de representante de Fundaredes, acudió en varias oportunidades al Ministerio Público para exigir la apertura de una investigación. Según relata, la respuesta que recibió fue una advertencia para que no regresara porque podía ser detenido.

Está convencido que lo que ha ocurrido en la frontera no responde a un episodio aislado ni a una desviación temporal, sino a la consolidación de un “modelo de control paralelo que debilitó la soberanía del Estado”. Bajo esa lógica, amplias zonas del país fueron convertidas en “espacios en disputa, dominados por economías ilegales, redes armadas y actores con intereses criminales”, sostiene en la entrevista con Infobae.

- Usted en el pasado como parte del Movimiento Quinta República (MVR), apoyó al entonces proceso. ¿A qué conclusión ha llegado de lo que ha ocurrido en la frontera con el territorio y la soberanía?

- Desde esa experiencia, y particularmente desde Apure, he podido comprender cómo se configuró un sistema perverso de entrega territorial a grupos irregulares como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como a otras estructuras armadas y políticas que encontraron respaldo, tolerancia y protección dentro del poder.

- Especialmente en las zonas fronterizas. ¿Cuál fue el atractivo que tenía ese territorio?

- No olvide que ese proceso no se limitó a Apure, se extendió con distintas formas y dinámicas a regiones fronterizas como Amazonas, Zulia, Táchira, Falcón y Bolívar. ¿El atractivo? Pues el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas que terminaron consolidando redes de enorme poder, en el caso de Bolívar, además, el interés por el oro ha profundizado todavía más la voracidad de estas estructuras, que no solo se disputan las rutas y recursos, sino que han corrompido funcionarios e instituciones enteras, destruyendo la vida comunitaria, sin que nadie haga nada, el poder del dinero y de las armas es el que se impone.

- Alguna vez ha tenido respuesta al ¿por qué Apure ha sido azotado por esas perversas redes?

- Considero que Apure empezó siendo una especie de laboratorio de ese abandono, donde los grupos irregulares dejaron hace tiempo de ser una amenaza lejana.

- ¿Qué los acercó?

- Bueno, su existencia se sabía desde hace muchos años, pero se convirtieron en actores con capacidad real de mando sobre comunidades rurales enteras, sobre actividades económicas básicas y sobre la vida cotidiana de la población, la pesca, la ganadería, el comercio local y hasta la relación social entre los habitantes fueron penetrados por la lógica de la violencia, la coacción y la dependencia.

- ¿Las consecuencias de ese hecho perturbador?

- Produjo un fenómeno profundamente doloroso. Una parte de la población rechaza y detesta esa realidad porque aspira a libertad y democracia plena, pero otra parte terminó normalizándola por necesidad, por miedo o por dependencia económica, y ahora hasta por vínculos familiares con mandos de las organizaciones irregulares, pues milicianos de las FARC, formaron familia con muchos pobladores, creando allí un lazo que ha trascendido del dominio y control de las armas.

- ¿No le parece que eso trae un impacto social y cultural con raíces profundas difíciles de enfrentar?

- Si, las consecuencias no solo son políticas o de seguridad, también humanas y antropológicas. En zonas donde durante años la presencia armada se hizo cotidiana, surgieron vínculos complejos entre comunidades y combatientes, incluso relaciones familiares y de convivencia que reflejan una fractura social profunda.

- ¿Puede compartir algunos casos?

- Por ejemplo, la hija del comisario rural, de una población del municipio Pedro Camejo tiene hijos con el comandante de la guerrilla. En Achaguas igual, comandantes de la policía, militares, las relaciones son abundantes. Algunos de ellos asumieron estos hechos con orgullo, aun cuando sabían que la violencia es el sistema para convivir con los pobladores, así la frontera se transformó en territorio de subordinación.

- ¿Cuál ha sido la actuación de las instituciones?

- El Estado sencillamente abdicó su responsabilidad para que el crimen ocupara su lugar. Son múltiples las veces que los comandos del Ejército, y la Guardia Nacional le han recomendado a los pobladores que hagan la denuncia de los robos y abigeatos ante los líderes de las FARC y el ELN, porque son los que según ellos tienen como resolverles el problema. Es aterrador el nivel de degradación institucional que ha sufrido la frontera, por ejemplo, ante lo que ocurre con una población tan vulnerable como son los indígenas.

- ¿A qué se refiere con los indígenas? ¿Son casos puntuales?

- No, no estamos hablando de hechos aislados, sino de síntomas de una descomposición profunda que no puede seguir siendo negada, y mucho menos desatendida. La población indígena en Apure ha sido vulnerada, nuestros indígenas han sido expulsados del territorio, esclavizados muchas veces y las niñas indígenas abusadas sexualmente, tenemos años denunciándolo, lo hicimos desde Fundaredes, muchas veces ante el Ministerio Publico, y nada importó, nunca desarrollaron ni una sola investigación, al contrario, en una oportunidad se me indicó que no fuera más al Ministerio Publico a llevar ninguna denuncia en nombre de Fundaredes, porque me iban a detener. Luego encarcelaron a Javier Tarazona casi 5 años, y todo el esfuerzo por desmantelar el trabajo de la ONG se materializó.

- En Infobae se hizo seguimiento a los sucesos de la frontera en 2021 entre el ejército venezolano y las FARC. Hubo 16 militares fallecidos, varios guerrilleros muertos y campamentos desmantelados. ¿Fue importante para el estado Apure el combate contra esa guerrilla?

- El enfrentamiento de La Victoria, municipio Páez, del estado Apure, entre la Fuerza Armada (FANB) y el Décimo Frente de las FARC no resolvió el problema, se agravó, porque el Estado terminó apoyándose en el ELN para combatir al Décimo Frente de las FARC, y esa decisión implicó más control territorial, más brutalidad y más sufrimiento para la población civil. La frontera quedó atrapada entre estructuras armadas que disputan rutas, economías y poder, mientras el ciudadano común permanece desprotegido, silenciado y sometido, teniendo ahora un monstruo en el ELN, con todo el control que poseen sobre el territorio y la población.

- ¿Cómo queda la responsabilidad de la Fuerza Armada que constitucionalmente tiene como función esencial la defensa del territorio y la soberanía?

- Lo que hoy exhibe la FANB son graves señales de deterioro institucional, falta de preparación de muchos oficiales y de la tropa, pero también la pérdida de identidad, de doctrina y de compromiso real con el país. Una Fuerza Armada sin claridad moral, sin sentido nacional y sin formación adecuada termina siendo vulnerable frente a las presiones del poder, de la corrupción y de las redes criminales. El deterioro es tan brutal en tantas áreas de la frontera que muchos niños van a la escuela en Colombia y no en Venezuela, se saben el himno nacional de Colombia y no el de Venezuela.

- ¿Siendo abogado cómo entiende lo que institucionalmente ocurre con el aparato institucional del Estado?

- En el silencio institucional que tampoco puede seguir ignorándose. En Venezuela prácticamente no se investiga nada que involucre a los grupos irregulares o a sus vínculos con el poder. La impunidad se ha convertido en norma, y esa impunidad protege a quienes actúan desde la sombra como a quienes, desde posiciones públicas, han permitido la expansión de estas redes.

- ¿Como ocurre con funcionarios y líderes políticos relacionados con jefes guerrilleros? ¿O con cabecillas de grupos irregulares en cargos públicos?

- Fíjese el caso de las FBL (Fuerzas Bolivarianas de Liberación); miembros de su alto mando han ocupado alcaldías, gobernaciones y escaños parlamentarios en la Asamblea Nacional, lo que demuestra que no se trata solo de un actor armado, sino de una estructura con capacidad de inserción política e institucional, que crecieron por el apoyo, en su momento, de Elías Jaua Milano en la Vicepresidencia de la República, y del desastre que ha significado el Ministerio Publico, desde Luisa Ortega Díaz, que prefería voltear para otro lado, y que se profundiza con Tarek William Saab, quien abiertamente apoyó delincuentes.

- En Infobae recibimos numerosas denuncias, como un secreto a voces en la frontera, la estrecha relación de funcionarios militares con la guerrilla de las FARC y el ELN.

- Si, son innumerables las denuncias de colusión de funcionarios militares con grupos irregulares, cuando por acción u omisión, terminan facilitando el funcionamiento de estas estructuras. ¿Cómo hay así soberanía posible? Hay sectores armados del Estado que sirven de puente, protección o cobertura a organizaciones que operan al margen de la ley; esa realidad exige una reflexión seria, urgente y sin maquillajes. Los grupos irregulares no pueden seguir utilizando los recursos de la FANB, eso tiene que acabar y me refiero a vehículos, armas, lanchas, y sabrá Dios que más.

El gobierno de Estados Unidos relanza su estrategia de deportación masiva de inmigrantes indocumentados, con especial foco en las llamadas ciudades santuario y bajo la coordinación de Tom Homan. En una entrevista exclusiva con CBS News, el actual “zar de la frontera” confirmó que la administración mantiene la promesa de llevar adelante operativos a gran escala y defender esta política como la respuesta necesaria tras varios años de políticas migratorias flexibles.

El funcionario explicó que la llegada de Donald Trump marcó el cambio definitivo en la política migratoria: “El presidente fue elegido para esto”, afirmó. Según sus palabras, las órdenes ejecutivas restablecidas permitieron “la frontera más segura de la historia nacional”, superando incluso los niveles alcanzados en su primera gestión.

Asimismo, recalcó que la prioridad es cumplir con las leyes vigentes, enfocando los esfuerzos en la localización y expulsión de quienes ya tienen órdenes de deportación.

Qué significa la estrategia de deportación masiva

Tom Homan, respaldado por el presidente Trump, lidera la renovación de la política de deportación masiva en Estados Unidos. En la entrevista con CBS News, la cadena estadounidense de noticias, detalló que la administración no da marcha atrás y prepara nuevas fases de operativos federales.

“El presidente me llamó, quería que supervisara la creación de una frontera segura y llevara adelante una operación de deportación masiva”, declaró el oficial de inmigración.

La estrategia implica priorizar la expulsión de personas con antecedentes penales, aunque el propio Homan reconoció que alrededor del 40% de los arrestados no tienen historial criminal. Esta política, defendida como una cuestión de “seguridad pública”, incluye a cualquier persona en situación irregular, incluso si no ha cometido otro delito además de la entrada ilegal.

Dónde se concentran los operativos y por qué se seleccionan esas ciudades

Las llamadas ciudades santuario, donde generalmente las autoridades locales limitan la cooperación con agentes federales, se han convertido en el principal objetivo de la nueva oleada de deportaciones. Según explicó Homan en CBS News, la falta de acceso a cárceles locales obliga a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a operar en las calles, lo que conlleva un aumento en las detenciones colaterales.

“Cuando no nos dejan entrar en las cárceles, tenemos que ir a las comunidades y, al buscar a un objetivo, muchas veces encontramos a otros que también están en el país ilegalmente. Ellos también serán arrestados y deportados”, comentó.

El funcionario subrayó que la cooperación de las cárceles estatales es clave para reducir el temor en las comunidades y la exposición de los agentes. “Más agentes en las cárceles significa menos agentes en la calle”, insistió Homan.

Desde los incidentes en Minneapolis, donde ocurrieron protestas y dos tiroteos mortales durante operativos de ICE, las autoridades federales debieron modificar los procedimientos, priorizando la coordinación con las instituciones penitenciarias para minimizar riesgos.

Cuándo y cómo se ejecutan las nuevas fases de deportación

La intensificación de las deportaciones se produce en un contexto de cifras elevadas de inmigración irregular. Homan aseguró que, desde el inicio de la actual administración, se han superado “los 800.000 procesos de remoción entre ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”. Estad cifra, según sus palabras, supera los registros de cualquier otro año.

La meta, según precisó, es incrementar aún más el ritmo con la contratación de 10.000 nuevos agentes y la ampliación de la infraestructura de detención.

Según el funcionario, la reducción de arrestos registrada en los últimos meses se debe, en parte, al cierre temporal del gobierno y a la falta de recursos para los contratistas encargados de localizar a los objetivos. Con la reactivación de fondos y la contratación de nuevos agentes, se prevé un repunte significativo en las operaciones.

Qué argumentos respaldan y cuestionan la política

Homan defendió la política de deportación masiva como la “opción más humana” frente al aumento de muertes y delitos asociados a la migración irregular. En la entrevista con CBS News, argumentó que la apertura de la frontera bajo la administración anterior provocó récords históricos de muertes por consumo de fentanilo, así como un auge en el tráfico de personas.

Frente a las críticas que califican la estrategia de “cruel” o “racista”, Homan afirmó: “La cosa más humana que puedes hacer en la frontera es asegurarla”. Sostuvo que la reducción del 96% en el flujo irregular de personas se traduce en menos muertes, menos víctimas de delitos y mayor seguridad nacional.

Según el “zar de la frontera”, el enfoque se concentra en operaciones dirigidas a individuos específicos, aunque sin descartar a quienes se encuentren en situación irregular.

Qué impacto tienen las operaciones y qué casos generan controversia

Las acciones federales han provocado tensiones con autoridades estatales y locales. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reiteró que su estado no solicitó el despliegue de fuerzas federales. Además, la operación en Minneapolis dejó dos ciudadanos estadounidenses muertos, casos que siguen bajo investigación.

Homan sostuvo que, si se comprueba una actuación indebida de los agentes, “deben enfrentar las consecuencias”.

El funcionario también abordó el uso de la discrecionalidad en casos particulares, como el de la esposa de un militar estadounidense detenida en El Paso. Homan afirmó que los agentes tienen margen de decisión, pero se debe respetar el debido proceso y las órdenes judiciales: “Somos una nación de leyes. No podemos ignorar una orden judicial”.

Por qué se mantiene la política y qué perspectivas existen

Homan sostuvo que la administración no retrocede en la política de deportaciones masivas y que los números lo demuestran: “Los datos de arrestos y remociones en el último año nunca se habían visto”.

Añadió que la falta de reformas legislativas obliga a depender de órdenes ejecutivas, que pueden revertirse con cada cambio de presidente. También expresó escepticismo sobre la posibilidad de acuerdos en el Congreso y responsabilizó a los legisladores de no resolver el sistema migratorio.

La tercera acción a gran escala en menos de dos meses volvió a poner en evidencia cómo operan estas estructuras ilegales en una franja cercana al límite con territorio peruano. Tropas ecuatorianas ingresaron en helicópteros a sectores como San Luis, Dos Camas y La Aída, donde localizaron campamentos precarios levantados con madera y plástico en medio de la montaña. Según los reportes oficiales, desde el inicio de los operativos también se ha logrado desalojar a más de 2.000 personas que permanecían en las inmediaciones del parque, mientras la presión sobre el ecosistema continuaba avanzando con la explotación no autorizada de material aurífero.

El despliegue militar en Podocarpus y la estructura detrás de la minería ilegal

Las acciones se desarrollan dentro del Parque Nacional Podocarpus, una reserva de 146.000 hectáreas considerada clave para la conservación ambiental y la provisión de agua en la región. El área forma parte de la Reserva de Biósfera del Ecuador, reconocida por la UNESCO desde 2007, y se ha convertido en un punto crítico por la expansión de la minería ilegal en frontera con Perú. De acuerdo con información de inteligencia militar, el control de estas actividades estaría en manos del grupo armado Los Lobos, una referencia que ha encendido las alertas por la combinación de crimen organizado, extracción ilícita y ocupación territorial.

Durante la más reciente intervención, los uniformados destruyeron infraestructura usada para sostener la operación minera clandestina. Entre los elementos encontrados figuran bocaminas, rotomartillos, generadores eléctricos, emulsiones explosivas, mecha lenta, combustible, municiones, una carabina Mossberg, además de campamentos con capacidad para decenas de personas. También se halló un centro de procesamiento de material aurífero equipado con chancadoras, mangueras de agua y antenas satelitales Starlink, lo que muestra un nivel de organización mucho más amplio que el de una actividad artesanal aislada.

133.000 dólares de afectación económica a mafias

Las autoridades ecuatorianas sostienen que la intervención busca cortar la logística de las redes dedicadas a la explotación ilegal de oro, afectando su capacidad de movilización, abastecimiento y permanencia en la zona. En las operaciones ejecutadas en este sector, la afectación económica estimada supera los 133.000 dólares, una cifra que forma parte de los cálculos oficiales sobre el golpe a las estructuras criminales asentadas en el parque.

Desde el punto de vista operativo, el ingreso por aire ha sido uno de los factores que ha permitido a las tropas avanzar sobre una geografía difícil, marcada por cerros, vegetación densa y accesos limitados. Los campamentos detectados estaban distribuidos en distintos puntos de la reserva y funcionaban como bases temporales para el personal involucrado en la extracción, el procesamiento y la custodia del material obtenido de forma ilegal.

En paralelo, la presencia militar en esta zona de la frontera Perú-Ecuador se mantiene como parte de una estrategia de control territorial que apunta a frenar el avance de economías ilícitas en áreas protegidas. La secuencia de operativos iniciada en marzo ha dejado al descubierto una red con capacidad para instalar, mover y rearmar infraestructura clandestina en cuestión de días, mientras persiste la presión sobre uno de los espacios naturales más frágiles del sur ecuatoriano.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compareció este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para debatir el presupuesto militar de 2027, una propuesta histórica que elevaría el gasto en defensa a 25 mil millones de dólares. En su testimonio, Hegseth reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de seguridad fronteriza, pero dejó claro que esos esfuerzos deben intensificarse y, sobre todo, “hacerlo con rapidez”.

Washington mantiene la presión sobre México en materia de seguridad

El gobierno de Donald Trump volvió a exigir resultados concretos a México en el control de la frontera. Durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el secretario de Guerra estadounidense señaló que, si bien México ha mostrado ciertos avances, “necesitamos ver más, y verlo rápido”.

La declaración se produce en un contexto de creciente tensión bilateral, donde la presión migratoria y de seguridad desde Washington no cede.

¿Qué le pide EU a México?

Según el testimonio presentado ante el Congreso, la administración Trump sostiene que ha logrado llevar a cero los cruces ilegales en la frontera, gracias a operativos militares terrestres, marítimos y aéreos. Sin embargo, deja claro que eso no es suficiente sin mayor colaboración mexicana.

Entre las exigencias implícitas destacan:

• Mayor control del lado mexicano de la frontera.
• Resultados visibles y urgentes, no solo compromisos.
• Coordinación activa con las fuerzas armadas de Estados Unidos, en línea con la reciente autorización del Senado mexicano para el ingreso de 96 marines a capacitar tropas de la Semar.

Una comparecencia marcada por la guerra en Irán

Los legisladores demócratas cuestionaron duramente la gestión del conflicto con Irán —donde el estrecho de Ormuz permanece bloqueado—, el disparo de costos de la guerra, la reducción de reservas de municiones y el bombardeo de una escuela con víctimas civiles, incluidos niños.

El presupuesto militar más alto de la historia

De fondo, el verdadero objetivo de la comparecencia era defender la propuesta de presupuesto militar para 2027: 25 mil millones de dólares, la cifra más alta en la historia de Estados Unidos.

El argumento para justificarlo apunta a los aumentos en gasto de defensa de China, Rusia e Irán, y a lo que los republicanos describen como una brecha en capacidades militares: “No tenemos suficientes municiones, buques ni aeronaves”, advirtió el representante Mike Rogers.

Tuvieron que pasar 30 años para que en la frontera de Panamá con Colombia, en el apartado distrito de Sambú, que forma parte de la comarca indígena Emberá-Wounaan, se inaugurara por primera vez un Centro de Salud Materno Infantil.

La estructura tuvo un costo de más de $3.9 millones, y las autoridades de Salud proyectan que beneficiará a unos 5 mil residentes del mencionado distrito, así como a los habitantes de la comarca indígena Emberá Wounaan, al igual que a residentes de las comunidades campesinas ubicadas a lo largo de la carretera Sambú –Garachiné, incluyendo La Colonia Chiricana y Río de Jesús cabecera.

El Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas reemplaza a una antigua instalación, que de acuerdo con fuentes gubernamentales representaba un riesgo constante para pacientes y personal de salud, ya que se construyó en un área altamente inundable.

Debido a esta situación fueron incontables las ocasiones en que el antiguo centro se vio afectado por inundaciones que en la mayoría de los casos superaron el metro de altura. Ahora, la nueva infraestructura ofrece según las autoridades del ramo condiciones seguras, modernas y adecuadas para la prestación de servicios médicos.

Como entidad responsable de la atención sanitaria en la región, tanto para asegurados como no asegurados, el Ministerio de Salud refuerza de esta manera su compromiso con una provincia que incluye además dos comarcas indígenas, la Wargandí y la Emberá Wounaan, señala una nota ministerial.

Recalca que el Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas es la única instalación en la provincia de Darién con capacidad para cubrir tanto el distrito de Chepigana, como el distrito comarcal de Sambú.

Para una mejor atención el Centro de Salud laborará 24/7, y para ello cuenta con una amplia cartera de servicios, que incluyen consulta externa, farmacia, control de peso y talla, vacunación, atención de enfermería, ginecología, medicina general, odontología y laboratorio clínico.

Igual dispone de un área de urgencias y hospitalización equipada con central de enfermería, salas diferenciadas para hombres, mujeres, niños y lactantes, así como una sala de aislamiento.

También destacan una sala de labor de parto, servicios de saneamiento ambiental, control de vectores y mantenimiento. Adicionalmente, el complejo incluye una casa materna con capacidad para cuatro habitaciones dobles y una residencia para el personal de salud con igual número de habitaciones.

Voceros del Ministerio de Salud recordaron a la población que inició la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, una jornada regional que busca ampliar la cobertura de inmunización y facilitar el acceso a servicios de salud en distintas poblaciones.

Pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció la semana de vacunación del 26 de abril al 2 de mayo, Panamá la adelantó, debido al feriado nacional del 1 de mayo.

Bajo el lema "Tu decisión marca la diferencia" ayer en la Región de Salud de la provincia de Veraguas se preparaban para el lanzamiento de la Jornada de Vacunación en las Américas 2026, que también se desarrollará en todos los países del continente, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades a través de la inmunización.

Juana Bernal, subdirectora regional del Ministerio de Salud, destacó la importancia de esta estrategia y el compromiso del personal del ministerio y de la Caja de Seguro Social.

Resaltó la labor del equipo de enfermería, quienes según manifestó son el eje de esta estrategia, ya que llevarán las vacunas casa por casa, en todo el país.

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó este jueves prisión preventiva para los ciudadanos bolivianos Justiniano Canchi Gutiérrez y Carlos Armando Lira Colque, acusados de los delitos de contrabando y daños calificados tras utilizar una retroexcavadora para tapar zanjas y habilitar pasos ilegales en la comuna fronteriza de Colchane (1.970 kms al norte de Santiago), Región de Tarapacá.

En la audiencia de formalización, Milton Torres, fiscal jefe del Tamarugal, detalló que los imputados fueron sorprendidos el pasado domingo 12 de abril rellenando la zanja construida por el Ejército en el sector de Pampa Tordo, a fin de ingresar la retroexcavadora al país vecino, en concomitancia con terceras personas aún no detenidas también de nacionalidad boliviana.

Según el persecutor, dichos cómplices eran los encargados de entregarles por teléfono celular la ubicación del personal del Ejército. A pesar de ello, ambos fueron sorprendidos en un patrullaje y aunque intentaron darse a la fuga, fueron rápidamente capturados y puestos a disposición del tribunal.

Pérdidas económicas

Asimismo, el Ministerio Público hizo un cálculo del perjuicio económico causado por los dos imputados, toda vez que el valor aduanero de la retroexcavadora bordea los USD 15 mil (unos $14 millones de pesos), y la construcción de la zanja por parte de los uniformados implicó un costo fiscal de unos USD 6,900 ($6 millones).

Al respecto, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, detalló en conversación con BioBíoChile que los imputados fueron sorprendidos in fraganti “despejando el terreno”, asunto que demuestra la efectividad de estas zanjas de tres metros de ancho y profundidad para impedir el paso de migrantes ilegales y vehículos con droga de contrabando, y recordó de paso que “uno no puede hacer una zanja y dejarla ahí”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que ambos sujetos tenían antecedentes penales previos -uno de ellos precisamente por contrabando-, la flagrancia en la que fueron detenidos y la gravedad de los delitos, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados, decretando 100 días como plazo para la investigación.

Panamá y Colombia reactivaron su agenda conjunta de seguridad fronteriza con el inicio de la XXIX Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), un encuentro que se desarrolla en la capital panameña y que busca reforzar la coordinación operativa, el intercambio de inteligencia y la ejecución de acciones conjuntas frente a las amenazas que persisten en la zona limítrofe.

La cita, organizada por el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) junto a fuerzas militares y policiales colombianas, se extiende hasta hoy 15 de abril y reúne a representantes de los principales estamentos de seguridad de ambos países.

Durante la apertura, el director general de SENAFRONT, Larry Solís, encabezó la delegación panameña y subrayó que la cooperación bilateral es un pilar clave para enfrentar los desafíos en la frontera, una de las áreas más complejas de la región.

En el encuentro participan además la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Migración, con el objetivo de fortalecer la planificación estratégica y mejorar la capacidad de respuesta ante delitos transnacionales que afectan tanto a Panamá como a Colombia.

La frontera entre ambos países, con una extensión de 266 kilómetros, atraviesa la densa selva del Tapón del Darién, una zona sin conexión terrestre continua debido a la interrupción de la Carretera Panamericana en Yaviza.

Este entorno geográfico ha convertido el área en un punto crítico para el narcotráfico, la migración irregular, la trata de personas, el contrabando y la presencia de grupos armados irregulares, lo que obliga a mantener un esquema de vigilancia permanente y cooperación constante entre ambas naciones.

En ese contexto, Panamá ha reforzado sus mecanismos de control con un sistema que combina puntos oficiales de entrada y una mayor presencia en la selva. Lugares como Puerto Obaldía y La Miel funcionan como puntos formales de migración y aduanas, mientras que áreas como Yaviza y Metetí operan como filtros internos de seguridad para supervisar el tránsito desde la selva.

A esto se suma la implementación de medidas como el cierre de pasos no autorizados, frenando el flujo migratorio de sur a norte.

Mientras las autoridades afinan estrategias en la mesa binacional, las operaciones en terreno continúan. A inicios de abril, unidades de la Dirección Antinarcóticos de SENAFRONT, en conjunto con fuerzas especializadas, ejecutaron la Operación Escudo de Acero Fase II en el sector de El Salto, en la provincia de Darién.

La acción, desarrollada en coordinación con la Fiscalía de Drogas, permitió la aprehensión de una ciudadana panameña presuntamente vinculada al microtráfico de sustancias ilícitas.

Durante el operativo, las autoridades lograron el decomiso de presunta marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular, cigarrillos y diversos materiales utilizados para el embalaje y distribución de droga.

La diligencia fue el resultado de labores de inteligencia y seguimiento, lo que refleja el tipo de trabajo que las autoridades buscan fortalecer a través de espacios como la COMBIFRON, donde el intercambio de información es clave para anticipar y desarticular estructuras delictivas.

La persona aprehendida fue puesta a órdenes de las autoridades competentes junto con los indicios recolectados, mientras el SENAFRONT reiteró su compromiso de mantener una lucha sostenida contra el narcotráfico y los delitos conexos.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a reducir el impacto del crimen organizado en comunidades vulnerables, particularmente en zonas fronterizas donde la presencia estatal es más desafiante.

El vínculo entre la coordinación estratégica y las acciones en campo es precisamente el eje de la reunión binacional. La Combifron no solo permite dar seguimiento a acuerdos previos, sino también establecer nuevas líneas de acción frente a fenómenos que evolucionan constantemente.

En una frontera donde confluyen rutas del narcotráfico, flujos migratorios irregulares y economías ilegales, la capacidad de respuesta depende en gran medida de la articulación entre instituciones y la cooperación internacional.

La Secretaría de Cultura de Baja California emitió un llamado urgente a las autoridades estadounidenses para detener el uso de explosivos en el cerro 'El Cuchumá‘, ubicado en la zona binacional de Tecate y Tecatito. El sitio, de alto valor biocultural y espiritual para el pueblo kumiai, está siendo afectado por las obras de construcción del muro fronterizo impulsadas por el gobierno de Estados Unidos.

La secretaria de Cultura de Baja California, Alma Delia Ábrego, dirigió el oficio SC/199/2026 con fecha del 8 de abril al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, exigiendo el cese inmediato de las detonaciones y el respeto a los protocolos de consulta con los pueblos originarios.

“Un monumento vivo de resistencia y espiritualidad”

Para las comunidades indígenas que habitan a ambos lados de la frontera, ‘El Cuchumá’ no es solo una elevación geográfica: es un sitio sagrado que precede a cualquier administración y representa la memoria viva del pueblo kumiai. Su fragmentación, advirtió Ábrego, genera una herida profunda en el tejido social de esas comunidades.

“La naturaleza impone la obligación ética y política de detener las obras hasta que especialistas de ambos países evalúen el daño irreversible a vestigios arqueológicos y centros de culto”, señaló la funcionaria.

Patrimonio cultural que trasciende la frontera

La Secretaría de Cultura de BC argumentó que la destrucción de este sitio de culto ancestral contraviene los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que insta a la protección del patrimonio cultural mundial. En ese sentido, Ábrego subrayó que El Cuchumá forma parte de la memoria colectiva de la humanidad y su integridad trasciende cualquier disputa territorial o política migratoria.

“El desarrollo de la seguridad fronteriza no implica el sacrificio de la herencia cultural de las naciones indígenas”, enfatizó la secretaria, quien además advirtió que la dependencia a su cargo tiene la obligación de defender los derechos culturales de las comunidades afectadas.

Piden suspender obras hasta evaluar daños irreversibles

La petición formal incluye dos exigencias concretas a la CBP:

• Detener de inmediato el uso de explosivos en El Cuchumá.
• Respetar los protocolos de consulta con los pueblos originarios antes de continuar cualquier obra en la zona.

Ábrego advirtió que los daños al patrimonio arqueológico y a los centros de culto en la montaña son potencialmente irreversibles, por lo que las obras deben suspenderse mientras especialistas de México y Estados Unidos evalúan el alcance real de las afectaciones en este corredor biocultural binacional.

México y Estados Unidos consolidan la modernización y el reforzamiento de la seguridad fronteriza tras la reunión plenaria del Grupo Binacional México–EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales, celebrada los días 8 y 9 de abril en Washington, D.C., según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El encuentro es el principal foro bilateral para proyectos de infraestructura transfronteriza y la planeación de mecanismos que garanticen el comercio legal, la protección de personas y la prevención de actividades ilícitas.

Entre los resultados destaca la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios y el fortalecimiento de la coordinación técnica de largo plazo en materia de seguridad, infraestructura y logística.

También se avanzó en la consolidación de sistemas de inspección conjunta de carga, la modernización de cruces, la implementación de la Revisión No Intrusiva (RNI) y el fortalecimiento operativo entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Grupo Binacional México–EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales reconoce esfuerzo de ambas naciones

Durante la inauguración, Max Hamilton, subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, resaltó: “la seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios y este grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas”.

Por parte de México, Esteban Moctezuma Barragán, embajador ante Estados Unidos, afirmó que “una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas”.

En el foro participaron funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sict), la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y representantes de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por Estados Unidos asistieron autoridades del Departamento de Estado, Departamento de Transporte, Departamento de Comercio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Administración de Servicios Generales y representantes de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Relación México-Estados Unidos respecto a la frontera es un reto

La frontera entre México y Estados Unidos se caracteriza por una desigualdad marcada y una creciente integración entre las ciudades fronterizas, lo que genera retos particulares para la gestión diplomática y la administración conjunta de la agenda bilateral.

La relación entre ambos países, a diferencia del vínculo de Estados Unidos con otras naciones latinoamericanas, requiere atender tanto asuntos nacionales como temas fronterizos específicos.

La asimetría entre los dos lados, junto con las diferencias en los sistemas jurídicos y políticos, complica la definición de contrapartes adecuadas del lado estadounidense para cada tema de la agenda. Esta condición introduce un nivel adicional de dificultad, forzando al gobierno federal mexicano a identificar interlocutores precisos para cada negociación fronteriza.

La forma en que operan los sistemas en ambos países y las particularidades locales de la franja fronteriza establecen una dinámica única, donde la gobernabilidad y la colaboración dependen de acertar en la selección de autoridades y mecanismos adecuados, especialmente ante la presencia de múltiples jurisdicciones y niveles de gobierno en Estados Unidos.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, permanecerá cerrado de forma preventiva desde las 16:00 de este viernes 10 de abril. Esta interrupción se debe a condiciones meteorológicas adversas en alta montaña y afectará la circulación de todo tipo de vehículos para garantizar la seguridad vial.

La reapertura del corredor fronterizo quedará supeditada a la mejora del clima y a una evaluación técnica de la calzada por parte de los organismos viales de ambos países, añadió la coordinación del sistema integrado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un marcado descenso de la temperatura y probabilidad de nevadas en la zona de alta montaña. Para este viernes, el organismo previó temperaturas mínimas de hasta -6°C (21°F) y máximas que no superan los 5°C (41°F) en localidades como Las Cuevas.

Además, el SMN emitió alertó las nevadas estar aompañadas de fuerte lluvia, factores que complican el tránsito y aumentan la posibilidad de congelamiento en la calzada. Ante este pronóstico de inestabilidad climática de la zona, las autoridades recomiendan a quienes planean viajar hacia la alta montaña consultar previamente los canales de información oficiales para conocer el estado actualizado del paso. Teniendo en cuenta que cientos de camiones y vehículos particulares cruzan la frontera terrestre de Chile y Argentina, la medida obliga a reprogramar viajes y buscar rutas alternativas.

Las autoridades recomendaron consultar el estado de otros pasos fronterizos, como el Pehuenche, que permanece habilitado entre las 8:00 y las 19:00, aunque también presenta restricciones por obras viales. Además, como parte del operativo, se adelantará el corte de tránsito en Uspallata a las 14:00 horas y en Guardia Vieja a las 13:00 horas de Chile, según lo dispuesto por las autoridades fronterizas.

El Sistema Integrado Cristo Redentor mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y de la ruta, en coordinación con la Dirección Nacional de Fronteras y entidades chilenas. La reapertura del corredor se evaluará de acuerdo a la evolución del clima y tras verificar el estado de la calzada.

Según Los Andes, el corte se realiza de manera preventiva y sin plazo definido para su finalización. En temporadas de otoño e invierno, la alta montaña suele registrar cierres temporales por fenómenos similares, lo que impacta en la logística regional y genera complicaciones a sectores vinculados al comercio exterior.

El comunicado oficial del cierre

El cierre del Paso Cristo Redentor destaca la vulnerabilidad de los pasos fronterizos de alta montaña ante eventos climáticos severos. Organismos técnicos de ambos países continúan evaluando la situación y coordinan acciones para restablecer el tránsito cuando la seguridad lo permita. Mientras, el SMN mantiene vigentes las alertas por nevadas y bajas temperaturas en toda la franja cordillerana, con pronósticos de continuidad de las condiciones adversas al menos hasta el sábado.

Durante la mañana de este viernes, el estado de los pasos internacionales fue actualizado por el Gobierno de Mendoza. En su último parte, la entidad informó que el Paso Cristo Redentor permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos y que la decisión se adoptó tras el análisis conjunto de los equipos de frontera y vialidad. El reporte destaca la persistencia de condiciones meteorológicas desfavorables, con nevadas y viento blanco en la zona, lo que impide garantizar la seguridad de los viajeros.

El parte oficial también recordó que otros pasos como Pehuenche y Vergara se encuentran habilitados, aunque sujetos a condiciones climáticas cambiantes. Según el informe de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, el pronóstico prevé temperaturas mínimas bajo cero y posibilidad de nevadas para las próximas horas, mientras que recomendó a la población seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del gobierno provincial y de organismos nacionales como el Servicio Meteorológico Nacional.

El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en cuatro distritos de Tacna —Palca, Tacna, La Yarada - Los Palos y Tarata— con el objetivo de frenar el avance del crimen organizado en la frontera sur. La medida responde a un escenario donde se han identificado delitos como tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico, trata de personas, contrabando y tráfico ilegal de armas.

El decreto dispone que la Policía Nacional mantenga el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. En la práctica, esto implica un despliegue conjunto que incluye patrullajes permanentes, operativos masivos y control territorial en zonas consideradas críticas. Las autoridades también trabajarán con información de inteligencia, mapas del delito y estadísticas para orientar las intervenciones.

La estrategia busca recuperar espacios donde operan redes criminales que aprovechan la dinámica de la frontera. En estas áreas, la movilidad constante de personas y mercancías facilita actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como la economía local.

Qué cambia en la frontera con Chile tras las nuevas medidas de seguridad

Uno de los ejes principales del estado de emergencia es el control migratorio. Las autoridades reforzarán la vigilancia en la línea fronteriza con Chile mediante patrullaje permanente, uso de drones y cierre de pasos no autorizados.

Además, se aplicará el rechazo en frontera, lo que implica la devolución inmediata de extranjeros que intenten ingresar por rutas ilegales. También se incrementarán los operativos contra el tráfico ilícito de migrantes, con participación de distintas entidades del Estado.

Estas acciones coinciden con medidas adoptadas en Chile. El plan de “Escudo Fronterizo” impulsado por el presidente José Antonio Kast contempla la construcción de muros y zanjas a lo largo de la frontera norte. Durante una reciente visita a la zona, el mandatario aseguró que su gobierno actuará con firmeza frente a los ingresos irregulares.

Por qué el plan de Chile podría generar ola migratoria en Perú

El internacionalista Ramiro Escobar advirtió que las medidas restrictivas en Chile podrían tener un impacto directo en Perú. Según explicó, el endurecimiento del control puede provocar la acumulación de migrantes en la zona de la Concordia.

“Se amontona mucha gente en la frontera”, señaló, al recordar que este tipo de situaciones ya se han registrado en el pasado. En ese contexto, muchas personas podrían intentar cruzar hacia territorio peruano, generando una presión adicional sobre las autoridades.

Este escenario no solo implica un desafío operativo, sino también humanitario. La falta de mecanismos claros para atender a migrantes varados podría agravar la situación en una zona donde ya existen dificultades para el control territorial.

Una frontera bajo tensión: seguridad, migración y decisiones políticas

El estado de emergencia en Tacna se produce en un contexto regional complejo. La frontera sur se convierte en un punto donde confluyen la seguridad interna, la migración y las decisiones políticas de países vecinos.

Perú enfrenta una situación delicada debido a la porosidad de sus fronteras, lo que facilita el ingreso irregular de personas. En ese escenario, cualquier medida restrictiva en Chile tiene efectos inmediatos en el lado peruano.

Mientras Chile apuesta por barreras físicas, Perú responde con mayor presencia policial y militar. Ambas estrategias reflejan enfoques distintos frente a un mismo problema.

Panamá registra un nuevo caso importado de malaria, en un miembro de una estamento de seguridad pública apostado en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, quien se trasladó a la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, donde se le detectó la enfermedad.

A lo primero se creía que era dengue, pero luego de los exámenes correspondientes se le detectó malaria, indicó el director regional del Ministerio de Salud en Bocas del Toro, Daryl Padmore. El paciente estuvo hospitalizado y luego fue dado de alta.

Las últimas cifras oficiales dan cuenta de 49 nuevos casos de malaria a nivel nacional, para un acumulado en lo que va del año de 2,196 casos, mientras que en la misma semana del 2025 se notificaron 107 casos y un acumulado de 2,557 casos.

La malaria (o paludismo) es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium, el cual es trasmitido por la picadura de un mosquito infectado.

Solo el género anófeles del mosquito transmite la malaria, apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sobre los síntomas de esta enfermedad, explica que estos pueden incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza.

La forma clásica de manifestación en el organismo es fiebre, sudoración y escalofríos, que aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito.

Las muestras de sangre son examinadas con un microscopio para diagnosticar la malaria, en donde el parásito es detectado dentro de los glóbulos rojos. Las pruebas de diagnóstico rápido, anota la OMS, son usadas para diagnosticar la malaria en áreas remotas en donde el microscopio no puede ser utilizado.

Los parásitos Plasmodium vivax y P. falciparum son los más comunes en la malaria, mientras que la P. malariae y P. ovale son parásitos menos conocidos. De todos estos, la infección adquirida por P. falciparum es la más fatal si no es tratada a tiempo y podría tener serias complicaciones renales y cerebrales, e inclusive la muerte.

La Cloroquina fue el tratamiento de elección para la malaria y es aún usado en la mayoría de los países para el tratamiento de P. vivax, sin embargo, el parásito P. falciparum ha desarrollado una muy diseminada resistencia a este medicamento, y actualmente se recomienda una terapia de combinación basada en la Artemisinina, como tratamiento principal contra este parásito, dice la OMS.

Entre las medidas preventivas se recomienda el uso de mosquiteros impregnados con insecticida y rociado interno residual de los insecticidas; sus funciones consisten en disminuir el riesgo de las picaduras de los mosquitos.

Por otro lado, las estadísticas del Ministerio de Salud reflejan que se han registrado 1,523 casos acumulados de dengue a nivel nacional, y de esa cifra 1,336 casos son sin signos de alarma, mientras que 178 presentan signos de alarma y se reporta 9 casos de dengue grave.

De chikungunya se notificó el primer caso del año, así como 58 casos de leishmaniasis para un acumulado de 464 casos.

El ministerio reveló que respecto a la influenza no se notificaron defunciones por influenza, en tanto que el acumulado anual se mantiene en 31 defunciones.

Destaca que la mayor proporción de defunciones se concentró en el grupo de 65 años y más (54.8%), seguido por los menores de 1 año.

Al detallar los antecedentes, el ente gubernamental da a conocer que el 90.3% de quienes fallecieron no contaban con vacunación contra influenza en la temporada actual, mientras que el 74.2% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

El Gobierno hizo oficial un cambio en la Superintendencia Nacional de Migraciones luego de aceptar la renuncia del jefe anterior y nombrar, ese mismo día, a su reemplazo.

Primero, mediante una resolución, se aceptó la salida de Manuel Alberto Balladares Ramírez, quien ocupaba el cargo desde 2025. El documento no explica por qué renunció y solo le agradece por su trabajo.

Poco después, en otra resolución, el Ejecutivo nombró a Juan Ramiro Alvarado Gómez como nuevo jefe de Migraciones.

Ambas decisiones fueron firmadas por el presidente José María Balcázar Zelada y el ministro del Interior José Mercedes Zapata Morante.

En la segunda norma se indica que el puesto estaba libre, lo que permitió hacer el nuevo nombramiento. Además, se trata de un cargo de confianza, es decir, el Gobierno puede elegir a la persona y también cambiarla cuando lo considere necesario.

Perfil del nuevo jefe de Migraciones

De acuerdo con sus Declaraciones Juradas de Intereses, Juan Ramiro Alvarado Gómez es economista, con maestrías en gestión pública y administración de empresas, además de un MBA.

Cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector público, principalmente en áreas de gestión, planificación y presupuesto. En 2022 fue gerente de Administración y Finanzas en la Municipalidad Distrital de San Luis. Luego, entre 2023 y 2024, ocupó el cargo de jefe de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica en la Municipalidad del Rímac.

En 2026, previo a su designación, se desempeñaba como ejecutivo en la Unidad de Control Patrimonial de la propia Superintendencia Nacional de Migraciones.

En el ámbito privado, mantiene participaciones como accionista en empresas como STATUS Consultora Inversiones & Proyectos S.A.C. y J & C Inversiones El Norteño S.A.C. Estas actividades han sido declaradas formalmente y no se reportan conflictos de interés directos en la información disponible.

Qué hace Migraciones y por qué es un cargo clave

La Superintendencia Nacional de Migraciones es un organismo adscrito al Ministerio del Interior con autonomía administrativa, encargado de ejecutar la política migratoria en el país.

Su rol es clave porque controla el flujo de personas que ingresan y salen del territorio nacional, además de gestionar la permanencia de ciudadanos extranjeros. También tiene competencias en la emisión de pasaportes y documentos de viaje.

La entidad participa, además, en la seguridad interna, especialmente en el control de fronteras y en la coordinación con otras instituciones del Estado en puestos migratorios.

Otra de sus funciones relevantes es administrar el Registro de Información Migratoria, que permite el seguimiento de movimientos migratorios y la generación de estadísticas oficiales.

Funciones: control migratorio, documentos y sanciones

Las funciones de Migraciones abarcan tanto la atención a ciudadanos como el control y fiscalización. Entre las principales están:

• Autorizar, denegar y controlar el ingreso y salida del país
• Otorgar o rechazar permisos de residencia y cambios de calidad migratoria
• Regularizar la situación de extranjeros
• Emitir pasaportes y otros documentos de viaje
• Registrar el movimiento migratorio de las personas

Además, puede impedir el ingreso o salida de personas que no cumplan los requisitos legales y verificar información declarada por ciudadanos extranjeros.

En zonas de frontera, ejecuta acciones de control en coordinación con otras entidades del Estado, incluyendo su participación en centros binacionales.

También tiene la facultad de sancionar a quienes incumplan la normativa migratoria y contribuir a la política de seguridad nacional en materia de control de personas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSP Chiapas) negó que se haya registrado un ataque armado contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en el Ejido Potrerillo, municipio de Amatenango de la Frontera.

La dependencia estatal aclaró que, tras la circulación de versiones en redes sociales sobre una supuesta agresión cometida por un grupo armado proveniente de Guatemala, se desplegó personal para verificar en campo la situación.

De acuerdo con información de la SSP Chiapas, la inspección realizada en la zona permitió constatar que el área permanecía en calma y que no existían indicios de un enfrentamiento.

La entidad hizo un llamado a la sociedad para evitar compartir información no confirmada, y recomendó consultar únicamente fuentes oficiales para mantenerse informados.

Información tras la aclaración del Ejido Potrerillo

La SSP Chiapas informó que la movilización de sus efectivos se dio como parte de los protocolos institucionales ante cualquier reporte de riesgo en la región fronteriza.

La dependencia destacó que la coordinación con otras autoridades se mantuvo durante las labores de verificación, sin que se detectaran situaciones anómalas ni presencia de grupos armados.

Llamado a la ciudadanía

La dependencia reiteró su exhorto a la población para no difundir contenidos de procedencia dudosa, ya que esto contribuye a la desinformación y puede generar alarma social innecesaria.

La institución subrayó la importancia de utilizar los canales oficiales de comunicación para acceder a datos verificados sobre el estado de seguridad en el municipio de Amatenango de la Frontera y zonas limítrofes.

Publicaciones desmentidas

Una de las publicaciones, la cual fue difundida en Facebook, señalaba que durante la mañana se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego en la frontera con Guatemala, específicamente en el punto conocido como Vueltamina del país vecino.

El texto aseguraba que las corporaciones mexicanas confirmaron que los disparos provenían del lado guatemalteco y que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya se encontraban en el lugar. Además, afirmaban que un helicóptero Black Hawk sobrevolaba la zona y que no se reportaban daños ni personal lesionado, pero que la situación se mantenía bajo vigilancia.

Infobae México investigó el origen de las imágenes utilizadas para ilustrar la supuesta agresión, en la cual se muestra una pickup de la marca Toyota, modelo Tacoma, completamente calcinada.

Esta imagen fue publicada por el medio Los Noticieristas -originario de Sinaloa- el pasado 20 de marzo de 2025 y corresponde a un enfrentamiento ocurrido en Imala, sin relación alguna con los hechos reportados en la frontera con Guatemala.

El uso de imágenes fuera de contexto y la difusión de información no verificada forman parte de estrategias que contribuyen a incrementar el clima de incertidumbre en la región.

El aplazamiento para la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar hasta el 15 de julio impacta directamente sobre la gestión de la frontera exterior de la Unión Europea en la zona, dado que el nuevo sistema de control en estos pasos fronterizos comenzará a aplicarse a partir del 10 de abril. Según informó Europa Press, el acuerdo se enfrenta a retrasos derivados de la necesidad de completar revisiones legales y lingüísticas del texto, las cuales deben realizarse antes de la traducción a todas las lenguas oficiales del bloque comunitario.

El respaldo político de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea a la firma y aplicación provisional del tratado entre la UE y el Reino Unido se consolidó este miércoles durante una reunión de embajadores en Bruselas, según lo reportado por Europa Press y posteriormente anunciado por el Consejo de la UE en un comunicado. Esta decisión representa un paso significativo para la redefinición de la relación entre el bloque y Gibraltar, que incluye la eliminación del control físico conocido como la Verja, alterando de manera relevante la dinámica fronteriza en la región.

Europa Press detalló que la decisión de los embajadores de los Veintisiete fue adoptada por unanimidad y que ninguna delegación manifestó objeciones, consolidando así un consenso político en torno a este pacto. Sin embargo, el acuerdo político alcanzado debe todavía transformarse en una adopción formal, procedimiento que requiere tiempo adicional para la validación legal y lingüística de los documentos involucrados. Estos textos deben ser revisados minuciosamente, traducidos a todas las lenguas de la Unión Europea —proceso que, de acuerdo con fuentes europeas citadas por Europa Press, podría extenderse por al menos dos meses.

El acuerdo con Gibraltar fue anunciado inicialmente en diciembre de 2024, pero la falta de formalización jurídica podría generar complicaciones. Según explicó Europa Press, el aplazamiento cobra importancia ante la proximidad de la aplicación del nuevo sistema de control de fronteras exteriores de la UE, previsto para el 10 de abril, que implicará controles reforzados en el paso de la Verja si todavía no ha entrado en vigor el nuevo tratado.

La urgencia de avanzar en la tramitación de este acuerdo responde a la intención de evitar trastornos en la frontera de Gibraltar, donde decenas de miles de personas cruzan diariamente por motivos laborales, familiares y comerciales. Europa Press consignó que la falta del acuerdo pondría en riesgo la fluidez del paso fronterizo justo cuando la UE adopte nuevas medidas de control con terceros países, intensificando los controles y afectando potencialmente la movilidad en la zona.

La redacción del acuerdo incluye la supresión de la Verja, punto histórico de fricción entre Gibraltar, España y el Reino Unido, que separa el enclave del territorio español y regula desde hace décadas el acceso entre ambas jurisdicciones. El acuerdo redefine tanto los regímenes de movilidad como los aspectos de cooperación entre la Unión Europea y Reino Unido en lo relativo a Gibraltar, contexto en el que, según Europa Press, Bruselas y Londres esperaban alcanzar una aplicación más temprana, pero las gestiones técnicas y formales han forzado el aplazamiento.

Según el comunicado del Consejo, a pesar del consenso alcanzado por los gobiernos, el procedimiento legal y administrativo interno del bloque resulta imprescindible para que la entrada en vigor sea jurídicamente válida y efectiva. Todas las autoridades involucradas han resaltado la importancia de que los textos legales cumplan los estándares y requerimientos de la Unión, lo cual influye directamente en la demora del proceso.

Europa Press subrayó que la firma formal del tratado y su entrada en vigor provisional constituyen pasos esenciales para modificar el régimen de frontera en Gibraltar antes de que comiencen a aplicarse las nuevas regulaciones comunitarias. Una vez completadas las revisiones y traducciones requeridas, el tratado estará en condiciones de celebrarse oficialmente y, con ello, desplazar la aplicación de controles reforzados que la falta de acuerdo haría inevitables a partir del 10 de abril.

El balance general, según Europa Press, indica que el acuerdo cuenta con el respaldo de todos los actores institucionales relevantes en la UE, pero su avance efectivo depende del tiempo necesario para cumplir con las formalidades correspondientes. Mientras tanto, autoridades y residentes de Gibraltar, así como quienes transitan habitualmente la Verja, deben prepararse para posibles cambios temporales en las condiciones del paso, en tanto no se efectivice el nuevo marco normativo aprobado por los veintisiete y pactado con Reino Unido.

Entre los diferentes sectores que dependen del flujo transfronterizo en el Campo de Gibraltar persisten interrogantes en torno a la implementación del nuevo régimen previsto para gestionar las entradas y salidas a través de la Verja de Gibraltar. Según detalló Europa Press, la inminente fecha provisional para su entrada en vigor, establecida para el 10 de abril, se percibe actualmente como inviable por representantes institucionales y actores sociales de la comarca, que subrayan la falta de notificación formal por parte de las autoridades españolas.

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, expresó nuevamente su preocupación ante la ausencia de información directa procedente del Gobierno central, criticando que tanto él como otros representantes municipales del Campo de Gibraltar solo tengan noticias sobre los avances en materia fronteriza a través de publicaciones en los medios de comunicación. En declaraciones recogidas por Europa Press, Landaluce manifestó que “cada vez que un colectivo expone sus dudas o sus preocupaciones, el Gobierno nacional emite información o convoca un seminario”, señalando que se trata de una dinámica insuficiente e inadecuada para responder a las inquietudes de la población y los sectores productivos afectados.

El medio Europa Press reportó que, para Landaluce, la falta de comunicación oficial sostiene y alimenta un ambiente de incertidumbre entre colectivos diversos, tales como transportistas, empresas de aduanas y agentes de policía de frontera, quienes requieren detalles sobre cómo y bajo qué condiciones deberán ejercer sus funciones en el marco del nuevo sistema fronterizo. El edil lamentó que, pese al anuncio realizado sobre la inminente “caída de esa histórica frontera” y la promesa de una supuesta “prosperidad compartida”, en la actualidad no se ha materializado ni la eliminación de la Verja ni beneficios palpables para la región.

Entre las preocupaciones expuestas figura el modo en que la implementación del régimen afectará a la operativa diaria, tanto para los servicios de seguridad como para quienes sostienen la actividad económica en la comarca, especialmente en el ámbito del transporte y el comercio transfronterizo. Landaluce insistió en que resulta imprescindible que los agentes implicados dispongan de información precisa acerca del nuevo sistema, para poder planificar y adaptar su labor a los posibles cambios normativa y logísticamente relevantes.

Europa Press señaló que la información disponible hasta ahora únicamente ha circulado mediante comunicados puntuales o seminarios convocados a raíz de la presión ejercida por asociaciones, voces políticas o colectivos profesionales, lo que genera un escenario de espera sostenida y poca claridad sobre los términos en que se producirá la transición al nuevo régimen.

La fecha límite provisional coincide con compromisos previos en los que distintas autoridades informaron, con amplia cobertura mediática, que el mes de abril vería el fin de la frontera física en Gibraltar. La expectativa generada, según Europa Press, contrasta con la realidad de los últimos días, en los que la ausencia de confirmaciones y la posible prórroga suman inquietud a trabajadores, empresarios y responsables institucionales en la zona.

En la secuencia de los hechos, Landaluce hizo referencia también a lo que considera una falta de presencia institucional del Gobierno central en la comarca para ofrecer explicaciones directas y detalladas sobre “los supuestos beneficios de este acuerdo” y argumentó, en palabras recogidas por Europa Press, que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “merece un trato más digno”. La petición de mayor transparencia y diálogo directo se plantea como imprescindible ante la magnitud de los cambios que conlleva la transformación del régimen fronterizo y sus posibles implicaciones sociales y económicas.

Europa Press enfatizó que la inquietud ante la ausencia de canales oficiales de información afecta tanto a las administraciones locales como a los sectores empresariales y profesionales, quienes demandan comunicaciones claras que permitan prever y organizar la transicionalidad del sistema de control fronterizo. Mientras la fecha original para la puesta en funcionamiento del nuevo mecanismo se aproxima sin que haya detalles concluyentes, la expectativa y las dudas persisten entre quienes dependen de la movilidad y el comercio con Gibraltar para su actividad diaria.

La puesta en marcha del nuevo Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES) en los pasos fronterizos exteriores de la Unión Europea, prevista para el próximo 10 de abril, ha generado preocupación sobre la situación de Gibraltar, dado que, en ausencia de un acuerdo formal plenamente ratificado entre la Unión Europea y el Reino Unido, el Peñón sería considerado a efectos prácticos como un país tercero a ojos del sistema de control, obligando a los viajeros a someterse a los nuevos requisitos. Según Europa Press, esta situación ha llevado a que el Gobierno español remita una propuesta a la Comisión Europea para intentar flexibilizar la aplicación de las nuevas normas de control en la frontera hispano-gibraltareña, aunque los detalles de esta iniciativa no se han publicado y no se conoce si Bruselas aceptará alguna desviación respecto al calendario o a los procedimientos adoptados por el conjunto de los Estados miembros.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, los embajadores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea prevén abordar en su reunión la aprobación política a la firma y aplicación provisional del acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar. Esta decisión política surge por la inminente entrada en vigor del EES, un sistema digital que reemplazará el sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen, volcando los registros de entrada y salida de los viajeros en una base de datos centralizada para reforzar el control sobre los movimientos procedentes de terceros países hacia el espacio comunitario. Los Estados miembros han decidido avanzar en el proceso para evitar la existencia de un vacío legal o normativo que complique el tránsito entre España y Gibraltar.

Europa Press recoge que la firma oficial y la ratificación completa de los textos legales del acuerdo aún deberán superar un procedimiento más complejo en los órganos legislativos, tanto europeos como británicos. El texto definitivo todavía no ha llegado al Parlamento británico, lo que extiende el proceso de ratificación más allá del calendario inicialmente previsto. En consecuencia, las estimaciones apuntan a que la puesta en marcha provisional del acuerdo podría concretarse durante el verano, mientras se procede a las ratificaciones formales por parte del Consejo y del Parlamento Europeo, además del necesario aval británico.

La urgencia por respaldar políticamente el entendimiento entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno al futuro estatuto de Gibraltar responde a que no se logró alcanzar el objetivo inicial de que la firma y aplicación provisional del nuevo tratado tuviera lugar en abril. Esto ha obligado a las capitales europeas a buscar un mecanismo que acompañe la transición hasta la formalización completa del acuerdo, en medio de las transformaciones que implica la entrada en funcionamiento del sistema EES. El retraso en los trámites afecta directamente al estatus fronterizo de Gibraltar y a los flujos diarios de personas y mercancías, tanto para los ciudadanos españoles que trabajan en el Peñón como para los gibraltareños que cruzan a territorio español.

Según publicó Europa Press, los responsables del Ministerio del Interior español informaron que tanto las infraestructuras como los equipos técnicos necesarios para aplicar los controles exigidos por el sistema EES en la frontera entre Gibraltar y la Unión Europea se encuentran “operativos y disponibles”. Sin embargo, no han detallado plazos específicos para la aplicación de estos mecanismos. El alcance de la transición y su impacto sobre los viajeros dependerá, además, de los términos en que finalmente se implemente la exención o adaptación temporal que España ha propuesto a la Comisión Europea.

Respecto a las cifras de implantación del sistema EES en el resto del bloque, la Comisión Europea, citada por Europa Press, informó que la mayoría de los países de la UE ya registran “más del 75% de los cruces fronterizos” a través de los nuevos procedimientos digitales, aunque algunas fronteras presentan “dificultades técnicas”. El portavoz recordó que el calendario y los procedimientos acordados para la puesta en marcha se consensuaron y fueron validados por los 27 Estados miembros, y que la Comisión mantiene “contacto estrecho” con cada uno para asegurar que el sistema funciona correctamente. Hasta el momento, la Comisión Europea solo ha señalado oficialmente, ante las preguntas de Europa Press, que “la Comisión ha recibido la carta del Gobierno español relativa al Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y el EES y responderá a la misma en su debido tiempo”.

Mientras tanto, la situación en la frontera entre Gibraltar y España podría resultar afectada si la falta de aplicación del acuerdo con el Reino Unido sobre el futuro estatuto del Peñón coincide con la entrada en funcionamiento pleno del EES. De persistir ese vacío, el flujo transfronterizo quedará sujeto al control reforzado de terceros países en el punto de entrada y salida, elevando la incertidumbre sobre los efectos de la nueva normativa para residentes, trabajadores y viajeros regulares.

El medio Europa Press explicó que la aplicación del acuerdo provisional busca enviar una señal política que contribuya a una transición ordenada, mientras se completan las ratificaciones. Este mensaje pretende minimizar posibles alteraciones en la circulación entre el sur de la península ibérica y el territorio gibraltareño, a la espera de la resolución definitiva sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. Las fuentes consultadas destacan el reto que implica acompasar la transición técnica y jurídica, en un momento en que el nuevo sistema europeo de control de fronteras modifica los procedimientos tradicionales y exige adaptación de los países miembros y de los territorios con estatus singular, como Gibraltar.

La consulta de España a la Comisión Europea representa un intento por lograr que la aplicación del EES no derive en obstáculos adicionales para una frontera de alta intensidad de tránsito. No obstante, según recuerda Europa Press, las autoridades comunitarias mantienen su rechazo general a variar el calendario ni los términos aprobados para todo el espacio Schengen, lo que dificulta la posibilidad de excepción. La entrada en vigor del EES constituye un paso relevante en la política migratoria común de la Unión y busca modernizar los controles y fortalecer la seguridad en el perímetro externo del espacio comunitario, aunque su despliegue en enclaves como Gibraltar evidencia las complejidades añadidas en contextos fronterizos particulares.

La decisión de los Estados miembros sobre Gibraltar y el acuerdo con el Reino Unido continúa pendiente de ratificación formal, mientras en el terreno técnico las capacidades de control ya se han puesto a punto. El impacto de la entrada en vigor del EES y de los ajustes negociados sobre la circulación transfronteriza determinará el escenario inmediato para quienes transitan entre el sur de España y el Peñón. Como enfatiza Europa Press con base en fuentes europeas, el desarrollo de los hechos en las próximas semanas será clave para el futuro de los flujos fronterizos y para la consolidación de la nueva relación entre la Unión Europea, el Reino Unido y Gibraltar.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que el regreso de los 600.000 desplazados libaneses del sur del Líbano no se encuentra en consideración hasta que se complete el plan de seguridad de Israel en esa región, según consignó la agencia Europa Press. El funcionario detalló que el objetivo es establecer una franja controlada hasta el río Litani, manteniendo una presencia militar significativa en la zona fronteriza.

Según publicó Europa Press, Katz sostuvo luego de reunirse con altos cargos de las Fuerzas de Defensa de Israel que el plan contempla la destrucción de todas las viviendas en las aldeas próximas a la frontera, siguiendo el patrón de acciones desarrolladas en Rafá y Beit Hanún, localidades ubicadas en la Franja de Gaza. En palabras del ministro, esta estrategia tiene como finalidad “eliminar de una vez por todas las amenazas cerca de la frontera”, incrementando así la seguridad en el norte de Israel.

El medio Europa Press detalló que Katz vinculó la operación militar en el sur de Líbano con el objetivo de disuadir la influencia de Irán en la región y su respaldo a Hezbolá. El ministro subrayó que la operación pretende separar a Líbano del “escenario iraní”, sosteniendo que la meta es “arrancar los dientes a la serpiente y privar a Hezbolá de su capacidad de amenazar”. De acuerdo con la información oficial difundida y reportada por Europa Press, las Fuerzas de Defensa de Israel buscarían alcanzar y asegurar la zona hasta el río Litani, que está considerado como un límite importante entre el sur de Líbano y el resto del país.

La agencia Europa Press reportó que estos anuncios han generado preocupación en la capital libanesa, donde existe alarma ante la posibilidad de una eventual anexión territorial. El avance militar israelí en la zona ha coincidido con un balance de más de 1.200 personas fallecidas, 3.600 heridas y más de un millón de desplazados en el sur de Líbano desde el inicio de las hostilidades en la región.

Las declaraciones del titular de Defensa de Israel tienen lugar en un contexto de numerosos bombardeos ejecutados por el ejército israelí en el sur de Líbano a lo largo de los últimos meses. Pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024, Israel ha justificado estos ataques por la presencia y las actividades de Hezbolá, según información detallada por Europa Press. A pesar de los compromisos de cese de hostilidades, las operaciones militares han continuado, centrando la atención en la ampliación de la presencia militar israelí y en la prevención de incursiones consideradas una amenaza por parte del grupo armado libanés.

De acuerdo con Europa Press, la estrategia anunciada por Israel apunta al establecimiento de una zona de seguridad bajo control militar directamente al interior del sur libanés. Katz insistió en que solo una vez que se haya completado esa franja y garantizado el control por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel podrá contemplarse cualquier proceso que permita el eventual retorno de los desplazados a sus hogares. El funcionario expresó también que la operación busca cortar los lazos logísticos y defensivos entre Hezbolá e Irán, limitando la capacidad de ambos actores de operar en áreas próximas a la frontera israelí.

En sus declaraciones, Katz comparó de forma explícita el plan sobre territorio libanés con los métodos aplicados previamente en sectores de Gaza, aduciendo que la destrucción sistemática de infraestructuras y viviendas responde a una política dirigida a eliminar cualquier amenaza potencial. Según lo difundido por Europa Press, esta postura ha generado inquietud en el ámbito internacional por sus repercusiones sobre la población civil, que ya soporta un desplazamiento a gran escala y un deterioro de las condiciones de vida.

Europa Press enumeró la serie de daños humanos y materiales provocados en el sur del Líbano, subrayando que las operaciones han ido acompañadas de un creciente número de víctimas y desplazados. Las autoridades israelíes persisten en fundamentar la ofensiva con base en la amenaza que representa Hezbolá, justificando tanto la intensidad de los bombardeos como los planes para impedir el regreso de los habitantes desplazados hasta que Israel imponga y mantenga un control efectivo en la zona que limita con su territorio.

El debate internacional sobre el alcance y las consecuencias de la estrategia israelí en el sur del Líbano sigue latente. Organizaciones humanitarias y autoridades de diferentes países han manifestado preocupación ante el recrudecimiento del conflicto y las nuevas cifras de desplazados, mientras la población local enfrenta restricciones para volver a sus hogares y reconstruir sus comunidades, de acuerdo con las crónicas publicadas por Europa Press.

La reciente ofensiva militar ecuatoriana contra explotaciones mineras ilegales en las cercanías de Tulcán, provincia de Carchi, se enmarca en un contexto de creciente tensión en la frontera con Colombia tras una investigación conjunta sobre la posible incursión de un proyectil ecuatoriano en territorio colombiano. Según informó el Ejército de Ecuador en sus canales oficiales, estos bombardeos forman parte de una operación de gran envergadura orientada a combatir actividades mineras ilícitas en la zona fronteriza y a responder a los riesgos ambientales y de seguridad asociados a estas prácticas.

De acuerdo con lo publicado por el Ejército ecuatoriano, las operaciones realizadas el viernes incluyeron el despliegue de armamento combinado. Las fuerzas emplearon tropas especializadas y recurrieron al uso de morteros, helicópteros de combate y vehículos blindados con el fin de desarticular emplazamientos identificados de minería ilegal. El objetivo principal, según consignó la comunicación castrense reproducida por el medio, consiste en frenar el avance de las redes dedicadas a la extracción aurífera no autorizada, que han proliferado en la frontera norte del país.

El medio detalló que las autoridades militares han alertado sobre las consecuencias derivadas de la minería ilegal para el entorno y la seguridad regional. Según información oficial, estas explotaciones provocan un “grave impacto ambiental”, entre los que se enumeran contaminación de fuentes de agua y la vulneración de la integridad de la zona limítrofe con Colombia. Las fuentes consultadas subrayaron que estas operaciones ilícitas no solo erosionan ecosistemas frágiles, sino que también facilitan la presencia de grupos armados dedicados a actividades delictivas transfronterizas.

Los ataques contra posiciones mineras ilegales ocurren después de una semana marcada por la crisis diplomática, en la que el presidente Gustavo Petro de Colombia relató que un proyectil, presuntamente disparado desde Ecuador durante actividades militares, habría alcanzado accidentalmente territorio colombiano. El gobierno ecuatoriano rechazó esta versión, argumentando que la acción militar se centró en grupos criminales presentes en la frontera, y que cualquier incursión correspondiente resultó de un rebote accidental de unos 210 kilómetros desde suelo ecuatoriano, como demostró posteriormente una comisión bilateral que investigó el incidente, según reportó el medio.

En respuesta al episodio, se produjo un intercambio de declaraciones entre los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro, lo que trajo al centro del debate las discrepancias históricas entre ambos gobiernos respecto al control de la frontera y la cooperación en materia de seguridad. La comisión establecida por ambos estados concluyó que el objetivo del proyectil no era territorio colombiano, hecho que contribuyó a matizar las tensiones, aunque no disipó por completo las reservas diplomáticas existentes.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han encuadrado los operativos actuales en una estrategia más amplia de recuperación de la soberanía nacional en la zona norte, donde la proliferación de la minería ilegal ha coincidido con un aumento de incidentes violentos y amenazas al tejido social, según consignó el Ejército. A través de sus comunicados, las autoridades han insistido en la necesidad de mantener la presencia militar para garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino también la integridad ambiental y la prevención de incursiones de organizaciones delictivas extranjeras.

El medio ha recogido las preocupaciones de los mandos militares sobre la persistencia del problema pese a los esfuerzos realizados. Alude a la dificultad de erradicar completamente las redes dedicadas a la extracción clandestina, debido a la capacidad de adaptación de estos grupos y a la complejidad del entorno geográfico fronterizo.

En este escenario, la colaboración entre Ecuador y Colombia continúa siendo un elemento delicado, influido por los eventos recientes y las respuestas respectivas de sus autoridades. El operativo lanzado por Ecuador se suma a una serie de intervenciones efectuadas en los últimos meses en la frontera, reflejando el recrudecimiento de las estrategias de combate a actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como el medioambiente en la región.

El reciente acuerdo para asignar al grupo de trabajo bilateral sobre Asuntos Migratorios y Consulares la tarea de definir una metodología de verificación migratoria, junto con un mecanismo ágil de intercambio de información apoyado en puntos focales y reportes periódicos, marca un avance en la colaboración entre Perú y Chile en materia de migración. En este contexto, según informó el medio que publica la noticia, ambos países sostuvieron una reunión ministerial para enfrentar de manera conjunta desafíos como el crimen organizado transnacional y la migración irregular, en un momento marcado por la controversia que suscitó en Lima la iniciativa del Gobierno chileno de construir una zanja en la frontera, comparada en su momento con el Muro de Berlín.

Durante la tercera sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, celebrada una semana después del pronunciamiento del gobierno peruano sobre los riesgos de la nueva infraestructura fronteriza, las autoridades destacaron la relevancia de la cooperación bilateral. Según publicó la fuente original, Francisco Pérez Mackenna, ministro de Exteriores de Chile, subrayó que la colaboración frente a amenazas globales que afectan la seguridad de ambos países resulta indispensable y urgente. Pérez Mackenna destacó la necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la promoción de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares.

El representante chileno también señaló la importancia de impulsar tanto el desarrollo económico como el fortalecimiento del capital humano en ambas naciones, identificando estos aspectos como prioritarios en la agenda internacional compartida. De acuerdo con la información proporcionada, el Gobierno peruano, a través del ministerio dirigido por Hugo de Zela, reafirmó su compromiso de profundizar la cooperación y fortalecer el intercambio de datos con Chile para implementar medidas eficaces en la gestión migratoria y de seguridad.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó aumentar la coordinación operativa entre la Policía Nacional de Perú y sus homólogos chilenos. El medio detalló que entre esas acciones conjuntas destacan la continuación de patrullajes simultáneos en la zona fronteriza y el intercambio permanente de información entre las autoridades de ambos lados de la frontera. Lima comunicó, asimismo, que el intercambio de datos entre ambos países ya ha permitido observar una disminución en los niveles de migración irregular, según consignó la fuente de la noticia.

La disposición de ambos gobiernos para trabajar de manera conjunta, evidenciada en este encuentro de cancillerías, contribuye a reducir las posibilidades de tensiones diplomáticas derivadas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo chileno bajo la presidencia de José Antonio Kast. El plan denominado 'Escudo Fronterizo' contempla no solo la construcción de una zanja kilométrica en la frontera norte de Chile, sino también la movilización de fuerzas militares en la zona.

De acuerdo con el reporte, la diplomacia peruana ha manifestado que la implementación de estos acuerdos facilitará el diseño e implementación de estrategias compartidas para enfrentar fenómenos que van más allá de las fronteras nacionales. El grupo de trabajo bilateral encargado de asuntos migratorios y consulares recibirá nuevas atribuciones para garantizar la eficacia de los mecanismos de verificación y el flujo constante de información, aspectos considerados fundamentales por ambas delegaciones.

El proceso de cooperación entre Perú y Chile, según reportó la fuente original, toma fuerza tras el reciente incremento de controles en la línea limítrofe y la respuesta inicial de Lima a la obra de infraestructura propuesta por el Ejecutivo chileno. Ambas partes insisten en la necesidad de combinar acciones operativas y políticas para abordar la migración irregular, el crimen transfronterizo y los desafíos económicos que impactan en las poblaciones de ambos países.

Los comercios de la frontera uruguaya atraviesan una situación “compleja” y esto requiere “acciones” para resolverlo, reconoció el viceministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Martín Vallcorba. Lo hizo durante una gira por la ciudad de Mercedes (en Soriano, limítrofe con Argentina) realizada junto con el titular de la cartera, Gabriel Oddone.

La gira por el interior del país fue pensada para presentar un paquete de medidas destinadas a proteger el comercio local y “mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de frontera”, expresó el MEF, en un comunicado. Lo que hizo el gobierno fue extender las medidas que ya están vigentes para la frontera con Brasil, lo que incluye el establecimiento de un régimen simplificado para la importación, la exoneración del 75% de los aportes patronales para nuevos trabajadores y la ampliación del descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi), pensado para los combustibles.

“Las diferencias que Uruguay ha generado en los últimos años en materia de ingresos con las poblaciones vecinas se han profundizado. Eso supone nuevos desafíos porque las diferencias de precios también reflejan diferencias importantes entre las fronteras”, explicó Oddone, en una conferencia de prensa. El vínculo de la economía uruguaya con la de sus vecinos es “muy diferente a la que históricamente tuvo”, puntualizó.

¿Cuánto más barato es una ciudad de la otra? La Universidad Católica del Uruguay se encarga de realizar un Indicador de Precios Fronterizos, que lo que hace es relevar los precios de Salto y de Concordia. La última medición publicada fue realizada en enero y la conclusión fue que se amplió la diferencia entre los dos países. Adquirir la canasta en Salto estuvo, en el mes de enero 40,2% más caro que en Concordia, según este trabajo.

“A pesar de evidenciarse tasas de inflación más elevadas en el vecino país [Argentina], la brecha de precios se amplió en enero, explicado parcialmente por los efectos del tipo de cambio en cada uno de los países, resultando en una canasta relativamente más cara en la ciudad de Salto que en Concordia”, concluyó la publicación.

Una a una, las medidas anunciadas

Tras reunirse con comerciantes e industriales de la zona, los principales jerarcas del MEF presentaron una serie de medidas pensadas para proteger el comercio local y que comenzarán a regir el 1° de mayo.

1. Descuento del 50% del que rige en la zona de hasta 20 kilómetros de frontera, para estaciones de servicio ubicadas entre los 20 y 60 kilómetros.
2. Régimen simplificado de importación en la frontera con Argentina. A esto se sumará una ampliación, a estudio, de los límites máximos de compras y la lista de productos de la canasta autorizada. 
3. Eventual régimen simplificado en comercios de mayor tamaño y algunos sectores que hasta el momento no están incluidos. 
4. Exoneración del 75% de los aportes patronales de cada nuevo empleado, durante 12 meses, para las empresas que contraten trabajadores. 

A estas medidas, también se le suma la puesta en funcionamiento de un observatorio pensado específicamente para analizar la situación de la frontera, que funcionará en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Su función será monitorear el “impacto real de estas políticas en el territorio, evaluar la problemática en la frontera y sus eventuales cambios, así como otras políticas por aplicar”, según informó la Presidencia uruguaya en un comunicado.

La primera reunión de este ámbito está prevista para el próximo 15 de abril.

En la conferencia de prensa, el ministro Oddone también se refirió a la situación internacional. Dijo que el gobierno está “atento” a la situación de la economía en el mundo, pero también señaló que está “confiado”en que Uruguay tiene la “fortaleza necesaria” para atravesar un escenario así.

Antonia Azuaje de Riobueno, profesora jubilada de 76 años, residenciada en Valle de La Pascual, estado Guárico, le dice a Infobae que su hijo, el teniente coronel (GNB) Julio César Riobueno Azuaje, era el comandante del Destacamento Nro. 116 GNB en el Zulia, cuando la DGCIM lo detiene, el 2 de octubre de 2024, lo mantiene en desaparición forzada, durante 26 días, lo somete a torturas, desaparición forzada e incomunicación.

“Está sometido a un proceso de indefensión jurídica, lleno de irregularidades, mentiras y violación a sus derechos fundamentales. Su expediente ha sido construido basado en la mentira y abuso de poder”.

Al oficial le imputaron tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (modalidad transporte), asociación, interferencia de la seguridad operacional y de la aviación civil, y porte ilícito de arma de fuego.

Las actuaciones de la fiscal nacional antidrogas Rosalba Hernández, que presentó acusación el 12 de diciembre de 2024, y la jueza Giuliana Nicole Genesi Peñaloza, del Tribunal Quincuagésimo de Control, evidenciarían una secuencia de imputaciones y presuntas irregularidades procesales durante la fase de control, en los expedientes MP-128039-2024 (Fiscalía) y 21J-1573-25 (órgano jurisdiccional).

Los abogados de Riobueno sostienen que las supuestas fallas serían de tal gravedad que una solicitud de control judicial no solo habría sido negada, sino que fue incorporada al expediente con fecha anterior a la fijación de la audiencia preliminar, lo que evidenciaría parcialidad a favor de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Ministerio Público.

El 23 de enero de 2021, la fiscal Rosalba Hernández fue denunciada ante distintas direcciones (Derechos Humanos, Delincuencia Organizada, Inspección y Disciplina), tras lo cual fue separada del caso y privada de libertad.

Entre las acciones de los abogados del oficial Riobueno, se han interpuesto recursos de amparo ante la Sala Constitucional en busca de la restitución y reparación de derechos, basados en presuntas violaciones al derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Familiares y abogados del oficial también afirmaron que la detención practicada por la DGCIM “no se corresponde con la realidad” y cuestionaron el acta policial, al asegurar que describe condiciones de modo, tiempo y lugar “irreales” y atribuye hechos “graves” que no ocurrieron.

Ratifica la denuncia

Evelin Dayana Mendoza Hidalgo, esposa del teniente coronel Julio Cesar Riobueno Azuaje ratificó, en febrero de 2026, la denuncia que ya había hecho un año antes, contra la fiscal 70 nacional Rosalba Hernández “por la falta de probidad, integridad y rectitud de sus actuaciones contraviniendo los principios rectores del Ministerio Público”.

Dijo en su comunicación ante el entonces fiscal general, Tarek William Saab Halabi, que “en los actuales momentos tal como ha sido hecho público notorio y comunicacional se encuentra Privada de Libertad por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones Control del Área Metropolitana de Caracas, por los presuntos delitos de omisión dolosa y agravada de funciones”, lo que la ratificación de la denuncia es pertinente.

Evelin Dayana Mendoza Hidalgo dice que su esposo, el Tcnel Riobueno Azuaje, no fue detenido, como dijo la DGCIM el 26 de octubre de 2024 junto con el Tcnel Jesús Rafael Cabrera Marcano, sino que su aprehensión ocurrió “el 2 de octubre de 2024 en el Campo Deportivo de la Cotorrera en Maracaibo, estado Zulia, cuando salía de la evaluación física para la prueba de ascenso”.

Desmiente que en el momento de su detención estuviera con el Tcnel. Cabrera, “se encontraba con otros militares subordinados a él que luego fueron dejados en libertad”.

Refuta que la entonces fiscal 70 Nacional, Rosalba Hernández, dijera que existía una orden de aprehensión por parte del Tribunal 50 de Primera Instancia de Control del AMC, “esa orden se otorgó 22 días después, el 26 de octubre, en Caracas”, después que su esposo fue trasladado a la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas.

Aclara la señora Mendoza que es falso que Riobueno se presentara a la Dgcim Caracas con dos armas de fuego sin el permiso respectivo, seis mil dólares y más de un millón de pesos, y en una camioneta Hilux, blanca, “perteneciente a grupos guerrilleros no identificados”. En la audiencia el oficial explicó que el vehículo se lo prestó Walter Sánchez, productor de palma de aceite del sector Seis Casitas, Casigua El Cubo, Zulia.

Errores fiscales

La defensa señaló a la Fiscalía por, presuntamente, no realizar una investigación exhaustiva y por presentar “los mismos hechos” una vez transcurridos 45 días de la fase preparatoria. También alegó falsedad en la imputación por porte ilícito de arma, al indicar que Riobueno contaba con un carné vigente que lo autoriza a portar armas.

En la acusación se incorporaron hechos relativos a la incautación de 500 kg de cocaína en el sector Boca de Tarra, del 12 de octubre de 2024, en el marco de la “Operación Escudo Bolivariano Mara 2024”, que no habrían sido mencionados en la audiencia de presentación ni guardarían relación con el oficial.

“Se pretende vincular al Tcnel. Riobueno con un hallazgo en una zona deshabitada sin una sola inspección técnica que lo conecte con dicho sitio”, sostuvo su abogado ante el tribunal.

En cuanto a la prueba digital, cuestionó lo presentado como “pruebas de Telegram”, al catalogarlo como imágenes “que se asemejan a recreaciones manuales o simuladas” y que, a su juicio, carecen de fiabilidad técnica.

Por otra parte, el Ministerio Público alega comunicaciones indirectas entre el Tcnel. Riobueno y el GD Vidal José Francisco Coraspe, pero sin demostrar cruces de llamadas que lo sustenten; además, aseguró que el número atribuido al general pertenecería a otra persona.

La Fiscalía recurre al testimonio de un tercero que menciona el retiro de 3.000 dólares en un comercio, presentado como si se tratara de un indicio de tráfico internacional de drogas. “No se verificó la información con los propietarios del local ni permitieron que la defensa presentara testigos para aclarar ese hecho”.

Se habría incurrido en “mala fe procesal” cuando al Fiscalía sostiene la identificación del oficial Riobueno en un supuesto “especial de delación” de Luis Alejandro Herrera Ramírez, pero en el acta de delación no se menciona al oficial, ni siquiera por su cargo, y solo se hace referencia a “generales de pistas y radares”.

La Fiscalía afirmó que Riobueno “hacía caso omiso a vuelos ilegales”, pero Herrera Ramírez, el testigo del Ministerio Público, declaró que entre mayo y julio de 2024 la Operación Catatumbo y los operativos en tierra “impedían utilizar las pistas”.

El Tribunal

La actuación del Tribunal Quincuagésimo de Control no deja de ser inquietante, pues la jueza Giuliana Nicole Genesi Peñaloza habría incurrido en fraude procesal y simulación de actos al publicar una decisión fechada el 28 de marzo de 2025, “insertando de forma fraudulenta” un pronunciamiento que no existía al momento de la fijación de la audiencia preliminar.

El abogado de Riobueno sostuvo que la jueza omitió decidir sobre la nulidad absoluta de la acusación presentada el 8 de enero de 2025, pero permitió que se incorporaran en el escrito fiscal hechos vinculados a la “Operación Escudo Bolivariano Mara 2024” y al hallazgo de los 500 kg de cocaína en Boca de Tarra, que no fueron imputados originalmente.

Familiares del oficial preso están convencidos que se ha obstaculizado el derecho a la defensa de Riobueno al negarse diligencias exculpatorias, como la declaración del primer teniente Trías, así como imputarle el delito de porte ilícito de armas pese a que como militar activo posee un carné que lo autoriza a portarlas.

La Corte

El abogado defensor de Riobueno denunció “los vicios y quebrantamiento de Sala Siete de la Corte de Apelaciones, del 23 de julio y 18 de agosto de 2025” que están siendo impugnadas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los señalamientos contra la Corte de Apelaciones parten de dictar sentencias “que no guardan relación con los agravios denunciados” y en “un acto de absoluta ligereza procesal”, la Sala Siete omitió pronunciarse sobre la falsedad de las actas de la DGCIM y la manipulación de las fechas en el expediente por parte del Tribunal de Control.

Además de haber convalidado la indefensión del teniente coronel Riobueno “permitiendo que un proceso basado en fraude procesal llegara a la etapa de juicio”.

Se suma la violación al debido proceso y tutela efectiva porque la Corte de Apelaciones desestima denuncias de violaciones a derechos fundamentales como la incomunicación y tortura.

Los jueces son señalados por la defensa de Riobueno por abuso de poder y desviación de la función jurisdiccional; “la Sala Siete abandonó su rol de control de legalidad para actuar como un apéndice de la Fiscalía”, impidiendo que el oficial de la GNB sea “juzgado por tribunales imparciales y con pruebas lícitas”.

¿Una persona que se presenta en la frontera y pide entrar ya “llegó” a Estados Unidos? De esa pregunta, aparentemente técnica, depende el futuro del sistema de asilo estadounidense. El martes, la Corte Suprema debatió durante más de una hora si el gobierno de Donald Trump puede volver a impedir el acceso a solicitantes de asilo antes de que pisen suelo americano, según reportó The New York Times.

Una política que ya existía

La medida no es nueva ni exclusiva de un partido. Obama la aplicó por primera vez en 2016 para frenar una oleada migratoria en San Diego. Trump la amplió a todos los puntos de entrada del sur entre 2018 y 2021, y Biden la anuló al llegar a la presidencia. Ahora, el Departamento de Justicia busca recuperarla como herramienta de control fronterizo.

El corazón del debate es una sola palabra en la ley federal de asilo: cualquier persona que esté “físicamente presente” en Estados Unidos o que “llegue” al país puede solicitar protección. El gobierno argumenta que “llegar” implica haber cruzado completamente la frontera. Los representantes de los migrantes sostienen que presentarse ante un oficial en el puerto de entrada ya es suficiente, sin importar de qué lado de la línea se esté.

Cómo se dividió el tribunal

La mayoría conservadora mostró inclinación hacia la postura del gobierno. La jueza Amy Coney Barrett lo resumió con una pregunta directa: “Si no es cruzar la frontera física, ¿cuál es la cosa mágica?” El juez Brett Kavanaugh fue más lejos al señalar que, sin importar dónde fije el tribunal el límite, el gobierno probablemente detendría a los migrantes justo ahí y los devolvería a México.

Las únicas voces abiertamente críticas fueron las de las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor recurrió a la historia para ilustrar el riesgo: en 1939, Estados Unidos negó refugio a más de 900 judíos que huían del nazismo a bordo del transatlántico St. Louis. “Si eres un refugiado que llega al puerto de entrada y llamas a la puerta, tienes la obligación de al menos escuchar mi solicitud”, le dijo al abogado del gobierno.

Lo que está en juego

Si la Corte respalda al gobierno, miles de personas que se presenten en puertos de entrada podrían ser rechazadas sin que sus casos sean evaluados, replicando las condiciones que entre 2018 y 2021 generaron campamentos improvisados en ciudades fronterizas mexicanas, con escasez de alimentos y situaciones de alta vulnerabilidad.

El representante del Departamento de Justicia, Vivek Suri, defendió la medida como una “herramienta fundamental” ante posibles aumentos en el flujo migratorio. Del otro lado, la abogada Kelsi Corkran, que representa a solicitantes de Honduras, Nicaragua y México, argumentó que durante casi un siglo ese tipo de bloqueos nunca fueron necesarios, y que las largas filas en la frontera son consecuencia de estas políticas, no su causa.

La decisión se espera para finales de junio o principios de julio de 2026 y podría ser uno de los fallos migratorios más significativos en décadas.

Un proyecto federal sin precedentes en la frontera sur de Estados Unidos está transformando el río Bravo con la instalación de 27,4 kilómetros de boyas cilíndricas como parte de una estrategia destinada a disuadir los cruces irregulares desde México.

El Departamento de Seguridad Nacional adjudicó contratos por más de USD 1.000 millones a empresas privadas para desplegar 863 kilómetros de barreras flotantes desde el Golfo de México hasta el sur de Texas, una iniciativa que avanza tras la suspensión de más de 30 normas ambientales.

Esta medida se produce al tiempo que las autoridades federales informan un descenso en los cruces fronterizos no autorizados, resultado que plantea interrogantes sobre la magnitud y el momento de esta intervención.

Esto ocurre dado que la caída podría explicarse por factores estacionales o acciones conjuntas con las autoridades mexicanas, según reporta el medio de investigación regional The Texas Tribune en conjunto con el medio especializado en medioambiente Inside Climate News.

A diferencia de los primeros tramos, la fase actual del proyecto contempla la colocación de los dispositivos a través de seis condados, incluidos Cameron, Hidalgo, Starr, Zapata, Webb, Maverick y Val Verde, con boyas industriales de más de tres metros de largo y hasta un metro y medio de diámetro.

El costo por kilómetro asciende a USD 3,48 millones, por lo que la extensión planeada supondrá un desembolso superior a USD 3.000 millones.

Según revela la revisión de contratos federales realizada por Inside Climate News, solo la compañía Cochrane USA recibió USD 641 millones para la construcción de estas barreras, y la empresa Spencer Construction LLC de Arizona, cuatro adjudicaciones que totalizan USD 1.210 millones.

La instalación de las boyas avanzó sin la publicación de evaluaciones ambientales ni modelos de riesgo de inundación. Diversos especialistas advirtieron que el grado de opacidad oficial implica una “violación del estándar profesional básico” para proyectos de tal envergadura, en palabras del geomorfólogo Mark Tompkins, quien elaboró un análisis sobre las boyas por encargo de organizaciones opositoras en Laredo.

Tompkins y otros expertos sugieren que la ausencia de evaluaciones obedece tanto a la urgencia política como al interés de evitar impugnaciones legales.

El experto alertó que estos dispositivos podrían acelerar las crecidas y modificar la dinámica del cauce, e incluso crear nuevas formaciones sedimentarias que reconfiguren la frontera fluvial, lo que podría derivar en disputas con México por tratados vigentes.

El costo humano y ambiental y la legalidad bajo escrutinio

Entre 2017 y 2023, más de 1.100 personas murieron intentando cruzar el río Bravo en diferentes puntos de la frontera Texas-México, según una investigación del diario estadounidense The Washington Post citada por The Texas Tribune.

Aunque la motivación oficial alude a combatir el tráfico ilegal y la trata de personas, los antecedentes de proyectos anteriores —como la instalación estatal de boyas en Eagle Pass durante 2023, que derivó en múltiples polémicas y un fallecimiento— aportan contexto al actual rechazo social. La funcionaria ambientalista local Elsa Hull de Zapata denunció: “Esto es un experimento a escala continental, sin consenso científico ni sentido común”.

El secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem firmó en julio de 2025 la derogación de importantes leyes ambientales en un tramo de 32 kilómetros en el condado de Cameron, para acelerar la ejecución del Waterborne Barrier Project. Al justificar la medida, Noem escribió que existe “una brecha de seguridad” en las vías fluviales de la frontera suroeste donde operan redes de narcotráfico y migración irregular.

Los contratos asociados al proyecto fueron adjudicados tras una segunda suspensión de las regulaciones de contratación pública, extendida a todo el límite binacional en octubre del mismo año. En Brownsville, las autoridades locales se opusieron a las barreras mediante una resolución formal, advirtiendo sobre los efectos en el acceso a actividades recreativas y el riesgo de desarraigo entre las comunidades a ambos lados del río.

Riesgos estructurales, tratados internacionales y protestas locales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asegura que los obstáculos flotantes se diseñaron para resistir inundaciones que solo ocurren una vez cada 100 años, conforme a lo que establece su propio estándar técnico.

No obstante, la agencia evitó divulgar detalles de ingeniería, mientras expertos como Tompkins alertan que la falta de transparencia deja a las comunidades sin información crítica ante potenciales catástrofes: “Es inevitable que partes del sistema de boyas se desprendan y segmentos del muro fronterizo fallen”.

La geomorfóloga Adriana Martinez docmentó que, incluso bajo caudales bajos, las boyas transforman el patrón de sedimentación y vegetación en zonas de Eagle Pass, facilitando la eventual formación de islas y alterando la trayectoria del río.

Martínez sostiene que los obstáculos federales —aún más grandes que los experimentados a nivel estatal— agravan los problemas de desvío de agua y pueden cambiar el cauce, un fenómeno especialmente problemático en una frontera regida por estrictos tratados binacionales.

En 2023, la Comisión Internacional de Límites y Aguas estadounidense determinó que gran parte de las boyas estatales estaban en territorio mexicano, contraviniendo los acuerdos que disponen no modificar el flujo del río ni construir obras que perjudiquen al país vecino.

El profesor Samuel Sandoval Solis de la Universidad de California Davis enfatizó al medio The Texas Tribune que los “Estados Unidos serán responsables de la reparación o indemnización a México, según lo estipula el tratado de 1970, si las estructuras causan daños”. La agencia federal reconoció que las boyas deben instalarse totalmente en territorio estadounidense, pero no confirmó si el despliegue integral cumple con los compromisos bilaterales.

En Brownsville, la instalación coincidió con la celebración anual de los Charro Days, mientras activistas como Bekah Hinojosa y líderes comunitarios —incluido Juan Mancias de la tribu Carrizo/Comecrudo— lideraron manifestaciones públicas denunciando la desconexión creciente de los habitantes del Valle del río Bravo respecto a su entorno fluvial.

Esto se manifiesta en la reducción del acceso público a las riberas, la pérdida de espacios de recreación acuática y el temor a sufrir fragmentación de los vínculos sociales ligados al río. “Los ríos deberían unir a las personas. Estas boyas serán un desastre ecológico”, advirtió Hinojosa.

Federalización del control fronterizo y reacción comunitaria en la frontera

La expansión de las boyas marca el regreso del enfoque federalista en seguridad fronteriza, reforzado tras el retorno de Donald Trump a la presidencia en 2025.

El gobierno desplazó a figuras técnicas clave, como la ex comisionada Maria-Elena Giner en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, reemplazada por Chad McIntosh, y proclamó el pleno respaldo al despliegue de barreras, limitándose a declarar que “apoya totalmente los esfuerzos de la administración Trump para asegurar la frontera”.

La falta de información técnica documentada y la sistemática exclusión de las comunidades locales motivaron la reorganización de grupos cívicos en ciudades como Laredo, donde la directora del Centro Internacional de Estudios del Río Bravo Tricia Cortez denunció la estrategia federal como una “operación agresiva y silenciosa”.

Según declaró el gerente municipal Joseph Neeb, la ciudad está gestionando la obtención de información específica ante las autoridades fronterizas y evaluará cualquier adhesión a posturas públicas únicamente sobre la base de datos verificables.

Las autoridades lituanas revelaron que el vehículo aéreo no tripulado que ingresó al distrito de Varèna, en la madrugada y explotó cerca de la frontera con Bielorrusia, se identificó como ucraniano tras las primeras pericias, quedando vinculado a operativos militares realizados contra la Federación Rusa. Según consignó la cadena nacional LRT, la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, indicó que las investigaciones confirmaron el origen ucraniano del dron, lo cual situó el episodio en el contexto de acciones conjuntas frente a Rusia. Ruginiene detalló que el ingreso del aparato a territorio lituano ocurrió durante la noche en la que se desarrollaban operaciones militares originadas en Ucrania.

En declaraciones a la prensa al finalizar la reunión de la Comisión de Seguridad Nacional, Ruginiene explicó que el dron extraviado que cruzó al espacio aéreo del país báltico estuvo directamente relacionado con un operativo militar de Ucrania. La mandataria sostuvo: “El dron que cruzó nuestro espacio aéreo y voló hacia el distrito de Varèna era un dron ucraniano y está relacionado con la operación que los ucranianos estaban llevando a cabo esa noche, dirigida contra Rusia”, según publicó LRT. Los servicios de seguridad de Lituania continúan realizando averiguaciones para esclarecer con exactitud el trayecto y las circunstancias del ingreso del dispositivo.

El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, añadió que ni las fuerzas lituanas ni las de Bielorrusia pudieron detectar el dron antes de que detonara, ya que volaba a una altitud menor a 300 metros, lo que obstaculizó los sistemas de defensa y vigilancia instalados en ambos países. El medio LRT reportó que el incidente sucedió pasadas las 3.00 de la madrugada y fue registrado por una cámara de vigilancia. Las imágenes capturadas muestran el sonido característico de un objeto en vuelo, seguido inmediatamente por una explosión y la caída de fragmentos sobre el área.

La identificación del origen ucraniano del aparato surgió tras una serie de análisis internos, que buscaron aclarar si el incidente tenía relación con una incursión desde Bielorrusia. El cruce de drones desde ese país ha generado preocupación previa en Lituania, sobre todo tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022. De acuerdo con LRT, drones han traspasado en varias ocasiones el espacio aéreo lituano provenientes de Bielorrusia, lo que ha reforzado la percepción de vulnerabilidad en la región frente a posibles movimientos militares o espionaje derivados de la alianza entre Minsk y Moscú.

La proximidad del lugar de la explosión a la frontera bielorrusa inicialmente provocó temores de una posible incursión hostil, recordó el medio LRT, en función de antecedentes previos en que la colaboración entre Rusia y Bielorrusia se ha traducido en el uso de drones desde territorio de este último para operaciones en la zona. La reciente revelación de que el artefacto provenía de Ucrania y no de Bielorrusia plantea nuevos interrogantes en materia de coordinación militar y control fronterizo.

La investigación continúa en curso para establecer cómo el dron perdió su rumbo y terminó en suelo lituano, así como para identificar los procedimientos que podrían reforzar la supervisión del espacio aéreo. Tanto los equipos técnicos como los organismos de inteligencia se encuentran abocados a esclarecer los detalles técnicos de la ruta del vehículo, según reiteró la primera ministra, mientras las autoridades insisten en reforzar los mecanismos de monitoreo ante el riesgo creciente de incursiones derivadas del conflicto militar en la región.

LRT detalló que el suceso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los países fronterizos con zonas activas de conflicto, especialmente ante la utilización de drones en los operativos militares modernos. La falta de detección oportuna del dispositivo expone posibles debilidades en los sistemas de defensa antiaérea de la región y subraya la necesidad de fortalecer la cooperación y el intercambio de información con los aliados para hacer frente a situaciones similares en el futuro.

Las evaluaciones técnicas de la comisión binacional determinaron que el proyectil hallado en suelo colombiano, cerca de la frontera con Ecuador, no detonó y no generó daños en la población o en bienes materiales. Según informó el medio que dio a conocer la investigación, la conclusión apunta a que la caída del artefacto resultó accidental y que no existió intención de provocar un incidente con Colombia. Esta investigación, detalló la fuente, buscó aclarar un episodio que elevó la tensión entre los dos países en un contexto diplomático delicado.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó a través de redes sociales que el objeto explosivo encontrado en una zona fronteriza con Ecuador no tenía como objetivo territorio colombiano. De acuerdo con la explicación, la bomba impactó primero en el lado ecuatoriano y posteriormente rebotó aproximadamente 210 metros, cruzando la línea internacional hacia Colombia. Tal como publicó la fuente original, Sánchez enfatizó que las indagaciones verificaron que el bombardeo no estuvo dirigido contra Colombia sino que fue consecuencia de un accidente en la operación militar ecuatoriana.

La comisión de investigación, integrada por representantes de ambas naciones, revisó los hechos para promover la distensión tras el incidente que, según reportó el medio, reavivó las confrontaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. El titular de la cartera de Defensa comunicó que no se reportaron heridos ni daños materiales y que el artefacto no llegó a explotar, contradiciendo información inicial que sugería daño o riesgo para la población. Esta revisión conjunta y la comunicación directa entre las Fuerzas Armadas y los ministerios de Defensa de los dos países sirvieron para confirmar la versión técnica de lo ocurrido, según detalló la fuente.

Sánchez manifestó que tanto las autoridades colombianas como ecuatorianas coincidieron en que la operación ecuatoriana tenía como propósito combatir a organizaciones ilícitas dentro de territorio ecuatoriano. De acuerdo con el ministro, la investigación evidenció que el ataque realizado por Ecuador permaneció dentro de sus límites nacionales y que el cruce del artefacto a Colombia se debió a circunstancias ajenas a la intención de las Fuerzas Armadas de ese país. Esta valoración, indicó el medio, fue compartida por la comisión tras sus revisiones de campo y los canales de comunicación oficiales.

La situación alimentó la controversia en las relaciones bilaterales. A comienzos de marzo, el presidente colombiano Gustavo Petro sugirió que Ecuador había lanzado ataques en suelo colombiano durante una ofensiva contra grupos armados. Tal como consignó la fuente, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó enérgicamente esa interpretación, lo que abrió paso a un intercambio de declaraciones y críticas entre los gobiernos. El medio subrayó que este episodio ejemplifica los roces persistentes que caracterizan la relación diplomática entre ambos estados.

En su declaración, Sánchez remarcó la necesidad de profundizar la cooperación y la coordinación fronteriza para enfrentar la presencia y las actividades de las organizaciones criminales, particularmente aquellas ligadas al narcotráfico. De acuerdo con la información publicada, el ministro insistió en que la resolución técnica del incidente fortalece la confianza mutua y sirve de base para mejorar los mecanismos bilaterales de seguridad, pese al ambiente de desconfianza previo.

Por último, los resultados de la verificación respaldaron el argumento sostenido por Quito, según el cual el operativo aéreo era parte de su estrategia para reducir la actividad delictiva dentro de sus fronteras y no consistía en una acción hostil hacia su vecino del norte. Según reportó el medio, la aclaración oficial y la metodología conjunta de investigación se consideraron pasos clave para rebajar las tensiones en un momento en que las relaciones entre Colombia y Ecuador afrontan continuos retos.

El Ejército iraquí emprendió labores de búsqueda para identificar a quienes participaron en el lanzamiento de cinco misiles desde las proximidades de Tal al Haua, una localidad situada en el norte de Irak a una distancia de 20 kilómetros de la frontera con Siria. Tal como informó la agencia estatal SANA y recogieron diversas fuentes, este ataque se dirigió contra una base militar siria ubicada cerca de Al Yarubiyá, en la provincia de Hasaka, al noreste de Siria. La acción desencadenó un estado de máxima alerta en el ejército sirio y motivó la coordinación entre ambas naciones para esclarecer el incidente y tomar medidas de respuesta.

Según publicó SANA, el comando de operaciones del ejército sirio ratificó que el ataque tuvo origen en territorio iraquí, señalando la precisa ubicación desde donde se efectuó el lanzamiento de los misiles, en las inmediaciones de Tal al Haua. Esta zona, debido a su cercanía con la frontera siria, posee un valor estratégico en el contexto de los conflictos regionales. El procedimiento inmediato incluyó el establecimiento de contacto entre las autoridades de Siria e Irak con el fin de colaborar en la investigación y determinar las circunstancias exactas de la agresión.

De acuerdo con lo consignado por la agencia SANA, la base atacada resguarda posiciones militares clave para el despliegue sirio en la región noreste. Como respuesta directa al incidente, el alto mando del ejército sirio afirmó que mantiene un estado de máxima alerta y aseguró que “cumplirá con su responsabilidad de defender el territorio sirio y hacer frente a cualquier agresión”. Este mensaje surge en un contexto regional marcado por una escalada de tensiones derivadas de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual ha tenido repercusiones en varios países, incluido Irak y Líbano.

El suceso denunciado representa el primer ataque con misiles de este tipo dirigido contra posiciones militares sirias desde el inicio de los recientes enfrentamientos regionales. Las autoridades sirias, al reportar el hecho, remarcaron el carácter excepcional de este incidente y la conexión con las recientes operaciones militares en la región. Según reportó SANA, la coordinación iraquí-siria busca tanto prevenir la repetición de este tipo de agresiones como establecer responsabilidades sobre los autores materiales.

El Gobierno sirio atribuyó la gravedad del ataque no solo a su origen transfronterizo, sino también a las posibles implicaciones para la seguridad en la provincia de Hasaka, considerada una de las zonas de mayor sensibilidad geopolítica del país. En declaraciones recogidas por la agencia estatal, portavoces militares destacaron el papel de las fuerzas armadas en la preservación de la soberanía nacional, enfatizando la disposición a responder según lo exijan los acontecimientos.

Tal como detalló SANA, las operaciones de búsqueda impulsadas por el ejército iraquí forman parte de un esfuerzo conjunto más amplio para controlar movimientos armados en la zona fronteriza. Esta región es escenario de frecuentes desplazamientos y presencia de diversos grupos, lo que complica los procedimientos de identificación y detención de los responsables. Las autoridades resaltaron que el trabajo coordinado entre Siria e Irak tiene como meta garantizar la estabilidad y la seguridad compartida en un territorio históricamente expuesto a incursiones y enfrentamientos provocados por el contexto regional.

La intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán, según ha recordado SANA, ha impactado a distintos países, profundizando el riesgo de incidentes similares en áreas fronterizas. Tanto Siria como Irak se han visto involucrados en intercambios de información y medidas de cooperación para frenar la expansión de la violencia y reducir la posibilidad de nuevos ataques transfronterizos. Desde Damasco, el mensaje oficial insiste en el compromiso con la defensa territorial y la disposición a sostener conversaciones bilaterales para dar seguimiento al desarrollo de la investigación.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se refirió al proceso electoral peruano tras asumir el cargo el pasado 11 de marzo. En una entrevista con el diario chileno La Tercera, el mandatario expresó su expectativa de que los comicios contribuyan a estabilizar la situación política en el país.

“Perú está pasando ahora por un momento electoral y esperamos que la definición, cualquiera sea, le dé estabilidad”, señaló el jefe de Estado, en un contexto marcado por la incertidumbre política que vive el Perú, pues solo en el último quinquenio pasó por cuatro mandatarios.

Sus declaraciones se dieron en el marco de un balance inicial de su gestión, en el que también abordó temas económicos, migratorios y de seguridad. Kast remarcó que su gobierno priorizará el fortalecimiento de los vínculos con los países vecinos, entre ellos Perú, al que considera un socio clave en el ámbito comercial.

Relaciones comerciales y mirada regional

En la misma entrevista, Kast subrayó la importancia de mantener relaciones económicas sólidas con los países de la región. Mencionó de forma específica a Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador como socios estratégicos para el desarrollo chileno.

El mandatario sostuvo que el crecimiento de los países vecinos impacta directamente en Chile. “Si a Argentina le va bien, a Chile le va a ir bien”, afirmó.

En ese marco, insistió en que su gobierno buscará “cuidar las relaciones comerciales con todos los países” y destacó que Chile cuenta con reglas claras para la inversión. Su postura apunta a reforzar la estabilidad económica en un escenario internacional que calificó como “inédito”.

Respecto a Perú, el énfasis en la estabilidad política responde no solo a una preocupación institucional, sino también a la necesidad de garantizar condiciones favorables para el intercambio económico entre ambos países.

“Escudo fronterizo” y posibles efectos en la frontera con Perú

En paralelo a su agenda económica, Kast ha impulsado el denominado “escudo fronterizo”, un plan que contempla la construcción de barreras físicas —muros y zanjas— en la frontera norte de Chile, con el objetivo de frenar la migración irregular, uno de sus discursos de campaña.

Durante una visita a la zona, el mandatario aseguró que el Estado actuará con firmeza frente a ingresos ilegales: “Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado”.

Sin embargo, especialistas han advertido que esta política podría generar efectos inmediatos en la frontera con Perú. El internacionalista Ramiro Escobar señaló que medidas restrictivas de este tipo podrían provocar la acumulación de migrantes en la zona de La Concordia, generando presión sobre las autoridades peruanas.

El análisis apunta a un posible “efecto rebote”, en el que personas que no logren ingresar a Chile queden varadas o intenten cruzar hacia territorio peruano. Esto podría abrir un escenario complejo tanto en términos operativos como humanitarios, especialmente ante la falta de mecanismos claros para gestionar estos flujos migratorios.

Además, se advierte que, si bien la medida se ejecuta dentro del territorio chileno y no vulnera acuerdos bilaterales, podría entrar en tensión con estándares internacionales de derechos humanos.

Antes de asumir, Kast ya advertía sobre la crisis migratoria en Perú

Antes de asumir la presidencia, Kast ya había puesto el foco en la crisis migratoria durante su visita a Lima, cuando José Jerí aún ejercía el poder. En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar en soluciones coordinadas a nivel regional.

El entonces presidente electo propuso evaluar un corredor humanitario para facilitar el retorno de migrantes en situación irregular, aunque aclaró que cualquier acuerdo solo podría concretarse una vez asumido el cargo y con respaldo institucional.

Asimismo, remarcó la necesidad de abordar el fenómeno con enfoque humanitario. “Nadie quiere pasar sobre la dignidad de las personas”, sostuvo, al referirse a la situación de miles de ciudadanos que han debido abandonar sus países de origen.

Kast también subrayó que la migración en la región, en muchos casos, responde a factores como la persecución política o la crisis económica. “Hay personas que han debido dejar su país no voluntariamente”, indicó, aludiendo al impacto regional de la diáspora venezolana.

Transportistas lituanos y polacos afectados han esperado desde hace cuatro meses la decisión que les permitiría recuperar más de 1.900 camiones retenidos en la frontera de Bielorrusia, una situación originada tras el cierre de los pasos fronterizos decretado por Lituania. Según informó la agencia de noticias bielorrusa BelTA, el presidente Alexander Lukashenko autorizó este lunes el retorno de estos vehículos al país báltico. La medida llega como respuesta a la petición formal presentada por empresas de transporte de Lituania y Polonia con el propósito de resolver el bloqueo generado desde noviembre de 2025, a raíz del lanzamiento de globos con contrabando, hecho que motivó el endurecimiento de las inspecciones lituanas.

De acuerdo con la información divulgada por BelTA, el Comité Estatal de Aduanas de Bielorrusia confirmó que Lukashenko evaluó las solicitudes de las compañías afectadas antes de tomar esta decisión. Esta resolución se produce después de un periodo en el que los camiones permanecieron estacionados en instalaciones designadas por las autoridades bielorrusas, lo que implicó un coste adicional para los dueños de los vehículos. Antes de cruzar la frontera y regresar a Lituania, los transportistas deberán abonar una tasa por el estacionamiento acumulado durante estos meses. Estas tarifas, según reportó la agencia, serán significativamente inferiores a las que se habían establecido inicialmente al comienzo del conflicto, aunque no se han detallado los importes concretos aplicados a cada caso.

El conflicto fronterizo comenzó en noviembre de 2025. Lituania decidió cerrar los pasos debido a sospechas de que se utilizaban globos para el tráfico ilegal de mercancías, hecho que incrementó la tensión entre ambos países y tuvo consecuencias directas en la movilidad comercial terrestre. En ese entorno, miles de camiones con matrícula lituana quedaron bloqueados en el lado bielorruso, lo que generó reclamaciones de empresas de transporte no solo de Lituania, sino también de Polonia, país cuyas compañías vieron afectada la cadena logística en la región.

Tal como consignó BelTA, la situación ya venía mostrándose encaminada a una solución la semana previa. Autoridades lituanas habían señalado que los procedimientos para autorizar el cruce de los vehículos se estaban acelerando desde el lado bielorruso. No obstante, los transportistas seguían a la espera de un documento oficial que les garantizara la posibilidad de reanudar el tránsito hacia territorio báltico sin obstáculos ni sanciones adicionales.

BelTA también reportó que el Comité Estatal de Aduanas ha insistido en que la liberación de los camiones va ligada al cumplimiento del pago por el uso de las zonas habilitadas para su resguardo. Al respecto, la autoridad bielorrusa puntualizó que dicha exigencia busca compensar los gastos generados durante los cuatro meses de retención y controlar el flujo de salida de vehículos de manera ordenada. Las empresas transportistas afectadas han solicitado que las condiciones sean lo menos gravosas posible, argumentando los perjuicios económicos asumidos por la paralización prolongada de sus operaciones.

Mientras tanto, en Lituania, entidades oficiales y asociaciones de transportistas se mantienen a la espera de recibir las notificaciones formales que permitan implementar el cruce efectivo de los camiones. Los registros proporcionados por ambas partes ubican la cantidad de vehículos afectados en más de 1.900, lo que da una dimensión del alcance del fenómeno y de los impactos logísticos resultantes.

Según publicó BelTA, la flexibilización de las tarifas ahora dispuesta contrasta con las condiciones iniciales, consideradas por las empresas como desproporcionadas en relación al tiempo y coste de la paralización forzada. Las autoridades bielorrusas sostienen que la nueva estructura tarifaria busca facilitar la normalización del tránsito fronterizo y reducir la tensión diplomática creada tras los incidentes de contrabando.

El bloqueo y posterior desbloqueo de la frontera ha repercutido en la planificación y el desarrollo de las actividades de numerosos operadores logísticos de la región. El sector del transporte terrestre internacional de Lituania y Polonia ha planteado su preocupación por las posibles repercusiones futuras de episodios similares y por la necesidad de mecanismos de mediación que prevengan la repetición de incidentes de esta naturaleza. Los más de 1.900 camiones involucrados representan una parte significativa del tránsito comercial en uno de los principales accesos viales entre la Unión Europea y Bielorrusia.

El Comité Estatal de Aduanas de Bielorrusia, citado por BelTA, precisó que los permisos de cruce se expedirán exclusivamente a quienes hayan abonado las tasas exigidas y hayan completado los procedimientos aduaneros requeridos. Una vez cumplidos estos pasos, los transportistas podrán volver a sus países de origen, con la tranquilidad de que no enfrentarán penalizaciones adicionales por parte de las autoridades bielorrusas.

Desde finales de 2025, el cierre de los pasos fronterizos generó colas y demoras notables en la zona limítrofe, lo que obligó a empresas y conductores a redirigir rutas o detener completamente algunos servicios de transporte internacional. La medida impactó no solo en términos logísticos, sino también en el ámbito económico y contractual de las compañías implicadas. Las cámaras de transporte de ambos países han reclamado desde el principio una solución pragmática y rápida, dado que el volumen de carga afectado incluye productos de exportación y materias primas indispensables para diversas industrias.

El caso refleja uno de los episodios recientes donde sucesos relacionados con el contrabando y las disputas fronterizas derivan en consecuencias para el tráfico comercial internacional. Mediante la información publicada por BelTA, se observa que tanto las autoridades bielorrusas como lituanas buscan restaurar gradualmente la normalidad del flujo fronterizo. Empresas y gremios del transporte examinan las implicancias económicas de los nuevos costes y exigen claridad en los procedimientos de devolución de los camiones, solicitando que no se incurra en demoras adicionales ahora que la autorización fue concedida.

La agencia BelTA aportó que el seguimiento del proceso de liberación continuará bajo la supervisión del Comité Estatal de Aduanas, mientras las partes afectadas terminan de concretar el pago de las tasas y se regulariza la salida de los vehículos hacia Lituania. El restablecimiento del tránsito dependerá de la coordinación entre los países involucrados y de la agilidad en la emisión de los documentos requeridos para la circulación segura de las unidades.

Una ola de calor elevó la contaminación atmosférica en la frontera entre México y Estados Unidos hasta niveles no registrados desde 2024, con emisiones de sulfuro de hidrógeno que afectaron gravemente a barrios del sur del condado de San Diego y profundizaron la crisis ambiental que azota al área del valle del río Tijuana. El fenómeno, agravado por la avería de una bomba clave en la red de aguas residuales de Tijuana, desencadenó alertas sanitarias.

El viernes, la concentración de sulfuro de hidrógeno en el barrio Nestor alcanzó aproximadamente 557 partes por mil millones, una cifra equivalente a casi 18 veces el umbral de exposición peligroso fijado en 30 partes por 1000 millones por el Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica del Condado de San Diego (APCD), de acuerdo con los datos de monitoreo recogidos por esa entidad.

Se trata del registro diario más alto desde octubre de 2024 y el pico más grave durante la actual ola de calor, que comenzó hacia el 12 de marzo con temperaturas cercanas a 32 °C (90 °F) el viernes, reportó San Diego Union-Tribune.

En marzo de 2026, una combinación de temperaturas excepcionalmente elevadas y el fallo de una bomba de aguas residuales en Tijuana provocó un aumento sin precedentes del sulfuro de hidrógeno en el sur de San Diego, según el medio mencionado anteriormente. Esta situación expuso a las comunidades fronterizas a niveles tóxicos de contaminación, generó problemas de salud y alimentó la preocupación social por la gestión de residuos transfronterizos.

Durante toda la temporada seca continuó el flujo de aguas residuales sin tratar desde México, que según la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos (IBWC, por sus siglas en inglés, órgano binacional de regulación hídrica) varió entre 20 y 52 millones de galones diarios. La Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay, también gestionada por la IBWC, procesó menos de 25 millones de galones por día durante la ola de calor, lo que dejó un volumen considerable de desechos vertiéndose al entorno sin control.

La IBWC explicó que la falla de la bomba de la Estación de Bombeo PB1 de México intensificó los flujos transfronterizos en el canal Stewart’s Drain los días 14 y 15 de marzo. Las reparaciones en curso contribuyeron a la persistencia de los olores y la percepción de riesgo sanitario, según el reporte de la entidad.

El impacto ambiental y social en la frontera

El grupo Coalición del Río Tijuana, una ONG ambiental binacional que nuclea a más de sesenta y cinco organizaciones de la sociedad civil, difundió un comunicado llamando a las autoridades a mejorar la coordinación interinstitucional y a establecer sistemas de alerta más rápidos y efectivos. En el documento se mencionó tanto la situación atmosférica —con inversiones marinas y vientos débiles que atrapan contaminantes a nivel del suelo— como el agravamiento de la exposición para la población local.

Bethany Case, residente de Imperial Beach y voluntaria principal de la campaña Clean Border Water Now de Surfrider —ONG internacional—, relató que el olor tóxico invadió su vivienda y sus vehículos: “No podemos escapar de esta crisis”, dijo.

“Recibir la notificación de que la contaminación supera los niveles seguros cuando ya podemos olerla claramente es demasiado tarde”, recogió San Diego Union-Tribune.

La médica local Kimberly Dickson, quien reside y ejerce en la zona, observó un incremento de pacientes con síntomas compatibles con la exposición a H2S en su consulta. “La situación es inaceptable y exige una intervención urgente”, expresó en un comunicado reproducido por el mismo medio.

Las causas del repunte de contaminación

Según la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos, el mal funcionamiento prolongado de la bomba de la Estación de Bombeo PB1 de México intensificó los flujos de aguas residuales, elevando la presencia de compuestos tóxicos, especialmente sulfuro de hidrógeno. En los días críticos, el canal Stewart’s Drain presentó descargas inusuales hacia territorio estadounidense, lo que provocó la activación de sistemas de monitoreo y la intervención de equipos técnicos en frontera.

Este repunte de emisiones coincide con condiciones meteorológicas específicas: temperaturas casi estivales, inversiones térmicas y vientos ausentes, que favorecen la acumulación de gases pesados en zonas habitadas. Mientras tanto, los trabajos de reparación continúan y los olores persisten, lo que genera preocupación en las localidades adyacentes al canal y los residentes exigen respuestas institucionales rápidas.

Respuestas institucionales y medidas de emergencia

El Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica mantiene la vigilancia sobre las emisiones de sulfuro de hidrógeno en toda su red de medición y ofrece alertas gratuitas por correo electrónico y mensajes de texto a quienes viven en zonas afectadas cuando los niveles rebasan el umbral de 30 partes por mil millones. Además, proporciona purificadores de aire sin costo a los hogares más vulnerables por la polución.

La autoridad sanitaria del condado, la doctora Sayone Thihalolipavan, sostuvo que el condado continúa la colaboración con socios regionales para enfrentar la emergencia. “Estamos comprometidos a apoyar a la comunidad de South Bay”, afirmó Thihalolipavan.

Sumó: “Continuaremos coordinando recursos y buscando soluciones a largo plazo para las condiciones inaceptables en el valle del río Tijuana”.

Mientras tanto, los pronósticos meteorológicos anticipan una reducción relativa de las temperaturas durante el fin de semana, aunque se prevé que se mantengan por encima de los valores históricos para la región.

Las conclusiones a las que llegó la comisión técnica de defensa de Colombia y Ecuador, tras analizar directamente el lugar de los hechos, indican que el artefacto explosivo implicado en los recientes incidentes en la frontera compartida probablemente impactó primero en territorio ecuatoriano y, después de rebotar, cruzó unos 210 metros hasta caer en territorio colombiano, sin que este hecho provocara daños a personas o bienes. A raíz de estos hallazgos, el gobierno colombiano ha manifestado oficialmente que la crisis diplomática con Ecuador queda “por superada”, concentrando ahora los esfuerzos en fortalecer la colaboración militar y en la elaboración de nuevos protocolos operacionales para la región fronteriza, según informó el medio Europa Press.

La declaración del presidente Gustavo Petro hizo énfasis en la importancia de consolidar una coordinación estrecha entre los mandos militares de ambos países. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X y atribuido al Ministerio de Defensa, Petro señaló que ambos gobiernos acuerdan que la operación ecuatoriana tenía como objetivo atacar amenazas criminales y no buscaba generar provocaciones ni desconfianza hacia Colombia, según detalló Europa Press. Además, destacó que la resolución del incidente refleja “madurez, profesionalismo y respeto mutuo en la búsqueda de la verdad de lo sucedido”.

Por su parte, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, declaró en una entrevista radial que la reciente controversia se origina en parte por el periodo electoral en el país vecino y por las presiones que, según él, enfrenta el mandatario colombiano dentro de su propio país, producto de la guerra arancelaria entre ambas naciones. Sus palabras, recogidas por Europa Press, sugieren también que existen tensiones internas derivadas de factores comerciales y políticos que han contribuido a la disputa diplomática.

A pocos días de la reunión prevista entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo en Lima bajo el auspicio de la Comunidad Andina, se ha confirmado que el punto central del diálogo será la cadena de incidentes recientes en la frontera y la revisión de los mecanismos conjuntos de seguridad. Según publicó Europa Press, Ecuador ha reconocido que sus fuerzas armadas han ejecutado ataques a grupos criminales en la zona limítrofe, operaciones que definen como orientadas principalmente contra estructuras criminales de origen colombiano. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas enfatizan que estas acciones siempre se han llevado a cabo dentro de su propio territorio, al tiempo que reclaman a Colombia una mayor intervención para evitar el libre tránsito de estos grupos entre ambos países.

El intercambio de recriminaciones se intensificó luego de los bombardeos llevados a cabo por Ecuador, que detonaron la crisis diplomática. Desde la perspectiva ecuatoriana, consignada por Europa Press, la raíz del conflicto radica en la percepción de insuficiente control por parte del Estado colombiano sobre el movimiento de grupos armados en la frontera común. El gobierno ecuatoriano insiste en que sus operaciones han sido estrictamente defensivas y dirigidas a contener actividades delictivas transnacionales.

La participación de la comisión técnica integrada por representantes de Defensa de ambos países resultó determinante para reducir la tensión. Según Europa Press, tras la visita al sitio del suceso, el informe conjunto no logra establecer con certeza absoluta el origen de la trayectoria del artefacto, pero sí establece una “muy alta probabilidad” de que se trató de un rebote que terminó afectando levemente territorio colombiano sin ocasionar daños adicionales. Ambas partes acordaron que no hubo una intención deliberada de violar la soberanía nacional.

Con la normalización de las relaciones diplomáticas, tanto Bogotá como Quito buscan avanzar hacia una mayor articulación en materia de seguridad y defensa. El plan inmediato incluye nuevos encuentros entre los altos mandos militares y la elaboración de mejores protocolos para la gestión de incidentes en la frontera, con el objetivo de evitar malentendidos y fortalecer la respuesta ante amenazas criminales en la región fronteriza, según informó Europa Press.

El incidente ha puesto de manifiesto la complejidad de gestionar una frontera binacional extensa y marcada por la presencia de grupos armados ilegales. Ambas naciones ahora encaran el reto de reforzar la cooperación y la vigilancia conjunta, no solo ante los desafíos de seguridad, sino también en el marco de relaciones económicas distendidas por tensiones recientes, tal como reportó Europa Press.

El proceso abierto tras los bombardeos servirá también de marco para revisar y consolidar las reglas de actuación para futuros episodios en la zona limítrofe. La vigilancia de los acuerdos y la puesta en marcha de mecanismos de verificación estarán entre los puntos tratados en la próxima cumbre de Lima, donde los equipos de defensa buscarán establecer criterios unificados frente a las amenazas transnacionales que afectan a ambos países.

Las gestiones iniciadas por las autoridades militares y diplomáticas apuntan a mitigar el riesgo de incidentes similares y aumentar la confianza mutua, en un contexto en que las complejidades internas y externas impactan en la estabilidad regional, según reiteró Europa Press. Los próximos encuentros serán un escenario para monitorear los avances y ajustar los protocolos conjuntos que regirán la cooperación en la frontera común.

En Chad, expertos están analizando los restos balísticos hallados tras un ataque con proyectil en la frontera con Sudán que provocó la muerte de cerca de 20 personas, entre ellas un menor. Según publicó el medio chadiano ‘Al Wihda’, la investigación oficial se mantiene en marcha mientras las autoridades evitan atribuir responsabilidades directas a alguno de los bandos en conflicto dentro de Sudán. El portavoz del Gobierno, Gassim Cherif, enfatizó que los técnicos trabajan para identificar el tipo de proyectil y su origen exacto, en medio de señalamientos cruzados entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Tal como informó ‘Al Wihda’, la posición oficial de Chad es que, aunque se tiene certeza de la procedencia sudanesa del proyectil que alcanzó la localidad de Tina, aún se desconoce cuál de las facciones enfrentadas en el país vecino lo lanzó. Gassim Cherif declaró públicamente: “Los técnicos están en proceso de identificar el proyectil que causó daños en Chad para saber con precisión de dónde proviene… Estamos convencidos de que viene de Sudán, pero no sabemos quién lo lanzó”. Estas declaraciones se dieron tras las acusaciones de las RSF señalando al Ejército sudanés como responsable del ataque, una posición que por ahora las autoridades chadianas no adoptan oficialmente.

De acuerdo con ‘Al Wihda’, el presidente de Chad, Mahamat Déby Itno, reaccionó ordenando el cierre total de la frontera con Sudán y encomendó a las fuerzas armadas chadianas la misión de responder a cualquier nueva agresión que provenga del lado sudanés, independientemente de si la perpetran las fuerzas gubernamentales o las RSF. Esta medida representa una ampliación de la postura defensiva de Chad frente a la intensificación del conflicto en el oeste sudanés y su impacto en la región fronteriza.

El medio detalló que el Ejército sudanés informó haber rechazado una ofensiva de gran envergadura atribuida a las RSF en Tina, área ubicada en el estado de Darfur Occidental y en límite con Chad. Este episodio siguió a los anuncios del grupo paramilitar, quienes aseguraron haber tomado la localidad fronteriza de Karnoi y, posteriormente, la ciudad estratégica de Bara, en Kordofán Norte, incrementando la presión militar en varias zonas de Sudán.

La violencia estalló en abril de 2023 en Sudán, favorecida por desavenencias sobre cómo y bajo qué condiciones integrar a las RSF dentro de las fuerzas armadas estatales. El desencuentro terminó por romper el proceso de transición iniciado tras el derrocamiento en 2019 del expresidente Omar Hasán al Bashir, proceso ya afectado por el golpe de Estado que apartó al entonces primer ministro Abdalá Hamdok. Esta guerra civil derivó en una marcada estabilidad política y social en Sudán, sumando al país a una de las de peor calado humanitario a nivel global.

El conflicto ha impulsado la implicación de varios Estados extranjeros, tanto en apoyo al Ejército como a las RSF, contribuyendo a la prolongación y agravamiento de las hostilidades según reportó ‘Al Wihda’. La consecuencia inmediata recae en la población civil, que afronta desplazamientos masivos, migraciones forzadas hacia países vecinos y la rápida expansión de emergencias sanitarias, debido a las limitaciones generadas por la devastación de infraestructuras críticas. Estas circunstancias han generado preocupación internacional por la incapacidad de asistir a las personas afectadas y el deterioro general de las condiciones de vida en la región.

Especialistas también evaluaron el ambiente de tensión a lo largo de la frontera chadiano-sudanesa, señalando que la presencia en aumento de desplazados pone presión adicional sobre los servicios y recursos. Según consignó ‘Al Wihda’, la decisión de Chad de cerrar la frontera responde a la urgencia de prevenir que los combates se propaguen a su territorio y tratar de controlar los flujos de personas que buscan refugio tras los incidentes militares recientes.

La publicación destaca que, hasta el momento, ni el Ejército sudanés ni las RSF han asumido públicamente la responsabilidad del proyectil que impactó en Tina. Ambos bandos sostienen discursos enfrentados respecto al dominio de las áreas fronterizas, en un escenario que complica aún más la seguridad en Chad y profundiza la incertidumbre sobre el avance de las hostilidades vecinas. El Gobierno chadiano reiteró su postura de mantener la prudencia en las acusaciones mientras el análisis técnico provee certidumbre sobre el origen y tipo de munición usada.

Durante la intervención militar que involucró a fuerzas de Argelia y un grupo armado extranjero, las autoridades lograron confiscar 150 kilogramos de oro, además de armamento y municiones, en una zona limítrofe con Níger. Según consignó el Ministerio de Defensa argelino a través de un comunicado, este hecho se produjo como resultado de un enfrentamiento en la provincia de In Guezam, en el sur del país, en donde las tropas argelinas interceptaron a personas a las que calificaron como "contrabandistas armados de nacionalidad extranjera". Tal como publicó la agencia Europa Press, la acción fue presentada como parte de una estrategia más amplia de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de metales preciosos, especialmente en puntos fronterizos estratégicos.

De acuerdo con la comunicación oficial del Ministerio de Defensa de Argelia, tras la operación, se logró "neutralizar" a los sospechosos. El término utilizado por las autoridades refiere a la muerte de los tres individuos, todos de nacionalidad extranjera, durante el enfrentamiento armado en In Guezam. Además del decomiso del oro, las fuerzas argelinas incautaron diversas armas de fuego y municiones, lo que refuerza la preocupación sostenida del gobierno argelino respecto a la circulación de armas y el tráfico ilegal de recursos en la zona limítrofe con Níger. Según informó Europa Press, las autoridades no mencionaron si este operativo causó bajas o lesiones entre los efectivos locales participantes en la operación.

El suceso, según detalló el Ministerio de Defensa en el comunicado divulgado por Europa Press, forma parte de una serie de medidas que han multiplicado la vigilancia y patrullaje en las regiones fronterizas del sur argelino, donde el tráfico ilícito de bienes, especialmente oro, representa una amenaza constante al control estatal y la estabilidad regional. En ese sentido, el incidente en In Guezam se interpreta dentro de una estrategia sistemática de combate a las redes internacionales de criminalidad organizada que utilizan rutas transfronterizas para el contrabando de metales preciosos y armas.

Las autoridades de Argelia han destacado la importancia de esta acción militar, subrayando la capacidad de reacción y preparación del Ejército Nacional Popular para defender las fronteras nacionales y salvaguardar los recursos naturales del país. El Ministerio de Defensa señaló en su declaración que "esta operación confirma una vez más la vigilancia y la preparación del personal del Ejército Nacional Popular a la hora de garantizar la seguridad de las fronteras nacionales y proteger los valiosos recursos, en cualquier circunstancia". Esta apreciación apunta a reforzar la imagen de las fuerzas armadas como garante de la seguridad interna y la defensa de los recursos estratégicos argelinos.

Hasta el momento, las autoridades de Argelia no han proporcionado información adicional sobre la identidad de los fallecidos ni sobre posibles conexiones de los grupos interceptados con redes criminales transnacionales o milicias activas en la región del Sahel. Según publicó Europa Press, tampoco se han anunciado detalles sobre futuras acciones o investigaciones derivadas de la operación en In Guezam, aunque la intensidad del operativo sugiere una preocupación persistente de las autoridades por el control de sus extensas fronteras del sur, donde el tráfico de oro y armas mantiene un flujo ininterrumpido debido a la porosidad y a las condiciones geopolíticas de la zona.

La región fronteriza entre Argelia y Níger se caracteriza por ser un corredor frecuentemente empleado por bandas de contrabandistas y traficantes de recursos. En este contexto, la incautación de 150 kilogramos de oro representa, según diversas fuentes recogidas por Europa Press, un golpe considerable a las redes que se benefician de la extracción y traslado ilegal de metales preciosos fuera del país. La decisión del Ministerio de Defensa de enmarcar el operativo como una respuesta a la criminalidad organizada sugiere la existencia de un marco estratégico mayor, enfocado en impedir que estas actividades socaven la seguridad económica y territorial de Argelia.

El comunicado oficial no especifica si la intervención fue resultado de una acción de inteligencia específica ni detalla el modo en que las fuerzas armadas lograron interceptar al grupo. No obstante, según el reporte de Europa Press, la ausencia de menciones a bajas en filas argelinas permite inferir que no hubo muertos ni heridos entre los efectivos, al menos según la información divulgada hasta el momento por las autoridades.

El cruce de información sobre la operación, según recoge Europa Press de los canales oficiales argelinos, enfatiza la relevancia estratégica que los recursos naturales como el oro tienen para la economía y para la seguridad nacional de Argelia, sobre todo en el presente contexto de inestabilidad en las regiones limítrofes del Sahel. La vigilancia permanente y las acciones coordinadas, según el Ministerio de Defensa, permanecerán como parte de la política estatal para hacer frente a estos desafíos.

Cientos de personas en la Franja de Gaza solicitan permiso para cruzar hacia Egipto priorizando la atención a los habitantes heridos o con afecciones graves. El Ministerio de Sanidad del territorio palestino, administrado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), calculó que cerca de 20.000 pacientes esperan autorización para ser evacuados, de acuerdo con Europa Press.

De acuerdo con el anuncio realizado por las autoridades militares israelíes y reportado por Europa Press, el punto fronterizo de Rafá, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, retomó su funcionamiento este jueves. El paso reabrió para permitir el tránsito en ambas direcciones, en cumplimiento de una reapertura considerada “limitada” por los responsables israelíes. El cruce permaneció cerrado tras el estallido de tensiones relacionadas con el conflicto entre Israel e Irán.

Según confirmó el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la reapertura del paso de Rafá se lleva a cabo en coordinación con Egipto. La entrada y salida de habitantes de Gaza se realiza según el mismo sistema vigente antes del cierre, con la intervención y control de Israel, la participación de las autoridades egipcias y la supervisión de la misión de la Unión Europea encargada de monitorear el procedimiento en la frontera.

El diario palestino 'Filastín' informó que, tras la reapertura del paso fronterizo, un primer contingente compuesto por ocho personas heridas y diecisiete acompañantes cruzó desde Gaza hacia Egipto. Las listas de prioridades para el tránsito se establecen de acuerdo con la urgencia médica, dando preferencia a quienes requieren tratamiento inmediato fuera del enclave, tanto por lesiones traumáticas como por enfermedades cuyo manejo se dificulta en el contexto actual.

El cierre temporal de este cruce fronterizo, provocado por la guerra con Irán, generó una situación de espera entre la población de la Franja de Gaza, que depende del paso de Rafá como una de las únicas vías legales de salida e ingreso para civiles, ayuda humanitaria y traslados sanitarios. Según publicó Europa Press, la reapertura del punto fronterizo responde a acuerdos multilaterales que involucran a los gobiernos de Egipto e Israel, aunque permanece bajo fuertes medidas de control y vigilancia por parte de las autoridades militares.

El Ministerio de Sanidad gazatí, según recopiló Europa Press, mantiene registros actualizados sobre la cantidad de personas que necesitan evacuarse, e indica que gran parte de los solicitantes son pacientes con enfermedades crónicas, heridas de guerra o cuadros agudos que no pueden tratarse de manera adecuada en las instalaciones locales. Las organizaciones internacionales y locales insisten en la urgencia de estos traslados para evitar un agravamiento en la salud de los afectados. La coordinación para cada paso implica la revisión de listas y documentación, la evaluación caso por caso, así como la logística de transporte desde los hospitales hacia la frontera con Egipto.

La misión de la Unión Europea, implicada en la supervisión del proceso, tiene la tarea de corroborar la idoneidad de los procedimientos y velar por el cumplimiento de los acuerdos bilaterales y multilaterales en vigencia. La reapertura del paso de Rafá, aun bajo restricciones, representa para muchos gazatíes la primera oportunidad en días para acceder a servicios médicos externos y, en algunos casos, para reunirse con familiares fuera del enclave.

El contexto de tensión regional y la reciente guerra entre Israel e Irán siguen condicionando la política fronteriza. Según Europa Press, la coordinación entre los gobiernos de Egipto e Israel, junto con la observación internacional, busca evitar altercados o incidentes de seguridad durante el proceso de reapertura fronteriza. Las autoridades insisten en que cualquier movimiento a través del cruce depende de la verificación previa por parte de las partes involucradas y de la estricta supervisión establecida.

El mecanismo restablecido para la operación del paso de Rafá permite el paso ordenado de grupos reducidos y según orden de urgencia. Europa Press subrayó que los casos considerados más graves, tanto por heridas como por enfermedades, son el foco principal de las evacuaciones, en respuesta a la presión ejercida por organizaciones humanitarias y autoridades sanitarias del enclave.

A partir de la reapertura anunciada el pasado domingo, las solicitudes de tránsito presentadas por los habitantes de Gaza se han incrementado, en búsqueda de asistencia médica y de condiciones de seguridad. El paso de Rafá representa la única alternativa viable para los residentes, dado el cierre y las restricciones en otros puntos de salida de la Franja.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, consideró que el decreto del presidente chileno José Antonio Kast con el que se ordena militarizar la frontera y construir “barreras físicas” entre ambos países no afectará las relaciones bilaterales porque estas están cimentadas en “el principio de buena fe”.

“Estamos actuando bajo el principio de buena fe y creemos que estas decisiones las han tomado porque de pronto sienten que ese es el camino y habrá que conversarlo”, manifestó Aramayo en una entrevista con la radio Erbol.

El denominado “Plan Escudo Fronterizo” dispuesto por el presidente Kast en su primer día de gobierno busca combatir la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado. El plan incluye la militarización de la frontera norte con Perú y Bolivia, y la construcción de zanjas, cercos electrificados y muros de seguridad de 5 metros de altura, según información oficial.

La decisión se asumió en un contexto de acercamiento entre Santiago y La Paz, luego de casi medio siglo sin relaciones diplomáticas plenas por el reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884. El distanciamiento se profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el juicio que inició Chile ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

Con el cambio político en los dos países y la voluntad expresada por los nuevos gobernantes de fortalecer el vínculo diplomático, surgió la expectativa acerca del inicio de un nuevo capítulo en la relación bilateral. De hecho, el boliviano Rodrigo Paz participó en el acto de investidura de Kast y afirmó ante los medios chilenos que “siempre es mejor el futuro que el pasado” en referencia a las relaciones entre ambos países.

En ese marco, la noticia de la construcción de barreras en la frontera supuso “un balde de agua fría”, según algunos analistas políticos como Raúl Peñaranda. “Paz y Kast se estaban tomando la mano, se estaban dando ‘piquitos’ y este es un balde de agua fría, una señal inamistosa de Chile y va a generar repercusión”, afirmó Peñaranda, quien también es periodista y director del medio de noticias Brújula Digital.

En medio de la polémica generada en el lado boliviano, que encuentra voces a favor y en contra, surgieron observaciones sobre la supuesta falta de coherencia entre el decreto de Kast y el Tratado de 1904, que fija los límites definitivos entre los dos países.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) indicó que el plan de control fronterizo “no es la mejor señal de buena vecindad” y apuntó que en el Tratado de 1904, Chile reconoce a Bolivia el más “amplio y libre” derecho de tránsito por su territorio hacia los puertos del Pacífico.

Aunque la Cancillería boliviana no ha emitido un pronunciamiento oficial, el ministro Aramayo dejó clara la posición de Bolivia: confiar en que el muro y las zanjas no afecten el relacionamiento entre ambos países.

“Es parte de su estrategia de seguridad y, obviamente, basados en la buena fe de un cumplimiento de acuerdos que estamos seguros de que Chile va a respetar, estamos apostando por esta buena fe expresada, por ese entusiasmo expresado por el presidente Kast y su gabinete”, manifestó Aramayo en relación con la nueva etapa entre La Moneda y el Palacio Quemado.

El Ministerio de Defensa de Ecuador informó que tras analizar los reportes militares sobre el hallazgo de un explosivo en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, las autoridades concluyeron que la operación militar realizada por las Fuerzas Armadas ecuatorianas respondió a acciones legítimas en el contexto del conflicto armado interno del país y que estas se limitaron a territorio ecuatoriano. Esta declaración se dio luego de que surgieran señalamientos desde el gobierno colombiano sobre la posible responsabilidad del Ejército ecuatoriano en la aparición del artefacto en territorio colombiano, desencadenando la conformación de un equipo técnico conjunto para investigar los hechos.

Según publicó el medio, los Ministerios de Defensa de Colombia y Ecuador acordaron conformar una comisión técnica binacional que investigará en el sitio las circunstancias que rodean el hallazgo del explosivo, situado en una zona de Colombia próxima a la frontera común. El comunicado emitido por el Ministerio de Defensa ecuatoriano detalló que el acuerdo surgió tras una reunión entre el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, el jefe del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado, y sus homólogos colombianos. Durante el encuentro, los altos mandos intercambiaron información relevante sobre el caso y revisaron los datos recogidos por ambos países.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa del Ecuador, el análisis compartido permitió a ambas partes corroborar que las operaciones militares de las fuerzas ecuatorianas estaban amparadas dentro de sus fronteras y en cumplimiento del marco legal aplicable a su situación de conflicto armado interno. En el mismo comunicado, las autoridades ecuatorianas reiteraron que la lucha contra las organizaciones delictivas y mafias continuará desarrollándose exclusivamente en territorio ecuatoriano y bajo controles nacionales.

Tal como consignó la fuente original, la decisión de crear una comisión técnica surge a raíz de declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien señaló públicamente que el artefacto explosivo supuestamente pertenecía al Ejército ecuatoriano. Petro puso en duda que el dispositivo proviniese de grupos armados ilegales, planteando que la presencia de la bomba en Colombia obedecería a acciones militares ecuatorianas. Estas afirmaciones fueron rechazadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reportó que la amenaza representada por el artefacto fue desactivada y que en este momento no existe peligro para la comunidad. Sánchez añadió que las investigaciones siguen abiertas, orientándose a esclarecer cómo y por qué ese artefacto explosivo apareció en suelo colombiano, según informó el medio mencionado.

Las autoridades de ambos países subrayaron la importancia de mantener un canal de comunicación abierto y de coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad en la frontera, según los distintos comunicados disponibles. Asimismo, reiteraron el compromiso de continuar con las investigaciones para evitar la repetición de incidentes similares y garantizar la tranquilidad de la población en las zonas limítrofes.

La situación se enmarca en el contexto de las operaciones que realiza Ecuador para enfrentar el conflicto armado no internacional que vive el país, lo que implica un despliegue importante de sus fuerzas militares en distintas regiones, algunas muy próximas a la línea divisoria con Colombia. Como respuesta a las tensiones diplomáticas generadas tras las declaraciones del presidente Petro, las autoridades de ambos países apuestan actualmente por mecanismos técnicos e institucionales de verificación e investigación conjunta, según detalló el Ministerio de Defensa de Ecuador en su pronunciamiento oficial.

Finalmente, ambas partes señalaron que el análisis de la información proseguirá a través de la mencionada comisión binacional, la cual tendrá la tarea de presentar resultados preliminares sobre la procedencia del explosivo y las circunstancias de su hallazgo, manteniendo a las poblaciones locales informadas sobre los avances de la indagatoria, según destacaron los funcionarios durante los comunicados efectuados tras la reunión.

La decisión del Gobierno de Chile de militarizar la frontera con Bolivia y ordenar la construcción de “barreras físicas” genera polémica en el lado boliviano y algunos analistas advierten que viola el Tratado de 1904 que fijó los límites definitivos entre ambos países.

Tras asumir el gobierno el 11 de marzo, el presidente José Antonio Kast firmó un decreto con el que da cumplimiento a su promesa electoral de combatir la migración ilegal y reforzar el control de la frontera norte. “Le encomiendo que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la migración ilegal”, indicó Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante el acto en el que firmó la norma.

La decisión no deja de ser controversial. Horas antes, Rodrigo Paz había asistido a la toma de posesión y manifestó en medios chilenos su voluntad para retomar las relaciones diplomáticas con Chile con mensajes como “siempre es mejor el futuro que el pasado”, “en el vecindario hay que tratarnos de buena manera” o “la lógica es que nos llevemos bien para crecer, nuestras naciones se merecen una mejor relación”.

Para el periodista y analista político Raúl Peñaranda, la noticia del control fronterizo cayó como “un balde de agua fría” en medio de los anuncios sobre el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile. “Paz y Kast se estaban tomando la mano, se estaban dando ‘piquitos’ y este es un balde de agua fría, una señal inamistosa de Chile y va a generar repercusión”, afirmó.

Fuera del nuevo contexto diplomático, también surgieron observaciones sobre la supuesta falta de coherencia entre el decreto y lo dispuesto en acuerdos bilaterales. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) apuntó que contrasta con el Tratado de 1904 en el que Chile reconoce a Bolivia el más “amplio y libre” derecho de tránsito por su territorio hacia los puertos del Pacífico. Rodríguez agregó que la medida “no es la mejor señal de buena vecindad”.

Otros actores políticos como el excandidato presidencial Samuel Doria Medina también cuestionaron la determinación de Kast. “Le deseo una buena gestión, pero comienza cometiendo un error”, escribió en su cuenta de X.

Según datos oficiales de Chile, cerca de 180.266 bolivianos viven en ese país, lo que representa menos del 10% de los extranjeros residentes. Si bien no se encontraron cifras sobre las nacionalidades de migrantes indocumentados, el Instituto Nacional de Estadística estima que existen cerca de 337.000 extranjeros en situación irregular.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas plenas desde la década de 1970 por el reclamo boliviano de un acceso soberano al Pacífico. La disputa entre ambos países gira básicamente en torno al reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884 que constituye el precedente sobre el cual se estableció el Tratado de 1904.

El distanciamiento entre La Paz y Santiago se profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el juicio que inició Chile ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

La administración de Rodrigo Paz no se ha manifestado oficialmente sobre esta determinación. Sin embargo, en una entrevista radial con el programa Asuntos Centrales, el canciller Fernando Aramayo manifestó: “Lo respetamos; no vamos a ir por encima de la soberanía de los pueblos; necesitamos conversar estos temas y evitar que esto se lea desde una perspectiva negativa”.

En el Legislativo la decisión encuentra posiciones encontradas. Mientras diputados como el opositor José Sánchez expresaron su preocupación, otros como el oficialista Ricardo Rada respaldaron la determinación del Gobierno de Chile. “Cada presidente tiene el derecho de establecer su política de Estado en los límites de su territorio”, afirmó Rada, consultado por el canal RTP.

Mientras la construcción de “barreras” en medio de ambos países parece inminente, el presidente Paz y el canciller Aramayo apuestan por minimizar el asunto y destacar el avance de una agenda común que incluiría temas comerciales, energéticos y otros.

El encuentro que se iba a realizar entre los mandatarios de Colombia y Venezuela este viernes habría sido el primero entre representantes de ambos países desde la detención de Nicolás Maduro en Caracas a inicios de año, como resultado de una operación de Estados Unidos. Según detalló Europa Press, las administraciones involucradas comunicaron la suspensión de la reunión pactada en la frontera, específicamente en el Puente Internacional Atanasio Girardot, conocido también como ‘Tienditas’.

De acuerdo con Europa Press, los gobiernos de Colombia y Venezuela emitieron un comunicado conjunto el jueves en el que anunciaron la postergación de la cita entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente colombiano Gustavo Petro. "Por motivos de fuerza mayor, los dos gobiernos han decidido posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima", señala el texto difundido por las autoridades de ambos países. La declaración conjunta enfatizó el carácter oficial de la decisión y descartó especulaciones externas sobre las causas concretas de la suspensión.

La reunión estaba prevista como un paso fundamental para impulsar el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación transversal entre Colombia y Venezuela. Según Europa Press, el principal propósito consistía en “continuar fortaleciendo el espíritu de integración y hermandad” entre las dos naciones, a la vez que se avanzaba en nuevas iniciativas de cooperación binacional. Dichas acciones abarcaban temas fronterizos, comerciales, de infraestructura y gestión migratoria, entre otras áreas de interés común.

El comunicado al que tuvo acceso Europa Press asegura que tanto la administración de Miraflores como la de la Casa de Nariño reiteran su “voluntad de fortalecer la confianza, cooperación y relacionamiento bilateral”, con énfasis en el impulso de nuevas oportunidades para el desarrollo y la integración de los territorios fronterizos. Las autoridades recalcaron la importancia de que estos territorios se beneficien del diálogo oficial y de los proyectos conjuntos, tomando en cuenta los históricos vínculos sociales y económicos entre las poblaciones de ambos lados de la frontera.

El encuentro entre Rodríguez y Petro se enmarcaba en un contexto marcado por los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, específicamente la detención del presidente Nicolás Maduro durante la mencionada operación internacional. Según información publicada por Europa Press, este hecho ha impactado la agenda y las prioridades diplomáticas de ambos países, incorporando nuevos elementos de análisis a la relación binacional.

Petro, mandatario colombiano, “mantiene” su invitación a Delcy Rodríguez “para que dicho encuentro pospuesto pueda ser llevado a cabo próximamente”, según se recoge en el comunicado conjunto reproducido por Europa Press. Esta invitación reafirma la disposición del Gobierno colombiano a continuar dialogando con la máxima representación oficial venezolana, con la intención de que la cita pueda concretarse en breve y permita reanudar los compromisos previamente establecidos.

Ambos gobiernos han destacado que la suspensión de la reunión no implica un retroceso en la agenda bilateral. Europa Press reportó que las administraciones insisten en la necesidad de mantener el canal diplomático abierto y de persistir en esfuerzos colaborativos orientados a la resolución de situaciones fronterizas. La frontera colombo-venezolana se considera una de las más dinámicas y complejas de la región, en la que convergen fenómenos migratorios, comerciales y de seguridad que requieren una gestión coordinada entre ambas partes.

La colaboración en materia migratoria ocupa un lugar central en la agenda binacional, según informó Europa Press. Las autoridades de Colombia y Venezuela buscan implementar mecanismos conjuntos de atención y registro de ciudadanos, así como medidas para garantizar los derechos y la seguridad de las comunidades que viven en la frontera. El cruce informal de personas y mercancías ha representado retos persistentes para ambos gobiernos y ha impulsado la necesidad de encuentros como el que se programó en Tienditas.

La infraestructura fronteriza, simbolizada por el Puente Internacional Atanasio Girardot, constituye uno de los ejes sobre los cuales giran las iniciativas de integración regional. Según informó Europa Press, la reapertura y activación de puntos fronterizos, junto al desarrollo de proyectos conjuntos para el sector transporte y el intercambio comercial, figuran entre los planes que las administraciones buscan reactivar en sus próximas reuniones.

El aplazamiento de la cita entre mandatarios no ha alterado el compromiso de ambos países de avanzar en los acuerdos suscritos en etapas anteriores. Europa Press consignó que los equipos técnicos y ministeriales de Colombia y Venezuela prevén mantener las conversaciones y preparar el terreno para una futura reunión presidencial. Los actores involucrados siguen comprometiéndose con los objetivos de integración regional y el fortalecimiento institucional de la relación bilateral.

Mientras tanto, líderes comunitarios y autoridades locales de las zonas fronterizas permanecen pendientes de una próxima fecha para el encuentro presidencial, a la espera de que los temas pendientes, incluidas las problemáticas de movilidad humana y soporte económico, avancen en la agenda. Europa Press insistió en que la postergación responde exclusivamente a causas ajenas a la voluntad política de las partes, quienes reafirman en cada comunicado su intención de mantener el diálogo fluido.

La ausencia de detalles específicos sobre los motivos de fuerza mayor que generaron la cancelación, reportó Europa Press, no ha sido motivo para alterar los planes generales de cooperación y construcción conjunta de políticas en la región limítrofe. Las administraciones de ambos países han hecho reiteradas menciones a la necesidad de construir una relación estable y predecible, apostando al encuentro personal entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro para resolver asuntos bilaterales que tienen impacto en millones de personas.

La próxima reunión presidencial, una vez sea anunciada, buscará cementar los avances declarados y abordar los desafíos que surgen de la situación política y social venezolana en el contexto regional. Según Europa Press, las expectativas en torno a esta cita incluyen la firma de nuevos memorandos de entendimiento e incluso la exploración de estrategias conjuntas para el desarrollo de zonas productivas y la gestión de recursos naturales compartidos.

Ambas administraciones han reiterado su apertura para anunciar en el corto plazo una nueva fecha que permita materializar estos objetivos, sin que la reciente suspensión haya debilitado las relaciones diplomáticas bilaterales según indicó Europa Press. La comunidad internacional, atenta a la evolución de la relación entre Colombia y Venezuela, observa los pasos de estas negociaciones en un entorno regional marcado por tensiones, pero también por señales de normalización y cooperación orientadas al desarrollo mutuo.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco implementó un operativo especial para reforzar la vigilancia en las zonas limítrofes del estado, utilizando drones y patrullajes coordinados entre los tres órdenes de gobierno.

La estrategia busca frenar el ingreso de células delictivas a territorio jalisciense, según informó Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad estatal, en respuesta a preguntas de la prensa este 12 de marzo de 2026.

Las acciones, según el titular de la institución, incluyen la participación de policías municipales, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y otras fuerzas de defensa.

El servidor no especificó qué organizaciones habrían intentado ingresar a territorio jalisciense con el fin de realizar actividades delictivas, sin embargo, el estado es considerado como centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Coordinación interinstitucional y despliegue de personal

La respuesta del gobierno estatal se apoya en la suma de capacidades de diversas corporaciones.

Hernández indicó que cada instancia actúa de acuerdo con su ámbito, manteniendo comunicación constante y realizando operativos conjuntos.

“Estamos generando presencia institucional para evitar que estén llevando a cabo este tipo de incursiones”, puntualizó.

El funcionario reconoció la existencia de evidencia sobre intentos de entrada de grupos criminales a través de caminos rurales y brechas que conectan a Jalisco con otros estados.

Ante este escenario, se decidió reforzar la presencia en los límites, trasladando más elementos desde la zona metropolitana a los puntos más críticos.

Desafíos logísticos y compromiso de las autoridades

Juan Pablo Hernández reconoció que “es bastante complicado y riesgoso para los elementos establecer puntos fijos de control”, por lo que la movilidad y el uso de tecnología son claves para la estrategia.

A pesar de las dificultades, el funcionario afirmó que la Secretaría de Seguridad mantiene el compromiso de reforzar la vigilancia y responder ante cualquier señal de incursión criminal.

Hernández puntualizó que la presencia institucional se mantendrá y se incrementará la cantidad de personal en las áreas limítrofes, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir patrullando y estamos reforzando precisamente las regiones que son limítrofes con otros estados”, afirmó Hernández.

Con qué entidades colinda Jalisco

Jalisco comparte fronteras con los siguientes estados:

• Nayarit
• Zacatecas
• Aguascalientes
• San Luis Potosí
• Guanajuato
• Michoacán
• Colima

Según reportes del Doctor Víctor Manuel Sánchez, investigador especializado en temas de seguridad y narcotráfico, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en las 7 entidades colindantes. Hecho por el cual serían áreas clave en la estrategia de vigilancia para las autoridades.

El operativo de seguridad se concentraría en estos límites estatales para fortalecer el control territorial y prevenir posibles incursiones que puedan fortalecer las filas del crimen organizado, evitando actos como los ocurridos el pasado 22 de febrero, cuando miembros del CJNG asesinaron a 25 agentes de la Guardia Nacional tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Los presidentes Rodrigo Paz y José Antonio Kast han manifestado su disposición a abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral de Bolivia y Chile, tras casi medio siglo de distanciamiento diplomático. Sin embargo, en su primer día de gestión, el presidente Kast envió señales contradictorias: ordenó el cierre de la frontera con Bolivia y la construcción de “barreras físicas” para desincentivar la migración ilegal.

Tras asumir el mando del país, Kast firmó una serie de decretos sobre varios ejes; uno de los cuales apunta a reforzar el control de la frontera norte. Entre las primeras decisiones figura una Instrucción Política Nacional de Cierre Fronterizo y Declaración de Zona Militar, que contempla la delimitación del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia para su declaración formal como zona militar de control territorial.

“Le encomiendo que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la migración legal”, indicó Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante el acto en el que firmó sus primeros seis decretos.

Las medidas inmediatas incluyen el incremento de medios militares en sectores críticos de la macrozona norte, el mejoramiento de la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos, y el fortalecimiento de comunicaciones en la zona fronteriza. El ámbito geográfico donde se reforzará el control militar abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Según datos oficiales, cerca de 180.266 bolivianos viven en Chile, lo que representa menos del 10% de los extranjeros residentes en el país. Si bien no se encontraron cifras sobre las nacionalidades de migrantes indocumentados, el Instituto Nacional de Estadística de Chile estima que existen en total cerca de 337.000 extranjeros en situación irregular .

En los últimos años, hubo un aumento de la migración boliviana informal ligado a la demanda de mano de obra temporal en la agricultura, especialmente en temporadas de cosecha de frutas, y en 2025 los bolivianos se convirtieron en la principal nacionalidad que solicita visas laborales.

La agenda entre ambos países ha estado marcada por tensiones fronterizas relacionadas no solo con la migración ilegal, sino también con el contrabando y el crimen organizado.

¿Un nuevo capítulo?

Los presidentes Paz y Kast han expresado su voluntad de fortalecer el vínculo diplomático entre Bolivia y Chile, países que no tienen relación a nivel de embajadores desde la década del 70, a pesar de compartir 800 kilómetros de frontera y tener una infinidad de asuntos en común.

La disputa entre ambas naciones gira en torno al reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884, distanciamiento que profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el juicio que inició Chile ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

Con el giro político en La Paz y Santiago, algunos analistas ven con expectativa la posibilidad de mejorar el vínculo diplomático. Durante la campaña electoral, Kast manifestó su intención de retomar relaciones plenas con Bolivia “desde el primer día del gobierno” y de priorizar la integración económica, la cooperación social y el control fronterizo.

De igual forma, Paz —que asistió ayer al acto de investidura de su par en Valparaíso— habló con medios chilenos sobre un inminente cambio en la política exterior con Chile. “La lógica es que nos llevemos bien para crecer; nuestras naciones se merecen una mejor relación, un mejor flujo de orden económico, una mejor integración y eso vamos a hacer”, afirmó a los periodistas. El presidente boliviano informó también que ofreció a Chile puertos en Brasil para generar una línea de comunicación entre ambos países.

La primera señal concreta de este acercamiento diplomático fue la exención mutua de visas para funcionarios públicos que viajen en misión oficial, lo que facilitará los desplazamientos y el contacto directo entre autoridades. Sin embargo, el cierre de la frontera y la construcción de barreras físicas podrían abrir un nuevo foco de tensión entre las naciones.

En los primeros meses del año, entre enero y febrero, accedieron de manera irregular a Ceuta 1.257 personas, según cifras publicadas por el Ministerio del Interior y citadas por EFE. Este dato representa un aumento cercano al 700 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Durante febrero se contabilizó la llegada de 820 migrantes sin autorización, un volumen que incrementó la presión sobre los dispositivos de acogida locales. El PP pidió en consecuencia al Ejecutivo que aclare a qué obedece este fuerte repunte y qué medidas se han adoptado o se contemplan para responder de forma eficaz a este escenario.

El partido opositor puso especial atención en la discrepancia entre las cifras oficiales y otros datos manejados por los mandos policiales, indicando que “distintas informaciones apuntan a que los datos manejados por mandos policiales serían incluso superiores” a los divulgados por el Gobierno. El PP solicitó que se expliquen estas divergencias y que se aclaren los mecanismos utilizados para el recuento de entradas y la elaboración de estadísticas migratorias en la ciudad autónoma, según indicó EFE. También se solicitó transparencia en la gestión de las diferencias entre las cifras oficiales y los reportes policiales, considerando este aspecto esencial para la evaluación de políticas migratorias y la toma de decisiones relativas a la seguridad y la acogida.

De acuerdo con EFE, la formación presentó en la Cámara Alta preguntas sobre la existencia o previsión de planes concretos para reforzar el control fronterizo. Este refuerzo incluiría tanto la dotación de personal y el despliegue de nuevas tecnologías, como la coordinación con los cuerpos de seguridad para mitigar el flujo de entradas irregulares. El PP mencionó que detecta una falta de iniciativas claras en puntos considerados especialmente sensibles, como el entorno del espigón del Tarajal y el perímetro de la línea fronteriza, donde según el partido opositor se concentran muchos de los intentos de cruce sin autorización.

La intervención del PP ante el Senado incluyó la petición de información sobre la dotación de recursos materiales y humanos para contener la situación, así como el nivel de colaboración entre administraciones estatales y locales en la gestión de la frontera. Según consignó EFE, el partido exigió conocer si existen o están previstos planes para aumentar la efectividad de la vigilancia y los medios destinados a la frontera sur, con especial énfasis en el posible refuerzo de personal y tecnologías orientadas a la detección y el control de flujos migratorios.

El impacto de estas llegadas sobre el funcionamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) también formó parte de las preocupaciones del PP. El partido preguntó si el Gobierno ha considerado en sus estimaciones el efecto que el aumento de los flujos migratorios podría generar en la capacidad operativa de este centro y del resto de los servicios de acogida ya existentes. Según fuentes cercanas al partido citadas por EFE, la saturación podría tener repercusiones tanto en las condiciones de las personas migrantes como en la respuesta de los servicios públicos implicados.

Las preguntas registradas en el Senado también incluyeron solicitudes de información sobre los programas implementados o previstos para dotar al CETI y a otros centros de acogida de los recursos materiales y humanos necesarios para atender la demanda, así como la coordinación entre distintas administraciones implicadas. El PP subrayó la importancia de contar con planes específicos para evitar el desbordamiento del sistema y garantizar una atención adecuada a los migrantes, conforme reportó EFE. El partido argumentó que la gestión eficaz de la frontera y de los sistemas de acogida no puede desligarse del control exhaustivo de los datos y de la realidad sobre el terreno.

El PP insistió en la necesidad de contar con explicaciones claras sobre las razones que, según la visión del Ejecutivo, habrían provocado este incremento inusual en la llegada de personas por vías irregulares. La formación pidió que se esclarezcan los factores que, desde la perspectiva del Gobierno, están detrás del aumento de entradas en una zona fronteriza considerada de alta sensibilidad. EFE detalló que el partido reclama esta información como un elemento clave para comprender los retos presentes y las acciones que el Ejecutivo planea implementar en los próximos meses.

EFE también señaló que el partido opositor valora la importancia de la transparencia en la publicación de datos, reclamando información precisa sobre los métodos empleados para contabilizar entradas y las posibles diferencias entre las diversas fuentes de información. El PP alertó que en caso de no recibir respuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo, consideraría recurrir a nuevos procedimientos de control parlamentario para obtener la información requerida, profundizando el escrutinio sobre la gestión migratoria en la ciudad autónoma.

Un hijo del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, figura entre los soldados heridos tras el ataque con cohetes antitanque efectuado desde Líbano, según comunicó la propia oficina del funcionario al diario 'Times of Israel'. Aunque el estado del hijo del ministro no se considera grave, otras cinco personas resultaron gravemente heridas. El ataque ha elevado la tensión militar en la frontera norte y ocurre en un contexto de escalada tras enfrentamientos recientes en la región.

Según detalló el Ejército israelí este viernes, ocho militares resultaron heridos por el impacto directo de proyectiles antitanque disparados desde territorio libanés contra posiciones fronterizas en el norte de Israel. De acuerdo con la información de la agencia Europa Press, cinco de los soldados pertenecen a la Brigada Givati y se encuentran en estado crítico. Las autoridades militares confirmaron la evacuación inmediata de los heridos graves para recibir tratamiento de emergencia.

Las hostilidades reportadas por Europa Press se enmarcan en una nueva jornada de bombardeos cruzados. El aumento de ataques por parte de las milicias de Hezbolá desde Líbano coincide con la participación reciente de este grupo armado en el conflicto regional, luego de ofensivas realizadas la semana pasada por fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán. El ataque atribuido a Hezbolá formaría parte de las acciones de represalia tras la muerte de un alto dirigente iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en una operación llevada a cabo el pasado 28 de febrero. El liderazgo iraní mantiene una estrecha vinculación con Hezbolá, que ha intensificado sus respuestas militares en la frontera israelí-libanesa tras dichos acontecimientos.

El Ministerio de Sanidad de Líbano informó este viernes, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que el saldo de víctimas derivadas de los bombardeos israelíes asciende a 123 fallecidos y 683 heridos, sin especificar el estado exacto de las personas hospitalizadas. Las autoridades libanesas advirtieron que el balance podría agravarse ante la posibilidad de registrar nuevos fallecimientos entre las personas heridas en las próximas horas.

Europa Press indicó que el Ejército israelí respondió a los continuos lanzamientos de cohetes y drones atribuidos a Hezbolá con una serie de ataques aéreos sobre distintos puntos del sur de Líbano. Según las declaraciones militares israelíes, los objetivos bombardeados se relacionan con actividades y estructuras utilizadas por Hezbolá, aunque no se han reportado nuevas víctimas entre las fuerzas israelíes como consecuencia de estos ataques posteriores.

En paralelo a los ataques aéreos, los militares israelíes desplegaron tropas en el sur de Líbano y ejecutaron una incursión terrestre en el territorio vecino. Esta operación, explicada por el Ejército israelí y referida por Europa Press, forma parte de la estrategia defensiva adoptada ante la intensificación de los lanzamientos desde el otro lado de la frontera.

Europa Press también destacó que la escalada de violencia responde a una serie de represalias entre Israel y las milicias libanesas en el marco de la crisis regional desatada por la muerte del líder iraní y los bombardeos subsecuentes. Hezbolá ha intensificado sus ataques con proyectiles y drones desde la semana pasada, en alineación con sus lazos político-militares con Teherán.

El conflicto en la frontera norte de Israel contribuye a una situación de inestabilidad que involucra tanto al personal militar como a la población civil de ambos lados de la línea divisoria. Las autoridades israelíes mantienen un alto nivel de alerta y han reforzado la presencia militar en sus posiciones fronterizas, según la información obtenida por Europa Press. La tensión continúa con un incremento de las operaciones militares y el temor a nuevas escaladas armadas.

Fuentes militares consultadas por Europa Press señalaron que la Brigada Givati, a la cual pertenecen cinco de los heridos graves, tiene una presencia destacada en las posiciones más expuestas de la frontera con Líbano y ha estado involucrada en varias operaciones recientes en la zona. Las evacuaciones de los heridos se llevaron a cabo mediante helicópteros y ambulancias, en medio de la presión generada por el riesgo de nuevos ataques.

Por último, el conflicto regional atraviesa un periodo de máxima tensión, con múltiples frentes activos debido a la situación entre Israel, Hezbolá y los aliados de Irán en la región, según la secuencia de hechos reportados por Europa Press. El aumento de víctimas civiles y militares en ambos países refleja la gravedad de la actual escalada y la dificultad para contener las hostilidades.

Más de 1.320 galones de combustible fueron incautados por militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, según reportó este miércoles 4 de marzo de 2026 el Ministerio de Defensa, que aseguró que la acción afectó “directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica del país”.

El reporte señala que el combustible confiscado se destina a actividades ilícitas en la frontera. Los individuos involucrados abandonaron en el agua los 24 tanques tras notar la presencia militar y huyeron del área intervenida.

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“Durante una operación militar, varios individuos fueron detectados mientras manipulaban tanques que presumiblemente contenían combustible; al notar la presencia militar, huyeron del lugar abandonando los recipientes en el agua”, puntualiza el informe.

El operativo se realizó en el sector Olmedo, perteneciente al municipio Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. El Ministerio precisó que los detalles sobre la operación se mantienen “reservados” para no comprometer futuras intervenciones.

“Más de 1.320 galones de combustible fueron incautados en la frontera norte, afectando directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica del país”, escribió la cartera en su cuenta de X.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano también confirmó que en la operación participaron las Fuerzas Armadas y la Armada del vecino país.

“La operación se ejecutó en el sector de Olmedo, cantón Eloy Alfaro, provincia de #Esmeraldas, donde las @FFAAECUADOR , a través del @armada_ecuador , decomisaron 24 tanques de 55 galones, equivalentes a 1.320 galones de combustible, utilizados presuntamente para actividades ilícitas en la frontera”.

Cabe recordar que desde los primeros meses de 2024, el presidente Daniel Noboa intensificó la respuesta estatal frente al crimen organizado, declarando un conflicto armado interno y clasificando a las bandas como grupos terroristas, con el consiguiente establecimiento de varios estados de excepción.

Las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador también implementaron “operaciones conjuntas” en suelo ecuatoriano contra organizaciones consideradas “terroristas”, comunicó el Comando Sur de EE.UU. El anuncio señaló que se adoptaron acciones directas contra grupos vinculados con el narcotráfico y la minería ilegal, a quienes se responsabiliza por el aumento de la violencia en Ecuador.

Por su parte, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó la incautación histórica de cocaína, marihuana y heroína en la frontera entre Colombia y Ecuador, cuantificando un aumento del 300% en decomisos durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

​“Como resultado de este esfuerzo sostenido, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, las incautaciones en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana registraron un incremento histórico frente al gobierno anterior”, escribió el ministro Sánchez en su cuenta de X.

Según datos oficiales, se han confiscado 286.161 kilogramos de cocaína (con un incremento del 321%), 356 kilogramos de heroína (un alza del 1.216%) y 4.615 kilogramos de marihuana (aumento del 8%) en la zona fronteriza.

El ministro Sánchez atribuyó estos resultados a la cooperación entre las Fuerzas Militares colombianas y ecuatorianas, facilitada por mecanismos como la Comisión Binacional Fronteriza. Destacó la intensificación de operaciones conjuntas, la mejora en el intercambio de información y los golpes directos a redes de narcotráfico en esa región.

“Ha permitido intensificar las operaciones conjuntas, mejorar el intercambio de información y golpear de manera directa las estructuras del narcotráfico que delinquen en esta región estratégica”, expuso.

Y agregó: “Estamos teniendo más eficiencia, pero hay que enseñarles allá que no repitan la historia. Y la Policía de Colombia tiene que enseñarle a la Policía de Ecuador, y al Ejército, cómo se hace para controlar los puertos, cómo se hace para que el campesinado de Ecuador no vaya a caer en las mismas cosas en que nosotros hemos caído”, manifestó.

El Gobierno nacional anunció que las autoridades enfatizarán el combate al fentanilo.

Manuel G.M., uno de los criminales prioritarios para México y Estados Unidos en la frontera, fue detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al contar con órdenes de aprehensión vigentes por cinco homicidios y secuestro agravado.

El sujeto fue ubicado tras labores de inteligencia realizadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en colaboración con la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, debido a que formaba parte del programa “Se Busca Información” que mantienen ambas naciones.

Luego de su captura, las autoridades procedieron con su traslado a Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que cuenta con tres mandamientos judiciales vigentes por los siguientes delitos:

1. Secuestro agravado cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada, por hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2017 en un domicilio de la colonia Parajes del Valle.
2. Homicidio cometido en perjuicio de tres personas, ocurridos el 7 de octubre de 2016 en el “Bar Tres Mentiras” del fraccionamiento Fuentes del Valle.
3. Homicidio calificado cometido en perjuicio de dos personas, por hechos ocurridos el 18 de junio de 2020 en el estacionamiento de una tienda de conveniencia denominada “Smart”.

De acuerdo con el programa “Se Busca Información” de El Paso, Texas- Chihuahua, actualmente hay nueve objetivos prioritarios que permanecen en calidad de prófugos.

Entre ellos destaca uno de nombre Manuel Galindo Moncayo, el cual concuerda con el nombre y siglas del detenido en Nuevo León.

Los datos refieren que el sujeto es conocido como “Chivis” o “El Profe”, quien figura como el número 4 de entre la lista.

Manuel Galindo es buscado por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y homicidio agravado de un hombre.

Buscados por delitos relacionados con secuestro, narcomenudeo, homicidio, entre otros

La lista de los criminales que son buscados en la frontera con Chihuahua son los siguientes:

• Emeterio Sifuentes Ortega, alias “Oso”, por posesión ilegal de arma de fuego y secuestro.
• Jorge Rodríguez Luján, alias “El Kory”, por posesión y distribución de narcóticos e intento de homicidio agravado.
• Daniel Herrera Rodríguez, alias “El Palito” o “Dany”, por tortura y posesión/distribución de narcóticos.
• Ángel Daniel Perales Herrera, alias “El Perales”, por homicidio agravado.
• Michel Eduardo Gómez Lazarin, alias “Cirujano”, por homicidio agravado y secuestro agravado.

• Armando Maldonado Lozoya, alias “Chivo” o “El Señor de los Cuernos”, por homicidio.
• Miguel Angel Lares Mendoza, alias “El Lares”, por posesión/distribución de narcóticos y homicidio.
• Alberto Mariscal por agresión sexual a un menor de edad.

Cabe señalar que este programa también se encuentra en colaboración con otros estados como Coahuila y Sonora-Baja California, las cuales cuentan con sus propias listas de “Se Busca Información”.

La primera fue lanzada por autoridades estadounidenses, el Gobierno de Sonora y de Baja California, en junio de 2025, la cual se integra de 15 criminales prioritarios para México y EEUU. En tanto, la de Coahuila se compone de 10 objetivos, lanzada en diciembre del mismo año.

El Ejército de Siria informó que las unidades destacadas en las zonas limítrofes con Líbano e Irak conforman principalmente batallones de la Guardia Fronteriza y de reconocimiento, los cuales asumen el encargo directo de observar el movimiento en pasos fronterizos y prevenir el contrabando y otras prácticas ilícitas. Esta acción responde a la actual tensión derivada de los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado sábado, episodio que, según consignó la agencia estatal SANA, ya dejó cerca de 800 personas fallecidas en territorio iraní.

De acuerdo con SANA, la decisión de aumentar la presencia militar en las fronteras forma parte de una estrategia oficial, comunicada este martes por el Comando de Operaciones del Ejército de Siria, destinada a fortalecer la vigilancia en los puntos de acceso internacional y responder a escenarios de potencial propagación del conflicto. En el comunicado difundido por el órgano militar, las autoridades detallaron que el despliegue adicional busca consolidar el control sobre los límites nacionales, ante la escalada de violencia regional.

El medio SANA reportó que las unidades movilizadas se enfocan en patrullar áreas consideradas críticas para el tránsito de personas y mercancías, con la misión de supervisar el tráfico fronterizo y enfrentar actividades ilícitas asociadas al contrabando. Esta postura reactiva del gobierno de Damasco adquiere especial relevancia ante el incremento de tensiones en el Medio Oriente, luego del inicio de la ofensiva militar coordinada por Israel y Estados Unidos contra Irán. Según el reporte de la agencia, la situación motivó que el ejército sirio intensifique sus labores de reconocimiento en posiciones estratégicas.

El despliegue ampliado involucra recursos humanos y logísticos que, según comunicó el ejército a través de SANA, reforzarán los controles en los cruces hacia Líbano e Irak, dos países que históricamente presentan desafíos en relación a la seguridad y el flujo no autorizado de bienes. Las autoridades sirias destacaron que se trata de una medida orientada a anticipar riesgos, evitar el aumento de acciones ilegales, y mantener la integridad de las fronteras nacionales durante el periodo de alta tensión en la región.

El conflicto abierto desde el pasado sábado generó inquietud por la posibilidad de que las hostilidades o los desplazamientos irregulares atraviesen las líneas fronterizas, lo que llevó a Siria a enfatizar en labores de supervisión. Como destacó SANA, la vigilancia elevada pretende tanto disuadir como responder rápidamente a cualquier intento de violación fronteriza, en sincronía con esfuerzos regionales por contener la expansión del conflicto armado.

Los batallones asignados a las zonas limítrofes cuentan con órdenes de control estricto, de acuerdo con la directriz divulgada por el Comando de Operaciones. El cuerpo militar explicó que el enfoque no solo abarca la seguridad convencional, sino también la identificación y neutralización de potenciales redes de contrabando que, según las autoridades, suelen intensificarse ante situaciones de conflicto.

El reporte de SANA enfatizó que la iniciativa de Damasco se da en el marco de la intensificación de enfrentamientos regionales y el temor a un desbordamiento del actual conflicto que afecta a Irán. El aumento de efectivos y recursos en los pasos con Líbano e Irak surge como respuesta directa al riesgo de que la violencia se traslade más allá de las fronteras iraníes, provocando desplazamiento de personas y multiplicación de actividades ilícitas vinculadas al comercio no regulado.

El balance de víctimas en Irán, calculado en cerca de 800 personas fallecidas según la cobertura de SANA, refleja la magnitud de la crisis que afronta la región. Las autoridades sirias manifestaron en su comunicado la intención de prevenir cualquier tipo de infiltración que pueda derivar en amenazas a la seguridad dentro de territorio sirio. El despliegue comunicó un mensaje de vigilancia permanente y preparación frente a escenarios cambiantes e imprevisibles.

De acuerdo con la información oficial a la que accedió SANA, el Comando de Operaciones del Ejército permanecerá atento a los desarrollos en la frontera, manteniendo la capacidad de reorganizar posiciones en función del curso del conflicto y de las necesidades de protección nacional. También informó que esta medida puede adaptarse dinámicamente a las variaciones en la situación regional.

Por último, el comunicado del ejército agrupó la misión de los efectivos desplegados en el refuerzo de la integridad de las fronteras estatales, la detección temprana de amenazas y la cooperación interagencial para la gestión de los riesgos asociados al conflicto en desarrollo. SANA subrayó que la operación de vigilancia ampliada continuará según lo requiera el contexto, dentro de los parámetros establecidos por la autoridad militar siria.

Unas 16.400 personas han abandonado sus hogares en Afganistán tras los recientes enfrentamientos en la frontera con Pakistán y a esta cifra se suman cientos de desplazados previos al conflicto que aún no han podido regresar a sus comunidades. Según detalló la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), la mayoría de estos desplazamientos se dieron en un contexto donde las hostilidades continúan afectando la vida cotidiana y el acceso a los servicios básicos, como la atención médica y la ayuda humanitaria. Esta situación ocurre mientras hospitales resultaron dañados y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) suspendió temporalmente su asistencia en zonas particularmente afectadas, dejando vulnerables a hasta 160.000 residentes, consigna UNAMA.

El medio Europa Press consignó que la ONU realizó un llamado urgente a la “suspensión de los enfrentamientos” entre Afganistán y Pakistán debido al aumento de víctimas civiles y el impacto en la población local. UNAMA instó a que las partes cumplan con sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y protejan a los civiles en medio de los combates. La organización reportó que sigue documentando incidentes con civiles afectados y recalcó que el conflicto, sumado al reciente terremoto de agosto de 2025 —considerado el más letal en Afganistán en tres décadas—, agrava la vulnerabilidad de miles de personas.

De acuerdo con la información brindada por Europa Press, los desplazamientos masivos comprenden tanto a quienes huyen de la violencia reciente como a personas desplazadas previamente por el sismo, a quienes se les recomendó retornar a sus hogares como una medida preventiva para evitar mayores riesgos. Las restricciones de movimiento en la zona fronteriza, impuestas por la persistencia del conflicto, han limitado la capacidad de las agencias humanitarias para proveer asistencia vital y otros apoyos necesarios, lo que impacta especialmente a quienes retornaron a Afganistán desde Pakistán y carecen de recursos inmediatos.

El reporte de Naciones Unidas indica que los civiles han resultado heridos o fallecidos tanto por fuego indirecto en combates transfronterizos que alcanzaron zonas residenciales, especialmente en las provincias de Paktiyá, Paktiká, Nangarhar, Kunar y Jost, como por ataques aéreos en Paktiká y Nangarhar. Los talibán calculan en alrededor de cincuenta el número de civiles fallecidos, mientras que UNAMA reportó al menos cuarenta y dos víctimas mortales, entre ellas menores de edad.

Europa Press recogió declaraciones oficiales en las que las organizaciones humanitarias subrayan la dificultad para registrar el alcance total del impacto debido a la inseguridad y al acceso limitado a las zonas afectadas. El cierre de hospitales y los daños a infraestructuras sanitarias han agravado la situación de quienes requieren atención médica urgente, sumado a la suspensión temporal de la distribución de alimentos básicos por parte del PMA, lo que deja sin cobertura de ayuda alimentaria a decenas de miles de afganos.

Respecto a las operaciones militares, las autoridades afganas indicaron que se han apoderado de al menos cuarenta puestos de control y cuatro bases en la frontera pakistaní tras las recientes ofensivas. El vocero del Ministerio de Defensa talibán, Enayatulá Juarazmi, afirmó —a través de un comunicado difundido en redes sociales y citado por Europa Press— que durante el último día capturaron trece posiciones militares y derribaron cinco drones, mientras que la cifra de fallecidos en filas paquistaníes se sitúa, según el reporte afgano, en cerca de ciento cincuenta soldados. En las últimas horas, también tres militares afganos perdieron la vida.

Las autoridades talibán han denunciado en el comunicado, según documentó Europa Press, que el ejército paquistaní traspasó en numerosas ocasiones el espacio aéreo afgano. Estas incursiones incluyeron ataques contra áreas residenciales, edificios públicos, mezquitas, escuelas y campos de desplazados ubicados en Kabul, Lagmán, Nangarhar, Kunar y Jost, entre otras localidades. Los talibán responsabilizan a las fuerzas pakistaníes por la escalada, mientras que Islamabad sostiene que la operación se cobró hasta este momento aproximadamente cuatrocientos combatientes talibán muertos.

El deterioro en las condiciones humanitarias representa un desafío persistente para la respuesta internacional en Afganistán, recalca Europa Press. Organizaciones en el terreno informan que las limitaciones para actuar en zonas afectadas por los combates, junto a las consecuencias del último gran terremoto, han reducido las posibilidades de acceso a servicios esenciales y asistencia para la supervivencia, incrementando la exposición de la población civil a nuevos riesgos derivados de la inestabilidad en la región.

La eliminación de las diferencias fiscales entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar constituye uno de los elementos fundamentales del nuevo acuerdo entre el Reino Unido, España y la Unión Europea, el cual establece la obligación de Gibraltar de aplicar un impuesto indirecto comparable al IVA, partiendo de un 15 por ciento y alcanzando un 17 por ciento en los tres años posteriores a la entrada en vigor. Según consignó el medio, el acuerdo incluye el desarrollo de un órgano consultivo independiente que supervisará cualquier posible distorsión en los tipos impositivos de la región. En caso de desacuerdo sobre el ajuste sugerido a Gibraltar, España podrá activar una cláusula de salvaguarda que permitiría a la Unión Europea aplicar la tasa correspondiente durante un máximo de 30 días, de acuerdo con la información publicada.

Tal como detalló el medio, el tratado, publicado este 26 de febrero tras más de cuatro años de negociaciones, sienta las bases de la relación entre Gibraltar y la Unión Europea tras el Brexit. Este texto, que posee más de mil páginas y consta de 336 artículos y 43 anexos, prevé la instauración de una zona de prosperidad compartida tanto para el Peñón como para el Campo de Gibraltar, y tiene como exponente principal la supresión de la Verja.

Uno de los puntos de mayor relevancia es la eliminación de todas las barreras físicas que obstaculizan la circulación de personas entre Gibraltar y España, lo que supone el derribo efectivo de la Verja. Dichos controles serán trasladados al puerto y al aeropuerto de Gibraltar. De acuerdo a la información publicada, la gestión de estos controles se efectuará de manera conjunta: las autoridades gibraltareñas se encargarán del primer control y la Policía Nacional española realizará posteriormente la verificación de acceso al espacio Schengen. No obstante, Gibraltar no quedará integrado en el espacio Schengen; solo se aplicarán sus normas en la zona de paso. En sentido inverso, la salida seguirá el mismo esquema de doble control, distinguiéndose entre entrada y salida.

El tratado aborda también la cuestión del aeropuerto de Gibraltar, construido sobre el istmo cuya soberanía España no reconoce al Reino Unido. Según informó el medio, el uso del aeropuerto será compartido gracias a una empresa conjunta entre España y Reino Unido, con la condición de que su sede se ubique en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. Operarán vuelos con origen y destino en el Reino Unido y países de la Unión Europea, siempre que las aerolíneas cuenten con autorización de Bruselas o de Londres, como destacaron fuentes oficiales.

En lo relativo al comercio, el acuerdo establece una unión aduanera entre Gibraltar y la Unión Europea, permitiendo el libre movimiento de mercancías. Los controles respectivos sobre productos y mercancías con origen o destino en el Peñón tendrán lugar en La Línea, Algeciras y Sagunto. Además, el texto abre la posibilidad de asignar algún puesto de control en Portugal cuando ninguno de los anteriores pueda operar 24 horas al día por causas imprevistas o de fuerza mayor, según reportó el medio.

Referente a la soberanía, el artículo 2 del acuerdo establece de forma explícita que ninguno de los puntos del tratado alterará las posiciones legales de Reino Unido y España en relación con la soberanía y la jurisdicción sobre Gibraltar. Tampoco podrá el texto servir como argumento para nuevas afirmaciones o negaciones de la soberanía sobre el territorio, según recoge el documento difundido.

Otro aspecto relevante es la consideración que se da a la base aérea británica situada en el aeropuerto de Gibraltar. El documento señala que esta instalación militar queda fuera de las disposiciones del acuerdo, tal como subrayó el Gobierno británico en su comunicación oficial. De manera adicional, los miembros de las fuerzas armadas británicas o de otros países que visiten Gibraltar no estarán sujetos a controles de pasaporte y visado conforme a las normas del espacio Schengen, aunque no se les otorgará derecho de residencia ni domicilio permanente en la zona.

El acuerdo, firmado tras cuatro años de negociaciones y con un acuerdo político alcanzado el 11 de junio, implica modificaciones significativas en la circulación de personas, mercancías y actividades comerciales, así como en la gestión compartida de instalaciones estratégicas. Como señaló el medio, se prevé el inicio de una etapa que busca mayores condiciones de equidad económica entre Gibraltar y su entorno inmediato, junto con mecanismos para gestionar de manera conjunta infraestructuras y fronteras. Todo ello se da en el marco de la relación entre el Reino Unido, España y la Unión Europea tras el Brexit, con el objetivo de evitar distorsiones y favorecer la cooperación en una zona de tradicional sensibilidad política y económica.

El Gobierno ecuatoriano ha fundamentado el reciente incremento del arancel a productos colombianos –conocido como “tasa de seguridad”– en la “falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza” por parte de Colombia, situación que, según el Ejecutivo, le obliga a adoptar una respuesta calificada como “acción soberana”. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador comunicó esta justificación a través de sus redes sociales, en un contexto marcado por el aumento de tensiones comerciales entre ambos países. De acuerdo con el medio que reporta la noticia, el conflicto arancelario se acentúa luego de que Ecuador elevara la denominada tasa desde un 30% inicial hasta un 50% que se aplica a las importaciones provenientes de Colombia, bajo el argumento de que la medida responde a “criterios de seguridad nacional” y busca fortalecer la corresponsabilidad entre los dos países en el combate al narcotráfico a lo largo de la frontera compartida.

Según informó el medio, las autoridades ecuatorianas insisten en que el incremento del arancel resulta indispensable ante lo que identifican como insuficiencia de acciones efectivas por parte del Gobierno colombiano frente al problema del narcotráfico en la frontera. El comunicado oficial subraya que Ecuador considera legítima su potestad de adoptar medidas que resguarden su integridad y seguridad internas y sostiene que el agravamiento de la tasa de seguridad forma parte de esa estrategia nacional.

En respuesta a esta política, Colombia anunció la imposición de un arancel del 30% a más de veintitrés productos ecuatorianos, en reciprocidad a la tasa que Quito aplica desde el 1 de febrero a las importaciones colombianas. El medio señala que estas medidas recíprocas han intensificado la disputa comercial entre ambos países, situación que se originó en enero cuando el Gobierno de Ecuador dispuso el gravamen inicial del 30% a productos provenientes de Colombia. Previo a esta decisión, Ecuador ya había aumentado en más de un 900% la tarifa de transporte para el crudo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), según detalló la fuente.

La guerra comercial ha ido en aumento en las últimas semanas. El Gobierno de Gustavo Petro, presidente de Colombia, presentó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) contra la llamada “tasa de seguridad” impuesta por Ecuador. Esta acción legal busca que el organismo regional examine la legalidad de la medida ecuatoriana y determine si incumple normas comunitarias o tratados de libre comercio vigentes entre los miembros.

El incremento arancelario y el establecimiento de nuevas tarifas sobre el transporte de crudo han generado preocupación entre los sectores exportadores e importadores de ambos países, quienes advierten sobre el impacto potencial negativo en el comercio bilateral, según consignó el medio. Además, las autoridades colombianas aseguran que la aplicación unilateral de la “tasa de seguridad” afecta los principios de integración y cooperación vigentes en la región andina.

El ejecutivo ecuatoriano, por su parte, mantuvo su postura y ratificó públicamente la necesidad de proteger su territorio frente a amenazas relacionadas con la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. La información del medio destaca que Ecuador recalca la importancia de que Colombia implemente acciones más efectivas para combatir el trasiego de drogas entre ambos países.

Las medidas de Ecuador han suscitado diversos pronunciamientos, tanto de parte de las autoridades comerciales como de los organismos regionales, que observan el desarrollo de los acontecimientos y valoran las posibles consecuencias para la integración andina y el flujo comercial en la zona. Las gestiones diplomáticas entre ambos gobiernos continúan, aunque las posiciones encontraron escasa flexibilidad a partir de la adopción de las medidas arancelarias y el inicio de acciones legales.

El texto difundido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador reitera que la decisión responde a lo que definen como “criterios de seguridad nacional” y expresa la voluntad del Ejecutivo de que las acciones adoptadas sean entendidas en el marco de la soberanía y la corresponsabilidad internacional en materia de lucha contra el narcotráfico transfronterizo. De acuerdo con la información publicada por el medio, tanto Ecuador como Colombia sostienen un intercambio estrecho, y cualquier restricción arancelaria podría influir fuertemente en el comercio de bienes esenciales para ambos mercados.

Las demandas y respuestas en el ámbito comercial y diplomático han elevado el nivel de incertidumbre respecto al futuro de las relaciones económicas bilaterales. Los empresarios colombianos y ecuatorianos continúan a la expectativa de los próximos pasos legales y administrativos, mientras la CAN analiza formalmente la queja presentada por Colombia contra la postura ecuatoriana, según detalló el medio en su cobertura sobre el proceso.

El escenario actual evidencia que la frontera entre Ecuador y Colombia se ha convertido en un tema central tanto desde la perspectiva comercial como de seguridad, conforme los gobiernos exploran caminos legales y políticos para resolver el enfrentamiento arancelario y fortalecer las estrategias de control y lucha contra el narcotráfico, según la información registrada por el medio de referencia.

La frontera norte mexicana no es una orilla del mapa. Es el lugar donde el país compite todos los días en la economía global. Y, cada vez más, es también el punto donde América Latina puede entender cómo insertarse con mayor inteligencia en las nuevas cadenas de valor.

Aquí no se discuten teorías: se mueven mercancías, se ensamblan vehículos, se producen dispositivos médicos, se fabrican componentes electrónicos y cruzan miles de millones de dólares en comercio cada semana. Los datos son claros. Los estados fronterizos generan alrededor del 35% del PIB nacional y concentran cerca del 60% de la manufactura de exportación mexicana.

Hay, además, un dato que coloca a la frontera norte en una dimensión global: alrededor de 600 mil millones de dólares en comercio terrestre cruzan cada año por esta región. Si consideramos que el comercio mundial ronda los 30 billones de dólares anuales, eso significa que aproximadamente 2 de cada 100 dólares que se comercian en todo el planeta cruzan por la frontera norte de México.

No es una cifra retórica. Es un nodo logístico global. México, a pesar de los vaivenes tarifarios, es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos y buena parte de ese intercambio ocurre o tienen origen en ayuntamientos que gobiernan con presupuestos municipales muy por debajo de su tamaño económico. Aquí surge una pregunta estructural relevante para los gobiernos locales: ¿estamos gobernando esta región con instrumentos acordes a su peso económico?

El economista Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008 y profesor en la Universidad de Princeton, desarrolló la teoría de la nueva geografía económica. Su planteamiento es directo: cuando la actividad productiva se concentra en determinados polos, esos territorios requieren infraestructura, capital humano e instituciones sólidas para sostener su competitividad. Sin esas condiciones, el crecimiento se vuelve frágil. La frontera norte mexicana es uno de esos polos industriales continentales.

Otro referente es Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, quien ha sostenido que el desarrollo exitoso no proviene de aplicar recetas universales, sino de diseñar políticas públicas adaptadas a la estructura productiva específica de cada región. El desarrollo es contextual. Y la frontera norte es un contexto excepcional. A esto se suma el fenómeno del nearshoring. De acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina podría aumentar sus exportaciones en más de 70 mil millones de dólares anuales gracias a la relocalización de cadenas productivas. México es el país mejor posicionado para capturar esa oportunidad, y la puerta natural de entrada es, obvio, la frontera norte.

Todo ese dinamismo productivo genera empleo y crecimiento, pero también genera presión urbana: movilidad saturada, demanda de vivienda, consumo intensivo de agua, necesidad de seguridad profesional y servicios públicos eficientes. Por tanto, el fortalecimiento municipal se vuelve un tema estratégico.

En ese marco, la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) se convierte en una pieza clave. La frontera norte no es un municipio aislado; es una red de ciudades interconectadas por flujos económicos, sociales y logísticos. La AALMAC da sentido a la suma de nuestros municipios, articula agendas comunes y convierte la coordinación local en una voz colectiva capaz de dialogar con los otros órdenes de gobierno.

La Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado con claridad el principio de Crecimiento con Justicia y en la frontera norte esa ecuación es estratégica. El dinamismo industrial debe traducirse en bienestar real para las familias para mantener la estabilidad y competitividad regional, y los gobiernos municipales tenemos mucho que decir y aportar al respecto.

La frontera norte no necesita privilegios. Necesita instrumentos de gobernanza adecuados a su dimensión estratégica. En América Latina, donde muchas economías dependen aún de exportaciones primarias, esa frontera mexicana representa un ejemplo distinto: integración industrial profunda, manufactura avanzada y conexión directa con el mayor mercado del mundo. Así que aquí puede desarrollarse la práctica de una nueva gobernanza local que haga sentido en toda Latinoamérica.

En un mundo que reorganiza su geografía económica, la frontera norte mexicana no es una línea divisoria, es el punto de arranque para todo un subcontinente, y eso obliga a pensarla con visión global para verdaderamente tener mejores gobiernos.

* El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.

El Gobierno de Chad ha señalado que se reserva el derecho de responder ante cualquier agresión o violación de su territorio, tras advertir a la población fronteriza sobre la necesidad de mantener la calma y colaborar con las autoridades. Según informó Europa Press, las autoridades chadianas ordenaron el cierre inmediato y por tiempo indefinido de todas las fronteras compartidas con Sudán a raíz de los recientes enfrentamientos entre fuerzas militares chadianas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo que desde abril de 2023 mantiene un conflicto armado con el Ejército de Sudán, exacerbando la crisis humanitaria en la región.

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno de Chad, Mahamat Gassim Cherif, comunicó a través de un mensaje oficial que la zona fronteriza permanecerá clausurada hasta nuevo aviso. De acuerdo con Europa Press, Cherif explicó que la decisión fue adoptada tras una serie de incursiones y traspasos ilegales cometidos por las partes enfrentadas en Sudán, que vulneraron el territorio chadiano. El objetivo de esta medida es evitar cualquier posibilidad de que el conflicto militar se extienda hacia Chad, así como proteger tanto a habitantes locales como a los refugiados, y salvaguardar la integridad del país.

El cierre afecta totalmente los pasos fronterizos y suspende tanto el tránsito de personas como de mercancías. Europa Press detalló que la declaración oficial prevé únicamente excepciones extraordinarias bajo criterios estrictamente humanitarios, siempre que la autoridad competente autorice de manera previa cada cruce de frontera.

Mahamat Gassim Cherif añadió que, conforme al Derecho Internacional, Chad reserva su derecho de actuar si detecta una invasión o acto hostil dentro de su frontera, y enfatizó la importancia de la vigilancia y la colaboración de la población en las zonas limítrofes. Al mismo tiempo, instó a las autoridades administrativas y militares a asegurar que la normativa se aplique con rigor, de acuerdo a la información difundida por Europa Press.

En las últimas semanas, las Fuerzas de Apoyo Rápido han intensificado su actividad cerca de la frontera con Chad, llegando incluso a realizar ofensivas dentro del territorio chadiano. Estos ataques resultaron en la muerte de aproximadamente diez militares chadianos, según consignó Europa Press. A raíz de estos hechos, el grupo paramilitar ofreció disculpas a las autoridades de Yamena, aunque posteriormente atribuyó la responsabilidad al Ejército sudanés.

La confrontación en Sudán surgió por desacuerdos marcados sobre la integración de las RSF al Ejército formal, lo que interrumpió el proceso de transición política iniciado después de la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019. Dicha transición ya se encontraba debilitada por el golpe de Estado que forzó la salida del entonces primer ministro, Abdalá Hamdok, en 2021, según publicó Europa Press.

El conflicto ha contado con la implicación de varios países que respaldan a las distintas facciones, lo que ha agravado las consecuencias humanitarias. Millones de personas han debido desplazarse a raíz de la violencia, y existe preocupación internacional ante el incremento de enfermedades y la destrucción de infraestructuras esenciales, lo que dificulta la respuesta a la emergencia y la atención a centenares de miles de afectados, tal como resaltó Europa Press en su cobertura.

En este contexto, Chad figura tanto como receptor de refugiados en situación de gran vulnerabilidad como país que intenta evitar la propagación de inestabilidad y violencia. La decisión de las autoridades chadianas de restringir los cruces fronterizos y limitar los desplazamientos suma una nueva dimensión a la crisis regional, donde la protección de la población civil y la contención del conflicto adquieren prioridad en las estrategias del Gobierno, según informó Europa Press.

La entrada en vigor inminente del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), modificando los controles fronterizos en toda la Unión Europea —incluido Gibraltar—, constituye una de las preocupaciones principales en La Línea de la Concepción. En este contexto, el alcalde de la localidad gaditana, Juan Franco, destacó la importancia de que el acuerdo sobre Gibraltar entre el Reino Unido y la Unión Europea pueda aplicarse de forma provisional a partir del 10 de abril. Sin embargo, señaló que persisten incertidumbres fundamentales relacionadas con el contenido específico del tratado y su impacto directo en el municipio, según consignó Europa Press.

De acuerdo con este medio, Franco expresó que las recientes noticias acerca del avance del tratado generan una perspectiva favorable, puesto que considera que “se están dando ya los pasos definitivos” para alcanzar un desenlace satisfactorio. No obstante, insistió en que todavía existen “bastante incógnitas al respecto”. El propio regidor linense, en una declaración difundida mediante audio por el Ayuntamiento, afirmó que el anuncio realizado por el Reino Unido, adelantando la pronta publicación del documento del acuerdo alcanzado con la UE, reviste un significado relevante y repercute directamente en la vida cotidiana y el futuro económico de La Línea.

Sobre la implementación provisional del tratado, Franco reiteró que la noticia tiene una valoración “netamente positiva” para el municipio, especialmente porque el 10 de abril coincidirá con la introducción de controles biométricos en la frontera entre La Línea y Gibraltar. Sin este marco normativo, según su análisis, la instalación de estos controles tecnológicos podría desembocar en “retenciones y colas” en la Verja, impactando el tránsito habitual de trabajadores y ciudadanos entre ambos territorios.

El alcalde puntualizó que la aplicación provisional del tratado permitiría restablecer la fluidez en el paso fronterizo, garantizando la libertad de tránsito, una cuestión prioritaria para la economía local, que depende en gran parte de la movilidad diaria entre La Línea y Gibraltar. En sus propias palabras, Franco manifestó su deseo de que el proceso avance hacia la publicación y la aprobación de los documentos pertinentes, y reconoció que la puesta en marcha de este nuevo marco creará “un nuevo ‘status quo’”. Aún así, subrayó la necesidad de seguir clarificando cuestiones esenciales, dado que, en su visión, subsisten “bastantes incógnitas” relacionadas tanto con el alcance como con la operatividad práctica del acuerdo, detalló Europa Press.

El mismo martes, la Comisión Europea confirmó, según relata Europa Press, que el texto del tratado había sido remitido al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, iniciándose así el proceso de ratificación a nivel institucional. Un portavoz de la Comisión Europea señaló que Bruselas prevé que el acuerdo pueda tener efectos provisionales desde el 10 de abril, alineando el calendario con la entrada en vigor definitiva del EES, un sistema automatizado que modificará los métodos de control en todas las fronteras exteriores de la Unión Europea y que afectará también al enclave de Gibraltar.

La introducción del Sistema Europeo de Entradas y Salidas supone un cambio importante en los procedimientos fronterizos, dado que implicará el uso de controles biométricos —a través de datos como huellas dactilares y reconocimiento facial— tanto para entradas como para salidas de ciudadanos en el espacio Schengen, lo que, sin una solución pactada, podría traducirse en demoras y un aumento de la presión logística en el entorno fronterizo. Por esta razón, el alcalde linense ha puesto en relieve la trascendencia de alcanzar un acuerdo que ofrezca certidumbre y estabilidad a la población y los miles de trabajadores transfronterizos que dependen de la fluidez de dicho cruce.

La situación es observada con atención por las autoridades municipales y locales a ambos lados de la Verja, ya que el resultado final del proceso de ratificación y la letra pequeña del acuerdo definirán la nueva relación entre Gibraltar, España y la Unión Europea, así como la operatividad diaria de los pasos fronterizos y sus eventuales implicaciones económicas y sociales. Tal como reportó Europa Press, el proceso de entrada en vigor del tratado, primero de manera provisional y después con carácter definitivo, involucra tanto a Bruselas como a Londres, además de las reivindicaciones y expectativas expresadas recurrentemente por la comunidad de La Línea, cuyo ayuntamiento continúa pendiente de la culminación del proceso y de la evolución final de las disposiciones negociadas a nivel comunitario e internacional.

Ecuador afirmó que las autoridades colombianas no han colaborado recientemente en la contención de los grupos armados presentes en la zona limítrofe, mientras que el Ministerio de Justicia de Colombia rechazó estas declaraciones y, desde entonces, difundió los operativos realizados en el sur del país.

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En este contexto, el Ejército Nacional reportó un golpe a las estructuras armadas con influencia en Ecuador, tras desmantelar un arsenal perteneciente al grupo ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en la zona fronteriza.

Detalles del operativo

Las autoridades informaron en un comunicado de prensa que en el depósito encontrado había cuatro fusiles, 332 cartuchos de diferentes calibres, 499 detonadores y 23 cilindros acondicionados con explosivos, junto con material de intendencia y logística, elementos listos para ser utilizados en acciones terroristas al servicio de alias Walter Mendoza.

En la operación también participó la Armada del Ecuador, que en un trabajo conjunto con la Fuerza de Tarea Hércules, el Batallón de Infantería de Marina 11 y la Policía Nacional, desmanteló el mayor depósito ilegal ubicado en lo corrido de 2026, perteneciente a la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Iván Ríos, afectando de manera contundente sus capacidades criminales y logísticas.

La operación se desarrolló en la vereda La Aduana, zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, donde, tras un riguroso trabajo de inteligencia y planeamiento operacional conjunto entre ambos países, se logró ubicar y destruir de manera controlada este centro de acopio ilegal, que estaría al servicio de alias Walter Mendoza, cabecilla principal de esta estructura armada organizada residual en el sector fronterizo.

En el lugar fue hallado un importante arsenal de guerra que incluía 23 cilindros acondicionados con explosivos, además de material de intendencia y logística, elementos que al parecer estaban listos para ser empleados en acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en ambos lados de la frontera.

Este resultado operacional representa una afectación directa a las capacidades armadas, explosivas y de abastecimiento de esta organización ilegal, debilitando su estructura criminal en un corredor estratégico para las economías ilícitas y evitando posibles ataques que pudieran alterar el orden público en la región.

“El Ejército Nacional de Colombia ratifica su compromiso de continuar desarrollando operaciones ofensivas, coordinadas y binacionales, bajo el estricto respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con el propósito de neutralizar las amenazas, proteger la vida y consolidar la seguridad y estabilidad en el suroccidente del país y en la zona de frontera”, se lee en el comunicado.

Como vocero del Ejército Nacional, el coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, entregó un balance del operativo y aseguró que lo más importante del trabajo entre autoridades de ambas naciones es poder proteger a la población civil que a diario se ve afectada por los grupos armados que tienen presencia en los dos países.

“En este lugar encontramos más de 300 granadas, más de 500 detonadores, pero más allá de las cifras, cada uno de estos artefactos era una amenaza contra las comunidades; un explosivo no distingue entre las fuerzas públicas y las personas que todos los días luchan por salir adelante con dignidad. Esto es evitar que el terrorismo siga atacando a nuestras familias”.

Kim Yo Jong anunció que Pyongyang adoptará nuevas medidas para aumentar la vigilancia en la frontera intercoreana, enfatizando la gravedad de lo que consideró una “provocadora incursión” en el espacio aéreo norcoreano. El incidente, que implicó la presencia de drones surcoreanos cerca de la línea divisoria, ha generado una advertencia sobre posibles “terribles consecuencias” si persisten este tipo de acciones. Según publicó la agencia estatal NKCA, la subdirectora del departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea reiteró que cualquier episodio similar no recibirá tolerancia y destacó la postura de su país sobre la protección de la soberanía nacional.

De acuerdo con la información divulgada por medios oficiales, Kim Yo Jong subrayó en un comunicado que el reconocimiento oficial de Seúl sobre la presencia de drones marca un precedente, y recalcó que actos de esta naturaleza suponen una amenaza y no deben repetirse. La dirigente norcoreana advirtió que, de volver a producirse “una violación de la soberanía de la República Popular Democrática de Corea”, las consecuencias serán severas sin importar la autoría o el método empleado.

Según informó la agencia NKCA y recogió el medio, la declaración de Kim Yo Jong se difundió luego de que el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong Young, admitiera la incursión de drones surcoreanos en el área fronteriza. Durante una comparecencia pública, Chung lamentó el incidente y lo calificó como una trasgresión de la soberanía norcoreana. El ministro expresó que el gobierno trabajará “en cooperación con las autoridades militares” y comunicó la intención de restablecer la zona de exclusión aérea en la frontera 'de facto' con Corea del Norte.

El medio detalló que esta propuesta busca retomar las condiciones del acuerdo militar intercoreano de 2018, firmado durante la administración del expresidente surcoreano Moon Jae In. El acuerdo perseguía un “cese de hostilidades entre los dos Ejércitos en zonas de la frontera”. Dichos pactos, que fracasaron en su implementación, establecían mecanismos para reducir la tensión en áreas sensibles a incidentes transfronterizos.

Por su parte, Kim Yo Jong puntualizó que su advertencia “no es una amenaza, sino una firme advertencia”, remarcando que Pyongyang no tolerará nuevas violaciones del espacio aéreo y que responderá con medidas adicionales de control y protección fronteriza. Según consignó la agencia norcoreana, la reacción se produce en un contexto de aumento de la vigilancia militar y del endurecimiento de mensajes entre ambas Coreas respecto a la seguridad en la línea divisoria.

La situación añade presión al frágil equilibrio en la península, donde históricamente los incidentes fronterizos han complicado los intentos de acercamiento bilateral. Según reportó la agencia estatal norcoreana, las autoridades de Corea del Norte mantendrán una observancia reforzada en toda la zona limítrofe, tras recibir confirmación de la intrusión por parte de funcionarios surcoreanos, quienes insisten en buscar la reactivación de los acuerdos de 2018 para evitar escaladas militares y promover la estabilidad entre ambas naciones.