El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con Dan Katz, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un encuentro centrado en los avances de las reformas económicas y la estrategia para atraer inversión privada. La conversación se produjo después de que el organismo concluyera la segunda y la tercera revisión del programa financiero vigente con el país.

Katz señaló en una publicación en redes sociales que dialogó con Bukele sobre el avance de las reformas y la visión de largo plazo del Gobierno salvadoreño. “Atraer inversión privada y aprovechar nuevas tecnologías será clave para construir sobre logros recientes y alcanzar el potencial de crecimiento del país”, afirmó el funcionario del FMI.

El mensaje ubicó el foco en dos de los objetivos que el Fondo ha planteado dentro de su programa con El Salvador: mejorar las condiciones para la actividad privada y sostener las reformas fiscales, financieras y de transparencia requeridas para fortalecer la estabilidad económica.

El programa con el FMI contempla $1.400 millones

El acuerdo financiero vigente corresponde a un Servicio Ampliado del Fondo por $1,400 millones, aprobado el 26 de febrero de 2025 y con una duración de 40 meses. El programa busca reforzar las cuentas públicas, aumentar las reservas internacionales, reducir vulnerabilidades financieras y elevar los estándares de gobernanza y transparencia.

La junta ejecutiva del FMI completó el 1 de octubre la segunda y la tercera revisión del acuerdo. La decisión habilitó un desembolso inmediato equivalente a $138 millones, según el organismo.

El Fondo indicó que el país avanzó en medidas vinculadas con el sistema financiero, la rendición de cuentas del sector público y las normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También pidió mantener el ajuste fiscal para que la deuda pública siga una trayectoria descendente y avanzar con cambios en el régimen de pensiones, el empleo público y la regulación financiera.

En esa evaluación, Katz, que presidió la sesión del directorio, sostuvo que El Salvador debía continuar con los esfuerzos destinados a fortalecer la gobernanza, la transparencia y el clima de negocios para impulsar un crecimiento encabezado por el sector privado.

Bitcoin sigue bajo seguimiento dentro del acuerdo

El uso de Bitcoin continúa como uno de los puntos de seguimiento del convenio. El acuerdo con el FMI estableció que la aceptación de la criptomoneda por parte de las empresas sería voluntaria y que los pagos de impuestos se efectuarían únicamente en dólares estadounidenses.

Además, el programa contempla limitar la participación estatal en actividades vinculadas con Bitcoin, reforzar la supervisión de los proveedores de criptoactivos y transparentar la información sobre las tenencias públicas. El FMI informó que la propiedad y el control mayoritario de la billetera estatal Chivo pasaron a un operador privado, aunque el Estado retuvo una participación minoritaria y funciones de custodia.

Tras la revisión más reciente, el organismo señaló que no se prevén nuevas acumulaciones de Bitcoin fuera de las donaciones documentadas. También otorgó exenciones por incumplimientos de metas vinculadas con la acumulación de la criptomoneda, a cambio de medidas correctivas y nuevos compromisos de las autoridades.

La Embajada de Estados Unidos destacó la revisión del programa

Solo un mes antes, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitara al Gobierno por la conclusión de las revisiones del programa con el FMI.

En una publicación difundida el 1 de octubre, la representación diplomática afirmó que “el impresionante crecimiento económico de El Salvador y sus ambiciosas reformas continúan inspirando confianza en el mercado y ayudarán a atraer una mayor inversión extranjera directa”.

La inversión extranjera constituye uno de los puntos centrales del diálogo entre el Gobierno y el Fondo. En su evaluación de junio de 2025, el FMI planteó que El Salvador debía apoyar la llegada de capital externo mediante asociaciones público-privadas, protección para los inversores y acciones para reducir las brechas de infraestructura.

La reunión con Katz sumó un nuevo intercambio entre el Ejecutivo salvadoreño y el organismo, mientras el país debe continuar con los compromisos del programa hasta su vencimiento previsto para junio de 2028.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Colombia para reunirse con las autoridades económicas mientras el Gobierno evalúa un crédito de entre USD 4.000 millones y USD 5.000 millones, con una tasa cercana al 4%, ante el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento previstas para 2027. No existe todavía un acuerdo confirmado con el organismo multilateral, según informó La FM.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, afirmó que el país requerirá USD 25.000 millones para cubrir el presupuesto y las obligaciones estatales en 2027. El 46% de los ingresos del Presupuesto proviene de deuda, una dependencia que obliga, según el funcionario, a aplicar un ajuste fiscal antes de volver a pedir recursos en los mercados.

“Las necesidades de financiación de la Nación para 2027 son de USD 25.000 millones, algo imposible en las condiciones actuales sin un plan de ajuste consistente y creíble. El ajuste es una necesidad urgente. Sin este ajuste, acudir a los mercados a pedir prestado será inviable”, advirtió Gómez en declaraciones a La República y Noticias RCN.

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo indicó que las condiciones finales del posible financiamiento dependerán de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. “Seguramente va a ser algo de esa naturaleza, dependerá de la conversación con el FMI”, respondió al ser consultado por el monto y la tasa contemplados por el Gobierno.

El ajuste fiscal como condición para recuperar financiamiento

Las reuniones con el Fondo se concentran en las perspectivas fiscales de Colombia y en las medidas que adoptaría el Gobierno para reducir el desequilibrio de las cuentas públicas. Gómez señaló que existe preocupación internacional por la situación del país: “Creemos que es un problema local, pero afuera también se preguntan qué va a hacer el país”.

El ministro sostuvo que el respaldo del organismo sería necesario para recuperar el acceso a los mercados de capitales. “Necesitamos el apoyo del FMI porque es un instrumento que nos permite volver a los mercados de capitales y es fundamental para lograr la estabilidad. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo y ellos nos apoyan; si no hacemos ese esfuerzo, será muy difícil contar con su respaldo”, explicó.

La visita viene precedida por las reuniones de septiembre entre el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Nigel Clarke, y autoridades económicas colombianas, entre ellas Gómez y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

El organismo también respaldó la decisión de presentar ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, que incluye modificaciones tributarias, reducción del gasto estatal y nuevos recursos para el sistema de salud. La portavoz del FMI, Julie Kozack, expresó: “Acogemos con satisfacción la decisión de las autoridades colombianas de presentar al Congreso un importante paquete de medidas fiscales”.

“Esto representa un paso significativo para afrontar los desafíos fiscales que heredó el nuevo Gobierno y fortalecer la sostenibilidad fiscal de Colombia. Esperamos seguir trabajando de cerca con las autoridades”, añadió Kozack. El pronunciamiento no implica una aprobación definitiva de la reforma ni confirma el desembolso de recursos.

Restrepo advirtió que, sin una corrección de las finanzas públicas, Colombia podría tener dificultades para cumplir sus obligaciones en 2027. “Hacerlo significa que Colombia entre en suspensión de pagos en 2027 y tenga que multiplicar por cinco sus fuentes de financiación internacionales. Los bancos han advertido que eso es inviable y que se necesita una corrección fiscal”, afirmó.

El vicepresidente atribuyó el deterioro fiscal al aumento de la deuda pública durante el Gobierno de Gustavo Petro, que pasó de cerca de $800 billones a más de $1.200 billones. También señaló que el costo de los intereses se duplicó durante los últimos cuatro años y equivale a $8 millones adicionales por cada colombiano.

Según Restrepo, la brecha entre los gastos y los ingresos estatales es cuatro veces mayor. Gómez agregó que el presupuesto enfrenta un desequilibrio de $3,5 billones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, una desfinanciación de $3 billones en los subsidios de energía eléctrica y dificultades para pagar a los adultos mayores.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su apoyo a la iniciativa del Gobierno colombiano de llevar al Congreso un paquete fiscal destinado a responder a las presiones sobre las cuentas públicas y apuntalar la sostenibilidad de las finanzas del país.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, señaló que la propuesta constituye un avance para atender los desafíos fiscales que recibió la nueva administración y reforzar la estabilidad fiscal de Colombia.

Por medio de X, la alta ejecutiva escribió que “acogemos con agrado la decisión de las autoridades colombianas de presentar un importante paquete fiscal al Congreso”. Además, que “representa un paso significativo hacia el abordaje de los desafíos fiscales heredados por la nueva administración y el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal de Colombia”.

Ante diferentes comentarios que surgieron debido al proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda presentó un abecé en el que aclaró que la iniciativa está orientada a estabilizar las finanzas públicas mediante recortes en el gasto estatal, cambios tributarios, medidas de apoyo a la inversión y un nuevo esquema de devolución del impuesto sobre las ventas (IVA) para la población de menores ingresos.

La propuesta busca reducir el gasto público en alrededor de 15%, racionalizar los costos de funcionamiento del Estado, fortalecer el recaudo y revisar beneficios tributarios. El proyecto también contempla mecanismos para la venta y optimización de activos estatales, así como medidas contra la evasión, el contrabando y la dispersión de recursos en fondos y transferencias.

Según las proyecciones oficiales, más de 35 millones de personas podrían registrar mejoras en sus ingresos disponibles, mientras que el 10% de los hogares con mayores ingresos asumiría la mayor parte del esfuerzo tributario asociado a la reforma.

Cambios en el IVA

La iniciativa mantiene la tarifa general del IVA en 19%, pero plantea eliminar, en la mayoría de los casos, la tarifa reducida de 5%. Bienes y servicios que hoy tienen ese tratamiento pasarían a tributar con la tasa general, salvo algunas excepciones definidas en el proyecto.

Entre los productos y servicios que conservarían la exclusión o exención figuran alimentos y bienes básicos de consumo frecuente, como arroz, papa, yuca, pan, arepa, carnes, huevos, granos y agua. También se mantendrían tratamientos especiales para servicios de salud, educación, seguridad social, transporte y servicios públicos.

La propuesta incluye el cobro de IVA a vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, que actualmente cuentan con una tarifa preferencial. También elimina la exención para importaciones de bajo valor, con el fin de que las compras hechas en plataformas internacionales paguen el impuesto sin importar su monto.

Devolución del IVA para hogares de menores ingresos

A partir del 1 de enero de 2028 entraría en funcionamiento EfectIVA, un mecanismo de devolución del IVA dirigido a personas en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica. El beneficio será individual y se calculará sobre el impuesto efectivamente pagado en compras de bienes y servicios gravados.

Las personas en pobreza extrema y pobreza, junto con el segmento de menores ingresos dentro de la población vulnerable, recibirían una devolución equivalente al 100% del IVA pagado. Para los demás grupos vulnerables, el porcentaje sería de 50%, 40% o 30%, según el nivel de ingreso.

Los pagos se realizarían en períodos de hasta 15 días y tendrían un límite mensual de hasta 5,5 Unidades de Valor Tributario (UVT) por beneficiario. El Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, definiría los rangos de ingreso y el umbral a partir del cual una persona dejaría de acceder al mecanismo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) identificaría el IVA pagado mediante la factura electrónica, mientras que Prosperidad Social realizaría la liquidación y los giros.

Menor impuesto de renta para empresas e incentivos a la inversión

El proyecto prevé una reducción gradual de la tarifa general de renta para personas jurídicas. La tasa bajaría de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028.

También crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), dirigido a proyectos de inversión que cumplan determinados montos mínimos y requisitos sectoriales. Las inversiones que inicien su ejecución entre 2027 y 2028 tendrían una tarifa de renta de 20%, sin sobretasas ni puntos adicionales. Para los proyectos que comiencen a partir de 2029, la tarifa sería de 26%.

Recortes y austeridad en el Estado

La reforma plantea reducir en 50% el gasto destinado a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante 2027, frente al año anterior. Desde 2028, este rubro no podría crecer por encima de la variación anual de la inflación.

Para 2028, los gastos de personal de las entidades incluidas en el Presupuesto General de la Nación, con excepción de la fuerza pública, deberían caer 20% en términos nominales. Entre 2029 y 2030, ese gasto podría aumentar hasta 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación proyectada.

El proyecto también limita el crecimiento de las compras estatales de bienes y servicios a la inflación entre 2027 y 2030. A esto se suman restricciones en gastos operativos, como viáticos, publicidad y papelería, además de la revisión de fondos especiales, transferencias y activos estatales.

Cambios para personas naturales

La propuesta baja de 1.090 UVT a 720 UVT el umbral a partir del cual las personas naturales comenzarían a pagar impuesto de renta. Para la porción de la base gravable que supere 720 UVT y no exceda 1.090 UVT, se aplicaría una tarifa marginal de 9%.

A partir de ese nivel, la tabla conservaría tarifas de 19% para ingresos entre 1.090 y 1.700 UVT; 28% para el rango entre 1.700 y 4.100 UVT; y 33% entre 4.100 y 8.670 UVT. Las rentas superiores a 8.670 UVT quedarían sujetas a una tarifa de 39%.

También se reduciría de 790 a 630 UVT el límite anual de la renta exenta equivalente al 25% de los ingresos laborales. El tope global de rentas exentas y deducciones bajaría de 1.340 a 1.180 UVT anuales, aunque se mantendría el límite del 40% del ingreso bruto ajustado. La iniciativa, además, eliminaría la deducción adicional de 72 UVT por dependiente.

Honduras ha cumplido 11 de las 17 metas estructurales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que deberá avanzar en seis compromisos pendientes durante la sexta revisión del programa económico, informó el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos.

Según detalló, siete metas se cumplieron entre la cuarta y la quinta revisión, mientras que la administración anterior completó cuatro, para un total de 11 objetivos alcanzados.

“Estas 17 metas estructurales, nosotros entre la cuarta y quinta revisión cumplimos siete, la administración anterior cumplió cuatro; en total, eso suma 11 metas estructurales, por lo tanto, quedan todavía seis metas estructurales por trabajar”, manifestó Lagos.

Entre los compromisos que todavía requieren atención mencionó la implementación inicial del Registro Único de Beneficiarios, asuntos relacionados con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), auditorías y aspectos regulatorios.

Pese a los puntos pendientes, el titular del BCH consideró positivo el panorama económico y destacó que el Gobierno mantiene su compromiso con la prudencia y la disciplina fiscal. También aseguró que el Banco Central ha cumplido sus metas relacionadas con las reservas internacionales.

“Nosotros desde el Banco Central tenemos nuestras metas cumplidas de reservas internacionales, entonces el panorama es positivo y simplemente es tratar de concretar. Eso le da mucha credibilidad al país”, afirmó.

Lagos señaló que avanzar en los compromisos establecidos con el FMI contribuye a fortalecer la percepción de Honduras ante los mercados internacionales y puede abrir la posibilidad de negociar un nuevo programa de cooperación con el organismo financiero.

El funcionario destacó la coordinación entre las instituciones gubernamentales para completar las metas que todavía están pendientes y aseguró que, desde su perspectiva, no identifican puntos de preocupación en la sexta revisión.

Asimismo, valoró la visita de Nigel Chalk, funcionario del FMI, al cierre de la misión, y la consideró una señal relevante dentro del proceso de evaluación del programa económico.

“Llevamos 10 meses de Gobierno y claramente hemos pasado, vamos a pasar tres revisiones del acuerdo con el Fondo. No es un tema menor”, expresó el presidente del BCH.

Lagos atribuyó estos avances al trabajo coordinado del Gabinete Económico del Gobierno que encabeza el presidente Nasry “Tito” Asfura, al que señaló como parte fundamental de los esfuerzos para cumplir con los compromisos pactados.

La revisión del programa contempla el seguimiento de las medidas estructurales acordadas con el organismo internacional. Por ello, las seis metas pendientes representan los principales asuntos que las autoridades deberán atender para continuar avanzando en el cumplimiento del acuerdo.

En materia energética, el titular del Banco Central destacó que la deuda acumulada con los generadores de electricidad se redujo de aproximadamente 15,000 millones a 7,400 millones de lempiras.

De acuerdo con Lagos, esta disminución contribuye a fortalecer la credibilidad del sistema de pagos del sector eléctrico, uno de los componentes que inciden en las finanzas públicas y en el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

No obstante, señaló que todavía existen desafíos que deben atenderse para mejorar la situación financiera de la estatal eléctrica, especialmente en lo relacionado con las pérdidas que registra la ENEE.

El funcionario remarcó que las autoridades responsables del sector energético deben abordar este problema y avanzar en la aplicación de las medidas contempladas en la reforma eléctrica aprobada.

La reforma se encuentra actualmente en etapa de implementación, según explicó Lagos, por lo que su desarrollo constituye uno de los elementos relevantes para mejorar el desempeño del sector.

Honduras se prepara para una evaluación decisiva de su política económica, en un momento en que la Administración de Nasry Asfura busca establecer nuevas condiciones de cooperación financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Una misión del organismo multilateral llegará el próximo lunes al país para realizar la sexta y última revisión del programa económico aprobado en 2023, un procedimiento que podría allanar el camino para negociar un nuevo acuerdo que abarque los próximos tres años de Gobierno, según informó una fuente oficial.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández, explicó que la delegación permanecerá alrededor de dos semanas en territorio hondureño para examinar los resultados de las políticas económicas y fiscales implementadas, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

Durante su visita, los representantes del FMI sostendrán reuniones con integrantes del Gabinete Económico, representantes del sector privado y otras instituciones. También está previsto un encuentro con el presidente hondureño, Nasry Asfura.

La misión estará encabezada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, quien dirigirá las conversaciones relacionadas con el desempeño económico del país y las obligaciones pendientes dentro del programa vigente.

La revisión representa un paso importante para las autoridades hondureñas, debido a que el acuerdo anterior permitió acceder a recursos financieros destinados a respaldar reformas económicas y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

En 2023, Honduras y el FMI alcanzaron un acuerdo técnico que otorgó al país acceso a aproximadamente 823 millones de dólares. El programa contemplaba compromisos relacionados con la política fiscal, el funcionamiento del sector público y las reformas económicas, y venció en septiembre pasado.

La evaluación final permitirá determinar el grado de cumplimiento de las metas acordadas y establecer las condiciones para avanzar hacia una nueva etapa de cooperación con el organismo internacional.

El Gobierno de Asfura espera obtener una valoración favorable que facilite las negociaciones de un programa para los próximos tres años de su Administración, iniciada el 27 de enero de 2026.

Aunque la conclusión de la revisión no garantiza automáticamente un nuevo acuerdo, el resultado será relevante para definir la relación financiera entre Honduras y el organismo multilateral durante el actual período presidencial.

La eventual negociación también permitirá establecer las prioridades económicas del país y los compromisos que asumiría el Gobierno para mantener el respaldo del FMI.

Hernández reconoció que uno de los puntos más importantes de las conversaciones será el cumplimiento de las metas estructurales que permanecen pendientes en el sector energético.

Entre ellas destacó la implementación de la Ley de Justicia Energética, aprobada en agosto pasado por el Parlamento hondureño, cuyo desarrollo forma parte de los asuntos que deberán ser examinados durante la evaluación.

El sector eléctrico constituye un área sensible para las finanzas públicas, debido a sus implicaciones económicas y a la necesidad de fortalecer la gestión del sistema energético.

Por ello, las autoridades deberán presentar avances y explicar las medidas adoptadas para cumplir los compromisos establecidos en el programa anterior. La revisión permitirá determinar si las acciones ejecutadas responden a las metas acordadas y qué aspectos requieren atención adicional.

Pese a los desafíos, el secretario de Finanzas expresó confianza en que los indicadores económicos registrados hasta el momento contribuyan a obtener una evaluación positiva.

La expectativa del Gobierno es utilizar ese resultado como punto de partida para negociar un nuevo programa enfocado en el desarrollo económico y la continuidad de políticas que favorezcan la estabilidad del país.

En este escenario, la política económica deberá responder tanto a las exigencias de estabilidad fiscal como a las demandas de una población afectada por limitaciones de ingresos y oportunidades laborales.

El FMI ha destacado la importancia de mantener políticas macroeconómicas adecuadas para preservar la estabilidad y promover un crecimiento económico inclusivo, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Finanzas.

El Ministerio de Hacienda confirmó en un comunicado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará una misión técnica a Bogotá en noviembre de 2026 para continuar las conversaciones sobre un posible crédito. El jefe de la cartera, Miguel Gómez, afirmó que el acompañamiento del organismo “contribuye a anclar la confianza en el país”.

La visita será el paso siguiente tras la reunión celebrada la semana pasada en Washington, a la que asistieron el viceministro técnico de Hacienda Juan Sebastián Betancur, el director de Política Macroeconómica Sammy Libos y el director de Crédito Público y Tesoro Nacional César Arias.

“Tras concluir la visita técnica al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, realizada la semana pasada y encabezada por el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, el director general de Política Macroeconómica, Sammy Libos, y el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, el Gobierno nacional se prepara para recibir una nueva misión del organismo en las próximas semanas”.

Y agregó: “En la visita al FMI se discutió en detalle la estrategia de estabilización de las finanzas públicas que plantea el Gobierno, y se exploraron nuevas alternativas de apoyo que ese organismo puede brindar a Colombia”.

En ese encuentro, la delegación colombiana presentó su estrategia para estabilizar las finanzas públicas y analizó alternativas de apoyo que el organismo puede ofrecer al país.

La agenda también se deriva de las conversaciones iniciadas con Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, durante su visita a Colombia a finales de septiembre de 2026. Clarke destacó entonces la solidez institucional colombiana y expresó la disposición del Fondo a respaldar a las autoridades en sus esfuerzos por fortalecer la credibilidad económica.

Las conversaciones incluirán la consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, mediante la cual el organismo examina de manera periódica la situación económica y financiera de sus países miembros, además de instrumentos que puedan mejorar las condiciones de financiamiento de Colombia.

FMI redujo sus proyecciones de crecimiento para Colombia en 2026 y 2027

El Fondo Monetario Internacional redujo sus previsiones para Colombia a 2,2% en 2026 y 2,3% en 2027, una desaceleración frente a sus cálculos anteriores y al crecimiento de 2,6% registrado en 2025. El ajuste figura en la edición de octubre de Perspectivas de la Economía Mundial, en un escenario internacional afectado por la guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre los precios de alimentos y combustibles.

La proyección para 2026 bajó 0,1 puntos porcentuales, desde el 2,3% estimado anteriormente. Para 2027, la corrección fue de 0,2 puntos, ya que el Fondo había anticipado una expansión de 2,5%.

El crecimiento previsto para el próximo año implicaría una mejora de apenas 0,1 puntos porcentuales respecto de 2026. El organismo no detalló una causa específica para la revisión de las estimaciones colombianas.

Colombia superaría a varias economías regionales en 2026

Colombia crecería más que Argentina, cuya economía avanzaría 2,1% en 2026; México, con 1,5%; Uruguay, con 1,3%; y Chile, con 0,6%. Brasil tendría la misma tasa de expansión que Colombia.

El orden regional cambiaría en 2027. Argentina alcanzaría un crecimiento de 3,5%, seguida por Perú, con 2,9%; Chile, con 2,6%; Ecuador, con 2,5%; y Uruguay, con 2,4%.

Venezuela y Paraguay se mantendrían entre las economías de mayor expansión, con tasas de 7% y 4%, respectivamente. Colombia conservaría una ventaja sobre Brasil, proyectado en 1,9%, y México, con 1,8%.

El desempeño colombiano también quedaría por debajo del promedio previsto para América Latina y el Caribe, que sería de 2,3% en 2026 y de 2,5% en 2027. El impacto de la guerra en Medio Oriente dependerá, para cada país de la región, de los ingresos por exportaciones de materias primas y de los costos de las importaciones de energía.

La prolongación o una escalada del conflicto podría sostener precios elevados de alimentos y combustibles, aumentar la inflación y moderar el crecimiento mundial. Para Colombia, las presiones internas incluyen una inflación alejada de la meta, una demanda interna en aumento y tasas de interés altas.

El FMI prevé una inflación promedio de 6% en Colombia durante 2026 y de 5,7% en 2027. La estimación para este año supera las de Brasil, con 4,4%; Uruguay, con 4%; México y Perú, ambos con 3,8%; Chile, con 3,7%; Paraguay, con 3,1%; y Ecuador, con 2%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de Bolivia se contraerá un 3% en 2026 y un 1,5% en 2027, lo que la convertiría en la única de Sudamérica que registrará tasas negativas de crecimiento durante ambos años, según su último informe de perspectivas económicas.

Las previsiones, publicadas el 12 de octubre, anticipan que el país acumulará tres años consecutivos de contracción, después de que su producto interno bruto (PIB) cayera casi un 1,6% en 2025. En contraste con el resto de las economías sudamericanas que crecerá tanto en 2026 como en 2027, aunque a ritmos diferentes.

La economía boliviana atraviesa un periodo de deterioro marcado por la caída de las exportaciones de hidrocarburos y el agotamiento de sus reservas internacionales. A estos factores se suman la escasez de dólares y las dificultades de abastecimiento de combustibles, lo que ha agravado la situación financiera en el país. En 2025, la economía boliviana se contrajo un 1,58% según datos del Instituto Nacional de Estadística y la inflación superó el 20%.

En ese contexto, el Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió funciones hace poco menos de un año, está implementando medidas para enfrentar el deterioro económico, como la búsqueda de nuevos créditos internacionales -entre ellos uno del 1.900 millones de dólares FMI-, el levantamiento del subsidio a los combustibles y reformas en la política cambiaria. Estas acciones buscan reducir la presión sobre las finanzas públicas y mejorar el acceso a dólares, pero también han generado preocupación por su impacto en los precios y el costo de vida.

En su reciente informe, Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI también redujo las previsiones para América Latina y el Caribe, en un contexto regional marcado por una moderación del crecimiento y mayores riesgos para la actividad económica. El organismo espera que la región crezca un 2,3% en 2026, frente al 2,4% estimado en julio, y un 2,5% en 2027, dos décimas menos que en su proyección anterior.

Entre las economías regionales con mejores perspectivas figura Venezuela, para la que el organismo prevé un crecimiento del 5% en 2026 y del 7% en 2027. Paraguay crecería un 4,5% este año y un 4% el próximo, mientras que Perú avanzaría un 3% y un 2,9%, respectivamente.

Para Brasil, la mayor economía sudamericana, el FMI calcula una expansión del 2,2% en 2026 y del 1,9% en 2027. Argentina crecería un 2,1% este año y un 3,5% el próximo, mientras que Chile registraría un avance del 0,6% en 2026 y del 2,6% en 2027.

La revisión de las perspectivas regionales responde, entre otros factores, al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha elevado los precios de la energía y aumentado los riesgos inflacionarios. Según el FMI, las consecuencias varían entre los países exportadores de materias primas, que pueden beneficiarse de mayores ingresos, y aquellos que dependen de las importaciones energéticas, que afrontan costes más elevados, como es el caso de Bolivia.

El organismo también advirtió de que los posibles efectos climáticos del fenómeno de El Niño, incluidas inundaciones y sequías, podrían alterar los precios de las materias primas e impactar en el costo de los alimentos.

A escala mundial, el FMI proyecta un crecimiento del 3,1% en 2026, una décima más de lo previsto anteriormente, pero inferior al 3,5% registrado en 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló, el 13 de octubre, la actualización que hizo de sus perspectivas sobre el crecimiento de la economía mundial y regional. La entidad proyecta que la economía colombiana crecerá 2,2% en 2026, por debajo del 2,6% estimado para 2025 y del promedio previsto para América Latina y el Caribe. Sitúa a Colombia en 2,3% para 2027, también por debajo del 2,5% proyectado para la región. Las cifras forman parte de las Perspectivas de la Economía Mundial.

Así las cosas, en 2026, Colombia igualaría el avance de Brasil, superaría a Argentina y México, pero quedaría por debajo de Perú, al que el organismo proyecta un crecimiento de 3%.

La previsión del FMI difiere por una décima de la presentada por el Banco Mundial, que calcula que el producto interno bruto colombiano crecerá 2,3% en 2026. Ambas instituciones coinciden, sin embargo, en que el país se desacelerará frente al 2,6% atribuido a 2025. El informe del Banco Mundial, publicado el martes 6 de octubre, ubica a Colombia una décima por encima de la estimación del FMI.

Precisamente, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, planteó que la región tiene margen para acelerar su crecimiento si consolida políticas macroeconómicas consistentes, instituciones más sólidas e inversiones orientadas a elevar la productividad, el empleo y los ingresos.

Brasil, la mayor economía de la región, crecería 2,2% en 2026, condicionado por una política monetaria restrictiva, el retiro de estímulos fiscales y la incertidumbre internacional. México avanzaría 1,5%, favorecido por su integración en las cadenas de suministro vinculadas con la inversión en inteligencia artificial.

Inflación, empleo y déficit externo en el panorama colombiano

El Fondo anticipa que la inflación promedio de Colombia pasará de 5,1% en 2025 a 6% en 2026, antes de moderarse a 5,7% en 2027. El nivel previsto para los próximos dos años se mantendría por encima del registrado en 2025. El desempleo también subiría desde 8% en 2025 hasta 9% en 2026 y 10% en 2027, de acuerdo con las proyecciones del organismo. A la vez, el déficit de cuenta corriente aumentaría de 2,6% del producto interno bruto (PIB) en 2026 a 3,4% un año después.

Advirtió que las “economías importadoras de energía no integradas en la cadena de valor tecnológica” afrontan las perspectivas más difíciles. Esa condición cobra relevancia en un escenario en el que el encarecimiento de la energía y de otras materias primas puede trasladarse a precios internos y afectar la actividad.

Riesgos externos que condicionan el crecimiento

Según el FMI, la economía mundial crecería 3,1% en 2026 y 3,4% en 2027, después de haber cerrado 2025 con una expansión de 3,5%. La inflación general mundial alcanzaría 4,7% en 2026 y se moderaría a 4,1% en 2027. El informe, titulado “Resiliencia bajo presión, decisiones urgentes”, describe una economía global que “está probando su resistencia” ante choques sucesivos.

La mejora de una décima en la previsión para 2026 se apoya en mejores resultados de varias economías avanzadas, entre ellas Alemania, España, Italia y Japón.

Encarecimiento de la energía y las materias primas

El Fondo señaló que la guerra en Irán encarece la energía y las materias primas, con efectos sobre el crecimiento, mientras la inversión en inteligencia artificial contribuye a compensar parte de ese impacto. También alertó sobre la incertidumbre derivada de los aranceles, que obliga a empresas y gobiernos a modificar sus cadenas de suministro.

“Una nueva escalada de los conflictos, un reajuste de las expectativas acerca de la inteligencia artificial, un recrudecimiento de las tensiones comerciales y las vulnerabilidades fiscales podrían minar el crecimiento”, indicó el organismo al considerar que una inversión tecnológica más vigorosa, mejoras de productividad o una reducción sostenida de las tensiones geopolíticas y comerciales podrían mejorar el panorama.

También pidió preservar la estabilidad de precios y reforzar las cuentas públicas, al considerar que los márgenes de ajuste de corto plazo son cada vez más limitados. Sobre la política tributaria, advirtió que “los recortes de impuestos financiados mediante deuda estimulan la actividad interna, pero pueden tener repercusiones negativas a corto plazo en el exterior”.

La economía mundial crecerá un 3,1% en 2026 y un 3,4% en 2027, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que elevó en una décima su estimación para este año respecto de su proyección anterior. El organismo advirtió que la guerra de Irán y el aumento de los precios del petróleo y otras materias primas restan fuerza a la actividad económica, mientras que la inversión en inteligencia artificial (IA) aporta un impulso positivo que amortigua el impacto del conflicto.

De acuerdo con el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el crecimiento previsto para 2026 será cuatro décimas inferior al registrado en 2025, cuando la economía global avanzó un 3,5%. La actualización de las proyecciones contempla cambios en las perspectivas de las principales economías, con revisiones al alza para Alemania, España, Italia, Japón y México, mientras que China y Brasil afrontan ajustes a la baja.

El FMI señaló que la evolución de la economía internacional está marcada por dos fuerzas contrapuestas: el encarecimiento de la energía y las materias primas como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, y el auge tecnológico asociado a la inteligencia artificial. Ambos factores influyen en los precios y la actividad, aunque por vías diferentes, con efectos sobre la inversión, el comercio y la inflación.

“La economía mundial está probando su resistencia, pero de manera desigual con márgenes cada vez más estrechos para ajustes en el corto plazo”, señaló el informe, que acompaña la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, celebrada esta semana en Bangkok, Tailandia.

El organismo también indicó que las empresas continúan adaptándose a sucesivas perturbaciones económicas, entre ellas los riesgos geopolíticos y los cambios en la política comercial. Al mismo tiempo, los mercados financieros mantienen una visión favorable de los desafíos que enfrenta la economía global.

En cuanto a las principales economías europeas, el FMI mejoró en seis décimas su previsión de crecimiento para Alemania en 2026, hasta el 1,3%. También elevó en cuatro décimas la estimación para España y en tres décimas la de Italia, que crecerán un 2,5% y un 0,8%, respectivamente. Con estas cifras, España se mantiene como la gran economía europea con mayor crecimiento previsto.

En contraste, Francia afronta una revisión a la baja de dos décimas para 2026 y 2027. El organismo proyecta un avance de su producto interior bruto (PIB) del 0,4% este año y del 0,7% el próximo.

Para China, el FMI redujo en una décima su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 4,5%. Japón, en cambio, recibió una revisión al alza de una décima, con una expansión prevista del 0,7%.

Estados Unidos, la mayor economía del mundo, mantiene unas perspectivas sin cambios significativos. El organismo espera que su PIB crezca un 2,3% tanto en 2026 como en 2027.

En América Latina, el FMI prevé que la economía regional avance un 2,3% este año y un 2,5% el próximo. Sin embargo, las proyecciones presentan diferencias entre los principales países de la región, en particular por la evolución de las políticas económicas y las condiciones internacionales.

Brasil, la mayor economía latinoamericana, sufrió una revisión a la baja de dos décimas en su previsión para 2026, hasta el 2,2%. Para 2027, el organismo recortó tres décimas su estimación y ahora espera un crecimiento del 1,9%. El informe atribuyó los ajustes a “una política monetaria restrictiva con el objetivo de devolver a la inflación al objetivo, la retirada de políticas de apoyo fiscal y la incertidumbre global”.

En México, por el contrario, el FMI elevó en tres décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta el 1,5%. El organismo vinculó la mejora con la integración del país en las cadenas de suministro asociadas a las inversiones en inteligencia artificial.

Las perspectivas también reflejan los cambios en el comercio internacional. El FMI calcula que el volumen del comercio mundial crecerá un 4,6% en 2026, por debajo del 5% registrado en 2025. Para 2027, prevé una expansión del 4,7%.

El organismo explicó que el comercio enfrenta el efecto de los aranceles y la adaptación gradual de los vínculos comerciales y las cadenas de producción, en un contexto de reconfiguración de los procesos productivos y sustitución de proveedores. En paralelo, los flujos comerciales relacionados con la tecnología mantienen un crecimiento sólido, en línea con el impulso de las inversiones en inteligencia artificial.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, pidió este lunes una prórroga de cinco días hábiles para estudiar la causa por el préstamo de USD 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri y definir si mantiene la impugnación contra el archivo de la investigación.

El planteo fue presentado ante la Sala IV de la máxima instancia penal del país, integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que tiene bajo análisis una queja presentada por el Ministerio Público Fiscal. Antes de resolver si corresponde habilitar la revisión, el tribunal le corrió traslado a Pleé, que es el fiscal general que interviene ante dicha sede.

Pleé todavía no fijó posición sobre el fondo. Solicitó cinco días hábiles adicionales para examinar las actuaciones debido al volumen del expediente y al cúmulo de trabajo de su dependencia.

La causa comenzó en el año 2019 a partir de una denuncia por presunta defraudación y buscó determinar si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo stand-by celebrado con el FMI en 2018 se cometieron delitos contra la administración pública. El financiamiento había sido pactado inicialmente por USD 50.000 millones y luego fue ampliado hasta USD 57.100 millones.

La investigación alcanzó al expresidente Mauricio Macri; al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne; a Luis Caputo, que se desempeñaba como secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central; y a Federico Sturzenegger, por entonces titular de esa entidad.

Durante la pesquisa se analizaron, entre otros puntos, la ausencia de un decreto presidencial específico para formalizar la operación, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la actuación del Ministerio de Hacienda y la omisión de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos. También se incorporaron informes de organismos de control, expedientes administrativos y documentación vinculada con el destino de los desembolsos.

En febrero pasado, la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti resolvió archivar el expediente tras considerar que los hechos investigados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad. También entendió que los memorandos suscriptos con el FMI tenían carácter técnico y no imponían un destino obligatorio y específico para los fondos.

El fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión. Cuestionó que la investigación fuera cerrada sin completar una serie de medidas orientadas a reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar el recorrido de las divisas provenientes del crédito.

A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo de la causa. Según expusieron, el acuerdo había sido gestionado en un contexto de urgencia financiera y que la prueba reunida no permitía sostener una hipótesis de carácter delictivo.

A partir de allí intervino el fiscal general José Luis Agüero Iturbe, que actúa ante la Cámara Federal. El representante del Ministerio Público intentó llevar la discusión a Casación mediante un recurso contra la resolución que había convalidado el cierre del expediente.

Como ese planteo fue declarado “inadmisible”, Agüero Iturbe acudió directamente en queja ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa presentación es la que ahora se encuentra bajo estudio de Carbajo, Hornos y Borinsky.

Antes de resolver si abre la instancia para revisar el archivo, el máximo tribunal penal federal pidió la opinión de Pleé. El fiscal general deberá definir en un dictamen, una vez vencida la prórroga solicitada, si mantiene la impugnación promovida por su par del Ministerio Público en la instancia anterior.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de adquisición de divisas durante la última semana, posterior al cierre de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo. La entidad sumó compras durante las cinco ruedas y el movimiento se interpretó como una señal sobre el contenido de las conversaciones entre el organismo y el equipo económico.

La delegación del FMI permaneció más de una semana en el país. La misión terminó el martes pasado y, hasta ese momento, el organismo no confirmó si aprobó la revisión. Esa definición resulta necesaria para destrabar un desembolso de USD 1.000 millones previsto en el acuerdo vigente.

Pero hubo una señala: tras la finalización de la visita de los técnicos del organismo internacional, el BCRA aumentó su presencia compradora en el mercado de cambios. El lunes adquirió USD 11 millones. El martes, la cifra llegó a USD 70 millones. El miércoles, las compras alcanzaron USD 160 millones, el monto diario más alto de esa semana.

El jueves, la entidad compró USD 93 millones. El viernes incorporó otros USD 35 millones. La semana cerró con USD 369 millones, un resultado que reflejó una aceleración de las adquisiciones de moneda extranjera por parte de la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili.

Aceleración de compras

La secuencia de compras se produjo luego del tramo final de la revisión técnica. El FMI analizó el cumplimiento de las metas incluidas en el programa, pero todavía no comunicó una decisión sobre el desembolso de USD 1.000 millones. En ese escenario, el ritmo de compra de divisas parece haber tomado relevancia dentro de la estrategia oficial de fortalecimiento de las reservas internacionales.

La acumulación de septiembre registró una menor velocidad frente a los meses anteriores. Durante ese mes, el BCRA compró USD 473 millones, el menor volumen mensual de 2026 (una diferencia de apenas USD 104 millones contra la última semana). El dato contrastó con el resultado de agosto, cuando la entidad adquirió USD 768 millones.

Y más con el de julio, cuando las compras llegaron a USD 2.162 millones. En junio, el BCRA incorporó USD 1.418 millones. En mayo, la cifra fue de USD 2.596 millones, mientras que en abril ascendió a USD 2.769 millones. La comparación mensual mostró que septiembre quedó por debajo de cada uno de esos registros.

El detalle de los primeros meses del año también exhibió niveles superiores al resultado de septiembre. En marzo, el BCRA compró USD 1.671 millones. En febrero, acumuló USD 1.557 millones. En enero, las adquisiciones sumaron USD 1.158 millones. En los nueve meses transcurridos, la dinámica tuvo variaciones ligadas a la oferta disponible en el mercado de cambios.

La explicación oficial sobre el resultado de septiembre apuntó a la dinámica del mercado cambiario y al factor estacional. La menor liquidación de exportaciones del sector agropecuario limitó la disponibilidad de dólares, según esa lectura. La reducción de la oferta coincidió con un período de menor ingreso de moneda extranjera por ventas externas.

Regla de intervención

Fuentes del BCRA sostuvieron que la entidad intervendrá solo cuando exista una oferta excedente de divisas. También afirmaron que las operaciones no buscarán incidir sobre el valor de la moneda. Esa definición ubicó las compras de reservas dentro de las condiciones de oferta del mercado, sin una intervención destinada a modificar la cotización cambiaria.

Para los últimos meses del año, el Gobierno espera una recuperación de los ingresos en moneda extranjera. Esa previsión se apoya en la cosecha de trigo y en las exportaciones relacionadas con el sector energético. El aporte de Vaca Muerta forma parte de esa expectativa, al igual que el desempeño de la minería.

Las compras de la semana posterior a la misión del FMI se insertaron en ese escenario. La entidad registró una mayor incorporación de dólares frente al volumen mensual de septiembre, que quedó en USD 473 millones. Los montos diarios informados entre lunes y viernes mostraron una concentración de operaciones en la mitad de la semana, con USD 160 millones el miércoles.

La proyección oficial

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la compra de reservas y a la capacidad de respuesta del BCRA ante un eventual escenario de tensión cambiaria en la previa de las elecciones presidenciales. El funcionario vinculó esa posibilidad con las elecciones del próximo año y con una corrida cambiaria como la que ocurrió en 2025.

Durante el evento CFO Summit, Caputo sostuvo que el BCRA acumuló USD 14.350 millones hasta septiembre. El ministro presentó además un gráfico con una proyección de compras de reservas por USD 19.438 millones para diciembre. Esa cifra superó las dos previsiones que la cartera económica tomó al inicio del año.

Uno de esos escenarios contempló una meta implícita de USD 10.000 millones en relación con el FMI. El otro estableció una proyección más optimista de USD 17.000 millones. La estimación expuesta por Caputo para diciembre se ubicó por encima de ambos niveles y quedó asociada a la posibilidad de que el Banco Central llegue con mayores recursos a las elecciones.

El ministro afirmó que el BCRA podría llegar a ese período con compras superiores a USD 20.000 millones. La referencia se centró en el margen de acción de la autoridad monetaria frente a una eventual corrida cambiaria. El antecedente mencionado por Caputo fue el de 2025, cuando se registró un episodio de presión sobre el mercado de cambios.

“Ahora hay dólares para la gente, para las empresas, para los que quieren remitir dividendos, sino también para recomponer las reservas del Banco Central”, afirmó Caputo durante el evento.

El foco de la revisión

A la revisión con el FMI, el Gobierno llegó con un resultado favorable en la meta de reservas internacionales netas. El equipo económico sobrecumplió el objetivo previsto para el primer semestre de 2026, que estableció un nivel de -8.600 millones de dólares.

La situación fue distinta en la meta de superávit fiscal primario. El Gobierno incumplió ese objetivo, aunque por un margen reducido. Las dos metas recibieron recortes y ese cambio modificó las exigencias incluidas en el programa. También surgieron cuestionamientos sobre la forma en que se contabilizan las reservas internacionales.

La confirmación del organismo sobre la tercera revisión todavía no llegó. Esa decisión definirá si se destraba el desembolso de USD 1.000 millones. Mientras tanto, el Banco Central sostuvo compras de divisas durante cinco jornadas consecutivas y el Gobierno aumentó su proyección de acumulación hasta diciembre, lo que puede entenderse como una señal de por dónde pasaron las conversaciones con los técnicos del FMI.

La expectativa oficial para los meses finales del año quedó ligada a un mayor ingreso de dólares por la cosecha de trigo, las exportaciones de energía, el aporte de Vaca Muerta y la actividad minera. Esos sectores integran la previsión del Gobierno sobre la disponibilidad de moneda extranjera y sobre la continuidad de las compras de reservas internacionales.

Colombia inició un nuevo acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de un escenario de presión sobre las finanzas públicas.

El organismo confirmó que espera recibir en Washington, Estados Unidos, a una delegación del Ministerio de Hacienda para continuar las conversaciones, al tiempo que destacó el compromiso expresado por la actual administración con la disciplina fiscal.

Aunque todavía no se han definido el mecanismo de financiación, los recursos que podrían solicitarse ni las condiciones de un eventual acuerdo, las recomendaciones formuladas por el FMI permiten identificar algunos de los asuntos que podrían estar sobre la mesa. Entre ellos aparecen la reducción del gasto, una eventual reforma tributaria y el cumplimiento de la regla fiscal.

El acercamiento al FMI y las condiciones fiscales

El organismo internacional señaló que medidas creíbles para reducir los desequilibrios fiscales podrían contribuir a disminuir los costos de financiación y recuperar la confianza de los inversionistas. En este contexto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió avanzar en conversaciones con el fondo y solicitó activar la Consulta del Artículo IV como paso previo para explorar alternativas de financiamiento.

Giovanny Hernández, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, explicó a Infobae Colombia que el diálogo con el organismo resulta relevante debido a la situación de las cuentas públicas y a la necesidad de acudir a entidades multilaterales para obtener recursos.

“Sentarse con el Fondo Monetario Internacional da una señal importante a nivel macro. Que el FMI conozca al nuevo gobierno y su política de austeridad y plan de inversión es clave porque en este momento Colombia está desfinanciada, tiene demasiado gasto y poco ingreso, y va a tener que acudir a las multilaterales a solicitar préstamos. El FMI es una línea de crédito importante para contar con recursos que permitan pagar obligaciones que muy seguramente dejó el gobierno anterior”, señaló.

Según el académico, la definición de un plan fiscal que genere credibilidad ante el Fondo Monetario Internacional debería concentrarse en tres aspectos: “Primero, recortar todo lo que se pueda, pero con recortes que no frenen la inversión ni el crecimiento futuro. Segundo, una reforma tributaria que permita solventar los gastos adicionales. Y tercero, ajustarse a la regla fiscal, que probablemente será la principal condición que pondrá el FMI para cualquier desembolso de crédito”.

Crédito flexible frente a un programa condicionado

Otro de los asuntos que deberá definirse es el tipo de instrumento que podría utilizar Colombia en caso de concretarse una operación de financiamiento. Entre las alternativas mencionadas se encuentra el regreso a una Línea de Crédito Flexible (LFC) o la adopción de un programa sujeto a condiciones específicas.

Hernández considera que, dadas las necesidades de ajuste existentes, Colombia debería evitar comprometerse con obligaciones que impliquen condiciones que posteriormente puedan resultar difíciles de cumplir.

El experto plantea como alternativa un crédito flexible, con mayor margen para definir los tiempos y las medidas fiscales.

“En este momento hay muchas cosas por ajustar y Colombia no debería comprometerse con créditos condicionados. Prometer cosas que tal vez no se puedan cumplir le traería mucho más riesgo al país. Es preferible un crédito flexible, que permita un manejo tributario y de tiempos más holgado, para no quedar literalmente en una camisa de once varas con créditos atados a condiciones muy específicas”, indicó a Infobae Colombia.

El efecto sobre el riesgo, las tasas y la deuda

Uno de los puntos abordados por el profesor de la Universidad de La Sabana es la relación entre el ajuste fiscal, la percepción de riesgo de Colombia y el comportamiento de las tasas de interés. De acuerdo con su explicación, un ajuste que resulte insuficiente podría ser interpretado por los mercados como una señal de inestabilidad financiera.

“Si el ajuste es insuficiente o no se logra dar, lo que pueden leer los mercados es una inestabilidad financiera de Colombia y eso va a hacer que el país claramente sea más riesgoso”, advirtió.

El aumento del riesgo tendría efectos sobre las tasas de interés. Hernández explicó que, si el país es considerado más riesgoso, las tasas tenderían a incrementarse, con posibles efectos adicionales sobre la tasa de cambio y los precios internos.

“Si el país es más riesgoso, las tasas de interés tienden a incrementarse. Si incrementan tasas de interés, se puede afectar la tasa de cambio. Si se afecta la tasa de cambio, se pueden afectar precisamente los precios de bienes y servicios en Colombia y eso podría estar modificando la inflación”, puntualizó.

Y agregó: “En caso contrario, el país va a estar más estable. Esperaríamos que el mercado lo lea como un país un poco más seguro. En ese caso, al ser más seguros, no deberíamos estar teniendo costos de deuda tan altos”.

La continuidad de las conversaciones con el FMI permitirá avanzar en la definición de las condiciones de un eventual respaldo financiero. Mientras tanto, el debate fiscal se concentra en la capacidad del Gobierno para reducir los desequilibrios, mantener la inversión y atender sus obligaciones, junto con el cumplimiento de la regla fiscal.

La causa por el préstamo de USD 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri ingresó este viernes a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir si habilita una revisión del archivo de la investigación.

El planteo quedó a estudio de los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. En esta etapa no analizarán todavía el fondo del expediente, sino la admisibilidad de la queja presentada por el fiscal José Luis Agüero Iturbe, luego de que fuera rechazado el recurso de casación contra el cierre del caso.

La investigación se inició en 2019 por presunta defraudación y buscó determinar si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo stand-by celebrado con el FMI en 2018 se cometieron delitos contra la administración pública. El financiamiento fue acordado inicialmente por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones.

La denuncia alcanzó a Macri, al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a Luis Caputo, que se desempeñaba como secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central, y a Federico Sturzenegger, por entonces titular de esa entidad.

Entre los puntos bajo análisis estuvieron la ausencia de un decreto presidencial para formalizar la operación, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas y la omisión de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos. También se investigaron la apertura tardía de expedientes administrativos y el destino de los desembolsos.

La pesquisa se extendió durante más de cinco años y reunió informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central, además de expedientes administrativos, testimonios, documentación vinculada con el acuerdo y datos sobre formación de activos externos.

En febrero pasado, la jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó el expediente al concluir que los hechos denunciados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad. También entendió que los memorandos suscriptos con el FMI tenían carácter técnico y no imponían un destino obligatorio y específico para los fondos.

El fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión y sostuvo que todavía quedaban medidas pendientes para determinar si durante la contratación del préstamo se habían incumplido procedimientos legales. También pidió avanzar sobre la trazabilidad de los desembolsos y reconstruir el recorrido de las divisas.

A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo. Los camaristas señalaron que el acuerdo había sido gestionado en un contexto de “urgencia financiera reconocida” y consideraron que la prueba reunida no permitía sostener una hipótesis delictiva.

El tribunal de alzada examinó además un informe de la SIGEN que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones, pero sostuvo que ese deterioro no alcanzaba por sí solo para demostrar una administración fraudulenta ni una disposición consciente de fondos en perjuicio del Estado.

Luego de esa resolución, Agüero Iturbe presentó un recurso de casación. El fiscal cuestionó que el expediente fuera cerrado sin completar medidas destinadas a reconstruir los movimientos del crédito e identificar eventuales beneficiarios privados de la salida de divisas.

Ese recurso fue declarado inadmisible por la Cámara Federal porteña. Ante esa decisión, el representante del Ministerio Público acudió directamente en queja ante el máximo tribunal penal del país.

La presentación quedó ahora radicada en la Sala IV, donde los camaristas Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver si habilitan la instancia para examinar el recurso contra el archivo.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitó públicamente al gobierno salvadoreño tras la conclusión de la segunda y tercera revisión de su acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La representación diplomática norteamericana destacó que el sólido desempeño de la economía local y la implementación de reformas estructurales generan certidumbre en los mercados, un factor clave para atraer mayores flujos de inversión extranjera directa al país centroamericano.

El pronunciamiento se produjo en el marco de la aprobación técnica del organismo internacional, que habilitó un desembolso inmediato de unos 138 millones de dólares destinados a reforzar la estabilidad macroeconómica de la nación.

A través de una declaración difundida en sus canales oficiales, la sede diplomática en San Salvador celebró la culminación favorable de este proceso de evaluación multilateral. La decisión del Directorio Ejecutivo del FMI valida los compromisos asumidos dentro del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Este mecanismo de crédito, pactado originalmente en febrero de 2025 por un período de 40 meses y un total aproximado de 1,400 millones de dólares, tiene como propósito acompañar la consolidación fiscal, fortalecer la liquidez bancaria y reconstruir las reservas financieras externas del Estado salvadoreño.

La culminación de las evaluaciones técnicas dio paso inmediato a la liberación de 101,96 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente al desembolso de liquidez para las arcas públicas.

De acuerdo con el informe del organismo con sede en Washington, la actividad económica de El Salvador superó las proyecciones iniciales gracias a la mejora sostenida en las condiciones de seguridad ciudadana y la consecuente recuperación de la confianza de los inversionistas privados, lo cual ayudó a amortiguar los desequilibrios presupuestarios acumulados en ejercicios anteriores.

¿Qué significa para El Salvador este acuerdo?

Para las familias y las empresas salvadoreñas, el respaldo del FMI funciona como una carta de recomendación internacional que confirma que las cuentas del país están ordenadas.

Cuando una institución global de este peso aprueba el trabajo de un gobierno, genera confianza en los mercados y en los inversionistas extranjeros. Esa tranquilidad disminuye el peligro percibido sobre el país, lo que permite que tanto el Estado como los negocios locales consigan préstamos con intereses más bajos y en mejores condiciones.

Asimismo, la llegada de los 138 millones de dólares en efectivo ingresa sin intermediarios a las cuentas del Estado. Este dinero le da margen al gobierno para pagar sus deudas más urgentes y continuar sus proyectos diarios sin recurrir a créditos costosos ni recortar las obras públicas.

A cambio de este apoyo, el plan exige administrar el presupuesto con cuidado, evitar gastos innecesarios y mejorar la cobranza de impuestos, con la condición de mantener intactos los fondos destinados a combatir la pobreza y construir infraestructura social.

El manejo del Bitcoin y las criptomonedas fue otro punto central en las conversaciones. Para otorgar el dinero, el organismo internacional solicitó que el Estado reduzca su presencia directa en este mercado. En respuesta, el gobierno entregó el control de la billetera digital Chivo a una empresa privada y prometió no volver a comprar Bitcoin con fondos públicos.

Aunque anteriormente no se alcanzaron las metas fijadas para la compra de monedas virtuales, los directivos del organismo aceptaron las correcciones presentadas por las autoridades salvadoreñas.

Para garantizar que los fondos continúen llegando en los próximos meses, el país se comprometió a realizar cambios en el sistema de pensiones y en el funcionamiento del sector público. Según explicó el primer subdirector del FMI, Dan Katz, cumplir estas promesas a tiempo resultará clave para mantener estable la economía, proteger el dinero de los bancos y lograr un crecimiento que beneficie a toda la sociedad.

El expresidente de la República Gustavo Petro cuestionó en la mañana del miércoles 30 de septiembre que el gobierno de Abelardo de la Espriella busque un préstamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que buscaría, según el Ejecutivo, responder a una crisis fiscal y recuperar la confianza de los mercados extranjeros en esta nueva etapa.

En su perfil de X, Petro sostuvo que Colombia no requiere nuevo endeudamiento externo para corregir sus cuentas fiscales e, incluso, se atrevió a presentar una alternativa combina una mayor carga tributaria sobre las rentas más altas, tasas de interés más bajas y la eliminación del déficit asociado a los combustibles.

La propuesta de Petro frente al déficit fiscal en Colombia

En su mensaje, el exmandatario dejó plasmada su postura. “Lo que está diciendo el FMI es que no es necesario un préstamo del FMI para reducir el déficit fiscal, en mi opinión solo se necesita reducir el déficit fiscal con más impuestos a los más ricos y bajar la tasa de interés del Banco de la República y no aumentar el déficit gasolinero”, dijo.

La discusión sobre las gestiones al FMI ocurren después de que Nigel Clarke, subdirector gerente de la entidad, concluyó en una visita a Colombia entre el 25 y el 28 de septiembre, que Colombia tiene capacidad de resistencia de la economía colombiana y la solidez de sus instituciones ante un escenario internacional de elevada incertidumbre.

Según el Ministerio de Hacienda, el desequilibrio entre los ingresos estatales y el gasto público corriente dejó un déficit cercano al 6,4% del PIB; por ello, para la administración de De la Espriella, el respaldo técnico y financiero de organismos multilaterales resulta necesario para estabilizar las finanzas públicas.

En contraste, Petro ha salido en defensa de la soberanía económica y de su rechazo a los ajustes fiscales vinculados con el endeudamiento ante organismos financieros internacionales, pues considera que esos créditos condicionan las decisiones nacionales a través de una serie de exigencias macroeconómicas definidas fuera del país.

Entre las medidas que el expresidente ha rechazado se destaca figuras como la congelación de nóminas públicas y, según él, privatizaciones, recortes de subsidios y reformas tributarias de base amplia, como una eventual suba del IVA; pues para el expresidente estas políticas pueden afectar los ingresos de los ciudadanos.

Además de perjudicar, en su análisis, el empleo y la salud pública, mientras benefician a grandes banqueros y élites financieras. En respuesta, planteó entonces aumentos del salario mínimo por encima de la inflación para sostener el consumo interno; y la reducción de las tasas de interés del Banco de la República, con el objetivo de reactivar la inversión.

El antecedente de la Línea de Crédito Flexible ante el FMI

Durante su gobierno, entre 2022 y 2026, Petro enfocó parte de su política financiera en cancelar la Línea de Crédito Flexible, conocida como LCF, que el expresidente Iván Duque había adquirido en 2020 para atender la pandemia de COVID-19, y que en su momento estableció un compromiso de USD 5.400 millones para atender la emergencia.

Según el expresidente, se encargó de pagar las deudas de su antecesor y, una vez cumplido el compromiso, afirmó que Colombia se había “sacudido” del control del organismo y había recuperado autonomía financiera. Esto dista de la postura que ha adoptado su sucesor, De la Espriella, que ya establecieron acercamientos con el FMI.

“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo. Por lo anterior, he dado instrucciones claras al señor Ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dijo el presidente en su alocución del 27 de septiembre.

“He dado esa instrucción para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos y responsables que nos antecedieron”, agregó el jefe de Estado en lo que sería una mención a Petro: que desde la oposición sostuvo que el ajuste debe recaer sobre los sectores de mayores ingresos y no en nuevos créditos ni en recortes del gasto social.

Luego de cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en medio de una baja en el ritmo de compras de divisas por parte de la autoridad monetaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que el Banco Central (BCRA) podría cerrar 2026 con adquisiciones de divisas por encima de USD 19.000 millones. El cálculo llega después de que el presidente, Javier Milei, estimara que contará con más de USD 70.000 millones de poder de fuego para evitar una corrida cambiaria en 2027 y que el riesgo país trepara por encima de los 600 puntos en medio de dudas sobre el programa financiero del año próximo.

Durante una conferencia, que se desarrollo este martes, Caputo sostuvo que el BCRA acumuló USD 14.350 millones hasta septiembre. Pero la novedad estuvo en el gráfico que presentó el ministro en donde proyectó compras de reservas por USD 19.438 millones para diciembre. Un nivel que superó los dos escenarios que la cartera consideró al inicio del año: la meta implícita de USD 10.000 millones con el FMI y una previsión optimista de USD 17.000 millones.

El anuncio llegó después de una desaceleración en las compras mensuales. En septiembre, la entidad adquirió USD 232 millones, con un promedio diario de USD 12,5 millones. Agosto cerró con compras por USD 768 millones, el menor registro mensual de 2026. La caída se produjo luego de que el BCRA alcanzó el objetivo de USD 10.000 millones acordado con el FMI.

La proyección oficial se apoyó en una expansión de las adquisiciones durante los últimos tres meses del año. De acuerdo con el gráfico elaborado por Economía, el acumulado de USD 14.350 millones de septiembre podría avanzar hasta USD 19.438 millones en diciembre. La cifra quedó cerca de los USD 20.000 millones a los que se refirió Caputo en su exposición.

“Ahora hay dólares para la gente, para las empresas, para los que quieren remitir dividendos, sino también para recomponer las reservas del Banco Central”, afirmó el ministro. La referencia incluyó la disponibilidad de divisas para distintos sectores y la posibilidad de continuar con la acumulación de reservas.

Caputo recordó que la meta acordada con el FMI era de USD 10.000 millones y explicó que el escenario más optimista que manejaba el Gobierno planteaba compras anuales por USD 17.000 millones. “Teníamos una meta implícita de USD 10.000 millones con el FMI y teníamos un escenario recontra optimista que era que, si las cosas salían muy, muy bien, tal vez llegábamos a comprar USD 17.000 millones de dólares en el año”, dijo.

El ministro contrastó esas referencias con el monto acumulado hasta septiembre. “La situación actual, hoy ya estamos en USD 14.350 millones. Si proyectamos esa tendencia, todo indicaría que vamos a estar más cerca de los USD 20 mil millones de los que habla el presidente”, señaló.

Menor ritmo

Los datos mensuales mostraron que el ritmo de compras se redujo en agosto y septiembre. En agosto, el BCRA sumó USD 768 millones, el menor volumen mensual de 2026. En septiembre, adquirió USD 232 millones, con un promedio de USD 12,5 millones por día.

La comparación con los meses anteriores reflejó una caída más marcada. En julio, las adquisiciones alcanzaron USD 2.162 millones. En junio, llegaron a USD 1.418 millones. Mayo registró compras por USD 2.596 millones, mientras que abril concentró USD 2.769 millones, el monto más alto del año.

En marzo, el Banco Central compró USD 1.671 millones. Febrero cerró con USD 1.557 millones y enero con USD 1.158 millones. La secuencia mensual mostró un aumento entre enero y abril, una baja en junio, una recuperación en julio y una nueva reducción durante agosto y septiembre.

El BCRA atribuyó la desaceleración a las condiciones del mercado cambiario y a la estacionalidad. La entidad señaló que una menor liquidación del sector agroexportador redujo la oferta de divisas disponible en el mercado. La estrategia contempló comprar dólares cuando existiera oferta genuina, sin intervenir para modificar el precio de la moneda estadounidense ni ejercer presión sobre la plaza cambiaria. Bajo ese criterio, el volumen de las compras quedó ligado a la disponibilidad diaria de divisas.

Ruedas sin compras

El Banco Central compró dólares en casi todas las jornadas de 2026. Sin embargo, últimamente se registraron días en donde el BCRA decidió no intervenir en el mercado. La entidad no adquirió divisas solo el 2 de enero, el 28 de julio, el 7 de septiembre y el viernes pasado.

Este lunes, el BCRA compró USD 11 millones y llevó las reservas internacionales brutas a USD 47.976 millones, en un contexto de menor ritmo de compras mensuales y de una proyección oficial que situó el acumulado anual en USD 19.438 millones.

El Ministerio de Economía presentó esa estimación como una trayectoria que superó el escenario optimista inicial. Caputo, por su parte, vinculó la acumulación de reservas con la posibilidad de atender la demanda de personas, empresas y quienes buscaran remitir dividendos. La proyección también quedó asociada a la posición de futuros que el ministro describió como prácticamente nula. Según Caputo, ambos elementos integraron la “munición” disponible para evaluar un eventual problema cambiario. A la que se le debe sumar el swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos y otro por la misma cifra con China.

El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó durante la noche de este 28 de septiembre la experiencia y capacidad técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar alternativas frente a los desafíos fiscales de Colombia, tras la visita que realizó al país una delegación del organismo internacional, encabezada por su subdirector gerente, Nigel Clarke.

A través de sus redes sociales, Restrepo se refirió a los encuentros que Clarke sostuvo en Bogotá y señaló que el FMI constituye una institución relevante para la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible del país.

“El Fondo Monetario Internacional es una institución clave para la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible de Colombia. Su experiencia y capacidad técnica son un activo importante para analizar alternativas frente a los desafíos fiscales que heredamos y encontrar las soluciones más convenientes para Colombia”, escribió el vicepresidente.

Restrepo también señaló que el diálogo con organismos internacionales puede contribuir a preservar la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, agregó: “El diálogo y la cooperación internacional siempre suman cuando se trata de proteger la estabilidad macroeconómica y abrir camino al crecimiento de la Patria Milagro”.

Nigel Clarke concluyó su visita a Colombia

El pronunciamiento del vicepresidente se produjo después de la visita de Nigel Clarke a Colombia, que tuvo lugar entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026.

Al concluir su recorrido por Bogotá, el subdirector gerente del FMI agradeció las reuniones que sostuvo con José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y miembros de la junta del Emisor.

Clarke también tuvo la oportunidad de reunirse con líderes empresariales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos. Según explicó en su declaración de cierre, estos encuentros le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración y escuchar diferentes perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos de Colombia.

El funcionario señaló que el país cuenta con una trayectoria de resiliencia económica, marcos normativos sólidos, un banco central independiente y un sistema financiero robusto para enfrentar los retos actuales y establecer condiciones para el crecimiento futuro.

FMI señaló la necesidad de avanzar en disciplina fiscal

Durante el cierre de su visita, Clarke se refirió también a la situación fiscal del país y al compromiso expresado por las autoridades para restablecer la disciplina fiscal y la transparencia.

El subdirector gerente del FMI señaló que las medidas orientadas a reducir los desequilibrios fiscales pueden contribuir a fortalecer la confianza de los inversionistas, disminuir los costos de endeudamiento y generar condiciones favorables para la inversión privada y la creación de empleo.

En su declaración, también planteó que, mientras avancen las reformas, debe mantenerse la atención sobre el gasto social prioritario y el respaldo a los hogares vulnerables.

Este mecanismo corresponde a la revisión periódica que realiza el organismo sobre la situación económica y financiera de sus países miembros.

FMI continuará el diálogo con el Gobierno colombiano

En su declaración al término de la visita, Clarke señaló que el organismo está dispuesto a apoyar a las autoridades colombianas para abordar los desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio.

El subdirector gerente también indicó que recibió con beneplácito la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella para fortalecer la colaboración con el FMI y reafirmó el compromiso de mantener el trabajo conjunto con las autoridades colombianas.

Como parte de la continuidad de las conversaciones, Clarke informó que el organismo espera recibir la próxima semana en Washington D. C. a una delegación del Ministerio de Hacienda.

El encuentro permitirá continuar el diálogo entre el Gobierno colombiano y el FMI, después de la visita realizada por el subdirector gerente del organismo a Bogotá.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra hace más de una semana en la Argentina. El viaje del presidente Javier Milei a la Argentina Week de París, junto con integrantes del equipo económico, genera expectativas sobre un próximo cierre de la tercera revisión. En ese proceso, el Gobierno accedería a un waiver —una dispensa— por incumplir la meta de superávit primario del primer semestre y recibiría una evaluación favorable por superar el objetivo de acumulación de reservas internacionales, aunque con asistencia del organismo multilateral

La delegación del FMI llegó al país el lunes de la semana pasada para evaluar la marcha del programa económico y las metas acordadas con la administración libertaria. Según pudo saber Infobae, las conversaciones se desarrollaron en la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y estuvieron encabezadas por el viceministro de Economía, José Luis Daza.

El nuevo “perdón”

El resultado fiscal del primer semestre es el punto central de la revisión. El Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones entre enero y junio de 2026, pero la meta vigente al 30 de junio era de $6,86 billones, lo que arroja una diferencia de 573.974 millones de pesos.

El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, informó que el incumplimiento ocurrió en el marco de la tercera revisión del programa rubricado 2025. Sin embargo, La meta semestral no era la original del acuerdo. El Fondo redujo el objetivo fiscal en $1,60 billones antes del cierre de junio. La exigencia inicial era de $8,46 billones y, tras la flexibilización, pasó a 6,86 billones de pesos.

Aun después de esa modificación, el resultado no alcanzó el objetivo. “En el primer semestre de 2026 el Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones, quedando $570.000 millones por debajo de la meta del 30 de junio”, sostuvo Letcher.

El desvío abre la posibilidad de que el Gobierno acceda a un waiver por la meta fiscal. Esa dispensa forma parte de los temas que analiza la misión del Fondo durante su estadía en el país, junto con la evolución de los restantes compromisos del programa.

Una de las razones del incumplimiento se vinculó con la demora en el tratamiento de Inocencia Fiscal II en el Congreso. La falta de avance de esa iniciativa llevó a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergará la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias de personas humanas.

La postergación redujo los ingresos previstos para el primer semestre. La recaudación de Ganancias formaba parte de los recursos que el Gobierno esperaba contabilizar antes del 30 de junio, fecha de corte para la evaluación de la meta de superávit primario. La baja de los ingresos también respondió a las modificaciones impositivas y al nivel de actividad, factores que afectaron la recaudación y explican parte de la brecha entre el resultado obtenido y el objetivo fiscal establecido para los primeros seis meses de 2026.

La novedad

El otro punto de la revisión corresponde a la acumulación de reservas. En ese frente, el Gobierno cumplió por primera vez desde la firma del programa 2025 la meta prevista para el 30 de junio.

A esa fecha, la variación acumulada de las reservas netas desde fines de 2024 alcanzó -3.111 millones de dólares. La meta que regía para el cierre del primer semestre exigía una variación de -8.600 millones de dólares. El resultado se ubicó por encima del límite establecido. El Gobierno superó la pauta de reservas, aunque el cumplimiento incluyó modificaciones introducidas por el propio Fondo en las exigencias y en la metodología de cálculo.

En la revisión de mayo, el organismo internacional redujo en USD 11.800 millones el objetivo de acumulación de reservas para el 30 de junio. La meta inicial requería una variación positiva de USD 3.200 millones, pero el nuevo parámetro pasó a -8.600 millones de dólares. Letcher señaló que, sin el recorte de la exigencia, al Gobierno le faltaban USD 6.311 millones para alcanzar el objetivo. El cambio de la meta permitió que la variación se ubicara dentro del parámetro acordado para la primera mitad del año.

El cumplimiento de la meta de reservas también incluyó una modificación en la fecha de valuación de los activos. El FMI tomó como referencia el 31 de diciembre de 2025 para establecer la cotización utilizada en el cálculo. Ese cambio produjo un salto contable de USD 3.012,6 millones por el revalúo del oro, según estimaciones oficiales. La nueva fecha base también neutralizó la caída del 13% en la cotización de ese activo que se registró hasta junio, ya que esa baja no computó para el cumplimiento de la meta.

¿Fin de la misión?

Según pudo saber Infobae, las reuniones con la misión del Fondo se realizaron en el Banco Central. Y fue el viceministro, Daza quien encabezó los encuentros durante la ausencia de Caputo, que viajó a Nueva York junto a Milei para participar de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La comitiva que partirá el martes estará integrada por Milei, Caputo, Daza, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. El viaje reúne a funcionarios que participaron de la discusión de las metas fiscales, monetarias y de reservas con el Fondo.

La salida a París se produce mientras la tercera revisión mantiene un avance lento. Sin embargo, la presencia conjunta del Presidente, el ministro de Economía, el viceministro, el titular del Banco Central y el responsable de Coordinación de Energía y Minería abre la expectativa de que la misión técnica se acerque a su cierre.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a Colombia avanzar en medidas para restablecer la disciplina fiscal, reforzar la transparencia y recuperar la confianza de los inversionistas. El planteamiento fue expuesto por el subdirector gerente del organismo, Nigel Clarke, al término de su visita a Bogotá, realizada entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026.

La visita ocurrió después de que el Ministerio de Hacienda solicitara al Fondo iniciar la evaluación de la economía colombiana bajo el mecanismo conocido como artículo IV. Este procedimiento permite al organismo analizar periódicamente la situación económica y financiera de los países miembros.

En su declaración de cierre, Clarke señaló que Colombia cuenta con una trayectoria de resiliencia económica, marcos normativos sólidos, un banco central independiente y un sistema financiero robusto. Según el funcionario, esos elementos pueden servir de base para enfrentar los retos actuales y apoyar el crecimiento futuro.

El FMI plantea una reducción creíble de los desequilibrios fiscales

El subdirector gerente del FMI destacó el compromiso expresado por las autoridades para recuperar la disciplina fiscal y fortalecer la transparencia. También se refirió a la necesidad de reconstruir la confianza de los inversionistas y consolidar las condiciones para la estabilidad macroeconómica.

“Una acción oportuna y creíble para reducir los desequilibrios fiscales puede contribuir a fortalecer la confianza, disminuir los costos de endeudamiento y crear condiciones más favorables para la inversión privada y la creación de empleo”, afirmó Clarke.

El organismo no presentó cifras, metas fiscales ni medidas específicas en la declaración emitida tras la visita. El pronunciamiento se concentró en la necesidad de que las decisiones sobre las cuentas públicas tengan credibilidad y se adopten de forma oportuna.

Clarke añadió que las reformas deben mantener la atención sobre el gasto social prioritario y el respaldo a los hogares vulnerables. Según el funcionario, ese enfoque puede ayudar a que los beneficios de un mayor crecimiento lleguen a distintos sectores de la población.

La solicitud de evaluación bajo el artículo IV se produce en un momento de inquietud por las cuentas fiscales y las necesidades de financiamiento del país. El Ministerio de Hacienda pidió al FMI poner en marcha este análisis, que forma parte de las revisiones que el organismo realiza entre sus miembros.

Nigel Clarke se reunió con el Gobierno y el Banco de la República

Durante su estancia en Bogotá, Clarke sostuvo conversaciones con el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y miembros de la junta directiva del Emisor.

El funcionario agradeció la hospitalidad de las autoridades y calificó las conversaciones como constructivas. También afirmó que tuvo la oportunidad de reunirse con líderes empresariales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos.

Según Clarke, esos encuentros le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración y escuchar distintas perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos de Colombia. Además, señaló que la visita fortaleció la relación entre el país y el FMI.

“Estos intercambios me brindaron una valiosa oportunidad para conocer mejor las prioridades de la nueva administración, escuchar diversas perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos de Colombia, y fortalecer la larga alianza entre Colombia y el FMI”, expresó el subdirector gerente.

El FMI indicó que las fortalezas institucionales de Colombia serán relevantes en un contexto internacional de mayor incertidumbre, crisis frecuentes y transformaciones asociadas con el cambio tecnológico.

Las recomendaciones incluyen inversión, seguridad e infraestructura

Además del llamado a corregir los desequilibrios fiscales, el FMI señaló áreas que podrían contribuir a elevar la productividad y el potencial de crecimiento de Colombia. Entre ellas mencionó la reducción de barreras para la inversión, la mejora de la seguridad, la atención a las deficiencias de infraestructura y la disminución de la informalidad.

Clarke también incluyó el fortalecimiento del Estado de derecho y la previsibilidad regulatoria entre los factores que pueden impulsar la actividad privada. El funcionario sostuvo que estas condiciones pueden favorecer un mayor dinamismo del sector productivo.

“Reducir las barreras a la inversión, mejorar la seguridad, abordar las deficiencias en infraestructura y la informalidad, y fortalecer el estado de derecho y la previsibilidad regulatoria pueden contribuir a dinamizar el sector privado”, indicó.

El FMI también se refirió a la inversión en infraestructura energética, educación y formación de habilidades. De acuerdo con Clarke, estos ámbitos serán necesarios para que Colombia pueda aprovechar oportunidades relacionadas con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

El organismo no detalló proyectos, reformas legislativas ni recursos para esas áreas. La declaración se limitó a señalar los asuntos que, a juicio del FMI, pueden fortalecer las condiciones para el crecimiento impulsado por el sector privado.

El diálogo continuará con una delegación en Washington

Clarke afirmó que durante su visita encontró un reconocimiento amplio sobre la necesidad de abordar los desafíos fiscales de Colombia y avanzar en medidas que permitan aprovechar el potencial económico del país.

El funcionario planteó que ese objetivo requerirá diálogo sostenido y cooperación entre responsables de política pública, empresas y organizaciones de la sociedad civil. El FMI, añadió, está dispuesto a apoyar a las autoridades colombianas en un programa de reformas definido por el país.

El subdirector gerente recibió favorablemente la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella de ampliar la colaboración con el organismo. “El FMI valora enormemente su larga alianza con Colombia y está dispuesto a apoyar a las autoridades para que aborden sus desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio”, señaló.

El Fondo informó que espera recibir la próxima semana a una delegación del Ministerio de Hacienda en Washington, D.C., para continuar las conversaciones sobre los desafíos fiscales y las medidas planteadas durante la visita de Clarke.

Al cierre de su declaración, el subdirector gerente expresó la solidaridad del FMI con el pueblo colombiano tras el terremoto al que hizo referencia. También transmitió condolencias a las personas que perdieron familiares y a quienes resultaron afectados en sus vidas y medios de subsistencia.

El gobierno de Abelardo de la Espriella abrió una nueva etapa de acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evaluar la situación de las finanzas públicas y explorar alternativas frente al panorama fiscal que enfrenta Colombia. La primera decisión fue solicitar que la misión técnica del organismo llegue antes de lo previsto.

La petición fue anunciada el lunes 28 de septiembre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien explicó en redes sociales que el Gobierno busca una evaluación independiente sobre el estado de la economía y las medidas que está adoptando la administración. “Hoy solicitamos al Fondo Monetario Internacional adelantar la misión de su equipo técnico para que haga una evaluación independiente del estado de la economía y de los planes de Gobierno”, expresó el funcionario.

La solicitud está relacionada con el Artículo IV del convenio constitutivo del FMI, mecanismo mediante el cual el organismo mantiene conversaciones bilaterales periódicas con sus países miembros. Estas revisiones permiten recopilar información económica y financiera, además de analizar junto con las autoridades la evolución de la economía y las políticas aplicadas.

Para Gómez, recurrir a este instrumento puede contribuir a fortalecer la relación con el organismo multilateral. El ministro lo calificó como “un instrumento clave para anclar la confianza” con el Fondo Monetario Internacional. El funcionario agregó que la revisión representa el comienzo de una nueva relación con el FMI y puede servir para ampliar las conversaciones sobre mecanismos de cooperación con ese organismo y con otras entidades multilaterales.

“La consulta del Artículo IV es un primer paso en el relacionamiento renovado con el Fondo Monetario Internacional y es importante en el proceso de buscar aliados y caminos para enfrentar la crítica situación actual fiscal, también nos permitirá intensificar el diálogo sobre las nuevas formas de colaboración con esa y otras entidades multilaterales”, añadió.

El anuncio llega un día después de que el presidente ordenara al Ministerio de Hacienda y al equipo económico comenzar conversaciones con el FMI. La instrucción fue comunicada el domingo 27 de septiembre durante una alocución televisada, en la que De la Espriella presentó el estado de las finanzas públicas como una de las principales dificultades de su administración.

Durante la intervención, el mandatario aseguró que Colombia atraviesa “la más crítica de toda nuestra historia” y sostuvo que el Estado tiene problemas para atender al mismo tiempo sus obligaciones de deuda y los gastos necesarios para su funcionamiento. “Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó De la Espriella, quien señaló que el país depende cada vez más de los mercados nacionales e internacionales para obtener los recursos que necesita.

El jefe de Estado atribuyó parte de la situación al gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro. Según su versión, esa administración dejó un escenario de “sobreendeudamiento” y cuestionamientos por el manejo del presupuesto. También mencionó hechos que, de acuerdo con su declaración, estarían relacionados con presuntos casos de corrupción y que fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales.

El acercamiento con el FMI fue presentado por De la Espriella como una de las alternativas para enfrentar el escenario fiscal. “He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, señaló. El objetivo, reiteró, es encontrar una “salida negociada a la crisis” que su Gobierno asegura haber recibido. “Saldremos adelante”, dijo el mandatario.

Mientras el Gobierno busca el acompañamiento del FMI para revisar las cuentas públicas, la administración también ha desplegado una estrategia para atraer capital extranjero. El vicepresidente José Manuel Restrepo llevó ese mensaje hasta Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Restrepo sostuvo reuniones con más de 300 inversionistas, entre ellos había compañías que ya tienen operaciones en Colombia, potenciales nuevos participantes y actores interesados en ampliar sus negocios.

En ese grupo mencionó a Tesla, J.P. Morgan, XP Investments, fondos de infraestructura y organizaciones como el Council of the Americas. La apuesta del Gobierno parte de vincular la llegada de inversión con el crecimiento de la economía. La administración fijó como meta alcanzar un crecimiento económico del 6% mediante la denominada misión Crecer. Para avanzar hacia ese objetivo, Restrepo señaló tres condiciones: reglas de juego estables, independencia de las ramas del poder e iniciativa privada.

El presidente Abelardo de la Espriella pidió al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, iniciar contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la situación fiscal del país, que describió como un “saldo en rojo” y una crisis recibida de la administración del expresidente Gustavo Petro.

El anuncio, realizado durante su alocución del 27 de septiembre, generó un nuevo frente de discusión política sobre las finanzas públicas, el manejo de la deuda y las eventuales condiciones de un acuerdo con el organismo multilateral.

Por un lado, dirigentes del Centro Democrático respaldaron la posibilidad de acudir al Fondo, mientras sectores cercanos al anterior Gobierno alertaron sobre los efectos de un eventual programa de ajuste.

De la Espriella planteó que las conversaciones con el FMI deben buscar una salida a la situación que calificó como una “crisis heredada”.

Tras lo anterior, la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal defendió la decisión anunciada por el presidente y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por la situación fiscal que enfrenta el país.

Cabal afirmó que la administración anterior incrementó la deuda en condiciones que consideró desfavorables y criticó el manejo de la relación con el FMI. También sostuvo que el país perdió herramientas financieras que podían servir de respaldo frente a un escenario de dificultades fiscales.

“Hablar con el FMI no es debilidad. Es recoger los escombros de un gobierno que se robó el futuro. Lo grave es que la negociación posiblemente será en condiciones menos favorables”, escribió la exdirigente política.

Para Cabal, la decisión responde a la necesidad de enfrentar las consecuencias de las medidas adoptadas durante el Gobierno anterior.

El senador del Centro Democrático Christian Garcés también respaldó la propuesta y señaló que, durante la discusión del presupuesto en primer debate, identificaron la necesidad de acudir a organizaciones multilaterales.

Según Garcés, el eventual acompañamiento del FMI permitiría modificar la composición de la deuda colombiana. El legislador sostuvo que el país requiere medidas para atender sus obligaciones financieras y reducir la presión sobre las cuentas del Estado.

“El país necesita una reforma del Estado”, manifestó el senador. A su juicio, esa reforma debería apuntar a disminuir los gastos de funcionamiento de las entidades públicas.

Garcés presentó el respaldo del Fondo como una alternativa para enfrentar lo que definió como una situación financiera “asfixiante”. También indicó que cualquier estrategia debe combinar el manejo de la deuda con cambios en la estructura del gasto estatal.

Daniel Rojas Medellín y Mafe Carrascal cuestionaron pronunciamiento de Abelardo de la Espriella

De otro lado, el exministro de Educación Daniel Rojas Medellín cuestionó el anuncio y sostuvo que una negociación con el FMI podría derivar en un plan de ajuste con consecuencias sociales y económicas.

Rojas afirmó que había advertido sobre esa posibilidad desde la presentación de la ley de presupuesto. “Van a regalar la patria”, expresó al rechazar la decisión del Gobierno de buscar un acercamiento con el organismo multilateral.

Para sustentar su postura, mencionó casos como Grecia, Argentina, Zambia, Jamaica, Indonesia y Bolivia. El exfuncionario señaló que algunos programas de ajuste aplicados en distintos países estuvieron asociados a recesiones, desempleo y crisis sociales.

En particular, aludió al caso griego, durante la crisis de deuda iniciada en 2010 y a la crisis argentina de 2001 y 2002. Rojas sostuvo que esos antecedentes deben ser tenidos en cuenta antes de avanzar en una negociación que incluya compromisos de política económica.

“Prometieron entregarle el país a extranjeros y lo están cumpliendo. Es triste el destino de Colombia”, aseguró Rojas.

Por último, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, cuestionó la posibilidad de que el Gobierno busque apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que un eventual acuerdo podría incluir ajustes estructurales y privatizaciones.

Carrascal afirmó que esos programas pueden afectar la capacidad estatal, el gasto social y los ingresos de los sectores populares.

“Van a feriar el país”, expresó la representante en sus redes sociales. También sostuvo que no existen pruebas de que las condiciones exigidas por el Fondo reduzcan la relación entre deuda y producto interno bruto o impulsen la inversión privada.

Carrascal calificó de “más radical” que el propio FMI al sector político que respalda el eventual acercamiento. “El nivel de arrodillamiento será difícil de creer”, escribió.

La legisladora anticipó que mantendrá su oposición a cualquier negociación que, según su postura, implique cambios en la política económica o la privatización de activos públicos.

El ministro de Economía de Bolivia, Christian Morales, informó que el primer desembolso del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) está previsto para dentro de dos semanas. Según el funcionario, el monto estimado es de 250 millones de dólares de un total de 1.900 millones que otorgó el organismo para respaldar el programa de reformas económicas y fortalecer las reservas internacionales.

En contacto con medios locales, Morales señaló que los desembolsos serán progresivos y de acuerdo con revisiones trimestrales del cumplimiento de las metas establecidas.

Morales descartó que el organismo internacional haya puesto condiciones a Bolivia, contrariamente a lo que había afirmado el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, cuando justificó el fin de la subvención al diésel como uno de los requisitos para acceder al fondo.

“No es que se cumplen condiciones, es un seguimiento a las metas que nosotros hemos establecido en la ejecución de nuestra política económica, para evaluar qué nivel de aplicación nosotros tenemos y ver cómo estamos en función de ese plan”, aclaró el ministro.

Entre las principales medidas económicas del Gobierno en los primeros diez meses de gestión están la eliminación de la subvención total del diésel, parcialmente la de la gasolina y la flexibilización del tipo de cambio bajo un esquema de libre mercado.

La administración de Paz, que inicialmente había previsto un crédito del FMI de 5.000 millones y luego de 2.800, finalmente logró concretar 1.900 millones de dólares para los próximos tres años. El proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa y promulgado por el presidente Paz el 20 de septiembre.

Este crédito es parte de un paquete de fondos internacionales, entre ellos los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF.

Mientras el Gobierno espera el desembolso de este crédito, el presidente Rodrigo Paz informó que se están negociando préstamos adicionales por cerca de 10.000 millones de dólares a través de cuatro organismos multilaterales para apuntalar la reactivación económica del país durante los próximos dos o tres años.

El mandatario realizó el anuncio tras una agenda de varios días en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde mantuvo contactos con representantes de entidades financieras internacionales.

“Lo importante de la semana (es que) han sido cuatro días arduos de trabajo, (con) sectores empresariales, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Banco Mundial (BM) (y) todas las instituciones que nos están generando crédito”, afirmó en entrevista con el canal estatal BTV.

El mandatario calificó como “un récord histórico” la acumulación de deuda por los 10.000 millones de dólares que “ahora acabamos de redondear”.

Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un listado detallado de cuáles son los créditos, por qué monto, para qué proyecto están destinados ni en qué gobierno fueron negociados, porque quedan préstamos pendientes de la gestión anterior que no fueron aprobados.

Estos anuncios se dan en un momento de incertidumbre económica en Bolivia, luego de los ajustes realizados en la política cambiaria y de combustibles para combatir la crisis que enfrenta el país desde hace varios años a raíz de la debacle de la industria de los hidrocarburos.

Entre los principales indicadores de esta situación figuran la escasez de dólares, una inflación del 20% el año pasado, dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible, la disminución de las reservas internacionales y un elevado déficit fiscal.

En medio de la llegada de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, el Gobierno logró comprar más de USD 14.000 millones, pero la tercera revisión del acuerdo pondrá el foco en la meta pendiente: todavía necesita sumar cerca de USD 8.000 millones de reservas netas antes de diciembre, un objetivo que los programas anteriores no cumplieron sin pedir un “perdón”.

El desembarco de la delegación del FMI al país abrió una nueva instancia de evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la administración libertaria. Según pudo saber Infobae, las partes se reunieron en la sede porteña del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para llevar acabo un exhaustivo análisis de las pautas fijadas en el entendimiento firmado en abril de 2025. Entre las variables bajo revisión figura la trayectoria de las reservas netas, un indicador que no se limita a las compras de dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Previo a los encuentro con la misión, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la relación con el Fondo es “superpositiva” y remarcó que los objetivos están por encima de los niveles comprometidos. El funcionario también señaló que el Gobierno mantiene un intercambio constante con el organismo multilateral para revisar la evolución de las variables contempladas en el pacto rubricado.

“El diálogo es espectacular y siempre estamos muy bien para poder intercambiar cada variable y seguir monitoreando todas las variables”, afirmó el secretario de Finanzas en un streaming con el periodista Guillermo Laborda. Según indicó Furiase, la previsión inicial se ubicaba entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, mientras que la acumulación superó los 14.000 millones de dólares.

La diferencia con la acumulación

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero, el BCRA compró 14.306 millones de dólares. Esas operaciones apuntaron a fortalecer las reservas internacionales y sobrepasaron el objetivo informal anual de compras de dólares fijado en USD 10.000 millones con el FMI. El Gobierno incluso mantiene abierta la posibilidad de que las adquisiciones lleguen a 17.000 millones de dólares.

Sin embargo, el volumen de divisas compradas por la autoridad monetaria no determina de forma directa el cumplimiento de la meta de reservas netas comprometida con el organismo encabezado por Kristalina Georgieva. El economista de Econviews, Alejandro Giacoia, planteó esa distinción al analizar el desempeño del programa y señaló que la meta de junio de reservas netas de -USD 8.600 millones quedó por encima del objetivo previsto, aunque advirtió que los ajustadores incluidos en el acuerdo pueden modificar la cifra de referencia.

“La meta de fin de junio se sobrecumplió, pero hay que tener en cuenta que esas metas tienen ajustadores que pueden terminar cambiando el número”, precisó diálogo con Infobae. Pero según sus estimaciones, el nivel actual todavía se encuentra lejos del objetivo fijado para el cierre del año.

El gráfico elaborado por Econviews sobre las reservas internacionales netas bajo metodología del FMI muestra una caída durante 2025 y una recuperación parcial en 2026. La serie toma como base el acumulado desde el 1° de enero de 2025 y presenta los datos a precios constantes.

La curva comenzó cerca de -USD 2.000 millones en enero de 2025. Durante los meses siguientes descendió de manera marcada y tocó valores próximos a -USD 14.500 millones hacia diciembre. Luego, durante 2026, mostró una recuperación que llevó el indicador hacia una zona cercana a -USD 7.000 millones en septiembre.

De cara a la meta anual

El miembro fundador de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, coincidió en que el Gobierno puede señalar el cumplimiento de la pauta de compras de divisas. No obstante, remarcó que ese resultado no representa por sí solo el cumplimiento de la obligación de acumulación ante el Fondo.

Si bien de acuerdo con su análisis, el Gobierno superó esa exigencia, la situación cambia para diciembre. El economista señaló que el BCRA debe acumular USD 8.000 millones de reservas netas para cumplir la meta anual de -4.100 millones de dólares. Según sus cálculos, el nivel quedó en poco menos de USD 7.000 millones hasta julio.

“Para fin de año, el BCRA debería acumular reservas netas por USD 8.000 millones y eso todavía no lo consiguió”, sostuvo Sigaut Gravina. También indicó que agosto y septiembre no aportaron acumulación de reservas netas, de acuerdo con sus estimaciones. El economista vinculó esa evolución con la menor intensidad de las compras de divisas por parte del BCRA. “El freno a la compra de divisas en el mercado te está diciendo que no va a ser tan sencillo acumular”, afirmó.

Menor ritmo

Después de superar el objetivo anual de compras en junio, el BCRA redujo la velocidad de sus adquisiciones de dólares para no generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio. En lo que va de septiembre, el monto llegó a USD 2011 millones, una cifra que equivale a un promedio diario de aproximadamente 14,5 millones de dólares.

Una fuente consultada bajo condición de reserva sostuvo que el Gobierno necesita una aceleración en la compra de reservas o una nueva emisión de deuda en dólares para alcanzar el objetivo anual de reservas netas. Según esa evaluación, sin una de esas alternativas, el cumplimiento de la meta se vuelve difícil.

La diferencia entre las compras brutas y el indicador neto cobra relevancia en el diálogo con el Fondo. Mientras el Gobierno resalta los más de USD 14.306 millones adquiridos desde enero, los analistas privados focalizan su atención en el nivel de reservas que exige el acuerdo para diciembre.

Elecciones por delante

El economista de EcoGo, Lucio Garay Mendez, consideró que superar una meta semestral representa una señal favorable, aunque advirtió que ese dato no amplía por sí mismo el horizonte financiero del Gobierno. “Pensar que haber acumulado USD 8.000 millones en las reservas basta para bajar el riesgo país o sobrellevar el período hasta las elecciones sin turbulencias o de manera holgada es un error”, afirmó el especialista.

El analista señaló que el calendario presenta dos temporadas de menor oferta de divisas y una sola temporada de oferta alta. Esa dinámica forma parte de los factores que siguen los economistas al estimar la capacidad del BCRA para fortalecer las reservas netas antes del cierre del año.

La tercera revisión se desarrolla con esas dos lecturas sobre la mesa. El Gobierno sostiene que superó los objetivos y que la recomposición de las reservas netas está por encima de lo previsto. Las consultoras privadas, en cambio, distinguen entre los dólares adquiridos en el mercado y la meta anual de USD 8.000 millones de acumulación neta.

La deuda bruta de la Administración Central aumentó 0,04% en agosto, por efecto exclusivamente de los ajustes de valuación de bonos que capitalizan al vencimiento. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock subió en USD 195 millones respecto de julio.

A comienzos de agosto, el Ministerio de Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de mejorar el balance del ente monetario. Esos títulos, creados en 2006, se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas.

A eso se sumó la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas entre el BCRA y el Banco Popular de China (PBoC) por RMB 130.000 millones, equivalentes a unos USD 19.000 millones. El plazo de vencimiento se extendió de tres a cinco años, lo que otorgó más previsibilidad a la herramienta que ambas instituciones sostienen desde 2009.

A comienzos de agosto, el Ministerio de Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de mejorar el balance del ente monetario

Las consultoras económicas y los medios especializados se concentraron, sin embargo, en la disminución de las compras de reservas en dólares por parte del Tesoro nacional y del BCRA, en línea con el objetivo de reducir la volatilidad del tipo de cambio como parte de la política antiinflacionaria.

El tipo de cambio utilizado para convertir a dólares la deuda emitida en pesos subió 1,06% en el mes, por debajo de la inflación que ajusta los bonos con cláusula CER, que en julio resultó inferior al 2%. Esa diferencia explicó parte del efecto de valuación que terminó por empujar al alza el stock final de la deuda de la Administración Central.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en agosto la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 28.251 millones. Ese total incluyó financiamiento, canjes y emisiones por USD 12.607 millones, y amortizaciones, canjes y cancela iones por USD 15.644 millones, con un saldo neto antes de ajustes de valuación contractivo en USD 3.036 millones.

Stock según moneda y legislación

La Secretaría de Finanzas comunicó además que en agosto de 2026 el stock de deuda bruta subió a USD 484.917 millones, de los cuales USD 482.392 millones se encontraron en situación de pago normal.

El dato reflejó la evolución de un pasivo que, en términos nominales, siguió condicionado por la estructura de monedas, la legislación aplicable y el efecto de los cambios de valuación sobre los instrumentos emitidos.

En agosto vencieron obligaciones bajo legislación nacional por $17,5 billones y USD 1.001 millones con jurisdicción extranjera (OPC)

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló en un informe que en ese mes se registraron vencimientos de deuda bajo legislación nacional por $17,5 billones, íntegramente correspondientes a capital. A eso se sumaron vencimientos de obligaciones con jurisdicción extranjera por USD 1.001 millones, de los cuales USD 797 millones correspondieron a intereses del préstamo de Facilidades Extendidas del Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 99 millones a vencimientos varios de capital de otros organismos internacionales y USD 26 millones a intereses de los títulos Bonar 2027, 2028 y 2029.

Por tipo de legislación, en agosto la deuda en moneda local representó el 66% del total, mientras que el 34% restante correspondió a moneda extranjera. Esa composición mostró el peso predominante de los compromisos emitidos en pesos, aunque buena parte de su valuación en dólares quedó atada al movimiento del tipo de cambio de cierre de cada período.

La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de julio se explica por el aumento de la deuda en moneda extranjera en USD 263 millones y la disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 68 millones”.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en agosto a 60,3%, medio punto porcentual respecto de julio. La estimación surgió del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares que elabora el Banco Central a partir de los agregados monetarios.

Dentro de esa cuenta, las operaciones de deuda con organismos internacionales, excluido el FMI, destinadas a recapitalizar al Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.808 millones.

El saldo del préstamo con el FMI aumentó USD 222 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar.

Por diferencias de cambio, los adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron USD 38 millones y se ubicaron en el equivalente a USD 2.717 millones. Por el contrario, las Letras del Tesoro en el BCRA se redujeron USD 1.303 millones.

A la vez, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 7.933 millones (USD 2.779 millones en divisas y USD 5.154 millones constituidos en pesos), que cayeron USD 1.217 millones, totalizó en agosto USD 476.984 millones. Ese agregado mostró una suba de USD 1.412 millones en comparación con el mes previo.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central en el gobierno de Javier Milei aumentó USD 59.623 millones hasta agosto último.

Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales en el ente monetario, la lectura cambia: bajo ese criterio, el stock consolidado en los primeros 33 meses de la presidencia del gobierno de La Libertad Avanza presentó una disminución neta de USD 9.967 millones.

Ese resultado se descompuso en un aumento de USD 22.394 millones con organismos internacionales y una baja de USD 32.360 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó del 59,1% heredado de noviembre de 2023 —tras haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos— a 60,3% del producto.

Próximos vencimientos

El informe de la OPC precisa que, en septiembre de 2026, los vencimientos de deuda de la Administración Central en moneda extranjera totalizan USD 1.657 millones: USD 791 millones corresponden a un pago de capital al FMI, USD 537 millones al pago de capital a otros organismos internacionales, USD 263 millones a intereses y USD 38 millones a otros servicios. Los compromisos en moneda nacional suman $16,1 billones, entre Lecap, Boncap dual, Lecer y Bonte dollar linked.

Los vencimientos en el acumulado de los últimos cuatro meses del año suman $87,5 billones en moneda nacional y USD 4.079 millones en divisas

Para octubre, noviembre y diciembre las obligaciones son algo menores. En el acumulado de los últimos cuatro meses del año suman $87,5 billones en moneda nacional y USD 4.079 millones en divisas.

Finanzas recordó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.

El gobierno de Bolivia anunció que presentará un decreto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para ampliar el estado de excepción vigente en el país desde hace casi tres meses, mientras crecen las advertencias de movilización de distintos sectores sociales.

El ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el Ejecutivo buscará extender la medida por 90 días adicionales. “Vamos a presentar un decreto ante la Asamblea Legislativa para ampliar el estado de excepción. Una comisión legislativa también ha presentado la misma solicitud”, señaló el funcionario, que además sostuvo que existe “un gran consenso ciudadano” y también parlamentario para dar luz verde a la iniciativa.

El estado de excepción vence en seis días. Según la Constitución boliviana, una vez concluida esta figura no puede declararse otra similar durante un año, salvo que la Asamblea la apruebe expresamente, lo que obliga al Ejecutivo a tramitar la extensión por vía legislativa.

La medida fue dictada el 20 de junio por el presidente Rodrigo Paz, de tendencia centroderechista, para poner fin a los bloqueos de carreteras que durante 53 días paralizaron buena parte del país entre mayo y julio. Las protestas, encabezadas por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, con respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales, exigían la renuncia del mandatario y dejaron al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna, además de pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

La semana pasada, la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para extender la disposición por el mismo plazo, ante los anuncios de movilización de transportistas, vendedores informales, maestros y cocaleros, entre otros gremios, motivados por la escasez de combustible y de dólares que presiona al alza los precios. El diputado Alejandro Medinaceli, del oficialista Partido Demócrata Cristiano, precisó que la resolución deberá debatirse primero en el pleno de Diputados y que luego la Presidencia de la Asamblea Legislativa convocará una sesión conjunta con el Senado para resolver la extensión.

Frente a esta iniciativa, las posiciones políticas aparecen enfrentadas. La diputada opositora Elena Pachucute cuestionó los resultados de la disposición: “No estamos de acuerdo en ampliar el estado de excepción. De nada sirve, el gobierno no soluciona los problemas de la gente”. Desde la bancada oficialista, en cambio, Claudia Bilbao defendió su continuidad: “La gente necesita seguridad en las calles y seguridad jurídica para seguir trabajando. La ampliación es necesaria”.

Los gremios empresariales también reclaman la prórroga y plantearon además una ley de alcance nacional contra los cortes de rutas. Por el momento, solo la Asamblea Legislativa de Santa Cruz sancionó una norma con ese objetivo, circunscripta a su propio territorio.

De concretarse, la extensión mantendría vigente el estado de excepción hasta fin de año, cuando el Ejecutivo anunció que eliminará por completo el subsidio a los carburantes, una medida de alto costo fiscal y una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para desembolsar un crédito de 1.900 millones de dólares. El beneficio ya había sido reducido parcialmente hace nueve meses.

Paz arrastra, a su vez, complicaciones que provienen de administraciones previas, entre ellas el descenso en la producción de hidrocarburos, dificultades para importar combustibles y otros productos, escasez de divisas e inflación. En casi un año de gestión, el mandatario no consiguió revertir ese panorama y su gobierno atravesó episodios de escándalo que, para analistas consultados, debilitaron aún más su imagen pública.

En esa línea, la analista Jimena Costa planteó ante medios locales que “el gobierno usó el estado de excepción para desmovilizar a los sindicatos, pero no para resolver los problemas y ahora está en mayor fragilidad política”.

(Con información de AP y DW)

Las exportaciones de El Salvador crecieron en valor y volumen, según afirmó Karla Méndez, directora de Asuntos Técnicos de Camarasal. La representante indicó que los envíos al exterior registraron un aumento de 4.4 % en dinero y cerca de 11 % en volumen.

“Estamos enviando más volumen, más productos”, sostuvo Méndez. La directora señaló que el incremento no solo se refleja en el valor de las exportaciones, sino también en la cantidad de bienes enviados, una tendencia que, según planteó, puede abrir oportunidades para que más empresas busquen mercados fuera del país.

Ese comportamiento, de acuerdo con las representantes de Camarasal, coincide con otros indicadores de la economía salvadoreña. Leticia Escobar, presidenta de la gremial, indicó que el Producto Interno Bruto creció 4.8 % durante el primer trimestre de 2026 y que el Indicador de Actividad Económica alcanzó una variación de 5.6 % a junio.

Escobar afirmó, durante la entrevista en Frente a Frente, que el sector de la construcción encabeza parte del dinamismo de la actividad económica. También sostuvo que la seguridad es uno de los aspectos que los inversionistas consideran cuando llegan al país para conocer las condiciones antes de evaluar posibles proyectos.

“Vienen, exploran El Salvador y deciden quedarse e invertir en El Salvador”, expresó Escobar. La presidenta vinculó esa percepción con la llegada de inversión y con los resultados de los indicadores económicos que mencionó durante la entrevista.

Méndez añadió que las proyecciones de crecimiento para El Salvador fueron ajustadas al alza. Según indicó, el Fondo Monetario Internacional estima una expansión superior al 4 % para el país en 2026, mientras que el sector empresarial debe prepararse para que ese dinamismo alcance a otras actividades.

El Salvador Trade Expo 2026 busca aprovechar la oferta exportable

Para ampliar las oportunidades comerciales de las empresas salvadoreñas, Camarasal e Invest in El Salvador organizarán El Salvador Trade Expo 2026 los días 12 y 13 de octubre.

La feria estará dirigida a compañías interesadas en presentar su oferta, conocer posibles compradores y establecer contactos para concretar negocios.

Escobar afirmó que la actividad contará con más de 100 potenciales compradores. Las empresas que participen podrán exhibir sus productos y servicios, además de acceder a reuniones de negocios previamente organizadas con personas o compañías interesadas en adquirir bienes o contratar servicios.

“En esta ocasión se los traemos acá a nuestro país, esos potenciales compradores”, señaló Escobar. La dirigente explicó que asistir a ferias o ruedas de negocios internacionales puede resultar costoso para empresas pequeñas, medianas o que todavía están en una etapa de expansión.

La feria tendrá una estructura multisectorial. Méndez mencionó que incluirá comercio minorista, alimentos, bebidas, bienes de consumo, servicios y tecnología, con el propósito de mostrar una parte de la oferta que ya se produce en El Salvador.

Además de los espacios de exhibición, la programación incluirá conferencias y reuniones entre empresas. Méndez explicó que esos encuentros permitirán un contacto directo entre quienes ofrecen productos o servicios y compradores que buscan proveedores para sus operaciones.

“Vamos a tener estas citas B2B paralelamente durante la actividad”, afirmó Méndez. Según planteó, las reuniones buscan facilitar conversaciones entre compañías que comparten intereses de compra, venta, distribución o apertura de nuevos canales comerciales.

Lo Nuestro es Calidad acompañará la promoción empresarial

La feria se suma a la segunda edición de Lo Nuestro es Calidad, una campaña de Camarasal que surgió en 2025. Escobar explicó que la respuesta de empresarios ante la primera edición llevó a la gremial a mantener la iniciativa y darle carácter institucional.

La campaña busca mostrar el trabajo de las empresas salvadoreñas, la producción de bienes, la prestación de servicios y la generación de empleo. También pone el foco en el conocimiento, la innovación y la inversión que hay detrás de las marcas y de sus procesos.

“Lo que hacemos en El Salvador es sinónimo de calidad”, afirmó Escobar. La presidenta planteó que el reconocimiento a la producción salvadoreña debe ir más allá de septiembre, mes en el que el país conmemora su independencia.

Méndez explicó que la campaña tendrá como concepto “Reconocé la huella salvadoreña detrás de cada empresa”. La propuesta apunta a visibilizar a las personas que participan en la fabricación, distribución y atención vinculada con productos y servicios ofrecidos en el mercado.

La directora invitó a las empresas a compartir sus historias y mostrar a los equipos que sostienen sus operaciones. También convocó a los consumidores a conocer qué hay detrás de las marcas que encuentran en comercios, supermercados o servicios que contratan.

La campaña asocia el consumo local con la calidad

Al explicar el enfoque de Lo Nuestro es Calidad, Escobar aclaró que la iniciativa no propone consumir productos salvadoreños únicamente por su procedencia. La presidenta sostuvo que la invitación se basa en la calidad de la oferta y en la capacidad de las empresas para competir dentro y fuera del país.

La dirigente afirmó que detrás de cada negocio hay emprendedores que decidieron invertir en El Salvador. Según señaló, esas decisiones se traducen en generación de empleos, incorporación de tecnología, desarrollo de productos y búsqueda de nuevos mercados para sus operaciones.

“Ese es el verdadero nacionalismo: creer en El Salvador”, manifestó Escobar. La presidenta relacionó esa postura con la decisión de empresarios que mantienen, desarrollan o amplían sus actividades en el país.

Méndez señaló que los productos y servicios salvadoreños ya tienen presencia en mercados internacionales. A su juicio, el aumento de las exportaciones muestra que varias empresas han logrado responder a demandas de compradores fuera del país.

La directora también invitó a consumidores y empresas a utilizar canales digitales. Durante la entrevista, afirmó que la presencia en esos espacios incide en las opciones que los clientes tienen al momento de realizar una compra o contratar un servicio.

Business Connect abordará tendencias y temporada navideña

Como parte de las actividades dirigidas al sector empresarial, Méndez anunció que Camarasal realizará, a finales de septiembre, un encuentro que combinará Business Connect e Innovation Summit. La actividad abordará tendencias, cambios en el mercado y formas en las que las empresas pueden adaptarse.

La directora recomendó que las compañías se preparen para la temporada navideña. Propuso revisar los datos de ventas, las condiciones del mercado y las preferencias de los clientes antes de definir promociones, campañas comerciales o medidas relacionadas con inventarios.

“Los datos son valor, pero depende de cómo se utilicen”, afirmó Méndez. Según explicó, la información debe servir a las empresas para conocer mejor su mercado, identificar qué buscan sus clientes y tomar decisiones sobre productos, promociones y estrategias de venta.

Camarasal promueve que las empresas no compitan únicamente por precio. Méndez planteó que cada negocio debe identificar qué lo diferencia, qué ofrece a sus clientes y por qué una persona podría preferirlo frente a otra alternativa disponible en el mercado.

La directora sostuvo que la competencia puede beneficiar al sector empresarial cuando se desarrolla de forma leal. También indicó que las empresas deben tener claridad sobre su propuesta ante consumidores que cuentan con más información y más opciones al momento de comprar.

Méndez pidió calcular la rentabilidad de las promociones antes de anunciarlas. Mencionó los paquetes corporativos, los regalos y las campañas navideñas como opciones que las empresas pueden considerar para aumentar sus ventas durante los meses de mayor consumo.

El Gobierno de Honduras confirmó que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará al país entre finales de octubre y la primera semana de noviembre de 2026 para realizar la sexta revisión del programa económicovigente, en una visita que también marcará el inicio de conversaciones sobre un eventual nuevo acuerdo para los próximos años.

La confirmación fue realizada por el ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, quien explicó que sostuvo un encuentro con Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, durante el cual se ratificó la fecha prevista para la visita de la misión internacional.

“Estuvimos con Nigel Chalk, que es el director para el hemisferio occidental para el Fondo Monetario, que nos ha dado a conocer que nos ha confirmado que va a estar aquí en Honduras para lo que va a ser la sexta visita y la revisión del programa”, explicó el funcionario.

De acuerdo con Hernández Hércules, la misión se desarrollará entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del programa que Honduras mantiene actualmente con el organismo financiero internacional.

El ministro señaló que el Gobierno espera que esta sexta revisión pueda concluirse con normalidad y permita completar el programa vigente, al tiempo que el país pueda acceder a los recursos que todavía están pendientes de desembolso y que corresponden dentro del acuerdo.

Honduras prepara un nuevo programa con el FMI

Más allá de la revisión final, el Gobierno hondureño ya contempla iniciar conversaciones con el FMI para un nuevo programa económico que tendría una duración de aproximadamente tres años y medio, período que coincidiría con buena parte del mandato de la actual administración.

Hernández Hércules explicó que el programa vigente fue diseñado para traslapar dos gobiernos, cada uno con posiciones ideológicas diferentes, por lo que la administración actual pretende plantear un nuevo esquema acorde con su visión económica.

“Recordemos que el programa actual era un programa que traslapaba dos gobiernos con un pensamiento ideológico muy distinto”, manifestó el titular de Finanzas.

Según el funcionario, el nuevo planteamiento estaría orientado a impulsar el crecimiento económico, pero bajo medidas de disciplina fiscal y dentro de los parámetros establecidos por la legislación hondureña.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno mantendrá como uno de sus principales principios la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, normativa que establece reglas para el manejo de las finanzas públicas y busca limitar desequilibrios que puedan comprometer la estabilidad económica del país.

“Este es un gobierno de crecimiento económico que va a llevarse a cabo mediante medidas estrictas bajo la ley de responsabilidad fiscal que siempre hemos abanderado”, afirmó Hernández Hércules.

El eventual nuevo programa será, por tanto, uno de los temas que comenzarán a discutirse paralelamente al cierre del acuerdo actual. Para el Ejecutivo, la negociación representaría una oportunidad para establecer una nueva hoja de ruta económica que acompañe sus prioridades durante los próximos años.

FMI destaca acciones económicas de Honduras

Durante los encuentros con representantes del organismo internacional, el Gobierno también recibió, según Hernández Hércules, una valoración positiva sobre algunas de las medidas económicas implementadas por Honduras.

El ministro aseguró que el FMI ha “aplaudido” varias de las acciones adoptadas por la administración y que existe particular atención internacional sobre los problemas que enfrenta Honduras a causa de la sequía, una situación que, según explicó, también está afectando a otros países de la región.

La falta de lluvias ha generado presiones sobre diferentes sectores productivos y también representa un desafío para el sistema energético hondureño, debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica.

Para el funcionario, el tratamiento de esta problemática requiere una visión que trascienda las fronteras nacionales, debido a que la sequía se ha convertido en un problema regional que puede tener consecuencias sobre la producción, los precios y la generación de electricidad.

Reformas energéticas reciben respaldo

Otro de los asuntos destacados por el titular de Finanzas fue la aprobación de las reformas energéticas, que el Gobierno considera un paso importante para enfrentar la situación financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Hernández Hércules afirmó que no solamente el FMI ha valorado positivamente estas reformas, sino que también han recibido respaldo de agencias del Gobierno de Estados Unidos.

El funcionario calificó la aprobación de estas medidas como un paso “trascendental” para Honduras y defendió que las modificaciones planteadas no constituyen un experimento, sino que se basan en mecanismos que ya han sido aplicados en otros países de Centroamérica.

“No estamos inventando el agua caliente”, expresó el ministro al referirse a las reformas, y señaló que mecanismos similares ya han funcionado en países como Guatemala y El Salvador, donde, según sostuvo, han generado resultados positivos.

Para el Gobierno hondureño, estas reformas forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar la situación de la ENEE, empresa estatal que durante años ha acumulado problemas financieros y operativos.

Hernández Hércules, sin embargo, reconoció que las reformas energéticas constituyen solamente una parte de la solución. “Esta solamente es una pieza en el rompecabezas, que es salvar la ENEE”, afirmó.

La llegada de la misión del FMI se producirá así en una etapa relevante para la política económica de Honduras, ya que además de evaluar el cumplimiento de los compromisos del programa vigente, podría sentar las bases para una nueva negociación entre el organismo internacional y el Gobierno.

La sexta revisión será determinante para cerrar el actual acuerdo y avanzar hacia la obtención de los recursos que todavía están pendientes. Posteriormente, las conversaciones sobre un nuevo programa permitirán discutir las metas económicas y fiscales que Honduras deberá cumplir durante los próximos años.

Con la visita prevista para finales de octubre y comienzos de noviembre, el Gobierno de Nasry Asfura busca mantener la relación con el FMI y utilizarla como parte de su estrategia para fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas, impulsar el crecimiento y avanzar en las reformas consideradas prioritarias para el país.

El Ejecutivo también tendrá que enfrentar durante este proceso desafíos como la sequía, la situación financiera de la ENEE y las presiones fiscales, asuntos que podrían formar parte de las discusiones con el organismo internacional mientras Honduras define la ruta económica que seguirá durante los próximos tres años y medio.

El Salvador llega al quinto aniversario de la Ley Bitcoin con un uso limitado de la criptomoneda entre la población, pero con un nuevo foco regulatorio: la tokenización de activos como vía de financiamiento para empresas, proyectos inmobiliarios y actividades agrícolas fuera del crédito bancario tradicional.

Desde la aprobación de la Ley Bitcoin, que entró en vigencia el 7 de septiembre de 2021, y luego de las reformas que eliminaron la obligación general de aceptar pagos en Bitcoin, el ecosistema regulatorio avanzó hacia la Ley de Emisión de Activos Digitales, que habilitó operaciones de tokenización. Esta herramienta ahora abre la posibilidad de facilitar el acceso a capital para negocios que no logran financiamiento por las vías bancarias tradicionales, explicó Fabián Delgado, gerente de desarrollo de negocios para Colombia y Latinoamérica de Bitfinex en entrevista con Infobae.

El especialista indica que el principal aporte de ese marco consiste en ampliar el acceso a la inversión y a la liquidez. “La tokenización viene a democratizar el acceso a la inversión”, afirmó.

Delgado señaló que los mercados financieros suelen exigir capital previo, historial crediticio o intermediarios, condiciones que excluyen a amplios sectores de la población. Bajo el esquema de tokenización, un activo puede dividirse en partes más pequeñas para que los interesados participen con montos menores. “Cuando un activo lo puedes fraccionar, el inversor ya no necesita comprar una unidad completa”, explicó.

Bitfinex inició operaciones en El Salvador el 31 de enero de 2024, nueve meses después de recibir su licencia como operador bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales. Luego la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador le otorgó en mayo de 2026 una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP). Con esa autorización, la plataforma sumó nuevas operaciones reguladas en el país, donde ya funcionan Bitfinex Securities y Bitfinex Derivatives.

Las Mypes podrían buscar capital para proyectos de expansión

El potencial de la tokenización cobra relevancia en un país donde las micro y pequeñas empresas (mypes) ocupan un lugar central en la actividad económica, pues representan más del 90% del sector empresarial salvadoreño. Para Delgado, una empresa que proyecta abrir nuevos locales, ampliar la producción o incorporar equipos puede estructurar una emisión de activos digitales con el objetivo de captar recursos de distintos inversionistas.

El primer paso, según expuso, es que la pequeña empresa determine la finalidad del financiamiento y el monto requerido. Después debe preparar un plan de negocios que detalle el destino de los recursos, las proyecciones de retorno y las condiciones que recibirán quienes aporten capital.

“Necesito X cantidad de dinero y a cambio voy a dar, pongo un ejemplo, rendimientos del 10 por ciento anual a mis inversionistas durante tres años”, planteó Delgado al describir una posible estructura de emisión.

Destacó que las mypes no necesitan desarrollar por cuenta propia la infraestructura tecnológica ni conocer los procesos técnicos detrás de los tokens para acceder a financiamiento. El especialista indicó que las plataformas autorizadas pueden acompañar la emisión dentro del marco jurídico salvadoreño. “Ellas (mypes) no necesitan conocer cómo funciona la tecnología, cómo se emiten los tokens ni nada, sino que nosotros nos encargamos precisamente de hacer ese acompañamiento”, afirmó.

Agregó que el mecanismo supone obligaciones para los emisores y que las empresas deben ofrecer información clara sobre el proyecto, el uso de los fondos, así como las condiciones de pago o rendimiento, ya que para los inversionistas la oportunidad también implica riesgos, pues el retorno depende de la evolución del negocio financiado y de los términos de cada emisión.

El agro y el sector inmobiliario aparecen entre los rubros con mayor potencial

Delgado identificó también al sector inmobiliario como uno de los ámbitos con más posibilidades de uso de la tokenización en El Salvador. Un proyecto de vivienda, un desarrollo comercial o la compra de un inmueble pueden dividirse en participaciones digitales, con lo que se reduce el capital inicial requerido de cada inversionista, ejemplificó.

Asimismo, mencionó al sector agropecuario, donde productores y pequeños agricultores enfrentan dificultades para obtener préstamos formales para cultivos, cosechas o compra de insumos. “Los campesinos muchas veces necesitan financiar cultivos, cosechas y demás, y a veces para ellos es súper difícil acceder a créditos por medio del sistema tradicional”, afirmó.

Para este tipo de productores, una emisión digital podría reunir recursos de varios aportantes bajo condiciones definidas de antemano. La propuesta depende de que los proyectos tengan una estructura financiera verificable, una previsión sobre sus ingresos y mecanismos de protección para las partes involucradas.

La adopción de estos modelos aún enfrenta barreras de conocimiento, señaló Delgado, quien sostuvo que la educación financiera y tecnológica debe acompañar cualquier expansión del mercado de activos digitales. “A veces las personas por desconocimiento quizás no lo usan, no lo adoptan y se pierden de grandes oportunidades”, mencionó.

El uso de Bitcoin sigue siendo limitado entre la población

Ese desafío coincide con los datos sobre el uso de Bitcoin en la población. Encuestas locales indican que más del 90% de los salvadoreños ha declarado que no utilizó la criptomoneda y datos del Banco Central de Reserva indican que menos del 1% de las remesas son enviadas mediante billeteras digitales.

Más bien, el uso de los activos digitales se concentra en entusiastas del sector y en algunos segmentos económicos, pero aún persiste desconfianza en la volatilidad de los criptoactivos.

Javier Milei aseguró en una entrevista a The Economist que las islas Malvinas son “inequívocamente” argentinas y volvió a plantear el acuerdo entre el Reino Unido y China sobre Hong Kong, en 1997, como modelo diplomático para recuperarlas. “El Reino Unido hizo esto con Hong Kong, entonces ¿por qué no encontrar el acuerdo para que más tarde o más temprano las islas vuelvan a la Argentina? Son nuestras”, afirmó en el reportaje que el medio británico publicó hoy.

El antecedente que cita Milei es el acuerdo sino-británico de 1984, por el cual Londres se comprometió a devolver Hong Kong a China en 1997 bajo la fórmula “un país, dos sistemas”. El pacto, firmado por Margaret Thatcher y el premier chino Zhao Ziyang, establecía que el territorio conservaría su autonomía jurídica, económica y política durante medio siglo. La transferencia se concretó el 1° de julio de 1997, poniendo fin a 156 años de dominio británico.

La publicación -además- hizo referencia al “endurecimiento del reclamo” de la Argentina que significó la cadena nacional que el Presidente brindó en la noche del jueves, flanqueado por su gabinete donde, entre otros conceptos, declaró que “vientos de cambio” favorecerían la disputa sobre la soberanía del archipiélago. Esa frase remitió a declaraciones formuladas ese mismo día por Donald Trump.

Según The Economist, Milei había sostenido hasta el momento un discurso mesurado sobre la cuestión Malvinas, al punto de recibir críticas de sectores opositores por su moderación. En la entrevista, sin embargo, repitió en varios pasajes que se trata de un territorio argentino y que buscaba abrir conversaciones con Gran Bretaña sobre el futuro de las islas.

“No decidimos empezar a gritar como salvajes”, sostuvo Milei. El mandatario -según la publicación- descartó cualquier intención de repetir la decisión de la entonces dictadura militar de invadir las islas en 1982, un conflicto que dejó 907 víctimas: 649 militares argentinos, 255 soldados británicos y tres isleños. “No creemos en la guerra”, indicó.

La respuesta oficial de Gran Bretaña al reclamo argentino llegó rápido. El canciller británico, Ed Miliband, sostuvo que el respaldo de su país al derecho de los isleños a determinar su propio futuro es “inquebrantable”, y recordó que en el referéndum de soberanía de 2013, 1.513 de los 1.517 isleños que votaron eligieron seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, con una participación del 92%.

Consultado sobre los riesgos de reabrir la confrontación con Londres —entre ellos un posible bloqueo británico a la venta de armamento o un freno a un eventual acuerdo de libre comercio bilateral—, Milei admitió: “Por supuesto, hay algunos efectos secundarios y necesitan ser destacados y considerados”.

Argentina busca atraer mayor inversión extranjera directa en sus sectores minero, de petróleo y gas, y agrícola, áreas en las que ya participan empresas británicas como el conglomerado minero Rio Tinto. Según el análisis de la publicación, Gran Bretaña también tiene capacidad de influir en la relación entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo clave en el plan de estabilización económica de Milei.

Por otro lado, The Economist vinculó el recrudecimiento del reclamo con un “debilitamiento de la posición política interna del presidente”. Milei confirmó en la entrevista su intención de buscar la reelección en octubre de 2027, apoyado en sus políticas de reducción de la inflación, achicamiento del Estado, recorte de subsidios y apertura comercial.

“Incómodamente para el señor Milei, sin embargo, la aprobación de los votantes hacia su gobierno ha ido en descenso. Los encuestadores sugieren que tiene alrededor de un 50% de probabilidades de ser reelecto el año próximo. Los votantes están satisfechos de que la inflación desbocada se haya moderado. Pero de todos modos se quejan de la falta de creación de empleo formal, el bajo crecimiento económico, las denuncias de corrupción de los políticos y el alto costo de vida actual, causado en parte por la pérdida de subsidios a la energía y el transporte”, menciona la publicación.

En otro pasaje de la entrevista, y consultado sobre el enfoque geopolítico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el hemisferio occidental, Milei respondió: “Lo que puedo decir es que la estrategia en términos de la forma en que él percibe el equilibrio geopolítico, creo que es simplemente brillante.” El presidente elogió también al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por su rol en lo que definió como una “lucha por Occidente” y sugirió que Europa debería ser “más respetuosa hacia los dos, Trump y Netanyahu”.

The Economist cerró su análisis con un contraste histórico: “Milei solía ser afecto a elogiar a Margaret Thatcher por sus reformas económicas liberales en Gran Bretaña. La mayoría de los argentinos aborrece a Thatcher como la líder que ordenó una fuerza de tareas británica para liberar las Malvinas. Ahora parece que pulir sus credenciales nacionalistas se está volviendo más importante para el señor Milei, aun cuando fueron sus principios económicos los que le dieron el poder”.

El Gobierno de Bolivia envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, destinado a respaldar un programa de reformas económicas a implementarse en tres años y contribuir a cubrir las necesidades de financiamiento durante el “periodo de transición”.

El documento, que fue derivado a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, plantea la aprobación de un empréstito por 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), una unidad de cuenta del FMI que equivale a los 1.900 millones de dólares que el Gobierno anunció en julio pasado.

El proyecto justifica la necesidad del financiamiento internacional por los desequilibrios fiscales y externos que enfrenta Bolivia, entre ellos “déficits fiscales persistentes, menores ingresos y exportaciones de hidrocarburos, reducción de la liquidez de las reservas internacionales, restricciones de divisas, presiones inflacionarias y mayores necesidades de financiamiento del sector público”.

En ese contexto, el documento señala que estos recursos buscan respaldar un programa integral de reformas y cubrir las necesidades económicas durante el “periodo de transición”. “El financiamiento del FMI respalda el programa económico definido por las autoridades bolivianas y no sustituye la competencia del Estado para adoptar decisiones de política económica”, establece.

Sin embargo, no se conocen de manera pública cuáles son las reformas que están previstas en el programa del Gobierno, sus metas ni plazos, así como tampoco los compromisos asumidos, en ese marco, con el FMI.

Para el analista económico Gonzalo Chávez, el financiamiento es favorable porque puede fortalecer las reservas, aliviar las necesidades fiscales y facilitar recursos adicionales de otros organismos. Sin embargo, advierte que es necesario conocer los compromisos que asume el Estado boliviano y el programa que se tiene previsto implementar.

“El proyecto explica razonablemente el crédito, pero todavía no permite conocer con suficiente detalle el programa”, señaló el analista y agregó que antes de votar, la Asamblea debería conocer aspectos como “los memorandos económicos y técnicos, las acciones previas, metas fiscales, monetarias y de reservas, cronograma y condiciones de cada desembolso”, entre otros aspectos.

“La urgencia no justifica aprobar a ciegas, pero la transparencia tampoco debería convertirse en pretexto para bloquear recursos necesarios. El crédito puede ser un puente; la responsabilidad de la Asamblea Legislativa es comprobar que los 1.900 millones de dólares conduzcan hacia una economía sostenible y no simplemente financien el camino de regreso al mismo precipicio, pero con más deuda”, agregó.

Hasta el momento, las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa no han definido una posición en bloque sobre el crédito con el FMI, aunque varios legisladores tanto del oficialismo como de la oposición se han pronunciado a favor de su aprobación, principalmente por la necesidad de recursos para enfrentar la crisis económica.

Sin embargo, tras conocerse el contenido del proyecto de ley surgieron algunas observaciones. La diputada de Alianza Popular (AP) Claudia Herbas pidió conocer “a profundidad” el acuerdo con el organismo y cuestionó que la Asamblea avance en su aprobación sin contar con información suficiente sobre las condiciones asumidas por el Estado.

Según se lee en el proyecto, el préstamo contempla una tasa de interés básica anual de 3,479%, sujeta a variaciones según la cotización de los DEG. También establece que la amortización del capital comenzará a partir de los 4 años y 6 meses, mientras que el plazo de repago será de hasta 10 años a partir de cada desembolso.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la billetera Chivo quedó bajo control privado y que la acumulación reciente de Bitcoin en El Salvador no implicó el uso de recursos públicos, como parte del acuerdo técnico alcanzado para las revisiones segunda y tercera del programa financiero vigente con el país.

El comunicado, difundido el 3 de septiembre, señala que el Gobierno redujo de forma sustancial su participación en Chivo. La propiedad mayoritaria y el control operativo de la plataforma pasaron a manos de un operador privado, mientras que el Estado mantuvo una participación minoritaria y la custodia de los activos de los usuarios, asegura el organismo.

La definición forma parte de las condiciones acordadas entre las autoridades salvadoreñas y el organismo para avanzar en el programa de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI por un monto total de USD 1,400 millones. El entendimiento todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo y el cumplimiento de medidas previas para habilitar un nuevo desembolso de aproximadamente USD 140 millones. Hasta ahora, El Salvador ha recibido 172.32 millones de derechos especiales de giro.

El Fondo vincula la reducción estatal en Chivo con su agenda de reformas

El Fondo indicó que el cambio en la estructura de Chivo se suma a un conjunto de compromisos sobre las políticas vinculadas a activos digitales. Las partes acordaron actualizar el marco legal, regulatorio y de supervisión para este mercado, además de reforzar los mecanismos de gobernanza y gestión de riesgos aplicables a las tenencias de criptoactivos del sector público.

La billetera fue uno de los instrumentos centrales de la estrategia impulsada por el presidente Nayib Bukele tras la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021. En enero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó cambios que eliminaron la obligación de los comercios de aceptar pagos con esa criptomoneda y redujeron el papel estatal en su promoción y uso.

En su nueva declaración, el FMI sostuvo: “La participación pública en Chivo se ha reducido sustancialmente”. El organismo agregó que continuarán los esfuerzos para aportar mayor transparencia sobre las tenencias de Bitcoin distribuidas en las distintas billeteras bajo control estatal.

El organismo asegura que los bitcoins provinieron de donaciones privadas

El punto más sensible del comunicado se refiere al crecimiento de la reserva de Bitcoin de El Salvador. Según el FMI, la acumulación registrada desde la primera revisión del programa se explicó por donaciones privadas, por lo que no implicó la utilización de fondos públicos.

El organismo también indicó que no prevé nuevas acumulaciones de Bitcoin, salvo aquellas que respondan a donaciones debidamente documentadas. La precisión busca establecer un límite a la exposición estatal a las criptomonedas dentro del acuerdo financiero.

La explicación del FMI contrasta con los datos de la gubernamental Oficina Nacional de Bitcoin que indica que la reserva estratégica salvadoreña supera las 7,764 monedas hasta el 3 de septiembre de 2026. De acuerdo con datos oficiales publicados en el portal bitcoin.gob.sv y recogidos por Infobae, esos activos tienen un valor de casi USD 632 millones al precio de este jueves.

En diciembre de 2025, el volumen era de 7,517 Bitcoin. El reporte describió ese aumento como resultado de una política de adquisición diaria de una moneda, una práctica que el Gobierno había mantenido durante meses.

La reserva de Bitcoin quedó bajo revisión dentro del acuerdo financiero

La declaración del Fondo introduce una diferencia entre la evolución informada por las autoridades sobre la reserva y el origen de las monedas incorporadas después de la primera revisión del programa. Para el FMI, esos incrementos deben atribuirse a aportes privados, sin desembolsos procedentes del presupuesto público.

El acuerdo técnico no detalla el valor ni el origen individual de las donaciones que, según el organismo, explican el aumento de las tenencias. Tampoco precisa cuáles son las billeteras incluidas en el proceso de transparencia anunciado.

La aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI definirá la continuidad de los desembolsos bajo el Servicio Ampliado. El programa fue aprobado el 26 de febrero de 2025 por un total de aproximadamente USD 1,400 millones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está considerando abrir una oficina local en Venezuela, estableciendo así una representación permanente en el país por primera vez en años, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El organismo con sede en Washington busca intensificar su asistencia técnica al país ahora que Venezuela ha comenzado a compartir más datos económicos con el FMI, indicaron las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada. La idea ha sido tema de conversaciones con funcionarios venezolanos, pero aún no se ha tomado una decisión final, agregaron las fuentes.

Representantes del gobierno venezolano no respondieron a la solicitud de comentarios. Un portavoz del FMI afirmó que el Fondo ha mantenido un contacto cercano con las autoridades venezolanas a medida que profundizan su colaboración con el país.

Esta iniciativa se produce aproximadamente cinco meses después de la reanudación formal de la colaboración de Venezuela con el FMI bajo la administración interina de Delcy Rodríguez. Tras años de aislamiento, altos funcionarios del FMI estuvieron en Caracas a finales de julio por primera vez en más de dos décadas. Tras esa visita, se llevó a cabo una misión más amplia del personal del FMI que concluirá esta semana, según informaron fuentes cercanas.

Un portavoz del FMI indicó que actualmente hay un equipo técnico en Caracas para abordar el desarrollo de capacidades, el suministro de datos y el fortalecimiento institucional.

El FMI no ha realizado su revisión anual estándar de la economía del país —conocida como la consulta del Artículo IV— desde 2004. Venezuela ha reanudado recientemente la publicación de datos económicos clave tras años de publicaciones irregulares, incluyendo la inflación y el producto interno bruto.

El gobierno, con dificultades financieras, también ha colaborado estrechamente con la administración Trump para abrir el país, rico en petróleo, a la inversión extranjera y sentar las bases para la reestructuración de su deuda tras casi una década de impago.

Los llamados representantes residentes están destinados en las oficinas locales, lo que permite a los funcionarios en Washington estrechar lazos con los países miembros y al personal del FMI brindar asistencia técnica y asesoramiento sobre el terreno. El Fondo abrió su primera oficina local en un país miembro en 1956 en Paraguay, seguida de Bolivia y Haití ese mismo año.

La asistencia técnica es una forma clave de apoyo no financiero que el fondo ofrece a sus miembros para fortalecer instituciones como los bancos centrales y las agencias estadísticas.

(c) 2026, Bloomberg

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia ocupará el puesto 44 de la economía mundial hacia 2030 entre 150 países medidos por Producto Interno Bruto (PIB) nominal. Esa estimación la sitúa en el cuarto lugar a nivel regional, solo por detrás de Brasil, México y Argentina en América Latina, con un tamaño previsto de USD0,63 billones.

La medición toma el valor total de bienes a precios actuales y convierte cada cifra a dólares de acuerdo con las cotizaciones de mercado. El FMI precisa que sus Perspectivas de la Economía Mundial son estimaciones sujetas a ajustes, con revisiones generales dos veces al año y boletines intermedios adicionales.

Dentro del escenario, Colombia aparece como uno de los países con mayor margen para ganar peso relativo en los próximos años. El planteamiento no la proyecta como una economía del grupo de las 20 primeras, pero sí como un mercado con opciones de ampliar su posición.

El lugar de Colombia frente a las mayores economías de América Latina

En la comparación regional, Brasil figura como el único país latinoamericano dentro de los 10 primeros puestos del mundo. En 2026, su PIB nominal rozará los USD2,64 billones, con lo que ocupará la décima plaza.

Dicha cifra deja a Brasil cerca de:

• Rusia: USD2,66 billones.
• Italia: USD2,74 billones.

También lo pone por delante de Canadá, que aparece en la casilla 11 con USD2,51 billones.

Más abajo se ubican:

• Australia: en el puesto 12 con USD2,124 billones.
• México: en el puesto 13 con USD2,121 billones.
• España: en el puesto 14 con USD2,091 billones.

El FMI prevé además una expansión real de 1,9% para Brasil en 2026 y de 1,6% para México.

La posición brasileña “responde al tamaño acumulado de su aparato productivo y al valor de esa producción expresado en dólares, más que a una aceleración coyuntural”. Hacia 2030, América Latina avanzará con el peso de Brasil y México.

Contexto global de las proyecciones del FMI

En la cima mundial, Estados Unidos conserva el primer lugar con un PIB nominal cercano a USD32,38 billones. China se mantiene segunda con20,85 billones, mientras el grupo principal se completa con Alemania, Japón, Reino Unido e India.

La actualización de julio del FMI prevé que Estados Unidos crecerá 2,3% este año. Para China, la proyección de expansión real es de 4,6%. Sobre el desempeño chino, el organismo advierte que “El país necesita fortalecer el consumo interno y reducir su dependencia de la inversión para sostener el avance”. India, por su parte, registra un crecimiento de 6,4%, el mayor entre las principales economías del bloque.

Frente a esto, el FMI calcula que la economía mundial crecerá 3%. A la vez, mantiene alertas por tensiones geopolíticas, barreras comerciales y niveles elevados de deuda.

Lo que el FMI ve en Colombia hacia 2030

El contraste regional también marca el punto de partida de Colombia. Brasil aparece con una ventaja de escala, apoyada en un mercado de más de 200 millones de habitantes, una base industrial y agroindustrial amplia, recursos naturales y potencial en energías renovables, biocombustibles, minerales críticos y una economía de bajas emisiones.

México, a su vez, se apoya en otra clase de fortaleza. El informe le explica una posición geoeconómica favorable, una base manufacturera diversificada e integrada a cadenas globales de valor, además de su vínculo con Estados Unidos y Canadá y la relocalización de cadenas productivas.

Para Colombia, el FMI reserva una definición ligada a sus posibilidades de transformación más que a su tamaño inmediato. El organismo sostiene que “su oportunidad está en aprovechar simultáneamente su posición geográfica, biodiversidad, recursos energéticos y minerales, potencial de energías renovables, agroindustria y servicios basados en conocimiento”.

Dicho análisis pone al país en una ruta distinta a la de las mayores economías de la región. Su avance, según la proyección, dependerá menos de igualar la escala de Brasil o la plataforma industrial de México que de convertir sus ventajas naturales y productivas en mayor peso económico.

El Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito flexible de USD 11.800 millones para Chile, en un acuerdo de dos años que el país mantendrá como respaldo ante un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, presiones comerciales y señales de desaceleración en la economía global.

La decisión quedó formalizada este miércoles por el Directorio Ejecutivo del organismo, que autorizó un monto equivalente al 500% de la cuota chilena en el Fondo. La herramienta no supone un desembolso automático ni la contratación inmediata de deuda por parte del Banco Central de Chile, sino la disponibilidad de recursos para ser utilizados solo si el país enfrenta un shock externo que afecte su balanza de pagos o sus condiciones financieras.

El nuevo programa reemplazó a la línea aprobada en agosto de 2024 y confirmó una reducción gradual en el acceso que Chile mantuvo desde el inicio de esta asistencia precautoria. El país recibió una primera línea en mayo de 2020 por USD 23.930 millones, otra en agosto de 2022 por USD 18.500 millones y una tercera en 2024 por USD 13.800 millones. La autorización vigente quedó fijada ahora en USD 11.800 millones.

El Banco Central sostuvo que el monto aprobado resultó adecuado como resguardo frente a eventuales riesgos externos en un entorno que todavía presenta alta incertidumbre. También recordó que esta fue la cuarta vez que el país accedió a una Línea de Crédito Flexible desde la pandemia y precisó que en ninguno de los acuerdos anteriores utilizó esos recursos.

Este tipo de instrumento está reservado para economías que exhiben fundamentos macroeconómicos sólidos y capacidad de respuesta ante episodios de tensión internacional. La línea permite a los países disponer de los fondos en cualquier momento dentro del período acordado, sin condicionalidades asociadas a un programa tradicional, aunque su existencia funciona sobre todo como una señal de respaldo financiero y fortaleza institucional.

En su evaluación, el Fondo indicó que la economía chilena atravesó una moderación en su crecimiento. El organismo señaló que la actividad minera perdió impulso de manera transitoria, aunque parte de ese efecto quedó compensado por el aumento del precio del cobre. También remarcó que la guerra en Oriente Medio agregó presión sobre la actividad económica por el encarecimiento del petróleo.

“El crecimiento económico de Chile se ha moderado, con una desaceleración temporal de la actividad minera parcialmente compensada por el aumento de los precios del cobre. La guerra en Oriente Medio ha afectado aún más la actividad debido al incremento de los precios del petróleo”, detalló en un comunicado el subdirector gerente y presidente interino del FMI, Kenji Okamura.

Entre los elementos valorados por el Fondo aparecieron la conducción fiscal, el manejo monetario y la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. El organismo consideró que Chile siguió una trayectoria fiscal prudente, orientada a resguardar la sostenibilidad de la deuda pública y a facilitar la convergencia de la inflación hacia la meta establecida por las autoridades.

El Fondo también señaló que las autoridades impulsaron medidas para elevar el crecimiento potencial. En ese marco incluyó reformas y planes orientados a dinamizar la inversión y ampliar la capacidad productiva. Entre las iniciativas mencionadas figuró el Plan Nacional de Reconstrucción, planteado como una vía para acelerar proyectos, simplificar permisos y reducir cargas que afectan la actividad económica.

(Con información de EFE)

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este martes que la economía mundial resistió mejor de lo previsto el impacto energético asociado al cierre del estrecho de Ormuz, pero enfrenta un deterioro fiscal creciente y mantiene riesgos a la baja.

La funcionaria hizo esa evaluación antes de la reunión de ministros de Economía del G20, en un escenario atravesado por inflación persistente, deuda elevada, tensiones comerciales y el efecto desigual de la guerra en Irán sobre los mercados de energía.

“La economía global está como el barco de la nueva película de Christopher Nolan, ‘La Odisea’. Al igual que ese navío azotado por la tormenta, resiste fuertes vientos en contra derivados de altos niveles de deuda, una inflación persistente y tensiones comerciales”, resumió Georgieva en un encuentro con periodistas.

Georgieva sostuvo que el panorama global mostró una capacidad de respuesta mayor a la esperada frente al shock sobre la oferta energética en el Golfo Pérsico, aunque remarcó que esa resistencia no despejó las amenazas que siguen pesando sobre la actividad.

Ella advirtió que las existencias de petróleo y gas se están agotando y que la llegada del invierno en el hemisferio norte suele empujar al alza el consumo de gas y combustibles como el gasóleo.

“Esto significa que la crisis energética aún no ha terminado. Un nuevo aumento en los precios del petróleo podría impulsar la inflación, obligando a los bancos centrales a mantener una política monetaria restrictiva, con graves consecuencias para los costos del servicio de la deuda y la actividad económica”, apuntó.

Por otro lado, la titular del FMI afirmó que los riesgos para la economía internacional quedaron más equilibrados que en abril, cuando el conflicto recién escalaba, pero aclaró que todavía se inclinan en sentido negativo por la presión sobre las cuentas públicas y por la posibilidad de que los bancos centrales prolonguen políticas monetarias restrictivas.

La economista búlgara describió la coyuntura como un tironeo entre dos fuerzas de signo opuesto. Por un lado, ubicó la disrupción en el suministro energético vinculada a Oriente Medio. Por el otro, señaló el empuje que genera la expansión de la inteligencia artificial, una ola de inversión que hasta hace poco se concentraba en Estados Unidos y que empezó a mostrar efectos en otras economías.

“El impacto neto de estas dos fuerzas es asimétrico entre países y depende de la exposición que cada uno tenga a las interrupciones energéticas, las vulnerabilidades macroeconómicas y su posición en la cadena de suministro de la IA”, mencionó.

Según explicó, esa combinación dejó un impacto dispar entre países, de acuerdo con su dependencia del petróleo del Golfo, sus vulnerabilidades macroeconómicas y su lugar en la cadena de suministro tecnológica.

Entre los factores que permitieron amortiguar el golpe energético, Georgieva mencionó la liberación de reservas de petróleo y gas, el aumento de la oferta por fuera del Golfo, una demanda energética más moderada, la ampliación de la capacidad renovable y el retorno al uso del carbón en algunos mercados. Ese conjunto de elementos permitió contener un deterioro mayor de la actividad global aun cuando los precios de la energía quedaron sometidos a una fuerte presión desde el inicio de la guerra.

La directora del FMI advirtió, de todos modos, que esa contención no resolvió el problema de fondo. Señaló que las reservas de hidrocarburos vienen bajando y recordó que la llegada del invierno en el hemisferio norte podría elevar otra vez la demanda de gas y derivados del petróleo. A partir de ese cuadro, alertó que un nuevo aumento del crudo podría reactivar la inflación y forzar a los bancos centrales a sostener tasas altas por más tiempo, con impacto sobre el costo de financiamiento, el servicio de la deuda y el nivel de actividad.

Georgieva puso el foco en la situación fiscal de varios países. Remarcó que una de las principales preocupaciones del momento pasa por el aumento de las presiones sobre las cuentas públicas, una tendencia que los mercados reflejan en el alza de los rendimientos de los bonos soberanos. A esa señal sumó otra inquietud: el proceso de desinflación perdió impulso en distintas economías, lo que limita el margen de acción de las autoridades monetarias y complica la normalización financiera.

“Un aumento de las presiones fiscales, evidenciado por el alza de los rendimientos de los bonos, y un proceso de desinflación estancado. Estos factores son motivo de preocupación tanto para los mercados como para los responsables políticos”, afirmó.

La evaluación del FMI llegó después de que el organismo recortó en julio, por segunda vez en el año, su proyección de crecimiento global a 3%. Esa revisión ya había reflejado un entorno internacional más frágil, aunque la jefa del organismo sostuvo ahora que la evolución reciente dejó una combinación menos desbalanceada que la observada en los meses iniciales de la crisis. Aun así, la incertidumbre permanece abierta por la evolución del conflicto, por el comportamiento de los precios energéticos y por la resistencia de la inflación en economías centrales.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

El Salvador registró un aumento en la inversión pública y una mejora en sus indicadores fiscales durante el período 2025-2026, según el informe de labores presentado por el Ministerio de Hacienda para dicho periodo. Los datos muestran avances en recaudación tributaria, mayor asignación de fondos a áreas sociales y una reducción del déficit fiscal, junto con una mejora en la calificación de riesgo país.

La inversión pública durante 2025 sumó $1.569,7 millones, lo que representa el 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB), según la Dirección General de Inversión y Crédito Público. El 65,8% de estos recursos se destinó a desarrollo social, con énfasis en programas de educación y cultura ($328,3 millones), salud ($116,5 millones) y asistencia social ($6,2 millones). El sector de desarrollo económico concentró el 31,6% de la inversión, con el subsector transporte y almacenaje en $443 millones, equivalente al 28,2% del total.

La tendencia se mantuvo entre junio de 2025 y mayo de 2026, período en el que la inversión pública ascendió a $1.624,8 millones. El sector social absorbió $1.022,3 millones, mientras que desarrollo económico utilizó $567,5 millones y el área de seguridad y justicia, $35 millones. Entre las instituciones con mayor ejecución figuran la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).

Financiamiento y estructura de la inversión

La inversión pública se financió principalmente con fuentes internas: $997,9 millones provinieron de recursos nacionales, de los cuales el fondo general aportó $863,5 millones y los recursos propios, $112,9 millones. Las fuentes externas sumaron $626,9 millones, con préstamos externos por $615,7 millones y donaciones por $11,2 millones.

El gobierno central ejecutó el 41,4% de la inversión, seguido por instituciones descentralizadas no empresariales (35,9%) y empresas públicas no financieras (10,3%). El resto correspondió a otras entidades ejecutoras de proyectos públicos.

Superávit primario y déficit fiscal

El saldo primario del Sector Público No Financiero (SPNF) cerró 2025 con un superávit de $705,6 millones, equivalente al 1,9% del PIB, en línea con los compromisos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El saldo fiscal global mostró un déficit de $1.050,3 millones (-2,9% del PIB), cifra que representa una disminución de $558,6 millones respecto de diciembre de 2024. La reducción del déficit equivale a 1,6 puntos porcentuales del PIB.

Durante el período junio de 2025-mayo de 2026, el saldo global arrojó un déficit de $1.478,4 millones, mientras que el saldo primario se mantuvo positivo en $301,5 millones (0,8% del PIB), de acuerdo con el informe de la Dirección General de Tesorería.

Recaudación tributaria

Los ingresos totales del SPNF en el mismo período se situaron en $10.271,5 millones, con un crecimiento del 10,2% respecto del año anterior. El informe atribuye este avance al aumento de los ingresos tributarios, favorecido por el crecimiento económico (3,9% en 2025) y la implementación de medidas administrativas en gestión tributaria y aduanera.

La recaudación tributaria sumó $8.544,5 millones, con una carga tributaria del 22,7% del PIB, superior en 1,1 puntos porcentuales al coeficiente de tributación de mayo de 2025. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó $4.011,8 millones (47,7% del total), mientras que el Impuesto sobre la Renta sumó $3.529,6 millones (41,9%). Los derechos arancelarios generaron $396,5 millones y los impuestos específicos al consumo, $252,4 millones.

Los ingresos no tributarios del SPNF totalizaron $1.562,9 millones, con las empresas públicas no financieras reportando un superávit operativo de $146,5 millones.

Gasto público y subsidios

El gasto total del SPNF para el período junio de 2025-mayo de 2026 alcanzó $11.178,3 millones. Los gastos corrientes representaron $9.493,3 millones (25,2% del PIB), de los cuales los bienes de consumo sumaron $6.117,8 millones (16,3% del PIB). Las transferencias corrientes registraron $1.595,6 millones, con una baja interanual del 15,8%.

Los gastos de capital ascendieron a $1.745,2 millones, equivalentes al 4,6% del PIB. El monto refleja una disminución respecto del año anterior, aunque la ejecución financiera de la inversión pública se mantuvo en $1.625 millones (4,2% del PIB), según registros del Ministerio de Hacienda.

En 2025, los subsidios a servicios básicos sumaron $287,4 millones, con un aumento de $34,2 millones respecto de 2024. El subsidio al gas licuado alcanzó $127,3 millones, el apoyo a la energía eléctrica, $106,4 millones, y el subsidio al transporte público, $53,7 millones. Estas ayudas representaron el 0,8% del PIB.

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano presentó un análisis sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en las funciones y responsabilidades de los bancos centrales de la región.

Según la Secretaría Ejecutiva, los avances recientes en herramientas de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y sistemas generativos han permitido que la IA se convierta en una pieza estratégica para el análisis macroeconómico, la estadística, la supervisión financiera, la administración de reservas internacionales, los sistemas de pago y la gestión del conocimiento institucional.

El documento señala que esta amplitud de aplicaciones exige una visión transversal, para que la adopción tecnológica no se limite a iniciativas aisladas de áreas informáticas.

Automatización y apoyo a la toma de decisiones

El informe advierte que la digitalización de los bancos centrales avanza desde la automatización de procesos hacia formas más sofisticadas de análisis y apoyo inteligente. Los sistemas actuales clasifican observaciones, ejecutan reglas predefinidas y generan reportes, pero la IA permite construir escenarios, analizar documentos extensos, detectar patrones y ejecutar tareas complejas con autonomía variable.

Una de las recomendaciones centrales generadas es que la adopción de IA debe ser gradual y estar respaldada por una gobernanza robusta de datos. “El enfoque de IA como copiloto resulta especialmente apropiado: amplía capacidades y productividad sin transferir responsabilidad hacia los sistemas automatizados”, detalla el documento. Los mayores grados de autonomía deben reservarse para tareas con experiencia acumulada suficiente y controles maduros.

Principales aplicaciones y riesgos

El análisis recopila las áreas donde la IA presenta mayor potencial y alerta sobre riesgos específicos.

Política monetaria y análisis macroeconómico: la IA mejora la oportunidad y riqueza de la información, la elaboración de pronósticos y el análisis de relaciones complejas. El uso de modelos múltiples ayuda a evitar inestabilidad, sobreajuste y problemas de interpretabilidad.

Supervisión y estabilidad financiera: sistemas basados en IA refuerzan la detección temprana de riesgos, la vigilancia de operaciones atípicas y la identificación de vulnerabilidades. No obstante, el uso generalizado de modelos puede amplificar correlaciones y acelerar episodios de tensión, según la Secretaría Ejecutiva.

Ciberseguridad: la IA fortalece defensas mediante la detección de comportamientos anómalos, pero también puede ser utilizada por actores maliciosos para automatizar ataques o crear contenido sintético convincente.

Gestión del conocimiento y memoria institucional

El informe enfatiza la importancia de los sistemas de generación aumentada por recuperación de información (RAG), que permiten consultar documentación institucional extensa, localizar antecedentes y preservar la memoria organizacional. “La utilidad potencial trasciende la automatización de búsquedas: una herramienta bien diseñada puede convertirse en un mecanismo de preservación de memoria institucional”, destaca el texto de la Secretaría Ejecutiva del CMCA.

En este sentido, la gestión documental y el acceso a fuentes autorizadas resultan esenciales para que la IA aporte precisión y trazabilidad. Se recomienda que cada aplicación cuente con un responsable institucional claramente identificado, controles y mecanismos de validación proporcionales al impacto de la tarea.

Capital humano y rediseño de procesos

La adopción de IA demandará nuevas competencias en los bancos centrales. Según el informe, economistas, ingenieros, abogados y especialistas en riesgos deberán profundizar conocimientos sobre programación, validación de sistemas y manejo de datos. La transformación tecnológica tiende a reducir fronteras entre disciplinas y a aumentar el valor de equipos multidisciplinarios.

El documento cita al Banco de Pagos Internacionales al señalar que la formación continua y diferenciada según perfiles será fundamental para aprovechar las nuevas herramientas sin deteriorar la calidad de los procesos institucionales. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano subraya que la productividad institucional dependerá también del rediseño de procesos y de la reasignación de tiempo hacia tareas analíticas.

El valor no se mide únicamente en licencias o frecuencia de uso, sino en tiempo ahorrado, calidad, reducción de errores y aumento de cobertura analítica.

Cada vez que se plantea la dolarización en Argentina, la respuesta automática de buena parte de la profesión económica es la misma: “es subóptimo”. Y tienen razón. En el vacío, en un manual de macroeconomía, ceder la política monetaria propia es resignar un instrumento de ajuste frente a shocks asimétricos. Ningún libro de texto recomienda dolarizar como primera opción. El problema es que Argentina no vive en el vacío de un manual. Vive en un país con un historial específico, medible y reiterado de mal uso de ese instrumento.

Ahí es donde el argumento cambia de naturaleza: deja de ser una discusión de teoría monetaria para convertirse en una discusión de path dependency — de qué hace, en la práctica, una y otra vez, el país que tendría que operar ese instrumento.

La independencia monetaria que nunca fue independiente

El argumento más común a favor de sostener la moneda propia es que preserva un “grado de libertad”: la posibilidad de emitir para amortiguar un shock cuando no hay acceso a financiamiento externo. Es cierto que ese grado de libertad existe en el diseño institucional. También es cierto que Argentina, en la práctica, nunca lo usó como estabilizador. Cada vez que el país enfrentó un shock sin poder recurrir a crédito internacional, la disyuntiva real nunca fue “ajustar gasto versus emitir”: fue “emitir versus default inmediato y total”. No hubo margen para elegir la opción prolija. Y usar la emisión bajo esa restricción —de manera reiterada, en 2001, en 2018-19, en gran parte de 2020-23— no estabilizó nada. Licuó deuda, sí. Pero también destruyó cada vez un poco más el valor de la moneda que se suponía debía proteger.

Con inflación anual de dos dígitos, el crédito de largo plazo no es difícil de desarrollar, es directamente imposible

Dicho de otro modo: el grado de libertad que preserva la moneda propia solo es valioso si se lo puede usar sin destruir la variable que se está tratando de proteger — el valor de esa misma moneda. Argentina no tiene ese margen. Cada vez que lo usó, quemó la poca credibilidad que quedaba, lo cual encareció el próximo shock. No es una válvula de escape. Es una válvula que empeora el problema que dice resolver.

Por qué la inflación de dos dígitos hace metodológicamente imposible el crédito

Hay un punto que suele perderse en la discusión ideológica y que es, en rigor, el más determinante: con inflación anual de dos dígitos, el crédito de largo plazo no es difícil de desarrollar, es directamente imposible. No hay curva de rendimientos que se pueda pricear a 20 o 30 años cuando nadie puede proyectar qué va a valer la moneda en la que se denomina ese crédito. No es casualidad que ningún país con inflación crónica de dos dígitos haya desarrollado nunca un mercado hipotecario largo, esté dolarizado o no. Y tampoco es casualidad que los países de la región que sí lo lograron —Chile, Uruguay, Perú— compartan una sola condición común: inflación de un dígito sostenida en el tiempo, más allá del régimen cambiario que hayan elegido.

Esto matiza la discusión: la inflación baja es condición necesaria para el crédito, pero no suficiente. Ecuador lleva 25 años dolarizado con inflación de un dígito y su crédito privado sobre PBI sigue siendo bajo, muy por debajo de Chile o Uruguay. El régimen monetario asegura el numerador — precios estables — pero el desarrollo pleno de un mercado de crédito depende también de ahorro doméstico de largo plazo y marco legal de garantías. La dolarización no es una condición suficiente. Es la que, dado el historial argentino, parece ser la única condición necesaria alcanzable en un plazo políticamente viable.

La restricción real: Argentina nunca tuvo margen fiscal propio

Separar política fiscal de política monetaria es correcto en el plano analítico. Pero dolarizar es, precisamente, el punto donde ambas dejan de poder gestionarse por separado: al eliminar la emisión como salida, cualquier desequilibrio fiscal se transmite directamente a necesidad de financiamiento en dólares o a ajuste de gasto. No se trata de un efecto colateral no deseado del esquema. Es el mecanismo central.

Argentina nunca tuvo, ni tiene hoy, capacidad de acceso autónomo y sostenido a crédito internacional

Y acá aparece el dato empírico que sostiene la tesis: Argentina nunca tuvo, ni tiene hoy, capacidad de acceso autónomo y sostenido a crédito internacional. Siempre dependió —con el FMI, blindajes, REPOs— de financiamiento externo condicionado. La “independencia monetaria” no funcionó nunca como un colchón propio genuino. Funcionó como una fuente adicional de licuación cuando ese financiamiento externo se cortaba. El riesgo de dolarizar y perder margen de maniobra doméstico frente al próximo shock es real. Pero ese margen de maniobra, en la práctica, nunca existió como estabilizador, existió como mecanismo de erosión.

Second best, no ideología

Nada de esto convierte a la dolarización en una solución óptima en términos absolutos. Sigue siendo, en el vacío teórico, una opción subóptima frente a tener una moneda propia bien administrada con disciplina fiscal sostenida durante una década o más. El punto no es ese. El punto es que esa alternativa —la de un ancla fiscal consistente y sostenida en el tiempo, sin sobresaltos, con una autoridad monetaria que resista la tentación de emitir en cada shock— no tiene, en la Argentina real, ningún antecedente de haberse sostenido el tiempo suficiente como para anclar expectativas de forma duradera.

Dado ese historial específico, medible, repetido, la decisión de eliminar el instrumento monetario discrecional no es una posición ideológica. Es una decisión de segundo mejor: subóptima frente al ideal teórico, pero superior frente al comportamiento real y reiterado del país que tendría que operar ese instrumento. Es la misma lógica, en el fondo, que sostiene cualquier reforma institucional seria del Banco Central: la institución no falla porque su diseño legal sea incorrecto. Falla porque el historial de uso discrecional ya contaminó las expectativas de cualquier actor económico, sin importar cuán prolijo sea el próximo equipo de gobierno que la administre.

Querer dolarizar no es porfía ni resignación ideológica frente a la ortodoxia monetaria. Es leer el historial con la misma frialdad con la que se lee cualquier otro activo: no por lo que debería hacer en teoría, sino por lo que hizo, sistemáticamente, cada vez que tuvo la oportunidad de hacerlo distinto.

La deuda pública total de El Salvador alcanzó los USD 34,865.15 millones al cierre del primer semestre de 2026, un alza de 3.12% frente al cierre de 2025, según datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). El incremento fue de USD 1,058.04 millones en seis meses. De esta cifra, USD 15,676.49 millones corresponden a deuda externa y USD 19,188.67 millones a deuda interna, con un peso relevante de las obligaciones con los fondos privados de pensiones, que suman 11,669.85 millones.

El BCR reportó que la deuda estatal subió desde USD 33,807.11 millones al cierre de 2025, manteniendo la presión sobre las finanzas nacionales. Según datos del BCR, el incremento de la deuda total en los primeros cinco meses del año ya había sido de 2.4%, situando el saldo en USD 34,630.96 millones a finales de mayo.

El saldo de la deuda externa experimentó una subida de 2.88%, equivalente a USD 451.56 millones respecto a diciembre de 2025, mientras que la deuda interna aumentó 3.26%, con USD 606.49 millones adicionales. El desglose oficial destaca que el endeudamiento con el sistema de pensiones registró un crecimiento anual de 6.8% en 2025, situación que llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a recomendar un refuerzo en la sostenibilidad del sistema previsional y una ampliación de los ingresos estatales.

El sector público no financiero concentra el mayor monto de endeudamiento, con USD 21,854.39 millones, mientras que los instrumentos de corto plazo, como las Letras del Tesoro (LETES), suman 1,161.39 millones. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, durante 2025 el gobierno destinó USD 3,087.1 millones al pago de deuda pública, cifra que absorbió cerca de una quinta parte del presupuesto ejecutado ese año. De ese monto, USD 1,502.3 millones se destinaron a intereses y otros costos financieros, y USD 1,584.8 millones a la amortización de capital, con una ejecución presupuestaria del 99.1% en este último rubro.

Los desembolsos realizados para el servicio de la deuda superaron los recursos invertidos en infraestructura, desarrollo local y transferencias a municipalidades. El pago de estas obligaciones se cubrió con fondos del Fondo General y préstamos externos, según datos del gobierno divulgados por Infobae.

El programa con el FMI y las metas fiscales

El aumento del endeudamiento se ha producido junto a compromisos asumidos en el programa financiero acordado con el FMI, que exige una reducción del saldo primario de alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de tres años, con el objetivo de llevar la deuda a una trayectoria descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024. El Ejecutivo aplicó medidas fiscales en 2025 valoradas en 1.5% del PIB, como la reducción de la masa salarial, recortes en el gasto en bienes y servicios, y menores transferencias a los municipios.

El FMI también ha insistido en la importancia de fortalecer la transparencia fiscal, publicar información detallada sobre la deuda y el sistema de pensiones, y robustecer los mecanismos de control contra la corrupción y el lavado de activos.

El crecimiento del PIB y las proyecciones para 2026

El BCR informó que el PIB de El Salvador creció 4.79% en el primer trimestre de 2026, situándose en USD 9,261.8 millones, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras. De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, la economía salvadoreña crecería 3.2% al cierre de 2026 y 3% en 2027, por debajo del 3.9% registrado en 2025.

La agencia federal de inversión internacional de Estados Unidos apunta a El Salvador como destino prioritario para proyectos de infraestructura y tecnología, según declaró Ben Black, director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés), tras una visita oficial al país centroamericano.

“Su liderazgo audaz ha hecho de El Salvador un país más seguro y un amigo más cercano de los Estados Unidos”, escribió Black en su cuenta de X al dirigirse directamente al presidente Nayib Bukele, en un mensaje que también anunció el interés de la agencia por “profundizar la alianza mediante inversiones en infraestructura que impulsarán el crecimiento y la prosperidad de ambas naciones”.

La DFC es la institución a través de la cual el gobierno estadounidense moviliza capital privado para financiar proyectos en países aliados.

Ofrece préstamos directos, garantías de inversión, participaciones de capital y seguros contra riesgos políticos, con foco en sectores como energía, tecnología, salud e infraestructura. Su misión está vinculada a los objetivos de política exterior de Washington.

Qué hay detrás del interés de la DFC en El Salvador

El acercamiento no ocurre de forma aislada. Ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el 15 de julio, Black reveló que la DFC cuenta con una capacidad de inversión de USD 205,000 millones y una cartera activa de más de 340 oportunidades de negocios por un total de USD 78,000 millones en sectores que van desde agricultura hasta minerales críticos.

El hemisferio occidental figura entre las regiones que la agencia identifica como prioritarias.

En ese mismo testimonio, Black subrayó que uno de los ejes centrales de la estrategia de la DFC es desafiar la influencia china en sectores tecnológicos y de telecomunicaciones, especialmente en América Latina.

“La Ruta de la Seda Digital de China no puede arraigar su influencia”, afirmó ante los legisladores, al tiempo que presentó el acuerdo alcanzado con una de las mayores redes de telecomunicaciones de Kazajistán como modelo a replicar “en el Hemisferio Occidental”.

En mayo, la DFC también se reunió con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, para explorar oportunidades de inversión, lo que confirma que la visita a El Salvador forma parte de una gira más amplia por Centroamérica.

El Salvador en un momento de contracción de inversión extranjera

La señal de la DFC llega en un momento delicado para la economía salvadoreña. Según datos del Banco Central de Reserva, la inversión extranjera directa neta cayó 40.4% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, al pasar de USD 366.24 millones a USD 217.96 millones. La tendencia se arrastra desde 2025, cuando el indicador anual retrocedió 37.1% respecto de 2024.

Estados Unidos ya es el principal origen de la inversión extranjera que llega al país, con USD 106.36 millones aportados solo entre enero y marzo.

Esa posición dota de peso concreto al anuncio de Black: cualquier proyecto que impulse la DFC reforzaría un flujo que ya encabeza la lista, pero que en términos netos ha perdido volumen.

La apuesta tecnológica de Bukele como argumento de atracción

Black describió a El Salvador como un país que “ha trazado un rumbo ambicioso para convertirse en un destino líder para la inversión tecnológica”. La afirmación coincide con la narrativa que el gobierno salvadoreño ha construido ante organismos internacionales en las últimas semanas.

El 28 de julio, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, visitó El Salvador y recorrió proyectos de tecnología educativa y telesalud impulsados por el gobierno.

Entre ellos, una plataforma de aprendizaje con inteligencia artificial instalada en una escuela de Santa Tecla y el sistema nacional de telesalud con triaje automatizado.

Ese encuentro se produjo en el marco del programa AprendES, aprobado en marzo de 2026 con un fondo de USD 501 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el período 2026-2031.

La convergencia de señales: la DFC, el Banco Mundial y el alineamiento explícito con la política exterior de Washington dibuja un patrón. El Salvador se posiciona como vitrina de la agenda de inversión estadounidense en la región, aunque los montos concretos de los proyectos de la DFC aún no fueron anunciados.

En el marco de su visita a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, participó el lunes de un encuentro con estudiantes de distintas universidades nacionales, donde se permitió bromear con la Ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar a los argentinos a declarar sus ahorros en dólares y remonetizar la economía.

La charla, que se extendió por poco más de una hora en el Palacio Libertad, se realizó tras las reuniones que Georgieva mantuvo con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Frente a estudiantes avanzados de Economía y maestrías en Finanzas de Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la Universidad San Andrés (Udesa) la Universidad de Buenos Aires (UBA) y La Plata, entre otras, la disertante combinó anécdotas personales y humor, y subrayó el potencial de la Argentina, resaltó el programa económico e hizo hincapié en el liderazgo femenino.

En tal sentido, la economista búlgara calificó como “cute” (tierno, en castellano) el nombre del programa y preguntó a los presentes: “¿Cuántos de ustedes tienen dólares en el colchón?”. Según fuentes que estuvieron presentes en el momento, inmediatamente aclaró con humor que los funcionarios del gabinete económico no observarían quiénes levantaban la mano. Cabe destacar que la administración libertaria acaba de presentar un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que busca brindar mayor seguridad a la exteriorización y uso de dólares del colchón.

Luego, compartió que en Bulgaria, su país natal, la población solía ahorrar en dólares ante la falta de confianza en la moneda local, y vinculó esa experiencia con la situación histórica de la Argentina, incentivando a los asistentes a bancarizar sus ahorros.

Durante el encuentro, que estuvo moderado por la economista Lara López Calvo, los alumnos tuvieron la oportunidad de realizar preguntas sobre la trayectoria profesional de Georgieva, su elección de la economía como disciplina y los desafíos que enfrentó tanto en el ámbito laboral como personal.

Además de repasar su experiencia, la directora del FMI reflexionó sobre la incertidumbre global, los riesgos y oportunidades que enfrenta el mundo, en un contexto atravesado por el conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones en la economía internacional y los mercados financieros.

Georgieva también destacó puntos centrales del programa económico del Gobierno, como la acumulación de reservas, el superávit fiscal, y la reducción tanto de la inflación como de la pobreza. En otro pasaje, apeló nuevamente al sentido del humor para elogiar al ministro Caputo, señalando que, a pesar de su estatura, demuestra fortaleza ante los desafíos de su gestión.

Entre los asistentes estuvieron presentes integrantes del equipo económico, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y el director del BCRA, Martín Vauthier, entre otros.

IA, mercado laboral y empoderamiento femenino

En otro pasaje de la conversación, Georgieva compartió recomendaciones sobre autenticidad y desarrollo profesional, y abordó el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo, indicando que el 40% de los empleos experimentará cambios profundos debido al uso de nuevas tecnologías.

La ejecutiva del FMI relató cómo empezó estudiando a Karl Marx en la universidad y, años después, terminó liderando una de las instituciones financieras más influyentes del mundo capitalista.

Por otra parte, la funcionaria subrayó la importancia de la autoconfianza y alentó a los jóvenes a perseguir sus objetivos, al tiempo que dedicó un mensaje especial a las mujeres.

A propósito del liderazgo femenino, recalcó el desembarco de Silvana Tenreyro como Consejera Económica del Fondo y Directora del Departamento de Investigación (RES). Se trata de una economista argentina con proyección internacional, quien integró el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Inglaterra entre 2017 y 2023 y obtuvo un reconocimiento relevante por parte de la Corona británica.

“Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros”, señaló la titular del FMI el día en que se conoció el nombramiento.

La agenda de Georgieva en la Argentina

Tras disertar frente a los estudiantes, Kristalina Georgieva mantuvo una cena con importantes empresarios de los sectores energético, tecnológico y agropecuario. El evento, organizado exclusivamente por el propio organismo internacional, tuvo lugar en el Palacio Duhau, en el corazón del barrio porteño de Recoleta.

Según pudo saber Infobae, a la reunión asistieron figuras como Eduardo Elsztain, titular y accionista de IRSA, la empresa propietaria de gran parte de los centros comerciales del país, y Marcos Bulgheroni, director ejecutivo de Pan American Energy.

Entre los comensales también se encontraban Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre en Argentina; Pierpaolo Barbieri, fundador y presidente de Ualá; Mariana Schoua, quien encabeza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham); e Isela Costantini, asesora del directorio del Grupo ST.

Este martes, las actividades se centrarán en Vaca Muerta. Kristalina Georgieva tiene programado trasladarse a la provincia de Neuquén junto al ministro Caputo para recorrer el yacimiento Loma Campana, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana partirá hacia Uruguay.

Pocos nombres de la política argentina del siglo XX generan una reacción como el de Mario Eduardo Firmenich. Fundador y jefe de Montoneros, la organización guerrillera peronista que operó en los años setenta, fue condenado en 1986 a 30 años de prisión por homicidios y atentados, y luego indultado en 1990 por Carlos Menem. Tiene hoy 78 años y reparte su tiempo entre Vilanova i la Geltrú, la localidad catalana donde se radicó tras su exilio, y Managua, donde asesora al gobierno de Daniel Ortega. Durante décadas eligió el silencio público.

Ahora publica sus memorias. Orígenes. Las raíces de nuestra militancia llega a las librerías argentinas el 1° de agosto y propone un recorrido por lo que Firmenich llama las raíces de su generación política: no la lucha armada, sino los años previos, cuando un grupo de jóvenes católicos universitarios hacía misiones en el interior del país y descubría una pobreza que no aparecía en ningún manual.

El capítulo que reproducimos aquí transcurre en Tartagal, en 1966, y narra el encuentro con los hacheros tobas del monte santafesino: trabajadores atrapados en un sistema de deuda perpetua que Firmenich compara, sin rodeos, con la mecánica del FMI y la deuda externa argentina.

“Orígenes”, por Mario Firmenich (Fragmento)

Los obreros del monte chaqueño eran los “hacheros”. La mayoría de ellos eran de etnia toba. Pobres de toda pobreza. Inaceptablemente explotados de un modo inimaginable para un obrero industrial de los grandes centros urbanos de la segunda mitad del siglo XX.

Solían alojarse en campamentos dentro del campo del patrón. Para encontrar un quebracho útil debían caminar mucho entre la espesura del bosque. Tanto para cortar y “pelar” un quebracho como para talar cualquier árbol y reducirlo a trozos pequeños para el carbón, el esfuerzo físico del hachero era enorme. Les pagaban a destajo, o sea, por cantidad de madera cortada. La comida, la yerba y el tabaco se los tenían que pagar ellos. En medio del bosque chaqueño, el único lugar donde podían comprar estas provisiones era en “la provista”, un almacén de ramos generales del patrón dentro del mismo obraje.

El trabajo era pagado a mes vencido pero el hachero no tenía ahorros para financiarse todo el mes hasta cobrar. Entonces el obrajero “le fiaba”. Le iba “adelantando” parte de sus jornales con vales de papel donde se anotaba un valor monetario. Eran una especie de billetes subdesarrollados de un juego de mesa. Con eso se les pagaba un “adelanto del jornal” para que el hachero lo fuera gastando en la provista. No se les pagaba el trabajo con dinero de curso legal, sino con esos “vales”. No hace falta explicar que los precios de la provista eran los típicos de la explotación monopólica del consumidor.

Conclusión: cuando a fin de mes el patrón le liquidaba al hachero el valor de su trabajo, siempre resultaba que éste había gastado en la provista más de lo que había ganado trabajando. Esto lo obligaba a quedarse en ese trabajo. Debía pagar “la deuda”. Pero al término del mes siguiente la situación era la misma.

El hachero quedaba prisionero de una deuda eterna trabajando como bestia por una miseria. No es casualidad que el método sea básicamente igual a lo que ocurre con la deuda externa nacional y el FMI.

La solidaridad necesaria que debíamos tener con los trabajadores ex-plotados no era la cooperativa de trabajo inviable. Nuestra prioridad para la misión pasó a ser la organización de un sindicato de hacheros. Necesitábamos asistencia jurídica. Algunos de los compañeros santafesinos de la misión eran de la ciudad de Reconquista. Nos dijeron que conocían a un abogado joven que colaboraba con ellos. Nos comunicamos inmediatamente con él para solicitar su presencia en Tartagal. Así nos conocimos en febrero de 1966 con el joven abogado Roberto Cirilo Perdía.

También colaboraron inmediatamente con la idea de crear el sin-dicato de hacheros unos curas belgas y franceses que vivían y trabajaban como hacheros. Pertenecían a la comunidad de los Hermanos de Foucauld, cuya cabeza directriz era el padre italiano Arturo Paoli. Desarrollaban sus tareas pastorales en toda la cuña boscosa santafesina. Compartían la totalidad de su vida cotidiana con la sufrida realidad de nuestros compatriotas hacheros explotados.

Recuerdo vívidamente la imponente presencia moral del padre Esteban. Era un belga de pequeña estatura y aspecto frágil. Con una sonrisa eterna en su rostro caminaba leguas y más leguas, con su hacha al hombro, recorriendo la agreste geografía de sus feligreses hacheros. Él también se ganaba la vida con el hacha, volteando quebrachos, algarrobos o lo que encontrara.

Con la ayuda de los lugareños enviamos la convocatoria a diversos obrajes para reunir una asamblea de hacheros, que estaban muy dispersos entre sí. Logramos reunir una asamblea en la escuela de Tartagal. Concurrieron más de cien, provenientes de diversos lugares.

Uno de los hacheros denunció la situación de explotación que sufrían con una frase que nos impactó a todos y que Carlos Mugica haría famosa: “Nosotros aquí somos la alpargata de los patrones”.

A raíz de esta asamblea, los obrajeros nos denunciaron a la guardia rural. Era una gendarmería provincial santafesina especializada en la cuña boscosa. La guardia rural nos sitió en la escuela como a delincuentes acorralados. No nos acusaban de nada porque no violábamos ninguna ley. Éramos solamente un grupo de católicos en acción misionera encabezados por dos sacerdotes. La solidaridad social consistía en crear un sindicato conforme a la legislación vigente. Pero nos tenían confinados en la escuela sin dejarnos salir.

Nos convirtieron en subversivos sin violar ninguna ley.

En esa situación, un obrajero que vivía en Tartagal mandó a su hijo para informarnos que su padre quería negociar. El joven llegó hasta la escuela aparatosamente, montando un hermoso caballo brioso. Su padre exigía que fuéramos a su casa dos de nosotros. Los elegidos fuimos Marta, una compañera de Buenos Aires de origen árabe que tenía unos ojos hermosos, y yo. No sabíamos qué pretendía ni por qué nos elegía a Marta y a mí. Lo conversamos entre todos y se decidió que fuéramos a ver de qué se trataba.

El obrajero era un “turco”, como les decimos coloquialmente a los descendientes de árabes cuyos antepasados inmigraron con pasaportes del Imperio Otomano. El turco nos invitó a cenar. Fuimos. La mesa estaba preparada como para un evento importante. Nos sentamos, en una cena muy formal, junto al obrajero, su esposa, el joven que había ido a la escuela y una hija adolescente. Con palabras amables y en tono muy conciliador el patriarca nos dijo que este problema lo podíamos resolver rápidamente. ¡¡¡Nos propuso como solución que Marta se casara con su hijo y yo me casara con su hija!!!

Nos cruzamos con Marta en una mirada fugaz, como jugadores de truco que se entienden sin señas. Con una diplomacia telepática nunca ensayada, concluimos la cena conversando amablemente y nos fuimos, obviamente sin dar ninguna respuesta. Las carcajadas debieron esperar a que estuviéramos dentro de la escuela con todos los demás.

A pesar de que no hubo nupcias al estilo de una negociación medieval, alguien con sentido común (no sé quién) ordenó que la guardia rural se retirara y nos devolviera nuestra libertad de movimientos. ¡Vivíamos todavía en un supuesto estado de derecho con Arturo Illia de presidente!

Más allá de la jocosa anécdota insólita, aquella realidad socioeconómica era muchísimo más cruel que la pobreza de las villas de emergencia de Buenos Aires. Terminé de comprenderlo hablando con una vecina de Tartagal.

Visitábamos a las familias para ver si necesitaban algo en que nosotros pudiéramos ayudarlos. La señora me hizo pasar y me ofreció una silla. Conversamos un rato largo sentados en el patio de tierra.

Un chico de unos cinco o seis años, supongo que el hijo menor de la señora, descalzo, se sentó en la tierra frente a mí sin decir nada. Yo tenía puestos unos borceguíes. El chico se quedó todo el tiempo inmóvil en esa posición mirando mi calzado. Ellos nunca tuvieron ni tendrían borceguíes de cuero para caminar por la maleza de un bosque poblado de venenosas yararás. Él, de chiquito, estaba descalzo y de grande nunca tendría más que unas alpargatas.

La carita de aquel pequeño mirando mis pies bien calzados expresaba el sentimiento de humillación, mamado desde la cuna, de ser pisoteados como “la alpargata de los patrones”. Jamás hubiera imaginado que mis zapatos comunes pudieran ser un privilegio insultante. Nunca había sentido esa mezcla de tanto dolor y tanta vergüenza.

Mientras tanto, la señora me explicaba que su hijo mayor estaba en muy buena posición. Se había ido a trabajar a Buenos Aires. ¡Vivía en una villa de emergencia de Quilmes!

Toda esta realidad nos gritaba que nuestro compromiso cristiano con los más pobres estaba a años luz de lo necesario.

El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, confirmó el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un financiamiento de entre 2.500 y 2.800 millones de dólares. Según la autoridad, entre agosto y septiembre se podría realizar el primer desembolso.

“Estamos trabajando en los últimos detalles con el FMI”, afirmó Espinoza en entrevista con el programa Asuntos Centrales y señaló que si bien no puede fijar una fecha, “estamos a días del anuncio formal”.

El monto es significativamente menor que el que buscaba inicialmente el Gobierno de Rodrigo Paz. En mayo, durante una sesión del Consejo Económico y Social instalado en medio de las protestas contra su gestión, el primer mandatario señaló que se estaba negociando un programa de créditos por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores. La diferencia supone entre un 44% y 50% menos de la expectativa inicial de Bolivia.

Sin embargo, para el ministro de Economía, el acuerdo con el FMI abrirá a otras entidades de financiamiento externo para reforzar las reservas internacionales del país en un contexto de crisis por la caída de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas.

El Gobierno ha negado en varias oportunidades que existan condicionamientos fuera de su plan de Gobierno para acceder al crédito del FMI. Días atrás, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que “el acuerdo viene sin ninguna condición más allá de lo que es nuestro programa, igual lo haríamos con o sin el fondo”, afirmó y agregó que “con ellos es más fácil porque es con plata”.

Entre las medidas que destacó Lupo mencionó la reducción del déficit fiscal, la unificación del régimen cambiario -que se implementó a finales de junio- y una nueva política de tasas de interés.

En paralelo a las negociaciones del Gobierno con el FMI, la Cámara de Diputados trató este miércoles dos proyectos de ley sobre créditos externos que suman $540 millones de dólares. Ambos financiamientos fueron otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y pasaron a la Cámara de Senadores para su revisión.

De concretarse los tres créditos, la deuda externa boliviana se incrementaría significativamente pero se mantendría dentro del margen recomendado. Según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB) hasta el 20 de junio de este año, la deuda externa pública boliviana llegó a los 14.357,7 millones de dólares, equivalentes al 26,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La institución indicó que el saldo de la deuda respecto al PIB del país “muestra un nivel sostenible, situándose en 26,5 %” y está “por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales del 40 %”.

Los principales acreedores multilaterales de Bolivia son el BID, con el que la deuda a junio alcanzó 4.372,4 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, con 3.293,6 millones; el Banco Mundial, con 1.718,9 millones, y el Fonplata, con 441,2 millones.

Respecto a los países, China es el principal acreedor bilateral de Bolivia con 1.090,3 millones de dólares, y le siguen Francia, con 666,5 millones; Alemania, con 90,2 millones; Corea del Sur, con 31,7 millones; Italia con 10,9 millones y España, con 8,9 millones, entre otros.

Según el reporte, la deuda con los organismos multilaterales alcanza el 70,4 % del total y los acreedores bilaterales representan el 13,3 %.

El ministro de Finanzas Jonathan Menkos afirmó que el subsidio a los combustibles ya no puede extenderse en Guatemala, porque el Gobierno tiene menos margen dentro del presupuesto y evalúa alternativas focalizadas para amortiguar futuras alzas sin comprometer otras áreas del gasto público.

Las declaraciones de Menkos se realizaron durante una entrevista con el Diario La Hora, un día después de que el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, no descartara un nuevo subsidio, tras una larga jornada de protestas y bloqueos por el alza a los combustibles que paralizaron, principalmente, la Ciudad de Guatemala.

Según el funcionario encargado de las finanzas del país, el subsidio otorgado entre el 1 de mayo y el 2 de julio tuvo un costo de Q2 mil 900 millones y sostuvo que ese apoyo mantuvo los precios “de manera artificial”, por lo que prolongarlo no es una opción viable.

“Hoy nos encontramos otra vez ante el mismo problema”, dijo al referirse al nuevo repunte de los precios del petróleo, después de un breve período de estabilidad en Medio Oriente y explicó que el subsidio aprobado por el Congreso sirvió para amortiguar el alza internacional de los derivados del petróleo y evitar que el precio del galón se disparara en pocos días.

El punto central de la discusión oficial es que el Estado dispone de menos recursos. Menkos sostuvo que esa restricción, sumada a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, dificulta repetir un subsidio generalizado.

“Recursos que se van en ese subsidio son recursos que no van a terminar mejorando la cobertura educativa o mejorando la cobertura de la salud o de la seguridad”, afirmó el titular de la cartera. La evaluación del Ejecutivo parte de esa disyuntiva: contener el impacto del combustible sin desplazar gasto de otras prioridades públicas.

El Gobierno analiza apoyos concentrados en transporte de personas y de carga

Ante ese escenario, el Gobierno estudia mecanismos más focalizados para que una eventual ayuda beneficie sobre todo al transporte de personas y al transporte de carga, debido a que la lógica es que esos sectores trasladan el costo del combustible al resto de la economía, dijo Menkos en la entrevista con el Diario La Hora.

No obstante, el funcionario aclaró que todavía no existe una decisión tomada, pues la discusión apenas comienza dentro del gabinete ques es encabezado por el presidente Bernardo Arévalo.

La mañana de este miércoles, el Organismo Ejecutivo informó, a través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que por ahora no ha enviado al Congreso ninguna nueva iniciativa de ley vinculada con un posible subsidio. También indicó que no existe una decisión oficial al respecto.

La Secretaría agregó que las instituciones competentes mantienen coordinación permanente y cualquier medida será informada por los canales oficiales, mientras que, por ahora la prioridad es proteger el bolsillo de las familias guatemaltecas y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El presupuesto de 2027 podría incluir un mecanismo activado por el precio del petróleo

Según explicó el ministro al Diario La Hora, el Ejecutivo prevé incorporar en el proyecto de presupuesto del próximo año un mecanismo que pueda activarse cuando el precio internacional del petróleo supere un umbral que amenace el crecimiento económico y el bienestar de los hogares.

Menkos añadió que proyecciones de Bloomberg apuntan a una posible estabilización del petróleo entre USD 70 y USD 75 por barril. A su juicio, ese rango permitiría que la economía guatemalteca continúe creciendo sin necesidad de sostener subsidios, aunque reconoció que esas previsiones cambian de forma constante.

El subsidio vigente hasta comienzos de julio finalizó el pasado 2 de julio y había sido establecido en el Decreto 11-2026 y regulado mediante el Acuerdo Gubernativo 64-2026. La terminación de la medida fue comunicada por la Dirección General de Hidrocarburos en el oficio 1184-2026.

La SAT de Guatemala propuso revisar el costo y la utilidad de los incentivos fiscales que en 2025 representan Q22 mil 586 millones, un monto equivalente al 2,4% del PIB, para determinar si esos tratamientos preferenciales deben mantenerse, modificarse o eliminarse en un país donde el Fondo Monetario Internacional ha insistido en que aumentar los ingresos públicos es clave para cerrar brechas sociales y de infraestructura.

La actualización del informe sobre gasto tributario, citada por Prensa Libre, muestra que la mayor parte de ese monto se concentra en dos tributos: el IVA, con Q15 mil 164 millones, y el ISR, con Q6 mil 186 millones. Juntos suman Q21 mil 350 millones, es decir, el 94,5% del gasto tributario total.

El desglose elaborado por la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria indica además que Q15 mil 775 millones correspondieron a impuestos indirectos y Q6 mil 811 millones a impuestos directos. El estudio fue presentado durante el primer semestre del año.

El gasto tributario es el ingreso que el Estado deja de percibir por la aplicación de tratamientos preferenciales previstos en la legislación. Esos mecanismos incluyen exoneraciones, exenciones, franquicias y deducciones especiales contenidas en la Constitución, en leyes ordinarias y en otros instrumentos de política económica.

Los beneficios fiscales amparados por leyes ordinarias concentran más de tres cuartas partes del total

Los beneficiarios constitucionales absorbieron Q5 mil 114 millones, equivalentes al 22,7% del total. En ese grupo, el IGSS reportó Q2 mil 476 millones; los centros educativos, Q1 mil 550 millones; las universidades, Q1 mil 68 millones; y el Comité Olímpico Guatemalteco junto con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Q18,2 millones.

Los beneficios respaldados por leyes ordinarias alcanzaron Q17 mil 472 millones, el 77,4% del gasto tributario total de 2025. Entre los cinco principales beneficiarios figuran las personas individuales y las familias, con Q7 mil 360 millones; la intermediación financiera, con Q2 mil 272 millones; las actividades mercantiles, con Q1 mil 633 millones; las instituciones de asistencia social, con Q1 mil 336 millones; y los empleados en relación de dependencia, con Q1 mil 221 millones.

Esos cinco grupos concentraron Q13 mil 822 millones, equivalentes al 79% del monto asociado a los beneficiarios por leyes ordinarias. Según el diario, esa concentración explica buena parte del peso fiscal de las exoneraciones vigentes.

El superintendente de la SAT, Werner Ovalle Ramírez, citado por Prensa Libre dijo que el gasto tributario de 2025 se mantuvo alrededor del 2,4% del PIB y que, en términos macroeconómicos, no mostró un aumento general. También precisó que algunos tratamientos pudieron variar al alza o a la baja según el comportamiento de las actividades económicas a las que están vinculados.

Ovalle añadió que en 2025 no hubo cambios relevantes en la legislación tributaria que ampliaran los beneficios o incentivos vigentes. A su juicio, esa ausencia de modificaciones ayuda a explicar la estabilidad observada en el nivel agregado del gasto tributario.

La SAT busca medir mejor los incentivos mientras el FMI pide ampliar la base tributaria

La respuesta central que plantea la administración tributaria es abrir más adelante un análisis de costo-beneficio sobre los distintos tratamientos diferenciados. El objetivo, según expuso el jefe de la SAT, es establecer su pertinencia, efectividad, continuidad o eventual supresión.

Mientras ese debate no se abre, la entidad dice que sigue fortaleciendo los mecanismos de control, medición y trazabilidad del gasto tributario. Ovalle lo resumió así: “Actualmente, una parte cada vez más importante del estudio se construye a partir de información contenida en declaraciones aduaneras y tributarias, reduciendo progresivamente la dependencia de estimaciones alternativas. Esta mejora representa un avance sustancial para identificar, cuantificar y controlar con mayor precisión la aplicación de beneficios e incentivos fiscales”.

En junio, durante su visita anual a Guatemala, el FMI señaló que reducir las brechas sociales y de infraestructura requiere elevar los ingresos fiscales. El organismo reconoce avances de la SAT en cumplimiento tributario, digitalización, gestión de devoluciones y modernización aduanera, pero advierte que la recaudación lleva décadas situada cerca del 12% del PIB.

De acuerdo con el organismo, para que los esfuerzos actuales y previstos de la SAT se traduzcan en más recaudación, conviene evitar la eliminación de impuestos o la creación de regímenes especiales que sigan erosionando la base imponible. También recomendó limitar el arbitraje tributario interno y transfronterizo y avanzar hacia una reforma fiscal integral que racionalice el gasto tributario, amplíe la base imponible y eleve tasas hoy ubicadas en niveles muy bajos, sobre todo en el ISR.

El Gobierno de Bolivia considera que alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una condición “indispensable” para resolver el déficit fiscal y reforzar la estabilidad económica del país, afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en medio de las negociaciones que el Ejecutivo mantiene con el organismo multilateral para obtener respaldo financiero.

“Para resolver el tema del déficit y el financiamiento del déficit, es indispensable un acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional)”, afirmó el ministro en una entrevista en el programa Maggy Talavera de Radio Marítima. Agregó que el acceso a liquidez mediante un convenio con el organismo permitiría “garantizar la estabilidad cambiaria y la estabilidad financiera”.

Las declaraciones se producen después de que el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmaran que el Gobierno negocia un posible acuerdo de respaldo financiero con el FMI, aunque hasta el momento no han trascendido los montos, condiciones ni plazos que se están discutiendo.

Lupo explicó que el Ejecutivo prepara un programa de políticas macroeconómicas que, según dijo, responde a una estrategia diseñada por el propio Gobierno y no a exigencias del organismo internacional. Entre las principales medidas mencionó la reducción del déficit fiscal, la unificación del régimen cambiario que se implementó a finales de mayo y una política de tasas de interés que contribuya a estabilizar la economía.

El ministro sostuvo que las condiciones asociadas a un eventual acuerdo coinciden con los objetivos económicos ya definidos por la administración de Paz. “El acuerdo viene sin ninguna condición más allá de que es nuestro programa, igual lo haríamos con o sin el fondo“, afirmó el ministro y agregó que “con ellos es más fácil porque es con plata”.

Según Lupo, un acuerdo con el FMI también facilitaría el acceso a financiamiento de otros organismos multilaterales, en condiciones más favorables para el país. Añadió que será el Ministerio de Economía el encargado de presentar los detalles del programa económico, el nivel de endeudamiento previsto y las condiciones específicas si se firma el convenio con el organismo internacional.

Durante más de una década, Bolivia fue considerada una de las economías de mejor desempeño de América Latina gracias al crecimiento impulsado por las exportaciones de gas natural. Sin embargo, ese modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento con la caída de la producción de hidrocarburos, la reducción de los ingresos por exportaciones y el aumento sostenido del déficit fiscal.

A inicios de 2023, la crisis económica se hizo evidente con la escasez de dólares que dio lugar al surgimiento de un mercado paralelo de divisas —donde la moneda boliviana llegó a triplicar su valor oficial—, algo que provocó el incremento de los precios y dificultades para importar combustibles.

El deterioro económico se agravó en 2025, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) registró su primera contracción en 39 años —excluyendo el impacto de la pandemia—, marcando el ingreso del país a una recesión.

En este contexto, la administración de Rodrigo Paz, que asumió funciones en noviembre pasado, busca restablecer la estabilidad macroeconómica mediante financiamiento de organismos multilaterales. Las negociaciones con el FMI forman parte de esa estrategia, con el objetivo de obtener liquidez, fortalecer las reservas internacionales y recuperar la confianza de los mercados, mientras el Ejecutivo impulsa un programa de reformas para corregir los desequilibrios fiscales y financieros.

En Venezuela se requieren al menos 3.433,11 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria de una familia de cinco personas, según el informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) correspondiente a junio. El costo total de la canasta alimentaria se ubicó en $756,45, lo que refleja una baja del 2,1 % respecto a mayo, de acuerdo con los datos difundidos por la organización.

El salario mínimo en Venezuela permanece en 130 bolívares desde 2022, equivalentes a $0,17 mensuales, lo que representa apenas el 0,03 % del costo total de la canasta, según detalló el Cendas-FVM. Esto genera un déficit del 99,97 % para que un hogar de cinco integrantes pueda cubrir los 60 productos de primera necesidad que integran la canasta básica alimentaria.

La situación obliga a la población a depender casi exclusivamente de bonificaciones complementarias discrecionales, remesas del exterior, ayuda internacional y actividades del sector informal para intentar mitigar la brecha nutricional, especialmente en las regiones más afectadas por los terremotos del 24 de junio, según subrayó la ONG.

De acuerdo con el informe, una familia venezolana necesitó el equivalente a más de tres bonos gubernamentales de $240 o 13,56 dólares únicamente para la compra de agua potable. El acceso al agua embotellada se vuelve esencial, ya que el recurso distribuido por tubería no cumple con parámetros básicos de potabilidad, según expertos y organizaciones no gubernamentales.

En junio, el costo de la canasta alimentaria familiar alcanzó $756,45, una cifra que representa una reducción frente a mayo, pero que mantiene la brecha entre ingresos y necesidades alimentarias. Esta situación refleja el impacto de la hiperinflación y la depreciación salarial en Venezuela, donde las familias requieren el equivalente a más de tres mil salarios mínimos solo para adquirir alimentos esenciales.

Variación de precios y efectos de la inflación

Los productos que más aumentaron de precio en junio fueron las raíces, tubérculos y otros (21,38 %), granos (15,48 %), café (14,60 %), leche, queso y huevos (12,65 %), así como grasas y aceites (12,31 %), según el Cendas-FVM.

La inflación mensual se disparó al 13,8 % en junio, mes en el que se registraron los sismos en la zona norte del país, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV). Este incremento contrasta con la inflación de mayo, que fue del 6,3 %. La inflación acumulada en el año se ubicó en 129,8 %, de acuerdo con el BCV.

En cuanto a otros rubros, el sector transporte experimentó un incremento del 16,2 %, seguido por el servicio de educación con 15,2 % y la vivienda con 14,9 %, según el ente emisor.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el viernes que el país ha accedido a $346 millones de sus propios recursos depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó al país.

La deuda pública total de El Salvador aumentó un 2.4% durante los primeros cinco meses de 2026, alcanzando USD 34,630.96 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) publicados este jueves. El incremento representó USD 823.85 millones adicionales respecto al saldo de USD 33,807.11 millones registrado al cierre de 2025. El aumento mantiene la presión sobre las finanzas estatales, mientras el Gobierno prioriza el cumplimiento de sus compromisos crediticios, indica la nota de la agencia EFE.

El desglose del BCR indica que USD 15,543,75 millones corresponden a deuda externa y USD 19,087.21 millones a deuda interna, de los que USD 11,567.32 millones pertenecen a las obligaciones con los fondos privados de pensiones. De acuerdo a las cifras oficiales, el endeudamiento estatal con el sistema de pensiones representó un crecimiento anual del 6.8% en 2025, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó reforzar la sostenibilidad del sistema previsional y ampliar los ingresos estatales para reducir los costos del endeudamiento y priorizar la inversión pública.

Los datos del Banco Central indican también que la deuda externa se incrementó un 2.09% (USD 318.82 millones) frente al cierre de 2025, mientras que la deuda interna subió un 2.7% (USD 505.03 millones).El peso de la deuda externa, que supera el de la deuda interna, sitúa al país en una posición de mayor exposición frente al escenario financiero internacional.

El banco estatal precisó que “el sector público no financiero concentra el monto más elevado, con USD 21,854.39 millones”, mientras que los instrumentos de corto plazo como las LETES (Letras del Tesoro) suman USD 1,161.39 millones.

Durante 2025, el Gobierno de El Salvador destinó USD 3,087.1 millones al pago de deuda pública, según un informe oficial del Ministerio de Hacienda reseñado por Infobae. Este monto, que incluyó intereses y amortizaciones, absorbió cerca de una quinta parte del presupuesto devengado en el ejercicio fiscal pasado. El informe de Hacienda detalla que USD 1,502.3 millones se destinaron a intereses y otros costos financieros, y USD 1,584.8 millones a la amortización de capital, con una ejecución presupuestaria del 99.1% en este último rubro.

El desembolso del año pasado superó los recursos ejecutados en infraestructura, desarrollo local y transferencias a municipalidades. Los pagos se realizaron con fondos del Fondo General y recursos provenientes de préstamos externos.

El aumento de la deuda contrasta con el acuerdo financiero entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario, ya que el programa establece una reducción del saldo primario de alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en tres años, buscando colocar la deuda en una trayectoria descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024.

En 2025, el gobierno salvadoreño adoptó medidas fiscales —valoradas en 1.5% del PIB— que contemplaron la reducción de la masa salarial, del gasto en bienes y servicios, y recortes en transferencias a municipios. El FMI también enfatizó la necesidad de fortalecer la transparencia fiscal, publicar información detallada sobre la deuda y el sistema de pensiones, y robustecer los mecanismos de control contra la corrupción y el lavado de activos.

El crecimiento del PIB y las proyecciones para 2026

El Banco Central de Reserva informó que el PIB de El Salvador creció un 4.79% en el primer trimestre de 2026, situándose en USD 9,261.8 millones. La construcción y la explotación de minas y canteras impulsaron este avance. Las proyecciones del Banco Mundial sugieren que la economía salvadoreña crecerá un 3.2% al cierre de 2026 y un 3% en 2027, frente al 3.9% registrado en 2025.

La directora de Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Montevideo el próximo 30 de julio y se reunirá con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y con el ministro de Economía, Gabriel Oddone. La llegada se da en un contexto en el que el país recibe colaboración del organismo internacional para fortalecer su marco fiscal, según el comunicado del Banco Central del Uruguay (BCU).

La llegada se dará por la invitación de autoridades uruguayas.

“La visita tendrá lugar en un contexto en el que Uruguay recibe asistencia técnica del FMI para fortalecer el marco fiscal, mejorar la eficiencia de la administración tributaria, perfeccionar los instrumentos de política monetaria y fortalecer las estadísticas de balanza de pagos y cuentas nacionales, entre otras áreas estratégicas para el desarrollo del país”, dice el comunicado de la autoridad monetaria uruguaya.

Georgieva se reunirá también con el presidente del BCU, Guillermo Tolosa.

“Los encuentros previstos permitirán profundizar el diálogo entre Uruguay y el FMI sobre las prioridades económicas del país y las oportunidades para seguir fortaleciendo su resiliencia, impulsar un crecimiento sostenible y promover un desarrollo cada vez más inclusivo”, detalla la información oficial.

La directora del FMI participará también de las Jornadas Anuales de Economía, organizadas por el BCU, así como de reuniones con representantes del sector privado.

El semanario uruguayo Búsqueda destacó que esta visita coincide con los 80 años de membresía del país con el organismo y con el aniversario número 20 que Uruguay canceló toda su deuda, algo que concretó durante el primer mandato de Tabaré Vázquez.

La visita anterior de un director gerente del FMI se dio en 2011, durante el gobierno de José Mujica. En esa oportunidad, el alemán Dominique Strauss-Kahn se reunió con el por entonces mandatario, con el vicepresidente Danilo Astori, con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y con el presidente del BCU, Mario Bergara. Esa vez, Strauss-Kahn destacó el “progreso económico notable” del país.

Uruguay actualmente recibe asistencia técnica del FMI para fortalecer su marco fiscal, mejorar la eficiencia de la administración tributaria, perfeccionar los instrumentos de política monetaria y fortalecer las estadísticas de balanza de pagos y cuentas nacionales.

La última visita: resiliencia y el pedido de un mayor esfuerzo fiscal

El Fondo Monetario suele tener una visión elogiosa sobre la economía uruguaya, aunque eso no implica que marque los desafíos que enfrenta el país y que sugiera reformas urgentes para su economía. En la última misión en el país, en septiembre de 2025, el organismo internacional le sugirió al gobierno de Yamandú Orsi que hiciera “mayores esfuerzos” en su plan de ajuste fiscal.

La delegación estuvo encabezada por Raphael Espinoza desde el lunes 8 y mantuvo encuentros con jerarcas y técnicos del área económica del gobierno de Orsi, informó local Búsqueda en esa oportunidad. También hubo charlas con analistas y representantes del sector privado.

La conclusión de la misión fue que Uruguay “sigue siendo resiliente en medio de una mayor incertidumbre mundial”. La declaración agrega que el nuevo gobierno –que asumió en marzo de 2025, tras la gestión de otro signo político de Luis Lacalle Pou– llegó al poder “con una agenda que busca equilibrar el crecimiento incluso con la estabilidad macroeconómica”, lo que incluye el desafío de “prudencia fiscal y la baja inflación”.

El FMI evaluó que este plan de ajuste del gobierno “conlleva riesgos derivados del entorno macroeconómico y fiscal internacional, los retrasos en la implementación y las presiones del gasto en el futuro”. La sugerencia al equipo económico es que haya “mayores esfuerzos para que el ratio deuda/PIB siga una trayectoria descendente constante a mediano plazo”. “Las opciones incluyen reducir incentivos fiscales, moderar la masa salarial y mejorar la eficiencia del gasto”, señala el informe.

La visita de la delegación liderada por el vicepresidente electo de la República, José Manuel Restrepo, a las instalaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington D. C., dejó buenas sensaciones en la directora del organismo multilateral, la bulgara Kristalina Gueorguieva, que expresó su respaldo a la transición política y económica que enfrentará el país, con la llegada del Gobierno del abogado Abelardo de la Espriella.

La máxima representante del FMI, a través de sus redes sociales, saludó al nuevo Gobierno y dejó firme su disposición a colaborar en esta nueva etapa. “Encantado de dar la bienvenida al Vicepresidente electo de Colombia José Manuel Restrepo y su delegación a la sede del FMI hoy. El FMI valora su asociación de larga data con Colombia y está listo para apoyar los esfuerzos para fortalecer el crecimiento y la estabilidad”, dijo.

La reunión se produjo en medio de crecientes preocupaciones sobre el estado de las finanzas públicas tras la administración de Gustavo Petro. Restrepo reveló tras el encuentro que la delegación colombiana logró un acuerdo con el FMI para recibir asistencia técnica, con el objetivo de evaluar la dimensión real del deterioro fiscal, aunque sus declaraciones revelaron que el diagnóstico inicial sería “más grave” de lo previsto.

“Las preocupaciones que tenemos sobre los desafíos en materia fiscal son más complejos, más graves de lo que se tenía hasta este momento analizado”, indicó el entrante funcionario, que asistió a la reunión en el organismo acompañado del ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín y, del mismo modo, con el futuro titular de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

Posteriormente y tras el saludo de Gueorguieva, el vicepresidente electo agradeció el espacio. “Juntos estamos comprometidos con restaurar la confianza, fortalecer nuestras instituciones, acelerar el crecimiento económico y crear mayores oportunidades para todos los colombianos. Esta es la visión detrás de Patria Milagro: una Colombia que recupere la estabilidad, la prosperidad y la confianza internacional", agregó.

El balance del primer día de la delegación del Gobierno De la Espriella en Estados Unidos

El epicentro de la agenda fue la búsqueda de respaldo multilateral, tanto del FMI como del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales. Restrepo señaló que el acuerdo con el FMI establece que expertos del organismo trabajarán conjuntamente con el nuevo Gobierno colombiano para profundizar el diagnóstico y diseñar medidas de ajuste; como parte del compromiso de cooperación con estos organismos.

“Agradecemos profundamente la disposición del Fondo Monetario Internacional para apoyar a Colombia mientras la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella se prepara para asumir el cargo”, acotó el vicepresidente electo en su declaración, que destacó la asistencia técnica que tendrán del FMI, que permitirá, según indicó a los medios “saber cuál es la dimensión de la realidad fiscal de nuestro país”.

La delegación colombiana también visitó a la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y el presidente del organismo, Ajay Banga, que reiteraron el compromiso de la entidad para respaldar proyectos de desarrollo en Colombia, con especial atención en el financiamiento de iniciativas públicas y privadas. En especial, la de garantizar la sostenibilidad fiscal de la nación y apoyar sectores claves de la economía.

En esta presencia en la capital norteamericana, el nuevo equipo económico colombiano ha sido claro en reseñar que la transición política debe avanzar de la mano con el respaldo de los principales organismos multilaterales. En consecuencia, se confirmó que la vicepresidenta del Banco Mundial planea visitar Barranquilla para reunirse con el presidente electo y definir el alcance del respaldo multilateral.

“Lo más valioso de esta jornada fue comprobar que la confianza internacional en Colombia se está fortaleciendo. Ese es el propósito de esta misión: construir alianzas estratégicas que se traduzcan en más inversión, más crecimiento y más oportunidades para todos los colombianos”, indicó Restrepo sobre los objetivos de esta comitiva, que tendrá reuniones durante el transcurso de la semana con otros actores.

El panorama económico para México vuelve a encender señales de alerta. El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo las expectativas de crecimiento del país para 2026 y 2027, una decisión que coloca a la economía mexicana entre las más afectadas por la revisión del organismo internacional.

Aunque un menor crecimiento económico no significa necesariamente una crisis inmediata, sí anticipa un entorno más complicado para las empresas, el empleo, la inversión y, en consecuencia, para el bolsillo de millones de familias mexicanas.

El reporte también muestra que México y Canadá, principales socios comerciales de Estados Unidos, encabezan los recortes en las proyecciones de crecimiento entre las economías analizadas por el organismo internacional.

¿Qué dice el nuevo reporte del FMI sobre México?

En la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI redujo su estimado de crecimiento para México de 1.6% a 1.2% durante 2026, mientras que para 2027 también ajustó la previsión de 2.2% a 1.9%.

De acuerdo con el organismo, el principal factor detrás de este ajuste es que “la incertidumbre seguirá limitando la actividad” económica en el país, aunque reconoce que existen condiciones para una recuperación moderada impulsada por políticas internas menos restrictivas.

El recorte de 0.4 puntos porcentuales para este año convirtió a México en el país con la mayor reducción en sus perspectivas de crecimiento, seguido por Canadá, lo que refleja un deterioro mayor entre los principales socios comerciales de Estados Unidos.

A nivel mundial, el FMI también ajustó ligeramente sus previsiones y ahora espera que la economía global crezca 3% en 2026 y 3.4% en 2027, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, el conflicto en Oriente Medio, la volatilidad de los mercados energéticos y el avance de la inteligencia artificial.

¿Cómo puede afectar este pronóstico al bolsillo de los mexicanos?

Aunque las proyecciones del FMI no modifican por sí solas la economía del país, sí ofrecen una referencia sobre el comportamiento esperado de la actividad económica.

Un crecimiento menor suele traducirse en:

• Menor creación de empleos formales.
• Inversiones más cautelosas por parte de empresas nacionales y extranjeras.
• Menor dinamismo en el consumo de hogares y negocios.
• Posibles presiones sobre los ingresos de algunos sectores productivos.

Esto no significa que todos los mexicanos sentirán un impacto inmediato, pero sí que el margen para que la economía genere nuevas oportunidades será más reducido que el previsto hace apenas unos meses.

Además, un menor crecimiento económico suele reflejar un entorno donde empresas y consumidores toman decisiones con mayor prudencia, retrasando inversiones, contrataciones o proyectos de expansión.

¿Por qué el FMI redujo su previsión?

El organismo explicó que persisten diversos factores de incertidumbre que limitan el crecimiento económico.

Entre ellos destacan:

• La incertidumbre económica internacional.
• Las tensiones geopolíticas derivadas de los conflictos en Oriente Medio.
• La volatilidad en los precios de las materias primas y la energía.
• Los riesgos para las cadenas globales de suministro.

El FMI advirtió que un agravamiento de los conflictos internacionales podría provocar nuevos aumentos en los precios del petróleo, presionar nuevamente la inflación y endurecer las condiciones financieras en distintos países.

El Gobierno de México mantiene una visión más optimista

Tras la publicación del informe, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que el Gobierno mexicano considera que la economía crecerá por encima de las estimaciones del FMI.

El funcionario sostuvo que la revisión del organismo responde principalmente a factores internacionales, como las tensiones en el mercado energético, y no necesariamente a un deterioro de las condiciones internas del país.

Por ahora, el escenario económico mantiene opiniones encontradas entre organismos internacionales y autoridades mexicanas. Mientras el FMI prevé un crecimiento más moderado para los próximos dos años, el Gobierno confía en que la actividad económica tenga un mejor desempeño gracias al impulso del mercado interno y otros factores nacionales. Lo que sí es claro es que el nuevo reporte coloca nuevamente a México bajo la lupa de los analistas, en un contexto global que continúa marcado por la incertidumbre.

Las reservas internacionales netas de El Salvador cerraron el primer semestre de 2026 con un saldo acumulado de 5,167.43 millones, cifra que representa un crecimiento del 15.23% respecto al cierre de 2025, según datos oficiales divulgados por el Banco Central de Reserva (BCR). Este resultado prolonga el alza iniciada el año anterior, tras un periodo de volatilidad en el flujo de divisas.

El informe publicado este miércoles por el BCR detalla que el incremento interanual de las reservas internacionales netas fue de USD 682.94 millones, al comparar los 4,484.49 millones registrados en diciembre de 2025 con el saldo alcanzado al cierre de junio de 2026. El comportamiento mensual de las reservas durante el primer semestre muestra fluctuaciones, aunque el saldo subió en cuatro de los seis meses del semestre.

En enero, el saldo descendió en USD 2.48 millones, mientras que en febrero se observó un alza de 50.07 millones y en marzo el incremento fue de 99.48 millones. Abril marcó el mayor salto mensual, con un aumento de 474.57 millones, seguido de una reducción de 87.17 millones en mayo. Finalmente, junio cerró con un repunte de 148.47 millones de dólares.

De la composición total de las reservas, 4,998.44 millones corresponden a moneda extranjera y 271.37 millones están representados en oro. El segmento en oro experimentó una caída del 8.41% respecto al cierre del año anterior, cuando sumaba 250.31 millones. De acuerdo con el BCR, las reservas buscan garantizar liquidez y capacidad de respuesta frente a presiones externas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que las reservas internacionales netas constituyen activos externos de disponibilidad inmediata, bajo control directo de la autoridad monetaria, cuyo propósito principal es cubrir necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, intervenir en los mercados cambiarios y respaldar la confianza en la economía. El organismo remarcó que el crecimiento sostenido de las reservas en 2026 refleja una mayor entrada de divisas y un contexto de recuperación económica, tras años de fluctuaciones y descensos pronunciados.

Cómo evolucionaron las reservas desde 2020

La evolución de las reservas internacionales de El Salvador en los años previos estuvo marcada por importantes vaivenes. Según las cifras oficiales, en 2020 el saldo pasó de USD 3,948.04 millones en enero a 2,915.20 millones en diciembre, evidenciando un periodo de contracción. En 2021, tras el impacto de la pandemia de COVID-19, se registró una recuperación parcial: el saldo inició el año en 2,522.97 millones en febrero, repuntó a 3,468.86 millones en noviembre y cerró en 3,342.39 millones.

El año 2022 se caracterizó por una de las caídas más abruptas, con una reducción cercana a USD 964 millones entre enero y diciembre. En 2023, la tendencia fue de fluctuaciones moderadas, con un inicio de 2,734.72 millones y un cierre en 2.,645.52 millones. Para 2024, el BCR reportó una recuperación progresiva, con un saldo de 2,761.43 millones en enero y un pico de 3,733.67 millones en septiembre, para terminar el año en 3,506.12 millones.

El punto de inflexión se dio a partir de 2025. El saldo de reservas en enero de ese año fue de 3,766.98 millones. A partir de febrero, se observó una subida hasta 4,275.13 millones. En julio, la cifra alcanzó 4,782.19 millones, uno de los niveles más altos hasta ese momento, y la segunda mitad de 2025 mantuvo los fondos disponibles por encima de los 4,400 millones, cerrando el año en 4,532.08 millones.

El acuerdo con el FMI en el contexto de las reservas

El fortalecimiento de las reservas internacionales se produce en un contexto en el que El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sellaron un acuerdo por USD 1,400 millones, orientado a reforzar la sostenibilidad fiscal y externa del país.

El FMI ha destacado que estos recursos buscan consolidar un plan de consolidación fiscal y medidas para fortalecer las reservas nacionales, aspecto vinculado con la estabilidad macroeconómica y la respuesta ante episodios de volatilidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la economía en México presente incertidumbre o se muestre débil, contrario a lo que afirmó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No hay incertidumbre para la inversión. No hay. Ninguna. Mientras cumplan con las reglas, las normas mexicanas, no hay ninguna incertidumbre, ninguna”, reiteró la mandataria desde Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de este 8 de julio.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al rechazar cualquier señal de inestabilidad en la economía nacional tras la reducción en las previsiones del FMI. La mandataria destacó que las condiciones para la inversión permanecen estables en México, siempre que los inversionistas respeten las normativas locales.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, puntualizó que el ajuste en las estimaciones del FMI corresponde a una tendencia global y no es exclusivo de la economía mexicana. “Fue una reducción en general de las estimaciones a las economías globales por parte del FMI, resultante del choque en el mercado de energía por los eventos en el Golfo Pérsico. No fue una revisión exclusiva a la economía mexicana, sino a la economía global”, explicó.

El secretario recordó que en 2025 el FMI había proyectado una recesión para México, pero los resultados contradijeron ese pronóstico. “Creemos que, en lo que toca a la economía mexicana, vamos a tener un desempeño mejor que el pronosticado por el FMI”, afirmó. Subrayó que la economía mexicana ha mostrado una solidez y una resistencia peculiares, pese al entorno internacional.

Doce indicadores económicos: inversión, empleo y comercio exterior

Durante la conferencia, el Gobierno federal presumió doce indicadores económicos que, de acuerdo con sus datos, muestran la fortaleza de México:

1. México se ubica entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa a nivel mundial.
2. Primer lugar en la OCDE en incrementos salariales desde 2018.
3. Segunda tasa de desempleo más baja de la OCDE, solo detrás de Japón.
4. Récord histórico en empleos formales en junio de 2026: 22 millones 779 mil 704 plazas.
5. Salario de cotización más alto de la historia, con 669 pesos diarios, 6.4% por encima del año anterior.
6. Intercambio comercial con Estados Unidos alcanzó 839 mil millones de dólares, cifra histórica; México sigue como principal socio comercial de Estados Unidos.
7. Exportaciones en máximo histórico, con 723 mil millones de dólares.
8. Inversión fija creció 5.1% en abril de 2026 respecto al año anterior.
9. Indicador mensual de consumo privado creció 2.1% frente al año anterior.
10. La actividad económica sigue en tendencia creciente y alcanza máximo histórico.
11. Actividad industrial repunta en abril, su mayor nivel desde octubre de 2024.
12. Inflación baja a 3.6%, su menor nivel en ocho meses.

El secretario de Hacienda subrayó: “El consumo está bien, las remuneraciones y el mercado laboral siguen desempeñándose de manera muy sólida. Pensamos que, a pesar de cualquiera de estos factores, vamos a tener un buen desempeño en el año”.

Resistencia frente al contexto global

El funcionario federal destacó que la revisión de pronósticos por parte del FMI se debió principalmente al impacto de los precios de la energía y la inestabilidad internacional, especialmente por eventos en el Golfo Pérsico. Aclaró que varios países a nivel mundial vieron revisadas sus perspectivas económicas y no solo México.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la confianza del Gobierno en la estabilidad macroeconómica y el atractivo del país para la inversión extranjera, insistiendo en que “no hay incertidumbre” siempre que se cumplan las reglas nacionales.

El Ministerio de Economía dio a conocer el programa financiero para los años 2026 y 2027, con el objetivo de mostrar la hoja de ruta para cubrir todos los compromisos de deuda en moneda extranjera. Los cuadros oficiales muestran, de manera precisa, la suma total que el Gobierno debe afrontar durante esos dos años, así como el origen de los fondos para cada obligación.

Según la información presentada, el Tesoro nacional enfrenta necesidades de financiamiento en dólares que ascienden a USD 19.200 millones para 2026 y a USD 24.900 millones para 2027. Estas cifras incluyen tanto los pagos de capital como los intereses de la deuda, además de otras erogaciones puntuales.

De dónde saldrá el dinero: fuentes de financiamiento

El programa financiero no solo detalla cuánto debe pagar la Argentina, sino también cómo planea obtener los recursos necesarios para cumplir con cada uno de estos compromisos. El Gobierno publicó la lista de fuentes de financiamiento previstas para cada año, con montos asignados a cada uno de los instrumentos.

Fuentes previstas para 2026

Para cubrir los USD 19.200 millones de necesidades en 2026, el Gobierno espera contar con USD 22.900 millones en fuentes de financiamiento, lo que genera un excedente de USD 3.700 millones que, según el plan oficial, quedará disponible para el año siguiente.

Las fuentes de financiamiento para 2026 incluyen:

• Compra de dólares al Banco Central: USD 6.700 millones
• Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 800 millones
• Préstamos con garantía de organismos internacionales: USD 4.000 millones
• Desembolso del FMI: USD 1.900 millones
• Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 2.800 millones
• Emisiones locales: USD 6.000 millones
• Emisiones internacionales: No se definió un monto (el Gobierno aclara que es una opción, no un objetivo inmediato)
• Otras fuentes de financiamiento: No se informaron montos para 2026
• Privatizaciones: USD 800 millones

Fuentes previstas para 2027

Para 2027, el esquema financiero prevé exactamente el mismo monto en necesidades y fuentes: USD 24.900 millones. De este modo, la planificación contempla cubrir la totalidad de los compromisos asumidos.

Las fuentes para 2027 se estiman de la siguiente manera:

• Saldo del programa financiero 2026: USD 3.700 millones (el excedente acumulado el año anterior)
• Compra de dólares al Banco Central: USD 4.900 millones
• Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 1.800 millones
• Préstamos con garantía de organismos internacionales: No se asignó monto específico para este rubro en 2027
• Desembolso del FMI: USD 1.700 millones
• Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 4.200 millones
• Emisiones locales: USD 5.000 millones
• Emisiones internacionales: No se estimó un monto concreto, figura como opción
• Otras fuentes de financiamiento: USD 2.000 millones
• Privatizaciones: USD 1.500 millones

Cómo se compone cada fuente de financiamiento

El Gobierno explicó que parte de los recursos surgirá de adquisiciones de dólares al Banco Central, tanto en 2026 como en 2027. Además, el plan incluye la refinanciación de deuda dentro del sector público, es decir, renovar títulos que vencen mediante colocaciones a organismos estatales.

Otra fuente relevante son los préstamos que cuentan con garantía de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para 2026, la previsión es obtener USD 4.000 millones en este tipo de créditos, con tasas ya negociadas y aprobaciones en curso.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también aparece entre las fuentes tanto para 2026 como para 2027, con desembolsos programados de USD 1.900 millones y USD 1.700 millones, respectivamente. Además, el Gobierno espera recibir fondos de otros organismos internacionales, por USD 2.800 millones en 2026 y USD 4.200 millones en 2027.

Las emisiones locales representan una porción significativa del financiamiento. En 2026, el monto estimado es de USD 6.000 millones, mientras que para 2027 la cifra prevista es de USD 5.000 millones. En cuanto a las emisiones internacionales, el Gobierno no definió un monto, ya que la intención oficial es recurrir a los mercados solo si las condiciones resultan favorables.

Finalmente, el plan contempla ingresos por privatizaciones: USD 800 millones en 2026 y USD 1.500 millones en 2027. Además, para 2027 se incorpora la categoría de otras fuentes de financiamiento, que sumarían USD 2.000 millones.

Qué significa el excedente previsto

El Ministerio de Economía destacó que el esquema para 2026 arroja un saldo positivo de USD 3.700 millones, que se transferirá como colchón para 2027. Esto significa que, si se cumplen las previsiones, el Tesoro comenzará el año electoral con recursos disponibles para cubrir parte de los vencimientos, reduciendo la presión financiera.

Para 2027, el plan propone utilizar ese saldo acumulado junto con el resto de las fuentes ya detalladas, de modo que el total cubra exactamente la suma de los pagos comprometidos para ese año.

El rol de los organismos internacionales y el mercado

Las garantías de créditos y los desembolsos de organismos internacionales representan una pieza clave en el programa financiero. El Ministerio de Economía incluyó préstamos con garantía del Banco Mundial y el BID, así como fondos provenientes del FMI y otros entes multilaterales. Además, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de realizar emisiones internacionales si las condiciones de mercado resultan favorables, pero aclaró que no es un objetivo prioritario, sino una alternativa.

En el caso de los bonos y emisiones locales, el plan prevé continuar utilizando instrumentos como los Bonares y los Globales para renovar vencimientos y captar fondos en el mercado argentino, según la demanda y las tasas disponibles.

Anticipos sobre las próximas licitaciones y herramientas

Durante la presentación, funcionarios mencionaron que las próximas licitaciones incluirán nuevos instrumentos, como el Bonar 2029 (AO29), y que parte de la estrategia consiste en ampliar el acceso a fuentes de financiamiento local. El objetivo, según el equipo económico, es sostener la acumulación de reservas y evitar tensiones en los meses previos a las elecciones.

El programa también contempla la posibilidad de renegociar condiciones o sumar alternativas de financiamiento si el contexto lo requiere, incluyendo eventuales acuerdos bilaterales o préstamos puente.

El presidente Gustavo Petro reaccionó con fuerte indignación frente a una publicación del medio internacional UHN Plus, que opera desde Miami (Estados Unidos), la cual aseguraba que el mandatario dejaría el poder sin margen de financiación para el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado desmintió de manera tajante la información económica y denunció la existencia de una estrategia mediática impulsada con “dineros oscuros” a la que denominó “Petroleaks”.

Según el presidente, estas versiones periodísticas buscan engañar a la ciudadanía para justificar la entrega de las finanzas nacionales al Fondo Monetario Internacional (FMI) y promover una reforma que suba los impuestos a los sectores más vulnerables de la población.

La controversia se originó tras la difusión de un reporte basado en un análisis atribuido al Banco de Bogotá, en el cual se afirmaba que el actual Gobierno aceleró la emisión autorizada de deuda para 2026, alcanzando supuestamente el 78% del cupo permitido.

De acuerdo con esa versión periodística, la administración entrante se vería obligada a buscar alternativas drásticas para financiar el presupuesto nacional debido al supuesto agotamiento de los recursos por parte del gobierno saliente.

La defensa del mandatario y la denuncia de los “Petroleaks”

A través de su cuenta oficial en la red social X, Gustavo Petro arremetió contra el portal informativo y aseguró que este tipo de páginas se dedican a difundir filtraciones, chats y documentos confidenciales para atacar su gestión mediante acusaciones falsas.

El mandatario defendió la solidez de las finanzas públicas y argumentó que su administración dejará recursos multimillonarios asegurados para la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo social en todo el territorio colombiano.

“Esta es una de las páginas de ‘Petroleaks’, hechas con dineros oscuros para engañarlo a usted: dicen que mi gobierno entregó sin financiación al próximo gobierno, pero es mentira y solo dicen esto para entregar las finanzas al FMI y subirme impuestos a los pobres”, escribió el jefe de Estado de manera directa en su publicación.

El presidente explicó que, contrario a lo difundido en los informes económicos, la próxima administración contará con herramientas de financiación sólidas que fueron gestionadas directamente durante su periodo de gobierno.

“Solo en vigencias futuras el gobierno que viene tiene 30 billones de financiación para armas modernas, sedes universitarias públicas, ferrocarriles, fibra óptica, sedes hospitalarias públicas, que conseguí”, detalló el mandatario para desvirtuar las alertas sobre una supuesta quiebra estatal.

Explicación de Petro sobre el manejo de la deuda y la soberanía nacional

En su mensaje, el mandatario también abordó aspectos técnicos sobre la economía del país, al explicar las razones por las cuales su estrategia financiera priorizó el incremento de la deuda interna sobre la externa, bajo el argumento de que se trata de un asunto de protección y soberanía nacional.

El jefe de Estado criticó a los analistas tradicionales y señaló que la tasa de interés de la deuda externa depende de factores globales fuera del control de Colombia, como las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos o los conflictos bélicos internacionales.

“La deuda interna se empequeñece solo con bajar la tasa de interés del Banco de la República. Por eso bajamos la deuda externa y subió la interna solo por la tasa de interés que hizo crecer por política electoral la junta directiva del Banco de la República”, puntualizó el presidente en su post.

Además, Petro cuestionó el conocimiento económico de quienes critican su modelo de sustitución de deuda y envió un mensaje directo a los miembros de la junta directiva del Emisor, a quienes calificó como cercanos a la línea política del presidente electo: “Pensé que los abelardistas, la mayoría en la junta, ya se habían dado cuenta de eso”.

Diputados avalaron este 15 de junio un dictamen para ampliar por cinco años el fideicomiso ambiental para la conservación del bosque cafetalero "FICAFÉ“, administrado por Bandesal, y sumar USD 554.615 al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería para financiar el programa “Progresar Rural”.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto avaló la prórroga del fideicomiso, creado en 2001 y próximo a vencer en julio de 2026. La medida busca mantener respaldo financiero para el sector cafetalero ante la volatilidad de los precios internacionales, enfermedades como la roya y los efectos del cambio climático.

Según Luis Mendoza, gerente de Gobierno Corporativo de Bandesal, explicó que FICAFÉ, cuya constitución se rige por el Código de Comercio, alcanzó su límite legal de 25 años. La extensión permitirá mantener operativa la estructura fiduciaria hasta 2031 y dar continuidad a los créditos y certificados fiduciarios gestionados por la institución.

¿Qué alcance tiene la prórroga de FICAFÉ?

Andrés Rosa, gerente de Fondos y Fideicomisos de Bandesal, señaló que los principales fideicomitentes de FICAFÉ son el Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario, Banco Agrícola, Banco Cuscatlán y Banco Davivienda.

Esas entidades han canalizado recursos para financiar actividades vinculadas al cultivo y la exportación de café, un rubro con aporte en divisas, generación de empleo y encadenamientos productivos y turísticos.

Durante la sesión, los diputados señalaron que el sector cafetalero tiene impacto en la empleabilidad y el dinamismo económico de El Salvador. También destacaron el papel de Bandesal en el otorgamiento de créditos y fideicomisos para sostener actividades agropecuarias.

“El sector cafetalero ahora incursiona directamente en el turismo y amplía la productividad de las fincas, ofreciendo experiencias a nacionales y extranjeros”, dijo uno de los legisladores durante la transmisión.

FICAFÉ fue diseñado para emitir certificados de participación respaldados por carteras de crédito orientadas a productores y exportadores. Mendoza afirmó que, desde su creación, hubo obstáculos como decretos de suspensión de embargo que impidieron la recuperación total de la cartera crediticia.

El funcionario agregó que la ampliación del plazo representa “un respiro” para el sector, porque facilita condiciones para cumplir obligaciones financieras y mantener la producción frente a escenarios adversos.

El respaldo político y los argumentos oficiales

La iniciativa presidencial, tramitada a través del viceministro de Agricultura y Ganadería, recibió respaldo unánime de los diputados presentes. Según el dictamen favorable, la prórroga busca fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos climáticos y económicos que afectan a la caficultura.

“La adaptación del sector a nuevas condiciones requiere apoyo mediante inversiones y condiciones favorables que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones crediticias”, se lee en el documento leído por la diputada Rebeca Rodríguez.

Fuentes de la comisión indicaron que, sin la ampliación, el instrumento legal habría expirado en menos de dos meses, lo que habría dejado sin respaldo a cientos de productores.

La partida para Progresar Rural

En la misma jornada, la Comisión de Hacienda avaló la incorporación de USD 554.615 al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería para financiar el Programa de Desarrollo Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (Progresar Rural).

Los fondos, provenientes de un préstamo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), se destinarán a la contratación de personal especializado, compra de equipo de oficina, vehículos y la implementación de planes de capacitación y asistencia técnica para zonas rurales.

Durante la presentación, Marlon Omar Herrera, director general de Inversión y Créditos del Ministerio de Hacienda, dijo que el objetivo es transformar la situación productiva y alimentaria nacional mediante sistemas sostenibles, diversificación agropecuaria y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

El dictamen aprobado precisa que los recursos se usarán para fortalecer la unidad ejecutora del programa, implementar capacitaciones y asegurar la provisión de herramientas necesarias para el desarrollo de actividades productivas en las zonas rurales.

El lunes 8 de junio de 2026, el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) colocó deuda por u$s100 millones en Nueva York con una tasa de 4,25 %. Mejoró así la tasa obtenida por banca privada y pública gestionada en el último año.

Los otorgantes tuvieron que analizar los números de la Provincia, su superávit fiscal y sus perspectivas de repago.

Pero lo hicieron en el contexto de la situación financiera nacional, el apoyo del Tesoro Norteamericano, el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones financieras públicas y privadas.

Más allá de los conflictos políticos locales, Argentina es una sola.

Si el riesgo país fuera de 2000 puntos y la inflación superara el 300 % —como lo era 2 años atrás— esta operación hubiera sido imposible.

Nosotros transitamos una grieta que no nos permite inscribirnos en el panorama político y económico global.

Podemos mirar cerca —en Chile, un espectro electoral que va de Borich a Kast, en Brasil, de Bolsonaro a Lula o en Uruguay, de la alianza entre los conservadores Blancos y Colorados hasta el izquierdista Frente Amplio—.

Si miramos más lejos, vemos las profundas diferencias políticas, ideológicas y regionales que dividen a los países europeos —catalanes y vascos con el resto de España, valones y flamencos en Bélgica, el conflicto del Tirol en el norte de Italia y las diferencias con el sur napolitano o siciliano, el debate entre izquierdas y derechas en Alemania o Francia.

Ni hablar del debate actual en los EEUU ligado a la más que cuestionada gestión del Presidente Trump.

Todas las Naciones arrastran conflictos históricos y diferencias que muchas veces parecen irreconciliables, sin embargo, la democracia y las Instituciones Republicanas nos permiten conciliarlas con alternancia y diversidad.

En todos los casos expuestos, hemos visto sucederse a administraciones de uno u otro signo sin que el rumbo de las naciones se altere sustancialmente. Porque los gobiernos cambian pero la nación se caracteriza por la continuidad. Y sin continuidad no hay credibilidad.

La credibilidad argentina sería que en el 2027 —y en el futuro— pudieran gobernar Milei o Kiciloff, o Macri o Bullrich, o cualquier otro/a que decidiera la ciudadanía, sin alterar la media docena de prioridades que cimentan una Nación estable.

Las prioridades son:

1. equilibrio fiscal
2. independencia del Poder Judicial
3. independencia del Banco Central
4. educación obligatoria y gratuita de los 5 a los 15 años y becas que garanticen la educación de los más calificados para terminar la educación secundaria y la universitaria
5. eliminación progresiva de las retenciones
6. fortalecimiento del Federalismo y la Integración Regional (Mercosur + Chile)

No importa quién gobierne, el fortalecimiento de estos 6 ejes daría estabilidad para que propios y extraños sepan a qué atenerse en el mediano y largo plazo.

Lo único que necesitamos es la voluntad política de hacerlo.

Por supuesto que, alrededor de estos temas centrales, se estructuran una red de otros que los complementan y perfeccionan, dentro del marco de nuestra Constitución Nacional, votada por unanimidad en 1994.

Estamos más cerca de lograrlo de lo que percibimos en la actualidad. Los gritos altisonantes, la soberbia autorreferencial y la falta de una visión estratégica compartida nos obnubilan y nos perturban.

Solo mirando a nuestros vecinos Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, es suficiente para inspirarnos y ver cómo es posible sostener con pasión nuestras convicciones y mantener el rumbo que nos contenga a todos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió el 8 de junio de 2026 la declaración final de la misión de la Consulta del Artículo IV sobre Guatemala, tras reuniones realizadas en Ciudad de Guatemala entre el 27 de mayo y el 5 de junio. El documento, difundido por el Ministerio de Finanzas Públicas, señaló estabilidad macroeconómica y desafíos para el desarrollo.

Según el Ministerio de Finanzas Públicas, la misión del FMI indicó que Guatemala mantiene una posición de estabilidad macroeconómica apoyada en políticas fiscales y monetarias prudentes aplicadas durante varios años. La cartera también afirmó que el país presenta deuda pública baja, inflación controlada y una sólida posición externa.

El ministerio sostuvo que ese marco macroeconómico permitió afrontar choques externos y sostener las finanzas públicas. También atribuyó el reconocimiento del FMI a la continuidad de medidas orientadas a la disciplina fiscal y a la solidez del sistema financiero, que, según la cartera, preservaron la confianza de los mercados y de los inversores internacionales.

¿Qué destacó el informe sobre el potencial de crecimiento?

El informe difundido por la cartera de finanzas señaló que Guatemala atraviesa una etapa de transición hacia una nueva fase de desarrollo económico. Las autoridades consideran que el país cuenta con condiciones para impulsar un ciclo de crecimiento sostenido, apoyado en su población joven y en su ubicación geográfica para fortalecer vínculos comerciales con los mercados de América del Norte.

El texto también identificó áreas de potencial en infraestructura, logística, energía, turismo y manufactura, sectores que podrían dinamizar la economía nacional en los próximos años.

¿Cuáles son las prioridades del gobierno?

El Ministerio de Finanzas Públicas indicó que el gobierno encabezado por Bernardo Arévalo fijó como prioridad aprovechar el contexto señalado por el FMI para acelerar una agenda de reformas orientada al desarrollo. Entre los ejes definidos por la administración mencionó el aumento de la inversión nacional y extranjera, la mejora de la competitividad, el fortalecimiento institucional y la generación de empleo.

La comunicación oficial agregó el avance en los indicadores de bienestar social entre los objetivos de esa agenda. Según el ministerio, si esos objetivos se consolidan, Guatemala podría posicionarse como una de las economías más dinámicas y atractivas de América Latina.

El reto señalado al final de la misión

En el cierre de su declaración, el Ministerio de Finanzas Públicas valoró el diálogo con el FMI durante la misión de consulta. Según la entidad guatemalteca, las recomendaciones del organismo internacional constituyen un aporte para la elaboración y ejecución de la agenda de reformas estructurales del país.

La cartera advirtió que la estabilidad macroeconómica no es suficiente por sí sola y sostuvo que el principal reto para el país radica en transformar esa estabilidad en mayor productividad, competitividad y una prosperidad que beneficie de forma amplia a la población guatemalteca.

Por otra parte, el FMI ha ajustado a la baja sus expectativas sobre el avance económico de Guatemala, señalando que el país crecerá un 3.75 % en 2026. El organismo atribuyó este freno a la subida en los precios internacionales del petróleo, consecuencia directa de la guerra en Oriente Medio, que encarece la factura energética del país.

Esta previsión representa una revisión respecto al cálculo anterior del Banco de Guatemala, que situaba el crecimiento en 4.1 %.

Las finanzas públicas y la acumulación de activos externos por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) evolucionan de acuerdo con el plan del Gobierno. Ese proceso se tradujo en desinflación, estabilidad en el mercado cambiario y baja de las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo. Aunque la actividad agregada registró récords, persiste malestar en sectores de la producción y el consumo, que retrocedieron frente a años anteriores y lo reflejaron en la mora del crédito, tanto bancario como, con mayor intensidad, en canales alternativos.

Ante ese panorama, Infobae entrevistó a Andrés Borenstein, economista de BTG Pactual y docente universitario en la UTDT y la UBA. Coautor del libro Puede Fallar y autor del podcast La Economía en 3 minutos, analizó los principales aciertos del nuevo esquema cambiario, las oportunidades de inversión y los riesgos internos y externos que podrían condicionar el crecimiento durante el resto del año.

— ¿El ministro de Economía peca de optimismo al afirmar que espera “los mejores 18 meses” en más de dos décadas? ¿En qué indicadores se apoya esa proyección?

— No me corresponde decir si peca o no peca. Creo que la economía andará bien en los próximos meses. No sé si serán los mejores, pero veo la actividad en mejora. Hay empresas que anunciaron inversiones y, en la medida en que esos anuncios se concreten, la actividad mejorará y algunos sectores que hoy no vienen tan bien, como por ejemplo la construcción, probablemente arranquen.

“No creo que vaya a haber un boom de construcción, pero sí mejor actividad. Lo mismo vale para algunos sectores industriales. Y, sin duda, algunos servicios”

No creo que vaya a haber un boom de construcción, pero sí mejor actividad. Lo mismo vale para algunos sectores industriales. Y, sin duda, algunos servicios seguirán mejorando su performance. Es claro que no será homogéneo y que, aun en una buena economía, habrá gente que no esté bien. Corregir desequilibrios lleva mucho tiempo.

— ¿Por qué conviven diagnósticos tan distintos entre economistas: unos sostienen que la economía va “por buen camino” y otros que “no está bien”? ¿Qué muestran los datos en actividad, salarios reales, empleo, pobreza e inversión para explicar esa divergencia?

— Bueno, todos tenemos sesgos. Y, por otro lado, la economía no es una ciencia exacta. Yo asumo que los precios internacionales seguirán siendo buenos para Argentina, que El Niño traerá otra buena cosecha. Creo que el Gobierno tuvo la filosofía correcta en arreglar las cuentas fiscales, romper con el proteccionismo y desregular muchos sectores. Hubo más controversias con la cuestión monetaria y cambiaria, pero fue haciendo cambios en la política económica que la mejoraron.

Los mejores ejemplos fueron la reducción de volatilidad de tasas de interés y la compra de reservas. Es decir, hay una plataforma que es mejor que antes. Y, por supuesto, hay gente a la que puede no gustarle el RIGI o que puede querer una apertura más rápida del cepo. Son opiniones válidas. No es blanco o negro.

No estoy diciendo que no haya riesgos. La política local, que incluye tanto lo que haga el Gobierno como lo que haga la oposición, puede complicar la situación. El escenario internacional puede cambiar para peor. Y también puede pasar que algo que uno predice finalmente no ocurra. Hay que asumir que todos erramos.

“La economía no puede “estar bien” cuando crecimos casi nada en los últimos 15 años y todavía tenemos una inflación muy alta

Partamos también de decir que la economía no puede “estar bien” cuando crecimos casi nada en los últimos 15 años y todavía tenemos una inflación muy alta. Se puede compartir más o menos lo que hace el Gobierno, pero no le podemos poner una vara suiza.

— El Fondo Monetario Internacional, en la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, destacó avances y también enumeró desafíos del programa. ¿Comparte ese diagnóstico? ¿En qué puntos coincide y en cuáles discrepa?

— Diría que estoy bastante de acuerdo con lo que plantea el FMI. Obviamente la realpolitik es otro negocio. La reforma tributaria que proponen tiene todo el sentido del mundo. Pero sacarla (esta u otra versión) implica una negociación compleja con las provincias. Y no solo eso: es difícil por la política, pero también porque no todas las provincias quieren o necesitan lo mismo.

— A 30 meses del gobierno de Javier Milei, ¿El ordenamiento fiscal fue “demasiado rápido” o fue el ritmo necesario?

— Respecto de la velocidad, Milei tuvo el beneficio de aprender de lo que no salió bien del gobierno de Macri y, por otro lado, tenía un mandato social para hacerlo que quizás Macri no tenía. Desde lo teórico, la terapia de shock es mejor que el gradualismo. Además, la promesa de corte futuro en Argentina es una promesa liviana. Había que hacerlo rápido.

— En la relación entre ajuste fiscal e impuestos: ¿el recorte del gasto habilitó la baja o eliminación de tributos, o primero se redujeron impuestos y eso forzó un ajuste mayor? ¿Qué “tamaño de Estado” es consistente con sostener el superávit en 2026 y 2027?

— Creo que el Estado está llegando a un tamaño correcto. Probablemente el ajuste adicional ahora debería venir de lo provincial y municipal. Esto no quiere decir que no haya cosas para reasignar en el Gobierno federal.

“Milei tuvo el beneficio de aprender de lo que no salió bien del gobierno de Macri y, por otro lado, tenía un mandato social para hacerlo que quizás Macri no tenía”

Siempre es conveniente evaluar el gasto y asignarlo donde tiene mayor valor social. Pero si se mira el gasto en base caja, entre jubilaciones, programas sociales e intereses de la deuda ya tenemos más del 75% del total.

— Mes a mes, la Secretaría de Finanzas informa que la deuda pública consolidada (Administración Central y Banco Central) baja en relación con el PBI y, según esas series, también en valores absolutos. ¿Qué tan robusta es esa lectura?

— La deuda argentina es baja. Cada uno la mide como le conviene. Si sube en dólares porque el tipo de cambio se aprecia, entonces también sube el PBI. Si el Gobierno esteriliza la compra de reservas con deuda, entonces sube la deuda, pero también los activos. Lo más relevante es no tener déficit, porque eso es lo que impide que la deuda suba más allá de las contabilizaciones que se hacen en función del PBI, en dólares o en pesos. No veo riesgos grandes en el perfil de vencimientos. Aunque es importante tratar de mostrarle al mercado que hay acceso, porque eso despeja la incertidumbre de quien la tenga.

— ¿Qué factores frenan una caída más marcada del índice de riesgo país? ¿Qué pesa más hoy: el frente fiscal, el externo, la dinámica de la deuda, el marco institucional o el riesgo político?

— Las cosas que más mira el mercado son la posición de reservas y el riesgo político. Si eso anda bien, dos puntos más de inflación no cambian el panorama. Lógicamente, una parte del riesgo político tiene que ver con que la economía crezca, pero el cóctel político depende de muchos factores, algunos de los cuales exceden a lo económico.

— ¿La combinación de desinflación, baja de tasas de interés para depósitos y apreciación del peso es un fenómeno transitorio o tiene fundamentos? ¿Qué variables deberían monitorearse para saber si ese equilibrio es sostenible?

— Creo que la tasa de interés relevante hoy, como la Tamar por debajo de la inflación, no es algo que vaya a durar para siempre. Esperemos que baje la inflación más de lo que suba la tasa.

“Con los números en la cuenta corriente de la balanza de pagos, yo no creo que veamos una depreciación real de la moneda”

El tema de la apreciación del peso es siempre debatible. Con estos números en la cuenta corriente de la balanza de pagos, yo no creo que veamos una depreciación real de la moneda.

— ¿Qué espera para el resto del año en actividad, inflación, tipo de cambio y reservas? ¿Cuál es su escenario base y qué shock lo haría revisar ese pronóstico?

— El escenario base es un crecimiento superior al 3,5%, un tipo de cambio entre 1.650 y 1.700 pesos y compras del Banco Central por alrededor de USD 15.000 millones. Si los precios del petróleo se mantienen arriba de USD 90 por todo el año, es posible que se compren más dólares. Va a depender también de cuántos dólares decidan comprar los argentinos.

— ¿Ese escenario alcanza para que el Gobierno vuelva al mercado internacional de deuda? ¿Qué condiciones de tasa, plazo y señal política serían necesarias, y qué diferencia esa eventual vuelta de las emisiones recientes de empresas energéticas y bancos?

— Con menos de 500 de índice de riesgo país, la ventana se puede abrir. Si a eso le sumáramos otra calificación de riesgo en B-, también ayudaría.

— ¿Cómo evalúa el esquema cambiario vigente: hay atraso cambiario o todavía hay margen? ¿Qué nivel de tipo de cambio real considera consistente con acumular reservas sin reactivar la inflación?

— En términos históricos, el peso puede estar caro. Pero la historia tiene valor relativo. Estamos frente a un cambio de régimen en lo macro y tenemos un potencial exportador que parece materializarse. De manera que esos términos taxativos como atraso cambiario son debatibles.

“En términos históricos, el peso puede estar caro. Pero la historia tiene valor relativo. Estamos frente a un cambio de régimen en lo macro y tenemos un potencial exportador que parece materializarse”

El dólar se ha debilitado frente a las monedas emergentes y el euro en el último año y medio. Desde lo macro, este año tendremos equilibrio o superávit de cuenta corriente en base caja, el BCRA compra dólares y no creo que nadie se anime a decir que los salarios en Argentina en dólares son caros. Esas cosas no son tan compatibles con un tipo de cambio sobreapreciado.

Hay gente que puede argumentar que los salarios son caros ajustados por productividad. Pues entonces veamos cómo aumentamos la productividad.

— ¿Dónde ve hoy el principal cuello de botella para crecer: crédito, impuestos, costo laboral no salarial, infraestructura, energía, o incertidumbre regulatoria?

— Entiendo que los temas impositivos deberían tener prioridad. No digo coparticipación porque eso es institucionalmente imposible. Pero sí hay que hacer algo con las tasas de seguridad e higiene y ingresos brutos. Por supuesto que no es fácil, porque no se trata de que las provincias y municipios queden desfinanciados. Hay que buscarle la vuelta a eso.

— ¿Una reflexión final?

— Aflojemos con la ansiedad. No estamos ni vamos a estar en el paraíso por mucho tiempo porque venimos de una situación muy mala. Las reformas que se hicieron van en la dirección correcta y, en más o en menos, nos deberían llevar por un camino de crecimiento con menor inflación. El trayecto no es lineal.

Fotos: Adrián Escandar

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ajustado a la baja sus expectativas sobre el avance económico de Guatemala, señalando que el país crecerá un 3.75 % en 2026.

De acuerdo a una nota de la agencia EFE, el organismo atribuyó este freno a la subida en los precios internacionales del petróleo, consecuencia directa de la guerra en Oriente Medio, que encarece la factura energética del país.

Esta previsión representa una revisión respecto al cálculo anterior del Banco de Guatemala, que situaba el crecimiento en 4.1 %.

De acuerdo con el FMI, la economía guatemalteca venía de registrar una expansión del 4.3 % en 2025, mostrando bases macroeconómicas sólidas.

No obstante, el entorno global ha cambiado el panorama y obliga a una reevaluación de las proyecciones para este año.

Guerra en Oriente Medio y su impacto en la economía guatemalteca

El conflicto armado en Oriente Medio ha generado presiones sobre los mercados internacionales de energía.

El alza de los precios del petróleo afecta directamente a países importadores como Guatemala, ya que incrementa los costos de producción y transporte, encareciendo bienes y servicios.

Según la misión del FMI encabezada por Alex Kuliuk, el choque petrolero terminó por modificar el escenario inicialmente optimista para 2026.

En palabras del propio Kuliuk, “el choque petrolero está cambiando lo que había comenzado como un año muy favorable”. El representante del organismo internacional detalló que ahora los efectos del conflicto reducirán la tasa de expansión prevista para la economía guatemalteca.

Resiliencia y riesgos: el peso de las remesas y la inflación

A pesar del nuevo contexto, tanto el FMI como el Banco de Guatemala reconocen la resiliencia del país ante los choques externos. El presidente del banco central, Álvaro González Ricci, subrayó que la inflación permanece controlada, con un índice de 3.24 %, dentro del rango meta pese a las presiones internacionales.

En paralelo, el flujo de remesas —que equivale al 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) guatemalteco— se mantiene como un pilar de la economía.

No obstante, el FMI advirtió sobre la necesidad de reducir la dependencia de estos envíos de dinero provenientes del extranjero, ante la incertidumbre de la política comercial de Estados Unidos.

“No vemos un escenario en el cual las remesas vayan a desaparecer ni a decrecer; simplemente empezamos a ver crecimientos más moderados”, explicó González Ricci.

El funcionario consideró fundamental mejorar las condiciones internas para impulsar empleos y salarios, lo que implica mayor inversión en infraestructura.

Recomendaciones del FMI y reformas pendientes

Para hacer frente a los desafíos actuales, el FMI recomendó llevar adelante reformas urgentes en infraestructura vial y en los procesos de contratación pública.

El organismo considera que Guatemala debe avanzar hacia un modelo económico que priorice la inversión interna, reduciendo su vulnerabilidad ante factores externos imprevisibles.

El FMI también valoró de forma positiva la reciente aprobación de la ley antilavado de dinero, por considerarla alineada con los estándares internacionales y relevante para futuras evaluaciones de integridad financiera.

La aprobación de esta normativa refuerza la posición del país ante la comunidad internacional y organismos multilaterales.

En síntesis, el FMI alertó que el contexto internacional —marcado por la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento del petróleo— frena el crecimiento de Guatemala respecto a las previsiones iniciales.

El organismo internacional recomienda reformas estructurales y mayor inversión interna para garantizar un desarrollo menos dependiente de factores externos y más sostenible a largo plazo.

La consejera senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Adriana D’Elia, indicó que ese organismo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) no podrán comenzar a operar en Venezuela hasta que el país cancele una deuda que aproximadamente alcanza los 2 mil 500 millones de dólares con cada una de esas instituciones.

“Ni CAF ni BID pueden comenzar a operar en Venezuela hasta que se pague la deuda; es decir, no puede haber operaciones de crédito ni tener proyectos de inversión hasta que Venezuela no pague la deuda. Tiene 2.500 millones de dólares con el BID y algo similar con CAF y es un proceso que va a ser complejo”, declaró D’Elia en un foro organizado por la ONG Transparencia Venezuela este jueves 4 de junio.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez restableció las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en el marco de una política que busca reinsertar a Caracas en los entes multilaterales y abrir sectores estratégicos de la economía al capital privado.

D’Elia asomó que “se ha hablado de que la posibilidad de pago pasa por los fondos de Derechos Especiales de Giro (DEG) que tiene Venezuela en el FMI”, equivalentes a unos 5 mil millones de dólares.

Mientras el régimen chavista no cumpla sus compromisos con estas instituciones, el vínculo se limitará a “cooperaciones técnicas de información y de diseño de programas, pero que no pueden ser ejecutados”. “Si no le paga al BID y a CAF va a ser mucho más complejo”, acotó.

Datos

D’Elia sostuvo que la reconexión de Venezuela con los órganos internacionales puede contribuir a construir transparencia, capacidad institucional y condiciones para una transición democrática. Recordó que BID y CAF han cambiado sus paradigmas para priorizar la “reconstrucción institucional” como condición indispensable para la ejecución de proyectos.

Consideró que la falta de instituciones, la opacidad en los datos públicos, la poca capacidad de ejecución y la corrupción hicieron de Venezuela una nación frágil. Para comenzar a revertir esta situación, apuntó que los entes multilaterales deben colaborar en la elaboración de una “plataforma integrada de transparencia”, con el fin de obtener información confiable para el diseño de las políticas públicas.

“La primera infraestructura es la capacidad para ver el territorio. Ahora mismo no tenemos información de Venezuela, no tenemos capacidad real de entender lo que está pasando”, advirtió la consejera, que llamó la atención sobre la necesidad de crear indicadores institucionales, sociales y de seguridad para evaluar la situación del Estado venezolano.

D’Elia planteó la conformación de “espacios institucionales pilotos” en el territorio venezolano, donde puedan aplicarse correctamente las nuevas políticas, medir sus resultados y luego expandirlos progresivamente por todo el país.

La reserva estratégica de Bitcoin de El Salvador alcanzó este jueves las 7,672 monedas, valoradas en más de USD 487.5 millones, según datos oficiales publicados en el portal bitcoin.gob.sv/es. El incremento se produce a pocos días de cumplirse cinco años de la aprobación de la Ley Bitcóin, que permitió el uso de la criptomoneda en el país.

Desde diciembre de 2025, cuando el Gobierno informó 7,517 bitcoines, la reserva estatal sumó 152 monedas más hasta mayo de 2026, siguiendo la estrategia oficial de adquirir un bitcoin por día. Entre el lunes y el miércoles recientes, se agregaron tres monedas adicionales, elevando el total a 7,672.

La Ley Bitcoin fue promovida por el presidente Nayib Bukele y aprobada el 8 de junio de 2021. Entró en vigor 90 días después y convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense.

El acuerdo con el FMI y sus efectos

En 2024, el Gobierno alcanzó un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo financiero internacional, que impuso límites al uso y compra de la criptomoneda. Posteriormente, en enero de 2025, el Congreso eliminó la obligación de aceptar bitcoin y suprimió la participación estatal en su uso.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha informado si utilizará la reserva digital para financiar proyectos específicos a corto o mediano plazo. A pesar del impulso estatal al criptoactivo, diversos estudios indican que el uso cotidiano del bitcoin continúa siendo bajo: el 92% de la población no utilizó la criptomoneda en 2024, el nivel más bajo desde su introducción en 2021.

Las remesas y el uso del Bitcoin en El Salvador

Las remesas en criptomonedas hacia El Salvador sumaron USD 23.1 millones entre enero y abril de 2026, un alza del 44.3 % frente al mismo período de 2025 que elevó su participación al 0.70 % del total recibido por el país, según el Banco Central de Reserva citado por la agencia EFE, en un contexto en el que el uso de estos activos sigue ligado a la confianza de los usuarios y la evolución de los mercados internacionales.

Durante todo 2025 las remesas enviadas por billeteras digitales llegaron a USD 57.67 millones, una caída del 32.5 % frente a los USD 85.5 millones de 2024. El aumento observado en los primeros cuatro meses de 2026 implicó USD 7.1 millones más que los USD 16 millones registrados en igual lapso del año anterior, de acuerdo con el BCR citado por EFE. Ese flujo representó una porción todavía reducida del volumen general de remesas, aunque superior al 0.52 % anotado entre enero y abril de 2025.

El total de remesas que ingresó al país entre enero y abril de 2026 alcanzó USD 3,286.72 millones, frente a USD 3,076.93 millones en el mismo período de 2025, de acuerdo con el BCR.

Las remesas enviadas mediante criptomonedas crecieron con fuerza en el arranque de 2026, pero todavía equivalen a menos del uno por ciento del total que recibe El Salvador, según las cifras del BCR.

El país fue el primero del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense desde septiembre de 2021.

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica enfrenta una caída abrupta en la recaudación tributaria, con una reducción de ¢70,855 millones- unos 154,255 USD - solo en el primer trimestre respecto al año anterior, según detalla una nota de Diario Extra en Costa Rica.

Este descenso amenaza con agravar el endeudamiento público, que, según proyecciones oficiales, podría alcanzar un 67% del PIB en 2031 si no se toman medidas inmediatas.

De acuerdo a la nota, la situación fiscal obligó al nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves a anunciar el miércoles la presentación de un “plan de contingencia” ante la presidenta Laura Fernández y el Consejo de Gobierno.

Esta estrategia busca frenar el aumento de la deuda y estabilizar las finanzas estatales, en un contexto marcado por la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para adoptar reformas estructurales.

Medidas sugeridas por el FMI y posibles impactos

De acuerdo a la nota de Diario Extra, el FMI recomendó a Costa Rica analizar alternativas que incluyen la aplicación de un 13% de IVA a la canasta básica, la reducción de exoneraciones fiscales, el gravamen a las ganancias de la lotería y del salario escolar, entre otras opciones.

Estas medidas podrían afectar tanto a las empresas como a los hogares, al incrementar los costos de bienes esenciales y modificar la carga tributaria para distintos sectores.

En respuesta a la consulta- cita la nota- sobre qué motiva la urgencia de este plan, la cartera de Hacienda señaló que la principal razón es el deterioro de los ingresos fiscales, asociado a factores como la baja en el tipo de cambio, cambios legislativos que redujeron la base tributaria y una “fatiga” de los contribuyentes tras la reforma fiscal de 2018.

La estimación oficial prevé una disminución total de ¢300 mil millones en ingresos para 2026.

Obstáculos políticos y margen de maniobra del Gobierno

Pese a la presión técnica y financiera, el panorama político presenta obstáculos. Nogui Acosta, jefe de la bancada oficialista Pueblo Soberano, y también citado en la nota, descartó públicamente la posibilidad de crear nuevos impuestos durante el actual mandato.

No obstante, Acosta sí mostró disposición a considerar la renta global como una forma de reorganizar la estructura tributaria existente, sin que esto implique una carga adicional para los contribuyentes.

Chaves subrayó la importancia de actuar para asegurar la resiliencia de Costa Rica ante riesgos internacionales, entre los que mencionó conflictos geopolíticos y amenazas sanitarias como el Ébola o el Hantavirus.

Según el ministro, el objetivo es que el actual gobierno no incremente la deuda salvo en circunstancias excepcionales.

Próximos pasos y decisiones pendientes

El Ejecutivo deberá decidir cuáles de las propuestas del FMI serán incluidas en el plan fiscal definitivo.

El propio Chaves advirtió que no adelantará detalles hasta que la presidenta Fernández dé su visto bueno a la estrategia de corto, mediano y largo plazo.

Mientras tanto, el país se encuentra en la encrucijada de adoptar medidas que podrían tener efectos inmediatos en la economía de los hogares y las empresas, bajo la mirada atenta de los organismos internacionales y la ciudadanía.

La deuda vinculada al sistema de pensiones se consolidó como el principal riesgo estructural para la sostenibilidad fiscal de El Salvador en 2026. El último informe de la financiera inglesa Emerging Finance (EMFI) alerta que este componente de la deuda pública representó 30.6% del PIB en 2025, cifra que equivale a cerca del 34% del endeudamiento total del Sector Público No Financiero (SPNF). Según el análisis, “la presión que ejercen las obligaciones previsionales amenaza con revertir los avances fiscales recientes”.

La reforma de pensiones aprobada en 2022 por el gobierno de Nayib Bukele permitió reducir temporalmente el déficit fiscal, al diferir pagos significativos durante cuatro años. Sin embargo, el informe de EMFI advierte que desde 2027 que se reanudarán las obligaciones de pago incrementarán la presión sobre las cuentas públicas. “El alivio conseguido tras la reforma es limitado en el tiempo”, señala el documento, y anticipa que el déficit del SPNF, incluyendo las pensiones, fue de 2.9% del PIB en 2025 y podría alcanzar 3.1% en 2026.

La deuda previsional de El Salvador se origina en la necesidad de financiar el sistema de reparto estatal, tras la transición desde un régimen de capitalización individual a uno público. Esta situación ha requerido la emisión recurrente de títulos de deuda y obligaciones a largo plazo. El informe de EMFI destaca que el peso creciente de estas obligaciones limita la capacidad de maniobra fiscal y complica la gestión de la deuda total.

El estancamiento en las negociaciones para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se atribuye en parte a la falta de avances en una reforma estructural del sistema de pensiones. De acuerdo con el reporte de EMFI, existe una probabilidad del 65% de que el acuerdo con el FMI permanezca bloqueado hasta 2026, mientras no se resuelva el problema previsional. El documento advierte que “la sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá de la capacidad política para consensuar una solución integral para el sistema de pensiones”.

El impacto sobre la solvencia y el financiamiento

El análisis de EMFI subraya que la persistencia de un déficit previsional elevado, en un contexto de bajo crecimiento y presiones inflacionarias, puede agravar los riesgos de solvencia y aumentar la vulnerabilidad financiera del país. “Las obligaciones previsionales absorben un porcentaje creciente del gasto público”, advierte el informe, lo que reduce el margen para atender otras prioridades de desarrollo.

El documento también identifica la ausencia de un horizonte de solución a mediano plazo, lo que genera incertidumbre entre los inversionistas y obstaculiza el acceso a financiamiento externo. Los mercados internacionales perciben la falta de reformas como un factor de riesgo, lo que se refleja en los costos de la deuda soberana salvadoreña y en las recomendaciones de mantener posiciones cautelosas en los eurobonos del país.

El informe de EMFI estima que, sin una intervención estructural, la deuda vinculada al sistema previsional podría continuar ascendiendo en los próximos años, incrementando la probabilidad de episodios de estrés fiscal. El análisis concluye que “la agenda de reformas estructurales en pensiones será determinante para la estabilidad macroeconómica de El Salvador durante la próxima década”.

“No les tengo miedo”, dijo la presidenta de Costa Rica Laura Fernández este miércoles 3 de junio en San José, al denunciar amenazas y atentados en su contra. La mandataria afirmó que seguirá en funciones y pidió acción coordinada de las instituciones frente al crimen organizado.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía y a los poderes del Estado, Fernández pidió unidad institucional frente al avance de las mafias. “No hay espacio para poses políticas con esto. No hay espacio para querer figurar en esto. No hay espacio. El crimen organizado no nos va a ganar la pelea si el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa hacen lo que tienen que hacer”, declaró ante la pren.

También advirtió que seguirá cuestionando la falta de respuesta de otras instituciones: “Voy a seguir señalando con vehemencia la inacción o la omisión de los otros poderes de la República”.

Consultada sobre el presunto complot atribuido a la familia Lara, Fernández respondió: “Dime quién es tu enemigo y te diré el trabajo que estás haciendo”. La presidenta sostuvo que las amenazas no alteran su agenda y reiteró que ella y su familia se mantienen protegidos.

“Mi familia (y yo) siempre hemos sido personas temerosas de Dios. Recibo siempre las bendiciones del pueblo de Costa Rica y sé que mi propósito es muchísimo más grande que el de cualquier persona que quiera hacerme daño. Así que yo duermo como un bebé, trabajo con toda la energía del mundo y voy a seguir dándole guerra a los que ya sabemos se están incomodando por mi trabajo”, insistió.

Reformas penitenciarias y seguridad

La mandataria también se refirió a las reformas penitenciarias y a las acciones para combatir el desorden en las cárceles. Defendió las nuevas restricciones al ingreso de alimentos y objetos desde el exterior, al sostener que buscan frenar el tráfico de drogas, armas y otros artículos prohibidos.

“Las cárceles de Costa Rica son eso, son cárceles. Perdóneme, pero ¿qué es ese cuentico de centro de atención integral? No, señor, usted está en la cárcel porque fue un asesino, un violador, un delincuente que terminó con la vida de la gente buena de este pueblo. Usted no está ahí de vacaciones ni rascándose la panza mientras le disminuyen la condena. Conmigo no cuenten para alcahueterías en la cárcel”, expresó Fernández.

El ministro de Justicia, Gabriel, respaldó las medidas y aseguró que el suministro de alimentos y la atención diferenciada para personas con condiciones de salud están garantizados.

La presidenta anunció además que los directores de cuerpos policiales y ministros vinculados al equipo de seguridad se someterán a pruebas de polígrafo, en cumplimiento de la legislación vigente y como muestra de transparencia en la lucha contra el crimen organizado.

Aranceles y economía

En materia económica, la jefa de Estado respondió a la inclusión de Costa Rica en una lista preliminar emitida por Estados Unidos sobre países que podrían enfrentar aranceles más altos por no prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzado.

Fernández aseguró que el país mantiene aranceles promedio de 10% y que las autoridades trabajan en reformas para sostener la competitividad. La viceministra de Comercio Exterior, Ariana Arce, señaló que los nuevos aranceles de 12,5% aún no fueron confirmados y que productos como el café, el banano y la piña quedarían excluidos de eventuales subidas.

La situación fiscal también formó parte de la agenda. La presidenta informó que el gobierno analiza las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional entre ellas la posible aplicación del IVA a la canasta básica y reformas en el sistema de pensiones. El ministro de Hacienda, Rodrigo, afirmó que la economía costarricense permanece sólida y bien posicionada ante riesgos globales, aunque reconoció la necesidad de fortalecer los ingresos públicos para evitar el incremento de la deuda estatal.

Política exterior y designaciones

En el plano internacional, Fernández defendió la designación de figuras externas en puestos diplomáticos, al sostener que la mayoría de los nombramientos corresponde a funcionarios de carrera, pero que en algunos casos se requieren perfiles técnicos ligados a temas como energía, seguridad y turismo. Sobre el representante ante Naciones Unidas, explicó que el cambio busca alejarse de discusiones ideológicas y centrar la agenda en asuntos de interés nacional.

“No esperen nunca de mí que esté sentada como una muñequita de caja haciendo las cositas administrativas del Gobierno. Yo vine aquí a cumplirle a Dios y a ustedes y haré todo lo que pueda por ello”.

En ese marco, Redrado hizo hincapié en que el debate central no puede limitarse a un país que beneficie sólo a una parte de la población. “Ese es un país para diez millones de argentinos. Y el debate es cómo generamos un país para cuarenta y ocho millones de argentinos que están dadas todas las posibilidades para hacerlo”, señaló, reforzando la necesidad de un modelo inclusivo y superador.

“El camino es otro: bajar impuestos”

Uno de los principales puntos de la exposición de Redrado fue la crítica a la reforma impositiva propuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina. “La reforma impositiva que plantea el fondo es inviable, inefectiva e impracticable”, sostuvo el economista, rechazando de plano la idea de aumentar tributos como el monotributo o el impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia. “La propuesta del fondo es subir el monotributo. Subir impuestos a las ganancias para todos aquellos trabajadores que están en relación de dependencia. Y el camino es otro. El camino es bajar impuestos para poder atraer a la economía informal que hoy tenés en la Argentina”, explicó.

Según Redrado, la reducción de la carga impositiva permite ampliar la base de tributación y formalizar empleo. “Hoy los trabajadores en relación de dependencia pagan un 18 % de impuestos al trabajo. Bueno, uno podría bajar esos impuestos al 9 % y eso sería una inyección al bolsillo de los trabajadores para poder tener más capacidad adquisitiva. Esas son las reformas que Argentina necesita”, remarcó.

Incentivos para los tres motores

El análisis de Redrado sobre los motores de la economía es concreto: “Para tener un país en movimiento, en crecimiento, que llegue a cuarenta y ocho millones de argentinos, lo que necesitamos es incentivos al consumo, incentivos a la inversión e incentivos a las exportaciones”. De acuerdo con su visión, la economía argentina muestra un fuerte componente de consumo interno, que representa cerca del 70 % de lo que se produce, mientras que la inversión ronda el 20-25 % y las exportaciones el 10 %.

Sobre el consumo, advirtió que la caída se explica por el uso del “ancla cambiaria y el ancla salarial” como herramientas para frenar la inflación. “Los salarios vienen creciendo, o el equipo económico no homologa incrementos de salario de más del 2 % mensual. Hay algunos gremios, como Construcción, que ha logrado sumas fijas y entonces en el mes de abril ves que por primera vez el salario le gana a la inflación”, detalló. Aun así, la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia permanecen perdiendo poder adquisitivo frente a los precios.

Respecto a la inversión y las exportaciones, Redrado remarcó que la política económica debe mirarse de manera integral. “Argentina tiene un problema de costos. Entonces, la política económica debe focalizarse en los costos impositivos”, subrayó. Reiteró que el país necesita un entorno impositivo más simple y competitivo para atraer capitales y fomentar las ventas al exterior.

Un modelo para todos

El economista insistió varias veces en la necesidad de diseñar un programa que incluya a toda la población y no solo a unos pocos sectores. “El debate que debemos tener en la Argentina es si queremos un país para diez millones de habitantes. Hay tres sectores a los que les va a ir bien en cualquier circunstancia: agro y ganadería, energía y minería, y servicios profesionales, servicios del conocimiento. Ahora, ese es un país para diez millones de argentinos. Y el debate es cómo generamos un país para cuarenta y ocho millones de argentinos que están dadas todas las posibilidades para hacerlo”, remarcó.

En ese sentido, propuso que, además de pensar en reformas laborales, el país necesita un “shock” de medidas que abarquen lo tributario, lo cambiario y lo monetario. “Yo hubiera hecho un shock de leyes o un shock de medidas que van en lo tributario, que van en lo cambiario también y que van en lo monetario. Argentina tampoco tiene un régimen monetario permanente”, agregó.

Formalización y empleo

Redrado señaló la importancia de reducir la informalidad para sostener el equilibrio fiscal y la equidad social. “Si vos tenés una economía que sigue siendo el 50 % está en la informalidad, es imposible sostenerla desde el punto de vista del equilibrio presupuestario y también desde el punto de vista de la equidad social”, aseguró. Para eso, insistió en que el Estado debe bajar impuestos al trabajo, facilitar la formalización de más trabajadores y ampliar la base de aportantes.

“La clave en economía también son las expectativas que vos generás hacia adelante. Si vos no generás expectativas de que el país va a crecer porque tenemos menos impuestos, porque tenemos más infraestructura, porque bajan los costos de transporte, porque también trabajamos nación y provincias para bajar la carga impositiva, eso genera un clima que nos da un horizonte que hoy Argentina todavía no tiene”, explicó.

Dólar, reservas y riesgo país

Sobre el tipo de cambio, Redrado consideró que Argentina debe avanzar hacia un sistema más simple y transparente. “En cualquier país normal, un solo tipo de cambio”, sentenció. “Hoy tomemos los depósitos de las empresas. En el sector financiero, en los bancos, son aproximadamente cuarenta y siete mil millones de dólares en pesos, sesenta y cinco billones de pesos hoy son pesos de las empresas que están en los bancos y que no pueden ir libremente al tipo de cambio si quieren ir o no. Con lo cual esa brecha no es una brecha real, porque realmente todavía tenés restricciones”, explicó.

Respecto al riesgo país y la dificultad para que baje, el economista detalló que la acumulación de reservas y la capacidad de afrontar vencimientos de deuda resultan determinantes. “Argentina tiene veintisiete mil millones de vencimiento de deuda, algunos se pueden rolear, algunos se pueden renovar. Otros, como son vencimientos estrictamente de bonos con el mercado, son once mil millones de dólares y, por lo tanto, hay que pagar. Lo más rápido que Argentina acumule reservas, que muestre que tiene fortaleza en su Banco Central, siga en este camino y pueda salir a los mercados voluntarios de capitales, cuanto más rápido pueda despejar eso, más tranquilo vamos a tener el año en lo económico”, sostuvo.

En la visión de Redrado, la economía local arrastra problemas estructurales que no sólo impactan en los indicadores macroeconómicos, sino que también afectan la vida cotidiana de la población. “La vida no pasa por ahí. Yo creo que pasa mucho más de todos los argentinos en cómo llegás a fin de mes, en cómo resolvés los problemas de educación de tus hijos, qué futuro le ves, cómo está el transporte. Las cosas diarias son las cosas que importan en la Argentina”, resumió.

Restricciones y perspectivas

El economista afirmó que todavía existen muchas restricciones para el movimiento de capitales, lo que también desalienta la inversión y la previsibilidad. “Todavía seguimos teniendo una cantidad de restricciones para el movimiento de capitales. Y eso sí me preguntan en el exterior”, comentó, asegurando que la reducción de esa burocracia también permitiría una normalización del flujo de dólares y de la actividad productiva.

Redrado insistió en que la política no debe entorpecer la gestión de los recursos del Banco Central. “Si vos te metés con el dólar, te estás metiendo con un precio fundamental de la economía. Y eso fue la disputa entre Cristina y quien te habla. Los dólares no son ni suyos ni míos, son de todos los argentinos”, relató.

El ex presidente del Banco Central concluyó que las reformas deben apuntar a fortalecer la economía real y fomentar el crecimiento de todos los sectores, para evitar la consolidación de un país dividido entre quienes acceden a los beneficios y quienes quedan relegados.

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La deuda previsional de El Salvador alcanzó USD 11.520,42 millones al cierre de abril de 2026, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) con información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). El saldo subió USD 279,29 millones frente a diciembre de 2025, un alza de 2,48% en cuatro meses.

El aumento se explicó por el comportamiento de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), que pasaron de USD 2.846,94 millones en diciembre de 2025 a USD 3.126,86 millones en abril de 2026. En contraste, los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) cerraron en USD 8.393,56 millones, frente a USD 8.394,19 millones en diciembre.

De acuerdo con el BCR, la deuda previsional mantiene una tendencia ascendente desde hace varios años. En enero de 2023, el saldo total era de USD 8.444,62 millones; para abril de 2026, ya superaba los USD 11.520 millones, con un aumento acumulado de más de USD 3.075 millones en poco más de tres años.

Emisiones y composición de la deuda

Entre enero y marzo de 2026, el Gobierno realizó emisiones de deuda previsional por USD 236,5 millones, desembolsadas en varios tramos, según las notas técnicas del ISP. Esas colocaciones impulsaron el saldo de los COP y contribuyeron al aumento general de la deuda asociada al sistema de pensiones.

Al cierre de abril de 2026, los CFT representaban cerca del 72,9% del total, mientras que los COP concentraban alrededor del 27,1%. Pese a esa diferencia, los certificados previsionales explicaron casi todo el crecimiento registrado en lo que iba del año.

En la actualización anterior, correspondiente al primer trimestre de 2026, el BCR reportó que la deuda estatal con los fondos privados de pensiones sumó USD 235,19 millones en el período y superó los USD 11.476 millones acumulados. La comparación interanual mostró que la deuda acumulada a marzo de 2026 era USD 779,21 millones mayor que la de marzo de 2025, equivalente a un crecimiento de aproximadamente 7,3%.

Durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno empleó USD 92,32 millones en enero, USD 46,76 millones en febrero y USD 96,11 millones en marzo. Según el texto, esos recursos se habrían destinado al pago de pensiones del antiguo sistema público, reformado en 2022.

El esquema de financiamiento y la advertencia del FMI

Esos fondos se obtienen mediante títulos emitidos por el ISP y adquiridos por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), una obligación establecida por ley. Actualmente, los COP suman USD 3.126,86 millones, mientras que los CFT se sitúan en USD 8.393,56 millones.

El BCR recordó que, desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022, los CFT no generan pagos de capital ni intereses.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el 89% de los activos bajo gestión de las AFP, que llegaron a USD 14.900 millones en 2024, permanecen en títulos de deuda pública, directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras.

Además, el organismo alertó que las pensiones del sistema privado comenzaron a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común para los afiliados de las AFP, utilizado cuando los pensionados agotan los fondos de sus cuentas individuales.

La población salvadoreña se mantiene a la expectativa de una nueva reforma al sistema de pensiones, un compromiso adquirido por el Gobierno de Nayib Bukele ante el FMI y cuyo plazo de entrega venció el 10 de febrero pasado.

El segundo año de gobierno en el segundo mandato de Nayib Bukele en El Salvador culminó con un crecimiento económico de 3.9% en 2025, reservas internacionales netas históricas, un auge de turismo y un récord en remesas, aunque persisten desequilibrios en el sector externo y aumentan las exigencias de ajuste fiscal.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país experimentó una inusual combinación de expansión, control inflacionario y presión sobre su balanza de pagos en el último año de gestión de Bukele, comprendido del 1 de junio de 2025 a mayo de 2026.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.9% el año pasado, con una proyección de 3.3% para 2026 según el FMI, cifras que superan la media de América Latina y el Caribe.

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el PIB nominal ascendió a 36,708 millones de dólares, impulsado principalmente por la construcción, el turismo y los servicios financieros. El crecimiento sectorial estuvo marcado por una aceleración en la construcción, que registró una expansión de 24.4%.

Este resultado se atribuye a una cartera de inversiones privadas superior a 9,000 millones de dólares, así como a proyectos de infraestructura pública. Los sectores de transporte y almacenamiento, junto con las actividades financieras, también reportaron variaciones positivas.

La seguridad continúa siendo uno de los factores que más inciden en el clima de negocios. El Plan Control Territorial, eje de la administración de Bukele, permitió una reducción de los homicidios, lo que favoreció el auge del turismo y la inversión.

El Ministerio de Turismo reportó que en 2025 el país recibió 4.1 millones de visitantes internacionales, generando ingresos superiores a 3,600 millones de dólares.

Entre enero y abril de 2026, la llegada de turistas extranjeros creció un 35% interanual, con más de 1.7 millones de personas, consolidando al turismo como uno de los nuevos pilares de la economía salvadoreña.

Baja inflación, pero alimentos siguen caros

Durante el periodo comprendido entre 2025 y 2026, El Salvador mantuvo una inflación contenida en comparación con gran parte de la región. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) y el Consejo Monetario Centroamericano, la inflación promedio en 2025 se ubicó en 0.93%, por debajo del promedio de 1.77% registrado en los últimos quince años. Esta estabilidad de precios respondió tanto al anclaje de la dolarización como a intervenciones focalizadas del Ejecutivo en sectores sensibles de la canasta básica.

Hacia finales de 2025, varias divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraron incluso tasas interanuales negativas. El transporte cayó -1.64%, las comunicaciones retrocedieron -0.88% y la vestimenta -0.48%. El comportamiento general del IPC durante ese año reflejó una prolongada estabilidad, sin registrar shocks abruptos en los precios internos.

No obstante, el escenario inflacionario comenzó a modificarse en el primer cuatrimestre de 2026. La inflación interanual subió hasta 1.47% en marzo y alcanzó 2.16% en abril, con una inflación mensual de 0.71% ese último mes.

El rubro de restaurantes y hoteles lideró los incrementos, con un alza del 4.22% interanual en abril, impulsada por el fuerte crecimiento de la demanda turística. Por su parte, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas —que representan el 26% de la canasta— aumentaron un 2.99% interanual, impactando especialmente en los hogares de menores ingresos.

A pesar de este repunte, las proyecciones de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén que la inflación promedio de El Salvador para 2026 se mantendrá en niveles bajos, entre el 1.8% y el 1.9%, consolidando al país como el de menor inflación en América Latina.

Entre los factores que explican el alza reciente se cuentan la presión de la demanda por el auge turístico, el encarecimiento de los alimentos y los efectos de las tensiones internacionales sobre los precios de materias primas y combustibles.

Remesas, el motor de la economía salvadoreña

Las remesas constituyen el motor principal de la liquidez nacional. En 2025, El Salvador recibió 9,987 millones de dólares en remesas, un crecimiento del 17.8% respecto al año anterior y equivalente a cerca del 24% del PIB.

El 92% de los envíos provino de Estados Unidos, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de crédito, atribuyó este aumento al temor de cambios en la política migratoria estadounidense, lo que motivó a muchos migrantes a enviar mayores sumas a sus familias.

El monto promedio recibido por persona disminuyó levemente, evidenciando un fenómeno de concentración de remesas en segmentos específicos de la diáspora.

El comercio exterior mostró la fragilidad de la estructura económica salvadoreña. Las exportaciones totalizaron 6,428 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 17,848 millones, arrojando un déficit comercial de 11,419 millones de dólares, un incremento del 20.3%.

El auge de la construcción y el turismo incrementó la demanda de bienes intermedios importados, lo que, junto a la debilidad de los sectores transables, acentuó la dependencia de las divisas externas.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, las exportaciones crecieron 5% interanual, especialmente en los rubros textil y azucarero, favorecidas por la eliminación de aranceles temporales por parte de Estados Unidos. Guatemala y Honduras se mantuvieron como socios clave en la región centroamericana.

Las Reservas Internacionales alcanzaron niveles inéditos. En abril de 2026, el BCR reportó un saldo de 5,106 millones de dólares, con un crecimiento sostenido gracias a la entrada de remesas, divisas por turismo y la llegada de financiamiento multilateral tras el acuerdo con el FMI. Este acuerdo, por 1,400 millones de dólares, obligó al Estado a aumentar el encaje legal bancario hasta un 15% y a modificar la Ley Bitcoin, eliminando la obligatoriedad de su aceptación en el sector público.

Según el FMI, el fortalecimiento de las reservas ofrece un colchón frente a eventuales crisis de liquidez y facilita la estabilidad del régimen dolarizado.

Reducción de la pobreza, pero sube desempleo

El impacto social de estos indicadores se reflejó en la reducción de los índices de pobreza. La última la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), el principal relevamiento oficial de hogares indica que la pobreza monetaria descendió un 14.5% durante 2025, mientras la pobreza extrema cayó un 17.3%.

No obstante, persisten desafíos estructurales en el mercado laboral: la tasa de desempleo subió al 4.7%, y el subempleo afecta al 39% de la población económicamente activa urbana. Además, solo el 27% de la PEA está cubierta por el sistema previsional, que enfrenta una crisis de sostenibilidad.

En el terreno fiscal, el acuerdo con el FMI introdujo una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal y obliga al Estado a reducir el déficit y la deuda pública, con metas de superávit primario y límites claros para el endeudamiento futuro.

El FMI condicionó el desembolso de fondos a la presentación de una reforma integral del sistema de pensiones, que arrastra un déficit actuarial estimado en más de 16,000 millones de dólares.

El gobierno tenía plazo hasta mediados de 2026 para proponer una solución que garantice la viabilidad financiera sin comprometer la protección social, aunque hasta la fecha aún no se ha presentado dicha propuesta.

El reciente intercambio entre Domingo Felipe Cavallo, economista y exministro de Economía de la Nación, y Luis Caputo, actual ministro de Economía, sumó un nuevo capítulo en la discusión sobre la estrategia para estabilizar la economía argentina. La controversia se intensificó cuando el presidente Javier Milei intervino y apoyó la posición de Caputo, generando repercusiones en los círculos políticos y económicos. En ese contexto, Cavallo publicó un extenso análisis en el que reafirmó su postura y expuso dos ejes que, según su visión, resultan determinantes para la baja de la inflación y la recuperación de la demanda interna: la acumulación de reservas y la expansión del crédito bancario en dólares.

En el inicio de su posteo, Cavallo definió que acumular reservas sigue siendo la clave del éxito estabilizador y sostuvo que ayudaría una completa liberalización del movimiento de capitales. Planteó que el gobierno nacional mantiene un compromiso firme para controlar el gasto público y busca que los gobiernos provinciales acompañen ese esfuerzo. Según su diagnóstico, ya no hay mucho margen para nuevas reducciones significativas más allá de lo conseguido, aunque advirtió que todavía resta avanzar en la eficiencia y equidad de los presupuestos públicos nacionales, provinciales y municipales, tanto en el gasto como en los ingresos.

Cavallo remarcó: “No se visualiza en el frente fiscal que en lo que resta de 2026 y 2027 pueda haber una fuerte contribución a la reducción adicional de la tasa de inflación”. Así, desplazó la atención hacia otros factores que, en su opinión, pueden generar mejoras relevantes en el corto y mediano plazo.

Dentro del listado de temas debatidos en las negociaciones recientes entre el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el equipo económico, Cavallo identificó dos puntos que consideró claves para el descenso de la inflación y la reactivación de la demanda interna antes de las próximas elecciones. En primer término, subrayó: “Es fundamental que se acentúe la acumulación de reservas tal como viene insistiendo el FMI desde el año pasado. Yo vengo dando ese consejo desde el inicio del gobierno de Javier Milei”.

Para el economista, la acumulación de reservas representa la principal herramienta para reducir el riesgo país y facilitar el acceso al financiamiento externo. “Comenzar a acumular reservas ha sido la mejor decisión de política macroeconómica que el gobierno ha adoptado desde el mes de abril y es muy auspicioso que en la negociación con el FMI para lograr el último desembolso, el equipo económico haya advertido la importancia, no solo de continuar haciéndolo, sino de darle mayor magnitud”, señaló Cavallo.

El exministro argumentó que este proceso explica el inicio de la baja en el índice de riesgo país y su efecto positivo sobre el costo de financiamiento para el sector privado y, eventualmente, también para el sector público. Cavallo citó las discusiones entre el equipo económico y el FMI, donde los funcionarios argentinos plantearon ciertas dudas sobre la relación causal entre el nivel de reservas y el riesgo soberano, al sostener que ambas variables están determinadas por factores comunes. A pesar de ese planteo, Cavallo afirmó: “Los acontecimientos de los últimos treinta días, muy probablemente, lo convencerá que no debe dudarse de que la forma más segura de que siga cayendo el riesgo país es, precisamente, la rápida acumulación de reservas, potenciada, por otro lado, por la fuerte liquidación de divisas originadas en el superávit comercial”.

En segundo lugar, Cavallo propuso que se necesita una rápida expansión del crédito bancario en dólares, basada en el atesoramiento en esa moneda, proceso habilitado por la eliminación gradual del cepo cambiario. Explicó que el equipo económico promueve esta vía para facilitar el acceso de familias y empresas a financiamiento para inversiones y capital de trabajo. Según su análisis, la expansión del crédito en pesos dependerá de cómo se articulen el control de la base monetaria, la tasa de interés de intervención del Banco Central y la expectativa de ahorristas e inversores sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal.

Cavallo sostuvo que la eliminación completa del cepo cambiario, entendida como la remoción de todas las restricciones al movimiento de capitales, contribuiría a despejar el riesgo de un salto en el tipo de cambio. “Sobre la acumulación de reservas el staff del FMI tiene razón”, afirmó.

El economista también abordó el contrapunto con el FMI sobre el crédito bancario en dólares. Según detalló, el staff del Fondo advirtió sobre los riesgos de extender crédito en moneda extranjera a prestatarios sin ingresos en dólares, mientras que los negociadores argentinos remarcaron que, en una economía bimonetaria como la argentina, conviene permitir que los depósitos en dólares se utilicen para ampliar el crédito en esa moneda, siguiendo el modelo de Perú y Uruguay.

Cavallo defendió: “Que los bancos puedan recibir depósitos en dólares evita que las personas y empresas que prefieren mantener sus ahorros líquidos en dólares en lugar de pesos, deban necesariamente mantenerlos en dólares billetes o depositarlos en cuentas del exterior”. Resaltó como positivo que, en los últimos meses, el atesoramiento de dólares de las personas humanas, ya sin el cepo, se canalizó en gran medida hacia depósitos en dólares en el sistema bancario.

En su análisis, Cavallo advirtió que si los bancos enfrentan límites para prestar esos depósitos en dólares, se restringe la canalización de ahorros hacia el financiamiento de empresas y familias. Expuso que, para revertir esa tendencia, resulta necesario que el dólar pueda cumplir las mismas funciones que el peso dentro del régimen bimonetario, algo que sólo sería posible con la eliminación completa de las restricciones al movimiento de capitales.

El economista consideró que, sin cepo cambiario y con reservas suficientes, desaparecería la expectativa de saltos en el tipo de cambio capaces de poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero por insolvencia de los deudores en dólares sin cobertura cambiaria.

En el tramo final de su publicación, Cavallo hizo referencia directa a Caputo y el eje del debate reciente: “Es paradójico, pero a este consejo parece referirse el ministro Luis Toto Caputo cuando me atacó disgustado sobre mi comentario en el que dije, sin intención de ofender, que él razona más como operador de mercado que como economista”.

Este cruce entre Cavallo y Caputo se dio en un marco de alta tensión, y el propio presidente Milei intervino en la discusión. En las últimas semanas, el intercambio público escaló cuando Caputo replicó a Cavallo tras su recomendación de eliminar el cepo cambiario, acusándolo de haber impuesto un “corralito” en el pasado. Milei respaldó la postura de su ministro y se sumó a las críticas, consolidando la línea oficial sobre la política cambiaria y el manejo de reservas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión anual del Artículo IV y el análisis de medio término de la Línea de Crédito Flexible de Costa Rica, una decisión que mantiene para el país un blindaje financiero preventivo de USD 1,500 millones mientras el organismo advierte que el crecimiento se moderaría al 3,6% en 2026 por el encarecimiento del petróleo asociado a la guerra en Medio Oriente y por el aumento de aranceles internacionales.

El respaldo del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional deja vigente ese acceso precautorio, diseñado para países con marcos macroeconómicos muy sólidos, según el organismo. Al mismo tiempo, el FMI señaló que la economía costarricense llega a esa revisión después de haber crecido 4,6% en 2025, con impulso principal del régimen de zonas francas.

La respuesta central del informe es doble: el organismo valida la solidez macroeconómica del país, pero sostiene que los riesgos se inclinan a la baja. Según el FMI, la desaceleración prevista a 3,6% en 2026 está vinculada a choques externos y a factores internos que pueden afectar la actividad.

El FMI identificó riesgos externos e internos para la economía costarricense

El informe técnico del Fondo Monetario Internacional indicó que las perspectivas de mediano plazo siguen siendo favorables, aunque con amenazas concentradas en el frente externo. Entre ellas mencionó una escalada geopolítica, un mayor proteccionismo comercial y una eventual “corrección desordenada del mercado” impulsada por la Inteligencia Artificial.

En su comunicado, el FMI afirmó: “Los riesgos a la baja para el crecimiento provienen principalmente de una escalada en las tensiones geopolíticas, un mayor proteccionismo e interrupciones comerciales, una corrección desordenada del mercado liderada por la Inteligencia Artificial (IA), condiciones financieras globales más restrictivas y el empeoramiento de la criminalidad interna”.

El organismo también incorporó un factor doméstico en su diagnóstico: el deterioro de la seguridad. Según el FMI, el aumento de la criminalidad es un riesgo para el crecimiento económico del país.

En las cuentas fiscales, el informe consignó que el superávit primario del Gobierno Central cayó a 0,9% del PIB en 2025. La deuda cerró ese año en 60,4% del PIB, un aumento que el propio análisis vinculó en parte con la acumulación de cajas para cubrir vencimientos.

El Banco Central recibió la recomendación de pausar la baja de tasas

En materia monetaria y cambiaria, el FMI recomendó al Banco Central de Costa Rica detener por ahora la reducción de la Tasa de Política Monetaria. La sugerencia, según el organismo, busca dar tiempo para evaluar el impacto del conflicto internacional sobre los precios de las materias primas.

El Fondo prevé que la inflación, después de 11 meses consecutivos de deflación, volverá al rango meta de entre 2% y 4% en los próximos ocho trimestres. A la vez, advirtió que una inflación demasiado baja podría afianzarse si las expectativas del mercado caen de forma drástica.

El Directorio del FMI también pidió avanzar en reformas estructurales. Entre las medidas mencionó la flexibilización laboral para incorporar a más mujeres al mercado de trabajo, la reducción de la informalidad, el recorte de exoneraciones fiscales para financiar educación y seguridad, y la creación de un marco regulatorio claro para empresas fintech y activos digitales.

La consulta anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Guatemala comenzó el 27 de mayo y se extenderá hasta el 5 de junio de 2026. La misión evaluará el desempeño macroeconómico, las cuentas fiscales, la política monetaria y la agenda de reformas del Gobierno, incluida una nueva ley antilavado vinculada a la búsqueda del grado de inversión, según informó este jueves el Ministerio de Finanzas Públicas.

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento de 4,3% en 2025. El jefe de misión, Alex Culiuc, dijo que el desempeño luce “demasiado impresionante” en un contexto internacional en el que, según su evaluación, los aranceles impuestos por Estados Unidos no generaron el impacto que el organismo había previsto.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, afirmó que la relación con el Fondo “ha ido mucho más allá del marco tradicional de evaluación”, de acuerdo con la cartera. Señaló que el Gobierno de Bernardo Arévalo prioriza crecimiento, empleo y un uso estratégico de las finanzas públicas.

La ley antilavado y el grado de inversión en la agenda del Gobierno

Uno de los puntos centrales que el Ejecutivo llevó a la misión fue la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que el Gobierno considera clave para avanzar hacia el grado de inversión, según informó el Ministerio de Finanzas Públicas.

Menkos dijo que las conversaciones en el Congreso, encabezadas por la Superintendencia de Bancos, permiten ser “bastante optimistas” sobre una votación prevista para el 2 de junio. El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, agregó que existe “un consenso total” alrededor del proyecto, aunque aún se discuten puntos específicos en el Legislativo, de acuerdo con Finanzas.

El superintendente de Bancos, Julio César Gálvez Díaz, sostuvo, según el Ministerio de Finanzas Públicas, que el proyecto actualiza el sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También dijo que la norma busca mejorar condiciones para atraer inversión extranjera y reforzar la supervisión financiera.

La evaluación del Banco de Guatemala sobre crecimiento, inflación y reservas: González Ricci definió la visita como “un chequeo económico”. En su exposición, sostuvo que Guatemala mantiene expansión, inflación bajo control, tipo de cambio estable y reservas monetarias en máximos. “Estamos creciendo bien”, dijo el titular del banco central.

El presidente del Banco de Guatemala también mencionó la publicación del primer informe de estabilidad financiera. Según la misma fuente, afirmó que ese documento respalda la capacidad del sistema bancario para absorber shocks.

Los riesgos internacionales y el foco del FMI en combustibles, caja fiscal e infraestructura

Culiuc advirtió, según el Ministerio de Finanzas Públicas, que la consulta de este año ocurre con nuevos riesgos externos, en especial por las repercusiones de la guerra en el Golfo. Explicó que ese escenario puede afectar el crecimiento, la inflación y el saldo externo de Guatemala.

El jefe de misión detalló que el Fondo analizará el impacto económico del conflicto y el diseño de subsidios a combustibles para orientarlos a quienes más los necesitan, de acuerdo con Finanzas. También revisará proyectos de infraestructura y, en particular, el puerto Quetzal, la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los Consejos de Desarrollo, la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios y la Ley de Contrataciones Públicas.

La misión evaluará además los saldos de caja del Estado, las asignaciones específicas de ingresos, la coordinación entre Tesorería y Crédito Público y las restricciones para emitir deuda de corto plazo, según el Ministerio de Finanzas Públicas. Culiuc planteó la posibilidad de discutir una Ley Orgánica de Presupuesto orientada a simplificar y ordenar la administración financiera pública, de acuerdo con la misma fuente.

Aunque ambas partes mantienen desde el inicio de la gestión libertaria una muy buena relación, que se tradujo en apoyos financieros concretos, el Gobierno no tiene previsto aceptar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) vinculadas al impuesto a las Ganancias y el Monotributo, por lo que se mantendrán sin modificaciones.

La sugerencia en cuestión se realizó hace algunos días, en el marco de la revisión del “Artículo IV”, un informe de vigilancia económica que el organismo de crédito publicó tras la segunda revisión del acuerdo con la Argentina.

Puntualmente, la entidad dirigida por Kristalina Georgieva pidió una serie de medidas tendientes a ampliar la base de recaudación del país, simplificar el sistema tributario y avanzar hacia una reforma fiscal integral de mediano plazo, además de algunas políticas para mejorar la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, en la Casa Rosada remarcan, por un lado, que los mecanismos de transparencia “esán funcionando perfectamente” y, por el otro, que si bien hay en carpeta una reforma fiscal integral, la misma no incluye cambios en Ganancias ni en el Monotributo.

De acuerdo con el informe del Fondo, la recaudación del mencionado tributo representa el 1,8% del PBI, un valor inferior al promedio regional y al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“No está en la ideología del presidnete Javier Milei el subir impuestos, al contrario, nos dedicamos a bajarlos. No lo vamos a hacer”, respondió ante Infobae una fuente de diálogo fluido con el mandatario nacional.

En este sentido, en Balcarce 50 señalan que “todas estas cuestiones no son pedidos nuevos del FMI”, sino que son recomendaciones “que ya se hicieron en otro momento” y aseguraron que el equipo económico ya aclaró ante el staff cuál era la postura al respecto.

En cuanto al Monotributo, también se defendió el esquema actual: “Hoy el techo de facturación para la categoría más alta está en unos 8 millones de pesos mensuales y nos parece que está bien, que es una buena cifra esa”.

El organismo internacional cuestionó esta herramienta al considerar que limita el crecimiento de empresas, por lo que opinó que el gobierno de Milei debería hacer que sea más similar al régimen general.

Por ejemplo, propuso reducir los efectos de los umbrales, homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales, y aprovechar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto.

Al respecto, en la administración libertaria advierten que incluso en este contexto “hay mucha gente que cuando llega a ese límite prefiere dejar de facturar porque sabe que si continúa pasa a ser responsable inscripto y te matan con las cargas”, por lo que no ven margen para endurecer los requisitos.

La tributarista Fernanda Laiún, en dialogo con Infobae en Vivo, coincidió con el FMI al opinar que el Monotributo “es un sistema que no cierra por ningún lado” debido, principalmente, a su componente jubilatorio.

Según los cálculos del propio organismo, la reestructuración federal, que incluye modificar estos dos sistemas, pero también otros cambios, podría permitir un incremento de ingresos equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con la mitad de ese monto dirigido directamente a las provincias.

Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que pretende convocar a los gobernadores para debatir una reforma impositiva, pero anticipó que recién dentro de tres años, y solamente si la actividad crece entre 6% y 8% anual, se podrían eliminar todos los impuestos distorsivos.

Por último, en el oficialismo también rechazaron las fuertes advertencias del Fondo sobre la transparencia estatal, los conflictos de interés y el funcionamiento del Poder Judicial en el país.

“El que diga que hay un retraso en la presentación de las declaraciones juradas está equivocado, porque el plazo es hasta el 31 de junio, así que no hay ninguna demora, se está haciendo todo en regla”, argumentaron.

En este sentido, las fuentes consultadas sostuvieron que, aunque es cierto que originalmente la fecha límite para entregar las DDJJ era a fines de mayo, “siempre se extiende el periodo, no solo en este Gobierno, sino en todos los anteriores también”.

En este caso, la discusión se da en medio de la expectativa por la entrega del informe por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se conociera varias viajes al exterior y compras de propiedades que hizo desde que llegó a la función pública.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó una fuerte advertencia sobre transparencia estatal, declaraciones patrimoniales de funcionarios, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial argentino en el informe técnico sobre la Argentina que difundió el viernes pasado, publicado después de que el directorio del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei y habilitara un desembolso de USD 1.000 millones.

Las observaciones aparecen en el Box 9 del reporte del staff, dedicado específicamente a Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks (“Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”), y se conocen en medio de la controversia pública alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las revelaciones sobre sus vuelos al exterior y el crecimiento de su patrimonio.

La cuestión adquirió además mayor sensibilidad política porque la declaración jurada patrimonial correspondiente al jefe de Gabinete todavía no fue presentada formalmente. El plazo original vencía el 30 de mayo, pero el Gobierno otorgó una prórroga hasta el 31 de julio para la presentación de las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

En ese contexto, el staff técnico del FMI incorporó un diagnóstico institucional particularmente sensible para la Casa Rosada. Aunque el organismo respaldó con fuerza la política económica de Milei y elogió el proceso de desregulación impulsado desde diciembre de 2023, el capítulo institucional del informe contiene cuestionamientos explícitos a los mecanismos de control del Estado argentino.

Observaciones del staff del FMI

“Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”, sostiene el documento. Y a continuación, el Fondo enumera una serie de observaciones concretas sobre el sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.

La referencia a los “retrasos en la publicación” aparece como uno de los pasajes más sensibles políticamente dentro del documento del FMI, porque el informe fue redactado cuando ya llevaba semanas instalada la discusión pública sobre patrimonio, vuelos y mecanismos de transparencia alrededor de Adorni.

El señalamiento del organismo no quedó restringido únicamente a las declaraciones patrimoniales. El reporte también cuestiona los mecanismos estatales vinculados a incompatibilidades y conflictos de interés.

“Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, afirma el texto.

La combinación de ambas observaciones —declaraciones patrimoniales con baja transparencia y conflictos de interés con controles débiles— constituye el núcleo político más delicado del Box 9 del informe técnico.

El documento forma parte del reporte Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria, difundido por el staff después de que el Board del FMI confirmara la continuidad del programa económico argentino.

El jueves de la semana pasada, el directorio ejecutivo aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones. En ese comunicado oficial, el Fondo destacó la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y la continuidad de las reformas estructurales impulsadas por Milei.

Sin embargo, el documento técnico completo introdujo una dimensión institucional mucho más compleja. “A pesar de estas reformas, persisten desafíos en materia de gobernanza”, advierte el staff.

El organismo recuerda además que “Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 elaborado por Transparency International, y agrega que “otros indicadores señalan problemas persistentes”.

Críticas y recomendaciones institucionales

La advertencia del FMI aparece además en un momento particularmente sensible para el Gobierno en materia de transparencia y control patrimonial. Las discusiones alrededor de los vuelos de Adorni, las investigaciones periodísticas sobre el crecimiento de su patrimonio y las controversias por la demora en la presentación de declaraciones juradas volvieron a poner en debate el funcionamiento de los sistemas de control estatal.

En ese escenario, el informe técnico del Fondo incorporó una crítica explícita a los mecanismos de verificación patrimonial de funcionarios públicos.

El staff no solamente menciona “retrasos en la publicación”, sino también “limitaciones en la verificación” y “aplicación desigual” de los regímenes patrimoniales. Es decir: para el FMI, el problema no es únicamente la demora temporal en la difusión de la información, sino también la capacidad del Estado para controlar efectivamente el contenido y cumplimiento de las declaraciones juradas.

El organismo además introduce un diagnóstico particularmente crítico sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino.

“Al mismo tiempo, la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, sostiene el reporte. El staff agrega que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”.

Según el FMI, esa situación “subraya la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial”.

La formulación utilizada por el organismo es especialmente fuerte para el lenguaje diplomático habitual del Fondo. El staff no habla únicamente de problemas administrativos o burocráticos: menciona directamente “politización”, “independencia judicial limitada” y falta de rendición de cuentas de funcionarios de alto rango.

Las observaciones aparecen en medio de un escenario de fuertes tensiones alrededor de la Justicia federal, con vacantes en tribunales clave, discusiones políticas por pliegos judiciales y el avance de múltiples causas de alto impacto.

El informe del FMI incorpora así una idea política central: para el organismo, la estabilización económica y la apertura de la economía no alcanzan por sí solas si no están acompañadas por mecanismos institucionales de control, transparencia y funcionamiento judicial independiente.

De hecho, el propio Box 9 plantea una tensión conceptual. Por un lado, el Fondo elogia con fuerza el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, reclama más capacidad institucional del Estado en materia de control y transparencia.

En el capítulo dedicado a las reformas recientes, el organismo sostiene que las medidas impulsadas desde diciembre de 2023 redujeron espacios históricamente asociados a prácticas corruptas.

El reporte destaca que “las medidas incluyeron la eliminación del déficit fiscal, la reorganización de los programas sociales mediante la reducción de intermediarios, el levantamiento gradual de los controles cambiarios y de los múltiples tipos de cambio, y la derogación de numerosas regulaciones”.

Más adelante, el FMI agrega que “se simplificaron los procedimientos de ingreso al mercado y de comercio, se limitaron los sistemas de licencias y aprobaciones discrecionales, y se redujeron los puntos de interacción entre empresas y el Estado asociados a riesgos de sobornos”.

El staff incluso sostiene que las reformas “incrementaron la competencia y orientaron el entorno regulatorio hacia un esquema más basado en reglas y de trato más equitativo”.

En otro tramo del Box 9, el organismo afirma que “estas reformas redujeron el gasto discrecional y los controles administrativos que históricamente facilitaron prácticas de búsqueda de rentas y corrupción por parte de intereses sectoriales”.

La lógica conceptual del Fondo es clara: menos regulaciones, menos discrecionalidad administrativa y menos intermediación estatal reducen oportunidades de corrupción.

Pero el mismo informe plantea simultáneamente que siguen existiendo debilidades estructurales profundas en materia institucional.

Por eso, el staff incorpora además una serie de recomendaciones concretas para el Estado argentino.

Entre las prioridades mencionadas aparecen “fortalecer la independencia judicial y las instituciones de control”, “mejorar la aplicación de los regímenes de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés”, “incrementar la transparencia en las contrataciones públicas y privatizaciones” y “garantizar previsibilidad regulatoria”.

El documento incluso plantea que algunos de esos objetivos podrían alcanzarse “mediante el fortalecimiento de la Ley de Ética Pública”.

La publicación del Box 9 adquiere relevancia política adicional porque aparece en uno de los momentos de mayor respaldo financiero y político del FMI hacia el Gobierno de Javier Milei.

En el resumen ejecutivo del reporte, el organismo sostuvo que “la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones legislativas de octubre permitió avances legislativos clave”, entre ellos “la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral”.

También destacó que “las medidas para desregular y abrir la economía continuaron, incluso mediante acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea”.

Sin embargo, el capítulo institucional dejó en claro que, para el FMI, la consolidación del programa argentino no dependerá únicamente del equilibrio fiscal o de la estabilidad monetaria.

En la mirada del organismo, el éxito de largo plazo también requerirá fortalecer mecanismos anticorrupción, mejorar los sistemas de control patrimonial de funcionarios y reducir las sospechas de politización judicial que, según el propio staff, continúan afectando a la Argentina.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el miércoles que su gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de créditos por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores.

El mandatario realizó estas declaraciones durante la inauguración del Consejo Económico y Social, órgano creado para canalizar el diálogo sobre las demandas de diversos sectores, quienes actualmente lideran las protestas en La Paz.

“Hace poco, hemos estado con el Fondo Monetario para hacer un paquete de cerca de 5.000 millones de dólares para invertir en Bolivia”, señaló Paz en su discurso y subrayó que estos fondos no se destinarán al aparato estatal ni a gastos salariales presidenciales, sino a fortalecer la economía del país. Sin embargo, no precisó detalles sobre el avance de las negociaciones con el FMI.

El martes, el presidente aclaró que el proceso con el Fondo no implica la imposición de un plan externo, ya que Bolivia cuenta con un programa propio. Además, recordó que otros organismos internacionales —como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)— aprobaron créditos o evalúan nuevos fondos para inversiones en infraestructura vial y para relanzar empresas estatales.

Desde que asumió la presidencia en noviembre, Paz comenzó a gestionar préstamos por USD 7.000 millones, provenientes del BID y la CAF, que ya comenzaron a desembolsarse para proyectos de desarrollo en distintas áreas del país.

La puesta en marcha del Consejo Económico y Social responde a la necesidad de abrir espacios de diálogo en medio de los conflictos que afectan principalmente a la zona andina de Bolivia. Desde hace 22 días, sectores campesinos y sindicales mantienen bloqueos de carreteras y exigen la dimisión del presidente.

El jefe de Estado indicó que las pérdidas ocasionadas por los cortes de ruta ascienden a USD 600 millones, los cuales afectan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto. Según sus palabras, el impacto económico de los bloqueos “es peor” que el registrado durante la pandemia por la propagación del coronavirus.

En contraposición a Paz, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como “rebelión” las protestas que se desarrollan en el país desde hace casi un mes y señaló que la movilización responde a la oposición contra un gobierno “sometido” a Washington. El ex mandatario realizó estas declaraciones en una entrevista virtual con la agencia AFP desde la región cocalera del Chapare.

Paz acusó a Morales de instigar las manifestaciones impulsadas por obreros, campesinos, maestros, transportistas y mineros, quienes exigen la renuncia del jefe de Estado en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en las últimas cuatro décadas.

“Es un gobierno totalmente sometido a Estados Unidos. Me doy cuenta de que llegó la hora de definir quién manda: el imperio o el pueblo”, afirmó Morales, quien sostuvo que “esta rebelión” se dirige tanto contra el modelo neoliberal como contra lo que describió como un Estado neocolonial.

Antes de las declaraciones del ex mandatario, Paz afirmó este miércoles: “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”. “El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante el acto realizado en La Paz, donde presentó el Consejo Económico y Social.

(Con información de EFE y AFP)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una serie de sugerencias para transformar el esquema impositivo argentino y así mejorar los ingresos públicos. Esta propuesta surgió en el marco de la revisión del “Artículo IV”, un informe de vigilancia económica que el organismo publicó tras la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Los lineamientos del FMI se enfocaron en ampliar la base de recaudación, simplificar el sistema tributario y avanzar hacia una reforma fiscal integral de mediano plazo, que implique tanto la modificación de impuestos existentes como la eliminación progresiva de tributos considerados distorsivos.

La publicación del FMI incluyó un análisis detallado del sistema tributario nacional. El documento enfatizó la necesidad de que el gobierno argentino avance con una reforma fiscal más amplia, comprometiéndose a presentar una propuesta concreta antes de fin de año. Según los cálculos del propio organismo, la reestructuración federal podría permitir un incremento de ingresos equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con la mitad de ese monto dirigido directamente a las provincias.

El FMI identificó cinco ejes principales para la transformación tributaria. El primero se centró en la reducción del gasto tributario, que en Argentina alcanza aproximadamente el 3,5% del PBI. Los principales factores detrás de este porcentaje son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Monotributo y diversos regímenes especiales. El organismo sugirió la unificación de alícuotas del IVA con compensaciones específicas para los hogares vulnerables, con el objetivo de generar una ganancia fiscal neta del 0,4% del PBI. También propuso la reducción de los regímenes preferenciales que benefician a ciertos sectores y actividades, y recomendó eliminar exenciones que no cumplan un fin social claro.

El segundo eje de la propuesta del FMI apuntó directamente a la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias. Según el organismo, la recaudación de este tributo representa el 1,8% del PBI, un valor inferior al promedio regional y al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe destacó que la reforma de 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por Ganancias, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo este tributo. Si bien en 2024 se revirtió parcialmente esa situación, el umbral de exención se mantuvo por encima del nivel vigente antes de 2023. El FMI recomendó reducir el umbral de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto, con una armonización de deducciones y una simplificación de la estructura de alícuotas. De acuerdo con las proyecciones de la entidad, esta medida permitiría recaudar un 0,4% adicional del PBI.

El tercer eje se vinculó con la reforma del régimen del Monotributo. El FMI reconoció que este esquema contribuyó a la formalización de pequeños contribuyentes y amplió el acceso a servicios de salud y pensiones. Sin embargo, advirtió que la carga fiscal del Monotributo es considerablemente menor que la del régimen general, lo que genera fragmentación, limita el crecimiento de las empresas y produce saltos bruscos en la obligación tributaria al pasar de una categoría a otra. El organismo sugirió alinear el Monotributo con el sistema general, reducir los efectos de los umbrales, homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales, y aprovechar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto. Esta reforma podría aportar entre 0,4% y 1% del PBI adicional.

El cuarto punto de la propuesta del FMI giró en torno a la simplificación del Impuesto sobre Sociedades (IS). El informe indicó que la alícuota máxima del 35% se ubicó muy por encima del promedio mundial del 25%. Además, el sistema progresivo basado en el tamaño y los ingresos de las empresas incentivó maniobras de evasión. El organismo planteó la posibilidad de establecer un impuesto mínimo basado en la facturación, complementado con una tasa fija del 30% sobre el IS. También sugirió equilibrar el tratamiento de los ingresos provenientes de inversiones personales, como dividendos, intereses y ganancias de capital, con el objetivo de modificar los incentivos vinculados con el financiamiento y la distribución de utilidades dentro de las empresas.

El quinto eje abordó el fortalecimiento de los impuestos especiales. El FMI propuso la adopción de un sistema mixto que combine impuestos específicos con gravámenes basados en el valor de productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, priorizando las tasas específicas y una estructura simplificada por valor. De acuerdo con las estimaciones del organismo internacional, la actualización por inflación de los impuestos a combustibles y tabaco podría generar ingresos equivalentes al 0,5% del PBI.

Tras detallar estos cinco puntos, el FMI sugirió que el Estado argentino debería aprovechar el espacio fiscal que se genere para eliminar gradualmente los impuestos identificados como distorsivos. En ese grupo, el organismo destacó las retenciones a las exportaciones, especialmente de productos agrícolas clave para el país, como la soja, el maíz y el trigo, y también los tributos sobre las transacciones financieras. El informe argumentó que la reducción progresiva de los impuestos a la exportación sobre la soja y sus derivados podría impulsar la producción, las ventas externas y la superficie sembrada del cultivo, lo que se traduciría en mayores ingresos en divisas y un aumento del PBI.

El FMI calculó que una disminución de un punto porcentual en los impuestos a la exportación de soja y sus derivados permitiría incrementar tanto la producción como las exportaciones en torno a un 0,5%. Además, la eliminación total de estas retenciones generaría una suba del 10% en las exportaciones de oleaginosas y cereales, tanto en estado crudo como procesados, resultando en un ingreso adicional anual de aproximadamente 5.000 millones de dólares y un impacto positivo en el PBI de cerca de 0,4 puntos porcentuales.

El informe también analizó el impacto de la estructura tributaria en la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. De acuerdo con el organismo internacional, la mitad del aumento de recaudación que podría surgir de la reforma integral beneficiaría directamente a los gobiernos provinciales. Para el FMI, la coordinación entre los distintos niveles del Estado resulta determinante para el éxito de los cambios propuestos.

En el marco de la revisión del “Artículo IV”, el FMI subrayó la importancia de completar las modificaciones recientes en el sistema impositivo con una reforma más amplia. El documento señaló que el gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, se comprometió a presentar una propuesta de reforma tributaria antes de fin de año, en línea con las recomendaciones del organismo. En el informe, la entidad resaltó que una transformación integral permitiría mejorar la eficiencia y la equidad del sistema, y que debería orientarse por la neutralidad en los ingresos, reduciendo de manera gradual los tributos que distorsionan la actividad económica.

En cuanto al gasto tributario, el FMI estimó que el 1,2% del PBI corresponde a beneficios, exenciones y regímenes especiales en el IVA, el 1% al Monotributo y el 0,5% a regímenes especiales. La propuesta incluyó la unificación de las alícuotas del IVA y la reducción de los regímenes preferenciales, acompañadas de medidas compensatorias para proteger a los hogares más vulnerables.

Respecto a Ganancias, el informe planteó que el umbral de exención vigente tras la reforma de 2023 dejó fuera a la mayoría de los trabajadores formales. El FMI sugirió volver a niveles similares a los de 2019 y armonizar las deducciones entre las distintas categorías laborales. Según el organismo, ese ajuste permitiría aumentar la proporción de trabajadores alcanzados y fortalecer la recaudación.

En el caso del Monotributo, el documento remarcó la necesidad de reducir los efectos negativos de los saltos entre categorías y de equiparar progresivamente las cargas fiscales y las contribuciones sociales con las del régimen general. El FMI incluyó la recomendación de aprovechar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento tributario, contribuyendo tanto a la formalización como a la recaudación.

Sobre el Impuesto sobre Sociedades, el informe propuso considerar el establecimiento de un impuesto mínimo basado en la facturación, con una tasa fija del 30%. Además, sugirió revisar el tratamiento impositivo de los ingresos por inversiones personales, con el objetivo de equilibrar los incentivos y evitar un sesgo a favor del financiamiento vía deuda sobre el capital propio.

Para los impuestos especiales, la propuesta del FMI incluyó la combinación de gravámenes específicos y ad valorem en productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, junto con la actualización de los tributos sobre combustibles y tabaco según la inflación. El organismo calculó que estas modificaciones podrían aportar el 0,5% del PBI a la recaudación anual.

El informe concluyó que, tras la implementación de estas reformas, el gobierno argentino tendría margen fiscal para eliminar impuestos considerados distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y los tributos sobre transacciones financieras. El FMI vinculó la reducción de estos impuestos con un aumento en la producción y las exportaciones del sector agroindustrial, así como con una mayor entrada de divisas al país.

El documento recomendó priorizar la coordinación entre Nación y provincias, y sugirió que una parte significativa de los recursos adicionales generados por la reforma debería destinarse a los gobiernos subnacionales. El FMI remarcó que la implementación de la reforma tributaria integral dependerá del compromiso político y de la capacidad de coordinación entre los distintos niveles del Estado argentino.

El organismo internacional incluyó en su publicación un cuadro de compromisos estructurales, donde se detalla el desarrollo y la presentación de una propuesta para mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema tributario argentino, haciendo foco en la racionalización del gasto fiscal y en la eliminación progresiva de los impuestos distorsivos.

La agenda de reforma tributaria propuesta por el FMI se enmarca en el proceso de negociación y supervisión que el organismo mantiene con la Argentina. En ese contexto, el gobierno nacional avanzó en el diseño de una propuesta neutral en ingresos, con el objetivo de optimizar la recaudación y reducir los incentivos a la evasión, manteniendo el equilibrio fiscal y la equidad en la distribución de los recursos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en su último Staff Report sobre tres riesgos principales para la economía argentina que podrían modificar el rumbo del acuerdo vigente y condicionar el desempeño de las políticas económicas hasta 2027. Estos riesgos abarcan el entorno financiero internacional, la incertidumbre política local y la gestión de los sectores primarios en expansión. El documento, discutido por el Directorio del organismo y acompañado por un desembolso de 1.000 millones de dólares, remarcó que “los riesgos a corto plazo para las perspectivas se encuentran más equilibrados, pero siguen siendo elevados”.

El Staff Report proyectó que la economía crecerá cerca de 3,5% en 2026 y que la inflación descenderá hasta 25% a fin de ese año, en un contexto en el que el déficit de cuenta corriente tiende a reducirse por mejores términos de intercambio, recuperación de exportaciones energéticas, mineras y agropecuarias, y una mayor entrada de capitales. Sin embargo, el FMI señaló que “las condiciones financieras globales más restrictivas derivadas de tensiones geopolíticas y la incertidumbre política ante las elecciones presidenciales de 2027 pueden afectar la implementación del programa”. Además, advirtió que la sostenibilidad externa a mediano plazo dependerá de una gestión adecuada de la expansión de los sectores primarios.

Dentro del análisis, el FMI reconoció los avances recientes, como la acumulación de reservas internacionales, el fortalecimiento de la cuenta corriente y la mejora en la percepción de los mercados. Destacó que las reservas brutas superan los 46.751 millones de dólares, con compras netas del BCRA por 8.851 millones en el año y 92 jornadas consecutivas sin ventas. A pesar de estos logros, el informe enfatizó que la economía argentina “sigue siendo vulnerable” ante factores externos y domésticos. El organismo insistió en que el cumplimiento de metas y reformas resulta indispensable para sostener la confianza de los acreedores y reducir la volatilidad.

El Staff Report subrayó que la interacción entre estos riesgos puede amplificar sus efectos. La volatilidad financiera internacional, la incertidumbre electoral y el impacto de la bonanza exportadora se encuentran interrelacionados y podrían desencadenar episodios de inestabilidad si no se coordinan políticas adecuadas. El FMI recomendó priorizar la acumulación de reservas, robustecer el marco monetario y adoptar medidas prudenciales para evitar desequilibrios derivados de flujos de capital o shocks externos. La siguiente descripción aborda cada riesgo en profundidad.

Condiciones financieras globales y tensiones geopolíticas

El primer riesgo que identificó el FMI refiere a la posibilidad de un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales vinculadas con el aumento de las tensiones geopolíticas. Según el Staff Report, “las tensiones geopolíticas elevadas pueden endurecer las condiciones financieras globales y revertir la todavía favorable situación de financiamiento, complicando la acumulación de reservas y el acceso oportuno a los mercados”. El informe remarcó que los precios internacionales del petróleo pueden trasladarse a los precios internos, ejerciendo presión sobre la inflación y dificultando la reducción de los subsidios energéticos.

El organismo analizó el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía argentina, considerando que el país logró “afrontar el impacto del conflicto gracias a su condición de exportador neto de energía”. El Staff Report incorporó un análisis de escenarios: en un escenario adverso, el crecimiento podría caer medio punto porcentual adicional en 2026 y 2027, mientras que la inflación podría aumentar hasta 5 puntos porcentuales. En la sección dedicada a la política monetaria, el Fondo recomendó que, ante posibles shocks de oferta derivados de la guerra, el Banco Central debería “endurecer la política cuando sea necesario”.

La matriz de riesgos del informe calificó a éste como de probabilidad alta e impacto alto, y añadió que la volatilidad de los precios de las commodities puede afectar la balanza externa, la inflación y la dinámica de subsidios. El Anexo sobre sostenibilidad de la deuda puntualizó que “un entorno prolongado de aversión al riesgo, como desenlace de la guerra en Medio Oriente, podría demorar el acceso a los mercados”. El Staff Appraisal concluyó que un mayor endurecimiento de las condiciones financieras globales podría requerir ajustes de política, siendo la flexibilidad cambiaria la primera línea defensiva.

Las elecciones presidenciales de 2027

El segundo riesgo central es la incertidumbre política vinculada con el proceso electoral de 2027. El Staff Report expresó que “la incertidumbre de política y política elevada antes de las elecciones presidenciales de 2027 puede afectar la confianza, demorar inversiones y el acceso a los mercados, e incrementar la volatilidad financiera”. El informe ilustró que, en 2025, la proximidad de las elecciones de medio término ya produjo episodios de dolarización, pérdida de reservas y condiciones monetarias más restrictivas.

El documento explicó que el deterioro de la cuenta financiera en 2025 fue “impulsado por una mayor cobertura de hogares y empresas ante la incertidumbre política previa a las elecciones de medio término”. El Staff Report mencionó que la interacción entre demoras en la acumulación de reservas y las incertidumbres electorales generó una “una dolarización grande y rápida de los residentes”. El apartado sobre la capacidad de repago enfatizó que “el bajo nivel de reservas líquidas sigue generando riesgos para la capacidad de pago, especialmente ante grandes vencimientos de deuda y la potencial volatilidad previa a las elecciones presidenciales de 2027”.

El FMI recomendó acelerar la acumulación de reservas y fortalecer el marco monetario antes del ciclo electoral. El documento advirtió sobre el riesgo de que la fatiga social y la falta de mejoras en el empleo y los salarios reales debiliten el respaldo al programa económico. El Anexo sobre riesgos incluyó el descontento social y la fatiga de reformas como un riesgo separado pero vinculado, con probabilidad media e impacto alto. El Staff Report subrayó la importancia de “reconstruir decididamente las reservas y buscar sobrecumplir las metas ante las incertidumbres asociadas a las próximas elecciones presidenciales”.

El Fondo analizó además la capacidad institucional y política del gobierno, y advirtió que la evaluación permanece “sujeta a riesgos derivados del desafiante entorno global y las complejidades socio-políticas de Argentina, que pueden amplificarse antes de las elecciones presidenciales de 2027”.

El desafío de la expansión de los sectores primarios

El tercer riesgo, de naturaleza estructural, fue mencionado por los empleados del organismo como la gestión de la expansión de los sectores primarios y su impacto sobre la sostenibilidad externa en el mediano plazo. El Staff Report alertó sobre la necesidad de “gestionar adecuadamente la bonanza derivada del aumento proyectado de exportaciones primarias para limitar desajustes por la presión alcista sobre el tipo de cambio real”. Algo así como una referencia a lo que los economistas llaman enfermedad holandesa. El informe recomendó ahorrar una parte importante de los ingresos extraordinarios a través de una política fiscal más estricta y una acumulación más rápida de reservas, junto con la regulación prudencial para evitar booms crediticios y exposición al tipo de cambio.

El documento señaló que la posición externa de Argentina sigue siendo “más débil que la que implicarían los fundamentos de mediano plazo y las políticas deseables”, con reservas muy por debajo de la métrica ARA. El Staff Report incluyó recomendaciones específicas sobre cómo administrar los ingresos extraordinarios de exportaciones primarias. El análisis sobre reformas estructurales detalló un pipeline de inversiones aprobado de 28.000 millones de dólares en energía, minería y agroindustria, que constituye el origen del desafío de gestión de la bonanza.

El informe advirtió que los beneficios del boom primario deben “traducirse en beneficios generalizados entre sectores y regiones, incluyendo mayores derrames a servicios y manufactura”, para evitar costos sociales y políticos. El Staff Appraisal concluyó que, en el mediano plazo, “serán necesarios esfuerzos para gestionar efectivamente la potencial bonanza de energía y minería”. El Staff Report insistió en que limitar los costos de desajuste requerirá que los beneficios de la expansión primaria lleguen a sectores intensivos en empleo y a provincias menos favorecidas.

La semana pasada estuvo plagada de buenas noticias sobre la marcha de la economía. En el frente externo, las exportaciones siguen aumentando y en abril se registró un superávit comercial récord, de USD 2.710 millones. El Central aceleró compras y las reservas están a punto de superar los USD 47.000 millones, un nuevo máximo para este gobierno.

En el frente interno, la actividad económico marcó en marzo una clara recuperación respecto de febrero. Según el último valor, la economía creció al 5,5% interanual y se consolida en máximos en lo que va de la gestión de Javier Milei. Prácticamente todos los sectores mostraron mejoras interanuales, incluso lo más complicados, como construcción, industria y comercio.

Pero no todas son buenas noticias. La demanda interna es a esta altura un karma para el Gobierno y no exhibe signos de repunte. Según un informe de la consultora Claves, el consumo masivo está 11% abajo de los niveles de enero de 2023. Los aumentos de tarifas y la caída de ingresos en términos del salario, en un marco de aún elevada inflación, impactan negativamente a la hora de las compras en el supermercado.

Estos datos no hacen más que dejar a la vista el contraste de un país que marcha a dos velocidades. Por un lado están los sectores ganadores como agro, energía y minería. Pero luego están la industria y el comercio, que recién ahora empiezan a encontrar un piso luego de fuertes caídas en 2024 y 2025. El resultado es que algunas provincias presentan fuerte crecimiento (Neuquén es el caso más claro) y otras siguen en situación crítica: sucede en el Gran Buenos Aires y otros grandes aglomerados urbanos que dependen de sectores hoy en declive.

Según un informe de la consultora Claves, el consumo masivo está 11% abajo de los niveles de enero de 2023

La baja de la inflación pasó a ser clave para que los salarios recuperen terreno. Pero todo apunta a un proceso lento. Las expectativas de un índice de 2% o incluso menos en mayo se van diluyendo a partir de algunos aumentos puntuales en alimentos. Ahora el promedio de consultoras estiman cerca de 2,3%, mejor que en abril pero todavía lejos del nivel deseado por el equipo económico.

Riesgo país

El economista y profesor del CEMA, Jorge Ávila, se mostró cauteloso respecto al proceso de desinflación en los próximos meses: “Va a ser difícil que baje mucho más allá del 2% porque el Central está emitiendo muchos pesos para comprar dólares. Y esos pesos los precisa el Tesoro para luego comprarle divisas al BCRA y pagar deuda. Por eso es muy importante que el riesgo país baje de los 400 puntos y Argentina recupere el acceso al mercado internacional. Pero lo veo difícil porque el mercado tiene miedo al regreso del kirchnerismo”.

Justamente a esos riesgos aludió de manera bastante más explícita que de costumbre el FMI en el Staff Report de la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina, difundido el viernes a la noche.

El Fondo es muy elogioso con el Gobierno, en especial por los continuos esfuerzos por mantener el superávit fiscal. También enfatiza que es fundamental fortalecer al BCRA vía acumulación de reservas. E insiste en la necesidad de regresar a los mercados internacionales para asegurar financiamiento. Esto se transformó en algo relevante para el propio FMI, a partir de los USD 7.000 millones que Argentina debería pagarle al organismo entre capital e intereses en 2027.

Advertencias

Pero junto a los elogios llegaron las advertencias, que ponen en palabras lo que les sucede a los inversores que evalúan oportunidades y riesgos en Argentina.

En un apartado, el Fondo hace foco en los peligros que conlleva el proceso electoral y la volatilidad que podría traer sobre las variables financieras y en particular al dólar. Además, hace referencia al “cansancio social” producto de una bonanza económica que no llega aún a los grandes conglomerados urbanos. En ese sentido, aconseja al Gobierno a mantener o profundizar los programas de asistencia a los sectores más vulnerables. Y pone el acento en el aumento del desempleo, especialmente el joven. “Estas situaciones podrían restarle apoyo popular a las reformas”, advierte.

Sin hacer referencia a ningún episodio en particular el Fondo menciona también el aumento de “percepción de corrupción”, que podría derivar en un menor respaldo al oficialismo y una disminución de la confianza.

El propio presidente Milei introdujo la cuestión electoral esta semana, en su anuncio de rebaja de retenciones al dcir: “el cronograma de reducción va a continuar en 2028, si es que nos reeligen”. Es una de las primeras veces que refiere explícitamente su intención de continuar por cuatro años, pero sobre todo deja en claro que se vienen medidas que tendrán un inevitable tinte electoralista.

Luis “Toto” Caputo también hizo una referencia electoral en un reportaje radial: “Aún si la economía no repunta la gente no lo va a votar a Kicillof, porque no quiere volver al pasado”.

La evolución de las distintas variables económicas muestra que en la mayoría de los sectores se habría tocado un piso. Algunos están volando y los más rezagados empiezan a recuperar, aunque desde niveles muy bajos como sucede con la industria y la construcción.

A diferencia de lo que le ocurrió a Mauricio Macri, la posibilidad de una crisis cambiaria -al menos este año- lucen minúsculas. Al contrario, el BCRA seguirá comprando muchos dólares al menos hasta julio. Después ingresarán divisas de la energía, emisiones de deuda provinciales y de empresas. Todo indica que el 2026 luce con una oferta adecuada de divisas.

El dólar como termómetro

Las dudas se concentran en la dinámica del 2027. Carlos Melconian consideró “inexorable” un proceso de dolarización en la previa electoral. Los antecedentes le dan la razón. La compra récord de divisas de 2025 en medio de las elecciones legislativas requirieron de la ayuda del Tesoro americano para evitar un descontrol cambiario.

Todo eso volverá el año que viene. Las PASO serán en agosto y en el primer trimestre empezarán a definirse las candidaturas. La “ventana” de tiempo del Gobierno para que el fuerte superávit comercial llegue a los bolsillos es relativamente corto. En el mejor de los casos, deberá conformarse con haber evitado un nuevo estallido cambiario, ponerle un piso a la actividad y continuar con un proceso suave de desinflación.

¿Alcanza para que Milei consiga su reelección? No solo es demasiado prematuro ensayar una respuesta, sino que será una incógnita imposible de despejar posiblemente hasta octubre del año que viene.

La economía y las mercados entrarán en pocos meses en un estado de alta incertidumbre. Será difícil evitar que el riesgo país, las tasas de interés, el dólar y el nivel de actividad eviten el impacto.

Además de elogiar las reformas de política económica y el rumbo general del Gobierno. e insistir en la importancia de una reforma fiscal que elimine impuestos “distorsivos”, entre los que destaca explícitamente el de Ingresos Brutos que cobran las provincias, el FMI advirtió en el Staff Report de la segunda revisión del programa acordado con el gobierno de Javier Milei que el frente externo de la economía argentina sigue siendo “vulnerable” y que en el actual contexto geopolítico internacional los riesgos para la economía local siguen siendo “elevados”.

Pese a las señales incipientes de mejora, dice el documento, la economía argentina enfrenta desafíos estructurales en materia de reservas internacionales, acceso a los mercados globales y exposición a shocks externos, cuestiones que se acentúan en un escenario de tensiones globales.

Según el Fondo, la cobertura de reservas sigue siendo “débil” y el país carece de acceso sostenido a los mercados internacionales de capital, en un contexto donde las obligaciones de deuda en moneda extranjera son significativas.

“La posición externa de Argentina es más débil que el nivel que sugieren los fundamentos de mediano plazo y las políticas consideradas deseables”, dice un pasaje. A juicio del staff, la economía argentina sigue sujeta a incertidumbres excepcionales, apoyada en una limitada cobertura de reservas y carente de financiamiento estable.

Esas vulnerabilidades externas, prosigue, están siendo atendidas por reformas orientadas a potenciar la capacidad exportadora en los sectores de energía y minería. Al respecto, el FMI subraya que a la par de las reformas cambiaria y monetaria, el Gobierno está implementando medidas para ampliar la infraestructura y el marco regulatorio que faciliten la expansión de proyectos energéticos y mineros, considerados clave para fortalecer el balance de pagos.

Estancamiento del crédito

En el frente financiero, el FMI afirmó que el crédito al sector privado se expandió a un ritmo real promedio del 32% en 2025, impulsado por la reducción de liquidez excedente y una menor exposición de los bancos al sector público. Pero advierte que la dinámica cambió a partir del tercer trimestre, cuando el crecimiento del crédito se estancó y los préstamos en situación irregular aumentaron, en especial en el segmento de consumo, ante condiciones monetarias restrictivas y un débil crecimiento del ingreso de los hogares. A su vez, remarca que si bien la rentabilidad de los bancos descendió desde niveles elevados, el sistema bancario mantiene niveles de liquidez y capitalización adecuadas, con provisiones suficientes.

Otro fenómeno que destaca es el aumento acelerado de los depósitos en dólares, hasta cifras récord. A diferencia de episodios previos de dolarización, dice el Staff Report, la demanda de divisas de los hogares se canalizó “dentro del sistema bancario”, permitiendo una expansión gradual del crédito en dólares hacia empresas con cobertura natural (naturally hedged borrowers), como las empresas exportadoras.

En ese contexto, agregó, los riesgos del sector financiero se mitigaron con mejor regulación y supervisión, incluyendo la eliminación de programas de crédito subsidiado, la supresión de topes a las tasas de interés y la reducción del vínculo entre el Estado y los bancos.

Reformas estructurales

Según el documento, las reformas estructurales incluyeron la simplificación administrativa y la modernización de los marcos regulatorios en Aduanas, Salud, Transporte, Comunicaciones y Tarifas eléctricas, a la vez que el gobierno impulsan privatizaciones y licitaciones para obras de infraestructura crítica. A esto, dijo, se sumó el impulso a las inversiones extranjeras, con proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes y Medianas Empresas (RIGI y RMI), con proyectos aprobados por unos USD 28.000 millones y apoyados por los recientes cambios a la Ley de Glaciares y la Ley de Tierras Rurales, que liberan restricciones a la propiedad extranjera.

El informe también destacó la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, para fomentar la creación de empleo formal mediante la agilización de los procesos de contratación, la reducción de costos de despido, la menor litigiosidad y la descentralización de la negociación colectiva.

El informe también destacó la aprobación de la Ley de Modernización Laboral

Pese a todo eso, el Fondo insiste que el actual contexto internacional presenta riesgos elevados. Según el organismo, “las tensiones geopolíticas elevadas podrían endurecer las condiciones financieras globales y revertir los todavía favorables accesos a financiamiento, complicando la acumulación de reservas y el acceso oportuno a los mercados”. Eventuales aumentos adicionales en el precio del petróleo, agrega, podrían trasladarse a la inflación local y dificultar el proceso de reducción de subsidios energéticos.

Incertidumbre política

El Fondo también menciona que las incertidumbres políticas por las elecciones presidenciales de 2027 pueden provocar salidas de capital y frenar el impulso reformista si no se logra avanzar en la generación de empleo y en la recuperación del ingreso real (esto es, del poder adquisitivo.

Pero también hay “riesgos positivos”, debido a que fundamentos macroeconómicos más sólidos, debido a que los superávits fiscales primarios y la riqueza en recursos naturales podría mejorar aún más la balanza comercial y alentar nuevas inversiones extranjeras directas. Por otra parte, menciona, la diversificación exportadora y los acuerdos comerciales externos también ayudarán a mitigar los riesgos externos.

Colchones de liquidez

Igualmente, el Fondo insiste en la importancia de reconstruir los “colchones de liquidez” para enfrentar un entorno internacional propenso a shocks. Si estos llegaran a materializarse, las recomendaciones son hacer ajustes inmediatos para proteger los avances en estabilización y, llamativamente, usar el tipo de cambio como “amortiguador” ante shocks, endurecimiento de las condiciones monetarias y de liquidez para sostener la demanda de pesos y defender el régimen cambiario de flotación, hoy en una banda en la que el tipo de cambio actual tiene más de 20% de recorrido hasta el techo.

Fiel a su libreto, el Fondo concluyó que en caso de un nuevo repunte del riesgo país u ocurrencia de episodios de volatilidad, el Gobierno haga un mayor ajuste fiscal, acelerando el recorte de subsidios y de transferencias a provincias y empresas estatales.

El documento concluyó que si bien Argentina cuenta con fundamentos para amortiguar parte de los riesgos, la agenda de reformas y la capacidad de respuesta ágil serán determinantes para reducir la vulnerabilidad externa y sostener la estabilidad en un contexto internacional desafiante.

Tras anunciar la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe técnico sobre la economía argentina destaca el programa económico del gobierno de Javier Milei, pero advierte sobre la necesidad de avanzar con las reformas tributaria y previsional, de actualizar la forma de medir la inflación y de sostener la acumulación de reservas y el proceso de desinflación.

Para 2026, el organismo estima que la economía mostrará una expansión del 3,5% en el Producto Interno Bruto (PIB), acompañada por una tasa de desempleo de 7,2%, una inflación anual del 25% y un saldo fiscal primario positivo equivalente al 1,4% del producto.

Más allá de ponderar el rumbo económico de La Libertad Avanza, el reporte advierte que a pesar de los avances y del “amplio potencial” de Argentina, las vulnerabilidades “siguen siendo elevadas”: “La inflación continúa alta, las reservas son limitadas y aún se trabaja para lograr un acceso sostenido a los mercados, lo que deja al país especialmente expuesto a shocks externos e internos, estos últimos vinculados a la persistente incertidumbre sobre la continuidad de las políticas”.

Además, los técnicos de la entidad internacional apuntan que el sistema tributario sigue siendo “complejo e ineficiente, los mercados de capital permanecen poco desarrollados (con un volumen importante de activos de residentes fuera del sistema financiero), el país mantiene una relativa cerradura comercial y las instituciones requieren mayor fortalecimiento”.

“De todas formas, la administración Milei está logrando avances notables en la creación de una economía más abierta y orientada al mercado, con un flujo significativo de inversiones en marcha en sectores clave como la agricultura, la energía, la minería y la economía del conocimiento. Consolidar la estabilidad, romper de manera duradera con décadas de desmanejo y aprovechar plenamente este potencial siguen siendo los principales desafíos de fondo para Argentina”, aclaran.

Al mismo tiempo, el Fondo insta al Gobierno a actualizar las canastas que se utilizan para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Considerando el difícil historial de estadísticas poco confiables en Argentina durante 2007-2015, contemplar también la publicación anticipada de datos de inflación basados en canastas de consumo actualizadas, así como fortalecer la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”, remarca el texto.

La declaración se da luego de la controversia generada por la decisión del equipo económico de reemplazar la canasta de bienes y servicios 2017/2018 por la actual, que data de 2004, para medir el IPC, lo que desembocó en la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec a principios de 2026.

“La demora prolongada en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual. Las cuentas nacionales también presentan limitaciones en cuanto a su nivel de detalle y precisión, en parte debido a un año base obsoleto”, acotan.

Reforma tributaria

En otro tramo, el análisis señala que el sistema tributario argentino “sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento y la competitividad”. El informe subraya que la fragmentación entre Nación y provincias genera superposiciones, baja recaudación y dificultades para controlar el cumplimiento fiscal, mientras la proliferación de regímenes especiales alimenta la inequidad.

Otro problema destacado es la dispersión de competencias entre niveles de gobierno y la fuerte dependencia provincial de Ingresos Brutos, un impuesto considerado especialmente distorsivo en la región. El Staff del organismo sostiene: “Una reforma tributaria integral debe equilibrar consideraciones de equidad y eficiencia, al tiempo que fortalezca la ancla fiscal”.

A pesar de que desde 2024 se implementaron modificaciones para reducir cargas sobre el patrimonio y ampliar el impuesto a las ganancias, el reporte del FMI remarca: “Es necesaria una reforma más profunda” para resolver problemas estructurales y hacer frente a la alta informalidad.

Recomendaciones y prioridades

A la vez, el organismo multilateral hizo hincapié en la necesidad de una reforma integral del sistema tributario. A su juicio, la Argentina enfrenta la necesidad de revisar un entramado de más de 155 impuestos, dominado por tributos indirectos y distorsivos que dificultan el desarrollo y afectan la competitividad.

En ese sentido, propone una hoja de ruta apoyada en cinco ejes prioritarios: ampliar la base del impuesto a las ganancias personales, simplificar el tributo de sociedades, racionalizar el IVA, eliminar exenciones y fortalecer los impuestos especiales. “La eliminación de exenciones en el IVA, acompañada de compensaciones focalizadas, podría aportar beneficios fiscales de 0,4 puntos del PIB”, estima el Staff Report.

El reporte suma que al expandir la base del impuesto a las ganancias y armonizar las deducciones, por lo menos el 20% de los trabajadores debería abonar este tributo, acercando la presión fiscal al promedio regional. Sobre las sociedades, se recomienda una tasa plana del 30%, combinada con un mínimo de recaudación sobre ventas, con el objetivo de reducir la evasión y los incentivos a la informalidad.

Respecto al monotributo, se advierte que la baja carga actual fragmenta el universo empresarial y limita el crecimiento de las firmas. El Fondo sostiene: “Cualquier reforma debe reducir los saltos bruscos entre categorías y alinear las tasas efectivas con el régimen general”. En el caso de los impuestos especiales, la actualización de los gravámenes sobre combustibles y tabaco, considerando la inflación, permitiría incrementar la recaudación en 0,5 puntos del PIB.

De aplicarse estos cambios, el FMI señala que sería posible “una eliminación gradual de los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y transacciones financieras”, que representan cerca del 7% de la recaudación y tienen un impacto negativo en la productividad y la inversión.

Su análisis empírico indica que “la eliminación de los impuestos a la exportación podría aumentar las exportaciones de cereales y oleaginosas en torno al 10%”, lo que se traduciría en ingresos anuales adicionales de USD 5.000 millones y un aporte al Producto Interno Bruto de aproximadamente 0,4 puntos porcentuales. Reducir el impuesto a las transacciones financieras, por su parte, favorecería la intermediación bancaria y limitaría el peso de la informalidad, desde su óptica.

Reforma previsional

En tanto, la entidad liderada por Kristalina Georgieva solicitó que el Gobierno aplique una reforma previsional integral para “fortalecer los incentivos para aportar, mejorar la equidad entre los trabajadores y reforzar la sostenibilidad de largo plazo del sistema, incluso alineando mejor la tasa interna de retorno del sistema con su tasa natural de retorno”. Según reza en el texto, el Gobierno se comprometió a lanzarla para finales de diciembre de 2027.

A propósito de las modificaciones, el FMI propuso cinco puntos para cambiar el sistema previsional:

• Separar las pensiones contributivas y no contributivas. Integrar la PUAM y la pensión básica en un pilar no contributivo unificado, financiado con ingresos generales, mientras se mantiene el SIPA como el pilar contributivo, mejoraría la transparencia y la equidad.
• Fortalecer el vínculo entre aportes y beneficios. El requisito actual de 30 años de aportes genera discontinuidades marcadas en los derechos jubilatorios. Avanzar hacia la acumulación proporcional de derechos previsionales fortalecería los incentivos para contribuir y permitiría eliminar gradualmente las moratorias.
• Ampliar la base de aportes. La alta informalidad laboral y la expansión de regímenes tributarios simplificados han debilitado la densidad contributiva y ampliado las disparidades en el esfuerzo de aporte entre los trabajadores. Medidas que promuevan el empleo formal podrían ayudar a ampliar la base. Las reformas orientadas a reducir la carga tributaria laboral deben diseñarse cuidadosamente para no erosionar los ingresos previsionales. Aumentar los requisitos de aporte en los regímenes simplificados también contribuiría a reducir disparidades.
• Simplificar y armonizar los regímenes previsionales. Actualmente, el sistema argentino incluye más de 200 regímenes con reglas de elegibilidad y fórmulas de beneficio diferentes, lo que genera inequidades y complejidad administrativa. La armonización gradual de los regímenes especiales y provinciales con el sistema nacional (SIPA) ayudaría a reducir disparidades, simplificar la administración y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Acuerdos fiscales con las provincias podrían apoyar la alineación de los regímenes provinciales con el SIPA.
• Alinear los parámetros de jubilación con las tendencias demográficas. Vincular gradualmente la edad legal de retiro a los aumentos en la esperanza de vida y armonizar la edad de retiro entre hombres y mujeres podría contribuir a preservar un equilibrio estable entre vida laboral y jubilación.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina y se espera que en las próximas horas envíe el desembolso por 1.000 millones de dólares.

“El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”, informó la entidad conducida por Kristalina Georgieva.

Y continuó: “Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos”.

En tanto, Georgieva destacó que las autoridades argentinas “han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo”.

“La creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”, sumó.

En tanto, la jefa del FMI aseguró que el Gobierno mantiene el compromiso de “preservar la estabilidad mediante un paquete de políticas equilibrado que impulse la desinflación, al tiempo que fortalezca la sostenibilidad externa y fomente el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”.

Al mismo tiempo, la directora del organismo sostuvo que el equipo económico sostendrá el equilibrio fiscal mediante “mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso”.

A la vez, solicitó el impulso de reformas del sistema tributario y previsional, así como fortalecimiento del marco fiscal en provincias y municipios, ya que “serán esenciales para mantener el ancla fiscal y, al mismo tiempo, preservar el margen para el gasto social prioritario, que será fundamental para consolidar aún más la impresionante reducción de la pobreza”.

“Los avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes. Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”, agregó.

Si bien el directorio ponderó la caída de la inflación anual, el superávit primario y los anuncios de inversiones, también advirtió que la ejecución del programa mostró resultados dispares hasta fines de 2025, especialmente por los atrasos en la recuperación de las reservas externas.

Asimismo, los directores del FMI destacaron que se se llevaron adelante “importantes ajustes posteriores a los marcos monetario y cambiario, que han respaldado la acumulación de reservas y fortalecido la confianza del mercado”.

“Dadas las vulnerabilidades que aún persisten, los directores alentaron a las autoridades a implementar con decisión un paquete de políticas equilibrado que respalde la desinflación, al tiempo que fortalezca la estabilidad externa y sostenga el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”, acotaron.

Además, elogiaron el programa de compra de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y pidieron una “implementación sostenida” de la adquisición de divisas, combinada con una “flexibilidad cambiaria continua, para reconstruir decisivamente las reservas externas y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar crisis”. En tanto, alentaron al equipo económico a acelerar el proceso comprador y superar la meta establecida de reservas netas, que alcanza los 8.000 millones de dólares.

El ritmo de compras del BCRA ya había sido resaltado por las autoridades del prestamista de última instancia. En efecto, la autoridad monetaria acumuló 92 jornadas consecutivas con resultado positivo en el mercado de cambios, favorecido por acuerdos con bancos, compañías privadas y organismos estatales. Este jueves, la autoridad monetaria sumó USD 145 millones y el total anual superó los 8.800 millones de dólares.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó USD 8.851 millones, con abril como el mes más activo, alcanzando 2.769 millones de dólares. Solo el 2 de enero no se concretaron compras y las reservas brutas superan los 46.751 millones de dólares.

En materia financiera, hicieron hincapié en la importancia de “asegurar un acceso oportuno y duradero” a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los vencimientos de deuda y reducir gradualmente la exposición al propio FMI. En línea con la administración libertaria, pidieron profundizar el mercado de capitales local, un objetivo que busca el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante la implementación de medidas como la Ley de Inocencia Fiscal.

En el plano monetario, el FMI exigió un programa que continúe “apoyando la desinflación y una mayor flexibilidad del tipo de cambio”. Sobre este punto, demandaron una “mayor transparencia y comunicación” mediante la publicación periódica de informes trimestrales, así como esfuerzos para contener aún más “la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”, en un contexto de crecimiento de la morosidad en el financiamiento para familias y empresas.

Tras la polémica por la no aplicación de la canasta de bienes y servicios actualizada para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que derivó en la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a comienzos de 2026, el FMI solicitó “medidas para seguir mejorando la calidad y la difusión de los datos de inflación”.

En simultáneo, el directorio del Fondo reconoció el “impresionante progreso” en la desregulación de la economía y la adopción de “legislación reformista” en los ámbitos fiscal, comercial y laboral, reflejado en un “aumento significativo” de la inversión extranjera directa.

E instó al Gobierno a consolidar las reformas para “crear una economía más competitiva y abierta, y destacaron la importancia de fortalecer la independencia de las instituciones de supervisión, garantizar la transparencia en las adquisiciones y las privatizaciones, y mejorar los marcos de gobernanza”.

En cuanto a las proyecciones de la entidad para 2026, los técnicos pronostican un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,5%, así como una tasa de desempleo de 7,2%, una inflación anual de 25% y un superávit fiscal primario de 1,4 por ciento.

Por último, los directores del board remarcaron que “si bien observaron que el programa continúa expuesto a riesgos elevados, acogieron con beneplácito las medidas de mitigación implementadas”. “El apoyo continuo a los más vulnerables, junto con medidas para mitigar los costos de ajuste a corto plazo, será fundamental para mantener el respaldo social al programa de reformas de Argentina”, concluyeron.

Según un comunicado de la prensa presidencial, la reunión constituyó un paso estratégico para la estabilización y desarrollo del país y se enmarca en una nueva etapa de diálogo orientada a atraer inversiones internacionales.

En la reunión participaron también el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; y el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Christiam Hernández. Por parte del Banco Mundial asistieron la gerente de Política Económica para la región, Shireen Mahdi, y el director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe, Óscar Calvo González.

La Presidencia afirmó que, con el restablecimiento de estos canales de cooperación multilateral, Venezuela reafirma su compromiso de avanzar hacia una economía diversificada y abierta al mercado global. El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro, aunque no se ofrecieron declaraciones públicas ni trascendió el contenido detallado de lo dialogado.

Por su parte, el Banco Mundial detalló en su declaración: “Las conversaciones, que se desarrollaron en un ambiente cordial y constructivo, permitieron a ambas partes intercambiar puntos de vista sobre los recientes acontecimientos económicos en Venezuela y explorar posibles áreas de colaboración para una asistencia técnica”.

A su vez, el organismo detalló que ambas partes prevén “profundizar este diálogo y acordaron seguir trabajando juntas” a fin de determinar las posibles necesidades de Venezuela.

El encuentro se realizó tras el anuncio en abril pasado de la reanudación de relaciones entre el Grupo del Banco Mundial y el Gobierno de Venezuela, tras una votación favorable en el Fondo Monetario Internacional (FMI), decisión que puso fin a una suspensión vigente desde 2019.

Ese mismo mes, el FMI anunció en Washington el restablecimiento de vínculos con Venezuela, en línea con la posición mayoritaria de sus miembros.

Rodríguez agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tras la reanudación de las relaciones y dijo que el país suramericano está normalizando “todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo y responsabilidades”.

“Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y quiero también agradecer a todos los países, a todos los Gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional”, señaló.

El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, fue designado como gobernador de Venezuela ante el Fondo. “Aunque eso ya tiene dos o tres semanas que sucedió (...), ya hay gobernador en el Fondo Monetario Internacional. El doctor Calixto Ortega es el gobernador de Venezuela para el FMI”, declaró el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

Las relaciones con ambos organismos multilaterales quedaron suspendidas en marzo de 2019, luego de que el ex dictador Nicolás Maduro asumiera un nuevo mandato considerado ilegítimo por la oposición y organismos internacionales, lo que derivó en la autoproclamación del entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, respaldado por varios países.

El 13 de mayo pasado, el Ejecutivo anunció el inicio de un proceso “formal, integral y ordenado” para la reestructuración de la deuda pública externa y de la estatal PDVSA, sin precisar el monto total.

El Ministerio de Economía indicó que el objetivo es mejorar la capacidad de financiamiento del país, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población. Según la ONG Transparencia Venezuela, la deuda externa del país supera los USD 170.000 millones.

(Con información de EFE)

El Gobierno de El Salvador posee, hasta este martes, 7,643 bitcoines en su reserva estratégica, una cifra que refleja el impulso continuado de las autoridades hacia la criptomoneda desde su adopción oficial en septiembre de 2021.

La información, proporcionada por la agencia EFE en base a registros oficiales, señala que entre enero de 2025 y abril de 2026 se adquirieron aproximadamente 1,633 monedas digitales adicionales, lo que elevó la inversión total a más de 622,3 millones de dólares.

De acuerdo con EFE, la compra de bitcoin se mantiene activa durante los primeros días de mayo y se registra la adquisición diaria de una unidad, a pesar de que cerca del 90 % de la población rechaza el uso cotidiano de la criptomoneda.

El Salvador se constituyó en el primer país del mundo en declarar de curso legal este criptoactivo junto al dólar estadounidense, convirtiéndose en el principal eje económico de la administración que presidida por Nayib Bukele.

EFE indica que, aunque el Gobierno de Bukele logró en 2024 un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), este organismo internacional estableció limitaciones al uso y la compra de bitcóin. Además, el Congreso salvadoreño eliminó la exigencia de aceptar pagos en moneda digital y retiró el respaldo estatal a su utilización.

Hasta el momento, no existen datos oficiales acerca de si la reserva digital será utilizada para financiar proyectos específicos a corto o mediano plazo. El impacto de la política de criptomonedas se observa en el sector de las remesas: el uso de carteras digitales ha permitido a los salvadoreños en el exterior transferir fondos al país a través de este mecanismo.

Durante el primer trimestre de 2026, el Banco Central de Reserva (BCR) reportó que las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas alcanzaron 17.38 millones de dólares, representando un crecimiento del 49,7 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Según los datos oficiales citados por EFE, este monto superó en 5.77 millones de dólares los ingresos del primer trimestre de 2025, cuando se registraron 11.61 millones de dólares.

En contraste, el acumulado anual de remesas recibidas por esta vía experimentó una caída en 2025, totalizando 57.67 millones de dólares, una reducción de 32.5 % respecto a los 85.5 millones alcanzados en 2024.

La agencia EFE destaca que, pese a la volatilidad del flujo de remesas y a las restricciones legislativas y financieras, el Gobierno mantiene su apuesta por la criptomoneda como parte de su estrategia económica nacional.

El mercado de criptomonedas experimentó un acelerado crecimiento en la última jornada, con Bitcoin registrando un incremento hasta USD 81,500 —el nivel más alto desde enero—, impulsado por una fuerte entrada de capital en los fondos cotizados al contado y el renovado interés por la tokenización de activos financieros, según reportó el medio CoinDesk.

El alza estuvo acompañada de aumentos en otros tokens relevantes y de movimientos contundentes en empresas clave del sector, en un contexto donde los analistas pronostican que esta tendencia podría afianzarse salvo una eventual escalada de riesgos geopolíticos.

El crecimiento ha tenido como protagonistas a proyectos enfocados en la tokenización, un sector que, de acuerdo con proyecciones de Ripple y Boston Consulting Group (BCG) citadas por CoinDesk, podría alcanzar un volumen de USD 18,900 millones para 2033 incluyendo stablecoins.

Entre las operaciones más destacadas, Bullish, propietario de CoinDesk, vio aumentar sus acciones en un 12% tras anunciar la adquisición de Equiniti —agente de transferencia— por USD 4,200 millones, una jugada que, según Owen Lau, analista de Clear Street, representa “un gran impulso para transformar a Bullish de un exchange de criptomonedas a un proveedor de infraestructura de mercados de capitales que aprovecha la tendencia de la tokenización”.

A pesar de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compras en el mercado de cambios el jueves con USD 207 millones, el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 800 millones significó un golpe directo a las reservas internacionales, que cerraron la semana en USD 44.483 millones. Esta situación instala interrogantes sobre el futuro inmediato ante los vencimientos que restan en el año con el organismo internacional y el nivel de adquisiciones y acumulación de divisas que pueda alcanzar la entidad que preside Santiago Bausili.

Según fuentes consultadas por Infobae, la caída semanal en las reservas respondió tanto a la operación para afrontar el compromiso con el FMI como a la variación en la cotización de activos que integran el balance del BCRA, lo que terminó por neutralizar el efecto positivo que generaron las compras diarias de dólares.

En cuanto al calendario de pagos, la consultora Analytica precisó que, tras el pago de mayo, el equipo económico enfrentará en lo que resta del año una serie de vencimientos con el organismo internacional:

• 26 de agosto habrá un vencimiento de USD 777 millones en concepto de intereses,
• 26 de septiembre cubrir USD 800 millones por devolución del capital,
• 26 de noviembre otros USD 772 millones en intereses y,
• 26 de diciembre, USD 342 millones capital.

Claudio Caprarulo, economista de la consultora Analytica, dijo a Infobae: “No es un monto marginal y hay que considerar que la mayor parte cae en la segunda mitad del año, por eso la clave está en el volumen de dólares que logre acumular el BCRA en los meses previos cuando se da la mayor liquidación del agro. Más allá de si consigue nuevas fuentes de financiamiento”.

Para Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum Finanzas los pagos pendientes no presentan un desafío relevante para la estrategia oficial. “Este año restan alrededor de USD 2.000 millones sólo de intereses y vencimientos de capital con el FMI. No tienen mucho impacto porque en principio luego de la revisión habría desembolso para pagar por lo menos la mitad de eso”, expresó.

El Gobierno permanece activo en la compra de dólares mediante emisiones de Bonares, al tiempo que mantiene un acuerdo de garantías con organismos multilaterales que permite instrumentar operaciones con bancos privados (Baer)

El economista subrayó que el Gobierno permanece activo en la compra de dólares mediante emisiones de Bonares, al tiempo que mantiene un acuerdo de garantías con organismos multilaterales que permite instrumentar operaciones con bancos privados. Según Baer, estas herramientas permiten mirar el segundo semestre con menor tensión financiera, sin prever dificultades para los compromisos previstos en julio ni en enero de 2027.

Esta semana, por medio de la licitación del Bonar 2027 y 2028, la Secretaría de Finanzas pudo hacerse de USD 848 millones que van a sumar a los depósitos del Tesoro en el BCRA, se espera que el nivel ascienda a cerca de USD 1.400 millones. Si bien se trató de una adjudicación exitosa en términos generales, en donde se pasó el test de la ampliación del monto (de USD 250 millones a USD 350 millones), se generó ruido en la segunda subasta, donde solo se pudieron colocar USD 48 millones en el AO28. Además de eso, la duda del mercado está en si el equipo económico logrará mantener estos dólares.

El desembolso pendiente

Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a Infobae que esperan reponer los dólares utilizados para la adquisición de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos a través del desembolso pendiente del FMI de USD 1.000 millones. Este giro, que esperan que se concrete durante mayo, permitiría recomponer parte de las reservas del BCRA, que se vieron afectadas por la necesidad de cumplir con el pago al organismo internacional.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central, que al jueves se ubicaron en 44.483 millones de dólares, reflejaron la complejidad del escenario. La combinación entre la necesidad de cumplir con los compromisos externos y la dinámica de acumulación de divisas coloca bajo la lupa la capacidad del BCRA para sostener un flujo positivo en los próximos meses.

En este contexto, el Gobierno apuesta a que el próximo giro del FMI por USD 1.000 millones impacte favorablemente en las reservas del BCRA, tal como anticiparon fuentes oficiales a Infobae.

El acuerdo de garantías con multilaterales y la posibilidad de que parte de los intereses se cubran con nuevos desembolsos actúan como colchón para la gestión de los pagos previstos en el segundo semestre. La estrategia de recomposición de reservas se apoya también en la expectativa de que la liquidación del agro aporte el caudal necesario de divisas para afrontar los vencimientos sin sobresaltos.

El acuerdo de garantías con multilaterales y la posibilidad de que parte de los intereses se cubran con nuevos desembolsos actúan como colchón para la gestión de los pagos previstos en el segundo semestre

En el BCRA siguen con atención que desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero solo liquidaron USD 6.800 millones en el mercado. Quedan pendientes de liquidación USD 3.200 millones, lo que representa una oferta potencial de divisas para los próximos meses. A la que se sumarán los USD 650 millones que logró colocar Chubut.

Un informe de la consultora Invecq destaca: “En abril, se observa un repunte en las colocaciones, explicado en gran medida por la emisión de Chubut -que por sí sola representa cerca del 50% del total del mes- y, en segundo lugar, por operaciones corporativas relevantes como la de Edenor, que representó el 37% de lo emitido hasta lo que va del mes de abril”.

La deuda del Estado de El Salvador con los fondos privados de pensiones superó los USD 11,476 millones al cierre del primer trimestre de 2026, tras acumular USD 235.19 millones solo entre enero y marzo, según datos del Banco Central de Reserva (el principal ente monetario del país) publicados este jueves.

Las cifras, que el Banco Central de Reserva retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (el ente regulador de pensiones), revelan que el saldo total pasó de USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 a USD 11,476.32 millones en marzo de 2026, un alza del 2.1% en apenas tres meses. Frente al mismo mes del año anterior, cuando la deuda ascendía a USD 10,697.11 millones, el incremento llega a USD 779.21 millones, equivalente al 7.3%.

El ritmo de endeudamiento fue desigual a lo largo del trimestre. En enero, el Gobierno tomó USD 92.32 millones de los fondos; en febrero: USD 46.76 millones; y en marzo: USD 96.11 millones. Estos recursos se destinan al pago de pensiones de los jubilados del sistema público, abandonado a finales de la década de 1990 y reformado en 2022, mediante la emisión de títulos valores que el Instituto Salvadoreño de Pensiones coloca obligatoriamente en manos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas.

Ese instrumento, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente USD 3,082.13 millones. A ese monto se añaden USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que dejaron de pagar capital e intereses tras la reforma aprobada a finales de 2022 por la Asamblea Legislativa.

Deuda con el fondo de pensiones creció en el último año

La deuda del Estado salvadoreño con los fondos privados de pensiones creció 779.21 millones de dólares entre marzo de 2025 y marzo de 2026, al pasar de 10,697.11 millones a 11,476.32 millones de dólares, según cifras del BCR basadas en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Ese incremento equivale a un aumento del 7.3% en doce meses.

El ritmo de crecimiento fue de 64.93 millones de dólares por mes en promedio durante el período analizado, aunque la velocidad del endeudamiento no fue uniforme a lo largo del año. Los meses con mayor aceleración se concentraron en el último trimestre de 2025 y en el arranque de 2026, cuando los incrementos mensuales superaron los 90 millones de dólares.

La deuda está compuesta por dos instrumentos. Los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) pasaron de 2,301.38 millones en marzo de 2025 a 3,082.13 millones en marzo de 2026, un alza de 780.75 millones de dólares. Los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que representan la mayor parte del pasivo con 8,394.19 millones de dólares, permanecieron prácticamente sin variación durante todo el período.

Las advertencias del FMI sobre la deuda de pensiones

El Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral, ha advertido que esa reforma derivó en que el 89% de los activos administrados por las AFP —que en 2024 alcanzaron los 14,900 millones de dólares— estén colocados en títulos de deuda pública, ya sea de forma directa o a través de bancos e instituciones financieras. “En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del Instituto Salvadoreño de Pensiones”, indicó el organismo.

El FMI también alertó que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que se activa cuando los pensionados agotan el saldo de su cuenta individual. Según proyecciones del organismo, ese mecanismo se agotaría alrededor de 2027, lo que hace urgente una reforma integral del sistema previsional.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele se comprometió con el FMI a presentar una propuesta de reforma antes del 10 de febrero de 2026, plazo que ya venció sin que la iniciativa llegara a la Asamblea Legislativa. El presidente de ese órgano, Ernesto Castro, confirmó que la propuesta no había sido recibida. El acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario, un préstamo de USD 1,400 millones bajo un Servicio Ampliado, busca “corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia” del país.

Una misión técnica del FMI proyecta que el déficit del Instituto Salvadoreño de Pensiones pasará del 2% del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 2.9% en 2027, presionado por el mayor costo del servicio de deuda y el fin del período de gracia para el pago de intereses sobre los antiguos Certificados de Inversión Previsional. El stock de deuda del Instituto Salvadoreño de Pensiones podría alcanzar el 28.3% del PIB en 2027, según las mismas proyecciones.

Entre las medidas que el Fondo Monetario Internacional considera posibles para sanear el sistema figuran el aumento de la edad de jubilación y el incremento de las contribuciones de empleadores y trabajadores. El período de gracia de cuatro años para el pago de capital e intereses de los CFT vence en 2027, año en que el Gobierno deberá retomar esos pagos sobre una deuda que representa cerca del 22.9% del PIB.

El Gobierno argentino decidió una vez más comprarle Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de los Estados Unidos para cumplir con un vencimiento de USD 819 millones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). La operación se realizó en la previa de la fecha límite para el pago, que es mañana, en un contexto en el que el país espera la llegada de un desembolso de USD 1.000 millones con la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el organismo internacional. La operación no implica financiamiento, sino simplemente una compra, por lo que no genera deuda ni activa el swap acordado entre los dos países.

Esta es la tercera vez en menos de un año que la Argentina utiliza este recurso para cubrir los compromisos con el organismo internacional. El Tesoro de los Estados Unidos, que administra una de las porciones más significativas de los DEG a nivel global, facilitó nuevamente la venta de estos activos a la Argentina. Los Derechos Especiales de Giro (DEGs) son un activo de reserva internacional creado por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Son, de alguna forma, la “moneda” del FMI.

El pago al FMI asciende a USD 819 millones y representa una de las obligaciones más relevantes del calendario financiero argentino de la semana. Los compromisos con el FMI continúan condicionando la política económica del Gobierno. La dinámica de pagos y la necesidad de acceder a financiamiento externo definen la estrategia oficial para los próximos meses.

El Tesoro de los Estados Unidos se consolidó como un proveedor clave de liquidez para la Argentina en el contexto de los vencimientos con el FMI. Las operaciones de compraventa de DEG entre ambos países se ajustan a procedimientos definidos por el propio Fondo Monetario Internacional y permiten a la Argentina cumplir con sus compromisos sin incurrir en atrasos.

Es esperable que el pago tenga su impacto en el nivel de reservas que, el BCRA, se ocupa a diario de intentar engrosar. En las últimas jornadas, las reservas internacionales brutas se vieron golpeadas por cambios en las cotizaciones de activos que componen el balance y por el pago de una deuda por USD 30 millones.

Esto a pesar de que continua el buen ritmo de compras por parte de la entidad que conduce Santiago Bausili. El miércoles, con el dólar mayorista a la baja, la entidad sumó USD 76 millones a sus arcas, y el total de 2026 supera los 6.900 millones de dólares. Desde la entrada en vigor del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA acumuló compras por USD 6.948 millones, casi el 70% de la meta anual. Solo en abril, el volumen adquirido llegó a 2.562 millones de dólares. Las tres primeras jornadas hábiles de esta semana, sin embargo, mostraron un ritmo más pausado: el promedio diario cayó de USD 149 millones —registrado la semana anterior— a poco más de 60 millones de dólares.

Desembolso pendiente

El contexto de la operación está marcado por la espera de un desembolso de USD 1.000 millones en DEG por parte del FMI. Tras la aprobación de la segunda revisión a nivel técnico, ahora el equipo económico aguarda que el directorio del organismo trate el nuevo acuerdo y libere los fondos. Según pudo saber Infobae con fuentes oficiales del Ministerio de Economía se esperaba que impacte en las reservas del BCRA en mayo, recuperando la baja que causará este pago.

La aprobación de la segunda revisión a nivel técnico se produjo mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, se encontraba en Washington D.C. para participar de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial. Aunque las negociaciones por la misma llevaban varios meses, comenzaron en febrero con una misión del organismo en Buenos Aires e implicaron luego un viaje del viceministro de Economía, José Luis Daza, a Estados Unidos.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, tras el comunicado oficial del organismo.

El viernes 1.º de mayo vence un pago de USD 800 millones en concepto de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por estas horas, el equipo económico define la estrategia para afrontar este nuevo compromiso luego de que en febrero se utilizaran reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para realizar el pago correspondiente. Ahora, el Ministerio de Economía cuenta con dos alternativas para concretar la transferencia mientras espera del desembolso de USD 1.000 millones por la segunda revisión del acuerdo que ya fue aprobado a nivel técnico.

Por un lado, el Gobierno podría utilizar las reservas del BCRA, que actualmente superan los USD 46.000 millones tras una serie de compras recientes. Por otro lado, existe la posibilidad de cubrir el compromiso con los fondos disponibles en los depósitos del Tesoro Nacional en el Central, tanto en moneda extranjera como en pesos. Esta vía evita un impacto en las tenencias de la autoridad monetaria y preserva la percepción de fortaleza financiera.

Esta opción luce como la más viable, ya que la deuda corresponde al Gobierno y no al Banco Central. En caso de utilizarse, luego los fondos se podrían restituir mediante las licitaciones del Bonar 2027 y Bonar 2028 -dos bonos en dólares emitidos en el mercado local- que se desarrollan cada 15 días.

Al 27 de abril, último dato disponible, el Tesoro contaba con más de USD 526 millones en sus arcas, por lo que no alcanzaría para cubrirlo. No obstante, a ese monto hay que sumar los USD 848 millones que la Secretaría de Finanzas en la última licitación de deuda. Por su parte, los depósitos en moneda nacional alcanzaban los 8,2 billones de pesos. De esta manera, Economía podría comprarle dólares al BCRA con pesos y, si bien esto afectaría las reservas, lo haría en menor medida que si el vencimiento se pagara directamente con fondos de la entidad.

La cuestión está en que los fondos del Bonar 2027 y Bonar 2028 iban a utilizarse para cubrir el vencimiento de julio por unos 4.300 millones de dólares. En lo que va del año, la Secretaría de Finanzas concretó cinco licitaciones y por esas colocaciones pudo captar USD 1445 millones vía AO27 y USD 834 millones mediante AO28.

“El Tesoro logró adjudicar entre ayer y hoy casi 850 millones de dólares, con lo cual tiene cubierto el pago de intereses al FMI de mayo, sin necesidad de solicitarle reservas al BCRA”, destacó el economista Federico Machado, tras la última licitación de deuda.

A pesar de los recursos obtenidos, la acumulación de dólares presenta limitaciones debido a la presión constante sobre los recursos disponibles. La dinámica de las cuentas oficiales muestra que los dólares captados por el Palacio de Hacienda a través de los bonos en dólares se pierden gradualmente, ya que deben destinarse a pagos de deuda y otras obligaciones ineludibles del sector público.

El desembolso pendiente

Más allá del vencimiento del próximo viernes, el equipo económico se encuentra a la expectativa de que el directorio del FMI apruebe la segunda revisión del acuerdo y con eso se destrabe el desembolso pendiente por USD 1.000 millones, que impactará en las reservas del BCRA.

Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, la transferencia de USD 1.000 millones impactaría en las reservas del BCRA en mayo. Aunque los tiempos ya no dependen del Gobierno, sino de la burocracia del organismo internacional, y no hay tal nivel de dependencia —como sí la hubo en el pasado— en medio del proceso de compra de reservas.

Con las compras de USD 54 millones el lunes, en lo que va del mes la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 2.433 millones y solo la semana pasada se hizo de 745 millones de dólares. Frente a estos datos, y el hecho de que en abril haya superado el 68% de la meta de compra, se especula con que el BCRA se hará de más de USD 10.000 millones durante 2026, aunque todo dependerá de cómo continúe la demanda de dinero y la oferta de dólares en los próximos meses.

“Va a depender de si esta semana hay directorio y si se aprueba o no la segunda revisión del acuerdo, porque ahí tendrías un desembolso de USD 1.000 millones y podrías machear el desembolso con el pago. Y ahí lo harían vía Tesoro, esa es una tercera opción posible sobre cómo se podría pagar”, comentó el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una evaluación profunda de la economía de Honduras este lunes. Durante dos semanas, hasta el 11 de mayo, el organismo internacional mantendrá reuniones con autoridades financieras, reguladores, gremios empresariales y la Embajada de Estados Unidos. Este proceso podría facilitar un apoyo presupuestario de USD 240 millones.

El Gobierno de Nasry Asfura busca aprovechar la visita para mostrar resultados en materia monetaria y fiscal.

El principal objetivo es reactivar el programa con el FMI, el cual se encuentra paralizado debido a la falta de revisión en noviembre pasado.

De acuerdo con el coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández Hércules, citado en el diario La Tribuna de Honduras, la gestión previa no avanzó en el acuerdo, por lo que la presente administración ha concentrado los primeros cuatro meses en restaurarlo y exhibir indicadores sólidos.

Análisis del FMI en Honduras y expectativas oficiales

Durante la estadía del FMI, las autoridades presentarán avances como la reducción de la emisión monetaria, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la recapitalización del Banco Central de Honduras.

También se expondrán reformas en la normativa cambiaria, mejoras en el acceso a divisas y la simplificación de trámites para el sector exportador.

La misión técnica recopilará información de instituciones clave: Secretaría de Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entre otras.

Esta información se trasladará a Washington para que el Directorio del FMI decida si Honduras supera la cuarta y quinta revisión del acuerdo, un paso imprescindible para acceder al financiamiento planificado.

Este análisis será crucial para que el país reciba el desembolso de USD 240 millones, el cual se destinaría directamente a la Caja única del Tesoro, permitiendo un respiro a las cuentas públicas.

Si se logran ambas revisiones, Honduras fortalecería sus reservas internacionales y dispondría de mayor apoyo presupuestario para afrontar el entorno económico global.

Contexto de reformas y política monetaria

La gestión de Nasry Asfura en los primeros tres meses de gestión ha priorizado la disciplina fiscal y el control sobre el endeudamiento externo.

El secretario de Finanzas detalló en el medio citado que se está reorientando préstamos y buscando reducir la deuda internacional entre USD 700 y 800 millones, mediante negociaciones con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el BCIE y el CAF.

El funcionario remarcó que cualquier endeudamiento nuevo estará condicionado a la priorización de proyectos y a una administración prudente del límite fiscal.

Respecto a la política monetaria y desde el Banco Central, los últimos tres meses se han presentado avances importantes, por ejemplo se disminuyó la emisión monetaria, el ritmo de depreciación del tipo de cambio se moderó y las tasas de interés en nuevos créditos bajaron.

A pesar del contexto internacional adverso, la administración hondureña estima para el periodo 2026-2027 un crecimiento económico entre 3% y 4%, con inflación estable en torno al 5%.

Asimismo, se prevé que el crédito al sector privado se expanda en torno al 10% y que las reservas internacionales superen los USD 11,000 millones, consolidando la estabilidad financiera.

El FMI ha sugerido la posibilidad de un nuevo programa limitado al actual periodo gubernamental, enfocado en el crecimiento económico, más allá del énfasis social anterior.

El Ejecutivo hondureño ha recalcado en varias ocasiones que la responsabilidad fiscal será determinante para evitar vulnerabilidades, garantizando que cualquier apoyo internacional se oriente hacia el fortalecimiento institucional y la atracción de inversiones privadas.

Las guerras han transformado el panorama económico global, dice un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). En medio del conflicto en Oriente Medio, la institución advierte que los conflictos armados generan costos económicos más profundos y duraderos que otros fenómenos, como desastres naturales o de deuda soberana, crisis bancarias y crisis cambiarias, que pueden englobarse en la categoría de crisis financieras.

El estudio, incluido en la reciente edición de sus “Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por su sigla en inglés), identifica una escalada de conflictos activos a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial y resalta cómo la presión por reforzar la seguridad nacional está modificando las prioridades de muchos gobiernos.

Según el estudio, el inicio de una guerra provoca una caída inicial cercana al 3% en la producción de los países involucrados, y las pérdidas se acumulan hasta alcanzar aproximadamente el 7% en cinco años. Estas cifras superan las pérdidas derivadas de crisis financieras o catástrofes naturales graves. Y las secuelas económicas se extienden incluso una década después de los bombardeos o combates, reflejando un daño persistente en el potencial productivo y el bienestar de las sociedades.

El reporte subraya que los efectos nocivos de los conflictos no se limitan a los países donde ocurren los enfrentamientos. Sino que las economías vecinas y los principales socios comerciales suelen experimentar caídas moderadas en la producción durante los primeros años del conflicto, aunque logran evitar daños tan severos como los países en guerra, ya que no sufren destrucción física directa en su territorio.

Más gasto público: ¿efecto multiplicador?

La investigación del FMI documenta que en los países afectados por guerras de gran envergadura, caracterizadas por al menos 1.000 muertes en combate, los presupuestos públicos sufren un deterioro significativo. El gasto se desplaza hacia la defensa, la deuda pública se incrementa y la recaudación fiscal cae. Estos países también experimentan fuertes tensiones en sus cuentas externas: las importaciones y exportaciones se reducen, el déficit comercial aumenta de manera temporal y la incertidumbre propicia la salida de capitales, con un descenso tanto en la inversión extranjera directa como en los flujos de cartera.

En ese contexto, los gobiernos suelen recurrir con mayor frecuencia a la ayuda internacional y a las remesas de sus ciudadanos en el exterior para financiar los déficits. No obstante, el FMI señala que estas medidas no resultan suficientes para evitar una depreciación cambiaria sostenida, la pérdida de reservas y un aumento de la inflación. Los precios suben por encima de las metas de los bancos centrales, lo que empuja a las autoridades monetarias a elevar las tasas de interés y acentuar las tensiones macroeconómicas.

El FMI analizó episodios de aumento del gasto militar en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial; esas expansiones, con una duración promedio de casi 3 años, llevan a un alza de 2,7 puntos del PBI del presupuesto de defensa

El estudio también enfatiza que las guerras generan disyuntivas complejas en materia de gasto público, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas lleva a muchos gobiernos a reconsiderar sus prioridades y aumentar el gasto en defensa. El FMI analizó episodios de incrementos en el gasto militar en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial y observó que estas expansiones, con una duración promedio de casi tres años, se traducen en un alza de 2,7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) dedicado a defensa. Esta cifra se acerca a la meta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que aspira a destinar un 5% del PIB al gasto militar para 2035.

Y si bien el aumento del gasto en defensa actúa como un estímulo positivo para la demanda, impulsando el consumo privado y la inversión, es sobre todo en los sectores vinculados a la industria militar. Es por ello que el organismo internacional indica que el impacto global del mayor gasto en defensa sobre la producción tiende a ser moderado: el incremento en el PIB suele corresponderse con el aumento del gasto, sin que se produzca un efecto multiplicador relevante en la economía general. El efecto dominó del gasto depende de cómo se financie y asigne, y de la proporción destinada a la importación de equipamiento militar.

Cuando la expansión del gasto implica una mayor importación de armamento, el crecimiento de la producción resulta menor y se deteriora la balanza externa. En cambio, priorizar la inversión pública en infraestructura y equipo, junto con una contratación estatal más eficiente y estándares comunes, permite fortalecer la capacidad industrial, reducir las fugas hacia el exterior y favorecer el crecimiento de la productividad a largo plazo.

Financiar la destrucción

La forma de financiar estos incrementos de gasto representa un desafío central. A corto plazo, los gobiernos suelen apelar al déficit, pero si el aumento del gasto en defensa se vuelve permanente, cobra mayor importancia la generación de ingresos. El FMI advierte que el financiamiento mediante déficit puede estimular la economía en el corto plazo, pero pone en riesgo la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, en especial en países con poco margen presupuestario. En los tres años posteriores a la escalada del gasto militar, los déficits aumentan alrededor de 2,6 puntos porcentuales del PIB y la deuda pública sube unos 7 puntos porcentuales, llegando a 14 puntos en contextos bélicos.

El informe sostiene que la acumulación de vulnerabilidades fiscales se puede contener si se utilizan mecanismos de financiamiento duraderos. No obstante, elevar los ingresos implica reducir el consumo y limitar el estímulo de la demanda, mientras que reajustar prioridades presupuestarias suele afectar el gasto en protección social, salud y educación.

Recuperación en función de la paz

El FMI también describe el proceso de recuperación económica después de una guerra como lento y marcado por la volatilidad, dependiendo de la duración de la paz. En contextos donde la paz se sostiene, la producción logra recuperarse, aunque permanece en niveles inferiores a los previos al conflicto. Las economías frágiles, donde el conflicto resurge, enfrentan recuperaciones truncas. La reactivación proviene principalmente del regreso de la mano de obra civil y el retorno paulatino de los refugiados, mientras que el capital y la productividad permanecen bajos.

El organismo subraya la importancia de una estabilización macroeconómica temprana, una reestructuración de deuda decisiva y el apoyo internacional para restablecer la confianza. El éxito de la recuperación depende de la implementación de reformas internas que reconstruyan las instituciones, promuevan la inclusión y la seguridad, y aborden los costos humanos, como los atrasos educativos y el deterioro de la salud. El informe remarca que los paquetes de medidas integrales y coordinadas resultan más efectivos que las acciones dispersas para reducir la incertidumbre, recuperar el capital y facilitar el regreso de desplazados.

El reciente viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo a Washington para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) generó un debate intenso entre los grandes fondos e instituciones globales sobre el presente y futuro del programa económico argentino. Los encuentros dejaron sensaciones contrapuestas: entusiasmo por la disciplina fiscal y la acumulación de reservas, pero también dudas sobre la capacidad de sostener ese sendero hasta 2027, año marcado por elevados vencimientos de deuda y contexto electoral.

El análisis de los principales bancos de inversión, fondos y bancos internacionales mostró que el consenso sobre la coyuntura argentina se apoya en los logros recientes, aunque asoma una preocupación estructural por la transición hacia el próximo ciclo político. El equipo económico defendió sus avances ante las contrapartes en Washington.

Según un reporte de UBS, el equipo argentino se presentó “sumamente optimista” y describió al país bajo un “presupuesto equilibrado, moneda estable y una transformación estructural en energía y minería”. Para la entidad, el mensaje oficial enfatizó el “equilibrio fiscal y la mejora en la acumulación de reservas”, aunque reconoció la “frustración” porque “los spreads (N. de la R.: la sobretasa que paga Argentina, medida a través del índice de riesgo país) siguen demasiado amplios como para que las emisiones externas resulten atractivas”.

El equipo argentino se presentó sumamente optimista, con un presupuesto equilibrado, moneda estable y una transformación estructural en energía y minería (USB)

La visión de UBS también sumó el diagnóstico del FMI, que calificó la relación con el país como “constructiva, pero más moderada”. Según el banco, “el jefe de misión anunció el acuerdo técnico por la segunda revisión y calificó como bastante impresionante el impulso reformista posterior a las elecciones legislativas”. Sin embargo, el informe remarcó que persisten “una inflación pegajosa y un crecimiento desigual”.

El análisis de las agencias de riesgo soberano, según el reporte, “debate activamente una mejora de la nota soberana argentina desde la categoría CCC hacia B”, centrando su atención en “la sostenibilidad de la balanza de pagos, la acumulación de reservas y la flexibilidad financiera”. UBS aclaró que “ninguna parece exigir una emisión internacional como condición previa”, lo que implica una ventana de oportunidad si la macroeconomía se mantiene estable.

Un informe de JP Morgan recogió el mensaje oficial con claridad. En su análisis, la entidad afirmó que “las necesidades financieras de 2026 están cubiertas sin depender del mercado internacional” y subrayó que el equipo económico pone el foco en “mantener credibilidad, transparencia y reformas”. La entidad consideró que los principales riesgos hacia adelante “son más políticos que económicos”, en línea con la preocupación extendida sobre la transición a 2027.

Bank of America (BofA Securities) también intervino en el debate sobre la viabilidad del programa argentino. Según su reporte, el país alcanzó un “acuerdo con el FMI que destraba financiamiento” y destacó los “USD 2.000 millones anunciados con apoyo del Banco Mundial para aliviar vencimientos externos”. BofA proyectó que “la desaceleración de la actividad sería transitoria” y sostuvo que “el fin de la incertidumbre electoral y el avance de las reformas estructurales podrían crear un círculo virtuoso”. El banco estadounidense estimó un “crecimiento de 3,5% este año, con minería, energía, bancos y tecnología liderando la recuperación”.

Eurasia Group también trazó una visión dual. En su informe resaltó el “gran interés por la postura del FMI hacia Argentina y por las garantías multilaterales para operaciones de deuda”. La consultora resumió que “los clientes tuvieron opiniones divididas sobre si este acontecimiento representaba un avance significativo para la inversión”, y que “las garantías tenían sentido en el contexto de una respuesta proactiva de los responsables políticos ante el impacto de la guerra”.

La consultora internacional advirtió que el alivio financiero de este año no despeja el calendario de vencimientos de los próximos años.

Los principales riesgos hacia adelante son más políticos que económicos (JP Morgan)

En el plano de los números, un análisis de Morgan Stanley estimó que las necesidades en moneda extranjera del Tesoro ascienden a “USD 19.900 millones en 2026, pero subirán a USD 23.400 millones en 2027, impulsadas por mayores pagos al FMI y por vencimientos más concentrados en pleno año electoral”. Además, el Banco Central de la República Argentina debe afrontar “compromisos por al menos USD 11.000 millones el año que viene entre Bopreal y repos”, un desafío que se acumula en los primeros meses del año electoral.

Los informes de bancos internacionales también analizaron los sectores que impulsan y los que limitan la recuperación económica. Barclays advirtió que el desempeño económico en sectores intensivos en empleo “fue débil y que eso introduce riesgos para la popularidad de Milei”. Según el banco británico, “mientras agro, minería y servicios financieros crecieron con fuerza, manufactura, comercio, hoteles, restaurantes y construcción mostraron caídas”.

Consultas de inversores y desafíos de financiamiento

Banco Galicia recogió las inquietudes dominantes de los inversores internacionales, quienes enfocaron sus preguntas en “los buffers -amortiguadores-) que tendrá Argentina para suavizar un aumento potencial de la volatilidad en 2027” y en los tiempos de una eventual vuelta al mercado internacional de deuda. Según el banco argentino, el Gobierno transmitió que no existe una negativa ideológica a emitir deuda, sino que prioriza el acceso a tasas de interés más bajas en el futuro, en la medida en que los spreads acompañen la mejora de los indicadores.

Desde Nueva York, Banco Comafi elaboró un informe donde describió que el “sentimiento hacia la deuda argentina se mantiene positivo”, aunque “muchos fondos sobreponderan los activos argentinos, pero prefieren mantener posiciones antes que incrementarlas hasta contar con definiciones más estructurales”.

Muchos fondos sobreponderan los activos argentinos, pero prefieren mantener posiciones antes que incrementarlas hasta contar con definiciones más estructurales (Comafi)

Comafi detalló cinco elementos centrales destacados por los inversores en sus reuniones:

1. los riesgos asociados al potencial incremento de la irregularidad del crédito,
2. la actividad en sectores intensivos en empleo,
3. los compromisos de deuda hacia 2027,
4. la capacidad real de ejecutar un liability management exitoso, y
5. el escenario político.

En cuanto al aspecto político, la entidad puntualizó que “entre inversores internacionales aparece como escenario base la continuidad de Milei, aunque persiste escepticismo respecto de cuánto y cuándo podría reflejarse eso en los precios de los activos locales”. El informe remarcó el peso de la agenda electoral y la gestión de pasivos para el próximo año, factores claves para determinar la evolución de la percepción de riesgo soberano.

Evolución macroeconómica y percepción internacional

GRIT Capital aportó un panorama del clima en Washington durante las reuniones del FMI-Banco Mundial. Describió una ciudad “repleta de portfolio managers concentrados en una misma discusión: cómo navegará la Argentina el muro de vencimientos de 2026 y 2027”.

Según GRIT, buena parte de las conversaciones se enfocó en el “Plan B” oficial: un esquema con garantías de organismos multilaterales para conseguir financiamiento bancario más barato y evitar una emisión inmediata a tasas elevadas. “Entre administradores de cartera también se discute si ese puente financiero alcanzará por sí solo o si, más adelante, el Gobierno deberá avanzar además en algún manejo de pasivos que permita despejar los vencimientos más pesados”, destacó la entidad.

El proceso desinflacionario avanza lento y se sostiene por la credibilidad fiscal, aunque la inflación estructural y shocks externos dificultan un descenso más rápido (Santander)

El proceso de desinflación y la dinámica inflacionaria recibieron atención especial en los reportes recientes. Santander observó que “el proceso desinflacionario avanza lento y se sostiene por la credibilidad fiscal, aunque la inflación estructural y shocks externos dificultan un descenso más rápido”. El banco estimó que “el superávit primario refuerza la narrativa de ajuste, pero la inflación cerraría en torno al 30% este año”, mientras que la recuperación del consumo sigue limitada por “pérdida de salario real y tasas reales negativas”.

El respaldo de los organismos multilaterales y la interacción con el FMI fueron temas recurrentes en los análisis. Eurasia Group y Bank of America resaltaron la importancia de las garantías y el apoyo de instituciones como el Banco Mundial. BofA subrayó que “la acumulación de reservas y el compromiso con el ajuste fiscal son factores centrales para sostener la confianza”, una percepción compartida por varias entidades.

La agencia internacional de calificación de riesgo Fitch Ratings confirmó este jueves la calificación de riesgo crediticio a largo plazo en moneda extranjera de El Salvador en ‘B-’ con perspectiva estable, una decisión que responde a la reducción de las necesidades de financiamiento del país y a una mayor flexibilidad financiera derivada del programa con el organismo financiero multilateral Fondo Monetario Internacional (FMI), según el informe revisado por Infobae.

La agencia subraya que la estabilidad macroeconómica, sostenida por la dolarización y un producto interno bruto per cápita superior al de países comparables, sigue siendo uno de los principales respaldos para la calificación del país.

Fitch Ratings indicó que la perspectiva estable asignada refleja la expectativa de que El Salvador mantenga un crecimiento económico robusto y avance en el proceso de consolidación fiscal.

En ese sentido, la agencia proyecta que el crecimiento se modere al 3% en 2026, mientras la inflación aumentaría de un promedio de 0.3% en 2025 a 2.4% en 2026, reflejo del alza en los precios de los combustibles. En tanto, reportó que el crecimiento del producto interno bruto real de El Salvador se aceleró a un 3.9% en 2025, impulsado por la inversión y el consumo privado respaldado por remesas.

Pero a la vez, la calificadora advirtió que la calificación sigue limitada por una elevada carga de deuda e intereses, una posición externa frágil y la operación de deuda relacionada con pensiones realizada en 2023, considerada por la agencia un canje de deuda en dificultades.

La calificadora prevé que el aumento en los precios internacionales del petróleo podría generar presiones adicionales, así como la incertidumbre sobre el futuro del programa del Fondo Monetario Internacional, que ha experimentado retrasos en su revisión y dudas en torno a los planes del gobierno para reanudar el pago de intereses de la deuda vinculada a pensiones en 2027.

El informe de Fitch Ratings puntualiza que el desempeño del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 40 meses con el FMI fue sólido en la primera revisión realizada, donde se cumplieron la mayoría de los objetivos cuantitativos establecidos para marzo de 2025. Sin embargo, las revisiones siguientes, previstas para septiembre de 2025 y marzo de 2026, permanecen en espera de ser completadas.

Según la agencia, el retraso se debe principalmente a la falta de avances en la reforma de pensiones y a cuestiones vinculadas al uso del Bitcoin, más que a un deterioro macroeconómico. Que la revisión se concluya en los próximos meses podría fortalecer la credibilidad de las políticas económicas, incrementar la confianza del mercado y facilitar el acceso a financiamiento multilateral, dice en el informe. En cambio, Fitch Ratings alertó que nuevos retrasos podrían incrementar los diferenciales en los mercados y afectar la flexibilidad financiera del país.

Desafíos de la reforma de pensiones y la coyuntura electoral

La reforma de pensiones se perfila como el principal desafío político de mediano plazo para El Salvador. El estudio actuarial solicitado por el programa con el Fondo Monetario Internacional se publicó en diciembre de 2025, identificando un déficit actuarial creciente y riesgos de agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria para 2029. Hasta febrero de 2026, el gobierno no había presentado una propuesta de reforma.

De acuerdo con Fitch, la proximidad de las elecciones generales de 2027 podría dificultar la adopción de reformas estructurales exigidas por el FMI. Además, se anticipan presiones adicionales sobre el proceso de consolidación fiscal cuando finalice el período de gracia para el pago de intereses de los bonos de pensiones en 2027.

Respecto al uso del Bitcoin, la agencia internacional de calificación de riesgo destacó que los compromisos asumidos por las autoridades, como la prohibición de pagos de impuestos con esa criptomoneda y la transparencia en las operaciones de monederos públicos, se han cumplido; sin embargo, persisten dudas sobre la acumulación de Bitcoin anunciada por el gobierno. El Fondo Monetario ha solicitado mayor transparencia sobre esas operaciones y, dentro del programa vigente, ha prohibido la acumulación de Bitcoin con fondos públicos.

Consolidación fiscal y situación de deuda

En materia de consolidación fiscal, el sector público no financiero de El Salvador cerró 2025 con un superávit primario de USD 706 millones, equivalente al 1,9% del PIB, y el déficit general se redujo al 2,9% del PIB, una mejora frente al 4,6% registrado en 2024. Fitch Ratings prevé un déficit de alrededor del 2,4% del PIB en 2026, condicionado al crecimiento de los ingresos y el control del gasto.

Pese a estos avances, el país lidia con una alta carga de deuda pública. La agencia internacional estima que la deuda del sector público no financiero descenderá al 87,4% del PIB en 2026 y al 85,2% en 2027, niveles aún muy por encima de la mediana de los países con calificación similar. Los pagos de intereses absorben el 18,1% de los ingresos, frente a una mediana del 13,7% para la categoría ‘B’, cifra que aumentará al agotarse el período de gracia de los bonos de pensiones.

Panorama externo y reservas internacionales

En el frente externo, el déficit por cuenta corriente se amplió al 3,5% del PIB en 2025 y podría subir al 4,1% en 2026, principalmente por el alza de los precios del petróleo, ya que El Salvador es un importador neto de energía. Las reservas internacionales ascendieron a USD 4.600 millones a fines de 2025, superando el objetivo del Fondo Monetario Internacional, y los bancos mantienen una liquidez adicional de USD 2.700 millones, lo que sostiene la estabilidad macrofinanciera bajo la dolarización.

Fitch Ratings concluyó que una rebaja de la calificación podría producirse ante tensiones financieras que debiliten la capacidad o voluntad de pago de la deuda pública, o si se deteriora la liquidez externa. Por el contrario, una consolidación fiscal sostenida, mayor acceso a financiamiento multilateral y una mejora en las reservas de divisas podrían motivar una mejor calificación.

Honduras se prepara para un nuevo examen de su desempeño económico ante la comunidad internacional. El país centroamericano será sometido a la quinta revisión del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de una misión técnica que visitará el territorio nacional del 27 de abril al 8 de mayo de 2026, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y estructurales establecidas en el programa suscrito desde septiembre de 2023.

El anuncio fue confirmado por el titular de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández Hércules, quien reconoció que el proceso llega en un momento complejo, marcado por retrasos en la ejecución de compromisos previamente adquiridos con el organismo internacional.

Según explicó el funcionario, la misión del FMI no solo realizará la quinta revisión, sino que también abordará aspectos pendientes de la cuarta evaluación, la cual debió concretarse en noviembre del año anterior, pero fue postergada debido a incumplimientos en la entrega de información y en la ejecución de metas cuantificadas.

“A finales de este mes viene el FMI a hacer la cuarta y la quinta revisión que estaban pendientes del programa que teníamos con ellos. Esta cuarta revisión debió haberse llevado a cabo en noviembre del año pasado, pero no se cumplió con varios requerimientos”, indicó el ministro.

El reconocimiento de estos atrasos pone en evidencia los desafíos que enfrenta la administración económica del país. Hernández Hércules admitió que hubo fallas tanto en la presentación de documentos como en el cumplimiento de indicadores clave, lo que obligó a replantear estrategias para retomar el rumbo del acuerdo.

“Hubo incumplimientos porque no se presentaron algunos documentos ni la información requerida, y mucho menos se alcanzaron las metas que ya estaban cuantificadas. Estamos levantando algo que estaba prácticamente en el suelo, viendo de qué manera lo rescatamos por el bien del país”, expresó.

El acuerdo con el FMI representa un componente fundamental en la estrategia macroeconómica de Honduras, ya que no solo implica el acceso a financiamiento internacional en condiciones favorables, sino que también funciona como una señal de confianza para otros organismos multilaterales, inversionistas y mercados financieros.

En ese contexto, la próxima revisión cobra especial relevancia. Durante las dos semanas de la misión técnica, se analizarán variables como el déficit fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública, la estabilidad del tipo de cambio, la inflación y el avance en reformas estructurales, incluyendo aquellas relacionadas con la transparencia, la gobernanza y el marco legal.

El ministro de Finanzas aseguró que el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para cumplir con los requerimientos del organismo.

“Hemos tenido reuniones con el Fondo Monetario aquí en Honduras y también en la ciudad de Washington. Esperamos que en estas dos semanas podamos estar preparados al cien por ciento para hacer frente a los diferentes medidores que vamos a tener, no solo en materia económica, sino también en el ámbito legal”, afirmó.

Estas declaraciones reflejan una intención clara de corregir las deficiencias señaladas en evaluaciones anteriores y avanzar en la consolidación del programa económico.

Sin embargo, expertos advierten que el éxito de la revisión dependerá de la capacidad del gobierno para demostrar avances concretos y sostenibles.

Cabe recordar que el acuerdo vigente fue suscrito en septiembre de 2023, en un contexto de necesidad de estabilización macroeconómica tras los efectos acumulados de la pandemia, el aumento de los precios internacionales y las presiones fiscales internas.

Desde entonces, el país ha estado sujeto a evaluaciones periódicas que condicionan el acceso a desembolsos financieros.

En septiembre de 2025, se llevó a cabo una revisión clave del programa, que permitió a Honduras acceder a aproximadamente 120 millones de dólares en concepto de apoyo presupuestario y balanza de pagos.

Estos recursos fueron fundamentales para fortalecer las reservas internacionales y respaldar el gasto público en áreas prioritarias.

Un funcionario de alto rango del FMI cuenta qué pasa con la Argentina. Nada menos. De eso se trata La Argentina en el Fondo, el libro que se presenta este sábado 25 en la Feria del Libro. Constituye un acontecimiento singular en la programación porque reúne a protagonistas de peso del ámbito económico y periodístico para examinar los orígenes y las consecuencias de la compleja relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

En la sala Alfonsina Storni a las 17:30 h, sus autores, el periodista Martín Kanenguiser y el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Alejandro Werner abordarán no solo el vínculo entre el organismo y la administración de Javier Milei, sino también la incidencia del gobierno de Donald Trump en el devenir argentino.

El volumen aporta una perspectiva inédita al basarse en la experiencia directa de un funcionario de alto rango del FMI. La publicación puntualiza que, hasta la fecha, la Argentina ha firmado 23 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde su adhesión en 1956. Actualmente, el país ostenta el título de principal deudor, con un pasivo que asciende a USD 57.000 millones.

En La Argentina en el Fondo, la narrativa se sustenta en el testimonio de Werner, nacido en Argentina y criado en México. Entre 2013 y 2021, el economista encabezó el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y estuvo al mando durante el acuerdo alcanzado con el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

En el texto hay detalles inéditos de las negociaciones con ministros y banqueros centrales argentinos, ilustrando las tensiones, discusiones y reproches internos que acompañaron esos momentos decisivos.

El libro describe la recurrencia argentina a los programas de refinanciación como una forma de “adicción serial”, en un contexto macroeconómico caracterizado por una pobreza superior al 40% y una de las tasas de inflación más elevadas del planeta. Kanenguiser introduce el contexto político e histórico, cubriendo las siete décadas transcurridas desde el ingreso del país al FMI y desmantelando mitos y teorías conspirativas que han moldeado la opinión pública argentina sobre el papel del organismo.

El texto también examina con rigor crítico los errores y aciertos del Fondo Monetario. Werner reconoce que el FMI sobrestimó la capacidad del mercado en América Latina y admite la falta de fineza de algunas recetas aplicadas en la región. Detalla asimismo por qué el Fondo optó por la rigurosidad ante el gobierno de Macri y adoptó un enfoque más flexible bajo la gestión de Alberto Fernández.

La Argentina en el Fondo explora la dimensión geopolítica de la relación y la forma en que la política internacional ha influido en las decisiones del FMI, desde la Cuba revolucionaria de Fidel Castro y Che Guevara hasta la Venezuela contemporánea de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El volumen incluye relatos de encuentros con figuras como Axel Kicillof y de debates intensos con Luis Caputo durante la administración de Macri, así como testimonios de fricciones internas dentro del propio Fondo respecto a la posición argentina.

La presentación contará con la participación de la periodista Luciana Vázquez y el ex vicepresidente del Banco Central Gustavo Cañonero, quienes acompañarán a Werner y a Kanenguiser. Dialogarán sobre las responsabilidades compartidas de la Argentina y el FMI. Con motivo del aniversario número 70 del ingreso argentino al organismo, la obra convoca a revisar el modo en que la política interna convirtió al Fondo Monetario en un símbolo ambiguo de rechazo y anhelo colectivo.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Fecha: La Feria se hará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

En la señal de noticias TN, el intercambio entre Tetaz y Olmos se centró en la interpretación de gráficos, el significado del endeudamiento externo y las consecuencias de las decisiones económicas. Ambos economistas se interrumpieron de manera constante mientras intentaban imponer sus argumentos sobre la evolución de la deuda y el déficit fiscal.

Olmos presentó un gráfico como base de su argumento y afirmó que el salto de endeudamiento externo inicial correspondía a la gestión de Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras que el nuevo salto respondía a la actual administración de Javier Milei. “Este salto de endeudamiento externo inicial enorme es Caputo uno con Macri y este salto de ahora es Caputo dos con Milei”, sostuvo Olmos, y agregó que “con estos niveles de endeudamiento, que es de la única manera que cierra el programa de Macri y ahora de Milei, la verdad que no hay ninguna posibilidad de tener una verdadera estabilización ni reducir el riesgo país”.

Tetaz interrumpió para señalar que lo presentado no era un gráfico sobre deuda externa en general, sino sobre la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. “Yo le voy a explicar lo que está mostrando Kelly. No es lo que dijo que estaba mostrando”, dijo Tetaz, y remarcó: “No es el endeudamiento externo, es el endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional”. Olmos insistió en que el gráfico representaba la deuda con el acreedor privilegiado, mientras que Tetaz respondió: “No, no es privilegiado”. En ese momento, un tercero intervino para señalar que se trataba de la tasa más baja de todas, pero Olmos negó esa afirmación.

El debate subió de tono cuando Tetaz aseguró que el gobierno de Macri contrató deuda con el Fondo Monetario Internacional para pagar deuda con el sector privado, sin que la deuda total del gobierno se incrementara por ese motivo. “El total de deuda, yo te apuesto un asado para toda tu familia, el total de deuda cuando entró el Fondo Monetario en Argentina, el total de deuda pública no se movió, porque esencialmente lo que hizo fue cambiar de acreedor. La plata del fondo se usó para pagar deuda del sector privado”, sostuvo Tetaz.

Olmos intentó retomar su exposición, pero Tetaz la acusó de no dejarlo hablar, repitiendo varias veces que ella se había comprometido a cederle la palabra. Luego, el economista defendió su posición y argumentó que el déficit fiscal provocó el aumento de la deuda: “Con el déficit fiscal se genera deuda. Sin déficit fiscal, sin déficit fiscal no hay deuda”.

Durante el cruce, Tetaz señaló que Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia con superávit fiscal y la entregó con un déficit fiscal alto. “Cristina es la primera presidenta de la democracia que asumió con un superávit fiscal alto y entregó con un déficit fiscal escandaloso”, afirmó. Además, sostuvo que ese giro fiscal ocurrió en un momento de crecimiento económico para la región: “Convirtió el superávit fiscal en déficit fiscal y no en un momento recesivo. Lo hizo en el momento de mayor crecimiento de toda la región por las, las hojas seiscientos... Sí, sí, es real”.

Olmos, por su parte, puso el foco en el contexto internacional y la crisis de 2008, pero Tetaz insistió en que la economía argentina creció en 2010 y 2011. “La economía volaba en 2010 y 2011, así que no tenía nada que ver la recesión del 2008”, argumentó. Olmos preguntó por la inflación de aquellos años, a lo que Tetaz respondió: “Veintiocho. Recibió-- ¿sabe con cuánto recibió Néstor? ¿Sabe con cuánto recibió Néstor? Con deflación. No había inflación en-- cuando asumió Néstor. No había. El mes que asumió Néstor, mayo del año 2003, hubo deflación en la Argentina, hubo menos, negativa era, los precios iban para atrás”.

El diálogo se volvió más técnico cuando Olmos mencionó la desocupación en 2001 y Tetaz corrigió que en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió, el desempleo ya había bajado. “No, ni cuando asumió él ya era quince”, apuntó. Olmos insistió en que el nivel de desocupación superaba el veinte por ciento en 2001, mientras Tetaz respondió que eso ocurrió en 2002 y que para 2003 la actividad económica ya mostraba recuperación.

En otro segmento, Olmos defendió la política de subsidios y argumentó que tras la crisis de 2008, el Estado reaccionó ante las dificultades energéticas. Tetaz, por su lado, responsabilizó a las políticas de subsidios generalizados como origen del déficit fiscal y la deuda: “El déficit fiscal, que es el que causó la deuda, lo generaron ustedes, no les tocó tampoco. Lo generaron ustedes por las políticas de subsidiarle la energía a la gente que lo podía pagar. Ustedes, en un contexto de escasez energética, subsidiaban la energía a familias de clase media-alta de la Argentina y a un montón de gente que lo podía pagar”.

Olmos comparó la situación argentina con la de Ucrania y subrayó: “Ucrania, con cuatro años de guerra, es cuatro veces menor que el endeudamiento de la Argentina”, para ilustrar la magnitud de la deuda local. Tetaz, en cambio, puso el énfasis en la gestión de los fondos internacionales y criticó los acuerdos de ingreso de capitales que después salieron del país generando presión sobre la deuda y el tipo de cambio: “Se llevaron sesenta y cinco mil millones de dólares. Sesenta y cinco mil millones de dólares se endeudaron ustedes con el fondo porque tenían que pagar la bicicleta financiera. Habían acordado con los fondos internacionales el ingreso, que después iban a intereses, que después tenían que salir, y cuando tenían que salir no había nada”.

En el tramo final del intercambio, la discusión giró en torno a si la deuda pública realmente aumentó en 2018. Olmos sostuvo: “Con el deslizamiento del dólar lo aumenté yo en mi imaginación”, en tono irónico, mientras Tetaz replicó: “No, en tu imaginación sí”. El debate cerró con la afirmación de Tetaz sobre la salida de capitales, la devaluación y la razón por la que Macri recurrió al fondo: “Macri perdió porque hubo una devaluación grande, se corrió el tipo de cambio, hubo una salida de capitales muy grande de la Argentina”.

Antes de finalizar el bloque, Tetaz reiteró que el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional para cubrir vencimientos con acreedores privados: “Tuvo que ir al fondo para pagarle a los acreedores privados, para pagar los vencimientos de los acreedores privados con la plata del fondo”. En ese punto, un conductor intervino para pedir el cierre del debate y recordarle a los participantes que debían respetar el tiempo del programa siguiente. Tetaz concluyó su exposición remarcando: “El total de deuda no creció. Tenés que saberlo a eso”.

Durante toda la conversación, las interrupciones, los cruces y las cifras reflejaron la profundidad de las diferencias sobre el manejo de la deuda y el déficit fiscal en la Argentina.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles la extensión por 30 días del permiso especial que autoriza la comercialización de petróleo ruso, una medida adoptada luego de que más de diez países solicitaran formalmente el alivio durante las recientes reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

Bessent explicó en una audiencia ante el Senado que la decisión responde a la preocupación global sobre la estabilidad de los mercados energéticos y el impacto de nuevas restricciones en el contexto de la guerra contra Irán.

La extensión contrasta con la posición inicial del Tesoro, que había descartado la prórroga a comienzos de la semana pasada. Sin embargo, el viernes por la noche, la administración estadounidense modificó su postura tras evaluar los riesgos de aumentar la presión sobre el suministro mundial y recibió el respaldo explícito de aliados estratégicos.

“La línea de canje beneficiaría tanto a los Emiratos Árabes Unidos como a Estados Unidos”, sostuvo Bessent, en referencia a la posibilidad de ofrecer un mecanismo de intercambio de divisas para estabilizar las economías de los países del Golfo afectados por la crisis del estrecho de Ormuz.

Durante la comparecencia, Bessent abordó el efecto de la guerra en los precios del combustible, subrayando que el conflicto ha elevado el costo promedio de la gasolina en Estados Unidos por encima de los cuatro dólares por galón, frente a los 2,98 dólares registrados antes del inicio de las hostilidades a finales de febrero.

El funcionario se mostró optimista y afirmó que una vez terminadas las operaciones militares y restablecida la normalidad en las rutas de exportación, “los precios de la gasolina podrían ser más bajos que antes de que empezara el conflicto bélico”.

El secretario del Tesoro detalló que Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo han solicitado ayuda a través de canjes de dólares para evitar liquidaciones apresuradas de activos estadounidenses, una tendencia observada a medida que estas naciones buscan asegurar liquidez en medio de la alteración de sus ingresos petroleros.

Bessent insistió en que mantener la flexibilidad y la cooperación financiera es esencial para prevenir turbulencias adicionales en los mercados globales y garantizar la estabilidad de los flujos de capital.

Máxima presión sobre Irán

En paralelo a la prórroga sobre el crudo ruso, Bessent reiteró el martes el respaldo del Tesoro a la estrategia de presión máxima contra el régimen iraní.

El secretario defendió la continuidad del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en torno a los puertos de Irán, afirmando que el cerco reducirá drásticamente la capacidad exportadora del país persa en cuestión de días.

“Los almacenes de la Isla de Kharg estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados”, advirtió Bessent.

El funcionario subrayó que la Operación Furia Épica busca debilitar el flujo de divisas que sostiene al aparato estatal iraní y limitar la financiación de sus actividades militares.

Bessent incidió en que el Tesoro ha reforzado la presión con nuevas sanciones contra individuos y empresas vinculadas al desarrollo de misiles y transferencia de tecnología armamentística a Irán.

La postura estadounidense se produce en un contexto de incertidumbre diplomática, mientras la segunda ronda de negociaciones en Islamabad permanece sin fecha confirmada.

El presidente Donald Trump optó por extender el alto el fuego indefinidamente, a la espera de una propuesta consensuada de Teherán, aunque advirtió que la paciencia de Washington tendrá un límite si no se logran avances concretos.

Desde Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, minimizó el impacto de la tregua y equiparó el bloqueo naval con una agresión directa, reiterando que “Estados Unidos no está en capacidad de imponer condiciones”.

La administración estadounidense sigue apostando por el endurecimiento de las sanciones y el aislamiento económico como vía principal para forzar un cambio de rumbo en la política iraní, convencida de que la presión financiera es la herramienta más eficaz para debilitar al régimen y limitar su influencia regional.

(Con información de EFE y AFP)

En lo que va de la gestión de Javier Milei, el empleo asalariado privado cayó un 3% y, en contraste, el monotributo aumentó un 7,8 por ciento. Estos datos expusieron los dilemas que enfrenta el mercado laboral y si bien la revisión del Régimen de Pequeños Contribuyentes formó parte de los compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), frente a las versiones de una eliminación a fines del 2025, el presidente Javier Milei rechazó categóricamente esa posibilidad.

La consultora EconViews reportó que el mercado laboral formal experimentó cambios importantes en lo que va de gestión libertaria. En base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), destacaron que asalariados privados pasaron de 6.386.000 a 6.196.000, lo que implicó una reducción de 190.000 puestos (-3%). En el sector público, la pérdida fue levemente menor, de 111.000 puestos, y en casas particulares la baja fue de 22.000.

El contraste está en que en ese mismo lapso, los trabajadores autónomos sumaron 10.000 personas y los monotributistas 158.000, lo que significó un salto del 7,8% al pasar de 2.038.000 a 2.196.000. Por su parte, el monotributo social registró la mayor baja, con 385.000 inscriptos menos y una caída de 60,7 por ciento. El empleo total registrado, considerando todas las modalidades, descendió de 13.393.000 a 12.853.000, una baja del 4 por ciento. Si se excluye el monotributo social, la disminución fue de 1,2 por ciento.

El informe de EconViews remarcó que “la caída de los asalariados privados (-190.000) y públicos (-111.000) es parcialmente compensada por el incremento de los monotributistas y autónomos (158.000 y 10.000 respectivamente)”. Así, el ajuste en los sectores tradicionales coincidió con una migración hacia esquemas independientes y flexibles que alteraron la composición del empleo formal en la Argentina. Aunque en términos totales, hay 133.000 asalariados que habrían quedado afuera del sistema formal si se lo toma como un traspaso directo.

Los datos, al ser hasta marzo, sirven como anticipo del índice de desempleo. Los últimos datos oficiales son hasta diciembre de 2025, en donde se registró un incremento de la tasa de desocupación que llegó al 7,5% de la población económicamente activa, lo que representó un incremento de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo período del año anterior.

El pedido del FMI

En la primera revisión del programa con la Argentina, el FMI solicitó al Gobierno analizar el funcionamiento del monotributo, el régimen que permite la formalización de pequeños contribuyentes y trabajadores independientes. Las versiones sobre una posible eliminación del régimen se acrecentaron en noviembre del año pasado, lo que derivó en preocupaciones y reclamos de distintos sectores. Ante estos rumores, fue el presidente Javier Milei quien lo desmintió de forma categórica. Por el momento, su eliminación o modificación no parece estar en la agenda oficial.

Uno de los pilares del acuerdo que alcanzó la administración libertaria con el organismo multilateral en abril de 2015 era “reducir gradualmente los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y las transacciones financieras, reemplazándolos por impuestos directos más simples y mejor administrados sobre los hogares y las empresas”.

“Esto requeriría armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general”, reza el reporte del Fondo que se dio a conocer hace un año.

Además, el documento del prestamista de última instancia sostenía que “el impuesto a las sociedades necesita una simplificación sustancial, considerando la posibilidad de establecer tasas legales más bajas, pero también de simplificar deducciones, exenciones y el abuso en la transferencia de beneficios. En particular, debe reducirse el gasto tributario (estimado en 3,5 por ciento del PIB), que solo beneficia a ciertos grupos o regiones”.

A nivel de las provincias, la entidad encabezada por Kristalina Georgieva manifestó que los tributos provinciales “distorsivos deberían eliminarse gradualmente y se debería poner un mayor énfasis en mejorar la valuación de los bienes inmuebles y activos de tierras (incluidos los grandes productores agropecuarios), entre otras cosas, fortaleciendo los registros de activos existentes”.

Siguiendo esa línea argumental, el reporte del Fondo consideró que “en todos los niveles, será esencial simplificar el sistema (eliminando impuestos que no recaudan mucho), junto con mejoras en la administración tributaria y aduanera, mediante la modernización de los sistemas de información, una mejor coordinación y la adopción de planes de mejora del cumplimiento basados en el riesgo”.

El presidente Gustavo Petro defendió nuevamente el pago de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno anterior, en medio del debate político sobre el impacto fiscal de esta operación y las críticas de sectores de oposición que han cuestionado su manejo.

A través de su cuenta de X, el mandatario respondió a quienes han calificado el pago como un “derroche del gasto público”, señalando que se trata de una obligación constitucional y no de una decisión discrecional del actual gobierno.

En su mensaje, Petro insistió en que el país debía honrar los compromisos adquiridos previamente, sin importar la administración responsable de su firma, y se refirió al expresidente Iván Duque como el responsable de haber suscrito la obligación con el FMI durante su mandato.

“Le dicen que el pago que hacemos de las deudas de Duque son derroche del gasto. Es una de las grandes mentiras de la oposición y su prensa”, escribió el jefe de Estado, en referencia a los cuestionamientos que han surgido alrededor del uso de recursos públicos para amortizar la deuda externa.

El presidente explicó que el crédito en cuestión corresponde a la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional, por un monto cercano a los USD 5.000 millones, la cual fue utilizada por Colombia como respaldo financiero durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

Según Petro, este instrumento fue contratado durante la administración del expresidente Iván Duque, con participación del entonces ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y se estructuró con un plazo de tres años para su devolución. En ese sentido, el actual gobierno heredó la obligación de pago dentro del calendario establecido.

El mandatario enfatizó que los recursos destinados a este compromiso fueron incluidos en los tres presupuestos nacionales recientes, lo que implicó su ejecución progresiva como parte del servicio de la deuda pública.

“Los USD $5.000 millones aparecen en los tres presupuestos que hicimos como gasto”, señaló, subrayando que no se trata de una decisión improvisada, sino de una programación fiscal previamente definida.

En paralelo al debate político interno, el Gobierno de Colombia confirmó la cancelación total de la línea de crédito flexible con el FMI, por un monto final de USD 5.300 millones, lo que marca el cierre definitivo de las obligaciones financieras del país con este organismo multilateral.

La información fue ratificada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el Foro de Política Monetaria, donde explicó que el saldo fue amortizado completamente en los plazos previstos y sin la necesidad de adquirir nuevos compromisos.

El funcionario fue enfático al señalar que Colombia ya no mantiene deuda activa con el FMI. “Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el FMI, no tenemos deuda con el FMI”, afirmó, al tiempo que descartó la intención del Gobierno de recurrir nuevamente a este tipo de instrumentos de financiamiento en el corto plazo.

Según el Ministerio de Hacienda, la línea de crédito flexible fue utilizada como un mecanismo excepcional durante la pandemia de Covid-19, cuando el país necesitaba respaldo financiero inmediato para enfrentar la emergencia sanitaria, garantizar la compra de vacunas y sostener programas de atención social y económica.

En palabras del ministro Ávila, este instrumento funcionó como un “colchón financiero” que debía ser devuelto en el corto plazo, como efectivamente ocurrió.

La finalización del pago también tuvo efectos en la relación institucional con el organismo. La reciente visita de la Misión del Artículo IV del FMI, encargada de revisar la situación macroeconómica de los países miembros, encontró a Colombia sin obligaciones pendientes ni programas de crédito activos.

Este cambio alteró la dinámica tradicional de las evaluaciones, que suelen incluir recomendaciones fiscales y monetarias vinculadas a acuerdos financieros vigentes.

El ministro explicó que la comunicación oficial enviada a la delegación del FMI marcó un punto de inflexión en la relación bilateral.

“El inicio de la conversación empezó cuando el ministro de Hacienda le informa a la delegación del Fondo Monetario que no tenemos deuda con el Fondo Monetario y que no tenemos la expectativa de crear ninguna deuda con el Fondo Monetario”, detalló Ávila.

Este escenario, según el Gobierno, redefine las reglas de interlocución con el organismo multilateral, al no existir compromisos crediticios activos que condicionen las discusiones técnicas.

“El manual que normalmente se presenta en estas conversaciones no aplicaba en el caso colombiano”, agregó el ministro, destacando que la autonomía en la política económica se ve reforzada en este nuevo contexto.

La amortización total de la deuda con el FMI implica que Colombia queda, por ahora, al margen de las líneas de crédito flexibles que suelen utilizarse en escenarios de crisis global. Sin embargo, el país continúa participando en las evaluaciones periódicas del organismo, que monitorea indicadores fiscales, monetarios y de crecimiento económico.

Las economías de Centroamérica y República Dominicana (CAPDR) han mantenido un ritmo de crecimiento económico estable en los últimos años, según las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional.

El Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor total de todo lo que producen los países en bienes y servicios, creció un 3.7% en 2025. Para este año, 2026, se espera que la región mantenga ese mismo ritmo, con un crecimiento promedio de 3.7%.

Para 2027, la proyección es aún más optimista: el FMI anticipa que la CAPRD alcanzará un crecimiento promedio del 4,0%.

En el detalle por país, Guatemala lidera las proyecciones para 2026 con un crecimiento estimado de 3.9%, seguida de cerca por Panamá y Nicaragua, ambos con 3.8%.

República Dominicana se mantiene fuerte con 3.7%, mientras que El Salvador y Honduras presentan un crecimiento de 3.3% cada uno, y Costa Rica se sitúa en 3.6%.

Para 2027, todas las economías de la subregión muestran perspectivas de avance: Guatemala 4.0%, República Dominicana 4.4%, Panamá 4.5%, Nicaragua 3.8%, Costa Rica 3.6%, Honduras 3.7% y El Salvador 3.0%.

Proyecciones de inflación en Centroamérica y República Dominicana

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican que la inflación en la subregión CAPRD se mantendrá contenida en los próximos años. El promedio regional de inflación para CAPRD es de 3.3% en 2026 y de 3.2% en 2027, lo que sugiere un entorno de precios relativamente estable que acompaña el crecimiento económico.

En el desglose de 2026, Honduras registra la inflación más elevada de la subregión, con 4.8%, seguida de República Dominicana con 4.5%. Guatemala reporta 3.9%, Nicaragua 3.5%, Costa Rica 1.0%, Panamá 2.5% y El Salvador 2.5%.

Para 2027, República Dominicana y Honduras mantienen cifras de inflación por encima del promedio, con 4.0% cada una. Guatemala proyecta 3.7%, Nicaragua 3.0%, Costa Rica 2.4%, Panamá 2.0% y El Salvador 2.0%.

Estas cifras reflejan que, a pesar de los desafíos globales, la mayoría de los países de la subregión lograrán mantener la inflación bajo control, favoreciendo un entorno macroeconómico estable y propicio para el crecimiento sostenido.

Contexto regional: desafíos y resiliencia ante un escenario internacional complejo

De acuerdo a la información del FMI, al comenzar 2026, la región de las Américas presentaba una economía en condiciones favorables: el crecimiento se acercaba a su potencial, las diferencias entre la producción real y la posible se habían reducido y la inflación se encontraba en niveles cercanos a las metas previstas en la mayoría de los países.

No obstante, el conflicto en Oriente Medio representa un desafío externo que afecta de manera desigual a los países del continente. Los grandes exportadores de petróleo obtienen beneficios por los altos precios de la energía, mientras que las economías que dependen de la importación de combustibles y alimentos —sobre todo aquellas con altos niveles de deuda, pocas reservas internacionales o dependencia del financiamiento externo— enfrentan impactos económicos negativos.

Las políticas monetarias fortalecidas en años recientes contribuyen a limitar las presiones inflacionarias, pero la capacidad de respuesta fiscal sigue siendo restringida en la mayoría de los países.

Esto obligará a gobiernos a tomar decisiones difíciles, como recortar gastos en otras áreas o aumentar ingresos de quienes puedan afrontar el costo.

Frente al aumento de precios en combustibles y alimentos, los expertos recomiendan evitar controles artificiales y, en cambio, enfocar la asistencia de manera estratégica hacia los sectores más vulnerables de la población.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado un crecimiento económico para la República Dominicana de 3,7 % en 2026, una cifra superior al promedio regional, estimado en 2,3 %. Esta información se dio a conocer durante las reuniones de primavera del FMI y el Grupo Banco Mundial (GBM), realizadas en Washington D.C., entre el 13 y el 18 de abril de 2026. La delegación dominicana, encabezada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, compartió los avances y perspectivas del país en un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad.

Durante su participación, Valdez Albizu sostuvo una reunión con Nigel Chalk, nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y con Dora Iakova, directora adjunta. En ese encuentro se intercambiaron impresiones sobre el contexto macroeconómico de la República Dominicana, sus expectativas de crecimiento e inflación en medio de un entorno internacional incierto. Chalk manifestó el interés del FMI en continuar brindando asistencia técnica al país y en analizar los efectos regionales de las dinámicas globales, especialmente ante el resurgimiento de tensiones geopolíticas.

Además, Valdez Albizu y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, participaron en una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto a ministros y gobernadores de finanzas y bancos centrales de América Latina, Canadá y Estados Unidos. Se abordaron las tendencias recientes de la economía global y sus efectos en la región. Georgieva destacó la importancia de contar con fundamentos macroeconómicos sólidos en momentos de crisis y advirtió sobre los riesgos derivados del conflicto en Medio Oriente, que ha incrementado la incertidumbre y la volatilidad en los precios del petróleo y otras materias primas.

En sesiones bilaterales, Valdez Albizu conversó con André Roncaglia, director ejecutivo del FMI por Brasil, acerca de los riesgos asociados a la incertidumbre política y económica internacional, intensificada por las tensiones geopolíticas en Irán y Medio Oriente. También se analizó la evolución de la economía dominicana y sus perspectivas para el año en curso.

Resultados económicos y fortalecimiento de la confianza internacional

Durante la reunión de gobernadores presidida por el director ejecutivo del FMI, los presidentes y gobernadores de bancos centrales miembros expusieron los resultados y expectativas para 2026. El gobernador Valdez Albizu indicó que la inflación interanual se situó en 4,63 % en marzo de 2026, manteniéndose dentro del rango meta de 4,0 % ± 1,0 % desde 2023. Informó que los primeros dos meses del año mostraron una recuperación gradual, con expansiones interanuales de 3,5 % en enero y 3,9 % en febrero, y se prevé que la economía crezca entre 3,5 % y 4,0 % en 2026, apoyada en la fortaleza de sus fundamentos y la resiliencia de la demanda externa.

El gobernador resaltó que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó USD 5.032,8 millones al cierre de 2025, lo que evidencia la fortaleza del país para captar inversiones aun en un contexto internacional incierto. Los ingresos de divisas generados por IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios sumaron USD 47.291,5 millones en 2025, contribuyendo a la estabilidad relativa del tipo de cambio.

La delegación del Banco Central también participó en un intercambio de alto nivel con el Banco Mundial dentro del Programa de Asesoría y Gestión de Reservas (RAMP). Además, asistió al foro de la Red de bancos centrales y ministerios de Finanzas de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientado a fortalecer la estabilidad económica y la coordinación regional.

Se realizaron encuentros con representantes de entidades financieras internacionales, donde se discutieron estrategias para captar inversión extranjera y fortalecer el financiamiento del país ante escenarios de volatilidad. La confianza en la economía dominicana fue un aspecto destacado en estas reuniones.

Ya se ha hecho costumbre escuchar a Delcy Rodríguez darle las gracias a Donald Trump. “Saludo y agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Marco Rubio y a todos los equipos que estuvieron involucrados en este proceso de buscar la normalización de la representación de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, declaró la noche del jueves 16 de abril la presidenta encargada.

Con estas palabras, Rodríguez celebraba el anuncio hecho por el FMI horas antes sobre la reanudación de sus relaciones con Caracas, suspendidas desde 2019 precisamente porque en ese año esta institución, así como Estados Unidos y la comunidad democrática internacional dejaron de reconocer la legitimidad del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

“Estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos y responsabilidades de Venezuela en el organismo. Es un paso muy importante para la economía venezolana y lo que significa Venezuela para nuestra región”, abundó la mandataria interina.

Saliendo a flote

Al margen de los discursos políticos, ¿cuál es el impacto real de este hecho? “La reactivación del vínculo con el FMI podría desbloquear financiamiento externo en meses, abonar el camino de recuperar la credibilidad y anclar expectativas vía supervisión, clave para reducir riesgo y atraer capital”, evalúa el economista Jesús Palacios Chacín, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros, subraya que la reconciliación del FMI con Venezuela es “una enorme noticia”.

“El país podría tener acceso a los derechos especiales de giro (DEG) -alrededor de 5 mil millones de dólares- que están congelados en el fondo desde la pandemia. Igualmente, podría recibir préstamos del organismo, tener acceso a activos bloqueados, restablecer relaciones con otros entes multilaterales y facilitaría una renegociación y/o restructuración de la deuda externa”, enumera Oliveros.

El profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), José Manuel Puente, también resalta la “buena noticia” al considerar que esto “permitiría a Venezuela reincorporarse a los multilaterales para tener asistencia técnica y financiera con el fin de atacar sus múltiples desequilibrios macroeconómicos”.

Sin excusas

El restablecimiento de los lazos con el FMI cierra una semana muy positiva para Delcy Rodríguez, luego de que la administración de Donald Trump emitiera licencias que suavizan las restricciones que pesaban sobre el Banco Central de Venezuela (BCV) y que la norteamericana Chevron firmara acuerdos para ampliar sus operaciones en el país.

En el plano político, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, compareció ante el Congreso y dio por culminada la fase de “estabilización”, paso inicial del plan diseñado por la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela.

“Se flexibilizaron sanciones al petróleo, minería, BCV y banca pública, se controla el flujo y se redujo la opacidad en el manejo de los ingresos, se aprobaron leyes clave y el FMI y Banco Mundial entran al ruedo. Se entiende el porqué los norteamericanos dicen que terminó la fase de estabilización”, razona el economista y consultor Asdrúbal Oliveros.

Oliveros sostiene que con el viento a favor gracias al respaldo de Washington, llegó la hora de que el gobierno de Delcy Rodríguez brinde resultados concretos en la nueva etapa de recuperación económica. “No hay excusas”, afirma.

El ministro de Economía, Luis Caputo, regresa al país luego de estar desde el miércoles en Washington D.C., en donde participó de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con logros concretados y otros que están por verse, ya que, si bien se conoció el acuerdo a nivel técnico con el staff del FMI, que destraba el desembolso de USD 1.000 millones, falta que lo apruebe el directorio. Lo mismo sucede con la garantía que negocia con el Banco Mundial para el próximo vencimiento de deuda de julio por 4.300 millones de dólares.

En el primer día que Caputo llegó a Washington D.C., y luego de un breve intercambio con Kristalina Georgieva, el staff del FMI comunicó: “El personal del Fondo y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa EFF (Acuerdo de Facilidades Extendidas), lo que abre la posibilidad de acceder a unos USD 1.000 millones”. Aunque la decisión final depende del Directorio Ejecutivo del FMI, en el Ministerio de Economía esperan que el desembolso se refleje en las reservas del Banco Central en mayo.

El equipo económico logró un importante recorte de la meta fiscal para este año en un contexto en donde la recaudación cae hace nueve meses

Si bien todos los focos están en el desembolso, el equipo económico logró un importante recorte de la meta fiscal para este año en un contexto en donde la recaudación cae hace nueve meses y hay reclamos de diferentes sectores a Economía por deudas pendientes, como por ejemplo las empresas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) o los proveedores del PAMI. Ahora, durante el 2026, el Gobierno se comprometió a conseguir un superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en lugar de 2,2% del PBI.

La directora de la consultora C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, analizó el cambio en la meta fiscal y dijo que el 2,2% del PBI acordado en la primera revisión del programa siempre resultó llamativo. “El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de PBI de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos. Incrementar el superávit primario a 2,2% era excesivo y muy complicado de sostener”, destacó en diálogo con Infobae.

No obstante, hay quienes consideran que, aun con el recorte, la meta sigue siendo ambiciosa. “1,4% hoy luce desafiante también; el año pasado se logró creciendo al 4,4%, este año el mismo FMI bajó el crecimiento a 3,5%. Hay que bajar más los subsidios. ¿Cómo lo puede hacer el equipo económico con la inflación arriba del 2,5% y el mercado interno por el piso?”, planteó un analista en off the record.

Es que luego de que la inflación se ubicara en 3,4% en marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de abril se vienen “los mejores 18 meses de las últimas dos décadas”, con una desaceleración de la inflación y un repunte de la actividad económica.

El Presupuesto es acorde con la nueva meta de 1,4% de PBI de superávit primario; es lógico, tiene sentido en un contexto en donde estás bajando impuestos (Castiglioni)

Respecto a ese objetivo, en la última semana se dio a conocer el resultado fiscal de marzo y, si bien nuevamente el Gobierno volvió a tener superávit gemelos (fiscal y comercial) y en lo que va del año acumula un resultado primario de 0,5% del PBI y financiero de 0,2% del PBI, tiene frentes de tormenta abiertos en la Justicia que podrían golpear el resultado de la caja del Estado. Uno de ellos es el cumplimiento del fallo de la Ley de Financiamiento Universitario, que se calcula en 2,5 billones de pesos.

Las negociaciones por las garantías

En paralelo, durante la estadía en Washington, tras la reunión de Caputo con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, se conoció que se negocia una garantía por USD 2.000 millones “para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

Lo que busca el equipo económico es que el Banco Mundial actúe como un respaldo del Gobierno ante las negociaciones con bancos internacionales, quienes en lugar de considerar el índice de riesgo país para definir la tasa de interés del préstamo tomarían la solvencia del organismo internacional, que en este caso tiene una calificación crediticia AAA. Con una garantía de USD 2.000 millones, se proyecta que Argentina podría acceder a financiamiento de al menos USD 4.000 millones de dólares.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado", dijo Caputo a Infobae.

Los vencimientos de capital de julio y de enero y julio del 2027 están cubiertos

escribio en la red social X, el minitro de Economía, Luis Caputo

Durante su última jornada en Estados Unidos, y ante las versiones sobre un posible aporte adicional de USD 1.000 millones en garantías por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Luis Caputo se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. Tras el encuentro, Caputo publicó en la red social X: “Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID”.

En Economía confían en que con los mecanismos de financiamiento que ya identificó el ministro de Economía, con los dólares que se consigan con los Bonar 2027 y 2028, con los que en la última semana obtuvo USD 500 millones, y con la venta de activos, los vencimientos de capital de julio y de enero y julio del 2027 están cubiertos.