Un nuevo conflicto judicial se abrió en Estados Unidos contra la provincia de Buenos Aires por el canje de deuda que se llevó a cabo en 2021. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda contra el distrito bonaerense ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en reclamo de dos series de bonos emitidos al haber rechazado la propuesta y ahora exige el cobro de títulos que suman un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares.

El fondo europeo no adhirió a la reestructuración que propuso la provincia en 2021 y ahora reclama el pago de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendientes. Otros acreedores que también rechazaron el canje siguen de cerca la evolución del caso para evaluar si la provincia opta por cerrar la demanda mediante un pago, como ocurrió en otros litigios durante el mismo año.

La reestructuración de deuda bajo ley extranjera se realizó hace cinco años, bajo la gestión del ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López. En su momento, el funcionario comunicó que la jurisdicción que conduce Axel Kicillof obtuvo una adhesión suficiente para canjear prácticamente el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta. Según López, el acuerdo permitió restablecer condiciones para lograr una deuda sostenible y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027.

El trasfondo del canje

El ministro explicó que la nueva estructura de vencimientos le dio margen al Ejecutivo para asignar recursos a obras en infraestructura y extensión de plazos. La reestructuración redujo el costo promedio de la deuda y permitió estabilizar el perfil de vencimientos para el largo plazo. El contexto que motivó el canje incluyó una acumulación de deuda en moneda extranjera en años previos. Entre 2016 y 2017, bajo el mandato de María Eugenia Vidal, la provincia emitió bonos por más de USD 5.000 millones en el mercado internacional de capitales. Según el oficialismo actual, en el decenio anterior, las emisiones fueron por 3.500 millones de dólares.

La presentación oficial de ese momento mostró que, al contar con ingresos en moneda local y deuda en dólares y euros, la provincia incrementó su exposición al riesgo cambiario. Las devaluaciones de 2018 y 2019 afectaron la capacidad de pago. El peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó: pasó del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3 por ciento.

El perfil de vencimientos antes de la reestructuración concentraba pagos en el corto y mediano plazo. Entre 2020 y 2023, la provincia de Buenos Aires debía afrontar servicios de bonos bajo ley extranjera por más de USD 5.600 millones, un promedio anual de USD 1.400 millones, y el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida en el período 2016-2019 bajo la gestión de Cambiemos.

La renegociación involucró 11 bonos bajo dos indentures distintos y cubrió deuda elegible por USD 7.178 millones más intereses devengados, que representaba el 68% del stock total provincial. El 81% del monto total estaba denominado en dólares y el 19% en euros. Luego del proceso, el 98% de la deuda se canjeó por nuevos bonos con vencimientos extendidos y cupones iniciales más bajos.

La nueva estructura de bonos incluyó un período de gracia para el pago de capital hasta 2024, lo que le dio aire al distrito bonaerense para afrontar los pagos significativos. Además, la vida media de los bonos se triplicó, pasando de 3,2 años a 10,6 años, y la reducción del cupón promedio ponderado fue de 7,5% a 5,7 por ciento.

Con precedente

El rechazo de algunos acreedores a la propuesta provincial derivó ahora en el inicio de litigios como el de Daniels Invest GmbH, que ahora reclama en la justicia estadounidense por el capital impago. Otros holdouts (fondos buitres) que no ingresaron al canje siguen de cerca la resolución de este caso, atentos a la posibilidad de que la provincia acuerde un pago para cerrar el litigio. Esta situación genera incertidumbre sobre el comportamiento de quienes todavía conservan títulos sin reestructurar.

La demanda presentada por Daniels Invest GmbH se enmarca en lo que el CEO de Latin Advisors, Sebastian Maril, describió como “el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera”. El especialista explicó que los fondos más conocidos iniciaron juicio y recuperaron unos USD 150 millones a comienzos de 2026, después de varios años de litigio. Según Maril, “ahora aparecieron otros holdouts que son alemanes, que buscan copiar la iniciativa que tomaron los primeros y, como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar”.

Maril detalló que el proceso avanza paso por paso y que resta esperar la estrategia de defensa de la provincia, así como la decisión del juez respecto a si el caso se tramita con rapidez o sigue el derrotero de litigios previos. “Aunque dudo que sea así, para mí va a ser un proceso lento como el anterior”, subrayó el CEO de Latin Advisors.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 139 votos positivos y 97 negativos una autorización para ejecutar un plan de pago a dos “fondos buitres” que mantienen títulos de la deuda defaulteada del 2001 y con los que el gobierno de Javier Milei había alcanzado un acuerdo de conciliación económica.

La iniciativa, que ya tenía media sanción del Senado con 40 votos positivos contra 22 negativos, debía ser aprobada antes del 30 de junio, plazo límite fijado en el entendimiento. Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de USD 171 millones.

Ambos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001. La ratificación parlamentaria del acuerdo permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

El oficialismo finalmente logró una amplia mayoría de 139 votos positivos. Contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, gran parte de Provincias Unidas (Santa Fe y Córdoba), Innovación Federal (Salta y Misiones), La Neuquinidad, Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz e Independencia (Tucumán). En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota, Elijo Catamarca.

Al inicio del debate, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch afirmó que Argentina tiene la oportunidad “de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años”. Además explicó que la urgencia de aprobar el acuerdo tiene tres motivos: “Primero, se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente; segundo, se nos exime de pagar honorarios legales; y tercero, los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales”.

“Estos dos fondos que nos traen a este momento tienen una sentencia dictada por la Justicia de Estados Unidos. Este gobierno ahora logra una quita sobre esa sentencia con una condición de entrega por pago. Nos van a devolver acciones de clase A, B y D de YPF. Estas acciones que tienen estos buitres van a permitir que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto”, explicó la oficialista Silvana Giudici.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto rechazó el acuerdo pero hizo hincapié en que la ley impulsada por el oficialismo “carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley de Administración Financiera y también el decreto del propio presidente de la Nación que dice que no puede haber ninguna ley sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto nacional”.

En ese sentido, señaló que esa fue la misma razón que motivó el veto de la Ley de Financiamiento Universitario “con el agravante de que en aquel caso existía una fuente mencionada que era el incremento de ingresos corrientes del Presupuesto, aunque el Ejecutivo la consideró insuficiente”.

Asumió el diputado que reemplazará a Adrián Ravier

Al inicio de la sesión el pleno aceptó la renuncia de Adrián Ravier y tomó juramento a Martín Matzkin como su reemplazante. El nuevo legislador ocupará su banca por La Libertad Avanza.

Matzkin, diputado nacional por la provincia de La Pampa, es un dirigente cercano a la senadora Patricia Bullrich, que estuvo presente durante la jura. La presencia de la jefa del bloque libertario en el Senado no pasó inadvertida en el recinto, en un contexto marcado por la interna oficialista en torno a la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Bullrich viene manteniendo posiciones críticas dentro del espacio respecto del manejo político del tema y recientemente protagonizó un cruce con el funcionario.

Antes de asumir su banca, Matzkin se desempeñó como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y llegó a ese cargo de la mano de Bullrich, con quien compartió militancia reciente en el PRO.

Diputados aprobó convenios internacionales con Francia, Suiza y San Marino

La Cámara de Diputados aprobó una serie de convenios internacionales incluidos en el temario de la sesión, con amplias mayorías y sin votos en contra en la mayoría de los casos.

En primer lugar, se aprobó con 225 votos afirmativos y 4 negativos un acuerdo con Francia para evitar la doble imposición. Luego, se sancionó por unanimidad un convenio sobre medidas destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, con 228 votos positivos.

También se aprobó el convenio de seguridad social entre la Argentina y Suiza con 230 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones. Finalmente, se dio luz verde a un acuerdo con San Marino, que reunió 231 votos a favor, consolidando el respaldo casi unánime de la Cámara a los tratados internacionales tratados en la jornada.

En declaraciones recientes, Rita Maestre subrayó casos concretos en los que familias se vieron obligadas a abandonar sus viviendas debido a la adquisición de inmuebles por parte de fondos de inversión, una situación que, según la portavoz de Más Madrid, se ha vuelto habitual en la capital. De acuerdo con una entrevista difundida por Europa Press, Maestre apuntó que muchas personas han notado cómo sus viviendas de toda la vida pasan a convertirse en pisos turísticos o terminan en manos de grupos inmobiliarios, lo que a su juicio refleja un problema estructural asociado a las políticas de vivienda impulsadas en Madrid por los gobiernos del Partido Popular.

Europa Press detalló que Maestre acusó a las administraciones encabezadas por José Luis Martínez-Almeida y por Isabel Díaz Ayuso de priorizar los intereses de especuladores y grandes propietarios, a quienes responsabilizó del incremento sostenido de los precios de la vivienda y del alquiler en la ciudad. Aseguró que “al PP le preocupa la gente que se hace rica, no la de la inmensa mayoría de madrileños que tienen grandes dificultades para pagar sus viviendas”, remarcando que las políticas habitacionales aplicadas por estos gobiernos han favorecido a minorías rentistas.

Según desarrolló Europa Press en base a la entrevista, Maestre consideró que el Partido Popular utiliza la Ley de Vivienda estatal como un “pim pam pum” para evitar asumir sus propias competencias y desviar la responsabilidad por la crisis de acceso a la vivienda. La portavoz insistió en que la Ley de Vivienda, a la que el PP se niega a dar cumplimiento, se ha convertido en una excusa recurrente para culpar a terceros, como el Gobierno central o anteriores gestoras municipales, mientras los precios continúan aumentando. Maestre sentenció: “Decir que la culpa es de Manuela Carmena, de Pedro Sánchez o del Espíritu Santo no convence. No convence porque choca con la realidad”, refirió el medio.

La líder de Más Madrid volvió a la política activa después de su permiso de maternidad y lo hizo, explicó Europa Press, en el marco del lanzamiento de la campaña ‘Te están robando Madrid’. Maestre explicó que el objetivo de esa iniciativa es recoger y visibilizar el malestar creciente entre los habitantes, quienes, según sus percepciones, describen a Madrid como una ciudad donde “cada vez es más caro vivir, más difícil, y cada vez menos nuestra”. Alertó sobre fenómenos cotidianos como la transformación de negocios tradicionales en pisos turísticos ilegales y el aumento de la masificación en los medios de transporte, factores que en su opinión son efectos directos de las políticas actuales.

Europa Press repasó que, ante el encarecimiento de la vivienda —identificado como el principal problema social por la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción del Ayuntamiento—, Maestre criticó que el PP derive la responsabilidad hacia el Gobierno central en vez de actuar en su ámbito de competencia. La portavoz aseguró que las atribuciones legales para intervenir en el mercado inmobiliario residen tanto en la Comunidad de Madrid como en el propio Ayuntamiento. Considera insuficiente responder con la ley estatal cuando los desalojos y el aumento de precios se están produciendo por la acción o inacción de las autoridades locales.

Entre los ejemplos que citó están las subidas de alquileres de hasta 300 euros, vecinos expulsados de sus casas tras compras masivas por fondos de inversión y familias que no pueden permitirse separarse por no poder pagar dos viviendas, incluso siendo asalariados con empleos estables. Para Maestre, entregar ese tipo de respuestas “es un insulto a la inteligencia y una política muy poco convincente”, de acuerdo con lo recogido por Europa Press.

La portavoz también se refirió a las promesas del alcalde Martínez-Almeida, quien anunció a finales del pasado año que 2026 sería el “año de la vivienda” en Madrid. Según reportó Europa Press, Maestre replicó con ironía esa afirmación y auguró que, de continuar las mismas políticas, 2026 destacará por el precio elevado de la vivienda y el incremento en el número de bloqueos y amenazas de desahucio sobre inmuebles completos. Consideró que esto se debe al “Plan Reside”, el plan urbanístico defendido por Almeida, que según Maestre incentiva la conversión de viviendas en pisos turísticos y beneficia principalmente a grandes tenedores y fondos buitre.

En palabras de Maestre, los beneficiados por este marco son, en su mayoría, “multipropietarios, rentistas y fondos buitre”, mientras que quienes afrontan verdaderas dificultades para acceder a una vivienda digna ven cómo el coste de la vivienda —ya sea en régimen de alquiler o hipoteca— absorbe hasta el 70% de los ingresos familiares. Según reiteró la portavoz de Más Madrid a Europa Press, la falta de políticas orientadas a frenar la especulación inmobiliaria y a garantizar la accesibilidad pone en una situación de vulnerabilidad a una amplia franja de la población madrileña.

Europa Press concluyó que la crítica de Maestre parte de los testimonios recogidos entre la ciudadanía durante su ausencia por maternidad, que le permitieron observar de cerca los problemas diarios a los que se enfrentan los madrileños. El medio también resaltó que, para la portavoz de Más Madrid, la persistencia de esta crisis habitacional y el uso político de la normativa estatal sobre vivienda son elementos clave para explicar el malestar y la inseguridad que expresan los residentes en la capital.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que el decreto antiaranceles del Gobierno es "del todo insuficiente" y no ha desvelado el sentido del voto de los cuatro diputados morados en el Congreso.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes para señalar también que el Ejecutivo no ha contactado aún con Podemos para negociar su posible apoyo a las medidas del real decreto ley, de cara a su convalidación en el Congreso.

Este jueves precisamente se somete a consideración de la Cámara Baja el plan de respuesta diseñado por el Ejecutivo ante la amenaza de aranceles a productos europeos por parte de la nueva administración de Estados Unidos.

Y de cara a esa votación el voto de Podemos puede ser clave para aprobar o rechazar la medida, dentro del bloque de investidura, una vez que el PP ha roto las negociaciones que mantenía con el Ministerio de Economía al respecto.

EXPROPIAR A 'FONDOS BUITRE' EN VEZ DE "DOBLAR LA CERVIZ" ANTE TRUMP

Durante su comparecencia, Fernández ha reivindicado que su formación quiere actuaciones más contundente ante Estados Unidos (EEUU) y ha reclamado al Gobierno la expropiación de las viviendas en España que estén en manos de fondos de inversión norteamericano y las acciones que tengan también en empresas cotizadas en el Ibex35.

Fernández, ha confrontado que el presidente "fascista" de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado una "guerra comercial" a la UE que requiere una respuesta "mucho más contundente" que la del Gobierno mediante ese decreto para salvaguardar la soberanía económica de España.

Es más, ha acusado al Ejecutivo de "doblegarse", "postrarse" y "doblar la cerviz" ante Trump, en alusión al aumento de gasto militar, en vez de actuar como un Gobierno "patriota". "En lugar de lamer las botas a Estados Unidos, lo que deberíamos es dar una respuesta contundente", ha insistido.

Finalmente, el dirigente de Podemos ha expuesto que su formación decidirá pronto el sentido de su voto y está a la espera de que en próximas horas el Ejecutivo contacto con ellos. No obstante, ha insistido en que la posición de Podemos es clara al insistir en que el decreto es insuficiente y quiere más contundencia en las medidas frente a EEUU.

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado este domingo que las casas "son para vivir y no para especular" y ha exigido la prohibición de los fondos buitres.

"En España durante décadas el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista ha permitido que la vivienda sea un bien para especular, para invertir y sacarle rentabilidad. Eso no puede seguir siendo así, las casas son para vivir", ha criticado este domingo, durante su participación en la manifestación 'La vivienda es un derecho, no un negocio' en Madrid.

Belarra ha reclamado que se prohíba "de una vez por todas" los fondos buitres y los grandes rentistas porque la vivienda tiene que ser para que las familias puedan vivir en ella. "Necesitamos prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir en ella. Necesitamos una moratoria inmediata de todos los pisos turísticos y necesitamos que bajen los alquileres", ha afirmado.

"Todo eso en este momento se puede hacer por ley, se puede hacer a través de políticas que haga el gobierno de España", ha comentado, al mismo tiempo que ha manifestado que el problema de España es que "hay un gobierno en el que solo manda Sánchez" y que no se toma en serio la lucha por la vivienda digna.

Por último, ha señalado que es urgente que se sigan repitiendo las movilizaciones, para exigir medidas concretas para "parar los pies de una vez por todas a los especuladores". "Como se puede ver hoy aquí, le están robando la vida no solo a la gente más joven, sino también a muchísimas familias precarias que ya no se imaginan comprando una vivienda", ha apostillado.