El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Rescate Económico que busca reducir el déficit fiscal mediante un ajuste que recaería, en mayor medida, sobre el Estado, aunque también incluiría aumentos de impuestos para consumidores y contribuyentes de mayores ingresos.

La propuesta fue radicada el 29 de octubre por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella. El Ejecutivo sostiene que el país enfrenta un desequilibrio que amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas a partir de 2027.

Según los cálculos oficiales, cerca del 70% del ajuste recaería sobre recortes y reorganización del gasto estatal. El resto provendría de cambios tributarios, entre ellos la ampliación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), nuevas cargas sobre algunos consumos y modificaciones en el impuesto de renta empresarial.

Pero quién pagaría el rescate económico

El proyecto prevé una reducción del 50% en los gastos por contratos de prestación de servicios, un recorte del 20% en costos de funcionamiento y una revisión de más de 250 transferencias y 50 fondos públicos.

También habilitaría al presidente para reorganizar, fusionar o eliminar entidades de la administración nacional durante seis meses. El Gobierno argumenta que estas medidas permitirían contener un gasto que, según su diagnóstico, creció por encima de los ingresos permanentes del Estado.

El Banco de la República proyectó un déficit fiscal de 7,2% del producto interno bruto (PIB) en 2026 y de 9,4% en 2027, cifras que alimentaron el debate sobre la necesidad de un ajuste. La administración de De la Espriella sostiene que, sin la ley, el endeudamiento y el pago de intereses limitarían aún más los recursos para salarios, pensiones, salud, defensa e inversión pública.

Los consumidores pagarían más IVA en productos hoy gravados con tarifas reducidas

La parte tributaria del proyecto trasladaría varios bienes y servicios que hoy tienen una tarifa de IVA de 0% o 5% a la tasa general del 19%. Entre los productos alcanzados figuran algunos alimentos, combustibles y compras a plataformas internacionales.

El aumento del IVA genera las mayores críticas porque puede trasladarse a los precios finales que pagan los hogares. La propuesta contempla un mecanismo de devolución total del impuesto para 19 millones de personas de menores ingresos y una compensación de hasta el 50% para otros 16,5 millones de ciudadanos.

Marc Hofstetter, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, consideró que el diseño de la devolución podría atenuar el impacto regresivo del IVA. “A esa gente le van a devolver la totalidad”, explicó, en declaraciones a la cadena alemana DW, al referirse al grupo de menores ingresos incluido en el esquema de compensación.

El Gobierno plantea que buena parte de los cambios tributarios entre en vigencia en 2028, siempre que el Congreso apruebe la iniciativa. Por ahora, el proyecto no es ley y puede sufrir modificaciones durante el trámite legislativo.

Las empresas tendrían una reducción en el impuesto de renta

El plan combina el aumento del IVA con una rebaja gradual de la tasa del impuesto de renta para las empresas. La tarifa corporativa bajaría del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028.

El Ejecutivo sostiene que esa modificación busca estimular la inversión y el crecimiento, mientras amplía la base de otros impuestos al consumo. Sus críticos cuestionan que la reducción para las empresas conviva con cargas adicionales para bienes que compran los hogares.

El exviceministro de Hacienda Leonardo Pazos planteó que el Gobierno pretende avanzar en una reorientación económica que favorezca actividades extractivas y a grupos empresariales vinculados a la exportación de petróleo, carbón y minerales. También cuestionó que una eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sirva para respaldar reformas impopulares.

El endeudamiento y el FMI elevan la presión sobre el ajuste

La deuda pública colombiana ronda el 62% del PIB, un nivel inferior al de varias economías desarrolladas, pero el costo de financiarla es mayor. El pago de intereses se convirtió en una de las partidas más elevadas del presupuesto nacional, mientras el país mantiene el acceso a los mercados internacionales con tasas superiores a las de economías como Japón.

Hofstetter sostuvo que el volumen de deuda debe analizarse junto con la capacidad de pago, las tasas de interés y el tamaño del Estado. “No hay manera de hacer sostenible una deuda con tasas de interés de ese estilo”, afirmó sobre el costo del financiamiento colombiano.

El Gobierno también mantiene conversaciones exploratorias con el FMI. No hay un programa aprobado ni un monto confirmado, aunque se ha mencionado la posibilidad de una financiación de entre USD 5.000 millones y USD 16.000 millones. El organismo valoró la presentación del paquete fiscal, pero no respaldó de forma específica ninguna de sus medidas tributarias.

El Congreso deberá definir el futuro de la Ley de Rescate Económico antes del cierre del período ordinario de sesiones, previsto para el 16 de diciembre. La oposición ya convocó movilizaciones contra el presupuesto y contra las alzas impositivas incluidas en el proyecto.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares este jueves y ya acumula más de USD 16.000 millones en lo que va del año. Sin embargo, las reservas internacionales brutas perforaron los USD 50.000 millones por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La entidad encabezada por Santiago Bausili adquirió USD 42 millones y, con esta compra, suma USD 16.015 millones desde la puesta en marcha de la cuarta fase del programa monetario en enero de 2026. Así, ya superó en más de 60% la meta anual de acumulación de divisas acordada con el FMI, que había sido establecida en 10.000 millones de dólares.

La estimación del Gobierno es que las adquisiciones de divisas ronden los USD 20.000 millones al cierre del año. Con ese volumen de reservas, la autoridad monetaria busca contar con mayor margen ante eventuales episodios de presión sobre el mercado cambiario en 2027.

El ritmo de las intervenciones había intensidad hacia el final de octubre. En las últimas nueve ruedas, el BCRA intervino con compras en apenas cuatro oportunidades. La operación de este jueves, además, fue la segunda del mes.

El resultado de octubre fue de USD 1.396 millones, una cifra cercana a tres veces los USD 473 millones comprados en septiembre, que representó el menor registro mensual del año.

Antes, el Banco Central había adquirido USD 768 millones en agosto y USD 2.162 millones en julio. En junio, las compras totalizaron USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones, y en enero, 1.158 millones de dólares.

En paralelo, las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada en USD 49.642 millones, con una caída de USD 793 millones frente al cierre previo.

Fuentes oficiales de la autoridad monetaria confirmaron a Infobae que la variación negativa se explicó por un pago al Fondo Monetario Internacional de 880 millones de dólares. El alza del precio del oro a USD 4.124 compensó la merma. La suba del metal elevó la valuación de los activos que integran las tenencias de la autoridad monetaria.

El nuevo desembolso del FMI

El vencimiento coincide con una instancia decisiva del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El equipo técnico del organismo dio su aprobación la semana pasada a la tercera revisión del programa, aunque aún resta la evaluación del Directorio Ejecutivo. Ese paso habilitaría un giro cercano a los USD 900 millones, previsto, en principio, para la primera semana de diciembre.

El FMI señaló que el Directorio Ejecutivo podría abordar esa revisión a comienzos del mes próximo. En el comunicado difundido tras la aprobación técnica, el organismo afirmó que el programa mantiene resultados “impresionantes”, aun frente a un escenario internacional más adverso. Entre los aspectos evaluados figuran la desaceleración de la inflación y el incremento de las reservas del Banco Central.

Según el Fondo, el BCRA acumuló más de USD 16.000 millones mediante compras de divisas desde el inicio del año. El dato formó parte del análisis del organismo sobre la evolución del programa económico.

El comunicado vinculó esa acumulación de reservas con un contexto externo más exigente. También incluyó la baja de la inflación entre los indicadores considerados para evaluar la marcha del acuerdo.

El Fondo, además, destacó el diálogo con el Gobierno. “El personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con políticas disciplinadas y reformas orientadas al mercado en el marco del programa”, señaló el comunicado.

La entidad condicionó el envío del caso al cumplimiento de las medidas aún pendientes. “Una vez concluidas las medidas acordadas restantes, se prevé que la tercera revisión se presente al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración a principios de diciembre”, indicó el organismo.

La definición del Directorio Ejecutivo, prevista para los primeros días de diciembre, será necesaria para que se concrete el desembolso de alrededor de USD 900 millones.

Litman dedicó buena parte de su intervención a las consecuencias que el resultado electoral en Estados Unidos tiene para la región. Con un Congreso fracturado entre los dos partidos, advirtió, la capacidad de Washington para responder a shocks externos en economías como la argentina se vuelve más estrecha. “La toma de decisiones será más lenta, la voluntad política no necesariamente estará presente y la disposición a utilizar el Fondo Monetario Internacional u otros instrumentos para acudir al rescate disminuye cuando tenemos un gobierno dividido”, señaló.

Esas palabras resonaron con fuerza particular luego de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que los demócratas se quedaron con el control de ambas cámaras del Congreso frente a los republicanos de Donald Trump. Con el Ejecutivo en manos republicanas y el Legislativo ahora bajo control demócrata, el apoyo financiero a países como Argentina a través del FMI u otros mecanismos de rescate internacional enfrenta un camino más angosto: cualquier decisión de esa naturaleza requerirá de una negociación entre poderes con agendas contrapuestas.

Para la Argentina, que históricamente recurrió al FMI y a otros mecanismos de apoyo internacional en momentos de crisis de liquidez, esa advertencia tiene peso propio. El diagnóstico de Litman no fue catastrofista, pero sí preciso: las reglas del juego global cambiaron y los márgenes de maniobra se achicaron.

El ejecutivo de la US Chamber planteó que se normalizó algo que hace dos décadas habría resultado excepcional. “Se volvió normal que los gobiernos intenten decirles a las empresas dónde invertir, qué producir, con quién comerciar y qué innovaciones financiar”, dijo. Para Litman, el equilibrio de poder entre el Estado y el sector privado se desplazó en forma pronunciada desde la crisis financiera de 2008 y, en especial, tras la pandemia.

A eso se suma el impacto de los aranceles y las restricciones comerciales, que aumentan la incertidumbre, encarecen los negocios y obligan a las empresas a ralentizar sus planes de inversión. El escenario, según describió, ya no es de excepción sino de nueva normalidad, y las compañías que no se adaptan a esa lógica quedan en desventaja estructural.

Aun así, Litman resaltó el interés de las empresas y el sistema político de su país en la región. “El foco de la política estadounidense en América del Sur llegó para quedarse”, afirmó, y anticipó que en los próximos años habrá más presencia empresarial, personal y política en el continente. El mensaje fue claro: la menor capacidad de asistencia financiera no implica menor atención estratégica.

Una Argentina con tres velocidades que busca su lugar en esa disputa

Antes de la intervención de Litman, en su discurso de bienvenida al Foro, Mariana Camino, CEO de ABECEB, trasladó el diagnóstico global al plano local. Su punto de partida fue una advertencia metodológica: Argentina ya no puede leerse como un todo. Para ordenar el análisis, propuso la imagen de tres relojes que corren en simultáneo pero marcan horas distintas.

El primero mide la coyuntura: consumo, inflación, empleo, actividad. El segundo registra la transmisión, es decir, cómo la estabilidad que hoy se reconoce como activo llega concretamente a las empresas en forma de crédito, financiamiento y palanca de crecimiento. El tercero marca la transformación: la Argentina de la energía, el agro y la minería que desarrolla su capacidad exportadora, el país del cambio de reglas y la apertura.

“Estos tres relojes funcionan en simultáneo, pero marcan distintas horas”, subrayó Camino. Por eso, sostuvo, entender la Argentina hoy implica mirar cada realidad en particular: pararse en los agregados explica poco del presente y menos aún del futuro.

La estabilidad es un activo necesario, pero no suficiente

El diagnóstico de ABECEB es el de un país cada vez más segmentado y heterogéneo en sus niveles de actividad. Camino señaló que conviven sectores con crecimiento acelerado junto a empresas que pelean día a día los márgenes de ganancia, y que esa brecha se replica incluso dentro de un mismo rubro. “Va a haber empresas que van a crecer mucho, relacionadas con sectores que crecen y vuelan, y otras que no, que van a estar desafiadas por la apertura”, planteó.

La economista reconoció que el país llega a esta instancia con un activo claro: la estabilidad económica. Pero advirtió que ese activo no es suficiente por sí solo para atraer inversión. “El costo del capital es más alto cuando la respuesta a si esto puede durar no es clara”, señaló, y marcó que la generación de confianza y la persistencia de las mejoras constituyen la segunda etapa que Argentina tiene por delante, en un año en que además se elige presidente.

Ese argumento tiene respaldo en el Índice de Reversión del Modelo (IRM) que ABECEB viene desarrollando desde fines de 2023. El indicador, que procesa 22 series cuantitativas para medir qué tan probable es que el sistema político decida revertir las reglas actuales, cayó 22% entre noviembre de 2023 y el tercer trimestre de 2026, al pasar de 53 a 42 puntos sobre una escala de 100.

La otra clave que Camino introdujo fue la del timing. Planteó que esperar es una decisión válida, pero que tiene un costo concreto: “Todo lo que no decidimos, las posiciones que no ocupamos, las van a ocupar otros”. Mientras una empresa aguarda más certeza, otra firma un contrato a largo plazo, desarrolla un proveedor, busca financiamiento o toma decisiones de mercado, alianzas y producción.

En ese sentido, instó a no ver al año que viene solo como un período electoral. “Puede ser el año en el que empiezan a definirse realmente quiénes vamos a capturar valor en la Argentina de hoy”, dijo, y cerró con una pregunta que articuló toda su presentación: dónde quiere estar posicionada cada empresa cuando el país encuentre ese equilibrio.

La jornada en el Faena Art Center contará además con la participación del viceministro de Economía José Luis Daza, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el expresidente Mauricio Macri y el exvicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos, entre otros referentes y empresarios.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó que la inteligencia artificial afectará al 60% de los empleos en las economías avanzadas en un plazo de tres a cinco años. Lo dijo el 3 de noviembre en Madrid, durante la Conferencia Internacional de Banca organizada por el Banco Santander.

Georgieva comparó el fenómeno con “un tsunami lento, pero un tsunami al fin y al cabo”, según la crónica de Europa Press. A nivel mundial, el organismo estima que la IA alcanzará al 40% de los puestos de trabajo.

Afectar no equivale a eliminar. La directora explicó que algunos empleos mejorarán y pagarán más, otros desaparecerán y muchos se redefinirán. La ejecutiva mencionó que en Estados Unidos ya se observa una caída de los empleos rutinarios, a menudo de nivel inicial y ocupados por jóvenes, mientras crece la demanda de empleos de servicios poco cualificados.

“El impacto neto en el empleo es ligeramente positivo, hasta ahora, pero la estructura del empleo es muy diferente”, señaló.

Una cifra que el FMI anticipa desde 2024

El 60% no es un dato nuevo. El FMI lo publicó en enero de 2024, en un análisis sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Ese texto explicaba que alrededor de la mitad de los empleos expuestos podría beneficiarse de la IA, mientras que en el resto la tecnología ejecutaría tareas clave y podría reducir la demanda de trabajadores, los salarios y la contratación.

Ese mismo análisis estimaba una exposición del 40% en los mercados emergentes y del 26% en los países de bajos ingresos. Por eso concluía que las economías avanzadas enfrentan más riesgos, pero también más oportunidades.

Georgieva repitió la cifra en Dubái, el 3 de febrero de 2026, y en Dublín, el 21 de septiembre. En Medio Oriente señaló que uno de cada diez anuncios de empleo en economías avanzadas ya exige al menos una habilidad nueva, y que los puestos de calificación intermedia son los más presionados.

Deuda e inversiones cruzadas, los otros riesgos

En Madrid, la directora describió el auge de la IA como una de las dos grandes fuerzas que moldean la economía mundial. Advirtió que, sin mecanismos de control, los riesgos podrían superar a los beneficios. Identificó tres: la estabilidad financiera, la deuda y el empleo.

Sobre la estabilidad financiera, dijo que, si este nuevo pilar de la economía se tambalea, “habrá graves problemas”. Añadió que las tecnologías tienden a sobrestimarse a corto plazo y a subestimarse a largo plazo, lo que podría provocar una retirada masiva de inversiones.

Sobre la deuda, señaló que cada vez más inversiones en IA se financian con préstamos, a menudo a largo plazo y con mucha inversión circular. “Yo invierto en ti, tú inviertes en mí, todos estamos muy contentos, excepto que si algo sale mal, eso sería un gran problema”, resumió.

Georgieva también dijo que los beneficios se concentran en pocos países integrados en la cadena de valor de la IA, como Estados Unidos, China e India. Europa, según ella, aún no está en ese grupo, con la excepción de Países Bajos.

En el mismo coloquio, la presidenta ejecutiva del Santander, Ana Botín, defendió que las reglas de la IA sigan el principio de “mismo riesgo, mismas reglas”. Planteó la pregunta de si un agente que accede a la cuenta de un cliente debe cumplir las mismas normas, y qué implica eso para la liquidez y la privacidad.

Honduras logró rescatar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras cumplir 12 metas estructurales en un período de nueve meses, aseguró el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, quien atribuyó el resultado al liderazgo del presidente Nasry Asfura y al trabajo de su equipo económico.

“Nosotros tuvimos que sacar adelante 12 metas estructurales en nueve meses para lograr el cumplimiento. Entonces, básicamente rescatamos un acuerdo y por eso el coordinador del Gabinete Económico lo dice, un acuerdo que estaba literalmente muerto”, afirmó Lagos.

El funcionario sostuvo que la administración de Asfura asumió el liderazgo para avanzar en los compromisos pendientes y evitar que el programa económico con el organismo internacional quedara sin continuidad.

Según explicó, el cumplimiento de las metas permitió recuperar la confianza del FMI y mantener abierta la posibilidad de iniciar nuevas negociaciones con la institución financiera internacional.

Lagos consideró que alcanzar un acuerdo técnico representa una de las etapas más complejas del proceso, debido a que en esa fase se evalúa si el país ofrece garantías suficientes para cumplir los compromisos establecidos.

“Claramente, después de lograr todo eso, dejar las puertas abiertas para una nueva negociación, lograr el acuerdo técnico es probablemente la etapa más complicada, porque es donde se da la perspectiva al directorio del Fondo Monetario Internacional si se van a cumplir con todas estas metas estructurales”, expresó.

El titular del BCH señaló que la recuperación de la credibilidad ante el organismo internacional constituye uno de los principales resultados del trabajo realizado por el equipo económico del Gobierno.

Explicó que el cumplimiento de las metas estructurales permite demostrar avances en la gestión económica y en las medidas institucionales que forman parte del programa acordado con el FMI.

Lagos destacó que, además de cumplir los compromisos establecidos, Honduras ha registrado avances en la acumulación de reservas internacionales, un componente relevante para fortalecer la posición externa del país y su capacidad de responder ante eventuales presiones económicas.

También mencionó las acciones relacionadas con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), particularmente la implementación inicial de mecanismos vinculados con la identificación del beneficiario final.

Este último concepto se refiere a identificar a las personas naturales que, en última instancia, poseen, controlan o se benefician de una empresa u otra estructura jurídica. Su aplicación contribuye a fortalecer la transparencia financiera y los mecanismos de prevención del lavado de activos.

El funcionario incluyó estos avances entre las medidas que buscan mejorar las condiciones institucionales y respaldar los compromisos asumidos por Honduras ante sus socios internacionales.

Otro de los aspectos destacados por Lagos fue el avance en el cierre de fideicomisos que estaban comprendidos dentro del programa económico con el FMI.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para mejorar la administración de los recursos públicos y avanzar en los compromisos institucionales vinculados con el acuerdo.

Asimismo, señaló que el Gobierno trabaja en la consolidación de la caja única, un mecanismo orientado a centralizar la gestión de los recursos financieros públicos y fortalecer el control sobre los fondos estatales.

La implementación de este sistema busca contribuir a una administración más ordenada de los recursos del Estado, mejorar la visibilidad de los movimientos financieros y facilitar el seguimiento de los fondos públicos.

Lagos indicó que estas medidas, junto con la acumulación de reservas y los avances en materia de transparencia financiera, forman parte de los resultados que el Gobierno presenta como evidencia del cumplimiento de sus compromisos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con Dan Katz, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un encuentro centrado en los avances de las reformas económicas y la estrategia para atraer inversión privada. La conversación se produjo después de que el organismo concluyera la segunda y la tercera revisión del programa financiero vigente con el país.

Katz señaló en una publicación en redes sociales que dialogó con Bukele sobre el avance de las reformas y la visión de largo plazo del Gobierno salvadoreño. “Atraer inversión privada y aprovechar nuevas tecnologías será clave para construir sobre logros recientes y alcanzar el potencial de crecimiento del país”, afirmó el funcionario del FMI.

El mensaje ubicó el foco en dos de los objetivos que el Fondo ha planteado dentro de su programa con El Salvador: mejorar las condiciones para la actividad privada y sostener las reformas fiscales, financieras y de transparencia requeridas para fortalecer la estabilidad económica.

El programa con el FMI contempla $1.400 millones

El acuerdo financiero vigente corresponde a un Servicio Ampliado del Fondo por $1,400 millones, aprobado el 26 de febrero de 2025 y con una duración de 40 meses. El programa busca reforzar las cuentas públicas, aumentar las reservas internacionales, reducir vulnerabilidades financieras y elevar los estándares de gobernanza y transparencia.

La junta ejecutiva del FMI completó el 1 de octubre la segunda y la tercera revisión del acuerdo. La decisión habilitó un desembolso inmediato equivalente a $138 millones, según el organismo.

El Fondo indicó que el país avanzó en medidas vinculadas con el sistema financiero, la rendición de cuentas del sector público y las normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También pidió mantener el ajuste fiscal para que la deuda pública siga una trayectoria descendente y avanzar con cambios en el régimen de pensiones, el empleo público y la regulación financiera.

En esa evaluación, Katz, que presidió la sesión del directorio, sostuvo que El Salvador debía continuar con los esfuerzos destinados a fortalecer la gobernanza, la transparencia y el clima de negocios para impulsar un crecimiento encabezado por el sector privado.

Bitcoin sigue bajo seguimiento dentro del acuerdo

El uso de Bitcoin continúa como uno de los puntos de seguimiento del convenio. El acuerdo con el FMI estableció que la aceptación de la criptomoneda por parte de las empresas sería voluntaria y que los pagos de impuestos se efectuarían únicamente en dólares estadounidenses.

Además, el programa contempla limitar la participación estatal en actividades vinculadas con Bitcoin, reforzar la supervisión de los proveedores de criptoactivos y transparentar la información sobre las tenencias públicas. El FMI informó que la propiedad y el control mayoritario de la billetera estatal Chivo pasaron a un operador privado, aunque el Estado retuvo una participación minoritaria y funciones de custodia.

Tras la revisión más reciente, el organismo señaló que no se prevén nuevas acumulaciones de Bitcoin fuera de las donaciones documentadas. También otorgó exenciones por incumplimientos de metas vinculadas con la acumulación de la criptomoneda, a cambio de medidas correctivas y nuevos compromisos de las autoridades.

La Embajada de Estados Unidos destacó la revisión del programa

Solo un mes antes, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitara al Gobierno por la conclusión de las revisiones del programa con el FMI.

En una publicación difundida el 1 de octubre, la representación diplomática afirmó que “el impresionante crecimiento económico de El Salvador y sus ambiciosas reformas continúan inspirando confianza en el mercado y ayudarán a atraer una mayor inversión extranjera directa”.

La inversión extranjera constituye uno de los puntos centrales del diálogo entre el Gobierno y el Fondo. En su evaluación de junio de 2025, el FMI planteó que El Salvador debía apoyar la llegada de capital externo mediante asociaciones público-privadas, protección para los inversores y acciones para reducir las brechas de infraestructura.

La reunión con Katz sumó un nuevo intercambio entre el Ejecutivo salvadoreño y el organismo, mientras el país debe continuar con los compromisos del programa hasta su vencimiento previsto para junio de 2028.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su apoyo a la iniciativa del Gobierno colombiano de llevar al Congreso un paquete fiscal destinado a responder a las presiones sobre las cuentas públicas y apuntalar la sostenibilidad de las finanzas del país.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, señaló que la propuesta constituye un avance para atender los desafíos fiscales que recibió la nueva administración y reforzar la estabilidad fiscal de Colombia.

Por medio de X, la alta ejecutiva escribió que “acogemos con agrado la decisión de las autoridades colombianas de presentar un importante paquete fiscal al Congreso”. Además, que “representa un paso significativo hacia el abordaje de los desafíos fiscales heredados por la nueva administración y el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal de Colombia”.

Ante diferentes comentarios que surgieron debido al proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda presentó un abecé en el que aclaró que la iniciativa está orientada a estabilizar las finanzas públicas mediante recortes en el gasto estatal, cambios tributarios, medidas de apoyo a la inversión y un nuevo esquema de devolución del impuesto sobre las ventas (IVA) para la población de menores ingresos.

La propuesta busca reducir el gasto público en alrededor de 15%, racionalizar los costos de funcionamiento del Estado, fortalecer el recaudo y revisar beneficios tributarios. El proyecto también contempla mecanismos para la venta y optimización de activos estatales, así como medidas contra la evasión, el contrabando y la dispersión de recursos en fondos y transferencias.

Según las proyecciones oficiales, más de 35 millones de personas podrían registrar mejoras en sus ingresos disponibles, mientras que el 10% de los hogares con mayores ingresos asumiría la mayor parte del esfuerzo tributario asociado a la reforma.

Cambios en el IVA

La iniciativa mantiene la tarifa general del IVA en 19%, pero plantea eliminar, en la mayoría de los casos, la tarifa reducida de 5%. Bienes y servicios que hoy tienen ese tratamiento pasarían a tributar con la tasa general, salvo algunas excepciones definidas en el proyecto.

Entre los productos y servicios que conservarían la exclusión o exención figuran alimentos y bienes básicos de consumo frecuente, como arroz, papa, yuca, pan, arepa, carnes, huevos, granos y agua. También se mantendrían tratamientos especiales para servicios de salud, educación, seguridad social, transporte y servicios públicos.

La propuesta incluye el cobro de IVA a vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, que actualmente cuentan con una tarifa preferencial. También elimina la exención para importaciones de bajo valor, con el fin de que las compras hechas en plataformas internacionales paguen el impuesto sin importar su monto.

Devolución del IVA para hogares de menores ingresos

A partir del 1 de enero de 2028 entraría en funcionamiento EfectIVA, un mecanismo de devolución del IVA dirigido a personas en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica. El beneficio será individual y se calculará sobre el impuesto efectivamente pagado en compras de bienes y servicios gravados.

Las personas en pobreza extrema y pobreza, junto con el segmento de menores ingresos dentro de la población vulnerable, recibirían una devolución equivalente al 100% del IVA pagado. Para los demás grupos vulnerables, el porcentaje sería de 50%, 40% o 30%, según el nivel de ingreso.

Los pagos se realizarían en períodos de hasta 15 días y tendrían un límite mensual de hasta 5,5 Unidades de Valor Tributario (UVT) por beneficiario. El Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, definiría los rangos de ingreso y el umbral a partir del cual una persona dejaría de acceder al mecanismo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) identificaría el IVA pagado mediante la factura electrónica, mientras que Prosperidad Social realizaría la liquidación y los giros.

Menor impuesto de renta para empresas e incentivos a la inversión

El proyecto prevé una reducción gradual de la tarifa general de renta para personas jurídicas. La tasa bajaría de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028.

También crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), dirigido a proyectos de inversión que cumplan determinados montos mínimos y requisitos sectoriales. Las inversiones que inicien su ejecución entre 2027 y 2028 tendrían una tarifa de renta de 20%, sin sobretasas ni puntos adicionales. Para los proyectos que comiencen a partir de 2029, la tarifa sería de 26%.

Recortes y austeridad en el Estado

La reforma plantea reducir en 50% el gasto destinado a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante 2027, frente al año anterior. Desde 2028, este rubro no podría crecer por encima de la variación anual de la inflación.

Para 2028, los gastos de personal de las entidades incluidas en el Presupuesto General de la Nación, con excepción de la fuerza pública, deberían caer 20% en términos nominales. Entre 2029 y 2030, ese gasto podría aumentar hasta 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación proyectada.

El proyecto también limita el crecimiento de las compras estatales de bienes y servicios a la inflación entre 2027 y 2030. A esto se suman restricciones en gastos operativos, como viáticos, publicidad y papelería, además de la revisión de fondos especiales, transferencias y activos estatales.

Cambios para personas naturales

La propuesta baja de 1.090 UVT a 720 UVT el umbral a partir del cual las personas naturales comenzarían a pagar impuesto de renta. Para la porción de la base gravable que supere 720 UVT y no exceda 1.090 UVT, se aplicaría una tarifa marginal de 9%.

A partir de ese nivel, la tabla conservaría tarifas de 19% para ingresos entre 1.090 y 1.700 UVT; 28% para el rango entre 1.700 y 4.100 UVT; y 33% entre 4.100 y 8.670 UVT. Las rentas superiores a 8.670 UVT quedarían sujetas a una tarifa de 39%.

También se reduciría de 790 a 630 UVT el límite anual de la renta exenta equivalente al 25% de los ingresos laborales. El tope global de rentas exentas y deducciones bajaría de 1.340 a 1.180 UVT anuales, aunque se mantendría el límite del 40% del ingreso bruto ajustado. La iniciativa, además, eliminaría la deducción adicional de 72 UVT por dependiente.

Honduras y el FMI alcanzaron un entendimiento técnico que abre la puerta a un desembolso de alrededor de USD 120 millones, unos 3.229 millones de lempiras, pendiente de aprobación del directorio ejecutivo del organismo. El acuerdo se selló tras reuniones entre representantes del Fondo, el presidente Nasry Asfura y el equipo económico del Gobierno celebradas en Casa Presidencial.

El anuncio lo encabezaron Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Emilio Fernández Corugedo, jefe de misión para Honduras.

“Este acuerdo a nivel ténico meustra un avanza impootante por parte del FMI, lo que le da acceso a la cantidad establecida donde se ha comprobado que ha mantenido su estabilidad y resiliencia economica”, señalo Corugedo.

Aunque el entendimiento técnico constituye un paso importante, todavía no significa que los recursos estén disponibles para el Estado hondureño. La revisión debe recibir el visto bueno del directorio ejecutivo del Fondo para que pueda concretarse el desembolso.

En su evaluación sobre el desempeño económico hondureño, el FMI señaló que el país conservó indicadores macroeconómicos estables pese a las presiones externas y los efectos de la sequía.

Entre los resultados figura un crecimiento de 3,7% durante el primer semestre de 2026. Las reservas internacionales netas alcanzaron aproximadamente USD 11.500 millones en octubre, un indicador relevante para respaldar las obligaciones externas del país y atender sus necesidades de divisas.

El organismo también destacó el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública y el fortalecimiento de las reservas como elementos que contribuyeron a preservar la estabilidad económica.

Priorizar la gestión publica

Sin embargo, completar la revisión no significa que todos los desafíos económicos estén resueltos. El FMI señaló la necesidad de avanzar en reformas del sector energético, mejorar la gestión de las finanzas públicas y fortalecer los mecanismos de transparencia y gobernanza.

Estas condiciones también tienen importancia para el sector privado, dado que la seguridad jurídica, la previsibilidad de las reglas económicas y un mejor clima de negocios inciden en las decisiones de inversión y generación de empleo.

El acuerdo técnico constituye, por tanto, una señal favorable para la relación de Honduras con los organismos financieros internacionales, aunque sus efectos dependerán de que las autoridades mantengan los compromisos y ejecuten las reformas pendientes.

El cierre del acuerdo vigente no pondrá fin a la relación de Honduras con el FMI, Fondo Monetario Internacional. Asfura anunció que durante el primer trimestre de 2027 propondrá negociar un nuevo convenio, con el objetivo de establecer otra etapa de cooperación económica.

Nuevo programa económico

La iniciativa buscaría dar continuidad al acompañamiento financiero y técnico del organismo, aunque las condiciones, metas y compromisos del eventual programa todavía deberán discutirse entre ambas partes.

El acuerdo que está por concluir fue aprobado en septiembre de 2023 y contempla financiamiento mediante dos instrumentos: el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

Con las revisiones anteriores, Honduras acumuló desembolsos cercanos a USD 725 millones. La última revisión podría habilitar otros USD 120 millones, con lo que se completaría una parte importante de los recursos contemplados en el programa.

La eventual negociación de un nuevo convenio también pondrá sobre la mesa los desafíos fiscales y energéticos del país, así como la necesidad de fortalecer las instituciones públicas y mejorar las condiciones para atraer inversión.

El siguiente paso será la evaluación del directorio ejecutivo del FMI, prevista para finales de diciembre. De aprobarse la revisión, Honduras podrá acceder a los recursos pendientes y cerrar formalmente el ciclo de evaluaciones del programa económico iniciado en 2023.

Este lunes, el Gobierno tiene que enfrentar un nuevo vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el mercado no existen dudas sobre el cumplimiento de ese compromiso, aunque todavía no se conoce qué mecanismo utilizará el Gobierno para reunir los dólares necesarios ni de qué forma accederá a los Derechos Especiales de Giro (DEG), la monedad del Fondo.

El vencimiento llega mientras el acuerdo con el Fondo atraviesa uno de sus pasos burocrático clave. La semana pasada, el personal técnico del organismo aprobó la tercera revisión del programa. Esa decisión representó un avance, pero todavía falta que el Directorio Ejecutivo analice el caso para destrabar un desembolso pendiente por cerca de 900 millones de dólares, algo que se estima llegará en la primera semana de diciembre.

La necesidad de cumplir este lunes con el pago obliga al equipo económico a resolver dos cuestiones. La primera es el origen de los dólares para afrontar la obligación. La segunda es la obtención de los DEG, la moneda que utiliza el Fondo para sus operaciones y para el movimiento de recursos vinculados a los acuerdos.

Bajo nivel de depósitos

Los datos disponibles sobre las cuentas del Tesoro permiten dimensionar el punto de partida. Al miércoles 28 de octubre, último dato disponible, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumaban USD 851 millones. Esa cifra quedó por arriba -por poco- de los USD 800 millones que requiere el vencimiento.

Si el monto de USD 851 millones se mantuvo sin cambios hasta el viernes, los recursos depositados en moneda extranjera alcanzan justos para cubrir la totalidad de la obligación con el FMI. La diferencia entre ambos montos ronda los USD 51 millones. Una de las razones del bajo nivel de depósitos en moneda extranjera del Tesoro es la suspensión de las colocaciones del Bonar 2029 (AO29), con las que estaba sumando divisas, pero que se interrumpieron desde que el riesgo país empezó a trepar.

Como otra vía, el Tesoro cuenta, además, con depósitos en moneda nacional por $ 8,9 billones. Esos recursos podrían destinarse a la compra de dólares al BCRA. Con esos dólares, el Gobierno podría reunir el monto necesario para enfrentar el pago al Fondo.

Esa alternativa tendría una consecuencia sobre las cuentas del Banco Central. La utilización de pesos del Tesoro para comprar dólares al BCRA implicaría un impacto de mayor magnitud sobre las reservas netas de la entidad.

La diferencia entre las reservas brutas y los depósitos del Tesoro resulta relevante en este escenario. Los USD 851 millones registrados en la cuenta en moneda extranjera del Tesoro constituyen una parte de los recursos disponibles, mientras que la compra de dólares con pesos modificaría -en mayor medida- la composición de las tenencias informadas por el BCRA.

La modalidad del pago es seguida de cerca por especialistas, dado que en enero el Tesoro deberá hacer frente a pagos por cerca de USD 4.500 millones a bonistas y, con los depósitos públicos cerca de cero y el mercado cerrado para nueva deuda por un riesgo país que roza los 800 piuntos, la compra de reservas al BCRA y la estructuración de préstamos garantizados por otros organismos multilaterales van a pasar a estar en el menú de opciones

Compra de DEGs

La definición sobre los dólares es solo una parte del procedimiento. Una vez que el Gobierno resuelva de dónde saldrán esos fondos, debe conseguir los Derechos Especiales de Giro (DEG) para efectuar la operación con el FMI.

Los DEG son el activo que emplea el organismo internacional para sus préstamos, y la “moneda” en la que los países bajo asistencia devuelven sus créditos. Por ese motivo, el Gobierno necesita contar con esos recursos antes de cumplir con el vencimiento previsto para este lunes.

En oportunidades recientes, el Gobierno compró DEG al Tesoro de Estados Unidos. Esa modalidad permitió acceder a los activos necesarios para cumplir con compromisos ante el Fondo Monetario Internacional. El antecedente instaló la posibilidad de que la administración argentina vuelva a utilizar el mismo mecanismo.

Al cierre de esta nota, voceros del Ministerio de Economía no habían respondido a Infobae consultas respecto a de dónde saldrían los fondos ni cómo se estructuraría la operación.

Desembolso pendiente

El vencimiento se produce pocos días después de que el personal técnico del FMI aprobara la tercera revisión del acuerdo. El aval representó un paso dentro del programa, pero no habilitó de forma automática el desembolso que quedó pendiente.

La aprobación definitiva corresponde al Directorio Ejecutivo del organismo. Una vez que ese órgano trate la revisión, se destrabará un giro cercano a USD 900 millones para la Argentina.

El monto del desembolso pendiente coincide, en términos aproximados, con el vencimiento que el Gobierno debe afrontar este lunes. Sin embargo, la aprobación del personal técnico y el tratamiento posterior del Directorio forman parte de una instancia distinta al pago inmediato.

El FMI informó que el Directorio Ejecutivo podría considerar la tercera revisión a principios de diciembre. En su comunicado, el Fondo sostuvo que el programa continúa con resultados que calificó como “impresionantes”, pese a un contexto global más complejo. La evaluación incluyó referencias a la desaceleración de la inflación y a la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

El comunicado del Fondo destacó que el BCRA acumuló más de USD 16.000 millones en compras de reservas en lo que va del año. El organismo mencionó ese dato dentro de su evaluación sobre la marcha del programa económico.

La referencia a la compra de reservas apareció junto con la mención a un contexto internacional más complejo. El FMI ubicó la evolución de las reservas y la desaceleración de la inflación entre los elementos considerados en su evaluación del acuerdo.

El organismo también expresó su posición sobre el vínculo con las autoridades. “El personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con políticas disciplinadas y reformas orientadas al mercado en el marco del programa”, señaló el comunicado.

La declaración añadió una condición previa al paso siguiente. “Una vez concluidas las medidas acordadas restantes, se prevé que la tercera revisión se presente al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración a principios de diciembre”, indicó el organismo. La mención a diciembre establece el período previsto para el tratamiento de la revisión. Hasta entonces, el desembolso pendiente por cerca de USD 900 millones depende de la consideración del Directorio Ejecutivo.

La suspensión de las colocaciones del Bonar 2029 (AO29), producto de la suba de tasas de interés, generó dudas sobre el programa financiero de 2026 y las previsiones para 2027. Sin embargo, la aprobación de la tercera revisión del acuerdo a nivel del personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) aportó datos sobre el ingreso de divisas antes de fin de año, mientras el equipo económico analiza instrumentos que podrían sumarse al esquema del próximo año.

El comunicado del FMI destacó que el Gobierno movilizó financiamiento bancario transfronterizo por USD 3.200 millones, con garantías de acreedores oficiales. Pero el dato más revelador está en que el organismo internacional informó que el Gobierno avanza en la obtención de otros USD 1.000 millones antes del cierre del año, una cifra que podría aportar recursos dentro de un programa financiero que registró obstáculos en el mercado de capitales local.

La situación adquiere relevancia tras el freno de las emisiones del AO29. El programa financiero que presentó el ministro de Economía Luis Caputo contemplaba colocaciones por USD 6.000 millones en el mercado de capitales local durante 2026. Las colocaciones de los bonos AO27 y AO28 aportaron USD 4.000 millones, pero la interrupción del AO29 dejó pendiente una parte de los dólares previstos en esa fuente.

Las colocaciones de los bonos AO27 y AO28 aportaron USD 4.000 millones, pero la interrupción del AO29 dejó pendiente una parte de los dólares previstos en esa fuente

El Bonar 2029 integraba la estrategia oficial para captar recursos en el mercado local. Las colocaciones se suspendieron cuando el programa financiero todavía requería dólares para completar las proyecciones informadas para el año. Esa decisión abrió dudas sobre el cumplimiento de la meta de USD 6.000 millones prevista para 2026. Pero sobre todo para el 2027, donde Caputo pretende conseguir USD 5.000 millones a pesar de ser un año electoral.

Nuevas vías de financiamiento en evaluación

En lo que va de 2026, el Gobierno logró conseguir préstamos por USD 3.200 millones a partir de garantías de organismos internacionales. De ese monto, USD 2.000 millones correspondieron a un crédito garantizado por el Banco Mundial. Los restantes USD 1.200 millones estuvieron respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo, el programa presentado por el ministro incluyó una estimación de USD 4.000 millones por préstamos con garantías de organismos internacionales. Con los USD 3.200 millones ya concretados a través del Banco Mundial y el BID, quedó un remanente de USD 800 millones dentro de la cifra inicialmente prevista.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) aprobaron garantías para esas operaciones. Sin embargo, todavía falta la concreción de los préstamos que contarían con esos respaldos.

E programa económico continuó con resultados favorables, pese a un contexto global más complejo (FMI)

La referencia del FMI a USD 1.000 millones antes de fin de año ubicó esas alternativas dentro del plan financiero de los últimos meses de 2026. El organismo precisó que el Gobierno contó con apoyo de acreedores oficiales para movilizar recursos y sostuvo que el programa económico continuó con resultados favorables, pese a un contexto global más complejo.

Alternativas para el año próximo

Fuentes del Ministerio de Economía contaron a Infobae que el programa financiero de 2027 puede incluir nuevos préstamos con garantías de organismos internacionales. La posibilidad surge después del uso de ese mecanismo durante 2026 con el Banco Mundial y el BID, principalmente.

En el Ministerio consideran que los créditos garantizados pueden integrarse a la planificación del próximo año si el instrumento mantiene resultados favorables. Son pocos los países que recurren a este tipo de financiamiento, según la información recogida en torno a las operaciones realizadas durante 2026.

Para el Gobierno, esa opción puede sumar una fuente de financiamiento ante las dificultades que persisten en el mercado voluntario de deuda.

En el Programa Financiero del Tesoro en dólares que Caputo presentó en julio, la fila correspondiente a préstamos con garantías de organismos internacionales quedó en blanco para 2027. La misma situación apareció en el apartado vinculado con emisiones internacionales. Pese a esa ausencia de cifras, ahora en el Ministerio de Economía analizan la incorporación de los créditos garantizados al programa financiero del próximo año, para completar esos casilleros.

La eventual utilización de esos préstamos se relaciona con el objetivo de obtener USD 6.000 millones en el mercado local durante 2027 y la posibilidad de ampliar las opciones disponibles.

Medidas para apuntalar la actividad

Luego de que el personal técnico del FMI aprobara la tercera revisión del acuerdo vigente de Facilidades Extendidas, la portavoz del organismo, Julie Kozack, habló en conferencia de prensa sobre las medidas acordadas con el Gobierno argentino para reactivar la economía.

Kozack afirmó que el FMI y la administración nacional acordaron cuatro medidas orientadas a apuntalar la actividad. Entre ellas, mencionó el avance de las concesiones de infraestructura que recibieron adjudicación recientemente.

La portavoz no detalló cuáles son los proyectos incluidos dentro de esas concesiones.

La ejecución de las concesiones se sumó a las referencias del Fondo sobre la desaceleración de la inflación, las compras de divisas por parte del BCRA y el financiamiento bancario transfronterizo garantizado. El organismo ubicó esos elementos dentro de su evaluación sobre el programa, mientras Economía analiza el rol que los préstamos con aval internacional podrían tener durante 2027.

La directora del Departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, detalló este jueves cuatro líneas de acción que el organismo acordó con el Gobierno argentino para que la estabilización macroeconómica se traduzca en mayor actividad y empleo. Las medidas incluyen el desarrollo de los mercados de capitales e hipotecario, una mayor flexibilidad laboral conseguida con la sanción de la ley a principios de año, el avance de concesiones de infraestructura y la ejecución de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Durante la conferencia de prensa regular del organismo, Kozack sostuvo que existe una “comprensión compartida” con las autoridades sobre la necesidad de ampliar los resultados de la estabilización. “Hay una comprensión compartida de ampliar los logros de estabilización alcanzados hasta ahora hacia un crecimiento más fuerte y creación de empleo”, afirmó.

El FMI enumeró cuatro vías para impulsar la actividad y el empleo

La primera de las iniciativas señaladas por Kozack apunta a profundizar los mercados de capitales y de créditos hipotecarios. Según explicó, la meta es ampliar el acceso al financiamiento, apuntalar la inversión privada y, de forma más amplia, la demanda interna. “Ese es uno de los pasos clave”, dijo al describir el paquete de medidas.

La segunda propuesta es “mejorar la flexibilidad del mercado laboral” para favorecer la generación de puestos de trabajo en el sector privado. Para la vocera, ese punto será relevante para que el crecimiento se refleje en el empleo. La tercera medida consiste en avanzar con algunas de las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente.

El cuarto eje es facilitar la concreción de inversiones estratégicas dentro del RIGI, el régimen creado para proyectos de gran escala. Kozack indicó que ya fueron aprobados proyectos por más de USD 70.000 millones. Agregó que esas acciones, junto con las reformas laborales y de mercado aprobadas previamente durante el año, buscan fortalecer el crecimiento y el empleo en Argentina con el paso del tiempo.

Consultada por la posibilidad de que el deterioro de la actividad durante el tercer trimestre, después de la baja del segundo, implique una recesión técnica, la funcionaria no anunció una modificación del programa. Su mensaje fue que la Argentina debe sostener la orientación actual y ampliar los beneficios de la estabilización. “Nuestro mensaje general sobre Argentina es realmente mantener el rumbo con políticas fuertes, al tiempo que se amplían las ganancias”, planteó.

El acuerdo técnico contempla un desembolso de USD 900 millones

Kozack recordó que el FMI y las autoridades argentinas anunciaron esta semana un acuerdo a nivel de personal técnico por la tercera revisión del programa. Si el Directorio Ejecutivo lo aprueba, el entendimiento habilitaría un desembolso de cerca de USD 900 millones. El organismo espera que el Directorio trate la revisión a comienzos de diciembre.

El paquete consensuado se estructura, según enumeró, sobre tres pilares: sostener la desinflación, reforzar la resiliencia de la economía y potenciar el crecimiento. En ese marco, aseguró que las autoridades mantienen su compromiso con el ancla fiscal de “un equilibrio general cero”.

También mencionó la intención de seguir ajustando el marco de política monetaria. Para Kozack, ese trabajo respaldará la remonetización de la economía, mejorará la gestión de la liquidez y tendrá importancia para la asignación del crédito. A la vez, dijo que el Gobierno se comprometió a continuar la recomposición de las reservas internacionales y a movilizar financiamiento para cumplir las obligaciones del país.

El FMI pidió no sobredimensionar la referencia a pasos pendientes

Varios periodistas preguntaron qué medidas faltaban para completar el acuerdo y permitir el giro de fondos. La directora de Comunicaciones aclaró que la referencia a “pasos pendientes” incluida en el comunicado no aludía necesariamente a nuevas exigencias de política económica.

“Quiero advertir que no deberíamos sobreinterpretar ese lenguaje específico”, respondió. Explicó que, luego de un acuerdo a nivel técnico, deben completarse procedimientos internos: finalizar documentos, someterlos a revisión y remitirlos al Directorio Ejecutivo. “Eso es precisamente a lo que se refería el comunicado de prensa. Son nuestros procesos estándar normales”, remarcó.

Sobre la consulta acerca de un eventual waiver por el incumplimiento de una meta fiscal, Kozack evitó anticipar una definición. “Es algo que le corresponde determinar a nuestro Directorio Ejecutivo, así que esperaremos hasta que tome su decisión”, señaló.

Reservas y posición externa, las claves para reducir el riesgo país

Ante las preguntas por la suba del riesgo país y por la posibilidad de que ceda el año próximo, la vocera evitó hacer pronósticos. Sin embargo, vinculó una eventual mejora con la continuidad del programa y el fortalecimiento de la posición externa.

“Nuestro mejor consejo para que Argentina siga reduciendo su riesgo país es continuar con una implementación fuerte de las políticas”, afirmó. Luego destacó que la acumulación de reservas internacionales netas y el fortalecimiento del frente externo son “fundamentales” para mejorar ese indicador.

Kozack sostuvo que las autoridades están comprometidas con esas metas y que ya avanzan en las acciones acordadas. “Mantener el rumbo” en la ejecución del programa, insistió, contribuiría a reducir el riesgo país.

La funcionaria también fue consultada por la mención a esfuerzos para extender vencimientos de deuda y por la eventual reprogramación de bonos en moneda extranjera. Dijo no tener mayores detalles sobre ese tramo, aunque señaló que la administración de la deuda y de los picos de servicios y vencimientos forma parte central del programa de las autoridades. El FMI, añadió, podría aportar información adicional de manera bilateral.

El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la tercera revisión del acuerdo pese a que el Gobierno incumplió por poco la meta fiscal de junio, fijada en 0,7% del Producto Interno Bruto (PBI). El desvío -en gran parte- se explicó por la postergación de la presentación de la declaración jurada de Ganancias. La señal del organismo funcionó como un “perdón” frente a ese incumplimiento, aunque dejó abierto el debate sobre la posibilidad de alcanzar el objetivo de superávit primario de 1,4% del PBI previsto para diciembre de 2026.

El comunicado difundido por el FMI sostuvo que la meta fiscal mantiene un lugar central dentro del programa. El organismo vinculó esa pauta con el objetivo de alcanzar un superávit primario de 1,4% del PBI en 2026 y un esfuerzo similar en 2027, según las previsiones que el Gobierno incorporó al presupuesto enviado al Congreso.

“El ancla fiscal seguirá siendo un elemento central del programa, coherente con el objetivo de lograr un superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y un esfuerzo fiscal similar en 2027”, indicó el Fondo. También señaló que el presupuesto de 2027 reflejó esa orientación y proyectó un cuarto año consecutivo con superávit fiscal primario y equilibrio fiscal global.

El organismo internacional afirmó que la continuidad de la disciplina sobre el gasto, junto con reformas en los marcos tributario y fiscal, reforzaría el proceso de consolidación. A la vez, planteó que esa estrategia permitiría proteger el gasto prioritario en materia social y de infraestructura.

Nuevo “perdón”

La aprobación de la tercera revisión dejó en evidencia que el incumplimiento de junio no bloqueó el avance del programa y que el FMI se lo perdonó al Gobierno. Ahora el foco de los economistas está en la exigencia pendiente para diciembre. La pauta anual establece un superávit primario de 1,4% del PBI, un nivel superior al objetivo de junio. Las dudas se apoyan en la evolución de los ingresos públicos, el comportamiento de la actividad y las restricciones para profundizar recortes sobre el gasto.

Manuel Cerdan, socio y director de Invecq Consulting, sostuvo que no espera el cumplimiento del objetivo de diciembre. “No creemos que se vaya a cumplir la meta de diciembre, aunque habrá que ver si se modifica tras el desvío de junio”, afirmó.

Cerdan ubicó dos factores detrás de su proyección. El primero se relacionó con la recaudación. “Los ingresos vienen débiles, en buena medida por la dinámica de la actividad”, explicó. El segundo apuntó a los límites que enfrenta el ajuste fiscal luego del recorte realizado sobre el gasto público.

Sin margen para ajustar

“El margen para seguir ajustando el gasto es cada vez más acotado, dado que el grueso del ajuste ya se hizo y una parte muy importante del gasto está indexada”, indicó el economista. Esa combinación, según su análisis, reduce las herramientas disponibles para compensar una menor entrada de recursos.

Pese a esa estimación, Cerdan no anticipó una dificultad relevante en el vínculo con el Fondo. “De todos modos, no creemos que esto represente un problema significativo en el marco del acuerdo con el FMI”, sostuvo. Su planteo dejó abierta la posibilidad de que el organismo considere el contexto del programa y el tamaño del eventual desvío.

La posibilidad de un cambio formal en la pauta de diciembre también apareció en el análisis de Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Para el economista, la meta resulta difícil de cumplir; el Gobierno y el FMI podrían optar por modificar el objetivo antes del cierre del año o por habilitar una excepción cuando llegue la revisión correspondiente.

“Pueden pasar dos cosas: que en esta revisión le modifiquen la meta de diciembre o que le hagan un waiver”, señaló. El término refiere a una dispensa frente al incumplimiento de una meta acordada dentro de un programa con el Fondo.

El director de CEPA sostuvo que la dificultad crece a medida que se reduce el excedente fiscal. “La meta fiscal se vuelve cada vez más difícil porque el superávit es cada vez menor”, afirmó. A partir de ese punto, planteó un interrogante sobre las medidas que podría tomar el Gobierno frente a la combinación de un incumplimiento fiscal y un deterioro de la actividad.

Menores ingresos por actividad

Fausto Spotorno, director del Instituto de Economía Política, Economía y Negocios (Ineco), también proyectó un incumplimiento fiscal acotado. Su análisis se concentró en la caída del nivel de actividad, la recaudación y el incremento de algunas partidas del gasto.

“En el segundo trimestre cayó el PBI y en el tercer trimestre también va a caer, con los datos que tenemos ya lo podemos asegurar”, afirmó. Para el economista, ese escenario configuró dos trimestres negativos y recesivos, con consecuencias directas sobre los ingresos tributarios.

“Hubo dos trimestres negativos, recesivos, y eso provoca una caída en la recaudación por un lado”, explicó. La menor actividad, según su lectura, redujo el flujo de recursos que ingresa al Estado y complicó el cumplimiento de una meta fiscal exigente para el cierre de 2026.

También señaló el impacto de la inflación sobre el gasto. Según explicó, la aceleración inflacionaria del primer trimestre llevó a ajustes de jubilaciones durante el segundo trimestre. Esa dinámica sumó presión sobre las erogaciones públicas en un contexto donde el margen para recortar partidas se redujo. “A su vez, recortar gastos para el Gobierno es cada vez más difícil; está a nivel de gasto de los 90”, indicó. El director de Ineco sostuvo que el gasto público primario ya llegó a un nivel que limita la posibilidad de nuevos ajustes.

Para Spotorno, el Gobierno va a incumplir la meta fiscal aunque por poco, por una o dos décimas por debajo de lo que se había proyectado. La diferencia estimada se ubicaría, según esa evaluación, dentro de un margen estrecho respecto del objetivo de 1,4% del PBI fijado para el año.

El Salvador recibió USD 51.75 millones en remesas a través de carteras de criptomonedas entre enero y septiembre de 2026, un incremento del 28.7% frente al mismo período de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) citados por EFE.

El monto superó en USD 11.54 millones más que los USD 40.21 millones registrados durante los primeros nueve meses del año pasado. Pese al crecimiento interanual, las transferencias realizadas por esta vía mantuvieron una participación reducida dentro del flujo total de dinero que reciben los hogares salvadoreños desde el exterior.

Las remesas generales sumaron USD 7,619.92 millones entre enero y septiembre de 2026, por lo que los envíos mediante billeteras digitales equivalieron al 0.68% del total. En el mismo período de 2025, representaron el 0.55% de USD 7,358.98 millones que ingresaron al país en concepto de remesas.

Los datos citados por EFE muestran que los ingresos por carteras de criptomonedas tuvieron su mayor registro mensual en mayo, con USD 6.15 millones. En junio llegaron a USD 6.12 millones y en febrero alcanzaron los USD 6 millones.

El mes con mayor ingreso

El año comenzó con USD 5.56 millones recibidos en enero por esta modalidad. En marzo, las transferencias totalizaron USD 5.82 millones, mientras que en abril fueron de USD 5.72 millones.

Tras el máximo de mayo, los montos descendieron durante el tercer trimestre. En julio se registraron USD 5.74 millones, en agosto USD 5.48 millones y en septiembre USD 5.16 millones.

La evolución de este canal contrasta con el desempeño anual de 2025. En los 12 meses de ese año, las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas cayeron 32.5%, hasta USD 57.67 millones. La cifra fue USD 27.83 millones inferior a USD 85.50 millones contabilizados en 2024.

El aumento acumulado entre enero y septiembre de 2026 acerca el volumen de transferencias digitales al total registrado durante todo el año anterior, aunque todavía resta conocer el comportamiento de octubre, noviembre y diciembre.

Rechazo mayoritario al uso cotidiano del bitcoin

El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, junto con el dólar estadounidense. La decisión convirtió al país en el primero del mundo en conceder ese estatus a la criptomoneda y fue una de las principales apuestas económicas del presidente Nayib Bukele.

La medida incluyó la puesta en marcha de una billetera estatal y la promoción de pagos, compras y transferencias con activos digitales. El Gobierno también otorgó exenciones tributarias para atraer a inversores vinculados con las criptomonedas.

No obstante, más del 90% de la población rechazó utilizar el bitcoin de forma cotidiana, de acuerdo con los datos relevados por EFE. El dólar mantuvo su predominio en las operaciones comerciales y en las remesas familiares.

El acuerdo con el FMI y los cambios en la normativa

Después de que el Gobierno salvadoreño alcanzara un acuerdo de USD 1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa aprobó cambios en la normativa sobre el bitcoin.

El Congreso, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró a la criptomoneda la condición de moneda de curso legal. La reforma también redujo el papel del Estado en la circulación y utilización de este activo digital.

Los registros del BCR permiten medir el peso de las transferencias mediante carteras de criptomonedas dentro del envío de remesas, uno de los principales ingresos de divisas de la economía salvadoreña. Aunque el canal mostró una suba interanual hasta septiembre, su participación todavía se mantuvo por debajo del 1% del total recibido por el país.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presentó ante una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) los avances de su plataforma tecnológica para identificar a los beneficiarios finales de estructuras corporativas. La visita forma parte de la sexta y última revisión del programa económico vigente, que comenzó el 20 de octubre y concluirá el 2 de noviembre de 2026.

El Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF) busca facilitar el acceso a información sobre las personas naturales que, en última instancia, poseen, controlan o se benefician de una empresa u otra entidad jurídica. Su utilidad radica en contribuir a que las autoridades detecten estructuras empresariales utilizadas para ocultar recursos ilícitos, evadir controles o dificultar la identificación de los responsables de determinadas operaciones.

Durante la presentación, la CNBS expuso los procedimientos de inscripción, actualización y consulta de datos, además de los mecanismos de validación, seguridad y control implementados para proteger la integridad de la información.

La demostración permitió a los representantes del FMI conocer el funcionamiento operativo del RCBF, así como los procesos establecidos para mantener actualizados los datos y facilitar su consulta. Según la CNBS, los representantes del organismo valoraron positivamente el funcionamiento de la plataforma y los avances logrados durante su implementación.

FMI y la revisión del mecanismo

La efectividad del registro también depende de la calidad de los datos, su actualización periódica, los mecanismos para verificar la información declarada y la capacidad de las instituciones competentes para utilizarla en sus investigaciones.

La identificación de los beneficiarios finales es relevante porque las estructuras corporativas pueden involucrar varias empresas, intermediarios o entidades jurídicas, lo que en algunos casos dificulta establecer quién ejerce el control efectivo o recibe los beneficios económicos.

Conocer esa información puede ayudar a fortalecer la supervisión financiera y las investigaciones relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y la delincuencia organizada.

Evaluación del GAFILAT

La CNBS presenta el programa como parte de los esfuerzos nacionales para avanzar en transparencia corporativa y mejorar los mecanismos de prevención de operaciones ilícitas.

La iniciativa también se vincula con la preparación del país para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo regional que examina los sistemas de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, incluidos el marco legal, la supervisión, la aplicación de controles y los resultados obtenidos por las autoridades.

En ese contexto, contar con un registro centralizado puede facilitar la identificación de los propietarios y controladores efectivos de empresas, siempre que la información sea precisa, verificable y accesible para las instituciones autorizadas conforme a la legislación aplicable.

El desafío para Honduras consiste en convertir las herramientas tecnológicas en resultados concretos: mantener información confiable, detectar inconsistencias, establecer responsabilidades por datos incorrectos y garantizar que las autoridades utilicen los registros de forma oportuna.

La delegación mantiene reuniones con funcionarios del Gabinete Económico, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, el Banco Central de Honduras y representantes del sector privado, incluido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). En las instancias estratégicas de la misión participa el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk.

La revisión final representa un punto relevante para evaluar los compromisos y avances asociados al acuerdo. No obstante, la presentación de la plataforma de beneficiarios finales es uno de los componentes de la agenda institucional y no implica, por sí misma, que el FMI haya emitido una conclusión definitiva sobre el resultado global de la revisión.

Luego del lunes negro para los mercados que generó la sorpresiva victoria de Lula Da Silva en las elecciones presidenciales en Brasil, ayer todo se desarrolló con mayor tranquilidad. Los dólares financieros en el mercado local aflojaron y lo propio pasó con el riesgo país, reflejando la leve mejora en el precio de los bonos que todavía no los quita de niveles propios de una relevante incertidumbre electoral en la Argentina que no se condice con las encuestas.

Junto con una menor presión sobre el tipo de cambio también aflojó el riesgo país, que cerró apenas por encima de los 750 puntos básicos. Da la sensación, sin embargo, que el descenso podría ser más marcado si se tranquiliza un poco el clima internacional.

“Estas cotizaciones de bonos marcan una chance de 50% de reelección de Javier Milei, cuando hace tres meses estaba casi en el 88%”, explicó Pedro Siaba Serrate, analista de PPI.

Por otra parte, el índice de Confianza en el Gobierno arrojó una leve suba de 0,9%. A los niveles actuales de ese indicador la intención de voto para Javier Milei estaría en un entorno de 36% a 38%. Para el balotaje tendría una ventaja en torno a 5 puntos. Con estos datos, la caída de los bonos luce exagerada, faltando todavía prácticamente un año para las elecciones.

Luego de haber llegado a $1.681, el dólar contado con liquidación cayó 1,55% a $1.657, con lo cual también se achicó levemente la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial, que permaneció en $1.560. El dólar MEP también mostró un leve retroceso, quedando en el mismo valor que el oficial.

Uno de los datos destacados de la jornada fue que el Central no intervino por segundo día consecutivo. De esta forma, el Gobierno dio un mensaje de no convalidar un ajuste mayor del tipo de cambio, tras el aumento de diez pesos del lunes.

La decisión luce razonable, teniendo en cuenta que el dólar en Brasil había subido el lunes hasta tocar un pico de 5,60 reales tras la derrota de Flavio Bolsonaro, pero ayer descendió a 5,35.

Hubo rumores sobre una intervención del Tesoro vendiendo divisas, pero todavía no están los datos oficiales para corroborarlo. El propio Luis “Toto” Caputo en su momento había reconocido que este tipo de operaciones es parte del set de instrumentos que tiene el equipo económico para reducir la volatilidad cambiaria.

Tras el cierre del mercado llegó la noticia de la aprobación por parte del staff de la tercera revisión del acuerdo con Argentina. Esto implica que se acerca la próxima liberación de USD 900 millones que irán a engrosar las reservas.

En el comunicado el FMI señala que el Gobierno seguirá buscando nuevas fuentes de financiamiento en el caso que no consiga fondos frescos a través del mercado de capitales.

Las reservas internacionales netas -indicaron desde el organismo- han superado el objetivo fijado para finales de junio en aproximadamente USD 4.000 millones, el banco central ha comprado cerca de USD 16.000 millones en lo que va del año, la Tesorería ha captado más de USD 5.000 millones en divisas en los mercados locales, y el BCRA ha refinanciado USD 6.000 millones de sus operaciones repo, de los cuales USD 5.000 millones vencen en 2028.

Además, el Gobierno “ha movilizado USD 3.200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías y se encuentra muy avanzado en las gestiones para obtener USD 1.000 millones adicionales antes de fin de año”.

“Las inversiones aprobadas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya superan los USD 76.000 millones, y se prevé que su ejecución fortalezca el crecimiento y la creación de empleo con el tiempo”, indicaron en el comunicado.

El próximo lunes, el Gobierno enfrenta un vencimiento por USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses. En el mercado no hay dudas respecto de que el equipo económico hará frente a la obligación, aunque surgen interrogantes sobre la manera en que realizará el pago. Según los analistas, existen dos alternativas disponibles, cada una con implicancias diferentes sobre los depósitos del Tesoro y las reservas del Banco Central.

La primera opción consiste en utilizar los dólares que el Tesoro mantiene depositados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La segunda implica usar pesos para comprarle divisas a la autoridad monetaria. El vencimiento coincide con dudas del mercado sobre el programa financiero oficial, luego de la suspensión de las colocaciones del Bonar 2029, identificado como AO29.

El último dato disponible del BCRA, correspondiente al 22 de octubre, indicó que los depósitos del Tesoro en moneda extranjera sumaban USD 925 millones. Al tipo de cambio de $ 1.527, ese monto equivalía a $ 1,4 billones. La cifra alcanzaba para cubrir el compromiso con el FMI, aunque dejaba una diferencia reducida frente al vencimiento de 800 millones de dólares.

La relación entre ambos números es uno de los ejes de la discusión. Si el Ministerio de Economía utiliza directamente los depósitos en moneda extranjera, el saldo quedará en valores mínimos. La cuenta podría incluso llegar a cero si se confirma la versión que circuló el lunes sobre una venta de USD 100 millones por parte del Tesoro para contener el tipo de cambio.

Ante una consulta de Infobae, fuentes oficiales del Ministerio de Economía no dieron detalles sobre el mecanismo previsto para afrontar el pago al FMI. Tampoco respondieron sobre la supuesta venta de dólares atribuida al Tesoro el lunes.

Un economista consultado por Infobae bajo condición de reserva evaluó la situación a partir de los datos disponibles: “Al último dato disponible le alcanzaba justo. Si efectivamente vendió dólares ayer, entonces probablemente tenga que salir a comprar. Pesos tiene, los dólares los tiene el Banco Central”.

Comprarle al Banco Central

La segunda opción consiste en usar los depósitos en moneda nacional del Tesoro para comprar dólares al BCRA. Al 22 de octubre, esos fondos sumaban $ 8,9 billones. Esa disponibilidad abre la posibilidad de adquirir las divisas necesarias para enfrentar el vencimiento sin depender de manera exclusiva de los dólares que ya están depositados en la autoridad monetaria.

La operación trasladaría el impacto hacia las reservas brutas del Banco Central. Si el BCRA vende dólares al Tesoro, el nivel de reservas disminuye por el monto de esa transferencia. Por ese motivo, analistas del mercado vincularon esta alternativa con las dudas sobre la fortaleza del programa financiero que presentó el Gobierno.

El mecanismo supone que el Tesoro entrega pesos y recibe divisas del Banco Central. Esos dólares luego pueden destinarse al pago de intereses con el FMI. La operación no modifica el compromiso externo, pero cambia el origen inmediato de las divisas utilizadas para cumplirlo.

El uso de los depósitos en pesos permitiría preservar, en todo o en parte, el saldo propio del Tesoro en moneda extranjera. A cambio, el Banco Central registraría una baja en sus reservas brutas y debería comprar dólares en el mercado si busca recomponer las divisas entregadas al Tesoro y sostener el proceso de acumulación de reservas.

La definición sobre esta vía dependerá de la estrategia que adopte el equipo económico antes del lunes y de la situación de las cuentas en moneda extranjera después de las operaciones de los últimos días.

Las dudas del programa

Las alternativas para cubrir el vencimiento con el FMI se insertan en un escenario de dudas sobre el programa financiero. La Secretaría de Finanzas suspendió las colocaciones del AO29 debido a la suba de las tasas, con el objetivo de evitar convalidar rendimientos más elevados en las emisiones de deuda.

El programa presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaba la colocación de USD 6.000 millones en el mercado de capitales local durante este año. Para el año próximo, el esquema incluía otros USD 5.000 millones. La colocación de bonos en dólares integraba las fuentes previstas para reunir los recursos necesarios.

La suspensión de las emisiones del AO29 generó inquietud en el mercado porque, si esa situación continúa, puede abrir un faltante dentro del programa financiero. El Ministerio de Economía había previsto obtener una parte de los recursos mediante deuda en el mercado local, pero el freno de esas operaciones reduce esa alternativa mientras las tasas se mantienen en alza.

La situación del bono no define por sí sola el pago del lunes, pero forma parte del marco que observan los analistas. Las necesidades de financiamiento previstas para este año y el próximo incluyen vencimientos externos, depósitos del Tesoro y acceso a mecanismos alternativos de obtención de divisas.

Alejandro Giacoia, economista de EconViews, señaló que el Gobierno planteó el uso del swap con China como una herramienta para reemplazar los recursos que no consiga por emisiones de deuda. Esa posibilidad se vincula con los USD 5.000 millones que el programa financiero proyecta obtener durante el año próximo.

“El Gobierno dice que eso lo puede reemplazar usando el swap con China”, indicó Giacoia. Su referencia ubicó el mecanismo como una alternativa ante la dificultad para colocar deuda en el mercado local con un bono denominado en dólares.

Cappella expresó una evaluación similar: “Podría usar el swap de China para cubrir esos USD 5.000 millones que faltan cubrir”. El uso de ese instrumento permitiría atender parte de las necesidades previstas sin recurrir a una emisión local de deuda en moneda extranjera.

Giacoia también mencionó una segunda posibilidad para completar el programa financiero: que el Tesoro compre más reservas al Banco Central. “Si no, una alternativa va a ser que tenga que comprarle más reservas al Banco Central”, explicó. El mecanismo tendría un efecto directo sobre la necesidad de acumulación de divisas: “Eso obligaría a que el Banco Central compre más dólares en el mercado para poder vendérselos al Tesoro y, a su vez, acumular reservas”, afirmó.

El desembolso pendiente

El martes, el FMI informó que se logró una acuerdo a nivel del personal del organismo y el Gobierno respecto a la tercera revisión del acuerdo. Lo que resulta un paso fundamental para destrabar el desembolso pendiente por USD 900 millones. Sin embargo, el mismo depende del tratamiento en el directorio y eso se preve que suceda en diciembre.

“El personal técnico del FMI valora positivamente el diálogo sólido y constructivo con las autoridades, así como su compromiso constante con la aplicación de políticas disciplinadas y de reformas orientadas al mercado en el marco del programa. Una vez cumplidos los pasos restantes acordados, se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre”, concluyeron en el comunicado del organismo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó en su reciente visita a Panamá, a mediados de octubre, la resiliencia del sistema bancario panameño y los avances alcanzados en materia de capital y supervisión.

Subrayó la importancia de continuar fortaleciendo la gestión de riesgos, el marco de resolución bancaria y la integridad financiera.

El sistema bancario, dijo, continúa estando bien capitalizado y es rentable, y los riesgos sistémicos están contenidos.

Para reforzar la resiliencia, el organismo de crédito internacional aduce que sería necesario mantener una vigilancia constante de la liquidez y las exposiciones sectoriales, seguir aplicando las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero de 2023 y fortalecer los mecanismos de gestión de crisis.

Agregó que los bancos cuentan con una sólida capitalización y son rentables, la cartera vencida se mantiene bajo control y las pruebas de tensión realizadas por los supervisores muestran resiliencia ante escenarios adversos plausibles.

No obstante, manifestó que sigue siendo necesario mantener una vigilancia supervisora constante, en particular en lo que respecta a las exposiciones a los sectores de la construcción, los inmuebles comerciales, la vivienda preferencial y los créditos de consumo, así como a las prácticas de constitución de provisiones y al reducido número de bancos que requieren una supervisión más estrecha.

Si bien los bancos se benefician de una base de depósitos generalmente estable y mantienen holgados colchones de activos líquidos, el FMI puntualiza que estos han disminuido con respecto a los niveles máximos registrados anteriormente.

Afirma que la gestión de la liquidez por parte de los bancos debe seguir siendo la primera línea de defensa frente a los riesgos de liquidez, y estar respaldada por colchones adecuados, fuentes de financiamiento diversificadas y planes de financiamiento de contingencia creíbles.

De acuerdo con el organismo, los requerimientos de supervisión deben ofrecer fuertes incentivos para que los bancos tengan plenamente en cuenta el riesgo de liquidez, incluso a nivel consolidado.

A agosto de este año los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron $120,889.1 millones, con un crecimiento interanual de 6.83%, equivalente a $7,731.0 millones adicionales respecto a agosto de 2025.

Por componente, los depósitos externos aumentaron 9.87%, hasta alcanzar $50,548.2 millones, mientras que los depósitos internos crecieron 4.75%, hasta $70,340.9 millones.

El mayor dinamismo del componente externo elevó su participación dentro de las captaciones de 40.7% a 41.8%.

Las cifras indican que la cartera de crédito neta alcanzó $104,468.3 millones, con un crecimiento interanual de 4.87%, equivalente a $4,855.3 millones.

Por su parte, la cartera interna se ubicó en $64,250.5 millones, con un incremento de 2.26%, mientras que la cartera externa alcanzó $40,217.7 millones, con un crecimiento de 9.33%.

Mientras, los nuevos créditos otorgados alcanzaron $17,855 millones, con un incremento de aproximadamente 4% frente al mismo período de 2025.

Solo en agosto, indican las estadísticas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), los nuevos créditos sumaron $2,497 millones, un aumento de 26% respecto a agosto del año anterior.

La SBP informó que la serie de reuniones de trabajo con la misión del FMI fueron desarrolladas en el marco de la Consulta del Artículo IV.

La Consulta del Artículo IV del FMI es el eje central de la supervisión económica que ejerce este organismo sobre sus países miembros y constituye, en el caso de Panamá, uno de los principales espacios de diálogo técnico entre las autoridades nacionales y la comunidad financiera internacional.

El encuentro tuvo como objetivo intercambiar análisis sobre la situación del sistema financiero panameño, los avances regulatorios y los principales desafíos que enfrenta el sector.

Panamá se define en buena medida por su Centro Bancario Internacional, un conglomerado de bancos locales e internacionales que operan bajo licencias generales e internacionales y que han convertido al país en un nodo financiero para Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con la Argentina para completar la tercera revisión del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado. El entendimiento aún requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo.

El organismo destacó el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas. Según el comunicado, el BCRA compró cerca de USD 16.000 millones en lo que va de 2026 y la revisión sería tratada a principios de diciembre.

“El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”, destacaron en el comunicado del organismo. En donde aseguran son el resultado de las prudentes políticas fiscales y monetaria que han permitido de la continuidad de la desinflación y la compra de reservas por parte del BCRA.

En el plano fiscal, el organismo que conduce Kristalina Georgieva, aseguró que el superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 seguirá siendo fundamental para el programa. Y que para 2027 se espera un esfuerzo similar como se refleja en el proyecto de presupuesto 2027 que envió el Gobierno al Congreso, siendo el cuarto año consecutivo de orden en las cuentas públicas. “La disciplina en el gasto y las reformas a los marcos tributario y fiscal impulsarán aún más los esfuerzos de consolidación, al tiempo que se protege el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales”, agregaron.

Con respecto a la política monetaria, se destacó que el BCRA seguirá fijando objetivos para los agregados monetarios, los cuales se calibrarán cuidadosamente para apoyar la desinflación y la acumulación de reservas, preservando al mismo tiempo la flexibilidad del tipo de cambio dentro del sistema de bandas cambiarias. “Se continuarán los esfuerzos para fortalecer las operaciones de liquidez, mejorar la transmisión de la política monetaria y respaldar la continua monetización de la economía y una expansión prudente del crédito”, afimaron.

Compra de reservas

A nivel de reservas internacionales del BCRA, el FMI sostuvo que para fortalecer la resiliencia, la entidad que conduce Santiago Bausili va a seguir comprando. Lo que se complementará con la implementación sostenida de la estrategia de financiamiento en divisas de las autoridades, que continuará movilizando financiamiento de los mercados de capitales nacionales, socios oficiales y los ingresos por privatizaciones.

La compra de reservas fue uno de los puntos de discusión cuando los técnicos del FMI visitaron Argentina a fines de septiembre. Luego de que el BCRA cumplió con la meta informal de compra de USD 10.000 millones que se fijó para 2026, la discusión estaba en si debía continuar o si de debía aflojar para reactivar el crédito (como marca Ricardo Arriazu). La aceleración en las compras en octubre (más de USD 1.200 millones contra los USD 473 de septiembre) adelantó cuál fue la sentencia en esa discusión. Sin embargo, en las últimas dos jornadas se cortó la racha de compra.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó durante su presentación en el CFO Summit 2026 que se mantenerse el ritmo de compra de reservas internacionales para fin de 2026 las adquisiciones por parte de la entidad podrían llegar a cerca de 20.000 millones de dólares.

“Las autoridades acordaron mantener la disposición para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan y activar líneas de crédito contingentes según sea necesario”, marcaron en el FMI. Nuevamente, el organismo internacional le señalo al equipo económico que el objetivo final tiene que ser volver a salir al mercado internacional. Una posibilidad que hoy es más complicada -con un riesgo país por arriba de los 750 puntos básicos (p.b.)- en comparación con julio cuando estaba en 400 p.b..

También en el organismo apuntan a que el Gobierno le de prioridad a la profundización de los mercados de capitales nacionales, la ampliación del acceso a financiación a largo plazo, la facilitación de la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI y el impulso de las concesiones de infraestructura recientemente adjudicadas. Junto con las reformas laborales y de mercado implementadas a principios de este año.

Desembolso pendiente

La aprobación de la tercera revisión del acuerdo a nivel del personal del FMI resulta un paso fundamental, ahora solo resta que el directorio del organismo internacional lo trate. Una vez que ello suceda se va a destrabar el desembolso pendiente por USD 900 millones (600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG)). La cual no va que suceder antes del próximo lunes 1° de noviembre cuando el Gobierno tiene que enfrentar un vencimiento por USD 800 millones en concepto de intereses con el organismo internacional.

“El personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con políticas disciplinadas y reformas orientadas al mercado en el marco del programa. Una vez concluidas las medidas acordadas restantes, se prevé que la tercera revisión se presente al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración a principios de diciembre”, conclyeron en el comunicado.

Luego del paso de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compra de reservas internacionales en octubre. Pero el cambio en el comportamiento de la entidad que conduce Santiago Bausili no se refleja en las reservas netas, donde el Gobierno debe cumplir una meta con el organismo internacional a fin de año. Y el motivo se relaciona con una debilidad del programa financiero.

La aceleración de las compras se produjo después de varios meses de menor ritmo. El BCRA adquirió USD 2.162 millones en julio, una cifra que bajó a USD 768 millones en agosto y a USD 473 millones en septiembre. Pero en lo que va de octubre, la entidad ya compró más de 1.200 millones de dólares. Ese volumen superó más de dos veces el monto comprado durante todo septiembre.

Sin embargo, el dato de compras marca una diferencia con la evolución de las reservas netas. Estas acumularon USD 8.800 millones al 16 de octubre según Eco Go, una cifra inferior al total de dólares adquiridos por la autoridad monetaria en lo que va del año (más de USD 15.000 millones).

“Sin acceso al mercado de dólares desde mediados de agosto, la compra de dólares del BCRA dejó de verse reflejada en un aumento en las reservas netas, que siguen acumulando USD 8.800 millones frente a compras que ya suman USD 15.495 millones desde que arrancó el año”, destacaron en Eco Go.

En la consultora que conduce Marina Dal Poggetto identifican la falta de participación en el mercado de capitales local -como pretendía el Gobierno en el programa financiero 2026/2027- como la causa que impide que la compra de reservas internacionales se traduzca en acumulación por parte del BCRA.

El impacto de la suspensión del A029

A mediados de agosto, el equipo económico suspendió las colocaciones del Bonar 2029, conocido como AO29, ante un contexto internacional de suba de tasas. Esa medida abrió dudas sobre el programa financiero 2026/2027 que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las emisiones del AO29 representaban los últimos USD 2.000 millones que el Tesoro buscaba conseguir este año en el mercado de capitales local. La suspensión dejó pendiente ese tramo de financiamiento y concentró la atención sobre las necesidades de recursos previstas para los próximos meses.

El Bonar 2029 formaba parte de la estrategia de financiamiento del Tesoro para este año. La decisión de interrumpir sus colocaciones, para no convalidar tasas altas, impacto sobre la acumulación de reservas por parte del BCRA.

El Tesoro necesitaba además colocar USD 800 millones para completar el excedente de caja proyectado para este año. Fuentes internas del Ministerio de Economía señalaron que la falta de esos fondos no modifica por sí sola el esquema financiero previsto para 2026.

La explicación oficial incluyó la posibilidad de prescindir de ese monto si las condiciones de mercado no resultan convenientes. La evaluación quedó asociada al nivel de tasas y a una eventual baja que permita retomar las licitaciones del AO29.

“En 2026 faltarían colocar USD 800 millones para llegar al sobrante de caja proyectado. Pero si no lo hacemos, no hay problema”, afirmó una fuente del equipo económico ante una consulta de Infobae. Es que en el programa financiero de 2026 se contemplaba conformar un buffer de USD 3.700 millones para el próximo año.

La definición sobre los USD 800 millones se relaciona con el excedente de caja que el Tesoro proyectó para el año. El equipo económico consideró que esos fondos no resultan indispensables si el mercado no ofrece condiciones adecuadas para concretar nuevas emisiones.

La medida también abrió interrogantes sobre el esquema de financiamiento para 2027. El programa del Ministerio de Economía contempla la obtención de USD 5.000 millones el año próximo, pese a que será un año electoral. La posibilidad de volver a colocar deuda depende de las condiciones disponibles en el mercado.

La meta con el FMI

Si bien el BCRA ya cumplió con la meta de compra de reservas internacionales de este año de USD 10.000 millones, la que en verdad importa es la de acumulación. A fin de año, el Gobierno acordó con el FMI que las reservas internacionales netas se tiene que ubicar en -4.100 millones de dólares.

Y pese a que la aceleración en las compras del BCRA no se reflejan en las netas, el BCRA ya se encuentra muy cerca de alcanzar ese nivel. Al 16 de octubre, las reservas internacionales están en USD -3.974 millones. Que se cumpla o no con la meta estará condicionada a la dependencia que tenga el Tesoro a la entidad para afrontar los vencimientos en moneda extranjera en últimos dos meses del año.

Aún resta que impacte el desembolso de USD 1.000 millones sujeto a la tercera revisión del acuerdo con el FMI. Es que si bien finalizó la misión en el país y el ministro Caputo y la titular del organismo, Kristalina Georgieva, se reunieron en Bangkok, Tailandia, en el marco de las asambleas anuales del FMI y el Banco Mundial, no hubo novedades respecto a su aprobación.

Próximo a cumplirse el tercer año de gobierno de Javier Milei, los economistas y analistas de bancos internacionales se preguntan y algunos afirman “el plan económico está agotado”, porque advierten no solo puntos de resistencia en el ritmo de desaceleración de la inflación, sino también porque observan que se profundiza la brecha entre los sectores más dinámicos de la actividad económica —energético, minero y agro— que contribuyen muy poco a la generación de empleos y están focalizados en las exportaciones, y los que se contraen porque dependen de un mercado interno debilitado en su poder de compra para consumos cotidianos, excluidos los servicios básicos de luz, gas, agua y transporte, principalmente.

Para que dé su visión de la coyuntura económica y expectativas para el corto plazo, Infobae entrevistó a Camilo Tiscornia, economista, máster en Economía por la UTDT, director de C&T Asesores Económicos, profesor de Economía Monetaria y de Economía Argentina en la UCA, y consultor de empresas y organismos internacionales.

— El FMI destacó en su último informe la resiliencia de la mayoría de las economías. ¿Argentina muestra esa resiliencia o predomina la impaciencia social por los resultados?

— La resiliencia a la que se refiere el FMI en su informe es la capacidad que viene mostrando la economía internacional frente al shock del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con la consiguiente suba del precio del petróleo, mayor inflación y una tendencia al alza de las tasas de interés.

“Argentina hoy está mucho más ordenada macroeconómicamente que en el pasado. Pero, además, y esto es crítico, porque ahora es un país exportador neto de energía”

Argentina también muestra una resiliencia importante en este contexto, probablemente mayor que la que hubiera podido mostrar ante un evento similar en el pasado. En primer lugar, porque hoy está mucho más ordenada macroeconómicamente que en el pasado. Pero, además, y esto es crítico, porque ahora es un país exportador neto de energía, por lo que un petróleo más caro la favorece.

— El PBI cayó 2,9% en julio frente a junio, pero hay datos preliminares de recuperación en agosto y septiembre, y el REM proyecta un repunte en el último trimestre. Aun así, algunos analistas hablan de “recesión técnica” o de un “modelo agotado” ¿Coincide con ese diagnóstico?

— Efectivamente, la caída de julio va a hacer que Argentina acumule dos trimestres consecutivos de baja del PBI, con lo cual técnicamente entraría en recesión. Pero también se observa una recuperación a partir de agosto que, aunque tenue, nuestro indicador de nowcasting estima que se consolidará en septiembre y muy probablemente en octubre.

Eso dejaría el dato de julio como algo puntual. Las dos caídas trimestrales consecutivas serían más bien producto de ese mes que de una tendencia de fondo de la actividad. Dicho esto, a la actividad económica indudablemente le falta más dinamismo.

— ¿La desinflación llegó a un punto de resistencia, o los últimos datos responden a factores puntuales como el petróleo, las tarifas y la estacionalidad?

— En los países que deciden no fijar el tipo de cambio, los procesos de desinflación son más lentos, y ese es el caso de Argentina. De todos modos, sostener el equilibrio fiscal y el control monetario es la garantía de que la inflación va a seguir bajando, aunque el ritmo pueda ser lento.

“En los países que deciden no fijar el tipo de cambio, los procesos de desinflación son más lentos, y ese es el caso de Argentina”

En 2026 el proceso se vio interrumpido por la suba del precio internacional del petróleo, que impactó especialmente en la inflación de marzo y abril, y luego por el alza de otras materias primas en los meses siguientes.

Por eso es probable que este año la inflación cierre algo por debajo de la de 2025, pero no tanto como podría haberlo hecho sin ese shock internacional.

— A un año de las elecciones presidenciales de 2027, ¿hoy pesa más la política que la economía en la decisión del votante, o es una lectura exagerada de encuestas que ya fallaron antes?

— Por ahora, al votante promedio no le preocupan tanto las elecciones. Le preocupan mucho más la evolución de su salario real y del empleo, variables que han tenido un desempeño algo flojo en los últimos meses.

Eso, a su vez, alimentó entre los inversores el temor de que el presidente Milei no sea reelecto. En ese caso, la alternativa que hoy aparece como más probable es una vuelta al pasado, con todo lo que eso implica.

Esa incertidumbre frena a los inversores y termina complicando la actividad en el corto plazo, lo que golpea a su vez la situación de las familias. Se arma así un círculo vicioso.

— En una economía libre, sin discrecionalidad, se puede hacer política de ingresos?

— En países que acumulan mucho tiempo en un régimen de alta inflación, la indexación es una práctica habitual que complica significativamente la reducción de la inflación cuando se implementa un plan de estabilización, incluso cuando ese plan hace los deberes fiscales y monetarios. La persistencia de esas prácticas una vez iniciado ese plan, en parte, es reflejo de desconfianza e incertidumbre acerca de si el plan perdurará en el tiempo, y atenta contra el éxito mismo del plan.

Por eso, soluciones extremas, como la convertibilidad suelen dar resultados más veloces para bajar la inflación, ya que resuelven mejor esa desconfianza. Una alternativa es que el plan incorpore elementos heterodoxos, como fijación de precios o acuerdos para los mismos, algo que se vio en diversos planes de estabilización.

El proceso de baja de la inflación que eligió el Gobierno es más lento que otros planes de estabilización, y eso obliga a más dureza fiscal y monetaria para convencer de que se está en un régimen nuevo

En el caso particular argentino, el Gobierno no optó por ninguna de las dos alternativas y personalmente creo que fue adecuado: no creo que haya que ir a un régimen cambiario extremo y, dado el contexto del que veníamos, en que los controles de precios eran la norma, introducir componentes heterodoxos hubiera ido en contra de la impronta que el gobierno quiso darle a su gestión. Pero, lamentablemente, esto hace que el proceso de baja de la inflación sea más lento, y obliga al Gobierno a más dureza fiscal y monetaria para convencer de que se está en un régimen nuevo, con un potencial costo en materia de actividad económica.

— ¿Cuál es hoy el principal riesgo que podría descarrilar el programa económico: el frente externo, el político o el fiscal?

— El mayor riesgo es el político, y de él se derivan las demás consecuencias. La incertidumbre política complica el escenario financiero: eleva el índice de riesgo país y eso complica el financiamiento del gobierno el año que viene, lo que a su vez es un riesgo en sí mismo que realimenta la suba del riesgo país.

Al mismo tiempo, como mencioné antes, esa incertidumbre hoy condiciona la actividad y perjudica la percepción de las familias, lo que genera más dudas sobre el rumbo político después de las elecciones del año que viene.

— ¿El salario real ya recuperó lo perdido en la devaluación de 2023, o todavía falta camino?

— El salario real, y en general los ingresos de las familias, incluso el ingreso disponible después de los gastos fijos, se encuentran hoy en niveles superiores a los de la mayor parte del gobierno anterior.

Hubo una caída inicial por los ajustes que el Gobierno actual tuvo que hacer para sincerar precios que la administración anterior había mantenido pisados, lo que generó una pérdida de poder adquisitivo. Pero después hubo una recuperación muy fuerte, sobre todo durante 2024.

“Los datos de agosto y septiembre comienzan a mostrar una incipiente mejora, tanto por aceleración de ingresos como por una moderación de los precios”

En 2026 se observó una tendencia a la baja, sobre todo en la primera parte del año, por subas de precios muy ligadas a la canasta básica, en particular la carne. Los datos de agosto y septiembre comienzan a mostrar una incipiente mejora, tanto por aceleración de ingresos como por una moderación de los precios.

— ¿Ve un cierre de empresas por millares, como advierten las cámaras empresariales, o se trata más bien de atrasos en el pago de aportes y contribuciones a la Anses?

— No es de extrañar que en un proceso de cambio tan importante como el actual haya cierres de empresas. Tal vez las estadísticas sean poco representativas de la realidad. Tampoco puede descartarse un movimiento hacia una mayor informalidad.

— El BCRA alterna meses de baja compra de dólares, que alimentan la idea de un “modelo agotado”, con meses de mayor acumulación. Pero los mercados dudan del “poder de fuego” para enfrentar una corrida como la de 2025. ¿Cuál es su lectura?

— Para que el Banco Central pueda sostener la compra de reservas, la clave es que haya un buen ingreso de dólares. Los notables datos de comercio exterior, gracias a los elevados precios internacionales, la cosecha récord y el nuevo perfil exportador de energía y minería del país, son lo que permite que ese proceso continúe. Pero la oferta fluctúa y, lógicamente, el Banco Central adapta sus compras a ello, buscando además que la emisión que genera al comprar las divisas se ajuste a la demanda de dinero.

“Los notables datos de comercio exterior, gracias a los elevados precios internacionales, la cosecha récord y el nuevo perfil exportador de energía y minería del país, son lo que permite que el proceso de compra de dólares continúe”

Que eso alcance para evitar tensiones financieras el año que viene es otra cuestión. La fuga de capitales ante un pico de incertidumbre política puede ser realmente muy grande (el año pasado rondó el equivalente a USD 35.000 millones), lo que demuestra una vez más el peso que tiene esa incertidumbre.

De todos modos, el Gobierno ya aclaró que, más allá de las mayores reservas del Banco Central, cuenta con otras fuentes de financiamiento en dólares para enfrentar una eventual suba de la demanda de divisas cerca de las elecciones.

— La directora gerente del FMI dijo que Argentina podría cancelar anticipadamente el préstamo de Facilidades Extendidas, y el ministro Luis Caputo le dijo que “se va a sorprender”. ¿Es un exceso de optimismo del organismo y de Economía que los mercados no comparten?

— Hoy, pensar en cancelar anticipadamente el acuerdo con el FMI luce excesivamente optimista. Pero si la incertidumbre política se reduce, no es improbable que Argentina pueda volver a los mercados. En la medida en que se mantenga el rumbo de orden fiscal y monetario, y no se vuelva a las políticas que tanto daño macroeconómico le causaron al país, el acceso a los mercados va a llegar y eventualmente cancelar la deuda con el FMI podría ser una opción.

— Las finanzas públicas muestran superávit financiero mes a mes, la inflación interanual sigue en baja y la actividad parece dejar atrás el riesgo de recesión. ¿Por qué entonces el índice de riesgo país sube a un ritmo mayor que el de los países vecinos?

— En las últimas proyecciones del FMI, Argentina es de los pocos países que en los próximos cinco años mantendría el equilibrio fiscal, o incluso un leve superávit. Y cuando se analizan las proyecciones de deuda pública sobre PBI, es también de los pocos donde esa relación tiende a bajar. Eso habla de una solidez fiscal que no se condice con la suba del riesgo país.

Esa suba obedece claramente a un factor que va más allá del resultado actual de las cuentas públicas: el riesgo político, es decir, la posibilidad de que un cambio de rumbo termine en un nuevo incumplimiento de los compromisos de deuda.

— Si tuviera que poner una fecha, ¿Cuándo cree que Argentina podría salir por completo del cepo cambiario?

— Creo que Argentina podría haber salido del cepo este mismo año; el orden fiscal y monetario y el buen ingreso de divisas eran una gran oportunidad, pero es entendible que el Gobierno quiera enfrentar el año electoral con más herramientas de política a mano. Si Javier Milei es reelecto, creo que hay altas chances de que el cepo termine definitivamente en el nuevo período presidencial.

— ¿El Gobierno debería retomar su objetivo de campaña de avanzar hacia la dolarización, o hacia la institucionalidad de un sistema bimonetario?

— La dolarización siempre es un tema complejo. Tiene beneficios indudables en el corto plazo, como la virtual eliminación de la inflación y una rápida convergencia de las tasas de interés locales a las internacionales, que podrían favorecer una recuperación más rápida de la inversión y la actividad. Pero la experiencia de la convertibilidad muestra que, ante un deterioro del escenario internacional, esquemas cambiarios tan rígidos terminan provocando costos muy importantes en términos de actividad.

“La experiencia de la convertibilidad muestra que, ante un deterioro del escenario internacional, esquemas cambiarios tan rígidos, como una dolarización, terminan provocando costos muy importantes en términos de actividad”

Por eso considero que, en principio, Argentina no debería ir hacia una dolarización, sino intentar mantener su moneda. Creo que es posible si se persiste en el orden fiscal y monetario, pero eso requiere mucho tiempo y que el rumbo se sostenga a través de las alternancias del ciclo político. Ese es el desafío para un país que tantas veces incumplió sus reglas y cambió de rumbo.

Sin duda la dolarización sería un seguro frente a esa volatilidad, pero creo que a la larga terminaría generando costos. Por eso tenemos que persistir en el camino actual y lograr, como sociedad, sostenerlo más allá de las transiciones políticas.

Fotos: Maximiliano Luna

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) considera fundamental que Honduras mantenga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de los desafíos económicos y las reformas que enfrenta el país, especialmente en el sector energético.

Así lo expresó Manuel Hernández, directivo del Cohep, luego de una reunión con representantes del organismo internacional, en la que abordaron asuntos relacionados con la macroeconomía, el desarrollo económico y la participación de la empresa privada en el fortalecimiento de las finanzas nacionales.

Hernández explicó que durante el encuentro se discutieron temas estructurales de Honduras y las posibilidades de continuar trabajando de manera conjunta para que la revisión del programa económico concluya satisfactoriamente.

“Realmente se abordaron los temas estructurales del país, la macroeconomía, cómo el sector privado puede apoyar a la macroeconomía del país, cómo nosotros podemos seguir trabajando en conjunto para que esta revisión se lleve a feliz término”, manifestó.

El representante empresarial agregó que el sector privado proporcionó información al FMI sobre distintos aspectos de la economía hondureña.

Asimismo, consideró que las reuniones sostenidas por el organismo con el Gobierno también permitirán reunir elementos para elaborar su evaluación.

De acuerdo con Hernández, será el Fondo Monetario Internacional el encargado de analizar los insumos recibidos y emitir el informe correspondiente como parte del proceso de revisión.

Uno de los asuntos abordados durante la reunión fue la situación del subsector eléctrico, un área que el sector privado considera determinante para mejorar la competitividad y generar condiciones favorables para la inversión en Honduras.

Hernández señaló que perciben de manera positiva la postura del FMI sobre la reforma eléctrica, debido a que los cambios podrían contribuir a enfrentar los problemas que afectan al sistema energético nacional.

Entre los principales desafíos mencionó las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cuya reducción es considerada necesaria para mejorar el funcionamiento del sector.

El directivo sostuvo que las reformas deben contribuir no solo a detener el deterioro del sistema, sino también a garantizar el suministro de energía que necesitan las empresas para operar y expandir sus actividades.

“Ellos ven positiva la reforma, ven que puedan mediante esto poder llegar a detener ese problema drástico que tenemos en Honduras y que podamos no solo tener energía más barata, sino tener la energía que necesitamos y la potencia requerida para las empresas en el país”, explicó.

Para el sector privado, contar con un sistema eléctrico más eficiente representa una condición importante para atraer capital, reducir costos operativos y fortalecer las actividades productivas.

La expectativa es que las medidas que se adopten permitan avanzar en la solución de los problemas estructurales del sector y mejorar la disponibilidad del servicio para los consumidores y las empresas.

Hernández también insistió en la importancia de alcanzar resultados favorables en las negociaciones con el FMI, al considerar que la estabilidad económica y el cumplimiento de los compromisos internacionales pueden contribuir al desarrollo nacional.

Desde la perspectiva del Cohep, el desempeño económico del país debe entenderse como un objetivo compartido entre el Gobierno, la empresa privada y la población hondureña, independientemente de las autoridades que se encuentren al frente de la administración pública.

“Desde el punto de vista de la empresa privada esperamos que el éxito del Gobierno es el éxito de todos en nuestro país”, expresó el representante empresarial.

Asimismo, señaló que espera que las autoridades puedan impulsar medidas que permitan mejorar las condiciones económicas y abrir oportunidades para el crecimiento de Honduras.

“Si Honduras está bien, todos estamos bien”, concluyó Hernández.

Por primera vez en años, la Argentina encadena una secuencia de indicadores macroeconómicos que el Gobierno considera la base de un cambio de régimen económico: equilibrio fiscal, desaceleración de la inflación, recuperación de la actividad y apertura de la economía con conquista de mercados para el agro y su industria, la minería y el sector energético.

Sin embargo, una mirada de largo plazo sobre los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que la estabilización impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, todavía no alcanza para revertir algunas de las tendencias más persistentes del deterioro relativo argentino desde el retorno de la democracia en 1983.

Las últimas estimaciones del World Economic Outlook (WEO) del FMI muestran que la Argentina continúa lejos de recuperar la participación que supo tener en el Producto Bruto Interno (PBI) mundial, mantiene una posición relativamente más débil frente a un número creciente de países y sigue rezagada respecto de economías que décadas atrás enfrentaron crisis severas, pero lograron transformarlas en plataformas de crecimiento sostenido.

El contraste es especialmente visible cuando se compara la trayectoria argentina con la de Israel, Corea del Sur, Irlanda, Chile y Uruguay, cinco países que atravesaron procesos de estabilización exitosos y que hoy exhiben niveles de ingreso por habitante significativamente superiores.

Menor peso en la economía mundial

Los cuadros elaborados sobre la base del WEO muestran que la participación argentina en el producto mundial se redujo de manera significativa desde el inicio de la etapa democrática.

El desempeño no fue suficiente para acompañar la velocidad de expansión registrada por buena parte de las economías emergentes y desarrolladas

Aunque la economía argentina atravesó períodos de recuperación y expansión, en especial durante algunos años de la década de 1990 y del ciclo de crecimiento posterior a la crisis de 2001, el desempeño no fue suficiente para acompañar la velocidad de expansión registrada por buena parte de las economías emergentes y desarrolladas.

El fenómeno aparece tanto en las mediciones de PBI a precios corrientes como en las estimaciones ajustadas por paridad de poder adquisitivo (PPP), un indicador que permite comparar el tamaño real de las economías corrigiendo las diferencias de precios entre países.

En otras palabras, la Argentina puede crecer durante algunos años y recuperar parte del terreno perdido tras una crisis, pero aun así seguir perdiendo participación relativa si el resto del mundo crece más rápido. Esa es precisamente la fotografía que surge de los últimos datos del FMI.

Cada vez menos países por detrás

La pérdida de posiciones también se observa cuando se analiza el ingreso por habitante.

Al regreso de la democracia, en 1983, la Argentina se ubicaba entre las economías de mayores ingresos del mundo emergente y superaba ampliamente el promedio global tanto en dólares corrientes como medida en paridad de poder adquisitivo.

Al regreso de la democracia, en 1983, la Argentina se ubicaba entre las economías de mayores ingresos del mundo emergente y superaba ampliamente el promedio global

Durante las cuatro décadas siguientes, sin embargo, numerosos países de Asia, Europa del Este y América Latina crecieron más rápido y de manera más sostenida. Como consecuencia, fue disminuyendo la cantidad de países respecto de los cuales la Argentina mantiene una relación superior a uno en términos de ingreso por habitante.

La tendencia no implica necesariamente un empobrecimiento absoluto de la población argentina en todos los períodos. Lo que refleja es un deterioro relativo: otros países avanzaron más rápido y lograron cerrar o revertir las diferencias que existían a comienzos de la década de 1980.

El espejo de los países que sí lograron estabilizar y converger

La experiencia internacional muestra que derrotar la inflación y ordenar las cuentas públicas suele ser una condición necesaria para crecer, pero rara vez resulta suficiente por sí sola.

La experiencia internacional muestra que derrotar la inflación y ordenar las cuentas públicas suele ser una condición necesaria para crecer, pero rara vez resulta suficiente

Los casos de Israel, Corea del Sur, Irlanda, Chile y Uruguay ofrecen ejemplos distintos de cómo procesos de estabilización exitosos terminaron transformándose en largos ciclos de convergencia económica.

Israel: del combate a la hiperinflación a la economía de la innovación

Israel enfrentó a mediados de los años ochenta una crisis inflacionaria que llegó a niveles cercanos a la hiperinflación. El programa de estabilización lanzado en 1985 combinó ajuste fiscal, disciplina monetaria y acuerdos de precios y salarios. Diversos análisis del FMI, el Banco Mundial y agencias internacionales consideran aquel plan como uno de los casos más exitosos de estabilización de las últimas décadas.

La inflación cayó drásticamente, pero el verdadero salto se produjo después, cuando el país consolidó un ecosistema de innovación tecnológica, investigación científica y capital emprendedor que impulsó el crecimiento durante más de treinta años.

La comparación con la Argentina muestra que la estabilización fue solo el punto de partida de un proceso mucho más largo.

Corea del Sur: la transformación más contundente

Pocas historias económicas resultan tan ilustrativas como la de Corea del Sur. Cuando la Argentina recuperó la democracia, el ingreso por habitante argentino superaba ampliamente al coreano. Cuatro décadas después, la relación se invirtió por completo.

La explicación excede cualquier programa económico puntual. Corea sostuvo durante décadas una estrategia basada en educación, industrialización, exportaciones, innovación tecnológica y elevados niveles de inversión.

Corea sostuvo durante décadas una estrategia basada en educación, industrialización, exportaciones, innovación tecnológica y elevados niveles de inversión

Lo relevante para el debate argentino es la consistencia temporal: los resultados no fueron visibles en dos o tres años, sino después de varias décadas de acumulación de capital físico e institucional.

Irlanda: ajuste, apertura e inversión

El denominado “milagro irlandés” suele aparecer en los estudios del FMI y de organismos multilaterales como uno de los mayores procesos de convergencia registrados dentro del mundo desarrollado.

Tras una profunda consolidación fiscal a fines de los años ochenta, Irlanda complementó el orden macroeconómico con una fuerte apertura a la inversión extranjera, integración europea y políticas orientadas a sectores de alta productividad.

Irlanda complementó el orden macroeconómico con una fuerte apertura a la inversión extranjera, integración europea y políticas orientadas a sectores de alta productividad

La experiencia irlandesa ofrece una enseñanza relevante para la Argentina actual: el ajuste fue una condición inicial, pero el diferencial provino de la capacidad para atraer inversión y aumentar la productividad durante décadas.

Chile: continuidad más allá de los gobiernos

El país trasandino constituye probablemente el caso latinoamericano más citado cuando se analizan procesos exitosos de estabilización y crecimiento. Más allá de los cambios políticos ocurridos desde el retorno democrático, Chile mantuvo reglas macroeconómicas relativamente previsibles, disciplina fiscal, apertura comercial y una política monetaria orientada a preservar la estabilidad.

Chile mantuvo reglas macroeconómicas relativamente previsibles, disciplina fiscal, apertura comercial y una política monetaria orientada a preservar la estabilidad

La consecuencia fue una mejora gradual del ingreso por habitante que terminó permitiendo alcanzar y, posteriormente, superar los niveles argentinos.

La principal diferencia no estuvo tanto en la magnitud de algunos años de crecimiento, sino en la persistencia de las políticas a lo largo de varias décadas.

Uruguay: la comparación más incómoda

Si Corea del Sur o Irlanda pueden parecer casos lejanos, Uruguay representa una comparación mucho más difícil de ignorar. Con una estructura productiva, una geografía y una inserción regional comparables, el país vecino logró construir durante las últimas dos décadas un marco de estabilidad macroeconómica e institucional que redujo notablemente la volatilidad económica.

Uruguay logró construir durante las últimas dos décadas un marco de estabilidad macroeconómica e institucional

La previsibilidad de las reglas de juego, la solidez financiera y la continuidad de ciertas políticas de Estado permitieron que una economía históricamente más pequeña convergiera hasta igualar e incluso superar a la Argentina en diversos indicadores de ingreso por habitante.

El desafío que enfrenta La Libertad Avanza

La principal conclusión que surge de la comparación internacional de la generación de ingreso total y por habitante es que los programas exitosos de estabilización requieren tiempo. Ni Israel, ni Chile, ni Irlanda, ni Corea del Sur, ni Uruguay modificaron su posición relativa en la economía mundial en uno o dos años.

En todos los casos, la estabilización inicial fue seguida por largos períodos de inversión, aumento de la productividad, acumulación de capital y fortalecimiento institucional.

En todos los casos, la estabilización inicial fue seguida por largos períodos de inversión, aumento de la productividad, acumulación de capital y fortalecimiento institucional

La administración de Javier Milei sostiene que el equilibrio fiscal, la desregulación económica y la apertura de la economía constituyen el punto de partida de ese proceso.

Los datos más recientes del FMI muestran que la estabilización avanzó con mayor velocidad que la observada en experiencias recientes de la Argentina. Pero también indican que aún es prematuro afirmar que el país haya comenzado a revertir el deterioro relativo acumulado durante más de cuatro décadas en comparación con el resto del mundo.

La fotografía actual exhibe una economía más ordenada que la heredada por el actual gobierno. La incógnita que permanece abierta es si ese orden macroeconómico será suficiente para recuperar participación en la economía mundial, volver a escalar posiciones en el ranking de ingreso por habitante y cerrar la brecha que hoy separa a la Argentina de aquellos países que lograron convertir la estabilización en desarrollo sostenido.

El fortalecimiento del sistema de justicia hondureño formó parte de la agenda de conversaciones entre representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autoridades del Poder Judicial, en momentos en que Honduras busca avanzar en sus compromisos con el organismo financiero para acceder a nuevos desembolsos.

La reunión fue encabezada por el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo Paredes, quien recibió a una misión del FMI para intercambiar información sobre los desafíos institucionales y los proyectos orientados a mejorar el funcionamiento de la justicia en Honduras.

De acuerdo con la información divulgada por el Poder Judicial, durante el encuentro se abordaron distintos asuntos de interés nacional, incluidos temas relacionados con la seguridad y las iniciativas que impulsa la institución para fortalecer sus servicios.

La delegación internacional estuvo integrada por Emilio Fernández Corugedo, jefe de la misión; Fabiano Rodrigues Bastos, representante residente; Joaquín Gadea, del Departamento Legal del FMI, y Francia Rivera, asesora de la directora ejecutiva del organismo. También participaron otros funcionarios del Gobierno hondureño.

Durante la reunión, Vallecillo expuso los principales retos que enfrenta el Poder Judicial y las iniciativas que se encuentran entre sus prioridades para mejorar la atención a los ciudadanos y ampliar el acceso a los servicios de justicia.

Entre los temas presentados figuraron la digitalización de los procesos judiciales, la reducción de la mora y la ampliación de los servicios institucionales a diferentes regiones del territorio nacional.

La mora judicial constituye uno de los desafíos del sistema de justicia, debido a la acumulación de expedientes y los tiempos que pueden transcurrir antes de que los casos reciban una resolución definitiva.

La modernización tecnológica busca contribuir a una gestión más eficiente de los procedimientos, mientras que la expansión de los servicios pretende facilitar el acceso de la población a las instituciones judiciales.

Según el comunicado oficial, la misión del FMI manifestó interés en acompañar los asuntos relacionados con la justicia en Honduras, aunque no se detallaron compromisos financieros específicos ni acuerdos concretos derivados de la reunión.

El encuentro se produce en un momento en que el país mantiene conversaciones con el organismo internacional sobre sus compromisos económicos y las medidas necesarias para continuar con el programa vigente.

El Gobierno hondureño espera avanzar en la sexta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un proceso que resulta relevante para el seguimiento de los compromisos asumidos por el país y la posibilidad de acceder a recursos asociados al programa.

Las revisiones permiten al organismo evaluar el cumplimiento de las metas y los compromisos establecidos con las autoridades nacionales. La aprobación de una evaluación puede facilitar los desembolsos previstos, de acuerdo con las condiciones contempladas en el acuerdo.

Sin embargo, la reunión entre la misión del FMI y el Poder Judicial no implica, por sí misma, que la sexta revisión haya sido aprobada ni que se hayan autorizado nuevos fondos.

La visita permitió a los representantes internacionales conocer los proyectos y las dificultades que enfrenta una de las instituciones fundamentales del Estado hondureño, especialmente en materia de modernización, eficiencia y cobertura de los servicios.

Por ahora, el Poder Judicial destacó el intercambio de información y el interés manifestado por la misión internacional en acompañar los temas de justicia. No se anunciaron fechas para nuevos encuentros ni medidas específicas derivadas de las conversaciones.

La Argentina crecerá un 1,9% en 2026 y un 3% en 2027, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La proyección difundida hoy muestra una fuerte corrección a la baja por parte de la entidad con respecto a su último informe, publicado en agosto pasado, en el que esperaba una suba para el Producto Bruto Interno (PBI) argentino del 3,3% para este año y del 3,4% para el próximo.

Dos semanas atrás, durante su reunión anual celebrada en Tailandia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también había modificado a la baja la previsión de crecimiento para la Argentina. El fondo proyectó que la economía crecerá 2,1% en 2026, frente al 3,5% previsto en abril y ratificado en julio, según la edición de octubre de las Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO).

En esa línea, la CEPAL también espera que la Argentina crezca menos que lo previsto este año. Y también lo hizo para la región, aunque en forma mucho más leve. De agosto a la fecha, redujo su estimación para el PBI de la región de 2,2% a 2%, “en un contexto internacional de elevada incertidumbre”. A la vez, mantuvo en 2,5% la proyección de crecimiento de América Latina para 2027.

Según el reciente informe “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”, la CEPAL consideró que “las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las rutas logísticas y la menor previsibilidad de la política comercial están reconfigurando el entorno en que operan las economías de la región” y, en ese plano, deben encontrarse las causas de una previsión más moderada de crecimiento.

En el caso particular de la Argentina, la CEPAL señaló en ese documento que “el ajuste macroeconómico y la recomposición de precios relativos continuaron moderando la absorción interna y las compras externas, al tiempo que mejoraron los incentivos a la producción exportadora”.

Empleo, inflación y crédito

El comunicado de la CEPAL señaló que los shocks externos afectan la demanda de los productos de la región y elevan los costos de producción e importación, sobre todo por el encarecimiento de la energía y los alimentos. Según el organismo, sus efectos no son uniformes en todos los países: “Mientras algunos exportadores de materias primas pueden beneficiarse de mayores precios, las economías importadoras enfrentan presiones sobre sus costos y sobre el poder adquisitivo de los hogares”.

Respecto del mercado laboral, la CEPAL indicó que en América Latina “el empleo continúa creciendo, aunque a un ritmo menor”. Esa desaceleración, añadió, limita la mejora de los ingresos y el consumo de los hogares, además de dificultar la reducción de las brechas laborales y de la informalidad. Para la entidad, “la menor creación de empleo constituye así un canal adicional de transmisión de la desaceleración de la demanda interna”.

El documento también advirtió que la inflación registra en la región “una leve tendencia al alza”, empujada por los mayores precios de la energía y los alimentos. Esas subas impactan sobre los costos de producción y transporte y afectan con mayor intensidad a los hogares que destinan una porción más alta de sus ingresos a bienes esenciales.

A ese escenario se suma la perspectiva de un financiamiento internacional más caro. La CEPAL mencionó el incremento de 25 puntos básicos que aplicó la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre, el primero en tres años, y las alzas de igual magnitud dispuestas por el Banco Central Europeo en junio y septiembre. “Estas alzas encarecen el costo de financiamiento de los gobiernos, empresas y consumidores, con efectos sobre el servicio de la deuda y la inversión”, planteó el organismo.

El impacto de El Niño en 2027

De cara a 2027, la CEPAL sostuvo que la recuperación prevista estará sujeta a la evolución de la demanda mundial, los precios de las materias primas y las condiciones financieras internacionales, además de los posibles efectos de El Niño. Ante el escenario de bajo crecimiento, el organismo volvió a pedir políticas de desarrollo productivo y estrategias de formalización que articulen medidas laborales, fiscales y financieras, con el objetivo de “fortalecer las capacidades productivas y promover empleos formales y de calidad”.

Las estimaciones de la CEPAL presentan una marcada dispersión entre subregiones. América del Sur crecería 2,1% este año y 2,4% en 2027, mientras que América Central avanzaría 1,7% y 2,8%, respectivamente. El documento precisó que el resultado centroamericano está influido por Cuba y Haití: sin esas dos economías, el promedio previsto subiría a 4,1% en 2026 y a 4,2% el año siguiente.

Para el Caribe, el informe prevé una expansión de 7,4% en 2026 y de 7% en 2027, con una incidencia decisiva de Guyana. Si se deja afuera a ese país, las tasas regionales bajarían a 1,2% y 1,9%, respectivamente.

Tras recortar su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) compartió sus estimaciones para todas las economías del continente americano. Con ese dato, es posible comparar cómo le irá a la Argentina este año frente a sus pares del continente.

La Argentina ocupará el puesto 23 entre las 36 economías de América en el ranking de crecimiento para 2026. El FMI estima que el Producto Bruto Interno (PBI) del país se expandirá 2,1% este año.

Al frente del ranking aparece Guyana, con un crecimiento previsto de 22,3%, muy por encima del resto y favorecido por el contexto internacional vinculado el comercio de petróleo. Le siguen Venezuela y Panamá, ambos con 5%; República Dominicana, con 4,6%; y Paraguay y El Salvador, con 4,5% cada uno. Guatemala y Surinam completan los ocho primeros puestos, con 4 por ciento de crecimiento de su PBI.

Entre los países que quedan por delante de la Argentina también figuran Estados Unidos y San Vicente y las Granadinas, con 2,3%, y Brasil y Colombia, con 2,2 por ciento. Perú (3%) y Ecuador (2,7%) también superan la proyección argentina.

Después de la Argentina aparecen países como México (1,5%) y Uruguay (1,3%). Más abajo quedan Canadá (1,1%), Chile (0,6%), Trinidad y Tobago (0,2%) y Jamaica (0%). El ranking lo cierran Puerto Rico, con -0,1%; Haití, con -1,7%; y Bolivia, con 3 por ciento negativo. En total, 22 economías tienen una proyección mayor a la de la Argentina y 13, una menor.

El último recorte del FMI

El lugar de Argentina en el ranking surge de la última edición de las Perspectivas de la Economía Mundial, difundida el lunes 12 de octubre durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, a las que asiste el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese documento, el FMI redujo a 2,1% su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026, frente al 3,5% que había previsto en abril y ratificado en julio. La baja es de 1,4 puntos porcentuales.

El ajuste profundiza una secuencia de correcciones. En octubre de 2025, el organismo había proyectado una expansión de 4% para este año, de modo que la cifra actual queda 1,9 puntos por debajo de la de hace un año. En paralelo, el Fondo elevó su estimación de inflación promedio anual para 2026 a 32,5%, frente al 30,4% de abril y al 16,4% de octubre de 2025.

El recorte no responde a una baja generalizada. El FMI mantuvo en 3,1% su previsión de crecimiento global para 2026 y subió a 3,4% la de 2027. En América Latina y el Caribe, conservó en 2,3% la proyección para este año, por lo que la Argentina quedó levemente por debajo del promedio regional. El país figura entre los casos con mayores revisiones negativas, junto con Chile, con un recorte de 1,8 puntos, y Uruguay, con 0,5 puntos. En cambio, el organismo elevó sus estimaciones para Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú.

La subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks, explicó en conferencia de prensa que el organismo prevé para la Argentina “una desaceleración del crecimiento, de 4,5% el año pasado a 2,1% este año”, seguida por “una recuperación a 3,5% en 2027”. Atribuyó la corrección a “la actividad más débil que ya hemos observado hasta el tercer trimestre de este año” y a “una demanda interna más moderada”, en un contexto de “condiciones financieras internas que aún son restrictivas”.

Koeva Brooks anticipó que el Fondo espera que la actividad “empiece a recuperarse en el último trimestre de este año” y que el avance “se fortalezca aún más en 2027 y 2028”. Entre los factores de esa mejora mencionó “términos de intercambio favorables”, una relajación de las condiciones financieras, un repunte de la inversión y “la fortaleza de las exportaciones de productos agrícolas y energía”.

Para 2027, el FMI proyecta un crecimiento de 3,5% y una inflación promedio de 21,2% en Argentina.

Las proyecciones de Milei

Las estimaciones del Fondo se conocen en paralelo a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el rumbo de la economía. En París, el mandatario aseguró que, para disfrutar “el mejor año de la historia económica” del país, los argentinos deberán esperar hasta 2028.

Milei también anticipó que, si obtiene la reelección, los siguientes cuatro años serán “inolvidables” para el país. Proyectó que las exportaciones lleguen a USD 200.000 millones en cuatro años, impulsadas por la producción de petróleo, gas, litio, cobre y oro. “Argentina va a empezar a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país”, sostuvo.

La polémica por el “no llegar a fin de mes”

En contraste directo con las proyecciones de crecimiento, en las últimos horas se gestó un debate por un estudio de la consultora Zentrix que planteó que miles de familias no llegan a fin de mes. Milei se refirió al tema el lunes, durante su participación en la conferencia Argentina Oil & Gas, en Neuquén. Allí calificó la frase “la gente no llega a fin de mes” como “una pelotudez del tamaño de una casa” y la vinculó con un discurso impulsado por el kirchnerismo.

Luego volvió sobre el asunto en una publicación en X, en la que cuestionó a quienes sostienen que parte de la población atraviesa dificultades para cubrir sus necesidades básicas. “¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber? Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente?”, escribió. Y agregó: “Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito”.

Sobre la mora, el Presidente sostuvo que “el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces”. Pidió a sus críticos que “traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito”. Y concluyó: “Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil”.

La compra de electrodomésticos en Nicaragua mostró variaciones durante los primeros ocho meses de 2026, según los registros de importación del Banco Central de Nicaragua (BCN). El valor total de las compras externas fue menor que en el mismo período de 2025, aunque el volumen de productos ingresados al país aumentó.

De acuerdo con Diario La Prensa, Nicaragua pagó USD 119.08 millones por la importación de electrodomésticos hasta agosto. En igual período de 2025, la factura había sido de USD 123.15 millones, una diferencia que coincidió con resultados distintos entre las categorías de productos incluidas en las estadísticas.

El volumen importado aumentó aunque bajó la factura total

Entre enero y agosto, Nicaragua importó 21,392.7 toneladas de electrodomésticos, frente a 20,214 toneladas en el mismo lapso del año anterior. La variación representó un crecimiento de 5.83% en el volumen de bienes adquiridos en el exterior.

Las compras de cocinas alcanzaron 5,560 toneladas, por las que el país pagó USD 12.22 millones. En el período comparable de 2025, la factura de este tipo de artículos había ascendido a USD 13.54 millones.

Las lavadoras reflejaron un comportamiento cercano a la estabilidad en el valor de las importaciones. Nicaragua adquirió 2,000 toneladas por USD 23.17 millones, mientras que un año antes la factura había sido de USD 23.05 millones.

El rubro de refrigeradoras, mantenedoras y congeladores tuvo un aumento en el valor de las compras. La importación de 5,366 toneladas costó USD 29.09 millones, frente a los USD 26.69 millones registrados en igual período del año previo.

Los televisores mostraron una reducción en la factura de importación. El ingreso de 2,777 toneladas de estos productos representó un gasto de USD 27.79 millones, por debajo de los USD 31.7 millones pagados entre enero y agosto de 2025.

Un economista vinculó la demanda con las remesas familiares

Un economista que solicitó no ser identificado por temor a represalias planteó a Diario La Prensa que las remesas familiares pueden influir en la demanda de bienes duraderos, entre ellos los electrodomésticos. Según explicó, parte del dinero enviado por migrantes desde Estados Unidos, España y otros países se utiliza para adquirir artículos destinados al hogar.

El especialista consideró que las deportaciones desde Estados Unidos podrían afectar el flujo de esos recursos o generar preocupación entre los hogares sobre la continuidad de los envíos. Bajo esa perspectiva, algunas familias podrían optar por postergar la compra de determinados productos.

“Las remesas juegan un papel clave en la demanda de bienes como estos”, afirmó el economista al diario. También señaló que, ante la posibilidad de que un familiar sea deportado, los hogares pueden concentrar sus recursos en alimentos o en mejoras de vivienda.

La explicación constituye una interpretación de la evolución de las importaciones y no una relación cuantificada por el BCN. Las estadísticas citadas muestran que la variación no fue uniforme: algunos productos tuvieron una reducción en la factura, mientras otros registraron un aumento.

El FMI prevé una desaceleración de las remesas en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó a Nicaragua entre las economías de Centroamérica con mayor dependencia de las remesas, junto con Guatemala, Honduras y El Salvador. El organismo indicó que esos flujos pueden tener efectos sobre el consumo privado, la cuenta corriente y el crecimiento de los países receptores.

En su actualización de perspectivas globales de octubre de 2026, el Fondo señaló que las remesas se mantuvieron en niveles elevados durante los primeros cinco meses del año. Aun así, indicó que su crecimiento se moderó debido al debilitamiento de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en Estados Unidos y al aumento de las detenciones en las comunidades migrantes.

El FMI prevé que el crecimiento de las remesas en los países del CA-4 se desacelere en 2027. La proyección toma en cuenta una disminución de las transferencias enviadas por precaución y un incremento de las deportaciones de migrantes.

Durante 2025, las remesas representaron más de 20% del producto interno bruto de los cuatro países incluidos en ese análisis. Según el organismo, esa proporción duplicó el promedio recibido por esos países durante la década anterior.

El Fondo sostuvo que una parte de los recursos adicionales enviados desde Estados Unidos respondió a una conducta preventiva de los migrantes ante el endurecimiento de las medidas de control migratorio. Esa situación podría cambiar si las deportaciones y las restricciones afectan la capacidad de envío de quienes residen fuera de sus países de origen.

Nicaragua no tiene una actualización reciente sobre las remesas

El BCN no actualiza la información sobre las remesas desde abril de 2025, según el reporte citado por Diario La Prensa. Por ese motivo, no hay una cifra oficial reciente que permita determinar el monto exacto que Nicaragua recibe actualmente por esos envíos.

Las estimaciones de organismos internacionales sitúan el flujo anual cerca de USD 6,000 millones. Hasta 2024, Nicaragua había recibido USD 5,243.1 millones por remesas, de acuerdo con los datos disponibles.

En todo 2025, Nicaragua pagó USD 187.29 millones por electrodomésticos y otros bienes de uso en el hogar. Esas compras implicaron el ingreso de 32,374 toneladas al mercado nacional.

La factura de 2024 había sido de USD 181.30 millones. Los datos permiten observar cambios en el valor y el volumen de las importaciones, mientras que el efecto específico de las remesas sobre cada producto no aparece cuantificado en los registros del Banco Central.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial asesorarán técnicamente al Gobierno colombiano en la actualización de su estrategia de gestión de deuda pública para el período 2027-2030. La misión comenzó el martes 20 de octubre y permanecerá en el país hasta el 29 de este mes, con el objetivo de apoyar también la preparación del Plan Anual de Financiamiento de 2027.

Según informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la asistencia fue solicitada por el ministro Miguel Gómez Martínez y estará a cargo de especialistas de ambos organismos multilaterales, quienes trabajarán con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

La iniciativa busca fortalecer la planificación del endeudamiento estatal, evaluar los riesgos asociados a la deuda y mejorar la previsibilidad de las necesidades de financiamiento del país.

¿En qué consiste la asesoría del FMI y el Banco Mundial?

La misión apoyará la actualización de la Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo (EGDMP) para 2027-2030 y la elaboración del Plan Anual de Financiamiento del próximo año.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el trabajo contempla un análisis independiente de la estrategia de endeudamiento, recomendaciones de política pública y un intercambio de experiencias internacionales sobre la administración de la deuda soberana, especialmente en países de la región y otras economías emergentes.

El ministro Miguel Gómez Martínez explicó que la planificación de mediano plazo busca fortalecer la confianza de los mercados y facilitar el acceso a condiciones de financiamiento competitivas.

“La formulación de una estrategia de mediano plazo busca dar mayor previsibilidad a la gestión de la deuda pública y fortalecer la confianza de los mercados, lo que puede traducirse en condiciones de financiamiento más competitivas en términos de plazos, montos y costos”, señaló el funcionario en el comunicado oficial.

La cartera también indicó que el proceso apunta a mejorar la gestión de riesgos y contribuir al desarrollo del mercado de capitales colombiano, con criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Quiénes integran la misión internacional

La delegación está liderada por José Franco Medeiros de Morais, especialista sénior en deuda del Banco Mundial, y José de Luna, especialista del sector financiero del FMI.

El equipo cuenta con expertos de ambas instituciones procedentes de México, China, Brasil y Hungría, quienes aportarán conocimientos sobre las prácticas de gestión de deuda aplicadas en otros mercados.

Durante la misión se realizarán sesiones de trabajo con funcionarios de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. También están previstas reuniones con el Banco de la República, entidades reguladoras, Creadores de Mercado y otros participantes del mercado de deuda pública y del sistema financiero.

El Ministerio de Hacienda afirmó que el acompañamiento permitirá incorporar experiencias internacionales a la administración de las obligaciones del Estado. No obstante, el comunicado no detalla las recomendaciones específicas que resultarán del proceso.

Deuda pública de Colombia alcanzó $1.068,33 billones en agosto

La asistencia técnica se desarrolla mientras el país registra un elevado volumen de obligaciones públicas. Según el informe consolidado de la Contraloría General de la República, con corte a agosto de 2026, la deuda bruta pública colombiana se ubicó en $1.068,33 billones.

De ese total, $818,81 billones correspondían a deuda interna, equivalente al 76,6%. Este componente estaba concentrado principalmente en títulos de Tesorería (TES) de largo plazo adquiridos por fondos de pensiones y bancos.

La deuda externa pública, por su parte, alcanzó $249,52 billones, cifra que representaba el 23,4% del total reportado.

En la información suministrada también se estima que el endeudamiento equivalía aproximadamente al 60,6% del producto interno bruto (PIB) proyectado para 2026.

Estas cifras permiten dimensionar las obligaciones que administra el Estado y el contexto en el que se actualizará la estrategia de mediano plazo.

Qué buscan los organismos multilaterales con la asistencia

El Banco Mundial aportará su experiencia en el diseño de estrategias de deuda, la estructura de vencimientos, la evaluación de riesgos y el desarrollo de mercados de deuda pública.

El FMI contribuirá con conocimientos en análisis macroeconómico, riesgos fiscales, sostenibilidad de la deuda y funcionamiento de los mercados financieros.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el propósito es fortalecer las herramientas de planificación del Gobierno y mejorar la previsibilidad para los inversionistas y las finanzas públicas.

El ministro sostuvo que contar con una estrategia formal, transparente y respaldada técnicamente es una prioridad para la administración nacional.

La misión conjunta continuará sus actividades hasta el 29 de octubre de 2026, con reuniones técnicas y sesiones de trabajo orientadas a la actualización de la estrategia de deuda para 2027-2030 y a la preparación del Plan Anual de Financiamiento del próximo año.

El Gobierno de Honduras y una misión técnica del Fondo Monetario Internacional comenzaron este martes las reuniones para evaluar los avances del programa económico vigente, en una etapa clave para determinar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, confirmó la llegada de los representantes del organismo y señaló que las reuniones se desarrollarán junto con el Gabinete Económico. La agenda está prevista del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2026, según informó el Banco Central de Honduras.

La evaluación busca revisar los resultados macroeconómicos, verificar el cumplimiento de las metas pactadas y examinar las medidas que todavía requieren atención.

El resultado de este proceso será determinante para establecer si Honduras cumple las condiciones necesarias para completar el acuerdo vigente.

Además de revisar los indicadores económicos, las conversaciones abordarán asuntos relacionados con las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria, las reservas internacionales y las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

Hernández Hércules señaló que el Gobierno también debe evaluar compromisos relacionados con el sector energético, particularmente las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y los pagos pendientes a las empresas generadoras de electricidad.

Situación de país y la ENEE

Esos asuntos forman parte de los desafíos financieros del Estado, por sus implicaciones sobre las cuentas públicas y las necesidades de recursos para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico.

El ministro también mencionó la aprobación de reformas a la Ley de Lavado de Activos y la implementación de la Ley de Beneficiario Final, dos asuntos vinculados con el marco regulatorio y la transparencia financiera.

La misión del FMI deberá examinar los avances en las medidas acordadas dentro del programa económico y valorar si las autoridades han cumplido los compromisos sujetos a evaluación.

La sexta revisión corresponde a la etapa final del programa económico vigente con el FMI. Completarla satisfactoriamente permitiría al país cerrar el ciclo de revisiones y acceder a los recursos asociados, sujetos a la aprobación correspondiente.

El acuerdo con el organismo contempla apoyo financiero y medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica. La revisión examina tanto el desempeño de los indicadores económicos como el avance de las reformas incluidas en el programa.

Entre los aspectos bajo análisis están la sostenibilidad de las finanzas públicas, la evolución de los ingresos y gastos del Estado, la administración de la deuda y las condiciones externas que inciden en la economía hondureña.

La conclusión de las reuniones no implica automáticamente la autorización de nuevos desembolsos: cualquier liberación de recursos dependerá de los resultados de la evaluación y de los procedimientos de aprobación del FMI.

Negociar un nuevo programa

Durante las reuniones, las autoridades hondureñas también buscan avanzar en las conversaciones sobre un nuevo acuerdo económico para el período 2027-2030, según informó Proceso Digital al reportar el inicio de la misión.

El desarrollo de las conversaciones permitirá conocer qué medidas económicas pretende mantener el Gobierno, qué reformas buscará profundizar y qué condiciones podrían incorporarse al próximo programa.Los resultados también orientarán las discusiones sobre la cooperación económica posterior.

La agenda de trabajo continuará durante las próximas dos semanas con reuniones entre los representantes del FMI, el Gabinete Económico y otras autoridades hondureñas. Al cierre del proceso se espera contar con una evaluación de los avances alcanzados y de los compromisos que continúan pendientes.

La revisión concluirá el 2 de noviembre, fecha prevista para el cierre de la agenda de trabajo en Honduras.

Honduras inicia este lunes la sexta y última revisión del programa económico vigente con el FMI, un proceso que determinará si el país cumple las condiciones para acceder a nuevos recursos financieros.

La misión, encabezada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, se reunirá con autoridades de la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras (BCH), la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y representantes del sector privado.

El coordinador del Gabinete Económico y secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, expresó su confianza en que Honduras cumpla las metas pendientes y obtenga una evaluación favorable. Los fondos previstos se incorporarían al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2026, aunque su desembolso dependerá de la aprobación correspondiente.

La ENEE, uno de los principales desafíos

Entre los temas relevantes de la evaluación figura la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), especialmente las obligaciones pendientes con los generadores y las reformas estructurales del sector.

Hernández Hércules reconoció que existen dificultades para avanzar en esta área, donde el Gobierno debe poner en marcha la Ley de Justicia Energética, aprobada por el Congreso Nacional.

En revisiones anteriores, el FMI identificó retrasos en algunos compromisos relacionados con el sector eléctrico, aunque también reconoció medidas correctivas adoptadas por Honduras. La evaluación actual deberá determinar si los avances permiten cumplir las metas pendientes y cerrar satisfactoriamente el programa.

Por su parte, el presidente del BCH, Roberto Lagos, afirmó que al inicio de la actual administración había compromisos estructurales pendientes que ponían en riesgo la continuidad del acuerdo. Según el funcionario, los avances posteriores permitieron completar la quinta revisión.

Lagos también destacó las medidas sobre el pago de atrasos a los generadores eléctricos y las decisiones de política monetaria, cambiaria y crediticia. Estas políticas buscan preservar la estabilidad económica frente a las presiones inflacionarias y las variaciones internacionales en los precios de los combustibles.

En junio de 2026, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la conclusión de las cuartas y quintas revisiones del programa hondureño, lo que habilitó un desembolso aproximado de USD 242 millones.

Con esa operación, los desembolsos acumulados alcanzaron unos USD 725 millones, dentro de un programa que contempla financiamiento total equivalente a aproximadamente USD 847 millones.

El plazo del programa fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2026 para facilitar la conclusión de las evaluaciones y los compromisos restantes.

COHEP respalda crecimiento

En paralelo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) considera razonable la proyección del FMI de un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 3,3 % para Honduras en 2026.

Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Cohep, estimó que la economía podría crecer entre un 3 % y un 3,5 % al cierre del año.

El representante empresarial advirtió que las perspectivas de menor crecimiento en Estados Unidos y Europa, los efectos del cambio climático, las limitaciones energéticas, el costo de los combustibles y la inflación importada podrían limitar el desempeño económico.

Estos factores inciden en los costos de producción, el consumo y las decisiones de inversión, además de afectar potencialmente la demanda de exportaciones hondureñas.

La sexta revisión del FMI será clave para determinar si Honduras cumple las condiciones para acceder al financiamiento pendiente y cerrar el programa vigente.

El resultado también marcará el punto de partida para negociar un nuevo acuerdo, en un contexto de crecimiento moderado y reformas económicas todavía pendientes.

El exministro de Economía Martín Guzmán cuestionó el programa de Javier Milei y advirtió a los votantes brasileñosl, en un artículo que firmó junto su mentor académico y Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, y Laura Carvalho, directora en la Open Society Foundations, de George Soros, que un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta brasileña abriría paso a un modelo de ajuste, endeudamiento y dependencia externa similar al que, según su descripción- aplica el actual gobierno argentino.

El texto, publicado en el portal internacional Project Syndicate bajo el título “Imitar a Milei perjudicaría a Brasil”, compara las condiciones económicas de Argentina y Brasil. Guzmán y sus coautores sostienen allí que el problema que llevó a Milei a presidir la Argentina fue la inflación, de 211% en 2023, mientras que Brasil registra una inflación de solo 4,2%, por lo que no debería trasladar recetas que provocaron altos costos socioeconómicos y financieros en Argentina. Para el gigante sudamericano, dicen, el desafío es mejorar los ingresos y la calidad del empleo, reducir las tasas de interés y aumentar la inversión, mientras el programa de Milei se concentró en lograr equilibrio fiscal primario, usó el retraso cambiario como ancla de precios y redujo el papel del Estado.

Ajuste fiscal, salarios y promesa de inflación cero

Según el artículo, la eliminación del déficit pivoteó sobre recortes de infraestructura, ciencia y universidades y licuación de jubilaciones y salarios públicos vía la inflación inicial. También cuestiona la baja de impuestos a sectores de altos ingresos y los beneficios tributarios del RIGI, con foco en actividades extractivas. Brasil, dice el artículo, no puede reproducir la licuación inflacionaria del gasto porque su baja capacidad fiscal deriva, sobre todo, del peso de los intereses de la deuda, cercano al 8% del PBI.

En ese punto, Guzmán y sus coautores citan una promesa presidencial y cuestionan la narrativa histórica que la acompaña.

“Milei prometió que ‘la inflación mensual empezaría con cero a mediados de 2026’ (es decir, que caería por debajo del 1%). Se suponía que, mientras tanto, la inversión se dispararía y lograría que ‘Argentina vuelva a ser grande’; ese eslogan se basa en un mito nostálgico, según el cual las exportaciones de cereales y carne vacuna de finales del siglo XIX la convirtieron en una potencia económica”, dice un pasaje del artículo, que subraya que la baja de la inflación tuvo costos sobre la actividad y el empleo.

También se cuestiona la viabilidad de la estrategia oficial: “Milei sobreestimó la velocidad con la que descendería la inflación y subestimó el daño que sus políticas infligirían a la economía y al mercado laboral. La inflación ha bajado, aunque dista de cero: la última tasa interanual es del 33,5% y es dudoso que el modelo actual de desinflación sea sostenible a mediano plazo”, dice otro pasaje.

El texto atribuye parte de la desinflación al retraso cambiario y al financiamiento externo, recordando el acuerdo con el FMI de 2025 de USD 20.000 millones, del que la Argentina ya recibió USD 15.000 millones. Destaca que la deuda con el Fondo llegó a USD 57.000 millones y “condicionará a la economía argentina durante los próximos años”.

El texto enumera deterioro laboral, endeudamiento y dos crisis cambiarias, una caída de 8% de los salarios reales desde el inicio del gobierno de Milei; un alza del desempleo, de 5,7% a 7,9%; y un aumento de la informalidad.

Los autores también citan el 12,8% de mora en créditos personales, contra 4,5% un año atrás, debido a la dificultad de las familias para sostener sus deudas, y destacan que en el segundo trimestre de 2026 la inversión cayó 11,1% y el PBI 0,6% del PBI y que en julio el nivel de actividad cayó 2,9%, iniciando una casi segura “recesión técnica”.

“Argentina se ha convertido, de hecho, en un Estado cliente de Estados Unidos”, dice el texto tras referir el auxilio financiero que el Tesoro norteamericano brindó en la previa de las elecciones legislativas de 2025. Esa dependencia, añade, condiciona la política exterior.

Tras describir esa serie de supuestas calamidades, Guzmán y sus socios exhortan a Brasil a preservar la autonomía obtenida tras cancelar la deuda con el FMI en 2005. El balotaje electoral, afirman, es una elección entre un camino basado en la diversificación productiva y otro primario, de retracción del mercado interno y dependencia de Estados Unidos.

La gestión y la despedida de Guzmán

Cabe recordar que Guzmán dejó el cargo de ministro de Economía el 2 de julio de 2022, posteando en Twitter su renuncia dirigida al entonces presidente Alberto Fernández al cabo de un mes de tensión y corrida en el mercado de deuda en pesos y una disputa política con el sector kirchnerista del Frente de Todos.

La corrida se había iniciado a principios de junio, cuando Enarsa, necesitada de liquidez para pagar importaciones de gas, rescató fondos administrados por Pellegrini, gestora vinculada al Banco Nación. La venta de bonos ajustados por CER ahondó la desconfianza sobre la deuda en moneda local y el BCRA debió intervenir para sostener las cotizaciones.

En el último mes de gestión de Guzmán, la inflación fue de 5,3%, equivalente al 86% anual, y el riesgo país superaba los 2.400 puntos, en un escenario de reservas escasas y vencimientos crecientes de títulos en pesos del Tesoro cuya constante emisión el ministro elogiaba como “financiamiento neto positivo”.

La deuda en dólares había sido restructurada poco menos de dos años antes. Aquella reestructuración fue recordada estos días por Marcelo Blanco, exCEO de Deutsche Bank Argentina, quien sostuvo que el diseño de los bonos en dólares emitidos en 2020 agrega al menos 150 puntos básicos al actual riesgo país argentino. Igualmente, Guzmán se siente con autoridad como para decirles a los brasileños a quién deben votar.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno, aseguró que las divisas provenientes del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) posibilitarán el levantamiento de las restricciones cambiarias restantes y afirmó que el país cuenta con un “excedente de dólares” que el Banco Central capitaliza mediante compras diarias.

Durante una charla con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, (BM) en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM en Tailandia, Caputo sostuvo que la administración de Javier Milei resolvió “la peor herencia económica de la historia sin incumplir ningún contrato y respetando la propiedad privada”.

El ministro señaló que el gasto público se redujo un 30% en términos reales y que el equilibrio fiscal se alcanzó durante el primer mes de gestión. “Hoy podemos decir con orgullo que acabamos de presentar el proyecto de Presupuesto para 2027 y que, por primera vez en nuestra historia, vamos a tener cuatro años consecutivos de superávit fiscal a nivel financiero”, agregó.

Bajo su perspectiva, “la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento sostenido”.

RIGI y cepo

El titular del Palacio de Hacienda también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según indicó, el programa cuenta con “inversiones aprobadas por 50.000 millones de dólares y otros 160.000 millones de dólares en carpeta”.

“Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias; ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor”, afirmó Caputo.

El titular de la cartera económica dijo además que cuenta con “un excedente de dólares, a tal punto que el Banco Central viene comprando más de 100 millones de dólares diarios”. Luego añadió: “Solamente este año se compraron cerca de 16.000 millones de dólares y, gracias a todo esto, estamos en una situación mucho más estable”.

Ante lo que definió como un escenario de inestabilidad en las economías globales, Caputo afirmó que el país está en condiciones de proveer recursos demandados en el exterior.

“La Argentina está en una posición muy favorable para ofrecerle al mundo lo que necesita, porque básicamente proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria”, expresó. “Con el Presidente nos gusta decir que contamos con una especie de cobertura natural frente a estos riesgos”, agregó.

Caputo también aludió a la imagen del presidente Javier Milei. Con miras a las elecciones presidenciales de 2027, sostuvo que sus niveles de popularidad son “superiores a los de cualquiera de sus predecesores, quienes gobernaban con déficit fiscal”.

“Una de las razones es que cuidamos a los más vulnerables. De hecho, a pesar de haber reducido el gasto público un 30% en términos reales, las prestaciones sociales aumentaron más del doble en términos reales”, señaló.

El crédito como motor

En otro tramo de su exposición, el jefe del Palacio de Haciendo aseguró que al comienzo de la gestión libertaria “el crédito al sector privado representaba apenas el 3% del PBI” y “prácticamente no existía”.

“Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento. En Argentina habíamos demonizado el crédito. Ahora el crédito es considerablemente mayor y aumentó un 170% en dos años y medio. Lo positivo es que tenemos muchísimo margen para crecer”, afirmó.

Al final de su intervención, Caputo dijo que el Gobierno continuará con la eliminación de regulaciones, la baja de impuestos, la reducción de los costos de financiamiento y las mejoras de infraestructura mediante inversión privada. “Esas son las medidas que nos van a ayudar a hacer que nuestro país sea más competitivo”, concluyó.

La otra pata de la estrategia financiera

El planteo de un “excedente de dólares” convive con un reconocimiento que el propio Caputo hizo durante sus reuniones en Tailandia: el Gobierno evalúa alternativas porque le resulta difícil financiarse en dólares en el mercado local, debido a la suba de los rendimientos. Desde Bangkok, el ministro planteó la posibilidad de reemplazar esos recursos con fondos habilitados mediante el “swap” de monedas con el Banco Popular de China.

De este modo, la administración de Javier Milei combina dos planos. Por un lado, la acumulación de reservas a través de las compras diarias del Banco Central y la expectativa de que los dólares del RIGI permitan levantar las restricciones cambiarias que quedan. Por otro, la búsqueda de fuentes de fondeo que no dependan del mercado local, donde el costo de financiarse subió.

La alternativa asiática se suma a una agenda de reuniones con los organismos multilaterales, que funcionan como otra fuente de respaldo. Con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro repasó la marcha de la economía. Según Caputo, Georgieva fue “muy elogiosa” con la política fiscal, a la que consideró “ejemplar en el mundo” pese a los shocks externos. Los equipos técnicos seguirán trabajando para completar la tercera revisión del programa, aunque no se informaron fechas ni montos de desembolsos.

En otro encuentro, con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, se revisaron nuevos proyectos y la posibilidad de ampliar los recursos disponibles para el país. El Gobierno informó que trabaja para viabilizar inversiones privadas por USD 10.000 millones, aunque no detalló empresas, plazos ni sectores. El organismo también brindará asistencia técnica para el seguimiento de las iniciativas del RIGI y se analizó una estrategia de inteligencia artificial.

Caputo se reunió además con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, para repasar la cartera vigente de proyectos y las perspectivas de financiamiento del año próximo. Con la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos, Erin Browne, conversó sobre los acuerdos ya firmados entre ambos países. La comunicación oficial no precisó si estas conversaciones derivaron en nuevos créditos o aprobaciones concretas.

El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño planteó que la revisión de exenciones ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella podría abrir el debate sobre los bienes y servicios que hoy no pagan impuesto al valor agregado (IVA) o tienen una tarifa reducida.

En declaraciones a Blu Radio, Londoño sostuvo que una reforma dirigida a desmontar beneficios fiscales tendrá un margen limitado si deja intacto el IVA. “En IVA hay una cantidad de servicios y bienes que no pagan IVA, eso es una exención”, afirmó.

El exfuncionario vinculó esa discusión con propuestas que, según dijo, ya se habían puesto sobre la mesa durante las protestas sociales de 2021. A su juicio, el mensaje detrás de una revisión de beneficios apunta a definir qué consumos mantendrán el tratamiento preferencial y cuáles podrían empezar a tributar.

“Al final de cuentas, lo que está diciendo el presidente detrás de ese mensaje es: los colombianos tenemos que pagar IVA por los bienes y servicios que consumimos. ¿Cuáles? Vamos a ver a cuáles les van a imponer el IVA”, señaló Londoño en la entrevista.

El exviceministro usó dos ejemplos para explicar las distorsiones que, en su opinión, existen en el sistema. Indicó que el atún enlatado está gravado, mientras que el mismo alimento servido en restaurantes de alto costo puede estar excluido del impuesto.

También cuestionó que algunas presentaciones de café, como las cápsulas, estén por fuera del IVA. “El café de los pods, esos pequeñitos, que son finísimos, no pagan IVA”, afirmó.

La discusión cobra relevancia después de que De la Espriella pidió al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, evaluar subsidios, exenciones y beneficios que no cuenten con una justificación económica o social verificable. El mandatario planteó que el Gobierno debe concentrarse en recaudar los impuestos vigentes y revisar los tratamientos preferenciales.

Según el presidente, cada ayuda estatal deberá demostrar que cumple el propósito para el cual fue creada. También anticipó que algunos cambios podrían llegar al Congreso dentro de una ley de rescate fiscal o del Plan Nacional de Desarrollo previsto para el próximo año.

El IVA concentra la mayor parte del gasto tributario en Colombia

El IVA representó $99 billones del gasto tributario en 2024, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo citado por Blu Radio. Ese monto reúne los recursos que el Estado deja de percibir por exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales.

Entre los productos excluidos figuran alimentos como carne de res, pescado, huevos y arroz. También tienen tratamientos preferenciales los fertilizantes y los paneles solares. Otros bienes y servicios, entre ellos el café, el azúcar, los licores, las neveras y los planes de medicina prepagada, pagan una tarifa del 5%.

El antecedente más cercano de un debate de este tipo fue la reforma tributaria presentada durante la administración de Iván Duque por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La iniciativa proponía modificaciones al IVA y fue retirada en medio de las protestas de 2021.

El director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, planteó que una eventual ampliación del IVA debería incluir mecanismos de compensación para los hogares vulnerables, como devoluciones mensuales o esquemas que eviten el cobro sobre productos de la canasta familiar, según le indicó al medio citado.

Sin cambios al IVA, el margen para desmontar beneficios sería menor

El experto en finanzas públicas Germán Machado explicó, en Blu Radio, que una decisión de mantener intacto el IVA reduciría el espacio fiscal disponible para eliminar beneficios. En ese escenario, el ajuste tendría que concentrarse en incentivos para personas naturales o empresas.

“Si uno dice que el IVA no lo toca, las únicas dos posibilidades que le quedan son eliminar beneficios tributarios de personas naturales o de personas jurídicas”, dijo. De acuerdo con sus cálculos, ese margen sería de cerca de 40 billones de pesos, frente a un universo de alrededor de 160 billones si se incluyeran todos los tratamientos tributarios.

El debate también abarca el impuesto de renta de personas naturales. Distintos analistas han planteado que la carga tributaria recae sobre un grupo reducido de contribuyentes y que podría ampliarse la base de quienes declaran y pagan ese gravamen.

Por el lado del gasto, las alternativas incluyen la revisión de subsidios a los combustibles, energía y gas, así como los mecanismos de focalización del sistema de salud. El Gobierno ha señalado que mantendrá los apoyos para adultos mayores y madres cabeza de familia.

De la Espriella se fijó la meta de recortar $45 del presupuesto en 2027. La viabilidad política de esa propuesta dependerá de las medidas que presente el Ejecutivo y de su trámite en el Congreso de la República.

Más de la mitad de los salvadoreños que cotizan en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) no confía en que su jubilación le alcance para vivir. Por eso, el 50.1% planea seguir trabajando después de los 60 años, ya sea con un empleo, un negocio propio o por cuenta propia, en lugar de depender de lo que reciba del sistema previsional.

El dato surge de una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA), realizada entre el 27 de abril y el 27 de mayo de 2026 entre 453 personas, con un margen de error de 4,60% y un nivel de confianza de 95%.

El informe divulgado el jueves, revela que solo el 4.8% de los cotizantes espera vivir exclusivamente de su pensión. Otro 13.6% confía en sus ahorros personales y un 6.8% en inversiones propias.

La reforma que el Gobierno negocia con el FMI

El rechazo a trabajar más años o pagar más cotización no es un dato aislado. Ocurre cuando el Gobierno salvadoreño negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una reforma paramétrica del sistema de pensiones, comprometida dentro del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Según Diario El Mundo, el organismo sugiere que el Estado reduzca su dependencia del ahorro de los trabajadores y contenga sus pasivos contingentes. La propuesta de ley se discutiría en 2027, luego de que el Ejecutivo aplazara el calendario original, que preveía presentarla en febrero de este año.

Esa reforma implicaría pagar más cotización o trabajar más años para jubilarse, dos medidas que el 67.9% y el 83.5% de los cotizantes, respectivamente, rechazan según la encuesta del Iudop-UCA.

Las AFP descuentan el 7.25% del salario de cada trabajador, mientras el empleador aporta otro 8.75%, hasta completar una tasa de cotización del 16% sobre el ingreso base. Ante la posibilidad de subir ese descuento para obtener una pensión mayor, el 67.9% de los cotizantes se mostró en desacuerdo y solo el 32.1% lo aceptaría.

El rechazo es mayor frente a la edad de jubilación, fijada en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres: el 83.5% se opone a elevarla y apenas el 14.7% respaldaría extenderla cinco años, de acuerdo con la misma medición.

Una deuda de pensiones que supera los USD 11,000 millones

El trasfondo de la discusión tiene un componente financiero de peso. Hasta agosto, la deuda de pensiones del país alcanzaba los USD 11,761.31 millones, según el Banco Central de Reserva (BCR), consignado por el portal TCS Ahora.

Esa deuda se reparte entre los Certificados de Financiamiento de Transición, con USD 8.393,56 millones, y los Certificados de Obligaciones Previsionales, con USD 3,367.75 millones.

El Gobierno destinará USD 250 millones en 2027 para pagar los primeros intereses de esa deuda desde que entró en vigor la Ley Integral del Sistema de Pensiones, aprobada en diciembre de 2022.

Esa ley estableció un período de gracia de cuatro años para el pago de intereses, que vence en abril de 2027. Según Diario El Mundo, el Estado reconocerá USD 2.300 millones adicionales en intereses devengados pero no pagados a las AFP, que se saldarán mediante un nuevo certificado a lo largo de 46 años con una tasa del 7% anual.

La brecha entre lo que esperan y lo que necesitan

Para pensionarse en El Salvador hace falta cotizar durante 25 años. El 65.9% de los cotizantes cree que lo logrará, frente a un 30.8% que descarta alcanzarlo. Al evaluar la probabilidad real de cumplir ese requisito, la confianza se desinfla: el 54.5% admite que tiene pocas chances y el 11.4% asegura que no tiene ninguna.

El estudio incluyó un cálculo estimado de la futura pensión de cada encuestado según su salario actual. El 62.7% aceptó realizar el ejercicio y, entre ellos, el 59.6% obtendría una pensión menor a USD 401 mensuales.

El sistema arroja una pensión promedio estimada de USD 450. Pese a esa cifra, el 76.9% de los cotizantes considera que no le alcanzará para cubrir sus necesidades básicas en el futuro. La población calcula que necesitaría USD 662.27 mensuales para un buen nivel de vida, una diferencia de USD 212.43 respecto de la pensión que realmente espera recibir.

Desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema

La desconfianza convive con un vacío de información. Solo el 15.7% de los cotizantes afirmó conocer los requisitos y trámites para pensionarse, mientras que el 84.3% reconoció no saberlos.

Tampoco hay claridad sobre el destino de los descuentos salariales. De cada tres dólares que retienen las AFP, uno se destina a la Cuenta de Garantía Solidaria, que financia las pensiones más bajas de otras personas, un mecanismo que solo el 24.2% dijo conocer.

Ese fondo, según Diario El Mundo al citar el informe del FMI, es uno de los puntos que el organismo observa: el Gobierno cubre subsidios no financiados con recursos de esa cuenta, que se nutre exclusivamente de las cotizaciones de los trabajadores.

Esta falta de información se refleja también en la preferencia por la voluntariedad del sistema. El 80.9% considera que cotizar en una AFP debería ser opcional y no obligatorio, frente a un 16.2% que prefiere mantenerlo como una exigencia.

Quienes dejaron de cotizar y el futuro sin pensión

Entre quienes no cotizan en una AFP, el panorama es más incierto. El 58.6% de este grupo había cotizado alguna vez pero dejó de hacerlo, aunque el 65.8% manifestó interés en volver a ahorrar para la vejez pese a no estarlo haciendo.

Entre los no cotizantes, el 25.6% espera cubrir sus necesidades con ahorros propios y el 18.4% planea seguir trabajando. Casi tres de cada diez, el 27.9%, dijo no saber cómo sostendrá su vejez.

Administración pública o privada, la grieta pendiente

La encuesta también indagó sobre quién debería hacerse cargo del sistema. El 30.7% considera que las AFP deberían seguir a cargo de los fondos, mientras que el 28.2% prefiere que lo haga una institución pública. Un 24.7% no tiene una opinión definida al respecto.

Sobre el financiamiento, la opción más respaldada, con el 48%, es que las pensiones se paguen con los impuestos generales que paga toda la población, como el IVA o el impuesto sobre la renta, antes que con aportes individuales o impuestos específicos a los trabajadores.

Ese respaldo a un esquema financiado con impuestos generales coincide con la orientación que sugiere el FMI, que recomienda reducir la dependencia estatal del ahorro de los trabajadores y fortalecer el vínculo entre las cotizaciones y las prestaciones, de cara a la reforma paramétrica que el Ejecutivo salvadoreño se comprometió a presentar ante la Asamblea Legislativa antes de que termine junio de 2027.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó confianza en una aceleración del crecimiento de la Argentina durante 2027, pese a que redujo cerca de dos puntos su previsión para este año. En una conferencia de prensa sobre el informe regional de octubre para el Hemisferio Occidental, los funcionarios también se refirieron a la tercera revisión del programa, la acumulación de reservas, los vencimientos de deuda, el mercado de capitales y las reformas vinculadas con la inversión y el trabajo.

La exposición tuvo lugar el 16 de octubre, durante una rueda de prensa del Departamento del Hemisferio Occidental en las Reuniones Anuales y de Primavera. El encuentro presentó la edición de octubre de 2026 del Regional Economic Outlook, titulada Turning Tailwinds into Lasting Gains. Participaron el director del departamento, Nigel Chalk; los directores adjuntos Luis Cubeddu, Ana Corbacho y Dora Iakova; y el responsable de Comunicación, José Luis de Haro.

Chalk abrió la presentación con una referencia a las previsiones regionales y mencionó a la Argentina entre los países de América del Sur. El funcionario sostuvo que los datos recibidos durante el año resultaron inferiores a las estimaciones que el organismo formuló en abril, pero indicó que esa evaluación no modificó la expectativa sobre la evolución posterior de la economía.

El organismo redujo la previsión para este año, pero anticipó una aceleración en 2027

Ante una consulta sobre la revisión de las proyecciones argentinas, Chalk afirmó: “Es cierto que redujimos nuestra previsión de crecimiento para la Argentina este año alrededor de dos puntos”. De todos modos, agregó que ese cambio respondió “principalmente al resultado de los datos recibidos” y aclaró: “No creo que eso haya cambiado realmente nuestra visión sobre la trayectoria de la economía”.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental dijo que el Fondo espera un cambio en el ritmo de la actividad. “Esperamos esta aceleración del crecimiento desde ahora y durante el próximo año, y tenemos una previsión de crecimiento más alta para el próximo año”, señaló. En la presentación inicial, también sostuvo que la economía argentina volvería a crecer a medida que la demanda se recupere en forma gradual.

Chalk vinculó esa expectativa con las reformas de oferta. “Los esfuerzos que se hicieron en reformas, en reformas del lado de la oferta, buscan liberar restricciones y cuellos de botella para el crecimiento, y creo que están dando resultados”, afirmó. Luego mencionó factores que incidieron sobre la corrección de las proyecciones de 2026: una demanda interna más lenta y condiciones financieras más ajustadas.

“El proceso de ajuste nunca es fluido”, dijo Chalk al describir los cambios que observó el organismo en la economía real. Sin embargo, añadió que el Fondo espera “una aceleración muy positiva del crecimiento” durante el próximo año. Las declaraciones respondieron también a preguntas sobre la necesidad de extender la expansión hacia otros sectores y trabajadores.

El FMI vinculó el crecimiento con reformas, inversión y flexibilización laboral

Cubeddu abordó las consultas sobre el alcance de los avances de estabilización, el empleo y los instrumentos que el Fondo consideró relevantes para elevar el crecimiento. “Existe un entendimiento compartido con las autoridades argentinas sobre la importancia de extender estas ganancias para lograr un mayor crecimiento y una mayor creación de empleo”, afirmó.

El funcionario enumeró medidas que, según expuso, estaban en marcha. Mencionó en primer lugar la profundización de los mercados de capitales y sostuvo que ese aspecto es “crítico”. También señaló que se tomaron medidas para alentar los mercados hipotecarios y remarcó la importancia de “mejorar la flexibilidad de los mercados laborales”.

Sobre ese punto, Cubeddu indicó que se aplicó una reforma laboral a comienzos de este año. “Creo que esto ayudará a facilitar la creación de empleo”, sostuvo. El director adjunto agregó que también resulta relevante impulsar las inversiones y ejecutar los proyectos aprobados.

“Hay más de USD 50 mil millones en inversiones aprobadas”, dijo al referirse a ese universo de iniciativas. Según detalló, existían oportunidades para iniciar su ejecución y las autoridades trabajaban en esa área. Sumó, además, la aceleración de la construcción vinculada con las concesiones viales que se otorgaron recientemente.

Cubeddu planteó que esos elementos podían incidir sobre la evolución de la economía si se mantenía la prudencia en el frente macroeconómico. “Nuestra percepción es que la Argentina estará en posición, con el tiempo, de alcanzar un mayor crecimiento y también una mayor creación de empleo”, afirmó.

La tercera revisión quedó sujeta a la resolución de detalles técnicos

La conferencia también incluyó preguntas sobre la tercera revisión del programa con el Fondo, la posibilidad de cambios en el esquema de pagos o en las metas, y una eventual ampliación del acuerdo. En ese contexto, Chalk evitó anticipar modificaciones y se concentró en el estado de las conversaciones técnicas.

“Estamos avanzando en las discusiones técnicas”, afirmó. Detalló que una misión del organismo viajó a Buenos Aires y que luego se realizaron encuentros durante las Reuniones Anuales. “Esas discusiones técnicas están en marcha y van bastante bien”, agregó.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental señaló que el FMI esperaba alcanzar pronto una definición. “Anticipamos una decisión sobre un acuerdo a nivel de staff pronto”, expresó. Sin embargo, aclaró que las partes todavía no cerraron todos los puntos. “Aún no estamos allí, pero trabajamos para resolver las cuestiones pendientes”, señaló.

Chalk indicó que no se trataba de asuntos de gran magnitud. “No diría que son cuestiones muy importantes o grandes”, dijo, antes de precisar que las conversaciones buscaban “ordenar algunos de los detalles del programa”. El funcionario no ofreció precisiones sobre eventuales cambios en el calendario de pagos, en las metas o en el monto del acuerdo.

Reservas, deuda en pesos y obligaciones financieras para 2027

Otro de los ejes de las preguntas se centró en la capacidad argentina para afrontar los vencimientos de deuda, que superan los USD 25 mil millones durante 2027, según plantearon periodistas en la conferencia. También consultaron por el acceso a los mercados de capitales internacionales y locales antes de las elecciones de ese año.

Cubeddu respondió que las autoridades aplicaron un programa de estabilización que, de acuerdo con su descripción, arrojó resultados. “Tienen en marcha un programa de financiamiento bastante fuerte y coherente para cumplir las obligaciones durante el resto de este año y el próximo”, afirmó.

“Confiamos bastante en que las autoridades están en condiciones de cumplir esas obligaciones”, dijo. Su respuesta incluyó referencias a las compras de reservas por parte del Banco Central y a la extensión de los vencimientos de deuda en pesos como parte de los factores que el Fondo tomó en cuenta.

El funcionario sostuvo que el Banco Central compró más de USD 15 mil millones en reservas. “Las reservas internacionales netas están en alza y, en relación con la revisión, están muy por encima de nuestras metas”, afirmó. Para Cubeddu, ese punto resultó “crítico” en la evaluación de las necesidades financieras.

También se refirió a la deuda denominada en moneda local. “Existe un trabajo activo para extender los vencimientos de las obligaciones de deuda en pesos”, señaló. Según precisó, a comienzos del año el 15% de esas obligaciones vencía después de las elecciones, mientras que ese porcentaje se acercó al 50% durante la conferencia.

“Es un movimiento importante para reducir el riesgo de refinanciación mediante la extensión de las obligaciones de deuda en pesos”, afirmó Cubeddu. Sobre los compromisos en moneda extranjera que vencen en 2027, sostuvo que existe un plan anunciado, en ejecución y con contingencias. “Creemos que permitirá a la Argentina cumplir sus obligaciones el próximo año”, indicó.

Chalk destacó la baja de la deuda sobre el Producto Interno Bruto

Chalk también abordó la situación fiscal, monetaria y cambiaria. El funcionario describió como relevante el cambio en el régimen fiscal y afirmó que la Argentina se ubicó entre los pocos países latinoamericanos en los que la relación entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB) descendió.

“Es uno de los pocos países de América Latina donde la deuda respecto del PIB baja y no sube”, señaló. Añadió que esa relación cayó “bastante rápido”. La exposición del funcionario formó parte de una respuesta sobre las razones que llevan al Fondo a confiar en la continuidad y el alcance de las reformas argentinas.

El director también mencionó avances en el marco monetario. “Vimos mejoras importantes en el marco monetario de la economía”, afirmó. A esa observación sumó una referencia a la evolución del mercado cambiario: “Vimos mucha más estabilidad en el tipo de cambio”.

“Se están acumulando reservas, así que hay muchas cosas positivas que están ocurriendo”, sostuvo Chalk. En su presentación regional, el FMI incluyó a la Argentina entre los países que aplicaban planes ambiciosos de consolidación fiscal, junto con Bolivia, Ecuador y El Salvador.

El Fondo señaló cambios de política en varios países de la región

En otro tramo de la conferencia, Chalk habló sobre la evolución de las políticas económicas en América Latina y ubicó a la Argentina dentro de un grupo de países que, según el organismo, avanzaron con reformas orientadas a mejorar las condiciones para la inversión, la productividad y el crecimiento.

El funcionario dijo que el Fondo observó “un cambio en la dirección de las políticas” en distintos países de la región durante los últimos años. Añadió que el FMI buscaba acompañar ese proceso mediante asistencia técnica, recomendaciones de política, desarrollo de capacidades y financiamiento.

Al referirse a los desafíos regionales, Chalk sostuvo que América Latina necesitaba generar condiciones para atraer inversión, elevar la productividad y acelerar la creación de puestos de trabajo. Mencionó reformas vinculadas con el entorno regulatorio y empresarial, la infraestructura, el capital humano, la competencia, la integración comercial, la digitalización y la adopción tecnológica.

En ese marco, señaló que la Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y otros países tomaron medidas en esa dirección. La conferencia concluyó después de un bloque de preguntas por país, sin que los funcionarios anunciaran cambios concretos en las condiciones del programa argentino ni nuevos desembolsos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las cuentas públicas de Colombia siguen una trayectoria que no considera sostenible y dejó abierta la posibilidad de otorgar financiación al país. El pronunciamiento fue hecho el viernes 16 de octubre de 2026 por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk, durante la asamblea anual del organismo en Bangkok, Tailandia.

Conforme a las declaraciones del funcionario, el Gobierno colombiano liderado por el presidente Abelardo de la Espriella deberá corregir el deterioro fiscal y confirmó que una misión técnica del Fondo viajará a Bogotá a comienzos de noviembre para evaluar alternativas con las autoridades.

El FMI sitúa el déficit primario de Colombia en 3,5% del PIB

Nigel Chalk señaló que el déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, llega al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el FMI, ese indicador, junto con el avance del endeudamiento, exige un ajuste de las finanzas públicas.

La deuda pública alcanza el 60% del PIB y mantiene una tendencia ascendente, según el directivo. “Esta situación no es sostenible ni viable”, afirmó durante una conferencia de prensa realizada al margen del encuentro anual.

La misión técnica llegará a Bogotá a principios de noviembre

El FMI inició contactos con el Ejecutivo colombiano. La visita prevista para noviembre de 2026 buscará revisar las opciones de política económica y las estrategias disponibles para contener la deuda.

Chalk indicó que el organismo evalúa distintos mecanismos de respaldo para el país. Entre ellos figuran la asesoría en materia económica, la asistencia técnica y la eventual financiación directa del Fondo.

“Seguimos reflexionando sobre las modalidades de nuestro apoyo”, dijo el funcionario, quien no precisó cuál de esas alternativas será adoptada ni los requisitos que podrían acompañarla.

El organismo destaca la disposición del Gobierno para atender el frente fiscal

El director del Departamento del Hemisferio Occidental afirmó que las conversaciones permitieron identificar una voluntad del Gobierno de atender el desequilibrio presupuestario. “Para nosotros está bastante claro que el gobierno está muy comprometido con abordar la situación fiscal de la economía”, aseguró.

Las medidas concretas que se analizarán entre las autoridades colombianas y la misión del FMI no fueron detalladas durante la conferencia.

El FMI prevé que la economía colombiana crezca 2,25% en 2026

El Fondo Monetario Internacional redujo sus previsiones para Colombia a 2,2% en 2026 y 2,3% en 2027, una desaceleración frente a sus cálculos anteriores y al crecimiento de 2,6% registrado en 2025. El ajuste figura en la edición de octubre de Perspectivas de la Economía Mundial, en un escenario internacional afectado por la guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre los precios de alimentos y combustibles.

La proyección para 2026 bajó 0,1 puntos porcentuales, desde el 2,3% estimado anteriormente. Para 2027, la corrección fue de 0,2 puntos, ya que el Fondo había anticipado una expansión de 2,5%.

El crecimiento previsto para 2027 implicaría una mejora de apenas 0,1 puntos porcentuales respecto de 2026. El organismo no detalló una causa específica para la revisión de las estimaciones colombianas.

Colombia crecería más que Argentina, cuya economía avanzaría 2,1% en 2026; México, con 1,5%; Uruguay, con 1,3%; y Chile, con 0,6%. Brasil tendría la misma tasa de expansión que Colombia.

El orden regional cambiaría en 2027. Argentina alcanzaría un crecimiento de 3,5%, seguida por Perú, con 2,9%; Chile, con 2,6%; Ecuador, con 2,5%; y Uruguay, con 2,4%.

Nigel Chalk consideró, sin embargo, que el país cuenta con margen para registrar una expansión mayor. “El potencial del país es muy superior a eso. Debería registrar un crecimiento mucho más rápido”, señaló.

La definición sobre un eventual respaldo financiero y sus condiciones dependerá de las conversaciones con el Gobierno y de la evaluación que realizará la misión técnica en Bogotá el próximo mes.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, calificó este viernes a la inteligencia artificial como “el cambio más trascendental” de su vida para la economía estadounidense y mundial, aunque advirtió que su desarrollo tendrá un recorrido “accidentado”.

“Diría que la llegada de esta nueva tecnología es probablemente el cambio más trascendental para Estados Unidos y la economía mundial en mi vida”, declaró Warsh durante un evento de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok.

El titular del banco central estadounidense señaló, en medio de una charla informal con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, que la expansión de la inversión en inteligencia artificial puede elevar los precios en el corto plazo por el aumento de la demanda. A la vez, previó efectos favorables a largo plazo a partir de una mayor capacidad productiva.

“Creo que, en realidad, supondrá un enorme beneficio para la economía global y para la economía estadounidense en el futuro”, afirmó y sumó que “cambiará a fondo la conducta de la política monetaria”, ya que ayudará a los bancos centrales del mundo a “analizar mejor los datos”.

Warsh explicó que la Reserva Federal prevé incorporar herramientas de inteligencia artificial para profundizar el análisis de datos durante la definición de su política monetaria. En ese sentido, reiteró que las economías y los países que adopten esa tecnología de manera adecuada serán más productivos.

El presidente de la Fed sostuvo, de todos modos, que persisten incógnitas sobre la evolución de los mercados alrededor de estas tecnologías. “El camino desde donde estamos hasta allí probablemente será muy accidentado, accidentado en nuestra comprensión de la tecnología, accidentado porque realmente no sabemos cuál será la estructura del mercado de estas nuevas tecnologías”, ahondó.

“La inteligencia artificial cambiará la economía real, mejorará productividad y sumará riqueza, pero será un camino lleno de obstáculos”, insistió.

El FMI dijo que el boom de la IA en el comercio mundial “se disipará con el tiempo”

Por su parte, el organismo internacional prevé que el impulso de esta tecnología sobre el comercio mundial pierda fuerza con el tiempo, aunque estudia escenarios alternativos que incluyen un aumento de la productividad o presiones inflacionarias asociadas a la expansión de la demanda.

La directora del Departamento de Investigación del FMI, Silvana Tenreyro, señaló este martes en Bangkok que el escenario central contempla una moderación gradual de ese auge en los próximos años. No precisó un horizonte temporal.

Tenreyro presentó las conclusiones del informe de Perspectivas Económicas Mundiales durante el mismo evento al que asisitió Warsh. Allí destacó el peso de la IA en la evolución reciente de los intercambios internacionales.

Entre 2023 y 2025, el comercio mundial acumuló un crecimiento del 8,3%, del cual el 29% correspondió a intercambios vinculados con la IA, según los cálculos expuestos por la economista. “Sin ese intercambio relacionado con la IA, el crecimiento conjunto hubiera sido del 4,6%, entonces, estos son números grandes”, sostuvo.

El Fondo analiza tres posibilidades adicionales para el futuro. La primera plantea que el auge de la IA coincida con ganancias efectivas de productividad, lo que derivaría en “una mayor expansión en la actividad que no es inflacionaria”.

Los otros dos escenarios prevén que la demanda del sector se mantenga sin un aumento equivalente de la producción o de la productividad. En ese caso, el organismo anticipa mayores niveles de inflación y una eventual revisión de las expectativas sobre la rentabilidad de las inversiones relacionadas con la IA.

El informe prevé que la economía global crezca cuatro décimas menos que en 2025, año en el que avanzó el 3,5%, y estima una expansión del 3,4% en 2027.

Las proyecciones incluyen factores como la guerra de Irán, el alza del petróleo y de otras materias primas, además del aumento de la inversión en inteligencia artificial, que amortiguó parte del impacto económico del conflicto.

(Con información de AFP y EFE)

La deuda bruta de la Administración Central aumentó 0,35% en septiembre, por efecto de los ajustes de valuación de bonos que capitalizan al vencimiento. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock bruto subió en USD 1.711 millones respecto de agosto.

En un mes en que el equipo económico debió desacelerar el ritmo de emisión de deuda para afrontar el pago de vencimientos bajo legislación nacional por $21,6 billones y con jurisdicción extranjera por USD 1.534 millones, y el Banco Central redujo la compra de dólares para acumular reservas, la Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 33.476 millones.

Ese total incluyó financiamiento, canjes y emisiones por USD 15.721 millones, y amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 17.755 millones, con un saldo neto antes de ajustes de valuación contractivo en USD 2.034 millones.

La Secretaría de Finanzas comunicó además que en septiembre de 2026 el stock de deuda bruta subió a USD 486.628 millones, de los cuales USD 484.124 millones se encontraron en situación de pago normal.

El dato reflejó la evolución de un pasivo que, en términos nominales, siguió condicionado por la estructura de monedas, la legislación aplicable y el efecto de los cambios de valuación sobre los instrumentos emitidos, por la variación de la cotización de las divisas en el mundo y la brecha entre las tasas de interés de los bonos ajustables por inflación y el tipo de cambio nominal de pesos por dólar.

Por tipo de legislación, en septiembre la deuda en moneda local representó el 66,5% del total, mientras que el 33,5% restante correspondió a moneda extranjera.

Esa composición mostró el peso predominante de los compromisos emitidos en pesos, aunque buena parte de su valuación en dólares quedó atada al movimiento del tipo de cambio de cierre de cada período.

La variación respecto de agosto se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en USD 1.841 millones y el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 3.573 millones (Finanzas)

La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de agosto se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en USD 1.841 millones y el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 3.573 millones”.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en septiembre a 52,3%, ocho puntos porcentuales respecto de agosto.

La estimación surgió del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares que elabora el Banco Central en el Informe Monetario de septiembre.

Dentro de esa cuenta, las operaciones de deuda con organismos internacionales, excluido el FMI, destinadas a recapitalizar al Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se contrajeron en USD 320 millones, a USD 38.488 millones.

El saldo del préstamo con el FMI disminuyó en USD 1.181 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar

El saldo del préstamo con el FMI disminuyó en USD 1.181 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar, tras la suba de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Por diferencias de cambio, los adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron aumentaron en USD 14 millones y se ubicaron en el equivalente a USD 2.696 millones. Por el contrario, las Letras del Tesoro en el BCRA aumentaron en USD 21 millones, al equivalente de USD 29.101 millones.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales, subió en USD 1.412 millones en comparación con agosto

A la vez, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 6.390 millones (USD 1.124 millones en divisas y USD 5.265 millones constituidos en pesos), que cayeron USD 1.543 millones, totalizó en septiembre USD 480.238 millones.

Ese agregado mostró un incremento de USD 3.254 millones en comparación con el mes previo.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central en el gobierno de Javier Milei aumentó USD 61.334 millones hasta septiembre último.

Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales en el ente monetario, la lectura cambia: bajo ese criterio, el stock consolidado en los primeros 34 meses de la presidencia del gobierno de La Libertad Avanza presentó una disminución neta de USD 6.713 millones.

Ese resultado se descompuso en un aumento de USD 20.893 millones con organismos internacionales y una baja de USD 27.606 millones en el agregado del sector público y privado.

La deuda consolidada con el sector privado, excluidos con organismos internacionales, disminuyó en USD 27.606 millones

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó del 59,1% heredado de noviembre de 2023 —tras haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos— a 52,3% del producto en septiembre pasado.

Próximos vencimientos

El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) precisa que para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2026, los pagos estimados de instrumentos pagaderos en pesos ascienden a 89.059 millones, mientras que los vencimientos en moneda extranjera se proyectan en el equivalente a USD 2.397 millones.

Los pagos de deuda pagadera en pesos se concentran mayormente entre títulos capitalizables (48% del total) e instrumentos ajustables por CER (40,9%). Le siguen en importancia los títulos vinculados a la evolución del dólar oficial (8,7%) y los adelantos transitorios del BCRA (1,2%). El remanente de es te segmento se completa con instrumentos en pesos no ajustables, títulos otorgados a organismos públicos y una categoría de “otros” compuesta casi íntegramente por préstamos garantizados ajustables por CER .

Finanzas recordó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza la cotización del dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el riesgo político de cara a las elecciones de 2027, remarcó que apuntan a consolidar un esquema fiscal sostenible sin depender de nuevos préstamos de organismos multilaterales y protagonizó un inesperado intercambio con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre el pago del acuerdo rubricado con el organismo multilateral.

Las declaraciones se produjeron durante un panel de la asamblea del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Tailandia, donde defendió el programa fiscal, la baja de impuestos y las perspectivas de inversión en el país.

Caputo compartió el encuentro con la directora gerente del FMI, Georgieva; el presidente del Eurogrupo y ministro de Economía y Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis; el viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Tailandia, Ekniti Nitithanprapas; y el titular del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso.

Historial de crisis

Consultado sobre si la baja de impuestos y los incentivos para empresas pueden llevar a una situación fiscal que no requiera financiamiento del FMI o del Banco Mundial, Caputo señaló que se trata de “un gran desafío para Argentina y lo fue desde el comienzo”.

En ese momento, el argentino mantuvo un intercambio con Georgieva, quien señaló en tono distendido que la Argentina “será como Grecia” y pagará antes del vencimiento del acuerdo. “Te vas a sorprender”, replicó Caputo.

El ministro explicó su respuesta a partir de la trayectoria económica del país. “¿Por qué? Porque tenemos un historial muy pobre durante los últimos cien años. Argentina es un país que sufrió 22 crisis. Como consecuencia de eso, entramos en default nueve veces y le quitamos 13 ceros a nuestra moneda”, indicó.

Según el funcionario, la administración nacional debió procurar estabilidad y avanzar hacia condiciones de previsibilidad para los inversores. “No solo tuvimos que generar estabilidad, sino que tuvimos que ir un paso más allá y generar previsibilidad. Eso es algo de lo que muchos países ya disfrutaban, pero nosotros no. Por eso creamos un régimen especial para las grandes inversiones”, afirmó.

También sostuvo que el Gobierno ordenó la situación económica recibida sin incumplir contratos. “En esencia, ordenamos este desastre económico que heredamos, pero sin incumplir ningún contrato, siempre respetando la inviolabilidad de los contratos y la propiedad privada, algo que Argentina nunca había hecho en el pasado”, agregó.

Estimó inversiones por USD 200.000 millones

Caputo afirmó que empresas de distintos sectores expresaron interés en desembarcar en el país. “La mayoría de las empresas en todo el mundo ahora quieren invertir en la Argentina, y de alguna manera nos están elogiando por lo que logramos. Y nos están recompensando con un voto de confianza al invertir grandes cantidades de dinero en la economía real”, dijo.

En ese sentido, mencionó un programa de inversiones por USD 200.000 millones para los próximos años, una cifra que, según afirmó, equivale a cerca de un tercio del producto interno bruto argentino.

“Esto definitivamente garantizará que nuestra productividad mejore, nuestra tasa de crecimiento mejore. Crearemos más empleos y de mejor calidad. Y definitivamente esto garantiza que esto será sostenible en el futuro previsible. Así que estamos muy optimistas”, planteó Caputo.

El recorte del gasto público

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que el Gobierno eliminó en el primer mes de gestión un déficit fiscal equivalente a cinco puntos del producto interno bruto. Atribuyó ese resultado a una reducción del gasto público y no a una suba impositiva.

“Eliminamos el déficit fiscal, que era de cinco puntos del PBI, en el primer mes de nuestro mandato y no lo hicimos subiendo impuestos. Redujimos el gasto público en un 30 por ciento”, señaló.

Para Caputo, esa política también cuestionó la idea de que una consolidación fiscal tiene un costo político inevitable. “Nuestro presidente tiene un nivel de popularidad significativamente más alto que cualquiera de sus predecesores que manejaban déficits fiscales significativos”, afirmó.

El ministro agregó que el programa económico tampoco tuvo, según su visión, un efecto recesivo. “Vamos a crecer por tercer año consecutivo. Y también pudimos bajar la inflación de 211% en 2023 al 30% ahora. Todavía alta, pero un proceso de desinflación muy bueno”, declaró.

Empleo, pobreza y sector externo

Durante su exposición, Caputo enumeró cifras que atribuyó a la evolución económica bajo la actual administración. “Pudimos generar más de 500.000 empleos. Redujimos la pobreza del 57% al 32%, así que sacamos de la pobreza a casi una cuarta parte de nuestra población”, afirmó.

Además, señaló que las exportaciones se encuentran en niveles récord y que el país registra superávit fiscal, comercial y de cuenta corriente. A partir de esos resultados, dijo que el Ejecutivo mantendrá el objetivo de reducir la participación estatal en la economía.

“¿Cómo lo vamos a hacer? Eliminando más impuestos. Ya eliminamos tres puntos, el equivalente a tres puntos del PBI, así que seguiremos haciendo eso. Seguiremos eliminando regulaciones hasta convertirnos, como quiere nuestro presidente, en el país más libre del mundo”, expresó.

Caputo minimizó el riesgo político hacia las elecciones de 2027

Ante una consulta sobre el riesgo político de cara a las elecciones de 2027, Caputo sostuvo que los votantes argentinos no optarían por un regreso a políticas anteriores. Para fundamentarlo, mencionó las elecciones de medio término y aseguró que el oficialismo se impuso por 17 puntos pese a lo que definió como un “ataque político significativo de la oposición”.

“El pueblo argentino aprendió por las malas. Y si se mira lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones de medio término, sufrimos un ataque político significativo de la oposición. No ocurrió que la oposición fuera un refugio seguro. El presidente Milei ganó por una ventaja aplastante de 17 puntos”, afirmó.

El ministro sostuvo que el Gobierno ya acreditó resultados frente a las promesas iniciales. “La gente valora mucho eso, y nunca va a votar para volver al pasado, a una inflación casi hiperinflacionaria, a muchos tipos de cambio diferentes”, dijo.

Caputo también se refirió a la ubicación geográfica del país y descartó, en su exposición, la existencia de un problema político interno. “Entonces, honestamente, cuando me preguntan, al momento de invertir en nuestro país, cuál es el mayor riesgo, me gusta decir que el mayor riesgo es no invertir en Argentina porque no tengo ninguna duda en mi mente de que vamos a seguir este camino y que Argentina será uno de los mejores desempeños, de los próximos cuarenta años”.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé desistió de mantener una queja contra el archivo de la causa penal por el préstamo de USD 57.100 millones otorgado a la Argentina por el FMI durante el macrismo, ante lo cual esa decisión quedaría firme.

La resolución se tomó ante la falta de una “hipótesis delictiva concreta” y por considerar que se trató de decisiones políticas “ajenas al control judicial”.

En la causa fueron denunciados el expresidente Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y dos actuales integrantes del gabinete nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo (entonces secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger (por entonces titular del Banco Central).

Desacuerdo con un modelo económico

La Cámara Federal porteña confirmó el 4 de septiembre pasado el archivo resuelto en la justicia de primera instancia y esta decisión llegó en apelación con una queja directa a Casación.

Ahora el fiscal Pleé no mantuvo ese recurso de sus pares en las instancias precedentes porque “no se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.

El fiscal fundamentó su decisión en un dictamen de 28 carillas al que accedió Infobae y en el cual entendió que se pretende llevar ante la Justicia “la adopción y las consecuencias de un determinado modelo económico” y tanto el juzgado como la Cámara Federal al archivar el caso “han hecho una adecuada aplicación de la doctrina de las cuestiones políticas que escapan al control judicial”.

La fiscalía ante Casación entendió que la apelación “no se condice con el objeto del proceso en esta etapa, que se reduce a comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad”.

En relación con la acusación concreta sobre supuesta falta de trazabilidad de los fondos, el fiscal advirtió que “confunde el respaldo normativo con el respaldo contable. En efecto, no se ha indicado una infracción concreta en la aplicación de los fondos, sino que se ha planteado un cuestionamiento general a la política pública sobre su destino”.

El archivo de la causa

El fiscal concluyó que la resolución que archivó la denuncia “cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido” y por eso corresponde desistir de la apelación “en resguardo de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” y en “relación con la necesidad de tener una racional y objetiva administración de justicia”.

“No se ha podido fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta, de modo que lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”, concluyó.

La resolución de la Cámara que confirmó el archivo en septiembre explicó que “tal como lo expuso con acierto la jueza de grado al trazar los límites de esa doctrina, cuando se sospecha que alguno de esos actores se apartó del marco legal preexistente para procurarse beneficios económicos personales, la competencia judicial no opera como revisora de la política pública sino para verificar si las conductas individuales configuran delitos tipificados.”

La investigación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional se inició en 2019 por presunta defraudación, quedó archivada en febrero pasado en el juzgado de la jueza federal de primera instancia María Eugenia Capuchetti, en una decisión ratificada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la sala I del Tribunal de Apelaciones.

El planteo fue presentado ante la Sala IV de la máxima instancia penal federal del país, integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que tiene bajo análisis la queja presentada por el Ministerio Público Fiscal. Antes de resolver si corresponde habilitar la revisión, el tribunal le corrió traslado a Pleé, que es el fiscal general que interviene ante dicha sede.

El vicepresidente de Economía de Venezuela, Calixto Ortega, presentó este miércoles la hoja de ruta económica del país con un plan basado en las industrias extractivas de petróleo y minería, durante una charla en Bangkok en el contexto de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

El expresidente del Banco Central de Venezuela, país que restableció en abril su relación con el FMI tras abandonar el organismo en 2019, trazó una hoja de ruta económica basada en cuatro pilares, en la que destaca el crecimiento basado en aprovechar el “incremento en la producción del sector extractivo”, principalmente petróleo y minerales.

“Son los principales motores para generar ingresos externos y nos permiten financiar el resto de la economía”, remarcó el representante de Caracas.

Según dijo recientemente la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el país sudamericano acumula 22 trimestres consecutivos de crecimiento económico. El FMI reveló el martes en su informe de perspectivas económicas mundiales que proyecta un crecimiento del 5 % de su Producto Interno Bruto (PIB) para este año y un 7 % para 2027.

“Si Venezuela ha crecido tantos trimestres con las restricciones que hemos sufrido, ahora nos llega una buena oportunidad para que el crecimiento alcance su verdadero potencial”, apuntó Ortega, quien también ejerce de representante de Venezuela ante el FMI.

Otros asuntos que subrayó fueron los de utilizar el aumento de los ingresos fiscales procedentes de las industrias extractivas para financiar sectores “desatendidos en la última década, como el suministro de agua y electricidad”, y reconectar al país al sistema financiero internacional para resolver el problema de deuda pública, algo que llevan abordando “desde inicios de año”, dijo Ortega.

En el mismo documento, el FMI estimó una inflación anual de 467,9% para el cierre del presente ejercicio en Venezuela, donde expertos señalan que una de las principales causas de este incremento es el aumento de la cotización del dólar, principal referente para cotizar bienes y servicios en el país petrolero como consecuencia de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021.

Respecto a la dolarización de la economía venezolana y la pérdida de valor del bolívar, Ortega señaló que es una situación que están tratando.

“La dolarización no es la respuesta adecuada para el país, sino fortalecer nuestra moneda nacional (...) El crecimiento y la estabilidad se verán reflejados en el fortalecimiento del bolivar. A medio plazo, nuestra moneda cubrirá el 100 % de nuestra economía local”, dijo.

Pese al crecimiento económico, sindicalistas y trabajadores de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en el país.

Ortega aseguró que Venezuela “ha aprendido de sus errores”, al indicar que los años de bonanza vinculados al alto precio del crudo permitían a Venezuela importar la gran parte de productos esenciales, “porque era lo fácil y teníamos dólares para gastar”.

“Los ingresos potenciales por la recuperación de la producción petrolera y minera serán invertidos para ampliar el resto de la economía y tener una capacidad de desarrollo industrial”, aseguró.

(Con información de EFE)

La funcionaria respondió una consulta sobre las políticas que el país podría aplicar para fortalecer su posición ante los mercados, luego de que el Gobierno ordenara las cuentas fiscales pero continuara enfrentando restricciones para recuperar el acceso al financiamiento voluntario. Su respuesta ubicó a la disciplina fiscal como una pieza central del programa vigente, aunque remarcó que el ordenamiento de las cuentas debe estar acompañado por cambios en la forma de recaudar y asignar recursos.

“La disciplina fiscal ha seguido siendo un pilar del programa en Argentina”, sostuvo Dabla-Norris. Hacia adelante, agregó, serán necesarias reformas que permitan avanzar con la consolidación fiscal y, al mismo tiempo, eleven la calidad de los sistemas de impuestos y de gasto.

El mensaje se produjo mientras la delegación argentina, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene reuniones con autoridades del Fondo en el marco de la tercera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. Ese proceso incluye el análisis de las metas fiscales y de acumulación de reservas, además de las políticas que el Gobierno prevé aplicar durante los próximos meses.

El FMI puso el foco en los gastos tributarios y el IVA

En materia de ingresos, Dabla-Norris señaló que una parte relevante de la agenda pasa por revisar los llamados gastos tributarios, es decir, las exenciones, deducciones y tratamientos especiales que reducen la recaudación potencial del Estado. Entre las medidas que mencionó figuró la reducción de las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Las reformas clave se refieren a fortalecer la eliminación o el alivio de los gastos tributarios, en particular las exenciones del IVA”, expresó la subdirectora del organismo. La idea coincide con uno de los ejes generales del último Fiscal Monitor, que propone mejorar el diseño de los impuestos para limitar las distorsiones sobre la inversión, el empleo y la producción, sin comprometer la capacidad de recaudación.

La observación tiene impacto en la discusión local sobre una eventual reforma impositiva. El sistema argentino combina impuestos nacionales, provinciales y municipales, junto con múltiples regímenes sectoriales y tratamientos diferenciales. Para el FMI, la simplificación y una base tributaria más amplia permitirían recaudar de manera más previsible y con menores efectos adversos sobre la actividad.

La funcionaria también planteó la necesidad de normalizar los impuestos a los combustibles. Ese punto se conecta con la posición que el Departamento de Asuntos Fiscales expuso durante la conferencia sobre los subsidios generalizados a la energía. El organismo sostiene que los precios deben reflejar la escasez de los recursos y que la asistencia estatal debe dirigirse a quienes enfrentan mayores dificultades para absorber el impacto de las subas.

La propuesta incluye reemplazar tributos que el FMI considera distorsivos

Dabla-Norris indicó que la Argentina debería avanzar en una eliminación gradual de otros impuestos que el Fondo considera distorsivos y reemplazarlos por mecanismos de recaudación “más robustos” y duraderos. No detalló qué gravámenes deberían modificarse ni un calendario para esos cambios.

La definición deja abierta la discusión sobre la composición de una reforma tributaria. En la conferencia, el director del Departamento de Asuntos Fiscales, Rodrigo Valdés, sostuvo que el objetivo de una mejor política tributaria es reducir los obstáculos que los impuestos pueden generar sobre la inversión, el trabajo y la producción. También aclaró que no existe un esquema único que pueda trasladarse de manera automática entre países.

El diagnóstico del FMI apunta a que el nivel de recursos públicos no depende solamente de las alícuotas. La administración tributaria, el cumplimiento, la amplitud de la base imponible y la existencia de excepciones también inciden sobre los ingresos del Estado. Según Davide Furceri, jefe de división del Departamento de Asuntos Fiscales, reformas de administración tributaria aplicadas en distintos países llegaron a generar ingresos cercanos a 2% del producto interno bruto.

Para la Argentina, el debate combina el objetivo de reducir la presión de impuestos que afectan costos y decisiones de inversión con la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. El Fondo no propuso en Bangkok un aumento generalizado de impuestos. Su planteo se concentró en la recomposición de la estructura tributaria: reducir excepciones, reforzar la recaudación de impuestos de mayor alcance y retirar gravámenes que, según su análisis, generan mayores distorsiones.

Los subsidios deben concentrarse en los hogares que los necesitan

El segundo componente de la recomendación para Argentina está del lado del gasto. Dabla-Norris afirmó que las reformas deben continuar con una racionalización de los subsidios y una mejora de la eficiencia de las erogaciones estatales. “Los subsidios deben ser mucho más focalizados, de modo que lleguen a quienes más los necesitan”, señaló.

La declaración se inscribe en un enfoque más amplio del FMI frente al encarecimiento internacional de la energía. Valdés había advertido al inicio de la conferencia que los mecanismos amplios de contención de precios son costosos para las cuentas públicas y suelen tener un efecto regresivo, ya que también benefician a sectores con mayor capacidad de consumo.

El organismo estima que las medidas de supresión de precios vinculadas con el shock energético de 2026 cuestan en conjunto cerca de 0,5% del PIB mundial. En los países que sostienen por completo los precios de los combustibles ante una suba externa, el costo fiscal puede ubicarse entre 1% y 1,5% del producto, de acuerdo con la exposición de Valdés.

La alternativa propuesta por el Fondo consiste en reemplazar los esquemas de alcance general por transferencias temporales y dirigidas a hogares vulnerables. En países con dificultades para identificar a los destinatarios, Furceri mencionó herramientas transitorias, como apoyos geográficos, asistencia a sectores específicos o mecanismos vinculados con el transporte y la alimentación.

La agenda fiscal que el FMI expuso para la Argentina se concentra, así, en sostener el resultado de las cuentas públicas mediante cambios de composición: menos exenciones, una revisión de impuestos considerados distorsivos y subsidios concentrados en los sectores de menores ingresos. Las conversaciones entre los equipos técnicos del organismo y las autoridades argentinas continuarán durante la revisión del programa vigente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió que El Salvador revise la gratuidad universal de la plataforma Doctor SV e implemente esquemas de copago diferenciados, con el objetivo de proteger la sostenibilidad financiera del programa sin excluir a las personas de menores ingresos. La recomendación fue analizada por los especialistas Carlos Acevedo, Patricio Pineda y Raúl Castellón en la entrevista Diálogo, de Grupo Megavisión.

El periodista Ernesto López recordó que el organismo internacional advirtió sobre el costo anual de la plataforma de telemedicina, que rondaría los USD 120 millones. Sin embargo, el proyecto de presupuesto contempla una asignación de USD 150 millones para el servicio.

Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), consideró razonable evaluar una contribución de los usuarios con mayor capacidad económica. “No es lo mismo, por ejemplo, que llame este servidor a la plataforma a que llame una persona de bajos recursos”, afirmó.

Para Acevedo, la discusión debe partir de una diferenciación de los beneficiarios. “Si yo me voy a beneficiar de la plataforma, podría tener sentido un copago. Si llama una persona de escasos recursos, no”, sostuvo. A su juicio, “no tiene mucho sentido que se ofrezca una plataforma como esa gratuita a todo el mundo, independientemente de su nivel de ingreso”.

Patricio Pineda, experto en pensiones, planteó que el Gobierno debe publicar datos sobre la cobertura territorial de Doctor SV antes de establecer cualquier mecanismo de pago. Según indicó, no hay información pública sobre la cantidad de descargas, consultas y usuarios por departamento o municipio.

Pineda vinculó ese vacío con la desigualdad en el acceso a internet. Explicó que la mayor concentración de cuentas activas de aplicaciones de mensajería se ubica en el Área metropolitana, que incluye a San Salvador y La Libertad. Si ese patrón se replica en la telemedicina, las comunidades rurales podrían tener una menor utilización de la herramienta.

“Precisamente a esas partes de las zonas geográficas donde se acrecienta esa brecha de acceso al Internet es donde debe estar la subsidiariedad del servicio que pide el FMI”, afirmó. El especialista propuso que el Estado mantenga la gratuidad en los sectores con mayores obstáculos de conectividad y menor acceso a la atención sanitaria.

También cuestionó la transición desde Doctor ISSS hacia Doctor SV. “Lo más sensato, por el tipo de economía que nosotros tenemos y el acceso a la salud, era gradualmente migrar a este uso de aplicaciones”, señaló. Pineda sostuvo que el proceso debió incluir el fortalecimiento de la red pública de salud en las comunidades más empobrecidas.

Los trabajadores formales ya aportan al sistema de salud, advirtió Castellón

El economista Raúl Castellón advirtió que los copagos deben considerar los aportes previos que realizan los trabajadores formales al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Afirmó que muchos hogares ya pagan impuestos, cotizaciones de seguridad social o planes privados de salud.

“Al momento de que tú me digas a mí: ‘Mirá, te voy a cobrar ahora la salud’, yo te preguntaría: ¿por qué me vas a cobrar adicional a la que yo ya estoy pagando?”, planteó. Castellón señaló que la telemedicina puede reducir costos para el Estado y para los pacientes, al evitar traslados, nuevas instalaciones hospitalarias y mayores contrataciones de personal.

Acevedo coincidió en que faltan datos para definir el modelo financiero. Dijo que sería necesario conocer la estructura de costos de Doctor SV, en especial el gasto asociado a la entrega de medicamentos a través de farmacias privadas.

El exfuncionario consideró que una provisión estatal centralizada de fármacos podría resultar más eficiente por las economías de escala. “Sale más caro un esquema en el que crees un mecanismo privado de provisión del servicio y el Estado paga”, afirmó.

Los analistas coincidieron en que la recomendación del FMI no implica una decisión automática. El Gobierno deberá definir los criterios para establecer quiénes conservarán el subsidio total, qué sectores asumirían un copago y cómo evitar que las familias que ya financian servicios de salud enfrenten un nuevo cargo.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) busca elevar a más de USD 2.700 millones la cuota de Perú ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante un proyecto de ley que requiere aprobación del Congreso antes del 15 de noviembre de 2026. La operación elevaría en 50% la participación del país en el organismo y ampliaría su acceso potencial a líneas de financiamiento.

La iniciativa propone que la cuota peruana pase de 1.334,5 millones a 2.001,8 millones de derechos especiales de giro (DEG), la unidad de cuenta del FMI. El incremento equivale a 667,3 millones de DEG, unos USD 903 millones bajo la cotización referencial utilizada en el documento.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, remitió la propuesta para que el país formalice su consentimiento a una decisión adoptada por la Junta de Gobernadores del FMI el 15 de diciembre de 2023. En esa oportunidad, Perú votó a favor del aumento global de cuotas, según la exposición de motivos.

El BCRP usaría activos de reserva, sin recursos del presupuesto

El proyecto establece que el aumento se financiará con operaciones a cargo del banco central, sin una partida del Presupuesto General de la República ni desembolsos del Tesoro Público.

Del total adicional, el 25% —unos 166,8 millones de DEG— deberá pagarse en derechos especiales de giro, monedas de otros países que señale el FMI o una combinación de ambos. El 75% restante, cerca de 500,5 millones de DEG, corresponde a la parte pagadera en moneda nacional.

La operación no reducirá el monto total de las reservas internacionales de Perú. Sí modificará la composición de los activos externos del BCRP: una parte de los recursos que hoy se mantiene en depósitos u otros instrumentos pasará a registrarse como posición financiera del país frente al FMI.

El documento no estima el costo de oportunidad de esos activos ni precisa cuáles instrumentos podrían cambiar dentro del portafolio de reservas. También indica que el saldo pagadero en moneda nacional se instrumentará mediante pagarés u otros documentos que suscribirá el banco central.

Aunque la propuesta no contempla un gasto público directo, la Ley 10640 establece que el Gobierno peruano garantiza los aportes del BCRP al FMI y las operaciones que realice con ese organismo.

La cuota sirve como referencia para préstamos y voto dentro del FMI

Las cuotas constituyen la principal fuente de recursos del FMI. Su monto se utiliza para determinar la participación de cada país en la estructura de gobierno de la entidad y los límites de acceso a sus mecanismos de crédito.

Por ello, el incremento elevaría en términos absolutos el financiamiento potencial al que Perú podría acceder en caso de requerir apoyo. No supone la entrega automática de USD 903 millones ni habilita recursos para cubrir el gasto público. Cualquier préstamo dependería de las políticas vigentes, las condiciones aplicables y la aprobación del FMI.

La revisión aprobada en diciembre de 2023 contempla un aumento equiproporcional de 50% para todos los miembros. Esto implica que la iniciativa no busca elevar la participación relativa de Perú frente a otras economías, sino ampliar el volumen de recursos aportados al FMI.

Una vez se cumplan las condiciones de vigencia, el total de cuotas del FMI pasaría de aproximadamente 476.300 millones a 715.700 millones de DEG.

El Congreso debe autorizar el consentimiento antes del 15 de noviembre

El Convenio Constitutivo del FMI dispone que una cuota no puede modificarse sin el consentimiento del país miembro. En el caso peruano, se necesita una ley que habilite al BCRP a ejecutar las operaciones y comunicar formalmente la decisión.

El plazo para entregar ese consentimiento fue prorrogado hasta el 15 de noviembre de 2026. Al 29 de abril, 149 países habían aceptado el aumento, con un respaldo equivalente al 76,66% de las cuotas computables. Para que la medida entre en vigor, se requiere alcanzar al menos el 85%.

El antecedente más cercano es la Ley 29823, aprobada en 2011, que autorizó el alza de la cuota peruana desde 638,4 millones hasta 1.334,5 millones de DEG.

El ministro de Economía, Luis Caputo, desplegó en Bangkok una agenda de reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tesoro de Estados Unidos, con foco en la revisión del programa argentino, la financiación de proyectos y la llegada de capitales privados. Según informó el funcionario, las conversaciones incluyeron iniciativas vinculadas con infraestructura, minería, energía, pequeñas y medianas empresas e inteligencia artificial.

La actividad se desarrolla en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, a las que también asistió el viceministro de Economía, José Luis Daza. Caputo tiene previsto participar en encuentros del G20, del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Comité Monetario y Financiero Internacional, además de paneles dedicados a la coyuntura global y a las reformas económicas en América Latina y el Caribe.

El FMI destacó la disciplina fiscal y continuará la tercera revisión

Uno de los encuentros centrales de la agenda fue la reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la que participaron Caputo, Daza y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. El Gobierno señaló que el diálogo abarcó la evolución de la economía argentina y el escenario internacional.

Tras la reunión, Caputo sostuvo que Georgieva fue “muy elogiosa” con la política fiscal argentina y que consideró esa conducta “ejemplar en el mundo” pese a los shocks externos. El ministro añadió que los equipos técnicos continuarán trabajando para completar la tercera revisión del programa acordado con el organismo.

Georgieva, por su parte, definió el encuentro como una “excelente reunión” con Caputo y Bausili. La titular del Fondo expresó su respaldo a las mejoras en los fundamentos económicos y a la capacidad de respuesta de la Argentina, que atribuyó a la disciplina fiscal. También contrastó esa situación con la de países que enfrentan déficits elevados, de acuerdo con lo comunicado por el Ejecutivo argentino.

El avance de la tercera revisión es relevante para el calendario financiero del país, dado que la evaluación del FMI determina los próximos pasos del acuerdo vigente. La información difundida no precisó fechas para la finalización de ese proceso ni montos asociados a eventuales desembolsos.

El Banco Mundial analizó proyectos e inversiones por USD 10.000 millones

Caputo mantuvo otra de sus reuniones con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; y el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Alfonso García Mora. El ministro indicó que se revisaron nuevos proyectos respaldados por el organismo y la posibilidad de ampliar los recursos disponibles para la Argentina.

En un mensaje difundido luego del encuentro, Caputo afirmó que las partes detectaron oportunidades de inversión privada en sectores considerados estratégicos. La expectativa oficial es que esos proyectos impulsen puestos de trabajo, cadenas de valor y herramientas de inclusión financiera para las PyMEs. El Gobierno informó que trabaja para viabilizar inversiones privadas por USD 10.000 millones, aunque no detalló las compañías involucradas, los plazos ni la distribución sectorial de esos fondos.

La conversación incorporó además el papel del Banco Mundial en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según la información oficial, la institución ofrecerá asistencia técnica para el seguimiento y la ejecución de iniciativas alcanzadas por el régimen. La agenda incluyó recursos mineros y energéticos, dos de las áreas que el Gobierno busca presentar como receptoras de capital para elevar exportaciones y actividad económica.

Otro punto abordado fue el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y un proyecto que pueda escalar a distintas actividades y regiones del país. El planteo prevé la intervención de varias agencias del Banco Mundial. Por el momento, no se comunicaron el presupuesto, el alcance inicial ni el cronograma de esa iniciativa.

El BID revisó la cartera argentina y el financiamiento del próximo año

Más tarde, el ministro se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, para analizar el apoyo del organismo al desarrollo argentino y al programa de reformas impulsado por la administración nacional. Caputo señaló que ambos repasaron la cartera vigente de proyectos y las perspectivas de financiación para el año siguiente.

“Seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de inversión y desarrollo para nuestro país”, escribió el ministro tras el encuentro. La comunicación no precisó si las conversaciones derivaron en nuevos créditos o aprobaciones concretas. El BID es uno de los organismos multilaterales que financian programas públicos y privados en la región a través de préstamos, cooperación técnica y garantías.

La agenda bilateral de Caputo también incluyó una reunión con Erin Browne, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con el ministro, el intercambio se concentró en los avances de la relación entre ambos países y en los acuerdos ya firmados. “Coincidimos en la importancia de seguir profundizando y fortaleciendo los lazos”, afirmó.

Caputo sumará reuniones del G20 y paneles sobre la economía mundial

Durante su estadía en Tailandia, Caputo tiene previsto reunirse con ministros de Economía latinoamericanos y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. También participará del panel “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, junto con Georgieva, el ministro de Economía y Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis; el viceprimer ministro y ministro de Finanzas tailandés, Ekniti Nitithanprapas; y el titular del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso.

El programa contempla además la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y un panel sobre el impacto del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe. La jornada de Caputo concluirá con un desayuno de trabajo con representantes del G20 y su participación en el Comité Monetario y Financiero Internacional.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de Bolivia se contraerá un 3% en 2026 y un 1,5% en 2027, lo que la convertiría en la única de Sudamérica que registrará tasas negativas de crecimiento durante ambos años, según su último informe de perspectivas económicas.

Las previsiones, publicadas el 12 de octubre, anticipan que el país acumulará tres años consecutivos de contracción, después de que su producto interno bruto (PIB) cayera casi un 1,6% en 2025. En contraste con el resto de las economías sudamericanas que crecerá tanto en 2026 como en 2027, aunque a ritmos diferentes.

La economía boliviana atraviesa un periodo de deterioro marcado por la caída de las exportaciones de hidrocarburos y el agotamiento de sus reservas internacionales. A estos factores se suman la escasez de dólares y las dificultades de abastecimiento de combustibles, lo que ha agravado la situación financiera en el país. En 2025, la economía boliviana se contrajo un 1,58% según datos del Instituto Nacional de Estadística y la inflación superó el 20%.

En ese contexto, el Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió funciones hace poco menos de un año, está implementando medidas para enfrentar el deterioro económico, como la búsqueda de nuevos créditos internacionales -entre ellos uno del 1.900 millones de dólares FMI-, el levantamiento del subsidio a los combustibles y reformas en la política cambiaria. Estas acciones buscan reducir la presión sobre las finanzas públicas y mejorar el acceso a dólares, pero también han generado preocupación por su impacto en los precios y el costo de vida.

En su reciente informe, Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI también redujo las previsiones para América Latina y el Caribe, en un contexto regional marcado por una moderación del crecimiento y mayores riesgos para la actividad económica. El organismo espera que la región crezca un 2,3% en 2026, frente al 2,4% estimado en julio, y un 2,5% en 2027, dos décimas menos que en su proyección anterior.

Entre las economías regionales con mejores perspectivas figura Venezuela, para la que el organismo prevé un crecimiento del 5% en 2026 y del 7% en 2027. Paraguay crecería un 4,5% este año y un 4% el próximo, mientras que Perú avanzaría un 3% y un 2,9%, respectivamente.

Para Brasil, la mayor economía sudamericana, el FMI calcula una expansión del 2,2% en 2026 y del 1,9% en 2027. Argentina crecería un 2,1% este año y un 3,5% el próximo, mientras que Chile registraría un avance del 0,6% en 2026 y del 2,6% en 2027.

La revisión de las perspectivas regionales responde, entre otros factores, al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha elevado los precios de la energía y aumentado los riesgos inflacionarios. Según el FMI, las consecuencias varían entre los países exportadores de materias primas, que pueden beneficiarse de mayores ingresos, y aquellos que dependen de las importaciones energéticas, que afrontan costes más elevados, como es el caso de Bolivia.

El organismo también advirtió de que los posibles efectos climáticos del fenómeno de El Niño, incluidas inundaciones y sequías, podrían alterar los precios de las materias primas e impactar en el costo de los alimentos.

A escala mundial, el FMI proyecta un crecimiento del 3,1% en 2026, una décima más de lo previsto anteriormente, pero inferior al 3,5% registrado en 2025.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este miércoles sobre el riesgo del impacto negativo para la economía mundial que pueden tener los ataques contra infraestructuras y refinerías de petróleo en Arabia Saudita por el conflicto con los hutíes de Yemen.

“La economía saudí es importante para la región y para el mundo. En ese sentido, estos acontecimientos tienen riesgo de contagio que puede afectar al resto del planeta”, dijo Georgieva durante una rueda de prensa en Bangkok en el contexto de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial (BM).

Las palabras de la directora del FMI llegan después de que la sede de la petrolera estatal saudí Aramco, situada en la ciudad de Dhahran (noreste), fuera objeto el martes de un ataque que provocó un incendio, sin causar víctimas mortales ni heridos, según informó a la Agencia de Prensa Saudí una fuente del Ministerio de Energía.

Durante la actual escalada del conflicto entre el reino árabe y los hutíes, que controlan partes del oeste de Yemen, los rebeldes yemeníes han atacado en las últimas semanas refinerías de petróleo en territorio saudí y el aeropuerto de Riad, en los que murieron más de una quincena de personas y otras 300 resultaron heridas.

Por su parte, la coalición militar liderada por Arabia Saudita, que apoya al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, bombardeó el martes el principal depósito de combustible de Saná, la capital yemení, en manos de los rebeldes hutíes desde 2014.

Georgieva expresó su “solidaridad” con Arabia Saudita y le agradeció su liderazgo a la hora de liderar las “reformas estructurales” en los países del Golfo Pérsico, que mantienen, dijo, en “orden” su política fiscal.

La directora del FMI también aplaudió la diversificación económica realizada en los últimos años por el reino saudí para ser menos dependiente del sector petrolero.

“Esto ha creado un colchón que ahora está dando excelentes frutos”, remarcó la economista.

En su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, publicado la víspera, el FMI subió el pronóstico de crecimiento de Arabia Saudita para 2027, hasta el 7,9% (del 5,5% previo), si bien revisó a la baja su proyección para este año, hasta una contracción del 3,3%, desde la subida del 1,7% anterior.

Esta escalada bélica tiene lugar en medio de una intensificación de los combates entre las fuerzas hutíes y las tropas leales al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen, que cuentan con el apoyo aéreo de Arabia Saudita en su contraofensiva para recuperar el control de las zonas en manos de los rebeldes, incluida Saná.

Centroamérica crecería, según las proyecciones de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI), un crecimiento del 4.2% en 2026 y 4.0% en 2027, que anticipan una aceleración respecto al 3.7% calculado para 2025. El nuevo escenario coloca a Panamá y El Salvador al frente de la expansión subregional el próximo año, aunque Honduras concentraría la mayor inflación y varios países mantendrían déficits en su cuenta corriente.

La estimación supone una mejora respecto del pronóstico divulgado por el organismo en abril para Centroamérica y República Dominicana, cuando esperaba un crecimiento de 3.7% en 2026. La comparación requiere cautela, ya que la previsión más reciente presenta datos para Centroamérica como bloque, sin incluir a República Dominicana.

El informe prevé que la inflación promedio de la subregión pase de 1.8% en 2025 a 3.0% en 2026 y a 3.7% en 2027. A su vez, la cuenta corriente regional, que habría cerrado 2025 con un superávit equivalente al 1.0% del producto interno bruto (PIB), registraría déficits de 0.3% en 2026 y 0.7% en 2027.

Panamá tendría el mayor crecimiento y El Salvador quedaría en segundo lugar

Panamá encabezaría el crecimiento de Centroamérica en 2026, con una expansión de 5.0%, antes de moderarse a 4.2% en 2027. El FMI proyecta una inflación de 1.8% el próximo año y de 2.2% en el siguiente. También calcula un déficit de cuenta corriente de 1.5% del PIB en 2026, que se ampliaría a 2.5% en 2027.

El Salvador ocuparía el segundo puesto, con un crecimiento de 4.5% en 2026 y de 4.0% en 2027. La inflación promedio se ubicaría en 2.7% el próximo año y bajaría a 2.1% en 2027. El país tendría el mayor déficit de cuenta corriente de la subregión: 4.8% del PIB en 2026, aunque el Fondo anticipa una reducción a 3.0% un año después.

La proyección para la economía salvadoreña coincide con la cifra divulgada esta semana por el Banco Mundial, que también espera una expansión de 4.5% en 2026. El organismo situó a El Salvador como la tercera economía de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, por detrás de República Dominicana y Paraguay.

Guatemala mantendría superávits externos y Nicaragua crecería 3.8%

Para Guatemala, el FMI estima una expansión de 4,0% en 2026 y 3,8% en 2027. Los precios al consumidor aumentarían 3,0% y 4,1%, respectivamente. El país conservaría un superávit de cuenta corriente, equivalente al 3,6% del PIB el próximo año y al 3,1% en 2027.

Entre tanto, Nicaragua crecería 3,8% en 2026 y en 2027, de acuerdo con la proyección del Fondo Monetario. La inflación pasaría de 3,5% a 3,2% entre ambos años. El país registraría el mayor superávit de cuenta corriente de Centroamérica, con 6,4% del PIB en 2026 y 4,0% en 2027.

Costa Rica tendría una expansión de 3,3% en 2026, seguida de un repunte a 3,5% en 2027. El FMI pronostica una inflación promedio negativa de 0,8% el próximo año y una variación de 2,2% en 2027. Su cuenta corriente arrojaría déficits de 1,5% y 1,6% del PIB, respectivamente.

Honduras enfrentaría la inflación más elevada de Centroamérica

La economía de Honduras crecería 3,3% en 2026 y 3,4% en 2027. El país tendría la inflación más alta de la subregión: 5,6% el próximo año y 5,3% en el siguiente. El déficit de cuenta corriente sería de 2,0% del PIB en 2026 y se ampliaría a 3,5% en 2027.

Las previsiones actualizadas difieren de las que el FMI difundió en abril, cuando estimaba un crecimiento regional de 3,7% para este año y de 4,0% para 2027 dentro del grupo que reunía a Centroamérica y República Dominicana. En esa revisión, Guatemala lideraba las proyecciones de expansión para 2026, con Panamá y Nicaragua detrás, pero unos meses después las previsiones han tenido un giro.

Los riesgos externos podrían elevar costos e impactar las cuentas fiscales

Por otra parte, el FMI advierte que el conflicto en Medio Oriente, nuevas interrupciones de la infraestructura energética, ciberataques, fenómenos climáticos extremos y la persistencia de tensiones comerciales pueden afectar la actividad global. Para las economías importadoras de energía y alimentos, esos factores pueden aumentar los costos de importación, presionar la inflación, deteriorar las cuentas externas y reducir los ingresos reales de los hogares.

El organismo también señala que los gobiernos cuentan con un margen fiscal más limitado ante el alza de los costos de financiamiento y los niveles de deuda. Frente a un eventual aumento de precios de combustibles y alimentos, recomienda apoyos temporales y focalizados para los hogares vulnerables, en lugar de subsidios generalizados que amplían el gasto público y pueden resultar difíciles de retirar.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló, el 13 de octubre, la actualización que hizo de sus perspectivas sobre el crecimiento de la economía mundial y regional. La entidad proyecta que la economía colombiana crecerá 2,2% en 2026, por debajo del 2,6% estimado para 2025 y del promedio previsto para América Latina y el Caribe. Sitúa a Colombia en 2,3% para 2027, también por debajo del 2,5% proyectado para la región. Las cifras forman parte de las Perspectivas de la Economía Mundial.

Así las cosas, en 2026, Colombia igualaría el avance de Brasil, superaría a Argentina y México, pero quedaría por debajo de Perú, al que el organismo proyecta un crecimiento de 3%.

La previsión del FMI difiere por una décima de la presentada por el Banco Mundial, que calcula que el producto interno bruto colombiano crecerá 2,3% en 2026. Ambas instituciones coinciden, sin embargo, en que el país se desacelerará frente al 2,6% atribuido a 2025. El informe del Banco Mundial, publicado el martes 6 de octubre, ubica a Colombia una décima por encima de la estimación del FMI.

Precisamente, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, planteó que la región tiene margen para acelerar su crecimiento si consolida políticas macroeconómicas consistentes, instituciones más sólidas e inversiones orientadas a elevar la productividad, el empleo y los ingresos.

Brasil, la mayor economía de la región, crecería 2,2% en 2026, condicionado por una política monetaria restrictiva, el retiro de estímulos fiscales y la incertidumbre internacional. México avanzaría 1,5%, favorecido por su integración en las cadenas de suministro vinculadas con la inversión en inteligencia artificial.

Inflación, empleo y déficit externo en el panorama colombiano

El Fondo anticipa que la inflación promedio de Colombia pasará de 5,1% en 2025 a 6% en 2026, antes de moderarse a 5,7% en 2027. El nivel previsto para los próximos dos años se mantendría por encima del registrado en 2025. El desempleo también subiría desde 8% en 2025 hasta 9% en 2026 y 10% en 2027, de acuerdo con las proyecciones del organismo. A la vez, el déficit de cuenta corriente aumentaría de 2,6% del producto interno bruto (PIB) en 2026 a 3,4% un año después.

Advirtió que las “economías importadoras de energía no integradas en la cadena de valor tecnológica” afrontan las perspectivas más difíciles. Esa condición cobra relevancia en un escenario en el que el encarecimiento de la energía y de otras materias primas puede trasladarse a precios internos y afectar la actividad.

Riesgos externos que condicionan el crecimiento

Según el FMI, la economía mundial crecería 3,1% en 2026 y 3,4% en 2027, después de haber cerrado 2025 con una expansión de 3,5%. La inflación general mundial alcanzaría 4,7% en 2026 y se moderaría a 4,1% en 2027. El informe, titulado “Resiliencia bajo presión, decisiones urgentes”, describe una economía global que “está probando su resistencia” ante choques sucesivos.

La mejora de una décima en la previsión para 2026 se apoya en mejores resultados de varias economías avanzadas, entre ellas Alemania, España, Italia y Japón.

Encarecimiento de la energía y las materias primas

El Fondo señaló que la guerra en Irán encarece la energía y las materias primas, con efectos sobre el crecimiento, mientras la inversión en inteligencia artificial contribuye a compensar parte de ese impacto. También alertó sobre la incertidumbre derivada de los aranceles, que obliga a empresas y gobiernos a modificar sus cadenas de suministro.

“Una nueva escalada de los conflictos, un reajuste de las expectativas acerca de la inteligencia artificial, un recrudecimiento de las tensiones comerciales y las vulnerabilidades fiscales podrían minar el crecimiento”, indicó el organismo al considerar que una inversión tecnológica más vigorosa, mejoras de productividad o una reducción sostenida de las tensiones geopolíticas y comerciales podrían mejorar el panorama.

También pidió preservar la estabilidad de precios y reforzar las cuentas públicas, al considerar que los márgenes de ajuste de corto plazo son cada vez más limitados. Sobre la política tributaria, advirtió que “los recortes de impuestos financiados mediante deuda estimulan la actividad interna, pero pueden tener repercusiones negativas a corto plazo en el exterior”.

El Salvador crecería 4.5% en 2026 y 4.0% en 2027, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) incluidas en la edición de octubre de sus Perspectivas de la Economía Mundial. El organismo anticipó que habrá una aceleración respecto al 3.5% que estimó para 2025, aunque proyectó una moderación posterior en un contexto de riesgos vinculados con el costo de la energía, los alimentos y la incertidumbre internacional.

La previsión ubica al país entre las economías con mayor expansión de Centroamérica durante 2026. Solo Panamá, con una proyección de 5.0%, superaría el ritmo previsto para la economía salvadoreña dentro de la subregión, de acuerdo con las tablas del informe divulgado por el organismo.

Esta última proyección del organismo supera incluso la que preveía en abril de este año, cuando vaticinó que la economía de El Salvador crecería 3.3 % en 2026, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial divulgado ese mes. Dicha previsión era similar a la hecha a inicios de abril por el Banco Central de Reserva (BCR) salvadoreño, cuyo margen estaba entre el 3% y 3.5%.

Y el cálculo que hace el FMI en octubre coincide con la proyección más reciente del Banco Mundial, que también prevé una expansión de 4.5% para El Salvador el próximo año. La entidad había situado al país como la tercera economía de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe en 2026, detrás de República Dominicana y Paraguay, ambos con una estimación de 4.7%.

El crecimiento perdería ritmo en 2027, pero la inflación no

El Fondo Monetario prevé que el producto interno bruto real salvadoreño se desacelere a 4.0% en 2027, mientras que el Banco Mundial calcula una tasa de 3.9% para ese mismo año. Ambas previsiones apuntan a un enfriamiento moderado tras el impulso esperado en 2026.

El informe del FMI estima que la inflación promedio será de 2.7% en 2026 y descenderá a 2.1% en 2027. El organismo también anticipa que el déficit de cuenta corriente alcanzará el 4.8% del producto interno bruto el próximo año, antes de reducirse al 3.0% en 2027.

Las proyecciones se conocen después de que el Directorio Ejecutivo del FMI concluyera la segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo con El Salvador. La decisión, anunciada el 1 de octubre de 2025, habilitó un desembolso de USD 138 millones.

El programa, aprobado el 26 de febrero de 2025 y vigente por cuarenta meses, contempla un acceso total cercano a USD 1,400 millones. El Fondo señaló entonces que la economía había superado sus previsiones iniciales y atribuyó ese desempeño a la mejora en las condiciones de seguridad y al aumento de la confianza de los inversores.

El acuerdo con el Fondo mantiene el foco sobre las cuentas públicas

Tras las revisiones, el organismo indicó que la consolidación fiscal avanzó, en líneas generales, conforme a las metas del programa. También destacó el cumplimiento de objetivos vinculados con reservas internacionales y liquidez.

El Fondo sostuvo que la trayectoria de la deuda pública dependerá de la continuidad del ajuste fiscal. Entre las prioridades mencionadas figuraron una mayor recaudación, límites al gasto, cambios en el sistema previsional, mejoras en la administración pública y una gestión más sólida de la deuda y de la tesorería estatal.

El organismo concedió exenciones por incumplimientos vinculados con la acumulación de Bitcoin, tras evaluar medidas correctivas y compromisos de las autoridades. El Gobierno salvadoreño comunicó que no prevé compras adicionales de la criptomoneda por parte del sector público, salvo donaciones documentadas.

Precios energéticos y alimentarios figuran entre los riesgos para la región

En su evaluación global, el FMI advirtió que el conflicto en Medio Oriente, las tensiones comerciales y las posibles interrupciones en el suministro de energía pueden alterar las previsiones de crecimiento e inflación. Los países importadores de energía enfrentarían una mayor presión sobre sus cuentas externas, los ingresos de los hogares y las finanzas públicas.

Para Centroamérica, el Fondo proyecta un crecimiento de 4.2% en 2026 y 4.0% en 2027. La inflación regional pasaría de 1.8% en 2025 a 3.0% el próximo año y 3.7% en 2027.

El informe también plantea que los gobiernos deben evitar subsidios generalizados a los combustibles o alimentos, debido a su costo fiscal y a que suelen beneficiar a sectores que no requieren asistencia. En su lugar, recomienda transferencias temporales y focalizadas para proteger a los hogares de menores ingresos ante aumentos de precios.

En medio de las tensiones que ha generado el anuncio del Gobierno nacional para ingresar nuevamente al Fondo Monetario Internacional para aliviar las cargas fiscales del país, en la mañana del martes 13 de octubre, Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo internacional aplaudió la iniciativa.

En medio de una entrevista concedida a la revista Cambio, el experto aseguró que la nueva alianza, de darse, reduciría los riesgos de corregir los desequilibrios sin respaldo externo. El exdirector del sostuvo que el país está lejos de una crisis como la argentina, pero necesita una estrategia que recupere el orden financiero y refuerce su credibilidad ante los mercados.

La negociación técnica podría durar entre dos y ocho semanas, según el grado de avance de las conversaciones sobre las políticas fiscales y financieras que adoptará el país. Si las partes alcanzan un acuerdo con el equipo técnico del Fondo, el programa y el monto del préstamo pasarán al directorio del organismo para su votación.

Werner, director fundador del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown e investigador senior del Peterson Institute, señaló que Colombia todavía conserva instituciones que la diferencian de los países con crisis prolongadas: un banco central independiente, tipo de cambio flexible, cuenta de capitales abierta y una economía de mercado en funcionamiento. También mantiene acceso a los mercados internacionales de capital.

“El país podría corregir su situación sin el Fondo Monetario Internacional, pero estaría tomando muchos más riesgos de los que necesita”, afirmó Werner a Cambio. A su juicio, un programa respaldado por el organismo haría que el ajuste financiero sea “más creíble y robusto”.

Hasta 18.000 millones de dólares bajo un acuerdo stand-by

Colombia tuvo una Línea de Crédito Flexible desde 2009, un mecanismo reservado para países con fundamentos macroeconómicos sólidos. La pérdida de esos fundamentos fiscales y financieros llevó al país a no solicitar su renovación, dado que ya no cumplía con las condiciones para acceder a ella.

La alternativa que Werner considera probable es un acuerdo stand-by, una modalidad de asistencia financiera condicionada a un programa económico. La cuota colombiana en el Fondo se ubica entre 2.300 millones y 2.400 millones de dólares, por lo que el respaldo podría alcanzar hasta 18.000 millones de dólares, equivalente a seis veces esa participación.

El programa debería partir de una propuesta de las autoridades colombianas sobre la reducción del déficit, que para el próximo año fue anunciado de manera inercial en más de 9%. Esa hoja de ruta definiría qué gastos e impuestos se modificarían, además de las medidas financieras que el Fondo considere necesarias para sostener el ajuste, según indicó el experto.

Las metas pueden ser cualitativas, como la aprobación de una reforma, o cuantitativas, como un objetivo de reducción del déficit. El organismo revisa su cumplimiento de manera trimestral o semestral y puede redefinirlas si las desviaciones responden a factores externos que el país no controla.

Si un gobierno se aparta voluntariamente del programa, el Fondo deja de aprobar los desembolsos. Werner sostuvo que los resultados favorables no dependen únicamente del organismo, sino del compromiso de los países con políticas públicas que corrijan los desequilibrios fiscales y financieros.

El objetivo de un programa exitoso sería que Colombia recupere la capacidad de endeudarse a 10 años a tasas similares a las de siete años atrás, reduzca el riesgo país y mejore su calificación crediticia.

Ese restablecimiento del orden financiero podría favorecer el crecimiento, aunque los problemas estructurales que lo condicionan requieren reformas más complejas y de mediano plazo, según indicó Werner.

“Eso debería ayudar a que el país crezca más, pero ese ya es un paso mucho más ambicioso y un tema de mediano plazo. El objetivo de los programas del FMI es evitar que el país entre en un problema financiero importante y, si entró, sacarlo de él. Uno cree que, si eso se logra, las oportunidades de crecimiento serán mejores para el país. Pero los temas de crecimiento tienen que ver con problemas estructurales, que son aún más complejos de corregir”, comentó el exdirector.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este martes en Bangkok con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, junto al subdirector gerente Dan Katz y otros funcionarios del organismo, en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. Según informó el propio ministro a través de su cuenta de X, Georgieva calificó la disciplina fiscal argentina como “ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales”.

La directora gerente del Fondo fue “muy elogiosa” con el desempeño fiscal del Gobierno, según describió Caputo en esa misma publicación. El encuentro incluyó a equipos técnicos de ambas partes y abarcó, de acuerdo con el ministro, “todos los temas, internos y externos”. Al cierre del encuentro, se confirmó que los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión del programa vigente entre la Argentina y el organismo.

El resultado de esa revisión tiene implicancias directas sobre las reservas internacionales. Un desembolso de USD 869 millones aguarda su aprobación formal, y su acreditación aliviaría el efecto de pagos recientes al FMI sobre los activos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El calendario de vencimientos suma además USD 865 millones en noviembre y USD 340 millones en diciembre.

Por su parte, Georgieva publicó, también en X: “Excelente reunión con el Ministro Luis Caputo y el Presidente del BCRA Bausili. Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits. Nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión”. Caputo respondió a ese mensaje: “Gracias Kristalina Georgieva por tu apoyo continuo y confianza”.

El Gobierno pedirá una dispensa por el desvío en la meta fiscal

La revisión no está exenta de tensiones. Entre enero y junio de este año, la Argentina acumuló un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de los $6,86 billones comprometidos como meta al cierre del primer semestre. El desvío ascendió a $573.974 millones, aun después de que el FMI hubiera reducido la exigencia fiscal original, que contemplaba un superávit de $8,46 billones. Para que la revisión avance, el equipo económico deberá obtener una dispensa —o waiver— del organismo.

La situación en el frente externo fue distinta. El BCRA cumplió la meta de reservas netas fijada para junio luego de una flexibilización acordada con el Fondo, con una variación acumulada desde fines de 2024 de -USD 3.111 millones frente a un límite de -USD 8.600 millones. La combinación de una meta de reservas cumplida y una meta fiscal incumplida concentró buena parte de la agenda en Bangkok.

El FMI recortó su previsión de crecimiento para la Argentina

Las conversaciones se produjeron justo en el momento en que el FMI publicó la edición de octubre de sus Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook), que redujo la estimación de expansión para la Argentina a 2,1% en 2026, frente al 3,5% previsto en abril y confirmado en julio. El recorte de 1,4 puntos porcentuales no siguió una tendencia uniforme en la región: el organismo mantuvo en 2,3% su proyección para América Latina y el Caribe, y mejoró las estimaciones para Brasil, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú.

La subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks, atribuyó la corrección a “la actividad más débil que ya hemos observado hasta el tercer trimestre de este año” y a “una demanda interna más moderada”, en un contexto de condiciones financieras restrictivas y de transformación estructural de la economía. Aun así, anticipó que el organismo espera una recuperación en el último trimestre de 2026, que se afianzaría en 2027 y 2028 de la mano de mejores términos de intercambio, mayor inversión y exportaciones agrícolas y energéticas más fuertes. Para 2027, el FMI proyecta un crecimiento de 3,5% y una inflación promedio de 21,2 por ciento.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) subió su estimación de crecimiento para México en 2026 a 1.5%, desde el 1.2% que proyectaba en julio. Lo hizo en un informe que recortó las previsiones para América Latina y el Caribe, según su reporte Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), presentado este martes en Bangkok, Tailandia.

Para el organismo, la región crecerá 2.3% este año y 2.5% en 2027, frente a 2.4% y 2.7% en julio. Reuters informó que la mayoría de los países recibe poco impulso del auge de la inteligencia artificial (IA), que ayudó a otras economías a absorber el golpe energético derivado de la guerra en Medio Oriente.

¿Qué dijo el FMI sobre México?

El Fondo atribuyó la mejora a las exportaciones, incluidas las ligadas a las cadenas de suministro de IA, y a una inversión que se estabiliza. En julio, el organismo vinculaba la recuperación a políticas internas menos restrictivas.

Para 2027, sin embargo, recortó ligeramente su cálculo: 1.8%, frente al 1.9% anterior. Advirtió que la incertidumbre comercial y otros factores seguirán frenando la actividad.

Los datos más relevantes para México:

• PIB 2026: 1.5% (antes 1.2%).
• PIB 2027: 1.8% (antes 1.9%).
• Inflación: 3.8% al cierre de 2026 y 3.6% en 2027, según medios mexicanos que revisaron el informe.
• PIB per cápita: cayó 0.3% en 2025, porque la economía creció menos que la población. El FMI prevé una recuperación de 0.7% en 2026 y de 1.0% en 2027.

Este último punto matiza el avance: la mejora en el PIB aún es pequeña frente al tamaño de la población.

El contexto: una guerra que encarece la energía

El informe describe una economía mundial “dividida”. El FMI subió su proyección de crecimiento global a 3.1% para 2026, desde 3.0% en julio, y señaló que las rutas alternativas de suministro de energía y la inversión impulsada por la IA sostienen esa resiliencia.

El conflicto en Medio Oriente, no obstante, convirtió la energía en un choque inflacionario global. El crudo Brent cotiza cerca de 45% por encima de su nivel previo a la guerra. Los combustibles y la electricidad más caros afectan a hogares y empresas, y el temor a una inflación persistente empujó los costos de endeudamiento a máximos de varias décadas.

El FMI explicó que el efecto en América Latina depende de dos factores:

• Si las ganancias de los países exportadores de materias primas superan las pérdidas de los importadores de energía.
• Qué tan creíbles son las metas de inflación de los bancos centrales.

Argentina y Brasil, entre los más afectados

Argentina recibió el recorte más fuerte entre las economías que el FMI detalla por separado. Su crecimiento se ubicaría en 2.1% en 2026, muy por debajo del 3.5% previsto en julio y del 4.5% de 2025. Para 2027, el Fondo bajó su estimación a 3.5%, desde 4.0%. La inflación argentina caería a 32.5%, frente a 41.9% del año pasado.

Brasil pasaría a crecer 2.2% este año y 1.9% en 2027, frente a 2.4% y 2.2% en julio. El organismo citó una política monetaria aún restrictiva, el retiro del apoyo fiscal del gobierno y la incertidumbre global. La diferencia con México se reduce: en 2027, Brasil y México quedarían separados por apenas una décima (1.9% contra 1.8%).

Las tablas del informe muestran también:

• Chile: crecimiento de 0.6% este año, frente a 2.5% anterior.
• Bolivia: contracción de 3.0%, tras una caída de 1.6% en 2025.
• Venezuela: inflación de 467.9%, desde 252.0%.

Riesgos: volatilidad y financiamiento más caro

El FMI aseguró que los riesgos siguen inclinados a la baja. Advirtió que la turbulencia en los mercados podría afectar a las economías emergentes por tres vías: mayores costos de financiamiento público, presión sobre sus monedas y condiciones financieras locales más estrictas.

Un respaldo reciente al panorama fiscal

El pronóstico llega días después de que el FMI concluyera su consulta del Artículo IV 2026 con México. Según la Secretaría de Hacienda, el organismo reconoció avances en consolidación fiscal, estabilidad financiera e infraestructura, y consideró que los riesgos para la actividad están balanceados. También hizo recomendaciones para fortalecer la posición fiscal en el mediano plazo.

Lo que sigue

La economía mexicana mejorará más de lo previsto en 2026, pero a un ritmo moderado y dependiente de las exportaciones y del entorno externo. El FMI mantiene su advertencia sobre la incertidumbre comercial, un factor que sigue pendiente para México.

Horas después de haber recibido el respaldo público por parte del Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo respondió a un insulto en la red social X con una negativa rotunda a la posibilidad de dejar su cargo. “Quedate tranquilo que no voy a renunciar”, escribió el funcionario.

En medio de una discusión tuitera con economistas y distintos usuarios de la red, desde la cuenta anónima @vasacorrer le señalaron a Caputo: “Flaco, vos sos ministro de economía por segunda vez y tenés los peores números internacionales de la historia, ni se te ocurra renunciar que vas a tener que pagar por todo hijo de puta!!!!”.

La respuesta de Caputo al exabrupto fue clara: “Primera vez chiquilín, y quédate tranquilo que no voy a renunciar, así que aún tipos como vos van a poder vivir en un pais mejor”. La referencia a la primera vez responde a que Caputo, durante el Gobierno de Mauricio Macri, no fue ministro de Economía sino de Finanzas.

El respaldo de Milei y la “relación simbiótica”

Durante una entrevista radial, ayer el Presidente Javier Milei descartó de plano cualquier posibilidad de que Caputo no siga al frente del Palacio de Hacienda. El mandatario definió como “un disparate total” las versiones sobre una eventual salida del ministro. Milei sostuvo que mantiene con Caputo una “relación simbiótica” y que ambos conversan de forma habitual antes de tomar decisiones de gestión.

El Presidente dijo que la hipótesis de una renuncia carece de sustento a la luz del funcionamiento del Gobierno. “Ante cada situación nosotros hablamos regularmente y siempre tenemos la visión perfectamente alineada”, afirmó. También sostuvo que quien observe las reuniones de gabinete y el proceso de decisión debería descartar una salida de Caputo.

El jefe de Estado vinculó los rumores con la agenda internacional del titular de Economía. Según afirmó, las versiones circularon antes de un encuentro de Caputo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante la asamblea del organismo en Tailandia.

“Le inventan esto antes de la reunión con Georgieva”, dijo, a la vez que cargó contra los que dicen tener “inside information” y hacen correr versiones en grupos de WhatsApp. “Eso es ir contra los intereses del país directamente, porque lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando tiene que sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es una canallada. Eso es traición a la patria”, dijo.

En la misma entrevista, Milei afirmó que el Gobierno cuenta con USD 125.000 millones para afrontar una eventual corrida cambiaria en 2027. Aclaró que no prevé ese escenario, aunque señaló que su administración tomó previsiones. De acuerdo con su explicación, ese monto reúne dólares comerciales, financiamiento acordado, los swaps con China y con Estados Unidos y los contratos de dólar futuro.

El Presidente comparó esa posición con los USD 70.000 millones que, según dijo, el país reunió para responder a las tensiones financieras durante las elecciones de 2025. Añadió que entonces la Reserva Federal de EEUU aportó USD 2.500 millones cerca del cierre de ese período y que el contexto político limitaba las herramientas del Poder Ejecutivo.

En el detalle de los recursos disponibles, Milei indicó que el país ya consiguió USD 25.000 millones para atender los vencimientos del próximo año. A esa suma agregó USD 20.000 millones adquiridos desde noviembre del año anterior, USD 20.000 millones de cada uno de los swaps mencionados y la posibilidad de operar contratos de futuro por USD 15.000 millones.

Además, vinculó la disponibilidad de divisas con el superávit energético y afirmó que los ingresos comerciales reducen la necesidad de buscar deuda en los mercados internacionales. El Gobierno, según dijo, podrá cubrir los compromisos sin nueva deuda porque mantiene superávit fiscal primario para pagar intereses. La afirmación fue parte de su defensa pública de Caputo.

España sigue creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el de los países de su entorno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado cuatro décimas su previsión de expansión del PIB para España en 2026, hasta el 2,5%, una cifra que más que duplica el 1,1% estimado para el conjunto de la eurozona. El organismo, con sede en Washington, ha publicado este martes su informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), en el que señala a España como uno de los dos motores que sostienen la expansión del bloque europeo, junto con Irlanda.

El documento atribuye la mejora del área del euro, que también vio revisada su previsión dos décimas al alza, “principalmente a una recuperación muy sólida en Irlanda y al dinamismo sostenido en España”. El resto de las economías de la región, según el FMI, mantienen un ritmo de crecimiento estable, sin los sobresaltos que marcaron los dos países mencionados.

El contraste se explica, en parte, por el contexto más amplio que describe el FMI en el informe. La economía mundial atraviesa lo que el organismo define como una división entre países beneficiados por el auge de la inteligencia artificial y los flujos de inversión tecnológica, y aquellos más expuestos al encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Medio.

El paro se resiste a bajar del 10% y la inflación se revisa al alza

El crecimiento, sin embargo, convive con dos frentes que el FMI no deja de señalar. El primero es el mercado laboral: la tasa de desempleo en España apenas se moverá del 9,8% tanto en 2026 como en 2027, muy por encima del 6,3% que el organismo proyecta para la eurozona en ambos años. La brecha, de más de tres puntos porcentuales, se mantiene estable pese a la mayor expansión económica del país, lo que evidencia una desconexión entre el ritmo de crecimiento y la capacidad de generar empleo al mismo nivel que sus socios europeos.

El segundo frente es la inflación. El FMI aumentó en 0,7 puntos su previsión para España este año, hasta el 3,7%, con una moderación esperada al 2,7% en 2027. Se trata de una de las correcciones más pronunciadas del informe para una economía avanzada de la eurozona. El organismo vincula este repunte generalizado de precios, que también afecta al resto del bloque, a los elevados costos energéticos y a la persistencia de las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Para la eurozona en su conjunto, la inflación se revisó medio punto al alza en 2026, hasta el 3,1%, y 0,6 puntos en 2027, hasta el 2,8%, en comparación con las cifras de abril. El FMI advierte, además, que la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, no regresará a la meta del 2% en la región hasta 2028. Esta persistencia alimenta, según el informe, expectativas de una política monetaria menos expansiva de lo previsto meses atrás, con posibles subidas de tipos de interés ante las presiones inflacionarias.

Las proyecciones del FMI para 2027, por su parte, no sufrieron cambios respecto al informe anterior: España crecería un 1,8%, una desaceleración de siete décimas frente al año previo que acercaría al país al promedio de la eurozona, calculado en 1,2% para ese ejercicio. La convergencia no implica un freno brusco, sino lo que el organismo describe como una normalización después de un año de crecimiento excepcional.

Alemania mejora, Francia se rezaga

El reacomodo de fuerzas dentro de la eurozona no se limita a España. Alemania recibe una de las revisiones más significativas del informe: el FMI elevó 0,6 puntos su previsión para 2026, hasta el 1,3%, y 0,1 puntos para 2027, hasta el 1,1%. Italia también mejora sus cifras, con un alza de 0,3 puntos en 2026 (0,8%) y 0,1 puntos en 2027 (0,6%).

Francia, en cambio, fue la gran perdedora de esta actualización: el FMI recortó dos décimas su proyección tanto para 2026, hasta el 0,4%, como para 2027, hasta el 0,7%.

La economía mundial crecerá un 3,1% en 2026 y un 3,4% en 2027, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que elevó en una décima su estimación para este año respecto de su proyección anterior. El organismo advirtió que la guerra de Irán y el aumento de los precios del petróleo y otras materias primas restan fuerza a la actividad económica, mientras que la inversión en inteligencia artificial (IA) aporta un impulso positivo que amortigua el impacto del conflicto.

De acuerdo con el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el crecimiento previsto para 2026 será cuatro décimas inferior al registrado en 2025, cuando la economía global avanzó un 3,5%. La actualización de las proyecciones contempla cambios en las perspectivas de las principales economías, con revisiones al alza para Alemania, España, Italia, Japón y México, mientras que China y Brasil afrontan ajustes a la baja.

El FMI señaló que la evolución de la economía internacional está marcada por dos fuerzas contrapuestas: el encarecimiento de la energía y las materias primas como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, y el auge tecnológico asociado a la inteligencia artificial. Ambos factores influyen en los precios y la actividad, aunque por vías diferentes, con efectos sobre la inversión, el comercio y la inflación.

“La economía mundial está probando su resistencia, pero de manera desigual con márgenes cada vez más estrechos para ajustes en el corto plazo”, señaló el informe, que acompaña la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, celebrada esta semana en Bangkok, Tailandia.

El organismo también indicó que las empresas continúan adaptándose a sucesivas perturbaciones económicas, entre ellas los riesgos geopolíticos y los cambios en la política comercial. Al mismo tiempo, los mercados financieros mantienen una visión favorable de los desafíos que enfrenta la economía global.

En cuanto a las principales economías europeas, el FMI mejoró en seis décimas su previsión de crecimiento para Alemania en 2026, hasta el 1,3%. También elevó en cuatro décimas la estimación para España y en tres décimas la de Italia, que crecerán un 2,5% y un 0,8%, respectivamente. Con estas cifras, España se mantiene como la gran economía europea con mayor crecimiento previsto.

En contraste, Francia afronta una revisión a la baja de dos décimas para 2026 y 2027. El organismo proyecta un avance de su producto interior bruto (PIB) del 0,4% este año y del 0,7% el próximo.

Para China, el FMI redujo en una décima su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 4,5%. Japón, en cambio, recibió una revisión al alza de una décima, con una expansión prevista del 0,7%.

Estados Unidos, la mayor economía del mundo, mantiene unas perspectivas sin cambios significativos. El organismo espera que su PIB crezca un 2,3% tanto en 2026 como en 2027.

En América Latina, el FMI prevé que la economía regional avance un 2,3% este año y un 2,5% el próximo. Sin embargo, las proyecciones presentan diferencias entre los principales países de la región, en particular por la evolución de las políticas económicas y las condiciones internacionales.

Brasil, la mayor economía latinoamericana, sufrió una revisión a la baja de dos décimas en su previsión para 2026, hasta el 2,2%. Para 2027, el organismo recortó tres décimas su estimación y ahora espera un crecimiento del 1,9%. El informe atribuyó los ajustes a “una política monetaria restrictiva con el objetivo de devolver a la inflación al objetivo, la retirada de políticas de apoyo fiscal y la incertidumbre global”.

En México, por el contrario, el FMI elevó en tres décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta el 1,5%. El organismo vinculó la mejora con la integración del país en las cadenas de suministro asociadas a las inversiones en inteligencia artificial.

Las perspectivas también reflejan los cambios en el comercio internacional. El FMI calcula que el volumen del comercio mundial crecerá un 4,6% en 2026, por debajo del 5% registrado en 2025. Para 2027, prevé una expansión del 4,7%.

El organismo explicó que el comercio enfrenta el efecto de los aranceles y la adaptación gradual de los vínculos comerciales y las cadenas de producción, en un contexto de reconfiguración de los procesos productivos y sustitución de proveedores. En paralelo, los flujos comerciales relacionados con la tecnología mantienen un crecimiento sólido, en línea con el impulso de las inversiones en inteligencia artificial.

Horas antes del informe semestral del FMI que reduce las proyecciones de crecimiento para Argentina, Javier Milei descartó que el país atraviese una recesión. Si bien reconoció que se acumularon dos trimestres consecutivos de caída, aseguró que se trata de una disminución poco relevante: “No es lo mismo caer 10% que menos de 1%”.

En una entrevista con Radio Mitre, el Presidente se mostró optimista por el futuro de la actividad económica, incluyendo el 2027. “Vamos a completar cuatro años seguidos de crecimiento, acumulando más de 16%, algo que no sucedía hace décadas”.

En relación con un crecimiento menor al estimado para 2026, se lo atribuyó sobre todo a factores externos y en menor medida a locales. Esta vez prefirió no referirse al “riesgo kuka”, sino directamente a la izquierda. “Son todos los que están del otro lado y que tanto daño le han hecho a la Argentina”, explicó. Y en ese sentido hizo referencia a las expresiones del senador Martín Lousteau, que convocó a un “gran frente” para derrotar al Gobierno en las elecciones del año próximo.

“La suba del precio del petróleo provocó que la economía global crezca menos. Pero además obligó a los bancos centrales a subir las tasas de interés, que están en sus mayores niveles en más de 20 años”, señaló Milei al explicar las razones por las que la economía argentina crecerá menos de lo que se había estimado.

El FMI, de hecho, redujo su proyección de crecimiento de este año desde el 3,5% a solo 2,1%. Y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central también redujo las proyecciones a menos del 2%.

La lectura del Gobierno es que la combinación de un contexto internacional desfavorable y el temor de los inversores a un regreso del populismo impactaron en las cifras previstas para 2026. “Aun así vamos a ser el país de la región que más crece”.

El Presidente se mostró optimista de cara a los próximos meses, más allá de la mayor volatilidad por tratarse de un año electoral.

Entre las razones para pronosticar buenos meses por delante nombró el crédito hipotecario: “Viene creciendo a un ritmo de 7% mensual. Eso significa que dentro de un año se habrá duplicado el otorgamiento respecto a los niveles actuales”.

Pero sobre todo hizo referencia al proceso de desinflación: “Lo que vamos a tener en los próximos meses es una mejora de las jubilaciones y de los salarios en términos reales, lo que se verá reflejado en un aumento del consumo”.

A estos factores, Milei le sumó la inversión relacionada con el plan de obras viales que se acaba de concesionar, la privatización de los trenes y lo que llega de la mano de los RIGI.

Un informe de FIEL que se conoció ayer coincide en que la retracción económica quedará muy rápidamente atrás: “Esta dinámica no parece implicar el comienzo de una recesión prolongada. Nuestras estimaciones sugieren una recuperación del crecimiento en el orden del 2%”.

Sin embargo, FIEL condicionó esta proyección —que equivale a menos de la mitad de lo que figura en el proyecto de Presupuesto 2027— a que se mantengan ciertas condiciones favorables para los sectores que más crecen y a que el clima no juegue una mala pasada para la cosecha. Para este año FIEL estimó que la expansión llegará a solo 1,5%, incluso por debajo del pronóstico del FMI.

En la entrevista, Milei también enfatizó que el Gobierno tiene una amplia cobertura para enfrentar posibles corridas contra el peso, tal como sucedió en 2025. Esta vez habló de USD 125.000 millones, aunque dentro de esa cifra incluyó la refinanciación de deuda prevista para el año próximo en el mercado local y los préstamos que se recibirán de organismos multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a modificar a la baja sus estimaciones para la Argentina y proyectó que la economía crecerá 2,1% en 2026, frente al 3,5% previsto en abril y ratificado en julio. El nuevo escenario figura en la edición de octubre de las Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO), difundida este lunes. La publicación tuvo lugar durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial celebradas en Bangkok, Tailandia, a las que asiste el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ajuste implica un recorte de 1,4 puntos porcentuales respecto de la previsión del informe de abril. A la vez, el organismo elevó su cálculo para la inflación promedio anual de este año: espera un alza de 32,5%, frente al 30,4% que había estimado seis meses atrás.

Para 2027, el Fondo proyecta una expansión de 3,5% y una inflación promedio de 21,2%. También prevé que la tasa de desempleo alcance el 7,6% en 2026 y se reduzca al 7,1% el año próximo.

En el plano global, el WEO mantuvo en 3,1% su previsión de crecimiento para 2026 y elevó a 3,4% la de 2027. El Fondo espera que la inflación mundial alcance 4,7% este año y baje a 4,1% el próximo, en un escenario marcado por precios energéticos más altos y riesgos financieros.

Así, el recorte para la Argentina no responde a una baja uniforme de las previsiones globales: mientras el FMI mantuvo sin cambios su cálculo para la economía mundial y mejoró el de varios países, redujo 1,4 puntos su estimación para el PBI argentino en 2026.

Tampoco la región comparte la suerte de la Argentina. En América Latina y el Caribe, el FMI mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para 2026, por lo que el recorte no fue uniforme. La Argentin quedó entre los casos con mayores revisiones negativas, junto con Chile (-1,8 puntos) y Uruguay (-0,5). En cambio, el organismo elevó sus estimaciones para Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú, un conjunto de mejoras que compensó las bajas regionales.

Las causas de la desaceleración

En conferencia de prensa, Petya Koeva Brooks -subdirectora del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional- explicó que el organismo prevé para la Argentina “una desaceleración del crecimiento, de 4,5% el año pasado a 2,1% este año”, seguida por “una recuperación a 3,5% en 2027”. Remarcó que la cifra para 2026 supone una revisión a la baja de “1,4 puntos” y señaló que también hubo un recorte en la proyección para el año próximo.

La funcionaria atribuyó la corrección a “la actividad más débil que ya hemos observado hasta el tercer trimestre de este año”. Según detalló, el Fondo detectó “una demanda interna más moderada”, en un contexto de “condiciones financieras internas que aún son restrictivas” y de “la transformación estructural en curso de la economía argentina”.

Sin embargo, Koeva Brooks anticipó que el FMI espera que la actividad “empiece a recuperarse en el último trimestre de este año” y que el avance “se fortalezca aún más en 2027 y 2028”. Entre los factores detrás de esa mejora mencionó “términos de intercambio favorables”, una relajación de las condiciones financieras y un repunte de la inversión, además de “la fortaleza de las exportaciones de productos agrícolas y energía”.

El crecimiento previsto para 2026 quedó casi a la mitad del cálculo de octubre de 2025

La revisión de octubre profundiza una secuencia de correcciones en las expectativas del organismo para la economía argentina. En la edición de octubre de 2025, el FMI había proyectado un crecimiento de 4% para 2026 y una inflación promedio anual de 16,4%.

En abril de este año, el Fondo redujo aquella previsión de actividad a 3,5% y elevó la de inflación a 30,4%. La actualización de julio mantuvo esas cifras, según informó Infobae. Con el nuevo WEO, la proyección de expansión se ubica 1,9 puntos por debajo de la que el organismo sostenía hace un año, mientras que la estimación de inflación casi duplica el cálculo inicial.

El documento atribuye el deterioro del escenario mundial a una combinación de tensiones geopolíticas, disrupciones en los mercados de energía y cambios en las condiciones financieras. Para los países importadores de energía y con menor participación en la cadena tecnológica asociada a la inteligencia artificial, el Fondo advierte mayores costos de importación, presiones cambiarias y un menor impulso de la demanda.

El FMI prevé un superávit de cuenta corriente de 0,6% del PBI

Además de las variables de actividad y precios, el organismo estimó un superávit de cuenta corriente equivalente a 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) tanto para 2026 como para 2027. La cuenta corriente reúne las transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias de un país con el exterior.

En su informe, el FMI señaló que las economías de América Latina y el Caribe crecerían 2,3% este año y 2,5% en 2027. La previsión para la Argentina, de 2,1% en 2026, queda levemente por debajo del promedio regional.

La inflación argentina, en cambio, se mantendría muy por encima de la media regional. El Fondo calcula que los precios al consumidor en América Latina y el Caribe subirán 6,8% en 2026 y 5,7% en 2027, sin incluir a Venezuela en el agregado regional.

La encuesta del Banco Central también reflejó un recorte de las expectativas de actividad

Las proyecciones del FMI se conocen después de que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) registrara una nueva reducción en las estimaciones privadas de crecimiento para este año. La encuesta, que reúne pronósticos de consultoras, bancos y centros de investigación, también anticipó una inflación de 1,9% para septiembre.

La comparación permite ubicar el nuevo pronóstico del Fondo dentro de un contexto de revisión de las expectativas macroeconómicas. El WEO volverá a actualizarse en enero, cuando el FMI publique su primera revisión parcial de proyecciones de 2027.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y al equipo económico del Gobierno encabezar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida negociada a la crisis fiscal del país. “He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. He dado esa instrucción para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos irresponsables que nos antecedieron”, afirmó el mandatario en alocución nacional.

Gómez confirmó que, ante el déficit de más del 6% que dejó el gobierno de Gustavo Petro, Colombia solicitó al FMI adelantar una visita técnica para revisar el estado de las finanzas públicas y evaluar un mecanismo de alivio para las cuentas nacionales. Ante ese examen, el organismo deberá establecer las condiciones de un eventual préstamo o de otro instrumento de respaldo financiero.

Luego de esto, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, exprecandidato presidencial, analizó el acercamiento del Gobierno al Fondo y sus posibles efectos sobre los mercados.

Elevado déficit fiscal de Colombia

Para él, la decisión responde a un escenario marcado por el elevado déficit fiscal y el alto costo del servicio de la deuda pública, y busca enviar una señal de credibilidad técnica a los inversionistas globales. “Genera confianza porque el Fondo Monetario tiene mucho peso en la conversación financiera global”, dijo el exfuncionario a Valora Analitik. Explicó que el respaldo del FMI transmite a los mercados la existencia de compromisos que no resultan fáciles de ignorar.

Anotó que “cuando los inversionistas saben que el FMI está detrás dando su aval y respaldo, se produce un efecto positivo. Saben que el compromiso adquirido por el país es serio y no se puede ignorar fácilmente, pues si una nación no cumple lo pactado, la alta visibilidad de la entidad provoca repercusiones inmediatas en el mercado”.

El FMI como señal de confianza y fuente de recursos

Abrir conversaciones con el FMI implica para Colombia la posibilidad de obtener recursos a menor costo y una señal de respaldo para el mercado, aunque no garantiza todavía un préstamo ni una línea específica. Cárdenas calculó que el organismo podría aportar USD20.000 millones en el mejor escenario, frente a necesidades netas superiores a USD50.000 millones para el próximo año.

Considera que la capacidad financiera del Fondo supera la de otros prestamistas multilaterales. “Es un aspecto fundamental porque nos permitirá acceder a recursos más baratos frente a los que hoy consigue Colombia en otras fuentes, considerando que el país requiere un volumen de financiamiento muy elevado”, aseguró al medio.

Para él, el FMI cuenta con ventajas que no ofrecen el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ni la Corporación Andina de Fomento (CAF). “El FMI puede ofrecer montos significativos y a costos mucho más bajos, algo que no se logra en ninguna otra parte. Instituciones como el Banco Mundial, el BID o la CAF no están en condiciones de prestar las cifras que ofrece el FMI ni con sus mismas ventajas financieras, dado que el Fondo imprime su propia moneda y presta con recursos propios sin necesidad de salir a fondearse”, puntualizó.

Sin embargo, advirtió que aún no se conoce qué mecanismo utilizaría Colombia. “Aún no está clara cuál línea se terminará utilizando. La Línea de Crédito Flexible que teníamos anteriormente se perdió, y esa era la mejor opción porque no imponía condiciones ni exigía explicaciones para los desembolsos”, enfatizó.

Anticipó que el nuevo instrumento traería compromisos para el Gobierno, aunque señaló que deberían ser acotados. Agregó que “en esta ocasión se tratará de un instrumento que vendrá acompañado de compromisos, donde lo deseable es que se fijen condiciones mínimas y no demasiado exigentes”.

Condiciones fiscales de un eventual acuerdo

El posible acuerdo con el Fondo estaría ligado a un ajuste de las finanzas públicas, según la proyección del exministro Mauricio Cárdenas. “Claro, lo que se requerirá es un programa de recorte del déficit fiscal para reducirlo desde niveles cercanos al 9 % del PIB —proyectados para el año entrante— hasta alrededor del 4% hacia el año 2030”, indicó.

Dicho proceso recaería principalmente sobre el gasto estatal, aunque Cárdenas no excluyó que la discusión abarque medidas tributarias. Detalló que “para Colombia esto implica la ejecución de un plan de ajuste en el gasto público y, aunque ojalá se evite, no se descarta que la discusión incluya aspectos de carácter tributario”.

De igual forma, descartó que los recursos multilaterales permitan prescindir de otras fuentes de financiamiento.

“Colombia va a tener que seguir emitiendo bonos; el financiamiento multilateral no los reemplaza, sino que actúa como un complemento”. Las necesidades del país obligan a mantener varias vías de financiación simultáneas, afirmó. “Las necesidades del país son mucho mayores: para el próximo año se requiere un financiamiento neto mínimo de USD50.000 millones y el FMI otorgaría, en el mejor de los casos, unos USD20.000 millones que no se entregan todos en una sola vigencia”, remacó.

Según él, en consecuencia, el país tiene que seguir haciendo emisiones de bonos, créditos con la banca multilateral y emisiones de TES en el mercado local”.

TES, dólar y tasas ante la negociación con el Fondo

Para Cárdenas, la apertura de la negociación no aumenta la incertidumbre por sí misma, siempre que el Ejecutivo aplique el ajuste que se pacte de forma eventual. “Esto no agrava nada, al contrario, ayuda a enderezar el rumbo y forma parte de la solución. Juega a favor porque permite obtener financiamiento económico, siempre que el Gobierno mantenga una intención real y genuina de aplicar el ajuste fiscal”, dijo.

Según él, el mercado local ya muestra una reacción inicial en los TES (títulos de tesorería). “Ya comenzamos a ver algunos efectos, como una leve reducción marginal en la tasa de los títulos TES”.

Sobre el dólar, Cárdenas prevé una cotización más próxima a los $4.000 que a los $3.000 mientras persistan los desequilibrios fiscales. “Un dólar cercano a los $3.000 no reflejaba la realidad económica, sino un momento de euforia. Con el afloramiento de las dificultades fiscales de fondo, la tasa de cambio se ubicará más cerca de los $4.000 que de los $3.000 mientras no se resuelvan los desequilibrios de base”, precisó el exministro.

El anuncio también puede darle margen al Banco de la República para frenar las alzas de tasas hacia finales de este año, estimó el exministro. La credibilidad de una negociación, advirtió, dependerá de que Colombia cumpla los compromisos que acepte: un acuerdo incumplido dejaría al país con menor margen ante los mercados internacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará este martes a Bangkok, Tailandia, con una agenda que combina negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reuniones con otros organismos multilaterales y la expectativa por un giro de USD 869 millones aún pendiente. La visita coincidirá con las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, que se extenderán hasta el 18 de octubre.

El encuentro con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, será uno de los puntos centrales de la misión. El Gobierno busca cerrar la tercera revisión del programa vigente con el organismo, una instancia necesaria para que el Directorio Ejecutivo habilite el desembolso. La evaluación técnica todavía no concluyó con un acuerdo a nivel de personal.

Caputo viajará junto al secretario de Política Económica, José Luis Daza. También integran la delegación argentina el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

El FMI publicará sus previsiones para la Argentina antes de la agenda de Caputo

La actividad de la delegación comenzará en una jornada relevante para las expectativas económicas. A las 9 de Bangkok del martes, equivalentes a las 23 del lunes en la Argentina, el Fondo difundirá la edición de octubre de su World Economic Outlook, el informe periódico que actualiza sus proyecciones para los países miembros.

El documento mostrará la mirada del organismo sobre la evolución esperada de la economía argentina, en un contexto de dudas sobre el ritmo de la actividad. La publicación llegará antes de los principales encuentros políticos de Caputo con las autoridades del Fondo y permitirá contrastar las previsiones oficiales con el diagnóstico de la entidad.

En su informe regional más reciente, el Banco Mundial recortó su estimación de crecimiento para la Argentina en 2026 a 2,1%, desde el 3,6% que había calculado en junio. Esa corrección se produjo luego de que la actividad registrara una caída mensual de 2,9% en julio, aunque las estimaciones privadas anticipaban una recuperación parcial en agosto.

El Fondo también había planteado, tras la visita de una misión técnica a Buenos Aires a fines de septiembre, que el crecimiento debía ampliarse hacia más sectores de la economía y distribuirse de forma más equitativa entre los trabajadores. La misión, encabezada por Joyce Wong, revisó el cumplimiento de las metas comprometidas para el primer semestre de 2026.

La tercera revisión depende de una dispensa por la meta fiscal

El punto más sensible de la revisión es el resultado fiscal. La Argentina acumuló entre enero y junio un superávit primario de $ 6,29 billones, por debajo de los $ 6,86 billones previstos como meta al cierre del primer semestre. Por esa diferencia, el equipo económico deberá pedir una dispensa o waiver al FMI.

El desvío fue de $ 573.974 millones, aun después de que el organismo redujera la exigencia fiscal original. La pauta inicial contemplaba un superávit de $ 8,46 billones, pero el objetivo fue modificado antes del cierre de junio. La aprobación de la dispensa permitiría que la revisión avance pese al incumplimiento de ese parámetro cuantitativo.

La situación es distinta en el frente externo. El BCRA cumplió la meta de reservas netas establecida para junio luego de una flexibilización acordada con el Fondo. La variación acumulada desde fines de 2024 se ubicó en -USD 3.111 millones, frente a un límite de -USD 8.600 millones que había quedado vigente para esa fecha.

La modificación fue determinante: la exigencia anterior contemplaba una variación positiva de USD 3.200 millones. Con el nuevo umbral, el resultado quedó dentro del objetivo para la revisión de mitad de año. La combinación de una meta de reservas cumplida y una meta fiscal incumplida concentrará buena parte de las conversaciones en Bangkok.

El giro pendiente permitiría compensar pagos al organismo

El eventual desembolso de USD 869 millones tiene incidencia directa sobre las reservas internacionales. En las últimas semanas, la Argentina realizó un pago al FMI cercano a USD 795 millones, por lo que la acreditación de los fondos aliviaría el efecto de ese vencimiento sobre los activos del Banco Central.

Además, el calendario prevé nuevos pagos al organismo por USD 865 millones en noviembre y USD 340 millones en diciembre. Hasta ahora, no se informó una fecha para el giro ni una decisión formal sobre la tercera revisión. Una vez que se alcance un entendimiento técnico, el Directorio del Fondo deberá tratar el caso y autorizar el desembolso.

La agenda de Caputo incluirá además una reunión con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Ambos organismos tuvieron participación en el esquema financiero argentino durante el año, mediante garantías que respaldaron préstamos de bancos privados.

El Banco Mundial aportó garantías vinculadas con créditos por USD 2.000 millones y el BID hizo lo propio para financiamiento por USD 1.200 millones. Esos respaldos ganan relevancia ante un escenario internacional de tasas más altas y un riesgo país que encarece el acceso de la Argentina al financiamiento externo.

Caputo participará de reuniones del G20 y del Banco Mundial

Durante las Reuniones Anuales, el ministro participará de un encuentro de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, de sesiones del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y de la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional. También compartirá una reunión con autoridades económicas de América Latina y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Caputo será expositor en un panel del Banco Mundial sobre el efecto de las reformas en el crecimiento de América Latina y el Caribe. La agenda oficial también contempla un desayuno de trabajo con representantes del G20 para analizar la coyuntura económica global.

Las conversaciones con Georgieva y el resto de las autoridades multilaterales ocurrirán mientras el Gobierno espera una definición sobre la dispensa fiscal, la revisión del programa y el desembolso pendiente. La publicación del informe de perspectivas del FMI abrirá la jornada en Bangkok con una actualización de las previsiones que luego atravesará los encuentros de la delegación argentina.

“Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda. Pero también se encontró con un presidente que no compartía toda su mirada”, afirmó el exmandatario. Y agregó: “Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil”.

Fernández también cuestionó las exigencias para que acatara las decisiones de su compañera de fórmula. “El solo hecho de que te pidan que obedezcas a la vicepresidenta... Si te piden eso, algo está mal”, señaló en diálogo con el podcast Sistema Joaco Santos.

En ese marco, defendió las decisiones que tomó durante su administración y planteó que seguir las propuestas del sector de Cristina Kirchner podría haber tenido consecuencias económicas graves. En particular, se refirió a las negociaciones con el Fondo y a la necesidad de alcanzar un acuerdo para afrontar los compromisos de deuda.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, sostuvo. En contraposición, advirtió que no cerrar un entendimiento con el organismo también podría haber desencadenado una crisis.

El expresidente reconoció que se trataba de una hipótesis sobre un escenario que finalmente no ocurrió, aunque insistió en que el país habría enfrentado consecuencias severas si no cumplía con los vencimientos. “Es contrafáctico. Pero creo que era lo que seguramente hubiera pasado”, afirmó.

Por último, planteó que la falta de pago habría dejado a la Argentina en una situación de vulnerabilidad frente a los mercados internacionales. Según expresó, el incumplimiento de los compromisos con el FMI habría llevado al país a caer en default con el organismo y a quedar “a la intemperie en el sistema financiero mundial”.

Fernández sostuvo que no podía seguir dilatando las negociaciones con el organismo como le pedían por los abultados compromisos que se debían afrontar.

En ese sentido, cuestionó las críticas que recibió por su postura frente al Fondo y afirmó que se trataba de “un debate falso”. “Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’. Pero Néstor, que era un hombre que entendía mucho cómo funcionaba el poder, comprendió, como lo entiendo yo, que la presencia del FMI condiciona el desarrollo de cualquier Estado y de cualquier sociedad, y que endeudarse con el Fondo es muy costoso”, explicó.

El expresidente recordó que Néstor Kirchner decidió cancelar la deuda con el organismo para dejar de depender de sus condicionamientos. “Le pagó hasta el último centavo y le dijo: ‘No te quiero deber más’. Es como si vos fueras al banco y, para dejar de pagar intereses, dijeras: ‘Tomá, te pago todo. No quiero deberte más, no quiero entregarte un poco más de mi vida’. Porque terminás condicionando tu vida a la deuda con el banco. Eso es lo que hizo Néstor”, señaló.

Por otra parte, Fernández se refirió a la situación económica que encontró al asumir la Presidencia. Según indicó, en el Banco Central había USD 11.000 millones de reservas y una deuda de USD 44.000 millones.

“¿Cómo iba a desconocer una deuda contraída por un presidente elegido democráticamente, que tomó esa deuda en enero de 2018, después de haber ganado las elecciones legislativas de octubre de 2017? Es decir, apenas tres meses antes. ¿Qué iba a decir? Tenía toda la legitimidad del mundo para hacer lo que hizo. Hizo un desastre, pero tenía toda la legitimidad”, dijo, resaltando que varios sectores del kirchnerismo pretendían desconocer la deuda.

En la misma línea, el ex presidente dijo que algunos dirigentes de su propio espacio no aprobaron el acuerdo que negoció con el Fondo porque lo consideraban un programa de ajuste. Según sostuvo, su compromiso era reducir el déficit fiscal de manera gradual, hasta alcanzar el 0,98% al cierre de los cuatro años de gestión, y aseguró que nunca se propuso profundizarlo.

“Yo creo que el equilibrio fiscal es necesario. No soy de los que creen que el déficit fiscal no importa. Es muy importante no tener déficit fiscal”, afirmó.

Sin embargo, el expresidente cuestionó la posibilidad de alcanzar ese objetivo de manera inmediata y advirtió sobre sus consecuencias. “Para lograr el equilibrio fiscal no tenés que ir de la noche a la mañana. Si querés hacerlo de un día para el otro, hacés esto que estamos viviendo. Te quedás sin rutas, sin infraestructura, sin trenes, sin energía atómica, los salarios son un desastre y te quedás como estás ahora”, consideró.

Por otro lado, destacó que gracias al gasoducto Néstor Kirchner “la Argentina se ahorra unos USD 10.000 millones de importaciones” y remarcó que si Milei hubiera terminado el proyecto hoy se estaría exportando gas a Brasil.

Los ministros de Finanzas y los jefes de los bancos centrales se reúnen esta semana en Tailandia para los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un contexto marcado por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los mercados energéticos, el avance de la inteligencia artificial (IA) y los riesgos para el crecimiento económico mundial.

Las reuniones se extenderán de lunes a sábado en Bangkok, con encuentros de alto nivel a puerta cerrada, actividades públicas y anuncios de las principales autoridades económicas internacionales. La agenda incluye el análisis de las consecuencias de la crisis energética, las perspectivas de crecimiento y las medidas para afrontar las dificultades económicas que enfrentan los países, en particular aquellos con menos recursos.

El martes, el FMI presentará sus previsiones económicas mundiales, mientras que a lo largo de la semana difundirá pronósticos regionales. Las proyecciones servirán de marco para las discusiones sobre los riesgos que enfrenta la economía global y las respuestas de los gobiernos ante las presiones sobre los precios, las necesidades sociales y las perspectivas de actividad.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, describió la semana pasada en Singapur las dos fuerzas que, según el organismo, condicionan el panorama económico internacional. “En términos sencillos, la economía global está siendo tirada en dos direcciones opuestas: un impacto negativo en la oferta de energía y un impacto positivo en la demanda provocado por la inteligencia artificial”, comentó durante un evento previo a las reuniones.

El impacto de la guerra en Irán

Una de las principales preocupaciones de los encuentros será el efecto de la guerra de Estados Unidos contra Irán sobre los precios de la energía. El conflicto provocó un aumento de esos valores, en parte por las represalias de Teherán contra aliados de Washington en el Golfo y el bloqueo del tránsito petrolero por la región.

El FMI advirtió que las consecuencias de este choque energético son desiguales y afectan con mayor intensidad a los países en desarrollo que dependen de la importación de energía. El encarecimiento de los suministros representa una presión adicional para economías que también deben responder a las necesidades de sus poblaciones y a los riesgos derivados de la inflación y los fenómenos climáticos.

Ante ese escenario, el organismo pidió a los gobiernos que controlen el gasto público y contengan los subsidios, incluso cuando aumentan las necesidades de los sectores vulnerables. En su lugar, propuso medidas de amortiguamiento fiscal para responder a las perturbaciones económicas.

La orientación del FMI generó críticas por las dificultades que supone para los países de bajos ingresos, que cuentan con menos margen para absorber el encarecimiento de la energía y los alimentos sin reducir otras partidas de gasto. Los cuestionamientos también apuntan a la necesidad de que los organismos multilaterales de crédito amplíen la asistencia financiera.

El riesgo de un aumento de la pobreza

Las consecuencias combinadas de los conflictos, las tasas de interés y la crisis climática también figuran entre las preocupaciones de los organismos internacionales por sus posibles efectos sobre los hogares de menores ingresos.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que los choques económicos podrían agravar la pobreza en los países en desarrollo, que enfrentan dificultades para sostener la asistencia a sus poblaciones.

Según el documento, los impactos combinados “podrían dejar a millones de personas más en la pobreza mientras los países en desarrollo luchan por mantener la ayuda a los hogares”.

El administrador del PNUD, Alexander de Croo, señaló que el encarecimiento de los productos básicos reduce la capacidad de las familias para afrontar nuevos gastos y absorber otras perturbaciones económicas. “El aumento en los precios del petróleo y los alimentos dejan a millones de familias sin margen de seguridad”, apuntó.

De Croo también alertó sobre la magnitud que podría alcanzar el deterioro de las condiciones sociales si persisten las presiones sobre los ingresos de los hogares. “Estamos presenciando una tormenta perfecta que podría mandar a decenas o cientos de millones de personas a la pobreza”, sostuvo.

La inteligencia artificial, otro factor de la economía global

Mientras la guerra presiona los mercados energéticos, el crecimiento de la inversión en inteligencia artificial introduce otra variable en las perspectivas económicas internacionales.

Las economías avanzadas de Europa y Estados Unidos han resistido mejor el impacto del encarecimiento de la energía, aunque tampoco quedaron al margen de las presiones inflacionarias derivadas de esos aumentos. En respuesta, los bancos centrales de distintas regiones elevaron las tasas de interés para contener la suba de precios, una política que también frena la actividad económica.

Al mismo tiempo, la inversión en IA impulsó los mercados bursátiles hasta niveles récord de crecimiento. El FMI destacó la magnitud de los recursos destinados a esta tecnología y estimó que podrían superar las inversiones realizadas en la construcción de ferrocarriles, el desarrollo de redes eléctricas y la expansión de las telecomunicaciones a escala mundial.

El organismo considera que la inteligencia artificial constituye un factor cada vez más relevante para las perspectivas económicas de los países, en un contexto en el que las economías deben responder tanto a los cambios tecnológicos como a las perturbaciones externas.

“Ya sea que la amen, la odien o la teman, la IA está aquí y se está convirtiendo rápidamente en un factor clave que determina la suerte relativa de los países en la economía mundial”, declaró Georgieva la semana pasada.

(Con información de AFP)

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza, partirán en las próximas horas y participarán desde el martes en Bangkok, la capital de Tailandia, de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Un comunicado del Palacio de Hacienda señaló que el ministro tiene previsto mantener distintos encuentros bilaterales y participar en los paneles de discusión organizados por los organismos internacionales.

Durante las jornadas de trabajo en Bangkok, Caputo y Daza tiene previsto mantener encuentros con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; y también con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el brasileño Ilan Goldfajn.

Además, Caputo y Daza participarán en una reunión junto a sus pares de Latinoamérica con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Como parte de sus actividades en la Asamblea de las dos instituciones “mellizas” creadas hacia el fin de la segunda Guerra Mundial participará en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y en los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

Además, será orador en el panel organizado por el Banco acerca de “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”.

G20 y jefatura política del FMI y el Banco Mundial

El ministro también participará en un desayuno de trabajo junto a los representantes del G20 para debatir sobre los desarrollos económicos actuales y estará presente en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el organismo “político” que decide la orientación política que deben seguir el directorio, la gerencia y el staff técnico tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial.

Uno de los desafíos de la política económica oficial, en la que organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID y contactos bilaterales que en reuniones de este tipo ministros y gobiernos establecen con sus pares de otros países pueden servir de ayuda es el programa financiero para lo que queda de 2026 y para todo 2027, un año que estará muy marcado por las elecciones presidenciales

El programa financiero para 2026 y 2027 quedó bajo la lupa por la suba de las tasas en los mercados globales y la interrupción de las emisiones de bonos en el mercado local. La incógnita es si Economía podrá completar las colocaciones previstas: USD 6.000 millones este año y USD 5.000 millones en 2027. El equipo que encabeza Caputo evalúa dos alternativas y asegura contar con buffers (amortiguadores) en caso de que no prospere la primera opción.

El principal punto en en discusión es el freno a las licitaciones de Bonar2029 (AO 2029), un bono en dólares cuyo vencimiento excede el actual mandato presidencial. Este título es importante porque a través de él Economía pensaba conseguir USD 2.000 millones de emisión este año, pero la secretaría de Finanzas pausó las colocaciones debido a la suba de las tasas internacionales.

El Tesoro necesitaba colocar USD 800 millones adicionales para alcanzar el excedente de caja que proyectó para este año. Fuentes internas de Economía aseguraron a Infobae que ese faltante no altera por sí solo el esquema financiero de 2026, dado que consideran que puede prescindir de esos fondos si no encuentra condiciones convenientes en el mercado.

En 2026 faltarían colocar USD 800 millones para llegar al sobrante de caja proyectado (unos USD 3.700 millones al inicio de 2027) “pero si no lo hacemos, no hay problema”, dijeron desde Hacienda. No está claro si el equipo económico espera una baja de tasas internacionales para retomar las licitaciones de Bonar. Lo que sí está claro es que las reuniones que Caputo y Daza tendrán en Washington son importantes para medir la temperatura financiera internacional y evaluar alternativas de crédito, como los entes multilaterales, si es necesario revisar el programa revisar el programa financiero en vista de un contexto ya no solo de política interna, sino también internacional, más desafiante.

El Gobierno de El Salvador y la empresa Linguard Labs anunciaron este jueves una alianza para relanzar Chivo como una plataforma financiera integral, con servicios de remesas sin costo desde Estados Unidos, acceso al crédito y operaciones con dólares y activos digitales.

La empresa de infraestructura tecnológica para finanzas digitales adquirió una participación mayoritaria en la aplicación -creada en 2021 por el gobierno salvadoreño para hacer transacciones con Bitcoin-, mientras el Estado conservará acciones y continuará como socio, según el comunicado oficial difundido este 8 de octubre.

La operación profundiza un cambio que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había señalado en septiembre de 2026. El organismo afirmó entonces que la propiedad mayoritaria y el control operativo de Chivo habían pasado a un operador privado, mientras el gobierno mantuvo una participación minoritaria y la custodia de los fondos de los usuarios.

La nueva alianza público-privada se presenta como consistente con el programa financiero que el país sostiene con el FMI. El fondo, además, había vinculado la reducción de la participación estatal en la billetera con los compromisos asumidos por las autoridades salvadoreñas en materia de activos digitales, regulación y gestión de riesgos para tener acceso a financiamiento hasta por USD 1,400 millones en un período de 40 meses.

Chivo conservará las cuentas existentes y sumará préstamos

Según la información oficial, Chivo tiene más de 4.5 millones de cuentas registradas. Los usuarios conservarán sus saldos y perfiles, aunque la plataforma incorporará funciones para transferir dinero, pagar compras, solicitar financiamiento y mover fondos entre dólares y activos digitales aceptados.

El plan contempla microcréditos y adelantos de efectivo para personas sin historial bancario. La evaluación dependerá de la actividad registrada en la aplicación, como ingresos, envíos de dinero y pagos efectuados a través de la billetera.

Los comercios también podrán acceder a financiamiento para comprar inventario, contratar personal o ampliar sus actividades. El comunicado no especificó tasas de interés, montos de los préstamos, plazos de devolución ni la fecha de lanzamiento de los nuevos servicios.

Drew Weinstein, fundador y director ejecutivo de Linguard Labs, afirmó que la compañía busca ofrecer crédito a los usuarios sin acceso a servicios bancarios y a quienes sí lo tienen. “Hacerlo gratis, sí. Dar acceso a crédito a los salvadoreños, estén o no bancarizados, también es una victoria”, sostuvo, según cita el comunicado.

El FMI había informado el traspaso del control operativo

El 3 de septiembre, el FMI comunicó que la participación pública en Chivo se había reducido de forma sustancial. El organismo indicó que un operador privado asumió la mayoría accionaria y la gestión de la plataforma, mientras el Gobierno mantuvo una participación minoritaria.

Esa definición formó parte de las revisiones del programa de 40 meses aprobado en febrero de 2025 bajo el Servicio Ampliado del FMI, por un total de USD 1,400 millones. El acuerdo incluyó compromisos para actualizar el marco legal, regulatorio y de supervisión vinculado a los criptoactivos.

El Fondo también sostuvo que no preveía nuevas compras estatales de Bitcoin, salvo ingresos por donaciones documentadas. Según el organismo, el aumento de las tenencias desde la primera revisión del programa respondió a aportes privados y no al uso de recursos públicos.

Las remesas sin comisión apuntan al mercado de Estados Unidos

La nueva Chivo ofrecerá transferencias sin costo desde Estados Unidos hacia El Salvador para sus usuarios de categoría Regular, según el comunicado. Además se destacó que los salvadoreños en el exterior enviaron casi USD 10,000 millones en remesas en 2025.

La plataforma prevé pagos en comercios con Bitcoin, dólares, stablecoins y otros activos digitales autorizados, además de un sistema de devolución de dinero por compras. Las tarjetas de débito asociadas a Chivo permitirán utilizar los saldos en establecimientos que acepten tarjetas.

Linguard Labs indicó que la aplicación estará sujeta a las leyes salvadoreñas de protección de datos, gobernanza y estabilidad financiera, bajo supervisión de las autoridades competentes. La empresa informó que entre sus directivos figuran exejecutivos de Visa, JPMorgan Chase y Citi.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Tailandia para asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se realizarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre. La agenda contempla una reunión con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, mientras el Gobierno busca avanzar en la tercera revisión del acuerdo y obtener la autorización para un giro pendiente de cerca de USD 1.000 millones.

Según pudo saber Infobae, Caputo estará en Tailandia desde el próximo martes y el encuentro con Georgieva ya forma parte de la programación oficial. La reunión ocurrirá luego de la visita que la directora gerente del Fondo realizó a la Argentina en julio y del reciente paso de una misión técnica por el país, donde analizó el cumplimiento de los objetivos establecidos para el primer semestre de 2026.

La delegación argentina también incluirá al viceministro de Economía, José Luis Daza; al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y al vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning. Aunque de estos últimos todavía no se sabe en que momento viajarán.

A la espera de la aprobación

El encuentro se producirá después de la actividad que una misión del FMI desarrolló en la Argentina durante los últimos días de septiembre por la tercera revisión del acuerdo. Durante más de una semana, los técnicos mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía para revisar las metas correspondientes al primer semestre de 2026 y analizar la evolución del programa económico.

Al término de esas conversaciones, fuentes del FMI indicaron que el personal técnico agradeció a las autoridades argentinas por la hospitalidad recibida. También señalaron que el diálogo con el Gobierno continuaba y que el organismo brindaría más información “a su debido tiempo”.

La misión técnica no comunicó hasta el momento una aprobación de la tercera revisión. Tampoco existió información oficial sobre una definición respecto del desembolso pendiente. Ese escenario coloca al encuentro de Bangkok como una instancia para tratar la situación del programa y las condiciones vinculadas con la evaluación.

Nuevo waiver

La tercera revisión contempla dos ejes centrales: la meta de superávit primario y el objetivo de acumulación de reservas netas del BCRA. En el aspecto fiscal, la Argentina no alcanzó el parámetro previsto para el cierre del primer semestre del año.

El Gobierno acumuló un superávit primario de $ 6,29 billones entre enero y junio de 2026. La meta vigente al 30 de junio era de $ 6,86 billones, por lo que la diferencia alcanzó los $ 573.974 millones. Para conseguir la aprobación de esta etapa del acuerdo, el equipo económico deberá obtener una dispensa, conocida como waiver, por parte del FMI.

Esto a pesar de que la exigencia fiscal sufrió una modificación antes de que terminara junio. El Fondo redujo el objetivo en $ 1,60 billones: la pauta inicial establecía un superávit primario de $ 8,46 billones y luego quedó fijada en $ 6,86 billones. Aun con esa flexibilización, el resultado informado por el Gobierno quedó por debajo de la cifra prevista.

La necesidad de una dispensa se vincula de manera directa con esa diferencia entre el objetivo fiscal y el resultado acumulado durante los primeros seis meses de 2026. El mecanismo requiere el aval del organismo para avanzar con la revisión pese al incumplimiento de una de las metas cuantitativas del programa.

En experiencias anteriores, tanto durante la actual administración como en gobiernos previos, el Fondo otorgó dispensas en reiteradas oportunidades. En la mayoría de esos casos, los pedidos se relacionaron con dificultades para cumplir las metas de reservas netas del BCRA.

La situación actual presenta el orden inverso. El Gobierno cumplió el objetivo de reservas, pero no alcanzó la meta fiscal. Esa combinación será parte de los temas que la delegación argentina llevará a las reuniones anuales en Tailandia, junto con el estado general de la tercera revisión.

Meta de reservas

En materia de reservas, el BCRA cumplió por primera vez desde la firma del programa de 2025 la meta establecida para el 30 de junio. A esa fecha, la variación acumulada de las reservas netas desde fines de 2024 se ubicó en -3.111 millones de dólares.

El parámetro vigente exigía una variación de -USD 8.600 millones. El resultado quedó por encima de ese límite, de acuerdo con los datos de la revisión. El cumplimiento incluyó cambios que el propio FMI incorporó en las exigencias y en la metodología utilizada para el cálculo.

Aunque debe tenerse en cuenta que durante la revisión de mayo, el organismo redujo en USD 11.800 millones la meta de acumulación de reservas prevista para el 30 de junio. La pauta original requería una variación positiva de USD 3.200 millones, mientras que el nuevo objetivo pasó a establecer una variación de -8.600 millones dólares.

Sin esa reducción, al Gobierno le faltaban USD 6.311 millones para llegar al objetivo inicial. La modificación de la meta permitió que el resultado de las reservas netas quedara dentro del parámetro definido para la evaluación de mitad de año.

Impacto en reservas

La definición sobre el desembolso adquiere relevancia por su impacto sobre las reservas internacionales del Banco Central. En las última semanas, el Gobierno realizó un pago al FMI por más de USD 800 millones, una operación que afectó el nivel de activos internacionales de la autoridad monetaria.

El giro cercano a USD 1.000 millones permitiría compensar ese pago. La eventual acreditación depende de la conclusión de la tercera revisión y de la dispensa que debe aprobar el organismo por el incumplimiento de la meta de superávit primario.

Hasta ahora, no existió una comunicación sobre la aprobación de la revisión ni sobre la fecha de un eventual desembolso. Las conversaciones entre las autoridades argentinas y el FMI continuarán durante las reuniones de Bangkok, donde el equipo económico buscará avanzar sobre esos puntos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de Panamá crecerá alrededor del 5% en 2026, impulsada por la recuperación de la actividad productiva, aunque considera necesario profundizar las reformas fiscales, tributarias y estructurales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y lograr que la expansión económica se traduzca en mayores beneficios para la población.

Las estimaciones forman parte de la declaración de la misión del Artículo IV de 2026, realizada entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre. El organismo calcula que el producto interno bruto (PIB) aumentó 4,4% en 2025 y anticipa que la economía panameña mantendrá un ritmo de crecimiento de entre 4% y 5% a mediano plazo.

En materia de precios, el FMI prevé que la inflación aumente temporalmente hasta superar ligeramente el 2%, antes de estabilizarse entre 1% y 2% en los próximos años. También proyecta que el déficit de la cuenta corriente alcance aproximadamente 1,5% del PIB en 2026, en un contexto de incertidumbre económica internacional.

Uno de los principales capítulos del diagnóstico corresponde a las finanzas públicas. El organismo reconoce que Panamá redujo su déficit fiscal al 3,7% del PIB en 2025, por debajo del límite legal del 4%. Además, considera que el Gobierno está encaminado a cumplir la meta de 3,5% en 2026, con reducciones posteriores hasta 3% en 2027 y 1,5% en 2030.

Sin embargo, el FMI advierte que la consolidación fiscal requiere aumentar los ingresos permanentes y mejorar la eficiencia del gasto público. Entre sus recomendaciones figura modernizar la administración tributaria, fortalecer las auditorías, utilizar información de terceros para detectar incumplimientos y reforzar los controles sobre facturas y créditos fiscales, con el propósito de elevar la recaudación.

Una de las recomendaciones más relevantes consiste en ampliar la base del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios (ITBMS), revisar las exenciones tributarias consideradas ineficientes y evaluar su tasa nominal, actualmente del 7%, que el organismo considera muy baja. El FMI plantea que cualquier modificación debe tomar en cuenta sus efectos distributivos sobre la población.

En cuanto al gasto, recomienda reducir las rigideces salariales del sector público, focalizar mejor los subsidios y establecer revisiones sistemáticas del presupuesto. También plantea mejorar la selección y ejecución de inversiones públicas, mientras insiste en que los ingresos extraordinarios provenientes del Canal de Panamá deben destinarse a limitar el endeudamiento, en lugar de financiar nuevos gastos.

El sistema de pensiones constituye otra preocupación. Aunque la reforma aprobada en 2025 permitió atender necesidades inmediatas de financiamiento, el organismo sostiene que serán necesarias nuevas reformas paramétricas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo, tomando como referencia la revisión actuarial prevista en la legislación.

Respecto a la deuda pública, el FMI considera sostenible su trayectoria bajo el escenario fiscal previsto, aunque identifica riesgos moderados de tensión soberana. También advierte sobre el crecimiento del endeudamiento denominado en monedas distintas del dólar, por lo que recomienda fortalecer la gestión de riesgos cambiarios y financieros.

En el sector bancario, el organismo reconoce que el sistema panameño mantiene niveles adecuados de capitalización y rentabilidad, aunque solicita mayor vigilancia sobre los créditos vinculados a construcción, bienes inmuebles y consumo. Asimismo, recomienda fortalecer los mecanismos de liquidez, la resolución bancaria y la regulación de criptoactivos, además de mejorar la supervisión de riesgos cibernéticos.

El diagnóstico también señala que el crecimiento del empleo y de los salarios reales ha sido inferior al de la producción, mientras aumenta la informalidad y persisten desigualdades regionales. Por ello, propone fortalecer la formación profesional, las competencias digitales y la preparación para la inteligencia artificial, junto con una reforma educativa que responda mejor a las necesidades laborales.

Finalmente, el FMI identifica riesgos relacionados con Cobre Panamá, las concesiones portuarias, posibles conflictos sociales y una nueva sequía asociada a El Niño.

Frente a estos desafíos, recomienda fortalecer la transparencia institucional, combatir la corrupción, mejorar las estadísticas públicas y garantizar mayor seguridad jurídica, condiciones que considera fundamentales para atraer inversiones y sostener el crecimiento económico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso el foco en la transformación de las cadenas de suministro globales frente a un escenario marcado por shocks comerciales, conflictos geopolíticos y disrupciones energéticas. En su Informe Anual 2026, el organismo sostiene que la incertidumbre y la necesidad de reforzar la resiliencia están condicionando cada vez más las decisiones vinculadas con el comercio y la inversión.

El documento señala que los shocks comerciales registrados durante 2025 frenaron el crecimiento mundial y aumentaron los temores inflacionarios. Sin embargo, los volúmenes del comercio internacional crecieron casi 5% durante el año, mientras que el intercambio de bienes vinculados con la tecnología mantuvo un ritmo elevado.

Al mismo tiempo, el FMI identifica cambios en la dirección de los flujos comerciales. La modificación de la política comercial de Estados Unidos a comienzos de 2025 aceleró la reorientación del comercio, especialmente en Asia, mientras distintas economías avanzaron tanto en acuerdos bilaterales con ese país como en nuevas iniciativas comerciales dentro de sus propias regiones.

Más resiliencia, aunque con costos de eficiencia

Uno de los principales puntos del informe es que la búsqueda de cadenas de suministro más resistentes empieza a pesar sobre las decisiones empresariales y comerciales. El FMI plantea que la incertidumbre y la necesidad de fortalecer la resiliencia de las redes de abastecimiento continúan condicionando el comercio y la inversión, incluso cuando ese proceso implica resignar parte de la eficiencia.

En ese contexto, países y regiones están buscando diversificar y fortalecer sus relaciones comerciales y sus fuentes de suministro para reducir la exposición a shocks recurrentes. El organismo también señala que los obstáculos al comercio mundial permanecen en niveles superiores a los observados durante décadas.

Este movimiento supone una modificación respecto de cadenas diseñadas principalmente bajo criterios de eficiencia y costo. La prioridad pasa cada vez más por contar con alternativas de abastecimiento, proveedores diversificados y mercados capaces de sostener los flujos frente a interrupciones externas.

Energía, materias primas y abastecimiento

La energía aparece como uno de los principales factores de presión sobre las cadenas globales. Según el informe, la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz generaron una fuerte reducción del suministro energético mundial y afectaron también a otras materias primas, al abastecimiento de alimentos y a las cadenas de suministro en general.

El FMI agrega que los daños persistentes sobre la infraestructura de exportación energética de la región podrían continuar limitando la oferta, ampliando el impacto sobre mercados alejados geográficamente del conflicto.

El propio organismo describe este escenario como parte de una sucesión de shocks cada vez más frecuentes. En la introducción del Informe Anual 2026 señala que los efectos sobre la energía, otras materias primas y las cadenas de suministro provocaron dificultades mucho más allá de las regiones directamente afectadas.

El comercio mundial busca nuevos equilibrios

Frente a este escenario, el FMI sostiene que los países pueden reducir su exposición mediante una mayor diversificación comercial y una ampliación de sus fuentes de suministro. También considera que marcos de política comercial previsibles, transparentes y bien comunicados pueden reducir la incertidumbre y estabilizar las expectativas de empresas y consumidores.

El organismo promueve además la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales a través de negociaciones multilaterales y plurilaterales, junto con una mayor integración regional. Según el informe, estos procesos pueden contribuir a construir un crecimiento más resiliente frente a un entorno internacional caracterizado por disrupciones recurrentes.

Así, el Informe Anual 2026 del FMI muestra un comercio internacional que continúa expandiéndose, pero bajo una lógica distinta: las cadenas de suministro ya no se diseñan únicamente alrededor de la eficiencia, sino también en función de su capacidad para absorber shocks, diversificar riesgos y mantener el abastecimiento ante escenarios de mayor incertidumbre.

El Salvador postergó la presentación de una reforma integral de pensiones hasta el año 2027 tras acordarlo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el análisis presentado por el especialista Patricio Pineda en el espacio de entrevista Frente a Frente.

El integrante de la Mesa por una Pensión Digna sostuvo que la decisión gubernamental respondió a un cálculo de costo político para evitar el desgaste electoral inmediato.

No obstante, advirtió que el compromiso con el organismo multilateral de ejecutar cambios en el modelo previsional se mantiene vigente como un requerimiento insoslayable para la estabilidad financiera del país.

El volumen de endeudamiento vinculado al sistema de retiro ha alcanzado un punto crítico para las finanzas de El Salvador. De acuerdo con los registros del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda acumulada en concepto de pensiones roza los 11,700 millones de dólares, una cifra que equivale a más del 89.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para reestructurar el sistema previsional, el FMI planteó la adopción de un ajuste paramétrico en 2027. “Para que una reforma sea estructural en términos previsionales, desde la óptica de las paramétricas, necesitas modificar 17 parámetros”, afirmó Pineda en el programa televisivo.

Sin embargo, el analista explicó que las administraciones estatales suelen limitar las reformas a tres variables específicas: la edad de retiro, los años de cotización requeridos y la cuota de aportación al fondo.

Un incremento de cinco años en la edad de jubilación generaría un ingreso aproximado de 2,500 millones de dólares en un período de cinco años, aunque implicaría un impacto directo sobre más de 600 mil cotizantes. Respecto a la tasa de aportación, la ley establece un 16% sobre el salario base.

“Si vos quieres tener una pensión que supere un poco lo que es la canasta básica, tienes que cotizar el 20%”, explicó el representante de la Mesa por una Pensión Digna. No obstante, aplicar un aumento en la cuota patronal elevaría los costes laborales e incentivaría la reducción de personal en las empresas, mientras que cargarlo sobre el empleado mermaría el poder adquisitivo de los hogares.

Las organizaciones sociales proponen redirigir utilidades de empresas autónomas y crear un Banco Previsional

Frente a la crisis financiera del sistema, el representante de la Mesa por una Pensión Digna expuso propuestas técnicas para evitar que el ajuste recaiga de forma exclusiva sobre la población trabajadora.

Una de las alternativas planteadas consiste en aprovechar el superávit generado por las empresas públicas e instituciones autónomas, el cual suma más de 230 millones de dólares acumulados en los últimos seis años. Mediante una reforma a las disposiciones generales del presupuesto, un porcentaje de esas utilidades podría ser transferido de manera directa al fondo de retiro, lo que reduciría hasta en un 50% la necesidad de emitir nueva deuda anual.

En materia de diseño administrativo, la organización propone la transición hacia un sistema mixto basado en la redistribución de la tasa actual del 16%, sin subir los impuestos a la ciudadanía. Bajo este esquema, un 13% iría destinado a un pilar solidario y un 2.5% a la cuenta de ahorro individual, complementado con una reducción en la comisión que cobran las AFP.

Esta reestructuración permitiría elevar el monto de las pensiones hasta cubrir entre el 60% y el 85% del último salario, al tiempo que representaría un ahorro proyectado de 5,000 millones de dólares en el tiempo para las finanzas estatales.

La propuesta incluye también la creación de un Banco Previsional, una entidad amparada en el artículo 46 de la Constitución de El Salvador y cuya propiedad pertenecería a los trabajadores.

La institución tendría la función de administrar los fondos de pensiones para colocarlos en mercados internacionales con altas tasas de rendimiento, tales como el desarrollo de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, siguiendo el modelo aplicado por los fondos soberanos de Europa.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que los precios de la energía podrían mantenerse elevados hasta 2027, aun si el conflicto en el Golfo termina en el corto plazo. Para la Argentina, un escenario de crudo caro prolongaría la presión sobre los valores de los combustibles en los surtidores, los costos logísticos y la inflación.

En un discurso previo a las Reuniones Anuales del FMI y el Grupo del Banco Mundial, que se celebrarán del 12 al 18 de octubre en Bangkok, Georgieva señaló que los contratos a futuro del Brent ya reflejan cotizaciones altas para los próximos años. El petróleo se mantenía cerca de USD 100 por barril, pese a una recuperación todavía frágil de los flujos desde el Golfo.

El Brent alto se combina con mayores costos de refinación

La titular del organismo sostuvo que el alza de la energía tuvo hasta ahora un impacto considerable, aunque contenido por una mayor eficiencia energética, la diversificación de fuentes de abastecimiento, la liberación de reservas y la capacidad de reacción de las cadenas de suministro.

Sin embargo, esos factores no alcanzaron para normalizar el mercado. Georgieva vinculó las cotizaciones actuales con los riesgos asociados al conflicto, el encarecimiento del transporte y otras restricciones sobre la oferta. A ese cuadro sumó un déficit mundial de capacidad de refinación, que elevó el margen de craqueo —la diferencia entre el valor del crudo y los productos obtenidos tras procesarlo— en alrededor de USD 100 por barril.

“Los futuros del Brent, por ejemplo, prevén ahora precios elevados del petróleo hasta 2027”, afirmó la directora gerente del FMI. La combinación de un crudo más costoso y márgenes de refinación altos llevó los precios minoristas del diésel y otros derivados a máximos históricos, según expuso.

El suministro de gas también enfrenta restricciones en el Golfo

El diagnóstico incluyó al gas natural licuado. La navegación amenazada en el estrecho de Ormuz limitó las alternativas de transporte de GNL procedente del Golfo y mantuvo afectados los suministros, con consecuencias más marcadas para Asia y Europa.

Georgieva indicó que la presión podría intensificarse cuando los países busquen recomponer reservas y aumente el consumo por la llegada de la temporada fría al hemisferio norte. El encarecimiento energético, de ese modo, no queda limitado al petróleo: alcanza al gas y a los combustibles refinados que inciden sobre el transporte y la actividad industrial.

Los combustibles locales afrontan una presión que no se traslada de inmediato

En la Argentina, la cotización internacional del petróleo es una de las variables que incide sobre el precio de las naftas y el gasoil. Durante las últimas semanas, Shell, Axion y Puma aplicaron ajustes de entre 2% y 5%, mientras que YPF informó una suba promedio de 1% en todo el país.

Las compañías aplican un mecanismo de amortiguación para evitar que cada variación del barril se traslade de forma inmediata a los surtidores. Ese esquema permite distribuir en el tiempo el impacto de la volatilidad internacional, pero enfrenta límites si el Brent permanece cerca de USD 100 durante un período prolongado.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había advertido que, si ese valor se sostiene, el mercado local deberá reflejarlo. La empresa de mayoría estatal concentra cerca del 55 % de las ventas minoristas de combustibles, por lo que sus decisiones también condicionan la dinámica de precios de sus competidores.

La caída de las ventas limita el margen para nuevas subas

La suba de costos externos coincide con una demanda interna más débil. Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron 6.477,5 millones de litros de combustibles, un 5,36 % menos que en el mismo período de 2023. En agosto, las ventas totalizaron 1.389.254 metros cúbicos, con una baja interanual de 2,19%.

La caída acumuló siete meses consecutivos y redujo el margen para que las petroleras trasladen con rapidez la totalidad de la suba internacional. En septiembre, el litro de nafta súper llegó a USD 1,35 en el mercado argentino, por encima del promedio de Estados Unidos y Brasil.

En ese contexto, un período extenso de petróleo caro puede impactar sobre el precio final de los combustibles, aun cuando las empresas moderen el ritmo de sus actualizaciones. El efecto también dependerá de la evolución de los impuestos internos, que el Gobierno volvió a diferir hasta el 1 de noviembre para naftas y gasoil.

El transporte y la inflación quedan expuestos a un costo energético persistente

Los combustibles repercuten sobre la distribución de bienes, el transporte de pasajeros y las estructuras de costos de sectores productivos. Por eso, un aumento sostenido del petróleo puede sumar presión a la inflación, aunque su magnitud estará determinada por la duración del conflicto, la evolución de la oferta global y las decisiones locales sobre precios e impuestos.

Las próximas señales del mercado se concentrarán en la evolución de los flujos energéticos desde el Golfo, la seguridad de la navegación por Ormuz y la curva de futuros del Brent. Para la Argentina, esas variables definirán cuánto tiempo puede sostenerse la amortiguación de precios antes de que el costo internacional se refleje con mayor fuerza en los surtidores.

El auge global de la IA se está convirtiendo en un motor económico pero también puede “agravar las desigualdades”, ya que está dejando atrás “a la mayoría de países”, alertó este miércoles la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

“Para aprovechar el poder transformador de la inteligencia artificial (...) es fundamental generalizar su acceso en el mundo entero. Una iniciativa así requiere cooperación. En nuestro mundo interconectado, los países cooperan no por caridad, sino por su propio interés”, indicó Kristalina Georgieva desde Singapur, al margen de las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional.

Georgieva, señaló este miércoles desde Singapur que la inteligencia artificial (IA) está impulsando la demanda mundial, mientras la crisis de suministro energético derivada del conflicto en Oriente Medio presiona a la baja la economía, dos fuerzas que “tiran” del crecimiento en direcciones opuestas.

Durante un discurso en la próspera ciudad-Estado asiática, como antesala a las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial (BM) que se celebran la próxima semana en Bangkok, Georgieva dijo que “un ‘shock’ positivo de demanda derivado de la IA” y otro “negativo de oferta energética” están “tirando en dos direcciones” de la economía mundial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) explora con las autoridades de Venezuela la vuelta al país con una oficina, a falta de definir los formatos y calendarios, y confirmó que por el momento Caracas no ha solicitado ningún programa de fondos de organismo.

“El Fondo y las autoridades venezolanas están considerando establecer una presencia local en Venezuela para facilitar esta cooperación técnica y el desarrollo de capacidades. El calendario y las modalidades todavía se están discutiendo”, explicó la portavoz del organismo Julie Kozack durante una rueda de prensa en Washington.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvo el pasado 21 de septiembre un encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el que abordaron el restablecimiento de las relaciones entre la institución y el país, que salió del organismo en 2007.

“En este momento, nuestro principal objetivo respecto de Venezuela es identificar las áreas clave de cooperación técnica. Hasta ahora, las áreas identificadas son las estadísticas macroeconómicas, las operaciones monetarias, las operaciones cambiarias, las operaciones de tesorería y la administración tributaria”, detalló la portavoz del organismo.

Un equipo técnico del FMI también visitó Caracas desde finales de agosto hasta comienzos de septiembre para discutir nuevamente las prioridades de desarrollo de capacidades y el suministro de datos. Esa visita siguió a otra anterior de la director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk.

Kozack confirmó que las autoridades venezolanas no han solicitado un programa del FMI ni financiamiento del Fondo.

“Cualquier financiamiento que pudiera otorgarse sería únicamente a solicitud de las autoridades”, explicó.

Con la deposición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el FMI y Venezuela retomaron los contactos en abril, después de siete años de suspensión, y el país volvió a tener acceso a ciertos recursos vinculados al Fondo para apoyar la recuperación tras los terremotos de junio.

(Con información de AFP y EFE)

El Gobierno apuesta a tratar en octubre el Presupuesto 2027 en el Congreso, pero el proyecto sumó cuestionamientos por el gasto tributario asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los cálculos sobre los ingresos que el Estado deja de percibir por los beneficios impositivos a las empresas quedaron sobre la mesa por parte de diputados y economistas como Marina Dal Poggetto, además del bloque del peronismo, que elevó el reclamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La directora ejecutiva de la consultora Eco Go, Dal Poggetto, explicó el funcionamiento del esquema tributario del RIGI frente al régimen general. Según sus cálculos, si todas las empresas con proyectos adheridos pagaran impuestos bajo el régimen general, el total ascendería a casi USD 26.000 millones. Con el RIGI vigente, esa cifra baja a USD 17.500 millones, lo que arroja una diferencia de USD 8.500 millones, equivalente a una tercera parte del total.

“Una cosa es el gasto tributario, que se pone en el presupuesto siempre porque es cuánto pagarían las empresas que están operando en Argentina por el régimen general versus el régimen que tienen”, detalló Dal Poggetto. La economista planteó que la pregunta relevante es quién financia esa diferencia.

De acuerdo con su análisis, de los USD 8.500 millones que representa la diferencia, la Nación aporta USD 6.200 millones y recibe USD 9.900 millones, es decir, 1,6 veces lo que aporta. Las provincias con proyectos RIGI, en cambio, ponen USD 1.200 millones en impuestos y reciben USD 5.000 millones, es decir 4,16 veces lo que aportan. “El juego es un esquema tributario que de alguna forma favorece a las provincias que tienen alocados los proyectos, es la contracara de un esquema que intente distribuir desde el punto de vista de la política fiscal”, sostuvo la directora de Eco Go.

Estimación de la oposición

El diputado Guillermo Michel, del bloque Unión por la Patria (UP), aportó su propia estimación del gasto tributario que, según su planteo, no figura en el proyecto de Presupuesto. Según datos que difundió, hasta la fecha son 23 los proyectos aprobados bajo el RIGI, con una inversión total de USD 49.766 millones y una proyección de 108.450 puestos de trabajo generados.

Del total de la inversión, el 47% se desembolsa hasta 2028 inclusive. Por sectores, Michel detalló que hay dos proyectos de energía eléctrica, siete de petróleo y gas, 12 de minería, uno de siderurgia y uno de infraestructura.

“El mayor dibujo del presupuesto es la ausencia total del gasto tributario (lo que el Estado deja de recaudar) por el RIGI”, afirmó Michel en la red social X. Según su cálculo, ese gasto tributario oculto asciende a USD 3.359 millones anuales, el equivalente a 0,49 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), cifra que aplica cuando los proyectos estén en “plena ejecución”. El diputado remarcó que esta condición cobra relevancia porque el 47% del total de la inversión recién se desembolsa hasta 2028.

Reclamo al FMI

En paralelo, mientras se desarrollaba en el país la misión del FMI por la tercera revisión del programa vigente, el bloque peronista de la Cámara de Diputados envió una carta formal a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en la que planteó que el proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 resulta “inconsistente” y otorga “discrecionalidad” al Poder Ejecutivo en un año electoral.

La carta sostiene tres ejes de cuestionamiento. El primero apunta precisamente a que el superávit primario propuesto por el Gobierno, de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PBI, está sobreestimado porque no contempla el gasto tributario del RIGI, estimado en los mismos USD 3.359 millones anuales que detalla Michel en su documento.

El segundo cuestionamiento se refiere a la llamada “Jurisdicción 91”, que pasa de $5,6 billones a $14,8 billones en el proyecto. De ese total, $7,7 billones no cuentan con ley ni criterio de asignación. “No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’”, señala la carta, que agrega que ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija un criterio de reparto. El documento sugiere que esos fondos funcionan como una herramienta para auxiliar o presionar a provincias que no logran cubrir el pago de sueldos o requieren fondos adicionales.

El tercer punto refiere al aumento de la inversión financiera neta prevista para 2027 respecto de 2026, que se duplica en términos nominales, de $9,8 billones a $17,4 billones. La carta explica que esto implica, en términos contables, que el Poder Ejecutivo Nacional propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y las fuentes financieras netas al incremento de inversiones financieras temporarias, caja y bancos u otras inversiones financieras.

Los tres planteos —el de Dal Poggetto sobre la distribución entre Nación y provincias, el de Michel sobre la magnitud del gasto tributario oculto y el de la carta del bloque peronista sobre la discrecionalidad presupuestaria— coinciden en señalar la falta de inclusión del costo fiscal del RIGI como un elemento central del debate sobre las cuentas públicas de 2027.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, pidió este lunes una prórroga de cinco días hábiles para estudiar la causa por el préstamo de USD 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri y definir si mantiene la impugnación contra el archivo de la investigación.

El planteo fue presentado ante la Sala IV de la máxima instancia penal del país, integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que tiene bajo análisis una queja presentada por el Ministerio Público Fiscal. Antes de resolver si corresponde habilitar la revisión, el tribunal le corrió traslado a Pleé, que es el fiscal general que interviene ante dicha sede.

Pleé todavía no fijó posición sobre el fondo. Solicitó cinco días hábiles adicionales para examinar las actuaciones debido al volumen del expediente y al cúmulo de trabajo de su dependencia.

La causa comenzó en el año 2019 a partir de una denuncia por presunta defraudación y buscó determinar si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo stand-by celebrado con el FMI en 2018 se cometieron delitos contra la administración pública. El financiamiento había sido pactado inicialmente por USD 50.000 millones y luego fue ampliado hasta USD 57.100 millones.

La investigación alcanzó al expresidente Mauricio Macri; al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne; a Luis Caputo, que se desempeñaba como secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central; y a Federico Sturzenegger, por entonces titular de esa entidad.

Durante la pesquisa se analizaron, entre otros puntos, la ausencia de un decreto presidencial específico para formalizar la operación, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la actuación del Ministerio de Hacienda y la omisión de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos. También se incorporaron informes de organismos de control, expedientes administrativos y documentación vinculada con el destino de los desembolsos.

En febrero pasado, la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti resolvió archivar el expediente tras considerar que los hechos investigados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad. También entendió que los memorandos suscriptos con el FMI tenían carácter técnico y no imponían un destino obligatorio y específico para los fondos.

El fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión. Cuestionó que la investigación fuera cerrada sin completar una serie de medidas orientadas a reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar el recorrido de las divisas provenientes del crédito.

A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo de la causa. Según expusieron, el acuerdo había sido gestionado en un contexto de urgencia financiera y que la prueba reunida no permitía sostener una hipótesis de carácter delictivo.

A partir de allí intervino el fiscal general José Luis Agüero Iturbe, que actúa ante la Cámara Federal. El representante del Ministerio Público intentó llevar la discusión a Casación mediante un recurso contra la resolución que había convalidado el cierre del expediente.

Como ese planteo fue declarado “inadmisible”, Agüero Iturbe acudió directamente en queja ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa presentación es la que ahora se encuentra bajo estudio de Carbajo, Hornos y Borinsky.

Antes de resolver si abre la instancia para revisar el archivo, el máximo tribunal penal federal pidió la opinión de Pleé. El fiscal general deberá definir en un dictamen, una vez vencida la prórroga solicitada, si mantiene la impugnación promovida por su par del Ministerio Público en la instancia anterior.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estimó que el posible acuerdo entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría reducir el costo de endeudamiento externo del país hasta en 290 puntos básicos frente a una emisión de deuda en los mercados internacionales. El análisis del centro de pensamiento fue publicado este lunes 5 de octubre y revelado por La República.

El centro de estudios señaló que el acceso a los recursos del organismo multilateral aliviaría las condiciones de financiamiento, en un contexto en el que la deuda neta del país alcanzó el 56% del producto interno bruto (PIB). El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella solicitó el 27 de septiembre la activación de la Línea de Crédito Flexible, mientras evalúa mecanismos de cooperación financiera con el Fondo.

José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que un eventual acuerdo con el organismo no corregiría por sí mismo el desequilibrio de las cuentas públicas. En diálogo con El Tiempo, el economista subrayó que la brecha entre el gasto y los ingresos del Estado es el problema de fondo, y que esa grieta no desaparece con financiamiento externo.

“Acudir al Fondo no resuelve el problema fiscal. Es apenas un puente en el camino para tratar de encontrar la solución”, afirmó López al diario.

El informe semanal de Anif, publicado por La República, describió la situación fiscal de Colombia como compleja: el gasto ha crecido a un ritmo superior al de los ingresos, lo que amplió la deuda pública de forma significativa. La ausencia de reformas estructurales también incide en los niveles actuales de endeudamiento.

El déficit fiscal podría llegar a 9,4% del PIB el próximo año

Para 2025, el cálculo de Anif proyecta un déficit de 7,2% del PIB bajo el ajuste propuesto por el Gobierno. Para el período siguiente, la estimación escala a 9,4% del PIB.

López explicó que el deterioro fiscal tiene una raíz específica: el Gobierno gasta más de lo que recauda, y para cubrir esa diferencia se endeuda, asume mayores cargas por intereses y busca nuevos ingresos tributarios. Los efectos se trasladan a toda la economía a través de tasas de interés más altas, menor inversión y menor generación de empleo.

“Si el país tiene que hacer un ajuste fiscal de todas maneras, tener acceso a recursos más baratos puede hacerlo menos doloroso. La alternativa más difícil es llegar al punto en que nadie quiera prestarle al Gobierno. En ese momento ya no hay forma de suavizar el ajuste”, señaló el presidente de Anif al mismo medio.

Los fondos de pensiones y bancos están entre los principales acreedores del Estado

El economista advirtió que la falta de corrección puede poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Los países que no corrigen sus desequilibrios, sostuvo, pueden enfrentar inflación elevada o incumplimientos de deuda. Una parte relevante de los acreedores del Estado colombiano está representada por fondos de pensiones, bancos, fiduciarias y aseguradoras.

Sobre la percepción negativa que suele acompañar al FMI, López señaló que se origina en las circunstancias en que los países acuden al organismo: “Es algo parecido a ir donde un médico cuando uno tiene una enfermedad grave”.

La forma del acercamiento entre Colombia y el FMI aún no está definida

El presidente de Anif recordó que la función del Fondo consiste en contribuir a la estabilidad de la economía global y acompañar a los países con dificultades de balanza de pagos o problemas de acceso a financiamiento. Sin embargo, precisó que aún no se conoce si la relación entre Colombia y el organismo derivará en un acuerdo formal, una cooperación financiera o un programa estructurado.

Colombia ya ha recurrido al FMI en otros momentos de tensión fiscal. Según López, esa relación ayudó al país a atravesar períodos de dificultades, aunque el respaldo externo no reemplaza las medidas que debe adoptar el propio Estado. “Las decisiones sobre cómo ajustar las cuentas deben surgir de las propias convicciones de Colombia”, concluyó el economista en El Tiempo.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, viajará a Bangkok, Tailandia, del 12 al 18 de octubre para participar en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). La autorización contempla un gasto total de USD 17.456,54 entre pasajes y viáticos.

La Resolución de Directorio N.° 0053-2026-BCRP-N aprobó la misión en el exterior de Velarde, quien asistirá además a encuentros vinculados con el Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro (G-24) y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

El presupuesto asignado establece un gasto de USD 12.956,54 para los pasajes y USD 4.500 por concepto de viáticos. La suma alcanza los USD 17.456,54.

El documento señala que el Perú integra el FMI y el Banco Mundial y que el BCRP representa al país para los fines fijados en el convenio constitutivo del organismo monetario. Velarde ejerce como gobernador peruano ante el FMI, una función que le permite participar en las instancias de decisión de la entidad.

La resolución también precisa que el viaje no otorgará exoneraciones ni liberaciones de derechos aduaneros. La medida se adoptó tras un acuerdo del Directorio del BCRP en su sesión del 30 de julio.

Bangkok recibirá a autoridades monetarias y financieras

Las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial se realizarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre. El encuentro convoca a representantes de los países miembros de ambas instituciones, entre ellos ministros de Economía y Finanzas, presidentes de bancos centrales, funcionarios de organismos multilaterales, académicos y referentes del sector privado.

La agenda incluye debates sobre la evolución de la economía global, la estabilidad financiera, la inflación, el crecimiento, el empleo, el financiamiento para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Los gobernadores de los organismos participan en una sesión plenaria y tratan asuntos vinculados con las políticas y prioridades de las dos instituciones.

El FMI reúne a 190 países y tiene entre sus funciones promover la cooperación monetaria internacional, contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera, y brindar asistencia técnica y financiera a sus miembros. El Banco Mundial, por su parte, agrupa entidades dedicadas a financiar proyectos y políticas de desarrollo.

En tanto, el Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro (G-24) reúne a países en desarrollo y economías emergentes de África, Asia, América Latina y el Caribe.

Las reuniones anuales se celebran habitualmente en Washington durante dos años consecutivos y, cada tres años, se trasladan a un país miembro. Tailandia será sede de la edición de 2026, la segunda que organiza después de 1991.

Velarde inicia su quinto período consecutivo al frente del BCRP

Julio Velarde preside el Directorio del BCRP desde octubre de 2006. Este mes cumplirá 20 años en el cargo y, en septiembre, juró para un quinto período consecutivo, que se extenderá hasta 2031.

Su continuidad fue respaldada por el Senado, luego de la designación del Poder Ejecutivo. A lo largo de su gestión recibió distinciones de publicaciones especializadas, entre ellas The Banker, que lo nombró Banquero Central del Año a nivel global en 2015 y Banquero Central de las Américas en 2020.

El nuevo Directorio del BCRP aún se encuentra en proceso de conformación. El Ejecutivo designó a Marylin Choy, Luis Palomino y Gustavo Yamada como directores. Faltan tres representantes que deben ser elegidos por el Senado para completar los siete integrantes del órgano, incluido su presidente.

El BCRP tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria. Para ello, regula la moneda y el crédito del sistema financiero, administra las reservas internacionales y adopta decisiones de política monetaria, como la fijación de la tasa de interés de referencia.

Este miércoles sale la lista con los directores del BCRP por el Senado

El Senado tiene previsto emitir el informe final el 7 de octubre, según el cronograma difundido para cubrir las tres plazas pendientes en el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La Comisión de Procedimientos Especiales es la encargada de conducir el proceso de selección. La convocatoria fue publicada el 3 de setiembre y estableció un cronograma que contempla varias etapas antes de que la decisión llegue al Pleno.

Los 12 candidatos propuestos por seis grupos parlamentarios son:

• Renovación Popular: Juan José Marthans León
• Buen Gobierno: Javier Alfredo Escobal D’Angelo, José Antonio Fernández-Baca Llamosas, Santiago Francisco Roca Tavella
• Fuerza Popular: Diego Macera Poli, Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella
• Juntos por el Perú: Oscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías, Kurt Johnny Burneo Farfán, Raúl Eduardo Mauro Machuca
• Ahora Nación: Alejandro Adrián Granda Sandoval
• Obras: Gonzalo Alegría Varona

El presidente Javier Milei perdió impulso político a un año de intentar su reelección, pero los bonos de Argentina todavía resultan atractivos para los inversores ante la división de la oposición peronista, según destacó la prestigiosa revista financiera estadounidense Barron’s, publicada por la misma empresa editora de The Wall Street Journal.

De acuerdo con el artículo, que lleva la firma de Craig Mellow, el respaldo externo sigue siendo uno de los factores que apuntalan esa perspectiva. El Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos figuran entre los aliados de Milei, después de que Washington abriera una línea de crédito por USD 20.000 millones para Buenos Aires con el objetivo de fortalecer el peso antes de las elecciones legislativas del año pasado.

La publicación destaca que, sin embargo, la cotización de la deuda reflejó el deterioro de las expectativas en los últimos meses. El bono de referencia con vencimiento en 2038 cayó de 83 a 74 centavos por dólar en dos meses, mientras los rendimientos argentinos se mantuvieron entre los más altos de los mercados emergentes.

El desgaste político y las reformas paralizadas

Milei, recordó la publicación, llegó al poder en diciembre de 2023 y obtuvo proyección internacional con una “terapia de choque” que contuvo una inflación cercana a la hiperinflación y duplicó las reservas de divisas del país que más veces incurrió en impagos de deuda en el mundo. Tras las elecciones legislativas de 2025, sin embargo, desaprovechó buena parte de ese capital político, resalta el artículo.

Barron’s señaló que la defensa prolongada de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, frente a acusaciones de corrupción, paralizó reformas estructurales en materia tributaria y previsional. Bruno Binetti, investigador de Chatham House, resumió el costo político: “El escándalo de Adorni consumió demasiado oxígeno”. El funcionario dimitió a fines de junio.

La administración también dejó pasar la oportunidad de regresar a los mercados de deuda antes de la subida veraniega de los rendimientos globales. Jeff Grills, responsable de deuda de mercados emergentes en Aegon Asset Management, advirtió: “Si no querían emitir al 9%, no saldrán ahora al mercado al 11%”.

Así, dijo la publicación estadounidense, la economía atraviesa un período de estancamiento que afecta a buena parte de los 46 millones de habitantes. La inflación anual se mantiene cerca del 30% y la pobreza volvió a crecer luego de una fuerte reducción durante los primeros dos años de gobierno.

Crecimiento concentrado y una oposición dividida

La expansión prevista de entre 2% y 3% para el año se concentra en la exploración de petróleo y minerales, además de la agricultura, sectores donde el impacto sobre el empleo es limitado. El semanario financiero citó a Thierry Larose, gestor de cartera de deuda local de mercados emergentes en Vontobel Asset Management, quien describió la situación: “Los salarios reales están estancados y el desempleo está aumentando”.

El deterioro económico también se trasladó a la imagen presidencial. Los votantes desaprueban la gestión de Milei por 60% a 40%, de acuerdo con la encuestadora AtlasIntel.

La alternativa peronista, no obstante, llega debilitada a la elección de octubre de 2027. La expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvieron a enfrentarse y propusieron políticas económicas que llevaron a Milei al poder, según describió Barron’s.

Binetti sostuvo que la dificultad del peronismo excede sus disputas internas: “Los peronistas sienten mucha nostalgia por una edad de oro que desapareció hace más de 15 años”. Esa fragmentación alimenta la expectativa de continuidad del actual programa económico.

Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de UBS Global Wealth Management, afirmó que “con la información que tenemos hoy, la continuidad es más probable que el cambio” el próximo año. Bajo esa hipótesis, considera que la deuda argentina ofrece una oportunidad porque cotiza con una prima elevada frente a otros créditos con calificación B, pese a una de las posiciones fiscales más saludables del mundo.

Grills, citó la publicación, se mostró más prudente y señaló que el crédito argentino “no está demasiado lejos de un punto de entrada”. Los bonos pagan un punto porcentual más que los de Ecuador y casi tanto como los de Gabón, mientras Larose definió las perspectivas como “desafiantes, pero potencialmente atractivas”.

Czerwonko sostuvo que el estancamiento podría expulsar del poder a los gobiernos de otros países, pero evaluó que Argentina alcanzó un contraste con sus anteriores crisis: “Milei está proporcionando un mínimo de estabilidad en la economía por excelencia de auge y caída”.

Las reformas de Milei todavía podrían fracasar, como ocurrió antes con las de Mauricio Macri, aunque los inversores podrían estar recibiendo una compensación adecuada por ese riesgo, concluyó el artículo.

La promesa de una “bazuca” de USD 75.000 millones para contener una eventual corrida cambiaria busca enviar una señal al mercado antes de las elecciones presidenciales de 2027. Javier Milei presentó esa cifra durante Argentina Week París como prueba de que el Gobierno tendría recursos suficientes para enfrentar episodios de volatilidad.

Sin embargo, distintos analistas advirtieron que una parte de esos fondos no está disponible de forma inmediata o depende de decisiones políticas y financieras ajenas al Banco Central de la República Argentina (BCRA), por lo que la cuenta oficial estaría sobrestimada.

El cálculo libertario se compone de USD 20.000 millones en compras de reservas del BCRA desde las elecciones de 2025, otros USD 20.000 millones correspondientes a un swap con Estados Unidos, otros USD 20.000 millones de un acuerdo similar con China y USD 15.000 millones vinculados a la posibilidad de vender contratos de dólar futuro para influir sobre el mercado contado.

La discusión no se centra solo en la magnitud de la cifra, sino en la liquidez efectiva de cada componente

La discusión no se centra solo en la magnitud de la cifra, sino en la liquidez efectiva de cada componente. Las reservas compradas pueden haber sido utilizadas para pagos o intervenciones previas; los swaps, que son intercambios de monedas entre bancos centrales, requieren condiciones políticas especiales para su activación; y la operatoria de futuros tiene límites fijados en el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El anuncio también se produce en un escenario donde el Gobierno busca sostener el esquema de bandas cambiarias sin ventas del BCRA y, al mismo tiempo, acumular divisas para afrontar vencimientos de deuda.

La disponibilidad de dólares para defender el tipo de cambio puede verse reducida si el Tesoro necesita utilizar reservas para cubrir compromisos financieros o si el financiamiento externo no se concreta, en un contexto de suba del índice de riesgo país que encarece la deuda local.

A eso se suma una cuestión de expectativas. Para los analistas, la exhibición de poder de fuego puede funcionar como una advertencia al mercado, aunque también puede abrir interrogantes si los recursos que integran la cuenta no tienen el mismo grado de disponibilidad ni pueden utilizarse sin costos sobre las reservas, la emisión monetaria o el programa financiero.

La consultora EcoGo sostuvo que la estimación oficial sobrestima la capacidad de intervención disponible. Según su cálculo, el poder de fuego ascendería a USD 25.000 millones sin contemplar una línea de liquidez de Estados Unidos y a USD 45.000 millones si esa asistencia estuviera habilitada.

El informe destacó que los USD 6.500 millones adquiridos por el Tesoro dentro de los USD 20.000 millones anunciados ya se habían utilizado para defender el esquema cambiario antes de las elecciones de octubre. Sobre las compras del BCRA, indicó que de los cerca de USD 14.500 millones acumulados quedarían USD 8.000 millones en reservas, luego de descontar ventas al Tesoro y pagos de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).

La estimación oficial sobrestima la capacidad de intervención disponible. Según su cálculo, el poder de fuego ascendería a USD 25.000 millones (Eco Go)

La consultora encabezada por Marina Dal Poggetto agregó que las reservas netas, bajo la metodología del FMI, se ubicaban en USD -3.923 millones al cierre de su informe, USD 1.500 millones por debajo del nivel de un mes antes. Respecto del swap con China, planteó que solo unos USD 8.000 millones podrían transformarse en liquidez. Cabe destacar que la actual administración devolvió los USD 5.000 millones que habían sido activados durante el gobierno de Alberto Fernández.

Eco Go también cuestionó el cálculo sobre el mercado de futuros. “El tope de intervención en futuros acordado con el FMI en la última revisión es de USD 9.000 millones, no de USD 15.000 millones”, señaló. Y añadió que la línea de liquidez con Estados Unidos dependería en buena medida del resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre próximo.

En esa misma línea, el analista financiero Christian Buteler consideró que el Gobierno “está sobrestimando fuertemente la cantidad de dólares de los cuales dispone”. También remarcó que una parte de los recursos podría utilizarse solo si el tipo de cambio alcanza el techo de la banda de flotación.

Buteler observó que el dólar mayorista se encuentra aproximadamente 25% por debajo de ese límite. Desde su perspectiva, una suba de esa magnitud podría generar tensiones antes de que el BCRA quede habilitado para intervenir con los instrumentos previstos en el esquema cambiario.

A la vez, cuestionó que se incluyan las exportaciones como si fueran dólares ya disponibles por el ente monetario. “Las exportaciones no son dólares del Gobierno”, sostuvo. Explicó que el BCRA debería comprar esas divisas con emisión de pesos y que esos pesos podrían luego presionar nuevamente sobre la demanda de moneda extranjera.

Las exportaciones no son dólares del Gobierno (Buteler)

Bajo la perspectiva de María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos, los swaps “son para usar y van a estar para usar eventualmente. No son solamente relevante los swaps, sino también el hecho de que la perspectiva de aumento de exportaciones y superávit comercial es muy favorable. Es algo muy distintivo de esta época respecto de otros momentos donde Argentina estaba sin cepo y enfrentaba incertidumbre electoral o de mayor riesgo de cambio de reglas”.

“Es interesante lo que están armando para defender eventualmente una fuerte demanda de dólares. De todas maneras, siempre la discusión es hasta dónde va a llegar, teniendo en cuenta que sin cepo los individuos están dolarizándose todos los meses. Sigue habiendo una demanda de pesos bastante chica y el Banco Central no está emitiendo. Acá es clave el equilibrio fiscal y eso colabora”, sumó Castiglioni Cotter.

Y añadió: “Teniendo en cuenta que el mercado teme el riesgo de reversión de políticas y de reglas de juego, es sensato que el Gobierno arme un set de defensas para evitar tanta volatilidad en un contexto de una economía altamente monetaria donde el ahorro es precisamente en dólares”.

Para Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, el Gobierno comenzó a prepararse para el proceso electoral de 2027 con acumulación de reservas y una reducción de la posición vendida del BCRA en el mercado de futuros, que se ubicó por debajo de los USD 300 millones a fines de agosto, cuando llegó a rozar los USD 7.000 millones en septiembre de 2025. Aun así, afirmó que “hablar de un poder de fuego de USD 75.000 millones parece exagerado”.

Piccardo interpretó que Milei busca comunicar una advertencia al mercado: “No me corran, porque los corro a ustedes”. No obstante, dijo que sería necesario contar con un respaldo explícito de Estados Unidos para que la línea de swap se convierta en una herramienta de intervención efectiva.

“El hecho de que exista una línea de swap no implica que los fondos estén disponibles de forma automática”, afirmó. Según su análisis, la utilización de esos recursos requiere la autorización del gobierno que concede la asistencia. Recordó que en 2025 la intervención estadounidense ayudó a sostener el tipo de cambio dentro de las bandas durante un período de turbulencia y que luego el BCRA recompuso compras de divisas y desarmó esa asistencia.

El especialista también puso el foco en el programa financiero. A propósito de este tema, alertó que, si el Gobierno no logra colocar Bonares —bonos en dólares que se emiten en el mercado local— por las tasas de interés que exige el mercado secundario, quedará abierta la duda sobre la posibilidad de captar los USD 5.000 millones previstos por esa vía. Si esos recursos no llegan, sostuvo, las reservas podrían destinarse al pago de deuda y reducirían el margen de intervención cambiaria.

Sería necesario contar con un respaldo explícito de Estados Unidos para que la línea de swap se convierta en una herramienta de intervención efectiva (Piccardo)

El economista de Econviews, Alejandro Giacoia, coincidió en que la disponibilidad de los swaps con China y Estados Unidos depende de definiciones políticas. “Tanto en el swap con China como con Estados Unidos juega mucho la política para que se permita usarlos”, afirmó.

Giacoia consideró que la asistencia de Estados Unidos podría ser más probable, aunque expresó dudas sobre que alcance un monto tan elevado. También observó que cualquier decisión de respaldo financiero deberá ser justificada por la administración estadounidense ante su propio electorado.

Sobre las compras de reservas, sostuvo que el BCRA todavía no alcanzó los USD 20.000 millones mencionados por Milei. Afirmó que todavía hay margen de tiempo y que la cosecha fina, junto con los primeros meses del próximo año, podrían favorecer nuevas adquisiciones de divisas. De todos modos, planteó que “es mejor que esas reservas se mantengan acumuladas”.

La discusión hacia 2027 quedará así atada a la evolución de las reservas líquidas, la capacidad de obtener financiamiento y la decisión de Estados Unidos y China sobre la eventual activación de las líneas de swap.

Este 2 de octubre de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que la consolidación fiscal de México se ha mantenido durante el año, con una desaceleración del ritmo de ajuste respecto a 2025; sin embargo, advirtió que se necesitan mayores esfuerzos para colocar a la deuda pública en una trayectoria descendente y recomendó una política fiscal “más ambiciosa” y acelerada.

El organismo proyectó que el crecimiento económico mexicano alcance 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027, impulsado por la aceleración de las exportaciones hacia Estados Unidos y el impacto limitado del alza mundial en los precios de la energía. La deuda bruta del sector público llegaría a 62.1% del Producto Interno Bruto (PBI) este año y a 62.9% en 2027, según las cifras del FMI.

La propuesta de presupuesto 2027 implica una consolidación más gradual

Tras una marcada reducción del déficit el año pasado, los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas continuaron en 2026 a un ritmo más lento. El FMI señaló que la propuesta de presupuesto para 2027 contempla una consolidación más gradual que la anunciada previamente y una trayectoria ascendente para la deuda en los años siguientes.

El organismo planteó que se debería considerar una consolidación más ambiciosa para recuperar margen de maniobra en la política fiscal. Para ello, identificó un conjunto de medidas tanto del lado del gasto como del ingreso:

• Mejor focalización de los programas sociales.
• Eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles.
• Fortalecimiento duradero de las finanzas de Pemex.
• Aumento de los impuestos subnacionales sobre la propiedad y los vehículos.
• Eliminación paulatina de los incentivos fiscales en zonas fronterizas.
• Ampliación del impuesto al carbono.
• Reforma al impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El FMI también valoró positivamente los planes para impulsar la inversión en infraestructura, aunque pidió salvaguardas adicionales que limiten diferimientos en el reconocimiento de gastos y la acumulación de pasivos contingentes derivados de proyectos mixtos.

Banxico debe mantener una postura “moderadamente restrictiva”

El proceso de desinflación continuó durante el año y la inflación general se ubica cerca de la meta del Banco de México (Banxico), aunque persisten presiones en los precios subyacentes. Las expectativas de inflación se mantienen por encima del objetivo del 3% fijado por el banco central.

El FMI recomendó que Banxico mantenga una postura moderadamente restrictiva hasta que existan señales claras de que esas presiones subyacentes ceden. El organismo advirtió que podría ser necesario un endurecimiento monetario si la desinflación se estanca o si nuevos choques en los precios de la energía y los alimentos generan alzas generalizadas de precios.

Según las proyecciones del FMI, la inflación al consumidor cerraría 2026 en 3.6% y bajaría a 3.3% en 2027, aunque el retorno duradero a la meta se retrasaría hasta principios de 2028. El organismo pidió además mayor claridad en la comunicación del banco central sobre su función de reacción y el papel de las expectativas inflacionarias en la formación de precios.

El sistema bancario mexicano mantiene reservas sólidas de capital y liquidez

El FMI calificó de sólido al sistema financiero mexicano, con bajos índices de morosidad, provisiones adecuadas y fuerte rentabilidad en los bancos. Las pruebas de estrés de Banxico indicaron que las instituciones pueden resistir choques significativos, incluida una desaceleración fuerte de la demanda estadounidense.

El organismo pidió seguimiento continuo al vínculo entre el soberano y los bancos, en el contexto de los cambios recientes en la calificación crediticia y el aumento de tasas de interés globales. También destacó el avance en la implementación de las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF), cuya nueva edición se prevé para 2027.

El FMI subrayó la necesidad de una implementación efectiva del marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/LFT), ante la exposición de México a flujos financieros ilícitos vinculados a la economía informal y la delincuencia organizada transnacional. El organismo agradeció a las autoridades mexicanas por los diálogos sostenidos durante la revisión.

SHCP se compromete a continuar la consolidación fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que la consolidación fiscal continuará en 2026 de manera gradual, tras la reducción significativa del déficit en 2025, con una estrategia “ordenada y compatible con el crecimiento económico”.

Señaló que el Paquete Económico 2027 busca reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público dentro de una trayectoria multianual, con el fortalecimiento de ingresos y el ejercicio responsable del gasto como ejes centrales.

La SHCP afirmó que México mantiene reglas fiscales sólidas, adecuadas a su marco constitucional y legal, y dijo que continuará evaluando oportunidades para fortalecer el marco fiscal de mediano plazo.

Retomó también la valoración positiva del FMI sobre la simplificación de procesos de inversión y la ampliación de la participación privada en infraestructura, y reiteró su compromiso con una conducción responsable de las finanzas públicas.

La causa por el préstamo de USD 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri ingresó este viernes a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir si habilita una revisión del archivo de la investigación.

El planteo quedó a estudio de los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. En esta etapa no analizarán todavía el fondo del expediente, sino la admisibilidad de la queja presentada por el fiscal José Luis Agüero Iturbe, luego de que fuera rechazado el recurso de casación contra el cierre del caso.

La investigación se inició en 2019 por presunta defraudación y buscó determinar si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo stand-by celebrado con el FMI en 2018 se cometieron delitos contra la administración pública. El financiamiento fue acordado inicialmente por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones.

La denuncia alcanzó a Macri, al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a Luis Caputo, que se desempeñaba como secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central, y a Federico Sturzenegger, por entonces titular de esa entidad.

Entre los puntos bajo análisis estuvieron la ausencia de un decreto presidencial para formalizar la operación, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas y la omisión de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos. También se investigaron la apertura tardía de expedientes administrativos y el destino de los desembolsos.

La pesquisa se extendió durante más de cinco años y reunió informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central, además de expedientes administrativos, testimonios, documentación vinculada con el acuerdo y datos sobre formación de activos externos.

En febrero pasado, la jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó el expediente al concluir que los hechos denunciados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad. También entendió que los memorandos suscriptos con el FMI tenían carácter técnico y no imponían un destino obligatorio y específico para los fondos.

El fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión y sostuvo que todavía quedaban medidas pendientes para determinar si durante la contratación del préstamo se habían incumplido procedimientos legales. También pidió avanzar sobre la trazabilidad de los desembolsos y reconstruir el recorrido de las divisas.

A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo. Los camaristas señalaron que el acuerdo había sido gestionado en un contexto de “urgencia financiera reconocida” y consideraron que la prueba reunida no permitía sostener una hipótesis delictiva.

El tribunal de alzada examinó además un informe de la SIGEN que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones, pero sostuvo que ese deterioro no alcanzaba por sí solo para demostrar una administración fraudulenta ni una disposición consciente de fondos en perjuicio del Estado.

Luego de esa resolución, Agüero Iturbe presentó un recurso de casación. El fiscal cuestionó que el expediente fuera cerrado sin completar medidas destinadas a reconstruir los movimientos del crédito e identificar eventuales beneficiarios privados de la salida de divisas.

Ese recurso fue declarado inadmisible por la Cámara Federal porteña. Ante esa decisión, el representante del Ministerio Público acudió directamente en queja ante el máximo tribunal penal del país.

La presentación quedó ahora radicada en la Sala IV, donde los camaristas Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver si habilitan la instancia para examinar el recurso contra el archivo.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitó públicamente al gobierno salvadoreño tras la conclusión de la segunda y tercera revisión de su acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La representación diplomática norteamericana destacó que el sólido desempeño de la economía local y la implementación de reformas estructurales generan certidumbre en los mercados, un factor clave para atraer mayores flujos de inversión extranjera directa al país centroamericano.

El pronunciamiento se produjo en el marco de la aprobación técnica del organismo internacional, que habilitó un desembolso inmediato de unos 138 millones de dólares destinados a reforzar la estabilidad macroeconómica de la nación.

A través de una declaración difundida en sus canales oficiales, la sede diplomática en San Salvador celebró la culminación favorable de este proceso de evaluación multilateral. La decisión del Directorio Ejecutivo del FMI valida los compromisos asumidos dentro del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Este mecanismo de crédito, pactado originalmente en febrero de 2025 por un período de 40 meses y un total aproximado de 1,400 millones de dólares, tiene como propósito acompañar la consolidación fiscal, fortalecer la liquidez bancaria y reconstruir las reservas financieras externas del Estado salvadoreño.

La culminación de las evaluaciones técnicas dio paso inmediato a la liberación de 101,96 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente al desembolso de liquidez para las arcas públicas.

De acuerdo con el informe del organismo con sede en Washington, la actividad económica de El Salvador superó las proyecciones iniciales gracias a la mejora sostenida en las condiciones de seguridad ciudadana y la consecuente recuperación de la confianza de los inversionistas privados, lo cual ayudó a amortiguar los desequilibrios presupuestarios acumulados en ejercicios anteriores.

¿Qué significa para El Salvador este acuerdo?

Para las familias y las empresas salvadoreñas, el respaldo del FMI funciona como una carta de recomendación internacional que confirma que las cuentas del país están ordenadas.

Cuando una institución global de este peso aprueba el trabajo de un gobierno, genera confianza en los mercados y en los inversionistas extranjeros. Esa tranquilidad disminuye el peligro percibido sobre el país, lo que permite que tanto el Estado como los negocios locales consigan préstamos con intereses más bajos y en mejores condiciones.

Asimismo, la llegada de los 138 millones de dólares en efectivo ingresa sin intermediarios a las cuentas del Estado. Este dinero le da margen al gobierno para pagar sus deudas más urgentes y continuar sus proyectos diarios sin recurrir a créditos costosos ni recortar las obras públicas.

A cambio de este apoyo, el plan exige administrar el presupuesto con cuidado, evitar gastos innecesarios y mejorar la cobranza de impuestos, con la condición de mantener intactos los fondos destinados a combatir la pobreza y construir infraestructura social.

El manejo del Bitcoin y las criptomonedas fue otro punto central en las conversaciones. Para otorgar el dinero, el organismo internacional solicitó que el Estado reduzca su presencia directa en este mercado. En respuesta, el gobierno entregó el control de la billetera digital Chivo a una empresa privada y prometió no volver a comprar Bitcoin con fondos públicos.

Aunque anteriormente no se alcanzaron las metas fijadas para la compra de monedas virtuales, los directivos del organismo aceptaron las correcciones presentadas por las autoridades salvadoreñas.

Para garantizar que los fondos continúen llegando en los próximos meses, el país se comprometió a realizar cambios en el sistema de pensiones y en el funcionamiento del sector público. Según explicó el primer subdirector del FMI, Dan Katz, cumplir estas promesas a tiempo resultará clave para mantener estable la economía, proteger el dinero de los bancos y lograr un crecimiento que beneficie a toda la sociedad.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza instalar una oficina en Venezuela, aunque el Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no solicitó hasta el momento un programa del organismo ni otra forma de financiamiento. “Cualquier financiamiento que pudiera otorgarse sería únicamente a solicitud de las autoridades”, sostuvo la vocera del FMI, Julie Kozack.

La portavoz destacó que la directora gerente de la entidad, Kristalina Georgieva, se reunió con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de la semana pasada. El encuentro abordó el restablecimiento de las relaciones entre la institución y el país, que abandonó el organismo en 2007.

El organismo prestamista analiza con las autoridades de Venezuela la apertura de una sede en el país caribeño para restablecer la cooperación técnica, aunque aún no definieron las modalidades ni el calendario. “El Fondo y las autoridades venezolanas están considerando establecer una presencia local en Venezuela para facilitar esta cooperación técnica y el desarrollo de capacidades.”, afirmó Kozack.

Entre los sectores definidos figuran las estadísticas macroeconómicas, las operaciones monetarias y cambiarias, la gestión de tesorería y la administración tributaria. Un equipo técnico del FMI viajó a Caracas entre fines de agosto y comienzos de septiembre para debatir las prioridades de desarrollo de capacidades y el suministro de datos. Esa misión se produjo después de otra visita del director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk.

El FMI no realiza su revisión anual estándar de la economía del país —conocida como la consulta del Artículo IV— desde 2004.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió en Nueva York con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el FMI y el Banco Mundial, como parte de la reanudación de los vínculos con esos organismos tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero.

Las reuniones tuvieron lugar en la sede de la misión permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. La televisión estatal venezolana sostuvo que los encuentros reflejan la “progresiva normalización de la relaciones” entre Caracas y los organismos multilaterales.

Georgieva calificó de productiva su reunión con Rodríguez y señaló que dialogaron sobre “la recuperación y reconstrucción” venezolana tras el doble terremoto del 24 de junio. “Celebramos los avances en el diálogo renovado y reafirmamos la disposición del FMI para apoyar al país mediante el desarrollo de capacidades y el asesoramiento en materia de políticas”, escribió la directora del Fondo en X.

El titular del BID, Ilan Goldfajn, afirmó que mantuvo una “buena reunión” con Rodríguez y recordó que “Venezuela es un importante miembro fundador” del banco”.

El FMI y el Banco Mundial anunciaron el 16 de abril la reanudación de sus relaciones con el Gobierno venezolano. Después de ese cambio, Venezuela recuperó el acceso a recursos vinculados al Fondo para apoyar la recuperación posterior a los terremotos de junio.

Delcy Rodríguez afirmó que las reuniones con organismos financieros internacionales apuntaron a “impulsar nuevas etapas de relacionamiento con el sistema financiero internacional y garantizar trabajo conjunto en beneficio del pueblo venezolano”. “El futuro de Venezuela se construye con alianzas, trabajo y la voluntad firme de seguir avanzando y generando oportunidades para nuestra nación”, expresó la mandataria.

El Fondo abrió su primera oficina local en un país miembro en 1956 en Paraguay, seguida de Bolivia y Haití ese mismo año. La asistencia técnica es una forma clave de apoyo no financiero que el fondo ofrece a sus miembros para fortalecer instituciones como los bancos centrales y las agencias estadísticas.

(Con información de Reuters y EFE)

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la segunda y tercera revisión del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con El Salvador, una decisión que habilitó un desembolso inmediato de 101.96 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a unos USD 138 millones.

La evaluación, difundida este 1 de octubre desde Washington, respalda la continuidad del programa económico acordado entre el organismo y el Gobierno salvadoreño. El SAF tiene una vigencia de 40 meses, fue aprobado el 26 de febrero de 2025 y contempla un acceso total de 1,033.92 millones de DEG, cerca de USD 1,400 millones.

El FMI señaló que la economía del país superó las previsiones iniciales. El organismo atribuyó ese resultado a la mejora de las condiciones de seguridad y al aumento de la confianza de los inversores, en un contexto en el que las autoridades buscan corregir desequilibrios fiscales y financieros.

El FMI destacó el avance fiscal y el refuerzo de las reservas

Según el organismo, la consolidación fiscal avanzó en líneas generales de acuerdo con los objetivos previstos en el programa. También indicó que las metas vinculadas a las reservas internacionales y a la liquidez fueron superadas.

El Directorio destacó avances en reformas del sistema financiero, transparencia fiscal y medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre los cambios mencionados figura la transferencia de la propiedad mayoritaria y del control de Chivo, la billetera electrónica estatal, a un operador privado.

Aun así, el país no cumplió algunos criterios de desempeño acordados con el FMI, según indica el comunicado. Uno de ellos se relacionó con la acumulación de Bitcoin. Sin embargo, el organismo concedió exenciones tras considerar las medidas correctivas anunciadas por las autoridades y sus compromisos para retomar las metas del programa.

El FMI precisó que el gobierno salvadoreño no prevé nuevas compras de Bitcoin por parte del sector público, salvo por donaciones documentadas. La institución espera que El Salvador reduzca de manera gradual su participación estatal en actividades vinculadas con criptoactivos y mejore la divulgación de esas tenencias.

El organismo pidió acelerar las reformas pendientes

El programa mantendrá su foco en la reducción de la deuda pública, el fortalecimiento de las reservas externas, la estabilidad financiera y las reformas de gobernanza. El FMI consideró necesario elevar los superávits primarios mediante una mejora en la administración tributaria, límites al gasto y cambios en los sistemas de pensiones y en la administración pública.

Dan Katz, primer subdirector gerente del FMI y presidente de la reunión del Directorio, sostuvo que el programa “ha generado beneficios tangibles” y que las autoridades salvadoreñas mantienen el compromiso de cumplir los objetivos establecidos.

El funcionario remarcó que el crecimiento del producto interno bruto real superó las previsiones, mientras las reservas fiscales y externas crecieron y los diferenciales de los bonos soberanos bajaron. No obstante, advirtió que persisten obstáculos en la aplicación de algunas reformas y que la incertidumbre internacional obliga a sostener una planificación de contingencia.

Para el FMI, la trayectoria descendente de la deuda dependerá de que el ajuste fiscal continúe. El organismo pidió reconstruir las reservas de liquidez del Gobierno, mejorar las operaciones de tesorería y reforzar la gestión de la deuda para evitar nuevos desvíos frente a los objetivos del programa.

La regulación de los criptoactivos seguirá bajo revisión

La institución también planteó la necesidad de reforzar la supervisión de bancos, cooperativas e instituciones financieras públicas. El objetivo es sostener una expansión prudente del crédito privado y reducir el vínculo entre el Estado y el sistema bancario.

En materia de transparencia, el FMI pidió mejorar los informes fiscales y del sector público, ampliar los controles sobre la titularidad real de empresas y perfeccionar la publicación de declaraciones patrimoniales. También recomendó fortalecer los mecanismos contra la corrupción y el lavado de activos.

Respecto de los criptoactivos, el organismo valoró ese traspaso, aunque indicó que la exposición residual del sector público debería eliminarse. Además, propuso avanzar con cambios a la Ley de Emisión de Activos Digitales para reforzar la regulación, la supervisión y la gobernanza de los proveedores de servicios vinculados con criptomonedas.

El Gobierno salvadoreño autorizó la publicación del informe técnico elaborado por el personal del FMI, que detallará la evaluación de las metas y los compromisos asumidos para la próxima etapa del acuerdo.

(Desde Washington, Estados Unidos) El Fondo Monetario Internacional (FMI) debatirá con Argentina los últimos indicadores negativos del plan de ajuste, antes de aprobar la tercera revisión del programa de Facilidades Extendidas.

Así lo confirmó Julie Kozack, vocera del Fondo, durante su contacto habitual con los medios de comunicación que cubren la agenda cotidiana del FMI.

-Recientemente se reveló que el PIB se contrajo en Argentina en el segundo trimestre con fuertes caídas en el consumo de los hogares y en la inversión. La actividad económica cayó. El consumo masivo también cayó año tras año. La tasa de pobreza aumentó casi cuatro puntos y la tasa de desempleo también experimentó un ligero aumento. ¿Está preocupado el FMI por estos indicadores? Y con base en ellos, ¿cree que el gobierno argentino debería hacer algún cambio en su programa económico?-, le preguntaron a Kozack.

-Varias de las preguntas que se hicieron obviamente van a ser parte de las discusiones que están teniendo lugar entre el FMI y las autoridades. El impacto potencial en la recaudación fiscal, cosas como esta, serán discutidas entre el Staff y las Autoridades-, contestó Kozack.

Y añadió:

“Gran parte del enfoque de las discusiones, además de las que ya saben, está realmente en cómo puede Argentina consolidar las ganancias de la estabilización que se ha logrado y ampliar esas ganancias a través de la economía. Y esto va a ser esencial para apoyar, obviamente, una inversión más fuerte. Va a ser importante para apoyar un crecimiento económico duradero. Va a ser importante para apoyar la creación de empleo. Y, en última instancia, todo esto es importante para mejores oportunidades para el pueblo de Argentina, lo cual es, por supuesto, el objetivo final”.

Tras ratificar que el FMI observa con muchísima atención como evolucionan los indicadores macro de la economía nacional, Kozack ratificó el apoyo del Fondo al programa de ajuste.

Kozack afirmó:

-“Como hemos hablado muchas veces antes, vemos que Argentina ha logrado avances significativos en la restauración de la estabilidad macroeconómica en un entorno muy desafiante con una alta deuda y también lo que había sido una inflación muy alta. Así que hemos visto una gran caída en la inflación durante los últimos años”.

-“Hemos visto un fortalecimiento de la posición externa a medida que se han acumulado reservas. Hemos visto bastante disciplina fiscal, pasando del déficit al superávit fiscal. De modo que toda esta estabilización es importante, y es una base clave para el crecimiento sostenible en Argentina”.

-“Hay un reconocimiento conjunto entre el FMI y las autoridades argentinas sobre dos cosas en el frente del crecimiento. Una es que el trabajo para fortalecer verdaderamente la resiliencia de Argentina necesita continuar. Y el otro reconocimiento conjunto es que es importante garantizar que el crecimiento, que hasta ahora ha estado muy concentrado en los sectores de energía, minería y agricultura, se amplíe y se distribuya de manera más uniforme entre los sectores de la economía, pero también entre los trabajadores”.

Las respuestas de Kozack se encuadran en una sucesión de datos negativos que exhibió la economía nacional en las últimas semanas.

En julio, la actividad económica cayó 2,9% frente a junio y el indicador oficial también registró una variación negativa de 1,4% contra el mismo mes del año anterior.

La caída de julio revirtió la leve mejora de junio y dejó al Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su nivel más bajo desde marzo.

El dato negativo refleja que los sectores vinculados al comercio exterior no compensaron el deterioro del consumo interno. Desde esta perspectiva, la economía argentina podría entrar en una “recesión técnica”durante el tercer trimestre.

El cuadro sectorial del Indec mostró que 8 de las 15 ramas de actividad retrocedieron frente a julio de 2025.

La tasa de desocupación aumentó a 7,9%durante el segundo trimestre de 2026 y afectó a 1,73 millones millones de argentinos, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(Indec).

El índice oficial subió 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior y avanzó 0,1 puntos en relación con los primeros tres meses del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% en los principales centros urbanos del país. Al extrapolar estos porcentajes al total de la población, la cifra equivale a unos 15,56 millones de argentinos pobres y 3,61 millones indigentes.

El dato implica un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 28,2 por ciento. Esto implica que hay 2,05 millones de pobres más que hacia fines del año previo y afectó al 24,4% de los hogares.

En cuanto a la indigencia, también experimentó un alza de 1,2 puntos porcentuales en relación al 6,3% que había arrojado en los seis meses anteriores, lo que se traduce en 595.300 nuevos indigentes y alcanzó al 5,6% de los hogares.E

En los últimos días, el riesgo país alcanzó los 628 puntos básicos, el nivel más alto en seis meses. La fuerte caída en el consumo y un aumento en los niveles de la pobreza, sumada a la posibilidad de una “recesión técnica”, influye en los niveles del riesgo país pese al cumplimiento de las metas del FMI.

A su vez, la inversión registró una caída interanual de 5,4%en agosto, con retrocesos tanto en la construcción como en la compra de maquinaria y equipos. Se trata del décimo retroceso consecutivo. En los primeros ocho meses del año, la contracción acumulada llegó a 7,9%.

Kozack completó la información sobre Argentina confirmando que las negociaciones para la tercera revisión continuarán en las próximas con la intención de cerrar un Staff Level Agreement (SLA) que se presentaría al board antes que concluya noviembre.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluará este jueves 1 de octubre la segunda y tercera evaluación del programa de El Salvador, según explicó Mauricio Choussy, experto en economía y expresidente del Banco Central de Reserva, durante una entrevista en Frente a Frente. Choussy dijo que una revisión correspondía a septiembre de 2025 y la otra a marzo de 2026.

Choussy señaló que el 3 de septiembre el Gobierno salvadoreño y el equipo del Fondo alcanzaron un acuerdo técnico para completar de forma conjunta ambos procesos. Agregó que ese entendimiento requiere la aprobación del directorio y el cumplimiento de las medidas previas previstas en el programa.

El economista detalló que la sesión abordará tres asuntos: la aprobación de las dos revisiones combinadas, las solicitudes de exención por incumplimientos de criterios de desempeño y los cambios planteados a esas metas.

El tercer punto, añadió, será la posible aprobación de un desembolso de aproximadamente USD 140 millones. Choussy indicó que esa es la cifra incluida en la agenda que, según explicó, revisará el directorio del FMI.

“El primero de octubre el Fondo va a analizar la segunda y tercera revisión combinada del programa”, afirmó Choussy. A su juicio, la decisión permitirá conocer las modificaciones solicitadas por el Gobierno, los compromisos aceptados por el organismo y los nuevos condicionamientos para continuar con los desembolsos.

El presupuesto de 2027 ante el Fondo Monetario Internacional

Choussy relacionó la reunión del directorio con la presentación del proyecto de presupuesto general de la nación para 2027, prevista para este el 30 de septiembre.

Según su interpretación del programa, esa entrega era una de las medidas previas que el Gobierno debía cumplir antes de la revisión.

El entrevistado planteó que el proyecto no tenía que ser aprobado por la Asamblea Legislativa el mismo día de su presentación. Sostuvo que el Fondo podría valorar si el presupuesto presentado se ajustaba a las metas del programa, aunque el trámite legislativo continuara después.

El economista dijo que, de acuerdo con la evaluación del FMI que citó durante la entrevista, la actividad económica salvadoreña se encuentra por encima de lo previsto.

También afirmó que el organismo espera un crecimiento de 4.5% en 2026, apoyado en las mejoras de seguridad y en una mayor confianza de los inversionistas.

Choussy agregó que, según esos documentos, la situación fiscal y externa se mantiene alineada con el programa. Explicó que el superávit primario del sector público debería subir a 2.9% en 2026 y a 3.7% en 2027, mientras las reservas internacionales y la liquidez bancaria superarían las metas proyectadas.

Las reformas pendientes

El exfuncionario señaló que los asuntos pendientes incluyen compromisos vinculados con bitcoin, transparencia y gobernanza, la reforma de pensiones y la ley de servicio civil. Dijo que la revisión correspondiente a septiembre de 2025 incluyó temas fiscales, compras de bitcoin, el funcionamiento de Chivo y obligaciones de transparencia.

Choussy sostuvo que la evaluación de marzo de 2026 agregó otros incumplimientos relacionados con la gobernanza, la reforma de pensiones y la ley de servicio civil. A su juicio, la solicitud presentada ante el FMI buscaría modificar las fechas y condiciones de compromisos que el Gobierno no cumplió dentro del calendario inicial.

Las pensiones y una posible reforma paramétrica

Choussy evitó afirmar que la edad de jubilación subirá cinco años. Sin embargo, dijo que el sistema de pensiones no es sostenible y mencionó el aumento de la edad de retiro como una de las medidas que podrían contribuir a su sostenibilidad.

El entrevistado explicó que una reforma paramétrica puede modificar la edad de jubilación, los años de cotización y los aportes de trabajadores y empleadores. También sostuvo que una persona que trabaja cinco años más acumula más ahorro y podría alcanzar una pensión superior.

“El sistema de pensiones no es sostenible y una de las formas de darle sostenibilidad es aumentar la edad de retiro”, expresó. Choussy indicó que, en un sistema de cuentas individuales, la pensión depende de lo ahorrado y de la edad a la que cada persona deja de cotizar.

El economista sostuvo que las pensiones buscan cubrir alimentación, vestuario y vivienda durante la vejez, no mantener el nivel de vida previo a la jubilación. Por ello, consideró que quien aspire a conservar ese nivel de gasto debe contar con ahorro adicional.

Los USD 2,400 millones previstos para abril de 2027

Choussy identificó como el asunto más delicado para las finanzas públicas el pago de cerca de USD 2,400 millones en abril de 2027. Según explicó, ese monto corresponde a obligaciones que deberán reconocerse tras el vencimiento de un período de gracia sobre intereses adeudados.

El economista afirmó que la cifra aparecía en la nota técnica asociada con el presupuesto que el Gobierno presentaría ante la Asamblea Legislativa. Señaló que el documento debía precisar cómo se financiaría el pago.

Choussy advirtió que el Estado debe encontrar una fórmula para cancelar esa obligación sin incurrir en lo que las calificadoras denominan un impago selectivo o restringido. A su juicio, un escenario de ese tipo volvería a elevar el riesgo país.

El entrevistado sostuvo que las calificadoras y los inversionistas siguen atentos a la forma en que El Salvador resolverá el vencimiento. Añadió que, según su apreciación, “la caja no da” para pagar USD 2,400 millones de una sola vez.

Choussy explicó que los bonos en poder de los fondos de pensiones corresponden, en última instancia, a los cotizantes de las cuentas individuales. Por eso, afirmó que las calificadoras exigen una solución que no reduzca la calidad crediticia ni los rendimientos financieros de esos títulos.

Luego de más de una semana desde su llegada al país, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Joyce Wong, concluyó el martes su visita por la tercera revisión del programa argentino respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF). El organismo agradeció a las autoridades nacionales por su hospitalidad.

Las conversaciones entre el personal técnico y el Gobierno continuarán, según indicó el FMI en un breve comunicado. El organismo señaló que proporcionará más información “a su debido tiempo”, sin precisar si hubo avances o acuerdos durante las reuniones.

Hasta el momento no hay información sobre si se logró la aprobación de la tercera revisión del acuerdo. Argentina incumplió la meta de superávit primario del primer semestre del año, por lo que para obtener el visto bueno, el equipo económico debe conseguir un nuevo waiver (dispensa) por parte del organismo.

Meta fiscal sin cumplir

En el pasado, tanto en este Gobierno como en anteriores, esa dispensa se concedió en reiteradas oportunidades, aunque en la mayoría de los casos por incumplir la meta de reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta vez la situación fue a la inversa: el Gobierno logró la meta de reservas, pero no la fiscal.

El Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones entre enero y junio de 2026, pero la meta vigente al 30 de junio era de $6,86 billones, una diferencia de $573.974 millones. Ese incumplimiento se registró incluso después de que el FMI redujera el objetivo fiscal en $1,60 billones antes del cierre de junio: la exigencia inicial era de $8,46 billones y, tras la flexibilización, pasó a 6,86 billones de pesos.

“En el primer semestre de 2026 el Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones, quedando $570.000 millones por debajo de la meta del 30 de junio”, sostuvo Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), organización de análisis económico.

Acumulación de reservas

El otro punto de la revisión corresponde a la acumulación de reservas. En ese frente, el Gobierno cumplió por primera vez desde la firma del programa 2025 la meta prevista para el 30 de junio.

A esa fecha, la variación acumulada de las reservas netas desde fines de 2024 alcanzó -USD 3.111 millones. La meta exigía una variación de -USD 8.600 millones, y el resultado se ubicó por encima del límite establecido. El cumplimiento incluyó, no obstante, modificaciones introducidas por el propio Fondo en las exigencias y en la metodología de cálculo.

En la revisión de mayo, el organismo redujo en USD 11.800 millones el objetivo de acumulación de reservas para el 30 de junio: la meta inicial requería una variación positiva de USD 3.200 millones y el nuevo parámetro pasó a -USD 8.600 millones. Letcher señaló que, sin ese recorte, al Gobierno le faltaban USD 6.311 millones para alcanzar el objetivo.

Impacto en reservas

La aprobación de la tercera revisión es clave para la recomposición de reservas del BCRA. El viernes pasado, el Gobierno enfrentó un vencimiento por USD 800 millones con el organismo, lo que llevó a que las reservas brutas cayeran al terreno de los USD 47.000 millones.

El pago se realizó con los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA, que al 25 de septiembre cayeron al terreno de los USD 1.400 millones. Según pudo saber Infobae con fuentes involucradas en la operación, se espera compensar esa pérdida con el desembolso pendiente de USD 1.000 millones.

En ese marco, una de las novedades de las últimas horas fue que el BCRA aceleró el ritmo de compra de reservas. El martes adquirió USD 70 millones en el mercado, un salto respecto al comportamiento de días previos, cuando hubo jornadas en que la entidad no intervino.

A pesar de que el BCRA ya cumplió la meta de compra de USD 10.000 millones para este año —lleva más de USD 14.400 millones—, el debate persiste: si la entidad debe acelerar la adquisición de divisas de cara al año electoral o reducir el ritmo para no retirar tantos pesos del mercado y permitir el desarrollo del crédito, como sostienen economistas afines al Gobierno como Ricardo Arriazu.

Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que las compras de reservas por parte del BCRA podrían superar los USD 30.000 millones. “Las compras de reservas conservadoramente van a estar en el orden de los USD 20.000 millones. Si logramos mantener el ritmo de compra con el que venimos, ese número puede ser de USD 25.000 millones o USD 30.000 millones”, aseguró.

En el equipo económico contemplan las compras de reservas como parte de los USD 75.000 millones que el Gobierno tendrá disponibles ante una eventual corrida cambiaria en la previa de las elecciones presidenciales del año próximo, a los que se suman el swap con China y con Estados Unidos, ambos por USD 20.000 millones cada uno, y USD 15.000 millones para intervenir en dólar futuro.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encuentra en Buenos Aires para la tercera revisión del acuerdo, se reunió con funcionarios del Ministerio de Economía para evaluar el avance del programa económico y el cumplimiento de las metas previstas para el primer semestre de 2026. También mantuvo contactos con representantes del sector agropecuario, una de las principales fuentes de divisas del país y un actor al que el mercado sigue de cerca ante las fragilidades del programa financiero.

La delegación que encabeza la economista Joyce Wong llegó a la Argentina el lunes 22 de septiembre y extendió su agenda durante más de una semana. El equipo técnico revisó los números del programa acordado con el organismo multilateral, mientras el mercado siguió de cerca las señales sobre el esquema financiero del Gobierno y la capacidad oficial para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027 en un contexto de suba de tasas.

Según pudo saber Infobae, la delegación del FMI abrió un canal de intercambio con representantes del agro para obtener datos sobre el efecto de El Niño, las perspectivas productivas y el volumen de exportaciones que puede generar la próxima campaña. El interés del organismo se concentró en la magnitud de las divisas que ingresarán al país desde el complejo agroindustrial, en un año con pagos de deuda en moneda extranjera que suman 24.900 millones de dólares.

“Tuvimos intercambio de información respecto a los efectos de El Niño sobre el agro y sobre producción y exportación”, comentó a este medio una calificada fuente que pidió reserva de identidad. La consulta de la misión incluyó los rendimientos esperados, los precios a cosecha y el escenario internacional de los principales granos.

En busca de dólares

La información del campo ganó peso en la evaluación del Fondo sobre las metas acordadas con el Gobierno, dado que el sector agropecuario representa la principal fuente de dólares de la economía. Las proyecciones de producción, procesamiento, precios y exportaciones serán determinantes para estimar el ingreso de divisas del próximo año, atravesado por la antesala de las elecciones presidenciales de 2027.

Si bien, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero hasta el final del mandato de Javier Milei, la reciente suba de tasas a nivel internacional generó dudas sobre algunos supuestos, como las colocaciones en el mercado de capitales local de USD 5.000 millones para el año próximo.

Ante el aumento en los costos de financiamiento, entre los operadores circulan dos opciones para el Gobierno: convalidar tasas más altas o ampliar las compras de dólares del Banco Central. La expectativa sobre la liquidación de exportaciones del agro se vinculó con ese debate, dado que una mayor entrada de divisas puede modificar las condiciones del mercado cambiario y financiero.

El organismo internacional buscó precisiones sobre la próxima campaña en un contexto donde el campo proyecta mayores exportaciones, un incremento del producto bruto agroindustrial y una suba de la recaudación fiscal vinculada con la actividad. Esos datos resultan relevantes para el programa económico ante el peso de los compromisos externos de 2027.

Las proyecciones del sector

Las cadenas agroindustriales estiman para la campaña 2026/27 exportaciones por USD 41.497 millones, un incremento de 6,9% frente al ciclo previo. El dato ocupa un lugar central en las consultas de la misión del FMI, que busca determinar el volumen de dólares que podría aportar el sector en el próximo año. Estas divisas podrían ser claves para que se mantenga la estabilidad cambiaria en la previa electoral.

La previsión se apoya en una producción total de 157,85 millones de toneladas, 0,5% por encima de la campaña anterior. El área total alcanzaría 36,9 millones de hectáreas, con récords productivos proyectados para maíz, girasol, trigo y cebada.

El aporte de las cadenas agroindustriales también se reflejaría en un producto bruto agroindustrial de USD 54.297 millones, con un crecimiento de 5,9 por ciento. La expansión representaría USD 3.047 millones adicionales: USD 1.045 millones se explicarían por el efecto de mayores cantidades y USD 2.003 millones por la evolución de los precios.

La recaudación fiscal vinculada con el sector se ubicaría en USD 15.037 millones, 3,9% más a pesar de los anuncios de baja de retenciones. La mejora neta en los derechos de exportación sería de 275 millones de dólares. Dentro de ese resultado, la recuperación posterior al esquema de derechos de exportación cero aportaría USD 347 millones, mientras que los cambios en alícuotas y exportaciones restarían 72 millones de dólares.

El avance de la revisión

Según pudo saber Infobae, las reuniones con la misión del Fondo se realizaron en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El viceministro Daza encabezó los encuentros durante la ausencia de Caputo, que viajó a Nueva York junto a Milei para participar de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La comitiva que partió el martes a la noche estuvo integrada por Milei, Caputo, Daza, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El viaje reúne a funcionarios que participaron de la discusión de las metas fiscales, monetarias y de reservas con el Fondo.

La salida a Nueva York se produce mientras la tercera revisión mantiene un avance lento. Sin embargo, la presencia conjunta del presidente, el ministro de Economía, el viceministro, el titular del Banco Central y el responsable de Coordinación de Energía y Minería abre la expectativa de que la misión técnica se acerque a su cierre.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que Colombia iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar el deterioro de las finanzas públicas y las crecientes necesidades de financiamiento del Estado. La decisión fue comunicada el domingo 27 de septiembre de 2026, sin que exista por ahora un nuevo crédito aprobado ni un programa de ajuste acordado.

“El saldo está en rojo”, afirmó el mandatario durante una alocución televisada, señalando que el país atraviesa “la más crítica de toda nuestra historia” en materia fiscal. De la Espriella señaló que el Estado tiene dificultades para cumplir al mismo tiempo con el servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento.

Por lo anterior, ordenó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y al equipo económico encabezar el contacto con el organismo multilateral. El objetivo planteado es alcanzar una “salida negociada a la crisis”.

En reacción, el Pacto Histórico en un comunicado rechazó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busque apoyo del FMI para financiar el Preduúesto General de la Nación (PGN) 2027 y planteó una reforma tributaria como alternativa a una deuda externa que, según la organización, trasladaría costes sociales a la población.

La colectividad sostuvo que el acercamiento al organismo multilateral no responde a una necesidad técnica, sino a una definición política que evita elevar la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos. También afirmó que Colombia no tiene actualmente obligaciones pendientes con el Fondo Monetario Internacional.

El Pacto Histórico vinculó esa decisión con una eventual expansión del endeudamiento hasta el 66,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y anunció que no respaldará el PGN que atribuye al actual Gobierno. Para el partido, ambas medidas afectarían a quienes se beneficiaron de las reformas sociales del Gobierno del Cambio.

La organización recordó el crédito obtenido durante la administración de Iván Duque a través de la Línea de Crédito Flexible. Según su pronunciamiento, esa operación dejó una deuda de USD5.600.000.000, equivalente a $22 billones, que debía pagarse en tres años durante la administración Petro.

El Pacto Histórico propone recaudar recursos internos para cerrar el déficit fiscal

El Pacto Histórico afirmó que el país debe financiar sus compromisos con recursos propios y no con préstamos externos sujetos a condiciones. Al exponer su posición frente al presupuesto de 2027, señaló: “Colombia no necesita ‘entregarse’ al FMI para financiar el presupuesto de 2027. Necesita voluntad política para cobrarle más a quien más tiene, y dejar de usar al pueblo como garantía de la deuda de los más ricos”.

La colectividad presentó la reforma tributaria progresiva como su respuesta al déficit fiscal. En ese planteamiento, sostuvo: “La alternativa es clara y está sobre la mesa: una reforma tributaria progresiva, soberana y justa, que cierre el déficit fiscal con recursos internos y evite la deuda externa condicionada a recortes y costes sociales”.

El partido también cuestionó la experiencia del Fondo Monetario Internacional en América Latina y aseguró que sus intervenciones han servido para aplicar políticas que, a su juicio, profundizaron la pobreza y la desigualdad. En efecto, relacionó esa estrategia con la llamada doctrina del shock, que describió como una fórmula para justificar privatizaciones y reducir el gasto público y social.

Sobre ese punto, manifestó que la doctrina se ha aplicado bajo argumentos neoliberales y una presunta ortodoxia económica. La organización sostuvo que ese esquema busca crear una situación de inviabilidad estatal que habilite la venta de activos y recortes en programas sociales.

La coalición defendió las cifras económicas del Gobierno del Cambio

En el comunicado, el partido de oposición negó que la economía colombiana atraviese una crisis y defendió el balance entregado por el gobierno de Gustavo Petro. La organización aseguró que la inflación bajó de 13,5% a 6%, que el desempleo llegó a su nivel más bajo en 30 años y que la pobreza cayó a los mínimos de este siglo.

La colectividad también afirmó que esos resultados corresponden a cuatro años de crecimiento sostenido y a una gestión macroeconómica que calificó como verificable. En su análisis, rechazó que el país dependa prioritariamente de las exportaciones de cocaína y sostuvo que esa afirmación carece de sustento técnico y estadístico.

El Pacto Histórico respondió además a la alocución del pasado 27 de septiembre de 2026, en la que se acusó a integrantes del gobierno anterior de haberse “robado todo”. La organización calificó esas acusaciones como parte de una estrategia del “fascismo reaccionario” para sembrar dudas sobre lo que definió como una estructura criminal de poder presente en varios países de América Latina.

El Ministerio de Hacienda informó a través de su Portal de Transparencia que los ingresos tributarios sumaron USD 6,240.8 millones entre enero y agosto. La cifra representa un alza de USD 694.1 millones frente a los USD 5,546.8 millones obtenidos en igual período de 2025, un crecimiento de 12.5%.

El monto también superó en USD 403.2 millones la proyección presupuestaria de USD 5,837.6 millones, una ejecución 6.9% por encima de lo programado. Al sumar los ingresos no tributarios, la Dirección General de Tesorería reportó un total de USD 6.474,4 millones para el Gobierno Central en los primeros ocho meses del año.

El IVA y la renta concentran el 87% de la recaudación

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó USD 2.873,1 millones, con un alza de USD 347,2 millones (13.7%) frente a 2025. Las declaraciones internas de ese tributo crecieron 15.9%, mientras que el IVA aplicado a las importaciones subió 11.9%.

El Impuesto sobre la Renta sumó USD 2.763,5 millones, USD 287,6 millones más que el año anterior, para un avance de 11.6%. Dentro de ese componente, las retenciones a empleados aumentaron 7.6% y los pagos a cuenta de las empresas crecieron 13.8%.

Entre ambos tributos concentraron cerca de 87% del total recaudado por el fisco durante el período. El IVA grava el consumo, desde una golosina hasta una compra mayor, mientras que el ISR se aplica a los ingresos de los trabajadores y a las ganancias empresariales.

La deuda pública ronda los USD 35.000 millones

El repunte de la recaudación ocurre mientras la deuda pública se acerca a un nuevo máximo. El economista César Villalona señaló, en una entrevista con la radio YSUCA, que el endeudamiento llegó a USD 34,960 millones hasta julio y que, con nuevos retiros de fondos de pensiones en agosto, habría superado los USD 35,000 millones, equivalentes a cerca de 93% del PIB.

El economista atribuyó parte del problema al uso de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para cubrir compromisos previsionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Según su análisis, los retiros superan las obligaciones que debían financiar.

El FMI plantea subir el IVA tres puntos

El Fondo pidió al Gobierno reducir gastos, aumentar ingresos o combinar ambas medidas por unos USD 1,400 millones en tres años. Entre las opciones que se discuten figura elevar el IVA en tres puntos, una medida que, según el economista Villalona, podría generar entre USD 800 millones y USD 850 millones adicionales.

“Un ajuste de ese tipo implica recortar el gasto drásticamente para cumplir esa meta en el 2027”, afirmó Villalona ante la radio. El economista advirtió que una suba del IVA encarecería el consumo y golpearía con más fuerza a los hogares de menores ingresos.

Como alternativa, propuso gravar los grandes patrimonios, las propiedades de lujo y los sectores de mayores ingresos. Villalona dudó, sin embargo, de que el Ejecutivo adopte medidas tributarias dirigidas a esos grupos.

Impuestos selectivos y aranceles, también al alza

Los impuestos selectivos al consumo —categoría que incluye cigarrillos, bebidas alcohólicas, cerveza, gaseosas, armas y combustible— sumaron USD 172.7 millones, un alza de 7.6%. El mayor incremento se registró en cigarrillos, con un avance de 16.6%, seguido de los productos alcohólicos (7%), la cerveza (6.7%) y las gaseosas (5.4%).

Los derechos arancelarios a la importación totalizaron USD 269.9 millones, USD 25.4 millones más que en 2025, un crecimiento de 10.4%. El rubro de otros impuestos y gravámenes diversos —transferencias de bienes raíces, primera matrícula y primas de seguros— sumó USD 101,7 millones, con una expansión de 20.7% impulsada sobre todo por las transacciones inmobiliarias.

Los ingresos no tributarios, en cambio, mostraron una tendencia distinta. Alcanzaron USD 233,6 millones, con un alza interanual de 11.8%, pero se ubicaron 42.3% por debajo de la meta presupuestaria de USD 404,8 millones para el período.

Un dato dentro de ese rubro llama la atención: los ingresos por emisión del Documento Único de Identidad (DUI) casi se duplicaron, con un crecimiento de 98%. El contraste entre una recaudación tributaria robusta y unos ingresos no tributarios rezagados ilustra la brecha que el Gobierno deberá resolver antes de la revisión del FMI del 1 de octubre, que incluye un desembolso pendiente de USD 140 millones dentro del acuerdo de financiamiento firmado en 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó la semana pasada su misión por Uruguay, que estuvo encabezada por Raphael Espinoza. En el comunicado final, el organismo multilateral destacó avances del país en su macroeconomía, que le permiten afrontar shocks externos como el aumento del precio de los combustibles a nivel internacional y eventos climáticos como El Niño. También marcó algunas advertencias, como que la tasa de crecimiento es “insuficiente” para ser una economía avanzada.

Según el FMI, la economía uruguaya mostró “resiliencia” ante este moderado crecimiento, que estuvo respaldada por “instituciones sólidas y marcos de políticas creíbles”. Además, el fondo destacó que la inflación se ha mantenido dentro del objetivo que se fijaron las autoridades “gracias a una política monetaria proactiva”.

El documento de los técnicos señala que en el segundo año del mandato de Yamandú Orsi se continúa enfatizando “la importancia de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento inclusivo”. Agrega que el gobierno impulsa “reformas para estimular el crecimiento, crear más y mejores empleos y reducir la pobreza”.

En cuanto a los riesgos y perspectivas, el FMI proyecta un crecimiento de 1,3% en 2026, una cifra menos optimista que la proyectada por el Ministerio de Economía de Gabriel Oddone. Sin ser el agro –que sufre un efecto de la sequía del primer tramo del año–, “el resto de la economía está creciendo en torno a su potencial”, destaca el fondo.

El FMI estima que, en 2027, el crecimiento será del 2,4% y que la inflación se estabilizará en torno al 4,5%, la meta fijada por el gobierno.

Por otro lado, el organismo también proyecta que los riesgos macroeconómicos del país “se inclinan a la baja”.

“Los escenarios negativos tienen su origen en el entorno internacional, tales como condiciones financieras mundiales más restrictivas y shocks en el precio del petróleo, aunque la elevada proporción de energía renovable en Uruguay mitiga esta vulnerabilidad. Los shocks relacionados con condiciones meteorológicas, incluido El Niño, plantean riesgos para la agricultura”, dice el informe.

Hay otro escenario positivo que proyecta el FMI: el sector agrícola tendrá ingresos más altos, habrá “nuevas oportunidades para acceder a mercados y atraer inversiones” y los efectos de las reformas serán “más fuertes de lo previsto”.

Respecto a la política fiscal del gobierno de Orsi, el texto analiza que las proyecciones “siguen siendo acordes con los objetivos del presupuesto quinquenal”, votado en el Parlamento en el primer año de gestión.

Además, el Fondo Monetario elogia “reformas recientes del marco fiscal” y destaca la incorporación de mecanismos que afianzarán la “credibilidad de las políticas” y promoverán la “sostenibilidad de la deuda”. Considera también que la política monetaria que siguió el país “ha sido adecuadamente reactiva y predecible”.

En el capítulo de aspectos estructurales, el FMI advierte por el magro aumento del Producto Interno Bruto en el país (PIB).

“Desde 2016, el crecimiento promedió solo el 1,2 por ciento, una cifra insuficiente para converger hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. Aprovechando el ímpetu reformador de su primer año en el cargo, el gobierno está impulsando un programa de crecimiento inclusivo”, dice el documento.

El FMI destaca una Ley de Empleo enviada al Parlamento y el proyecto de ley de Competitividad, que incluye una reforma estatal para bajar costos, reducir trámites y fomentar la competencia. “Aborda los obstáculos identificados por las empresas, para así facilitar el comercio, fortalecer la competencia, reducir los trámites burocráticos y atraer inversiones”, describe el fondo.

Por último, el FMI deja unas advertencias sobre la educación: “La educación secundaria aún se encuentra rezagada respecto de los estándares de las economías avanzadas, particularmente en las tasas de graduación y en el desempeño en matemáticas”.

El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó durante la noche de este 28 de septiembre la experiencia y capacidad técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar alternativas frente a los desafíos fiscales de Colombia, tras la visita que realizó al país una delegación del organismo internacional, encabezada por su subdirector gerente, Nigel Clarke.

A través de sus redes sociales, Restrepo se refirió a los encuentros que Clarke sostuvo en Bogotá y señaló que el FMI constituye una institución relevante para la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible del país.

“El Fondo Monetario Internacional es una institución clave para la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible de Colombia. Su experiencia y capacidad técnica son un activo importante para analizar alternativas frente a los desafíos fiscales que heredamos y encontrar las soluciones más convenientes para Colombia”, escribió el vicepresidente.

Restrepo también señaló que el diálogo con organismos internacionales puede contribuir a preservar la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, agregó: “El diálogo y la cooperación internacional siempre suman cuando se trata de proteger la estabilidad macroeconómica y abrir camino al crecimiento de la Patria Milagro”.

Nigel Clarke concluyó su visita a Colombia

El pronunciamiento del vicepresidente se produjo después de la visita de Nigel Clarke a Colombia, que tuvo lugar entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026.

Al concluir su recorrido por Bogotá, el subdirector gerente del FMI agradeció las reuniones que sostuvo con José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y miembros de la junta del Emisor.

Clarke también tuvo la oportunidad de reunirse con líderes empresariales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos. Según explicó en su declaración de cierre, estos encuentros le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración y escuchar diferentes perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos de Colombia.

El funcionario señaló que el país cuenta con una trayectoria de resiliencia económica, marcos normativos sólidos, un banco central independiente y un sistema financiero robusto para enfrentar los retos actuales y establecer condiciones para el crecimiento futuro.

FMI señaló la necesidad de avanzar en disciplina fiscal

Durante el cierre de su visita, Clarke se refirió también a la situación fiscal del país y al compromiso expresado por las autoridades para restablecer la disciplina fiscal y la transparencia.

El subdirector gerente del FMI señaló que las medidas orientadas a reducir los desequilibrios fiscales pueden contribuir a fortalecer la confianza de los inversionistas, disminuir los costos de endeudamiento y generar condiciones favorables para la inversión privada y la creación de empleo.

En su declaración, también planteó que, mientras avancen las reformas, debe mantenerse la atención sobre el gasto social prioritario y el respaldo a los hogares vulnerables.

Este mecanismo corresponde a la revisión periódica que realiza el organismo sobre la situación económica y financiera de sus países miembros.

FMI continuará el diálogo con el Gobierno colombiano

En su declaración al término de la visita, Clarke señaló que el organismo está dispuesto a apoyar a las autoridades colombianas para abordar los desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio.

El subdirector gerente también indicó que recibió con beneplácito la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella para fortalecer la colaboración con el FMI y reafirmó el compromiso de mantener el trabajo conjunto con las autoridades colombianas.

Como parte de la continuidad de las conversaciones, Clarke informó que el organismo espera recibir la próxima semana en Washington D. C. a una delegación del Ministerio de Hacienda.

El encuentro permitirá continuar el diálogo entre el Gobierno colombiano y el FMI, después de la visita realizada por el subdirector gerente del organismo a Bogotá.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella inició negociaciones para buscar una salida a la crisis fiscal de Colombia, una decisión que abrió el debate sobre qué tipo de apoyo podría solicitar el país al Fondo Monetario Internacional, FMI, y bajo qué condiciones tendría acceso a esos recursos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el escenario fiscal previsto para 2027 es uno de los principales motivos de preocupación. Sin el ajuste que plantea la actual administración, el déficit podría alcanzar 9,4 % del producto interno bruto, PIB, nivel que, según la fuente, sería el más alto registrado en el país.

El profesor de finanzas públicas de la Universidad de los Andes Germán Machado sostuvo que Colombia enfrenta la necesidad de realizar un ajuste fiscal y advirtió sobre los riesgos de mantener un faltante de esa magnitud.

“Es un faltante que lo pone a uno muy nervioso, no solo porque es gigante, sino porque cualquier cosita que pase, cualquier gran evento internacional o cualquier crisis local, puede terminar haciendo que Colombia se meta en serios problemas”, afirmó.

Expertos descartan por ahora un rescate tradicional del FMI

Machado señaló que un deterioro adicional de las cuentas públicas podría afectar la capacidad de endeudamiento del país, encarecer el costo de la deuda y aumentar la presión sobre otras variables económicas.

Entre los riesgos mencionó una eventual pérdida de confianza internacional, mayores costos de financiación, un dólar más caro y nuevas presiones inflacionarias.

Sin embargo, los analistas consultados no ubican actualmente a Colombia en una situación comparable con crisis de pagos como las que han afrontado otros países latinoamericanos.

El jefe de análisis de BTG Pactual, Munir Jalil, considera que Colombia no estaría en una situación que justificara un Stand-By Arrangement, instrumento que suele utilizarse cuando un país enfrenta problemas más severos de balanza de pagos o financiación.

“Colombia no da para lo que se llama un Stand by Agreement, que es para un país que está en la mala y que está ya no pagando deudas. En Colombia no estamos tan mal para eso”, explicó.

Al mismo tiempo, Jalil señaló que las condiciones actuales tampoco serían las mismas que permitían anteriormente contar con una Línea de Crédito Flexible, FCL, un instrumento reservado para economías con fundamentos y marcos de política particularmente sólidos.

Una PLL podría movilizar hasta US$16.900 millones

Ante ese escenario intermedio, el analista planteó que una opción posible sería acudir a una Línea de Precaución y Liquidez, PLL, mecanismo del FMI destinado a países que conservan fundamentos económicos relativamente sólidos, pero presentan vulnerabilidades que requieren respaldo financiero.

“Entonces, hay una opción intermedia que se llama el PLL. Entonces, yo creo que Colombia se va a ir por ahí”, señaló Jalil.

Según cálculos de BTG Pactual citados por el medio, Colombia podría solicitar mediante este mecanismo entre US$8.400 millones y US$16.900 millones.

El acceso a esos recursos implicaría compromisos de política económica, aunque, según el análisis, las exigencias no serían equivalentes a las de un programa tradicional de rescate.

Una condición relevante sería que Colombia demuestre un compromiso creíble con restablecer el ancla fiscal, es decir, con adoptar medidas que permitan reducir gradualmente el desequilibrio de las cuentas públicas.

El Gobierno no ha revelado hasta ahora detalles públicos sobre las conversaciones con el FMI ni sobre el monto que eventualmente buscaría solicitar.

Según Blu Radio, la administración De la Espriella trabaja en un plan de tres fases para enfrentar la crisis fiscal, aunque la información suministrada no detalla todos sus componentes. Entre las acciones mencionadas está la presentación de medidas ante el Congreso.

El tamaño de una eventual asistencia del FMI dependerá, por tanto, de las negociaciones y de la capacidad del Gobierno para mostrar una estrategia fiscal que resulte sostenible.

Los expertos coinciden en que Colombia todavía conserva margen para enfrentar el problema sin encontrarse en una situación de cesación de pagos, pero advierten que el déficit previsto obliga a tomar decisiones para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra hace más de una semana en la Argentina. El viaje del presidente Javier Milei a la Argentina Week de París, junto con integrantes del equipo económico, genera expectativas sobre un próximo cierre de la tercera revisión. En ese proceso, el Gobierno accedería a un waiver —una dispensa— por incumplir la meta de superávit primario del primer semestre y recibiría una evaluación favorable por superar el objetivo de acumulación de reservas internacionales, aunque con asistencia del organismo multilateral

La delegación del FMI llegó al país el lunes de la semana pasada para evaluar la marcha del programa económico y las metas acordadas con la administración libertaria. Según pudo saber Infobae, las conversaciones se desarrollaron en la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y estuvieron encabezadas por el viceministro de Economía, José Luis Daza.

El nuevo “perdón”

El resultado fiscal del primer semestre es el punto central de la revisión. El Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones entre enero y junio de 2026, pero la meta vigente al 30 de junio era de $6,86 billones, lo que arroja una diferencia de 573.974 millones de pesos.

El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, informó que el incumplimiento ocurrió en el marco de la tercera revisión del programa rubricado 2025. Sin embargo, La meta semestral no era la original del acuerdo. El Fondo redujo el objetivo fiscal en $1,60 billones antes del cierre de junio. La exigencia inicial era de $8,46 billones y, tras la flexibilización, pasó a 6,86 billones de pesos.

Aun después de esa modificación, el resultado no alcanzó el objetivo. “En el primer semestre de 2026 el Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones, quedando $570.000 millones por debajo de la meta del 30 de junio”, sostuvo Letcher.

El desvío abre la posibilidad de que el Gobierno acceda a un waiver por la meta fiscal. Esa dispensa forma parte de los temas que analiza la misión del Fondo durante su estadía en el país, junto con la evolución de los restantes compromisos del programa.

Una de las razones del incumplimiento se vinculó con la demora en el tratamiento de Inocencia Fiscal II en el Congreso. La falta de avance de esa iniciativa llevó a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergará la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias de personas humanas.

La postergación redujo los ingresos previstos para el primer semestre. La recaudación de Ganancias formaba parte de los recursos que el Gobierno esperaba contabilizar antes del 30 de junio, fecha de corte para la evaluación de la meta de superávit primario. La baja de los ingresos también respondió a las modificaciones impositivas y al nivel de actividad, factores que afectaron la recaudación y explican parte de la brecha entre el resultado obtenido y el objetivo fiscal establecido para los primeros seis meses de 2026.

La novedad

El otro punto de la revisión corresponde a la acumulación de reservas. En ese frente, el Gobierno cumplió por primera vez desde la firma del programa 2025 la meta prevista para el 30 de junio.

A esa fecha, la variación acumulada de las reservas netas desde fines de 2024 alcanzó -3.111 millones de dólares. La meta que regía para el cierre del primer semestre exigía una variación de -8.600 millones de dólares. El resultado se ubicó por encima del límite establecido. El Gobierno superó la pauta de reservas, aunque el cumplimiento incluyó modificaciones introducidas por el propio Fondo en las exigencias y en la metodología de cálculo.

En la revisión de mayo, el organismo internacional redujo en USD 11.800 millones el objetivo de acumulación de reservas para el 30 de junio. La meta inicial requería una variación positiva de USD 3.200 millones, pero el nuevo parámetro pasó a -8.600 millones de dólares. Letcher señaló que, sin el recorte de la exigencia, al Gobierno le faltaban USD 6.311 millones para alcanzar el objetivo. El cambio de la meta permitió que la variación se ubicara dentro del parámetro acordado para la primera mitad del año.

El cumplimiento de la meta de reservas también incluyó una modificación en la fecha de valuación de los activos. El FMI tomó como referencia el 31 de diciembre de 2025 para establecer la cotización utilizada en el cálculo. Ese cambio produjo un salto contable de USD 3.012,6 millones por el revalúo del oro, según estimaciones oficiales. La nueva fecha base también neutralizó la caída del 13% en la cotización de ese activo que se registró hasta junio, ya que esa baja no computó para el cumplimiento de la meta.

¿Fin de la misión?

Según pudo saber Infobae, las reuniones con la misión del Fondo se realizaron en el Banco Central. Y fue el viceministro, Daza quien encabezó los encuentros durante la ausencia de Caputo, que viajó a Nueva York junto a Milei para participar de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La comitiva que partirá el martes estará integrada por Milei, Caputo, Daza, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. El viaje reúne a funcionarios que participaron de la discusión de las metas fiscales, monetarias y de reservas con el Fondo.

La salida a París se produce mientras la tercera revisión mantiene un avance lento. Sin embargo, la presencia conjunta del Presidente, el ministro de Economía, el viceministro, el titular del Banco Central y el responsable de Coordinación de Energía y Minería abre la expectativa de que la misión técnica se acerque a su cierre.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a Colombia avanzar en medidas para restablecer la disciplina fiscal, reforzar la transparencia y recuperar la confianza de los inversionistas. El planteamiento fue expuesto por el subdirector gerente del organismo, Nigel Clarke, al término de su visita a Bogotá, realizada entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026.

La visita ocurrió después de que el Ministerio de Hacienda solicitara al Fondo iniciar la evaluación de la economía colombiana bajo el mecanismo conocido como artículo IV. Este procedimiento permite al organismo analizar periódicamente la situación económica y financiera de los países miembros.

En su declaración de cierre, Clarke señaló que Colombia cuenta con una trayectoria de resiliencia económica, marcos normativos sólidos, un banco central independiente y un sistema financiero robusto. Según el funcionario, esos elementos pueden servir de base para enfrentar los retos actuales y apoyar el crecimiento futuro.

El FMI plantea una reducción creíble de los desequilibrios fiscales

El subdirector gerente del FMI destacó el compromiso expresado por las autoridades para recuperar la disciplina fiscal y fortalecer la transparencia. También se refirió a la necesidad de reconstruir la confianza de los inversionistas y consolidar las condiciones para la estabilidad macroeconómica.

“Una acción oportuna y creíble para reducir los desequilibrios fiscales puede contribuir a fortalecer la confianza, disminuir los costos de endeudamiento y crear condiciones más favorables para la inversión privada y la creación de empleo”, afirmó Clarke.

El organismo no presentó cifras, metas fiscales ni medidas específicas en la declaración emitida tras la visita. El pronunciamiento se concentró en la necesidad de que las decisiones sobre las cuentas públicas tengan credibilidad y se adopten de forma oportuna.

Clarke añadió que las reformas deben mantener la atención sobre el gasto social prioritario y el respaldo a los hogares vulnerables. Según el funcionario, ese enfoque puede ayudar a que los beneficios de un mayor crecimiento lleguen a distintos sectores de la población.

La solicitud de evaluación bajo el artículo IV se produce en un momento de inquietud por las cuentas fiscales y las necesidades de financiamiento del país. El Ministerio de Hacienda pidió al FMI poner en marcha este análisis, que forma parte de las revisiones que el organismo realiza entre sus miembros.

Nigel Clarke se reunió con el Gobierno y el Banco de la República

Durante su estancia en Bogotá, Clarke sostuvo conversaciones con el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y miembros de la junta directiva del Emisor.

El funcionario agradeció la hospitalidad de las autoridades y calificó las conversaciones como constructivas. También afirmó que tuvo la oportunidad de reunirse con líderes empresariales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos.

Según Clarke, esos encuentros le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración y escuchar distintas perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos de Colombia. Además, señaló que la visita fortaleció la relación entre el país y el FMI.

“Estos intercambios me brindaron una valiosa oportunidad para conocer mejor las prioridades de la nueva administración, escuchar diversas perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos de Colombia, y fortalecer la larga alianza entre Colombia y el FMI”, expresó el subdirector gerente.

El FMI indicó que las fortalezas institucionales de Colombia serán relevantes en un contexto internacional de mayor incertidumbre, crisis frecuentes y transformaciones asociadas con el cambio tecnológico.

Las recomendaciones incluyen inversión, seguridad e infraestructura

Además del llamado a corregir los desequilibrios fiscales, el FMI señaló áreas que podrían contribuir a elevar la productividad y el potencial de crecimiento de Colombia. Entre ellas mencionó la reducción de barreras para la inversión, la mejora de la seguridad, la atención a las deficiencias de infraestructura y la disminución de la informalidad.

Clarke también incluyó el fortalecimiento del Estado de derecho y la previsibilidad regulatoria entre los factores que pueden impulsar la actividad privada. El funcionario sostuvo que estas condiciones pueden favorecer un mayor dinamismo del sector productivo.

“Reducir las barreras a la inversión, mejorar la seguridad, abordar las deficiencias en infraestructura y la informalidad, y fortalecer el estado de derecho y la previsibilidad regulatoria pueden contribuir a dinamizar el sector privado”, indicó.

El FMI también se refirió a la inversión en infraestructura energética, educación y formación de habilidades. De acuerdo con Clarke, estos ámbitos serán necesarios para que Colombia pueda aprovechar oportunidades relacionadas con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

El organismo no detalló proyectos, reformas legislativas ni recursos para esas áreas. La declaración se limitó a señalar los asuntos que, a juicio del FMI, pueden fortalecer las condiciones para el crecimiento impulsado por el sector privado.

El diálogo continuará con una delegación en Washington

Clarke afirmó que durante su visita encontró un reconocimiento amplio sobre la necesidad de abordar los desafíos fiscales de Colombia y avanzar en medidas que permitan aprovechar el potencial económico del país.

El funcionario planteó que ese objetivo requerirá diálogo sostenido y cooperación entre responsables de política pública, empresas y organizaciones de la sociedad civil. El FMI, añadió, está dispuesto a apoyar a las autoridades colombianas en un programa de reformas definido por el país.

El subdirector gerente recibió favorablemente la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella de ampliar la colaboración con el organismo. “El FMI valora enormemente su larga alianza con Colombia y está dispuesto a apoyar a las autoridades para que aborden sus desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio”, señaló.

El Fondo informó que espera recibir la próxima semana a una delegación del Ministerio de Hacienda en Washington, D.C., para continuar las conversaciones sobre los desafíos fiscales y las medidas planteadas durante la visita de Clarke.

Al cierre de su declaración, el subdirector gerente expresó la solidaridad del FMI con el pueblo colombiano tras el terremoto al que hizo referencia. También transmitió condolencias a las personas que perdieron familiares y a quienes resultaron afectados en sus vidas y medios de subsistencia.

El Gobierno de El Salvador tiene hasta 2027 para presentar la reforma previsional que debía entregar en febrero de 2026, según explicó el economista César Villalona en una entrevista con YSUCA.

El analista afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptó postergar ese compromiso dentro del acuerdo de financiamiento vigente.

Villalona indicó que el acuerdo tiene una duración de 40 meses. Según expuso, comenzó en enero de 2025, tras firmarse a finales de 2024, y concluiría en abril de 2028. El programa incluye compromisos sobre finanzas públicas, transparencia, anticorrupción, reservas monetarias, pensiones y bitcoin.

La prórroga para presentar la reforma ocurre mientras continúa el uso de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para cubrir compromisos previsionales, según el análisis planteado por Villalona.

El economista citó un estudio actuarial publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), que, de acuerdo con su exposición, alertó que 73% de los recursos administrados por las AFP estaba colocado en deuda estatal.

Villalona señaló que el estudio advertía un posible agotamiento de las cuentas individuales en 2026 y que la cuenta de garantía solidaria podría enfrentar problemas entre 2027 y 2028.

El economista afirmó que el Estado toma recursos de las AFP para cubrir complementos para pensiones mínimas y pagos a jubilados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

No obstante, sostuvo que los retiros superan los recursos requeridos para esas obligaciones. Según su planteamiento, en algunos meses los fondos previsionales habrían financiado otras necesidades estatales. Como ejemplo, afirmó que en enero el Estado habría tomado más de USD 100 millones de las AFP, pese a que los retiros mensuales rondarían USD 47 millones.

El ajuste fiscal que plantea el FMI

Además de la reforma de pensiones, Villalona afirmó que el FMI exige un ajuste fiscal para elevar el balance primario del Estado. Explicó que este indicador compara los ingresos con los gastos, sin incluir los intereses de la deuda. Según el economista, el Fondo busca que el balance primario alcance 3.7% del Producto interno Bruto (PIB), un nivel que, aseguró, El Salvador no ha alcanzado.

Villalona indicó que el balance primario fue de 0.04% del PIB en 2024, llegó a 1.9% en 2025 y rondaría 1.4% en 2026. A su juicio, el resultado previsto para este año sigue lejos de la meta planteada por el Fondo, por lo que un ajuste de esa magnitud implicaría nuevos recortes de gasto. Mencionó subsidios, empleo público y servicios sociales entre los rubros que podrían sufrir reducciones.

“Un ajuste de ese tipo implica recortar el gasto drásticamente para cumplir esa meta en el 2027”, afirmó Villalona durante la entrevista en YSUCA. También sostuvo que el FMI ha planteado elevar en tres puntos el impuesto al valor agregado (IVA), una medida que, según su estimación, podría generar entre USD 800 millones y USD 850 millones.

El economista afirmó que un aumento del IVA afectaría el consumo y elevaría los precios, con un efecto mayor en los hogares de menores ingresos.

Como alternativa, propuso gravar grandes patrimonios, propiedades de lujo y sectores de altos ingresos, aunque dudó que el Gobierno adopte medidas tributarias dirigidas a esos grupos.

Villalona sostuvo que las decisiones fiscales más severas podrían aplicarse después de las elecciones. También afirmó que el FMI ha tolerado la postergación de algunas medidas por su posible costo político.

Los recortes presupuestarios desde 2025

Villalona sostuvo que el Gobierno ha cumplido la parte del acuerdo vinculada con el recorte del gasto público. Según explicó, el FMI pidió reducir gastos, aumentar ingresos o combinar ambas medidas por unos USD 1,400 millones en tres años.

El economista afirmó que en 2025 se redujeron los presupuestos de 13 de los 16 ministerios y que solo recibieron aumentos las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda.

En educación, Villalona indicó que el presupuesto ejecutado equivalió a 3.2% del PIB durante 2025 y contrastó esa cifra con la meta de 4% que el presidente Nayib Bukele había mencionado en intervenciones públicas. También sostuvo que 72 escuelas cerraron ese año y que la matrícula del sistema público disminuyó en unas 8 mil personas estudiantes.

En el área de salud, Villalona señaló el cierre de 52 unidades y afirmó que hubo recortes presupuestarios en varias instituciones estatales. También dijo que más de 7 mil empleados públicos fueron despedidos entre 2025 y 2026, y mencionó al Ministerio de Salud, el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), el Hospital Rosales, el ISSS y otras dependencias.

El economista indicó que el presupuesto ejecutado en 2024 fue de USD 12,736 millones. Para julio de 2026, situó el presupuesto en USD 10,910 millones, una reducción de USD 1,826 millones, equivalente a 17%. Villalona consideró que el Gobierno podría presentar esa disminución como cumplimiento del acuerdo fiscal con el FMI.

La deuda pública y el déficit fiscal

No obstante, Villalona sostuvo que los recortes no han reducido la deuda pública. Afirmó que pasó de USD 19,908 millones al cierre de 2019 a más de USD 32 mil millones en 2024. Según el economista, la deuda pública llegó a USD 34,960 millones hasta julio de 2026 y, con nuevos retiros de fondos de pensiones en agosto, habría alcanzado USD 35 mil millones.

Villalona indicó que la deuda pública ya superaba en USD 2,823 millones el nivel de diciembre de 2024. También sostuvo que pasó de representar 76% del PIB en 2019 a 92% en 2024 y cerca de 93% en 2026. Con base en esas cifras, cuestionó la afirmación del FMI de que El Salvador corrige su desequilibrio fiscal.

Según sus datos, el déficit fiscal fue de 3.2% del PIB en 2024, aumentó a 3.5% en 2025 y rondaría 3.1% en 2026. A juicio de Villalona, el déficit previsto para este año sería similar al de 2024, mientras la deuda pública sería mayor. “La situación financiera del Gobierno está peor que en el 2024”, afirmó.

Los desembolsos del FMI y las reservas internacionales

Villalona explicó que el acuerdo contempla financiamiento por alrededor de USD 1,400 millones. Según dijo, El Salvador había recibido tres desembolsos por unos USD 370 millones.

El economista diferenció esos recursos de otros USD 500 millones previstos para fortalecer las reservas del Banco Central de Reserva y afirmó que esos fondos no son ingresos directos para el Ministerio de Hacienda.

Según explicó, los recursos destinados al BCR servirían como respaldo ante riesgos en el sector externo y una eventual falta de divisas para financiar importaciones. Villalona dijo que El Salvador depende de compras externas: 65% de las importaciones corresponde a materias primas y maquinaria, mientras el 35% restante son bienes de consumo.

El entrevistado señaló que las remesas perdieron dinamismo durante 2026. También afirmó que esa situación refuerza la necesidad de reservas para cubrir las necesidades de importación, dado que una reducción en la disponibilidad de divisas podría afectar tanto la compra de insumos para la producción como el ingreso de bienes de consumo.

Transparencia y compromisos pendientes con el FMI

Villalona afirmó que el acuerdo incluye un capítulo sobre transparencia y anticorrupción y que el Gobierno asumió siete compromisos en esa materia. Entre las obligaciones pendientes mencionó la divulgación del uso de recursos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) durante la pandemia de covid-19.

El economista cifró esos recursos en más de USD 800 millones y sostuvo que todavía no existe información pública suficiente sobre su uso.

También afirmó que el Gobierno debía divulgar los nombres de personas y empresas proveedoras del Estado, así como transparentar los refuerzos presupuestarios realizados en años anteriores.

Reconoció la aprobación de una ley anticorrupción y la divulgación patrimonial de algunos funcionarios, pero cuestionó el alcance de esas acciones y afirmó que hay datos imprecisos en la información publicada.

La economía de Haití se contraerá este 2026 por octavo año consecutivo, según advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) este lunes, en un país que atraviesa lo que el organismo calificó de condiciones “excepcionalmente difíciles”. El diagnóstico llega tras una revisión a distancia del programa de supervisión que el Fondo mantiene con las autoridades haitianas hasta junio de 2027.

El FMI no precisó la magnitud de la caída esperada del producto interno bruto (PIB) para este ejercicio fiscal, pero el deterioro no es nuevo: la economía de Haití, considerado el país más pobre de América Latina y el Caribe, ya venía disminuyendo a una tasa promedio anual del 2,5% del PIB entre 2019 y 2025, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Un programa bajo supervisión en un contexto de violencia armada

Haití mantiene con el FMI un Programa Supervisado por el Personal (SMP, por sus siglas en inglés), un acuerdo informal mediante el cual un país en dificultades pone sus cuentas y su desempeño bajo tutela temporal del organismo. La cuarta revisión de ese programa, realizada a través de una misión a distancia entre el 14 y el 25 de septiembre de 2026, constató que Haití alcanzó todos los objetivos cuantitativos e indicativos previstos, con la excepción de la meta vigente de no acumular atrasos externos.

“La implementación del programa ha continuado en condiciones excepcionalmente difíciles”, señaló el Fondo en el comunicado emitido tras la reunión con las autoridades monetarias y económicas del país. La violencia de las bandas criminales continúa siendo el principal obstáculo para la recuperación: de una población de unos 11 millones de habitantes, cerca de 1,5 millones de personas están desplazadas dentro del país a causa de esa violencia, según indicó en junio la Organización Internacional para las Migraciones.

“La inseguridad sigue lastrando la actividad económica y la prestación de servicios básicos, agravando aún más unas condiciones humanitarias ya de por sí críticas”, explicó el comunicado del FMI tras la revisión de las cuentas.

El fin del TPS en Estados Unidos amenaza las remesas

Uno de los factores que más preocupa al FMI es la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que autorizó al gobierno estadounidense a derogar el Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente para los haitianos desde 2010. Se estima que cerca de 350.000 haitianos viven en Estados Unidos bajo este programa, cuya eliminación podría golpear directamente uno de los pocos sostenes de la economía haitiana.

El fin del TPS para los haitianos en Estados Unidos podría reducir de forma significativa el ingreso de remesas hacia Haití, uno de los principales sostenes de los hogares y de la balanza de pagos del país caribeño, agravando así las ya críticas vulnerabilidades económicas y humanitarias que enfrenta la nación. “El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos en Estados Unidos podría reducir las remesas y agravar las vulnerabilidades económicas y humanitarias”, indicó el texto del organismo.

A esto se suma el encarecimiento de los precios del petróleo, que según el FMI está afectando tanto la posición fiscal como la externa del país y ha contribuido al aumento del costo de vida para la población haitiana.

Inflación a la baja y reservas por encima del mínimo exigido

Pese al panorama adverso, el FMI identificó algunos elementos positivos. La inflación, que llegó a superar el 32% interanual en octubre de 2025, se espera que se ubique este 2026 en torno al 16% interanual, un nivel que el organismo calificó como “muy por debajo” de aquel máximo.

Haití también se beneficia del dinamismo de las transferencias privadas sin contrapartida, como las propias remesas, y de un nivel de reservas internacionales que supera los mínimos exigidos por el programa. “Las reservas internacionales netas alcanzaron aproximadamente 1.900 millones de dólares al 31 de junio de 2026, muy por encima del mínimo del programa”, precisó el documento del Fondo.

El organismo prevé además que la balanza por cuenta corriente mantenga un superávit, a pesar de un saldo comercial que calificó de “débil”. “En este contexto complejo, las autoridades mantienen su compromiso con la implementación de políticas económicas y la continuación de las reformas”, agregó el FMI en su informe.

Elecciones en diciembre condicionadas por la seguridad

Haití, que no celebra comicios desde 2016, tiene previsto organizar una primera vuelta de elecciones presidenciales y legislativas en diciembre de 2026, con una segunda vuelta pautada para febrero de 2027, según el calendario electoral publicado a finales de julio. Sin embargo, el propio FMI advirtió que ese proceso “depende de la mejora de las condiciones de seguridad, una financiación adecuada y un apoyo internacional sostenido”.

El despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión aprobada por la ONU, “ha generado esperanzas de una mejora gradual en la situación de seguridad”, según el organismo.

Entre los riesgos que podrían frenar el crecimiento y mantener elevada la inflación, el FMI mencionó nuevos retrocesos en materia de seguridad, precios del petróleo más altos, demoras en el traslado de los aumentos de combustible y salario mínimo a la economía, y una posible sequía relacionada con el fenómeno de El Niño. El organismo recomendó reforzar la recaudación de ingresos fiscales, además de fortalecer la gobernanza y la integridad financiera para recuperar la confianza en las instituciones públicas y en el Estado de derecho.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo 27 de septiembre que instruyó al ministro de Hacienda y al equipo económico del Gobierno para iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de buscar una salida negociada a la situación de las finanzas públicas del país.

Durante la alocución televisada, el mandatario calificó el panorama fiscal como “la más crítica de toda nuestra historia” y aseguró que el Estado enfrenta dificultades para responder simultáneamente por el pago de la deuda y sus gastos de funcionamiento.

“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó De la Espriella, que sostuvo que Colombia debe recurrir cada vez más a los mercados nacionales e internacionales para conseguir recursos.

El presidente también cuestionó la administración anterior y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por el nivel de endeudamiento y el manejo de los recursos públicos. Según De la Espriella, hubo “sobreendeudamiento” y despilfarro del presupuesto, además de hechos relacionados con presunta corrupción que, dijo, están siendo puestos en conocimiento de la justicia.

En su intervención mencionó investigaciones relacionadas con entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y Fiduprevisora. Otro de los puntos abordados fue la existencia, según el mandatario, de una economía paralela vinculada a recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La principal medida anunciada fue el acercamiento al FMI. “He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional”, señaló.

El objetivo, reiteró, es encontrar una “salida negociada a la crisis” que su Gobierno asegura haber recibido. “Saldremos adelante”, dijo el mandatario.

Las cuentas del vicepresidente: el plan de inversión de Restrepo frente al llamado al FMI

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella ordenó abrir conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar una “salida negociada” a la crisis fiscal, su vicepresidente recorrió Nueva York con otro mensaje: Colombia es un país al que vale la pena traerle plata.

José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de la ONU, se reunió con más de 300 inversionistas, confirmó en diálogo con Semana. Algunos ya operan en Colombia, otros evalúan entrar y un tercer grupo estudia nuevas oportunidades, en el que mencionó a Tesla, J.P. Morgan, XP Investments, fondos de infraestructura y organismos como el Council of the Americas.

Los sectores citados fueron energía solar y eólica, termoeléctricas, gas y petróleo, regasificación, minerales (cobre, litio, níquel, tierras raras), inteligencia artificial, computación y agroindustria.

La lógica del plan es que la confianza atrae capital y el capital genera crecimiento. La meta oficial es que la economía crezca 6% dentro de la misión Crecer. Para sostenerla, el vicepresidente puso tres condiciones: reglas de juego estables, independencia de las ramas del poder e iniciativa privada.

También habló de licenciamiento ambiental más ágil y de un sector minero con carácter estratégico y proyectos relacionados con plantas termoeléctricas, exploración de gas y petróleo y regasificación.

El funcionario destacó la gestión de Fabio Arjona, ministro de Ambiente, en materia de licenciamiento ambiental, al considerar que sus decisiones buscan conciliar la protección ambiental con la ejecución de proyectos. Al mismo tiempo, cuestionó los enfoques asociados a la llamada “teoría del decrecimiento” y aseguró que el Ministerio de Minas, liderado por María Arboleda, trabaja para fortalecer el carácter estratégico del sector.

El Gobierno tiene como objetivo alcanzar un crecimiento del 6 % para la economía nacional. Restrepo señaló que esta meta está ligada al fortalecimiento de la inversión y a una mayor expansión de las actividades productivas. Según Restrepo, los fondos ven a Colombia “con muy buena cara”.

El ministro de Economía de Bolivia, Christian Morales, informó que el primer desembolso del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) está previsto para dentro de dos semanas. Según el funcionario, el monto estimado es de 250 millones de dólares de un total de 1.900 millones que otorgó el organismo para respaldar el programa de reformas económicas y fortalecer las reservas internacionales.

En contacto con medios locales, Morales señaló que los desembolsos serán progresivos y de acuerdo con revisiones trimestrales del cumplimiento de las metas establecidas.

Morales descartó que el organismo internacional haya puesto condiciones a Bolivia, contrariamente a lo que había afirmado el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, cuando justificó el fin de la subvención al diésel como uno de los requisitos para acceder al fondo.

“No es que se cumplen condiciones, es un seguimiento a las metas que nosotros hemos establecido en la ejecución de nuestra política económica, para evaluar qué nivel de aplicación nosotros tenemos y ver cómo estamos en función de ese plan”, aclaró el ministro.

Entre las principales medidas económicas del Gobierno en los primeros diez meses de gestión están la eliminación de la subvención total del diésel, parcialmente la de la gasolina y la flexibilización del tipo de cambio bajo un esquema de libre mercado.

La administración de Paz, que inicialmente había previsto un crédito del FMI de 5.000 millones y luego de 2.800, finalmente logró concretar 1.900 millones de dólares para los próximos tres años. El proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa y promulgado por el presidente Paz el 20 de septiembre.

Este crédito es parte de un paquete de fondos internacionales, entre ellos los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF.

Mientras el Gobierno espera el desembolso de este crédito, el presidente Rodrigo Paz informó que se están negociando préstamos adicionales por cerca de 10.000 millones de dólares a través de cuatro organismos multilaterales para apuntalar la reactivación económica del país durante los próximos dos o tres años.

El mandatario realizó el anuncio tras una agenda de varios días en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde mantuvo contactos con representantes de entidades financieras internacionales.

“Lo importante de la semana (es que) han sido cuatro días arduos de trabajo, (con) sectores empresariales, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Banco Mundial (BM) (y) todas las instituciones que nos están generando crédito”, afirmó en entrevista con el canal estatal BTV.

El mandatario calificó como “un récord histórico” la acumulación de deuda por los 10.000 millones de dólares que “ahora acabamos de redondear”.

Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un listado detallado de cuáles son los créditos, por qué monto, para qué proyecto están destinados ni en qué gobierno fueron negociados, porque quedan préstamos pendientes de la gestión anterior que no fueron aprobados.

Estos anuncios se dan en un momento de incertidumbre económica en Bolivia, luego de los ajustes realizados en la política cambiaria y de combustibles para combatir la crisis que enfrenta el país desde hace varios años a raíz de la debacle de la industria de los hidrocarburos.

Entre los principales indicadores de esta situación figuran la escasez de dólares, una inflación del 20% el año pasado, dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible, la disminución de las reservas internacionales y un elevado déficit fiscal.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este jueves que su Gobierno aseguró USD 10.000 millones en recursos de organismos multilaterales para apuntalar la reactivación económica del país durante los próximos dos o tres años. El mandatario realizó el anuncio tras una agenda de cuatro días en el marco de su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde mantuvo contactos con representantes empresariales y entidades financieras internacionales.

“Lo importante de la semana (es que) han sido cuatro días arduos de trabajo, (con) sectores empresariales, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Banco Mundial (BM) (y) todas las instituciones que nos están generando crédito”, resaltó el mandatario al canal estatal Btv.

El jefe de Estado también destacó el volumen de fondos comprometidos por las instituciones: “Con los organismos multilaterales hemos hecho una acumulación de 10.000 millones de dólares, es un récord histórico, estamos muy contentos, ahora acabamos de redondear”. Paz mencionó entre las gestiones el acuerdo reciente por USD 750 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aludió a los recursos que podrían aportar la CAF, el Banco Mundial y otros organismos de financiamiento.

El presidente aclaró que los desembolsos no serán inmediatos. “No salen de la noche a la mañana”, señaló, aunque remarcó que los créditos estarán destinados a “reactivar la economía” boliviana durante los próximos dos o tres años. “Ha sido un buen viaje, se llega con recursos a Bolivia, se reactiva la economía en Bolivia y lo más importante es que estos viajes son de mucha utilidad”, agregó Paz.

El mandatario anunció que el país albergará en 2027 reuniones de la CAF y el BID, con la expectativa de convocar a empresarios y delegados de otras entidades internacionales, y adelantó además que Bolivia acogerá en 2028 “dos encuentros más”, aunque no especificó cuáles serán esas reuniones.

“Estamos trayendo representantes para que conozcan Bolivia, para que inviertan y tengan conocimiento de las contrapartes bolivianas con las que el día de mañana puedan invertir, producir, generar empleo y crecimiento en nuestra economía”, remarcó Paz.

El presidente también informó que el bloque integrado por Uruguay, Paraguay y Bolivia, denominado Urupabol, celebrará una reunión en Asunción durante las próximas semanas. Luego, los mandatarios de los tres países prevén encontrarse en territorio boliviano. La agenda del grupo se enfocará en el aprovechamiento comercial de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Paz relacionó la proyección de actividad en esa cuenca con la producción de acero en el oriente del país, la importación de crudo para las refinerías nacionales y la elaboración de combustibles líquidos.

El anuncio ocurre mientras Bolivia mantiene dificultades en el abastecimiento de combustibles desde hace cerca de dos años. El problema registró variaciones durante la gestión de Paz, que asumió la Presidencia en noviembre pasado. Hace casi una semana, el Gobierno eliminó el subsidio al diésel tras la aprobación parlamentaria del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ajustó el valor del producto al precio internacional. El litro pasó de costar 9,80 bolivianos, equivalente a USD 1, a 17,95 bolivianos, unos USD 1,83.

La disposición recibió cuestionamientos de varios sectores, que anunciaron protestas mientras continúa vigente un estado de excepción. Paz afirmó que su administración trabaja en el diálogo y en la aprobación de medidas complementarias.

Paz promulgó el pasado 20 de septiembre la Ley 1765, que formalizó el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para respaldar el programa de reformas económicas de su Gobierno y reforzar las reservas internacionales. La norma fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia sin un anuncio adicional. Con esa publicación, el acuerdo entró en vigencia conforme a la legislación boliviana.

El financiamiento establece un plazo de devolución de “hasta 10 años a partir de cada desembolso” y una tasa de interés de 3,47%. Esa tasa puede variar “de acuerdo a la cotización de los DEG”. La promulgación se produjo después de que Paz anunciara el viernes, a la medianoche, el levantamiento de la subvención al diésel.

(Con información de EFE)

En el marco de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la tercera revisión del acuerdo con la Argentina, el gobierno de Javier Milei afrontará este viernes un nuevo vencimiento de capital con el organismo multilateral.

De acuerdo con el cronograma oficial, hoy vence un compromiso por USD 800 millones con el prestamista de última instancia, quien envió una misión para revisar los detalles del pacto rubricado entre las partes en abril de 2025.

El arribo de los equipos técnicos del FMI abrió una semana con dos frentes para el Gobierno. Por un lado, las reuniones para revisar el desempeño de las metas previstas en el acuerdo. Por otro, el pago de 800 millones de dólares. La delegación inició sus actividades el lunes y pondrá bajo análisis la evolución del programa económico. El vencimiento de capital deberá resolverse en las próximas horas.

Cómo se pagará

De acuerdo con fuentes con conocimiento de la operación consultadas por Infobae, el Tesoro cubrirá el vencimiento con los depósitos en moneda extranjera que mantiene en el BCRA. Según el último dato disponible, estos ascendían a USD 2.230 millones al 22 de septiembre. Más adelante, Economía buscará reponer esos fondos mediante el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, cuya liberación depende de que se apruebe esa etapa del programa.

Para concretar el pago, el Ministerio de Economía empleará los dólares depositados en el BCRA para adquirir Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esos activos realizará la cancelación ante el organismo que dirige Kristalina Georgieva.

En las instancias recientes, Economía adquirió los DEG de manera directa a Estados Unidos. Si el Fondo libera luego los recursos previstos, el Tesoro podrá recomponer las divisas que destinará al vencimiento de esta semana. Ese giro, no obstante, permanece condicionado por la definición de la tercera revisión.

Una fuente familiarizada con la mecánica sostuvo que el pago y el eventual desembolso forman parte de la gestión habitual del programa financiero. “Siempre son con los dólares que tiene el Tesoro en el BCRA y ahí comprás los DEGs. Esa plata se recompone con los desembolsos del FMI, por lo cual, en términos del programa financiero, es neutro porque es plata que sale y que después entra”, señaló esa voz en diálogo con Infobae.

La compra de DEG no constituye un financiamiento ni genera nueva deuda, y tampoco implica la activación del swap bilateral. Son un activo de reserva internacional creado por el Fondo para complementar las reservas oficiales de sus países miembros. El Tesoro estadounidense, que concentra una de las mayores tenencias de estos activos, facilitó la operación en el pasado.

Con ese pago como telón de fondo, los equipos técnicos del organismo multilateral se reunieron en los últimos días con funcionarios de Economía y del BCRA en la sede de la autoridad monetaria en Reconquista 266 para avanzar con la revisión de las metas del programa.

Lo que resta del 2026

En los últimos cuatro meses del año, el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en moneda extranjera por cerca de 4.000 millones de dólares. Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre de 2026.

El cronograma reúne pagos a acreedores privados, al FMI, por el Bopreal —un bono otorgado a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior— y a otros organismos internacionales. La atención está puesta en la capacidad del Tesoro para sostener la disponibilidad de divisas frente a esa agenda de obligaciones y en las fuentes de financiamiento que el programa oficial contempla para los próximos meses.

Este mes, los vencimientos suman USD 1.452 millones, de los cuales USD 800 millones corresponden al pago de capital al Fondo Monetario. Para octubre, noviembre y diciembre, las obligaciones son menores y, en el acumulado de los últimos cuatro meses del año, alcanzan casi 4.000 millones de dólares.

Una cifra similar estimó la consultora Eco Go. El economista Lucio Garay Méndez señaló que aún restan compromisos por USD 4.100 millones este año. Cerca de la mitad corresponde a pagos de capital e intereses al FMI, incluido un vencimiento previsto para septiembre. El resto del calendario contempla pagos puntuales a otros organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares. “El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó en conversación con Infobae.

La ex número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, se refirió al esquema cambiario en la Argentina y aseguró que debería depreciarse más. Asimismo, dio su visión acerca de qué debería pasar para acelerar el proceso de desinflación, consideró que el Gobierno debería buscar una solución al aumento de la morosidad y advirtió por el nivel de empleo.

En primer lugar, Gopinath habló de la inflación y de la dificultad de pasar de un índice de precios anual de tres dígitos a uno de 30% como en la actualidad. “Que baje es impresionante, pero siempre el último tramo para llegar a cualquier cifra de un solo dígito o de dos dígitos lleva mucho más tiempo”, apuntó.

Para la economista, una de las claves para profundizar la desinflación pasa por generar mayor previsibilidad respecto del rumbo económico. “Creo que tiene que haber mucha más confianza en la continuidad de las políticas”, afirmó en diálogo con el economista estadounidense Tyler Cowen.

Gopinath destacó especialmente el cambio en el enfoque fiscal del Gobierno de Javier Milei. “Lo que la administración de Milei ha hecho muy bien, en comparación con las administraciones anteriores, es reconocer que el problema era fiscal”, sostuvo. Según explicó, mientras el país mantuviera un déficit elevado y recurriera a la financiación monetaria para cubrirlo, “no habría posibilidad de salir de esta trampa”.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno “ha estado teniendo superávits primarios desde que llegó al gobierno” y que Milei está “totalmente comprometido con ello”. Sin embargo, marcó un interrogante hacia adelante: “La duda es si el resto de la clase política se ha sumado a esto”.

La continuidad del programa económico, según Gopinath, adquiere relevancia frente al calendario electoral. “Es muy razonable que todos se detengan y se pregunten si las reformas continuarán o si habrá una recaída, como hemos visto muchas veces en el pasado en Argentina”, planteó.

Gopinath también destacó la evolución de las expectativas de inflación, más allá de la persistencia de la inercia. “La buena noticia es que las expectativas de inflación han tendido a la baja en Argentina”, afirmó, y recordó que cuando Milei asumió “la inflación argentina estaba completamente desanclada”.

En ese contexto, explicó que “cualquier noticia sobre la posibilidad de que el tipo de cambio se depreciara, aunque fuera un 1% o un 2%, se reflejaba inmediatamente en los precios”, señaló.

Gopinath consideró que ese comportamiento permite entender por qué una depreciación nominal, por sí sola, no necesariamente modifica el tipo de cambio real. “Hubo gobiernos anteriores que hicieron depreciaciones nominales y, en tres meses, el tipo de cambio real volvió básicamente a donde estaba antes. Por lo tanto, no hubo ningún cambio, porque simplemente se incorporó a los precios de los bienes”, explicó.

A partir de la mejora de las expectativas, sostuvo que ahora existe margen para permitir una mayor movilidad cambiaria. “Creo que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse más de lo que lo está haciendo ahora mismo”, afirmó.

Gopinath dijo: “Creo que están siendo demasiado reticentes a comprar dólares para aumentar sus reservas de divisas”. A su entender, el Gobierno podría acelerar esa acumulación de reservas y permitir al mismo tiempo una mayor depreciación dentro de la banda.

Planteó que una mayor flexibilidad cambiaria, combinada con una política fiscal y monetaria que evite que la depreciación se traslade automáticamente a los precios, podría generar “cierta depreciación real del tipo de cambio”.

La ex funcionaria del FMI también puso el foco en la necesidad de fortalecer la independencia del Banco Central para evitar la monetización de los déficits. En paralelo, sostuvo que Argentina “necesitará acumular reservas mucho más rápido de lo que lo está haciendo”, especialmente teniendo en cuenta la historia del país con su moneda y las elecciones que se aproximan.

Morosidad y empleo, los costos de la transformación

Gopinath también se refirió al aumento de la morosidad: “Lo que Milei debería hacer es poner en marcha rápidamente un proceso de resolución para estos préstamos, un proceso de resolución impulsado por el mercado”, afirmó. La economista vinculó ese fenómeno con el proceso de transformación estructural que atraviesa el país.

En ese contexto, consideró esperable que aumenten los préstamos en mora debido a que determinados sectores que durante años estuvieron protegidos ahora enfrentan una mayor competencia. Por eso, planteó que el proceso de resolución debería estar “impulsado por el mercado” y no orientado a rescatar a los bancos.

Pero la transición también tiene consecuencias sobre el mercado laboral. Gopinath señaló que, aunque “el crecimiento está ahí”, proviene principalmente de actividades como la minería y la agricultura, mientras que tiene una menor incidencia en sectores intensivos en mano de obra, como la manufactura, que ahora también están expuestos a la competencia.

“Va a haber una transición difícil y no creo que el Gobierno deba ignorarlo”, advirtió. Y marcó una diferencia sobre el objetivo de las políticas públicas: “La idea es ayudar a los trabajadores y no necesariamente proteger la industria”.

La dolarización no es una “panacea”

Por último, Gopinath se refirió a una de las propuestas que Milei defendió antes de ser presidente: “Milei al principio hizo campaña con el argumento de que iba a pasar a una economía dolarizada y no lo ha hecho”, recordó.

Sin embargo, sostuvo que la dolarización no constituye una solución automática para los problemas económicos. “No hay una panacea en términos de decir que porque estás dolarizado estás seguro o eres un país bien administrado”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a Ecuador y El Salvador, dos economías dolarizadas que mantienen programas con el FMI. “En última instancia, si no tienes las políticas fiscales adecuadas, acabarás necesitando un rescate en cualquier caso”, señaló.

Para Gopinath, “la política monetaria sigue siendo muy valiosa para estabilizar las economías y, por tanto, si puedes conseguir la credibilidad y la independencia del Banco Central, tener tu propia moneda te da mucha más capacidad para estabilizar tu economía”, concluyó.

Con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo, el Gobierno enfrentará el próximo viernes un vencimiento por USD 800 millones con el organismo multilateral. Según pudo saber Infobae con fuentes al tanto de la operación, el pago se afrontará con los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro tiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y luego se buscará compensar esa salida con el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, que depende de la aprobación de esa instancia del programa.

La operación prevista implica que el Ministerio de Economía utilizará los dólares que mantiene depositados en el BCRA para comprar Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta oficial del FMI, y efectuar la cancelación ante la entidad presidida por Kristalina Georgieva.

En las últimas instancias de pago, Economía le compró los DEG directamente a Estados Unidos. El ingreso posterior de recursos desde el Fondo permitiría recomponer las divisas utilizadas para el vencimiento de esta semana, aunque el giro aún está sujeto a la resolución de la tercera revisión.

Los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 2.341 millones al 18 de septiembre, según la última información disponible. Si se descuenta el pago de USD 803 millones previsto para el FMI, esos recursos bajarán a 1.538 millones de dólares. El equipo económico espera que el desembolso de USD 1.000 millones compense buena parte de esa disminución, en un contexto en el que la misión del organismo está en el país para analizar el cumplimiento de las condiciones del acuerdo.

Una fuente al tanto de la operatoria explicó que el pago y el posterior ingreso de divisas se inscriben dentro de la administración del programa financiero. “Siempre son con los dólares que tiene el Tesoro en el BCRA y ahí comprás los DEGs. Esa plata se recompone con los desembolsos del FMI, por lo cual, en términos del programa financiero, es neutro porque es plata que sale y que después entra”, señaló esa voz en diálogo con Infobae.

Impacto en reservas

Más allá de cómo pretendan compensarlo en el Palacio de Hacienda, en el corto plazo, el pago al Fondo también tendrá un impacto sobre las reservas internacionales brutas del Banco Central. Con la compra de USD 7 millones del martes, las reservas quedaron en 49.414 millones de dólares y la salida de recursos para cumplir el vencimiento con el FMI reduciría ese nivel.

A su vez, el Tesoro cuenta además con otra herramienta para captar dólares, aunque esa vía quedó suspendida luego de la suba de las tasas. La Secretaría de Finanzas dejó de licitar el Bonar 2029 (AO29), instrumento que permitió sumar moneda extranjera a través de adjudicaciones. Hasta el momento, el área colocó USD 1.179 millones mediante ese bono.

El monto total previsto para las licitaciones del AO29 asciende a 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, la Secretaría de Finanzas conserva un margen de USD 821 millones para captar divisas si decide retomar esas operaciones. La interrupción de las licitaciones frenó una de las vías con las que el equipo económico reunía dólares, aunque el cupo disponible permanece vigente dentro del esquema previsto para ese instrumento. Esta decisión responde al incremento del riesgo país, hoy en torno a 555 puntos básicos, que encarece el crédito para la Argentina.

Próximo vencimientos

El pago de capital al Fondo integra un cronograma de compromisos externos que se concentra durante el último tramo de 2026. Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre. Esa proyección incorpora vencimientos con acreedores privados, con el FMI, por el Bopreal y con otros organismos internacionales.

Según Analytica, los pagos previstos para septiembre ascienden a 1.452 millones de dólares. De ese total, USD 800 millones corresponden al vencimiento de capital con el FMI que el Gobierno cancelará este viernes. El resto del mes incluye otras obligaciones dentro del calendario externo, mientras que los compromisos de octubre, noviembre y diciembre serán menores en comparación con la cifra estimada para septiembre.

El Bopreal —bono otorgado a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior— forma parte de ese esquema de obligaciones. El calendario que elaboró la consultora también contempla pagos a acreedores privados y a otros organismos internacionales, además de las cuotas comprometidas con el Fondo. En conjunto, el acumulado de los últimos cuatro meses del año se acerca a 4.000 millones de dólares.

EcoGo, otra consultora económica, proyectó un monto similar para los vencimientos restantes del año. El economista Lucio Garay Méndez señaló que todavía quedan compromisos por USD 4.100 millones en 2026. Cerca de la mitad de ese total corresponde a pagos de capital e intereses con el FMI, incluido el vencimiento previsto para septiembre, mientras que la otra parte incluye pagos puntuales a organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares.

“El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó Garay Méndez en conversación con Infobae. La evaluación se refiere a la disponibilidad para atender las obligaciones previstas, entre ellas el pago que se realizará con los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro mantiene en el Banco Central.

En medio de la llegada de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, el Gobierno logró comprar más de USD 14.000 millones, pero la tercera revisión del acuerdo pondrá el foco en la meta pendiente: todavía necesita sumar cerca de USD 8.000 millones de reservas netas antes de diciembre, un objetivo que los programas anteriores no cumplieron sin pedir un “perdón”.

El desembarco de la delegación del FMI al país abrió una nueva instancia de evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la administración libertaria. Según pudo saber Infobae, las partes se reunieron en la sede porteña del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para llevar acabo un exhaustivo análisis de las pautas fijadas en el entendimiento firmado en abril de 2025. Entre las variables bajo revisión figura la trayectoria de las reservas netas, un indicador que no se limita a las compras de dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Previo a los encuentro con la misión, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la relación con el Fondo es “superpositiva” y remarcó que los objetivos están por encima de los niveles comprometidos. El funcionario también señaló que el Gobierno mantiene un intercambio constante con el organismo multilateral para revisar la evolución de las variables contempladas en el pacto rubricado.

“El diálogo es espectacular y siempre estamos muy bien para poder intercambiar cada variable y seguir monitoreando todas las variables”, afirmó el secretario de Finanzas en un streaming con el periodista Guillermo Laborda. Según indicó Furiase, la previsión inicial se ubicaba entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, mientras que la acumulación superó los 14.000 millones de dólares.

La diferencia con la acumulación

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario, en enero, el BCRA compró 14.306 millones de dólares. Esas operaciones apuntaron a fortalecer las reservas internacionales y sobrepasaron el objetivo informal anual de compras de dólares fijado en USD 10.000 millones con el FMI. El Gobierno incluso mantiene abierta la posibilidad de que las adquisiciones lleguen a 17.000 millones de dólares.

Sin embargo, el volumen de divisas compradas por la autoridad monetaria no determina de forma directa el cumplimiento de la meta de reservas netas comprometida con el organismo encabezado por Kristalina Georgieva. El economista de Econviews, Alejandro Giacoia, planteó esa distinción al analizar el desempeño del programa y señaló que la meta de junio de reservas netas de -USD 8.600 millones quedó por encima del objetivo previsto, aunque advirtió que los ajustadores incluidos en el acuerdo pueden modificar la cifra de referencia.

“La meta de fin de junio se sobrecumplió, pero hay que tener en cuenta que esas metas tienen ajustadores que pueden terminar cambiando el número”, precisó diálogo con Infobae. Pero según sus estimaciones, el nivel actual todavía se encuentra lejos del objetivo fijado para el cierre del año.

El gráfico elaborado por Econviews sobre las reservas internacionales netas bajo metodología del FMI muestra una caída durante 2025 y una recuperación parcial en 2026. La serie toma como base el acumulado desde el 1° de enero de 2025 y presenta los datos a precios constantes.

La curva comenzó cerca de -USD 2.000 millones en enero de 2025. Durante los meses siguientes descendió de manera marcada y tocó valores próximos a -USD 14.500 millones hacia diciembre. Luego, durante 2026, mostró una recuperación que llevó el indicador hacia una zona cercana a -USD 7.000 millones en septiembre.

De cara a la meta anual

El miembro fundador de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, coincidió en que el Gobierno puede señalar el cumplimiento de la pauta de compras de divisas. No obstante, remarcó que ese resultado no representa por sí solo el cumplimiento de la obligación de acumulación ante el Fondo.

Si bien de acuerdo con su análisis, el Gobierno superó esa exigencia, la situación cambia para diciembre. El economista señaló que el BCRA debe acumular USD 8.000 millones de reservas netas para cumplir la meta anual de -4.100 millones de dólares. Según sus cálculos, el nivel quedó en poco menos de USD 7.000 millones hasta julio.

“Para fin de año, el BCRA debería acumular reservas netas por USD 8.000 millones y eso todavía no lo consiguió”, sostuvo Sigaut Gravina. También indicó que agosto y septiembre no aportaron acumulación de reservas netas, de acuerdo con sus estimaciones. El economista vinculó esa evolución con la menor intensidad de las compras de divisas por parte del BCRA. “El freno a la compra de divisas en el mercado te está diciendo que no va a ser tan sencillo acumular”, afirmó.

Menor ritmo

Después de superar el objetivo anual de compras en junio, el BCRA redujo la velocidad de sus adquisiciones de dólares para no generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio. En lo que va de septiembre, el monto llegó a USD 2011 millones, una cifra que equivale a un promedio diario de aproximadamente 14,5 millones de dólares.

Una fuente consultada bajo condición de reserva sostuvo que el Gobierno necesita una aceleración en la compra de reservas o una nueva emisión de deuda en dólares para alcanzar el objetivo anual de reservas netas. Según esa evaluación, sin una de esas alternativas, el cumplimiento de la meta se vuelve difícil.

La diferencia entre las compras brutas y el indicador neto cobra relevancia en el diálogo con el Fondo. Mientras el Gobierno resalta los más de USD 14.306 millones adquiridos desde enero, los analistas privados focalizan su atención en el nivel de reservas que exige el acuerdo para diciembre.

Elecciones por delante

El economista de EcoGo, Lucio Garay Mendez, consideró que superar una meta semestral representa una señal favorable, aunque advirtió que ese dato no amplía por sí mismo el horizonte financiero del Gobierno. “Pensar que haber acumulado USD 8.000 millones en las reservas basta para bajar el riesgo país o sobrellevar el período hasta las elecciones sin turbulencias o de manera holgada es un error”, afirmó el especialista.

El analista señaló que el calendario presenta dos temporadas de menor oferta de divisas y una sola temporada de oferta alta. Esa dinámica forma parte de los factores que siguen los economistas al estimar la capacidad del BCRA para fortalecer las reservas netas antes del cierre del año.

La tercera revisión se desarrolla con esas dos lecturas sobre la mesa. El Gobierno sostiene que superó los objetivos y que la recomposición de las reservas netas está por encima de lo previsto. Las consultoras privadas, en cambio, distinguen entre los dólares adquiridos en el mercado y la meta anual de USD 8.000 millones de acumulación neta.