El Gobierno de El Salvador posee, hasta este martes, 7,643 bitcoines en su reserva estratégica, una cifra que refleja el impulso continuado de las autoridades hacia la criptomoneda desde su adopción oficial en septiembre de 2021.

La información, proporcionada por la agencia EFE en base a registros oficiales, señala que entre enero de 2025 y abril de 2026 se adquirieron aproximadamente 1,633 monedas digitales adicionales, lo que elevó la inversión total a más de 622,3 millones de dólares.

De acuerdo con EFE, la compra de bitcoin se mantiene activa durante los primeros días de mayo y se registra la adquisición diaria de una unidad, a pesar de que cerca del 90 % de la población rechaza el uso cotidiano de la criptomoneda.

El Salvador se constituyó en el primer país del mundo en declarar de curso legal este criptoactivo junto al dólar estadounidense, convirtiéndose en el principal eje económico de la administración que presidida por Nayib Bukele.

EFE indica que, aunque el Gobierno de Bukele logró en 2024 un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), este organismo internacional estableció limitaciones al uso y la compra de bitcóin. Además, el Congreso salvadoreño eliminó la exigencia de aceptar pagos en moneda digital y retiró el respaldo estatal a su utilización.

Hasta el momento, no existen datos oficiales acerca de si la reserva digital será utilizada para financiar proyectos específicos a corto o mediano plazo. El impacto de la política de criptomonedas se observa en el sector de las remesas: el uso de carteras digitales ha permitido a los salvadoreños en el exterior transferir fondos al país a través de este mecanismo.

Durante el primer trimestre de 2026, el Banco Central de Reserva (BCR) reportó que las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas alcanzaron 17.38 millones de dólares, representando un crecimiento del 49,7 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los datos oficiales citados por EFE, este monto superó en 5.77 millones de dólares los ingresos del primer trimestre de 2025, cuando se registraron 11.61 millones de dólares.

En contraste, el acumulado anual de remesas recibidas por esta vía experimentó una caída en 2025, totalizando 57.67 millones de dólares, una reducción de 32.5 % respecto a los 85.5 millones alcanzados en 2024.

La agencia EFE destaca que, pese a la volatilidad del flujo de remesas y a las restricciones legislativas y financieras, el Gobierno mantiene su apuesta por la criptomoneda como parte de su estrategia económica nacional.

El mercado de criptomonedas experimentó un acelerado crecimiento en la última jornada, con Bitcoin registrando un incremento hasta USD 81,500 —el nivel más alto desde enero—, impulsado por una fuerte entrada de capital en los fondos cotizados al contado y el renovado interés por la tokenización de activos financieros, según reportó el medio CoinDesk.

El alza estuvo acompañada de aumentos en otros tokens relevantes y de movimientos contundentes en empresas clave del sector, en un contexto donde los analistas pronostican que esta tendencia podría afianzarse salvo una eventual escalada de riesgos geopolíticos.

El crecimiento ha tenido como protagonistas a proyectos enfocados en la tokenización, un sector que, de acuerdo con proyecciones de Ripple y Boston Consulting Group (BCG) citadas por CoinDesk, podría alcanzar un volumen de USD 18,900 millones para 2033 incluyendo stablecoins.

Entre las operaciones más destacadas, Bullish, propietario de CoinDesk, vio aumentar sus acciones en un 12% tras anunciar la adquisición de Equiniti —agente de transferencia— por USD 4,200 millones, una jugada que, según Owen Lau, analista de Clear Street, representa “un gran impulso para transformar a Bullish de un exchange de criptomonedas a un proveedor de infraestructura de mercados de capitales que aprovecha la tendencia de la tokenización”.

A pesar de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compras en el mercado de cambios el jueves con USD 207 millones, el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 800 millones significó un golpe directo a las reservas internacionales, que cerraron la semana en USD 44.483 millones. Esta situación instala interrogantes sobre el futuro inmediato ante los vencimientos que restan en el año con el organismo internacional y el nivel de adquisiciones y acumulación de divisas que pueda alcanzar la entidad que preside Santiago Bausili.

Según fuentes consultadas por Infobae, la caída semanal en las reservas respondió tanto a la operación para afrontar el compromiso con el FMI como a la variación en la cotización de activos que integran el balance del BCRA, lo que terminó por neutralizar el efecto positivo que generaron las compras diarias de dólares.

En cuanto al calendario de pagos, la consultora Analytica precisó que, tras el pago de mayo, el equipo económico enfrentará en lo que resta del año una serie de vencimientos con el organismo internacional:

• 26 de agosto habrá un vencimiento de USD 777 millones en concepto de intereses,
• 26 de septiembre cubrir USD 800 millones por devolución del capital,
• 26 de noviembre otros USD 772 millones en intereses y,
• 26 de diciembre, USD 342 millones capital.

Claudio Caprarulo, economista de la consultora Analytica, dijo a Infobae: “No es un monto marginal y hay que considerar que la mayor parte cae en la segunda mitad del año, por eso la clave está en el volumen de dólares que logre acumular el BCRA en los meses previos cuando se da la mayor liquidación del agro. Más allá de si consigue nuevas fuentes de financiamiento”.

Para Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum Finanzas los pagos pendientes no presentan un desafío relevante para la estrategia oficial. “Este año restan alrededor de USD 2.000 millones sólo de intereses y vencimientos de capital con el FMI. No tienen mucho impacto porque en principio luego de la revisión habría desembolso para pagar por lo menos la mitad de eso”, expresó.

El Gobierno permanece activo en la compra de dólares mediante emisiones de Bonares, al tiempo que mantiene un acuerdo de garantías con organismos multilaterales que permite instrumentar operaciones con bancos privados (Baer)

El economista subrayó que el Gobierno permanece activo en la compra de dólares mediante emisiones de Bonares, al tiempo que mantiene un acuerdo de garantías con organismos multilaterales que permite instrumentar operaciones con bancos privados. Según Baer, estas herramientas permiten mirar el segundo semestre con menor tensión financiera, sin prever dificultades para los compromisos previstos en julio ni en enero de 2027.

Esta semana, por medio de la licitación del Bonar 2027 y 2028, la Secretaría de Finanzas pudo hacerse de USD 848 millones que van a sumar a los depósitos del Tesoro en el BCRA, se espera que el nivel ascienda a cerca de USD 1.400 millones. Si bien se trató de una adjudicación exitosa en términos generales, en donde se pasó el test de la ampliación del monto (de USD 250 millones a USD 350 millones), se generó ruido en la segunda subasta, donde solo se pudieron colocar USD 48 millones en el AO28. Además de eso, la duda del mercado está en si el equipo económico logrará mantener estos dólares.

El desembolso pendiente

Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a Infobae que esperan reponer los dólares utilizados para la adquisición de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos a través del desembolso pendiente del FMI de USD 1.000 millones. Este giro, que esperan que se concrete durante mayo, permitiría recomponer parte de las reservas del BCRA, que se vieron afectadas por la necesidad de cumplir con el pago al organismo internacional.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central, que al jueves se ubicaron en 44.483 millones de dólares, reflejaron la complejidad del escenario. La combinación entre la necesidad de cumplir con los compromisos externos y la dinámica de acumulación de divisas coloca bajo la lupa la capacidad del BCRA para sostener un flujo positivo en los próximos meses.

En este contexto, el Gobierno apuesta a que el próximo giro del FMI por USD 1.000 millones impacte favorablemente en las reservas del BCRA, tal como anticiparon fuentes oficiales a Infobae.

El acuerdo de garantías con multilaterales y la posibilidad de que parte de los intereses se cubran con nuevos desembolsos actúan como colchón para la gestión de los pagos previstos en el segundo semestre. La estrategia de recomposición de reservas se apoya también en la expectativa de que la liquidación del agro aporte el caudal necesario de divisas para afrontar los vencimientos sin sobresaltos.

El acuerdo de garantías con multilaterales y la posibilidad de que parte de los intereses se cubran con nuevos desembolsos actúan como colchón para la gestión de los pagos previstos en el segundo semestre

En el BCRA siguen con atención que desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero solo liquidaron USD 6.800 millones en el mercado. Quedan pendientes de liquidación USD 3.200 millones, lo que representa una oferta potencial de divisas para los próximos meses. A la que se sumarán los USD 650 millones que logró colocar Chubut.

Un informe de la consultora Invecq destaca: “En abril, se observa un repunte en las colocaciones, explicado en gran medida por la emisión de Chubut -que por sí sola representa cerca del 50% del total del mes- y, en segundo lugar, por operaciones corporativas relevantes como la de Edenor, que representó el 37% de lo emitido hasta lo que va del mes de abril”.

La deuda del Estado de El Salvador con los fondos privados de pensiones superó los USD 11,476 millones al cierre del primer trimestre de 2026, tras acumular USD 235.19 millones solo entre enero y marzo, según datos del Banco Central de Reserva (el principal ente monetario del país) publicados este jueves.

Las cifras, que el Banco Central de Reserva retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (el ente regulador de pensiones), revelan que el saldo total pasó de USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 a USD 11,476.32 millones en marzo de 2026, un alza del 2.1% en apenas tres meses. Frente al mismo mes del año anterior, cuando la deuda ascendía a USD 10,697.11 millones, el incremento llega a USD 779.21 millones, equivalente al 7.3%.

El ritmo de endeudamiento fue desigual a lo largo del trimestre. En enero, el Gobierno tomó USD 92.32 millones de los fondos; en febrero: USD 46.76 millones; y en marzo: USD 96.11 millones. Estos recursos se destinan al pago de pensiones de los jubilados del sistema público, abandonado a finales de la década de 1990 y reformado en 2022, mediante la emisión de títulos valores que el Instituto Salvadoreño de Pensiones coloca obligatoriamente en manos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas.

Ese instrumento, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente USD 3,082.13 millones. A ese monto se añaden USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que dejaron de pagar capital e intereses tras la reforma aprobada a finales de 2022 por la Asamblea Legislativa.

Deuda con el fondo de pensiones creció en el último año

La deuda del Estado salvadoreño con los fondos privados de pensiones creció 779.21 millones de dólares entre marzo de 2025 y marzo de 2026, al pasar de 10,697.11 millones a 11,476.32 millones de dólares, según cifras del BCR basadas en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Ese incremento equivale a un aumento del 7.3% en doce meses.

El ritmo de crecimiento fue de 64.93 millones de dólares por mes en promedio durante el período analizado, aunque la velocidad del endeudamiento no fue uniforme a lo largo del año. Los meses con mayor aceleración se concentraron en el último trimestre de 2025 y en el arranque de 2026, cuando los incrementos mensuales superaron los 90 millones de dólares.

La deuda está compuesta por dos instrumentos. Los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) pasaron de 2,301.38 millones en marzo de 2025 a 3,082.13 millones en marzo de 2026, un alza de 780.75 millones de dólares. Los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que representan la mayor parte del pasivo con 8,394.19 millones de dólares, permanecieron prácticamente sin variación durante todo el período.

Las advertencias del FMI sobre la deuda de pensiones

El Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral, ha advertido que esa reforma derivó en que el 89% de los activos administrados por las AFP —que en 2024 alcanzaron los 14,900 millones de dólares— estén colocados en títulos de deuda pública, ya sea de forma directa o a través de bancos e instituciones financieras. “En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del Instituto Salvadoreño de Pensiones”, indicó el organismo.

El FMI también alertó que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que se activa cuando los pensionados agotan el saldo de su cuenta individual. Según proyecciones del organismo, ese mecanismo se agotaría alrededor de 2027, lo que hace urgente una reforma integral del sistema previsional.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele se comprometió con el FMI a presentar una propuesta de reforma antes del 10 de febrero de 2026, plazo que ya venció sin que la iniciativa llegara a la Asamblea Legislativa. El presidente de ese órgano, Ernesto Castro, confirmó que la propuesta no había sido recibida. El acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario, un préstamo de USD 1,400 millones bajo un Servicio Ampliado, busca “corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia” del país.

Una misión técnica del FMI proyecta que el déficit del Instituto Salvadoreño de Pensiones pasará del 2% del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 2.9% en 2027, presionado por el mayor costo del servicio de deuda y el fin del período de gracia para el pago de intereses sobre los antiguos Certificados de Inversión Previsional. El stock de deuda del Instituto Salvadoreño de Pensiones podría alcanzar el 28.3% del PIB en 2027, según las mismas proyecciones.

Entre las medidas que el Fondo Monetario Internacional considera posibles para sanear el sistema figuran el aumento de la edad de jubilación y el incremento de las contribuciones de empleadores y trabajadores. El período de gracia de cuatro años para el pago de capital e intereses de los CFT vence en 2027, año en que el Gobierno deberá retomar esos pagos sobre una deuda que representa cerca del 22.9% del PIB.

El Gobierno argentino decidió una vez más comprarle Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de los Estados Unidos para cumplir con un vencimiento de USD 819 millones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). La operación se realizó en la previa de la fecha límite para el pago, que es mañana, en un contexto en el que el país espera la llegada de un desembolso de USD 1.000 millones con la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el organismo internacional. La operación no implica financiamiento, sino simplemente una compra, por lo que no genera deuda ni activa el swap acordado entre los dos países.

Esta es la tercera vez en menos de un año que la Argentina utiliza este recurso para cubrir los compromisos con el organismo internacional. El Tesoro de los Estados Unidos, que administra una de las porciones más significativas de los DEG a nivel global, facilitó nuevamente la venta de estos activos a la Argentina. Los Derechos Especiales de Giro (DEGs) son un activo de reserva internacional creado por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Son, de alguna forma, la “moneda” del FMI.

El pago al FMI asciende a USD 819 millones y representa una de las obligaciones más relevantes del calendario financiero argentino de la semana. Los compromisos con el FMI continúan condicionando la política económica del Gobierno. La dinámica de pagos y la necesidad de acceder a financiamiento externo definen la estrategia oficial para los próximos meses.

El Tesoro de los Estados Unidos se consolidó como un proveedor clave de liquidez para la Argentina en el contexto de los vencimientos con el FMI. Las operaciones de compraventa de DEG entre ambos países se ajustan a procedimientos definidos por el propio Fondo Monetario Internacional y permiten a la Argentina cumplir con sus compromisos sin incurrir en atrasos.

Es esperable que el pago tenga su impacto en el nivel de reservas que, el BCRA, se ocupa a diario de intentar engrosar. En las últimas jornadas, las reservas internacionales brutas se vieron golpeadas por cambios en las cotizaciones de activos que componen el balance y por el pago de una deuda por USD 30 millones.

Esto a pesar de que continua el buen ritmo de compras por parte de la entidad que conduce Santiago Bausili. El miércoles, con el dólar mayorista a la baja, la entidad sumó USD 76 millones a sus arcas, y el total de 2026 supera los 6.900 millones de dólares. Desde la entrada en vigor del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA acumuló compras por USD 6.948 millones, casi el 70% de la meta anual. Solo en abril, el volumen adquirido llegó a 2.562 millones de dólares. Las tres primeras jornadas hábiles de esta semana, sin embargo, mostraron un ritmo más pausado: el promedio diario cayó de USD 149 millones —registrado la semana anterior— a poco más de 60 millones de dólares.

Desembolso pendiente

El contexto de la operación está marcado por la espera de un desembolso de USD 1.000 millones en DEG por parte del FMI. Tras la aprobación de la segunda revisión a nivel técnico, ahora el equipo económico aguarda que el directorio del organismo trate el nuevo acuerdo y libere los fondos. Según pudo saber Infobae con fuentes oficiales del Ministerio de Economía se esperaba que impacte en las reservas del BCRA en mayo, recuperando la baja que causará este pago.

La aprobación de la segunda revisión a nivel técnico se produjo mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba en Washington D.C. para participar de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial. Aunque las negociaciones por la misma llevaban varios meses, comenzaron en febrero con una misión del organismo en Buenos Aires e implicaron luego un viaje del viceministro de Economía, José Luis Daza, a Estados Unidos.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, tras el comunicado oficial del organismo.

El viernes 1.º de mayo vence un pago de USD 800 millones en concepto de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por estas horas, el equipo económico define la estrategia para afrontar este nuevo compromiso luego de que en febrero se utilizaran reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para realizar el pago correspondiente. Ahora, el Ministerio de Economía cuenta con dos alternativas para concretar la transferencia mientras espera del desembolso de USD 1.000 millones por la segunda revisión del acuerdo que ya fue aprobado a nivel técnico.

Por un lado, el Gobierno podría utilizar las reservas del BCRA, que actualmente superan los USD 46.000 millones tras una serie de compras recientes. Por otro lado, existe la posibilidad de cubrir el compromiso con los fondos disponibles en los depósitos del Tesoro Nacional en el Central, tanto en moneda extranjera como en pesos. Esta vía evita un impacto en las tenencias de la autoridad monetaria y preserva la percepción de fortaleza financiera.

Esta opción luce como la más viable, ya que la deuda corresponde al Gobierno y no al Banco Central. En caso de utilizarse, luego los fondos se podrían restituir mediante las licitaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028 -dos bonos en dólares emitidos en el mercado local- que se desarrollan cada 15 días.

Al 27 de abril, último dato disponible, el Tesoro contaba con más de USD 526 millones en sus arcas, por lo que no alcanzaría para cubrirlo. No obstante, a ese monto hay que sumar los USD 848 millones que la Secretaría de Finanzas en la última licitación de deuda. Por su parte, los depósitos en moneda nacional alcanzaban los 8,2 billones de pesos. De esta manera, Economía podría comprarle dólares al BCRA con pesos y, si bien esto afectaría las reservas, lo haría en menor medida que si el vencimiento se pagara directamente con fondos de la entidad.

La cuestión está en que los fondos del Bonar 2027 y Bonar 2028 iban a utilizarse para cubrir el vencimiento de julio por unos 4.300 millones de dólares. En lo que va del año, la Secretaría de Finanzas concretó cinco licitaciones y por esas colocaciones pudo captar USD 1445 millones vía AO27 y USD 834 millones mediante AO28.

“El Tesoro logró adjudicar entre ayer y hoy casi 850 millones de dólares, con lo cual tiene cubierto el pago de intereses al FMI de mayo, sin necesidad de solicitarle reservas al BCRA”, destacó el economista Federico Machado, tras la última licitación de deuda.

A pesar de los recursos obtenidos, la acumulación de dólares presenta limitaciones debido a la presión constante sobre los recursos disponibles. La dinámica de las cuentas oficiales muestra que los dólares captados por el Palacio de Hacienda a través de los bonos en dólares se pierden gradualmente, ya que deben destinarse a pagos de deuda y otras obligaciones ineludibles del sector público.

El desembolso pendiente

Más allá del vencimiento del próximo viernes, el equipo económico se encuentra a la expectativa de que el directorio del FMI apruebe la segunda revisión del acuerdo y con eso se destrabe el desembolso pendiente por USD 1.000 millones, que impactará en las reservas del BCRA.

Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, la transferencia de USD 1.000 millones impactaría en las reservas del BCRA en mayo. Aunque los tiempos ya no dependen del Gobierno, sino de la burocracia del organismo internacional, y no hay tal nivel de dependencia —como sí la hubo en el pasado— en medio del proceso de compra de reservas.

Con las compras de USD 54 millones el lunes, en lo que va del mes la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 2.433 millones y solo la semana pasada se hizo de 745 millones de dólares. Frente a estos datos, y el hecho de que en abril haya superado el 68% de la meta de compra, se especula con que el BCRA se hará de más de USD 10.000 millones durante 2026, aunque todo dependerá de cómo continúe la demanda de dinero y la oferta de dólares en los próximos meses.

“Va a depender de si esta semana hay directorio y si se aprueba o no la segunda revisión del acuerdo, porque ahí tendrías un desembolso de USD 1.000 millones y podrías machear el desembolso con el pago. Y ahí lo harían vía Tesoro, esa es una tercera opción posible sobre cómo se podría pagar”, comentó el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una evaluación profunda de la economía de Honduras este lunes. Durante dos semanas, hasta el 11 de mayo, el organismo internacional mantendrá reuniones con autoridades financieras, reguladores, gremios empresariales y la Embajada de Estados Unidos. Este proceso podría facilitar un apoyo presupuestario de USD 240 millones.

El Gobierno de Nasry Asfura busca aprovechar la visita para mostrar resultados en materia monetaria y fiscal.

El principal objetivo es reactivar el programa con el FMI, el cual se encuentra paralizado debido a la falta de revisión en noviembre pasado.

De acuerdo con el coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández Hércules, citado en el diario La Tribuna de Honduras, la gestión previa no avanzó en el acuerdo, por lo que la presente administración ha concentrado los primeros cuatro meses en restaurarlo y exhibir indicadores sólidos.

Análisis del FMI en Honduras y expectativas oficiales

Durante la estadía del FMI, las autoridades presentarán avances como la reducción de la emisión monetaria, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la recapitalización del Banco Central de Honduras.

También se expondrán reformas en la normativa cambiaria, mejoras en el acceso a divisas y la simplificación de trámites para el sector exportador.

La misión técnica recopilará información de instituciones clave: Secretaría de Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entre otras.

Esta información se trasladará a Washington para que el Directorio del FMI decida si Honduras supera la cuarta y quinta revisión del acuerdo, un paso imprescindible para acceder al financiamiento planificado.

Este análisis será crucial para que el país reciba el desembolso de USD 240 millones, el cual se destinaría directamente a la Caja única del Tesoro, permitiendo un respiro a las cuentas públicas.

Si se logran ambas revisiones, Honduras fortalecería sus reservas internacionales y dispondría de mayor apoyo presupuestario para afrontar el entorno económico global.

Contexto de reformas y política monetaria

La gestión de Nasry Asfura en los primeros tres meses de gestión ha priorizado la disciplina fiscal y el control sobre el endeudamiento externo.

El secretario de Finanzas detalló en el medio citado que se está reorientando préstamos y buscando reducir la deuda internacional entre USD 700 y 800 millones, mediante negociaciones con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el BCIE y el CAF.

El funcionario remarcó que cualquier endeudamiento nuevo estará condicionado a la priorización de proyectos y a una administración prudente del límite fiscal.

Respecto a la política monetaria y desde el Banco Central, los últimos tres meses se han presentado avances importantes, por ejemplo se disminuyó la emisión monetaria, el ritmo de depreciación del tipo de cambio se moderó y las tasas de interés en nuevos créditos bajaron.

A pesar del contexto internacional adverso, la administración hondureña estima para el periodo 2026-2027 un crecimiento económico entre 3% y 4%, con inflación estable en torno al 5%.

Asimismo, se prevé que el crédito al sector privado se expanda en torno al 10% y que las reservas internacionales superen los USD 11,000 millones, consolidando la estabilidad financiera.

El FMI ha sugerido la posibilidad de un nuevo programa limitado al actual periodo gubernamental, enfocado en el crecimiento económico, más allá del énfasis social anterior.

El Ejecutivo hondureño ha recalcado en varias ocasiones que la responsabilidad fiscal será determinante para evitar vulnerabilidades, garantizando que cualquier apoyo internacional se oriente hacia el fortalecimiento institucional y la atracción de inversiones privadas.

Las guerras han transformado el panorama económico global, dice un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). En medio del conflicto en Oriente Medio, la institución advierte que los conflictos armados generan costos económicos más profundos y duraderos que otros fenómenos, como desastres naturales o de deuda soberana, crisis bancarias y crisis cambiarias, que pueden englobarse en la categoría de crisis financieras.

El estudio, incluido en la reciente edición de sus “Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por su sigla en inglés), identifica una escalada de conflictos activos a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial y resalta cómo la presión por reforzar la seguridad nacional está modificando las prioridades de muchos gobiernos.

Según el estudio, el inicio de una guerra provoca una caída inicial cercana al 3% en la producción de los países involucrados, y las pérdidas se acumulan hasta alcanzar aproximadamente el 7% en cinco años. Estas cifras superan las pérdidas derivadas de crisis financieras o catástrofes naturales graves. Y las secuelas económicas se extienden incluso una década después de los bombardeos o combates, reflejando un daño persistente en el potencial productivo y el bienestar de las sociedades.

El reporte subraya que los efectos nocivos de los conflictos no se limitan a los países donde ocurren los enfrentamientos. Sino que las economías vecinas y los principales socios comerciales suelen experimentar caídas moderadas en la producción durante los primeros años del conflicto, aunque logran evitar daños tan severos como los países en guerra, ya que no sufren destrucción física directa en su territorio.

Más gasto público: ¿efecto multiplicador?

La investigación del FMI documenta que en los países afectados por guerras de gran envergadura, caracterizadas por al menos 1.000 muertes en combate, los presupuestos públicos sufren un deterioro significativo. El gasto se desplaza hacia la defensa, la deuda pública se incrementa y la recaudación fiscal cae. Estos países también experimentan fuertes tensiones en sus cuentas externas: las importaciones y exportaciones se reducen, el déficit comercial aumenta de manera temporal y la incertidumbre propicia la salida de capitales, con un descenso tanto en la inversión extranjera directa como en los flujos de cartera.

En ese contexto, los gobiernos suelen recurrir con mayor frecuencia a la ayuda internacional y a las remesas de sus ciudadanos en el exterior para financiar los déficits. No obstante, el FMI señala que estas medidas no resultan suficientes para evitar una depreciación cambiaria sostenida, la pérdida de reservas y un aumento de la inflación. Los precios suben por encima de las metas de los bancos centrales, lo que empuja a las autoridades monetarias a elevar las tasas de interés y acentuar las tensiones macroeconómicas.

El FMI analizó episodios de aumento del gasto militar en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial; esas expansiones, con una duración promedio de casi 3 años, llevan a un alza de 2,7 puntos del PBI del presupuesto de defensa

El estudio también enfatiza que las guerras generan disyuntivas complejas en materia de gasto público, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas lleva a muchos gobiernos a reconsiderar sus prioridades y aumentar el gasto en defensa. El FMI analizó episodios de incrementos en el gasto militar en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial y observó que estas expansiones, con una duración promedio de casi tres años, se traducen en un alza de 2,7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) dedicado a defensa. Esta cifra se acerca a la meta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que aspira a destinar un 5% del PIB al gasto militar para 2035.

Y si bien el aumento del gasto en defensa actúa como un estímulo positivo para la demanda, impulsando el consumo privado y la inversión, es sobre todo en los sectores vinculados a la industria militar. Es por ello que el organismo internacional indica que el impacto global del mayor gasto en defensa sobre la producción tiende a ser moderado: el incremento en el PIB suele corresponderse con el aumento del gasto, sin que se produzca un efecto multiplicador relevante en la economía general. El efecto dominó del gasto depende de cómo se financie y asigne, y de la proporción destinada a la importación de equipamiento militar.

Cuando la expansión del gasto implica una mayor importación de armamento, el crecimiento de la producción resulta menor y se deteriora la balanza externa. En cambio, priorizar la inversión pública en infraestructura y equipo, junto con una contratación estatal más eficiente y estándares comunes, permite fortalecer la capacidad industrial, reducir las fugas hacia el exterior y favorecer el crecimiento de la productividad a largo plazo.

Financiar la destrucción

La forma de financiar estos incrementos de gasto representa un desafío central. A corto plazo, los gobiernos suelen apelar al déficit, pero si el aumento del gasto en defensa se vuelve permanente, cobra mayor importancia la generación de ingresos. El FMI advierte que el financiamiento mediante déficit puede estimular la economía en el corto plazo, pero pone en riesgo la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, en especial en países con poco margen presupuestario. En los tres años posteriores a la escalada del gasto militar, los déficits aumentan alrededor de 2,6 puntos porcentuales del PIB y la deuda pública sube unos 7 puntos porcentuales, llegando a 14 puntos en contextos bélicos.

El informe sostiene que la acumulación de vulnerabilidades fiscales se puede contener si se utilizan mecanismos de financiamiento duraderos. No obstante, elevar los ingresos implica reducir el consumo y limitar el estímulo de la demanda, mientras que reajustar prioridades presupuestarias suele afectar el gasto en protección social, salud y educación.

Recuperación en función de la paz

El FMI también describe el proceso de recuperación económica después de una guerra como lento y marcado por la volatilidad, dependiendo de la duración de la paz. En contextos donde la paz se sostiene, la producción logra recuperarse, aunque permanece en niveles inferiores a los previos al conflicto. Las economías frágiles, donde el conflicto resurge, enfrentan recuperaciones truncas. La reactivación proviene principalmente del regreso de la mano de obra civil y el retorno paulatino de los refugiados, mientras que el capital y la productividad permanecen bajos.

El organismo subraya la importancia de una estabilización macroeconómica temprana, una reestructuración de deuda decisiva y el apoyo internacional para restablecer la confianza. El éxito de la recuperación depende de la implementación de reformas internas que reconstruyan las instituciones, promuevan la inclusión y la seguridad, y aborden los costos humanos, como los atrasos educativos y el deterioro de la salud. El informe remarca que los paquetes de medidas integrales y coordinadas resultan más efectivos que las acciones dispersas para reducir la incertidumbre, recuperar el capital y facilitar el regreso de desplazados.

El reciente viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo a Washington para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) generó un debate intenso entre los grandes fondos e instituciones globales sobre el presente y futuro del programa económico argentino. Los encuentros dejaron sensaciones contrapuestas: entusiasmo por la disciplina fiscal y la acumulación de reservas, pero también dudas sobre la capacidad de sostener ese sendero hasta 2027, año marcado por elevados vencimientos de deuda y contexto electoral.

El análisis de los principales bancos de inversión, fondos y bancos internacionales mostró que el consenso sobre la coyuntura argentina se apoya en los logros recientes, aunque asoma una preocupación estructural por la transición hacia el próximo ciclo político. El equipo económico defendió sus avances ante las contrapartes en Washington.

Según un reporte de UBS, el equipo argentino se presentó “sumamente optimista” y describió al país bajo un “presupuesto equilibrado, moneda estable y una transformación estructural en energía y minería”. Para la entidad, el mensaje oficial enfatizó el “equilibrio fiscal y la mejora en la acumulación de reservas”, aunque reconoció la “frustración” porque “los spreads (N. de la R.: la sobretasa que paga Argentina, medida a través del índice de riesgo país) siguen demasiado amplios como para que las emisiones externas resulten atractivas”.

El equipo argentino se presentó sumamente optimista, con un presupuesto equilibrado, moneda estable y una transformación estructural en energía y minería (USB)

La visión de UBS también sumó el diagnóstico del FMI, que calificó la relación con el país como “constructiva, pero más moderada”. Según el banco, “el jefe de misión anunció el acuerdo técnico por la segunda revisión y calificó como bastante impresionante el impulso reformista posterior a las elecciones legislativas”. Sin embargo, el informe remarcó que persisten “una inflación pegajosa y un crecimiento desigual”.

El análisis de las agencias de riesgo soberano, según el reporte, “debate activamente una mejora de la nota soberana argentina desde la categoría CCC hacia B”, centrando su atención en “la sostenibilidad de la balanza de pagos, la acumulación de reservas y la flexibilidad financiera”. UBS aclaró que “ninguna parece exigir una emisión internacional como condición previa”, lo que implica una ventana de oportunidad si la macroeconomía se mantiene estable.

Un informe de JP Morgan recogió el mensaje oficial con claridad. En su análisis, la entidad afirmó que “las necesidades financieras de 2026 están cubiertas sin depender del mercado internacional” y subrayó que el equipo económico pone el foco en “mantener credibilidad, transparencia y reformas”. La entidad consideró que los principales riesgos hacia adelante “son más políticos que económicos”, en línea con la preocupación extendida sobre la transición a 2027.

Bank of America (BofA Securities) también intervino en el debate sobre la viabilidad del programa argentino. Según su reporte, el país alcanzó un “acuerdo con el FMI que destraba financiamiento” y destacó los “USD 2.000 millones anunciados con apoyo del Banco Mundial para aliviar vencimientos externos”. BofA proyectó que “la desaceleración de la actividad sería transitoria” y sostuvo que “el fin de la incertidumbre electoral y el avance de las reformas estructurales podrían crear un círculo virtuoso”. El banco estadounidense estimó un “crecimiento de 3,5% este año, con minería, energía, bancos y tecnología liderando la recuperación”.

Eurasia Group también trazó una visión dual. En su informe resaltó el “gran interés por la postura del FMI hacia Argentina y por las garantías multilaterales para operaciones de deuda”. La consultora resumió que “los clientes tuvieron opiniones divididas sobre si este acontecimiento representaba un avance significativo para la inversión”, y que “las garantías tenían sentido en el contexto de una respuesta proactiva de los responsables políticos ante el impacto de la guerra”.

La consultora internacional advirtió que el alivio financiero de este año no despeja el calendario de vencimientos de los próximos años.

Los principales riesgos hacia adelante son más políticos que económicos (JP Morgan)

En el plano de los números, un análisis de Morgan Stanley estimó que las necesidades en moneda extranjera del Tesoro ascienden a “USD 19.900 millones en 2026, pero subirán a USD 23.400 millones en 2027, impulsadas por mayores pagos al FMI y por vencimientos más concentrados en pleno año electoral”. Además, el Banco Central de la República Argentina debe afrontar “compromisos por al menos USD 11.000 millones el año que viene entre Bopreal y repos”, un desafío que se acumula en los primeros meses del año electoral.

Los informes de bancos internacionales también analizaron los sectores que impulsan y los que limitan la recuperación económica. Barclays advirtió que el desempeño económico en sectores intensivos en empleo “fue débil y que eso introduce riesgos para la popularidad de Milei”. Según el banco británico, “mientras agro, minería y servicios financieros crecieron con fuerza, manufactura, comercio, hoteles, restaurantes y construcción mostraron caídas”.

Consultas de inversores y desafíos de financiamiento

Banco Galicia recogió las inquietudes dominantes de los inversores internacionales, quienes enfocaron sus preguntas en “los buffers -amortiguadores-) que tendrá Argentina para suavizar un aumento potencial de la volatilidad en 2027” y en los tiempos de una eventual vuelta al mercado internacional de deuda. Según el banco argentino, el Gobierno transmitió que no existe una negativa ideológica a emitir deuda, sino que prioriza el acceso a tasas de interés más bajas en el futuro, en la medida en que los spreads acompañen la mejora de los indicadores.

Desde Nueva York, Banco Comafi elaboró un informe donde describió que el “sentimiento hacia la deuda argentina se mantiene positivo”, aunque “muchos fondos sobreponderan los activos argentinos, pero prefieren mantener posiciones antes que incrementarlas hasta contar con definiciones más estructurales”.

Muchos fondos sobreponderan los activos argentinos, pero prefieren mantener posiciones antes que incrementarlas hasta contar con definiciones más estructurales (Comafi)

Comafi detalló cinco elementos centrales destacados por los inversores en sus reuniones:

1. los riesgos asociados al potencial incremento de la irregularidad del crédito,
2. la actividad en sectores intensivos en empleo,
3. los compromisos de deuda hacia 2027,
4. la capacidad real de ejecutar un liability management exitoso, y
5. el escenario político.

En cuanto al aspecto político, la entidad puntualizó que “entre inversores internacionales aparece como escenario base la continuidad de Milei, aunque persiste escepticismo respecto de cuánto y cuándo podría reflejarse eso en los precios de los activos locales”. El informe remarcó el peso de la agenda electoral y la gestión de pasivos para el próximo año, factores claves para determinar la evolución de la percepción de riesgo soberano.

Evolución macroeconómica y percepción internacional

GRIT Capital aportó un panorama del clima en Washington durante las reuniones del FMI-Banco Mundial. Describió una ciudad “repleta de portfolio managers concentrados en una misma discusión: cómo navegará la Argentina el muro de vencimientos de 2026 y 2027”.

Según GRIT, buena parte de las conversaciones se enfocó en el “Plan B” oficial: un esquema con garantías de organismos multilaterales para conseguir financiamiento bancario más barato y evitar una emisión inmediata a tasas elevadas. “Entre administradores de cartera también se discute si ese puente financiero alcanzará por sí solo o si, más adelante, el Gobierno deberá avanzar además en algún manejo de pasivos que permita despejar los vencimientos más pesados”, destacó la entidad.

El proceso desinflacionario avanza lento y se sostiene por la credibilidad fiscal, aunque la inflación estructural y shocks externos dificultan un descenso más rápido (Santander)

El proceso de desinflación y la dinámica inflacionaria recibieron atención especial en los reportes recientes. Santander observó que “el proceso desinflacionario avanza lento y se sostiene por la credibilidad fiscal, aunque la inflación estructural y shocks externos dificultan un descenso más rápido”. El banco estimó que “el superávit primario refuerza la narrativa de ajuste, pero la inflación cerraría en torno al 30% este año”, mientras que la recuperación del consumo sigue limitada por “pérdida de salario real y tasas reales negativas”.

El respaldo de los organismos multilaterales y la interacción con el FMI fueron temas recurrentes en los análisis. Eurasia Group y Bank of America resaltaron la importancia de las garantías y el apoyo de instituciones como el Banco Mundial. BofA subrayó que “la acumulación de reservas y el compromiso con el ajuste fiscal son factores centrales para sostener la confianza”, una percepción compartida por varias entidades.

La agencia internacional de calificación de riesgo Fitch Ratings confirmó este jueves la calificación de riesgo crediticio a largo plazo en moneda extranjera de El Salvador en ‘B-’ con perspectiva estable, una decisión que responde a la reducción de las necesidades de financiamiento del país y a una mayor flexibilidad financiera derivada del programa con el organismo financiero multilateral Fondo Monetario Internacional (FMI), según el informe revisado por Infobae.

La agencia subraya que la estabilidad macroeconómica, sostenida por la dolarización y un producto interno bruto per cápita superior al de países comparables, sigue siendo uno de los principales respaldos para la calificación del país.

Fitch Ratings indicó que la perspectiva estable asignada refleja la expectativa de que El Salvador mantenga un crecimiento económico robusto y avance en el proceso de consolidación fiscal.

En ese sentido, la agencia proyecta que el crecimiento se modere al 3% en 2026, mientras la inflación aumentaría de un promedio de 0.3% en 2025 a 2.4% en 2026, reflejo del alza en los precios de los combustibles. En tanto, reportó que el crecimiento del producto interno bruto real de El Salvador se aceleró a un 3.9% en 2025, impulsado por la inversión y el consumo privado respaldado por remesas.

Pero a la vez, la calificadora advirtió que la calificación sigue limitada por una elevada carga de deuda e intereses, una posición externa frágil y la operación de deuda relacionada con pensiones realizada en 2023, considerada por la agencia un canje de deuda en dificultades.

La calificadora prevé que el aumento en los precios internacionales del petróleo podría generar presiones adicionales, así como la incertidumbre sobre el futuro del programa del Fondo Monetario Internacional, que ha experimentado retrasos en su revisión y dudas en torno a los planes del gobierno para reanudar el pago de intereses de la deuda vinculada a pensiones en 2027.

El informe de Fitch Ratings puntualiza que el desempeño del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 40 meses con el FMI fue sólido en la primera revisión realizada, donde se cumplieron la mayoría de los objetivos cuantitativos establecidos para marzo de 2025. Sin embargo, las revisiones siguientes, previstas para septiembre de 2025 y marzo de 2026, permanecen en espera de ser completadas.

Según la agencia, el retraso se debe principalmente a la falta de avances en la reforma de pensiones y a cuestiones vinculadas al uso del Bitcoin, más que a un deterioro macroeconómico. Que la revisión se concluya en los próximos meses podría fortalecer la credibilidad de las políticas económicas, incrementar la confianza del mercado y facilitar el acceso a financiamiento multilateral, dice en el informe. En cambio, Fitch Ratings alertó que nuevos retrasos podrían incrementar los diferenciales en los mercados y afectar la flexibilidad financiera del país.

Desafíos de la reforma de pensiones y la coyuntura electoral

La reforma de pensiones se perfila como el principal desafío político de mediano plazo para El Salvador. El estudio actuarial solicitado por el programa con el Fondo Monetario Internacional se publicó en diciembre de 2025, identificando un déficit actuarial creciente y riesgos de agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria para 2029. Hasta febrero de 2026, el gobierno no había presentado una propuesta de reforma.

De acuerdo con Fitch, la proximidad de las elecciones generales de 2027 podría dificultar la adopción de reformas estructurales exigidas por el FMI. Además, se anticipan presiones adicionales sobre el proceso de consolidación fiscal cuando finalice el período de gracia para el pago de intereses de los bonos de pensiones en 2027.

Respecto al uso del Bitcoin, la agencia internacional de calificación de riesgo destacó que los compromisos asumidos por las autoridades, como la prohibición de pagos de impuestos con esa criptomoneda y la transparencia en las operaciones de monederos públicos, se han cumplido; sin embargo, persisten dudas sobre la acumulación de Bitcoin anunciada por el gobierno. El Fondo Monetario ha solicitado mayor transparencia sobre esas operaciones y, dentro del programa vigente, ha prohibido la acumulación de Bitcoin con fondos públicos.

Consolidación fiscal y situación de deuda

En materia de consolidación fiscal, el sector público no financiero de El Salvador cerró 2025 con un superávit primario de USD 706 millones, equivalente al 1,9% del PIB, y el déficit general se redujo al 2,9% del PIB, una mejora frente al 4,6% registrado en 2024. Fitch Ratings prevé un déficit de alrededor del 2,4% del PIB en 2026, condicionado al crecimiento de los ingresos y el control del gasto.

Pese a estos avances, el país lidia con una alta carga de deuda pública. La agencia internacional estima que la deuda del sector público no financiero descenderá al 87,4% del PIB en 2026 y al 85,2% en 2027, niveles aún muy por encima de la mediana de los países con calificación similar. Los pagos de intereses absorben el 18,1% de los ingresos, frente a una mediana del 13,7% para la categoría ‘B’, cifra que aumentará al agotarse el período de gracia de los bonos de pensiones.

Panorama externo y reservas internacionales

En el frente externo, el déficit por cuenta corriente se amplió al 3,5% del PIB en 2025 y podría subir al 4,1% en 2026, principalmente por el alza de los precios del petróleo, ya que El Salvador es un importador neto de energía. Las reservas internacionales ascendieron a USD 4.600 millones a fines de 2025, superando el objetivo del Fondo Monetario Internacional, y los bancos mantienen una liquidez adicional de USD 2.700 millones, lo que sostiene la estabilidad macrofinanciera bajo la dolarización.

Fitch Ratings concluyó que una rebaja de la calificación podría producirse ante tensiones financieras que debiliten la capacidad o voluntad de pago de la deuda pública, o si se deteriora la liquidez externa. Por el contrario, una consolidación fiscal sostenida, mayor acceso a financiamiento multilateral y una mejora en las reservas de divisas podrían motivar una mejor calificación.

Honduras se prepara para un nuevo examen de su desempeño económico ante la comunidad internacional. El país centroamericano será sometido a la quinta revisión del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de una misión técnica que visitará el territorio nacional del 27 de abril al 8 de mayo de 2026, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y estructurales establecidas en el programa suscrito desde septiembre de 2023.

El anuncio fue confirmado por el titular de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández Hércules, quien reconoció que el proceso llega en un momento complejo, marcado por retrasos en la ejecución de compromisos previamente adquiridos con el organismo internacional.

Según explicó el funcionario, la misión del FMI no solo realizará la quinta revisión, sino que también abordará aspectos pendientes de la cuarta evaluación, la cual debió concretarse en noviembre del año anterior, pero fue postergada debido a incumplimientos en la entrega de información y en la ejecución de metas cuantificadas.

“A finales de este mes viene el FMI a hacer la cuarta y la quinta revisión que estaban pendientes del programa que teníamos con ellos. Esta cuarta revisión debió haberse llevado a cabo en noviembre del año pasado, pero no se cumplió con varios requerimientos”, indicó el ministro.

El reconocimiento de estos atrasos pone en evidencia los desafíos que enfrenta la administración económica del país. Hernández Hércules admitió que hubo fallas tanto en la presentación de documentos como en el cumplimiento de indicadores clave, lo que obligó a replantear estrategias para retomar el rumbo del acuerdo.

“Hubo incumplimientos porque no se presentaron algunos documentos ni la información requerida, y mucho menos se alcanzaron las metas que ya estaban cuantificadas. Estamos levantando algo que estaba prácticamente en el suelo, viendo de qué manera lo rescatamos por el bien del país”, expresó.

El acuerdo con el FMI representa un componente fundamental en la estrategia macroeconómica de Honduras, ya que no solo implica el acceso a financiamiento internacional en condiciones favorables, sino que también funciona como una señal de confianza para otros organismos multilaterales, inversionistas y mercados financieros.

En ese contexto, la próxima revisión cobra especial relevancia. Durante las dos semanas de la misión técnica, se analizarán variables como el déficit fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública, la estabilidad del tipo de cambio, la inflación y el avance en reformas estructurales, incluyendo aquellas relacionadas con la transparencia, la gobernanza y el marco legal.

El ministro de Finanzas aseguró que el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para cumplir con los requerimientos del organismo.

“Hemos tenido reuniones con el Fondo Monetario aquí en Honduras y también en la ciudad de Washington. Esperamos que en estas dos semanas podamos estar preparados al cien por ciento para hacer frente a los diferentes medidores que vamos a tener, no solo en materia económica, sino también en el ámbito legal”, afirmó.

Estas declaraciones reflejan una intención clara de corregir las deficiencias señaladas en evaluaciones anteriores y avanzar en la consolidación del programa económico.

Sin embargo, expertos advierten que el éxito de la revisión dependerá de la capacidad del gobierno para demostrar avances concretos y sostenibles.

Cabe recordar que el acuerdo vigente fue suscrito en septiembre de 2023, en un contexto de necesidad de estabilización macroeconómica tras los efectos acumulados de la pandemia, el aumento de los precios internacionales y las presiones fiscales internas.

Desde entonces, el país ha estado sujeto a evaluaciones periódicas que condicionan el acceso a desembolsos financieros.

En septiembre de 2025, se llevó a cabo una revisión clave del programa, que permitió a Honduras acceder a aproximadamente 120 millones de dólares en concepto de apoyo presupuestario y balanza de pagos.

Estos recursos fueron fundamentales para fortalecer las reservas internacionales y respaldar el gasto público en áreas prioritarias.

Un funcionario de alto rango del FMI cuenta qué pasa con la Argentina. Nada menos. De eso se trata La Argentina en el Fondo, el libro que se presenta este sábado 25 en la Feria del Libro. Constituye un acontecimiento singular en la programación porque reúne a protagonistas de peso del ámbito económico y periodístico para examinar los orígenes y las consecuencias de la compleja relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

En la sala Alfonsina Storni a las 17:30 h, sus autores, el periodista Martín Kanenguiser y el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Alejandro Werner abordarán no solo el vínculo entre el organismo y la administración de Javier Milei, sino también la incidencia del gobierno de Donald Trump en el devenir argentino.

El volumen aporta una perspectiva inédita al basarse en la experiencia directa de un funcionario de alto rango del FMI. La publicación puntualiza que, hasta la fecha, la Argentina ha firmado 23 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde su adhesión en 1956. Actualmente, el país ostenta el título de principal deudor, con un pasivo que asciende a USD 57.000 millones.

En La Argentina en el Fondo, la narrativa se sustenta en el testimonio de Werner, nacido en Argentina y criado en México. Entre 2013 y 2021, el economista encabezó el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y estuvo al mando durante el acuerdo alcanzado con el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

En el texto hay detalles inéditos de las negociaciones con ministros y banqueros centrales argentinos, ilustrando las tensiones, discusiones y reproches internos que acompañaron esos momentos decisivos.

El libro describe la recurrencia argentina a los programas de refinanciación como una forma de “adicción serial”, en un contexto macroeconómico caracterizado por una pobreza superior al 40% y una de las tasas de inflación más elevadas del planeta. Kanenguiser introduce el contexto político e histórico, cubriendo las siete décadas transcurridas desde el ingreso del país al FMI y desmantelando mitos y teorías conspirativas que han moldeado la opinión pública argentina sobre el papel del organismo.

El texto también examina con rigor crítico los errores y aciertos del Fondo Monetario. Werner reconoce que el FMI sobrestimó la capacidad del mercado en América Latina y admite la falta de fineza de algunas recetas aplicadas en la región. Detalla asimismo por qué el Fondo optó por la rigurosidad ante el gobierno de Macri y adoptó un enfoque más flexible bajo la gestión de Alberto Fernández.

La Argentina en el Fondo explora la dimensión geopolítica de la relación y la forma en que la política internacional ha influido en las decisiones del FMI, desde la Cuba revolucionaria de Fidel Castro y Che Guevara hasta la Venezuela contemporánea de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El volumen incluye relatos de encuentros con figuras como Axel Kicillof y de debates intensos con Luis Caputo durante la administración de Macri, así como testimonios de fricciones internas dentro del propio Fondo respecto a la posición argentina.

La presentación contará con la participación de la periodista Luciana Vázquez y el ex vicepresidente del Banco Central Gustavo Cañonero, quienes acompañarán a Werner y a Kanenguiser. Dialogarán sobre las responsabilidades compartidas de la Argentina y el FMI. Con motivo del aniversario número 70 del ingreso argentino al organismo, la obra convoca a revisar el modo en que la política interna convirtió al Fondo Monetario en un símbolo ambiguo de rechazo y anhelo colectivo.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

En la señal de noticias TN, el intercambio entre Tetaz y Olmos se centró en la interpretación de gráficos, el significado del endeudamiento externo y las consecuencias de las decisiones económicas. Ambos economistas se interrumpieron de manera constante mientras intentaban imponer sus argumentos sobre la evolución de la deuda y el déficit fiscal.

Olmos presentó un gráfico como base de su argumento y afirmó que el salto de endeudamiento externo inicial correspondía a la gestión de Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras que el nuevo salto respondía a la actual administración de Javier Milei. “Este salto de endeudamiento externo inicial enorme es Caputo uno con Macri y este salto de ahora es Caputo dos con Milei”, sostuvo Olmos, y agregó que “con estos niveles de endeudamiento, que es de la única manera que cierra el programa de Macri y ahora de Milei, la verdad que no hay ninguna posibilidad de tener una verdadera estabilización ni reducir el riesgo país”.

Tetaz interrumpió para señalar que lo presentado no era un gráfico sobre deuda externa en general, sino sobre la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. “Yo le voy a explicar lo que está mostrando Kelly. No es lo que dijo que estaba mostrando”, dijo Tetaz, y remarcó: “No es el endeudamiento externo, es el endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional”. Olmos insistió en que el gráfico representaba la deuda con el acreedor privilegiado, mientras que Tetaz respondió: “No, no es privilegiado”. En ese momento, un tercero intervino para señalar que se trataba de la tasa más baja de todas, pero Olmos negó esa afirmación.

El debate subió de tono cuando Tetaz aseguró que el gobierno de Macri contrató deuda con el Fondo Monetario Internacional para pagar deuda con el sector privado, sin que la deuda total del gobierno se incrementara por ese motivo. “El total de deuda, yo te apuesto un asado para toda tu familia, el total de deuda cuando entró el Fondo Monetario en Argentina, el total de deuda pública no se movió, porque esencialmente lo que hizo fue cambiar de acreedor. La plata del fondo se usó para pagar deuda del sector privado”, sostuvo Tetaz.

Olmos intentó retomar su exposición, pero Tetaz la acusó de no dejarlo hablar, repitiendo varias veces que ella se había comprometido a cederle la palabra. Luego, el economista defendió su posición y argumentó que el déficit fiscal provocó el aumento de la deuda: “Con el déficit fiscal se genera deuda. Sin déficit fiscal, sin déficit fiscal no hay deuda”.

Durante el cruce, Tetaz señaló que Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia con superávit fiscal y la entregó con un déficit fiscal alto. “Cristina es la primera presidenta de la democracia que asumió con un superávit fiscal alto y entregó con un déficit fiscal escandaloso”, afirmó. Además, sostuvo que ese giro fiscal ocurrió en un momento de crecimiento económico para la región: “Convirtió el superávit fiscal en déficit fiscal y no en un momento recesivo. Lo hizo en el momento de mayor crecimiento de toda la región por las, las hojas seiscientos... Sí, sí, es real”.

Olmos, por su parte, puso el foco en el contexto internacional y la crisis de 2008, pero Tetaz insistió en que la economía argentina creció en 2010 y 2011. “La economía volaba en 2010 y 2011, así que no tenía nada que ver la recesión del 2008”, argumentó. Olmos preguntó por la inflación de aquellos años, a lo que Tetaz respondió: “Veintiocho. Recibió-- ¿sabe con cuánto recibió Néstor? ¿Sabe con cuánto recibió Néstor? Con deflación. No había inflación en-- cuando asumió Néstor. No había. El mes que asumió Néstor, mayo del año 2003, hubo deflación en la Argentina, hubo menos, negativa era, los precios iban para atrás”.

El diálogo se volvió más técnico cuando Olmos mencionó la desocupación en 2001 y Tetaz corrigió que en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió, el desempleo ya había bajado. “No, ni cuando asumió él ya era quince”, apuntó. Olmos insistió en que el nivel de desocupación superaba el veinte por ciento en 2001, mientras Tetaz respondió que eso ocurrió en 2002 y que para 2003 la actividad económica ya mostraba recuperación.

En otro segmento, Olmos defendió la política de subsidios y argumentó que tras la crisis de 2008, el Estado reaccionó ante las dificultades energéticas. Tetaz, por su lado, responsabilizó a las políticas de subsidios generalizados como origen del déficit fiscal y la deuda: “El déficit fiscal, que es el que causó la deuda, lo generaron ustedes, no les tocó tampoco. Lo generaron ustedes por las políticas de subsidiarle la energía a la gente que lo podía pagar. Ustedes, en un contexto de escasez energética, subsidiaban la energía a familias de clase media-alta de la Argentina y a un montón de gente que lo podía pagar”.

Olmos comparó la situación argentina con la de Ucrania y subrayó: “Ucrania, con cuatro años de guerra, es cuatro veces menor que el endeudamiento de la Argentina”, para ilustrar la magnitud de la deuda local. Tetaz, en cambio, puso el énfasis en la gestión de los fondos internacionales y criticó los acuerdos de ingreso de capitales que después salieron del país generando presión sobre la deuda y el tipo de cambio: “Se llevaron sesenta y cinco mil millones de dólares. Sesenta y cinco mil millones de dólares se endeudaron ustedes con el fondo porque tenían que pagar la bicicleta financiera. Habían acordado con los fondos internacionales el ingreso, que después iban a intereses, que después tenían que salir, y cuando tenían que salir no había nada”.

En el tramo final del intercambio, la discusión giró en torno a si la deuda pública realmente aumentó en 2018. Olmos sostuvo: “Con el deslizamiento del dólar lo aumenté yo en mi imaginación”, en tono irónico, mientras Tetaz replicó: “No, en tu imaginación sí”. El debate cerró con la afirmación de Tetaz sobre la salida de capitales, la devaluación y la razón por la que Macri recurrió al fondo: “Macri perdió porque hubo una devaluación grande, se corrió el tipo de cambio, hubo una salida de capitales muy grande de la Argentina”.

Antes de finalizar el bloque, Tetaz reiteró que el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional para cubrir vencimientos con acreedores privados: “Tuvo que ir al fondo para pagarle a los acreedores privados, para pagar los vencimientos de los acreedores privados con la plata del fondo”. En ese punto, un conductor intervino para pedir el cierre del debate y recordarle a los participantes que debían respetar el tiempo del programa siguiente. Tetaz concluyó su exposición remarcando: “El total de deuda no creció. Tenés que saberlo a eso”.

Durante toda la conversación, las interrupciones, los cruces y las cifras reflejaron la profundidad de las diferencias sobre el manejo de la deuda y el déficit fiscal en la Argentina.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles la extensión por 30 días del permiso especial que autoriza la comercialización de petróleo ruso, una medida adoptada luego de que más de diez países solicitaran formalmente el alivio durante las recientes reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

Bessent explicó en una audiencia ante el Senado que la decisión responde a la preocupación global sobre la estabilidad de los mercados energéticos y el impacto de nuevas restricciones en el contexto de la guerra contra Irán.

La extensión contrasta con la posición inicial del Tesoro, que había descartado la prórroga a comienzos de la semana pasada. Sin embargo, el viernes por la noche, la administración estadounidense modificó su postura tras evaluar los riesgos de aumentar la presión sobre el suministro mundial y recibió el respaldo explícito de aliados estratégicos.

“La línea de canje beneficiaría tanto a los Emiratos Árabes Unidos como a Estados Unidos”, sostuvo Bessent, en referencia a la posibilidad de ofrecer un mecanismo de intercambio de divisas para estabilizar las economías de los países del Golfo afectados por la crisis del estrecho de Ormuz.

Durante la comparecencia, Bessent abordó el efecto de la guerra en los precios del combustible, subrayando que el conflicto ha elevado el costo promedio de la gasolina en Estados Unidos por encima de los cuatro dólares por galón, frente a los 2,98 dólares registrados antes del inicio de las hostilidades a finales de febrero.

El funcionario se mostró optimista y afirmó que una vez terminadas las operaciones militares y restablecida la normalidad en las rutas de exportación, “los precios de la gasolina podrían ser más bajos que antes de que empezara el conflicto bélico”.

El secretario del Tesoro detalló que Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo han solicitado ayuda a través de canjes de dólares para evitar liquidaciones apresuradas de activos estadounidenses, una tendencia observada a medida que estas naciones buscan asegurar liquidez en medio de la alteración de sus ingresos petroleros.

Bessent insistió en que mantener la flexibilidad y la cooperación financiera es esencial para prevenir turbulencias adicionales en los mercados globales y garantizar la estabilidad de los flujos de capital.

Máxima presión sobre Irán

En paralelo a la prórroga sobre el crudo ruso, Bessent reiteró el martes el respaldo del Tesoro a la estrategia de presión máxima contra el régimen iraní.

El secretario defendió la continuidad del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en torno a los puertos de Irán, afirmando que el cerco reducirá drásticamente la capacidad exportadora del país persa en cuestión de días.

“Los almacenes de la Isla de Kharg estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados”, advirtió Bessent.

El funcionario subrayó que la Operación Furia Épica busca debilitar el flujo de divisas que sostiene al aparato estatal iraní y limitar la financiación de sus actividades militares.

Bessent incidió en que el Tesoro ha reforzado la presión con nuevas sanciones contra individuos y empresas vinculadas al desarrollo de misiles y transferencia de tecnología armamentística a Irán.

La postura estadounidense se produce en un contexto de incertidumbre diplomática, mientras la segunda ronda de negociaciones en Islamabad permanece sin fecha confirmada.

El presidente Donald Trump optó por extender el alto el fuego indefinidamente, a la espera de una propuesta consensuada de Teherán, aunque advirtió que la paciencia de Washington tendrá un límite si no se logran avances concretos.

Desde Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, minimizó el impacto de la tregua y equiparó el bloqueo naval con una agresión directa, reiterando que “Estados Unidos no está en capacidad de imponer condiciones”.

La administración estadounidense sigue apostando por el endurecimiento de las sanciones y el aislamiento económico como vía principal para forzar un cambio de rumbo en la política iraní, convencida de que la presión financiera es la herramienta más eficaz para debilitar al régimen y limitar su influencia regional.

(Con información de EFE y AFP)

En lo que va de la gestión de Javier Milei, el empleo asalariado privado cayó un 3% y, en contraste, el monotributo aumentó un 7,8 por ciento. Estos datos expusieron los dilemas que enfrenta el mercado laboral y si bien la revisión del Régimen de Pequeños Contribuyentes formó parte de los compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), frente a las versiones de una eliminación a fines del 2025, el presidente Javier Milei rechazó categóricamente esa posibilidad.

La consultora EconViews reportó que el mercado laboral formal experimentó cambios importantes en lo que va de gestión libertaria. En base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), destacaron que asalariados privados pasaron de 6.386.000 a 6.196.000, lo que implicó una reducción de 190.000 puestos (-3%). En el sector público, la pérdida fue levemente menor, de 111.000 puestos, y en casas particulares la baja fue de 22.000.

El contraste está en que en ese mismo lapso, los trabajadores autónomos sumaron 10.000 personas y los monotributistas 158.000, lo que significó un salto del 7,8% al pasar de 2.038.000 a 2.196.000. Por su parte, el monotributo social registró la mayor baja, con 385.000 inscriptos menos y una caída de 60,7 por ciento. El empleo total registrado, considerando todas las modalidades, descendió de 13.393.000 a 12.853.000, una baja del 4 por ciento. Si se excluye el monotributo social, la disminución fue de 1,2 por ciento.

El informe de EconViews remarcó que “la caída de los asalariados privados (-190.000) y públicos (-111.000) es parcialmente compensada por el incremento de los monotributistas y autónomos (158.000 y 10.000 respectivamente)”. Así, el ajuste en los sectores tradicionales coincidió con una migración hacia esquemas independientes y flexibles que alteraron la composición del empleo formal en la Argentina. Aunque en términos totales, hay 133.000 asalariados que habrían quedado afuera del sistema formal si se lo toma como un traspaso directo.

Los datos, al ser hasta marzo, sirven como anticipo del índice de desempleo. Los últimos datos oficiales son hasta diciembre de 2025, en donde se registró un incremento de la tasa de desocupación que llegó al 7,5% de la población económicamente activa, lo que representó un incremento de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo período del año anterior.

El pedido del FMI

En la primera revisión del programa con la Argentina, el FMI solicitó al Gobierno analizar el funcionamiento del monotributo, el régimen que permite la formalización de pequeños contribuyentes y trabajadores independientes. Las versiones sobre una posible eliminación del régimen se acrecentaron en noviembre del año pasado, lo que derivó en preocupaciones y reclamos de distintos sectores. Ante estos rumores, fue el presidente Javier Milei quien lo desmintió de forma categórica. Por el momento, su eliminación o modificación no parece estar en la agenda oficial.

Uno de los pilares del acuerdo que alcanzó la administración libertaria con el organismo multilateral en abril de 2015 era “reducir gradualmente los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y las transacciones financieras, reemplazándolos por impuestos directos más simples y mejor administrados sobre los hogares y las empresas”.

“Esto requeriría armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general”, reza el reporte del Fondo que se dio a conocer hace un año.

Además, el documento del prestamista de última instancia sostenía que “el impuesto a las sociedades necesita una simplificación sustancial, considerando la posibilidad de establecer tasas legales más bajas, pero también de simplificar deducciones, exenciones y el abuso en la transferencia de beneficios. En particular, debe reducirse el gasto tributario (estimado en 3,5 por ciento del PIB), que solo beneficia a ciertos grupos o regiones”.

A nivel de las provincias, la entidad encabezada por Kristalina Georgieva manifestó que los tributos provinciales “distorsivos deberían eliminarse gradualmente y se debería poner un mayor énfasis en mejorar la valuación de los bienes inmuebles y activos de tierras (incluidos los grandes productores agropecuarios), entre otras cosas, fortaleciendo los registros de activos existentes”.

Siguiendo esa línea argumental, el reporte del Fondo consideró que “en todos los niveles, será esencial simplificar el sistema (eliminando impuestos que no recaudan mucho), junto con mejoras en la administración tributaria y aduanera, mediante la modernización de los sistemas de información, una mejor coordinación y la adopción de planes de mejora del cumplimiento basados en el riesgo”.

El presidente Gustavo Petro defendió nuevamente el pago de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno anterior, en medio del debate político sobre el impacto fiscal de esta operación y las críticas de sectores de oposición que han cuestionado su manejo.

A través de su cuenta de X, el mandatario respondió a quienes han calificado el pago como un “derroche del gasto público”, señalando que se trata de una obligación constitucional y no de una decisión discrecional del actual gobierno.

En su mensaje, Petro insistió en que el país debía honrar los compromisos adquiridos previamente, sin importar la administración responsable de su firma, y se refirió al expresidente Iván Duque como el responsable de haber suscrito la obligación con el FMI durante su mandato.

“Le dicen que el pago que hacemos de las deudas de Duque son derroche del gasto. Es una de las grandes mentiras de la oposición y su prensa”, escribió el jefe de Estado, en referencia a los cuestionamientos que han surgido alrededor del uso de recursos públicos para amortizar la deuda externa.

El presidente explicó que el crédito en cuestión corresponde a la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional, por un monto cercano a los USD 5.000 millones, la cual fue utilizada por Colombia como respaldo financiero durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

Según Petro, este instrumento fue contratado durante la administración del expresidente Iván Duque, con participación del entonces ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y se estructuró con un plazo de tres años para su devolución. En ese sentido, el actual gobierno heredó la obligación de pago dentro del calendario establecido.

El mandatario enfatizó que los recursos destinados a este compromiso fueron incluidos en los tres presupuestos nacionales recientes, lo que implicó su ejecución progresiva como parte del servicio de la deuda pública.

“Los USD $5.000 millones aparecen en los tres presupuestos que hicimos como gasto”, señaló, subrayando que no se trata de una decisión improvisada, sino de una programación fiscal previamente definida.

En paralelo al debate político interno, el Gobierno de Colombia confirmó la cancelación total de la línea de crédito flexible con el FMI, por un monto final de USD 5.300 millones, lo que marca el cierre definitivo de las obligaciones financieras del país con este organismo multilateral.

La información fue ratificada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el Foro de Política Monetaria, donde explicó que el saldo fue amortizado completamente en los plazos previstos y sin la necesidad de adquirir nuevos compromisos.

El funcionario fue enfático al señalar que Colombia ya no mantiene deuda activa con el FMI. “Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el FMI, no tenemos deuda con el FMI”, afirmó, al tiempo que descartó la intención del Gobierno de recurrir nuevamente a este tipo de instrumentos de financiamiento en el corto plazo.

Según el Ministerio de Hacienda, la línea de crédito flexible fue utilizada como un mecanismo excepcional durante la pandemia de Covid-19, cuando el país necesitaba respaldo financiero inmediato para enfrentar la emergencia sanitaria, garantizar la compra de vacunas y sostener programas de atención social y económica.

En palabras del ministro Ávila, este instrumento funcionó como un “colchón financiero” que debía ser devuelto en el corto plazo, como efectivamente ocurrió.

La finalización del pago también tuvo efectos en la relación institucional con el organismo. La reciente visita de la Misión del Artículo IV del FMI, encargada de revisar la situación macroeconómica de los países miembros, encontró a Colombia sin obligaciones pendientes ni programas de crédito activos.

Este cambio alteró la dinámica tradicional de las evaluaciones, que suelen incluir recomendaciones fiscales y monetarias vinculadas a acuerdos financieros vigentes.

El ministro explicó que la comunicación oficial enviada a la delegación del FMI marcó un punto de inflexión en la relación bilateral.

“El inicio de la conversación empezó cuando el ministro de Hacienda le informa a la delegación del Fondo Monetario que no tenemos deuda con el Fondo Monetario y que no tenemos la expectativa de crear ninguna deuda con el Fondo Monetario”, detalló Ávila.

Este escenario, según el Gobierno, redefine las reglas de interlocución con el organismo multilateral, al no existir compromisos crediticios activos que condicionen las discusiones técnicas.

“El manual que normalmente se presenta en estas conversaciones no aplicaba en el caso colombiano”, agregó el ministro, destacando que la autonomía en la política económica se ve reforzada en este nuevo contexto.

La amortización total de la deuda con el FMI implica que Colombia queda, por ahora, al margen de las líneas de crédito flexibles que suelen utilizarse en escenarios de crisis global. Sin embargo, el país continúa participando en las evaluaciones periódicas del organismo, que monitorea indicadores fiscales, monetarios y de crecimiento económico.

Las economías de Centroamérica y República Dominicana (CAPDR) han mantenido un ritmo de crecimiento económico estable en los últimos años, según las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional.

El Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor total de todo lo que producen los países en bienes y servicios, creció un 3.7% en 2025. Para este año, 2026, se espera que la región mantenga ese mismo ritmo, con un crecimiento promedio de 3.7%.

Para 2027, la proyección es aún más optimista: el FMI anticipa que la CAPRD alcanzará un crecimiento promedio del 4,0%.

En el detalle por país, Guatemala lidera las proyecciones para 2026 con un crecimiento estimado de 3.9%, seguida de cerca por Panamá y Nicaragua, ambos con 3.8%.

República Dominicana se mantiene fuerte con 3.7%, mientras que El Salvador y Honduras presentan un crecimiento de 3.3% cada uno, y Costa Rica se sitúa en 3.6%.

Para 2027, todas las economías de la subregión muestran perspectivas de avance: Guatemala 4.0%, República Dominicana 4.4%, Panamá 4.5%, Nicaragua 3.8%, Costa Rica 3.6%, Honduras 3.7% y El Salvador 3.0%.

Proyecciones de inflación en Centroamérica y República Dominicana

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican que la inflación en la subregión CAPRD se mantendrá contenida en los próximos años. El promedio regional de inflación para CAPRD es de 3.3% en 2026 y de 3.2% en 2027, lo que sugiere un entorno de precios relativamente estable que acompaña el crecimiento económico.

En el desglose de 2026, Honduras registra la inflación más elevada de la subregión, con 4.8%, seguida de República Dominicana con 4.5%. Guatemala reporta 3.9%, Nicaragua 3.5%, Costa Rica 1.0%, Panamá 2.5% y El Salvador 2.5%.

Para 2027, República Dominicana y Honduras mantienen cifras de inflación por encima del promedio, con 4.0% cada una. Guatemala proyecta 3.7%, Nicaragua 3.0%, Costa Rica 2.4%, Panamá 2.0% y El Salvador 2.0%.

Estas cifras reflejan que, a pesar de los desafíos globales, la mayoría de los países de la subregión lograrán mantener la inflación bajo control, favoreciendo un entorno macroeconómico estable y propicio para el crecimiento sostenido.

Contexto regional: desafíos y resiliencia ante un escenario internacional complejo

De acuerdo a la información del FMI, al comenzar 2026, la región de las Américas presentaba una economía en condiciones favorables: el crecimiento se acercaba a su potencial, las diferencias entre la producción real y la posible se habían reducido y la inflación se encontraba en niveles cercanos a las metas previstas en la mayoría de los países.

No obstante, el conflicto en Oriente Medio representa un desafío externo que afecta de manera desigual a los países del continente. Los grandes exportadores de petróleo obtienen beneficios por los altos precios de la energía, mientras que las economías que dependen de la importación de combustibles y alimentos —sobre todo aquellas con altos niveles de deuda, pocas reservas internacionales o dependencia del financiamiento externo— enfrentan impactos económicos negativos.

Las políticas monetarias fortalecidas en años recientes contribuyen a limitar las presiones inflacionarias, pero la capacidad de respuesta fiscal sigue siendo restringida en la mayoría de los países.

Esto obligará a gobiernos a tomar decisiones difíciles, como recortar gastos en otras áreas o aumentar ingresos de quienes puedan afrontar el costo.

Frente al aumento de precios en combustibles y alimentos, los expertos recomiendan evitar controles artificiales y, en cambio, enfocar la asistencia de manera estratégica hacia los sectores más vulnerables de la población.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado un crecimiento económico para la República Dominicana de 3,7 % en 2026, una cifra superior al promedio regional, estimado en 2,3 %. Esta información se dio a conocer durante las reuniones de primavera del FMI y el Grupo Banco Mundial (GBM), realizadas en Washington D.C., entre el 13 y el 18 de abril de 2026. La delegación dominicana, encabezada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, compartió los avances y perspectivas del país en un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad.

Durante su participación, Valdez Albizu sostuvo una reunión con Nigel Chalk, nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y con Dora Iakova, directora adjunta. En ese encuentro se intercambiaron impresiones sobre el contexto macroeconómico de la República Dominicana, sus expectativas de crecimiento e inflación en medio de un entorno internacional incierto. Chalk manifestó el interés del FMI en continuar brindando asistencia técnica al país y en analizar los efectos regionales de las dinámicas globales, especialmente ante el resurgimiento de tensiones geopolíticas.

Además, Valdez Albizu y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, participaron en una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto a ministros y gobernadores de finanzas y bancos centrales de América Latina, Canadá y Estados Unidos. Se abordaron las tendencias recientes de la economía global y sus efectos en la región. Georgieva destacó la importancia de contar con fundamentos macroeconómicos sólidos en momentos de crisis y advirtió sobre los riesgos derivados del conflicto en Medio Oriente, que ha incrementado la incertidumbre y la volatilidad en los precios del petróleo y otras materias primas.

En sesiones bilaterales, Valdez Albizu conversó con André Roncaglia, director ejecutivo del FMI por Brasil, acerca de los riesgos asociados a la incertidumbre política y económica internacional, intensificada por las tensiones geopolíticas en Irán y Medio Oriente. También se analizó la evolución de la economía dominicana y sus perspectivas para el año en curso.

Resultados económicos y fortalecimiento de la confianza internacional

Durante la reunión de gobernadores presidida por el director ejecutivo del FMI, los presidentes y gobernadores de bancos centrales miembros expusieron los resultados y expectativas para 2026. El gobernador Valdez Albizu indicó que la inflación interanual se situó en 4,63 % en marzo de 2026, manteniéndose dentro del rango meta de 4,0 % ± 1,0 % desde 2023. Informó que los primeros dos meses del año mostraron una recuperación gradual, con expansiones interanuales de 3,5 % en enero y 3,9 % en febrero, y se prevé que la economía crezca entre 3,5 % y 4,0 % en 2026, apoyada en la fortaleza de sus fundamentos y la resiliencia de la demanda externa.

El gobernador resaltó que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó USD 5.032,8 millones al cierre de 2025, lo que evidencia la fortaleza del país para captar inversiones aun en un contexto internacional incierto. Los ingresos de divisas generados por IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios sumaron USD 47.291,5 millones en 2025, contribuyendo a la estabilidad relativa del tipo de cambio.

La delegación del Banco Central también participó en un intercambio de alto nivel con el Banco Mundial dentro del Programa de Asesoría y Gestión de Reservas (RAMP). Además, asistió al foro de la Red de bancos centrales y ministerios de Finanzas de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientado a fortalecer la estabilidad económica y la coordinación regional.

Se realizaron encuentros con representantes de entidades financieras internacionales, donde se discutieron estrategias para captar inversión extranjera y fortalecer el financiamiento del país ante escenarios de volatilidad. La confianza en la economía dominicana fue un aspecto destacado en estas reuniones.

Ya se ha hecho costumbre escuchar a Delcy Rodríguez darle las gracias a Donald Trump. “Saludo y agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Marco Rubio y a todos los equipos que estuvieron involucrados en este proceso de buscar la normalización de la representación de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, declaró la noche del jueves 16 de abril la presidenta encargada.

Con estas palabras, Rodríguez celebraba el anuncio hecho por el FMI horas antes sobre la reanudación de sus relaciones con Caracas, suspendidas desde 2019 precisamente porque en ese año esta institución, así como Estados Unidos y la comunidad democrática internacional dejaron de reconocer la legitimidad del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

“Estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos y responsabilidades de Venezuela en el organismo. Es un paso muy importante para la economía venezolana y lo que significa Venezuela para nuestra región”, abundó la mandataria interina.

Saliendo a flote

Al margen de los discursos políticos, ¿cuál es el impacto real de este hecho? “La reactivación del vínculo con el FMI podría desbloquear financiamiento externo en meses, abonar el camino de recuperar la credibilidad y anclar expectativas vía supervisión, clave para reducir riesgo y atraer capital”, evalúa el economista Jesús Palacios Chacín, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros, subraya que la reconciliación del FMI con Venezuela es “una enorme noticia”.

“El país podría tener acceso a los derechos especiales de giro (DEG) -alrededor de 5 mil millones de dólares- que están congelados en el fondo desde la pandemia. Igualmente, podría recibir préstamos del organismo, tener acceso a activos bloqueados, restablecer relaciones con otros entes multilaterales y facilitaría una renegociación y/o restructuración de la deuda externa”, enumera Oliveros.

El profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), José Manuel Puente, también resalta la “buena noticia” al considerar que esto “permitiría a Venezuela reincorporarse a los multilaterales para tener asistencia técnica y financiera con el fin de atacar sus múltiples desequilibrios macroeconómicos”.

Sin excusas

El restablecimiento de los lazos con el FMI cierra una semana muy positiva para Delcy Rodríguez, luego de que la administración de Donald Trump emitiera licencias que suavizan las restricciones que pesaban sobre el Banco Central de Venezuela (BCV) y que la norteamericana Chevron firmara acuerdos para ampliar sus operaciones en el país.

En el plano político, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, compareció ante el Congreso y dio por culminada la fase de “estabilización”, paso inicial del plan diseñado por la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela.

“Se flexibilizaron sanciones al petróleo, minería, BCV y banca pública, se controla el flujo y se redujo la opacidad en el manejo de los ingresos, se aprobaron leyes clave y el FMI y Banco Mundial entran al ruedo. Se entiende el porqué los norteamericanos dicen que terminó la fase de estabilización”, razona el economista y consultor Asdrúbal Oliveros.

Oliveros sostiene que con el viento a favor gracias al respaldo de Washington, llegó la hora de que el gobierno de Delcy Rodríguez brinde resultados concretos en la nueva etapa de recuperación económica. “No hay excusas”, afirma.

El ministro de Economía, Luis Caputo, regresa al país luego de estar desde el miércoles en Washington D.C., en donde participó de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con logros concretados y otros que están por verse, ya que, si bien se conoció el acuerdo a nivel técnico con el staff del FMI, que destraba el desembolso de USD 1.000 millones, falta que lo apruebe el directorio. Lo mismo sucede con la garantía que negocia con el Banco Mundial para el próximo vencimiento de deuda de julio por 4.300 millones de dólares.

En el primer día que Caputo llegó a Washington D.C., y luego de un breve intercambio con Kristalina Georgieva, el staff del FMI comunicó: “El personal del Fondo y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa EFF (Acuerdo de Facilidades Extendidas), lo que abre la posibilidad de acceder a unos USD 1.000 millones”. Aunque la decisión final depende del Directorio Ejecutivo del FMI, en el Ministerio de Economía esperan que el desembolso se refleje en las reservas del Banco Central en mayo.

El equipo económico logró un importante recorte de la meta fiscal para este año en un contexto en donde la recaudación cae hace nueve meses

Si bien todos los focos están en el desembolso, el equipo económico logró un importante recorte de la meta fiscal para este año en un contexto en donde la recaudación cae hace nueve meses y hay reclamos de diferentes sectores a Economía por deudas pendientes, como por ejemplo las empresas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o los proveedores del PAMI. Ahora, durante el 2026, el Gobierno se comprometió a conseguir un superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en lugar de 2,2% del PBI.

La directora de la consultora C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, analizó el cambio en la meta fiscal y dijo que el 2,2% del PBI acordado en la primera revisión del programa siempre resultó llamativo. “El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de PBI de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos. Incrementar el superávit primario a 2,2% era excesivo y muy complicado de sostener”, destacó en diálogo con Infobae.

No obstante, hay quienes consideran que, aun con el recorte, la meta sigue siendo ambiciosa. “1,4% hoy luce desafiante también; el año pasado se logró creciendo al 4,4%, este año el mismo FMI bajó el crecimiento a 3,5%. Hay que bajar más los subsidios. ¿Cómo lo puede hacer el equipo económico con la inflación arriba del 2,5% y el mercado interno por el piso?”, planteó un analista en off the record.

Es que luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de abril se vienen “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas”, con una desaceleración de la inflación y un repunte de la actividad económica.

El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de PBI de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos (Castiglioni)

Respecto a ese objetivo, en la última semana se dio a conocer el resultado fiscal de marzo y, si bien nuevamente el Gobierno volvió a tener superávit gemelos (fiscal y comercial) y en lo que va del año acumula un resultado primario de 0,5% del PBI y financiero de 0,2% del PBI, tiene frentes de tormenta abiertos en la Justicia que podrían golpear el resultado de la caja del Estado. Uno de ellos es el cumplimiento del fallo de la Ley de Financiamiento Universitario, que se calcula en 2,5 billones de pesos.

Las negociaciones por las garantías

En paralelo, durante la estadía en Washington, tras la reunión de Caputo con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, se conoció que se negocia una garantía por USD 2.000 millones “para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

Lo que busca el equipo económico es que el Banco Mundial actúe como un respaldo del Gobierno ante las negociaciones con bancos internacionales, quienes en lugar de considerar el índice de riesgo país para definir la tasa de interés del préstamo tomarían la solvencia del organismo internacional, que en este caso tiene una calificación crediticia AAA. Con una garantía de USD 2.000 millones, se proyecta que Argentina podría acceder a financiamiento de al menos USD 4.000 millones de dólares.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", dijo Caputo a Infobae.

Los vencimientos de capital de julio y de enero y julio del 2027 están cubiertos

escribio en la red social X, el minitro de Economía, Luis Caputo

Durante su última jornada en Estados Unidos, y ante las versiones sobre un posible aporte adicional de USD 1.000 millones en garantías por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Luis Caputo se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. Tras el encuentro, Caputo publicó en la red social X: “Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID”.

En Economía confían en que con los mecanismos de financiamiento que ya identificó el ministro de Economía, con los dólares que se consigan con los Bonar 2027 y 2028, con los que en la última semana obtuvo USD 500 millones, y con la venta de activos, los vencimientos de capital de julio y de enero y julio del 2027 están cubiertos.

El Fondo Monetario Internacional anunció que actuará con rapidez para facilitar el acceso de Venezuela a programas de crédito, tras restablecer oficialmente las relaciones formales con el país luego de siete años de interrupción.

“Muy probablemente, tendremos que implementar un programa de apoyo financiero para Venezuela, siempre que podamos ponernos de acuerdo sobre el camino a seguir”, dijo la directora gerente Kristalina Georgieva.

Esta decisión modifica el escenario financiero internacional y abre una nueva etapa en el vínculo entre Venezuela y el organismo multilateral.

El Fondo Monetario Internacional confirmó que ya inició el trabajo con las autoridades venezolanas, luego de las reuniones de primavera del Comité Monetario y Financiero Internacional en Washington.

La directora gerente, Kristalina Georgieva, informó que el FMI considera positivo que Venezuela haya comenzado a entregar información macroeconómica y que exista un diálogo constructivo. Además, destacó el respaldo de los países vecinos a la normalización de la relación, lo que refuerza el proceso.

“También hemos constatado que, en la región, los países vecinos de Venezuela respaldan de manera muy decidida el restablecimiento de la relación con el país”, añadió la economista búlgara.

El acceso de Venezuela a financiamiento internacional dependerá de que el Gobierno de transición venezolano proporcione datos macroeconómicos confiables y cumpla procedimientos técnicos y legales, entre ellos la reanudación de las consultas del Artículo IV.

El FMI no definió plazos para la aprobación de un programa de financiamiento, pero reiteró su disposición a actuar con rapidez una vez cumplidas las condiciones necesarias.

Durante los últimos siete años, el FMI no mantuvo contacto formal con Venezuela, periodo en el que la economía de la nación se deterioró y millones de personas emigraron. Ahora, el organismo multilateral plantea como prioridad el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades en el país para que un eventual apoyo financiero sea efectivo.

Georgieva, por su parte, mantendrá una conversación directa con la presidenta Delcy Rodríguez para avanzar en el proceso.

Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, precisó que un equipo especializado del organismo ya mantiene contactos técnicos con el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y agencias de estadística venezolanas.

“Me he reunido con mis contrapartes venezolanas y, ahora que hemos reconocido oficialmente al país, entiendo que la directora gerente también mantendrá una conversación con la presidenta (Delcy) Rodríguez”, añadió Clark.

Al mismo tiempo, Delcy Rodríguez, promulgó la nueva Ley Orgánica de Minas, aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de abril. Durante una reunión transmitida por el canal estatal, aseguró que la normativa facilitará la captación de inversiones y anunció la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin), encargada de regular el sector.

En su intervención, Rodríguez agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su secretario de Estado, Marco Rubio, por la disposición de su gobierno para avanzar en la cooperación bilateral.

Además, señaló que la colaboración internacional permitirá adaptar las relaciones diplomáticas y económicas a la situación actual de Venezuela y brindar mayor transparencia sobre la realidad del país.

(Con información de EFE y Reuters)

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel técnico que habilitaría el desembolso pendiente por USD 1.000 millones, pero el organismo internacional dejó en claro que el objetivo final sigue siendo que la Argentina recupere el acceso al mercado internacional de deuda.

Mientras tanto, Luis Caputo hace meses remarca que se debe desarrollar el mercado de capitales local para cortar con la dependencia que el país mantiene con Wall Street, lo que expone una diferencia de prioridades entre ambas partes de cara al mediano plazo. Aunque ahora el organismo internacional apoya la negociación de garantías.

El comunicado del staff del FMI celebró que se implemente una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública en dólares (Bonar 2027 y Bonar 2028), la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, respaldados por instituciones financieras internacionales, pero remarcaron lo que pretenden para el mediano plazo. “Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales”, concluyeron. Un esquema de respaldo de este tipo se anunció hoy con el Banco Mundial.

Pero desde el vencimiento de enero, que el Gobierno finalmente cubrió con un préstamo con bancos internacionales por USD 3.000 millones, el ministro Caputo sostiene que hay que desarrollar el mercado de capitales local y utilizar otras alternativas de financiamiento más baratas con las que cuenta Argentina. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, dijo.

Pero para los analistas hay una clara diferencia entre cuál es el objetivo del programa financiero del Gobierno y lo que declaran los funcionarios ante las cámaras. El economista Lucio Garay Méndez, de Eco Go, advirtió sobre la disputa que hay entre el equipo económico y el FMI. “El Gobierno busca acceder cuanto antes a los mercados internacionales, pero las prioridades no son las mismas. El FMI pide priorizar la compra de divisas y la acumulación de reservas y hasta ahora el Gobierno priorizó la baja de la inflación forzando el ancla cambiaria y relegando la compra de dólares", marcó.

Y si bien en lo que va de la fase 4 del programa económico, el BCRA logró comprar unos USD 5.800 millones, para Garay Méndez podría haber sido más si el Gobierno hubiese aceptado una desaceleración más lenta de la inflación. “Haber pisado el tipo de cambio, probablemente haga que la inflación en los próximos meses esté nuevamente más cerca del 2%, pero también implica que gran parte de los dólares que compra el BCRA se los termine vendiendo al Tesoro, o para que esto no suceda —y pueda acumular reservas—, que Finanzas tenga que estar en negociaciones por todos lados (bilaterales, organismos internacionales, bancos y demás) para poder refinanciar la deuda en dólares y no presionar las cuentas del BCRA”, sostuvo.

Por su parte, el director de la consultora OJ Ferreres, Fausto Spotorno, aseguró que los dos objetivos son respetables y convergen en algún punto, aunque el FMI es quien tiene la razón, ya que la estrategia debería impulsar un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales. “El año que viene los vencimientos de deuda aumentan bastante y poder acceder a los mercados financieros internacionales reduciría mucho la incertidumbre que hay para la economía argentina en el mercado cambiario”, marcó.

En esa línea, aseguró que un cálculo ex ante —donde no se consideran un montón de cosas que podrían pasar o no-, sobre el flujo de dólares que entran y salen expuso que este año le sobrarían dólares a la Argentina si no fuera por el pago de la deuda. “Hasta que se aprobó la segunda revisión del FMI, sobraban USD 5.500 millones y si se le descuentan los pagos de la deuda, le faltaban USD 2.200 millones. Ahora, con el acuerdo, se reduce a USD 1.200 millones", comentó.

Si en un cálculo preliminar ya existe incertidumbre debido a la falta de dólares para cubrir los vencimientos, sostuvo que la situación podría agravarse aún más ante posibles escenarios. Entre ellos, una reacción de la gente que, por temor, decida comprar dólares masivamente; la percepción de que el dólar está barato y aumente la demanda; o una resolución abrupta de la guerra que provoque una caída en el precio del petróleo.

A pesar de que las negociaciones más complicadas entre el equipo económico y el FMI ya se dieron durante la segunda revisión y ahora resta esperar a que el directorio destrabe el desembolso, este viernes la directora del organismo internacional, Kristalina Georgieva, y Caputo mantendrán un encuentro bilateral en Washington DC. A pesar de que ambos ya conversaron el miércoles de manera informal, en donde aseguró el propio ministro que hablaron “de todo”.

Garantía del Banco Mundial

De cara al próximo vencimiento de USD 4.200 millones en julio, Caputo sostiene que ya identificó el mecanismo de financiamiento internacional que, junto con los dólares que consigue con las licitaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028, además de la venta de activos por parte del Estado, le permitirá cumplir con el pago. Lo que cuenta con el aval del organismo internacional.

Y es que en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, este jueves en Washington DC, el ministro Capauto mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en medio de la búsqueda de garantías internacionales para afrontar los vencimientos Luego del encuentro, fue el el Grupo Banco Mundial quien confirmó, por medio de un comunicado, que está trabajando en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional.

“En las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores”, detalló el Banco Mundial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.3 % en 2026, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial divulgado esta semana. Dicha previsión es similar a la hecha a inicios de abril por el Banco Central de Reserva (BCR) salvadoreño, cuyo margen está entre 3% y 3.5%.

La proyección para 2026 sitúa a la economía de El Salvador en una fase expansiva, con un crecimiento impulsado principalmente por la inversión privada, según el más reciente informe del BCR. Este avance responde a la ejecución de grandes proyectos en sectores como la construcción, el turismo y los servicios, y a la consolidación de un entorno de seguridad que favorece el clima de negocios.

El desempeño económico proyectado para este año no solo supera el promedio de 2.5% registrado en las tres décadas previas, sino que también rebasa el crecimiento anual de 2% observado desde la dolarización en 2001, según las cifras oficiales.

En el contexto centroamericano, el FMI destaca que solo Belice, con un ritmo de 2.19 %, experimentará un crecimiento inferior en la región centroamericana, mientras que Guatemala (3.9 %), Nicaragua (3.8 %), Costa Rica (3.6 %) y Panamá (3.8 %) exhiben mejores perspectivas. Honduras, en tanto, iguala la proyección salvadoreña.

Un crecimiento del 3.7 % proyecta el Fondo Monetario para Centroamérica en 2026, con una cifra superior del 4 % estimada para 2027, impulsado por el consumo interno y el flujo de remesas, según el último informe del organismo. Respecto al Caribe, el FMI calcula una expansión de 5.7 % en 2026 y un avance notable de 8.6 % en 2027, atribuido principalmente a la recuperación del turismo aunque con vulnerabilidades asociadas a factores externos.

El panorama para la región está condicionado por el encarecimiento de materias primas, la presión en las condiciones financieras y una menor demanda global, de acuerdo con las proyecciones del FMI. Estos elementos afectan de manera desigual a los países: las economías que dependen de la importación de energía se consideran más expuestas a los impactos negativos, mientras que los exportadores de materias primas tienden a beneficiarse.

El contexto internacional ha llevado a distintas naciones latinoamericanas a acelerar acuerdos de integración, como el cerrado entre Mercosur y la Unión Europea, según el reporte del FMI. Estos pactos buscan reforzar las relaciones comerciales y ampliar la diversidad de exportaciones.

A nivel global, la tendencia proyectada se ha visto afectada por el estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, lo que, de acuerdo con el informe del FMI, ha generado un entorno de incertidumbre, encarecido materias primas y elevado la inflación estimada para el año próximo.

El crecimiento económico salvadoreño se apoya en la inversión privada y el turismo

Según datos oficiales, el sector privado será el motor central del ciclo expansivo salvadoreño, con más de USD 9,000 millones en proyectos de construcción, servicios y comercio activos durante 2026, una cifra que supera ampliamente la inversión privada de 2025, de acuerdo con el BCR. El consumo privado y el avance del turismo, junto con la mejora en condiciones de seguridad, completan los principales factores internos que refuerzan la expansión salvadoreña.

Durante el primer trimestre de 2026, la economía local ha mantenido una evolución positiva, según el Banco Central de Reserva. El índice de actividad económica aumentó 5 % en enero, mientras la producción industrial creció 6.4 %.

Las exportaciones de bienes sumaron un alza de 3.3 % hasta febrero, y la recaudación tributaria avanzó un 5.8 %, traccionada por el IVA con un incremento del 7.1 %. El consumo de cemento, indicador vinculado a la construcción, subió 11.7 %, y el total del crédito se expandió 8.1 % a finales de marzo.

El turismo ha mostrado un fuerte crecimiento, con la llegada de 1.3 millones de visitantes internacionales entre enero y marzo, un incremento del 34% frente al mismo periodo de 2025. El país prevé alcanzar 4.2 millones de turistas en todo el año, impulsado por la organización de grandes eventos artísticos y deportivos, incluidos conciertos masivos, la llegada de 18 cruceros y certámenes internacionales como el Triatlón Ironman 70.3 y el XIII Campeonato Panamericano de Maxibasketball.

La inversión pública también refuerza el avance económico. Proyectos estratégicos como el Aeropuerto del Pacífico, el Estadio Nacional de El Salvador, el Viaducto Morazán, el sistema de Metrocable y programas educativos como “Dos Escuelas por Día” constituyen un paquete de obras cuyo valor conjunto superará los USD 1,000 millones, según el BCR. La inversión pública ejecutada a febrero ascendió a USD 144.3 millones, un salto del 179.2 % respecto al mismo mes de 2025.

Uno de cada cuatro hogares salvadoreños recibe remesas, que sumaron USD 1.524.8 millones hasta febrero de 2026, un crecimiento de 8.4 % interanual, lo que potencia el consumo privado.

Contexto regional y riesgos para la economía salvadoreña en 2026

El panorama de crecimiento se ve limitado por factores externos. El FMI señala que, debido al conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, el crecimiento global para 2026 será del 3,1 %, frente al 3,4 % proyectado antes de la guerra.

El FMI prevé que la inflación global se sitúe en 4.4 % en 2026, por encima de las estimaciones previas, y advierte que, si el conflicto se intensifica, podría incluso rozar el 5.4 % y superar el 6 % en 2027. Estas presiones afectarían especialmente a economías importadoras de materias primas como El Salvador, trasladando con mayor rapidez los aumentos de precios a los hogares.

El Fondo Monetario Internacional anunció este jueves que retoma formalmente los vínculos institucionales con Venezuela, suspendidos desde 2019 por disputas sobre el reconocimiento del gobierno.

La directora gerente, Kristalina Georgieva, comunicó que el organismo vuelve a interactuar oficialmente con el país sudamericano bajo la administración encabezada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez.

La decisión de retomar el vínculo fue adoptada luego de que la mayoría de los miembros del FMI se manifestaran a favor de reconocer a Rodríguez como interlocutora.

“El FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, declaró Georgieva en un comunicado.

El restablecimiento de la relación llega en el marco de las Reuniones de Primavera que el FMI y el Banco Mundial celebran en Washington esta semana.

El Fondo explicó que la medida se ajusta a la práctica institucional del organismo en situaciones de reconocimiento de gobiernos, y señaló que Venezuela sigue siendo miembro pleno desde 1946.

Con este giro, el FMI podrá volver a recopilar formalmente datos económicos sobre Venezuela y evaluar la situación macroeconómica del país, algo que no ocurría desde 2004.

La última vez que el organismo publicó un informe completo sobre la economía venezolana fue hace dos décadas, lo que había limitado el acceso a información financiera clave tanto para los mercados internacionales como para los potenciales acreedores.

Esta nueva etapa abre la puerta a que Caracas inicie el proceso para solicitar asistencia financiera y técnica al organismo multilateral, siempre que cumpla con los requisitos y protocolos habituales.

Inversionistas y analistas del mercado han interpretado este paso como una señal positiva para el proceso de reestructuración de la deuda venezolana, que podría requerir un nuevo programa de financiamiento respaldado por el FMI para considerar sostenible cualquier esquema de pagos.

La reanudación de relaciones llega en un contexto en el que Venezuela intenta normalizar sus lazos diplomáticos y económicos con Estados Unidos. Desde la intervención militar que terminó con la captura de Maduro, el régimen chavista ha aceptado las condiciones económicas y petroleras propuestas por la administración de Donald Trump para avanzar en la reactivación de exportaciones de hidrocarburos y atraer inversión extranjera.

Paralelamente, el Banco Mundial siguió los pasos del FMI y restableció también las relaciones con el régimen de Rodríguez, lo que podría facilitar nuevas líneas de crédito y apoyo para proyectos de desarrollo e infraestructura.

Las autoridades venezolanas han señalado en reiteradas ocasiones que el acceso a financiamiento multilateral es esencial para hacer frente a las profundas dificultades económicas que enfrenta el país, agravadas por años de recesión, hiperinflación y sanciones internacionales.

El vínculo entre Venezuela y el FMI se había roto en marzo de 2019, cuando el Fondo decidió reconocer a la oposición —entonces con control parlamentario— como el gobierno legítimo en medio de la crisis política. Con el nuevo escenario, el organismo retoma el diálogo con la administración instalada en Caracas, lo que supone un paso clave para la reinserción de Venezuela en los circuitos multilaterales y el acceso a información técnica y financiera de referencia global.

El FMI recordó en su comunicación que la decisión está guiada por la voluntad mayoritaria de sus miembros y alineada con la práctica de larga data del organismo en situaciones de reconocimiento de gobiernos.

La directora gerente Georgieva formalizó el anuncio desde la sede central del Fondo en Washington, en un movimiento que podría marcar el inicio de una nueva etapa para la economía venezolana y su relación con los organismos internacionales.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)

El Gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, tras la aprobación del Directorio, habilitará el desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares. Un punto relevante del entendimiento es la reducción de la meta fiscal para este año, que pasó del 2,2% al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Este ajuste representa un alivio por parte del organismo internacional en un contexto de caída en la recaudación y de demandas de distintos sectores por deudas con el Ministerio de Economía.

El staff del FMI resaltó que el saldo de caja cero seguirá siendo el eje central del programa, en consonancia con el superávit primario del 1,4% del PIB para 2026. El organismo internacional comunicó que esta política se apoya en un control del gasto riguroso y continuo, al tiempo que deja espacio para la ayuda social focalizada. Además, la expectativa oficial es que las reformas en los marcos tributario, previsional y fiscal refuercen este anclaje. Con la publicación de este documento, la entidad presidida por Kristalina Georgieva reveló que en las negociaciones con Economía se consensuó bajar la meta fiscal en 0,8 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con la primera revisión.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la difusión del acuerdo.

En febrero, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un resultado financiero de $144.421 millones, con un resultado primario de $1.410.640 millones y pagos de intereses de deuda pública por 1.266.218 millones de pesos. Así, en los primeros dos meses del año, el SPN acumuló un superávit financiero cercano a 0,1% del PIB y un superávit primario aproximado de 0,4% del PIB.

Pero el dato está en que el resultado fiscal superavitario en los primeros dos meses se logró a pesar de la caída de la recaudación. En el acumulado de enero-marzo, los ingresos tributarios tuvieron una baja de 7,5%, lo que sumó presión sobre las cuentas públicas y condicionó la capacidad del Estado para sostener el sendero de superávit. En las últimas semanas surgieron cuestionamientos a la manera en que Economía logra el resultado positivo en las cuentas públicas: se conocieron reclamos de diferentes sectores por deudas pendientes, como por ejemplo las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o los prestadores de PAMI.

La directora de la consultora C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, analizó el cambio en la meta fiscal y señaló que el 2,2% acordado en la primera revisión del programa siempre le resultó llamativo. “El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos. Incrementar el superávit primario a 2,2% era excesivo y muy complicado de sostener”, destacó en diálogo con Infobae.

No obstante, hay quienes consideran que, aun con el recorte, la meta sigue siendo ambiciosa. “1,4% hoy luce desafiante también; el año pasado lo lograste creciendo al 4,4%, este año el mismo FMI bajó el crecimiento a 3,5 por ciento. Tienes que bajar fuertes subsidios. ¿Cómo haces con la inflación arriba del 2,5% y el mercado interno por el piso?”, planteó un analista en off the record. Es que luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de abril se vienen “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas”, con una desaceleración de la inflación y un repunte de la actividad económica.

Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, los cambios en las proyecciones que se desprenden del comunicado “ponen metas más factibles de cumplir este año”. “De todas formas, la dinámica del primer trimestre da cuenta que también en el plano fiscal repetir el superávit primario del año pasado será un desafío. Entre otras cosas, por la necesidad de reducir subsidios en un contexto de aceleración de la inflación y caída del salario real”, sumó el economista.

Este jueves, el Ministerio de Economía debería publicar cuál fue el resultado del Sector Público Nacional (SPN) en marzo. Si bien no debería haber mayores problemas en lograr un saldo positivo, los inconvenientes podrían llegar a surgir en los próximos meses, tanto por los pagos de deuda que se realizaron a las empresas de colectivos ($50.000 millones) como también a los prestadores del PAMI ($150.000 millones).

Desembolso pendiente

Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, el desembolso de USD 1.000 millones calculan que impactaría en las reservas del Banco Central de la República de Argentina (BCRA) en mayo. Aunque los tiempos ya no dependen del Gobierno, sino de la burocracia del organismo internacional.

“Es importante destacar que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los USD 5.500 millones en lo que va del año", destacaron en el comunicado el staff del FMI. Es que a menos de cuatro meses del inicio de la “Fase 4″ del programa, la entidad que conduce Santiago Bausili logró cumplir el 58% de la meta de este año (USD 10.000 millones).

En tal sentido, el acuerdo con el Fondo determina que “las reservas internacionales netas aumentarán en al menos 8.000 millones de dólares en 2026”, impulsadas por “la movilización de financiamiento en moneda extranjera y compras sostenidas de divisas por el banco central, por un mínimo de 10.000 millones este año”.

Pese a que el BCRA retomó las compras de divisas este año, volvió a enfrentar dificultades para acumular reservas por los vencimientos de deuda del Tesoro. Tras la adquisición de USD 128 millones el miércoles, las reservas internacionales brutas se ubicaron en 45.627 millones de dólares. El desafío principal será que el área de Economía logre obtener fuentes de financiamiento que permitan al BCRA retener las divisas adquiridas.

“Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales”, destacaron en el comunicado del staff.

Esta afirmación coincide con lo expresado por el ministro Caputo, quien sostuvo que ya cuenta con un mecanismo definido para afrontar el vencimiento de USD 4.300 millones en julio, al que se sumarán los dólares obtenidos mediante la colocación de los bonos Bonar 2027 y 2028, así como los recursos provenientes de privatizaciones y concesiones de empresas públicas.

El Banco Central de Nicaragua consolidó su previsión de crecimiento económico para el año 2026 en un rango del 3.5% y 4.5%, estimación que mantiene pese a las persistentes incertidumbres internacionales derivadas de tensiones geopolíticas y cambios en el comercio global originados fundamentalmente por la guerra en Irán.

Este escenario favorable, reportado en las Perspectivas Macroeconómicas 2026 y citado por la agencia de información internacional EFE, se apoya en el desempeño sólido de las principales variables económicas y en la resiliencia demostrada ante los riesgos globales.

La entidad mantiene su pronóstico al observar indicadores económicos favorables, en particular un crecimiento continuado y una inflación proyectada entre 2.5% y 3.5% para 2026, acompañada de una tasa de desempleo promedio situada entre 3% y 3.5%.

El informe destaca la expansión económica de Nicaragua, impulsada por datos positivos registrados en el primer trimestre y sustentada aun ante adversidades externas como conflictos internacionales y alteraciones en las cadenas globales de suministro.

Proyecciones al alza y nuevos riesgos identificados

Un elemento distintivo en la revisión actual fue el ajuste al saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, cuya proyección se fortaleció debido a un comportamiento mejor al esperado.

El Banco Central de Nicaragua anticipa un superávit de la cuenta corriente entre 5% y 6% del producto interno bruto (PIB), una mejora asociada al dinamismo de las exportaciones y la resistencia a los impactos externos como la volatilidad geopolítica y posibles políticas arancelarias.

Esta expectativa positiva, no exenta de riesgos, incorpora la posibilidad de que la evolución de variables como el clima y los conflictos internacionales afecte el resultado previsto.

El organismo regulador sostuvo, en el mismo documento difundido por EFE, que el país dispone de un conjunto de instrumentos monetarios y financieros orientados a mitigar posibles riesgos, subrayando que la economía “ha dado muestras de fortalezas”, aunque reconoce que la persistencia de crisis geopolíticas y eventos climáticos constituyen amenazas latentes para el cumplimiento del escenario proyectado.

Panorama internacional y validación de organismos multilaterales

El Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral, ya había subrayado en noviembre la “resiliencia” observada en la economía de Nicaragua, en un entorno de incertidumbre comercial internacional y pese a los aranceles estadounidenses del 18% sobre ciertos productos nicaragüenses. Según el organismo internacional, el crecimiento del PIB nicaragüense será de 3.4% en 2026, cifra que coincide con la franja de previsión local y refuerza la percepción de estabilidad macroeconómica.

En el balance anual, el PIB nicaragüense creció 4.9% en 2025, comparado con 3.6% en 2024, alcanzando un quinto año consecutivo de expansión económica, tras haber registrado tres años previos con resultados negativos. Estos datos, refrendados por el Banco Central de Nicaragua, ilustran un ciclo de recuperación sostenido que posiciona al país en un escenario de relativa fortaleza en el contexto regional.

Esta expansión llevó el valor de la economía nacional a 814,420.7 millones de córdobas, cifra equivalente a USD 22,237.2 millones.

El organismo atribuyó el resultado al buen desempeño de sectores como construcción, comercio y turismo, aunque advirtió sobre la persistencia de desequilibrios en el sector externo.

El Gobierno argentino y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel de staff que habilita el acceso a cerca de USD 1.000 millones en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). La decisión sigue a “la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación clave para la agenda de reformas”, además de “ajustes al marco monetario y cambiario que han derivado en una acumulación incipiente de reservas”. Con este acuerdo, ahora sólo falta el visto bueno del Directorio del organismo para concretar el giro del dinero.

De acuerdo con el comunicado publicado por el FMI, las autoridades argentinas y el staff del organismo “llegaron a un entendimiento sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así el acceso oportuno y sostenible a los mercados”. El Fondo enfatizó que “la administración logró la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación crítica orientada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de residentes, incrementar la flexibilidad laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y destrabar inversiones en minería”.

El FMI destacó que, como resultado de estas medidas, “las compras de divisas del banco central superaron los USD 5.500 millones en lo que va del año”, lo que permitió una mejora en la capacidad del país para “gestionar shocks”. El comunicado del staff del FMI puntualizó que “la Argentina sigue resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía”. Además, subrayó que por primera vez en seis años, las empresas pudieron “repatriar dividendos”.

En cuanto a los objetivos de política económica, el staff del FMI remarcó: “El ancla principal seguirá siendo el equilibrio financiero en caja, consistente con un superávit primario de 1,4 por ciento del PBI este año, sustentado por un control estricto del gasto, aunque preservando márgenes para la asistencia social focalizada”. También se prevé que “reformas graduales en el sistema tributario, previsional y fiscal aumenten la calidad y sostenibilidad del ancla fiscal”.

Respecto al plano monetario, el comunicado indicó que “las operaciones se seguirán reforzando, con medidas inmediatas para contener la volatilidad de tasas y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”. El organismo reiteró que la política monetaria “se mantendrá restrictiva para apoyar el proceso de desinflación subyacente”, y que habrá “bandas cambiarias ampliadas y mayor transparencia a través de la publicación de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los objetivos monetarios”.

Sobre el frente externo, el acuerdo establece que “las reservas internacionales netas aumentarán en al menos 8.000 millones de dólares en 2026”, impulsadas por “la movilización de financiamiento en moneda extranjera y compras sostenidas de divisas por el banco central, por un mínimo de 10.000 millones este año”.

El esquema de financiamiento contempla “una estrategia de varios frentes para refinanciar obligaciones en moneda extranjera, mediante la emisión continua de deuda en dólares bajo legislación local, ventas de activos estatales, acuerdos de recompra del banco central y préstamos externos, con potencial respaldo de instituciones financieras internacionales”. La expectativa, según el FMI, es que esta estrategia “permita el acceso sostenible y oportuno a los mercados internacionales de capital”.

En el plano estructural, el comunicado del staff señala que “sobre la base de avances significativos en la desregulación y apertura de la economía, las reformas seguirán enfocándose en impulsar el empleo formal, los mercados de capitales domésticos, la inversión privada y la productividad, incluyendo la explotación del potencial de los sectores estratégicos del país en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”.

El FMI concluyó que “el Gobierno mantiene su compromiso con los objetivos del programa y está dispuesto a adoptar medidas de contingencia de ser necesarias, así como a buscar resultados superiores si las condiciones lo permiten”. Además, el staff del Fondo valoró “la interacción fuerte y constructiva con las autoridades y su compromiso continuo con el programa, incluyendo la implementación de medidas correctivas para subsanar retrocesos previos”.

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentado este martes proyecta que Centroamérica será una de las zonas con mayor dinamismo económico en los próximos años dentro de Latinoamérica y el Caribe.

Para 2026, el crecimiento esperado en la subregión es del 3.7 %, cifra que se mantendrá sin cambios respecto al año anterior y que evidencia la relevancia de factores como el consumo doméstico y el flujo constante de remesas, detalla una nota de la agencia EFE.

En el caso específico del Caribe, el FMI anticipa un crecimiento de 5.7 % en 2026 y un salto de 8.6 % en 2027, influido por una recuperación significativa del turismo y la exposición continua a factores internacionales que pueden modificar el escenario económico.

Según las estimaciones, la economía latinoamericana y caribeña en su conjunto crecerá 2.3 % en 2026, una décima más de lo previsto en la proyección de enero, pero una menos respecto a 2025, dice EFE.

Este resultado se produce en un contexto global marcado por la incertidumbre, derivada principalmente de los conflictos internacionales y sus repercusiones en los mercados de materias primas y las condiciones financieras.

El FMI advierte que los países de la región enfrentan desafíos diferenciados según su perfil de importación o exportación de energía y materias primas. Aquellas economías dependientes de la compra de energía son más vulnerables a las variaciones externas, mientras que los exportadores pueden registrar beneficios parciales.

Factores que inciden en el crecimiento

El informe subraya que el encarecimiento de las materias primas y la desaceleración de la demanda global continúan condicionando el desarrollo económico de la región. Además, la mayor restricción financiera internacional afecta de manera desigual a cada país.

La integración regional se identifica en el informe como una estrategia relevante. El FMI cita el acuerdo reciente entre Mercosur y la Unión Europea como ejemplo de una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales y diversificar los destinos de exportación de los países latinoamericanos.

Resumen de tendencias regionales

Las expectativas de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en 2026 se ven influenciadas por el contexto internacional y los factores internos de cada país.

Centroamérica y el Caribe destacan como motores de la región, mientras que el resto de las economías muestran ritmos diversos, algunos con señales de desaceleración y otros con descensos marcados.

El FMI resalta la importancia de la integración regional y la diversificación de exportaciones para afrontar la volatilidad global y sostener el desarrollo económico en los próximos años.

Según el informe de perspectivas del FMI, la economía de Latinoamérica avanzará este año más que en 2025, pese a la elevada incertidumbre global desatada a raíz de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que hará que otras grandes regiones del mundo sufran una ralentización.

De cara a 2027, el organismo mantiene que la región crecerá el 2.7 %, tal y como había calculado en enero, aunque respecto a su previsión del pasado octubre, supone una décima más.

En el caso específico de El Salvador el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó en principio un crecimiento del 2.5 por ciento en 2025 y 2026, pero en diciembre de 2025 ajustó la cifra, anticipando un crecimiento alrededor del cuatro por ciento para 2025, con perspectivas favorables para 2026 .

Se espera que se publique el informe completo del FMI, para conocer las actuales perspectivas para cada país de la región, pero todo apunta a que las proyecciones serán favorables, así como para Centroamérica.

El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía peruana mantendrá un ritmo de expansión moderado en los próximos años. De acuerdo con su más reciente informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el producto interno bruto del país avanzaría 2,8% tanto en 2026 como en 2027, ubicándose por encima del promedio regional estimado para esos mismos periodos.

Este desempeño, aunque menor al registrado en 2025, cuando el país creció 3,4%, refleja una resiliencia relativa frente a un entorno internacional complejo. El organismo advierte que la evolución económica global estará marcada por tensiones geopolíticas y condiciones financieras más exigentes, factores que seguirán condicionando el dinamismo de las economías emergentes, incluida la peruana.

América Latina avanza con cautela

El FMI estima que América Latina y el Caribe crecerán 2,3% en 2026, una ligera desaceleración frente al año previo, aunque superior a lo previsto en su informe de enero. Para 2027, el crecimiento regional alcanzaría 2,7%, manteniendo una trayectoria de recuperación gradual, aunque sin un impulso significativo.

Según el organismo, este comportamiento se da en un contexto de elevada incertidumbre internacional, influido por conflictos geopolíticos que afectan el comercio y la inversión global. A pesar de ello, la región lograría expandirse a un ritmo mayor que en 2025, aunque con diferencias importantes entre países y subregiones.

Centroamérica mostraría un crecimiento de 3,7% en 2026 y 4% en 2027, sostenido principalmente por el consumo interno y el flujo de remesas. En tanto, el Caribe destacaría con tasas de 5,7% en 2026 y 8,6% en 2027, impulsadas por la recuperación del turismo, aunque con vulnerabilidad frente a choques externos.

Factores externos marcan el desempeño

El informe subraya que el comportamiento económico de la región seguirá condicionado por variables externas. Entre ellas destacan el encarecimiento de materias primas, condiciones financieras más restrictivas y una menor demanda global.

En este escenario, las economías importadoras de energía enfrentan mayores riesgos debido al aumento de costos, mientras que los países exportadores de commodities podrían amortiguar parcialmente estos impactos. No obstante, el balance general continúa siendo desafiante.

El FMI también resalta que el actual contexto ha incentivado a varios países a reforzar sus vínculos comerciales mediante acuerdos de integración. Ejemplo de ello es el reciente pacto entre Mercosur y la Unión Europea, que podría contribuir a diversificar exportaciones y fortalecer el comercio exterior en el mediano plazo.

Desempeño dispar entre grandes economías

Entre los principales países de la región, Brasil experimentaría una desaceleración, con un crecimiento de 1,9% en 2026, por debajo del 2,3% registrado en 2025. Para 2027 se prevé una leve mejora a 2%, aunque limitada por la menor demanda externa y condiciones financieras más estrictas.

México, por el contrario, mostraría una recuperación progresiva tras un débil 2025. El FMI proyecta un crecimiento de 1,6% en 2026 y 2,2% en 2027, en un entorno influido por políticas fiscales más ajustadas y tensiones comerciales con Estados Unidos.

Argentina mantendría uno de los desempeños más sólidos, con expansiones de 3,5% en 2026 y 4% en 2027, respaldadas por reformas económicas y un proceso de estabilización que mejora la confianza. Colombia y Chile, en tanto, registrarían crecimientos moderados, en línea con el contexto externo.

Perú y la región andina

En el caso de Perú, el crecimiento de 2,8% proyectado para 2026 y 2027 refleja una desaceleración respecto al año previo, aunque se mantiene por encima del promedio regional. El FMI atribuye este desempeño a factores como la menor demanda externa y el aumento de los costos energéticos.

Chile seguiría una trayectoria similar, con expansiones de 2,4% y 2,6% en los próximos dos años. Ecuador, por su parte, evidenciaría una desaceleración, mientras que Venezuela mostraría una recuperación más dinámica tras años de bajo crecimiento.

Bolivia enfrentaría una contracción económica en 2026, mientras que Paraguay y Uruguay registrarían avances moderados, consolidando un panorama regional heterogéneo, donde las condiciones externas y las políticas internas seguirán siendo determinantes para el crecimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza arribarán este miércoles a Washington D.C. para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La agenda oficial incluye la intervención de la delegación en diversos paneles sobre economía global y un extenso cronograma de reuniones bilaterales con referentes de organismos internacionales y bancos de desarrollo.

El titular del Palacio de Hacienda mantendrá encuentros con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de una cumbre que convoca a ministros y autoridades económicas de todo el mundo. El diálogo bilateral con Georgieva figura como uno de los puntos centrales, dada la relevancia del vínculo entre la Argentina y el organismo internacional en medio de las negociaciones por la segunda revisión del acuerdo que está en debate desde febrero y destraba el desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares.

Todas las expectativas estarán puestas en este encuentro y en las señales que se puedan enviar sobre cómo avanzan las negociaciones. Según pudo saber Infobae, con el viaje de la delegación argentina a fines de febrero, que encabezó Daza, el objetivo era cerrar la revisión a nivel técnico y que luego continúe el proceso burocrático del organismo.

Y si bien el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya superó el 57% de la meta de compra de dólares para este año, el desembolso de USD 1.000 millones ayudará a reforzar las reservas. Al martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, logró comprar USD 5.721 millones y las reservas internacionales brutas se ubican en el terreno de 45.873 millones de dólares.

La clave estará en las nuevas metas de acumulación que se fijen para este año y en ver si el ministro Caputo logró convencer al FMI de modificar el cronograma de objetivos, que en lugar de ser trimestral sea anual. En una entrevista, semanas atrás, Caputo dijo: “Para mí, decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”.

Tras la finalización de la primera revisión, se fijó que, al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA debían estar en USD -3.100 millones (antes USD 900 millones positivas), USD 1.600 millones al cierre del segundo trimestre (antes USD 5.100 millones), y USD 8.400 millones en diciembre (antes USD 10.400 millones).

La agenda en Washington

Durante la estadía en la capital estadounidense, el ministro de Economía también tiene en agenda una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, quien encabeza una de las principales instituciones de financiamiento del desarrollo a nivel global. La relación con el Banco Mundial se mantiene como un eje estratégico para la política económica argentina en materia de inversiones y asistencia técnica.

El cronograma del ministro suma encuentros con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y con el presidente de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados. Estas dos entidades concentran buena parte de los programas de financiamiento destinados a la región y, en especial, a proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en América Latina.

La participación de Caputo no se limita a los encuentros bilaterales. El funcionario se sentará en la reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial, donde se abordan los principales desafíos económicos globales y las estrategias de cooperación entre países de distintas regiones. Además, formará parte del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), órgano asesor de la Junta de Gobernadores del FMI, que concentra las discusiones sobre políticas monetarias, estabilidad financiera y perspectivas de crecimiento.

Entre las actividades programadas figura el encuentro de ministros del G20, en el que se debatirán cuestiones vinculadas a la economía global y la Educación Financiera Global. Este foro representa una instancia de diálogo entre las principales economías del planeta y ofrece un marco para el intercambio de políticas y experiencias sobre temas económicos de alcance mundial.

La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Oriente Medio, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicados el martes, que prevén un crecimiento del 3,1%, una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales.

Estados Unidos se verá menos afectado por el conflicto que desencadenó junto a Israel con bombardeos sobre Irán el 28 de febrero. El crecimiento de su economía es ahora estimado por la institución en un 2,3% en 2026, 0,1 puntos porcentuales menos que lo previsto en la anterior publicación en enero.

“Nuestras previsiones de referencia se basan en un conflicto relativamente corto, con una perturbación temporal del mercado energético que desaparecería el año próximo”, subrayó Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, en declaraciones a la AFP.

Pero “antes de la guerra nos preparábamos para revisar nuestras previsiones al alza hasta el 3,4%”, recalcó. “Cada día que pasa y cada día que tenemos más perturbaciones energéticas, nos deslizamos hacia la situación más adversa”, añadió Gourinchas en rueda de prensa

Impacto desigual

Si el conflicto llegara a prolongarse, el impacto podría ser enorme: el peor escenario contempla un crecimiento del 2%, una caída que recuerda a episodios de contracción como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020.

La fuerte subida de los precios del petróleo debería impulsar la inflación al alza, cuando hasta ahora seguía moderándose, para alcanzar una media del 4,4% a nivel mundial, es decir, 0,6 puntos más que la previsión del FMI en enero.

Si el conflicto se resuelve en la mesa de negociaciones, “debería producirse un ligero aumento de la inflación subyacente, excluidos alimentos y energía, pero no debería prolongarse, y los precios deberían retomar su trayectoria de desaceleración en 2027”, anticipó el economista jefe del Fondo.

El impacto del conflicto, tanto en términos de pérdida de crecimiento como de aumento de precios, se reparte de manera desigual en el mundo: los precios deberían aumentar con más fuerza en los países emergentes o en desarrollo que en las economías avanzadas, donde deberían volver más rápidamente a acercarse al 2% en 2027.

“El impacto en los mercados emergentes y las economías en desarrollo se duplicará respecto a las economías avanzadas”, considera el Fondo en su informe. Sin gran sorpresa, la región de Oriente Medio, África del Norte y Asia Central es la más afectada.

Arabia Saudita, principal economía de la región, ve su crecimiento revisado al 3,1% para este año, 1,4 puntos menos que la estimación anterior del FMI, antes de experimentar a priori una expansión en 2027.

En América Latina y el Caribe, las perspectivas se mantienen incluso ligeramente al alza (+0,1 puntos porcentuales), con una subida del 2,3%.

Los emergentes resisten, las economías avanzadas menos

Entre los demás países emergentes o en desarrollo, el impacto debería ser dispar, con una revisión del crecimiento a la baja más acusada en África subsahariana o en Europa Central y del Este que en el continente asiático, por ejemplo.

El impacto debería ser mínimo, o incluso inexistente, para las principales economías emergentes: China perdería solo 0,1 puntos de crecimiento este año, hasta 4,4%, mientras que India ve su crecimiento revisado al alza en 0,1 puntos, hasta el 6,5%, y Brasil en 0,3 puntos, hasta el 1,9%.

Otro posible beneficiado es Rusia, cuyo crecimiento debería situarse en el 1,1% este año, frente al 0,8% de la estimación anterior. Para Moscú, la subida de los precios del petróleo es “una buena noticia en términos de ingresos por exportaciones”

“Es una de las principales razones que nos han llevado a revisar al alza nuestra proyección de crecimiento para Rusia”, explicó el jefe economista del FMI. La zona euro ve su crecimiento revisado a la baja en 0,2 puntos, hasta el 1,1% ahora previsto, pero con un impacto que será diferente de un país a otro.

España pierde 0,2 puntos porcentuales sobre la estimación anterior, para situarse en 2,1% de aumento del PIB (1,8% en 2027).Alemania solo crecerá un 0,8% y Francia un 0,9%.

(AFP)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó nuevas estimaciones para la economía argentina que modifican sustancialmente el panorama esperado para 2026. Entre los datos de su informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus siglas en inglés), Argentina pasará a mostrar un crecimiento de 3,5% en el Producto Interno Bruto (PIB), medio punto porcentual menos que lo previsto en octubre, y una inflación anual esperada del 30,4%, casi el doble de la proyección anterior. La actualización se difundió en el marco de un contexto global que el propio FMI describe como atravesado por un “choque de oferta negativo” y un fuerte encarecimiento de los costos internacionales por el conflicto en Medio Oriente.

El recorte en la expectativa de crecimiento para Argentina se produce tras seis meses en los que el organismo había anticipado una recuperación más dinámica. En octubre, el reporte situaba el avance del PIB en 4,0% para 2026, pero la nueva proyección de abril rebaja esa cifra a 3,5%. La diferencia de -0,5 puntos porcentuales responde, según el FMI, al impacto de la menor demanda global y las dificultades provocadas por la guerra y el cierre de rutas comerciales, factores que afectan de forma directa la velocidad del rebote económico.

En contraste con este recorte, la proyección de inflación sufrió un salto aún más pronunciado. El informe de octubre ubicaba la suba de precios en 16,4%, pero la actualización la lleva a 30,4%. La diferencia de 14 puntos porcentuales refleja que las condiciones externas han amplificado la persistencia de la inflación en el país. El organismo atribuye este ajuste a los efectos multiplicadores de los aumentos de los costos de energía y transporte a nivel global, que en el caso argentino se potenciaron, dificultando la convergencia a tasas de un solo dígito.

El informe del FMI también presenta comparaciones regionales. Las previsiones del organismo muestran que, a pesar del recorte, Argentina mantiene un crecimiento esperado por encima del promedio de América Latina. El FMI estima un aumento del 2,3% para el conjunto de América Latina y el Caribe, mientras que países como Brasil y México registrarían subas del 1,9% y 1,6%, respectivamente. Chile, por su parte, mejora su estimación a 2,4%, cuatro décimas por encima de lo proyectado en octubre.

En el resto de América del Sur, las cifras evidencian matices. Perú sube levemente su expectativa a 2,8%, Ecuador pasa de 2,0% a 2,5% y Paraguay avanza de 3,7% a 4,2%. Venezuela destaca por el mayor salto, al revisar el FMI su proyección de -3,0% a 4,0%, una diferencia de siete puntos porcentuales. Por el contrario, Uruguay experimenta una baja de 0,6 puntos, y El Caribe muestra una corrección negativa de 2,5 puntos.

El impacto de la revisión del FMI se percibe en el contexto de una economía global marcada por la incertidumbre. El organismo advierte sobre el efecto de los conflictos y la alteración en las cadenas logísticas, que repercuten en el comercio y en la formación de precios. En ese escenario, los países que dependen de importaciones energéticas o que enfrentan dificultades de acceso a insumos ven agravadas sus presiones inflacionarias.

En el caso argentino, la combinación de un crecimiento menor y una inflación más alta reestructura los desafíos para la política económica. La perspectiva de una suba de precios que duplica la estimación previa y la persistencia de factores externos adversos alejan el objetivo de estabilización que se vislumbraba seis meses atrás. El informe señala que el nuevo escenario “descarta la visión de una desinflación rápida hacia el 16%”, y coloca el foco en la necesidad de adaptarse a un entorno internacional más complejo.

La publicación del FMI resalta que el promedio de crecimiento estimado para América Latina y el Caribe se mantiene en 2,3%, sin cambios respecto al reporte anterior.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer sus nuevas proyecciones económicas para la Argentina y el mundo este martes. Y en conferencia de prensa los técnicos del organismo explicaron los motivos por los que espera un crecimiento menor y una inflación superior a la prevista seis meses atrás. Durante la presentación del último World Economic Outlook, Petya Koeva Brooks, vicedirectora del Departamento de Investigación del FMI, detalló la dinámica que llevó al organismo a modificar sus estimaciones para el país.

En el escenario internacional, el FMI identificó un contexto dominado por el encarecimiento de la energía, la persistencia de conflictos y el impacto de los precios internacionales en las economías emergentes. En ese marco, la Argentina mostró un ajuste tanto en las previsiones de crecimiento como en las de inflación, en línea con la tendencia observada en otras naciones de la región.

Petya Koeva Brooks explicó que la corrección en la proyección de crecimiento para la Argentina responde, en primer lugar, a la pérdida de impulso en la actividad económica local hacia el cierre del año pasado. En sus palabras: “Allí tenemos una rebaja del crecimiento este año de medio punto. Así que ahora estamos esperando que el crecimiento sea de 3,5 por ciento. Esto se debe en gran medida al menor impulso en la actividad que vimos en la segunda mitad del año pasado. Y creo que ese es el factor principal”.

El informe actualizado del FMI, publicado en abril de 2026, ubicó la expectativa de crecimiento de la Argentina en 3,5% para este año. En octubre pasado, el organismo había estimado un avance del 4,0%, por lo que el recorte representa medio punto porcentual. Este ajuste coloca al país todavía por encima del promedio regional, ya que el FMI proyectó un crecimiento de 2,3% en América Latina y el Caribe, pero señala una desaceleración respecto a lo anticipado seis meses atrás.

Según la funcionaria, la condición de exportador neto de la Argentina juega un papel relevante en el impacto de los términos de intercambio globales. “Argentina es un exportador neto [de petróleo]. Así que el impacto positivo de la mejora en los términos de intercambio también se ve compensado por el hecho de que, con los precios más altos de las materias primas y la inflación que está erosionando el ingreso real, y como en otros países, eso opera en la dirección opuesta”, indicó.

El FMI detectó que la mejora de los precios internacionales de las commodities, que suele beneficiar a los países exportadores como la Argentina, no logró contrarrestar el efecto negativo de la inflación interna. El encarecimiento de los bienes básicos, sumado a la suba de los costos internacionales de transporte y energía, generó un escenario de precios más persistentes y erosión del poder adquisitivo para los hogares.

En relación a los precios internos, el informe del FMI marcó un salto significativo de la inflación esperada en la Argentina para 2026. La proyección subió del 16,4% reportado en octubre a un 30,4% en la última actualización, lo que implica un aumento de 14 puntos porcentuales en las previsiones para 2026. Para explicar este fenómeno, Koeva Brooks describió la dinámica observada en los últimos meses: “Vimos que la inflación bajó de 118% a finales de 2024 a 31,5% a finales de 2025. Esperamos que el proceso de desinflación continúe, pero un poco más gradualmente que en nuestra previsión anterior”.

La funcionaria atribuyó el ritmo más lento de la desinflación a la presión de los precios internacionales y a la persistencia de factores externos adversos. El informe del FMI advierte que la convergencia hacia niveles de inflación de un solo dígito, que se vislumbraba en octubre, quedó postergada por el “shock de oferta negativo” y el encarecimiento global de insumos estratégicos.

La conferencia de prensa del FMI incluyó la participación de Pierre-Olivier Gourinchas, director del Research Department; Deniz Igan, Division Chief, Research Department; y Jose Luis De Haro, Communications Officer, además de la intervención de Petya Koeva Brooks. El organismo remarcó que la volatilidad internacional y la evolución de los conflictos seguirán definiendo el escenario para los próximos meses.

La Argentina podrá alcanzar el acuerdo a nivel de personal técnico, conocido como staff level agreement, con el Fondo Monetario Internacional sobre la segunda revisión de su programa de USD 20.000 millones de dólares, durante esta semana, según dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.

El acuerdo seguiría a una revisión que se ha prolongado durante meses, después de que los técnicos del FMI visitara Buenos Aires a principios de febrero. El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará a Washington mañana para las reuniones de primavera del FMI, aproximadamente un año después desde que el gobierno del presidente Javier Milei comenzó el programa con el Fondo.

Si la revisión es aprobada por el directorio ejecutivo del FMI, la Argentina recibiría un desembolso de 1.000 millones de dólares. El país comenzará los pagos de capital en septiembre correspondientes a su acuerdo previo con el organismo multilateral.

La oficina de prensa del FMI y el Ministerio de Economía de Argentina no hicieron comentarios durante el lunes.

Un tema clave a lo largo de este programa y de los anteriores ha sido la dificultad de la Argentina para acumular reservas internacionales en el Banco Central, un requisito fundamental para el FMI. Poco después de iniciado el programa, el gobierno de Milei tuvo que solicitar una dispensa por no cumplir con la meta de acumulación de reservas del programa del FMI, un tema que los inversores extranjeros siguen de cerca.

Por ahora, Milei ha optado por no regresar a los mercados internacionales, lo que significa que su gobierno a menudo recurre a las reservas del Banco Central cuando necesita pagar a una institución multilateral o a los tenedores de bonos soberanos.

La autoridad monetaria comenzó a comprar reservas diariamente en enero y ha acelerado significativamente el ritmo en los últimos días debido a la cosecha gruesa en Argentina, una importante fuente de divisas. La pregunta pendiente es si podrá no solo comprar, sino también acumular reservas mientras el gobierno retrasa el regreso a los mercados.

Según pudo saber Infobae con fuentes oficiales del Ministerio de Economía, la comitiva encabezada por Caputo estará integrada además por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Washington comenzaron ayer y se extenderán hasta el sábado 18 de abril. Sin embargo, el ministro no participará del comienzo de las sesiones dado que hoy se quedará en Buenos Aires para asistir al evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial congregan a ministros de economía y presidentes de bancos centrales de todo el mundo. Caputo podría mantener una reunión bilateral o un encuentro informal con la directora del organismo, Kristalina Georgieva. La agenda oficial aún no fue dada a conocer.

Desde febrero, funcionarios de Economía se encuentran en conversación con los equipos del FMI por la segunda revisión. En los primeros días del segundo mes del año, una misión del organismo internacional visitó Buenos Aires para debatir sobre el acuerdo. Luego las conversaciones continuaron a finales del mes cuando una delegación argentina, encabezada por el viceministro Daza, viajó a Estados Unidos. En esa oportunidad, las intenciones eran que se cerraran las discusiones a nivel técnico y que continuara el proceso burocrático del organismo.

De esa forma, la definición del aval del FMI en la segunda revisión del programa podría llegar en los próximos días. La Argentina llega a esta instancia exhibiendo un giro importante en lo relativo a la compra de dólares orientada a la acumulación de reservas del Banco Central.

Tras la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA ya compró USD 5.536 millones, cifra que representa más de la mitad de la meta anual pautada. El viernes 10, la autoridad monetaria había adquirido USD 457 millones, la segunda cifra más alta para una sola jornada de la era Milei. Aún con ese volumen fuerte de compras, el fortalecimiento de las reservas estuvo limitado por la demanda de dólares del Tesoro para afrontar vencimientos en moneda extranjera. Buena parte de las divisas obtenidas en el mercado cambiario se destinó al pago de compromisos, lo que impidió que se reflejaran completamente en las reservas internacionales.

Con información de Bloomberg

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará el martes que viene a Washington D.C. para representar a la Argentina en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La delegación argentina visitará a Estados Unidos cuando aún no se aprobó la segunda revisión del acuerdo, que hace dos meses se encuentra en negociación, y es lo que destraba el desembolso pendiente por USD 1.000 millones que impactará sobre las reservas.

Según pudo saber Infobae con fuentes oficiales del Ministerio de Economía, además de Caputo, la comitiva estará integrada por el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. Las reuniones se desarrollarán desde el próximo lunes 13 de abril hasta el sábado 18 de abril. Sin embargo, el ministro no asistirá el primer día, dado que debe permanecer en Buenos Aires para asistir al evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial congregan a ministros de economía y presidentes de bancos centrales de todo el mundo. Caputo podría mantener una reunión bilateral o un encuentro informal con la directora del organismo, Kristalina Georgieva. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron a Infobae que la semana que viene se va a dar a conocer la agenda oficial.

La meta de reservas

Desde febrero, funcionarios de Economía se encuentran en conversación con los equipos del FMI por la segunda revisión. En los primeros días del segundo mes del año, una misión del organismo internacional visitó Buenos Aires, Argentina, para debatir sobre el acuerdo. Luego las conversaciones continuaron a finales del mes cuando una delegación argentina, encabezada por el viceministro Daza, viajó a Estados Unidos. En esa oportunidad, las intenciones eran que se cerraran las discusiones a nivel técnico y que continuara el proceso burocrático del organismo.

Especialistas prevén que el Gobierno recibirá un waiver (dispensa) del FMI, ya que el BCRA incumplió la meta de acumulación de reservas en 2025. El principal obstáculo surge en la definición de los nuevos objetivos: aunque el BCRA tuvo buen ritmo de compras de dólares en los primeros meses de 2026, las dificultades persisten.

El principal obstáculo surge en la definición de los nuevos objetivos: aunque el BCRA tuvo buen ritmo de compras de dólares en los primeros meses de 2026, las dificultades para acumular reservas persisten

Desde principios de año, el BCRA compró cerca de USD 5.000 millones, aproximadamente la mitad de la meta prevista para 2026 (USD 10.000 millones). Sin embargo, estas compras no se tradujeron en igual medida en las reservas brutas: la mayor parte de los dólares adquiridos por el BCRA fue absorbida por el Tesoro, que los utilizó para pagos y obligaciones inmediatas en moneda extranjera.

El ministro Caputo había manifestado que esto no sucedería este año, ya que Argentina -supuestamente- disponía de fuentes de financiamiento internacional para afrontar los vencimientos de deuda pública.

Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, dijo a Infobae que el punto central de la discusión de la segunda revisión del FMI no pasa por la política fiscal ni por la emisión monetaria, sino por la dificultad para transformar las compras de dólares en reservas acumuladas.

Menescaldi resaltó que la falta de acceso al mercado internacional obliga al Gobierno a depender casi exclusivamente de las compras diarias en el mercado cambiario, que luego el Tesoro utiliza para gastos y obligaciones inmediatas, anulando el efecto positivo sobre las reservas netas.

La falta de acceso al mercado internacional obliga al Gobierno a depender casi exclusivamente de las compras diarias en el mercado cambiario, que luego el Tesoro utiliza para gastos y obligaciones inmediatas (Menescaldi)

Luis Caputo, ministro de Economía

Así, aunque el Banco Central muestre capacidad de compra, la transferencia de esos dólares al Tesoro impide un incremento significativo en la reserva neta. El principal desafío trasciende la generación de divisas y reside en la retención real de esos dólares en el stock oficial.

Objetivos trimestrales y contexto de financiamiento externo

Este año, tras la finalización de la primera revisión, se fijó que, al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA debían estar en USD -3.100 millones (antes USD 900 millones positivas), USD 1.600 millones al cierre del segundo trimestre (antes USD 5.100 millones), y USD 8.400 millones en diciembre (antes USD 10.400 millones).

El escenario de negociación está condicionado por la limitada capacidad de acceso a fuentes alternativas de financiamiento. El equipo económico descarta salir a emitir deuda dada la situación del nivel del índice de riesgo país, aunque en la última semana descendió a 550 puntos básicos.

Sin acceso a dólares frescos en los mercados, el Banco Central depende del superávit comercial y de la intervención diaria en el mercado cambiario, que, a pesar de ser relevante, no logra reflejarse en un incremento sustancial de reservas netas por la absorción de fondos que realiza el Tesoro.

Sin acceso a dólares frescos en los mercados, el Banco Central depende del superávit comercial y de la intervención diaria en el mercado cambiario

Cuando se oficialice el nuevo acuerdo, además de las metas que se fijen de acumulación de reservas, se verá si el ministro logró convencer al FMI de cambiar el cronograma y que, en lugar de ser trimestral, sea anual.

Caputo dijo en la semana en una entrevista: “Para mí, decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”.

Con la presencia de Caputo, Daza y Bausili en los Estados Unidos, el objetivo será mostrar fortaleza institucional en las conversaciones con el FMI y representantes de países miembros del organismo para avanzar en la aprobación del desembolso de USD 1.000 millones. La estrategia de compras del Banco Central, y la administración de fondos por parte del Tesoro, continuará como eje del debate en las próximas semanas.

En los próximos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Estados Unidos, para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Si bien hay cierta expectativa sobre si en las próximas horas podría haber novedades desde Washington DC respecto a la segunda revisión del acuerdo, la publicación del staff report y el desembolso pendiente de los USD 1.000 millones, todo hace prever que será luego del evento global del organismos. Así al menos se lo sugirieron ayer fuentes oficiales a Infobae. Como sea, todo podría pasar.

Como sea, una comitiva integrada por Caputo, el viceministro Jose Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, partirán a Estados Unidos en la próximas horas. El evento de Fondo y el Banco Mundial se desarrollará desde el lunes 13 de abril hasta el sábado 18, aunque todavía no hay confirmación de cuándo arribaría la delegación argentina y si lo harán en conjunto. Hasta el martes, el ministro estará en Buenos Aires ya que está previsto que sea parte del evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, AmCham.

La expectativa del mercado, más allá del waiver (dispensa) por haber incumplido la meta de acumulación de reservas, está en conocer los detalles del staff report. Es el documento elaborado por los equipos técnicos del organismo, luego de las conversaciones con los funcionarios de Economía, en el que se se fijan las nuevas metas, se dan a conocer proyecciones y se deslizan eventuales cuestionamientos a la evolución del programa.

La expectativa estará en que haya una reunión bilateral o informal con la directora del organismo, Kristalina Georgieva, e intentar descifrar en la publicación de una foto —como suele suceder— el estado de las negociaciones en curso. Ante la consulta de este medio, fuentes de Economía no confirmaron el encuentro y detallaron que la semana que viene se dará a conocer la agenda oficial de la comitiva. La última vez que el ministro se cruzó públicamente con la directora del Fondo fue en enero durante el Foro Económico Mundial que se desarrolló en Davos, Suiza.

Demora en aprobación

La demora en la aprobación de la segunda revisión es una cuestión que genera inquietud en el mercado. Las negociaciones comenzaron en febrero, cuando una comitiva del Fondo visitó Buenos Aires, y luego continuaron con un viaje de una delegación de Economía, encabezada por Daza, a finales de ese mes, en el que se pretendió cerrar el acuerdo técnico.

Cuando se conozca el staff report, el foco va a estar puesto en las nuevas metas de acumulación de reservas por parte del BCRA para este año y si Caputo logró convencer al Fondo de modificar el cronograma de trimestral a anual, como dijo que pretendía. “Para mí, decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”, sostuvo en una entrevista.

Metas de acumulación

Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplirla, en gran parte por la política cambiaria que se autoimpuso de no comprar reservas hasta que toque el piso de la banda, pero también -en menor medida- por las que vendió para contener el dólar en la previa de las elecciones legislativas.

Aunque a esta instancia, el BCRA llega con una mejor performance. Es que desde el 1 de enero, comenzó la “nueva fase” del programa económico y con ello, las bandas comenzaron a ajustarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la entidad que conduce Santiago Bausili ya superó el 45% de la meta que se fijó para este año. Hasta la fecha, miércoles 8 de abril, el BCRA compró USD 4.581 millones, aunque las reservas internacionales brutas continúan en el terreno de los USD 44.000 millones. Es que gran parte de las reservas que se compraron no se acumularon por pago de vencimientos en moneda extranjera.

Para este año, tras la finalización de la primera revisión, se fijó que al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA deben estar en USD -3.100 millones (antes USD 900 millones). Para el fin del segundo trimestre, en USD 1.600 millones (antes USD 5.100 millones) y en diciembre en USD 8.400 millones (antes USD 10.400 millones).

La misión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Colombia para preparar el informe sobre la economía local, pero encontró un escenario inesperado.

El Ministerio de Hacienda dejó plantada a la delegación del FMI, cancelando la reunión pactada a último momento, según reportó Blu Radio. El hecho ocurre en medio de un clima de fricción institucional, en la que la relación entre el Gobierno y el Banco de la República atraviesa uno de sus momentos más tensos.

La visita del FMI, en medio de la elaboración del informe del Artículo IV, suele incluir encuentros con los principales actores económicos del país, entre ellos el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con el medio mencionado, la cancelación ocurrió apenas media hora antes de la cita, dejando en el aire si habrá una nueva convocatoria antes de que la misión concluya su agenda en Bogotá.

El Banco de la República, tradicional anfitrión de la delegación internacional, mantiene el vínculo formal con el Fondo y se encuentra en el centro del debate por la autonomía de la política monetaria.

Contexto de ruptura institucional

Este episodio coincide con un distanciamiento notorio entre el Gobierno central y el Banco de la República, entidad responsable de gestionar la relación con el FMI. La falta de coordinación se hizo evidente tras la cancelación abrupta de la reunión, que debió haber contado con la presencia de funcionarios de Hacienda y representantes del FMI.

En 2025, la publicación del informe del Artículo IV del FMI también estuvo marcada por retrasos.

El documento final advirtió que Colombia carece de un marco de política económica robusto para mantener el acceso a la línea de crédito flexible, y subrayó que “el aumento del déficit fiscal y de los niveles de deuda se han traducido en un incremento de los diferenciales soberanos, a la vez que las incertidumbres en materia de políticas continúan debilitando la inversión privada”.

El debate por la autonomía del Banco de la República

Mientras tanto, la tensión institucional escaló con la radicación de una demanda ante el Consejo de Estado. El recurso solicita la nulidad de un artículo del decreto 2520 de 1993, que establece que la Junta Directiva del Banco de la República solo puede sesionar con la presencia del ministro de Hacienda.

El texto impugnado señala: “La Junta Directiva solamente podrá sesionar, deliberar y decidir con la asistencia de por lo menos cinco de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá”.

La parte demandante argumenta que esta disposición contraviene los artículos 371 y 372 de la Constitución Política de Colombia, que otorgan autonomía técnica, administrativa y financiera al Banco de la República.

Según la demanda, “el sentido de dicha coordinación está supeditado a lo señalado en el artículo 372, de acuerdo con el cual los miembros de la Junta Directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación. Es decir que, si algún aspecto de la política económica general resulta contrario al interés general de la Nación, ningún miembro de la Junta Directiva, incluido el ministro de Hacienda, deberá incorporar dicho aspecto en sus decisiones”.

El documento sostiene que la exigencia de la presencia del Ministro convierte un deber funcional en un requisito de validez de las decisiones de la Junta, otorgando al Gobierno Nacional un poder de veto sobre la política monetaria.

La demanda, presentada en un momento de alta tensión, se suma a la incertidumbre generada por la reciente ausencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la última sesión de la Junta Directiva del Banco de la República. No hay confirmación sobre su asistencia a la próxima reunión, lo que pone en duda la capacidad del órgano para sesionar y adoptar decisiones clave para la economía.

La semana que viene, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington D.C., Estados Unidos, para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Un marco que genera expectativa por la posibilidad de un nuevo encuentro con la titular del organismo internacional, Kristalina Georgieva, a la espera de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron en febrero pasado y son las que destraban el desembolso pendiente por USD 1.000 millones.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que la comitiva que viajará va a estar integrada por Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. Aunque por el momento no se conoce cuándo partirán a Estados Unidos, como tampoco si lo harán en conjunto. Las reuniones de primavera se desarrollan desde el próximo lunes 13 de abril hasta el sábado 18.

Un dato es que el martes 14 de abril, el ministro Caputo va a participar en Argentina del evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). Por lo que se descarta que se encuentre durante la jornada inaugural de las reuniones de primavera, el lunes 13 de abril, aunque no por ello que asistan otros integrantes de la comitiva oficial.

Las reuniones de primavera son un marco propicio para que el ministro Caputo pueda mantener una reunión bilateral o un encuentro informal con Georgieva. Ante la consulta de Infobae a fuentes de Economía, no descartaron la posibilidad al responder que la semana que viene se va a dar a conocer la agenda de la comitiva en Estados Unidos.

Segunda revisión

Las expectativas por la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo se acrecentaron en los últimos días. Es que las negociaciones por la segunda revisión comenzaron en febrero cuando una misión del organismo internacional visitó Buenos Aires, Argentina. Y luego, a finales de ese mes, una delegación encabezada por el viceministro Daza viajó a Estados Unidos para continuar con las negociaciones.

Fue en ese entonces que fuentes del Ministerio de Economía hicieron saber a Infobae que las intenciones eran cerrar las conversaciones a nivel técnico de la segunda revisión del acuerdo en esa instancia y que luego continuara por los pasos burocráticos del organismo.

Y si bien hoy el equipo económico no necesita con urgencia que se apruebe la revisión para acceder al desembolso pendiente de USD 1.000 millones, ya que el Banco Central viene con un buen ritmo de compra de reservas internacionales (más de USD 4.500 millones en lo que va del año), el hecho de que las negociaciones se prolonguen desde febrero genera ruido sobre posibles exigencias del Fondo en el programa económico.

La meta de reservas

La aprobación de la segunda revisión implicará que el Fondo le conceda un nuevo waiver (dispensa) al equipo económico por haber incumplido la meta de acumulación de reservas internacionales durante el 2025, a pesar de que las mismas se modificaron en la primera revisión.

Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplirla, en gran parte por la política cambiaria que se autoimpuso de no comprar reservas hasta que toque el piso de la banda, pero también -en menor medida- por las que vendió para contener el dólar en la previa de las elecciones legislativas.

Aunque a esta instancia, el BCRA llega con una mejor performance. Es que desde el 1.° de enero, comenzó la “nueva fase” del programa económico y con ello, las bandas comenzaron a ajustarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la entidad que conduce Santiago Bausili ya superó el 45% de la meta que se fijó para este año. Hasta la fecha, miércoles 8 de abril, el BCRA compró USD 4.581 millones, aunque las reservas internacionales brutas continúan en el terreno de los USD 44.000 millones. Es que gran parte de las reservas que se compraron no se acumularon por pago de vencimientos en moneda extranjera.

Para este año, tras la finalización de la primera revisión, se fijó que al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA deben estar en USD -3.100 millones (antes USD 900 millones). Para el fin del segundo trimestre, en USD 1.600 millones (antes USD 5.100 millones) y en diciembre en USD 8.400 millones (antes USD 10.400 millones).

Las intenciones del ministro Caputo eran cambiar el cronograma de las metas, que en lugar de ser trimestrales sean anuales para que no se vean afectadas por cuestiones estacionales. “Para mí decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”, sostuvo en una entrevista.

El hecho de que las metas de acumulación de reservas se cambien de trimestrales a anuales, de lograrse, le daría un mayor margen a Caputo. “Para una economía como la de Argentina, que tiene alta volatilidad cambiaria y en la capacidad de oferta y compra de reservas por parte del Banco Central, una meta anual te da mayor flexibilidad. No estás todo el tiempo dando examen y eso mejora las expectativas porque sacas de la cancha el cumplimiento o no. Obviamente, cuando te acerques a fin de año, donde tienes que mostrar si cumpliste la meta, esas expectativas van a empezar a mirar el número”, aseguró el presidente de Analytica, Ricardo Delgado.

El comunicado conjunto firmado por la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea y los ministros de Exteriores de nueve países europeos enfatizó la necesidad de que todos los actores involucrados eviten acciones que incrementen la tensión en la región y reclamó respeto absoluto a la integridad territorial de Líbano. La declaración, según reportó Europa Press, instó a Israel a abstenerse de operaciones terrestres adicionales en territorio libanés y llamó a todas las partes a observar de inmediato el acuerdo de cese de hostilidades, asegurando la protección de civiles, personal humanitario y fuerzas de paz.

Europa Press detalló que los titulares de Exteriores de Bélgica, Croacia, Chipre, Francia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, junto con la alta representante de la UE, Kaja Kallas, suscribieron esta posición, reclamando una “negociación política directa” entre Líbano e Israel como vía fundamental para contener la escalada bélica y sentar bases sólidas para una coexistencia pacífica en la región. El documento destacó la importancia de fortalecer la soberanía e instituciones de Líbano y blindar al país frente a injerencias exteriores.

El contenido del comunicado manifestó pleno respaldo al Gobierno y al pueblo libanés, lamentando que la población de ese país vuelva a sufrir las consecuencias de un conflicto ajeno, y extendió condolencias a las familias de las víctimas de la violencia tanto en Líbano como en Israel. De acuerdo con lo divulgado por Europa Press, la ofensiva israelí ya ha causado más de 1.250 muertes en Líbano, 3.600 personas han resultado heridas y el número de desplazados supera el millón, en el marco de una serie de bombardeos y operativos sobre el territorio libanés que se mantienen pese al alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024.

La declaración abogó por que el Ejecutivo libanés asuma medidas concretas e irreversibles que permitan restablecer su autoridad en todo el país. La carta de los ministros remarcó la necesidad de que el Estado libanés recupere el monopolio legítimo de las armas y avance en las reformas económicas y financieras requeridas por el Fondo Monetario Internacional, buscando que las fuerzas de seguridad nacional sean el único actor armado que garantice la soberanía del país.

En el documento, consignó Europa Press, los firmantes asignaron responsabilidad a Hezbolá por sus acciones militares en apoyo de Irán contra Israel. La declaración condenó estos ataques y solicitó su cese inmediato, al advertir que estas hostilidades amenazan con una mayor escalada regional y un posible involucramiento directo de Teherán en el conflicto.

Los firmantes también reclamaron a Israel evitar acciones que puedan incrementar aún más la violencia, incluidas operaciones terrestres en el sur del Líbano. El texto enfatizó la necesidad de respetar incondicionalmente las fronteras reconocidas del Líbano y reiteró el compromiso de los países suscriptores con el Derecho Internacional Humanitario para la protección de la población civil, infraestructuras estratégicas y personal internacional.

Según Europa Press, los firmantes reafirmaron su respaldo al trabajo de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) desplegada en el sur del país. Insistieron en la importancia de mantener abiertos los canales de coordinación e instaron a las partes a salvaguardar la seguridad del personal y de las instalaciones de la misión. El comunicado explicitó la responsabilidad de todas las partes en cuanto a la seguridad de los contingentes de paz, conforme a las normas internacionales vigentes.

Por último, la Alta Representante y los nueve ministros de Exteriores europeos manifestaron su determinación de continuar asistiendo al Gobierno libanés en el ámbito humanitario. Subrayaron la magnitud del desplazamiento interno, con más de un millón de afectados, y solicitaron a la comunidad internacional involucrarse activamente en la prestación de ayuda humanitaria para asegurar condiciones de vida dignas a la población impactada por el conflicto, informó Europa Press.

El Fondo Monetario Internacional y Ecuador alcanzaron el martes un acuerdo a nivel técnico sobre la quinta revisión del programa crediticio vigente entre ambas partes, lo que abre la posibilidad de un desembolso de aproximadamente 394 millones de dólares, sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del organismo. El anuncio cierra un ciclo de negociaciones que se extendió desde finales de febrero hasta el 27 de marzo, con reuniones celebradas tanto en Quito como en Washington.

Patrizia Tumbarello, jefa de la misión del FMI para Ecuador, confirmó en un comunicado que los equipos técnicos se reunieron con las autoridades ecuatorianas en la capital andina entre el 26 de febrero y el 6 de marzo, y posteriormente en Washington entre el 16 y el 27 de ese mes. De obtener el visto bueno del directorio y la confirmación de los compromisos financieros de los socios internacionales, Ecuador tendría acceso inmediato a los fondos, precisó Tumbarello.

El desembolso previsto elevaría a 3.714 millones de dólares el total recibido por Ecuador desde la entrada en vigor del acuerdo, en mayo de 2024. El programa fue suscrito inicialmente por 4.000 millones y ampliado en julio de 2025 en otros 1.000 millones, para un total de 5.000 millones con vigencia hasta 2028. La cuarta revisión, aprobada en diciembre de 2025, había permitido un desembolso de aproximadamente 630 millones, el mayor del programa hasta entonces.

El FMI describió un panorama macroeconómico favorable. Tumbarello señaló que el PIB real del país repuntó con fuerza en 2025, impulsado por la demanda interna y las exportaciones no petroleras. Las reservas internacionales alcanzaron niveles históricos: a febrero de 2026 ascendían a 11.503 millones de dólares, según el Banco Central. El organismo también destacó el retorno del país a los mercados internacionales de deuda en enero, cuando emitió bonos por 4.000 millones con vencimientos en 2034 y 2039, la primera operación de ese tipo desde 2019.

En el plano fiscal, el FMI reconoció avances concretos: las autoridades adoptaron medidas para racionalizar gastos tributarios, fortalecer ingresos y mejorar la eficiencia del gasto. Se certificó además el cumplimiento de dos metas estructurales clave, vinculadas al régimen fiscal del sector minero y al marco de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El resultado llega tras una serie de ajustes que el gobierno de Noboa aplicó desde 2024. En septiembre, el presidente eliminó el subsidio al diésel, decisión que desencadenó un mes de protestas encabezadas por el movimiento indígena, sin que el ejecutivo cediera. A eso se sumaron la reducción de 20 a 14 ministerios y el despido de 5.000 funcionarios públicos anunciado a finales de julio. El déficit fiscal cerró 2025 en 4.592 millones de dólares, con un gasto público que creció un 10% respecto al año anterior.

El acuerdo deja pendientes cuatro revisiones adicionales y desembolsos por unos 1.265 millones hasta 2028. Pero Ecuador es ya el tercer mayor deudor del FMI en el mundo, por detrás de Argentina y Ucrania, con una deuda total con el organismo que ronda los 9.500 millones de dólares. Los pagos al Fondo escalarán en los próximos años: 1.090 millones solo en capital en 2026, 1.284 millones en 2027 y 1.413 millones en 2028, cifras que convierten el servicio de la deuda en una de las principales restricciones estructurales del país de cara a la recta final del programa.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que los efectos de la guerra en Irán sobre la inflación y el crecimiento económico serán desiguales en el mundo, dependiendo de la exposición energética y de la capacidad fiscal de cada país. Según el organismo, los precios de la energía, las cadenas de suministro y los mercados financieros funcionan como principales vías de transmisión del impacto del conflicto, iniciado el 28 de febrero tras una operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

La conmoción es global, aunque asimétrica. Los países importadores de energía están mucho más expuestos que los exportadores, y las naciones de menores ingresos resultan más vulnerables que las economías avanzadas. El FMI subrayó que la magnitud de los daños a la infraestructura y cadenas de suministro, así como la duración de la guerra, determinarán el alcance del impacto. Ante una guerra breve, los precios del petróleo y el gas podrían dispararse hasta que los mercados se ajusten, mientras que un conflicto prolongado mantendría los precios elevados y aumentaría la presión sobre los países que dependen de las importaciones energéticas.

El organismo contempla también un escenario intermedio, en el que las tensiones persistan y la energía se mantenga costosa, lo que dificultaría contener la inflación y aumentaría la incertidumbre y el riesgo geopolítico. En todos los escenarios, el FMI considera que la guerra en Oriente Próximo “conducirá a precios más elevados y a menores tasas de crecimiento a nivel global”, afectando especialmente a quienes apenas iniciaban una recuperación tras crisis previas. El conflicto “trastoca la vida y el sustento de la población” de Oriente Próximo y del resto del mundo, e impone obstáculos adicionales en muchas economías, según el análisis publicado por la institución.

El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado la mayor perturbación del mercado petrolero mundial en la historia reciente, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. Por este canal transita aproximadamente el 25% del petróleo y el 20% del gas natural del mundo, lo que ha endurecido las condiciones financieras globales y ha elevado el costo de los fletes y seguros ante la necesidad de desviar cargueros. La situación impacta especialmente a países europeos como Italia y el Reino Unido, más dependientes del gas, mientras que Francia y España, con mayor desarrollo en energía nuclear y renovables, están relativamente protegidos en el corto plazo.

El aumento de los precios de fertilizantes —un tercio de los cuales también pasa por Ormuz— y de los alimentos genera presión adicional sobre regiones como Oriente Medio, áfrica, Asia Pacífico y Latinoamérica. En los países de bajos ingresos, la proporción del gasto en alimentos alcanza en promedio un 36% del consumo, frente al 20% en economías emergentes y el 9% en economías avanzadas, lo que incrementa el riesgo de inseguridad alimentaria. El FMI señala que estos países podrían requerir más apoyo externo, precisamente en un momento en que las economías avanzadas están reduciendo su ayuda internacional.

La crisis también está reconfigurando las cadenas de suministro de insumos críticos no energéticos, como el helio, esencial para la fabricación de semiconductores. La interrupción de estos flujos obliga a buscar rutas alternativas, alargando plazos de entrega y encareciendo los costos.

El FMI concluirá su análisis sobre la situación y sus perspectivas en el informe Perspectivas de la economía mundial, que se presentará el 14 de abril durante las reuniones de primavera del Fondo y el Banco Mundial en Washington. Mientras tanto, la entidad advierte que, si se mantienen elevados los precios de la energía y los alimentos, la inflación podría persistir a nivel global, dificultando su contención sin una desaceleración más pronunciada del crecimiento.

(Con información de EFE, Europa Press y Reuters)

La seguridad alimentaria de los países con menos recursos enfrenta desafíos adicionales debido al incremento en los costes de los fertilizantes, lo que complica la capacidad de estos países para garantizar el abastecimiento básico de la población. Según informó el Fondo Monetario Internacional (FMI), el conflicto en Oriente Próximo genera un aumento de la inflación y un estancamiento económico que golpean con especial fuerza a las economías menos desarrolladas y a aquellas que dependen en mayor medida de importaciones energéticas y alimentarias. Estas economías, señala el FMI, son especialmente vulnerables a los impactos derivados, mientras que los países que ya muestran mayores tasas de pobreza y menores reservas de energía soportan las mayores consecuencias.

En su último análisis publicado, el organismo con sede en Washington advirtió que, bajo todos los posibles escenarios derivados del conflicto, se registrará un incremento de los precios a nivel global y un menor crecimiento económico. El FMI determinó que una guerra de corta duración provocará un alza en los precios del petróleo y el gas natural hasta que los mercados logren ajustarse. Si el enfrentamiento se prolonga en el tiempo, los precios energéticos permanecerán elevados, lo cual afectará de manera directa a los países importadores de energía, sobre todo en Asia y Europa.

El FMI alertó, asimismo, que una situación en la que las tensiones políticas persistan en la región podría originar una inflación difícil de contener a nivel global, acompañada de una sensación permanente de riesgo geopolítico. Esta combinación, según consignó la institución, complica la recuperación económica de muchos países que apenas comenzaban a registrar signos sostenidos de recuperación luego de varias crisis anteriores.

Tal como publicó el FMI, la crisis en Oriente Próximo tiene un efecto global pero desigual. Aquellos países con mayor dependencia de recursos energéticos y con menor desarrollo económico experimentan una mayor exposición a los efectos adversos del conflicto. Los países con los ingresos más bajos, explicó la entidad, destinan en promedio el 36% de su consumo a la compra de alimentos, en contraste con el 20% observado en las economías emergentes y el 9% en las desarrolladas. Por tanto, el alza de precios en los alimentos repercute fuertemente en la población más vulnerable, elevando el riesgo de inseguridad alimentaria.

El análisis del FMI destaca que el conflicto en Irán y la región ya ha causado importantes daños en la infraestructura y las industrias de los países directamente involucrados. La institución indicó que, pese a la resiliencia que puedan mostrar estas naciones, las perspectivas de crecimiento a corto plazo sufrirán un deterioro. Agregó que la crisis, además de su impacto económico, “trastoca la vida y el sustento de la población” tanto en Oriente Próximo como en el resto del mundo.

En el caso europeo, países como Italia y Reino Unido se encuentran particularmente expuestos debido a su alta dependencia del gas natural. Por otro lado, Francia y España se ven menos afectados puesto que cuentan con una infraestructura energética basada en la energía nuclear y fuentes renovables, situación que les proporciona mayor estabilidad ante los vaivenes del mercado internacional.

El FMI también enfatizó el impacto del conflicto en los países del golfo Pérsico por la interrupción del flujo de alimentos y por la posible subida generalizada de los precios de estos productos. Tal como detalló el organismo, esta situación coincide con el comienzo de la temporada de siembra en el hemisferio norte, lo que añade presión sobre los rendimientos agrícolas y las cosechas a lo largo del año.

La escalada de precios también se traslada al sector alimentario global. El encarecimiento de fertilizantes amenaza con reducir la productividad y los rendimientos en los países más pobres, incrementando así el peligro de crisis alimentarias en regiones con alta proporción de su gasto dedicada a la comida. Esta problemática, especificó el medio, se agrava en contextos donde los aumentos de precios superan la capacidad de reacción de los gobiernos y poblaciones con menores ingresos.

El FMI concluyó en su evaluación que las consecuencias de la crisis en Oriente Próximo representan uno de los principales retos para el crecimiento económico y la estabilidad de precios a nivel internacional. Su impacto resulta especialmente complejo para las economías que no han logrado consolidar una recuperación tras crisis anteriores y cuyas estructuras económicas dependen de insumos energéticos y del acceso a alimentos en el mercado global.

La preocupación por la vulnerabilidad de la economía española ante un eventual aumento del gasto público figura entre las principales advertencias emitidas en el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), según declaraciones del vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal. En este contexto, Nadal explicó que el FMI atribuyó riesgos tanto al sistema de pensiones español como al crecimiento sostenible del país, en un momento en que se revisaron a la baja las proyecciones de crecimiento para los próximos años, debido en parte a la escalada de los precios del petróleo a raíz del conflicto en Irán. Según informó el medio, estas circunstancias llevaron al organismo internacional a recalcar la necesidad de adoptar reformas urgentes en materia de vivienda, gasto público y productividad.

De acuerdo con el análisis publicado por el FMI, se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de España crezca un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027, porcentajes inferiores a los estimados previamente. El informe identificó la crisis de vivienda, junto con la productividad y el elevado nivel de gasto en las cuentas públicas, como factores críticos para la estabilidad económica. El organismo internacional recomendó implementar medidas estructurales orientadas a aumentar la oferta de vivienda disponible, para así aliviar la presión sobre los precios y mejorar el acceso.

En ese sentido, Nadal contestó al diagnóstico del FMI criticando la política gubernamental vigente en materia de vivienda, con especial énfasis en la intervención sobre los alquileres. El vicesecretario afirmó que, al mantener el control de los alquileres, el Gobierno disminuye la oferta disponible, contradiciendo directamente las recomendaciones del FMI. “La política de vivienda del gobierno es total y absolutamente errada”, manifestó Nadal, remitiendo a medios un video para insistir en que la intervención estatal en los precios termina reduciendo la posibilidad de que nuevos inmuebles lleguen al mercado.

El medio indicó que el FMI sugirió al Estado español la aplicación de acciones "contundentes" en el ámbito habitacional y pidió, además, que el Ejecutivo revise las condiciones que impiden incrementar la productividad laboral. Nadal expresó que la actual hoja de ruta económica tampoco favorece una mejora en el poder adquisitivo de las familias, dado que —según su criterio— la política fiscal implementada erosiona los salarios de las clases medias a través del incremento de los impuestos.

El informe recogido por el medio también incluyó un diagnóstico negativo sobre el exceso de barreras burocráticas, la regulación y la presión impositiva en España, todos ellos señalados por el FMI como obstáculos que dificultan el dinamismo productivo del país. Nadal consideró que afrontar estas trabas resulta fundamental para que los salarios y el bienestar social puedan experimentar un avance sostenido en el tiempo.

El vicesecretario del Partido Popular remarcó durante su intervención que el problema de la productividad afecta directamente la capacidad de mejora de los salarios y el crecimiento del bienestar social. Señaló, además, que la permanencia de altos niveles de regulación, fiscalidad y burocracia frena la competitividad e innovación dentro del mercado laboral español, condiciones que el FMI incluyó dentro de sus recomendaciones prioritarias para garantizar el crecimiento.

A todo esto, se suma la preocupación señalada en el informe sobre la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones. El FMI consideró que un incremento no controlado del gasto estatal puede dificultar la financiación adecuada del sistema, aumentando la vulnerabilidad de la economía nacional ante posibles perturbaciones externas. Los problemas apuntados por el organismo internacional llevaron al Partido Popular a reforzar su llamado a una revisión de las actuales políticas económicas y sociales promovidas desde el Gobierno.

Según detalló el medio, las recomendaciones del FMI incluyeron la redefinición de ciertas operaciones presupuestarias para asegurar un equilibrio entre inversión, gasto social y sostenibilidad. El informe puso de relieve el impacto negativo que podría provocar una partida de gasto excesiva, lo que dañaría la capacidad de respuesta estatal ante nuevas crisis económicas, particularmente si continúa el estancamiento de la productividad y la persistencia de dificultades en el acceso a la vivienda.

Por último, Nadal insistió en que el informe del FMI debe interpretarse como una advertencia para reformar tanto los mecanismos de oferta de vivienda como el modelo productivo del país. El vicesecretario afirmó que el enfoque adoptado por el Ejecutivo contraviene las soluciones propuestas por el organismo internacional, reiterando que la intervención en los precios y el mantenimiento del actual esquema regulatorio están limitando la competitividad y el bienestar social buscado para las próximas décadas. El medio destacó que las valoraciones del FMI se mantendrán bajo observación por parte de los diferentes sectores políticos y económicos, en espera de nuevas respuestas del Gobierno respecto a las recomendaciones internacionales.

La guerra en Irán y la volatilidad mundial de los precios energéticos han generado incertidumbre en la economía de Pakistán, que depende en gran medida del combustible importado para sostenerse. Según informó el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos factores externos podrían traducirse en un aumento de la inflación y un posible impacto negativo en el crecimiento económico y en la cuenta corriente del país asiático. Este escenario marca el contexto en el cual el FMI ha comunicado la aprobación, en principio, del primer desembolso de un nuevo programa de rescate financiero para Pakistán.

De acuerdo con el anuncio realizado por el FMI la noche del viernes, el país accederá en principio al primer tramo de un crédito de 7.000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 6.000 millones de euros. Según detalló el FMI, la recepción inicial consistirá en 1.200 millones de dólares, que se entregarían a través del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SAF) de la institución financiera. No obstante, el desembolso de estos fondos todavía depende de la ratificación del Directorio Ejecutivo del FMI.

El medio informó que el FMI destacó los esfuerzos realizados por Pakistán para mantener la estabilidad macrofinanciera, al tiempo que enfrentó desafíos regionales significativos, como el conflicto con los talibán afganos y las tensiones diplomáticas con India. Estos avances incluyen el control de la inflación y de la balanza por cuenta corriente, así como el fortalecimiento progresivo de las reservas internacionales, aspectos que el organismo internacional valoró en su evaluación.

Conforme reveló el comunicado del FMI, las autoridades pakistaníes han reafirmado su compromiso de aplicar políticas macroeconómicas “sólidas y prudentes” con el propósito de preservar los logros recientes en materia de estabilización económica y financiera. El texto institucional, citado por varios medios, señala que la política monetaria del país permanece enfocada en contener la inflación dentro del rango objetivo. El banco central manifestó su disposición a incrementar los tipos de interés si surgen nuevas presiones inflacionarias, incluso si estas se originan por fluctuaciones en los precios internacionales de alimentos y combustibles. Además, el FMI sostuvo que la flexibilidad del tipo de cambio seguirá siendo clave para amortiguar alteraciones provocadas por el contexto internacional, como las derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Según consignó el FMI, Pakistán atraviesa una crisis de liquidez marcada, que ha obligado a las autoridades a buscar recursos externos para apuntalar la economía y reforzar las reservas. El primer ministro Shehbaz Sharif anunció una serie de medidas de austeridad a comienzos del mes en curso, diseñadas para reducir el gasto público y limitar el consumo de combustible, en respuesta a las interrupciones energéticas provocadas por la guerra regional. El país depende de fondos internacionales para garantizar el abastecimiento energético y dar respuesta a las dificultades económicas internas.

El FMI remarcó que, aunque Pakistán ha avanzado en la aplicación del programa acordado con el organismo, persisten riesgos considerables, principalmente vinculados a la volatilidad de los precios internacionales y a las tensiones derivadas de la situación en Irán y en el Medio Oriente. Según publicó el FMI, posibles aumentos en los costos del petróleo y la energía global, así como un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, podrían ejercer una presión adicional sobre la inflación pakistaní y sobre la evolución de su economía real.

La agencia internacional recordó en su comunicado que en los últimos años Pakistán llevó a cabo reformas profundas en línea con las exigencias del FMI, orientadas a reforzar las reservas internacionales y a dar cumplimiento al pago de la deuda externa. Entre esas medidas figuran los incrementos en las tarifas del gas y la electricidad, así como la introducción de nuevos impuestos, elementos que han generado protestas entre la población. Estos ajustes estructurales han tenido un impacto social relevante y han sido objeto de debate en el país, advirtió el informe del organismo.

El FMI señaló también que la continuidad del apoyo internacional resultará fundamental para que Pakistán pueda afrontar la actual crisis de liquidez y sostener los avances logrados en materia de estabilización macroeconómica. El programa financiero propuesto incluye condicionalidades ligadas a la aplicación efectiva de políticas monetarias y fiscales restrictivas, la protección de las reservas de divisas y la consolidación de los ingresos fiscales. La institución remarcó que el éxito del acuerdo dependerá de la capacidad de las autoridades para mantener el rumbo reformista y evitar desequilibrios que comprometan la trayectoria de recuperación.

Mientras tanto, la preocupación pública persiste en torno a las consecuencias sociales de las políticas de ajuste, incluidas las subidas de precios y nuevas cargas impositivas. Según la comunicación difundida por el FMI, estas protestas reflejan la sensibilidad de la población frente al impacto de las reformas, en un contexto en el que la estabilidad política y el consenso social resultan esenciales para la implementación efectiva del Programa de Servicio Ampliado del Fondo.

De acuerdo con el FMI, esta operación financiera forma parte del esfuerzo internacional por contener riesgos mayores en la economía de Pakistán y crear condiciones que permitan, a largo plazo, la reconstrucción de reservas, el cumplimiento de las obligaciones externas y la recuperación de la senda de crecimiento sostenible. La ratificación definitiva del paquete de ayuda por parte del Directorio Ejecutivo del FMI marcará el siguiente paso, con la expectativa de que el primer tramo, de 1.200 millones de dólares, llegue en fechas próximas, sujeto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno pakistaní.

El volumen de remesas enviadas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador se incrementó 146 % en enero y febrero de 2026 hasta alcanzar USD 11.56 millones, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR).

La proporción de estos envíos digitales representó 0.75% de los USD 1,524.78 millones recibidos por todo concepto de remesas en ese bimestre, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue de 0.33% sobre USD 1,406.64 millones, según los mismos datos oficiales.

La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal fue aprobada en septiembre de 2021, convirtiendo a El Salvador en el primer país en implementar esta medida y en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele. No obstante, 90% de la población manifestó su rechazo al uso cotidiano de este activo digital, mientras el ejecutivo promovía exenciones fiscales para los inversionistas en criptomonedas.

Durante todo 2025, las remesas mediante estos monederos digitales sumaron USD 57.67 millones, cifra inferior en USD 27.83 millones a la registrada en 2024, lo que supuso una caída del 32.5%.

Luego de la firma de un acuerdo financiero por USD 1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa decidió retirar la condición de moneda de curso legal al Bitcoin y limitar el rol estatal en su utilización.

Suben reservas de Bitcoin en El Salvador

Las reservas de Bitcoin estatales en El Salvador continúan aumentando, estableciendo nuevos máximos y consolidando al país centroamericano como un caso singular en la política monetaria global. El saldo actualizado al 25 de marzo de 2026, divulgado por la cuenta oficial de The Bitcoin Office, eleva la tenencia nacional a 7,062.37 BTC, superando los USD 541.6 millones en valor de mercado.

En la última actualización, la compra más reciente, realizada este 25 de marzo de 2026, incrementó en 1 BTC el total acumulado. Con esta adquisición puntual, el gobierno mantiene la dinámica de compras periódicas: sólo en la última semana sumó un total de 8 BTC por un costo de USD 569,680 y en los últimos treinta días la cifra aumentó en 31 BTC, por un valor de USD 2.207,510 como precisa The Bitcoin Office.

El proceso de acumulación de Bitcoin por parte del gobierno de El Salvador no ha sido lineal. En septiembre de 2025, según cifras recogidas oficiales, el país alcanzó los 6,313 BTC, valorados entonces en USD 701.8 millones. Este incremento inicial de la cartera se produjo en paralelo a un cambio de enfoque impulsado tanto por la volatilidad del mercado cripto como por exigencias externas, particularmente tras el acuerdo concretado con el Fondo Monetario Internacional.

El entendimiento con el FMI estableció un crédito de USD 1,400 millones condicionado a una reducción en la exposición jurídica y operativa al Bitcoin. Como resultado, en abril de 2025, El Salvador modificó la legislación clave: eliminó la obligatoriedad de aceptar la criptomoneda como medio de pago, aunque profundizó la acumulación estatal y reorientó la política hacia compras institucionales, dejando atrás el impulso inicial a la adopción minorista.

Desde la adopción original de Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, bajo la administración de Nayib Bukele, El Salvador ha ocupado un espacio inédito en la esfera internacional de las criptomonedas.

El informe de Trade.gov citado por Infobae destaca el objetivo oficial de ampliar la inclusión financiera y atraer inversión extranjera a través de esta política. Sin embargo, la recepción interna fue desigual y los desafíos no tardaron en manifestarse: una encuesta de la Universidad Centroamericana indicó que a los cien días de la Ley Bitcoin apenas el 14.1 % de la población expresaba alta confianza en la criptomoneda, mientras el 34.8 % mostraba desconfianza.

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha advertido que la falta de una mayoría clara en el Parlamento puede implicar una dificultad añadida para adoptar decisiones en momentos de alta incertidumbre, como el contexto actual marcado por la guerra en Oriente Próximo. De acuerdo con el diario El Mundo, citado por Europa Press, Guindos remarcó que este obstáculo no sólo afecta la aprobación de presupuestos, sino que también refleja una incapacidad para implementar otras medidas que requieren urgencia y respuesta coordinada por parte de los gobiernos.

De Guindos ha instado a los ejecutivos de los países europeos a enfocar sus respuestas fiscales en medidas definidas y transitorias, dirigidas principalmente a los grupos más vulnerables, ante el impacto del conflicto en Oriente Próximo. Según declaró en la entrevista con El Mundo, recogida por Europa Press, el vicepresidente del BCE alertó que, aunque aún se desconoce la duración y el alcance del conflicto en la región, resulta esencial que las autoridades perciban el incremento de los precios de la energía derivado de la guerra como un 'shock' transitorio. De lo contrario, advirtió que podrían generarse efectos de segunda ronda, lo que obligaría a los bancos centrales a intervenir para neutralizar esas consecuencias negativas.

El representante del BCE recordó que el margen presupuestario de los países europeos es limitado. Argumentó que el déficit público, en promedio, se sitúa en torno al 3% del Producto Interno Bruto, mientras que la deuda pública se mantiene cercana al 90% del PIB. Además, enfatizó el compromiso reciente para aumentar el gasto en defensa, considerado una prioridad fundamental para Europa en el nuevo contexto geopolítico. Según publicó Europa Press, Guindos señaló que, en este escenario, las medidas fiscales deben mantenerse estrictamente temporales y selectivas, porque el espacio para ampliar el gasto público se ha visto reducido en la actualidad.

En su intervención, Guindos insistió en que el BCE nunca ha recomendado la adopción de medidas generales para contrarrestar los efectos de crisis energéticas o conflictos internacionales. Subrayó que la autoridad monetaria europea sólo ha aconsejado actuaciones temporales y específicas, evitando programas amplios o de carácter permanente. Reportó Europa Press que, para el vicepresidente del BCE, una respuesta amplia podría aumentar el riesgo de un posible sobrecalentamiento económico o añadir presiones adicionales a la inflación, complicando el trabajo de la política monetaria y fiscal en la región.

El exministro español de Economía recordó que los presupuestos nacionales constituyen la principal herramienta de política económica, sobre todo en etapas caracterizadas por una elevada incertidumbre. Aclaró que esta afirmación se aplica tanto a la situación de España como a la del resto de países de la eurozona, según citó Europa Press. De Guindos puntualizó que la falta de presupuesto por ausencia de una mayoría parlamentaria pone en evidencia dificultades estructurales para acometer reformas o implementar acciones que puedan amortiguar el impacto de crisis internacionales.

Sobre el impacto del conflicto en Oriente Próximo vinculado a Irán, Guindos anticipó que la economía de la eurozona experimentará presiones tanto en el crecimiento como en la inflación. Indicó que, cuanto más prolongada y extensa sea la guerra, este efecto será más profundo sobre la economía europea. No obstante, los escenarios proyectados hasta ahora por los técnicos del BCE no estiman una caída de la actividad económica que lleve a una recesión en la eurozona, detalló el medio El Mundo. Incluso en los pronósticos más adversos, persisten tasas de crecimiento positivo, lo que indicaría una resistencia relativa de la economía europea ante la crisis actual.

Guindos también destacó que aún cuando la política monetaria tiene límites para contener el impacto inicial derivado de una crisis internacional de estas características, el BCE mantendrá una vigilancia constante sobre la evolución de la inflación y el crecimiento. La autoridad monetaria responderá a los llamados efectos de segunda ronda si estos se materializan, es decir, si la subida inicial de los precios desencadena aumentos generalizados o persistentes en salarios y otros precios, generando una espiral inflacionaria. El BCE no asumirá decisiones predeterminadas respecto a los tipos de interés, sino que ajustará su actuación conforme a los desarrollos que se vayan registrando.

Las recomendaciones de Guindos respecto a la naturaleza temporal de las medidas fiscales, señala Europa Press, coinciden con las emitidas recientemente por el Fondo Monetario Internacional, que sugería a España la adopción de apoyos de carácter focalizado y temporal frente a situaciones excepcionales como la presente. Ambas instituciones advierten sobre el riesgo de que respuestas fiscales permanentes o demasiado generalizadas comprometan tanto la estabilidad macroeconómica como la eficacia de la política monetaria.

El BCE, según consignó El Mundo, centra su estrategia en evitar que el 'shock' energético provocado por la guerra en Irán se extienda y cause efectos persistentes sobre la economía. De Guindos resalta la importancia de que los agentes económicos comprendan la naturaleza transitoria de la perturbación para impedir un ajuste innecesario de expectativas que pueda desencadenar presiones inflacionarias duraderas.

El vicepresidente del BCE evitó pronunciarse sobre la situación política específica de España, pero remarcó la relevancia de que los gobiernos mantengan funcionales sus instrumentos presupuestarios y preserven la capacidad de acción ante eventualidades externas. Según recuerda Europa Press, la actual coyuntura exige respuestas coordinadas y restrictivas en el plano fiscal, en sintonía con las recomendaciones técnicas y la experiencia ante crisis previas en el continente.

Los expertos del BCE, citados por El Mundo y Europa Press, continúan monitoreando la evolución de los indicadores económicos internos, así como el progreso del conflicto en Oriente Próximo, con el propósito de ajustar políticas a medida que los riesgos o impactos se hagan evidentes. El contexto se caracteriza por una elevada incertidumbre cuyo potencial de afectar los precios y el crecimiento depende de factores exógenos que escapan al control de autoridades nacionales e internacionales.

En el cierre de sus declaraciones, Guindos reiteró que el diseño y la implementación de las medidas fiscales deberán dirigirse principalmente a quienes experimentan con mayor severidad el incremento de los precios de la energía. Recalcó la posición institucional del BCE en torno a la focalización del gasto y la importancia de privilegiar la disciplina presupuestaria en un momento en el que las restricciones fiscales y la volatilidad del entorno geopolítico exigen prudencia y claridad en las respuestas públicas.

El diálogo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa sin que se haya confirmado la fecha de cierre para la segunda revisión del acuerdo, según reconoció el propio organismo internacional. Frente a ello, el mercado financiero mira de cerca las señales sobre la posibilidad de un waiver (dispensa) y la evolución de las metas económicas pactadas, mientras que el índice de riesgo país subió al rango de 600 puntos básicos y las tasas de interés de los préstamos personales siguen altas con el aumento de la morosidad.

Argentina enfrenta un escenario de incertidumbre respecto al nuevo desembolso por USD 1.000 millones del FMI, ya que la segunda revisión técnica permanece abierta y sin fecha definida de aprobación, según informó el Fondo. La acumulación de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue reconocida por el organismo, pero la falta de definiciones temporales mantiene la atención sobre el índice de riesgo país, que actualmente responde tanto a factores externos como a las tensiones internas de la economía nacional.

En su última comunicación oficial, la portavoz del FMI, Julie Kozack, destacó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 3.600 millones, en cumplimiento de uno de los compromisos establecidos en el acuerdo vigente. Sin embargo, el Fondo evitó precisar cuándo finalizará la revisión, lo que profundiza la incertidumbre sobre la llegada de los próximos desembolsos.

En este contexto, las autoridades argentinas buscan sostener la estabilidad cambiaria y financiera, mientras los analistas monitorean la evolución de la deuda soberana y los indicadores del sistema bancario.

Factores que inciden en el riesgo país y la visión de los analistas

Durante un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el economista Miguel Kiguel analizó las causas de la persistencia del índice de riesgo país en valores elevados, a pesar de ciertos avances en variables financieras.

La falta de confianza en la sostenibilidad de la deuda y en la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos internacionales condiciona la percepción de los mercados (Kiguel)

Kiguel sostuvo que los inversores perciben que la economía enfrenta riesgos estructurales, lo que limita la posibilidad de una baja significativa en este indicador. Destacó que “la falta de confianza en la sostenibilidad de la deuda y en la capacidad del Gobierno para cumplir los compromisos internacionales” condiciona la percepción de los mercados.

Para Kiguel, la acumulación de reservas por parte del BCRA es positiva, pero insuficiente para modificar de manera sustancial el panorama del riesgo país.

Alejandro Giacoia, economista de EconViews, consideró que el comportamiento reciente del riesgo país responde principalmente a factores externos y minimizó el impacto de las negociaciones con el FMI en la evolución inmediata del indicador.

Giacoia dijo a Infobae: “Con respecto a la revisión del Fondo, no creo que haya problemas con eso, nos darán un waiver por la meta de reservas, pero el desembolso va a llegar”.

El economista destacó que la demora en la revisión no afecta las tasas de interés del mercado local y sostuvo que, en los últimos días se observó mayor liquidez.

En los últimos días se observó mayor liquidez. “Las tasas cortas de caución, la interbancaria, adelantos o pases, en lo que va de marzo, bajaron con respecto a fines de febrero (Giacoia)

Alejandro Giacoia observó: “Las tasas cortas de caución, la interbancaria, adelantos o pases, en lo que va de marzo, bajaron con respecto a fines de febrero y eso responde a que hay más liquidez en el sistema. Si mira el stock de pasivos remunerados del Central, está arriba de $3 billones, y eso significa que los bancos tienen más liquidez disponible”.

Tasas de interés, préstamos personales y liquidez bancaria

Giacoia también abordó la situación de los préstamos personales, un segmento que mantiene tasas elevadas desde mediados de 2024. Describió: “La tasa de préstamos personales está alta; lo cierto es que está en este nivel desde mediados de 2024, en torno al 70% anual; algún mes estuvo más arriba. Hoy en día los bancos no tienen tanto incentivo a bajar, hay un tema que subió mucho la morosidad en esta línea de préstamos”. Además, explicó que el diseño de la política monetaria permite gran volatilidad en las tasas, lo que complica una reducción significativa.

Desde otra perspectiva, Martin Kalos, director de la consultora Epyca, dijo a Infobae: “La aprobación demorada no está teniendo impacto en el índice de riesgo país aún, no es esa la causa de la suba. Tiene mucho que ver con el contexto internacional, esa es la principal razón”, sostuvo.

Kalos aseguró que la aprobación de la segunda revisión es un acuerdo político, ya que Argentina está incumpliendo en términos técnicos algunas de las metas establecidas y el waiver requiere negociación. Remarcó: “El FMI tiene esa postura de esperar y callar antes que emitir una forma de rechazo o presión más explícita”.

La postura oficial y el panorama político del acuerdo

A los fines de llevar tranquilidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su participación en el evento del IAEF, calificó la relación con el FMI como “espectacular” y afirmó que mejoró durante la actual gestión. Expresó: “Ahí sí hemos ganado un nivel de confianza, sobre todo de ellos a nosotros, el Fondo siempre ha sido más escéptico con Argentina porque tiene historias difíciles. Ellos ponderan mucho la opinión nuestra porque le hemos mostrado con resultados que lo que hemos venido diciendo lo hemos venido haciendo”.

Hemos ganado un nivel de confianza, sobre todo de ellos a nosotros, el Fondo siempre ha sido más escéptico con Argentina porque tiene historias difíciles (Caputo)

La evolución del índice de riesgo país, que mide la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago de la deuda soberana, se mantuvo elevada en las últimas semanas, pese a avances en la compra de reservas y la estabilidad cambiaria.

Analistas advierten que la persistencia de altos niveles de riesgo país responde a factores estructurales, como la sostenibilidad de la deuda y la confianza en la política económica, así como a variables externas, entre las que destacan la volatilidad global y las condiciones de financiamiento internacional.

Las negociaciones entre el Gobierno y el FMI continúan sin definiciones concretas sobre la fecha de aprobación de la segunda revisión, correspondiente a las metas fijadas para diciembre último.

El mercado sigue los movimientos del organismo y las señales respecto al cumplimiento de las metas y la posibilidad de un waiver por la acumulación de reservas. La expectativa por el próximo desembolso permanece alta, aunque tanto analistas como funcionarios consideran probable que la aprobación finalmente se concrete, dada la naturaleza política del acuerdo y la tradición de diálogo entre las partes.

Colombia consolidó su posición como la cuarta economía más grande de América Latina al superar los USD 430.000 millones en Producto Interno Bruto (PIB) nominal durante 2025, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este avance estuvo impulsado por un notable aumento en el consumo interno y el vigor de los servicios, dos factores que contrastan con el comportamiento de otras grandes economías regionales, en los que la manufactura y las materias primas han mantenido un peso más determinante.

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La magnitud de este desempeño quedó en evidencia al observar que Brasil, líder indiscutido, alcanzó un PIB nominal de USD 2,26 billones y registró exportaciones totales de USD 348.700 millones, cifra que equivale a todo el PIB colombiano, según el FMI.

Sin embargo, pese a ubicarse en la cima, Brasil enfrenta desafíos relevantes, como la reciente imposición de un cupo límite a sus exportaciones de carne vacuna hacia China, su principal mercado externo.

El ranking regional, realizado por el FMI con datos consolidados en octubre del año 2025, muestra que México y Argentina siguen a Brasil en la clasificación, situándose como los dos únicos países de la región en superar el billón de dólares en PIB nominal.

De esta forma, se acercan a economías avanzadas como Canadá, Corea del Sur y España en la escala global, lo que evidencia la fuerte heterogeneidad latinoamericana en términos de tamaño económico.

A diferencia de varias potencias vecinas, el crecimiento que permitió a Colombia alcanzar el cuarto puesto respondió especialmente a la recuperación del consumo de los hogares, así como al dinamismo de los sectores de servicios, entretenimiento y comercio.

El FMI precisó que el país creció un 2,5% en PIB nominal durante 2025, superando al bloque de países latinoamericanos cuyos avances dependen casi exclusivamente de la cotización de recursos naturales.

El PIB nominal, tal como define el FMI, recoge el valor total de los bienes y servicios producidos en un país a precios corrientes y resulta una medida adecuada para comparar el poder de mercado entre naciones.

No debe confundirse con el PIB real, que utiliza precios constantes y elimina el efecto de la inflación, permitiendo determinar si la producción se expande efectivamente o si el crecimiento es meramente un reflejo del alza de precios.

Colombia mantiene diferencias notables respecto a los países que encabezan el ranking. Su menor población e integración comercial con Estados Unidos, por ejemplo, continúan limitando su escala económica respecto a las naciones líderes.

No obstante, el informe del FMI muestra que la combinación de mercado interno y diversificación sectorial permitió que el país sostenga una trayectoria ascendente, incluso en un escenario regional plagado de incertidumbres arancelarias y fluctuaciones internacionales de las materias primas.

Un análisis detallado de la lista permite identificar diferencias significativas en los motores de crecimiento. Argentina registró el año pasado un aumento de 4,5% en su PIB nominal. Este desempeño se explica, según el FMI, por la recuperación de la inversión fija en los sectores de minería y energía.

A esto se suma la política de incentivos a grandes inversiones —conocida como Rigi— impulsada por el gobierno de Javier Milei, que atrajo financiamiento de miles de millones de dólares para proyectos de litio y cobre.

Chile y Perú sustentan su lugar en la clasificación debido al auge de las materias primas, en particular el cobre y el litio, demandados globalmente por la industria tecnológica. Chile alcanzó un PIB nominal de USD 347.174 millones, mientras que Perú llegó a USD 318.480 millones. Por su parte, Ecuador cerró la lista de estas principales economías con USD 130.529 millones, según el FMI.

Por su parte, México registró un crecimiento de 1% en su PIB nominal para 2025; sin embargo, su expansión real se ubicó en solo 0,8%, el nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia. El FMI atribuyó este resultado, en gran parte, a la incertidumbre arancelaria y a la baja performance en los sectores de manufactura, construcción y minería.

La radiografía regional ofrecida por el FMI destaca no solo los liderazgos tradicionales en materia económica, sino también la resiliencia de países como Colombia, capaces de capitalizar el dinamismo doméstico para escalar posiciones en un contexto global fragmentado.

Según detalló El País en el análisis del informe ‘Artículo IV’ elaborado por el FMI, el escenario base del organismo para España toma en cuenta tanto la evolución reciente del conflicto como las expectativas sobre los precios de la energía. El informe señala que la trayectoria de los precios del petróleo y del gas en el corto y medio plazo se sostendría en valores similares a los futuros cotizados a mediados de marzo de 2026. Esta premisa considera que la economía española sufrirá un impacto negativo, “principalmente por el aumento de los precios del petróleo”. En lo referente a la energía gasística, el FMI sostiene que España “se verá menos afectada que algunos de sus pares de la zona euro”, entre otras razones, por la elevada proporción de fuentes renovables en su matriz eléctrica.

Romain Duval, jefe de misión del FMI para España, explicó a El País que a raíz del aumento de las renovables desde la guerra en Ucrania, la exposición de España al encarecimiento del gas se ha reducido considerablemente, si bien esta mitigación no se extiende al crudo. La volatilidad sigue predominando en el mercado, reconoció Duval, por lo que la institución continúa evaluando cuidadosamente las fluctuaciones de los precios energéticos. “En esta etapa, con los precios de la energía al contado y a futuro vigentes a mediados de marzo, nuestra opinión es que España debería seguir disfrutando de un crecimiento económico sólido, tanto este año como el próximo”, afirmó Duval, según consignó El País.

El documento del FMI revisado por El País identifica a la demanda interna como motor principal del crecimiento económico español, compensando la moderación en el impulso de factores de oferta como el incremento de la fuerza laboral, y el ajuste del sector turístico tras su fortaleza en años anteriores. Dentro del gasto interno, el organismo prevé que el consumo privado resistirá debido a una mejora sostenida de los salarios y una disminución progresiva en la tasa de ahorro, lo cual permitiría que los hogares absorban el golpe del encarecimiento de la energía. Además, la inversión se verá favorecida por el último año de ejecución del plan Next Generation EU (NGEU) y por la continuación del crecimiento en la construcción de viviendas.

Las proyecciones del FMI recogidas por El País indican que la inflación general interanual podría alcanzar un 3% a fines de 2026, descendiendo al 2,2% en 2027. El organismo estructura este pronóstico sobre la base de la evolución presumible de los precios de la energía y sus potenciales efectos de arrastre sobre el resto de los precios de la economía. El FMI alerta, no obstante, de que un agravamiento del conflicto en Oriente Próximo podría incidir en una espiral de incremento persistente en los precios energéticos, endurecimiento de las condiciones financieras y un aumento de la incertidumbre, lo que tendría consecuencias negativas sobre la inversión, el consumo y el ritmo de expansión general. Este contexto, advierte el informe dado a conocer por El País, podría perpetuar una inflación por encima del 3% y provocar reacciones en las negociaciones salariales, incrementando los efectos de segunda ronda.

El FMI advierte además, según El País, de riesgos adicionales provenientes de otros focos de tensión geopolítica y del agravamiento de disputas comerciales, tanto para España como para la economía global. Entre los elementos internos que pueden influir en la capacidad de reacción de la economía ante estos retos, el organismo identifica la fragmentación política nacional como un factor que aporta incertidumbre sobre la ejecución de ajustes fiscales y la aplicación de las reformas contempladas en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP). El FMI considera que si la falta de acuerdos políticos obstaculiza la implementación de medidas diseñadas para tranquilizar a los mercados o consolidar las finanzas públicas, el país podría verse afectado negativamente en caso de nuevas sacudidas financieras.

Por otra parte, el organismo identifica variables que podrían reforzar la resiliencia de la economía española frente a estos shocks. El País destaca que el crecimiento del turismo podría resultar más sólido que lo previsto inicialmente, gracias a una mayor diversificación regional, menos concentración estacional y la llegada de turistas desviados desde destinos afectados por la inestabilidad en Oriente Próximo. A esto se suma, según el FMI, una política española de apertura migratoria que podría sostener unas entradas netas de inmigrantes superiores a las contempladas en la estimación de referencia basada en cifras del Instituto Nacional de Estadística, estimulando de este modo la expansión del mercado de trabajo y la demanda doméstica.

El organismo también señala que si la reducción de la tasa de ahorro de los hogares se acelerase hasta aproximarse en menor tiempo a los niveles previos a la pandemia de COVID-19, el consumo podría crecer más rápido de lo proyectado oficialmente. Estos factores, según el análisis de El País sobre el informe del FMI, funcionan como posibles contrapesos ante un escenario global marcado por la inestabilidad política y la volatilidad de los precios energéticos.

El FMI concluye, de acuerdo con las informaciones de El País, que aunque España sigue enfrentando riesgos principalmente a la baja debido a factores externos y a potenciales dificultades políticas internas, el país cuenta con elementos de fortaleza en su estructura económica como la diversificación productiva, la vitalidad del turismo y la evolución positiva del empleo que podrían contribuir a sostener la expansión, pese a un entorno internacional adverso.

De acuerdo con el medio, el FMI ha revisado a la baja sus proyecciones para el producto interior bruto (PIB) de España. El crecimiento esperado para 2026 se sitúa en el 2,1%, inferior en dos décimas a la previsión de enero, mientras que para 2027 la expansión anticipada cae al 1,8%, una décima menos respecto al análisis anterior. A mediano plazo, el organismo prevé que el crecimiento anual podría estabilizarse cerca del 1,7%. El FMI atribuye principalmente esta moderación en las perspectivas económicas a la escalada del precio del petróleo, motivada por las persistentes tensiones geopolíticas en la región de Oriente Próximo, así como a la incertidumbre sobre la estabilidad política interna y otros riesgos globales.

En lo que respecta a la inflación, el personal técnico del FMI calcula que la tasa general interanual podría alcanzar en torno al 3% hacia finales de 2026, para luego disminuir hasta situarse en el 2,2% al final de 2027. Según reportó el FMI, sus previsiones parten del supuesto de que la evolución futura del petróleo y del gas será similar a los precios de los futuros registrados a mediados de marzo de 2026. Además, la institución remarca que el efecto de la subida de los precios del gas podría mitigarse en el caso español gracias al peso relevante de las energías renovables dentro de su matriz eléctrica.

En cuanto al motor del crecimiento, el FMI indica que la demanda interna seguirá representando el principal apoyo para la economía, frente a la desaceleración que se observa en otros determinantes como el aumento de la población activa y la demanda turística. Tal como detalló el medio, la institución observa que el consumo privado contará con respaldo por el crecimiento sostenido de los salarios, dentro de un mercado laboral que aún refleja dinámicas positivas. Esta situación, unida a una reducción progresiva de la tasa de ahorro, permitiría a los hogares afrontar con mayor margen los incrementos del coste energético. Por otro lado, la inversión se verá favorecida a corto plazo gracias al último año de vigencia del plan europeo de recuperación NGEU y al impulso continuado del sector de la construcción de viviendas.

El FMI también advierte que la mayoría de los riesgos para las perspectivas económicas de España se orientan a la baja, pese a que existen elementos que podrían empujar el crecimiento al alza. Entre los riesgos adversos, el organismo resalta la posibilidad de que el conflicto en Oriente Próximo se prolongue, lo que provocaría un alza duradera de los precios energéticos y mayor volatilidad financiera. Dichos riesgos podrían agravar los efectos de segunda ronda sobre salarios e inflación, prolongando una tasa de inflación superior al 3% más allá de 2026.

La institución añade que, además del conflicto actual entre Irán, Estados Unidos e Israel, el recrudecimiento de otras tensiones geopolíticas o un fortalecimiento de barreras comerciales internacionales podría afectar tanto a España como al conjunto de la economía global. El FMI subraya la importancia de estos factores externos en la evolución de las previsiones económicas.

En el plano interno, el FMI identifica la fragmentación política como un desafío particular para la política económica española. El organismo sostiene que las dudas sobre la capacidad del Gobierno para aprobar y ejecutar medidas de consolidación fiscal constituyen un motivo de preocupación, especialmente ante la necesidad de dar cumplimiento al Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) y de transmitir confianza a los mercados ante potenciales episodios de tensión financiera.

No obstante, el organismo internacional también señala alternativas que podrían mejorar el desempeño económico español frente a sus estimaciones de base. Según publicó el FMI, el turismo podría erigirse como un motor más resiliente del esperado debido a una mayor diversificación geográfica, menor estacionalidad y un desvío de flujos turísticos hacia España como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo. A su vez, las políticas migratorias abiertas de España tendrían capacidad para mantener los flujos de inmigración netos por encima de las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, lo que incidiría a favor de la expansión económica.

El FMI agrega que, en caso de que la tasa de ahorro de los hogares regrese más rápido de lo previsto a los niveles previos a la pandemia, el consumo privado podría crecer por encima de lo proyectado. En este contexto, el informe del Fondo señala que será necesario un seguimiento estrecho de la evolución de los riesgos, tanto internos como externos, para mantener la estabilidad y la confianza en el entorno macroeconómico español.

El recorte de Potenciar Trabajo, que implica la eliminación de 900.000 planes sociales, constituye el eje de la estrategia fiscal del Gobierno. Sin embargo, los datos oficiales y los análisis técnicos muestran que el ahorro generado cubre solo una fracción de la exigente meta fiscal establecida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), actualmente en proceso de renegociación. Esta medida reduce el gasto social, pero su impacto es limitado en comparación con la magnitud del ajuste requerido para estabilizar las cuentas públicas y cumplir los compromisos internacionales.

El ahorro derivado de la eliminación de Potenciar Trabajo asciende a aproximadamente $900.000 millones, que fue el gasto del programa en 2025, según la consultora LCG, lo que equivale al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta decisión afecta a 900.000 beneficiarios que hasta ahora recibían un monto mensual de $78.000, quienes pasarán a un sistema de vouchers de capacitación laboral enfocado en formación y empleabilidad. La medida, que se comunicó a la par de la salida de Fernando Bearzi de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), refuerza la postura del Gobierno respecto al control del gasto público y la reformulación de la asistencia social.

Una estimación similar tienen en la consultora Analytica, en donde destacan que, de continuarse con el programa “Volver al Trabajo”, el gasto anual estaría en torno a los $870-890 mil millones (en promedio son entre $70.000 y $75.000 millones por mes). Lo que implica un gasto de 0,08% del PBI. “De suspenderse en abril, se estarían ahorrando 9 meses del pago del programa, lo que implica un ahorro del 0,06% del PIB”, remarcaron.

“Potenciar Trabajo tenía montos bajos; se pagaban $78.000 mensuales, lo que representaba un gasto reducido dentro del presupuesto total. Funcionaba casi como un pago mínimo, similar a un seguro de desempleo alternativo, y perdió un 40% de su valor real frente a la inflación de 2025”, señaló Martín Kalos, director de Epyca. Según Kalos, la medida responde a una decisión ideológica orientada a concentrar la asistencia en un único programa social, la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo valor, según reconoce el propio Gobierno, fue incrementado.

La eliminación del programa ocurre en el contexto de otras políticas fiscales que han impactado en la recaudación. Por ejemplo, la reducción de retenciones al sector agropecuario, implementada antes de las elecciones legislativas de manera transitoria y luego de manera definitiva, implicó una pérdida de ingresos equivalente al 0,1% del PBI. Además, la aprobación de la reforma laboral dio origen al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que, aunque aún no está vigente, prevé redirigir recursos asignados previamente a la Anses, lo que incrementa la presión sobre el sistema previsional.

En el primer bimestre del año, el Estado nacional acumuló un superávit primario cercano al 0,4% del PBI y un superávit financiero de 0,1%, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía. Estos resultados reflejan la política de ajuste fiscal implementada por el Gobierno, basada en el control estricto del gasto y la reducción de impuestos, con el objetivo de consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.

Desde Economía destacaron que la reducción del gasto primario total se ubicó en 8,8% interanual en términos reales en febrero, lo que constituye uno de los principales componentes del resultado fiscal positivo. Pero se remarcó que los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 1,8%, mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentó un aumento del 11,3% respecto al año anterior.

La meta de superávit y la renegociación con el FMI

A pesar de estos recortes en programas sociales, el equipo económico se comprometió con el FMI a alcanzar un superávit fiscal del 2,2% del PBI durante 2026, un objetivo que exige un ajuste adicional y que está siendo evaluado en las negociaciones de la segunda revisión del acuerdo.

Tras la última visita de una misión del organismo multilateral a Buenos Aires en febrero, una delegación encabezada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, viajó a Estados Unidos en los primeros días de marzo para continuar las conversaciones. Altas fuentes del Palacio de Hacienda indicaron, en su momento, a Infobae que el objetivo era concluir las negociaciones en esa instancia, pero el cierre se postergó para fines de este mes, con la expectativa de que el board del FMI apruebe el nuevo acuerdo en abril.

Según la consultora LCG, la reducción de Potenciar Trabajo y otros programas sociales contribuye a mejorar el resultado fiscal, pero no resuelve el desafío central. El análisis advierte que el margen para seguir ajustando partidas no indexadas es cada vez más reducido. Para alcanzar la meta del 2,2% del PBI, será necesario avanzar sobre salarios estatales, subsidios y transferencias a provincias, rubros que ya fueron objeto de fuertes recortes.

“La meta con el FMI es exigente, 2,2%/PBI de superávit cuando el Gobierno planteó en el presupuesto un superávit de 1,5% del PBI antes de que la recaudación cayera por lo que sucede en la actividad económica", destacó Kalos, por su parte. El equipo económico apuesta a tener en los próximos meses ingresos adicionales provenientes de la Ley de Inocencia Fiscal y de la aplicación de la reforma laboral. Sin embargo, no existe certeza sobre la velocidad de recuperación de la economía ni sobre el impacto inmediato en el empleo privado.

“Asimismo, las leyes de Presunción de Inocencia Fiscal y de Reforma Laboral contribuirán a la formalización de la economía, lo que, junto con el crecimiento económico y el control estricto del gasto público, permitirá continuar reduciendo impuestos. Vale recordar que entre 2024 y 2025 la reducción de impuestos acumulada ascendió a 2,5% del PIB”, escribió el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.

La presión para renegociar la meta con el FMI surge de la evidencia de que el ajuste realizado hasta ahora es insuficiente. Analistas privados y el informe de LCG coinciden en que, sin una recuperación sostenida de la actividad económica y de la recaudación, el objetivo del 2,2% del PBI no será alcanzable únicamente mediante recortes. El Gobierno mantiene como prioridad la obtención del superávit y aspira a que el crecimiento de la actividad económica mejore la recaudación para poder cumplir con el FMI.

El Salvador afronta la paralización del programa de financiamiento del Fondo Monetario Internacional, valorado en USD 1,400 millones, ante la falta de avances en reformas clave y la acumulación de retrasos en las revisiones acordadas, según la financiera británica Emerging Finance (EMFI). La firma indica que el estancamiento de este acuerdo genera incertidumbre entre los inversores y presiona el desempeño de los bonos soberanos salvadoreños.

El informe de EMFI explica que el programa EFF (Facilidad de Servicio Ampliado) del Fondo Monetario Internacional continúa bajo revisión, sin progresos concretos anunciados públicamente ni más desembolsos realizados. El año pasado el organismo desembolsó poco más de $232 millones.

“El programa EFF de USD 1400 millones del FMI, continua sin avanzar, con dos revisiones programadas retrasadas y desembolsos asociados aún por materializarse”, dice en el documento revisado por Infobae.

El documento destaca que dos reformas estructurales permanecen sin resolverse: la reforma del sistema de pensiones y el plan gubernamental de acumulación de Bitcoin.

En febrero de este año, el gobierno de Nayib Bukele debía presentar una propuesta para modificar el régimen previsional, pero según confirma EMFI, no se presentó. Además, indica que el Ejecutivo mantiene su estrategia de compra diaria de Bitcoin, acumulando 7,586 BTC, equivalentes a USD 536 millones al valor actual, en contraste con el acuerdo con el Fondo.

“No se observó ningún progreso en el último mes en ninguno de los dos frentes”, añade la agencia en su reporte.

Preocupaciones de los inversores

El análisis de EMFI sostiene que el mercado ya ha reflejado en los precios de los bonos salvadoreños los temores a un posible “colapso” del acuerdo con el FMI. El Bono de Solo Interés vinculado a los objetivos macroeconómicos subió 13% en el mes, alcanzando 3.85 centavos USD. Los inversores, de acuerdo con este informe, consideran probable que se produzcan nuevos retrasos en la implementación del programa durante el año.

La financiera británica indica que el retraso resulta difícil de justificar, dados los sólidos datos de crecimiento económico. El reporte menciona que el Ejecutivo podría evaluar que el apoyo del Fondo Monetario Internacional dejó de ser imprescindible. No obstante, EMFI advierte que el acuerdo representa un ancla relevante para las expectativas económicas y ayuda a reducir las presiones financieras de mediano plazo para el país.

“Por el contrario, mantenerse pegado al plan del FMI podría actuar como catalizador, desbloqueando la compresión de diferenciales y apoyando una mejora en la calificación crediticia”, destaca el informe.

El Salvador tiene mejores rendimientos en la región

Además, el análisis financiero sostiene que adherirse al programa del FMI podría favorecer una mejora en la calificación crediticia del país y permitir que los rendimientos de los bonos converjan hacia la media de países con calificación “B a B+”. Actualmente, El Salvador ofrece los rendimientos más altos de la región, con un promedio del 7.9%, superando a Honduras (7.4%), Costa Rica (6.1%) y Guatemala (6.1%).

EMFI concluye que, en el contexto de los mercados emergentes y frente a los riesgos internos, la recomendación para los eurobonos salvadoreños es mantener la posición en espera (HOLD) mientras persista la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El crecimiento del PIB de El Salvador, que alcanzó un 5.1% interanual en el tercer trimestre de 2025, figura entre los mayores avances recientes en América Central, aunque ya se observan señales de desaceleración, indica el último informe difundido por la financiera inglesa Emerging Finance (EMFI).

El Producto Interno Bruto de El Salvador acumuló un crecimiento del 3.9% interanual durante los primeros nueve meses de 2025, superando las expectativas iniciales. Este desempeño se atribuye principalmente a la fortaleza de la demanda interna, con la inversión como principal motor y un papel central del flujo de remesas, según el análisis de la financiera.

El informe, con fecha del 11 de marzo de 2026, detalla que la inversión creció cerca de un 25% interanual, impulsada en particular por el sector de la construcción, que registró tasas sensiblemente superiores al promedio de la economía. El consumo privado también se mantuvo sólido, sostenido por el intenso flujo de remesas, que constituyó un componente esencial de la renta disponible de los hogares.

Desde la perspectiva sectorial, la construcción lideró el avance del PIB con un incremento del 27.1%, seguida por transporte y almacenamiento (9.7%), servicios financieros (6%), industria manufacturera (4.3%) y turismo (3.7%). En contraste, el consumo público cayó -3.3% interanual, como consecuencia de los recortes presupuestarios derivados de la política de consolidación fiscal implementada por el Gobierno.

Primeros signos de desaceleración y aumento del déficit comercial al cierre de 2025

A pesar del impulso observado en el tercer trimestre, los indicadores de la actividad económica de alta frecuencia comenzaron a mostrar cierta moderación hacia el final del año. El Índice de Actividad Económica Mensual (IVAE) presentó una evolución volátil: tras crecer un 7.1% interanual en septiembre, descendió al 1.4% en octubre, repuntó al 4% en noviembre y cerró en torno al 2.6% en diciembre, destaca el reporte de la financiera.

La persistencia de un déficit comercial elevado y la previsión de una moderación en la expansión económica plantean incertidumbre sobre la sostenibilidad del crecimiento y evidencian el desafío de reducir la dependencia de las remesas y de impulsar tanto la inversión como las exportaciones en 2026, apunta EMFI.

Las remesas se mantuvieron en niveles elevados, con un crecimiento interanual promedio del 16% en el segundo semestre de 2025, reflejando la reacción de los hogares ante la incertidumbre por las políticas de deportaciones en Estados Unidos. El restablecimiento de los vuelos de deportación provocó una desaceleración en el envío de dinero hacia el país.

El dinamismo de la demanda interna y la inversión impulsó las importaciones, ampliando el histórico déficit comercial. El saldo negativo mensual pasó de USD 791 millones en 2024 a USD 952 millones en 2025. Este aumento contrasta con las exportaciones, que aunque crecieron un 8.3% interanual a fines de 2025 y un 8.5% en enero de 2026, no lograron compensar el fuerte incremento de las compras externas, que subieron un 14.6% en diciembre antes de retroceder un -4.4% en enero.

Perspectivas para 2026: retos para la inversión y el comercio

De acuerdo con el informe de EMFI, la economía salvadoreña cerraría 2025 con un crecimiento cercano al 3.6%, consistente con la ralentización del IVAE en el último trimestre. Mientras que para el primer trimestre de 2026 se anticipa un crecimiento interanual de entre 3% y 4%, mientras que el promedio anual se ubicaría en torno al 3.2%.

La desaceleración se explicaría, principalmente, por la estabilización de la demanda interna, en especial el consumo de los hogares y la inversión en construcción, que seguirían siendo los principales motores del crecimiento. El contexto preelectoral de 2027 podría influir en la evolución del gasto público y la inversión, según la financiera.

El reporte subraya que la falta de un mayor impulso en la inversión privada y las dificultades persistentes del sector exportador constituyen los principales riesgos para el crecimiento, sobre todo si se reducen el consumo o los flujos externos, en particular las remesas.

Como posible paliativo, EMFI señala el nuevo acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos, que prevé una reducción de aranceles y mayor acceso al mercado estadounidense para productos salvadoreños, especialmente de los sectores textil, industrial y agrícola. Si estos beneficios se materializan, la economía local podría experimentar una recuperación gradual de las exportaciones a mediano plazo.

(Desde Washington, Estados Unidos) A diferencia de otros momentos históricos de la Argentina, la negociación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fluye sin fricciones políticas y se encamina a una reunión de directorio que aprobará la segunda revisión del acuerdo.

Voceros de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, consultados durante las reuniones del Argentina Week en New York, aseguraron a Infobae que la negociación se encuentra en el tramo final y que habrá un waiver (perdón) por el incumplimiento de la meta de reservas en 2025.

El Banco Central se había comprometido a tener reservas netas por 2.400 millones de dólares al cerrar el cuarto trimestre de 2025, pero esa meta no se alcanzó por la estrategia de contener el tipo de cambio en las semanas previas a las elecciones de medio término.

Este incumplimiento obligará al board del FMI a conceder un nuevo waiver sobre la meta de reservas, como sucedió durante la primera revisión del acuerdo.

Pero a diferencia de 2025, el Banco Central inició desde enero de 2026 un raid de compra de divisas que fue aplaudido por el staff y los directores del Fondo.

Durante el primer trimestre de 2026, la entidad monetaria compró más de 3.000 millones de dólares, alcanzando así el 30% de la meta anual acordada con el FMI.

Las compras extraordinarias no implicaron movimientos bruscos en el mercado y el equipo económico evalúa que la adquisición de divisas irá in crescendo por los ingresos que aportará el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El análisis comparativo de las compras del Banco Central exhibe un registro por encima de las divisas acumuladas en los gobiernos de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

Un gráfico diseñado por el Banco Central expone una curva ascendente para el ciclo de gobierno de Milei, que al cierre de febrero ya había alcanzado los USD 28.000 millones en compras.

En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda aún no vaticinan que la guerra en Medio Oriente pueda cambiar la actual estrategia de compra que ejecuta Santiago Bausili, titular del Banco Central.

Atentos al impacto de la guerra

Pero observan todos los días cómo puede impactar el conflicto en Irán respecto al plan de ajuste y la marcha de la economía.

Al cumplimiento de las metas -emisión monetaria y déficit fiscal- y la compra constante de divisas para reservas del Banco Central, se suma la alianza estratégica que tiene Javier Milei con Donald Trump.

Esa alianza geopolítica permite explicar la afabilidad habitual de Kristalina Georgieva con el equipo económico y la extensa reunión que mantuvieron Milei y Quirno con Scott Bessent -secretario del Tesoro-, durante el lanzamiento del Escudo de las Américas en Miami.

Estos gestos políticos tiñen a favor la negociación con el staff del FMI que lidera José Luis Daza, viceministro de Economía. Daza es respetado en el Fondo, se comunica sin intermediarios con Bessent y conoce las entrañas del plan de ajuste económico.

En DC explican que la hoja de ruta del Caso Argentino prevé tres fases finales:

1. Última negociación entre el gobierno y los técnicos del FMI para desembocar en el Staff Level Agreement (SLA), que terminaría a fin de marzo.
2. Elevación del SLA al directorio del FMI, que podría convocar a una reunión informal antes de un encuentro oficial.
3. Reunión del board del Fondo para aprobar -con el waiver- la segunda revisión del acuerdo con Argentina.

El FMI tiene sus sesiones de primavera a mediados de abril. Eso significa que el directorio se reuniría a continuación, ya que necesita del SLA diez días antes para hacer una convocatoria oficial

Conclusión, si no hay cisnes negros que puedan llegar por la guerra en Irán, Argentina lograría pasar la segunda revisión antes que concluya abril.

“Estamos bien con el Fondo, con todo ordenado. Nadie nos corre”, comentó a Infobae un caracterizado integrante del Gabinete, durante su viaje a New York por la Argentina Week.

En su discurso en Tokio, Georgieva señaló que la economía internacional atraviesa una etapa de perturbaciones continuas, marcadas por acontecimientos recientes como la guerra en Irán y precedidas por eventos como la pandemia mundial y el conflicto en Ucrania, además del incremento sostenido en el costo de la vida. Según publicó EFE, la responsable del FMI llamó a los responsables políticos a prepararse para escenarios extremos, advirtiendo que incluso si el actual enfrentamiento en Irán concluye pronto, no tardará en presentarse una nueva conmoción.

Tal como reportó la agencia, Georgieva articuló tres recomendaciones dirigidas a gobiernos y autoridades económicas. Sugirió, en primer lugar, reforzar instituciones y marcos de políticas robustos que permitan sostener economías dinámicas impulsadas por la iniciativa privada. En segundo lugar, propuso utilizar de manera eficiente los márgenes disponibles dentro de las políticas fiscal, monetaria y de gestión de reservas, con el objetivo de tener capacidad de maniobra ante situaciones imprevistas. Finalmente, subrayó la necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad frente a la volatilidad y a la aparición de riesgos.

EFE consignó que en su análisis Georgieva destacó los daños ocasionados por el conflicto en Irán sobre infraestructuras energéticas clave y el efecto de las amenazas en la navegación comercial en una de las rutas más sensibles para la economía global. La funcionaria explicó que el FMI se encuentra actualmente en continuo proceso de recopilación y análisis de datos relacionados con esta crisis y que la organización realiza un seguimiento cercano del impacto potencial en sus miembros.

Según precisó la agencia, Georgieva aseguró que el FMI planea incluir una evaluación completa del contexto y sus posibles derivaciones en el informe de perspectivas globales que acompañará a las reuniones de primavera de la entidad. Dicho informe se hará público entre el 13 y el 18 de abril durante las sesiones en Washington.

A lo largo de su intervención, citada por EFE, Georgieva reiteró el carácter imprevisible del actual entorno internacional y enfatizó que los responsables de diseñar políticas deben anticiparse a acontecimientos que pueden parecer improbables, a fin de proporcionar respuestas eficaces en tiempo real y fortalecer la resiliencia de sus economías ante nuevas crisis.

Las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluyeron afirmaciones sobre el impacto económico que el conflicto en Irán podría causar, en particular la probable subida de precios, y la necesidad de que el Gobierno reaccione con rapidez conforme vayan evolucionando los acontecimientos. Según informó Europa Press, Montero subrayó que el Ejecutivo español monitoriza de forma continua la situación internacional y detalló que, en caso de que el aumento de los precios de la energía o las materias primas afecte a familias y empresas, se adoptarán nuevas medidas de apoyo, tal como ocurrió tras la invasión rusa en Ucrania.

Durante un encuentro con medios en Córdoba, tras reunirse con representantes de Hitachi Energy España, la vicepresidenta respondió a las propuestas presentadas por el Partido Popular para mitigar la subida de precios originada por la nueva guerra en Irán, que involucra ataques de Israel y Estados Unidos. Según publicó Europa Press, Montero afirmó que el Gobierno aplicará cuantas iniciativas considere necesarias para reducir tanto la cesta de la compra como los costes de producción de las empresas, reiterando que las actuaciones se priorizarán cuando la situación lo exija.

El PP había anunciado la presentación ante el Congreso de un paquete de iniciativas, entre ellas duplicar la deducción por hijo en el Impuesto sobre la Renta, reducir en un 10% el IVA aplicado a la energía y eliminar el impuesto de generación eléctrica. De acuerdo con Europa Press, Montero criticó este enfoque, indicando que plantear la crisis como una competición o presentar retos inmediatos al Ejecutivo no contribuye a abordar la situación. Según indicó, el PP "sabe perfectamente que el Gobierno de España", al igual que ocurrió ante otras crisis, "explora y pone en marcha medidas conforme lo requieren los acontecimientos y el encarecimiento de precios".

En relación a los precedentes recientes, la titular de Hacienda mencionó las acciones tomadas a raíz de la guerra de Ucrania, cuando el Gobierno adoptó distintas medidas en función de la evolución de los precios del petróleo, la energía, los alimentos y otras materias primas. Según reportó Europa Press, Montero recalcó que la duración y la proyección del conflicto resultan factores cruciales para evaluar el impacto en los hogares y el tejido industrial. A este respecto, señaló que es habitual que en contextos de guerra haya alzas de precios, además de otras consecuencias como la pérdida de vidas.

La también secretaria general del PSOE andaluz hizo hincapié en que las propuestas actuales del PP no innovan en relación a las políticas que ya aplicó el Ejecutivo en crisis anteriores, calificándolas como una repetición de medidas pasadas. Montero añadió, según consignó Europa Press, que el PP se limita a plantear bajadas fiscales, sin presentar ideas diferentes o novedosas respecto al abordaje de la crisis. Recordó que el propio Gobierno ejecutó algunas de esas misiones tras la invasión rusa a Ucrania y cuestionó que el principal partido de la oposición presente esta batería de medidas tras haber rechazado en el Congreso el denominado "escudo social", impulsado por el Gobierno para proteger a las personas vulnerables ante emergencias de diversa índole.

En este sentido, la ministra de Hacienda censuró que el Partido Popular haya votado en contra de iniciativas como la prohibición de cortar suministros de agua o electricidad a hogares vulnerables. Montero reiteró que el Ejecutivo ya dispone de planes de contingencia preparados para situaciones de crisis, y que su actuación se basa en la experiencia obtenida durante anteriores dificultades económicas y energéticas. Según remarcó Europa Press, aseguró que los españoles ya conocen el proceder del Gobierno y que, si se encarecen las materias primas o la energía, se recurrirá a fórmulas anteriormente ensayadas y ya estudiadas para garantizar protección social y apoyo económico.

Cuestionada acerca de la recomendación emitida por el Fondo Monetario Internacional, dirigida a los gobiernos para que se preparen ante eventualidades imprevisibles derivadas del conflicto en Oriente Próximo, Montero declaró que tanto este organismo como otros internacionales mantienen una preocupación evidente por el desarrollo de la guerra, que calificó como ilegal. Además, destacó la creciente dificultad de encontrar una salida negociada o dialogada mientras persistan las hostilidades, según reflejó Europa Press en su cobertura de las declaraciones de la vicepresidenta.

La representante del Gobierno enfatizó que España defiende de manera reiterada la desescalada del conflicto y fomenta en todos los foros internacionales una solución negociada. La vicepresidenta mencionó que el presidente, Pedro Sánchez, mantiene como prioridad transmitir que no existe legitimidad para romper el orden internacional a través de una guerra que, en palabras del Ejecutivo, no representa una vía ética ni aceptable. Montero manifestó que la postura exhibida por España, contraria a los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel sobre Irán, ha sido respaldada progresivamente por otros países, y sostuvo que la posición adelantada del Gobierno español anima a otros Estados a rechazar el uso de la violencia como solución al conflicto.

Al referirse al contexto económico, Montero señaló que, pese a las tensiones internacionales, España muestra indicadores de crecimiento positivos en comparación con otras economías avanzadas de Europa. No obstante, advirtió que la prolongación de la crisis bélica podría modificar el escenario actual, produciendo efectos adversos en los precios y la vida de los ciudadanos. Por todo ello, la vicepresidenta defendió la conveniencia de que la desescalada armada comience cuanto antes para evitar nuevos perjuicios económicos y sociales, según recogió Europa Press.

La intervención de Montero terminó con un nuevo llamamiento a favor del cese inmediato de la guerra en Irán, recalcando la intención del Gobierno de mantenerse firme en la exigencia de respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones basadas en el diálogo. Europa Press también reportó que el Ejecutivo continuará evaluando el desarrollo de los acontecimientos en la región, ajustando sus políticas económicas según sea necesario para proteger a familias y empresas españolas frente a posibles subidas de precios generadas por la crisis internacional.

La recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de una reforma fiscal y una relajación de la política monetaria marca un nuevo capítulo en la agenda económica de Costa Rica, tras 36 meses consecutivos con la inflación por debajo de la meta oficial, según reportó EFE. El organismo internacional instó al país a introducir cambios en el sistema tributario y a ajustar la estrategia del Banco Central de Costa Rica para facilitar el retorno de la inflación al rango objetivo.

Durante la visita técnica realizada entre el 25 de febrero y el 9 de marzo, el FMI propuso una reforma tributaria orientada a reducir el gasto tributario, aplicar una tasa única para la renta corporativa y aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además, planteó la adopción de un mecanismo de “feebate” vinculado a las emisiones de vehículos. Según el informe del organismo, estas medidas permitirían elevar los ingresos del Estado y reforzar la gestión de la deuda, apoyando así la inversión en capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas.

La recomendación se produce en un contexto donde la inflación interanual en Costa Rica alcanzó -2,7 % en febrero de 2026, acumulando 10 meses de deflación y 36 meses por debajo del rango meta de entre 2 % y 4 % establecido por el Banco Central. El FMI señaló que “se necesita una mayor relajación de la política monetaria para facilitar el retorno de la inflación y las expectativas inflacionarias al nivel fijado como meta”. El documento también sugiere que recortes adicionales en la tasa de política monetaria contribuirían a fortalecer la demanda interna y evitarían un estancamiento prolongado de la inflación por debajo del objetivo.

De acuerdo con EFE, el FMI recomendó que el país continúe reduciendo la dolarización, flexibilice gradualmente los límites regulatorios sobre las inversiones extranjeras de los fondos de pensiones y evite propuestas legislativas que permitan retiros anticipados del sistema previsional.

La relación de Costa Rica con el FMI se ha intensificado desde 2021, cuando el país suscribió un acuerdo de Servicio Ampliado (EFF) por 1.778 millones de dólares para afrontar la recuperación post pandemia y estabilizar las finanzas públicas. Posteriormente, en 2022, el país fue pionero al firmar un acuerdo bajo la Facilidad de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF) por 730 millones de dólares, enfocado en la agenda climática. Según el portal oficial del FMI, estas líneas de crédito han servido para implementar medidas de consolidación fiscal y reformas estructurales, incluyendo el fortalecimiento de la regla fiscal y la reducción de la deuda pública, que pasó de 68 % del PIB en 2020 a cerca de 61 % en 2023.

En el plano fiscal, EFE destaca que el país logró pasar de déficits persistentes a un superávit primario y priorizó el control del gasto sin afectar la inversión social. El desempeño económico ha estado marcado por el impulso de las exportaciones, especialmente desde las zonas francas, con un crecimiento del PIB real de 4,6 % en 2025. El FMI proyecta una desaceleración al 3,8 % en 2026.

El informe del organismo también resalta la importancia de institucionalizar la autonomía del Banco Central y mantener el impulso reformista para asegurar la sostenibilidad fiscal y monetaria. Según el análisis de EFE, la economía costarricense ha mostrado resiliencia, aunque el entorno inflacionario y los desafíos fiscales obligan a nuevas acciones coordinadas.

Según expresó María Jesús Montero, el Ejecutivo de España ha implementado un proceso de monitoreo constante sobre la evolución de los precios, tanto de las materias primas como de la energía, frente a la actual situación derivada del conflicto en Irán. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda afirmó que ya se encuentran en evaluación varias acciones y que, si fuera necesario por un aumento de precios atribuido a la escalada bélica, el Gobierno adoptará medidas como ya hizo tras el inicio de la guerra en Ucrania. Así lo aseguró en una comparecencia ante periodistas en Córdoba, tras reunirse con representantes de la firma Hitachi Energy España, según publicó el medio Europa Press.

Durante las declaraciones recogidas por Europa Press, Montero respondió a las propuestas hechas públicas por el Partido Popular (PP), que anunció la presentación en el Congreso de Diputados de una serie de iniciativas para mitigar el efecto de una posible subida del coste energético. Entre las sugerencias del PP se encuentran el aumento al doble de la deducción por hijo en el IRPF, la reducción del IVA de la energía en un 10 por ciento y la eliminación del impuesto sobre la generación eléctrica.

La titular de Hacienda reprochó que el PP plantee la situación como un desafío o competencia, con la intención de que “el Gobierno apruebe esas medidas” de manera inmediata. Montero manifestó que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo es consciente de la respuesta que suele dar el Gobierno español ante crisis, sin importar cuál sea su origen, y aseguró que se están considerando soluciones desde el primer momento del conflicto. Según la ministra, el diseño y la implementación de estas acciones dependerán de la evolución de los acontecimientos y de si se eleva el precio de las materias primas y la energía.

En referencia a experiencias previas, Montero recordó la actuación del Ejecutivo tras el estallido de la guerra en Ucrania, destacando el seguimiento de la evolución de los precios del petróleo, los alimentos y otras materias primas. Según publicó Europa Press, la vicepresidenta subrayó que el Gobierno fue reaccionando a medida que la situación avanzaba, incorporando medidas de protección conforme lo exigían las circunstancias económicas.

La ministra explicó que la duración y desarrollo del conflicto son factores clave para determinar el impacto en la economía, tanto doméstica como industrial. Añadió que el incremento de precios resulta prácticamente inevitable ante una guerra, sumado a las consecuencias humanas y sociales que acompañan estos eventos.

Por otra parte, Montero criticó la reiteración de propuestas fiscales por parte del PP, a las que calificó como ausencia de innovación, señalando que sólo retoman medidas aplicadas ya por el Ejecutivo durante el conflicto en Ucrania. La vicepresidenta destacó que parte de las medidas presentadas por la oposición han sido previamente implementadas y que, en cualquier caso, considera estas iniciativas como “copia y pega” de acciones ya conocidas.

La ministra también cuestionó que el Partido Popular presentara su batería de propuestas justo después de haber rechazado, una semana atrás, el denominado “escudo social” promovido por el Gobierno para amparar a la población más vulnerable. De acuerdo con Europa Press, acusó al PP de haber votado en contra de impedir los cortes de suministros esenciales como agua y electricidad entre personas en situación de vulnerabilidad, negándose a respaldar ninguna de las ideas del Ejecutivo en este sentido.

En cuanto a la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que los gobiernos se preparen para escenarios imprevistos provocados por la reciente crisis en Oriente Próximo, Montero respondió que tanto este organismo como otros internacionales han manifestado preocupación ante lo que considera una “guerra ilegal”. Según Europa Press, la vicepresidenta aseguró que el Ejecutivo está promoviendo la desescalada en todos los foros internacionales, una postura respaldada por el presidente Pedro Sánchez, quien ha trasladado con claridad el rechazo de España a esa vía.

Montero insistió en que el Gobierno español aboga por encontrar una solución dialogada al conflicto y que no respalda ninguna acción que viole el orden internacional, postura que, a su juicio, ha propiciado que otros países se sumen al rechazo a la guerra. Reconoció que el Ejecutivo se posicionó primero en la defensa de una salida no bélica y expresó satisfacción por la adhesión de otros gobiernos a esta postura.

Finalmente, la vicepresidenta reiteró el llamamiento del Gobierno a impulsar la desescalada y el cese de la guerra en Irán, argumentando que las hostilidades afectan no sólo por la pérdida de vidas humanas, sino también por el encarecimiento del nivel de vida, en un momento en el que la economía española muestra crecimiento dentro del contexto europeo. Montero concluyó que existen argumentos y motivos suficientes para que el proceso de desescalada comience y la guerra llegue a su fin.

Al abordar la situación económica global, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, detalló que cada incremento del 10% en los precios del petróleo podría generar un aumento de 40 puntos básicos en la inflación mundial y una reducción de entre 0,1% y 0,2% en el crecimiento del PIB global, siempre que este alza se mantenga durante la mayor parte del año. Según informó el FMI, estos efectos podrían hacerse evidentes a raíz del conflicto que atraviesa la región de Oriente Próximo y que ha comenzado a impactar los mercados internacionales.

De acuerdo con el análisis presentado por el Fondo Monetario Internacional, los posibles escenarios derivados de la crisis en Oriente Próximo constituyen un desafío para los gobiernos del mundo, que ahora reciben la recomendación explícita de prepararse para escenarios fuera de los modelos habituales de previsión. Durante una conferencia realizada en Tokio, Kristalina Georgieva instó a los líderes políticos internacionales a “pensar en lo impensable y prepararse para ello”, una advertencia que se enmarca en la incertidumbre y los riesgos económicos crecientes.

El medio que dirige Georgieva subrayó la importancia de que los países fortalezcan sus sistemas institucionales y económicos para enfrentar este contexto volátil. Según publicó el FMI, las autoridades deben enfocarse en áreas bajo su control, lo que incluye la inversión en instituciones sólidas y la actualización de los marcos de políticas económicas, con el objetivo de cimentar economías resilientes y favorecer un crecimiento impulsado principalmente por el sector privado.

El FMI también hizo hincapié en la necesidad de utilizar el margen de maniobra de las políticas económicas cuando la situación lo demande, así como la importancia de restablecer ese margen una vez empleado. De acuerdo con la directiva del organismo, lograr agilidad en la toma de decisiones se posiciona como un factor clave para afrontar las repercusiones de crisis inesperadas, como la que actualmente afecta a Oriente Próximo, según detalló el medio en su conferencia.

El FMI está recopilando información relevante sobre las consecuencias de esta crisis en los países miembros. De acuerdo con el propio organismo, los detalles y conclusiones de este análisis formarán parte de las próximas ‘Perspectivas de la Economía Mundial’, cuyo lanzamiento está previsto hacia la mitad de abril. El informe incluirá una evaluación minuciosa de cómo los sucesos de Oriente Próximo pueden modificar tanto los patrones de inflación como las expectativas de crecimiento a nivel internacional.

Durante su exposición en Tokio, Georgieva reiteró que la prioridad para los gobiernos consiste en la preparación ante cualquier tipo de eventualidad, incluso las que parecen improbables en los modelos tradicionales de riesgo. Tal como consignó el medio, insistió en que las políticas deben diseñarse para responder con rapidez y eficacia a los desafíos emergentes, minimizando así los posibles efectos adversos sobre la estabilidad económica global.

Los mercados financieros ya han reflejado inestabilidad debido a la incertidumbre derivada del conflicto en la región mencionada, y el FMI observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos. Según reportó el organismo en sus intervenciones, el monitoreo permanente permitirá anticipar los efectos más severos y recomendar las acciones adecuadas a las economías impactadas por fluctuaciones bruscas en los precios energéticos y el comercio internacional.

El organismo advierte que la volatilidad generada por la crisis en Oriente Próximo no solo influye en el costo energético sino que puede desencadenar reacciones en cadena en los sistemas macroeconómicos, según el análisis de sus técnicos. Este enfoque se verá reflejado en el próximo informe mundial, un documento que busca proporcionar herramientas informativas a los responsables políticos para la adaptación de sus estrategias ante riesgos concretos.

A modo de conclusión de su participación en el evento de Tokio, la directora general del FMI reiteró la necesidad de agilidad y flexibilidad, según publicó el propio organismo, y reafirmó el compromiso de la entidad para acompañar a los países miembros en la navegación de escenarios inesperados, compartiendo información actualizada y recomendaciones de política basadas en datos recientes. Las perspectivas y proyecciones detalladas estarán disponibles con la presentación del informe global en abril, donde se abordarán en profundidad los impactos específicos del conflicto en Oriente Próximo sobre la economía mundial.

Una nueva recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la urgencia de acumular reservas internacionales resuena con fuerza en el escenario actual, donde la fragmentación geopolítica y los conflictos, como la reciente escalada en Medio Oriente, profundizan los riesgos para las economías emergentes.

Si bien el FMI no hizo mención a la Argentina sino que se trató de un llamamiento general a todos los bancos centrales, el caso argentino es particular ya que el Gobierno incumplió la meta de acumulación de reservas fijada por el organismo multilateral en el marco del acuerdo por 20.000 millones de dólares.

De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, deslizó que el objetivo debería ser anual en vez de trimestral. “Para mí decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”, consignó.

En tal sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró la compra de divisas a partir de enero y acumula más de USD 3.000 millones en lo que va del año. Sin embargo, esa cifra no tuvo un impacto directo en las arcas de la autoridad monetaria ya que buena parte se utilizaron para que el Tesoro cancele compromisos de deuda en moneda extranjera y el stock actual se ubica por debajo de los USD 46.000 millones de dólares.

En ese contexto, el economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, publicó un artículo titulado “Reservas adecuadas protegen a las economías frente a shocks y refuerzan su resiliencia” en el que plantea que la acumulación de divisas es clave para blindar a los países ante crisis externas y evitar tensiones cambiarias de gran impacto.

La fragilidad que caracteriza al entorno global, según subraya Gourinchas, requiere que los países en desarrollo y los mercados emergentes refuercen su capacidad de resistencia. Para ello, el FMI recomienda fortalecer los colchones de reservas, aun cuando existan resistencias internas y desafíos políticos.

Bajo la perspectiva del prestamista de última instancia, la experiencia histórica muestra que los países con bajos niveles de reservas enfrentan un riesgo elevado de crisis, ya que cuentan con un margen muy reducido para afrontar episodios de volatilidad o cambios bruscos en el flujo de capitales.

“La importancia de las reservas va más allá del régimen cambiario adoptado. Los países con tipo de cambio fijo suelen requerir más reservas para respaldar su moneda, pero las reservas también son fundamentales para quienes adoptan regímenes más flexibles. Estas ayudan a contener una volatilidad cambiaria excesiva y los costos macroeconómicos asociados”, apunta el documento.

En los últimos 25 años, el volumen global de activos de reserva oficial se incrementó de manera sostenida. Sin embargo, la distribución de estas reservas se mantiene muy concentrada: un grupo reducido de países logró acumular grandes sumas, a veces superiores a lo necesario para afrontar shocks externos. Para estos casos, el desafío es gestionar el exceso de reservas y no la escasez. En cambio, muchas economías, especialmente las de ingresos bajos, carecen de colchones suficientes y enfrentan dificultades para acceder a los mecanismos de protección.

El FMI utiliza un indicador de suficiencia de reservas para evaluar la capacidad de los países de soportar shocks severos. Según este indicador, un nivel más alto de reservas se traduce en mayor resiliencia. No obstante, el reporte de Gourinchas advierte que, pese a los beneficios bien documentados—entre ellos, mayor protección ante crisis y menores costos de financiamiento—, no todos los países consiguen implementar las políticas necesarias para aumentar sus reservas. Las razones suelen estar vinculadas a cuestiones político-económicas, como la presión para lograr resultados inmediatos que lleva a las autoridades a tomar decisiones que ponen en riesgo la estabilidad a largo plazo.

“A pesar de los beneficios conocidos, como una mayor protección y menores costos de financiamiento, los países con bajos niveles de reservas a veces enfrentan dificultades para implementar las políticas necesarias. Esto obedece a consideraciones político-económicas, como cuando la búsqueda de beneficios políticos de corto plazo lleva a las autoridades a postergar medidas necesarias y agotar las reservas. Los países que lograron superar estos obstáculos y dejaron atrás la inestabilidad fueron los que consiguieron generar consenso en torno a principios macroeconómicos básicos de disciplina fiscal y externa”, reza otro pasaje del análisis.

El proceso para engrosar las arcas de los bancos centrales -define Gourinchas- suele comenzar con superávits fiscales y de cuenta corriente, bases a partir de las cuales se pueden adquirir reservas de forma sostenida. A medida que la situación macroeconómica se estabiliza, el ingreso neto de capitales privados cobra mayor relevancia.

Sin embargo, el análisis de la entidad presidida por Kristalina Georgieva subraya sobre los riesgos de depender en exceso de flujos financieros volátiles y de una flexibilidad cambiaria insuficiente. En muchos casos, los programas de estabilización terminaron abruptamente cuando cesaron los flujos de capital, especialmente en países que mantenían tipos de cambio sobrevaluados. El equilibrio del balance de pagos, entonces, depende de la capacidad del país para mantener superávits comerciales que permitan cubrir el pago de dividendos e intereses sobre pasivos externos y, al mismo tiempo, acumular o sostener niveles adecuados de reservas.

El costo de mantener reservas también es tema de análisis en el artículo de Gourinchas. “Las reservas implican un costo elevado”, señala el economista jefe del FMI, quien destaca que, por su naturaleza líquida y segura, estos activos ofrecen retornos mucho más bajos que otras alternativas de inversión. El alto costo de oportunidad, definido como “el precio de la autoaseguración”, suele desalentar la acumulación. A esto se suma el riesgo de que, si la compra de reservas no se acompaña con medidas de esterilización monetaria, pueda generarse presión inflacionaria.

Ante este escenario, el organismo multilateral plantea la necesidad de buscar estrategias que reduzcan el costo global de acumular reservas. Entre las alternativas, propone ampliar las opciones de inversión disponibles para los bancos centrales, lo que permitiría abaratar la acumulación y alentaría a los países a reforzar sus colchones. Otra consiste en aumentar la oferta de activos de reserva en dólares, por medio de la inclusión de bonos en dólares a mayor plazo y otros instrumentos en carteras diversificadas, además de los tradicionales bonos del Tesoro de corto plazo. Además, sugiere canalizar estas reservas a través de un fondo común podría reducir los costos de transacción y preservar la liquidez.

Por último, Gourinchas reconoce que muchas economías emergentes lograron avanzar en esta dirección, equilibrando los distintos objetivos de política, como el control de la inflación, la estabilidad externa y el crecimiento sostenido, a la vez que han promovido el consenso social alrededor de principios básicos de disciplina económica. El FMI considera que estos avances deben ser apoyados desde el ámbito internacional, facilitando la acumulación sostenible de reservas y promoviendo la cooperación entre países para reducir el costo de la autoaseguración.

El debate sobre las metas de acumulación de reservas internacionales netas se intensificó durante la última revisión del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a nivel técnico culminó la semana pasada.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió -y reveló que planteó- la conveniencia de adoptar un enfoque anual para el cumplimiento de los objetivos de reservas, en lugar de la tradicional supervisión trimestral. Lo que despertó el análisis de economistas y consultores, quienes evaluaron el impacto de la volatilidad cambiaria y la estructura de las exportaciones sobre la viabilidad de las metas.

Como reveló Infobae, con el viaje del viceministro de Economía, José Luis Daza, a los Estados Unidos finalizó la revisión a nivel técnico y ahora se espera por la aprobación a nivel del directorio, lo que va a destrabar el desembolso de USD 1.000 millones. Momento en que se conocerán también el staff report y con ello las nuevas metas de acumulación de reservas internacionales netas que debe cumplir la Argentina durante el 2026 y si Caputo logró convencer de cambiar la metodología. Estas metas funcionaban, hasta ahora, bajo un esquema de control trimestral, sujeto a revisiones periódicas por parte de las autoridades del Fondo.

El ministro de Economía explicó el razonamiento detrás de la propuesta de que la meta sea anual. “Para mí decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”.

El ministro sostuvo que la dinámica de las exportaciones y el comportamiento de los actores del sector externo imposibilitan una proyección precisa de corto plazo. Bajo ese argumento, la administración económica propuso ante el FMI que la meta de reservas se mida en función del desempeño anual.

En el actual programa, la acumulación de dólares depende en gran parte de factores externos y de la estacionalidad de los ingresos por exportaciones, lo que complica el cumplimiento de objetivos trimestrales rígidos.

El presidente de Analytica, Ricardo Delgado, analizó las implicancias que tendría este cambio en la modalidad de evaluación. “Eso le da más margen al equipo económico para no tener que estar atado a cuatro cumplimientos anuales, que son las metas trimestrales, y te da más flexibilidad”, sostuvo.

Para una economía como la de Argentina, que tiene alta volatilidad cambiaria y en la capacidad de oferta y compra de reservas por parte del Banco Central, una meta anual te da mayor flexibilidad (Delgado)

Aunque remarcó que las metas trimestrales son parte habitual de todos los programas históricos del Fondo, que tienen un manual y siguen un procedimiento. “Para una economía como la de Argentina, que tiene alta volatilidad cambiaria y en la capacidad de oferta y compra de reservas por parte del Banco Central, una meta anual te da mayor flexibilidad. No estás todo el tiempo dando examen y eso mejora las expectativas porque sacas de la cancha el cumplimiento o no. Obviamente, cuando te acerques a fin de año, donde tienes que mostrar si cumpliste la meta, esas expectativas van a empezar a mirar el número”, aseguró Delgado.

Con la presentación de la “Fase 4″ del programa económico, el Banco Central se autoimpuso el desafío de sumar USD 10.000 millones a sus reservas a lo largo de 2026, un objetivo que, según comentó el presidente de la entidad, Santiago Bausili, contó con el aval del organismo internacional. Y hasta el momento, lo viene haciendo a un ritmo mayor al que se consensuó: en lugar de un 5% del volumen total de las operaciones, lo hace a un 30% sin generar fuertes saltos en el dólar.

El último jueves, la entidad aceleró la adquisición al sumar USD 124 millones, la cifra más alta desde mediados de febrero. Desde el inicio de la “Fase 4″ del programa monetario en enero, el BCRA sumó más de USD 3.000 millones, lo que representa más del 30% de la meta establecida de compra de divisas para todo el año.

La directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, consideró acertada la revisión de los plazos de cumplimiento. “Me parece muy lógico porque uno puede anticipar cierta estacionalidad en el comercio exterior ex ante en Argentina. Pero la estacionalidad está cambiando porque hay otros factores que van creciendo en términos de las exportaciones, como la energía, además de tener un mundo cada vez más volátil y eso impacta en Argentina”, comentó.

Castiglioni agregó: “Planificar la política de comprar reservas condicionada a una meta trimestral puede afectar la política monetaria. Cuando es más sensato plantear una meta anual y que después, en la planificación, el Banco Central vaya a mirar cuánto va comprando, pero con una perspectiva que no condicione“.

Es más sensato plantear una meta anual y que después, en la planificación, el Banco Central vaya a mirar cuánto va comprando, pero con una perspectiva que no condicione (Castiglioni)

“Es una buena decisión plantear una meta anual y no trimestral, esas metas trimestrales estaban ligadas a que había revisiones trimestrales, que en los acuerdos estándar están ligadas a la cuestión fiscal. Como Argentina ya tiene equilibrio fiscal desde el momento cero, lo que está ayudando el FMI son fuentes hasta que Argentina puede tener un índice de riesgo país más bajo y no necesitar de la ayuda del Fondo primero para capitalizar el Banco Central y después para tener cierto fondeo”, dijo Castiglioni a Infobae.

Es que el esquema tradicional de revisiones trimestrales del FMI respondía a la lógica de los programas fiscales estándar, donde el cumplimiento de metas periódicas condicionaba el acceso a nuevos desembolsos. En el actual acuerdo, la situación fiscal de Argentina presenta una dinámica diferente, con equilibrio de las finanzas públicas desde el inicio del programa. El monitoreo del cumplimiento de las metas de reservas, entonces, se adapta a la nueva realidad del país y a su capacidad para captar dólares en el mercado internacional, coincidieron los economistas consultados.

El ataque ejecutado el sábado pasado por Estados Unidos e Israel contra Irán provocó un incremento relevante en los precios del petróleo y generó efectos inmediatos sobre el comercio internacional, con empresas navieras como Maersk suspendiendo temporalmente los servicios que conectan Oriente Próximo y Europa por motivos de seguridad. Según informó el medio original, este factor, junto a la escalada bélica en la región, impactó de lleno en los mercados financieros globales y fue determinante en el desempeño semanal negativo de las bolsas europeas.

El selectivo español Ibex 35 experimentó una caída del 7,01% a lo largo de la semana, cifra que no se registraba desde hace cuatro años, cerrando la sesión del viernes en 17.074,4 puntos. Esta variación, detalló el medio, sitúa el desempeño semanal del índice por debajo de niveles que solo se vieron durante fuertes correcciones bursátiles anteriores, como la de marzo de 2020. El viernes, la bolsa española bajó cerca de un 1%, resistiendo por encima de los 17.000 puntos a pesar del entorno volátil. De acuerdo con el medio, la guerra entre Israel, apoyado por Estados Unidos, e Irán fue el principal factor de la inestabilidad que marcó la semana en los mercados. La respuesta militar de Israel incluyó ataques sobre Teherán y también incursiones en Líbano durante el séptimo día de hostilidades. Esta situación generó incertidumbre entre inversores y operadores a nivel mundial.

El impacto negativo no se limitó a la bolsa española. Otras plazas bursátiles europeas como Londres, París, Fráncfort y Milán también registraron descensos semanales: Londres perdió un 1,33%, París un 0,86%, Fráncfort un 1,13% y Milán un 1,14%. El medio reportó que, en el caso español, algunos valores dentro del Ibex 35 consiguieron avances en la sesión del viernes. Entre las subidas destacaron Telefónica (2,89%), Repsol (2,67%), Naturgy (1,79%), Amadeus (1,64%), Enagás (0,79%) y Endesa (0,70%). Por el contrario, las mayores correcciones recayeron sobre Grifols, que cedió un 3,36%, junto a Indra (-3,07%), ArcelorMittal (-3,06%), Fluidra (-2,92%) y Acciona (-2,87%).

Desde el plano energético, el conflicto bélico y el cierre parcial de rutas marítimas en la región derivaron en un repunte de los hidrocarburos. Según detalló el medio, al cierre de la sesión europea el barril de Brent cotizaba en 91,12 dólares tras subir más de un 6,65%, alcanzando niveles no vistos desde abril del año anterior. El crudo West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en 89 dólares, una subida semanal del 9,97%. El gas natural europeo también vivió alzas, con los contratos de futuros en la plataforma holandesa TTF alcanzando los 52,53 euros por megavatio-hora, un crecimiento del 3,55%. El medio citó el análisis del Fondo Monetario Internacional, representado por su directora gerente Kristalina Georgieva, quien señaló que un alza del 10% en el precio de la energía sostenida durante un año incrementaría la inflación en cuatro décimas porcentuales y frenaría entre una y dos décimas el crecimiento económico.

La tensión en la renta fija aumentó, de acuerdo con analistas de Julius Baer mencionados por el medio, evidenciando presiones en el mercado de deuda europea. El bono español a diez años cerró la semana con un rendimiento del 3,346%, y la prima de riesgo frente a la deuda alemana ascendió hasta los 48,8 puntos básicos. La incertidumbre energética también modificó las expectativas sobre la política monetaria, con los mercados descontando un posible retraso de las rebajas de tipos por parte del Banco Central Europeo y anticipando, incluso, una subida para finales de año.

En el mercado de materias primas, el oro mantuvo su posición como principal refugio ante la incertidumbre, manteniéndose en torno a los 5.150 dólares y con picos de hasta 5.400 dólares durante la semana. La plata, más expuesta a la volatilidad, se ajustó a la baja más de un 6% hasta los 72 dólares por onza troy. El bitcoin, a pesar de su perfil como activo de riesgo, fue uno de los pocos instrumentos financieros que cerró la semana con avances, subiendo un 2% hasta situarse cerca de los 69.000 dólares, después de haber superado los 74.000 dólares en algún momento. Según declaraciones de Dovile Silenskyte, directora de investigación de activos digitales en WisdomTree citada por el medio original, esta evolución responde a una base sólida de demanda en el mercado de criptomonedas.

El mercado de divisas también reflejó los efectos del conflicto y de la incertidumbre global. El dólar se fortaleció respecto al euro, situando el tipo de cambio en 1,158 dólares por cada euro, desde los 1,182 dólares de la semana anterior. Según el informe publicado por la fintech Ebury, citado por el medio, el dólar consolida su rol de activo refugio por su alta liquidez y porque Estados Unidos resulta beneficiado por el alza del petróleo al ser exportador neto. Además, la disminución de las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal contribuye al fortalecimiento de la divisa estadounidense.

A lo largo de la semana, la tensión geopolítica no solo repercutió en los mercados financieros, sino que también provocó declaraciones de líderes políticos. El actual presidente de Estados Unidos criticó la posición española en el seno de la OTAN, acusando al país de hostilidad por su negativa a elevar el gasto militar hasta el 5% del producto interior bruto, una exigencia no acatada por ningún otro miembro del organismo. Además, Donald Trump manifestó que no buscará acuerdos con Irán y que exigirá una “rendición incondicional” para poner fin a la guerra iniciada el pasado sábado, según publicó el medio.

El trasfondo de la crisis evidenció cómo los mercados reaccionaron ante el aumento de las tensiones internacionales, canalizando la volatilidad hacia los precios del petróleo, la renta fija, las divisas y los activos refugio, mientras la economía enfrenta las consecuencias de la prolongación del conflicto en una de las regiones clave para el suministro energético global.

Según explicó el ministro de Energía de Catar, Saad al-Kaabi, en caso de proseguir el conflicto bélico en Oriente Próximo, la interrupción de las exportaciones de energía desde la región podría impactar profundamente en la producción mundial, el comercio y los mercados internacionales. De acuerdo con el Financial Times, al-Kaabi subrayó que si las hostilidades no cesan de forma inmediata, los principales países exportadores del Golfo podrían verse obligados a cesar operaciones en cuestión de semanas, generando un aumento abrupto en los precios globales del petróleo y un efecto cascada sobre diversas industrias.

El medio británico Financial Times detalló que, incluso en el supuesto de un alto el fuego, el restablecimiento completo del suministro de gas y petróleo podría demorarse semanas o meses. Este escenario cobró mayor relevancia tras el ataque con drones iraníes contra la mayor planta de gas natural licuado de Catar, lo que forzó a QatarEnergy a invocar la figura de fuerza mayor, un mecanismo que permite suspender compromisos contractuales por causas externas como conflictos armados. Como resultado, los mercados internacionales de energía comenzaron a registrar señales claras de inestabilidad.

Tal como consignó el Financial Times, la escalada tras los ataques de Israel y Estados Unidos hacia objetivos en Irán generó inquietud sobre la posibilidad de que la región suspenda casi por completo sus ventas de energía al exterior, lo que, en opinión del ministro catarí, amenazaría con colapsar la economía global. El Brent, el principal indicador petrolero de referencia en Europa, se negoció recientemente a 89,52 dólares por barril, el mayor valor en lo que va del año. Esta cifra representa un incremento del 5% en la última semana y una subida del 23% desde el periodo más bajo, alcanzando el ritmo de crecimiento más acelerado desde 2020. Según la advertencia de al-Kaabi recogida por Financial Times, de persistir las tensiones, el barril podría superar los 150 dólares.

Saad al-Kaabi indicó que la suspensión de exportaciones energéticas no solo incidiría en los mercados de materias primas, sino que tendría consecuencias directas sobre la fabricación y el comercio internacional. El ministro declaró al Financial Times: “Esto hundirá las economías del mundo”. Añadió que, de mantenerse la situación, otros países productores del Golfo evaluarían declarar la fuerza mayor para ampararse ante posibles incumplimientos contractuales, recalcando que la decisión corresponde a cada Estado en función de los riesgos a los que se enfrenten.

El ministro catarí afirmó, según el Financial Times, que aunque las ventas de gas de Catar hacia Europa representan una fracción del suministro total, el continente podría verse perjudicado si los compradores asiáticos ofrecen precios más competitivos y absorben los volúmenes disponibles. La crisis podría agudizarse si otros actores regionales tampoco logran cumplir con sus contratos internacionales, profundizando el desabastecimiento en Europa.

El Financial Times aclaró que la declaración de fuerza mayor ofrece una exención legal para que empresas y gobiernos dejen de cumplir temporalmente sus acuerdos de suministro por motivos ajenos a su voluntad, como puede ser la escalada militar. Esta medida, según el diario, no solo afecta al comercio energético, sino que traslada incertidumbre a los sectores turístico, industrial y comercial a escala global. Las bolsas internacionales han mostrado volatilidad ante la perspectiva de interrupciones prolongadas en el flujo energético.

A estas advertencias se sumó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien señaló ante BloombergTV, según reportó Europa Press, que un incremento sostenido en los precios de la energía constituye un riesgo clave para la estabilidad económica. Georgieva precisó: “Si se produce un aumento del 10% en los precios de la energía y este se mantiene durante un año, la inflación subiría 40 puntos básicos y el crecimiento se desaceleraría entre 0,1 o 0,2 puntos porcentuales”. También destacó que el alcance del impacto dependerá tanto de la extensión como de la intensidad de las hostilidades en la región.

Europa Press informó que Georgieva mencionó la necesidad de que los bancos centrales vigilen de cerca las fluctuaciones de precios y de divisas. Recomendó también a las autoridades fiscales que gestionen con prudencia sus reservas, reforzándolas durante periodos de relativa estabilidad, para poder afrontar con mayor solidez los choques externos. La alta ejecutiva del FMI sostuvo que la crisis ya ha tenido efectos como el encarecimiento generalizado de los suministros energéticos, el daño a la confianza empresarial y la disrupción del turismo y el comercio internacional.

De acuerdo con Financial Times, la inquietud actual entre analistas y gestores de mercado radica en la vulnerabilidad estructural de la economía global ante alteraciones en el suministro energético procedente de Oriente Próximo. El riesgo de que otros gobiernos del Golfo adopten en breve medidas similares a la fuerza mayor, según publicaron tanto el Financial Times como Europa Press, aumentaría la presión sobre mercados energéticos y contractuales, amenazando con repuntes súbitos en la inflación y restricciones en la oferta para el sector industrial.

El informe del Financial Times también abordó la reacción de los agentes internacionales, los cuales han reforzado los llamados a la cautela y la cooperación multilateral en un contexto de volatilidad creciente. Según el análisis de ambos medios, la continuidad de la escalada militar podría dejar al sistema económico global expuesto a restricciones severas de suministro, agravando las dificultades para las economías dependientes de importaciones energéticas y dificultando las previsiones sobre el comportamiento de los precios internacionales.

El impacto de las interrupciones en el turismo y el comercio como consecuencia de la tensión geopolítica ha despertado inquietud respecto al desempeño económico global, afectando especialmente a economías expuestas al final de la cadena de suministro y a países de bajos ingresos con elevados niveles de deuda. Según detalló Europa Press, los recientes aumentos en los precios de la energía, provocados por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, ya han generado un entorno de mayor incertidumbre financiera, erosionando la confianza y alterando la estabilidad de los mercados.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este viernes, en declaraciones a BloombergTV recogidas por Europa Press, que un repunte sostenido del 10% en el precio de la energía durante un año podría sumar cuatro décimas al nivel de inflación, al tiempo que restaría entre una y dos décimas porcentuales al crecimiento económico. La economista explicó que la duración de esta situación resulta crucial para determinar sus efectos a largo plazo, y remarcó la importancia de mantener una vigilancia constante sobre los precios y las divisas.

Según publicó Europa Press, Georgieva insistió en que los bancos centrales deben permanecer atentos tanto al comportamiento de los precios como a los movimientos en los mercados de divisas. Paralelamente, instó a las autoridades fiscales a gestionar con prudencia sus reservas, recomendando que se utilicen con cuidado, especialmente en contextos de elevada volatilidad e incertidumbre global. También sugirió aprovechar los períodos de estabilidad para reconstruir reservas que fueron agotadas durante la pandemia de Covid-19 y tras los impactos derivados de la guerra en Ucrania.

La directora del FMI subrayó que aquellos países que lograron reconstituir sus reservas en los últimos dos años, después de verse afectados por las crisis recientes, disfrutan actualmente de una posición más sólida para enfrentar nuevas perturbaciones. Sin embargo, advirtió que muchas economías avanzadas, que ofrecieron apoyo en crisis anteriores, ya no se encuentran en condiciones de brindar el mismo respaldo. Esto se traduce en una economía mundial que afronta las tensiones actuales desde una situación más frágil, tras la acumulación sucesiva de crisis.

De acuerdo con Europa Press, Georgieva expresó especial preocupación por los países de la zona Asia Pacífico, situados al final de las cadenas globales de suministro, quienes se exponen a impactos severos ante cualquier interrupción considerable en el abastecimiento de petróleo. Esta vulnerabilidad se une a la de las economías de bajos ingresos con elevadas cargas de deuda, para las cuales la situación se complicaría significativamente ante un escenario de precios energéticos elevados y recursos limitados.

En la entrevista difundida por Europa Press, Georgieva informó que en la actualidad existen 50 países que dependen de los programas del FMI para cubrir sus necesidades de balanza de pagos. Añadió que se prevé un aumento en la demanda de asistencia financiera por parte del Fondo, lo cual podría requerir tanto la ampliación de los programas vigentes como la creación de nuevos instrumentos de ayuda. Frente a este panorama, la directora del FMI remarcó la disposición del organismo para intervenir donde sea necesario y destacó que el Fondo reconoce su papel como pilar de estabilidad en un entorno global caracterizado por la incertidumbre.

El medio Europa Press destacó también la recomendación de Georgieva a los países para que tomen decisiones firmes y actúen con determinación, estableciendo políticas que fortalezcan sus fundamentos económicos y aseguren una gestión adecuada de sus recursos. Alertó que, bajo las condiciones actuales, los márgenes de maniobra resultan más estrechos y la capacidad de respuesta ante nuevas crisis depende en buena medida de las estrategias adoptadas en años previos.

El análisis de los efectos de un encarecimiento sostenido en los costos energéticos, realizado por el FMI y presentado por su directora, se basa en las tendencias observadas en episodios pasados, como las fluctuaciones desencadenadas por conflictos internacionales o alteraciones inesperadas en el suministro. La inflación acumulada y la desaceleración del crecimiento se presentan, según consignó Europa Press, como consecuencias directas de estos episodios, cuyo alcance depende de la magnitud y la duración del shock.

En sus intervenciones citadas por Europa Press, Kristalina Georgieva reiteró el llamamiento al fortalecimiento de las reservas, la importancia de una vigilancia monetaria extrema y la necesidad de políticas fiscales prudentes ante un futuro incierto, donde las variables energéticas y las tensiones geopolíticas continúan poniendo a prueba la estabilidad de la economía global.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, expresó que el Ejecutivo ha mantenido el contacto con más de 1.600 empresas españolas con intereses y operaciones en Estados Unidos, con el propósito de respaldarlas en el contexto de la incertidumbre generada tras la imposición de aranceles desde hace un año. Cuerpo aseguró que el Gobierno sigue trabajando para facilitar que dichas compañías puedan sobrellevar el entorno actual y sostuvo que la Administración ofrece apoyo a los sectores afectados por las tensiones comerciales. Así lo detalló el ministro durante una entrevista con COPE, citada por Europa Press, donde abordó las perspectivas de diálogo futuro con autoridades estadounidenses.

El funcionario reconoció que, hasta el momento, no ha sostenido conversaciones directas con sus pares de Estados Unidos sobre la situación, pero manifestó confianza en que surgirán oportunidades para abordar estos asuntos en las reuniones previstas en Washington, en el marco de las próximas asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Según informó Europa Press, Cuerpo adelantó que “seguramente tendremos la ocasión de hacerlo” en dicho contexto multilateral, refiriéndose al establecimiento de contactos con sus homólogos del país norteamericano.

En relación a las declaraciones previas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó la posibilidad de interrumpir las relaciones comerciales con España, el ministro recalcó que la posición del Gobierno español se centra en mantener una relación económica y comercial “lo más suave posible y de la manera más integrada posible”, porque esa es la vía que mejor responde a los intereses de las empresas nacionales. También insistió en que el Ejecutivo está actuando para que las compañías exportadoras y presentes en el mercado estadounidense puedan gestionar el clima de incertidumbre vigente desde la aplicación de los aranceles.

Europa Press reportó que el apoyo gubernamental incluye una interlocución con el tejido empresarial afectado, particularmente en sectores que dependen de la relación bilateral con Estados Unidos. Cuerpo puntualizó que la meta es acompañar a las empresas en las adaptaciones necesarias mientras transcurre el entorno económico adverso, derivado de las recientes decisiones comerciales estadounidenses.

Por otra parte, el ministro confió en que las próximas citas institucionales con el FMI y el Banco Mundial proporcionarán un espacio propicio para el diálogo con autoridades económicas estadounidenses. Según consignó Europa Press, Cuerpo consideró que los foros multilaterales constituyen un escenario clave para debatir las cuestiones que impactan tanto a los mercados como a las compañías que operan entre ambos países.

El titular de Economía remarcó que el objetivo principal del Ejecutivo se orienta a asegurar que las empresas españolas dispongan del respaldo necesario para adaptarse a los cambios e incertidumbres generados por las decisiones políticas y comerciales de Estados Unidos. En la entrevista difundida por COPE, y reportada por Europa Press, reiteró la disposición del Gobierno a seguir mediando y buscando soluciones en el marco de las instituciones internacionales, en búsqueda de preservar la estabilidad de las relaciones comerciales y minimizar los efectos adversos sobre las empresas nacionales.

Finalmente, según detalló Europa Press, el diálogo previsto en las reuniones de Washington se considera fundamental para reconstruir la confianza y avanzar en la cooperación económica, en un momento en el que persiste la inquietud entre las empresas exportadoras y los sectores más vulnerables a posibles represalias comerciales.

Durante la intervención ante la Asamblea Nacional Popular, Li Qiang enfatizó la intención del Gobierno de China de generar más de 12 millones de nuevos puestos de trabajo urbanos y de mantener la inflación en torno al 2% durante 2026. Este planteamiento acompaña la decisión de Pekín de reducir el objetivo de crecimiento económico a un rango del 4,5% al 5% para 2026, nivel que marca la meta más baja desde 1991 y representa una modificación respecto al “alrededor del 5%” fijado durante los tres ciclos anteriores. Según informó el medio original, el primer ministro defendió esta nueva estimación como un margen que permitirá ajustar la economía en áreas clave como la estructura productiva, el control de riesgos y la aplicación de reformas.

El informe anual de trabajo, presentado por Li Qiang, subraya que estos objetivos buscan consolidar una base para el primer año del nuevo plan quinquenal de China. De acuerdo con lo publicado, el Gobierno considera que avanzar hacia una expansión controlada impulsará reformas estructurales y la estabilidad monetaria, contemplando que la meta de crecimiento, aunque menor, se alinea con las previsiones globales y los retos del entorno económico actual.

En su presentación, el primer ministro detalló que la política fiscal se orientará hacia un mayor dinamismo, con un déficit previsto en torno al 4% del producto interior bruto para el año en curso. Según consignó la fuente, también se mantendrá una postura monetaria moderadamente flexible, priorizando el impulso de un crecimiento sostenido y una estabilización de los precios. El informe señaló que para alcanzar estos objetivos, el banco central contará con herramientas como la reducción de los coeficientes de reservas mínimas y de los tipos de interés, permitiendo mantener una liquidez amplia y asegurar que el crecimiento del crédito y de la oferta monetaria vayan en paralelo a los objetivos de expansión económica y a la meta de inflación.

De acuerdo con lo publicado, la economía china, la segunda más grande del mundo, experimentó un crecimiento del 5% en 2025, resultado que permitió cumplir la meta previa fijada por Pekín. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional proyecta que, durante 2026, el producto interior bruto de China aumente un 4,5%, previsión que descendería al 4% de cara a 2027, en consonancia con las estimaciones oficiales ahora publicadas y el nuevo rango objetivo.

Li Qiang sostuvo que la meta de crecimiento reciente responde no solo a los desafíos internacionales sino también al posicionamiento estratégico de China con vistas al horizonte de 2035. Según destacó el jefe de Gobierno, el país dispone de condiciones favorables para lograr los nuevos objetivos, lo que permitiría abordar acciones de ajuste y reformas a largo plazo. El texto oficial atribuye este margen de crecimiento a la necesidad de adaptar la economía nacional tanto a las condiciones cambiantes del mercado global como a las propias transformaciones internas que exigen una mayor eficiencia y generación de empleo en las áreas urbanas.

El medio original precisó que la presentación del informe ante la Asamblea Nacional Popular ratifica el compromiso de Pekín con una expansión basada más en la calidad que en la velocidad del crecimiento económico. En ese contexto, el Ejecutivo remarcó la importancia de utilizar los instrumentos de política monetaria con flexibilidad, ajustando la liquidez y el crédito según requiera cada fase del ciclo, para sostener la recuperación y afrontar posibles presiones inflacionarias o de desaceleración.

La estrategia, difundida por el medio de referencia, incorpora el objetivo de situar la tasa de desempleo en los entornos más bajos posibles dentro de las grandes ciudades, marcando como prioridad la generación de empleo urbano por encima de los 12 millones de nuevos puestos. Este esfuerzo se vincula directamente con la estabilidad social y el fortalecimiento del consumo interno, factores considerados medulares para la sostenibilidad del crecimiento a medio y largo plazo.

Además, la previsión de inflación para 2026, situada cerca del 2%, refleja la voluntad del Gobierno de evitar distorsiones de precios que puedan afectar el poder adquisitivo de la población y la competitividad internacional. Según detalló la fuente, aunque el crecimiento previsto resulte menor que en periodos anteriores, las autoridades chinas apuntan a que el nuevo rango objetivo permitirá responder con mayor agilidad y control ante eventuales riesgos financieros y económicos.

Las declaraciones de Li Qiang, recogidas por el medio original, remarcaron que el escenario proyectado representa “condiciones favorables y realistas” para el cumplimiento tanto de los objetivos inmediatos del próximo ciclo como para la estrategia a más largo plazo delineada hasta 2035, articulando una aspiración de desarrollo sostenible y de modernización progresiva de la estructura económica del país.

Según informó la fuente, el plan para el periodo 2026 buscará consolidar una política macroeconómica coordinada, centrada en el fortalecimiento del mercado interno y en la prevención de desequilibrios que puedan limitar las capacidades de innovación y de integración tecnológica del aparato productivo chino. El Ejecutivo anticipó el recurso puntual a políticas fiscales y monetarias para intervenir en caso de situaciones imprevistas, permitiendo corregir desviaciones y mantener la estabilidad general.

El medio añadió que el Gobierno considera la generación de empleo urbano y la estabilidad de los precios como pilares fundamentales que acompañarán la transición hacia un modelo de crecimiento de menor velocidad, pero con mayor solidez estructural. Esta hoja de ruta indica un énfasis en la reforma y la prevención de riesgos sistémicos, aspectos que las autoridades perciben como cruciales ante los cambios en la coyuntura internacional y la evolución del comercio y las inversiones globales.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la resiliencia económica mundial enfrenta una nueva prueba ante la guerra desatada en Medio Oriente contra el régimen iraní.

“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo”, señaló Georgieva durante una transmisión en vivo de la conferencia “Asia en 2050” en Bangkok, Tailandia.

Estados Unidos e Israel comenzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva contra Irán, acción que resultó en la muerte del líder supremo iraní Ali Khamelei y desató una ola de represalias en todo el Golfo.

El conflicto en una región clave para el suministro global de recursos ha provocado un fuerte aumento en los precios del petróleo y ha generado gran volatilidad en los mercados internacionales.

“Estamos en un mundo de choques más frecuentes e inesperados y hemos estado advirtiendo a nuestros miembros durante bastante tiempo que la incertidumbre es ahora la nueva normalidad”, afirmó Georgieva. “Estamos potencialmente en un período prolongado de cambio”, sintetizó.

La titular del organismo prestamista subrayó que la seguridad energética está “en juego” para gran parte de Asia y que los mercados han experimentado una volatilidad similar a “una montaña rusa en los últimos días”. “Por tanto, cuanto antes veamos el fin de la calamidad, mejor para el mundo entero”, concluyó.

Al inicio del sexto día desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, las bolsas de Seúl y Tokio registraron fuertes repuntes este jueves luego de las caídas pronunciadas de jornadas previas por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras el petróleo continuó al alza ante la persistente incertidumbre por el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi llegó a subir hasta un 11%, marcando una recuperación notable tras el desplome histórico del 12% que reflejó el pánico en el mercado por las repercusiones del conflicto y el aumento de los precios de la energía.

Uno de los impactos más considerables fue la disminución del tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, de 90%, desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, según informó el miércoles la firma de inteligencia de mercado energético Kpler.

Autoridades militares iraníes declaraon que el tránsito por esta vía, clave para una quinta parte del suministro mundial de crudo, ha sido completamente interrumpido. Sin embargo, Kpler señaló que algunos buques continúan atravesando el estrecho, aunque varios realizan el viaje sin activar el sistema de seguimiento marítimo AIS.

“En contraste con otros segmentos de buques donde los movimientos prácticamente se han detenido, algunos petroleros siguen viajando hacia el este y el oeste a través del estrecho, y varios viajes se realizan sin el AIS”, explicó Matt Wright, analista principal de carga de Kpler.

(Con información de EFE)

La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones alcanzó en enero USD 92.32 millones, elevando el total acumulado a más de USD 11,333 millones, impulsado por la emisión de títulos por parte del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El crecimiento de la deuda refleja la presión estructural sobre el sistema de jubilaciones y ocurre en momentos en los que hay una alta expectativa ante una inminente reforma de pensiones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según datos del BCR, la deuda creció desde los USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 hasta los USD 11,333.45 millones en enero de 2026. Sin embargo, comparada con el mismo mes del año anterior, cuando se situaba en USD 10,572.40 millones, la cifra representa un incremento de USD 761.05 millones o un 7.2%.

El ISP es responsable de emitir los títulos con los que el Estado financia el pago de jubilaciones del antiguo sistema público, reemplazado a finales de la década de 1990 y modificado en 2022.

El Estado emite dos tipos de títulos: COP y CFT

La principal deuda corresponde a dos tipos de instrumentos. Por un lado, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) acumulan actualmente USD 2,939.26 millones. Estos títulos son adquiridos obligatoriamente por las administradoras de fondos de pensiones (AFP privadas) y se canalizan al pago de los pensionados del sistema previo a la reforma.

A esto se suman USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Tras una reforma aprobada a fines de 2022 por la Asamblea Legislativa, estos instrumentos dejaron de pagar tanto capital como intereses por cuatro años. Dicho período de gracia se vence el próximo año y deberá pagar dicha deuda que representa el 22.9% del PIB (Producto Interno Bruto).

El Fondo Monetario Internacional ha señalado que, tras esta reforma, el 89% de los activos gestionados por las AFP —que en 2024 alcanzaron USD 14,900 millones— están invertidos en “títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras”, indica una nota de la agencia EFE.

El FMI advierte sobre el uso del fondo solidario para pagar pensiones

El organismo internacional subrayó que los pagos a pensionados del sistema privado comenzaron a realizarse usando recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que respalda a los afiliados cuando agotan los ahorros de su cuenta individual.

El Fondo Monetario advirtió que este mecanismo refuerza la dependencia del sistema privado hacia los títulos de deuda pública y expone a los afiliados si los recursos comunes se agotan.

Los afiliados y jubilados salvadoreños esperan una nueva reforma del sistema previsional, una medida acordada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ante el Fondo Monetario Internacional. El plazo para presentar esta propuesta venció el 10 de febrero.

En 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las reservas que adquiriera el Banco Central no se utilizarían para pagar deuda externa, sino que se acumularían, gracias a las distintas opciones de financiamiento con las que contaría el país. Sin embargo, en los dos primeros meses del año, la mayoría de las compras del BCRA se destinaron al pago de vencimientos de deuda.

En declaraciones públicas, Caputo señaló que la política del año anterior supuso que “por cada dólar que compramos, el 75% se destinó a pagar deudas”. El funcionario explicó que esa situación respondió a la falta de refinanciamiento para compromisos en moneda extranjera, lo que obligó al equipo económico a utilizar los recursos captados en el mercado para cumplir con los acreedores. Para 2026, Caputo buscaba revertir esa tendencia. “Ahora, en vez de acumular 25 centavos por cada dólar, vamos a poder acumular el dólar entero”, afirmó el funcionario a fines del 2025 y subrayó que el cambio obedeció a una secuencia planificada para proteger las reservas.

El primer bimestre del año mostró la implementación de esta estrategia en un contexto de pagos importantes y compras relevantes de divisas. En lo que va de la fase 4 del programa económico, el BCRA compró USD 2.783 millones, lo que fue festejado por el mercado, ya que era una exigencia que acarreaba desde la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas de octubre. Las compras se apoyaron en una baja demanda de dólares para importaciones y una mayor liquidación de exportaciones así como la colocación de deuda por parte de empresas y provincias, lo que permitió a la autoridad monetaria fortalecer su posición en moneda extranjera.

No obstante, la acumulación de divisas enfrentó restricciones por los compromisos financieros, tanto del Tesoro como del propio Central. “Ya se pagó el vencimiento de Bopreal por USD 1.000 millones, impactaron este lunes”, comentó una fuente oficial del BCRA a comienzos de esta semana. Así, la misma fuente explicó que la suba de las reservas internacionales brutas ese día (USD 46.517 millones en comparación con el cierre del viernes, USD 45.560 millones) respondió al retorno de fondos que suelen salir a fin de mes, y aclaró que solo los pagos de Bopreal efectuados en el exterior reducen efectivamente el stock de reservas.

Las obligaciones con organismos internacionales también influyeron en la dinámica de reservas. El 1° de febrero, Argentina pagó USD 878 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) con la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (Degs). El desembolso formó parte del programa vigente con el FMI y requirió coordinación para asegurar los recursos necesarios, en un contexto de restricciones de liquidez y la prioridad de sostener la relación con el organismo.

En el análisis de la consultora Analytica, la diferencia entre compras y pagos durante los primeros dos meses del año resultó negativa. “El saldo nos da un total de U$S715 millones negativo. Una forma de verlo es: Compras BCRA U$S2.783, Variación Cuenta del Tesoro USD -1.687, Pago BOPREAL USD -1.023 millones”, señalaron. El cálculo muestra que, a pesar de las compras relevantes, la salida de fondos por compromisos financieros y la variación de cuentas del Tesoro generaron una pérdida neta de reservas.

El pago de bonos como el Bopreal y la atención de los compromisos con el FMI demostraron la presión que enfrentan las reservas a pesar de la intención oficial de preservarlas. La gestión de Caputo priorizó la acumulación de dólares, pero la estructura de vencimientos y la falta de acceso a nuevo financiamiento obligó a destinar parte de los recursos a cancelar obligaciones externas.

Durante febrero, el Banco Central aprovechó la estabilidad cambiaria para intervenir en el mercado mayorista y sumar reservas. La limitación de la demanda de dólares para importaciones y la mayor liquidación de exportaciones permitieron que la autoridad monetaria lograra un saldo positivo en sus operaciones. Sin embargo, los pagos de deuda y la variación de cuentas del Tesoro condicionaron la retención neta de divisas.

El seguimiento de la evolución de las reservas durante el primer bimestre muestra la tensión entre la política de acumulación y las obligaciones de pago. El saldo neto negativo informado por Analytica refleja el desafío de retener dólares en un contexto de vencimientos exigentes y limitaciones en el acceso a financiamiento internacional. Aunque la semana pasada, el equipo económico sacó la carta del Bonar 29 (AO27) con el que pretende juntar USD 2.000 millones de cara al pago de USD 4.200 millones de julio y que tuvo un gran éxito en la primera licitación.

El acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y El Salvador el 29 de enero representa un giro estratégico en la relación bilateral, al remover obstáculos clave para los exportadores salvadoreños y convertir al país centroamericano en un destino prioritario para inversiones en sectores como los minerales críticos y la manufactura, destaca un reciente análisis de Diálogo Interamericano.

Un punto que se incluye es que el pacto con EE.UU. se produce en un momento en que El Salvador, tras levantar en 2024 una prohibición histórica sobre la minería metálica, busca capitalizar su potencial en esa industria y aprovechar su plena dolarización para ofrecer estabilidad a socios internacionales.

Según el centro de análisis especializado, la expectativa de crecimiento económico de El Salvador ronda el 3 % anual en los próximos dos años, impulsada por políticas fiscales y el respaldo de organismos multilaterales.

La eliminación de aranceles fomenta la competitividad de los productos salvadoreños

El acuerdo, conocido formalmente como Acuerdo de Comercio Recíproco, elimina aranceles que gravaban exportaciones clave, como textiles y confecciones, y restituye el trato libre de impuestos bajo el marco del CAFTA-DR. Sarah Phillips, gerente para América Latina norte en McLarty Associates, explicó a Diálogo Interamericano que la supresión de tarifas hará que los productos salvadoreños sean más atractivos frente a los de otros países miembros del tratado, como Nicaragua. Además, el tratado refuerza la cooperación comercial dentro de la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos, facilita el flujo de inversiones hacia la minería y moderniza normativas sobre licencias de importación, medidas sanitarias y digitalización aduanera.

De acuerdo con el análisis, la nueva política ofrece ventajas para grandes marcas estadounidenses, que pueden reducir costos al importar desde El Salvador, lo cual incrementa la competitividad de la maquila local y, según Victoria Chonn Ching, investigadora del Atlantic Council, más del 30 % de las exportaciones de El Salvador tienen como destino Estados Unidos.

El acuerdo restablece ventajas para productos que soportaban hasta 10 % de arancel, consolidando al país como socio preferente en el acceso a mercados y atracción de inversiones. Sectores como telecomunicación, infraestructura y minerales críticos concentran ahora el interés del capital extranjero para financiar el proceso de industrialización y desarrollo del país.

Minería metálica tiene potencial económico, dicen expertos

La reapertura del sector minero salvadoreño en 2024, después de siete años de prohibición, genera nuevas oportunidades y, al mismo tiempo, plantea desafíos significativos. Gustavo Flores-Macias, decano de la University of Maryland School of Public Policy, señaló que El Salvador cuenta con reservas de oro inactivas durante años, pero la autoridad estatal sobre los recursos y la obligatoriedad de alianzas público-privadas complican el establecimiento de proyectos mineros.

La oferta limitada de trabajadores especializados y las carencias en infraestructura incrementan los riesgos para los inversores. Flores-Macias remarcó que, aunque el crecimiento del PIB podría situarse en 2.5 % en 2026 y en 3 % para 2027 según el FMI, la sostenibilidad de este avance depende de la capacidad institucional para garantizar reglas claras y un manejo responsable de los impactos sociales y ambientales.

La oposición a la minería metálica tiene peso entre la sociedad civil y la Iglesia Católica de El Salvador, que alertan sobre la vulnerabilidad de los recursos hídricos y los altos riesgos climáticos. Una encuesta nacional del IUDOP en diciembre de 2024, reportada por Rose J. Spalding de la DePaul University, reveló que 59 % de la población considera inadecuado el desarrollo de la minería en el país, más del doble de quienes lo respaldan (23 %).

Asimismo, el endeudamiento estatal mediante un canje de deuda por USD 1,000 millones firmado en 2024 —monto en dólares estadounidenses— obliga a El Salvador a realizar tareas de limpieza y protección del río Lempa durante 20 años, lo que podría limitar la expansión del sector minero en zonas de sensibilidad ambiental.

Persisten los desafíos para el clima de inversiones

A pesar de los incentivos derivados del acuerdo y de la estrategia del presidente Nayib Bukele para atraer inversión privada, el entorno empresarial en El Salvador sigue presentando limitaciones. Phillips indicó a Diálogo Interamericano que el país cuenta con un mercado reducido, alta informalidad laboral y dudas sobre la certeza regulatoria, factores que afectan su posición regional en términos de competitividad y seguridad jurídica para los inversores.

La gestión de pasivos ambientales y los conflictos comunitarios continuará siendo una cuestión clave para quienes apuesten por la minería y los recursos estratégicos del país. Chonn Ching destacó que el futuro dependerá de la creación de políticas y estructuras capaces de asegurar un crecimiento estable y sustentable, con equilibrio entre las necesidades económicas y la protección del entorno y los recursos vitales de la población.

El inicio de cada año suele traer consigo metas renovadas para quienes buscan optimizar sus recursos, ya sea a través del ahorro o de la diversificación de inversiones. Sin embargo, 2026 se perfila como un período que exige algo más que entusiasmo: demanda análisis y estrategia.

El escenario global impone desafíos adicionales. La economía transita entre tensiones geopolíticas persistentes, una inflación que se mantiene elevada en las principales economías y un sector tecnológico en plena transformación, impulsado por la inteligencia artificial. Este contexto obliga a replantear decisiones y a preguntarse cuáles son hoy las alternativas más razonables para invertir.

De acuerdo con estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial proyectado para el presente año es del 3.3%, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la inflación en economías avanzadas se mantenga próxima al 3%. En este escenario, la protección del capital y la gestión del riesgo emergen como prioridades para quienes desean obtener rendimientos sin exponerse innecesariamente.

Desde la perspectiva de HFM, plataforma de trading con presencia internacional, operar en los mercados financieros requiere algo más que acceso a una amplia gama de instrumentos. Su análisis sostiene que la diferencia clave reside en ejecutar estrategias con disciplina y confiar en intermediarios regulados y con trayectoria comprobada. En opinión de la firma, la elección de un broker fiable es el primer filtro para construir una cartera sólida, antes incluso de seleccionar los activos específicos.

Alternativas de inversión que concentran mayor atención

• Oro

Entre las alternativas que concentran mayor atención, el oro destaca como activo refugio frente a la incertidumbre. Los datos muestran que el metal superó repetidamente máximos históricos por encima de los 3.000 dólares la onza a comienzos de 2026.

El consenso de bancos y analistas internacionales anticipa proyecciones alcistas que van dede los 5.000 doláres hasta 6.200 dólares por onza para finales de año. Goldman Sachs, por ejemplo, señala una expectativa de 5.400 dólares en diciembre de 2026, impulsada por la sostenida demanda de los bancos centrales.

Según el análisis de HFM, el oro cumplió un papel fundamental en 2025, registrando un avance superior al 60%, gracias a la búsqueda global de activos refugio ante la inestabilidad política y económica. Para los inversores conservadores, la plataforma subraya que “el oro preserva el poder adquisitivo cuando el entorno se deteriora”, aunque advierte que, al no generar flujos de caja, debe entenderse como un complemento y no como el centro de la estrategia.

• Bitcoin y las criptomonedas

El mercado de bitcoin y criptomonedas experimentó un 2025 de fuertes altibajos. Tras alcanzar valores superiores a 125.000 dólares, la principal criptodivisa cerró el año en terreno negativo, según cifras de Bloomberg.

No obstante, el análisis de HFM identifica una narrativa distinta para 2026: la mayor claridad regulatoria y un entorno de tasas de interés más bajas podrían favorecer una recuperación gradual del sector.

El elemento diferenciador, de acuerdo con la plataforma, es la creciente participación institucional. “El tránsito de Bitcoin desde un activo especulativo hacia un componente estándar de los portafolios continuará hasta 2032”, indican desde HFM, con los flujos de inversión institucional ayudando a moderar la volatilidad. El consenso de expertos recomienda mantener una exposición acotada, entre el 5% y el 10% del portafolio, y evitar decisiones impulsivas.

• Inteligencia artificial

El sector de la inteligencia artificial absorbe actualmente el 64% de la inversión global. Empresas como Microsoft, Nvidia y OpenAI se encuentran en el centro de esta ola expansiva. El análisis de HFM advierte que este flujo masivo de capital ha elevado las valoraciones a niveles similares a los máximos de la burbuja tecnológica, lo que exige precaución.

Goldman Sachs Asset Management señala la IA y los ciclos de flexibilización monetaria como catalizadores clave, pero advierte que 2026 exigirá un enfoque de inversión activo y disciplinado.

Disciplina y regulación: la base de toda estrategia

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, HFM recomienda revisar el horizonte temporal, la tolerancia al riesgo y la regulación de los intermediarios elegidos.

Para la plataforma, “el riesgo cero no existe, pero el riesgo mal gestionado por falta de información tiene remedio antes de invertir, no después”. La clave, en un entorno tan cambiante, reside en informarse, comparar opciones y priorizar la protección del capital.

Los fines de semana renunciaron a ser días de descanso. En los últimos tiempos, los acontecimientos que impactaron a los mercados sucedieron cuando no estaban operando.

Hasta el viernes, la preocupación de los inversores era la burbuja que podría provocar la Inteligencia Artificial y las consecuencias sobre el empleo en el mundo a partir de 2028.

Todos los inversores estaban en estado de cautela y la región recibía algunos fondos de inversión que salían de Europa y Estados Unidos buscando renta y seguridad en los títulos latinoamericanos.

Pero el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán conmovió a los inversores que aguardaron la apertura del overnight a las 19.00 hora argentina, para comenzar a cubrirse de un conflicto que no parece terminar en el corto plazo.

Por lo tanto, se comenzó a configurar una rueda de refugios en el oro que subía casi 2% a USD 5.342 por onza, lejos del récord de enero de USD 5.595. Algunos analistas creen que puede aproximarse a ese valor. El petróleo que había tocado USD 80 dólares acotaba sus aumentos a 5,20% a USD 76,30.

Las especulaciones en torno al precio del petróleo variaban hora a hora. De imaginarlos por encima de USD 100, ahora hablan de USD 80. Este encarecimiento del crudo no beneficia a las empresas petroleras porque tienen que enfrentar seguros más altos. Por caso, el estrecho de Ormuz que está en manos de Irán y por donde pasa 20% del comercio global del hidrocarburo no está formalmente cerrado, pero los barcos se niegan a cruzarlo. En la realidad, ese flete se va a encarecer por el rodeo que deben dar para llegar a destino.

Los aumentos a la apertura habían sido vertiginosos, pero cuatro horas después se vieron operaciones más prudentes que recortaron las alzas iniciales. El dólar también se fortalecía 0,20% frente a las seis principales monedas del mundo.

Mientras el mundo seguía el conflicto en tiempo real, el presidente Javier Milei hablaba ante el Congreso y sus anuncios, algunos clave sobre cómo se estimularán el consumo y las inversiones en las PyMES a través del RIVI, un sistema similar al RIGI, para que modernicen su equipamiento.

Hoy se conocerá el impacto del discurso presidencial que venía con buenos augurios por la suba del recién emitido bonos en dólares.

La clave es si los sucesos internacionales serán una crisis o una oportunidad para los mercados argentinos.

En tanto, las consultoras avanzaron con sus informes que fueron redactados antes de los acontecimientos bélicos.

En Aldazabal y Cia. elogiaron la cotización del AO27, el nuevo bono en dólares que debutó en el mercado en alza, lo que hizo que el rendimiento baje de 5,88 % anual a 5,5 %. El informe señala que “en principio, la buena recepción del mercado da mayor sustento a la pretensión del gobierno de evitar nuevas emisiones en el mercado internacional. En esta línea, las autoridades han venido recurriendo a alternativas como las operaciones de REPO del Banco Central (USD 6.000 millones) y emisiones de títulos locales (AN29 en diciembre y el nuevo AO27) para hacer frente a los vencimientos en moneda extranjera, en una estrategia puente hasta tanto se materialice la esperada compresión del riesgo país. Esta dinámica dependería de la consolidación del proceso de acumulación de reservas —en la medida en que pueda sostenerse más allá de la estacionalidad favorable del primer semestre— y de una mayor certidumbre política vía mostrar apoyo legislativo, lo que permitiría acceder a tasas de financiamiento más bajas”.

“No obstante, seguimos viendo el retorno al mercado internacional como una pieza clave para fortalecer la credibilidad en el esquema macro. Por un lado, los vencimientos en moneda extranjera lucen desafiantes para sostener la actual estrategia en el mediano plazo, con compromisos brutos remanentes por casi USD 18.000 millones este año y superando los USD 32.000 millones en 2027”, agregaron.

La ALyC advierte que “creemos que una demora en el retorno al mercado internacional conlleva el riesgo de que la ventana de oportunidad se cierre”.

La consultora FMyA que dirige Fernando Marull, señala que “el buen contexto de emergentes no impactó positivamente en Argentina; a pesar del rebote en soja, petróleo y el real brasileño”.

FMyA observa que “esta semana salieron datos mixtos de la actividad. Los datos de diciembre fueron buenos (+1,8 % mensual), pero enero (y tal vez febrero) fueron inconsistentes. Sigue la economía a 2 velocidades, con la industria, comercio y construcción más rezagados. Seguimos un rebote del PBI para 2026 (+4,2 %), traccionado por exportaciones, algo de inversión y un rebote en el consumo en los próximos meses. En el dólar, el BCRA siguió comprando reservas y pagando deuda (bono BOPREAL)”.

Sobre el dólar opina que “en marzo podría ensayar un rebote, pero sería transitorio porque el mercado seguirá ofrecido (cosecha abril/mayo). En breve estará la aprobación con el FMI (desembolsa USD 1.000 millones). Y en los pesos, el Tesoro y el BCRA dieron liquidez para que las tasas de interés bajen levemente a niveles de 2,6% (32% TNA). El BCRA da liquidez con la compra de dólares y pagando LECAP, y el Tesoro renovó solo el 93% de sus vencimientos. El dato negativo sigue siendo la inflación, que en la última semana de febrero aceleró a 1,2% semanal, y proyectamos 2,7% para febrero. En marzo, con educación y menor suba de alimentos, proyectamos 2,4%, aun alta”.

El informe agrega que “parece que con el BCRA comprando reservas no alcanza para bajar el riesgo país. El Tesoro tiene que pagar USD 14.000 millones en lo que resta de 2026, y esta semana dijo que buscará USD 2.000 millones con Bonares 2027 en inversores locales. La opción REPO está, y algo de privatizaciones, además de organismos internacionales. El mercado pide volver a los mercados globales, más temprano que tarde, para prefinanciar el 2027, un año electoral y avanzar con una mayor flexibilidad cambiaria”.

F2, la consultora que dirige Andrés Reschini señaló por su parte que “el mercado se adelantó a un relajamiento en el sesgo contractivo de la oferta monetaria y cerró posiciones en pesos presionando sobre el tipo de cambio que, de todas maneras, cerró el mes con una caída del 3,5% mientras que acumula un -4% en lo que va del año, para el caso del mayorista. El BCRA continuó con su racha de compras y en la semana sumó USD 300 millones más, aunque desacelerando levemente el ritmo semanal. Las tasas en pesos retrocedieron y empujaron a la baja a las tasas reales, algo que dará un poco de oxígeno a la actividad. El Tesoro, más allá de su nuevo canal de financiamiento en dólares, compró unos USD 119 millones el lunes pasado y luego sus depósitos en el BCRA en moneda extranjera cayeron en USD 76 millones. Habrá que ver ni bien haya datos disponibles si las últimas dos caídas fueron intervenciones en el mercado de cambios”.

Con estos datos hoy comienza una rueda tensa para los mercados del mundo. La clave está en la duración del conflicto en Medio Oriente.

La comitiva argentina que durante los últimos días mantuvo conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Estados Unidos regresó al país tras concluir la segunda revisión del programa. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que el proceso técnico finalizó y solo resta el paso administrativo para que el organismo formalice el resultado. La expectativa ahora se centra en la confirmación del desembolso pendiente por USD 1.000 millones, que impactará en el nivel de reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante la semana pasada, un equipo encabezado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, mantuvo encuentros con funcionarios del FMI en la ciudad de Washington. El objetivo fue avanzar en la revisión de los compromisos asumidos por la Argentina en el programa de facilidades extendidas. Menos de una semana después, la delegación ya se encuentra de regreso en Argentina.

La negociación de la segunda revisión formó parte de una agenda que el Gobierno priorizaba desde comienzos de febrero. En 2025, el equipo económico cumplió con las metas fiscales y monetarias, aunque enfrentó mayores dificultades en el plano cambiario, para acumular reservas netas en el BCRA. Estas complicaciones respondieron tanto a las ventas de divisas previas a las elecciones legislativas de octubre para controlar el tipo de cambio como a la decisión de no comprar reservas hasta que el dólar mayorista alcanzara el piso de la banda —lo que no ocurrió— con el fin de privilegiar la desaceleración de la inflación.

Desde el 1° de enero pasado, al iniciar la fase 4 del programa, el BCRA mejoró su desempeño: ya suma más de 38 jornadas consecutivas de compra de dólares, tanto en el mercado de cambios como mediante acuerdos con contrapartes externas. El viernes pasado, la entidad adquirió USD 31 millones, acumulando más de USD 2.700 millones en lo que va del año.

Pero algunos analistas consideran que las modificaciones en el régimen cambiario —el ajuste de las bandas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— son parciales y que podrían surgir nuevas exigencias por parte del FMI. Aunque el nuevo esquema ya recibió el “aval” de Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, durante su encuentro en Davos con el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en X junto con una foto con el ministro argentino. Caputo respondió: “Gracias a vos, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

Una vez que la segunda revisión finalice en términos administrativos y se conozca el staff report, la atención estará puesta en si el Fondo introduce nuevas sugerencias sobre el esquema cambiario y en las metas de acumulación de reservas internacionales netas del BCRA para el año. Hasta ahora, para el primer trimestre de 2026, el FMI exigió al BCRA reservas netas por USD -3.100 millones, mientras que antes de la primera revisión la meta era positiva, en USD 900 millones (una diferencia de USD 4.000 millones). Para el cuarto trimestre, la meta asciende a USD 8.400 millones (antes era USD 10.400 millones, diferencia de USD -2.000 millones).

El contexto del desembolso pendiente

El contexto de estas negociaciones estuvo marcado por la necesidad de acceder a los USD 1.000 millones pendientes del acuerdo, un desembolso que impacta directamente en la capacidad del país para afrontar vencimientos de deuda y fortalecer las reservas del BCRA. En las últimas semanas, distintos analistas y actores del mercado siguieron de cerca el desarrollo de las conversaciones, atentos a cualquier señal sobre la continuidad del programa y la estabilidad financiera.

El regreso de la delegación y el cierre técnico de la revisión constituyeron un paso clave. Actualmente, la segunda revisión entre Argentina y el FMI atraviesa la fase administrativa previa a la formalización: este procedimiento incluye la circulación de documentos internos, la revisión de informes por parte de los equipos técnicos del organismo y la programación de la reunión del directorio ejecutivo.

Un exdirector del FMI explicó a Infobae que la aprobación de un eventual acuerdo podría demorarse hasta mediados o fines de marzo, ya que el proceso formal dentro del organismo incluye varias etapas que exceden la negociación técnica inicial. Finalizadas las conversaciones técnicas entre el equipo argentino y el personal del FMI, el acuerdo debe ser revisado y aprobado por el staff del organismo, junto con la directora gerente Georgieva. En esta instancia, los departamentos de seguimiento de programas con condicionalidad, fiscal y legal del FMI analizan la propuesta. Luego, se elabora un documento formal y una carta de intención por parte de las autoridades argentinas, que se eleva a la Junta Directiva del organismo.

El exdirectivo del FMI para América Latina afirmó: “Normalmente, este trámite puede llevar entre dos y tres semanas, aunque a veces puede resolverse en menos tiempo”. Existe además un plazo obligatorio para que los miembros de la Junta examinen el expediente antes de su tratamiento. “Es muy difícil que esté aprobado a nivel de la Junta Directiva, board en términos del organismo, antes de mediados o fines del mes que viene”, agregó, en referencia al momento en que el directorio podría tratar el acuerdo.

El acuerdo entre la Argentina y el FMI sigue rigiendo la política económica del Gobierno en materia de financiamiento externo. La segunda revisión representó un desafío central para el equipo económico, que centró sus esfuerzos en normalizar la relación con el organismo y asegurar los recursos comprometidos. La validación formal del expediente será el próximo hito en la implementación del programa.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral, concluyó su visita preliminar a Guatemala con la validación de un crecimiento económico superior al potencial y una inflación controlada del 1.7 %, además de reconocer progresos en reformas de transparencia fiscal.

Durante la reunión de cierre, se subrayó que la sostenibilidad a largo plazo estará vinculada a la inversión pública productiva. El FMI identificó como fundamentales la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la Ley Integral contra el Lavado de Dinero para avanzar en este objetivo.

El análisis presentado estos días servirá de insumo para la revisión del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, programada entre mayo y junio de 2026, según el Ministerio de Finanzas, cartera financiera del Estado, y el Banco de Guatemala (Banguat), banco central de Guatemala, en canales oficiales.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, afirmó: “Los fundamentos del país se mantienen inamovibles” pese al contexto internacional. Por su parte, Patricia Joachín, viceministra de Finanzas, comunicó un incremento del 9% en la recaudación tributaria en el último año, resultado de la modernización tecnológica y de una mayor eficiencia en la fiscalización.

Reformas legales y próximos pasos

Uno de los ejes destacados por el FMI fue la agenda legislativa orientada a fomentar la inversión, que incluye la implementación de una nueva normativa de contrataciones del Estado bajo el modelo “Finanzas Inteligentes”, reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas y la creación de nuevas estrategias para combatir el lavado de dinero y la corrupción.

La visita, encabezada por Alexander Culiuc, incluyó una reunión con representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), funcionando como preámbulo para la evaluación anual definitiva que tendrá lugar del 25 de mayo al 5 de junio, informaron las autoridades guatemaltecas.

La administración guatemalteca defendió los progresos en la gestión tributaria y en el equilibrio del gasto público, haciendo énfasis en las reformas dirigidas a modernizar las contrataciones estatales y reducir los plazos de las devoluciones fiscales, según detalló el medio regional digital Centroamérica360. El Ministerio de Finanzas Públicas subrayó, ante la misión, los avances en el fortalecimiento recaudatorio, atribuidos al plan estratégico de la SAT.

El titular del ministerio de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig remarcó durante las reuniones que la SAT introdujo herramientas para una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de tributos. El ministerio agregó que, en colaboración con el Banco de Guatemala y la SAT, presentó una propuesta destinada a acelerar los plazos de devolución para contribuyentes no exportadores, con la meta de aumentar la certeza jurídica y la eficiencia administrativa.

El funcionario destacó que durante el último año fiscal, Guatemala mostró una reducción sustantiva en el rezago de devoluciones de impuestos, cifra que hasta el año pasado alcanzaba los USD 282 millones.

En el mismo periodo reciente, las devoluciones superaron los USD 205 millones, lo que, según remarcó Menkos Zeissig a la delegación del FMI, facilitó aliviar la carga de los contribuyentes y mejorar el flujo de recursos en la economía. Estos resultados fueron presentados como evidencia de una capacidad operativa fortalecida en el aparato tributario.

Tras la misión en Buenos Aires a mediados de febrero, una comitiva del Ministerio de Economía, encabezada por el viceministro José Luis Daza, partió la última semana a Estados Unidos para encarar la etapa final de las negociaciones de la segunda revisión del acuerdo y así destrabar el desembolso por USD 1.000 millones, que robustecerá las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ese giro dependerá de los tiempos administrativos en Washington D.C.

Durante los últimos días, los equipos técnicos del FMI y la delegación argentina mantuvieron encuentros presenciales en Estados Unidos. Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía consultadas por Infobae, la intención es concluir la revisión en los próximos días.

La urgencia por ese desembolso perdió intensidad ante un BCRA que mantuvo compras sostenidas en el mercado de cambios, lo que le permitió que las reservas internacionales volvieran a incrementarse hasta casi USD 47.000 millones -antes de los ajustes de encajes en divisas de las entidades bancarias propio de fin de mes- y acercarse a las recomendaciones del organismo internacional y reforzar la estabilidad cambiaria.

La urgencia por el desembolso perdió intensidad ante un BCRA que mantuvo compras sostenidas en el mercado de cambios, lo que le permitió que las reservas internacionales volvieran a incrementarse hasta casi USD 47.000 millones

El cronograma de trabajo con el Fondo Monetario Internacional se activó a comienzos de febrero, cuando una misión del organismo arribó a Buenos Aires para iniciar la revisión. Los técnicos del Fondo analizaron el cumplimiento de metas fiscales y monetarias, con foco en los objetivos de acumulación de reservas internacionales netas.

Este último punto no pudo ser alcanzado por el ministro Luis Caputo tras un 2025 marcado por tensiones cambiarias, motivadas tanto por la cobertura previa a las elecciones legislativas como por la decisión oficial que prevalecía de no comprar reservas hasta que el dólar mayorista alcanzara el piso de la banda, una condición que no se cumplió, en un intento por priorizar la desaceleración de la tasa mensual de inflación.

En qué consiste el proceso de revisión y aprobación

Un ex director del Fondo Monetario Internacional contó a Infobae que la aprobación de un eventual acuerdo entre el Gobierno y el organismo podría demorarse hasta mediados o fines de marzo. El economista explicó que el proceso formal dentro del FMI abarca varias etapas que exceden la negociación técnica inicial.

El economista detalló que, una vez finalizadas las conversaciones técnicas entre el equipo argentino y el personal del FMI, el acuerdo debe ser revisado y aprobado primero por el staff del organismo, junto con la directora gerente Kristalina Georgieva. En esta instancia, los departamentos de seguimiento de programas con condicionalidad, fiscal y legal del FMI analizan la propuesta.

A continuación, el procedimiento requiere la elaboración de un documento formal y una carta de intención por parte de las autoridades argentinas, que luego se eleva a la Junta Directiva del FMI.

El ex directivo del FMI para América Latina afirmó: “Normalmente, este trámite puede llevar entre dos y tres semanas, aunque a veces puede resolverse en menos tiempo”. Existe además un plazo obligatorio para que los miembros de la Junta examinen el expediente antes de su tratamiento.

El economista remarcó: “Es muy difícil que esté aprobado a nivel de la Junta Directiva, board en términos del organismo, antes de mediados o fines del mes que viene”, en referencia al momento en que el directorio del organismo podría tratar el acuerdo. Esta proyección añade una nueva estimación temporal sobre los próximos pasos en la negociación entre Argentina y el FMI, mientras el Gobierno busca avanzar con el entendimiento en el contexto financiero actual.

El giro pendiente y el impacto en las reservas

La revisión técnica del programa con el Fondo Monetario Internacional constituye un paso fundamental para la continuidad del acuerdo y el acceso a los desembolsos programados. El monto pendiente, correspondiente a la segunda revisión, asciende a USD 1.000 millones y representa un refuerzo relevante para las reservas del BCRA. Con la ayuda de Santa Fe, que giró USD 800 millones colocados en Nueva York al banco de la provincia, las reservas superaron los USD 46.000 millones.

El BCRA consolidó desde el inicio de 2026 su estrategia de compras diarias y priorizó recomponer el nivel de activos externos, determinantes para la estabilidad macroeconómica y la credibilidad del programa

Debe resaltarse que el BCRA consolidó su estrategia de compras diarias y priorizó recomponer el nivel de activos externos, determinantes para la estabilidad macroeconómica y la credibilidad del programa, desde el inicio de la fase cuatro en enero de 2026. Pese a algunas ventas puntuales, la tendencia anual muestra una recuperación sostenida de reservas.

Las reuniones en Washington serán decisivas para la resolución de la negociación. El equipo económico argentino, liderado por José Luis Daza, presentará los últimos detalles técnicos y buscará obtener el aval del staff del FMI.

Si bien en Economía no precisan si hay fecha de regreso, Infobae pudo saber que Daza no permanecerá en Estados Unidos hasta el Argentina Week que se realizará en Nueva York del 9 al 11 de marzo, lo que anticipa que regresará al país antes de esa fecha. Queda por definirse si la rendición de cuentas estará cerrada a su retorno.

Plazos y condiciones del acuerdo técnico

El acuerdo técnico, una vez cerrado, debe ser elevado al directorio del Fondo Monetario Internacional, que debe formalizar la aprobación del desembolso.

Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, explicó que los equipos técnicos del organismo informan periódicamente al directorio sobre el avance de las negociaciones. Cuando el board del Fondo trata el tema, ya cuenta con toda la información sobre el nuevo acuerdo o las revisiones. Una vez aprobada la revisión, se autoriza el desembolso.

Los plazos suelen ajustarse a las necesidades y, actualmente, la situación de la Argentina es más holgada a corto plazo (Delgado)

Delgado destacó que los plazos suelen ajustarse a las necesidades y que, actualmente, la situación de la Argentina es más holgada a corto plazo.

El programa vigente entre Argentina y el Fondo contempla metas trimestrales de déficit fiscal, acumulación de reservas y reducción de la emisión monetaria. Cada revisión técnica implica una auditoría exhaustiva de los resultados alcanzados y la definición de los próximos pasos para el cumplimiento de los objetivos.

India superó las expectativas de crecimiento económico al registrar una expansión de 7,8% en el producto interno bruto (PIB) durante el trimestre concluido en diciembre, una cifra que consolida al país como la economía con mayor ritmo de crecimiento a nivel global y sitúa su proyección anual para 2026 en 7,6%, según informó el medio CNBC.

Este desempeño, impulsado por la revisión metodológica de los indicadores oficiales, refuerza la posición de la nación asiática en el escenario económico internacional y responde a cuestionamientos previos sobre la precisión de sus datos estadísticos.

La reciente actualización de la serie estadística implicó que el crecimiento del PIB correspondiente al trimestre anterior —originalmente informado en 8,2%— fuera ajustado a 8,4% con el nuevo marco metodológico. Además, la estimación de crecimiento para el ejercicio fiscal de 2026 fue revisada al alza, desde 7,4% hasta 7,6%, reflejando un mayor optimismo sobre el desempeño futuro de la economía india.

El cambio en la medición estadística

En enero, el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas de India (MoSPI) implementó una serie de modificaciones en la base de cálculo del PIB, la inflación y la producción industrial, con el objetivo de robustecer la precisión y la credibilidad de los indicadores nacionales. El organismo anunció el traslado del año base del PIB, que pasará de ser 2012 a 2023, y la adopción de nuevas fuentes de datos para reflejar con mayor fidelidad la realidad económica del país.

Esta reforma responde a observaciones críticas previas realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en un informe publicado el año pasado asignó una calificación de “C” (la segunda más baja) a la calidad de las estadísticas económicas de la India. El FMI señaló que la utilización de “un año base obsoleto (2011/12)” y el empleo de índices de precios mayoristas junto con la aplicación de un único deflactor en el cálculo de la inflación podían distorsionar la medición real del crecimiento económico del país.

Al respecto, Saurabh Garg, secretario del MoSPI, aseguró a la prensa local: “La nueva serie del PIB atenderá en gran medida las preocupaciones del FMI y, como resultado, esperamos que su evaluación y calificación de los datos de cuentas nacionales de la India cambien”. De esta manera, el gobierno anticipa que los ajustes estadísticos contribuirán a mejorar la percepción internacional sobre la transparencia y confiabilidad de sus indicadores económicos.

Consumo interno, aranceles y resiliencia exportadora

Entre octubre y diciembre, el crecimiento económico se vio favorecido por un incremento puntual en el consumo interno de bienes como oro y automóviles, impulsado por la temporada festiva. No obstante, el informe recoge que este mismo periodo constituyó el primer trimestre completo en que los exportadores indios afrontaron plenamente el impacto de los aranceles de 50% impuestos por Estados Unidos desde agosto del año pasado.

Si bien la administración de Washington y el gobierno indio alcanzaron un acuerdo comercial interino que redujo la tasa arancelaria temporalmente a 18%, el entorno quedó marcado por un clima de incertidumbre. El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló buena parte de la política arancelaria de Donald Trump ha llevado a la aplicación generalizada de un arancel global del 10%, con nueva amenaza de incrementarlo.

Al analizar el desempeño sectorial, el reporte señala que exportaciones clave como textiles, productos marinos, joyas, componentes automotrices y artículos de cuero se han visto afectadas por estas políticas. Sin embargo, los datos oficiales del gobierno de la India demuestran que estos bienes han logrado reorientar sus ventas hacia mercados alternativos fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con la última encuesta económica publicada, la ralentización de las exportaciones hacia el mercado estadounidense no ha frenado el crecimiento de la economía india, reflejando robustez estructural y capacidad de adaptación frente a un entorno internacional desafiante.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene la atención sobre Guatemala al advertir que para su próxima evaluación espera observar avances tangibles en la aplicación de la Ley de Proyectos Viales Prioritarios, una norma cuya implementación se encuentra actualmente estancada debido a retrasos administrativos y falta de acuerdos, aspectos que comprometen la efectividad de las políticas de infraestructura del país.

Según informó este jueves el diario guatemalteco La Hora, estos elementos serán determinantes en el dictamen anual sobre la salud macroeconómica de la nación, mientras el FMI establece contacto directo con autoridades financieras y actores empresariales para realizar una revisión integral de la economía guatemalteca.

En el marco de la visita de la misión del Fondo Monetario, encabezada por Alex Culiuc, se han identificado obstáculos para la ejecución de la Ley de Proyectos Viales Prioritarios. Entre los principales problemas revelados, persiste la incapacidad de la cartera de Finanzas para transferir fondos a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), asunto agravado por el retraso en la aprobación del reglamento correspondiente y la ausencia de consensos sobre la escala salarial de los integrantes del organismo.

La evaluación del FMI se produce en una coyuntura donde “la infraestructura vial es percibida como un motor para dinamizar la economía” y aumentar la productividad nacional. Empresarios y analistas reunidos el pasado 10 de febrero en un foro sectorial coincidieron en señalar que el proceso está lejos de alcanzar el ritmo requerido para generar resultados medibles en el corto plazo.

La agenda del FMI incorpora el análisis de capital humano, competencia y compras públicas

Durante su estancia, la misión del FMI sostuvo reuniones con representantes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explorando tanto los logros legislativos recientes como los desafíos que continúan restringiendo a Guatemala en materia de infraestructura y desarrollo de capital humano.

Culiuc afirmó que se esperan progresos concretos en la puesta en marcha de la Superintendencia de Competencia y en la reforma de normativas imprescindibles para la transparencia, citando específicamente la Ley de Compras y Contrataciones como un eje pendiente de avance.

Por su parte, el Gobierno de Guatemala defendió su progreso en materia tributaria y en la gestión eficiente del gasto público al inicio de la visita del FMI, un proceso que busca evaluar la estabilidad económica y las finanzas públicas del país antes de la revisión macroeconómica de 2025.

Durante la primera jornada de reuniones, la administración expuso las reformas implementadas y la ambición de modernizar las contrataciones estatales reduciendo los tiempos en las devoluciones fiscales, aspectos que inciden directamente en el crecimiento económico, la generación de empleo y la confianza institucional, según informó el medio regional digital Centroamérica360.

En el arranque de la misión técnica del FMI, que se extenderá hasta el 27 de febrero, el Ministerio de Finanzas Públicas remarcó avances concretos en el aumento de la recaudación y en la reducción de atrasos en la devolución de impuestos. Según el ministro Jonathan Menkos Zeissig, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), órgano autónomo encargado de la recaudación impositiva, implementó un plan estratégico con el objetivo de elevar la productividad de los tributos y fortalecer la capacidad recaudatoria. Menkos Zeissig detalló que la SAT ahora opera con herramientas que permiten mayor eficiencia y transparencia en el cobro, lo que ha impactado en el rendimiento fiscal.

Uno de los indicadores que destacó el Ejecutivo fue la disminución en el rezago de devoluciones de impuestos, que hasta el año pasado alcanzaba los USD 282 millones. Durante el último año fiscal, las devoluciones superaron los USD 205 millones, lo que permitió aliviar la carga a los contribuyentes y mejorar el flujo de recursos en la economía. Esta cifra fue presentada por Menkos Zeissig a la delegación del FMI como un signo de institucionalidad y capacidad operativa renovada.

El Ministerio de Finanzas informó que, en colaboración con el Banco de Guatemala y la SAT, desarrolló una propuesta para agilizar los plazos de devolución a contribuyentes no exportadores. El objetivo es proporcionar mayor certeza jurídica y eficiencia, una demanda central en la relación entre la ciudadanía y el aparato tributario.

El Banco Central de la República Dominicana decidió mantener su tasa de interés principal en 5.25 % anual tras su reunión de febrero de 2026. Con esta medida, el organismo busca sostener la estabilidad frente a la incertidumbre y los cambios en la economía mundial, marcados por tensiones internacionales, el aumento de los precios de los alimentos y las recientes políticas comerciales de Estados Unidos.

El BCRD también dejó sin cambios la tasa para préstamos rápidos a bancos en 5.75 % anual, y la de depósitos a un día en 4.50 %. La autoridad monetaria explicó que, pese a las presiones externas, la política monetaria ha funcionado correctamente y ha derivado en intereses bancarios más bajos.

La inflación fue de 4.98 % en enero, alcanzando el límite superior de la meta del Banco Central por los precios de los alimentos afectados por el clima. A pesar de esto, el BCRD y los analistas esperan que la inflación baje gradualmente y cierre el año dentro del rango previsto.

La economía dominicana creció 3.5 % en enero, impulsada por la construcción, la industria y los servicios. Para 2026, se proyecta un crecimiento cercano al 4 %, favorecido por las exportaciones y el gasto público.

Las tasas bancarias bajaron de forma considerable: la interbancaria pasó de 12.6 % en junio de 2025 a 7.4 % en febrero de 2026. La tasa promedio de préstamos disminuyó de 15.7 % a 13.5 % y la de depósitos de 9.0 % a 6.1 % en ese periodo. El crédito en moneda nacional aumentó más de 8 %, principalmente en préstamos para vivienda y empresas.

Las exportaciones sumaron USD 15,931 millones, los ingresos turísticos USD 11,319 millones y las remesas USD 11,866 millones en 2025. El déficit en la balanza de pagos se redujo y fue cubierto por inversiones extranjeras de USD 5,032 millones.

El peso dominicano se fortaleció en torno a 4 % y las reservas internacionales alcanzaron USD 16,100 millones, lo que representa más de 12 % del PIB y seis meses de importaciones, superando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

El BCRD destacó la solidez de la economía dominicana y su bajo riesgo. El organismo aseguró que continuará vigilando la situación y adoptará medidas para asegurar la estabilidad de precios y respaldar el crecimiento del país.

El contexto internacional

En el contexto internacional, la economía de Estados Unidos creció 2.2 % en 2025 y se espera que alcance 2.6 % en 2026. La inflación allí bajó a 2.4 %, aunque sigue por encima de la meta de su banco central. Los analistas prevén que Estados Unidos podría volver a bajar sus tasas de interés a mediados de este año.

En Europa, el crecimiento fue de 1.5 % en 2025, con una proyección de 1.2 % para 2026. La inflación está cerca del objetivo del Banco Central Europeo, por lo que no se esperan cambios en las tasas de referencia. En América Latina, el crecimiento se mantiene moderado y la inflación está bajo control, lo que ha llevado a los bancos centrales a conservar sus tasas estables.

El precio del petróleo subió hasta USD 65 por barril en febrero debido a las tensiones globales. El oro también aumentó y se cotizó en USD 5,200 por onza troy, lo que impulsó las exportaciones dominicanas de oro en 60.9 % durante 2025.

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Durante su intervención ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Christine Lagarde expuso que los trabajos internos del Banco Central Europeo (BCE) y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) han identificado el peso de las barreras internas dentro de la Unión Europea como un factor determinante en el rendimiento económico del bloque. Lagarde planteó que si los Estados miembros reducen significativamente estos obstáculos al funcionamiento del mercado único, la actividad comercial intracomunitaria podría alcanzar un nivel capaz de neutralizar e incluso superar el impacto de las medidas proteccionistas y aranceles impuestos por Estados Unidos en los últimos años. Según publicó el medio, Lagarde advirtió que el potencial de crecimiento está limitado principalmente por decisiones internas, indicando que “nos estamos autoimponiendo un lastre enorme” y que “somos nuestros peores enemigos” en relación a la fragmentación persistente dentro del bloque.

La presidenta del BCE puntualizó, según reportó la fuente, que aunque ciertas restricciones vinculadas a diferencias culturales son difíciles de eliminar completamente, el margen económico para aumentar los intercambios y la competitividad sigue siendo considerable si se aborda la fragmentación regulatoria y administrativa entre los Estados miembros. Lagarde sugirió que una integración más profunda del mercado único ejercerá un efecto positivo sobre los flujos comerciales, permitiendo que la Unión Europea absorba los efectos negativos de disputas comerciales externas, como los aranceles estadounidenses.

Tal como consignó el medio, Lagarde, al ser consultada durante la sesión parlamentaria por los eurodiputados, apoyó sus declaraciones en el análisis realizado tanto por el BCE como por el FMI, entidades que han estimado el coste real que suponen las barreras internas para el mercado único europeo. En su intervención, la presidenta del BCE afirmó que “eso compensaría con creces los aranceles adicionales que nos ha impuesto Estados Unidos”, en directa alusión a las decisiones de política comercial de Washington que han afectado a la exportación europea hacia el mercado estadounidense.

El diagnóstico compartido por Lagarde ante los eurodiputados, de acuerdo con la información difundida, subrayó que la capacidad de acción frente a las restricciones proteccionistas externas reside, en buena parte, en una reforma interna dirigida a eliminar los obstáculos regulatorios, fiscales y administrativos que subsisten entre países miembros de la UE. Estos elementos, según han demostrado diferentes estudios internos, constituyen hoy en día uno de los principales factores limitantes para el crecimiento del comercio y la productividad en la región.

La presidenta del BCE también introdujo otros asuntos durante su comparecencia, entre ellos la situación de la inteligencia artificial y su impacto en la economía europea. Según detalló la fuente, Lagarde explicó que la inversión en inteligencia artificial está creciendo significativamente tanto en Europa como en Estados Unidos, enfocándose en su aplicación transversal en distintos sectores productivos. Relató que, conforme a los datos analizados, ya se está registrando un incremento de la productividad asociado a la difusión de estas tecnologías en el tejido económico continental, lo que ha comenzado a traducirse en ciertos beneficios económicos para la región.

A pesar de estos indicios, Lagarde precisó que se desconocen aún los efectos definitivos que la inteligencia artificial podría tener sobre el empleo y los salarios en Europa. Sostuvo que el BCE está monitoreando de cerca las proyecciones y posibles “olas de despidos” vinculadas a la adopción generalizada de la automatización y la inteligencia artificial, aunque, según expresó, por el momento no se identifican tendencias claras o conclusiones definitivas sobre el impacto en el mercado laboral.

Durante la sesión, la dirigente subrayó ante los eurodiputados la importancia de la inversión y la innovación tecnológica como factores que contribuyen al aumento de la productividad. Argumentó que, aunque Europa ya se beneficia de los avances asociados a la inteligencia artificial, se necesita mayor claridad sobre la evolución futura del empleo motivada por estos cambios tecnológicos, según lo informado por la fuente.

Al abordar el contexto de las tensiones comerciales internacionales y el entorno de incertidumbre global, Lagarde reiteró que la eliminación de barreras internas dentro del mercado único europeo sería, según las estimaciones manejadas por el BCE y el FMI, una herramienta efectiva para robustecer la economía frente a desafíos externos. Además, insistió en que el bloque cuenta con un margen de maniobra relevante en el ámbito de integración económica interna, lo que podría traducirse en un mayor dinamismo comercial y mayor competitividad internacional.

En su comparecencia, la presidenta del BCE argumentó que avanzar en la eliminación de las barreras internas no solo supone un beneficio potencial en términos de crecimiento, sino que también representa una estrategia clave frente a la aplicación de aranceles y otras restricciones comerciales adoptadas por socios como Estados Unidos. De acuerdo con la información publicada, Lagarde concluyó que el refuerzo del mercado único y una mejor integración de los sistemas regulatorios y normativos constituyen pasos necesarios para que la Unión Europea afronte con mayores garantías el actual escenario de incertidumbre y competencia internacional.

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la deuda pública de Estados Unidos podría pasar del 126,2% del PIB en 2026 al 135,6% en 2029, lo que representa un aumento considerable y plantea interrogantes sobre la estabilidad financiera a mediano plazo. Pese a que el FMI considera que el riesgo soberano estadounidense permanece bajo, resalta como motivo de preocupación la tendencia al alza tanto de la relación deuda/PIB como del volumen de deuda de corto plazo respecto al PIB. El organismo remarca que estos factores podrían influir en la estabilidad no solo de la mayor economía del mundo, sino también a escala global.

Según publicó el FMI en su último ‘Artículo IV’ dedicado a la economía estadounidense, se espera que Estados Unidos continúe su expansión en 2024, con una proyección de crecimiento del 2,6%, cifra superior en cuatro décimas a la registrada el año precedente. Sin embargo, el documento señala que esta fase de robustez no será sostenida en el tiempo, pues las previsiones apuntan a una desaceleración gradual: el crecimiento proyectado para 2027 y 2028 se sitúa en el 2,1%, disminuyendo al 1,9% en 2029 y llegando al 1,8% en 2030 y 2031.

De acuerdo con el informe, existen diversas amenazas que podrían comprometer las perspectivas económicas para los próximos años. Entre las principales figuran los nuevos aranceles a las importaciones, políticas más estrictas en materia de migración y la sostenibilidad del marco fiscal. El FMI recalca que una “incertidumbre en torno a las políticas comerciales” podría afectar el dinamismo económico más de lo previsto anteriormente.

El organismo dirigido por Kristalina Georgieva analiza el impacto de los aranceles propuestos sobre el comercio internacional. Según estimaciones del FMI, de implementarse estas barreras, el déficit comercial de Estados Unidos disminuiría de manera “modesta” y habría un incremento de los ingresos fiscales equivalente al 0,75% en el corto plazo. No obstante, este efecto fiscal positivo quedaría contrarrestado por un aumento en la inflación de aproximadamente medio punto porcentual hacia finales de 2026 y, además, con una reducción del crecimiento del PIB en una fracción similar, de acuerdo con datos del propio organismo multilateral.

En materia migratoria, el FMI contempla un “incremento modesto” en las presiones inflacionistas y anticipa que la restricción del acceso de migrantes, especialmente bajo la línea política defendida por la Administración Trump, provocaría una merma en el crecimiento del PIB estadounidense de cuatro décimas para 2027. El análisis también señala una posible caída en el dinamismo de la economía en función de la evolución de las políticas migratorias.

Respecto al mercado laboral, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la tasa de desempleo se mantendrá en niveles bajos durante los próximos años. Para el cierre de 2026, la previsión es del 4,1%, que se reduciría al 3,9% en 2027 y se mantendría en ese registro al menos hasta 2029, lo que reflejaría la solidez del empleo en medio de una etapa de crecimiento desacelerado.

El documento detalla que, en contrapartida, la aplicación de medidas de desregulación podría aportar un estímulo al producto interno bruto, aunque el organismo no ofrece una cuantificación precisa del impulso esperado. Por su parte, las políticas fiscales mayores vigentes proporcionarían un empuje adicional de 0,75 puntos porcentuales en el crecimiento acumulado durante el período 2026-2027. Este apoyo, sin embargo, incrementaría el déficit público en un punto y medio, una tendencia que se agravaría a medida que caduquen los incentivos fiscales y se suspendan los recortes de gasto posteriormente.

En lo relativo a la estabilidad presupuestaria, el FMI prevé que el déficit público estadounidense cierre 2024 en el 7,5% del PIB. Para 2027, solo se estima una reducción mínima, de una décima, lo que indica la persistencia de desequilibrios fiscales de magnitud considerable incluso en el mediano plazo. Según especifica el informe recogido por el FMI, la expiración de ventajas impositivas y el retiro progresivo del apoyo fiscal restarán dinamismo al crecimiento de Estados Unidos después de 2029.

En cuanto a la evolución de la política monetaria, el Fondo Monetario Internacional prevé que los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal disminuirán desde el nivel actual del 3,4% en 2024 hasta situarse en el 2,9% al final del periodo cubierto por el análisis. En paralelo, tanto el índice de precios de gasto de consumo personal (PCE) general como su variante subyacente acabarán 2026 con un nivel del 2,2%, para moderarse al 2% anual desde 2027 en adelante.

A lo largo del informe, el FMI insiste en que, aunque el riesgo soberano inmediato de Estados Unidos permanece bajo, la presión creciente que representa una deuda en ascenso y una disminución del colchón fiscal pueden tener repercusiones para la economía nacional y mundial. El análisis subraya la importancia de un manejo prudente de las finanzas públicas estadounidenses para mitigar las posibles disrupciones vinculadas a la evolución de la deuda y el déficit en el mediano y largo plazo.

Del mismo modo, el informe resalta que aún persisten incertidumbres, especialmente vinculadas a la política comercial y migratoria. Cualquier giro en estas áreas podría alterar significativamente el desempeño previsto, tanto en términos de crecimiento como de estabilidad inflacionaria y fiscal, según detalló el FMI.

El Ministerio de Economía espera cerrar en los próximos días la segunda revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. La comitiva argentina, encabezada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, mantiene conversaciones con funcionarios del organismo en Washington D.C., con el objetivo de finalizar esta semana la revisión del acuerdo vigente. De acuerdo con las fuentes, el proceso responde a una dinámica burocrática, pero la expectativa del Gobierno es alcanzar un entendimiento en breve.

Este martes, se confirmó que una delegación argentina viajó a la capital estadounidense para avanzar en las negociaciones técnicas y administrativas. La comitiva, integrada por funcionarios del Ministerio de Economía y técnicos especializados, partió tras la visita a Buenos Aires de una misión del FMI a principios de febrero.

Las autoridades argentinas informaron a Infobae que la delegación regresará antes del evento Argentina Week, previsto en Nueva York entre el 9 y el 11 de marzo. La presencia en Washington tiene como objetivo acelerar los intercambios con los equipos técnicos del organismo y resolver los aspectos pendientes de la segunda revisión.

El acuerdo con el FMI constituye uno de los pilares de la política económica argentina. Las revisiones periódicas imponen el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y estructurales. El avance en la segunda revisión es fundamental para liberar nuevos desembolsos y garantizar el flujo de fondos comprometidos en el programa.

Desde el FMI, también hubo confirmaciones sobre el estado de las discusiones. Fuentes oficiales del Fondo Monetario Internacional señalaron a Infobae: “Como señaló Julie Kozack, las conversaciones en el marco de la segunda revisión y del AIV continúan. Actualmente, una delegación encabezada por José Luis Daza se encuentra en Washington. Compartiremos más información a su debido momento”.

La negociación contempla pasos formales y revisiones cruzadas entre los equipos técnicos de ambas partes. El Ministerio de Economía de la República Argentina busca cumplir con los requisitos que abarca el acuerdo, como las metas fiscales, la acumulación de reservas internacionales y reformas estructurales. Cada revisión implica la presentación de documentación, informes técnicos y respuestas a las consultas del staff del organismo.

La finalización de la segunda revisión resulta clave para destrabar el desembolso pendiente de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional, lo que permitirá que las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigan en aumento. Ricardo Delgado, presidente de Analytica, explicó que los equipos técnicos del organismo informan de manera periódica al directorio sobre el avance de las negociaciones y que, cuando el board del Fondo trata el tema, ya dispone de toda la información sobre el nuevo acuerdo o las revisiones. Una vez aprobada la revisión, se autoriza el desembolso. Delgado señaló que los plazos suelen ajustarse a las necesidades y que, actualmente, la situación de la Argentina es más holgada a corto plazo.

Tras la publicación del staff report, la atención se centrará en el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales netas, objetivo que Argentina no alcanzó en 2025 (debía cerrar diciembre con USD -2.600 millones), pese al recorte dispuesto en la primera revisión (la meta original era de USD 2.400 millones). También se analizará si el informe incluye nuevas exigencias sobre el régimen cambiario.

Gabriel Caamaño, socio y economista de la consultora Outlier, remarcó que el procedimiento incluye la elaboración de un informe por parte del staff, en el que se determina si se aprueban o no los resultados presentados por las autoridades argentinas en materia de datos económicos y metas cuantitativas y cualitativas. Una vez que el staff acuerda el informe con el país, el documento se eleva al board, que tiene la última palabra. Tras su aprobación, se habilita la transferencia de los fondos.

Regreso de la comitiva

La comitiva de Economía va a regresar a Argentina antes del inicio de la Argentina Week ante la necesidad de completar los trámites administrativos y preparar la siguiente etapa de la agenda internacional. El evento en Nueva York reunirá a funcionarios, empresarios y representantes del sector financiero, y representa una oportunidad para reforzar la imagen del país ante inversores y organismos multilaterales.

La posición oficial del Ministerio de Economía resalta la voluntad de cumplir con los compromisos asumidos. La estrategia del Gobierno contempla el cumplimiento de las metas pactadas y la búsqueda de condiciones favorables en la relación con el FMI, a la par de que despliega nuevas estrategias para juntar dólares en el mercado interno. La confirmación de la delegación en Washington y el anuncio del inminente regreso constituyen señales dirigidas tanto al mercado local como a la comunidad internacional.

Este miércoles la Secretaría de Finanzas enfrenta un test relevante con la colocación de un nuevo bono en dólares, que busca captar USD 2.000 millones, con un límite de USD 150 millones por subasta, ampliable a USD 100 millones en la segunda vuelta. La continuidad del acuerdo y la aprobación de la segunda revisión permitirán a la Argentina acceder a nuevos desembolsos y mantener el respaldo financiero del organismo. Las autoridades argentinas apuestan a cumplir con los parámetros exigidos y consolidar la relación con el FMI en un contexto internacional que demanda señales de previsibilidad y solvencia.

El testimonio de la fuente oficial del Ministerio subraya el carácter administrativo y técnico del proceso. Las declaraciones coinciden con el mensaje transmitido por las autoridades del FMI, que mantienen la cautela respecto a los avances y a la eventual conclusión de la revisión. El organismo internacional informó que comunicará oficialmente una vez completados todos los pasos previstos. El seguimiento de la agenda internacional continuará con la presencia argentina en Nueva York a partir del 9 de marzo. El desarrollo de este evento y las novedades en la relación con el FMI marcarán el pulso de la política económica durante las próximas semanas.

La Silver Economy se consolida como un motor de transformación en el escenario global, transformando el envejecimiento poblacional en un impulso para el desarrollo económico y el bienestar social.

Sectores ligados a la salud, la tecnología y la innovación reconocen el papel central de las personas mayores de 50 años en mercados de gran magnitud. América Latina se incorpora a este proceso, con un crecimiento acelerado de su población mayor y una demanda cada vez mayor de soluciones pensadas para la longevidad activa.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) subraya que el envejecimiento, más allá de sus retos, puede aportar dinamismo y productividad a la economía si se respalda con políticas públicas orientadas a la salud y la vida laboral prolongada, según Reuters.

El organismo aconseja a los gobiernos priorizar estrategias para mantener a los adultos mayores sanos y en actividad laboral, señalando que tendencias como la mejora en la salud cognitiva pueden impulsar la productividad y el crecimiento económico.

Las proyecciones demográficas colocan a América Latina como actor clave de este fenómeno. Según Forbes Argentina, la población mayor de 60 años en la región crecerá cerca de un 70% para 2050.

En Argentina, el peso de los adultos mayores se duplicará en las próximas décadas. Este cambio sostiene la expansión de un mercado que exige nuevas soluciones de bienestar, salud, tecnología y planificación financiera, indica Emprendedor.com. Aunque la oferta de servicios aún es reducida, el potencial de crecimiento destaca frente a mercados consolidados, como los de Europa y Asia.

La expansión de la economía de la longevidad queda reflejada en la aparición de modelos de negocio innovadores y startups enfocadas en este público. Forbes Argentina resalta a Cuidarlos, firma argentina que profesionaliza y digitaliza el cuidado domiciliario, facilitando el día a día de las familias.

Ellie Care apuesta por la autonomía a través de tecnología para el monitoreo remoto, mientras que Ato desarrolla asistentes virtuales que acompañan tanto rutinas médicas como el bienestar emocional y social.

En Chile, BondUP propone espacios comunitarios y actividades para mayores de 55 años, promoviendo la integración social y el disfrute del tiempo libre, señalando el potencial de este tipo de iniciativas en la región.

A la par, el grupo de mayores de 50 años incrementa su influencia como decisor patrimonial y consumidor sofisticado. Según Forbes Argentina, Mercedes Martí, fundadora de The Silver Club, explica que “la Generación Silver no solo es cada vez más numerosa; también es el segmento con mayor poder económico, experiencia y capacidad de decisión”.

Este colectivo busca proteger su patrimonio, invertir a largo plazo y mantener independencia y bienestar. The Silver Club representa a quienes desean anticipar etapas como la jubilación o el “nido vacío”, y abordan nuevas necesidades emocionales y sociales vinculadas a la longevidad.

El FMI destaca la necesidad de medidas estructurales: reformas en sistemas de pensiones, capacitación constante y adaptación del mercado laboral y del sector salud al aumento de la esperanza de vida y al ciclo laboral extendido. Estas transformaciones deben contemplar, además, la digitalización eficiente del cuidado, especialmente en contextos como el latinoamericano donde la atención domiciliar predomina frente a la escasez de recursos hospitalarios.

En comparación con Europa y Asia, donde la Silver Economy ya cuenta con una oferta diversa y consolidada, América Latina emerge como un entorno fértil para la innovación y el crecimiento empresarial. La oportunidad reside en sumar creatividad local, tecnología y nuevas estrategias para atender a un segmento poblacional que crece con rapidez.

Las organizaciones y empresas que adapten sus soluciones a este cambio demográfico encontrarán una oportunidad estratégica y un público con lealtad, experiencia y capacidad de gasto.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó este martes que todavía no han recibido la nueva reforma de pensiones que el gobierno debe enviarles para su aprobación.

El gobierno de El Salvador debía presentar al Congreso una propuesta de ley, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero hasta la fecha aún no se ha enviado para su discusión.

En declaraciones a la radio YSKL desde el recinto legislativo, Castro manifestó: “Estamos esperando cuáles son las reformas que se van a hacer. En caso sean necesarias, nosotros las vamos a traer aquí y en ese momento las vamos a compartir con ustedes, como lo hicimos en las reformas anteriores”.

El funcionario agregó que podrían conformar una comisión especial para el análisis, aunque subrayó que cualquier decisión se adoptará únicamente al conocer las iniciativas formales del Ejecutivo.

La ausencia de una propuesta concreta sobre la reforma previsional ocurre luego de que el gobierno salvadoreño tenía de plazo hasta el 10 de febrero, establecido con el FMI, para presentar el proyecto.

Llamado a evitar especulación y morbo sobre el tema

Castro se mostró cauto frente a las especulaciones mediáticas y a las inquietudes ciudadanas. “No puedo opinar hasta no tener cuál va a ser la propuesta”, afirmó, enfatizando que solo discutirán públicamente el contenido cuando el gobierno lo presente oficialmente ante el parlamento.

El funcionario agregó: “No es justo que estén levantando morbo sobre este tema”. Insistió en que la discusión debe realizarse con elementos concretos y recordó que todos los involucrados son salvadoreños y comparten una preocupación legítima por el futuro de las pensiones.

Además ratificó que no emitirá valoraciones anticipadas y que, al igual que otros legisladores, espera conocer el contenido específico para poder fijar postura.

El diputado subrayó que la Asamblea Legislativa ya ha realizado reformas previas al sistema previsional. “Creo que ustedes saben muy bien cuáles son las reformas que hicimos”. El diputado evitó detallar el alcance de esas iniciativas, pero sostuvo que el compromiso institucional es evaluar futuras propuestas de manera institucional.

Coordinación con el Ejecutivo y espera de iniciativas

El presidente de la Asamblea Legislativa remarcó que, desde el primero de mayo de 2021, la legislatura trabaja de la mano con el Ejecutivo para abordar los temas nacionales más sensibles. “Lo hemos dicho y lo repito: estamos esperando cuáles son las reformas que se van a hacer”. Castro recalcó que, hasta que el Ejecutivo no presente una propuesta formal, la Asamblea no avanzará en la discusión de posibles cambios al sistema de pensiones.

El gobierno de El Salvador enfrenta la exigencia de entregar una propuesta de reforma de pensiones, debido a que es un compromiso clave con el FMI para seguir obteniendo los desembolsos del financiamiento de USD 1,400 millones. La urgencia y el alcance de la reforma replantean uno de los debates más sensibles de la administración de Nayib Bukele, que debe cumplir con las recomendaciones del organismo internacional, así como con la viabilidad financiera y social del nuevo esquema previsional.

La deuda nacional de El Salvador con los fondos de pensiones privados alcanzó USD 11,241 millones a diciembre de 2025, una cifra que, de acuerdo con el Banco Central de Reserva de El Salvador, evidencia un crecimiento del 6.8% en un año, tomando como referencia los USD 10,525.9 millones de 2024. Este incremento alimenta el debate público sobre la sostenibilidad del sistema y visibiliza la presión que afronta el Estado para estabilizar las finanzas públicas y garantizar la protección de los jubilados actuales y futuros.

“Tenemos que asumir esa responsabilidad histórica rápidamente”, planteó el mandatario al analizar el rumbo político y económico de la gestión de Javier Milei.

Y concluyó: “Este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027″

“Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado”, dijo, y advirtió en diálogo con Gustavo Silvestre en Radio 10 sobre una presunta entrega de tierras de la Patagonia a terratenientes extranjeros.

Quintela comparó el rumbo actual con la crisis que el país atravesó en diciembre de 2001, bajo el gobierno de Fernando de la Rúa. “Acordate en el año 2001, tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Tuvimos 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos. Es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque sino vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo“, dijo sin eufemismos.

“Hay una desnutrición que avanza, familias que no tienen o no les alcanza para comer, la mortalidad infantil otra vez, la falta de vacunas”. Todo esto va a producir un genocidio gravísimo en la Argentina si no hay una intervención fuerte de quienes tenemos distintas responsabilidades”, resaltó el gobernador.

Respuesta a Mauricio Macri y críticas al endeudamiento económico

El mandatario riojano respondió en otro tramo de la entrevista las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, quien afirmó que “el mundo está cada día mejor y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace cien años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública”. Para Quintela, esa perspectiva desconoce la relevancia del ascenso social y la igualdad de oportunidades.

“El ascenso social para ellos no existe. Creen que los únicos que pueden tener una calidad de vida diferente son ellos”, replicó el gobernador. También citó al analista político Rosendo Fraga, quien señaló que “hicieron creer a los trabajadores que podían acceder a una determinada calidad de vida, a un televisor, a unas vacaciones, a un celular”. En contraste, Quintela propuso “un país que pueda dar oportunidades a todos los argentinos, con esfuerzo y compromiso, pero con resultados positivos para ellos y sus familias”.

El gobernador remarcó que la inclusión social y la movilidad ascendente deben ser ejes de un nuevo modelo nacional: “un país peronista, pero gobernando para todos los argentinos, sin distinción”, enfatizó.

Durante la entrevista, Quintela cuestionó la gestión del endeudamiento externo durante el gobierno de Macri, en particular el préstamo de 45 mil millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional. “Si la Justicia hubiera actuado ante la denuncia contra Macri por la toma de deuda, otro hubiera sido el cantar”, afirmó.

El mandatario sostuvo la necesidad de una justicia independiente para investigar y sancionar eventuales responsabilidades: “Los personeros que tienen que rendirle cuentas al pueblo argentino no pueden irse del país. Tenemos que tener los pasaportes de ellos, que no se vayan, y que rindan cuentas de qué hicieron con la plata de los argentinos”, agregó con vehemencia.

Además, apuntó contra la llamada “justicia de Comodoro Pro”, acusándola de cerrar causas sensibles y responder a intereses sectoriales: “Todos sabemos que son jueces puestos por ellos y que van a fallar en función de sus intereses y no en el del conjunto de los argentinos”, apuntó.

Llamado a la unidad peronista y movilización de la oposición

Ante el aumento de la conflictividad social, Quintela convocó a la unidad de los gobernadores peronistas y de la CGT para articular una respuesta política y sindical de gran escala frente a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

El gobernador se refirió a la reciente declaración conjunta de cinco mandatarios, junto a él, que se opusieron a la reforma laboral: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Y propuso un esquema de paros y movilizaciones progresivas hasta revertir la legislación. “La sociedad no tiene una referencia clara que la pueda convocar. Yo considero que es la CGT, junto a los gobernadores, quienes tenemos que ponernos al frente de una convocatoria masiva, paro y movilización: 24, 48, 72, 96 horas la próxima semana, y tiempo indeterminado hasta que se modifique o elimine esta ley”, vociferó.

Además, cuestionó a los diputados peronistas que apoyaron la reforma y pidió reorganizar el peronismo desde una mirada nacional: “Si estos compañeros deciden acompañar a este gobierno libertario, que se identifiquen con ellos y que nos permitan que intervengamos en sus provincias para reorganizar el peronismo. Porque el peronismo es un movimiento nacional, no una confederación de provincias”, subrayó.

Por último, el gobernador riojano planteó la urgencia de una reforma judicial profunda, incluso con la posibilidad de una consulta popular sobre la continuidad del actual sistema. “La Justicia tiene nombre y apellidos, son personas de carne y hueso que fallan en función de sus intereses, no se ajustan al derecho ni a los intereses de la mayoría. Nunca rinden explicaciones ni exámenes, pasan los años y siguen”, criticó.

Sobre el futuro inmediato, advirtió sobre el riesgo de "desintegración de la Patria", mencionando el peligro de perder soberanía en regiones clave como la Patagonia, las Malvinas argentinas y la Antártida. “Guarda con la Patagonia, van a hacer cosas que después nos enteremos, de que se quedaron no solamente con las Malvinas argentinas, sino también con la Antártida y con la Patagonia. Lo que decía el Papa Francisco, es triste estar huérfanos de Patria”, concluyó.

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) inició esta semana una visita clave a Guatemala con el objetivo de examinar los principales indicadores macroeconómicos del país, detalla una nota de la agencia EFE.

Durante cinco días, la delegación sostendrá encuentros con autoridades del Gobierno liderado por Bernardo Arévalo de León, así como con representantes de la iniciativa privada y otros actores relevantes del entorno económico local.

El presidente del Banco de Guatemala (BANGUAT), Álvaro González, explicó que la agenda de la misión incluye el análisis detallado del cierre de los indicadores económicos de 2025 y las perspectivas para 2026.

Entre los temas prioritarios figuran el desempeño de las exportaciones, el flujo de remesas familiares y la evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Banco de Guatemala y FMI: revisión de cifras y expectativas

Según datos oficiales, el crecimiento económico de Guatemala en 2025 alcanzó el 4.1 %, una cifra que las autoridades esperan repetir en 2026.

Este comportamiento ha sido impulsado en parte por el dinamismo de las remesas, que el año pasado superaron los 25,530 millones de USD, lo que representó un aumento superior al 18 % respecto a 2024.

En cuanto a la IED, el flujo registrado durante 2025 rozó los 1,865 millones de USD, consolidando la posición del país como receptor de inversiones en la región. La inflación, por su parte, se mantuvo contenida, con un cierre anual del 1.70 %.

Exportaciones y remesas: motores de la economía guatemalteca

De acuerdo a la nota de EFE, el equipo del FMI concentrará parte de su evaluación en el comportamiento de las exportaciones, un rubro fundamental para la balanza de pagos nacional.

Además, las remesas familiares continúan siendo un pilar esencial del ingreso nacional, con cifras que alcanzaron récords históricos y han sostenido el consumo interno, pese a los desafíos globales.

Las reuniones no se limitarán al sector gubernamental. El programa contempla encuentros con representantes del Congreso y del ámbito académico, ampliando así el espectro de voces consultadas para obtener una visión más completa del contexto socioeconómico.

Próximos pasos: revisión anual y perspectivas

La misión actual tiene carácter preliminar. Las autoridades ya anticiparon que entre el 25 de mayo y el 5 de junio llegará otra delegación del Fondo para realizar la revisión anual de la economía guatemalteca y presentar los hallazgos consolidados.

Este seguimiento regular forma parte del mecanismo de consulta que el FMI mantiene con sus países miembros para monitorear riesgos y oportunidades.

El entorno macroeconómico de Guatemala, marcado por un crecimiento sostenido y una inflación controlada, será objeto de un análisis exhaustivo en los próximos meses.

Las conclusiones de las misiones del FMI resultarán determinantes para el diseño de políticas públicas y la atracción de nuevas inversiones.

El FMI ha insistido en la importancia de mejorar el gasto público y el clima de negocios en Guatemala. En su informe de septiembre de 2025, el organismo destacó la necesidad de implementar reformas que incluyan un gasto público de mayor calidad y mejoras en la gobernanza para lograr un crecimiento sostenible a mediano plazo.

Además, subrayó la importancia de fortalecer la movilización de ingresos y mejorar la eficiencia del gasto público.

Un análisis de la agencia inglesa Emerging Finance (EMFI) sobre la reforma de pensiones en El Salvador anticipa que el gobierno presentará una propuesta de reforma de pensiones que cumplirá con los requisitos formales del Fondo Monetario Internacional (FMI), privilegiando ajustes graduales, transiciones largas y mecanismos de financiamiento menos visibles políticamente.

El informe de EMFI sostiene que el Ejecutivo liderado por Nayib Bukele optará por una estrategia que evite medidas impopulares inmediatas, en especial aquellas relacionadas con el aumento de la edad de jubilación o el ajuste de las tasas de cotización. Según la agencia, la cercanía de las elecciones presidenciales de 2027 y la concentración de poder legislativo favorecen una reforma orientada a limitar el impacto social en el corto plazo.

De acuerdo con el análisis citado por EMFI, el gobierno priorizará la ampliación de la cobertura y el mantenimiento de las pensiones mínimas, mientras que las modificaciones más delicadas podrían aplazarse para la segunda mitad del mandato o delegarse en normas posteriores.

“Creemos que es probable que el Poder Ejecutivo opte inicialmente por una propuesta de reforma que cumpla con los requisitos formales del programa del FMI, pero que dé prioridad a los ajustes graduales, las transiciones largas y los componentes de financiamiento menos visibles políticamente”, expone el reporte.

El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establecía el 10 de febrero de 2026 como fecha límite para presentar la propuesta de reforma, que debe contemplar el ajuste de la edad de jubilación, las tasas de cotización y el reequilibrio financiero entre fondos individuales y mecanismos solidarios. Sin embargo, hasta el momento el gobierno no ha hecho pública su propuesta. El objetivo de estas recomendaciones técnicas es restaurar el equilibrio en las cuentas y adaptarlas a la transición demográfica acelerada del país.

Déficit en el sistema de pensiones

El sistema de pensiones salvadoreño enfrenta actualmente un déficit estructural, confirmado por el reciente estudio actuarial publicado en diciembre de 2025. Los datos muestran que el gasto en pensiones alcanzó el 5.3% del PIB en 2024, mientras que los ingresos por cotizaciones se situaron en el 4% del PIB, lo que generó un déficit equivalente al 1.3% del PIB.

El informe de EMFI subraya que la sostenibilidad fiscal es un factor central en el proceso de reforma y que el margen para postergar ajustes se reduce por el rápido deterioro de los fondos de solidaridad y el envejecimiento demográfico.

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2024 del Banco Central de Reserva (BCR), por cada 100 niños y jóvenes menores de 14 años existen 49 adultos mayores de 65 en El Salvador, lo que evidencia un fuerte proceso de envejecimiento demográfico.

La provincia de San Salvador, junto a Chalatenango y Santa Ana, lidera el aumento: en estas jurisdicciones, el porcentaje de adultos mayores supera el 50%. Tanto en contextos urbanos como rurales, la proporción de población de edad avanzada sigue una tendencia al alza.

El grupo etario entre 90 y 94 años creció al doble en los últimos 17 años, un incremento superior al de cualquier otro segmento. Paralelamente, la cantidad de personas mayores de 50 años aumentó un 63%, mientras que la cifra de menores de 19 años descendió un 31% durante el mismo periodo.

La disminución de jóvenes en edad productiva reduce el potencial de sostenimiento económico y eleva la demanda de atención médica y de servicios sociales para adultos mayores. Las familias y las comunidades enfrentan la necesidad de adaptarse a un escenario en el que aumentan los hogares con personas mayores dependientes, lo que genera mayor presión sobre la oferta de residencias especializadas, cuidados sanitarios y sistemas de pensiones.

EMFI señala que el amplio control legislativo por parte del oficialismo disminuye el riesgo de estancamiento político. “El amplio control legislativo reduce el riesgo de estancamiento político, lo que hace probable que las medidas más delicadas se aplacen hasta la segunda mitad del mandato presidencial o se deleguen en regulaciones posteriores, mientras que, a corto plazo, se hará hincapié en los componentes destinados a ampliar la cobertura y mantener las pensiones mínimas”, afirma el documento.

El sistema actual salvadoreño

Desde la reforma de 2022, El Salvador implementó un sistema híbrido que mezcla cuentas individuales, garantías estatales y fondos de solidaridad, pero mantiene parámetros técnicos ajustados a datos demográficos antiguos. Los trabajadores aportan el 16% de su salario: 9% a cuentas individuales, 6% a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) y 1% a gastos administrativos. El Estado continúa financiando pensiones del antiguo régimen cerrado, garantizando pensiones mínimas y cubriendo déficits a través de instrumentos de deuda pública emitidos para este fin.

Este vínculo entre la sostenibilidad del sistema y la capacidad de financiamiento estatal mantiene persistentes riesgos a largo plazo para la viabilidad del sistema. Como se concluye en análisis previos de la financiera, la estructura actual ha convertido las pensiones en una fuente recurrente de financiación estatal y limita la diversificación de inversiones. Incluso los modelos de capitalización individual conservan vulnerabilidades sistémicas.

La baja densidad de cotización y la insuficiencia en la acumulación de ahorros se presentan como uno de los principales problemas: en 2024, apenas el 52% de los afiliados de entre 20 y 55 años realizó al menos una cotización anual, y solo el 36% mantuvo aportes regulares todos los meses. Los saldos de las cuentas individuales no alcanzan para financiar pensiones adecuadas, lo que genera presión creciente sobre los mecanismos de solidaridad y el presupuesto estatal.

El estudio actuarial advierte que, sin reformas urgentes, la sostenibilidad de la Cuenta de Garantía Solidaria corre grave riesgo y la cobertura mínima podría estar comprometida en un corto plazo si no se ajustan parámetros clave como la edad de retiro o las tasas de aporte.

La experiencia de otros países de la región

La agencia compara este escenario con las recientes reformas en Chile y Colombia, donde se adoptaron modelos híbridos que combinan cuentas individuales con mecanismos solidarios y ajustes graduales en los parámetros clave. Según EMFI, la experiencia regional sugiere que la viabilidad política de la reforma dependerá no solo del diseño técnico, sino del calendario electoral y de la gestión de las expectativas sociales.

El informe indica que el gobierno de Bukele buscará cumplir con las exigencias del FMI para mantener el respaldo financiero internacional, pero sin avanzar de inmediato en cambios que puedan afectar directamente a los trabajadores activos.

El futuro del sistema dependerá de la capacidad de introducir reformas graduales y de mantener el equilibrio entre sostenibilidad fiscal y cobertura social en un contexto de presión demográfica creciente.

Sophie Downing descubrió un saldo de 63 cuatrillones de libras esterlinas en una simple tarjeta de regalo de café, lo que la ubicó nominalmente como "la persona más rica del mundo", por encima de figuras como Elon Musk y Bill Gates. Este hallazgo tuvo lugar en Nottingham, Reino Unido, después de que la empresaria recibiera como obsequio navideño una tarjeta de la cadena de cafeterías.

El valor descomunal, impreso en el recibo al intentar comprar un matcha latte, sorprendió tanto a Downing como al personal de la cafetería y evidenció un contraste insólito entre riqueza nominal y valor utilizable.

La cifra era tan extraordinaria que su supuesto patrimonio superaba más de 100.000 veces la fortuna de Elon Musk, estimada en 843.400 millones de dólares (alrededor de £624 mil millones). El monto también multiplicaba por 22.500 el Producto Interno Bruto del Reino Unido y por 2.700 el de Estados Unidos, según informó Nottingham Post.

De manera global, el saldo de la tarjeta situaba a Downing con una riqueza teórica 670 veces superior a la economía mundial total, según cálculos basados en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La anomalía se confirmó durante una segunda visita al local, cuando el saldo astronómico permanecía inalterado. Frente a la magnitud del error, Downing expresó públicamente que no utilizaría más la tarjeta, aunque en teoría podría abastecerse de café de manera ilimitada, teniendo en cuenta que ese saldo solo puede destinarse a la compra de comida y bebidas —como café, matcha latte u otros productos del menú— dentro de la propia cafetería en cuestión, sin posibilidad de convertirlo en dinero ni utilizarlo fuera de esa cadena.

“Podría entrar y llevarme todo el estante, pero no quiero abusar”, afirmó Downing a Nottingham Post, quien agregó que preferiría disponer de ese saldo en una tarjeta de otra tienda.

Lo cierto es que el episodio trascendió rápidamente las fronteras británicas y fue relatado por Downing. Según su testimonio al sitio mencionado, el empleado de la cafetería “estaba muy confundido; su cara era de asombro”. Y agregó: “Apareció un número enorme en la pantalla. Dijo: ‘Nunca lo había visto, pero está bien que lo guardes’”.

Aunque la cifra permitiría un consumo ilimitado de café y alimentos, las opciones reales de Downing se limitan estrictamente a esa cadena. El error, que según la empresaria pudo originarse al escanear un código de barras incorrecto, se tradujo en la asignación de £63.000.000.000.000.000 (63 cuatrillones) como saldo en la tarjeta.

Tras corroborar la situación en una segunda oportunidad, Downing decidió no aprovechar el fallo y sostuvo que le parecía más “ético” abstenerse.

La cafetería explicó en un comunicado a la BBC que la abultada cifra en la tarjeta de Sophie se debió a un error administrativo: el número de la tarjeta fue ingresado por equivocación en el campo correspondiente al valor. Como consecuencia, el sistema generó un recibo que mostraba un saldo desproporcionado y muy superior al real.

La empresa aclaró que a la clienta solo se le cobró el importe correcto por su compra y que la tarjeta conservaba el saldo verdadero tras la operación. El ticket con la cifra millonaria, añadieron, fue simplemente un comprobante erróneo que el barista le entregó como recuerdo.

La última revisión del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aún continúa a pesar de que la misión dejó el país, expuso las metas no alcanzadas durante el 2025. La atención principal de los enviados del Fondo se centró en el incumplimiento del objetivo de reservas netas, con reconocimientos a algunos progresos en algunas reformas y la exigencia de avanzar en las que restan.

Luego de la partida de la misión del FMI, que dejó el país el jueves 12 para continuar las conversaciones de manera virtual, la portavoz del organismo, Julie Kozack, destacó los avances en la reforma laboral y la apertura comercial. Remarcó la persistencia de compromisos pendientes que el Gobierno asumió en los ámbitos fiscal, monetario y estructural, y subrayó la necesidad de cumplir con los objetivos cuantitativos del acuerdo, en particular en lo referente a la acumulación de reservas.

En ese contexto, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, dijo a Infobae que los compromisos asumidos ante el FMI se dividen en metas cuantitativas, que incluyen los objetivos fiscales y monetarios, y los estructurales.

Según Tiscornia, el Gobierno nacional ha mostrado capacidad para cumplir con la meta fiscal y la restricción sobre el financiamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al Tesoro, pero el mayor desvío se encuentra en la acumulación de reservas.

La portavoz del FMI subrayó la necesidad de cumplir con los objetivos cuantitativos del acuerdo, en particular en lo referente a la acumulación de reservas

El economista de C&T detalló que, tras la primera revisión, el Gobierno asumió compromisos estructurales que no se cumplieron, como la publicación de un reporte sobre empresas estatales y la presentación de un plan para su privatización. Aun así, destacó avances en la presentación de un Presupuesto para 2026 con regla de déficit cero, la eliminación de fondos fiduciarios -excepto el destinado al gas residencial- y la desregulación del mercado eléctrico.

El incumplimiento de metas estructurales quedó en evidencia ante la opinión pública con la postergación de la nueva fórmula de inflación en enero, que debía actualizar la canasta de consumo de la Encuesta Permanente de Gasto de los Hogares (EPGHo) de 2004 por la de 2017/2018, lo que derivó en la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cargo que ocupaba desde el Gobierno de Alberto Fernández.

Martín Kalos, director de Epyca Consultora, advirtió que la existencia de incumplimientos depende del criterio de evaluación.

Kalos dijo a Infobae: “Incumplimientos hay varios, pero también depende de qué es lo que uno considere como tal. La acumulación de reservas, por supuesto, también la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) figuraba. Pero sobre el objetivo fiscal, hay la discusión técnica sobre qué considerás, arriba o abajo de la línea de resultado”.

El economista añadió que, además de la acumulación de reservas y el objetivo fiscal, el FMI fijó metas sobre consensos para la reforma tributaria y referencias al sistema previsional, áreas donde no hubo avances.

Para Kalos, el staff técnico del FMI emitirá un dictamen sobre el cumplimiento formal, pero el directorio puede conceder un waiver (dispensa) para metas no alcanzadas, con el respaldo de Estados Unidos a Argentina. Que quedó de manifiesto en los días previos a la elección legislativa a nivel nacional, en donde el Tesoro de los Estados Unidos compró pesos para impedir que el BCRA tenga que vender reservas y que se reforzó con la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) para que Argentina le pague el primer vencimiento del año al organismo.

Kalos recordó que la flexibilidad que tiene el FMI con Argentina con esta segunda revisión, ya sucedió durante el 2025, cuando se postergaron evaluaciones hasta después de las elecciones presidenciales en Argentina. Según el economista, la conducta del organismo se mantiene, tolerando ciertos desvíos en función de que el Gobierno de Javier Milei cumple los aspectos fiscales prioritarios para el Fondo.

El director de Epyca Consultora también remarcó que el acuerdo incluye referencias explícitas a la política cambiaria y la eliminación del cepo, así como la unificación monetaria. Argentina mantiene múltiples tipos de cambio y, aunque la brecha se redujo al 5%, existen restricciones, sobre todo para las grandes empresas. Kalos consideró que el FMI puede reconocer avances en este aspecto, aunque el cumplimiento no es total.

La conducta del organismo se mantiene, tolerando ciertos desvíos en función de que el Gobierno de Javier Milei cumple los aspectos fiscales prioritarios para el Fondo (Kalos)

El foco estará puesto en las nuevas metas de acumulación de reservas internacionales netas que se fijen para este año. Hasta ahora, para el primer trimestre de 2026, el FMI le exige al BCRA tener reservas netas por USD -3.100 millones, cuando antes de la primera le exigía que tuviera positivas, USD 900 millones (una diferencia de USD 4.000 millones). Mientras que, para el cuarto trimestre, la meta es de USD 8.400 millones (antes era USD 10.400 millones, diferencia de USD -2.000 millones).

La renegociación del acuerdo de Macri

La situación de los compromisos de deuda agrega presión adicional.

Gonzalo Guiraldes, socio y economista jefe de Audemus, destacó la necesidad de abordar el primer préstamo del FMI, otorgado durante la presidencia de Mauricio Macri y renegociado por el gobierno de Alberto Fernández. “El Gobierno debe querer hacer un nuevo acuerdo que también defina metas para el primer préstamo y consiga algún tipo de refinanciación”.

La atención se concentra en el próximo desembolso del FMI previsto para marzo y en la meta de reservas que el Gobierno deberá alcanzar para sostener el acuerdo vigente. Las decisiones del organismo y la posibilidad de nuevas negociaciones definirán el horizonte financiero de Argentina en los próximos meses.

El mapa económico de Centroamérica y el Caribe está experimentando una reconfiguración histórica. Según las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), detalladas en su informe Perspectivas de la Economía Mundial, Guatemala se posicionará este 2026 como la segunda economía más robusta de la región, superando a potencias tradicionales y consolidando un liderazgo basado en la estabilidad macroeconómica.

Este ascenso representa un cambio de paradigma en el escalafón regional. En 2024, Puerto Rico lideraba la lista, seguido por República Dominicana y el propio Guatemala se ubicaba como tercer lugar. Sin embargo, para este 2026, el tablero se ha invertido: Dominicana ha escalado a la primera posición, mientras que Guatemala sube al segundo puesto, desplazando a Puerto Rico, que ahora ocupa la tercera plaza.

La relevancia de la economía guatemalteca es indiscutible: actualmente representa el 39% del Producto Interno Bruto (PIB) de Centroamérica. A pesar de que las proyecciones del FMI de octubre pasado estimaron una variación del 3.6% en el PIB, las autoridades oficiales del país mantienen un optimismo mayor, con estimaciones que alcanzan el 4.1%.

Este ritmo de crecimiento es notablemente superior al promedio regional, lo que ha permitido a Guatemala ganar terreno frente a economías como Panamá y Costa Rica. Pedro Prado, experto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), mencionó que la clave de este éxito radica en una estabilidad macroeconómica resiliente que ha persistido durante décadas.

El motor de las remesas y el consumo

Un factor diferenciador en el crecimiento de Guatemala es el flujo masivo de remesas. “El ingreso de remesas juega un papel importante; este flujo ha motivado el consumo y permite el crecimiento sostenido”, explica Prado.

A diferencia de otras naciones que dependen de sectores más volátiles, el consumo interno guatemalteco, inyectado por el capital de su diáspora, ha blindado la economía frente a choques externos.

Superar a Puerto Rico implica más que un cambio de posiciones en la tabla; señala a Guatemala como destino de creciente interés para la inversión global. El FMI advirtió no obstante que el reto central sigue siendo que ese crecimiento nominal se traduzca en mejoras tangibles de los índices sociales y distributivos.

La consolidación del liderazgo dominicano y la irrupción de chapina marcan la primera reconfiguración fuerte del eje económico centroamericano y caribeño en décadas. La clave, insisten los expertos, ha sido una economía interna sostenida por remesas y por una estabilidad política que se ha mantenido durante largos periodos.

El ritmo de aumento económico de Guatemala ya ha superado a países como Panamá y Costa Rica, de acuerdo con especialistas de la región.

Estrategia institucional e inversión

El Ministerio de Economía guatemalteco destacó que trabaja en coordinación con el sector productivo para fortalecer el ecosistema empresarial con el objetivo de aumentar confianza como destino para hacer negocio. Las acciones se centran en:

• Facilitar el comercio y ampliar el acceso a mercados internacionales.
• Simplificar procesos para atraer Inversión Extranjera Directa (IED).
• Acompañar la internacionalización de las empresas locales.

Perspectivas a futuro

El ascenso de Guatemala no solo es una victoria estadística, sino un mensaje de confianza para los mercados internacionales. Al superar a Puerto Rico en términos de PIB nominal, el país se presenta como un destino atractivo para la inversión, aunque persisten retos estructurales para que este crecimiento macroeconómico se traduzca en una mejora equitativa de los indicadores sociales.

Por ahora, el liderazgo de República Dominicana y el avance de Guatemala redefinen el eje de poder económico del Caribe y Centroamérica, marcando una era donde la estabilidad y el consumo interno se imponen como las nuevas reglas del juego regional.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizó su visita técnica a Honduras tras una semana de encuentros orientados a analizar la evolución económica del país y afinar la agenda de políticas públicas.

El equipo liderado por Emilio Fernández Corugedo, responsable de la misión para Honduras, estuvo presente en Tegucigalpa desde el 16 hasta el 20 de febrero de 2026. Durante ese periodo, se reunió con representantes del Gabinete Económico, directivos monetarios y funcionarios de diversas instituciones estatales. El objetivo central fue recopilar información relevante y analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía hondureña.

Entre los factores que han sostenido la estabilidad macroeconómica destacan los precios favorables de exportación y el flujo constante de remesas, lo que ha fortalecido las reservas internacionales. Estas reservas han servido como protección ante posibles choques externos y han contribuido a la estabilidad cambiaria, según la declaración oficial del organismo internacional. La reciente disminución en la prima de riesgo soberana refleja una mejor percepción de Honduras por parte de los mercados financieros internacionales, lo cual podría traducirse en condiciones más ventajosas de acceso al financiamiento externo, siempre que se mantenga una política fiscal prudente.

Fernández Corugedo resaltó el “firme compromiso” de las autoridades hondureñas con la estabilidad macroeconómica y la disposición para sostener un diálogo abierto y productivo. Durante reuniones con el presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y el Gabinete Económico, los funcionarios reafirmaron la meta de alcanzar un crecimiento inclusivo, ampliar oportunidades para la población y fortalecer tanto la sostenibilidad fiscal como la estabilidad monetaria.

Uno de los principales temas abordados fue la política monetaria y cambiaria. El equipo del FMI, junto a las autoridades del país, evaluó estrategias para fortalecer institucionalmente al Banco Central de Honduras (BCH) y perfeccionar el sistema de asignación de divisas. El objetivo es asegurar un nivel suficiente de reservas internacionales y mejorar la eficiencia y transparencia del mercado cambiario.

La economía hondureña muestra un crecimiento robusto frente a la media regional y la inflación se mantiene dentro del rango tolerado, evidencia de una administración monetaria enfocada en la estabilidad de precios. Entre los factores externos que han fortalecido las reservas internacionales figuran los precios de exportación favorables y las remesas, elementos subrayados durante los encuentros.

El diálogo también se centró en mejorar la eficiencia del sector público. El FMI y las autoridades monitorean la calidad del gasto público, buscando transferir recursos desde el gasto corriente hacia inversión pública y gasto social prioritario, para maximizar el impacto presupuestario en infraestructura, salud, educación y programas sociales.

Las conversaciones incluyeron el plan de reformas estructurales orientado a mejorar la productividad, atraer inversiones, modernizar los marcos regulatorios y ampliar la inclusión financiera. El FMI y el gobierno hondureño subrayaron que la estabilidad macroeconómica, aunque necesaria, no es suficiente para disminuir desigualdades ni garantizar el bienestar de la población

Las autoridades insistieron en la necesidad de implementar medidas que permitan fomentar el empleo formal, el acceso a servicios básicos y la creación de oportunidades para jóvenes y mujeres. La meta es vincular la disciplina fiscal y monetaria con políticas sociales y de desarrollo que permitan un crecimiento sostenible y equitativo.

El entorno financiero también fue objeto de análisis. La misión evaluó la solidez del sistema bancario y la eficacia de la supervisión prudencial. Un sistema financiero estable contribuye a canalizar el ahorro hacia la inversión productiva y sustenta la actividad económica.

El FMI agradeció al presidente Asfura y a los integrantes del Gobierno hondureño la hospitalidad y disposición al diálogo técnico de alto nivel. Reiteró su compromiso de seguir colaborando con Honduras para afianzar la estabilidad económica y promover el bienestar colectivo.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) advirtió que los acuerdos firmados entre el Gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido insuficientes para lograr transformaciones estructurales, limitándose al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, sin mejoras sustantivas en la calidad de vida de la población.

A pesar de la reiteración de compromisos y reformas pactadas, Fosdeh señaló que estos acuerdos “no han logrado” corregir los problemas estructurales que perpetúan la pobreza, la desigualdad y la migración masiva.

El organismo destacó que la estabilidad alcanzada en los saldos fiscales y monetarios, lejos de traducirse en desarrollo sostenible, resulta frágil y carece de impacto real sobre el bienestar ciudadano.

El Fosdeh considera que la migración es la manifestación más clara de este estancamiento. El flujo constante de hondureños hacia el extranjero, especialmente intenso en la última década, demuestra el fracaso del modelo económico actual para generar empleos dignos, ingresos estables y perspectivas de desarrollo.

Señalan que esta tendencia no se explica solo por motivos de seguridad, sino como reflejo de un sistema incapaz de crear oportunidades.

Fosdeh subraya que los programas económicos y financieros no pueden disociarse del contexto político, institucional y social. Sin transparencia y sin rendición de cuentas, toda reforma económica está condenada a la desconexión y a la desconfianza social.

La participación ciudadana efectiva y la vigilancia del destino de los recursos públicos son condiciones indispensables para cualquier transformación:

La advertencia emerge en un momento decisivo: está previsto que la misión del FMI concluya su visita con un encuentro con el presidente Nasry ‘TAsfura para analizar posibles ajustes y reformas. El programa incluye la revisión de los compromisos existentes y el diseño de estrategias que fortalezcan la confianza tanto interna como internacional, en un contexto de crecientes demandas sociales y restricciones fiscales.

El Fosdeh afirmó que el enfoque en metas fiscales y equilibrios monetarios, aunque necesario, es insuficiente si no se acompaña de cambios productivos, integridad pública y reformas democráticas profundas. La estabilidad por sí sola, sostuvo el organismo, no reduce la exclusión social ni garantiza derechos fundamentales.

En su análisis, Fosdeh expuso que incluso la disciplina fiscal y la coherencia monetaria son vulnerables ante la precariedad del aparato productivo y la alta dependencia de factores externos.

Resaltan la creciente dependencia de Honduras respecto a las remesas familiares enviadas por migrantes: más que en la producción nacional, la sostenibilidad macroeconómica depende de estos flujos externos, lo que expone al país a riesgos frente a variaciones de la economía global. Según el documento, este esquema podría agravar las vulnerabilidades en lugar de mitigarlas.

Un punto central planteado por el organismo es la urgencia de dejar atrás la gestión pasiva de la estabilidad macroeconómica como fin último.

Para Fosdeh, cualquier nuevo acuerdo con el FMI tendría que abrir el debate sobre diversificación productiva, competitividad, reducción de la dependencia de importaciones estratégicas y el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.

El análisis de Fosdeh enfatizó los problemas ligados al uso y gestión del presupuesto público. El documento sostiene que, pese a los convenios con el FMI, el presupuesto nacional sigue operando bajo criterios poco técnicos, con asignaciones discrecionales y carencia de mecanismos de evaluación sólidos.

Frente a este escenario, el Fosdeh sostiene que todo nuevo acuerdo con el FMI debe incluir mecanismos concretos y verificables para combatir la corrupción, como indicadores claros de cumplimiento y la supervisión independiente del uso de los fondos. El organismo aclaró que, sin mejoras sustantivas en la transparencia y el control del gasto, cualquier estabilización queda en riesgo de perder legitimidad y viabilidad.

El Fosdeh concluye que Honduras debe negociar acuerdos con el FMI que prioricen cambios reales y comprobables, y que vayan más allá de metas fiscales tradicionales o el nivel de reservas internacionales, hacia una estrategia de desarrollo genuina.

Solo bajo estas condiciones la estabilidad macroeconómica podría convertirse en una plataforma de crecimiento sostenido y cohesión social para el país, y no en un frágil equilibrio sustentado en remesas y migración persistente.

Entre las propuestas incluidas en su más reciente informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere que China debe transformar su modelo económico para priorizar el fortalecimiento del consumo interno y disminuir su dependencia de las exportaciones. Según detalló el FMI en el informe anual 'Artículo IV' dedicado al país asiático, dicho giro en la política económica debería ir acompañado de una drástica reducción de las subvenciones y ayudas estatales a la industria, recortando estas medidas en torno a dos puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB), lo que significaría reducir los incentivos actuales prácticamente a la mitad.

El FMI subraya que el coste fiscal de los subsidios industriales en China se sitúa en torno al 4% del PIB, nivel que se mantiene estable desde hace años y que supera ampliamente el registrado en otras grandes economías. De acuerdo con el organismo, las ayudas estatales otorgadas por Pekín a sectores industriales prioritarios, especialmente manufacturas de alta tecnología, toman distintas formas, incluyendo subvenciones directas, ventajas fiscales y condiciones favorables de acceso al crédito. Para poner estas cifras en contexto, el FMI señala que en la Unión Europea, el conjunto de estos apoyos no alcanzó el 1,5% del PIB en el año 2022.

Junto con los subsidios tradicionales, el FMI agrega que la política industrial china emplea mecanismos adicionales, como regulaciones comerciales, medidas de control y facilidades para acceder a financiación pública, impulsando con ello sectores considerados estratégicos por el gobierno. De acuerdo con el análisis del FMI, si bien estas políticas pueden estimular la innovación y la autosuficiencia, así como corregir algunas disfunciones del mercado y ayudar a que industrias emergentes aprovechen economías de escala, también generan costes significativos en el ámbito fiscal y de eficiencia económica.

El informe alerta que el uso prolongado y generalizado de estos subsidios está desembocando en una mala asignación de los recursos dentro de China, una situación que podría haber recortado el nivel potencial del PIB en torno a un 2%. Según publicó el FMI, al incentivar una producción industrial superior a la demanda interna, el país se ve empujado a volcar ese excedente en los mercados exteriores, apoyando su crecimiento en la exportación de bienes manufacturados que reciben ayudas estatales.

El FMI advierte que este modelo económico ha profundizado los desequilibrios internos en China y está produciendo repercusiones a escala internacional. La combinación de una oferta industrial que crece rápidamente gracias a los incentivos estatales y una demanda doméstica débil fomenta que crezca la dependencia de China de las exportaciones manufactureras. El resultado, según explicó el FMI, es un aumento de la presión a la baja sobre los precios de exportación, así como una mayor preocupación entre los socios comerciales del país por el exceso de capacidad y su impacto en la competencia global.

Las tensiones comerciales que genera esta situación podrían derivar en la adopción de nuevas medidas proteccionistas por parte de otros países, lo que amenazaría las exportaciones chinas y ampliaría las diferencias en la cadena de suministro global. El FMI sostiene que reducir las medidas de apoyo industrial y promover una mayor transparencia en torno a su uso ayudaría no solo a corregir distorsiones en la economía doméstica de China sino también a atenuar los efectos adversos a nivel internacional.

Entre las recomendaciones más directas incluidas en el informe, destaca el planteamiento de los técnicos del FMI respecto a la necesidad de disminuir en aproximadamente dos puntos porcentuales del PIB el volumen de subsidios y beneficios fiscales, medida que, según afirma el organismo en sus propias palabras, "reduciría la mala asignación de factores, aumentaría la productividad y reduciría los costes fiscales". El FMI también llama la atención sobre el esfuerzo reciente del gobierno chino para enfrentar la llamada "involución", fenómeno descrito como una competencia excesiva basada en el descenso de precios, si bien considera que la estrategia "antiinvolución" precisa mayor claridad y un renovado conjunto de incentivos que limite la sobreinversión de los gobiernos locales.

El organismo hace hincapié en que el modelo económico chino enfrenta obstáculos crecientes. Entre ellos, resalta los límites del consumo interno, atribuidos en parte a la prolongada crisis en el sector inmobiliario y a una red de protección social considerada débil. Esto ha mermado la disposición de los hogares chinos a gastar, incrementando las presiones deflacionarias y reforzando la dependencia de la economía nacional respecto a la demanda exterior. El FMI recalca que "China no puede contar con un aumento cada vez mayor de las exportaciones para impulsar un crecimiento duradero en los próximos años", e indica que la principal prioridad en la agenda política del país debe consistir en propiciar una transición hacia un patrón de crecimiento sustentado en el consumo interno.

De acuerdo con el FMI, aunque Pekín ha flexibilizado su política fiscal para el año 2025 y ha tomado medidas que van en el sentido correcto, aún existe margen para reforzar tanto el consumo como la demanda doméstica. El informe propone que China adopte un paquete integral de políticas macroeconómicas, en el que se combine un estímulo fiscal adicional con una mayor flexibilidad a nivel monetario y cambiario, factores que contribuirían tanto a llevar la inflación a rangos aceptables como a disminuir la dependencia del sector externo.

En relación a la composición del gasto público, el FMI sugiere modificar el enfoque y rebajar la inversión pública destinada a apoyar sectores específicos. Esta reconfiguración permitiría un mayor protagonismo a las fuerzas del mercado y liberaría recursos presupuestarios que podrían orientarse a fortalecer la protección social y atender la contracción experimentada en el mercado inmobiliario, incluyendo programas de apoyo a los compradores de viviendas en desarrollo.

Finalmente, el FMI insiste en que fortalecer la red de seguridad social debe convertirse en un objetivo central de la política fiscal china para restaurar la confianza de los consumidores y favorecer una mayor propensión al gasto, concluyendo que solo mediante una combinación de reformas y cambios en la estructura de incentivos la segunda economía más grande del mundo podrá responder de forma sostenible a los desafíos domésticos e internacionales que enfrenta actualmente.

El Fondo Monetario Internacional criticó las políticas económicas del régimen chino por generar despilfarro interno y efectos negativos en el exterior, y reclamó una reorientación hacia un modelo basado en el consumo doméstico. La advertencia se publicó junto con la revisión anual de la economía china, conocida como consulta del Artículo IV.

“La transición a un modelo de crecimiento impulsado por el consumo debería ser la prioridad general”, señalaron los directores ejecutivos del organismo en una declaración difundida el miércoles. El informe destacó que el actual patrón de crecimiento, apoyado en exportaciones y estímulos a la producción, produce desequilibrios tanto dentro del país como a nivel global.

El análisis subrayó el elevado superávit por cuenta corriente de China, que provoca efectos adversos en sus socios comerciales. Según el organismo, parte de ese excedente se explica por el impulso a las exportaciones derivado de la depreciación real del renminbi —también llamado yuan— ajustada por inflación. Ese debilitamiento encarece las importaciones y favorece la competitividad externa de los productos chinos.

El lenguaje del informe coincide con críticas sostenidas durante años por Estados Unidos y otros países desarrollados. También refleja evaluaciones de economistas privados que advirtieron sobre el impacto global de la creciente capacidad exportadora china. En ese sentido, el documento alertó sobre posibles repercusiones comerciales si el exceso de oferta industrial continúa.

El representante de China ante el directorio del organismo, Zhengxin Zhang, rechazó esas observaciones. En una declaración separada sostuvo que el crecimiento exportador del país en 2025 “fue impulsado principalmente por su competitividad y capacidad de innovación”, además de factores vinculados a la política comercial estadounidense.

Pese a esa respuesta, el directorio en su conjunto reclamó un cambio profundo en el marco económico chino. El pronunciamiento se conoció semanas antes de la reunión anual del Congreso Nacional Popular, donde el régimen presentará sus objetivos económicos para 2026.

“Reorientar el modelo de crecimiento de China requiere una importante transformación cultural y de política económica”, afirmaron los directores. Añadieron que se necesita “una respuesta integral y más contundente que combine un mayor apoyo a la política macroeconómica con reformas estructurales”.

El organismo también propuso medidas expansivas, incluido un estímulo fiscal más fuerte. Señaló que la financiación del gobierno central para resolver el excedente de viviendas sin terminar en el debilitado mercado inmobiliario “reconstruiría la confianza del consumidor”.

Tras una expansión del producto interno bruto del 5% en 2025 —en línea con el objetivo oficial—, el organismo prevé una desaceleración al 4,5% en 2026. Muchos analistas anticipan que las autoridades fijarán una meta en un rango similar.

El informe utilizó de forma reiterada el término “desequilibrios externos”, ausente en la edición anterior. El organismo estimó el superávit por cuenta corriente en 3,3% del PIB, más del doble de su proyección previa. Zhang consideró que esa cifra “parecía excesivamente grande”.

Datos preliminares citados en el análisis indican que el superávit pudo alcanzar 3,7% del PIB, impulsado por un récord de 1,2 billones de dólares en exportaciones netas de bienes. El organismo prevé que el excedente se reduzca gradualmente hasta 2,2% del PIB en 2030, todavía por encima del nivel considerado normal.

El estudio también sugirió que el yuan se encuentra infravalorado alrededor de un 16%, con un rango estimado entre 12,1% y 20,7%. Ese tipo de cambio favorece las ventas externas mientras la débil demanda interna limita las importaciones.

En materia de política cambiaria, los directores solicitaron “mayor flexibilidad”. Zhang defendió la postura de Beijing y afirmó que la política monetaria es “clara y consistente” y que confía en que el mercado desempeñe “un papel decisivo”.

El organismo cuestionó además el alcance de las políticas industriales chinas. Calculó que el costo fiscal de los apoyos estatales a sectores prioritarios alcanzó alrededor del 4% del PIB en 2023, una proporción superior a la registrada en economías avanzadas.

Según el personal técnico, reducir medidas consideradas injustificadas en aproximadamente 2% del PIB aumentaría la productividad, mejoraría la asignación de recursos y aliviaría las cuentas públicas. El informe destacó que casi un tercio del crecimiento del año pasado provino de exportaciones netas, lo que incrementa la preocupación por el exceso de capacidad y por posibles represalias comerciales de otros países.

El organismo concluyó que la dependencia de la demanda externa constituye un riesgo para la estabilidad futura del crecimiento chino y para la economía mundial.

(Con información de Bloomberg)

En solo cuatro meses, la variación en el valor de las reservas de bitcoin de El Salvador generó una disminución de 272 millones de dólares, equivalente a 230 millones de euros, respecto al máximo alcanzado en octubre de 2024. Según informó el medio, esta pérdida refleja el impacto que los movimientos en el precio de la criptomoneda han tenido sobre los fondos públicos gestionados por el gobierno centroamericano, que adoptó el bitcoin como moneda oficial en 2021.

El medio detalló que el país centroamericano posee en la actualidad 7.564 bitcoins, con un valor de mercado de 518 millones de dólares. Este cálculo se desprende del registro realizado por la Oficina Nacional del Bitcoin, responsable de supervisar la estrategia gubernamental de adquisición de bitcoin a diario. La estrategia reflejó un crecimiento en la cantidad de criptomonedas retenidas por el Estado, ya que el pasado 6 de octubre se contaban 6.341 bitcoins, aunque, en ese momento, la cotización llevaba a un valor total de 790 millones de dólares, correspondiendo a 668 millones de euros, es decir, un monto superior al actual pese a la menor cantidad de monedas.

El bitcoin cotiza este martes en 67.051 dólares, muy por debajo de su máximo reciente en Bolsa, que había alcanzado los 126.080 dólares. De acuerdo con los datos consignados, esto representa una contracción del 45% desde el pico más reciente de la criptomoneda. Este descenso en el precio incidió directamente en el valor de las tenencias estatales en El Salvador, lo que genera un impacto significativo en las reservas públicas vinculadas a este activo digital.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país que reconoció al bitcoin como moneda de curso legal. De acuerdo con los datos publicados, el gobierno inició su involucramiento en el mercado cripto con la compra inicial de 400 bitcoins, como parte de una política destinada a incorporar innovaciones tecnológicas y diversificación financiera. En ese contexto, la administración creó la Chivo Wallet, una billetera electrónica gubernamental diseñada para facilitar pagos tanto en dólares como en bitcoin, instrumentando la interoperabilidad entre ambas monedas dentro del territorio nacional.

El desempeño del bitcoin en los últimos meses reavivó las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre los riesgos asociados a la utilización de activos digitales en la gestión de las finanzas públicas. Según consignó el medio, el FMI ha sostenido a lo largo de este periodo una posición crítica y ha condicionado parte de su asistencia financiera al país centroamericano a la limitación de exposiciones y riesgos vinculados al bitcoin. El último acuerdo de financiamiento entre ambas partes, suscrito en diciembre de 2024, comprometió al FMI a otorgar un préstamo de 1.400 millones de dólares, traducidos en 1.186 millones de euros, mientras subrayó la necesidad de robustecer los controles y la transparencia en la gestión de inversiones relacionadas con criptomonedas.

El incremento en la acumulación de bitcoins por parte del Estado salvadoreño no logró compensar la depreciación registrada desde los máximos históricos. Aunque la cantidad total de activos digitales en poder del país aumentó, la valoración global disminuyó de manera significativa a consecuencia de la caída de precios en el mercado internacional. Esta situación generó un debate nacional e internacional sobre la conveniencia de mantener como política pública una exposición relevante a activos financieros de alta volatilidad.

La decisión gubernamental de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal y mantener una política de compras diarias expuso las reservas del Estado a fluctuaciones pronunciadas en el valor de mercado de la criptomoneda. Según publicó el medio, la acumulación de activos digitales por parte de El Salvador no solo afectó las reservas financieras del país, sino que también provocó repercusiones en las negociaciones con organismos multilaterales y en las evaluaciones de riesgo de agencias internacionales.

Las advertencias del Fondo Monetario Internacional incluyeron la recomendación expresa de reducir la exposición del sector público a los vaivenes de las criptomonedas, condicionando la continuidad de los desembolsos crediticios a la adopción de medidas destinadas a limitar los riesgos asociados. El enfoque del FMI refleja preocupaciones por la estabilidad financiera y por los posibles efectos adversos en las cuentas públicas del país, a raíz de la alta volatilidad de los activos digitales. El medio detalla que la relación entre el gobierno salvadoreño y el organismo multilateral se volvió más estrecha y exigente desde la implementación de estas políticas.

La política de adquisición de un bitcoin al día, impulsada por la Oficina Nacional del Bitcoin, generó interrogantes en torno a los criterios de inversión y la planificación financiera de largo plazo del Estado. Conforme señaló el medio, analistas y observadores locales e internacionales ponen el foco en la sostenibilidad de este tipo de estrategias, ante la posibilidad de experimentar nuevas caídas de precios u otros episodios de volatilidad asociados al mercado de criptodivisas.

La experiencia reciente de El Salvador con el bitcoin se inscribe en un contexto global en el que las criptomonedas experimentan oscilaciones bruscas y en el que los organismos internacionales recomiendan prudencia a los gobiernos que evalúan incorporar este tipo de activos a sus portafolios oficiales. El seguimiento de los resultados por parte tanto de los entes reguladores como del Fondo Monetario Internacional continúa, ya que el desempeño futuro de la criptomoneda podría incidir nuevamente en la salud financiera del Estado y en sus relaciones con los acreedores multilaterales.

El Gobierno de Costa Rica confirmó este miércoles un aumento salarial para el sector público que regirá desde abril, luego de cinco años de congelamiento en las remuneraciones estatales por la pandemia y diversas reformas fiscales.

El ajuste base será de ₡10,000 mensuales (USD 20.77) para quienes siguen bajo el esquema de salario compuesto y duplicará esa cifra para los empleados públicos con salarios más bajos.

El trasfondo de esta medida radica en años de políticas de austeridad extremas implementadas a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la regla fiscal tras la crisis global desencadenada por la COVID-19. Desde 2020, los salarios estatales permanecieron inalterados, lo que agudizó el impacto inflacionario sobre los trabajadores de niveles operativos y administrativos básicos.

De acuerdo con el presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, la revisión salarial busca llegar a quienes desempeñan funciones clave en servicios de seguridad y apoyo, evitando beneficiar a los funcionarios con mayores ingresos.

Chaves se dispone a dejar el cargo para entregar el poder a la presidenta electa, Laura Fernández, quien tras su victoria en las urnas asumirá la jefatura del Estado el próximo 8 de mayo de 2026.

Enfoque social y límites fiscales

El beneficio adicional de para funcionarios con salarios brutos menores a ₡514.000 (USD 1,067) alcanzará a unos 28,000 empleados del sector público, según datos de la presidencia costarricense. La medida se dirige de manera específica a mejorar las condiciones de los rangos salariales inferiores de la administración estatal.

Para financiar el ajuste, el Ejecutivo empleará una bolsa de ₡32,700 millones (USD 67,923.10) reservada desde diciembre. El presidente tico defendió el monto disponible ante los cuestionamientos de sindicatos por su modestia. “Eso es lo que hay. No se puede repartir más, aunque uno quisiera, a menos de que alguien quiera ver a Costa Rica como Venezuela”, afirmó Chaves en respuesta a las críticas.

Y agregó el mandatario centroamericano: “Y bueno, aquí vamos a mantener la responsabilidad, por lo menos en lo que queda este gobierno y estoy seguro que en el que viene, que ya los organismos y las agencias internacionales celebraron como lo mejor para el país”

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplar) aclaró que el aumento aplicará solo a quienes mantengan el salario compuesto y no excedan el salario global de referencia establecido por la Ley Marco de Empleo Público, vigente desde 2023.

“En total, se verán beneficiados aproximadamente 13,600 policías (Fuerza Pública, Penitenciaria y Tránsito), 5,100 funcionarios de apoyo operativo, tanto de centros educativos como en las demás instituciones públicas (conserjes, cocineros y misceláneos), 2,900 trabajadores de vigilancia institucional y 2,300 personas de apoyo administrativo y técnicos”, señala el ente gubernamental en un comunicado.

Perspectiva internacional y desafíos políticos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha identificado la contención de la masa salarial pública como elemento fundamental para la estabilización macroeconómica y la recuperación de la calificación crediticia de Costa Rica. El gobierno ha destacado que el ajuste salarial llega tras varios ejercicios de cumplimiento riguroso de metas fiscales.

A pocos meses del relevo presidencial, la medida se presenta como un gesto de cierre para la administración Chaves, procurando mitigar el malestar social entre los estratos más castigados por la austeridad.

Sin embargo, sectores de oposición advierten que este ajuste difícilmente resolverá los reclamos de equidad en la distribución de la recuperación económica. Expertos económicos citados por la presidencia subrayaron que el crecimiento aún “no se percibe” de manera uniforme a lo largo de la estructura salarial estatal.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportaron que, aunque la inflación se estabilizó en los últimos periodos, el costo de vida se mantiene como uno de los retos más duros para los asalariados y sus familias.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur volvió al centro de la conversación pública, pero no tanto por su firma -que lleva más de dos décadas gestándose- sino por el cambio en la naturaleza del debate que lo rodea. La pregunta ya no es si el acuerdo va a existir, sino quién va a estar en condiciones de aprovecharlo y quién va a quedar rezagado. En ese desplazamiento de la discusión está, quizás, lo más interesante del momento actual.

En un webinar organizado por Insight LAC, del que participaron Andrés Malamud (Universidad de Lisboa), Otaviano Canuto (Brookings Institution, ex director de Brasil en el FMI), Ignacio Bartesaghi (Universidad Católica del Uruguay), Esteban Actis (Universidad Nacional de Rosario) y Gustavo Rojas (especialista en relaciones internacionales de Paraguay), la conversación se alejó de las miradas simplificadas que reducen el tratado a un intercambio de productos. Lo que emergió fue algo más complejo: el acuerdo como una agenda de transformación estructural que obliga a repensar competitividad, regulación, capacidades institucionales y estrategia productiva en un contexto global muy distinto al de los años en que comenzó a negociarse.

El tratado se inserta en un mundo que ya no funciona bajo las mismas reglas. El orden multilateral muestra señales de desgaste, el comercio internacional se vuelve más estratégico y la geopolítica vuelve a pesar en las decisiones económicas. En ese marco, el acuerdo aparece, al mismo tiempo, como una herramienta de previsibilidad y como un instrumento que llega en un momento incómodo: tarde para algunos sectores, justo a tiempo para otros. No es un punto de llegada, sino una plataforma que puede habilitar oportunidades si se la entiende como parte de una estrategia más amplia.

El tratado se inserta en un mundo que ya no funciona bajo las mismas reglas

Uno de los ejes más sustantivos de la discusión giró en torno a una idea que todavía no termina de instalarse del todo: este no es, esencialmente, un acuerdo de aranceles. Es, sobre todo, un acuerdo de estándares. Europa no importa solo bienes; importa procesos, certificaciones, trazabilidad, normas ambientales, requisitos sanitarios y laborales. En ese sentido, la competitividad regulatoria empieza a pesar tanto como la competitividad en costos. Y ese cambio de paradigma reconfigura completamente la conversación.

Un dato ilustrativo ayuda a dimensionar este desafío: alrededor del 75% de las medidas técnicas entre la UE y el MCS difieren entre sí, lo que implica que la adaptación normativa será una tarea extensa y compleja, especialmente para las pymes. Este tipo de brechas regulatorias, más que los aranceles, serán las que definan en la práctica quién logra acceder al mercado europeo y quién queda afuera.

Esto obliga a una preparación que no siempre se ve reflejada en el debate público. Modernizar sistemas sanitarios, mejorar la trazabilidad, fortalecer las agencias regulatorias, acompañar a las empresas en el cumplimiento de normas técnicas, articular políticas de adaptación productiva son tareas menos visibles que la discusión sobre aranceles, pero probablemente más determinantes para el aprovechamiento real del acuerdo.

El acuerdo aparece, al mismo tiempo, como una herramienta de previsibilidad y como un instrumento que llega en un momento incómodo: tarde para algunos sectores, justo a tiempo para otros

También apareció con fuerza una idea que incomoda pero que no puede ignorarse: los impactos económicos no automáticos. El crecimiento del comercio será gradual, los efectos sobre el PBI serán positivos pero moderados, y los beneficios estarán distribuidos de manera desigual entre países, regiones y sectores. Incluso en los casos más favorables, las ganancias de largo plazo pueden ser significativas pero acotadas; por ejemplo, en algunos países el impacto podría rondar alrededor del 1,5% del PBI a largo plazo, lo que confirma que el acuerdo es estratégico, pero no transformador por sí solo.

El verdadero riesgo, entonces, no es tanto perder mercados, sino quedar atrapados en una estructura productiva cada vez más concentrada en actividades primarias si no se acompaña el proceso con políticas de diversificación. La pregunta de fondo no es si se va a exportar más carne o más granos, sino si el acuerdo puede convertirse en una palanca para escalar en cadenas de valor, atraer inversión, incorporar tecnología y fortalecer capacidades locales.

También hay puntos que suelen quedar fuera del radar: la implementación del acuerdo ocurre en un contexto de fragmentación política tanto en Europa como en el Mercosur. Las tensiones internas, las discusiones sobre cuotas, las resistencias sectoriales y las incertidumbres institucionales forman parte del escenario. El tratado no se aplicará en un vacío técnico, sino en un terreno atravesado por debates políticos y asimetrías económicas.

La pregunta no es si se va a exportar más carne o más granos, sino si el acuerdo puede convertirse en una palanca para escalar en cadenas de valor y atraer inversión

En ese marco, la clave parece estar en la anticipación. Los acuerdos comerciales no se aprovechan por inercia. Se gestionan. Requieren coordinación público-privada, inteligencia comercial, inversión en capacidades y una estrategia clara de inserción internacional. Los países que empiecen ahora a prepararse -antes incluso de que el acuerdo entre en vigor plenamente- tendrán una ventaja significativa. Los que esperen a reaccionar, probablemente lleguen tarde.

Lo más sustantivo de la conversación no estuvo en la pregunta clásica sobre si el acuerdo es “bueno o malo”, sino en cómo convertirlo en una herramienta útil. El comercio mundial se vuelve más exigente, más regulado y más estratégico, por lo que la capacidad de adaptación pasa a ser el verdadero diferencial. El acuerdo puede ser una oportunidad para integrarse de manera más sofisticada a las cadenas globales, pero también puede reforzar desequilibrios si no se lo acompaña con decisiones de política deliberadas.

La ventana de tiempo que se abre ahora es el momento más crítico. No para discutir el texto del acuerdo, sino para construir las condiciones internas que permitan aprovecharlo. Porque, al final, los acuerdos no transforman economías por sí solos. Lo que transforma son las decisiones que se toman a partir de ellos.

La autora es directora de Insight LAC

Las previsiones económicas para 2026 en El Salvador anticipan una desaceleración significativa, con estimaciones de crecimiento que vuelven a los niveles históricos del país. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco de Gavidia (OPP-UFG) proyecta que el primer trimestre cerrará con 2.9 %, el segundo descenderá a 1.5 % y el tercero se ubicará en 1.6 %, para un promedio anual esperado entre 2.1 % y 2.5 %.

Este panorama contrasta con el impulso extraordinario registrado en 2025, año en el que el Producto Interno Bruto fue impulsado por el ingreso de 9.000 millones de dólares en remesas. «Este año ya no va a volver a pasar lo mismo», advirtió óscar Cabrera, jefe investigador asociado del OPP-UFG, durante una entrevista en la radio 105.3 fm. Cabrera explicó que la política migratoria de la administración Trump y el aumento del 46 % en vuelos de deportados a El Salvador anticipan una reducción en el flujo de remesas, lo que se reflejará directamente en la economía nacional.

Roberto Morán, coordinador del observatorio, subrayó que el país regresará a su promedio histórico de crecimiento de 2 %, una cifra determinada por la capacidad instalada de producción. «Aquí es donde surgen las oportunidades de modificar la matriz productiva para poder producir más y mejor», remarcó Morán.

Los especialistas coinciden en que el reto es fortalecer los bienes y servicios de alto valor añadido, con énfasis en el sector tecnológico y la atracción de inversión extranjera directa. «La capacidad del Gobierno está limitada por la carga tributaria. Tenemos que abrir la economía para que entren más inversiones», insistió Cabrera.

El sector tecnológico y los llamados servicios modernos representan una de las principales oportunidades para el país, pero el desafío educativo es evidente. Morán señaló que muchas empresas extranjeras buscan jóvenes que sepan programar y hablen inglés, pero buena parte de los aspirantes no cumple con este requisito. «Hay una gran demanda de programadores y jóvenes bilingües. El problema es que no hablan inglés», lamentó.

Cabrera citó a Costa Rica como ejemplo, donde la colaboración entre universidades y empresas permitió adaptar los perfiles curriculares a la demanda productiva, elevando los salarios y beneficios laborales. «Tenemos que ir de la mano el gobierno, la academia y las empresas. Esa es la clave para que los jóvenes salvadoreños puedan insertarse en el mercado laboral internacional», destacó.

La economía salvadoreña enfrenta riesgos estructurales. Aunque sectores como la construcción y el turismo han impulsado el crecimiento, otros presentan cifras negativas. Cabrera alertó que el sector salud y la administración pública decrecieron -3,3 % y -4,9 % respectivamente, en parte por ajustes fiscales pactados con el Fondo Monetario Internacional.

En cuanto al futuro de las remesas, Cabrera fue enfático: «Tenemos una bomba de tiempo en pensiones para 2027, porque el Gobierno deberá empezar a pagar entre 1.000 y 1.200 millones de dólares que no pagó en cuatro años». El nerviosismo ya se siente entre los trabajadores próximos a jubilarse.

El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y el aumento de deportaciones configuran un panorama incierto para el soporte que han representado las remesas en la economía salvadoreña.

El año 2025 cerró con un comportamiento atípico, según los analistas del OPP-UFG. Tras un crecimiento de 5 % en el segundo trimestre, la cifra bajó a 4 % y luego repuntó, con un promedio anual de 4,1 %. Este resultado superó las expectativas y se debió, según Morán, tanto al “boom” de la construcción como al incremento de las remesas familiares.

Cabrera puntualizó que la construcción creció más de 27 %, los servicios profesionales21 % y el transporte9,7 %. Sin embargo, la estructura económica es heterogénea, con sectores en crecimiento y otros en retroceso.

La inversión fue otro motor importante, con un aumento superior al 25 %, mientras que el consumo de los hogares —que representa cerca del 85 % del PIB— creció solo 2 %. Este crecimiento inusual fue atribuido, en gran parte, al ingreso extraordinario de remesas.

Más allá de los grandes números, Morán y Cabrera destacaron la importancia de que la población comprenda cómo las cifras macroeconómicas inciden en la vida diaria. Políticas públicas como la reforma de pensiones afectan directamente a los hogares, y el nivel de las remesas incide en más del 25 % de ellos.

El costo de vida, la inflación y el endeudamiento —en especial el uso de tarjetas de crédito— inciden de forma directa en la economía familiar. «La mayoría de hogares no alcanza ni a la segunda semana con el salario actual», aseguró Cabrera con datos del Banco Central. Para sobrellevar el resto del mes, muchas familias recurren a préstamos informales o al “tarjetazo”.

Los especialistas del OPP-UFG recomiendan que los ciudadanos sigan de cerca las cifras de crecimiento, tasas de interés y endeudamiento, porque detrás de cada indicador se reflejan decisiones que afectan el día a día de los salvadoreños.

Las reservas internacionales netas de El Salvador registraron un alza considerable en el periodo comprendido entre enero de 2025 y enero de 2026, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por el Banco Central de Reserva (BCR).

El saldo de reservas internacionales netas creció de 3,434 millones de dólares a 4,482 millones en el lapso de un año, un incremento de 1,047.83 millones de dólares que marca una tendencia ascendente relevante en el contexto financiero del país.

Según el reporte del BCR, este desempeño responde tanto a la acumulación de activos de reserva como a la estabilidad en los pasivos externos de corto plazo.

El análisis de las cifras muestra que los activos de reserva también experimentaron una expansión significativa. En enero de 2025, el monto de este rubro era de 3,860 millones de dólares, mientras que para enero de 2026 alcanzó los 4,944 millones. La variación supera los 1,000 millones de dólares, ubicando estos activos como uno de los motores principales del fortalecimiento de las reservas netas de El Salvador.

Dentro de los activos de reserva, las reservas en moneda extranjera mantienen el mayor peso específico. El saldo pasó de 3,527.3 millones de dólares en enero de 2025 a 4,390 millones en enero de 2026, según datos recabados por Infobae. Este crecimiento de 863 millones de dólares refleja una mayor captación de divisas, resultado de operaciones comerciales, remesas y otras fuentes externas que impactan directamente la liquidez internacional del país.

El informe bancario también resalta el comportamiento de las tenencias en Derechos Especiales de Giro (DEG), instrumento emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las cifras muestran que en enero de 2025 estas tenencias sumaban 207 millones de dólares, aumentando a casi 217 millones en enero de 2026. Si bien el crecimiento es inferior al de otros rubros, representa una fuente adicional de respaldo para el sistema financiero nacional.

De hecho, el aumento de las reservas internacionales salvadoreñas ha sido parte del acuerdo suscrito con el FMI. La importancia de este “colchón” financiero es porque son activos que están disposición inmediata de un país y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos.

Más reservas de oro

El rubro de oro registró la variación proporcional más marcada dentro de los activos de reserva. En el inicio de 2025 la tenencia de oro era de 124 millones de dólares, mientras que doce meses después la cifra se ubicó en 336 millones de dólares. El incremento de más de 200 millones de dólares responde, en parte, a la revalorización del metal y a la estrategia de diversificación de activos.

De hecho, el pasado 29 de enero, el BCR informó sobre una nueva compra de 9,298 onzas de oro, con un valor aproximado de 50 millones de dólares, como parte de su estrategia para incrementar y diversificar sus reservas.

Esa fue la segunda adquisición del metal que ha realizado El Salvador. Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, el gobierno ha comprado un total de 23,297 onzas troy de oro, incrementando sus tenencias de oro de 58,105 a 67,403 onzas troy con un valor estimado en 360 millones de dólares.

Por el lado de los pasivos externos de corto plazo, el comportamiento fue menos uniforme. En enero de 2025, el saldo se situaba en 426 millones de dólares. Para enero de 2026, este indicador alcanzó 462 millones de dólares.

El aumento, aunque moderado respecto a los activos, refleja obligaciones pendientes principalmente en intereses y otros pasivos de corto plazo. A lo largo de los meses intermedios, los pasivos mostraron oscilaciones, con picos superiores a los 700 millones, pero finalizaron el periodo en un nivel que no compromete la solvencia de las reservas netas.

La comparación interanual de estos indicadores financieros confirma el fortalecimiento de la posición internacional de El Salvador. Analistas aseguran que la evolución de las reservas internacionales netas y de sus componentes refuerza la capacidad del país para afrontar compromisos externos y enfrentar eventuales coyunturas adversas en los mercados globales.

La llegada de Nasry Asfura al poder en Honduras marcó el fin de un ciclo electoral particularmente tenso y reconfiguró el panorama político del país. La nueva administración estrenó su mandato en un contexto de perspectivas económicas en ascenso y riesgos inflacionarios al alza, según el más reciente informe de la agencia inglesa de análisis financiero Emerging Finance (EMFI).

Las instituciones multilaterales y los mercados muestran confianza ante señales de estabilidad y disciplina fiscal, aunque advierten que los grandes avances futuros dependerán de la capacidad del gobierno para negociar en un Congreso Nacional sin mayorías claras.

La ceremonia de investidura de Asfura, realizada el 27 de enero, concluyó un proceso marcado por acusaciones de fraude, protestas e incidentes violentos, entre ellos un ataque dentro del propio Congreso. El margen estrecho de victoria —alrededor de 1.3 puntos porcentuales, equivalente a 40 mil votos según el informe— generó un clima de inestabilidad, aunque sin derivas institucionales mayores.

El respaldo abierto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó clave para reforzar el reconocimiento internacional del resultado electoral mientras persistían las discusiones internas. De hecho, el mandatario estadounidense invitó a Asfura a una cumbre de mandatarios en la Casa Blanca el próximo 7 de marzo.

El análisis de EMFI, con fecha 10 de febrero, destaca que la transición permitió reanudar la colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que había quedado en suspenso por la cautela previa a los comicios. La próxima misión oficial del organismo está agendada para este mes y su tarea será verificar el grado de cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, además de debatir nuevas líneas de financiamiento.

Durante la pausa electoral se retuvo un desembolso por USD 120 millones, medida justificada por razones políticas más que por deterioro económico. Conforme al reporte, Honduras probablemente cumplió los principales criterios cuantitativos fijados para diciembre de 2025, especialmente en materia fiscal y de reservas internacionales netas, que ascendieron a USD 10,200 millones, considerablemente por encima del umbral mínimo de USD 5,900 millones establecido en el programa.

No obstante, el gasto social prioritario quedó por debajo de lo pactado, lo que evidencia dificultades de ejecución más que restricciones fiscales y señala un área crítica para el gobierno de Asfura. El sector eléctrico, en particular la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), continúa generando riesgos estructurales debido al persistente sobrepaso de las pérdidas de distribución frente a los objetivos revisados, ampliando los pasivos contingentes del Estado.

Relación con la Asamblea y su impacto en la economía

Los ajustes legislativos constituyen el próximo desafío determinante. El Partido Nacional, fuerza de Asfura, cuenta solo con 48 de los 128 escaños en la unicameralidad hondureña, cifra insuficiente para la mayoría simple (65 votos). Así, cualquier reforma de calado —incluidas las exigidas por el FMI en gobernanza fiscal o el sector eléctrico— requerirá alianzas estratégicas ,señala EMFI.

El Partido Liberal, con 44 escaños y liderado por Salvador Nasralla, asume un papel central, ya que juntos alcanzarían 92 votos y podrían formar una mayoría calificada. Nasralla ha manifestado su respaldo al acuerdo con el FMI, lo que abre la puerta a una cooperación selectiva y posibilitaría la aprobación de reformas estructurales vitales. De fracasar estos pactos, la administración de Asfura enfrentará un escenario de estancamiento parlamentario con limitadas opciones para avanzar en su agenda.

En lo económico, Honduras registró un crecimiento interanual del 3.4% en el tercer trimestre de 2025 tras desacelerar desde el 3.9% observado entre los meses de abril y junio. Los indicadores de octubre y noviembre reflejan una sorpresiva mejora, lo cual eleva las expectativas de expansión para 2026. Este dinamismo, sin embargo, se acompaña de renovadas presiones inflacionarias: el año 2025 cerró con una inflación del 5.0%, límite superior fijado por el Banco Central, y una inflación subyacente del 5.4%, ambas influenciadas por la ampliación monetaria y un mayor nivel de liquidez en la economía.

En contraste, el frente externo evolucionó favorablemente. La balanza por cuenta corriente registró en el tercer trimestre de 2025 un superávit de USD 170 millones (0.4% del PIB), proyectándose a conseguir el primer resultado positivo anual fuera del ciclo pandémico, favorecido por la fortaleza de las exportaciones y el flujo sostenido de remesas del extranjero.

El entorno internacional podría abrir nuevas oportunidades comerciales: la proximidad política con la administración de Donald Trump allana el camino para eventuales negociaciones arancelarias bilaterales, similares a las ya implementadas con Guatemala y El Salvador. La posibilidad de eliminar o disminuir aranceles sobre productos hondureños aumentaría la competitividad exportadora, especialmente tras la imposición de un gravamen del 10% luego del «Día de la Liberación», con impacto en sectores clave.

La reacción de los mercados a la llegada de Asfura

En el plano financiero, los mercados han reaccionado positivamente a los cambios políticos. El bono de referencia de Honduras con vencimiento en 2034 cotizaba cerca de 115 céntimos, marcando un máximo histórico tras el rally registrado al disiparse la incertidumbre postelectoral. Los eurobonos hondureños lograron un retorno total del 1.3% en el último mes, superando a los índices regionales, y las tasas de rendimiento de los títulos que vencen en 2027, 2030 y 2034 se ubicaban en 5.4% (-22 pb mensual), 5.5% (-21 pb mensual) y 6.3% (-24 pb mensual) respectivamente. La recomendación del equipo EMFI es mantener los bonos, dado que las coyunturas positivas ya se reflejan en los precios y el potencial alcista resulta acotado a mediano plazo.

La fortaleza de la alianza parlamentaria entre el Partido Nacional y el Partido Liberal prevé limitar los obstáculos a eventuales operaciones de refinanciamiento de pasivos —como el vencimiento del bono 2027— y reduce significativamente los riesgos de gestión y gobernanza observados en el pasado, plantea EMFI.

Las autoridades proyectan que la financiación externa en el periodo 2026–2029 provendrá prioritariamente de organismos multilaterales y acuerdos bilaterales, aunque no descartan la utilización de eurobonos para cubrir necesidades específicas de refinanciación. El marco macrofiscal hondureño permanece robusto gracias a la disciplina observada y al reanclaje de las expectativas con el FMI, aunque los desafíos persisten: el gasto rígido, el bajo PIB per cápita, la alta pobreza, la dependencia de remesas —que aportan aproximadamente 30% del PIB— y las debilidades institucionales establecen un techo a la calificación soberana.

Las reformas estructurales avanzarán posiblemente de forma gradual, y persiste el riesgo de reversión brusca si se agrava la fragmentación geopolítica global o la desinversión extranjera. El consenso de los mercados y las recomendaciones analizadas se mantienen cautos respecto al futuro, priorizando la estabilidad alcanzada pero manteniendo la visión de que el potencial de mejora está, por ahora, contenido.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, reveló este sábado en una conferencia e prensa que el gobierno de su país afronta una deuda acumulada de 17 mil millones de lempiras (644.2 millones de dólares) y obligaciones legales adicionales, una situación que suma presión sobre las finanzas públicas en medio de demandas y embargos judiciales que amenazan el flujo de caja estatal.

Las raíces de la crisis fiscal hondureña se encuentran en ciclos históricos de endeudamiento y conflictos laborales persistentes, agravados por la acumulación de demandas que, tras alcanzar sentencia, desembocan en pagos obligatorios o reajustes salariales.

Estos procesos legales, resultado de despidos y litigios en la administración pública, han situado al Estado en una posición de vulnerabilidad financiera y jurídica, mientras organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han exigido durante los últimos años una disciplina fiscal más estricta como condición para preservar la estabilidad macroeconómica.

Obligaciones legales y embargos judiciales: el peso de la deuda judicial

El Ejecutivo hondureño confirmó que enfrenta compromisos legales de aproximadamente 3,380 millones de lempiras (136 millones de dólares) provenientes, principalmente, de demandas laborales que han concluido en sentencias definitivas contra el Estado.

“Sufrimos de muchas demandas injustas, porque no solo es el reintegro, hay que pagar sueldos caídos y reajustes salariales; todo esto genera un impacto fuerte para el Estado”, dijo Asfura el sábado durante una conferencia de prensa.

Estas cargas no solo afectan el presupuesto corriente. Han obligado a la administración a rediseñar estrategias financieras para evitar que embargos judiciales paralicen el funcionamiento de las instituciones públicas y desvíen fondos destinados a proyectos prioritarios.

Estrategia fiscal y el papel del Congreso en la estabilidad

El plan gubernamental plantea ordenar las cuentas públicas sin sacrificar la asistencia social, insistiendo en que las acciones para cumplir con acreedores y sentencias no implicarán recortes en salud, infraestructura ni programas sociales, según lo expuesto en la comparecencia oficial.

Para alcanzar este equilibrio, la administración de Asfura instruyó a todas las secretarías a revisar sus procesos de contratación y despidos, con el propósito de frenar la generación de nuevos litigios laborales. El mandatario señaló que es vital detener el “ciclo de reajustes salariales y pagos caídos” que históricamente han erosionado recursos clave para el desarrollo.

El Congreso Nacional ha sido llamado a adoptar decisiones que fortalezcan la estabilidad, en particular mediante la aprobación de marcos legales que respalden la gestión responsable de la deuda y ofrezcan mayor seguridad jurídica frente a nuevos litigios.

Según el Gobierno Honduras, este respaldo legislativo es imprescindible para evitar que el sistema judicial y los compromisos económicos sigan comprometiendo la solvencia de Honduras ante acreedores e inversores.

De acuerdo con informes anteriores del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, únicamente una gestión rigurosa del gasto y una total transparencia permitirán mantener la calificación crediticia, condición vital para acceder a financiamiento en términos favorables para el país.

En declaraciones anteriores, la administración ya había advertido sobre el drenaje de recursos provocado por el pago de salarios caídos, un fenómeno que ha restado capacidad de inversión estatal en áreas de infraestructura y desarrollo.

Nuevas medidas para fortalecer la economía y las relaciones internacionales

El presidente hondureño se reunió con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés para tratar asuntos relacionados con la inversión, la seguridad jurídica y el desarrollo productivo.

Luego, informó sobre la formación de una comisión encargada de revisar los aranceles del 10% y 25%, con el objetivo de mejorar la competitividad del país frente a otros mercados de la región.

De igual manera, Asfura anunció que el 7 de marzo viajará a Washington para mantener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El mandatario catracho consideró este encuentro como una oportunidad estratégica para fortalecer la relación bilateral y avanzar en temas económicos y comerciales en beneficio de Honduras. La agenda del Ejecutivo apunta a estabilizar las finanzas públicas y promover acuerdos que impulsen la economía nacional.

De acuerdo con la investigación publicada por la Reserva Federal de Nueva York, en los primeros ocho meses de 2025, un impuesto arancelario del 10% redujo únicamente en 0,6 puntos porcentuales los precios de las exportaciones extranjeras, lo que indica que la mayor parte de la carga impositiva terminó recayendo sobre consumidores y empresas dentro de Estados Unidos. Este análisis, presentado en el blog de la entidad, muestra que aproximadamente el 90% del peso de estos aranceles recae sobre actores estadounidenses, según reportó la Fed de Nueva York en referencia a los datos de importación hasta noviembre del mismo año.

El estudio detalla que durante casi todo 2025, las medidas arancelarias implementadas por Washington trasladaron la carga económica principalmente a los importadores y compradores domésticos. En ese sentido, la Fed de Nueva York precisa que el porcentaje de incidencia en los precios estadounidenses alcanzó el 94% en los primeros meses del ejercicio, debido a que el ajuste por parte de los exportadores extranjeros en sus precios fue muy limitado, aun cuando el gravamen aplicado era del 10%. Según informó la entidad, sólo se percibió una leve mejora en la última parte del año: en noviembre, la repercusión sobre exportadores extranjeros aumentó a 1,4 puntos porcentuales, lo que sugiere que un 86% de la presión arancelaria continuó recayendo en el mercado estadounidense.

En su balance, los autores del estudio de la Fed de Nueva York concluyeron: “Observamos que casi el 90% de la carga económica de los aranceles recayó sobre las empresas y los consumidores estadounidenses”. Esta afirmación señala una clara tendencia en la que los costos de la política arancelaria del país no lograron transferirse significativamente a los exportadores foráneos o minoristas internacionales, sino que persistieron en la cadena de valor interna de Estados Unidos.

Estos resultados son coherentes con los hallazgos recientes del Instituto Kiel de Alemania, indicados por la propia Fed de Nueva York. El centro de estudios alemán, a través de un informe publicado en enero, cifró el impacto del coste arancelario en un 96% a costa de importadores y consumidores estadounidenses, frente a sólo un 4% asumido por los exportadores extranjeros. El Instituto Kiel definió esta situación como un “autogol” para la industria y los consumidores estadounidenses, al considerar que las tarifas impuestas por el gobierno estadounidense no alcanzaron a desplazar el costo hacia el exterior en una magnitud sustancial.

El debate sobre quién termina por asumir el impacto efectivo de las subidas arancelarias también fue analizado en un informe de la Oficina Nacional de Análisis Económico (NBER, por sus siglas en inglés), dirigido por Gita Gopinath, exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. El NBER comparó el episodio proteccionista de 2018-2019 —cuando la transferencia del arancel al consumidor local fue del 80%— con los datos de 2025, año en el que esta tasa habría ascendido al 94% según la metodología empleada. Los investigadores del NBER advirtieron en su publicación que la transmisión de los aranceles sobre el consumidor estadounidense fue generalizada y persistente, y que los exportadores foráneos, en promedio, no redujeron sus precios para amortiguar el efecto.

El informe de la Fed de Nueva York indica que, aunque la incidencia de los aranceles sobre exportadores extranjeros creció ligeramente hacia los últimos meses de 2025, este ajuste no revirtió de manera significativa la tendencia observada en el resto del año. Los datos de noviembre muestran que, incluso cuando un arancel del 10% logró una disminución del 1,4% en los precios de las exportaciones extranjeras, los importadores y compradores estadounidenses continuaron absorbiendo la gran mayoría del coste.

El medio especializado subraya, citando a los autores del informe del NBER, que el impacto arancelario en 2025 todavía no alcanzó las proporciones previstas por los anuncios políticos de Washington; sin embargo, recalcan que “sus costes recaen en gran medida sobre Estados Unidos”, reafirmando la escasa reacción en precios por parte de los exportadores y la transferencia de la carga fiscal a los sectores productivos y consumidores domésticos.

Al analizar la estructura de la cadena de importaciones y consumo en Estados Unidos, las investigaciones reflejadas por la Fed de Nueva York, el Instituto Kiel y el NBER explican que la aplicación de nuevas tarifas arancelarias no siempre logra desplazar sus efectos sobre mercados extranjeros. Por el contrario, la presión se concentra principalmente en el ámbito local, afectando el poder de compra de consumidores y el costo de actividad de las empresas dependientes de suministros importados. Según detalló la Fed de Nueva York en su blog, la mayor parte del ajuste de precios tras la imposición de los aranceles fue absorbida por los propios agentes locales.

Las estimaciones de incidencia arancelaria presentadas por estas instituciones ilustran un panorama en el que las políticas de incremento de tarifas a las importaciones, lejos de dejar la carga en manos de los exportadores internacionales, terminan generando mayores costes para los sectores productivo y consumidor de Estados Unidos, como también destaca el Instituto Kiel al referirse al efecto “autogol” asociado a estas decisiones de política comercial. Estas conclusiones aparecen reiteradas tanto en los blogs oficiales como en las publicaciones académicas, donde los expertos analizan la evolución de los precios de importación y el comportamiento de exportadores ante escenarios de subidas arancelarias.

En suma, los datos y análisis recogidos por la Reserva Federal de Nueva York, el Instituto Kiel y el NBER convergen en señalar que la presión de las tarifas impuestas por Washington durante 2025 impactó principalmente a usuarios finales y empresas dentro del país, mientras que la respuesta en precios de los exportadores internacionales resultó limitada. Los resultados de estas investigaciones cuantifican de manera precisa la magnitud y la distribución del coste arancelario en el comercio internacional reciente y ofrecen orientación sobre los efectos reales de las medidas proteccionistas adoptadas por Estados Unidos.