El proceso de privatización del Belgrano Cargas y Logísticas SA avanza con la implementación de una serie de medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, orientadas a redefinir el futuro del sistema ferroviario argentino.

A partir de la publicación en Boletín Oficial del decreto 282/2026, el Gobierno determinó el destino de los fondos provenientes de la venta de material rodante, estableció pautas para su valuación y delineó el procedimiento para las nuevas concesiones de vías en las principales líneas del país.

La norma establece que lo obtenido de la venta, incluido en los contratos de concesión a celebrarse en el marco del decreto 67/25, se asignará íntegramente al fideicomiso regulado por el Decreto N° 976/01, con el objetivo de financiar y pagar las obras sobre las vías que serán concedidas a operadores privados. El valor mínimo de referencia será el dictaminado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El nuevo esquema de asignación de fondos contempla tanto el remate público de material rodante como la eventual venta en el marco de procesos de licitación pública nacional e internacional para la concesión de las vías y sus inmuebles aledaños.

El decreto instruye a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía a incluir en los pliegos de bases y condiciones de los procesos licitatorios para las concesiones de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza la identificación precisa del material rodante que será parte de los contratos.

El proceso de privatización del Belgrano Cargas se acerca a su etapa final. El Gobierno tiene preparados los pliegos de licitación y prevé publicarlos el mes próximo. La adjudicación permitirá que el ganador administre la operación de los trenes de carga durante los próximos 50 años.

Grupo México, a través de su filial Grupo México Transportes (GMXT), es el único grupo extranjero que pretende quedarse con la concesión. La compañía, que pertenece al segundo hombre más rico de México, opera la red ferroviaria más extensa de México, principalmente orientada al transporte de carga a través de Ferromex y Ferrosur, y también gestiona el Florida East Coast (FEC) en Estados Unidos.

En el sector ferroviario internacional, trenes como los de Estados Unidos o México recorren cerca de 600 kilómetros en nueve horas y transportan cargas mucho mayores en formaciones de hasta 150 vagones. En contraste, el tren que el Gobierno argentino planea privatizar tarda cuatro días en completar el trayecto Rosario-Córdoba, circula a menor velocidad y con menos capacidad de carga, lo que disminuye su eficiencia y eleva los costos. La licitación también incluye las líneas San Martín y Urquiza.

El Belgrano Cargas es una de las principales líneas de carga del país, utilizada principalmente para el transporte de granos desde el NOA hacia los puertos del Gran Rosario. A pesar de algunas inversiones recientes, su nivel de eficiencia dista mucho del que presentan los sistemas ferroviarios de países que han destinado mayores recursos al sector en las últimas décadas.

El modelo mexicano es un referente para el plan de Grupo México en Argentina. Tras la privatización en la década del noventa, el sistema ferroviario de México logró revertir su deterioro y alcanzar estándares similares a los de Estados Unidos. Grupo México plantea invertir USD 3.000 millones en cinco años y aplicar el mismo esquema utilizado en México y en Florida.

En la competencia por la concesión también participa un consorcio de empresas cerealeras integrado por ACA, AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus y posiblemente COFCO, con especial interés en el corredor agrícola, que cuenta con la mejor infraestructura.

El Gobierno prevé transferir la operación a manos privadas a mediados de año bajo un modelo de “open access”. Este esquema contempla la licitación de la infraestructura ferroviaria, permitiendo que la operación (material rodante, vías y talleres) pueda estar a cargo de una o varias empresas, según cada negocio y línea, en un marco flexible impulsado desde el Ejecutivo.

El gobierno de Javier Milei ya tiene listo un decreto que habilitará un mecanismo de adelantos de coparticipación para doce provincias que enfrentan dificultades financieras. La norma prevé establecer un tope de hasta $400 mil millones para estos anticipos, que estarán sujetos al porcentaje de coparticipación correspondiente a cada jurisdicción.

De esta manera, el Ejecutivo busca ofrecer una alternativa a los distintos distritos que muestran dificultades para afrontar gastos corrientes y así evitar que recurran al mercado financiero, donde las tasas de interés oscilan entre el 30% y el 45 por ciento, según cálculos oficiales.

El adelanto financiero que autorizará en los próximos días el Ejecutivo nacional alcanzará, según fuentes oficiales, a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A su vez, la provincia de Entre Ríos fue incluida en el esquema durante el mes de enero de 2026, en el marco de una política que, según señalaron desde el Gobierno, responde a una práctica histórica de asistencia a las administraciones provinciales.

La operatoria consistirá en anticipar a las provincias parte de los fondos que les corresponden por coparticipación, con la obligación de reintegrarlos dentro del mismo año. Esta modalidad permitirá que los distritos eviten salir al mercado en busca de financiamiento y eludan el pago de intereses elevados, ya que el Gobierno nacional fija una tasa del 15% para estos anticipos, inferior a las condiciones del sistema financiero privado.

Según explicaron fuentes gubernamentales a Infobae, este mecanismo reemplazará el tradicional pedido mensual de adelantos extraordinarios por parte de las gobernaciones. Ahora, cada distrito debe informar de manera anticipada cuáles son sus necesidades de fondos, lo que permite establecer un esquema más ordenado y ajustado al porcentaje de coparticipación de cada una, destacan en despachos oficiales. De esta forma, se busca evitar devoluciones descoordinadas y dotar de mayor previsibilidad al flujo de recursos.

El nuevo esquema, avalado en el caso de Entre Ríos a comienzos de 2026 y que ahora será extendido a otras doce provincias, se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de limitar el endeudamiento provincial en condiciones excesivamente caras. Los fondos otorgados corresponden a recursos propios de las provincias, que se adelantan para cubrir necesidades inmediatas y luego deben ser devueltos en el transcurso del año.

De acuerdo a las estimaciones del titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadin Argañaraz, durante el primer trimestre de 2026, la recaudación tributaria perteneciente por ley a la administración nacional habría registrado una caída interanual del 8% en términos reales, mientras que los fondos transferidos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires habrían disminuido un 6,5 por ciento.

En base a los datos informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al cierre del tercer mes del año, los ingresos tributarios totales habría experimentado una baja real del 7,5% respecto al mismo período del año anterior.

Cayeron los giros a las provincias

Desde la consultora Politikon Chaco estimaron que por tercer mes consecutivo, cayeron las transferencias automáticas a provincias: en marzo fue de -4,3% y cierran el primer trimestre en -6,4 por ciento. “La pérdida estimada de esa baja trimestral es de $ 1,15 billones a precios actuales”, indicaron los analistas.

Para marzo, ARCA informó que las transferencias del gobierno nacional a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $5,02 billones, frente a los $3,95 billones enviados en el mismo mes del año anterior. Esto representa un incremento nominal del 27,2 por ciento. Sin embargo, según estimaciones del Iaraf, la caída real en el mes fue cercana al 4 por ciento. Si se consideran únicamente las transferencias automáticas, excluyendo leyes complementarias y compensaciones, la disminución real habría sido del 7,4 por ciento.

Al analizar el comportamiento de las transferencias automáticas por provincia, todas las jurisdicciones salvo Salta mostraron caídas reales. La brecha entre la mayor y la menor variación fue de 7,6 puntos porcentuales, con CABA registrando la baja más significativa (7,2%) y Salta siendo la única con un aumento (0,4%). En el caso de CABA, Tucumán y La Rioja, la reducción estuvo vinculada a una menor participación en leyes especiales y compensaciones, que crecieron 36% en términos reales frente al año anterior. Salta, Buenos Aires y Catamarca se destacaron por recibir una mayor proporción de estos fondos dentro del esquema de reparto.

La Provincia de Buenos Aires recibió esta semana la primera señal concreta de la Corte Suprema de Justicia en la batalla por los fondos de la ANSES. Tras meses de reclamos formales y tensión política, la gestión de Axel Kicillof logró que los jueces del máximo tribunal convoquen a una audiencia con representantes de ambas partes, una jugada que el oficialismo bonaerense leyó como el primer avance real en su demanda por la deuda previsional más pesada que mantiene la Nación con el distrito.

La expectativa creció rápidamente dentro del gobierno provincial, que ahora apunta todos sus cañones a la próxima audiencia fijada para el 21 de abril. En ese encuentro, la Provincia volverá a exponer el reclamo por la falta de transferencias de ANSES para la Caja de Jubilaciones bonaerense, una deuda que —según la última estimación oficial— ya supera los $2,2 billones. La apertura del expediente en la Corte encendió la esperanza de que la disputa finalmente se resuelva en favor del distrito y represente un cambio decisivo en la relación de fuerzas con el Gobierno nacional. “Creemos que nos fue bien. Nuestra argumentación fue sólida y Nación se comprometió a trabajar en el caso. Veremos”, planteó a este medio una fuente provincial que sigue el tema.

La estrategia bonaerense no solo recae sobre el gobernador y el ministro de Economía: el equipo que lidera la defensa provincial ante el máximo tribunal está integrado por el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti; el propio Pablo López y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Ellos fueron quienes argumentaron ante los jueces y detallaron el peso de la deuda previsional que ya supera los $2,2 billones.

La tensión política que rodea el caso quedó expuesta ese mismo martes, cuando Axel Kicillof mencionó el reclamo en público durante la presentación del Centro de Estudios Derecho al Futuro. Con un dejo de ironía, el gobernador pidió “un aplauso para la Corte” al referirse a la apertura de la instancia judicial, enviando un mensaje claro sobre la importancia que el gobierno bonaerense asigna a la demanda previsional y al gesto del máximo tribunal.

Tras la audiencia, López resumió la expectativa de la provincia: “Pudimos plantear nuestro reclamo en relación con la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra provincia por el sistema jubilatorio provincial. Es una deuda que ya supera los dos billones de pesos. Hemos planteado nuestros argumentos. Se ha fijado una nueva audiencia para el 21 de abril, donde el Gobierno Nacional se comprometió a trabajar y esperemos que lleguemos al 21 de abril con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este problema existente, que es que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con los fondos que debería transferir a la provincia de Buenos Aires”.

El funcionario remarcó el esfuerzo fiscal que representa para la provincia: “El perjuicio no es solamente fiscalmente para la Provincia de Buenos Aires”. Y agradeció el espacio concedido por la Corte Suprema: “Poder tener un espacio como este, agradecemos a la Corte Suprema que nos haya dado esa posibilidad”.

La expectativa bonaerense se sostiene en un dato clave: la demanda por la transferencia de fondos de ANSES es, por ahora, la única que recibió este gesto de atención judicial, mientras que el resto de los planteos —como el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y el Fondo de Compensación al Transporte del Interior— siguen en lista de espera en el máximo tribunal. El propio López lo subrayó: “Son más demandas las que tenemos contra el Gobierno Nacional. Son siete demandas ante la Corte Suprema y esperemos que se pueda ir avanzando para que el Estado Nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra provincia”.

El razonamiento que inclinó la balanza quedó expuesto en la decisión de los jueces: “La magnitud y especificidad del reclamo previsional ameritan un tratamiento diferenciado y urgente frente a otras demandas por fondos nacionales”. Así, la causa por ANSES se transformó en la principal vía de presión de la provincia mientras el resto de los reclamos permanecen en un limbo judicial.

El punto nodal fue el Decreto 280/2024. La decisión de Casa Rosada abrió la disputa con varias provincias, entre ellas Buenos Aires, por el recorte de fondos destinados a sus cajas previsionales. Es que la decisión de derogar los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701 activó el conflicto, ya que estos artículos garantizaban la llegada regular de fondos nacionales a las cajas provinciales no transferidas. La demanda bonaerense busca revertir el recorte y que se restablezca el mecanismo de transferencia automática, mientras el gobierno nacional sostiene que la medida responde a la necesidad de ordenar las cuentas públicas y revisar los criterios de financiamiento de los sistemas previsionales provinciales.

Por eso, el 21 de abril aparece como una fecha de alto voltaje que además es seguida por otras administraciones provinciales.

En los últimos cinco años, los embargos judiciales contra el Estado han implicado desembolsos cercanos a 10 mil millones de lempiras, mientras las demandas que pesan sobre el Tesoro General ya superan 3 mil millones de lempiras solo en los primeros 15 días de la nueva gestión, de acuerdo con datos oficiales citados en el debate parlamentario.

La legislación establece que los órganos de la administración pública, centrales y descentralizados, deberán tomar acciones contundentes en ingresos fiscales, gasto público, ordenamiento financiero y gestión administrativa, todas de carácter extraordinario, excepcional y temporal.

Por decisión del Poder Ejecutivo, se podrán suprimir, fusionar o reducir organismos estatales, con la consiguiente disminución de servicios o personal, ya sea por nombramiento o contrato, siempre bajo criterios de eficiencia organizacional y ahorro económico. Está previsto que a quienes sean separados se les pague indemnización, con la condición de que dicho pago extinguirá cualquier otra obligación ante los tribunales.

En caso de negativa a recibir la indemnización, la suma podrá ser consignada ante una autoridad judicial o administrativa para evitar que aumente el monto a pagar. Las alcaldías y los entes descentralizados también podrán aplicar medidas similares dentro de sus respectivas competencias.

La normativa determina que, al existir embargos producto de sentencias judiciales firmes, los jueces deben notificar tanto a la Tesorería General de la República como al órgano condenado, para que los pagos se realicen según la disponibilidad presupuestaria, evitando comprometer la prestación de otros servicios públicos. Además, las órdenes tienen que emitirse como máximo cinco días hábiles después de dictada la sentencia.

La Procuraduría General de la República (PGR) recibe nuevas competencias para concretar conciliaciones judiciales, arbitrajes, demandas y litigios, tanto en instancias nacionales como internacionales, con el objetivo de prevenir daños económicos mayores para el Estado. Todos los acuerdos extrajudiciales requieren el visto bueno de la Secretaría de Finanzas y la homologación judicial, y solo podrán llevarse a cabo si superan los cinco millones de lempiras y cuentan con dictamen favorable de una comisión congresal.

La Secretaría de Finanzas queda autorizada para ajustar recursos entre los rubros de gasto capital y corrientes dentro de cada entidad, salvo en los otros dos poderes del Estado y órganos constitucionales. Además, todas las instituciones deben efectuar un diagnóstico de los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la ley.

Una enmienda de la bancada del partido Liberal asegura la protección de servidores públicos que ingresaron por concurso de oposición, aunque deja fuera a quienes recibieron nombramientos en las semanas finales de la anterior administración.

La sesión final estuvo marcada por la confrontación. El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, acusó al partido Liberal de avalar una “masacre laboral”, dirigiendo críticas además a Rolando Contreras del Pinu, quien calificó de ofensivas esas palabras. El liberal Jorge Cálix, jefe de bancada, mencionó los despidos que ocurrieron en el gobierno previo: “En el gobierno pasado despidieron a más de 15 mil empleados del programa guía de familia, así como a trabajadores del Congreso Nacional, los cuales volvieron a trabajar en la actual administración.”

La ley recibió apoyo de las bancadas del Partido Nacional, Liberal, Pinu y Democracia Cristiana, mientras la oposición provino de Libre.

El diputado Hugo Noé Pino manifestó su preocupación, señaló que la ley “abre la posibilidad a acciones de funcionarios que pueden generar mayores males al Estado”, aludiendo a la facultad que tendrá la PGR para pactar pagos previos en litigios. Los representantes liberales Jorge Cálix y Yury Sabas sostuvieron la defensa de su partido, negando las acusaciones de Sandoval y el partido Libr

Impulsada por la diputada Alia Kafati del Partido Liberal, la propuesta busca alinear al Parlamento con un modelo de gestión pública más austero, en consonancia con las presiones fiscales y las demandas sociales actuales, según informó.

La propuesta de Kafati apunta directamente al artículo 202 de la Constitución de la República y plantea una reducción tanto de los diputados propietarios como de sus suplentes. El Congreso hondureño está conformado actualmente por 128 diputados propietarios y 128 suplentes, todos ellos beneficiarios de salarios, viáticos y subsidios de apoyo social. El objetivo, en palabras de la legisladora, es construir un parlamento “más eficiente, más ágil, representativo y responsable con las finanzas públicas”. Destacó que el Poder Legislativo debe tomar decisiones estructurales en tiempos de escasez presupuestaria y unirse a la tendencia de reorganización del Estado impulsada desde el Ejecutivo.

Alia Kafati subraya que la iniciativa no es inédita, sino un retorno al formato con el que el Congreso funcionó tras el regreso al orden constitucional en 1981, cuando el cuerpo legislativo contaba con 82 integrantes. La legisladora argumenta que una estructura más compacta permitirá liberar recursos para atender áreas como salud, educación y seguridad, afirmando: “En aras de invertir el dinero en salud, educación y seguridad, me parece que se debería reducir el Congreso a como estaba en 1981, cuando solo eran 82 diputados”.

El planteamiento de la diputada se enlaza con políticas recientes como la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, ambas orientadas, según Kafati, hacia la modernización y la responsabilidad fiscal. En defensa de la propuesta, estableció una analogía directa con las medidas de reducción del aparato estatal ejecutadas durante la administración del presidente Nasry Asfura, que incluyeron la fusión y cierre de instituciones públicas.

El debate sobre el tamaño del Congreso hondureño se ha presentado en varias ocasiones, aunque sin terminar en reformas efectivas. Entre las voces que han impulsado reducciones más drásticas figura Salvador Nasralla, quien propuso bajar la cifra a 64 diputados propietarios y 32 suplentes, además de condicionar los pagos legislativos a la productividad y asistencia, bajo el argumento de que el actual número de congresistas es muy alto para la realidad fiscal del país.

En ocasiones anteriores, el diputado Jorge Cálix también sostuvo que los 128 escaños son elevados en función de la población y abogó por al menos una reducción a la mitad, con la expectativa de alcanzar una mayor eficiencia en la labor parlamentaria. Por su parte, German Altamirano formalizó una iniciativa para limitar la cifra a 80 diputados, orientada a fortalecer la credibilidad institucional y reducir el peso presupuestario del Congreso.

Otra de lasa voces resonantes fue la del ex diputado Marco Eliud Girón, quien sugirió eliminar la figura del suplente permanente, permitiendo su participación solo en ausencias justificadas del propietario. Este enfoque apunta a optimizar el esquema de representación y racionalizar el gasto legislativo.

Organizaciones de la sociedad civil y analistas advierten que reducir curules no implica necesariamente resolver los problemas de baja productividad legislativa, falta de transparencia y débil rendición de cuentas. Consideran imprescindible acompañar cualquier modificación en la composición con reformas profundas en la Ley Orgánica del Congreso, en los mecanismos internos de fiscalización y en los criterios para la asignación presupuestaria.

Alertan también sobre la importancia de no sacrificar la representación territorial ni la pluralidad política por un ajuste numérico, señalando que la discusión ocupa cuestiones de proporcionalidad por departamento, participación de minorías y equilibrio entre austeridad y democracia.

La reforma constitucional requiere mayoría calificada, lo que implica el apoyo de diversas bancadas y su posterior ratificación en una legislatura subsiguiente. La construcción de consensos en el plano político hondureño ha sido históricamente compleja, especialmente en temas que afectan la estructura de poder del Congreso.

La inversión de USD 100 millones para la expansión de Puerto Cortés se perfila como el motor de un proceso de transformación logística y económica en Honduras, con el objetivo de posicionar al país como un nodo estratégico en el comercio internacional y de utilizar recursos no ejecutados de organismos internacionales, la banca privada y fondos europeos para futuras obras, según anunció el presidente Nasry Asfura. El plan contempla una ampliación significativa de la capacidad del puerto, con la meta de operar 1,4 millones de TEU (unidades equivalentes a 20 pies) para inicios de 2027, superando los actuales 816.000 TEU y habilitando la llegada de megaembarcaciones de entre 10.000 y 13.000 TEU.

La decisión supone un respaldo directo de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y su matriz, la multinacional International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), con sede en Manila, Filipinas, evidenciando la apuesta de capital extranjero por el potencial logístico hondureño. El mandatario afirmó que si se logran estos objetivos, Puerto Cortés consolidará su rol como plataforma regional para el comercio internacional, optimizando la capacidad de recibir barcos de gran calado y elevando la eficiencia de los servicios logístico

Esta estrategia busca reducir los tiempos de espera y aumentar la eficiencia operativa, elementos que repercuten directamente en la competitividad portuaria.

El hallazgo. Durante un recorrido por las instalaciones, el presidente identificó áreas dentro del puerto que no están plenamente explotadas y especificó que se destinarán a actividades logísticas productivas. Además, incluye la mejora de procesos operativos y la integración de tecnología avanzada para la manipulación de mercancía.

El impulso a Puerto Cortés se integra a un plan más amplio de dinamización económica. Asfura adelantó que empresas situadas en el sector de Naco, en Cortés, proyectan inversiones capaces de generar entre 8.000 y 10.000 empleos, expandiendo el efecto multiplicador hacia transporte, almacenamiento y servicios logísticos.

El presidente remarcó que la expansión responde a la necesidad de manejar volúmenes crecientes de importación y exportación para Honduras y los países vecinos, así como a la de atraer capital privado y fortalecer la industria nacional. “El fortalecimiento del puerto traerá beneficios directos para las importaciones y exportaciones hondureñas. Una mayor capacidad instalada permite manejar mayores volúmenes de carga con mejores estándares de seguridad y eficiencia, lo que genera confianza en inversionistas y e mpresas internacionales que buscan plataformas logísticas confiables en Centroamérica”, aseguró.

Además de la inversión en infraestructura, Asfura subrayó su plan de disminuir el tamaño del aparato estatal mediante el cierre, fusión o reestructuración de entre 20 y 23 instituciones descentralizadas. El propósito es lograr mayor eficiencia administrativa y optimizar el uso de los recursos públicos, posibilitando destinar fondos a proyectos transformadores sin incrementar la carga fiscal.

En relación al financiamiento, el presidente señaló que existen recursos disponibles en la banca privada, instituciones europeas y organismos multilaterales como el Banco Mundial que aún no se han ejecutado y podrían canalizarse hacia infraestructura y desarrollo. Una mejor gestión de estos fondos permitiría impulsar obras sin aumentar impuestos ni endeudar al Estado, reforzando el objetivo de un crecimiento sostenido.

El papel de Puerto Cortés trasciende Honduras: es punto clave para la región, integrando rutas comerciales del Caribe y el Atlántico. Ampliar su capacidad y modernizar su infraestructura busca posicionar al puerto como referente centroamericano tanto por volumen de carga como por servicios tecnológicos y logísticos de avanzada.

El presidente confía en que la llegada de capital privado y la modernización del Estado conviertan a Honduras en un centro logístico regional. Junto con el fortalecimiento de la infraestructura y políticas de transparencia y estabilidad, el país busca consolidar su atractivo para compañías globales.

La transformación de Puerto Cortés puede marcar un punto de inflexión en la capacidad exportadora nacional y elevar el rango de Honduras dentro de las cadenas globales de suministro.

La muerte de Diana Lorena Hernández Moradel, una joven de 27 años internada en el Hospital Público de Satuye, en Roatán, reavivó el debate sobre las graves consecuencias de la falta de financiamiento inmediato para traslados aéreos de emergencia en Islas de la Bahía.

Fuentes del hospital informaron que Diana Lorena padecía una malformación congénita cerebral que requería atención especializada, disponible únicamente en otro centro asistencial. La paciente debía ser trasladada el domingo 15 de febrero en una ambulancia aérea de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), pero la operación se pospuso indefinidamente porque la familia no logró recaudar el dinero exigido para el combustible. El monto, que inicialmente era de 17.300 lempiras, se elevó a 25.578 lempiras, una suma inalcanzable para sus allegados.

Se evaluó como alternativa un vuelo privado, cuyo costo ascendía a USD 4.000 (casi 106.000 lempiras), cifra fuera del alcance familiar. Mientras intentaban conseguir los fondos, el equipo médico fortaleció los cuidados, pero Diana Lorena falleció tras un paro respiratorio el domingo 16 de febrero, sin que se concretara el traslado que podría haberle salvado la vida.

El caso desató preguntas entre los habitantes de Roatán sobre la ausencia de mecanismos para garantizar traslados médicos de emergencia, sin que el factor económico condicione el acceso a la atención requerida. Las críticas se intensificaron después de las declaraciones de la diputada Erika Urtecho, quien expresó sus condolencias y advirtió que tragedias como la de Diana Lorena exponen la precariedad en Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

Urtecho remarcó que el año anterior el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Traslado de Emergencias de Pacientes, asignando siete millones de lempiras a la Fuerza Aérea Hondureña para operar vuelos urgentes con garantía de recursos disponibles. No obstante, relató que durante el trámite parlamentario, esa partida fue transferida a un renglón presupuestario de la Secretaría de Salud, quedando sujeta a revisiones administrativas. La modificación, según la legisladora, quedó registrada oficialmente en el diario La Gaceta el 20 de agosto de 2025.

Urtecho subrayó que la falta de disponibilidad inmediata de esos fondos ha llevado a que, en repetidas ocasiones, alcaldes y diputados deban financiar personalmente el combustible necesario para traslados sanitarios. Además, cuestionó el destino final de los siete millones de lempiras originalmente aprobados y afirmó que ya planteó este reclamo ante el presidente de la República y autoridades castrenses, con el objetivo de evitar nuevas muertes por obstáculos económicos en emergencias médicas.

El episodio causó consternación social en Roatán, donde ciudadanos y colectivos durante la búsqueda de recursos por parte de la familia, el equipo médico mantuvo monitoreo constante sobre la paciente. El traslado, considerado vital, nunca se concretó. Diana falleció tras un paro respiratorio el 16 de febrero, un día después de la fecha inicialmente prevista para el vuelo de emergencia.

La insistencia recae en la implementación real y efectiva de leyes y en la claridad del uso de fondos públicos destinados a la atención médica de emergencia en zonas insulares y rurales, históricamente postergadas en materia sanitaria.

Expertos en salud pública advirtieron que la probabilidad de supervivencia para pacientes críticos depende directamente de la rapidez del traslado a centros especializados, especialmente en casos de malformaciones congénitas o accidentes graves.

La Embajada de Estados Unidos en Perú abrió oficialmente la convocatoria 2026 del Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural, una edición especial denominada Freedom 250 que financiará proyectos destinados a proteger y recuperar bienes históricos en el país. Las instituciones interesadas podrán postular hasta el 16 de marzo de 2026, enviando sus propuestas al correo LimaPDGrants@state.gov.

El programa otorgará entre 25.000 y 250.000 dólares a iniciativas enfocadas en la preservación del patrimonio cultural en Perú, incluyendo monumentos, sitios arqueológicos, colecciones de museos y expresiones tradicionales como lenguas, música y danzas. Esta edición conmemorativa coincide con los 250 años de la independencia de Estados Unidos y los 25 años de creación del fondo, y prioriza proyectos que reflejen vínculos históricos y culturales entre ambos países.

¿Qué proyectos financiará el Fondo del Embajador 2026?

La edición Freedom 250 priorizará propuestas que conecten el patrimonio cultural peruano con la historia, la influencia o la presencia de ciudadanos e instituciones estadounidenses. Entre los criterios establecidos se encuentran proyectos vinculados con:

• Sitios u objetos asociados a estadounidenses notables, como casas, estudios o instituciones frecuentadas por figuras históricas.
• Espacios desarrollados, excavados o investigados por arqueólogos o profesionales del patrimonio de Estados Unidos.
• Lugares relacionados con aportes estadounidenses a eventos históricos significativos, como acuerdos de paz o monumentos conmemorativos.
• Espacios ligados a la innovación científica impulsada desde Estados Unidos, incluyendo laboratorios u observatorios.
• Sitios que reflejen las raíces intelectuales y filosóficas que influyeron en la formación de instituciones estadounidenses.
• Patrimonio vinculado a movimientos de independencia inspirados en el modelo estadounidense.
• Expresiones culturales tradicionales, como música y danza, que hayan tenido impacto en manifestaciones artísticas de Estados Unidos.
• Lugares de importancia histórica para comunidades de la diáspora en territorio estadounidense.

El rango de financiamiento oscila entre 25.000 y 250.000 dólares por proyecto, dependiendo de la magnitud y el alcance de la iniciativa presentada.

Las áreas de apoyo comprenden la preservación de sitios arqueológicos, edificios históricos, monumentos, colecciones de museos y manifestaciones culturales tradicionales. Entre las actividades financiables figuran la conservación, restauración, estabilización, consolidación, documentación, inventario, registro y exhibición, siempre que formen parte de un plan integral de protección del patrimonio.

No están contemplados trabajos de excavación arqueológica, construcción civil, estudios preliminares, compra de piezas patrimoniales, creación de réplicas ni conservación de restos humanos. Tampoco se financiará la preservación de patrimonio natural ni material de prensa como periódicos, revistas o programas de radio y televisión.

Requisitos, documentos y cómo postular antes del 16 de marzo

Las propuestas deberán ser presentadas por instituciones públicas o privadas sin fines de lucro. Cada postulación deberá incluir información detallada como nombre de la entidad, dirección, teléfono, correo electrónico, representante legal y número de registro SAM (System for Award Management), requisito obligatorio para acceder a fondos federales de Estados Unidos. El registro es gratuito, pero puede tardar varios días, por lo que se recomienda iniciarlo con anticipación.

Además, los proyectos deben especificar:

• Título, duración y ubicación exacta (con un periodo de ejecución de 1 a 2 años).
• Descripción clara de los objetivos principales y secundarios.
• Detalle de actividades, productos y resultados esperados.
• Cronograma, que puede presentarse mediante tabla o diagrama de Gantt.
• Información del personal clave, incluyendo experiencia y currículums.
• Declaración de importancia histórica, arquitectónica, artística o cultural del bien a intervenir.
• Declaración específica que explique cómo el proyecto se vincula con las prioridades Freedom 250.
• Plan de mantenimiento posterior a la finalización del financiamiento.
• Estrategia de divulgación pública, que contemple acciones coordinadas con la embajada, como eventos, talleres, publicaciones en redes sociales o materiales audiovisuales.
• Plan de acceso a datos generados por el proyecto.
• Presupuesto detallado por categorías (personal, viajes, suministros, contratos, costos indirectos, entre otros), con explicación del cálculo de cada partida.
• Cartas de apoyo institucional.
• Permisos oficiales correspondientes.
• Documentación técnica de respaldo (informes, estudios, planos).
• Al menos cinco imágenes digitales de alta calidad que evidencien el estado del patrimonio.
• Formularios obligatorios SF-424 y SF-424A.

La evaluación se realizará en dos etapas. Primero, la embajada efectuará una preselección de las propuestas recibidas en Perú. Luego, tres proyectos serán enviados a revisión final en el Departamento de Estado en Washington D.C. Los resultados se comunicarán a partir de agosto de 2026, vía correo electrónico y a través de las redes sociales oficiales de la embajada.

De acuerdo con la información difundida, la convocatoria puede presentarse en español o inglés, y el asunto del correo debe iniciar con “Fondo del Embajador 2026” seguido del título del proyecto.

Esta edición especial se enmarca en los objetivos de fortalecer la relación bilateral entre Perú y Estados Unidos, promover la cooperación en seguridad y enfrentar el tráfico ilícito de bienes culturales, además de impulsar el intercambio técnico entre especialistas de ambos países en materia de preservación histórica.

Este encuentro buscará establecer una hoja de ruta común y analizar el estado de los compromisos asumidos en el marco del programa vigente, cuyo avance será determinante para futuros desembolsos y la estabilidad financiera del país.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la visita del FMI representa un primer acercamiento con la administración entrante y no corresponde todavía a una revisión formal del acuerdo. “Se trata de una visita técnica para conocer las prioridades de la nueva gestión y presentar el plan de acción a los organismos multilaterales”, subrayó Hernández Hércules, según el comunicado oficial difundido este viernes.

Durante la estadía de la delegación, el FMI se reunirá con distintos actores del sector público y privado, incluidos la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Banco Central de Honduras (BCH). El objetivo será recopilar información actualizada sobre la situación económica, el desempeño del sistema financiero y las proyecciones del sector productivo, además de contrastar los logros recientes en variables macroeconómicas con los retos que impone la nueva administración.

La situación específica del programa vigente con el FMI. Hernández Hércules precisó que la cuarta revisión del acuerdo debió realizarse en noviembre de 2025, pero “se registraron incumplimientos por parte del gobierno saliente”, lo que resultó en la suspensión de un desembolso de USD 120 millones en apoyo presupuestario.

Este monto, acordado como respaldo a las finanzas públicas, sigue pendiente de liberación hasta que se verifiquen los requisitos fijados por el organismo internacional.

La agenda de la misión también comprende sesiones de trabajo técnico con la Secretaría de Finanzas, donde se revisarán cifras sobre ingresos, gasto, deuda pública y previsiones de crecimiento. Estas discusiones servirán para precisar los lineamientos del nuevo enfoque económico gubernamental y definir cómo podrían ajustarse las metas y estrategias actuales.

Colaboración con otros organismos internacionales. Además del FMI, el gobierno de Honduras mantiene diálogo con el Banco Mundial, que ha expresado su disposición para apoyar la nueva agenda nacional, centrada en infraestructura, desarrollo humano, sector social y educación. El reciente viaje del presidente Nasry Asfura a Washington, donde se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump, también contribuyó a mejorar la percepción internacional sobre la economía local y a restablecer la confianza de socios multilaterales.

Hernández Hércules indicó que los indicadores económicos que guiaron la administración previa podrían modificarse para acomodar el nuevo énfasis en el crecimiento económico. “El intercambio con el FMI permitirá que el organismo conozca directamente la visión de los diferentes actores económicos del país y se presenten los lineamientos de la nueva administración”, señaló el titular de Finanzas.

Tras esta ronda de reuniones, se espera que el FMI elabore un informe técnico con valoraciones sobre el estado de la economía hondureña y los pasos recomendados antes de avanzar hacia las revisiones formales del programa. La realización de la cuarta y quinta evaluación podría destrabar hasta USD 240 millones adicionales en apoyo presupuestario, siempre que el país cumpla las metas y compromisos pactados.

El proceso de diálogo y cooperación continuará en las semanas siguientes, a medida que se programe la reanudación de las evaluaciones pendientes, cuyo resultado será clave para la normalización de los desembolsos y la consolidación de un entorno de estabilidad macroeconómica.pa

El gobierno de Honduras está habilitado oficialmente para avanzar en la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del decreto que lo autoriza.

Esta medida, que ahora tiene vigencia legal, permitirá destinar los recursos a proyectos de salud pública y construcción de centros universitarios en zonas que carecen de presencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El decreto dispone que los fondos obtenidos se incorporarán al Presupuesto General de la República, en el ejercicio fiscal en que se concrete la venta.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) deberá registrar y distribuir estos recursos según la normativa vigente, canalizándolos exclusivamente a los sectores mencionados.

El documento resalta que esta decisión responde a la demanda social de una administración responsable y eficiente de los bienes estatales, en situaciones donde áreas como la salud, la educación, la nutrición y el acceso al agua potable enfrentan carencias estructurales.

El texto, publicado en La Gaceta, instruye que antes de proceder con la venta es obligatorio realizar un avalúo técnico independiente del avión, tarea que podrá estar a cargo de expertos nacionales o internacionales.

Este paso busca definir un valor mínimo de referencia basado en criterios verificables, toma en cuenta el estado estructural, las horas de vuelo, el historial de mantenimiento y la documentación legal asociada a la aeronave.

El Embraer Legacy 600, de origen brasileño y diseñado para recorridos de mediano y largo alcance, fue adquirido en 2014 durante la presidencia de Juan Orlando Hernández por un monto superior a USD 14 millones.

Aunque sirvió para viajes oficiales, en los últimos años el avión permaneció sin uso productivo, generando costos considerables por mantenimiento, resguardo y conservación.

Según investigaciones periodísticas, la venta de la aeronave ha sido propuesta recurrentemente como alternativa para redirigir gastos, pero no se contaba con el aval legal necesario.

El proceso aprobado contempla la posibilidad de venta mediante subasta pública u otros mecanismos fijados por la ley hondureña para la disposición de bienes estatales.

La operación podría incorporar la participación de intermediarios especializados en jets ejecutivos y la promoción internacional del activo. No obstante, toda acción deberá cumplirse bajo las disposiciones legales que rigen la gestión y enajenación de este tipo de patrimonio.

La iniciativa legislativa que condujo al decreto fue presentada el 25 de enero por el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, a petición del presidente Nasry Asfura. El Congreso Nacional aprobó la medida por unanimidad el 26 de enero de 2025.

El decreto no define una fecha concreta para la venta, pero condiciona toda la operación al cumplimiento de los requisitos técnicos y legales previos.

Entre estos se incluye la realización del avalúo, la validación total de la documentación y la elección del método de comercialización más conveniente para los intereses del Estado.

Así, el proceso queda abierto al escrutinio público por el impacto que tendrá tanto sobre el fortalecimiento institucional como en la reasignación de recursos a sectores prioritarios.

A partir de la publicación del decreto, el Ejecutivo asume la responsabilidad de coordinar cada una de las etapas del procedimiento, que dependerán del resultado del avalúo independiente, las condiciones del mercado y la efectividad del mecanismo de venta seleccionado.

La denuncia por la contratación irregular de un bufete jurídico en Estados Unidos con fondos estatales hondureños ha expuesto una fractura institucional en la cúpula de la Procuraduría General de la República (PGR).

Este enfrentamiento entre administraciones recobra vigencia ante la presión social por transparencia y por la posible intervención del Congreso Nacional y el Ministerio Público, instancias que ya evalúan exigir informes y auditorías respecto al destino de los 300 mil dólares involucrados.

En la etapa más reciente del conflicto, el exprocurador Manuel Díaz Galeas planteó un posible conflicto de intereses, al afirmar que el procurador actual, Dagoberto Aspra, podría haber representado a personas relacionadas con el caso tramitado en los tribunales estadounidenses. Díaz Galeas sostuvo: “Si el Procurador actual representa a alguno de los acusados mientras dirige la defensa del Estado, se estaría vulnerando la imparcialidad institucional. Esto debe ser evaluado”. Aunque tal afirmación carece de verificación oficial hasta el momento, ha añadido tensión a una disputa que ya abarca dimensiones legales, éticas y políticas.

La controversia inició cuando Aspra denunció públicamente que el predecesor en el cargo, Díaz Galeas, firmó el 26 de enero un contrato por 300 mil dólares con un bufete estadounidense, usando fondos del Estado. El pago se habría adelantado dos días más tarde, pese a que la demanda civil interpuesta en Estados Unidos tenía como destinatarios a varios funcionarios individuales del gobierno de Xiomara Castro, y no directamente al Estado de Honduras. Para Aspra, la contratación constituyó un abuso, pues el único objetivo del bufete era presentar una moción para desestimar la demanda o trasladarla a otro tribunal en Washington.

Desde la otra posición, Díaz Galeas rechazó las acusaciones en medios locales y argumentó que el proceso se ajustó tanto a las normas nacionales como internacionales y representó una estrategia de defensa del Estado frente a un reclamo multimillonario presentado por Paul Murray Farmer DRC. Según sus palabras: “Se trató de un proceso de defensa legal del Estado y no de beneficio personal. Nuestro objetivo era garantizar que Honduras no sufriera pérdidas económicas significativas”. Díaz Galeas afirmó que la demanda permanece activa y corresponde a los tribunales internacionales decidir su desenlace.

Especialistas consultados por Infobae subrayaron que el caso materializa las tensiones internas y externas que enfrenta la PGR, entidad clave encargada de la defensa judicial del Estado. Un jurista experto en derecho administrativo señaló a este medio: “Cada centavo del Estado debe estar respaldado por una causa legítima. El uso de 300 mil dólares para un litigio personal, aunque se argumente que protege al Estado, requiere supervisión, rendición de cuentas y aprobación formal”.

El caso ha impulsado a ciudadanos y organizaciones civiles a reclamar información detallada sobre el procedimiento de contratación del bufete en Estados Unidos y la justificación para el pago al contado. Al fondo del debate subyace la urgencia de mecanismos de control y transparencia: para Aspra, la operación no cumplió con reglamentos internos y sobrepasó los límites de gasto discrecional de la PGR; para los analistas políticos consultados por Infobae, estos enfrentamientos institucionales exhiben la fragilidad de los órganos de control estatales y el riesgo de que tal disputa afecte la credibilidad del aparato público ante organismos internacionales y la sociedad.

La trayectoria de la Procuraduría muestra antecedentes de señalamientos por manejo opaco de recursos y contratos de representación legal, especialmente en litigios internacionales donde han derivado sanciones y controversias. El episodio actual renueva el debate sobre la necesidad de protocolos claros para la contratación de abogados extranjeros, sobre todo cuando hay sumas millonarias en juego y los beneficiarios directos son funcionarios aún en ejercicio o recién salidos del aparato estatal.

Al cierre, la PGR encabezada por Aspra está considerando auditorías internas y podría elevar el caso tanto a instancias nacionales como estadounidenses para dirimir si existió uso indebido de fondos públicos y qué responsabilidades penales y administrativas corresponderían.

A días de la renuncia de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte resolvió retener de manera transitoria los subsidios económicos a empresas de transporte automotor a las que se les detectaron irregularidades, mientras se avanza en una auditoría integral del sistema. La medida fue adoptada luego de una reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y permanecerá vigente hasta que se verifique técnicamente lo ocurrido en cada caso.

Según informó oficialmente Transporte, la decisión se enmarca en el inicio de un proceso de revisión integral del esquema de compensaciones que recibe el sector. “Luego de la reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA y la decisión de avanzar en una auditoría integral del sistema, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía retendrá los subsidios económicos a las empresas de transporte automotor a las que se le han detectado irregularidades”, señaló el comunicado difundido por el organismo.

Desde el área aclararon que la retención de fondos será transitoria y estará condicionada a los resultados de las verificaciones técnicas que se realicen en el marco de la auditoría. “Esta medida será transitoria, hasta tanto se verifique técnicamente lo ocurrido”, precisaron desde la Secretaría de Transporte, al detallar el alcance de la resolución.

Auditoría integral sobre el sistema SUBE

En paralelo, el Gobierno instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios para que lleve adelante de manera inmediata una auditoría integral sobre el sistema SUBE y sobre los parámetros operativos utilizados en el sistema de transporte. De acuerdo con el comunicado oficial, la revisión no se limitará a una empresa en particular, sino que abarcará a todo el sistema. “Se instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios a la realización inmediata de una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, no solo a la empresa denunciada, sino a la totalidad del sistema de transporte”, indicó el texto.

La auditoría dispuesta por la Secretaría de Transporte contará además con información provista por distintos organismos vinculados al funcionamiento del sistema de transporte público. En ese sentido, se informó que el proceso se complementará con informes elaborados por Nación Servicios S.A. y por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Estos reportes estarán basados en la información del sistema de transporte y en fiscalizaciones que se desarrollarán de manera práctica y presencial en las unidades de colectivo.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo central de este proceso de revisión es avanzar en correcciones que permitan evitar irregularidades en el futuro.

Reunión con las cámaras

Las medidas anunciadas se implementarán de manera inmediata y forman parte de una definición política ya comunicada a los representantes del sector. Según se informó, la decisión de avanzar con una auditoría integral de la distribución de los subsidios fue manifestada por las autoridades durante la reunión mantenida con las cámaras empresarias del transporte urbano del AMBA.

En ese encuentro participaron el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann. “Las medidas, que se implementarán de forma inmediata, se enmarcan dentro de la decisión de avanzar en una auditoría integral de la distribución de los subsidios, manifestada por el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni y el Secretario de Transporte, Fernando Herrmann, en la reunión que mantuvieron con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA, el lunes pasado”, indicó el comunicado.

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que el objetivo principal del proceso es garantizar que la distribución de las compensaciones económicas se realice conforme a la normativa vigente. En ese sentido, se busca asegurar que los recursos públicos destinados al sostenimiento del sistema de transporte sean asignados de manera correcta.

La auditoría integral abarcará tanto el funcionamiento del sistema SUBE como los parámetros operativos que se utilizan para calcular y asignar los subsidios al transporte automotor. De acuerdo con lo informado, la revisión incluirá el análisis de datos, la elaboración de informes técnicos y la realización de controles presenciales en las unidades, con el fin de contar con información precisa y verificable.

En este contexto, la retención de los fondos a las empresas alcanzadas por irregularidades detectadas se presenta como una medida preventiva, sujeta a la verificación técnica que se realizará en el marco de la auditoría. Desde la Secretaría de Transporte insistieron en que la decisión no es definitiva y que su continuidad dependerá de los resultados que arroje el proceso de revisión integral del sistema.

Con estas definiciones, el Gobierno avanzó en la implementación de un esquema de control y auditoría sobre el sistema de subsidios al transporte automotor urbano, con foco en el AMBA, y puso en marcha una serie de acciones destinadas a revisar el funcionamiento del sistema y la correcta asignación de los recursos públicos involucrados.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que la provincia presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar una deuda de 51.000 millones de pesos que el Gobierno nacional mantiene con la caja previsional provincial. La presentación se realizará el lunes a través de la Fiscalía de Estado de Chubut, según detalló el mandatario.

La medida se da luego de que el gobierno provincial debiera recurrir a la emisión de letras por cerca de 60.000 millones de pesos para garantizar el pago del medio aguinaldo a los empleados públicos, el cual se abonó este miércoles 24, según informó el diario Río Negro. El atraso en la liquidación del beneficio generó manifestaciones en distintas dependencias estatales.

Torres explicó que “estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017. Por eso y ante los reiterados incumplimientos realizaremos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”.

El gobernador remarcó que la gestión actual viene realizando el reclamo desde el inicio del mandato: “Desde que asumimos nuestra gestión de gobierno venimos reclamando por esta situación. Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos”.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo provincial, el déficit de la caja previsional está estimado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). “Avanzamos en la presentación ante el incumplimiento de los pagos que en su momento habíamos acordado”, señaló Torres.

La decisión del gobierno de Chubut de recurrir al máximo tribunal nacional ocurre en un contexto de tensión financiera y busca asegurar fondos para cubrir los compromisos previsionales de la provincia.

Vale recordar que en septiembre pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con Torres, en la que se firmaron convenios en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Durante el encuentro, se acordó la compensación de deudas que Chubut mantenía con el Estado Nacional por 100.000 millones de pesos. Además, el convenio establece que la provincia asumirá la responsabilidad de cuatro rutas nacionales como parte de la compensación.

“El Ministerio de Economía de la Nación continúa trabajando con las provincias en el marco del Régimen con el objetivo de buscar soluciones conjuntas a las deudas y acreencias recíprocas, protegiendo fundamentalmente el equilibrio fiscal”, comunicó el Palacio de Hacienda en aquel entonces.

Pero Chubut no es la única jurisdicción que atraviesa un conflicto por fondos similar con el Gobierno nacional: el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo ayer que la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires supera los 5.000 millones de dólares.

Según precisó, ese monto equivale al costo de construir tres líneas de subte. Macri señaló que el diálogo con el gobierno nacional continúa abierto, aunque advirtió que la Ciudad evalúa volver a recurrir a la Corte Suprema si no se resuelve el pago de los fondos adeudados.

“La ciudad tiene derecho a esos recursos, no hay ninguna duda, lo ha dicho hasta la Corte Suprema, y hay una cautelar que indica que hay que empezar a pagar”, dijo el mandatario.

Macri recordó que en el pasado se firmó un acta de acuerdo con el gobierno nacional, aceptando una modalidad de pago alternativa propuesta por la Nación.

“De junio a mayo de este año, se cumplió bien, en mayo volvieron parte de los atrasos. Trabajamos y hablamos entre nosotros con Caputo. ¿Encontramos una solución? Todavía no. Es necesario encontrarla, no hay ninguna duda, porque es plata de los porteños”, subrayó el jefe de Gobierno.

La Ciudad mantiene conversaciones dos o tres veces por semana con funcionarios nacionales, con el objetivo de lograr un acuerdo fuera del ámbito judicial. “La voluntad debo decir que está”, afirmó Macri, aunque advirtió: “Como pasa siempre, los recursos para el Gobierno nacional son escasos”.

La Casa Rosada comenzó a solucionar varios de los conflictos que tenía con diferentes provincias por el reparto de fondos y espera el apoyo de los gobernadores para aprobar en el Congreso las primeras de las reformas que envió al recinto, durante una sesión en la Cámara de Diputados que se prevé que será maratónica.

Las autoridades nacionales seguirán este miércoles con atención la votación del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia fiscal, mientras en el Senado se intentará avanzar con el dictamen para la Reforma laboral y los cambios en la Ley de glaciares.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra desde principios de esta semana conversando con los principales referentes de los bloques “dialoguistas”, con el objetivo de conseguir los respaldos legislativos para cada una de estas iniciativas.

Luego de haberse reunido con varios mandatarios locales y haber escuchado sus reclamos, el funcionario logró convencer a su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que habilitara el envío de dinero a determinadas jurisdicciones.

Recientemente, quienes recibieron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fueron Tucumán, por un total de $20.000 millones; Misiones, por un monto de $12.000 millones, y Chaco, a la que le giraron $11.000 millones.

El gobernador de la primera de esas provincias, Osvaldo Jaldo, fue clave para que el oficialismo obtuviera el dictamen de mayoría para el Presupuesto, ya que uno de los tres diputados que le responde, Elía Fernández, integra la comisión que le dio luz verde al texto.

Por su parte, el misionero Hugo Passalaqcua tiene influencia sobre los senadores Carlos Arce y Sonia Decut, que serán importantes para las votaciones en esa Cámara, y el diputado Oscar Herrera Ahuad, que también forma parte de la comisión de Presupuesto.

En los próximos días, además, está la promesa de la Casa Rosada de entregar ATN también a Entre Ríos, donde gobierna Rogelio Frigerio, y a Chubut, donde hace lo propio Ignacio “Nacho” Torres, “para cubrir aguinaldos y la caída de la coparticipación”.

Según explicaron a Infobae fuentes cercanas a los mandatarios, después de algunos cruces, actualmente hay “un muy buen diálogo” con el oficialismo y “se están cumpliendo con gran parte de las cosas con las que se comprometió ‘el Colo’”.

“Siempre hay tironeos en la negociación por el presupuesto, y es lógico que suceda, pasó ahora en la comisión. Pero en líneas generales, el Gobierno empezó a cumplir los acuerdos”, señalaron.

Efectivamente, cuando la denominada “ley de leyes” se estaba debatiendo, en el PRO hubo primero un enojo porque no se incluyó en el proyecto ninguna mención a la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de la coparticipación que sufrió en el 2020, durante la administración de Alberto Fernández.

De hecho, el partido fundado por Mauricio Macri decidió firmar en disidencia el dictamen de mayoría que presentó La Libertad Avanza, como una forma de protesta por este conflicto.

Sin embargo, unas horas más tarde, Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acordaron con el jefe de esa bancada, Cristian Ritondo, incluir un artículo que destrabó el tema.

Puntualmente, el párrafo que propone la oposición dialoguista faculta al jefe de Gabinete “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en el marco del fallo que dictó en diciembre del 2022.

En aquella oportunidad, el máximo tribunal ordenó que se le entregue al territorio porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (aunque CABA pedía el 3,50%) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

De esta forma, el oficialismo se garantizaría también el acompañamiento del PRO, que en las últimas horas confirmó la creación de un interbloque junto a la UCR, el MID, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que se llamará “Fuerzas del Cambio”.

Ese espacio contará con 22 integrantes que también serán fundamentales para el Gobierno en su objetivo de aprobar este miércoles tanto el Presupuesto 2026 como la ley de Inocencia fiscal.

En el Senado, en tanto, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se planteó la ambiciosa meta de conseguir dictámenes para el viernes de la reforma laboral y los cambios en la norma de glaciares, a los cuales les sumará después también las iniciativas que vengan de Diputados -si se sancionan-, para votarlas el 26 de diciembre.

Luego de años de disputas judiciales y extensas negociaciones, el Gobierno acordó este martes incluir en el proyecto de Presupuesto el pago de la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que las autoridades porteñas vienen reclamando tras el recorte que sufrieron durante la administración de Alberto Fernández.

La medida, que en un principio no se incorporó en el dictamen de mayoría que el oficialismo y sus aliados firmaron más temprano, finalmente se sumará al texto mañana durante la votación en la Cámara de Diputados.

Así lo aceptó el presidente del recinto, Martín Menem, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, tras extensas conversaciones con el bloque del PRO, al que este último pertenecía hace tan solo unos meses.

Justamente, los representantes del partido fundado por Mauricio Macri que forman parte de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Fernando De Andreis y Diana Fernández Molero, había apoyado en disidencia la denominada “ley de leyes”, por la negativa de las autoridades nacionales de agregar este punto.

El jefe de esa bancada, Cristian Ritondo, consiguió que durante la sesión de este miércoles se incorpore un artículo para hacer efectivo el pago de la deuda y así solucionar el conflicto que se encuentra vigente desde el 2020.

Puntualmente, el párrafo que propone el diputado de la oposición dialoguista faculta al jefe de Gabinete “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos’“.

En aquella resolución, de diciembre del 2022, el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba con la entonces gestión kirchnerista.

De esta manera, ordenó que se le entregue al territorio porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (aunque CABA pedía el 3,50%) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.

Con las firmas de sus entonces cuatro integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda -que no se había retirado aún-, se dispuso además que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la Nación “se abstenga de aplicar la ley 27.606″, que establecía los cambios en el reparto de los montos entres las dos jurisdicciones.

Sin embargo, todavía con Alberto Fernández en el poder, esa medida nunca se cumplió y con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el jefe de Gobierno de la capital federal, Jorge Macri, comenzó con las negociaciones para obtener el dinero en disputa.

El recorte en la coparticipación porteña había sido decretado a mediados de 2020 por el mandatario peronista para darle un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos de esa fuerza que afectaba la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof.

En septiembre del 2024, luego de la sentencia de la Corte Suprema, representantes judiciales, de la Nación y de la Ciudad se reunieron para llegar a un principio de acuerdo para el cumplimiento de la medida cautelar.

De todas formas, la deuda siguió existiendo hasta la actualidad y la discusión se retomó a partir de la presentación del Presupuesto 2026, que la administración libertaria necesita aprobar en el Congreso.

Ante la urgencia de que el proyecto sea sancionado, preferentemente durante este primer periodo de sesiones extraordinarias, Santilli decidió destinar esta semana completamente a las negociaciones legislativas.

El ministro del Interior acompañó a Martín Menem en el diálogo con el resto de los bloques para reunir el apoyo hacia la iniciativa que será votada este miércoles por el pleno del cuerpo, para que pueda ser luego enviada al Senado.

Durante el debate también se va a tratar la ley de Inocencia Fiscal, que plantea la simplificación de procedimientos y la reducción de la carga administrativa para los contribuyentes, por lo que se espera que la discusión se extienda hasta la noche.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aguarda que la Nación le habilite la colocación de deuda recientemente autorizada por la Legislatura bonaerense por hasta USD 3.685 millones, pese a las posiciones públicas que ya deslizaron algunos funcionarios de la administración libertaria. Es un proceso que llevará tiempo. Recién el jueves por la madrugada y tras varias negociaciones cruzadas, el Poder Ejecutivo consiguió la aprobación de la ley de financiamiento que contempla fundamentalmente distintas autorizaciones de deudas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en el caso de Buenos Aires “lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal”, y que hoy la gestión de Kicillof “está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”. En tanto que presidente de La Libertad Avanza y diputado nacional, Sebastián Pareja, fue más enfático y dijo que “de ninguna manera” se iba a dar el aval para que Buenos Aires salga el mercado a buscar financiamiento.

Sin embargo, cerca de Kicillof, confiaron en que “no debiera haber inconvenientes”, para tener la firma de Economía y del ministerio de Interior, a cargo de Diego Santilli, y conseguir dicha autorización. En La Plata esperarán agotar la instancia de diálogo con el área de Santilli. Por el momento, no judicializarán la instancia, como lo hicieron con algunos programas que implicaban transferencia de recursos que la gestión de Javier Milei recortó. Kicillof plantea, en cada oportunidad que tiene, que —en este punto— la Nación le adeuda a Buenos Aires, 12 billones de pesos en conceptos de fondos y obra pública. A junio de este año, la deuda se componía de $ 3,04 billones, en deuda directa; $6,91 billones de saldos en obra pública comprometida y $2,7 billones de la discontinuidad o retrasos de programas nacionales.

Ante este escenario, la Provincia fue haciendo distintas presentaciones -sin éxito alguno hasta el momento- a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ahora, el máximo tribunal, no se expidió en ningún reclamo hecho por Buenos Aires. Entre las demandas están la supresión del Fondo Compensador del Transporte Público; la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y la falta de financiamiento del Sistema de Boleto Integrado. También la falta de transferencia de fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico (FONID) y la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques. Buenos Aires también reclama por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano y el financiamiento para cubrir el déficit de las cajas previsionales.

El escenario para la habilitación de la colocación de deuda es complejo y de no habilitarse empieza a primar la posibilidad de que la Provincia entre en cesación de pago; aunque en La Plata mantienen cautela y confían en el que tema se va a destrabar. Según planteó el Ejecutivo bonaerense en su proyecto de financiamiento, Buenos Aires debe rollovear compromisos de deuda para 2026 por USD 2.545 millones.

El viernes pasado, Kicillof fue consultado ante la posibilidad de que la Nación no habilite la colocación de deuda de Buenos Aires. “La ley se llama de financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia que vienen de la época de Vidal. Es eso, no tengo ningún problema; pero que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito Toto —por el ministro Luis Caputo— y que apruebe todo lo que tiene que aprobar porque ya más lío no pueden armarnos”, contestó el mandatario provincial.

El tema se encuadra en el artículo 25 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. El mismo establece que el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Economía, debe analizar y autorizar las operaciones de endeudamiento que pretendan realizar los gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, asegurando que se ajusten a los principios de dicha normativa. Para ello, las jurisdicciones interesadas deben presentar toda la documentación requerida ante la cartera que actualmente comanda Santilli, como paso previo a la obtención de avales, garantías y autorizaciones para acceder a deuda. La ley de Responsabilidad Fiscal exige, además, que la Nación otorgue su aval previo para cualquier emisión de deuda emprendida por provincias y municipios.

En las últimas semanas, en el marco también de una negociación política encabezada por Santilli; la Nación le dio el visto bueno a Santa Fe y a la Ciudad de Buenos Aires para que salgan al mercado internacional a colocar deuda. El gobierno de Maxilimano Pullaro (Santa Fe) consiguió emitir un bono por USD 800 millones; mientras que Ciudad colocó un bono por USD 600 millones.

La oficina de coordinación de ayuda humanitaria de la ONU ha reducido su solicitud de financiación anual para 2026 después de que el apoyo de este año, principalmente de gobiernos occidentales, cayera al nivel más bajo en una década.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo el lunes que busca 33.000 millones de dólares para ayudar a unos 135 millones de personas a enfrentar las consecuencias de guerras, desastres climáticos, terremotos, epidemias y escasez de alimentos. Este año recaudó 15.000 millones de dólares, el nivel más bajo en una década.

La oficina dice que el próximo año quiere más de 4.100 millones de dólares para llegar a tres millones de personas en áreas palestinas, otros 2.900 millones de dólares para Sudán —donde se produce la mayor crisis de desplazamiento del mundo— y 2.800 millones de dólares para un plan regional en torno a Siria.

“En 2025, el hambre aumentó”, afirmó Tom Fletcher, jefe de la OCHA. “Los presupuestos alimentarios se redujeron, incluso mientras las hambrunas afectaban a partes de Sudán y Gaza. Los sistemas de salud se desmoronaron. Los brotes de enfermedades se dispararon. Millones quedaron sin alimentos básicos, atención médica y protección. Los programas para proteger a mujeres y niñas fueron recortados, cientos de organizaciones de ayuda cerraron”.

El coordinador de ayuda de la ONU pidió 47.000 millones de dólares para este año y aspiraba a ayudar a 190 millones de personas en todo el mundo. Debido al menor apoyo, él y sus socios humanitarios llegaron a 25 millones de personas menos este año que en 2024.

“Sé que los presupuestos están ajustados en este momento. Las familias en todas partes están bajo presión”, dijo Fletcher. “Pero el mundo gastó 2.700 millones de dólares en defensa el año pasado, en armas y armamento. Y estoy pidiendo un poco más del 1% de eso”.

Ha llamado a una “transformación radical” de la ayuda reduciendo la burocracia, aumentando la eficiencia y dando más poder a los grupos locales. Fletcher mencionó “conversaciones muy prácticas y constructivas” casi a diario con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“¿Quiero avergonzar al mundo para que responda? Absolutamente. Pero también quiero canalizar este sentido de determinación e ira que tenemos como humanitarios, que seguiremos entregando con lo que recibimos”, afirmó Fletcher.

239 millones de personas necesitarán ayuda

Y aunque la priorización de 2026 continúe y se busquen fondos para ofrecer medios de sobrevivir a “solo” 87 millones de personas, la realidad es que 239 millones de personas necesitarán asistencia vital.

El plan cubre personas necesitadas en 50 países, con un énfasis en tres crisis consideradas las de mayor gravedad: en los territorios palestinos ocupados, en Sudán y los países que han acogido a 7 millones de refugiados de este país, y Birmania, una grave crisis sin atención mediática.

“Este llamamiento establece dónde debemos concentrar primero nuestra energía colectiva y por ello se basa en decisiones de vida o muerte”, afirmó Fletcher.

El plan implica al mismo tiempo una puesta en cuestión de la forma de trabajar de la ONU en el terreno humanitario, mediante la reducción de la burocracia y de la duplicación de tareas, y la búsqueda de una mayor eficiencia.

“Dedicaremos una mayor proporción del dinero que recibimos directamente a las personas que lo necesitan, a las organizaciones e individuos en primera línea y a las comunidades a las que servimos y no a instituciones, organizaciones o agencias. Queremos minimizar los costos de transacción en el camino”, explicó.

(con información de AP y EFE)

Mientras el Gobierno libertario se dispone a convocar en los próximos días a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de diciembre, la oposición dialoguista ya mira de reojo el Presupuesto 2026 y el efímero dictamen que obtuvo el oficialismo en Diputados, que cayó con el fin del período ordinario y por ello habrá que volver a firmar uno nuevo. Municipios y provincias comenzaron a rechazar el artículo 30 de la iniciativa en cuestión, que apunta a nuevos recortes de la Casa Rosada sobre fondos destinados en la actualidad a educación y defensa.

Aún con el recuerdo fresco de las discusiones que tuvo el Congreso relacionadas con universidades -entre otras-, el artículo 30 de la ley de gastos 2026 de la administración libertaria ya generó, por caso, observaciones de la Cámara alta correntina y del Concejo Deliberante de Florencia Varela (Buenos Aires). Textual, lo que pretende el Gobierno es derogar “el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; los “artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”; el “artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional”; y “el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa”.

Desglosamos ahora cada punto. El primero es el más importante y establece: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.

El segundo es similar, aunque con menor intensidad, para las partidas hacia ciencia y tecnología. En tanto, el tercero crea “el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.

La Cámara de Senadores de Corrientes declaró su “contundente rechazo al artículo 30 del Proyecto de Ley de presupuesto nacional, el cual perjudica el funcionamiento de 170 Escuelas Técnicas en el territorio de la provincia, restringiendo con ello el derecho a la educación de miles de jóvenes”. Por su parte, los concejales de Florencio Varela apuntaron a que el dinero en cuestión se destina “a la construcción, ampliación y refacción de infraestructura de las instituciones, equipamiento para los entornos formativos, materiales para los proyectos de los estudiantes, así como la consolidación de diferentes programas de acompañamiento para el avance las trayectorias educativas y su finalización, de la educación profesional secundaria para la ‘revinculación’ de adolescentes que se desvincularon del sistema educativo, etcétera”.

El cuarto ítem involucra a la constitución e integración del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF): “0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020”; 0,5%, en 2021; 0,65%, en 2022; “hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios”. Un desafío para el nuevo ministro de Defensa, el militar Carlos Presti, que se prepara para atajar otras situaciones cuando asuma de manera formal dicho cargo.

Si el Gobierno desea finalizar el año con el Presupuesto 2026 sancionado por el Congreso, el mismo deberá tener un trámite más que exprés en Diputados. Esto es, dictamen ni bien arranquen las extraordinarias y una pronta aprobación allí, con el objetivo de dejarle al Senado al menos dos semanas para despachar y esperar los siete días por reglamento, ya que no habrá dos tercios para habilitar rápido sobre tablas.

Por todo esto es que, en caso de arribar a dicha instancia -negociaciones entre cúpulas cerradas con relativa anticipación-, la Cámara alta podría sesionar, incluso, el lunes 29. Para llegar a esa meta, el oficialismo tendrá que funcionar como un reloj suizo. La oposición no percibe -por ahora- este sendero. Y también se iniciarían, siempre desde la perspectiva del Ejecutivo, los debates sobre inocencia fiscal, reforma laboral y Código Penal. Una agenda más que abultada que continuará, sin dudas, en febrero de 2026.

Los vetos a la ley de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario fueron rechazados en la Cámara de Diputados por una contundente mayoría que superó con holgura los dos tercios necesarios. La falta de apoyo de los gobernadores fue tajante y expuso la mala praxis política del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los principales responsables de juntar los votos para el oficialismo.

“Se mezclaron un montón de cosas, temas sensibles, el resultado electoral que dejó débil al Gobierno. Nosotros ya habíamos ayudado con las ausencias y en todo este tiempo el oficialismo no logró bajar el quórum ni sumar apoyos. Te invitan a la guerra pero te mandan de carne de cañón. Además lo del Garrahan es mala praxis total, es problema gremial minúsculo se convirtió en un tema nacional”, explicó uno diputado que estuvo ausente y ahora rechazó los dos vetos de Milei.

En la previa de la sesión, y tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada no ocultó su intento de acercarse a los mandatarios provinciales en busca de apoyo para las votaciones venideras.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio Catalán recibieron la semana pasada a los gobernadores con los que tienen acuerdos electorales de cara a octubre: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). Fue el debut de la “mesa federal” que Milei anunció para relanzar su gobierno tras la debacle electoral.

Catalán también visitó en sus provincias al salteño Gustavo Sáenz y con su par tucumano Osvaldo Jaldo y publicó fotos de los encuentros en sus redes sociales. El viernes, además, el Gobierno transfirió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $12.500 millones a cuatro provincias: Misiones recibió $4.000 millones, Entre Ríos $3.000 millones, Santa Fe $3.000 millones y Chaco $2.500 millones. La cifra superó ampliamente los $3.000 millones totales enviados durante todo agosto. Fue claro el intento de acercar posiciones con las provincias, pero no tuvo éxito.

Sin embargo, al momento de las votaciones, los diputados de La Libertad Avanza levantaron la mano en soledad junto a sus aliados del PRO y la Liga del Interior (radicales “con peluca”). El entrerriano Frigerio aportó el voto a favor del veto de Nancy Ballejos, que integra la bancada del PRO, y la ausencia de Francisco Morchio, de Encuentro Federal. Mientras que el chaqueño Zdero sumó otra ausencia, con Ricardo Cipolini.

Lejos quedaron los tiempos del “principio de revelación”, cuando Milei se limitaba a hostigar a través de las redes sociales a los que no apoyaban las ideas de la libertad. Tal vez por el cambio del clima social tras la derrota electoral en Buenos Aires, por las tensiones acumuladas con las provincias por la falta de recursos o por la sensibilidad de temas como la salud y la educación pública, la mayoría de los gobernadores no tuvo problema en “votar con el kirchnerismo”.

Entre los mandatarios que supieron ser aliados del Gobierno se destaca el cambio de posición del cordobés Martín Llaryora, quien influyó sobre cuatro diputados para rechazar los vetos. “El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar de nuestro país”, publicó en sus redes sociales.

Sin tanta vehemencia, el mendocino Alfredo Cornejo habilitó a que sus dos diputados, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, se ausentaran en la votación de la emergencia en pediatría y votaran en contra del Gobierno en el financiamiento universitario. Ambos habían estado ausentes cuando se aprobó la media sanción hace dos meses.

El bloque Innovación Federal, que en más de una oportunidad jugó a favor de los libertarios, aportó sus ocho diputados para voltear los vetos. Son cuatro diputados que responden a Hugo Passalacqua, tres a Gustavo Sánez y uno a Alberto Weretilneck. En tanto, el sanjuanino Marcelo Orrego mandó a votar en contra del oficialismo a María de los Ángeles Moreno y a Nancy Picón.

“Negociaron tarde, fue todo a las apuradas”, protestaba un importante referente del PRO en los pasillos de Diputados tras la votación.

La actitud confrontativa de los mandatarios provinciales no es un dato menor si se tiene en cuenta que mañana en el Senado se tratará el veto a reparto automático de los ATN y que la semana que viene comenzará el debate del proyecto de Presupuesto 2026.

“La relación no está rota del todo, pero el Gobierno tiene que recomponer y dejarse de joder con esto de no aplicar la leyes como está haciendo con Discapacidad. Ahora las tienen que aplicar, incluirlas en el Presupuesto 2026 y volver a llamar a los gobernadores después de las elecciones de octubre”, opinó un diputado que responde directamente a un gobernador del sur.

El impacto de la tensión cambiaria y la suba de las tasas de interés en todo el sistema en el último mes empieza a dejarse ver en números macro de la economía y muestran que las empresas experimentan un estrés en la cadena de pagos, con un costos altos para afrontar financiamiento de corto plazo y una escalada de cheques rechazados.

Algunos de esos datos fueron dados a conocer en los últimos días por el Banco Central. En su informe de Pagos Minoristas, la autoridad monetaria recogió como dato consolidado que se duplicó en lo que va del año la cantidad de cheques que no pudieron ser compensados por falta de fondos suficientes.

Puesto en otros números: en julio hubo 147.665 cheques rechazados -por cualquier motivo- por un monto total de $395.000 millones (promedio de $2,6 millones), mientras a fin del 2024 ese número era de 83.300 y un monto de $182.000 millones. Hay una subdivisión de esa clasificación que hace el BCRA que son los cheques que rebotaron por falta de fondos.

Sucede que puede haber otras razones por las que sean rechazados, como defectos formales que lo invalidan como documento. Para el caso de los cheques sin fondos, el número de cheques rechazados fue de casi 77.900 por $226.000 milones. Cuando comenzó el año esos números eran de 39.000 y un monto de $84.500 millones.

El uso de cheques es una de las herramientas principales de financiamiento y de pagos que tienen las pymes, junto con otro como el giro en descubierto, que les permite acudir a su cuenta corriente y fondearse más allá del saldo que tengan en ese momento, a cambio de un interés. Esta herramienta también se vio seriamente afectada por la escalada de tasas.

Para empresas con acuerdo previo con su banco, esta tasas cerró agosto en torno del 77% anual, casi 20 puntos porcentuales más que un mes antes, aunque algo por debajo del 83% que registraba una semana antes, según el BCRA. En todos los casos se trata de cifras muy por encima de la inflación anual proyectada.

Para este caso, los últimos números disponibles antes del cierre de agosto dan cuenta de una caída de 9% mensual en el saldo de giros al descubierto que utilizaron las empresas, de acuerdo a datos del Banco Central recopilados por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia. Esto puede ser porque no fueron aprobados por los bancos o bien porque las empresas, ante la suba de tasas de interés, eligieron no tomar esa alternativa por el costo financiero alto.

A propósito, el banco público provincial presentó este lunes un dato actualizado de su flamante indicador adelantado de actividad bonaerense en base a información recopilada por un grupo de técnicos con asistencia de la inteligencia artificial. El indicador lleva como nombre Pulso PBA y tiene un mes de rezago menos que las estimaciones privadas, aunque un alcance limitado a la situación económica provincial.

En este caso, exhibió una caída de -1,4% respecto a julio y una variación interanual de -0,1% respecto al mismo período de 2024, por lo que acumularía una caída de 2% en lo que va del año, indicaron desde la provincia. “La evolución de Pulso PBA muestra la dinámica errática que ha tenido la actividad real bonaerense durante 2025: un arranque del año que mostraba signos de crecimiento, interrumpido por la contracción de marzo, rebote en abril y un sendero de desaceleración que continúa presente desde entonces hasta la actualidad”, plantearon desde esa entidad.

En los bancos, por el momento, plantean que la situación de los cheques rechazados por falta de fondos no es alarmante, un adjetivo que el sistema sí ha utilizado para otro indicador decisivo como es la mora crediticia. Los últimos meses ese número enhebró una escalada para el caso de familias y empresas.

El último informe de bancos realizado por el BCRA indicó que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 2,9% en junio, unos 0,3 puntos por encima del registro de mayo e igualó así niveles que registraba durante los meses de pandemia y restricciones a la actividad económica.

El aumento del indicador resultó generalizado entre los grupos de entidades financieras, mencionó el BCRA, que además diferenció el coeficiente de mora del crédito a las familias, que alcanzó 5,2% en junio, por encima del mes anterior y explicado principalmente por las líneas destinadas al consumo. “El ratio de irregularidad de las financiaciones a las empresas totalizó 1,1%, manteniéndose si cambios significativos en comparación con el registro de mayo”, concluyó la autoridad monetaria.

Un informe reciente de la consultora Abeceb, que hace un seguimiento puntilloso de la dinámica de funcionamiento de las empresas, alertó que en un contexto de eventual caída de ventas “habrá menos liquidez de caja y, por otro, va a ser muy caro cubrir baches de liquidez por el racionamiento del crédito y el brusco aumento de las tasas”. En ese escenario, advirtieron que “el nombre del juego va a ser prudencia en el manejo financiero”.

Los gestores de fondos internacionales retomaron posiciones en el mercado argentino, aprovechando la baja de precios generada por la depreciación del peso y el retroceso de la deuda en moneda local, informó Bloomberg. Firmas como Vontobel Asset Management, Neuberger Berman y JPMorgan Chase & Co. definieron estrategias para captar rendimientos en el contexto actual.

Según el cable de la agencia internacional, Vontobel Asset Management compró Boncer, bonos ajustados por inflación emitidos por el Gobierno. En paralelo, Neuberger Berman adquirió contratos a futuro no entregables (NDF) y deuda local. En el caso de JPMorgan, sus estrategas recomendaron a los clientes tomar posición en bonos Bontam en pesos con vencimiento en diciembre de 2026.

Este reposicionamiento se produjo después de que el Banco Central dejara de renovar el mes pasado las letras a corto plazo conocidas como LEFIs, lo que incrementó la liquidez de pesos en el sistema. Para contener la presión sobre el tipo de cambio, la autoridad monetaria elevó los encajes bancarios, medida que obligó a las entidades locales —principales compradoras de deuda doméstica— a inmovilizar más pesos en el Banco Central. Este cambio derivó en un aumento de los rendimientos de los bonos locales.

Carlos de Sousa, gerente de cartera en Vontobel, explicó que el Banco Central “básicamente se vio obligado a endurecer la liquidez” y señaló que la transición fuera de las LEFIs “eventualmente se resolverá”, lo que permitiría que las tasas locales se normalicen cuando el mercado se estabilice.

Los datos citados por Bloomberg muestran que el rendimiento de los Boncer con vencimiento en diciembre pasó del 12,4% a fines de junio al 16,8% a fin del mes pasado, para luego retroceder levemente al 16,6%.

En ese mismo período, el peso argentino se depreció más de 10%. La moneda se ubicó en 1.332 por dólar, afectada también por la menor liquidación de divisas del sector agroexportador y la cautela de los inversores antes de las elecciones legislativas de medio término, consideradas un termómetro del apoyo al presidente Javier Milei.

Gisela Brant, estratega de JPMorgan, escribió la semana pasada que “el ajuste reciente fue significativo, mejorando la relación riesgo-retorno para las operaciones de carry trade”. La analista había sugerido “tomar un respiro” con los bonos en pesos a fines de junio, debido a la presión sobre las cuentas externas y la incertidumbre previa a los comicios.

Bloomberg señaló que Brant sostuvo en su último informe que, si bien las elecciones mantienen un factor de incertidumbre, con los niveles actuales de tasas y tipo de cambio parte de la prima de riesgo ya se incorporó en los precios. Añadió que esperaba un buen desempeño del partido de Milei en la votación de octubre.

El peso, no obstante, todavía se ubicó lejos del techo de la banda de flotación administrada de 1.456 por dólar, lo que dejó margen para un debilitamiento adicional.

Ese riesgo no desalentó a Gorky Urquieta, codirector del equipo de deuda de mercados emergentes de Neuberger Berman, que incrementó la exposición a activos argentinos tras la venta masiva de julio. Urquieta consideró que entrar en estos niveles dentro de la banda puede dar un retorno positivo en dólares incluso si la cotización sube hasta el límite superior.

Bloomberg destacó que este renovado interés de los fondos internacionales se concentró en instrumentos ajustados por inflación, contratos a futuro y deuda en pesos, lo que muestra un enfoque orientado a obtener rendimientos en moneda local a pesar de la volatilidad.

Además, en el caso de JPMorgan, el retorno a estrategias de carry trade en la Argentina se produce semanas después de que el banco se retirara de estas operaciones antes de la suba del dólar en julio. Tal como informó Infobae, la entidad volvió a recomendar a sus clientes operaciones de carry trade en activos en pesos, lo que implicó un cambio en su visión sobre el riesgo local.

En aquel artículo, se detalló que la nueva recomendación se basó en un contexto de tasas más elevadas y un tipo de cambio dentro de la banda de flotación, lo que mejoró el balance entre riesgo y retorno esperado.

El análisis de Bloomberg agregó que la dinámica reciente del mercado argentino mostró rendimientos más altos para la deuda en pesos, en un escenario de volatilidad cambiaria y señales mixtas sobre la política monetaria. La combinación de encajes más estrictos, reducción de instrumentos de corto plazo y tasas reales positivas atrajo nuevamente a inversores globales con alta tolerancia al riesgo.

El interés de fondos como Vontobel, Neuberger y JPMorgan reforzó la idea de que ciertos actores internacionales encuentran valor en la deuda local cuando los precios caen por factores internos. Sin embargo, el seguimiento de la política económica y de los movimientos del mercado cambiario sigue siendo determinante para sostener esas estrategias.

De acuerdo con Bloomberg, el impulso de estas compras también estuvo vinculado a la percepción de que parte del riesgo político ya fue descontado en las cotizaciones actuales. La expectativa de que el oficialismo logre un resultado favorable en octubre funcionó como un factor adicional para reactivar el flujo de capitales hacia instrumentos argentinos.

En paralelo, los contratos a futuro no entregables ofrecieron una vía para cubrirse de la depreciación del peso y, al mismo tiempo, capturar tasas elevadas. Esta combinación fue clave para Neuberger Berman, que decidió aumentar su exposición pese a la posibilidad de que la moneda se acerque al límite superior de la banda de flotación.

Por su parte, Vontobel apostó a los Boncer como forma de resguardar valor frente a la inflación y beneficiarse de las tasas más altas que surgieron tras el cambio en la estrategia del Banco Central.

En el caso de JPMorgan, la recomendación sobre los Bontam en pesos con vencimiento en diciembre de 2026 apuntó a captar el diferencial de rendimiento en un escenario donde el tipo de cambio se mantuvo contenido dentro de la banda. Esta sugerencia marcó un giro respecto de su postura de fines de junio, cuando la entidad había aconsejado reducir exposición a bonos en moneda local.

Bloomberg remarcó que el repunte de las tasas y la depreciación de la moneda configuraron un nuevo punto de entrada para inversores dispuestos a asumir riesgo argentino. Los movimientos de julio y principios de agosto reconfiguraron el escenario para quienes buscan oportunidades de corto y mediano plazo en la región.

El desempeño de los activos en las próximas semanas dependerá de la respuesta del mercado a las medidas monetarias, de la evolución del tipo de cambio y del resultado electoral de octubre, factores que seguirán bajo la observación de los fondos internacionales.

Las autoridades nacionales saben que el proyecto presentado por los representantes de las 24 jurisdicciones del país podría avanzar en la Cámara alta y, más allá de algunos cuestionamientos reglamentarios, se resignan a una primera derrota legislativa.

El propio líder libertario se refirió al tema y, durante una entrevista, sostuvo que los dirigentes impulsan esta iniciativa en el Congreso porque perjudica a su administración en la antesala de las elecciones bonaerenses.

“La intención de ellos es romper todo, porque saben que, si La Libertad Avanza se convierte en La Libertad Arrasa, ellos tienen un problema, que es que se tienen que jubilar. Entonces, están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos todo lo que sea necesario con tal de mantener el poder”, opinó en El Observador.

Luego, en otro reportaje, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, reveló una charla en la que le destacó al jefe de Estado su postura: “El dato de que te importa tres pitos el daño que quieran hacer, es la clave”, le escribió el funcionario.

En el oficialismo, hay confianza de ganar los comicios por más de diez puntos de diferencia por sobre el peronismo, que se está reorganizando tras la condena a Cristina Kirchner que la dejó fuera de la competencia.

El miércoles, en pleno feriado por el día de la Independencia, la titular del oficialismo a nivel nacional, Karina Milei, encabezó una conferencia de prensa para anunciar formalmente el acuerdo con el PRO.

Lo hizo acompañada por quienes llevaron adelante las negociaciones por cada una de las partes, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, respectivamente, pero también por referentes locales de los dos espacios.

A pesar de algunas diferencias internas, la funcionaria finalmente logró no solo que Ritondo aceptara que el frente se llame “Alianza La Libertad Avanza”, sino que también el diputado le garantizó contener a los intendentes macristas que todavía tenían algunos reparos con el armado.

“Quiero agradecer a todos los que están acá, la grandeza que tuvo cada uno de ellos para dejar sus intereses particulares de lado, para unir fuerza e ir contra el verdadero enemigo, que es el kirchnerismo”, sostuvo en el acto Karina Milei.

Con la coalición ya conformada, ahora comenzarán las conversaciones para definir los lugares en las listas y, por sobre todas las cosas, quiénes serán los candidatos, para lo cual la alianza tiene tiempo hasta el 19 de julio.

Sin CFK en la contienda, en el oficialismo esperan conocer quién será el rival en la tercera sección electoral, aunque insisten en que la decisión de quién se presentará en esa región no va a depender de los movimientos del PJ.

El Presidente, en tanto, se suma al optimismo de cara a la votación del 7 de septiembre y advierte una intencionalidad de las provincias de perjudicar su plan económico para generar un clima de incertidumbre antes de ese proceso.

“La recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7 y el 8%. No corresponde lo que piden. Partieron de una situación de equilibrio y la recaudación creció ese 8%, entre otros motivos, por el IVA”, consideró en la entrevista con el periodista Luis Majul.

No obstante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, trata de mantener un diálogo cordial con varios de ellos y tiene previsto convocarlos a un encuentro en la Casa Rosada para debatir el asunto en persona.

Hasta el momento, el ministro coordinador había dejado las conversaciones en manos del equipo económico, principalmente en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encargado del presupuesto nacional.

Sin embargo, las propuestas que llevó el funcionario al Consejo Federal de Inversiones (CFI) no fueron bien recibidas por los mandatarios locales, que inmediatamente después enviaron un proyecto al Senado para dirimir el conflicto en el Congreso.

La iniciativa podría ser tratada sobre tablas este mismo jueves y en la Casa Rosada saben que tienen pocas chances de frenarla, por lo que concentran sus esfuerzos en evitar una sanción en Diputados.

Aunque se trataba de un acto patrio alejado de toda cuestión política, la vigilia en Tucumán por un nuevo Día de la Independencia iba a ser el escenario para el reencuentro del presidente Javier Milei y un grupo -aunque reducido- de gobernadores, en un momento en el que las provincias reclaman mayores fondos.

Sin embargo, las autoridades nacionales cancelaron este evento argumentando que las condiciones climáticas impidieron no solo la partida del jefe de Estado rumbo a Tucumán, sino también montar previamente el operativo de seguridad que se suele preparar con anticipación en este tipo de visitas.

En la Casa Histórica, el líder libertario iba a verse con el anfitrión, Osvaldo Jaldo, y con los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil, además de con algunos vices.

En la previa del encuentro, fuentes de la Casa Rosada ya anticipaban que este no era “el contexto como para discutir” los pedidos que los gobernadores vienen llevando adelante desde hace semanas.

En este sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya tenía en carpeta organizar una reunión posterior al 9 de julio, con una convocatoria más amplia, para tratar el asunto en persona y en su oficina.

En Balcarce 50 aseguran que “hay diálogo abierto” con algunos de ellos para empezar a fijar una fecha para esa reunión, aunque en la mayoría de las provincias hay desconfianza y dudan de que la invitación finalmente se haga.

Los mandatarios locales pidieron que se elabore un informe para conocer el costo real de la medida que proponen y que ya enviaron para su tratamiento al Senado, y el trabajo reveló que las reformas implicarían un costo total para la Nación de 0,11 puntos del PIB.

Los dirigentes plantean modificar la distribución del dinero recaudado a través del impuesto a los combustibles líquidos y automatizar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional, llamados informalmente “transferencias discrecionales”.

Según el estudio, en el primero de estos casos, como se establece la eliminación de tres fondos fiduciarios que actualmente son financiados con este gravamen mediante asignaciones específicas, los cambios representan solo un 0,08% del PIB

Los mandatarios señalan que esta idea va en línea con la perspectiva de la Casa Rosada, que cuestiona este tipo de fideicomisos, y también cumple con uno de los artículos de la Ley Bases sobre reorganización administrativa.

En cuanto a los ATN, los gobernadores recuerdan que “son recursos pertenecientes a las provincias” y son destinados a “atender situaciones de emergencia y desequilibrio financieros” de cada territorio.

“Este fondo, que ha adquirido gran relevancia en los últimos ejercicios producto de la nominalidad de la economía, es sistemáticamente subejecutado, generando una situación paradójica donde los contribuyentes pagan impuestos federales para fondearlo, pero en una profunda crisis de recursos como la actual, los mismos no son aplicados precisamente a atender las emergencias por las cuales fue creado”, advierte el informe.

Para los representantes de las 24 jurisdicciones, “el recorte generalizado en las transferencias presupuestarias a provincias, junto a la caída en los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos se ha traducido en situaciones de emergencia y/o desequilibrio financiero en la gran mayoría de jurisdicciones, brindando el marco oportuno para la distribución de los recursos no asignados de los ATN”.

Además, el documento asegura que si se implementan los cambios propuestos en el proyecto que está en el Senado, la administración de Milei pasaría de tener un superávit del 1,60% a uno del 1,49% del PIB, lo cual sigue estando por encima del 1,30% que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.

“Es el 0,11 del producto, pero que además son fondos 100% de las provincias. Dibujan el superávit con el fondo de ATN y las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles líquidos que no ejecutan”, protestó una persona cercana a un grupo de mandatarios locales.

En Casa Rosada, sin embargo, reconocen que las negociaciones podrían retomarse después de que la iniciativa sea tratada en el Senado, algo que incluso podría ocurrir este jueves: “Si tenés que llamar a dos o tres gobernadores para convencerlos, ¿te conviene hacerlo cuando se esté por debatir en esa Cámara, donde la oposición es claramente mayoría? ¿O en Diputados, donde hay más posibilidades de ganar?“, explicó una fuente cercana a las autoridades nacionales que llevan adelante las conversaciones.

El próximo martes, el presidente Javier Milei volverá a visitar Tucumán para encabezar la tradicional vigilia por un nuevo aniversario del Día de la Independencia, en el que se encontrará nuevamente con un grupo de gobernadores, en medio de las tensiones con ellos por el reclamo de fondos.

A pesar de que es un momento en el que estarán cerca, las autoridades nacionales descartan que durante el evento se vaya a continuar con la discusión que comenzaron hace ya meses los mandatarios locales, que protestan por la caída de la recaudación que afecta a sus territorios.

“Se trata de un acto patrio, no creo que sea el contexto ni el lugar adecuado como para hablar sobre esos temas. Más adelante se sentarán a dialogar”, explicó a Infobae una fuente de la Casa Rosada.

En la capital tucumana no solo estará Milei, sino también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vice del Interior, Lisandro Catalán, que son los principales nexos del oficialismo con las provincias.

De hecho, tal como anticipó este medio, estos funcionarios están en conversaciones con los gobernadores y planean organizar un nuevo encuentro en Balcarce 50 para dentro de unas semanas.

Según reconocen en la Nación, otra de las razones por la cual no se debatirá el asunto en el acto es por la baja participación de los mandatarios, ya que solamente algunos de ellos confirmaron su asistencia.

Además del anfitrión, Osvaldo Jaldo, viajarán el misionero Hugo Passalacqua, el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil, mientras que Córdoba y Entre Ríos mandarán a sus vices, Myrian Prunotto y Alicia Aluani, respectivamente.

Esta es una diferencia importante respecto del evento del año pasado, cuando fueron los líderes de 18 de los 24 distritos del país, aunque las autoridades nacionales no toman estos ausentismos como una muestra de disconformidad por parte de las provincias.

“En 2024 no fue solo para celebrar la Independencia, fue para firmar el Pacto de Mayo, había una razón importante de fondo para ir. No se puede comparar aquella ocasión con esta, en la que se trata solo de un encuentro protocolar”, argumentaron.

Se espera que el avión presidencial arribe a las 22 horas y se vuelva a la 1 de la mañana del otro día, una vez finalizado su discurso frente a la Casa Histórica de la Independencia. El miércoles presidirá un acto en el Campo Argentino de Polo con bandas militares.

Por su parte, los gobernadores ya enviaron al Senado el proyecto que elaboraron para modificar los fondos recaudados por ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, que no tiene el visto bueno de Casa Rosada.

Los mandatarios intentaron que la iniciativa se incluyera en el temario de comisión para este martes, pero no habría acuerdo y ya se analiza promover un debate sobre tablas, para lo cual necesitan el respaldo de dos tercios del recinto.

“Ya tomó todo una dinámica complicada. Todo el paquete que está en la sesión de jueves son 2 puntos de PBI, mientras que lo que proponemos nosotros es solo el 0,2″, señaló una fuente cercana a un grupo de mandatarios locales.

Se refiere a la actualización de los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026, que la oposición logró que se debata esta semana.

Quienes tienen contacto con los gobernadores advierten que el apoyo a esas medidas por parte de las provincias “es la moneda de negociación” que tienen con la Casa Rosada.

En este sentido, aclaran que los líderes regionales no van a mandar a sus senadores a votar a favor de esos proyectos, pero tampoco garantizan que vayan a respaldar un eventual veto si la norma sale.

“Todo puede ser. Siempre y cuando Milei no vete los proyectos de los gobernadores, que tiene cero impacto fiscal. Además, la Nación debería venderlo como algo positivo, estamos eliminando fondos fiduciarios”, resumió la fuente consultada.

Los últimos movimientos de los gobernadores pusieron en alerta a los libertarios en el Congreso. Hasta el momento el oficialismo logró contrarrestar con éxito su posición minoritaria en ambas Cámaras gracias al apoyo de bloques aliados y al rol de los mandatarios provinciales, que en casi todas las sesiones importantes para la Casa Rosada jugaron a su favor, ya sea con votos o con ausencias que jaquearon el quórum.

Esta semana algo cambió. El miércoles los bloques de la oposición dura y dialoguista consiguieron aprobar dos emplazamientos para tratar en comisión un aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría por la crisis del Hospital Garrahan. Si bien son temas incómodos para la Casa Rosada, el dato realmente preocupante fue que los mandatarios provinciales jugaron de un modo ambiguo y habilitaron la presencia de algunos diputados clave para poder iniciar la sesión.

Por ejemplo, en el recinto se pudo ver a diputados que responden directamente a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta) y Alberto Weretilneck (Río Negro) y al dirigente Carlos Rovira, jefe político de los renovadores de Misiones.

“Lo que pasó no fue una sorpresa, se va a repetir y va a seguir empeorando a medida que nos acerquemos a las elecciones”, reflexionó un diputado libertario. En ese sentido, señaló que los libertarios tendrán que estar más unidos y coordinados que nunca para manejar los tiempos de las sesiones y evitar traspiés legislativos en plena campaña.

Las malas señales continuaron al día siguiente cuando senadores de casi todos los bloques estamparon sus firmas en dos proyectos que fueron diseñados e impulsados por los gobernadores tras su última reunión en el Consejo Federal de Inversión. La primera automatiza el giro a provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), mientras que la otra modifica asignaciones del impuesto a los combustibles para la redistribución hacia los distritos.

Ambos textos fueron impulsados por el kirchnerista José Mayans (Formosa); el radical Eduardo Vischi (Corrientes); el macrista Alfredo De Ángeli (Entre Ríos), e incluso por los habituales aliados de Provincias Unidas, con el correntino Carlos Espínola a la cabeza. Según pudo saber Infobae, ya se negocia una sesión especial para la semana que viene que podría incluir estos temas. A pesar de que no tienen dictamen, podrían ser aprobados “sobre tablas” por una mayoría especial de dos tercios de los votos.

La actitud de los gobernadores tiene una explicación muy concreta: la falta de respuesta a sus reclamos por la caída de la recaudación, la falta de obra pública y la discrecionalidad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional. De hecho, el martes los representantes de las provincias fueron recibidos en el Ministerio de Economía con la promesa de recibir una “contra propuesta”, pero se fueron con las manos vacías.

Ante la consulta de Infobae, cerca de los mandatarios aseguraron que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con otros temas en el pasado, “nadie llamó de Gobierno” para intentar desactivar la sesión. No obstante, reconocieron que el “malestar” existe.

“Los gobernadores van probando, pero van a terminar acompañando a Milei”, analizó un diputado encolumnado con Karina Milei.

En la misma línea, una legisladora minimizó el impacto que podría tener un enfriamiento de la relación con los gobernadores porque “la economía está muy sólida”. Aunque sí se permitió algunos cuestionamientos a la estrategia de poner candidatos “puros” en todos los distritos.

“Necesitamos sumar mucha fuerza legislativa para bajar el Riesgo País y atraer inversiones. No hay que cometer errores por mezquindades y egoísmos. Por ejemplo, a los radicales ‘con peluca’ los tenemos que sumar”, explicó. El planteo hacía alusión a lo ocurrido en la sesión del miércoles: algunos miembros de La Liga del Interior, el bloque que se desprendió de la UCR para apoyar a fondo a Milei, votaron junto con la oposición los emplazamientos para el financiamiento universitario y el Garrahan. Uno de ellos fue Martín Arjol, a quien no le permitieron sumarse a la lista de LLA en Misiones y terminó sacando el 8.3% de los votos con el sello Partido Libertario. Todo parece indicar que Mariano Campero tampoco llegará a un acuerdo con los libertarios en Tucumán. Él también se diferenció y pidió un gesto del Gobierno con los docentes universitarios.

Los libertarios también ven con preocupación el avance en el Senado de los proyectos para aumentar las jubilaciones y restituir la moratoria previsional. Esos proyectos ya tuvieron aprobación en Diputados y la oposición podría darles sanción definitiva en la próxima sesión. Milei confirmó que vetará todo porque afecta el equilibrio fiscal, pero por lo bajo algunos diputados libertarios reconocen que será muy difícil sostener esos vetos cuando pasen por el Congreso. Llegado el momento, los gobernadores volverán a tener un rol protagónico y definirán el futuro de los proyectos previsionales.

Desde la Casa Rosada ya dejaron trascender que tienen planeado convocar a los mandatarios de las provincias para acercar posiciones. Por su parte, los libertarios en la Cámara de Diputados dan por hecho que no es momento de abrir el recinto sino aguantar hasta que cambie la relación de fuerzas. “Ahora estamos atajando penales”, ironizaron.

En uno de los momentos de mayor tensión entre la Casa Rosada y las provincias, los gobernadores avanzan en el Congreso con su pelea por más fondos y sin nuevas negociaciones en el horizonte, todo indica que habrá una dura discusión parlamentaria.

Las autoridades nacionales no solo rechazan el proyecto que firmaron los 24 mandatarios locales del país, sino que no tienen pensado recibirlos en los próximos días y dan por terminadas las conversaciones sobre este tema.

Así las cosas, la administración libertaria tiene decidido dejar que el debate se dé directamente en el plano legislativo y, si eventualmente la ley es aprobada, tendría la posibilidad de vetarla, como ya anticipó que hará con otras iniciativas.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se corrió de las conversaciones y dejó que las ofertas las haga el equipo económico del ministro Luis “Toto” Caputo, quien no consiguió un acuerdo con sus interlocutores.

“Mi relación con los gobernadores es muy buena. Tenemos algunas diferencias políticas, y por supuesto que ellos a veces demandan más recursos de los que uno tiene disponibles y estamos en esa discusión, pero ya lo vamos a solucionar”, confió Francos durante un acto en La Rural, el jueves pasado.

Lo cierto es que, sin un consenso con la Nación, las provincias ya enviaron al Senado la iniciativa que plantea cambios en el reparto de los ATN y de lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

A través de un comunicado, los mandatarios locales aseguraron que esta medida “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo”.

Sin embargo, en el Palacio de Hacienda sostienen que el proyecto en cuestión implica un gasto extra de alrededor del 0,4% del PIB, por lo que en Balcarce 50 indican que no van a aceptar la propuesta.

Al respecto, las fuentes consultadas remarcan que “todavía falta mucho para que la norma comience a tratarse en el Congreso” y señalan que el oficialismo se va a oponer, aunque es minoría en ambas Cámaras.

“Los recursos son de las provincias, se los está apropiando la Nación. Entendemos que hay que hacer un esfuerzo para controlar la macro, pero es inadmisible que se haga con recursos que no son de ellos y encima nos tilden de degenerados fiscales”, protestó un gobernador del centro del país.

En este sentido, el mandatario local aclaró que están dispuestos a retomar “un diálogo sincero”, pero consideró que para eso debería haber una propuesta por parte de la Casa Rosada “que contemple la devolución de los recursos que son por ley de las provincias”.

Sobre este punto, personas cercanas a otros líderes regionales argumentaron que “el costo total de la iniciativa debe ser 0,2/0,25 del PIB”, por lo que “no afecta el superávit” que quiere mantener la gestión del presidente Javier Milei.

Puntualmente, los representantes de las 24 jurisdicciones plantearon modificar el artículo 19 de la ley 23.966, que fijó la forma en la que se distribuyen los ingresos que la Nación recibe por el impuesto a los combustibles líquidos.

Con el nuevo esquema, sus territorios pasarán a cobrar el 58,36% de los fondos que se recaudan por el impuesto a los combustibles líquidos, en lugar del 10,40% que reciben actualmente.

Además, la ley cambiaría la forma en la que se reparten los Aportes del Tesoro Nación, conocidos informalmente como transferencias discrecionales, ya que la Casa Rosada los reparte según considere, y se establecería que esos montos “se distribuirán en forma automática y diaria”.

Por otra parte, las autoridades nacionales advierten que, al tratarse de un proyecto vinculado a impuestos, por una cuestión reglamentaria, el mismo debería haber ingresado por Diputados y no por el Senado.

La Cámara baja es la que debe iniciar siempre el tratamiento de cualquier texto que implique crear o modificar un nuevo gravamen, razón por la cual ponen en duda en Balcarce 50 que la medida efectivamente sea discutida.

Por el lado de las provincias, sin embargo, argumentan que eso no es correcto porque no están haciendo ninguna modificación fiscal, sino que la norma solamente impacta sobre la forma en la que se distribuyen los fondos recaudados por un impuesto ya existente.

“La Nación cobra un montón de impuestos que después no vuelven a las arcas locales, sobre todo para el mantenimiento de las rutas. Entonces, los gobernadores tienen que hacerse cargo de los costos que eso significa, que además es muy grande para los presupuestos nuestros”, sostuvo a este medio un integrante del gabinete de un mandatario patagónico.

Hace algunas semanas, un grupo reducido de gobernadores -de distinto signo político- visitó en la Casa Rosada al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para transmitirle un reclamo claro de parte de las 24 jurisdicciones del país: que la Nación destine más fondos para compensar la caída de la recaudación en sus territorios que, entienden, se debe a algunas de las políticas económicas que implementó la administración del presidente Javier Milei.

En esa oportunidad, los mandatarios locales dejaron en manos del funcionario la decisión de qué áreas o impuestos modificar para poder hacer frente a ese pedido sin afectar el equilibrio fiscal, norma de hierro de la gestión libertaria.

Unos días más tarde, los representantes de prácticamente todas las provincias se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar los pasos a seguir y hasta ese lugar fueron dos emisarios de Francos con una sola contrapropuesta, que era la de seguir conversando el tema.

El encuentro con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman -principal responsable del presupuesto nacional-, fue amena, pero cuando terminó los gobernadores firmaron un comunicado en el que anunciaron unilateralmente una decisión que sorprendió en Balcarce 50.

Sin previo aviso, los mandatarios presentaron un proyecto de ley que solucionaba el conflicto sin afectar las cuentas del Estado, a través de cambios en el reparto de los ATN y de lo recaudado con el impuesto a los combustibles líquidos.

La norma, puntualmente, propone eliminar una serie de fondos fiduciarios, un sistema que el propio Milei criticó en varias oportunidades, para empezar a repartir ese dinero entre los distritos.

Sin embargo, Guberman recibió este martes en el Palacio de Hacienda a los ministros de Economía de las provincias para hacerles una nueva oferta que no solo no convenció a los gobernadores, sino que generó en muchos de ellos un cierto malestar, según revelaron a Infobae fuentes cercanas a los protagonistas.

El funcionario les ofreció coparticipar únicamente la plata correspondiente a los ingresos por el impuesto a los combustibles, pero rechazó modificar el sistema de entrega de los ATN, denominados “transferencias discrecionales”.

“No hay chances de que acepten eso. Están dando una miseria, estamos hablando de unos 300 millones de pesos, nada más”, explicó una persona al tanto de las conversaciones.

Uno de los puntos que más enojó a algunos de los mandatarios es que el secretario de Hacienda les planteó a sus ministros que estaba dispuesto a eliminar los fondos fiduciarios vinculados a las obras públicas, pero con la condición de que cada jurisdicción se haga cargo de terminar esos trabajos de infraestructura en sus respectivos territorios. “Ingresos y gastos les transfieren”, protestaron.

Ante esta situación, un conjunto de gobernadores puso sobre la mesa, en un diálogo privado entre ellos, aceptar la propuesta. Consideran que, en el peor de los casos, usarán ese dinero para sus necesidades más urgentes y no se finalizarán las obras pendientes, lo que ven como una alternativa preferible a que la Casa Rosada se siga quedando con los recursos.

“Con respecto a la discusión sobre los ATN, reconocieron que usan esos fondos de las provincias para otras cosas, por lo que no hicieron una contraoferta”, detalló uno de los jefes provinciales.

El consenso por estas horas entre los dirigentes era el de empujar en el Congreso el proyecto de ley que anunciaron hace algunos días para presionar al Poder Ejecutivo a encontrar una salida superadora o resolver el conflicto en el ámbito parlamentario.

La iniciativa establece eliminar todos los fondos fiduciarios que se benefician con el impuesto a los combustibles, y no solamente aquel vinculado a la obra pública, y actualizar el régimen de reparto de los ATN.

De esa manera, por un lado, las provincias empezarían a recibir el 58,36% de lo recaudado con ese gravamen y, por el otro, el Poder Ejecutivo estaría obligado a repartir de forma automática los aportes del Tesoro.

A pesar de las tensiones, por el momento Francos no tiene previsto recibir nuevamente a los gobernadores en su oficina y, de hecho, dejó las negociaciones en manos del equipo económico, que no logra llegar a un acuerdo.

Si bien, tal como contó Infobae, algunos diputados estaban esperando que este conflicto repercutiera en el Congreso y facilitara la aprobación de algunos proyectos que presentó la oposición, ese es un escenario que a priori no sucedería.

“No creo que haya una acción homogénea y coordinada de los gobernadores para las sesiones de mañana en Diputados y Senado. Cada uno va a hacer lo que le convenga. Lo de la ley de recursos para las provincias es distinto, eso sí lo van a impulsar”, resumió una fuente con contacto directo con varios de ellos.

La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias sumó un nuevo capítulo. Un grupo de enviados de los gobernadores se reunieron con un hombre del gabinete de Luis Caputo y, luego de tres horas de intercambio, se fueron del Ministerio de Economía sin un acuerdo concreto o una contrapropuesta pero con la promesa de otros encuentros en las próximas semanas.

Pasado el mediodía, un grupo de ministros de economía provinciales ingresaron al Salón Belgrano del quinto piso del Ministerio de Economía para continuar la conversación que los gobernadores iniciaron hace algunos días y en el que plantearon ante la Casa Rosada un proyecto de ley consensuado para obtener más recursos del reparto federal.

Una veintena de funcionarios de las provincias fueron recibidos por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, el hombre fuerte en el manejo del presupuesto nacional y el custodio del superávit fiscal. La promesa nacional había sido elaborar una contrapropuesta a la iniciativa pactada entre los mandatarios provinciales. Pasadas las 14, y luego de haber desarrollado un primer temario de la agenda del Consejo Federal de Inversiones, comenzó el ida y vuelta para encontrar un punto medio.

“Más allá de lo que nos digan, no podemos los ministros tomar una decisión distinta a la que tomaron nuestros jefes que ya lo decidieron”, explicó el ministro de Economía de una provincia del centro del país. Las provincias propusieron reformar el artículo 19 de la ley 23.966, que establece el esquema de distribución de los fondos que la Nación recauda a través del impuesto a los combustibles líquidos.

En la actualidad, esos recursos se asignan de la siguiente forma: el 10,40% se destina al Tesoro Nacional; el 15,07% corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); el 28,69% se transfiere al Sistema Único de Seguridad Social; el 4,31% queda en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% se dirige al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% se asigna a la Compensación para el Transporte Público.

Así, solo el 10,40% restante se distribuye entre las provincias, lo que representa una porción menor de los más de 2.500 millones de pesos recaudados por la Nación en concepto de este impuesto, según datos oficiales. Con esta iniciativa, los gobernadores buscan que la suma se reparta únicamente entre las provincias —que pasarían a recibir el 58,36%— y el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación al transporte público, que conservarían sus porcentajes actuales.

Para lograrlo, el segundo artículo del proyecto contempla la eliminación de todos los fondos fiduciarios, de modo que el remanente se transfiera de manera directa a las 24 jurisdicciones del país. Además, la propuesta plantea modificar el criterio de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional —conocidos de forma informal como transferencias discrecionales— que hoy la Casa Rosada otorga según su criterio.

Según comentó otro funcionario provincial al salir de la reunión, la Casa Rosada esgrime como argumento una modificación de esa naturaleza tal como está planteada desde las provincias implicaría un costo fiscal que afectaría el superávit de las cuentas públicas.

Desde Economía aseguraron que “durante el encuentro, se continuó trabajando sobre el compromiso de sostener la cultura de la responsabilidad fiscal como una decisión estratégica permanente”. “En este sentido, tras el planteo realizado en el Consejo Federal de Inversiones por las provincias, el Gobierno Nacional realizó una contrapropuesta que garantiza el equilibrio de las cuentas públicas”, mencionó un comunicado del Palacio de Hacienda y reiteraron que el proyecto empujado por las provincias “genera un impacto fiscal que perjudica a las cuentas públicas.

En detalle, Hacienda mencionó que ela Casa Rosada “planteó la posibilidad de transferir recursos y gastos a las provincias y aclaró que el Gobierno Nacional tiene equilibrio financiero y otro tipo de transferencia de recursos implicaría entrar en déficit”. “El Gobierno propuso la transferencia de las obras viales junto al financiamiento pertinente siempre y cuando esté acompañada de la responsabilidad de la ejecución de las obras”, continuaron.

“Estamos convencidos de que la única forma de estabilizar la macro es el equilibrio fiscal. Este redunda en beneficios para las provincias como la baja de la inflación del 25 al 1,5%”, mencionó Guberman durante la reunión, según el comunicado difundido por Economía, y señaló que “con el proyecto de las provincias pasaríamos de estar balanceados a estar en déficit”.

Respecto a los ATN, la contrapropuesta oficial es “discutir un monto máximo a repartir de acuerdo a los coeficientes de coparticipación”, aunque no implicaría toda la masa de recursos acumulados en esa cuenta.

Los ATN son administrados por el Gobierno nacional con “un criterio de distribución discrecional y no automática fijada por guarismos específicos”, explicó un informe la consultora Politikón Chaco. Según ese trabajo, “la conformación del fondo ATN es automática, pero su distribución se realiza de modo discrecional por la autoridad de turno”.

En el período 2017-2024, los remanentes del fondo ATN sin ejecutar alcanzan los $4,3 billones a precios constantes de mayo. Politikón Chaco precisó que, considerando solo el período de la actual gestión de gobierno, esos remanentes suman $1,2 billones a precios actuales: $0,9 billones en 2024 y $0,3 billones en el parcial de 2025. Esa suma representa “el 30% de un mes promedio de transferencias automáticas del período 2024-2025”.

De acuerdo con el informe, durante la actual administración nacional “los ATN no llegaron a la totalidad de los distritos, sino, hasta el momento, a dieciséis”. Entre los que no captaron esos recursos figuran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En contrapartida, las provincias que más ATN recibieron desde diciembre fueron Misiones, con el 12,3% del total; Salta, con el 11,9%; y Neuquén, con el 11,5%. También se destacan Tucumán, Chubut, Santa Fe y Buenos Aires. Chaco y Corrientes figuran al final de la tabla entre los distritos que sí recibieron fondos.

Al aplicar la fórmula de reparto propuesta por los gobernadores para el período enero-mayo de 2025, Politikón Chaco estima que deberían haberse repartido $214.949 millones (a precios corrientes), en lugar de los $80.500 millones que efectivamente se distribuyeron.

El mandatario local destacó la importancia del trabajo conjunto de los líderes provinciales, pese a sus diferencias políticas: “Quiero mostrar la imagen de institucionalidad de la provincia de Santa Fe. Personas que no pertenecemos a los mismos frentes políticos, pero que estamos juntos defendiendo los intereses provinciales”, declaró frente al Palacio de Tribunales.

El conflicto se centra en dos aspectos fundamentales, según detalló el gobernador: el stock de la deuda nacional con la provincia y el flujo de pagos suspendidos por ANSES. Sobre la deuda acumulada, Pullaro indicó que aún no se ha definido un monto definitivo, pero aseguró que el Estado nacional ha reconocido su existencia. “Es una deuda legal y legítima que se origina en la cesión de impuestos que Santa Fe hizo durante los años 90 como parte de un pacto fiscal”, explicó.

Respecto al flujo de pagos, el gobernador criticó el cese unilateral de transferencias desde enero de 2024, oficializado mediante el decreto 280/2024. Desde entonces, aseguró, Santa Fe no ha recibido un peso más de ANSES. No obstante, Pullaro se mostró optimista sobre el avance de las negociaciones con una perspectiva técnica en los próximos días: “Tenemos una cautelar para restituir ese flujo mientras se discute el stock de la deuda”.

El jefe provincial mencionó que la falta de transferencias —estimadas en 69.884 millones de pesos— ha obligado a redirigir partidas presupuestarias de áreas sensibles como salud, educación y seguridad. Esta situación, aclara, no corresponde al “esfuerzo fiscal sostenido” que históricamente ha caracterizado a Santa Fe, la provincia “menos endeudada de Argentina”.

Además, subrayó: “Esta deuda equivale a 1.500 kilómetros de rutas a cero o la construcción de 160 escuelas. Es fundamental que se restituya lo que por derecho nos corresponde”.

El origen del reclamo de Santa Fe remonta a los años 90, cuando las provincias pactaron con el gobierno nacional la cobertura de los déficits de las cajas previsionales que no fueron transferidas al sistema federal. Aunque Santa Fe mantuvo su propia caja, se vio también afectada por la disminución de recursos coparticipables, un panorama agravado con el reciente decreto 280/2024 que eliminó los anticipos mensuales automáticos.

En respuesta, la provincia cuestionó la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280 y presentó en agosto de 2024 la medida cautelar ante la Corte Suprema. La audiencia de conciliación fue una instancia promovida por el máximo tribunal, que deberá tomar una decisión si las partes no alcanzan un acuerdo.

Pullaro destacó la actitud “racional” de la delegación santafesina en las negociaciones, enfatizando el esfuerzo conjunto con Perotti y Bonfatti: “Podemos demostrar que, a lo largo de los años, las diferentes administraciones han sido responsables. Ser el mejor alumno en materia fiscal debería jugar a favor de Santa Fe, no en contra”.

El gobernador concluyó asegurando que la provincia sostendrá el reclamo hasta que cada centavo sea pagado: “Sabemos qué hacer con esos fondos. Los destinaremos a infraestructura, energía, salud, educación y seguridad”.

En las próximas semanas, las negociaciones avanzarán hacia una etapa más técnica, mientras la Corte Suprema define los pasos legales a seguir en caso de no llegar a un acuerdo entre las partes.

De la mediación participaron, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el Secretario Legal y Técnico de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Dr. Andrés Gutiérrez; la Directora General Administrativa y Técnica, Dra. María Agustina Terribile Riva y los letrados apoderados, Dres. Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez; el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio Economía, Dr. José García Hamilton, y la Subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía, Lic. Valeria Patricia Sánchez.

Gobernadores y funcionarios del Gobierno Nacional se encontraron esta mañana para poder dialogar sobre diferentes asuntos vinculados al contexto económico de las provincias, que reclaman una reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN, o conocidas coloquialmente como transferencias discrecionales), así como la normalización en la distribución de la recaudación por el Impuesto a los Combustibles, el cual tiene como asignación específica la inversión en infraestructura vial y mantenimiento de rutas.

El marco era una reunión iniciada a las 11 horas por los gobernadores en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicado en la calle Azopardo 750. Esta fue una segunda reunión después de la que habían tenido 18 de los 24 distritos subnacionales unas semanas atrás, donde habían acordado enfatizar su reclamo por mayores fondos a la Nación.

La audiencia fue coordinada entre las provincias y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se había comprometido a brindar una respuesta junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para poder acercarles una propuesta de qué facilidades podían otorgarles.

La reunión de este lunes contaba con la asistencia de Guberman y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien fue en lugar de Francos, que tenía un compromiso asumido para asistir a un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba.

Por otra parte, estaban presentes los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (CABA)

También estaban los vicegobernadores Fabián Leguizamón (Santa Cruz), Silvana Schneider (Chaco), Teresita Madera (La Rioja) y Sulma Reina (Neuquén). Quienes no llevaron ningún representante fueron las provincias de Corrientes, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero.

En línea con esos reclamos está la queja por la baja de los fondos que la Nación sí debe transferirle de manera automática a las provincias por vía de la Coparticipación. Semanas atrás se analizó una estimación del CFI de que esos fondos tendrían una variación de -4% para final del año. Mientras que los ATN no representan una parte importante de los presupuestos provinciales, el porcentaje de coparticipación sí lo es.

Sobre este punto es que las provincias culpan a la Nación. Consideran que la baja de esos ingresos es consecuencia de algunas medidas desregulatorias que adoptó la gestión libertaria, como los cambios en los impuestos internos para celulares y otros dispositivos, así como la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades.

Además, agregan que la falta de ejecución de programas nacionales de otra índole (como el Plan Sumar, el Fondo Nacional de Incentivo Docente o la realización de obras de infraestructura) genera un imprevisto traslado presupuestario de las provincias.

¿Qué responden desde la Nación? A pesar de que no desmienten el desfinanciamiento, afirman que las provincias también deben ajustarse y eficientizar sus gastos en línea con lo que pregona la Casa Rosada. “Lo que pasaba antes es que ellos estaban muy superavitarios y además la Nación los asistía en todo. Ahora les toca poner esfuerzo”, afirmó una fuente palaciega, que afirma que el mayor reclamo de fondos se produce en línea con las elecciones nacionales.

Francos habló esta mañana ante Cadena 3 sobre los esfuerzos de la Nación y los distritos subnacionales. “Nosotros siempre tenemos actitud positiva, lo que no dan a veces son los números. Por supuesto hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes, otros que no dicen nada. Nosotros hemos hecho muchos ajustes. Hemos bajado muchos impuestos, muchos impuestos que afectan no a los impuestos coparticipables, sino impuestos que van directamente al tesoro nacional y esperamos que la actitud sea recíproca”.

En rigor, las provincias argentinas exhiben un panorama fiscal bajo control, tras un ajuste significativo en 2024 que permitió a 21 de los 24 distritos alcanzar superávit primario, según un informe de la consultora Empiria, que destaca que la mayoría de las provincias logró revertir la tendencia histórica de deterioro fiscal en años electorales, gracias a una contracción del 15% del gasto en términos reales durante 2024.

Este ajuste permitió que solo tres jurisdicciones —Chaco, Catamarca y Buenos Aires— cerraran el año con desequilibrio primario, aunque incluso en estos casos se observaron mejoras. En particular, la provincia de Buenos Aires, pese a mantener déficit, mostró una mejora de 0,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG).

El caso más sobresaliente fue el de San Luis, que pasó de un déficit del 2% a un superávit del 2,8% del PBG, acompañado por otras seis provincias que también revirtieron su saldo negativo: Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes y Tierra del Fuego.

En cuanto a los ingresos, el informe señala que la alarmante caída del 18% interanual de la recaudación nacional en mayo, que se profundizó al 23% en los impuestos coparticipables, no constituye un cambio de tendencia estructural. Empiria atribuye este fenómeno al “efecto base comparativa muy alta de la recaudación de Ganancias en 2024”.

Además, destaca que “las transferencias automáticas por coparticipación vienen creciendo 2,8% real en 2025, a partir de una recaudación de impuestos coparticipables que crece más que el promedio (teniendo en cuenta que el eliminado impuesto PAIS no era coparticipable)”. Aunque las transferencias no automáticas permanecen bajas respecto a los niveles de 2023, representan una porción menor de los ingresos provinciales, por lo que su reducción no compromete el balance general.

Un hombre de California, identificado como Matthew Piercey, utilizó un scooter submarino en un intento por evadir a las autoridades que buscaban arrestarlo en relación con un esquema de fraude de inversiones de 35 millones de dólares.

Según informó The Associated Press, Piercey, de 48 años, se declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude electrónico, lavado de dinero y manipulación de testigos.

Este caso, que involucra a decenas de víctimas, ha sido descrito por los fiscales como un esquema Ponzi que devastó los ahorros de muchos inversores.

El modus operandi para realizar los fraudes

De acuerdo con documentos judiciales, entre 2015 y 2020, Piercey solicitó fondos a través de dos empresas que presentó como legítimas, Family Wealth Legacy y Zolla, asegurando a los inversores que sus estrategias de inversión y algoritmos de negociación eran altamente exitosos.

Sin embargo, las autoridades descubrieron que estas afirmaciones eran falsas. Piercey incluso promovió un supuesto fondo llamado “Upvesting Fund”, que describió como un sistema automatizado de negociación algorítmica con un historial probado de éxito. En privado, admitió a un socio que dicho fondo no existía.

El esquema operó de manera similar a un esquema Ponzi, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a otros y mantener la apariencia de legitimidad. Según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de California, de los 35 millones de dólares recaudados, Piercey devolvió solo 8.8 millones a los inversores.

El resto fue destinado a gastos personales y comerciales, como la compra de dos propiedades residenciales y el pago de una firma de defensa penal. Al momento de su arresto, quedaban pocos o ningún activo líquido para reembolsar a las víctimas.

El intento de fuga en el scooter submarino

El 16 de noviembre de 2020, cuando los agentes intentaron detenerlo, Piercey protagonizó una persecución vehicular que terminó en el lago Shasta, donde utilizó un dispositivo sumergible Yamaha 350LI para intentar escapar.

Este aparato, una especie de moto acuática submarina, le permitió permanecer bajo el agua durante aproximadamente 20 minutos, mientras los agentes solo podían observar burbujas en la superficie. Finalmente, emergió del agua y fue arrestado.

Tras su detención, las investigaciones revelaron que Piercey había tomado medidas para obstruir la justicia. Según el Departamento de Justicia, utilizó comunicaciones codificadas desde la cárcel para instruir a dos personas a deshacerse del contenido de un almacén de U-Haul que había alquilado bajo un nombre falso, Chadwick Givens, utilizando una licencia de conducir falsificada. Durante una inspección del FBI, se encontraron en el almacén una peluca y aproximadamente 37.000 dólares.

Además, Piercey intentó disuadir a testigos e inversores de cooperar con las citaciones del gran jurado, lo que retrasó la presentación de documentos clave. También desvió cerca de 775.000 dólares de las víctimas a una cuenta bancaria bajo su control.

El impacto del fraude fue significativo. Según declaraciones del fiscal federal interino Michele Beckwith, este tipo de esquemas pueden destruir los ahorros de toda una vida de personas trabajadoras que buscan un lugar seguro para invertir. Por su parte, Sid Patel, agente especial a cargo del FBI en Sacramento, destacó que muchos de los afectados confiaron en las promesas de rentabilidad garantizada de Piercey, sin saber que se trataba de un fraude.

Los cargos en contra de Piercey

Piercey enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico, fraude postal, manipulación de testigos y lavado de dinero. También podría recibir multas de hasta 250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta, dependiendo del cargo. La sentencia será dictada por el juez federal de distrito Troy L. Nunley el 4 de septiembre de 2025.

El caso, producto de una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), también involucra a otros dos acusados, Ken Winton y Gary Klopfenstein, quienes conspiraron con Piercey en el esquema. Winton se declaró culpable en diciembre de 2020, mientras que Klopfenstein lo hizo en julio de 2024. Ambos tienen programadas conferencias sobre el estado de sus sentencias para agosto de 2025.

Este caso subraya la gravedad de los fraudes de inversión y el compromiso de las autoridades para llevar ante la justicia a quienes explotan la confianza de los inversores. Según los fiscales, las acciones de Piercey no solo causaron pérdidas financieras significativas, sino que también afectaron profundamente la confianza de las víctimas en el sistema financiero.

Las videollamadas de WhatsApp, la aplicación de Meta, cuentan con varias funciones que permiten modificar la apariencia y el entorno del usuario. Desde el año pasado, la plataforma ofrece la posibilidad de aplicar filtros, efectos y fondos virtuales, ampliando así sus herramientas de personalización.

Estas nuevas opciones buscan ofrecer mayor control sobre lo que se comparte visualmente. Los usuarios pueden seleccionar entre diez filtros faciales y diez escenarios de fondo predeterminados, generando combinaciones que permiten ocultar espacios reales y añadir un estilo visual más profesional, lúdico o artístico.

Según el anuncio oficial de la compañía, las personas pueden “cambiar tu fondo o añadir un filtro durante una videollamada para darle un toque más personal”. Solo deben tener actualizada la aplicación a su más reciente versión.

Cómo se aplican los filtros en una videollamada en WhatsApp

Durante una videollamada es posible activar los filtros mediante el menú de herramientas que aparece en pantalla. Solo hay que tocar el icono de “efectos” o “filtros”, y seleccionar entre las opciones disponibles. Este procedimiento se realiza en tiempo real, sin necesidad de cortar la comunicación.

Los filtros disponibles en el lanzamiento inicial incluyen “Cálido”, “Frío”, “Blanco y negro”, “Fuga de luz”, “Ensueño”, “Luz de prisma”, “Ojo de pez”, “Televisión retro”, “Cristal esmerilado” y “Tono dúo”.

Cada uno de ellos modifica la estética del rostro y el entorno inmediato, agregando una capa de personalización visual que puede transmitir distintos estados de ánimo o intenciones comunicativas.

Qué tipo de fondos se pueden usar en WhatsApp y para qué sirven

A través de esta función, los usuarios pueden reemplazar el entorno real con imágenes virtuales prediseñadas. Esta herramienta es sobre todo útil en entornos compartidos o públicos donde se desea mantener la privacidad.

Las opciones incluyen escenarios como “Sala de estar”, “Oficina”, “Cafetería”, “Playa”, “Bosque” y “Atardecer”, entre otros. También, se puede optar por un fondo desenfocado, que mantiene el entorno visible pero borroso.

La elección del fondo puede hacerse en el mismo menú de configuración de videollamada, y se activa sin interrumpir la conversación con las otras personas.

Cuáles son las diferencias que hay entre filtros y fondos

Mientras que los filtros están orientados a modificar la apariencia del rostro, los fondos se centran en transformar el espacio visible detrás del usuario.

De acuerdo con la descripción técnica compartida por Meta, “los filtros añaden colores o efectos artísticos” y generan una atmósfera más lúdica o creativa. En cambio, los fondos “ocultan el entorno real” y simulan escenarios virtuales para cuidar la privacidad o cambiar el contexto visual.

Ambas herramientas pueden utilizarse en simultáneo. Se puede combinar un filtro “Blanco y negro” con un fondo de “Cafetería”, creando un estilo que remite a una escena cinematográfica o una videollamada con estética vintage.

Cuál es el objetivo de implementar estas funciones en la aplicación

El objetivo principal es ofrecer a los usuarios una mayor capacidad de adaptación al contexto en que se encuentran. Según Meta, estas funciones se pensaron en respuesta a la creciente demanda por personalización en las plataformas de comunicación, sobre todo después del aumento global de las videollamadas tras la pandemia.

Además de embellecer la imagen o añadir elementos divertidos, estas funciones sirven para gestionar la exposición del ambiente y brindar una experiencia más controlada.

Según la compañía, se trata de “funciones fáciles de usar y accesibles para todos los usuarios”, lo que apunta a integrar estas herramientas sin barreras técnicas complejas.

Cómo combinarlas y qué ventajas ofrece esta personalización en los usuarios

WhatsApp permite combinar filtros y fondos libremente, lo que ofrece al usuario la posibilidad de definir un estilo visual único en cada llamada. La interfaz sugiere combinaciones populares, pero cada persona puede seleccionar manualmente sus preferencias desde el menú de videollamada.

Las ventajas son múltiples: desde la posibilidad de presentarse con una imagen más profesional en una reunión de trabajo, hasta generar un entorno más relajado o creativo en llamadas personales.

Asimismo, permite improvisar una comunicación en cualquier espacio físico, sin necesidad de preocuparse por el fondo real ni por condiciones de iluminación poco ideales.

La Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, en California, aprobó por unanimidad la asignación de 4.2 millones de dólares para la compra de nuevas radios destinadas a la Oficina del Sheriff, aunque la decisión estuvo marcada por una serie de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del departamento.

Según informó ABC 7 News, la discusión se centró no solo en la necesidad de los equipos, sino también en la transparencia y el proceso de adquisiciones de la oficina liderada por la sheriff Christina Corpus, quien no asistió a la reunión para defender su solicitud.

La propuesta, que inicialmente se esperaba aprobar sin debate como parte del calendario de consentimiento, fue trasladada a la agenda regular a petición de la supervisora Jackie Speier, quien expresó su interés en discutir el tema directamente con Corpus.

Sin embargo, la sheriff no estuvo presente, lo que generó críticas por parte de los supervisores. En su lugar, el subsheriff Dan Perea representó a la oficina, explicando que Corpus estaba ocupada en otra reunión.

“Esperamos que los jefes de departamento comparezcan ante la Junta de Supervisores cuando tengan problemas”, declaró Speier durante la sesión, dirigiéndose a Perea. Además, enfatizó que Corpus debería estar disponible para responder preguntas en futuras reuniones si su oficina tiene temas en la agenda.

Radios necesarias, pero compras bajo escrutinio

La solicitud de fondos estaba destinada a cubrir el costo de 425 radios, cada una con un precio de 10.000 dólares, que ya habían sido adquiridas por la Oficina del Sheriff. Según detalló ABC 7 News, el dinero provendría del Fondo de Aumento de la Seguridad Pública del condado y sería transferido al presupuesto de Seguridad Pública de Ayuda Estatal del departamento.

Aunque las compras de este tipo pueden realizarse sin la aprobación previa de la Junta, el elevado monto generó preocupación entre los supervisores.

El fiscal del condado, John Nibbelin, explicó durante la reunión que los departamentos tienen cierta autonomía para realizar adquisiciones, pero Speier destacó la necesidad de mayor supervisión, especialmente tras conocerse otros intentos de compras que calificó como innecesarios.

Entre los ejemplos mencionados, Speier reveló que la Oficina del Sheriff había intentado adquirir 10 sillones de masaje utilizando fondos del condado. Aunque la solicitud fue rechazada por la Oficina de Adquisiciones, el intento levantó dudas sobre las prioridades del departamento.

Controversia por los sillones de masaje

El subsheriff Perea reconoció estar al tanto de la solicitud de los sillones de masaje, pero no pudo proporcionar detalles sobre cómo surgió la idea ni quién la aprobó. Según explicó, la compra estaba relacionada con iniciativas de “bienestar del agente”, aunque no pudo confirmar si Corpus había autorizado la propuesta.

“Entiendo que era parte del bienestar del agente”, comentó Perea, añadiendo que no se consideraba la persona más adecuada para abordar el tema en profundidad. Este episodio llevó a los supervisores a solicitar que Corpus comparezca en una futura reunión para explicar el proceso de adquisiciones de su oficina.

Speier subrayó la importancia de entender mejor cómo se toman las decisiones de compra en el departamento, especialmente en un contexto en el que la confianza en la gestión de la sheriff ya se encuentra bajo escrutinio.

La tensión en la Oficina del Sheriff

La discusión sobre las radios y los sillones de masaje se produce en un momento delicado para la sheriff Christina Corpus.

Según reportó ABC 7 News, el mes pasado los votantes del condado aprobaron la Medida A, que otorga a la Junta de Supervisores la facultad temporal de destituir a la sheriff. Esta medida fue impulsada tras la publicación de un informe de 400 páginas que detalla presuntas irregularidades en la gestión de Corpus.

Aunque el tema de la reunión del martes no estaba relacionado directamente con la posible destitución de la sheriff, el debate reflejó las tensiones existentes entre la Junta y la Oficina del Sheriff. La ausencia de Corpus en la sesión fue vista como un ejemplo de la falta de comunicación y transparencia que los supervisores buscan abordar.

La continuación de la aprobación de fondos

A pesar de las críticas y las dudas planteadas, la Junta de Supervisores aprobó los fondos para las radios, reconociendo la necesidad de actualizar los equipos de comunicación del departamento. Sin embargo, los supervisores dejaron claro que esperan mayor claridad y responsabilidad en las futuras decisiones de gasto de la Oficina del Sheriff.

La supervisora Speier reiteró la importancia de establecer un control más riguroso sobre las adquisiciones de los departamentos del condado, señalando que casos como el intento de compra de los sillones de masaje subrayan la necesidad de supervisión adicional.

En las próximas semanas, se espera que la sheriff Christina Corpus comparezca ante la Junta para abordar las preocupaciones sobre el proceso de adquisiciones y responder a las preguntas pendientes sobre la gestión de su oficina.

La Universidad de Harvard ha decidido tomar acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos tras el congelamiento de más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales.

Según informó The Associated Press, la medida fue adoptada después de que la institución académica rechazara una serie de demandas del gobierno federal, las cuales incluían reformas en sus políticas de admisión, auditorías sobre diversidad y restricciones al activismo estudiantil en el campus.

En una carta enviada el pasado 11 de abril, el gobierno de Estados Unidos exigió a Harvard implementar cambios significativos en su liderazgo y endurecer las medidas disciplinarias contra manifestantes.

Además, solicitó una revisión exhaustiva de los estudiantes internacionales para identificar posibles actitudes “hostiles hacia los valores estadounidenses”. Ante la negativa de la universidad a cumplir con estas solicitudes, el gobierno procedió a congelar los fondos destinados a investigaciones científicas, médicas y tecnológicas, lo que generó una fuerte respuesta por parte de la institución.

Harvard defiende su autonomía y rechaza las demandas gubernamentales

En su demanda, Harvard argumentó que las acciones del gobierno carecen de una conexión lógica entre las preocupaciones expresadas y el financiamiento congelado. La universidad destacó que los fondos en cuestión están destinados a investigaciones que buscan salvar vidas, fomentar la innovación y mantener el liderazgo global de Estados Unidos en diversos campos.

Según la institución, el congelamiento de estos recursos no solo afecta a los programas de investigación, sino también al interés nacional en promover el progreso científico y tecnológico.

El presidente de Harvard, Alan Garber, expresó que la universidad no cederá ante lo que considera una intrusión indebida del gobierno en su autonomía. En una carta dirigida a la comunidad universitaria, Garber afirmó: “Defendemos la verdad de que las universidades de todo el país pueden abrazar y honrar sus obligaciones legales y cumplir mejor con su papel esencial en la sociedad sin una intrusión gubernamental indebida”.

“Hoy, defendemos los valores que han convertido a la educación superior estadounidense en un faro para el mundo”, escribió Garber en su carta a la comunidad universitaria.

Asimismo, subrayó que la excelencia académica y la libertad de expresión son pilares fundamentales que deben ser protegidos.

Las demandas del gobierno y su impacto en la relación con las universidades

Entre las exigencias planteadas por el gobierno, se incluyó la auditoría de las opiniones sobre diversidad en el campus, así como la diversificación de los departamentos mediante la admisión de nuevos estudiantes y la contratación de profesores adicionales.

También se solicitó que Harvard dejara de reconocer ciertos clubes estudiantiles y que adoptara medidas más estrictas contra el activismo político en el campus.

Además, el gobierno amenazó con tomar medidas para restringir la admisión de estudiantes internacionales y cuestionó si la universidad debería mantener su estatus de exención de impuestos.

Estas acciones han tensado la relación entre el gobierno federal y las universidades que dependen de fondos públicos para llevar a cabo investigaciones científicas.

Consecuencias para la investigación y la innovación en Estados Unidos

El congelamiento de los fondos federales representa un golpe significativo para los programas de investigación de Harvard, que dependen en gran medida de este financiamiento para avanzar en áreas como la medicina, la tecnología y las ciencias.

La universidad advirtió que esta medida no solo afecta a los investigadores y estudiantes involucrados, sino también al progreso general de la innovación en Estados Unidos.

En su demanda, Harvard señaló que el gobierno no ha considerado las consecuencias de esta decisión para los beneficiarios de las investigaciones y para el interés nacional. La institución calificó las exigencias del gobierno como una amenaza a la autonomía que históricamente ha sido protegida por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Carla O’Brien, residente de Pensilvania y esposa de un teniente de la policía de Pittsburgh, ha sido acusada de sustraer aproximadamente USD $147,408 de la Asociación de Béisbol y Softbol de Fox Chapel (FCABSA), según reportaron medios locales como WPXI, The Bridgeville Signal Item y The Pittsburgh Post-Gazette.

Según informó People, los fondos, que estaban destinados a apoyar las actividades deportivas de niños y jóvenes, habrían sido utilizados para gastos personales en tiendas minoristas, restaurantes y otros establecimientos.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Allegheny, los cargos presentados contra O’Brien incluyen robo, recepción de propiedad robada, fraude de dispositivo de acceso y uso indebido de propiedad confiada.

La acusación se formalizó el pasado 27 de marzo, tras una investigación que comenzó en octubre de 2024, cuando la junta directiva de la FCABSA denunció el presunto desfalco.

Una confesión inicial y el inicio de la investigación

El caso salió a la luz después de que Carla O’Brien, quien asumió el cargo de tesorera de la FCABSA en 2019, admitiera ante un miembro de la junta que había tomado dinero de la organización.

Según detalló WPXI, la confesión ocurrió en septiembre de 2024, cuando O’Brien reconoció haber cometido un “grave error”. En ese momento, estimó que la cantidad sustraída oscilaba entre USD $20,000 y $30,000, aunque las investigaciones posteriores revelaron que el monto total ascendía a casi USD $150,000.

Tras esta confesión inicial, el miembro de la junta informó al presidente de la organización, quien confrontó a O’Brien. Durante esta conversación, la acusada devolvió una parte del dinero, específicamente USD $3,500, una fracción mínima del total presuntamente robado.

Destino de los fondos sustraídos

Según las investigaciones policiales, los fondos desviados por O’Brien fueron utilizados para cubrir gastos personales en una amplia variedad de establecimientos. Entre los comercios mencionados se encuentran Sephora, Amazon, Target, TJ Maxx, Nike y Kohls, además de pagos a State Farm Insurance.

También se identificaron transacciones en restaurantes, farmacias, salas de conciertos y tiendas de artículos para mascotas.

Un aspecto relevante del caso es que parte del dinero habría sido destinado al pago de tarjetas de crédito que O’Brien mantenía en secreto, incluso de su esposo, según consignaron WPXI y The Pittsburgh Post-Gazette.

Impacto en la comunidad deportiva juvenil

La Asociación de Béisbol y Softbol de Fox Chapel es una organización que beneficia a aproximadamente 750 niños y jóvenes de entre 6 y 14 años, quienes participan en equipos de béisbol y sóftbol.

A pesar del impacto financiero que este presunto robo podría haber tenido, la junta directiva de la FCABSA aseguró que la situación no afectará las actividades deportivas ni la calidad de la experiencia que ofrecen a los participantes.

En una declaración obtenida por WPXI y The Pittsburgh Post-Gazette, la junta expresó: “Nuestra organización ha cooperado y seguirá cooperando con las autoridades en este asunto. Respetamos el proceso legal y confiamos en que las autoridades manejarán el asunto adecuadamente. Dado que este proceso está en curso, no podemos ofrecer más comentarios y seguiremos atentos a las novedades de la Fiscalía”.

Próxima audiencia preliminar para O´Brien

Carla O’Brien fue puesta en libertad tras la presentación de los cargos, y se ha programado una audiencia preliminar para el próximo 23 de abril. Su abogado, Phil DiLucente, manifestó a los medios que esperan resolver el caso “más temprano que tarde”.

Por el momento, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Allegheny no ha emitido comentarios adicionales sobre el caso, según informó PEOPLE.

La resolución del proceso legal será clave para determinar las consecuencias de este incidente y el impacto en la comunidad juvenil afectada.

El Gobierno del Perú ha dado un paso clave en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado con la publicación del Decreto Supremo Nº 007-2025-JUS, que introduce modificaciones al reglamento de la Ley Nº 27693, la cual regula la respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF-Perú). Esta normativa, publicada este miércoles 22 de marzo de 2025, incorpora la facultad de congelamiento administrativo nacional de fondos o activos vinculados a este delito, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 32209.

De acuerdo al Ministerio de Justicia, la UIF-Perú, entidad adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), podrá disponer el congelamiento preventivo de fondos o activos cuando existan indicios razonables de que están relacionados con casos de extorsión. Esta medida responde a la necesidad de fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), así como de cumplir con estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Congelamiento de fondos o activos por delito de extorsión

El Decreto Supremo Nº 007-2025-JUS tiene como objetivo principal adecuar el Reglamento de la Ley Nº 27693, aprobado previamente mediante el Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS, para incorporar las disposiciones del artículo 3-B, el cual permite a las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitar a la UIF-Perú el congelamiento de activos presuntamente vinculados a la extorsión.

El congelamiento administrativo, según lo establecido en el nuevo artículo 8-A del reglamento, es una medida preventiva que prohíbe el uso, transferencia o disposición de los fondos o activos afectados mientras dure la investigación. La PNP deberá notificar a la fiscalía competente sobre la solicitud de congelamiento en un plazo máximo de 24 horas, acompañando la denuncia con pruebas documentales que respalden la medida.

“Durante la vigencia del referido congelamiento se prohíbe el retiro, transferencia, uso, conversión, disposición o movimiento de los fondos o activos que se presume provienen de dicho delito”, indica el documento.

¿Cómo se ejecutará el congelamiento administrativo de fondos?

El decreto también detalla los procedimientos para la ejecución y control judicial del congelamiento administrativo. Según el artículo 10-A, la UIF-Perú debe informar de inmediato a las entidades financieras o públicas que administren los activos congelados, quienes tienen 24 horas para confirmar la ejecución de la medida. Posteriormente, la UIF-Perú pone en conocimiento del juez correspondiente la decisión adoptada, quien deberá convalidar o revocar la medida en un plazo similar.

En caso de convalidación, el juez establece un plazo para que el Ministerio Público adopte medidas legales adicionales que aseguren los activos congelados. Asimismo, se contempla la posibilidad de que los fondos sean devueltos a las víctimas del delito, siempre que la investigación lo permita.

“Los sujetos obligados, así como a las entidades públicas y/o privadas, de ser el caso, que reciben de la UIF-Perú la orden de congelamiento administrativo nacional de fondos o activos por delito de extorsión, tienen prohibido de notificar o comunicar dicha orden a las personas naturales o jurídicas afectadas, bajo responsabilidad”, señala el Ministerio de Justicia.

Modificaciones adicionales al reglamento de la UIF-Perú

Además de las disposiciones relacionadas con la extorsión, el Decreto Supremo Nº 007-2025-JUS introduce cambios en otros aspectos del reglamento de la Ley Nº 27693. Entre ellos, se actualizan los requisitos para los oficiales de cumplimiento, quienes son responsables de garantizar que las entidades financieras cumplan con las normativas de prevención del lavado de activos.

Por ejemplo, el artículo 15 establece que los oficiales de cumplimiento deben comunicar a la entidad correspondiente si dejan de cumplir con los requisitos exigidos, mientras que el artículo 17 regula la figura del oficial de cumplimiento corporativo, quien debe ser designado con autorización de la UIF-Perú y los organismos supervisores. Asimismo, el artículo 18 refuerza la reserva de identidad de estos funcionarios, prohibiendo su inscripción en registros públicos.

“El congelamiento administrativo nacional de fondos o activos por delito de extorsión dispuesto por la UIF-Perú no genera la pérdida del derecho de propiedad sobre los fondos u otros activos afectados y se mantiene durante la vigencia de la medida”, refiere la norma.

Impacto en la lucha contra el crimen organizado

El congelamiento administrativo de activos por extorsión se suma a las herramientas legales que el Perú ha implementado para combatir el crimen organizado. Esta medida no implica la pérdida del derecho de propiedad sobre los fondos afectados, pero busca evitar que los recursos sean utilizados para actividades ilícitas o puestos fuera del alcance de la justicia.

El fortalecimiento de la UIF-Perú también responde a recomendaciones internacionales, como las emitidas por el GAFILAT en su Informe de Evaluación Mutua de 2019, que subrayaron la necesidad de optimizar los mecanismos de prevención y detección de delitos financieros en el país.

El Decreto Supremo Nº 007-2025-JUS fue refrendado por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, junto con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y el Ministro de Economía y Finanzas, José Salardi. La norma fue publicada en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y en la sede digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el mismo día de su promulgación.

Ginebra, 10 dic (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) solicitó este martes a la comunidad internacional 30 millones de dólares para asistir a 700.000 personas en el noroeste de Siria en el próximo invierno, y ante las crecientes necesidades humanitarias tras la caída del régimen de Bachar al Asad.

"La mayoría de los sirios que permanecen en el país dependen de la ayuda humanitaria y las necesidades se incrementan con la llegada del duro invierno, por lo que necesitamos ampliar nuestra respuesta humanitaria y garantizar que el pueblo de Siria es apoyado en este momento de esperanzas renovadas", señaló la directora general de la OIM, Amy Pope, en un comunicado.

La agencia de la ONU estima que más de un millón de personas se han visto desplazadas por las hostilidades que condujeron a la caída de Al Asad, sumándose a los 3,5 millones que ya antes estaban desplazados en el norte del país.

Los fondos solicitados por la organización servirían para proveer a estos y otros colectivos vulnerables con ropa de abrigo, agua potable, servicios sanitarios e higiénicos, alojamiento y servicios de protección, entre otras necesidades. EFE

Dichos trabajadores, que tienen un ingreso mensual por encima de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $3.274.050, efectuarán a partir del 1 de julio de 2025 los aportes pensionales sobre el valor que exceda ese monto en la Accai que escojan y cuyo límite para hacerlo se vence pronto.

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También podrán elegir su administradora los que están iniciando su vida laboral antes del 30 de junio de 2025, tengan ingresos por más de 2,3 salarios mínimos y se afilien a Colpensiones. Los afiliados actuales a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), ya sea Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia, que no están cobijados por la transición y que tengan ingresos por encima de 2,3 salarios mínimos, no tienen que escoger una Accai, porque esta será la misma AFP.

“El plazo para elegir la Accai vence el próximo 16 de enero, pero ¿qué pasa si el trabajador no decidió, se le olvidó o se le pasó el tiempo? La ley habilita a que el Gobierno asigne la Accai”, explicó el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco.

Asimismo, el economista precisó que en caso de que esa persona no quede a gusto con esa selección, puede hacer cambio de Accai en seis meses después de la entrada en vigencia de la Ley 2381, por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”.

Y es que este ahorro se irá construyendo en la administradora a lo largo de la vida laboral y será un complemento a la pensión que recibirán por lo cotizado en Colpensiones.

Cómo hacer la elección de ACCAI

El proceso para elegir una Accai es muy fácil. El paso a paso es el siguiente:

1. Ingrese a la página web de cualquiera de las cuatro nuevas Accai (Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia). También puede entrar al siguiente link en el que encuentras todas las opciones: www.asofondos.org.co/elige-tu-accai/
2. Compare la información de las cuatro Accai.
3. Haga clic en la que más se ajuste a sus necesidades.
4. Llene el formulario o haga clic en el botón para hablar con un asesor.
5. Siga los pasos indicados y complete el proceso de selección.

Nota: si ya tiene una Accai favorita, puede ingresar de manera directa a la página web de la misa para hacer tu selección.

Si no eligió Accai antes del 16 de enero, ¿cómo se le asignará una?

La ley deja en cabeza del Gobierno nacional, por medio de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), la asignación de la Accai de manera aleatoria para aquellas personas afiliadas a Colpensiones que no escogieron dentro del plazo estipulado y que tienen ingresos por encima de 2,3 salarios mínimos, con la precisión de que los trabajadores podrán hacer cambios entre administradoras cada seis meses.

El proceso se hará entre el 17 de enero y el 30 de junio de 2025.

A partir del 1 de julio de 2025, una vez la ley entre en vigor, todos los nuevos trabajadores deberán afiliarse a Colpensiones y, si tienen ingresos superiores a $3.274.050 seleccionarán la Accai que prefiera.

El mercado local contará con 13 nuevos CEDEARS de ETF, ampliando las opciones para inversores locales que deseen acceder a índices clave y sectores estratégicos de los mercados internacionales. Esta iniciativa se enmarca en el objetivo de la entidad de diversificar las alternativas para distintos perfiles de ahorristas y proporcionar herramientas de inversión global desde el mercado local. Con esta incorporación, la oferta total de programas de CEDEARS activos de la entidad superó los 290 instrumentos.

Los CEDEARS (Certificados de Depósito Argentinos) son títulos que representan activos extranjeros y permiten a los inversores participar en mercados globales sin necesidad de abrir cuentas en el exterior. Este instrumento, listado en mercados locales y en pesos, es fácilmente transferible y brinda acceso directo a índices y sectores estratégicos, manteniendo las características de un título valor local autorizado por la CNV. Los nuevos CEDEARS incorporados por Banco Comafi incluyen sectores como el consumo básico, tecnología, salud, bienes raíces y mercados europeos desarrollados, entre otros.

Los nuevos CEDEARS de ETF permiten a los inversores diversificar sus carteras con activos que reflejan el desempeño de importantes índices económicos globales. Entre los instrumentos se encuentran aquellos relacionados con sectores como el consumo discrecional, la tecnología, los materiales y el sector inmobiliario, además de índices geográficos como el mercado europeo y los mercados desarrollados.

Dentro de los ETFs destacados aparecen el Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (XLY), que abarca empresas vinculadas al consumo discrecional en los Estados Unidos, y el Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (XLP), que está centrado en bienes de consumo básico. Estas opciones buscan captar tendencias económicas relacionadas con el gasto de los consumidores en distintos escenarios de la economía estadounidense.

Por otro lado, los ETFs iShares® Core MSCI Europe ETF (IEUR) y Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) brindan acceso a mercados europeos y economías desarrolladas, claves en estrategias de diversificación geográfica. Estas alternativas permiten a los inversores locales posicionarse en regiones que tradicionalmente han sido atractivas por su estabilidad económica y crecimiento sostenido.

Opciones para perfiles innovadores y tradicionales

Para quienes priorizan la innovación, el banco incluyó el Technology Select Sector SPDR® Fund (XLK), que reúne empresas tecnológicas clave en áreas como software, hardware y semiconductores, y el iShares® Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), que refleja el desempeño del sector biotecnológico en Estados Unidos. Este último es relevante para quienes buscan posicionarse en sectores de alta innovación y avances científicos aplicados a la salud.

El programa también incluyó ETFs vinculados a sectores tradicionales de la economía, como el Industrial Select Sector SPDR® Fund (XLI) y el Materials Select Sector SPDR® Fund (XLB). Estas herramientas permiten acceder a compañías que lideran el sector industrial, como fabricantes de maquinaria y equipos de transporte, y al sector de materiales básicos, incluyendo productores de metales, productos químicos y materiales de construcción.

Otra de las opciones incluidas es el Real Estate Select Sector SPDR® Fund (XLRE), que agrupa empresas relacionadas con bienes raíces, como fondos de inversión inmobiliaria (REITs) y desarrolladores de propiedades comerciales y residenciales. Este sector tiende a atraer a inversores interesados en generar ingresos recurrentes a través de dividendos provenientes de activos inmobiliarios.

Inversiones basadas en valor y crecimiento

Banco Comafi también incorporó instrumentos diseñados para estrategias de inversión específicas dentro del mercado estadounidense. El iShares® S&P 500 Value (IVE) permite a los inversores acceder a empresas del índice S&P 500 con características de valor, es decir, compañías que tienden a tener precios de acciones relativamente bajos en comparación con sus fundamentales, como ganancias o activos.

Por el contrario, el iShares® S&P 500 Growth ETF (IVW) se orienta a empresas del mismo índice que muestran mayores perspectivas de ingresos y ganancias futuras, representando una opción interesante para quienes buscan capitalizar el crecimiento en sectores de alto dinamismo económico.

Uno por uno, los 13 nuevos CEDEARS de ETF

El programa anunciado por Banco Comafi incluye las siguientes opciones:

• Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (XLY): orientado al consumo discrecional, incluyendo automóviles, entretenimiento y bienes duraderos en Estados Unidos.
• Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (XLP): enfocado en el consumo básico, como alimentos y productos de primera necesidad.
• iShares® Core MSCI Europe ETF (IEUR): exposición a mercados europeos desarrollados.
• Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): abarca mercados desarrollados fuera de Estados Unidos.
• Technology Select Sector SPDR® Fund (XLK): empresas de tecnología e innovación.
• iShares® Nasdaq Biotechnology ETF (IBB): sector biotecnológico en Estados Unidos.
• Industrial Select Sector SPDR® Fund (XLI): empresas industriales, como fabricantes de maquinaria y transporte.
• Materials Select Sector SPDR® Fund (XLB): compañías de materiales básicos como productos químicos y metales.
• Real Estate Select Sector SPDR® Fund (XLRE): empresas relacionadas con bienes raíces y REITs.
• iShares® S&P 500 Value (IVE): estrategias basadas en compañías de valor.
• iShares® S&P 500 Growth ETF (IVW): estrategias centradas en empresas de crecimiento dentro del S&P 500.
• Health Care Select Sector SPDR® Fund (XLV): empresas del sector salud, incluyendo farmacéuticas y dispositivos médicos.
• Communication Services Select Sector SPDR® Fund (XLC): compañías relacionadas con servicios de comunicación y conectividad digital.

A partir de 2025, los residentes del estado de Nueva York podrían recibir cheques sorpresa de hasta 250 dólares correspondientes a fondos no reclamados, sin necesidad de realizar trámites previos. Esta medida responde a una actualización en la ley estatal de propiedad abandonada, que busca reducir las trabas burocráticas y acelerar el proceso de devolución de dinero a los ciudadanos.

Según explicó a la prensa el contralor estatal Thomas DiNapoli, “para cualquier reclamo de fondos no reclamados de 250 dólares o menos, haremos una verificación de la propiedad legítima y, en lugar de solo notificarle que tenemos dinero, le enviaremos el cheque directamente”.

Esto marca un cambio significativo respecto al procedimiento anterior, que requería que los residentes presentaran solicitudes para recibir cualquier cantidad de dinero, sin importar lo pequeña que fuera.

Cuándo comenzarán a entregar los cheques en Nueva York

El envío de los cheques comenzará en enero de 2025, y la medida tiene como objetivo simplificar el proceso de recuperación de dinero perteneciente a cuentas bancarias inactivas, inversiones olvidadas, tarjetas de regalo vencidas y cheques de seguros no reclamados que fueron transferidos al estado tras un período de inactividad.

La nueva ley solo aplicará a fondos no reclamados reportados a partir de 2025. Los montos previos a esa fecha seguirán requiriendo que los beneficiarios presenten un reclamo formal para poder recuperar su dinero.

Cuáles son los fondos involucrados en la devolución automática

La nueva ley abarca una amplia variedad de fondos no reclamados que han sido transferidos al estado de Nueva York tras permanecer inactivos durante un tiempo determinado. Estos fondos incluyen:

• Cuentas bancarias antiguas: Dinero olvidado en cuentas de ahorro, corrientes o depósitos a plazo que no registraron actividad por un periodo prolongado.
• Inversiones y dividendos: Acciones, bonos u otros instrumentos financieros cuyos titulares no reclamaron pagos o beneficios asociados.
• Cheques de seguros no cobrados: Reembolsos o indemnizaciones de compañías de seguros que nunca fueron depositados o utilizados.
• Tarjetas de regalo caducadas: Tarjetas de regalo de grandes minoristas que fueron registradas pero no utilizadas antes de su fecha de vencimiento.

El contralor Thomas DiNapoli explicó que gran parte del dinero retenido corresponde a personas fallecidas. En estos casos, los herederos pueden presentar una reclamación, aunque deberán aportar documentación adicional para demostrar su derecho a esos fondos.

DiNapoli detalló: “Si usted es un heredero legítimo, digamos que un padre o abuelo falleció, puede reclamar ese dinero también. Necesitaremos más documentación”.

Límites y excepciones de la nueva ley

Si bien la nueva legislación simplifica el proceso de devolución de fondos no reclamados, establece límites claros en cuanto a los montos y las fechas aplicables.

Monto máximo de devolución automática:
La ley permite que los residentes de Nueva York reciban automáticamente cheques de hasta 250 dólares. Cualquier monto superior a esa cifra sigue requiriendo que la persona presente una solicitud formal para reclamarlo.

Aplicación temporal:
La normativa se aplicará únicamente a los fondos reportados a partir de enero de 2025. Los 19 mil millones de dólares en fondos no reclamados que ya existen hasta noviembre de 2024 no son elegibles para este proceso automatizado.

Para reclamar esos fondos, los residentes deberán seguir el procedimiento tradicional, que implica buscar sus nombres en la base de datos estatal y presentar un reclamo.

Reclamaciones de herederos:
En los casos en que el titular original de los fondos haya fallecido, los herederos legítimos aún deberán presentar documentación adicional que demuestre su derecho a reclamar el dinero. Este proceso no se automatiza debido a la complejidad de verificar la propiedad y los vínculos familiares.

Río de Janeiro, 16 nov (EFE).- La necesidad de reglas y de fondos específicos para resolver el problema de acceso a la vivienda, una de las principales reivindicaciones de Barcelona, fue incluida en el documento que unas 87 ciudades de todo el mundo entregarán en la Cumbre que tendrán los líderes del G20 a partir de lunes en Río de Janeiro.

"En esta cumbre en Río hemos introducido o hemos puesto el acento en el tema de la vivienda. La vivienda es un problema global de todas las grandes ciudades del mundo, del sur global, pero también de los países europeos occidentales", afirmó en entrevista con EFE el alcalde barcelonés, Jaume Collboni al referirse a los asuntos discutidos en la cita en esta ciudad brasileña de la Urban 20, una red que reúne a alcaldías de todo el mundo.

El alcalde de la ciudad española explicó que el acceso a la vivienda dejó de ser problema de los países pobres y se extendió a varios países de Europa, en donde el aumento de los precios y de los alquileres está expulsando principalmente a jóvenes y clase media.

"El acceso a la vivienda es hoy una de las principales fuentes de desigualdad en las grandes ciudades. Los precios de alquiler en Europa aumentaron un 50 % en los últimos diez años y en mi ciudad un 70 %. Eso supone expulsar a la población, sobre todo la gente joven, gente trabajadora y gente de la clase media", dijo.

El asunto fue incluido en el documento que los alcaldes reunidos en Río entregarán el domingo al jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para que, en su calidad de presidente temporal del G20, lo eleve a la Cumbre de las mayores economías del mundo.

"Tenemos necesidad de dos cosas que es lo que planteamos en estos foros internacionales. Por un lado la capacidad reguladora de las ciudades, es decir, que podamos regular el mercado de la vivienda desde el sector público, y también necesitamos acceso a fondos que en este momento se están articulando a nivel de los Estados", dijo.

Afirmó que Barcelona, por ya contar con ese poder, impuso una norma para regular los precios de alquiler, que está permitiendo desacelerar su subida, y otra para suprimir completamente, a partir de 2028, los pisos turísticos que son ofrecidos por algunas plataformas de alquiler de vivienda temporal.

Agregó que tales plataformas están entrando en muchas ciudades y expulsando a la población.

Explicó que, para poder adoptar tales reglas, España le concedió a los ayuntamientos poder de regular cuando sus áreas sean declaradas como "zonas tensionadas", es decir cuando enfrenten problemas por los precios de la vivienda y por de expulsión de las población de las ciudades.

"Y hay muchas ciudades europeas que están pidiendo lo mismo: esa capacidad reguladora allí donde hay tensión en el mercado de la vivienda", dijo.

Agregó que a Barcelona también se le delegó la capacidad de dar o no licencias a los pisos turísticos y que la decisión de la ciudad fue que "no dar ni una sola prórroga más a partir de 2028".

Esa decisión, dijo, permitirá que entren al mercado unas 10.000 viviendas que actualmente son de uso turístico.

Igualmente para mejorar el acceso a la vivienda "queremos proponer que la capacidad de endeudarnos que tengamos las administraciones para hacer vivienda pública no compute en las reglas fiscales de la Unión Europea, es decir, que, si en los próximos años se vuelve a limitar la capacidad de endeudamiento de las administraciones, la vivienda sea una excepción".

Aseguró que, ante la necesidad de elevar la oferta de vivienda y hacerla más asequible, también son necesarios fondos que puedan ser ofrecidos por los gobiernos nacionales o por organismos multilaterales.

"Y en el caso de la Unión Europea, tenemos la novedad que ahora por primera vez va a haber una línea de subvenciones y de fondos para la promoción de vivienda protegida. Su idea es incluir la vivienda asequible como una prioridad social, es, creo, una de las novedades de este foro", aseguró. EFE

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Valencia, 13 nov (EFE).- La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha pedido formalmente a la RFEF un partido de la selección española absoluta masculina en Mestalla y otro de la femenina en el Ciutat de València para conseguir fondos y destinarlos a los afectados de la dana, ha confirmado el presidente de la FFCV, Salva Gomar.

"No está confirmado ya, pero hasta que no se juegue no voy a parar. Ayer lo volví a decir (en la reunión del Comité de Crisis creado ad hoc) y creo que va a jugar la absoluta en marzo y la femenina no sé la fecha, pero hasta que no lo confirmen no voy a parar", aseguró en declaraciones a medios Gomar.

Del mismo modo, la FFCV ha llegado ya a un acuerdo para celebrar un partido de leyendas con la AFE y la Real Federación Española de Fútbol, una de las múltiples iniciativas propuestas por el organismo del fútbol valenciano destinadas a conseguir fondos y aumentar la sensibilidad respecto a lo ocurrido a los clubes que han sufrido las consecuencias de la dana.

La FFCV incidió en un comunicado que, ahora mismo, los clubes afectados necesitan material deportivo, equipamiento, transporte para partidos y entrenamientos, costes de arbitrajes, coordinación de cesión de instalaciones por parte de otros clubes y más aspectos necesarios para la actividad competicional, aunque por ahora la FFCV costeará desplazamientos y arbitrajes.

Además, la FFCV ya ha habilitado un número de cuenta para recibir donaciones para la recuperación del fútbol y fútbol sala en Valencia, el ES53 0081 0145 0900 0462 2469, unas donaciones que se reciban en esa cuenta irán directa e íntegramente para la aplicación de este Plan de Recuperación. EFE

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“Estamos encaminados y charlando, pero hasta último minuto esto no termina”, plantea un intendente del peronismo que está metido de lleno en las diferentes negociaciones que se dan en La Plata para que la Legislatura bonaerense vote favorablemente este jueves el Presupuesto provincial y la Ley Fiscal Impositiva para el año entrante.

Esas dos leyes, sumado a los cambios en el régimen de jubilaciones para empleados del Banco Provincia aparecen como temario puesto —y que seguramente se termine aprobado— de una maratónica sesión que podría finalizar cerca de la madrugada del viernes.

Para ambas leyes —Presupuesto y Ley Fiscal— el oficialismo precisa de mayoría simple, ya que consiguió la semana pasada un dictamen favorable de comisión. Es decir, que si hay 92 diputados —la totalidad de los presentes— necesitará de 47. El bloque de Unión por la Patria que preside el camporista, Facundo Tignanelli cuenta con 37. En el Senado, por su parte, precisa de 24 senadores de un total de 46 que tiene la Cámara. El peronismo cuenta con una bancada de 21 miembros y precisa tres aliados. Los cañones apuntan a la bancada que se llama Libertad Avanza y preside el senador Sergio Vargas, pero que nada tiene que ver con Javier Milei a esta altura.

Pero las iniciativas podrían tener un acompañamiento mayor si el Ejecutivo afina el pedido de oficialistas y opositores para incluir un fondo destinado a los municipios que en la redacción original del proyecto no estaba incluido. Según confiaron a Infobae negociadores, hace semanas que el tema empezó a charlarse de manera reservada. Este martes se hizo público y trascendió una cifras tras una reunión que mantuvieron intendentes del peronismo y las principales espadas legislativas. Se habla de un monto final de 450 mil millones de pesos a destinarse entre los 135 municipios. “Nosotros ponemos la cara, pero esto le sirve a oficialistas y opositores”, aclaraba uno de los intendentes que estuvo en el encuentro del martes que se llevó adelante en la Sala 30 de la Cámara de Diputados.

Hay un tema dentro del Presupuesto que se terminará de resolver en el correr de este jueves y tiene que ver con el pedido de endeudamiento. La oposición podría plantear sacarlo del Presupuesto y votarlo más adelante, puntualmente en febrero. La aprobación de ese artículo requiere de los dos tercios. Hasta la noche del jueves, por cómo se habían dado las negociaciones, el oficialismo no llegaba a esa instancia.

En cuanto a la ley que limita las reelecciones indefinidas los intendentes más pesimistas planteaban que recién en febrero el tema se podía llegar a poner sobre la mesa para conseguir una ley que derogue lo sancionado en 2016 que básicamente limita los mandatos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares a una sola reelección. Los más optimistas todavía dejan correr que hay un hueco para que este jueves el tema termine en el recinto. “No lo descartaría”, planteó un intendente con real interés. En los bloques opositores admiten que el peronismo puede avanzar. “Si aparece el proyecto o lo que fuera nos vamos a plantar”, adelantaban desde las bancadas del PRO.

Como contó Infobae, una de las alternativas es que este jueves aparezca un artículo en el Presupuesto derogando la ley. El Frente Renovador, que tiene diez diputados dentro de la bancada de UP y una senadora en el bloque oficialista de la Cámara alta, seguía rechazando hacerle cambios a la ley que limita los mandatos y la estrategia de quiénes querían derogar la norma entraban en un laberinto.

“No tiene nada de malo. En su momento, Vidal metió el juego on line en un Presupuesto con un artículo”, anticipó un intendente que buscar dar de baja la iniciativa que regula las reelecciones.

La presencia de los representantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria y Sergio Torres, en la Cámara de Diputados también sorprendió este miércoles. Los cortesanos mantuvieron una reunión con los presidentes de bloques y autoridades de cámaras. Trasladaron su inquietud por los recursos dispuestos en el Presupuesto para el funcionamiento del Poder Judicial. Dicen que para funcionar precisan $90 mil millones y a hoy el presupuesto les contempla $21 mil millones. Según se informó desde la propia Cámara de Diputados, el presidente de la Corte agradeció a la Cámara por haber escuchado las demandas y dijo que es la primera vez que el ministerio de Economía de la Provincia no los convoca para poder escuchar qué necesitan en el Presupuesto, siendo ellos un poder del Estado.

Al cierre de esta nota, el Ejecutivo bonaerense mostraba predisposición en avanzar con el diálogo para, en primera instancia, conseguir la mayor cantidad de votos posibles para el Presupuesto y la Ley Fiscal, pese a que a priori estarían los números necesarios. “Nosotros necesitamos las herramientas y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que así sea”, deslizaban.

La oposición cuestionó que incluso hasta la noche de este miércoles los pedidos y conversaciones con el Ejecutivo prácticamente eran nulos y que empezaron “a caminar” a través del presidente de la Comisión de Presupuesto en Diputados, Juan Pablo De Jesús que le trasladaba los pedidos al ministro de Economía, Pablo López. En particular, lo que respecta a un fondo para los municipios y que sea de iguales características al que funcionó este año: es decir, de libre disponibilidad. También solicitaban que el desembolso sea en menos cuotas.

La oposición sugería que para acompañar la Ley Fiscal, el Ejecutivo debía hacer cambios en el artículo 158 y 163, entre otros. La disputa en torno al artículo 158 de la Ley Fiscal Impositiva refleja una fuerte oposición por parte de bloques como la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica, quienes exigen su eliminación. Este artículo establece un incremento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a las actividades de explotación de terminales portuarias, con montos que se pagarían de manera mensual y adicional a la alícuota vigente. Sin embargo, el Ejecutivo se niega a ceder en este punto.

Por su parte, el artículo 163 también genera polémica al otorgar, según la oposición, excesivas “facultades delegadas” a la Agencia de Recaudación Bonaerense (Arba). Este apartado permite que los impuestos inmobiliarios y automotores se calculen al momento de emitir cada cuota, utilizando un coeficiente ajustable que Arba tendría la facultad de modificar en función de posibles variaciones, un mecanismo que ha sido fuertemente cuestionado en el ámbito legislativo.

Junts ha registrado este jueves en el Congreso una Proposición no de ley (PNL) para la "activación inmediata de hasta 15.000 millones de euros para paliar los daños ocasionados por la DANA" mediante la modificación de los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha considerado como "chantaje" que el Gobierno de Pedro Sánchez vincule ayudas a unas nuevas cuentas públicas.

"Esta situación de emergencia exige una respuesta rápida y eficiente por parte de las instituciones públicas para proporcionar el apoyo necesario a los municipios afectados y a sus habitantes", ha sostenido la formación en un comunicado.

Así, para activar los mecanismos para dotar a los municipios afectados de los recursos económicos y materiales, Junts ha planteado que se modifiquen las partidas del presupuesto anual para dotar "fondos específicos adicionales para la ayuda a los ciudadanos afectados por la DANA y la reparación y mejora de las infraestructuras".

También propone destinar "los recursos necesarios" para ayudar a agricultores, ganaderos, autónomos de todos los sectores y las empresas afectadas a retomar sus actividades para minimizar las pérdidas económicas.

Asimismo, la PNL insta a todas las administraciones a "realizar una gestión eficiente de los fondos, con mecanismos de control y supervisión que garanticen su correcta aplicación" y a crear planes de recuperación específicos para reforzar la capacidad de resiliencia de los territorios afectados.

NO ESPERAR A LOS PGE DE 2025

En el mismo comunicado, Junts ha sostenido que las ayudas a las víctimas afectadas en la Comunidad Valenciana y, en menor medida, en Cataluña, "no pueden esperar la larga tramitación de unos hipotéticos presupuestos españoles para el año que viene".

"Es necesaria una respuesta inmediata para los damnificados", ha insistido la formación, que ha defendido textualmente que el Gobierno tiene instrumentos presupuestarios para activar de manera inmediata esos mecanismos.

Junts ha planteado que los nuevos recursos se aprueben en el plazo máximo de un mes.

El modo morado de WhatsApp ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar la apariencia de la aplicación. Esta opción permite ajustar el fondo de los chats, modificar el diseño del teclado del dispositivo y personalizar el logo de la plataforma en la pantalla de inicio.

Para reemplazar el logo, es necesario utilizar Nova Launcher, una aplicación desarrollada por terceros. Por otro lado, la configuración del fondo de los chats se realiza directamente desde las opciones de WhatsApp, mientras que la personalización del teclado puede lograrse a través de Gboard, la herramienta de Google.

Cómo cambiar el fondo de los chats en WhatsApp

Para cambiar el fondo de los chats en WhatsApp y activar el modo morado, es necesario considerar estos pasos:

1. Abrir la aplicación móvil.
2. Dirigirse a ‘Ajustes’ y seleccionar la opción de ‘Chats’.
3. Ir a ‘Fondo de pantalla’.
4. Pulsar ‘Cambiar’.
5. Ir a ‘Colores sólidos’ y escoger un fondo con tonalidad morada.
6. Seleccionar ‘Establecer fondo de pantalla’.

Cómo personalizar el color del teclado del teléfono

Para personalizar el color del teclado en el teléfono, es necesario instalar Gboard, la aplicación de Google que permite modificar su apariencia. Una vez instalada, seguir estas instrucciones:

1. Dirigirse a WhatsApp y abrir un chat.
2. Habilitar el teclado.
3. Pulsar el ícono de una paleta.
4. Escoger un tema con tonalidad morada de Gboard.
5. Seleccionar ‘Aplicar’.

Cómo puedo cambiar el logo de mi WhatsApp

Para modificar el logo de WhatsApp en la pantalla de inicio, es imprescindible instalar Nova Launcher y configurarlo como el lanzador predeterminado. Esto otorga los permisos necesarios para personalizar la apariencia de las aplicaciones. A continuación, se deben seguir estos pasos:

1. Descargar una imagen de alta calidad alusiva al color morado. El usuario debe asegurarse de que la foto se guarde en la carpeta de ‘Descargas’ de la galería del dispositivo.
2. Dirigirse a la pantalla de inicio y pulsar el ícono de WhatsApp.
3. Ir a ‘Editar’, luego a ‘Aplicaciones’ y a ‘Fotos’.
4. Buscar la imagen descargada previamente y seleccionarla.
5. Configurar su tamaño y confirmar con la opción ‘Listo’.

La aplicación no solicita permiso para acceder a la galería del teléfono, pero aun así puede visualizar las fotos almacenadas. Según su descripción en Play Store, los datos recopilados de los usuarios “pueden ser compartidos con otras empresas u organizaciones”. No obstante, no se especifica qué tipo de información se comparte ni cuáles son las entidades receptoras.

Para qué sirve activar el modo morado en WhatsApp

Activar el modo morado en WhatsApp permite a los usuarios personalizar la apariencia de la aplicación, ofreciendo una estética diferente a la interfaz tradicional. Con este modo, es posible modificar elementos como el fondo de los chats, el diseño del teclado y el logo de la app en la pantalla de inicio.

Estas opciones suelen ser utilizadas por quienes buscan diferenciar su experiencia visual o darle un toque único a su aplicación. Sin embargo, algunas de estas modificaciones requieren el uso de herramientas externas, como Nova Launcher para personalizar el logo, o Gboard para cambiar el teclado.

Nuevas funciones que han llegado a WhatsApp

WhatsApp ha agregado nuevas funciones como:

• Filtros para fotos y videos

Al momento de utilizar la cámara de WhatsApp, ahora los usuarios pueden acceder a una serie filtros, efectos y fondos para personalizar aún las fotos y videos que tomen.

• Estados rectangulares

Los estados actualmente se presentan en un formato rectangular y muestran una vista previa de su contenido, algo similar a Facebook.

• Transcripciones de mensajes de voz

Con las transcripciones, los usuarios pueden convertir en texto el contenido de un mensaje de voz. Los idiomas admitidos actualmente son inglés, portugués, español y ruso.

La negociación del Presupuesto bonaerense tiene un fusible clave para su avance o retroceso: la inclusión de un fondo especial destinado a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Un ítem que siempre aparece en cada discusión presupuestaria y que este año no es la excepción. Solo que esta vez y hasta el momento el gobierno de Axel Kicillof no ha dado las señales que los intendentes y legisladores de la oposición esperaban sobre el tema.

En la última discusión presupuestaria, el Ejecutivo habilitó un fondo al que llamó Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, cuyo uso fue de libre disponibilidad y por un monto originario de $116.000 millones a pagarse en cuatro cuotas. El último, cuyo vencimiento era a finales del mes octubre, se activó a mediados de la semana pasada antes de que produzca una reunión entre legisladores oficialistas y opositores y el titular de ARBA, Cristian Girard. La UCR y el PRO habían adelantado que hasta que no se cubriese el último tramo del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal no habilitarían ninguna negociación.

Luego de ello, el Ejecutivo también giró fondos adeudados correspondientes a los gastos por la logística y el traslado de las delegaciones de los Juegos Bonaerenses, que los municipios cubrieron para garantizar la participación en la competencia provincial que todos los años tiene sus finales en Mar del Plata.

Pero todavía falta para sentar postura por el Presupuesto y la Ley Fiscal. La demanda central de los bloques opositores -sobre todo los que tienen legisladores que responden a intendentes- tiene que ver con la inclusión de un fondo como el que se viene implementando desde el primer año de la gobernación de María Eugenia Vidal.

Este lunes, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, planteó sobre la posibilidad de incluir un fondo similar que funcionó durante este año: “Creemos que en el Presupuesto están contemplados los fondos necesarios para los municipios, los fondos vinculados a los diferentes programas tanto para que ejecute la provincia como para que ejecuten los municipios. Con el enorme plan de obras que tiene la Provincia y que le vamos a dar continuidad el año que viene, creo que es importante tanto para la Provincia como para todos los municipios que sigamos enfocados en dar respuestas a los bonaerenses, que sigamos trabajando en apuntalar la infraestructura que es algo que se tiene que dar de manera coordinada y todos nuestros esfuerzos ponerlos en ese sentido”.

“No quieren saber nada con un fondo, lo que plantea el Gobierno es meter por infraestructura la demanda que venimos haciendo. Nosotros queremos un fondo como el de este año”, plantea un intendente radical, atento a las negociaciones que se vienen dando en La Plata por este tema.

La Unión Cívica Radical cuenta con 27 intendentes y representación legislativa en ambas cámaras. Por ello, es uno de los espacios que pone sobre la mesa de negociación la inclusión de un fondo particular que en la redacción original del Presupuesto es inexistente. “De nuestra parte vamos a seguir acompañando a todos los municipios como lo venimos haciendo, coordinado política con todos ellos y atentos a las discusiones que se den en la Legislatura para poder contar con las leyes el año que viene”, agregó López sin dar mayores precisiones sobre si hay margen o no para incluir un fondo como el que reclama la oposición.

En Diputados, la UCR, tiene dos bloques; uno que responde al esquema del senador nacional Maxi Abad y el hasta ahora electo presidente del Comité provincia, Miguel Fernández, por un lado, y una bancada más cercana al diputado nacional Facundo Manes y el senador nacional Martín Lousteau. Entre esos bloques empieza a haber conversaciones con el objetivo máximo y final de unificar las bancadas y llegar a un espacio de 15 integrantes y superar numéricamente a La Libertad Avanza y al PRO.

En los bloques legislativos del PRO también alientan que haya un fondo particular para atender las necesidades de los municipios. La fuerza que a nivel provincial comanda el diputado nacional, Cristian Ritondo, gobierna en 16 distritos de la provincia de Buenos Aires.

En el medio, hay un punto dentro del Presupuesto que es clave para el interés del Poder Ejecutivo y tiene que ver con el pedido de autorización de deuda. Según el artículo 33 del proyecto presentado por Axel Kicillof, se solicita autorización para tomar una deuda de 1.045 millones de dólares, una operación que podría ser utilizada para diversos fines. El objetivo declarado de la toma de deuda es “afrontar la cancelación y/o renegociación de deuda financiera y/o judiciales no previsionales”, además de destinarse a cubrir los servicios de la deuda o mejorar el perfil de vencimientos. Sin embargo, la oposición ha planteado la necesidad de conocer el desglose detallado de cómo se distribuirán los recursos para cada uno de estos compromisos, en caso de que se autorice la totalidad de la deuda solicitada ante la Legislatura.

Para la aprobación de ese artículo se requiere de los dos tercios de los votos y es allí donde el peronismo tendrá que ceder, pues los bloques de Unión por la Patria están lejos de esa condición en ambas cámaras. Tanto en Diputados como el Senado son primera minoría y siempre requieren de un bloque aliado para alcanzar el quorum. Generalmente, lo vienen haciendo junto a los llamados libertarios dialoguistas, pero incluso sumando a esa bancada tampoco se llega a los dos tercios.

Pese a que no lo exijan a viva voz como lo hacen los bloques opositores, la inclusión de un fondo particular también tiene el interés y respaldo de los intendentes del peronismo. “Es lo primero que miramos cuando vemos el Presupuesto, qué obra nos tocó y si hay o no un fondo para los distritos”, planteó ante Infobae un jefe comunal del peronismo del interior bonaerense donde los fondos frescos que envía la gobernación tienen más impacto que un distrito grande del conurbano bonaerense.

“La semana pasada el Presidente dijo, literal, que en poco tiempo la economía iba a estar volando. Me permito corregirlo, la economía ya está volando desde que llegó Milei, pero está volando en picada y hacia abajo: esperemos que no se estrelle”. El diagnóstico que realizó ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, evidencia parte del posicionamiento con el que vuelve a intentar ganar la agenda el gobierno de Axel Kicillof. Tras la encerrona en la que lo ubicó la interna del peronismo, el gobernador retoma la confrontación con el plan de Javier Milei parado en los recursos que su gestión dejó de recibir de parte de Nación. Pese a ello, la discusión interna del peronismo pareciera no ceder y la dinámica exhibida de la misma lo sigue imantando al gobernador.

Este lunes, el gobierno bonaerense hizo un detallado repaso de los fondos que dejó de recibir desde que Javier Milei está al frente del Ejecutivo con cierre a noviembre de este año, que incluye deudas directas, el saldo de obra pública que dejó de ejecutarse o no se inició pese a estar proyectada y, la deuda por discontinuidad o retraso de programas nacionales. El total alcanza $7,8 billones de pesos.

Lo que busca poner en la agenda la gestión de Kicillof es la disputa con la administración Milei. Una dinámica que en la primera etapa del año tuvo su momento de esplendor, pero que en el último tiempo se fue bajando la intensidad por diferentes factores. Uno de ellos tuvo que ver la atención que se llevó la discusión interna del peronismo, con la renovación de autoridades del Partido Justicialista en el medio y la figura de Cristina Kirchner retomando la centralidad.

Además, en La Plata reconocen que el gobierno nacional “vive corriendo la cancha” y seguirle el tranco se vuelve complejo. El último asunto se evidencia con la discusión electoral hacia el año que viene. Primero, la adopción de Boleta Única, que sancionó el Congreso y por el que la administración de Kicillof se mostró en contra, ante el impacto que recaerá en la provincia que gobierna, la de mayor peso electoral. Ese malestar ya se convirtió en resignación.

Buenos Aires tendrá, de mínima, elecciones concurrentes el año que viene. Resta saber si habrá desdoblamiento utilizando la boleta partidaria, si habrá PASO o no -otra decisión atada a lo que suceda en el Congreso- y si finalmente la oposición bonaerense podrá imponerse en su intención de aplicar la Boleta Única de Papel para la elección de cargos provinciales y municipales para las elecciones del año que viene: legisladores, concejales y consejeros escolares. Un tema que buscarán poner en la mesa de negociación sobre fin de año, que incluye el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva como contexto político.

“Todas las opciones están sobre la mesa”, reconoce un asesor del gobernador. El tema sigue siendo de análisis. De eso se habló incluso la semana pasada, cuando Bianco mantuvo reuniones en Casa Rosada. Un encuentro que corrió por dos andariveles: gestión y cuestión electoral.

Fue en el terreno de la gestión en la que Kicillof decidió volver a confrontar con Milei y esquivar los asuntos internos del peronismo. Sin embargo, algunos dirigentes de Unión por la Patria no excluyen al gobernador de los ruidos internos que atraviesa el espacio.

Intendentes de La Cámpora como Julián Álvarez (Lanús) o Mayra Mendoza (Quilmes) son los casos más elocuentes. La intendenta de Quilmes, estimó días atrás que el gobernador no podía estar ajeno de los movimientos del jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que realizó algunas recorridas por los distritos de Quilmes y Lanús. En La Cámpora de la provincia de Buenos Aires, también se pronunciaron el presidente del bloque de Diputados, Facundo Tignanelli u otros jefes comunales de La Cámpora.

En la mesa política de Kicillof esquivan toda polémica. Apuestan a la confrontación con Milei. Pese a la ofensiva expuesta desde La Plata por el reclamo de fondos hacia la gestión de libertaria, existen algunos vasos comunicantes entre la gobernación bonaerense y la Casa Rosada.

Son alrededor de mil las obras que la Nación paralizó en la Provincia, según cálculos de la administración Kicillof. Bianco reveló que de ese total, nueve serían retomadas por el gobierno. “Volví a reclamar que se lleven adelante estas obras públicas, me dijeron que iban a avanzar con aproximadamente unas nueve obras públicas. Estamos tratando de que eso suceda. Si lo hace se agradece, vamos a seguir pidiendo por las otras 990 obras públicas de la provincia de Buenos Aires”, explicó la mano derecha de Kicillof.

Los proyectos que se analizan retomar corresponden a los convenios que la Nación tenía con los municipios pautados para ejecutarse en 2024, pero se paralizaron. Según cálculos de la cartera que encabeza Bianco hay 750 obras de estas características que estaban comprometidas por un monto estimado de $462 mil millones de pesos. “Ninguna de las obras que dicen que van a retomar -desde el gobierno nacional- son obras de gran volumen”, plantean en La Plata.

Letur (Albacete), 6 nov (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha adelantado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, solicitará en Bruselas, en el Comité de las Regiones, que se reúne los días 20 y 21, que se amplíen las ayudas por desastres climáticos para hacer frente a los efectos de la dana.

Caballero ha hecho este anuncio, en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles durante su visita a Letur (Albacete) donde ha supervisado la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas de la dana, que ha empezado a funcionar ya este miércoles, con el respaldo de la Junta, el Gobierno central, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la localidad.

Ha indicado que el presidente autonómico pedirá no solo reforzar este fondo y aumentarlo, sino que también planteará la necesidad de disponer de otros fondos que ya tiene la Unión Europea para otros objetivos, como los fondos de cohesión FEDER o el Fondo Social Europeo Plus, e incluso poder utilizar los fondos que en la pandemia se destinaron al Plan de Recuperación para atender también esta crisis y que no haya "un problema de recursos".

Caballero ha explicado que "hay un Fondo de Solidaridad Europea que viene bien, pero que resulta insuficiente" por lo que ha considerado que "la Unión Europea tiene que reforzar su presupuesto y la agilidad para que lleguen las ayudas".

Se ha referido, por otro lado, a las ayudas que ha puesto ya en marcha el Gobierno central y se ha referido a que la Junta de Comunidades ya ha aprobado decretos para poder "actuar cuanto antes y cubrir todos los daños ocasionados", a través de distintas líneas.

"Nos interesa que no se genere polémica alrededor del decreto de ayudas del Gobierno de España", ha precisado Caballero.

Respecto a la Oficina de Atención a las Víctimas de la dana que ha comenzado a funcionar, ha subrayado que "la atención integral es la que mejor se puede dar" y ha considerado que "hubiera sido un error que la Administración estatal, la comunidad autónoma y el Ayuntamiento realizaran esta atención por separado".

Ha considerado que "este recurso puede servir de ejemplo para otros municipios afectados en Valencia", que las tres administraciones estén trabajando de manera conjunta y "los ciudadanos sepan que hay una sola puerta a la que dirigirse". EFE

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La congresista María Córdova Lobatón, integrante de la bancada de Renovación Popular, ha propuesto un proyecto de ley que permitiría a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) retirar hasta el 95,5% de sus fondos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al momento de jubilarse.

Esta iniciativa busca otorgar a los afiliados un mayor control sobre sus ahorros, permitiéndoles decidir cómo utilizar sus fondos de pensiones.

Sin embargo, aquellos que elijan esta opción no podrán acceder a beneficios de garantía estatal, según detalla la propuesta presentada por Córdova Lobatón.

La legisladora argumenta que esta medida facilitará el acceso a información clara sobre el cálculo de pensiones, lo que podría fomentar una mayor competencia entre las AFP. Además, destaca que la falta de ahorro es un problema común en la sociedad, atribuible a la limitada cobertura del sistema provisional actual.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto donde la cobertura del sistema provisional es considerada insuficiente, lo que ha llevado a muchos a no contar con ahorros suficientes para su jubilación.

La propuesta de la congresista busca así ofrecer una alternativa a los afiliados del SPP, otorgándoles la posibilidad de disponer de sus fondos de manera más flexible y adaptada a sus necesidades personales al momento de retirarse.

SBS lanza nueva licitación de las AFP

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha lanzado el proceso de la séptima licitación de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), que determinará qué entidad administrará las cuentas de los nuevos afiliados durante un período de dos años, desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2027. Este proceso se lleva a cabo en cumplimiento de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, según lo establecido en la Circular N° AFP-184-2024.

La entidad que resulte ganadora de esta licitación será responsable de la afiliación de los trabajadores que se incorporen por primera vez al SPP. Estos nuevos afiliados permanecerán en la AFP adjudicataria durante el período mencionado.

En caso de que se produzca un empate entre dos o más AFP, la selección de la empresa adjudicataria se realizará mediante un sorteo entre las AFP implicadas, en presencia de un notario público. Este mecanismo busca garantizar la transparencia y equidad en el proceso de selección.

El objetivo principal de este proceso de licitación es mejorar las condiciones para los afiliados al sistema privado de pensiones, asegurando que más peruanos puedan acceder a una pensión en la vejez, así como a seguros de salud y de invalidez o muerte del trabajador. Esto está en línea con lo que establece la Constitución Política del Perú sobre la economía social de mercado.

Las AFP ganaron más de S/900 millones solo por comisiones

En el contexto económico actual, las AFP en Perú han experimentado un incremento significativo en sus ganancias por comisiones, a pesar de la recesión económica y los retiros masivos de fondos aprobados este año.

Según datos recientes de la SBS, las cuatro principales AFP del país —Hábitat, Integra, Prima y Profuturo— han visto un aumento en sus ingresos por comisiones, alcanzando los S/903 millones 18.487 al cierre de septiembre de 2024. Esta cifra supera los S/855 millones 567.214 registrados en el mismo periodo del año anterior.

A finales de 2023, las ganancias por comisiones de estas entidades alcanzaron hasta S/1.138 millones 691.137, lo que sugiere que 2024 podría cerrar con cifras aún más elevadas.

Las AFP, que gestionan los fondos privados de pensiones de millones de ciudadanos, obtienen beneficios significativos a través de las comisiones que los afiliados están obligados a pagar.

Este modelo de negocio ha permitido que, a pesar de las condiciones económicas adversas, las AFP continúen generando ingresos considerables. En comparación con el estado financiero de septiembre de 2023, las cuatro AFP han generado S/47 millones 451 mil 272,75 adicionales en el mismo mes de 2024.

El oficialismo no convocó esta semana a la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y el cronograma de actividades tampoco está claro para la semana que viene. Sin embargo, las negociaciones tras bambalinas con los principales bloques de la oposición no se detuvieron y los libertarios se mantienen firmes en su objetivo de avanzar con el dictamen del Presupuesto 2025 a mitad de noviembre para lograr la media sanción a más tardar en la primera mitad de diciembre.

En la oposición miran con desconfianza el cronograma oficialista y ponen reparos porque todavía no están resueltos algunos reclamos centrales de las provincias y los dialoguistas. “Hay avances y tomaron varios aportes en la redacción de los artículos”, explicaron a Infobae desde el radicalismo. Aunque reconocieron que las funciones que la Casa Rosada pretende trasladar a las provincias tienen como correlato una ardua discusión por los recursos que está lejos de resolverse.

Por ejemplo, las provincias quieren dejar plasmado en el Presupuesto un cambio en las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles. Actualmente, lo recaudado por ese tributo tiene seis asignaciones específicas (destinos) entre las que se destacan obras públicas y viales, y subsidios al transporte. Pero como el Gobierno cortó los subsidios y tampoco está haciendo las obras, se queda con ese dinero y lo utiliza para mantener el equilibrio fiscal.

“Que vuelva todo a la masa coparticipable y se reparta 56% para las provincias y 44% para la nación. Después cada distrito definirá cómo subsidiar el transporte, pero van a tener los recursos”, explicaron desde otro bloque dialoguista.

En la misma línea, varios bloques señalan que “no tiene lógica” que ARCA, el organismo que reemplazó a la AFIP, reciba -como hasta ahora- el 1,9% de la recaudación neta total para financiarse. Si, como afirma el Gobierno, la estructura de personal fue reducida para reducir el gasto, los recursos tributarios que salen de las provincias también tienen que volver a la masa coparticipable.

Algo similar ocurre con los Aportes del Tesoro Nacional -1% de la masa coparticipable prevista por la Ley 23.548- que el Ejecutivo históricamente distribuyó a discreción, pero ahora directamente bajó casi a cero.

La obra pública también genera tensiones. El PRO busca asegurarse la reactivación de los proyectos que ya tienen convenios firmados entre Nación y las provincias pero quedaron suspendidos. En particular, en Entre Ríos, Chubut y la ciudad de Buenos Aires, los tres distritos gobernados por hombres del PRO.

En tanto, otros gobernadores advirtieron que varios de los convenios firmados entre Nación y las provincias no quedaron incluidos en las planillas del Presupuesto. “Iban a pasar las nuevas planillas, pero todavía no lo hicieron. Una opción es ratificar los convenios en el proyecto”, señalaron a este medio.

Por otro lado, tanto el radicalismo como el bloque de Pichetto y la Coalición Cívica esperan una señal más contundente de que el Gobierno dará marcha atrás con la suspensión del artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Esta norma establece que el Estado debe garantizar un gasto consolidado (nación, provincias y CABA) no inferior al 6% del PBI para la Educación.

Mientras el PRO y la UCR aseguran que las negociaciones bilaterales continúan en buenos términos, los diputados de Encuentro Federal revelaron que el Gobierno rechazó todas sus propuestas. Los diputados conducidos por Miguel Ángel Pichetto quieren aumentar las jubilaciones, incorporar al haber el bono y automatizar su actualización, ampliar los fondos para las universidades y garantizar el flujo de transferencias a las cajas previsionales provinciales.

Para esto proponen un amplio menú de recortes que incluye las partidas de la Jefatura de Gabinete, la SIDE y la Secretaría General de Karina Milei, así como también limitar las exenciones de IVA a los directores de empresa, a la construcción y a los diarios y revistas, espectáculos públicos y la exención de Ganancias a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs). También una reducción del cupo fiscal que beneficia a las empresas de la Economía del Conocimiento, que pasará de $195.000 millones a $30.000 millones y afectará principalmente a las compañías más grandes como Mercado Libre y Globant.

“No queremos depender del Gobierno, por eso estamos trabajando en nuestro propio dictamen para poder avanzar con el debate”, señalaron a Infobae.

Madrid, 11 oct (EFECOM).- La gestora estadounidense de fondos Blackrock, la mayor del mundo, ha cerrado el tercer trimestre del año con unos activos gestionados por valor de 11,47 billones de dólares (unos 10,49 billones de euros), lo que supone un nuevo máximo, con un crecimiento de 2,4 billones de dólares (2,19 billones de euros) en los últimos doce meses.

En el último año, las entradas netas de fondos alcanzaron los 456.000 millones de dólares (unos 417.255 millones de euros), incluido el récord de 221.000 millones de dólares registrados en el tercer trimestre, según ha declarado el presidente y consejero delegado de Blackrock, Larry Fink.

En un comunicado remitido este viernes, la gestora ha explicado que entre enero y septiembre obtuvo un beneficio neto de 4.699 millones de dólares (unos 4.297 millones de euros), lo que supone un 13,8 % más que lo ganando un año antes.

Solo en el tercer trimestre, el beneficio se elevó un 1,7 %, hasta los 1.631 millones de dólares (1.491 millones de euros) .

Los ingresos alcanzaron, a cierre de septiembre, los 14.730 millones de dólares (13.472 millones de euros), frente a los 13.228 millones de dólares (12.098 millones de euros) de un año antes. EFECOM

Palma, 1 oct (EFECOM).- Banca March, a través de su gestora de capital riesgo March Private Equity, ha puesto en marcha March PE Global III, la tercera edición de este fondo que volverá a invertir en 'private equity' internacional tras el resultado positivo de los dos programas anteriores.

March PE Global I, comercializado en 2020, consiguió en sus primeros cuatro meses levantar el volumen objetivo de 250 millones de euros y superar los 600 inversores, ha detallado la entidad bancaria este martes en una nota.

En menos de 20 meses, el 100 % de su cartera quedó construida con 15 fondos que han invertido en más de 180 compañías subyacentes, como ha precisado Banca March.

En el caso de March PE Global II, se lanzó a finales de 2022 y en 18 meses ha construido el 93 % de su cartera con 12 inversiones en fondos y se espera completar la cartera este otoño con un total de 13 inversiones.

Esta segunda edición, que se lanzó para captar 250 millones de euros, superó los 360 millones en pocos meses con más de 700 inversores.

El lanzamiento del tercer programa coincide con el quinto aniversario de la constitución de la gestora March Private Equity, que nació para ampliar la experiencia de Banca March en mercados privados.

En detalle, el objetivo de captación de March PE Global III será de 350 millones de euros, de los cuales el Grupo Banca March comprometerá un 20 %, y ofrecerá a sus inversores la posibilidad de financiar hasta el 50 % de los desembolsos de capital. EFECOM

Pese a que la reforma de pensiones impulsada por el Congreso y el Ejecutivo había determinado que, a partir de su entrada en vigencia, no habría ningún otro tipo de retiro facultativo, la redacción final de la nueva Ley de Pensiones permitirá una salvedad para el pago de algún crédito hipotecario que el afiliado ostente. ¿Cuáles serán las condiciones?

Resulta necesario recordar que, con la extinta ley de las AFP, los trabajadores incorporados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ya podían disponer de hasta el 25% del fondo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de aportes obligatorios para la cuota inicial de una nueva casa.

Este “único inmueble urbano” debía ser para casa habitación, siempre que se trate de un crédito hipotecario otorgado por una entidad del sistema financiero, es decir, por algún banco, caja municipal o financiera. Vale precisar que algunas de las cuatro AFP en el mercado peruano (Habitat, Profuturo, Integra y Prima) tienen algún banco detrás.

Ahora, la nueva ley emitida por el Congreso de la República, y que espera reformar totalmente el sistema previsional para beneficio de todos los peruanos, permitirá también un retiro de 25% de los fondos privados para “amortizar un crédito hipotecario que haya sido utilizado para la compra de un único inmueble urbano, y cuya finalidad sea la de casa habitación”.

Las condiciones serán similares a las del retiro para la compra de una primera casa: el crédito también deberá ser emitido por una entidad del sistema financiero o una Coopac que solo opera con sus socios y que no está autorizada a captar recursos del público u operar con terceros de los niveles 2 o 3. Dicha afectación podrá darse en cualquier momento de su afiliación.

Pensiones AFP y créditos hipotecarios

Hugo Perea, economista jefe para Perú del BBVA Research, explic que el mercado de los créditos hipotecarios en el Perú está en una fase de recuperación “incipiente”, por lo que no descarta que nuevos retiros de los fondos de pensión puedan suponerles alguna mejora.

Para el especialista, los retiros, en general, van a permitir que algunos afiliados -no todo el universo- puedan completar alguna cuota de un crédito vigente o, eventualmente, brindar un soporte parcial a la recuperación del mercado de créditos para primera vivienda.

No obstante, manifestó su preocupación porque se empiecen a “generar más posibilidades de seguir haciendo pagos a partir” de estos fondos previsionales. Cabe precisar que la propuesta de retiro del 25% para amortizar este tipo de préstamos había sido cuestionada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante su debate en la Comisión de Economía del Congreso.

En tanto, el gerente de marketing de Urbania, Luciano Barredo, explica que, de por sí, ya se podía retirar el 25% de los fondos previsionales para amortizar algún crédito, aun cuando la idea era que el dinero se destinara a una primera vivienda. Esto, porque “no estaba bien definido en la ley”.

“Casi el 90% de los que retiraron la primera vez el 25% de sus AFP para primera vivienda, lo hizo justamente para amortizar un crédito previo”, relató para Infobae Perú.

Aunque Barredo reconoce un beneficio para las personas con problemas para honrar sus préstamos hipotecarios, también señala que la nueva ley “no generaría un mayor dinamismo en el sector inmobiliario”, el cual se encuentra estancado y a la espera de más tenedores de créditos.

“No se da un impulso al sector. La idea es que hayan nuevos desembolsos para incrementar la demanda, no que se paguen los anteriores. Hoy la oferta de viviendas no cubre la demanda. Eso complica al mercado porque no salen nuevos proyectos”, relató.

¿Podrá ser usado para la ONP?

El retiro facultativo del 25% de los fondos previsionales para amortizar un crédito hipotecario, o para la compra de una primera vivienda, es materia exclusiva de los clientes que se encuentran en el sistema privado, en el que ahora las AFP competirán con bancos, cajas municipales, financieras y grupos de inversión, entre otros, para la captación de fondos.

El sistema público, que quedará a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), actúa de una manera diferente: los más jóvenes aportan a una bolsa común, de la cual el Estado peruano toma para atender a los jubilados. No hay ninguna forma de ahorro particular.

Esta salvedad promovida por la nueva Ley del Congreso ha sido entendida por muchos especialistas como otra piedra en el zapato para la ONP, pues genera mayores desincentivos para que sea el Estado el que entregue pensiones fijas a los ciudadanos. Con el tiempo, hay cada vez menos personas en el sistema público y esto genera que los afiliados tengan que ser subsidiados, en la práctica.

Luis Miguel Pascual

París, 29 sep (EFE).- La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen se sienta este lunes en el banquillo de los acusados por un presunto desvío de 6,8 millones de euros del Parlamento Europeo para financiar su partido político, un juicio que pone en jaque sus opciones de presentarse por cuarta vez a la carrera por el Elíseo en 2027.

La actual cabeza de los parlamentarios de extrema derecha en la Asamblea Nacional está acusada, junto a otras 26 personas, de haber pagado con dinero de la Eurocámara a personal que trabajaba para el partido, haciéndoles pasar por asistentes parlamentarios de Bruselas, entre 2004 y 2016.

Un delito por el que puede ser condenada a diez años de prisión, un millón de euros de multa y diez años de inhabilitación, lo que dejaría en suspenso su ambición de convertirse en la primera presidenta de Francia.

Le Pen niega esa acusación y se considera perseguida por la justicia, a la que acusa de tratar de frenar su asalto al poder que los sondeos dan como posible tras un constante ascenso electoral en los últimos años que le llevó a ser la opción más votada en las pasadas legislativas con más de 10 millones de sufragios.

Su entorno ha asegurado que Le Pen acudirá de forma regular al tribunal y que no se escudará en sus abogados, pese a que el juicio coincide con una cargada actualidad política, con los primeros pasos del nuevo Gobierno dirigido por Michel Barnier cuya supervivencia depende de la tutela de la extrema derecha.

Diez años de investigación y casi 2.500 pruebas han sacado a la luz lo que la acusación ha bautizado como "una trama para atribuir al Parlamento Europeo buena parte de los gastos del Frente Nacional", rebautizado posteriormente como Agrupación Nacional.

El dinero que la Eurocámara entrega a cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios servía en realidad para retribuir a empleados del partido, según la Fiscalía, que ha acumulado testimonios, mensajes internos y otras pruebas para apoyar la acusación.

En la cúspide de esa trama estaba, en un primer momento, Jean-Marie Le Pen, él mismo diputado europeo durante más de 30 años, el gran ausente del banquillo de los acusados por su delicado estado de salud a sus 96 años.

El relevo lo tomó su hija Marine, que entró en la cámara de Bruselas en 2004 y que, siempre según la acusación, prosiguió con el sistema que permitió al partido superar la difícil situación financiera que le obligó incluso a vender su cuartel general histórico a las afueras de París.

Aunque la Fiscalía sostiene que el desvío de fondos es antiguo, fue a partir de 2014 cuando cobró una mayor fuerza, porque el FN ganó las Europeas francesas y sentó 24 parlamentarios en Bruselas y Estrasburgo, que tenían a su servicio 23.000 mensuales cada uno para contratar asistentes parlamentarios.

La propia Le Pen utilizó el dinero para pagar el salario de su jefa de gabinete y de su guardaespaldas personal, según la acusación, que cree que otros muchos de los supuestos asistentes parlamentarios apenas pisaban el Parlamento Europeo.

En el caso de su jefa de gabinete, Catherine Griset, actualmente diputada europea, entre octubre de 2014 y agosto de 2015 solo pasó doce horas en la sede de la Eurocámara, mientras que trabajaba entre 15 y 22 días por mes en la del partido, según la acusación.

En 2015, el entonces presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, fue quien denunció el caso y motivó la apertura de la investigación, tanto en la justicia francesa como en la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF).

Además de Le Pen, están acusados once ex eurodiputados, entre ellos el actual alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, ex pareja de la líder ultraderechista, el que fuera número dos del partido, Bruno Gollnisch o el todavía diputado europeo tránsfuga Nicolas Bay.

Junto a ellos, doce asistentes parlamentarios y cuatro colaboradores del partido figuran también entre los acusados, al igual que el propio partido como persona moral.

El juicio, que durará siete semanas, tiene muchos puntos en común con el que tuvo en febrero pasado François Bayrou, aliado centrista del presidente, Emmanuel Macron, que fue absuelto por falta de pruebas, pero cinco de sus diputados fueron condenados a pequeñas penas exentas de cumplimiento en un caso en el que el desvío de fondos era muy inferior, de apenas 293.000 euros.

La justicia investiga una acusación similar sobre los diputados europeos de la izquierdista La Francia Insumisa. EFE

Zaragoza, 28 sep (EFE).- El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "impresentables" las advertencias hechas por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de no transferir fondos a las comunidades autónomas que no apliquen la Ley de Vivienda, y se ha preguntado "de qué fondos habla cuando nos amenaza".

Azcón, presidente también del PP de Aragón, ha hecho esta afirmación durante la celebración, este sábado, del Día del Afiliado en la Comunidad, en un acto presidido por el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, al que han asistido responsables institucionales y políticos de la formación, así como numerosos militantes y afiliados.

"Nosotros no vamos a aceptar ni amenazas ni chantajes", ha advertido Azcón, que, tras cuestionar la existencia de dichos fondos, le ha recordado a la ministra que durante los dos años de gobierno socialista en la Comunidad se habían construido 86 viviendas públicas.

"¿De qué fondos nos está hablando si no es un problema de dinero?", ha continuado Azcón, para quien la problemática de la vivienda no es de recursos económicos, sino de incapacidad de gestión.

Ha destacado, por contra, que durante el primer año de gobierno del PP se ha trabajado "realmente duro" para la puesta en marcha del Plan Aragón Más Vivienda, con cuarenta millones presupuestados en los próximos años para construir viviendas para los jóvenes y para las familias, así como en las ciudades, en los municipios turísticos y en las zonas despobladas.

"En menos de un año, sin encontrarnos ni un solo papel en los cajones, hemos sido capaces de trabajar ya con pliegos de condiciones para que en los próximos años en nuestra Comunidad, ahora sí, y de verdad, se vayan a construir miles de viviendas para los jóvenes y para las familias aragonesas, por lo que menos amenazas y más vivienda", ha concluido. EFE

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El gobierno bonaerense cerró el semestre 2024 con superávit primario. Así se desprende de los datos procesados por el ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires en lo que respecta a la ejecución presupuestaria donde destacan que el resultado es un “moderado superávit primario y un déficit financiero sostenible”.

En la administración de Kicillof plantean que es posible un superávit sin ajustar en un mensaje dirigido a la política económica del gobierno nacional. Según datos oficiales, la Provincia finalizó los primeros seis meses del año con un déficit financiero de $122.382 millones de pesos (-1,2% de los ingresos totales) -que va en línea con sus posibilidades de financiamiento- y logró un superávit económico de $274.809 millones (2,7% de los ingresos corrientes), recursos -sostienen en La Plata- con lo que se pudieron sostener las inversiones de capital. Los resultados se dan en un contexto de caída real de recursos que ronda el 16%.

Una de las principales caídas que percibió la administración de Kicillof tiene que ver con las transferencias no automáticas, que mermaron en un 91% por decisión del Gobierno nacional. Allí aparecen distintos fondos; uno de los más significativos es el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que por decreto la Nación lo eliminó y Kicillof decidió llevar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. Otro es el Fondo de Incentivo Docente (FONID), que afectó a todas las provincias.

En el gobierno bonaerense destacan que lograr un superávit primario responde a no haber descansado en las transferencias no automáticas, que en el año 2023, cuando el gobierno nacional y provincial eran del mismo signo político, funcionó sin mayores inconvenientes. También destacan que si bien hubo una caída con respecto a los recursos de origen provincial, éstos descendieron menos que los nacionales (5% PBA contra 14% de la Nación).

Otros datos que pone sobre la mesa el gobierno bonaerense es que los gastos totales ascendieron a $10.275.815 millones y se incrementaron un 204,3% respecto a los realizados en el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, los gastos de capital fueron de $406.633 millones, afectados por la interrupción de las transferencias nacionales asociadas a obras cofinanciadas con Nación, y por la falta de aprobación por parte del Gobierno nacional de financiamiento multilateral para nuevas obras.

Asimismo, la administración de Kicillof destacó que gracias a la Ley Fiscal Impositiva sancionada en la Legislatura bonaerense a finales del año pasado, la Provincia no se desfinanció en el primer semestre, pese al ajuste impuesto por el Gobierno nacional. “Son herramientas que generaron mecanismos que le permiten a la Provincia transitar la situación actual de una mejor forma”, deslizan en La Plata.

Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, compartió un balance del impacto en la Provincia de Buenos Aires de las políticas económicas del Gobierno nacional. El documento plantea que la mega-devaluación sin compensación de ingresos de diciembre pasado y el recorte fiscal a nivel nacional son las razones de la recesión económica que atraviesa Argentina.

El funcionario planteó que “en seis meses, las políticas del Gobierno nacional generaron una pérdida acumulada para la Provincia de $1,9 billones”, y que si a esa pérdida se le suma el el stock de deudas que mantiene Nación, que incluyen 899 obras paralizadas en todo el territorio bonaerense, el total supera los $6,3 billones.

“Este modelo anti industrial, anti mercado interno y antifederal afecta seriamente a la provincia de Buenos Aires. Hoy Argentina tiene una economía más pequeña, más desempleados, habitantes con menos ingresos y ahorros, y más desigualdad que hace 7 meses. Difícil justificar eso en nombre de la libertad”, planteó el encargado del área económica del gobierno bonaerense.

Por su parte, en las últimas horas, Kicillof también se refirió al desfinanciamiento de parte de la Nación. Fue al entregar escrituras en el municipio de Dolores. Allí planteó que “hoy se hace todo mucho más difícil porque el Gobierno nacional ha paralizado mil obras en nuestra provincia y, al mismo tiempo, está llevando adelante un ajuste que recae sobre nuestro pueblo”.

“Aunque nos intenten asfixiar financieramente, no les va a resultar tan sencillo fundir a la provincia de Buenos Aires: las y los bonaerenses comprendemos la importancia de invertir en mejorar y fortalecer nuestro sistema de salud”, agregó.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reveló cifras alarmantes para el sistema financiero del país. Al corte de mayo de 2024, las utilidades del sector financiero alcanzaron los $34,4 billones, lo que marcó una caída de 40,3% frente a los $57,7 billones reportados en mayo de 2023.

“Los recursos adicionales en sus cuentas de ahorro individual fueron originados por la gestión de las inversiones de las administradoras, entre mayo de 2023 y mayo de 2024″, señaló el documento divulgado por la SFC.

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Entrando en detalles, precisamente un día después de que el presidente Gustavo Petro sancionó como ley de la República la reforma pensional, que se basa en cuatro pilares (semicontributivo, contribuvito, solidario y de ahorro voluntario), se conoció que los fondos de pensiones y cesantías presentaron las mayores utilidades, al reportar ganancias de $15,9 billones en mayo de 2024.

Sin embargo, esto representa una disminución del 32,2% frente a los $43,1 billones en rendimientos en los últimos 12 meses.

Recursos administrados por terceros

Sobre los recursos administrados por terceros, las sociedades fiduciarias registraron $7,4 billones, una dura caída frente a los 21,9 billones del año anterior. Los intermediarios de valores reportaron $3 billones, seguidos por los fondos de prima media ($1,1 billones). Respecto a las entidades financieras con recursos propios, los establecimientos de crédito obtuvieron ganancias por $2,9 billones, una reducción del 36,9% frente a los $4,6 billones del año pasado.

Las aseguradoras y las instituciones oficiales especiales también reportaron utilidades de $1,9 billones y $438.930 millones, respectivamente. Por su parte, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías mostraron utilidades de $423.155 millones.

La SFC dio a conocer que los activos del sistema financiero, incluidos tanto los propios como los de terceros, alcanzaron $3 billones, con una variación anual real de 1,8% y nominal de 9,1%.

Sociedades fiduciarias

El documento destacó que “las sociedades fiduciarias administraron activos por $1 billón. La relación de activos totales a PIB se situó en 189,9%”. Además, que “los fideicomitentes de negocios administrados por sociedades fiduciarias obtuvieron rendimientos de $7,5 billones en lo que va del año, marcando un incremento de $2,2 billones respecto al mes anterior”.

Los inversionistas de los 220 fondos de inversión colectiva (FIC), administrados por sociedades fiduciarias y comisionistas de bolsa, reportaron rendimientos por $6 billones, debido, principalmente, a las ganancias netas en la valoración de instrumentos de deuda.

Los CDT

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) evidenciaron un crecimiento dinámico con un aumento interanual de $30,6 billones en su saldo nominal, lo que representó un crecimiento real del 3,8%. El saldo total de CDT con vencimiento superior a un año alcanzó los $170,5 billones, de los cuales $106,2 billones correspondieron a depósitos con plazos mayores a 18 meses, equivalentes al 35,2% del total.

En cuanto al saldo bruto de la cartera, este ascendió a $688,4 billones y el indicador de profundización se ubicó en el 43,4% del PIB. “En concordancia con el ciclo de crédito, la cartera completa 14 meses con variaciones reales anuales negativas y registró en mayo -5,5% en el saldo bruto”, indicó la SFC.

La entidad resaltó que esto refleja el aporte anual real negativo de las modalidades de consumo y comercial, con -11% y -4,9%, respectivamente, no neutralizados por la variación positiva en microcrédito y vivienda.

La corrección del efecto inflación también fue destacada, dada la tasa de crecimiento nominal de 1,3% frente a la variación real negativa. Además, se informó que la dinámica de los castigos, influenciada principalmente por las modalidades de consumo y comercial, sumó $2 billones en mayo.

“Salvo las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe), las demás industrias reportaron utilidades positivas en mayo”, recalcó la SFC.

El próximo 8 de agosto, Entre Ríos deberá abonar un nuevo pago de capital e intereses de su deuda en dólares. Se trata del segundo vencimiento anual del bono ER 2025, emitido en 2017 y refinanciado en 2021.

La administración del gobernador, Rogelio Frigerio, tuvo serias dificultades para enfrentar el pago de febrero. A dos meses de asumir, debió salir a tomar deuda en pesos a fin de cancelar el vencimiento. Los fondos que había dejado el Gobierno del justicialista Gustavo Bordet fueron colocados en pesos. La devaluación de diciembre licuó esos recursos. Y obligó a las nuevas autoridades a una medida extrema.

Tras el sofocón, el Gobernador puso sobre la mesa la posibilidad de ir a golpear la puerta de los bonistas y plantear un reperfilamiento. Es que el esquema que renegoció Bordet tras la suspensión de pagos del 2020 puso toda la carga de vencimientos en la gestión que comenzaba en 2023. La renegociación, sin embargo, ya no figura en los planes oficiales.

― ¿La alternativa de refinanciación, acordando con los bonistas, quedó en el cajón? – preguntó Infobae a un funcionario de primera línea del Gobierno provincial.

― Sí – fue la respuesta tajante.

El bono ER 2025 fue lanzado en 2017 por Bordet. El entonces mandatario buscó limpiar la deuda en pesos, con altos intereses y a corto plazo, por otra con mejores condiciones. Después vino la debacle del 2018. Y dos años más tarde la pandemia. El ex gobernador acordó con los acreedores luego de que la Coalición de bonistas de provincias argentinas lo amenazara con una demanda en los Tribunales Federales de Nueva York.

La decisión política de Frigerio saca a Entre Ríos de la zona de riesgo en la que está La Rioja. La provincia que gobierna Ricardo Quintela dejó de pagar en febrero el bono verde que había emitido para construir un parque eólico que luego vendió en u$s 171 millones. Los fondos Beauregarde y Sandaglass demandaron a la administración riojana. Buscan cobrar intereses y amortizaciones caídas.

Lo que viene

“Como definición general, vamos a cumplir con todos los compromisos que tenga la Provincia. Para hacerlo, tenemos distintas alternativas”, expresó un funcionario del círculo íntimo de Frigerio ante la consulta de este medio.

Por el escenario financiero, la decisión no es sencilla. Entre Ríos tendrá que juntar, al tipo de cambio oficial, 60 mil millones de pesos para honrar su deuda. El monto representa el 120% de la recaudación de impuestos provinciales del mes de junio, que cerró en $ 50,7 mil millones. O el 35% del total de remesas federales del mismo mes, que rondaron los $ 170 mil millones.

En el Ministerio de Economía de Entre Ríos se manejan dos posibilidades. “Estamos barajando alternativas en el mercado financiero, bancos básicamente. Y también en el mercado de capitales”, explicó una fuente de esa cartera.

Si el Gobierno provincial va por la salida bancaria, se encontrará con una restricción. La Provincia tiene vigente un contrato de agencia financiera con el Banco de Entre Ríos, propiedad del Grupo Eskenazi. Este acuerdo obliga a la Administración Provincial a financiarse, primariamente, por esa entidad. Si el volumen u otro factor imposibilitan esta vía, queda abierta la chance de buscar un operador alterno en el sector bancario.

La otra ventanilla, la del mercado de capitales, es la que aparece como más difícil. Los tiempos son muy cortos. Y la experiencia reciente de otras provincias que han pretendido fondearse allí no es buena. “Hay poca aceptación de bonos provinciales. Otros gobiernos han intentado salir al mercado y no obtuvieron el éxito que esperaban”, observaron en el Ministerio de Economía de Entre Ríos.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aceleró este miércoles las negociaciones paritarias con el sector docente y los gremios estatales. Si bien no realizó un ofrecimiento de mejora salarial, sí garantizó que pagará el aguinaldo en tiempo y forma con los salarios de junio y que la oferta de un incremento en los sueldos se calculará sobre el mes de mayo y no sobre diciembre como fue hasta el momento.

Del encuentro realizado en La Plata participaron funcionarios de los ministerios de Economía, Trabajo y de la Dirección General de Cultura y Educación por un lado y representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense que conforman los gremios SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, por el otro.

“Se valoró que en un contexto crítico económico, consecuencia del ajuste nacional, se convoque a la paritaria docente”, plantearon desde el Frente Docente.

Lo concreto es que los representantes gremiales pidieron por “la recuperación del poder adquisitivo a través de un nuevo aumento salarial”.

En lo que va del año el Ejecutivo bonaerense otorgó un aumento del 25% para el mes de enero -que implicaba un tramo de diciembre-, un 20% en febrero, un 13,5% en marzo, un 9,5% abril y un 7,5% en mayo. Siempre, siguiendo el ritmo de la inflación.

Sin embargo, el gobierno de Kicillof viene advirtiendo de la situación financiera de la provincia desde que gobierna Javier Milei en la Nación. Alertan sobre los recortes en las transferencias no automáticas que lleva adelante la administración central; además de una caída en la baja de la recaudación que impacta en la masa coparticipable.

De hecho, días atrás al encuentro de este miércoles, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, reunió a representantes de todo el arco gremial de la provincia. Una vez al mes, antes de iniciar cada negociación paritaria, el funcionario provincial traza un escenario de cómo está la situación financiera bonaerense. Allí, le planteó a los referentes sindicales que “la pérdida de recursos tributarios que atraviesa la Provincia producto de la recesión alcanza, sólo en el primer semestre, los $1,5 billones”.

Políticamente, los gremios acompañan la gestión de Kicillof y respaldan los reclamos que el gobierno bonaerense viene haciendo en diferentes ámbitos ante el recorte de recursos; ya sea en sede judicial o en instancias administrativas. De hecho, este miércoles los docentes ratificaron su rechazo al regreso del Impuesto a las Ganancias -votado la semana pasada en el Congreso en el marco de la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, el no tratamiento en el Congreso Nacional de la ley por la restitución del FONID -que impacta en la retracción del salario docente a las categorías iniciales- y lo que describieron como “la voraz decisión de llevar adelante masivos despidos, en el marco de las políticas del gobierno nacional”.

En la situación puntual de los gremios docentes, el Frente de Unidad emitió un comunicado tras la reunión con representantes del gobierno bonaerense en el que se planteó que la gestión de Kicillof “dejó expresado que el aguinaldo se cobrará en tiempo y forma, con el salario”, y que “confirmó que la propuesta salarial que está trabajando considera el acuerdo establecido en el mes de junio, que a partir de ahora la base de cálculo será la del mes anterior -es decir mayo- y no la diciembre del año 2023″.

“Una vez más consideramos positiva la convocatoria mensual a la Paritaria por parte del gobierno provincial, siendo este un espacio de diálogo para ambas partes. Dándose una nueva convocatoria en los próximos días dónde dará continuidad al tratamiento salarial”, destacaron para ratificar que tanto gremios como gobierno están en la misma senda.

Por su parte, este miércoles el ministro de Economía bonaerense aseguró, en declaraciones a Radio Provincia, que “construimos una base financiera y fiscal, junto al trabajo realizado con organismos multilaterales de crédito, la reestructuración de la deuda y el desempeño de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA)”, que permite “afrontar esta situación, mantener nuestras políticas y dar aumentos a los trabajadores estatales durante todos estos meses”.

Los gremios y los representantes del gobierno bonaerense volverán a juntarse el próximo viernes. Se espera que ese día sí haya un ofrecimiento de mejora salarial concreta para los sueldos del mes de julio.

La controversia continúa en torno a la aprobación del parágrafo en la reforma pensional que permite una doble comisión a la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos). La propuesta, que fue impulsada por el gremio, generó diversas reacciones. A pesar de esto, el senador Gustavo Moreno, del partido En Marcha, negó tener conocimiento previo de esta propuesta.

Moreno expresó, “ni conozco a los señores del fondo de pensiones, nunca me he sentado con esos señores y no es una única proposición y no era mi proposición, era una proposición de la bancada En Marcha, de los tres senadores que firmamos la proposición”.

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Además, sostuvo que fue un consenso de todos los partidos: “Se dio el debate. A mí me pareció un tema loable porque hoy Colpensiones tiene una comisión de administración de cerca del 1,2% y lo que nosotros no queríamos en el Senado es que se le dejara a merced del Gobierno la tasa de comisión”.

Regalo billonario

Por su parte, la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del Partido Alianza Verde, criticó, con mucho sarcasmo, la proposición en su cuenta de X.

“Dejen de criticar al gobierno del cambio por el ‘mico’ en la reforma pensional que generosamente le redactó Asofondos. Entiendan que el acuerdo nacional incluye regalarle billones al gran capital con las cotizaciones del pueblo trabajador”, publicó la congresista.

Por otro lado, Juvinao advirtió que luego del ‘mico’ a favor de los fondos privados de pensión, viene el otro de hasta $7 billones a las EPS por hacer ni la mitad de lo que hacen hoy. “Un discurso anti establecimiento bastante exótico: atacarlos en público y negociar con ellos en privado. El que quiera ver, que vea”, señaló la representante.

Según Semana, la propuesta fue respaldada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Este parágrafo permite una comisión de administración del 0,7%, equivalente a $2,1 billones.

Medida inconveniente

Ahora, el senador Guido Echeverri, uno de los firmantes de la proposición, explicó que esta buscaba un “reconocimiento de unos dividendos o unas ganancias que reivindicaran los costos que podrían derivarse para esos fondos, tras la aprobación de la reforma pensional y el establecimiento del umbral de 2,3 salarios mínimos”.

Sin embargo, Echeverri aclaró que después solicitó retirar su firma tras considerarla inconveniente.

“Nosotros en un comienzo vimos razonable esa propuesta, coincidimos con el doctor Gustavo Moreno y la firmamos. Luego decidimos proponer la retirada de nuestras firmas porque consideramos que era inconveniente la aprobación de esa iniciativa”, adujo.

Asofondos, tras oponerse de manera vehemente a la reforma durante un año, finalmente llegó a un acuerdo con el Gobierno de Gustavo Petro. La plenaria del Senado aprobó la reforma, incluyendo este polémico parágrafo. El senador Moreno defendió la propuesta diciendo, “algunos dicen que fue un ‘mico’, pero no hay ningún ‘mico’ porque fue avalada por el Gobierno. Yo no le hago favores a nadie”.

No obstante, el debate sobre esta proposición y sus implicaciones continúa generando divisiones entre los congresistas y tiene toda la atención pública encima.

Germán Vargas Lleras criticó el silencio cómplice de los fondos privados

Es de anotar que el exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras emitió fuertes críticas hacia los fondos privados y su gremio. En una columna de opinión para El Tiempo, Vargas Lleras dio a conocer su desconcierto ante el “silencio cómplice” de Asofondos y su presidente, Santiago Montenegro, ante la aprobación de la reforma pensional en Colombia.

Cuestionó de manera muy abierta el tipo de negociaciones que podrían haber tenido lugar entre estos entes y el Gobierno, sobre las cuales el público no ha sido informado. Vargas Lleras, conocido por su transparencia en temas económicos, insinuó que estas negociaciones podrían haber girado en torno a nuevas comisiones de administración.

Los billonarios beneficios

El exvicepresidente afirmó que estas comisiones, calculadas sobre activos gestionados, podrían generar beneficios significativos para los fondos privados. “Un nada despreciable 0,7% que mal contado representa utilidades por más de $2,1 billones para ellos”, resaltó Vargas Lleras. Esta cifra, según él, permitirá a las AFP seguir administrando 400 billones en una primera fase hasta que las pensiones de vejez pasen a Colpensiones.

Señaló además que los fondos privados se verían beneficiadas por exenciones de IVA en los servicios prestados, lo cual incrementaría su rentabilidad. “Exactamente el mismo modelo que se aplicó en la reforma de la salud a las EPS”, explicó. Esta referencia pone en duda la efectividad y transparencia de las reformas, mencionando la gestión reducida y mayor rentabilidad para las AFP bajo este esquema.

El exvicepresidente también expresó que la falta de claridad sobre estas negociaciones puede indicar un beneficio desproporcionado para los administradores de fondos privados a expensas del sistema público. “Tengo que decir con toda franqueza que mi mayor sorpresa provino del silencio cómplice y, diría yo, complaciente de Asofondos, del doctor Montenegro y de los fondos de pensiones allí agrupados”, enfatizó Vargas Lleras.

La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir en la demanda que impulsó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que permitió que la administración de Javier Milei dejara de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses.

En un dictamen de siete páginas al que accedió Infobae, la procuradora Laura Monti sostuvo que “toda vez que la Provincia de Buenos Aires -a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el art. 117 de la Constitución Nacional- demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia , cualquiera sea la materia del pleito”.

La respuesta fiscal viene a cuento de la consulta que le hizo la Corte Suprema para que dictaminase sobre la competencia del máximo tribunal para intervenir en el asunto.

En abril pasado, el gobernador Kicillof reclamó a la Corte Suprema su intervención. “Estamos aquí para defender los intereses de la provincia: ayer firmé una denuncia contra el presidente Milei ante la Corte Suprema para que nos devuelva los fondos de los jubilados, de los maestros y del transporte”, había anunciado en medio de un acto político.

Se trata de una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional “restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Puntualmente reclama lo no transferido por “actualización por anticipos 2023 (con base 2018); deuda por Anticipo 2024 (con base 2020 más su actualización) y diferencias entre el déficit y percibido por anticipos sin actualizar por los ejercicios 2018, 2019 y 2020″.

Tras hacer un repaso desde que en 1993 el Gobierno Federal aceptó la transferencia de las cajas previsionales provinciales al sistema nacional hasta la ley de Reparación Histórica de los Jubilados y Pensionados, la demanda menciona que allí se instruyó al Poder Ejecutivo “para que arribara a un acuerdo con las provincias que no hubieran transferido sus sistemas previsionales, para compensar las asimetrías con respecto a aquellas jurisdicciones que sí lo habían hecho”. Y en esa lógica se dictaron una serie de resoluciones para compensar y armonizar los sistemas provinciales.

El presupuesto de 2023 estableció un crédito específico para las cajas previsionales provinciales transferidas y, a su vez, dispuso una metodología para que la ANSES abone mensualmente a las provincias que no transfirieron al Estado nacional sus regímenes previsionales, un monto en concepto de anticipo a cuenta, equivalente a una doceava parte del déficit -provisorio o definitivo-, se señaló. También se aclaró que la ANSES serÌa la encargada de determinar los importes totales a transferir a cada provincia.

Sin embargo, el Gobierno de Milei lo interrumpió mediante el DNU que “no se encuentran comprendidos en dicha prórroga” los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria provincia, dijo la demanda de Kicillof. “Siguiendo esa tónica, la demandante afirma que el Estado Nacional se encuentra obligado a cubrir los dÈficits previsionales de las cajas provinciales no transferidas, en función de lo establecido en el ya mencionado Compromiso Federal de 1.999, la ley 27.260, los Consensos Fiscales 2017 y 2018, y los decretos 730/18 y 691/19″, se añadió.

Para dar inicio a la demanda, lo primero que hizo la Corte fue consultar a la Procuración sobre la competencia. En un dictamen no vinculante, la procuradora respondió: “en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, pienso que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte. Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia”.

La última semana del mes de mayo demostró que el nuevo modelo de salud para docentes que se implementó en la primera semana del mes tuvo más desaciertos que avances en favor del plan piloto que pretende el Gobierno para el sistema de salud en Colombia.

En especial, con lo que respecta a la Fiduprevisora, entidad encargada del manejo de los fondos de la salud de los maestros. Según un análisis que emitió el medio económico La República, el despliegue de la iniciativa, el 1 de mayo del año en curso, de acuerdo con las denuncias, ha generado una serie de problemas que ya están teniendo consecuencias significativas que delatarían un “colapso” en las capacidades de la fiducia del Magisterio.

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Según la óptica del medio especializado, la renuncia del presidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín, es, aunque destacado, uno de los eventos que se suma a miles de quejas de docentes y desacuerdos internos en el Gobierno con respecto al funcionamiento del sistema.

De hecho, se hizo referencia a una declaración de Marín a La FM., con la que Marín expresó que “un modelo de estos tiene que tener sostenibilidad en el tiempo, sino será un Power Point muy bonito”; no obstante, desde su puesta en marcha, el sistema de salud nuevo habría colapsado las capacidades del Fondo del Magisterio (Fomag), con afectaciones a más de 42.863 nuevos usuarios entre los docentes.

Además, se han registrado al menos 2.100 quejas por problemas en la prestación del servicio, lo que ha puesto al modelo en una situación crítica. Tanto, que el mismo ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo expresó en una polémica conversación con Marín, cuyos audios fueron revelados, que existía una “crisis”.

Por su parte, en diálogo con distintos medios, el principal problema señalado por Marín es que el manual tarifario propuesto por el Ministerio de Salud está desalineado con los precios de mercado. Por ejemplo, un monitoreo cardiaco, que en el mercado tiene un costo de 5,06 millones en el tarifario del Fomag se pidió ofertar a 36.000, según destacó Marín, lo que hizo que muchas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) rechazaran a los usuarios.

Anif, en su informe, confirmó que la Fiduprevisora ha pasado de contratar con 1.500 proveedores de servicio de salud a 7.000, lo que ha sobrecargado las capacidades administrativas de la entidad. Como un diagnóstico, la Anif ha advertido que el aumento de los costos y la expansión desmesurada de las contrataciones han llevado al sistema a un límite insostenible, como reportó también el medio.

“El sistema actual permite que cualquier institución prestadora pueda ofrecer los servicios, lo que ha conducido a la fragmentación de servicios, interrupción de tratamientos y mayores tiempos de espera para obtener servicios y medicamentos”, según el informe de Anif.

“Me preocupa el desconocimiento del ministro de Salud”: Mauricio Marín tras renunciar

A través de una entrevista con El Colombiano, el saliente presidente de la Fiduprevisora se despachó contra el jefe de la cartera de Salud, para responsabilizarlo por la crisis en el sistema de salud de los maestros por el desconocimiento total del tarifario del sector. Explicó que la situación fue la desencadenante de los múltiples problemas en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros.

Además, detalló que la Fiduprevisora comenzó a recibir instrucciones para contratar y desplegar sus capacidades técnicas el 27 de marzo de 2023, antes de que el acuerdo del consejo directivo fuera formalizado el 1 de abril de 2023. Según él, esta discrepancia causó diversos obstáculos técnicos. El consejo directivo, presidido por la ministra de Educación y compuesto por ministros de Hacienda, Trabajo y dos delegados de Fecode, trabajó para solventar estos problemas.

“Me preocupa, no como funcionario sino como cualquier colombiano. Sin embargo, yo creo que es un poco apresurado decir algo. Hay que esperar, ver la reforma, leerla, estudiarla y ver que no sea una presentación de Power Point”, reiteró.

 Washington, 21 may (EFE).- La campaña por la reelección del presidente estadounidense, Joe Biden, recibió en abril 51 millones de dólares, en comparación con la del republicano Donald Trump, que recaudó 76 millones de dólares, con lo que por primera vez el expresidente supera a su rival en fondos de campaña recaudados.

Los informes de financiación electoral indican que la campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata empezaron mayo con 146 millones de dólares en su tesorería, en tanto que Trump y el Comité Nacional Republicano tenían disponibles 88 millones de dólares.

En marzo, y con un empujón de 26 millones de dólares durante una congregación celebridades en el Radio City Music Hall de Nueva York, la campaña de Biden había completado el mes con más de 90 millones de dólares.

Por su parte las recolecciones de fondos para la campaña de Trump, que en marzo habían sumado 65,6 millones de dólares, recibieron en abril más ímpetu tras una congregación de donantes en Palm Beach (Florida), que embolsó 50 millones de dólares a la campaña del exmandatario.

Ésta ha sido a primera vez que la campaña del ex presidente Trump aventaja a la del presidente Biden en la recolección mensual de fondos para la elección del 5 de noviembre.

El desliz en la colecta de fondos para Biden en abril coincide con una serie de encuestas de opinión que, cuando faltan poco más de cinco meses para la elección presidencial, lo muestran a la zaga de Trump, aunque la diferencia se ubica, por lo general, dentro del margen de error.

Pero la campaña de Trump sigue gastando en la defensa legal del presunto candidato presidencial sometido a un juicio ahora en Nueva York, y con causas abiertas por un total de 91 cargos federales y estatales en Florida, Georgia y el Distrito de Columbia, según muestran los documentos de declaración de dinero de campaña.

Los republicanos han estado pagando honorarios a abogados mediante el comité de acción política 'Save America', que en abril recibió donaciones por 9 millones de dólares, casi el doble de lo recolectado en marzo, y usó 3,3 millones de dólares en gastos legales.

EFE

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El vínculo entre el gobierno bonaerense y el PRO en la provincia de Buenos Aires está roto. El gobernador, Axel Kicillof, buscó al inicio de semana conseguir una foto potente con todos los intendentes, en un acto donde le pidió a los jefes comunales que lo acompañen en el reclamo que mantiene hacia el gobierno de Javier Milei por el recorte de fondos. Se llevó aplausos, menos del PRO que no asistieron al encuentro.

El partido que hoy a nivel provincial preside la senadora bonaerense por la Primera sección electoral, Daniela Reich, cuestionó el convite que hizo el mandatario. El acto en cuestión fue la firma para ejecutar la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal; una masa de recursos que originalmente -en diciembre del año pasado- era de $116 mil millones, a distribuirse entre los 135 distritos bonaerenses y de libre disponibilidad. Se trató de un acuerdo que los intendentes trazaron con el Ejecutivo que requería de los votos en la Legislatura para aprobar la Ley Fiscal Impositiva y la prórroga de las emergencias en distintas áreas de gobierno.

“La segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal se debió haber transferido el 30 de abril. No consideramos necesario concurrir a ningún acto político ni firmar ningún convenio para depositar los recursos comprometidos por ley”, cuestionaron los intendentes del PRO tras el acto que encabezó Kicillof, que terminó juntando a 90 intendentes entre los del peronismo, la Unión Cívica Radical y de los espacios vecinalistas.

En el comunicado que hicieron correr los intendentes del PRO, también advierten que “en otros municipios los fondos ya fueron depositados, pero no es el caso de los municipios gobernados por el PRO”. El comunicado de los intendentes fue reforzado por uno similar que lleva la firma de los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Infobae consultó a fuentes del Ejecutivo bonaerense, que informaron que efectivamente no hubo transferencia a los municipios que no participaron del acto. La explicación es que se precisa de la firma convenio y que en el pago de la primera cuota -en el mes de febrero- no fue necesaria una rúbrica porque se trató de un adelanto, comprometiéndose que a partir de la segunda cuota -la que se suscribió días atrás- sí hay que completar el proceso administrativo. “Ya los convocamos nuevamente para que vengan a firmar”, plantearon desde el entorno de Kicillof.

Entre el cruce de versiones se decanta que la cuestión es política. El PRO gobierna en 16 municipios y el vínculo con el gobierno bonaerense es diferente al llevan los intendentes de la Unión Cívica Radical y con el Ejecutivo. Incluso, tiempo atrás, Kicillof mantuvo una reunión privada con todos los intendentes del radicalismo.

Este miércoles, el mandatario bonaerense estuvo en Rawson, Chubut. Allí se mostró con una de las cartas del PRO como es el gobernador Nacho Torres, una de las figuras -quizá-con más proyección que tiene el partido de Macri. Kicillof y Torres firmaron el convenio para que Buenos Aires le ceda 15 ambulancias de alta complejidad a Chubut. En sus discursos hubo agradecimientos mutuos. Kicillof fue más enfático en su crítica al gobierno nacional. Torres reclamó mayor federalismo y pidió dejar de lado las diferencias para trabajar en conjunto. Todo, en medio de la discusión por la Ley Bases en el Senado de la Nación.

En el PRO bonaerense la decisión de ceder en comodato 15 ambulancias a Chubut, también fue cuestionada. “Nadie niega la importancia ni puede estar en contra de la solidaridad y el vínculo entre las provincias en la Argentina, pero Kicillof no puede regalar los recursos de los bonaerenses cuando dice que la Provincia está en crisis”, planteó el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Forchieri.

“El mismo gobernador que dice que la salud y la seguridad están en crisis en la Provincia, entrega patrulleros y ambulancias a provincias. Kicillof juega a ser Papa Noel con los recursos de los bonaerenses”, agregó. El problema no es con Torres, sino con el mandatario bonaerense.

El cortocircuito entre el Ejecutivo y los legisladores e intendentes del PRO también empantana algunas negociaciones legislativas y en las que Kicillof tiene sumo interés; como son los proyectos de ley para la creación de un laboratorio provincial para la fabricación de medicamentos e insumos hospitalarios. Además de otro proyecto para la creación de una empresa de emergencias de carácter provincial. Ambas iniciativas contemplan la figura de una sociedad anómica del estado.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ya hizo su exposición informativa tanto en Diputados como en el Senado de los proyectos. En ambas reuniones estuvo escoltado por el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. En ambas cámaras legislativas, los bloques del PRO adelantaron que no acompañarán las iniciativas.

Lo que le sigue al oficialismo es allanar el camino con otras fuerzas opositoras. Allí la intención es el acompañamiento de la UCR y de los bloques que se desprendieron de un inicial espacio de La Libertad Avanza, pero que ya se mueve con autonomía a las decisiones de Javier Milei, tanto en Diputados como en el Senado.

En lo que respecta a las iniciativas de Salud la posición del radicalismo aún no está definida. Si bien no es tajante como el PRO, tampoco manifestó su acompañamiento. Una muestra fue el planteo del senador de la UCR, Alejandro Cellillo, quien en las últimas horas aseguró que “el gobierno provincial no ha demostrado ser eficiente en materia de salud. Y, si bien ambas iniciativas tienen cuestiones positivas y atendibles, la urgencia es resolver la crisis del IOMA. No es momento de creación de empresas. Menos aún de estructuras estatales que carezcan de control y auditorías”.

Además de estos proyectos en dos semanas, la Suprema Corte de Justicia bonaerense quedará con tres integrantes de los siete originales. En junio se efectiviza la salida de Luis Genoud. El máximo tribunal de justicia bonaerense estará compuesto solo por Fernando Soria, Hilda Kogan y Sergio Torres. Ante la falta de miembros, precisará de fueros inferiores para dictaminar.

Hay cuatro lugares vacantes. En la Legislatura aguardan que el Ejecutivo abra una negociación por ese asunto. Por el momento, Kicillof no lo tiene en agenda inmediata. Según supo este medio, es probable que forme parte de una conversación sobre el fin de año cuando haya que discutir, en principio, la Ley Fiscal Impositiva 2025; porque lo hace el Presupuesto está atado al devenir y proyección del gobierno nacional, cuya transferencias de recursos hacia Buenos Aires y el resto de las provincias están pisadas.

“Sería bueno que acompañen los reclamos que la Provincia le está haciendo al gobierno de Javier Milei, que incumple todo tipo de normas y acuerdos y frente a eso no dicen nada”, plantean en Gobernación sobre la relación que mantienen con el PRO.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, espera iniciar la semana que viene consiguiendo una foto que lo muestre en las antípodas al vínculo que Javier Milei mantiene con la oposición. Por eso invitó a intendentes peronistas, de la UCR y del PRO a participar del acto en el que anunciará el pago de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal.

Por el momento la foto no será multipartidaria. Es que hasta el cierre de esta nota los intendentes que forman parte del PRO no iban a participar del acto que se llevará adelante el lunes por la mañana en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata.

Sí se descuenta que irán los intendentes de Unión por la Patria y en el correr de las horas también estaban confirmando presencia los mandatarios que gobiernan municipios bajo el sello de la Unión Cívica Radical.

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal municipal es una masa de recursos incorporada en la prórroga de las emergencias del año pasado. Fue una negociación orquestada por los intendentes en diciembre del año pasado para garantizarse un flujo de dinero ante la inflación del último tramo del 2023 y los primeros meses de este año, producto -entre otros aspectos- de la devaluación dispuesta por el gobierno de Milei ni bien asumió.

El monto original fue de 116 mil millones que se garantiza con recursos de rentas generales. En febrero se pagó el 10%. La segunda cuota -que debería haberse transferido antes del 30 de abril y es por la que se hará el acto en cuestión- es de un 30% de ese total. Según se establece en la normativa sancionada por la Legislatura, a partir de esta cuota el monto de cada desembolso deberá ser actualizado de la manera prevista en la Ley Impositiva 2024 para el incremento de las cuotas de los impuestos patrimoniales.

“No hace falta ir a sacarse una foto ni firmar nada, es por ley que se tienen que transferir los fondos”, aseguran desde un municipio del conurbano donde gobierna el PRO, para argumentar el faltazo.

Desde las elecciones del año pasado, el partido amarillo gobierna en 16 distritos del territorio bonaerense. En el primer mandato de Kicillof contaba con 21 municipios. Pese a ello, el mandatario bonaerense apuesta a replicar la foto que obtuvo el mes pasado cuando recibió en La Plata a casi la totalidad de intendentes de la UCR que llegaron al encuentro con un compendio de demandas referidas a la situación sanitaria de los distritos y poner en cuestión la fuerte suba de los medicamentos. De esa reunión los intendentes se fueron conformes.

A cambio, el gobernador le pidió a los intendentes el acompañamiento a dos proyectos de ley que presentó el año pasado y volvió a presentar este 2024 que tienen como objetivo la creación de dos empresas estatales: un laboratorio para la producción de medicamentos propios y una empresa de atención de emergencia administrada por la Provincia. Ambas iniciativas contemplan la concreción de una Sociedad Anónima (S.A) del Estado.

El tema -que alcanza a los intendentes y tiene posiciones diferentes- empezó a discutirse en la Legislatura bonaerense. Días atrás, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se reunió con legisladores oficialistas y opositores y explicó los alcances de la iniciativa de la cual es el impulsor. Estuvo acompañado por el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

El PRO ya adelantó que no acompañará las iniciativas. Tampoco lo harán los bloques libertarios. La mirada se posa sobre la posición que vayan a adoptar el radicalismo y algunos bloques que ingresaron con la boleta de La Libertad Avanza, pero ya han acompañado distintas iniciativas del oficialismo; como por ejemplo la Ley Fiscal e Impositiva.

Ya hubo algunos cruces entre los distintos bloques de la oposición por este tema que será agenda en los próximos meses en la Legislatura bonaerense. “Kicillof pide agrandar el Estado y no se hace cargo del colapso de IOMA ni de la crisis en los hospitales”, plantearon desde el bloque de diputados bonaerense, presidido por Agustín Forchieri.

Discursivamente, lo que vaya a suceder el lunes también es parte de la estrategia del Ejecutivo de diferenciarse de las políticas nacionales. Plantear la idea de un “Estado presente” que en su política fiscal hacía las intendencias “más allá del color político”.

Desde que Javier Milei asumió, en el gobierno bonaerense vienen advirtiendo sobre el recorte y demora del envío de recursos nacionales. Como contó Infobae, en el gobierno bonaerense deslizan que por los recursos que la gestión central dejó de girar a la provincia -y que corresponden a cuatro fondos que Kicillof decidió reclamar ante la Corte Suprema- hay un descubierto de más de $816 mil millones de pesos y que, incluso, producto de esa deuda no habría una mejora salarial en la administración pública para el mes de mayo y junio. Solo se garantizaría el pago de salarios y aguinaldos.