Con su Plan Estratégico 2024-2029, la Fundación Natura busca ampliar sus soluciones basadas en la naturaleza mediante tres ejes: Agua y Cuencas, Áreas Protegidas terrestres y marino-costeras, y Ecosistemas.

La organización plantea alianzas con el sector privado, políticas públicas ágiles y participación ciudadana para extender el alcance de sus iniciativas.

Informó que la administración de recursos se sustenta en gobernanza institucional, auditorías externas independientes, certificación ISO 9001:2025 y mecanismos de rendición de cuentas en varios niveles.

La fundación conmemora 35 años de trabajo por la conservación del patrimonio natural panameño.

Desde su creación en 1991, señala que ha actuado como gestora de fondos y proyectos, socia estratégica y promotora de soluciones de conservación y financiamiento climático con enfoque local y alcance global.

“Durante 35 años en Fundación Natura hemos demostrado que conservar la naturaleza de Panamá es, ante todo, asegurar el bienestar y el futuro de nuestra gente. Hoy, las comunidades son las verdaderas protagonistas de esta transformación, convirtiendo la conservación en una fuerza viva que protege nuestros territorios, bosques y cuencas hidrográficas”, afirmó Carla López, presidente de Fundación Natura.

Agregó que “mantenemos firme nuestra visión de un Panamá donde la naturaleza y su gente prosperen juntas en armonía, construyendo un país resiliente, equitativo y lleno de vida para las próximas generaciones”.

En ese período, movilizó y gestionó más de USD 160 millones para proteger el patrimonio natural del país. También financió y ejecutó más de 1.000 proyectos socioambientales con el apoyo de más de 500 Organización No Gubernamental, Organización de Base Comunitaria y empresas.

La gestión de la Fundación alcanzó 42 áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas fortalecidas en los ámbitos técnico, operativo y comunitario, además de 30 cuencas hidrográficas: cinco en la vertiente del Caribe o Atlántico y 25 en la del Pacífico.

La organización participó en cinco de los seis humedales panameños reconocidos por la Convención de Ramsar y respaldó la identificación y designación de los sitios Ramsar del país.

Las iniciativas beneficiaron de forma directa a más de 300.000 personas y de manera indirecta a más de 1,8 millones de habitantes de las cuencas y zonas priorizadas. La entidad organizó más de 15.000 actividades de capacitación, fortalecimiento y transferencia de conocimientos, con más de 300.000 participantes.

El Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), creado en 1995, ha financiado cientos de proyectos comunitarios orientados a la producción sostenible, las soluciones basadas en la naturaleza, la ciencia y la resiliencia climática.

“FIDECO es el testimonio vivo de un impacto ambiental y social hito en Panamá, y la plataforma financiera clave para enfrentar los desafíos ambientales globales”, sostuvo la fundación.

Desde Darién hasta Bocas del Toro, se indicó que ha impulsado proyectos junto a comunidades locales. En Chiriquí, promovió café bajo sombra, conservación de suelos y conectividad de paisajes productivos en fincas de la cuenca del río Chiriquí Viejo.

En Darién, desarrolló turismo comunitario, monitoreo de jaguares y águila harpía, junto con acciones para el manejo del bosque seco y los manglares.

En la Cuenca del Canal, sus intervenciones incluyeron protección hídrica de subcuencas, restauración de suelos, prácticas productivas y turismo comunitario. En Bocas del Toro, respaldó la gestión de áreas protegidas, la conservación de manatíes y tortugas marinas, y la producción de cacao orgánico Ngäbe-Buglé.

En Veraguas y Los Santos, trabajó en el manejo participativo de manglares, la gestión de áreas protegidas, la investigación y el monitoreo de biodiversidad, además de soluciones basadas en la naturaleza y paisajes productivos en las cuencas de los ríos Santa María, La Villa y Parita.

La fundación aportó a la conservación de áreas protegidas de la Reserva de la Biósfera La Amistad, entre ellas el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, el Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Nacional San San Pond Sak, el Bosque Protector Palo Seco y el Humedal Lagunas de Volcán.

En la Reserva de la Biósfera de Darién, desarrolló acciones en el Parque Nacional Darién, la Reserva Hidrológica Filo del Tallo y el Humedal Punta Patiño.

También trabajó en tres sitios declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO: el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Darién y el Parque Nacional Coiba, sostuvo.

El Fondo de Garantía de Panamá respaldará a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) afectadas por el terremoto del 9 de octubre, que necesiten crédito y no dispongan de garantías suficientes para acceder a financiamiento.

La iniciativa forma parte de un paquete de $310 millones orientado a la reactivación económica sostenible. El esquema reúne un programa de crédito y un mecanismo de garantías para apoyar a empresas golpeadas por la crisis.

Las Mipymes podrán usar los recursos para cubrir capital de trabajo, gastos operativos e inversiones vinculadas con la recuperación de sus actividades.

El objetivo es que los negocios afectados mantengan sus operaciones, recuperen su capacidad productiva y fortalezcan sus modelos sostenibles.

El Programa Global de Crédito para la Reactivación Económica Sostenible cuenta con una asignación de $160 millones. De ese total, $100 millones están disponibles de forma inmediata para atender las necesidades de las empresas impactadas.

El Fondo de Garantía de Panamá, a su vez, fue dotado con $150 millones. Su función será facilitar el acceso al crédito de clientes que requieren financiamiento, aunque no tengan respaldo suficiente para cumplir con las exigencias habituales de garantía.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que “los recursos llegarán a través de canales expeditos y rápidos”, que ya son conocidos por las empresas y tienen presencia en las comunidades afectadas o en zonas cercanas.

El funcionario indicó que el financiamiento podrá destinarse tanto al sostenimiento cotidiano de los negocios como a otras inversiones necesarias para reparar el impacto del terremoto.

La coordinación de ambos mecanismos estará a cargo del Banco Nacional de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las instituciones plantearon el programa como una vía para reforzar las operaciones de las Mipymes y acompañar su recuperación.

El Banco Nacional de Panamá canalizará los recursos hacia los beneficiarios finales por medio de instituciones financieras elegibles. Estas entidades deberán contar con experiencia en la atención de micro, pequeñas y medianas empresas.

El diseño del programa apunta a que los fondos lleguen a negocios vinculados con sectores que tienen peso en la actividad económica local. Entre ellos figuran el agropecuario, el comercial y el de servicios.

El Fondo de Garantía busca dinamizar esas actividades y elevar su productividad. La medida pretende reducir una de las barreras que enfrentan numerosos emprendimientos: la falta de garantías para solicitar préstamos.

El gerente general de Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, sostuvo que “las mipymes son un sector primordial” para el país. También señaló que muchas de esas compañías sufrieron las consecuencias del sismo.

Carrizo afirmó que los instrumentos financieros buscan respaldar la recuperación económica y fortalecer el tejido empresarial. Según explicó, el acceso ampliado al crédito también apunta a incluir a empresas y sectores que históricamente tuvieron mayores dificultades para obtener recursos.

Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un papel central en la economía panameña por su aporte a la generación de empleo, los nuevos emprendimientos, la competencia y el movimiento de los mercados locales.

La representante del Grupo BID en Panamá, Gloria Lugo, vinculó la recuperación de las zonas afectadas con el respaldo a los negocios que funcionan en esos territorios.

“La recuperación de las comunidades afectadas pasa también por apoyar a sus micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó Lugo. La representante agregó que los mecanismos ya disponibles permitirán canalizar crédito de manera ágil y contribuir a la reactivación de las áreas impactadas.

La funcionaria del BID indicó que el financiamiento también busca proteger puestos de trabajo. El planteamiento reúne el esfuerzo del Ministerio de Economía y Finanzas, Banconal y el organismo multilateral.

El Ministerio de Comercio e Industrias participa en el impulso de estos sectores por su función de regular, promover y formalizar a las Mipymes. La iniciativa financiera se presenta como un complemento para empresas que necesitan sostenerse durante la crisis.

El programa de crédito prioriza inversiones productivas y sostenibles. La intención es que las empresas beneficiadas mejoren su competitividad, aumenten su resiliencia y estén en mejores condiciones para responder a las exigencias del mercado.

Los mecanismos también buscan ampliar la bancarización de los negocios y facilitar que más emprendimientos desarrollen su potencial productivo. El acceso al sistema financiero aparece como una herramienta para afrontar las consecuencias de la emergencia.

La Cruz Roja Panameña ampliará su asistencia humanitaria a 4.075 familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el país el 9 de octubre.

La operación, respaldada por un desembolso de 617 mil francos suizos (aproximadamente $745.000) del Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC-DREF), se extenderá por nueve meses.

Se informó que la respuesta se concentrará en cuatro provincias del interior del país, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, regiones donde el movimiento sísmico dejó mayores daños en viviendas y donde continúan las labores de evaluación y asistencia a las familias desplazadas.

El mecanismo de ayuda prioriza transferencias de dinero directas.

La intervención se concentrará en la entrega de transferencias monetarias multipropósito.

Esta modalidad de asistencia, según se detalla en una nota de prensa, permite que cada familia decida de manera autónoma cómo cubrir sus necesidades más urgentes, sin que la organización determine previamente el destino de los fondos.

El IFRC-DREF es un mecanismo global de respuesta a desastres que canaliza fondos directamente a los equipos locales de la Cruz Roja, quienes actúan como primera línea de atención ante las emergencias.

El fondo existe desde 1979 y ha sido clave para fortalecer la anticipación, evaluación y respuesta a desastres en Panamá y en el resto del mundo.

La operación en curso también contempla actividades de participación comunitaria y rendición de cuentas.

Estas incluyen reuniones de información y consulta con las comunidades, además de encuestas posteriores a la entrega de la ayuda, con el objetivo de que las opiniones de los afectados orienten el resto de la asistencia.

La información indica que el plan de respuesta dará especial atención a los hogares en mayor situación de vulnerabilidad.

Entre ellos se cuentan los encabezados por mujeres, las familias con niñas y niños, las personas mayores y las personas con discapacidad.

También recibirán prioridad las mujeres embarazadas o en período de lactancia, las personas con enfermedades crónicas y las comunidades indígenas.

El esquema de ayuda forma parte del plan único de respuesta de la Cruz Roja Panameña, que además contempla necesidades en salud, apoyo psicosocial, agua, saneamiento e higiene, protección y medios de vida, financiadas mediante fuentes complementarias.

La organización indicó que el financiamiento adicional busca sostener la capacidad operativa de sus equipos durante los próximos meses de trabajo en terreno.

Desde el momento del terremoto, los equipos de la Cruz Roja Panameña brindaron primeros auxilios, apoyo psicosocial y atención básica en salud.

También contribuyeron con el traslado de pacientes a centros médicos y apoyaron las evacuaciones hospitalarias en las zonas más golpeadas.

La organización puso en marcha evaluaciones rápidas de daños y necesidades en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Salud.

Esa tarea conjunta permitió identificar con mayor precisión las zonas donde la asistencia resultaba más urgente.

Además, movilizó cerca de 30 toneladas de ayuda humanitaria desde el Hub Humanitario de la IFRC, ubicado en Ciudad de Panamá, hacia las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas.

El traslado de esos insumos se sumó a las tareas de atención directa que los voluntarios desarrollaron en las comunidades afectadas.

En los días inmediatamente posteriores al sismo, los equipos de la Sociedad Nacional ya habían reportado trabajo activo en varias comunidades como Penonomé, Chitré, La Villa, Las Tablas y Pedasí, donde prestaron primeros auxilios, agua y refugio temporal y colaboraron en las evacuaciones.

En Changuinola, Almirante y Barú, los voluntarios trasladaron a personas afectadas hacia centros de atención médica y brindaron apoyo a quienes presentaban trastornos emocionales tras la emergencia.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede sumar hasta 17,885.85 pesos mensuales a la jubilación de trabajadores que cotizan bajo el régimen de cuentas individuales, administrado por las Afores. El complemento busca equiparar el monto final de la pensión con el último salario promedio del trabajador, siempre que existan recursos disponibles en el fideicomiso.

El beneficio no equivale a una pensión asistencial ni a un bono fijo. Se trata de un aporte adicional que el Gobierno de México deposita cuando el cálculo original de la Afore resulta insuficiente frente al salario de referencia del trabajador, hasta alcanzar el tope autorizado.

Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar

El fondo funciona como un complemento solidario que se suma al saldo acumulado en la Afore del trabajador. No sustituye ni reemplaza ese ahorro individual, sino que lo complementa cuando resulta menor al último salario promedio registrado.

¿Quién recibe el pago de hasta 17,885 pesos extra? Lo reciben los jubilados del régimen de cuentas individuales del IMSS o del ISSSTE que tengan al menos 65 años, cuya pensión calculada por la Afore sea inferior a su último salario promedio, y cuya resolución de pensión se haya emitido a partir de mayo de 2024, fecha en que el mecanismo entró en vigor.

El monto no es fijo para todos los beneficiarios: varía según el historial de cotización y el salario de cada trabajador, y el máximo institucional se fijó en 17,885.85 pesos mensuales.

Requisitos para acceder al complemento

Para calificar al tope máximo del depósito mensual, los solicitantes deben cumplir con varias condiciones simultáneas.

En primer lugar, deben pertenecer al régimen de Cuentas Individuales. Esto significa haber comenzado a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997, bajo la Ley 97, o cotizar en el ISSSTE bajo el esquema de cuentas individuales instaurado en 2007.

También se exige contar con al menos 65 años cumplidos al momento de tramitar la pensión por vejez. Además, el cálculo inicial proyectado por la Afore debe ser inferior al último salario promedio registrado por el trabajador, con el tope institucional de 17,885.85 pesos como límite máximo.

Por último, la resolución de pensión debe haberse emitido a partir de la entrada en vigor del fondo, en mayo de 2024.

Quedan excluidos de este complemento los pensionados bajo la Ley 73 del IMSS, así como aquellos cuyas percepciones calculadas de origen superen el límite máximo estipulado.

Paso a paso para el trámite

El proceso para acceder al complemento no requiere una solicitud independiente ni un trámite adicional complejo. El sistema institucional evalúa la elegibilidad del trabajador durante el proceso regular de jubilación.

Para que el IMSS o el ISSSTE validen el expediente y autoricen los depósitos, el interesado debe seguir estos pasos:

1. Iniciar el trámite regular de pensión por vejez ante el IMSS o el ISSSTE, una vez cumplidos los 65 años y los requisitos de cotización correspondientes.

2. Reunir la documentación en original y copia, entre la que se incluye:

• Identificación oficial vigente: credencial para votar (INE), pasaporte o credencial del INAPAM.
• Clave Única de Registro de Población (CURP) emitida y validada recientemente por la Renapo.
• Estado de cuenta de la Afore, con una antigüedad no mayor a tres meses, que acredite la pertenencia a la administradora.
• Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o predial) con antigüedad máxima de tres meses.
• Estado de cuenta bancario emitido por la institución financiera, que incluya la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) a nombre del titular.

3. Presentar el expediente ante la ventanilla correspondiente del IMSS o el ISSSTE para su revisión.

4. Esperar la evaluación de elegibilidad, que el propio sistema institucional realiza durante el proceso regular de jubilación, comparando el cálculo de la Afore contra el último salario promedio del trabajador.

5. Recibir la resolución de pensión, en la que se determina si corresponde el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar y el monto exacto a depositar.

6. Recibir el depósito único mensual en la cuenta bancaria registrada mediante la CLABE proporcionada, junto con el pago regular de la pensión.

Otros datos sobre los programas del Bienestar

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es distinto de otros programas que opera la Secretaría de Bienestar a través del Banco del Bienestar, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Estos programas asistenciales tienen montos y mecánicas de pago distintas al complemento de Afores. La Pensión para Adultos Mayores otorga 6,400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante, equivalentes a 3,200 pesos mensuales según las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para el ejercicio fiscal 2026.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. La Pensión para Personas con Discapacidad Permanente otorga 3,300 pesos bimestrales, mientras que el programa para hijos de madres trabajadoras entrega 1,650 pesos bimestrales en la mayoría de los casos.

Los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026 se distribuyeron entre el 1 y el 25 de septiembre, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Este esquema aplica únicamente para quienes ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa o que anteriormente cobraron el apoyo en al menos una ocasión.

Las Reglas de Operación vigentes para 2026 no contemplan un aguinaldo adicional dentro del esquema de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El portal oficial de Programas para el Bienestar confirma que el monto de 6,400 pesos bimestrales corresponde al esquema completo del ejercicio fiscal actual, sin depósitos extraordinarios de fin de año.

Todos estos apoyos se entregan de manera directa, sin intermediarios, según lo ha señalado el Gobierno de México a través de sus canales oficiales.

La película “Chichero” fue seleccionada oficialmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá para representar al país en los Premios Goya 2027 y buscar una nominación al Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional.

Esto confirma una tendencia de consolidación del cine panameño en los grandes circuitos internacionales y se inscribe en una trayectoria que, aunque reciente, ha sido sostenida desde 2014 con sucesivas candidaturas nacionales al Óscar y desde finales de la década de 2010 en el caso de los Goya.

La producción, dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, es financiada con el Fondo de Cine 2023 de Panamá.

Rodada entre Panamá y Perú, narra la historia de Josué, un joven quechua que huye del conflicto armado interno en el Perú de los años ochenta y llega a Panamá, donde sobrevive vendiendo chicha (refresco) y empanadas hasta encontrar en Gaby, una mujer vulnerable, un vínculo de solidaridad que articula un relato sobre migración, precariedad y esperanza.

El desarrollo del cine panameño identifica con claridad la primera obra que abrió esta senda: el documental “Invasión”, de Abner Benaim, que en 2014 se convirtió en la primera película panameña en ser enviada a la competencia por el Óscar a la entonces llamada Mejor Película en Lengua Extranjera.

En este contexto de profesionalización institucional y de expansión hacia mercados internacionales, el caso de “Chichero” resulta particularmente significativo porque condensa varias tendencias convergentes.

Entre ellas, el uso de historias transnacionales que conectan conflictos armados y migraciones internas en América Latina, así como la apuesta por coproducciones y rodajes en más de un país, el acceso a financiación pública competitiva mediante concursos como el Fondo de Cine 2023, y la firma de acuerdos de distribución con empresas europeas.

Todo esto ello ocurre en paralelo a una estrategia institucional de la Academia panameña que, habiendo enviado ya una docena de películas al Óscar sin lograr una nominación definitiva, busca ahora disputar espacios de shortlist y nominación con obras que combinan relevancia temática y apuestas formales.

Esto lo hizo la muy comentada “Plaza Catedral”, estrenada en el 2021, que en la edición 94 de los Premios Óscar llegó a integrar la lista corta de la categoría de Mejor Película Internacional.

El cine panameño, entendido como una industria relativamente joven si se compara con las cinematografías consolidadas de México, Argentina o Brasil, ha experimentado una transformación acelerada durante la última década, marcada por el acceso a fondos nacionales como el Fondo Cine panameño, el desarrollo de coproducciones regionales y la institucionalización de un mecanismo de selección oficial de películas para representar al país en los premios Óscar y Goya.

La creación y actuación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá, órgano que agrupa a profesionales del sector y que decide por votación qué largometraje será el representante nacional en estas competencias, ha sido crucial para la articulación de una política cultural que busca visibilidad internacional y legitimidad estética y temática para las producciones locales.

Antes de 2014, Panamá no había participado en la carrera por el Óscar con envíos formales, y recién en la edición correspondiente a la ceremonia número 87 se documenta la primera postulación, lo que marca un “antes y después” en la relación del país con la Academia de Hollywood.

Algo similar ocurre con los Premios Goya, donde la presencia panameña en la categoría de Mejor Película Iberoamericana se hace visible en comunicados de la Academia española y dossiers de películas candidatas a partir de la segunda mitad de la década de 2010, con títulos como “Yo no me llamo Rubén Blades”, “Operación Causa Justa”, “Plaza Catedral” y, más recientemente, “Querido Trópico” y “Chuzalongo”.

A pesar de que el Gobierno prorrogó la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta noviembre, para evitar una mayor caída de la recaudación, esta semana avanzó en la reglamentación y definió en qué instrumentos podrá invertirse el dinero del fondo para pagar indemnizaciones.

Bajo la perspectiva de referentes del mercado, el nuevo esquema presenta ventajas y algunos puntos débiles. Pero no son los únicos que tienen dudas, ya que en la mesa chica del equipo económico se preguntan si mejorará la capacidad fiscal para su puesta en marcha en la fecha prevista.

La Resolución 1276/2026 determinó que los recursos del FAL solo podrán invertirse en instrumentos financieros o valores negociables argentinos, quedando excluidas las inversiones en moneda extranjera o en activos fuera del país. A la vez, deberán crearse de manera específica para cumplir con la ley laboral y no podrán mezclarse con los Fondos Comunes de Inversión (FCI) existentes, aunque mantendrán una estructura similar.

Los fondos aportados podrán destinarse exclusivamente a cuatro tipos de instrumentos: deuda del Estado Nacional, títulos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central (BCRA) y obligaciones negociables de empresas privadas emitidas en Argentina. En todos los casos, los activos deberán estar denominados y pagados en pesos.

Tanto los instrumentos privados como los provinciales deberán contar simultáneamente con autorización de oferta pública, negociación en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CVN) y calificación “AAA” de al menos dos agencias calificadoras habilitadas por la CNV. Esta restricción deja un universo acotado de activos elegibles. Si un instrumento pierde la nota AAA tras su adquisición, podrá permanecer en cartera hasta el vencimiento o liquidarse en un plazo de 180 días.

En cuanto a rentabilidad de las inversiones, estará limitada a cuatro modalidades: tasa fija, tasa mayorista (TAMAR), ajuste por inflación (CER) o ajuste vinculado al dólar. Se permitirá además la inversión en bonos duales que combinen dos de estas modalidades. Para diversificar carteras y limitar riesgos, la norma determina que un FAL podrá invertir hasta 15% en depósitos en una misma entidad financiera, hasta 15% en deuda provincial y de CABA (máximo 5% por jurisdicción), hasta 20% en obligaciones negociables (con tope de 10% por emisor) y hasta 10% en instrumentos “dollar-linked”.

Los administradores de los FAL de los bancos no podrán invertir en instrumentos emitidos por la propia entidad, por sus empresas controladas, controlantes o vinculadas, excepto en depósitos a la vista con fines operativos y transitorios.

La reglamentación impone un piso de liquidez: al menos 10% del patrimonio de los fondos deberá mantenerse en activos líquidos y de bajo riesgo de mercado, como depósitos a la vista, plazos fijos precancelables o letras del Tesoro Nacional a corto plazo. Si el porcentaje cae tras el pago de prestaciones, la entidad tendrá 90 días para recomponer la liquidez mínima.

Ventajas

Para Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, los FAL nacen como vehículos defensivos y su mandato no es maximizar retorno, sino asegurar prestaciones laborales y preservar valor en pesos. En ese sentido, sostuvo que no compiten con los fondos de renta fija, CER o dollar-linked tradicionales, sino que se posicionan como reservorios de liquidez regulada dentro del sistema financiero.

Además, Botto sumó que con la nueva reglamentación se definieron lineamientos claros, con fortalezas relevantes para el mercado. Entre ellas, destacó la gestión de riesgo crediticio, que se apoya en la exigencia de calificación AAA y en los límites por emisor o jurisdicción, lo que reduce la probabilidad de default y eleva el estándar de calidad de las carteras.

La diversificación forzada, en su visión, también resulta positiva ya que los topes de concentración obligan a construir portafolios balanceados y previenen correlaciones excesivas. Además de la liquidez estructural, con un mínimo del 10% en activos líquidos, que garantiza capacidad de rescate inmediato y mitiga riesgos ante escenarios de estrés. En materia de gobierno corporativo, subrayó la prohibición de autoinversión, lo que elimina conflictos de interés y alinea la gestión con estándares fiduciarios internacionales.

Trade off

Pero la exigencia de calificación AAA, para Botto, se puede convertir en una debilidad ya que el rendimiento se verá acotado al tratarse de un universo de inversión más restringido que limita la posibilidad de capturar spreads adicionales. A su vez, que la escasez de emisiones AAA en Argentina puede derivar en una dependencia estructural del Tesoro Nacional.

Bajo su perspectiva, las reglas establecidas dan una menor flexibilidad operativa, ya que reducen el margen para una gestión activa de duration o para aprovechar oportunidades tácticas de carry trade. Y que los límites de exposición en moneda extranjera restringen alternativas para administrar el riesgo cambiario en escenarios de volatilidad. Además de que la necesidad de mantener altos niveles de liquidez y plazos más cortos condiciona la posibilidad de capturar convexidad o implementar estrategias de curva más sofisticadas.

“Los FAL son vehículos regulados de liquidez, diseñados para brindar seguridad y previsibilidad en un mercado de alta nominalidad. El desafío para los gestores será compatibilizar ese mandato prudencial con la necesidad de preservar el valor de los recursos administrados en distintos escenarios de inflación, tasas y riesgo soberano”, concluyó.

En la misma línea fue Marcelo David, director de la sede regional de La Plata del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (Iadef), quien sostuvo que en la principal ventaja que otorga el FAL al empleador es la previsión. “El costo extraordinario de una desvinculación se convierte en un gasto periódico, provisionado y potencialmente capitalizable”, sostuvo.

Pero advirtió que la principal desventaja radica en la inmovilización obligatoria de recursos y la exposición al riesgo financiero: el fondo puede rendir por debajo de la inflación, sufrir fluctuaciones de mercado o resultar insuficiente para cubrir la totalidad de las indemnizaciones, diferencia que seguirá siendo responsabilidad de la empresa. Agregó que persisten dudas operativas, ya que la CNV aún debe definir el régimen de los vehículos de inversión y la entrada en vigencia está prevista recién para noviembre de 2026. “Mejora previsibilidad y fondeo del pasivo laboral, pero no traslada al fondo el riesgo indemnizatorio final del empresario”, señaló.

Dudas puertas adentro

En paralelo a la definición de las reglas de inversión, persisten dudas en el equipo económico sobre la posibilidad de implementar efectivamente el FAL en noviembre. El bajo nivel de recaudación y la falta de repunte de la actividad económica generan incertidumbre respecto a la disponibilidad de recursos para afrontar el costo del sistema.

La ley permite posponer la entrada en vigencia hasta seis meses. El Gobierno ya utilizó cinco meses de prórroga, pasando la implementación de junio a noviembre. Solo queda un mes posible de extensión y, si se supera ese plazo, sería necesario aprobar una nueva ley en el Congreso, opción que algunos funcionarios ya consideran.

El proceso de implementación del FAL queda condicionado a las regulaciones pendientes, pero sobre todo a la evolución de la recaudación fiscal, que a su vez está atada a lo que pase en los próximo meses con la actividad económica.

“El objetivo de este fondo es de largo plazo. No va a ser una situación que se va a solucionar de la noche a la mañana, va a llevar muchos años de reconstrucción”, afirmó Asinelli.

El funcionario detalló que el país enfrenta una etapa crítica, donde “todavía se está tratando de encontrar sobrevivientes y víctimas fatales”. De acuerdo con los datos oficiales, la cifra de víctimas fatales ya asciende a 1.700 y se calcula un universo de personas desaparecidas que podría superar las 50.000.

La CAF estableció el fondo con cuentas especiales en dólares y euros, abiertas para recibir aportes de países, organismos internacionales y empresas privadas. “Ya muchísimas empresas privadas nos han pedido aportar a este fondo. Se puede donar desde la Argentina y desde cualquier país”, explicó Asinelli en la entrevista con Infobae al Regreso.

El esquema de ayuda internacional incluye la participación activa de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con todo el sistema de Naciones Unidas. Países vecinos y europeos también sumaron asistencia. “El Salvador mandó seis aviones con rescatistas de manera inmediata, lo cual ayudó muchísimo. Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana, México y Ecuador, todos los países de la región y europeos se solidarizaron con esta causa”, puntualizó el vicepresidente de la CAF.

Las pérdidas materiales alcanzan un estimado de USD 6.700 millones, cerca del 10% del PBI actual de Venezuela, según los cálculos de Asinelli. Los daños se concentran sobre todo en la infraestructura de La Guaira y Caracas. Sin embargo, la red energética nacional no sufrió daños, lo que permitió que el suministro eléctrico se mantuviera estable y el sistema energético del país siga en funcionamiento.

El fondo, según la entidad, estará orientado principalmente a la reconstrucción de infraestructura, el apoyo a las familias damnificadas y la recuperación de servicios esenciales en las zonas más afectadas. La CAF subraya que la administración de los recursos contará con mecanismos de transparencia y seguimiento internacional, con el respaldo técnico de los organismos multilaterales que acompañan la iniciativa.

“La creación de este fondo tiene un objetivo de largo plazo”, reiteró Asinelli a Infobae al Regreso. “Estamos en un momento muy complicado, todavía tratando de encontrar sobrevivientes y víctimas fatales. Las acciones están siendo acompañadas por todo el marco internacional”, puntualizó el vicepresidente de la CAF.

El fondo que creó la CAF

La puesta en marcha del Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela busca reunir y canalizar aportes de origen público, privado e internacional para atender las necesidades prioritarias del país tras los recientes sismos. La propuesta llega junto con la donación de USD 300.000 en ayuda humanitaria anunciada por la entidad para enfrentar la emergencia.

El Fondo recibirá aportes provenientes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones, personas particulares y otros aliados. Estos recursos se administrarán bajo un esquema común, con mecanismos de rendición de cuentas, y se destinarán a las iniciativas que defina y priorice el gobierno de Venezuela. El objetivo es articular una respuesta coordinada, evitar la dispersión de esfuerzos y acelerar la llegada de asistencia a las regiones más afectadas.

Para poner en funcionamiento el mecanismo, CAF aportará inicialmente un millón de dólares como capital semilla, recurso que financiará las primeras acciones urgentes. La institución no aplicará comisión por la administración fiduciaria ni por la ejecución de los fondos, lo que permitirá que el 100% de los donativos se utilice para la emergencia y la posterior reconstrucción.

“Los actos de la naturaleza se responden con actos de humanidad y solidaridad, y Venezuela nos requiere hoy más que nunca. Venezuela es país fundador y sede de CAF, y por eso ponemos en marcha este Fondo para la reconstrucción: un mecanismo ágil y transparente al que invitamos a sumarse a gobiernos y al sector privado, para que sus aportes, junto con los nuestros, formen parte de una respuesta efectiva. Nuestro compromiso es acompañar al pueblo venezolano no solo en la emergencia, sino a lo largo de todo el camino de recuperación y reconstrucción que tenemos por delante”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

El diseño del mecanismo contempla distintas fases. En la primera etapa se prevé la atención inmediata con ayuda humanitaria, provisión de insumos básicos y respaldo a instituciones clave en la respuesta. Más adelante, se abordará la rehabilitación de servicios esenciales como salud, agua y saneamiento, energía, educación y conectividad.

La última fase estará enfocada en la recuperación y el fortalecimiento de la resiliencia, priorizando la reconstrucción temprana, la restauración de los medios de vida y la reducción de la vulnerabilidad ante posibles futuros desastres. Las intervenciones se decidirán de acuerdo con las valoraciones de daños y las prioridades que establezca el Gobierno.

El Fondo funcionará con recursos independientes de los fondos propios de CAF, garantizando la trazabilidad por cada iniciativa, informes financieros periódicos y auditorías externas. Los aportes podrán realizarse tanto en dólares estadounidenses como en euros. La ejecución podrá llevarse a cabo a través de entidades implementadoras seleccionadas o, si resulta más eficiente, mediante la gestión directa de CAF.

El mercado inmobiliario argentino sumó un nuevo capítulo con el debut del primer fondo REIT de inversión inmobiliaria en la Bolsa de Buenos Aires, una modalidad que permite acceder al negocio del ladrillo con montos mucho menores a los habituales.

El flamante vehículo, impulsado por Beltrán Briones y Juan Ignacio Abuchdid -presidente de Grupo IEB-, logró captar más de USD 45 millones en su lanzamiento, cifra que triplicó la meta inicial y refleja el interés por alternativas de inversión más accesibles y líquidas. La colocación inaugural superó ampliamente las expectativas del mercado.

El nuevo fondo busca democratizar el acceso al sector inmobiliario, una industria históricamente reservada a grandes patrimonios. Los inversores pueden adquirir participaciones desde un mínimo monto de $1.000, sin necesidad de desembolsar los USD 150.000 que suele costar una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de la compra tradicional, este formato permite negociar las cuotapartes en el mercado secundario, ofreciendo una liquidez poco habitual en el sector.

El primer REIT argentino debuta en la Bolsa y atrae inversiones desde pequeños montos

En el evento de presentación en el recinto porteño, Abuchdid explicó que el instrumento apunta a pequeños y medianos ahorristas, quienes podrán invertir en una cartera diversificada de propiedades terminadas, oficinas AAA y locales comerciales en la capital argentina.

Las expectativas de valorización respaldan la apuesta. Abuchdid sostuvo que “el precio de las propiedades puede subir hasta un 50% en los próximos 24 meses”, impulsado por factores como la escasez de obra nueva, la reaparición del crédito hipotecario y una oferta más acotada de inmuebles en la ciudad. De acuerdo con cifras presentadas por los organizadores, el índice S&P Merval de acciones líderes se apreció cerca de 300% en dólares en dos años, los bonos treparon en torno a 150% y los salarios 200%, mientras que el costo de construcción avanzó un 130%. Las propiedades, en cambio, solo aumentaron 20%, lo que para los impulsores del fondo las vuelve uno de los activos más atrasados del ciclo económico.

Briones indicó que la barrera de entrada fue históricamente el principal obstáculo para el acceso masivo al ladrillo. “El talón de Aquiles del mercado inmobiliario siempre fue la barrera de entrada, ya que el ticket promedio en la ciudad es de alrededor de USD 150.000”, resumió durante la presentación en ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos). El nuevo instrumento busca revertir esta lógica y acercar el negocio inmobiliario a una mayor cantidad de inversores.

El REIT argentino destinará sus fondos principalmente a la adquisición de inmuebles de alta gama ya terminados, oficinas premium y locales comerciales. El horizonte de inversión está planteado a diez años, aunque las participaciones pueden venderse antes en el mercado secundario. El rendimiento proviene de dos fuentes: las rentas de los alquileres y la posible apreciación del valor de los activos.

El novedoso fondo inmobiliario busca democratizar la inversión en ladrillo

El crédito hipotecario, aunque menos relevante que en 2024, mantiene su influencia. Mientras el año pasado alcanzó el 22% de las operaciones en la ciudad, en la actualidad representa entre el 11 y el 15 por ciento. Fondos como este REIT aportarán demanda adicional, aunque su impacto dependerá de la elección de los inmuebles y las zonas donde se concentren las compras.

¿Qué es el REIT?

Un REIT (sigla del inglés Real Estate Investment Trust) es un vehículo que agrupa capital de múltiples inversores para adquirir y gestionar inmuebles de renta. Los beneficios se distribuyen trimestralmente. Este modelo existe hace décadas en EEUU, Europa y Asia. Grupo IEB y Grupo Briones lo traen por primera vez a Argentina.

El REIT argentino es regulado por la CNV (Comisión Nacional de Valores) y listado en ByMA, invierte en inmuebles finalizados, gestionados por Beltrán Briones- referente del real estate argentino- y Juan Ignacio Abuchdid, de Grupo Briones y Grupo IEB, respectivamente.

El modelo REIT es una herramienta consolidada en mercados como Estados Unidos, Europa y México, donde representa cerca del 5% del PBI (Producto Bruto Interno), según los impulsores. La expectativa es que Argentina recorra un camino similar, facilitando el acceso a una cartera inmobiliaria diversificada, sin las complicaciones de la administración, la búsqueda de inquilinos o el mantenimiento.

Para Briones, el atractivo del ladrillo en Argentina también tiene raíces culturales. “Hay una relación mística entre la Argentina y el ladrillo”, afirmó durante el evento de presentación. Con una oferta limitada, una demanda que muestra señales de recuperación y precios que los organizadores consideran atrasados respecto de otros activos, los impulsores del primer REIT argentino proyectan que el mercado inmobiliario local aún tiene margen para recuperar valor.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de reforma para crear el Fondo Federal Permanente de Seguridad Pública, con el objetivo de que la Federación pueda transferir recursos económicos a los estados y municipios del país que lo necesiten, a fin de fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad, la procuración y la impartición de justicia.

Durante su posicionamiento en el Senado, Vargas advirtió que las corporaciones policiales en México enfrentan una crisis que limita la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía.

El panista señaló que la falta de recursos financieros, humanos y materiales afecta directamente el desempeño de las instancias responsables de la seguridad pública, lo que a su vez se traduce en un ambiente de vulnerabilidad e inseguridad para la población.

“Las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública en México atraviesan una situación crítica”, afirmó el legislador panista.

“La carencia de recursos financieros, humanos y materiales limita su capacidad para cumplir con su deber. La falta de personal capacitado, la insuficiencia de vehículos y equipo de protección, así como las condiciones laborales precarias, constituyen solo algunos de los desafíos que enfrentan estas entidades”.

Seguridad, prioridad para los mexicanos

El senador indicó que la inseguridad continúa siendo la principal preocupación de los mexicanos, pues afecta la vida diaria, restringe la movilidad, frena el desarrollo económico y genera un clima permanente de temor e incertidumbre.

El legislador retomó los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde el 75.6 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro.

A ello se suma la desaparición, en 2019, del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), lo que —según señaló— dejó sin más de 24 mil millones de pesos a los municipios para labores de seguridad pública.

Por ello, la iniciativa propone que los recursos del nuevo fondo se transfieran anualmente y que aumenten cada año, al menos en el mismo porcentaje del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para evitar que pierdan capacidad adquisitiva. Además, los fondos deberán estar debidamente etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para garantizar su destino correcto.

Recursos solo para temas de seguridad

La distribución de los recursos se realizará bajo criterios públicos y verificables, como población, incidencia delictiva, rezago institucional, profesionalización policial, capacidades instaladas, marginación y cumplimiento de estándares de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, se establece que el dinero no podrá emplearse en gasto corriente que no esté directamente vinculado al fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

Vargas del Villar también planteó que los gobiernos locales deberán aportar una cantidad equivalente a la aportación federal —es decir, 1 a 1— salvo en aquellos municipios o entidades con mayor rezago institucional, donde la proporción podrá ser de 1 a 2, de acuerdo con lo que defina la legislación correspondiente.

El panista concluyó que, de aprobarse esta propuesta, se contribuiría a revertir el deterioro de la seguridad pública en diversas regiones del país y se devolvería mayor tranquilidad a las familias mexicanas.

Bajo el Decreto 437/2025, el Gobierno disolvió un fondo destinado a la construcción de viviendas para personal militar y de fuerzas de seguridad. La medida se conoció a partir de su publicación en Boletín Oficial, durante la madrugada de este viernes.

Esta decisión se tomó a partir de la eliminación de la Ley 21.134 que creó el Fondo Nacional para la Construcción de Viviendas de Servicio, y contó con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El objetivo central del decreto es suprimir una estructura que, según el Poder Ejecutivo, ha quedado sin operatividad, en línea con la política de racionalización del gasto público implementada por la actual administración. “Resulta pertinente proceder a la derogación de la Ley N° 21.134, con el fin de reducir costos administrativos innecesarios y eliminar una estructura obsoleta que ha quedado sin operatividad efectiva, en el marco de una política de racionalización de estructuras y optimización del gasto público", sostiene el texto normativo.

La mencionada legislación, sancionada en su momento como herramienta específica para el acceso a viviendas de servicio para integrantes de las Fuerzas Armadas, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la ex Policía Aeronáutica Nacional, preveía la creación de un fondo especial. Este fondo tenía por objeto la adquisición, construcción, equipamiento y mantenimiento de viviendas, además de impulsar la generación de centros cívicos en regiones donde se detectara necesidad efectiva.

El mismo se nutría de partidas incluidas en el Presupuesto Nacional, así como de donaciones, legados y producto de operaciones financieras, y su administración se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Pero desde el momento en que el equipamiento para viviendas se solventó por otras vías, la ley dejó de responder a la función para la que había sido creada.

Entre los argumentos mencionados, figuró una revisión de funciones y responsabilidades estatales que puedan resultar redundantes, con el propósito de maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública. “Resulta imperioso revisar aquellas responsabilidades y funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva”, sostuvo.

Esta publicación tuvo lugar luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara días atrás la entrega de 160 viviendas destinadas a efectivos de las Fuerzas Federales en un acto realizado en Avellaneda.

Se trata de una iniciativa que forma parte del plan federal de reasignación habitacional que ya sumó 329 unidades del Procrear recuperadas en distintos puntos del país. Las unidades fueron transferidas desde el Ministerio de Economía a la cartera de Seguridad con el objetivo de destinarlas exclusivamente a quienes integran las fuerzas federales.

“El Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan PROCREAR y las destinamos a quienes nos protegen todos los días: nuestras Fuerzas. Entregamos 160 casas en Avellaneda. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política. Es el inicio de un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país”, detalló Bullrich en su cuenta oficial de X.

La distribución quedará bajo la administración directa de cada fuerza, a fin de garantizar una correcta adjudicación, uso y mantenimiento de los inmuebles. En su intervención, la funcionaria expresó que se busca resolver los problemas de acceso a la vivienda por parte del personal federal, que enfrenta dificultades para alquilar en varias localidades y paga sumas elevadas por alquileres privados.

“Un plan que en muchos casos estaba mal destinado porque el Ministerio de Economía ha encontrado viviendas, en algunas partes del país, que no se usaban para una familia, sino que se alquilaban en Airbnb, entonces seguir con este sistema realmente era una mala idea”, argumentó Bullrich.

El plan contempla la entrega progresiva en ciudades como Ezeiza, Morón, San Martín, San Miguel, San Nicolás, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego, además de CABA y otros partidos bonaerenses. El Gobierno había oficializado la disolución del Fondo Fiduciario Público Procrear a principios de junio, paso que facilitó la redistribución de las viviendas.

El Gobierno emitió un decreto en el que oficializó la creación de un fondo de asistencia de 200 mil millones de pesos para los damnificados por el temporal en Bahía Blanca. Luego del trágico temporal que sacudió a la ciudad el 7 de marzo, las autoridades nacionales habían anticipado que enviarían una ayuda económica pare las personas que perdieron sus pertenencias luego de las inundaciones.

De esta manera, el Ejecutivo formalizó el envío de una abultada suma destinada “a otorgar subsidios para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones acaecidas el 7 de marzo de 2025 en la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, que será gestionado y administrado por la Autoridad de Aplicación”.

La iniciativa fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 238/2025. Así, crearon el “SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.)”, una prestación monetaria no contributiva, fija y por única vez, que será otorgada por vivienda afectada y gestionada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

A su vez, precisaron cuáles serán los requisitos para recibir la ayuda. Dentro de los mismos, destacaron, por ejemplo, “ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, residente en el país, o extranjero con residencia legal en la República Argentina, no inferior a 2 años anteriores a la solicitud”, entre otros.

Por su parte, el Gobierno había señalado que el objetivo de la asistencia económica era poder brindarse de manera directa sin intervenciones de otros administradores. En esa misma línea, la Oficina del Presidente había instruido la creación de dicho fondo especial de $200.000.000.000 “para asistir a los damnificados de manera directa, proporcional, y sin intermediarios”.

“Este fondo de asistencia a los afectados por la catástrofe será administrado por la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, y únicamente es posible gracias al equilibrio fiscal que este gobierno ha defendido hasta las últimas consecuencias, y seguirá defendiendo”, señalaba el Ejecutivo.

Tras el temporal, el presidente Javier Milei, junto con sus funcionarios de primera línea recorrieron las calles de la ciudad afectada y observaron el estado lamentable en el que la mayoría de las viviendas había quedado. Unas 1400 personas debieron ser evacuadas a diferentes centros de asistencia. La búsqueda de las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, aún mantiene en vilo a las autoridades y sus familiares, dado que hasta el momento no pudieron encontrarlas.

Siguiendo esa misma línea, el decreto recientemente publicado señaló que la asignación se realizará de forma directa y estará sujeta a requisitos específicos, como la acreditación de domicilio en la zona y la declaración jurada de daños materiales. “Se considera oportuno la creación de un fondo especial de asistencia directa a los damnificados para la reconstrucción y recuperación de los bienes materiales con el objeto de morigerar los daños acaecidos”, reafirmó el texto.

Previamente a la ayuda anticipada por Milei, el Gobierno había autorizado otorgar un monto de $10.000 millones para contribuir en la reparación de las destrucciones reportadas en diferentes puntos de la localidad bonaerense.

Al mismo tiempo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en marcha un paquete de ayuda financiera a través del Banco Provincia. El anuncio refería a una suma de $30 mil millones en créditos para asistir a las personas y empresas afectadas por la inundación, provocada por la abundante caída de agua en poco tiempo: se registraron un total de 300 milímetros de agua acumulada, una cifra que batió el récord histórico de caída y obligó a las autoridades a suspender todas las actividades hasta nuevo aviso.

Esta iniciativa incluyó líneas de financiamiento con tasas especiales, 12 meses de gracia y la posibilidad de comprar bienes a través de Provincia Compras en 36 cuotas sin interés.

La acumulación de agua provocó inundaciones en 85 de los 198 barrios de la ciudad, con niveles de agua de hasta tres metros en zonas como General Daniel Cerri, Ingeniero White, Los Muñecos, Bella Vista, Guanaco y Napostá, donde residen unas 30 mil personas.

La Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) reveló cómo le fue al ahorro de los trabajadores en 2024, año que permitió registros históricos tanto en el monto total como en los rendimientos generados. De acuerdo con los datos reportados por Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, el portafolio total de los 19,2 millones de afiliados cerró en $464,8 billones, monto en el que se reflejan $51,8 billones correspondientes a los rendimientos registrados a lo largo de 2024.

Al respecto, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, afirmó que “en un país en el que el ahorro es tan bajo, contarles a los trabajadores que su propio ahorro, peso a peso de su propiedad, llegó a semejante cifra, un monto récord no visto en materia pensional en nuestro país nos genera una inmensa alegría y una gran satisfacción como sus grandes aliados en la construcción de ese ahorro”.

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El dirigente recordó que cuando nacieron los fondos privados, hace 31 años, las únicas reservas pensionales (que solo eran públicas) estaban muy bajas y a punto de agotarse, “de ahí la importancia del modelo de capitalización que permitió desde entonces y desde ceros llegar ahora a este ahorro, y no cualquier ahorro, como nos muestra el balance 2024″.

En 2024, las estrategias de inversión, en especial, aquellas enfocadas en activos de renta variable, arrojaron muy buenos réditos, particularmente para los segmentos más jóvenes (13,6% para portafolio moderado y 16,6% para los más jóvenes, en modalidad mayor riesgo).

Para los más mayores (pre pensionados y pensionados), los rendimientos anuales fueron más moderados (6,2% y 5,5%, respectivamente), ya que los activos en los que se depositan los recursos, aunque más estables, suelen generar menores ganancias.

“Si bien estos portafolios fueron más bajos este año, cuando se miran los últimos dos años, el promedio anual fue 9,7% y 12,7% respectivamente. Cabe recordar también que las inversiones de los segmentos de trabajadores se hacen en virtud de un régimen de inversiones establecido y supervisado por la Superintendencia Financiera”, precisó Velasco.

Ahorro pensional, ahorro de largo plazo

Los rendimientos acumulados históricos (medidos desde julio de 1995) de los fondos propiedad de los trabajadores, llegaron a $329,92 billones al cierre de 2024, con una rentabilidad nominal acumulada de 14,06% o 6,8 puntos por encima de inflación: “La mejor manera de dimensionar la importancia que tienen las estrategias de inversión en la generación de ahorro de largo plazo es analizar su comportamiento en ventanas de tiempo amplias, acordes con la naturaleza de ahorros como el pensional”.

Los trabajadores, protagonistas del ahorro

Al cierre de diciembre de 2024, el número total de afiliados a las administradoras de fondos de pensiones se ubicó en 19.210.459, con un crecimiento de 0,9% frente al mismo mes de 2023.

De esos afiliados, ocho de diez tienen menos de 45 años de edad y cotizaron entre uno y dos salarios mínimos legales (smlv). “Cerca de diez de cien, cotizaron sobre más de 2,3 smlv”, reveló el Velasco. Sobre dónde están los aportes, el 74,9% de los afiliados los hicieron en el portafolio de los más jóvenes, el de mayor riesgo, mientras que el 16,95% aportaron para pensión en el portafolio intermedio, el moderado. El restante 8,15% de los trabajadores afiliados ahorra en el portafolio conservador, propio de quienes están cerca de su pensión.

A pesar de ser un régimen joven, con 31 años de vida, los fondos de pensiones registraron a finales del año pasado un incremento del 12% en pensionados, para un total de 358.183.

Oportunidades bajo un nuevo modelo pensional

Andrés Velasco recordó que a partir de julio de 2025 entrará en vigor un modelo muy diferente al actual, bajo el que cabe precisar que las AFP seguirán trabajando con el mismo compromiso y responsabilidad en la administración de los ahorros depositados en los fondos de pensiones de los más jóvenes acumulados hasta 30 de junio.

En cuanto entre en vigor la Ley 2381, Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia también tendrán un nuevo rol como Accai para hacer lo que hacen desde hace tres décadas: construir ahorro de jóvenes trabajadores cuyos ingresos mensuales superen los 2,3 smlv, “ahorro que desde ya, y a lo largo de los años, como hemos visto con los recursos de los fondos pensionales, crecerá y será un importante complemento a lo que los trabajadores acumulen en Colpensiones hasta el día en que se pensionen ahí”, destacó Velasco.

Y reiteró que a la luz de la nueva realidad, “la vía sin duda será ahorro, ahorro y más ahorro si se quiere tener una vejez con más holgura económica”.

Las administradoras también le apostarán al ahorro voluntario para pensiones y ofrecerán novedosos productos de ahorro de largo plazo.

EFECOM

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