La Justicia de Tucumán decidió ampliar el procesamiento contra la cantante e influencer santiagueña, Valentina Olguín, acusada de haber utilizado los CUIT y datos fiscales de cinco gobernadores para realizar compras de lujo en el exterior. El caso salió a la luz a medidados del año pasado.

La reciente resolución dictada por el juez Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal N° 2, señaló a Olguín como responsable de al menos quince hechos de contrabando por simulación, una operación que consistía en el uso indebido de la identidad de los mandatarios para recibir en su domicilio paquetes de indumentaria de una marca estadounidense.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el procesamiento, inicialmente limitado a maniobras vinculadas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ahora incluye hechos similares perpetrados con los datos del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; y el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Además, el juzgado dispuso aumentar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos. En un principio, esta medida alcanzaba los 5 millones de pesos.

El expediente, impulsado por el fiscal federal Agustín Chit, sostiene que la joven simuló operaciones de importación ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de compras vía courier, evitando así usar su propio cupo anual. Según la investigación, la imputada consignó información falsa ante el organismo recaudador ARCA y gestionó los envíos internacionales a través de la empresa FedEx, recibiendo la mercadería en su domicilio.

En mayo de 2025, Olguín ya había sido procesada por cinco hechos la misma naturaleza con compras internacionales a nombre de Jaldo, uno de los primeros en denunciar los hechos. La resolución rechazó los argumentos de la defensa, que alegaban que los datos utilizados provenían de una “búsqueda al azar” en internet, y destacó que la reiteración de las operaciones, así como el perfil público de los funcionarios involucrados, permitieron descartar la supuesta falta de conocimiento acerca de la ilicitud de las maniobras.

En el marco de la investigación, se dispuso el allanamiento del domicilio de Olguín, donde se secuestraron facturas emitidas por FedEx a nombre de los mandatarios, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y prendas de vestir en sus envoltorios originales. De comprobarse el delito por el cual se encuentra imputada, podría enfrentar penas de 2 a 8 años de cárcel.

La joven ganó visibilidad como cantante en el grupo Dame 5 y, posteriormente, inició una carrera solista. En su presunto descargo, habría admitido que recurrió a datos fiscales ajenos luego de superar su propio cupo para compras personales en el exterior y el de su familia.

El descargo

“No ha sido un robo de dinero, ni de tarjeta, ni una estafa. Tampoco me dedicaba a la venta de ropa como se dice. Me dedico a la música hace mucho. Fue una imprudencia desde el total desconocimiento, desde la inmadurez de no saber que lo estaba haciendo podría tener una consecuencia seria”, explicó la joven en aquel entonces, y resaltó: “Cero tiene que ver con algo político. Busqué totalmente al azar“.

En este sentido, señaló: “Yo recibía ropa que me mandaban de afuera a modo de colaboración desde Estados Unidos. Se trata de una marca muy importante y me empezó a mandar desde el año 2020 paquetes de ropa. Cada envío se puede usar hasta 5 veces por año. Como me mandaban todos los meses, usé mi CUIT, el de mi familia y el de mis amigas, que se los pedía".

“En un momento dado, comenzaron más restricciones de parte de la Aduana y me empezaron a retener los paquetes”, sostuvo. Luego, se descubrió la maniobra.

En la madrugada del 20 de junio, Orrico conducía un VW Passat del organismo a su cargo por la Ruta provincial 39. Venia de una fiesta privada y se dirigía hacia el oeste. En sentido contrario, cuatro operarios del Frigorífico Fadel marchaban en un Corsa desde Basavilbaso a Pronunciamiento para entrar a su turno.

A un kilómetro del cruce con la localidad de Caseros se produjo el impacto. Los hermanos Lucas y Brian Izaguirre; Leonardo Almada y Axel Rossi fallecieron en el acto. El funcionario resultó con heridas de consideración y fue trasladado más tarde a un nosocomio en Buenos Aires.

Este martes, el Gobierno de Entre Ríos confirmó el apartamiento de Orrico del cargo y el inicio de una investigación interna para deslindar sus responsabilidades. En un escueto parte, se informó: “El Gobierno de Entre Ríos informa que, de común acuerdo con Juan Ruiz Orrico, se ha decidido que no continuará ejerciendo el cargo de presidente del Instituto Portuario de la Provincia”.

La medida se extenderá “hasta tanto la justicia esclarezca lo sucedido en el trágico hecho que protagonizó en la ruta provincial Nº 39 en la madrugada del jueves último. Esta decisión se produce a la espera de que el Poder Judicial lleve adelante las investigaciones correspondientes y se expida sobre este lamentable suceso”.

Ahora resta que se emita el decreto del Poder Ejecutivo confirmando la determinación.

En paralelo, la Fiscalía de Estado a través de su División de Investigación Patrimonial, inició una pesquisa interna para determinar los daños provocados a la Administración Pública. En primer término está la destrucción del Passat. En segundo, la eventual responsabilidad civil por daños y perjuicios que podría haber ocasionado Orrico por su posible conducta irregular.

En los pasillos de la Casa de Gobierno, en tanto, no dejan de señalar que el funcionario suspendido conducía un vehículo oficial que se le asignó por su cargo en la madrugada de un feriado. Y que estaba volviendo de una fiesta privada. Poco que ver con la función pública.

Las familias de los jóvenes fallecidos, en tanto, designaron al abogado Mario Arcusín como querellante particular. El letrado los patrocinará en la causa penal que se abrió luego del accidente. La idea de Arcusín es que la acusación contra Orrico sea homicidio agravado o por la ingesta de alcohol (resta conocerse el resultado de la prueba de sangre para confirmar eso) o por la conducción imprudente.

El frente judicial que se abre contempla también una demanda civil contra el funcionario y el Estado. A Orrico se le podría acusar de responsabilidad subjetiva, por ser quien maniobraba el vehículo que, se supone, provocó el accidente (las pericias también están pendientes). A la Provincia se le cargaría la responsabilidad objetiva por el daño que provocó un vehículo que forma parte de su patrimonio.

La escena se completa con la demanda por daños. En un primer nivel está el daño emergente, ocasionado instantáneamente por las muertes de los jóvenes y la destrucción del Corsa.

En un segundo tramo, se incorporaría el lucro cesante que cuenta lo que podrían haber generado las cuatro víctimas para sí y para sus familias si la muerte no los hubiera sorprendido en el kilómetro 223 de la ruta provincial 39.

Por último figura el daño moral, donde se deben registrar las afecciones psicológicas que el episodio trágico generó en un universo aún no precisado de integrantes del núcleo familiar de cada uno de los fallecidos.

Orrico es un dirigente del campo ligado a la Sociedad Rural. Fue tres veces candidato a intendente de Concepción del Uruguay, la quinta ciudad en importancia de Entre Ríos. En la primera oportunidad, integró en 2011 la boleta de Eduardo Duhalde. En las dos siguientes (2015 y 2019) compitió por el PRO. En todas perdió.

Esta en pareja con la jueza Evangelina Bruzzo, integrante de la Cámara de Casación Penal de Concordia, con jurisdicción en el centro – este de Entre Ríos. La circunstancia no es menor. El primer fiscal que intervino, María Occhi, se excusó por su amistad con Bruzzo. La investigación pasó entonces a manos de Eduardo Santos.