Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado firmaron esta tarde un dictamen de mayoría que avala el acuerdo entre el país y dos fondos buitre, que implicará un pago total de u$s 171 millones.

Con el despacho que firmaron oficialistas y dialoguistas -se opuso el kirchnerismo-, que ahora debe ir al recinto de la Cámara alta y luego ser sancionado por Diputados, se busca amortiguar un argumento del propio mensaje enviado por el Ejecutivo, que habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

Momentos antes de finalizar el plenario, el oficialismo dijo que el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, informó de una prórroga hasta el 31 de mayo próximo.

En concreto, el convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67 al primero y u$s104 al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Otro punto destacado en el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- es que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país", es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

Debate

“Concluir este tema es extinguir el litigio con los principales acreedores en situación de holdouts”, manifestó el libertario y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (Capital Federal). Y agregó: “Es muy importante que, como señal, se le dé dictamen, según lo convenido con las partes“.

En tanto, el titular del PRO y de la comisión de Economía Nacional e Inversión, Martín Goerling Lara (Misiones), sostuvo que “es importante dar por terminada una etapa muy mala de la Argentina“ y resaltó la eliminación de la “incautación de activos estratégicos”.

Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) justificó el dictamen de minoría para rechazar lo solicitado por la Casa Rosada. “Observamos que no reduce la magnitud de los efectos institucionales, fiscales y jurídicos. No se trata de un proceso integral transparente, sino de acuerdos negociados individualmente con acreedores litigantes en trato inequitativo”, sentenció.

“Cada decisión del Congreso puede generar otros procesos de litigio”, advirtió el exgobernador, y auguró que la decisión “debilita la posición negociadora del Estado”. El oficialismo le respondió rápido a través del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), que lanzó: “Dato mata relato. Hay sentencia firme desde 2004 y nuestro gobierno lo ha heredado. Nos chocamos con la deuda y nunca es feliz pagar compromisos que no hemos heredado, pero como dijo nuestro Presidente, nos tenemos que hacer cargo y podemos hacerlo, gracias equilibrio fiscal”.

Por su parte, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza-Jujuy) expresó: “Estamos mostrando una nueva forma de pensar. Pagamos la deuda, somos confiables y vamos a intentar que bajen el riesgo país y la tasa de interés”.

Seguido a ello, Atauche recordó la época de “fragatas embargadas y aviones presidenciales, o el ‘discovery’ para ver qué hay de Argentina por todos lados, como si fuésemos el típico deudor que no cumple”. Minutos más tarde, el cristinista Martín Soria (Río Negro), aseveró: “Ingresó -el proyecto- el 17 de abril, a las apuradas. ¿Por qué liquidarlo sin debate y sin datos?“.

El final de la discusión quedó para la jefa libertaria, Patricia Bullrich. “Si todas las veces que votó el Congreso restructuraciones fue por unanimidad, ¿por qué no lo votan?“, preguntó. No olvidó de replicar a Soria, sobre quien observó que ”miente todo el tiempo" y cuenta siempre “la historia incompleta”.

Tras modificar la agenda matutina para que senadores libertarios vayan a “bancar” a Diputados el informe de gestión que dará allí el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo de la Cámara alta intentará avanzar, desde las 13, con los demorados ascensos diplomáticos de 2024 y 2025. Luego, en dos plenarios distintos -15 y 16.30-, se debatirá un acuerdo con fondos buitre y se comenzarán a analizar cambios sobre la normativa de salud mental.

Las actividades parecen depender de repentinas volteretas, a esta altura, de casi todos los bloques. Por caso, de las cuatro reuniones para conformar comisiones bicamerales previstas para ayer, una se suspendió el lunes y, las tres restantes, a horas de consumarse. Desde un par de despachos deslizaron, por lo bajo, sobre nuevas pinceladas de nombres.

Diplomáticos

La prolongada siesta para ascensos en Cancillería se revisarán en la comisión de Acuerdos, que comanda el mileísta riojano Juan Carlos Pagotto. Esto ya se cayó en varias ocasiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores se convirtió en un hervidero.

El evento se desarrollará en medio de acusaciones sobre generosos guiños a personas “cercanas” al kirchnerismo, supuestas influencias de diplomáticos sobre senadores para frenar o retocar listas, y algunas bancadas que mienten por default para no atarse al embrollo que ayudaron a generar.

Por fuera de las simpáticas operaciones, lo más importante a mirar de todo esto es, siempre, los espacios políticos que se mantuvieron en silencio. Lo mismo corre para pliegos judiciales. En las próximas horas, algunas subas de categoría quedarían relegadas, aunque el resto de ambas listas terminaría con respectivos dictámenes de mayoría.

Fondos buitre

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado debatirán un acuerdo entre el país y fondos buitre que implicaría un pago total de u$s 171 millones. Lo curioso del proyecto en cuestión es que, en el propio mensaje del Ejecutivo, se habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

Ayer, oficialismo y dialoguistas mantuvieron un cónclave con el ministro de Economía, Luis Caputo, para indagar sobre el tema. Sobre el plazo del 30 de abril, quedó la impresión entre los participantes de que el mismo no sería “taxativo”, aunque se sugirió que bien vendría firmar dictamen esta tarde como gesto.

Por otra parte, todos entendieron la necesidad de cerrar los espinosos problemas económicos y legales que tuvo el país en relación con esto, aunque los aliados recordaron también las varias dificultades del primer trimestre en el plano local, tras más de dos años de ajuste. Caputo dio explicaciones similares a las que suele ofrecer en medios y reafirmó que, en el actual trimestre, habrá un repunte. Esto también equivaldría a reactivar obras que, en los últimos meses, se paralizaron casi de manera total.

Además, dos asistentes confiaron a Infobae, tras una consulta del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), que el Gobierno consideraría la viabilidad de devolución ya no en cuatro meses, sino en seis u ocho, de los adelantos de coparticipación que la Casa Rosada otorgó a un puñado de distritos. Otros ítems con indicios de respuesta de “normalización” apuntaron hacia el PAMI y discapacidad.

Salud mental

La ley del Ejecutivo tendrá su puntapié en las comisiones de Salud; y de Legislación General, desde las 16.30. Tras la presentación del articulado, se estima que la oposición de todo color reclamará una amplia gama de invitados, por lo que la discusión seguirá en las próximas semanas. El texto, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo, se sumará a otros que ya hacen fila y se le acumulan a la Cámara alta.

En vísperas de un plenario clave en el Senado para para validar un acuerdo con fondos buitre por USD 171 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvieron una reunión junto a legisladores del denominado “Grupo de los 44 aliados”, en la que abordaron la necesidad de aprobar el entendimiento con los holdouts antes del 30 de abril. Además, analizaron el avance de las economías regionales, la importancia del equilibrio fiscal y un pedido de los parlamentarios sobre la coparticipación a las provincias.

“Con Luis Caputo y su equipo analizamos el avance de las obras estratégicas en cada provincia, la situación de las economías regionales y sus principales desafíos. Coincidimos en la importancia de sostener el equilibrio fiscal, condición indispensable para ordenar la Argentina y consolidar el progreso de todos los argentinos”, indicó Bullrich tras el cónclave.

Del encuentro participaron, entre otros, el senador Eduardo Vischi, presidente del bloque UCR; Carlos Mauricio Espínola, del bloque Provincias Unidas; Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia Social; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Beatriz Ávila, de Independencia; Flavia Royón, de Primero Los Salteños; Julieta Corroza, de La Neuquinidad; y Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza.

Según lo informado, se discutieron las problemáticas específicas de las economías regionales y la evolución de las obras, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener los “fundamentos económicos”, con especial foco en el equilibrio fiscal.

El acuerdo con los holdouts

Fuentes presentes en el encuentro explicaron en cuanto al acuerdo con los dos fondos buitre, por un total de USD 171 millones, el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso establece que, si el proyecto no es aprobado por ambas cámaras antes del 30 de abril, se podría reanudar el litigio en condiciones financieras considerablemente más desfavorables para el país.

Sin embargo, las fuentes indicaron que, según lo transmitido por Economía durante la reunión, no se trata de una fecha límite estricta, sino que la aprobación en el Senado antes del jueves representaría un gesto positivo. Por ese motivo, se espera que el dictamen correspondiente se emita en la jornada de mañana.

En efecto, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, junto con la de Economía Nacional e Inversión del Senado, tienen previsto realizar el miércoles un plenario para tratar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los fondos buitre, que incluye el mencionado desembolso. En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso se establece el 30 de abril como plazo para evitar que el litigio continúe “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

El entendimiento contempla que Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP aceptarían una reducción superior al 30% sobre el monto reconocido en fallos judiciales emitidos en Estados Unidos. De acuerdo con la propuesta oficial, la Argentina pagaría USD 67 millones a Bainbridge y USD 104 millones a Attestor.

El esquema elegido sigue el modelo “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se transferirán de manera simultánea a la cancelación de los bonos, mientras que los acreedores asumirán los gastos legales derivados del proceso judicial. Los convenios también contemplan una cláusula de standstill, que impide nuevas demandas o acciones legales por parte de los acreedores, así como interferencias en operaciones financieras hasta que se concrete la operación.

El texto remitido al Congreso, firmado por Javier Milei, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señala además que la aprobación del acuerdo permitirá “la finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país, en referencia a los procesos de “Discovery” vinculados a las finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos argentinos.

El pedido por la coparticipación

Por otra parte, uno de los pedidos trasladados al jefe del Palacio de Hacienda durante la reunión con el “Grupo de los 44″ fue la extensión en los plazos de devolución de los adelantos de coparticipación otorgados a varias provincias. Hasta el momento, la reembolso debía realizarse en cuatro meses, aunque se encuentra en análisis la posibilidad de extender ese plazo a seis u ocho meses, según detallaron los interlocutores.

A través del Decreto 219, el Gobierno implementó un sistema de adelantos de coparticipación destinado a doce provincias con problemas financieros. El texto oficial fija un límite máximo de $400.000 millones para estos anticipos, cuyo monto se calcula según el coeficiente de coparticipación que le corresponde a cada provincia.

La disposición habilita anticipos sobre los fondos de coparticipación federal, que deberán ser reintegrados dentro del mismo año fiscal. Estos adelantos tendrán una tasa nominal anual fija del 15% y se devolverán mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables. La definición de los montos para cada provincia quedará en manos de la Secretaría de Hacienda, que evaluará la capacidad de pago y la proporción de recaudación de impuestos nacionales correspondiente a cada jurisdicción.

Entre las provincias que podrán acceder a este mecanismo figuran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con algún nivel de sintonía política con el Gobierno nacional. El límite total autorizado es de $400.000 millones, a distribuirse según las necesidades planteadas por cada provincia y el análisis técnico de Hacienda.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado se reunirán mañana en plenario para comenzar a debatir un acuerdo entre el país y fondos buitre que implicaría un pago total de u$s 171 millones. Lo insólito del proyecto en cuestión es que, en el propio mensaje del Ejecutivo, se habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

En concreto, se estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelaría los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67 al primero y u$s104 al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. Los convenios incluyen una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Otro punto destacado en el mensaje que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- es que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país", es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

Bicameral del Niño, en espera

Para las 17.30 de hoy estaba agendada la conformación de una bicameral traumática: la del Defensor del Niño. Se suspendió horas atrás. En 2025, la mayoría de eventos relacionados con este –delicado- tema terminaron con papelones mayúsculos. Primero, por la ex titular del organismo, Marisa Graham, que modificó por resolución interna para atornillarse al cargo. Esto fue adelantado por Infobae durante el penúltimo período estival.

Tras varios meses, la comisión “encontró” una propuesta que, para nacer, tuvo el sorpresivo viraje de una macrista y legisladora bonaerense electa por La Libertad Avanza, que se unió al cristinismo y dialoguistas. Terminó con una postulante relacionada con la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Prosperó en un solo recinto.

En tanto, a las 14 tomará forma la de “Control de los Fondos de La Seguridad Social”, donde oficialismo y dialoguistas tendrán mayoría cómoda. Aparecen allí, como referentes mileístas, el senador Bruno Olivera Lucero (San Juan) y el diputado Lisandro Almirón (Corrientes), entre otros.

Una hora más tarde quedará conformada y con autoridades la “Permanente de La Defensoría del Pueblo”. El año pasado, esta bicameral aceleró en modo flash el mecanismo para el concurso del nuevo defensor. Para tener una referencia, el mismo actúa con plena independencia y autonomía, y su misión es la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones públicas. Es decir, un representante colectivo.

Eduardo Mondino fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se avanzó con su reemplazo. Todo un desafío para los legisladores que aterrizarán, de manera inminente, a la bicameral.

Atención especial acaparará la “Mixta Revisora de Cuentas”, desde las 16. Es el enlace predilecto con la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control externo -a posteriori- de los gastos del estado. Dos detalles por el lado de la Cámara alta: quien consiguió una butaca fue el ahora ex kirchnerista -y aparente peronista full time- Guillermo Andrada. Es el delegado del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y forma parte de Consenso Federal, que suma tres de 72 votos.

Hasta diciembre pasado comandó el diputado del justicialismo disidente Miguel Pichetto, que se hizo cargo de un engorroso trabajo nunca realizado por gestiones anteriores –había expedientes de la época de Mauricio Macri y Alberto Fernández- y dejó a la bicameral más cercana a los tiempos actuales. Esto implica una mayor lupa hacia los períodos 2024 y 2025, los de Milei.

Lo que ahora quiere el oficialismo es, con las adhesiones que dice contar, ubicar en la presidencia al exjefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). De consumarse sin inconvenientes la jornada y, después de un par de años, todo el cuerpo de la AGN –Diputados y Senado aprobaron a sus representantes en meses recientes- y la bicameral en cuestión se hallarán en pleno funcionamiento.

Ya Amou es una mujer de Mali que llegó a España junto a sus tres hijos en 2009 con la esperanza de conseguir un mejor futuro para su familia. Desde entonces reside en la misma vivienda, ubicada en el barrio madrileño de Lucero, donde no ha dejado de afrontar obstáculos para conservar su hogar y, ahora, enfrenta la amenaza más grave, ya que podrían desahuciarla el próximo 26 de mayo a pesar de su situación de vulnerabilidad y no tener otra opción habitacional. El fondo de inversión propietario del piso, Mona ITG, integrado en la sicav Orion Constellation, “ha rechazado sistemáticamente cualquier negociación y ha ejercido presión sobre esta vecina para forzar su salida”, según denuncia el Sindicato de Inquilinas.

“Su caso constituye un ejemplo flagrante de racismo institucional e inmobiliario, agravado por la desprotección de las administraciones públicas”, critica el sindicato, que explica que en febrero de 2025 una empresa de desocupación acosó a la mujer en su domicilio mientras estaba con su hija menor en el interior del piso.

Según explica la organización, la relación de Ya Amou con la propiedad de la vivienda ha estado marcada por constantes obstáculos y promesas incumplidas. En un primer momento, el fondo le ofreció comprar el piso por 110.000 euros y, tras lograr reunir esa cantidad con mucho esfuerzo, la empresa aumentó el precio hasta en dos ocasiones, hasta llegar a los 150.000 euros. Cuando finalmente consiguió reunir todo el dinero, la venta fue rechazada. “Le hicieron creer que podía comprar su casa para luego ir subiendo el precio y acabar negándose a vender. Es una estrategia clara de desgaste para expulsarla”, señala el sindicato.

Ya Amou, además, atraviesa actualmente una complicada situación familiar: vive con su hija adolescente, que ha dado a luz hace apenas unos días. “El fondo nunca ha querido negociar conmigo, pero no puedo irme de esta casa, mi hija vive conmigo y mi nieto ha nacido el 20 de abril, no tenemos donde ir”, explica la mujer en un vídeo que el sindicato ha colgado en sus redes sociales. “Estamos ante una familia en situación de especial vulnerabilidad. No se puede permitir que las instituciones miren hacia otro lado”, añaden desde la organización.

Un proceso judicial plagado de obstáculos

El proceso judicial también ha estado lleno de obstáculos para esta mujer. Sin saber leer en español, acudió a los servicios sociales en busca de ayuda tras recibir la demanda de desalojo y allí le dijeron que bastaba con ser reconocida como persona vulnerable, pero no le explicaron que debía solicitar justicia gratuita ni que era necesario personarse en el procedimiento. A consecuencia de ese error, explica el sindicato, Ya Amou fue declarada en rebeldía y el caso siguió adelante sin que pudiera defenderse.

Desde el sindicato recuerdan que esta familia ha vivido un sinfín de problemas desde el principio. La historia comenzó en 2005, cuando su marido compró la vivienda y, cuatro años más tarde, Ya Amou llegó a España con sus tres hijos buscando estabilidad. En 2010, durante una larga ausencia de su esposo en Mali y sin hablar español, confió los pagos de la hipoteca a un intermediario que debía abonarlos al banco, pero el dinero no llegó a su destino durante varios meses y eso les generó una deuda de 5.000 euros que no pudieron asumir.

Tras un juicio, la familia perdió la propiedad y el piso pasó a manos de Abanca, que les permitió quedarse mediante un alquiler social de 300 euros al mes. Después, la vivienda fue vendida al fondo buitre Mona ITG, con sede en Luxemburgo y propietario de decenas de inmuebles en toda España.

El Congreso tumbará el decreto que prorroga los alquileres

El caso de Ya Amou es tan solo un ejemplo de las dificultades que afrontan las familias vulnerables ante la “falta de protección institucional” y el endurecimiento del acceso a una vivienda digna, sostiene el sindicato. Además, la amenaza de desahucio que enfrenta coincide con un momento clave, ya que el Congreso derogará este martes, salvo sorpresa de última hora, el decreto ley impulsado por Sumar, que permitiría prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaría al 2% las actualizaciones anuales de renta.

Aunque el PSOE y otros partidos de izquierda respaldan la medida, PP, Vox y Junts, que suman mayoría parlamentaria, han confirmado su oposición, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado. El partido de Alberto Núñez Feijóo alega inseguridad jurídica e invasión de competencias autonómicas, mientras que los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietario. La formación liderada por Miriam Nogueras defiende que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas.

Después de la máquina sin parar que significaron las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasado, el Gobierno libertario se tomó un leve respiro y, en las últimas semanas, envió al Senado un ramillete de leyes y pliegos que pondrán a prueba la política de alianzas de la Casa Rosada y, sobre todo, hasta dónde estará dispuesto a negociar.

Con el correr de los días, desde despachos dialoguistas e incluso algunos oficialistas deslizaron a Infobae que, según el panorama que se pincela, habrá tiempo hasta agosto próximo para avanzar con las iniciativas en cuestión, antes de que el foco de atención se dirija hacia las pre campañas en varias provincias -ni hablar de lo nacional-, que aún especulan sobre cómo confrontará la administración central en diferentes distritos.

“Las cosas van tomando color de a poco en mi lugar, aunque a ritmo constante. Y todo indica que se acelerará. No hay que olvidar que el Ejecutivo decidirá si va a fondo con sus candidatos y el tenor de cada uno. Es decir, si serán postulantes para competir o para ganar. O si habrá alianza entre poder local y nacional. Eso, sin dudas, empezará a afectar los votos. Que hayan sobrado hasta ahora no implica que mañana sigan estando. Y en septiembre entra el Presupuesto y cuesta creer que haya otra cosa en simultáneo discutiéndose, con la trascendencia que la ‘ley de leyes’ acaparará”, reconocieron desde La Libertad Avanza (LLA) a este medio.

En tanto, un senador aliado confió: A veces pienso en el daño que se auto inflinge el Gobierno. A la reforma electoral, para dinamitar las PASO, le meten Ficha Limpia. Después, no cumplen con la norma de discapacidad que ratificó el Congreso para mandar otra, aún sabiendo que muchos que votamos la anterior seguimos en esta Cámara. ¿Alguien hizo esa cuenta? Sí hay que reconocer, y es innegable, que todos estos carriles por ahora se mantienen en calma gracias a quien tienen como jefa“.

La cita no es menor y es una coincidencia cercana a lo unánime según las fuerzas políticas que conviven en el Congreso: la agenda del período estival fue posible gracias a Patricia Bullrich, que se tira de “palomita” para cabecear todas las granadas. “La diferencia con -el presidente de Diputados, Martín- Menem, que encima es el protegido del Gobierno, es que el riojano sólo repite directivas. Y las leyes de los últimos meses no salieron justamente por eso, sino todo lo contrario“.

Ahora, el desafío es mayor para la exministra de Seguridad de Javier Milei. “¿A Patricia le envían todas estas leyes por su capacidad demostrada y para no quemarlo a Menem? Y, si comenzaran a trabarse, ¿le echarán toda la culpa para limarla?“, se oyó, con cierta preocupación, a un legislador libertario. El resto de consultados se dividen entre ”hasta diciembre no habrá inconvenientes" y “mejor que avance todo antes de mitad de año”.

Lo cierto es que Bullrich cuenta, en la actualidad -con las gafas oficialistas y en base a lo ocurrido en las extraordinarias de diciembre y febrero-, con un “piso” de 40 votos y un máximo de 44, que varió según el texto a tratarse en el recinto. Si bien nadie se anima a restar adhesiones a ello, la realidad es que los recientes proyectos parecen no tener los apoyos necesarios. El de la reforma electoral es el más claro. Todo dependerá de los eventuales cambios.

Según un sondeo inicial de Infobae, hay buena predisposición para la de salud mental -cambios necesarios a la vigente, con áreas delicadas-, baja en discapacidad, y promesas de modificaciones en el de propiedad privada. Sobre la última ley, un experimentado soldado dialoguista dijo a este medio: “Querían dictaminar la semana pasada. Casi un delirio, aunque frenaron a tiempo. Se armó, como con la reforma laboral, un canal de propuestas que van y vienen. La previsión es que lleguemos de acá a un mes”.

En paralelo a todo esto, el Senado tiene acomodadas varias audiencias públicas por pliegos judiciales hasta que termine la primera quincena de mayo, y ya suma un puñado de dictámenes listos para armar una sesión -la pensada para el miércoles 29 se bajó días atrás, como contó Infobae-, aunque algunos no convencen. El caso más marcado es el de falsas denuncias, la obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe). “Rompe el recinto”, insisten desde diversas bancadas.

Durante la noche del jueves pasado, se conoció que el miércoles 29 se conformará la comisión de Salud -16 horas- y que, media hora más tarde, habrá plenario junto a la de Legislación General para analizar el proyecto sobre salud mental. Un regalo para el kirchnerismo: Milei ya dijo que estará presente ese día, en Diputados, para el informe de gestión del inmobiliario jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El oficialismo perdió las riendas de los tiempos políticos. Luego de un período de sesiones extraordinarias en donde manejó el ritmo, La Libertad Avanza metió un freno de mano en el Congreso de la Nación que impacta en decisiones de relativa urgencia. En las últimas semanas el Ejecutivo envió varios proyectos de ley que en algunos casos tenían la exigencia de una fecha para su aprobación. Dos en particular, que tienen como límite el mismo día.

Uno está en la Cámara de Diputados y se refiere a la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes con los Estados Unidos. El otro está en el Senado y es el acuerdo de conciliación entre la Argentina y los fondos, Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. En ambos casos, la fecha límite es el próximo jueves 30 de abril.

El primero de los proyectos de ley está muy cruzado por el lobby de los laboratorios farmacéuticos argentinos que pujan para que no se firme, mientras que el segundo ingresó recién el pasado lunes y ni siquiera se podrá cumplir por los propios plazos parlamentarios.

Respecto del acuerdo con los Estados Unidos, desde las principales autoridades libertarias dieron por cerrada la posibilidad de lograr una aprobación antes del 30 de abril ya que no hay una sesión prevista en el corto plazo.

Desde la Casa Rosada señalaron que esto no generaría un conflicto con la administración de Donald Trump ya que se conseguiría una prórroga sin demasiado esfuerzo.

El proyecto iba a ser debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General. Sin embargo, la misma se suspendió sin demasiadas explicaciones y el tema quedó a la espera de que los libertarios lo vuelvan a habilitar.

Pero mientras se diluía la posibilidad de avanzar con el tema y se comenzaba a trabajar en un pedido de prórroga con la administración de los Estados Unidos, ingresaba en el Senado de la Nación el proyecto de ley para pagar una deuda a fondos buitre.

La iniciativa propone la aprobación de acuerdos de conciliación con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, en el marco de litigios internacionales por deuda impaga.

Los convenios estipulan que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. De acuerdo con el texto, el Estado argentino cancelaría los pasivos litigiosos con un pago de 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al grupo Attestor.

El mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP), lo que significa que los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales derivados del litigio. Los acuerdos incluyen una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

La fecha límite para la aprobación del acuerdo por parte del Congreso fue fijada para el 30 de abril de 2026. Si no se obtiene luz verde antes de esa fecha, el proyecto oficial señala que las transacciones “quedarán sin efecto y la Argentina deberá retomar los litigios, lo que implicaría mayores cargas financieras para el Estado".

Desde la oposición se mostraron sorprendidos por el proyecto. “Es una irresponsabilidad lo que hicieron, lo ingresan el 20 de abril y en el Senado necesitas como mínimo 7 días para que pase por una comisión y vaya al recinto. Y esto es si tenes los votos. Pero con el apoyo cumplirías los plazos el 29 o 30 de abril y te faltaba Diputados. Esto es humo”, reprocharon.

Los vecinos del bloque ubicado en la calle Gaztambide 37 en Madrid, en el barrio de Chamberí, han decidido plantar cara a la especulación inmobiliaria. A finales de 2025 el fondo de inversión Palau & Manfredi compró el edificio con la intención de rehabilitarlo y convertirlo en pisos de lujo, una práctica habitual de estas grandes empresas para aumentar la rentabilidad de las propiedades. A Irene Moreno y Ángel Díaz, una pareja que lleva viviendo tres años de alquiler en el bloque, el fondo les llegó a ofrecer 10.000 euros si abandonaban el piso, pero han decidido quedarse, al igual que otros inquilinos. Este domingo, con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, desplegarán pancartas y realizarán actividades como muestra de protesta.

“Llevamos viviendo aquí desde marzo de 2023 y nunca habíamos tenido problemas con los anteriores propietarios, hasta que el fondo compró el edificio. Dependiendo del contrato y la situación de cada vecino, el fondo ha hecho diferentes ofertas. A nosotros nos ofrecieron 10.000 euros si nos marchábamos”, explica a Infobae Irene, de 35 años, que junto a su pareja pagan un alquiler mensual de 1.050 euros. Ambos aseguran que, con los actuales precios en el barrio, no tienen posibilidad de mudarse pagando una cantidad similar. “Los dos tenemos trabajo y un salario decente y, ni siquiera así, podemos permitirnos otra cosa. Si nosotros no podemos, quién puede entonces”, se preguntan.

Al igual que otras zonas del centro de la capital, Chamberí está sufriendo un intenso proceso de gentrificación y especulación inmobiliaria, con una notable presencia de fondos de inversión, lo que también “tiene un impacto negativo en la cultura y vida comunitaria del barrio”, señala Ángel. De hecho, la especulación inmobiliaria también terminó en 2024 con la escuela de música La Popular, un local emblemático con 30 años de historia cuyos propietarios vendieron, modificando así el tejido social del barrio.

Presiones para echar a los inquilinos

En el caso de Irene y Ángel, el contrato les permite quedarse hasta 2028, pero otros vecinos, del total de 12 viviendas del bloque, “no han tenido más remedio que irse ante las presiones del fondo buitre” para echarles. Además, explican, la empresa ya ha comenzado a hacer obras en el edificio, lo que genera grandes molestias.

“Se repite la estrategia habitual de estos fondos: compran el edificio, desalojan a los residentes y luego venden o alquilan las viviendas a precios mucho más altos”, señala la pareja, que también menciona que algunos pisos de Gaztambide 37 ya se ofrecen en el mercado por más de 800.000 euros, mientras que el fondo adquirió el bloque por 6 millones de euros. También explican que, ante la facilidad con la que los fondos buitre actúan en el mercado y su argumento de que todo responde a la ley de oferta y demanda, han decidido plantarse y complicar la venta de las viviendas. Reclaman también una reunión con el fondo para negociar un contrato de alquiler estable y asumible.

El grupo inversor Palau & Manfredi concentra la mayor parte de sus inversiones inmobiliarias en Madrid y Barcelona, donde posee varios edificios residenciales y comerciales, especialmente en zonas céntricas y de alta demanda. De hecho, este mismo domingo los vecinos y vecinas de otro bloque ubicado en la calle Mallorca 243, en Barcelona, también han decidido que no abandonarán los pisos de alquiler donde llevan años residiendo.

Desde el Sindicato de Inquilinas también denuncian que este fondo “repite técnicas de acoso inmobiliario como la realización constantes de visitas de posibles compradores al edificio, o la ejecución de obras que hacen la vida imposible a las familias residentes”. Otra de las estrategias que emplea la empresa, añaden, es el cambio de titularidad de los suministros, de tal manera que “realizan cortes de agua y gas a su voluntad, perjudicando la vida de las familias”.

Frente a estas prácticas, destacan la eficacia de la organización sindical y vecinal, destacando los logros obtenidos por inquilinos de otros edificios, como la renegociación de contratos en el bloque de la calle Cáceres 7, en Arganzuela.

La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001. Así lo informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento directo del tema. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.

La firma de abogados que representa a los demandantes presentó un escrito ante el juzgado de Preska para informar que las partes “han alcanzado un acuerdo de principio para resolver esta acción”.

“A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, señala el documento y concluye que las partes anunciarán oportunamente al tribunal sobre el “estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae la veracidad de los documentos que circularon en las últimas horas por el despacho de Preska. Se espera que a lo largo de este miércoles, el Gobierno defina su postura respecto a los escritos de los holdouts.

La notificación presentada a la magistrada norteamericana, que también lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, confirma el acuerdo, aunque no brinda detalles sobre los términos pactados. A partir de este avance, las partes solicitaron suspender el litigio en curso, incluyendo dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre de 2025, mediante el cual reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se concreta la conciliación.

El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos, confirmó el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.

El abogado es un viejo conocido para la Argentina. Hranitzky participó en otro litigio contra el país, cuando representó al fondo NML-Elliott Capital Management y consiguió que se confiscara la Fragata Libertad en Ghana en el año 2012.

Bainbridge Fund es uno de los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda en default y que, hasta ahora, mantenían una disputa judicial con el Estado argentino desde 2016. La Justicia norteamericana ya había fallado a su favor, reconociéndole una suma de USD 95 millones más intereses.

Por su parte, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un litigio con la Argentina desde 2014 para el cobro de la deuda argentina que adquirió luego de su fundación en 2012.

En concreto, las mencionadas firmas “llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal”, explicó en su cuenta de X el experto Sebastián Maril, de Latam Advisos.

Por otra parte, la presentación ante el tribunal de Preska no aborda la moción sobre el traspaso de las acciones de YPF, solicitada previamente por el “fondo buitre”. Este acuerdo representa la resolución de los litigios más antiguos vinculados al default argentino y despeja el camino para cerrar uno de los últimos frentes judiciales abiertos en el exterior.

A mediados de 2025, el mismo día en que resolvió la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación, la jueza Preska, dictó dispuso la entrega de los activos accionarios de la petrolera a Bainbridge Fund.

Durante 2024, Bainbridge había solicitado a la magistrada que la Argentina informe sobre el paradero y uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) depositadas en Europa, además de requerir detalles respecto a las acciones de YPF en poder del Estado.

Además, Preska había autorizado al beneficiario de su fallo que perciba parte de la deuda derivada de la sentencia favorable mediante la transferencia del paquete accionario de la petrolera. Esta decisión se tomó el mismo día en que Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del litigio por la expropiación de la firma energética en 2012, fue autorizado a recibir el 51% del capital accionario, algo que finalmente no se materializó.

Los litigios con los acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 se resolvieron en su mayoría en 2016, tras el fallo del juez Thomas Griesa y la asunción de Mauricio Macri a la presidencia. En los primeros meses de ese año, el gobierno argentino logró acuerdos con la mayor parte de los fondos que tenían juicios abiertos o sentencias favorables, cerrando así uno de los capítulos más prolongados del default declarado en 2001. No obstante, algunos reclamos menores continuaron en los años siguientes.

-Pregunta: En el libro hablas de cómo influyen el neoliberalismo y el capitalismo en el mercado inmobiliario, ¿cómo definirías su implicación?

-Respuesta: Directamente habla del capitalismo rentista y de un nuevo paradigma rentista que nace en 2008. La vivienda se convierte en el elemento central en torno al cual se articula todo. Se pasa de un capitalismo donde lo central era producir mercancías, generar riqueza y consumo a un nuevo capitalismo donde la inversión se dirige hacia el control de activos para, de manera especulativa, obtener beneficios, fomentando que su precio suba, ya sea vivienda, oro, criptomonedas o acciones.

-P: La idea del libre mercado se suele relacionar con ideas políticas de derecha, ¿crees que solo un Gobierno socialista o de izquierda podría terminar con la actual crisis?

-R: Los mercados son profundamente políticos y están completamente regulados. El mercado inmobiliario está superregulado de arriba a abajo, pero para favorecer la subida de precios. Necesitamos otro tipo de regulación, que ponga el bienestar de las personas en el centro y no la rentabilidad de la posesión de activos o del rentismo. Lo que vemos es que está siendo muy difícil tanto para partidos de izquierdas como de derechas enfrentarse y controlar el problema de la vivienda. Yo sí que creo que solo se puede entender con una política de izquierdas, en sentido de regular e intervenir los mercados. Porque la generación inquilina cada vez cree menos en este sistema y esto empieza a tener expresiones políticas directas, como es el auge de las extremas derechas. Hay un vínculo superestrecho entre la crisis de vivienda y el auge de las extremas derechas.

-P: En el libro haces referencia a la sociedad de propietarios, ¿cómo la definirías?

-R: La sociedad de propietarios es un elemento central de este proceso de cambio que se inicia en los años 70, asociado al neoliberalismo, que es un proceso de desposesión de la clase trabajadora. Les quita sindicatos, el Estado de Bienestar y empieza a dispararse la desigualdad. A esta población se la transforma en propietaria. Estos proletarios, que sentían que eran obreros, que luchaban por sus condiciones laborales y económicas, de repente ya no van a sentirse proletarios, sino que van a sentirse propietarios, clases medias, y su bienestar va a estar más determinado por que el precio de la vivienda nunca baje. Lo que hemos visto a largo plazo es que eso ha estallado por los aires, porque era un modelo irrealizable.

-P: ¿Crees que esta idea de que alguien por tener una vivienda pertenece a la clase media ha dejado de tener sentido?

-R: La vivienda es la condición principal para acceder a la idea de clases medias y la generación inquilina no puede comprarla con sus propios méritos, solo puede acceder a la propiedad vía herencia o si le ayudan las familias. Eso es contrario a la idea de clase media, que es que tú trabajas, tú te esfuerzas y, por lo tanto, te mereces lo que tienes. La desigualdad se justificaba a través de la meritocracia. Quien tiene es porque se ha esforzado. Esa idea se está rompiendo, porque ahora ya vemos en todo nuestro alrededor que quien tiene es porque hereda. Y da igual cuánto trabajes y cuánto te esfuerces, porque ahora mismo los precios de la vivienda en ciudades como Madrid no se pueden pagar con los salarios.

-P: Por esta situación, la diferencia en la economía familiar de quienes heredan y quienes tienen que pagar un alquiler o hipoteca es abismal.

-R: Dos personas con vidas idénticas, que trabajan en lo mismo, que viven en el mismo sitio, pero uno hereda la casa y otro no, pasan 30 o 40 años y uno tiene un patrimonio de casi un millón de euros y el otro no tiene nada. De repente te das cuenta que importa mucho más la capacidad de heredar que el trabajar. Esto supone una ruptura con los pactos sociales dominantes de nuestras sociedades, de ahí ese descontento y desafección y que cada vez más personas tengan desconfianza hacia las sociedades en las que vivimos.

-P: En el libro explicas que el mercado inmobiliario funciona como un esquema ponzi. Si esto es así, ¿quién está en la cima de la pirámide?

-R: En la cima están, por supuesto, los fondos de inversión. 56.000 personas a nivel mundial. Un grupo de personas que caben en un campo de fútbol, que son los grandes poseedores de la riqueza mundial. Está claro que en la cima hay más, pero vemos que hay una élite muy pequeña que controla muchísima riqueza, muchísimas propiedades y muchísimos activos.

-P: ¿Cuándo es el momento en que estas empresas ven a España como un mercado tentador?

-R: En el mercado de la vivienda entran de manera masiva a partir de 2013, con la venta de vivienda pública a Blackstone y a Goldman Sachs por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, podemos hablar de una colonización de los fondos de inversión del mercado inmobiliario español, que van a comprar muchísimas miles de viviendas, cientos de miles de viviendas, a los bancos por precios muy por debajo del mercado. Si el dinero utilizado por el Estado para rescatar a los bancos se hubiera utilizado para comprar esas viviendas, ahora mismo tendríamos uno de los parques públicos más grandes de Europa y no habrían entrado los fondos de inversión ni hubiera habido un nuevo ciclo de especulación y probablemente no estaríamos aquí hablando de esto.

-R: ¿Cuál dirías que es la manera de terminar con estos esquemas Ponzi?

-R: Lo primero es sanear el mercado de estos especuladores, hay que expulsarles. Les llamamos fondos buitre precisamente porque su actividad es muy dañina para la economía y para la población. Expulsarles, impedir que entren, poniéndoles barreras, haciendo que cuando compran una vivienda, un edificio a otros fondos, el Estado pueda intervenir la operación y quedarse con esas viviendas al mismo precio. Son políticas que existen en algunas comunidades autónomas, pero necesitamos hacerlo de manera general y constante. El problema solo se soluciona con una democratización real del mercado inmobiliario y eso pasa por una regulación muy distinta a la que tenemos a día de hoy.

-P: También haces referencia al alquiler turístico, tú lo llamas ‘airbnbización’. ¿Cuándo entra Airbnb a España y cómo es que esta plataforma se ve como una forma de obtener un rédito económico?

-R: Cuando hay una regulación que facilita que especules, que subas los precios, que eches a un inquilino para poner a otro que va a pagar más o para convertir la vivienda en un piso turístico, esa dinámica es precisamente lo que genera un contexto alcista, que facilita que suban los precios y que se especule. Muchos caseros dicen: “No, yo a mi propiedad quiero sacarle la máxima rentabilidad. Echo al inquilino, lo pongo en un piso turístico, echo al inquilino, busco a otro que pague mucho más”. Y hay gente que dice: están en su derecho para hacerlo. El problema es que en este país, al igual que en el resto de Europa, el derecho a la propiedad privada es un derecho reconocido, pero no es un derecho absoluto, por eso sí que se le puede poner límites a los usos especulativos.

-P: Respecto a las soluciones, comentas que no es edificar, sino reordenar el mercado. ¿Puedes explicar cuál es esta reordenación?

-R: Lo primero, poner límites a la especulación; regular los usos de las viviendas, que no se puedan transformar en pisos turísticos; bajar los precios por ley para corregirlos a los salarios y a la economía real; poner límites a las compras especulativas; que los alquileres sean indefinidos, que tú no puedas echar a un inquilino que está pagando simplemente para buscar a otro que va a pagar más. Y luego, por supuesto, una fiscalidad que penalice la concentración de propiedades. Por último, el Estado tiene que impulsar la promoción de vivienda y la construcción y gestión con criterios sociales. No puedes dejarlo todo en manos de especuladores.

-P: Dentro de las distintas alternativas de vivienda que mencionas, propones las cooperativas, ¿cómo funcionan ese tipo de propiedades?

-R: Ya funcionan en algunas comunidades autónomas como en Cataluña, pero donde tienen muy poco peso. En otros países representan porcentajes del mercado inmobiliario muy significativos, hasta un 30%. Básicamente no es ni propiedad ni alquiler para la población, porque la dueña de las viviendas es la cooperativa. Pero como no quieren maximizar beneficios, sino producir vivienda asequible, el coste es el que se necesita para mantener la vivienda. Esto sería la base de un nuevo paradigma de vivienda.

-P: Tu libro también es una especie de mensaje a esta generación inquilina de que puede venir algo mejor, pero si las cosas están tan mal, ¿por qué es difícil cambiarlas?

-R: Precisamente porque no hay una cultura de organizarse y cambiar las cosas que no nos gustan. Hay una cultura del sálvese quien pueda. Ese es uno de los grandes éxitos del neoliberalismo y lo que beneficia a un sistema que cada vez concentra más riqueza y donde cada vez hay más desigualdad. Necesitamos lo contrario, que esta generación inquilina, aunque sea muy heterogénea, se empiece a ver como parte de un mismo grupo social y empiece a organizar sus intereses colectivos de manera antagónica hacia otros grupos que están impidiendo que esta población viva mejor. A partir de ahí es cuando puede surgir el cambio social.

-P: También comentas que en los bloques de viviendas no conocemos a nuestros vecinos. Al final, encontrar una solución es difícil si no sabes quién vive enfrente.

-R: Muchas veces la gente no quiere conocerse porque no tiene tiempo ni interés. Luego pasa una crisis natural como fue la Dana y de repente ves que gente que no se conoce empieza a colaborar de manera solidaria y cooperativa, como si fueran familia. Cuando las crisis cada vez son mayores, como la de la vivienda, vamos a necesitar más estos vínculos comunitarios.

-P: ¿Ves que ya existe una organización en cuanto a propietarios e inquilinos?

-R: En Madrid hay muchos bloques que son propiedad de fondos de inversión, que los fondos les quieren echar y los inquilinos ya están organizados con el Sindicato de Inquilinas. Hace poco, en Cataluña, CaixaBank pretendía echar a muchos inquilinos, se organizaron con el Sindicat de Llogateres de Catalunya y han conseguido que CaixaBank venda las vivienda a la Generalitat para hacer vivienda pública. Ahí vemos que otro tipo de política es posible y que estas respuestas y actos de desobediencias para conquistar derechos ya se están dando. Pero para cambiar las cosas necesitamos que se den a una escala mucho mayor.

-P: Por último, en tu libro te preguntas si podemos vivir mejor, pero quería preguntarte cuándo podremos vivir mejor.

-R: Esta mezcla de actos de desobediencia civil, de generar nuevos movimientos políticos, nos harán vivir mejor. Las posibilidades están ahí. Hay un contexto de abundancia generalizada, pero esa abundancia está secuestrada políticamente. Cada vez vemos más cercamientos a la riqueza. Lo que hacen es quitársela a las mayorías sociales y dejarla para unos pocos. Hay que conseguir generar las condiciones políticas para que esa riqueza se pueda redistribuir, porque nunca antes en la historia las mayorías sociales, en términos materiales, podríamos vivir tan bien como podemos vivir ahora. Y no podemos por una simple razón: por la fuerte concentración de riqueza.

La expansión de los fondos de inversión en el campo español ha transformado de forma radical el sector agrícola, con especial incidencia en los cultivos de olivo y almendro, según denuncia Greenpeace en un nuevo informe publicado este jueves. La organización ecologista advierte de que la llegada de fondos internacionales y grandes capitales está desplazando a la agricultura familiar y concentrando recursos clave como el agua y las subvenciones públicas, lo que genera una profunda transformación en las zonas rurales de España. También afirma que estas grandes empresas están provocando una pérdida masiva de soberanía, agrobiodiversidad y puestos de trabajo.

Las operaciones de los fondos de inversión en el campo español incluyen la compra de tierras para arrendarlas a sus anteriores propietarios, la adquisición directa de explotaciones y la compra de empresas del sector. Se tra de un proceso, según el informe, que ha encarecido de forma notable el valor de la tierra, de forma que en zonas de olivar en regadío de Sevilla, el precio de la hectárea aumentó un 24,6% entre 2020 y 2024. Según Greenpeace, en Andalucía, el 90% de las compraventas de fincas rústicas en 2024 se cerraron sin hipoteca, lo que refleja el dominio de grandes capitales con liquidez inmediata.

El modelo intensivo y superintensivo promovido por estos fondos se apoya en la mecanización y la externalización de servicios. Nuevos intermediarios, como Balam o Todolivo, asumen la gestión integral de las plantaciones, desde la mejora genética hasta la recolección, permitiendo que inversores ajenos al sector agrario operen fincas como franquicias. Este esquema ha reducido la demanda de mano de obra y ha facilitado la entrada de capitales ajenos al conocimiento agrícola, critica Greenpeace.

“Solo les interesa obtener una mayor rentabilidad”

“Lo que los fondos buitre están haciendo con la vivienda -acaparar, especular y expulsar a la gente- lo están replicando ahora en el campo: concentran tierra, agua y ayudas públicas, mientras dejan fuera a quienes lo han trabajado toda la vida. Además, este modelo se maquilla de eficiencia, pero es concentración y acaparamiento de recursos hídricos, en un contexto de emergencia climática”, señala Helena Moreno, responsable de Agricultura en Greenpeace.

También ha cuestionado que estas empresas defienden su actividad argumentando que deben atender el aumento de la demanda global de alimentos. “Si es por ellos, solo nos alimentaríamos de aceite de oliva, almendra y pistacho porque, básicamente, son los cultivos que tienen mayor rentabilidad, que es únicamente lo que les interesa”, critica.

En solo una década, el número de fondos de inversión especializados en agricultura a nivel mundial ha crecido de 41, en 2015, a más de 1.000 en 2025, según una estimación provisional de la organización. En la península ibérica, la inversión en agronegocio aumentó de 800 millones de euros en 2021 a 2.200 millones en 2023. Hasta mayo de 2025, se habían formalizado operaciones por 400 millones adicionales y estaban en curso negociaciones por otros 3.000 millones.

Acceso al agua y brecha sectorial

El acceso al agua se ha consolidado como el elemento clave para la viabilidad de los nuevos modelos superintensivos impulsados por grandes grupos empresariales. En el caso del olivar, producto emblemático y de liderazgo mundial para España, este modelo superintensivo apoyado en el regadío “está profundizando la desigualdad dentro del propio sector”, según denuncia Greenpeace en su informe.

Los planes hidrológicos de cuenca han favorecido a estas explotaciones, asignando un mayor volumen de agua por hectárea y año al olivar superintensivo respecto al olivar tradicional de regadío, lo que organizaciones de pequeños y medianos agricultores consideran un trato discriminatorio. Los principales beneficiarios son las grandes empresas del agribusiness, que representan una minoría. Durante los períodos de sequía, el olivar tradicional, mayoritario, ve reducida su producción por la falta de precipitaciones o restricciones en el riego, lo que repercute en una menor cosecha y un aumento de los precios. Por el contrario, el modelo superintensivo sostiene su nivel productivo y resulta favorecido por el incremento de los precios.

“En un país de sequías recurrentes, los legisladores se han encargado de proteger el acceso al agua de esta minoría poderosa, aunque haya supuesto ir en contra de los agricultores y agricultoras tradicionales, mucho más numerosos y ligados al territorio”, ha indicado Moreno.

“La PAC alimenta a grandes corporaciones”

El anáñisis de Greenpeace también señala que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) han pasado a concentrarse en grandes corporaciones y fondos. Solo el 0,08% de los beneficiarios recibe más de 500.000 euros cada uno, lo que representa el 10% del presupuesto total, mientras que el 60% apenas percibe menos de 5.000 euros anuales. Entre los grupos destacados figuran De Prado, que ha percibido más de un millón de euros entre 2023 y 2024, y estructuras vinculadas a Atitlán, que superan los 2,4 millones de euros en ese periodo. Vehículos centrados en el almendro, como ISFA (Iberian Smart Financial Agro) y Almondplus (Lizard Agro), han captado cerca de 850.000 y 745.000 euros respectivamente, añade la organización ecologitsa.

El informe señala que muchos de estos grandes grupos utilizan sociedades filiales para dificultar la trazabilidad y fiscalización del destino final de los fondos públicos, lo que evidencia carencias en la transparencia corporativa.

Qué fondos operan en España

Entre estas grandes empresas con mayor presencia en la penísula ibérica, según indica Greenpeace, figuran canadienses como Fiera Comox, PSP Investments, el fondo de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Montada de Canadá, junto con Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), operan proyectos de gran escala, como el desarrollo de 3.000 hectáreas de olivar superintensivo en Portugal. También participan firmas como Cibus Capital (Londres), Atitlán y Beka & Bolschare Iberian Agribusiness, vinculadas a sectores como el aguacate y el almendro. Además, la familia Entrecanales ha invertido más de 46 millones de euros en plantaciones de almendro en Aragón a través de Lizard Agro.

Propuestas de Greenpeace

Ante este panorama, Greenpeace reclama la exclusión de fondos de inversión y grandes holdings de las ayudas de la PAC, transparencia corporativa, la regulación del mercado de la tierra, el control de la integración vertical en la cadena de valor y un reparto justo y sostenible del agua. La organización también propone modificar los planes hidrológicos para eliminar las concesiones que benefician a los modelos superintensivos y crear bancos públicos de agua, además de revisar las concesiones históricas.

Las ayudas de emergencia para quienes no pueden acceder a una vivienda por vías convencionales formarán parte de los recursos a los que recurrirán los servicios sociales de las comunidades autónomas en los próximos meses. Según informó Europa Press, el Gobierno ha decidido reforzar el sistema que impide los desalojos de personas en situación vulnerable que residen en inmuebles gestionados por grandes propietarios, incluidos los denominados “fondos buitre”. Esta ampliación del llamado “escudo social” se formalizará a través de un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

El medio Europa Press detalló que la protección para inquilinos en situación de vulnerabilidad se mantendrá de forma específica para los casos donde los arrendamientos estén gestionados por grandes tenedores. La medida busca asegurar que quienes enfrenten dificultades sobrevenidas —como una enfermedad, la pérdida del empleo o problemas económicos imprevistos— y carezcan de alternativas habitacionales, no sufran desahucios inmediatos. Las fuentes del Ejecutivo citadas por Europa Press señalaron que, con esta iniciativa, el “escudo social” continúa actuando como red de apoyo ante situaciones de exclusión.

De acuerdo con Europa Press, la prórroga de la protección no afectará a los pequeños propietarios. Aquellas personas que posean una o dos viviendas, o que se encuentren a su vez en situación de vulnerabilidad, quedan fuera de las restricciones que pesan sobre los desalojos. En estos escenarios, la competencia para encontrar alternativas de vivienda recae sobre los servicios sociales locales o autonómicos, responsables de proporcionar recursos o alojamientos temporales en caso de emergencia.

Europa Press reportó que el Consejo de Ministros aprobará dos decretos separados: uno consagrado a la revalorización de las pensiones para el año 2026 y otras prestaciones, incluidos elementos como la congelación de las cuotas a los trabajadores autónomos, mientras que el otro decreto incluirá el refuerzo al “escudo social” y nuevos mecanismos de protección. Esta decisión separa ambos ámbitos tras la reciente negativa del Congreso, que el 27 de enero rechazó la convalidación de un único decreto donde figuraban, conjuntamente, el incremento de las pensiones y la prolongación del paraguas social contra los desahucios.

El Gobierno ha subrayado, según consignó Europa Press, que mantendrá el compromiso financiero con las comunidades autónomas para facilitar la creación y mantenimiento de parques de vivienda social, así como de dispositivos para emergencia habitacional. Estas aportaciones buscarán dar respuesta estructural a los colectivos en riesgo, evitando soluciones fragmentarias o de corto plazo.

En paralelo, fuentes del Ejecutivo citadas por Europa Press indicaron que se fortalecerán los mecanismos de compensación para propietarios afectados por la imposibilidad de desahuciar a inquilinos vulnerables. En este sentido, la semana previa, el Consejo de Ministros incrementó el sistema de avales con una dotación adicional de 300 millones de euros, destinado a sostener la viabilidad del modelo de protección vigente y a asegurar la colaboración tanto de la administración como de los tenedores de vivienda.

El Gobierno argumentó, según publicó Europa Press, que estas actuaciones pretenden garantizar que ningún colectivo vulnerable quede desatendido, incluidas las personas que han visto su situación cambiar bruscamente, quienes atraviesan crisis personales o laborales y los migrantes. “Este Gobierno es incansable y responde a cualquier situación con más trabajo y más propuestas: mirando hacia adelante y avanzando. Somos el Gobierno que no deja a nadie atrás: ni a los pensionistas, ni a los migrantes, ni a quien por un tropiezo en su vida, como puede ser una enfermedad o una pérdida de empleo, no puede pagar el alquiler”, expresó el Ejecutivo en una declaración recogida por Europa Press.

Las autoridades también remarcaron, según relató Europa Press, su experiencia en el logro de acuerdos entre posiciones inicialmente dispares y reiteraron la intención de mantener este enfoque para la búsqueda de soluciones sostenibles y la puesta en marcha de nuevas propuestas sociales destinadas a paliar las desigualdades. Además, la política de protección ante desahucios pretende conjugar el derecho a la vivienda de quienes sufren dificultades con un sistema de apoyo a los propietarios afectados, teniendo en cuenta tanto la problemática social como la necesidad de mantener la confianza en el sistema de alquiler.

Europa Press informó que, mientras se refuerzan las garantías contra los desalojos en pisos de grandes tenedores, la asistencia de hoteles sociales y el resto de recursos de emergencia se mantendrán a disposición de los casos de vulnerabilidad identificados por los servicios sociales. La financiación prevista para estos recursos buscará responder a la demanda creciente y adaptarse a las situaciones derivadas de la precarización habitacional y el aumento de la presión sobre el mercado de alquiler.

La estrategia gubernamental, según Europa Press, contempla tanto la protección directa mediante la suspensión de lanzamientos en determinados casos, como mecanismos de acompañamiento para facilitar alternativas habitacionales, apoyo económico y la participación coordinada de las administraciones autonómicas y locales. El propósito, subrayaron desde el Ejecutivo, es avanzar hacia un sistema en el que las personas que no pueden afrontar el pago del alquiler por causas sobrevenidas reciban respuesta antes de verse expuestas al abandono o la falta de recursos básicos.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha acordado la admisión a trámite de una querella presentada por doce vecinos de un edificio situado en la calle Tribulete del barrio de Lavapiés por presunto delito de acoso inmobiliario contra una gestora vinculada a un fondo de inversión. En un auto, la magistrada acuerda la apertura de diligencias al apreciar indicios de delito, citando a doce querellados a declarar los próximos 17 de febrero y 3 de marzo.

Esta decisión judicial es importante porque “puede convertirse en un precedente para futuros casos relacionados con grandes propietarios inmobiliarios que llevan a cabo prácticas destinadas a forzar la salida de inquilinos que les impiden comercializar con las viviendas”, asegura Manuel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados.

En concreto, la querella se dirige contra varios responsables y sociedades vinculadas a la gestión del inmueble como Elix Servicios Inmobiliarios SL, Inmho Gestión de la Propiedad SLU y diversos directivos y responsables operativos. La magistrada María Isabel Garaizabal Ariza sostiene que los hechos relatados en la querella “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de acoso inmobiliario”, por lo que ordena la apertura de diligencias previas para determinar la naturaleza exacta de los hechos y la participación de las personas investigadas.

Acoso inmobiliario

Los antiguos inquilinos del edificio aseguran que, tras la compra del inmueble por parte del fondo de inversión en 2024, comenzaron a sufrir una serie de actuaciones que tenían como objetivo que se fueran de sus viviendas. Estas prácticas podrían relacionarse con acoso inmobiliario, que según Hernández García consiste “en generar condiciones de vida insostenibles para que el inquilino se marche por decisión propia y así no tener que acudir a un procedimiento de desahucio”.

Los vecinos han relatado al juzgado una situación de presión continuada y progresiva. Según su denuncia, no fueron hechos aislados, sino una estrategia sostenida en el tiempo para lograr un deterioro de su día a día y así provocar que abandonaran el edificio por cansancio o por miedo.

“Los comportamientos que describen se encuadran dentro de lo que legalmente se considera hostigamiento y trato degradante, elementos que pueden configurar un delito contra la integridad moral”, apunta el director de Vilches Abogados.

Ruidos continuos, goteras, cortes de agua y de electricidad...

Asegura que el acoso que denuncian los vecinos incluía acciones de varios tipos, entre ellos un acoso ambiental, debido a la creación deliberada de un entorno hostil o insoportable dentro del edificio mediante obras intensas y permanentes, ruidos continuos en horarios sensibles y una presencia constante de operarios en las zonas comunes.

Además de un acoso estructural o por falta de mantenimiento. Los afectados sostienen que se dejaron deteriorar elementos esenciales del edificio con las consiguientes filtraciones y goteras, ascensores averiados “día sí y día no” y daños en instalaciones comunes que no se atendían pese a los avisos. A juicio de Manuel Hernández García, “este tipo de ‘no acciones’ puede ser una forma de presión encubierta: no actuar para que la vivienda se vuelva menos habitable”.

Los vecinos también denuncian un hostigamiento mediante cortes de suministros con caídas o interrupciones en servicios básicos como agua o electricidad. En este cado, el abogado apunta que “aunque no se trate de cortes completos, la reiteración y la ausencia de soluciones rápidas, en caso de probarse, constituyen una forma de coacción”.

La táctica de meter miedo

Otro tipo de presión llevada a cabo por el fondo de inversión, según los vecinos, fueron llamadas, mensajes o reuniones donde se les insinuaba la conveniencia de “buscar otra vivienda” o aceptar indemnizaciones bajas para irse. En algunos casos, afirman haber recibido notificaciones ambiguas que generaban incertidumbre o temor sobre su continuidad en el edificio.

Manuel Hernández apunta que “estos hechos diseñan un escenario de desgaste emocional y material que, según la denuncia, tenía un objetivo claro: vaciar el inmueble para destinarlo a un uso mucho más rentable”.

Todas estas denuncias han provocado la admisión de la querella, que sitúa el caso en un proceso penal en el que se investigará si las actuaciones denunciadas podrían encajar en el tipo penal de acoso inmobiliario. En la resolución, la jueza fija además para el 3 de marzo la declaración como testigos del portero del edificio, José Luis, y del arquitecto Pablo García Bachiller. Asimismo, requiere a la Policía Municipal de Madrid para que aporte todos los informes de intervención realizados en el edificio entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

Manuel Hernández considera que la admisión de la denuncia colectiva implica que el juzgado aprecia “indicios de un posible delito contra la integridad moral y de acoso inmobiliario”. Incide en que si el caso sigue adelante, “los responsables podrían enfrentarse a penas de carácter penal y, en situaciones graves, incluso a medidas contra la propia sociedad propietaria”.

En su opinión, este caso no solo afecta al edificio de Tribulete 7, sino que “puede influir en la forma en que se entiende, se demuestra y se persigue el acoso inmobiliario en nuestro país. Y, sobre todo, puede convertirse en un freno para quienes utilizan este tipo de acciones delictivas como herramienta para vaciar inmuebles de inquilinos ‘no deseados’”.

El diputado Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y representante de Compromís, ha demandado explicaciones al Gobierno acerca del presupuesto destinado a la reciente campaña publicitaria del Ministerio de Vivienda llamada "Ahora, decide el barrio". Al presentar una serie de preguntas en la Cámara Baja, Ibáñez también buscó saber si el Ejecutivo planea aplicar acciones concretas dentro de sus competencias para frenar el desplazamiento de residentes provocado por la acción de grandes propietarios y fondos de inversión. Las críticas de Ibáñez surgen luego de que el Congreso de los Diputados rechazara tramitar una ley impulsada por Sumar que pretendía prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión pudieran comprar viviendas, asunto que, según este grupo parlamentario, afecta directamente a la crisis habitacional que enfrenta España.

Según consignó Europa Press, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) optó por abstenerse en la votación parlamentaria sobre la reforma propuesta por Sumar. Dicha reforma buscaba limitar la capacidad de grandes inversores para adquirir viviendas. Finalmente, la iniciativa fue rechazada por el voto en contra de Partido Popular (PP), Vox, Junts, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria, impidiendo su admisión a trámite. La postura adoptada por el Partido Socialista motivó airadas reacciones en Sumar, cuyo portavoz de Vivienda acusó a los socialistas de alinearse "con los fondos buitre y los especuladores". Ibáñez sostuvo en declaraciones recogidas por Europa Press que "las derechas y la abstención del Grupo Socialista han vetado el debate de terminar con una de las causas que a más gente echa de sus barrios".

El contexto del debate gira en torno al creciente problema del acceso a una vivienda en España y la percepción de que la intervención de fondos de inversión y grandes propietarios contribuye al aumento de precios y a la expulsión de residentes de barrios tradicionales. El medio Europa Press detalló que la iniciativa de Sumar pretendía modificar el actual marco legal para impedir que actores institucionales y corporativos expandieran sus carteras inmobiliarias en detrimento de los particulares que buscan adquirir una vivienda para uso propio.

El rechazo a la reforma desencadenó una confrontación política. De acuerdo con Europa Press, Ibáñez señaló la responsabilidad del PSOE en el resultado por no sumarse a la iniciativa legislativa y aludió a la existencia de una voluntad política insuficiente para abordar las causas profundas de la crisis habitacional. El diputado de Sumar subrayó que la abstención socialista, sumada a los votos en contra de formaciones de la oposición, privó al Congreso de un debate sobre medidas estructurales que podrían limitar la presencia de grandes inversores en el mercado residencial español.

En el marco de sus críticas, el portavoz de Sumar también apuntó contra la última campaña del Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez. Según informó Europa Press, Ibáñez calificó dicha campaña de provocación, señalando que, si bien expone nuevas normativas para restringir el alquiler vacacional en edificios residenciales, no constituye una respuesta suficiente al fenómeno de la especulación inmobiliaria. La campaña, titulada "Ahora, decide el barrio", ha motivado a Ibáñez a solicitar transparencia respecto al gasto público involucrado y cuestionar la prioridad de este tipo de acciones frente a la necesidad, según su agrupación, de aplicar regulaciones más contundentes que frenen la expulsión de vecinos por parte de multipropietarios y fondos de inversión.

Sumar ha expresado reiteradamente, según consignó Europa Press, la urgencia de aprobar medidas que dificulten la acumulación de viviendas por parte de actores que, en su opinión, tienen como objetivo principal la rentabilidad económica antes que el acceso social a la vivienda. Con el resultado de la votación en el Congreso, este grupo parlamentario considera que la posibilidad de abrir un debate nacional sobre la raíz del problema habitacional ha quedado bloqueada por la alineación de fuerzas dentro del hemiciclo.

La votación negativa, de acuerdo con los datos reportados por Europa Press, refleja las divisiones existentes dentro del bloque progresista respecto a la intervención en el mercado inmobiliario. El PSOE, al abstenerse, se distanció de las propuestas maximalistas de Sumar, mientras que los partidos de la oposición votaron en contra de la admisión a trámite de la ley. Este escenario llevó a Sumar a reforzar críticas sobre la supuesta falta de voluntad del Partido Socialista para actuar contra lo que consideran el avance de la especulación por parte de grandes inversores.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar viviendas en España. Este rechazo ha sido posible tras la decisión del PSOE de abstenerse, mientras que la propuesta ha sido apoyada por Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. Por su parte, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra; mientras que el PNV ha seguido la estela del Partido Socialista y se ha abstenido.

En el debate de la iniciativa, Sumar defendió la propuesta argumentando que la compraventa de viviendas por parte de empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión es más del doble que durante la burbuja de 2008. El diputado que impulsó la iniciativa y la defendió fue el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, que cuestionó la labor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, por iniciativas como la de habilitar el número de teléfono 047 para resolver dudas en materia de vivienda.

En el turno del PSOE, Gabriel Blanco apuntó que su grupo parlamentario no se iba a oponer a debatir cualquier medida que busque contribuir a poner solución al problema de la vivienda, pero aseveró que siempre lo hará “desde el reconocimiento más profundo al trabajo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda”. Señaló que el Gobierno está haciendo un esfuerzo “inmenso” para poner fin a la crisis habitacional e invitó a Sumar a que “respete” ese trabajo y no incida en “desgastarlo”, tal y como buscan “precisamente quienes quieren tumbar este Gobierno”.

Críticas a la propuesta

Durante el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, indicó que la propuesta no supone una limitación excepcional en el tiempo y en un ámbito territorial con el objetivo de lograr el fin social que pretende, sino que es una medida ilimitada, lo que en su opinión “dificulta” entender su encaje en el ordenamiento jurídico actual.

Por su parte, la diputada de Junts, Marta Madrenas, apuntó que la iniciativa de Sumar “no resuelve ningún problema”, sino que implica una “restricción más” que acabará bajando la oferta, pondrá en riesgo promociones de vivienda en curso y “distorsionará todavía más el mercado”.

El diputado del PP Carlos Gil censuró que la propuesta de Sumar “empeora y aún más” la Ley de Vivienda, a la que calificó como una de las “más nocivas” que ha llevado a cabo el Gobierno. “Prohibir que las personas jurídicas puedan adquirir vivienda no es una solución, es un disparate y una medida diseñada para poder señalar culpables”, criticó el ‘popular’.

En tanto que el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, esgrimió que la reforma propuesta por Alberto Ibáñez implicaría “el fin” del parque inmobiliario porque las cláusulas que impone supondrían “de facto” acabar con la inversión en este sector. “Viendo los resultados en dos años de Ley de vivienda, lo cierto es que la única modificación que cabría esperar de esta ley es aquella que rece en su artículo único su supresión”, criticó.

Los fondos quieren deshacerse de 25.000 viviendas

El rechazo a la propuesta de Sumar de impedir que empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión compran vivienda se produce en un momento en que estos últimos han iniciado la venta o la recapitalización de más de 25.000 casas en España por un valor de más de 5.000 millones de euros.

Este movimiento supone una de las mayores reestructuraciones residenciales de la última década que disparará la oferta de viviendas en un momento en que escasea, lo que puede implicar una bajada de precios.

“Es una derivada casi natural de este proceso especulativo y salvaje que está asolando todas las ciudades de nuestro país”. Así resume la abogada y politóloga Alejandra Jacinto el auge del acoso inmobiliario: un conjunto de prácticas destinadas a expulsar a los inquilinos de sus viviendas sin necesidad de pasar por un desahucio judicial.

Lo que antes parecía un fenómeno marginal es ahora una estrategia habitual entre fondos de inversión, socimis, promotoras y también algunos propietarios particulares —especialmente en zonas tensionadas— cuyo objetivo es maximizar sus beneficios, según explican el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (Cooperativa CAES) y el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Mientras las administraciones tardan en reaccionar y no existen datos oficiales registrados sobre esta práctica, los afectados denuncian métodos cada vez más agresivos y perfeccionados para “no dejar pruebas”, señala Jacinto. El resultado son abandonos forzados que no figuran en ninguna estadística.

¿Qué es el acoso inmobiliario y cómo se perpetra?

El Sindicato de Inquilinas de Madrid define el acoso inmobiliario como “toda conducta reiterada destinada a forzar a una inquilina a irse de su casa”. Entre las prácticas más frecuentes, describen subidas repentinas del alquiler, cortes de suministros, negativa a reparar averías esenciales, burofaxes intimidatorios o visitas sin previo aviso. “Consideramos estas prácticas violencia económica y psicológica para expulsarnos de nuestras casas”, señalan.

En los últimos años, estas tácticas se han multiplicado y diversificado en toda España. En Madrid, los vecinos de Tribulete 7 denunciaron que, tras la compra del edificio por un fondo, comenzaron obras constantes, derrumbes de techos, inundaciones y daños nunca reparados. En Valencia, casos como Sogueros 2 o el de Amanda Orozco han expuesto otros métodos frecuentes: cortes de luz, interrupciones del agua, obras sin licencia que generan polvo, ruido y vibraciones, o la aparición de empresas como Desokupa que intimidan a los inquilinos.

Asimismo, en Pamplona, en el edificio de Mercaderes 18, los vecinos han denunciado una estrategia basada en la dejadez deliberada: ascensores averiados durante semanas, acumulación de escombros o ausencia de agua caliente coincidiendo con la intención del propietario de transformar el inmueble en apartamentos turísticos.

El abogado Javier Rubio, experto en vivienda de la Cooperativa CAES, confirma este patrón: “Se pueden bloquear ascensores temporalmente; generar grietas o goteras; provocar muchísimas molestias por la propia obra; rotura del portal; bloqueo de escaleras, suciedad constante y horarios intempestivos”. En este sentido, el experto subraya que actuar de este modo es ilegal: “Las obras deben acometerse dentro de unos horarios razonables, procurando causar la menor molestia posible”.

A ello se suma la intervención de empresas de desokupación. Jacinto advierte: “Recibir visitas de estas empresas es coactivo y amenazante en sí mismo y puede suponer la comisión de un delito de coacción”. El Sindicato de Inquilinas coincide: “Hemos llegado a ver cortes de suministros y pegamento en las cerraduras como prácticas habituales de grupos de desokupación”.

Un fenómeno en expansión

El acoso inmobiliario está directamente vinculado a los intereses económicos del mercado del alquiler. Según el Sindicato de Inquilinas, “donde sube la rentabilidad esperada, crece el acoso inmobiliario”. Rubio también constata esta tendencia: “Se está dando muchísimo actualmente en todas las zonas tensionadas”, impulsado por un “movimiento general de muchos oportunistas por acaparar viviendas para explotarlas” en regímenes de alquiler turístico, subarrendamiento de habitaciones o alquileres de corta duración.

Desde la Cooperativa CAES, observan un incremento constante: “En el último año, todos los meses viene alguien al despacho diciendo que está sufriendo acoso inmobiliario”, explica Jacinto, y matiza que en muchos casos las víctimas no identifican lo que les ocurre como acoso, pero describen prácticas que encajan plenamente en la categoría penal.

Violencia económica, material y directa

Reconocer cómo puede desarrollarse el acoso inmobiliario es clave para que las víctimas puedan reaccionar:

• Violencia económica: subidas abusivas del alquiler, retención injustificada de fianzas, burofaxes intimidatorios o amenazas de no renovar el contrato.
• Violencia material: dejar que el edificio se degrade, permitir plagas, provocar daños durante obras o bloquear zonas comunes.
• Violencia directa: insultos, amenazas, persecución y presencia de empresas de desokupación que intimidan a personas mayores, familias o personas en situación vulnerable.

El objetivo del que ejerce esta violencia es “tomarse la justicia por su mano”, destaca Jacinto, y quebrantar la voluntad de quien habita la vivienda para evitar un desahucio judicial largo, fiscalizado y que se puede recurrir.

¿Por qué el acoso inmobiliario funciona?

Javier Rubio destaca que recopilar pruebas suficientes es imprescindible para que un juzgado reconozca el acoso como un delito: “Hay que hacer acopio de toda la documentación, conversaciones, testimonios y daños”, pero añade que esto “es complicado a nivel probatorio”.

Su compañera, Alejandra Jacinto insiste en que “la gente no sabe si es legal o no es legal” esta práctica, o “si tiene que soportarlo”, y señala que “está instalado —en el imaginario popular— que el propietario siempre tiene la razón”, lo que congela al inquilino, que cree no tener herramientas para reaccionar.

Además, la abogada explica que “hay juzgados a los que les cuesta mucho” actuar ante estos casos por falta de sensibilización y formación. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas denuncia que “los juzgados no están siendo capaces de responder” y que muchos casos quedan impunes.

Sin embargo, cada vez son más las víctimas que se informan, “cambian el miedo de lado” y responden, como han hecho los vecinos de Tribulete 7 en Madrid, que presentaron este verano la primera querella penal colectiva contra un fondo de inversión por acoso inmobiliario.

Los fondos de inversión han saciado su apetito por las viviendas españolas y han decidido empezar a desprenderse de ellas. En concreto, han iniciado la venta o la recapitalización de más de 25.000 casas en España por un valor de más de 5.000 millones de euros. Este movimiento supone una de las mayores reestructuraciones residenciales de la última década que disparará la oferta de viviendas en un momento en que escasea, lo que puede implicar una bajada de precios.

Entre los grandes fondos de inversión internacionales que quieren deshacerse de parte de su cartera inmobiliaria se encuentran Blackstone, Cerberus, Ares, Azora, CBRE IM y Madison, según recoge Expansión. Esta cadena de operaciones se ha iniciado con un movimiento de Ares, que ha contratado a Eastdil y JLL para vender 6.000 viviendas gestionadas por Avalon, muchas de ellas procedentes del plan VIVE de Madrid, con una valoración cercana a los 1.200 millones de euros.

Otro de los fondos que ha seguido la estela ha sido Blackstone activó la venta de 5.200 casas a través de su Socimi Fidere, ubicadas en Madrid y Guadalajara, con un valor estimado similar, según el diario salmón. Por su parte, Cerberus estudia desprenderse de entre 3.500 y 4.000 viviendas, principalmente en la capital, por un importe de entre 750 y 900 millones de euros, mientras que Azora, CBRE IM y Madison analizan la recapitalización de Nestar, una plataforma con 9.500 viviendas y una valoración de 1.750 millones de euros.

Estas operaciones se producen tras varios meses de ajustes en el mercado del build to rent -construir para alquilar-, donde fondos y aseguradoras han vendido proyectos residenciales en las principales capitales españolas. En la actualidad, el parque de vivienda en alquiler que poseen los fondos de inversión ronda el 8% del total en España y suponen unas 124.000 viviendas.

Una regulación que merma la rentabilidad

La principal causa que ha llevado a los fondos de inversión a desprenderse de casas españolas es la nueva regulación en materia de vivienda aprobada por el Gobierno que ha llevado a numerosas ciudades a solicitar el tope de la subida del precio del alquiler, lo que reduce la rentabilidad de la cartera inmobiliaria de los fondos de inversión. “La inseguridad jurídica y la regulación intervencionista han expulsado a los grandes propietarios del mercado”, haciendo que invertir en vivienda para alquilar “haya dejado de ser rentable”, apunta Ricard Garriga, CEO y cofundador de Trioteca.

Asegura que el cambio de ciclo en el mercado residencial nacional que está originando esta desinversión masiva “marca el fin del alquiler institucional en España” y abre “una oportunidad histórica para que muchas familias puedan pasar del alquiler a la compra en un contexto de tipos hipotecarios fijos muy bajos, en torno al 2,23% TIN”.

A mayor oferta, bajada de precios

La oportunidad de las familias viene dada porque la escasa oferta de viviendas es lo que ha disparado su precio en los últimos años, y la salida al mercado de 25.000 aumenta la oferta, lo que puede provocar una bajada de precios. A juicio de Garriga, esto “puede aliviar la presión sobre los precios de compraventa", ya que la llegada de miles de viviendas al mercado “libera una oferta significativa en un momento de demanda muy fuerte”.

Respecto a en cuanto puede traducirse esa bajada del coste de los pisos, Garriga señala que “no debemos esperar milagros”, ya que el número de viviendas que venderán los fondos de inversión, sigue siendo “modesta” frente a la “enorme” demanda existente, pero “representan un paso en la dirección correcta y una oportunidad real para miles de familias que buscan acceder a una propiedad”.

La oferta de 25.000 nuevos pisos es insuficiente para cubrir una demanda creciente, impulsada ahora por la bajada del precio de las hipotecas. España tiene un déficit anual de más de 100.000 viviendas nuevas, ya que se construyen entre 80.000 y 100.000 al año, mientras que el mercado demanda más de 200.000.

El incremento de la demanda es debido, principalmente, a que tras las rebajas de las hipotecas, con tipos de interés fijos en torno al 2,23% y un euríbor en el 2,2%, “comprar vuelve a ser el refugio natural de las familias”, apunta Ricard Garriga. Reconoce que, en este contexto, “España recupera su ADN de país propietario marcado por la estabilidad, la previsibilidad y la oportunidad de construir hogar sin depender de las subidas del alquiler”.

Un cierre de año, al alza

Los analistas prevén que el mercado inmobiliario cerrará el año al alza, con más de 750.000 compraventas, y un incremento de precios entre el 4% y el 8%, hasta rozar los 2.000 euros el coste del metro cuadrado de media.

En cuanto a las comunidades autónomas con mayor dinamismo en la demanda, se posicionan en los primeros puestos Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que concentrarán conjuntamente más del 50% de las operaciones de compraventa previstas, calcula Emiliano Bermúdez, subdirector general de Donpiso. A las que, a su juicio, se sumarán las autonomías del norte del país, con un comportamiento positivo debido a factores como el turismo residencial, la atracción inversora y la recuperación del comprador nacional.

Bermúdez considera que la “demanda existe” y que “el reto es atenderla con oferta viable, precios asumibles y seguridad jurídica para el propietario", ya que, de no ser así, “no se resolverá la crisis habitacional que vive España”.

Fuentes ministeriales han asegurado que son conscientes de que hay que construir más, "pero no de cualquier manera como se hizo en el pasado", y por ello han señalado que lo harán "blindando la protección permanente del parque público para que no se malvenda a un fondo buitre en 15 años".

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha afirmado este lunes que presentará una proposición no de Ley (PNL) con medidas para desbloquear el suelo y establecer incentivos fiscales para aumentar la producción de vivienda asequible.

Esta propuesta contempla, entre otras medidas, la reforma de la ley del suelo par agilizar los proceso de urbanización y desarrollo de suelos aptos para vivienda asequible.

No obstante, para Vivienda, "la propuesta del PP es la de siempre: reincidir en recetas fracasadas que llevaron a la anterior burbuja inmobiliaria, como liberalizar el suelo, y boicotear cualquier medida impulsada por el Gobierno".

"Hoy le suma un plus de incoherencia y oportunismo presentando una iniciativa hueca e insuficiente, tras bloquear en el Congreso una reforma de Ley del Suelo que contaba con el apoyo de los agentes sociales, las comunidades autónomas y las entidades municipalistas", han incidido desde el ministerio. EFECOM

La Justicia ha cortado las alas al ‘fondo buitre’ Nestar. Esta firma gestionada por el grupo Azora habría establecido una serie de cláusulas abusivas con las que habría conseguido ocho millones de euros, según lo expresado por el Sindicato de Inquilinos de Madrid. Esta organización, a través de una treintena de vecinos de Vallecas, denunció siete cláusulas del fondo. Seis de ellas han sido declaradas ilegales.

El ‘fondo buitre’ gestiona un total de 42 viviendas en la Comunidad de Madrid. Dentro de ellas se encuentran los hogares de los más de 30 vecinos del bloque de Vallecas, en la calle Martín Muñoz de las Posadas, que han denunciado al fondo. Recibirán más de 20.000 euros tras la sentencia favorable.

El sindicato ha celebrado en sus redes sociales el éxito logrado a través de esta operación, que ha incluido movilizaciones, juicios y huelgas del alquiler. Para esta organización, la sentencia puede marcar un antes y un después empujando a otros bloques y comunidades de vecinos a denunciar de forma conjunta.

Las cláusulas abusivas

La sentencia elimina la penalización que se aplicaba a los inquilinos por cada día de retraso del pago, que triplicaba la cantidad. El fondo de inversión Nestar tendrá que garantizar que las viviendas sean habitables, asegurando servicios básicos a los residentes como el agua y la luz.

La decisión judicial impide al propietario entrar en las viviendas alquiladas para revisar su estado, algo que antes sí podía hacer. Ahora, Nestar tampoco podrá quedarse con el dinero que los inquilinos hayan aportado en caso de que haya algún incumplimiento del contrato, sino que dependerá de la situación y de un análisis.

Por otra parte, se suprime la obligación de contratar un seguro de impago, lo que supone principalmente el pago de 20.000 euros. Por el contrario, deben seguir pagando el IBI y los gastos de comunidad. Estos costes continúan siendo responsabilidad de quienes viven en los pisos, aunque el sindicato recurrirá la única sentencia desfavorable, pues consideran que estos gastos también son cláusulas abusivas.

Huelgas y denuncias

Hace un año, los vecinos del bloque vallecano denunciaron al fondo, con la ayuda del sindicato, y comenzaron una huelga de alquileres. Redujeron sus mensualidades en un 30% gracias a la negación conjunta de pagar lo que consideraban una cantidad abusiva y desproporcionada.

El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha definido esta sentencia como “pionera” en el contexto de los ‘fondos buitre’. Han afirmado que se trata de la primera demanda colectiva del sindicato donde se reconoce a este oficialmente, al tratarse los denunciantes de afiliados a la organización. Su intención es que esto marque el inicio de una serie de denuncias similares.

El sindicato de inquilinas informa que hay seis demandas activas y más de diez bloques organizados, todos relacionados con edificios bajo gestión de ‘fondos buitre’ en zonas como Ensanche de Vallecas, Parla, Pinto, Móstoles y Alcalá de Henares. Afirman que su objetivo es ampliar estas acciones a los 42 edificios administrados por Nestar-Azora en la Comunidad de Madrid para continuar defendiendo los derechos de los inquilinos frente a estos fondos.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez, ha anunciado este martes que finalmente los cuatro diputados de su partido se abstendrán en la votación de este real decreto, aunque insiste en que las medidas planteadas son insuficientes y que habría que responder con más contundencia a la administración de Trump.

"Como decreto no sirve, pero tampoco implica un recorte efectivo. Por lo tanto, no vemos ahora mismo la opción de votar en contra. Nos vamos a abstener y vamos a plantear que creemos que se podría hacer mucho mejor", ha declarado en una rueda de prensa en el Congreso.

Podemos ya allanó el lunes la aprobación del real decreto al ofrecer una abstención o, incluso, un voto a favor en el caso de que el Ejecutivo acepte expropiar las viviendas de los fondos buitre estadounidenses.

Con la abstención de Podemos ya confirmada, es prácticamente seguro que el real decreto saldrá adelante, pese al rechazo del PP, ya que para su aprobación son necesarios más votos a favor que en contra y la mayoría de socios de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ven con buenos ojos este plan.

Por otro lado, sobre la reducción de la jornada laboral que aprueba este martes el Consejo de Ministros, y que tendrá que ser votada más adelante en el Congreso, ha dicho que para Podemos es una medida "modesta" pero la apoyarán, al considerarla un avance. EFE

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Madrid, 5 may (EFE).- Podemos ha allanado la aprobación del plan del Gobierno contra los aranceles de Donald Trump, que votará este jueves el Congreso de los Diputados, al ofrecer una abstención o, incluso, un voto a favor en el caso de que el Ejecutivo acepte expropiar las viviendas de los fondos buitre estadounidenses.

El voto de los cuatro diputados de Podemos es decisivo para que este real decreto del Gobierno salga adelante, al igual que el del resto de sus socios parlamentarios, ya que es necesario contar con más votos a favor que en contra, y, tras el rechazo del PP, las cuentas están muy ajustadas.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado en su cuenta de la red social X que su partido solo apoyará el real decreto "si se expropian las viviendas de los fondos buitre norteamericanos en España, para darle a Trump donde le duele, en su dinero, y empezar a resolver el problema real de nuestro país: la vivienda". "Si no, este jueves nos abstendremos", ha añadido.

El voto a favor es casi imposible, por la exigencia planteada por Podemos, así que lo más plausible es una abstención, lo que facilitaría la aprobación del real decreto.

Hasta ahora, Podemos no había desvelado el sentido de su voto, aunque parecía prácticamente improbable un no, ya que en la formación morada eran conscientes de la carga social y económica de este plan.

No obstante, Belarra ha señalado que este plan antiaranceles "no sirve para nada" y "no será útil para proteger nuestro tejido productivo, ni a los trabajadores".

En la misma línea, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha comentado previamente en una rueda de prensa que este plan es "del todo insuficiente" y dijo que ante un "ataque comercial como el que está perpetrando Donald Trump" hay que responder con "contundencia" y "claridad".

"Nosotros lo que le pedimos al Gobierno de España es que haga lo que hay que hacer: expropiar todas las viviendas de los fondos buitre norteamericanos que tiene en nuestro país y expropiar todas las acciones también de los fondos norteamericanos que operan en el Ibex35", señaló.

En su caso, no llegó a desvelar el sentido del voto, pero comentó que el Gobierno no había contactado aún con Podemos para abordar este real decreto. EFE

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El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha comentado este lunes que el real decreto con el plan con medidas para hacer frente al impacto de los aranceles es "del todo insuficiente" y ha dicho que ante un "ataque comercial como el que está perpetrando Donald Trump" hay que responder con "contundencia" y "claridad".

"Nosotros lo que le pedimos al Gobierno de España es que haga lo que hay que hacer: expropiar todas las viviendas de los fondos buitre norteamericanos que tiene en nuestro país y expropiar todas las acciones también de los fondos norteamericanos que operan en el Ibex35", ha indicado en una rueda de prensa.

Por otro lado, el portavoz de Podemos no ha desvelado aún el sentido del voto de los cuatro diputados con los que cuenta la formación morada en el Congreso, cuyo apoyo es imprescindible para que el real decreto salga adelante ante el rechazo del PP.

Y ha dicho que de momento el Gobierno no ha contactado con ellos para abordar esta cuestión, aunque confía en que lo haga en las próximas horas.

En Podemos son conscientes de la dificultad que supondría para la formación rechazar un real decreto con medidas económicas y sociales necesarias ante la guerra comercial desatada por Estados Unidos, y por eso parecen inclinarse más por una abstención o por un sí, si finalmente negocian con el Gobierno. EFE

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Sumar ha registrado hoy miércoles en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la Ley por el Derecho a la Vivienda para prohibir que empresas, ‘fondos buitre’, fundaciones y personas jurídicas puedan comprar casas en España. El partido de Yolanda Díaz reconoce que el derecho de acceso a una vivienda sigue sin ser efectivo y lo atribuye a la “especulación económica” de empresas multipropiedad y ‘fondos buitre’, que, según sus datos, desde 2008 han comprado la mitad de las viviendas en España.

Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar, ha informado que se trata de una propuesta “sencilla, con encaje constitucional y en el derecho europeo”, que busca “poner freno a la especulación”. El texto limita el derecho de transmisión de propiedad de viviendas, tanto a título oneroso como gratuito, exclusivamente a las personas físicas y reserva a las jurídicas el derecho de propiedad de aquellos inmuebles que tengan “afección a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario”.

Respecto a los edificios construidos en suelo residencial cuyas viviendas cumplan con los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, el texto propone que a partir del momento en que éstos dispongan de certificado de fin de obra queda limitada a las personas físicas la posibilidad de adquisición de las viviendas integrantes.

Los que sí podrán comprar

La proposición de Ley señala que quedan excluidas de la prohibición de comprar viviendas los agentes económicos y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las religiosas y las ONG para el desarrollo, cuando sea para destinarla a su sede, a residencia de personas que precisen atención sociosanitaria, de colectivos socialmente vulnerables por parte de entidades del tercer sector de acción social, de víctimas de violencia de género. También exceptúa la compra de inmuebles dedicados a culto o actividades cívicas y sociales de la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas y los dedicados a la enseñanza y a actividades de ocio educativo y formación no reglada.

Ibáñez se ha mostrado convencido de que su propuesta “goza de mayoría parlamentaria” y ha recordado que en diversas intervenciones parlamentarias “desde la extrema derecha a la izquierda han defendido que hay que poner freno a la especulación”. También considera que el PNV y Junts “se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitre” y ha explicado que su propuesta no es más ambiciosa “para que no haya excusas” y poder conseguir el respaldo que requiere su aprobación en la cámara.

Prevé que si se aprueba la iniciativa, los “fondos buitre” que en la actualidad son propietarios de decenas de miles de viviendas en España “empezarán a deshacerse de ellas, aunque no sea obligatorio”, y los precios bajarán, tanto los de compra como de alquiler.

Unos precios que, por el momento, no se frenan, todo lo contrario. Según los últimos datos dados a conocer hoy por idealista, el precio de la vivienda usada en España ha subido un 11,2% interanual durante el primer trimestre del año. Esta subida deja el metro cuadrado en 2.311 euros. Con este precio, España alcanza un nuevo máximo histórico.

Los inquilinos que hace unos meses decidieron declararse en “huelga de alquileres” por las cláusulas abusivas que imponía en los contratos el fondo buitre que gestiona sus viviendas en diferentes barrios de Madrid, Nestar-Azora, el tercer mayor casero de España, han dado un paso más. Organizados en el Sindicato de Inquilinas, más de 100 vecinos han presentado este jueves una demanda colectiva contra la empresa, propietaria de más de 8.000 viviendas en todo el país.

En los próximos meses, asegura el sindicato, más de 800 personas que residen en un total de diez bloques ubicados en los municipios de Parla, Móstoles y Pinto, así como en los barrios de Villaverde, Carabanchel y Vallecas en la capital, se sumarán a esta huelga y también demandarán a esta firma. Las cláusulas abusivas, explica el sindicato, suponen subidas de hasta un 30% del importe de sus contratos durante la duración de los mismos, por lo que si inicialmente firmaron alquileres por unos 900 euros de media, al cabo de 3 años aumentan hasta los 1.200 euros y en algunos casos incluso alcanzan los 1.600 euros.

El objetivo del sindicato “es conseguir una negociación colectiva con Nestar-Azora para la eliminación de estas cláusulas, pero dada la negativa del fondo buitre, las inquilinas se han visto obligadas a comenzar una huelga y ahora a sentar a la empresa en el banquillo de un juzgado”, explican. Los 100 inquilinos que ahora han presentado la demanda residen en Villa de Vallecas y llevan desde septiembre pagando únicamente el precio indicado en el contrato inicial y las actualizaciones legalmente exigibles, pero se niegan a pagar “los seguros de impago, subidas abusivas y demás conceptos que la empresa sigue cobrando”, aclaran.

La empresa amenaza con echarles de las viviendas

Estas cláusulas abusivas, concretamente las que implican el pago del IBI, Comunidad y seguro de impago por parte de las inquilinas, al igual que otras 6, ya fueron declaradas abusivas a consecuencia de las demandas interpuestas por el Sindicato de Inquilinas de Cataluña. Además, recientemente, una demanda en los juzgados de Parla también declaraba ilegal la imposición del pago del seguro de impago al inquilino. Sin embargo, denuncia el sindicato, pese a esas sentencias, “el fondo buitre ha seguido abusando de miles de familias y amenaza a quienes se rebelan con la inclusión en un fichero de morosos, con no reparar los desperfectos o incluso con expulsarles de las viviendas”.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid estima que la huelga de alquileres iniciada por estos vecinos ha causado ya un daño a Nestar-Azora de más de 40.000 euros, pero advierten que esta medida “no es suficiente”. Para que aumente el parque público de vivienda, la organización considera necesaria “la expropiación de todas las viviendas bajo el poder de esta empresa”, por eso hacen un llamamiento a que la población se movilice, como ya ocurrió el pasado 13 de octubre en Madrid, cuando miles de personas salieron a la calle a manifestarse para que bajen los precios del alquiler.

Ahora piden a la ciudadanía que acuda a la manifestación de este sábado 23, que se ha convocado en varios puntos de España, entre ellos Barcelona, Burgos, Oviedo, Jerez de la Frontera, pues “solo con la organización de cientos de huelgas de alquileres como la de las inquilinas e inquilinos de Nestar-Azora y movilizaciones masivas se logrará conquistar el derecho a la vivienda”, concluyen.

Barcelona, 25 oct (EFE).- La secretaria general de Podemos y diputada de este partido en el Congreso, Ione Belarra, se ha mostrado convencida de que el Gobierno de PSOE-Sumar puede conseguir el apoyo de su formación a los presupuestos de 2025 si negocia "las condiciones de mínimos" que le ha puesto encima de la mesa.

Según ha indicado en unas declaraciones realizadas este viernes a la Cadena Ser, dichas "condiciones de mínimos" pasan por limitar precios de las viviendas y por prohibir la venta de armas a Israel, y ha animado al Gobierno a "cerrar un acuerdo con el resto de sus socios" para tirar adelante los presupuestos.

"Lo mínimo que podría hacer un gobierno progresista es atajar la terrible crisis de la vivienda que se vive en nuestro país y pararle los pies al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu", ha precisado la secretaria general de Podemos.

Este partido impulsa propuestas como la de prohibir la compra de viviendas que no estén destinadas a vivir en ellas, a fin de impedir que se especule con un derecho básico como es el de disponer de un piso en el que poder vivir.

Belarra ha reconocido que el PSOE defiende posiciones muy distintas a las de Podemos, "pero es una cuestión de pesos y contrapesos, y de tener los votos necesarios para poder condicionar" al Partido Socialista.

"Las limitaciones de precios son una competencia estatal, a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y ya hay un precedente porque se hizo durante la pandemia, mientras que las comunidades autónomas solo pueden declarar las zonas tensionadas", ha recordado.

El principal problema, ha puntualizado, es que "hay una ministra (de Vivienda) que no cree en la ley" para limitar precios "a pesar de que la burbuja inmobiliaria en España se ha disparado en los últimos años".

Para evitar que siga creciendo dicha burbuja, ha afirmado la secretaria general de Podemos, "hay que cortarle las alas a los fondos buitre y grandes rentistas que compran viviendas para especular". EFE

Barcelona, 24 oct (EFE).- La portavoz de Comuns en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha advertido de que "la legislatura depende de dar una respuesta adecuada al problema de la vivienda", y ha apuntado que su formación no encuentra esa respuesta en la ministra Isabel Rodríguez.

En declaraciones a TV3, Vidal se ha referido a lo ocurrido el pasado martes en el Congreso, cuando Sumar y el PP se apoyaron mutuamente en dos votaciones en el pleno de la Cámara Baja, algo que esta portavoz de Comuns-Sumar no considera que sea "un aviso" al PSOE sino una consecuencia de "mantener la coherencia política con lo que defiende" su formación.

Sumar se desmarcó del PSOE y se abstuvo en una propuesta de los populares para que el Congreso autorizase el envío de armas a países extranjeros, mientras que el PP respaldó una iniciativa de Sumar sobre cláusulas abusivas en las hipotecas.

Sobre la primera cuestión, ha recordado que su grupo siempre ha defendido que "en el Congreso haya control de la venta de armas", mientras que, sobre la segunda, ha explicado que se trataba de pedir "una reparación a las víctimas de los abusos bancarios" en las hipotecas.

"Estamos orgullosos de lo ocurrido y que, en esto último, solo Vox votase en contra", ha recordado la portavoz de los Comuns en el Congreso y portavoz adjunta del grupo de Sumar.

En relación con la propuesta vinculada con la venta de armas a otros países, Vidal ha subrayado que debe ser el PSOE "el que tiene que justificar por qué no quiere el control parlamentario".

Ha reconocido, sin embargo, que el principal problema que divide a ambos socios del Gobierno se encuentra en la vivienda, puesto que para su formación es una materia "fundamental".

"La legislatura depende de que haya una repuesta política al problema de la vivienda", ha insistido Vidal, que ha precisado que "esto se da por descontado en un Gobierno de izquierdas, aunque ayer no encontramos en la ministra (de Vivienda) una respuesta adecuada", y su posicionamiento "fue decepcionante".

"No hay que pedir la solidaridad de los bancos o de los fondos buitre -ha advertido-, se trata de regular de forma adecuada" cuestiones como el alquiler de temporada y de habitaciones".

"Los fondos buitre compran nuestras ciudades y esto se tiene que regular e impedir porque la vivienda es un derecho" de la ciudadanía, ha puntualizado esta misma portavoz de Comuns-Sumar.

Sobre el próximo congreso de Sumar, ha indicado que la sustitución de Yolanda Díaz al frente del partido "es algo que tienen que decidir los compañeros" de la formación y no los Comuns: "Queremos tener el respeto democrático que ellos siempre han tenido con nosotros".

Aina Vidal se ha referido, asimismo, a la tramitación parlamentaria de la ley de regularización de migrantes y se ha mostrado convencida de que la ponencia "podrá empezar a reunirse este mes de octubre", aunque aún no hay una fecha fijada, y de que el texto suscitará "alianzas inauditas" que no ha concretado. EFE

En el complejo y turbulento mundo de las finanzas internacionales, pocos nombres resuenan con tanta fuerza hoy, como el de Jay Newman, un abogado que se convirtió en una figura emblemática durante la histórica disputa sobre Argentina.

Su relación con Elliott Management, el influyente fondo de cobertura –o “fondo buitre”– dirigido por Paul Singer, ha estado marcada por una serie de litigios y negociaciones que culminaron en la obtención de un pago de USD 2.000 millones en un largo conflicto que se remonta a 2001, cuando Argentina declaró el mayor default de deuda soberana de la historia. Sin embargo, el reciente giro de los acontecimientos puso a Newman nuevamente en el centro de atención, esta vez no solo por su papel en el sector financiero, sino por su incursión en la ficción literaria con la publicación de su novela “Undermoney” en 2022.

Esta obra, que presenta un intrigante relato sobre un magnate de fondos de cobertura involucrado en un mundo de espionaje y corrupción, desató una serie de investigaciones por parte de fiscales estadounidenses que intentan discernir cuánto de su narrativa es ficción y cuánto puede estar basado en hechos reales. Sospechan que mucho. En particular, la atención se centró en su relación con Amit Forlit, un investigador privado israelí acusado de piratería informática y de haber orquestado el robo de correos electrónicos de funcionarios argentinos, una actividad que podría haber influido en las tácticas empleadas por Elliott en su lucha por cobrar la deuda.

A medida que las investigaciones se desarrollan, surgen preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la relación entre Newman, Elliott y Forlit, y sobre las posibles implicaciones de las tácticas utilizadas en este prolongado enfrentamiento. Aunque tanto Newman como Elliott negaron cualquier tipo irregularidad, el eco de la novela de Newman resuena con la historia real de ambición y conflicto que definió la disputa con Argentina, creando una intriga que se intensifica con cada nuevo detalle que sale a la luz y que llegaron a un artículo que publicó la semana pasada el influyente diario The Wall Street Journal.

En este contexto, la figura de Singer, conocido por su enfoque agresivo en la recuperación de deudas, emerge como un personaje central en esta narrativa que entrelaza el mundo de las finanzas con el de la ficción, desdibujando las líneas entre lo legal y lo ilegal,, lo real y lo imaginado.

1 - ¿Quién es Jay Newman?

Jay Newman es un abogado estadounidense reconocido por su experiencia en litigios complejos, especialmente en el ámbito de la deuda soberana.

Antes de convertirse en escritor, fue el negociador principal de Elliott Management en Argentina durante la prolongada disputa por la deuda, que se inició tras el default de 2001. Su capacidad para manejar negociaciones difíciles lo convirtió en una figura destacada en el sector financiero. Una “leyenda” para muchos.

2 - A qué se debía la disputa con Elliott Management

La puja de Elliott Management con Argentina se remonta a 2001, cuando el país incumplió su deuda soberana. La firma, dirigida por Paul Singer, adoptó una estrategia de litigio agresiva, en la que gastó millones en una campaña legal y de relaciones públicas para forzar al gobierno argentino a pagar. Esta estrategia incluyó acciones judiciales en múltiples jurisdicciones, como la detención de la fragata ARA Libertad en 2012 por un tribunal ghanés, un acto que se convirtió en un símbolo de la avaricia de los capitalistas extranjeros desde la narrativa argentina.

Durante este tiempo, Newman se destacó como la cara visible de Elliott en Argentina, participando activamente en las negociaciones que llevaron al acuerdo de 2016, que resultó en un pago significativo a los bonistas que no aceptaron las reestructuraciones de deuda anteriores.

3 - Por qué se señala a Newman y Elliott

Recientemente, la atención se centró en Newman en relación con su novela de 2022, “Undermoney”. Según un reportaje del Wall Street Journal, los fiscales estadounidenses están investigando la relación de Newman con Amit Forlit, un investigador privado israelí que enfrenta acusaciones de haber orquestado el robo de correos electrónicos de funcionarios argentinos.

Aunque ni Newman ni Elliott han sido acusados formalmente de irregularidades, la investigación busca determinar si el presunto hackeo facilitado por Forlit pudo haber influido en la victoria legal de Elliott contra Argentina.

4 - Qué papel jugó Amit Forlit

Se sospecha que Forlit podría haber contratado a hackers en varios países, incluidos India, para robar correos electrónicos y documentos confidenciales, que luego eran proporcionados a sus clientes, lo que incluye a fondos de cobertura como Elliott.

La relación de Forlit con Newman se remonta a más de una década, cuando comenzó a trabajar en la campaña contra Argentina. Se estima que la firma de Forlit recibió aproximadamente 20 millones de dólares a través de una empresa consultora que colaboraba con Elliott.

A pesar de las acusaciones, Forlit negó cualquier involucramiento en actividades ilegales, afirmando en declaraciones previas que su trabajo era legítimo.

5 - A quién habría investigado Forlit

Se presume que Forlit habría investigado a figuras clave en la política y economía argentina, buscando información sobre la familia Kirchner y empresarios vinculados, lo que añade una dimensión aún más compleja a las alegaciones en su contra.

6 - De qué trata la novela de Newman

El libro “Undermoney” presenta un intrigante relato sobre un magnate de fondos de cobertura de Nueva York inmerso en un mundo de espionaje, corrupción y mercenarios rusos. La trama ha suscitado el interés de los investigadores, quienes cuestionan si algunos de los personajes y situaciones en el libro están inspirados en eventos o personas reales del ámbito financiero y político.

Durante un evento de firma de libros en Miami, Newman insinuó que muchos de los personajes en su obra están basados en personas que conoce, aunque subrayó que el fondo de cobertura corrupto que describe en su novela no existe en esa forma exacta. Esta ambigüedad ha llevado a especulaciones sobre el contenido y la inspiración detrás de su escritura.

7 - Quién es Paul Singer

Singer es el fundador y CEO de Elliott Management, uno de los fondos de cobertura más poderosos y controvertidos del mundo. Desde sus inicios en 1977, Singer es conocido por su enfoque implacable en la recuperación de deudas, adoptando tácticas agresivas que le han valido tanto admiradores como detractores.

Su estilo de inversión a menudo se caracteriza por la compra de deuda en dificultades y la posterior litigación para forzar a los deudores a cumplir con sus obligaciones.

A lo largo de los años ganó fama hasta convertirse en un influyente jugador en del universo de las finanzas, con un enfoque particular en situaciones de reestructuración de deuda. Su relación con Newman es clave en la narrativa de la disputa con Argentina, donde ambos colaboraron en la búsqueda de cobrar la deuda.

8 - En qué estado está la investigación

La investigación sobre Forlit y su conexión con Newman y Elliott Management está en marcha, mientras los fiscales intentan desentrañar la verdad detrás de las acusaciones de hackeo y su posible impacto en la disputa sobre el pago de la deuda Argentina.

A medida que surgen más detalles, el escrutinio sobre las tácticas utilizadas para cobrar, se intensifica.

Además, la reciente publicación de “Undermoney” ha generó una fuerte reacción dentro de Elliott Management. Según el Wall Street Journal, en las oficinas de la firma se prohibió la entrada de copias del libro y se desincentiva a los empleados a discutir su contenido con clientes, lo que indica la tensión que ha surgido a raíz de estas revelaciones.

Madrid, 23 oct (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no va a parar hasta dar solución al problema de la vivienda, que se va a conseguir, pero que para ello se necesita hacerlo todos juntos y unidos.

En respuesta a una pregunta planteada por el diputado del grupo republicano Gabriel Rufián, la ministra espera para ello contar con la colaboración de su grupo, la misma colaboración que asegura que ella brindó a la Generalitat de Cataluña cuando era gobernada por ERC y que hoy les ofrece el presidente socialista, Salvador Illa, para desarrollar las políticas de vivienda.

"El gobierno de España lo aportará todo, no vamos a parar y lo vamos a conseguir", ha insistido la ministra, que esta misma mañana comparecerá en el Congreso para dar cuenta de las políticas llevadas a cabo en materia de vivienda.

Además, ha recordado que el Ejecutivo confía en la ley y en las comunidades autónomas y que hay que aspirar a un parque público de vivienda que lo sea para siempre.

Por su parte, Rufián ha asegurado que la sociedad no necesita de la ministra "frases motivacionales que podemos leer en una taza", como tampoco se requiere construir más viviendas, dar cheques para los caseros, o más ladrillo como propuso el expresidente del gobierno popular José María Aznar, ya que hay casi 4 millones de viviendas vacías, a lo que la ministra le ha cuestionado si estas están en zonas donde hay demanda.

Rufián ha pedido una intervención del mercado que pase por topar los precios del alquiler y viviendas turísticas, expropiar viviendas a los "fondos buitre" y cabrear a la derecha y a la ultraderecha.

Además, ha subrayado que los jóvenes son cada vez más pobres, dedican hasta un 70 % al pago de un alquiler y mientras que comprar una casa es muy complicado es muy fácil especular con ella.

"Entre capullos y gaviotas nos toman por idiotas", ha añadido. EFE

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El sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid da plantón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no acudirá a la reunión que ha convocado el Ejecutivo este martes a las 12.30 en el Palacio de la Moncloa con organizaciones sociales para abordar el problema de la vivienda en España, en la que también estará presente la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Desde el sindicato han explicado en un comunicado que no acudirán al encuentro, el segundo de estas características en lo que va de año, porque también está invitada la patronal inmobiliaria.

"No vamos a hacernos una foto con la patronal inmobiliaria porque no podemos esperar ninguna solución de los culpables del problema. No se invita a las tabaqueras a diseñar la Estrategia Nacional contra el cáncer y no se invita a los rentistas a discutir la política de vivienda", expone.

Para el sindicato, esta reunión solo demuestra que Pedro Sánchez ha hecho "oídos sordos" al mensaje de la gente, y ha pedido al presidente del Gobierno que se decida: o se enfrenta a los rentistas que han multiplicado "impunemente" los precios del alquiler "y nos siguen echando de casa cada día", o les continúa dando vía libre con políticas "cosméticas".

Así, para los inquilinos las medidas anunciadas estos últimos días, como la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven o el registro de alojamientos temporales demuestra la intención del Gobierno de "no cambiar nada".

PIDE LA DIMISIÓN DE LA MINISTRA DE VIVIENDA

Además, asegura que el propósito de la reunión es realizar "un lavado de cara a la nefasta gestión" del Gobierno en materia de vivienda el día antes de que la ministra comparezca en el Congreso para rendir cuentas por ello. Por consiguiente, han pedido que la titular de Vivienda dimita de su cargo.

En este sentido, desde el sindicato han exigido medidas para solucionar el problema de la vivienda que, a su juicio, pasan por: una bajada de los alquileres del 50%; la recuperación de las viviendas vacías, turísticas y de temporada para su uso residencial; la expropiación de las viviendas de 'fondos buitre', y la desarticulación de todo grupo de 'desokupación'.

Así, han recordado que volverán a 'tomar las calles' de Málaga y Sevilla (9 de noviembre) y Barcelona (23 de noviembre) para dejar claro que "o bajan los precios, o vamos a dejar de pagarlos".

Bruselas, 16 oct (EFECOM).- La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha calificado este miércoles de "absoluta vergüenza" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado el reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler sin que se topen los precios de los alquileres, ya que supone "llenar el bolsillo de los rentistas".

"Para cualquier español es una absoluta vergüenza que tengamos un Gobierno cuya principal prioridad es llenar los bolsillos a los rentistas. Como todo el mundo sabe, las ayudas al alquiler -si no van acompañadas de un tope a los precios del alquiler- suponen llenar los bolsillos de los rentistas, mientras los inquilinos y las inquilinas tienen que dedicar, a veces, más de la mitad de su salario para poder pagar el alquiler", ha subrayado Montero.

En declaraciones a la prensa con motivo de la visita al Parlamento Europeo de la Plataforma Trans, la eurodiputada de Podemos ha instado a mantener "toda la presión política y social que sea posible" porque, ha incidido, "sí hay formas efectivas de bajar los precios del alquiler".

"Podemos intervenir en el mercado. La vivienda no puede tener un precio por encima del precio que sea justo, porque la vivienda es un derecho. Estamos proponiendo bajar los precios del alquiler un 20 % e intervenir el mercado y topar los precios para impedir que se puedan producir subidas abusivas", ha dicho Montero.

La secretaria política de Podemos ha planteado también prohibir que los fondos buitre y los grandes tenedores compren viviendas, la obligatoriedad para éstos de poner al menos la mitad de las viviendas que acaparan en alquiler social y una moratoria en los pisos turísticos.

"Ya veríais como así el precio de la vivienda baja de una forma fulminante. Y eso es justo lo que necesitamos en nuestro país, que el precio de la vivienda sea justo y que la gente pueda pagarlo. Y los buitres, los especuladores, que se vayan a hacer negocio a otro sitio", ha zanjado. EFECOM

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Madrid, 14 oct (EFE).- El problema del acceso a la vivienda ha vuelto a irrumpir en el debate público, en medio de la polémica sobre la ley que hará que varios etarras cumplan menos años de prisión o las nuevas informaciones sobre el caso Koldo y un día después de la multitudinaria protesta en la que se pidieron medidas para rebajar el precio de los alquileres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler, así como el impulso de un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros esos fondos, que con la misma cuantía que el pasado año permitirá reeditar el Bono Alquiler Joven, mientras que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que los instrumentos para abaratar el precio de la vivienda "están en marcha".

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha tildado como "claramente insuficientes" las actuaciones planteadas por Isabel Rodríguez, y ha subrayado que es "el momento de intervenir en vivienda".

Para ello, ha exigido tomar medidas "valientes", como controlar los precios de alquiler, condicionar las ayudas públicas en vivienda para las comunidades autónomas al cumplimiento de la ley estatal, o prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas para especular, todo ello acompañado de una "política sostenida" de construcción de vivienda pública.

Urtasun ha asegurado que la vivienda es una "absoluta prioridad" en las negociaciones que Sumar mantiene con el PSOE para los próximos presupuestos generales y ha sido especialmente crítico con los 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven al opinar que no van "a la raíz del problema".

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha señalado por su parte que el Gobierno intervendrá en el mercado de la vivienda "si es necesario" y ha incidido en que tanto el partido como el Ejecutivo van a dar "la batalla a los fondos buitre".

A lo largo de la mañana, los socios de investidura de Sánchez también han reclamado que esa medida para ayudar a los jóvenes vaya acompañada de otras como la regulación de los precios de los alquileres, para que sea efectiva.

Sin llegar a mencionar esta medida, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha defendido en una nota de prensa una "cirugía radical con medidas audaces en política de vivienda", como por ejemplo gravar fiscalmente "con dureza" los pisos turísticos y alquileres reducidos exclusivamente de temporada.

La líder de Podemos, Ione Belarra, también la ha rechazado en la red social X, mientras que el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha avisado a Sánchez de que su futuro dependerá de "su capacidad para resolver la situación de la vivienda".

 "Si no se frenan los abusos contra los inquilinos, los alquileres seguirán subiendo y esas ayudas públicas acabarán en los bolsillos de los propietarios", ha advertido el diputado de Bildu Oskar Matute; y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que con esa medida la bajada de precios "depende de la buena fe de los caseros".

Desde la oposición, han quitado hierro al anuncio de Sánchez y han afeado la presencia de miembros del Gobierno en las manifestaciones de este domingo.

Fuentes del PP han señalado que el Bono Alquiler Joven "es un reanuncio" porque ya pasó por la conferencia sectorial de vivienda con consejeros hace días. "Además, se trata de la misma cuantía que se aprobó en 2022 y 2023. Es decir: no supone ninguna mejora", han añadido los populares.

Por su parte, Vox ha tildado de "bochorno" la presencia de líderes socialistas en las manifestaciones en defensa de la vivienda digna de este domingo y ha acusado al Gobierno de "salir a las calles para intentar tapar su corrupción". EFE

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no debería seguir en el cargo ante la "inacción" del Ejecutivo ante la "emergencia habitacional" que sufre el país.

En rueda de prensa en la sede del partido, ha denunciado que ante la problemática de acceso a la vivienda por parte de la clase trabajadora la dejación de funciones del Gobierno resulta "absolutamente lamentable, catastrófica y calamitosa".

Tras la manifestación en protesta por los altos precios de la vivienda que se celebró en Madrid, ha criticado que el bipartidismo ha actuado siempre en favor del rentismo y los fondos buitre y que, precisamente, esta protesta dejó claro que la vivienda será un derecho constitucional cuando deje de ser un fin especulativo.

"El gran problema es que este Gobierno, como ha venido demostrando constantemente con su inacción y con las declaraciones, por ejemplo, de la ministra del Ramo, que no debería estar en su cargo, a día de hoy este Gobierno no tiene intención alguna de ponerle freno a la especulación. Al contrario, el Gobierno prefiere pedirle solidaridad a los especuladores usureros antes que legislar contra ellos. Y esto es una auténtica vergüenza", ha apostillado Pablo Fernández.

Frente a ello, ha reivindicado como urgente medidas planteadas por su formación en materia de vivienda como prohibir a 'fondos buitre' y "grandes rentista" la compra de vivienda en clave "especulativa", aplicar una moratoria para que no se creen nuevos pisos turísticos y bajar por ley los precios del alquiler.

Madrid, 13 oct (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este domingo que durante décadas "el bipartidismo de PSOE y PP ha permitido que la vivienda sea un bien para especular, para invertir y sacar rentabilidad", cuando en realidad las casas son "para vivir".

Belarra, que ha acudido a la manifestación convocada en Madrid por el Sindicato de Inquilinas contra los elevados precios del alquiler, ha agradecido a los convocantes las semanas de trabajo que han conseguido que la movilización sea masiva, con el fin de lanzar "una verdad muy sencilla", que es que la vivienda se ha convertido en un bien para especular.

"Necesitamos que en España se prohíba de una vez por todas que los fondos buitre y los grandes rentistas puedan comprar vivienda", ha señalado, ya que la vivienda tiene que ser para que las familias puedan vivir en ellas.

Es preciso prohibir la compra de vivienda "que no sea para vivir en ella, además de una moratoria inmediata de todos los pisos turísticos, y que bajen los alquileres", todo lo cual "se puede hacer por ley".

El problema, ha añadido, es que España tiene un Gobierno "en el que ya sólo manda Sánchez, y que no se toma en serio la lucha por la garantía del derecho a la vivienda". EFE

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Una serie de fondos buitre que cuentan con fallos en contra de la Argentina por deuda en default y la nacionalización de YPF empezaron a solicitar a las cortes de Nueva York información sobre el oro que el Banco Central tiene en sus reservas y que en los últimos meses fue movido al exterior por parte de la administración del presidente Javier Milei. Los demandantes solicitan a la jueza Loretta Preska que fuerce al país a detallar sus tenencias y su lugar de custodia, un paso previo a intentar embargar esos activos.

Bainbridge Fund, un holdout de la causa por la reestructuración de deuda en default que litiga contra el Tesoro nacional desde 2016 y ya tiene sentencia firme a su favor por USD 95 millones más intereses, fue autorizado por el tribunal a hacer un discovery de activos soberanos. Esto es, a solicitar a la corte que fuerce al país a dar información de sus activos y dónde están siendo custodiados. El discovery persigue el objetivo de detectar bienes y activos potencialmente embargables, de manera tal que los demandantes puedan acelerar el cobro de sus sentencias.

“Bainbridge Fund pide a la Juez Loretta Preska que ordene a la República Argentina producir información sobre el destino y uso del oro perteneciente al Banco Central actualmente depositado en Europa. Bainbridge se encuentra en pleno discovery de activos para cobrar una sentencia impaga. Bainbridge también busca tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado”, explicó el abogado especializado Sebastián Maril en redes sociales.

El debate legal gira alrededor de un tema clave: si es que el Tesoro Nacional y el Banco Central de la República Argentina son, para fines prácticos, la misma persona. En términos legales no lo son. El Tesoro es una persona jurídica y el BCRA otra distinta. Pero, lo que intentan probar los fondos con fallos en contra de la Argentina en sus manos es que se manejan como si fueran la misma. En términos más leguleyos, si es que el BCRA es un alter ego del Tesoro nacional.

No es la primera vez que los fondos distressed van por esta estrategia. Durante el histórico juicio por la deuda en default que forzó a la Argentina a un pago millonario al fondo NML de Paul Singer, los demandantes ya habían explorado esa posibilidad. El hoy difunto juez Thomas Griesa, falló en contra en su momento: según su criterio el BCRA y el Tesoro Nacional no eran la misma persona. Es el mismo juez que poco después hizo historia al llevar al extremo la causa pari passu que causó, finalmente, la derrota legal del país. Pero en cuanto a si el Tesoro y el Central son alter egos, se inclinó en favor del país.

Pero los fondos creen que eso cambió con el tiempo. Consideran que hoy sí se puede probar que actúan, en los hechos, como si fueran la misma persona jurídica. Bainbridge no fue el único en explorar, una vez más, la posibilidad. También beneficiarios del fallo YPF mencionaron en las últimas las posibles decisiones tomadas por el Ministro Caputo y el traslado del oro del BCRA al exterior como prueba de que la autoridad monetaria es un alter ego de la república. Específicamente, citan notas periodísticas que señalan supuestas negociaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, para conseguir préstamos en nombre del Banco Central como prueba.

Oro al exterior

A principios de septiembre, el Banco Central había comunicado que concluyó exitosamente la transferencia de una parte sus reservas de oro a una cuenta en el exterior. Se trata de existencias del metal que estaban alojadas en las bóvedas de la entidad en el país y que fueron trasladadas a Londres.

Fuentes del mercado indicaron a Infobae que los envíos se realizaron a una cuenta en Londres que pertenece al Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés). El movimiento, lejos de cambiar la propiedad de esas tenencias del metal precioso -siguen siendo del BCRA pero pasan a estar depositados en otro lugar-, permite administrar de manera más eficiente esas reservas. Tener esos activos bajo custodia del BIS permite colocaciones a tasa, apalancamiento o hacerse de liquidez vía colateral, es decir poniéndolos en garantía en caso de requerir dólares líquidos para intervenir en el mercado cambiario.

Pero esa mayor eficiencia puede tener un costo legal. Al estar fuera del país, las reservas podían atraer la atención de los múltiples demandantes que litigan contra la Argentina y su larga lista de cabos sueltos en los tribunales internacionales. No es posible hasta el momento saber si el traslado del oro expuso realmente a las reservas a potenciales embargos, y el antecedente de Griesa juega a favor. Pero la discusión está lejos de ser saldada.

“Entiendo que en el Gobierno lo estudiaron bien. Es difícil embargarlo. De todos modos, no impide que intenten embargarlo”, comentó Maril a Infobae.

Madrid, 1 oct (EFECOM).- El Sindicato de Inquilinas ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y ha hecho un llamamiento a "tomar las calles" de Madrid el próximo 13 de octubre bajo el lema "Se acabó: bajemos los alquileres" como antesala a una futura huelga.

Según el sindicato, el rechazo del Congreso de los Diputados a admitir a trámite su proposición de ley de regulación de alquileres temporales el pasado martes 17 de septiembre fue "la gota que colma el vaso de la rabia y la frustración".

En un comunicado, ha acusado a los caseros y rentistas de la situación que atraviesa el mercado del alquiler y ha asegurado que es el momento de que los inquilinos den un paso al frente e inicien una escalada de movilizaciones hasta desembocar en una huelga de alquileres capaz de forzar a los rentistas a reducir el precio de los alquileres hasta un 50 %.

Con esta bajada de los alquileres, ha añadido, los inquilinos podrían destinar a la vivienda como máximo un tercio de sus ingresos mensuales, un porcentaje que en algunos casos supera actualmente el 60 %.

El Sindicato de Inquilinas defiende una huelga de alquileres, una herramienta legalmente reconocida en varios países de nuestro entorno. 

El sindicato ha subrayado que los fondos buitre poseen miles de viviendas en la Comunidad de Madrid que les "regaló y vendió" el Gobierno autonómico madrileño y abogan por expropiarlas y recuperarlas para que pasen a estar bajo gestión y control de los vecinos que las habitan.

Al mismo tiempo, desde la organización de inquilinos exigen el cierre de todos los pisos turísticos, que cifran en más de 17.000 en la ciudad de Madrid, y recuperarlos para viviendas habituales. Lo mismo reclaman con las más de 180.000 viviendas que se encuentran vacías en la Comunidad de Madrid.

"El uso antisocial de las viviendas, ya sea dedicadas al turismo, a la especulación rentista o a mantenerlas vacías, es el principal problema estructural al que nos enfrentamos como sociedad", ha agregado el sindicato, que pide la desarticulación de todas las empresas de "desokupación".

En este contexto, exigen la dimisión de la ministra de Vivienda por ostentar la más alta autoridad en la materia, así como por su responsabilidad "personal y directa en el absoluto fracaso que ha supuesto la ley de vivienda hasta la fecha". EFECOM

El alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles, pero, sobre todo, para las personas migrantes que, además de afrontar los precios de las rentas más caros de la historia, soportan un racismo inmobiliario que les dificulta el acceso a una vivienda, asegura Edwin Velasco, portavoz del Grupo de Trabajo de Estrategia Antirracista del Sindicato de Inquilinas.

Considera esencial que, para paliar este problema, los inquilinos deben organizarse porque “ni los políticos, ni las leyes están a su favor”. Asegura que su agrupación no cree en “partidos políticos ni en políticas partidistas” porque “los compromisos de los partidos, sean del color que sean, se quedan en promesas vacías”. Defiende que son los que pagan los alquileres los que deben tomar las riendas para impulsar todas sus demandas, tanto las generadas para combatir el racismo inmobiliario como las destinadas a regular los alquileres.

Pregunta: Con los precios en máximos históricos y la escasa oferta de viviendas en renta, ¿acceder a un piso en alquiler en las grandes capitales se ha convertido en una misión casi imposible para las personas migrantes?

Respuesta: Sí. Prácticamente imposible, diría yo. Este problema no es solo de la población migrante, también lo sufren los españoles con ingresos medios y bajos. Nos cuesta a todos alquilar, pero a las personas migrantes y racializadas les cuesta el triple y hasta el cuádruple que a los autóctonos. A los migrantes, entre los que me incluyo, las inmobiliarias y los caseros les aumentan los requisitos para poder acceder a un alquiler y, en muchos casos, ni siquiera les permiten visitar el piso al detectar, por su acento, que no son españoles. Para las personas migrantes y racializadas alquilar en las grandes ciudades se convierte en una misión imposible incluso cuando cumplen todas las condiciones que las inmobiliarias les exigen.

P.: ¿En España existe racismo y discriminación en el mercado del alquiler?

R.: Sí. Al igual que los españoles, los migrantes padecemos el avance feroz de la especulación por parte de fondos buitre que compran bloques enteros de viviendas y expulsan a las personas más vulnerables, ya sean migrantes o españoles. Pero el colectivo migrante se ve más perjudicado todavía porque existe un racismo estructural que le niega el derecho de empadronamiento, lo cual es un requisito necesario para acceder a servicios básicos institucionales en España. En esto tienen mucho que ver algunos mensajes de determinados colectivos que dibujan al migrante como un chivo expiatorio que se está beneficiando de recursos públicos. Este es el discurso de partidos de la derecha que también les acusan de agravar el problema de la vivienda cuando no es así. El problema está en que no hay una ley de vivienda efectiva que regule los alquileres y los requisitos que se exigen para arrendar y que trate de sacar al mercado las viviendas vacías que hay en el país. Está claro que en España existe racismo inmobiliario y un ejemplo es mi caso. Soy colombiano e intenté durante meses alquilar un piso con dos amigas españolas. Cuando nos pedían los requisitos y entregábamos la documentación nos decían que no cumplíamos con los perfiles y una de las razones de ese rechazo era que soy colombiano. A pesar de tener un trabajo indefinido y unos ingresos que cumplían con lo que pedían, no me querían de inquilino. Nos rechazaban por mí y nos costó muchos meses poder acceder a una vivienda.

P.: Hay anuncios de viviendas en alquiler en los que aparecen anotaciones como “Abstenerse extranjeros”, “Abstenerse de llamar personas de origen extranjero”, “No extranjeros”. Esto es ilegal ¿por qué se permite? ¿Qué se puede hacer en estos casos?

R.: Esto se permite porque actualmente la única base legal y jurídica que hay relacionada con esto es la ley para la igualdad de trato y la no discriminación, que en su artículo 20 hace referencia al acceso a la vivienda y que las instituciones públicas tienen que dar y promover este acceso. También en este mismo artículo se hace alusión a que hay diferentes tipos de de discriminación directa e indirecta. Y en España hay discriminación de ambos tipos. La directa se aprecia cuando junto a anuncios de pisos en renta excluyen a los migrantes y la indirecta se aprecia perfectamente cuando las inmobiliarias aumentan los requisitos a las personas migrantes que quieren alquilar. Aunque haya una ley de igualdad de trato y no discriminación, la normativa y la realidad funcionan de manera totalmente distinta y la ley lo va a seguir permitiendo. Se necesita una ley de arrendamientos urbanos acorde con la realidad, que regule los alquileres, que esté pendiente de que las inmobiliarias jueguen un papel más allá de la especulación y de lucrarse a costa de los inquilinos.

P.: ¿Exigir un mayor número de garantías a las personas migrantes por parte de las inmobiliarias a la hora de acordar un alquiler es una forma más sutil de discriminarlas pero igual de excluyente?

R.: Por supuesto. Y es que no solamente te piden el mes de fianza y el mes de entrada, sino que exigen un mes para la inmobiliaria que te está haciendo el trámite del proceso. También demandan seguros haciendo que la cantidad de dinero exigida para alquilar sea inasumible para esa persona. Es un proceso de deshumanización que practican principalmente las inmobiliarias, porque no hay un control. Ello hace que muchos migrantes se valgan de redes de apoyo, como amigos o familiares para poder alquilar. Estas personas contratan por ellas. Más del 70% de inmobiliarias llevan a cabo prácticas discriminatorias con migrantes. Si un migrante habla mal español o no sabe hablarlo se le cierran las puertas del alquiler. El racismo inmobiliario no solamente se da en el acceso al alquiler, sino en las condiciones a las que se accede a él. Muchas veces estas personas se ven obligadas a alquilar infraviviendas a un precio alto porque no tienen otra opción, o vivir allí o quedarse con sus hijos en la calle.

P.: ¿Por qué existe esta discriminación? ¿Por qué tienen miedo los caseros a alquilar a una persona migrante?

R.: Porque determinados sectores quieren meter miedo a los caseros con el objetivo de aumentar sus ingresos y los gobiernos no han intervenido para frenarlo. Un ejemplo son las empresas de desocupación o plataformas como Alquiler Seguro que pretenden aumentar su cartera de clientes metiendo miedo a los arrendadores y constantemente enfatizan que el problema son las personas migrantes porque van a dejar de pagar las rentas o van a destrozar las casas alquiladas, cuando nada justifica esta acusación. Esto se ha ido generalizando y normalizando hasta llegar a un punto que ya es insostenible. Ahora hay una campaña por parte de grandes propietarios y de fondos buitre haciendo ver que realmente hay un problema y la amenaza son los migrantes. Estos mensajes incrementan el racismo estructural en el que se engloba el racismo inmobiliario. Y es que aunque muchas veces se dice que España no es un país racista, continúa con unas dinámicas bastante racistas, excluyentes en muchos aspectos y que van más allá del alquiler de la vivienda. Existen unas dinámicas propias contra las personas migrantes que por su menor poder adquisitivo, su color de piel o porque no saben hablar bien español se les está impidiendo acceder a una vivienda en renta.

P.: ¿La normativa española existente para frenar el racismo inmobiliario es suficiente o se necesitan más leyes para evitarlo? ¿La nueva Ley de la Vivienda ha introducido mejoras en este sentido?

R.: Realmente en España no se ha hecho nada para frenar el racismo inmobiliario. Desde el Sindicato de Inquilinas presentamos en septiembre una proposición de ley para la regulación de alquileres de habitaciones y de temporada porque son una manera en la que los fondos buitres y otros propietarios de viviendas evaden la ley pero el Congreso tumbó su admisión a trámite. El racismo inmobiliario no se conoce porque se habla poco de él. A muchos no les interesa que se conozca. Los últimos datos que se tienen son de 2020 y los publicó la ONG Provivienda en un informe. Para hacer frente a este problema es necesaria una ley de arrendamientos urbanos que contemple todas las realidades y que regule el mercado del alquiler, porque si no los fondos buitre y los grandes tenedores se van a seguir lucrando. Parece que tanto el Gobierno como las autonomías y los ayuntamientos están a favor de que se especule con el alquiler, de los fondos buitre y de los grandes propietarios y vuelven la espalda a la ciudadanía que es la que sufre esta situación pagando alquileres cada vez más altos.

P.: Un problema cada vez más acuciante para los migrantes es el subarriendo ¿por qué está creciendo a esta velocidad?

R.: Estamos viendo que el subarriendo está aumentando en zonas del sur de Madrid. Se articula en un contrato verbal entre propietario e inquilino que es difícil de probar, de justificar y que al alquilado le deja en un vacío legal, en un limbo donde no sabe cómo actuar y defenderse cuando el casero decide echarle arbitrariamente. Hay casos en Usera en que los propietarios tienen subarrendada una habitación a cinco personas y sin contrato.

P.: ¿En este contexto la unión hace la fuerza?

R.: Por supuesto, hay que organizarse para defenderse porque ni los políticos, ni las leyes están a nuestro favor. La autoorganización es cada vez más importante para superar esa visión del migrante sin capacidad organizativa, la de un pobrecillo vulnerable. Organizados a través del Sindicato de Inquilinas podemos lograr grandes cosas. No creemos en partidos políticos ni en políticas partidistas porque los compromisos de los partidos, sean del color que sean, se quedan en promesas vacías. Somos los que pagamos los alquileres los que tenemos que tomar las riendas para poder impulsar todas nuestras demandas, tanto las generadas por el racismo inmobiliario como por la regulación de los alquileres. Realmente no hay una medida legislativa con la que solucionar la situación del alquiler y tampoco que establezca sanciones que palíen la situación.

P.: ¿Esta discriminación por parte de inmobiliarias y propietarios se produce en todo tipo de migrantes o depende del país del que procedan? ¿Tratan igual a un inmigrante francés, sueco o italiano que a los procedentes de países de África, Latinoamérica o el Este de Europa?

R.: No. En general, no es lo mismo ser un migrante sueco o italiano que ser de un país de África o Latinoamérica. A estos últimos se los sigue relegando, al igual que a los ciudadanos españoles con las rentas más bajas.

P.: ¿El problema del racismo inmobiliario se da más por el nivel económico de los migrantes o por el color de piel?

R.: Es una cuestión de dinero y de clase social, del poder económico que tengan las personas que quieren alquilar. No es lo mismo una persona con alto poder adquisitivo que venga de Colombia, Venezuela o México a Madrid y necesiten alquilar, que una persona con rentas medias o bajas que viene a trabajar y a salir adelante para poder ayudar a su familia. Si el inmigrante tiene suficiente pasta para pagar un alquiler en la mejor zona de una gran ciudad y pagar más de 2.000 euros al mes de renta, las inmobiliarias no les ponen ningún inconveniente. El migrante que se ve excluido es el que tiene menos ingresos aunque sean los suficientes para pagar un alquiler. Las inmobiliarias y los caseros no solo excluyen a los migrantes por el color de su piel, también lo hacen por el tamaño de su cartera. Los que quieren y pueden alquilar una casa en el Barrio de Salamanca de Madrid no tienen problemas, los que los tienen son los que quieren alquilar en Usera o en Carabanchel. En estas zonas, hasta ahora era más sencillo alquilar, pero en este momento se exigen cada vez más requisitos imposibles de cumplir. Hay un propósito de excluir a los márgenes de las ciudades a las personas con menor poder adquisitivo y entre ellas están los migrantes.

P.: Antes citaba el informe que Provida hizo en el año 2020. Decía que siete de cada diez inmobiliarias contactadas por la ONG rechazaban de forma explícita alquilar a migrantes. ¿Esta situación ha mejorado desde 2020 o no?

R.: No, no ha cambiado nada. De hecho, ha empeorado. Una de las causas es que el racismo inmobiliario no está visibilizado. Uno de nuestros objetivos es sacarlo a la luz y denunciarlo porque no se tiene en cuenta. Los fondos buitre, los grandes propietarios y las inmobiliarias ven en el alquiler una oportunidad de especular sin ningún tipo de freno y ha llegado un punto en que todos los ciudadanos lo sufren, sean españoles o migrantes. Aunque el problema se triplica o cuadruplica para estos últimos. Por ello estamos organizando una manifestación para el 13 de octubre con diferentes colectivos de movimiento de vivienda. Nos estamos acercando a diferentes colectivos de migrantes, porque realmente es la autoorganización lo que ayudaría a resolver el problema. Los afectados son los que deben tomar las riendas para conseguir medidas justas porque todo apunta a que la situación va a empeorar si no se hace nada.

Hartos de las subidas y cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler mientras los edificios están en “estado ruinoso”, más de 900 vecinos de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid han decidido unirse y declararse en “huelga” para plantar cara al fondo buitre que gestiona sus viviendas, Nestar-Azora, el tercer mayor casero de España. Se trata de diez bloques de viviendas ubicados en los municipios de Parla, Móstoles y Pinto, así como en los barrios de Villaverde, Carabanchel y Vallecas en la capital.

Hace tres meses eran solo un centenar de vecinos los que estaban dispuestos a plantarse contra esta empresa, pero en las últimas semanas han sido muchos más lo que han decidido sumarse a esta lucha y confían en que así lo hagan próximamente otros hogares afectados entre las más de 8.000 familias que viven en pisos gestionados por el fondo. Todos ellos, según informa el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, comparten un problema común: al llegar el tercer año de contrato se activan unas cláusulas abusivas por las que la propiedad impone una subida muy superior al 3% anual previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Como los alquileres se firman inicialmente por unos 900 euros, al cabo de tres años el precio ronda los 1.600 euros, “una fórmula que ya fue declarada ilegal” a consecuencia de las demandas interpuestas por el Sindicato de Inquilinas de Cataluña y que, sin embargo, Nestar-Azora sigue aplicando en toda la Comunidad de Madrid.

Además, según añade esta organización, también aplica esas subidas “en dos de los bloques son de propiedad pública y que, en teoría, gozan de alquileres protegidos y limitados”, si bien su gestión ha sido cedida al fondo por los ayuntamientos de Pinto y Parla.

Pagarán el precio del contrato inicial

Al declararse en huelga, de aquí en adelante, estos vecinos solo pagarán el precio indicado en el contrato inicial y las actualizaciones legalmente exigibles, “pero no los seguros de impago, subidas abusivas y demás conceptos que este fondo buitre sigue cobrando ilegalmente”, explican, al tiempo que indican que no descartan emprender acciones legales contra la empresa si sus demandas no son atendidas. “Queremos que se siente a negociar”, añaden.

Las personas afectadas recuerdan que otras familias de sus bloques, incapaces de hacer frente a los nuevos precios, “se han visto obligadas a abandonar sus hogares antes de que transcurran los siete años a los que teóricamente tenían derecho”. “El problema reside en unos fondos buitre que campan a sus anchas actuando como ariete de la especulación, sin ningún tipo de regulación y de límite en un contexto de crisis social”, denuncia el sindicato, que recuerda que esta misma semana la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) alertaba de que “vivir de alquiler aumenta el riesgo de pobreza”. Además, el Banco de España reconocía el mes pasado que la mitad de la población inquilina se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión.

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