Estados Unidos entregará a Panamá $3 millones para iniciar la limpieza ambiental de la provincia de Darién, por donde miles de migrantes transitaron en su periplo por llegar a la nación norteamericana.

Miles de plásticos, ropa, residuos sólidos, entre otros desperdicios, fueron dejados por los migrantes a su paso por una trocha que abrieron por el llamado Tapón del Darién, una selva que sirve de frontera entre Panamá y Colombia, y que hasta ese momento se mantenía virgen.

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, quien hizo el anuncio del aporte de su país para la limpieza de Darién, dijo que el trabajo se hará en conjunto con el Ministerio de Ambiente, y que además dará oportunidades de trabajo para los darienitas que se sumen a esta iniciativa.

Agregó que “vamos a estar contratando personas locales para darle empleos a estas personas que viven en estas comunidades, para limpiar el ambiente y asegurar que regrese a lo que era antes”.

En 2024 las autoridades del momento calcularon que la migración irregular dejó al menos 2,500 toneladas de basura en la selva darienita y que la limpieza costaría unos $12 millones.

En su momento, Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, declaró que así como Estados Unidos ha invertido para evitar el paso de migrantes, debe hacerse cargo de la limpieza del Darién, puesto que la mayoría de personas ingresaron a la zona con el objetivo de llegar a su nación.

“No están limpiando su desastre. Si Estados Unidos es responsable porque abrió sus fronteras, entonces Estados Unidos debería pagar por eso”, sentenció Navarro.

Los medios señalaron que en el primer trimestre de 2024 el flujo de migrantes por Darién alcanzó los 110,008, mientras que 2025 se redujo drásticamente a 2,831.

En 2026, según las autoridades la cifra se estancó en 92 personas.

Este año no han pasado más de 2,500 personas, afirmó Larry Solís, director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

En la odisea migratoria los ciudadanos de Venezuela fueron lo que más se aventuraron por la trocha darienita, al igual que ecuatorianos, colombianos y nativos de Ghana.

Desde 2021 el número de personas que cruzaban la peligrosa selva aumentó exponencialmente, alcanzando más de 520.000 en 2023, sostiene la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales.

Las causas de este fenómeno, afirma la organización, incluyen la combinación de crisis políticas y económicas en América Latina, la falta de vías migratorias legales y la difusión de información sobre las rutas disponibles.

Los trayectos, tanto terrestres como marítimos, variaban en duración y costo, exponiendo a los migrantes, en su mayoría venezolanos, haitianos y africanos, a condiciones extremas, abusos y explotación.

A su llegada a Panamá los migrantes eran atendidos en estaciones administradas por el Servicio Nacional de Fronteras y la Organización Internacional de las Migraciones, aunque los recursos eran limitados.

Desde 2024, bajo el gobierno de José Raúl Mulino, Panamá adoptó una política de cooperación con Estados Unidos que incluyó la repatriación aérea de migrantes irregulares.

En agosto de ese año el gobierno de Estados Unidos otorgó $6 millones para la repatriación de los migrantes.

La cooperación entre ambos países redujo el flujo migratorio en un 96% para marzo de 2025, pero también generó nuevas problemáticas humanitarias, como el cierre de centros de acogida y el incremento de un flujo inverso hacia el sur, manifiesta la Organización para el Fomento de los Estudios Internacionales.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó este martes 26 de mayo un balance de su primer año en el cargo, enumerando avances en seguridad fronteriza, combate al fentanilo y cooperación bilateral contra el crimen organizado.

Afirmó que actualmente se tiene la frontera más segura en toda la historia.

El diplomático señaló que la relación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum generó “resultados reales”, aunque reconoció que “queda mucho trabajo por delante”.

En materia de acuerdos bilaterales, Johnson también destacó que en solo 16 meses se logró más avance bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década, y que un acuerdo sobre la crisis de aguas residuales del Río Tijuana avanza hacia una solución permanente sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses.

Aprehensiones en frontera México-EEUU caen a nivel más bajo en 55 años

La Patrulla Fronteriza registró el nivel más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en 55 años, según el comunicado de la embajada. Las detenciones diarias se mantuvieron 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración de Joe Biden, con cero liberaciones de migrantes.

Johnson atribuyó esos resultados al freno de la migración ilegal y al combate al tráfico de personas.

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por casi 3 mil 200 kilómetros, desde el Golfo de México hasta el Pacífico, y conecta cuatro estados estadounidenses —California, Arizona, Nuevo México y Texas— con seis estados mexicanos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Johnson afirmó que esas acciones conjuntas salvaron vidas al reducir los cruces en condiciones de riesgo, y sostuvo que en este momento se tiene la frontera más segura de toda la historia.

Muertes por sobredosis de fentanilo bajaron

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% para finales de 2025, de acuerdo con el balance de Johnson. Las incautaciones de fentanilo en la frontera por parte de autoridades estadounidenses cayeron 50%, mientras que las realizadas en territorio mexicano aumentaron de forma significativa, lo que frenó el flujo de droga antes de que llegara a comunidades en Estados Unidos.

El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos disminuyó más de 95%. Las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron 65.5 toneladas métricas en el mar y desmanteló más de 2 mil 300 narcolaboratorios en el periodo reportado.

México realizó 96 extradiciones y la ATF decomisó más de 36,000 armas ilegales en un año

Desde el inicio de la administración Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, entre ellas cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

Además, entre los operativos bilaterales destacados Johnson figuró el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la captura de Audias Flores Silva, mejor conocido como “El Jardinero” y el arresto de Samuel Ramírez Jr, buscado por asesinatos en EEUU.

La cooperación bilateral también se extendió al tráfico ilegal de armas. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU (ATF) incautó más de 36 mil armas ilegales durante el primer año de la administración Trump, incluidas 4 mil 359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles y organizaciones criminales.

Las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125% respecto al periodo anterior.

El programa Mission Firewall fortaleció las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas entre ambos países.

Los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado también formaron parte del balance, como mecanismo para proteger al sector pecuario y evitar afectaciones al comercio fronterizo.

El Gobierno de Delcy Rodríguez rechazó la escalada de violencia en la región colombiana del Catatumbo, ubicada en la frontera con Venezuela, y manifestó su “profunda preocupación” tras el anuncio de las Fuerzas Militares de Colombia sobre el desmantelamiento de un núcleo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con un saldo preliminar de siete posibles muertos.

En un comunicado, la Cancillería venezolana afirmó: “Venezuela ha sido sorprendida por estos acontecimientos y rechaza toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas”.

El Ejecutivo de Rodríguez subrayó que Venezuela “ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano” y observó “con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera” con “graves afectaciones”.

El martes, las Fuerzas Militares de Colombia informaron sobre una operación en el Catatumbo en la que desarticularon un núcleo de seguridad del Comando Central del ELN y reportaron siete rebeldes muertos en la ofensiva.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró en X: “Dí la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela”, refiriéndose a la operación en esa región fronteriza, considerada uno de los principales bastiones de la guerrilla.

El ataque consistió en una operación de interdicción aérea y asalto en una zona rural de Tibú, el municipio más importante del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, según detalló el mando militar.

En la operación participaron efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea, con apoyo de la Fiscalía, que “lograron afectar de manera contundente una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN, liderada por alias Sucre".

Según el Ejército, este grupo “tenía un alto valor estratégico para el ELN” por enfrentarse al Frente 33 de las disidencias de las FARC en la disputa por el control territorial y de los cultivos de coca en el Catatumbo.

Además, se encargaba de la seguridad de miembros del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN “cuando estos cruzaban desde territorio venezolano hacia Colombia para direccionar actividades criminales y terroristas”.

La Cancillería venezolana exhortó a evitar “acciones que puedan agravar las tensiones o generar mayores riesgos para las poblaciones fronterizas”.

México mantiene su atractivo como uno de los destinos turísticos favoritos a nivel mundial. Durante el primer trimestre de 2026, el país registró un incremento en la llegada de visitantes internacionales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tan solo en marzo de 2026, ingresaron al país 9,36 millones de turistas extranjeros, cifra que representa un aumento anual de 11,9 % frente a los 8,37 millones registrados en el mismo mes de 2025.

El reporte del INEGI revela que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento de visitantes fronterizos, aunque también se observaron caídas en el turismo aéreo y en el gasto promedio de los viajeros.

Visitantes fronterizos eligen México

Uno de los datos más destacados del informe fue el fuerte crecimiento de los visitantes fronterizos, quienes aumentaron un 33,9 % anual durante marzo de 2026.

En total, este segmento superó los 1,94 millones de personas, consolidándose como uno de los motores de recuperación turística en el país.

En contraste, el número de turistas que llegaron por vía aérea presentó una disminución de 7,5 %, al ubicarse en 2,22 millones de visitantes.

Cifras clave del turismo internacional en 2026

• 9,36 millones de turistas internacionales llegaron a México
• Incremento anual de 11,9 %
• 1,94 millones de visitantes fronterizos
• Crecimiento de 33,9 % en turismo fronterizo
• 2,22 millones de turistas llegaron por avión
• Caída de 7,5 % en turismo aéreo

Gasto de turistas extranjeros cayó en marzo

Pese al aumento en la llegada de viajeros, el gasto total realizado por turistas internacionales mostró una disminución anual.

El informe del INEGI detalla que el ingreso total por visitantes extranjeros pasó de 3.667,1 millones de dólares en marzo de 2025 a 3.541,1 millones de dólares en marzo de 2026, lo que representa una caída de 3,4 %.

Asimismo, el gasto promedio por turista también retrocedió de forma importante:

• Marzo 2025: 438,2 dólares
• Marzo 2026: 378,1 dólares
• Disminución anual: 13,7 %

México se mantiene entre los países más visitados del mundo

El crecimiento del turismo internacional confirma la tendencia positiva que ha mantenido México desde el final de la pandemia de covid-19.

Durante 2025, el país recibió 47,78 millones de turistas internacionales, cifra que representó un aumento de 6,1 % respecto a 2024.

Además, el ingreso de divisas por viajeros internacionales alcanzó los 34.991,6 millones de dólares, un crecimiento anual de 6,2 %.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), México se mantiene como el sexto país más visitado del mundo, posición que el Gobierno federal busca mejorar.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado como objetivo que el país logre colocarse dentro del top 5 mundial en recepción de turistas internacionales.

PIB turístico también mostró crecimiento

El dinamismo del sector también se reflejó en la economía relacionada con el turismo.

El Producto Interno Bruto (PIB) turístico, como lo denomina el INEGI, registró un crecimiento anual de 1,3 % al cierre de 2025, reforzando la relevancia del sector para la economía mexicana.

Especialistas consideran que el turismo seguirá siendo una de las actividades económicas clave para México, especialmente por el impulso de destinos de playa, turismo cultural, gastronómico y fronterizo.

La frontera venezolana se ha convertido en un problema geopolítico de gran escala, sostiene el abogado y ex diputado Juan Bautista García Escalona, quien advierte que desde el estado Apure se han proyectado durante años redes de cocaína y otras economías criminales hacia Estados Unidos, Europa y países árabes, mientras nuevas estructuras de lavado de dinero se instalan con facilidad en el territorio y levantan empresas y operaciones de forma casi inmediata.

Para García Escalona, lo que está en juego en Apure no es únicamente la seguridad de una región. “La integridad misma del país” está comprometida, asegura, por lo que considera urgente elevar el nivel de conciencia sobre lo que ocurre en la frontera para construir soluciones reales y evitar que la población siga sometida a la violencia y al crimen organizado.

El también dirigente político y defensor de Derechos Humanos cuestiona, en la conversación con Infobae, la narrativa oficial sobre la seguridad fronteriza. A su juicio, afirmar que la frontera venezolana es segura, como lo hace el Gobierno, “no solo es una mentira peligrosa, sino una fachada de un conjunto de actividades que han erosionado al Estado”. En ese contexto, reclama una defensa efectiva del territorio y denuncia el presunto uso de recursos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de grupos irregulares, entre ellos vehículos, armas y lanchas.

Según su diagnóstico, el territorio fronterizo está hoy fragmentado por actores armados, con autoridades que responden a lógicas criminales. En ese mapa de poder, dice, el narcotráfico define rutas, impone silencios, teje alianzas y empuja al Estado a renunciar al ejercicio de una soberanía efectiva.

Frente a ese escenario, García Escalona sostiene que Venezuela necesita instituciones sólidas, funcionarios íntegros y una voluntad política firme para romper con el poder corruptor de las economías ilegales. En su opinión, sin una respuesta institucional seria, la frontera seguirá siendo terreno fértil para redes criminales que operan con creciente capacidad de expansión.

Entre los hechos más graves que denuncia figura el secuestro de niños indígenas. Asegura que, desde hace años, se registran casos de traslados forzados desde la población de Elorza, en Apure, hacia Colombia y luego a otros destinos, en medio de “sospechas sobre trata de personas y posibles usos criminales aún más severos”.

El abogado afirma que llevó estas denuncias ante organismos del Estado venezolano y que, en su condición de representante de Fundaredes, acudió en varias oportunidades al Ministerio Público para exigir la apertura de una investigación. Según relata, la respuesta que recibió fue una advertencia para que no regresara porque podía ser detenido.

Está convencido que lo que ha ocurrido en la frontera no responde a un episodio aislado ni a una desviación temporal, sino a la consolidación de un “modelo de control paralelo que debilitó la soberanía del Estado”. Bajo esa lógica, amplias zonas del país fueron convertidas en “espacios en disputa, dominados por economías ilegales, redes armadas y actores con intereses criminales”, sostiene en la entrevista con Infobae.

- Usted en el pasado como parte del Movimiento Quinta República (MVR), apoyó al entonces proceso. ¿A qué conclusión ha llegado de lo que ha ocurrido en la frontera con el territorio y la soberanía?

- Desde esa experiencia, y particularmente desde Apure, he podido comprender cómo se configuró un sistema perverso de entrega territorial a grupos irregulares como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), así como a otras estructuras armadas y políticas que encontraron respaldo, tolerancia y protección dentro del poder.

- Especialmente en las zonas fronterizas. ¿Cuál fue el atractivo que tenía ese territorio?

- No olvide que ese proceso no se limitó a Apure, se extendió con distintas formas y dinámicas a regiones fronterizas como Amazonas, Zulia, Táchira, Falcón y Bolívar. ¿El atractivo? Pues el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas que terminaron consolidando redes de enorme poder, en el caso de Bolívar, además, el interés por el oro ha profundizado todavía más la voracidad de estas estructuras, que no solo se disputan las rutas y recursos, sino que han corrompido funcionarios e instituciones enteras, destruyendo la vida comunitaria, sin que nadie haga nada, el poder del dinero y de las armas es el que se impone.

- Alguna vez ha tenido respuesta al ¿por qué Apure ha sido azotado por esas perversas redes?

- Considero que Apure empezó siendo una especie de laboratorio de ese abandono, donde los grupos irregulares dejaron hace tiempo de ser una amenaza lejana.

- ¿Qué los acercó?

- Bueno, su existencia se sabía desde hace muchos años, pero se convirtieron en actores con capacidad real de mando sobre comunidades rurales enteras, sobre actividades económicas básicas y sobre la vida cotidiana de la población, la pesca, la ganadería, el comercio local y hasta la relación social entre los habitantes fueron penetrados por la lógica de la violencia, la coacción y la dependencia.

- ¿Las consecuencias de ese hecho perturbador?

- Produjo un fenómeno profundamente doloroso. Una parte de la población rechaza y detesta esa realidad porque aspira a libertad y democracia plena, pero otra parte terminó normalizándola por necesidad, por miedo o por dependencia económica, y ahora hasta por vínculos familiares con mandos de las organizaciones irregulares, pues milicianos de las FARC, formaron familia con muchos pobladores, creando allí un lazo que ha trascendido del dominio y control de las armas.

- ¿No le parece que eso trae un impacto social y cultural con raíces profundas difíciles de enfrentar?

- Si, las consecuencias no solo son políticas o de seguridad, también humanas y antropológicas. En zonas donde durante años la presencia armada se hizo cotidiana, surgieron vínculos complejos entre comunidades y combatientes, incluso relaciones familiares y de convivencia que reflejan una fractura social profunda.

- ¿Puede compartir algunos casos?

- Por ejemplo, la hija del comisario rural, de una población del municipio Pedro Camejo tiene hijos con el comandante de la guerrilla. En Achaguas igual, comandantes de la policía, militares, las relaciones son abundantes. Algunos de ellos asumieron estos hechos con orgullo, aun cuando sabían que la violencia es el sistema para convivir con los pobladores, así la frontera se transformó en territorio de subordinación.

- ¿Cuál ha sido la actuación de las instituciones?

- El Estado sencillamente abdicó su responsabilidad para que el crimen ocupara su lugar. Son múltiples las veces que los comandos del Ejército, y la Guardia Nacional le han recomendado a los pobladores que hagan la denuncia de los robos y abigeatos ante los líderes de las FARC y el ELN, porque son los que según ellos tienen como resolverles el problema. Es aterrador el nivel de degradación institucional que ha sufrido la frontera, por ejemplo, ante lo que ocurre con una población tan vulnerable como son los indígenas.

- ¿A qué se refiere con los indígenas? ¿Son casos puntuales?

- No, no estamos hablando de hechos aislados, sino de síntomas de una descomposición profunda que no puede seguir siendo negada, y mucho menos desatendida. La población indígena en Apure ha sido vulnerada, nuestros indígenas han sido expulsados del territorio, esclavizados muchas veces y las niñas indígenas abusadas sexualmente, tenemos años denunciándolo, lo hicimos desde Fundaredes, muchas veces ante el Ministerio Publico, y nada importó, nunca desarrollaron ni una sola investigación, al contrario, en una oportunidad se me indicó que no fuera más al Ministerio Publico a llevar ninguna denuncia en nombre de Fundaredes, porque me iban a detener. Luego encarcelaron a Javier Tarazona casi 5 años, y todo el esfuerzo por desmantelar el trabajo de la ONG se materializó.

- En Infobae se hizo seguimiento a los sucesos de la frontera en 2021 entre el ejército venezolano y las FARC. Hubo 16 militares fallecidos, varios guerrilleros muertos y campamentos desmantelados. ¿Fue importante para el estado Apure el combate contra esa guerrilla?

- El enfrentamiento de La Victoria, municipio Páez, del estado Apure, entre la Fuerza Armada (FANB) y el Décimo Frente de las FARC no resolvió el problema, se agravó, porque el Estado terminó apoyándose en el ELN para combatir al Décimo Frente de las FARC, y esa decisión implicó más control territorial, más brutalidad y más sufrimiento para la población civil. La frontera quedó atrapada entre estructuras armadas que disputan rutas, economías y poder, mientras el ciudadano común permanece desprotegido, silenciado y sometido, teniendo ahora un monstruo en el ELN, con todo el control que poseen sobre el territorio y la población.

- ¿Cómo queda la responsabilidad de la Fuerza Armada que constitucionalmente tiene como función esencial la defensa del territorio y la soberanía?

- Lo que hoy exhibe la FANB son graves señales de deterioro institucional, falta de preparación de muchos oficiales y de la tropa, pero también la pérdida de identidad, de doctrina y de compromiso real con el país. Una Fuerza Armada sin claridad moral, sin sentido nacional y sin formación adecuada termina siendo vulnerable frente a las presiones del poder, de la corrupción y de las redes criminales. El deterioro es tan brutal en tantas áreas de la frontera que muchos niños van a la escuela en Colombia y no en Venezuela, se saben el himno nacional de Colombia y no el de Venezuela.

- ¿Siendo abogado cómo entiende lo que institucionalmente ocurre con el aparato institucional del Estado?

- En el silencio institucional que tampoco puede seguir ignorándose. En Venezuela prácticamente no se investiga nada que involucre a los grupos irregulares o a sus vínculos con el poder. La impunidad se ha convertido en norma, y esa impunidad protege a quienes actúan desde la sombra como a quienes, desde posiciones públicas, han permitido la expansión de estas redes.

- ¿Como ocurre con funcionarios y líderes políticos relacionados con jefes guerrilleros? ¿O con cabecillas de grupos irregulares en cargos públicos?

- Fíjese el caso de las FBL (Fuerzas Bolivarianas de Liberación); miembros de su alto mando han ocupado alcaldías, gobernaciones y escaños parlamentarios en la Asamblea Nacional, lo que demuestra que no se trata solo de un actor armado, sino de una estructura con capacidad de inserción política e institucional, que crecieron por el apoyo, en su momento, de Elías Jaua Milano en la Vicepresidencia de la República, y del desastre que ha significado el Ministerio Publico, desde Luisa Ortega Díaz, que prefería voltear para otro lado, y que se profundiza con Tarek William Saab, quien abiertamente apoyó delincuentes.

- En Infobae recibimos numerosas denuncias, como un secreto a voces en la frontera, la estrecha relación de funcionarios militares con la guerrilla de las FARC y el ELN.

- Si, son innumerables las denuncias de colusión de funcionarios militares con grupos irregulares, cuando por acción u omisión, terminan facilitando el funcionamiento de estas estructuras. ¿Cómo hay así soberanía posible? Hay sectores armados del Estado que sirven de puente, protección o cobertura a organizaciones que operan al margen de la ley; esa realidad exige una reflexión seria, urgente y sin maquillajes. Los grupos irregulares no pueden seguir utilizando los recursos de la FANB, eso tiene que acabar y me refiero a vehículos, armas, lanchas, y sabrá Dios que más.

El gobierno de Estados Unidos relanza su estrategia de deportación masiva de inmigrantes indocumentados, con especial foco en las llamadas ciudades santuario y bajo la coordinación de Tom Homan. En una entrevista exclusiva con CBS News, el actual “zar de la frontera” confirmó que la administración mantiene la promesa de llevar adelante operativos a gran escala y defender esta política como la respuesta necesaria tras varios años de políticas migratorias flexibles.

El funcionario explicó que la llegada de Donald Trump marcó el cambio definitivo en la política migratoria: “El presidente fue elegido para esto”, afirmó. Según sus palabras, las órdenes ejecutivas restablecidas permitieron “la frontera más segura de la historia nacional”, superando incluso los niveles alcanzados en su primera gestión.

Asimismo, recalcó que la prioridad es cumplir con las leyes vigentes, enfocando los esfuerzos en la localización y expulsión de quienes ya tienen órdenes de deportación.

Qué significa la estrategia de deportación masiva

Tom Homan, respaldado por el presidente Trump, lidera la renovación de la política de deportación masiva en Estados Unidos. En la entrevista con CBS News, la cadena estadounidense de noticias, detalló que la administración no da marcha atrás y prepara nuevas fases de operativos federales.

“El presidente me llamó, quería que supervisara la creación de una frontera segura y llevara adelante una operación de deportación masiva”, declaró el oficial de inmigración.

La estrategia implica priorizar la expulsión de personas con antecedentes penales, aunque el propio Homan reconoció que alrededor del 40% de los arrestados no tienen historial criminal. Esta política, defendida como una cuestión de “seguridad pública”, incluye a cualquier persona en situación irregular, incluso si no ha cometido otro delito además de la entrada ilegal.

Dónde se concentran los operativos y por qué se seleccionan esas ciudades

Las llamadas ciudades santuario, donde generalmente las autoridades locales limitan la cooperación con agentes federales, se han convertido en el principal objetivo de la nueva oleada de deportaciones. Según explicó Homan en CBS News, la falta de acceso a cárceles locales obliga a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a operar en las calles, lo que conlleva un aumento en las detenciones colaterales.

“Cuando no nos dejan entrar en las cárceles, tenemos que ir a las comunidades y, al buscar a un objetivo, muchas veces encontramos a otros que también están en el país ilegalmente. Ellos también serán arrestados y deportados”, comentó.

El funcionario subrayó que la cooperación de las cárceles estatales es clave para reducir el temor en las comunidades y la exposición de los agentes. “Más agentes en las cárceles significa menos agentes en la calle”, insistió Homan.

Desde los incidentes en Minneapolis, donde ocurrieron protestas y dos tiroteos mortales durante operativos de ICE, las autoridades federales debieron modificar los procedimientos, priorizando la coordinación con las instituciones penitenciarias para minimizar riesgos.

Cuándo y cómo se ejecutan las nuevas fases de deportación

La intensificación de las deportaciones se produce en un contexto de cifras elevadas de inmigración irregular. Homan aseguró que, desde el inicio de la actual administración, se han superado “los 800.000 procesos de remoción entre ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”. Estad cifra, según sus palabras, supera los registros de cualquier otro año.

La meta, según precisó, es incrementar aún más el ritmo con la contratación de 10.000 nuevos agentes y la ampliación de la infraestructura de detención.

Según el funcionario, la reducción de arrestos registrada en los últimos meses se debe, en parte, al cierre temporal del gobierno y a la falta de recursos para los contratistas encargados de localizar a los objetivos. Con la reactivación de fondos y la contratación de nuevos agentes, se prevé un repunte significativo en las operaciones.

Qué argumentos respaldan y cuestionan la política

Homan defendió la política de deportación masiva como la “opción más humana” frente al aumento de muertes y delitos asociados a la migración irregular. En la entrevista con CBS News, argumentó que la apertura de la frontera bajo la administración anterior provocó récords históricos de muertes por consumo de fentanilo, así como un auge en el tráfico de personas.

Frente a las críticas que califican la estrategia de “cruel” o “racista”, Homan afirmó: “La cosa más humana que puedes hacer en la frontera es asegurarla”. Sostuvo que la reducción del 96% en el flujo irregular de personas se traduce en menos muertes, menos víctimas de delitos y mayor seguridad nacional.

Según el “zar de la frontera”, el enfoque se concentra en operaciones dirigidas a individuos específicos, aunque sin descartar a quienes se encuentren en situación irregular.

Qué impacto tienen las operaciones y qué casos generan controversia

Las acciones federales han provocado tensiones con autoridades estatales y locales. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reiteró que su estado no solicitó el despliegue de fuerzas federales. Además, la operación en Minneapolis dejó dos ciudadanos estadounidenses muertos, casos que siguen bajo investigación.

Homan sostuvo que, si se comprueba una actuación indebida de los agentes, “deben enfrentar las consecuencias”.

El funcionario también abordó el uso de la discrecionalidad en casos particulares, como el de la esposa de un militar estadounidense detenida en El Paso. Homan afirmó que los agentes tienen margen de decisión, pero se debe respetar el debido proceso y las órdenes judiciales: “Somos una nación de leyes. No podemos ignorar una orden judicial”.

Por qué se mantiene la política y qué perspectivas existen

Homan sostuvo que la administración no retrocede en la política de deportaciones masivas y que los números lo demuestran: “Los datos de arrestos y remociones en el último año nunca se habían visto”.

Añadió que la falta de reformas legislativas obliga a depender de órdenes ejecutivas, que pueden revertirse con cada cambio de presidente. También expresó escepticismo sobre la posibilidad de acuerdos en el Congreso y responsabilizó a los legisladores de no resolver el sistema migratorio.

La tercera acción a gran escala en menos de dos meses volvió a poner en evidencia cómo operan estas estructuras ilegales en una franja cercana al límite con territorio peruano. Tropas ecuatorianas ingresaron en helicópteros a sectores como San Luis, Dos Camas y La Aída, donde localizaron campamentos precarios levantados con madera y plástico en medio de la montaña. Según los reportes oficiales, desde el inicio de los operativos también se ha logrado desalojar a más de 2.000 personas que permanecían en las inmediaciones del parque, mientras la presión sobre el ecosistema continuaba avanzando con la explotación no autorizada de material aurífero.

El despliegue militar en Podocarpus y la estructura detrás de la minería ilegal

Las acciones se desarrollan dentro del Parque Nacional Podocarpus, una reserva de 146.000 hectáreas considerada clave para la conservación ambiental y la provisión de agua en la región. El área forma parte de la Reserva de Biósfera del Ecuador, reconocida por la UNESCO desde 2007, y se ha convertido en un punto crítico por la expansión de la minería ilegal en frontera con Perú. De acuerdo con información de inteligencia militar, el control de estas actividades estaría en manos del grupo armado Los Lobos, una referencia que ha encendido las alertas por la combinación de crimen organizado, extracción ilícita y ocupación territorial.

Durante la más reciente intervención, los uniformados destruyeron infraestructura usada para sostener la operación minera clandestina. Entre los elementos encontrados figuran bocaminas, rotomartillos, generadores eléctricos, emulsiones explosivas, mecha lenta, combustible, municiones, una carabina Mossberg, además de campamentos con capacidad para decenas de personas. También se halló un centro de procesamiento de material aurífero equipado con chancadoras, mangueras de agua y antenas satelitales Starlink, lo que muestra un nivel de organización mucho más amplio que el de una actividad artesanal aislada.

133.000 dólares de afectación económica a mafias

Las autoridades ecuatorianas sostienen que la intervención busca cortar la logística de las redes dedicadas a la explotación ilegal de oro, afectando su capacidad de movilización, abastecimiento y permanencia en la zona. En las operaciones ejecutadas en este sector, la afectación económica estimada supera los 133.000 dólares, una cifra que forma parte de los cálculos oficiales sobre el golpe a las estructuras criminales asentadas en el parque.

Desde el punto de vista operativo, el ingreso por aire ha sido uno de los factores que ha permitido a las tropas avanzar sobre una geografía difícil, marcada por cerros, vegetación densa y accesos limitados. Los campamentos detectados estaban distribuidos en distintos puntos de la reserva y funcionaban como bases temporales para el personal involucrado en la extracción, el procesamiento y la custodia del material obtenido de forma ilegal.

En paralelo, la presencia militar en esta zona de la frontera Perú-Ecuador se mantiene como parte de una estrategia de control territorial que apunta a frenar el avance de economías ilícitas en áreas protegidas. La secuencia de operativos iniciada en marzo ha dejado al descubierto una red con capacidad para instalar, mover y rearmar infraestructura clandestina en cuestión de días, mientras persiste la presión sobre uno de los espacios naturales más frágiles del sur ecuatoriano.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compareció este miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para debatir el presupuesto militar de 2027, una propuesta histórica que elevaría el gasto en defensa a 25 mil millones de dólares. En su testimonio, Hegseth reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de seguridad fronteriza, pero dejó claro que esos esfuerzos deben intensificarse y, sobre todo, “hacerlo con rapidez”.

Washington mantiene la presión sobre México en materia de seguridad

El gobierno de Donald Trump volvió a exigir resultados concretos a México en el control de la frontera. Durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el secretario de Guerra estadounidense señaló que, si bien México ha mostrado ciertos avances, “necesitamos ver más, y verlo rápido”.

La declaración se produce en un contexto de creciente tensión bilateral, donde la presión migratoria y de seguridad desde Washington no cede.

¿Qué le pide EU a México?

Según el testimonio presentado ante el Congreso, la administración Trump sostiene que ha logrado llevar a cero los cruces ilegales en la frontera, gracias a operativos militares terrestres, marítimos y aéreos. Sin embargo, deja claro que eso no es suficiente sin mayor colaboración mexicana.

Entre las exigencias implícitas destacan:

• Mayor control del lado mexicano de la frontera.
• Resultados visibles y urgentes, no solo compromisos.
• Coordinación activa con las fuerzas armadas de Estados Unidos, en línea con la reciente autorización del Senado mexicano para el ingreso de 96 marines a capacitar tropas de la Semar.

Una comparecencia marcada por la guerra en Irán

Los legisladores demócratas cuestionaron duramente la gestión del conflicto con Irán —donde el estrecho de Ormuz permanece bloqueado—, el disparo de costos de la guerra, la reducción de reservas de municiones y el bombardeo de una escuela con víctimas civiles, incluidos niños.

El presupuesto militar más alto de la historia

De fondo, el verdadero objetivo de la comparecencia era defender la propuesta de presupuesto militar para 2027: 25 mil millones de dólares, la cifra más alta en la historia de Estados Unidos.

El argumento para justificarlo apunta a los aumentos en gasto de defensa de China, Rusia e Irán, y a lo que los republicanos describen como una brecha en capacidades militares: “No tenemos suficientes municiones, buques ni aeronaves”, advirtió el representante Mike Rogers.

Tuvieron que pasar 30 años para que en la frontera de Panamá con Colombia, en el apartado distrito de Sambú, que forma parte de la comarca indígena Emberá-Wounaan, se inaugurara por primera vez un Centro de Salud Materno Infantil.

La estructura tuvo un costo de más de $3.9 millones, y las autoridades de Salud proyectan que beneficiará a unos 5 mil residentes del mencionado distrito, así como a los habitantes de la comarca indígena Emberá Wounaan, al igual que a residentes de las comunidades campesinas ubicadas a lo largo de la carretera Sambú –Garachiné, incluyendo La Colonia Chiricana y Río de Jesús cabecera.

El Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas reemplaza a una antigua instalación, que de acuerdo con fuentes gubernamentales representaba un riesgo constante para pacientes y personal de salud, ya que se construyó en un área altamente inundable.

Debido a esta situación fueron incontables las ocasiones en que el antiguo centro se vio afectado por inundaciones que en la mayoría de los casos superaron el metro de altura. Ahora, la nueva infraestructura ofrece según las autoridades del ramo condiciones seguras, modernas y adecuadas para la prestación de servicios médicos.

Como entidad responsable de la atención sanitaria en la región, tanto para asegurados como no asegurados, el Ministerio de Salud refuerza de esta manera su compromiso con una provincia que incluye además dos comarcas indígenas, la Wargandí y la Emberá Wounaan, señala una nota ministerial.

Recalca que el Centro de Salud Materno Infantil Laura Pedroza Salas es la única instalación en la provincia de Darién con capacidad para cubrir tanto el distrito de Chepigana, como el distrito comarcal de Sambú.

Para una mejor atención el Centro de Salud laborará 24/7, y para ello cuenta con una amplia cartera de servicios, que incluyen consulta externa, farmacia, control de peso y talla, vacunación, atención de enfermería, ginecología, medicina general, odontología y laboratorio clínico.

Igual dispone de un área de urgencias y hospitalización equipada con central de enfermería, salas diferenciadas para hombres, mujeres, niños y lactantes, así como una sala de aislamiento.

También destacan una sala de labor de parto, servicios de saneamiento ambiental, control de vectores y mantenimiento. Adicionalmente, el complejo incluye una casa materna con capacidad para cuatro habitaciones dobles y una residencia para el personal de salud con igual número de habitaciones.

Voceros del Ministerio de Salud recordaron a la población que inició la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, una jornada regional que busca ampliar la cobertura de inmunización y facilitar el acceso a servicios de salud en distintas poblaciones.

Pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció la semana de vacunación del 26 de abril al 2 de mayo, Panamá la adelantó, debido al feriado nacional del 1 de mayo.

Bajo el lema "Tu decisión marca la diferencia" ayer en la Región de Salud de la provincia de Veraguas se preparaban para el lanzamiento de la Jornada de Vacunación en las Américas 2026, que también se desarrollará en todos los países del continente, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades a través de la inmunización.

Juana Bernal, subdirectora regional del Ministerio de Salud, destacó la importancia de esta estrategia y el compromiso del personal del ministerio y de la Caja de Seguro Social.

Resaltó la labor del equipo de enfermería, quienes según manifestó son el eje de esta estrategia, ya que llevarán las vacunas casa por casa, en todo el país.

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó este jueves prisión preventiva para los ciudadanos bolivianos Justiniano Canchi Gutiérrez y Carlos Armando Lira Colque, acusados de los delitos de contrabando y daños calificados tras utilizar una retroexcavadora para tapar zanjas y habilitar pasos ilegales en la comuna fronteriza de Colchane (1.970 kms al norte de Santiago), Región de Tarapacá.

En la audiencia de formalización, Milton Torres, fiscal jefe del Tamarugal, detalló que los imputados fueron sorprendidos el pasado domingo 12 de abril rellenando la zanja construida por el Ejército en el sector de Pampa Tordo, a fin de ingresar la retroexcavadora al país vecino, en concomitancia con terceras personas aún no detenidas también de nacionalidad boliviana.

Según el persecutor, dichos cómplices eran los encargados de entregarles por teléfono celular la ubicación del personal del Ejército. A pesar de ello, ambos fueron sorprendidos en un patrullaje y aunque intentaron darse a la fuga, fueron rápidamente capturados y puestos a disposición del tribunal.

Pérdidas económicas

Asimismo, el Ministerio Público hizo un cálculo del perjuicio económico causado por los dos imputados, toda vez que el valor aduanero de la retroexcavadora bordea los USD 15 mil (unos $14 millones de pesos), y la construcción de la zanja por parte de los uniformados implicó un costo fiscal de unos USD 6,900 ($6 millones).

Al respecto, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, detalló en conversación con BioBíoChile que los imputados fueron sorprendidos in fraganti “despejando el terreno”, asunto que demuestra la efectividad de estas zanjas de tres metros de ancho y profundidad para impedir el paso de migrantes ilegales y vehículos con droga de contrabando, y recordó de paso que “uno no puede hacer una zanja y dejarla ahí”.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que ambos sujetos tenían antecedentes penales previos -uno de ellos precisamente por contrabando-, la flagrancia en la que fueron detenidos y la gravedad de los delitos, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados, decretando 100 días como plazo para la investigación.

Panamá y Colombia reactivaron su agenda conjunta de seguridad fronteriza con el inicio de la XXIX Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), un encuentro que se desarrolla en la capital panameña y que busca reforzar la coordinación operativa, el intercambio de inteligencia y la ejecución de acciones conjuntas frente a las amenazas que persisten en la zona limítrofe.

La cita, organizada por el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) junto a fuerzas militares y policiales colombianas, se extiende hasta hoy 15 de abril y reúne a representantes de los principales estamentos de seguridad de ambos países.

Durante la apertura, el director general de SENAFRONT, Larry Solís, encabezó la delegación panameña y subrayó que la cooperación bilateral es un pilar clave para enfrentar los desafíos en la frontera, una de las áreas más complejas de la región.

En el encuentro participan además la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Migración, con el objetivo de fortalecer la planificación estratégica y mejorar la capacidad de respuesta ante delitos transnacionales que afectan tanto a Panamá como a Colombia.

La frontera entre ambos países, con una extensión de 266 kilómetros, atraviesa la densa selva del Tapón del Darién, una zona sin conexión terrestre continua debido a la interrupción de la Carretera Panamericana en Yaviza.

Este entorno geográfico ha convertido el área en un punto crítico para el narcotráfico, la migración irregular, la trata de personas, el contrabando y la presencia de grupos armados irregulares, lo que obliga a mantener un esquema de vigilancia permanente y cooperación constante entre ambas naciones.

En ese contexto, Panamá ha reforzado sus mecanismos de control con un sistema que combina puntos oficiales de entrada y una mayor presencia en la selva. Lugares como Puerto Obaldía y La Miel funcionan como puntos formales de migración y aduanas, mientras que áreas como Yaviza y Metetí operan como filtros internos de seguridad para supervisar el tránsito desde la selva.

A esto se suma la implementación de medidas como el cierre de pasos no autorizados, frenando el flujo migratorio de sur a norte.

Mientras las autoridades afinan estrategias en la mesa binacional, las operaciones en terreno continúan. A inicios de abril, unidades de la Dirección Antinarcóticos de SENAFRONT, en conjunto con fuerzas especializadas, ejecutaron la Operación Escudo de Acero Fase II en el sector de El Salto, en la provincia de Darién.

La acción, desarrollada en coordinación con la Fiscalía de Drogas, permitió la aprehensión de una ciudadana panameña presuntamente vinculada al microtráfico de sustancias ilícitas.

Durante el operativo, las autoridades lograron el decomiso de presunta marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular, cigarrillos y diversos materiales utilizados para el embalaje y distribución de droga.

La diligencia fue el resultado de labores de inteligencia y seguimiento, lo que refleja el tipo de trabajo que las autoridades buscan fortalecer a través de espacios como la COMBIFRON, donde el intercambio de información es clave para anticipar y desarticular estructuras delictivas.

La persona aprehendida fue puesta a órdenes de las autoridades competentes junto con los indicios recolectados, mientras el SENAFRONT reiteró su compromiso de mantener una lucha sostenida contra el narcotráfico y los delitos conexos.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a reducir el impacto del crimen organizado en comunidades vulnerables, particularmente en zonas fronterizas donde la presencia estatal es más desafiante.

El vínculo entre la coordinación estratégica y las acciones en campo es precisamente el eje de la reunión binacional. La Combifron no solo permite dar seguimiento a acuerdos previos, sino también establecer nuevas líneas de acción frente a fenómenos que evolucionan constantemente.

En una frontera donde confluyen rutas del narcotráfico, flujos migratorios irregulares y economías ilegales, la capacidad de respuesta depende en gran medida de la articulación entre instituciones y la cooperación internacional.

La Secretaría de Cultura de Baja California emitió un llamado urgente a las autoridades estadounidenses para detener el uso de explosivos en el cerro 'El Cuchumá‘, ubicado en la zona binacional de Tecate y Tecatito. El sitio, de alto valor biocultural y espiritual para el pueblo kumiai, está siendo afectado por las obras de construcción del muro fronterizo impulsadas por el gobierno de Estados Unidos.

La secretaria de Cultura de Baja California, Alma Delia Ábrego, dirigió el oficio SC/199/2026 con fecha del 8 de abril al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, exigiendo el cese inmediato de las detonaciones y el respeto a los protocolos de consulta con los pueblos originarios.

“Un monumento vivo de resistencia y espiritualidad”

Para las comunidades indígenas que habitan a ambos lados de la frontera, ‘El Cuchumá’ no es solo una elevación geográfica: es un sitio sagrado que precede a cualquier administración y representa la memoria viva del pueblo kumiai. Su fragmentación, advirtió Ábrego, genera una herida profunda en el tejido social de esas comunidades.

“La naturaleza impone la obligación ética y política de detener las obras hasta que especialistas de ambos países evalúen el daño irreversible a vestigios arqueológicos y centros de culto”, señaló la funcionaria.

Patrimonio cultural que trasciende la frontera

La Secretaría de Cultura de BC argumentó que la destrucción de este sitio de culto ancestral contraviene los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que insta a la protección del patrimonio cultural mundial. En ese sentido, Ábrego subrayó que El Cuchumá forma parte de la memoria colectiva de la humanidad y su integridad trasciende cualquier disputa territorial o política migratoria.

“El desarrollo de la seguridad fronteriza no implica el sacrificio de la herencia cultural de las naciones indígenas”, enfatizó la secretaria, quien además advirtió que la dependencia a su cargo tiene la obligación de defender los derechos culturales de las comunidades afectadas.

Piden suspender obras hasta evaluar daños irreversibles

La petición formal incluye dos exigencias concretas a la CBP:

• Detener de inmediato el uso de explosivos en El Cuchumá.
• Respetar los protocolos de consulta con los pueblos originarios antes de continuar cualquier obra en la zona.

Ábrego advirtió que los daños al patrimonio arqueológico y a los centros de culto en la montaña son potencialmente irreversibles, por lo que las obras deben suspenderse mientras especialistas de México y Estados Unidos evalúan el alcance real de las afectaciones en este corredor biocultural binacional.

México y Estados Unidos consolidan la modernización y el reforzamiento de la seguridad fronteriza tras la reunión plenaria del Grupo Binacional México–EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales, celebrada los días 8 y 9 de abril en Washington, D.C., según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El encuentro es el principal foro bilateral para proyectos de infraestructura transfronteriza y la planeación de mecanismos que garanticen el comercio legal, la protección de personas y la prevención de actividades ilícitas.

Entre los resultados destaca la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios y el fortalecimiento de la coordinación técnica de largo plazo en materia de seguridad, infraestructura y logística.

También se avanzó en la consolidación de sistemas de inspección conjunta de carga, la modernización de cruces, la implementación de la Revisión No Intrusiva (RNI) y el fortalecimiento operativo entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Grupo Binacional México–EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales reconoce esfuerzo de ambas naciones

Durante la inauguración, Max Hamilton, subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, resaltó: “la seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios y este grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas”.

Por parte de México, Esteban Moctezuma Barragán, embajador ante Estados Unidos, afirmó que “una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas”.

En el foro participaron funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sict), la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y representantes de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por Estados Unidos asistieron autoridades del Departamento de Estado, Departamento de Transporte, Departamento de Comercio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Administración de Servicios Generales y representantes de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Relación México-Estados Unidos respecto a la frontera es un reto

La frontera entre México y Estados Unidos se caracteriza por una desigualdad marcada y una creciente integración entre las ciudades fronterizas, lo que genera retos particulares para la gestión diplomática y la administración conjunta de la agenda bilateral.

La relación entre ambos países, a diferencia del vínculo de Estados Unidos con otras naciones latinoamericanas, requiere atender tanto asuntos nacionales como temas fronterizos específicos.

La asimetría entre los dos lados, junto con las diferencias en los sistemas jurídicos y políticos, complica la definición de contrapartes adecuadas del lado estadounidense para cada tema de la agenda. Esta condición introduce un nivel adicional de dificultad, forzando al gobierno federal mexicano a identificar interlocutores precisos para cada negociación fronteriza.

La forma en que operan los sistemas en ambos países y las particularidades locales de la franja fronteriza establecen una dinámica única, donde la gobernabilidad y la colaboración dependen de acertar en la selección de autoridades y mecanismos adecuados, especialmente ante la presencia de múltiples jurisdicciones y niveles de gobierno en Estados Unidos.

El Paso Internacional Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, permanecerá cerrado de forma preventiva desde las 16:00 de este viernes 10 de abril. Esta interrupción se debe a condiciones meteorológicas adversas en alta montaña y afectará la circulación de todo tipo de vehículos para garantizar la seguridad vial.

La reapertura del corredor fronterizo quedará supeditada a la mejora del clima y a una evaluación técnica de la calzada por parte de los organismos viales de ambos países, añadió la coordinación del sistema integrado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un marcado descenso de la temperatura y probabilidad de nevadas en la zona de alta montaña. Para este viernes, el organismo previó temperaturas mínimas de hasta -6°C (21°F) y máximas que no superan los 5°C (41°F) en localidades como Las Cuevas.

Además, el SMN emitió alertó las nevadas estar aompañadas de fuerte lluvia, factores que complican el tránsito y aumentan la posibilidad de congelamiento en la calzada. Ante este pronóstico de inestabilidad climática de la zona, las autoridades recomiendan a quienes planean viajar hacia la alta montaña consultar previamente los canales de información oficiales para conocer el estado actualizado del paso. Teniendo en cuenta que cientos de camiones y vehículos particulares cruzan la frontera terrestre de Chile y Argentina, la medida obliga a reprogramar viajes y buscar rutas alternativas.

Las autoridades recomendaron consultar el estado de otros pasos fronterizos, como el Pehuenche, que permanece habilitado entre las 8:00 y las 19:00, aunque también presenta restricciones por obras viales. Además, como parte del operativo, se adelantará el corte de tránsito en Uspallata a las 14:00 horas y en Guardia Vieja a las 13:00 horas de Chile, según lo dispuesto por las autoridades fronterizas.

El Sistema Integrado Cristo Redentor mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y de la ruta, en coordinación con la Dirección Nacional de Fronteras y entidades chilenas. La reapertura del corredor se evaluará de acuerdo a la evolución del clima y tras verificar el estado de la calzada.

Según Los Andes, el corte se realiza de manera preventiva y sin plazo definido para su finalización. En temporadas de otoño e invierno, la alta montaña suele registrar cierres temporales por fenómenos similares, lo que impacta en la logística regional y genera complicaciones a sectores vinculados al comercio exterior.

El comunicado oficial del cierre

El cierre del Paso Cristo Redentor destaca la vulnerabilidad de los pasos fronterizos de alta montaña ante eventos climáticos severos. Organismos técnicos de ambos países continúan evaluando la situación y coordinan acciones para restablecer el tránsito cuando la seguridad lo permita. Mientras, el SMN mantiene vigentes las alertas por nevadas y bajas temperaturas en toda la franja cordillerana, con pronósticos de continuidad de las condiciones adversas al menos hasta el sábado.

Durante la mañana de este viernes, el estado de los pasos internacionales fue actualizado por el Gobierno de Mendoza. En su último parte, la entidad informó que el Paso Cristo Redentor permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos y que la decisión se adoptó tras el análisis conjunto de los equipos de frontera y vialidad. El reporte destaca la persistencia de condiciones meteorológicas desfavorables, con nevadas y viento blanco en la zona, lo que impide garantizar la seguridad de los viajeros.

El parte oficial también recordó que otros pasos como Pehuenche y Vergara se encuentran habilitados, aunque sujetos a condiciones climáticas cambiantes. Según el informe de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, el pronóstico prevé temperaturas mínimas bajo cero y posibilidad de nevadas para las próximas horas, mientras que recomendó a la población seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del gobierno provincial y de organismos nacionales como el Servicio Meteorológico Nacional.

El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en cuatro distritos de Tacna —Palca, Tacna, La Yarada - Los Palos y Tarata— con el objetivo de frenar el avance del crimen organizado en la frontera sur. La medida responde a un escenario donde se han identificado delitos como tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico, trata de personas, contrabando y tráfico ilegal de armas.

El decreto dispone que la Policía Nacional mantenga el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. En la práctica, esto implica un despliegue conjunto que incluye patrullajes permanentes, operativos masivos y control territorial en zonas consideradas críticas. Las autoridades también trabajarán con información de inteligencia, mapas del delito y estadísticas para orientar las intervenciones.

La estrategia busca recuperar espacios donde operan redes criminales que aprovechan la dinámica de la frontera. En estas áreas, la movilidad constante de personas y mercancías facilita actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como la economía local.

Qué cambia en la frontera con Chile tras las nuevas medidas de seguridad

Uno de los ejes principales del estado de emergencia es el control migratorio. Las autoridades reforzarán la vigilancia en la línea fronteriza con Chile mediante patrullaje permanente, uso de drones y cierre de pasos no autorizados.

Además, se aplicará el rechazo en frontera, lo que implica la devolución inmediata de extranjeros que intenten ingresar por rutas ilegales. También se incrementarán los operativos contra el tráfico ilícito de migrantes, con participación de distintas entidades del Estado.

Estas acciones coinciden con medidas adoptadas en Chile. El plan de “Escudo Fronterizo” impulsado por el presidente José Antonio Kast contempla la construcción de muros y zanjas a lo largo de la frontera norte. Durante una reciente visita a la zona, el mandatario aseguró que su gobierno actuará con firmeza frente a los ingresos irregulares.

Por qué el plan de Chile podría generar ola migratoria en Perú

El internacionalista Ramiro Escobar advirtió que las medidas restrictivas en Chile podrían tener un impacto directo en Perú. Según explicó, el endurecimiento del control puede provocar la acumulación de migrantes en la zona de la Concordia.

“Se amontona mucha gente en la frontera”, señaló, al recordar que este tipo de situaciones ya se han registrado en el pasado. En ese contexto, muchas personas podrían intentar cruzar hacia territorio peruano, generando una presión adicional sobre las autoridades.

Este escenario no solo implica un desafío operativo, sino también humanitario. La falta de mecanismos claros para atender a migrantes varados podría agravar la situación en una zona donde ya existen dificultades para el control territorial.

Una frontera bajo tensión: seguridad, migración y decisiones políticas

El estado de emergencia en Tacna se produce en un contexto regional complejo. La frontera sur se convierte en un punto donde confluyen la seguridad interna, la migración y las decisiones políticas de países vecinos.

Perú enfrenta una situación delicada debido a la porosidad de sus fronteras, lo que facilita el ingreso irregular de personas. En ese escenario, cualquier medida restrictiva en Chile tiene efectos inmediatos en el lado peruano.

Mientras Chile apuesta por barreras físicas, Perú responde con mayor presencia policial y militar. Ambas estrategias reflejan enfoques distintos frente a un mismo problema.

Panamá registra un nuevo caso importado de malaria, en un miembro de una estamento de seguridad pública apostado en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, quien se trasladó a la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, donde se le detectó la enfermedad.

A lo primero se creía que era dengue, pero luego de los exámenes correspondientes se le detectó malaria, indicó el director regional del Ministerio de Salud en Bocas del Toro, Daryl Padmore. El paciente estuvo hospitalizado y luego fue dado de alta.

Las últimas cifras oficiales dan cuenta de 49 nuevos casos de malaria a nivel nacional, para un acumulado en lo que va del año de 2,196 casos, mientras que en la misma semana del 2025 se notificaron 107 casos y un acumulado de 2,557 casos.

La malaria (o paludismo) es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium, el cual es trasmitido por la picadura de un mosquito infectado.

Solo el género anófeles del mosquito transmite la malaria, apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sobre los síntomas de esta enfermedad, explica que estos pueden incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza.

La forma clásica de manifestación en el organismo es fiebre, sudoración y escalofríos, que aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito.

Las muestras de sangre son examinadas con un microscopio para diagnosticar la malaria, en donde el parásito es detectado dentro de los glóbulos rojos. Las pruebas de diagnóstico rápido, anota la OMS, son usadas para diagnosticar la malaria en áreas remotas en donde el microscopio no puede ser utilizado.

Los parásitos Plasmodium vivax y P. falciparum son los más comunes en la malaria, mientras que la P. malariae y P. ovale son parásitos menos conocidos. De todos estos, la infección adquirida por P. falciparum es la más fatal si no es tratada a tiempo y podría tener serias complicaciones renales y cerebrales, e inclusive la muerte.

La Cloroquina fue el tratamiento de elección para la malaria y es aún usado en la mayoría de los países para el tratamiento de P. vivax, sin embargo, el parásito P. falciparum ha desarrollado una muy diseminada resistencia a este medicamento, y actualmente se recomienda una terapia de combinación basada en la Artemisinina, como tratamiento principal contra este parásito, dice la OMS.

Entre las medidas preventivas se recomienda el uso de mosquiteros impregnados con insecticida y rociado interno residual de los insecticidas; sus funciones consisten en disminuir el riesgo de las picaduras de los mosquitos.

Por otro lado, las estadísticas del Ministerio de Salud reflejan que se han registrado 1,523 casos acumulados de dengue a nivel nacional, y de esa cifra 1,336 casos son sin signos de alarma, mientras que 178 presentan signos de alarma y se reporta 9 casos de dengue grave.

De chikungunya se notificó el primer caso del año, así como 58 casos de leishmaniasis para un acumulado de 464 casos.

El ministerio reveló que respecto a la influenza no se notificaron defunciones por influenza, en tanto que el acumulado anual se mantiene en 31 defunciones.

Destaca que la mayor proporción de defunciones se concentró en el grupo de 65 años y más (54.8%), seguido por los menores de 1 año.

Al detallar los antecedentes, el ente gubernamental da a conocer que el 90.3% de quienes fallecieron no contaban con vacunación contra influenza en la temporada actual, mientras que el 74.2% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

El Gobierno hizo oficial un cambio en la Superintendencia Nacional de Migraciones luego de aceptar la renuncia del jefe anterior y nombrar, ese mismo día, a su reemplazo.

Primero, mediante una resolución, se aceptó la salida de Manuel Alberto Balladares Ramírez, quien ocupaba el cargo desde 2025. El documento no explica por qué renunció y solo le agradece por su trabajo.

Poco después, en otra resolución, el Ejecutivo nombró a Juan Ramiro Alvarado Gómez como nuevo jefe de Migraciones.

Ambas decisiones fueron firmadas por el presidente José María Balcázar Zelada y el ministro del Interior José Mercedes Zapata Morante.

En la segunda norma se indica que el puesto estaba libre, lo que permitió hacer el nuevo nombramiento. Además, se trata de un cargo de confianza, es decir, el Gobierno puede elegir a la persona y también cambiarla cuando lo considere necesario.

Perfil del nuevo jefe de Migraciones

De acuerdo con sus Declaraciones Juradas de Intereses, Juan Ramiro Alvarado Gómez es economista, con maestrías en gestión pública y administración de empresas, además de un MBA.

Cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector público, principalmente en áreas de gestión, planificación y presupuesto. En 2022 fue gerente de Administración y Finanzas en la Municipalidad Distrital de San Luis. Luego, entre 2023 y 2024, ocupó el cargo de jefe de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica en la Municipalidad del Rímac.

En 2026, previo a su designación, se desempeñaba como ejecutivo en la Unidad de Control Patrimonial de la propia Superintendencia Nacional de Migraciones.

En el ámbito privado, mantiene participaciones como accionista en empresas como STATUS Consultora Inversiones & Proyectos S.A.C. y J & C Inversiones El Norteño S.A.C. Estas actividades han sido declaradas formalmente y no se reportan conflictos de interés directos en la información disponible.

Qué hace Migraciones y por qué es un cargo clave

La Superintendencia Nacional de Migraciones es un organismo adscrito al Ministerio del Interior con autonomía administrativa, encargado de ejecutar la política migratoria en el país.

Su rol es clave porque controla el flujo de personas que ingresan y salen del territorio nacional, además de gestionar la permanencia de ciudadanos extranjeros. También tiene competencias en la emisión de pasaportes y documentos de viaje.

La entidad participa, además, en la seguridad interna, especialmente en el control de fronteras y en la coordinación con otras instituciones del Estado en puestos migratorios.

Otra de sus funciones relevantes es administrar el Registro de Información Migratoria, que permite el seguimiento de movimientos migratorios y la generación de estadísticas oficiales.

Funciones: control migratorio, documentos y sanciones

Las funciones de Migraciones abarcan tanto la atención a ciudadanos como el control y fiscalización. Entre las principales están:

• Autorizar, denegar y controlar el ingreso y salida del país
• Otorgar o rechazar permisos de residencia y cambios de calidad migratoria
• Regularizar la situación de extranjeros
• Emitir pasaportes y otros documentos de viaje
• Registrar el movimiento migratorio de las personas

Además, puede impedir el ingreso o salida de personas que no cumplan los requisitos legales y verificar información declarada por ciudadanos extranjeros.

En zonas de frontera, ejecuta acciones de control en coordinación con otras entidades del Estado, incluyendo su participación en centros binacionales.

También tiene la facultad de sancionar a quienes incumplan la normativa migratoria y contribuir a la política de seguridad nacional en materia de control de personas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSP Chiapas) negó que se haya registrado un ataque armado contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en el Ejido Potrerillo, municipio de Amatenango de la Frontera.

La dependencia estatal aclaró que, tras la circulación de versiones en redes sociales sobre una supuesta agresión cometida por un grupo armado proveniente de Guatemala, se desplegó personal para verificar en campo la situación.

De acuerdo con información de la SSP Chiapas, la inspección realizada en la zona permitió constatar que el área permanecía en calma y que no existían indicios de un enfrentamiento.

La entidad hizo un llamado a la sociedad para evitar compartir información no confirmada, y recomendó consultar únicamente fuentes oficiales para mantenerse informados.

Información tras la aclaración del Ejido Potrerillo

La SSP Chiapas informó que la movilización de sus efectivos se dio como parte de los protocolos institucionales ante cualquier reporte de riesgo en la región fronteriza.

La dependencia destacó que la coordinación con otras autoridades se mantuvo durante las labores de verificación, sin que se detectaran situaciones anómalas ni presencia de grupos armados.

Llamado a la ciudadanía

La dependencia reiteró su exhorto a la población para no difundir contenidos de procedencia dudosa, ya que esto contribuye a la desinformación y puede generar alarma social innecesaria.

La institución subrayó la importancia de utilizar los canales oficiales de comunicación para acceder a datos verificados sobre el estado de seguridad en el municipio de Amatenango de la Frontera y zonas limítrofes.

Publicaciones desmentidas

Una de las publicaciones, la cual fue difundida en Facebook, señalaba que durante la mañana se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego en la frontera con Guatemala, específicamente en el punto conocido como Vueltamina del país vecino.

El texto aseguraba que las corporaciones mexicanas confirmaron que los disparos provenían del lado guatemalteco y que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya se encontraban en el lugar. Además, afirmaban que un helicóptero Black Hawk sobrevolaba la zona y que no se reportaban daños ni personal lesionado, pero que la situación se mantenía bajo vigilancia.

Infobae México investigó el origen de las imágenes utilizadas para ilustrar la supuesta agresión, en la cual se muestra una pickup de la marca Toyota, modelo Tacoma, completamente calcinada.

Esta imagen fue publicada por el medio Los Noticieristas -originario de Sinaloa- el pasado 20 de marzo de 2025 y corresponde a un enfrentamiento ocurrido en Imala, sin relación alguna con los hechos reportados en la frontera con Guatemala.

El uso de imágenes fuera de contexto y la difusión de información no verificada forman parte de estrategias que contribuyen a incrementar el clima de incertidumbre en la región.

El aplazamiento para la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar hasta el 15 de julio impacta directamente sobre la gestión de la frontera exterior de la Unión Europea en la zona, dado que el nuevo sistema de control en estos pasos fronterizos comenzará a aplicarse a partir del 10 de abril. Según informó Europa Press, el acuerdo se enfrenta a retrasos derivados de la necesidad de completar revisiones legales y lingüísticas del texto, las cuales deben realizarse antes de la traducción a todas las lenguas oficiales del bloque comunitario.

El respaldo político de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea a la firma y aplicación provisional del tratado entre la UE y el Reino Unido se consolidó este miércoles durante una reunión de embajadores en Bruselas, según lo reportado por Europa Press y posteriormente anunciado por el Consejo de la UE en un comunicado. Esta decisión representa un paso significativo para la redefinición de la relación entre el bloque y Gibraltar, que incluye la eliminación del control físico conocido como la Verja, alterando de manera relevante la dinámica fronteriza en la región.

Europa Press detalló que la decisión de los embajadores de los Veintisiete fue adoptada por unanimidad y que ninguna delegación manifestó objeciones, consolidando así un consenso político en torno a este pacto. Sin embargo, el acuerdo político alcanzado debe todavía transformarse en una adopción formal, procedimiento que requiere tiempo adicional para la validación legal y lingüística de los documentos involucrados. Estos textos deben ser revisados minuciosamente, traducidos a todas las lenguas de la Unión Europea —proceso que, de acuerdo con fuentes europeas citadas por Europa Press, podría extenderse por al menos dos meses.

El acuerdo con Gibraltar fue anunciado inicialmente en diciembre de 2024, pero la falta de formalización jurídica podría generar complicaciones. Según explicó Europa Press, el aplazamiento cobra importancia ante la proximidad de la aplicación del nuevo sistema de control de fronteras exteriores de la UE, previsto para el 10 de abril, que implicará controles reforzados en el paso de la Verja si todavía no ha entrado en vigor el nuevo tratado.

La urgencia de avanzar en la tramitación de este acuerdo responde a la intención de evitar trastornos en la frontera de Gibraltar, donde decenas de miles de personas cruzan diariamente por motivos laborales, familiares y comerciales. Europa Press consignó que la falta del acuerdo pondría en riesgo la fluidez del paso fronterizo justo cuando la UE adopte nuevas medidas de control con terceros países, intensificando los controles y afectando potencialmente la movilidad en la zona.

La redacción del acuerdo incluye la supresión de la Verja, punto histórico de fricción entre Gibraltar, España y el Reino Unido, que separa el enclave del territorio español y regula desde hace décadas el acceso entre ambas jurisdicciones. El acuerdo redefine tanto los regímenes de movilidad como los aspectos de cooperación entre la Unión Europea y Reino Unido en lo relativo a Gibraltar, contexto en el que, según Europa Press, Bruselas y Londres esperaban alcanzar una aplicación más temprana, pero las gestiones técnicas y formales han forzado el aplazamiento.

Según el comunicado del Consejo, a pesar del consenso alcanzado por los gobiernos, el procedimiento legal y administrativo interno del bloque resulta imprescindible para que la entrada en vigor sea jurídicamente válida y efectiva. Todas las autoridades involucradas han resaltado la importancia de que los textos legales cumplan los estándares y requerimientos de la Unión, lo cual influye directamente en la demora del proceso.

Europa Press subrayó que la firma formal del tratado y su entrada en vigor provisional constituyen pasos esenciales para modificar el régimen de frontera en Gibraltar antes de que comiencen a aplicarse las nuevas regulaciones comunitarias. Una vez completadas las revisiones y traducciones requeridas, el tratado estará en condiciones de celebrarse oficialmente y, con ello, desplazar la aplicación de controles reforzados que la falta de acuerdo haría inevitables a partir del 10 de abril.

El balance general, según Europa Press, indica que el acuerdo cuenta con el respaldo de todos los actores institucionales relevantes en la UE, pero su avance efectivo depende del tiempo necesario para cumplir con las formalidades correspondientes. Mientras tanto, autoridades y residentes de Gibraltar, así como quienes transitan habitualmente la Verja, deben prepararse para posibles cambios temporales en las condiciones del paso, en tanto no se efectivice el nuevo marco normativo aprobado por los veintisiete y pactado con Reino Unido.

Entre los diferentes sectores que dependen del flujo transfronterizo en el Campo de Gibraltar persisten interrogantes en torno a la implementación del nuevo régimen previsto para gestionar las entradas y salidas a través de la Verja de Gibraltar. Según detalló Europa Press, la inminente fecha provisional para su entrada en vigor, establecida para el 10 de abril, se percibe actualmente como inviable por representantes institucionales y actores sociales de la comarca, que subrayan la falta de notificación formal por parte de las autoridades españolas.

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, expresó nuevamente su preocupación ante la ausencia de información directa procedente del Gobierno central, criticando que tanto él como otros representantes municipales del Campo de Gibraltar solo tengan noticias sobre los avances en materia fronteriza a través de publicaciones en los medios de comunicación. En declaraciones recogidas por Europa Press, Landaluce manifestó que “cada vez que un colectivo expone sus dudas o sus preocupaciones, el Gobierno nacional emite información o convoca un seminario”, señalando que se trata de una dinámica insuficiente e inadecuada para responder a las inquietudes de la población y los sectores productivos afectados.

El medio Europa Press reportó que, para Landaluce, la falta de comunicación oficial sostiene y alimenta un ambiente de incertidumbre entre colectivos diversos, tales como transportistas, empresas de aduanas y agentes de policía de frontera, quienes requieren detalles sobre cómo y bajo qué condiciones deberán ejercer sus funciones en el marco del nuevo sistema fronterizo. El edil lamentó que, pese al anuncio realizado sobre la inminente “caída de esa histórica frontera” y la promesa de una supuesta “prosperidad compartida”, en la actualidad no se ha materializado ni la eliminación de la Verja ni beneficios palpables para la región.

Entre las preocupaciones expuestas figura el modo en que la implementación del régimen afectará a la operativa diaria, tanto para los servicios de seguridad como para quienes sostienen la actividad económica en la comarca, especialmente en el ámbito del transporte y el comercio transfronterizo. Landaluce insistió en que resulta imprescindible que los agentes implicados dispongan de información precisa acerca del nuevo sistema, para poder planificar y adaptar su labor a los posibles cambios normativa y logísticamente relevantes.

Europa Press señaló que la información disponible hasta ahora únicamente ha circulado mediante comunicados puntuales o seminarios convocados a raíz de la presión ejercida por asociaciones, voces políticas o colectivos profesionales, lo que genera un escenario de espera sostenida y poca claridad sobre los términos en que se producirá la transición al nuevo régimen.

La fecha límite provisional coincide con compromisos previos en los que distintas autoridades informaron, con amplia cobertura mediática, que el mes de abril vería el fin de la frontera física en Gibraltar. La expectativa generada, según Europa Press, contrasta con la realidad de los últimos días, en los que la ausencia de confirmaciones y la posible prórroga suman inquietud a trabajadores, empresarios y responsables institucionales en la zona.

En la secuencia de los hechos, Landaluce hizo referencia también a lo que considera una falta de presencia institucional del Gobierno central en la comarca para ofrecer explicaciones directas y detalladas sobre “los supuestos beneficios de este acuerdo” y argumentó, en palabras recogidas por Europa Press, que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “merece un trato más digno”. La petición de mayor transparencia y diálogo directo se plantea como imprescindible ante la magnitud de los cambios que conlleva la transformación del régimen fronterizo y sus posibles implicaciones sociales y económicas.

Europa Press enfatizó que la inquietud ante la ausencia de canales oficiales de información afecta tanto a las administraciones locales como a los sectores empresariales y profesionales, quienes demandan comunicaciones claras que permitan prever y organizar la transicionalidad del sistema de control fronterizo. Mientras la fecha original para la puesta en funcionamiento del nuevo mecanismo se aproxima sin que haya detalles concluyentes, la expectativa y las dudas persisten entre quienes dependen de la movilidad y el comercio con Gibraltar para su actividad diaria.

La puesta en marcha del nuevo Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES) en los pasos fronterizos exteriores de la Unión Europea, prevista para el próximo 10 de abril, ha generado preocupación sobre la situación de Gibraltar, dado que, en ausencia de un acuerdo formal plenamente ratificado entre la Unión Europea y el Reino Unido, el Peñón sería considerado a efectos prácticos como un país tercero a ojos del sistema de control, obligando a los viajeros a someterse a los nuevos requisitos. Según Europa Press, esta situación ha llevado a que el Gobierno español remita una propuesta a la Comisión Europea para intentar flexibilizar la aplicación de las nuevas normas de control en la frontera hispano-gibraltareña, aunque los detalles de esta iniciativa no se han publicado y no se conoce si Bruselas aceptará alguna desviación respecto al calendario o a los procedimientos adoptados por el conjunto de los Estados miembros.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, los embajadores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea prevén abordar en su reunión la aprobación política a la firma y aplicación provisional del acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar. Esta decisión política surge por la inminente entrada en vigor del EES, un sistema digital que reemplazará el sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen, volcando los registros de entrada y salida de los viajeros en una base de datos centralizada para reforzar el control sobre los movimientos procedentes de terceros países hacia el espacio comunitario. Los Estados miembros han decidido avanzar en el proceso para evitar la existencia de un vacío legal o normativo que complique el tránsito entre España y Gibraltar.

Europa Press recoge que la firma oficial y la ratificación completa de los textos legales del acuerdo aún deberán superar un procedimiento más complejo en los órganos legislativos, tanto europeos como británicos. El texto definitivo todavía no ha llegado al Parlamento británico, lo que extiende el proceso de ratificación más allá del calendario inicialmente previsto. En consecuencia, las estimaciones apuntan a que la puesta en marcha provisional del acuerdo podría concretarse durante el verano, mientras se procede a las ratificaciones formales por parte del Consejo y del Parlamento Europeo, además del necesario aval británico.

La urgencia por respaldar políticamente el entendimiento entre la Unión Europea y el Reino Unido en torno al futuro estatuto de Gibraltar responde a que no se logró alcanzar el objetivo inicial de que la firma y aplicación provisional del nuevo tratado tuviera lugar en abril. Esto ha obligado a las capitales europeas a buscar un mecanismo que acompañe la transición hasta la formalización completa del acuerdo, en medio de las transformaciones que implica la entrada en funcionamiento del sistema EES. El retraso en los trámites afecta directamente al estatus fronterizo de Gibraltar y a los flujos diarios de personas y mercancías, tanto para los ciudadanos españoles que trabajan en el Peñón como para los gibraltareños que cruzan a territorio español.

Según publicó Europa Press, los responsables del Ministerio del Interior español informaron que tanto las infraestructuras como los equipos técnicos necesarios para aplicar los controles exigidos por el sistema EES en la frontera entre Gibraltar y la Unión Europea se encuentran “operativos y disponibles”. Sin embargo, no han detallado plazos específicos para la aplicación de estos mecanismos. El alcance de la transición y su impacto sobre los viajeros dependerá, además, de los términos en que finalmente se implemente la exención o adaptación temporal que España ha propuesto a la Comisión Europea.

Respecto a las cifras de implantación del sistema EES en el resto del bloque, la Comisión Europea, citada por Europa Press, informó que la mayoría de los países de la UE ya registran “más del 75% de los cruces fronterizos” a través de los nuevos procedimientos digitales, aunque algunas fronteras presentan “dificultades técnicas”. El portavoz recordó que el calendario y los procedimientos acordados para la puesta en marcha se consensuaron y fueron validados por los 27 Estados miembros, y que la Comisión mantiene “contacto estrecho” con cada uno para asegurar que el sistema funciona correctamente. Hasta el momento, la Comisión Europea solo ha señalado oficialmente, ante las preguntas de Europa Press, que “la Comisión ha recibido la carta del Gobierno español relativa al Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y el EES y responderá a la misma en su debido tiempo”.

Mientras tanto, la situación en la frontera entre Gibraltar y España podría resultar afectada si la falta de aplicación del acuerdo con el Reino Unido sobre el futuro estatuto del Peñón coincide con la entrada en funcionamiento pleno del EES. De persistir ese vacío, el flujo transfronterizo quedará sujeto al control reforzado de terceros países en el punto de entrada y salida, elevando la incertidumbre sobre los efectos de la nueva normativa para residentes, trabajadores y viajeros regulares.

El medio Europa Press explicó que la aplicación del acuerdo provisional busca enviar una señal política que contribuya a una transición ordenada, mientras se completan las ratificaciones. Este mensaje pretende minimizar posibles alteraciones en la circulación entre el sur de la península ibérica y el territorio gibraltareño, a la espera de la resolución definitiva sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. Las fuentes consultadas destacan el reto que implica acompasar la transición técnica y jurídica, en un momento en que el nuevo sistema europeo de control de fronteras modifica los procedimientos tradicionales y exige adaptación de los países miembros y de los territorios con estatus singular, como Gibraltar.

La consulta de España a la Comisión Europea representa un intento por lograr que la aplicación del EES no derive en obstáculos adicionales para una frontera de alta intensidad de tránsito. No obstante, según recuerda Europa Press, las autoridades comunitarias mantienen su rechazo general a variar el calendario ni los términos aprobados para todo el espacio Schengen, lo que dificulta la posibilidad de excepción. La entrada en vigor del EES constituye un paso relevante en la política migratoria común de la Unión y busca modernizar los controles y fortalecer la seguridad en el perímetro externo del espacio comunitario, aunque su despliegue en enclaves como Gibraltar evidencia las complejidades añadidas en contextos fronterizos particulares.

La decisión de los Estados miembros sobre Gibraltar y el acuerdo con el Reino Unido continúa pendiente de ratificación formal, mientras en el terreno técnico las capacidades de control ya se han puesto a punto. El impacto de la entrada en vigor del EES y de los ajustes negociados sobre la circulación transfronteriza determinará el escenario inmediato para quienes transitan entre el sur de España y el Peñón. Como enfatiza Europa Press con base en fuentes europeas, el desarrollo de los hechos en las próximas semanas será clave para el futuro de los flujos fronterizos y para la consolidación de la nueva relación entre la Unión Europea, el Reino Unido y Gibraltar.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que el regreso de los 600.000 desplazados libaneses del sur del Líbano no se encuentra en consideración hasta que se complete el plan de seguridad de Israel en esa región, según consignó la agencia Europa Press. El funcionario detalló que el objetivo es establecer una franja controlada hasta el río Litani, manteniendo una presencia militar significativa en la zona fronteriza.

Según publicó Europa Press, Katz sostuvo luego de reunirse con altos cargos de las Fuerzas de Defensa de Israel que el plan contempla la destrucción de todas las viviendas en las aldeas próximas a la frontera, siguiendo el patrón de acciones desarrolladas en Rafá y Beit Hanún, localidades ubicadas en la Franja de Gaza. En palabras del ministro, esta estrategia tiene como finalidad “eliminar de una vez por todas las amenazas cerca de la frontera”, incrementando así la seguridad en el norte de Israel.

El medio Europa Press detalló que Katz vinculó la operación militar en el sur de Líbano con el objetivo de disuadir la influencia de Irán en la región y su respaldo a Hezbolá. El ministro subrayó que la operación pretende separar a Líbano del “escenario iraní”, sosteniendo que la meta es “arrancar los dientes a la serpiente y privar a Hezbolá de su capacidad de amenazar”. De acuerdo con la información oficial difundida y reportada por Europa Press, las Fuerzas de Defensa de Israel buscarían alcanzar y asegurar la zona hasta el río Litani, que está considerado como un límite importante entre el sur de Líbano y el resto del país.

La agencia Europa Press reportó que estos anuncios han generado preocupación en la capital libanesa, donde existe alarma ante la posibilidad de una eventual anexión territorial. El avance militar israelí en la zona ha coincidido con un balance de más de 1.200 personas fallecidas, 3.600 heridas y más de un millón de desplazados en el sur de Líbano desde el inicio de las hostilidades en la región.

Las declaraciones del titular de Defensa de Israel tienen lugar en un contexto de numerosos bombardeos ejecutados por el ejército israelí en el sur de Líbano a lo largo de los últimos meses. Pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024, Israel ha justificado estos ataques por la presencia y las actividades de Hezbolá, según información detallada por Europa Press. A pesar de los compromisos de cese de hostilidades, las operaciones militares han continuado, centrando la atención en la ampliación de la presencia militar israelí y en la prevención de incursiones consideradas una amenaza por parte del grupo armado libanés.

De acuerdo con Europa Press, la estrategia anunciada por Israel apunta al establecimiento de una zona de seguridad bajo control militar directamente al interior del sur libanés. Katz insistió en que solo una vez que se haya completado esa franja y garantizado el control por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel podrá contemplarse cualquier proceso que permita el eventual retorno de los desplazados a sus hogares. El funcionario expresó también que la operación busca cortar los lazos logísticos y defensivos entre Hezbolá e Irán, limitando la capacidad de ambos actores de operar en áreas próximas a la frontera israelí.

En sus declaraciones, Katz comparó de forma explícita el plan sobre territorio libanés con los métodos aplicados previamente en sectores de Gaza, aduciendo que la destrucción sistemática de infraestructuras y viviendas responde a una política dirigida a eliminar cualquier amenaza potencial. Según lo difundido por Europa Press, esta postura ha generado inquietud en el ámbito internacional por sus repercusiones sobre la población civil, que ya soporta un desplazamiento a gran escala y un deterioro de las condiciones de vida.

Europa Press enumeró la serie de daños humanos y materiales provocados en el sur del Líbano, subrayando que las operaciones han ido acompañadas de un creciente número de víctimas y desplazados. Las autoridades israelíes persisten en fundamentar la ofensiva con base en la amenaza que representa Hezbolá, justificando tanto la intensidad de los bombardeos como los planes para impedir el regreso de los habitantes desplazados hasta que Israel imponga y mantenga un control efectivo en la zona que limita con su territorio.

El debate internacional sobre el alcance y las consecuencias de la estrategia israelí en el sur del Líbano sigue latente. Organizaciones humanitarias y autoridades de diferentes países han manifestado preocupación ante el recrudecimiento del conflicto y las nuevas cifras de desplazados, mientras la población local enfrenta restricciones para volver a sus hogares y reconstruir sus comunidades, de acuerdo con las crónicas publicadas por Europa Press.

La reciente ofensiva militar ecuatoriana contra explotaciones mineras ilegales en las cercanías de Tulcán, provincia de Carchi, se enmarca en un contexto de creciente tensión en la frontera con Colombia tras una investigación conjunta sobre la posible incursión de un proyectil ecuatoriano en territorio colombiano. Según informó el Ejército de Ecuador en sus canales oficiales, estos bombardeos forman parte de una operación de gran envergadura orientada a combatir actividades mineras ilícitas en la zona fronteriza y a responder a los riesgos ambientales y de seguridad asociados a estas prácticas.

De acuerdo con lo publicado por el Ejército ecuatoriano, las operaciones realizadas el viernes incluyeron el despliegue de armamento combinado. Las fuerzas emplearon tropas especializadas y recurrieron al uso de morteros, helicópteros de combate y vehículos blindados con el fin de desarticular emplazamientos identificados de minería ilegal. El objetivo principal, según consignó la comunicación castrense reproducida por el medio, consiste en frenar el avance de las redes dedicadas a la extracción aurífera no autorizada, que han proliferado en la frontera norte del país.

El medio detalló que las autoridades militares han alertado sobre las consecuencias derivadas de la minería ilegal para el entorno y la seguridad regional. Según información oficial, estas explotaciones provocan un “grave impacto ambiental”, entre los que se enumeran contaminación de fuentes de agua y la vulneración de la integridad de la zona limítrofe con Colombia. Las fuentes consultadas subrayaron que estas operaciones ilícitas no solo erosionan ecosistemas frágiles, sino que también facilitan la presencia de grupos armados dedicados a actividades delictivas transfronterizas.

Los ataques contra posiciones mineras ilegales ocurren después de una semana marcada por la crisis diplomática, en la que el presidente Gustavo Petro de Colombia relató que un proyectil, presuntamente disparado desde Ecuador durante actividades militares, habría alcanzado accidentalmente territorio colombiano. El gobierno ecuatoriano rechazó esta versión, argumentando que la acción militar se centró en grupos criminales presentes en la frontera, y que cualquier incursión correspondiente resultó de un rebote accidental de unos 210 kilómetros desde suelo ecuatoriano, como demostró posteriormente una comisión bilateral que investigó el incidente, según reportó el medio.

En respuesta al episodio, se produjo un intercambio de declaraciones entre los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro, lo que trajo al centro del debate las discrepancias históricas entre ambos gobiernos respecto al control de la frontera y la cooperación en materia de seguridad. La comisión establecida por ambos estados concluyó que el objetivo del proyectil no era territorio colombiano, hecho que contribuyó a matizar las tensiones, aunque no disipó por completo las reservas diplomáticas existentes.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han encuadrado los operativos actuales en una estrategia más amplia de recuperación de la soberanía nacional en la zona norte, donde la proliferación de la minería ilegal ha coincidido con un aumento de incidentes violentos y amenazas al tejido social, según consignó el Ejército. A través de sus comunicados, las autoridades han insistido en la necesidad de mantener la presencia militar para garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino también la integridad ambiental y la prevención de incursiones de organizaciones delictivas extranjeras.

El medio ha recogido las preocupaciones de los mandos militares sobre la persistencia del problema pese a los esfuerzos realizados. Alude a la dificultad de erradicar completamente las redes dedicadas a la extracción clandestina, debido a la capacidad de adaptación de estos grupos y a la complejidad del entorno geográfico fronterizo.

En este escenario, la colaboración entre Ecuador y Colombia continúa siendo un elemento delicado, influido por los eventos recientes y las respuestas respectivas de sus autoridades. El operativo lanzado por Ecuador se suma a una serie de intervenciones efectuadas en los últimos meses en la frontera, reflejando el recrudecimiento de las estrategias de combate a actividades ilegales que afectan tanto la seguridad como el medioambiente en la región.

El reciente acuerdo para asignar al grupo de trabajo bilateral sobre Asuntos Migratorios y Consulares la tarea de definir una metodología de verificación migratoria, junto con un mecanismo ágil de intercambio de información apoyado en puntos focales y reportes periódicos, marca un avance en la colaboración entre Perú y Chile en materia de migración. En este contexto, según informó el medio que publica la noticia, ambos países sostuvieron una reunión ministerial para enfrentar de manera conjunta desafíos como el crimen organizado transnacional y la migración irregular, en un momento marcado por la controversia que suscitó en Lima la iniciativa del Gobierno chileno de construir una zanja en la frontera, comparada en su momento con el Muro de Berlín.

Durante la tercera sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, celebrada una semana después del pronunciamiento del gobierno peruano sobre los riesgos de la nueva infraestructura fronteriza, las autoridades destacaron la relevancia de la cooperación bilateral. Según publicó la fuente original, Francisco Pérez Mackenna, ministro de Exteriores de Chile, subrayó que la colaboración frente a amenazas globales que afectan la seguridad de ambos países resulta indispensable y urgente. Pérez Mackenna destacó la necesidad de unir esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la promoción de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares.

El representante chileno también señaló la importancia de impulsar tanto el desarrollo económico como el fortalecimiento del capital humano en ambas naciones, identificando estos aspectos como prioritarios en la agenda internacional compartida. De acuerdo con la información proporcionada, el Gobierno peruano, a través del ministerio dirigido por Hugo de Zela, reafirmó su compromiso de profundizar la cooperación y fortalecer el intercambio de datos con Chile para implementar medidas eficaces en la gestión migratoria y de seguridad.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó aumentar la coordinación operativa entre la Policía Nacional de Perú y sus homólogos chilenos. El medio detalló que entre esas acciones conjuntas destacan la continuación de patrullajes simultáneos en la zona fronteriza y el intercambio permanente de información entre las autoridades de ambos lados de la frontera. Lima comunicó, asimismo, que el intercambio de datos entre ambos países ya ha permitido observar una disminución en los niveles de migración irregular, según consignó la fuente de la noticia.

La disposición de ambos gobiernos para trabajar de manera conjunta, evidenciada en este encuentro de cancillerías, contribuye a reducir las posibilidades de tensiones diplomáticas derivadas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo chileno bajo la presidencia de José Antonio Kast. El plan denominado 'Escudo Fronterizo' contempla no solo la construcción de una zanja kilométrica en la frontera norte de Chile, sino también la movilización de fuerzas militares en la zona.

De acuerdo con el reporte, la diplomacia peruana ha manifestado que la implementación de estos acuerdos facilitará el diseño e implementación de estrategias compartidas para enfrentar fenómenos que van más allá de las fronteras nacionales. El grupo de trabajo bilateral encargado de asuntos migratorios y consulares recibirá nuevas atribuciones para garantizar la eficacia de los mecanismos de verificación y el flujo constante de información, aspectos considerados fundamentales por ambas delegaciones.

El proceso de cooperación entre Perú y Chile, según reportó la fuente original, toma fuerza tras el reciente incremento de controles en la línea limítrofe y la respuesta inicial de Lima a la obra de infraestructura propuesta por el Ejecutivo chileno. Ambas partes insisten en la necesidad de combinar acciones operativas y políticas para abordar la migración irregular, el crimen transfronterizo y los desafíos económicos que impactan en las poblaciones de ambos países.

Los comercios de la frontera uruguaya atraviesan una situación “compleja” y esto requiere “acciones” para resolverlo, reconoció el viceministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Martín Vallcorba. Lo hizo durante una gira por la ciudad de Mercedes (en Soriano, limítrofe con Argentina) realizada junto con el titular de la cartera, Gabriel Oddone.

La gira por el interior del país fue pensada para presentar un paquete de medidas destinadas a proteger el comercio local y “mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de frontera”, expresó el MEF, en un comunicado. Lo que hizo el gobierno fue extender las medidas que ya están vigentes para la frontera con Brasil, lo que incluye el establecimiento de un régimen simplificado para la importación, la exoneración del 75% de los aportes patronales para nuevos trabajadores y la ampliación del descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi), pensado para los combustibles.

“Las diferencias que Uruguay ha generado en los últimos años en materia de ingresos con las poblaciones vecinas se han profundizado. Eso supone nuevos desafíos porque las diferencias de precios también reflejan diferencias importantes entre las fronteras”, explicó Oddone, en una conferencia de prensa. El vínculo de la economía uruguaya con la de sus vecinos es “muy diferente a la que históricamente tuvo”, puntualizó.

¿Cuánto más barato es una ciudad de la otra? La Universidad Católica del Uruguay se encarga de realizar un Indicador de Precios Fronterizos, que lo que hace es relevar los precios de Salto y de Concordia. La última medición publicada fue realizada en enero y la conclusión fue que se amplió la diferencia entre los dos países. Adquirir la canasta en Salto estuvo, en el mes de enero 40,2% más caro que en Concordia, según este trabajo.

“A pesar de evidenciarse tasas de inflación más elevadas en el vecino país [Argentina], la brecha de precios se amplió en enero, explicado parcialmente por los efectos del tipo de cambio en cada uno de los países, resultando en una canasta relativamente más cara en la ciudad de Salto que en Concordia”, concluyó la publicación.

Una a una, las medidas anunciadas

Tras reunirse con comerciantes e industriales de la zona, los principales jerarcas del MEF presentaron una serie de medidas pensadas para proteger el comercio local y que comenzarán a regir el 1° de mayo.

1. Descuento del 50% del que rige en la zona de hasta 20 kilómetros de frontera, para estaciones de servicio ubicadas entre los 20 y 60 kilómetros.
2. Régimen simplificado de importación en la frontera con Argentina. A esto se sumará una ampliación, a estudio, de los límites máximos de compras y la lista de productos de la canasta autorizada. 
3. Eventual régimen simplificado en comercios de mayor tamaño y algunos sectores que hasta el momento no están incluidos. 
4. Exoneración del 75% de los aportes patronales de cada nuevo empleado, durante 12 meses, para las empresas que contraten trabajadores. 

A estas medidas, también se le suma la puesta en funcionamiento de un observatorio pensado específicamente para analizar la situación de la frontera, que funcionará en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Su función será monitorear el “impacto real de estas políticas en el territorio, evaluar la problemática en la frontera y sus eventuales cambios, así como otras políticas por aplicar”, según informó la Presidencia uruguaya en un comunicado.

La primera reunión de este ámbito está prevista para el próximo 15 de abril.

En la conferencia de prensa, el ministro Oddone también se refirió a la situación internacional. Dijo que el gobierno está “atento” a la situación de la economía en el mundo, pero también señaló que está “confiado”en que Uruguay tiene la “fortaleza necesaria” para atravesar un escenario así.

Antonia Azuaje de Riobueno, profesora jubilada de 76 años, residenciada en Valle de La Pascual, estado Guárico, le dice a Infobae que su hijo, el teniente coronel (GNB) Julio César Riobueno Azuaje, era el comandante del Destacamento Nro. 116 GNB en el Zulia, cuando la DGCIM lo detiene, el 2 de octubre de 2024, lo mantiene en desaparición forzada, durante 26 días, lo somete a torturas, desaparición forzada e incomunicación.

“Está sometido a un proceso de indefensión jurídica, lleno de irregularidades, mentiras y violación a sus derechos fundamentales. Su expediente ha sido construido basado en la mentira y abuso de poder”.

Al oficial le imputaron tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (modalidad transporte), asociación, interferencia de la seguridad operacional y de la aviación civil, y porte ilícito de arma de fuego.

Las actuaciones de la fiscal nacional antidrogas Rosalba Hernández, que presentó acusación el 12 de diciembre de 2024, y la jueza Giuliana Nicole Genesi Peñaloza, del Tribunal Quincuagésimo de Control, evidenciarían una secuencia de imputaciones y presuntas irregularidades procesales durante la fase de control, en los expedientes MP-128039-2024 (Fiscalía) y 21J-1573-25 (órgano jurisdiccional).

Los abogados de Riobueno sostienen que las supuestas fallas serían de tal gravedad que una solicitud de control judicial no solo habría sido negada, sino que fue incorporada al expediente con fecha anterior a la fijación de la audiencia preliminar, lo que evidenciaría parcialidad a favor de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Ministerio Público.

El 23 de enero de 2021, la fiscal Rosalba Hernández fue denunciada ante distintas direcciones (Derechos Humanos, Delincuencia Organizada, Inspección y Disciplina), tras lo cual fue separada del caso y privada de libertad.

Entre las acciones de los abogados del oficial Riobueno, se han interpuesto recursos de amparo ante la Sala Constitucional en busca de la restitución y reparación de derechos, basados en presuntas violaciones al derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Familiares y abogados del oficial también afirmaron que la detención practicada por la DGCIM “no se corresponde con la realidad” y cuestionaron el acta policial, al asegurar que describe condiciones de modo, tiempo y lugar “irreales” y atribuye hechos “graves” que no ocurrieron.

Ratifica la denuncia

Evelin Dayana Mendoza Hidalgo, esposa del teniente coronel Julio Cesar Riobueno Azuaje ratificó, en febrero de 2026, la denuncia que ya había hecho un año antes, contra la fiscal 70 nacional Rosalba Hernández “por la falta de probidad, integridad y rectitud de sus actuaciones contraviniendo los principios rectores del Ministerio Público”.

Dijo en su comunicación ante el entonces fiscal general, Tarek William Saab Halabi, que “en los actuales momentos tal como ha sido hecho público notorio y comunicacional se encuentra Privada de Libertad por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones Control del Área Metropolitana de Caracas, por los presuntos delitos de omisión dolosa y agravada de funciones”, lo que la ratificación de la denuncia es pertinente.

Evelin Dayana Mendoza Hidalgo dice que su esposo, el Tcnel Riobueno Azuaje, no fue detenido, como dijo la DGCIM el 26 de octubre de 2024 junto con el Tcnel Jesús Rafael Cabrera Marcano, sino que su aprehensión ocurrió “el 2 de octubre de 2024 en el Campo Deportivo de la Cotorrera en Maracaibo, estado Zulia, cuando salía de la evaluación física para la prueba de ascenso”.

Desmiente que en el momento de su detención estuviera con el Tcnel. Cabrera, “se encontraba con otros militares subordinados a él que luego fueron dejados en libertad”.

Refuta que la entonces fiscal 70 Nacional, Rosalba Hernández, dijera que existía una orden de aprehensión por parte del Tribunal 50 de Primera Instancia de Control del AMC, “esa orden se otorgó 22 días después, el 26 de octubre, en Caracas”, después que su esposo fue trasladado a la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas.

Aclara la señora Mendoza que es falso que Riobueno se presentara a la Dgcim Caracas con dos armas de fuego sin el permiso respectivo, seis mil dólares y más de un millón de pesos, y en una camioneta Hilux, blanca, “perteneciente a grupos guerrilleros no identificados”. En la audiencia el oficial explicó que el vehículo se lo prestó Walter Sánchez, productor de palma de aceite del sector Seis Casitas, Casigua El Cubo, Zulia.

Errores fiscales

La defensa señaló a la Fiscalía por, presuntamente, no realizar una investigación exhaustiva y por presentar “los mismos hechos” una vez transcurridos 45 días de la fase preparatoria. También alegó falsedad en la imputación por porte ilícito de arma, al indicar que Riobueno contaba con un carné vigente que lo autoriza a portar armas.

En la acusación se incorporaron hechos relativos a la incautación de 500 kg de cocaína en el sector Boca de Tarra, del 12 de octubre de 2024, en el marco de la “Operación Escudo Bolivariano Mara 2024”, que no habrían sido mencionados en la audiencia de presentación ni guardarían relación con el oficial.

“Se pretende vincular al Tcnel. Riobueno con un hallazgo en una zona deshabitada sin una sola inspección técnica que lo conecte con dicho sitio”, sostuvo su abogado ante el tribunal.

En cuanto a la prueba digital, cuestionó lo presentado como “pruebas de Telegram”, al catalogarlo como imágenes “que se asemejan a recreaciones manuales o simuladas” y que, a su juicio, carecen de fiabilidad técnica.

Por otra parte, el Ministerio Público alega comunicaciones indirectas entre el Tcnel. Riobueno y el GD Vidal José Francisco Coraspe, pero sin demostrar cruces de llamadas que lo sustenten; además, aseguró que el número atribuido al general pertenecería a otra persona.

La Fiscalía recurre al testimonio de un tercero que menciona el retiro de 3.000 dólares en un comercio, presentado como si se tratara de un indicio de tráfico internacional de drogas. “No se verificó la información con los propietarios del local ni permitieron que la defensa presentara testigos para aclarar ese hecho”.

Se habría incurrido en “mala fe procesal” cuando al Fiscalía sostiene la identificación del oficial Riobueno en un supuesto “especial de delación” de Luis Alejandro Herrera Ramírez, pero en el acta de delación no se menciona al oficial, ni siquiera por su cargo, y solo se hace referencia a “generales de pistas y radares”.

La Fiscalía afirmó que Riobueno “hacía caso omiso a vuelos ilegales”, pero Herrera Ramírez, el testigo del Ministerio Público, declaró que entre mayo y julio de 2024 la Operación Catatumbo y los operativos en tierra “impedían utilizar las pistas”.

El Tribunal

La actuación del Tribunal Quincuagésimo de Control no deja de ser inquietante, pues la jueza Giuliana Nicole Genesi Peñaloza habría incurrido en fraude procesal y simulación de actos al publicar una decisión fechada el 28 de marzo de 2025, “insertando de forma fraudulenta” un pronunciamiento que no existía al momento de la fijación de la audiencia preliminar.

El abogado de Riobueno sostuvo que la jueza omitió decidir sobre la nulidad absoluta de la acusación presentada el 8 de enero de 2025, pero permitió que se incorporaran en el escrito fiscal hechos vinculados a la “Operación Escudo Bolivariano Mara 2024” y al hallazgo de los 500 kg de cocaína en Boca de Tarra, que no fueron imputados originalmente.

Familiares del oficial preso están convencidos que se ha obstaculizado el derecho a la defensa de Riobueno al negarse diligencias exculpatorias, como la declaración del primer teniente Trías, así como imputarle el delito de porte ilícito de armas pese a que como militar activo posee un carné que lo autoriza a portarlas.

La Corte

El abogado defensor de Riobueno denunció “los vicios y quebrantamiento de Sala Siete de la Corte de Apelaciones, del 23 de julio y 18 de agosto de 2025” que están siendo impugnadas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los señalamientos contra la Corte de Apelaciones parten de dictar sentencias “que no guardan relación con los agravios denunciados” y en “un acto de absoluta ligereza procesal”, la Sala Siete omitió pronunciarse sobre la falsedad de las actas de la DGCIM y la manipulación de las fechas en el expediente por parte del Tribunal de Control.

Además de haber convalidado la indefensión del teniente coronel Riobueno “permitiendo que un proceso basado en fraude procesal llegara a la etapa de juicio”.

Se suma la violación al debido proceso y tutela efectiva porque la Corte de Apelaciones desestima denuncias de violaciones a derechos fundamentales como la incomunicación y tortura.

Los jueces son señalados por la defensa de Riobueno por abuso de poder y desviación de la función jurisdiccional; “la Sala Siete abandonó su rol de control de legalidad para actuar como un apéndice de la Fiscalía”, impidiendo que el oficial de la GNB sea “juzgado por tribunales imparciales y con pruebas lícitas”.

¿Una persona que se presenta en la frontera y pide entrar ya “llegó” a Estados Unidos? De esa pregunta, aparentemente técnica, depende el futuro del sistema de asilo estadounidense. El martes, la Corte Suprema debatió durante más de una hora si el gobierno de Donald Trump puede volver a impedir el acceso a solicitantes de asilo antes de que pisen suelo americano, según reportó The New York Times.

Una política que ya existía

La medida no es nueva ni exclusiva de un partido. Obama la aplicó por primera vez en 2016 para frenar una oleada migratoria en San Diego. Trump la amplió a todos los puntos de entrada del sur entre 2018 y 2021, y Biden la anuló al llegar a la presidencia. Ahora, el Departamento de Justicia busca recuperarla como herramienta de control fronterizo.

El corazón del debate es una sola palabra en la ley federal de asilo: cualquier persona que esté “físicamente presente” en Estados Unidos o que “llegue” al país puede solicitar protección. El gobierno argumenta que “llegar” implica haber cruzado completamente la frontera. Los representantes de los migrantes sostienen que presentarse ante un oficial en el puerto de entrada ya es suficiente, sin importar de qué lado de la línea se esté.

Cómo se dividió el tribunal

La mayoría conservadora mostró inclinación hacia la postura del gobierno. La jueza Amy Coney Barrett lo resumió con una pregunta directa: “Si no es cruzar la frontera física, ¿cuál es la cosa mágica?” El juez Brett Kavanaugh fue más lejos al señalar que, sin importar dónde fije el tribunal el límite, el gobierno probablemente detendría a los migrantes justo ahí y los devolvería a México.

Las únicas voces abiertamente críticas fueron las de las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor recurrió a la historia para ilustrar el riesgo: en 1939, Estados Unidos negó refugio a más de 900 judíos que huían del nazismo a bordo del transatlántico St. Louis. “Si eres un refugiado que llega al puerto de entrada y llamas a la puerta, tienes la obligación de al menos escuchar mi solicitud”, le dijo al abogado del gobierno.

Lo que está en juego

Si la Corte respalda al gobierno, miles de personas que se presenten en puertos de entrada podrían ser rechazadas sin que sus casos sean evaluados, replicando las condiciones que entre 2018 y 2021 generaron campamentos improvisados en ciudades fronterizas mexicanas, con escasez de alimentos y situaciones de alta vulnerabilidad.

El representante del Departamento de Justicia, Vivek Suri, defendió la medida como una “herramienta fundamental” ante posibles aumentos en el flujo migratorio. Del otro lado, la abogada Kelsi Corkran, que representa a solicitantes de Honduras, Nicaragua y México, argumentó que durante casi un siglo ese tipo de bloqueos nunca fueron necesarios, y que las largas filas en la frontera son consecuencia de estas políticas, no su causa.

La decisión se espera para finales de junio o principios de julio de 2026 y podría ser uno de los fallos migratorios más significativos en décadas.

Un proyecto federal sin precedentes en la frontera sur de Estados Unidos está transformando el río Bravo con la instalación de 27,4 kilómetros de boyas cilíndricas como parte de una estrategia destinada a disuadir los cruces irregulares desde México.

El Departamento de Seguridad Nacional adjudicó contratos por más de USD 1.000 millones a empresas privadas para desplegar 863 kilómetros de barreras flotantes desde el Golfo de México hasta el sur de Texas, una iniciativa que avanza tras la suspensión de más de 30 normas ambientales.

Esta medida se produce al tiempo que las autoridades federales informan un descenso en los cruces fronterizos no autorizados, resultado que plantea interrogantes sobre la magnitud y el momento de esta intervención.

Esto ocurre dado que la caída podría explicarse por factores estacionales o acciones conjuntas con las autoridades mexicanas, según reporta el medio de investigación regional The Texas Tribune en conjunto con el medio especializado en medioambiente Inside Climate News.

A diferencia de los primeros tramos, la fase actual del proyecto contempla la colocación de los dispositivos a través de seis condados, incluidos Cameron, Hidalgo, Starr, Zapata, Webb, Maverick y Val Verde, con boyas industriales de más de tres metros de largo y hasta un metro y medio de diámetro.

El costo por kilómetro asciende a USD 3,48 millones, por lo que la extensión planeada supondrá un desembolso superior a USD 3.000 millones.

Según revela la revisión de contratos federales realizada por Inside Climate News, solo la compañía Cochrane USA recibió USD 641 millones para la construcción de estas barreras, y la empresa Spencer Construction LLC de Arizona, cuatro adjudicaciones que totalizan USD 1.210 millones.

La instalación de las boyas avanzó sin la publicación de evaluaciones ambientales ni modelos de riesgo de inundación. Diversos especialistas advirtieron que el grado de opacidad oficial implica una “violación del estándar profesional básico” para proyectos de tal envergadura, en palabras del geomorfólogo Mark Tompkins, quien elaboró un análisis sobre las boyas por encargo de organizaciones opositoras en Laredo.

Tompkins y otros expertos sugieren que la ausencia de evaluaciones obedece tanto a la urgencia política como al interés de evitar impugnaciones legales.

El experto alertó que estos dispositivos podrían acelerar las crecidas y modificar la dinámica del cauce, e incluso crear nuevas formaciones sedimentarias que reconfiguren la frontera fluvial, lo que podría derivar en disputas con México por tratados vigentes.

El costo humano y ambiental y la legalidad bajo escrutinio

Entre 2017 y 2023, más de 1.100 personas murieron intentando cruzar el río Bravo en diferentes puntos de la frontera Texas-México, según una investigación del diario estadounidense The Washington Post citada por The Texas Tribune.

Aunque la motivación oficial alude a combatir el tráfico ilegal y la trata de personas, los antecedentes de proyectos anteriores —como la instalación estatal de boyas en Eagle Pass durante 2023, que derivó en múltiples polémicas y un fallecimiento— aportan contexto al actual rechazo social. La funcionaria ambientalista local Elsa Hull de Zapata denunció: “Esto es un experimento a escala continental, sin consenso científico ni sentido común”.

El secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem firmó en julio de 2025 la derogación de importantes leyes ambientales en un tramo de 32 kilómetros en el condado de Cameron, para acelerar la ejecución del Waterborne Barrier Project. Al justificar la medida, Noem escribió que existe “una brecha de seguridad” en las vías fluviales de la frontera suroeste donde operan redes de narcotráfico y migración irregular.

Los contratos asociados al proyecto fueron adjudicados tras una segunda suspensión de las regulaciones de contratación pública, extendida a todo el límite binacional en octubre del mismo año. En Brownsville, las autoridades locales se opusieron a las barreras mediante una resolución formal, advirtiendo sobre los efectos en el acceso a actividades recreativas y el riesgo de desarraigo entre las comunidades a ambos lados del río.

Riesgos estructurales, tratados internacionales y protestas locales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asegura que los obstáculos flotantes se diseñaron para resistir inundaciones que solo ocurren una vez cada 100 años, conforme a lo que establece su propio estándar técnico.

No obstante, la agencia evitó divulgar detalles de ingeniería, mientras expertos como Tompkins alertan que la falta de transparencia deja a las comunidades sin información crítica ante potenciales catástrofes: “Es inevitable que partes del sistema de boyas se desprendan y segmentos del muro fronterizo fallen”.

La geomorfóloga Adriana Martinez docmentó que, incluso bajo caudales bajos, las boyas transforman el patrón de sedimentación y vegetación en zonas de Eagle Pass, facilitando la eventual formación de islas y alterando la trayectoria del río.

Martínez sostiene que los obstáculos federales —aún más grandes que los experimentados a nivel estatal— agravan los problemas de desvío de agua y pueden cambiar el cauce, un fenómeno especialmente problemático en una frontera regida por estrictos tratados binacionales.

En 2023, la Comisión Internacional de Límites y Aguas estadounidense determinó que gran parte de las boyas estatales estaban en territorio mexicano, contraviniendo los acuerdos que disponen no modificar el flujo del río ni construir obras que perjudiquen al país vecino.

El profesor Samuel Sandoval Solis de la Universidad de California Davis enfatizó al medio The Texas Tribune que los “Estados Unidos serán responsables de la reparación o indemnización a México, según lo estipula el tratado de 1970, si las estructuras causan daños”. La agencia federal reconoció que las boyas deben instalarse totalmente en territorio estadounidense, pero no confirmó si el despliegue integral cumple con los compromisos bilaterales.

En Brownsville, la instalación coincidió con la celebración anual de los Charro Days, mientras activistas como Bekah Hinojosa y líderes comunitarios —incluido Juan Mancias de la tribu Carrizo/Comecrudo— lideraron manifestaciones públicas denunciando la desconexión creciente de los habitantes del Valle del río Bravo respecto a su entorno fluvial.

Esto se manifiesta en la reducción del acceso público a las riberas, la pérdida de espacios de recreación acuática y el temor a sufrir fragmentación de los vínculos sociales ligados al río. “Los ríos deberían unir a las personas. Estas boyas serán un desastre ecológico”, advirtió Hinojosa.

Federalización del control fronterizo y reacción comunitaria en la frontera

La expansión de las boyas marca el regreso del enfoque federalista en seguridad fronteriza, reforzado tras el retorno de Donald Trump a la presidencia en 2025.

El gobierno desplazó a figuras técnicas clave, como la ex comisionada Maria-Elena Giner en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, reemplazada por Chad McIntosh, y proclamó el pleno respaldo al despliegue de barreras, limitándose a declarar que “apoya totalmente los esfuerzos de la administración Trump para asegurar la frontera”.

La falta de información técnica documentada y la sistemática exclusión de las comunidades locales motivaron la reorganización de grupos cívicos en ciudades como Laredo, donde la directora del Centro Internacional de Estudios del Río Bravo Tricia Cortez denunció la estrategia federal como una “operación agresiva y silenciosa”.

Según declaró el gerente municipal Joseph Neeb, la ciudad está gestionando la obtención de información específica ante las autoridades fronterizas y evaluará cualquier adhesión a posturas públicas únicamente sobre la base de datos verificables.

Las autoridades lituanas revelaron que el vehículo aéreo no tripulado que ingresó al distrito de Varèna, en la madrugada y explotó cerca de la frontera con Bielorrusia, se identificó como ucraniano tras las primeras pericias, quedando vinculado a operativos militares realizados contra la Federación Rusa. Según consignó la cadena nacional LRT, la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, indicó que las investigaciones confirmaron el origen ucraniano del dron, lo cual situó el episodio en el contexto de acciones conjuntas frente a Rusia. Ruginiene detalló que el ingreso del aparato a territorio lituano ocurrió durante la noche en la que se desarrollaban operaciones militares originadas en Ucrania.

En declaraciones a la prensa al finalizar la reunión de la Comisión de Seguridad Nacional, Ruginiene explicó que el dron extraviado que cruzó al espacio aéreo del país báltico estuvo directamente relacionado con un operativo militar de Ucrania. La mandataria sostuvo: “El dron que cruzó nuestro espacio aéreo y voló hacia el distrito de Varèna era un dron ucraniano y está relacionado con la operación que los ucranianos estaban llevando a cabo esa noche, dirigida contra Rusia”, según publicó LRT. Los servicios de seguridad de Lituania continúan realizando averiguaciones para esclarecer con exactitud el trayecto y las circunstancias del ingreso del dispositivo.

El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, añadió que ni las fuerzas lituanas ni las de Bielorrusia pudieron detectar el dron antes de que detonara, ya que volaba a una altitud menor a 300 metros, lo que obstaculizó los sistemas de defensa y vigilancia instalados en ambos países. El medio LRT reportó que el incidente sucedió pasadas las 3.00 de la madrugada y fue registrado por una cámara de vigilancia. Las imágenes capturadas muestran el sonido característico de un objeto en vuelo, seguido inmediatamente por una explosión y la caída de fragmentos sobre el área.

La identificación del origen ucraniano del aparato surgió tras una serie de análisis internos, que buscaron aclarar si el incidente tenía relación con una incursión desde Bielorrusia. El cruce de drones desde ese país ha generado preocupación previa en Lituania, sobre todo tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022. De acuerdo con LRT, drones han traspasado en varias ocasiones el espacio aéreo lituano provenientes de Bielorrusia, lo que ha reforzado la percepción de vulnerabilidad en la región frente a posibles movimientos militares o espionaje derivados de la alianza entre Minsk y Moscú.

La proximidad del lugar de la explosión a la frontera bielorrusa inicialmente provocó temores de una posible incursión hostil, recordó el medio LRT, en función de antecedentes previos en que la colaboración entre Rusia y Bielorrusia se ha traducido en el uso de drones desde territorio de este último para operaciones en la zona. La reciente revelación de que el artefacto provenía de Ucrania y no de Bielorrusia plantea nuevos interrogantes en materia de coordinación militar y control fronterizo.

La investigación continúa en curso para establecer cómo el dron perdió su rumbo y terminó en suelo lituano, así como para identificar los procedimientos que podrían reforzar la supervisión del espacio aéreo. Tanto los equipos técnicos como los organismos de inteligencia se encuentran abocados a esclarecer los detalles técnicos de la ruta del vehículo, según reiteró la primera ministra, mientras las autoridades insisten en reforzar los mecanismos de monitoreo ante el riesgo creciente de incursiones derivadas del conflicto militar en la región.

LRT detalló que el suceso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los países fronterizos con zonas activas de conflicto, especialmente ante la utilización de drones en los operativos militares modernos. La falta de detección oportuna del dispositivo expone posibles debilidades en los sistemas de defensa antiaérea de la región y subraya la necesidad de fortalecer la cooperación y el intercambio de información con los aliados para hacer frente a situaciones similares en el futuro.

Las evaluaciones técnicas de la comisión binacional determinaron que el proyectil hallado en suelo colombiano, cerca de la frontera con Ecuador, no detonó y no generó daños en la población o en bienes materiales. Según informó el medio que dio a conocer la investigación, la conclusión apunta a que la caída del artefacto resultó accidental y que no existió intención de provocar un incidente con Colombia. Esta investigación, detalló la fuente, buscó aclarar un episodio que elevó la tensión entre los dos países en un contexto diplomático delicado.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó a través de redes sociales que el objeto explosivo encontrado en una zona fronteriza con Ecuador no tenía como objetivo territorio colombiano. De acuerdo con la explicación, la bomba impactó primero en el lado ecuatoriano y posteriormente rebotó aproximadamente 210 metros, cruzando la línea internacional hacia Colombia. Tal como publicó la fuente original, Sánchez enfatizó que las indagaciones verificaron que el bombardeo no estuvo dirigido contra Colombia sino que fue consecuencia de un accidente en la operación militar ecuatoriana.

La comisión de investigación, integrada por representantes de ambas naciones, revisó los hechos para promover la distensión tras el incidente que, según reportó el medio, reavivó las confrontaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. El titular de la cartera de Defensa comunicó que no se reportaron heridos ni daños materiales y que el artefacto no llegó a explotar, contradiciendo información inicial que sugería daño o riesgo para la población. Esta revisión conjunta y la comunicación directa entre las Fuerzas Armadas y los ministerios de Defensa de los dos países sirvieron para confirmar la versión técnica de lo ocurrido, según detalló la fuente.

Sánchez manifestó que tanto las autoridades colombianas como ecuatorianas coincidieron en que la operación ecuatoriana tenía como propósito combatir a organizaciones ilícitas dentro de territorio ecuatoriano. De acuerdo con el ministro, la investigación evidenció que el ataque realizado por Ecuador permaneció dentro de sus límites nacionales y que el cruce del artefacto a Colombia se debió a circunstancias ajenas a la intención de las Fuerzas Armadas de ese país. Esta valoración, indicó el medio, fue compartida por la comisión tras sus revisiones de campo y los canales de comunicación oficiales.

La situación alimentó la controversia en las relaciones bilaterales. A comienzos de marzo, el presidente colombiano Gustavo Petro sugirió que Ecuador había lanzado ataques en suelo colombiano durante una ofensiva contra grupos armados. Tal como consignó la fuente, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó enérgicamente esa interpretación, lo que abrió paso a un intercambio de declaraciones y críticas entre los gobiernos. El medio subrayó que este episodio ejemplifica los roces persistentes que caracterizan la relación diplomática entre ambos estados.

En su declaración, Sánchez remarcó la necesidad de profundizar la cooperación y la coordinación fronteriza para enfrentar la presencia y las actividades de las organizaciones criminales, particularmente aquellas ligadas al narcotráfico. De acuerdo con la información publicada, el ministro insistió en que la resolución técnica del incidente fortalece la confianza mutua y sirve de base para mejorar los mecanismos bilaterales de seguridad, pese al ambiente de desconfianza previo.

Por último, los resultados de la verificación respaldaron el argumento sostenido por Quito, según el cual el operativo aéreo era parte de su estrategia para reducir la actividad delictiva dentro de sus fronteras y no consistía en una acción hostil hacia su vecino del norte. Según reportó el medio, la aclaración oficial y la metodología conjunta de investigación se consideraron pasos clave para rebajar las tensiones en un momento en que las relaciones entre Colombia y Ecuador afrontan continuos retos.

El Ejército iraquí emprendió labores de búsqueda para identificar a quienes participaron en el lanzamiento de cinco misiles desde las proximidades de Tal al Haua, una localidad situada en el norte de Irak a una distancia de 20 kilómetros de la frontera con Siria. Tal como informó la agencia estatal SANA y recogieron diversas fuentes, este ataque se dirigió contra una base militar siria ubicada cerca de Al Yarubiyá, en la provincia de Hasaka, al noreste de Siria. La acción desencadenó un estado de máxima alerta en el ejército sirio y motivó la coordinación entre ambas naciones para esclarecer el incidente y tomar medidas de respuesta.

Según publicó SANA, el comando de operaciones del ejército sirio ratificó que el ataque tuvo origen en territorio iraquí, señalando la precisa ubicación desde donde se efectuó el lanzamiento de los misiles, en las inmediaciones de Tal al Haua. Esta zona, debido a su cercanía con la frontera siria, posee un valor estratégico en el contexto de los conflictos regionales. El procedimiento inmediato incluyó el establecimiento de contacto entre las autoridades de Siria e Irak con el fin de colaborar en la investigación y determinar las circunstancias exactas de la agresión.

De acuerdo con lo consignado por la agencia SANA, la base atacada resguarda posiciones militares clave para el despliegue sirio en la región noreste. Como respuesta directa al incidente, el alto mando del ejército sirio afirmó que mantiene un estado de máxima alerta y aseguró que “cumplirá con su responsabilidad de defender el territorio sirio y hacer frente a cualquier agresión”. Este mensaje surge en un contexto regional marcado por una escalada de tensiones derivadas de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual ha tenido repercusiones en varios países, incluido Irak y Líbano.

El suceso denunciado representa el primer ataque con misiles de este tipo dirigido contra posiciones militares sirias desde el inicio de los recientes enfrentamientos regionales. Las autoridades sirias, al reportar el hecho, remarcaron el carácter excepcional de este incidente y la conexión con las recientes operaciones militares en la región. Según reportó SANA, la coordinación iraquí-siria busca tanto prevenir la repetición de este tipo de agresiones como establecer responsabilidades sobre los autores materiales.

El Gobierno sirio atribuyó la gravedad del ataque no solo a su origen transfronterizo, sino también a las posibles implicaciones para la seguridad en la provincia de Hasaka, considerada una de las zonas de mayor sensibilidad geopolítica del país. En declaraciones recogidas por la agencia estatal, portavoces militares destacaron el papel de las fuerzas armadas en la preservación de la soberanía nacional, enfatizando la disposición a responder según lo exijan los acontecimientos.

Tal como detalló SANA, las operaciones de búsqueda impulsadas por el ejército iraquí forman parte de un esfuerzo conjunto más amplio para controlar movimientos armados en la zona fronteriza. Esta región es escenario de frecuentes desplazamientos y presencia de diversos grupos, lo que complica los procedimientos de identificación y detención de los responsables. Las autoridades resaltaron que el trabajo coordinado entre Siria e Irak tiene como meta garantizar la estabilidad y la seguridad compartida en un territorio históricamente expuesto a incursiones y enfrentamientos provocados por el contexto regional.

La intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán, según ha recordado SANA, ha impactado a distintos países, profundizando el riesgo de incidentes similares en áreas fronterizas. Tanto Siria como Irak se han visto involucrados en intercambios de información y medidas de cooperación para frenar la expansión de la violencia y reducir la posibilidad de nuevos ataques transfronterizos. Desde Damasco, el mensaje oficial insiste en el compromiso con la defensa territorial y la disposición a sostener conversaciones bilaterales para dar seguimiento al desarrollo de la investigación.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se refirió al proceso electoral peruano tras asumir el cargo el pasado 11 de marzo. En una entrevista con el diario chileno La Tercera, el mandatario expresó su expectativa de que los comicios contribuyan a estabilizar la situación política en el país.

“Perú está pasando ahora por un momento electoral y esperamos que la definición, cualquiera sea, le dé estabilidad”, señaló el jefe de Estado, en un contexto marcado por la incertidumbre política que vive el Perú, pues solo en el último quinquenio pasó por cuatro mandatarios.

Sus declaraciones se dieron en el marco de un balance inicial de su gestión, en el que también abordó temas económicos, migratorios y de seguridad. Kast remarcó que su gobierno priorizará el fortalecimiento de los vínculos con los países vecinos, entre ellos Perú, al que considera un socio clave en el ámbito comercial.

Relaciones comerciales y mirada regional

En la misma entrevista, Kast subrayó la importancia de mantener relaciones económicas sólidas con los países de la región. Mencionó de forma específica a Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador como socios estratégicos para el desarrollo chileno.

El mandatario sostuvo que el crecimiento de los países vecinos impacta directamente en Chile. “Si a Argentina le va bien, a Chile le va a ir bien”, afirmó.

En ese marco, insistió en que su gobierno buscará “cuidar las relaciones comerciales con todos los países” y destacó que Chile cuenta con reglas claras para la inversión. Su postura apunta a reforzar la estabilidad económica en un escenario internacional que calificó como “inédito”.

Respecto a Perú, el énfasis en la estabilidad política responde no solo a una preocupación institucional, sino también a la necesidad de garantizar condiciones favorables para el intercambio económico entre ambos países.

“Escudo fronterizo” y posibles efectos en la frontera con Perú

En paralelo a su agenda económica, Kast ha impulsado el denominado “escudo fronterizo”, un plan que contempla la construcción de barreras físicas —muros y zanjas— en la frontera norte de Chile, con el objetivo de frenar la migración irregular, uno de sus discursos de campaña.

Durante una visita a la zona, el mandatario aseguró que el Estado actuará con firmeza frente a ingresos ilegales: “Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado”.

Sin embargo, especialistas han advertido que esta política podría generar efectos inmediatos en la frontera con Perú. El internacionalista Ramiro Escobar señaló que medidas restrictivas de este tipo podrían provocar la acumulación de migrantes en la zona de La Concordia, generando presión sobre las autoridades peruanas.

El análisis apunta a un posible “efecto rebote”, en el que personas que no logren ingresar a Chile queden varadas o intenten cruzar hacia territorio peruano. Esto podría abrir un escenario complejo tanto en términos operativos como humanitarios, especialmente ante la falta de mecanismos claros para gestionar estos flujos migratorios.

Además, se advierte que, si bien la medida se ejecuta dentro del territorio chileno y no vulnera acuerdos bilaterales, podría entrar en tensión con estándares internacionales de derechos humanos.

Antes de asumir, Kast ya advertía sobre la crisis migratoria en Perú

Antes de asumir la presidencia, Kast ya había puesto el foco en la crisis migratoria durante su visita a Lima, cuando José Jerí aún ejercía el poder. En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar en soluciones coordinadas a nivel regional.

El entonces presidente electo propuso evaluar un corredor humanitario para facilitar el retorno de migrantes en situación irregular, aunque aclaró que cualquier acuerdo solo podría concretarse una vez asumido el cargo y con respaldo institucional.

Asimismo, remarcó la necesidad de abordar el fenómeno con enfoque humanitario. “Nadie quiere pasar sobre la dignidad de las personas”, sostuvo, al referirse a la situación de miles de ciudadanos que han debido abandonar sus países de origen.

Kast también subrayó que la migración en la región, en muchos casos, responde a factores como la persecución política o la crisis económica. “Hay personas que han debido dejar su país no voluntariamente”, indicó, aludiendo al impacto regional de la diáspora venezolana.

Transportistas lituanos y polacos afectados han esperado desde hace cuatro meses la decisión que les permitiría recuperar más de 1.900 camiones retenidos en la frontera de Bielorrusia, una situación originada tras el cierre de los pasos fronterizos decretado por Lituania. Según informó la agencia de noticias bielorrusa BelTA, el presidente Alexander Lukashenko autorizó este lunes el retorno de estos vehículos al país báltico. La medida llega como respuesta a la petición formal presentada por empresas de transporte de Lituania y Polonia con el propósito de resolver el bloqueo generado desde noviembre de 2025, a raíz del lanzamiento de globos con contrabando, hecho que motivó el endurecimiento de las inspecciones lituanas.

De acuerdo con la información divulgada por BelTA, el Comité Estatal de Aduanas de Bielorrusia confirmó que Lukashenko evaluó las solicitudes de las compañías afectadas antes de tomar esta decisión. Esta resolución se produce después de un periodo en el que los camiones permanecieron estacionados en instalaciones designadas por las autoridades bielorrusas, lo que implicó un coste adicional para los dueños de los vehículos. Antes de cruzar la frontera y regresar a Lituania, los transportistas deberán abonar una tasa por el estacionamiento acumulado durante estos meses. Estas tarifas, según reportó la agencia, serán significativamente inferiores a las que se habían establecido inicialmente al comienzo del conflicto, aunque no se han detallado los importes concretos aplicados a cada caso.

El conflicto fronterizo comenzó en noviembre de 2025. Lituania decidió cerrar los pasos debido a sospechas de que se utilizaban globos para el tráfico ilegal de mercancías, hecho que incrementó la tensión entre ambos países y tuvo consecuencias directas en la movilidad comercial terrestre. En ese entorno, miles de camiones con matrícula lituana quedaron bloqueados en el lado bielorruso, lo que generó reclamaciones de empresas de transporte no solo de Lituania, sino también de Polonia, país cuyas compañías vieron afectada la cadena logística en la región.

Tal como consignó BelTA, la situación ya venía mostrándose encaminada a una solución la semana previa. Autoridades lituanas habían señalado que los procedimientos para autorizar el cruce de los vehículos se estaban acelerando desde el lado bielorruso. No obstante, los transportistas seguían a la espera de un documento oficial que les garantizara la posibilidad de reanudar el tránsito hacia territorio báltico sin obstáculos ni sanciones adicionales.

BelTA también reportó que el Comité Estatal de Aduanas ha insistido en que la liberación de los camiones va ligada al cumplimiento del pago por el uso de las zonas habilitadas para su resguardo. Al respecto, la autoridad bielorrusa puntualizó que dicha exigencia busca compensar los gastos generados durante los cuatro meses de retención y controlar el flujo de salida de vehículos de manera ordenada. Las empresas transportistas afectadas han solicitado que las condiciones sean lo menos gravosas posible, argumentando los perjuicios económicos asumidos por la paralización prolongada de sus operaciones.

Mientras tanto, en Lituania, entidades oficiales y asociaciones de transportistas se mantienen a la espera de recibir las notificaciones formales que permitan implementar el cruce efectivo de los camiones. Los registros proporcionados por ambas partes ubican la cantidad de vehículos afectados en más de 1.900, lo que da una dimensión del alcance del fenómeno y de los impactos logísticos resultantes.

Según publicó BelTA, la flexibilización de las tarifas ahora dispuesta contrasta con las condiciones iniciales, consideradas por las empresas como desproporcionadas en relación al tiempo y coste de la paralización forzada. Las autoridades bielorrusas sostienen que la nueva estructura tarifaria busca facilitar la normalización del tránsito fronterizo y reducir la tensión diplomática creada tras los incidentes de contrabando.

El bloqueo y posterior desbloqueo de la frontera ha repercutido en la planificación y el desarrollo de las actividades de numerosos operadores logísticos de la región. El sector del transporte terrestre internacional de Lituania y Polonia ha planteado su preocupación por las posibles repercusiones futuras de episodios similares y por la necesidad de mecanismos de mediación que prevengan la repetición de incidentes de esta naturaleza. Los más de 1.900 camiones involucrados representan una parte significativa del tránsito comercial en uno de los principales accesos viales entre la Unión Europea y Bielorrusia.

El Comité Estatal de Aduanas de Bielorrusia, citado por BelTA, precisó que los permisos de cruce se expedirán exclusivamente a quienes hayan abonado las tasas exigidas y hayan completado los procedimientos aduaneros requeridos. Una vez cumplidos estos pasos, los transportistas podrán volver a sus países de origen, con la tranquilidad de que no enfrentarán penalizaciones adicionales por parte de las autoridades bielorrusas.

Desde finales de 2025, el cierre de los pasos fronterizos generó colas y demoras notables en la zona limítrofe, lo que obligó a empresas y conductores a redirigir rutas o detener completamente algunos servicios de transporte internacional. La medida impactó no solo en términos logísticos, sino también en el ámbito económico y contractual de las compañías implicadas. Las cámaras de transporte de ambos países han reclamado desde el principio una solución pragmática y rápida, dado que el volumen de carga afectado incluye productos de exportación y materias primas indispensables para diversas industrias.

El caso refleja uno de los episodios recientes donde sucesos relacionados con el contrabando y las disputas fronterizas derivan en consecuencias para el tráfico comercial internacional. Mediante la información publicada por BelTA, se observa que tanto las autoridades bielorrusas como lituanas buscan restaurar gradualmente la normalidad del flujo fronterizo. Empresas y gremios del transporte examinan las implicancias económicas de los nuevos costes y exigen claridad en los procedimientos de devolución de los camiones, solicitando que no se incurra en demoras adicionales ahora que la autorización fue concedida.

La agencia BelTA aportó que el seguimiento del proceso de liberación continuará bajo la supervisión del Comité Estatal de Aduanas, mientras las partes afectadas terminan de concretar el pago de las tasas y se regulariza la salida de los vehículos hacia Lituania. El restablecimiento del tránsito dependerá de la coordinación entre los países involucrados y de la agilidad en la emisión de los documentos requeridos para la circulación segura de las unidades.

Una ola de calor elevó la contaminación atmosférica en la frontera entre México y Estados Unidos hasta niveles no registrados desde 2024, con emisiones de sulfuro de hidrógeno que afectaron gravemente a barrios del sur del condado de San Diego y profundizaron la crisis ambiental que azota al área del valle del río Tijuana. El fenómeno, agravado por la avería de una bomba clave en la red de aguas residuales de Tijuana, desencadenó alertas sanitarias.

El viernes, la concentración de sulfuro de hidrógeno en el barrio Nestor alcanzó aproximadamente 557 partes por mil millones, una cifra equivalente a casi 18 veces el umbral de exposición peligroso fijado en 30 partes por 1000 millones por el Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica del Condado de San Diego (APCD), de acuerdo con los datos de monitoreo recogidos por esa entidad.

Se trata del registro diario más alto desde octubre de 2024 y el pico más grave durante la actual ola de calor, que comenzó hacia el 12 de marzo con temperaturas cercanas a 32 °C (90 °F) el viernes, reportó San Diego Union-Tribune.

En marzo de 2026, una combinación de temperaturas excepcionalmente elevadas y el fallo de una bomba de aguas residuales en Tijuana provocó un aumento sin precedentes del sulfuro de hidrógeno en el sur de San Diego, según el medio mencionado anteriormente. Esta situación expuso a las comunidades fronterizas a niveles tóxicos de contaminación, generó problemas de salud y alimentó la preocupación social por la gestión de residuos transfronterizos.

Durante toda la temporada seca continuó el flujo de aguas residuales sin tratar desde México, que según la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos (IBWC, por sus siglas en inglés, órgano binacional de regulación hídrica) varió entre 20 y 52 millones de galones diarios. La Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay, también gestionada por la IBWC, procesó menos de 25 millones de galones por día durante la ola de calor, lo que dejó un volumen considerable de desechos vertiéndose al entorno sin control.

La IBWC explicó que la falla de la bomba de la Estación de Bombeo PB1 de México intensificó los flujos transfronterizos en el canal Stewart’s Drain los días 14 y 15 de marzo. Las reparaciones en curso contribuyeron a la persistencia de los olores y la percepción de riesgo sanitario, según el reporte de la entidad.

El impacto ambiental y social en la frontera

El grupo Coalición del Río Tijuana, una ONG ambiental binacional que nuclea a más de sesenta y cinco organizaciones de la sociedad civil, difundió un comunicado llamando a las autoridades a mejorar la coordinación interinstitucional y a establecer sistemas de alerta más rápidos y efectivos. En el documento se mencionó tanto la situación atmosférica —con inversiones marinas y vientos débiles que atrapan contaminantes a nivel del suelo— como el agravamiento de la exposición para la población local.

Bethany Case, residente de Imperial Beach y voluntaria principal de la campaña Clean Border Water Now de Surfrider —ONG internacional—, relató que el olor tóxico invadió su vivienda y sus vehículos: “No podemos escapar de esta crisis”, dijo.

“Recibir la notificación de que la contaminación supera los niveles seguros cuando ya podemos olerla claramente es demasiado tarde”, recogió San Diego Union-Tribune.

La médica local Kimberly Dickson, quien reside y ejerce en la zona, observó un incremento de pacientes con síntomas compatibles con la exposición a H2S en su consulta. “La situación es inaceptable y exige una intervención urgente”, expresó en un comunicado reproducido por el mismo medio.

Las causas del repunte de contaminación

Según la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos, el mal funcionamiento prolongado de la bomba de la Estación de Bombeo PB1 de México intensificó los flujos de aguas residuales, elevando la presencia de compuestos tóxicos, especialmente sulfuro de hidrógeno. En los días críticos, el canal Stewart’s Drain presentó descargas inusuales hacia territorio estadounidense, lo que provocó la activación de sistemas de monitoreo y la intervención de equipos técnicos en frontera.

Este repunte de emisiones coincide con condiciones meteorológicas específicas: temperaturas casi estivales, inversiones térmicas y vientos ausentes, que favorecen la acumulación de gases pesados en zonas habitadas. Mientras tanto, los trabajos de reparación continúan y los olores persisten, lo que genera preocupación en las localidades adyacentes al canal y los residentes exigen respuestas institucionales rápidas.

Respuestas institucionales y medidas de emergencia

El Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica mantiene la vigilancia sobre las emisiones de sulfuro de hidrógeno en toda su red de medición y ofrece alertas gratuitas por correo electrónico y mensajes de texto a quienes viven en zonas afectadas cuando los niveles rebasan el umbral de 30 partes por mil millones. Además, proporciona purificadores de aire sin costo a los hogares más vulnerables por la polución.

La autoridad sanitaria del condado, la doctora Sayone Thihalolipavan, sostuvo que el condado continúa la colaboración con socios regionales para enfrentar la emergencia. “Estamos comprometidos a apoyar a la comunidad de South Bay”, afirmó Thihalolipavan.

Sumó: “Continuaremos coordinando recursos y buscando soluciones a largo plazo para las condiciones inaceptables en el valle del río Tijuana”.

Mientras tanto, los pronósticos meteorológicos anticipan una reducción relativa de las temperaturas durante el fin de semana, aunque se prevé que se mantengan por encima de los valores históricos para la región.

Las conclusiones a las que llegó la comisión técnica de defensa de Colombia y Ecuador, tras analizar directamente el lugar de los hechos, indican que el artefacto explosivo implicado en los recientes incidentes en la frontera compartida probablemente impactó primero en territorio ecuatoriano y, después de rebotar, cruzó unos 210 metros hasta caer en territorio colombiano, sin que este hecho provocara daños a personas o bienes. A raíz de estos hallazgos, el gobierno colombiano ha manifestado oficialmente que la crisis diplomática con Ecuador queda “por superada”, concentrando ahora los esfuerzos en fortalecer la colaboración militar y en la elaboración de nuevos protocolos operacionales para la región fronteriza, según informó el medio Europa Press.

La declaración del presidente Gustavo Petro hizo énfasis en la importancia de consolidar una coordinación estrecha entre los mandos militares de ambos países. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X y atribuido al Ministerio de Defensa, Petro señaló que ambos gobiernos acuerdan que la operación ecuatoriana tenía como objetivo atacar amenazas criminales y no buscaba generar provocaciones ni desconfianza hacia Colombia, según detalló Europa Press. Además, destacó que la resolución del incidente refleja “madurez, profesionalismo y respeto mutuo en la búsqueda de la verdad de lo sucedido”.

Por su parte, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, declaró en una entrevista radial que la reciente controversia se origina en parte por el periodo electoral en el país vecino y por las presiones que, según él, enfrenta el mandatario colombiano dentro de su propio país, producto de la guerra arancelaria entre ambas naciones. Sus palabras, recogidas por Europa Press, sugieren también que existen tensiones internas derivadas de factores comerciales y políticos que han contribuido a la disputa diplomática.

A pocos días de la reunión prevista entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo en Lima bajo el auspicio de la Comunidad Andina, se ha confirmado que el punto central del diálogo será la cadena de incidentes recientes en la frontera y la revisión de los mecanismos conjuntos de seguridad. Según publicó Europa Press, Ecuador ha reconocido que sus fuerzas armadas han ejecutado ataques a grupos criminales en la zona limítrofe, operaciones que definen como orientadas principalmente contra estructuras criminales de origen colombiano. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas enfatizan que estas acciones siempre se han llevado a cabo dentro de su propio territorio, al tiempo que reclaman a Colombia una mayor intervención para evitar el libre tránsito de estos grupos entre ambos países.

El intercambio de recriminaciones se intensificó luego de los bombardeos llevados a cabo por Ecuador, que detonaron la crisis diplomática. Desde la perspectiva ecuatoriana, consignada por Europa Press, la raíz del conflicto radica en la percepción de insuficiente control por parte del Estado colombiano sobre el movimiento de grupos armados en la frontera común. El gobierno ecuatoriano insiste en que sus operaciones han sido estrictamente defensivas y dirigidas a contener actividades delictivas transnacionales.

La participación de la comisión técnica integrada por representantes de Defensa de ambos países resultó determinante para reducir la tensión. Según Europa Press, tras la visita al sitio del suceso, el informe conjunto no logra establecer con certeza absoluta el origen de la trayectoria del artefacto, pero sí establece una “muy alta probabilidad” de que se trató de un rebote que terminó afectando levemente territorio colombiano sin ocasionar daños adicionales. Ambas partes acordaron que no hubo una intención deliberada de violar la soberanía nacional.

Con la normalización de las relaciones diplomáticas, tanto Bogotá como Quito buscan avanzar hacia una mayor articulación en materia de seguridad y defensa. El plan inmediato incluye nuevos encuentros entre los altos mandos militares y la elaboración de mejores protocolos para la gestión de incidentes en la frontera, con el objetivo de evitar malentendidos y fortalecer la respuesta ante amenazas criminales en la región fronteriza, según informó Europa Press.

El incidente ha puesto de manifiesto la complejidad de gestionar una frontera binacional extensa y marcada por la presencia de grupos armados ilegales. Ambas naciones ahora encaran el reto de reforzar la cooperación y la vigilancia conjunta, no solo ante los desafíos de seguridad, sino también en el marco de relaciones económicas distendidas por tensiones recientes, tal como reportó Europa Press.

El proceso abierto tras los bombardeos servirá también de marco para revisar y consolidar las reglas de actuación para futuros episodios en la zona limítrofe. La vigilancia de los acuerdos y la puesta en marcha de mecanismos de verificación estarán entre los puntos tratados en la próxima cumbre de Lima, donde los equipos de defensa buscarán establecer criterios unificados frente a las amenazas transnacionales que afectan a ambos países.

Las gestiones iniciadas por las autoridades militares y diplomáticas apuntan a mitigar el riesgo de incidentes similares y aumentar la confianza mutua, en un contexto en que las complejidades internas y externas impactan en la estabilidad regional, según reiteró Europa Press. Los próximos encuentros serán un escenario para monitorear los avances y ajustar los protocolos conjuntos que regirán la cooperación en la frontera común.

En Chad, expertos están analizando los restos balísticos hallados tras un ataque con proyectil en la frontera con Sudán que provocó la muerte de cerca de 20 personas, entre ellas un menor. Según publicó el medio chadiano ‘Al Wihda’, la investigación oficial se mantiene en marcha mientras las autoridades evitan atribuir responsabilidades directas a alguno de los bandos en conflicto dentro de Sudán. El portavoz del Gobierno, Gassim Cherif, enfatizó que los técnicos trabajan para identificar el tipo de proyectil y su origen exacto, en medio de señalamientos cruzados entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Tal como informó ‘Al Wihda’, la posición oficial de Chad es que, aunque se tiene certeza de la procedencia sudanesa del proyectil que alcanzó la localidad de Tina, aún se desconoce cuál de las facciones enfrentadas en el país vecino lo lanzó. Gassim Cherif declaró públicamente: “Los técnicos están en proceso de identificar el proyectil que causó daños en Chad para saber con precisión de dónde proviene… Estamos convencidos de que viene de Sudán, pero no sabemos quién lo lanzó”. Estas declaraciones se dieron tras las acusaciones de las RSF señalando al Ejército sudanés como responsable del ataque, una posición que por ahora las autoridades chadianas no adoptan oficialmente.

De acuerdo con ‘Al Wihda’, el presidente de Chad, Mahamat Déby Itno, reaccionó ordenando el cierre total de la frontera con Sudán y encomendó a las fuerzas armadas chadianas la misión de responder a cualquier nueva agresión que provenga del lado sudanés, independientemente de si la perpetran las fuerzas gubernamentales o las RSF. Esta medida representa una ampliación de la postura defensiva de Chad frente a la intensificación del conflicto en el oeste sudanés y su impacto en la región fronteriza.

El medio detalló que el Ejército sudanés informó haber rechazado una ofensiva de gran envergadura atribuida a las RSF en Tina, área ubicada en el estado de Darfur Occidental y en límite con Chad. Este episodio siguió a los anuncios del grupo paramilitar, quienes aseguraron haber tomado la localidad fronteriza de Karnoi y, posteriormente, la ciudad estratégica de Bara, en Kordofán Norte, incrementando la presión militar en varias zonas de Sudán.

La violencia estalló en abril de 2023 en Sudán, favorecida por desavenencias sobre cómo y bajo qué condiciones integrar a las RSF dentro de las fuerzas armadas estatales. El desencuentro terminó por romper el proceso de transición iniciado tras el derrocamiento en 2019 del expresidente Omar Hasán al Bashir, proceso ya afectado por el golpe de Estado que apartó al entonces primer ministro Abdalá Hamdok. Esta guerra civil derivó en una marcada estabilidad política y social en Sudán, sumando al país a una de las de peor calado humanitario a nivel global.

El conflicto ha impulsado la implicación de varios Estados extranjeros, tanto en apoyo al Ejército como a las RSF, contribuyendo a la prolongación y agravamiento de las hostilidades según reportó ‘Al Wihda’. La consecuencia inmediata recae en la población civil, que afronta desplazamientos masivos, migraciones forzadas hacia países vecinos y la rápida expansión de emergencias sanitarias, debido a las limitaciones generadas por la devastación de infraestructuras críticas. Estas circunstancias han generado preocupación internacional por la incapacidad de asistir a las personas afectadas y el deterioro general de las condiciones de vida en la región.

Especialistas también evaluaron el ambiente de tensión a lo largo de la frontera chadiano-sudanesa, señalando que la presencia en aumento de desplazados pone presión adicional sobre los servicios y recursos. Según consignó ‘Al Wihda’, la decisión de Chad de cerrar la frontera responde a la urgencia de prevenir que los combates se propaguen a su territorio y tratar de controlar los flujos de personas que buscan refugio tras los incidentes militares recientes.

La publicación destaca que, hasta el momento, ni el Ejército sudanés ni las RSF han asumido públicamente la responsabilidad del proyectil que impactó en Tina. Ambos bandos sostienen discursos enfrentados respecto al dominio de las áreas fronterizas, en un escenario que complica aún más la seguridad en Chad y profundiza la incertidumbre sobre el avance de las hostilidades vecinas. El Gobierno chadiano reiteró su postura de mantener la prudencia en las acusaciones mientras el análisis técnico provee certidumbre sobre el origen y tipo de munición usada.

Durante la intervención militar que involucró a fuerzas de Argelia y un grupo armado extranjero, las autoridades lograron confiscar 150 kilogramos de oro, además de armamento y municiones, en una zona limítrofe con Níger. Según consignó el Ministerio de Defensa argelino a través de un comunicado, este hecho se produjo como resultado de un enfrentamiento en la provincia de In Guezam, en el sur del país, en donde las tropas argelinas interceptaron a personas a las que calificaron como "contrabandistas armados de nacionalidad extranjera". Tal como publicó la agencia Europa Press, la acción fue presentada como parte de una estrategia más amplia de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de metales preciosos, especialmente en puntos fronterizos estratégicos.

De acuerdo con la comunicación oficial del Ministerio de Defensa de Argelia, tras la operación, se logró "neutralizar" a los sospechosos. El término utilizado por las autoridades refiere a la muerte de los tres individuos, todos de nacionalidad extranjera, durante el enfrentamiento armado en In Guezam. Además del decomiso del oro, las fuerzas argelinas incautaron diversas armas de fuego y municiones, lo que refuerza la preocupación sostenida del gobierno argelino respecto a la circulación de armas y el tráfico ilegal de recursos en la zona limítrofe con Níger. Según informó Europa Press, las autoridades no mencionaron si este operativo causó bajas o lesiones entre los efectivos locales participantes en la operación.

El suceso, según detalló el Ministerio de Defensa en el comunicado divulgado por Europa Press, forma parte de una serie de medidas que han multiplicado la vigilancia y patrullaje en las regiones fronterizas del sur argelino, donde el tráfico ilícito de bienes, especialmente oro, representa una amenaza constante al control estatal y la estabilidad regional. En ese sentido, el incidente en In Guezam se interpreta dentro de una estrategia sistemática de combate a las redes internacionales de criminalidad organizada que utilizan rutas transfronterizas para el contrabando de metales preciosos y armas.

Las autoridades de Argelia han destacado la importancia de esta acción militar, subrayando la capacidad de reacción y preparación del Ejército Nacional Popular para defender las fronteras nacionales y salvaguardar los recursos naturales del país. El Ministerio de Defensa señaló en su declaración que "esta operación confirma una vez más la vigilancia y la preparación del personal del Ejército Nacional Popular a la hora de garantizar la seguridad de las fronteras nacionales y proteger los valiosos recursos, en cualquier circunstancia". Esta apreciación apunta a reforzar la imagen de las fuerzas armadas como garante de la seguridad interna y la defensa de los recursos estratégicos argelinos.

Hasta el momento, las autoridades de Argelia no han proporcionado información adicional sobre la identidad de los fallecidos ni sobre posibles conexiones de los grupos interceptados con redes criminales transnacionales o milicias activas en la región del Sahel. Según publicó Europa Press, tampoco se han anunciado detalles sobre futuras acciones o investigaciones derivadas de la operación en In Guezam, aunque la intensidad del operativo sugiere una preocupación persistente de las autoridades por el control de sus extensas fronteras del sur, donde el tráfico de oro y armas mantiene un flujo ininterrumpido debido a la porosidad y a las condiciones geopolíticas de la zona.

La región fronteriza entre Argelia y Níger se caracteriza por ser un corredor frecuentemente empleado por bandas de contrabandistas y traficantes de recursos. En este contexto, la incautación de 150 kilogramos de oro representa, según diversas fuentes recogidas por Europa Press, un golpe considerable a las redes que se benefician de la extracción y traslado ilegal de metales preciosos fuera del país. La decisión del Ministerio de Defensa de enmarcar el operativo como una respuesta a la criminalidad organizada sugiere la existencia de un marco estratégico mayor, enfocado en impedir que estas actividades socaven la seguridad económica y territorial de Argelia.

El comunicado oficial no especifica si la intervención fue resultado de una acción de inteligencia específica ni detalla el modo en que las fuerzas armadas lograron interceptar al grupo. No obstante, según el reporte de Europa Press, la ausencia de menciones a bajas en filas argelinas permite inferir que no hubo muertos ni heridos entre los efectivos, al menos según la información divulgada hasta el momento por las autoridades.

El cruce de información sobre la operación, según recoge Europa Press de los canales oficiales argelinos, enfatiza la relevancia estratégica que los recursos naturales como el oro tienen para la economía y para la seguridad nacional de Argelia, sobre todo en el presente contexto de inestabilidad en las regiones limítrofes del Sahel. La vigilancia permanente y las acciones coordinadas, según el Ministerio de Defensa, permanecerán como parte de la política estatal para hacer frente a estos desafíos.

Cientos de personas en la Franja de Gaza solicitan permiso para cruzar hacia Egipto priorizando la atención a los habitantes heridos o con afecciones graves. El Ministerio de Sanidad del territorio palestino, administrado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), calculó que cerca de 20.000 pacientes esperan autorización para ser evacuados, de acuerdo con Europa Press.

De acuerdo con el anuncio realizado por las autoridades militares israelíes y reportado por Europa Press, el punto fronterizo de Rafá, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, retomó su funcionamiento este jueves. El paso reabrió para permitir el tránsito en ambas direcciones, en cumplimiento de una reapertura considerada “limitada” por los responsables israelíes. El cruce permaneció cerrado tras el estallido de tensiones relacionadas con el conflicto entre Israel e Irán.

Según confirmó el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la reapertura del paso de Rafá se lleva a cabo en coordinación con Egipto. La entrada y salida de habitantes de Gaza se realiza según el mismo sistema vigente antes del cierre, con la intervención y control de Israel, la participación de las autoridades egipcias y la supervisión de la misión de la Unión Europea encargada de monitorear el procedimiento en la frontera.

El diario palestino 'Filastín' informó que, tras la reapertura del paso fronterizo, un primer contingente compuesto por ocho personas heridas y diecisiete acompañantes cruzó desde Gaza hacia Egipto. Las listas de prioridades para el tránsito se establecen de acuerdo con la urgencia médica, dando preferencia a quienes requieren tratamiento inmediato fuera del enclave, tanto por lesiones traumáticas como por enfermedades cuyo manejo se dificulta en el contexto actual.

El cierre temporal de este cruce fronterizo, provocado por la guerra con Irán, generó una situación de espera entre la población de la Franja de Gaza, que depende del paso de Rafá como una de las únicas vías legales de salida e ingreso para civiles, ayuda humanitaria y traslados sanitarios. Según publicó Europa Press, la reapertura del punto fronterizo responde a acuerdos multilaterales que involucran a los gobiernos de Egipto e Israel, aunque permanece bajo fuertes medidas de control y vigilancia por parte de las autoridades militares.

El Ministerio de Sanidad gazatí, según recopiló Europa Press, mantiene registros actualizados sobre la cantidad de personas que necesitan evacuarse, e indica que gran parte de los solicitantes son pacientes con enfermedades crónicas, heridas de guerra o cuadros agudos que no pueden tratarse de manera adecuada en las instalaciones locales. Las organizaciones internacionales y locales insisten en la urgencia de estos traslados para evitar un agravamiento en la salud de los afectados. La coordinación para cada paso implica la revisión de listas y documentación, la evaluación caso por caso, así como la logística de transporte desde los hospitales hacia la frontera con Egipto.

La misión de la Unión Europea, implicada en la supervisión del proceso, tiene la tarea de corroborar la idoneidad de los procedimientos y velar por el cumplimiento de los acuerdos bilaterales y multilaterales en vigencia. La reapertura del paso de Rafá, aun bajo restricciones, representa para muchos gazatíes la primera oportunidad en días para acceder a servicios médicos externos y, en algunos casos, para reunirse con familiares fuera del enclave.

El contexto de tensión regional y la reciente guerra entre Israel e Irán siguen condicionando la política fronteriza. Según Europa Press, la coordinación entre los gobiernos de Egipto e Israel, junto con la observación internacional, busca evitar altercados o incidentes de seguridad durante el proceso de reapertura fronteriza. Las autoridades insisten en que cualquier movimiento a través del cruce depende de la verificación previa por parte de las partes involucradas y de la estricta supervisión establecida.

El mecanismo restablecido para la operación del paso de Rafá permite el paso ordenado de grupos reducidos y según orden de urgencia. Europa Press subrayó que los casos considerados más graves, tanto por heridas como por enfermedades, son el foco principal de las evacuaciones, en respuesta a la presión ejercida por organizaciones humanitarias y autoridades sanitarias del enclave.

A partir de la reapertura anunciada el pasado domingo, las solicitudes de tránsito presentadas por los habitantes de Gaza se han incrementado, en búsqueda de asistencia médica y de condiciones de seguridad. El paso de Rafá representa la única alternativa viable para los residentes, dado el cierre y las restricciones en otros puntos de salida de la Franja.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, consideró que el decreto del presidente chileno José Antonio Kast con el que se ordena militarizar la frontera y construir “barreras físicas” entre ambos países no afectará las relaciones bilaterales porque estas están cimentadas en “el principio de buena fe”.

“Estamos actuando bajo el principio de buena fe y creemos que estas decisiones las han tomado porque de pronto sienten que ese es el camino y habrá que conversarlo”, manifestó Aramayo en una entrevista con la radio Erbol.

El denominado “Plan Escudo Fronterizo” dispuesto por el presidente Kast en su primer día de gobierno busca combatir la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado. El plan incluye la militarización de la frontera norte con Perú y Bolivia, y la construcción de zanjas, cercos electrificados y muros de seguridad de 5 metros de altura, según información oficial.

La decisión se asumió en un contexto de acercamiento entre Santiago y La Paz, luego de casi medio siglo sin relaciones diplomáticas plenas por el reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884. El distanciamiento se profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el juicio que inició Chile ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

Con el cambio político en los dos países y la voluntad expresada por los nuevos gobernantes de fortalecer el vínculo diplomático, surgió la expectativa acerca del inicio de un nuevo capítulo en la relación bilateral. De hecho, el boliviano Rodrigo Paz participó en el acto de investidura de Kast y afirmó ante los medios chilenos que “siempre es mejor el futuro que el pasado” en referencia a las relaciones entre ambos países.

En ese marco, la noticia de la construcción de barreras en la frontera supuso “un balde de agua fría”, según algunos analistas políticos como Raúl Peñaranda. “Paz y Kast se estaban tomando la mano, se estaban dando ‘piquitos’ y este es un balde de agua fría, una señal inamistosa de Chile y va a generar repercusión”, afirmó Peñaranda, quien también es periodista y director del medio de noticias Brújula Digital.

En medio de la polémica generada en el lado boliviano, que encuentra voces a favor y en contra, surgieron observaciones sobre la supuesta falta de coherencia entre el decreto de Kast y el Tratado de 1904, que fija los límites definitivos entre los dos países.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) indicó que el plan de control fronterizo “no es la mejor señal de buena vecindad” y apuntó que en el Tratado de 1904, Chile reconoce a Bolivia el más “amplio y libre” derecho de tránsito por su territorio hacia los puertos del Pacífico.

Aunque la Cancillería boliviana no ha emitido un pronunciamiento oficial, el ministro Aramayo dejó clara la posición de Bolivia: confiar en que el muro y las zanjas no afecten el relacionamiento entre ambos países.

“Es parte de su estrategia de seguridad y, obviamente, basados en la buena fe de un cumplimiento de acuerdos que estamos seguros de que Chile va a respetar, estamos apostando por esta buena fe expresada, por ese entusiasmo expresado por el presidente Kast y su gabinete”, manifestó Aramayo en relación con la nueva etapa entre La Moneda y el Palacio Quemado.

El Ministerio de Defensa de Ecuador informó que tras analizar los reportes militares sobre el hallazgo de un explosivo en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, las autoridades concluyeron que la operación militar realizada por las Fuerzas Armadas ecuatorianas respondió a acciones legítimas en el contexto del conflicto armado interno del país y que estas se limitaron a territorio ecuatoriano. Esta declaración se dio luego de que surgieran señalamientos desde el gobierno colombiano sobre la posible responsabilidad del Ejército ecuatoriano en la aparición del artefacto en territorio colombiano, desencadenando la conformación de un equipo técnico conjunto para investigar los hechos.

Según publicó el medio, los Ministerios de Defensa de Colombia y Ecuador acordaron conformar una comisión técnica binacional que investigará en el sitio las circunstancias que rodean el hallazgo del explosivo, situado en una zona de Colombia próxima a la frontera común. El comunicado emitido por el Ministerio de Defensa ecuatoriano detalló que el acuerdo surgió tras una reunión entre el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, el jefe del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado, y sus homólogos colombianos. Durante el encuentro, los altos mandos intercambiaron información relevante sobre el caso y revisaron los datos recogidos por ambos países.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa del Ecuador, el análisis compartido permitió a ambas partes corroborar que las operaciones militares de las fuerzas ecuatorianas estaban amparadas dentro de sus fronteras y en cumplimiento del marco legal aplicable a su situación de conflicto armado interno. En el mismo comunicado, las autoridades ecuatorianas reiteraron que la lucha contra las organizaciones delictivas y mafias continuará desarrollándose exclusivamente en territorio ecuatoriano y bajo controles nacionales.

Tal como consignó la fuente original, la decisión de crear una comisión técnica surge a raíz de declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien señaló públicamente que el artefacto explosivo supuestamente pertenecía al Ejército ecuatoriano. Petro puso en duda que el dispositivo proviniese de grupos armados ilegales, planteando que la presencia de la bomba en Colombia obedecería a acciones militares ecuatorianas. Estas afirmaciones fueron rechazadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reportó que la amenaza representada por el artefacto fue desactivada y que en este momento no existe peligro para la comunidad. Sánchez añadió que las investigaciones siguen abiertas, orientándose a esclarecer cómo y por qué ese artefacto explosivo apareció en suelo colombiano, según informó el medio mencionado.

Las autoridades de ambos países subrayaron la importancia de mantener un canal de comunicación abierto y de coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad en la frontera, según los distintos comunicados disponibles. Asimismo, reiteraron el compromiso de continuar con las investigaciones para evitar la repetición de incidentes similares y garantizar la tranquilidad de la población en las zonas limítrofes.

La situación se enmarca en el contexto de las operaciones que realiza Ecuador para enfrentar el conflicto armado no internacional que vive el país, lo que implica un despliegue importante de sus fuerzas militares en distintas regiones, algunas muy próximas a la línea divisoria con Colombia. Como respuesta a las tensiones diplomáticas generadas tras las declaraciones del presidente Petro, las autoridades de ambos países apuestan actualmente por mecanismos técnicos e institucionales de verificación e investigación conjunta, según detalló el Ministerio de Defensa de Ecuador en su pronunciamiento oficial.

Finalmente, ambas partes señalaron que el análisis de la información proseguirá a través de la mencionada comisión binacional, la cual tendrá la tarea de presentar resultados preliminares sobre la procedencia del explosivo y las circunstancias de su hallazgo, manteniendo a las poblaciones locales informadas sobre los avances de la indagatoria, según destacaron los funcionarios durante los comunicados efectuados tras la reunión.

La decisión del Gobierno de Chile de militarizar la frontera con Bolivia y ordenar la construcción de “barreras físicas” genera polémica en el lado boliviano y algunos analistas advierten que viola el Tratado de 1904 que fijó los límites definitivos entre ambos países.

Tras asumir el gobierno el 11 de marzo, el presidente José Antonio Kast firmó un decreto con el que da cumplimiento a su promesa electoral de combatir la migración ilegal y reforzar el control de la frontera norte. “Le encomiendo que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la migración ilegal”, indicó Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante el acto en el que firmó la norma.

La decisión no deja de ser controversial. Horas antes, Rodrigo Paz había asistido a la toma de posesión y manifestó en medios chilenos su voluntad para retomar las relaciones diplomáticas con Chile con mensajes como “siempre es mejor el futuro que el pasado”, “en el vecindario hay que tratarnos de buena manera” o “la lógica es que nos llevemos bien para crecer, nuestras naciones se merecen una mejor relación”.

Para el periodista y analista político Raúl Peñaranda, la noticia del control fronterizo cayó como “un balde de agua fría” en medio de los anuncios sobre el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile. “Paz y Kast se estaban tomando la mano, se estaban dando ‘piquitos’ y este es un balde de agua fría, una señal inamistosa de Chile y va a generar repercusión”, afirmó.

Fuera del nuevo contexto diplomático, también surgieron observaciones sobre la supuesta falta de coherencia entre el decreto y lo dispuesto en acuerdos bilaterales. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) apuntó que contrasta con el Tratado de 1904 en el que Chile reconoce a Bolivia el más “amplio y libre” derecho de tránsito por su territorio hacia los puertos del Pacífico. Rodríguez agregó que la medida “no es la mejor señal de buena vecindad”.

Otros actores políticos como el excandidato presidencial Samuel Doria Medina también cuestionaron la determinación de Kast. “Le deseo una buena gestión, pero comienza cometiendo un error”, escribió en su cuenta de X.

Según datos oficiales de Chile, cerca de 180.266 bolivianos viven en ese país, lo que representa menos del 10% de los extranjeros residentes. Si bien no se encontraron cifras sobre las nacionalidades de migrantes indocumentados, el Instituto Nacional de Estadística estima que existen cerca de 337.000 extranjeros en situación irregular.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas plenas desde la década de 1970 por el reclamo boliviano de un acceso soberano al Pacífico. La disputa entre ambos países gira básicamente en torno al reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884 que constituye el precedente sobre el cual se estableció el Tratado de 1904.

El distanciamiento entre La Paz y Santiago se profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el juicio que inició Chile ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

La administración de Rodrigo Paz no se ha manifestado oficialmente sobre esta determinación. Sin embargo, en una entrevista radial con el programa Asuntos Centrales, el canciller Fernando Aramayo manifestó: “Lo respetamos; no vamos a ir por encima de la soberanía de los pueblos; necesitamos conversar estos temas y evitar que esto se lea desde una perspectiva negativa”.

En el Legislativo la decisión encuentra posiciones encontradas. Mientras diputados como el opositor José Sánchez expresaron su preocupación, otros como el oficialista Ricardo Rada respaldaron la determinación del Gobierno de Chile. “Cada presidente tiene el derecho de establecer su política de Estado en los límites de su territorio”, afirmó Rada, consultado por el canal RTP.

Mientras la construcción de “barreras” en medio de ambos países parece inminente, el presidente Paz y el canciller Aramayo apuestan por minimizar el asunto y destacar el avance de una agenda común que incluiría temas comerciales, energéticos y otros.

El encuentro que se iba a realizar entre los mandatarios de Colombia y Venezuela este viernes habría sido el primero entre representantes de ambos países desde la detención de Nicolás Maduro en Caracas a inicios de año, como resultado de una operación de Estados Unidos. Según detalló Europa Press, las administraciones involucradas comunicaron la suspensión de la reunión pactada en la frontera, específicamente en el Puente Internacional Atanasio Girardot, conocido también como ‘Tienditas’.

De acuerdo con Europa Press, los gobiernos de Colombia y Venezuela emitieron un comunicado conjunto el jueves en el que anunciaron la postergación de la cita entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente colombiano Gustavo Petro. "Por motivos de fuerza mayor, los dos gobiernos han decidido posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima", señala el texto difundido por las autoridades de ambos países. La declaración conjunta enfatizó el carácter oficial de la decisión y descartó especulaciones externas sobre las causas concretas de la suspensión.

La reunión estaba prevista como un paso fundamental para impulsar el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación transversal entre Colombia y Venezuela. Según Europa Press, el principal propósito consistía en “continuar fortaleciendo el espíritu de integración y hermandad” entre las dos naciones, a la vez que se avanzaba en nuevas iniciativas de cooperación binacional. Dichas acciones abarcaban temas fronterizos, comerciales, de infraestructura y gestión migratoria, entre otras áreas de interés común.

El comunicado al que tuvo acceso Europa Press asegura que tanto la administración de Miraflores como la de la Casa de Nariño reiteran su “voluntad de fortalecer la confianza, cooperación y relacionamiento bilateral”, con énfasis en el impulso de nuevas oportunidades para el desarrollo y la integración de los territorios fronterizos. Las autoridades recalcaron la importancia de que estos territorios se beneficien del diálogo oficial y de los proyectos conjuntos, tomando en cuenta los históricos vínculos sociales y económicos entre las poblaciones de ambos lados de la frontera.

El encuentro entre Rodríguez y Petro se enmarcaba en un contexto marcado por los recientes acontecimientos políticos en Venezuela, específicamente la detención del presidente Nicolás Maduro durante la mencionada operación internacional. Según información publicada por Europa Press, este hecho ha impactado la agenda y las prioridades diplomáticas de ambos países, incorporando nuevos elementos de análisis a la relación binacional.

Petro, mandatario colombiano, “mantiene” su invitación a Delcy Rodríguez “para que dicho encuentro pospuesto pueda ser llevado a cabo próximamente”, según se recoge en el comunicado conjunto reproducido por Europa Press. Esta invitación reafirma la disposición del Gobierno colombiano a continuar dialogando con la máxima representación oficial venezolana, con la intención de que la cita pueda concretarse en breve y permita reanudar los compromisos previamente establecidos.

Ambos gobiernos han destacado que la suspensión de la reunión no implica un retroceso en la agenda bilateral. Europa Press reportó que las administraciones insisten en la necesidad de mantener el canal diplomático abierto y de persistir en esfuerzos colaborativos orientados a la resolución de situaciones fronterizas. La frontera colombo-venezolana se considera una de las más dinámicas y complejas de la región, en la que convergen fenómenos migratorios, comerciales y de seguridad que requieren una gestión coordinada entre ambas partes.

La colaboración en materia migratoria ocupa un lugar central en la agenda binacional, según informó Europa Press. Las autoridades de Colombia y Venezuela buscan implementar mecanismos conjuntos de atención y registro de ciudadanos, así como medidas para garantizar los derechos y la seguridad de las comunidades que viven en la frontera. El cruce informal de personas y mercancías ha representado retos persistentes para ambos gobiernos y ha impulsado la necesidad de encuentros como el que se programó en Tienditas.

La infraestructura fronteriza, simbolizada por el Puente Internacional Atanasio Girardot, constituye uno de los ejes sobre los cuales giran las iniciativas de integración regional. Según informó Europa Press, la reapertura y activación de puntos fronterizos, junto al desarrollo de proyectos conjuntos para el sector transporte y el intercambio comercial, figuran entre los planes que las administraciones buscan reactivar en sus próximas reuniones.

El aplazamiento de la cita entre mandatarios no ha alterado el compromiso de ambos países de avanzar en los acuerdos suscritos en etapas anteriores. Europa Press consignó que los equipos técnicos y ministeriales de Colombia y Venezuela prevén mantener las conversaciones y preparar el terreno para una futura reunión presidencial. Los actores involucrados siguen comprometiéndose con los objetivos de integración regional y el fortalecimiento institucional de la relación bilateral.

Mientras tanto, líderes comunitarios y autoridades locales de las zonas fronterizas permanecen pendientes de una próxima fecha para el encuentro presidencial, a la espera de que los temas pendientes, incluidas las problemáticas de movilidad humana y soporte económico, avancen en la agenda. Europa Press insistió en que la postergación responde exclusivamente a causas ajenas a la voluntad política de las partes, quienes reafirman en cada comunicado su intención de mantener el diálogo fluido.

La ausencia de detalles específicos sobre los motivos de fuerza mayor que generaron la cancelación, reportó Europa Press, no ha sido motivo para alterar los planes generales de cooperación y construcción conjunta de políticas en la región limítrofe. Las administraciones de ambos países han hecho reiteradas menciones a la necesidad de construir una relación estable y predecible, apostando al encuentro personal entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro para resolver asuntos bilaterales que tienen impacto en millones de personas.

La próxima reunión presidencial, una vez sea anunciada, buscará cementar los avances declarados y abordar los desafíos que surgen de la situación política y social venezolana en el contexto regional. Según Europa Press, las expectativas en torno a esta cita incluyen la firma de nuevos memorandos de entendimiento e incluso la exploración de estrategias conjuntas para el desarrollo de zonas productivas y la gestión de recursos naturales compartidos.

Ambas administraciones han reiterado su apertura para anunciar en el corto plazo una nueva fecha que permita materializar estos objetivos, sin que la reciente suspensión haya debilitado las relaciones diplomáticas bilaterales según indicó Europa Press. La comunidad internacional, atenta a la evolución de la relación entre Colombia y Venezuela, observa los pasos de estas negociaciones en un entorno regional marcado por tensiones, pero también por señales de normalización y cooperación orientadas al desarrollo mutuo.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco implementó un operativo especial para reforzar la vigilancia en las zonas limítrofes del estado, utilizando drones y patrullajes coordinados entre los tres órdenes de gobierno.

La estrategia busca frenar el ingreso de células delictivas a territorio jalisciense, según informó Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad estatal, en respuesta a preguntas de la prensa este 12 de marzo de 2026.

Las acciones, según el titular de la institución, incluyen la participación de policías municipales, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y otras fuerzas de defensa.

El servidor no especificó qué organizaciones habrían intentado ingresar a territorio jalisciense con el fin de realizar actividades delictivas, sin embargo, el estado es considerado como centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Coordinación interinstitucional y despliegue de personal

La respuesta del gobierno estatal se apoya en la suma de capacidades de diversas corporaciones.

Hernández indicó que cada instancia actúa de acuerdo con su ámbito, manteniendo comunicación constante y realizando operativos conjuntos.

“Estamos generando presencia institucional para evitar que estén llevando a cabo este tipo de incursiones”, puntualizó.

El funcionario reconoció la existencia de evidencia sobre intentos de entrada de grupos criminales a través de caminos rurales y brechas que conectan a Jalisco con otros estados.

Ante este escenario, se decidió reforzar la presencia en los límites, trasladando más elementos desde la zona metropolitana a los puntos más críticos.

Desafíos logísticos y compromiso de las autoridades

Juan Pablo Hernández reconoció que “es bastante complicado y riesgoso para los elementos establecer puntos fijos de control”, por lo que la movilidad y el uso de tecnología son claves para la estrategia.

A pesar de las dificultades, el funcionario afirmó que la Secretaría de Seguridad mantiene el compromiso de reforzar la vigilancia y responder ante cualquier señal de incursión criminal.

Hernández puntualizó que la presencia institucional se mantendrá y se incrementará la cantidad de personal en las áreas limítrofes, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir patrullando y estamos reforzando precisamente las regiones que son limítrofes con otros estados”, afirmó Hernández.

Con qué entidades colinda Jalisco

Jalisco comparte fronteras con los siguientes estados:

• Nayarit
• Zacatecas
• Aguascalientes
• San Luis Potosí
• Guanajuato
• Michoacán
• Colima

Según reportes del Doctor Víctor Manuel Sánchez, investigador especializado en temas de seguridad y narcotráfico, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en las 7 entidades colindantes. Hecho por el cual serían áreas clave en la estrategia de vigilancia para las autoridades.

El operativo de seguridad se concentraría en estos límites estatales para fortalecer el control territorial y prevenir posibles incursiones que puedan fortalecer las filas del crimen organizado, evitando actos como los ocurridos el pasado 22 de febrero, cuando miembros del CJNG asesinaron a 25 agentes de la Guardia Nacional tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Los presidentes Rodrigo Paz y José Antonio Kast han manifestado su disposición a abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral de Bolivia y Chile, tras casi medio siglo de distanciamiento diplomático. Sin embargo, en su primer día de gestión, el presidente Kast envió señales contradictorias: ordenó el cierre de la frontera con Bolivia y la construcción de “barreras físicas” para desincentivar la migración ilegal.

Tras asumir el mando del país, Kast firmó una serie de decretos sobre varios ejes; uno de los cuales apunta a reforzar el control de la frontera norte. Entre las primeras decisiones figura una Instrucción Política Nacional de Cierre Fronterizo y Declaración de Zona Militar, que contempla la delimitación del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia para su declaración formal como zona militar de control territorial.

“Le encomiendo que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la migración legal”, indicó Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante el acto en el que firmó sus primeros seis decretos.

Las medidas inmediatas incluyen el incremento de medios militares en sectores críticos de la macrozona norte, el mejoramiento de la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos, y el fortalecimiento de comunicaciones en la zona fronteriza. El ámbito geográfico donde se reforzará el control militar abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Según datos oficiales, cerca de 180.266 bolivianos viven en Chile, lo que representa menos del 10% de los extranjeros residentes en el país. Si bien no se encontraron cifras sobre las nacionalidades de migrantes indocumentados, el Instituto Nacional de Estadística de Chile estima que existen en total cerca de 337.000 extranjeros en situación irregular .

En los últimos años, hubo un aumento de la migración boliviana informal ligado a la demanda de mano de obra temporal en la agricultura, especialmente en temporadas de cosecha de frutas, y en 2025 los bolivianos se convirtieron en la principal nacionalidad que solicita visas laborales.

La agenda entre ambos países ha estado marcada por tensiones fronterizas relacionadas no solo con la migración ilegal, sino también con el contrabando y el crimen organizado.

¿Un nuevo capítulo?

Los presidentes Paz y Kast han expresado su voluntad de fortalecer el vínculo diplomático entre Bolivia y Chile, países que no tienen relación a nivel de embajadores desde la década del 70, a pesar de compartir 800 kilómetros de frontera y tener una infinidad de asuntos en común.

La disputa entre ambas naciones gira en torno al reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884, distanciamiento que profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 y el juicio que inició Chile ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

Con el giro político en La Paz y Santiago, algunos analistas ven con expectativa la posibilidad de mejorar el vínculo diplomático. Durante la campaña electoral, Kast manifestó su intención de retomar relaciones plenas con Bolivia “desde el primer día del gobierno” y de priorizar la integración económica, la cooperación social y el control fronterizo.

De igual forma, Paz —que asistió ayer al acto de investidura de su par en Valparaíso— habló con medios chilenos sobre un inminente cambio en la política exterior con Chile. “La lógica es que nos llevemos bien para crecer; nuestras naciones se merecen una mejor relación, un mejor flujo de orden económico, una mejor integración y eso vamos a hacer”, afirmó a los periodistas. El presidente boliviano informó también que ofreció a Chile puertos en Brasil para generar una línea de comunicación entre ambos países.

La primera señal concreta de este acercamiento diplomático fue la exención mutua de visas para funcionarios públicos que viajen en misión oficial, lo que facilitará los desplazamientos y el contacto directo entre autoridades. Sin embargo, el cierre de la frontera y la construcción de barreras físicas podrían abrir un nuevo foco de tensión entre las naciones.

En los primeros meses del año, entre enero y febrero, accedieron de manera irregular a Ceuta 1.257 personas, según cifras publicadas por el Ministerio del Interior y citadas por EFE. Este dato representa un aumento cercano al 700 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Durante febrero se contabilizó la llegada de 820 migrantes sin autorización, un volumen que incrementó la presión sobre los dispositivos de acogida locales. El PP pidió en consecuencia al Ejecutivo que aclare a qué obedece este fuerte repunte y qué medidas se han adoptado o se contemplan para responder de forma eficaz a este escenario.

El partido opositor puso especial atención en la discrepancia entre las cifras oficiales y otros datos manejados por los mandos policiales, indicando que “distintas informaciones apuntan a que los datos manejados por mandos policiales serían incluso superiores” a los divulgados por el Gobierno. El PP solicitó que se expliquen estas divergencias y que se aclaren los mecanismos utilizados para el recuento de entradas y la elaboración de estadísticas migratorias en la ciudad autónoma, según indicó EFE. También se solicitó transparencia en la gestión de las diferencias entre las cifras oficiales y los reportes policiales, considerando este aspecto esencial para la evaluación de políticas migratorias y la toma de decisiones relativas a la seguridad y la acogida.

De acuerdo con EFE, la formación presentó en la Cámara Alta preguntas sobre la existencia o previsión de planes concretos para reforzar el control fronterizo. Este refuerzo incluiría tanto la dotación de personal y el despliegue de nuevas tecnologías, como la coordinación con los cuerpos de seguridad para mitigar el flujo de entradas irregulares. El PP mencionó que detecta una falta de iniciativas claras en puntos considerados especialmente sensibles, como el entorno del espigón del Tarajal y el perímetro de la línea fronteriza, donde según el partido opositor se concentran muchos de los intentos de cruce sin autorización.

La intervención del PP ante el Senado incluyó la petición de información sobre la dotación de recursos materiales y humanos para contener la situación, así como el nivel de colaboración entre administraciones estatales y locales en la gestión de la frontera. Según consignó EFE, el partido exigió conocer si existen o están previstos planes para aumentar la efectividad de la vigilancia y los medios destinados a la frontera sur, con especial énfasis en el posible refuerzo de personal y tecnologías orientadas a la detección y el control de flujos migratorios.

El impacto de estas llegadas sobre el funcionamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) también formó parte de las preocupaciones del PP. El partido preguntó si el Gobierno ha considerado en sus estimaciones el efecto que el aumento de los flujos migratorios podría generar en la capacidad operativa de este centro y del resto de los servicios de acogida ya existentes. Según fuentes cercanas al partido citadas por EFE, la saturación podría tener repercusiones tanto en las condiciones de las personas migrantes como en la respuesta de los servicios públicos implicados.

Las preguntas registradas en el Senado también incluyeron solicitudes de información sobre los programas implementados o previstos para dotar al CETI y a otros centros de acogida de los recursos materiales y humanos necesarios para atender la demanda, así como la coordinación entre distintas administraciones implicadas. El PP subrayó la importancia de contar con planes específicos para evitar el desbordamiento del sistema y garantizar una atención adecuada a los migrantes, conforme reportó EFE. El partido argumentó que la gestión eficaz de la frontera y de los sistemas de acogida no puede desligarse del control exhaustivo de los datos y de la realidad sobre el terreno.

El PP insistió en la necesidad de contar con explicaciones claras sobre las razones que, según la visión del Ejecutivo, habrían provocado este incremento inusual en la llegada de personas por vías irregulares. La formación pidió que se esclarezcan los factores que, desde la perspectiva del Gobierno, están detrás del aumento de entradas en una zona fronteriza considerada de alta sensibilidad. EFE detalló que el partido reclama esta información como un elemento clave para comprender los retos presentes y las acciones que el Ejecutivo planea implementar en los próximos meses.

EFE también señaló que el partido opositor valora la importancia de la transparencia en la publicación de datos, reclamando información precisa sobre los métodos empleados para contabilizar entradas y las posibles diferencias entre las diversas fuentes de información. El PP alertó que en caso de no recibir respuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo, consideraría recurrir a nuevos procedimientos de control parlamentario para obtener la información requerida, profundizando el escrutinio sobre la gestión migratoria en la ciudad autónoma.

Un hijo del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, figura entre los soldados heridos tras el ataque con cohetes antitanque efectuado desde Líbano, según comunicó la propia oficina del funcionario al diario 'Times of Israel'. Aunque el estado del hijo del ministro no se considera grave, otras cinco personas resultaron gravemente heridas. El ataque ha elevado la tensión militar en la frontera norte y ocurre en un contexto de escalada tras enfrentamientos recientes en la región.

Según detalló el Ejército israelí este viernes, ocho militares resultaron heridos por el impacto directo de proyectiles antitanque disparados desde territorio libanés contra posiciones fronterizas en el norte de Israel. De acuerdo con la información de la agencia Europa Press, cinco de los soldados pertenecen a la Brigada Givati y se encuentran en estado crítico. Las autoridades militares confirmaron la evacuación inmediata de los heridos graves para recibir tratamiento de emergencia.

Las hostilidades reportadas por Europa Press se enmarcan en una nueva jornada de bombardeos cruzados. El aumento de ataques por parte de las milicias de Hezbolá desde Líbano coincide con la participación reciente de este grupo armado en el conflicto regional, luego de ofensivas realizadas la semana pasada por fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán. El ataque atribuido a Hezbolá formaría parte de las acciones de represalia tras la muerte de un alto dirigente iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en una operación llevada a cabo el pasado 28 de febrero. El liderazgo iraní mantiene una estrecha vinculación con Hezbolá, que ha intensificado sus respuestas militares en la frontera israelí-libanesa tras dichos acontecimientos.

El Ministerio de Sanidad de Líbano informó este viernes, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que el saldo de víctimas derivadas de los bombardeos israelíes asciende a 123 fallecidos y 683 heridos, sin especificar el estado exacto de las personas hospitalizadas. Las autoridades libanesas advirtieron que el balance podría agravarse ante la posibilidad de registrar nuevos fallecimientos entre las personas heridas en las próximas horas.

Europa Press indicó que el Ejército israelí respondió a los continuos lanzamientos de cohetes y drones atribuidos a Hezbolá con una serie de ataques aéreos sobre distintos puntos del sur de Líbano. Según las declaraciones militares israelíes, los objetivos bombardeados se relacionan con actividades y estructuras utilizadas por Hezbolá, aunque no se han reportado nuevas víctimas entre las fuerzas israelíes como consecuencia de estos ataques posteriores.

En paralelo a los ataques aéreos, los militares israelíes desplegaron tropas en el sur de Líbano y ejecutaron una incursión terrestre en el territorio vecino. Esta operación, explicada por el Ejército israelí y referida por Europa Press, forma parte de la estrategia defensiva adoptada ante la intensificación de los lanzamientos desde el otro lado de la frontera.

Europa Press también destacó que la escalada de violencia responde a una serie de represalias entre Israel y las milicias libanesas en el marco de la crisis regional desatada por la muerte del líder iraní y los bombardeos subsecuentes. Hezbolá ha intensificado sus ataques con proyectiles y drones desde la semana pasada, en alineación con sus lazos político-militares con Teherán.

El conflicto en la frontera norte de Israel contribuye a una situación de inestabilidad que involucra tanto al personal militar como a la población civil de ambos lados de la línea divisoria. Las autoridades israelíes mantienen un alto nivel de alerta y han reforzado la presencia militar en sus posiciones fronterizas, según la información obtenida por Europa Press. La tensión continúa con un incremento de las operaciones militares y el temor a nuevas escaladas armadas.

Fuentes militares consultadas por Europa Press señalaron que la Brigada Givati, a la cual pertenecen cinco de los heridos graves, tiene una presencia destacada en las posiciones más expuestas de la frontera con Líbano y ha estado involucrada en varias operaciones recientes en la zona. Las evacuaciones de los heridos se llevaron a cabo mediante helicópteros y ambulancias, en medio de la presión generada por el riesgo de nuevos ataques.

Por último, el conflicto regional atraviesa un periodo de máxima tensión, con múltiples frentes activos debido a la situación entre Israel, Hezbolá y los aliados de Irán en la región, según la secuencia de hechos reportados por Europa Press. El aumento de víctimas civiles y militares en ambos países refleja la gravedad de la actual escalada y la dificultad para contener las hostilidades.

Más de 1.320 galones de combustible fueron incautados por militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, según reportó este miércoles 4 de marzo de 2026 el Ministerio de Defensa, que aseguró que la acción afectó “directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica del país”.

El reporte señala que el combustible confiscado se destina a actividades ilícitas en la frontera. Los individuos involucrados abandonaron en el agua los 24 tanques tras notar la presencia militar y huyeron del área intervenida.

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“Durante una operación militar, varios individuos fueron detectados mientras manipulaban tanques que presumiblemente contenían combustible; al notar la presencia militar, huyeron del lugar abandonando los recipientes en el agua”, puntualiza el informe.

El operativo se realizó en el sector Olmedo, perteneciente al municipio Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. El Ministerio precisó que los detalles sobre la operación se mantienen “reservados” para no comprometer futuras intervenciones.

“Más de 1.320 galones de combustible fueron incautados en la frontera norte, afectando directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica del país”, escribió la cartera en su cuenta de X.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano también confirmó que en la operación participaron las Fuerzas Armadas y la Armada del vecino país.

“La operación se ejecutó en el sector de Olmedo, cantón Eloy Alfaro, provincia de #Esmeraldas, donde las @FFAAECUADOR , a través del @armada_ecuador , decomisaron 24 tanques de 55 galones, equivalentes a 1.320 galones de combustible, utilizados presuntamente para actividades ilícitas en la frontera”.

Cabe recordar que desde los primeros meses de 2024, el presidente Daniel Noboa intensificó la respuesta estatal frente al crimen organizado, declarando un conflicto armado interno y clasificando a las bandas como grupos terroristas, con el consiguiente establecimiento de varios estados de excepción.

Las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador también implementaron “operaciones conjuntas” en suelo ecuatoriano contra organizaciones consideradas “terroristas”, comunicó el Comando Sur de EE.UU. El anuncio señaló que se adoptaron acciones directas contra grupos vinculados con el narcotráfico y la minería ilegal, a quienes se responsabiliza por el aumento de la violencia en Ecuador.

Por su parte, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó la incautación histórica de cocaína, marihuana y heroína en la frontera entre Colombia y Ecuador, cuantificando un aumento del 300% en decomisos durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

​“Como resultado de este esfuerzo sostenido, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, las incautaciones en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana registraron un incremento histórico frente al gobierno anterior”, escribió el ministro Sánchez en su cuenta de X.

Según datos oficiales, se han confiscado 286.161 kilogramos de cocaína (con un incremento del 321%), 356 kilogramos de heroína (un alza del 1.216%) y 4.615 kilogramos de marihuana (aumento del 8%) en la zona fronteriza.

El ministro Sánchez atribuyó estos resultados a la cooperación entre las Fuerzas Militares colombianas y ecuatorianas, facilitada por mecanismos como la Comisión Binacional Fronteriza. Destacó la intensificación de operaciones conjuntas, la mejora en el intercambio de información y los golpes directos a redes de narcotráfico en esa región.

“Ha permitido intensificar las operaciones conjuntas, mejorar el intercambio de información y golpear de manera directa las estructuras del narcotráfico que delinquen en esta región estratégica”, expuso.

Y agregó: “Estamos teniendo más eficiencia, pero hay que enseñarles allá que no repitan la historia. Y la Policía de Colombia tiene que enseñarle a la Policía de Ecuador, y al Ejército, cómo se hace para controlar los puertos, cómo se hace para que el campesinado de Ecuador no vaya a caer en las mismas cosas en que nosotros hemos caído”, manifestó.

El Gobierno nacional anunció que las autoridades enfatizarán el combate al fentanilo.

Manuel G.M., uno de los criminales prioritarios para México y Estados Unidos en la frontera, fue detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al contar con órdenes de aprehensión vigentes por cinco homicidios y secuestro agravado.

El sujeto fue ubicado tras labores de inteligencia realizadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en colaboración con la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León, debido a que formaba parte del programa “Se Busca Información” que mantienen ambas naciones.

Luego de su captura, las autoridades procedieron con su traslado a Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que cuenta con tres mandamientos judiciales vigentes por los siguientes delitos:

1. Secuestro agravado cometido en perjuicio de una víctima de identidad reservada, por hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2017 en un domicilio de la colonia Parajes del Valle.
2. Homicidio cometido en perjuicio de tres personas, ocurridos el 7 de octubre de 2016 en el “Bar Tres Mentiras” del fraccionamiento Fuentes del Valle.
3. Homicidio calificado cometido en perjuicio de dos personas, por hechos ocurridos el 18 de junio de 2020 en el estacionamiento de una tienda de conveniencia denominada “Smart”.

De acuerdo con el programa “Se Busca Información” de El Paso, Texas- Chihuahua, actualmente hay nueve objetivos prioritarios que permanecen en calidad de prófugos.

Entre ellos destaca uno de nombre Manuel Galindo Moncayo, el cual concuerda con el nombre y siglas del detenido en Nuevo León.

Los datos refieren que el sujeto es conocido como “Chivis” o “El Profe”, quien figura como el número 4 de entre la lista.

Manuel Galindo es buscado por los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y homicidio agravado de un hombre.

Buscados por delitos relacionados con secuestro, narcomenudeo, homicidio, entre otros

La lista de los criminales que son buscados en la frontera con Chihuahua son los siguientes:

• Emeterio Sifuentes Ortega, alias “Oso”, por posesión ilegal de arma de fuego y secuestro.
• Jorge Rodríguez Luján, alias “El Kory”, por posesión y distribución de narcóticos e intento de homicidio agravado.
• Daniel Herrera Rodríguez, alias “El Palito” o “Dany”, por tortura y posesión/distribución de narcóticos.
• Ángel Daniel Perales Herrera, alias “El Perales”, por homicidio agravado.
• Michel Eduardo Gómez Lazarin, alias “Cirujano”, por homicidio agravado y secuestro agravado.

• Armando Maldonado Lozoya, alias “Chivo” o “El Señor de los Cuernos”, por homicidio.
• Miguel Angel Lares Mendoza, alias “El Lares”, por posesión/distribución de narcóticos y homicidio.
• Alberto Mariscal por agresión sexual a un menor de edad.

Cabe señalar que este programa también se encuentra en colaboración con otros estados como Coahuila y Sonora-Baja California, las cuales cuentan con sus propias listas de “Se Busca Información”.

La primera fue lanzada por autoridades estadounidenses, el Gobierno de Sonora y de Baja California, en junio de 2025, la cual se integra de 15 criminales prioritarios para México y EEUU. En tanto, la de Coahuila se compone de 10 objetivos, lanzada en diciembre del mismo año.

El Ejército de Siria informó que las unidades destacadas en las zonas limítrofes con Líbano e Irak conforman principalmente batallones de la Guardia Fronteriza y de reconocimiento, los cuales asumen el encargo directo de observar el movimiento en pasos fronterizos y prevenir el contrabando y otras prácticas ilícitas. Esta acción responde a la actual tensión derivada de los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado sábado, episodio que, según consignó la agencia estatal SANA, ya dejó cerca de 800 personas fallecidas en territorio iraní.

De acuerdo con SANA, la decisión de aumentar la presencia militar en las fronteras forma parte de una estrategia oficial, comunicada este martes por el Comando de Operaciones del Ejército de Siria, destinada a fortalecer la vigilancia en los puntos de acceso internacional y responder a escenarios de potencial propagación del conflicto. En el comunicado difundido por el órgano militar, las autoridades detallaron que el despliegue adicional busca consolidar el control sobre los límites nacionales, ante la escalada de violencia regional.

El medio SANA reportó que las unidades movilizadas se enfocan en patrullar áreas consideradas críticas para el tránsito de personas y mercancías, con la misión de supervisar el tráfico fronterizo y enfrentar actividades ilícitas asociadas al contrabando. Esta postura reactiva del gobierno de Damasco adquiere especial relevancia ante el incremento de tensiones en el Medio Oriente, luego del inicio de la ofensiva militar coordinada por Israel y Estados Unidos contra Irán. Según el reporte de la agencia, la situación motivó que el ejército sirio intensifique sus labores de reconocimiento en posiciones estratégicas.

El despliegue ampliado involucra recursos humanos y logísticos que, según comunicó el ejército a través de SANA, reforzarán los controles en los cruces hacia Líbano e Irak, dos países que históricamente presentan desafíos en relación a la seguridad y el flujo no autorizado de bienes. Las autoridades sirias destacaron que se trata de una medida orientada a anticipar riesgos, evitar el aumento de acciones ilegales, y mantener la integridad de las fronteras nacionales durante el periodo de alta tensión en la región.

El conflicto abierto desde el pasado sábado generó inquietud por la posibilidad de que las hostilidades o los desplazamientos irregulares atraviesen las líneas fronterizas, lo que llevó a Siria a enfatizar en labores de supervisión. Como destacó SANA, la vigilancia elevada pretende tanto disuadir como responder rápidamente a cualquier intento de violación fronteriza, en sincronía con esfuerzos regionales por contener la expansión del conflicto armado.

Los batallones asignados a las zonas limítrofes cuentan con órdenes de control estricto, de acuerdo con la directriz divulgada por el Comando de Operaciones. El cuerpo militar explicó que el enfoque no solo abarca la seguridad convencional, sino también la identificación y neutralización de potenciales redes de contrabando que, según las autoridades, suelen intensificarse ante situaciones de conflicto.

El reporte de SANA enfatizó que la iniciativa de Damasco se da en el marco de la intensificación de enfrentamientos regionales y el temor a un desbordamiento del actual conflicto que afecta a Irán. El aumento de efectivos y recursos en los pasos con Líbano e Irak surge como respuesta directa al riesgo de que la violencia se traslade más allá de las fronteras iraníes, provocando desplazamiento de personas y multiplicación de actividades ilícitas vinculadas al comercio no regulado.

El balance de víctimas en Irán, calculado en cerca de 800 personas fallecidas según la cobertura de SANA, refleja la magnitud de la crisis que afronta la región. Las autoridades sirias manifestaron en su comunicado la intención de prevenir cualquier tipo de infiltración que pueda derivar en amenazas a la seguridad dentro de territorio sirio. El despliegue comunicó un mensaje de vigilancia permanente y preparación frente a escenarios cambiantes e imprevisibles.

De acuerdo con la información oficial a la que accedió SANA, el Comando de Operaciones del Ejército permanecerá atento a los desarrollos en la frontera, manteniendo la capacidad de reorganizar posiciones en función del curso del conflicto y de las necesidades de protección nacional. También informó que esta medida puede adaptarse dinámicamente a las variaciones en la situación regional.

Por último, el comunicado del ejército agrupó la misión de los efectivos desplegados en el refuerzo de la integridad de las fronteras estatales, la detección temprana de amenazas y la cooperación interagencial para la gestión de los riesgos asociados al conflicto en desarrollo. SANA subrayó que la operación de vigilancia ampliada continuará según lo requiera el contexto, dentro de los parámetros establecidos por la autoridad militar siria.

Unas 16.400 personas han abandonado sus hogares en Afganistán tras los recientes enfrentamientos en la frontera con Pakistán y a esta cifra se suman cientos de desplazados previos al conflicto que aún no han podido regresar a sus comunidades. Según detalló la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), la mayoría de estos desplazamientos se dieron en un contexto donde las hostilidades continúan afectando la vida cotidiana y el acceso a los servicios básicos, como la atención médica y la ayuda humanitaria. Esta situación ocurre mientras hospitales resultaron dañados y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) suspendió temporalmente su asistencia en zonas particularmente afectadas, dejando vulnerables a hasta 160.000 residentes, consigna UNAMA.

El medio Europa Press consignó que la ONU realizó un llamado urgente a la “suspensión de los enfrentamientos” entre Afganistán y Pakistán debido al aumento de víctimas civiles y el impacto en la población local. UNAMA instó a que las partes cumplan con sus obligaciones conforme al Derecho Internacional y protejan a los civiles en medio de los combates. La organización reportó que sigue documentando incidentes con civiles afectados y recalcó que el conflicto, sumado al reciente terremoto de agosto de 2025 —considerado el más letal en Afganistán en tres décadas—, agrava la vulnerabilidad de miles de personas.

De acuerdo con la información brindada por Europa Press, los desplazamientos masivos comprenden tanto a quienes huyen de la violencia reciente como a personas desplazadas previamente por el sismo, a quienes se les recomendó retornar a sus hogares como una medida preventiva para evitar mayores riesgos. Las restricciones de movimiento en la zona fronteriza, impuestas por la persistencia del conflicto, han limitado la capacidad de las agencias humanitarias para proveer asistencia vital y otros apoyos necesarios, lo que impacta especialmente a quienes retornaron a Afganistán desde Pakistán y carecen de recursos inmediatos.

El reporte de Naciones Unidas indica que los civiles han resultado heridos o fallecidos tanto por fuego indirecto en combates transfronterizos que alcanzaron zonas residenciales, especialmente en las provincias de Paktiyá, Paktiká, Nangarhar, Kunar y Jost, como por ataques aéreos en Paktiká y Nangarhar. Los talibán calculan en alrededor de cincuenta el número de civiles fallecidos, mientras que UNAMA reportó al menos cuarenta y dos víctimas mortales, entre ellas menores de edad.

Europa Press recogió declaraciones oficiales en las que las organizaciones humanitarias subrayan la dificultad para registrar el alcance total del impacto debido a la inseguridad y al acceso limitado a las zonas afectadas. El cierre de hospitales y los daños a infraestructuras sanitarias han agravado la situación de quienes requieren atención médica urgente, sumado a la suspensión temporal de la distribución de alimentos básicos por parte del PMA, lo que deja sin cobertura de ayuda alimentaria a decenas de miles de afganos.

Respecto a las operaciones militares, las autoridades afganas indicaron que se han apoderado de al menos cuarenta puestos de control y cuatro bases en la frontera pakistaní tras las recientes ofensivas. El vocero del Ministerio de Defensa talibán, Enayatulá Juarazmi, afirmó —a través de un comunicado difundido en redes sociales y citado por Europa Press— que durante el último día capturaron trece posiciones militares y derribaron cinco drones, mientras que la cifra de fallecidos en filas paquistaníes se sitúa, según el reporte afgano, en cerca de ciento cincuenta soldados. En las últimas horas, también tres militares afganos perdieron la vida.

Las autoridades talibán han denunciado en el comunicado, según documentó Europa Press, que el ejército paquistaní traspasó en numerosas ocasiones el espacio aéreo afgano. Estas incursiones incluyeron ataques contra áreas residenciales, edificios públicos, mezquitas, escuelas y campos de desplazados ubicados en Kabul, Lagmán, Nangarhar, Kunar y Jost, entre otras localidades. Los talibán responsabilizan a las fuerzas pakistaníes por la escalada, mientras que Islamabad sostiene que la operación se cobró hasta este momento aproximadamente cuatrocientos combatientes talibán muertos.

El deterioro en las condiciones humanitarias representa un desafío persistente para la respuesta internacional en Afganistán, recalca Europa Press. Organizaciones en el terreno informan que las limitaciones para actuar en zonas afectadas por los combates, junto a las consecuencias del último gran terremoto, han reducido las posibilidades de acceso a servicios esenciales y asistencia para la supervivencia, incrementando la exposición de la población civil a nuevos riesgos derivados de la inestabilidad en la región.

La eliminación de las diferencias fiscales entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar constituye uno de los elementos fundamentales del nuevo acuerdo entre el Reino Unido, España y la Unión Europea, el cual establece la obligación de Gibraltar de aplicar un impuesto indirecto comparable al IVA, partiendo de un 15 por ciento y alcanzando un 17 por ciento en los tres años posteriores a la entrada en vigor. Según consignó el medio, el acuerdo incluye el desarrollo de un órgano consultivo independiente que supervisará cualquier posible distorsión en los tipos impositivos de la región. En caso de desacuerdo sobre el ajuste sugerido a Gibraltar, España podrá activar una cláusula de salvaguarda que permitiría a la Unión Europea aplicar la tasa correspondiente durante un máximo de 30 días, de acuerdo con la información publicada.

Tal como detalló el medio, el tratado, publicado este 26 de febrero tras más de cuatro años de negociaciones, sienta las bases de la relación entre Gibraltar y la Unión Europea tras el Brexit. Este texto, que posee más de mil páginas y consta de 336 artículos y 43 anexos, prevé la instauración de una zona de prosperidad compartida tanto para el Peñón como para el Campo de Gibraltar, y tiene como exponente principal la supresión de la Verja.

Uno de los puntos de mayor relevancia es la eliminación de todas las barreras físicas que obstaculizan la circulación de personas entre Gibraltar y España, lo que supone el derribo efectivo de la Verja. Dichos controles serán trasladados al puerto y al aeropuerto de Gibraltar. De acuerdo a la información publicada, la gestión de estos controles se efectuará de manera conjunta: las autoridades gibraltareñas se encargarán del primer control y la Policía Nacional española realizará posteriormente la verificación de acceso al espacio Schengen. No obstante, Gibraltar no quedará integrado en el espacio Schengen; solo se aplicarán sus normas en la zona de paso. En sentido inverso, la salida seguirá el mismo esquema de doble control, distinguiéndose entre entrada y salida.

El tratado aborda también la cuestión del aeropuerto de Gibraltar, construido sobre el istmo cuya soberanía España no reconoce al Reino Unido. Según informó el medio, el uso del aeropuerto será compartido gracias a una empresa conjunta entre España y Reino Unido, con la condición de que su sede se ubique en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. Operarán vuelos con origen y destino en el Reino Unido y países de la Unión Europea, siempre que las aerolíneas cuenten con autorización de Bruselas o de Londres, como destacaron fuentes oficiales.

En lo relativo al comercio, el acuerdo establece una unión aduanera entre Gibraltar y la Unión Europea, permitiendo el libre movimiento de mercancías. Los controles respectivos sobre productos y mercancías con origen o destino en el Peñón tendrán lugar en La Línea, Algeciras y Sagunto. Además, el texto abre la posibilidad de asignar algún puesto de control en Portugal cuando ninguno de los anteriores pueda operar 24 horas al día por causas imprevistas o de fuerza mayor, según reportó el medio.

Referente a la soberanía, el artículo 2 del acuerdo establece de forma explícita que ninguno de los puntos del tratado alterará las posiciones legales de Reino Unido y España en relación con la soberanía y la jurisdicción sobre Gibraltar. Tampoco podrá el texto servir como argumento para nuevas afirmaciones o negaciones de la soberanía sobre el territorio, según recoge el documento difundido.

Otro aspecto relevante es la consideración que se da a la base aérea británica situada en el aeropuerto de Gibraltar. El documento señala que esta instalación militar queda fuera de las disposiciones del acuerdo, tal como subrayó el Gobierno británico en su comunicación oficial. De manera adicional, los miembros de las fuerzas armadas británicas o de otros países que visiten Gibraltar no estarán sujetos a controles de pasaporte y visado conforme a las normas del espacio Schengen, aunque no se les otorgará derecho de residencia ni domicilio permanente en la zona.

El acuerdo, firmado tras cuatro años de negociaciones y con un acuerdo político alcanzado el 11 de junio, implica modificaciones significativas en la circulación de personas, mercancías y actividades comerciales, así como en la gestión compartida de instalaciones estratégicas. Como señaló el medio, se prevé el inicio de una etapa que busca mayores condiciones de equidad económica entre Gibraltar y su entorno inmediato, junto con mecanismos para gestionar de manera conjunta infraestructuras y fronteras. Todo ello se da en el marco de la relación entre el Reino Unido, España y la Unión Europea tras el Brexit, con el objetivo de evitar distorsiones y favorecer la cooperación en una zona de tradicional sensibilidad política y económica.

El Gobierno ecuatoriano ha fundamentado el reciente incremento del arancel a productos colombianos –conocido como “tasa de seguridad”– en la “falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza” por parte de Colombia, situación que, según el Ejecutivo, le obliga a adoptar una respuesta calificada como “acción soberana”. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador comunicó esta justificación a través de sus redes sociales, en un contexto marcado por el aumento de tensiones comerciales entre ambos países. De acuerdo con el medio que reporta la noticia, el conflicto arancelario se acentúa luego de que Ecuador elevara la denominada tasa desde un 30% inicial hasta un 50% que se aplica a las importaciones provenientes de Colombia, bajo el argumento de que la medida responde a “criterios de seguridad nacional” y busca fortalecer la corresponsabilidad entre los dos países en el combate al narcotráfico a lo largo de la frontera compartida.

Según informó el medio, las autoridades ecuatorianas insisten en que el incremento del arancel resulta indispensable ante lo que identifican como insuficiencia de acciones efectivas por parte del Gobierno colombiano frente al problema del narcotráfico en la frontera. El comunicado oficial subraya que Ecuador considera legítima su potestad de adoptar medidas que resguarden su integridad y seguridad internas y sostiene que el agravamiento de la tasa de seguridad forma parte de esa estrategia nacional.

En respuesta a esta política, Colombia anunció la imposición de un arancel del 30% a más de veintitrés productos ecuatorianos, en reciprocidad a la tasa que Quito aplica desde el 1 de febrero a las importaciones colombianas. El medio señala que estas medidas recíprocas han intensificado la disputa comercial entre ambos países, situación que se originó en enero cuando el Gobierno de Ecuador dispuso el gravamen inicial del 30% a productos provenientes de Colombia. Previo a esta decisión, Ecuador ya había aumentado en más de un 900% la tarifa de transporte para el crudo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), según detalló la fuente.

La guerra comercial ha ido en aumento en las últimas semanas. El Gobierno de Gustavo Petro, presidente de Colombia, presentó una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) contra la llamada “tasa de seguridad” impuesta por Ecuador. Esta acción legal busca que el organismo regional examine la legalidad de la medida ecuatoriana y determine si incumple normas comunitarias o tratados de libre comercio vigentes entre los miembros.

El incremento arancelario y el establecimiento de nuevas tarifas sobre el transporte de crudo han generado preocupación entre los sectores exportadores e importadores de ambos países, quienes advierten sobre el impacto potencial negativo en el comercio bilateral, según consignó el medio. Además, las autoridades colombianas aseguran que la aplicación unilateral de la “tasa de seguridad” afecta los principios de integración y cooperación vigentes en la región andina.

El ejecutivo ecuatoriano, por su parte, mantuvo su postura y ratificó públicamente la necesidad de proteger su territorio frente a amenazas relacionadas con la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. La información del medio destaca que Ecuador recalca la importancia de que Colombia implemente acciones más efectivas para combatir el trasiego de drogas entre ambos países.

Las medidas de Ecuador han suscitado diversos pronunciamientos, tanto de parte de las autoridades comerciales como de los organismos regionales, que observan el desarrollo de los acontecimientos y valoran las posibles consecuencias para la integración andina y el flujo comercial en la zona. Las gestiones diplomáticas entre ambos gobiernos continúan, aunque las posiciones encontraron escasa flexibilidad a partir de la adopción de las medidas arancelarias y el inicio de acciones legales.

El texto difundido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador reitera que la decisión responde a lo que definen como “criterios de seguridad nacional” y expresa la voluntad del Ejecutivo de que las acciones adoptadas sean entendidas en el marco de la soberanía y la corresponsabilidad internacional en materia de lucha contra el narcotráfico transfronterizo. De acuerdo con la información publicada por el medio, tanto Ecuador como Colombia sostienen un intercambio estrecho, y cualquier restricción arancelaria podría influir fuertemente en el comercio de bienes esenciales para ambos mercados.

Las demandas y respuestas en el ámbito comercial y diplomático han elevado el nivel de incertidumbre respecto al futuro de las relaciones económicas bilaterales. Los empresarios colombianos y ecuatorianos continúan a la expectativa de los próximos pasos legales y administrativos, mientras la CAN analiza formalmente la queja presentada por Colombia contra la postura ecuatoriana, según detalló el medio en su cobertura sobre el proceso.

El escenario actual evidencia que la frontera entre Ecuador y Colombia se ha convertido en un tema central tanto desde la perspectiva comercial como de seguridad, conforme los gobiernos exploran caminos legales y políticos para resolver el enfrentamiento arancelario y fortalecer las estrategias de control y lucha contra el narcotráfico, según la información registrada por el medio de referencia.

La frontera norte mexicana no es una orilla del mapa. Es el lugar donde el país compite todos los días en la economía global. Y, cada vez más, es también el punto donde América Latina puede entender cómo insertarse con mayor inteligencia en las nuevas cadenas de valor.

Aquí no se discuten teorías: se mueven mercancías, se ensamblan vehículos, se producen dispositivos médicos, se fabrican componentes electrónicos y cruzan miles de millones de dólares en comercio cada semana. Los datos son claros. Los estados fronterizos generan alrededor del 35% del PIB nacional y concentran cerca del 60% de la manufactura de exportación mexicana.

Hay, además, un dato que coloca a la frontera norte en una dimensión global: alrededor de 600 mil millones de dólares en comercio terrestre cruzan cada año por esta región. Si consideramos que el comercio mundial ronda los 30 billones de dólares anuales, eso significa que aproximadamente 2 de cada 100 dólares que se comercian en todo el planeta cruzan por la frontera norte de México.

No es una cifra retórica. Es un nodo logístico global. México, a pesar de los vaivenes tarifarios, es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos y buena parte de ese intercambio ocurre o tienen origen en ayuntamientos que gobiernan con presupuestos municipales muy por debajo de su tamaño económico. Aquí surge una pregunta estructural relevante para los gobiernos locales: ¿estamos gobernando esta región con instrumentos acordes a su peso económico?

El economista Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008 y profesor en la Universidad de Princeton, desarrolló la teoría de la nueva geografía económica. Su planteamiento es directo: cuando la actividad productiva se concentra en determinados polos, esos territorios requieren infraestructura, capital humano e instituciones sólidas para sostener su competitividad. Sin esas condiciones, el crecimiento se vuelve frágil. La frontera norte mexicana es uno de esos polos industriales continentales.

Otro referente es Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, quien ha sostenido que el desarrollo exitoso no proviene de aplicar recetas universales, sino de diseñar políticas públicas adaptadas a la estructura productiva específica de cada región. El desarrollo es contextual. Y la frontera norte es un contexto excepcional. A esto se suma el fenómeno del nearshoring. De acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina podría aumentar sus exportaciones en más de 70 mil millones de dólares anuales gracias a la relocalización de cadenas productivas. México es el país mejor posicionado para capturar esa oportunidad, y la puerta natural de entrada es, obvio, la frontera norte.

Todo ese dinamismo productivo genera empleo y crecimiento, pero también genera presión urbana: movilidad saturada, demanda de vivienda, consumo intensivo de agua, necesidad de seguridad profesional y servicios públicos eficientes. Por tanto, el fortalecimiento municipal se vuelve un tema estratégico.

En ese marco, la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) se convierte en una pieza clave. La frontera norte no es un municipio aislado; es una red de ciudades interconectadas por flujos económicos, sociales y logísticos. La AALMAC da sentido a la suma de nuestros municipios, articula agendas comunes y convierte la coordinación local en una voz colectiva capaz de dialogar con los otros órdenes de gobierno.

La Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado con claridad el principio de Crecimiento con Justicia y en la frontera norte esa ecuación es estratégica. El dinamismo industrial debe traducirse en bienestar real para las familias para mantener la estabilidad y competitividad regional, y los gobiernos municipales tenemos mucho que decir y aportar al respecto.

La frontera norte no necesita privilegios. Necesita instrumentos de gobernanza adecuados a su dimensión estratégica. En América Latina, donde muchas economías dependen aún de exportaciones primarias, esa frontera mexicana representa un ejemplo distinto: integración industrial profunda, manufactura avanzada y conexión directa con el mayor mercado del mundo. Así que aquí puede desarrollarse la práctica de una nueva gobernanza local que haga sentido en toda Latinoamérica.

En un mundo que reorganiza su geografía económica, la frontera norte mexicana no es una línea divisoria, es el punto de arranque para todo un subcontinente, y eso obliga a pensarla con visión global para verdaderamente tener mejores gobiernos.

* El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.

El Gobierno de Chad ha señalado que se reserva el derecho de responder ante cualquier agresión o violación de su territorio, tras advertir a la población fronteriza sobre la necesidad de mantener la calma y colaborar con las autoridades. Según informó Europa Press, las autoridades chadianas ordenaron el cierre inmediato y por tiempo indefinido de todas las fronteras compartidas con Sudán a raíz de los recientes enfrentamientos entre fuerzas militares chadianas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo que desde abril de 2023 mantiene un conflicto armado con el Ejército de Sudán, exacerbando la crisis humanitaria en la región.

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno de Chad, Mahamat Gassim Cherif, comunicó a través de un mensaje oficial que la zona fronteriza permanecerá clausurada hasta nuevo aviso. De acuerdo con Europa Press, Cherif explicó que la decisión fue adoptada tras una serie de incursiones y traspasos ilegales cometidos por las partes enfrentadas en Sudán, que vulneraron el territorio chadiano. El objetivo de esta medida es evitar cualquier posibilidad de que el conflicto militar se extienda hacia Chad, así como proteger tanto a habitantes locales como a los refugiados, y salvaguardar la integridad del país.

El cierre afecta totalmente los pasos fronterizos y suspende tanto el tránsito de personas como de mercancías. Europa Press detalló que la declaración oficial prevé únicamente excepciones extraordinarias bajo criterios estrictamente humanitarios, siempre que la autoridad competente autorice de manera previa cada cruce de frontera.

Mahamat Gassim Cherif añadió que, conforme al Derecho Internacional, Chad reserva su derecho de actuar si detecta una invasión o acto hostil dentro de su frontera, y enfatizó la importancia de la vigilancia y la colaboración de la población en las zonas limítrofes. Al mismo tiempo, instó a las autoridades administrativas y militares a asegurar que la normativa se aplique con rigor, de acuerdo a la información difundida por Europa Press.

En las últimas semanas, las Fuerzas de Apoyo Rápido han intensificado su actividad cerca de la frontera con Chad, llegando incluso a realizar ofensivas dentro del territorio chadiano. Estos ataques resultaron en la muerte de aproximadamente diez militares chadianos, según consignó Europa Press. A raíz de estos hechos, el grupo paramilitar ofreció disculpas a las autoridades de Yamena, aunque posteriormente atribuyó la responsabilidad al Ejército sudanés.

La confrontación en Sudán surgió por desacuerdos marcados sobre la integración de las RSF al Ejército formal, lo que interrumpió el proceso de transición política iniciado después de la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019. Dicha transición ya se encontraba debilitada por el golpe de Estado que forzó la salida del entonces primer ministro, Abdalá Hamdok, en 2021, según publicó Europa Press.

El conflicto ha contado con la implicación de varios países que respaldan a las distintas facciones, lo que ha agravado las consecuencias humanitarias. Millones de personas han debido desplazarse a raíz de la violencia, y existe preocupación internacional ante el incremento de enfermedades y la destrucción de infraestructuras esenciales, lo que dificulta la respuesta a la emergencia y la atención a centenares de miles de afectados, tal como resaltó Europa Press en su cobertura.

En este contexto, Chad figura tanto como receptor de refugiados en situación de gran vulnerabilidad como país que intenta evitar la propagación de inestabilidad y violencia. La decisión de las autoridades chadianas de restringir los cruces fronterizos y limitar los desplazamientos suma una nueva dimensión a la crisis regional, donde la protección de la población civil y la contención del conflicto adquieren prioridad en las estrategias del Gobierno, según informó Europa Press.

La entrada en vigor inminente del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), modificando los controles fronterizos en toda la Unión Europea —incluido Gibraltar—, constituye una de las preocupaciones principales en La Línea de la Concepción. En este contexto, el alcalde de la localidad gaditana, Juan Franco, destacó la importancia de que el acuerdo sobre Gibraltar entre el Reino Unido y la Unión Europea pueda aplicarse de forma provisional a partir del 10 de abril. Sin embargo, señaló que persisten incertidumbres fundamentales relacionadas con el contenido específico del tratado y su impacto directo en el municipio, según consignó Europa Press.

De acuerdo con este medio, Franco expresó que las recientes noticias acerca del avance del tratado generan una perspectiva favorable, puesto que considera que “se están dando ya los pasos definitivos” para alcanzar un desenlace satisfactorio. No obstante, insistió en que todavía existen “bastante incógnitas al respecto”. El propio regidor linense, en una declaración difundida mediante audio por el Ayuntamiento, afirmó que el anuncio realizado por el Reino Unido, adelantando la pronta publicación del documento del acuerdo alcanzado con la UE, reviste un significado relevante y repercute directamente en la vida cotidiana y el futuro económico de La Línea.

Sobre la implementación provisional del tratado, Franco reiteró que la noticia tiene una valoración “netamente positiva” para el municipio, especialmente porque el 10 de abril coincidirá con la introducción de controles biométricos en la frontera entre La Línea y Gibraltar. Sin este marco normativo, según su análisis, la instalación de estos controles tecnológicos podría desembocar en “retenciones y colas” en la Verja, impactando el tránsito habitual de trabajadores y ciudadanos entre ambos territorios.

El alcalde puntualizó que la aplicación provisional del tratado permitiría restablecer la fluidez en el paso fronterizo, garantizando la libertad de tránsito, una cuestión prioritaria para la economía local, que depende en gran parte de la movilidad diaria entre La Línea y Gibraltar. En sus propias palabras, Franco manifestó su deseo de que el proceso avance hacia la publicación y la aprobación de los documentos pertinentes, y reconoció que la puesta en marcha de este nuevo marco creará “un nuevo ‘status quo’”. Aún así, subrayó la necesidad de seguir clarificando cuestiones esenciales, dado que, en su visión, subsisten “bastantes incógnitas” relacionadas tanto con el alcance como con la operatividad práctica del acuerdo, detalló Europa Press.

El mismo martes, la Comisión Europea confirmó, según relata Europa Press, que el texto del tratado había sido remitido al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, iniciándose así el proceso de ratificación a nivel institucional. Un portavoz de la Comisión Europea señaló que Bruselas prevé que el acuerdo pueda tener efectos provisionales desde el 10 de abril, alineando el calendario con la entrada en vigor definitiva del EES, un sistema automatizado que modificará los métodos de control en todas las fronteras exteriores de la Unión Europea y que afectará también al enclave de Gibraltar.

La introducción del Sistema Europeo de Entradas y Salidas supone un cambio importante en los procedimientos fronterizos, dado que implicará el uso de controles biométricos —a través de datos como huellas dactilares y reconocimiento facial— tanto para entradas como para salidas de ciudadanos en el espacio Schengen, lo que, sin una solución pactada, podría traducirse en demoras y un aumento de la presión logística en el entorno fronterizo. Por esta razón, el alcalde linense ha puesto en relieve la trascendencia de alcanzar un acuerdo que ofrezca certidumbre y estabilidad a la población y los miles de trabajadores transfronterizos que dependen de la fluidez de dicho cruce.

La situación es observada con atención por las autoridades municipales y locales a ambos lados de la Verja, ya que el resultado final del proceso de ratificación y la letra pequeña del acuerdo definirán la nueva relación entre Gibraltar, España y la Unión Europea, así como la operatividad diaria de los pasos fronterizos y sus eventuales implicaciones económicas y sociales. Tal como reportó Europa Press, el proceso de entrada en vigor del tratado, primero de manera provisional y después con carácter definitivo, involucra tanto a Bruselas como a Londres, además de las reivindicaciones y expectativas expresadas recurrentemente por la comunidad de La Línea, cuyo ayuntamiento continúa pendiente de la culminación del proceso y de la evolución final de las disposiciones negociadas a nivel comunitario e internacional.

Ecuador afirmó que las autoridades colombianas no han colaborado recientemente en la contención de los grupos armados presentes en la zona limítrofe, mientras que el Ministerio de Justicia de Colombia rechazó estas declaraciones y, desde entonces, difundió los operativos realizados en el sur del país.

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En este contexto, el Ejército Nacional reportó un golpe a las estructuras armadas con influencia en Ecuador, tras desmantelar un arsenal perteneciente al grupo ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en la zona fronteriza.

Detalles del operativo

Las autoridades informaron en un comunicado de prensa que en el depósito encontrado había cuatro fusiles, 332 cartuchos de diferentes calibres, 499 detonadores y 23 cilindros acondicionados con explosivos, junto con material de intendencia y logística, elementos listos para ser utilizados en acciones terroristas al servicio de alias Walter Mendoza.

En la operación también participó la Armada del Ecuador, que en un trabajo conjunto con la Fuerza de Tarea Hércules, el Batallón de Infantería de Marina 11 y la Policía Nacional, desmanteló el mayor depósito ilegal ubicado en lo corrido de 2026, perteneciente a la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Iván Ríos, afectando de manera contundente sus capacidades criminales y logísticas.

La operación se desarrolló en la vereda La Aduana, zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, donde, tras un riguroso trabajo de inteligencia y planeamiento operacional conjunto entre ambos países, se logró ubicar y destruir de manera controlada este centro de acopio ilegal, que estaría al servicio de alias Walter Mendoza, cabecilla principal de esta estructura armada organizada residual en el sector fronterizo.

En el lugar fue hallado un importante arsenal de guerra que incluía 23 cilindros acondicionados con explosivos, además de material de intendencia y logística, elementos que al parecer estaban listos para ser empleados en acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en ambos lados de la frontera.

Este resultado operacional representa una afectación directa a las capacidades armadas, explosivas y de abastecimiento de esta organización ilegal, debilitando su estructura criminal en un corredor estratégico para las economías ilícitas y evitando posibles ataques que pudieran alterar el orden público en la región.

“El Ejército Nacional de Colombia ratifica su compromiso de continuar desarrollando operaciones ofensivas, coordinadas y binacionales, bajo el estricto respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con el propósito de neutralizar las amenazas, proteger la vida y consolidar la seguridad y estabilidad en el suroccidente del país y en la zona de frontera”, se lee en el comunicado.

Como vocero del Ejército Nacional, el coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, entregó un balance del operativo y aseguró que lo más importante del trabajo entre autoridades de ambas naciones es poder proteger a la población civil que a diario se ve afectada por los grupos armados que tienen presencia en los dos países.

“En este lugar encontramos más de 300 granadas, más de 500 detonadores, pero más allá de las cifras, cada uno de estos artefactos era una amenaza contra las comunidades; un explosivo no distingue entre las fuerzas públicas y las personas que todos los días luchan por salir adelante con dignidad. Esto es evitar que el terrorismo siga atacando a nuestras familias”.

Kim Yo Jong anunció que Pyongyang adoptará nuevas medidas para aumentar la vigilancia en la frontera intercoreana, enfatizando la gravedad de lo que consideró una “provocadora incursión” en el espacio aéreo norcoreano. El incidente, que implicó la presencia de drones surcoreanos cerca de la línea divisoria, ha generado una advertencia sobre posibles “terribles consecuencias” si persisten este tipo de acciones. Según publicó la agencia estatal NKCA, la subdirectora del departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea reiteró que cualquier episodio similar no recibirá tolerancia y destacó la postura de su país sobre la protección de la soberanía nacional.

De acuerdo con la información divulgada por medios oficiales, Kim Yo Jong subrayó en un comunicado que el reconocimiento oficial de Seúl sobre la presencia de drones marca un precedente, y recalcó que actos de esta naturaleza suponen una amenaza y no deben repetirse. La dirigente norcoreana advirtió que, de volver a producirse “una violación de la soberanía de la República Popular Democrática de Corea”, las consecuencias serán severas sin importar la autoría o el método empleado.

Según informó la agencia NKCA y recogió el medio, la declaración de Kim Yo Jong se difundió luego de que el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong Young, admitiera la incursión de drones surcoreanos en el área fronteriza. Durante una comparecencia pública, Chung lamentó el incidente y lo calificó como una trasgresión de la soberanía norcoreana. El ministro expresó que el gobierno trabajará “en cooperación con las autoridades militares” y comunicó la intención de restablecer la zona de exclusión aérea en la frontera 'de facto' con Corea del Norte.

El medio detalló que esta propuesta busca retomar las condiciones del acuerdo militar intercoreano de 2018, firmado durante la administración del expresidente surcoreano Moon Jae In. El acuerdo perseguía un “cese de hostilidades entre los dos Ejércitos en zonas de la frontera”. Dichos pactos, que fracasaron en su implementación, establecían mecanismos para reducir la tensión en áreas sensibles a incidentes transfronterizos.

Por su parte, Kim Yo Jong puntualizó que su advertencia “no es una amenaza, sino una firme advertencia”, remarcando que Pyongyang no tolerará nuevas violaciones del espacio aéreo y que responderá con medidas adicionales de control y protección fronteriza. Según consignó la agencia norcoreana, la reacción se produce en un contexto de aumento de la vigilancia militar y del endurecimiento de mensajes entre ambas Coreas respecto a la seguridad en la línea divisoria.

La situación añade presión al frágil equilibrio en la península, donde históricamente los incidentes fronterizos han complicado los intentos de acercamiento bilateral. Según reportó la agencia estatal norcoreana, las autoridades de Corea del Norte mantendrán una observancia reforzada en toda la zona limítrofe, tras recibir confirmación de la intrusión por parte de funcionarios surcoreanos, quienes insisten en buscar la reactivación de los acuerdos de 2018 para evitar escaladas militares y promover la estabilidad entre ambas naciones.

El operativo ocurrió este martes por la tarde en la Aduana de Puerto Iguazú, cuando efectivos del organismo realizaban la inspección de un vehículo con patente del país vecino. Se trataba del control de salida de autos de turismo del Puente Internacional Tancredo Neves.

Durante la revisión, los agentes detectaron que el rodado estaba acondicionado para transportar elementos ocultos mediante un mecanismo de doble fondo. Allí encontraron 50 bolsas de plástico con 4.500 cápsulas fulminantes cada una, que fueron inmediatamente secuestradas.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a Infobae que, tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal de Iguazú, que ordenaron la instrucción de las actuaciones correspondientes.

Las fuentes agregaron que el valor estimado de la mercadería incautada -utilizada en cartuchos para pistolas y escopetas, según la pericia de la Gendarmería Nacional Argentina- asciende a 40 mil dólares. Las cápsulas fulminantes son un material controlado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (RENAR).

En estos momentos, el hombre está detenido a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Cardozo.

Otro caso en Formosa

En paralelo, el pasado sábado se registró un hecho similar en la Aduana de Clorinda, provincia de Formosa, uno de los principales pasos internacionales entre la Argentina y Paraguay.

Según fuentes del caso, durante un procedimiento de ingreso al país en el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos cuando intentaban entrar con 70 mil dólares sin declarar, distribuidos en tres monedas diferentes. Se trataba de 16.500 dólares, 71.300.000 pesos y 28.900.000 guaraníes.

En este caso, se trató de un operativo únicamente aduanero, sin intervención judicial.

Días atrás, un ciudadano venezolano fue detenido en la frontera entre Argentina y Paraguay en la provincia de Corrientes debido a sus posibles vínculos con la agrupación terrorista y narcotraficante conocida como el Tren de Aragua.

El fiscal federal coordinador del distrito Corrientes, Carlos Schaefer, indicó a Infobae que se trata de una persona indocumentada y con tatuajes que darían cuenta de su vínculo con la organización.

Si se confirma, sería el segundo caso registrado de integrantes de la organización criminal detectado en la provincia del Litoral. El anterior es el de José Félix Peñalver Veliz. Fue ubicado en Ituzaingó, intentando cruzar al Paraguay. No tenía documentos. Había sido expulsado de Estados Unidos por integrar la agrupación.

Estuvo detenido en la sede de Prefectura local hasta que el Grupo Albatros lo trasladó al penal de Marcos Paz en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Quién es el nuevo detenido

“Estamos averiguando la situación” de este otro individuo, agregó el funcionario judicial. En esta recopilación de información intervienen organismos nacionales e internacionales, como la Interpol. Es un hombre joven, de 32 años, identificado como Delvis Joel Ascanio Salazar.

Schaefer comentó que se lo encontró deambulando por Ita-Ibaté. La localidad está ubicada en el norte de la provincia, a 160 km de Corrientes Capital. Es ribereña al río Paraná, que actúa de frontera natural con el Paraguay. A corta distancia de la costa paraguaya está la ciudad de Panchito López.

Según sus dichos al momento de la detención, llegó a Ita-Ibaté proveniente de Mar del Plata. Se estaba volviendo a pie a Venezuela, consignó luego.

El funcionario detalló que el Estado argentino, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, solicitó su expulsión del territorio nacional.

¿Qué les hace suponer que Ascanio Salazar tendría vinculación con el Tren de Aragua? "Peñalver Veliz tenía un tatuaje: una pipa como la de Nike. Este tiene otro tipo de tatuajes que podrían vincularlo. Pero no podemos hacer una acusación sólo por eso", puntualizó el Fiscal Federal a este medio.

Durante la ceremonia celebrada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la directora editorial Elena Ramírez subrayó el impacto que causó la novela 'Donde termina el verano' entre los cinco miembros del jurado, quienes destacaron el asombro y la sensación de maravilla que provocó la obra. Esta novela, escrita por la autora mexicana Elma Correa, resultó ganadora del Premio Biblioteca Breve 2026, según informó el medio original, en reconocimiento a su abordaje sobre la relación de amistad entre dos mujeres en un contexto fronterizo marcado por la precariedad y la violencia.

El galardón premia un relato que explora la complejidad de la amistad femenina, atravesada por un secreto compartido y ambientada en la frontera entre México y Estados Unidos. Tal como publicó la fuente, la narración sitúa a la lealtad y a los códigos internos de la comunidad por encima de los marcos legales, reflejando la dureza de un territorio donde los vínculos afectivos adquieren un peso fundamental para la supervivencia. El fallo del jurado, difundido este viernes, puso de relieve la convicción de haber distinguido una obra de una autora con voz propia, que describe con autenticidad la vida en un entorno desértico.

Elma Correa, originaria de Mexicali, expresó su emoción al recibir el premio y resaltó, de acuerdo al medio, el significado de haber alcanzado este reconocimiento pese a no contar con privilegios asociados al género o la clase social en México. En sus declaraciones, Correa agradeció la atención del jurado hacia una obra surgida, según sus palabras, “de un lugar perdido en el desierto”. La autora sostuvo que la amistad entre mujeres es un tema recurrente en su literatura, reflejando la importancia personal de estos lazos en su vida. Además, recordó la influencia de su madre, quien la introdujo en la lectura y, a su juicio, le ofreció la posibilidad de imaginar y construir otras realidades.

Consultada sobre la coyuntura migratoria en Estados Unidos, Correa manifestó que la situación actual resulta paradójica, señalando como “absurdo” el endurecimiento de políticas en un país fundado por migrantes, según consignó el medio. Relató que en la novela convergen diferentes perfiles de migrantes y que, sin ser una obra de orientación política, sí incide sobre las experiencias humanas que se viven en la frontera.

La novela será publicada por Seix Barral y estará disponible a partir del 11 de marzo. El acto de entrega contó con la lectura de un fragmento de la obra por parte de la actriz Bruna Cusí, reciente galardonada con el Premi Gaudí a la mejor actriz secundaria por la película 'Frontera', detalló la fuente.

En cuanto a la convocatoria, esta edición número 68 del Premio Biblioteca Breve alcanzó una cifra récord de 1.218 manuscritos, reportó el medio. El 53% de las propuestas recibidas fueron enviadas desde España, destacándose comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía. El 29,83% procedió de América del Sur, sobresaliendo Argentina, mientras que América del Norte aportó el 11,5% de los originales. La edición actual evidenció tendencias en los géneros presentados, con la consolidación de la novela policíaca, la autoficción y la metaficción. También se observó un incremento de relatos que abordan hechos históricos a través del elemento fantástico, obras centradas en la salud mental, reinterpretaciones de clásicos y narrativas con protagonistas que reflexionan sobre su identidad o su pertenencia en el mundo.

Durante la sesión de premiación, los miembros del jurado ofrecieron diferentes perspectivas sobre la novela. Según destacó el escritor y periodista Santiago Roncagliolo, la frontera se convierte en protagonista y la historia evidencia la diferencia entre vivir en ese espacio como hombre o como mujer. Sostuvo que centrar la mirada en dos mujeres transforma la percepción tradicional del lugar. Por su parte, el librero Sergio Bang valoró la solidaridad presente en la obra, mientras que la periodista Laura Barrachina, mediante un mensaje grabado, resaltó las referencias culturales contemporáneas, haciendo mención a elementos como las Spice Girls. El escritor Adolfo García Ortega puso el foco en la estructura narrativa, catalogándola como un alegato sobre la figura femenina y la problemática de los abusos en la zona fronteriza.

El Premio Biblioteca Breve distingue anualmente a una obra inédita en lengua española, consolidándose como uno de los reconocimientos literarios más relevantes. La edición recientemente concluida reflejó, según publicó el medio original, una diversidad creciente de voces y temáticas, así como una atención especial hacia las realidades sociales actuales de Iberoamérica.

Lo que sería un traslado programado hacia un hospital en El Paso terminó convirtiéndose en un nacimiento inesperado en plena línea vehicular del Puente Internacional Zaragoza. Una mujer que se dirigía a Estados Unidos para dar a luz no alcanzó a cruzar la frontera y terminó teniendo a su bebé dentro del automóvil mientras esperaba avanzar.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a la madre aún dentro del vehículo, sosteniendo al recién nacido entre sus brazos, visiblemente sorprendida por la rapidez con la que ocurrió el parto.

De acuerdo con la grabación, la mujer fue auxiliada por un hombre que se encontraba en el lugar y que posteriormente compartió el material en plataformas digitales. En el clip se aprecia que tanto la madre como el bebé se encontraban conscientes tras el nacimiento.

La mujer reveló que el niño llevará por nombre Santiago. Aunque no se detallaron las condiciones médicas posteriores, en el video ambos parecen estables mientras reciben apoyo tras el alumbramiento.

El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la intención de la madre de cruzar a territorio estadounidense para el nacimiento. Entre los comentarios que más llamaron la atención se encuentran mensajes como:

“Iba al chuco por la ciudadania y se la pelo jajajaja#, #Se cancela el Brayan “; “Bienvenido al nuevo mexicano jajaja “

Las publicaciones provocaron opiniones divididas: mientras algunos reaccionaron con humor, otros señalaron la complejidad de las dinámicas fronterizas y los motivos que llevan a ciertas familias a buscar atención médica en hospitales del otro lado de la línea internacional.

El puente Zaragoza es uno de los cruces más transitados entre Ciudad Juárez y El Paso, especialmente en horarios pico, cuando las filas de automóviles pueden extenderse durante horas. En este caso, el tiempo de espera resultó determinante para que el nacimiento ocurriera antes de llegar al destino previsto.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si madre e hijo fueron trasladados posteriormente a alguna unidad médica, pero el video ya suma miles de visualizaciones y comentarios, convirtiendo el inesperado alumbramiento en uno de los episodios virales más comentados en la región fronteriza.

Durante la suspensión temporal del tráfico aéreo en El Paso, Texas, instancias estadounidenses consideraron inicialmente mantener el cierre hasta el 20 de febrero, aunque la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) reabrió el espacio aéreo después de determinar que no se presentaba ninguna amenaza para los vuelos civiles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a este episodio y descartó cualquier vínculo entre el cierre del espacio aéreo y la supuesta actividad de drones operados por cárteles mexicanos. Sheinbaum, durante su conferencia matutina, negó que existan pruebas o indicios de movimientos ilícitos con drones en la zona fronteriza, según publicó la prensa estadounidense citando fuentes vinculadas a la administración del expresidente Donald Trump.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios, Sheinbaum reiteró frente a periodistas que las autoridades mexicanas no han recibido información sobre uso de drones en la frontera por parte de grupos criminales y enfatizó que esa versión carece de fundamento. Según detalló la jefa del Ejecutivo mexicano, “no hay ninguna información de uso de drones en la frontera”, refiriéndose tanto a datos en poder de agencias estadounidenses como de las fuerzas de seguridad mexicanas.

El medio consignó que Sheinbaum instó a los organismos estadounidenses, especialmente a la FAA y otras dependencias, a compartir de inmediato cualquier elemento que pudiera indicar riesgos para la seguridad en los límites territoriales entre ambos países. Según transmitió la mandataria, “si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del Gobierno de Estados Unidos, pues pueden preguntarle al Gobierno de México”. Con este mensaje, la presidenta llamó a sostener una línea de intercambio permanente entre autoridades mexicanas y estadounidenses para evitar malentendidos y fortalecer la seguridad mutua.

El episodio se originó tras publicarse en medios estadounidenses que agencias de seguridad y defensa de ese país manejaban la hipótesis de que organizaciones criminales mexicanas podrían estar detrás de operaciones con drones cerca de la frontera con Texas. Las versiones, según detalló la prensa estadounidense, surgieron de fuentes supuestamente asociadas a la administración Trump y se difundieron en las últimas horas, generando inquietud en sectores de la aviación y en autoridades federales. Sheinbaum, durante su intervención, cuestionó la validez de tales reportes y recalcó la necesidad de actuar exclusivamente con base en datos corroborados.

La reapertura del espacio aéreo se produjo cuando la FAA determinó que no existía ya ningún peligro para el tráfico de aeronaves, diluyendo así las especulaciones sobre una amenaza real originada desde territorio mexicano. Según informaron fuentes oficiales citadas por la prensa estadounidense, el levantamiento de la suspensión ocurrió unas horas después del cierre inicial, ante la ausencia de indicios de actividad ilícita que pudiera poner en riesgo la navegación aérea.

El gobierno mexicano mantiene la postura de exigir transparencia y colaboración con las agencias norteamericanas respecto a cualquier eventualidad que pueda afectar la interacción fronteriza. Según lo señaló Sheinbaum, México continuará dispuesto a recibir información y atender posibles amenazas, siempre que estas se encuentren respaldadas por pruebas fehacientes y compartidas a través de los cauces institucionales adecuados.

Los hermanos Cervantes compartieron protagonismo en los XVIII Premis Gaudí al recibir galardones en las categorías de mejor actriz protagonista, que obtuvo Ángela Cervantes por su papel en “La furia”, y mejor actor secundario, que logró Álvaro Cervantes por su interpretación en “Sorda”. Este hecho marcó una de las anécdotas más comentadas en una ceremonia caracterizada por el reconocimiento a la diversidad y el talento emergente en el cine catalán, celebrada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y con presencia de figuras clave del sector. Según los detalles publicados por El Periódico, la edición estuvo marcada por la consagración de “Sirat”, dirigida por Oliver Laxe, con ocho premios incluidas distinciones técnicas y el galardón a mejor película en habla no catalana, y por el éxito de “Frontera”, de Judith Colell, que recogió cuatro reconocimientos, incluido el de mejor película y el especial del público.

El medio El Periódico detalló que “Sirat” dominó en varias categorías técnicas. El filme recibió premios en dirección de producción, dirección artística, música original, fotografía, sonido, efectos visuales, así como en maquillaje y peluquería. La producción también destacó por la ausencia de su director, Oliver Laxe, quien se encontraba en plena promoción de la película en el marco de la campaña de los premios Oscar. El premio a mejor sonido recayó sobre Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, equipo que figura como nominado en la misma categoría para los Oscar, lo que enfatizó el interés internacional por esta producción.

Por su parte, “Frontera”, dirigida por Judith Colell, siguió en número de galardones con cuatro reconocimientos: mejor película, galardón especial del público, mejor vestuario y mejor actriz secundaria para Bruna Cusí. Estos premios reforzaron tanto la carrera de Colell como la recepción positiva de la obra entre espectadores y la crítica.

El filme “Sorda”, bajo la dirección de Eva Libertad, sumó tres distinciones: mejor actriz secundaria para Álvaro Cervantes, mejor guion adaptado y mejor dirección para la propia Libertad, quien compartió la terna con cineastas como Carla Simón, Oliver Laxe y Albert Serra. Este reconocimiento situó a “Sorda” entre las producciones destacadas de la noche.

La entrega de los Premis Gaudí mostró una escena muy repartida en cuanto a premios, donde después de “Sirat” y “Frontera”, el largometraje “Sorda” se colocó como la siguiente más premiada. Después figuraron títulos como “La furia”, de Gemma Blasco, y “Tardes de soledad”, con dos galardones cada una; así como “Romería”, de Carla Simón, y “Molt lluny”, de Gerard Oms, que obtuvieron uno por película.

“La furia” fue reconocida con el premio a mejor actriz protagonista para Ángela Cervantes, sumando el tercer galardón de la intérprete en cinco años en los Premis Gaudí, y el premio a mejor dirección novel para la directora Gemma Blasco. En tanto, “Tardes de soledad”, documental que anteriormente consiguió la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, fue distinguido como mejor documental y también recibió el galardón a mejor montaje, según relató El Periódico.

La labor de nuevos talentos también se evidenció con el reconocimiento a Llúcia Garcia, quien recibió el premio a la mejor interpretación novel por su papel en “Romería”, único galardón para la obra de Carla Simón, pese a partir como la película más nominada con trece opciones. Dentro de las actuaciones masculinas, el Gaudí a mejor actor protagonista recayó en Mario Casas por su trabajo en “Molt lluny”, de Gerard Oms, premio que repite tras el conseguido por “No matarás” de David Victori. “Mi amiga Eva” resultó merecedora del reconocimiento al mejor guión original, firmado por Cesc Gay y Eduard Sola.

En la categoría de animación, la producción “L’Olívia i el terratrèmol invisible” fue premiada como mejor película de animación, mientras que el cortometraje “De sucre”, de Clàudia Cedó, se llevó el premio a mejor cortometraje. Asimismo, la película letona “Flow, un mundo que salvar” fue reconocida en la sección de mejor película invisible.

Durante la gala, Sílvia Munt, actriz y directora, recibió el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter. En su discurso, Munt aseguró: “Me he dado cuenta de que siempre me ha gustado ser inclasificable”. El Periódico consignó que el galardón le fue entregado por el director Fernando Trueba. Munt remarcó la importancia de mantener una actitud de cuestionamiento y autenticidad en momentos en que la inteligencia artificial y los algoritmos cobran protagonismo: “Se tiene que librar la batalla y ser esos personajes inclasificables que dudan, que hacen preguntas y necesitan esta incertidumbre”.

Judith Colell, presidenta de la Acadèmia del Cinema Català y directora de “Frontera”, intervino en su doble rol para defender la solidez y la proyección internacional del cine catalán. Según publicó El Periódico, Colell afirmó que el cine en versión catalana atraviesa un momento “dulce”, resultado de un crecimiento sostenido. En ese contexto, detalló que los presupuestos de las producciones se han duplicado en los últimos cuatro años, lo que ha facilitado una mayor presencia de las obras catalanas tanto en las salas de cine como en festivales europeos. Colell destacó además la respuesta favorable del público y la complicidad generada entre creadores y espectadores.

La presidenta de la Academia también aprovechó su intervención para rechazar cualquier manifestación de violencia, haciendo especial referencia a la situación en Gaza, la cual describió como “insoportable”. Colell subrayó que el cine sirve como espacio para la memoria colectiva y para relatar historias orientadas a defender la vida, posicionando al sector como un actor socialmente comprometido.

La ceremonia, presentada por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal, se estructuró como un homenaje a la pluralidad del cine catalán y a sus diferentes corrientes creativas. El Periódico narró que el evento combinó discursos, galardones y homenajes en una escenografía que reivindicó la diversidad de voces y perspectivas en la industria audiovisual catalana y puso en valor el compromiso del sector con la identidad cultural y la apertura internacional.

Otro ciudadano venezolano fue detenido en la frontera entre Argentina y Paraguay en la provincia de Corrientes debido a sus posibles vínculos con la agrupación terrorista y narcotraficante conocida como el Tren de Aragua. Se trata del segundo caso en menos de 40 días y ya está el pedido para expulsarlo del país.

El fiscal federal coordinador del distrito Corrientes, Carlos Schaefer, indicó a Infobae que el viernes de la semana pasada fue detenida “una persona indocumentada. Por los tatuajes, se trataría de un individuo vinculado al Tren de Aragua”.

Si se confirma, sería el segundo caso registrado de integrantes de la organización criminal detectado en la provincia del Litoral. El anterior es el de José Félix Peñalver Veliz. Fue ubicado en Ituzaingó, intentando cruzar al Paraguay. No tenía documentos. Había sido expulsado de Estados Unidos por integrar la agrupación.

Estuvo detenido en la sede de Prefectura local hasta que el Grupo Albatros lo trasladó al penal de Marcos Paz en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Dos años antes, cayó en Corrientes Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”. Esta persona regenteaba una banda subsidiaria del Tren de Aragua. Vivía en un barrio privado de la capital provincial. Su organización se componía de 13 personas divididas en dos células. “Yiyi” permanece alojado en el Penal de Ezeiza. Está calificado como un criminal de alta peligrosidad.

Quién es el nuevo detenido

“Estamos averiguando la situación” de este otro individuo, agregó el funcionario judicial. En esta recopilación de información intervienen organismos nacionales e internacionales, como la Interpol. Es un hombre joven, de 32 años, identificado como Delvis Joel Ascanio Salazar.

Schaefer comentó que se lo encontró deambulando por Ita-Ibaté. La localidad está ubicada en el norte de la provincia, a 160 km de Corrientes Capital. Es ribereña al río Paraná, que actúa de frontera natural con el Paraguay. A corta distancia de la costa paraguaya está la ciudad de Panchito López.

Según sus dichos al momento de la detención, llegó a Ita-Ibaté proveniente de Mar del Plata. Se estaba volviendo a pie a Venezuela, consignó luego. Ascanio Salazar aún no ha sido indagado. Esto se debe a un estado de intoxicación que presenta y que no le permite exponer ante el juez federal Gustavo Fresneda, que es el magistrado que interviene en el caso.

Dada esta situación, “aún no se hizo imputación” formal de ningún delito, apuntó Schaefer. Luego, detalló que el Estado argentino, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, solicitó su expulsión del territorio nacional.

- ¿Qué les hace suponer que Ascanio Salazar tendría vinculación con el Tren de Aragua? - preguntó Infobae.

- Peñalver Veliz tenía un tatuaje: una pipa como la de Nike. Este tiene otro tipo de tatuajes que podrían vincularlo. Pero no podemos hacer una acusación sólo por eso —puntualizó el Fiscal Federal.

¿Existe relación entre los dos detenidos?

Hasta el momento, ambos individuos serían “lobos solitarios”, consignó el funcionario judicial. “En principio, no tendrían vinculación entre ellos. Pero estamos tratando de establecer la relación (de Ascanio Salazar) al Tren de Aragua”, agregó.

“Recordemos que esta organización, más allá de ser una asociación ilícita, no se presenta diciendo ‘soy del Tren de Aragua’. Tampoco hay un pacto explícito, sino que muchas veces se da a través de tatuajes. Tengamos en cuenta la Mara Salvatrucha en El Salvador. Su identificación es un tatuaje. Para ser parte, hay que matar a una persona”, narró Schaefer.

El Tren de Aragua entró en la calificación de organización terrorista el año pasado por una resolución de la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. La decisión tomada por Argentina se dio en consonancia con la determinación del presidente norteamericano Donald Trump de poner al Tren en la lista negra de organizaciones terroristas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió que durante la reciente llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó también a la primera dama, Melania Trump, con quien ya cuenta con antecedentes de encuentros previos, como el registrado durante la visita oficial de diciembre en Washington. Según publicó el medio Europa Press, Sheinbaum recalcó que la comunicación reflejó un tono cordial y reafirmó la disposición de ambos gobiernos para proseguir la colaboración bilateral, sobre todo en la agenda comercial.

La conversación telefónica entre ambos mandatarios, que tuvo lugar el jueves, se describió como productiva por ambas partes. Donald Trump informó en la red Truth Social sobre el carácter de la llamada, destacando que resultó muy positiva tanto para Estados Unidos como para México. De acuerdo con Europa Press, el líder estadounidense adelantó la intención de mantener futuras conversaciones y concretar reuniones presenciales en ambos países.

Trump detalló que el diálogo abarcó asuntos fundamentales para la relación bilateral, como la situación en la frontera, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y los vínculos comerciales entre ambas naciones. Además, dedicó comentarios elogiosos a la presidenta mexicana, calificándola como “maravillosa y muy inteligente”, afirmación que, según consignó Europa Press, vinculó al bienestar del pueblo mexicano al decir que “los mexicanos deberían estar muy contentos por ello”.

Por su parte, Sheinbaum también compartió su valoración sobre la llamada en declaraciones recogidas por Europa Press, calificándola como productiva y cordial. Insistió en que ambas administraciones avanzan en temas de la agenda comercial y en el fortalecimiento de la relación bilateral. Aunque no hizo mención explícita a los asuntos fronterizos ni de seguridad en su mensaje, enfatizó que ambos equipos de trabajo acordaron continuar de manera conjunta en los puntos de acuerdo tratados durante la conversación.

En relación con el contacto con Melania Trump, Sheinbaum expresó haber experimentado satisfacción al mantener este saludo, recordando el vínculo originado durante su más reciente visita a la capital estadounidense. Europa Press informó que este detalle destacó el ambiente de apertura que prevaleció a lo largo del intercambio.

La llamada forma parte de un esfuerzo continuado por parte de ambos gobiernos para fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales, en un contexto donde la cooperación y el diálogo son factores determinantes para enfrentar desafíos compartidos, consignó Europa Press. El presidente estadounidense subrayó la importancia de construir espacios de comunicación directa entre líderes para abordar cuestiones complejas que involucran tanto la seguridad común como el desarrollo económico.

Ambos líderes manifestaron la voluntad de aprovechar los avances logrados y asegurar la continuidad de los canales institucionales de trabajo conjunto. Según reportó Europa Press, la posibilidad de encuentros presenciales futuros da cuenta de la prioridad que ambos gobiernos otorgan al mantenimiento de un diálogo constante y efectivo, especialmente en los temas señalados como prioritarios por la Casa Blanca y los funcionarios mexicanos.

La coordinación y las acciones conjuntas frente a fenómenos como el narcotráfico y la gestión fronteriza ocupan un lugar central en la relación bilateral, subrayó el medio consultado. Estados Unidos y México comparten una de las fronteras más extensas y activas del mundo, lo que convierte a la comunicación entre mandatarios en un elemento indispensable para dar curso a soluciones, acuerdos y políticas que incidan tanto en el flujo migratorio como en el intercambio comercial.

Sheinbaum concluyó en sus declaraciones que los equipos de ambas administraciones seguirán involucrados en los trabajos bilaterales, ratificando el compromiso por asegurar avances concretos en las diferentes áreas que integran la compleja agenda compartida. Europa Press indicó que el tono de la llamada y las referencias públicas de ambas partes sugieren una relación bilateral dinámica, en la que las diferencias y los intereses comunes se gestionan a través del contacto directo entre los principales responsables gubernamentales.

La Unidad Fiscal de la provincia de Corrientes confirmó que siguen los trabajos de investigación sobre José Féliz Peñalver Veliz, el ciudadano venezolano que fue detenido en la localidad de Ituzaingó el pasado 20 de diciembre. Este hombre de 35 años es acusado de pertenecer a la organización narco y criminal conocida como Tren de Aragua.

Entre los documentos que ha recibido el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos hay informes de organismos de inteligencia y material aportado por entes oficiales. La acusación en contra de Peñalver Veliz está a cargo de la titular del área, Tamara Pourcel. Junto a ella trabajan los auxiliares fiscales Juan Martín Mariño Fages y Nicolás Marquevich.

Los elementos recabados hasta ahora han permitido saber que el hombre de 35 años y que formó parte del Ejército venezolano tiene una causa pendiente por homicidio en su país. Además, fue expulsado de los Estados Unidos a comienzos del 2025 por estar indocumentado, portar un arma blanca y tener tatuajes y otros elementos que lo vinculaban con el Tren de Aragua.

A la Argentina ingresó por Salta a través de un paso clandestino. Cuando lo capturaron en la zona del puerto de Ituzaingó, dijo que pretendía ir por vía fluvial al Paraguay.

Continuidad del encarcelamiento y expulsión del país

Tras su detención, el juez federal de Garantías, Gustavo Fresneda, le dictó la prisión preventiva. Esta medida estará vigente hasta el próximo lunes 9 de febrero, confirmaron a este medio fuentes con acceso al expediente. En un primer momento, el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal había informado que se extendería hasta el 26 del próximo mes.

Peñalver Veliz cumplió una parte del arresto en la delegación de Prefectura. Pero por la peligrosidad que representaba, lo trasladaron a Marcos Paz. El cambio de lugar de detención se concretó a través de un procedimiento realizado por el Grupo Albatros.

La Fiscalía solicitará una nueva audiencia ante Fresneda para instar la prórroga de la medida coercitiva. En esa instancia, el venezolano tendrá la posibilidad de hablar. En el primer encuentro con el juez, apeló a la estratagema de decir que no sabía de qué se lo acusaba. Y de desconocer el accionar de su defensora de oficio, la abogada Rosana Marini. Una vez caídas estas artimañas, se negó a declarar.

Si en la próxima audiencia opta por hacer uso de la palabra, tendrá el derecho de exponer y luego decidir si responde o no preguntas de su abogada y de los fiscales intervinientes.

La intención de las autoridades judiciales es que permanezca detenido en Marcos Paz hasta que sea expulsado del país.

En eso está trabajando la Dirección Nacional de Migraciones. El proceso administrativo es complejo. Pero al tratarse de un individuo de alta peligrosidad y buscado por crímenes en su país, será sólo una cuestión de tiempo.

Migraciones ya determinó su expulsión y prohibición de reingreso a la Argentina. Pero la defensa de Peñalver Veliz impugnó la resolución y prolongó el desenlace. Una vez que la decisión quede firme, lo cargarán en un avión y llevarán a Venezuela. Este paso tampoco será sencillo por los resguardos de seguridad necesarios.

Quién es José Félix Peñalver Veliz

El hombre se presenta a sí mismo como exintegrante de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Entre sus pertenencias, se encontró una credencial de tropa de la Compañía 4208 EMEA (Empaque, Mantenimiento y Entrega Aérea).

Se trata de una unidad encargada del entrenamiento y apoyo logístico para operaciones aéreas y paracaidismo. Está ubicada en el Estado Aragua y forma parte de la estructura de la 42.ª Brigada de Infantería Paracaidista.

Sus antecedentes son frondosos. En Venezuela, su prontuario marca registros por “porte, detención u ocultación de arma”, por un hecho de enero de 2012. Pero además posee historial policial por el delito de “homicidio intencional”, ocurrido en agosto de 2013.

Según sus propias declaraciones, escapó de Venezuela en 2017. De forma ilegal, recorrió Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, manifestó.

El 16 de junio de 2024 fue detenido en los Estados Unidos por carecer de documentación. Se le incautó un arma blanca. Había entrado por México. A las autoridades norteamericanas les dijo que estaba camino a Canadá y que allí residía con su novia.

Cuando se le hicieron los controles de rutina, se le detectaron más de 20 cicatrices en el cuerpo y una bala alojada en el abdomen. Se justificó alegando su condición de militar.

Los funcionarios del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional -Homeland Security Investigations (HSI)- detectaron también que presentaba tatuajes compatibles con los utilizados por los integrantes del Tren de Aragua.

A su vez, se descubrió que tenía un pedido de arresto por parte de las autoridades judiciales del municipio de Peel, en la ciudad canadiense de Ontario. No se había presentado en distintas causas que se le seguían por los delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.

El despliegue de unidades especiales y bloqueos de carreteras marcó la respuesta de las autoridades israelíes frente a la identificación de diez personas que se aproximaban con rapidez y comportamientos que consideraron inusuales junto a la frontera sur con Jordania. Según consignó el medio The Times of Israel, la situación se produjo en las inmediaciones del asentamiento de Paran, dentro del distrito sur del país. Este hecho llevó al Ejército de Israel, a través de las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI), a implementar un operativo para esclarecer y neutralizar cualquier posible amenaza, aunque luego descartaron que hubiera habido un cruce ilegal a territorio israelí.

De acuerdo con información proporcionada por el Ejército y citada por The Times of Israel, durante la tarde de este martes, las tropas detectaron a cerca de diez individuos que se acercaban al límite fronterizo realizando movimientos considerados sospechosos y a un ritmo acelerado. Este comportamiento encendió las alarmas de las fuerzas de seguridad, las cuales optaron por actuar de manera inmediata con la movilización de un considerable número de efectivos, entre los que se incluyeron unidades especiales y aeronaves de la Fuerza Aérea.

El comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa israelíes precisó que parte del operativo consistió en la realización de exhaustivas búsquedas en la zona y el establecimiento de bloqueos en distintas carreteras cercanas, con el objetivo de controlar y verificar los movimientos en el área afectada, reportó The Times of Israel. Estas acciones, según la propia fuente militar, tenían como finalidad localizar a los sospechosos y garantizar que no hubiera ingreso no autorizado a territorio israelí.

Además de las operaciones en terreno, las autoridades locales comunicaron a los habitantes de los poblados cercanos la necesidad de permanecer en sus viviendas. Esta instrucción buscaba reducir riesgos mientras se desarrollaban las maniobras de búsqueda y se intentaba esclarecer la naturaleza del incidente, tal como recogió The Times of Israel. El aviso se mantuvo vigente hasta que las autoridades, tras concluir las revisiones, lograron descartar el peligro de infiltración.

La declaración oficial dada a conocer por el Ejército de Israel confirmó: “Tras exhaustivas búsquedas y el bloqueo de carreteras, se ha descartado una infiltración en territorio israelí. El incidente ha terminado y no hay riesgo de un incidente de seguridad”. El texto—mencionado por The Times of Israel—buscó mitigar la inquietud generada entre la población y subrayó el control sobre la situación, aclarando que todo había quedado bajo supervisión y que las rutinas regresaban a la normalidad.

The Times of Israel detalló que las sospechas iniciales acerca de una posible infiltración fronteriza formaron parte del análisis preliminar de las fuerzas armadas, pero estas se descartaron tras el desarrollo del operativo y las pesquisas resultantes. Aunque la naturaleza exacta de los movimientos de los diez individuos no se aclaró públicamente, el despliegue de recursos y el nivel de alerta reflejaron el protocolo que rige este tipo de incidentes fronterizos.

El asentamiento de Paran, escenario de la operación, se ubica en una región con antecedentes de incidentes similares debido a su proximidad con la línea divisoria y constituye uno de los puntos de vigilancia habituales en el sur de Israel. Según las informaciones consignadas, este tipo de movilizaciones rápidas y bloqueos suelen implementarse cuando se detectan comportamientos anómalos en áreas sensibles, ocupando tanto a unidades terrestres como a vehículos aéreos para el reconocimiento y vigilancia.

La intervención finalizó con el anuncio de que la situación estaba bajo control y sin indicios de amenazas activas hacia la seguridad de la región. Las Fuerzas de Defensa israelíes recalcaron que no existía en ese momento riesgo derivado del episodio y procedieron a retirar las restricciones impuestas a la circulación en la zona.

Como parte de la investigación, el análisis de los movimientos migratorios confirmó que las motocicletas ingresaron previamente a Argentina conducidas por sus titulares, quienes luego salieron del país por vía aérea desde diferentes aeropuertos, dejando los vehículos en territorio nacional. Esta maniobra no fue informada al Servicio Aduanero, lo que constituye una violación al Régimen de Circulación de Vehículos del MERCOSUR.

El operativo se llevó adelante en el control de salida del puente internacional, donde agentes detuvieron una camioneta Nissan con matrícula de Brasil, que remolcaba un tráiler con las cinco motos, también con patentes brasileñas. La ausencia de los titulares de las motocicletas al momento de solicitarse la documentación impulsó la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones.

Tras confirmar la irregularidad, la Aduana dispuso la interdicción de las cinco motocicletas, calificando la operatoria como contrabando en virtud del artículo 970 del Código Aduanero.

Los vehículos retenidos corresponden a los siguientes modelos: Triumph Tiger 900 Rally (patentes JAU2D42, THY9E72 y SDD3J13), BMW R 1250 GS (GGX0C11) y BMW R 1200 GS (FXD5847).

La Aduana de Paso de los Libres colaboró en el procedimiento al aportar información relevante sobre la operatoria y la identificación de los vehículos involucrados.

Los autos de lujo que eran contrabandeados y se usaban en clips de L-Gante, La Joaqui y La China Suárez

Una investigación que lleva adelante la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad logró dar con una flota de autos de lujo que eran utilizados en clips de cantantes como L-Gante, La Joaqui o la “China” Suárez. Ahora, se conoció un nuevo modelo valuado en 100 mil dólares que estaba en un garage porteño y ya quedó en poder de la Justicia.

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae, se trata de un Dodge Challenger R/T que habría sido fabricado entre el 2011 y 2014. Se trata de uno de los modelos más icónicos de la marca estadounidense y que se puede encontrar con versiones valuadas entre los 80.000 y 100.000 dólares en el mercado actual.

Según remarcaron fuentes de la investigación, lograron dar con el vehículo a través de una llamada anónima por un hombre que está prófugo. Estaba en un garage ubicado en Bernardo de Irigoyen al 600 en la Capital Federal.

La investigación se inició tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La señal dio cuenta de un posible ingreso irregular al país, bajo el régimen de turismo, de vehículos extranjeros como Chevrolet Camaro y Ford Mustang, presuntamente destinados al uso de ciudadanos argentinos.

El alerta motivó la intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que instruyó a sus áreas de investigación a profundizar el análisis de los movimientos y la documentación aduanera.

El resultado de ese primer análisis permitió identificar indicios de una maniobra engañosa dirigida a burlar los controles del régimen de circulación de vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP). Así, se formuló la denuncia ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea, quien dispuso la continuidad de las averiguaciones.

A partir de ese momento, se desplegaron tareas conjuntas entre la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que lograron identificar a los presuntos responsables, los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales.

El procedimiento culminó con una serie de allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA, autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. Participaron agentes de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva (DGI), la División Coordinación Contra el Trabajo Ilegal y Seguridad Social, personal de la Dirección Nacional de Migraciones y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Paneles solares, equipos de comunicación, motocicletas y explosivos artesanales quedaron abandonados tras la huida de los agresores responsables del ataque armado cerca de Sikasso, en el sur de Malí, según informaron fuentes oficiales citadas por Europa Press. Las autoridades castrenses señalaron que, tras intensos enfrentamientos, un número significativo de personas identificadas por el gobierno como “terroristas” perdió la vida. La ofensiva, llevada a cabo por individuos armados aún no identificados, ocurrió en las inmediaciones de la frontera con Burkina Faso.

De acuerdo con Europa Press, voceros militares confirmaron que tras el ataque inicial contra el puesto de control cercano a Sikasso, las fuerzas armadas demostraron su capacidad de respuesta al confrontar a los atacantes dentro de un bosque próximo a la localidad de Fatia. En ese contexto, los miembros del ejército rastrearon y localizaron a los responsables antes de que lograran retirarse completamente del área.

El informe castrense añadió que los combatientes que lograron escapar abandonaron en la zona vehículos, equipos electrónicos, provisiones y artefactos explosivos de fabricación casera, subrayando la magnitud del material incautado tras el episodio armado. Según publicó Europa Press, el alto mando militar remarcó que las Fuerzas Armadas intensificaron la persecución de los grupos responsables, adoptando medidas para reducir la capacidad operativa de estos colectivos en la región.

El Ejército reafirmó la determinación de continuar las operaciones hasta lograr la neutralización total de estos grupos armados catalogados como terroristas. Los portavoces confirmaron, según consignó Europa Press, que existe un mandato de seguimiento para que las persecuciones se mantengan sin interrupciones, enfatizando la acción “hasta su última trinchera”.

El medio Europa Press detalló que este episodio se produce dentro del actual contexto político de Malí, país gobernado desde 2020 por una junta militar que asumió el poder tras dos golpes de Estado, en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos liderados por Assimi Goita. Según el reporte, desde el establecimiento del gobierno de transición se han consolidado alianzas con Rusia y se ha reducido la cooperación con Francia y otros socios occidentales tradicionales.

El fortalecimiento de los operativos militares en el sur del país responde a un incremento de los ataques de grupos armados en áreas cercanas a las fronteras con países vecinos, como Burkina Faso. Europa Press explicó que las autoridades malíes atribuyen estos incidentes a organizaciones catalogadas por el gobierno como terroristas. La respuesta oficial subraya que la lucha contra estos grupos armados constituye una de las principales prioridades de la agenda militar y política vigente.

En el comunicado difundido por los portavoces castrenses, reproducido por Europa Press, se destacó también la profesionalidad exhibida por las fuerzas armadas en el desarrollo de los combates, así como la capacidad de recuperación de material logístico perteneciente a los atacantes. Dichos recursos confiscados abarcan desde medios de transporte hasta víveres y dispositivos electrónicos utilizados presuntamente para la coordinación de sus operaciones.

A raíz de estos hechos, las autoridades malíes han reiterado, según reportó Europa Press, su compromiso con la seguridad en la región sur del país, reforzando la vigilancia en los principales puntos estratégicos y zonas adyacentes a las fronteras. Dentro del contexto de inestabilidad que caracteriza a Malí desde la instauración de la junta y el consecuente viraje en materia de política exterior, este suceso pone de relieve la complejidad del escenario de seguridad tanto en el interior del país como en su periferia inmediata.

El más reciente incidente de tráfico transfronterizo de armas involucró a un dron equipado con diez pistolas, el cual fue interceptado por fuerzas militares de Israel poco después de cruzar la frontera desde Jordania. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el aparato fue derribado y las armas quedaron bajo custodia de las fuerzas de seguridad israelíes, que continúan investigando quiénes estarían implicados en esta operación.

El anuncio de la interceptación, hecho por el Ejército de Israel, se produce después de un operativo similar realizado el día anterior en la frontera con Egipto. Según detalló el medio Europa Press, las autoridades no han ofrecido por ahora detalles específicos acerca de la identidad de los responsables detrás de estos repetidos intentos de contrabando, ni se ha indicado si existen sospechosos detenidos o si ha habido enfrentamientos durante el derribo de estos vehículos aéreos no tripulados.

El comunicado militar difundido el jueves informó que la interceptación formó parte de los esfuerzos continuos por contener el tráfico ilegal de armamento hacia territorio israelí. De acuerdo con los datos proporcionados, el dron derribado transportaba diez pistolas, las cuales fueron inmediatamente incautadas. Una vez aseguradas, las armas han sido entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento y análisis, un procedimiento habitual en casos de incautación de armamento destinado a determinar su origen y posible destino.

Según publicó Europa Press, las autoridades israelíes han registrado durante los últimos meses un aumento en el número de vehículos no tripulados destinados al contrabando de armas desde los países vecinos. La mayoría de estos intentos han sido detectados en la frontera con Egipto, aunque también se han dado numerosos casos en la zona limítrofe con Jordania. De acuerdo con el Ejército de Israel, los drones interceptados forman parte de operaciones organizadas, cuyos responsables intentan aprovechar la tecnología para sortear los controles fronterizos.

Europa Press destaca que Israel atribuye la mayoría de estos intentos a grupos armados palestinos interesados en el abastecimiento ilícito de armas. Las autoridades señalan que el destino final de estos envíos suele estar vinculado a organizaciones que operan en los territorios palestinos, aunque la investigación sobre los flujos logísticos sigue abierta y sin conclusión definitiva.

Los drones empleados para el contrabando representan un desafío para las fuerzas de seguridad, dado que pueden transportar armas de forma silenciosa y a baja altura, disminuyendo las posibilidades de detección. Israel ha intensificado en el último año sus operativos de vigilancia y tecnología anti-drones en las fronteras sur y oriental, con el objetivo de identificar y neutralizar estas amenazas antes de que alcancen territorio interior.

Desde el inicio de este tipo de incidentes, el Ejército israelí ha reportado la interceptación de decenas de drones cargados con armas o componentes vinculados a la fabricación de explosivos. Las armas confiscadas en estos operativos pasan a cadena de custodia e investigación, permitiendo a las fuerzas de seguridad identificar patrones de tráfico, rutas posibles y métodos utilizados por las redes de contrabando. Europa Press detalla que, pese a los esfuerzos actuales, la frecuencia de los intentos no ha disminuido, lo cual convierte el fenómeno en una preocupación constante para las autoridades.

Ni el Ejército ni las fuerzas de seguridad han dado a conocer información sobre posibles cambios en los procedimientos o adaptaciones específicas tras los recientes incidentes, aunque destacan que los sistemas de defensa aérea y los equipos de patrulla fronteriza se mantienen en alerta reforzada dada la persistencia de los intentos de ingreso de armamento por medios no convencionales.

La investigación en curso busca esclarecer tanto la procedencia de las armas incautadas como la cadena de responsables detrás de la operación, con la expectativa de identificar si existen conexiones superiores entre los grupos de contrabando que operan tanto en Jordania como en Egipto. Europa Press informó que el Gobierno israelí se encuentra en contacto constante con las autoridades de ambos países vecinos a fin de reforzar la cooperación y el intercambio de información para contrarrestar el tráfico ilegal.

Según las estimaciones oficiales que cita Europa Press, el empleo de drones para traficar armas ha crecido de manera considerable desde que las fronteras con Egipto y Jordania han recibido mejoras tecnológicas en los puntos de control tradicionales, empujando a las redes criminales a recurrir a medios alternativos para eludir la vigilancia terrestre.

Así, el seguimiento de estos incidentes arroja una imagen de creciente sofisticación en los métodos de contrabando y de respuesta técnica por parte de las autoridades israelíes, que tratan de anticipar y bloquear las nuevas tácticas de quienes introducen armas de forma clandestina hacia el país.

Edwin Palma, ministro de Energía de Colombia, tomó la decisión de cancelar una política que daba luz verde a la participación de empresas privadas en la venta de energía entre Colombia y Ecuador, justo después de la imposición de nuevos gravámenes a las importaciones colombianas por parte de Quito. Según consignó el medio Europa Press, esta respuesta se enmarca dentro de la controversia causada por el aumento de aranceles dictado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien presentó estas tarifas como una medida de “seguridad” y remarcó una supuesta “falta de firmeza” en la lucha contra el narcotráfico por parte de Bogotá.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó a la aplicación del arancel del 30% con la promesa de ejecutar acciones bajo el principio de reciprocidad. Así lo expresó en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde recalcó que el gobierno colombiano ha intensificado el decomiso de cocaína en la frontera común y ha desarrollado múltiples acciones de coordinación con Ecuador para combatir actividades ilícitas. “Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Noboa de acuerdo a los principios de reciprocidad”, declaró Petro, según el reporte de Europa Press.

Petro defendió que las operaciones antidrogas en el límite binacional han permitido incautar más de 200 toneladas de cocaína y la recuperación de centenares de fusiles. También señaló que las autoridades han realizado combates contra grupos delictivos y mantienen una vigilancia permanente por mar, tierra y aire para frenar el flujo de tráfico de drogas hacia el sur. El jefe del Ejecutivo colombiano destacó la creación de centros de inteligencia en localidades fronterizas como Puerto Leguízamo (Putumayo), Manaos (Brasil) y Leticia (Amazonas). Además, mencionó la reciente puesta en marcha de uno de los 16 radares de última generación para reforzar el control fronterizo.

En su mensaje, Petro reconoció el avance de la violencia y la expansión de bandas hacia Ecuador, pero reiteró el compromiso de Colombia en la cooperación militar y las tareas de inteligencia conjunta. Invitó a Noboa y a otros líderes de países de la región a pactar un tratado continental orientado a prohibir e incautar los insumos utilizados para obtener fentanilo, una sustancia que calificó como “droga de destrucción masiva de la humanidad”. En ese sentido, ofreció compartir con las autoridades ecuatorianas el plan colombiano de control de insumos para combatir la proliferación de esa sustancia.

Por su parte, Edwin Palma criticó la nueva medida comercial adoptada por el gobierno ecuatoriano y la calificó de “agresión económica que rompe el principio de integración regional”. Manifestó la necesidad de restablecer el diálogo como vía de resolución de controversias y recordó que Colombia suministra entre el 8% y 10% de la energía que consume Ecuador, lo que representa una cuota significativa para el sistema energético del país vecino. Palma justificó la suspensión de acuerdos para ampliar la cooperación eléctrica bilateral, subrayando que las decisiones unilaterales pueden afectar a las poblaciones de ambos lados de la frontera, reportó Europa Press.

El presidente Noboa, quien dio a conocer que el arancel del 30% a las importaciones colombianas entrará en vigor a partir del 1 de febrero, indicó que se mantendrá vigente hasta que exista un compromiso concreto para enfrentar en conjunto tanto el narcotráfico como la minería ilegal en la frontera. Noboa señaló que Ecuador requiere “esfuerzos reales de cooperación” con Colombia, mencionando los enfrentamientos en la franja limítrofe con grupos ligados al crimen organizado sin recibir, según su perspectiva, respaldo suficiente desde Bogotá. El mandatario ecuatoriano remarcó además que, pese a la existencia de un déficit comercial superior a 1.000 millones de dólares anuales (854 millones de euros) que Ecuador tiene con Colombia, la prioridad de su administración reside en obtener colaboración contra las amenazas comunes, destacó Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, esta escalada de tensiones ha puesto en entredicho los mecanismos de integración regional y amenaza con generar impacto directo en sectores productivos y energéticos de la región. Los aranceles de Ecuador han sido concebidos como respuesta a la percepción de falta de corresponsabilidad por parte de Colombia en la lucha transfronteriza. Entretanto, el gobierno colombiano mantiene su posición de colaborar y, a su vez, demanda acciones recíprocas y diálogo político antes que la imposición de restricciones comerciales unilaterales.

La “tasa de seguridad” promocionada por Ecuador busca presionar a Bogotá para que incremente su accionar contra organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza. Noboa argumenta que la permanencia del nuevo gravamen se evaluará en la medida en que se logre un acercamiento concreto con el gabinete de Petro para abordar de forma conjunta la criminalidad y los delitos asociados a la minería ilegal. Las autoridades ecuatorianas sostienen que sus fuerzas armadas se mantienen en constante enfrentamiento con actores delictivos, mientras continúan esperando una mayor cooperación de Colombia en materia de seguridad.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, declaró que su país adopta nuevos aranceles del 30% para los productos originarios de Colombia, una decisión que permanecerá vigente hasta que, según indicó, exista un esfuerzo conjunto sostenido para combatir el narcotráfico y la minería ilegal a lo largo de la frontera común. El mandatario comunicó la medida a través de su cuenta en 'X', precisando que la falta de reciprocidad y de coordinación en acciones firmes por parte de Colombia hizo necesaria la adopción de esta tasa adicional. El medio consignó que la entrada en vigor de dicho arancel se ha programado para el primero de febrero.

El jefe de Estado ecuatoriano enfatizó, según informa la fuente, que el objetivo de esta acción es motivar a las autoridades de Colombia a asumir una responsabilidad compartida frente a la presencia de organizaciones criminales en la zona limítrofe. Noboa subrayó los esfuerzos ya realizados por Ecuador en materia de cooperación bilateral, a pesar de que el saldo comercial entre ambos países representa un déficit para Ecuador que supera los 1.000 millones de dólares cada año —equivalentes a 854 millones de euros—, según detalló la agencia.

De acuerdo con lo publicado, el presidente ecuatoriano señaló que, aunque su gobierno ha priorizado el diálogo y la colaboración en asuntos de seguridad y crimen organizado, las fuerzas armadas de Ecuador continúan enfrentándose a bandas asociadas al tráfico ilícito de drogas y la extracción ilegal de minerales, sin haber recibido apoyo operativo pleno por parte de las autoridades colombianas. "Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna", expresó el mandatario, citado por la misma fuente.

El anuncio de la tasa de seguridad del 30% representa una de las medidas comerciales de más alto impacto adoptadas por Ecuador en la relación bilateral reciente, ya que tiene implicaciones tanto para el comercio formal como para los flujos económicos entre ambas naciones, según publicó la plataforma informativa. Las autoridades esperan que la presión derivada de este arancel impulse la concreción de acuerdos efectivos para frenar las actividades ilícitas que afectan a ambas jurisdicciones.

Según las declaraciones compiladas por el medio, Noboa remarcó que Ecuador mantendrá la vigencia de la tasa hasta corroborar una disposición real por parte de Colombia a “enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”. El mensaje añade que la situación de la frontera común se ha convertido en uno de los principales desafíos bilaterales, no solo en términos de crimen, sino también por el impacto económico que genera la inseguridad en la dinámica de intercambio de bienes entre los dos países.

Finalmente, la cobertura de la fuente señala que este anuncio del gobierno ecuatoriano ocurre en un contexto de tensión regional, marcado por la intensificación de operativos militares en la zona limítrofe y la presión por parte de distintos sectores para que la cooperación antinarcóticos y antiminería ilegal adquiera un carácter tangible y verificable. La expectativa oficial en Quito, según la información publicada, es que la aplicación de la tasa logre traducirse en compromisos concretos en la lucha contra el crimen transfronterizo y la protección de los recursos naturales ecuatorianos.

Sobre los argumentos del anunció, a través de su cuenta de X, Noboa justificó esta decisión señalando que las fuerzas armadas ecuatorianas enfrentan a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera sin recibir cooperación por parte de las autoridades colombianas.

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El mandatario también mencionó un déficit comercial anual superior a los 1.000 millones de dólares con Colombia, lo que, según él, agrava la situación. Noboa expresó que esta medida se mantendrá hasta que ambos países logren un compromiso efectivo y coordinado para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, igualando el esfuerzo que Ecuador asegura estar realizando.

Ministro de Defensa de Colombia respondió al presidente del vecino país

Debido a que en el anuncio se mencionó la colaboración que recibe Ecuador para tratar temas ligados al narcotráfico, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, decidió responder a los señalamientos del presidente Noboa.

“Colombia es el principal país en el hemisferio occidental que combate con total vehemencia el narcotráfico y la clave en esta lucha es la cooperación internacional. Con Ecuador, nuestro hermano país, mantenemos una relación supremamente estrecha para combatir este enemigo común”, indicó el ministro cafetero.

Sánchez aseguró que la comunicación incluye canales como la Comisión Binacional Fronteriza y reuniones con mandos regionales, lo que incluye a militares de Perú.

“Fue una reunión tripartita en la cual desarrollamos una mayor estrategia, una mejor estrategia en temas de inteligencia y de operaciones para combatir el crimen. Y también lo hacemos en el ámbito policial a través de Rampol, que significa reunión de altos mandos policiales. Eso nos ha permitido incrementar la ofensiva contra el narcotráfico”.

El ministro deslegitimó las señalaciones al indicar que en la frontera se incautaron 195 toneladas de cocaína durante 2025, además de que en Nariño y Putumayo se llevan a cabo programas de erradicación de cultivos de hoja de coca.

“La lucha contra todos los grupos criminales ha sido contundente, destacando la captura de alias Fede, que sucedió a alias Fito, el principal cabecilla de Los Choneros, y que fue capturado en Medellín el año pasado, después de que se había volado de una cárcel de Ecuador en junio del 2025 pagando sobornos”.

Otro punto mencionado por el ministro de Defensa fue el entrenamiento que han recibido uniformados ecuatorianos en territorio colombiano, por lo que rechazó que se afirme que no ha existido ayuda por parte de las autoridades nacionales.

“La cooperación trasciende también en términos de entrenamiento. Hemos capacitado a alrededor de unos cuatro mil uniformados de la Policía Nacional Ecuatoriana para combatir este crimen. Cualquier afirmación contraria a estos hechos debe ser rechazada, como se hizo en el comunicado conjunto que se elaboró con la Cancillería colombiana para poner la voz clara de Colombia frente a la lucha contra el narcotráfico y específicamente frente a temas de cooperación internacional con nuestro hermano país de Ecuador”.

Por último, Pedro Sánchez, que se encuentra en una gira internacional, ratificó que en estos momentos las autoridades no tienen ningún cese al fuego con grupos armados y aseguró que combatirlos será más sencillo si existe una alianza entre los países vecinos que también padecen las secuelas del narcotráfico.

“Colombia no se rinde y jamás se rendirá en combatir con total contundencia al narcotráfico, y es más fácil si se unen las naciones para que pierdan los criminales”.

Declaraciones de representantes afganos ratificaron el compromiso de mantener la seguridad en la frontera con Tayikistán al asegurar que el personal propio no permitirá la explotación de la zona por grupos ilegales y responderá ante cualquier amenaza. Esta postura se conoció tras un reciente incidente letal reportado en las inmediaciones limítrofes, donde fuerzas tayikas interceptaron a presuntos contrabandistas, lo que derivó en la muerte de cuatro integrantes de un “grupo terrorista”. Según consignó la cadena afgana Tolo TV y retomó la agencia Europa Press, Zabihulá Muyahid, portavoz del Emirato Islámico de Afganistán, explicó que la información inicial apunta a que el choque involucró a traficantes de drogas y otras sustancias prohibidas.

El medio Europa Press detalló que las investigaciones sobre el incidente fronterizo comenzaron después de la denuncia efectuada por las autoridades tayikas el domingo pasado. El episodio ocurrió en la zona de Jarmanju, ubicada en la frontera afgano-tayika, según reportaron canales oficiales. Muyahid ratificó que el Emirato Islámico de Afganistán garantizó a Tayikistán que ninguna persona con intenciones ilícitas tendrá permiso para operar en la franja limítrofe. Sublayó, además, que las fuerzas de seguridad afganas evalúan la situación para bloquear cualquier esfuerzo dirigido a actividades ilegales y para ofrecer respuesta ante potenciales amenazas.

Europa Press recogió también las quejas previas de la parte tayika sobre la falta de acciones concluyentes frente a la actividad de grupos armados en el área fronteriza. En diversas ocasiones durante los meses anteriores, voceros oficiales de Tayikistán acusaron a las autoridades afganas de no actuar con decisión ante quienes cruzan y operan ilegalmente en esa región. En diciembre, ante otro incidente en el que murieron dos miembros de las fuerzas de seguridad tayikas, el Comité Estatal de Seguridad Nacional de Tayikistán pidió a los talibán cumplir sus compromisos internacionales para asegurar el resguardo en la línea fronteriza y luchar contra las organizaciones consideradas terroristas.

El pronunciamiento del organismo tayiko solicitó además que la cúpula gobernante en Kabul emitiera disculpas públicas hacia Tayikistán y reforzara medidas para un control efectivo del límite territorial. El mismo organismo manifestó la intención de continuar con la protección y vigilancia estricta de las fronteras, enfatizando que las autoridades tayikas mantendrán la defensa decidida de la soberanía nacional ante cualquier riesgo derivado de la inseguridad en las zonas limítrofes.

Siguiendo el recuento de los hechos realizado por Europa Press, la tensión en la frontera responde tanto a la presencia de redes de contrabando vinculadas al tráfico de drogas como al temor de infiltraciones de grupos armados categorizados como terroristas por los organismos estatales tayikos. Los responsables de seguridad de ambas naciones impulsan investigaciones separadas sobre el último enfrentamiento mientras, de acuerdo con los medios citados, demandan acciones y pruebas de cooperación efectiva para frenar el ciclo de incidentes violentos.

En declaraciones recogidas por Tolo TV y Europa Press, Muyahid reiteró que “el asunto está siendo investigado” y que el compromiso del Emirato Islámico sería impedir que la frontera se explote para actividades ilícitas. Destacó que la seguridad en el límite es una prioridad para el gobierno talibán, y que quienes tengan propósitos contrarios a la legalidad no hallarán refugio en Afganistán. Del lado tayiko, las demandas oficiales incluyeron llamados a incrementar la comunicación y a reforzar la colaboración transfronteriza, además de exhortaciones para que Kabul adopte nuevas medidas que garanticen la estabilidad en toda la región involucrada.

Europa Press puntualizó que este tipo de incidentes contribuye a mantener alta la preocupación por la seguridad en Asia Central, muy especialmente en los países que limitan con Afganistán desde la reanudación del control talibán en agosto de 2021. Las autoridades de ambas naciones permanecen en seguimiento riguroso de lo ocurrido en Jarmanju, mientras los gobiernos implicados intentan contener el flujo de personas y mercancías ilegales, como también contener la expansión de actuaciones de grupos armados más allá de las fronteras reconocidas.

El ministro de Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan, solicitó a sus homólogos de Tailandia y Camboya que presenten formalmente sus peticiones de mediación mediante cartas dirigidas al Gobierno malasio, con el fin de dotar de respaldo oficial a los próximos pasos en las negociaciones. Según informó el diario The Star, el funcionario defendió la actuación de su país como mediador en el conflicto fronterizo, en respuesta a las críticas sobre la gestión malasia y tras una cadena de hechos violentos que generaron cientos de víctimas y desplazados desde el verano hasta la actualidad.

Tal como publicó The Star, Hasan rechazó las acusaciones sobre un supuesto fracaso de Malasia para facilitar conversaciones entre las partes enfrentadas. “Es mentira que Malasia haya fracasado a la hora de facilitar conversaciones”, afirmó ante el Parlamento. El titular de Exteriores explicó que, aunque Malasia no ostenta actualmente la Presidencia de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN) —correspondiente en este momento a Filipinas—, ambos gobiernos involucrados continúan mostrando su preferencia por que Kuala Lumpur encabece el proceso de mediación en la crisis.

De acuerdo con la información de The Star, la violencia en la frontera entre Tailandia y Camboya derivó desde el verano pasado en más de un centenar de muertos y desalojó de sus hogares a más de un millón de personas, quienes se vieron forzadas a huir por la inseguridad. A finales de diciembre, los dos países alcanzaron un nuevo acuerdo de alto el fuego tras una sucesión de enfrentamientos y tras la ruptura del primer pacto, firmado en noviembre, que no logró sostenerse frente a la reanudación de la violencia.

En las conversaciones realizadas para reestablecer el cese de hostilidades, ambas partes convinieron abstenerse de cualquier amenaza o uso de la fuerza, comprometiéndose a respetar las líneas fronterizas internacionales y los principios de paz y estabilidad regional, según consignó The Star. El acuerdo incluyó la ratificación de la soberanía, la igualdad y la integridad territorial de cada país, y la intención de avanzar en el diálogo para poner fin a todas las hostilidades, promover la normalidad y fomentar la confianza mutua a lo largo de toda la frontera compartida.

A pesar del último acuerdo, los incidentes en la zona limítrofe han persistido. El medio The Star reportó intercambios de acusaciones de violaciones de la tregua entre Tailandia y Camboya, con señalamientos cruzados por parte de ambos gobiernos respecto a presuntas incursiones y hostilidades no autorizadas, lo que ha dificultado la consolidación de la paz y el regreso seguro de los desplazados a sus lugares de origen.

Las posibilidades de intervención de Malasia se han visto limitadas por el cambio de la Presidencia de la ASEAN. No obstante, tanto Tailandia como Camboya, detalló The Star, han expresado su deseo de recibir el respaldo de las autoridades malasias dicho proceso. Ante este escenario, la solicitud formal de cartas de parte de los ministros de Exteriores de ambos países busca consolidar la legitimidad de la mediación e impulsar el restablecimiento formal de las negociaciones, en busca de soluciones definitivas.

Durante su intervención parlamentaria, el ministro malasio subrayó la importancia de la cooperación multilateral dentro del marco regional, pero insistió en la necesidad de que cualquier iniciativa cuente con el consentimiento expreso y el respaldo documental de los implicados. Hasan remarcó que la paz y la estabilidad solo podrán alcanzarse si las partes muestran un compromiso auténtico con el respeto de los acuerdos y el cese efectivo de toda forma de hostilidad, conforme a los compromisos asumidos.

Hasta el momento, la situación humanitaria en la zona fronteriza permanece delicada, con desplazamientos masivos y comunidades a la espera de condiciones adecuadas para retornar. La continuidad de la mediación malasia y la respuesta de los gobiernos de Tailandia y Camboya a la petición de Hasan serán determinantes para los próximos desarrollos diplomáticos, según recogió The Star.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un cateo en la localidad de Frontera, municipio de Centla, Tabasco, para inhabilitar un inmueble señalado por operar como despachadora de gas LP sin los permisos necesarios.

La diligencia, autorizada por una jueza de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio y adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, respondió a una investigación en curso.

La acción fue revelada por la FGR mediante sus canales oficiales este 21 de enero de 2026.

Coordinación y participación de distintas autoridades en el operativo

El cateo en el inmueble del municipio de Centla contó con la colaboración de varias instancias del gobierno federal y estatal.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina se sumaron a la operación, junto con integrantes de la Guardia Nacional.

Además, según reportes oficiales, se sumó a la acción la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco (SSP), quienes, junto con el Ejército y la Marina, brindaron seguridad en el perímetro para garantizar el desarrollo seguro del procedimiento.

Asimismo, las autoridades informaron sobre la presencia de Protección Civil en el sitio, quienes fueron fundamentales, ya que personal especializado evaluó los factores de riesgo asociados al almacenamiento y manejo del gas LP en el lugar.

Según reportes de las autoridades, esta coordinación interinstitucional permitió que las autoridades actuaran de manera eficaz y segura, protegiendo tanto a los participantes en el operativo como a la comunidad cercana al inmueble.

Aseguramiento de tanque y material de gas L.P. sin permiso

Dentro del inmueble inspeccionado, las autoridades encontraron un tanque con capacidad de cinco mil litros, que en ese momento estaba cargado al 20 por ciento de su capacidad, lo que equivale a aproximadamente mil litros de gas LP.

Las autoridades detallarlo que el tanque de gas estaba conectado a un sistema despachador, junto con una manguera y equipo de medición, elementos que evidenciaban el funcionamiento de la instalación como una planta despachadora sin la autorización correspondiente.

Estos hallazgos refuerzan la línea de investigación sobre la presunta operación irregular de la planta, ya que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos exige permisos específicos para este tipo de actividades.

Disposición de los objetos asegurados y continuación de la investigación

Tras el operativo, el inmueble, el gas LP y el equipo encontrado quedaron bajo resguardo del agente del Ministerio Público de la Federación.

El proceso judicial sigue vigente hasta que se determine la situación legal de los implicados y se resuelva conforme a derecho, en el marco de la normatividad federal.

Por último, la Fiscalía General de la República reiteró su compromiso con la sociedad para investigar y perseguir los delitos de competencia federal.

El tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos ha consolidado nuevas rutas bajo el control de los principales cárteles del país, los cuales habrían adaptado sus métodos y alianzas para sostener el flujo de la droga sintética.

La frontera norte seguiría siendo el principal escenario de esta dinámica, con el despliegue de estrategias logísticas que involucran cruces fronterizos, empresas de transporte, paquetería y el uso de rutas menos vigiladas.

De cara a este 2026, las autoridades de ambos países han intensificado los operativos en los corredores más críticos, aunque las organizaciones criminales mantienen la capacidad de modificar rutas y tácticas para asegurar la exportación hacia territorio estadounidense.

Según un informe de el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (OMSMA), titulado, Informe de la demanda y oferta de Fentanilo en México, los estados con mayores decomisos de esa droga en el país son; Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

Esas entidades coinciden en una cosa, la presencia de cárteles en sus territorios, los cuales estarían bajo ascendio de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, señalados por EEUU como exportadores de fentanilo.

Rutas del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa figura como uno de los principales actores en la producción y tráfico de fentanilo.

De acuerdo con reportes de aseguramientos, lo cuales serían propiedad de esta organización, diversas facciones del CDS como “Los Chapitos” y “Los Mayos” mantendrían el control de corredores estratégicos en la frontera, especialmente en Sonora, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila.

Estas entidades serían puntos estratégicos de fentanilo, los cuales estarían marcados por rutas que recorren el Pacífico, la península de Baja California y el norte del país, dirigidas a puntos de cruce hacia Arizona y California.

A pesar de supuestas prohibiciones internas en facciones como “Los Chapitos”, el gobierno de EEUU señala que la organización sigue exportando fentanilo a gran escala, respaldada por laboratorios clandestinos que aprovechan la facilidad de síntesis y la llegada de precursores químicos desde Asia.

Además, el Cártel de Sinaloa habría adaptado rutas y métodos para evadir operativos, incluyendo el uso de empresas de paquetería, camiones comerciales y rutas secundarias.

En el municipio de Tijuana, tanto el Cártel de Sinaloa como el CJNG han establecido presencia y rutas para el trasiego de fentanilo hacia California, lo que ha incrementado los decomisos y la competencia criminal en la región.

Rutas del CJNG

En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, reportes de decomisos indicarían que tiene operaciones en Tamaulipas, Baja California y otras entidades del noreste.

Sin embargo, informes oficiales destacan su presencia en puertos como el de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cuál no es un sitio estratégico para cruzar la droga, sino punto clave para recibir precursores químicos desde Asia.

El CJNG utilizaría rutas que conectan el centro y el oriente del país con la frontera norte, movilizando cargamentos hacia Texas, California y otras zonas de Estados Unidos.

Al igual que el CDS, esta organización utilizaría estrategias que incluyen el uso de empresas de transporte, paquetería y la diversificación de rutas para sortear la vigilancia.

La organización también aprovecha el comercio internacional de precursores químicos y los cambios constantes en las rutas de síntesis para mantener la producción y exportación de fentanilo.

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta habilitó el avance a juicio oral de una causa compleja por narcotráfico transnacional, en la que cuatro personas están acusadas de haber integrado una asociación ilícita dedicada al transporte reiterado de estupefacientes, valiéndose de mujeres en situación de vulnerabilidad como correos humanos y articulando la operatoria entre el norte argentino y Bolivia. La decisión confirmó la acusación fiscal y resolvió mantener las medidas de coerción sobre todos los imputados, al considerar que subsisten los riesgos procesales y que la causa se encuentra próxima al debate oral.

El expediente se inició el 1 de agosto de 2024, a partir de una denuncia anónima recibida por la Unidad Fiscal Federal, que alertó sobre un esquema de reclutamiento de mujeres para trasladar pasta base en colectivos de larga distancia hacia la ciudad de Salta. Según esa información inicial, la organización ofrecía pagos en dólares y operaba desde Tartagal, en el norte de la provincia salteña, en el departamento San Martín, una zona cercana a la frontera con Bolivia.

Las primeras tareas investigativas permitieron identificar al matrimonio compuesto por Jessica Elisabeth de la Vega (39) y Alfredo Alberto Aguirre (41), señalados por la fiscalía como organizadores del esquema. Ambos residían en una vivienda del barrio Virgen de la Peña, donde además regenteaban un pequeño comercio. La acusación destacó que ambos registraban antecedentes penales por infracciones a la Ley de drogas 23.737, con modalidades similares a las ahora investigadas, y que Aguirre incluso ya se encontraba detenido por otras causas al momento de formalizarse esta investigación.

A partir de estos elementos, se desplegó una pesquisa de largo aliento que combinó intervenciones telefónicas, análisis de impactos de celdas y antenas, seguimientos, pericias sobre dispositivos móviles, registros de la CNRT y el rastreo de transferencias bancarias y billeteras virtuales. Ese trabajo permitió reconstruir una operatoria extendida al menos entre el 28 de enero de 2024 y el 23 de abril de 2025, con movimientos en Salvador Mazza, localidad salteña fronteriza con Bolivia, utilizada como punto de cruce hacia Yacuiba, y en Embarcación, otra ciudad del norte provincial empleada como escala en los traslados terrestres. El destino final, como se mencionó, era la capital salteña, mientras que el aprovisionamiento de la carga ilegal se realizaba en Pocitos y Yacuiba, ambas localidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

La fiscalía explicó que, si bien existieron maniobras de tráfico que no pudieron precisarse en condiciones exactas de “tiempo, modo y lugar”, otras quedaron acreditadas a partir del cruce de múltiples fuentes informativas. En ese contexto se incorporaron como elementos centrales varios expedientes conexos, que dieron cuenta de conductas reincidentes y reforzaron la hipótesis de una estructura criminal estable en el tiempo.

En una de esas causas, para el caso, se determinó que De la Vega y Aguirre estuvieron vinculados a un contrabando ocurrido el 28 de enero de 2024, ya que los celulares de las transportistas detenidas registraban contactos y conversaciones con ambos imputados y con el proveedor de la sustancia, Jueces Joel Huarayo Quiruchi, sobre quien pesan órdenes de captura nacional e internacional. En esos intercambios se hacía referencia directa al traslado de droga, a los pagos y a la logística del viaje.

Otro elemento estuvo vinculado a la detención de Jessica Natalia Alemán, una de las mujeres que oficiaba de transportista. Del análisis de su teléfono surgieron mensajes con el matrimonio donde se detallaban precios y horarios de pasajes, cantidades de estupefaciente a trasladar y modalidades de cobro. En una conversación del 13 de septiembre de 2024, la mujer informó que había viajado a Bolivia con otras dos personas para buscar la droga. Al día siguiente, los registros de celdas telefónicas ubicaron a De la Vega, Alemán y otra transportista desplazándose juntas desde Tartagal hacia la ciudad de Salta en el mismo colectivo.

La investigación también acreditó que, horas antes de uno de los procedimientos antidrogas, el material estupefaciente incautado fue entregado por De la Vega, según surge de los mensajes analizados y de los registros telefónicos analizados por la Gendarmería Nacional. En paralelo, del análisis de los dispositivos secuestrados surgieron comunicaciones que mostraban a Aguirre asegurando que las transacciones de dinero se completaran y llegaran a destino.

El circuito financiero fue otro de los ejes probatorios. Informes remitidos por plataformas digitales y entidades bancarias confirmaron transferencias a billeteras virtuales realizadas desde cuentas vinculadas a la pareja De la Vega y Aguirre hacia distintas mujeres que luego fueron detenidas por fuerzas federales transportando droga. En algunos casos se documentaron envíos sucesivos de dinero, lo que, según la fiscalía, exhibe un esquema de financiamiento sistemático de los traslados ilícitos.

Además, la acusación planteó que los informes socio ambientales incorporados al expediente dieron cuenta de que el matrimonio imputado repitió un patrón de búsqueda donde, a la hora de contratar transportistas, se fijaban en perfiles de mujeres en “estados de vulnerabilidad”.

A su vez, también puntualizó que Yesica Verónica Lorena Medina, de 45 años, se desempeñaba como la encargada de recibir el estupefaciente en la ciudad de Salta, con la colaboración de Silvia Rosana Acuña, de 46, quien oficiaba de intermediaria y alojaba a las transportistas en su domicilio del barrio Villa Juanita.

Según la acusación, De la Vega, Aguirre y Medina actuaron como jefes u organizadores de la asociación ilícita, al coordinar los tramos más relevantes de las diferentes operaciones. En cambio, Acuña habría cumplido un rol subordinado, limitado a tareas de intermediación y recepción de la droga y de las mujeres transportistas.

Durante la audiencia de control de la acusación, realizada esta semana, la defensa de De la Vega solicitó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, invocando su situación familiar: un hijo de 19 años con síndrome epiléptico idiopático, con ataques frecuentes, y una hija de 15 años, sin presencia parental en el hogar debido a la detención de su padre, Aguirre. El planteo fue rechazado. En ese marco, el tribunal de alzada mantuvo la prisión preventiva efectiva sobre la pareja, mientras que Medina quedó bajo arresto domiciliario al igual que Acuña.

Al resolver en dicha audiencia, el juez de Cámara Guillermo Federico Elías explicó que tanto la escala penal del delito imputado, como “las circunstancias que rodearon el hecho” permitían inferir “la existencia de un riesgo procesal”, por lo que cabía ratificar las medidas de coerción sobre todos los involucrados. En ese plano tuvo en cuenta la cercanía del debate oral para asegurar la comparecencia de los imputados.

En consecuencia, el camarista dictó el auto de apertura a juicio, declaró admisible la acusación por asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes -agravada por su ejecución reiterada y ostensible- y ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal que resulte sorteado para llevar adelante el juicio.

Este sábado 17 de enero se informó la detención de uno de los hombres integrados en la lista de 10 objetivos criminales buscados en la frontera por autoridades mexicanas y estadounidenses

Fue el Gobierno de Coahuila quien detalló que la captura se realizó por parte de agentes de la Fiscalía del Estado, junto a la Policía Estatal y en coordinación con elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) Del Sector Río.

Luis “N” , de 33 años de edad, fue arrestado en una operación conjunta en la comunidad de San Antonio de las Alazanas, ubicada en el municipio de Arteaga, Coahuila, en la que participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El fiscal del Estado, Federico Fernández Montañez, recordó que esta acción responde a una estrategia acordada el 16 de diciembre, cuando representantes de ambas instituciones firmaron un acuerdo en el Puente Internacional Amistad, ubicado en la frontera del municipio de Acuña con Del Río, Texas.

Luis “N” era buscado por asesinato con extrema crueldad por las autoridades.

En tanto, el jefe de la U.S. Border Patrol en el sector Del Río, Scott Good, enfatizó la importancia del trabajo en equipo al declarar: “Este arresto refleja la fortaleza de nuestra cooperación transfronteriza. Al trabajar juntos, pudimos detener a un individuo que representaba una seria amenaza”.

Good añadió que el resultado de la operación demuestra el “compromiso compartido con la seguridad pública y el estado de derecho en ambos lados de la frontera”.

En tanto, Fernández Montañez señaló que el operativo reivindica la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas de fortalecer la seguridad mediante la coordinación entre instancias.

El fiscal recordó que la lista de diez objetivos prioritarios se elaboró en conjunto con autoridades estadounidenses y mexicanas, para atacar amenazas clave en la región fronteriza.

La Fiscalía General de Coahuila sostiene que este tipo de intervenciones refuerzan su compromiso tanto con autoridades federales de México como con agencias de seguridad estadounidenses.

Lanzan nueva lista de 10 criminales prioritarios en la frontera

Las autoridades de México y Estados Unidos incluyeron a 10 criminales prioritarios en una nueva lista de objetivos en la frontera común.

El lanzamiento se realizó el 16 de diciembre mediante una conferencia de prensa conjunta entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la Patrulla Fronteriza y fuerzas policiales de Coahuila.

La inclusión de estos nombres responde a su vinculación con delitos de alto impacto, entre ellos secuestro, feminicidio, homicidio y conductas inapropiadas contra menores de edad.

Los rostros de los buscados quedaron expuestos en carteles, volantes y vallas publicitarias en México y también en puestos de control migratorio y puertos de entrada internacional de Estados Unidos.

Este anuncio forma parte del programa “Se Busca Información - Wanted”, del Sector Del Río, en el que se invita a la población de ambos lados de la frontera a brindar información anónima para localizar a los sujetos.

Quienes tengan datos sobre alguna persona buscada, podrán reportarlo de manera oficial a las autoridades a través del siguiente medio:

• Por llamada o WhatsApp al número 830-313-4557.

Fotografías almacenadas en teléfonos móviles incautados muestran a altos funcionarios del Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia junto a migrantes en vehículos militares. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el Ministerio de Defensa de Letonia ha atribuido esta evidencia a operativos de traslado coordinados por fuerzas de seguridad y el Ejército bielorruso para facilitar el cruce irregular hacia territorio letón. El comunicado señala que se han encontrado documentos y equipos de comunicación militar pertenecientes a efectivos bielorrusos en posesión de personas detenidas luego de atravesar la frontera, lo que refuerza las sospechas sobre una implicación directa de Minsk en estos movimientos.

Según informó Europa Press, el Gobierno de Letonia mantiene que existen indicios de acciones organizadas por parte de estructuras militares y de seguridad de Bielorrusia que incluyen la utilización de vehículos del Ejército para el transporte de migrantes. La información oficial puntualiza también la participación de altos cargos del Ejército de Bielorrusia en la coordinación y organización de estos cruces, con el objetivo de ejercer presión sobre las autoridades letonas en Riga.

El Ministerio de Defensa letón ha precisado que la documentación hallada entre los efectos personales de los migrantes detenidos corresponde a un batallón específico del Ejército bielorruso situado en la región de Vítebsk. Estos materiales incluyen registros internos de la unidad militar, así como inventarios de material entregado y equipos logísticos, detalló Europa Press en su publicación. La información recabada durante las inspecciones también revela que equipos de comunicación utilizados por militares bielorrusos quedaron en manos de quienes cruzaron la frontera de forma irregular, lo que, según las autoridades letonas, demuestra un vínculo directo entre personal militar de Bielorrusia y estos movimientos de personas.

Los teléfonos móviles incautados proporcionaron más detalles sobre el modus operandi. En ellos se localizó material gráfico donde aparecen altos cargos bielorrusos reunidos con migrantes ilegales en el interior de vehículos militares. Esta evidencia es interpretada por el Ministerio de Defensa letón como una prueba del involucramiento institucional de Bielorrusia, según lo consignado por Europa Press. Además, se han identificado instancias en que guardias fronterizos bielorrusos habrían facilitado directamente el traslado de migrantes hasta la frontera con Letonia.

De acuerdo con el comunicado recogido por Europa Press, las autoridades letonas han acusado a Minsk de utilizar estos flujos migratorios con fines de obtención de información de inteligencia y para implementar acciones que pueden constituir una amenaza para la seguridad nacional de Letonia. El Ministerio de Defensa ha sostenido que la organización del cruce ilegal, el transporte y el alojamiento de migrantes no se limita únicamente a la obtención de beneficios ilícitos, sino que podría estar vinculada a operaciones de reconocimiento y sabotaje dirigidas por los servicios de inteligencia de Estados considerados hostiles.

El comunicado agrega que, desde el año 2021, Letonia ha intensificado el control en la frontera con Bielorrusia a través de un esfuerzo conjunto entre la Guardia Estatal de Fronteras, las Fuerzas Armadas Nacionales y la Policía Estatal. Estas medidas buscan frenar los movimientos migratorios irregulares que han incrementado tras la crisis que comenzó ese año en la región, y reforzar la protección del territorio nacional. Europa Press apuntó que este refuerzo de la seguridad responde también a la percepción de que los flujos de migrantes pueden estar siendo instrumentalizados como parte de acciones híbridas de presión y desestabilización.

Las Fuerzas Armadas de Letonia han advertido que cualquier persona que respalde, ya sea de manera directa o indirecta, la infiltración, el traslado o el alojamiento de individuos que crucen ilegalmente la frontera no solo incurre en una violación a la legislación nacional. Según subrayó el Ministerio de Defensa, esto puede significar una colaboración inadvertida con operaciones de inteligencia coordinadas por Estados adversarios que buscan recopilar información o llevar a cabo actos de sabotaje en territorio letón. Europa Press remarcó que las autoridades letonas insisten en que la naturaleza y el volumen de la documentación hallada, junto con las imágenes y los equipos técnicos decomisados, constituyen evidencia irrefutable sobre la modalidad organizada de estos traslados y su finalidad.

La denuncia pública presentada por el ejecutivo letón ocurre en un contexto en el que otros países de la región han señalado situaciones semejantes en las fronteras con Bielorrusia, donde la concentración de personas migrantes y desplazadas ha incrementado el riesgo de tensiones diplomáticas y de seguridad. Según Europa Press, Letonia sostiene que la presión migratoria alentada desde Bielorrusia forma parte de estrategias estatales para debilitar los sistemas de control fronterizo de los países vecinos y recabar inteligencia sobre el despliegue de recursos y procedimientos en los límites territoriales.

El Ministerio de Defensa ha reafirmado que la respuesta institucional continuará articulándose mediante la cooperación entre la Guardia Estatal de Fronteras, las Fuerzas Armadas y la Policía, fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y respuesta en la zona limítrofe. Además, subraya la necesidad de identificar y contrarrestar cualquier intento de utilización de la migración irregular como instrumento de injerencia extranjera en asuntos internos de Letonia. Europa Press detalló que el gobierno letonio mantiene activas operaciones de inspección, patrullaje y detención en la frontera, con el objetivo de documentar y frenar estos movimientos, y recopilar elementos probatorios que permitan respaldar sus reclamos ante organismos internacionales.

La crisis social y económica que atraviesa Bolivia comienza a tener efectos directos en el Perú. Los bloqueos de carreteras impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) no solo han paralizado el comercio exterior, sino que también han dejado a decenas de ciudadanos peruanos varados en La Paz y en rutas fronterizas, en plena temporada alta de turismo hacia el salar de Uyuni, uno de los destinos más visitados del país altiplánico.

En los últimos seis días, las medidas de presión han generado pérdidas estimadas en más de 600 millones de dólares para Bolivia, según cifras oficiales y del sector empresarial. Sin embargo, el impacto trasciende las fronteras: el cierre de rutas hacia Perú y Chile ha interrumpido el transporte de carga, el flujo comercial binacional y el tránsito de pasajeros, afectando directamente a ciudadanos peruanos que viajaron por turismo o motivos laborales.

Peruanos varados y viajes a pie en medio de los bloqueos

La temporada alta de visitas al salar de Uyuni coincidió con la radicalización de los bloqueos, agravando la situación de turistas extranjeros, entre ellos peruanos que intentaban desplazarse hacia La Paz o retornar al Perú. Varios de ellos quedaron atrapados durante días ante la suspensión total del transporte interdepartamental.

Ante el cierre de carreteras, algunos viajeros optaron por continuar el trayecto a pie, exponiéndose a riesgos en zonas rurales y de conflicto. Testimonios recogidos en la frontera describen escenas de tensión y violencia, con grupos movilizados —como los denominados Ponchos Rojos— atacando buses y vehículos que intentaban avanzar.

“Acabo de llegar, he caminado desde las 2 de la mañana. De donde nos dejó el carro hasta Desaguadero hemos llegado más o menos a las 8 de la mañana. El carro nos hizo dar vueltas, los ponchos rojos estaban por todo lado, nos han apedreado, está fuerte la huelga”, relató una ciudadana peruana que logró cruzar desde La Paz hacia territorio peruano.

Los afectados han solicitado apoyo a las autoridades peruanas para facilitar su retorno seguro, mientras el paso fronterizo permanece interrumpido de manera intermitente.

Comercio paralizado y pérdidas que golpean a ambos países

Los bloqueos han detenido completamente el transporte pesado y el comercio exterior boliviano, afectando de manera directa el intercambio con el Perú. La Cámara Boliviana de Transporte advirtió que las rutas hacia territorio peruano están inhabilitadas, lo que ha generado pérdidas millonarias y retrasos en exportaciones e importaciones.

El impacto es significativo si se considera que, en 2023, el comercio bilateral alcanzó más de 1.400 millones de dólares. Perú importó bienes bolivianos por 871 millones de dólares —principalmente soya y derivados—, mientras que Bolivia compró productos peruanos por 533 millones de dólares, entre ellos acero, plásticos y textiles, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Las restricciones logísticas ya habían afectado el intercambio en años previos, especialmente tras bloqueos prolongados en la frontera de Desaguadero. Ahora, la nueva paralización amenaza con profundizar la caída del comercio, afectando sobre todo a pequeñas y medianas empresas peruanas que participan en estas operaciones.

Crisis económica y cambio de escenario político en Bolivia

El actual conflicto social se desarrolla en un contexto de severa crisis económica en Bolivia, marcada por la escasez de divisas, la caída de reservas internacionales y dificultades para sostener las importaciones. Este escenario explica, en parte, el descenso sostenido del comercio bilateral desde 2021, más allá de las tensiones políticas.

En paralelo, Bolivia atraviesa un momento de inflexión política. Los resultados preliminares de las elecciones del 17 de agosto de 2025 posicionan a candidatos de derecha —Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga— al frente del escrutinio, tras más de dos décadas de hegemonía del socialismo. Una eventual segunda vuelta en octubre abre interrogantes sobre el rumbo económico del país y sus relaciones comerciales con vecinos como el Perú.

Especialistas señalan que un cambio de modelo podría generar mayor previsibilidad y facilitar la recuperación del comercio exterior, aunque advierten que cualquier mejora dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para estabilizar la economía y garantizar la libre transitabilidad.

Turismo, fronteras y una crisis con impacto regional

Mientras tanto, sectores como el turismo figuran entre los más golpeados. La suspensión de viajes y el cierre de rutas ha generado pérdidas millonarias en plena temporada alta, afectando no solo a Bolivia, sino también a operadores turísticos peruanos vinculados al circuito del sur andino.

La combinación de bloqueos, crisis económica y transición política mantiene en vilo al comercio y al tránsito fronterizo. Para los peruanos varados y las empresas afectadas, la incertidumbre persiste, a la espera de una solución que permita restablecer la circulación y evitar que una crisis interna boliviana continúe trasladando sus efectos al otro lado de la frontera.

Repatriación de peruanos varados

La Cancillería informó que treinta y cuatro peruanos que habían quedado varados en La Paz, Bolivia, ya están de regreso en el país. El grupo no pudo salir antes por los bloqueos de carreteras en Bolivia y porque un vuelo humanitario previsto no logró aterrizar por motivos de fuerza mayor.

El retorno se concretó el 12 de enero, cuando los peruanos salieron de La Paz en la mañana, acompañados por un funcionario de la embajada peruana. Llegaron a Desaguadero en la frontera a las 14:30 horas y fueron recibidos por representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno.

Luego, con apoyo del Ministerio de Defensa, el Ejército del Perú los trasladó en un vehículo hasta la ciudad de Juliaca. Las autoridades peruanas en Bolivia siguen en contacto con los compatriotas que aún permanecen en ese país y evalúan opciones para facilitar su regreso.

La situación de los connacionales se volvió crítica luego de que un vuelo humanitario programado no pudiera aterrizar en la capital boliviana por inconvenientes de fuerza mayor, obligando a la Cancillería peruana a activar planes de contingencia para asegurar su traslado por vía terrestre. La medida permitió concretar el retorno en coordinación con autoridades diplomáticas, militares y regionales, en una jornada que demandó varias horas de desplazamiento y seguimiento permanente.

Cancillería activa plan de contingencia para evacuar a peruanos varados en Bolivia

De acuerdo con el comunicado oficial de la Cancillería, el grupo de 34 peruanos partió desde La Paz a las 11:30 horas (hora peruana), acompañado por un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, con el objetivo de garantizar su seguridad durante todo el trayecto. Tras varias horas de viaje, los connacionales arribaron a la localidad fronteriza de Desaguadero alrededor de las 14:30 horas, donde ya los esperaban representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno.

Una vez en territorio nacional, el Ministerio de Defensa dispuso un vehículo del Ejército del Perú para completar el traslado hasta la ciudad de Juliaca, punto de llegada final del operativo. La intervención articulada entre sectores permitió culminar el retorno sin incidentes, en un contexto en el que el tránsito fronterizo continúa siendo intermitente debido a las protestas y bloqueos en distintas regiones de Bolivia.

Mientras tanto, la Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz mantienen contacto permanente con los peruanos que aún permanecen en la capital boliviana, evaluando de manera constante las opciones técnicas y logísticas para facilitar su pronto retorno. Las autoridades peruanas han señalado que el monitoreo es continuo, considerando que la situación en las carreteras cambia de forma constante y puede agravarse en determinados tramos.

Además del acompañamiento logístico, las autoridades peruanas brindan alojamiento y alimentación básica a los afectados mientras se definen las rutas más seguras para su salida, en medio de un contexto marcado por episodios de violencia y protestas que siguen dificultando la movilidad en el país vecino.

Crisis en Bolivia: decenas de peruanos atrapados en el país vecino

La operación se produce en medio de una crisis social y económica en Bolivia, impulsada por movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), que han generado el cierre de rutas estratégicas hacia Perú y Chile, afectando no solo el tránsito de pasajeros, sino también el comercio binacional y el flujo turístico en plena temporada alta hacia destinos como el salar de Uyuni. En este contexto, decenas de ciudadanos peruanos quedaron atrapados durante varios días, algunos de ellos obligados a continuar su trayecto a pie ante la suspensión total del transporte.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de protección y asistencia a los peruanos en el extranjero, señalando que continuará desplegando acciones para salvaguardar la integridad y los derechos fundamentales de los connacionales afectados por la crisis en Bolivia, mientras se evalúan nuevas alternativas de evacuación conforme evolucione el escenario en el país vecino.

En paralelo, la Cancillería del Perú informó que el margen de acción para las repatriaciones aéreas es limitado. Según precisó Carmen Silva, cónsul adjunta del Perú en La Paz, actualmente se tiene registro de alrededor de 78 peruanos varados en distintas zonas de Bolivia, una cifra que supera la capacidad de los vuelos humanitarios, los cuales solo cuentan con 70 asientos disponibles.

Frente a este escenario, el Gobierno peruano viene coordinando con las autoridades bolivianas para facilitar el desplazamiento seguro de los connacionales hasta terminales aéreos, desde donde puedan ser trasladados hacia Lima o Juliaca, en la región Puno.

La funcionaria explicó que el operativo se ejecuta desde un centro de control instalado por el consulado y la embajada peruana, con apoyo de las agregadurías militar y policial, desde donde se monitorea en tiempo real la situación en carreteras y puntos críticos. En ese marco, se ha priorizado la atención de los peruanos atrapados en zonas de mayor riesgo, como Oruro, El Tolar y Conani, donde los bloqueos son más intensos y el tránsito permanece restringido.

La crisis social y económica que atraviesa Bolivia generó un escenario complejo para los peruanos que viajaron al país altiplánico por turismo o trabajo.

Los bloqueos de carreteras liderados por la Central Obrera Boliviana (COB) han paralizado el comercio exterior y el tránsito de pasajeros, afectando a decenas de ciudadanos peruanos que quedaron varados en La Paz y en rutas fronterizas, en plena temporada alta de visitas al salar de Uyuni.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.) informó que, desde el sábado 10 de enero, la misión diplomática peruana y sus consulados en Bolivia realizan esfuerzos para brindar asistencia consular a los compatriotas afectados.

Según el reporte oficial, el Consulado General de Perú en La Paz y la Agregaduría policial peruana lograron contactar a los peruanos varados, trasladando de manera segura a 33 personas a La Paz, donde 22 de ellos reciben alojamiento y alimentación mientras esperan poder continuar su viaje de retorno al Perú.

El impacto de los bloqueos ha obligado a varios viajeros a recorrer largas distancias a pie, exponiéndose a zonas de riesgo y conflicto.

Una de las afectadas relató: “Acabo de llegar, he caminado desde las 2 de la mañana. De donde nos dejó el carro hasta Desaguadero hemos llegado más o menos a las 8 de la mañana. El carro nos hizo dar vueltas, los ponchos rojos estaban por todo lado, nos han apedreado, está fuerte la huelga”.

Otros 29 connacionales permanecen en distintas regiones de Bolivia, donde reciben hospedaje, alimentación y medicinas, gestionados por las autoridades peruanas.

La Cancillería ha instalado un centro de control para monitorear la situación y evaluar nuevas acciones de apoyo. El Ministerio pone a disposición de los afectados el número de emergencia consular en Bolivia: +591 70164657.

La protección y la asistencia a peruanos en situación de emergencia en el exterior es una prioridad para el sector diplomático.

Comercio y turismo en alerta

La crisis boliviana no solo afecta a los ciudadanos varados, sino que también repercute en el comercio bilateral y el turismo.

Los bloqueos han interrumpido el transporte de carga y el flujo comercial entre Bolivia y Perú, con pérdidas estimadas en más de 600 millones de dólares, según cifras oficiales y empresariales.

En 2023, el comercio entre ambos países superó los 1.400 millones de dólares, con Perú importando bienes bolivianos por 871 millones de dólares y exportando productos como acero, plásticos y textiles por 533 millones.

El sector turístico es uno de los más golpeados. La suspensión de viajes y el cierre de rutas en plena temporada alta han impactado a operadores peruanos vinculados al circuito sur andino. Testimonios recogidos en la frontera describen escenas de tensión, con grupos movilizados atacando buses y vehículos que intentaban avanzar hacia el Perú o La Paz.

La situación se agrava en un contexto de crisis económica en Bolivia, caracterizada por la escasez de divisas y la caída de reservas internacionales. El escenario político también suma incertidumbre, tras los resultados de las recientes elecciones que podrían implicar un cambio de modelo económico en el país vecino.

Después de que se registró la captura de Nicolás Maduro, un informe de inteligencia dejó en evidencia la alerta que se generó al interior del Ministerio de Defensa sobre el posible regreso de grupos armados colombianos que han tenido una presencia constante en territorio venezolano.

Teniendo en cuenta que el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central se disputan las rutas del narcotráfico en la frontera, se ha especulado con un regreso de cabecillas como “Iván Mordisco”, “Iván Márquez” y “Antonio García”, ya que la presencia de Estados Unidos en el vecino país terminaría con la “protección” que tenían en esa nación.

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Debido a esta situación, Infobae Colombia contactó a dos expertos en el tema, que se encargaron de analizar las posibles acciones de los grupos armados durante el cambio de administración que se prevé, pasará en Venezuela.

El panorama a corto plazo en la frontera

En primer lugar, el analista político del Politécnico Grancolombiano, Jaime Andrés Wilches indicó que se debe hablar principalmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), puesto que es la estructura armada que tiene mayor margen de poder territorial en la frontera.

“Hay que entender tres claves históricas, que el ELN es una guerrilla continental, que su táctica siempre ha estado en zonas fronterizas; que sus objetivos han sido en ataques a empresas petroleras y la última, que es una guerrilla de repliegues, que ante coyunturas sabe muy bien esconderse”, explicó Wilches.

Entendiendo que el ELN no va a cambiar sus estrategias, el experto indicó que pronostica que habrá cambios de posición, aunque descartó que exista un riesgo de que Estados Unidos ataque esos sectores.

“En efecto, el ELN va a hacer tránsitos y movilizaciones en zonas fronterizas. No va a suceder nada extraño ni van a cambiar las situaciones, si fuera así, Estados Unidos desde hace tiempo hubiera ordenado bombardeos”.

Por último, Jaime Andrés Wilches mencionó que, debido a que la transición en Venezuela no será rápida, esto supone que los grupos armados tendrán tiempo para planificar cuáles serán sus siguientes movimientos.

“Al final, la conclusión es que va a haber espacio de repliegue, pero nada diferente, entendiendo que se viene un cambio fuerte en Venezuela, que no será de la noche a la mañana, es decir, van a tener tiempo”.

En ese sentido, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque también analizó la situación y mencionó que, en su percepción, los grupos armados cambiaran sus ubicaciones ante el riesgo de ser atacados.

“Se prevé un desplazamiento masivo de estructuras armadas: tres frentes de guerra del ELN y dos frentes de la Segunda Marquetalia de las Farc desde los corredores tradicionales de los Andes y el Catatumbo hacia la Cuenca del Orinoco y el Arco Amazónico. Este movimiento responde a la vulnerabilidad de sus bases actuales frente a un posible cambio de régimen en Venezuela y la amenaza de bombardeos tácticos por parte de Estados Unidos”.

Sobre las economías ilícitas que manejan, indicó que esto hará que se avance más rápido en la transición de la explotación mineral ilegal.

“El modelo económico basado en el narcotráfico y el uso de pistas clandestinas en la frontera colombo venezolana está agotado debido al monitoreo satelital y la presión estadounidense. Por ello, las estructuras están migrando hacia la explotación ilícita de yacimientos mineros. Esta transición es estratégica: el oro es menos detectable en escenarios selváticos que los cultivos de coca, es más resistente a las operaciones de interdicción tradicionales y facilita un lavado de activos más fluido en los mercados internacionales, asegurando la sostenibilidad financiera de los grupos en su nueva ubicación”.

Por último, anticipó que aún existen riesgos de confrontaciones por el poder territorial de la frontera, que con presencia o no de la dictadura, sigue siendo una zona vital para los grupos armados.

“Este desplazamiento convierte a la región amazónica entre Colombia y Venezuela en un epicentro de guerra híbrida. Las estructuras armadas como las FARC y el ELN actuará, estas organizaciones representan una debilidad crítica en la seguridad regional, ya que su capacidad de mimetizarse en zonas de difícil acceso les permite mantener focos de terrorismo y resistencia de largo plazo”.

La utilización de tecnología controlada a distancia fue un elemento central en la operación frustrada cerca de las fronteras de Jordania con Siria e Irak, donde las fuerzas de seguridad localizaron globos guiados electrónicamente que transportaban sustancias prohibidas. Según informó el Ejército jordano a través de un comunicado, la interceptación se produjo en horas tempranas, cuando unidades encargadas de la vigilancia fronteriza identificaron el singular método de traslado de estupefacientes y lograron neutralizar la actividad ilícita. La noticia, consignada por la agencia Europa Press, puso en relieve el empleo de dispositivos avanzados para el traslado clandestino de drogas en la región.

El comunicado oficial, recogido por Europa Press, detalló que los efectivos “frustraron a primera hora de este jueves un intento de contrabando de narcóticos transportados en globos guiados por dispositivos electrónicos”. Los materiales fueron descubiertos por la Guardia Fronteriza dentro del territorio jordano, lo que permitió a los militares actuar antes de que los paquetes alcanzaran su probable destino. A pesar de la intervención, no se ofreció información específica sobre la cantidad o el tipo de opioides, estimulantes u otras sustancias que integraban el cargamento incautado.

La operación tuvo lugar en uno de los puntos de mayor vigilancia del país, una región donde en los últimos meses las autoridades han aumentado los controles debido a la intensificación de las actividades de tráfico de drogas en las áreas fronterizas con Siria e Irak. El medio Europa Press puntualizó que este episodio forma parte de una tendencia al alza en la diversificación de métodos empleados por organizaciones delictivas para evadir la detección de los cuerpos de seguridad.

Fuentes oficiales señalaron que la táctica de emplear globos controlados remotamente representa un desarrollo tecnológico en los procedimientos de contrabando. La sofisticación de estos medios evidencia los esfuerzos de las redes de tráfico de adaptar sus procesos ante el refuerzo de la vigilancia militar en la región. Los globos, derribados ya en territorio de Jordania, se encontraban equipados con mecanismos electrónicos que permitían una navegación precisa, según detalló el Ejército jordano en la citada comunicación pública.

Europa Press reportó que la intervención en cuestión se inscribe dentro de una campaña más amplia orientada a combatir el narcotráfico, con una atención particular en los corredores utilizados a lo largo de las fronteras nororientales del país. En este contexto, las autoridades han reforzado la capacidad de las patrullas fronterizas y han apostado por la cooperación con fuerzas internacionales con miras a mejorar los sistemas de detección y respuesta frente a tácticas innovadoras como la detectada.

El comunicado del Ejército no especificó si la operación concluyó con la detención de sospechosos o si existen investigaciones en curso para identificar a los responsables del intento de contrabando. Hasta el momento, la información disponible, recogida por Europa Press, se concentra en el carácter tecnológico del método utilizado y en los resultados alcanzados por las fuerzas de seguridad al evitar que las sustancias ilícitas cruzaran la frontera de manera exitosa.

Las autoridades jordanas llaman la atención sobre la complejidad que representa la vigilancia de una línea limítrofe extensa y expuesta a múltiples riesgos, entre los que destaca el tráfico ilegal de drogas. De acuerdo con Europa Press, el uso de globos guiados electrónicamente demuestra la constante evolución de las estrategias empleadas por los traficantes y la necesidad de actualizar los mecanismos de control planteados por los organismos de seguridad de Jordania ante el incremento de estos intentos de trasiego clandestino.

El episodio se agrega a una serie de eventos recientes en los cuales el narcotráfico ha intentado innovar en sus medios para sortear las medidas estatales. La situación ha motivado que las fuerzas armadas y la Guardia Fronteriza intensifiquen tanto la vigilancia electrónica como las patrullas terrestres en los alrededores de los pasos fronterizos con Siria e Irak, reforzando la colaboración con entidades regionales e internacionales para interceptar estas nuevas formas de actividad ilícita.

En las semanas previas, la zona había experimentado un aumento en el número de incautaciones y detenciones relacionadas con el tráfico de drogas, como parte de los operativos sistemáticos desplegados por las autoridades jordanas. Según lo consignado por Europa Press, la creciente presión militar sobre las redes dedicadas a este delito ha derivado en la experimentación con alternativas tecnológicas consideradas poco frecuentes en el contexto de la región.

El Ejército de Jordania, a través de sus canales oficiales, reiteró el compromiso de mantener y fortalecer los dispositivos de seguridad en la frontera, haciendo hincapié en la relevancia de la coordinación interinstitucional para prevenir episodios semejantes. La información recogida por Europa Press da cuenta de la preocupación existente en el gobierno jordano por la sofisticación creciente de los métodos adoptados por las organizaciones criminales, al mismo tiempo que resalta los desafíos que afrontan los países de la región en su lucha contra el narcotráfico transfronterizo.

El Ministerio del Interior de Camboya ha intensificado las acciones para recopilar datos y evaluar los impactos derivados de los desplazamientos masivos en las provincias fronterizas, luego de detallar que cerca de un millón de personas han resultado afectadas por los combates recientes. Según informó Europa Press, las autoridades camboyanas han ordenado a sus administraciones provinciales ampliar las inspecciones en las zonas donde la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares.

El medio Europa Press detalló que el Gobierno de Camboya denunció nuevas incursiones de drones provenientes de Tailandia sobre su territorio, a pesar de que las partes implicadas alcanzaron un acuerdo de alto el fuego hace solo diez días. Los incidentes, según precisó el Ministerio del Interior de Camboya a través de un comunicado, ocurrieron en las provincias de Pursat y Koh Kong, configurando una situación que la administración local calificó como una “clara violación de la integridad territorial” del país.

Las autoridades explicaron que mantienen una vigilancia continua de la situación en la línea fronteriza, respaldados por una coordinación estrecha con las Fuerzas Armadas, con la intención de salvaguardar tanto la soberanía nacional como la integridad territorial. El ministerio señaló, de acuerdo con Europa Press, que, de forma paralela a la vigilancia, el Gobierno ha dispuesto que las administraciones pertinentes monitoreen y atiendan activamente las necesidades de la población desplazada.

De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio del Interior camboyano y divulgados por Europa Press, los combates ocurridos en diciembre desencadenaron la migración de aproximadamente un millón de personas en toda la zona limítrofe, con al menos 640.000 desplazados solo dentro de Camboya. Esta escalada de violencia ha dejado más de un centenar de víctimas mortales en ambos territorios, según consignó el mismo medio.

El Ejecutivo camboyano, siguiendo lo que reportó Europa Press, ha puesto en marcha mecanismos para acelerar la reanudación de los servicios públicos en los distritos más perjudicados por el conflicto armado, al mismo tiempo que refuerza la cooperación entre sus fuerzas en la primera línea y fortalece los dispositivos de seguridad en toda la franja fronteriza.

Las tensiones recientes se agravaron con la notificación de un incidente adicional: el martes, dos militares camboyanos resultaron heridos tras una explosión en la provincia de Preah Vihear, situada cerca de la frontera. El Ministerio de Defensa comunicó, citado por Europa Press, que el hecho se registró en la zona de Mum Bei aproximadamente a las 7:27, hora local, mientras los soldados realizaban actividades rutinarias. Según la información disponible, uno de los heridos permanece en estado grave en el hospital.

Tras el ataque, la portavoz del Ministerio de Defensa, Maly Socheata, trasladó que tanto el Gobierno como las fuerzas de seguridad del país siguen adhiriéndose a los acuerdos bilaterales con Tailandia, incluidas las pautas estipuladas en los recientes anuncios de alto el fuego, con el propósito de restaurar la estabilidad y garantizar la seguridad en la división fronteriza, como publicó Europa Press. Socheata manifestó que “este incidente no altera la disposición de Camboya para resolver todas las cuestiones fronterizas de forma pacífica y responsable a través del diálogo y el entendimiento mutuo”.

Desde su declaración oficial, el Ministerio del Interior complementó la información señalando que el monitoreo de la situación fronteriza continúa de manera ininterrumpida, en coordinación con la cúpula militar y las autoridades civiles de las áreas adyacentes a la frontera. Se enfatizó que las instrucciones están dirigidas a abordar todos los aspectos derivados de los desplazamientos, incluyendo el restablecimiento de servicios esenciales y la gestión de registros sobre el movimiento de personas. Las prioridades enumeradas abarcan tanto garantizar la protección del territorio como apoyar socialmente a los pobladores desplazados, recogió Europa Press.

Este repunte de hostilidades y la denuncia sobre incursiones de drones tailandeses se produce en un contexto marcado por la fragilidad de la tregua y la preocupación persistente de las autoridades camboyanas ante nuevas violaciones territoriales. Europa Press puntualizó que el Gobierno ha reiterado la necesidad de redoblar esfuerzos para mantener la vigilancia y la respuesta frente a incidentes transfronterizos, remarcando su objetivo de preservar tanto la estabilidad inmediata como la paz a largo plazo en la zona limítrofe.

La captura del dictador Nicolás Maduro, que es acusado de facilitar el envío de cocaína a grupos armados y estructuras criminales en territorio venezolano, ha hecho que se vuelva a hablar de la importancia que tiene la frontera con Colombia para las rutas del narcotráfico.

Al respecto, un informe oficial, al que tuvo acceso Infobae Colombia, menciona que el cambio de administración en Venezuela, sumado a la presencia que podría tener Estados Unidos en ese país, haría que los frentes de varios grupos armados en dicho país, tomaran la decisión de retornar a territorio cafetero.

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Cabe recordar que se tiene claridad de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc tendrían amplios grupos de hombres armados en Venezuela.

De hecho, se estima que algunos de los máximos cabecillas de los grupos armados mencionados podrían estar refugiados en esa nación en medio de la arremetida que han llevado a cabo las Fuerzas Militares en Colombia.

La estructura criminal más mencionada en los informes es el ELN, que en Venezuela podría tener a varios cabecillas del frente de guerra nororiental, como lo son: alias Silvana Guerrero, alias Ricardo, alias Parmenio, alias Caballo de Guerra y los máximos cabecillas del grupo armado, alias Pablito y alias Antonio García.

Respecto a la Segunda Marquetalia, el objetivo principal de las Fuerzas Militares es alias Iván Márquez, que se presume estaría escondido en territorio venezolano. Situación similar se tiene con alias Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central.

Las recompensas que ofrece Colombia para capturar a estos criminales

En estos momentos, en Colombia el criminal más buscado es Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como “Iván Mordisco”, por el que las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura.

Ingresó a la guerrilla en los años noventa y se consolidó como jefe del llamado frente uno. Tras rechazar el acuerdo de paz de 2016, se ha destacado por coordinar actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y control territorial, manteniendo influencia en el sur de Colombia.

A pesar de que se sigue presentado como comandante de la guerrilla del Estado Mayor Central, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha declarado que a este criminal se le considera un narcoterrorista, no el líder de un grupo armado.

En segundo lugar, se ubica Luciano Marín Arango, “Iván Márquez”, desertor del proceso de paz y cabecilla de las disidencias de la Segunda Marquetalia. Fue una figura clave durante los diálogos de paz con el gobierno colombiano, pero tras la firma abandonó el proceso.

Desde entonces, “Iván Márquez” ha sido portavoz y estratega político, vinculado a operaciones de narcotráfico y alianzas con otros grupos ilegales. Actualmente, las autoridades ofrecen 4.378 millones de pesos por información relevante sobre su ubicación.

En tercer lugar está Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, más conocido por el alias de Antonio García, que es el máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua activa en Colombia.

Nacido en 1956, García ascendió en la estructura del ELN por su capacidad militar y política. Ha participado en negociaciones de paz y diálogos exploratorios con diferentes gobiernos, aunque mantiene una postura de confrontación armada y control territorial.

Bajo su mando, el ELN ha expandido su presencia en zonas rurales y fronterizas, vinculándose a economías ilegales. Su liderazgo representa un obstáculo clave para alcanzar acuerdos de paz duraderos en Colombia.

Debido a que en los últimos meses el grupo armado se alejó por completo de las intenciones de paz que tiene el Gobierno nacional, las autoridades ofrecen hasta 4.378 millones de pesos como recompensa para quien entregue la ubicación de “Antonio García”.

Mientras que en Estados Unidos, Nicolás Maduro deberá afrontar las acusaciones en su contra por corrupción y narcotráfico, en América del Sur se ha vuelto a hablar de la importancia que tiene la frontera entre Colombia y Venezuela para los grupos armados y las rutas del narcotráfico.

Cabe mencionar que a Nicolás Maduro, dictador durante más de una década de Venezuela, se le acusa de permitir que el territorio de su país se convirtiera en el punto clave del envío de drogas en la actualidad.

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De hecho, aunque se niega que exista un vínculo entre la dictadura y capos de la región, Noticias Caracol expuso un informe de inteligencia de las autoridades venezolanas en el que se menciona la existencia de hasta 30 pistas clandestinas para el envío de narcóticos en su país.

En los documentos citados se alertó a la dictadura de Maduro sobre la presencia masiva de grupos delincuenciales colombianos en los estados de Zulia y Amazonas, lo que fue pasado por alto por el régimen durante varios años.

El accionar de los grupos armados colombianos en Venezuela también fue resaltado por la Plataforma Periodística para las Américas, que en un informe reveló que el narcotráfico en el Catatumbo colombiano se ha fortalecido gracias a la apertura de nuevas rutas transfronterizas en territorio bolivariano.

En el documento se afirma que el ELN, principal grupo armado en la zona, estaría expulsando a familias de fincas ubicadas junto al río Catatumbo para controlar puntos de carga y descarga de cocaína destinada a mercados internacionales.

De la misma forma, que los decomisos recientes de grandes cantidades de droga demuestran que hay una reactivación de las operaciones y el regreso de carteles internacionales, principalmente de México y Brasil, lo que ha incrementado la violencia y los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Frente 33 de las Farc.

Al respecto, las autoridades en Colombia han identificado rutas fluviales, terrestres y aéreas que atraviesan la frontera, muchas veces con la colaboración de miembros de la fuerza pública venezolana. El control de estas rutas genera desplazamientos, enfrentamientos y una economía ilegal que afecta gravemente a la población civil de la región.

La importancia de la frontera para el narcotráfico del siglo XXI

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica, Juan Camilo Ubaque, habló sobre el comportamiento que han tenido los grupos armados colombianos en la zona de la frontera, comenzando por los puntos de conexión.

“El tránsito de estos grupos armados se facilita mediante una red de corredores que conectan la Península de la Guajira, la región del Catatumbo y la cuenca del Orinoco. En la Guajira, la línea divisoria es frágil y prácticamente imperceptible. En el Catatumbo, la red fluvial de la cordillera actúa como un motor de desplazamiento, mientras que en los departamentos de Arauca y Vichada, la vasta sabana impide una delimitación física real”.

Para Ubaque, esta situación ha provocado que la frontera se consolide como la clave de las rutas económicas ilícitas de las estructuras armadas, lo que incluye un flujo migratorio que sigue sin ser detectado en varios aspectos.

“El Frente de Guerra Oriental (ELN) se posiciona como una estructura hegemónica con un epicentro estratégico entre el estado Apure (Venezuela) y el departamento de Arauca (Colombia). Su influencia se extiende por los Llanos Orientales y se adentra en las regiones amazónicas y del Orinoco, donde explota yacimientos mineros ilícitos, principalmente de oro, en el arco amazónico que une al Vichada con el Amazonas bolivariano”.

El experto en geopolítica indicó que la situación actual en la frontera ha hecho que aumente la cantidad de cultivos de hoja de coca, y la presencia de más estructuras de los grupos armados, lo que puede desencadenar en una guerra territorial entre ellos.

“En este corredor, que conecta con el Caribe, hacen presencia unidades como el Frente 6 de Diciembre, el Frente Luciano Ariza y el Frente Gustavo Palmesano. Estas facciones aprovechan la conexión natural de la Serranía del Perijá para articularse con los demás frentes, cerrando así un anillo de control que permite el flujo ininterrumpido de recursos, combatientes y mercancías ilícitas a lo largo de toda la franja fronteriza oriental”, puntualizó.

Los ojos del mundo están puestos en todo lo que se registra en territorio venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro, que fue presentado ante un juez en Estados Unidos el 5 de enero.

Tras la detención de Maduro, el país será dirigido por Delcy Rodríguez, que, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, estará a cargo mientras se consolidan mecanismos para que la democracia sea viable.

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Ante la falta de pronunciamientos sobre los posibles cambios que habrá en ese país, agremiaciones y colectivos de diferentes países han pedido que la nueva administración se pronuncie sobre el futuro de los cientos de presos políticos y extranjeros que hay en territorio venezolano.

Familias colombianas protestan en la frontera

Debido a la incertidumbre y falta de respuestas, familiares de 19 ciudadanos colombianos que están presos en Venezuela, adelantaron una protesta pacifica en la frontera entre los dos países, en Cúcuta.

Allegados de los colombianos se plantaron en zonas aledañas al puente internacional Simón Bolívar para exigir que los 19 compatriotas sean liberados, argumentando que fueron retenidos de manera ilegal y en procesos polémicos.

Entre los protestantes está Sandra Castaño, madre de Brandon José Castaño, que lleva más de seis años en una prisión de Venezuela, a pesar de que hace más de siete meses cumplió la condena que recibió en el vecino país.

“Mi hijo fue capturado en Venezuela por andar en la calle. Le sembraron falsos positivos y hoy lo acusan de terrorismo y extorsión, prácticamente el mismo repertorio que les imputan a los extranjeros, incluso a los mismos venezolanos”, denunció la mujer Caracol Radio.

Sandra Castaño se mostró nostálgica al revelar que la fecha de la protesta coincide con el cumpleaños de su hijo, al que desea ver de nuevo. La mujer aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a la nueva administración en Venezuela.

“Hoy es el día más triste de mi vida. Quisiera tener a mi hijo aquí para abrazarlo y protegerlo, pero ha sido muy duro. No se lo deseo a nadie. Pedimos misericordia, que miren hacia las cárceles de Venezuela. Hay muchas personas presas injustamente. Quienes cometieron errores ya pagaron su condena y es injusto que sigan detenidos. Por favor, ayúdennos y déjenlos en libertad”.

Antes de retirarse del puente internacional, las familias colombianas pidieron que el Gobierno nacional intervenga por el regreso de los connacionales a través de la cancillería, denunciando que la comunicación con las entidades del Estado no ha sido recurrente.

Organización internacional pide por los presos políticos en Venezuela

Además de las peticiones por parte de familiares de presos de diferentes nacionalidades que permanecen en Venezuela, la organización Foro Penal solicitó la aprobación de una amnistía general para 863 personas identificadas como presos políticos en dicho país.

Este pedido surge en un contexto donde diversas organizaciones han denunciado la existencia de detenciones por motivos políticos, señalando limitaciones al debido proceso y restricciones a derechos fundamentales.

El Foro Penal argumenta que la amnistía permitiría la liberación inmediata de estas personas y contribuiría a un ambiente propicio para el diálogo político en el país. La lista de presos incluye activistas, militares, estudiantes y ciudadanos vinculados a protestas o manifestaciones opositoras. La situación de los detenidos ha generado preocupación en organismos nacionales e internacionales que han solicitado garantías para la integridad física y el respeto a los derechos humanos. La petición se dirige tanto a las autoridades nacionales como a actores internacionales, con el objetivo de lograr la liberación de quienes consideran privados de libertad por motivos políticos.

El ministro de Sanidad de Brasil señaló que Venezuela mantiene alrededor de 16.000 personas bajo tratamiento de diálisis, una cifra que equivale aproximadamente al 10% de los pacientes renales en Brasil, donde cerca de 170.000 ciudadanos reciben esa terapia mediante el sistema público. En este contexto, el gobierno brasileño indicó que el reciente ataque por parte de Estados Unidos, que provocó la destrucción de un centro de distribución sanitario en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, puso en riesgo la atención médica y la disponibilidad de insumos en el país vecino. Ante la situación, Brasil decidió implementar una operación de ayuda humanitaria para evitar una crisis de salud pública que pudiera tener impacto tanto en Venezuela como en la región fronteriza compartida.

Según reportó el medio que siguió los anuncios oficiales, el titular de la cartera sanitaria, Alexandre Padilha, informó sobre el envío de un paquete de ayuda que prioriza material sanitario, incluyendo equipos y fármacos esenciales para pacientes con insuficiencia renal. Los productos de mayor urgencia se destinarán a quienes dependen de tratamientos continuos como la diálisis, después de que el ataque estadounidense causó la destrucción de instalaciones clave para el almacenamiento y distribución de medicamentos en Venezuela.

El medio detalló que Padilha explicó que la medida responde a motivos humanitarios y a la necesidad de prevenir una emergencia mayor que pueda extenderse más allá de las fronteras venezolanas. “Estamos buscando movilizar, utilizando la estructura del SUS (Sistema Único de Salud) y empresas privadas, insumos para diálisis y medicamentos, y brindaremos ese apoyo al pueblo venezolano, cuyo centro de distribución fue atacado”, transmitió el funcionario en un comunicado, según recogió el medio. La acción anticipada del gobierno de Brasil busca garantizar que la asistencia sanitaria llegue a los pacientes graves y evitar que el deterioro del sistema local venezolano presione la infraestructura de salud brasileña, dadas las zonas limítrofes entre ambos países.

El propio ministro subrayó la relevancia de actuar con rapidez para evitar un “colapso” del sistema de salud venezolano, alertando sobre el riesgo de que problemas sanitarios en Venezuela puedan repercutir directamente en la población brasileña debido a la cercanía fronteriza. El medio especificó que la respuesta brasileña contempla un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado de salud, canalizando recursos tanto del SUS como de entidades empresariales para asegurar el suministro de los insumos necesarios.

Asimismo, la nota destacó las palabras de Padilha, quien señaló la importancia de la “solidaridad brasileña” en la coyuntura actual, donde se conjugan criterios humanitarios y una visión preventiva respecto a la salud pública regional. Brasil, al coordinar este apoyo, establece puentes logísticos para movilizar medicamentos e insumos médicos desde su territorio hacia las áreas más afectadas de Venezuela, reforzando la cooperación bilateral ante situaciones que pueden tener repercusiones sanitarias a nivel amazónico.

Los esfuerzos anunciados forman parte de una política regional de prevención de crisis humanitarias, tal como expuso el medio, que observa cómo la destrucción del centro de distribución venezolano podría generar interrupciones en diversos tratamientos médicos esenciales. La intervención de Brasil se orienta a minimizar el desabastecimiento y a contribuir con material crítico para enfrentar la emergencia provocada por los recientes acontecimientos políticos y bélicos en el país vecino.

Tailandia acusó el martes a Camboya de violar una tregua de 10 días al afirmar que disparos de mortero hirieron a un soldado, mientras Phnom Penyh aseguró que se trató de la explosión de “un montón de basura” que hirió a dos de sus militares.

El ejército tailandés dijo que advirtió a las fuerzas camboyanas actuar con precaución y que si se repetía un incidente similar, podría tomar represalias.

El 27 de diciembre, un alto el fuego puso fin a tres semanas de combates entre esos dos países del sudeste asiático, que causaron al menos 47 muertos y provocaron el desplazamiento de casi un millón de personas a ambos lados.

El conflicto tiene su origen en un antiguo pleito sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en el periodo colonial francés, así como en una serie de templos antiguos situados a lo largo de la línea divisoria.

“Camboya ha violado el alto el fuego” al disparar “proyectiles de mortero en la zona de Chong Bok”, afirmó este martes el ejército tailandés en un comunicado.

“Un soldado resultó herido”, añadió, sin precisar la gravedad de sus lesiones.

Sin embargo, el ejército tailandés dijo en una nota posterior que la parte camboyana había contactado a una unidad militar de Tailandia y le aseguró que “el incidente fue causado por un error operativo del personal camboyano”.

La portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, indicó que dos soldados camboyanos resultaron heridos, uno de gravedad, la mañana del martes cuando ocurrió “una explosión en un montón de basura”.

El hecho ocurrió cuando las fuerzas camboyanas realizaban taras de “organización y orden” en la provincia de Preah Vihear, cerca de la frontera con Tailandia, agregó la portavoz en un comunicado.

No mencionó el soldado herido reportado por Tailandia, pero aseguró que los equipos de coordinación fronteriza de ambos países consultaron sobre el incidente.

Los dos países habían registrado enfrentamientos en julio que se saldaron con 43 muertos en cinco días.

‘Un accidente’ -

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo que su gobierno había presentado una protesta en Phnom Penh, alegando que “se violó la tregua”.

“A nivel militar a militar, nos han informado que el incidente fue un accidente, pero buscamos aclaraciones sobre cómo se asumirá la responsabilidad”, dijo Anutin a los periodistas en Bangkok.

Añadió que Tailandia tenía la “capacidad de responder” a Camboya, que está ampliamente superada en armamento frente a su vecino.

El conflicto de larga duración entre las naciones surge de una disputa sobre la demarcación colonial de su frontera de 800 kilómetros (500 millas), donde ambos bandos reclaman territorio y ruinas de templos centenarios.

Bajo la tregua de diciembre, Camboya y Tailandia se comprometieron a cesar el fuego, congelar los movimientos de tropas y cooperar en los esfuerzos de desminado a lo largo de su frontera.

Estados Unidos, China y Malasia habían negociado una tregua para poner fin a los combates entre Camboya y Tailandia en julio, pero ese alto el fuego fue de corta duración.

(con información de AFP)

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tuvo que regresar antes de tiempo de sus vacaciones navideñas para gestionar junto con el ejecutivo de Lula la crisis venezolana. Ayer participó por videoconferencia en la reunión convocada a petición de Brasil por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que intervino el ministro de Asuntos Exteriores del régimen venezolano, Yván Gil, quien afirmó que “la agresión contra Venezuela es un ataque contra toda América Latina” y pidió a la organización que “exija la retirada de todas las fuerzas militares estadounidenses del Caribe”. Hoy, Brasil, representado ante las Naciones Unidas por el embajador Sérgio Danese, condenará la operación de Estados Unidos durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque no sea un país miembro. La convocatoria de la reunión fue solicitada por Colombia. El sábado, el presidente Lula coordinó una reunión de emergencia de forma remota en la que participaron, entre otros, el ministro de Defensa, José Mucio, el jefe del Estado Mayor, el de la Secretaría de Comunicaciones Sociales de la Presidencia de la República y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la embajadora brasileña en Caracas, así como representantes de la Secretaría de Relaciones Institucionales y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras la operación que condujo a la detención de Maduro, Brasil cerró, aunque solo durante unas horas, la frontera con Venezuela, que se extiende a lo largo de unos 2000 km. Según el ministro Múcio, no se registraron movimientos anómalos. “La situación sigue bajo control, a pesar de la circulación de información contradictoria”, afirmó el ministro. Múcio también informó de que había recibido una llamada telefónica del gobernador de Roraima, Antonio Denarium, a primera hora de la mañana, preocupado por la escalada de los acontecimientos. La frontera con Venezuela es uno de los lugares más críticos para Brasil, hasta tal punto que en los últimos meses, tras las amenazas de Maduro de invadir Guyana para apoderarse del Esequibo, el ejército brasileño ha destinado de forma permanente a tres generales a la región. También ha añadido un escuadrón de vehículos blindados, pasando así de 20 a 50, de los cuales 28 son de combate, así como misiles antitanque y misiles antiaéreos. Según el ministro Múcio, hay unos 200 militares en la franja fronteriza, 2.300 en el estado de Roraima y unos 10.000 en la región amazónica. El sitio web de noticias Jovem Pam informó que el sábado, en una operación considerada rutinaria en estos casos, las Fuerzas Armadas brasileñas llevaron a cabo una consulta interna para verificar la disponibilidad de medios militares en caso de operaciones en la frontera.

El ataque que condujo al arresto de Nicolás Maduro en Caracas también fue objeto de un minucioso análisis por parte de expertos en Brasil, teniendo en cuenta que, en este tercer mandato, el Gobierno de Lula se está abriendo a un mercado de suministros militares multipolar, de países como China y Rusia. En los recientes acontecimientos venezolanos, ni los sistemas antiaéreos rusos ni los misiles antibuque chinos funcionaron. El sitio web especializado Defesanet especula que “Rusia podría haber desactivado los sistemas de forma remota”. Esto demuestra que no son socios fiables y que Brasil ha tomado la decisión correcta al cancelar la adquisición del sistema de defensa antiaérea Pantsir. De ahí la alerta geopolítica de los expertos de Defesanet. “Necesitamos vehículos blindados modernos y aviones de combate capaces de lanzar misiles BVR, diseñados para alcanzar objetivos aéreos más allá del alcance visual del piloto, y necesitamos urgentemente adquirir drones de ataque. Todo esto debe hacerse de inmediato con socios fiables que no impongan un embargo a Brasil ni desactiven los sistemas de forma remota cuando sea necesario”.

Mientras tanto, a diferencia de países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, el Gobierno brasileño no ha emitido hasta ahora ninguna orden de restricción para impedir la posible entrada de personas vinculadas al régimen venezolano que huyen del país. Además, a través de la porosa frontera del estado de Roraima también podrían llegar líderes del cártel criminal venezolano El Tren de Aragua, como ya ha ocurrido en el pasado. En los documentos del tribunal de Nueva York sobre la acusación de Maduro y su entorno se habla ampliamente del líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, y de sus relaciones con el régimen en cuestiones de narcotráfico. El pasado mes de septiembre, el jefe de la Unidad de Represión del Crimen Organizado del estado de Roraima, Wesley Costa de Oliveira, dio la voz de alarma en una entrevista a la revista VEJA. “Es posible que Guerrero se encuentre en Brasil, ya que todos los ingresos a través de la frontera venezolana se basan en autodeclaraciones. Por lo tanto, el venezolano entra y ni siquiera necesita presentar documentos. Ni siquiera tiene que dar su nombre en la frontera. Puede cruzarla sin pasar por los controles de inmigración, ya que, al tener una frontera terrestre con Venezuela, si camina mil metros a lo largo de la frontera, podrá entrar en el territorio nacional sin ningún tipo de inspección”, afirmó de Oliveira. Uno de los brazos derechos de Guerrero, Yohan José Romero (alias Johan Petrica), fue interceptado en Brasil en 2018, donde se presentó con su nombre real para registrar el nacimiento de su hijo en Boa Vista, donde posee varias propiedades.

La decisión tomada en estas horas por el Ejecutivo brasileño de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela podría contribuir a facilitar este flujo crítico. En una nota oficial, Lula condenó la operación de Estados Unidos. “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Estos actos representan una grave ofensa a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, afirmó. A pesar de que tras las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024 hubo tensiones entre los dos Gobiernos, Lula nunca ocultó su estima por Maduro, aunque Venezuela tiene una deuda con Brasil de unos 10.300 millones de reales (1.899 millones de dólares) por préstamos concedidos para construir infraestructuras. “El prejuicio contra Venezuela es muy fuerte”, había dicho el presidente brasileño en 2023, en lo que fue la primera visita de Maduro a Brasil desde 2015 y que Lula calificó de “momento histórico”.

La detención de Maduro se produce en un año decisivo para Brasil, que en octubre deberá elegir a su nuevo presidente, y ya se está convirtiendo en un tema divisivo para la política brasileña. Si bien los políticos cercanos al ejecutivo han condenado los últimos acontecimientos en Venezuela, los aliados del expresidente Jair Bolsonaro han expresado su apoyo a Trump. “Una de las diferencias de la derecha es la franqueza: Trump ha sido claro”, dijo el líder del Partido Liberal (PL) en la Cámara, el diputado Sóstenes Cavalcante. Para la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, “la euforia de los bolsonaristas por la invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos no tiene nada que ver con la defensa de la democracia. Por el contrario, refleja el deseo de una intervención extranjera en Brasil, contra nuestra democracia”, escribió en X.

El hijo primogénito de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, precandidato a la presidencia de la República, comparó a Lula con Maduro y expresó su esperanza de que el venezolano denuncie ahora al presidente brasileño. Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo, dijo que “una dictadura no cae de la noche a la mañana. Corroe las instituciones desde dentro, poco a poco, y quien paga el precio más alto es siempre la población. Que el arresto del dictador Maduro sea el primer paso en el camino hacia la libertad de Venezuela”. Para el experto Antônio Lavareda, especialista en comportamiento electoral y marketing político, la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela tendrá mucha influencia en las elecciones brasileñas. “Desde la noticia de los aranceles, Donald Trump ha irrumpido en el radar de la escena política brasileña de 2026. Se ha acercado a Lula y, ahora, el episodio de Venezuela tiende a prolongar esta influencia. Estamos ante una serie de la que hemos visto el primer capítulo este sábado”, declaró Lavareda al sitio web de noticias Platōbr.

Tras la operación militar estadounidense denominada Resolución absoluta en Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el Gobierno colombiano ha implementado diversas medidas para gestionar el posible aumento de migración y mantener el orden público en la frontera con el país vecino.

Las autoridades señalaron que, aunque existe preocupación por una eventual ola de inmigrantes, la situación en los puestos fronterizos permanece bajo control.

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De acuerdo con Migración Colombia, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) para la atención humanitaria en Cúcuta y se puso en marcha el Plan Frontera, con el objetivo de atender a la población migrante que pudiera llegar tras los acontecimientos en Venezuela.

Según el último reporte de la entidad, se mantiene total normalidad en todos los puestos de control migratorio de la frontera, salvo en Paraguachón (La Guajira), donde el paso permanece cerrado por decisión de las autoridades venezolanas.

La Gobernación de La Guajira informó a través de un comunicado de prensa que, pese al cierre preventivo en esa zona fronteriza, no se han registrado alteraciones del orden público, ni situaciones que afecten la seguridad, la movilidad o la tranquilidad de las comunidades en la zona de frontera.

El monitoreo permanente realizado desde el PMU indica que el territorio guajiro se encuentra en calma, sin reportes de afluencia masiva de ciudadanos venezolanos ni hechos que comprometan la convivencia o la estabilidad social en los municipios fronterizos.

En Paraguachón, la ausencia de actividad comercial se ha hecho evidente desde la madrugada, cuando la guardia venezolana bloqueó el paso fronterizo. Esta situación ha generado incertidumbre entre los habitantes y comerciantes locales, que dependen del tránsito diario entre Maicao y Venezuela para su sustento económico. Los comerciantes expresaron su inquietud ante la imposibilidad de llevar artículos a Venezuela y viceversa, lo que afecta directamente la economía local.

Los habitantes del corregimiento citados por medios locales señalaron que la militarización y las restricciones impuestas, especialmente por parte de las autoridades venezolanas, han transformado la dinámica habitual de la zona. Comercios cerrados y un tránsito mínimo de personas y mercancías caracterizan actualmente el paso fronterizo, según el testimonio de los residentes.

Poe su parte, la Administración Municipal de Maicao informó que se mantiene un estado de alerta permanente en el municipio, como parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad y el orden público.

Se han realizado Consejos de Seguridad y se ha reforzado la vigilancia en las vías que conectan Maicao con Paraguachón, en cumplimiento de la directriz del presidente de la República de fortalecer el control fronterizo.

Además, se activó otro PMU para coordinar planes de contingencia y asegurar una respuesta eficaz ante eventuales nuevas oleadas migratorias. Según declaraciones de Miguel Felipe Aragón González, alcalde de Maicao, recogidas en un comunicado oficial, la administración municipal ha revisado la capacidad instalada y los recursos institucionales disponibles para una adecuada atención y protección de los derechos de la población.

“La Administración Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes para proteger la tranquilidad, la convivencia y el bienestar de los habitantes de Maicao”, indicó la Alcaldía Municipal.

Entre tanto, la primera división del Ejército Nacional indicó que efectivos del Grupo de Caballería Mediano N°10 permanecen desplegados de forma continua en el corregimiento de Paraguachón para fortalecer el control territorial y la vigilancia en el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela.

De acuerdo con la institución, esta presencia militar busca reforzar la seguridad, el orden y la tranquilidad de la comunidad local, en cumplimiento del compromiso institucional de proteger el departamento de La Guajira y resguardar la soberanía del país.

Después de rechazar la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Gustavo Petro encabezó dos consejos de seguridad, de los que participaron sus ministros, para tomar decisiones respecto a la actualidad que se registra en el vecino país.

Tras terminar el consejo, el primer pronunciamiento fue por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez que se refirió a la coyuntura regional tras la reciente situación en Venezuela, señalando que el Gobierno nacional ha activado una respuesta integral del Estado basada en tres líneas estratégicas: diplomacia, atención humanitaria y seguridad.

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En primer lugar, el ministro destacó que la diplomacia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, como jefe de Estado, continúa siendo el eje central de la relación con la comunidad internacional.

La segunda línea corresponde a la atención humanitaria. Sánchez explicó que se prevé un posible incremento en los flujos migratorios hacia Colombia, en particular el retorno de ciudadanos que se desplazaron a Venezuela durante las festividades de fin de año. Frente a este escenario, el Ministerio del Interior, con el apoyo del Dapre, liderará la estrategia del Gobierno para garantizar una atención humanitaria oportuna y coordinada.

Sánchez indicó que la tercera prioridad será prevalecer la seguridad del país, lo que estará a cargo de la cartera que dirige. En ese sentido, el ministro fue enfático en señalar que el presidente ha impartido la instrucción de máxima contundencia contra las estructuras criminales que tienen presencia en la frontera.

Cabe recordar que en la zona que conecta a Venezuela con Colombia, hay presencia constante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la Segunda Marquetalia y las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”

“Habrá cero tolerancia con los grupos criminales”, reiteró Pedro Sánchez, que reafirmó que se mantendrá la ofensiva contra el narcotráfico, destacando la incautación de más de mil toneladas de estupefacientes durante el último año y la neutralización de más de 4.400 integrantes de estructuras criminales.

Por último, Pedro Sánchez indicó que en estos momentos se debe tener claridad de que los enemigos de Colombia en Venezuela son los grupos armados que han logrado permear la frontera.

Es por ello que se mantendrán todas las capacidades de las Fuerzas Militares para proteger el territorio nacional; además, pidió que exista unidad entre las naciones de la región para enfrentar de manera conjunta estas amenazas.

El ministro ya había anticipado las primeras acciones en la frontera

Debido a que se prevé que habrá un ingreso masivo de venezolanos a Colombia en las próximas jornadas, el ministro Sánchez anunció en la mañana del 3 de enero que fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para tratar todo lo relacionado con el flujo migratorio en la frontera con el vecino país.

De la misma forma, respaldó las decisiones que podrá tomar en el corto plazo el presidente Gustavo Petro, asegurando que los uniformados en el país seguirán a cabalidad lo que pida el mandatario para cuidar la soberanía de la nación.

En la publicación que realizó en X, Sánchez también arremetió contra los grupos armados que tienen presencia en Venezuela, principalmente el ELN, que de acuerdo con informes especializados, son aliados de Nicolás Maduro y el cartel de los Soles.

Por último, Sánchez dejó a un lado las diferencias que existen entre el presidente Petro y Donald Trump, indicando que en estos momentos Colombia no tiene ningún problema con otra nación: “Es claro que las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”, puntualizó el ministro de Defensa en la publicación citada.

En la madrugada del 3 de enero, se registró un ataque por parte de Estados Unidos contra la dictadura de Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, lo que representa el final de la dictadura en la nación sudamericana.

Entre las múltiples reacciones que se han expuesto hasta el momento, varias han sido desde Colombia, en donde se ha hablado del impacto que tendrá este hecho en varios factores para el país.

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Precisamente, uno de los puntos mencionados es la presunta relación que existía entre el dictador y los grupos armados colombianos, un tema que ha sido mencionado en más de una ocasión en los últimos meses.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque analizó el impacto inmediato que tendrá para el conflicto interno de Colombia y los temas fronterizos con Venezuela, la caída de Nicolás Maduro.

En primer lugar, Ubaque mencionó que la operación militar registrada en Venezuela tiene a Colombia como un “receptor inevitable”, puesto que el éxodo migratorio que se podrá registrar tiene al país cafetero como destino principal de los venezolanos.

“Al ser la única ruta terrestre hacia los Andes y el cono sur. Lo que inició como una crisis humanitaria ha mutado en un desafío de seguridad nacional, permitiendo la infiltración de estructuras de crimen transnacional en nodos estratégicos como Bogotá y Medellín. Ahora, desde la óptica de la geopolítica atlantista, Colombia se posiciona como el “alfil” estratégico de Estados Unidos, lo que eleva el riesgo de fricción directa ante un posible cerco militar que Venezuela intenta evitar a toda costa“.

Precisamente, en ese contexto es que cobra importancia la masiva presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.

“Allí se observa una estrategia de bloqueo institucional dirigida por el ELN. Este grupo actúa como un actor binacional instrumentalizado para impedir el avance de las Fuerzas Militares de Colombia y cualquier coordinación operativa con los Estados Unidos. La persistencia de esta ofensiva durante los últimos meses responde a un diseño táctico para evitar la presencia del Estado en las periferias”, analizó Juan Camilo Ubaque.

Para el experto en geopolítica, es importante que el Estado colombiano garantice que las zonas de conexión con Venezuela vuelvan a ser corredores seguros, puesto que en la actualidad hay un poder “estratégico” en esa zona.

“La inteligencia estratégica sugiere la proximidad de una guerra civil de carácter transnacional. Venezuela ha replicado el modelo de las milicias islámicas de Irán, institucionalizando un paramilitarismo a través de las Milicias Bolivarianas para ejecutar una guerra híbrida y asimétrica. Estos grupos están diseñados para operar en centros de poder económico y activos energéticos (gas y petróleo), pero también para extender la subversión hacia Colombia”.

Teniendo en cuenta que estructuras criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, tienen presencia en Colombia, para Ubaque esto representa un riesgo inminente por la situación que se registra actualmente en Venezuela.

“Con más de 2,8 millones de venezolanos en territorio colombiano, el riesgo de automatización de células de insurgencia urbana se convierte en una amenaza latente ante el colapso del orden institucional en Caracas”, mencionó el experto.

Por último, el experto respaldo la decisión de aumentar la presencia militar en la frontera, puesto que considera que en caso de no tener un personal activo y suficiente en esas zonas, Colombia podría sufrir un daño colateral en el intento de los grupos armados y delincuenciales de responder tras la caída de Maduro.

“Colombia se encuentra, por tanto, en una vulnerabilidad crítica al absorber directamente las crisis exportadas: desde la desestabilización fronteriza hasta la instrumentalización violenta de la migración. Ante la potencial caída de la dictadura venezolana y el despliegue del “Estado de Conmoción Exterior”, se prevén represalias contra la soberanía colombiana. Es imperativo mantener la alerta máxima para contener una amenaza que, mediante fuerzas y grupos binacionales, pretende ignorar las fronteras nacionales y golpear la institucionalidad“.

Las autoridades militares israelíes han reportado la recuperación de veinte fusiles de asalto M-16 junto con otros componentes bélicos tras la neutralización de un dron que ingresó desde Egipto. El artefacto aéreo, además de las armas largas, portaba un cañón y una culata adicionales. Según consignó la agencia Europa Press, este hallazgo se vincula con el continuo aumento de intentos de contrabando de armamento en la frontera común, mientras no existen aún declaraciones oficiales por parte del gobierno egipcio respecto al incidente.

De acuerdo con Europa Press, los sistemas de vigilancia aérea del Ejército de Israel detectaron la incursión del dron en horas de la madrugada del martes, proveniente del oeste, zona que corresponde al territorio egipcio. El comunicado oficial emitido por las fuerzas armadas israelíes especificó que lograron interceptar la aeronave no tripulada antes de que alcanzara algún objetivo, evitando así el ingreso ilegal de armamento a suelo israelí. Una vez asegurado el artefacto, las autoridades procedieron a su remisión a otras dependencias de seguridad para su análisis y procesamiento, con el objetivo de esclarecer el origen específico y la ruta del dron utilizado para el tráfico de armas.

El medio Europa Press detalló que, desde los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023, el Ejército de Israel ha intensificado las labores de vigilancia y control en toda la línea divisoria con Egipto. En el último periodo, las fuerzas de seguridad israelíes han comunicado varias incautaciones de armamento derivadas tanto de incidentes similares con aeronaves no tripuladas como de otros intentos de contrabando detectados en la región. Los esfuerzos se han enfocado no solo en evitar el ingreso de armas a través del corredor hacia territorio israelí, sino también en impedir que estos cargamentos ilegales sean dirigidos a la Franja de Gaza, en el contexto de la ofensiva militar iniciada por Israel después de los enfrentamientos de octubre.

Según publicó Europa Press, este nuevo caso refuerza las preocupaciones de las autoridades israelíes sobre la capacidad de diferentes grupos para intentar ingresar armas sofisticadas mediante el uso de tecnología aérea, superando los controles terrestres y fronterizos tradicionales. La presencia de fusiles de asalto M-16 y otros componentes militares evidencia la persistencia y sofisticación de los métodos utilizados por los traficantes, quienes optan por drones para sortear tanto la vigilancia como los obstáculos físicos existentes en la frontera.

El comunicado emitido por el Ejército de Israel, citado por Europa Press, remarcó la importancia de la rápida actuación de sus sistemas de control aéreo, que permitieron la detección y la respuesta oportuna para evitar la entrada ilícita de armamento. El artefacto y todo el cargamento recuperado han pasado a manos de las fuerzas de seguridad, las que buscan determinar la procedencia exacta y los eventuales destinatarios de las armas.

En los últimos meses, la cooperación y los desafíos de seguridad conjunta entre Israel y Egipto en el manejo de la frontera han cobrado mayor relevancia ante la reiteración de intentos de contrabando. Europa Press señaló que mientras las autoridades egipcias no han hecho comentarios sobre el incidente más reciente, la vigilancia israelí permanece en estado de alerta, dadas las múltiples ocasiones en que se han detectado intentos de transferir armamento tanto hacia Israel como hacia Gaza.

Las incautaciones recientes subrayan la complejidad de los riesgos en una zona fronteriza que se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad. Europa Press indicó que los incidentes con drones forman parte de una estrategia más amplia empleada por grupos que buscan asegurar el suministro de material bélico a través de métodos novedosos y difíciles de rastrear. Estos episodios, combinados con la situación de tensión regional tras los sucesos de octubre de 2023, han motivado el refuerzo de los operativos de inteligencia y patrullaje militar en el área limítrofe.

A medida que se multiplican los casos de interceptación de drones y cargamentos ilegales en la frontera con Egipto, las fuerzas de seguridad israelíes mantienen el monitoreo constante y la coordinación con otras entidades estatales para anticipar posibles nuevos intentos. Según reportó Europa Press, el incidente del martes marca otro episodio en una escalada de acciones vinculadas al tráfico de armas, fenómeno que amenaza tanto el equilibrio en la zona fronteriza como la estabilidad general de la región.

El anuncio del Ejército tailandés sobre la posible revisión de su enfoque frente a la liberación de dieciocho militares camboyanos capturados en la reciente escalada fronteriza aparece como respuesta a la acción reportada de más de 250 drones, supuestamente enviados desde territorio camboyano, que cruzaron al espacio aéreo tailandés en la noche del domingo. Según reveló el medio Europa Press, esta situación se enmarca en una creciente tensión entre ambos países, apenas dos días después de que se firmara un acuerdo de alto el fuego, producto de tres semanas de enfrentamientos en la frontera que dejaron cerca de un centenar de fallecidos.

El Ejército tailandés, mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, acusó formalmente a Camboya de haber infringido las condiciones del alto el fuego tras la detección e invasión a su territorio por parte de estos aparatos aéreos no tripulados. De acuerdo con Europa Press, el comunicado clasificó este despliegue masivo de drones como “una provocación y una violación de las medidas para reducir las tensiones”, reiterando que el sobrevuelo representa una acción incompatible con el acuerdo de suspensión de hostilidades ratificado el 27 de diciembre.

El portavoz oficial del Ejército tailandés, Winthai Suvari, declaró a Europa Press que estos hechos ponen en evidencia un patrón de actitud provocativa y hostil procedente de Camboya, y que esta situación podría afectar la seguridad tanto del personal militar como de la población ubicada en la zona fronteriza. Suvari además puntualizó que la respuesta de Tailandia en relación a la posible liberación de los dieciocho militares camboyanos, capturados durante el conflicto reciente, quedará sujeta al desarrollo de las circunstancias y a la conducta mostrada por Nom Pen en los próximos días.

Europa Press citó también declaraciones del mismo portavoz, quien subrayó que Tailandia mantiene su compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas y la priorización de la reducción de tensiones mediante los canales y mecanismos diplomáticos previamente establecidos. No obstante, el representante militar advirtió que en caso de persistencia en la vulneración del acuerdo y de la soberanía nacional tailandesa, el Ejército actuará para garantizar los intereses y la seguridad del país.

Las hostilidades actuales en la frontera entre Tailandia y Camboya surgen tras un periodo de intercambio de acusaciones mutuas por supuestas provocaciones, tendencia que intensificó la crisis en julio hasta alcanzar un acuerdo preliminar en octubre, firmado en Kuala Lumpur. Sin embargo, Europa Press informó que los combates retomaron intensidad después de dicho pacto, prolongándose hasta el entendimiento bilateral alcanzado el 27 de diciembre, cuyo cumplimiento ahora se ve amenazado por los hechos recientes.

El documento emitido por las Fuerzas Armadas tailandesas destaca que la detección de más de 250 drones durante la noche previa marca uno de los incidentes de mayor gravedad tras la reciente tregua, provocando incertidumbre en torno al futuro de los compromisos asumidos en la frontera. Tanto Tailandia como Camboya han insistido públicamente en responsabilizar a la contraparte por la reciente ola de agresiones, dentro de un contexto de tensiones prolongadas y conflictos recurrentes en la zona.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, el Ejército de Tailandia ha reiterado la disposición a mantener abiertos los canales institucionales para resolver la crisis, aunque confirma que cualquier repetición de actos que consideren de carácter provocador forzará la implementación de medidas orientadas a la defensa de la soberanía y la seguridad nacional.

El gobierno afgano comunicó que inició una investigación para esclarecer los ataques a puestos fronterizos tayikos, tras registrarse la muerte de dos agentes de ese país en un nuevo episodio de tensión en la frontera común. Según informó la cadena de televisión afgana Ariana, el ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Jan Mutaqi, manifestó su inquietud ante posibles intentos de determinados actores que buscarían deteriorar la relación entre ambas naciones y generar una percepción de inestabilidad regional. Mutaqi declaró que los talibán rechazan que Afganistán sea utilizado para la competencia entre potencias extranjeras y señaló que apuestan por dialogar y cooperar con sus vecinos para fomentar la seguridad y el desarrollo regional.

De acuerdo con lo publicado por la misma emisora, las declaraciones del responsable de la diplomacia afgana se produjeron después de que el gobierno de Tayikistán denunciara oficialmente la incursión de tres personas armadas no identificadas que, tras atravesar la frontera proveniente de territorio afgano, perpetraron un ataque armado en un puesto de seguridad tayiko. Como consecuencia, dos agentes murieron en el enfrentamiento. El gobierno de Dusambé agregó que este incidente representa el tercer episodio similar en el último mes, periodo en el que además se vieron involucrados cinco ciudadanos chinos.

El medio Ariana detalló que Dusambé responsabilizó a las autoridades actuales en Kabul de incumplir los compromisos internacionales relacionados con el resguardo fronterizo y la lucha contra organizaciones terroristas. Funcionarios tayikos consideran que la falta de control en el lado afgano favorece la repetición de estos ataques y señalaron la persistencia de amenazas transfronterizas, que ponen en riesgo la estabilidad de la región y dificultan la cooperación bilateral.

Según consignó la cadena, los talibán reiteraron que Afganistán no debe convertirse en escenario de confrontaciones indirectas entre potencias extranjeras y enfatizaron la importancia de resolver disputas mediante mecanismos de diálogo multilateral. El ministro Mutaqi insistió en que la cooperación regional se presenta como vía fundamental para superar problemas de seguridad y avanzar hacia la prosperidad común.

El reporte de Ariana recordó que, en los últimos meses, aumentó el número de incidentes violentos en la frontera entre Afganistán y Tayikistán, lo que llevó a las autoridades tayikas a endurecer sus críticas al gobierno afgano y exigir mayor vigilancia y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de prevención y control de actividades armadas y movimientos de grupos considerados terroristas.

El intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos siguió a una escalada de tensión que preocupa a otros países de la región, atentos a las consecuencias que estos eventos puedan tener en la seguridad fronteriza y la cooperación multilateral centroasiática. Las autoridades afganas, de acuerdo con Ariana, subrayaron que toda investigación sobre los hechos recientes se conducirá en coordinación con las instancias pertinentes y dentro del marco legal, con la finalidad de prevenir futuras acciones violentas y responder a las demandas legítimas de los vecinos.

Los primeros desplazados por el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya comenzaron a regresar tímidamente a sus casas el domingo, un día después del anuncio de un alto el fuego, según las autoridades de ambos países.

Kanlaya Somjettana abandonó su aldea en la provincia tailandesa de Surin, cerca de la frontera disputada, desde el inicio de las hostilidades el 7 de diciembre, con su bebé de siete meses.

“Yo realmente espero que este alto el fuego se mantenga mucho tiempo y que podamos volver a casa”, declaró por teléfono a AFP desde un albergue. “Pero no regresaré hasta que las autoridades confirmen que es es seguro”.

“He visto a decenas de personas volver a sus casas esta mañana. La mayoría estaba preocupada por su ganado”, continuó esta madre de 21 años. “Nadie les dijo que podían regresar, pero escuchamos en las noticias que había un alto el fuego”.

Los dos países concluyeron el sábado una tregua después de tres semanas de enfrentamientos a lo largo de su frontera de 800 kilómetros, cuyo trazado en el período colonial francés es el centro del conflicto de años.

Según las últimas cifras oficiales, al menos 47 personas murieron -26 del lado tailandés y 21 del lado camboyano- y cerca de un millón debieron ser evacuadas.

Prapas Sornchaidee, un oficial de la fuerza aérea tailandesa, declaró a la AFP que no se habían reportado disparos en las 24 horas posteriores a la entrada en vigor de la tregua.

“Las agencias de seguridad están debatiendo (la situación) y los habitantes comenzaron a regresar a sus casas”, expresó.

El ministro de Defensa de Tailandia, Nattaphon Narkphanit, mencionó la víspera un “período de observación” de 72 horas para evaluar el cumplimiento de la tregua.

La situación en la zona fronteriza está “tranquila”, informó por su parte el Ministerio de Defensa de Camboya, aunque los habitantes no han recibido luz verde de las autoridades para regresar.

Tregua

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el anuncio “como un paso positivo para aliviar el sufrimiento de los civiles... y crear un entorno propicio para lograr una paz duradera”, dijo el portavoz Stephane Dujarric.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dio la bienvenida el sábado al alto el fuego, instando a ambas partes a “honrar inmediatamente este compromiso”.

El alto el fuego entró en vigor a las 12:00 pm hora local (05:00 GMT), según la declaración firmada por los ministros de defensa de los vecinos del sudeste asiático en un control fronterizo del lado tailandés.

La tregua se aplica a “todo tipo de armas, incluidos ataques a civiles, objetos e infraestructuras civiles, y objetivos militares de cualquiera de los bandos, en todos los casos y en todas las áreas”.

Ambas partes acordaron congelar todos los movimientos de tropas y permitir que los civiles que viven en las zonas fronterizas regresen a su hogar lo antes posible, según el comunicado.

(con información de AP)

El compromiso de abstenerse de tomar cualquier medida que pueda incrementar la tensión en la frontera, así como la decisión de prohibir la expansión de la infraestructura militar, forman parte de las disposiciones centrales del nuevo pacto firmado por Tailandia y Camboya. Según informó la agencia Europa Press, ambas naciones sellaron un alto el fuego “inmediato”, válido desde el mediodía del sábado 27 de diciembre, con la meta de reducir riesgos para la población civil en las áreas limítrofes y garantizar la estabilidad regional.

El acuerdo, anunciado tras la tercera reunión especial del Comité General de Fronteras (GBC, por sus siglas en inglés), recibió respaldo institucional de observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), quienes supervisaron el proceso desde el inicio del diálogo. De acuerdo con Europa Press, las conversaciones tuvieron lugar en el punto fronterizo internacional entre Prum (provincia de Pailin, Camboya) y Ban Pak Kard (provincia de Chanthaburi, Tailandia). El ministro de Defensa camboyano, Tea Seiha, y su homólogo tailandés, Nattaphon Narkphanit, copresidieron la sesión.

Según publicó Europa Press, el comunicado conjunto enfatiza el compromiso de resolver diferencias mediante canales pacíficos y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el tratado Fundacional de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático. Los delegados remarcaron que el paso dado representa un avance concreto hacia la recuperación de la normalidad, destacando la relevancia de establecer un ambiente de confianza y cooperación en el que impere la equidad y el respeto mutuo.

El documento firmado contiene dieciséis disposiciones específicas para el seguimiento y la aplicación del alto el fuego. Entre las medidas principales figura la interrupción absoluta del uso de armas en todos los escenarios, incluidas las estructuras civiles, infraestructuras y objetivos militares. Además, queda terminantemente prohibido realizar ataques a la población o a bienes en la zona fronteriza. De acuerdo con Europa Press, el cese de hostilidades se acompaña con una instrucción explícita de mantener las fuerzas armadas en sus ubicaciones actuales, sin movimientos que puedan interpretarse como provocación o escalada, y sin modificación de los límites interestatales vigentes.

Por añadidura, el acuerdo estipula que este alto el fuego no modifica las fronteras actuales entre ambos países y que ninguna de las partes tiene permitido reforzar su contingente militar sobre el terreno. La declaración conjunta apunta que cualquier aumento de efectivos sería interpretado como un factor de desestabilización, lo que afectaría negativamente las gestiones destinadas a resolver la situación. El medio Europa Press informó que se ha impuesto también una directriz acerca de la transmisión de información, prohibiendo expresamente la difusión de datos falsos o confusos en relación al conflicto, con el propósito de contrarrestar posibles efectos adversos en la opinión pública y propiciar una atmósfera favorable al progreso del diálogo bilateral.

Entre las herramientas para garantizar la implementación efectiva de lo acordado, la declaración prevé la colaboración activa del Grupo de Observadores de la ASEAN, cuyo mandato se amplía a tareas de vigilancia, constatación y verificación sobre el terreno. El despliegue de estos observadores tendrá respaldo del presidente de la ASEAN y del propio Comité General de Fronteras. Según reportó Europa Press, se establece además la cooperación directa y diaria de unidades bilaterales de coordinación fronteriza, encargadas de monitorizar el cumplimiento del alto el fuego, abordar de forma inmediata cualquier incidente localizado y evitar interpretaciones erróneas.

La comunicación directa entre los Ministerios de Defensa y los mandos militares nacionales fue otra de las áreas reforzadas en este acuerdo. Ambas partes convinieron en mantener abiertos canales de consulta regulares para responder de forma rápida y coordinada ante emergencias o situaciones que no puedan solventarse a nivel local. Europa Press consignó que este mecanismo contempla la posibilidad de desplazamiento de altos funcionarios de ambos gobiernos a zonas de elevada tensión, con el fin de intervenir directamente en la gestión de problemas críticos.

En cuanto al ámbito humanitario, el texto firmado hace referencia a la intervención coordinada de los Grupos de Trabajo Conjuntos para el manejo de las operaciones de desminado en áreas de frontera previamente identificadas por ambas administraciones. El protocolo acordado establece que ninguna de estas tareas interrumpirá los planes estipulados y que se promoverá la transparencia en todas las fases de la gestión de riesgos para los habitantes de las regiones fronterizas.

La previsión de informar y prevenir da un papel destacado a los equipos de comunicación institucional de ambas capitales. Europa Press detalló que se acordó mantener un flujo constante entre los portavoces oficiales de Tailandia y Camboya, para asegurar la transmisión de información precisa y evitar la propagación de rumores o versiones incorrectas que puedan afectar la cooperación y el proceso de normalización fronteriza.

Bangkok y Nom Pen reiteraron el pleno cumplimiento del anterior alto el fuego decretado el 28 de julio de 2025, reafirmando la vigencia de los tratados suscritos en rondas pasadas del GBC e insistiendo en la consolidación de los mecanismos bilaterales que actualmente operan entre ambos gobiernos. Según puntualizó Europa Press, la intención reflejada en este nuevo pacto reside en fortalecer y reactivar los canales de diálogo, eliminar cualquier forma de hostilidad y promover una paz que, según la declaración, se califica de “verdadera y duradera”.

Las autoridades de ambos países subrayaron su determinación de adherirse a los principios de soberanía, igualdad y respeto por la integridad territorial, al tiempo que manifestaron apoyo a la estabilidad y la seguridad en el conjunto de la región. Europa Press indicó que este enfoque también persigue afirmar el liderazgo regional de ASEAN en la resolución de disputas e incrementar la confianza entre los miembros de la comunidad del Sudeste Asiático.

La Declaración Conjunta sienta las bases para una coordinación sólida en el futuro, contemplando revisiones periódicas y la evaluación constante de los resultados obtenidos en el terreno. Los mecanismos de aplicación, supervisión y gestión de eventuales desacuerdos pretenden evitar la reaparición de tensiones en la zona limítrofe y avanzar en el proceso de normalización de la relación bilateral.

Según precisó el jefe policial, el nuevo esquema permite actuar con mayor celeridad frente a personas que ingresaron de manera irregular al país y que, además, presentan antecedentes. “Son expulsiones administrativas muy céleres. Una persona que ha ingresado irregularmente al país, además de manera clandestina, además registra antecedentes, ya está en condiciones de ser expulsado administrativamente de nuestro país”, señaló en entrevista con Canal N.

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de las causales de expulsión. Arriola explicó que, tras una modificatoria de la ley, incluso la negativa a identificarse puede activar el procedimiento. “Hay otra condición más que salió en una modificatoria de la ley, en el sentido de que si un ciudadano extranjero se niega, solamente se niega, a mostrar su documento de identidad, puede ser expulsado”, afirmó.

¿Cómo es el nuevo procedimiento?

El procedimiento operativo inicia con la intervención policial y la identificación del ciudadano extranjero, una labor que se realiza con apoyo directo de Migraciones. “Siempre las intervenciones son con el Migramóvil, que son vehículos acondicionados, que ahora tenemos tres operando”, explicó. Estos vehículos permiten realizar el enrolamiento y la verificación de identidad en el mismo punto de intervención, utilizando impresiones dactilares y contrastando la información con las bases de datos disponibles.

Una vez verificados los antecedentes y el estatus migratorio, el proceso entra en una fase administrativa con plazos definidos. Arriola detalló que la Policía tiene un margen de 12 horas para poner al intervenido a disposición de Migraciones.

Aunque el protocolo actualizado aún no ha sido aplicado desde su entrada en vigencia, el general subrayó que la figura de la expulsión administrativa no es nueva y ya ha sido utilizada en años anteriores, bajo otros marcos normativos y operativos.

Expulsiones previas

Al ser consultado sobre si ya se han realizado expulsiones de extranjeros del país, Arriola fue enfático en diferenciar el nuevo protocolo de las prácticas anteriores. “A partir de este protocolo, aún no”, aclaró. Sin embargo, recordó que en el último año se ejecutaron expulsiones en un número significativo. “Se ha expulsado anteriormente un número considerable: dos mil trescientos ciudadanos extranjeros irregulares se han expulsado”, indicó.

El comandante general explicó que estas expulsiones se han realizado bajo distintas modalidades, dependiendo de la logística y del destino final. “Ha habido expulsiones en las cuales se ha ido hasta con un bus, tres buses, seis buses”, señaló. En otros casos, se recurrió al transporte aéreo institucional. “Otras donde ha habido vuelos de la Policía Nacional hasta determinados puntos”, agregó.

Entre los destinos mencionados figuran zonas fronterizas específicas. “Fronteras como Desaguadero, por decir. Desaguadero, luego en Madre de Dios también”, detalló. Arriola remarcó que estas operaciones se ejecutaron “con total normalidad y sin alterar las relaciones exteriores”, subrayando que los procedimientos se realizan respetando los acuerdos internacionales vigentes.