El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que la inflación dejó de ocupar el centro de las preocupaciones de la gente y atribuyó ese cambio al éxito del programa de estabilización. Sin embargo, reconoció el debate económico puede enfocarse en el ritmo de crecimiento. También destacó las compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA) y aseguró que las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentran por encima de los objetivos en la semana en que comienza la tercera revisión del acuerdo en Argentina.

“Hoy ya no discutimos la inflación, la inflación pasó a un segundo, tercer plano para las preocupaciones de la gente y eso habla del éxito del programa de estabilización. Después podemos discutir velocidades de crecimiento”, expresó Furiase en un streaming junto con Guillermo Laborda. Sus declaraciones se produjeron luego de que la inflación de agosto se ubicó en 1,7%, un dato que el Gobierno celebró por tratarse del registro más bajo de los últimos 14 meses y de la menor variación para ese mes desde 2017.

Sin embargo, ahora hay dudas sobre lo que va a suceder en septiembre y si el Gobierno va a lograr consolidar una tendencia de desaceleración de precios. Hasta el momento, los relevamientos de los privados no son optimistas al respecto. Analytica registró una suba de 0,7% durante la tercera semana del mes y calculó que, en el promedio de las últimas cuatro semanas, esa división acumuló un alza de 2,7%. Con esos datos, la consultora estimó que el nivel general de precios subiría 2% en septiembre, una proyección que ubicó al índice cerca del umbral que el Gobierno presentó como superado tras el registro de agosto.

LCG también informó una suba de 0,6% en alimentos y bebidas durante la tercera semana de septiembre. El informe señaló que esa división aumentó por segunda semana consecutiva. En el promedio de las últimas cuatro semanas, LCG calculó una inflación de alimentos de 1,8%, con una aceleración de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) frente a la medición previa. La mitad de la variación semanal respondió al aumento de las carnes, que avanzaron 1,1%; las verduras subieron 2,3%, las bebidas aumentaron 0,8% y los panificados registraron un alza de 0,7 por ciento.

La consultora indicó que las bebidas explicaron el 70% de la inflación promedio de alimentos en las últimas cuatro semanas. De acuerdo con ese relevamiento, la categoría acumuló un incremento mensual de 9,3%. Los informes de Analytica y LCG mostraron aumentos en alimentos y bebidas en un mes que quedó bajo seguimiento por la posibilidad de que el índice general se ubicara en torno al 2 por ciento.

Furiase sostuvo que el programa económico redujo rápidamente el ritmo de incremento de los precios. “Lo importante de este programa de estabilización es que logró bajar rápidamente la inflación del 1% diario hasta el 30% interanual que estamos ahora con crecimiento económico”, afirmó.

Críticas por el crecimiento

En esa línea, el funcionario reconoció una desaceleración del crecimiento este año. “En 2025 se creció al 4,5%. Hoy la economía está creciendo más cerca del 2% interanual”, afirmó. El comentario se produjo después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la actividad económica aumentó 2,7% interanual en junio y 0,8% frente a mayo. Sin embargo, los primeros datos sectoriales de julio mostraron señales menos favorables: la construcción cayó 4,5% interanual y la industria, 4,9 por ciento.

El secretario de Finanzas comparó el esquema vigente con otros programas de estabilización. Mencionó la convertibilidad y el período comprendido entre 2002 y 2005 para señalar que, según su evaluación, el proceso actual evitó costos que sí aparecieron en otras experiencias. “Fue un programa de estabilización que evitó el trabajo sucio de otros programas de estabilización como la convertibilidad o el programa de 2002-2005”, expresó.

Furiase enumeró una serie de situaciones que, según sostuvo, el programa evitó. “Evitó la hiperinflación, evitó el default, evitó una reestructuración de los depósitos en pesos como fue en 1989 y 2001, se evitó corralito, se evitó romper contratos y eso es muy importante”, afirmó. La referencia a una reestructuración de los depósitos en moneda local incluyó una comparación con los episodios de 1989 y 2001, mientras que la mención al default y al corralito formó parte de su descripción de los riesgos que no se concretaron.

El funcionario también relacionó ese planteo con la pobreza. “Que haya sido un programa de estabilización exitoso, sin romper contratos, evitando la hiperinflación, porque eso en última instancia es haber evitado un incremento mucho más fuerte de la pobreza”, señaló. En otro tramo de la entrevista, remarcó que la estrategia bajó la inflación con crecimiento económico y afirmó que la decisión respondió a una definición política.

Revisión del FMI

En relación con la misión del Fondo, Furiase sostuvo que las metas están sobrecumplidas. “La relación con Fondo es superpositiva; las metas están sobrecumplidas todas”, afirmó. El secretario de Finanzas destacó en particular el desempeño de las compras de reservas y de la recomposición de las reservas netas, dos variables que incluyó entre los indicadores centrales del programa económico.

Según detalló, las compras de reservas se ubicaban inicialmente en una meta de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, pero el nivel previsto llegó a USD 14.000 millones. “Las compras en reservas estaban entre USD 7.000 y USD 10.000 millones, vamos a USD 14.000 millones”, expresó. Furiase agregó que la recomposición de reservas netas también superó los objetivos establecidos y aseguró que existe un canal de intercambio con el organismo para monitorear la evolución de los indicadores.

“Tenemos un diálogo espectacular y siempre estamos muy bien para poder intercambiar cada variable y seguir monitoreando todas las variables”, afirmó el funcionario. La entrevista reunió sus definiciones sobre la inflación, el crecimiento de 2025, la evolución actual de la actividad, los riesgos que enumeró como evitados y el cumplimiento de las metas vinculadas con las reservas.

Diputados del Bloque Unión por la Patria le enviaron un carta al Fondo Monetario Internacional –que hoy inicia la tercera revisión del programa con Argentina en Buenos Aires– quejándose por el Presupuesto 2027, que envió el Gobierno de Javier Milei a Congreso la semana pasada.

En la misiva, dirigida a Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, les piden un “urgente análisis” y cambios en la metas pactadas con el Gobierno. EL texto advierte por graves riesgos institucionales y fiscales que presenta el proyecto y aseguran que es inconsistente y da discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional en un año electoral.

“Teniendo en cuenta que el organismo que Ud. dirige no solo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también –cuando lo considera- introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas es que solicitamos un urgente análisis del Presupuesto 2027 en virtud de que el mismo no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia que las cuentas públicas del país requieren”, dice el texto.

Aseguran que “en efecto, y sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el PEN ni tampoco la verosimilitud del cálculo de recursos ni de las proyecciones de gasto primario ni de las fuentes y aplicaciones financieras, el proyecto de presupuesto sometido a consideración del Poder Legislativo muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad en la administración de los recursos públicos que podrían afectar la razonabilidad del proyecto de ley bajo análisis”.

El documento de UP al FMI detalla tres aspectos principales que justifican las consideraciones anteriormente expuestas

1) Subvaluación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI: “El Superávit está sobreestimado, ya que oculta el gasto tributario del RIGI. El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PIB. Pero ese superávit no contempla el gasto tributario del RIGI, que se estima en USD 3.359 M anuales, el equivalente a 0,49 pp del PBI (cuando el proyecto esté en “plena ejecución”, siendo que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive)“.

2) Discrecionalidad en la Jurisdicción 91: “Tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al gobierno. La Jurisdicción 91 pasa de 5,6 a 14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos".

3) Duplicación de la Inversión Financiera Neta: “muestra un sideral aumento de la inversión financiera neta en 2027 respecto de 2026: se duplica en términos nominales (17,4 billones en 2027 y 9,8 billones en 2026). Contablemente, significa que el PEN propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y/o de las fuentes financieras netas al incremento de “inversiones financieras temporarias” y/o de “caja y bancos” y/o de “otras inversiones financieras”. Entonces, ¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?“.

La carta está firmada por Germán Martínez, Guillermo Michel, Agustín Rossi, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Carlos Castagneto e Itaí Hagman, entre otros.

FMI

La misión del FMI llegó hoy al país para realizar la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas, con el foco puesto en un superávit fiscal primario anual de 1,4% del Producto Bruto Interno y en las medidas que el Gobierno prevé aplicar tras quedar por debajo de la meta semestral.

La misión estará encabezada por Joyce Wong y analizará las causas del desvío fiscal de los primeros seis meses del año. La pauta para ese período era de 0,7% del PBI, pero el resultado se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo de ese nivel.

El Gobierno deberá explicar cómo compensará la diferencia acumulada para alcanzar el resultado previsto al cierre de 2026. Entre los compromisos asumidos en la segunda revisión figuran la postergación de iniciativas de la reforma laboral, una mayor percepción de impuestos específicos y una nueva focalización de los subsidios al transporte.

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirán a partir de hoy con los funcionarios del Ministerio de Economía para avanzar con la tercera revisión del programa iniciado en abril del año pasado.

La revisión pasará por la meta fiscal que se fijó para este año y los desafíos para alcanzarla. Pero, tras el mal resultado de junio, en las últimas horas, el Gobierno ahora tiene para mostrar buenos datos de superavit primario acumulado hasta agosto y los pondrá sobre la mesa.

La tercera revisión se concentrará en la evolución de las cuentas públicas y en las medidas que el equipo económico deberá explicar ante los representantes del organismo. El resultado fiscal del primer semestre quedó por debajo de la meta acordada: el compromiso fijaba un superávit primario equivalente a 0,7% del producto interno bruto (PIB), pero el indicador llegó a 0,6% del PIB. La diferencia obligará a los funcionarios a detallar qué medidas prevén para alcanzar el objetivo anual. Ahí es que las cifras de agosto servirán de respaldo en el ida y vuelta con los auditores del Fondo.

El viernes, Economía comunicó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones. Con ese resultado, durante los primeros ocho meses de 2026 se acumuló un superávit primario cercano al 1,1% del PIB y uno financiero de 0,2% del PIB. Fue una mejora respecto del resultado de julio, que había llevado a incumplir la meta semestral prevista dentro del programa de facilidades extendidas.

El buen dato

Luego del déficit de junio y del incumplimiento de la meta semestral, el Gobierno buscará mostrar que el saldo positivo del octavo mes del año permitió recomponer el acumulado fiscal. La misión del Fondo analizará las cifras del primer semestre, el desempeño registrado en junio y el resultado posterior de agosto, junto con las proyecciones que el equipo económico presentará para sostener el superávit primario hasta el cierre de 2026.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional bajaron entre julio y agosto: pasaron de $17.092.374 millones a $15.027.157 millones, una reducción de $2.065.217 millones. Pero a pesar de ello, el resultado primario volvió a terreno positivo porque los gastos también retrocedieron. Los gastos primarios totales pasaron de $14.132.041 millones en julio a $13.036.836 millones en agosto, una baja de $1.095.205 millones. Esa evolución permitió que la reducción de los ingresos no derivara en un nuevo déficit y dejó un saldo mensual de $1.990.322 millones para presentar ante los representantes del organismo durante la tercera revisión.

La mayor baja se produjo en los gastos corrientes primarios, que descendieron de $13.851.091 millones en julio a $12.632.870 millones en agosto. La diferencia fue de $1.218.221 millones. Dentro de esa categoría, los gastos de funcionamiento y otros se redujeron de $2.824.750 millones a $2.050.462 millones, una caída de $774.288 millones. Esa partida explicó la parte más amplia de la reducción mensual de las erogaciones corrientes del Estado.

Las prestaciones sociales también bajaron durante agosto. Pasaron de $8.687.144 millones en julio a $8.401.245 millones, una diferencia de $285.899 millones. Las transferencias a universidades descendieron de $697.606 millones a $499.670 millones, mientras que las transferencias corrientes a provincias pasaron de $181.357 millones a $168.060 millones. A su vez, los otros gastos corrientes se redujeron de $279.618 millones a 242.717 millones de pesos.

A contra mano de los compromisos

La disminución de esos rubros corrientes permitió contener el gasto total durante agosto, incluso con aumentos en otras partidas. Los subsidios económicos subieron de $1.180.615 millones en julio a $1.270.715 millones en agosto, un incremento de $90.100 millones. Los gastos de capital también crecieron, desde $280.951 millones hasta $403.966 millones, una suba de $123.015 millones.

Dentro de los gastos de capital, aumentaron las erogaciones destinadas a energía, transporte, vivienda, agua potable y alcantarillado, además del rubro otros. El gasto en energía pasó de $70.134 millones en julio a $127.578 millones en agosto. Transporte subió de $109.354 millones a $120.978 millones y vivienda avanzó de $7.579 millones a $12.926 millones. Agua potable y alcantarillado aumentó de $46.866 millones a $85.880 millones, mientras que otros gastos de capital pasaron de $46.325 millones a 56.088 millones de pesos.

Educación fue la única categoría dentro de los gastos de capital que registró una baja mensual. La partida descendió de $692 millones en julio a $515 millones en agosto, una reducción de $177 millones. El aumento de los subsidios económicos y de la mayor parte de las partidas de capital convivió, por lo tanto, con una reducción de los gastos de funcionamiento, las prestaciones sociales, las transferencias a universidades y las transferencias corrientes a provincias.

Esa composición tendrá relevancia en la discusión con el FMI porque el Gobierno asumió compromisos específicos durante la segunda revisión del acuerdo con el objetivo de blindar el superávit primario. Las definiciones incluyeron la postergación de iniciativas vinculadas con la reforma laboral, una mayor recaudación por impuestos específicos y una mejora en la focalización de los subsidios al transporte. Los datos de agosto permitirán al equipo económico exhibir una baja del gasto primario total y una reducción más pronunciada en los gastos corrientes, aun cuando los subsidios económicos registraron un aumento durante el mes.

Una de las medidas principales para preservar el resultado fiscal que el Gobierno ya tomó fue la postergación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La entrada en vigencia de esa iniciativa pasó al 1° de noviembre, aunque ahora volvió a quedar bajo duda qué ocurrirá con su aplicación. Ese tema se sumará a las explicaciones que los funcionarios del Ministerio de Economía deberán dar durante la revisión, junto con la mayor recaudación por impuestos específicos y las decisiones previstas sobre los subsidios al transporte.

Próximo vencimiento

La agenda con el Fondo coincidirá con una semana de actividad internacional para la Casa Rosada. El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La superposición de esas actividades impedirá que el titular del Palacio de Hacienda asista a todos los encuentros con los representantes del organismo, mientras la misión técnica mantendrá reuniones con funcionarios argentinos.

Además de las conversaciones por la tercera revisión y del viaje a Nueva York, la semana incluirá un vencimiento de deuda de USD 800 millones que aún no está claro cómo el Gobierno lo va a afrontar. Según el último informe del Banco Central (BCRA), los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 2.357 millones al 16 de septiembre. Sin embargo, en los últimos dos días sufrieron una caída de USD 401 millones ya que al 14 de septiembre se ubicaban en USD 2.758 millones.

El presidente Rodrigo Paz promulgó este domingo el acuerdo de Bolivia con el FMI por 1.900 millones de dólares, una operación destinada a financiar reformas económicas y reforzar las reservas internacionales, mientras su Gobierno trasladó al precio del diésel el costo de importarlo y anunció medidas de alivio para los sectores afectados.

La Ley 1765 entró en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, sin un anuncio adicional. La norma habilita el financiamiento del organismo multilateral y formaliza un acuerdo que el Gobierno había oficializado el 29 de julio.

La promulgación se produjo después de que Paz comunicara a la medianoche del viernes el levantamiento de la subvención al diésel. El litro pasó de 9,80 bolivianos, equivalentes a un dólar, a 17,95 bolivianos, o 1,83 dólares.

La decisión alcanza a un país que arrastra problemas de desabastecimiento de combustibles desde hace unos dos años. Paz asumió la Presidencia en noviembre pasado y su Administración había aplicado ajustes previos sobre los precios de los carburantes.

El convenio concede a Bolivia 1.369 millones de DEG, equivalentes al monto aprobado, para afrontar desequilibrios fiscales y externos. El documento publicado la semana anterior define esos problemas como “persistentes”.

El plazo de devolución llegará hasta 10 años desde cada desembolso, con una tasa de interés de 3,47% que podrá variar de acuerdo con la cotización de los derechos especiales de giro. La amortización comenzará a los cuatro años y seis meses, mientras que los desembolsos podrán realizarse durante un máximo de 36 meses.

El acuerdo también prevé que Bolivia pueda captar financiamiento adicional de otros organismos multilaterales por unos USD 5.000 millones. El Gobierno se había comprometido ante el FMI a eliminar por completo la subvención a los combustibles desde 2027.

Paz viajó el sábado a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y mantener reuniones bilaterales. El vocero presidencial José Luis Gálvez indicó al canal estatal Bolivia Tv que los encuentros serán con entidades “que son parte del plan económico”.

Por su parte, el presidente boliviano anunció que el Estado dejará de usar recursos para sostener la subvención del diésel y los dirigirá a infraestructura pública, como escuelas, hospitales y carreteras. En un mensaje difundido por televisión nacional, el mandatario afirmó: “Hemos tomado la decisión de que desde hoy el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera. No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”.

El presidente sostuvo que la medida permitirá asegurar la disponibilidad del combustible. “Con esta decisión garantizamos el abastecimiento permanente del diésel para todos 24 horas, siete días a la semana, garantizando el combustible”, expresó.

El Gobierno anunció un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad para 2,9 millones de personas. También destinará 800 millones de bolivianos, equivalentes a 81,6 millones de dólares, a créditos con condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas.

El sector productivo accederá a esos créditos con un interés anual cercano al 6 %. Paz también comunicó que el bono para escolares pasará de 200 bolivianos a 300 bolivianos, que habrá mayores facilidades para créditos de vivienda social y que el Ejecutivo apoyará a los gobiernos regionales para readecuar sus finanzas.

La Administración eliminará el impuesto para bienes importados destinados a actividades productivas, entre ellos insumos, semillas, drones, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales.

Paz retiró en diciembre la subvención a los combustibles vigente desde 2005, pero en enero emitió un nuevo decreto tras las protestas de sindicatos obreros contra otras disposiciones de la norma original. A principios de julio, el Ejecutivo mantuvo por seis meses los precios fijados en diciembre para la gasolina y otros carburantes, mientras el diésel quedó excluido de esa estabilidad y el compromiso ante entidades internacionales fija 2027 para el fin total del subsidio.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a la Argentina el lunes 21 de septiembre para la tercera revisión del acuerdo de préstamo de facilidades extendidas. La agenda incluirá las metas previstas para 2026, pero el punto central estará en la evolución de las cuentas públicas: el resultado fiscal del primer semestre quedó por debajo del objetivo acordado y el equipo económico deberá explicar las medidas que tomará para lograr el superávit primario anual. El encuentro con los técnicos del organismo coincidirá con una semana de actividad internacional para la Casa Rosada y con un vencimiento de deuda de USD 800 millones.

Esa misma semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar en las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La superposición de las agendas impedirá que el titular del Palacio de Hacienda asista a todos los encuentros con los representantes del Fondo.

El último acuerdo fijó un objetivo de superávit fiscal primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026. Esa referencia ordenará la revisión de las cuentas públicas, debido a que el resultado del primer semestre fue 0,6% del PBI debajo de la pauta establecida para ese período.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar en las reuniones de la Organización de Naciones Unidas

La meta semestral se ubicó en 0,7% del PBI, por lo que la misión, encabezada por Joyce Wong, analizará las causas de la diferencia y las decisiones que el Gobierno incorporó para evitar que el desvío afecte el resultado anual.

El mal dato de junio

La postergación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, a la espera de que el Congreso apruebe el proyecto de Inocencia Fiscal II, fue uno de los factores que incidieron sobre el resultado fiscal. La modificación alteró el flujo de ingresos tributarios durante la primera mitad del año y redujo los recursos disponibles en ese período.

También influyeron en la caída general de la recaudación, la baja de impuestos al comercio exterior y al consumo interno, el menor nivel de actividad económica, variables que tendrán un lugar relevante en las reuniones con los técnicos del FMI.

La discusión fiscal también abarcará la evolución del gasto público y la asignación de subsidios.

En la segunda revisión el acuerdo, el Gobierno asumió compromisos con el objetivo de blindar el superávit primario. Esas definiciones incluyeron la postergación de iniciativas de la reforma laboral, una mayor recaudación por impuestos específicos y una mejora en la focalización de los subsidios al transporte.

La decisión sobre el FAL

Una de las medidas principales para preservar el resultado fiscal fue la postergación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La entrada en vigencia de esa iniciativa pasó al 1° de noviembre.

La entrada en vigencia del FAL tendrá además efecto sobre las proyecciones de recursos para 2027. El proyecto de Presupuesto prevé que la comparación interanual de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social quedará afectada negativamente por la implementación del fondo.

El Gobierno también se comprometió a impulsar una mejora de la recaudación a través de impuestos específicos. La información disponible no precisa cuáles serán esos tributos ni los montos previstos. El tercer eje será la focalización de los subsidios al transporte, una definición orientada a modificar la asignación de esas transferencias dentro de la estructura de gasto público.

Estas tres líneas —la postergación de iniciativas laborales, los mayores ingresos por impuestos específicos y la revisión de subsidios al transporte— concentrarán una parte importante de la conversación con la misión. El equipo económico deberá vincular esas decisiones con el objetivo de alcanzar un superávit fiscal primario de 1,4% del PBI y cubrir la diferencia registrada en el primer semestre.

Los ingresos previstos para 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso el miércoles 15 de septiembre estima que los impuestos nacionales y los aportes y contribuciones a la seguridad social aumentarán 27,9% frente a la recaudación proyectada para 2026, y una tasa de inflación promedio prevista en 21,1%, según anticipó el ministro Caputo. Con esa variación, la presión tributaria pasaría de 21,06% del PBI este año a 21,70% del PBI en 2027, un incremento de 0,64 puntos porcentuales.

El cálculo oficial de recursos atribuye esa mejora a la combinación entre variables macroeconómicas y medidas de política y administración tributaria.

Las proyecciones contemplan un aumento de la actividad económica, mayores volúmenes del comercio exterior, suba de las remuneraciones imponibles y de los puestos de trabajo, los precios y el tipo de cambio. Son todos supuestos que el consenso de los analistas considera optimistas.

El Presupuesto también incorpora mayores ingresos provenientes de regímenes de facilidades de pago.

Las proyecciones contemplan un aumento de la actividad económica, mayores volúmenes del comercio exterior, suba de las remuneraciones imponibles y de los puestos de trabajo

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representa 32,4% de la recaudación total, aumentaría 28,2% respecto de 2026. La suba prevista se explica por el crecimiento nominal del consumo y de las importaciones. Por su peso dentro de los ingresos nacionales, la evolución de este tributo será una de las variables de mayor incidencia en la proyección fiscal incluida en el Presupuesto.

Los recursos provenientes del Impuesto a las Ganancias crecerían 30,5% en comparación con 2026 y sumarían 0,24 puntos porcentuales del PBI. El proyecto también contempla un incremento del anticipo de las sociedades como consecuencia de una mayor base de cálculo.

Mayores aumentos

Los Impuestos Internos Coparticipados aumentarían 22,5% frente a 2026, de acuerdo con el proyecto. La variación surge del efecto neto de los cambios esperados en las ventas nominales de los productos gravados y en las importaciones. En el caso del Impuesto sobre los Bienes Personales, la recaudación subiría 7,5%, aunque la comparación anual estará afectada por la reducción de la alícuota marginal de 1% a 0,75 por ciento.

Los impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono registrarían la mayor variación porcentual entre los tributos detallados en el Presupuesto. Sus recursos aumentarían 59,3% respecto de 2026, principalmente por las actualizaciones de las sumas fijas utilizadas para determinar el impuesto.

Los Derechos de Exportación crecerían 41,3% en 2027 frente a la proyección para este año. El texto oficial atribuye parte de ese aumento porcentual a una base de comparación baja. Las retenciones pasarían de representar 0,75% del PBI en 2026 a 0,85% del PBI el año próximo. Los supuestos macroeconómicos utilizados para elaborar el Presupuesto incluyen un crecimiento de las exportaciones totales, tanto en dólares corrientes como en términos reales.

Los tributos que gravan las compras externas, que incluyen los Derechos de Importación y la Tasa de Estadística, recaudarían 39,2% más que en 2026. El aumento de las importaciones y del tipo de cambio nominal explica la mayor parte de esa variación. La comparación interanual también tendrá el efecto de la finalización, durante 2027, de la devolución en cuotas de pagos a cuenta del Impuesto PAIS que se podían aplicar contra los Derechos de Importación.

El impuesto sobre los Créditos y Débitos y Otras Operatorias aumentaría 25,8% respecto de 2026, a partir de la suba proyectada en el monto de las transacciones bancarias gravadas.

Los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social crecerían 19,7%, impulsados por los aumentos esperados de los salarios nominales imponibles y de los puestos de trabajo. La comparación anual, de todos modos, quedará afectada por la implementación prevista del Fondo de Asistencia Laboral.

Después de un primer semestre con altibajos en la actividad económica y en el ritmo de variación de los precios, junto con un Banco Central de la República Argentina muy activo en la compra de reservas y —según los analistas— en la operatoria en el mercado de cambio con operaciones de mercado abierto para sostener la paridad como ancla de la inflación, el Poder Ejecutivo presentó las bases del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2027 con supuestos de aumento del PBI del 4% y desinflación al 18%, y consecuente crecimiento de la recaudación tributaria en términos reales.

Sobre esa base, Infobae entrevistó a Enrique Szewach, economista, periodista, consultor de empresas, miembro del Consejo Académico de FIEL, profesor universitario y exdirector del Banco Central de la República Argentina y exvicepresidente del Banco Nación Argentina, para conocer su mirada de la economía nacional y sus expectativas para el corto plazo.

— El 4 de septiembre, Economía y el BCRA formalizaron un canje por hasta USD 2.000 millones: el Central entregó Lecap en pesos y recibió Lelik atadas al dólar. ¿Cómo debe interpretarse esta operación?

— La dolarización de portafolios en las personas se da directamente comprando dólares. Las empresas, en cambio, como tienen restricciones para operar en el mercado oficial, se cubren demandando instrumentos atados al dólar. El Banco Central atiende esta demanda vendiendo títulos y absorbiendo pesos. Es una manera de influir sobre la volatilidad del tipo de cambio y la brecha.

— Con el tipo de cambio bajo presión y el uso de instrumentos dólar-linked para intervenir sin vender reservas, ¿Qué margen real tiene el BCRA para sostener el esquema cambiario actual hasta las elecciones?

— El Banco Central puede sostener el actual esquema cambiario gracias al superávit comercial y a la colocación de ON de empresas y provincias, que se suman a la oferta. El superávit comercial, si no hay nada raro climáticamente o un desplome de los precios del petróleo, se mantendrá el año que viene. La colocación de deuda será menor porque empresas y provincias se adelantan este año previendo un mercado más complicado, más caro y con incertidumbre política.

“La colocación de deuda será menor porque empresas y provincias se adelantan este año previendo un mercado más complicado, más caro y con incertidumbre política”

La dolarización de portafolios será mayor. Será un mercado más tensionado, pero con los dólares ya comprados, los swaps y eventualmente la ayuda de Estados Unidos o el FMI, el esquema se puede defender, con un tipo de cambio algo más alto. Con incertidumbre electoral creciente, si la alternativa política que tenga chances implica una vuelta al pasado, el riesgo más importante es que haya retiro de depósitos en dólares como pasó en 2019.

— La reforma de la Carta Orgánica, con media sanción en Diputados y ya expuesta ante el Senado, elimina el concepto de “reservas de libre disponibilidad” y prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro. ¿El canje reciente no anticipa, en la práctica, el mismo problema que la reforma busca resolver por ley?

— El Gobierno de Milei heredó un problema de deuda pública en el Banco Central y en el Tesoro. Transferir la deuda del Banco Central al Tesoro no soluciona el problema de la necesidad de renovación permanente de la deuda en pesos. La reforma de la Carta Orgánica permite las operaciones de mercado abierto —comprar y vender títulos— para el manejo de la liquidez. Mientras el problema de la deuda en pesos subsista, se requerirá una coordinación entre el Tesoro y el BCRA para renovar vencimientos y manejar la liquidez. En ese contexto, va a ser muy difícil evitar el financiamiento indirecto al Tesoro por parte del sistema bancario.

Lo importante será mantener el superávit fiscal y el manejo prudente de los instrumentos de deuda. Todo va a depender de tener autoridades del Banco Central profesionales, independientes y nombradas con acuerdo del Senado, y no “en comisión”, a tiro de decreto. Lamentablemente, esto último no se ha cambiado en la reforma propuesta. Se ha dificultado la destitución arbitraria, pero se mantiene la designación irregular. A estas alturas del siglo XXI y de las comunicaciones virtuales, la designación “en comisión” de funcionarios, sin citar al Senado, es injustificable.

— ¿Cómo mide usted la independencia real del Banco Central respecto de Economía: por la prohibición legal de asistencia al Tesoro, por la estabilidad del directorio, por la relación personal entre los funcionarios, o por otro criterio?

— Lo más importante es la prohibición de financiamiento al Tesoro y los límites a la distribución de utilidades. De todas maneras, como dije antes, el financiamiento se puede meter por la ventana vía encajes con títulos públicos, etc. Por eso, la composición profesional del directorio con acuerdo del Senado es muy importante; al final del día, la independencia se mide por las personas y la reputación acumulada.

— ¿El actual nivel de reservas netas en el BCRA es compatible con la meta del propio acuerdo con el FMI, o el organismo seguirá validando incumplimientos como en las dos revisiones anteriores?

— Con los números a hoy, tendrá que seguir validando incumplimientos, pero lo importante es el cambio de política y que el Banco Central esté comprando y cumpliendo, finalmente, con lo comprometido originalmente en el acuerdo.

— Con el índice de riesgo país en torno de los 500 puntos básicos, ¿el Gobierno está en condiciones de volver a los mercados voluntarios de deuda en 2027, o esa ventana depende de factores externos como el precio de los granos o la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal?

— Al Gobierno le faltan USD 20.000 millones para cerrar el programa financiero del 2027. Una parte serán dólares que compre el BCRA y le venda al Tesoro —o que compre directamente el Tesoro con el superávit fiscal—; el resto será más financiamiento de fuentes aún no especificadas.

Al Gobierno le faltan USD 20.000 millones para cerrar el programa financiero del 2027. Una parte serán dólares que compre el BCRA y le venda al Tesoro —o que compre directamente el Tesoro con el superávit fiscal—

El mercado internacional se está endureciendo por razones globales y sería bueno que se despejara el financiamiento antes del próximo año. Pero una cosa es lo que sería mejor y otra cosa es lo que se puede. El Gobierno hará lo que la realidad permita para pagar los vencimientos. Usará reservas líquidas, repo, swaps o lo que haya disponible, incluyendo al FMI.

— El Gobierno sostiene que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, pero el IPC de agosto marcó 1,7% mensual y 33,5% interanual, apenas 0,3 puntos por debajo de julio. ¿Por qué la interanual parece haber encontrado un piso duro pese a la desaceleración mensual?

— Milton Friedman decía que “la inflación es en todo momento un fenómeno monetario”, pero dependiendo de las condiciones particulares. Decir que la inflación es un fenómeno monetario es como decir que la inundación es un fenómeno de exceso de agua. Después hay que entender de dónde viene el agua y qué se puede hacer. Se cerraron las canillas del financiamiento al Tesoro —aunque siguió abierto el reparto de utilidades contables del BCRA—.

Pero fuera de lo monetario, las tarifas públicas están indexadas o sobreindexadas. Muchos servicios privados están indexados. Hay cierta inercia, etc. De manera que quebrar permanentemente el 2% mensual se hace difícil, y el apretón monetario tiene efectividad en cierto conjunto de bienes; en el resto, afecta más a la actividad, el salario real y los márgenes. Con precios relativos que todavía se están acomodando, llevará tiempo converger a la tasa de inflación regional.

— Las experiencias exitosas de estabilización muestran que bajar la inflación a un dígito anual tomó hasta nueve años. Con la política económica actual, ¿cuánto tiempo estima que le tomará a Argentina, y qué condiciones lo acelerarían o retrasarían?

— La experiencia internacional que se cita, Perú, Uruguay, Israel, es de décadas pasadas, era otro mundo.

La experiencia internacional que se cita, Perú, Uruguay, Israel, es de décadas pasadas, era otro mundo

En algunos casos hubo acuerdo político; en otros, una crisis terminal que llevó a cambios constitucionales; en otros, apoyo externo, etc. No puedo decir cuánto tardará. No es un camino lineal y va a depender de la política económica que se instrumente en el futuro. Pero, como dije antes, la indexación institucionalizada es un problema. Y el cambio de precios relativos también presiona.

— Con el Brent operando por encima de los USD 100 el barril por el conflicto en el Golfo de Ormuz, ¿Cómo evalúa el impacto de ese shock sobre la inflación argentina, vía combustibles y tarifas?

— El acuerdo implícito entre petroleras y refinadoras se hizo pensando en un shock transitorio y aprovechando los altos márgenes de refinación y las ganancias por precios extraordinarios de la exportación de petróleo. Si el shock transitorio se convierte en permanente, no sería recomendable evitar el cambio de precios relativos de los combustibles, aún pagando los costos de un salto por única vez en la tasa de inflación.

Retrasar de nuevo los ajustes es una muy mala política si estamos frente a un cambio más permanente del escenario global.

— El textil y el calzado bajaron precios para responder a la competencia importada —de hecho, esa categoría fue la única con variación negativa en agosto—. ¿Por qué esa dinámica no se replica en otros sectores expuestos a la apertura comercial?

— Se replica con menos subas de precios en los bienes transables. Lo que pasa es que en textil y en calzado, además, hay apertura con arancel cero en los couriers, en el contrabando, en la falta de Aduana, que en otros productos no se da, o no se da con esta intensidad. Muchos son exportables y otros están en acuerdos regionales, como el sector automotriz.

— El PBI se contrajo 0,6% en el segundo trimestre, la primera caída trimestral desde 2024, tras siete trimestres de expansión. ¿Es un freno transitorio o el inicio de una fase de estancamiento?

— Es la consecuencia de la política económica del segundo semestre del año pasado que frenó el crédito, de la caída de la masa salarial real y de que el crecimiento esperado de la demanda de pesos no se dio. La economía crecerá mucho menos de lo esperado este año, entre 1,5% y 2%. Yo no lo llamaría estancamiento, pero para la gente se le parece bastante.

— Los analistas describen una economía en forma de “K”: crecen la minería, el agro y las finanzas, mientras la industria, la construcción y el comercio —que concentran la mayor parte del empleo— siguen contrayéndose. ¿Es sostenible ese patrón en el mediano plazo?

— El tema central es que el necesario cambio de régimen no llegó al sector público, en todos los niveles. Se fuerza al sector privado a un cambio rápido y violento, pero sin mercado de capitales, sin reforma impositiva, sin cambios en el federalismo, con la apertura destinada más a combatir la inflación que a incentivar el cambio en la estructura productiva. Y con una mala calidad de bienes públicos.

“Se fuerza al sector privado a un cambio rápido y violento, pero sin mercado de capitales, sin reforma impositiva, sin cambios en el federalismo, con la apertura destinada más a combatir la inflación que a incentivar el cambio en la estructura productiva”

La sostenibilidad dependerá de quién gane las elecciones y qué se haga después. No se puede volver para atrás, pero hay que acelerar lo que no se hizo ni se hará hasta después de 2027. Y, por supuesto, también depende del mundo.

— La inversión cae de forma sostenida y la IED de 2025 fue 83% inferior a la de 2023. ¿Qué está faltando para destrabarla pese a la estabilidad macroeconómica lograda?

— Para invertir, lo principal es tener un proyecto rentable para los próximos años y conseguir financiamiento. Si no se esperan ganancias, no se invierte. En medio de un cambio de régimen, hay sectores o empresas que tienen más claro su horizonte y muchos que no. Y algunos consiguen financiamiento y la mayoría no.

La IED se está concentrando en minería o asociada a proyectos de Vaca Muerta. En el resto, se trata de incorporar empresas a las cadenas globales de producción, y allí se compite con otros países que ya tienen resuelta la macro, que tienen mercado de capitales local y que ya llevan años en el mundo, otra legislación laboral, etc. Además, para el sector industrial en particular, el factor China no es menor.

— La economía genera empleo, pero crece la informalidad mientras caen los puestos asalariados registrados, en un contexto de desinflación, baja de impuestos y desregulación laboral. ¿Por qué se da ese movimiento cuando esas condiciones deberían favorecer el empleo formal?

— La Argentina viene de una etapa de desplome de la productividad laboral, generado en el desastroso régimen anterior. En una economía no competitiva, el salario real puede tener una brecha respecto de la productividad por un tiempo; después empieza a ajustar, y eso ya venía pasando antes de 2023.

El nuevo escenario aceleró este cuadro, y los costos laborales formales no resisten la baja productividad actual y la presión competitiva. Mientras esa productividad no crezca más, el ajuste es el “pase a la informalidad”, donde ingresos y productividad se parecen, o donde bajan por definición los costos laborales.

“Es un muy mal ajuste, porque además la mejora de productividad en el sector formal se está dando por reducción de personal”

Es un muy mal ajuste, porque además la mejora de productividad en el sector formal se está dando por reducción de personal. Menos gente produciendo lo mismo, o mucha menos gente produciendo menos producto. Hay que pasar a más gente produciendo mucho más, pero, siendo repetitivo, no es posible sin una fuerte inversión, y como ya comenté, eso no está pasando.

— ¿Qué le parecen los supuestos macroeconómicos del Presupuesto 2027?

— Los supuestos macro de los presupuestos son, en general, siempre optimistas. El Gobierno tiene que mandar señales positivas sobre su escenario macro. Después viene la realidad, y la técnica presupuestaria argentina, acostumbrada a la alta inflación, redistribuye gastos, partidas, etc. O inventa nuevos impuestos sobre la marcha, o cambia las reglas a lo largo del año. Lo han hecho todos los gobiernos. La realidad siempre se impone.

Es relevante también que, una vez aprobado el Presupuesto, el Congreso no invente nuevos gastos sobre la marcha, salvo una emergencia. Si no, el Presupuesto pierde sentido. Lo importante es que el Gobierno defenderá el ancla fiscal a toda costa.

— Crece el consenso entre analistas sobre la necesidad de ceder la meta de inflación y flexibilizar el esquema cambiario, sin explicitar el costo social. ¿Coincide con ese diagnóstico? ¿Qué costo estaría dispuesto a aceptar el Gobierno, y cuál la sociedad?

— Primero, me permito recordar que Sergio Massa, con su “plan platita”, perdió las elecciones, no las ganó. Me parece que, insertos en el modelo actual, en el corto plazo no hay mucho por hacer, y se corre el riesgo de quedarse sin el pan y sin la torta: más presión cambiaria, más inflación y no más actividad.

Lo que se está haciendo para impulsar el crédito a la vivienda, u otras líneas, suena razonable, pero será marginal

Lo que se está haciendo para impulsar el crédito a la vivienda, u otras líneas, suena razonable, pero será marginal. De paso, para los morosos, se podría eliminar toda la carga impositiva en las tasas de interés para facilitar las refinanciaciones.

— Más allá del dato mensual de inflación, ¿Qué indicador seguiría usted como señal prioritaria de que el programa económico consolida un sendero sostenible: reservas netas, rollover de deuda en pesos, salario real, otro?

— Lo importante en este período es despejar incertidumbres en el mercado cambiario y la deuda externa. Que el Banco Central siga comprando dólares, y que se vayan despejando los interrogantes en torno al financiamiento faltante.

Fotos: Gustavo Gavotti

La inteligencia artificial podría aumentar la productividad europea en torno a un 1 % en cinco años, pero corre el riesgo de agravar las desigualdades, sobrecargar las redes eléctricas y aumentar la dependencia de la tecnología extranjera, a menos que los Gobiernos profundicen en la integración económica, según un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La nota informativa, elaborada para una reunión informal de los ministros de Finanzas de la Unión Europea en Dublín los días 18 y 19 de septiembre, señala que es probable que los beneficios y los costos de la IA se distribuyan de forma desigual entre países, regiones y trabajadores.

Completar el mercado único de la UE contribuiría a difundir la adopción de la IA y sus beneficios de forma más equitativa en todo el bloque de 27 países, agrega.

El documento se hace eco de las preocupaciones planteadas por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y por la Comisión Europea, según las cuales la fragmentación de los mercados europeos de capitales, trabajo y energía está frenando la inversión y la innovación.

El FMI estimó que alrededor del 60 % de los trabajadores de las economías europeas avanzadas desempeñan profesiones muy expuestas a la IA.

Si bien algunos podrían aumentar su productividad gracias a las herramientas, otros se enfrentarían a la pérdida de su puesto de trabajo a medida que las tareas rutinarias se automaticen, según el informe, especialmente en aquellos puestos en los que es más probable que la IA sustituya a la mano de obra en lugar de complementarla.

El informe señala que los centros de datos europeos ya consumen aproximadamente el 3 % de la electricidad del continente y que la demanda aumentará considerablemente a medida que se expanda el uso de la IA. Los principales centros tecnológicos, como Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín, se encuentran entre las zonas más expuestas, ya que las concentraciones de centros de datos ya están ejerciendo presión sobre las redes eléctricas locales.

Para hacer frente a esta situación, la UE debería invertir en infraestructuras de red transfronterizas y profundizar en la integración del mercado energético europeo, señaló el FMI.

El informe también advierte de que Europa corre el riesgo de desarrollar otra dependencia estratégica, ya que Estados Unidos y China dominan el desarrollo de modelos de IA. El fondo señala que el continente necesitaría una inversión significativa en su propia industria de la IA para evitar depender de la tecnología extranjera.

Además, según el documento, es probable que los beneficios de la IA se distribuyan de forma desigual tanto entre los distintos países de la UE como dentro de cada uno de ellos. Se prevé que las economías más avanzadas se beneficien de manera desproporcionada, ya que están mejor preparadas para esta tecnología y más expuestas a ella.

(Con información de Reuters)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, eliminó la subvención al diésel y dispuso que el combustible pase a cotizar con un precio único vinculado al mercado internacional, junto con un paquete de bonos, créditos y medidas tributarias para compensar el impacto de la decisión.

El anuncio se produjo en la madrugada de este sábado, a través de un mensaje grabado que emitió el canal estatal y fue difundido en las redes sociales del mandatario. Hasta entonces, el decreto 5.676 establecía tarifas diferenciadas: 16,50 bolivianos para grandes consumidores y 9,80 bolivianos para transportistas.

Paz afirmó que el nuevo valor del diésel variará según la cotización internacional. “Este precio fluctuará de acuerdo al precio internacional, es decir que si la próxima semana el precio disminuye a nivel internacional, porque se terminan las guerras en el exterior y bajan los precios, los precios bajarán”, aseguró.

El mandatario vinculó la medida con el combate al contrabando, que, según sostuvo, fomentaba el esquema de precios diferenciales. “Se acabó el negocio de los delincuentes, subvención o futuro yo elijo futuro”, reiteró.

Para contrarrestar la quita del subsidio, el jefe de Estado anunció la entrega del Bono Pepe II para cerca de 2,9 millones de beneficiarios, con una asignación de 874 millones de bolivianos, y también destinará hasta 800 millones de bolivianos a créditos en condiciones preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas.

Paz además anunció la eliminación de impuestos a la importación de bienes de capital e insumos, entre ellos semillas, drones, genética, herramientas, equipos y plantas industriales. El Ejecutivo extenderá por 120 días el período del perdonazo tributario, (una medida para facilitar la regularización de deudas fiscales) que alcanzará a 200.000 contribuyentes.

El plan también contempla obras de pavimentación con losetas en calles y avenidas, con una previsión de más de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos. Los productores accederán a créditos de entre 50.000 y 400.000 bolivianos.

“Se activará el plan de enlocetados de calles y avenidas para generar más de 18.000 empleos directos y 55.000 empleos indirectos; se dará apoyo directo a los productores con créditos por montos que van desde los 50.000 hasta 400.000 bolivianos; se seguirá devolviendo los depósitos de los ahorristas que tenían su dinero en dólares en los bancos, para que puedan hacer uso de esos dólares en futuras inversiones”, aseguró.

El presidente boliviano sostuvo que la eliminación de la subvención es el mecanismo para asegurar el abastecimiento de diésel “las 24 horas y los 7 días a la semana”.

En la grabación de nueve minutos, Paz detalló un paquete de 10 medidas para compensar el impacto de la eliminación del subsidio al diésel. “Esos recursos que ya no serán usados para esta subvención, irán a esas escuelas, a esos hospitales, a esas carreteras. Pero también lo vamos a entregar a través de un bono PP2”, señaló.

El Ejecutivo anunció además un aumento del bono Juancito Pinto, que pasará de 200 a 300 bolivianos. “Hoy día está en 200, vamos a aumentarle 100 más. Juancito Pinto serán 300 bolivianos”, indicó el mandatario.

Paz anticipó una mayor flexibilidad para el acceso de las familias al crédito de vivienda social y al crédito productivo. Las gobernaciones, municipios, gobiernos regionales y gobiernos autónomos indígenas originarios también recibirán asistencia para readecuar sus finanzas. El presidente sostuvo que continuará la devolución de depósitos en dólares de los ahorristas que tenían fondos retenidos en bancos, con el objetivo de que puedan utilizarlos en futuras inversiones.

“Sé que es la decisión más responsable con el país”, afirmó Paz. El mandatario también señaló que el Gabinete de ministros está disponible para reunirse de inmediato con transportistas, productores, obreros, campesinos, gremiales, vecinos y otros sectores “para tomar acciones de protección a la economía de las familias”.

Todos los anuncios de Paz surgieron tras la sanción del Parlamento del acuerdo de USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que respalda las reformas económicas del Gobierno boliviano, el cual pasará al Ejecutivo para su promulgación.

La Cámara de Senadores de Bolivia sancionó este viernes el acuerdo de USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que respalda las reformas económicas del Gobierno del presidente Rodrigo Paz y pasa al Ejecutivo para su promulgación.

La Cámara Alta aprobó el proyecto de Ley 723 mediante una dispensación de trámite. La iniciativa superó el jueves la votación de la Cámara de Diputados. El ministro de Economía, Christian Morales, expuso ante los senadores los alcances del programa y afirmó que la aprobación permitirá el acceso a otros USD 5.000 millones de organismos multilaterales.

El Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asignarán esos recursos a proyectos de inversión. “Van a ser canalizados en proyectos de inversión para estabilizar la economía, impulsar la inversión, generar mayor producción”, indicó Morales.

El ministro precisó que los recursos del FMI servirán para “estabilizar la economía, las reservas internacionales y la balanza de pagos” de Bolivia, a la par que descartó su uso para gastos corrientes.

Paz celebró a través de sus redes sociales la aprobación de la ley: “Este respaldo demuestra que, cuando el bienestar común está primero, las diferencias ideológicas quedan en segundo plano. Estos recursos están destinados a blindar nuestras reservas y abrir oportunidades reales de inversión y empleo”.

La Ley 723 autoriza un financiamiento de 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a USD 1.900 millones, para enfrentar los “persistentes” desequilibrios fiscales y externos que afectaron al país en los últimos años. El crédito prevé un plazo de pago de hasta 10 años desde cada desembolso y una tasa de interés de 3,47%, sujeta a variaciones de acuerdo con la cotización de los DEG. La amortización comenzará después de cuatro años y seis meses, mientras que el período de desembolsos podrá extenderse hasta 36 meses.

Bolivia y el FMI oficializaron el acuerdo el 29 de julio. El programa también facilitará financiamiento adicional de organismos multilaterales por unos 5.000 millones de dólares. Entre los compromisos asumidos ante el organismo figura la eliminación de la subvención a los combustibles desde 2027. Los precios fijos del diésel y la gasolina permanecerán vigentes hasta diciembre de este año.

Durante distintos actos públicos el viernes, el presidente Paz planteó que los recursos estatales deben destinarse a obras para la población y no a actividades que benefician a “unos cuantos”. El mandatario ya había señalado las dificultades para sostener la subvención al diésel y la gasolina. Según sostuvo, parte de esos combustibles termina en el mercado negro interno o en países vecinos, donde sus precios son más altos.

El Ejecutivo fijó como objetivos reducir el déficit fiscal de Bolivia al 2% negativo y elevar las reservas internacionales a 9.000 millones de dólares en 2031, en un escenario marcado por la falta de divisas y los cambios en la política cambiaria.

El país aún enfrenta dificultades para superar la escasez de dólares desde la llegada de Paz a la Presidencia, en noviembre de 2025. En los últimos meses, las autoridades iniciaron la devolución de ahorros en moneda extranjera, tras dos años de restricciones sobre retiros y operaciones en divisas.

Desde el 29 de junio, Bolivia aplica un régimen de tipo de cambio flexible, que sustituyó al sistema fijo vigente durante 15 años. El Banco Central de Bolivia (BCB) sostuvo que esa modificación permitió sumar divisas a las reservas internacionales netas.

El 8 de septiembre, la entidad suspendió de forma temporal las nuevas operaciones de compra de dólares y creó una reserva monetaria restringida para contener las presiones sobre el mercado cambiario posteriores a la adopción del nuevo esquema.

El BCB indicó que las medidas buscan “procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional” y “prevenir mayores presiones en el mercado cambiario”.

La institución explicó que decidió frenar las compras de divisas ante el aumento de los activos de alta liquidez que integran las reservas internacionales netas. Según el organismo, esos recursos superaron los USD 1.000 millones durante las últimas semanas.

El banco central sostuvo que ese nivel de disponibilidad otorgó “la holgura necesaria” para atender pagos internacionales y amortiguar eventuales tensiones cambiarias. También señaló que prevé nuevos desembolsos de financiamiento externo, entre ellos los fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) si el Parlamento aprueba el programa.

(Con información de EFE)

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este jueves el acuerdo de USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que respalda las reformas económicas del Gobierno del presidente Rodrigo Paz y busca reforzar las reservas internacionales del país. El proyecto pasará ahora al Senado.

El debate legislativo se extendió durante más de cinco horas y contó con la exposición del ministro de Economía, Christian Morales, quien detalló el contenido de la iniciativa ante los diputados. El funcionario aseguró que el entendimiento con el FMI es “totalmente soberano” y sostuvo que “no hay ninguna imposición” del organismo multilateral. En ese sentido, resaltó que los fondos permitirán “estabilizar la economía” boliviana.

“Los recursos que vayamos a recibir de parte del FMI van a venir a incrementar las reservas (internacionales) líquidas que tenemos, por ende permite garantizar un flujo de divisas mayor al que tenemos ahora”, agregó Morales.

La Ley 723 habilita un crédito de 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a 1.900 millones de dólares, para afrontar los desequilibrios fiscales y externos que afectan a Bolivia desde hace años.

El acuerdo contempla un plazo de devolución de hasta 10 años desde cada desembolso. La tasa de interés será del 3,47%, aunque podrá modificarse de acuerdo con la cotización de los DEG. La amortización comenzará a los cuatro años y seis meses, mientras que los desembolsos podrán realizarse durante un período máximo de 36 meses.

El Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional formalizaron el convenio el 29 de julio. El Ejecutivo espera que ese respaldo facilite además el acceso a unos 5.000 millones de dólares adicionales de otros organismos multilaterales.

Entre los compromisos pactados figura la continuidad de la “racionalización” del gasto público, la preservación del “financiamiento monetario cero” del déficit fiscal y el refuerzo de la gobernanza y la autonomía operativa del Banco Central de Bolivia (BCB). Los compromisos divulgados hace una semana incluyen la eliminación de la subvención a los combustibles desde 2027. Hasta diciembre de este año, los precios de los carburantes permanecerán bajo el esquema vigente.

El Ejecutivo de Paz fijó como metas la reducción del déficit fiscal al -2% y el aumento de las reservas internacionales hasta 9.000 millones de dólares en 2031.

Bolivia aún enfrenta dificultades para superar la escasez de dólares desde la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, en noviembre pasado. En los últimos meses, las autoridades iniciaron la devolución de ahorros en moneda extranjera, después de dos años de restricciones sobre retiros y operaciones en divisas. Desde fines de junio, el país aplica además un régimen de tipo de cambio flexible, que reemplazó al sistema fijo vigente durante 15 años. Según el BCB, esa medida permitió incorporar divisas a las reservas internacionales netas.

La entidad central dispuso el pasado 8 de septiembre la suspensión temporal de nuevas operaciones de compra de dólares y creó una reserva monetaria restringida, para contener presiones sobre el mercado cambiario tras la adopción de un régimen de tipo de cambio flexible el 29 de junio.

El BCB informó en un comunicado que las medidas buscan “procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional” y “prevenir mayores presiones en el mercado cambiario”. Además, justificó la suspensión de las compras de divisas por el aumento de los activos de alta liquidez que integran las reservas internacionales netas (RIN). Según el organismo, esos recursos superaron los USD 1.000 millones en las últimas semanas.

El banco central sostuvo que ese nivel de disponibilidad otorgó “la holgura necesaria” para cumplir con los pagos internacionales y mitigar eventuales tensiones en el mercado de cambios. La institución también señaló que prevé próximos desembolsos de financiamiento externo, como el del FMI en caso de aprobarse en el Parlamento.

(Con información de EFE)

El fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe presentó un recurso ante la Casación Penal contra el cierre de la causa que investigó el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por USD 57.100 millones.

En su planteo, se opuso a la decisión de cerrar el expediente sin tomar medidas para reconstruir adónde fueron las divisas e identificar posibles beneficiarios privados. Indicó que todavía faltan pruebas para determinar el recorrido de los fondos y los vínculos entre funcionarios y operadores privados.

En esta causa, se analizó si hubo delitos de parte de los funcionarios argentinos en la negociación, la firma y la ejecución del préstamo stand-by, un crédito especial, acordado en 2018, primero por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones.

La denuncia original incluyó al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y a dos actuales integrantes del gabinete nacional: el ministro de Economía Luis Caputo, entonces secretario de Finanzas y luego presidente del Banco Central de la República Argentina, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, en esa época titular del Banco Central.

En su escrito, el fiscal Agüero Iturbe dijo sobre la decisión de la Cámara Federal que “la resolución es incorrecta por el argumento de su falta de razón en tanto aquélla se asienta sólo en lo que se supone -no se sabe fehacientemente- que no sucedió”. Agregó que el artículo 193 del Código Procesal Penal Nacional obliga a realizar medidas orientadas a comprobar si existe un delito.

También sostuvo que el archivo violó el principio acusatorio, porque impidió que el Ministerio Público avanzara con medidas que consideraba necesarias antes de una decisión definitiva.

El recurso agregó que los compromisos asumidos por la Argentina en convenciones internacionales contra la corrupción exigen investigar los hechos denunciados e identificar bienes de posible origen ilícito.

Además, cuestionó que los jueces consideraran suficiente la información ya reunida, entre ella los datos del Banco Central sobre los 100 mayores compradores netos de divisas y las personas jurídicas, es decir las empresas y otras entidades, con mayores adquisiciones.

Según señaló el fiscal, la investigación debía establecer si las decisiones tomadas por funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central permitieron obtener divisas que luego se destinaron a la formación de activos externos, es decir a sacar fondos del circuito local para colocarlos afuera, en perjuicio de las arcas públicas.

Antecedentes

La jueza de primera instancia, María Eugenia Capuchetti, archivó el expediente en febrero pasado, al concluir que los hechos denunciados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad.

En su resolución, entendió que los memorandos firmados con el Fondo Monetario Internacional eran documentos técnicos y no normas internas que impusieran un destino obligatorio y preciso para los fondos.

Esta decisión fue confirmada por la Sala 1 de la Cámara Federal, que entendió que las eventuales infracciones administrativas no permitían acreditar la intención específica requerida para el delito de abuso de autoridad.

Los camaristas también consideraron que las consecuencias patrimoniales de una política monetaria no habilitan, por sí solas, la intervención penal sobre decisiones económicas de gobierno.

La investigación avanzó durante más de cinco años y reunió documentación oficial, informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central, además de testimonios y otros elementos sobre el acuerdo y la formación de activos externos.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcará en la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para la tercera revisión del acuerdo rubricado con el Gobierno, en una semana en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La coincidencia de ambas agendas impedirá que el titular del Palacio de Hacienda esté presente en todos los encuentros con los representantes del organismo, que mantendrán reuniones con el resto del equipo económico a fin de analizar las metas acordadas para 2026. En paralelo, el viernes 25 de septiembre vencen USD 800 millones con el FMI.

La llegada de los técnicos del Fondo abrirá una nueva etapa de diálogo sobre los compromisos definidos para este año, con dos ejes centrales: la acumulación de reservas y el resultado fiscal primario. El Gobierno superó el objetivo anual de compras de divisas establecido en el programa de USD 10.000 millones, aunque incumplió la meta fiscal del primer semestre. Las conversaciones deberán abordar esa diferencia entre los dos componentes del acuerdo, además de la evolución de la recaudación, la baja de impuestos y el nivel de actividad económica.

Según pudo saber Infobae, la delegación del prestamista de última instancia aterrizará el lunes, aunque por ahora no existe información sobre los nombres de los integrantes de la comitiva ni sobre la fecha hasta la que permanecerán en el país. Tampoco trascendieron detalles de la agenda de reuniones que desarrollarán los enviados del FMI con los funcionarios del Ministerio de Economía.

Meta cumplida

Uno de los datos que llegará a la mesa de discusión es el cumplimiento de la pauta de reservas internacionales. Para 2026, el programa fijó una meta de compra de USD 10.000 millones, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya compró más de 14.200 millones de dólares. Esa cifra dejó a la entidad por encima del objetivo previsto para el año, con una diferencia superior a USD 4.200 millones a lo pactado.

Aún resta determinar si se cumplirá la meta de acumulación de reservas, fijada en USD 8.000 millones para este año. Según cálculos de la consultora Analytica, el BCRA supera por ahora ese objetivo, con USD 9.000 millones de dólares. La evolución durante los meses restantes de 2026 será determinante para confirmar si sostiene esa posición.

Mayor complicaciones

El desempeño en la meta de compra de reservas internacionales contrasta con la situación fiscal, donde el Gobierno no alcanzó el compromiso correspondiente al primer semestre. El acuerdo para este año estableció un superávit primario de 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), una referencia que ordenará parte de la conversación entre los funcionarios argentinos y los técnicos que llegarán a Buenos Aires.

El resultado fiscal del primer semestre quedó en 0,6% del PBI por debajo de la meta (0,7%/PBI) por distintos factores. Entre ellos, apareció la postergación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, una modificación que afectó el flujo de ingresos tributarios durante ese período. También pesaron la caída general de la recaudación, asociada a la baja de impuestos, y el nivel de actividad económica.

En el plano fiscal, en la segunda revisión del equipo económico tomó compromisos con el FMI a los fines blindar el superávit fiscal, entre ellas postergar la entrada en vigencia de iniciativas de la reforma laboral como finalmente sucedió con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) cuya fecha de inicio se pasó al 1° de noviembre aunque hay dudas al respecto. También en su momento se fijó un aumento de recaudación por impuestos específico y la necesidad de una mejora en la focalización de subsidios al transporte.

Caputo no estará en Buenos Aires

La ausencia de Caputo en la revisión responde a su viaje con Milei a Nueva York. El ministro acompañará al Presidente en las reuniones de la ONU, mientras los técnicos del Fondo iniciarán sus contactos en la Argentina. El cronograma dejará los encuentros con la delegación internacional en manos de otros integrantes del equipo económico, dado que el funcionario responsable del Ministerio de Economía estará fuera del país junto al jefe de Estado.

La tercera revisión tendrá lugar después de la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina, a fines de julio. Durante su estadía, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó una serie de medidas que consideró necesarias para el equipo económico. Sus declaraciones apuntaron a ampliar la actividad ligada al petróleo, el gas y la minería, además de extender ese impulso hacia otros sectores.

La titular del organismo sostuvo que el dinamismo de esas áreas debería repercutir en la construcción, los servicios y la logística. En ese sentido, planteó que el desarrollo de Vaca Muerta debe tener impacto sobre una porción más amplia de la economía. También señaló tres frentes de acción para el Gobierno: mejorar las condiciones financieras de quienes acceden a créditos, profundizar el mercado de capitales y remover restricciones de infraestructura que afectan el funcionamiento de la economía.

El gobierno ucraniano aprobó el presupuesto para el año 2027 con una necesidad de financiación externa de 52,6 mil millones de dólares y un gasto militar récord a raíz de la guerra de más de cuatro años con Rusia.

El país devastado por el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial utilizó inicialmente sus propios ingresos para pagar el gasto en defensa, pero depende cada vez más de sus respaldos extranjeros para hacer frente al enorme agujero financiero.

“El proyecto de presupuesto para 2027 se elaboró en un momento en que la agresión rusa continúa y las necesidades de seguridad y defensa siguen siendo cruciales”, dijo el ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii Marchenko, en un comunicado de prensa.

“Sin duda, esta es la prioridad número uno del gobierno. Todos los posibles recursos internos del Estado se están canalizando para garantizar que Ucrania pueda resistir eficazmente al agresor”, añadió.

Según el documento disponible este jueves en el sitio web del Ministerio de Finanzas, “las necesidades de apoyo internacional en 2027 ascenderán a 52,6 mil millones de dólares”.

“Está previsto movilizar fondos procedentes de la Unión Europea, de los países del G7 (...) del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Reino Unido y de otros socios internacionales”, detalló.

Los principales sectores de gastos son la defensa y la seguridad, con una previsión de casi 110.000 millones de dólares (95.900 millones de euros), que marca un aumento del 11,9% con respecto a 2026.

Esta suma representa el 43,8% del PIB de Ucrania, una proporción récord desde el inicio de la guerra y la más elevada del mundo.

En comparación, el gasto militar de Rusia representa oficialmente el 5,5% del PIB en el presupuesto de 2026 y se prevé a la baja en el de 2027, aunque ciertos gastos podrían resultar opacos, según un análisis del periódico de oposición Novaïa Gazeta.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había anunciado el martes que preveía adoptar medidas “difíciles e impopulares” para “subsanar” el déficit presupuestario.

Ucrania ha recibido alrededor de 200.000 millones de dólares en financiación de sus socios extranjeros desde la invasión rusa en 2022, así como miles de millones de dólares en ayuda militar.

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió este martes al Congreso volvió a incluir una modificación relevante para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares: la eliminación del mecanismo legal que establece su actualización automática.

La propuesta aparece en el artículo 17° de la iniciativa y plantea derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. En particular, el primero establece la movilidad de las asignaciones familiares, entre ellas la AUH, y vincula su actualización con la movilidad jubilatoria.

Si el Congreso aprueba ese artículo tal como ingresó, la AUH y las asignaciones familiares quedarían desenganchadas del actual mecanismo de actualización por inflación. Las subas dejarían de producirse de manera automática bajo ese esquema.

Sin embargo, frente a las dudas sobre qué ocurriría con los montos, desde el Gobierno aseguraron que los aumentos están garantizados. Fuentes del Ministerio de Capital Humano señalaron a Infobae que existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener la cobertura de las asignaciones en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

La CBA mide el ingreso necesario para cubrir un conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales básicos. Su valor determina la línea de indigencia: los hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrirla son considerados indigentes. De acuerdo con el último dato oficial del Indec, la CBA de agosto alcanzó a $726.469,38 para una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos de 6 y 8 años) y $235.103,36 para un adulto equivalente.

El cambio alcanzaría a un universo amplio de prestaciones. Además de la Asignación Universal por Hijo, comprende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las asignaciones por hijo, discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar.

Para 2027, el proyecto presupuestario contempla 4.143.930 beneficiarios de la AUH.

Qué cambiaría con la actualización de la AUH

La Ley 27.160, de 2015, estableció la movilidad de las asignaciones familiares y determinó que distintas prestaciones, incluida la AUH, se ajustaran según el mecanismo de movilidad jubilatoria.

En 2024, el Gobierno modificó el esquema previsional y estableció que la movilidad jubilatoria fuera mensual y se ajustara por inflación, con un rezago de dos meses. Es decir, para determinar la actualización se utiliza el último dato de inflación disponible, correspondiente a dos meses antes del pago de las jubilaciones.

Por la vinculación que estableció la Ley 27.160, ese mecanismo también determina actualmente las actualizaciones de las asignaciones alcanzadas por esa norma.

El artículo 17 del Presupuesto 2027 busca eliminar esa vinculación. Si se aprueba la derogación, las asignaciones familiares y la AUH dejarían de estar atadas automáticamente al mecanismo de ajuste por inflación.

El proyecto no establece en ese artículo una nueva fórmula de movilidad que reemplace a la vigente ni determina una periodicidad específica para las actualizaciones. De aprobarse en esos términos, quedaría en manos del Gobierno determinar cuánto y cuándo aumentar las prestaciones.

La iniciativa distingue así dos cuestiones: por un lado, el mecanismo automático establecido por ley y, por otro, la decisión sobre los montos que tendrán las asignaciones. Es en este segundo punto donde el Ejecutivo sostiene que existen compromisos que garantizan la cobertura.

El compromiso con el FMI

Desde Capital Humano aseguran que existe un compromiso con el FMI para que la cobertura de las asignaciones se mantenga en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria.

El Gobierno sostiene, además, que la AUH aumentó casi 110% en términos reales desde diciembre de 2023 y que, junto con la Prestación Alimentar, cubre más del 95% de las necesidades básicas de alimentación.

La referencia al Fondo aparece así en medio de la discusión que abre el artículo 17. La modificación propuesta por Economía apunta al mecanismo mediante el cual se producen actualmente los incrementos, mientras que el compromiso señalado por Capital Humano se refiere al nivel de cobertura de la asistencia.

El tercer intento del Gobierno

La propuesta incluida en el Presupuesto 2027 no constituye el primer intento del Gobierno de modificar este esquema. Economía incorporó la misma derogación en los tres últimos proyectos presupuestarios.

En el proyecto de Presupuesto 2025, la eliminación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160 apareció en el artículo 68. Sin embargo, ese proyecto de Presupuesto no se aprobó. El Ejecutivo volvió a incluir el cambio al año siguiente. En el proyecto de Presupuesto 2026, la derogación apareció en el artículo 73. En esa oportunidad, el Congreso aprobó el Presupuesto, pero ese artículo quedó afuera del texto durante el tratamiento legislativo.

Ahora, Economía volvió a impulsar la misma modificación a través del artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2027. Pero, como pasó en las oportunidades anteriores, este año tampoco se espera que sea avalado por el Parlamento.

El proyecto enviado al Congreso prevé un esquema de deuda que combina instrumentos locales, bonos en dólares y créditos multilaterales, mientras mantiene habilitada la posibilidad de emitir bajo legislación extranjera. El Gobierno incluyó esa alternativa para 2027, aunque el cuadro de fuentes financieras no incorpora una colocación concreta de bonos Globales ante un escenario internacional cada vez más complicado.

“La mejora de las condiciones domésticas convive con un entorno internacional más exigente para una eventual reapertura plena del mercado externo. La persistencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones en los mercados energéticos y el aumento de los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense incrementaron la volatilidad financiera global y elevaron el costo potencial de nuevas emisiones soberanas”, reza el proyecto de Ley.

La iniciativa plantea un superávit fiscal primario de 1,3% del producto interno bruto (PIB), antes de los pagos de intereses. El programa financiero oficial contempla vencimientos por USD 24.900 millones durante 2027, con más de la mitad concentrada en acreedores privados. En ese contexto, la estrategia apunta a cubrir obligaciones mediante distintas fuentes y a definir cada operación según sus costos.

El Presupuesto autoriza hasta 18% de títulos bajo jurisdicción extranjera

El artículo 42 establece que hasta 18% del monto total destinado a títulos públicos podrá colocarse en moneda y bajo jurisdicción extranjera. Según las estimaciones de PxQ incluidas en la información disponible, ese límite representa cerca de USD 33.700 millones.

La autorización no implica una emisión por ese volumen. El texto habilita al Estado a recurrir a esa vía hasta el tope previsto si el proyecto recibe aprobación legislativa. Una colocación externa de esa magnitud permitiría cubrir los vencimientos en moneda extranjera contemplados para 2027, pero el esquema de fuentes y aplicaciones no registra una emisión de Globales.

La consultora 1816 observó que el cuadro financiero presupuestario supone una emisión bruta de Bonares por alrededor de $19 billones, equivalentes a unos USD 11.000 millones. Esa cifra contrasta con el Programa Financiero 2027 que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, semanas antes, cuando la proyección para Bonares alcanzó USD 5.000 millones en todo el año.

Los Bonares concentran la emisión de deuda en dólares prevista en el cuadro

Portfolio Personal Inversiones detalló que el Presupuesto prevé colocaciones de BONCERes, BONCAPs, LECAPs y BONARes por $19,1 billones. La firma calculó que ese monto equivalía a cerca de USD 12.600 millones al tipo de cambio oficial vigente al momento de su análisis.

Otra estimación difundida junto con el proyecto ubicó los $19,1 billones de BONARes en torno de USD 12.000 millones, con un tipo de cambio de $1.600 hacia fin de año. Las diferencias entre las conversiones responden a las referencias cambiarias utilizadas en cada cálculo, mientras el monto nominal en pesos se mantuvo en $19,1 billones.

Los BONARes son títulos soberanos denominados en dólares emitidos bajo legislación local. La inclusión de estas colocaciones dentro del programa de 2027 refuerza la prioridad que el Tesoro asignó al mercado doméstico para obtener moneda extranjera. El cuadro presupuestario, en cambio, dejó en blanco la eventual emisión de bonos Globales, que cotizan en el exterior y se rigen por jurisdicción internacional.

La ausencia de Globales en esa planilla coincide con el signo negativo incluido en el programa financiero oficial para ese tipo de emisión. Sin embargo, la autorización del artículo 42 conserva la opción de utilizar deuda externa bajo legislación extranjera si las condiciones de mercado cambian o si el Ejecutivo decide recurrir a ese canal.

Los organismos multilaterales aportan USD 6.270 millones al esquema previsto

Según Portfolio Personal Inversiones, el Presupuesto incorporó alrededor de USD 6.270 millones de financiamiento de organismos multilaterales, entre el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Esos recursos aparecen como una de las fuentes en dólares previstas para el ejercicio.

El mensaje presupuestario plantea que el financiamiento multilateral, los préstamos de bancos internacionales con garantías de organismos multilaterales, los créditos bilaterales y el mercado doméstico en dólares pueden ofrecer costos inferiores a los que enfrenta una emisión soberana en los mercados internacionales. Bajo esa lógica, el Gobierno mantiene esas alternativas para atender vencimientos de capital e intereses.

El documento oficial también señala que la estrategia de 2027 buscará extender los plazos de la deuda en pesos, mejorar la distribución temporal de los pagos y ampliar la base de inversores. La finalidad declarada es avanzar hacia una estructura de financiamiento compatible con tasas reales sostenibles, en un año electoral.

Durante 2026, el Tesoro utilizó conversiones y canjes voluntarios para desplazar vencimientos en moneda local. El mensaje indicó que la proporción de deuda con privados que vence después de octubre de 2027 subió desde 15% en enero hasta 45% en la actualidad. El documento comparó esa extensión con casi una base monetaria trasladada más allá de las elecciones de octubre de 2027.

El Gobierno plantea un retorno externo sujeto al costo de las colocaciones

La estrategia financiera oficial se apoya en el programa de estabilización iniciado en diciembre de 2023, con anclas fiscal, monetaria y cambiaria. El texto sostiene que el Tesoro buscará alargar la vida promedio de la cartera, reducir el costo financiero y evitar una trayectoria creciente de la relación entre deuda y PIB.

El Gobierno informó que las reservas del Tesoro en pesos y dólares depositadas en el Banco Central (BCRA) pasaron de un equivalente a USD 1.700 millones en enero de 2026 a USD 8.200 millones. Esos fondos se destinarían a cancelar deuda y forman parte del colchón de liquidez mencionado en el Presupuesto.

El mensaje reconoce, a la vez, que las condiciones internacionales complican una reapertura plena del mercado externo. Entre los factores citados figuran el conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones sobre los mercados energéticos y el aumento de los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense.

La información provista señala que el riesgo país alcanzó 508 puntos y que las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos superaron 5%, en niveles no registrados desde 2007. Esas variables elevan el costo de una eventual colocación externa para la Argentina.

El proyecto consigna que la vuelta al mercado internacional dependerá de una reducción del riesgo soberano y de las tasas externas. Mientras tanto, el programa contempla emisiones de deuda local, BONARes y desembolsos de organismos multilaterales por USD 6.270 millones, sin incluir una colocación específica de Globales en su cuadro de fuentes financieras.

El Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en moneda extranjera por cerca de USD 4.000 millones en lo que resta del año. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero y detalló las fuentes previstas para cubrir esos compromisos hasta el final del mandato de Javier Milei, el mercado sigue de cerca la evolución de las cuentas públicas para evaluar la disponibilidad de dólares. Los analistas identifican distintas fuentes que podrían aportar los recursos necesarios.

Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre de 2026. El cronograma reúne pagos a acreedores privados, al Fondo Monetario Internacional (FMI), por el Bopreal -un bono que se otorgó a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior- y a otros organismos internacionales. La atención está puesta en la capacidad del Tesoro para sostener la disponibilidad de divisas frente a esa agenda de obligaciones y en las fuentes de financiamiento que el programa oficial contempla para los próximos meses.

Este mes, los vencimientos suman USD 1.452 millones, de los cuales USD 800 millones corresponden a un pago de capital al FMI. Para octubre, noviembre y diciembre, las obligaciones son algo menor y en el acumulado de los últimos cuatro meses del año, suman un total de casi 4.000 millones de dólares.

Una cifra similar estima la consultora Eco Go. El economista Lucio Garay Méndez señaló que aún restan compromisos por USD 4.100 millones este año. Cerca de la mitad corresponde a pagos de capital e intereses al FMI, incluido un vencimiento previsto para septiembre. El resto del calendario contempla pagos puntuales a otros organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares. “El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó en conversación con Infobae.

La evaluación de Garay Méndez se apoya en los recursos que el Tesoro mantiene depositados y en los ingresos que el programa financiero contempla. Hasta el 10 de septiembre, el último informe monetario diario registró depósitos en moneda extranjera por USD 2.762 millones en el BCRA. El monto equivalía a $4,1 billones, con un tipo de cambio de 1.512 pesos.

Esos depósitos podrían permitir afrontar el pago próximo con el FMI, aunque la operación implicará una reducción importante de las tenencias en moneda extranjera del Tesoro. Tras ese vencimiento, la disponibilidad de dólares caerían a niveles bajos. Por eso, el seguimiento del mercado no se limita a la cifra de depósitos existente en una fecha determinada. También incluye la llegada de nuevos fondos, el resultado de las emisiones de deuda y los ingresos que el Gobierno espera obtener mediante otras operaciones incluidas en el programa financiero.

Ingresos de dólares

Entre los recursos previstos figura un desembolso pendiente del FMI por 1.000 millones de dólares. Garay Méndez indicó que ese giro debería llegar antes de fin de año. Según su análisis, la combinación entre los depósitos del Tesoro y ese desembolso permitiría cubrir la secuencia de vencimientos hasta diciembre. “Con el desembolso del Fondo que debería llegar antes de fin de año, los compromisos hasta diciembre estarían cubiertos”, sostuvo. El ingreso aparece como una fuente necesaria para recomponer la disponibilidad de divisas después del pago de septiembre.

El programa financiero que Caputo presentó a mitad de año también identificó otras alternativas para sumar dólares. Una de ellas son las colocaciones del Bonar 2029 (AO29). Hasta el momento, la Secretaría de Finanzas colocó USD 1.179 millones a través de ese instrumento. El monto total previsto para esa vía asciende a USD 2.000 millones, por lo que queda un margen de USD 821 millones para captar mediante nuevas adjudicaciones. Esos recursos se agregan al saldo depositado en el BCRA y al desembolso pendiente del FMI dentro de la estructura de financiamiento oficial.

Otra de las fuentes que contempla el plan oficial son los ingresos por privatizaciones. La previsión oficial alcanza hasta USD 800 millones por ventas de empresas estatales, con una expectativa de recursos concentrada sobre todo en el segundo semestre.

A su vez, esta semana se conoció que el equipo económico negocia una nueva garantía con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y otra con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La operación busca permitir el acceso a un préstamo de hasta 800 millones de dólares. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae las negociaciones y aseguraron que ese mecanismo siempre estuvo incluido en la hoja de ruta oficial.

El pago al Fondo previsto para septiembre será el primer movimiento de un cronograma que seguirá con compromisos en octubre, noviembre y diciembre. En ese período, el mercado observará el saldo de los depósitos del Tesoro en el BCRA, el ingreso pendiente de USD 1.000 millones del FMI, las nuevas colocaciones del Bonar 2029, los recursos asociados a las privatizaciones y el avance de la negociación con Fonplata y la CAF por el crédito de hasta USD 800 millones.

El sector inmobiliario parece estar experimentando una reactivación, debido a varios factores estructurales y coyunturales que configuran un panorama positivo para el país. Tras años difíciles, las señales apuntan a una tendencia alcista que promete beneficiar tanto a los desarrolladores inmobiliarios, como a quienes aspiran a tener su primera vivienda.

En los últimos meses, se vio un incremento constante en la cantidad de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires y en el país. De acuerdo a las estadísticas de Reporte Inmobiliario, en diciembre de 2024 se registró una suba de 68,1% respecto del año anterior, y el monto total de las transacciones realizadas ascendió un 250,8% con 819.375 millones de pesos. Uno de los principales motores de esta recuperación fueron los créditos hipotecarios que les permitieron a muchas personas acceder a la vivienda propia. Este acceso al financiamiento, sumado a un escenario de inflación elevada en dólares, hizo que muchas personas se volcaran a invertir en bienes raíces como una forma de proteger su dinero y resguardar su poder adquisitivo ante una devaluación.

Asimismo, la derogación de la ley de alquileres impactó positivamente en el mercado. La flexibilización de las regulaciones y el incremento de los alquileres en dólares mejoraron la rentabilidad, lo que incentivó tanto a los inversores como a los propietarios a mantener sus propiedades en el mercado. Al mismo tiempo, esta revalorización provocó una nueva percepción sobre los precios de las propiedades, lo que impulsó aún más la demanda y el precio de los inmuebles.

La flexibilización de las regulaciones y el incremento de los alquileres en dólares mejoraron la rentabilidad

Otro factor relevante es el aumento significativo en los costos de construcción, que ha generado un ajuste en los precios de venta. El costo del m2 pasó de valer 750 dólares en 2022 a 1.500 dólares en la actualidad, es decir, se duplicó debido a la alta inflación en pesos y un tipo de cambio estable. Como consecuencia, los desarrolladores inmobiliarios se vieron obligados a ajustar los precios de las unidades a la venta.

Sin embargo, lo que verdaderamente se destaca en este panorama es el potencial que el mercado inmobiliario tiene para activar la economía en general. El crédito hipotecario, por ejemplo, no solo impulsa la demanda de viviendas, sino que también genera un efecto multiplicador en la economía: cada crédito hipotecario no solo facilita la compra de una propiedad, sino que activa una cadena de ventas que involucra a varios actores, desde el vendedor original hasta el nuevo propietario. Este círculo virtuoso tiene el poder de revitalizar sectores conexos y contribuir a un crecimiento sostenido.

En este contexto, las perspectivas del futuro inmediato son muy alentadoras. La economía argentina está mostrando señales de reactivación, con una mejora en los indicadores clave: el superávit fiscal, una inflación más contenida y una mayor estabilidad política. Esto, combinado con la creciente demanda de propiedades y el interés por nuevos proyectos, augura un crecimiento continuado en el sector inmobiliario. El 2025, lejos de ser un año de incertidumbre, se presenta como una oportunidad para el crecimiento y la consolidación.

Otro factor relevante es el aumento significativo en los costos de construcción, que ha generado un ajuste en los precios de venta

No podemos pasar por alto que el contexto político también juega un papel fundamental. El posible acuerdo con el FMI, junto con la estabilidad financiera del país, podría generar un clima de confianza que incentive aún más la inversión en el sector inmobiliario. Argentina, con su gran cantidad de dólares en efectivo en circulación, parece estar preparada para enfrentar estos desafíos de manera efectiva.

En definitiva, el mercado inmobiliario argentino está experimentando una etapa de reactivación sostenida, impulsada por una serie de factores que incluyen el crédito hipotecario, el aumento de los alquileres, la revalorización de los inmuebles y la estabilidad económica y política del país. Si bien siempre existen riesgos inherentes a cualquier sector, las condiciones actuales parecen favorables para un crecimiento sostenido en el 2025. El futuro del real estate en Argentina parece prometedor, con la oportunidad de convertirse en un verdadero motor de la economía nacional.

El autor es fundador y presidente de Grupo Briones

El valor de las reservas de oro de El Salvador aumentó 22.86% en los primeros ocho meses de 2026, hasta alcanzar USD 307.54 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). El incremento equivale a USD 57.23 millones frente a los USD 250.31 millones registrados al cierre de 2025.

El repunte de este componente es parte de la expansión de las reservas internacionales netas del país. El saldo acumulado llegó a USD 5,142.45 millones al finalizar agosto, USD 657.96 millones más que los USD 4,484.49 millones contabilizados en diciembre del año pasado. El incremento total fue de 14.67% en ocho meses.

Las reservas de oro representan una porción menor del total de activos internacionales, aunque su valor tuvo una variación superior al alza acumulada de las reservas netas. La evolución ocurre en medio de la aplicación del acuerdo financiero de USD 1,400 millones entre el Gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla medidas para reforzar estos activos.

El BCR informó que las reservas en oro pasaron de USD 250.31 millones en diciembre de 2025 a USD 307.54 millones en agosto de 2026. El salto se produjo mientras el país acumuló aumentos y descensos mensuales en el conjunto de sus reservas internacionales.

El comportamiento de las reservas netas comenzó con una baja de USD 2.48 millones en enero. En febrero, el saldo creció USD 50.07 millones; en marzo, USD 99.48 millones, y en abril registró el principal incremento del período, con USD 474.57 millones.

En mayo hubo una reducción de USD 87.17 millones. La cifra recuperó USD 148.47 millones en junio, volvió a caer USD 69.6 millones en julio y cerró agosto con una suba de USD 44.62 millones.

El valor de las reservas de oro puede modificarse por los cambios de cotización del metal, además de eventuales operaciones de compra, venta o ajustes de valuación. Los datos difundidos por el BCR no precisan qué factores explicaron el aumento del componente aurífero entre diciembre y agosto.

La reserva de moneda extranjera llegó a USD 4,856.48 millones

Del saldo divulgado por el Banco Central de Reserva, USD 4,856.48 millones corresponden a moneda extranjera. A esa cifra se suman los USD 307.54 millones atribuidos al oro.

La suma de ambos componentes, de USD 5,164.02 millones, es superior en USD 21.57 millones al total de USD 5,142.45 millones de reservas internacionales netas informado para agosto.

El indicador de reservas netas ya había alcanzado USD 5,097.83 millones al cierre de julio. En ese momento, el incremento acumulado desde diciembre era de USD 613.34 millones, equivalente a 13.6%, según los datos difundidos previamente por el BCR.

El FMI incluyó el fortalecimiento de reservas en su programa con El Salvador

El Fondo Monetario Internacional define las reservas internacionales como activos externos disponibles de forma inmediata y bajo control de las autoridades monetarias. Estos recursos pueden utilizarse para afrontar necesidades vinculadas con la balanza de pagos, intervenir en el mercado cambiario o atender otros objetivos relacionados.

El acuerdo alcanzado entre El Salvador y el FMI prevé un financiamiento por USD 1,400 millones. El organismo señaló que el programa busca fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa del país a través de un plan de consolidación fiscal y de disposiciones para elevar las reservas.

Al cierre de 2025, las reservas internacionales netas habían aumentado cerca de 29% frente al año anterior. El avance registrado entre enero y agosto extendió esa tendencia y situó el saldo por encima de los USD 5,100 millones.

El Gobierno de Bolivia se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a eliminar la subvención al combustible desde 2027, dentro del programa de reformas económicas acordado por 36 meses y valorado en USD 1.900 millones. Hasta diciembre de 2026, mantendrá sin cambios los precios internos.

El memorando de políticas económicas y financieras que acompaña el acuerdo entre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y el organismo internacional estableció que los precios deberán avanzar desde enero de 2027 hacia niveles que permitan recuperar costos. El presupuesto de ese año tampoco deberá incluir recursos para subvenciones.

La medida quedó incorporada junto con un aumento del gasto dirigido a la asistencia social. El Gobierno planteó reforzar los mecanismos de protección para los hogares de menores ingresos durante la aplicación de las reformas fiscales, cambiarias y monetarias previstas en el programa.

El anexo del acuerdo señaló que los precios internos de los carburantes continuarán congelados durante este 2026. La administración boliviana vinculó esa decisión a los decretos supremos 5516 y 5652, que establecieron cambios en la política de precios y en la comercialización de combustibles.

En diciembre de 2025, el Ejecutivo ajustó los valores de venta. La gasolina especial pasó a costar 6,96 bolivianos por litro, la premium llegó a 11 bolivianos y el diésel se fijó en 9,80 bolivianos. Esas variaciones representaron alzas de 86% para la especial y de 162% para el diésel.

El nuevo esquema cambiario modificó la referencia en dólares de esos importes. El 29 de junio de este año, Bolivia dejó atrás el tipo de cambio fijo que rigió durante 15 años y puso en marcha un régimen flexible, con una cotización que varía diariamente. El dólar, que antes se ubicaba en 6,96 bolivianos, se cotizó este jueves en 12,42 bolivianos.

Luego, en julio, el Gobierno dispuso un congelamiento de seis meses para los precios de los combustibles bajo el decreto 5652. La medida buscó contener el efecto sobre los gastos de las familias. El 17 de agosto, la administración retiró parcialmente la subvención para grandes consumidores y aplicó un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel.

El programa también previó una mayor participación privada en la importación y comercialización de combustibles a precios de mercado. Además, incluyó una revisión de las normas vinculadas con hidrocarburos y minería para promover nuevas inversiones y elevar la exploración.

El convenio con el Fondo Monetario Internacional contempló una reducción del déficit fiscal equivalente a 8,5 puntos porcentuales del producto interno bruto entre 2026 y 2029. Para este año, el presupuesto reformulado estableció un límite de 47.000 millones de bolivianos, equivalente a 9,3% del PIB.

El Gobierno asumió el objetivo de eliminar el déficit primario del sector público no financiero al cierre del programa. El déficit global deberá descender hasta 3,5% del PIB en 2029. Entre las metas posteriores, el Ejecutivo proyectó llevar el déficit fiscal a -2% y elevar las reservas internacionales hasta USD 9.000 millones en 2031.

Otro punto del acuerdo fijó en cero el nuevo financiamiento monetario del Banco Central de Bolivia al Gobierno. Con esa regla, el Tesoro no podrá recurrir a nueva emisión del banco emisor para cubrir déficits fiscales.

El Banco Central deberá utilizar la base monetaria como referencia para la política monetaria y publicar metas mensuales. El programa estimó una inflación de 14% al finalizar 2026 y proyectó una baja hacia niveles de un dígito en 2028.

El ajuste del gasto público también incluirá cambios en las empresas estatales. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció que el Gobierno prevé cerrar entre ocho y 10 compañías públicas deficitarias en los próximos meses.

Además, Morales indicó que cada entidad será sometida a una evaluación antes de definir su cierre y sostuvo que la medida forma parte del objetivo de mejorar las finanzas públicas. El ministro evitó identificar a las empresas involucradas.

A comienzos de mes, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública realizó un diagnóstico sobre 67 instituciones estatales y determinó que 20 se encontraban en situación crítica. En abril, el Gobierno informó que 15 compañías estaban en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas por 2.655 millones de bolivianos, unos USD 381 millones.

Esas 15 empresas registraron, además, un patrimonio negativo de 1.900 millones de bolivianos, equivalente a unos USD 152 millones. El Ejecutivo acusó a las gestiones anteriores de utilizar recursos del Banco Central para sostener el funcionamiento de entidades deficitarias.

Entre las compañías con dificultades figura Yacimientos de Litio Bolivianos, que recibió cerca de USD 890 millones para el proyecto de explotación del salar de Uyuni. Según información oficial previa, la empresa operó con 17% de su capacidad.

El proyecto de ley 723, que incorpora el acuerdo con el FMI, llegó al Parlamento a finales de agosto para su tratamiento y una eventual aprobación.

(Con información de EFE y El Deber)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió este 10 de septiembre en sus redes sociales un informe de Santander Corporate & Investment Banking que identifica el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ajuste fiscal y un programa de reformas estructurales como bases para la transformación económica del país. El mandatario acompañó la publicación con la frase: “Gradualmente, y luego repentinamente”.

El documento, titulado El Salvador | reform commitment con fecha del 9 de septiembre de 2026, fue elaborado por Santander US Capital Markets, parte de la división global del Grupo Santander que presta servicios financieros y asesoramiento a grandes empresas e instituciones.

El análisis sostiene que el entendimiento alcanzado a nivel técnico con el FMI excede la reactivación del programa financiero. Para la entidad bancaria, constituye una nueva fase del compromiso de la administración de Bukele con la consolidación de las cuentas públicas y los cambios estructurales.

Según el informe, esa combinación podría fortalecer la percepción de los inversores sobre El Salvador y abrir espacio para una mejora de la calificación crediticia soberana. Santander consideró que una estrategia de inversión basada en eventuales retrocesos del mercado puede resultar atractiva, ante una perspectiva de reducción gradual de los diferenciales de riesgo respecto de países con notas similares.

La entidad señaló que los mercados recibieron de manera favorable el anuncio del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los bonos salvadoreños se acercaron a las valuaciones de otros emisores de deuda de mayor riesgo, como Honduras y Bahamas, de acuerdo con el documento.

Asimismo, la institución también afirmó que aún existe margen para que esos precios se ajusten, en particular si el país recibe nuevas mejoras de calificación. El informe sostuvo que una revisión positiva de la perspectiva de Moody’s sobre la nota B3, o una reunión de comité para analizar una suba a B-, podría impulsar la demanda de instrumentos salvadoreños.

Una mejora en la calificación abriría la posibilidad de que más inversores institucionales incorporen deuda del país a sus carteras, sobre todo, aquellos con límites para operar con activos que no cuentan con determinadas notas crediticias.

El banco también remarcó que el programa acordado con el FMI incluye un mecanismo de refuerzo para avanzar en reformas fiscales si las metas iniciales no se cumplen. A su criterio, esa herramienta reduce el riesgo de ejecución y aporta previsibilidad al proceso de corrección de las cuentas públicas.

El ajuste fiscal y la reforma previsional forman parte de la próxima etapa

El informe anticipó que los detalles de los compromisos estructurales revisados se conocerán tras la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. La segunda fase del ajuste fiscal prevé un superávit primario de 3% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026.

Santander destacó que el resultado fiscal de los primeros meses del año ya superó el objetivo previsto para el primer semestre. También señaló que el país busca sostener una senda de crecimiento económico de 5%, con apoyo de la llegada de turistas y una mejora en los ingresos tributarios.

En materia previsional, el texto anticipa cambios paramétricos para elevar las contribuciones y modificaciones en los requisitos de liquidez destinados a garantizar el pago de jubilaciones a partir de 2027. El banco indicó que las reformas profundizarían las medidas orientadas a reforzar la transparencia y el marco institucional.

El programa contempla una trayectoria de convergencia gradual hacia niveles de endeudamiento y riesgo más cercanos a los de sus pares con mejor calificación, según la evaluación de Santander.

Educación, salud y seguridad aparecen como factores para sostener el crecimiento

La entidad financiera también vinculó el panorama fiscal con reformas en educación y salud. El informe resaltó los resultados del Sistema de Evaluación de la Educación Básica, aplicado a gran escala en 1,198 escuelas públicas de 171 municipios, según los datos citados en el documento.

Santander sostuvo que las herramientas educativas desarrolladas con entidades financieras mostraron resultados en lectura y ciencias luego de 18 meses de implementación.

El banco consideró que la administración de Nayib Bukele trasladó su enfoque de seguridad hacia áreas sociales que pueden incidir en el crecimiento de mediano plazo. El texto menciona al turismo y la manufactura como sectores con potencial para atraer inversiones.

Para Santander, la combinación de disciplina fiscal, reformas estructurales, mejora de indicadores sociales y capacidad política para ejecutar el programa puede sostener la trayectoria de El Salvador hacia una mejora gradual de sus condiciones financieras.

Desde Washington DC, Estados Unidos - Pese a los resultados negativos en la industria manufacturera y la construcción, el Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda los resultados económicos y financieros del programa de ajuste. Y anticipó el inicio de la siguiente revisión del programa: “La próxima misión del staff está prevista para el 21 de septiembre”, dijo.

“Argentina ha logrado avances notables en la estabilización de su economía. El país ha conseguido dos años consecutivos de superávit fiscal primario por primera vez en 15 años. Ha logrado reducir la inflación a alrededor del 30 por ciento. Se ha retomado el crecimiento, se ha reducido la pobreza, se están recomponiendo las reservas internacionales y, lo que es importante, se ha fortalecido la confianza del mercado”, aseguró Julie Kozack, vocera del FMI, durante una conferencia ofrecida en Washington.

Y añadió Kozack ante la pregunta puntual de Infobae respecto a la caída de los índices de la industria y la construcción:

“Si bien es cierto que a veces se observan altibajos en los datos mensuales, nuestro enfoque se centra en la trayectoria general y en las reformas y políticas que respaldarán dicha trayectoria, permitiendo así ampliar el entorno y las oportunidades de crecimiento para Argentina.

A la vocera del FMI también le preguntaron sobre los niveles elevados de los créditos en mora. Kozack reconoció que ese aspecto negativo de la economía nacional está bajo la mirada de los técnicos del Fondo, pero relativizó sus efectos respecto a la estabilidad financiera del país.

“Por supuesto, estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente un riesgo significativo para la estabilidad financiera en Argentina”, sostuvo Kozack.

Y completó:

Básicamente, lo que observamos en Argentina es que el endeudamiento de los hogares se mantiene relativamente bajo. Representa alrededor del 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina. Asimismo, vemos que los bancos cuentan con buenos niveles de capitalización y liquidez, y que disponen de provisiones que cubren más del 85% de su cartera de créditos en mora".

Kristalina Georgieva, es una aliada clave de Javier Milei y Caputo en Washington. Georgieva cree en la lógica económica del plan de ajuste, y Kozack transmitió hoy ese mirada técnica y política de la directora gerente del Fondo.

“El Fondo como las autoridades argentinas reconocen la importancia de ampliar los beneficios de la estabilización y el crecimiento. Hasta ahora, el crecimiento ha sido impulsado en gran medida por los sectores energético, minero y agrícola; es evidente, tanto para nosotros como para las autoridades, que sería beneficioso ampliar este alcance”, dijo Kozack.

La industria manufacturera y la construcción, que impactan en el empleo y el PIB, tuvieron un mal desempeño en julio. Acorde a los datos oficiales del Indec, la industria retrocedió 5% con relación a junio y se contrajo 4,9% en comparación con julio del año pasado. De esta manera, ese sector acumula una caída del 2,6% en los primeros siete meses del 2026.

Y respecto a la construcción, se observa una baja del 4,6% en la variación mensual desestacionalizada y una retracción del 4,5% en la variación interanual.

En este contexto, la mejora en los sectores más dinámicos -agro, energía y minería-, ya no resultan suficientes para sostener el proceso de crecimiento.

Por eso, en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) surgió un recálculo a la baja para el PBI, que solo crecería 2,1% este año.

Hace apenas un par de meses, el FMI insistía con una expansión del orden del 3,5% y muchos economistas aseguraban que no bajaría del 3 por ciento.

El retroceso económico tuvo un alcance amplio: 12 de las 16 divisiones industriales relevadas registraron bajas interanuales. La caída se observa con nitidez en aparatos e instrumentos; maquinaria y equipo; prendas de vestir, cuero y calzado y productos textiles.

La combinación de una industria que profundiza su contracción y una construcción que vuelve a caer configura una señal de alerta para el nivel de actividad del segundo semestre.

Frente a los números duros de la economía, Caputo propuso ciertas medidas que se articulaban bajo el concepto de “Estado Presente”. Por ejemplo, los créditos hipotecarios con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Pero con el correr de las semanas pareciera que ese anuncio político de Caputo fue un hecho aislado y absolutamente encapsulado. Milei estaría creyendo que es mas redituable -en términos electorales- apostar a la “causa sagrada de Malvinas” que a mejorar los resultados económicos del plan de ajuste.

El FMI apoya las medidas asumidas por la administración libertaria, y asume que Argentina no tendrá que pedir un waiver -perdón- en la próxima revisión del programa económico.

A diferencia de las dos revisiones anteriores, Argentina cumpliría con las metas de emisión monetaria, reservas del Banco Central y superávit fiscal. Hubo incumplimiento sucesivo en la meta de reservas, pero eso ya ha sido superado por la estrategia financiera constante del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Sin embargo, el Fondo ya aprendió qué sucede en la Argentina cuando se aproximan las elecciones presidenciales, y la caída de los principales sectores económicos podrían beneficiar las posibilidades políticas de la oposición.

En un pasado no muy lejano, Mauricio Macri era un rockstar en el FMI y Washington, y después fue derrotado por Cristina Fernandez de Kirchner que puso como candidato presidencial a Alberto Fernández.

Ahora, Milei es un rockstar en el Fondo y DC, mientras la economía nacional no repunta y el peronismo empieza a dirimir sus diferencias internas.

En octubre, cuando Caputo se encuentre con Kristalina Georgieva en la conferencia anual del FMI, ya se sabrá si los resultados de julio se consolidaron en agosto o sólo fue una falsa alarma.

Panamá avanza en el desarrollo de sus estadísticas de finanzas públicas como una herramienta para comprender la realidad financiera del Estado.

La viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, destacó la importancia de contar con información fiscal oportuna, integrada y confiable.

Sáiz manifestó que, aunque se trata de una agenda técnica, las estadísticas de finanzas públicas tienen un impacto concreto en la vida de los países, pues permiten conocer con qué recursos cuenta el Estado, cómo se administran y hacia dónde se destinan.

La funcionaria intervino en el seminario regional “Estadísticas de Finanzas Públicas”, organizado por el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR), del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Explicó que durante este 2026 Panamá ha logrado avances a partir de la identificación de brechas relacionadas con la cobertura, la sectorización, la compilación de datos y el tratamiento de determinadas operaciones fiscales y de deuda.

“Nuestra experiencia puede resumirse en tres grandes retos: integrar mejor la información, ampliar nuestra visión del Estado y fortalecer la coordinación institucional”, detalló.

En esa línea, Sáiz indicó que el país amplía su capacidad para observar al sector público de manera integral, incorporando unidades y operaciones que anteriormente no estaban plenamente reflejadas en los registros estadísticos.

La viceministra enfatizó que el encuentro, que reunió a representantes de ministerios de Hacienda y Finanzas, institutos de estadística y otras entidades de la región, constituye un espacio de intercambio técnico y cooperación para desarrollar capacidades en materia de estadísticas de finanzas públicas.

El seminario regional se inscribe en una agenda más amplia de modernización fiscal, transparencia y armonización estadística en la región centroamericana y caribeña.

Su propósito central, de acuerdo a los informes, es fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los países miembros en la compilación, análisis y difusión de estadísticas de finanzas públicas bajo los estándares del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 (MEFP 2014), conocido internacionalmente como Government Finance Statistics Manual 2014.

En este marco, el seminario funciona tanto como espacio de formación especializada como de coordinación regional, permitiendo avanzar hacia datos fiscales más oportunos, integrados y comparables que sirvan de base para evaluar el tamaño del Estado, el impacto de la política fiscal, la sostenibilidad de la deuda y la calidad del gasto público.

CAPTAC‑DR es el centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de sus países miembros mediante programas de capacitación, asesoría y cooperación.

El centro trabaja en siete áreas clave: administración tributaria, administración aduanera, gestión financiera pública, regulación y supervisión financiera, operaciones monetarias y cambiarias, estadísticas del sector real y estadísticas de finanzas públicas

CAPTAC‑DR fue creado por el FMI como un centro regional de asistencia técnica que presta apoyo a los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en diversas áreas de política económica y gestión pública.

Su mandato incluye el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales, lo que se traduce en seminarios, talleres, asesorías in situ y programas de formación continua dirigidos a funcionarios de ministerios de Hacienda o Finanzas, bancos centrales, superintendencias financieras y otras entidades clave.

En el área de estadísticas de finanzas públicas, CAPTAC‑DR actúa como un puente entre los estándares internacionales definidos por el FMI, especialmente el MEFP 2014, y las realidades institucionales y técnicas de cada país.

El énfasis del FMI en la elaboración de manuales estadísticos se remonta a la década de 1970, cuando comenzó a publicar lineamientos metodológicos para mejorar la comparabilidad y calidad de las estadísticas macroeconómicas.

El Government Finance Statistics Manual forma parte de esta serie de directrices, dedicadas a describir un sistema estadístico especializado que mide las actividades económicas y financieras del gobierno, y que está diseñado para respaldar el análisis fiscal.

El fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, advirtió que una eventual reforma de pensiones en El Salvador podría implicar cambios en la edad de jubilación, los años mínimos de aportes y el porcentaje del salario que se destina al sistema.

En una entrevista en el programa Diana Verónica y Tony, sostuvo que las decisiones que adopte el Gobierno tendrán impacto directo en los trabajadores, las empresas y las personas ya pensionadas.

La discusión surge después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalara que el país prevé una reforma paramétrica para 2027 dentro de un programa financiero de USD 1,400 millones. Pineda explicó que ese concepto alude a modificaciones de las reglas que determinan cómo se financian y pagan las pensiones.

Pineda señaló que las reformas de este tipo suelen concentrarse en tres puntos:

• La edad de retiro, que actualmente es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres.
• El tiempo mínimo de cotización, fijado en 25 años
• La tasa de cotización, es decir, el porcentaje del salario que aportan trabajadores y empleadores.

A juicio del especialista, el debate no debería limitarse a esas variables. Explicó que el sistema también depende de la administración de los fondos, la rentabilidad de las inversiones, las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la evolución de los salarios, la cantidad de personas que cotizan y la transparencia en el uso de los recursos.

Actualmente, la cotización total equivale al 16% del salario. De ese porcentaje, el trabajador aporta 7.25% y el empleador, 8.75%. Según explicó Pineda, nueve puntos van a la cuenta individual del afiliado, seis puntos se destinan a la Cuenta de Garantía Solidaria y un punto corresponde a la comisión de administración de las AFP.

El dirigente sostuvo que, si el Estado intentara resolver los problemas financieros del sistema solo con un aumento de los aportes, la tasa tendría que subir hasta cerca del 20%. Esa decisión podría elevar el costo de las planillas para las empresas o reducir el ingreso disponible de los trabajadores si una parte del aumento recayera sobre ellos.

Pineda planteó que elevar la edad de retiro debe aplicarse de forma gradual

Uno de los cambios que más preocupación genera con la nueva reforma es un posible aumento de la edad de jubilación. Pineda estimó que una subida de cinco años permitiría que las mujeres se retiren a los 60 años y los hombres a los 65. Bajo esa hipótesis, los afiliados aportarían durante más tiempo y el sistema demoraría más en pagar las pensiones.

El representante de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna afirmó que una medida de ese tipo podría tener justificación por el envejecimiento de la población, aunque pidió que se aplique de manera gradual. Su propuesta es aumentar un año cada tres o cinco años y excluir a quienes estén cerca de cumplir la edad de retiro vigente.

También remarcó que muchas personas no cotizan de forma continua durante 25 años. La informalidad, el desempleo y los períodos sin trabajo dificultan que los salvadoreños cumplan los requisitos para obtener una pensión mensual. Quienes no alcanzan el tiempo mínimo de aportes pueden retirar el saldo acumulado al llegar a la edad establecida por la ley, según explicó durante la entrevista.

Pineda consideró poco probable que regrese un mecanismo de retiro anticipado de fondos, como el que existió en años anteriores. No obstante, planteó que podría evaluarse una opción para personas desempleadas o con problemas de salud, siempre bajo condiciones justificadas.

Sobre las personas que ya reciben una pensión, sostuvo que existe incertidumbre ante la posibilidad de cambios. En ese sentido, aseguró que una reforma orientada a reducir la carga fiscal no supondría, en principio, un aumento de las pensiones. Mencionó que el FMI propone revisar las tasas de reemplazo, el indicador que compara el monto de la jubilación con el último salario del trabajador.

Una delegación del Gabinete Económico de Honduras se trasladó a Washington, Estados Unidos, para sostener reuniones con autoridades estadounidenses y organismos financieros internacionales. El Gobierno busca avanzar en nuevos compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y retomar el acceso a programas vinculados con la Cuenta del Milenio.

La misión estará encabezada por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, quien viajará acompañado por el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y Melvin Redondo, de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior.

“La visita tendrá varios frentes de trabajo. Entre los principales figuran la preparación de la sexta revisión del programa vigente con el FMI y las primeras conversaciones sobre la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el organismo.” detalló Hércules.

Uno de los asuntos centrales de la agenda será el futuro de la relación entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional.

Hernández Hércules explicó que las autoridades hondureñas pretenden comenzar los preparativos para la sexta revisión del programa vigente y, en paralelo, avanzar en las conversaciones para establecer un nuevo programa con una duración estimada de tres años y medio.

Las revisiones del FMI permiten evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países dentro de los programas acordados.

En ese contexto, la delegación hondureña buscará presentar ante el organismo la situación de las principales variables económicas y fiscales del país y conocer los aspectos que deberán ser considerados en la siguiente etapa de la relación con el Fondo.

Honduras y la cuenta del Milenio

Otro de los puntos de la visita será la Cuenta del Milenio, mecanismo mediante el cual Honduras vuelve a ser elegible para optar a recursos destinados a programas de desarrollo.

La delegación tiene previsto reunirse con representantes de esta institución para conocer el proceso y las condiciones asociadas a la nueva elegibilidad del país.

El ministro explicó que la evaluación toma como referencia el desempeño correspondiente al ejercicio fiscal anterior, por lo que en esta ocasión se analiza principalmente el comportamiento de Honduras durante 2025.

De acuerdo con Hernández Hércules, entre los aspectos que han recibido una valoración favorable se encuentran las señales macroeconómicas y una reducción del riesgo económico.

También mencionó avances vinculados con el control del gasto público y la inversión, factores que forman parte del entorno económico que se analiza para determinar el desempeño del país.

La elegibilidad no significa automáticamente que Honduras tenga garantizados nuevos recursos. El país debe avanzar en los procesos y evaluaciones correspondientes para determinar las condiciones bajo las cuales podría acceder a programas de la Cuenta del Milenio.

Reuniones con funcionarios de Estados Unidos

La agenda de la delegación hondureña también contempla encuentros con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En esas reuniones se prevé abordar asuntos económicos y temas relacionados con la relación bilateral entre ambos países.

La visita ocurre además en un contexto en el que el Gobierno hondureño busca fortalecer sus vínculos con la administración del presidente Donald Trump, particularmente en asuntos de interés económico.

Más allá de los organismos financieros, las conversaciones con funcionarios estadounidenses permitirán a la delegación abordar temas que forman parte de la relación económica y comercial entre ambos países.

Otro de los objetivos planteados por el ministro de Finanzas es transmitir confianza a los inversionistas internacionales.

Hernández Hércules señaló que el Gobierno pretende proyectar condiciones de seguridad jurídica, confianza y gobernabilidad, elementos que considera necesarios para atraer capital y promover nuevas inversiones.

La apuesta oficial consiste en que la estabilidad de los principales indicadores económicos y un mayor control de las finanzas públicas contribuyan a mejorar la percepción internacional sobre Honduras.

Una agenda económica con varios objetivos

La misión hondureña llega a Washington con una agenda que combina asuntos fiscales, financieros, comerciales y diplomáticos.

Por un lado, está la relación con el FMI y la preparación de una nueva revisión del programa vigente. Por otro, las autoridades buscan avanzar en el proceso relacionado con la Cuenta del Milenio y fortalecer los vínculos económicos con Estados Unidos.

El Gobierno también pretende utilizar estas reuniones para presentar los avances que, según sus propias evaluaciones, se han registrado en materia de gasto público, inversión y estabilidad macroeconómica.

El acuerdo técnico entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Salvador abre la posibilidad de un desembolso de USD 140 millones y refuerza las expectativas sobre el desempeño fiscal y económico del país. Así lo sostuvo Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), durante una entrevista en el programa Frente a Frente.

Acevedo consideró que el entendimiento entre el Gobierno salvadoreño y el FMI representa una señal positiva, luego de varios meses sin información sobre la segunda y la tercera revisión del programa financiero. El organismo decidió agrupar ambas evaluaciones en un solo proceso, pese a que el país ya se acercaba a la cuarta revisión.

El economista señaló que el acuerdo aún debe pasar por el Directorio Ejecutivo del Fondo. Si recibe el aval, El Salvador obtendría USD 140 millones, correspondientes a un nuevo tramo de financiamiento.

Para Acevedo, esa cifra por sí sola no cubre las necesidades de financiamiento que tiene el país, aunque destacó que el acuerdo puede tener efectos más amplios sobre la disponibilidad de recursos.

Según explicó, una evaluación favorable del Fondo facilita el acceso de El Salvador a préstamos de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, puede mejorar la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.

Esa mayor confianza puede traducirse en condiciones menos costosas para emitir deuda, con tasas de interés más bajas y plazos de pago más amplios. Acevedo estimó que, al sumar los posibles recursos de organismos multilaterales y mercados financieros, el país podría acceder a entre USD 4,000 millones y USD 5,000 millones en financiamiento bajo condiciones más favorables.

El anuncio del FMI también coincidió con una mejora en los precios de los bonos salvadoreños. Para el exfuncionario, los inversores suelen reaccionar ante las evaluaciones del organismo porque estas ofrecen una referencia sobre las cuentas públicas, la deuda y las medidas económicas que adopta cada gobierno.

El FMI elevó la previsión de crecimiento a 4.5%

Uno de los elementos que Acevedo destacó fue la revisión al alza de la proyección de crecimiento económico. De acuerdo con el comunicado citado durante la entrevista, el FMI prevé que la economía salvadoreña crezca 4.5% este año.

El economista afirmó que, si se deja de lado el rebote registrado en 2021 después de la caída provocada por la pandemia, una expansión de 4.5% sería la mayor en cerca de 30 años. El crecimiento de 3.9% registrado el año anterior, sumado a la nueva previsión, dejaría un promedio de entre 4.2% y 4.3% en dos años.

Acevedo sostuvo que ese ritmo colocaría a El Salvador por encima del promedio de crecimiento de Centroamérica y América Latina. También indicó que una economía con mayor actividad facilita el ajuste de las finanzas públicas, ya que permite elevar los ingresos tributarios y reduce la presión sobre algunas partidas de gasto.

El Fondo proyecta, además, un superávit primario de 2.9% del producto interno bruto (PIB) este año y de 3.7% el próximo. Ese resultado mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, antes del pago de intereses de la deuda.

Para Acevedo, un superávit primario muestra que el Gobierno dispone de mayor capacidad para cubrir los intereses de sus compromisos financieros. El programa prevé que la deuda pública baje desde un nivel cercano a 90% del PIB hasta 80% en 2030. El entrevistado calificó esa meta como exigente, aunque afirmó que el FMI considera que el país avanza en una dirección compatible con ese objetivo.

El Salvador llega a los cinco años de vigencia de la Ley Bitcoin con un uso cotidiano limitado de la criptomoneda, pese a mantener 7.764 bitcoins en reservas y haber reformado su marco legal tras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un millonario acuerdo de financiamiento. Actualmente, el país conserva la criptomoneda como opción voluntaria, pero su adopción masiva entre la población sigue siendo reducida.

La normativa entró en vigor el 7 de septiembre de 2021 y convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en declarar el Bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. La medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y generó un intenso debate internacional sobre su viabilidad y riesgos. Pero en enero de 2025 la ley pasó por varias reformas y ajustes para limitar la exposición estatal a la volatilidad de los criptoactivos.

La estrategia institucional del gobierno salvadoreño ha sido no solo mantener sus reservas de Bitcoin sino que amplió su marco legal con la creación de la Ley de Activos Digitales, una normativa que permite la tokenización y el acceso a nuevas formas de financiamiento para empresas y ciudadanos. Esta normativa busca conectar la economía real con los mercados de capitales globales y democratizar el acceso a inversiones, permitiendo que cualquier persona pueda invertir desde montos bajos, de acuerdo al especialista en activos digitales entrevistado por Infobae, Fabián Delgado, quien funge como gerente de desarrollo de negocio para Colombia y Latinoamérica en la empresa Bitfinex.

Sin embargo, el uso cotidiano de Bitcoin entre la población salvadoreña es reducido. Diversas encuestas y estudios han mostrado que la mayoría de los ciudadanos no utiliza la criptomoneda para compras diarias, aunque sí existen casos de adopción en determinados comercios y sectores empresariales.

Tras las reformas a la Ley Bitcoin, la política oficial permite ahora el uso voluntario del criptoactivo, eliminando la obligatoriedad inicial y dejando en manos de cada persona o empresa la decisión de adoptar o no esta tecnología.

Entre enero y julio de 2026, El Salvador recibió USD 41.11 millones en remesas enviadas a través de carteras de criptomonedas, un alza de 35.7% frente al mismo periodo de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Pero el uso de ese canal representó solo el 0.69% del total de USD 5,924.85 millones en remesas generales registradas en los primeros siete meses de 2026; en el mismo lapso de 2025 equivalió al 0.53% de los USD 5,714.28 millones, de acuerdo con las cifras del BCR.

El experto en activos digitales considera que el poco uso se debe a la falta de educación financiera de la población y a la complejidad tecnológica que representan barreras importantes para la adopción masiva.

La estrategia oficial y la mirada de los especialistas

Delgado consideró que la estrategia del gobierno salvadoreño se basa en mantener las reservas como activo de valor, sin vender en los momentos de baja. “No se puede hablar de pérdidas hasta que no se ejecutan ventas con pérdida de capital. Puede haber una bajada frente al dólar, pero la pérdida no se materializa hasta que se vende el activo”, señaló el experto.

El día que entró en vigencia la Ley Bitcoin, cada criptoactivo tenía un valor que oscilaba los USD 46,000 y actualmente la unidad ronda los USD 80,000. Fue en diciembre de 2024 que rompió la barrera de los USD 100,000 y su pico más alto registrado ocurrió en octubre del año pasado cuando alcanzó los USD 126,000.

Hasta la fecha, el gobierno no ha anunciado alguna venta de las criptomonedas en su poder, por el contrario ha comprado una cada día desde el 17 de noviembre de 2022. Por lo que dicha reserva habría acumulado más de USD 600 millones hasta la fecha.

Las condiciones del FMI y el nuevo marco de uso

Una de las principales condiciones impuestas por el FMI fue que el Estado salvadoreño dejara de comprar Bitcoin y que limitara su participación en la empresa Chivo.

El pasado 3 de septiembre de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la billetera Chivo quedó bajo control privado y que la acumulación reciente de Bitcoin en El Salvador no implicó el uso de recursos públicos, como parte del acuerdo técnico alcanzado para las revisiones segunda y tercera del programa financiero vigente con el país.

El organismo señaló que el Gobierno redujo de forma sustancial su participación en Chivo. La propiedad mayoritaria y el control operativo de la plataforma pasaron a manos de un operador privado, mientras que el Estado mantuvo una participación minoritaria y la custodia de los activos de los usuarios, asegura el organismo.

Y sobre la reserva de Bitcoin de El Salvador, el FMI aseguró que la acumulación registrada desde la primera revisión del programa se explicó por donaciones privadas, por lo que no implicó la utilización de recursos estatales.

Por otro lado, el marco regulatorio vigente en El Salvador ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas financieras en el país, como la tokenización, que es uno de los conceptos centrales de la Ley de Activos Digitales. Según analistas, esta tecnología posibilita la compra fraccionada de activos y facilita el acceso a la inversión, incluso para pequeños ahorradores.

“La tokenización viene a democratizar el acceso a la inversión y la liquidez para empresas”, indicó Delgado a Infobae. De acuerdo al experto, el sector inmobiliario, así como las micro y pequeñas empresas (mypes) figuran entre los rubros con mayor potencial para beneficiarse de este modelo.

El quinto aniversario de la Ley Bitcoin encuentra al país con una de las mayores reservas de la criptomoneda, según los datos recientes, pero también con desafíos pendientes en materia de educación financiera y adopción social. Especialistas insisten en que la capacitación y la comprensión de los beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías serán claves para ampliar el impacto de la ley en los próximos años.

El programa de privatizaciones del gobierno de Javier Milei tuvo un listado claro desde el inicio de su mandato. La Ley Bases, aprobada en junio de 2024, declaró sujetas a privatización o concesión a ocho empresas públicas, y on al menos cinco procesos ya cerrados o adjudicados, el Gobierno postergó en la última semana la apertura de sobres de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) -la mayor distribuidora de agua del país- una pausa en un plan que ya acumula operaciones por USD 1.081 millones.

Infobae adelantó, la apertura de los primeros sobres técnicos estaba prevista para el 27 de agosto, pero el Ejecutivo la corrió al 15 de septiembre mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Según pudo saber este medio, la demora respondió a pedidos de prórroga de las propias empresas internacionales interesadas, que solicitaron más tiempo para revisar los pliegos; oficialmente, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de “promover una amplia participación” y garantizar los principios de concurrencia y transparencia.

El caso de AySA es uno de los más complejos del programa. El Estado posee el 90% de la empresa -el 10% restante ya está en manos de los trabajadores- y es ese paquete completo el que se pone en venta. El esquema, sin embargo, divide la operación en dos tramos: al menos el 51% deberá ir a un único operador estratégico con experiencia comprobable en servicios de agua y saneamiento, mientras que el remanente se podrá colocar en bolsas y mercados de capitales. El pliego no fija precio mínimo ni base pública para ninguno de los dos tramos, con lo que el resultado “dependerá de la competencia efectiva entre los oferentes”, según el propio documento licitatorio.

El pliego no fija precio mínimo ni base pública para ninguno de los dos tramos

El Gobierno estima recaudar alrededor de USD 500 millones con la operación, aunque la cifra no está garantizada de antemano. El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años -con opción a 10 adicionales- e incorpora un plan de inversiones de USD 1.940 millones durante el primer quinquenio y un total de USD 15.040 millones a lo largo de toda la concesión.

Entre los interesados figuran el Grupo Roggio -operador actual de Aguas Cordobesas- y el empresario Mauricio Filiberti, ambos con conversaciones avanzadas con operadores internacionales para presentaciones conjuntas.

Las brasileñas Sabesp y Águas do Rio también estuvieron en la órbita del proceso, aunque su participación quedó condicionada por el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil de las últimas semanas. La chilena Aguas Andinas, controlada por el grupo francés Veolia, fue otro nombre que circuló, aunque fuentes con conocimiento del proceso indicaron que finalmente no presentaría una oferta.

Lo que ya se cerró

Antes de que AySA copara la agenda, el programa de privatizaciones acumuló operaciones por USD 1.081 millones. La primera fue la venta de IMPSA, la metalúrgica mendocina, a ARC Energy en enero de 2025 por USD 27 millones. Le siguió, en diciembre de ese año, la adjudicación de las cuatro principales centrales hidroeléctricas del Comahue -Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados- por un total de USD 700 millones, con contratos de operación de unos 30 años.

En abril de 2026 se concretó la venta del paquete accionario de Citelec, sociedad controlante de Transener -la principal red de transporte eléctrico de alta tensión del país, con más de 12.600 kilómetros de tendido-, al consorcio formado por Genneia y Edison Energía por USD 356 millones, un 70% por encima de la tasación oficial. Esos fondos, al igual que los anteriores, no permanecieron en el Tesoro: la mayor parte se destinó al pago de compromisos con bonistas y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los fondos obtenidos, al igual que los anteriores, no permanecieron en el Tesoro: la mayor parte se destinó al pago de compromisos con bonistas y con el FMI

A mediados de 2026 quedó resuelta la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay -por donde circula el 80% del comercio exterior del país- con la adjudicación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus por 25 años, con opción a cinco adicionales. El contrato prevé una rebaja del 13,5% en los costos logísticos y obras de profundización y modernización de la vía; el adjudicatario asumirá los riesgos comerciales sin respaldo estatal.

El último capítulo cerrado fue el de Corredores Viales. Esta semana, el Ministerio de Economía formalizó mediante la Resolución 1379/2026 la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales -más de 3.900 kilómetros distribuidos en las regiones Centro, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Mesopotámico y Cuyo- a operadores privados por 20 años. Sumadas las etapas anteriores, el Gobierno completó la adjudicación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en 16 tramos, por los que circula cerca del 80% del tránsito nacional. Todos los contratos son sin subsidios del Tesoro, en línea con la política oficial de evitar la obra pública y que, en su lugar, esta sea ejecutada por operadores privados.

Lo que no salió

No todos los procesos tuvieron el mismo resultado. La licitación de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos acumuló tres postergaciones y finalmente terminó sin oferentes válidos: el Ministerio de Economía declaró desierto el proceso. El precio base era de USD 45,1 millones por el 100% del paquete accionario, una cifra que generó debate en el sector dado que la propia empresa reconoció tener activos corrientes por encima de ese monto. Tras el fracaso, el Gobierno decidió retirar a Intercargo de los aeropuertos de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia y habilitó a 15 compañías privadas para prestar servicios de rampa en el país, aunque al momento solo cuatro operan efectivamente.

Lo que viene

El proceso del Belgrano Cargas -el expediente con más demoras dentro del programa- tuvo un giro en los últimos días, cuando el Ministerio de Economía publicó los pliegos licitatorios para la concesión de las vías e inmuebles de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza por 50 años, con opción de compra del material rodante. Las ofertas deben presentarse antes del 11 de noviembre de 2026 y la adjudicación está prevista para comienzos de 2027. El esquema abarca 7.594 kilómetros operativos en 16 provincias y conexiones con cinco pasos internacionales. El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales: el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes a los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos.

Las privatizaciones de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y SOFSA aún no tienen fechas concretas. En el caso de NASA, la Ley Bases habilitó una privatización parcial: el Estado deberá conservar el control. Para YCRT, la normativa establece que el Estado debe mantener al menos el 51%; durante 2026 se recibieron propuestas de inversión, entre ellas una oferta cercana a USD 120 millones vinculada a las cuatro unidades productivas. La privatización de los activos restantes de Enarsa -centrales termoeléctricas y gasoducto- tampoco tiene calendario definido.

La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la causa penal por el préstamo de USD 57.100 millones otorgado a la Argentina por el FMI durante el macrismo y rechazó un planteo de la fiscalía para reabrir la pesquisa.

La investigación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional se inició en 2019 por presunta defraudación, quedó archivada en febrero pasado en el juzgado de la jueza federal de primera instancia María Eugenia Capuchetti, en una decisión ahora ratificada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la sala I del Tribunal de Apelaciones.

La denuncia incluyó al expresidente Mauricio Macri, al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y a dos actuales integrantes del gabinete nacional: el ministro de Economía, Luis Caputo (entonces secretario de Finanzas y luego presidente del BCRA), y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ( por entonces titular del Banco Central).

“La confirmación del archivo no vulnera el principio acusatorio ni las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción. Tras más de cinco años de pesquisa, la fiscalía no logró articular una hipótesis delictiva que, sobre la base de la prueba reunida, permita afirmar con entidad suficiente la existencia de los delitos invocados”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

Urgencia financiera

El tribunal sostuvo que no corresponde revisar decisiones de política pública sin prueba de delitos, en sintonía con los argumentos de la jueza cuando archivó la pesquisa, cuya decisión fue apelada por el fiscal del caso, Franco Picardi.

La Cámara argumentó también que el acuerdo se gestionó “en un contexto de urgencia financiera reconocida” y en ese marco “no es posible inferir que el proceder de los imputados haya estado guiado por el propósito de violar la ley”, según la resolución a la que accedió Infobae.

Se mencionó también la doctrina de la Corte Suprema sobre las materias propias de otros poderes del Estado que quedan fuera del control judicial, una limitación que cede cuando bajo la apariencia de una política pública pueden esconderse beneficios personales para funcionarios, algo que según la resolución, no se probó en este caso. Para la Cámara no fue posible inferir el dolo específico exigido para el delito de abuso de autoridad.

Respecto de la figura de administración fraudulenta, el tribunal examinó la referencia fiscal al informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones. La Cámara afirmó que ese deterioro, por sí solo, no permitía acreditar que hubiera existido una disposición patrimonial consciente de su carácter ruinoso ni una sustracción de fondos en beneficio propio o ajeno.

La denuncia giraba en torno a la ausencia de decreto presidencial para formalizar el acuerdo, falta de intervención del jefe de Gabinete, participación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas, la omisión de un dictamen del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el impacto en la balanza de pagos y la apertura tardía de expedientes administrativos.

Otro de los ejes de la apelación fiscal fue que el archivo fue dispuesto antes de agotar diligencias que podían arrojar luz sobre la trazabilidad de los desembolsos y los vínculos entre funcionarios y operadores beneficiados por la salida de divisas.

El fallo destacó que la instrucción se extendió durante más de cinco años y reunió informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), de la SIGEN y del BCRA, además de expedientes administrativos, testimonios, datos sobre formación de activos externos y la documentación suscripta con el organismo internacional.

La causa buscaba determinar si existieron delitos por parte de los funcionarios argentinos en el proceso de negociación, firma y ejecución del préstamo stand-by pactado en 2018, primero por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones.

El Salvador podría recibir cerca de USD 140 millones del Fondo Monetario Internacional si su Directorio Ejecutivo aprueba el acuerdo técnico alcanzado esta semana.

El desembolso no es automático: depende de que las autoridades salvadoreñas cumplan las acciones previas pactadas y de que el organismo dé su aval formal.

El entendimiento correspondió a la segunda y tercera revisiones del programa de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo, aprobado el 26 de febrero de 2025 con un acceso total de aproximadamente USD 1,400 millones.

Hasta la fecha del anuncio, el país había recibido 172.32 millones de derechos especiales de giro dentro de ese acuerdo, según el comunicado difundido por el organismo el 3 de septiembre.

El acuerdo técnico implicó que El Salvador deberá aprobar en 2027 una reforma paramétrica del sistema previsional, reconocer deudas con los fondos privados de pensiones, avanzar en transparencia fiscal y transferir el control de la billetera Chivo a un operador privado, entre otros compromisos.

La reforma previsional

Una reforma paramétrica no reemplaza el sistema de pensiones en su conjunto. Consiste en ajustar variables que inciden en su funcionamiento y sostenibilidad: la edad de retiro, los años de cotización, las tasas de aporte o la fórmula para calcular las jubilaciones.

El FMI no precisó en el comunicado cuáles de esos elementos deberán modificarse ni adelantó el contenido de la iniciativa. El compromiso establecido solo fijó que la reforma deberá ajustarse a las recomendaciones técnicas del organismo.

La necesidad de una reforma previsional no era nueva en la agenda del Fondo. En 2021, el organismo ya había señalado que la edad de jubilación en El Salvador estaba “muy por debajo de los 65 años recomendados, especialmente para las mujeres”.

La primera revisión del acuerdo, aprobada el 27 de junio de 2025, también había indicado que las reformas previsionales y del empleo público eran necesarias para sostener la consolidación fiscal en el mediano plazo.

La deuda con los fondos privados

Junto con la reforma paramétrica, el programa contempló el reconocimiento de las obligaciones surgidas tras el vencimiento del período de gracia en los pagos de intereses a los fondos privados de pensiones.

“El trabajo continuará para fortalecer el sistema de pensiones”, indicó el FMI al referirse al reconocimiento de esos pasivos. El monto de esa deuda asciende a USD 2,400 millones, cifra que ya había sido señalada por Moody’s, según destacan medios locales.

La definición sobre las pensiones se insertó en una estrategia más amplia de ordenamiento de las cuentas públicas. El programa buscó reducir las necesidades de financiamiento del Estado y limitar la presión que la deuda ejerce sobre el presupuesto.

Las metas fiscales para 2027

El plan acordado con el Fondo apuntó a que el superávit primario del Sector Público No Financiero pasara de 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a 3.7% en 2027. Ese resultado deberá alcanzarse mediante una política de gasto prudente y mejoras en la administración de los ingresos públicos, cita el comunicado.

La trayectoria estuvo vinculada con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fijó como objetivo reducir la relación entre la deuda pública y el PIB hasta 80% en 2030.

El acuerdo también contempló la preparación de una reforma del empleo público orientada a elevar la eficiencia de los servicios estatales y contener presiones permanentes sobre las finanzas públicas.

La revisión previó, al mismo tiempo, mantener recursos para obras de infraestructura y programas sociales que el Gobierno consideró prioritarios.

La proyección de crecimiento

El jefe de misión del FMI para El Salvador, Torres, afirmó en el comunicado que la economía mantuvo un desempeño superior al previsto durante 2025. “El Salvador continúa con un desempeño económico sólido”, señaló en el comunicado del Fondo, y proyectó una expansión de 4.5% para el año en curso.

El organismo atribuyó esa perspectiva a la inversión, el consumo privado, las remesas, el turismo y las entradas de capital. También vinculó ese escenario con las mejoras en seguridad y una mayor confianza de los inversores.

El comunicado del Fondo detalló que “el programa está dando resultados positivos. La actividad económica ha superado las expectativas, y los desequilibrios fiscales y externos se están corrigiendo conforme a los compromisos del programa”.

A futuro, el organismo proyectó que se profundizará la consolidación fiscal y que, tras superar los objetivos, se reforzarán las reservas y los márgenes de liquidez para aumentar la resiliencia del país ante presiones externas.

La revisión también incluyó compromisos sobre activos digitales. El Fondo informó que la propiedad mayoritaria y el control operativo de la billetera Chivo pasaron a un operador privado; el Estado retendrá una participación minoritaria y las responsabilidades de custodia de los activos de los clientes.

El FMI indicó además que El Salvador no prevé nuevas acumulaciones de bitcoin con fondos públicos. Las autoridades presentaron documentación para acreditar que el aumento de las tenencias desde la primera revisión respondió a donaciones privadas. “Se ha aportado documentación que verifica que la acumulación de bitcóin desde la primera revisión corresponde a donaciones privadas y que no se utilizaron recursos públicos”, precisó el comunicado.

El programa ya establecía límites a la exposición estatal a los criptoactivos y descartaba la emisión de deuda vinculada con bitcoin.

El Gobierno de Bolivia envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, destinado a respaldar un programa de reformas económicas a implementarse en tres años y contribuir a cubrir las necesidades de financiamiento durante el “periodo de transición”.

El documento, que fue derivado a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, plantea la aprobación de un empréstito por 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), una unidad de cuenta del FMI que equivale a los 1.900 millones de dólares que el Gobierno anunció en julio pasado.

El proyecto justifica la necesidad del financiamiento internacional por los desequilibrios fiscales y externos que enfrenta Bolivia, entre ellos “déficits fiscales persistentes, menores ingresos y exportaciones de hidrocarburos, reducción de la liquidez de las reservas internacionales, restricciones de divisas, presiones inflacionarias y mayores necesidades de financiamiento del sector público”.

En ese contexto, el documento señala que estos recursos buscan respaldar un programa integral de reformas y cubrir las necesidades económicas durante el “periodo de transición”. “El financiamiento del FMI respalda el programa económico definido por las autoridades bolivianas y no sustituye la competencia del Estado para adoptar decisiones de política económica”, establece.

Sin embargo, no se conocen de manera pública cuáles son las reformas que están previstas en el programa del Gobierno, sus metas ni plazos, así como tampoco los compromisos asumidos, en ese marco, con el FMI.

Para el analista económico Gonzalo Chávez, el financiamiento es favorable porque puede fortalecer las reservas, aliviar las necesidades fiscales y facilitar recursos adicionales de otros organismos. Sin embargo, advierte que es necesario conocer los compromisos que asume el Estado boliviano y el programa que se tiene previsto implementar.

“El proyecto explica razonablemente el crédito, pero todavía no permite conocer con suficiente detalle el programa”, señaló el analista y agregó que antes de votar, la Asamblea debería conocer aspectos como “los memorandos económicos y técnicos, las acciones previas, metas fiscales, monetarias y de reservas, cronograma y condiciones de cada desembolso”, entre otros aspectos.

“La urgencia no justifica aprobar a ciegas, pero la transparencia tampoco debería convertirse en pretexto para bloquear recursos necesarios. El crédito puede ser un puente; la responsabilidad de la Asamblea Legislativa es comprobar que los 1.900 millones de dólares conduzcan hacia una economía sostenible y no simplemente financien el camino de regreso al mismo precipicio, pero con más deuda”, agregó.

Hasta el momento, las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa no han definido una posición en bloque sobre el crédito con el FMI, aunque varios legisladores tanto del oficialismo como de la oposición se han pronunciado a favor de su aprobación, principalmente por la necesidad de recursos para enfrentar la crisis económica.

Sin embargo, tras conocerse el contenido del proyecto de ley surgieron algunas observaciones. La diputada de Alianza Popular (AP) Claudia Herbas pidió conocer “a profundidad” el acuerdo con el organismo y cuestionó que la Asamblea avance en su aprobación sin contar con información suficiente sobre las condiciones asumidas por el Estado.

Según se lee en el proyecto, el préstamo contempla una tasa de interés básica anual de 3,479%, sujeta a variaciones según la cotización de los DEG. También establece que la amortización del capital comenzará a partir de los 4 años y 6 meses, mientras que el plazo de repago será de hasta 10 años a partir de cada desembolso.

El Gobierno de Bolivia confirmó el jueves que el acuerdo financiero por USD 1.900 millones alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya fue remitido por el presidente Rodrigo Paz al Parlamento para su análisis y eventual aprobación.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó que el proyecto de Ley 723, destinado a respaldar el programa de reformas económicas, llegó al Legislativo la semana pasada. En los últimos días, el Ejecutivo envió documentación complementaria para facilitar el inicio del debate parlamentario.

Morales señaló que todos los legisladores tendrán acceso al acuerdo y a sus condiciones. “Las divisas que vayamos a obtener del FMI van a permitir elevar la posición de las reservas internacionales que tiene el país, garantizar el flujo de divisas hacia el mercado y continuar con la estabilización del tipo de cambio”, afirmó.

El proyecto establece una asignación de 1.369 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a USD 1.900 millones, para atender los desequilibrios fiscales y externos que afectan a Bolivia desde los últimos años.

El crédito tendrá un plazo de devolución de hasta 10 años desde cada desembolso y una tasa de interés del 3,47%, sujeta a variaciones según la cotización de los derechos especiales de giro. La amortización comenzará cuatro años y seis meses después de cada entrega, mientras que los desembolsos podrán ejecutarse durante un período máximo de 36 meses.

Bolivia y el FMI oficializaron el acuerdo el 29 de julio. El Gobierno sostuvo entonces que el programa también permitirá movilizar otros USD 5.000 millones de organismos multilaterales.

Entre los compromisos asumidos figuran la racionalización del gasto público, la preservación del financiamiento monetario cero del déficit fiscal y el fortalecimiento de la gobernanza y de la autonomía operativa del Banco Central de Bolivia (BCB).

El convenio se anunció en medio de una crisis económica que se profundizó desde 2023, con escasez de dólares, caída de las reservas internacionales netas e inflación elevada. Desde que Paz asumió la Presidencia en noviembre de 2025, el país mantuvo dificultades para acceder a divisas. En los últimos meses, el Ejecutivo inició la devolución de ahorros en moneda extranjera, luego de dos años de restricciones a los retiros y las operaciones en dólares.

A fines de junio, Bolivia adoptó un régimen de tipo de cambio flexible y dejó atrás el esquema fijo vigente durante 15 años. El BCB señaló esta semana que la medida permitió reforzar las reservas internacionales netas, que al 14 de agosto alcanzaron USD 4.255 millones.

En paralelo, la administración de Paz presentará una denuncia penal contra siete ex directivos del BCB, incluido su ex presidente Edwin Rojas, por un presunto daño económico vinculado a la compra de un millón de billetes conmemorativos por el Bicentenario. La adquisición se autorizó en abril de 2024. El BCB pagó más de 4,5 millones de bolivianos, unos 378.630 dólares al tipo de cambio vigente, por un millón de piezas que el Gobierno de entonces pretendía comercializar para generar ingresos públicos.

El viceministro de Transparencia, Marcelo García, informó en La Paz que las ex autoridades serán denunciadas ante la Fiscalía por los presuntos delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El funcionario indicó que una auditoría especial determinó que se vendió el 3,8% de los billetes y señaló que el promedio de ventas fue de 270 unidades mensuales durante cinco meses.

El viceministro afirmó que, a ese ritmo, la comercialización del millón de billetes demandaría más de 200 años. La auditoría cuestionó además que la operación se realizara sin estudios previos, análisis técnicos, legales ni de mercado que acreditaran la viabilidad de la venta.

Los billetes formaban parte de una colección especial que el BCB lanzó por los 200 años de la independencia de Bolivia, celebrados el 6 de agosto de 2025. Las piezas, elaboradas en polímero, tenían un valor de 50 bolivianos, equivalentes a 4,12 dólares.

El diseño incluía imágenes de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Túpac Katari y Bartolina Sisa, además de símbolos patrios y referencias a la historia boliviana.

(Con información de EFE)

El Fondo Monetario Internacional anunció este jueves que alcanzó un acuerdo técnico con El Salvador para completar las revisiones segunda y tercera de su programa financiero, un paso que, si recibe la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, habilitará un desembolso de unos USD 140 millones.

El entendimiento se refiere al programa de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF), aprobado en febrero de 2025 por un monto total de aproximadamente USD 1.400 millones. La aprobación definitiva aún depende de que el Gobierno salvadoreño cumpla las medidas previas acordadas y de la decisión del Directorio.

El organismo sostuvo que la economía de El Salvador superó las proyecciones durante 2025 y estimó que el producto interno bruto (PIB) crecería 4,5% en 2026. Según la declaración difundida este 3 de septiembre desde Washington, el resultado se apoya en la inversión y el consumo privados, las remesas, el turismo y los flujos de capital.

El jefe de misión del FMI para el país afirmó que la evolución económica también se relaciona con ‘“mejoras en seguridad”’ y una mayor confianza de los inversores. El Fondo añadió que el programa contribuyó a reducir la pobreza, junto con cambios para mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

El Gobierno deberá elevar el superávit primario hasta 3,7% del PIB en 2027

El acuerdo prevé una profundización de la consolidación fiscal, con un gasto público más prudente y cambios en la administración tributaria. La meta apunta a que el superávit primario del Sector Público No Financiero pase de 2,9% del PIB este año a 3,7% del PIB en 2027.

El objetivo se vincula con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija una reducción de la deuda pública hasta el 80% del PIB para 2030. El FMI indicó que las autoridades deberán preservar recursos para proyectos de infraestructura y programas sociales mientras cumplen esas metas fiscales.

El documento incluye medidas para el sistema previsional. El Gobierno deberá reconocer obligaciones vinculadas con el vencimiento del período de gracia para pagar intereses adeudados a fondos privados de pensiones. También prevé una reforma paramétrica para el próximo año, alineada con las recomendaciones del Fondo.

Las reformas previstas alcanzan al servicio civil. El organismo planteó la preparación de cambios para elevar la eficiencia y la calidad de las prestaciones estatales, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo.

El FMI pidió reforzar reservas, supervisión financiera y mecanismos de transparencia

El Fondo señaló que los niveles de reservas y liquidez superaron las metas del programa y que deberán continuar en alza para ampliar la capacidad de respuesta frente a eventuales shocks externos.

El acuerdo también contempla reformas para la regulación y supervisión del sistema financiero, los mecanismos de manejo y resolución de crisis y el fortalecimiento institucional y financiero del Banco Central.

En materia de transparencia, el FMI señaló la necesidad de actualizar las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entre los compromisos figura la publicación de las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios, además de mejoras en la información financiera del sector público, la identificación de beneficiarios finales y los organismos de rendición de cuentas.

Chivo quedó bajo control privado y el FMI afirma que no hubo compras públicas de Bitcoin

La revisión también abordó la situación de Chivo, la billetera electrónica impulsada por el Gobierno salvadoreño, en el marco de su política de adopción de Bitcoin.

El Fondo afirmó que la participación estatal en la plataforma se redujo de forma sustancial. La mayoría de la propiedad y el control operativo fueron transferidos a un operador privado, mientras que el Estado conserva una participación minoritaria y la custodia de los activos de los clientes.

El comunicado también sostiene que la acumulación de Bitcoin desde la primera revisión del acuerdo respondió a donaciones privadas y no al uso de recursos públicos. Las autoridades y el FMI acordaron medidas para actualizar la regulación y supervisión de activos digitales, además de reforzar la gestión de riesgos y la gobernanza sobre las tenencias de criptoactivos del sector público.

“En adelante, no se prevé una acumulación adicional de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, precisó el organismo.

El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el SAF el 26 de febrero de 2025, con acceso a 1.033,92 millones de derechos especiales de giro, equivalentes entonces a unos USD 1.400 millones. La primera revisión concluyó el 27 de junio de 2025. Hasta ahora, el país recibió 172,32 millones de derechos especiales de giro.

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia ocupará el puesto 44 de la economía mundial hacia 2030 entre 150 países medidos por Producto Interno Bruto (PIB) nominal. Esa estimación la sitúa en el cuarto lugar a nivel regional, solo por detrás de Brasil, México y Argentina en América Latina, con un tamaño previsto de USD0,63 billones.

La medición toma el valor total de bienes a precios actuales y convierte cada cifra a dólares de acuerdo con las cotizaciones de mercado. El FMI precisa que sus Perspectivas de la Economía Mundial son estimaciones sujetas a ajustes, con revisiones generales dos veces al año y boletines intermedios adicionales.

Dentro del escenario, Colombia aparece como uno de los países con mayor margen para ganar peso relativo en los próximos años. El planteamiento no la proyecta como una economía del grupo de las 20 primeras, pero sí como un mercado con opciones de ampliar su posición.

El lugar de Colombia frente a las mayores economías de América Latina

En la comparación regional, Brasil figura como el único país latinoamericano dentro de los 10 primeros puestos del mundo. En 2026, su PIB nominal rozará los USD2,64 billones, con lo que ocupará la décima plaza.

Dicha cifra deja a Brasil cerca de:

• Rusia: USD2,66 billones.
• Italia: USD2,74 billones.

También lo pone por delante de Canadá, que aparece en la casilla 11 con USD2,51 billones.

Más abajo se ubican:

• Australia: en el puesto 12 con USD2,124 billones.
• México: en el puesto 13 con USD2,121 billones.
• España: en el puesto 14 con USD2,091 billones.

El FMI prevé además una expansión real de 1,9% para Brasil en 2026 y de 1,6% para México.

La posición brasileña “responde al tamaño acumulado de su aparato productivo y al valor de esa producción expresado en dólares, más que a una aceleración coyuntural”. Hacia 2030, América Latina avanzará con el peso de Brasil y México.

Contexto global de las proyecciones del FMI

En la cima mundial, Estados Unidos conserva el primer lugar con un PIB nominal cercano a USD32,38 billones. China se mantiene segunda con20,85 billones, mientras el grupo principal se completa con Alemania, Japón, Reino Unido e India.

La actualización de julio del FMI prevé que Estados Unidos crecerá 2,3% este año. Para China, la proyección de expansión real es de 4,6%. Sobre el desempeño chino, el organismo advierte que “El país necesita fortalecer el consumo interno y reducir su dependencia de la inversión para sostener el avance”. India, por su parte, registra un crecimiento de 6,4%, el mayor entre las principales economías del bloque.

Frente a esto, el FMI calcula que la economía mundial crecerá 3%. A la vez, mantiene alertas por tensiones geopolíticas, barreras comerciales y niveles elevados de deuda.

Lo que el FMI ve en Colombia hacia 2030

El contraste regional también marca el punto de partida de Colombia. Brasil aparece con una ventaja de escala, apoyada en un mercado de más de 200 millones de habitantes, una base industrial y agroindustrial amplia, recursos naturales y potencial en energías renovables, biocombustibles, minerales críticos y una economía de bajas emisiones.

México, a su vez, se apoya en otra clase de fortaleza. El informe le explica una posición geoeconómica favorable, una base manufacturera diversificada e integrada a cadenas globales de valor, además de su vínculo con Estados Unidos y Canadá y la relocalización de cadenas productivas.

Para Colombia, el FMI reserva una definición ligada a sus posibilidades de transformación más que a su tamaño inmediato. El organismo sostiene que “su oportunidad está en aprovechar simultáneamente su posición geográfica, biodiversidad, recursos energéticos y minerales, potencial de energías renovables, agroindustria y servicios basados en conocimiento”.

Dicho análisis pone al país en una ruta distinta a la de las mayores economías de la región. Su avance, según la proyección, dependerá menos de igualar la escala de Brasil o la plataforma industrial de México que de convertir sus ventajas naturales y productivas en mayor peso económico.

(Enviado especial a Carolina del Norte, Estados Unidos) Un rato después del elogio público de Scott Bessent al programa de ajuste, Luis Caputo dialogó con Infobae en una bucólica terraza del hotel Ommi Grove Park.

Distendido, el ministro de Economía aseguró que Argentina “se transformó en un ejemplo para el mundo”, y describió sus conversaciones informales con Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- y Ajay Banga -presidente del Banco Mundial-, y el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“La Argentina es un leading case. Eso lo dicen todos. Lo dijo incluso Bessent. Es algo bastante único. Muchos países tienen el problema del déficit, lo reconocen, pero es como que no se animan a hacer lo que se hizo en la Argentina. Y la prueba de Argentina es muy buena, porque se hizo y se creció”, argumentó Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda fue orador principal en la sesión que trató el crecimiento global, y después compartió la cena oficial con Bessent, Jamie Dimon -presidente del JPMorgan-, y los embajadores de Italia, Francia, Japón y Polonia.

“En la cena conté las consecuencias de nuestro programa económico. Rafael di Tella, un economista argentino muy reconocido en Harvard, recuerda que todos estudiamos que cuando haces un ajuste, se genera una recesión fuerte. Y eso no pasó. Y eso lo marco siempre como la diferencia casi más importante de lo que nos tocó hacer. Que por primera vez la Argentina, heredando una situación económica terminal, no violó contratos, ni se dedicó a hacer planes bónex, ni corralitos, ni defaults, ni confiscaciones”, dijo el ministro de Economía a este enviado especial.

-Bessent elogió el plan de ajuste y el liderazgo político de Javier Milei. ¿Le sorprendió esta opinión pública del secretario del Tesoro?

-No. Es lo que piensa. De hecho, ayer salió en la mesa, entre todos. En la cena salió ese tema, porque no recuerdo si fue Jamie Dimon que comentó “qué impresionante el trabajo que están haciendo”. Estaban Bessent, Dimon, el ministro de Francia, la ministra de Japón, y el ministro de Italia y el de Polonia, y Larry Kudlow. Y salió este tema porque y Bessent enseguida se largó con todo, lo mismo que dijo ahora. Y él lo ve realmente así, él ve que nuestro presidente fue un factor clave.

Caputo y Georgieva tienen una relación fluída y de extrema confianza. La directora gerente es una aliada del ministro de Economía en el board del FMI, y fue clave para conceder los dos waiver sucesivos a la Argentina por incumplir la meta de acumulación de reservas.

“Estuvimos hablando mucho con Kristalina Georgieva y con Dan Katz (director adjunto del FMI). De hecho, siempre nos ponen como ejemplo. Realmente ellos no tienen ninguna preocupación por la Argentina. En Estados Unidos son optimistas, desde el Tesoro, el Fondo...”, dijo Caputo a Infobae.

¿Y le preguntan sobre los créditos en mora?

-No, cero. Créeme, ni siquiera una pregunta, nada. Ni Georgieva, ni Katz, ni Ajay Banga, ninguno.

A continuación, el reportaje que Luis Caputo concedió a Infobae cuando promediaba la segunda sesión del G20 de Finanzas, que Estados Unidos organizado en la animada ciudad de Asheville (Carolina del Norte):

-¿Cuál es el balance qué hace de esta reunión del G-20 de Finanzas?

-Fue tal vez el mejor G-20 que me haya tocado venir, porque los temas fueron muy relevantes. Crecimiento, inteligencia artificial, la regulación, todos los temas que realmente estamos atacando y llevando a cabo en la Argentina. Después hubo otra cosa que también lo diferenció con respecto a otros G-20, que es la primera vez que invitan al sector privado. Eso estuvo muy bueno, no había pasado nunca. Y está bueno ver la visión de los líderes del sector privado en las diferentes áreas. Así que eso le agregó valor también.

-¿Fue diferente por la información que se lleva a la Argentina?

-Es que se pone muy en perspectiva lo que ha hecho el país. A mí me pusieron, por ejemplo, como orador principal en la sesión de crecimiento porque justamente una de las cosas que sorprende en el mundo es lo que se hizo en la Argentina y que eso generó crecimiento. Y hoy eso es debate a nivel mundial, porque hay muchos países que tienen déficit y no se animan a hacer lo que hizo este gobierno.

-¿La Argentina es un leading case, un caso testigo?

-Absolutamente, la Argentina es un leading case. Eso lo dicen todos. Lo dijo incluso (Scott) Bessent. Es algo bastante único. Y muchos países tienen el problema del déficit, lo reconocen, pero es como que no se animan a hacer lo que se hizo en la Argentina. Y la prueba de Argentina es muy buena. porque se hizo y se creció.

-¿Cómo fue la reunión con Scott Bessent?

-En la cena del G-20, ya habíamos hablado bastante de la situación en la Argentina, incluso después estuvimos también un rato largo a solas. Entonces, en la reunión formal de hoy, (por ayer) yo aproveché para preguntarle sobre geopolítica. Cómo ve la situación global, como es el impacto del conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos es parte central de la solución para este shock externo.

-Tras las charlas con Bessent, si tuviera que marcar una preocupación de la administración Trump respecto a la Argentina, ¿cuál sería?

-No, creéme. No están preocupados por nada.

-¿No están preocupados por nada...? ¿Ni por inflación, morosidad crediticia, déficit, crecimiento?.

“Estuvimos hablando mucho con Kristalina Georgieva y con Dan Katz (director adjunto del FMI). De hecho, siempre nos ponen como ejemplo. Realmente ellos no tienen ninguna preocupación por la Argentina. En Estados Unidos son optimistas, desde el Tesoro, el Fondo...

¿Y le preguntan sobre los créditos en mora?

-No, cero. Créeme, ni siquiera una pregunta, nada. Ni Georgieva, ni Katz, ni Ajay Banga, ninguno.

-¿Hubo algún tema puntual que haya charlado con Kristalina Georgieva?

No, tenemos un diálogo constante con Georgieva. A veces hacemos reuniones más formales, y otras no, porque a veces son más formales por juntarnos con grupos, pero ellos están totalmente al tanto y siguen todo, y se sienten muy cómodos con que estamos haciendo las cosas correctas.

-¿Tienen alguna inquietud respecto a la próxima revisión del FMI?

-No.

-¿No temen sobre la meta de superávit fiscal o la recaudación?

-No. La recaudación está levantando. Los últimos dos meses levantó.

-Es decir: ¿van a cumplir las tres metas del acuerdo en la próxima revisión?

-Sí, sí. Vamos a estar cumpliendo las metas sin problemas.

Con la última respuesta, Caputo sonrió y se levantó para ir a la próxima sesión del G20 de Finanzas. Confirmó a Infobae que participará del Argentina Week en París y de la Asamblea del FMI en Bangkok.

Anoche se subió a un avión comercial para regresar hoy a Buenos Aires.

“Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, destacó Bessent en diálogo con Larry Kudlow, exdirector del Consejo Económico Nacional.

Y completó:

“Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo. Así que, como usted mencionó, estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”.

A pocos metros de Bessent, en el Pabellón Seely del hotel Ommi Park, estaba sentado Caputo con el resto del equipo económico local, y detrás Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del FMI.

Todo sucedió antes que comenzará la sesión final del G20 de Finanzas, que tuvo como eje de debate la crisis en Medio Oriente, la cadena de suministros, la inteligencia artificial y la inflación mundial.

Reunión bilateral

La relación política y la sintonía ideológica entre Luis Caputo y Scott Bessent es notoria: anoche en la cena oficial del G20 de Finanzas, el secretario del Tesoro sentó en su mesa al ministro de Economía, y hoy ambos mantendrán un encuentro a puertas cerradas para ratificar los vínculos geopolíticos entre Donald Trump y Javier Milei.

La cita será a las 15.00 de Argentina (una hora antes en Carolina del Norte).

Bessent es el anfitrión del G20 y su agenda está en jaque por los constantes pedidos de los 20 ministros de Economía, los 20 presidentes de los Bancos Centrales y las decenas de funcionarios y burócratas que se apiñan en un legendario hotel cinco estrellas, sede del foro multilateral.

El secretario del Tesoro fue selectivo al momento de cerrar su agenda de trabajo, y no dudó cuando desde el Palacio de Hacienda pidieron una reunión formal.

Bessent anoche sentó a Caputo junto a sus colegas de Italia, Francia, Japón y Polonia, en un gesto político que fue observado con atención desde las otras mesas que ocupaban importantes ministros de Europa, Asia y la Liga Árabe.

Hoy, el funcionario de Trump recibirá en sus oficinas ad hoc del hotel The Ommi Grove Park Inn a Caputo, que estará acompañado por Santiago Bausili-presidente del Banco Central-, José Luis Daza-secretario de Política Económica- y Vladimir Werning-vicepresidente del Banco Central-, quienes integran la delegación oficial de la Argentina.

Bessent cumple un papel central en la relación privilegiada que Milei construyó con Trump. Por instrucción directa del presidente de Estados Unidos, el secretario del Tesoro respaldó el programa económico argentino a pocos días de los comicios de octubre de 2025, y fue una pieza importante cuando surgieron objeciones técnicas dentro del FMI.

Sin embargo, la influencia política de Bessent, que entiende como pocos la lógica de poder de Trump, no termina en el caso argentino.

El secretario del Tesoro diseñó las sanciones comerciales contra Irán y juega un papel esencial al momento de fijar disposiciones que sirvan para contener la inflación doméstica.

En este contexto, Caputo y la comitiva oficial tendrán una oportunidad única para conocer los próximos pasos geopolíticos de la administración republicana.

Milei es socio privilegiado de Trump, y sus decisiones desde la Casa Blanca impactan en la agenda doméstica del gobierno libertario.

Una derrota del presidente de los Estados Unidos en los comicios del 3 de noviembre puede afectar los eventuales niveles de colaboración estratégica de Washington con Buenos Aires.

Ayer al mediodía, Caputo defendió el programa de ajuste del Gobierno. El ministro remarcó que la inversión privada debe ser el principal motor del crecimiento y subrayó la importancia de contar con reglas claras y menor intervención estatal

En la sesión estaba Georgieva, aliada incondicional del ministro de Economía en Washington.

Cuando terminó ese tramo de la sesión, Infobae le preguntó a Georgieva cuándo se encontraría con Caputo. “Pronto, en cualquier momento”, le contestó la directora gerente a este enviado especial.

Tres horas más tarde, pasadas las 15 de Buenos Aires, Caputo posteó en su cuenta de X que dialogó con Georgieva en un intermedio de las sesiones del G20 de Finanzas.

“Gran encuentro con en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, posteó el jefe del Palacio de Hacienda.

Por su parte, la titular del FMI expresó: “Fue un gusto ponerme al día con Luis Caputo sobre la impresionante recuperación económica de Argentina, fruto de buenas políticas y una implementación sólida”.

Tras su participación en el G20 de Finanzas, Caputo tiene previsto volar directo a Buenos Aires.

Enviado especial a Asheville, EEUU- Luis Caputo defendió los resultados del plan de ajuste económico durante la sesión inaugural del G20 de Finanzas, que se realiza en esta ciudad de Carolina del Norte.

El jefe del Palacio de Hacienda expuso ante los ministros de Finanzas y titulares de los Bancos Centrales más poderosos del mundo.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, es anfitrión del G20 y en las próximas horas mantendrá un encuentro con Caputo, quien estará acompañado por Santiago Bausili, presidente del Banco Central; José Luis Daza, secretario de Política Económica; y Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central.

Pasadas las 15 de Buenos Aires, Caputo posteó en su cuenta de X que se encontró con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Gran encuentro con en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, escribió el ministro.

“Fue un gusto ponerme al día con Luis Caputo sobre la impresionante recuperación económica de Argentina, fruto de buenas políticas y una implementación sólida”, retrucó Georgieva en la misma red social.

Discurso

Bessent y Georgieva estaban en el recinto de sesiones del G20 cuando Caputo defendió los resultados del plan de ajuste que se aplica en Argentina.

Como la sesión del G20 fue cerrada a los periodistas, el Palacio de Hacienda dio a conocer un comunicado oficial adonde se glosó la exposición del ministro Caputo:

• Destacó la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido y afirmó que el programa está orientado a recuperar el equilibrio fiscal y generar las condiciones para una mayor inversión privada.
• “Desde diciembre de 2023, Argentina logró reducir el gasto público un 30% en términos reales y eliminar el déficit fiscal y el déficit cuasifiscal del Banco Central”, dijo.
• Explicó que se redujeron impuestos por el equivalente a 3 puntos del PIB, en el marco de una profunda desregulación de la economía.
• A su vez, Caputo destacó las reformas recientemente aprobadas, entre ellas la reforma laboral, orientada a incrementar la formalidad, y la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que fortalece su independencia y establece la prohibición de financiar el déficit del Tesoro.
• El ministro remarcó que la inversión privada debe ser el principal motor del crecimiento y subrayó la importancia de contar con reglas claras, menor intervención estatal, una regulación más simple y una economía más competitiva que fortalezca el comercio internacional.
• En este sentido, destacó los resultados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya cuenta con proyectos aprobados por alrededor de USD 50.000 millones, mientras que otros proyectos por aproximadamente USD 150.000 millones se encuentran en proceso de evaluación.
• Como resultado de estas políticas, Caputo destacó que Argentina crecerá en términos per cápita por primera vez en 16 años, en un contexto caracterizado simultáneamente por superávit fiscal y superávit de cuenta corriente.
• Finalmente, el ministro sostuvo que la participación del sector privado debe continuar siendo un componente central de la agenda del G20. En ese sentido, planteó la necesidad de mantener un diálogo sostenido entre gobiernos y empresas para identificar restricciones, impulsar reformas de alto impacto y generar condiciones que favorezcan la inversión y la innovación.

La sociedad americana no respalda la guerra con Irán, y la economía esta sufriendo por las oscilaciones constantes del precio del barril de petróleo.

A su vez, Trump despliega una agenda de constante presión sobre sus aliados históricos -Canadá, Europa y Japón, por ejemplo- que impacta en la cadena de suministros y en la inflación global.

En el centro de la toma de decisiones de Trump, se encuentra Bessent. El secretario del Tesoro diseñó las sanciones comerciales contra Irán y juega un papel esencial al momento de fijar disposiciones que sirvan para contener la inflación doméstica.

En este contexto, Caputo y la comitiva oficial tendrá una oportunidad única para conocer los próximos pasos geopolíticos de la administración republicana, cuando se encuentren con Bessent.

Javier Milei es socio privilegiado de Trump, y sus decisiones desde la Casa Blanca impactan en la agenda doméstica del gobierno libertario.

Una derrota del Presidente de los Estados Unidos en los comicios del 3 de noviembre, podrían afectar los eventuales niveles de colaboración estratégica desde Washington a Buenos Aires.

Enviado especial a Carolina del Norte, Estados Unidos - Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent para analizar la marcha del programa de ajuste y la situación internacional, durante las sesiones del G20 de Finanzas que comenzaron esta mañana en Asheville, una pintoresca ciudad de Carolina del Norte.

El secretario del Tesoro cumple un papel central en la relación privilegiada que Javier Milei construyó con Donald Trump.

Por instrucción directa del presidente de Estados Unidos, Bessent respaldó el programa económico argentino a pocos días de los comicios de octubre de 2025, y fue una pieza importante cuando surgieron objeciones técnicas dentro del FMI.

Bessent abrió las deliberaciones pasadas las 10 de la Argentina, en un contexto internacional atravesado por la guerra que libra Estados Unidos con Irán, y la inflación creciente en las principales economías del mundo.

“Irán se está tomando las sanciones muy en serio. Están reaccionando de manera cinética porque están perdiendo económicamente”, afirmó Bessent al comienzo de las deliberaciones del G20 de Finanzas.

Caputo escuchó el discurso de apertura de Bessent junto a Santiago Bausili -presidente del Banco Central-, José Luis Daza -secretario de Política Económica- y Vladimir Werning -vicepresidente del Banco Central-, quienes compartirán la agenda oficial del ministro de Economía.

Además de la cita con el secretario del Tesoro, Caputo también dialogará con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro y la titular del organismo multilateral mantienen una relación personal fluida, que fue clave al momento de negociar las metas del programa monetario.

Al margen de los encuentros con Bessent y Georgieva, Caputo defenderá al plan de ajuste durante un debate de crecimiento global que está previsto para cerca del mediodía (hora de Argentina).

La exposición del jefe del Palacio de Hacienda rescatará los niveles de inversión del país, la caída de la inflación y el aumento creciente de las reservas del Banco Central, en un escenario mundial que está afectado por la crisis en Ormuz, la guerra de aranceles que despliega Donald Trump y la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

La sociedad americana no respalda la guerra con Irán, y la economía esta sufriendo por las oscilaciones constantes del precio del barril de petroleo.

A su vez, Trump despliega una agenda de constante presión sobre sus aliados históricos -Canadá, Europa y Japón, por ejemplo- que impacta en la cadena de suministros y en la inflación global.

En el centro de la toma de decisiones de Trump, se encuentra Bessent. El secretario del Tesoro diseñó las sanciones comerciales contra Irán y juega un papel esencial al momento de fijar disposiciones que sirvan para contener la inflación doméstica.

En este contexto, Caputo y la comitiva oficial tendrá una oportunidad única para conocer los próximos pasos geopolíticos de la administración republicana.

Milei es socio privilegiado de Trump, y sus decisiones desde la Casa Blanca impactan en la agenda doméstica del gobierno libertario. Una derrota del Presidente de los Estados Unidos en los comicios del 3 de noviembre, pueden afectar los eventuales niveles de colaboración estratégica desde Washington a Buenos Aires.

Si el partido Demócrata toma el control de la Cámara de Representantes -una posibilidad que no se descarta en la administración republicana-, los márgenes de maniobra de Trump y Bessent se achicarían inevitablemente.

Al margen de la agenda pautada, la presencia de Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, cerca de Kristalina Georgieva en las sesiones del G20 de Finanzas sumó un elemento adicional de interés para la delegación argentina.

Dentro del equipo encabezado por Luis Caputo, no descartan una reunión informal con Banga para analizar la coyuntura internacional y revisar el estado de las relaciones bilaterales entre Argentina y el Banco Mundial.

Un diálogo directo con el titular del Banco Mundial refuerza el posicionamiento argentino en las discusiones sobre crecimiento y asistencia financiera, especialmente frente a la incertidumbre política y económica que atraviesa el escenario internacional.

Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent durante la cumbre del G20 de Finanzas que comienza hoy en Asheville, una apacible ciudad de Carolina del Norte. El ministro de Economía defenderá el programa de ajuste que impulsa la gestión de Javier Milei.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos es un protagonista esencial en la relación privilegiada que tiene Javier Milei con Donald Trump, y la cita con el ministro de Economía tiene como finalidad ratificar los vínculos políticos e ideológicos que unen al gobierno libertario con la administración republicana.

De hecho, por instrucción directa de Trump, Bessent rescató el programa económico de Milei a pocos días de los comicios de octubre de 2025, y su rol ha sido clave cuando aparecieron ciertos cuestionamientos técnicos en el FMI.

Es muy probable que Caputo también se encuentre con Kristalina Georgieva —titular del Fondo Monetario Internacional— para analizar la actual situación de la Argentina.

El ministro de Economía y la directora gerente del FMI tienen una relación personal óptima, y hasta ahora la Argentina cumple con las metas de emisión monetaria, reservas públicas y superávit fiscal pactadas con el Fondo.

De todas maneras, los técnicos de Georgieva en Washington monitorean la recaudación, su impacto en el superávit fiscal, y la crisis social causada por los niveles de mora crediticia.

Julie Kozack, vocera del FMI, insiste en todas sus conferencias de prensa que la Casa Rosada debe responder a determinadas demandas sociales, y la mora crediticia encuadra en la perspectiva que exige el board del Fondo a la Argentina.

Kozack acompañará a Georgieva durante la cumbre del G20 en Carolina del Norte.

La administración Trump utilizará la cumbre de ministros de Finanzas del G20 para defender las sanciones impuestas a Irán, que están destinadas a forzar la apertura del estrecho de Ormuz y desmantelar su proyecto nuclear.

En este contexto, el principal objetivo geopolítico de Bessent será ratificar la decisión de Estados Unidos de asfixiar la economía del régimen chiíta, que en las sombras es apoyado por China, Turquía, Qatar, India y Pakistán.

La Secretaría del Tesoro diseñó una batería de sanciones comerciales y financieras que pretenden el colapso de la economía iraní, tras la decisión de Washington de suspender las operaciones militares en Medio Oriente. Parte de esas sanciones fueron adelantadas por Bessent en la previa del encuentro. “Esto será violencia financiera si tenemos que hacerlo”, expresó Bessent el domingo por la noche. “Les estamos demostrando a esas personas que sabemos quiénes son, que ellos saben quiénes son, y que esto tiene que parar”, agregó.

China es el principal aliado de Irán frente al conflicto que libra contra Estados Unidos, y Bessent ratificará en el G20 que la Casa Blanca no permitirá el apoyo clandestino de Beijing al régimen totalitario que controla la Guardia Revolucionaria.

El líder chino Xi Jinping siempre sostuvo al régimen chiíta, pese a las constantes sanciones de Estados Unidos y Europa, y es poco probable que cambie de opinión ante las sanciones dispuestas por Trump.

En este contexto, Luis Caputo será figura central en un panel sobre crecimiento global, donde defenderá los conceptos básicos del plan de ajuste y su proyección futura.

“Caputo va a disertar sobre las medidas implementadas en la Argentina para generar estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento sostenido”, adelantaron a Infobae desde el Palacio de Hacienda.

Junto a Caputo se alinearán Santiago Bausili -presidente del Banco Central-, Jose Luis Daza -secretario de Política Económica- y Vladimir Werning, vicepresidente de la autoridad monetaria.

Además de la crisis global causada por la guerra constante contra Irán, en la cumbre del G20 se analizará la situación económica en Estados Unidos y su proyección internacional.

(Enviado especial a Carolina del Norte, Estados Unidos) Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent durante la cumbre del G20 de Finanzas que inicia mañana en Asheville, una apacible ciudad de Carolina del Norte.

El secretario del Tesoro es un protagonista esencial en la relación privilegiada que tiene Javier Milei con Donald Trump, y la cita con el ministro de Economía tiene como finalidad ratificar los vínculos políticos e ideológicos que unen al gobierno libertario con la administración republicana.

Por instrucción directa de Trump, Bessent rescató el programa económico de Milei a pocos días de los comicios de octubre de 2025, y su rol ha sido clave cuando aparecieron ciertos cuestionamientos técnicos en el FMI.

Es muy probable que Caputo también se encuentre con Kristalina Georgieva para analizar la actual situación de la Argentina.

El ministro de Economía y la directora gerente del FMI tienen una relación personal óptima, y hasta ahora la Argentina cumple con las metas de emisión monetaria, reservas públicas y superávit fiscal pactadas con el Fondo.

De todas maneras, los técnicos de Georgieva en Washington monitorean la recaudación, su impacto en el superávit fiscal, y la crisis social causada por los niveles de mora crediticia.

Julie Kozack, vocera del FMI, insiste en todas sus conferencias de prensa que la Casa Rosada debe responder a determinadas demandas sociales, y la mora crediticia encuadra en la perspectiva que exige el board del Fondo a la Argentina.

Kozack acompañará a Georgieva durante la cumbre del G20 en Carolina del Norte.

La administración Trump utilizará la cumbre de ministros de Finanzas del G20 para defender las sanciones impuestas a Irán, que están destinadas a forzar la apertura del estrecho de Ormuz y desmantelar su proyecto nuclear.

Bessent será el anfitrión del G20 en Carolina del Norte, y su principal objetivo geopolítico es ratificar la decisión de Estados Unidos de asfixiar la economía del régimen chiíta, que en las sombras es apoyado por China, Turquía, Qatar, India y Pakistán.

La Secretaría del Tesoro diseñó una batería de sanciones comerciales y financieras que pretenden el colapso de la economía iraní, tras la decisión de Washington de suspender las operaciones militares en Medio Oriente.

China es el principal aliado de Irán frente al conflicto que libra contra Estados Unidos, y Bessent ratificará en el G20 que la Casa Blanca no permitirá el apoyo clandestino de Beijing al régimen totalitario que controla la Guardia Revolucionaria.

El líder chino Xi Jinping siempre sostuvo al régimen chiíta, pese a las constantes sanciones de Estados Unidos y Europa, y es poco probable que cambie de opinión ante las sanciones dispuestas por Trump.

En este contexto, Luis Caputo será figura central en un panel sobre crecimiento global, adonde defenderá los conceptos básicos del plan de ajuste y su proyección futura.

“Caputo va a disertar sobre las medidas implementadas en la Argentina para generar estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento sostenido”, adelantaron a Infobae desde el Palacio de Hacienda.

Junto a Caputo se alinearán Santiago Bausili -presidente del Banco Central-, Jose Luis Daza -secretario de Política Económica- y Vladimir Werning, vicepresidente de la autoridad monetaria.

Además de la crisis global causada por la guerra constante contra Irán, en la cumbre del G20 se analizará la situación económica en Estados Unidos y su proyección internacional.

Trump: de guerra de aranceles a desafío económico y electoral

La administración Trump lanzó una guerra de aranceles que afectó a socios locales -Canadá- y aliados históricos -Europa-, y su impacto también llegó a la Argentina.

Milei por su alineamiento con Trump ha logrado que los aranceles sean mínimos en la ofensiva diseñada por la Secretaría del Tesoro, y a su vez obtuvo un cupo extra de exportación de carne hacia los EE.UU.

Pero la propuesta económica de Trump está en jaque por la inflación, el desempleo y los comicios de medio término en noviembre.

Desde esta perspectiva, una derrota electoral de la administración Trump puede implicar una mutación en las preocupaciones de la Casa Blanca, y hasta un posible cambio en el gabinete republicano.

Durante su encuentro en Carolina del Norte, Caputo tendrá la oportunidad de preguntar a Bessent qué escenarios políticos analiza Trump, al promediar su mandato definitivo como presidente de Estados Unidos.

La volatilidad y la incertidumbre marcan la agenda de los bancos centrales del mundo, incluido el de la Argentina, al que un proyecto del gobierno de Javier Milei que recibió en la semana media sanción en Diputados pretende dotar de independencia.

El proyecto oficial, que tuvo 144 votos a favor y 102 en contra, busca garantizar la independencia del Banco Central e impedir que financie al Tesoro endureciendo las condiciones de remoción de sus autoridades, para de ese modo erradicar “el robo de la alta política”, como planteó expresamente Milei en la cadena nacional en la que anunció el envío del proyecto al Congreso.

Un novísimo documento del FMI, sin embargo, agregó que la calidad de la comunicación de los bancos centrales es clave para su eficacia. En una “nota” difundida este jueves, Tobias Adrian, consejero financiero del Fondo, sostiene que un Banco Central debe explicar claramente la lógica detrás de sus decisiones, en vez de prometer trayectorias fijas —por ejemplo— para las tasas de interés. Sus mensajes institucionales, subraya, deben adaptarse a un entorno en que los shocks económicos se suceden con rapidez.

Independencia, comunicación y desafíos

Según Adrian, la comunicación de los bancos centrales enfrenta desafíos inéditos. La reacción instantánea de los mercados y un alto grado de incertidumbre los obligan a ser cada vez más transparentes, a explicar cómo funciona su política monetaria y cómo influyen riesgos e incertidumbres en diferentes escenarios alternativos.

Durante un largo período de baja inflación posterior a la crisis financiera de 2008 predominó el uso de la llamada forward guidance (traducible como guía orientadora), según la cual los bancos centrales se comprometían públicamente con un rumbo futuro de tasas de interés, algo efectivo en momentos de estancamiento y expectativas desancladas, cuando nadie sabía a qué atenerse.

Giro a la transparencia y “función de reacción”

El nuevo titular de la Reserva Federal de EEUU, Kevin Warsh, dejó de lado ese compromiso que, según el documento del Fondo, “puede volverse oneroso ante sorpresas inflacionarias, shocks de oferta o cambios súbitos en el balance de riesgos”.

La nueva tendencia es hacia una comunicación centrada en explicar cómo responderá un Banco Central a medida que evolucionen las condiciones macroeconómicas. El foco ya no es prometer acciones futuras, sino detallar reglas y criterios para decidir. En palabras de Adrian, la tarea central es “comunicar la función de reacción”: cómo el Banco Central interpreta los datos, pondera los riesgos y gestiona los dilemas entre diferentes objetivos institucionales.

Si bien el proyecto que recibió media sanción del Congreso dice que el objetivo del BCRA será, de aprobarse la ley y de modo excluyente, “la estabilidad de la moneda” (esto es, combatir la inflación), no especifica, por caso, cuál debe ser la política cambiaria, algo que debe decidir el directorio de la entidad.

El documento del FMI dice que la fortaleza de la inflación “subyacente”, las expectativas de precios y el modo de transmisión de la política monetaria son elementos esenciales para decidir. Y agrega que la “dependencia de los datos” aumentó. Los bancos centrales, dice, deben explicar qué datos consideran relevantes, cómo influyen en sus decisiones y qué implicaciones pueden tener los futuros escenarios, de modo que la opinión pública comprenda la lógica de sus movimientos.

Sin embargo, los pronósticos y escenarios económicos no deben interpretarse como promesas. “En un entorno propenso a shocks, las previsiones están sujetas a una enorme incertidumbre”, precisa el Fondo. Si un Banco Central formula previsiones demasiado precisas o sus proyecciones de tasas se perciben como compromisos, cualquier revisión puede verse como un cambio de rumbo inesperado.

Por eso, dice el documento, “la presentación de escenarios alternativos ayuda a ilustrar cómo respondería la política monetaria ante diferentes desenlaces, reforzando la idea de que las decisiones futuras dependerán de la información disponible y de la evolución de las condiciones”.

El FMI recomienda que los pronósticos de los bancos centrales se acompañen de una explicación clara de los riesgos y que la comunicación de lo que llama “función de reacción” (es decir, su lógica decisoria) sea el eje para que el público comprenda cómo puede variar su política bajo distintos resultados.

“Solo en casos excepcionales y bajo condiciones explícitas deberían las autoridades comprometerse con una senda de tasas, y siempre subordinando cualquier promesa condicional al mandato de estabilidad de precios”, dice el documento.

Adrian, el consejero financiero del FMI, aclara que la meta de la comunicación del Central no es eliminar la volatilidad de los mercados, sino que ante la nueva información que surja sobre inflación o crecimiento, los mercados cumplan su función de “descubrimiento” de precios. Esas fluctuaciones, dice, no son una amenaza, sino información valiosa para un Banco Central.

El éxito en la comunicación es que el público comprenda el marco de acción, los objetivos y la “función de reacción” del Banco Central. Ante la incertidumbre global, concluye el FMI, las autoridades deben ser explícitas sobre los riesgos y reflejar con precisión el grado de incertidumbre macroeconómica, de modo de sostener la confianza en su accionar, no por el ajuste a promesas rígidas, sino por la claridad y honestidad del proceso decisorio.

En medio de los crecientes reclamos por el incremento del precio del diésel para algunos consumidores en Bolivia, la administración de Rodrigo Paz descartó su abrogación. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, justificó la continuidad de la medida por los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de USD 1.900 millones.

En un encuentro con alcaldes del país, Aramayo señaló que el financiamiento del FMI “viene atado a muchos otros elementos que han sido decisiones complejas que se han tenido que tomar, poco populares y para nada gratas”.

“El Decreto 5676 (…) es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI, en tanto liberación de precios de los hidrocarburantes”, añadió el funcionario.

El Decreto Supremo 5676, vigente desde el 27 de agosto, nivela al valor internacional el precio del diésel para los “grandes consumidores”: pasa de 9,80 bolivianos (equivalente a poco más de un dólar) a 18 bolivianos, lo que supone un incremento de casi el 84%. La norma establece que el objetivo es “regularizar la provisión” del carburante y señala que el precio es referencial y flexible, y que será calculado de manera diaria con base en los valores internacionales.

La medida no afecta al transporte público ni a los usuarios particulares para quienes el producto se mantiene parcialmente subsidiado. Sin embargo, ha generado el rechazo de múltiples sectores, principalmente productores agrícolas y el Comité Cívico de Santa Cruz, una organización que aglutina a varias instituciones del departamento y que se atribuye la defensa de los intereses de esa región.

Mientras la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Comité Cívico mantienen su exigencia de abrogar el decreto y dieron plazo al Gobierno hasta el domingo antes de tomar medidas de presión, organizaciones de productores realizaron una protesta con bloqueo en la ruta que une las ciudades de Trinidad y Santa Cruz, al este del país, pese a la vigencia del estado de excepción que prohíbe los piquetes.

En medio de los reclamos, el presidente defendió la aplicación del decreto y señaló que “se puede mejorar, pero no retroceder”. Paz argumentó que la crisis económica heredada de anteriores gestiones impide mantener el subsidio a los combustibles, vigente en el país durante casi 20 años y parcialmente eliminado en diciembre pasado.

Mientras el gobierno justifica la medida como parte de su estrategia para reducir el gasto público y cumplir compromisos con el FMI, la Gobernación de Santa Cruz, principal región productiva del país, busca abrir una vía paralela de abastecimiento con empresas privadas.

La propuesta del gobernador Juan Pablo Velasco contempla un decreto departamental mediante el cual la Gobernación sería articuladora entre proveedores internacionales y operadores privados para garantizar el abastecimiento, aumentar los volúmenes de importación y dar mayor estabilidad de precios.

Durante casi 20 años, los bolivianos compraron diésel y gasolina a un precio subsidiado y significativamente menor que el valor internacional. Sin embargo, las crecientes dificultades de importación —por la crisis económica, la falta de divisas y el agotamiento de las reservas internacionales— provocaron desde 2023 periodos de desabastecimiento cada vez más prolongados y frecuentes.

En ese contexto, una de las primeras medidas de la administración de Paz fue levantar parcialmente el subsidio con el objetivo de regularizar el suministro y combatir el contrabando de combustibles. Sin embargo, la medida aprobada en diciembre no logró resolver la crisis de abastecimiento ni disipó los cuestionamientos sobre la calidad del combustible comercializado en el país, que en el primer trimestre de este año provocaron daños en decenas de miles de vehículos que reportaron fallas mecánicas.

En ese contexto, el conflicto por el aumento del precio del diésel para los grandes consumidores pone al Gobierno de Paz ante el desafío de sostener una política económica que considera necesaria para estabilizar las cuentas públicas, mientras enfrenta el creciente costo político y social de sus decisiones.

El Gobierno de Bolivia afirmó que el retiro de la subvención al diésel para los grandes consumidores respondió a un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, una definición que abrió un nuevo frente de conflicto con sectores productivos y del transporte en medio de la escasez de combustibles que afecta al país.

La declaración salió de boca del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, durante una reunión entre el presidente Rodrigo Paz, miembros del Ejecutivo y alcaldes de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia. En ese encuentro, Aramayo sostuvo que el Decreto Supremo 5676 formó parte de las condiciones vinculadas al programa de financiación acordado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El funcionario dijo que la liberación del precio de los hidrocarburos respondió a la necesidad de frenar un gasto estatal que, según planteó, resultó insostenible para el Tesoro General del Estado.

“El decreto 5676 es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional en tanto (se libere) del precio de los hidrocarburantes, porque no es sostenible que el Estado financie una partida que (...) ha tenido un componente de corrupción muy grande y está desangrando el Tesoro General del Estado”, afirmó.

El decreto, emitido el 17 de agosto, fijó para industrias, empresas y otros usuarios catalogados como “clientes directos” o “grandes consumidores” un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel, frente a los 9,80 bolivianos que siguieron vigentes para el transporte público, usuarios particulares y consumidores con compras mensuales menores a 5.000 litros. La medida buscó atender con urgencia los problemas de abastecimiento que derivaron en largas filas en estaciones de servicio de varias ciudades y carreteras del país andino.

El acuerdo entre el Gobierno boliviano y el FMI quedó sellado a finales de julio e incluyó un plan técnico de 36 meses por USD 1.900 millones para respaldar el programa de reformas económicas impulsado por la administración de Paz.

Ese entendimiento todavía quedó sujeto a la aprobación del directorio del organismo y del Legislativo boliviano, aunque la referencia oficial al decreto como parte de los compromisos asumidos con el Fondo agregó un componente político a una decisión que ya provocó rechazo en varios sectores.

La reacción llegó con fuerza desde Santa Cruz, el principal polo agroproductivo de Bolivia. Productores de cuatro provincias dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para dejar sin efecto la norma y advirtieron con movilizaciones si no había una respuesta. La Cámara Agropecuaria del Oriente calificó la disposición de improvisada y discriminadora, y su presidente, Klaus Frerking, cuestionó la versión oficial de que la medida había sido socializada con los sectores afectados.

El rechazo no se limitó al empresariado agroindustrial. La Confederación Agropecuaria Nacional, que reúne a organizaciones de los nueve departamentos del país, también objetó el incremento del precio del diésel y advirtió sobre un posible impacto en la producción si no se adoptaban medidas compensatorias.

Entre los sectores que expresaron oposición figuraron además productores de arroz, de caña de azúcar, campesinos de distintas regiones y organizaciones de transporte. A una semana de la entrada en vigor del decreto, al menos ocho sectores ya habían manifestado su rechazo público.

La presión también se trasladó a las rutas. En el oriente boliviano, productores de arroz instalaron un bloqueo sobre la carretera que une Santa Cruz con Beni, una protesta que derivó en el envío de militares y policías para despejar el paso. La medida se produjo pese al estado de excepción que regía en el país desde junio. Ese mismo marco no impidió que otros sectores anunciaran nuevas acciones de protesta si el Gobierno mantenía la decisión sobre el combustible.

El conflicto alcanzó al transporte de carga y de pasajeros. La Confederación de Choferes de Bolivia declaró al sector en estado de emergencia y convocó a una reunión nacional para definir los pasos a seguir. Sus dirigentes reclamaron una solución simultánea al aumento del precio para grandes consumidores y al desabastecimiento de diésel, un problema que mantuvo durante semanas extensas filas de autobuses, camiones y otros vehículos en avenidas y estaciones de servicio. Conductores denunciaron esperas de varios días para cargar combustible.

La administración de Paz intentó, al mismo tiempo, ampliar la participación privada en el suministro de combustibles. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abrió las ofertas de cinco empresas interesadas en abastecer el mercado, aunque aclaró que ese proceso todavía seguía en etapa de selección. La búsqueda de nuevos proveedores apareció como una de las respuestas oficiales frente a una crisis de abastecimiento que no cedió y que golpeó tanto a la logística del transporte como a la producción agropecuaria.

(Con información de EFE)

El Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito flexible de USD 11.800 millones para Chile, en un acuerdo de dos años que el país mantendrá como respaldo ante un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, presiones comerciales y señales de desaceleración en la economía global.

La decisión quedó formalizada este miércoles por el Directorio Ejecutivo del organismo, que autorizó un monto equivalente al 500% de la cuota chilena en el Fondo. La herramienta no supone un desembolso automático ni la contratación inmediata de deuda por parte del Banco Central de Chile, sino la disponibilidad de recursos para ser utilizados solo si el país enfrenta un shock externo que afecte su balanza de pagos o sus condiciones financieras.

El nuevo programa reemplazó a la línea aprobada en agosto de 2024 y confirmó una reducción gradual en el acceso que Chile mantuvo desde el inicio de esta asistencia precautoria. El país recibió una primera línea en mayo de 2020 por USD 23.930 millones, otra en agosto de 2022 por USD 18.500 millones y una tercera en 2024 por USD 13.800 millones. La autorización vigente quedó fijada ahora en USD 11.800 millones.

El Banco Central sostuvo que el monto aprobado resultó adecuado como resguardo frente a eventuales riesgos externos en un entorno que todavía presenta alta incertidumbre. También recordó que esta fue la cuarta vez que el país accedió a una Línea de Crédito Flexible desde la pandemia y precisó que en ninguno de los acuerdos anteriores utilizó esos recursos.

Este tipo de instrumento está reservado para economías que exhiben fundamentos macroeconómicos sólidos y capacidad de respuesta ante episodios de tensión internacional. La línea permite a los países disponer de los fondos en cualquier momento dentro del período acordado, sin condicionalidades asociadas a un programa tradicional, aunque su existencia funciona sobre todo como una señal de respaldo financiero y fortaleza institucional.

En su evaluación, el Fondo indicó que la economía chilena atravesó una moderación en su crecimiento. El organismo señaló que la actividad minera perdió impulso de manera transitoria, aunque parte de ese efecto quedó compensado por el aumento del precio del cobre. También remarcó que la guerra en Oriente Medio agregó presión sobre la actividad económica por el encarecimiento del petróleo.

“El crecimiento económico de Chile se ha moderado, con una desaceleración temporal de la actividad minera parcialmente compensada por el aumento de los precios del cobre. La guerra en Oriente Medio ha afectado aún más la actividad debido al incremento de los precios del petróleo”, detalló en un comunicado el subdirector gerente y presidente interino del FMI, Kenji Okamura.

Entre los elementos valorados por el Fondo aparecieron la conducción fiscal, el manejo monetario y la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. El organismo consideró que Chile siguió una trayectoria fiscal prudente, orientada a resguardar la sostenibilidad de la deuda pública y a facilitar la convergencia de la inflación hacia la meta establecida por las autoridades.

El Fondo también señaló que las autoridades impulsaron medidas para elevar el crecimiento potencial. En ese marco incluyó reformas y planes orientados a dinamizar la inversión y ampliar la capacidad productiva. Entre las iniciativas mencionadas figuró el Plan Nacional de Reconstrucción, planteado como una vía para acelerar proyectos, simplificar permisos y reducir cargas que afectan la actividad económica.

(Con información de EFE)

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este martes que la economía mundial resistió mejor de lo previsto el impacto energético asociado al cierre del estrecho de Ormuz, pero enfrenta un deterioro fiscal creciente y mantiene riesgos a la baja.

La funcionaria hizo esa evaluación antes de la reunión de ministros de Economía del G20, en un escenario atravesado por inflación persistente, deuda elevada, tensiones comerciales y el efecto desigual de la guerra en Irán sobre los mercados de energía.

“La economía global está como el barco de la nueva película de Christopher Nolan, ‘La Odisea’. Al igual que ese navío azotado por la tormenta, resiste fuertes vientos en contra derivados de altos niveles de deuda, una inflación persistente y tensiones comerciales”, resumió Georgieva en un encuentro con periodistas.

Georgieva sostuvo que el panorama global mostró una capacidad de respuesta mayor a la esperada frente al shock sobre la oferta energética en el Golfo Pérsico, aunque remarcó que esa resistencia no despejó las amenazas que siguen pesando sobre la actividad.

Ella advirtió que las existencias de petróleo y gas se están agotando y que la llegada del invierno en el hemisferio norte suele empujar al alza el consumo de gas y combustibles como el gasóleo.

“Esto significa que la crisis energética aún no ha terminado. Un nuevo aumento en los precios del petróleo podría impulsar la inflación, obligando a los bancos centrales a mantener una política monetaria restrictiva, con graves consecuencias para los costos del servicio de la deuda y la actividad económica”, apuntó.

Por otro lado, la titular del FMI afirmó que los riesgos para la economía internacional quedaron más equilibrados que en abril, cuando el conflicto recién escalaba, pero aclaró que todavía se inclinan en sentido negativo por la presión sobre las cuentas públicas y por la posibilidad de que los bancos centrales prolonguen políticas monetarias restrictivas.

La economista búlgara describió la coyuntura como un tironeo entre dos fuerzas de signo opuesto. Por un lado, ubicó la disrupción en el suministro energético vinculada a Oriente Medio. Por el otro, señaló el empuje que genera la expansión de la inteligencia artificial, una ola de inversión que hasta hace poco se concentraba en Estados Unidos y que empezó a mostrar efectos en otras economías.

“El impacto neto de estas dos fuerzas es asimétrico entre países y depende de la exposición que cada uno tenga a las interrupciones energéticas, las vulnerabilidades macroeconómicas y su posición en la cadena de suministro de la IA”, mencionó.

Según explicó, esa combinación dejó un impacto dispar entre países, de acuerdo con su dependencia del petróleo del Golfo, sus vulnerabilidades macroeconómicas y su lugar en la cadena de suministro tecnológica.

Entre los factores que permitieron amortiguar el golpe energético, Georgieva mencionó la liberación de reservas de petróleo y gas, el aumento de la oferta por fuera del Golfo, una demanda energética más moderada, la ampliación de la capacidad renovable y el retorno al uso del carbón en algunos mercados. Ese conjunto de elementos permitió contener un deterioro mayor de la actividad global aun cuando los precios de la energía quedaron sometidos a una fuerte presión desde el inicio de la guerra.

La directora del FMI advirtió, de todos modos, que esa contención no resolvió el problema de fondo. Señaló que las reservas de hidrocarburos vienen bajando y recordó que la llegada del invierno en el hemisferio norte podría elevar otra vez la demanda de gas y derivados del petróleo. A partir de ese cuadro, alertó que un nuevo aumento del crudo podría reactivar la inflación y forzar a los bancos centrales a sostener tasas altas por más tiempo, con impacto sobre el costo de financiamiento, el servicio de la deuda y el nivel de actividad.

Georgieva puso el foco en la situación fiscal de varios países. Remarcó que una de las principales preocupaciones del momento pasa por el aumento de las presiones sobre las cuentas públicas, una tendencia que los mercados reflejan en el alza de los rendimientos de los bonos soberanos. A esa señal sumó otra inquietud: el proceso de desinflación perdió impulso en distintas economías, lo que limita el margen de acción de las autoridades monetarias y complica la normalización financiera.

“Un aumento de las presiones fiscales, evidenciado por el alza de los rendimientos de los bonos, y un proceso de desinflación estancado. Estos factores son motivo de preocupación tanto para los mercados como para los responsables políticos”, afirmó.

La evaluación del FMI llegó después de que el organismo recortó en julio, por segunda vez en el año, su proyección de crecimiento global a 3%. Esa revisión ya había reflejado un entorno internacional más frágil, aunque la jefa del organismo sostuvo ahora que la evolución reciente dejó una combinación menos desbalanceada que la observada en los meses iniciales de la crisis. Aun así, la incertidumbre permanece abierta por la evolución del conflicto, por el comportamiento de los precios energéticos y por la resistencia de la inflación en economías centrales.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó que la planeación actual del sistema eléctrico nacional no crecerá al ritmo necesario para sostener las metas de crecimiento económico planteadas por el Plan México, lo que podría convertirse en un obstáculo para la industrialización y la atracción de inversiones en los próximos años.

¿Qué es lo que está en juego?

El Plan México es la estrategia de política industrial del Gobierno federal para impulsar la producción nacional, atraer inversión y aprovechar fenómenos como el nearshoring. Para que esas metas se cumplan, explica IMCO, la electricidad debe estar disponible antes de que la demanda crezca, no después.

El problema, según el organismo, es que el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025-2039 —el documento con el que la Secretaría de Energía (Sener) planea la expansión del sistema— fue diseñado pensando en una economía más pequeña que la que el propio Plan México busca construir.

Una brecha de casi 12 gigawatts

De acuerdo con el análisis del organismo, alcanzar los objetivos del Plan México implicaría una demanda eléctrica 10.1% superior a la contemplada en el PLADESE hacia 2030.

Esa diferencia equivale a 11.9 gigawatts adicionales de capacidad de generación que actualmente no están previstos en la planeación oficial.

Para llegar a esta cifra, IMCO utilizó como base metodológica las proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI), contenidas en su reporte World Economic Outlook (WEO), y las cruzó con la demanda de electricidad que ese crecimiento requeriría.

El ritmo de crecimiento, insuficiente

2.5% frente a 4.5%. Esa es, en resumen, la brecha que IMCO detecta entre lo que planea Sener y lo que exige el Plan México.

• 2.5% anual: el crecimiento promedio del consumo eléctrico que contempla el PLADESE entre 2026 y 2030.
• 4.5% anual: el ritmo que se necesitaría para sostener las metas del Plan México en ese mismo periodo, casi el doble de lo proyectado.

Según el organismo, esta diferencia obligaría a acelerar las inversiones en generación, transmisión y almacenamiento de energía para evitar que la disponibilidad eléctrica limite el crecimiento económico del país.

Por qué le importa a la inversión extranjera

IMCO vincula directamente esta brecha con el atractivo de México como destino de inversión. Un sistema eléctrico saturado, advierte, no solo afecta a la industria ya instalada: también puede desalentar nuevos proyectos de empresas que evalúan instalarse en el país como parte de la relocalización de cadenas productivas.

Las propuestas de IMCO, en un vistazo

Frente a este panorama, el organismo planteó cuatro líneas de acción:

1. Acelerar la expansión de la infraestructura eléctrica, con énfasis en la Red Nacional de Transmisión y en nueva capacidad de generación de bajas emisiones.
2. Alinear la planeación del sistema eléctrico con las metas del Plan México, incorporando escenarios de mayor crecimiento en la próxima actualización del PLADESE.
3. Dar certidumbre a la inversión privada, mediante procesos de autorización más ágiles a cargo de Sener, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y demás autoridades competentes.
4. Reducir el subejercicio del gasto público en infraestructura eléctrica por parte de la CFE, y publicar indicadores de avance físico y financiero de los proyectos.

Sobre este último punto, el organismo fue enfático:

“Ejecutar oportunamente el presupuesto aprobado es tan importante como ampliar los recursos destinados a la expansión del sistema eléctrico.”

Dos riesgos para la viabilidad del plan

El organismo identificó dos brechas que, a su juicio, ponen en riesgo la viabilidad económica del Plan México.

La primera es técnica: la expansión prevista del sistema no cubre los requerimientos de un escenario de mayor crecimiento. La segunda es operativa: las limitaciones en la capacidad de ejecución generan incertidumbre sobre si la infraestructura planeada estará lista a tiempo.

IMCO concluyó que cerrar ambas brechas es indispensable para que México fortalezca su atractivo como destino de inversión, y advirtió que un sistema eléctrico saturado restringe el crecimiento económico del país en el largo plazo.

La reserva estratégica de Bitcoin de El Salvador superó esta semana las 7,740 monedas, un volumen valorado en más de USD 492.4 millones, según datos oficiales en el portal bitcoin.gob.sv/es. Este incremento ocurre a pocas semanas de cumplirse cinco años de la promulgación de la ley que permitió la utilización de esta criptomoneda en el país, una de las apuestas económicas del presidente Nayib Bukele.

El Gobierno salvadoreño pasó de poseer 7,517 bitcoines en diciembre de 2025 a 7,741 monedas en la segunda semana de agosto de 2026, debido a una estrategia estatal que incluyó la adquisición diaria de un Bitcoin. El Salvador es el segundo país con mayor acumulación de Bitcoin por compra directa, solo superado por Bután, indica una nota de la agencia de noticias EFE.

La política de compra de un Bitcoin diario se ha mantenido de forma constante durante meses. El reporte oficial señala que este martes se realizó una nueva adquisición, lo que incrementó el total de la reserva estatal. Esta dinámica forma parte de la política del presidente Bukele, quien impulsó la llamada Ley Bitcoin. Esta normativa fue aprobada el 8 de junio de 2021 por la Asamblea Legislativa —controlada por el partido Nuevas Ideas (NI)— y entró en vigencia el 7 de septiembre del mismo año.

El Salvador se convirtió así en el primer país del mundo en otorgar al Bitcoin el estatus de moneda de curso legal, junto con el dólar estadounidense, pero posteriormente la Asamblea hizo cambios a la normativa para eliminar el ese estatus y le quitó la obligatoriedad de su uso. Esta decisión colocó al país en el centro del debate financiero internacional y generó gran expectativa sobre el impacto económico y social de la medida, considerada una de las principales apuestas económicas del actual mandatario salvadoreño.

Qué nivel de uso tiene entre la población

Diversos estudios realizados por encuestadoras locales indican que el uso cotidiano del Bitcoin no logró consolidarse entre la población, menciona la agencia EFE. En 2024, el 92% de los salvadoreños declaró no haber utilizado la criptomoneda, marcando su menor nivel de adopción desde la entrada en vigor de la ley en 2021. El reporte también subraya que el fenómeno del Bitcoin se ha limitado principalmente a entusiastas de las criptomonedas y ciertos sectores económicos.

El acuerdo con el FMI y los cambios legales

El proceso de adopción se ha visto influido por factores externos. El Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el gobierno de Bukele alcanzó un acuerdo económico en 2024 que ha presentado algunos retrasos en sus revisiones, recomendó limitar tanto el uso como la compra de este activo digital. En enero de 2025, el Congreso salvadoreño eliminó la obligación legal de aceptar pagos en Bitcoin, suprimiendo además el papel estatal en la promoción y el uso de la criptomoneda.

Qué se sabe sobre el destino de la reserva de criptomonedas

Actualmente, no existe información oficial sobre si la reserva de Bitcoin se destinará a financiar proyectos específicos en el corto o mediano plazo; anteriormente el Ejecutivo indicó que las supuestas ganancias de las primeras criptomonedas que adquirió se destinarían a la construcción de escuelas. Sin embargo, el destino de estos fondos se mantiene sin precisiones por parte del gobierno, según reseña la agencia EFE.

El Ministerio de Economía oficializó una nueva recompra de Letras Intransferibles por USD 781 millones al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de reducir la deuda pública y avanzar con el saneo del balance de la autoridad monetaria.

La operación se concretó el lunes 10 de agosto y fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda publicada este martes en el Boletín Oficial.

Las Letras Intransferibles (LI) son títulos de deuda que el Tesoro Nacional comenzó a emitir en enero de 2006, bajo la gestión de Néstor Kirchner, y se destinaron al Banco Central como compensación por la entrega de reservas internacionales para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde entonces, el Tesoro recurrió en diversas oportunidades a este mecanismo para acceder a dólares y atender pagos de deuda, utilizando su cuenta corriente en el Banco Central. La operatoria consiste en que el Tesoro cubre sus pasivos empleando como respaldo las reservas internacionales, consideradas un activo del BCRA. Con el tiempo, el volumen de estos títulos aumentó y se transformó en una parte significativa de los activos del BCRA.

En el ámbito financiero, estas Letras son vistas como activos de valor incierto debido a que no pueden venderse ni negociarse en el mercado secundario. Generalmente, estos instrumentos se emiten con vencimientos de una década, ofrecen intereses bajos o nulos y suelen renovarse de manera automática.

En esta oportunidad, la recompra incluyó dos instrumentos: una letra con vencimiento el 30 de junio de 2031, por un valor nominal original de USD 76.248.473; y otra con vencimiento el 20 de abril de 2032, por un valor nominal original de USD 1.226.343.706. El precio pagado por cada uno se fijó según los mecanismos habituales del mercado.

Según explicaron desde el Gobierno, esta mecánica permite reducir la deuda pública registrada en los balances del Estado. De acuerdo con la resolución, “los títulos recibidos por la operación serán dados de baja de los registros de la deuda pública”. La medida forma parte de la estrategia de administración de pasivos de la administración central, que busca mejorar la composición y sostenibilidad del endeudamiento nacional y el balance del Central.

En la práctica, la recompra de Letras Intransferibles por parte del Tesoro implica una disminución de los compromisos con el Banco Central de la República Argentina, al tiempo que libera al ente monetario de títulos que no tienen valor de mercado.

De acuerdo a los cálculos de la administración de Santiago Bausili, titular del BCRA, entre 2003 y 2023, la financiación del Central al Tesoro implicó, entre otros ítems, la colocación de USD 116.000 millones en Letras Intransferibles.

Cabe destacar que el proyecto del oficialismo para modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria contempla la eliminación de estos títulos. La iniciativa, que el Gobierno buscará aprobar en las próximas semanas, prohíbe que el Tesoro transfiera este tipo de títulos al Banco Central como forma de obtener reservas internacionales.

En mayo, el ministerio comandado por Luis Caputo ya había realizado un movimiento similar luego de que la autoridad conducida por Bausili le gire $24,4 billones en concepto de dividendos del ejercicio 2025.

Por ese entonces, la cartera económica utilizó $18,4 billones a la recompra de LI en cartera del BCRA por un total estimado de USD 21.700 millones en valor nominal original. Según estimaciones de Economía, la operación redundó en una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional de aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Vale recordar que las Letras Intransferibles se colocaron al BCRA como contrapartida del uso de reservas internacionales por parte del Tesoro, en un contexto de déficit fiscal crónico y cierre de los mercados voluntarios de capitales. Esto implicó un fuerte deterioro acumulado en el activo del BCRA, al reemplazar un activo líquido y valioso (dólar) por otro ilíquido y sin valor de mercado, con reservas netas que a principios de diciembre de 2023 eran negativas en más de USD 11.000 millones”, aclaró el Palacio de Hacienda acerca de la recompra.

Un año antes, el Banco Central obtuvo USD 12.000 millones en efectivo por la cancelación total de LI con vencimiento el 1 de junio de 2025 y el 29 de abril de 2026, así como por la cancelación parcial de un título que vence el 3 de abril de 2029. Esos fondos provinieron del acuerdo rubricado con el FMI por 20.000 millones de dólares.

La visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina puso sobre la mesa un problema que en el equipo económico evitaba discutir: los altos niveles de morosidad credicitica.

El presidente Javier Milei sostiene que nadie les puso una pistola en la cabeza a quienes tomaron créditos que hoy no pueden pagar, pero el Gobierno sacó una ventaja colateral de la situación. Economía aprovechó el cambio de postura de los bancos -volver a prestarle más al Estado- para extender los plazos de la deuda en pesos hasta después de las elecciones del 2027.

La Secretaría de Finanzas, dirigida por Federico Furiase, utilizó la preferencia de los bancos por financiar al Tesoro para prolongar los vencimientos y reducir el riesgo de tensiones preelectorales, sacando ventaja de la falta de apetito de los bancos por prestar a privados, un comportamiento que, según un funcionario de la mesa chica, permitió a Finanzas “extender los plazos de los vencimientos” para 2028.

Oblicuamente, ese viraje fue reconocido por el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Felipe Núñez, quien puntualizó en la red X que, a diferencia de la gestión de Maurcio Macri, el Tesoro Nacional logró rollear la deuda por encima del 100%, a tasas cada vez más bajas hasta 2027 y pasar más del 30% de los vencimientos para después de las elecciones.

El reclamo a Georgieva

En su visita al país, la directora ejecutiva del FMI puso sobre la mesa el alto nivel de irregularidad crediticia y planteó que el Gobierno debe apuntar a solucionarlo, y permitir de ese modo, junto con otras medidas, que se produzca un derrame de los sectores más dinámicos (petróleo, campo, agroindustria, minería) al resto de la economía. Pero en el Gobierno reiteran que se trata de un problema entre privados y que el Estado no se tiene que meter, al menos hasta ahora.

“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente para asignárselo a otros. En todos esos casos se dispara el riesgo moral”, sostuvo el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en conferencia de prensa la semana pasada. Según el equipo económico, en el pasado cada vez que el Estado se metió, lo hizo con torpeza y consecuencias no deseadas.

Además, en voz baja en despachos oficiales hay cierto reproche al planteo de Georgieva: puso el problema sobre la mesa, pero no aportó soluciones. ”Ella misma pregunta, y el equipo del Fondo estuvo conversando con los bancos para ver qué se puede hacer que no involucre subsidios cruzados, arbitrariamente sacar recursos de un lugar a otro para fomentar el desarrollo de ese crédito", afirmó Bausili.

¿Se corta en junio?

A pesar de que en el equipo económico sostienen que el Estado no se tiene que meter para solucionar la mora -a contramano de la recomendación del FMI-, sí hay un seguimiento de la evolución del indicador. Y hay expectativas de que esa tendencia de crecimiento en la irregularidad de la carteras se haya cortado en junio.

El último informe del BCRA ubicó el ratio de irregularidad del crédito al sector privado en 7,7% en mayo, con un salto de 0,4 puntos porcentuales (p.p) en apenas un mes y de más de 5 p.p. frente al año anterior, siendo el segmento de créditos familiares siendo el más afectado, con mora del 12,8 por ciento. Los créditos personales exhibieron la mayor morosidad (15,9%), seguidos por tarjetas de crédito (13,1%) y préstamos prendarios (7,7%). Los créditos hipotecarios mantuvieron un baja incidencia, de 1,6 por ciento.

Para algunas consultoras, como 1816, la tendencia de crecimiento de la mora se cortó en junio, pero otras que afirman los contrario. Como es el caso de la Universidad Austral. Un informe reciente de esta casa de estudios confirmó el deterioro: el crédito a personas físicas sumó $97,1 billones en junio de 2026, con una suba mensual de apenas 0,1% y 9,1% interanual, que llevó la mora a trepar a 17,5%, 0,3 p.p. más que en mayo y 10,5 p.p. más que un año antes.

Diferencia por provincias

Pero el problema no es igual en cada una de las provincias. Buenos Aires lidera el ranking de crédito real, con $33,1 billones, seguida de CABA ($14,1 billones) y Córdoba ($10 billones). En contraste, La Rioja ($600.000 millones), Formosa (700.000 millones) y Catamarca ($900.000 billones) presentan los menores volúmenes. Pero la cantidad de deudores cada 1.000 habitantes también muestra fuertes disparidades: CABA encabeza con 657, Tierra del Fuego con 565 y Santa Cruz con 549. Mientras que las menores cifras corresponden a Santiago del Estero (362), Salta y Jujuy (364 cada una), y Misiones (369).

La deuda promedio por deudor ofrece un mapa adicional de desigualdad: Tierra del Fuego lidera con $8,5 millones, seguida de CABA ($7 millones) y Santa Cruz ($6,8 millones); Corrientes, Formosa y Chaco muestran los valores más bajos, en torno a $2,9 y $3,2 millones.

La dinámica entre bancos, Estado y privados consolidó un escenario en el que la preferencia por financiar al Tesoro permitió al Gobierno sacar una ventaja de esta mala situación y extender los vencimientos de la deuda para después de las elecciones presidenciales del próximo año. Aunque la contracara es el menor financiamiento al sector privado, lo que repercute en el nivel de actividad. Una variable que va a pesar, además de lo que suceda con la inflación, en la definición del voto el próximo año.

Por ahora, la crisis de mora y el cambio de prioridades bancarias configuraron un nuevo equilibrio y el Gobierno optó por aprovechar la preferencia del sistema financiero por la deuda pública para patear los vencimientos más allá del proceso electoral y dejando la resolución del problema crediticio en manos del mercado al menos por ahora como dijo el presidente del BCRA.

Según el economista y ex presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, la proporción de hogares salvadoreños en situación de pobreza ha alcanzado su nivel más bajo desde que existen registros.

Actualmente, el 22.5 % de los hogares enfrenta esta condición, una cifra que, si bien ha disminuido con el tiempo, aún representa que uno de cada cuatro o cinco hogares vive con carencias severas.

Dentro de la pobreza total, la pobreza extrema ha presentado un aumento en los últimos años. El economista atribuye este cambio a la caída de las extorsiones, lo que ha afectado especialmente a familias que antes dependían de esos ingresos asociados a las pandillas.

Acevedo comenta que muchas de estas familias han visto agravada su situación tras la pérdida de ese flujo económico.

Además, calcula que cerca de medio millón de salvadoreños se encuentra en situación de extrema pobreza, lo que implica dificultades para cubrir incluso las necesidades alimentarias básicas. Acevedo destaca la resiliencia de la población y menciona que la migración y el empleo en el sector informal continúan siendo respuestas habituales frente a la adversidad. “Tenemos un sector informal entre el sesenta y el setenta por ciento del mercado laboral”, precisa.

Sectores económicos en auge y en crisis

En el análisis sectorial, Acevedo identifica a la construcción y al turismo como los rubros con mayor dinamismo en la economía actual. El crecimiento de la construcción, explica, genera empleos en distintos niveles de la cadena productiva, desde ferreterías hasta albañiles y maestros de obra. Observa, además, que en algunos casos la demanda de trabajadores en este sector resulta mayor que la oferta disponible.

Respecto al turismo, Acevedo aclara que, aunque no existe formalmente como sector en la clasificación económica, actividades como hoteles, restaurantes y transporte muestran indicadores positivos.

No obstante, el economista advierte que persiste un déficit estructural de vivienda. Señala que la mayoría de la población no cuenta con ingresos suficientes para acceder a unidades habitacionales, ni siquiera a las más económicas.

Indica que muchas de estas propiedades son adquiridas por la diáspora o por personas con alto poder adquisitivo, mientras que la clase media y los sectores populares encuentran mayores obstáculos para acceder a una vivienda. Acevedo sostiene que la asequibilidad de la vivienda ha disminuido y lo considera una tendencia que también se observa en otros países.

Balance del acuerdo con el FMI

Sobre el acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, Acevedo menciona que, aunque se han reportado avances, hasta el momento solo existe información pública sobre la primera revisión.

“La segunda y la tercera revisión no sabemos qué ha pasado. Y la cuarta revisión, que es la que se estaría haciendo o a punto de hacer, tampoco sabemos”, indica.

El economista observa que la ausencia de información sobre las siguientes revisiones genera dudas sobre el ritmo de cumplimiento de los compromisos asumidos.

Señala que metas como la Ley de Responsabilidad Fiscal y el estudio actuarial de pensiones han presentado retrasos respecto a las fechas originalmente previstas. “Si el acuerdo estuviera funcionando bien, todo eso debería ser público”, sostuvo en entrevista en La Tribu.

Acevedo señala que el Fondo ha mostrado apertura para que reformas como la de pensiones puedan ser consideradas en función de los tiempos políticos.

“El fondo ahora es como un abuelito benévolo, que a los nietos los malcría”, comenta, y plantea que es posible que el gobierno y el FMI hayan acordado postergar ciertas medidas hasta después de las elecciones.

Reforma de pensiones

Acevedo considera que el sistema previsional enfrenta una situación compleja. Cita el informe del FMI de noviembre del año anterior, donde se señala que la deuda de pensiones representa el noventa por ciento del PIB al sumar la deuda ya emitida (alrededor del treinta por ciento) y el pasivo actuarial proyectado hasta 2070 (sesenta por ciento).

El economista plantea que para enfrentar ese desafío sería necesario revisar variables como la edad de jubilación y la tasa de cotización.

“¿Cómo le enfrentás eso? A fuerzas tenés que subir la edad de jubilación, que no es música para los oídos de nadie. Probablemente tenés que ajustar la tasa de cotización y alguna otra cosa por ahí”, explica.

Acevedo compara con el caso de Uruguay, donde la tasa de cotización es del veintiuno por ciento y la edad de jubilación se establece en sesenta y cinco o sesenta y siete años, mientras que en El Salvador la cotización actual es del dieciséis por ciento.

Destaca que cualquier reforma que busque la sostenibilidad del sistema previsional implicaría tomar decisiones difíciles y que, por el momento, el gobierno podría optar por postergarlas hasta después de las elecciones.

Las reservas internacionales netas de El Salvador experimentaron un incremento de 13,6% durante los primeros siete meses de 2026, alcanzando un total acumulado de USD 5.097,83 millones, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR) y divulgados por la agencia EFE. Este aumento representa una variación de USD 613,34 millones frente al saldo de USD 4.484,49 millones registrado al cierre de 2025, de acuerdo con lo reportado por EFE.

El comportamiento mensual de estas reservas ha mostrado fluctuaciones a lo largo del año. Según EFE, enero cerró con una disminución de USD 2,48 millones, mientras que en febrero se registró un crecimiento de USD 50,07 millones. Marzo aportó USD 99,48 millones adicionales y abril presentó el mayor salto del período, con USD 474,57 millones.

En mayo, la tendencia se revirtió con una baja de USD 87,17 millones, aunque junio recuperó terreno con un incremento de USD 148,47 millones. Finalmente, julio concluyó con una nueva reducción de USD 69,6 millones.

Respecto a la composición de las reservas, el desglose proporcionado por el BCR indica que USD 5.206,14 millones corresponden a reservas en moneda extranjera, mientras que USD 271,40 millones se mantienen en oro. Los datos oficiales citados por EFE muestran que el saldo en oro sufrió una reducción de 7,7% en comparación con los USD 250,31 millones informados a fines de diciembre de 2025.

La definición de reservas internacionales adoptada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) resalta que estos activos representan recursos externos bajo control inmediato de las autoridades monetarias. Estos fondos se destinan a la atención de necesidades de financiamiento de la balanza de pagos y a la intervención en los mercados cambiarios, así como a otros usos vinculados, según la explicación del organismo multilateral.

En el marco de la política financiera nacional, el Gobierno de El Salvador y el FMI concretaron un acuerdo financiero por USD 1.400 millones, que incluye la implementación de medidas orientadas a las reservas internacionales. El FMI precisó que el objetivo del acuerdo consiste en fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa del país, mediante un plan de consolidación fiscal y acciones específicas para robustecer las reservas.

“El acuerdo busca reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas”, detalló el FMI en declaraciones recogidas por EFE.

De acuerdo con el portal del Banco Central de Reserva, las reservas internacionales netas de El Salvador ya habían experimentado un crecimiento cercano al 29% al finalizar 2025 en comparación con 2024, situándose en USD 4.484,49 millones.

Los reportes del FMI y sus convenios con el país subrayan la importancia de mantener un nivel elevado de reservas internacionales netas como mecanismo fundamental para la estabilidad financiera externa. El organismo señala que este “colchón” de divisas actúa como un escudo para la economía nacional y que un mayor volumen de reservas contribuye a mejorar la calificación crediticia del Estado ante los mercados internacionales, lo que puede traducirse en menores costos de financiamiento para la inversión tanto local como extranjera.

El Salvador ha demostrado una resiliencia económica que le permitiría continuar su programa económico incluso en ausencia de un acuerdo activo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el estancamiento en las negociaciones con el organismo plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal y la percepción internacional de riesgo. Así lo indica el último informe de la consultora financiera EMFI, que analiza la coyuntura y las perspectivas del país centroamericano en el contexto de 2026.

El reporte de EMFI señala que, a pesar de la falta de avances en la reforma del sistema de pensiones y otros compromisos estructurales exigidos por el FMI, la economía salvadoreña ha mantenido un crecimiento superior al esperado. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.6% interanual en el primer trimestre de 2026, impulsado por el consumo privado y la inversión, especialmente en el sector de la construcción y la infraestructura pública.

De acuerdo con el análisis de EMFI, la probabilidad de que el programa con el FMI termine el año sin revisiones aprobadas alcanza el 75%, mientras que la posibilidad de una ruptura total se sitúa en torno al 40%. La falta de revisiones aprobadas y la posibilidad de una ruptura total ponen en duda el respaldo externo, pero la firma destaca que El Salvador ha gestionado su economía sin apoyo del Fondo, gracias a la demanda interna y al flujo constante de remesas.

El informe detalla que, aunque la ausencia de un acuerdo con el FMI limita el acceso a financiamiento concesional y puede elevar las percepciones de riesgo en los mercados, las autoridades salvadoreñas han buscado alternativas para financiar sus necesidades. Entre ellas, se encuentran la emisión de eurobonos y la movilización de recursos internos, que han permitido cubrir parte de los compromisos fiscales y sostener el gasto en infraestructura.

Las exigencias para sostener la estabilidad

EMFI destaca que, para mantener la estabilidad y disipar dudas sobre la sostenibilidad de la deuda y la liquidez, El Salvador deberá reforzar su disciplina fiscal. La firma recomienda un esfuerzo adicional para contener el crecimiento del gasto y mejorar la recaudación tributaria, con el objetivo de evitar presiones sobre las reservas internacionales y el tipo de cambio.

Según el análisis de la financiera, los fondos de la deuda de pensiones alcanzaron USD 11,600 millones en mayo de 2026, equivalentes al 30% del PIB, mientras que las reservas internacionales netas superaron USD 5,100 millones al cierre del primer semestre, un aumento de 15% respecto al año anterior. Estos indicadores reflejan una posición relativamente sólida, aunque persiste el desafío de mantener el equilibrio sin el respaldo explícito del FMI.

Qué ve EMFI en los bonos salvadoreños

El análisis de EMFI advierte que el estancamiento en la relación con el Fondo podría tener un impacto en el costo del financiamiento externo. Los eurobonos salvadoreños, por ejemplo, acumularon un rendimiento total de -0.5% en los últimos 30 días, aunque muestran una rentabilidad positiva de 2.9% en lo que va del año. La firma mantiene una recomendación de mantener estos activos, argumentando que el rendimiento actual compensa los riesgos, aunque subraya la importancia de seguir de cerca la evolución del entorno internacional.

Para EMFI, la continuidad del crecimiento y la estabilidad macroeconómica en El Salvador dependerán de la capacidad de las autoridades para gestionar la deuda y mantener la confianza de los inversionistas, mientras el estancamiento del programa con el FMI sigue siendo un factor de riesgo para la percepción internacional y las condiciones de financiamiento del país.

En marzo de este año, EMFI advirtió que los mercados financieros prevén que El Salvador mantendrá retrasos en las revisiones de su programa con el FMI durante todo 2026 ante la falta de avances en dos compromisos centrales: la reforma de pensiones y la estrategia oficial de compra de Bitcoin, un freno que, según la financiera británica añade incertidumbre para los inversores y presiona a los bonos soberanos del país.

De acuerdo con el informe de la firma, el programa acumulaba dos revisiones programadas con retraso y no había concretado nuevos desembolsos. El año pasado, el Fondo Monetario entregó poco más de $232 millones.

La financiera inglesa destaca un dato concreto: en febrero de este año el gobierno de Nayib Bukele debía presentar una propuesta para modificar el sistema de pensiones, pero esa iniciativa no fue entregada. El reporte añade que tampoco hubo cambios en la política vinculada a la criptomoneda.

“El programa EFF de USD 1400 millones del FMI continúa sin avanzar, con dos revisiones programadas retrasadas y desembolsos asociados aún por materializarse”, señaló el informe citado por el medio. Sobre los dos puntos pendientes, añadió: “No se observó ningún progreso en el último mes en ninguno de los dos frentes”.

La lectura de los inversores, según la publicación, es que durante este año pueden aparecer nuevos retrasos en la ejecución del programa. Ese diagnóstico pesa sobre la valoración de los bonos aun cuando, según EMFI, los datos de crecimiento económico del país han sido sólidos.

La financiera considera que la demora resulta difícil de justificar precisamente por el desempeño de la economía. Su reporte plantea que el Ejecutivo podría estar evaluando que el respaldo del Fondo Monetario Internacional ya no es imprescindible.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó ayer el Informe de Política Monetaria (IPOM) del segundo trimestre de 2026 e identificó cinco riesgos externos que podrían complicar el escenario macroeconómico del país en los próximos meses. En la presentación, el presidente de la entidad, Santiago Bausili, enumeró los riesgos que van desde la prolongación del conflicto en Medio Oriente hasta la acumulación de vulnerabilidades fiscales en las principales economías del mundo.

El primero y más desarrollado de esos riesgos es la extensión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El BCRA advierte en el documento que el amortiguador que contuvo el shock energético inicial está próximo a agotarse: “los stocks globales se ubican cerca de mínimos plurianuales” y la reducción de las compras de petróleo por parte de China —uno de los factores que frenó la escalada de precios— no puede sostenerse indefinidamente. Ante un nuevo episodio de tensión, señala el informe, “la ausencia de ese colchón podría traducirse en alzas de precios”.

Según advirtió recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un análisis, entre marzo y mayo de este año más de 1.100 millones de barriles de crudo no llegaron al mercado como consecuencia del bloqueo del Estrecho de Ormuz —por donde circula una quinta parte del consumo mundial de petróleo—, un déficit que superó al registrado durante el shock petrolero de 1973, la guerra Irán-Irak y la Guerra del Golfo. El petróleo Brent llegó a cotizar a USD 118 por barril a fines de marzo, un 52% por encima del promedio de 2025, antes de retroceder hacia los USD 84 en junio y julio. El organismo subrayó que los mecanismos que evitaron una catástrofe energética “están prácticamente agotados” y que el punto de partida ante un próximo shock “será considerablemente más débil”.

Para la Argentina, el canal de contagio de ese riesgo sería doble: una mayor debilidad de la demanda externa —los principales socios comerciales del país ya proyectan un crecimiento promedio de 2,5% para 2026, por debajo del 2,7% de 2025— y condiciones financieras globales más restrictivas. El menor dinamismo esperado se explica por la desaceleración de China (4,6%), Brasil (2,2%) y la zona del euro (0,8%).

Nuevas barreras comerciales

El segundo riesgo que señala el BCRA es la implementación de nuevas barreras comerciales, una amenaza que ya comenzó a materializarse. El pasado 24 de julio, la administración del presidente estadounidense Donald Trump puso en vigor aranceles de entre 10% y 12,5% sobre importaciones provenientes de 60 países, bajo el argumento de que esas economías no aplican con eficacia prohibiciones contra bienes producidos con trabajo forzoso.

La Argentina figura en esa lista con una tasa del 10%, junto a países como Canadá, México, India y el Reino Unido. La medida, amparada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, alcanza a países que concentran el 99,4% de las importaciones estadounidenses.

La amenaza de un nuevo frente de guerra

El tercer punto de atención es el surgimiento de conflictos geopolíticos en otras regiones. El BCRA no especifica zonas concretas, pero el razonamiento es directo: un nuevo foco de tensión podría desencadenar una huida hacia activos de refugio —dólar y bonos del Tesoro estadounidense—, lo que endurecería las condiciones financieras para las economías emergentes.

Ese patrón ya se verificó con el conflicto en Medio Oriente: el índice de acciones de mercados emergentes retrocedió cerca de 7,6% desde su máximo del 22 de junio, y el de América Latina opera cerca de 9% por debajo de su pico de abril. El informe advierte que “un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras globales por nuevos focos de tensión o movimientos hacia activos de refugio continúa siendo un factor de vulnerabilidad externa para la Argentina”.

El riesgo tecnológico

El cuarto riesgo apunta a los mercados tecnológicos. El IPOM alerta sobre posibles correcciones abruptas en los mercados asociadas a las expectativas sobre la inteligencia artificial (IA). El ciclo tecnológico vinculado a ese sector es actualmente uno de los motores que sostiene la actividad global y, al mismo tiempo, uno de los factores que mantiene la presión inflacionaria: la inversión en IA genera demanda y le quita margen a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos para bajar tasas. Los mercados de futuros ya descuentan un aumento de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de la Fed en lo que resta de 2026, y el tramo largo de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro supera el 5,25 por ciento.

El BCRA subraya que los principales socios comerciales de la Argentina están “mayormente ajenos” a las cadenas de valor de la IA, por lo que no se benefician del impulso tecnológico pero sí quedarían expuestos a un ajuste abrupto de esos mercados.

Tasas altas y deuda elevada

El quinto y último riesgo identificado en el informe tiene un componente fiscal. El BCRA advierte sobre “las vulnerabilidades fiscales globales que, ante presiones de gasto y elevados niveles de deuda pública, podrían elevar los rendimientos soberanos y restringir el crédito internacional”. Para una economía en proceso de reinserción en los mercados de capitales como la Argentina, ese canal de contagio tiene consecuencias directas sobre el costo y la disponibilidad del financiamiento externo.

Frente a ese panorama de riesgos externos, Bausili subrayó durante la conferencia que el BCRA llega a este escenario con más herramientas que en episodios anteriores. “La acumulación de reservas y la recuperación de herramientas de política ofrecen un mayor margen de maniobra para morigerar el impacto de eventuales períodos de tensión”, dijo. Desde enero y hasta el 31 de julio, el BCRA compró USD 13.337 millones en el mercado de cambios, por encima de los USD 10.000 millones previstos como meta para todo el año.

Los cinco riesgos que advierte el BCRA

• Prolongación del conflicto en Medio Oriente
• Implementación de nuevas barreras comerciales
• Surgimiento de conflictos en otras regiones
• Correcciones abruptas en los mercados de IA
• Aumento de vulnerabilidades fiscales y de deuda pública a nivel global

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que “una nueva Bolivia está naciendo”, al conmemorar los 201 años de la independencia del país. Durante un mensaje desde la Casa de la Libertad en Sucre, sede constitucional y judicial del Estado, el mandatario destacó que, tras las elecciones generales de 2025, el país “decidió iniciar un nuevo ciclo que está marcado con la verdad como base de la transformación moral de la patria”.

El jefe de Estado señaló que su gestión, iniciada hace casi nueve meses, se distingue por al menos seis decisiones clave alejadas del centralismo. Paz sostuvo que los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por Evo Morales y Luis Arce, dejaron a Bolivia “arrasada y moribunda”, en referencia a la situación económica.

“Estamos ordenando la casa protegiendo al pueblo, sin sacrificar la soberanía ni la dignidad de la patria. Tomamos decisiones difíciles, algunas fueron impopulares y otras tuvieron un costo para la familia pero eran necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y de sacrificar nuestro futuro”, afirmó Paz.

Desde la casa donde en 1825 Bolivia nació a la vida republicana tras alcanzar su independencia de España, Paz destacó como uno de los principales logros de su gestión la “recuperación de la confianza”, reflejada en la estabilización de la economía y la disminución del riesgo país de 2.200 a 421 puntos. En ese sentido, resaltó la implementación de un nuevo régimen cambiario flexible que permitió normalizar gradualmente el mercado de divisas y agradeció la disposición del pueblo para enfrentar cambios, como el reordenamiento del gasto público y el retiro de la subvención a los combustibles, calificando esta última medida como insostenible en el tiempo.

Paz subrayó la modernización del Estado, con acciones para eliminar la burocracia en los trámites, el fortalecimiento de la ciudadanía digital y la intervención en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), afectada por problemas de calidad en el combustible.

El mandatario indicó que la protección a las familias durante el proceso de ordenamiento incluyó el incremento de bonos para adultos mayores y menores de edad, alivio financiero para microempresas, así como la incorporación de más personal e internet en los sectores de salud y educación.

Como cuarta medida clave, resaltó la apertura internacional de Bolivia, que permitió restablecer relaciones diplomáticas, profundizar vínculos con otros países y gestionar apoyo ante organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Paz afirmó que su administración implementa “una nueva gobernabilidad” en coordinación con autoridades departamentales y municipales, y remarcó que los acuerdos se realizarán “con instituciones, no con políticos”. Señaló como sexta decisión priorizar el diálogo, en referencia al reciente conflicto social que paralizó varias regiones durante siete semanas entre mayo y junio.

La administración de Paz atravesó su mayor desafío entre mayo y junio, cuando varias ciudades experimentaron escasez de alimentos, combustibles y medicamentos debido a bloqueos de rutas contra el Ejecutivo. Las autoridades acusaron a Morales de haber orquestado estas protestas, por lo que enfrenta una orden de aprehensión por su presunto papel en las manifestaciones.

“Acabamos de vencer 53 días de una resistencia del pasado que se niega a aceptar que una nueva Bolivia está naciendo”, sostuvo Paz.

El político elegido el 19 de octubre de 2025 por el electorado boliviano reconoció que en nueve meses “no se puede cambiar” lo hecho en dos décadas de gobiernos anteriores y anunció la creación de un Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, con el objetivo de combatir la corrupción en la administración pública. “Amemos la patria, nos podemos tropezar, nos podemos equivocar, y si lo hemos hecho pido disculpas como presidente a nombre del Gobierno”, concluyó.

(Con información de EFE)

Por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registraron una caída diaria de más de USD 1.200 millones y perforaron los 49.000 millones de dólares.

Según confirmaron fuentes del BCRA a Infobae, este jueves se oficializó el pago de unos USD 840 millones al FMI, lo que explicó la mayor parte de la baja de las tenencias brutas de la autoridad monetaria. Estas cerraron la jornada en USD 48.835, tras experimentar un retroceso de USD 1.224 millones respecto al miércoles.

Ayer, el stock había tocado los USD 50.059 millones, el nivel más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el mayor desde mediados de septiembre de 2019, cuando marcaron USD 50.085 millones bajo la presidencia de Mauricio Macri.

No obstante, el pago del compromiso con el organismo multilateral, junto con una caída de las cotizaciones de los activos que integran las reservas del Central, impulsaron el retroceso.

En paralelo, el organismo conducido por Santiago Bausili compró USD 41 millones, el monto más elevado en lo que va de agosto. De esta manera, el BCRA adquirió USD 13.442 millones en lo que va del año. No obstante, se redujo el ritmo comprador en los primeros días del mes y acumula 95 millones de dólares.

El máximo alcanzado el miércoles se explicó, en gran parte, por una fuerte suba en la cotización del oro, uno de los activos que forma parte de las tenencias del Central. Ese día, el stock había avanzado USD 417 millones respecto de la rueda anterior, antes de que el pago al FMI revirtiera la tendencia.

Una larga racha compradora

El martes 28 de julio, el Banco Central terminó una racha de 135 ruedas consecutivas de compras de divisas, una de las secuencias más extensas de las últimas dos décadas. Ese ciclo se sostuvo gracias al ingreso de dólares proveniente de los sectores agropecuario, energético y minero, además de colocaciones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales.

De esta manera, entre enero y julio el flujo de divisas se vio impulsado por la liquidación de exportaciones de esos sectores, lo que permitió al Banco Central absorber una porción significativa de los dólares disponibles en el mercado cambiario.

En julio, las compras oficiales sumaron USD 2.162 millones, por encima de los USD 1.418 millones adquiridos en junio y por debajo de los USD 2.596 millones de mayo, el mejor registro del año. De esta manera, julio se ubicó como el tercer mejor mes en materia de acumulación de reservas en lo que va de 2026.

Para este año, el equipo económico había fijado una meta de acumulación de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, objetivo que el Banco Central ya había cumplido antes de agosto. En el primer trimestre, el principal desafío había sido atender las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía, lo que limitó el ritmo comprador en esos meses.

Para sostener el ritmo de intervenciones sin resignar el objetivo de estabilidad cambiaria, la entidad amplió la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización. En paralelo, el Tesoro absorbió parte del excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda local, en un esquema orientado a preservar la estabilidad cambiaria y contener la inflación.

En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), la autoridad monetaria anticipó que de cara al futuro, “continuará fortaleciendo su margen de acción de política para morigerar el impacto de eventuales períodos de tensión”.

“Durante los primeros siete meses de este año, al aumento de reservas líquidas y la disminución de activos irrealizables de su balance (LI) se sumó la recuperación de otras herramientas de política (futuros y swaps). En conjunto, hasta el cierre de esta edición del IPOM, estas herramientas suponen una mejora en las condiciones de liquidez en moneda extranjera por encima de USD 20.000 millones en lo que va del año”.

En tal sentido, desde la entidad estimaron que la acumulación de reservas ”continuará alineándose al ritmo de compras de dólares que lleva adelante el BCRA, favorecida por la estrategia financiera del Tesoro de atender sus obligaciones en moneda extranjera con nuevo financiamiento en la misma moneda, moderando así la demanda de dólares al BCRA con pesos provenientes del superávit fiscal".

Los depósitos en moneda extranjera del Tesoro mostraron movimientos dispares en los últimos días con subas y bajas. Este lunes, según el último informe diario del Banco Central, las tenencias en dólares del Ministerio de Economía tuvieron un salto de casi USD 800 millones y alcanzaron los USD 4.300 millones. Los motivos se desconocen.

La dinámica de los depósitos en moneda extranjera del Tesoro volvió a generar debate en el mercado. El jueves pasado, el saldo de estos fondos se ubicaba en USD 3.157 millones. Al día siguiente, tras el ingreso de la colocación del Bonar 2029 (AO29), escalaron a USD 3.605 millones. Pero el lunes, la cifra avanzó de manera mucho más marcada hasta los USD 4.387 millones, lo que representó un aumento diario de USD 946 millones. Así lo reflejaron los datos oficiales del BCRA.

El informe de Outlier aportó información clave para seguir la operatoria oficial. El balance diario del BCRA mostró un alza de los depósitos en dólares del Tesoro de aproximadamente USD 780 millones, hasta USD 4.387 millones. Según Outlier, la opacidad de los movimientos impide descartar una compra de divisas del Tesoro, aunque tampoco se puede excluir un desembolso de Organismos Internacionales de Inversión (OOII). Otro elemento destacado fue la coincidencia temporal con el vencimiento de intereses al FMI del 1° de agosto, por USD 850 millones. La suma de estos factores, según Outlier, incrementó la confusión sobre el destino y el origen de los fondos.

Consultadas por Infobae, fuentes del Ministerio de Economía afirmaron que una parte es un tema técnico y transitorio relacionado con los Bopreales y el resto es un incremento por la colocación del AO29. Aunque no pudieron dar precisiones. Vale aclarar que el salto registrado fue el lunes y el ingreso de los dólares por AO29, el viernes.

¿Evitar los $ 1.500?

Pero no es solo eso, sino que la semana pasada existió una baja, en medio de la sospecha por intervenciones para controlar el dólar, sobre la que no hubo una respuesta por parte del Ministerio de Economía.

El martes de la semana pasada, el mercado sospechó que el Tesoro vendió dólares para evitar que el tipo de cambio mayorista superara la barrera de los $1.500. El balance diario del BCRA mostró que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro bajaron de USD 3.330 millones a USD 3.185 millones entre el 28 y el 29 de julio, una variación de USD 145 millones. Esta caída coincidió con el día en que el dólar mayorista estuvo a punto de cruzar el umbral mencionado.

La sospecha del mercado es que el Tesoro utilizó parte de sus depósitos en dólares para contener la suba abrupta de la cotización. La intervención se habría dado en simultáneo con un cambio en la dinámica del BCRA, que hasta el lunes acumulaba 135 jornadas consecutivas de compra de reservas internacionales. El día posterior a la declaración de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien exhortó a la Argentina a mantener el ritmo de compra de reservas, la entidad monetaria interrumpió esa serie.

Poder de fuego

El comportamiento de los depósitos y de las reservas se ubicó en el centro del debate sobre la sostenibilidad de la política cambiaria y la capacidad oficial para administrar las presiones, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Aunque el presidente Javier Milei aseguró que van a contar con un poder de fuego de hasta USD 70.000 millones.

En una entrevista con LN+, Milei explicó que el programa pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía una acumulación de reservas de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, pero que el BCRA ya alcanzó casi USD 14.000 millones. Proyectó además que, de sostenerse el ritmo de compras, el stock de reservas adquiridas llegaría a USD 20.000 millones antes de fin de año. “Nosotros habremos acumulado USD 20.000 millones por si tenemos un evento complicado”, detalló Milei.

El Presidente remarcó que se cerraron todas las líneas de financiamiento para 2026-2027, lo que disminuye la presión sobre el mercado de cambios. “No solo que tenemos cerrado el financiamiento, nos hemos pertrechado con más de USD 20.000 millones”, agregó.

Además, precisó que el paquete incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, y confirmó negociaciones para la extensión del swap con China. “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos USD 60.000-70.000 millones y además que ya cerramos el financiamiento”, sintetizó Milei. El mandatario también anticipó que el Gobierno tomará las medidas macroprudenciales que sean necesarias para sostener la estabilidad financiera y cambiaria.

Los economistas de Outlier coincidieron en destacar la falta de transparencia en los movimientos de fondos y la dificultad para determinar el origen de los recursos. La evolución de los depósitos en dólares, el comportamiento de las reservas y el pago de intereses al FMI concentraron la atención del mercado. Sobre todo porque en el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrir los vencimientos en moneda extranjera en lo que resta del 2026 y 2027, contempla operaciones que se deben registrar en la cuenta del Tesoro.

El FMI advirtió que Honduras concentra los peores indicadores de pobreza de América Latina y que, sin una ruptura estructural, el país seguirá reproduciendo “expulsión, desigualdad y vulnerabilidad generacional”.

La advertencia acompaña el respaldo del organismo a la nueva Estrategia de Reducción de la Pobreza 2022-2046, presentada en julio de 2026.

El diagnóstico indica que el 69.6% de la población hondureña vive en pobreza y el 46.7% en pobreza extrema, según datos de 2023 del Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística de Honduras.

Más de la mitad de los habitantes, el 52%, sobrevive con menos de USD 6.85 diarios, lo que ubica al país en el último lugar de la región.

La trampa de las remesas y la migración

Un rasgo que distingue a Honduras del resto de Centroamérica es su dependencia de los envíos del exterior. Las remesas equivalen al 26% del PIB, 10 veces el promedio latinoamericano, y compensan la ausencia de empleos de calidad en una economía basada en sectores de baja productividad.

Ese modelo impulsa la migración masiva, que a su vez alimenta las remesas. El ciclo, advirtió el FMI, no genera desarrollo: consolida la vulnerabilidad estructural y vacía al país de fuerza laboral.

El peso de los desastres climáticos

Honduras encabeza el Índice de Riesgo Climático del FMI en la región. Las pérdidas tras los huracanes Eta e Iota fueron calificadas de catastróficas, y la recurrencia de inundaciones y sequías erosiona cualquier avance social acumulado.

El informe señala que la relación entre exposición climática y pobreza “crea trampas difíciles de romper”. La debilidad histórica del Estado para invertir en resiliencia social agrava ese efecto.

Brechas educativas, sanitarias y de género

Solo el 51% de los niños de cuatro a cinco años asiste a la escuela, y la cobertura secundaria es la más baja de América Latina. El sistema de salud opera con una de las menores proporciones de recursos humanos y cobertura efectiva del continente.

La situación de las mujeres concentra varias de las peores cifras. Siete de cada 10 hondureñas viven en pobreza, y el país registra la mayor tasa de femicidio de la región: 6 por cada 100,000 mujeres. La violencia, la discriminación y el desempleo femenino completan ese cuadro.

El acceso a vivienda digna, saneamiento básico y electricidad también permanece rezagado, sin que ninguno de esos déficits muestre una tendencia clara de mejora en las últimas dos décadas.

Una estrategia con horizonte de dos décadas

Frente a ese diagnóstico, el gobierno hondureño y el FMI presentaron la Estrategia de Reducción de la Pobreza 2022-2046, que el organismo describe como un viraje conceptual respecto de políticas anteriores. El eje central es el “enfoque de activos”: dotar a los más pobres de capacidades, infraestructura y oportunidades, en lugar de limitarse a transferencias asistenciales.

El plan se estructura en tres pilares. El primero apunta al crecimiento inclusivo mediante el fortalecimiento del Estado en industria, agroindustria y turismo; inversiones hospitalarias y educativas; mayor recaudación a través de la Ley de Justicia Tributaria; y proyectos energéticos de gran escala.

El segundo pilar busca universalizar salud, educación, agua y vivienda, con foco en territorios y grupos históricamente excluidos, e integrar un sistema de protección social con capacidad de respuesta ante crisis.

El tercer componente amplía programas focalizados: transferencias condicionadas como la Red Solidaria y PROASOL, becas, subsidios eléctricos y atención de emergencia, apoyados en diagnósticos territoriales precisos. Las políticas de género y adaptación climática atraviesan los tres pilares.

Condiciones que el FMI pone sobre la mesa

El organismo no entrega el respaldo sin señalar los puntos débiles. La coordinación institucional está en proceso de fortalecimiento, la cobertura de los programas sociales es parcial y el margen fiscal sigue siendo estrecho.

El acuerdo prevé un déficit controlado, expansión del espacio de inversión social y productiva, y consolidación gradual de la deuda pública.

El informe vincula el éxito de la estrategia al fortalecimiento de capacidades estatales, la transparencia y el monitoreo continuo de resultados.

Se estableció una revisión cuatrienal de metas y una evaluación final en 2046.

Venezuela avanza en la reparación de casi 4.000 viviendas en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. El gobernador regional, Alejandro Terán, señaló que se están “rehabilitando 3.938 viviendas en todo el estado que han sido calificadas, dentro de las inspecciones de habitabilidad, con el color amarillo (daños leves)”.

En ese sentido, el mandatario, en diálogo con al canal estatal Venezolana de Televisión, remarcó que dichas viviendas “no sufrieron daños estructurales, sino daños en la mampostería”. El gobernador señaló que la administración regional asiste “a más de 12.000 familias” en 28 campamentos transitorios habilitados para los miles de damnificados que dejaron los sismos.

Tras los terremotos, el Gobierno chavista, liderado por le presidenta encargada Delcy Rodríguez implementó un sistema de marcaje por colores para las edificaciones: verde para viviendas seguras, amarillo para alerta y revisión, y rojo para zonas de alto riesgo y prohibidas.

De acuerdo con datos presentados el lunes por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, al menos 43.679 viviendas fueron evaluadas tras los terremotos. Del total de 41.624 viviendas afectadas, 25.325 fueron clasificadas como habitables (verde), 9.866 tienen restricciones (amarillo) y 6.433 se consideran en alto riesgo (rojo).

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Terán también informó que hay al menos 1.579 personas continúan desaparecidas: “De la información que nos suministran directamente los familiares, nos da que hay 1.579 personas desaparecidas”. El gobernador explicó que parte de las personas reportadas como fallecidas podrían figurar en el listado de desaparecidos, ya que “aún no han sido certificados por nuestros organismos forenses del Senamecf (Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses) para poder legalmente darle el estatus de fallecido”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió la semana pasada a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para abordar, entre otros temas, el uso de reservas internacionales en el plan de recuperación y reconstrucción. Según el equipo de prensa de Rodríguez, las conversaciones incluyeron “el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica”, la asistencia técnica para fortalecer capacidades institucionales y “el uso de reservas internacionales para el financiamiento” del plan Venezuela Renace.

Rodríguez anunció el 17 de julio el acceso a USD 346 millones del FMI, fondos que prometió destinar a la reconstrucción. Se trata de activos del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, disponibles de inmediato para atender necesidades humanitarias urgentes vinculadas al desastre, según explicó el propio Fondo.

En la reunión participaron el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, y funcionarios venezolanos como los vicepresidentes de Economía y de Gobierno Digital, Calixto Ortega y Anabel Pereira, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez. La prensa oficial venezolana destacó que este encuentro da “continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses”.

Está previsto que la delegación del FMI se reúna con otras altas autoridades del equipo económico y diversas instituciones públicas, en un contexto que “refleja la progresiva normalización de la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un proceso más amplio de vinculación con la comunidad financiera internacional”, según la nota de Prensa Presidencial.

El FMI y Venezuela reanudaron sus relaciones en abril, tras una suspensión que se mantenía desde 2019. Desde entonces, los contactos fueron regulares y orientados a completar los procedimientos técnicos para que el país pueda, en el futuro, volver a acceder a instrumentos financieros del organismo internacional.

(Con información de EFE)

“Lo que ha significado ese paquete de reformas es atacar el corazón de la decadencia argentina”, afirmó el presidente Javier Milei, al explicar el alcance del conjunto de cuatro reformas estructurales que presentó la semana pasada en cadena nacional. Además de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el paquete incluye una reforma del grillete fiscal, una del mercado de capitales y otra del mercado de seguros, con las que el mandatario busca transformar el andamiaje de la estructura financiera de la economía argentina.

Para respaldar ese diagnóstico, en una entrevista con Luis Majul en La Nación+, Milei recurrió a un dato histórico: desde 1901 hasta la fecha, la Argentina acumuló 22 crisis económicas, de las cuales 20 tuvieron origen fiscal. Según describió, ese patrón se repitió con una secuencia casi invariable: déficit fiscal, endeudamiento, default, emisión monetaria, inflación y suba de impuestos. Ese ciclo, sostuvo, convirtió al país en uno de los que más tiempo pasó en recesión durante los últimos 50 años y lo llevó de ser una de las economías más ricas del mundo a ubicarse por debajo de la mitad de la tabla global.

“Entiendo que es una cuestion técnica y que puede parecer lejana, pero es terminar con la terminar la estafa de la política con los argentinos. Es una reforma para terminar de extirpar la inflación de la Argentina. No va a ser instantáneo”, dijo el primer mandatario respecto a que la medida impactará en la cotidianeidad de los argentinos. Y continuó: “No se va a poder falsificar más dinero. Cuando emite para financiar al fisco, es una falsificación de dinero. Además, es un delito penal”.

Al explicar los efectos de terminar con la inflación, Milei subrayó que sus beneficios recaen principalmente sobre los sectores más vulnerables. “Es la política más pro pobre que existe”, afirmó, y agregó que la estabilidad de precios también reduce la volatilidad de los precios relativos y, con ello, habilita mayor crecimiento económico.

En materia de crecimiento, Milei sostuvo que la economía argentina creció 6% en 2024 respecto a 2023, y estimó un alza de entre 3% y 4% en 2025. “En promedio hemos crecido 5%, es decir, cinco veces más fuerte que lo que ha hecho la economía argentina a lo largo de la historia”, señaló el mandatario.

Ante la objeción de que ese crecimiento no llega a todos los sectores por igual, Milei respondió: “Eso es falso” y rechazó la noción de “teoría del derrame”, que consideró una “falacia” utilizada por el socialismo para atacar al liberalismo. En su lugar, planteó que cuando un sector prospera, el dinero generado puede reinvertirse —lo que produce más empleo, más producción y mejores precios— o volcarse a otros sectores de la economía. “Si hay derrame, hay derrame para los dos, porque si vamos a hacer una transacción, usted gana con la transacción y gano yo”, graficó. Como ejemplo, señaló el desarrollo que el auge petrolero y gasífero está generando en Neuquén y Río Negro.

Sobre los altos niveles de morosidad, Milei planteó que, si dos privados firman un acuerdo y uno no puede cumplirlo, “el Estado no debe hacerse cargo de esa deuda. Pasarle la cuenta a todos los demás me parece que no está bien”, afirmó, aunque aclaró que el gobierno fomenta activamente la refinanciación entre privados y que los bancos que renegocian deudas actúan de forma correcta. “Es un problema entre privados”, subrayó.

En ese contexto, el mandatario aportó datos sobre la mejora del perfil crediticio del país. Tres calificadoras de riesgo elevaron la nota de la Argentina, lo que se traduce en menor riesgo país, menores tasas de interés y plazos más largos para refinanciar deudas. Milei situó el riesgo país en 420 puntos tras las elecciones de 2025 y señaló que con un riesgo país de 500 puntos la economía argentina puede crecer entre 7% y 8%. “Mirá qué cosa linda viene para la economía argentina en términos de crecimiento, ingresos, consumo, salarios y caída de la pobreza”, expresó.

Entrevista patagónica

Además, en una entrevista publicada este domingo por el Diario Río Negro, Javier Milei señaló que la economía argentina evolucionó en línea con lo proyectado al inicio de su gestión y en algunos aspectos superó las expectativas. Enumeró como logros el superávit fiscal sostenido, la baja de la inflación, la eliminación del cepo cambiario y la recomposición de reservas. “La actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años”, afirmó, aunque reconoció que muchos argentinos aún no perciben esa mejora en su vida cotidiana.

En materia impositiva, Milei destacó que desde el inicio de su mandato el gobierno redujo o eliminó más de veinte impuestos por un equivalente a 2,5 puntos del PBI. La reducción del gasto público —explicó- devolvió miles de millones de dólares para que el sector privado invierta de forma voluntaria. Reiteró que las retenciones son una “injusticia” que el campo carga desde hace tiempo y que su eliminación definitiva es un objetivo a alcanzar a medida que crezcan el superávit y la economía.

En cuanto al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el presidente informó que las inversiones aprobadas ya superan los USD 46.000 millones, con compromisos por más de USD 100.000 millones en etapa de evaluación. “Si sumamos las inversiones anunciadas, estamos hablando de más de USD 150.000 millones”, señaló, y subrayó que ese volumen se alcanzó en una economía que, hasta tres años atrás, ahuyentaba a los inversores. Destacó que los sectores de energía y minería ya generan un impacto positivo en la balanza comercial y anticipó un fuerte crecimiento de las exportaciones mineras en el corto plazo.

Respecto a la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, Milei indicó que, por primera vez, las misiones del organismo llegan al país no para exigir condiciones a un gobierno incumplidor, sino para respaldar un programa que sobrecumple todas las metas pactadas. Atribuyó a ese acuerdo la recapitalización del BCRA, que consideró indispensable para estabilizar la economía y sentar las bases del crecimiento.

En medio de la guerra declarada con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente JavierMilei confirmó que ya definió a su compañero de fórmula para las próximas elecciones y mantuvo en reserva su nombre, en una definición que enlazó con otra prioridad política del oficialismo: la eliminación de las PASO por un costo que cifró en USD 250 millones al año para el Estado.

El mandatario también ratificó que la principal iniciativa legislativa del Gobierno para este semestre será una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con dos ejes: blindar a la autoridad monetaria frente al poder político y prohibir por ley la emisión para financiar al Tesoro.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, dijo el mandatario en una entrevista publicada este domingo por el diario Río Negro. Sobre las primarias, sostuvo que se opone a ese sistema desde antes de llegar a la Presidencia.

El jefe de Estado afirmó que las PASO “no cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro”. Añadió que la intención del Gobierno es eliminarlas y que espera acompañamiento del Congreso.

Milei ubicó la reforma del Banco Central como “la principal reforma” que el Gobierno impulsará en el Congreso en los próximos meses. Su argumento es que no alcanza con haber saneado el balance de la entidad si una futura administración puede volver a emitir para cubrir necesidades fiscales.

En esa línea, planteó que la misión de preservar el valor de la moneda y la prohibición de asistir al Tesoro deben quedar establecidas por ley. “Necesitamos blindar a los presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso”, afirmó.

En el plano económico, el presidente defendió la gestión de su administración con una secuencia de logros que, según su descripción, incluyó superávit fiscal, baja de la inflación, salida del cepo y recomposición de reservas. También sostuvo que el Gobierno reconstruyó credibilidad al pagar “todas y cada una” de sus obligaciones.

Consultado por el impacto de esas medidas en la vida cotidiana, Milei aseguró que la actividad económica y el PBI superaron su techo histórico. Según dijo al medio patagónico, la Argentina tendrá 3 años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años.

El impacto de la mejora en los ingresos y las inversiones que vienen

El mandatario reconoció que una parte de la población todavía no percibe esa mejora en sus ingresos. “Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos”, señaló.

Milei también se refirió a la relación con los organismos multilaterales de crédito y afirmó que las misiones del FMI llegan al país para respaldar “un programa exitoso” que, según su visión, sobrecumple las metas acordadas.

Sobre el flujo de inversiones, precisó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ya tiene proyectos aprobados por más de USD 46.000 millones y otros por más de USD 100.000 millones en evaluación. Agregó que, si se incorporan las inversiones anunciadas, el monto total supera los USD 150.000 millones.

Al ser consultado por obras de infraestructura agrícola en la región, descartó una intervención directa del Estado para orientar decisiones del sector privado. “Si esperan una respuesta dirigista de mi parte, sepan que no la tendrán. Yo no planeo tomar al sector privado de la mano y decirle ‘hay que invertir acá’ o ‘hay que invertir allá’. Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado”, dijo.

Por último, sobre el legado que aspira a dejar, expresó que le gustaría ser recordado como quien recibió un país en decadencia y produjo el cambio de rumbo que, según definió, la sociedad pidió con su voto.

El jueves, mientras Kristalina Georgieva recorría Montevideo y Javier Milei preparaba su anuncio de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, funcionarios del Fondo Monetario se entrevistaron en Buenos Aires con miembros de la sociedad civil. En pleno centro porteño, en las oficinas del organismo en la capital, Luis Cubeddu, Joyce Wong y Max Alier conversaron un largo rato con representantes de media docena de organizaciones no gubernamentales por fuera de la agenda oficial de la directora gerente del FMI. Cubeddu -conoce bien de cerca el país y tiene una buena lista de amigos argentinos-, Wong y Alier preguntaron cómo hacer para apuntalar la economía real -“derramar crecimiento” fue el término utilizado- y que el crecimiento de algunos sectores tenga efectos concretos en el clima social y la imagen el gobierno. Los tres funcionarios escucharon con atención algunos de los planteos de los presentes -“son muy buenos en quedarse callados y tomar nota”, resaltó uno de ellos-, una reunión muy franca y cordial en la que afloraron algunas preocupaciones. Se mencionó, por ejemplo, cierta inquietud por lo que en occidente se conoce como “rule of law”, la supremacía del estado de derecho con anclaje en la justicia, la educación y la infraestructura.

En los días previos, en su paso por Economía y la Casa Rosada, en la cena con un grupo de empresarios ganadores del modelo en un hotel de Retiro y de visita a Vaca Muerta, Georgieva se había mostrado elogiosa del rumbo económico y la estabilidad macro, e instó al Banco Central a que “sigan comprando” dólares. “Keep Buying”, pidió, fascinada con la recepción del Presidente, de Luis Caputo, “Toto” y del gabinete.

La gira de la titular del Fondo y las reuniones privadas de los funcionarios del organismo reconfirman el escenario que se le presenta al Gobierno de cara al plan de reelección de Milei: un sector de la economía que vuela -la energía, el agro y la minería- pero que representa menos del 10% de la generación de empleo formal, y una mayoría de rubros en rojo que esperan por un derrame, por ahora, inexistente. Una locomotora sin vagones.

Esa dualidad del programa económico acapara en estos días la esencia de las conversaciones que atraviesan al Ejecutivo, a la oposición y al círculo rojo empresario, y se vio reflejada en una serie de informes que inquietaron al gobierno. En particular, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella, que volvió a registrar en julio una caída, del 6,5% respecto al mes anterior: solo en junio, en plena Copa del Mundo y tras la salida de Manuel Adorni, registró el único aumento del 2026, del 3,9%. Ahora se ubica en 1,94 puntos, el mismo nivel de septiembre del año pasado, cuando La Libertad Avanza perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires frente al peronismo y el programa económico y político del Gobierno se precipitó en una crisis que fue superada gracias al salvataje del Tesoro norteamericano.

El de la escuela de gobierno de la Universidad Di Tella no fue, de todos modos, el único informe que encendió alarmas durante la semana. La fundación Pensar, del PRO, publicó su documento de julio que hace hincapié en la heterogeneidad del crecimiento. “La pregunta central ya no es si la inflación baja. Es si cada grupo social puede decir: ‘a mí también me está funcionando’”, resalta. Se refiere, además, al fenómeno de la “periurbanización, otro modo de crecimiento desigual”, y puntualiza ya no en el Gran Buenos Aires si no en el ejemplo de Neuquén, alrededor del boom de la energía y el petróleo. “El conurbano es el pato de la boda en esta nueva lógica. Ninguna reconvierte el sistema productivo anterior, con lo cual, alrededor de las capitales de estas provincias comienza a conurbanizarse. En Neuquén ya sucede. Se están armando nuevos conurbanos alrededor de estos enclaves productivos. Y todos sabemos lo complejo hasta casi imposible de desarmar cuando se entraman estas cuestiones. En ningún lugar del mundo, ni en India, ni en Brasil, nunca se logró desarmar un conurbano. Por lo menos hasta acá”, sintetiza el informe. Otra vez, la locomotora sin vagones.

A las inquietudes por el derrame del modelo económico se sumó esta semana una nueva escalada en la crisis institucional entre el Ejecutivo y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que en su cuenta de X se preguntó por el “estado” y las “persecuciones imaginarias” que el presidente “replica en Argentina y el exterior”. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le contestó que debía dar “un paso al costado”, es decir, renunciar a su cargo. Villarruel lo trató de “casta” y “parásito”. La declaración de la vicepresidenta no tiene antecedentes en la relación entre presidente y vice en la historia reciente. Pero expertos en comunicación aseguran que ese posteo obedece al resultado de diversos grupos focales que se consumen en el círculo rojo político en relación a la personalidad del presidente. Lo explica, con elegancia, un experto que analizó los resultados de esos estudios: “Ese atributo que la gente ponderaba antes en Milei para ordenar este quilombo ahora se tornó en algo negativo”. Ese análisis se suma a las bajas expectativas de buena parte de la sociedad con el futuro de la economía de las familias. Ese combo es el que sigue con atención una parte considerable del sistema político, fraccionado en mil pedazos.

Que florezcan mil candidatos. Esa dispersión -en el peronismo incluso hablan de “balcanización”- es la que el Gobierno quiere agravar con la suspensión -ya nadie se refiere a la eliminación- de las PASO, una herramienta que en el 2023 le permitió por ejemplo al PJ encolumnarse detrás de la figura de Sergio Massa. Pero esa atomización, la crisis de los partidos políticos tradicionales y el análisis de la performance de algunos drivers de la economía llevó a que florezcan al menos media docena de candidatos presidenciales en los últimos tiempos que manifestaron públicamente, y de manera unilateral, ambiciones electorales. Una señal de los tiempos que corren. La implementación de la boleta única electrónica facilita la fantasía de algunos proyectos en el rubro logístico. También el antecedente Milei, aunque existen dudas en torno a si hay o no espacio para un nuevo outsider. “¿Por qué yo no?“, se preguntan dentro del sistema.

La última semana fue Hernán Lacunza, algo alejado de la gestión diaria de Racing Club, que escribió en el reciente informe de Pensar y advirtió sobre las luces de alerta del programa económico, pero antes lo hizo Carlos Melconián. Los dos economistas. Durante el escándalo Adorni, el círculo rojo volvió a coquetear con la figura de Mauricio Macri, que protagonizó un raid por el establishment que hizo fantasear a algunos sectores con una eventual postulación hasta que el expresidente se volcó de lleno al Mundial y se instaló en Estados Unidos. Desde allí monitoreó las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza, y alimentó la disputa con su primo Jorge Macri, con el que volvió a verse a mediados de semana para una reunión de trabajo que el jefe del PRO empezó con funcionarios de la capital antes de que llegara el jefe de gobierno, un gesto que anotaron algunos de los presentes. En broma -¿en broma?-, frente a algunos interlocutores, Fernando de Andreis, mano derecha del ex presidente, se presenta como “el candidato”.

Algo similar a lo de Macri sucedió con Patricia Bullrich, que dejó que corrieran, en plena crisis política por la permanencia del ex jefe de Gabinete, versiones de su eventual proyecto presidencial. Se especuló entonces con la zanahoria del “mileísmo sin Milei”, un plan de sectores del establishment que apoyan el modelo pero están desencantados con el estilo de liderazgo del Presidente. La semana pasada, la senadora volvió a señalar a la ciudad de Buenos Aires como una posible opción.

“Los grupos focales confirman que la sociedad no quiere volver al pasado y que los trazos gruesos del programa son los correctos, pero buscan una opción más racional”, aseguró un operador que trabaja en un proyecto nacional. Es parte del diagnóstico que Jorge Brito comparte con algunos de los impulsores de su postulación que el propio empresario debería empezar a definir próximamente. El banquero ya montó oficinas, que tienen a Emilio Monzó como principal promotor. Hay otros dirigentes del PRO y estrategas de comunicación digital que, en algún caso, están muy cercano de un altísimo ministro del gobierno. Existieron, además, conversaciones con Jaime Durán Barba, el asesor que llevó a Macri a la Presidencia en el 2015 y que llega hoy al país para presentar su nuevo libro.

Pero hay más proyectos presidenciales en danza que podrían empezar a testear la conversación pública en los próximos meses. Es el caso de los hermanos Passaglia, Manuel y Santiago, cuyos niveles de audacia política no reconocen límites. Meses atrás, recibieron una visita de estrategas del exterior que los entusiasmaron.

Peronismo judicial. Son, por ahora, globos de ensayo en medio de la hegemonía libertaria y de la disputa feroz en el peronismo por el proyecto nacional de Axel Kicillof que lo mantiene en un duro enfrentamiento con Cristina y Máximo Kirchner.

El viernes, La Rioja fue escenario de un nuevo capítulo de esa pelea que pareciera no tener retorno: la muy posible suspensión de las PASO agrega aún más incertidumbre. En compañía de Ricardo Quintela, el jefe de La Cámpora reconoció al gobernador riojano por haber zanjado su pelea interna en el PJ con la expresidenta cuando fue condenada por Vialidad y se le otorgó la prisión domiciliaria en San José 1111. Un mensaje directo a Kicillof, ausente con aviso, que cuando la visitó, en octubre del 2025, ni siquiera pudieron hacerse una foto juntos.

No existe ámbito en el que puedan mostrarse el gobernador y el jefe de La Cámpora, pero es una variable que se extiende a todo el progresismo local. Lo notaron los organizadores de la cumbre regional que se prepara para este mes en Montevideo, y que tiene a la Open Society Foundations del magnate y filántropo George Soros como principal auspiciante. Se espera en esa ciudad por el mandatario bonaerense.

Kicillof tiene una decisión tomada: no va a responder, al menos por el momento, a las acusaciones del kirchnerismo. Tampoco romper abierta y públicamente con el cristinismo, como le insisten algunos dirigentes. “Cristina ya no le importa a nadie”, desafían desde La Plata. Y agregan: “Si no nos apoya, estará siendo funcional a Milei”.

En medio de esa enemistad personal y política, Cristina Kirchner se presentó esta semana en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para intentar forzar una revisión de su condena en los tribunales argentinos, en simultáneo a la campaña K que pasó de “Cristina libre” a “Cristina candidata”. Una afrenta a Kicillof, que encara su mayor desafío político: como amplificar su base de sustentación por fuera del kirchnerismo. “Axel es kirchnerista, menos para el kirchnerismo”, bromeó un operador político.

Pero la maniobra judicial de la ex presidenta no solo reavivó la interna por enésima vez: también volvió a poner la lupa en el Poder Judicial y la vinculación con La Libertad Avanza. El abogado Francisco Oneto, cercano a Milei, dijo en Infobae al Regreso que la presentación de Cristina Kirchner “puede abrir una revisión de la condena en Argentina”. Una declaración que regodeó a los especuladores. Circuló incluso una versión de una reunión que enviados del kirchnerismo habrían tenido con colaboradores presidenciales para hablar de un potencial indulto a la ex presidenta. El trascendido fue negado de manera tajante por el Gobierno pero también por el kirchnerismo. “Eso es no conocer a Cristina: jamás aceptaría ser indultada por este gobierno”, explicaron.

Existe, de todos modos, para la ex presidenta un panorama complejo en el horizonte: el viernes 4 de septiembre a las 10 el Tribunal Oral Federal 5 convocó a las partes para la audiencia preliminar de juicio, que podría empezar antes de fin de año, en la causa Hotesur-Los Sauces en la que, además de ella, está procesado su hijo Máximo. En La Cámpora reina el temor por esa investigación. Alguno de los tres jueces -José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni- tiene intereses en juego que dependen del Ejecutivo.

Por eso hay dirigentes del peronismo que se empezaron a cuestionar si fue acertada la estrategia política de Cristina Kirchner en torno a las nominaciones fallidas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, del año pasado. En el último mes hubo movimientos y reuniones cruzadas alrededor del juez federal porteño. Gobernadores dispuestos a volver a apoyar su candidatura: lo plantearon en una reunión de hace algunas semanas que tuvo lugar en un departamento en la capital. Existieron, además, contactos con la Corte. Y un almuerzo a mediados de semana entre el Presidente y el ministro Juan Bautista Mahiques -esta semana encabeza en Iguazú el encuentro de ministros de Justicia de todo el país- que volvió a levantar sospechas: fuentes oficiales niegan que el funcionario le haya llevado a Milei un listado de nombres para el máximo tribunal. Circuló, por caso, el de la camarista salteña Mariana Catalano, cercano al gobernador Gustavo Sáenz. En el Gobierno dicen que la prioridad son la Cámara Federal, Casación y los tribunales orales de Comodoro Py. De extrema relevancia para el sistema político.

La visita a Argentina de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, fue capital político para el Gobierno. El presidente, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y los demás miembros del gabinete tuvieron una foto sonriente con la titular del organismo y cosecharon las declaraciones favorables sobre la evolución del programa.

Sin embargo, Georgieva puso sobre la mesa lo que no se quería reconocer: hay una economía con dos velocidades y en esta fase se debería apuntar al “efecto derrame” de Vaca Muerta en la construcción, la industria y la logística. Durante su estadía en Argentina, Georgieva conoció Loma Campana, uno de los principales yacimientos de la formación neuquina. La funcionaria viajó junto al ministro Caputo y fue recibida por presidente de YPF, Horacio Marín.

Para la consultora Epyca, el episodio no tuvo un carácter técnico, sino que se trató de un movimiento de comunicación política pensado para exhibir ante el mundo la capacidad de generación de dólares del país y el sostén del programa económico libertario. El mensaje fue explícito: el FMI no ve necesidad de asistencia adicional y celebra el desempeño del sector hidrocarburífero como ancla de la confianza recuperada.

Exhibir ante el mundo la capacidad de generación de dólares del país y el sostén del programa económico libertario. El mensaje fue explícito: el FMI no ve necesidad de asistencia adicional (Epyca)

En junio Vaca Muerta alcanzó un récord de 648.114 barriles diarios de crudo, un salto de 30% interanual. El gas sumó 118,64 millones de metros cúbicos diarios.

Las exportaciones acumuladas entre enero y junio de 2026 crecieron 48% respecto al mismo período de 2025, y la proyección oficial para todo el año ubica el saldo positivo de la balanza energética en torno a USD 14.000 millones.

Esos datos son los que utiliza el oficialismo para asegurar que “la macro está resuelta” y que el debate pendiente es “de segunda generación”, centrado en reformas laborales, previsionales y tributarias.

Recomendaciones de políticas

Pero la propia directora del FMI matizó el optimismo. En su contacto con la prensa, destacó que Argentina tiene un fuerte desempeño en petróleo, gas, minería y agricultura arraigado en la mejora en la confianza, pero remarcó que "hay dificultades en sectores como la construcción, los servicios y la logística". Por lo que sostuvo que el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad fiscal limitada debe dirigirse allí a esos sectores. Y para ello, recomendó tres medidas: bajar la mora, desarrollar el mercado de capitales y hacer obras de infraestructura.

Bajar la mora, desarrollar el mercado de capitales y hacer obras de infraestructura (Georgieva)

La advertencia de la funcionaria del FMI encontró eco entre los analistas locales. Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostuvo que el efecto derrame es marginal. “Ella es muy sutil porque es hábil declarante y dice, marcándole la cancha al Gobierno, que hay sesgo en el comportamiento de la actividad motorizada por la energía y minería, que por ahora, no tiene efecto sobre el resto de las actividades. Pero no va a tener efecto, el efecto es marginal”, afirmó.

Letcher explicó que la energía y la minería pueden mejorar sectores muy puntuales de la industria, como la metalurgia, pero consideró que el impacto es secundario. Para el economista, la estructura del sector energético implica bajo derrame y la apertura importadora, junto con el RIGI, facilita la llegada de máquinas extranjeras en detrimento de encadenamientos locales.

Una fuente en off the record que dialogó con Infobae aportó una visión complementaria sobre el impacto de Vaca Muerta en el Producto Bruto Interno (PBI). Según su análisis, “el derrame en el nivel de actividad, en el PBI, es 20%, el 50% está hundido y el 30% neutro”.

El efecto del crecimiento se vinculó al impacto sobre la cadena de proveedores y el comercio, pero resulta acotado por el bajo uso de mano de obra y la localización geográfica restringida. “El impacto en el PBI está, pero pondera por la participación del sector en la economía; comercio, construcción y servicios son el 45%. Cuando eso crece o decrece, es diferente en términos del impacto y localización geográfica y de utilización de mano de obra”, resumió la fuente.

En esa, el análisis reservó un capítulo especial al uso de los dólares generados por el sector energético. “Los dólares de Vaca Muerta que aparecen en Punta Cana, es el producido de lo que ahí sale”, explicó la fuente, en referencia a la fuga y utilización de divisas fuera del circuito productivo local.

Además, cuestionó la viabilidad de nuevas inversiones en infraestructura con un financiamiento fiscal muy restringido y advirtió que “el Gobierno absorbe todos los pesos que emite”, lo que limita el crédito al sector privado. Por último, subrayó el fenómeno de la dolarización de portafolios, donde los dólares generados por la energía permiten satisfacer la demanda interna para ahorro, viajes y pagos.

¿Mejora estacional?

Sin embargo, el nivel de actividad parece haber registrado una mejora en junio y en sectores que venían rezagados luego de la caída intermensual de 0,5% de mayo. La consultora Analytica observó que el Índice Líder de Actividad (ILA) subió 0,3% respecto a mayo y 1,7% frente a junio de 2025, pero dejó una caída trimestral de 0,7% en el segundo trimestre.

El impulso se concentró en el consumo y el agro, mientras menos de la mitad de los indicadores sectoriales acompañaron la tendencia general. El agro fue el motor más relevante, con un avance del IACA-BCR de 3,0% mensual y un índice general 10,9% por encima del año anterior, impulsado por una cosecha récord. Sin embargo, la inversión en maquinaria agrícola se desplomó 12,0% y profundizó la tendencia negativa de mayo.

El consumo y el crédito también aportaron, con una recaudación de IVA-DGI que creció 9,0% y una mejora de la confianza del consumidor de 6,4%, atribuida al pago de aguinaldos. Los préstamos al sector privado subieron 0,3%, acompañando la hipótesis de que la mayor liquidez tuvo efectos transitorios. En el frente externo, las importaciones aumentaron 3,4% en valor y las exportaciones cayeron 0,9%, en línea con el mayor consumo.

Mientras que la industria mostró una dinámica heterogénea. La producción de hierro cayó 26,8%, la baja más fuerte entre todos los sectores, mientras el acero laminado en caliente, el acero no plano y el acero plano registraron subas leves. La producción de lavarropas y secarropas bajó 11%, y la de calefones y termotanques subió 0,8%. El gas disminuyó 0,3%, igual que la demanda eléctrica de grandes usuarios, que bajó 0,2 por ciento.

El panorama de la construcción se revirtió en junio. El Índice Construya descendió 2,0% y el consumo de cemento, 5,9%, luego de un mayo positivo. El sector automotriz mostró una diferencia entre ventas mayoristas, que subieron 10,1%, y el patentamiento de autos (-0,7%), motos (-1,6%) y la producción de autos (-7,6 por ciento).

La economía mantiene una lógica de “dos velocidades”, con un polo exportador dinámico y globalizado, y una economía de servicios y empleo formal que no logra despegar

Las señales de los analistas y consultoras confluyeron en la idea de que la economía mantiene una lógica de “dos velocidades”, con un polo exportador dinámico y globalizado, y una economía de servicios y empleo formal que no logra despegar al mismo ritmo. El debate sobre si Vaca Muerta puede motorizar el resto de los sectores productivos sigue abierto en la mesa de discusión pública y política.

La visita de Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la Argentina incluyó definiciones sobre las medidas que el organismo espera del Gobierno para impulsar la recuperación de los sectores rezagados. En conferencia de prensa con el ministro de Economía, Luis Caputo, a su lado, la directora ejecutiva dejó tres mensajes: apuntar a la baja de la mora, el desarrollo del mercado de capitales y el avance en infraestructura.

Ante funcionarios del Palacio de Hacienda, periodistas y la transmisión oficial, Georgieva detalló los tres puntos centrales que el FMI considera prioritarios en lo que viene del programa económico. La economista búlgara sostuvo que el país muestra un desempeño sólido en petróleo, gas y minería, pero advirtió que “los sectores como la construcción, los servicios y la logística tienen dificultades para despegar”.

Para lograr que el crecimiento de Vaca Muerta derrame en el resto de los sectores, la titular del Fondo, aseguró que observan tres áreas de acción para el Gobierno. “La creación de mejores condiciones financieras para aquellos que toman préstamos para poder utilizar los recursos financieros de los bancos argentinos; lo que se viene es que algunos bancos han acumulado préstamos en mora y hay que gestionarlos. Ampliar el mercado de capitales en Argentina, por ejemplo, los hipotecarios; este es un instrumento limitado que puede ayudar a elevar a la construcción y a hacer participar a los consumidores en la economía. Después hablamos de la eliminación de los obstáculos físicos para que la economía funcione a un nivel más alto”, afirmó.

Bajar la mora

El llamado a bajar la mora bancaria cobró mayor peso en el contexto local tras la publicación del último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El reporte indicó que, en mayo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió a 7,7% a nivel agregado, 0,4 puntos más que el mes anterior y 5,1 puntos más que el año pasado. El documento adjudicó el incremento principalmente al deterioro de los créditos familiares, que en mayo registraron una mora del 12,8 por ciento. En ese mismo mes, los créditos personales presentaron la mayor tasa de morosidad, con 15,9%, seguidos por las tarjetas de crédito (13,1%) y los préstamos prendarios (7,7%). Los créditos hipotecarios mostraron un nivel de mora mucho menor, de 1,6 por ciento.

Pero la postura de Georgieva respecto a la mora encuentra sus diferencias con la del ministro Caputo. Es que si bien la titular del FMI habló de que hay un compromiso para gestionarlo, en Economía siguen marcando que se trata de una “situación entre privados”.

Meses atrás, en una entrevista con Economía de quincho, Caputo explicó que el aumento de la mora resulta “razonable” ya que antes no había crédito. Y explicó que en ese proceso en que los bancos volvieron a actuar de bancos (en lugar de prestarle al Estado), otorgaron “algunos créditos malos” y ahora, ante el aumento de la mora, se muestran reticentes a seguir prestando. A la vez, cuestionó la estrategia de cobrar tasas elevadas cuando, en su visión, deberían otorgar mayor plazo y tasa para cobrar los créditos vencidos.

Desde el sector financiero, una fuente consultada por Infobae en off the record confirmó que el diálogo con el organismo multilateral es permanente y que existe coincidencia en varios de los objetivos. “El FMI nos consulta habitualmente nuestro punto de vista. Siempre mantenemos contacto. Muchas veces tenemos objetivos coincidentes”, reconoció y que los altos niveles de mora es una. La fuente señaló que los bancos argentinos “tenían las previsiones y colchones de capital para ‘digerir’ la suba de la mora sin afectar su funcionamiento” y que actualmente se ofrecen distintas alternativas a los clientes según su situación particular. Por lo que estiman que la mora habría tocado un techo y podría empezar a bajar en el segundo semestre.

Apuesta de Milei

El segundo eje central del mensaje de Georgieva fue el desarrollo del mercado de capitales. La funcionaria consideró que la ampliación del mercado de capitales y de instrumentos como los créditos hipotecarios “puede ayudar a elevar la construcción y a dinamizar el consumo”. Para el FMI, la falta de alternativas de financiamiento de largo plazo obstaculiza la reactivación de sectores clave y limita el acceso a la vivienda y el consumo.

En ese contexto, el presidente Javier Milei presentó en cadena nacional un paquete de reformas que incluye la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y un proyecto para liberalizar el mercado de capitales.

Milei anunció el envío de un proyecto de liberalización profunda de este sector que modificará distintas leyes bajo una misma premisa: “Correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir”.

A modo ilustrativo, el jefe de Estado mencionó el mercado de bonos corporativos, cuya emisión se permitirá en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. También hizo referencia al financiamiento colectivo, un instrumento que según su discurso, quedó trabado en la Argentina por el exceso de regulación. “En el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. 15 años perdidos y ahora lo vamos a destrabar”, afirmó.

Concesiones de rutas

El tercer mensaje clave de Georgieva durante su paso por Buenos Aires fue la necesidad de “eliminar los obstáculos físicos” que frenan el desarrollo económico. La titular del FMI insistió en que la infraestructura logística requiere inversiones y reformas para que la economía funcione a pleno.

También en esta temática coinciden el Gobierno y el FMI. Desde hace meses, el estado avanza en las concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. En tal sentido, el ministro Caputo marcó a la construcción como una de las variables clave, junto con la implementación de la reforma laboral y de la Ley de Inocencia Fiscal, para que lleguen los “mejores 18 meses”. Sin embargo, entre los privados hay reparos respecto al impacto que esto pueda generar ya que sostienen que la obra pública apenas representa al 30% del sector.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, estuvo este jueves en Uruguay, se reunió con el presidente Yamandú Orsi y otras autoridades del gobierno y participó de un evento en el Banco Central del Uruguay (BCU). En ese ámbito, la jerarca del organismo internacional elogió al país pero le aconsejó tomar más riesgos. “Dejen de mirar en el espejo retrovisor”, desafió.

Uno de los temas centrales de la charla entre Georgieva y Orsi fue el fortalecimiento del marco fiscal del país. Las autoridades destacaron “las mejoras incorporadas” en la normativa uruguaya, como la creación de una regla fiscal que permite controlar el gasto público, según la información que difundió Presidencia.

A la salida de la reunión, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, contó que Georgieva hizo un repaso de la situación internacional. En particular, del contexto de “incertidumbre” que, según ella, llegó “para quedarse”. “Hay enorme cantidad de oportunidades para economías como la uruguaya para poder progresar y crecer a ritmos más acelerados”, expresó.

Citando a la directora del FMI, Oddone dijo en la rueda de prensa que los uruguayos “han resuelto una serie de problemas del año 2002 a la fecha y deben dejar de mirar el espejo retrovisor y empezar a mirar hacia adelante, tomando un poco más de riesgos y ser más valientes tanto en la gestión de la política pública como del sector privado".

En la conversación estuvieron sobre la mesa temas como la inteligencia artificial, el cambio climático y las “oportunidades que la región le ofrece a Uruguay como puerta de salida”

Además de su reunión con autoridades, Georgieva mantuvo un diálogo abierto con el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en el cierre de las Jornadas Anuales de Economía que organiza la autoridad monetaria uruguaya.

En ese ámbito, según consignó El País, dijo en varias ocasiones que “Uruguay es un país maravilloso y que está haciendo las cosas muy bien”. “Tan bien que por eso no vine antes”, dijo entre risas.

La directora del FMI dijo que Uruguay tiene un bajo crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) y sugirió animarse más. “Protejan la estabilidad del país, pero tomen más riesgos en el mundo nuevo”, expresó.

El presidente del BCU, por su parte, aclaró: “Invertir más no sería un comportamiento arriesgado, sino acorde con la nueva estructura económica que ha logrado Uruguay que está más blindada que en el pasado y donde muchos miedos o medidas cautas ya no tienen sentido”.

Las guerras, el cambio climático y los riesgos demográficos fueron algunas de las amenazas que vive el mundo y fueron mencionadas por Georgieva. “Hay que abrazar los cambios porque son inevitables, y hay que avanzar”, expresó más tarde.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este viernes sobre los pedidos de la presidenta del FMI. “Me encantó, por supuesto. Nos pidió que seamos más audaces y eso está bárbaro. Que el Fondo Monetario te diga eso es maravilloso”, expresó Orsi al participar en la inauguración de obras en el norte del país.

Al llegar a Uruguay, Georgieva dijo que tenía “ganas de aprender más sobre un país” que construyó un “sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes”.

La ejecutiva recorrió una escuela pública y Ceibal, el plan originalmente pensado en el gobierno de Tabaré Vázquez para darle una computadora a cada alumno.

“La estabilidad y resiliencia de Uruguay son impresionantes, y una sólida base para lo que viene a continuación. Gran discusión con el presidente del Banco Central, Tolosa, sobre impulsar la competitividad, la desdolarización, adoptar la IA y aprovechar las oportunidades de una economía global en rápido cambio”, escribió Georgieva en la red social X.

Tras su reciente visita a la Argentina, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó hoy un posteo en el blog del organismo combinando observaciones personales con un análisis sobre el proceso de estabilización y los retos pendientes. La publicación abordó momentos simbólicos, historias de su propia vida en Bulgaria y datos económicos, con referencias directas a figuras como Lionel Messi, a recursos estratégicos como Vaca Muerta, y a la experiencia de una trabajadora con tres empleos.

La visita de Georgieva a Buenos Aires comenzó con un gesto futbolero. “Mi primera reunión en Buenos Aires empezó con un regalo inesperado. El ministro de Economía, Luis Caputo, me regaló una camiseta de la selección argentina con mi nombre y el número 10, el número icónico de Lionel Messi”, relató la titular del FMI. Ese episodio la llevó a reflexionar sobre la carrera del futbolista: “Cuando Messi finalmente levantó la Copa del Mundo en Qatar, tenía 35 años, una edad en la que muchos futbolistas ya se han retirado. Su triunfo fue la culminación de años de perseverancia, reveses y dedicación inquebrantable. Subrayó cómo los grandes logros requieren persistencia y pueden tardar más de lo esperado”.

A partir de ese paralelismo, Georgieva describió los desafíos de la transformación económica. “Restaurar la estabilidad es difícil. Hacer que perdure es aún más complicado. Las mayores recompensas llegan solo después de años de persistencia”, explicó la funcionaria, que resaltó la importancia de mirar el horizonte de largo plazo en un país acostumbrado a pensar en la próxima crisis.

En su repaso sobre la coyuntura, la directora del FMI puntualizó: “Solo dos años y medio atrás, Argentina enfrentaba uno de los momentos económicos más difíciles de su historia moderna. El gobierno tenía déficits constantes. La inflación superaba el 200 por ciento. La economía se contraía. La pobreza superaba el 50 por ciento. Las familias veían caer el valor de sus salarios y ahorros. Las empresas encontraban difícil planificar más allá de unas pocas semanas”.

El escenario, según Georgieva, cambió de manera significativa. “Hoy, el panorama es marcadamente diferente. Argentina logró dos años consecutivos de superávit fiscal primario por primera vez en 15 años. La economía está creciendo. La inflación bajó a alrededor del 30 por ciento. La pobreza disminuyó. El banco central está reconstruyendo reservas internacionales. Los costos de endeudamiento soberano bajaron. Las tres principales agencias de calificación de riesgo mejoraron la nota del país. Más de 45.000 millones de dólares en proyectos de inversión ya fueron aprobados bajo el marco de incentivos a la inversión de Argentina”.

En la publicación, Georgieva vinculó el proceso de estabilización con la confianza. “La estabilización devuelve a un país algo que no es fácil de medir: tiempo. Cuando las familias creen que los precios permanecerán estables, empiezan a ahorrar en vez de protegerse de la inflación. Cuando las empresas confían en que las políticas serán predecibles, invierten a años vista y no solo a meses. Los bancos otorgan crédito a más largo plazo. Los gobiernos pueden enfocarse en mejorar las instituciones en vez de responder a la próxima emergencia. En otras palabras, la estabilidad alarga el horizonte temporal del país”, sostuvo la funcionaria.

Uno de los puntos destacados de la nota es la referencia a recursos estratégicos. “Vi esa oportunidad muy claramente en los campos petroleros y de gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Que Argentina tiene recursos naturales de clase mundial es algo conocido hace tiempo. Pero Vaca Muerta muestra que también tiene ingenieros talentosos, emprendedores y líderes públicos y privados comprometidos a desarrollarlos. Y lo hace en un momento en que el mundo busca suministros de energía seguros y confiables”.

La directora del FMI agregó que “Vaca Muerta es solo un ejemplo de una oportunidad más amplia. La inversión minera está acelerándose, los servicios basados en el conocimiento exportan cerca de 10.000 millones de dólares al año y la agricultura sigue entre los sectores más competitivos del mundo. Más allá de sus recursos naturales, Argentina cuenta con emprendedores de primer nivel, universidades sólidas y talento humano excepcional”.

La publicación avanzó sobre el impacto de la estabilización en la vida cotidiana. En palabras de Georgieva: “Ese mensaje se hizo claro en mis conversaciones con líderes empresariales. Recibieron con agrado la renovada estabilidad del país y la creciente confianza de los inversores, aunque enfatizaron la importancia de reducir las barreras a la inversión y de ampliar la recuperación a más sectores”.

La funcionaria compartió dos historias personales que recogió en Buenos Aires. “En mi primera mañana en Buenos Aires, conocí a Marina, una maquilladora que amablemente me ayudó a prepararme para la jornada. Me contó que trabaja en tres empleos y que la vida sigue siendo difícil. Pero también me dijo que espera que el país mantenga el rumbo. Sus circunstancias no cambiaron de la noche a la mañana. Lo que está cambiando es su confianza en que el progreso puede durar”, relató Georgieva.

La directora del FMI también mencionó a la bailarina Mora Godoy: “Más allá de su celebrada carrera, creó una escuela de danza y ofrece becas a jóvenes que de otro modo nunca tendrían la oportunidad de aprender. Diferentes historias, diferentes profesiones, pero ambas reflejaron la misma creencia de que invertir hoy puede crear oportunidades mañana”.

Georgieva se detuvo en la visión de futuro de los jóvenes argentinos: “Escuché esa misma perspectiva de largo plazo en estudiantes. Sus preguntas no eran sobre los próximos seis meses, sino sobre inteligencia artificial, innovación, liderazgo y el lugar de Argentina en la economía global. Querían saber cómo su país podría competir, no solo el año próximo, sino en las décadas por venir”.

En el cierre de su reflexión, la funcionaria subrayó el desafío de transformar avances coyunturales en progreso duradero. “El próximo paso es asegurarse de que estas oportunidades se extiendan al conjunto de la economía. El desafío ahora es mantenerse en el camino, seguir construyendo las instituciones, la confianza y las oportunidades que permitan que el progreso de hoy se convierta en prosperidad duradera”.

En el blog, Georgieva compartió además una experiencia personal vinculada a la confianza monetaria: “Cuando Bulgaria sufrió hiperinflación y una crisis bancaria en los años noventa, los ahorros de toda la vida de mi madre desaparecieron casi de la noche a la mañana. Yo guardaba mis propios ahorros en dólares, en una lata de hojalata escondida en el armario”. Esa referencia la utilizó para resaltar la importancia de la estabilidad y la previsibilidad como fundamento de la confianza social y la inversión.

Entre los mensajes finales, Georgieva sostuvo: “En última instancia, el éxito no se medirá solo por una inflación más baja, reservas más fuertes o finanzas públicas más saludables. Se medirá por si más empresas invierten, las pymes se expanden, los trabajadores encuentran mejores empleos y salarios más altos, y más argentinos ven los beneficios del crecimiento económico en su vida diaria”.

Una vez más -pero reforzado-, el presidente Milei tuvo un fin de semana con descontrol verbal e inestabilidad emocional, alejándose de la investidura que ostenta desde diciembre 2023. Recordar que Javier Milei es Presidente de los argentinos las 24 hrs., es decir sus actos y hechos representan a todos los argentinos no solo a sus militantes. Es absolutamente cierto que el mundo está en ebullición y virulencia, con guerras inexplicables -siempre lo son-, pero mucho más cuando por el avance del desarrollo del hombre la palabra debiera adquirir otra dimensión y la diplomacia, más aún. El raid de incontinencia verbal agresiva, comenzó junto al Canciller argentino Quirno en territorio brasileño levantando la mano del candidato opositor Flavio Bolsonaro e insultando al presidente Lula. Esta cronista se pregunta -dado el nacionalismo que ostentan los habitantes del país vecino, aun quienes no coinciden con su Presidente-, si impactó para bien o para mal la diatriba de Milei.

Luego en la Sociedad Rural insultó, acusó y agravió a un exintegrante del equipo del presidente Duhalde: de Mendiguren. Tal vez el hoy Presidente ignore que en aquel momento tras la crisis del 2001, se conformó la Mesa de Diálogo Argentino – tan necesaria hoy-, con la enfática participación del ex presidente radical Raúl Alfonsín. También recuerda esta cronista que por entonces con el equipo de Remes Lenicov y luego el Dr Roberto Lavagna, el país creció al 8% con inflación anual por debajo del 4%, empleo y estabilidad. Todo hasta que en el período del kirchnerismo el negocio fue ganándole terreno al espacio de la política y Roberto Lavagna pegó el portazo.

La expresidenta Cristina de Kirchner tiene todo el derecho de agotar instancias incluso internacionales, para buscar su libertad. Pero no debiera ser impedimento para que el partido de la oposición se unifique. Su amague con ser candidata nuevamente solo reaviva el antiperonismo y por ende, hoy, fortalece el camino de Milei en la búsqueda de la segunda presidencia.

Otro escenario a analizar es el de la sociedad y su sentir. Que el hoy Presidente llegara a la Rosada en el 2023, con promesas de dolarización de los salarios, etc.; fue entendible. Hoy, a casi tres años, luego del terremoto que produjo en la epidermis social, productiva y comercial argentina, secando de raíz cualquier brote verde real de la economía doméstica, ya no es un problema de Milei, es de quien lo elige. La educación como herramienta de ascenso social en la que confía el 88% de los jóvenes de 18 a 29 años según una encuesta de la UBA, que creen que la educación sería el pasavante a una vida mejor, no ocurrirá. Sencillamente porque el Presidente descree de lo público. Esta franja etaria vulnerable absolutamente (78%) que no tiene cobertura en salud y fuerza hasta el límite a los efectores públicos, no podrá mejorar su situación.

La política es la única herramienta dadora de justicia social. Los partidos son la garantía de que ello ocurra. En Argentina están licuados. Y quienes debieran encargarse de reconstruirlos solo tejen intereses personales y/o sectoriales. La ideología mutó en ideología del interés personal. Por eso el Congreso no siempre actúa en función de los intereses de sus representados. Todo es laxo y acomodable. Dos leyes importantes lo aguardan: la inviolabilidad de la propiedad privada. (Según Zuban Córdoba el 77% está en desacuerdo en ampliar el límite de compra a los extranjeros y solo acuerdan el 16,7 %).

Las PASO, su eliminación o suspensión; es la otra ley. Parece que los gobernadores amigables o dialoguistas la han hecho saber al ministro negociador Santilli que “primero recibimos, luego votamos”. La ideología está clausurada -parece- por imperio de los bolsillos flacos.

La representante del FMI al felicitar al presidente Milei por su programa económico aplaude la destrucción de la vida de muchísimos argentinos que ven día a día perder sus empleos porque sus fábricas y comercios cierran. (En Rosario el comercio tiene un récord de locales vacíos, entre diciembre y junio, se duplicó la tasa de vacancia, alcanzando la cifra más alta desde diciembre de 2022: 12,5 %). Ven diluir su calidad de vida. Ven solo nubarrones para el futuro de sus hijos. Padecen la uberización de su vida diaria. Porque este modelo castiga la producción nacional.

¿Quién se hará cargo de recuperar la capacidad que sí tiene Argentina de producir, crear industria, generar empleo a través de un modelo productivo, nacional e integral?

La organización de la clase de tango surgió a partir de un pedido directo del FMI a la propia artista. Godoy relató en una entrevista en Infobae a la Mañana que la convocatoria no llegó a través del Gobierno nacional, sino que el organismo de Washington se contactó con su equipo para solicitar un show privado y una clase personalizada para la funcionaria. La primera comunicación generó dudas en el entorno de la bailarina, al punto que su productora ejecutiva llegó a pensar que se trataba de una broma y cortó la llamada. Una vez confirmada la autenticidad del pedido, el equipo de Godoy diseñó un espectáculo exclusivo en Casa Mora, el espacio de eventos privados que la artista dirige en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y discreción. Godoy describió que la organización requirió un protocolo exhaustivo, ya que la visita de Georgieva debía mantenerse en secreto y se desplegó un operativo especial para resguardar la privacidad de la funcionaria. Georgieva llegó acompañada por un equipo de entre doce y catorce personas, que incluyó traductora y colaboradores cercanos. El show contó con la participación de diez integrantes de la compañía de Godoy, quienes ofrecieron una función exclusiva para la delegación internacional.

La clase de tango no formó parte del programa inicial, sino que surgió a partir de la iniciativa de Georgieva al finalizar el espectáculo. Según Godoy, la directora gerente del FMI expresó su entusiasmo por el baile y pidió quedarse a practicar algunos pasos básicos. “Aprendió en diez minutos dos pasos. Y después aprendió dos pasos más: el básico, el ocho, el giro”, detalló la artista en diálogo con Infobae. Godoy destacó la facilidad de la funcionaria para asimilar los movimientos y su interés genuino por la danza típica argentina. La escena incluyó una simulación de milonga en la que la propia Godoy improvisó un paso de comedia junto a su compañero de baile y la visitante búlgara.

El intercambio entre Godoy y Georgieva no se limitó al aspecto artístico. Durante la velada, ambas mantuvieron una conversación privada en la que abordaron temas personales y sociales. Godoy le contó a la directora gerente del FMI sobre su historia familiar y el recorrido que llevó a su familia desde el trabajo obrero hasta la educación universitaria, gracias al acceso a la educación pública en Argentina. La bailarina transmitió su punto de vista sobre la situación actual del país y subrayó ante Georgieva que “hay una parte de la sociedad que necesita atención inmediata, no a largo plazo”. Además, agradeció que el Fondo Monetario Internacional haya planteado públicamente la importancia de mejorar los salarios en el país, al señalar que la problemática no se reduce solo a la inflación.

La charla fue, según describió la artista, un verdadero ida y vuelta. Georgieva se mostró interesada en profundizar sobre los temas planteados, hizo preguntas y compartió experiencias personales. Mencionó que proviene de un país emergente y que admira la trayectoria de Godoy en el mundo del tango. Ambas conversaron sobre los desafíos para las mujeres en posiciones de liderazgo y coincidieron en que lograr un lugar destacado requiere el triple de esfuerzo en comparación con los hombres.

Durante el encuentro, Godoy también expuso el trabajo social de su compañía, que desarrolla un programa de becas de capacitación gratuitas para jóvenes que no podrían acceder a la formación profesional. La iniciativa se realiza junto a la Fundación Banco Provincia y recorre diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. Georgieva mostró interés en este proyecto y escuchó con atención los detalles del programa, según relató la artista a Infobae.

En el cierre de la jornada, la directora gerente del FMI recibió una libreta de la línea de productos de Godoy y prometió utilizarla en futuras visitas a la Argentina. La bailarina, por su parte, compartió con la funcionaria su próximo emprendimiento: la apertura de Bar Mora Godoy, un café temático de tango en el barrio de San Telmo, previsto para fin de año. Godoy explicó las dificultades de emprender en el contexto actual y mencionó la necesidad de financiamiento para concretar el proyecto. Georgieva manifestó interés en conocer el espacio y pidió ser notificada cuando la inauguración esté confirmada.

La visita de Georgieva a la Argentina incluyó, además de su paso por Casa Mora, reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, así como una visita al yacimiento de Vaca Muerta. En una conferencia de prensa junto a Caputo, la funcionaria afirmó que la economía argentina muestra “una imagen mucho más sólida” que en 2023, según difundió Infobae.

Godoy, que próximamente presentará su espectáculo La Máquina Tanguera en el Teatro Santa María de Buenos Aires, remarcó que la estabilidad de su compañía depende de decisiones a largo plazo e inversiones en bienes raíces, lo que le permitió sostener su marca durante la pandemia y las sucesivas crisis económicas. La artista también planteó ante Georgieva las dificultades que atraviesa el turismo en Buenos Aires debido a los altos costos y la caída en la cantidad de visitantes, aunque resaltó que la oferta cultural de la ciudad continúa vigente.

La experiencia de la directora gerente del FMI bailando tango y la difusión del video en redes sociales sumaron un aspecto poco habitual al paso de una figura central de la economía global por la capital argentina. Según relató Godoy a Infobae, la funcionaria se llevó la libreta con la promesa de regresar y participar de las nuevas propuestas culturales que impulsa la artista.

La mora volvió a crecer: en mayo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7%, 5,1 puntos porcentuales (p.p.) más en comparación interanual, y a 12,8% para el financiamiento de las familias, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, para los bancos, esta situación habría tocado un techo y, en el segundo semestre, debería empezar a ceder. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, afirma que se trata de un asunto “entre privados”, necesita que la tendencia se revierta para impulsar el crédito y la recuperación de la actividad.

Las fuentes del sistema financiero en dialogo con Infobae aseguraron en que el deterioro de la cartera de créditos ya habría alcanzado su punto máximo. Una importante voz sectorial afirmó en off the record: “Los bancos vienen trabajando en la cuestión y ofrecen distintas alternativas a los clientes y sus situaciones particulares. La mora habría llegado a su techo y a partir de ahora debería bajar en este segundo semestre”.

El último Informe de Bancos del BCRA mostró que el incremento de la morosidad tuvo como principal motor el deterioro en los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para ese segmento llegó en mayo a 12,8%, 0,7 p.p. más que el mes anterior y 8,3 p.p. por encima del mismo período de 2025. Dentro de la cartera para hogares, los créditos personales encabezan el ranking de mora con 15,9%, seguidos por las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%), los hipotecarios (1,6%) y otros (39,3%).

Otro de los factores que preocupa es la carga mensual asociada al pago de deuda de los hogares. Según el BCRA, en abril llegó al 24,1% de la masa salarial formal cuando dos años atrás era menor al 9 por ciento. El salto en la proporción de ingresos destinados a deudas está directamente vinculado a la menor capacidad de pago de los hogares y a la inflación acumulada.

Para el Gobierno es clave que comience a revertirse esta situación para que se reactive el crédito y con ello, repunte la actividad económica. Esto quedó de manifiesto en al conferencia de prensa del lunes por parte de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien marcó la reducción de la mora como una de las medidas a las que debe apuntar el Gobierno en esta etapa. “Algunos bancos han acumulado préstamos en mora más altos y hay que gestionarlo, hay forma de gestionarlo y se tiene la voluntad de abordarlo ya”, sostuvo.

El organismo multilateral habla de que existe una voluntad de revertir esta situación y en los bancos lo dan a entender también. “El FMI nos consulta habitualmente nuestro punto de vista. Siempre mantenemos contacto. Muchas veces tenemos objetivos coincidentes. El que mencionas es uno”, marcó una fuente del sector privado.

Pese a la postura inicial del equipo económico, en los últimos meses, los bancos -en especial, los públicos- lanzaron lineas de refinanciamiento. Uno de ellos fue el Banco Nación Argentina (BNA) que ofreció un kit de soluciones para ordenar las obligaciones financieras. Tanto para consolidación de deudas con una línea a tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones. Como para refinanciación de tarjeta de crédito para clientes del banco que registran hasta 90 días de atraso en el pago con la posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35 por ciento.

La postura oficial

La postura del ministro Caputo es que el crecimiento de la mora es producto de que “los bancos volvieron a actuar de bancos”: dejaron de prestarle al Tesoro o al BCRA y ahora redirigen el financiamiento a sus clientes. No obstante, reconoció que, durante ese proceso, otorgaron créditos de baja calidad y ahora muestran mayor cautela a la hora de conceder nuevos préstamos.

“Algunos bancos tienen la teoría de que para recobrar esos malos créditos cobran una tasa alta. Eso fue típicamente lo que pasó en Argentina; ellos dicen que con que uno me pague una tasa del 120% o del 140% ya me compensó esos tres; después vendo esta cartera mala, deduzco ganancias por las pérdidas de esto y, mal que mal, salgo bien. Nosotros hemos hablado con los bancos y les hemos dicho: ‘No funciona así, denle plazo y tasa baja porque si no no van a poder’”, sostuvo el funcionario nacional en una entrevista con Economía de quincho.

Sin embargo, los primeros bancos que tomaron el consejo del ministro Caputo fueron los públicos como el BNA y los provinciales, luego de varios meses de cobrar tasas altas a sus clientes por incumplimientos de pago. “Afortunadamente los bancos tenían las previsiones y colchones de capital para ‘digerir’ sin afectar su funcionamiento“, destacó una fuente del sector a este medio.

En los seis meses que resta del año, en los bancos esperan que la mora comience a bajar. El FMI ya habló de un compromiso en la conferencia de prensa de este lunes, siendo esta una de las condiciones necesarias para que se produzca la reactivación de los sectores rezagados -junto con el desarrollo del mercado de capitales y la mejora de infraestructura-. Caputo también sabe que necesita que se revierta más allá de que se trata de una “situación entre privados”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir, entre otros temas, el uso de reservas internacionales en el marco del plan de recuperación y reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio.

Anteriormente, Rodríguez confirmó el pasado 17 de julio el acceso a 346 millones de dólares del FMI, fondos que serán destinados a la recuperación del país. Se trata de activos pertenecientes al tramo de reserva de Venezuela en el organismo multilateral, de disposición inmediata para atender necesidades humanitarias urgentes asociadas a desastres, según explicó el FMI.

En esta ocasión, según el equipo de prensa presidencial, el encuentro abordó “el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica”, la asistencia técnica para el fortalecimiento institucional y “el uso de reservas internacionales para el financiamiento” del programa Venezuela Renace, diseñado para la reconstrucción tras los sismos.

En la reunión participaron el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, junto a altos funcionarios venezolanos como los vicepresidentes de Economía y Gobierno Digital, Calixto Ortega y Anabel Pereira, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez.

La cita representa “continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses”, según la nota oficial. La delegación del FMI prevé mantener encuentros con “altas autoridades del equipo económico y otras instituciones públicas”, lo que refleja “la progresiva normalización de la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un proceso más amplio de vinculación con la comunidad financiera internacional”, añadió Prensa Presidencial.

El FMI y Venezuela retomaron sus relaciones en abril, tras una suspensión que se extendía desde 2019 impuesta por el ex dictador Nicolás Maduro. Tras la captura del líder del régimen venezolano, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino de Rodríguez han sido regulares, con el objetivo de completar procedimientos técnicos que permitan el eventual acceso del país a nuevos instrumentos financieros del Fondo.

Delcy Rodríguez informó el lunes pasado que se inspeccionaron más de 30.000 viviendas tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el 24 de junio, que dejó 190 inmuebles colapsados según el último balance oficial. Durante el despliegue de brigadas populares en Caracas para el plan de habitabilidad “Venezuela Renace”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria detalló que las viviendas se han clasificado en categorías de color amarillo, verde y rojo.

“Ya más de 30.000 viviendas han sido inspeccionadas y de ellas se ha clasificado en amarillo, en verde, rojo”, indicó Rodríguez. Precisó que, mediante este programa, se están “interviniendo activamente más de 12.000 viviendas que fueron clasificadas con el color amarillo, por no tener fallas estructurales”. Añadió que las estructuras catalogadas en rojo “están en evaluación de qué proceso se debe aplicar para su arreglo”.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) comunicó el último sábado que logró inspeccionar más de 8.000 estructuras después de los terremotos, con el propósito de evaluar la habitabilidad, identificar fallas críticas y ofrecer recomendaciones a comunidades y autoridades para mitigar vulnerabilidades. Según el CIV, más del 70 % de las edificaciones inspeccionadas fueron clasificadas como habitables, mientras que alrededor del 25 % quedó bajo la categoría de “habitabilidad con precaución” o “no habitable”.

Rafael Argotti, integrante de la Junta Directiva Nacional del CIV, detalló que las revisiones continuarán en las “zonas que presentan mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital”.

El doble terremoto registrado en junio dejó más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según cifras oficiales. El Banco Mundial estima los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares.

(Con información de EFE)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV de 2026 en Guatemala, subrayando la resiliencia de la economía guatemalteca y los avances en la agenda de reformas.

Según informó el FMI, el país mantiene una inflación baja y estable, un nivel reducido de deuda pública y amplias reservas internacionales, lo que, sumado a una política económica prudente, otorga a Guatemala una posición favorable ante escenarios internacionales inciertos y riesgos económicos, comerciales y climáticos.

“Una gestión macroeconómica prudente ha sido fundamental para la resiliencia de Guatemala. Sus sólidos fundamentos —una inflación baja y estable, reservas fiscales y externas robustas y superávits por cuenta corriente— la colocan en una posición favorable para afrontar la persistente incertidumbre”, detallaron en el informe.

Avances en la agenda de reformas

El reporte del FMI destaca los progresos de la administración guatemalteca en materia de reformas estructurales.

Entre los principales logros, se mencionan la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la reforma del marco de alianzas público-privadas, la modernización de la administración tributaria y aduanera, y las mejoras en la gestión fiscal.

Además, se valoran la aprobación de la nueva legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y la adopción del Código de Ética junto con la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2025-2032.

Según el informe, estos avances fortalecen la capacidad del país para responder a desafíos externos y consolidan la dirección de las políticas públicas. El FMI remarcó que la orientación de estas reformas cuenta con respaldo internacional y constituye un paso clave para consolidar la confianza en las instituciones guatemaltecas.

Desafíos estructurales y prioridades futuras

El documento señala que aún existen desafíos estructurales pendientes, los cuales están incorporados en la hoja de ruta gubernamental. Entre las prioridades figuran acelerar la inversión en infraestructura, mejorar la preparación y ejecución de proyectos, modernizar la contratación pública y fortalecer la movilización de ingresos.

“El potencial de crecimiento se ve limitado por la deficiente infraestructura pública y los indicadores sociales siguen siendo débiles. Si bien las remesas, aunque impulsan el consumo, complican la política monetaria y ejercen presión sobre la competitividad", indicó el ente internacional.

También se identifican como retos la necesidad de avanzar en gobernanza, formalización y clima de negocios. El Gobierno de Guatemala ratificó ante el FMI su compromiso de avanzar de manera ágil en estas áreas.

En materia fiscal, el organismo internacional enfatizó: “Los ingresos fiscales deberían aumentarse aún más, basándose en los recientes logros en la administración tributaria. Aumentar los ingresos por encima del 12 por ciento del PIB requiere evitar medidas que erosionen la base impositiva, limitar el arbitraje fiscal nacional y transfronterizo, y emprender reformas fiscales integrales”.

Evaluación y perspectivas

De acuerdo con el FMI, Guatemala cuenta hoy con una economía más robusta y mayor capacidad de respuesta frente a choques externos. El organismo internacional respalda la continuidad y profundización de la agenda de reformas, considerándola esencial para garantizar estabilidad y crecimiento a largo plazo.

El Gobierno de Guatemala reafirmó su determinación de sustentar este proceso, enfocado en construir un país más justo, fuerte y resiliente, con infraestructuras mejoradas, instituciones eficaces, mayores oportunidades y un crecimiento inclusivo para la población.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este miércoles un programa de facilidad ampliada (EFF) para Bolivia de 1.900 millones de dólares, a 36 meses.

El paquete, negociado por una misión del Fondo y sujeto a la aprobación del directorio, estará destinado a “apoyar el programa de reformas económicas” del gobierno del presidente Rodrigo Paz, explicó el comunicado.

Los programas de facilidad ampliada son préstamos diseñados para países miembros del Fondo que enfrentan problemas de balanza de pagos a mediano plazo, y conceden lapsos de reembolso más largos que otros instrumentos del Fondo.

“El programa respaldado por el FMI se espera que ayude a catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, contribuyendo a un paquete de financiamiento más amplio de más de 5.000 millones de dólares durante el período del programa” explicó el comunicado.

“Bolivia ha enfrentado importantes desafíos macroeconómicos en los últimos años” como el déficit fiscal, la caída de la producción petrolera, de las reservas de divisas y una alta inflación, recuerda la misión del Fondo que condujo las negociaciones, encabezada por Joana Pereira.

El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, afirmó este miércoles que el acuerdo alcanzado permitirá la “estabilización fiscal y monetaria” del país, además de impulsar las reformas económicas iniciadas por el Gobierno de Rodrigo Paz.

En una rueda de prensa, Espinoza señaló que el acuerdo con el FMI “es el resultado de la confianza” generada por el plan de reformas del Gobierno para “reconstruir el manejo económico” de Bolivia con criterios de “competitividad” y un “fuerte componente social”.

El ministro señaló que el acuerdo con el organismo multilateral prevé “cuatro años de periodo de gracia”, por lo que Bolivia “no va a pagar ni un solo peso en los próximos años” y que la tasa de interés oscila entre “4 y 4,5 %”, que es “una de las más bajas que existe en el mercado”.

Espinoza aseguró que el FMI no impuso condiciones a Bolivia, sino que valoró como “sostenible” el programa económico aplicado por el Gobierno, que dispuso la reducción del gasto público y la eliminación del financiamiento monetario del déficit fiscal, por lo que el organismo decidió dar curso al programa.

El gobierno del conservador Rodrigo Paz asumió el 8 de noviembre de 2025, tras 20 años de gobiernos de izquierda.

Su mandato se vio rápidamente desafiado por la oposición, en particular por el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y refugiado en la región cocalera del Chapare, en el centro del país.

Las protestas en las carreteras lograron paralizar el país durante más de siete semanas, entre mayo y junio.

“La nueva administración ha puesto en marcha un plan de reformas decidido”, explica el FMI.

“El programa respaldado por el FMI está diseñado para apoyar estos esfuerzos, reconstruir la resiliencia y ayudar a encauzar la economía hacia una senda de crecimiento sostenible”, añadió.

El objetivo a mediano plazo es reducir el ratio de deuda pública respecto al PIB, mantener el gasto en protección social, modernizar el régimen monetario y cambiario y mejorar la supervisión del sector financiero y la competividad, aseguraron los expertos.

El FMI indicó en un comunicado de prensa que el acuerdo se enmarca dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF) “para respaldar el programa integral de reformas económicas de las autoridades del Gobierno boliviano”, aunque precisó que “está sujeto a la aprobación” de su directorio.

(Con información de AFP y EFE)

El pedido no llegó a través del Gobierno nacional, sino directamente desde el organismo con sede en Washington. “Me contactaron directamente del Fondo”, relató Godoy en Infobae a la Mañana. La primera llamada generó tal desconcierto que su productora ejecutiva, Adriana, no creyó que fuera real. “La primera vez cortamos”, admitió la artista entre risas. Una vez confirmada la convocatoria, el equipo de Godoy montó un espectáculo diseñado especialmente para la ocasión, con programa impreso para cada invitado, agua personalizada y un vestido con los colores de la bandera argentina.

La organización del evento estuvo marcada por un estricto protocolo de seguridad. “Era un secreto total. No se imaginan lo que fue la organización, porque fue muy exhaustiva”, describió Godoy. El lugar elegido fue Casa Mora, que pertenece a la propia artista y donde, según contó, “hacemos eventos exclusivos”. Georgieva llegó con un equipo de entre doce y catorce personas, traductora incluida, y el show contó con alrededor de diez integrantes del lado de la compañía.

El espectáculo no terminó con el último número. Georgieva, cuyos padres bailaban tango, pidió quedarse a practicar. “Aprendió en diez minutos dos pasos. Y después aprendió dos pasos más: el básico, el ocho, el giro”, contó Godoy. “Me dijo que le gustaba mucho bailar. Que le gustaba mucho, mucho”, agregó, y destacó la facilidad con la que la funcionaria se movió. La clase derivó en una escena de milonga improvisada. “Hicimos un símil milonga, donde a mi compañero yo lo rechazaba, entonces bailaba con ella. Lo que nos reímos. Fue un paso de comedia, fue muy divertido”, recordó la bailarina. Al final de la noche, Georgieva se llevó una libreta de la línea de productos de Mora Godoy. “Dijo: ‘Yo ahora cuando vengo a Argentina vengo con la libreta de tango’”, contó la artista.

La velada, prevista como un evento corto de las siete de la tarde, se extendió por la clase y por la charla que ambas sostuvieron en privado. Godoy le habló a Georgieva de su historia familiar —su abuelo fue obrero, su padre logró recibirse de contador gracias a la educación pública— y le transmitió una visión concreta sobre la situación del país. “Hay una parte de la sociedad que necesita atención inmediata, no a largo plazo”, le dijo. También le agradeció públicamente que el FMI hubiera señalado la necesidad de mejorar los salarios. “No es solamente la inflación”, subrayó Godoy.

La conversación fue de ida y vuelta. Georgieva repreguntó y ahondó en los temas sin limitarse a escuchar de manera protocolar. “No fue una pregunta casual y de compromiso que siguió de largo. Ahondamos en toda la conversación”, describió Godoy. “Fue mano a mano”, destacó la artista, que señaló que la funcionaria le expresó admiración por su carrera y mencionó que ella misma proviene de un país emergente. Las dos hablaron también sobre los desafíos que enfrentan las mujeres para alcanzar posiciones de liderazgo. “Una mujer tiene que trabajar el triple que un hombre para llegar a un lugar importante o al lugar que soy yo en el tango. El triple”, afirmó.

Godoy también le contó a Georgieva sobre las becas de capacitación gratuitas que otorga su compañía. “Hacemos becas de capacitación gratuitas para chicos que nunca podrían acceder a bailar profesionalmente”, explicó, y mencionó que el programa se lleva adelante junto a la Fundación Banco Provincia con un tour por la provincia de Buenos Aires. “Prestó mucha atención en eso que estamos haciendo”, dijo sobre la reacción de la funcionaria.

La artista le contó además su próximo proyecto: Bar Mora Godoy, un café temático de tango que abrirá en el barrio de San Telmo a fin de año. “Le conté que era muy difícil, que estaba buscando cómo conseguir crédito, porque obviamente es costoso”, relató. El espacio tendrá un área de café al frente —accesible para todo público— y un cena show en la parte trasera, con vestidos históricos en exhibición, entre ellos el que usó cuando bailó con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el del G20. Georgieva le pidió que le avise cuando abra. “Me dijo que quiere venir porque va a ser todo temático de tango con toda mi historia”, contó Godoy.

Sobre su propia situación como empresaria, Godoy fue directa: “Por supuesto que la peleo”. Atribuyó la estabilidad de su marca a decisiones de largo plazo, entre ellas la inversión en bienes raíces. “Gracias al ladrillo sobreviví en la pandemia y gracias al ladrillo pude, con todo eso, sostener una compañía en las épocas de crisis”, explicó. “Si no, me hubiese recontrafundido”, admitió. La artista también le transmitió a Georgieva las dificultades del turismo en Buenos Aires. “Está muy cara. Viene menos turismo que antes”, reconoció, aunque aclaró que la oferta cultural de la ciudad sigue siendo considerable.

La visita de Georgieva a la Argentina se extendió dos días. La directora gerenta del FMI se reunió con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, y también visitó Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. En una conferencia de prensa conjunta con Caputo, Georgieva señaló que la economía argentina muestra “una imagen mucho más sólida” que en 2023.

Godoy presentará su espectáculo La Máquina Tanguera —que combina tango con inteligencia artificial— el viernes 1 de agosto en el Teatro Santa María de Buenos Aires, con todas las localidades agotadas.

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El canciller Pablo Quirno ratificó hoy las diferencias políticas e ideológicas entre el Gobierno argentino y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pero descartó que esa tensión derive en una ruptura diplomática. En una extensa entrevista radial, también negó que exista una crisis con el Reino Unido por la bandera sobre las Islas Malvinas exhibida por los jugadores de la selección argentina en el Mundial y anticipó que negocia una visita oficial a China junto a Karina Milei y Luis Caputo.

Sobre el vínculo con Brasil, Quirno trazó una distinción entre el plano político y el institucional. “No hay posibilidad alguna de que de nuestro lado la relación se rompa”, afirmó el canciller, quien reconoció que el embajador brasileño fue llamado a consultas en Brasilia, pero subrayó que Argentina no replicó esa medida. “Dejamos la disputa electoral y la diferencia ideológica en ese marco. No la trasladamos al plano institucional”, sostuvo. En ese sentido, recordó que las diferencias entre ambos gobiernos no impidieron que entrara en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur el pasado 1 de mayo, después de veinticinco años de negociaciones.

Sobre el comercio bilateral, Quirno rechazó que las fricciones políticas vayan a afectar el intercambio entre ambos países. Atribuyó esas advertencias a “la politización interna de una diferencia ideológica” por parte de la oposición kirchnerista y señaló que Brasil sigue siendo el principal socio comercial de Argentina.

En cuanto a la bandera con la leyenda sobre las Islas Malvinas desplegada por los jugadores de la selección durante el partido frente a Inglaterra en el Mundial, el canciller fue categórico: “No hay crisis diplomática con el Reino Unido. La bandera dice una verdad. No tenemos nada de qué pedir disculpas”. Desmintió además que un subsecretario de la Cancillería se haya reunido con el embajador británico para presentar excusas por el episodio. “Absolutamente, completamente y mil por ciento falso”, respondió ante esa versión.

Quirno aprovechó para revelar que, en la semana previa al partido, Argentina convocó al embajador del Reino Unido a la Cancillería para entregarle una nota de protesta por el paso de un buque británico por el estrecho de Magallanes sin cumplir con los procedimientos establecidos en el Acuerdo de Madrid. El barco transitó entre el 4 y el 8 de julio, ida y vuelta, sin notificar en ninguna de las dos oportunidades. “Según ellos, llevaban pertrechos a la Antártida en julio", ironizó el canciller, quien aclaró que la campaña antártica argentina se inicia a fines de octubre. La nota de protesta fue entregada el lunes 13, primer día hábil posterior al incidente, y el comunicado oficial se difundió una vez concluido el partido.

Sobre el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, Quirno reafirmó que el Gobierno argentino no reconoce las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y que ya sancionó a las empresas involucradas, entre ellas una israelí y una británica. “Vamos a defender los derechos de Argentina no solo en los tribunales argentinos, sino en los internacionales", advirtió.

Respecto a la campaña anti-argentina que circuló en redes sociales durante el Mundial, el canciller reconoció su existencia y señaló que los posteos provenían mayoritariamente de cuentas brasileñas y mexicanas, aunque aclaró que no tiene pruebas de financiamiento externo. “Hay mucha plata corriendo en redes. Está claro que hay gente que gana mucho con el algoritmo y se sube a los temas”, afirmó.

Sobre la visita de Kristalina Georgieva al país, Quirno rechazó la caracterización de que la directora gerente del FMI diseña o administra el programa económico argentino. Recordó que el Gobierno llegó al poder con un plan propio, más ambicioso que cualquier exigencia del organismo, y que los resultados obtenidos —entre ellos la eliminación del déficit fiscal en un mes y del déficit cuasifiscal en seis meses— validaron esa apuesta. “En noviembre del 23, el escepticismo era mucho mayor. Hicimos cosas que nunca se hicieron en el mundo”, sostuvo.

Sobre la carta pública de Cristina Kirchner al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en la que impugna su condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos, Quirno restó trascendencia a la presentación. “Hará todas las presentaciones que quiera realizar. Ha sido juzgada y condenada en Argentina“, respondió, y vinculó la maniobra con una estrategia del kirchnerismo para volver al poder y eventualmente indultar a la expresidenta.

En materia de política exterior, el canciller anticipó que Argentina prepara una visita oficial a China con Karina Milei, Caputo y él mismo, a la espera de resolver negociaciones comerciales y financieras pendientes. Anunció además la llegada del presidente de Corea del Sur al país para profundizar la relación bilateral, y destacó que la Unión Europea reabrió el mercado de carne aviar argentina a partir del 17 de agosto, mientras que Estados Unidos quintuplicó la cuota de exportación de carne y amplió en 93 posiciones los productos con arancel cero para Argentina.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, recorrió el martes Loma Campana, uno de los yacimientos más importantes de la petrolera de mayoría estatal YPF, que aporta el 16% del petróleo que produce la Argentina en Vaca Muerta. La visita a la cuenca neuquina representó el contacto más directo del organismo con el motor energético que el país espera convertir en su principal fuente de divisas para honrar una deuda que supera los 50.000 millones de dólares.

Georgieva llegó al aeropuerto Presidente Perón de Neuquén junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro José Luis Daza, y desde allí viajó en helicóptero hasta Loma Campana. En el yacimiento los esperaba el presidente de YPF, Horacio Marín, quien ofició de anfitrión. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, también participó de la recepción en el aeropuerto. La visita, prevista de 10 a 12, se extendió hasta las 13 por la demanda de tiempo que generó el recorrido.

Marín describió la jornada como “muy productiva” y señaló que la delegación internacional recorrió “un equipo de perforación de última generación”, donde Georgieva “pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”.

El propio Caputo había revelado el interés de Georgieva por la formación donde la Argentina atesora la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo: “Ha escuchado tanto de Vaca Muerta que quiere verlo con sus propios ojos”, dijo el ministro. La visita fue la primera de Georgieva al país en su carácter de directora gerente del FMI, y se produjo nueve meses después del último encuentro entre ella y el presidente Javier Milei, en septiembre de 2025 en Nueva York, cuando el equipo económico negociaba con el gobierno de Donald Trump el respaldo financiero previo a las elecciones legislativas.

El interés del organismo en el sector energético argentino tiene una base aritmética. La Argentina es el principal deudor del FMI: sus compromisos equivalen al 1.100% de su cuota, frente al parámetro habitual del 200%, según señaló Héctor Torres, ex director ejecutivo del organismo en el país, durante su participación en Infobae en Vivo. El programa de acceso excepcional, acordado en 2025, asciende a USD 20.000 millones, aunque la deuda aumulada del país con el organismo financiero internacional supera los 50.000 millones de dólares. Con esa concentración crediticia, el FMI tiene un interés directo en que la Argentina recupere el acceso al mercado de capitales privados, y Vaca Muerta aparece como la variable más concreta en esa ecuación.

El lunes, durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Georgieva ya había señalado el peso del sector en el programa: “Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina”.

Los números respaldan ese diagnóstico. En el primer semestre de 2026, la balanza comercial de combustibles y energía acumuló un superávit de USD 5.076 millones, un salto del 61,7% frente al mismo período de 2025. Las exportaciones del sector alcanzaron USD 6.594 millones, con un alza del 42,5% interanual. El petróleo crudo desplazó a la harina de soja como el principal producto de exportación individual de la Argentina entre enero y junio, con ingresos por USD 4.693 millones, según un informe del Instituto Argentina Grande elaborado con datos del Indec.

El dato tiene una dimensión histórica. En el primer semestre de 2006, combustibles y energía (CyE) representaba el 17,1% de las exportaciones. En los años siguientes, el sector cayó sin pausa: entre 2016 y 2020, cuando el país era importador neto de energía, ese rubro llegó a representar apenas el 4% del total exportado. La reversión de ese ciclo tiene un epicentro geográfico preciso.

Según el Indec, Neuquén exportó USD 4.283 millones en el primer semestre, de los cuales USD 4.205 millones correspondieron a combustibles y energía. Casi la totalidad de su aporte al comercio exterior proviene de Vaca Muerta, que ya explica el 67% de la producción petrolera nacional y el 58% del gas. Solo en junio, la provincia exportó 819 millones de dólares.

La proyección hacia adelante amplía esa perspectiva. De acuerdo con un informe de la consultora Economía & Energía para la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), las exportaciones energéticas podrían crecer desde los USD 11.000 millones de 2025 hasta USD 28.000 millones en 2030 y aproximarse a los USD 42.000 millones hacia 2035. Para este año, la estimación es de USD 14.700 millones en ventas externas, con un superávit comercial cercano a los 10.700 millones de dólares. A partir de 2027 se espera un salto adicional con la entrada en operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y la llegada del buque de licuefacción Hilli Episeyo, en el marco del proyecto Southern Energy —liderado por Pan American Energy— que ampliará las exportaciones de gas natural licuado.

YPF, por su parte, impulsa su propio proyecto de GNL. En un comunicado posterior a la visita, la petrolera de mayoría estatal destacó que lidera las iniciativas VMOS y Argentina LNG, con las que busca transformar al país en un exportador neto de energía y generar ingresos por exportaciones superiores a los USD 30.000 millones anuales adicionales a partir de 2030. La estrategia también contempla la expansión del offshore y el crecimiento de las energías renovables, segmento en el que YPF se consolidó como el tercer productor de energía eléctrica del país, con 18 proyectos en operación y construcción y una capacidad instalada superior a los 3,8 GW.

Horas después de la recorrida, Georgieva publicó un mensaje en la red social X en el que celebró la visita. “Gran visita a las operaciones de Loma Campana de YPF con Luis Caputo y Horacio Marín. Ver Vaca Muerta de primera mano destacó el talento, la innovación y el emprendimiento que las empresas públicas y privadas están desplegando para impulsar el brillante futuro energético de Argentina”, escribió la funcionaria.

Tras concluir la visita a Loma Campana, Georgieva regresó a Buenos Aires. El miércoles partirá hacia Uruguay para reunirse con el presidente Yamandú Orsi.

Este martes por la mañana, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arribó al aeropuerto Presidente Perón de Neuquén. Su llegada formó parte de una agenda que incluyó un recorrido de dos horas por el yacimiento Loma Campana, en la formación de Vaca Muerta, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza. El itinerario previsto contempló una visita desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Aunque se retraso una hora y recién a las 13 finalizó.

En Loma Campana, Georgieva fue recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien ofició de anfitrión y principal interlocutor de la delegación internacional. Tras finalizar la visita, la funcionaria regresará a Buenos Aires, sin confirmación de actividades adicionales. Voceros del FMI consultados por Infobae confirmaron que no existía una agenda oficial para la tarde.

“Recibimos a Kristalina Georgieva, Luis Caputo, y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, escribió Marín en la red social X. Y agregó que tuvieron una reunión muy productiva donde recorrieron un equipo de perforación de última generación, donde “pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”.

La presencia de la titular del FMI en uno de los principales polos de hidrocarburos de Argentina expuso el interés estratégico del organismo en el sector energético local. El lunes, durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Georgieva remarcó el peso de la industria energética en el programa económico.

“Este era el tema principal de debate, tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí”, sostuvo.

El viaje a Neuquén se da luego de la reunión que mantuvo el lunes junto con el presidente Javier Milei en Casa Rosada. Según pudo saber este medio, el encuentro entre ambos duró 45 minutos, el mandatario le adelantó a Georgieva los cambios que contemplara el proyecto para reformar de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre los cuales la directora ejecutiva tomó nota. Además de conversaron sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y los cambios en la política internacional.

“Gracias, presidente Javier Milei, por una conversación productiva sobre el progreso de Argentina y el camino a seguir. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y promover la inversión serán claves para impulsar el crecimiento y generar más oportunidades para el pueblo argentino”, escribió la jefa del Fondo en la red social X tras el encuentro con el mandatario argentino.

Según pudo saber Infobae, hasta cerca de las 12 horas, la titular del FMI se encontraba en el yacimiento junto con las autoridades del Ministerio de Economía y el presidente de YPF. A las 13 horas finalizó el recorrido.

Desde septiembre de 2025, Milei y la 1 del FMI no se veían. La última vez había sido Nueva York cuando el equipo económico se encontraba negociando con el Gobierno de Donald Trump el rescate financiero en las previa de las elecciones legislativa. El escenario cambio desde aquel entonces.

“No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar; miró al Banco Central aquí presente: ‘Sigan comprando, sigan comprando’”, sostuvo Georgieva y miró al presidente de la entidad, Santiago Bausili, que se encontraba en la primera fila y que en lo que va del año ya superó la meta de compra de USD 10.000 millones para este año.

Sin agenda oficial

La titular del FMI estará en Buenos Aires hasta el miércoles por la mañana cuando a primera hora va a partir rumbo a Uruguay. Luego de la visita a Vaca Muerta, cuando regrese a Buenos Aires no hay una agenda oficial sobre reuniones que mantendrá. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron que no hay programados nuevos encuentro con Caputo ni con otros miembros del equipo este martes.

Cada vez que puede Caputo manifiesta que la relación con el FMI “no puede ser mejor” y la conferencia de prensa de ayer, el ministro fue más allá al remarcar que sintió la confianza de Kristalina desde el día 1, “cuando no era tan sencillo confiar en Argentina y en nuestro programa económico”.

Cuando se producen estas visitas oficiales, las delegaciones suelen tener encuentro extraoficiales tanto con sindicatos como con el sector privado. Ayer, en una cena en el Palacio Duhau,, Georgieva se reunió con 10 empresarios del cículo rojo. Entre los cuales estuvieron Eduardo Elsztain, presidente y accionista de IRSA; Jorge Brito, presidente de Banco Macro y Genneia; y Marcos Bulgheroni, CEO de la petrolera Pan American Energy, PAE.

Otros de los asistentes a la cena fueron el presidente de Marcado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna; el presidente y fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri; Mariana Schoua, presidenta de AmCham, la cámara de empresas de Estados Unidos en Argentina; e Isela Costantini, asesora del directorio de Grupo ST. También, Martín Pérez de Solay (Glencore), Daniel Novegil (Ternium) y Catalina Cascio Baccanelli (Ferrosider).

Luego de una jornada en la se reunión con el presidente Javier Milei y con el gabinete nacional ampliado, en la que dio una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y luego de mantener un encuentro con estudiantes, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, cenó con alguno de los empresarios y empresarias más importantes del país.

El círculo rojo vernáculo, aunque una versión reducida de 10 representantes de varios rubros de la economía. Se habló de las dos velocidades y de la macro en forma de “K”, de los motivos del fracaso de la Convertibilidad, un tema que la funcionaria preguntó con detalle, al mismo tiempo que su preocupación por la persistencia de los altos niveles de empleo informal.

La lista de los invitados a la cena, que se realizó en el siempre coqueto y premium Palacio Duhau, en la barrio de Recoleta, se mantuvo en reserva y las invitaciones salieron de la representación local del Fondo el el país, una oficina técnica con muy bajo perfil a cargo de Max Alier Montenegro. Hubo camionetas negras de seguridad privada, la del hotel y también efectivos de la Policía Federal.

“Fue un encuentro muy constructivo”, coincidieron dos de los presentes. ¿El menú? Carne con verduras y ensalada. De postre, crème brûlée (“Estaba muy bueno el postre”, detalló uno de ellos).

Según pudo saber Infobae, entre los invitados al encuentro de esta noche en el Duhau estuvieron Eduardo Elsztain, presidente y accionista de IRSA; Jorge Brito, presidente de Banco Macro y Genneia; y a Marcos Bulgheroni, CEO de la petrolera Pan American Energy, PAE. Justamente, ese rubro, que Georgieva destacó como uno de los más vitales del país esta mañana, será protagonista de la segunda y última jornada de la funcionaria en Argentina: este martes visitará Vaca Muerta, de la mano de Horacio Marín, presidente de YPF.

Otros de los asistentes a la cena fueron el presidente de Marcado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna; el presidente y fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri; Mariana Schoua, presidenta de AmCham, la cámara de empresas de Estados Unidos en Argentina; e Isela Costantini, asesora del directorio de Grupo ST

Tambien, Martín Pérez de Solay (Glencore), Daniel Novegil (Ternium) y Catalina Cascio Baccanelli (Ferrosider).

Georgieva, según pudo saber este medio, estuvo acompañada por algunos de los funcionarios de su equipo que vinieron al país, como el jefe de Misión del FMI, Joyce Wong; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk y Luis Cubeddu.

Los temas de conversación pasaron por la marcha de la macro y también por el contexto electoral que viene. “Ella quiere escuchar cómo los empresarios ven al contexto económico y al gobierno”, adelantó un allegado a la organización. La titular del fondo también recibió preguntas, en un clima de “buena onda” en el que repitió las ideas centrales.

“Fue muy constructivo. Muchas preguntas sobre lo que hay que hacer para que la economía crezca más rápido. Se habló de todo un poco y quiso repasar sector por sector”, aseguró uno de los presentes.

Otro destacó: “Nos pidió saber concretamente cuáles eran las ‘locuras que no permiten producir más’. Se habló de impuestos ineficientes, trabas boludas, tasas municipales discrecionales. También de la falta de infraestructura para exportar”.

“Cada sector expresó lo que le pasa. Ella estaba interesada sobre el proceso de la Convertibilidad y por qué fracasó, también cuestiones que tienen que ver con el empleo informal, estaba con dudas de por qué seguía siendo tal alto”, agregó.

Impresionada por el programa

Esta tarde, Caputo destacó que la titular de Fondo “remarcó lo impresionada que estaba con los resultados del programa” en la reunión de gabinete ampliado de esta tarde. Durante el encuentro también estuvo presente el presidente Milei, quien abordó la situación económica del país y las perspectivas ante el complejo escenario internacional.

Caputo indicó que Georgieva hizo hincapié en la necesidad de “perseverancia ante la ansiedad social”, apoyándose en su experiencia personal: “Ella viene de Bulgaria y entiende porque Bulgaria pasó situaciones similares. Tuvo su hiperinflación hace poco más de 40 años. Y decía que es muy común que se van alcanzando logros, la gente los de como por dados y se ponga más ansiosa”.

El ministro relató que la directora del FMI “volvió a enfatizar que éramos uno de los países que mejor preparados estaba para la volatilidad que estamos viendo en el mundo”, relacionando esa visión con el superávit fiscal y energético del país. Citó a Georgieva: “Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente”.

Según Caputo, Milei explicó a Georgieva “cómo eso funcionaba como una suerte de seguro para la Argentina. Si bien la situación internacional puede complicarse y puede haber una eventual suba de tasas en lo que resta del año, Argentina, que ahora es un gran productor de petróleo, se beneficia por un mayor ingreso de dólares”.

En cuanto al mercado laboral, Caputo manifestó: “Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números y sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció más que lo que cayó el formal. Pero el objetivo es que cada vez haya más formalidad”.

Respecto a las reformas, repasó ante Georgieva los principales puntos de la reforma laboral: “Estaba muy impresionada con que las empresas pasaron de pagar 19 puntos de cargas a 2. También lo del fondo para los despidos. Al igual que nosotros, espera que tenga su rédito. Todos estos cambios llevan tiempo y hay que tener la perseverancia y la paciencia que ella dice”.

Frente a la consulta sobre si la llegada de la directora del FMI representa un respaldo al gobierno de Milei, Caputo sostuvo que “el Fondo no se mete nunca en temas políticos”. Y remarcó que la visita de Georgieva no está ligada a la coyuntura política local: “No relaciono para nada con lo político. Vino porque tenemos una relación muy buena con el Fondo. Hay confianza mutua y los resultados han sido muy buenos. Vino en función de eso pero no tiene nada que ver con la relación política”.

Como se detalló, mañana martes, las actividades continuarán en Vaca Muerta. Georgieva viajará a Neuquén junto a Caputo para visitar el yacimiento Loma Campana, donde los recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana, la funcionaria partirá rumbo a Uruguay.

Fotos: Gustavo Gavotti

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei y tras mantener los encuentros protocolares, este martes viajará junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, a Vaca Muerta, para ver con sus propios ojos el desarrollo del sector energético con el que se generarán exportaciones por entre USD 11.000 millones y USD 15.000 millones al año.

Se prevé que la titular del Fondo arribe cerca de las 10 al yacimiento neuquino de Loma Campana y que realice una recorrida de dos horas de duración. Allí los recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín. El interés del FMI por el desarrollo energético argentino se reflejó en las declaraciones de Georgieva durante la conferencia de prensa del lunes, donde destacó que la industria petrolera lidera el crecimiento económico del país y subrayó la importancia de sostener ese impulso.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales de la provincia de Neuquén afirmaron que “seguramente” haya una recepción institucional, pero no pudieron dar precisiones sobre si el gobernador, Rolando “Rolo” Figueroa, estará presente.

El viaje a Neuquén representa una oportunidad para que Georgieva observe de primera mano el avance de los proyectos en Vaca Muerta. El desarrollo de este yacimiento se considera estratégico por su capacidad para generar divisas, atraer inversiones y posicionar a la Argentina en el mercado internacional de hidrocarburos. La presencia del presidente de YPF, Marín, refuerza el interés institucional por mostrar resultados concretos y dialogar sobre perspectivas de crecimiento y exportación. También se espera que Georgieva mantenga conversaciones con los sindicatos del sector en la provincia.

El presidente Javier Milei no formará parte del viaje a Loma Campana, ya que se trasladará a Perú para asistir a la jura de Keiko Fujimori como presidenta. No hay programado ningún encuentro adicional con Georgieva más allá del que mantuvieron el lunes. Según la agenda oficial, la titular del FMI dejará la Argentina el miércoles a primera hora y volará a Uruguay.

Los desafíos

Pese al potencial del sector energético, el FMI insiste en que la clave para la próxima etapa es que ese impacto positivo alcance a ramas productivas como la construcción y los servicios. “Este era el tema principal de debate, tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí”, sostuvo en la conferencia de prensa que compartió con Caputo.

Para ello, Georgieva remarcó la necesidad de crear mejores condiciones financieras para quienes buscan préstamos, con el objetivo de aprovechar los recursos financieros disponibles en los bancos argentinos. En ese sentido, advirtió: “Algunos bancos han acumulado préstamos en mora y hay que gestionarlos”. También sostuvo que se debe fomentar el desarrollo del mercado de capitales, mencionando instrumentos como las “respaldadas”, que pueden ayudar a dinamizar la construcción y permitir una mayor participación de los consumidores.

El FMI puso especial atención en los sectores que no repuntan: la construcción, los servicios, la logística y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Según Georgieva, estas últimas son un preocupación para ella porque son que las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo en la Argentina y su recuperación es prioritaria para extender el crecimiento más allá del núcleo energético y minero.

Durante la conferencia de prensa, Georgieva aclaró que los principales riesgos para el país no radican en el plano político de cara a 2027, ni en la capacidad de pago del gobierno actual. Señaló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) está comprando reservas y que la situación fiscal muestra señales de solidez. La preocupación del FMI se concentra en el bajo dinamismo de ciertos sectores y en cómo transformar el buen desempeño de la energía y la minería en una mejora para toda la economía.

El seguimiento del FMI sobre el programa argentino se mantiene firme. Georgieva subrayó que el Gobierno debe concentrar esfuerzos en facilitar el acceso al crédito y en modernizar el sistema financiero para potenciar la recuperación de las pymes y las actividades que generan empleo. El objetivo de Fondo es lograr que el crecimiento de la industria energética se convierta en motor para el resto de la economía.

Las declaraciones de la jefa del FMI durante su estadía en Buenos Aires y la visita a Vaca Muerta marcan la agenda de los próximos meses. El FMI seguirá de cerca la evolución de los sectores productivos y el impacto de las reformas en el acceso al crédito, la modernización financiera y el desarrollo logístico. El desafío central para el Gobierno será transformar el buen desempeño del sector energético en una recuperación sostenida para el conjunto de la economía nacional.

El pago de deuda al FMI el año que viene asciende a una cifra millonaria y es un tema que inquieta al equipo económico. En pleno año electoral, el Gobierno deberá cancelar nada menos que USD 7.500 millones con el organismo, una cifra récord desde que Argentina volvió al paraguas del Fondo hace ya más de ocho años.

Por supuesto que ambas partes saben que se trata de un compromiso por demás exigente. Pero nadie habla al menos por el momento de realizar alguna modificación al programa en curso.

“No vemos a la Argentina necesitando financiamiento adicional del Fondo. Incluso bajo escenarios adversos, veo un gobierno muy comprometido con reconstruir reservas y una estrategia integral para garantizar el acceso al financiamiento durante 2027″, aseguró ayer la número uno del FMI, Kristalina Georgieva, en la conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Según destacó el propio Gobierno al presentar el plan financiero que abarca el segundo semestre de 2026 y todo el 2027, al FMI habrá que cancelarle USD 4.400 millones de capital y otros USD 3.100 millones de intereses hasta fines del año próximo.

Claro que el organismo también hará desembolsos a favor de la Argentina por un total de 1.700 millones de dólares. Por lo tanto, los pagos netos que deberá realizar el Gobierno ascienden a una cifra considerable de 5.800 millones de dólares.

El “Plan A” que habían elaborado el FMI y el Gobierno al firmar el nuevo acuerdo a principios de 2025 era apuntar a un regreso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito. De esta forma, se obtendrían sin mayores problemas los fondos suficientes para empezar a devolverle al organismo, al que se le deben arriba de los 50.000 millones de dólares.

Pero por ahora esa idea no se pudo poner en marcha y hay dudas sobre si será posible lograrlo al menos antes de las elecciones presidenciales. El riesgo país bajó, pero quedó en un nivel todavía elevado de 440 puntos básicos. Pero sobre todo la tasa de interés a diez años en Estados Unidos (que es la que toma como referencia el mercado) voló a 4,70% anual.

En este contexto el Gobierno precisa que se den dos cosas simultáneamente: bajar un escalón adicional el riesgo país (por lo menos hasta 350 puntos) y al mismo tiempo que baja el rendimiento de los bonos norteamericanos hasta alrededor de 4% anual.

De acuerdo a la presentación del plan financiero de hace tres semanas, Caputo se comprometió a que podrá cumplir con todos los compromisos financieros del año que viene, por un total de casi 25.000 millones de dólares.

Para eso, el ministro de Economía explicó que continuarán las colocaciones de deuda locales por unos 5.000 millones de dólares. Pero además, exige al Central a continuar con una fuerte compra de dólares para luego venderle al Tesoro, tal como sucedió este año.

¿Tendrá espacio el BCRA para comprar arriba de USD 10.000 millones como se propuso para este año? Una de las incógnitas es qué pasará con los niveles de dolarización del público. Es razonable esperar que la demanda de divisas para atesoramiento aumente sensiblemente a medida que se acercan las elecciones presidenciales.

En ese caso, el espacio para que el Central continúe con su ritmo de compras sería mucho menor, lo que obligaría a recalcular todo el programa y las fuentes de financiamiento.

La opción que nadie quiere mencionar por ahora es una renegociación del acuerdo para conseguir un poco más de aire en 2027, sobre todo si el mercado internacional se mantiene cerrado para el Gobierno.

Algo factible, por ejemplo, sería afrontar los vencimientos de intereses con dinero del superávit fiscal. Pero al mismo tiempo lograr nuevos desembolsos del Fondo que sirvan para enfrentar la totalidad de los pagos de capital, que suman 4.400 millones de dólares.

Siendo Estados Unidos el principal accionista del FMI no se trata de una posibilidad descabellada. Si el año pasado fue el propio Tesoro norteamericano el que salió a socorrer al Gobierno en plena corrida cambiaria, no sería ilógico pensar que en caso de una situación financiera apretada sea el propio Fondo el que brinde alivio.

Las declaraciones de Georgieva en su breve paso por Argentina dejaron en claro que el apoyo del organismo al Gobierno y al plan económico es total, en la misma línea que mantiene el gobierno norteamericano.

En el marco de su visita a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, participó el lunes de un encuentro con estudiantes de distintas universidades nacionales, donde se permitió bromear con la Ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar a los argentinos a declarar sus ahorros en dólares y remonetizar la economía.

La charla, que se extendió por poco más de una hora en el Palacio Libertad, se realizó tras las reuniones que Georgieva mantuvo con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Frente a estudiantes avanzados de Economía y maestrías en Finanzas de Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la Universidad San Andrés (Udesa) la Universidad de Buenos Aires (UBA) y La Plata, entre otras, la disertante combinó anécdotas personales y humor, y subrayó el potencial de la Argentina, resaltó el programa económico e hizo hincapié en el liderazgo femenino.

En tal sentido, la economista búlgara calificó como “cute” (tierno, en castellano) el nombre del programa y preguntó a los presentes: “¿Cuántos de ustedes tienen dólares en el colchón?”. Según fuentes que estuvieron presentes en el momento, inmediatamente aclaró con humor que los funcionarios del gabinete económico no observarían quiénes levantaban la mano. Cabe destacar que la administración libertaria acaba de presentar un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que busca brindar mayor seguridad a la exteriorización y uso de dólares del colchón.

Luego, compartió que en Bulgaria, su país natal, la población solía ahorrar en dólares ante la falta de confianza en la moneda local, y vinculó esa experiencia con la situación histórica de la Argentina, incentivando a los asistentes a bancarizar sus ahorros.

Durante el encuentro, que estuvo moderado por la economista Lara López Calvo, los alumnos tuvieron la oportunidad de realizar preguntas sobre la trayectoria profesional de Georgieva, su elección de la economía como disciplina y los desafíos que enfrentó tanto en el ámbito laboral como personal.

Además de repasar su experiencia, la directora del FMI reflexionó sobre la incertidumbre global, los riesgos y oportunidades que enfrenta el mundo, en un contexto atravesado por el conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones en la economía internacional y los mercados financieros.

Georgieva también destacó puntos centrales del programa económico del Gobierno, como la acumulación de reservas, el superávit fiscal, y la reducción tanto de la inflación como de la pobreza. En otro pasaje, apeló nuevamente al sentido del humor para elogiar al ministro Caputo, señalando que, a pesar de su estatura, demuestra fortaleza ante los desafíos de su gestión.

Entre los asistentes estuvieron presentes integrantes del equipo económico, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili; y el director del BCRA, Martín Vauthier, entre otros.

IA, mercado laboral y empoderamiento femenino

En otro pasaje de la conversación, Georgieva compartió recomendaciones sobre autenticidad y desarrollo profesional, y abordó el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo, indicando que el 40% de los empleos experimentará cambios profundos debido al uso de nuevas tecnologías.

La ejecutiva del FMI relató cómo empezó estudiando a Karl Marx en la universidad y, años después, terminó liderando una de las instituciones financieras más influyentes del mundo capitalista.

Por otra parte, la funcionaria subrayó la importancia de la autoconfianza y alentó a los jóvenes a perseguir sus objetivos, al tiempo que dedicó un mensaje especial a las mujeres.

A propósito del liderazgo femenino, recalcó el desembarco de Silvana Tenreyro como Consejera Económica del Fondo y Directora del Departamento de Investigación (RES). Se trata de una economista argentina con proyección internacional, quien integró el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Inglaterra entre 2017 y 2023 y obtuvo un reconocimiento relevante por parte de la Corona británica.

“Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros”, señaló la titular del FMI el día en que se conoció el nombramiento.

La agenda de Georgieva en la Argentina

Tras disertar frente a los estudiantes, Kristalina Georgieva mantuvo una cena con importantes empresarios de los sectores energético, tecnológico y agropecuario. El evento, organizado exclusivamente por el propio organismo internacional, tuvo lugar en el Palacio Duhau, en el corazón del barrio porteño de Recoleta.

Según pudo saber Infobae, a la reunión asistieron figuras como Eduardo Elsztain, titular y accionista de IRSA, la empresa propietaria de gran parte de los centros comerciales del país, y Marcos Bulgheroni, director ejecutivo de Pan American Energy.

Entre los comensales también se encontraban Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre en Argentina; Pierpaolo Barbieri, fundador y presidente de Ualá; Mariana Schoua, quien encabeza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham); e Isela Costantini, asesora del directorio del Grupo ST.

Este martes, las actividades se centrarán en Vaca Muerta. Kristalina Georgieva tiene programado trasladarse a la provincia de Neuquén junto al ministro Caputo para recorrer el yacimiento Loma Campana, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana partirá hacia Uruguay.

No hubo misiles ni anuncios en los últimos días, pero los inversores descontaron lo que después se concretó: un alto en el fuego y el reinicio de negociaciones. El argumento, desgastado por cierto, solo hizo efecto en el precio del petróleo que bajó casi 7%, pero el resto de las acciones se comportó como si el conflicto no existiera.

Los inversores están preocupados por la volatilidad de las acciones de IA, que provoca serias pérdidas. De hecho, el Nasdaq de las tecnológicas fue el único de los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York que bajó. Los otros dos quedaron casi neutros.

Hay preocupación por el alto nivel de apalancamiento de algunas empresas y por el avance de China en el sector. Es una carrera sin meta visible, en la que el liderazgo cambia de forma constante.

La única certeza que tienen los inversores es que las tasas subirán a pesar de esta baja del petróleo, porque en la Reserva Federal no creen que la volatilidad cese. Por otra parte, los bonos del Tesoro norteamericano que rinden 4,67%, la mayor tasa desde marzo del año pasado, y el dólar en el nivel más alto de los últimos 20 meses, marcan que el mercado apuesta a una suba de la tasa de interés antes de que termine el año. Cabe destacar que el 70% de los analistas no cree que el alza sea en la reunión del jueves.

Lo cierto es que el dato marcó a los bonos argentinos que tuvieron bajas de 0,5% promedio y elevaron el riesgo país en 5 unidades (+1,1%) a 442 puntos básicos.

En tanto, el Merval de las acciones líderes, que había comenzado con entusiasmo, siguió el ritmo de las Bolsas norteamericanas y perdió fuerza en el tramo final al cerrar con un alza de 0,7% en pesos y 0,8% en dólares. Los bancos fueron los motores de la suba por el buen mensaje que transmitió Kristalina Georgieva, la titular del FMI, en su visita a la Argentina.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 597 millones y el Banco Central compró 27 millones de dólares. A la vez, el dólar mayorista cerró sin cambios en 1.497 pesos.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en futuros el volumen de operaciones se elevó a 1.340.111 contratos al tiempo que el rollover (renovaciones) dijo presente, ya que el interés abierto terminó con un avance de USD 22,66 millones. Las tasas implícitas se corrieron al alza y el desplazamiento no fue compensado por más rendimiento de la curva pesos y, por lo tanto, tuvo como consecuencia compresión en la curva de sintéticos. En la curva de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen también aceleró a USD 252 millones (VN) desde los 135 millones anteriores. El rollover ya comenzó y en la próxima jornada se acentuará por el fixing de la D31L6 de la que quedan unos 2.700 millones (VN)”.

En la plaza financiera, el MEP quedó sin cambios en $1.533 y el contado con liquidación (CCL) bajó $3 (-0,2%) a 1.597 pesos. El “blue” tuvo un salto de $15 (+1%) a 1.560 pesos.

Las buenas noticias estuvieron equilibradas con las negativas. El Índice de Confianza del Gobierno cayó 6,5% en julio y está en el menor nivel de su mandato.

Por otra parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) señaló que la actividad industrial interanual cayó en 1,8% en junio, aunque en términos mensuales se mantuvo estable respecto de mayo (-0,2%). El informe indica que “con estos datos, el primer semestre del año cerró un 3% por debajo del mismo período de 2025 y 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023”.

El informe de la entidad fabril coincidió con una advertencia de la titular del FMI sobre que el Gobierno debe ser inclusivo en la distribución del ingreso, atender a las pymes y vigilar la evolución del consumo.

En la rueda de hoy, los inversores enfocarán su atención en la licitación de Letras del Tesoro prevista para mañana, cuando vencen 8,5 billones de pesos. Se incorpora un nuevo instrumento ajustado por la tasa TAMAR, que corresponde a plazos fijos de entre 30 y 35 días por montos superiores a $1.000 millones, y otro dollar linked con vencimiento el 28 de febrero de 2028. Además, se realizará la primera licitación del nuevo bono en dólares AO29.

Anoche, los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York cerraron en baja, el oro retrocedió casi 0,50% y el petróleo Brent se mantuvo estable en torno a USD 85, un valor que permite a YPF evitar ajustes en los combustibles, salvo en el gasoil, donde Argentina importa parte de su consumo a precios más altos. El dólar retrocedió, lo que podría interpretarse como una señal de que los inversores no esperan una suba de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión que comienza mañana y finaliza el jueves.

Hoy puede ser un buen día para los bonos soberanos. La caída de ayer puede alentar a nuevos compradores, aunque dependen del comportamiento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos que están teniendo rendimientos elevados.

Tras su reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó que la titular del organismo “remarcó lo impresionada que estaba con los resultados del programa”. El encuentro con el presidente Javier Milei giró en torno a la marcha económica del país y las perspectivas ante el desafiante contexto internacional.

Según Caputo, durante la reunión, Georgieva compartió su visión sobre la importancia de la “perseverancia ante la ansiedad social”, haciendo referencia a su experiencia personal: “Ella viene de Bulgaria y entiende porque Bulgaria pasó situaciones similares. Tuvo su hiperinflación hace poco más de 40 años. Y decía que es muy común que se van alcanzando logros, la gente los de como por dados y se ponga más ansiosa”.

El jefe del Palacio de Hacienda relató que la directora de la entidad multilateral “volvió a enfatizar que éramos uno de los países que mejor preparados estaba para la volatilidad que estamos viendo en el mundo”, señalando que esa percepción está directamente vinculada al superávit fiscal y energético de Argentina. Caputo citó a Georgieva: “Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente”.

En el transcurso del encuentro, bajo el relato del ministro de Economía, Milei le explicó a Georgieva “cómo eso funcionaba como una suerte de seguro para la Argentina. Si bien la situación internacional puede complicarse y puede haber una eventual suba de tasas en lo que resta del año, Argentina, que ahora es un gran productor de petróleo, se beneficia por un mayor ingreso de dólares”.

Respecto al mercado laboral, Caputo señaló: “Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números y sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció más que lo que cayó el formal. Pero el objetivo es que cada vez haya más formalidad”.

Sobre las reformas en marcha, el funcionario nacional repasó los principales puntos de la reforma laboral ante la titular del FMI. “Estaba muy impresionada con que las empresas pasaron de pagar 19 puntos de cargas a 2. También lo del fondo para los despidos. Al igual que nosotros, espera que tenga su rédito. Todos estos cambios llevan tiempo y hay que tener la perseverancia y la paciencia que ella dice”, señaló.

En relación a los anuncios de inversiones extranjeras, Caputo detalló: “Todas estas inversiones grandes que ya se aprobaron -USD 45.000 millones- y las que están sujetas a aprobación -más de USD 100.000 millones-, no van a venir en el próximo mes. Son inversiones que se van a dar en la Argentina en los próximos años. Entonces, no es algo que va a capitalizar este gobierno solamente. Es para los próximos gobiernos”.

Al ser consultado sobre si la visita de la jefa del FMI era un espaldarazo al gobierno de Milei, el ministro aclaró que “el Fondo no se mete nunca en temas políticos”.

E insistió en que la llegada de Kristalina Georgieva al país no está vinculada con la coyuntura política local: “No relaciono para nada con lo político. Vino porque tenemos una relación muy buena con el Fondo. Hay confianza mutua y los resultados han sido muy buenos. Vino en función de eso pero no tiene nada que ver con la relación política”.

La agenda de Georgieva en la Argentina

Durante la reunión que protagonizó en el Palacio de Hacienda, Georgieva señaló que es necesario enfrentar los riesgos económicos mediante políticas sólidas y la existencia de reservas adecuadas. Hizo énfasis en la disciplina fiscal implementada por el Gobierno y mencionó el aporte de sectores como el petróleo, el gas, la minería y la agricultura.

Además, recomendó orientar las reformas hacia la construcción, los servicios y la logística. También mencionó la importancia de las pymes en la creación de empleo formal y manifestó su apoyo a la modificación de la legislación laboral. Afirmó que Argentina no requerirá fondos adicionales del FMI en 2027, subrayando la acumulación de reservas y la sostenibilidad económica prevista hasta ese año.

Luego de encontrarse con Milei, la directora del FMI publicó en la red social X un mensaje dirigido al presidente. “Gracias, presidente Javier Milei, por una conversación productiva sobre el progreso de Argentina y el camino a seguir. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y promover la inversión serán claves para impulsar el crecimiento y generar más oportunidades para el pueblo argentino”, escribió.

La agenda de la máxima autoridad del FMI en Argentina incluye este lunes una reunión en el Palacio Libertad con estudiantes universitarios de instituciones tanto públicas como privadas, entre ellas la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de San Andrés, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata.

Por la noche, tiene previsto asistir a una cena con representantes de empresas de los sectores energético, tecnológico y agropecuario. Voceros del Ministerio de Economía indicaron que no habrá funcionarios del Gobierno en esa actividad, ya que la organización corresponde exclusivamente al FMI.

El martes, las actividades se trasladarán a Vaca Muerta. Georgieva viajará a Neuquén junto al ministro Caputo para recorrer el yacimiento Loma Campana, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana, la funcionaria partirá hacia Uruguay.

Consultada respecto a los riesgos de que un año electoral genere inestabilidad financiera, la Directora Gerente del Fondo respaldó las medidas del Gobierno para tratar de blindar el frente externo. “Los riesgos siempre están allí. Los riesgos tienen que gestionarse. Ahora, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo se administra el riesgo de los procesos políticos en el país que tienen altos y bajos? Construyendo políticas fuertes en el periodo que tenemos ahora y también construyendo amortiguadores fuertes”, dijo Georgieva.

“Lo que recomendamos no es solo por el entorno nacional, sino porque también nosotros vivimos en un mundo que tiene más tendencia a sufrir shocks y hay riesgos exógenos que también están presentes. Los países no pueden predecir lo que es posible que pase o no, pero sí tienen control sobre las políticas nacionales. Las políticas fuertes que brinden confianza a las personas en el país, en Argentina y también a la comunidad internacional. Esa es la mejor forma de gestionar el riesgo o los riesgos, tanto nacionales como externos o exógenos”, agregó la funcionaria.

“Tener amortiguadores, buffers fuertes y también disciplina fiscal del tipo que se ha ejercido aquí en Argentina ahora. Esa es una muy buena forma de gestionar este año, el año que viene y lo que esté por venir. Y como dije, no me preocupa Argentina, que Argentina no tenga el dinero para pagar. Miro al Banco Central aquí presente. Sigan comprando, sigan comprando”, dijo.

La funcionaria internacional se presentó acompañada por una comitiva integrada por Andreas Bauer, Nigel Chalk, Luis Cubeddu y Joyce Wong. En el encuentro estuvieron presentes también representantes del equipo económico, entre ellos Pablo Lavigne, Martín Vauthier, Felipe Núñez, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Durante su intervención, Georgieva remarcó: “Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno”, a la vez que subrayó el impacto directo sobre la economía de medidas que derivaron en un cambio del déficit primario a un superávit, la reducción de la inflación y un aumento de las reservas internacionales. Según expuso la titular del FMI, el Banco Central sumó treinta mil millones de dólares y el Tesoro logró colocar bonos en mercados internacionales por cinco mil millones, con una nueva emisión en proceso.

La funcionaria del FMI puntualizó que el país logró bajar la inflación “del 210% a un aproximado de 30%” y sostuvo que el nivel de pobreza descendió de 50% a 20% en el periodo reciente. “Cuando el Gobierno tiene claro el apoyo a los sectores vulnerables, a las familias con niños y niñas, lo vemos en el nivel de pobreza”, afirmó. Además, destacó que los diferenciales de riesgo país cayeron de 500 a 400 puntos básicos y que el marco normativo impulsó compromisos de inversión privada por 45 mil millones de dólares, principalmente en sectores como el petróleo, el gas, la minería y el agro.

En su mensaje inicial, Georgieva planteó la necesidad de “lograr que el crecimiento de Argentina se pueda compartir más ampliamente” y propuso enfocar los esfuerzos en la generación de empleo y en facilitar el acceso al crédito para pequeñas empresas y hogares. La directora gerente del FMI recordó su experiencia personal en procesos de transformación económica y se dirigió al público argentino: “Yo sé que la transformación del tipo que Argentina está atravesando es difícil. Yo lideré tres de ellas. Mi propio país en los noventa, Bulgaria, ha sufrido hiperinflación de ocho mil trescientos por ciento y nos dio vuelta el escenario de la noche a la mañana”.

La visita de Georgieva a la Argentina responde a una invitación formal del presidente Javier Milei y se da en un contexto de cambios en las prioridades del acuerdo entre el Gobierno y el FMI. Tras el último encuentro entre ambos en septiembre de 2025, en medio de la negociación de un rescate financiero previo a las elecciones legislativas, Georgieva regresa al país con una agenda centrada en reuniones con el gabinete ampliado y en la evaluación de los compromisos económicos asumidos por la administración nacional.

Durante su estadía, Georgieva mantendrá encuentros con funcionarios clave y visitará sectores estratégicos, como el energético. El martes 28 de julio tiene previsto viajar a Neuquén para recorrer el yacimiento Loma Campana en Vaca Muerta, acompañada por el presidente de YPF, Horacio Marín. Este punto de la agenda pone en foco el interés del FMI en el desarrollo energético argentino y su potencial impa

cto en la balanza de pagos y la estabilidad macroeconómica.

La directora del FMI permanecerá en el país hasta el miércoles, luego de completar su agenda de reuniones y recorridas. El Gobierno argentino busca consolidar el respaldo del organismo internacional para sostener la estabilidad macroeconómica, atraer inversiones y avanzar en el cumplimiento de las metas fiscales, un aspecto que se convirtió en el principal desafío del acuerdo vigente luego de que en junio se incumpliera la meta de superávit primario pactada con el Fondo.

La conferencia de prensa completa:

Recién llegada a la Argentina, y previo al encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada a las 14 horas, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, brindó una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía.

En menos de una hora, la número uno del organismo internacional dio definiciones respecto a lo que le espera al programa económico de cara a la elección presidencial del 2027, el empleo informal, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y si el Gobierno va a necesitar fondos adicionales del FMI el año que viene.

Luego, la economista búlgara mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, y luego participó, junto al mandatario, de un encuentro con el gabinete ampliado.

“Gracias, presidente Javier Milei, por una conversación productiva sobre el progreso de Argentina y el camino a seguir. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y promover la inversión serán claves para impulsar el crecimiento y generar más oportunidades para el pueblo argentino”, posteó en X la jefa del Fondo.

Riesgo electoral

Al inicio de la ronda de prensa en Economía, Georgieva delineó los riesgos que enfrenta la Argentina, remarcando que “los riesgos siempre están allí, los riesgos tienen que gestionarse”. Explicó que la administración de estos riesgos depende de la fortaleza de las políticas nacionales y la capacidad de construir amortiguadores sólidos ante eventuales shocks, tanto internos como externos. La directora del FMI puntualizó que no solo el entorno nacional demanda prudencia, sino que el escenario internacional ya que existe una tendencia creciente a los shocks, lo que obliga a los países a prepararse con políticas que inspiren confianza, tanto a nivel local como en los mercados internacionales.

De cara al año electoral, Georgieva destacó la disciplina fiscal que el Gobierno ejerció en los últimos meses y la consideró como un factor clave para la gestión de riesgos. Sostuvo que tener buffers fuertes y disciplina fiscal del tipo que se ha ejercido en Argentina “es una muy buena forma de gestionar este año, el año que viene y lo que esté por venir”.

“No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar; miró al Banco Central aquí presente: ‘Sigan comprando, sigan comprando’”, sostuvo Georgieva y miró al presidente de la entidad, Santiago Bausili, que se encontraba en la primera fila y que en lo que va del año ya superó la meta de compra de USD 10.000 millones para este año.

No más fondos frescos

Ante la repregunta, fue infantico al asegurar que no ve la necesidad de que Argentina solicite financiamiento adicional al FMI. Argumentó que el país se preparó para distintos escenarios y aplicó una estrategia abarcativa para asegurar la viabilidad más allá de 2027. “No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque vemos los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027”, expresó.

Sectores que no despegan

Uno de los ejes principales del análisis de la titular del FMI fue el desempeño sectorial de la economía argentina. Georgieva subrayó la fortaleza de los sectores de petróleo, gas, minería y agricultura. Explicó que este buen desempeño se vinculó con una mejora en la confianza sobre la economía argentina. No obstante, reconoció las dificultades para elevar la actividad en sectores como la construcción, los servicios y la logística. De este modo, recomendó que el foco de las reformas y el respaldo fiscal del Gobierno se dirija hacia esos sectores, donde la recuperación resulta más desafiante.

Durante el diálogo con la prensa, la funcionaria identificó tres áreas donde se registra avance y donde, a su criterio, es posible lograr aún más. La primera se refiere a la creación de mejores condiciones financieras para quienes toman préstamos, de modo que los recursos de los bancos argentinos puedan ser usados de manera más eficiente. Georgieva advirtió que algunos bancos acumularon préstamos en mora más altos, pero afirmó que ya existe la voluntad de abordar ese problema.

El segundo punto giró en torno a la necesidad de ampliar el mercado de capitales en Argentina. Georgieva indicó que instrumentos como las hipotecas casi no existen en el país, a pesar de que podrían impulsar la construcción y dinamizar la participación de los consumidores en la economía. Sostuvo que el desarrollo de este tipo de herramientas puede ser un motor para la recuperación de sectores rezagados. Sobre este punto, el Gobierno con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se prepara para enviar un proyecto al Congreso.

En tercer lugar, la titular del FMI insistió en la importancia de eliminar obstáculos físicos y burocráticos para que la economía funcione a un nivel más alto. Puso como ejemplo la construcción de carreteras y la concesión de obras de infraestructura, subrayando que acelerar las inversiones físicas permite conectar la economía y, al mismo tiempo, impulsar la construcción. Además, remarcó que “es totalmente crítico continuar con la eliminación de las barreras burocráticas con respecto al funcionamiento de la economía”.

Empleo informal y pymes

El empleo informal y el rol de las pymes ocuparon un espacio central en el análisis de Georgieva. Declaró su interés particular por las pymes, argumentando que “son las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo y lo que vemos en la Argentina es que el desempleo no es alto en comparación; está por debajo del 8%, pero una gran parte de esto se da en el empleo informal”. Planteó la necesidad de avanzar en la formalización del empleo y consideró que la reforma del mercado laboral propuesta por el Gobierno constituye una “parte muy sana de lo que se puede hacer”.

La conferencia de prensa, que duró menos de una hora, se realizó en el Palacio de Hacienda y precedió a la reunión entre Georgieva y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, programada para las 14 horas. El evento permitió repasar el panorama macroeconómico y las líneas de acción sugeridas por el organismo internacional en un contexto de desafíos y ajustes.

En el repaso sectorial, Georgieva destacó el avance en petróleo, gas, minería y agricultura, pero puso el foco en la urgencia de medidas para los rubros más rezagados, como la construcción, los servicios y la logística. En este sentido, subrayó que el Gobierno debería orientar su capacidad fiscal limitada hacia estos sectores, priorizando la eliminación de obstáculos físicos y burocráticos.

Sobre el sistema financiero, la funcionaria valoró la voluntad de abordar el problema de los préstamos en mora y sostuvo que la ampliación del mercado de capitales puede resultar decisiva para el despegue de la economía real. En particular, mencionó la necesidad de desarrollar instrumentos como las hipotecas para dinamizar la construcción y facilitar la participación de los consumidores.

La exposición de la funcionaria internacional en Buenos Aires dejó en claro que el FMI observa con atención los procesos políticos, la gestión de los riesgos y la evolución del mercado laboral y financiero. El mensaje principal giró en torno a la necesidad de políticas sólidas, disciplina fiscal y reformas estructurales para consolidar la recuperación y enfrentar los desafíos futuros.

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras su arribo a la Argentina. Antes de la reunión, Georgieva participó en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Ministerio de Economía.

Durante ese encuentro, la funcionaria advirtió que los riesgos económicos deben gestionarse con políticas sólidas y buffers fuertes. Remarcó la disciplina fiscal ejercida por el Gobierno, destacó el aporte de sectores como petróleo, gas, minería y agricultura, y recomendó enfocar las reformas en la construcción, los servicios y la logística. Georgieva subrayó la relevancia de las pymes en la generación de empleo formal y respaldó la reforma laboral. Además, aseguró que Argentina no necesitará financiamiento adicional del FMI el año próximo, resaltando la estrategia de acumulación de reservas y la viabilidad económica hasta 2027.

A las 14 horas estaba programado que el presidente Milei reciba a la titular del FMI para mantener un encuentro de solo treinta minutos del que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo. A las 14:30 se esperaba por una reunión de Georgieva con el gabinete ampliado.

“Gracias, presidente Javier Milei, por una conversación productiva sobre el progreso de Argentina y el camino a seguir. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y promover la inversión serán claves para impulsar el crecimiento y generar más oportunidades para el pueblo argentino”, escribió la jefa del Fondo en la red social X tras el encuentro con el mandatario argentino.

La agenda de la titular del FMI en la Argentina continuará este lunes ya que luego de las reuniones en Casa Rosada, mantendrá un encuentro en el Palacio Libertad junto con estudiantes de universidades privadas y públicas entre ellas la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la Universidad San Andrés (Udesa) la Universidad de Buenos Aires (UBA) y La Plata.

Esta noche, mantendrá una cena con empresarios del sector energético, tecnológico y del agro. Según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía no participaran funcionario del Gobierno ya que se trata de un evento que organiza el propio organismo internacional.

Viaje a Vaca Muerta

Mañana, toda la actividad va a estar concentrada en Vaca Muerta. Georgieva va a viajar a la provincia de Neuquén junto con el ministro de Caputo para visitar el yacimiento Loma Campana donde la va a recibir el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana ya abandonará el país rumbo a Uruguay.

La visita de Georgieva al país por invitación del presidente Milei representa un respaldo del organismo internacional sobre la evolución del programa económico del Gobierno. De cara al año electoral, en conferencia de prensa, Georgieva sostuvo que el Gobierno debe afrontar los riesgos político tanto nacionales como internacionales con el ancla fiscal y la consolidación de buffers.

“Sigan comprando”

“No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar; miró al Banco Central aquí presente: ‘Sigan comprando, sigan comprando’”, sostuvo y miró al presidente de la entidad, Santiago Bausili, que se encontraba en la primera fila y que en lo que va del año ya superó la meta de compra de USD 10.000 millones para este año.

Ante la repregunta, fue enfantica al asegurar que no ve la necesidad de que Argentina solicite financiamiento adicional al FMI. Argumentó que el país se preparó para distintos escenarios y aplicó una estrategia abarcativa para asegurar la viabilidad más allá de 2027. “No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque vemos los peores escenarios y vemos cómo Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027”, expresó.

Semanas atrás, el ministro Caputo junto con el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentó el programa financiero para lo que resta del 2026 y 2027. El cual tuvieron que presentarle al FMI para lograr la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, en palabras del viceministro de Economía, José Luis Daza.

Ante la pregunta sobre si el FMI proyecta que el Gobierno salga a emitir en el mercado internacional, Georgieva eligió eludirla y no responder. A pesar de que en el comunicado que emitió el organismo tras la aprobación de la segunda revisión marcaron que el objetivo debe ser salir a emitir deuda en el exterior. La postura que mantienen en el equipo económico es que salir al mercado internacional “es una opción y no una obligación”.

Sin embargo, el riesgo país no logra perforar los 400 puntos básicos (p.b). Luego de la presentación del programa financiero, el 6 de julio, el riesgo país se acercó a quebrar ese piso, pero no lo logró. La expectativa creció la semana pasada con la mejor en la calificación crediticia de Moody’s, sin embargo, las tensiones en el mercado internacional por el conflicto entre Estados Unidos e Irán no ayudaron.

Georgieva planteó que la única manera efectiva de enfrentar ese escepticismo colectivo es reconocerlo y dar pasos concretos hacia un modelo de desarrollo diferente. “¿Y cómo uno aborda esto? La única forma de hacerlo es reconocer a la sociedad, reconocerle que uno puede pasar la página, dar vuelta a la página”, afirmó, en un llamado a la acción para que el país avance hacia una fase de crecimiento “fiscalmente responsable y dirigido por el sector privado”.

En su exposición, la titular del FMI resaltó tres pilares fundamentales para transformar una nación que atraviesa dificultades económicas en un país próspero. “Hablemos de Finlandia o de Suecia o de Corea del Sur. De pobre llega a ser rico. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, hay tres cosas: infraestructura, educación y el imperio de la ley”, sostuvo, aludiendo a ejemplos internacionales de superación.

Georgieva hizo énfasis en la importancia de sostener la legalidad y la transparencia institucional. “Y no hablamos mucho de esto, pero también mantener el imperio de la ley, respetarlo, abordar las deficiencias que han estado, que han existido, y luchar y luchar contra la corrupción. Esa es la forma de subsanar o de curar ese miedo que viene del pasado”, subrayó, ubicando la batalla contra la corrupción como un factor clave para generar confianza.

Durante el encuentro, la directora del FMI propuso una suerte de arenga a los presentes. “Así que, bueno, ¿están listos? Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no va a ser, no voy a ser yo, van a ser ustedes, ¿no?”, desafió, haciendo hincapié en el rol protagónico de la sociedad argentina en el proceso de cambio. En ese sentido, preguntó de manera directa: “¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda, sin duda. ¿Pueden ser perseverantes? Los argentinos, el pueblo argentino, ¿puede ser perseverante para transformar el país?”

La funcionaria internacional remarcó que la responsabilidad recae en los propios ciudadanos y no en actores externos. “Ustedes, ustedes, ustedes como argentinos, porque yo no soy argentina. Yo creo que hay una gran promesa para Argentina”, expresó, reforzando la idea de una oportunidad latente si la sociedad logra superar el escepticismo y comprometerse con reformas consistentes.

En el tramo final de su intervención, Georgieva admitió que el escepticismo no necesariamente debe verse como algo negativo. “El escepticismo no es malo tampoco, ¿no es cierto? Bueno, estamos listos. Terminamos. Muchas gracias. Gracias”, concluyó. Con este cierre, la máxima autoridad del FMI dejó abierta la posibilidad de que la transformación depende de la voluntad colectiva y la perseverancia de los argentinos, sin prometer soluciones mágicas ni resultados inmediatos.

A lo largo de su exposición, la funcionaria internacional evitó ofrecer fórmulas fáciles y subrayó la importancia de la constancia para encarar el futuro. “No hay magia, ¿no? Uno puede ir a cualquier lado del mundo, ¿no es cierto? Donde haya un desempeño, un subdesempeño económico y el país era pobre”, explicó, insistiendo en la necesidad de disciplina fiscal, inversión en infraestructura y fortalecimiento del Estado de derecho.

El discurso de Georgieva se centró en la superación de la incertidumbre a través de la acción concreta y el respeto a las instituciones. Para ella, el camino hacia la prosperidad requiere reconocer los errores del pasado, fortalecer la confianza interna y apostar por un desarrollo sostenido que involucre a todos los sectores de la sociedad.

La agenda de Georgieva incluye reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili, y referentes del mundo empresarial y académico. También contempla una visita a Vaca Muerta, donde la recibirá el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Para Torres, esa parada es el mensaje central. “Va a la fábrica de divisas más importante del país, a mostrar que esta es una Argentina que está más cerca de la enfermedad holandesa que de una crisis recurrente de balanza de pagos”, señaló.

La referencia a la enfermedad holandesa no es menor. Torres explicó el concepto con precisión histórica: cuando Holanda descubrió grandes yacimientos de gas, el aumento de exportaciones revalorizó el florín —la moneda nacional antes del euro— y provocó la quiebra de la industria manufacturera. Una buena noticia que derivó en un problema social, político y económico. La analogía con la Argentina actual, dijo Torres, es que el país pasó de generar menos dólares de los que necesitaba su economía en cada ciclo de crecimiento, a una situación en que genera más divisas pero con escasa creación de empleo. “Eso es lo que hoy se discute, si estamos cerca o no de la enfermedad holandesa”, afirmó.

El trasfondo financiero de la visita también pesa. La Argentina le debe al FMI alrededor del 1.100% de su cuota, cuando el parámetro normal es el 200%. Es el principal deudor del organismo, bajo un programa de acceso excepcional de USD 20.000 millones acordado en 2025, cuya última revisión aprobada liberó un tramo de 1.000 millones de dólares en mayo. Con esa concentración crediticia, el FMI tiene un interés directo en que la Argentina recupere el acceso al mercado de capitales privados. “Todos los programas del Fondo tienen como objetivo principal que los países puedan volver a acceder al mercado de capitales. El Fondo tiene una concentración crediticia con nosotros y naturalmente quiere bajar esa exposición”, explicó Torres.

El riesgo país bajó, reconoció el ex director ejecutivo, pero su resistencia a perforar el piso de los 400 puntos básicos refleja una tensión que no se resuelve solo con datos macroeconómicos. “Tenemos toda una historia detrás. La Argentina es lo que es hoy, pero también lo que fue durante muchos años”, dijo Torres. A eso se suma el calendario electoral: las elecciones de medio término en los Estados Unidos de este año y los comicios presidenciales argentinos de 2027 operan como variables que el mercado aún no termina de descontar.

Dentro del marco del programa de acceso excepcional, el FMI evalúa cuatro criterios en cada revisión. El cuarto —y el más político— es la capacidad del país de sostener las reformas comprometidas, algo que depende directamente de la fortaleza política del gobierno. Torres señaló que ese es precisamente el criterio que Georgieva probablemente busca evaluar en persona a través de sus reuniones con distintos actores de la sociedad. “No sabemos cuáles van a ser los candidatos; no sabemos si va a haber un candidato además de Milei. Pero no descartaría que haya un candidato o candidata que quiera mostrarse como una garantía de continuidad económica, con la corrección de algunas cuestiones políticas”, planteó.

La lectura de Torres sobre el momento social no es complaciente. Mientras los indicadores financieros y macroeconómicos muestran solidez, los datos de empleo y la sensibilidad de la población ante las reformas configuran un escenario de transición que el organismo también monitorea. “La sociedad vive esta transformación de forma bastante dolorosa”, afirmó. Las desregulaciones, explicó, todavía no se tradujeron en una caída del costo argentino que llegue al bolsillo de la gente. Esa brecha entre el éxito de los números y la experiencia cotidiana de los ciudadanos es, para el ex director ejecutivo del FMI, el núcleo del interrogante que sobrevuela 2027.

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Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.

El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.

La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.

El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.

El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.

El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.

Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.

La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la "BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.

En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.

La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.

La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.

El arribo de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la capital argentina marcó el inicio de una serie de actividades institucionales y reuniones de alto nivel. Su publicación en redes sociales incluyó una fotografía en exteriores, en la que se mostró sonriente y con actitud relajada, reflejando el tono cordial de su mensaje inicial. El tuit, difundido a las 11:34 de la mañana del 27 de julio, rápidamente generó repercusión tanto en medios locales como en la agenda política y económica.

La expectativa por la visita de Georgieva se vinculó a la coyuntura que atraviesa la economía argentina y a la agenda de encuentros prevista con funcionarios nacionales. El mensaje inicial de la titular del FMI puso el foco en dos sectores estratégicos: la innovación y la energía. Estas áreas, según la funcionaria, presentan condiciones favorables para que la Argentina incremente su tasa de crecimiento, multiplique oportunidades laborales y consolide las bases para una etapa de mayor prosperidad.

Junto al mensaje, Georgieva sumó una imagen en la que aparece al aire libre, vestida con un conjunto formal y un collar dorado, en un entorno que sugiere la residencia o sede de alguna representación diplomática. En la misma publicación, la funcionaria remarcó la intención de mantener contacto directo con distintos actores sociales y productivos. La alusión a oportunidades y ambiciones de la Argentina se interpretó como una señal de acercamiento y apertura al diálogo con diversos sectores, en un contexto donde el país enfrenta desafíos fiscales, monetarios y de crecimiento.

El viaje de la directora gerente del FMI incluyó en su agenda una reunión con el presidente Javier Milei. El encuentro generó expectativas por la posibilidad de discutir el cumplimiento de las metas fijadas en el acuerdo vigente y definir eventuales modificaciones o apoyos adicionales. Según la información compartida en redes, la titular del organismo también contempla visitar la zona de Vaca Muerta, uno de los principales polos de desarrollo energético del país. Esta región concentra inversiones en el sector hidrocarburífero y se considera clave para la estrategia de crecimiento económico.

El mensaje publicado por Georgieva enfatizó el potencial argentino para “impulsar el crecimiento” y “crear empleo”, dos conceptos que concentran la atención de los sectores productivos y los analistas económicos. La referencia a la construcción de “un futuro más próspero” se insertó en un contexto de negociaciones abiertas con el FMI. En la agenda oficial, además del encuentro con el jefe de Estado, se prevé la participación de la funcionaria en reuniones técnicas con el equipo económico y representantes de empresas vinculadas a la innovación y la energía.

Durante su estadía en Buenos Aires, Georgieva planea recabar información de primera mano sobre el clima de negocios, la evolución de los indicadores macroeconómicos y las expectativas de los inversionistas. El interés por conocer más sobre las oportunidades de la Argentina se relaciona con el monitoreo permanente que realiza el FMI sobre la economía local. La misión contempla evaluar avances y desafíos, así como dialogar sobre las condiciones para la continuidad del apoyo multilateral.

La publicación en X también funcionó como primer contacto público de Georgieva tras su arribo a la Argentina. El mensaje, difundido desde su cuenta oficial, reunió casi 500 visualizaciones en menos de una hora, lo que reflejó el impacto mediático y la atención que genera cada visita de la máxima autoridad del FMI al país. El texto, redactado en inglés con saludo inicial en español, buscó un tono cercano y positivo, orientado a subrayar las posibilidades de desarrollo y la cooperación internacional.

El cronograma de la funcionaria incluyó una recorrida por Vaca Muerta, donde se concentran las expectativas de crecimiento en el sector energético. La región se consolidó como epicentro de inversiones y proyectos vinculados al gas y al petróleo no convencional. La visita de Georgieva a la zona se interpreta como una señal de interés por la diversificación de la matriz productiva argentina y la exploración de oportunidades para incrementar exportaciones y atraer capitales.

En paralelo, la agenda de reuniones contempla encuentros con autoridades económicas, representantes del sector privado y actores sociales. Los diálogos apuntan a profundizar el conocimiento sobre la situación actual, identificar necesidades específicas y acordar lineamientos de mediano plazo. La presencia de la directora gerente del FMI en Buenos Aires coincidió con debates sobre el cumplimiento de metas fiscales y monetarias, así como la posibilidad de negociar nuevas condiciones para el programa de asistencia.

El mensaje inicial de Georgieva en redes sociales marcó el tono de la visita, con énfasis en la colaboración y el reconocimiento del potencial argentino en áreas consideradas estratégicas. Las actividades previstas durante su estadía reflejan la intención de fortalecer el vínculo bilateral y avanzar en el diseño de políticas que permitan aprovechar las oportunidades identificadas en innovación y energía.

Este lunes, Javier Milei recibirá en la Casa Rosada a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien llegó esta mañana a la Argentina por una invitación del propio presidente.

Después de 10 meses, el mandatario y la directora del organismo internacional volverán a verse cara a cara, esta vez en un escenario diferente, más favorable al Gobierno. Será en la Casa Rosada a las 14. La última vez había sido en septiembre de 2025, cuando se negociaba el rescate financiero de Estados Unidos en la previa de las elecciones legislativas. Posteriormente, Georgieva participará de una reunión de gabinete ampliado.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que la relación con el Fondo no puede ser mejor, el contexto actual exhibe un cambio en las preocupaciones centrales de la entidad sobre la marcha del programa económico del Gobierno. Las metas de acumulación de reservas parecen haber dejado de ser un problema, pero ahora lo es el principal pilar de la gestión económica: el superávit fiscal.

Hasta hace poco, la meta de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ocupó el centro de la escena y derivó en reiterados pedidos de waivers -dispensas- por parte de la Argentina. En 2026, la entidad que preside Santiago Bausili ya compró más de USD 13.000 millones y logró cumplir el objetivo de acumulación del primer semestre, y aunque el desafío de llegar a USD 8.000 millones de aumento neto para diciembre sigue vigente, ahora el foco de las preocupaciones recae sobre el frente fiscal.

En junio se encendió las primeras alertas cuando el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones. El pago de intereses netos alcanzó los $328.049 millones ese mes. Caputo explicó que el resultado respondió a menores ingresos, por la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y a la estacionalidad del pago de aguinaldos.

Hasta mayo, el superávit primario acumulado era de 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Tras el resultado de junio bajó a 0,6% y se incumplió el objetivo del primer semestre. Ahora los focos están en lograr el de diciembre, 1,4%/PBI. El problema es que el propio Caputo reconoció públicamente que el margen para reducir el gasto público es cada vez más limitado. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno. Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, afirmó el ministro en el programa Economía de Quincho.

Promesas sobre la mesa

Frente a este nuevo escenario, y con Georgieva en el país, se pondrá sobre la mesa qué hizo o qué hará el Gobierno al FMI para blindar el superávit fiscal. En el staff report, el Fondo dejó en claro que para alcanzar el objetivo fiscal de un superávit primario de cerca de 1,5% del PBI en 2026, resultará necesario sostener una política de disciplina de gasto estricta y continua.

El FMI identificó desafíos como el impacto de la reducción de impuestos legales sobre las exportaciones agrícolas y los efectos de las iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso a finales de 2025, que alcanzaron 0,35% del PBI, junto con las nuevas medidas tributarias incluidas en la ley laboral, equivalentes a 0,15% del PBI.

El informe del organismo reveló que las autoridades argentinas se comprometieron a reducir subsidios a la energía, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar el gasto discrecional tanto corriente como de capital. Entre esas medidas figuran demorar la entrada en vigencia de la reforma laboral, lo que permitiría ahorrar 0,15% del PBI; fortalecer impuestos especiales, que sumarían 0,10% del PBI; y mejorar la focalización de subsidios al transporte, aportando otro 0,10% del PBI.

El Gobierno postergó la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1° de noviembre -posibilidad que le otorgaba la Ley-, por el costo fiscal para el estado. A la expectativa de que para entonces la recaudación repunte y se pueda implementar. Pero entre los propios integrantes del Gobierno hay preocupación al respecto, ya que si bien se podría postergar un tiempo más -hasta seis meses- después se debería tener que sancionar una nueva Ley en el Congreso.

Visita a Vaca Muerta

La agenda de Georgieva también incluye reuniones con miembros del gabinete económico y visitas a sectores clave para el futuro macroeconómico, como el energético. Según pudo saber Infobae, el martes 28, Georgieva viajará al yacimiento Loma Campana, en Neuquén donde la va a recibir el presidente de YPF, Horacio Marín.

El seguimiento de los compromisos fiscales y el control sobre la evolución de las reservas internacionales aparecen como los dos grandes ejes de la discusión. Si bien el BCRA cumplió la meta de acumulación del primer semestre, la presión para cumplir la meta a fin de año se mantiene. El staff técnico monitorea no sólo las compras netas de dólares, sino también la calidad y sostenibilidad de las reservas acumuladas.

La reunión entre Milei y Georgieva marcará un nuevo capítulo en la relación, en un contexto de desafíos fiscales, metas de reservas exigentes y un escenario internacional en transformación. El Gobierno argentino apuesta a consolidar la estabilidad macroeconómica y el respaldo del FMI como base para atraer inversiones y fortalecer el crecimiento en los próximos años.

La presión tributaria efectiva del estado nacional proyectada para 2026 se ubicaría en el nivel más bajo desde 2006, según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Respecto de 2023, último año del gobierno anterior, la reducción equivale a 1,8 puntos porcentuales del PBI, un descenso del 8% que consolida uno de los objetivos centrales del programa económico de Javier Milei y del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La llegada a Buenos Aires de la titular del organismo, Kristalina Georgieva, prevista para este lunes 27 de julio, convierte ese número en el telón de fondo de una visita clave.

El informe, elaborado por el economista Nadín Argañaraz, director del Iaraf, toma como punto de partida la carga impositiva de 2023 y la contrasta con las estimaciones para el año en curso. El resultado es una presión tributaria total de 20,8% del PBI para 2026, frente al 22,6% de 2023. Seis tributos presentarían mermas de recaudación, dos permanecerían sin cambios y solo dos registrarían alzas.

Los derechos de exportación —las retenciones que el campo reclama eliminar— son el eje del análisis. La comparación directa entre 2023 y 2026 muestra una baja de 0,15 puntos porcentuales del PBI en ese rubro, pero esa lectura está distorsionada: 2023 fue un año de sequía severa que deprimió los volúmenes exportados y, con ellos, la recaudación por retenciones. Entonces, para dimensionar el cambio real, el Iaraf propone comparar 2026 con 2022, el año previo a la sequía.

Desde esa base, los impuestos al comercio exterior en conjunto retrocederían del 3,19% del PBI al 1,34%, esto es 1,85 puntos porcentuales menos. De esa baja, el 70% fue por la reducción de los derechos de exportación, un alivio de 1,34 puntos del PBI entre ambos años.

La eliminación del Impuesto PAIS fue otro factor de peso. Pasó de representar el 0,79% del PBI en 2023 a cero en 2026, porque fue eliminado. Junto con la baja en retenciones, explica la mayor parte de la contracción en la presión sobre el comercio exterior, que reduce a la mitad su participación dentro del sistema tributario total: del 13,1% en 2022 al 6,6% en 2026.

El estudio desagregó la baja total de recaudación entre 2022 y 2026. Los derechos de exportación liderarían el ranking con el 36% de la caída, seguidos por Ganancias (33%), el Impuesto PAIS (11%), Bienes Personales (7%), Impuestos Internos (6%), IVA (5%) y Derechos de importación y tasa estadística (2%). El impuesto al Cheque permanece prácticamente sin variaciones, mientras que otros dos tributos compensan parte de esa baja: el Impuesto a los Combustibles, con un aporte adicional de 0,37 puntos del PBI, y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con 0,19 puntos. La suma de ambos, 0,56 puntos del PBI, amortigua pero no revierte la tendencia descendente del conjunto.

La visita del FMI

La reducción de la carga fiscal y la eliminación del déficit son metas compartidas por el gobierno de Milei y el FMI, y forman parte del acuerdo de USD 20.000 millones suscripto en 2025. La visita de Georgieva programada para esta semana —que incluye reuniones con Milei, con el ministro de Economía Luis Caputo y con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de una recorrida por Vaca Muerta— llega en un momento en que el gobierno reporta superávit primario, aunque analistas advierten sobre la sostenibilidad de ese resultado. La meta acordada con el FMI para 2026 es un superávit primario de 1,4% del PBI.

El debate sobre el futuro de las retenciones se agudizó este domingo en la apertura de la Exposición Rural de Palermo. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reclamó que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre”, y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. Milei respondió con un esquema gradual: la quita definitiva de retenciones, afirmó, se financiará con el crecimiento de los sectores energético y minero. "Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido“, sostuvo el mandatario ante productores y dirigentes rurales.

El plan oficial ya tiene costos fiscales estimados: USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028. En soja, el principal cultivo de exportación del país, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes durante 2027, desde el 23,75% hasta el 21%, para luego bajar medio punto mensual a lo largo de 2028.

La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos proyectadas, muestra que el sector produce a plena capacidad. El análisis del Iaraf refleja que, aun en ese escenario, la carga tributaria sobre sus exportaciones sigue en proceso de reducción, aunque todavía lejos del punto cero que el campo reclama.

Con el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, y si bien el viernes cedió por debajo de los USD 100 el barril, el precio del petróleo siguió siendo una amenaza para la inflación del mundo y la Argentina. Las consultoras en sus informes reflejaron los riesgos que transmitió el escenario internacional.

La consultora EconViews que dirige Miguel Kiguel indicó que “la volatilidad se mantiene en los mercados internacionales con el petróleo volviendo a coquetear con los USD 100 y las tasas de largo plazo volviendo a los niveles más altos del año por temor a que suba la inflación. Esta combinación complicó a casi todos los emergentes, que vieron subir los tipos de cambio y sufrieron aumentos en el riesgo país, dos factores que también afectaron a la Argentina”.

El informe advirtió que “vivimos en un contexto donde las condiciones externas cambian casi a diario. Esta realidad, que se mantiene desde que empezó la guerra, complica la toma de decisiones del Gobierno. En lo financiero, la prioridad hoy es llegar fortalecidos a 2027, un año que va a exigir muchos dólares, tanto por los vencimientos de deuda como para enfrentar la dolarización que típicamente ocurre en años electorales. El costo del acceso al mercado internacional aumentó estos días por la volatilidad externa, con el riesgo país subiendo de 410 a 440 puntos. No es dramático, pero muestra las complicaciones que trae la volatilidad actual. En este contexto, la estrategia de esperar para emitir afuera parece lógica, pero hay que estar alerta y no desperdiciar oportunidades como la que hubo a principios de año, porque en 2027 va a ser crucial tener liquidez cueste lo que cueste, pero tampoco es obvia, considerando que las tasas pueden seguir subiendo. La ecuación cambia si consideramos que la brecha entre CCL y MEP está por encima del 4%, y hace que emitir en el mercado local sea casi obligatorio con tasas mucho más bajas y liquidez en dólares abundante”.

La consultora que dirige Kiguel se preguntó si llegar a 2027 con un buen colchón de dólares alcanza para ganar las elecciones y consideró que “si la economía repunta, aunque sea un poco, el Gobierno no debería tener grandes problemas el año que viene. Pero eso todavía no está claro que pase. Los indicadores de confianza muestran un interior que viene mucho mejor que el conurbano y las grandes ciudades. Y esa diferencia seguramente va a pesar cada vez más a medida que el calendario electoral se acerque”.

Mercados nerviosos

La consultora FMyA que dirige Fernando Marull hace foco en que “los mercados están nerviosos de nuevo; por ahora se fortaleció el dólar y voló el petróleo; y la soja. La suba de commodities tiene un trade off (alternativa donde uno de los dos pierde) en la Argentina: aporta más dólares, pero también presiona a la nafta. Hasta ahora, vimos que el impacto es más positivo, que negativo. Esperamos que Trump descomprima las tensiones en el corto plazo; él es el único perjudicado teniendo en cuenta que se acercan las elecciones”.

El informe indicó que la “tercera semana de julio continuó con una economía que sigue mostrando fortaleza en el frente financiero, pero más debilidad en la economía real. Se ve un desacople. Los datos de actividad de mayo no mostraron rebote; y para junio esperamos neutral o levemente positivo; lo cierto es que la actividad sigue estable y a 2 velocidades. Eso lo refleja la confianza del Consumidor, que cayó en julio y refleja Incertidumbre. Pero esperamos mejores datos en los próximos meses, de la mano del rebote del salarios, inversión y exportaciones. Por su lado, la Inflación tranquila, 0,3% en la tercera semana y 1.8% para julio; Con U$S100 el barril, la nafta quedo atrasada 10% o 0.5 puntos de inflación”.

Esperamos mejores datos en los próximos meses, de la mano del rebote del salarios, inversión y exportaciones

FMyA

Sobre el sector financiero FMyA opinó que “el segmento pesos sigue muy estable; poca liquidez, pero se movió el dólar y las LECAP no pasaron de 1,8% mensual. La semana que viene vencen $6,5 billones con privados. No es problema. Y esto a pesar de la suba del dólar. El dólar subió esta semana en el mundo, pero no tanto en la Argentina. El BCRA sigue vendiendo dollar linked y dólar futuro porque prefiere seguir comprando dólares y acumular reservas (ya cumplió la meta de 2026). El 28 de julio el Tesoro tiene que fijar dólar por USD 2,2billones; es un numero alto y puede haber presión en dólar a fin de mes”.

Sobre las acciones y bonos soberanos señala que “para adelante, hay espacio para que siga bajando el riesgo país; pero los inversores conservadores debieran tener más cautela: seguimos viendo un desacople. Las encuestas marcan paridad, pero las valuaciones de mercado (bonos y acciones) descuentan reelección de Milei con 80% de probabilidad”.

Sin embargo, advirtió que en la calle “volvió un poco el malhumor, que se advierte en la Confianza de Consumidor de Di Tella de julio, que bajó 2 puntos porcentuales mensuales a 40,7%, y en las encuestas de Udesa y AtlasIntel que se advierte que no aflojan las preocupaciones por corrupción y mercado laboral. De cualquier manera, todavía no hay impacto político y el Gobierno sigue con la iniciativa parlamentaria, y Santilli sigue hablando con Gobernadores para eliminar las PASO (que la LLA considera vital para tener más chances de ganar en 2027), con un dialogo fluido. La oposición sigue sin estar en la agenda, y todavía no define candidato”.

En el Banco Ciudad, Sebastián Dinucci, gerente de Fondos Crecer, señaló que “la nueva suba del petróleo alrededor de los USD 90 por barril reintroduce un factor de riesgo inflacionario que el mercado había comenzado a descontar, favoreciendo el atractivo de los bonos ajustados por CER. En un contexto donde la actividad económica mostró señales de desaceleración —el EMAE cayó 0,5% mensual en mayo, acumulando su segundo retroceso consecutivo, aunque aún registra un crecimiento interanual de 0,2%— los bonos CER ofrecen una combinación de cobertura. Así, instrumentos como TX26, TZX26 o TZXD7 permiten capturar rendimientos por encima de la inflación y se constituyen en una alternativa defensiva y a la vez rentable para la segunda mitad de 2026. Dentro del nivel actual de tasas de interés, el Fondo Crecer Renta Plus es un instrumento de inversión adecuado para los próximos meses, dado que invierte en bonos con CER y otros instrumentos de cobertura ante la volatilidad financiera externa”.

Ecos de la semana

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini indicó que “no fue una semana sencilla en los mercados globales. La intensificación de los ataques militares en Medio Oriente elevó las cotizaciones del crudo (WTI) un 9,7% en la semana y en 30 días acumula un alza del 28,6%, más allá del alivio del viernes. A esto se suma mayor presión arancelaria a 60 países por imposición del gobierno de Trump, algo que agrega combustible a los temores inflacionarios a días de la reunión de la Reserva Federal. El mercado reaccionó descontando tasas más exigentes, algo que golpeó a la deuda de emergentes (entre otros activos) y el dólar se fortaleció en el mundo, aunque el desempeño de las monedas de la región fue dispar. El BCRA logró acumular un saldo por compras de USD 492 millones en la semana de los cuales USD 345 millones los adquirió en la rueda del viernes en la que, por otra parte, el volumen de operaciones fue de USD 460 millones, así que probablemente haya vuelto a comprar en bloques por fuera de pantalla”.

F2 agregó que “con el Informe sobre Bancos que publicó BCRA llegó la confirmación de que el ratio de irregularidad bancaria volvió a elevarse en mayo a pesar de las medidas lanzadas para torcer la tendencia al alza de este indicador. La mora para los Personales escaló hasta el 15,9% y para las Tarjetas creció hasta 11,4% mientras que para el total de la Cartera el ratio mostró una lectura del 7,7%, el mayor registro desde, al menos, 2010. Otro dato que pone de relieve la pesadez que atraviesan las familias y dificulta el arranque de la actividad en los sectores más postergados”.

La consultora advirtió sobre el aumento de coberturas de los inversores. “Los volúmenes operados, tanto en futuros como en soberanos dollar linked, fueron algo más elevados que en la semana anterior, aunque se mantienen bien por debajo de los registros de finales de junio. A fin de julio el Gobierno debe cancelar la letra D31L6 para la que luego del canje quedarían en circulación cerca de USD 2.700 millones. Sin embargo, el fixing de este instrumento será determinado por el tipo de cambio de referencia del martes 28 de julio por lo que podría haber ese día cierta presión sobre el mercado de cobertura que podría también trasladarse al spot. De todos modos, como ya es habitual en estos casos, la intervención oficial se incrementará en caso de verificarse un salto en la demanda de cobertura. Las mayores dudas recaen sobre el dólar mayorista, con la salvedad de que no hablamos de un riesgo de un salto discreto, sino de algo más bien controlado”.

Sigue costando consolidar la recuperación: como los sectores perdedores son los principales generadores de empleo directo, el mercado laboral continúa débil y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo

1816

Para la consultora 1816 el índice de la actividad económica de mayo (-0,5% mensual, +0,2% interanual) “confirmó que sigue costando consolidar la recuperación. Como los sectores perdedores son los principales generadores de empleo directo, el mercado laboral continúa débil y los salarios privados registrados volvieron a descender en mayo (tras el rebote que habían experimentado en abril). Luego de las compras récord de Dólares del BCRA a mediados de julio, en las últimas 4 ruedas volvieron las intervenciones más acotadas (el Central compró USD 35 millones por jornada promedio), pero en el año las compras suman USD 12.721 millones y el Gobierno ya sobre cumplió la meta anual de reservas netas del FMI (la meta era de USD 8.000 millones y las reservas aumentaron USD 8.455 millones interanual, según nuestros cálculos). El superávit comercial superó los USD 2.000 millones en 5 de los 6 meses del primer semestre. La nafta local quedó muy barata otra vez y se vende como si el petróleo valiera USD 84 por barril, según nuestros cálculos (sin contar el hecho de que todavía no se compensó a las petroleras por el buffer)”.

Mientras tanto, en el overnite, anoche los mercados recuperaban algo de optimismo tras dos día sin intervenciones militares lo que preanuncia una retoma del diálogo. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operaban con alzas de hasta 1,20% en el Nasdaq de las tecnológicas. El petróleo se derrumbaba casi 5% y el Brent cotizaba a USD 87,48 cerca del nivel que permitiría a YPF no aumentar los combustibles. También bajaba 1% la soja, el maíz y el trigo. El dólar se debilitaba porque esta tregua es una posibilidad de solucionar el conflicto y evitar una suba de las tasas de interés. El escenario es positivo para la Argentina y hoy se podría reflejar en la suba de bonos y acciones.

Este lunes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei. La visita se extenderá hasta el martes y llega en un momento particular para la relación entre el organismo y el Gobierno: con un programa vigente que exhibe avances concretos, pero también con señales de advertencia que empiezan a correr el eje de las preocupaciones desde el frente cambiario hacia el fiscal, en medio de un año marcado por el calendario electoral.

La agenda todavía no fue confirmada de manera oficial ni por el Ministerio de Economía ni por la Casa Rosada, aunque desde el propio FMI precisaron que Georgieva permanecerá en el país durante esos dos días. Fuentes del Gobierno adelantaron que la funcionaria búlgara mantendrá un encuentro con Milei, ofrecerá una conferencia de prensa en la sede del Palacio de Hacienda y dará una charla en el Palacio Libertad, en Buenos Aires. También se descuenta una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque ese tramo de la agenda no fue confirmado con precisión.

El otro punto saliente del recorrido es la visita a Vaca Muerta, prevista para el martes. Georgieva llegará hasta Loma Campana, en la provincia de Neuquén, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. Se trata de la única actividad confirmada por fuera de los encuentros protocolares en Buenos Aires, y su inclusión no es casual: la formación neuquina es hoy uno de los pilares del programa económico oficial, tanto por su capacidad exportadora como por el rol que se le asigna en la generación de divisas genuinas.

El último contacto presencial entre Caputo y Georgieva se produjo en abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. En esa oportunidad, el equipo económico argentino cerró las negociaciones de garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que después se integraron al esquema financiero proyectado hasta 2027. Milei y Georgieva, en cambio, no se ven cara a cara desde septiembre de 2025, cuando coincidieron en Nueva York y repasaron el impacto del swap por USD 20.000 millones que el gobierno de Donald Trump le otorgó a la Argentina.

El telón de fondo de la visita es el acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, el número 23 en la historia de pactos entre la Argentina y el FMI. El programa fijó como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, con desembolsos por unos 20.000 millones de dólares. Hasta el momento se giraron USD 15.800 millones, luego de que en mayo el directorio aprobara la segunda revisión pese a un nuevo incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. La deuda total de la Argentina con el organismo asciende a USD 57.870 millones, lo que la convierte en el mayor deudor del Fondo, con el 34,6% del total de créditos pendientes de cobro en todo el mundo. Para lo que resta de 2026, el país debe cancelar vencimientos por 2.745 millones de dólares.

La meta fiscal, bajo la lupa

Durante gran parte del programa vigente, el frente que concentró los mayores desvíos fue el de las reservas. Ese cuadro empezó a modificarse este año: el Banco Central lleva comprados más de 13.000 millones de dólares en 2026 y logró cumplir el objetivo de acumulación del primer semestre. En ese contexto, la atención del organismo empezó a desplazarse hacia las cuentas fiscales, justo cuando el dato de junio encendió una luz amarilla.

El sexto mes del año cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, con un pago de intereses netos de 328.049 millones de pesos. Fue el primer resultado deficitario del año y llevó a un incumplimiento leve de la meta comprometida con el Fondo: según el Staff Report de mayo, el Gobierno se había obligado a acumular un superávit primario de $6,86 billones en el primer semestre y terminó consiguiendo 6,29 billones de pesos. Desde la consultora EconViews señalaron que “la distancia no es enorme” y que “el organismo probablemente conceda un waiver”, aunque advirtieron que el episodio es una señal de que el margen de maniobra es menor al de años anteriores.

El optimismo por las reservas

Si el frente fiscal aporta la principal duda de cara a la visita de Georgieva, el frente cambiario ofrece una lectura más favorable. El programa financiero presentado por Caputo a comienzos de julio había fijado que el Tesoro le compraría al Banco Central 6.700 millones de dólares a lo largo del año, dentro de un esquema de fuentes por 22.900 millones de dólares destinado a cubrir vencimientos por 19.200 millones. Esa meta ya fue superada: entre enero y julio, el Tesoro acumuló compras por 6.875 millones de dólares, unos 175 millones por encima de lo previsto.

Desde el Ministerio de Economía atribuyeron el excedente a una decisión prudencial, tomada ante la falta de certeza sobre el momento exacto en que llegarían los desembolsos de los préstamos con garantía de organismos multilaterales y ante eventuales diferencias en la cotización de los bonos denominados en euros utilizados para el pago de intereses. El resto del esquema de financiamiento contempla garantías del Banco Mundial y el BID, desembolsos del propio FMI por USD 1.900 millones, otros USD 2.800 millones de organismos internacionales, y emisiones locales por USD 6.000 millones, de las cuales ya se colocaron USD 4.000 millones a través de los bonos Bonar 2027 y 2028. El colchón resultante entre necesidades y fuentes previstas se estima en 3.700 millones de dólares.

El desafío mayor, coinciden los analistas del mercado, está puesto en 2027: el Tesoro proyecta comprarle al Banco Central otros USD 4.900 millones de dólares y colocar USD 5.000 millones adicionales en el mercado de capitales local, en pleno año electoral.

El peso de la incertidumbre electoral

Otro tema central en el marco de la relación con el FMI es la incertidumbre sobre qué pasará con el rumbo económico después de las elecciones. La semana pasada, Moody’s hizo referencia a la importancia de ese punto en particular. Tras elevar la calificación de la deuda soberana argentina de Caa1 a B3, el vicepresidente de la calificadora de riesgo, Jaime Reusche, explicó que la nota argentina podría haber subido más de un escalón de no haber existido un riesgo político que todavía condiciona el análisis.

Según Reusche, el organismo evalúa si las políticas actuales pueden transformarse en una “política de Estado que trascienda al gobierno de turno”, algo que recién podrá confirmarse después de la elección.

Reusche remarcó además que la brecha entre la calificación crediticia y el riesgo país que mide el mercado también refleja esa cautela: los inversores, dijo, todavía tienen presente el intento de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que no logró sostenerse en el tiempo, y por eso exigen una prima adicional. Como referencia, comparó la situación argentina con la de El Salvador, un país con calificación similar pero riesgo país más bajo, justamente por tener un riesgo político menor.

Es en ese cruce de señales, entre una meta fiscal que se complicó pero no descarriló, un frente de reservas que exhibe resultados por encima de lo comprometido y una incógnita electoral que condiciona cualquier lectura de largo plazo, que se enmarca la llegada de Georgieva a la Argentina.

El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a poner al dólar en el centro de la escena al hablar de un tipo de cambio “de $ 1.800 ó $ 1.700 en los próximos meses”.

“Los funcionarios tienen que evitar hablar del valor del dólar”, contestó Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, al ser consultado por los dichos del funcionario libertario. Ravier puede saber mucho de escuela austríaca, pero debió ser más cuidadoso al hablar del tipo de cambio. Y fue poco solvente cuando lo consultaron sobre el nuevo proyecto de inocencia fiscal, aunque se trata de una de las iniciativas más importantes del Ejecutivo para este semestre.

Desde “el que apuesta al dólar pierde” de Lorenzo Sigaut en 1981 hay ejemplos de sobra sobre la inconveniencia de hablar del tipo de cambio. Alberto Fernández al ganar las PASO en 2019 consideró que “el dólar a $60 está bien”. Al final del mandato y luego de cuatro años de cepo lo entregó a casi $1.000 en el mercado paralelo.

El año pasado fue Javier Milei quien anunció que el Central compraría dólares solo cuando el tipo de cambio cayera a mil pesos, algo que nunca sucedió. Luego Luis “Toto” Caputo hizo célebre su frase de “compra campeón” en referencia a las críticas relacionadas con un dólar barato. Desde entonces el tipo de cambio subió casi 40% en pleno proceso electoral.

En un momento de tranquilidad cambiaria, vaticinar un tipo de cambio 20% más alto que el actual corre el riesgo de “despertar al monstruo”.

Las proyecciones del mercado coinciden en que el dólar se pondrá más picante en los próximos meses. En los primeros siete meses del año la inflación superó el 18% mientras que el tipo de cambio quedó básicamente planchado. Es muy probable que esto cambie en lo que queda de 2026. Incluso consultoras como Invecq ya venían estimando un valor de $ 1.800 para fin de año.

De las exportaciones a las colocaciones

Ya en julio el Banco Central aflojó con la compra de divisas para evitar un salto en la cotización. Ahora habrá menos liquidación del agro, pero es posible que ingresen divisas por colocaciones de deuda en el mercado internacional. En la última semana colocaron Neuquén (USD 500 millones) y PCR (USD 400 millones). Aunque no se esperan grandes emisiones, el mercado internacional sigue abierto para algunas provincias o empresas que busquen financiamiento.

Más allá de la desafortunada expresión del vocero, nada hace pensar que el tipo de cambio efectivamente pueda tener alguna variación brusca al menos hasta fin de año. Las dudas, por supuesto, se concentran en lo que podría suceder durante el período preelectoral del año próximo.

La inflación también seguiría dando buenas noticias al Gobierno. Las proyecciones preliminares de julio coinciden en que se ubicaría entre 1,8% y 1,9%, por lo que se mantiene vigente el proceso de desinflación que ya lleva tres meses.

El precio de la carne casi no se movió, la nafta tampoco aumentó pese al incremento del barril de crudo y las subas se habrían concentrado sobre todo en los rubros de servicios públicos y recreación, por las vacaciones en invierno.

La actividad no despega

La actividad, sin embargo, sigue sin reaccionar. Los sectores “ganadores” siguen traccionando. Pero los que vienen de atrás aún no consiguen despegar. La construcción empezó a mostrar un comportamiento algo más favorable, pero desde valores muy bajos. La decisión del Gobierno de dejar de hacer obra pública es solo parcialmente compensada por iniciativas de las provincias tanto en materia de infraestructura como vial. Y el sector privado tampoco se mueve demasiado, salvo en algunos barrios “premium”.

La industria y la actividad comercial se mantienen aletargados. Dejaron de caer pero por ahora no muestran reacción. Los salarios tampoco le ganan a la inflación. “Para que las empresas quieran aumentar los sueldos tiene que haber generación de empleo genuina y eso no está sucediendo”, explicó Jorge Colina, director de la consultora IDESA.

La industria y la actividad comercial dejaron de caer pero por ahora no muestran reacción

Un buen ejemplo es la paritaria del sector mercantil, o sea trabajadores de comercio. Pactaron un incremento de 1,9% mensual desde julio hasta septiembre, por lo que a duras penas empatan con la inflación esperada.

Pero como compensación también se les asignó una “gratificación extraordinaria”: $25.000 mensuales en julio y agosto. Luce como un monto más que austero en un intento por mejorar el poder adquisitivo del salario. La realidad es que en un contexto de ventas muy flojas o en caída se hace casi imposible otorgar aumentos salariales por encima de la inflación.

Salarios y morosidad

La mora de las familias con el sistema financiero es el mejor reflejo de salarios que no alcanzan. El endeudamiento creciente del último año llevó a un excesivo uso de la tarjeta de crédito o de las compras en cuotas. La consecuencia es que se genera una bola de nieve con altas tasas de interés que está dejando a millones de personas fuera del sistema financiero formal.

La mora en los préstamos a individuos supera el 12% en los bancos y se acerca al 30% en las billeteras digitales. Y a pesar de las expectativas favorables todavía no se ha producido un retroceso. En los últimos 12 meses la deuda con problemas de cobro con el sistema financiero se triplicó, lo que lleva a los bancos a volverse mucho más cautos a la hora de prestar. Además, la tasa de interés se mantienen altísimas justamente por el riesgo de incumplimiento.

Sin embargo, en el último mes el Central se mostró más flexible en su política monetaria. “En los préstamos en pesos al sector privado se observa una mejora desde abril de 2026, que lleva a que en el último mes se expanda al 0,6% mensual real. Hubo una recuperación de 2,1% real mensual de los préstamos a empresas y una caída de 0,8% real mensual en los de consumo”, indicaron desde Quantum Finanzas.

“La recuperación del crédito puede estar indicando no solo un mayor dinamismo de la actividad económica, sino también anticipando un proceso de reducción de la mora”, agregaron.

Con estabilidad cambiaria y un proceso de desinflación en baja, ahora todas las miradas apuntan al nivel de reactivación y de mejora de los salarios. Es evidente que el proceso viene bastante más lento de lo esperado. De eso dependerá cómo llegará el Gobierno a las elecciones.

Riesgo país y reelección

Según el actual nivel de riesgo país, cercano a los 430 puntos básicos, el economista Fernando Marull infiere que el mercado ve una probabilidad de reelección del presidente Javier Milei del 80%. Pero las encuestas muestran un escenario mucho más ajustado para el Gobierno, aún cuando todavía ni siquiera se conoce quiénes serán los contrincantes electorales.a Por ahora, parece difícil que se pueda evitar un balotaje.

La semana económica arranca fuerte, con la visita a la Argentina del titular del FMI, Kristalina Georgieva. Más allá del respaldo contundente que el organismo brindará al plan económico, hay otro tema inquietante en la agenda: los pagos netos por casi USD 6.000 millones que deberá realizar Argentina el año próximo a la institución.

No parece ser el momento ideal para que el Fondo empiece a reducir su nivel de deuda con el país, aunque así fue acordado el año pasado con el actual equipo económico. Posiblemente nada se resuelva ahora y en definitiva dependerá del acceso a los mercados internacionales que consiga el Gobierno en los próximos meses, algo que hasta ahora viene resultando esquivo.

(Desde Washington, Estados Unidos) Fue amor al instante. Se encontraron por primera vez en el Salón 1.4 del Foro de Davos, a mediados de enero de 2024. Afuera nevaba, y Javier Milei se movía como un rock star entre la elite internacional. Kristalina Georgieva, en cambio, ya había sufrido las promesas inconclusas de Alberto Fernández, y no quería que el "Caso Argentino" empalideciera su trayectoria como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero Milei desarmó a Georgieva al instante. La abrazo como si fuera su tía preferida, y le explicó como sería su plan de ajuste económico. En silencio escuchaban Nicolás Posse -que era jefe de Gabinete-, Luis Caputo -ministro de Economía-, Gerardo Werthein - que estaba designado como embajador en Estados Unidos- y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

Al lado de Georgieva se ubicó Gita Gopinath, entonces su mano derecha en el Fondo. Gopinath había tenido un cruce con Posse y Caputo cuando viajaron acompañando a Milei a Washington, en noviembre de 2023.

Sin embargo, el cónclave terminó con una sucesión de selfies que sorprendió a la burocracia del FMI. Milei, Georgieva y Gopinath no dejaban de sonreír con los pulgares hacia arriba.

Milei cumplió con su promesa de Davos. Hizo un ajuste histórico en la economía de la Argentina, y Georgieva rescata la palabra del presidente argentino. Ella enfrentó la reticencia de ciertos miembros del board del FMI, y asumió que Milei estaba respaldado por la Casa Blanca.

Trayectoria histórica

La directora gerente conoce la trayectoria histórica de la Argentina frente al FMI, y no quería quedar en el index del organismo multilateral de crédito.

Cuando Donald Trump asumió en la Casa Blanca, quedó absolutamente demostrado que Milei era respaldado por Estados Unidos, y que todo debía conducir a sostener la agenda económica del gobierno libertario.

Argentina incumplió dos veces la meta de acumulación de reservas, y el waiver se aprobó sin dilaciones. Luis Caputo propuso que el Banco Mundial y el BID concedieran garantías para pagar los vencimientos privados de julio, y Georgieva estuvo de acuerdo.

La directora gerente se movía en sllencio detrás del cortinado, y no dudaba en elogiar el plan de ajuste cuando era preguntada por los periodistas.

“El caso más impresionante en la historia reciente es Argentina, donde los efectos han sido profundos, con la implantación de un sólido programa de estabilización y crecimiento”, afirmó Georgieva hace unos meses.

En este contexto, la visita oficial de Georgieva a la Argentina implica un reconocimiento formal a los resultados del ajuste promovido por Milei y una exhibición de su propio poder institucional al mostrar un caso económico que es de éxito para los parámetros del FMI.

Georgieva será recibida por el Presidente en Balcarce 50, y después tendrá encuentros con Caputo y Santiago Bausili, titular del Banco Central. Caputo y Bausili no dejan de reconocer -en público y privado- el respaldo inédito de Georgieva a la Argentina.

Confianza mutua

“Hay una relación de confianza que nunca hubo entre Argentina y el Fondo. Entonces eso facilita mucho todo. Georgieva está super impresionada con los logros. Ella dijo:«Yo le confié desde el día uno», lo cual es cierto. Ella confió desde, desde el día uno. Ella me dijo: «Dijeron que ibas a hacer algo imposible y lo hicieron posible». Y desde ese día, ella siempre tuvo mucha confianza", comentó Caputo a Infobae, tras su último encuentro con la directora gerente.

La visita de Georgieva -27 y 28 de julio- tendrá un formato especial. Además de los encuentros oficiales con Milei, Caputo y Bausili, la directora gerente viajara a Vaca Muerta, adonde será recibida en Loma Campana, por Horacio Marín, presidente de YPF.

Georgieva está satisfecha por el ajuste ordenado por Milei, pero en Washington se observa con atención una de las metas clave del acuerdo con la Argentina.

Se trata del cumplimiento hacia adelante del superávit fiscal. Hasta ahora, todo encaja entre las exigencias del Fondo y los cumplimientos prometidos por la Argentina.

Año electoral

Pero se acerca un año electoral que puede implicar más gasto público, y además la economía nacional no crece en forma pareja. Si bien ciertos sectores exportadores y primarios mantienen niveles elevados, la industria y el comercio aún no logran recuperar el terreno perdido en los últimos años.

A su vez, el consumo interno muestra señales mixtas por la caída del salario real y la falta de crédito, mientras que el mercado laboral permanece estancado.

Durante junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de 1.024.891 millones de pesos.

Hasta mayo, el superávit primario acumulado era de 0,7% del PBI y, tras el resultado de junio, bajó a 0,6 por ciento. La meta de superávit primario es del 1.4 por ciento para 2026.

Y solo quedan seis meses.

En DC, tienen abiertas todas las opciones: que Argentina cumpliría con la meta del superávit fiscal, o que la administración Trump ordenará que se conceda otro waiver al gobierno.

En las próximas 48 horas, Georgieva se abrazará con Milei, cruzará sonrisas con Caputo, y hasta podría aparecer con el maneluco de YPF en Vaca Muerta.

Un win-win para el FMI y la Casa Rosada.

En un paper de 23 páginas publicado por el Petersen Institute, un think tank de Washington especializado en economía internacional, Maurice Obstfeld, ex economista jefe del FMI -cuya actual directora gerente, Kristalina Georgieva, inicia este lunes una visita de 48 horas a la Argentina- hizo un análisis histórico de la economía argentina y de los desafíos y oportunidades de la presidencia de Javier Milei.

A modo de resumen, Obstfeld, actual profesor de la Universidad de Berkeley, exprofesor en Harvard y Columbia y coautor con Paul Krugman (Nobel de Economía 2008) de un Manual de Economía Internacional, identifica tres “aspectos clave” de las perspectivas argentinas bajo el gobierno de Milei, que -dice- tiene ante sí “la oportunidad y el desafío”.

1. Si bien redujo la inflación “dramáticamente” aplicando un ajuste fiscal “sin precedentes”, el cuadro monetario y macroeconómico “sigue siendo frágil”
2. El actual régimen cambiario “deja a la política monetaria sin un ancla nominal creíble” en un contexto de obligaciones financieras intimidantes (daunting), desempleo creciente y un apoyo del gobierno de Donald Trump condicionado al éxito político de Milei.
3. La transición a un sistema de tipo de cambio flotante con metas de inflación “proveería una base institucional más durable para que Milei siga construyendo sobre sus éxitos políticos y movilice sus fortalezas económicas”. Sin esa base institucional, alerta, “el país se arriesga a repetir su larga historia de colapsar en (nuevas) crisis”.

Obstfeld recuerda que Milei accedió a la presidencia en medio de una inflación superior al 200% anual con una propuesta de reducir drásticamente el gasto público, desregular la economía y dolarizar el país, aunque luego descartó el último punto. Milei, dice, eliminó un déficit fiscal del 5% del PBI y desmanteló controles de precios y de comercio, medidas que junto a una fuerte contracción convencieron a los agentes económicos de que el financiamiento monetario del déficit había terminado, lo que permitió una rápida caída rápida de la inflación mensual.

Un sistema cambiario tras otro

Un pilar adicional fue la gestión del tipo de cambio: al principio devaluó fuertemente el peso y estableció un crawling peg (deslizamiento) del 2% mensual, que luego redujo al 1%, buscando anclar así las expectativas de inflación. Sin embargo, advierte Obstfeld, la credibilidad de este esquema dependía de la existencia de suficientes reservas internacionales, en mínimos históricos.

En abril de 2025, ante la persistente escasez de dólares y presiones cambiarias, Argentina obtuvo un nuevo programa del FMI por USD 20.000 millones, renovó un swap con China, flexibilizó el régimen cambiario y permitió que el mercado influyera más en la cotización, aunque mantuvo un límite superior de depreciación como ancla. A su vez, subraya el autor, se levantaron controles cambiarios, lo que aumentó la presión sobre las reservas y elevó el riesgo de una corrida.

Por eso en septiembre, enumera, la proximidad de elecciones legislativas, la baja popularidad de Milei y escándalos de corrupción desencadenaron una crisis cambiaria, salvada con un swap de USD 20.000 millones del Tesoro de EEUU, que compró pesos en el mercado y estabilizó temporalmente la situación. Luego, el triunfo electoral oficialista en las elecciones legislativas le permitió sostener su programa y avanzar en reformas como la ley de modernización laboral.

Además, reseña Obstfeld, desde enero de 2026 Argentina adoptó un nuevo esquema cambiario e indexó el ritmo de devaluación a la inflación. Ese sistema, dice, eliminó el problema de apreciación real, “pero dejó a la política monetaria sin un ancla nominal clara, ya que la inflación y la devaluación se retroalimentan”. Según el economista, la acumulación de reservas sigue siendo un desafío: el gobierno recurrió a mecanismos financieros complejos para cumplir pagos internacionales y tiene un crédito externo limitado por altos costos y la preferencia oficial por reducir la deuda.

Metas de inflación

El working paper precisa que si bien el actual régimen redujo la inflación a una tasa mensual promedio de 2,6% desde fines de 2025, la inflación anualizada (36%) sigue siendo alta y si bien la exportación de commodities y los buenos precios internacionales contribuyeron a cierta estabilidad nominal del peso, la apreciación real y la presión inflacionaria persisten, por lo que sugiere que un esquema de metas de inflación, con un banco central independiente, flotación cambiaria y transparencia estadística, como aplican otras economías latinoamericanas, sería más efectivo. Este marco, afirma, permitiría anclar las expectativas y reducir la dependencia de intervenciones cambiarias y restricciones externas.

Como ejemplos positivos de esquemas así cita los casos de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que de niveles de inflación anual de hasta casi 800% anual en los 90s del siglo pasado lograron reducir gradualmente el ritmo inflacionario hasta niveles de entre 4 y 6,6% anual en la primera mitad de la década actual.

En cambio, dice, el nuevo sistema cambiario argentino “es totalmente autorreferencial, sin un ancla concreta para fijar la trayectoria de precios o las expectativas de inflación. Nada en el sistema fuerza a la inflación a converger al objetivo oficial”. Si la inflación se acelera, explica el autor, la banda cambiaria la sigue, sin límite natural. Por otra parte, afirma, la acumulación de reservas es aún insuficiente para defender la banda en caso de ataques especulativos y afrontar los vencimientos de deuda externa. El gobierno recurrió a mecanismos poco ortodoxos, como el uso de swaps con bancos internacionales y operaciones de recompra de bonos, pero el margen es limitado. Según Obstfeld, “Argentina avanza a paso lento en materia de reservas, más que de manera contundente”.

Vulnerabilidades políticas

Además, observa que Milei, pese a sus logros iniciales, enfrenta vulnerabilidades políticas: caída de popularidad, desempleo elevado, ingresos fiscales bajos y riesgo de reversión en las elecciones de 2027. La estabilidad macroeconómica y política es esencial para aprovechar el potencial productivo del país, pero el apoyo externo, en especial de EEUU, es incierto. El éxito de Milei podría inspirar a la región, dice, pero las tensiones geopolíticas y la resistencia a presiones externas seguirán marcando el rumbo argentino.

Obstfeld recuerda que Argentina representa solo el 7% de la población y el 10% del PBI en dólares de América Latina y que “nunca” estuvo en el centro de la atención de las administraciones estadounidenses hasta septiembre de 2025, cuando el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció un apoyo financiero inédito y prometió hacer “todo lo necesario” para respaldar la moneda argentina y al presidente Milei en vísperas de elecciones legislativas clave.

El interés de Trump, dice el autor, se basó menos en fundamentos económicos que en una visión ideológica y estratégica: en palabras de Bessent, el gpbierno de Milei es visto como un “aliado sistémicamente importante” y un “faro” para atraer a otros países de la región hacia posturas alejadas de la izquierda. Bajo la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, Argentina es parte de un plan más amplio para afianzar el dominio comercial y militar de EE.UU. en el hemisferio occidental, contrarrestar la influencia china y combatir el narcotráfico.

Sin embargo, Obstfeld alerta que si bien la cercanía de Milei con Trump puede ser una fuente de apoyo decisivo, está condicionada por el éxito del presidente argentino. Por eso, dice, el futuro económico inmediato del país está atado tanto a la evolución de su política interna como al interés estratégico de Washington.

Repaso histórico

El execonomista jefe del FMI hace un extenso repaso histórico de la economía argentina, que califica de “enigma”. Medido en ingreso por habitante, dice, el país era a fines del siglo XIX el sexto más rico del mundo, detrás del Reino Unidos, EEUU, Nueva Zelanda, Suiza y Australia y delante de Bélgica, Holanda, Dinamarca y Alemania, que completaban el Top 10, pero pese a sus abundantes recursos y una población altamente alfabetizada, no logró trasladar su potencial a un crecimiento sostenido.

En su recorrido histórico Obstfeld recuerda la relación antagónica que Argentina tuvo con EEUU y la importancia de la Doctrina Monroe (sintetizada en la expresión “América para los americanos”), que sucesivos gobiernos argentinos resistieron por su retinte imperialista. Más aún, el autor trae a colación la influencia intelectual de James Blaine, secretario de Estado de tres diferentes gobiernos norteamericanos, que diseñó una política hacia América Latina muy similar a la actual.

¿Trump del siglo XIX?

“Obsesionado con contrarrestar la influencia británica en el Hemisferio Occidental y menos proteccionista que otros políticos republicanos, Blaine usó herramientas comerciales para traer América Latina económica y estratégicamente más cerca de EEUU a la vez que promovía las exportaciones norteamericanas. El llamó a esa política ‘anexión comercial, no territorial, pero su biógrafo, Edward Crapol remarca que ´quería las dos’ “, dice un pasaje del paper. A eso le siguió el ”corolario” de Theodore Roosevelt a la Doctrina Monroe. Algo a lo que se aproxima el “corolario Trump” y su “Estrategia de Seguridad Nacional”, en la que, un siglo después, China reemplaza a Inglaterra como la potencia cuya influencia sobre América Latina pretende desplazar.

Obstfeld también menciona como determinante en la historia económica argentina el surgimiento y persistencia del peronismo y cita incluso una carta de Juan Domingo Perón a su entonces par chileno Carlos Ibáñez en la que en respaldo de su política populista afirma: “no hay nada más elástico que la economía, que todos temen porque nadie la entiende”.

Trampa de credibilidad

Obstfeld concluye que Argentina sigue siendo un país con recursos excepcionales y una población capacitada, pero la clave para movilizar ese potencial reside en la estabilidad macroeconómica, la reforma institucional y la capacidad de construir consensos políticos duraderos. Advierte que “Milei enfrenta una trampa de credibilidad: si su éxito empieza a ser ampliamente puesto en duda, sus perspectivas políticas se deteriorarán, haciendo más probable el regreso del peronismo y todo su daño económico—una expectativa que daña el desempeño económico de inmediato”.

El futuro argentino depende, así, no solo de las reformas económicas, sino de la resiliencia política y de la capacidad para construir un ancla nominal sólida que derrote definitivamente la inflación. La alianza con Trump puede ser instrumental, pero no sustituye la necesidad de una arquitectura institucional y de políticas públicas creíbles y sostenibles

El primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dan Katz, reconoció el desempeño económico reciente de El Salvador, luego de una conversación con el presidente Nayib Bukele. Katz afirmó el miércoles en su cuenta oficial de X que han dialogado sobre los “extraordinarios logros económicos” del país y anticipó que las próximas revisiones del programa acordado con el organismo avanzan a buen ritmo. El mensaje fue compartido por el propio Bukele en redes sociales.

Según informó la agencia EFE, Katz expresó su interés en visitar San Salvador próximamente y enfatizó que el diálogo con las autoridades salvadoreñas mantiene el diálogo en el marco del acuerdo alcanzado en diciembre de 2024. Este programa, pactado por un monto de USD 1,400 millones para fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa, tiene como ejes centrales la consolidación fiscal y el refuerzo de las reservas internacionales.

El FMI detalló que la primera revisión del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF), realizada en junio de 2025, arrojó resultados. El organismo señaló que “el desempeño del programa ha sido sólido, y la economía ha seguido creciendo mientras se corrigen los desequilibrios macroeconómicos”.

También el informe del Banco Mundial publicado en abril proyecta que El Salvador tendría un crecimiento del 3.2% para 2026 y del 3% en 2027. Además, datos del Banco Central de Reserva (BCR) señalan que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4.79% en el primer trimestre de 2026, impulsado especialmente por la construcción y la explotación de minas y canteras.

En línea con estos datos, el FMI proyecta que la economía salvadoreña crecerá un 3.3% en 2026, cifra que supera el promedio de crecimiento anual observado desde la dolarización en 2001.

El reporte del organismo atribuye este ciclo expansivo principalmente a la inversión privada, con más de USD 9,000 millones en proyectos activos durante 2026 en sectores como la construcción, el turismo y los servicios. El entorno de seguridad, señalado por el BCR como un factor determinante, ha favorecido el clima de negocios y atraído capital.

El mismo informe resalta que la economía local ha mostrado variaciones positivas durante los primeros meses del año, con un índice de actividad económica que aumentó un 5% en enero y una producción industrial que creció 6.4%.

Las exportaciones de bienes subieron 3.3% hasta febrero y la recaudación tributaria avanzó un 5.8%, impulsada por el IVA. El consumo de cemento, indicador vinculado a la construcción, subió 11.7% y el crédito total se expandió 8.1% a finales de marzo.

Turismo, obra pública y remesas

De acuerdo a las cifras oficiales, el turismo figura entre los sectores con mayor crecimiento, con la llegada de 1.3 millón de visitantes internacionales entre enero y marzo, un aumento del 34% respecto al mismo periodo de 2025. El país prevé recibir 4.2 millones de turistas en 2026, favorecido por la organización de eventos artísticos y deportivos y la llegada de cruceros.

La inversión pública también tiene peso. Proyectos como el Aeropuerto del Pacífico, el Estadio Nacional de El Salvador y el Viaducto Morazán forman parte de un paquete de obras cuyo valor superará los USD 1,000 millones, según el BCR. La inversión pública ejecutada a febrero ascendió a USD 144.3 millones, un incremento del 179.2% en comparación con el año anterior.

El flujo de remesas impulsa el consumo privado, con USD 1,524,8 millones recibidos hasta febrero de 2026, un crecimiento del 8.4% interanual. El BCR precisa que el 26% de los hogares salvadoreños recibe remesas, lo que sostiene el gasto interno.

Riesgos regionales y preocupación social

El panorama regional enfrenta desafíos derivados del encarecimiento de materias primas y la volatilidad global. El FMI advierte que el conflicto armado en Oriente Medio ha elevado la inflación global estimada para 2026 al 4.4%, por encima de pronósticos previos, lo que puede trasladarse con rapidez a economías importadoras de energía como la salvadoreña.

En el plano social, estudios recientes del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana apuntan a que el 70.7% de la población considera que la economía representa el principal problema del país. Desde la reelección de Bukele en junio de 2024, la preocupación por la situación económica ha desplazado a la violencia como tema prioritario entre los salvadoreños, según informó EFE.

El lunes que viene, 27 de julio, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aterrizará en la Argentina. Por invitación del presidente Javier Milei, la titular del organismo internacional llega al país en un momento en donde la relación “no puede ser mejor” en palabras del ministro de Economía, Luis Caputo. Hasta el momento solo está confirmada una visita a Loma Campana, en el corazón de Vaca Muerta, donde la recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín.

La agenda oficial aún no fue informada por el Ministerio de Economía ni por la Casa Rosada, por lo que se espera que el FMI la comunique, aunque se descuenta que habrá un encuentro tanto con Milei como con Caputo. Días atrás fue el titular del Palacio de Hacienda quien anunció la llegada de Georgieva en la red social X. Caputo describió el diálogo con el FMI como “excelente” y señaló que la visita se da “en el marco del exitoso programa económico en curso”.

Entre los motivos principales de la visita figura el seguimiento del acuerdo vigente y la posibilidad de profundizar el apoyo del FMI. Caputo explicó que la visita de la jefa de la entidad multilateral “permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”. Según puso saber Infobae, la funcionaria también pondrá la mirada en el desarrollo energético, reflejado en la confirmación de la recorrida por Loma Campana en Vaca Muerta, hasta ahora estipulada para el martes 28 de julio.

Últimos encuentro

El último contacto presencial entre Caputo y Georgieva ocurrió en abril en Washington D.C., durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. Allí, el equipo económico argentino cerró negociaciones de garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se anunciaron recientemente como parte del esquema financiero proyectado hasta 2027.

Por su parte, Milei y Georgieva no se cruzan personalmente desde septiembre de 2025, cuando coincidieron en Nueva York. En esa ocasión, analizaron el impacto del swap de USD 20.000 millones que la administración de Donald Trump otorgó a la Argentina. Tras ese encuentro, Georgieva expresó: “Es muy importante mantener el rumbo de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo una bajada de la inflación, un aumento de la actividad económica, la reducción de la pobreza y el aumento del bienestar del pueblo argentino”, según recogió Infobae.

Nueva preocupación: ¿El frente fiscal?

El contexto de la visita exhibe un cambio en las preocupaciones centrales del FMI respecto a la economía argentina. Durante los últimos años, la meta de acumulación de reservas del BCRA concentró la mayor parte de los desvíos y derivó en reiterados pedidos de waivers. En 2026 la situación se modificó: la entidad que preside Santiago Bausili ya compró más de USD 12.700 millones y logró cumplir el objetivo de acumulación (que es distinto al de compra) del primer semestre, aunque para diciembre debe llegar a 8.000 millones de dólares.

El foco de las preocupaciones ahora parece recae en el frente fiscal. En junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de 1.024.891 millones de pesos. El pago de intereses netos alcanzó los $328.049 millones en ese mes. Caputo explicó que el resultado respondió a menores ingresos vinculados a la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y a la estacionalidad del pago de aguinaldos. Hasta mayo, el superávit primario acumulado era de 0,7% del PBI y, tras el resultado de junio, bajó a 0,6 por ciento. El Gobierno sostiene la meta de superávit primario de 1,4% del PBI acordada con el FMI para 2026.

Caputo reconoció públicamente que el margen para reducir el gasto público es cada vez más limitado. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, afirmó en el programa Economía de quincho.

La llegada de Georgieva también funciona como un respaldo institucional del FMI al rumbo adoptado por la actual administración. El Gobierno espera capitalizar la visita para fortalecer su posición en futuras negociaciones y demostrar ante los mercados internacionales su compromiso con la estabilidad macroeconómica. El apoyo del FMI es considerado clave para sostener la confianza de los organismos multilaterales y el acceso a financiamiento externo.

La recorrida por Loma Campana en Vaca Muerta suma un componente estratégico a la agenda, ya que el desarrollo energético es uno de los pilares del programa económico argentino. La presencia de Georgieva junto al presidente de YPF apunta a poner en valor el potencial exportador del sector y su incidencia en la generación de divisas.

El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, confirmó el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un financiamiento de entre 2.500 y 2.800 millones de dólares. Según la autoridad, entre agosto y septiembre se podría realizar el primer desembolso.

“Estamos trabajando en los últimos detalles con el FMI”, afirmó Espinoza en entrevista con el programa Asuntos Centrales y señaló que si bien no puede fijar una fecha, “estamos a días del anuncio formal”.

El monto es significativamente menor que el que buscaba inicialmente el Gobierno de Rodrigo Paz. En mayo, durante una sesión del Consejo Económico y Social instalado en medio de las protestas contra su gestión, el primer mandatario señaló que se estaba negociando un programa de créditos por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores. La diferencia supone entre un 44% y 50% menos de la expectativa inicial de Bolivia.

Sin embargo, para el ministro de Economía, el acuerdo con el FMI abrirá a otras entidades de financiamiento externo para reforzar las reservas internacionales del país en un contexto de crisis por la caída de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas.

El Gobierno ha negado en varias oportunidades que existan condicionamientos fuera de su plan de Gobierno para acceder al crédito del FMI. Días atrás, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que “el acuerdo viene sin ninguna condición más allá de lo que es nuestro programa, igual lo haríamos con o sin el fondo”, afirmó y agregó que “con ellos es más fácil porque es con plata”.

Entre las medidas que destacó Lupo mencionó la reducción del déficit fiscal, la unificación del régimen cambiario -que se implementó a finales de junio- y una nueva política de tasas de interés.

En paralelo a las negociaciones del Gobierno con el FMI, la Cámara de Diputados trató este miércoles dos proyectos de ley sobre créditos externos que suman $540 millones de dólares. Ambos financiamientos fueron otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y pasaron a la Cámara de Senadores para su revisión.

De concretarse los tres créditos, la deuda externa boliviana se incrementaría significativamente pero se mantendría dentro del margen recomendado. Según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB) hasta el 20 de junio de este año, la deuda externa pública boliviana llegó a los 14.357,7 millones de dólares, equivalentes al 26,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La institución indicó que el saldo de la deuda respecto al PIB del país “muestra un nivel sostenible, situándose en 26,5 %” y está “por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales del 40 %”.

Los principales acreedores multilaterales de Bolivia son el BID, con el que la deuda a junio alcanzó 4.372,4 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, con 3.293,6 millones; el Banco Mundial, con 1.718,9 millones, y el Fonplata, con 441,2 millones.

Respecto a los países, China es el principal acreedor bilateral de Bolivia con 1.090,3 millones de dólares, y le siguen Francia, con 666,5 millones; Alemania, con 90,2 millones; Corea del Sur, con 31,7 millones; Italia con 10,9 millones y España, con 8,9 millones, entre otros.

Según el reporte, la deuda con los organismos multilaterales alcanza el 70,4 % del total y los acreedores bilaterales representan el 13,3 %.

El Fondo Monetario Internacional advirtió que el envejecimiento de la población ya redefine la economía mundial: aunque una mejor salud en la vejez puede sostener el empleo y la productividad, el crecimiento global se desacelerará y muchos países necesitarán más esfuerzo fiscal para estabilizar su deuda a medida que aumente la proporción de personas de 65 años o más.

Según el capítulo sobre la “economía plateada” del informe de perspectivas globales del organismo, World Economic Outlook, el aporte positivo del envejecimiento saludable sumaría alrededor de 0,4 puntos porcentuales por año al crecimiento del PBI mundial entre 2025 y 2050. Bajo las políticas actuales, el crecimiento medio anual del producto global sería 1,1 puntos porcentuales menor en 2025 a 2050 que en 2016 a 2018.

El informe atribuye cerca de tres cuartas partes de esa desaceleración del período a las tendencias demográficas. Para el horizonte 2025-2100, esas fuerzas explican 1,1 puntos de una caída total de dos puntos en el crecimiento global.

La población mundial crecerá cada vez menos

De acuerdo con el FMI, el crecimiento de la población mundial bajará desde 1,1% anual, el ritmo previo a la pandemia de COVID-19, hasta un nivel prácticamente nulo entre 2080 y 2100. Al mismo tiempo, la edad promedio de la población global aumentaría 11 años entre 2020 y el final del siglo.

El motor de ese cambio es doble: caída de la fecundidad y mayor longevidad. El resultado es una suba acelerada del peso de la población mayor de 65 años, un fenómeno que ya no queda restringido a las economías avanzadas y que se acelera también en mercados emergentes y países de ingresos medios.

El organismo señala que para 2035 todas las economías avanzadas y los mayores mercados emergentes habrán atravesado su “punto de inflexión demográfico”, definido como el momento en que la proporción de población en edad de trabajar empieza a caer. Para 2070, la mayoría de los países de bajos ingresos habrá pasado por una transición similar.

Según el organismo, ese cambio implica menos oferta laboral, menor crecimiento del producto, más presión sobre los sistemas previsionales y más gasto en salud. También reduce el dinamismo de la innovación y la productividad cuando la población total crece más lentamente.

La mejora de la salud elevó empleo, horas trabajadas e ingresos

El dato que el informe presenta como contrapeso es que las personas no solo viven más, sino que en muchos casos llegan a edades avanzadas en mejores condiciones físicas y cognitivas. La expectativa de vida global aumentó cerca de cuatro años y medio en las últimas dos décadas, y la expectativa de vida saludable avanzó a un ritmo similar.

Para medir ese fenómeno, el estudio utilizó microdatos de alrededor de 1 millón de personas en 29 economías avanzadas y doce emergentes entre 2000 y 2022, además de un modelo que cubre 69 economías, equivalentes a cerca de 2/3 del producto y de la población mundial. En el análisis de salud y mercado laboral, se trabajó con encuestas de personas de 50 años o más en 41 economías.

En las capacidades cognitivas, el informe señala que una persona de 70 años en 2022 tenía, en promedio, la misma capacidad cognitiva que una persona de 53 años en 2000. En términos de fragilidad general, un individuo de 70 años en 2022 se parecía a uno de 56 años en 2000.

Citado por el propio informe, ese avance se asocia con efectos concretos sobre el mercado laboral. Las mejoras cognitivas observadas a lo largo de una década elevaron en alrededor de 20 puntos porcentuales la probabilidad de seguir en el mercado de trabajo, aumentaron en unas 6 horas las horas semanales promedio trabajadas y se vincularon con una suba cercana al 30% en los ingresos laborales entre quienes tenían empleo.

El estudio también encontró una asociación positiva entre mejor salud y mayor productividad laboral, medida a partir de ingresos por hora, además de una jubilación más tardía, más semanas trabajadas por año y menor probabilidad de desempleo. El efecto, de todos modos, no es uniforme: el impacto de una mejor salud sobre la participación laboral es más fuerte entre quienes están en sus 50 que entre las personas en sus 60 y 70.

Las diferencias entre países y grupos sociales siguen siendo amplias

El capítulo subraya que el envejecimiento saludable no avanza al mismo ritmo en todos los países ni en todos los grupos sociales. Aunque existe cierta convergencia internacional en esperanza de vida y en expectativa de vida ajustada por salud, persisten brechas en la capacidad funcional de las personas mayores.

Las puntuaciones cognitivas de los adultos mayores en economías emergentes siguen por debajo de las de las economías avanzadas, incluso después de controlar edad, género, educación y riqueza. Dentro de cada país, los promedios de salud son más bajos entre habitantes de zonas rurales, personas con educación primaria o menor y hogares con menos riqueza.

El informe menciona además que Estados Unidos queda rezagado frente a los países nórdicos en indicadores de salud medidos, pese a tener un PBI per cápita comparable y un gasto sanitario más alto. También señala que las disparidades vinculadas con género, ubicación, educación y patrimonio persistieron a lo largo del tiempo.

Con las políticas actuales, varias economías afrontarán más presión fiscal

Según el análisis del organismo, el envejecimiento y el menor crecimiento empujarán a la baja las tasas de interés, porque aumentará la proporción de personas mayores con más ahorro acumulado y caerá la necesidad de inversión asociada a una fuerza laboral más reducida. Para la mayoría de los países la diferencia entre tasa de interés y crecimiento será peor que en el pasado reciente.

El informe proyecta que cerca de la mitad de las economías del modelo necesitarán desde 2030 saldos primarios más altos que los registrados en 2016 a 2018 para mantener estable la relación deuda-PBI. Ese grupo incluye a China, Japón y Estados Unidos.

En el caso de China, el crecimiento del PBI entre 2025 y 2050 se desaceleraría 2,7 puntos porcentuales respecto del promedio de 2016-2018. En India, la baja prevista para ese mismo tramo sería de 0,7 puntos, aunque la presión se intensificaría entre 2050 y 2100 cuando también cruce su punto de inflexión demográfico.

El FMI ve margen para compensar gran parte del golpe demográfico

La respuesta directa del informe es que una combinación de políticas laborales puede amortiguar una parte sustancial del impacto del envejecimiento. El paquete incluye medidas para mejorar la salud y el capital humano después de los 50 años, elevar la participación laboral de las personas de 65 o más mediante una suba gradual de la edad efectiva de retiro y cerrar las brechas de participación entre hombres y mujeres.

Según el FMI, si esas tres palancas se aplicaran en conjunto, el crecimiento anual global podría aumentar unos 0,6 puntos porcentuales durante los próximos 25 años. Eso compensaría casi tres cuartas partes del arrastre demográfico en ese período.

A más largo plazo, entre 2025 y 2100, el impulso promedio sería de 0,3 punto porcentual por año. El efecto sería especialmente grande en India, en países de bajos ingresos y en algunas economías europeas.

El informe agrega que esas políticas generarían dividendos fiscales. En el escenario combinado, todos los países del modelo ganarían espacio fiscal, aunque con diferencias amplias: el beneficio promedio superaría los 4 puntos del PBI en Grecia e Italia, mientras que sería menor a 1% del PBI en China y el Reino Unido.

Para los países de bajos ingresos, el documento también destaca el papel de la integración financiera internacional. Si lograran reducir gradualmente las barreras al acceso al capital externo hasta eliminarlas hacia 2070, su PBI y su PBI per cápita quedarían en el largo plazo unos 19 puntos porcentuales por encima de un escenario sin ese avance. Incluso con mayores flujos migratorios hacia economías envejecidas, el PBI per cápita seguiría casi 18% por encima del escenario base sin esa mejora financiera.

Bolivia mantiene la esperanza de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) valide su plan de recuperación económica y libere recursos que el país considera determinantes para estabilizar sus cuentas y reforzar sus reservas.

El Gobierno boliviano, a través del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó en una entrevista con un medio local que el país está a las puertas de un acuerdo con el FMI por una financiación de entre USD 2.500 y 2.800 millones, con el objetivo de apoyar el programa de estabilización fiscal y fortalecer el Banco Central.

El ministro detalló que las primeras transferencias del FMI llegarán a principios de septiembre y se destinarán íntegramente al refuerzo de reservas internacionales, en un contexto marcado por la escasez de divisas.

“Hemos venido tomando medidas que han sido aplaudidas por el Fondo, en gran medida porque forman parte de un plan y de un programa que está pensado para los próximos 3 o 4 años”, afirmó Espinoza a la agencia EFE.

El ministro explicó que la validación del FMI no solo implica el acceso a los recursos, sino también el respaldo al plan económico que el Ejecutivo puso en marcha tras 15 años de un régimen cambiario fijo. Desde finales de junio, Bolivia adoptó un tipo de cambio flexible y eliminó la subvención de los combustibles, que rigió por más de dos décadas, además de reducir el gasto público, eliminar la financiación monetaria del déficit fiscal y ordenar el mercado cambiario.

La transición a un tipo de cambio único y flexible permitió que la cotización del dólar subiera progresivamente desde los 9,73 hasta los 11 bolivianos, cifra fijada este miércoles. El ajuste generó inquietud en sectores productivos, aunque Espinoza aseguró que la devaluación se situó entre el 10 y el 12%, lejos de las caídas más abruptas que experimentaron economías vecinas.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz señaló que “ya se han asumido acuerdos con el FMI” que se anunciarán de manera oficial en los próximos días, mientras que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó la participación del organismo como “indispensable” para reconducir la economía boliviana.

Espinoza precisó que el acuerdo prevé “desembolsos con cierta frecuencia del Fondo” y que el crédito de apoyo presupuestario “va a terminar quedándose en el Banco Central”, con el objetivo de lograr un nivel sostenible del déficit fiscal hasta 2029.

Las protestas sociales que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio impactaron el ritmo de recuperación. Bolivia comenzó el año con señales de mejora: entre enero y abril, el país registró un superávit fiscal cercano al 0,5% y una balanza comercial positiva superior a los USD 1.300 millones, impulsada por la minería. Sin embargo, los bloqueos y la demanda de renuncia del presidente Paz frenaron el descenso de la inflación, que en 2025 superó el 20%.

Como resultado, el Gobierno prevé para 2026 una contracción económica de entre el 0,7 y el 1% del PIB, una inflación que podría ubicarse alrededor del 9% y un déficit fiscal del mismo porcentaje.

(Con información de EFE y Reuters)

El magisterio nicaragüense perdió 1,686 plazas en apenas seis meses. Es el sector más golpeado por la purga silenciosa que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplica sobre el Estado, y que entre noviembre y mayo eliminó un total de 3,207 empleos públicos, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) publicadas por La Prensa de Nicaragua.

La planilla del Gobierno central pasó de 109,390 trabajadores en noviembre a 106,183 en mayo, el quinto mes del año. Solo en ese último mes, 369 servidores públicos perdieron su trabajo.

La orden viene de la Presidencia

La decisión de recortar el Estado no surgió de los ministerios: la tomaron directamente Ortega y Murillo. Desde agosto de 2024, la pareja que controla el régimen asumió el manejo directo de las plazas estatales.

El entonces titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Bruno Gallardo —quien fue removido del cargo posteriormente—, formalizó la medida con una circular: “No se pueden crear nuevas plazas que no cumplan con los procedimientos anteriores”. A partir del 7 de agosto de 2024, toda contratación requiere aprobación personal de Ortega.

El sector salud y la administración, también afectados

Después del magisterio, el área de salud acumuló la mayor pérdida: 850 trabajadores en el período, con una planilla que bajó de 21,249 a 20,399. Los servicios administrativos registraron 316 bajas, al pasar de 14,092 a 13,776 empleados.

Los cargos de dirección perdieron 29 plazas, mientras que el área técnico-científica registró apenas 43 salidas en seis meses y fue la única que obtuvo autorización del régimen para abrir nuevas posiciones: 12 contrataciones en mayo respecto a abril.

El área de producción presentó un comportamiento distinto: aunque se reportaron 53 despidos en el período, la planilla creció de 897 a 950 personas.

El FMI, detrás de los números

La “compactación estatal” anunciada en 2024 no fue solo una decisión política interna. El Fondo Monetario Internacional (FMI) la respaldó en su reporte Artículo IV de 2023, donde recomendó reducir los gastos corrientes —principalmente salarios, bienes y servicios— entre medio y tres cuartos de punto porcentual del PIB, equivalente a unos USD 300 millones.

El régimen también modificó las reglas de liquidación para reducir el costo de los despidos. En 2023 elevó a más de 20 años consecutivos la antigüedad mínima para que un empleado público reciba cinco salarios al renunciar, lo que dejó a la mayoría de los despedidos sin ese beneficio.

La caída acumulada desde 2021 es de 7,451 personas: ese año la planilla estatal alcanzó su máximo histórico de 113,634 trabajadores. El descenso ha sido sostenido y, según los datos del BCN recogidos por La Prensa, no muestra señales de detenerse.

El origen: el plan de “compactación” estatal

El punto de partida de la crisis de empleo público en Nicaragua es el 2 de agosto de 2024, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció un plan de “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños” del aparato estatal, justificado oficialmente como una medida para “promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.

Cinco días después, el 7 de agosto de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) congeló todas las plazas vacantes y suspendió las nuevas contrataciones en todos los poderes del Estado.

Desde ese momento, cualquier nueva contratación requiere autorización directa de la Presidencia de la República