Según detalló la OMS, la integración de la inmunización en la Atención Primaria de Salud (APS) se ha transformado en uno de los principales pilares debatidos durante la sesión, al igual que la cobertura sanitaria universal, el fortalecimiento de los presupuestos nacionales en salud y la modernización de los sistemas de información sanitaria. En este contexto, las discusiones reunieron a delegados de 36 Estados Miembros y a 11 representantes de actores no estatales, quienes examinaron el rumbo actual de la IA2030 frente a la reducción de los recursos tanto nacionales como internacionales destinados a la inmunización.

En la sesión, los Estados Miembros recalcaron la importancia de centrar los esfuerzos en los niños que aún no han recibido ninguna dosis de vacunas o que cuentan con esquemas incompletos, con el objetivo de garantizar su acceso en el marco de la Agenda de Inmunización 2030. Paralelamente, se enfatizó la necesidad de ampliar el concepto de vacunación para que abarque todas las etapas de vida, a fin de asegurar que las personas, independientemente de su edad, tengan acceso a las vacunas necesarias.

Una de las principales preocupaciones expuestas por los delegados, según consignó la OMS, se centra en la propagación de la desinformación y los temores en torno a la vacunación, fenómenos que han debilitado la confianza y disminuido la demanda de vacunas. Los participantes han instado a fortalecer las estrategias de comunicación de riesgos, profundizar la participación de las comunidades y asegurar canales efectivos de transmisión de información verificada para contrarrestar el impacto de los discursos contrarios a la vacunación.

El medio de la OMS también recogió demandas para contar con mejores datos sobre inmunización que incluyan desglose subnacional y permitan identificar brechas y necesidades específicas en poblaciones diversas. Los delegados consideraron prioritario invertir en sistemas digitales de inmunización que faciliten el seguimiento de los avances y optimicen la toma de decisiones, promoviendo la digitalización como herramienta clave para la trazabilidad y la transparencia.

En términos de estrategia y sostenibilidad, los Estados Miembros propusieron que la armonización de la Estrategia Internacional de Inmunización 2030 requiere de un refuerzo de los planes y presupuestos nacionales, así como de la implementación de mecanismos que aseguren la permanencia de los logros alcanzados a largo plazo. También subrayaron que el futuro de la inmunización depende de aplicar enfoques más específicos y contundentes por parte de la OMS y sus aliados estratégicos, como Gavi, UNICEF, el Fondo Mundial y organizaciones de la sociedad civil, para responder eficazmente a los nuevos desafíos identificados desde el inicio de la pandemia.

La sesión analizó también dos estrategias globales vinculadas a la salud pública: la Estrategia para el Fin de la Tuberculosis y la Estrategia para la Erradicación de la Poliomielitis. Sobre la poliomielitis, la OMS informó la prórroga de la estrategia de erradicación hasta 2029 y la recomendación de integrar los recursos destinados al combate de la polio en sistemas de salud más amplios, buscando una resiliencia duradera. Además, se reconoció el progreso registrado en la interrupción de la transmisión del poliovirus salvaje, actualmente restringido a Afganistán y Pakistán, y se resaltó la prioridad de llegar a las poblaciones móviles y a quienes no han recibido dosis de la vacuna.

En relación con la tuberculosis, los Estados Miembros solicitaron una mayor integración de los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en el primer nivel de atención sanitaria, así como la garantía de un acceso equitativo a diagnósticos y terapias. Insistieron también en la necesidad de fomentar la innovación, haciendo énfasis en el desarrollo de nuevas vacunas dirigidas a adolescentes y adultos, según reportó la OMS.

La revisión intermedia de la Agenda de Inmunización 2030, producto de esta 158ª sesión del Consejo Ejecutivo, se presentará para su debate en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, agendada para mayo de 2026, donde se espera que los Estados Miembros tomen nuevas decisiones sobre el rumbo de las estrategias globales de inmunización y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en todo el mundo.

El medio Salud por Derecho detalló que este lunes la organización realizó un llamamiento a superar las trabas comerciales asociadas a lenacapavir, con el objetivo de garantizar su disponibilidad en los contextos donde más se requiere. Entre las medidas reclamadas, destaca la petición de ampliar las licencias de producción, acelerar los procesos de registro nacional y establecer precios asequibles que permitan integrar este tratamiento en todos los sistemas públicos de salud. Esta reivindicación se suma al llamado para aumentar la financiación multilateral y asegurar que mecanismos como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria cuenten con recursos suficientes para sostener los programas esenciales de diagnóstico, tratamiento y prevención del VIH, reportó la entidad.

De acuerdo con Salud por Derecho, en 2024 se registraron 1,3 millones de nuevos contagios por VIH en el mundo, y el total de personas que viven con el virus asciende a 40,8 millones, con base en datos de ONUSIDA. En ese contexto, alrededor del 77 por ciento de la población tiene acceso al tratamiento antirretroviral, de acuerdo con cifras de 2023, lo que implica que millones permanecen sin cobertura. Según consignó el medio, los recortes de financiación internacional ya afectan de forma significativa el acceso y continuidad de los programas, dejando sin la profilaxis preexposición (PrEP) a más de 2,5 millones de personas durante 2025 y afectando especialmente a organizaciones lideradas por mujeres, de las cuales más del 60 por ciento han perdido fondos o han debido interrumpir sus actividades.

Durante la última ronda de financiación del Fondo Mundial, celebrada con la presencia de jefes de Estado y representantes de más de treinta países, se lograron recaudar 11.340 millones de dólares, una cifra relevante pero todavía por debajo de los 18.000 millones que, según Salud por Derecho, se consideran necesarios para afrontar las necesidades mundiales. El medio detalló que algunos donantes, como países africanos, India e Irlanda, incrementaron sus aportaciones, a diferencia de otros que las redujeron; la Unión Europea aún no ha comunicado el monto de su contribución. España confirmó la aportación de 145 millones de euros, superando la contribución anterior, aunque la organización ha solicitado alcanzar los 200 millones.

En cuanto a lenacapavir, Salud por Derecho subrayó que este antirretroviral se presenta como una opción preventiva altamente eficaz, con la particularidad de que solo requiere dos administraciones al año, a diferencia de la profilaxis oral diaria tradicional. El producto está autorizado en Estados Unidos y la Unión Europea para uso preventivo, pero afronta limitaciones de acceso a partir de la política de licencia voluntaria gestionada por la farmacéutica Gilead Sciences. Según informó Salud por Derecho, esta licencia restringe la fabricación de versiones genéricas asequibles a un conjunto reducido de países, excluyendo a 26 naciones en América Latina, Europa del Este, Asia y África, muchas de ellas con tasas elevadas de nuevas infecciones.

El alto precio de la versión comercializada, superior a 40.000 euros anuales en mercados como España, contrasta con estudios independientes citados por Salud por Derecho, que ubican el coste de producción alrededor de los 25 dólares anuales. Salud por Derecho señaló que, aunque ya se permiten usos preventivos en algunos países europeos, la integración en los sistemas nacionales de salud aún no se ha producido, fundamentalmente debido a la situación de precios y a la falta de ampliación en las licencias de producción.

Para contrarrestar estos obstáculos, el medio informó que en 2025 se han anunciado acuerdos con dos fabricantes de genéricos en India para elaborar versiones de lenacapavir de bajo coste, a partir de 2027, con un precio estimado de 40 dólares anuales por persona. Estas iniciativas, respaldadas por Unitaid, se complementan con los mecanismos de compra conjunta del Fondo Mundial, lo que posibilita negociar precios reducidos y garantizar la continuidad del suministro. No obstante, Salud por Derecho advierte que estas medidas, si bien constituyen avances, todavía no abordan las dificultades inmediatas para acceder al medicamento en los países excluidos de las licencias o donde el precio vigente constituye una barrera para la integración del tratamiento a la atención pública.

La organización sostiene que solo un cambio en las políticas de licencias y precios permitirá que lenacapavir se convierta en una herramienta accesible a escala global, tanto para la prevención como para el tratamiento del VIH. De acuerdo con lo publicado por Salud por Derecho, la sostenibilidad de los programas requiere además la reversión de los recortes financieros y la consolidación de compromisos a largo plazo por parte de los donantes internacionales, para evitar retrocesos en la lucha contra el VIH y sus consecuencias sobre las poblaciones más vulnerables.

La directora ejecutiva del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), Winnie Byanyima, ha señalado que, bajo el liderazgo de Donald Trump, "los Estados Unidos tienen la oportunidad de acelerar la respuesta mundial al VIH y poner fin al sida para 2030".

Así, Byanyima ha recordado que durante la primera administración del presidente Trump, este demostró un "firme liderazgo" en la lucha contra el sida al poner en marcha varias iniciativas para acabar con la epidemia del VIH en los Estados Unidos.

En este punto, ha mencionado el "firme compromiso" de Trump a través del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR), el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) y ONUSIDA.

Byanyima ha destacado que durante más de dos décadas, el Gobierno de Estados Unidos ha liderado la respuesta mundial al VIH, "salvando más de 26 millones de vidas". "El compromiso inquebrantable del país para hacer frente al VIH se erige como un referente mundial de liderazgo", ha añadido.

"Desde el inicio de la pandemia de sida, las innovaciones lideradas por Estados Unidos en las tecnologías de prevención y tratamiento del VIH han salvado millones de vidas en todo el mundo", ha resaltado la directora ejecutiva de ONUSIDA.

Al hilo, ha subrayado que en estos momentos se está "a punto de acabar con el sida" gracias a los avances en el desarrollo de medicamentos de acción prolongada que previenen y tratan el VIH. "Estos nuevos medicamentos nos dan una oportunidad real de acabar con el sida con los Estados Unidos a la cabeza. ONUSIDA está preparado y dispuesto a trabajar codo con codo con la nueva Administración para salvar millones de vidas mediante la rápida introducción de estos nuevos medicamentos", ha explicado.

Por todo ello, Byanyima considera que la asociación del Gobierno de los Estados Unidos con ONUSIDA "sigue siendo una fuerza indispensable para el progreso y la responsabilidad en la respuesta mundial al VIH". "ONUSIDA espera seguir reforzando su colaboración con los Estados Unidos para alcanzar nuestro objetivo común de acabar con el sida", ha finalizado.

Gina Baldivieso

La Paz, 8 dic (EFE).- Las Casas Trans impulsadas por las organizaciones de mujeres transexuales en cuatro ciudades de Bolivia son espacios seguros y libres de discriminación, una especie de oasis para esta población ante las persistentes vulneraciones de sus derechos, y un lugar de apoyo ante el abandono estatal.

Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Trinidad cuentan con estas casas que este año incorporaron unos centros comunitarios que ofrecen atención médica y psicológica.

La primera casa que se abrió fue Santa Cruz, en 2021 por iniciativa de las mujeres trans de esa ciudad, explicó a EFE la coordinadora nacional del Movimiento Trans Feminista de Bolivia, Chantal Cuéllar,

Esa experiencia fue replicada en las otras tres ciudades con la financiación del Fondo Mundial de lucha contra el VIH-sida, dentro de una iniciativa para mitigar el impacto de la covid-19.

Con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las organizaciones trans bolivianas accedieron a estos recursos tras presentar ante el Mecanismo de Coordinación País (MCP) una propuesta para abrir más casas y fortalecer la de Santa Cruz, explicó Cuéllar.

El sueño se concretó en 2022 e inicialmente se planificó su funcionamiento por un año, pero al ver los resultados logrados, el Fondo Mundial consideró "oportuno" mantener su apoyo, agregó.

Y no es algo menor, pues hasta el momento unas 600 mujeres trans fueron atendidas en las casas.

La asistencia es gratuita, por lo que las casas se autogestionan mediante iniciativas como peluquerías y estéticas, servicios de cáterin y restaurantes.

"No son oficinas, las oficinas siempre tienen este tinte más serio, tal vez hasta más frío. El objetivo (de estos espacios) es que sean casas" para que la gente se sienta acogida, sostuvo Cuéllar.

También remarcó que las casas están cumpliendo acciones que el Estado debería realizar "y no lo está haciendo", como apoyar al empoderamiento del sector para que sus derechos sean respetados.

La activista recordó que cuando se buscaron espacios para el funcionamiento de las casas, algunos propietarios se negaron a arrendarles los lugares creyendo falsamente que serían "centros nocturnos".

Pero con el tiempo los espacios se convirtieron en referentes para las mujeres trans y para toda la población.

Eso ocurre en La Paz, donde las puertas están abiertas a la comunidad LGTBI, a víctimas de violencia e incluso alguna vez se dio asistencia legal a un vecino, explicó a EFE la presidenta de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia (Otraf Bolivia), Luna Humérez.

La casa lleva el nombre de Pamela Valenzuela, la primera persona trans en cambiar su identidad en sus documentos personales en Bolivia, fallecida en 2021 por la covid-19.

El celeste, rosado y blanco que representa el orgullo transgénero se luce en la fachada de la casa, donde quienes acuden por primera vez se encuentran con "una familia" con opiniones y recorridos distintos, pero con la premisa de apoyar a quien lo necesite, resaltó Humérez.

La casa tiene un equipo multidisciplinario para las áreas de trabajo social, psicología, medicina general, endocrinología, asesoría legal y ofrece almuerzos solidarios de lunes a viernes.

También da albergue temporal a mujeres trans "en extrema necesidad" o que son víctimas de violencia.

Bolivia avanzó en 2016 con la aprobación de la ley de Identidad de Género que permite a las personas cambiar su nombre, fotografía y sexo en sus documentos oficiales.

Pero en 2017, un fallo constitucional promovido por un parlamentario conservador suprimió los derechos del sector al matrimonio, a la adopción y a la participación política usando el recurso de la paridad de género.

Cuéllar remarcó la importancia de que el Estado "trabaje en la restitución de los derechos humanos que han sido suprimidos".

Para Humérez, Bolivia tiene una "deuda histórica" con la población trans, que sigue sin gozar de los mismos derechos que las personas "cisgénero".

También está la indefensión ante la violencia, pues los crímenes de odio no están tipificados en la legislación boliviana.

Por esto no hay estadísticas oficiales de estos casos que las organizaciones LGTBI calculan que son al menos 60 y solo en dos se logró sentenciar a los culpables. EFE

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