Víctor Caballero, conocido como Curwen, le respondió este lunes 24 de agosto a Magaly Medina luego de que la conductora anunciara que ese mismo día emitiría un nuevo reportaje sobre el caso que involucra al comunicador, a Carla Campos Salazar y a Alonso Grimaldo.

La respuesta de Curwen llegó desde su programa ‘Brutalidad Política’ y tuvo dos registros: uno irónico, en el que cuestionó la coherencia de Medina al seguir dedicándole espacio en pantalla, y otro más directo, en el que volvió a aludir a la citación fiscal que, según él, la conductora tendría prevista para este martes 25 de agosto.

“Tengo entendido que hoy, lunes 24 de agosto, Magaly va a sacar otro reportaje con lo que ha salido, declaraciones en estos días, pero me parece raro. ¿No se suponía que yo no daba rating? ¿No se supone que soy un Willy? ¿Que soy un NN? ¿Que soy un pequeño payasito del Internet? ¿Por qué me dedican tantos programas? ¿Por qué me dedican tantos reportajes? Aquí hay algo raro”, afirmó Curwen ante su audiencia en ‘Brutalidad Política’.

La pregunta apunta directamente a una declaración que Magaly Medina hizo días antes, cuando aseguró que tratar el caso de Curwen le había bajado el rating a su programa.

“Ayer, por dedicarle tiempo a los que no son nada y que se creen mucho, bajó el rating, bajan mis cifras y ahí sí me araño”, afirmó la conductora en su momento, según reportaron medios de entretenimiento peruanos. Curwen tomó esa declaración y la devolvió como contradicción: si el tema no da rating, ¿por qué seguir con él?

La comparación que Curwen lanzó para relativizar el escándalo

El comunicador también intentó poner en perspectiva la cobertura que recibió su caso personal frente a otros temas de mayor peso político. “¿Me estás diciendo que lo que ha pasado en mi caso es mucho más importante que las juntas de la presidenta de la República con este empresario argentino?”, planteó en ‘Brutalidad Política’, con un tono que mezcla la queja con la ironía habitual de su programa.

La comparación busca instalar una lectura sobre las prioridades de la prensa de espectáculos, aunque también funciona como una forma de elevar su propio perfil: si su caso desplaza temas políticos de la agenda mediática, el argumento de que “no da rating” se debilita.

Medina, por su parte, había sido clara en su postura desde el inicio del cruce: “Las preguntas no son para mí, porque la que te adornó no soy yo”, afirmó en su programa, dirigiendo el foco hacia Campos-Salazar y restando importancia al conflicto con el comunicador. La conductora también negó tener investigaciones abiertas en su contra y sostuvo que, si fue citada, es únicamente en calidad de testigo: “Tengo todo limpio, no tengo nada que esconder”, declaró.

El guiño a la fiscalía: Curwen vuelve a comparar agendas del martes

El tramo más comentado de la aparición de Curwen en ‘Brutalidad Política’ fue el pasaje en el que comparó su propia agenda del martes 25 de agosto con la que, según él, tendría Medina ese mismo día.

El comunicador había señalado semanas atrás que la conductora estaría citada para declarar como testigo en una investigación fiscal vinculada a la suspendida presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal Larrosa Sánchez, en el marco de la carpeta fiscal 364-2024 de la Segunda Fiscalía Suprema.

“Mañana, quien les habla, a las nueve de la mañana va a estar en su camita durmiendo como un bebé, tranquilito, durmiendo con mi bebito Fiu Fiu, mi perro. Otras personas, seguramente mañana, van a tener que acudir a la fiscalía. Nerviosas, con miedo. Pero yo mañana en mi camita durmiendo como un bebé”, afirmó Curwen, con el estilo sarcástico que caracteriza a ‘Brutalidad Política’.

El comunicador fue cuidadoso en no formular acusaciones directas, como lo hizo también cuando lanzó su lista de preguntas para Medina días atrás. En aquella ocasión, repitió en varias oportunidades que sus afirmaciones eran preguntas, no cargos. Esta vez mantuvo la misma lógica: la comparación de agendas funciona como insinuación, pero sin afirmación explícita.

El avance de ‘Magaly TV: La Firme’ del lunes 24 de agosto anticipaba un nuevo reportaje sobre el caso, con imágenes del descargo de Campos Salazar y declaraciones de Grimaldo, quien en la entrevista con Cardio Social aseguró: “No soy gay, pero quedé clarísimo”.

La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima consiguió que dos barras de oro pasen a favor del Estado, luego de una investigación patrimonial que vinculó ambos bienes con presuntas actividades de minería ilegal. El valor conjunto de los lingotes fue estimado en aproximadamente S/ 1 635 496.

La medida se produjo mediante una demanda de extinción de dominio, mecanismo que permite al Estado recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas cuando existen elementos que sustentan su procedencia o utilización ilegal. En este caso, la investigación fiscal se centró en el origen de dos lingotes que estuvieron bajo propiedad de la empresa Reginub E. I. R. L.

De acuerdo con las indagaciones fiscales, los bienes estuvieron vinculados a dicha persona jurídica entre febrero de 2020 y julio de 2021. La Fiscalía especializada sostuvo que los lingotes presentaban una relación con el delito de lavado de activos, en la modalidad de ocultamiento o tenencia de bienes de origen ilícito.

El caso también puso el foco en la capacidad económica de la empresa para justificar la adquisición de los metales. Según la Fiscalía, Reginub E. I. R. L. no contaba con los recursos, financiamiento o provisión externa de fondos suficientes para desarrollar operaciones mineras capaces de generar las utilidades declaradas.

Dos lingotes bajo investigación patrimonial

Uno de los lingotes recuperados tiene un peso de 5.25 kilogramos y fue valorizado en USD 228 847.50. La segunda barra registra un peso de 5.95 kilogramos y su valor fue estimado en USD 259 360.50.

La Fiscalía de Extinción de Dominio vinculó ambos bienes con un mismo origen presuntamente ilícito: actividades relacionadas con la minería ilegal. La investigación buscó establecer si existía correspondencia entre los bienes y la capacidad financiera de la empresa que figuró como propietaria.

El análisis fiscal determinó que la persona jurídica no disponía de medios económicos suficientes para sustentar las operaciones necesarias para obtener los beneficios declarados. Este elemento formó parte de los fundamentos utilizados para solicitar la recuperación de los lingotes a favor del Estado.

Fiscalía señala falta de respaldo económico

Las diligencias también examinaron el financiamiento disponible para la empresa. Según la Fiscalía, Reginub E. I. R. L. carecía de recursos propios o de respaldo externo que permitiera justificar una actividad minera con la capacidad necesaria para explicar el incremento patrimonial asociado a los bienes.

La ausencia de una capacidad económica compatible con el valor de las barras fue considerada dentro de la investigación patrimonial. El procedimiento no se limitó a determinar la titularidad de los lingotes, sino que examinó la relación entre su adquisición, el patrimonio de la empresa y el supuesto origen de los recursos.

La actuación corresponde a las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, cuya intervención se orienta a identificar y afectar bienes relacionados con actividades ilícitas, de acuerdo con las competencias de esta especialidad.

El oro mantiene un peso relevante en las exportaciones

El caso fiscal ocurre en un periodo de fuerte crecimiento de las exportaciones auríferas del Perú. Según la última edición del Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y mayo de 2026 los envíos de oro alcanzaron US$ 13.241 millones, cifra que representó un aumento de 67% frente a los US$ 7.930 millones del mismo periodo de 2025.

Solo en mayo, las exportaciones de oro llegaron a US$ 2.487 millones. El monto superó en 54,6% el registro de US$ 1.609 millones correspondiente a mayo del año previo. El Minem atribuyó este comportamiento principalmente al incremento de la cotización internacional del metal.

El precio del oro aumentó 39,4% durante mayo, mientras que el volumen exportado registró un crecimiento de 10,9%. Las condiciones del mercado internacional, junto con las expectativas sobre las principales economías y las políticas monetarias, influyeron en la demanda del metal como activo de refugio.

La decisión, adoptada el lunes 24 de agosto de 2026, incluye a Max Marvin Abadi, David Max Abadi, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López, Malaquilla Bismar y Merlín Roxana Mendoza.

Según el despacho judicial, no se alcanzó el estándar requerido para imponer una medida privativa de la libertad, por lo que los procesados continuarán vinculados al proceso, pero podrán defenderse en libertad mientras avanza la investigación.

La Fiscalía General de la Nación expuso en audiencia que, desde 2013, una supuesta estructura criminal transnacional habría operado en Colombia y Panamá mediante empresas fachada y sociedades comerciales.

Esta red, según la hipótesis del ente acusador, habría utilizado dichos vehículos empresariales para introducir mercancías a territorio nacional y ocultar el origen de los recursos obtenidos en operaciones de comercio exterior. La fiscal delegada sostuvo que el monto del presunto lavado ascendería a $730.000 millones y que los investigados se habrían enriquecido con $430.000 millones.

Durante la diligencia, el juez cuestionó la sustentación presentada por la Fiscalía, señalando que los argumentos no permitieron identificar de manera clara y concreta la conducta atribuida individualmente a cada uno de los procesados.

En el acta de la audiencia se lee: “El reproche puntual del juzgado recae sobre la deficiente sustentación realizada por la Fiscalía en esta audiencia puntualmente”.

Además, indicó que no se especificó, respecto de cada persona y cada delito, qué elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida respaldaba cada hecho jurídicamente relevante ni cómo esos elementos permitían inferir participación dolosa.

Entre los reparos planteados, el despacho judicial señaló la presentación de actas, poderes y trámites por parte de la Fiscalía, sin indicar el acto fraudulento, su contenido o la participación concreta de los implicados. Se mencionó que “el ejercicio de funciones jurídicas y de representación es neutral mientras no se demuestre el acto concreto, su sentido ilícito y el conocimiento en tal sentido”.

El análisis judicial también abarcó los argumentos vinculados a conversaciones bancarias presentadas por la Fiscalía. El juez consideró que las conversaciones no fueron asociadas de manera suficiente con una transacción criminal determinada.

En la audiencia, se indicó que los intercambios hacían referencia a actividades propias de tesorería, negociación de divisas, reintegros, apertura de cuentas y trámites de aprobaciones bancarias, pero no permitieron identificar “el contrato, la factura, la declaración de cambio, el origen del dinero” ni otro elemento que determinara el carácter ilícito de las operaciones.

En el caso de Jonnatan Villamil Soler, el despacho comparó sus cargos societarios con los ingresos de nómina, pero concluyó que la diferencia patrimonial observada puede justificar una investigación sobre el origen de los aportes, sin que esto demuestre automáticamente un conocimiento consciente de una conducta delictiva o la procedencia ilícita de los recursos.

Se estableció que no se aportó “el documento de aporte, su fuente, una instrucción recibida, una importación que hubiera gestionado ni un acto de administración sobre los presuntos bienes y operaciones ilícitas”.

El juez enfatizó que la Fiscalía mantuvo una exposición general, sin superar el estándar mínimo de inferencia razonable de autoría, coautoría o participación integral exigido para la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Durante la audiencia, ninguno de los señalados aceptó los cargos. La decisión del juez no implica el cierre del caso, ya que los ocho empresarios y socios deberán continuar vinculados al proceso y responder por los delitos que les atribuye la Fiscalía.

En este mismo proceso, otro juez de control de garantías sí impuso medida de aseguramiento contra Walter Martínez, por su presunta vinculación con los hechos investigados.

El asistente fiscal federal Andrew Haden fue encontrado muerto el miércoles por la noche dentro de una oficina del edificio federal Edward J. Schwartz, en San Diego, en un caso que por ahora las autoridades mantienen bajo investigación.

La noticia sacudió al ámbito judicial del sur de California, donde Haden era una figura conocida por su trayectoria en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California y por haber ocupado en dos ocasiones el cargo de fiscal federal interino.

De acuerdo con lo publicado por Los Angeles Times, la policía de San Diego recibió un aviso por la desaparición de un hombre a última hora del miércoles. Poco después, agentes localizaron a Haden sin vida en una oficina del inmueble situado en 880 Front Street, dirección que corresponde al edificio federal del centro de la ciudad y que alberga la sede de la fiscalía federal.

La portavoz del Departamento de Policía de San Diego, Ashley Nicholes, afirmó que los investigadores acudieron al lugar “por precaución” y que no había indicios de intervención de terceros. La funcionaria además aseguró que la causa y la forma de la muerte quedarán determinadas por la oficina del médico forense.

Qué dijeron las autoridades y el entorno judicial

La muerte de Haden, de 48 años, provocó una inmediata reacción dentro de la comunidad jurídica local. The San Diego Union-Tribune informó que el fiscal federal del distrito, Adam Gordon, comunicó la noticia al personal de la oficina.

“Este es uno de los días más oscuros en la historia de nuestra oficina, pero no había nada oscuro en la vida de Andrew Haden”, expresó Gordon, tal y como recogió The San Diego Union-Tribune. En esa misma declaración lo describió como “una luz para los demás, lleno de humor, amistad, integridad y un compromiso inquebrantable con el servicio a la comunidad”.

Ese mismo medio añadió que Gordon reunió al personal, ofreció asistencia psicológica y dispuso el cierre de la oficina durante dos días para permitir que los empleados atravesaran el duelo. También comunicó a los tribunales que el organismo intentaría reducir al mínimo sus presentaciones judiciales durante esas jornadas.

La repercusión se extendió más allá de la fiscalía. La jueza principal del Distrito Sur de California, Cynthia Bashant, sostuvo ante The San Diego Union-Tribune que la tragedia representaba una pérdida para la familia de Haden, para el tribunal y para toda la comunidad legal. A su vez, abogados defensores que habían compartido causas con él remarcaron su prestigio profesional, su trato respetuoso y su sentido del humor.

La trayectoria de Andrew Haden en la fiscalía federal

Según detalló Los Angeles Times, Andrew Haden trabajaba en la fiscalía federal desde 2010 y había asumido en dos oportunidades como titular interino del organismo durante etapas de transición. La primera fue en 2023, tras la salida del entonces fiscal federal Randy Grossman. La segunda ocurrió en 2025, en otro recambio de conducción.

Antes de esas funciones, Haden había ocupado varios puestos de liderazgo dentro de la oficina. Entre ellos figuraban el cargo de primer asistente, equivalente al segundo escalón de mando, además de responsabilidades al frente de áreas vinculadas con delitos violentos, trata de personas y la división criminal.

The San Diego Union-Tribune señaló que, tras la llegada de Gordon en abril de 2025, Haden dejó de integrar la cúpula jerárquica y pasó a desempeñarse en la división de apelaciones. Aun así, seguía siendo una figura reconocida dentro de la estructura federal local por sus años de servicio y por su presencia en causas de alto perfil.

Su perfil personal y el estado de la investigación

Nacido y criado en San Diego, Haden estudió en University City High School, obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en Stanford University y más tarde completó sus estudios de Derecho en la University of San Diego, siempre de acuerdo con la reconstrucción publicada por Los Angeles Times. Antes de incorporarse al Ministerio Público, sirvió durante cinco años como oficial de la Marina de Estados Unidos y realizó dos despliegues en el exterior.

A lo largo de su carrera recibió varias distinciones. Entre ellas sobresalen un premio por desempeño superior en funciones de liderazgo otorgado en 2020 por la oficina ejecutiva de fiscales federales y el reconocimiento Peter J. Mazza al abogado federal destacado en 2024.

En cuanto a las circunstancias de la muerte, The San Diego Union-Tribune indicó que una fuente interiorizada del caso dijo que se sospecha que Haden se quitó la vida, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente por las autoridades. Hasta el momento, la policía sostuvo que no sospecha de un crimen y el médico forense será quien determine de manera formal la causa y la forma de la muerte.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

La conductora aprovechó varios minutos de su programa para cuestionar las afirmaciones de Curwen y exigir que cualquier señalamiento sea sustentado con pruebas. Magaly sostuvo que no le afectan las declaraciones que puedan hacerse sobre ella, pero sí consideró necesario aclarar la información para evitar que su público sea confundido.

Magaly Medina exige pruebas antes de acusarla

Magaly Medina comenzó su respuesta con un pedido directo a quienes realizan acusaciones públicas: presentar pruebas.

“Lo único que pido es, ay, cuando hay que hablar, hay que hablar con pruebas. Si vas a acusar a alguien, acusa con pruebas, como lo que hacemos en este programa, con pruebas”, manifestó.

La periodista señaló que, si determinadas pruebas o contenidos no son del agrado de una persona, la reacción no debería consistir en atacar indiscriminadamente a otras personas.

“Si las pruebas no te gustan, no te vayas contra todo el mundo. Vete contra aquella persona que te hizo ese daño, que te rompió el corazón, que te desilusionó”, agregó.

En ese contexto, Magaly se refirió directamente a Curwen y aseguró que le resulta llamativo que haya dirigido sus críticas hacia ella.

“A mí realmente me da mucha penita ver a Curwen tratar de enfilar toda su artillería contra mí, porque realmente a mí no me llega ni me hace daño lo que él pueda decir, las mentiras que él pueda contar”, sostuvo.

La conductora consideró que las circunstancias personales por las que estaría atravesando el comunicador podrían explicar, desde su perspectiva, su actitud frente a otras personas.

Magaly se refiere al conflicto sentimental de Curwen

Durante su pronunciamiento, Magaly Medina hizo referencia al conocido conflicto sentimental que involucra a Curwen y a su expareja. La periodista afirmó entender el dolor que podría estar atravesando y cuestionó que este sea canalizado mediante ataques contra otras personas.

“Entiendo que es una persona que debe estar por dentro sufriendo a mares la vergüenza, la humillación, el que lo hagan cachudo”, comentó.

Magaly también hizo referencia a la relación que el comunicador habría mantenido con una mujer a quien, según sus palabras, habría valorado y en quien habría depositado su confianza.

“El que haya confiado en una mujercita que lo valoró poco o nada, que lo basureó de la peor manera”, señaló.

La conductora continuó con su crítica y utilizó un tono irónico para describir la situación sentimental que, según su versión, habría provocado el malestar de Curwen.

“O sea, que te validen, ¿por qué? Porque las mandas de viaje a Argentina, porque no sé, les da cierto estatus, pero realmente para chapar, chapar, para vacilarte, vacilarte, te vas con otro, ¿no?”, expresó.

Magaly afirmó que comprende que una persona pueda reaccionar desde el dolor, aunque cuestionó que ese sufrimiento termine convirtiéndose en ataques contra terceros.

“Yo entiendo, entiendo ese sufrimiento y que, bueno, tenga que enfrentar su dolor de esa manera, chancando a quien sea que pase delante de él”, manifestó.

Magaly: “A mí no me gustan las mentiras”

Más allá de las diferencias personales, la conductora aseguró que existe un punto que no está dispuesta a tolerar: las afirmaciones que considera falsas.

“Hay una cosa que sí a mí no me gusta y son las mentiras”, afirmó.

Magaly sostuvo que el dolor o una decepción sentimental no justifican que una persona difunda información que no sea cierta.

“No importa cuánto dolor puedas tener en el corazón, no importa si estés partido en dos de desilusión por la mujer que amaste, que veneraste, a la que le creíste todo lo que te dijo”, expresó.

La periodista incluso utilizó una expresión coloquial para referirse a alguien que pudo haber confiado demasiado en una persona.

“No, no importa qué tan Gilberto hayas sido creyéndole a una mujer. Acá no se debe de mentir”, sentenció.

Para Magaly, además, existe una responsabilidad con quienes siguen su programa y confían en la información que presenta.

“Y hay una cosa que mi público merece y es respeto”, sostuvo.

Magaly niega tener una carpeta fiscal en su contra

Fue entonces cuando la conductora realizó la aclaración central de su pronunciamiento. Magaly negó de manera categórica que exista una carpeta fiscal de investigación contra ella.

“Yo no estoy, no tengo ninguna carpeta fiscal de investigación, ninguna”, afirmó.

La periodista explicó que su presencia ante la Fiscalía se debe exclusivamente a una citación como testigo dentro de un caso relacionado con una jueza superior.

“He sido citada como un testigo en un caso contra una jueza superior”, precisó.

Magaly cuestionó que se pretenda presentar su citación como si ella fuera la persona investigada y sostuvo que existe una diferencia importante entre ser parte de una investigación y acudir como testigo.

La conductora también lanzó duras críticas contra quienes, según ella, estarían utilizando información de este tipo para generar confusión.

“Porque esta fiscalía, hay que decirle al público, no, lo que pasa que estos caviares están acostumbrados a la mentira y a tirar barro, y así no es”, manifestó.

Luego enfatizó su rechazo a lo que considera un juego político.

“El juego sucio no me gusta. Además, no me metan en sus cochinadas políticas. Eso lo dejo para ustedes”, afirmó.

Magaly aseguró que prefiere mantenerse al margen de las disputas políticas y concentrarse en su trabajo televisivo.

Magaly defiende sus casi 30 años en televisión

Durante su respuesta, la conductora también reivindicó su trayectoria profesional y aseguró que se siente satisfecha con el trabajo que ha realizado durante décadas.

“Yo no, esto es lo mío, chicos. Esto no les gusta, les parece de último nivel, no importa. Yo soy feliz haciéndolo”, manifestó.

Magaly recordó que próximamente cumplirá 30 años de trayectoria realizando este tipo de trabajo frente a las cámaras.

“El próximo año celebro treinta años haciéndolo. Treinta años, chicos”, destacó.

La periodista también lanzó un mensaje a quienes cuestionan su estilo de trabajo y aseguró que espera que algunos de sus críticos puedan mantenerse en actividad el tiempo suficiente para alcanzar una trayectoria similar.

“Ojalá ustedes, alguno de ustedes sobreviva lo suficiente para algún día celebrar como yo treinta años con el cariño y el respeto del público”, expresó.

Magaly explica por qué fue citada por la Fiscalía

La conductora volvió luego al punto central de su aclaración y explicó que la Fiscalía que la citó no está investigándola como ciudadana.

“Pero, por si acaso, esa fiscalía, la que me ha citado como testigo, no investiga ciudadanas comunes y mortales como Magaly Medina”, indicó.

Según explicó, se trata de una investigación vinculada a magistrados.

“No, no, no. Solo jueces supremos y jueces superiores. Yo voy como testigo”, reiteró.

Magaly también señaló que no conoce el contenido de la carpeta fiscal porque no forma parte de la investigación.

“¿Qué cosa tiene esa carpeta fiscal? Yo no lo sé, porque eso es una investigación que a mí no me compete, que no formo parte de esa investigación”, explicó.

Además, precisó que se trata de información que no puede ser divulgada libremente debido al carácter reservado de las investigaciones.

“Y además, son investigaciones totalmente selladas. Son investigaciones totalmente confidenciales. No me compete a mí hablar para nada”, manifestó.

Magaly acusa desinformación y defiende el trabajo de su programa

La periodista explicó que su aclaración tenía como objetivo evitar que las personas interpreten de manera equivocada su citación.

“Pero solo hago esta pequeña aclaración para que la ignorancia de algunos o la desinformación, que quieran hacer que la gente diga y hable, que quieran hacer su propia cortina de humo mintiendo, mintiendo y mintiendo, no los confunda”, sostuvo.

Magaly insistió en que decidió responder porque considera que su público merece conocer su versión directamente y no a partir de interpretaciones de terceros.

“No, no, no. Acá yo salgo al frente y digo la verdad”, enfatizó.

La conductora recordó que a lo largo de su carrera ha enfrentado diferentes intentos por cuestionar su trabajo y su manera de informar.

“Toda la vida lo han querido”, afirmó.

Finalmente, Magaly volvió a defender la esencia de su programa y aseguró que sus ampays no tienen una orientación política.

“Y como vuelvo a decir, el Ampay no tiene color político, el Ampay es lo más democrático que existe”, manifestó.

Costa Rica reforzó esta semana su cooperación con Estados Unidos para combatir las estructuras internacionales dedicadas al narcotráfico, en medio de reuniones de alto nivel desarrolladas en Buenos Aires, Argentina, en las que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reconoció el trabajo efectuado tanto por el Ministerio Público como por la Policía de Control de Drogas (PCD).

Los encuentros se produjeron durante la 40.ª reunión de la IDEC XL, una conferencia internacional para el control de drogas que congrega a representantes de organismos policiales, autoridades gubernamentales y especialistas en fiscalización de estupefacientes de más de 130 países.

Uno de los principales protagonistas de la agenda fue el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, quien mantuvo dos reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses para definir nuevas líneas de colaboración en áreas como narcotráfico, investigación criminal y posibles actos de corrupción relacionados con funcionarios públicos.

Previo al inicio de las actividades, Díaz sostuvo un encuentro con el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, acompañado por funcionarios de la agencia estadounidense destacados en Costa Rica y Centroamérica.

Durante la reunión, ambas delegaciones analizaron las principales amenazas asociadas con el tráfico internacional de drogas y acordaron establecer nuevas líneas de cooperación y apoyo para fortalecer las investigaciones y la capacidad de respuesta de ambos países.

Cole también entregó al fiscal general una distinción por la labor desarrollada por las autoridades costarricenses.

“En reconocimiento a nuestros socios costarricenses por su inquebrantable colaboración con la DEA en la lucha contra el narcotráfico. Su firme compromiso con la seguridad fortalece la profunda amistad entre nuestras naciones”, señala el reconocimiento otorgado a Díaz y firmado por el administrador de la agencia antidrogas estadounidense.

Casos de detenidos en altamar forman parte de la agenda

Díaz también sostuvo una segunda reunión con Jeff Randall, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, con quien conversó sobre mecanismos de coordinación internacional y las necesidades de Costa Rica para incrementar sus capacidades de investigación contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Uno de los puntos abordados fue el tratamiento judicial de personas detenidas en altamar por autoridades estadounidenses.

El fiscal general aseguró que, cuando las condiciones del caso y el ordenamiento jurídico costarricense lo permiten, estos expedientes son tramitados mediante el procedimiento expedito de flagrancia, con la intención de acelerar la respuesta judicial.

“La lucha contra el narcotráfico no puede entender de fronteras. Costa Rica necesita fortalecer permanentemente sus capacidades investigativas, pero también requiere aliados estratégicos que permitan enfrentar a estas organizaciones donde quiera que operen”, afirmó Díaz.

El jerarca agregó que “nuestra responsabilidad es que esa cooperación internacional se traduzca en investigaciones sólidas y en respuestas judiciales oportunas”.

Según la información divulgada por el Ministerio Público, Randall reconoció el modelo costarricense de respuesta y señaló que la experiencia del país está siendo utilizada como referencia para otras naciones, especialmente en lo relativo a la articulación de mecanismos de cooperación internacional y la respuesta judicial frente a investigaciones vinculadas con narcotráfico.

Fiscalía apunta ahora a corrupción vinculada con organizaciones criminales

El Ministerio Público aseguró que durante los encuentros también se revisaron los compromisos establecidos por Costa Rica desde 2024 y los avances alcanzados durante los últimos dos años.

Según Díaz, varios de aquellos objetivos ya fueron cumplidos, por lo que actualmente se trabaja en una segunda etapa orientada a profundizar el intercambio de información, fortalecer las capacidades investigativas y atacar posibles redes de corrupción que faciliten las operaciones de organizaciones criminales.

“Los resultados que hoy presentamos son producto de un trabajo sostenido y de una cooperación internacional que ha permitido convertir objetivos planteados en el 2024 en resultados concretos”, señaló el fiscal.

Díaz agregó que “el desafío ahora es ir más allá: fortalecer nuestras capacidades, profundizar el intercambio de información y seguir golpeando las estructuras criminales y la corrupción que pueda facilitar sus operaciones”.

Durante su participación en Argentina, el fiscal general también sostuvo reuniones de cooperación con sus homólogos de Panamá, Honduras y Guatemala.

DEA también reconoce a la Policía de Control de Drogas

El reconocimiento estadounidense no se limitó al Ministerio Público. La DEA también distinguió a la Policía de Control de Drogas de Costa Rica por su colaboración en investigaciones relacionadas con narcotráfico y por operaciones que permitieron decomisos de cocaína y capturas de personas vinculadas con organizaciones criminales.

La distinción fue recibida por el director de la PCD, Stephen Madden, también de manos de Terrance Cole, durante la conferencia desarrollada en Argentina.

La DEA calificó a la Policía de Control de Drogas como un “socio estratégico en la región” para enfrentar al crimen organizado transnacional.

La participación de Madden en el encuentro internacional también permitió establecer contactos con representantes de organismos policiales y autoridades antidrogas de otras naciones.

La conferencia tiene precisamente entre sus objetivos que los países participantes analicen los principales desafíos del narcotráfico internacional y logren priorizar, seleccionar y acordar objetivos comunes para investigaciones y operaciones.

Para las autoridades costarricenses, la participación en este tipo de espacios busca además fortalecer las capacidades operativas de la PCD, consolidar los mecanismos de cooperación existentes y aumentar el intercambio de información estratégica con agencias extranjeras.

Las reuniones y reconocimientos se producen en momentos en que las autoridades costarricenses buscan aumentar la coordinación internacional frente a organizaciones que operan simultáneamente en distintos países y utilizan rutas marítimas y terrestres para el traslado de drogas.

Tanto el Ministerio Público como la PCD sostienen que la cooperación con agencias extranjeras será una de las herramientas centrales para investigar esas estructuras, identificar a sus integrantes y llevar los casos ante los tribunales costarricenses.

En la comunicación, el equipo jurídico indicó que estas sentencias representan un avance en la determinación de responsabilidades en el caso, a pesar de que persisten desafíos en la identificación de los autores intelectuales y financiadores.

Según el comunicado, la familia de Miguel Uribe Turbay reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y la independencia demostrada por la jueza durante el proceso judicial. No obstante, los representantes legales de la familia insisten en que el juzgamiento de los ejecutores es apenas el primer paso para esclarecer la totalidad de los responsables del crimen, incluyendo a quienes financiaron o determinaron el magnicidio.

No obstante, en ese mismo mensaje, los abogados expresaron preocupación por la información conocida recientemente sobre un posible contacto identificado como “escolta del senador” en el teléfono de un integrante de la estructura criminal, al parecer, uno de los condenados.

Por ende, sugirieron una posible existencia de filtraciones que habrían permitido el acceso a información sensible “sobre los movimientos y el entorno de Miguel Uribe Turbay”.

Sin arrojarse a conclusiones, el equipo defensor puntualizó que estos datos aún están bajo verificación y no permiten atribuir responsabilidades ni afirmar la participación de integrantes del esquema de seguridad del senador.

Sin embargo, advirtieron, en cuanto a estos elementos, que “su gravedad exige actuar bajo un criterio de prevención y máxima protección”.

Mayores medidas de protección para la familia de Miguel Uribe Turbay

En este mismo contexto, desde Victor Mosquera Marín Abogados pidieron , y de manera enfática, al Gobierno nacional, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional que adopten medidas inmediatas para salvaguardar la vida e integridad de los familiares de Miguel Uribe Turbay.

“El Estado no puede esperar a que una amenaza se materialice para actuar”, se leyó en la comunicación.

La familia aseguró que, como representantes de las víctimas, continuarán impulsando acciones para lograr el esclarecimiento integral del magnicidio y la protección plena de sus derechos.

El pronunciamiento, además, exige el esclarecimiento total de la verdad y justicia, así como la garantía de las condiciones de seguridad para quienes han resultado afectados por este crimen.

Los preacuerdos de Jhorman David Mora Silva y Cristian Camilo González Ardila con la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación confirmó el 20 de agosto de 2026 que las condenas contra Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, y Cristian Camilo González Ardila procedieron a que ambos procesados admitieron responsabilidad en distintos actos ejecutados antes y después del ataque armado.

Según el ente de control, la investigación adelantada por fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá determinó que Mora Silva contactó al joven que disparó contra Uribe Turbay y sostuvo una videollamada el día del crimen con otros involucrados, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, para coordinar el proceder criminal. El menor de edad recibió instrucciones precisas durante esa comunicación.

Por su parte, González Ardila se comprometió a recoger en motocicleta al adolescente que ejecutó el atentado, con el objetivo de facilitar su huida. Recibió una transferencia de dinero para cubrir el combustible y desplazarse hasta el punto acordado, aunque el joven fue interceptado por el esquema de protección del exsenador antes de concretar el plan de escape.

De la misma manera, la Fiscalía informó que una juez penal especializada avaló el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía y dictó sentencia: Mora Silva recibió una condena de 15 años y 8 meses de prisión, mientras que González Ardila deberá cumplir 11 años y 7 meses de prisión, de acuerdo con su nivel de participación en los delitos de homicidio agravado, fabricación y porte ilegal de armas, concierto para delinquir agravado y uso de menores en la comisión de delitos.

De acuerdo con la Fiscalía, ya son siete las condenas en firme por el magnicidio de Uribe Turbay.

Familiares de peruanos que viajaron a Rusia por presuntas ofertas laborales falsas protestaron este martes en Lima para exigir avances en la investigación fiscal y acelerar el retorno de sus parientes. Denuncian reclutamiento con engaños y afirman que no reciben información actualizada sobre su paradero y estado de salud.

Los deudos pidieron una reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para reclamar celeridad en el caso y acciones concretas contra los responsables del reclutamiento. “Nosotros pusimos nuestra denuncia para que la Fiscalía a fines de marzo haga algo, abra investigación. Hasta el día de hoy no han llamado a nadie”, relató una mujer, que indicó que su esposo viajó con engaños.

Esa familiar precisó que su última comunicación con su pareja fue el pasado 6 de mayo, y que desde entonces no tiene información nueva sobre su situación. En la protesta, los asistentes también solicitaron que el Estado acelere los trámites para el retorno de nuestros familiares que quieren salir del país europeo.

Según RPP, otra pariente sostuvo que varios de los connacionales se encuentran heridos y hospitalizados, y que algunos han sufrido amputaciones. “Ya queremos que les den de baja, que los traigan de vuelta. Así como a los desaparecidos, nos tienen que dar información. Son más de 100 desaparecidos y no nos dicen dónde están”, afirmó.

Los desaparecidos y la falta de información

La Cancillería informó que son 114 los peruanos desaparecidos en el país europeo, según señalaron los familiares durante la manifestación. Los asistentes recalcaron que la falta de datos actualizados mantiene a las familias sin certezas sobre el paradero y estado de salud de sus allegados.

Los familiares también informaron que, tras tres meses de pedir una reunión con la autoridad máxima del Ministerio de Relaciones Exteriores sin éxito, fueron recibidos por el canciller Carlos Espá. “La anterior gestión no nos ha recibido y en diez días nos ha recibido Carlos Espá. Su compromiso ha sido un manejo más directo con el país de Rusia, con el embajador también acá, porque necesitamos información día a día e información actualizada”, indicó una pariente.

Pese a ese encuentro, dijeron que no tienen una fecha para el regreso de sus familiares al Perú. Tras la protesta ante la Fiscalía, anunciaron que se trasladarían a la Cancillería para reiterar su pedido de información y repatriación.

Rusia admite que reclutó peruanos para que vayan al frente de guerra

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, un total de 459 connacionales se habrían sumado a la Operación Militar Especial, como denomina Moscú a su ofensiva en Ucrania, y al menos tres han sido capturados por las fuerzas ucranianas.

Esta situación ha generado preocupación en Lima y ha llevado a la Cancillería peruana a sostener reuniones informativas con las familias afectadas, así como a enviar delegaciones especiales a Moscú para gestionar la repatriación de algunos ciudadanos y exigir información transparente sobre la ubicación y el estado de los involucrados.

En medio de denuncias por reclutamiento irregular y posibles engaños, laEmbajada de Rusia en Perúdifundió un comunicado oficial el 15 de agosto de 2026, en el que sostiene que mantiene contacto permanente con las autoridades peruanas y que ha gestionado encuentros con familiares de los ciudadanos involucrados. La delegación diplomática señala que ha respondido a todas las solicitudes oficiales de información provenientes tanto de la Cancillería en Lima como de la Embajada del Perú en Moscú.

El comunicado de la embajada rusa responde directamente a versiones difundidas en Perú sobre la supuesta existencia de redes que habrían engañado o coaccionado a ciudadanos para ser enviados a Rusia, donde habrían sido forzados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa.

Moscú rechaza estas acusaciones y afirma que “todos los que firmaron dichos contratos eran capaces y conscientes de las disposiciones del documento, de las condiciones del servicio militar y de los riesgos asociados, así como de los derechos y deberes de las partes”.

La fiscalía apeló este miércoles el sobreseimiento de la modelo Sofía Clerici en la causa por el “Yategate”, donde era investigada por presunto lavado de dinero junto al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y advirtió que la decisión de desvincularla fue “prematura y arbitraria”.

Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco presentaron la apelación ante el nuevo juez del caso, Juan Tomás Rodríguez Ponte, y será resuelta por la Cámara Federal de La Plata. Se cuestionó, entre otros puntos, que el anterior magistrado que subrogó el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, Luis Armella, haya desvinculado a Clerici un día antes del cambio.

Medidas de prueba que faltan

La decisión de sobreseer a la modelo en base al resultado de un peritaje contable fue prematura y arbitraria, explicaron los fiscales, y se tomó sin “efectuar una investigación suficiente ni agotar las medidas de prueba útiles”, según el texto al que tuvo acceso Infobae.

Se trata de una decisión que cerró la causa penal para la modelo cuyas imágenes en el yate “Bandido”, junto a Insaurralde en Marbella, dieron origen a la imputación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se investiga en Lomas de Zamora.

Armella sobreseyó a Clerici a partir de un peritaje contable que determinó que no existen pruebas que conecten el patrimonio de la mujer con las actividades económicas o los fondos de Insaurralde, con quien realizó el viaje a Marbella, España, en septiembre de 2023.

La fiscalía se había opuesto y ahora reclamó que se revoque esa decisión. “La resolución cuestionada se aparta de las constancias de la causa al tener por descartada la relación de las inconsistencias que presenta el patrimonio de Clerici con el delito de lavado de dinero y la conducta que aquí se investiga de Martín Insaurralde”.

“Es indudable que para poder sostener que los bienes hallados en poder de ella tienen o no relación con la conducta de Martin Insaurralde, es necesario profundizar la investigación”, agregó la apelación.

Los fiscales remarcaron que no se ordenaron pruebas para determinar si es verdad que Clerici obtuvo su dinero con ingresos como modelo o acompañante de viajes, tal como argumentó en su defensa. Pidieron revocar el sobreseimiento y ordenar cruces de llamada entrantes y salientes de la modelo y otros imputados, también medidas sobre viajes al exterior y la forma en que obtuvo su patrimonio.

El sobreseimiento se dictó sobre “la premisa de que la vinculación entre Clerici e Insaurralde se limitó a ‘la relación personal que los habría unido y del viaje realizado a la ciudad de Marbella’, presentándola como un vínculo ocasional o reciente”, criticaron.

Sin embargo, “omite por completo ponderar—ni siquiera mencionar—la circunstancia puesta de resalto por este Ministerio Público Fiscal en su dictamen, según la cual los registros de ingreso al barrio Fincas de San Vicente acreditan que la relación entre ambos data de tiempo antes al viaje a Marbella en septiembre de 2023″.

Insaurralde tiene una casa en ese barrio privado, donde convivió durante su matrimonio con Jésica Cirio. Según un peritaje de la Policía Federal, allí se filmaron imágenes que mostraron fajos de miles de dólares escondidos en un vestidor del ex funcionario.

Las fotos del yate Bandido

La causa judicial comenzó luego de que la modelo publicara fotos en redes sociales a bordo del yate “El Bandido”. Clerici fue allanada en su casa del barrio cerrado Los Lagos, en Nordelta, donde le incautaron la suma de 569.911 dólares en efectivo y artículos de lujo.

Armella ordenó enviar a los tribunales de San Isidro las actuaciones correspondientes a sus inconsistencias financieras particulares, para que se investiguen de forma independiente en una nueva causa. Esta última decisión fue a su vez apelada por la defensa de la modelo.

El presidente Abelardo De la Espriella en compañía del vicepresidente José Manuel Restrepo entregó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría un documento titulado ‘Libro de la verdad’, compuesto por 135 páginas que reúnen 82 denuncias de presunta corrupción durante el periodo de Gustavo Petro.

Entre los hallazgos, el informe, el presidente y el vicepresidente señalaron las alertas principales que ponen en evidencia riesgos en la gestión pública y en la administración de los recursos estatales.

1. Baja ejecución presupuestal en la Ungrd

El informe indica que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) solo ejecutó el 4,3% de los $15,3 billones asignados durante la administración anterior.

Además, advirtieron sobre la falta de reintegro de $240.766 millones de pesos vinculados al caso de los carrotanques en La Guajira.

2. Resultados limitados en contratos para La Guajira

Entre 2022 y julio de 2026, se suscribieron 1.085 contratos por un valor de 11,78 billones de pesos en el marco de la Sentencia T-302. El documento expresa que no se evidencian resultados verificables para la niñez wayúu y que el caso fue remitido a la Procuraduría para análisis.

3. Contratos por prestación de servicios

El gobierno saliente firmó cerca de 900.000 contratos bajo la modalidad de prestación de servicios, lo que representó un compromiso financiero cercano a los 15 billones de pesos. “Esta situación configura ‘nóminas paralelas’”, advirtió De la Espriella, y agregó que la cifra representa aproximadamente 15 billones de pesos que quedarían como pasivo para el nuevo gobierno.

4. Déficit y capacidad operativa de la Fuerza Pública

La expansión de grupos armados y la reducción de la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública constituyen otra alerta. El déficit presupuestal para este sector fue estimado en 14 billones de pesos, afectando el mantenimiento de equipos como los helicópteros MI-17, de los cuales solo ocho de 19 estaban operativos.

5. Desfinanciación del programa Colombia Mayor

Los recursos asignados al programa Colombia Mayor se agotaron entre enero y julio de 2026. El informe advierte sobre la incertidumbre para cubrir los pagos de bonos pensionales durante el resto del año, señalando que la ampliación del programa no fue acompañada de una planeación financiera clara.

6. Contratación en el Fondo de Igualdad

El análisis identifica pagos por 140.910 millones de pesos a una empresa de servicios temporales a través de Fonigualdad, sin que existan soportes suficientes que acrediten el cumplimiento de los objetivos del fondo. Se señala la ausencia de documentación sobre la labor realizada por el personal contratado.

7. Entrega de tierras en la reforma agraria

De las 351.463 hectáreas adjudicadas en el marco de la reforma agraria, solo 95.148 cuentan con registros completos. Para la adquisición de predios se destinaron recursos cercanos a un billón de pesos, aunque el informe plantea dudas sobre la legalidad y el seguimiento de estos procesos.

8. Crisis financiera de Air-e

La situación de la empresa de energía Air-e fue reportada como un riesgo. El documento muestra que la compañía pasó de tener un patrimonio de 2,22 billones de pesos en 2023 a registrar un déficit de 377.662 millones en 2025, acumulando pérdidas por 2,5 billones durante la administración de Petro.

9. Deterioro del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

El informe advierte sobre un presunto detrimento de 548.000 millones de pesos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Además, se registran dificultades en el sistema de salud de los docentes y demoras de hasta siete años en el pago de pensiones.

10. Déficit fiscal y endeudamiento

La última alerta destaca la preocupación por el crecimiento del endeudamiento público. El informe señala que la deuda adquirida presenta “las tasas más altas de la historia de Colombia”. Se indica que la Contraloría “destapó el manejo de la deuda tras elevar del 50% al 100% el límite de adjudicación por emisor de TES”.

En paralelo, el vicepresidente José Manuel Restrepo resumió nueve patrones de gestión detectados, entre ellos la “destrucción del rigor técnico”, la “opacidad y distorsión de la información pública” y la “fragmentación del Estado”. Restrepo afirmó que “este es el punto de partida de un propósito mayor: construir un Estado transparente y en vitrina, donde cada peso de los colombianos sea protegido y cada funcionario responda por sus decisiones”.

El propósito de la entrega del ‘Libro de la verdad’ es que las autoridades competentes analicen los hechos denunciados y definan si existen responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales.

Un policía fue condenado a cinco años de prisión efectiva luego de que la Fiscalía acreditara que exigió y recibió S/100 mediante Yape para liberar a un detenido en una comisaría de Arequipa. El caso ocurrió en 2024 y la transferencia bancaria se convirtió en una de las principales pruebas presentadas durante el proceso.

Según el Ministerio Público, se trata de un suboficial de primera PNP, quien fue declarado culpable del delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Además de la pena de cárcel, el fallo de primera instancia estableció otras sanciones contra el efectivo por su actuación.

Los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2024 en la Comisaría PNP Miguel Grau, ubicada en el distrito de Paucarpata. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el policía retrasó la salida de un ciudadano investigado por conducir en estado de ebriedad y exigió dinero a su madre pese a que ya existía una autorización para su excarcelación.

Policía exigió S/100 para liberar a detenido en comisaría de Arequipa

El ciudadano permanecía en la dependencia policial luego de ser intervenido por un caso de conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, su situación ya contaba con una salida definida, pues el fiscal de turno había emitido la correspondiente boleta de excarcelación tras un acuerdo de principio de oportunidad.

Según la investigación dirigida por el fiscal adjunto provincial Walter Alejandro Churata Checya, el efectivo policial retrasó deliberadamente la salida del detenido. En ese contexto, exigió una dádiva de S/100 a la madre del ciudadano como condición para permitir que abandonara la celda.

Ante esta exigencia, la familiar realizó una transferencia mediante el aplicativo Yape al número celular del custodio. La Fiscalía sostuvo que el policía procedió con la liberación del detenido después de recibir el depósito, hecho que posteriormente fue corroborado con documentación bancaria y otros elementos de prueba.

El rastro del Yape: así se probó que el policía recibió los S/100

Uno de los elementos centrales que presentó el Ministerio Público fue el reporte de la entidad bancaria obtenido mediante el levantamiento del secreto bancario. El documento permitió confirmar que los S/100 transferidos llegaron a la cuenta vinculada al policía.

A esta evidencia se sumaron los testimonios de los agraviados y otros elementos recopilados durante la investigación. De esta manera, la Fiscalía logró sustentar que el dinero entregado por la madre del detenido correspondía al pago exigido para concretar su salida de la comisaría.

La investigación también determinó que el efectivo devolvió los S/100 dos días después, luego de enterarse de la denuncia presentada ante Inspectoría. Según el Ministerio Público, el acusado también intentó alterar los registros digitales de la dependencia policial después de conocer que el hecho había sido denunciado.

Policía fue condenado a cinco años de prisión por recibir una coima de S/100

El Poder Judicial declaró culpable al suboficial por el delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial y le impuso cinco años de prisión efectiva. La resolución corresponde a una sentencia judicial de primera instancia.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo ordenó que el efectivo pague S/5.000 de reparación civil por el daño causado a su institución. También estableció su inhabilitación y la privación de su grado y función policial durante seis meses.

El caso quedó marcado por una transferencia de apenas S/100 realizada por Yape, operación que permitió seguir el rastro del dinero y corroborar la acusación fiscal. La sentencia se suma a las acciones del Ministerio Público contra actos de corrupción vinculados con el uso indebido de funciones policiales.

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) ofrecerá este viernes una disculpa pública al periodista Humberto Padgett por la afectación a sus derechos a la libertad de expresión, al debido proceso, a la justicia y a la verdad derivada de hechos ocurridos en 2017, en cumplimiento de la Recomendación 19/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El acto llegaría ocho años después de la agresión que sufrió el reportero en Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando realizaba una investigación sobre venta de drogas dentro del campus.

El propio periodista sostuvo que la disculpa no implicaba castigo para los funcionarios que habrían entregado sus datos a integrantes del narco que después lo amenazaron de muerte. En un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que durante 8 años habló con ella en tres ocasiones sobre el caso y que le prometió terminar con la impunidad.

Padgett también escribió que el proceso penal avanzó de forma tan prolongada que es probable que él no vea su desenlace por la gravedad del cáncer que padece. En ese mismo mensaje lanzó una acusación política más amplia al señalar que, a su juicio, México fue un “Narco Estado” entre 2018 y 2026.

La agresión ocurrió cuando documentaba la venta de drogas en Ciudad Universitaria

En agosto de 2017, Padgett relató que se acercó a un grupo de personas y que una cámara oculta que llevaba en la bolsa de una chamarra habría sido descubierta cuando la lente reflejó la luz. “Me lo encontraron, me jalonearon”, dijo al describir el momento en que fue identificado.

El periodista había comprado marihuana, metanfetaminas, heroína y cocaína en Ciudad Universitaria para elaborar un reportaje sobre narcomenudeo dentro de la UNAM. Según el texto fuente, ese episodio quedó inscrito en un contexto en el que la universidad utilizó un clima de violencia para reforzar medidas de seguridad como más cámaras, presencia policial y patrullajes al interior de sus instalaciones.

La agresión fue presentada además como un ataque contra un periodista crítico. El texto lo describió como autor de reportajes sobre aspirantes a la Presidencia de México en 2018, egresado de la FES Acatlán y ganador en dos ocasiones del Premio Nacional de Periodismo.

Entre sus trabajos señalados estuvieron investigaciones sobre las relaciones del gobierno con el narcotráfico en Guerrero y sobre la vinculación del Estado con los feminicidios en el Estado de México. En este último caso, se sostuvo que durante la administración de Enrique Peña Nieto el gobierno estatal mintió sobre la dimensión de los feminicidios y que la Procuraduría de Justicia mexiquense presentó datos falsos para argumentar contra la declaratoria de alerta de género.

La UNAM presentó una denuncia tras conocer la agresión

Después de la golpiza, la UNAM informó que presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República por la agresión contra Padgett. La acción se realizó a través de la oficina de la abogada general y se dirigió contra quien resultara responsable.

La universidad explicó que sus abogados conocieron los hechos a través de lo denunciado públicamente y que, con base en esa información, procedieron a interponer la denuncia correspondiente. También repudió la agresión y señaló que los responsables eran individuos ajenos a la institución, a quienes describió como transgresores de la ley y previamente reportados ante la autoridad.

En su posicionamiento, la casa de estudios lamentó el ataque contra el periodista y sostuvo que realizaba una tarea de investigación cuando adquirió sustancias ilícitas y videograbó los hechos. Añadió que cualquier agresión contra comunicadores durante el desempeño de su labor coartaba libertades que consideró esenciales para la institución.

El texto fuente también incorporó una postura política sobre la crisis en la universidad. Ahí se planteó que trabajadores, estudiantes y académicos debían discutir salidas frente a la violencia en el campus y que una respuesta centrada en mayor control y seguridad fortalecía a las instituciones del Estado.

Esa misma posición propuso la organización democrática de los tres sectores universitarios como vía para enfrentar el problema y llamó a construir un movimiento amplio de organizaciones de derechos humanos, estudiantes y trabajadores contra la militarización y la llamada guerra contra el narco.

• La Fiscalía de la Ciudad de México ofrecería una disculpa pública a Humberto Padgett por violaciones a sus derechos derivadas de hechos ocurridos en 2017.

• Padgett fue agredido en Ciudad Universitaria cuando documentaba la compra de marihuana, metanfetaminas, heroína y cocaína para un reportaje sobre narcomenudeo.

• La UNAM presentó una denuncia ante la entonces PGR y condenó la agresión contra el periodista.

La funcionaria aseguró que la información entregada “será objeto de valoración técnica y jurídica conforme a los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley exigen”.

La fiscal general explicó que, bajo su directriz, toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas se analizará institucionalmente y se someterá a revisión técnica y jurídica.

Destacó que serán los fiscales competentes quienes tendrán la responsabilidad de examinar los elementos presentados y contrastarlos con las pruebas que deban recaudarse por vía legal.

Camargo precisó que el proceso permitirá determinar, dentro de los parámetros constitucionales y legales, si existen fundamentos para iniciar actuaciones o tomar decisiones. Recalcó que la Fiscalía está obligada a actuar bajo los principios de objetividad, rigor probatorio e independencia, de acuerdo con la normativa vigente.

“En un Estado de derecho, toda información que sugiera la posible comisión de conductas ilícitas debe canalizarse institucionalmente para su análisis y, cuando corresponda, para la adopción de las decisiones previstas por la ley”, declaró Camargo. “Su contenido, señor presidente, será objeto de valoración técnica y jurídica conforme a los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley exigen en nuestras actuaciones”, afirmó.

La fiscal anunció que la entidad conformará un equipo especial para tramitar las denuncias recibidas. Detalló que este grupo estará integrado por personal especializado y coordinado desde la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y la Dirección Especializada contra la Corrupción. El propósito es garantizar que la atención a los casos sea integral y abarque los diferentes sectores y regiones implicados en las denuncias.

“Este equipo estará dirigido por la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y por la directora especializada contra la corrupción, quienes son las funcionarias responsables del tema. Además, como se realiza habitualmente en la Fiscalía, estas investigaciones tendrán un enfoque transversal, pues involucran asuntos de diferentes regiones y presentan diversos matices que abarcan distintos sectores”, puntualizó

La fiscal general puntualizó que la coordinación y supervisión de las investigaciones quedarán en manos de las dos funcionarias designadas. Indicó la importancia de desplegar todas las capacidades institucionales de la Fiscalía para lograr un análisis exhaustivo de la información.

El presidente Abelardo de la Espriella acudió al búnker de la Fiscalía para entregar el dossier denominado “El libro de la verdad”. Según De la Espriella, el documento recopila más de ochenta casos de presunta corrupción detectados durante la administración de Gustavo Petro.

Acompañando al mandatario estuvo el vicepresidente José Manuel Restrepo, coordinador del empalme anticorrupción, quien brindó detalles sobre el contenido del expediente. Restrepo informó que se detectó la desfinanciación del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026.

Explicó que el presupuesto para tres millones de adultos mayores se agotó en julio, sin que existieran, según sus declaraciones, planes de contingencia para la continuidad del programa.

Restrepo agregó que la falta de respaldo financiero dejó a la población vulnerable sin apoyo, lo que evidencia deficiencias en la planeación y ejecución de políticas sociales. Resaltó que la ausencia de previsión afectó la estabilidad y la atención de los sectores más necesitados.

Sobre la contratación pública, Restrepo señaló que en la Cancillería se firmaron setecientos ochenta y cinco contratos por ochenta y tres mil millones de pesos antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías. Indicó que supuestamente se modificaron los requisitos para representar a Colombia en el exterior, eliminando la exigencia de un segundo idioma.

El vicepresidente expuso nueve patrones de comportamiento identificados en el análisis del expediente. Destacó la supuesta destrucción del rigor técnico, señalando que se omitieron normas y procedimientos y se relegó el mérito y la experiencia en la selección de funcionarios. También mencionó el presunto colapso de la capacidad tecnológica, con sistemas obsoletos y plataformas cerradas que dificultan el control estatal.

El informe advierte sobre la opacidad y distorsión de la información pública. Restrepo afirmó que se encontraron supuestas cifras alteradas, datos incompletos e información inexacta. Además, identificó una presunta parálisis operativa en varias áreas estatales, con recursos no ejecutados y presupuestos incumplidos en al menos doce sectores.

Al finalizar su intervención, Luz Adriana Camargo reiteró su postura: “Reitero, como le manifesté en nuestra reunión del jueves, que conformaremos un equipo especial encargado de los temas que nos han sido trasladados”.

La violencia sexual encabezó las denuncias por violencia de género en el país entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, con 7,271 casos registrados.

Según el informe estadístico de la Fiscalía Adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y otros grupos Vulnerables, esta forma de violencia abarca desde amenazas hasta agresiones físicas, afectando el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual.

En conjunto con otras manifestaciones, durante ese periodo el Ministerio Público contabilizó cerca de 16,000 casos de violencia de género.

Después de la violencia sexual, la violencia psicológica ocupó el segundo lugar, con5,518 casos. Este tipo de violencia abarca comportamientos como amenazas, exigencias de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de libertad, que buscan someter la voluntad de las mujeres y subordinarlas al poder de la persona agresora.

La violencia física acumuló 2,092 casos. Aquí se incluyen todas las acciones dirigidas a ocasionar daño o sufrimiento físico, ya sea con resultado o con riesgo de lesiones.

Respecto a la violencia patrimonial, relacionada con la afectación del derecho de las mujeres a disponer de sus bienes, derechos u obligaciones de valor económico, se registraron 957 denuncias.

Por último, la violencia feminicida, considerada la forma más extrema de violencia de género y que puede culminar en feminicidio, sumó 80 casos.

Procesos judiciales y resoluciones

El informe también precisa los avances en cada etapa del proceso judicial. En la audiencia inicial o imposición de medidas, 6,364 casos avanzaron, y más de la mitad de los imputados (53.52%) continuaron el proceso judicial en la siguiente etapa.

El 35.91% obtuvo una salida alterna, principalmente en hechos de violencia psicológica.

En la audiencia preliminar o preparatoria, 4,498 casos fueron procesados y el 82.33% obtuvo un resultado favorable para la víctima, ya sea por apertura a juicio, salidas alternas o condenas.

Durante la vista pública, última etapa judicial, 3,358 imputados llegaron a juicio. De estos, el 82.58% de los casos concluyó con una resolución a favor de la víctima y el 15.28% terminó en absolución.

Tasas de condena según el tipo de violencia

Las estadísticas de sentencias muestran diferencias según el tipo de violencia. En violencia feminicida, el 90.71% de los imputados recibió condena (127 personas) y el 9.29% fue absuelto (13 personas).

En violencia sexual, el 85.13% de los imputados fue condenado y el 14.87% resultó absuelto. Para violencia física, el 87% terminó con condena y el 13% con absolución.

En violencia psicológica, la tasa de condena fue del 80.95% y la de absolución del 19.05%. Finalmente, en violencia patrimonial, el 83.33% recibió condena y el 16.67% absolución.

Esto indica que la justicia dictó condena en la mayoría de los casos, sobre todo en los hechos más graves, aunque los porcentajes varían entre las distintas categorías.

Volumen de trabajo institucional

A nivel operativo, el informe consigna un total de 750,358 diligencias de investigación y judiciales realizadas en el periodo analizado. Entre estas gestiones se incluyen direcciones funcionales, órdenes de detención administrativa, elaboración de escritos y oficios, requerimientos de medidas, dictámenes, autos de apertura y archivo, así como otras diligencias administrativas.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el caso se produjo luego de que la víctima compartiera bebidas alcohólicas con las dos mujeres y posteriormente se trasladara con ellas a un hospedaje. En este lugar, las condenadas habrían colocado clonazepam en la bebida del agraviado, provocando que perdiera el conocimiento para luego intentar apoderarse de sus pertenencias.

Víctima quedó inconsciente tras consumir la bebida

La situación fue advertida por el acompañante de Saboya Rodríguez, quien alertó al personal del hospedaje. Tras la intervención de los servicios de seguridad, una de las mujeres habría escapado con la billetera del agraviado, mientras que la otra fue intervenida. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Amazónico de Yarinacocha.

En el establecimiento de salud se le diagnosticó intoxicación por benzodiacepinas. La Fiscalía señaló que las pericias científicas permitieron acreditar el uso de estas sustancias y el tratamiento médico aplicado a la víctima. Estos elementos fueron considerados durante el proceso judicial para sustentar la responsabilidad de las acusadas.

Justicia confirma condena de 20 años

La Primera Sala Penal de Apelaciones, en adición liquidadora, integrada por Marco Antonio Espíritu Matos, Carlos Díaz Herboso y Acela Barbarán Ríos, confirmó la sentencia de 20 años de pena privativa de libertad efectiva contra Vásquez Silvano y Arhuis Morón.

La Fiscalía sostuvo que el uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima constituye una circunstancia especialmente grave dentro de la modalidad de robo. Con la ratificación de la condena, ambas mujeres deberán cumplir su pena en el establecimiento penitenciario correspondiente. Según la información fiscal, permanecerán recluidas hasta el año 2045.

Declaraciones de la condenada generaron polémica

El caso también adquirió notoriedad en redes sociales luego de la difusión de un video en el que aparece una de las mujeres durante su intervención policial. En las imágenes, la detenida responde de manera desafiante a las preguntas de un reportero y realiza afirmaciones sobre la modalidad delictiva por la que posteriormente fue condenada.

Ante la pregunta sobre si había “pepeado” a otras personas, la mujer respondió: “A todos. Y sí, eres uno más en la lista. Cuídate”. Posteriormente, al ser consultada sobre si se arrepentía de sus actos, manifestó: “No, no me arrepiento”. Finalmente, lanzó otra expresión dirigida al reportero: “Te voy a potear a ti y a todo el mundo, ¿ya? Mírame, conóceme y no me olvides", expresó la ahora condenada mujer.

Un ciudadano colombiano fue sentenciado a tres años de prisión federal en Estados Unidos tras ser declarado culpable de múltiples delitos relacionados con el uso fraudulento de la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener documentos oficiales y participar en procesos electorales.

La Fiscalía del Distrito Central de Florida informó que Carlos Felipe Jaramillo Grajales, de 55 años y residente de Jacksonville, deberá además enfrentar una orden de deportación que lo enviará de regreso a Colombia una vez cumpla su condena.

Según los documentos judiciales y la información presentada durante la audiencia de sentencia, Jaramillo Grajales utilizó el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense para solicitar y obtener un pasaporte.

Con la misma identidad falsa, solicitó y obtuvo una licencia de conducir en Florida y se registró para votar, participando en varias elecciones, detalló el comunicado por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Central de Florida

El caso detalla que Jaramillo Grajales obtuvo por primera vez una licencia de conducir a nombre de la persona suplantada en marzo de 2003, renovándola en ocasiones posteriores hasta la última renovación en febrero de 2024.

En abril de 2003, presentó una solicitud para un pasaporte estadounidense, identificándose como ciudadano del país y proporcionando un certificado de nacimiento de Puerto Rico a nombre de la víctima, junto con la licencia de conducir obtenida fraudulentamente.

Con estos documentos auténticos pero obtenidos de forma fraudulenta, se le concedió el pasaporte en mayo de ese año, renovándolo en 2013 y 2023.

En diciembre de 2010, Jaramillo Grajales completó una solicitud de registro de votante en Florida, pero mintió al asegurar que era ciudadano estadounidense y nacido en Puerto Rico, lo que le permitió votar en varias elecciones, incluida la de noviembre de 2020 en el condado de Duval.

La investigación también reveló que la mujer que posteriormente se convirtió en su esposa ingresó a Estados Unidos en 2003 con visa de visitante. Ambos contrajeron matrimonio y ella solicitó la residencia permanente y la ciudadanía como esposa de un supuesto ciudadano estadounidense.

Las solicitudes fueron aprobadas y la mujer obtuvo la ciudadanía en agosto de 2017, pero tiempo después la pareja se divorció en enero de 2020.

En mayo de 2024, Jaramillo Grajales viajó a Colombia bajo la identidad falsa. Su exesposa viajó a Colombia en junio de 2024 y solicitó una visa K-1 (de prometido) para Jaramillo Grajales bajo su nombre real, visa que fue aprobada y permitió su retorno a Estados Unidos.

Ambos se volvieron a casar en junio de 2025, y él solicitó la residencia permanente como cónyuge de una ciudadana estadounidense.

El fiscal federal Gregory W. Kehoe afirmó que las leyes de inmigración federales buscan salvaguardar las fronteras y proteger la integridad de las instituciones de gobierno, y dejó en claro que “aquellos que intenten eludir, explotar o violar estas leyes serán procesados en toda su extensión”.

Por su parte, el agente especial adjunto de Homeland Security Investigations en Jacksonville, Tim Hemker, calificó el caso como un ejemplo de explotación prolongada de una identidad robada para obtener documentos oficiales, beneficios y participar ilegalmente en procesos electorales.

“Esta condena demuestra que el robo de identidad, el fraude migratorio y el fraude contra la integridad de los sistemas del gobierno estadounidense serán investigados a fondo y procesados con el máximo rigor de la ley”, añadió el funcionario, en una clara advertencia para los connacionales, y como parte de las medidas que viene ejerciendo la administración del presidente Donald Trump.

La investigación estuvo a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado (DSS) y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social.

Otra colombiana pasó 20 años viviendo en EE. UU. a punta de identificaciones falsas

El caso de Jaramillo Grajales trajo a colación una de las condenas más recordadas en los últimos años por actuaciones similares en ese país: el de la ciudadana colombiana Lina María Orovio Hernández, que también fue condenada en Estados Unidos tras comprobarse que vivió más de 20 años bajo una identidad robada, obteniendo beneficios federales por más de 400.000 dólares.

La hoy procesada también votó de manera ilegal en las elecciones presidenciales de 2024.

Según informó el Tribunal Federal de Boston, Orovio Hernández, de 59 años, utilizó documentos falsos para obtener una Real ID de Massachusetts, solicitó un pasaporte estadounidense y gestionó hasta nueve identificaciones estatales.

Durante ese tiempo, accedió a programas sociales como asistencia para el alquiler, beneficios por discapacidad y ayudas alimentarias, fondos que están destinados a personas de bajos ingresos, discapacitados y adultos mayores.

El jurado la declaró culpable de siete delitos federales, entre ellos falsa representación de un número de Seguro Social, declaración falsa en solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado, recepción de dinero o propiedad gubernamental robada y voto fraudulento.

Las penas para estos cargos pueden variar entre cinco y diez años de prisión, multas de hasta 250.000 dólares por cada delito y periodos de libertad supervisada, además de una pena obligatoria de dos años para el cargo de robo de identidad agravado.

Orovio Hernández permanecía bajo custodia federal desde febrero de 2025, cuando fue acusada formalmente, y se encuentra a la espera de la condena definitiva, que podría incluir su deportación a Colombia tras cumplir la pena.

Un médico fue condenado a 15 años de prisión por el delito de violación en perjuicio de una joven de 22 años. El hecho se registró en horas de la madrugada, en el cuarto de Urgencias del Hospital Regional Nicolás Alejo Solano, ubicado en el distrito de la Chorrera, en Panamá Oeste, cuando el hoy sentenciado atendía a la víctima.

En la audiencia de lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio Oral emitió la pena de prisión, además impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de médico por 5 años, luego de cumplida la pena principal.

La Procuraduría General de la Nación informó que durante el juicio oral desarrollado los días 22, 23, 27 y 28 de julio de 2026, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste logró mediante un caudal de pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, probar la responsabilidad del hombre en el hecho punible. Esto permitió que el Tribunal de Juicio Oral emitiera de manera unánime el veredicto de culpabilidad.

Otro caso de violación de un padre a su hija

De igual manera, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Panamá Oeste, logró la condena de 21 años y 6 meses de prisión para un hombre de 39 años, por los delitos de violación agravada, actos libidinosos y corrupción de personas menores de edad.

Durante audiencia, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste logró que el Tribunal de Juicio Oral además impusiera la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficios y profesión en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos o en cualquier lugar donde se agrupen personas menores de edad, por el mismo término, una vez cumplida la pena principal.

Los hechos ocurrieron entre los años 2019 al 2023, en el distrito de La Chorrera, en perjuicio de su hija, desde que tenía 6 años de edad.

Las autoridades de la provincia de Chiriquí también consiguieron que se condenará a un hombre a la pena de cárcel de 84 meses, como responsable por el delito contra el orden jurídico y familiar en la modalidad de violencia doméstica, física y psicológica.

Además, como parte de la pena se le impuso también la integración a un tratamiento terapéutico multidisciplinario.

La Fiscalía logró probar la responsabilidad de este hombre, mediante la recopilación de una serie de elementos de convicción, que permitieron comprobar la comisión del hecho penal, y luego de que esta persona aceptara su culpa validar, por parte de un Tribunal de Garantías, el referido acuerdo de pena.

Estos acontecimientos surgen para la fecha del 16 de marzo del 2026, en Pedregalito, del distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí, cuando el hoy condenado en reiteradas ocasiones, golpeó y causó heridas en diferentes partes del cuerpo a su pareja sentimental.

Igualmente cometió actos de hostigamiento, al proferirle amenazas con un arma blanca y persecución a la víctima.

Otro sujeto igualmente fue condenado a 16 años de prisión por el delito de violación sexual agravada en perjuicio de su propia hija de 16 años.

Durante el desarrollo de la audiencia en el Juzgado de Garantía, la fiscalía presentó suficientes pruebas que demostraron la culpabilidad del sentenciado, de 43 años de edad, entre las que estaban el dictamen médico forense, testimonios, además de informes parciales, evidenciando además la vulneración de la confianza, la relación de parentesco y autoridad que este ejercía sobre la víctima.

Esta situación se dio el 15 de diciembre de 2025, en horas de la noche, en una comunidad apartada del sur del distrito de Soná, en la provincia de Veraguas, donde el desalmado padre aprovechándose de su rol y de la vulnerabilidad de su hija, quien era adolescente, la agredió sexualmente en su propia residencia, quedando embarazada.

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra 15 presuntos integrantes de ‘La red del silencio’, organización investigada por el cobro de cupos a empresas y trabajadores del transporte en el Callao y Lima Norte. La medida fue solicitada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao y corresponde a una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión agravada.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los investigados habrían exigido pagos diarios a los transportistas para permitir que sus unidades continuaran circulando. Los montos fluctuaban entre S/10 y S/40 por vehículo, aunque en algunos casos las cuotas podían alcanzar los S/70 diarios. Entre las empresas mencionadas en la investigación figuran TransLima S.A. y Holding Real Express S.A.

El caso tomó impulso tras un megaoperativo ejecutado el 23 y 24 de junio en Lima, Callao y Chimbote, donde fueron intervenidas 18 personas señaladas como presuntos integrantes de la organización. Las pesquisas fiscales apuntan a una estructura que utilizaba grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales para enviar amenazas a los transportistas.

Prisión preventiva para 15 presuntos miembros de banda dedicada a extorsionar a transportistas

La decisión judicial establece 36 meses de prisión preventiva para Pablo Quezada, Alberto Sevilla, Delia Moreno, Renzo Arcelles, José Tablante, Maribel Ushinahu, Carlos Montes, José Angarita, Franyer Márquez, Teresa García, Víctor Serrano, Roberto Justo, Miguel Cabezas, Marco Tarrillo y Katerin Quezada. Todos afrontan la investigación en calidad de presuntos integrantes de ‘La red del silencio’.

La Fiscalía atribuye a los investigados los presuntos delitos de organización criminal y extorsión agravada. La medida busca garantizar su permanencia durante el desarrollo del proceso, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para establecer el grado de participación que habría tenido cada uno en los hechos investigados.

En el caso de Auriani Díaz y César Quezada, la decisión fue distinta. Ambos recibieron detención domiciliaria y reglas de conducta por tres años, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público. La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Lía Balarezo Ramírez, con el apoyo de los fiscales adjuntos Helen Lozano, Diego Fuentes y Doris Delgado.

WhatsApp, amenazas y cobros de hasta S/70: así operaba ‘La red del silencio’

Según las indagaciones fiscales, la presunta organización habría establecido un sistema de cobro de cupos a transportistas que operaban en distintos sectores del Callao y Lima Norte. Los pagos se realizaban por cada unidad vehicular y podían variar según la ruta o las condiciones impuestas por los presuntos extorsionadores.

Las comunicaciones se realizaban principalmente mediante grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales. Desde estos canales, los investigados habrían enviado mensajes con amenazas dirigidas contra los transportistas y sus bienes. La Fiscalía también señala que las comunicaciones podían incluir imágenes de armas de fuego y explosivos para generar temor entre las víctimas.

La investigación apunta a que el esquema habría afectado a más de 190 choferes y unidades de transporte público. Entre los sectores identificados aparecen Oquendo, en el Callao, así como San Martín de Porres y Los Olivos. Las empresas, propietarios de vehículos, conductores, cobradores y otros trabajadores vinculados al servicio aparecen entre los agraviados considerados en la pesquisa.

Megaoperativo permitió intervenir a 18 presuntos integrantes de ‘La red del silencio’

El megaoperativo contra ‘La red del silencio’ se desarrolló durante el 23 y 24 de junio de 2026 de manera simultánea en Lima, Callao y Chimbote, en Áncash. La intervención estuvo a cargo del Ministerio Público, en coordinación con la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO) de la Policía Nacional del Perú.

Las diligencias permitieron intervenir a 18 personas señaladas como presuntos integrantes de la organización. El despliegue policial y fiscal formó parte de una investigación que buscaba reconstruir la estructura de la presunta red y determinar cómo se distribuían las funciones relacionadas con el cobro de cupos y las amenazas a los transportistas.

Ahora, con la prisión preventiva de 15 investigados, la Fiscalía continuará con las diligencias para determinar la responsabilidad individual de cada persona comprendida en el caso. El Ministerio Público sostiene que las investigaciones se desarrollan respetando el debido proceso y en coordinación con la Policía Nacional.

El Ministerio Público dispuso iniciar diligencias preliminares contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga y “los que resulten responsables” por presuntos delitos contra la voluntad popular y otros, en una investigación vinculada al proceso electoral 2026 en el que participó como candidato presidencial.

Según el documento oficial del Ministerio Público, luego de los resultados difundidos tras la jornada electoral del 12 de abril de 2026, el denunciado habría cuestionado la legitimidad del proceso por presuntas irregularidades y convocado movilizaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde habría dirigido expresiones contra autoridades electorales y exigido determinadas actuaciones a funcionarios públicos.

La disposición indica que se realice una investigación seguida contra el denunciado por presuntos delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular y contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en agravio del Estado, a través de la Procuraduría Pública del JNE.

López Aliaga hizo referencia a violencia sexual en marcha contra el JNE

Durante una de sus protestas convocadas cerca a la sede del Jurado Nacional de Elecciones, Rafael López Aliaga aseguró que hubo fraude electoral y exigía una “elecciones complementarias” que no estaban contempladas en la ley electoral. En la denominada “Marcha de la Democracia”, que convocó para el domingo 19 de abril con el fin de “defender los votos”, el candidato presidencial volvió a recurrir a la violencia sexual para sostener su narrativa.

López Aliaga señaló que, debido a la demora en la instalación de mesas y a que se escogieron lugares alejados como locales de votación, alrededor de 1 millón de peruanos no pudieron participar en los comicios.

Muy al contrario de su intención y la de su partido de anular votos, López Aliaga reconoció que este es un derecho fundamental del ciudadano que ha sido violado. En ese sentido, hizo una invocación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, para que convoque a elecciones complementarias, dado que varios peruanos han “sido violados”.

“Señor Burneo, convoque usted a elecciones complementarias. Los peruanos han sido violados, han sido maltratados, han sido vejados”, expresó.

Con un tono amenazante, López Aliaga se dirigió a Roberto Burneo y le exigió la convocatoria a elecciones complementarias e indicó que “n o sabe con quién se ha metido”, expresó.

Cabe señalar que no es la primera vez que el candidato de Renovación Popular hace referencia a la violencia sexual y amenaza al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En uno de sus primeros mítines convocados, cuando el conteo rápido dejó de favorecerlo, amenazó con “meterle todo el plan Morrocoy” para que “se haga hombre”.

“Si Burneo hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones, le voy a meter todo mi plan Morrocoy, bien grandazo se lo voy a meter para que se haga hombre”, exclamó.

La situación judicial de la diputada Yenifer Noelia Paredes Navarro volvió a cobrar relevancia a partir de nuevos detalles sobre el destino de transferencias de dinero que forman parte del caso Anguía. El Ministerio Público sostiene que parte de esos recursos terminó en el pago de una deuda vinculada a Lilia Paredes, ex primera dama y hermana de la actual parlamentaria.

El expediente citado en el informe de Panorama detalla operaciones realizadas mediante cuentas de terceras personas. Según la investigación fiscal, estas transferencias guardaron relación temporal con pagos efectuados a una cooperativa de ahorro y crédito de Chota, donde Lilia Paredes mantenía una obligación financiera.

La Fiscalía también atribuye a Yenifer Paredes una presunta participación en delitos de peculado, colusión y lavado de activos. La investigación, según lo expuesto en el reportaje, se extendió por tres años y tomó en cuenta movimientos financieros vinculados con personas cercanas a la actual diputada.

Frente a las preguntas sobre el caso, Paredes sostuvo que las investigaciones continúan y pidió respeto por el debido proceso. “Respetemos el debido proceso, que debe de ser en todos los casos, sin tener en cuenta qué político es o qué político no es”, declaró ante las consultas sobre su situación judicial.

Fiscalía vincula transferencias con una deuda de Lilia Paredes

De acuerdo con la disposición fiscal citada en el informe, Yenifer Paredes habría utilizado cuentas de terceras personas para canalizar recursos que después fueron destinados al pago de una deuda de Lilia Paredes. La obligación correspondía a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota.

El documento señala que la deuda ascendía a 52.137 soles y que los pagos fueron cubiertos con dinero previamente depositado por Paredes en cuentas de otras personas. La cancelación total de la obligación se produjo el 29 de agosto de 2022, según la información atribuida al Ministerio Público.

La investigación fiscal también establece una relación entre fechas de depósitos y posteriores amortizaciones de la deuda. Uno de los casos citados corresponde a Kelly Yolanda Vásquez Chasquibol, quien recibió 1.660 soles de Jennifer Paredes el 30 de octubre de 2021. Ese mismo día, se registró un pago de 1.638,11 soles a la deuda de Lilia Paredes.

Otro movimiento corresponde a Milagros del Pilar Marachín Regalado. El 15 de diciembre de 2021 recibió 10.000 soles de Jennifer Paredes y, en esa misma fecha, se registró una amortización de 9.997 soles vinculada con la obligación de Lilia Paredes. El Ministerio Público considera que la repetición de estas operaciones constituye un elemento de su investigación.

Investigación también comprende el caso Anguía

La situación de Yenifer Paredes forma parte del caso Anguía, investigación que también incluye presuntas irregularidades relacionadas con recursos de la Municipalidad de Anguía. Según el material fiscal citado en el reportaje, desde dicha comuna se habrían realizado giros a nombre de Paredes sin una justificación establecida.

La diputada respondió que ese caso continúa bajo investigación y señaló que existen restricciones para referirse públicamente a determinados aspectos del expediente. “Está en investigación y tú sabes que tiene la reserva del caso”, manifestó. También indicó que se someterá a las actuaciones de la justicia.

El informe menciona además que la disposición fiscal atribuye a Paredes una presunta responsabilidad en tres delitos: peculado, colusión y lavado de activos. La referencia corresponde a una investigación fiscal, por lo que la situación descrita en el expediente no equivale a una sentencia judicial.

La defensa invoca la presunción de inocencia

José Francisco, abogado de Paredes, sostuvo que varios aspectos del expediente permanecen bajo investigación y que no corresponde adelantar una posición definitiva mientras el proceso continúe. Según sus declaraciones, algunos elementos del caso se encuentran judicializados.

Durante otra intervención, el abogado señaló que la Fiscalía deberá concluir sus investigaciones antes de establecer una posición sobre las imputaciones contra la diputada. En tanto, Paredes insistió en la vigencia de la presunción de inocencia: “En el derecho existe la presunción de inocencia”.

Defensa plantea escenario ante inmunidad parlamentaria

El informe también aborda el efecto que podría tener la condición de diputada de Paredes sobre el proceso judicial. Ante una consulta sobre una eventual acusación fiscal, su abogado sostuvo que el proceso podría suspenderse por la inmunidad parlamentaria mencionada durante la entrevista.

El representante legal señaló que esa suspensión podría extenderse durante los cinco años correspondientes al periodo parlamentario, según el escenario planteado en la conversación.

Paredes, por su parte, mantuvo su posición de no pronunciarse sobre aspectos sujetos a investigación. Ante las preguntas sobre el caso Anguía, reiteró que el expediente permanece bajo conocimiento de las autoridades y pidió que se respete el debido proceso.

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, lanzó duras acusaciones contra el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, después de liderar movilizaciones en rechazo a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

“El tema de la seguridad no es menor. La paz total fue el embeleco para proteger a los grupos armados y que votaran por Iván Cepeda. Es más guerrillero que Gustavo Petro. Y votaron por él, pero no les alcanzó. La voluntad del pueblo colombiano es más grande”, indicó Cepeda a los medios de comunicación.

Por este motivo, el líder opositor al gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Efraín Cepeda.

“Anuncio que interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el señor Efraín Cepeda Sarabia (sic)”, afirmó Cepeda en su cuenta oficial de X.

El excandidato presidencial señaló que tomó la decisión tras las declaraciones del exsenador de la República el 7 de agosto de 2026, a las que calificó como “calumniosas y mendaces”.

“Emprenderé esta acción penal a causa de las declaraciones públicas que hizo el pasado 7 de agosto en las que, en forma calumniosa y mendaz, me acusa de pertenecer a organizaciones armadas ilegales (sic)”, señaló.

Según Iván Cepeda, ese tipo de declaraciones incita a la violencia en su contra y puede agravar las amenazas contra su vida.

“Estas mentirosas acusaciones propician la violencia en mi contra y agravan las amenazas contra mi vida (sic)”, indicó.

Iván Cepeda indicó que espera que la Fiscalía General de la Nación llame a Efraín Cepeda para “responder sus actos ante la justicia”.

“Espero que la Fiscalía, a la mayor brevedad, llame al señor Cepeda Sarabia, acostumbrado a gozar de impunidad, a responder por sus actos ante la justicia (sic)”, afirmó.

¿Qué dijo Efraín Cepeda?

Horas antes de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, encabezó manifestaciones públicas en rechazo al arribo del abogado colombiano a la Casa de Nariño.

En su intervención en Barranquilla, Cepeda, quien fue candidato presidencial y actualmente lidera la oposición, expuso su decisión de adoptar la desobediencia civil como un mecanismo democrático ante lo que describe como una amenaza significativa para la institucionalidad.

Esta postura del senador ha suscitado numerosas respuestas en distintos sectores políticos. Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, respondió de forma contundente al discurso de Cepeda. El dirigente conservador, al hablar con medios nacionales, enumeró varios desafíos que, a su juicio, dejó el gobierno de Gustavo Petro para el país.

Entre sus principales objeciones figura la política de “paz total”, a la que calificó como una estrategia engañosa orientada a favorecer a grupos armados. “El tema de la seguridad no es menor. La paz total fue el embeleco para proteger a los grupos armados y que votaran por Iván Cepeda”, expresó Efraín Cepeda durante su intervención ante la prensa.

El presidente del Partido Conservador fue más allá en sus críticas y lanzó un comentario directo sobre el papel de Cepeda en la política nacional: “(Iván Cepeda) es más guerrillero que Gustavo Petro. Y votaron por él, pero no les alcanzó. La voluntad del pueblo colombiano es más grande”, afirmó.

Efraín Cepeda también abordó propuestas expuestas por Cepeda en Barranquilla, refiriéndose especialmente a la problemática de la extorsión. “Y decía ahora que acabar con la extorsión es la mejor reforma tributaria, porque hoy están azotados los comercios, la industria, los vendedores informales y los tenderos, por ejemplo”, comentó.

Finalmente, cuestionó la coherencia de la propuesta de conformar un gabinete de oposición, considerando contradictoria la idea de no reconocer al presidente electo y, al mismo tiempo, organizar una alternativa administrativa frente al gobierno entrante.

El juicio contra Ricardo Olivas Valle, extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), entró en su etapa final con la solicitud de la Fiscalía de una condena que suma 396 años de prisión por el supuesto desfalco de ₡3,293 millones (USD 7.3 millones) sustraídos de las bóvedas de la sede central de la entidad, en San José.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) inició la presentación de sus conclusiones ante el Tribunal Penal, donde expondrá por qué considera que el exfuncionario es responsable de los hechos que se le atribuyen y solicitará formalmente la pena de cárcel.

Olivas Valle enfrenta una acusación por 33 delitos de peculado, uno por cada extracción de dinero que, según el Ministerio Público, habría realizado entre 2021 y 2023 aprovechando los últimos minutos de la jornada laboral y los momentos de menor vigilancia dentro de la institución.

De acuerdo con la investigación, las sustracciones ocurrían principalmente entre las 4:16 p. m. y las 5:29 p. m., cuando el movimiento dentro de las instalaciones disminuía. La Fiscalía sostiene que el extesorero aprovechaba supuestos fallos en los controles internos para retirar millones de colones de las bóvedas.

Durante el juicio fueron analizadas decenas de grabaciones de seguridad que, según la acusación, muestran al exfuncionario colocando fajos de billetes en sobres de manila amarillos para luego salir de la entidad pasando por los controles de seguridad.

El caso fue denominado “Gallo Tapado” por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía debido al presunto mecanismo utilizado para ocultar el origen del dinero.

Según la tesis acusatoria, Olivas habría utilizado parte de los fondos sustraídos para comprar diariamente grandes cantidades de fracciones y billetes de lotería de la Junta de Protección Social (JPS). Cuando resultaba ganador, el dinero era depositado en sus cuentas bancarias, lo que habría permitido introducir los recursos al sistema financiero aparentando que provenían de una fuente legítima.

Durante los allanamientos realizados en su vivienda, las autoridades encontraron cerca de 3,000 fracciones de lotería, como parte de las evidencias incorporadas al expediente judicial.

Fiscalía: pruebas acreditan responsabilidad

El Ministerio Público sostiene que la prueba presentada durante el debate demuestra la participación del exfuncionario en las extracciones de dinero y solicitó una condena acumulada de 396 años.

Sin embargo, aunque la sumatoria de penas supera ampliamente la normativa nacional, la eventual sentencia deberá ajustarse al límite máximo establecido por la legislación costarricense, que actualmente es de 36 años de prisión.

Además de la Fiscalía, en el proceso participan como partes acusadoras la Procuraduría General de la República y el Banco Nacional, institución que reclama los recursos supuestamente sustraídos.

Reconoció adicción a la lotería

Durante su declaración ante el Tribunal, Olivas Valle reconoció que tuvo problemas relacionados con los juegos de azar, aunque afirmó que su adicción estaba limitada a la compra de lotería.

“Tuve adicción a los juegos, en algún momento, a la lotería solamente”, declaró el exfuncionario, quien aseguró que tras ingresar a prisión en 2023 su problema estaba relacionado únicamente con “ganas de jugar”.

El extesorero negó que su conducta estuviera vinculada con otros tipos de apuestas y afirmó que compraba principalmente tiempos y monazos, mientras que la lotería la adquiría en menor cantidad.

Fallas en controles del Banco Nacional

La investigación también reveló presuntas debilidades en los mecanismos de supervisión interna del Banco Nacional.

Según la acusación, desde 2019 no se realizaban arqueos físicos exhaustivos en las bóvedas, situación que habría permitido que las supuestas sustracciones continuaran durante varios años sin ser detectadas.

Además de Olivas Valle, otras personas fueron incluidas en investigaciones separadas por posibles omisiones, incumplimiento de deberes o encubrimiento. Entre ellas figuran supervisores, contadores, personal de seguridad y exdirectivos jurídicos de la entidad.

El juicio continuará con la etapa de conclusiones de las partes y posteriormente el Tribunal Penal deberá definir la responsabilidad del exfuncionario y la eventual sentencia.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) separó de manera inmediata a Luis Erick Valencia Ávalos del cargo de director del Hospital II-1 de Ilo, en Moquegua, mientras el funcionario es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de negociación incompatible y cohecho.

La investigación fiscal busca determinar si Valencia utilizó su posición dentro del Hospital de EsSalud Ilo para favorecer a trabajadores a cambio de dinero.

“Ante la detención del director del Hospital II-1 de Ilo, difundida a través de medios digitales, la Red Asistencial Moquegua de EsSalud comunica (...) hemos dispuesto la separación inmediata del cargo del funcionario implicado y la activación de los mecanismos legales y administrativos internos para contribuir de forma célere con las investigaciones”, precisa el comunicado.

Tras conocerse la detención y las diligencias fiscales, la Red Asistencial Moquegua de EsSalud emitió un comunicado este viernes 7 de agosto. La institución aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a actos de corrupción y anunció su disposición a colaborar con las autoridades. Mientras el caso sigue bajo investigación, el hospital continúa atendiendo a sus pacientes con normalidad.

EsSalud separó al director del Hospital II-1 de Ilo

La decisión fue comunicada por la Red Asistencial Moquegua de EsSalud luego de la detención del director del Hospital II-1 de Ilo. En su pronunciamiento, la institución marcó distancia de las presuntas conductas atribuidas al funcionario y señaló que estas no representan los valores de la entidad.

“En EsSalud mantenemos una política de tolerancia cero frente a cualquier acto de corrupción”, señaló la institución en el comunicado difundido este 7 de agosto. La entidad también sostuvo que la conducta individual de un funcionario no representa el trabajo de los miles de trabajadores de salud.

Como parte de las medidas adoptadas, EsSalud informó que dispuso la separación inmediata del cargo de Valencia y la activación de sus mecanismos legales y administrativos internos. Además, expresó su “total apertura, facilidades y absoluta colaboración” al Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para el desarrollo de las investigaciones y la determinación de responsabilidades.

Fiscalía Anticorrupción allanó las oficinas de la Dirección del hospital EsSalud de Ilo

La separación del funcionario ocurre mientras la Fiscalía Anticorrupción desarrolla diligencias por presuntas irregularidades. Como parte de estas acciones, las autoridades allanaron las oficinas de la Dirección del Hospital de EsSalud Ilo y recopilaron documentación física y electrónica relacionada con el caso.

En declaraciones a Exitosa Noticias, el fiscal Emilio Salas explicó que la diligencia contó con autorización judicial y que la investigación comprende, de manera preliminar, al director del hospital y a otras personas cuya participación todavía se encuentra en proceso de identificación.

“Estaremos investigando un delito de negociación incompatible y tal vez cohecho”, declaró el fiscal Salas al ser consultado sobre las pesquisas. El representante del Ministerio Público también confirmó la intervención de un equipo fiscal en la dirección del hospital de Ilo.

La investigación todavía se encuentra en desarrollo. Las diligencias buscan reunir elementos que permitan establecer si las denuncias tienen sustento y determinar la eventual responsabilidad de los involucrados. Por ello, las acusaciones contra Valencia mantienen carácter preliminar.

Señalan a Valencia de haber solicitado dinero trabajadores a cambio de favores

De acuerdo con información citada por Perú21, las denuncias que originaron la investigación apuntan a que Luis Valencia habría solicitado presuntas coimas a trabajadores técnicos, personal de enfermería y otros colaboradores de EsSalud.

Según estas versiones, los presuntos pagos habrían sido solicitados a cambio de favorecer a los trabajadores con plazas laborales, mejores remuneraciones y otros beneficios dentro de la institución. La Fiscalía busca establecer si el funcionario utilizó su posición para obtener beneficios económicos de manera ilícita.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Pamela Mayory Almenara Loayza, bachiller en Psicología acusada de presunta agresión física y psicológica contra un menor de 11 años con trastorno del espectro autista (TEA). El caso fue denunciado por la madre del niño luego de revisar las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda.

La Tercera Fiscalía Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro asumió las diligencias del caso y busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el presunto ataque. El menor, identificado como Esteban, también cuenta con diagnóstico de epilepsia.

Según informó el Ministerio Público, el fiscal provincial José Luis Huarhua Ortiz dispuso diversas acciones, entre ellas la toma de declaraciones de la denunciante y testigos, la revisión de los registros audiovisuales del domicilio y la programación de evaluaciones psicológicas para los involucrados.

Fiscalía investiga presunta agresión contra menor con trastorno del espectro autista

La investigación fiscal se inició tras la denuncia presentada por Carol Vázquez, madre del menor, quien señaló que su hijo habría sido víctima de violencia mientras permanecía bajo el cuidado de Almenara Loayza. La bachiller en Psicología había sido contratada para acompañarlo en sus actividades de aprendizaje y reforzar algunas tareas después de su jornada escolar.

De acuerdo con la versión de la familia, la cuidadora trabajó durante aproximadamente cuatro meses con el niño y llegó a ganarse la confianza de sus padres. Sin embargo, la situación cambió cuando la madre revisó las grabaciones de seguridad de su vivienda y encontró imágenes que, según su interpretación, mostrarían una agresión.

La Fiscalía informó que continuará recopilando elementos para esclarecer los hechos y establecer si existió responsabilidad penal. Además, gestionó medidas de protección para el menor debido a su condición de vulnerabilidad.

“Dispuso la toma de declaraciones de la denunciante y los testigos del suceso, la revisión de los registros fílmicos captados por cámaras de video del lugar donde habría ocurrido la agresión física, la programación de evaluaciones psicológicas, entre otros”, detalló el Ministerio Público.

Madre del menor denunció cambios en su conducta antes de revisar cámaras de seguridad

Carol Vázquez relató que antes de conocer lo ocurrido en las grabaciones, la familia había atribuido los cambios de comportamiento de su hijo a episodios relacionados con su condición. Según explicó, el niño comenzó a mostrarse más irritable y evitaba ingresar al cuarto donde realizaba sus actividades con la cuidadora.

“Nosotros hemos estado acá y hemos dicho: ‘¿Qué pasó?’. ‘No, sino que le dio una crisis’. Y nosotros creímos eso”, declaró la madre en una entrevista difundida por RPP.

La denunciante afirmó que las imágenes registradas en su vivienda evidenciarían un momento en el que su hijo intentó acercarse a la cuidadora antes de que ocurriera la presunta agresión. Según su relato, el menor habría recibido golpes en la mano y el brazo, además de terminar en el suelo durante un forcejeo.

“En el video se muestra que Esteban le quiere como pasar la voz o en la mano y ella le chanca la mano. Es una persona alta, le chanca la mano y luego Esteban se quiere defender, va contra ella y ella le pega en el brazo y lo tira al piso”, contó Vázquez.

La madre también expresó preocupación porque su hijo tiene dificultades para comunicarse verbalmente y no pudo contar lo que presuntamente ocurría. “Creo que no soy la primera mamá que tiene un hijo autista que no habla, que a veces no te puede decir: ‘Mamá, está pasando algo’”, manifestó.

Pamela Almenara negó agresión y aseguró que actuó en defensa propia

Tras conocerse la denuncia, Pamela Almenara Loayza brindó su versión y negó haber maltratado al menor. La bachiller en Psicología sostuvo que las acciones registradas en las cámaras correspondían a una intervención durante una supuesta crisis del niño y afirmó que actuó para protegerse.

En entrevista con RPP, señaló que la palmada que aparece en las imágenes correspondía a una técnica para marcar límites y detener una conducta del menor. Además, sostuvo que el forcejeo posterior fue una acción de contención y no una agresión.

“Usted no sabe la fuerza que se necesita para contener a ese niño. Nosotros lo hemos contenido entre tres personas, porque una sola persona no lo puede hacer por la fuerza que tiene”, afirmó Almenara.

La acusada también mencionó que había solicitado cambiar de menor asignado al centro psicológico donde trabajaba debido a supuestas dificultades durante el acompañamiento. Según indicó, habría comunicado situaciones en las que recibió lesiones por parte del niño.

Durante la entrevista, Almenara confirmó además que existe otra denuncia en su contra por un caso distinto, relacionado con presuntos actos contra el pudor en agravio de otro menor. “Eso está en investigación. Le corresponde ya responder a mi abogada, porque ese caso ya está en investigación”, declaró.

Mientras avanzan las diligencias, la Fiscalía deberá determinar si los hechos denunciados constituyen un delito y establecer las responsabilidades correspondientes. La familia del menor espera que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y evitar que una situación similar afecte a otros niños en condición de vulnerabilidad.

El Ministerio Público de Panamá se encuentra en la etapa decisiva del caso contra José Gabriel “Gaby” Carrizo, exvicepresidente de la República (2019-2024) y excandidato presidencial.

El proceso, que investiga el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado, avanza tras el cierre formal de la investigación, lo que obliga a la Fiscalía Anticorrupción a presentar un escrito de acusación para su revisión judicial.

La defensa de Carrizo, representada por el abogado Víctor Orobio, confirmó a TVN que había recibido la notificación oficial sobre el cierre de la investigación.

“Ya nos notificaron del cierre de la investigación. Estamos esperando la presentación del escrito de acusación y de la fecha de la audiencia intermedia”, detalló Orobio.

El cierre de la investigación responde a la expiración del plazo legal para las pesquisas, después de que los tribunales rechazaran la solicitud fiscal de extender el periodo bajo la figura de “investigación compleja”.

Por tanto, la Fiscalía Anticorrupción debe ahora solicitar formalmente la audiencia y presentar el escrito de acusación, en el que se expondrán los hechos, la calificación jurídica y las pruebas reunidas.

Posteriormente, la defensa tendrá la oportunidad de contestar e introducir sus propias pruebas para la audiencia intermedia.

La causa se originó tras un informe de la Contraloría General de la República, que identificó un supuesto incremento patrimonial injustificado de Carrizo por $1,9 millones durante su gestión pública.

Como consecuencia, el contralor Anel “Bolo” Flores dispuso en noviembre de 2025 el secuestro de bienes y cuentas bancarias pertenecientes al exvicepresidente hasta por $1,3 millones.

El secuestro de bienes, anunciado públicamente el 6 de noviembre, se implementó, según se dijo, como medida cautelar para asegurar fondos en caso de una eventual condena y resarcimiento al Estado panameño.

La decisión de la Contraloría, bajo la gestión de Flores, intensificó la presión sobre Carrizo, quien ya era objeto de dos investigaciones distintas por presuntas irregularidades durante su periodo como vicepresidente entre 2019 y 2024.

La intervención de la Contraloría en este caso marcó la segunda ocasión en la que se aplica una medida similar contra un miembro de alto perfil del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Esta reiteración provocó en su momento especulaciones y aumentó la controversia pública sobre la transparencia y la gestión de los recursos estatales.

El presunto enriquecimiento injustificado constituye una infracción que afecta de manera directa la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Las autoridades buscan determinar si Carrizo obtuvo ventajas económicas ilícitas aprovechando su cargo, un aspecto central para la integridad de la función pública.

La medida de secuestro de bienes tiene como finalidad principal garantizar la posibilidad de reparación al Estado en caso de condena. Los bienes afectados permanecerán bajo custodia judicial hasta que se resuelva el caso en las instancias correspondientes.

El caso de Carrizo se suma a una cadena de escándalos que han sacudido el escenario político panameño, profundizando el malestar social y la desconfianza en la administración pública.

La lucha contra la corrupción se impone como un reto permanente para Panamá, que requiere acciones decididas de todos los sectores para fortalecer el Estado de derecho y la gobernabilidad.

El desenlace del proceso judicial contra el exvicepresidente será determinante para definir el alcance real de la política anticorrupción en el país y marcará un precedente sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en la gestión de los recursos públicos.

“Estoy abierto a que me investiguen. No solo eso, ya fui investigado”, señaló García, quien acusó a diputados locales de promover un juicio político basado, según él, en señalamientos que calificó como “refritos”, es decir, procesos que —de acuerdo con su versión— ya habrían sido resueltos por otras vías legales.

El origen del señalamiento, según el gobernador

De acuerdo con lo expuesto por García en el video, el caso al que se refirió tendría su origen en el proceso electoral de 2024, cuando las diputadas Gabriela Govea (PRI) e Itzel Castillo (PAN) presentaron una denuncia por un presunto acto de corrupción relacionado con el pago de un proveedor a la firma jurídica de su familia.

El mandatario aseguró, mostrando documentos durante la transmisión, que en agosto de 2025 se le notificó como denunciado y que la Fiscalía de Nuevo León habría determinado el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no existía daño patrimonial. Según su versión:

• Los pagos corresponderían a servicios jurídicos derivados de una auditoría de 2015, previa a su ingreso a la política en agosto de ese año.
• El Gobierno de Puebla, entidad donde el contribuyente en cuestión tiene su domicilio fiscal, habría concluido que los pagos fueron correctos.
• El SAT habría aclarado favorablemente la situación fiscal de la firma.
• La Auditoría Superior de la Federación no habría emitido observaciones sobre estos pagos correspondientes al ejercicio 2022.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a lo declarado por el propio gobernador en el video; no se ha tenido acceso independiente a los documentos oficiales que confirmen cada uno de estos puntos.

Contexto: el juicio político en curso

Cabe señalar que, de acuerdo con información previamente difundida por el Congreso de Nuevo León, existe un procedimiento de juicio político distinto —iniciado en junio de 2026 por la Comisión Anticorrupción a partir de una denuncia de la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer— que investiga una presunta triangulación de recursos por cerca de mil millones de pesos hacia despachos vinculados con familiares del gobernador. Ese proceso, así como una denuncia paralela ante la Fiscalía General de la República, continúa su curso y no cuenta hasta ahora con una resolución definitiva.

Llamado a los diputados

García cerró su mensaje pidiendo al Congreso local “dejar de perder el tiempo” y enfocarse en la discusión del presupuesto 2027, al señalar que los legisladores no habrían aprobado leyes relevantes en los últimos cinco años. El gobernador insistió en que, a su juicio, se trata de un caso ya resuelto —“cosa juzgada”, en sus palabras— y adelantó que continuará dando seguimiento público al tema.

La Fiscalía pidió nueve años y cuatro meses de prisión para el diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica. Sin embargo, el parlamentario se pronunció en un comunicado oficial y aseguró que el requerimiento del Ministerio Público carece de sustento y denunció un intento de presión vinculado a su ingreso a la Comisión de Ética del Parlamento horas antes de hacerse público el pedido de prisión.

En su comunicado, el diputado ligó la difusión del caso con su nueva función parlamentaria. “Resulta inevitable advertir que esta denuncia se hace pública precisamente cuando asumo una responsabilidad como integrante de la Comisión de Ética en mi calidad de diputado de la República”, señaló.

Sobre esa base, añadió que “no permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”. En el mismo texto, aseguró que respeta “plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial”.

Colchado también invocó la presunción de inocencia y dijo confiar en “un proceso objetivo, imparcial y respetuoso del debido proceso”. Afirmó además que ha dedicado su vida a hacer cumplir la ley y que no estará “nunca por encima de ella”.

Al final de su pronunciamiento, el ex coronel de la Policía Nacional enmarcó el proceso en su trayectoria contra redes criminales y de corrupción. “Vengo enfrentando por años al crimen organizado y a la corrupción, investigando incluso a quienes han concentrado el poder. Mi lucha contra la corrupción no cambiará por una denuncia, menos ahora, como autoridad”, escribió.

Pedido de prisión contra Harvey Colchado

El expediente ingresó al Poder Judicial el 24 de julio de 2026 y quedó a cargo del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. La acusación fue presentada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Diana Mayra Paico Guevara.

Según informó La República, el requerimiento no alcanza solo a Colchado. La Fiscalía también acusa a Clara Elizabeth Ramírez Benites y a Víctor Elvis Ocmin Vargas como autores de negociación incompatible en agravio del Estado.

Colchado respondió con un pronunciamiento difundido el 5 de agosto de 2026. Allí sostuvo que la acusación es “un documento que no cuenta con el debido sustento y fundamento legal”, y añadió que contiene “insuficientes elementos de convicción” sobre los delitos que se le atribuyen.

El cargo de falsedad ideológica se apoya en un acto notarial fechado el 30 de abril de 2021. Ese día, de acuerdo con la acusación, el entonces coronel de la Policía Nacional acudió ante el notario público Paul Hinojosa Carrillo para otorgar un Poder Especial a favor de Martina Huamaní Ordóñez.

Ese documento le permitía a la apoderada administrar un inmueble y realizar actos de compraventa y alquiler sobre la propiedad. En ese mismo testimonio notarial, según la Fiscalía, Colchado declaró que su ocupación era “independiente”.

Para el Ministerio Público, ese dato es incompatible con su situación funcional de entonces. La acusación sostiene que para esa fecha ya tenía el grado de coronel de la Policía Nacional en actividad y estaba asignado a la Macrorregión Policial Lambayeque.

La Fiscalía vincula esa condición a la Resolución Ministerial N° 227-2021-IN, emitida el 3 de abril de 2021 por el entonces ministro del Interior Alfonso Chavarry Estrada. También remarca que el Poder Especial fue inscrito en la Sunarp el 18 de mayo de 2021, cuando, según el documento oficial citado, mantenía esa condición policial.

Según Latina, la liberación de los militares se ejecutaría este viernes, después de que se realicen los trámites requeridos entre el Poder Judicial y el INPE. Los efectivos estaban internados en el penal de Huamancaca Chico desde el 20 de junio. Los ocho militares ya no seguirán recluidos mientras avanza la investigación fiscal. El proceso penal por las muertes y las lesiones continúa abierto.

¿Qué pasó en Colcabamba?

El caso se originó el 25 de abril en Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica, durante un operativo militar. De acuerdo con el reporte de Latina, cinco jóvenes murieron y dos sobrevivieron al ataque.

Testimonio de un sobreviviente

Uno de los jóvenes que pudo sobrevivir al incidente, Jonathan Águila, relató desde la cama de un hospital local que los disparos de los militares comenzaron por detrás del vehículo en el que viajaban cuando regresaban de un campeonato de fútbol. “Ya empezaron a disparar de atrás hasta que el carro se plantó a un matorral”, declaró

Águila añadió que, tras el impacto inicial, la mayoría de los ocupantes seguía con vida y que el chofer ya no reaccionaba. “En ahí casi todos estábamos vivos. Solo el chofer había muerto porque ya no se movía desde que se ha tumbado para este lado”, dijo.

Otro de los sobrevivientes, Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años, figura como una pieza clave dentro de las investigaciones. Su testimonio inicial lo ubicaba como parte de un grupo dedicado al transporte de droga en la zona. Sin embargo, un video difundido por el medio Epicentro presenta una versión distinta en la que el joven afirma que aquella declaración fue obtenida bajo amenaza.

“Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así”, declaró. Según su versión, al interior del vehículo no se transportaba droga ni armamento en el momento de la intervención.

El joven también indicó que los militares no se encontraban identificados. “No pensábamos que eran militares, pues estaban con la ropa de civil con capucha”, afirmó. De acuerdo con su relato, esta situación generó confusión entre los ocupantes del vehículo, lo que llevó al conductor a intentar escapar al creer que se trataba de un asalto. “Habría pensado que eran rateros así”, agregó.

La apelación anuló la medida y cuestionó el trámite de primera instancia

La resolución de segunda instancia dejó sin efecto la orden de prisión preventiva dictada en primera instancia por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayacaja. Según la reportera de Latina desde Huancayo, la sala sostuvo que el juez no habría cumplido con garantizar la participación de los abogados de los investigados y que no habría considerado actuaciones realizadas durante la investigación.

La decisión alcanza al capitán Luis Joel Montenegro Pardo, el teniente Brayan Fernández Dett y los suboficiales Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Marcos Guerra, Andy Sánchez Ríos, Jorge Aguilar García, Américo Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano, según Huanca York Times.

Defensa de militares ahora denuncia al juez por prevaricato y falsedad ideológica

En paralelo con la liberación, la defensa de los militares presentó una denuncia penal contra el juez José Matos Centeno, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayacaja. La acción lo señala por los presuntos delitos de prevaricato y falsedad ideológica.

Según la publicación local, la denuncia fue formulada por el militar investigado Luis Joel Montenegro Pardo ante la Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Junín. El escrito pide diligencias preliminares para establecer una eventual responsabilidad penal del magistrado.

Montenegro sostiene en ese documento que el juez dictó oralmente la prisión preventiva el 20 de junio de 2026 y que la defensa apeló en la misma audiencia. También afirma que el recurso fue sustentado sobre la base de los argumentos expuestos por el magistrado en la audiencia grabada.

La sala de apelaciones también decidió remitir el caso a Control Interno de la Corte Superior de Justicia de Junín para que evalúe la actuación del juez de Tayacaja, de acuerdo con Huanca York Times. Latina informó además que uno de los cinco fallecidos tenía 22 años.

La Fiscalía Suprema solicitó cuatro años de prisión efectiva para la excongresista María del Pilar Cordero Jon Tay por el presunto delito de concusión en agravio del Estado, dentro del caso ‘Mochasueldos’. El requerimiento también incluye una solicitud de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una sanción económica.

Según informó Latina Noticias, la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, presentó la acusación contra la exparlamentaria, a quien atribuye la condición de autora del delito de concusión, previsto en el artículo 382 del Código Penal.

Fiscalía acusa cobro de sueldo

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, María Cordero habría solicitado el 50 % del salario de Rafael Cabrejos Vela, quien se desempeñaba como extrabajador de su despacho congresal, entre marzo y agosto de 2022.

La investigación fiscal señala que estos hechos fueron revelados tras un reportaje periodístico del programa Punto Final, que expuso el caso denominado ‘Mochasueldos’. Por estos hechos, además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía requirió una inhabilitación de 10 años para ejercer funciones públicas y el pago de una multa de S/ 30.200.

Asimismo, el requerimiento fiscal incluye como investigado a Braden Alexander Paredes Calla, excolaborador del Poder Legislativo, señalado como presunto cómplice primario del delito de concusión. Para él, el Ministerio Público solicitó cuatro años de prisión, 10 años de inhabilitación y una multa de S/ 8.438,40, según detalló el citado medio.

Admiten trámite fiscal

El Poder Judicial informó que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria admitió a trámite el requerimiento mixto presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Mediante la Resolución N.° 1, emitida el 16 de julio de 2026, el órgano jurisdiccional dispuso correr traslado del pedido a los sujetos procesales por un plazo de 10 días para que presenten sus descargos y ejerzan su derecho de defensa.

El requerimiento mixto presentado por la Fiscalía contiene una acusación contra María Cordero y Braden Alexander Paredes, así como un pedido de sobreseimiento a favor de Rafael Aurelio Cabrejos Vela, quien fue investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico.

Próximos pasos del proceso judicial

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley deberá evaluar primero el pedido de sobreseimiento, de acuerdo con las reglas establecidas para los requerimientos fiscales mixtos. Posteriormente, continuará el trámite correspondiente a la acusación fiscal.

Durante el plazo otorgado, las partes podrán presentar observaciones a la acusación, plantear medios de defensa, solicitar pruebas para un eventual juicio oral y formular otros pedidos contemplados en el Código Procesal Penal.

El proceso penal contra María Cordero se inició luego de que el Pleno del Congreso, en marzo de 2024, aprobara suspenderla de sus funciones legislativas y retirarle la inmunidad parlamentaria. Ahora, el caso continuará en la etapa de evaluación judicial antes de determinar si corresponde abrir un juicio oral.

El Ministerio Público presentó un requerimiento acusatorio contra el exoficial de la Policía Nacional y actual diputado Harvey Colchado, a quien atribuye los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. Como parte de la acusación, la Fiscalía solicitó una pena total de 9 años y 4 meses de prisión, además de 241 días multa por uno de los ilícitos imputados.

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, el requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) ante el 30.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En el mismo caso también fueron acusados Clara Elizabeth Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas.

Fiscalía atribuye dos delitos al exoficial de la PNP

Según la acusación fiscal, Harvey Colchado es señalado como presunto cómplice del delito de negociación incompatible en agravio del Estado, mientras que también se le imputa ser autor del presunto delito de falsedad ideológica.

El Ministerio Público sostiene que ambos hechos constituyen delitos independientes, por lo que aplicó las reglas del concurso real previstas en el Código Penal para solicitar una pena acumulada de 9 años y 4 meses de prisión. Asimismo, pidió imponer 241 días multa por el presunto delito de falsedad ideológica, de acuerdo con el requerimiento citado por Latina Noticias.

Escritura pública bajo investigación

La acusación por falsedad ideológica está relacionada con una escritura pública suscrita el 30 de abril de 2021, mediante la cual Harvey Colchado otorgó un poder especial para administrar, vender o alquilar un inmueble de su propiedad ubicado en el distrito de Comas.

La Fiscalía sostiene que, en ese documento notarial, Colchado declaró como ocupación “independiente”. Sin embargo, según la investigación fiscal, para esa fecha se desempeñaba como coronel de la Policía Nacional del Perú en actividad y estaba asignado a la MACREPOL Lambayeque – REGPOL, conforme a una resolución ministerial emitida semanas antes.

El requerimiento también precisa que la escritura pública fue presentada ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) el 11 de mayo de 2021 y quedó inscrita el 18 de mayo del mismo año, periodo en el que, de acuerdo con la tesis fiscal, el entonces oficial seguía ejerciendo funciones dentro de la institución policial.

Fiscalía pide más de 9 años de prisión

En su requerimiento acusatorio, el Ministerio Público considera que Harvey Colchado no registra antecedentes penales y, por ello, reconoce la existencia de una circunstancia atenuante. No obstante, sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio y solicitar una condena por los dos delitos imputados.

De prosperar la acusación, el exoficial afrontaría una pena de 5 años y 4 meses de prisión por el presunto delito de negociación incompatible y 4 años de prisión por el presunto delito de falsedad ideológica, lo que suma 9 años y 4 meses de cárcel. Corresponderá ahora al Poder Judicial evaluar el requerimiento presentado por la Fiscalía y determinar los siguientes pasos del proceso penal. Según informó Latina Noticias, la acusación fue formalizada ante el juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra un hombre investigado por el presunto delito de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, una mujer de 31 años, en un caso que conmocionó a los vecinos del distrito de Ate. La medida fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, que presentó diversos elementos de convicción para sustentar el pedido durante la audiencia.

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el pasado 2 de julio, a pocos metros de la vivienda de la víctima. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que el investigado habría aprovechado una reunión acordada con la mujer para atacarla con un arma cortante, luego de citarla bajo el argumento de devolver y recoger algunas pertenencias tras el término de su relación sentimental. Mientras continúan las diligencias, el acusado permanecerá recluido de manera preventiva.

Fiscalía sostiene que el investigado planeó el encuentro y la atacó con un cúter

El caso es investigado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Ate, que consiguió que se imponga nueve meses de prisión preventiva contra Christian Cruz, investigado por el presunto delito de feminicidio agravado.

Según la tesis presentada por el Ministerio Público, el imputado contactó a su expareja para encontrarse en la intersección de la calle 3 de Agosto con la avenida 26 de Mayo, en Ate. La reunión, de acuerdo con las investigaciones, tenía como finalidad recuperar objetos personales luego de haber concluido la relación que ambos mantenían.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el investigado llegó al lugar portando un cúter que mantenía oculto. Una vez frente a la víctima, la habría atacado por la espalda para inmovilizarla y evitar que pudiera defenderse.

La hipótesis fiscal señala que, tras un forcejeo, la mujer quedó en una situación de indefensión. En esas circunstancias, el investigado le habría provocado varias heridas cortantes en el cuello, lesiones que ocasionaron una hemorragia externa severa, causándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.

Durante la audiencia en la que se evaluó el requerimiento de prisión preventiva, la fiscal adjunta provincial Nataly Ortega Vera presentó distintos elementos que, según la investigación, vinculan al imputado con el crimen.

Entre las pruebas expuestas figura el acta de necropsia elaborada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), documento que detalla la causa de muerte de la víctima. También se incorporaron las declaraciones de testigos que presenciaron parte de lo ocurrido y el acta de la inspección técnico-policial, mediante la cual se registró y documentó la escena donde ocurrió el ataque.

Con estos elementos, el órgano jurisdiccional declaró fundado el requerimiento formulado por la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva por nueve meses para el investigado, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Canales de ayuda

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

• Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.
• Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).
• Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.
• Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.
• Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.

La Fiscalía General de la Nación destapó un presunto esquema de corrupción que habría desviado más de 3 billones de pesos colombianos, provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), a través de una red que operó en al menos 19 departamentos del país, en el conocido caso Fondo Mixto Sierra Nevada.

Como resultado de la investigación y un posterior operativo, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a trece personas, entre quienes figuran Ramiro González Mancilla, actual alcalde de María La Baja, Bolívar; a Martín Zuelta, exalcalde de La Paz, Cesar; un contratista y varios exdirectivos del cuestionado fondo.

La operación, desarrollada en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio, permitió identificar que la organización habría direccionado cerca de 480 contratos relacionados con proyectos de infraestructura, educación, agua potable, saneamiento básico, deporte, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y vivienda rural.

Según la Fiscalía, el esquema utilizó el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada como ente concentrador de los recursos, asignando contratos y subcontratos a terceros e, incluso, a miembros de la misma red.

De hecho, desde la Fiscalía se conoció que los implicados habrían adoptado un manual de contratación propio para eludir los controles estatales, a través de la presentación de documentos, actas y registros presuntamente falsos.

Esta estrategia habría inducido en error a las autoridades encargadas de la vigilancia de la contratación pública y, en consecuencia, habría llevado al desvío de fondos.

Durante la investigación se realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro, en las que fueron incautados equipos electrónicos y documentos clave para el proceso judicial. En el operativo participaron 105 servidores de policía judicial, quienes también realizaron seguimientos a los detenidos.

La Fiscalía detalló que a los capturados se les imputarán delitos como concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.

Las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medidas de aseguramiento se realizarán en las próximas horas ante un juez de control de garantías.

Algunos de los capturados

Ramiro González Mancilla, alcalde del municipio de María La Baja, fue capturado el 3 de agosto de 2026, por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Tras su captura, el mandatario fue trasladado a la capital del país para enfrentar los respectivos cargos ante las autoridades judiciales.

La investigación, liderada desde el nivel central de la Fiscalía, apunta a esclarecer el alcance de las presuntas maniobras irregulares que comprometerían el funcionamiento de administraciones públicas en distintas regiones.

Las autoridades judiciales continuarán con el proceso para determinar la responsabilidad individual de los implicados y el destino de los recursos públicos involucrados.

Por por otra parte, Alejandro Castro Bernal, representante suplente del Fondo Mixto Sierra Nevada, fue capturado en la ciudad boyacense de Sogamoso por, presuntamente, facilitar los contratos en entidades como la Gobernación de Boyacá.

Exalcalde de La Paz, Martín Zuleta, permanece internado bajo custodia policial tras orden de captura

A su vez, Martín Guillermo Zuleta Mieles, exalcalde de La Paz y fundador del Fondo Mixto, Cesar, permanece internado en el Instituto Cardiovascular del Cesar bajo vigilancia policial después de que se conociera una orden de captura en su contra, emitida en el marco de una investigación nacional por presunta corrupción en la gestión de recursos del Sistema General de Regalías.

La situación de salud de Zuleta Mieles se complicó tras enterarse de la diligencia judicial. Según relataron las autoridades, el exmandatario no se encontraba en su residencia al momento de un allanamiento, pero luego se presentó junto a su abogado ante el CTI de Valledupar, donde fue informado formalmente de la orden de captura.

El impacto emocional habría provocado una descompensación, con elevación de azúcar y presión arterial, que motivó su traslado de urgencia a la clínica, donde permanece bajo monitoreo médico y custodia del CTI y la Policía Nacional.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería (Córdoba), por la presunta exigencia de 100 millones de pesos colombianos a una candidata al Congreso de la República.

Según el reporte oficial que emitió la mañana del martes 4 de agosto de 2026 el ente investigador, el funcionario público habría ofrecido favorecer a la aspirante con mil votos en las elecciones legislativas realizadas el pasado 8 de marzo.

La investigación determinó que el procesado contactó a la candidata el 25 de febrero y solicitó una reunión en su residencia, donde le habría planteado la petición de dinero.

Seguido a esto, en un segundo encuentro que se acordó en una cafetería de Montería, el funcionario reiteró la solicitud y aseguró contar con la capacidad para manipular los resultados electorales y garantizar los votos ofrecidos.

Por todo lo anterior, la Fiscalía a través de su Dirección Especializada contra la Corrupción detalló en su informe oficial que a Mendoza Soto se le imputó el delito de concusión, aunque el acusado no aceptó el cargo.

Quién fue la candidata que denunció al funcionario de la Registraduría en Montería

El 10 de marzo de 2026 se conoció un informe del diario El Tiempo en el que la excandidata al Senado Ana Cristina Muñoz (Frente Amplio Unitario) viajó a Bogotá para reunirse con el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el objetivo de exponer detalles de la denuncia presentada durante la jornada electoral del 8 de marzo.

Muñoz sostuvo que un hombre, identificado como funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Córdoba, le ofreció mil votos a cambio de 100 millones de pesos colombianos para favorecer su campaña.

De acuerdo con la denuncia, la excandidata se reunió en dos ocasiones con el señalado, quien le propuso el intercambio de votos por dinero y le citó en distintos puntos para acordar el pago, tal y como precisó el comunicado de la Fiscalía.

Muñoz afirmó contar con grabaciones y fotografías como material probatorio de los encuentros.

“Tengo una grabación y fotos de las reuniones en las que me citó para pedirme plata a cambio de votos”, declaró la excandidata en conversación con el mismo medio local.

Por su parte, el ministro Benedetti se refirió al caso durante la jornada electoral, al calificar el hecho como “grave y determinante” al asegurar que existía una grabación sobre el ofrecimiento y aceptación del dinero.

El ministro agregó: “Ya ahoritica más tarde se entregarán las grabaciones a la Fiscalía General de la Nación”.

Muñoz declaró que también interpuso una segunda denuncia por presuntos delitos electorales, al sostener que, tras hacer público el caso, los votos prometidos no se reflejaron en el conteo oficial, pues obtuvo 622 votos.

Además, ella relató que comenzó a recibir amenazas en Córdoba tras la denuncia, y por este motivo la Fiscalía General de la Nación incluyó el caso en su sistema penal, investigando el delito de tráfico de votos.

Respecto al perfil del funcionario investigado, desde el mismo diario se verificó que no se trata de un registrador, como se mencionó inicialmente, sino de un supernumerario contratado de forma temporal por la Registraduría Nacional entre el 3 y el 12 de marzo, dentro de un grupo de 30 mil personas reclutadas en todo el país para labores logísticas en las elecciones.

El señalado cumplía funciones transitorias y no ocupaba un cargo directivo.

En diálogo con el mismo medio, el hoy judicializado afirmó: “Nos vimos en un parque en Montería. Ella estaba dando un discurso, buscando líderes para su candidatura. Yo me acerqué, como muchas otras personas, y le di mi número”, pero precisó: “Ella fue la que me marcó a mí, me dijo que si podíamos encontrarnos y nos vimos en un centro comercial, en una cafetería”.

La fiscalía federal de Estados Unidos resolvió retirar los cargos contra otras tres personas acusadas por supuestos daños en la Reflecting Pool del Lincoln Memorial, en un nuevo giro dentro de una causa que ya había quedado bajo fuerte cuestionamiento tras el cierre del expediente contra el exolímpico David Hearn.

La decisión, reportada por Forbes, profundizó la tensión política en torno a la investigación y volvió a dejar en una posición incómoda al presidente Donald Trump, que insiste en atribuir el deterioro del estanque a hechos de vandalismo.

De acuerdo con Forbes, los tres acusados enfrentaban cargos menores por daños a la propiedad valuados en menos de USD 1.000.

El medio identificó a los imputados como Justin Carreno, Sophie Dennison-Gibby y Cameron Thiers y señaló que la desestimación llegó pese a las críticas públicas del mandatario contra la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, cuya oficina quedó a cargo de las presentaciones judiciales.

La nueva desestimación reordena el centro de la historia

El retiro de los cargos contra esas tres personas intensificó el eje de la cobertura porque consolidó una tendencia que ya había comenzado con el caso de Hearn.

Forbes recordó que el exdeportista había sido acusado de destrucción grave de propiedad después de que el gobierno sostuviera que había arrancado partes del revestimiento del estanque. Hearn se declaró inocente y la causa terminó cayendo semanas más tarde.

Tal y como informó ABC News, la propia oficina de Pirro pidió desestimar ese expediente tras revisar documentación enviada por el Departamento del Interior.

En esa presentación, el Departamento de Justicia aseguró que el daño “fue resultado de una instalación defectuosa del contratista” y no de una acción vandálica. El escrito, citado por ABC News, también habló de un proceso “apresurado y defectuoso” durante la colocación del recubrimiento.

Ese cambio de criterio no solo favoreció a Hearn. También debilitó la base sobre la que habían sido impulsadas las otras acusaciones.

Forbes sostuvo que la fiscalía ya retiró los cargos contra los tres últimos imputados que quedaban en pie, con lo que la teoría oficial sobre una serie de ataques deliberados perdió todavía más fuerza.

La fiscalía apuntó a fallas de obra y no a vandalismo

Los documentos judiciales reseñados por ABC News incorporaron elementos que complicaron la versión inicial del gobierno.

La cadena detalló que la fiscalía recibió materiales que describían fallas repetidas durante la instalación del revestimiento y un apuro para terminar la renovación antes de las celebraciones del 4 de julio, en el marco de los preparativos por America 250.

Entre esos elementos apareció un correo de un ingeniero del Servicio de Parques Nacionales que advertía sobre una franja perimetral de entre 30 y 60 centímetros vulnerable al desprendimiento.

ABC News agregó que esa era justamente una de las zonas por las que había pasado la acusación contra Hearn.

En su escrito, la fiscalía afirmó además que, si el Departamento del Interior hubiera entregado a tiempo la información que tenía en su poder, el gobierno no habría buscado una acusación formal ante un gran jurado.

La secuencia quedó todavía más expuesta con el cierre de los expedientes restantes. En el caso de uno de los acusados, Forbes indicó que su defensa denunció que el gobierno “literalmente fabricó un crimen”.

Otro abogado citado por ese medio dijo que su clienta había pasado del temor a sentirse aliviada tras la retirada de los cargos.

Donald Trump volvió a cargar contra Jeanine Pirro

Mientras la fiscalía retrocedía en los tribunales, Trump redobló su ofensiva política. Forbes afirmó que el presidente expresó su desacuerdo “100%” con Pirro y sostuvo que lo ocurrido en el estanque fue “un puro caso de vandalismo”.

También la acusó de haberse quebrado y de haberse doblado “como un paraguas”, en declaraciones reproducidas por ese medio.

La tensión escaló todavía más cuando Forbes reveló que Trump evalúa desplazar a Pirro de su cargo como fiscal federal del Distrito de Columbia.

Fuentes citadas por el medio describieron al mandatario como furioso por la retirada del caso contra Hearn y sorprendido por una presentación judicial que terminó atribuyendo los daños a una obra mal ejecutada.

A la vez, Trump aseguró ante la prensa que existen fotografías y grabaciones que mostrarían a personas cortando el revestimiento con una cuchilla. Ni Forbes ni ABC News reportaron hasta ahora la difusión pública de ese material.

Una remodelación millonaria bajo revisión

La controversia judicial también reabrió preguntas sobre la obra en sí. ABC News recordó que la renovación de la Reflecting Pool costó alrededor de USD 16 millones y que, tras su inauguración, aparecieron problemas de algas y desprendimientos del revestimiento.

La cadena precisó además que la empresa Atlantic Industrial Coatings recibió más de USD 14,6 millones por el trabajo. Ese contrato, afirmó ABC News, fue adjudicado sin licitación competitiva para acelerar los plazos de entrega.

Forbes añadió que el proyecto había partido de una estimación inicial cercana a USD 1,8 millones y terminó muy por encima de ese cálculo, un salto que derivó en cuestionamientos sobre controles, calidad de ejecución y uso de fondos públicos.

Con la baja de las acusaciones contra Hearn y contra las otras tres personas, la investigación quedó en un punto sensible para la Casa Blanca.

ABC News aclaró que el cierre del caso principal fue solicitado “sin perjuicio”, una fórmula que permite reabrirlo más adelante.

La emisora informó que el ingreso al inmueble se realizó con la presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un notario público y, posteriormente, de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició los peritajes correspondientes.

De acuerdo con la televisora, ninguna de las áreas fue intervenida antes de la llegada de las autoridades.

Durante las primeras inspecciones, la Fiscalía detectó presuntos daños en la Videoteca, considerada el acervo audiovisual público más importante del país, por lo que la evidencia fue incorporada a la carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada previamente.

Videoteca de Canal Once presenta desorden y posible afectación al patrimonio audiovisual

La directora de Canal Once, Renata Turrent, informó que, una vez concluidas las diligencias ministeriales, personal de la emisora pudo ingresar a la Videoteca y constató afectaciones cuya magnitud aún deberá determinarse mediante un inventario técnico.

La funcionaria destacó que este archivo reúne 67 años de historia audiovisual de México y constituye un patrimonio cultural del país.

Señaló que el compromiso de la institución será recuperar la mayor cantidad posible de material, reorganizar el acervo y mantener informada a la ciudadanía sobre los avances de los trabajos de conservación.

Trabajadores documentan el estado del archivo histórico

Beatriz Cid, responsable de la Videoteca desde hace casi tres décadas, describió que al ingresar encontró un panorama de desorden generalizado, con cintas y discos fuera de sus cajas, materiales analógicos dispersos y algunos soportes audiovisuales aparentemente rotos.

Entre los contenidos afectados, explicó, se localizaron materiales de programas emblemáticos como Aquí nos tocó vivir, además de registros de transmisiones deportivas y otras producciones históricas de la emisora.

También señaló que el archivo, organizado por inventarios, fue alterado, por lo que comenzará una revisión para determinar qué materiales presentan daños y si existe alguna ausencia.

Entre las acciones anunciadas por Canal Once destacan:

• Inicio del inventario completo del acervo audiovisual.
• Evaluación técnica de los materiales presuntamente dañados.
• Documentación de las afectaciones para integrarlas a la investigación.
• Restablecimiento gradual de las producciones y operaciones.
• Implementación de medidas para rescatar y conservar el patrimonio audiovisual.

Versiones encontradas sobre la recuperación de las instalaciones

Mientras Canal Once sostiene que la recuperación del inmueble ocurrió de forma pacífica y conforme a derecho, estudiantes que mantenían la ocupación ofrecieron una versión distinta.

Los jóvenes aseguraron que fueron desalojados mediante empujones y forcejeos, además de denunciar que no pudieron retirar pertenencias personales antes de abandonar el inmueble.

Asimismo, rechazaron haber causado daños a las instalaciones o al archivo audiovisual y afirmaron que no se les permitió verificar las condiciones en las que quedó el edificio tras su salida.

Por su parte, autoridades federales, entre ellas el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, señalaron que a simple vista se observaron materiales audiovisuales desordenados, aunque indicaron que será la investigación de la Fiscalía la que determine el alcance de las afectaciones.

Conflicto en Canal Once continuará en mesas de diálogo

Canal Once aclaró que la recuperación de sus instalaciones no implica el cierre del diálogo con el movimiento estudiantil.

La emisora indicó que las mesas de trabajo continuarán siendo coordinadas por las autoridades competentes para atender las demandas relacionadas con el conflicto del IPN, en el que mantendrá disposición para colaborar dentro del ámbito de sus atribuciones.

Asimismo, reconoció el trabajo de su personal, que durante más de dos meses logró mantener la transmisión de la señal en condiciones extraordinarias con el apoyo de otros medios públicos e instituciones.

Finalmente, la televisora reafirmó su compromiso con el derecho de las audiencias a recibir contenidos informativos, educativos, científicos y culturales de calidad, además de preservar el patrimonio audiovisual que forma parte de la memoria colectiva de México.

Conforme avancen las labores de evaluación y recuperación, informó que anunciará el regreso gradual de sus producciones y próximos estrenos.

La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitó un año de prisión preventiva para 37 de los imputados en el caso Riverside, entre ellos cuatro hijos de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, señalado como el presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas y al lavado de dinero.

La petición fue presentada luego de que el Ministerio Público concluyera la exposición de las pruebas durante la audiencia de medidas cautelares, un proceso que se ha prolongado por más de siete semanas debido a la magnitud del expediente y al elevado número de personas investigadas.

Ahora corresponderá a los abogados defensores presentar sus alegatos antes de que el Juzgado Penal de Limón resuelva si acoge o no la solicitud fiscal.

De acuerdo con la investigación, la organización criminal habría continuado operando incluso después de que López Vega fuera extraditado a Estados Unidos en marzo de este año, tras permanecer detenido desde mediados de 2025.

La Fiscalía sostiene que la estructura quedó bajo el mando de los hijos de “Pecho de Rata”, quienes habrían asumido funciones de coordinación dentro de la presunta organización dedicada al abastecimiento de marihuana y cocaína para diferentes grupos criminales del país, además de exportar cargamentos de droga y blanquear las ganancias obtenidas mediante esas actividades ilícitas.

Entre los imputados también destacan un hombre de apellido Spencer, quien presuntamente era el responsable de la logística marítima utilizada para el transporte de estupefacientes, y dos personas de apellido Botti, señaladas como supuestos encargados del tráfico de drogas.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a personas de apellidos Calero, López, Vaz, Cameron, Mc Lean, Wray, Pizarro, Angulo, Martínez, Lara, Mena, Kelly, Scoby, Sojo, León, Marchena, Botti, Pinnock, Ardón, Coto, Romero, Gordon, Collado, Córdoba, Spencer, Marín, Corrales, Slack, Segura, Gutrie y Weir, entre otros.

Mientras tanto, otras 17 personas investigadas permanecerán en libertad bajo medidas cautelares. Entre las restricciones impuestas por la Fiscalía figuran la prohibición de salir del país, la obligación de firmar una vez al mes ante las autoridades judiciales, mantener un domicilio fijo y abstenerse de tener contacto con los demás integrantes de la presunta organización criminal.

El Ministerio Público explicó que esas medidas fueron determinadas luego de valorar los riesgos procesales y el nivel de participación atribuido a cada uno de los sospechosos.

Además, advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas podría provocar la revocatoria de esas medidas y el eventual dictado de prisión preventiva.

La audiencia se desarrolla en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a la cantidad de personas involucradas en el expediente. La utilización de ese espacio ha generado algunos retrasos, ya que el recinto también había sido reservado para otras actividades institucionales, como graduaciones y grabaciones, lo que obligó a realizar coordinaciones logísticas adicionales.

La diligencia es dirigida por la jueza Alejandra Rojas, del Juzgado Penal de Limón.

La operación Riverside, ejecutada el 23 de junio, es considerada por las autoridades como el mayor operativo realizado en la historia del OIJ contra una organización dedicada al narcotráfico y la legitimación de capitales.

Según las investigaciones, la estructura movilizaba cocaína y marihuana desde Colombia mediante embarcaciones que desembarcaban en la zona de Cahuita, en Limón, para posteriormente distribuir la droga dentro del país y enviarla a otros mercados.

Las pesquisas también permitieron identificar un patrimonio de aproximadamente ₡10,000 millones (USD 22 millones) que las autoridades consideran de origen presuntamente ilícito.

El expediente además incluye investigaciones por presuntos vínculos con el exmagistrado Celso Gamboa y menciona la supuesta participación de figuras públicas, entre ellas cantantes, exfutbolistas y modelos, aspecto que continúa bajo investigación.

Asimismo, el OIJ determinó que, pese a encontrarse privado de libertad antes de su extradición, “Pecho de Rata” habría continuado dirigiendo las op2weraciones de la organización desde el centro penal La Reforma mediante teléfonos celulares que, presuntamente, le eran facilitados de forma ilegal por funcionarios penitenciarios.

La investigación también señala que López Vega fungía como uno de los principales proveedores logísticos de droga para Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, uno de los criminales más buscados por las autoridades costarricenses.

En la audiencia de imputación contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas, realizada a las 3:00 p. m. del lunes 3 de agosto de 2026, estaba previsto que la Fiscalía General de la Nación le comunicara formalmente los hechos por los que busca vincularlo al proceso penal que enfrenta por presunto acoso sexual.

Sin embargo, esta diligencia fue aplazada para el martes 4 de agosto mientras se realiza la respectiva verificación de las solicitudes de la defensa de las presuntas víctimas y del reconocido comunicador, que fue salpicado en uno de los escándalos más grandes de la televisión colombiana.

Cabe mencionar que el comunicador podría pasar de investigado a imputado, un cambio procesal que no equivale a una condena ni supone una declaración de culpabilidad.

Antes de que se llevara a cabo la primera audiencia, la firma Riveros Bazzani, que asumió la defensa judicial de Jorge Alfredo Vargas, indicó que el silencio del periodista no podía leerse como admisión de responsabilidad en el proceso penal que enfrenta por presunto acoso sexual: “Frente a las informaciones publicadas recientemente, queremos aclarar que la defensa no ha solicitado la reserva de las audiencias”.

Del mismo modo, en el comunicado se agregó lo siguiente: “Es importante precisar que Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad”.

Audiencia de imputación contra Jorge Alfredo Vargas

En medio de la audiencia se contó con la presencia de funcionarios de la Fiscalía, el Juzgado 41 de Bogotá, apoderados de las víctimas, la defensa del acusado, así como del propio Jorge Alfredo Vargas.

En la diligencia, la abogada Ana Bejarano confirmó que la presunta víctima a la que representa pidió la reserva de su identidad, con el fin de proteger su seguridad, evitar la revictimización y garantizar su integridad en medio del proceso.

Incluso, se informó que la solicitud de imputación cobija en total a cuatro presuntas víctimas, aunque una sola ha otorgado el poder, por lo que por ahora se avanza en el proceso solo con su denuncia. Entre tanto, la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández Zambrano, aseguró que las identidades serán conocidas solamente por la defensa, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales.

La solicitud de la defensa será evaluada por la justicia

La defensa del famoso periodista aseguró que el nombre de Jorge Alfredo Vargas se ha ventilado durante todo el proceso, por lo que no comparte la anonimización de las denunciantes. En su intervención, solicitó que el proceso se adelantara sobre la base de presunción de inocencia del reconocido periodista.

“Hay que proteger los derechos de las presuntas víctimas, pero al procesado se le deben asegurar las garantías procesales como la presunción de inocencia y a las víctimas se les trate con esa presunción”, expuso Juan David Bazzani Montoya, abogado al frente del equipo defensor.

Después de estudiar por unos minutos la solicitud, la jueza encargada del caso confirmó que la audiencia se suspendió y la determinación correspondiente se emitirá en la jornada del martes 4 de agosto de 2026 a las 9:00 a. m., de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación.

La magistrada explicó que, por la complejidad del asunto y la carga laboral del despacho, así como la hora en la que se llevó a cabo la citación, la providencia se emitirá el martes.

La reaparición de Jorge Alfredo Vargas

Jorge Alfredo Vargas reapareció públicamente en la jornada del lunes durante la audiencia de imputación de cargos que adelanta la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual, en medio del proceso penal que enfrenta por denuncias en su contra.

Desde que se conocieron las acusaciones y salió de Noticias Caracol, el periodista no había vuelto a aparecer en público. Su única reacción había sido un comunicado en redes sociales, donde afirmó que su desvinculación del canal fue “de común acuerdo”.

Un ciudadano de nacionalidad costarricense fue condenado en Panamá a 80 meses de prisión y 60 meses de prohibición para portar arma de fuego, tras ser hallado responsable por el delito de posesión de armas de fuego y explosivos.

El fallo se dictó pocos días después de su detención ocurrida en el distrito de David, provincia de Chiriquí, según comunicó la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí.

La audiencia de control, celebrada ante las autoridades judiciales panameñas, permitió que el Ministerio Público solicitara la legalización de la aprehensión del imputado.

Durante este proceso, la Fiscalía procedió a la formulación del cargo, sustentando que el ciudadano costarricense mantenía en su poder un arma de fuego, hecho que motivó la apertura de la causa penal y la posterior sentencia.

De acuerdo con la información oficial, la detención se realizó en el contexto de labores de patrullaje y control en el distrito de David, capital de la provincia chiricana.

Los agentes policiales ubicaron al ciudadano extranjero con el arma, hecho que derivó en su inmediata puesta a disposición del sistema de justicia panameño.

La Procuraduría General de la Nación detalló que la condena de 80 meses de prisión se complementará con una prohibición adicional de 60 meses para portar armas de fuego una vez cumplida la condena principal, reforzando la política de sanción para delitos relacionados con armas y explosivos en el país.

Esta normativa busca disuadir la tenencia ilegal y fortalecer la seguridad interna, según señalaron voceros del Ministerio Público panameño a medios locales.

El caso fue abordado bajo el marco legal vigente en Panamá, que contempla penas severas para la posesión ilícita de armamento y materiales explosivos, en especial cuando estos implican riesgos para la seguridad pública.

Según datos del Ministerio Público, la provincia de Chiriquí ha intensificado en los últimos años los operativos de control para combatir el tráfico y tenencia ilegal de armas, en colaboración con organismos de seguridad regionales.

La audiencia de control permitió que la Fiscalía presentara evidencia relevante para sustentar la acusación, incluyendo el arma incautada y testimonios de los agentes intervinientes.

El proceso se desarrolló conforme al Código Procesal Penal panameño, que establece procedimientos expeditos para delitos flagrantes y la protección de las garantías fundamentales del imputado.

Las autoridades de Costa Rica no han emitido, hasta el momento, declaraciones públicas sobre la situación judicial de su ciudadano condenado en Panamá.

El caso ha llamado la atención de organizaciones defensoras de derechos humanos en la región, que han solicitado acceso a información sobre las condiciones de detención y el respeto a las garantías procesales.

La Procuraduría General de la Nación reafirmó en su comunicado la importancia de la cooperación internacional para combatir la criminalidad transfronteriza, especialmente en regiones cercanas a fronteras terrestres como la de Chiriquí.

“La coordinación entre países resulta esencial para prevenir y sancionar delitos que afectan la seguridad regional”, indicó la institución.

El condenado deberá cumplir su pena en un centro penitenciario de Panamá, bajo los lineamientos establecidos por las autoridades judiciales del país.

Tras completar la condena principal, permanecerá sujeto a la restricción para portar armas durante un periodo adicional de cinco años, una medida que refuerza la política de cero tolerancia frente a delitos armados.

La causa penal se suma a otros procesos recientes en Panamá relacionados con la posesión ilegal de armas y explosivos, en el marco de una estrategia nacional orientada a reducir los índices delictivos y fortalecer el control de materiales peligrosos en todo el territorio.

La Fiscalía General de la Nación adoptó una nueva decisión dentro de las investigaciones relacionadas con el cantante Charlie Zaa, cuyo nombre de pila es Carlos Alberto Sánchez, al ordenar que se investigue la actuación del fiscal que hace ocho años archivó el expediente sobre el presunto origen ilícito de parte de su patrimonio.

De acuerdo con El Tiempo, la determinación fue adoptada por el despacho del fiscal Gabriel Jaimes, que actualmente tiene a su cargo el proceso, y se suma a las actuaciones adelantadas recientemente por el ente acusador, entre ellas la ocupación con fines de extinción de dominio de cuatro bienes del artista ubicados en Ibagué y Girardot, avaluados en 45.467 millones de pesos, así como la compulsa de copias para que se investigue penalmente al cantante por los señalamientos sobre un supuesto vínculo con el bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La compulsa de copias contra el fiscal que archivó el caso

De acuerdo con información revelada por el medio ya mencionado, la Fiscalía compulsó copias para que la justicia ordinaria determine si el funcionario que archivó el proceso en 2018 incurrió en alguna conducta punible al haber tomado esa decisión pese a la existencia de elementos probatorios.

Según el documento conocido por el diario, el despacho del fiscal Jaimes señaló: “El despacho ha compulsado copias para que la justicia ordinaria estudie la conducta del fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que había dispuesto archivo previo sobre estos hechos, existiendo material probatorio para proceder en trámites de extinción de dominio con fines de reparación a las víctimas del conflicto”.

Fuentes consultadas por ese diario indicaron que el fiscal mencionado sería Moisés Sabogal, funcionario con cerca de 30 años de trayectoria en la entidad y quien hizo parte de la Unidad de Justicia y Paz.

De acuerdo con los expedientes citados, el 16 de mayo de 2018 Sabogal archivó el caso, pese a que, según la actual valoración de la Fiscalía, existían elementos suficientes para continuar con las averiguaciones relacionadas con el presunto origen de los bienes atribuidos al artista.

Los antecedentes de la investigación

La investigación contra Charlie Zaa tiene origen en declaraciones entregadas por exintegrantes de las AUC durante procesos de Justicia y Paz.

Según la información conocida, algunos desmovilizados señalaron al cantante como un supuesto enlace dentro de una estructura que, presuntamente, habría servido para ocultar bienes obtenidos por Diego José Martínez, alias ‘Daniel’, identificado como cabecilla del bloque Tolima de las AUC.

Entre quienes realizaron esos señalamientos figuran Ricaurte Soria Ortiz, alias ‘Carlos Orlando’, e Indalecio José Sánchez, cuyas versiones fueron incorporadas a las actuaciones preliminares que posteriormente fueron archivadas.

De acuerdo con el diario, esas declaraciones fueron objeto de nuevas verificaciones por parte de las autoridades. En 2024, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazaron a Girardot para realizar un recuento de las propiedades mencionadas dentro del expediente.

Posteriormente, en 2025, el caso volvió a tomar impulso dentro de la Fiscalía, que continuó recopilando elementos relacionados con las denuncias sobre un presunto testaferrato en favor de alias ‘Daniel’.

Los bienes objeto de extinción de dominio

En desarrollo de la investigación, la Fiscalía ocupó recientemente cuatro bienes relacionados con el cantante. Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel.

Las propiedades, ubicadas en Ibagué y Girardot, tienen un avalúo conjunto de 45.467 millones de pesos y actualmente son objeto de un proceso de extinción de dominio.

Las audiencias correspondientes se adelantan ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde el magistrado Manuel Bernal ha venido resolviendo las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía respecto de esos inmuebles.

También avanza una investigación penal

Además de la actuación relacionada con la extinción de dominio, el despacho del fiscal Gabriel Jaimes compulsó copias para que Charlie Zaa sea investigado penalmente por los presuntos nexos con el bloque Tolima y con alias ‘Daniel’.

Ahora, la Fiscalía deberá determinar cuál despacho asumirá esa investigación y realizar un análisis preliminar para establecer si existen méritos para adelantar actuaciones penales.

De igual manera, la entidad deberá definir el curso de la investigación contra el exfiscal que archivó el expediente en 2018.

La respuesta del cantante

Tras la ocupación de los bienes, Charlie Zaa rechazó públicamente los señalamientos y aseguró que el origen de su patrimonio es legal.

En un pronunciamiento divulgado a mediados de julio, el artista sostuvo: “No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá”.

El cantante pidió que el proceso avance respetando las garantías judiciales y manifestó su disposición para atender los requerimientos de las autoridades.

El proceso continúa en diferentes frentes

Con la reciente compulsa de copias, la Fiscalía abrió un nuevo frente dentro del caso al solicitar que se establezca si existieron irregularidades en la decisión que llevó al archivo del expediente hace ocho años.

Mientras esa actuación avanza, el ente acusador continuará con el proceso de extinción de dominio sobre las cuatro propiedades y con la definición del despacho que asumirá la investigación penal derivada de los señalamientos contra el cantante.

Hasta el momento, ninguna de estas actuaciones constituye una decisión de fondo sobre la responsabilidad penal de Charlie Zaa o del exfiscal mencionado, por lo que las investigaciones continúan dentro de las etapas previstas por la ley y bajo el principio de presunción de inocencia.

La Fiscalía quedó habilitada para pedir que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, sea juzgado como persona ausente después de que un juez validó en segunda instancia el edicto emplazatorio por sus reiteradas inasistencias al proceso. La decisión despeja el camino para reanudar el 4 de agosto de 2026 las audiencias en las que se busca avanzar en la imputación por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

El dato que aceleró ese trámite quedó consignado el 17 de julio de 2026 en el Juzgado 104 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Villavicencio: la Fiscalía entregó las constancias de publicación del edicto en la plataforma web de la entidad, en El Nuevo Siglo, en el periódico Extra y en la emisora Radio Auténtica. Con esa verificación, la juez Luisa Fernanda Rodríguez Quintero fijó los días 4, 5 y 6 de agosto a las 9:00 a. m. para continuar las audiencias.

El expediente señala que, una vez cumplido el término legal de cinco días hábiles del emplazamiento, el juez competente declarará persona ausente al indiciado y el defensor designado lo representará en todas las actuaciones. Ese punto convierte las ausencias de Calarcá en un hecho con efecto procesal directo: el caso podrá seguir sin su presencia física.

La actuación judicial se produjo después del ultimátum público del presidente electo, Abelardo De La Espriella, contra Calarcá y otros cabecillas de las disidencias de las Farc. En paralelo, el proceso penal ya había tomado su propio curso en los despachos de Villavicencio.

El juzgado validó el edicto y programó tres nuevas audiencias

La orden inicial de emplazamiento fue proferida en audiencia del 28 de mayo de 2026 dentro del proceso radicado por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El texto judicial indicó que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, era requerido para ser vinculado formalmente a la investigación.

El edicto se fijó en Villavicencio el 11 de junio de 2026 a las 7:30 a. m. y se desfijó el 18 de junio de 2026 a las 5:00 p. m. El documento precisó que, concluido ese término, la autoridad judicial quedaba facultada para declararlo persona ausente y seguir notificando a través del abogado que le fuera designado.

La constancia secretarial incorporada al despacho el 17 de julio informó que la Fiscalía 113 Seccional remitió prueba de la publicación del edicto en medios escritos y radiales. A partir de esa revisión, el juzgado dispuso la continuación de las audiencias para los tres primeros días hábiles de agosto ya señalados.

La difusión del emplazamiento cubrió Meta, Huila, Caquetá y Guaviare

La providencia judicial detalló que el edicto fue publicado en la plataforma web de la Fiscalía General de la Nación y en la sección de clasificados de El Nuevo Siglo el 07 de julio de 2026. También apareció en la edición del periódico Extra que circula en el departamento del Meta y en la que se distribuye en Huila y Caquetá, ambas con fecha 05 de julio de 2026.

A eso se sumó la divulgación en Radio Auténtica, una emisora con cobertura en Huila, Meta, Caquetá y Guaviare, durante los días 5 y 7 de julio de 2026. Esa secuencia de publicaciones fue la base documental que el juzgado dio por verificada antes de reactivar el calendario del proceso.

Alias Calarcá enfrenta una investigación impulsada por la Fiscalía 113 Especializada DECOC, la Fiscalía 14 Unidad Especial de Investigación y la Fiscalía 75 Especializada DECOC de Medellín. Los delitos atribuidos son concierto para delinquir agravado y homicidio agravado por hechos violentos que, según el proceso, se adjudican a la estructura bajo su mando.

El sobrino del escritor Juan José Soto Bacigalupo recibió nueve meses de prisión preventiva mientras es investigado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de su tío, el reconocido periodista, escritor y gestor cultural, asesinado el pasado 22 de julio en la puerta de su vivienda ubicada en Barranco.

El Poder Judicial dictó esta medida a solicitud de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santiago de Surco-Barranco, que sustentó el pedido con los elementos recabados durante las diligencias preliminares. Entre las pruebas presentadas figuran las pericias de luminol realizadas en prendas del investigado, rastros de sangre encontrados en la vivienda de la víctima y registros de cámaras de vigilancia cercanas al lugar del crimen.

La detención de Manuel Valera (30) ocurrió cuatro días después del asesinato, luego de las diligencias ejecutadas por agentes de la Depincri Chorrillos-Barranco de la Policía Nacional del Perú (PNP). La investigación continúa para esclarecer la secuencia del ataque, determinar el móvil del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.

Fiscalía sustentó prisión preventiva contra el sobrino del escritor

La Fiscalía atribuye a Manuel Valera la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de su tío, Juan José Soto Bacigalupo. La prisión preventiva permitirá que el investigado permanezca bajo custodia mientras avanzan las diligencias fiscales y policiales destinadas a determinar su responsabilidad en el crimen.

Según el Ministerio Público, los elementos recopilados durante las primeras etapas de la investigación permitieron solicitar esta restricción. Entre ellos se encuentran análisis forenses, declaraciones recogidas durante las diligencias y material audiovisual que será evaluado para reconstruir la secuencia de los hechos.

La medida cautelar no establece una condena contra el investigado, sino que busca garantizar su presencia durante el proceso mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas.

Sospechoso fue capturado cuatro días después del crimen en Barranco

La captura de Manuel Valera ocurrió cuatro días después del asesinato, tras las diligencias realizadas por agentes de la Depincri Chorrillos-Barranco de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los investigadores recopilaron indicios en el domicilio del sospechoso antes de ejecutar su intervención.

Uno de los principales elementos incorporados al caso corresponde a las pruebas de luminol realizadas por peritos de criminalística. Según las diligencias difundidas, estas pruebas permitieron detectar rastros hemáticos en ambientes vinculados al investigado, los cuales serán sometidos a exámenes de homologación.

Además, las cámaras de seguridad cercanas registraron imágenes que forman parte de la hipótesis policial. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los videos mostrarían al detenido ingresando a su inmueble aproximadamente dos horas después del ataque con prendas que presentaban manchas que serían compatibles con sangre y utilizando guantes, elementos que son evaluados por los especialistas.

Lo que se sabe del asesinato de Juan José Soto Bacigalupo

El crimen ocurrió durante la tarde del miércoles 22 de julio, en el exterior de la vivienda del escritor, ubicada cerca de la plaza Butters, en Barranco. Según las primeras investigaciones, la víctima fue atacada con un arma blanca en el ingreso de su domicilio.

Los pedidos de auxilio alertaron a los vecinos de la zona, quienes encontraron al escritor gravemente herido. Personal de emergencia acudió al lugar, pero solo pudo confirmar su fallecimiento.

Tras el ataque, agentes policiales acordonaron la zona y peritos realizaron el levantamiento de evidencias para determinar cómo ocurrió el homicidio. Las imágenes de videovigilancia, testimonios y pruebas forenses forman parte del expediente que continúa bajo investigación del Ministerio Público.

Juan José Soto Bacigalupo y su legado en la cultura peruana

Además de su labor literaria, Juan José Soto Bacigalupo destacó como periodista y gestor cultural. A lo largo de su trayectoria impulsó proyectos vinculados a la difusión de la literatura y participó en diversas iniciativas culturales.

Al momento de su muerte, el escritor preparaba actividades relacionadas con su obra “Palabra sobre los abismos”. Su fallecimiento causó impacto entre colegas, lectores y representantes del sector cultural, quienes recordaron su aporte a la creación y promoción artística en el país.

Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer el móvil del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunció en su cuenta oficial de X la existencia de una presunta red internacional que, según sus declaraciones, ha operado con fondos públicos de Medellín y recursos provenientes de la mafia para impulsar una campaña de desprestigio contra su gobierno.

Petro afirmó haber presentado pruebas ante la Fiscalía General y señaló que las operaciones estarían dirigidas a influir ilegalmente en la opinión pública y el escenario político nacional.

“Fondos internacionales con dineros públicos de Medellín y de la mafia par desprestigiar el gobierno. Aquí presento pruebas que ya tiene la fiscalía general en la campaña de desprestigio e Iván Cepeda en plena campaña (sic)”, afirmó.

Según la publicación de Petro, el entramado financiero incluye aportes de empresarios y políticos colombianos en el exterior, quienes habrían constituido un fondo destinado a financiar el portal digital Petroleaks.

El mandatario sostiene que esa plataforma habría difundido contenidos a través de miles de “bots”, perfiles falsos y personas pagadas, con el objetivo de manipular a los usuarios de redes sociales e incidir en el debate público mediante información falsa. Para Petro, esta supuesta estrategia buscaba afectar la imagen de personas, gobiernos y proyectos políticos legítimos.

En su mensaje, Petro identificó a Juan Ricardo Palacio Escobar y al ciudadano italiano Andrea Baggio como los supuestos responsables detrás de Petroleaks.

De acuerdo con sus afirmaciones, la plataforma era gestionada bajo las empresas Grupo Digital Recovery y Reputación Up, firmas que tendrían operaciones en Estados Unidos, Colombia, Panamá, Brasil, España e Italia.

El mandatario colombiano añadió que estas compañías ofrecían supuestos servicios tanto a clientes privados como a entidades públicas, incluyendo la transferencia de fondos sin utilizar el sistema financiero colombiano.

El presidente señaló que el centro operativo de esta estructura se encuentra en Estados Unidos, donde los movimientos financieros evitarían el control fiscal y bancario nacional, lo que podría constituir delitos de evasión de impuestos y lavado de activos.

“Cuentan con clientes privados y entidades públicas y lo que venden es el servicio de transferir recursos sin el uso del sistema financiero colombiano (sic)”, indicó.

Petro aseguró que los recursos eran transferidos desde empresas vinculadas a Palacios y Baggio en Colombia hacia cuentas personales en el exterior, lo que, según su versión, dificultaba el rastreo del dinero y facilitaba su desvío hacia otros fines.

Entre los aportantes citados por Petro figuran Detech Les SAS y el Partido Centro Democrático, con movimientos por cerca de mil millones de pesos.

El mandatario vinculó a Luis Javier García Correa, identificado como militante del Centro Democrático de Antioquia, con la propiedad de Detech. Además, mencionó a Álvaro José Londoño Mejía, quien habría realizado transferencias próximas a las elecciones locales de 2023 y a quien señaló como financiador del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Antioquia, para el año 2023 cerca de las elecciones locales también movió dinero el señor, Álvaro José Londoño Mejía, uno de los financiadores del actual gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón (sic)”, indicó.

El pronunciamiento de Petro incluyó la mención de otros movimientos financieros relevantes. Destacó una transferencia de casi 400.000 millones de pesos de OPL Carga SAS a empresas de Palacios, mientras la Fiscalía investigaba a esa compañía por corrupción privada y reportaba varias transacciones sospechosas.

La denuncia también abarca a Inversiones Rodríguez Fuentes LTDA, empresa vinculada —según Petro— con Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias “comandante Barbie”, a quien el mandatario ubicó como persona de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”.

Según el presidente Petro, desde la creación de las empresas de Palacios y Baggio se registraron transferencias de Isacol SAS y Trasmeba Carga SAS, compañías que, de acuerdo con sus declaraciones, han sido señaladas por presunto comercio de más de 300 toneladas de cocaína.

Petro afirmó que en las fechas cercanas a procesos electorales, las empresas de Palacios recibieron recursos de entidades públicas. Especificó una transferencia de casi 1.200 millones de pesos de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), entonces dirigida por Mateo Benítez González, funcionario que, según el presidente, mantiene una relación cercana con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario incluyó en su publicación preguntas sobre las motivaciones de estos movimientos de dinero y el papel de empresas dedicadas a la gestión de reputación y eliminación de contenido digital en redes sociales y computadoras.

Según lo expuesto por Petro, los fondos habrían sido canalizados hacia firmas con presencia en Medellín que, además de ofrecer servicios tecnológicos, estarían involucradas en la manipulación de información y la alteración del entorno digital.

En su publicación, Gustavo Petro aseguró que las pruebas relacionadas con estos hechos ya fueron entregadas a la Fiscalía General.

La Fiscalía General de la Nación informó la mañana del miércoles 30 de julio de 2026 que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó órdenes de captura contra cinco personas presuntamente vinculadas al homicidio de María Camila Potosí, la joven de 21 años cuyo cuerpo fue localizado con signos de violencia el pasado 16 de julio en Cali, Valle del Cauca.

Las capturas se realizaron durante diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Cali y Andalucía, donde las autoridades incautaron teléfonos celulares y una motocicleta posiblemente relacionadas con el caso.

Según los detalles que se han conocido por parte del ente investigador, a los hoy detenidos se les incautaron varios celulares y una motocicleta, y serán presentados ante jueces de control de garantías en para su judicialización y para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Las cinco personas detenidas fueron Yulieth Angulo, recordada por ser la mujer que aparece en la última grabación transportando a María Camila en una motocicleta. Además de la mujer, los otros cuatro aprehendidos fuero identificados con los alias de Nilson, “Edu”, “Kevin” y “JJ”.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, el alcalde de Cali Alejandro Eder brindó detalles del operativo, y se confirmó por parte de la Policía Metropolitana que el consejo de seguridad que se desarrollará en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (Emavi) se brindará el informe oficial a medios de comunicación.

“Fueron capturados cinco presuntos implicados en el crimen de María Camila Potosí, caso que nos conmovió como ciudad y como país. Ninguna mujer debería ser víctima de la violencia y ningún crimen como este puede ser normalizado o quedar en la impunidad. Lo dijimos desde el primer día y lo estamos cumpliendo: no vamos a descansar hasta que todos los responsables respondan ante la justicia”, señala la primera parte de la publicación que realizó el mandatario local.

El alcalde de Cali precisó que “estas capturas representan un avance importante en la búsqueda de justicia para María Camila, una joven de 21 años que esperaba un hijo, y para su familia”.

Al final, el gobernante felicitó a la Fiscalía y a la Policía Nacional “por el trabajo investigativo que condujo a este resultado, fruto de la articulación entre las instituciones”.

“En Cali seguiremos trabajando de manera coordinada con la Fuerza Pública y la Fiscalía para esclarecer plenamente este caso. Aquí no hay lugar para quienes atentan contra la vida, la dignidad de las mujeres y la niñez” concluyó Eder.

Por su parte, y en declaraciones a medios de comunicación, el brigadier general Herbet Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, precisó que “en tan solo diez días de trabajo, y luego de esta rigurosa investigación, mediante operativos realizados en la ciudad de Cali y en el municipio de Andalucía, logramos la captura de cinco personas, presuntos responsables de la desaparición y homicidio de María Camila, así como la extracción de su bebé”.

Asimismo, el alto oficial detalló que “los capturados están siendo dejados a disposición de la autoridad competente y serán judicializados por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio”.

El general Benavídez se refirió a la detención de Angulo, y detalló que ella “habría transportado a María Camila e hizo parte de este complot criminal”.

Lo más delicado de las pesquisas fue que “se estableció que varias de estas personas pretendían huir del país”, añadió el vocero de la Policía Nacional de Colombia, que señaló que la búsqueda de la bebe sigue en curso.

“Mantenemos activos todos los protocolos de búsqueda de la bebé y seguiremos informando conforme avancen las diligencias judiciales. Recordamos que existe una bolsa de recompensa de hasta 200 millones de pesos para que nos permita seguir avanzando en este proceso investigativo que hemos priorizado”, concluyó el alto oficial.

Sigue la búsqueda de la bebé de María Camila

El anuncio se dio luego de que la Alcaldía de Cali instaló un Puesto de Mando Unificado en la estación de Policía Meléndez dos días antes para intensificar la búsqueda de la bebé extraída del vientre de María Camila Potosí, cuyo cuerpo se encontró cerca del río Meléndez.

La operación incluye brigadas en terminales de transporte, centros comerciales y barrios del sur de la ciudad, mientras la recompensa por información que permita ubicar a los responsables llegó a $200 millones.

El dispositivo articula a la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja, Gestión del Riesgo, Casa Matria y varias secretarías distritales en los sectores aledaños al afluente.

La búsqueda se concentra en el sur de Cali y en el entorno del río Meléndez

Las brigadas se concentran en barrios como Polvorines, Meléndez y Alto de Santa Elena, donde las autoridades realizan perifoneo y entregan volantes puerta a puerta para difundir la recompensa.

La administración distrital sostuvo que el monitoreo de la operación es permanente desde la estación de Policía Meléndez.

El secretario de Seguridad y Justicia Jorge Alexander Moreno explicó que las nuevas medidas fueron definidas tras una sesión reciente de la Mesa de Inteligencia.

“Por instrucciones del señor alcalde, Alejandro Eder, luego de la más reciente sesión de la Mesa de Inteligencia, se definieron nuevas acciones operativas para acelerar el esclarecimiento del caso. Todos los esfuerzos institucionales están puestos en poder recopilar información o pruebas que permitan darle celeridad a la investigación”, dijo el funcionario.

Las autoridades insistieron en que cualquier colaboración será recibida de forma confidencial. Para ello mantienen habilitadas las líneas 314 2846098 y 314 3606293.

Según se pudo conocer, el jueves 16 de julio María Camila salió temprano para confirmar una cita médica, pero nunca regresó a su hogar.

Jiménez Villalobos fue señalada por la Fiscalía de Costa Rica como pieza clave en la estructura financiera de una organización investigada por tráfico de drogas, contrabando de cigarrillos y licores y venta clandestina de lotería.

El señalamiento sostiene que no solo mantenía una relación sentimental con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, identificado como líder del grupo, sino que también participaba activamente en el manejo de los fondos, llevando registros detallados de los movimientos de dinero.

Según la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Villalobos era responsable de anotar los ingresos y egresos en una función de “contaduría empírica”, consciente de que el dinero provenía de actividades delictivas.

Este papel, según la acusación presentada ante el Juzgado Penal de Delincuencia Organizada, es fundamental para rastrear el flujo de fondos ilícitos. El Observador informó que el expediente “Colorado” fue la base para dictar tres meses de prisión preventiva a Arias Monge y cinco meses a Jonathan Méndez Pérez, alias “Tan”.

El teléfono y los registros financieros como centro de la causa

Uno de los elementos centrales es el teléfono celular decomisado a Villalobos. De acuerdo con la Fiscalía, el análisis del aparato permitió extraer fotografías, conversaciones, registros financieros y otros documentos que aportaron detalles sobre la operación interna del grupo.

En esas imágenes y archivos se encontraron registros de gastos operativos como recargas telefónicas, combustible, cigarrillos, municiones y pagos a miembros identificados como “Músculo” y “Anllel”.

Los apuntes también incluían referencias a cantidades y tipos de droga, utilizando los términos “perico” para cocaína, “cajeta” para crack y “mota” para marihuana. Para el Ministerio Público, estos registros forman parte del sistema de control de ingresos, egresos y cuentas pendientes por venta de drogas.

También se hallaron elementos que, según la Fiscalía, permiten vincular a Villalobos directamente con Arias Monge, familiares suyos y otros integrantes de la organización.

Manejo de bienes y pruebas de vida incompatible

La acusación sostiene que Villalobos administraba recursos económicos, resguardaba dinero en efectivo y participaba en la adquisición de bienes muebles e inmuebles para ocultar el origen ilícito del dinero. La policía judicial atribuye a la imputada el uso de testaferros para encubrir la propiedad de inmuebles y vehículos, dificultando el rastreo de los bienes.

En el expediente se describen operaciones relacionadas con propiedades, vehículos, cuentas bancarias y establecimientos comerciales. Uno de los bienes analizados no estaba a nombre de la acusada, pero los indicios recogidos sugieren que, según el Ministerio Público, se utilizó un testaferro para ocultar la identidad del verdadero propietario.

La Fiscalía destaca que el nivel de vida documentado supera los ingresos reportados por la mujer. Entre las pruebas, se incluyen imágenes de remodelaciones en la vivienda, cambios de pisos, mejoras estructurales, adquisición de mobiliario de alto valor, joyas y el uso de un Range Rover blindado.

El análisis del teléfono permitió documentar una cirugía estética practicada a Villalobos. Se recopilaron presupuestos médicos, facturas, pagos a la clínica, depósitos bancarios, recetas médicas y dictámenes postoperatorios, así como conversaciones sobre la intervención y la recuperación. El informe detalla transferencias bancarias por miles de USD y pagos realizados por terceros, así como un seguimiento completo del procedimiento.

Proceso judicial y postura de la defensa

El abogado defensor, Gregorio Briglia Peralta, manifestó a El Observador que la acusación de la Fiscalía constituye una hipótesis que debe ser probada y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. Remarcó que el proceso se encuentra en una fase inicial, a la espera de la audiencia preliminar, durante la cual la defensa podría presentar gestiones adicionales.

Será el juez de la etapa intermedia quien determine si la acusación cumple los requisitos legales contemplados en el artículo 306 del Código Procesal Penal y si el expediente debe ser elevado a juicio oral y público. Briglia Peralta subrayó que, si el caso avanza, el Ministerio Público deberá “desvirtuar el estado de inocencia” de su representada, como establece la legislación costarricense.

La situación de varias construcciones antiguas del Centro Histórico de Piura vuelve a centrar la atención de las autoridades públicas debido al impacto que podrían generar las próximas lluvias previstas para la región. La preocupación alcanza tanto la seguridad de la población como la protección de edificaciones con valor histórico.

El escenario cobra relevancia dentro del estado de emergencia vigente en el departamento de Piura, una medida adoptada frente al peligro asociado al fenómeno El Niño 2026-2027. En ese contexto, distintas instituciones intensifican acciones de inspección para identificar estructuras vulnerables.

Las edificaciones patrimoniales requieren intervenciones especializadas debido a sus características constructivas y a su importancia cultural. Cualquier deterioro representa un desafío para las entidades responsables de la conservación y para las autoridades encargadas de reducir riesgos frente a posibles emergencias.

Como parte de esas acciones preventivas, el Ministerio Público realizó una diligencia en dos inmuebles históricos ubicados en el centro de la ciudad, con participación de diversas instituciones vinculadas a infraestructura, patrimonio y gestión del riesgo.

Inspección detecta daños estructurales en dos casonas patrimoniales

El Ministerio Público informó sobre el riesgo inminente de colapso de dos casonas declaradas patrimonio cultural, ubicadas en la cuadra 5 de la calle Arequipa, en el Centro Histórico de Piura. La diligencia preventiva estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Manuel Mena Ruiz, integrante de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Piura.

Según precisó la Fiscalía, la intervención respondió a una solicitud formulada por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura. La medida también tomó como referencia el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, publicado el 2 de julio de 2026, mediante el cual se declaró el estado de emergencia en el departamento por el peligro inminente frente a intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

La evaluación preventiva consideró que futuras precipitaciones podrían incrementar el deterioro de inmuebles históricos ubicados dentro del Centro Histórico de Piura, razón por la cual se dispuso la inspección de las dos edificaciones.

Varias entidades participaron en la diligencia preventiva

Durante la visita técnica participaron representantes del Gobierno Regional de Piura, la Dirección Desconcentrada de Cultura, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Provincial de Piura, además de las empresas contratista y supervisora responsables del proyecto “Recuperación del Centro Histórico de Piura”.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, la inspección permitió verificar el estado actual de las casonas y documentar los principales daños presentes en ambas estructuras. La participación conjunta de las instituciones buscó facilitar la evaluación de los riesgos y definir las acciones que corresponden a cada entidad competente.

La diligencia también permitió revisar las condiciones existentes en una zona donde se ejecutan obras vinculadas con la recuperación del Centro Histórico, aspecto que requiere coordinación entre las autoridades responsables de la conservación patrimonial y de la infraestructura pública.

Durante la inspección se identificaron grietas, pérdida de resistencia del adobe, deterioro de muros de quincha y colapso parcial de techos. Según el Ministerio Público, estas condiciones representan un peligro para vecinos, peatones y trabajadores que transitan o desarrollan actividades cerca de los inmuebles.

Frente a este escenario, la Fiscalía exhortó a las entidades competentes a adoptar medidas inmediatas para disminuir los riesgos estructurales detectados. Entre las recomendaciones figura la realización de una evaluación estructural especializada que permita determinar el estado de las edificaciones y las intervenciones necesarias.

Asimismo, el Ministerio Público planteó la ejecución de trabajos de apuntalamiento y estabilización, la coordinación permanente con la Dirección Desconcentrada de Cultura y la implementación de un plan de contingencia con señalización y medidas de seguridad para prevenir accidentes que puedan afectar a residentes de viviendas colindantes y a las personas que circulan por el sector.

Protección del patrimonio durante las obras del centro histórico

Las recomendaciones formuladas por la Fiscalía también incluyen criterios relacionados con la conservación del patrimonio cultural. El Ministerio Público indicó que cualquier intervención debe considerar la preservación del valor histórico de las casonas, debido a su condición de bienes patrimoniales.

La institución señaló que este aspecto resulta especialmente relevante porque en el Centro Histórico de Piura se desarrolla el proyecto de recuperación urbana. Por ese motivo, las acciones destinadas a reducir el riesgo estructural deberán coordinarse con las labores previstas dentro de esa obra, con el objetivo de resguardar tanto la seguridad de la población como la conservación de los inmuebles históricos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que activó de manera inmediata los protocolos de atención y protección para la periodista Jaqueline Robles, luego de que denunciara la presencia de personas que fotografiaban su domicilio desde un vehículo, situación que generó preocupación por su seguridad.

De acuerdo con la institución, tras la denuncia formal se implementaron medidas de resguardo y se establecieron canales de atención directa para la comunicadora, además de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de los hechos.

La Fiscalía señaló que estas acciones forman parte de los protocolos especializados para la atención de delitos cometidos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y proteger la integridad de quienes desempeñan esta labor.

Investigan los hechos ocurridos frente al domicilio de la comunicadora

El caso surgió después de que Jaqueline Robles denunciara que un grupo de personas a bordo de un automóvil tipo Tsuru permaneció frente a su vivienda mientras tomaba fotografías del inmueble, hechos que quedaron registrados por cámaras de videovigilancia.

Posteriormente trascendió que, presuntamente, el vehículo pertenecía a la Fiscalía estatal y que realizaba diligencias relacionadas con otra investigación en la zona.

No obstante, la dependencia informó que, independientemente de esa versión, decidió activar de inmediato los mecanismos de protección previstos para periodistas y continuar con las indagatorias para brindar certeza sobre lo sucedido.

Asimismo, reiteró que todas las líneas de investigación permanecerán abiertas hasta esclarecer plenamente el caso y, de ser necesario, fincar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Violencia contra periodistas mantiene en alerta a organismos nacionales e internacionales

La activación de estas medidas ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de quienes ejercen el periodismo en México.

Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido sobre el incremento de agresiones contra comunicadores durante 2026 y han insistido en fortalecer los mecanismos de protección, así como garantizar investigaciones eficaces que combatan la impunidad.

Periodistas asesinados en México durante 2026

• Francisco Alejandro Leyva Aguilar (Oaxaca)
• Josué Martínez Contreras (Puebla)
• Cinco comunicadores más asesinados en distintas entidades del país durante el primer semestre del año, con lo que la cifra asciende a siete periodistas víctimas de homicidio en 2026.

Amenazas contra Pedro Matías aumentan preocupación en Oaxaca

La situación de Jaqueline Robles también ocurre pocos días después de que el corresponsal de Proceso en Oaxaca, Pedro Matías Arrazola, denunciara amenazas de muerte difundidas en redes sociales.

Los mensajes fueron publicados tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y motivaron nuevos llamados de organizaciones nacionales e internacionales para que las autoridades refuercen la protección a los comunicadores que realizan coberturas sobre seguridad, derechos humanos y violencia.

Hasta el momento, las autoridades estatales han informado avances en la investigación por el homicidio de Leyva Aguilar; sin embargo, integrantes del gremio periodístico han solicitado que se agoten todas las líneas relacionadas con su actividad profesional.

Asesinato de Alejandro Leyva elevan alerta por periodistas en Oaxaca

En su comunicado, la Fiscalía de Oaxaca aseguró que continuará trabajando bajo estándares nacionales e internacionales para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, privilegiando un enfoque preventivo y el respeto a la libertad de expresión.

La dependencia afirmó que brindará atención integral a Jaqueline Robles mientras continúan las investigaciones, al tiempo que reiteró su compromiso de garantizar condiciones para que el ejercicio periodístico pueda desarrollarse de manera libre y segura en la entidad, en un escenario donde las agresiones contra la prensa siguen generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión.

Como muestra del compromiso que adquirió, De la Espriella anunció que Medellín, capital de Antioquia, será sede del Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Estados Unidos que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Además de lo que representa la alianza que busca fortalecer a las autoridades con coordinaciones militares en varios países, el anuncio del presidente electo ha hecho que se especule sobre lo que pasará con la Paz Urbana.

Mientras los voceros de los grupos criminales de la región afirmaron que están dispuestos a negociar con el nuevo Gobierno, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla denunció que fiscales encargados de casos en los que se vincula a varios de los voceros de la Paz Urbana han sido trasladados antes de que termine el Gobierno Petro.

En su cuenta de X, Carrasquilla mencionó que han sido movidos siete fiscales a otras direcciones del Gaula, dejando sin posibilidad de que estos entreguen un balance de su trabajo en los casos a la nueva administración.

“Hoy quiero hacer una denuncia para la fiscal general de la Nación (Luz Adriana Camargo), porque resulta que cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció que en Medellín funcionará el Escudo de las Américas, que es esa ayuda que vamos a recibir del Gobierno americano y de otras naciones para la persecución contra el crimen organizado, se le dio por emitir una directriz donde supuestamente, justificando el famoso concurso que se lleva a cabo en la Fiscalía General de la Nación, sacaron siete fiscales experimentados y que venían adelantando las investigaciones contra los cabecillas de las estructuras criminales en la ciudad de Medellín, como son los GDO y los Gdco”, escribió Carrasquilla.

La concejala Carrasquilla hizo un llamado al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y al Ministerio de Defensa para que se formulen estrategias en los primeros 100 días de gestión con el fin de enfrentar el crimen, considerando que ya no están los fiscales que lideraban las investigaciones más delicadas.

“Muchas de las estructuras que estaban en el radar de esos fiscales están relacionadas con las conversaciones de paz que venían avanzando con el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro”, señaló la cabildante antioqueña.

La concejala advirtió que actualmente existen más de 600 capturas represadas vinculadas a investigaciones sobre crimen organizado en Medellín, y argumentó que para gestionar ese volumen de trabajo se requiere personal con experiencia y conocimiento profundo de los casos.

“Fueron movidos (los fiscales) para supuestamente una nueva dirección del Gaula, con cero carga, y la carga que tenían ellos, que era tan importante, donde hay más de 600 capturas represadas, fue entregada a cuatro fiscales, que a su vez tienen a su carga otras regiones diferentes de Antioquia, no pudiendo cumplir, como se necesita, con la lucha contra el crimen organizado”, aseguró Carrasquilla.

Carrasquilla remarcó la gravedad de la situación, asegurando que, con su experiencia como exfiscal, puede afirmar que la redistribución de casos podría afectar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

Por último, recordó que no es la primera vez que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, enfrenta cuestionamientos por decisiones asociadas a la lucha contra el crimen en Medellín, puesto que en enero de 2026 la funcionaria fue objeto de debate público tras la suspensión de órdenes de captura contra voceros de estructuras armadas en el Valle de Aburrá.

El 16 de mayo de 2024 se registró el asesinato de Élmer Fernández, que tras retirarse de la Policía Nacional, laboraba como director de la cárcel La Modelo, en Bogotá.

De acuerdo con el informe oficial que presentaron las autoridades, el crimen se registró cuando Fernández se movilizaba como copiloto en un vehículo gris que fue interceptado por sicarios en motocicleta. Antes del hecho, el director de la prisión había recibido amenazas por las decisiones que había tomado sobre los controles que habría en el centro penitenciario.

La Fiscalía inició una investigación bajo la coordinación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, ante la sospecha de que el asesinato estaría vinculado a irregularidades en traslados de internos y posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario.

Desde entonces, se han tomado declaraciones juradas de funcionarios del Inpec y se han revisado documentos relacionados con movimientos de personas privadas de la libertad. Además, surgieron denuncias sobre la desaparición de registros oficiales, lo que dificultó la reconstrucción de los hechos y el seguimiento de decisiones administrativas.

Hasta el momento, cuatro personas han sido condenadas como responsables materiales del crimen, aunque las investigaciones continúan para determinar la existencia de autores intelectuales y posibles vínculos con redes de corrupción carcelaria.

Nuevos detalles de la investigación

Tras dos años del crimen, Noticias RCN publicó un informe en el que se menciona la posible existencia de una red delictiva al interior del Inpec que se encargaría de desaparecer documentos.

De acuerdo con el medio citado, el esquema irregular estaría relacionado con traslados de reclusos, por lo que la Fiscalía está identificando si también tendrían injerencia en cambios de traslados o decisiones similares sobre el sistema penitenciario.

Durante la investigación, un funcionario del Inpec explicó que todo traslado debe incluir un registro sobre el archivo con el que se tomó la decisión, y que al interior de la entidad han recibido pagos para que las resoluciones sean eliminadas o modificadas para cambiar el destino del recluso.

“Hacen las resoluciones, las cargan y las notifican. Luego la persona privada de la libertad ofrece dinero para que no lo trasladen o le modifiquen el destino, pero los PPL (Persona Privada de la Libertad) no aceptan que dieron dinero, sería un cohecho. Y eliminan del sistema la trazabilidad, es decir, nunca existió la resolución”, es parte del testimonio difundido por el medio citado.

Con este hallazgo, la Fiscalía deberá establecer si existió algún tipo de conexión entre el asesinado de Fernández y la presunta red delictiva que ha sido mencionada por el funcionario que declaró. Las autoridades tienen la irregularidad en un traslado y la pérdida de un dinero como hipótesis que han sido planteadas durante el proceso que tiene como objetivo principal descubrir quién dio la orden de terminar con la vida del director de la cárcel.

De manera oficial, la Fiscalía ha informado que el caso sigue siendo investigado por miembros de la Dirección Especializada contra la Corrupción del ente acusador, que han adelantado pesquisas, incluyendo las declaraciones mencionadas por el medio citado sobre funcionarios activos del Inpec.

La Fiscalía informó que ha reunido varios elementos de prueba en la investigación del asesinato de Élmer Fernández; sin embargo, hasta la fecha se ha reportado la desaparición de documentos clave y la ausencia de registros físicos en la entidad de posibles sospechosos, lo que representa un obstáculo para el avance del caso. Las autoridades siguen intentando esclarecer cómo se tomaron distintas decisiones administrativas, qué sucedió con algunos traslados de internos y el motivo por el que ciertos registros oficiales dejaron de existir tras el asesinato.

Un tribunal en El Salvador impuso una condena de 32 años de prisión a Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas, una de ellas con discapacidad mental, en el municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad Centro.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), identificó que Nelson Osvaldo Hernández Álvarez aprovechó su cercanía con la madre de las víctimas para acceder a ellas en distintos momentos entre los años 2022 y 2024.

Los hechos ocurrieron mientras las menores se encontraban bajo su cuidado o dormían en la vivienda familiar. El proceso judicial determinó que el acusado utilizó amenazas para mantener a las menores en silencio, extendiendo la situación durante al menos dos años.

Fue solo tras la intervención de familiares, quienes escucharon el relato de las niñas y las acompañaron a denunciar, que las autoridades pudieron actuar.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General de la República. Estas pruebas permitieron establecer la culpabilidad de Hernández Álvarez por el delito de violación agravada continuada. Cada víctima fue reconocida en la sentencia como sujeto de 16 años de condena, sumando un total de 32 años de prisión para el imputado.

Además, la resolución judicial obligó a Hernández Álvarez al pago de $3,600 en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.

Durante el juicio, la Fiscalía remarcó la gravedad de los hechos al señalar que una de las niñas presentaba una discapacidad mental, lo que incrementó la vulnerabilidad de la víctima. El caso resaltó la importancia de la denuncia familiar, ya que fue la intervención de parientes la que permitió a las autoridades iniciar el proceso. El informe fiscal detalló que la detención del acusado se realizó mediante una orden emitida tras la presentación formal de la denuncia.

La sentencia se dictó en presencia del imputado, quien durante el proceso escuchó la exposición de las pruebas y testimonios que sustentaron la resolución judicial. El tribunal fundamentó la pena tanto en los hechos comprobados como en la continuidad de las agresiones y la situación de indefensión de las víctimas.

Condenan a más de 20 años de prisión a sujeto que participó en una violación grupal en Cuscatancingo

En otro proceso reciente, autoridades judiciales de El Salvador confirmaron una condena de 20 años y seis meses de cárcel para Porfirio Anthony Martínez Ramos, declarado culpable de violación agravada contra una menor en el distrito de Cuscatancingo, departamento de San Salvador Centro.

La investigación de la Fiscalía estableció que los hechos ocurrieron en noviembre de 2023. La víctima, una menor de edad, fue abordada por un joven conocido, quien la convenció de acompañarlo hasta una vivienda. En ese lugar se encontraban otras personas, incluido Martínez Ramos. El imputado trasladó a la menor hasta una habitación donde cometió el abuso sexual. Posteriormente, cuatro individuos más participaron en la agresión, aunque la víctima no logró identificarlos, por temor a represalias, decidió no contar lo sucedido en ese momento.

La situación cambió meses después, cuando la menor acudió a un hospital tras presentar un embarazo producto de los abusos. El personal médico, al conocer los antecedentes, notificó a la Fiscalía. Las autoridades iniciaron una investigación que permitió identificar y arrestar a Martínez Ramos, contra quien se presentó una acusación formal.

Durante el juicio, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador validó la prueba documental, testimonial y pericial presentada por la Fiscalía. La evidencia permitió comprobar la responsabilidad de Martínez Ramos en el delito de violación agravada en menor o incapaz.

El tribunal dictó la sentencia en presencia del imputado, estableciendo una pena de 20 años y seis meses de prisión.

De acuerdo con un informe difundido por el programa Ocurre Ahora de ATV, el colaborador con identidad reservada habría entregado a la Fiscalía un dispositivo USB que contendría pruebas fotográficas y audiovisuales vinculadas a los hechos investigados.

Según la documentación mostrada en el reportaje, el testigo indicó haber presenciado una reunión en la que participaron dirigentes y representantes de las 13 provincias de Puno, entre quienes identificó a César Hugo Tito Rojas.

“La reunión fue presenciada por el testigo con reserva de identidad (...). Precisa la participación de dirigentes y representantes de las trece provincias de la región Puno, entre los cuales reconoce a César Hugo Tito Rojas”, se lee en el documento difundido por el programa.

El informe periodístico también señaló que la investigación estaría relacionada con las protestas de 2023 en Puno y con presuntas coordinaciones para la toma del aeropuerto en la región, uno de los episodios más críticos de esas jornadas, que dejaron 18 fallecidos durante los enfrentamientos.

Tito Rojas rechaza las acusaciones

Consultado por el dominical, el parlamentario negó las imputaciones y sostuvo que las investigaciones no lo comprenden como investigado, sino como testigo.

“Son falsas imputaciones y rechazamos de plano. La región de Puno nos conoce, la prensa regional sabe cómo se dieron esos hechos. Está en una situación de investigación. Primero nos están citando como, en este caso, testigo”, declaró.

Asimismo, al ser consultado sobre la existencia de colaboradores eficaces que lo señalan, Tito Rojas comparó su situación con la del excongresista Guillermo Bermejo.

“Nosotros sabemos que eso también viene tratándose de armar, así como hicieron con el mismo excongresista Bermejo”, manifestó.

La Fiscalía evalúa la información entregada por el testigo protegido, incluyendo el material audiovisual contenido en un USB, como parte de las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos durante las protestas en Puno.

Sobre las muertes en Puno

Las protestas en Puno formaron parte de una crisis política que se inició tras la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la asunción de Dina Boluarte, sucesión que fue respaldada por el marco constitucional vigente luego del fallido golpe de Estado por parte del expresidente. Sin embargo, diversas organizaciones sociales y gremiales del sur del país rechazaron ese proceso y convocaron movilizaciones con demandas como la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

En Puno, estas organizaciones promovieron llamados a la participación de comunidades y pueblos del sur del país, en jornadas de protesta que derivaron en enfrentamientos, bloqueos y acciones contra instalaciones públicas e infraestructura estratégica, como los intentos de toma del aeropuerto de Juliaca. La crisis dejó 18 fallecidos en esta región durante los enfrentamientos, mientras que las investigaciones también alcanzaron el accionar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuestionadas por organismos de derechos humanos debido al uso excesivo de la fuerza.

¿Quién es César Tito Rojas?

César Hugo Tito Rojas es un dirigente sindical, docente y abogado puneño que pasó de liderar organizaciones vinculadas al sector magisterial a ocupar una curul en el Congreso de la República como diputado por Puno, representando a Juntos por el Perú.

Su trayectoria política estuvo marcada por su participación en el movimiento sindical docente. Fue dirigente del Conare-Sutep, una facción surgida al interior del gremio magisterial, y posteriormente estuvo vinculado a la creación de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), organización que ganó protagonismo durante las protestas docentes de 2017.

Durante ese periodo, Tito Rojas coincidió con otros dirigentes magisteriales, entre ellos Pedro Castillo, quien años después llegó a la Presidencia de la República. La presencia de dirigentes de Fenatep en espacios del gobierno de Castillo generó cuestionamientos políticos debido a los antecedentes de algunos de sus integrantes.

Uno de los principales cuestionamientos contra Tito Rojas está relacionado con sus presuntos vínculos con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización señalada por el Estado peruano como vinculada al pensamiento de Sendero Luminoso. Diversos informes periodísticos han señalado que el dirigente habría tenido participación en actividades relacionadas con dicho movimiento.

La investigación por la muerte de la creadora de contenido Raiza Martínez, conocida como “La Chocolatita”, continúa con nuevas diligencias que buscan esclarecer cada etapa del caso. Aunque el principal sospechoso, Óscar Arias Muñoz, confesó su responsabilidad ante las autoridades, la Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación debido a las inconsistencias detectadas en su versión de los hechos.

Las pesquisas también se concentran en elementos que todavía no encuentran explicación. Entre ellos figura la ubicación de los teléfonos celulares de la víctima y la secuencia de acontecimientos registrada desde que Raiza Martínez salió de su vivienda durante la madrugada hasta el hallazgo de su cuerpo en una casa del distrito de La Molina.

La familia de la joven exige justicia y solicita que las autoridades esclarezcan todas las circunstancias del crimen. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía continúan con la recopilación de pruebas para reconstruir con precisión lo ocurrido antes y después de la muerte de la creadora de contenido.

La información difundida durante los últimos días permitió conocer nuevos episodios relacionados con el descubrimiento del cadáver, la entrega del sospechoso y los antecedentes que forman parte de la investigación. Estos elementos se suman al proceso judicial que se desarrolla en paralelo con las diligencias policiales.

La cronología del encuentro entre Raiza Martínez y Óscar Arias

Según la información expuesta durante la investigación, Raiza Martínez salió de su vivienda cerca de las 3:30 de la madrugada del jueves con destino a la casa de Óscar Arias, ubicada en La Molina. De acuerdo con la versión del investigado, él realizó un pago de 40 soles mediante Yape para cubrir el traslado en taxi de la joven.

El sospechoso declaró que ambos consumieron bebidas alcohólicas dentro de la habitación y mantuvieron relaciones sexuales. En ese mismo ambiente, según su testimonio, ocurrió el hecho que terminó con la muerte de la creadora de contenido.

Durante los interrogatorios difundidos por las autoridades, Arias afirmó que utilizó una toalla durante el episodio y sostuvo: “Últimamente le he jalado con la toalla, exacto. Y se me ha pasado la mano”. Los investigadores revisan esa versión debido a que existen aspectos que todavía requieren verificación mediante las pericias correspondientes.

Uno de los nuevos detalles conocidos corresponde al momento en que la madre de Óscar Arias ingresó a la habitación de su hijo cerca de las 2:20 de la tarde del mismo jueves. De acuerdo con la información difundida durante la investigación, la mujer encontró el cuerpo de Raiza Martínez y comunicó el hecho a la Policía Nacional.

Después de la llegada de los agentes, la madre del investigado estableció contacto con su hijo para pedirle que se presentara ante las autoridades. Esa insistencia terminó con la entrega de Arias, quien posteriormente ofreció su declaración sobre los hechos.

Este episodio constituye una de las piezas centrales de la investigación, debido a que permitió el inicio de las diligencias policiales y el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue para las pericias forenses.

La ubicación desconocida de los celulares genera nuevas interrogantes

Otro punto que concentra la atención de la investigación corresponde a los dos teléfonos celulares de Raiza Martínez. Según explicó la familia, ninguno de esos equipos apareció entre las evidencias recuperadas por la Policía durante las diligencias en la vivienda.

Los familiares señalaron que lograron localizar uno de los dispositivos mediante el sistema GPS incorporado en los iPhone que utilizaba la creadora de contenido. Gracias a esa ubicación llegaron hasta el inmueble donde ocurrió el crimen cerca de las 6:30 de la tarde del jueves, varias horas después del hallazgo del cuerpo.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, uno de los equipos volvió a emitir ubicación incluso cuando Óscar Arias ya permanecía detenido. También indicaron que algunos mensajes enviados al dispositivo fueron recibidos, aunque nunca obtuvieron respuesta. Hasta el momento, se desconoce el paradero de ambos celulares y las autoridades continúan con las diligencias para determinar qué ocurrió con esos equipos.

Los antecedentes de Óscar Arias forman parte de las pesquisas

La información difundida durante la cobertura del caso también incluye antecedentes del principal investigado. Según se informó, la propia madre de Óscar Arias presentó años atrás una denuncia por violencia familiar y violencia psicológica junto con una expareja del ahora detenido.

Además, vecinos de la zona de La Planicia, en La Molina, indicaron que Arias estuvo involucrado anteriormente en situaciones que requirieron la intervención de la Policía Nacional. Estos antecedentes forman parte de la información que las autoridades revisan como parte de la investigación.

Mientras las diligencias continúan, también se desarrolla la audiencia virtual en la que la Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Arias. El investigado permanece en la carceleta de Santa Rosa mientras el proceso judicial avanza con la evaluación de las pruebas reunidas por las autoridades.

La Fiscalía General de la Nación confirmo que se archivaron tres investigaciones penales que se adelantaban en contra del general (r) César Augusto Parra León y una cuarta fue precluida por la justicia.

En total, quedaron cerrados cuatro procesos en su contra por supuestos delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad material en documento público.

En el 2019, el general César Parra fue retirado de su cargo por denuncias de agunos uniformados que lo acusaban de irregularidades en manejos de dinero.

Tras haber sido retirado del servico por orden del presidente Iván Duque, el militar, que duró en las filas de la institución 30 años, fue postulado por el Gobierno Petro para incorporarse al cuerpo diplomático en Washington.

En abril de 2023, hizo un curso para cumplir misiones diplomáticas en el exterior en la Escuela Superior de Guerra y posteriormente fue nombrado ministro consejero en la embajada de Colombia en Washington, con el beeneplácito del gobierno de Estados Unidos, el cual realizó una investigación profuna sobre el oficial retirado.

Al lado del entonces embajador Luis Gilberto Murillo, Parra León se encargaba de temas de inteligencia y seguridad nacional; sin embargo, con al salida de Murillo de la Cancillería las condiciones cambiaron y el general decidió dejar su cargo en la capital de los Estados Unidos. “Se me vinieron encima y me hicieron la vida imposible y por eso renuncié”.

Parra siempre sostuvo que todo fue un complot en su contra y que no tenía nada que ver con las acusaciones de corrupción.

Antes de que estallara la bomba de acusaciones en su contra, el general Parra estaba ejerciendo como jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación y antes había comandado la Sexta División, con jurisdicción en Amazonas, Putumayo y Caquetá.

Nacido en Bogotá, ocupó el cargo de segundo comandante en la Fuerza de Despliegue Rápido en La Macarena (Meta), antes de ser convocado por el Comando Superior para activar el Comando Operativo No. 6.

Junto con las Brigadas Móviles 27 y 36, tuvo la misión de realizar operaciones contra la columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc-Ep, con el objetivo de disminuir el conflicto, eliminar amenazas terroristas y restablecer la tranquilidad en los municipios de Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

Durante su trayectoria militar, una etapa clave transcurrió en Caquetá, donde como comandante de la Compañía Ledesma del Batallón de Combate Terrestre No. 12 “Diosa del Chairá”, desarrolló una sensibilidad especial hacia la vida campesina.

Varios años después de haber sido retirado de la institución el oficial recibió buenas noticias sobre el proceso que comenzó por una carta que llegó a altos oficiales donde decía:

Tras la misiva, se habían revelado otros testimonios; sin embargo, la Fiscalía archivó un proceso por presuntas irregularidades en el manejo de combustible y otros recursos logísticos del Ejército, porque nunca se demostró que tal delito hubiera ocurrido, una decisión similar se tomó con relación a presuntas irregularidades en el manejo de recursos derivados de convenios institucionales, ya que, según la Fiscalía, no se pudo determinar que hubiera ocurrido un delito.

Otra acusación que lo señalaba de pertenecer a una estructura creada para supuestamente apropiarse indebidamente de recursos públicos en el Ejército también fue archivada tras concluir que dichos hechos, de haber ocurrido, no podían atribuirse al exoficial, y finalmente, un proceso por presunta falsedad material en documento público, fue precluido tras concluirse que no fue el general retirado quien firmó dicho documento.

Por el contrario, algunas de las denuncias presentadas por el general Parra en contra de oficiales y civiles que el oficial ha vinculado a un entramado criminal dentro de las filas de Ejército Nacional, han concluido en sentencias de responsabilidad fiscal y judicial y siguen en proceso investigaciones relacionadas con malos manejos y pérdida de recursos destinados para la seguridad y defensa nacional, con base en las acusaciones del general Parra León.

La Fiscalía General de la Nación anunció el lunes 27 de julio de 2026 la apertura de una investigación formal contra Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, tras ser vinculadas con supuestas reuniones y acuerdos de sobornos que habrían realizado con empresarios interesados en obtener contratos con el Gobierno nacional.

Según el ente acusador, se ordenó a la policía judicial iniciar con la recolección y verificación de pruebas que involucra a las hermanas Guerrero.

La Fiscalía señaló que el caso pasará a la Dirección Especializada contra la Corrupción, quienes serán los encargados de esclarecer el caso y determinar si se presentó una red de contratación ilegal al interior del Gobierno nacional.

Las indagaciones de la Fiscalía se dan luego de las revelaciones de la Revista Semana, que incluye declaraciones, registros de chat, audios, boletos de avión y comprobantes de transferencias que dejarían ver un presunto esquema de cobros a empresarios a cambio de facilitar el acceso a contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. En ese contexto, se señala la presunta participación de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero.

La investigación sostiene que las actividades se desarrollaron entre mediados de 2024 y marzo de 2025. Entre las pruebas figura la existencia de una tabla de tarifas: se habría solicitado un millón de pesos por cada reunión, un anticipo de doscientos millones y el pago de un diez por ciento del valor total de los proyectos asignados.

Los mensajes sugieren que Juliana Guerrero era el nexo con funcionarios del Gobierno, mientras que Verónica, junto con David Trespalacios —un joven allegado a la familia—, mantenía supuestos contactos directos con los empresarios y presuntamente canalizaba los fondos.

Tres personas vinculadas a la trama accedieron a relatar detalles a la revista. Dos empresarios narraron que recibieron ofertas para participar en proyectos de cámaras de seguridad, obras de acueducto en Cesar y programas de vivienda, además de la posibilidad de encontrarse con autoridades locales y funcionarios.

Uno de los empresarios, quien solicitó anonimato, declaró: “se acordó que les daríamos $35 millones por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”.

En relación al acueducto de Cesar, los documentos muestran a Verónica Guerrero coordinando con Edward Libreros, viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Los registros incluyen boletos aéreos adquiridos para que Verónica viajara a Aguachica y regresara a Bogotá en diciembre de 2024.

Más adelante, Verónica escribió por WhatsApp: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. Luego de este mensaje, se concretó el pago inicial, según la investigación de Semana.

Pronunciamiento de Juliana Guerrero

La firma Alzate Hernández, que representa a Juliana Guerrero, difundió un comunicado en el que rechaza las acusaciones que la relacionan con presuntas actividades ilícitas relacionadas con la adjudicación de contratos estatales. Según el documento, Guerrero no habría participado en reuniones, pagos o gestiones fuera de la ley ante ministerios o entidades oficiales.

La postura de la defensa surge luego de la publicación realizada por la revista Semana, que presentó grabaciones, conversaciones y documentos donde se señala a Guerrero y a su hermana Verónica de haber solicitado dinero a contratistas a cambio de facilitar procesos de licitación. Frente a estos señalamientos, el equipo legal insiste en que no existen pruebas que confirmen tales conductas.

Guerrero, a través de sus abogados, expresó que tomó la decisión de responder públicamente a raíz de los cuestionamientos generados por la investigación en curso: “Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en mi contra y por la convicción de que es la administración de justicia, y no los escenarios mediáticos, el espacio llamado a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

Finalmente, agregó que la decisión de hablar públicamente se debe a la interpretación errónea de su silencio respecto a las acusaciones: “Sin embargo, ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, aseguró que la ATIC nunca ha estado a cargo de la investigación relacionada con la joven y explicó que el caso ha sido dirigido desde el inicio por fiscales especializados.

“La ATIC nunca ha estado a cargo del caso de Angie Peña”, afirmó Mora, al referirse a las versiones que señalaban una supuesta intervención de la agencia investigativa.

De acuerdo con el funcionario, varias personas permanecen privadas de libertad mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo sucedido con la joven. Asimismo, confirmó que fiscales asignados al caso han sostenido reuniones con los familiares de Angie Peña para mantenerlos informados sobre el desarrollo de las investigaciones.

Las autoridades también descartaron que la ATIC haya sido intervenida. Según explicó Mora, la presencia de una juez ejecutora en las instalaciones de la agencia se produjo como consecuencia de un recurso de habeas corpus presentado por el padre de Angie Peña ante un juzgado competente.

La acción judicial provocó la presencia de la juez ejecutora en las instalaciones de la ATIC, pero el Ministerio Público aclaró que este hecho no significa que la agencia haya sido intervenida ni que haya asumido la conducción de la investigación.

Mora explicó que el expediente ha sido manejado desde el inicio por fiscales de las unidades especializadas en trata de personas y antisecuestros del Ministerio Público, con el apoyo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las autoridades señalaron que estos equipos cuentan con experiencia en investigaciones relacionadas con este tipo de delitos y que continúan desarrollando las diligencias necesarias para esclarecer el caso.

Respecto al recurso de habeas corpus, el Ministerio Público sostuvo que considera que la acción carece de fundamento en este contexto, debido a que este mecanismo se utiliza cuando se presume que una persona se encuentra detenida de manera ilegal.

Según la explicación de las autoridades, esa situación no corresponde al caso de Angie Peña, por lo que reiteraron que la presencia de la juez ejecutora no representa una intervención de la ATIC ni un cambio en la conducción del expediente.

Julissa Villanueva será citada

El portavoz del Ministerio Público también se refirió a las declaraciones realizadas públicamente por la exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva, quien ha emitido señalamientos relacionados con el caso.

Mora informó que Villanueva será citada para declarar y presentar formalmente las pruebas que respalden las afirmaciones que ha realizado públicamente.

Las autoridades indicaron que cualquier información o evidencia que pueda contribuir al esclarecimiento de la desaparición de Angie Peña deberá ser presentada formalmente para que pueda ser incorporada y valorada dentro de las investigaciones.

En paralelo, el Ministerio Público destacó los avances alcanzados en investigaciones relacionadas con redes de trata de personas que operaban en Islas de la Bahía, especialmente en Roatán.

Según el ente acusador, estas investigaciones han permitido desarticular estructuras vinculadas con este delito, presentar requerimientos fiscales y obtener sentencias condenatorias, incluso contra ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, las autoridades aclararon que estos resultados en casos relacionados con la trata de personas no significan que el caso específico de Angie Peña haya sido resuelto.

La desaparición de la joven continúa bajo investigación y las autoridades aseguran que las diligencias permanecen activas.

El Ministerio Público reiteró que fiscales especializados y agentes investigadores continúan trabajando en la recopilación y análisis de información para determinar qué ocurrió con Angie Peña y establecer las responsabilidades que correspondan.

El caso ha generado preocupación entre los familiares de la joven, quienes han mantenido su llamado a las autoridades para que las investigaciones continúen hasta esclarecer los hechos.

Ante las versiones difundidas recientemente, el Ministerio Público insistió en que la ATIC nunca ha estado a cargo del caso y que la presencia de una juez ejecutora en sus instalaciones respondió exclusivamente al recurso judicial presentado por el padre de Angie Peña.

Mientras tanto, las autoridades sostienen que el caso continúa abierto y que se mantienen las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

En un caso de esta índole, en la red social X, la periodista Pilar Rodríguez denunció un caso que ha generado indignación en la localidad de Usaquén, en Bogotá, en donde un hombre agredió a su exjefe tras tener una discusión en la pastelería en la que trabajaba.

La comunicadora narró la versión entregada por cercanos de la víctima, que aseguraron que el individuo, cuyo nombre no fue expuesto, renunció a su labor tras terminar la jornada laboral y exigió que le pagaran su salario y la liquidación en ese momento.

“Ella le acepta, pero él le exige que tiene que pagarle inmediatamente, a lo que la mujer le responde que a final de mes lo hará, lo que le genera una reacción violenta absurda. Esto es un claro intento de feminicidio”.

Como consecuencia de la agresión, la mujer habría terminado con fracturas en la cara y contusiones por los golpes en la cabeza. Actualmente, permanece en un centro médico en Bogotá.

En el caso del agresor, fue capturado por las autoridades y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, en donde permaneció. Durante dos jornadas y luego terminó siendo liberado.

“Él dijo que salía en menos de 36 horas y que la iba a matar. Eso ocurrió el jueves por la noche. Hoy, efectivamente, ya está libre, gracias a la @FiscaliaCol“, escribió la periodista, que afirmó que la Secretaría de Seguridad de Bogotá atendió la situación, pero funcionarios afirmaron que no pueden intervenir en decisiones del ente acusador.

“En este momento, lo único que queda es recordarle a la honorable Fiscalía que cualquier cosa que le llegue a pasar a esta señora será culpa de ustedes. Voy a omitir por ahora los nombres”, puntualizó Rodríguez.

Lo que se observa en el video

En el video que fue difundido por Rodríguez en la red social X, se observa que el hecho se registró sobre las 10:33 p. m. del 23 de julio. En el registro se ve a las dos personas en una discusión en la que ambos utilizan insultos hasta que el hombre golpea en el rostro con la mano cerrada a la dueña del establecimiento y la arrastra del pelo hasta la zona de la cocina.

Mientras la mujer grita en reiteradas ocasiones que la deje ir, el individuo la golpeó en repetidas ocasiones hasta que la víctima logró safarse y correr hasta la zona de atención de los clientes, en donde vuelve a caer al suelo producto de un empujón.

Al observar que había ciudadanos en la puerta del establecimiento, el sujeto intentó escapar, pero la víctima logró detenerlo y pidió que los testigos cerraran la puerta del sitio para llamar a las autoridades. En los segundos finales de la grabación, el sujeto lamentó su actuación y se autopreguntó por sus acciones: “¿Qué hice, qué hice?“, repitió el agresor en la parte final del video.

En los comentarios de la publicación que se hizo viral en redes sociales, usuarios pidieron más información sobre el agresor y los motivos por los que la Fiscalía tomó la decisión de permitir que fuera liberado.

Por otra parte, otras personas lamentaron lo registrado y pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para marcar un precedente, puesto que la comunicadora afirmó que el agresor amenazó de muerte a la víctima tras ser capturado por la Policía Nacional. Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

En la última audiencia del proceso contra ocho empresarios del colectivo Lili Pink por el presunto entramado de lavado de activos que, según la Fiscalía, se concretó durante al menos 10 años en la empresa, el ente acusador reveló conversaciones de algunos de los imputados.

Una de las charlas que más llamó la atención fue en la que Max Abadi, cofundador de la empresa, le pidió a la gerente de recursos humanos que hiciera una limpieza para despedir a los empleados que le dieran información a la Dian de lo que pasaba en las sedes comerciales.

En el audio de dos minutos que expuso la Fiscalía, la trabajadora le indicó a Abadi que habían sido despedidas ocho personas: dos por un robo y el restante por sospechas sobre su comportamiento. Ante esto, el empresario se lamentó por no haber identificado a cercanos de los retirados de sus cargos.

“Tenían que descubrir quiénes eran las personas que están cerca de ellos, con quién se hablan, todo. Los que están robando, sí, pero los otros, por ejemplo, Sandra, a mí me parecía buena”.

Debido a que la gerente de recursos humanos le explicó que una mujer que había sido despedida estaba teniendo comportamientos indebidos para los intereses de la compañía, el cofundador de Lili Pink ordenó que se hiciera una nueva inspección para retirar a otros sospechosos.

“Yo no sabía eso, me hablaron bien de ella, pero yo no sé. Importante en este asunto es buscar, hacer una limpieza completa; cualquier sospecha de cualquier cosita, para afuera. Necesitamos saber, entre tú y yo, todos los que tengan algún vínculo”.

De acuerdo con la Fiscalía, la conversación revelada se registró luego de inspecciones por parte de la Dian en septiembre de 2023.

Otros hechos que reveló la Fiscalía

En la diligencia, la Fiscalía presentó pruebas con las que argumentó la acusación contra los ocho imputados sobre la existencia de un entramado criminal que habría operado durante más de diez años y se consolidó mediante un esquema que utilizaba más de 300 puntos de venta como fachada para ocultar actividades ilícitas, recurriendo a la creación y liquidación de “empresas de papel” en Panamá con el fin de justificar movimientos de mercancía y balances financieros.

Durante la audiencia más reciente, la Fiscalía expuso cómo los imputados habrían creado sociedades en Panamá, tales como Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A. y One Boy S.A. Los administradores que figuraban en la documentación desempeñaban otros cargos operativos en la estructura empresarial. Además, se identificaron situaciones en las que conductores, operarios y abogados aparecían como representantes legales de estas empresas, mientras realizaban funciones distintas en Colombia.

Las autoridades detectaron que prendas importadas desde Asia eran modificadas, retirando la marquilla original para colocar etiquetas con la leyenda “Hecho en Colombia”. En los operativos se hallaron cajas y productos que, a pesar de estar identificados como fabricados en el país, provenían del extranjero. También se encontraron artículos con referencias y marcas diferentes, así como productos registrados a nombre de dos importadores distintos.

La Fiscalía señaló que el flujo de utilidades generado por estas operaciones se transfería a otros países, consolidando un incremento patrimonial que supera los 442.000 millones de pesos. Este monto se habría conseguido a través de un sistema de comercio exterior que daba apariencia de legalidad a la importación y exportación de mercancías, usando sociedades extranjeras y movimientos financieros en Panamá.

En paralelo, la jueza encargada del caso declaró ilegales parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía, al identificar errores en los procedimientos realizados durante los allanamientos en establecimientos comerciales. Según la magistrada, las irregularidades incluyeron falencias en las solicitudes de audiencia y en la legalidad de las órdenes de extracción y análisis de información. Como resultado, la jueza decidió excluir de la actuación procesal el material probatorio obtenido en estos procedimientos, argumentando que se vulneró el debido proceso.

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Weimar Alexander Castillo, conocido como alias 300, por su presunta participación en la desaparición de un ingeniero forestal en San Andrés de Cuerquia (Antioquia).

El hecho ocurrió el 4 de abril de 2022 y, según la investigación, Castillo es señalado como integrante del grupo delincuencial El Mesa.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recolectados, “300″ habría participado junto con otros hombres armados en la retención de la víctima, quien fue interceptada cuando salía del hotel donde se hospedaba para desayunar.

El ingeniero, que realizaba labores ambientales en el municipio, fue intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a abordar una camioneta conducida presuntamente por Castillo.

La investigación estableció que la víctima fue trasladada primero a una vivienda, donde fue vista con lesiones en el rostro y amarrada de manos. Posteriormente, el ingeniero fue llevado en un vehículo hacia las afueras del municipio, y desde entonces se desconoce su paradero.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a alias 300 el delito de desaparición forzada.

El procesado no aceptó el cargo y, por decisión de una juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Por este mismo caso, ya han sido judicializadas otras dos personas.

Así fue la captura de alias 300 en Bello

En una operación conjunta entre el Ejército, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de inteligencia, fue capturado en Bello, Antioquia, “300″, señalado como segundo cabecilla del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Mesa’ y uno de los principales articuladores de esta estructura criminal.

La detención se realizó mediante orden judicial en el barrio Las Granjas, dentro de las investigaciones por el delito de desaparición forzada.

Según la Fiscalía General de la Nación, alias 300 ocupaba el segundo nivel de mando en ‘Los Mesa’, organización con influencia en el Valle de Aburrá y el norte de Antioquia. Desde esa posición, coordinaba actividades de narcotráfico, homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones y otras acciones criminales atribuidas a la estructura.

Tras su captura, Castillo fue dejado a disposición de la Fiscalía 109 Especializada, que continúa con el proceso judicial.

La captura de alias 300 cobra especial relevancia por su presunta implicación en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, un caso que generó impacto y preocupación en Antioquia y que sigue bajo investigación.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, Castillo habría participado en la planeación y coordinación de ese hecho, lo que motivó la orden judicial en su contra.

Las autoridades consideran que la salida de alias 300 afecta de manera significativa la dirección del grupo delincuencial, dado que tenía capacidad operativa para coordinar diversas actividades criminales y mantener el funcionamiento de la organización en varias zonas del departamento.

El operativo también permitió la captura de Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa, otro integrante señalado por las autoridades como coordinador dentro de la organización.

Según la Fiscalía, tanto “300″ como “El Paisa” serían responsables de coordinar actividades ligadas a narcotráfico, homicidios, desapariciones forzadas y extorsiones, además de otras conductas que afectaban la seguridad en municipios del norte de Antioquia y el Valle de Aburrá.

La judicialización de ambos capturados forma parte de la investigación que busca esclarecer la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes y establecer las responsabilidades individuales dentro de la estructura criminal.

Las autoridades recalcaron que continuarán la ofensiva contra ‘Los Mesa’ para debilitar su capacidad operativa y garantizar la seguridad en la región.

Por este caso, la madre del ingeniero, Claudia Yepes Upegui, compartió un mensaje la mañana del mismo sábado desde su cuenta de X, en la que ha contabilizado la canrtidad de días que lleva sin saber nada del paradero de su hijo.

“#DondeEstaCamilo #AndresCamiloNoAparece Dios 1.573 ausente. Espero que este avance sea el comienzo de un esclarecimiento completo del caso y que la investigación conduzca finalmente a ubicar a mi hijo y conocer la verdad sobre lo ocurrido con Camilo. La Fe y la Esperanza intactas”, señaló la progenitora del joven.

La Fiscalía General de la Nación anunció la mañana del sábado 25 de julio la judicialización del exfuncionario del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y de los particulares Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie (un ciudadano estadounidense), por su presunta participación en irregularidades durante la adjudicación y ejecución de un contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército Nacional.

El contrato en cuestión, firmado el 31 de diciembre de 2024 por un valor de 32 millones de dólares, fue adjudicado a una empresa representada por Montgomerie (Vertol Systems Company), que, según la investigación que adelantó el ente, no cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos ni financieros para llevar a cabo el servicio de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17.

La Fiscalía detalló que entre septiembre y diciembre de 2024, el proceso contractual habría sido direccionado para beneficiar a dicha empresa, utilizando una modalidad de contratación inapropiada y ajustando las condiciones para facilitar su adjudicación.

De acuerdo con el ente acusador, Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal, habría impartido instrucciones para favorecer al contratista y coordinó el intercambio de información con los particulares involucrados.

Además, sirvió como traductor en las comunicaciones con Montgomerie y entregó una cotización por 36 millones de dólares que fue considerada en la estructuración del contrato.

La investigación también señala que Buitrago Galán conocía informes que advertían sobre la falta de capacidad técnica, jurídica y financiera de la empresa seleccionada.

Por su parte, Uribe Forero y Montgomerie habrían participado en reuniones clave para estructurar el proceso contractual. Posteriormente, Uribe Forero intervino, según la Fiscalía, en la modificación de la forma de pago, autorizando el desembolso anticipado del 50% del valor del contrato. Así, el 15 de abril de 2025 se giraron 16.231.700 dólares, a pesar de que el contratista solo había ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del contrato debido a la falta de mantenimiento de las aeronaves, lo que dio pie a una intervención más profunda de la Fiscalía.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Buitrago Galán el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

A Uribe Forero y Montgomerie se les imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación, en función de su posible participación en el caso. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.

Al final, el ente recalcó en su comunicado que estos hechos evidencian graves deficiencias en los procesos de contratación pública y se reiteró desde la Fiscalía el compromiso con la lucha contra la corrupción, especialmente en sectores estratégicos como el de la defensa nacional.

El caso sigue bajo investigación, mientras las autoridades determinan las responsabilidades individuales y buscan recuperar los recursos públicos comprometidos.

Lo que se sabía del caso

Un informe de Caracol Radio, que tuvo acceso a las audiencias, precisó que el ente acusador afirmó que el Ministerio de Defensa entregó a la compañía un anticipo de USD 16,2 millones, equivalente al 50 % del valor del contrato.

Aunque la cartera recuperó después USD 22 millones por medio de la aseguradora Berkeley International, la Fiscalía detalló que los recursos correspondientes a ese anticipo no regresaron al Estado.

Durante la diligencia, el fiscal José Ignacio Arias Ciro imputó a Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company, y a Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts.

La Fiscalía ubica al exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto como coordinador del plan

Uno de los principales señalados es Luis Edmundo Suárez Soto, entonces viceministro para la Estrategia y Planeación.

De acuerdo con la acusación, él asumió funciones que no le correspondían para dirigir el trámite contractual y garantizar que el negocio fuera adjudicado a Vertol.

La Fiscalía sostuvo que desde septiembre de 2024 Suárez dio la orden verbal de tramitar el contrato por contratación directa, pese a que no existían estudios jurídicos que respaldaran esa modalidad. También habría presionado a los funcionarios encargados para flexibilizar los requisitos de participación de la empresa.

En las audiencias conocidas por el mismo medio radial, el fiscal aseguró que el exviceministro pidió a los integrantes del comité estructurador “no ser tan legalistas”, actuar con “creatividad” y mantener “una mente abierta” para sacar adelante la contratación.

La indagación también señala que Suárez pidió apoyo al entonces director de la Aerocivil, Sergio París, para agilizar verificaciones técnicas que beneficiaran a MI Series Personnel & Parts. Para la Fiscalía, esa gestión buscaba fortalecer las condiciones que esa firma necesitaba para intervenir en el proceso.

Antes de la firma del contrato, según el ente investigador, se descartó una opción de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para realizar el mantenimiento de los helicópteros.

Por lo anterior, la Fiscalía sostiene que esa alternativa resultaba más favorable para el país y que, tras desecharla, el proceso fue ajustado para permitir la entrega del anticipo a Vertol.

La investigación cuestiona la capacidad técnica de la empresa y el avance del contrato

La Fiscalía también vinculó en su investigación al coronel Julián Rincón, gerente del proyecto; a Hugo Alejandro Mora, director de Contratación; a Herbert Buitrago, director de Logística, y a Diego Alejandro Manrique, asesor del Viceministerio.

Según la acusación, todos participaron en distintas actuaciones para sacar adelante el trámite contractual.

Según información revelada por Noticias RCN, una visita técnica a las instalaciones de Vertol en Florida concluyó que la empresa no tenía la capacidad necesaria para realizar el mantenimiento mayor de los helicópteros Mi-17.

A pesar de esa conclusión, el contrato siguió su curso y para julio de 2025 registraba apenas un avance del 8%.

La próxima diligencia judicial quedó fijada para el lunes 27 de julio de 2026, cuando se reanudará la audiencia de imputación contra Suárez Soto después de varios aplazamientos por inasistencias y recursos judiciales presentados por el exfuncionario.

En esa sesión, la Fiscalía buscará sustentar que el proceso fue direccionado desde el inicio para beneficiar a una empresa específica.

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento que pide la puesta en marcha “urgente” de medidas contra el feminicidio, tras los crímenes cometidos contra María Camila Potosí en Cali, Valle del Cauca; María Alejandra Castaño en Líbano, Tolima; Herianny Montilla —adolescente de 16 años— en Barranquilla, Atlántico; y Yasleidis Martínez en Valledupar, Cesar.

Particularmente, en el contexto del feminicidio de Potosí, la joven de 21 años en estado de gestación avanzado, cuyo cuerpo fue hallado en una vía hacia el corregimiento de La Buitrera, en Cali, sin su bebé en el vientre.

A través de un comunicado, la institución reiteró que falta trabajo en la activación temprana de los mecanismos de búsqueda y en la divulgación de interpretaciones que reduzcan estos hechos a situaciones aisladas o de conflictos de pareja.

De hecho, pidió a instituciones como la Fiscalía General de la Nación que aceleren las investigaciones, porque resulta “indispensable” establecer —por la gravedad “y las características de varios de los casos”— si existen “conexiones con otras actividades delictivas, actores, redes o dinámicas criminales, y examinar las condiciones que hicieron posible la violencia”, y que no se puede únicamente reconstruir el momento de la muerte en la divulgación de los hechos.

Es decir, exigieron que se indague con más precisión en “los contextos, relaciones, antecedentes de violencia y factores de riesgo”.

El organismo recordó que el feminicidio representa “la forma más extrema de violencia basada en género” y suele estar antecedido por patrones de control, amenazas y otras agresiones que restringen la autonomía de las mujeres.

Los casos que más alertaron a la Defensoría del Pueblo

El caso de María Camila Potosí fue señalado como “especialmente grave” por la Defensoría. Incluso, pidió establecer vigilancia en las acciones de búsqueda, para determinar si han sido ”oportunas y suficientes", tras su desaparición y posterior asesinato. Incluso, exigió la búsqueda y hallazgo del nasciturus —bebé no nacido—.

“Frente a la información conocida públicamente según la cual la bebé que esperaba no habría sido encontrada en su cuerpo, las autoridades deben adelantar todas las acciones necesarias para establecer su paradero de inmediato, garantizar su protección y el esclarecimiento integral de los hechos, sin descartar ninguna hipótesis investigativa y preservando los derechos de su familia”, indicó la Defensoría.

Otro caso fue el asesinato de Herianny Montilla, sobre el cual la Defensoría enfatizó la necesidad de una investigación que reconstruya tanto el momento de la muerte como el contexto.

En el comunicado también se extendió un mensaje especial de solidaridad con las familias de María Camila, María Alejandra, Herianny y Yasleidis, y se reiteró que prevenir la violencia de género requiere actuar ante las primeras señales de riesgo.

Los llamados a las autoridades y a los medios

Desde la entidad se formuló un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones penales contra los autores de estos crímenes.

“Que avancen de manera pronta, exhaustiva e imparcial, y permitan establecer las responsabilidades individuales, los contextos y factores de riesgo que rodearon estos hechos”, pidieron al órgano de control.

De la misma manera, en la Fiscalía deberán, según la solicitud, “fortalecer las capacidades institucionales para prevenir nuevas violencias contra las mujeres”.

A las autoridades nacionales y territoriales les exigió que hagan una minuciosa revisión de “los mecanismos de valoración del riesgo, protección y búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas”, para que brinden respuestas oportunas, “coordinadas y libres de estereotipos de género”.

El último llamado fue a los medios de comunicación, para que informen sobre estos hechos de manera clara e imparcial, “sin culpabilizar a las víctimas, sin justificar a los agresores, sin reproducir explicaciones que naturalicen la violencia”.

Incluso, pidieron evitar el suministro de información que pueda “convertir la sevicia en espectáculo”.

Durante la última audiencia que se llevó a cabo en el caso Lili Pink, en el que la Fiscalía imputó cargos a ocho personas por el presunto lavado de activos que se había registrado al interior de la empresa durante más de 10 años, el ente acusador presentó parte de las pruebas con las que buscará demostrar cómo funcionó el entramado criminal.

La fiscal del caso expuso que, al igual que en Colombia, los imputados crearon y liquidaron varias “empresas de papel” en Panamá para justificar la entrada y salida de mercancía, además de balances de ganancias de la presunta venta de sus productos en ese país.

Se reveló que los operativos que adelantó la Fiscalía junto con la Dian en establecimientos comerciales fueron claves para identificar que había prendas a las que se les cambiaba la marquilla original para poner una con la leyenda: “Hecho en Colombia”.

Juez regañó a la Fiscalía por los errores en los procedimientos

Durante la audiencia de imputación de cargos, tras las pruebas que presentó la Fiscalía para argumentar que la sociedad consolidó una estrategia para lavar millones de pesos, la jueza declaró ilegal el material presentado por errores registrados durante los allanamientos.

La jueza manifestó que durante la diligencia escuchó detalladamente los errores que cometió el ente acusador, a los que se sumaron falencias en las solicitudes que hizo la fiscal.

“Entonces, ya son muchos los errores que cometió la señora fiscal y esto no puede pasar. Esto debe ser, debe hacerse un llamado de atención y la unidad de la dirección especializada debe conocer la manera como la señora fiscal está realizando sus solicitudes de audiencia de una manera, pues descuidada”.

Luego de conocer cómo se llevaron a cabo los operativos, la togada concluyó que no es posible legalizar las pruebas presentadas por la Fiscalía porque se consiguieron en procedimientos indebidos.

“Hubiera seguido así sin ningún fundamento legal. Entonces cae por su propio peso que la orden emitida es completamente ilegal, por lo tanto, pues el procedimiento y los resultados tendrán la misma suerte por lo expuesto, pues el juzgado 18 penal municipal con función de control de garantías declara la ilegalidad material y formal por la vulneración al debido proceso”.

Aunque reconoció la importancia y la gravedad de los hallazgos presentados por la Fiscalía, la jueza recordó que los términos procesales son de suma importancia en todos los casos.

“Recordemos que los términos procesales son de obligatorio cumplimiento, son de orden público y están ligados al debido proceso, completamente ligados al debido proceso. Por lo tanto, y en violación al debido proceso, la orden de extracción de análisis de información de producto y la recuperación de datos, así como el procedimiento… Deberá excluirse de la actuación procesal”.

Tras el llamado de atención que hizo la jueza, señaló que los hechos podrían dar lugar a una compulsa de copias; sin embargo, concluyó que era suficiente con que los directivos de la Fiscalía estén al tanto de que la funcionaria realizó las solicitudes procesales de forma poco cuidadosa.

Cabe mencionar que, durante la audiencia de imputación, ocho empresarios investigados no aceptaron los cargos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito formulados por la Fiscalía. Entre los señalados están Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

El proceso continuará en etapa de imputación. Mientras las defensas niegan que exista responsabilidad penal establecida, los establecimientos comerciales de la marca seguirán siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En las audiencias del proceso contra las cadenas de tiendas de Lili Pink, propiedad de Fast Moda S.A.S., la Fiscalía General de la Nación ha revelado detalles de cómo se concretó el entramado criminal.

Cabe recordar que en abril de 2026 las autoridades intervinieron los establecimientos de la marca al revelar que había pruebas suficientes para asegurar que la empresa cometió delitos de lavado de activos y contrabando de textiles.

Mientras avanza el proceso, las tiendas han sido administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), puesto que se concluyó que se trata de una compañía que genera ganancias por fuera de la acción delictiva.

Hasta el momento, la Fiscalía ha imputado por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a ocho directivos de la empresa.

Entramado criminal habría llegado hasta Panamá

En la última audiencia registrada del caso, el ente acusador aseguró que los más de 300 establecimientos de la marca funcionaron como fachada para esconder un entramado criminal que se mantuvo durante más de diez años.

La investigación comenzó luego de que fue presentada una denuncia ante la Dian sobre posibles irregularidades al interior de la empresa que tenía sociedades con otras marcas del mismo grupo empresarial.

Con los avances de la investigación, se conoció que los primeros hechos delictivos se registraron en 2013 con procesos de importación de mercancía de contrabando que era comercializada en Colombia.

De acuerdo con el ente acusador, se consolidó un esquema que incluyó sociedades en Panamá, lo que incluía la importación de varios productos y el envío de las utilidades a otros países.

“La organización se dedicó a la realización de operaciones de comercio exterior dándole apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional”, argumentó la fiscal, que reveló que durante ese proceso fueron creadas y liquidadas varias empresas que aparecían como destinatarias de los productos que ingresaban o salían de Colombia.

En Panamá fueron identificadas las empresas Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A. y One Boy S.A., en donde los administradores (que aparecían en los documentos) en realidad ocupaban otros cargos en la operación de las mismas.

“Quienes registran constituyendo las sociedades y fungiendo como representantes legales son en realidad personas con cargos operativos como conductores, operarios, tesoreros y abogados al interior de la empresa”.

La fiscal explicó que, gracias a información obtenida mediante cooperación judicial, se detectaron varias multas de tránsito en Panamá relacionadas con personas vinculadas a una investigación. Mencionó a Joey Sabady Omsani, que figura como conductor de empresas registradas en Panamá. También señaló a Malaquilla Vismar Hernández, a quien se le encontró un establecimiento comercial de comida rápida llamado Delicias Eli.

La fiscal sostuvo que esta situación respalda la idea de que hay personas que aparecen como titulares de empresas que realmente controlaban negocios en Colombia, patrón que se identificó con otras “empresas de papel”.

Los operativos de control en las sedes de los comercios fueron claves para descubrir cómo funcionaba el lavado de activos, puesto que había mercancía cuya información no coincidía con las declaraciones de importación. Para esconder las irregularidades, se solía retirar la marquilla oficial de la prenda para sustituirla con una que tuviera escrito “Hecho en Colombia”.

En estos procedimientos, la Fiscalía informó que halló cajas identificadas como fabricadas en Colombia, pero contenían productos extranjeros. Además, encontró mercancía con dos marcas distintas, referencias que correspondían a artículos diferentes y productos registrados a nombre de dos importadores distintos, lo que es parte de la evidencia que seguirá siendo expuesta en futuras diligencias.

La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos a Diego Andrés Cancino Martínez, exviceministro del Interior, de marzo a agosto de 2024, por señalamientos como presunto responsable de acto sexual violento.

La información del ente de control determinó que la diligencia judicial está programada para el 10 de agosto de 2026, luego de un importante avance en la investigación formal que se inició con la denuncia de Yuly Viviana Vargas Ávila, exasesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia y Gobierno de la cartera del Interior.

En su declaración, Vargas señaló que el exfuncionario habría aprovechado una reunión de carácter laboral para realizar un comportamiento inadecuado y sin consentimiento.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron cuando la víctima buscaba nuevas oportunidades laborales ante la finalización de su contrato el 25 de octubre de 2024. En el documento entregado a la Fiscalía, Vargas explicó que, durante su búsqueda de empleo, contactó a Cancino, que había dejado su cargo en el ministerio meses antes y estaba por asumir la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En la narración incorporada en el expediente judicial, Vargas indicó que, tras enviar su hoja de vida, el exviceministro la invitó a un almuerzo en su apartamento. La denunciante llegó acompañada de su hija, que poco después fue retirada por la madre de Vargas. Posteriormente, Cancino sirvió el almuerzo y ofreció vino, insistiendo en que su invitada bebiera más de una copa.

El relato de Viviana Vargas

La exasesora ha compartido su experiencia en numerosos medios de comunicación. Sin embargo, en el detallado relato que entregó a Cambio, sostuvo que en ese almuerzo el exfuncionario se aproximó por la espalda, la abrazó e introdujo sus manos por debajo de la blusa, todo sin su consentimiento.

“Este hecho acontece el día 9 de octubre y realmente yo estaba buscando oportunidades laborales porque mi contrato en el Ministerio del Interior iba hasta el 25 de octubre. En este sentido, pues yo generalmente unas semanas antes de que finalicen mis contratos busco pues otras opciones laborales“, dijo Viviana Vargas.

Agregó que “terminando el almuerzo, este sujeto me dijo ‘eres genial’, se levantó de su silla y se me acercó por la espalda, me abrazó y metió sus manos debajo de la blusa que yo llevaba puesta y me tocó los senos sin mi consentimiento. Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y, frente a ello, él me tomó de las manos, me bajó de la silla en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento”, dijo.

La mujer reaccionó y lo alejó de ella, y le dijo “que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política o profesional”, y le solicitó que respetara ese límite.

La mujer llamó a unos amigos para que la rescataran

“Luego, el señor Cancino me propuso bajar por una botella de vino y yo acepté porque pensé que podía aprovechar este momento para marcharme de allí; tomé mi maleta e iba a salir, pero el señor Cancino me dijo que la dejara, porque todavía no me podía ir", relató la víctima.

Sin embargo, la denunciante logró llamar a unos amigos para que llegaran al lugar de los hechos. Posteriormente, una vez ingresaron en el apartamento, Cancino “intentó en repetidas ocasiones acceder a mi espacio físico personal, abrazándome por la espada".

Relató: “uno de esos acercamientos lo realizó cuando mi amigo se fue para el baño y frente a mi amiga me abrazó por la espalda y tocó nuevamente mis senos, yo lo alejé una vez más y me haló hacia él para que le besara, a lo cual yo no accedí (...) no obstante, me tomó de las manos, se disculpó́ y me pidió que bailáramos", dijo.

Tras la negativa, según la denuncia, el exviceministro “seguía diciendo que yo ‘le encantaba’, que ‘tenía una cara preciosa’, volvió a acercarse para abrazarme en cuatro ocasiones y en todas estas yo me alejé, y le insistí una y otra vez que no quería ningún tipo de relacionamiento físico, emocional o sexual“.

Como respuesta, Cancino comenzó a actuar, al parecer, nervioso, porque “se alejaba en algunos momentos, subía a su habitación, se veía ansioso, entraba al baño, bebía vino y nuevamente intentaba acercarse a mí“, dijo

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía General de la Nación presentará los elementos probatorios reunidos durante la investigación y formalizará los cargos por el delito de acto sexual violento contra el exviceministro.

El 23 de julio, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como Churo Díaz, por el presunto delito de abuso sexual de una menor de 14 años. La diligencia judicial se llevó a cabo ante un juez de control de garantías en Valledupar, como parte de un proceso penal impulsado por hechos denunciados hace varios años.

Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó la imputación contra el artista y solicitó la imposición de una medida de aseguramiento. Sin embargo, la decisión sobre si el cantante enfrentará el proceso en libertad o con alguna medida restrictiva quedó aplazada debido a la suspensión de la diligencia, por lo que será un juez el que defina en una próxima audiencia la situación jurídica de Díaz.

Actualmente, el caso está a cargo de una unidad especializada en delitos contra niños, niñas y adolescentes, luego de que se conocieron detalles de la denuncia por la que se abrió el proceso penal. Con la imputación, se inicia formalmente la etapa judicial en la que la Fiscalía presentará los elementos de prueba que respaldarán la acusación.

Hasta el momento, Churo Díaz se pronunció para rechazar las acusaciones e insistió en que es inocente. Cabe recordar que, mientras avanza el proceso legal, el cantante mantiene la presunción de inocencia, por lo que podrá continuar ejerciendo su profesión.

Piden que Churo Díaz no cante en las fiestas de Santa Marta

El 24 de julio, el abogado y veedor Gabriel Escobar se pronunció desde su cuenta de X sobre la situación que afronta Díaz para pedir que la Alcaldía de Santa Marta retire al artista de la celebración del cumpleaños 501 de la ciudad.

“Churo Díaz no debe cantar en la Fiesta del Mar. Rechazo categóricamente que Churo Díaz, recientemente imputado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en gravísimos delitos sexuales contra una niña de apenas cuatro años, sea presentado en el cumpleaños de Santa Marta”, escribió Escobar.

El jurista explicó que, aunque Díaz no ha sido declarado culpable, no es posible que en la capital del Magdalena ignoren las acusaciones contra el artista. “Aunque la imputación no equivale a una condena, el distrito no puede ignorar la gravedad de los hechos investigados ni entregarle una tarima pública pocos días después”.

Por último, Escobar le envió un mensaje al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, al que le pidió dejar un precedente cancelando la presentación del cantante. “Le solicito al alcalde @CarlosPinedoC que lo retire de la programación y adopte las medidas necesarias para terminar su contratación. Santa Marta debe enviar un mensaje claro: con los derechos de la niñez no puede haber ambigüedades”, puntualizó.

Hasta el momento, la Alcaldía de Santa Marta no ha cambiado el cronograma previsto para la celebración que comenzó el 23 de julio y terminará el 29 de julio con un concierto público. Además de Díaz, otros artistas confirmados para el evento son: Mane Ariza, Stereo Beat, Yera, Blindaje 10, Theo y Reynel, además de Panguito Maestre, Gusi y Beéle.

¿Quién es Churo Díaz?

Jorge Iván Díaz Lafaurie nació en Valledupar. Dentro de su discografía destacan canciones como Te Perdono, Tu Me Ganas, El Rey Guajiro y Ni Que Fueras La Más Buena, que han sido populares principalmente en emisoras del Caribe colombiano.

Su estilo se caracteriza por la mezcla de elementos tradicionales del género con aspectos modernos, lo que lo ha llevado a participar de festivales en el mundo. Actualmente, es uno de los artistas más consagrados del vallenato contemporáneo.

Entre los reconocimientos que ha recibido se destaca el premio a Mejor Artista Vallenato en los Premios Luna 2025 por su éxito El Fuete, el galardón a Mejor Álbum del Año en los Upar Awards por ese mismo trabajo discográfico, y el reconocimiento Pentagrama de Oro otorgado por la Gobernación del Atlántico.

Pese a que los hechos habrían sucedido el 22 de julio, Vera señaló en el mensaje adjunto a la grabación —en la que narró cómo ocurrieron— el motivo por el que hasta ahora detalló lo que pasó.

“Apenas se los comunico porque estábamos esperando encontrar videos de cámaras de seguridad cercanas”, precisó la representante a la Cámara, que le exigió a “la Fiscalía y Defensoría del Pueblo adelantar la investigación y acompañamiento correspondiente”.

El relato de la representante a la Cámara del Pacto Histórico: denunció intento de secuestro

“Lo que vivimos anoche fue horrible. Hace dos días me posesioné como congresista de Colombia y desde hace muchos años he sido líder estudiantil. Nunca había pedido un esquema de seguridad pese a las distintas situaciones de amenaza y de evidente riesgo hacia mi vida y la de mis compañeros. Me he estado transportando en el vehículo de quien será mi coordinador de UTL (Unidad de Trabajo Legislativo)”, inicia la narración por parte de Vera.

La congresista precisó que “anoche, cuando salimos del Congreso (miércoles 22 de julio), inmediatamente después de dejarme (el coordinador de la UTL), fue a recoger a sus papás y su vehículo fue interceptado por cinco hombres fuertemente armados en lo que creemos que fue un intento de secuestro”.

Vera confirmó que el coordinador “logró escapar, retrocedió el carro, pero estos hombres dispararon al lado de su carro”.

La congresista también dijo que interpuso la denuncia ante Fiscalía, “pero también hemos notificado a la Defensoría del Pueblo”, añadió.

Al final, la representante a la Cámara le pidió al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, y al cual el Pacto Histórico le hará oposición durante su administración, que brinde las bases para poder ejercer sin riesgos la actividad política.

“Quiero recordarles que mi partido, mi equipo y yo nos manifestamos en oposición al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y por eso exigimos todas las garantías necesarias para que pensar distinto no sea una afrenta contra nuestra seguridad y contra nuestra vida”, puntualizó Vera.

Para cerrar su mensaje, la congresista pidió de manera inmediata “se apliquen las medidas que fueron aprobadas por el Cerrem (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, y adscrita a la Unidad Nacional de Protección —UNP—), porque hoy, quizá como nunca antes, temo por mi vida y la de mi equipo".

Bancada del Pacto Histórico rechazó intento de secuestro que denunció congresista Isabel Vera

Varias congresistas salieron en respaldo de su colega luego de que se conocieron los escabrosos detalles el intento de secuestro que Vera denunció en redes sociales.

Una de ellas fue la senadora Alejandra Omaña (la exactriz porno conocida como Amaranta Hank), que desde su cuenta de X afirmó: “Toda mi solidaridad con nuestra compañera @IsabelVeraPacto y su equipo, que fueron víctimas de un posible intento de secuestro. Sabemos que vienen años difíciles para el progresismo y por eso pedimos garantías para todos”.

La congresista recordó los crímenes de varios líderes sociales y agregó que “en los últimos meses fueron el compañero Alex López, Kevin Gómez, Verónica Estrada y ahora Isabel Vera”, por lo que concluyó: “No podemos volver a los tiempos de terror”.

Por su parte, el representante a la Cámara Gabriel Becerra también se solidarizó con Vera y advirtió: “La política del miedo, la persecución y el terror no triunfará. Defenderemos la vida, la democracia y el derecho a ejercer la oposición y la representación popular sin violencia ni amenazas”.

Por su parte, el senador y activista conocido en redes sociales como Wally (Walter Rodríguez), señaló: “Pretenden destriparnos, amedrentar a nuestros mejores cuadros y sembrar el miedo, pero no lo van a lograr. Toda mi solidaridad con la compañera representante a la Cámara @IsabelVeraPacto y su equipo ante este cobarde intento de secuestro”.

La Policía Nacional de Ibagué enfrenta un episodio que genera inquietud entre la ciudadanía tras la captura de una patrullera en el centro de reclusión transitorio Permanente Central.

De acuerdo con fuentes oficiales, la funcionaria, identificada como Diana Carolina Castañeda Rojas, fue sorprendida mientras intentaba ingresar sustancias prohibidas y teléfonos móviles al establecimiento, presuntamente con la intención de destinarlos a personas privadas de la libertad.

Durante las labores rutinarias de vigilancia, la patrullera cumplía funciones como centinela. Su detención se produjo luego de que, al parecer, intentara el ingreso de marihuana y varios dispositivos electrónicos, hechos que motivaron la intervención inmediata de sus compañeros y la apertura de una investigación.

Tras lo anterior, la Policía Metropolitana de Ibagué emitió un comunicado oficial tras la captura de la patrullera señalada de intentar ingresar sustancias ilícitas y teléfonos móviles a la Permanente Central.

La uniformada, adscrita a la institución, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el marco de una investigación en curso.

El procedimiento se desencadenó durante un control interno cuando el jefe de turno realizó una inspección al bolso de la funcionaria previo al ingreso a las instalaciones.

En ese registro, presuntamente se hallaron estupefacientes junto a cuatro celulares que, según las primeras pesquisas, tendrían como destinatarios a personas privadas de la libertad recluidas en el centro de detención.

La Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción asumió la investigación disciplinaria correspondiente, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. La Policía subrayó que todas las actuaciones respetarán el debido proceso y se desarrollarán conforme a la Constitución y la ley.

Adicionalmente, la institución reafirmó su política de cero tolerancia ante cualquier conducta ilícita cometida por integrantes de la fuerza pública y aseguró que mantendrá total colaboración con la justicia en el desarrollo de las pesquisas.

Mientras avanza la investigación judicial y disciplinaria, la situación jurídica de la patrullera será definida por la Fiscalía, que también indaga el destino de los elementos decomisados y si hay más personas implicadas. La noticia ha generado mucha expectativa, pues la funcionaria involucrada ejercía tareas de vigilancia y custodia en la Permanente Central de Ibagué.

Operativo contra el microtráfico dejó detenido a joven de 22 años en el sur de la capital tolimense, llevaba tusi y cocaína

Un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Ibagué en la zona alta del barrio Ricaurte culminó con la captura de un joven de 22 años, sorprendido transportando varias dosis de tusi y cocaína.

Durante patrullajes preventivos, los agentes observaron comportamientos sospechosos y decidieron abordar al sujeto para una inspección personal.

Los uniformados encontraron 16 porciones de tusi y 6 de cocaína, sustancias que, según las primeras averiguaciones, estaban listas para ser distribuidas en la modalidad de menudeo. Al detectar el material, el individuo intentó escapar, generando una persecución a corta distancia que concluyó con su detención.

En el proceso de captura, el hombre ofreció resistencia e intentó evitar el accionar policial. Ante la situación, los efectivos emplearon un dispositivo electrónico de control (taser), conforme a los lineamientos institucionales para el uso de la fuerza, logrando neutralizar la amenaza y asegurar al implicado sin mayores incidentes.

Posteriormente, el capturado fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades iniciaron el correspondiente proceso judicial por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan contrarrestar el comercio ilícito de drogas en los barrios de la capital tolimense y fortalecer la convivencia entre los habitantes.

Por último, la institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y anunció la continuidad de los operativos enfocados en combatir el microtráfico y reducir los factores que afectan la tranquilidad de la comunidad en distintos sectores de la ciudad de Ibagué.

Una jueza federal negó el amparo a Livia Brito, resolución que dejó firme su vinculación a proceso por el delito de Falsedad ante la Autoridad, según informó el periodista Carlos Jiménez en X. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la acusó de haber mentido ante las autoridades.

La defensa de Brito promovió el recurso con el objetivo de librarla de esa acusación penal, pero el fallo rechazó sus argumentos. Con esa decisión, la actriz de origen cubano continua en el proceso en el que se le imputó haber declarado con falsedad ante una autoridad.

La negativa de este martes, reportada por C4 Jiménez, cerró la vía que la defensa intentó usar para frenar el procedimiento penal. El caso avanzó en sede judicial con la imputación ya sostenida en tribunales.

El incidente en Cancún que detonó la disputa legal

El proceso se originó por un incidente ocurrido en junio de 2020 en Cancún, cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda captó imágenes de Brito y su entonces pareja Yosmi Gedler Martínez durante unas vacaciones. Al percatarse, la actriz y su acompañante confrontaron y agredieron físicamente al paparazzi, y destruyeron su equipo fotográfico.

Zepeda denunció a Brito por los daños físicos y morales derivados de la agresión. En 2023 obtuvo una sentencia favorable que obligó a la actriz a indemnizarlo con más de un millón de pesos.

Brito impugnó la resolución y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal desechó su recurso en junio de 2025 y confirmó de manera definitiva la condena.

La denuncia por falsedad de declaraciones y la vía penal

En paralelo al litigio civil, Zepeda y su abogada Ángela Frías presentaron en 2024 una denuncia por falsedad de declaraciones. Sostuvieron que Livia Brito mintió ante la autoridad al negar la agresión.

Tras dos años, un magistrado ordenó vincularla a proceso por ese delito en febrero de 2026. La negativa del amparo dejó firme esa vinculación a proceso y mantuvo el avance del caso en tribunales.

Ernesto Zepeda confirmó el pago de Livia Brito

Ernesto Zepeda recibió un cheque íntegro como parte del fallo civil en contra de Livia Brito, aunque aún no tiene certeza sobre el monto que le descontarán en impuestos. “Entregan un cheque y yo lo tengo que cobrar, afortunadamente ya se pudo, no tuve que esperar, se me entregó el cheque íntegro”, confirmó el fotógrafo.

El equipo legal de la actriz recurrió a todos los recursos disponibles para retrasar la sentencia o impedir su cumplimiento, pero ninguna de esas gestiones prosperó. El desenlace puso fin a una disputa que arrancó en 2020 y se extendió por seis años, tras el fallo a favor de Zepeda que obligó a Brito a pagar más de un millón de pesos.

A pesar de tener el cheque en mano, el paparazzi aclaró que aún quedan pendientes algunos gastos derivados del proceso judicial. “Se tienen que pagar peritajes y todo lo que involucra un juicio, es mucho gasto, desgaste y tiempo, ya con esto se va a pagar”, explicó.

¿Qué sigue para Livia Brito en el proceso legal?

Livia Brito deberá enfrentar la fase complementaria de la investigación en su contra tras la negativa de la protección federal. Las autoridades judiciales tienen previsto programar nuevas audiencias para desahogar las pruebas y determinar las sanciones penales definitivas contra la actriz.

El senador de Salvación Nacional John Alejandro Bermeo Rodríguez tomó posesión de su cargo durante la instalación del nuevo Congreso de la República, que asumirá la agenda legislativa del periodo 2026-2030, aun cuando enfrenta un proceso penal en la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acceso carnal violento.

La denuncia ya había generado reacciones meses atrás. Sin embargo, tras la posesión de Bermeo como senador, algunas voces se levantaron para cuestionar su nueva curul.

La periodista Stefany Ostios escribió en su perfil de X: “Ojo al dato:@Alejoberme0, senador abelardista de Salvación Nacional, tomó posesión hoy de su cargo pese a que tenía un proceso en la Fiscalía en su contra por el delito de presunto abuso sexual. Disfrutaremos cuando sea la Corte Suprema la que tome su caso”, dijo.

La acción, que está en manos del ente investigador, fue radicada en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, y señala como víctima a Íngrid Yamile Quinaya Tigreros, de 25 años, que acusa al legislador de haberla agredido sexualmente el 7 de abril de 2026.

De acuerdo con el reporte judicial, la joven se presentó en las instalaciones de la Fiscalía URI de Ibagué para denunciar que, tras el fin de una relación sentimental de dos años con Bermeo Rodríguez, él la habría obligado a encontrarse y, bajo amenazas, la condujo a un apartahotel donde se produjo la agresión.

Según el expediente, la víctima relató que el senador la golpeó en el rostro y la forzó sexualmente en un establecimiento identificado como “Apartahotel Mi Oficina”, para luego abandonarla en su vivienda.

“El día 07/04/2026 (él) la llama y le pide que se vean, y si no lo hace, le dice que le haría un escándalo afuera de la casa. Al ver la amenaza, ella cumple y sale de la casa y se sube a la camioneta; al subir le pega cachetadas en la cara y la lleva al establecimiento que está ubicado en la a 44c-148, Cra. 20 #44c-2, Ibagué, Tolima, de nombre APARTAHOTEL MI OFICINA, donde al llegar de manera violenta la, accede sexualmente y le pega, después de accederla la deja de nuevamente en la casa de la víctima”, dice textualmente el relato de la noticia criminal publicada por la Fiscalía.

Posterior a su denuncia, la joven fue informada de sus derechos como víctima y de la posibilidad de intervenir en todas las fases del proceso penal, según el Código de Procedimiento Penal.

Por tal razón, desde la institución se aseguró que el proceso se adelanta bajo los parámetros de la Ley 906, y que la denuncia contiene detalles precisos de lugar, hora y circunstancias, así como los datos personales de la víctima y del señalado, que figura como indocumentado y no capturado. El caso está a cargo de la Fiscalía 79 Local URI y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

El caso volvió a la discusión política, luego de que desde el Centro Democrático se cuestionara su nuevo rol en el Congreso, luego de haber creado contenido como un “influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién”, que habría atacado en varias oportunidades al partido uribista.

“¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?“, se cuestionó desde la corporación de derecha.

Las palabras de Alejandro Bermeo en la instalación del Congreso de la República

Durante la jornada del 20 de julio, efectivamente, Bermeo hizo presencia en las instalaciones del Congreso. Allí, incluso, emitió pronunciamientos sobre la controversial unión del Centro Democrático y el Pacto Histórico para votar a favor de Honorio Henríquez como nuevo presidente del Senado.

“Bueno, ya uno no sabe qué creer, porque de hecho lo que hacen es retomar parte del discurso de Petro, de la simbología con el tema de las abejas. Los hemos visto hoy también, pues que al parecer están unidos. Eso es lo que ha dicho nuestro ministro del Interior, Lara, eso es lo que ha dicho el propio Deluque”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

Aseguró que “el petrismo y el uribismo están unidos hoy en contra de Abelardo de la Espriella, en contra de la agenda del presidente, al igual que vimos en las elecciones presidenciales, ¿no? No es nuevo, pero creo que sí es un mensaje erróneo a todos aquellos que confiaron y votaron en este partido, porque se están dando cuenta que al parecer estaban en el lugar equivocado".

Por eso dijo que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, deberá “exponer aquellos que tengan intereses ocultos, solapados y que no quieran lo mejor para el país”. Afirmó que, de igual manera, confía en los nuevos congresistas, porque “se ha renovado muchísimo el Congreso”.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a ocho empresarios y directivos de la compañía de ropa interior Lili Pink que, tras una investigación que emprendieron las autoridades colombianas, concluyó que fue el escenario de presuntas operaciones de contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir por cifras superiores a 730.000 millones de pesos.

Durante la audiencia realizada en la mañana del martes 21 de julio de 2026 en el Juzgado 40 Penal de Control de Garantías de Bogotá, el ente acusador presentó cargos contra el cofundador de la compañía, Max Marvin Abadi Harari, señalado como uno de los principales articuladores del esquema investigado, así como contra David Max Abadi Homsani (hijo del cofundador), también de nacionalidad panameña; Malaquilla Bismar Hernández, ciudadano nicaragüense; Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S.; Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna; Jonnatan Villamil Soler; Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias, que estaría en Venezuela.

Durante la diligencia judicial, se relató con detalle que la investigación, una de las mayores en materia de criminalidad económica en Colombia, se originó tras hallazgos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2022, cuando se detectaron inconsistencias en operaciones de comercio exterior de empresas vinculadas a la importación de confecciones, cosméticos, accesorios y juguetes.

Tras estas incongruencias, las autoridades nacionales identificaron movimientos financieros que no coincidían con la capacidad económica declarada por las sociedades involucradas.

De hecho, la información que se conoce es que la Fiscalía demostró que la red de empresarios, liderados por el socio fundador, habría recurrido a la creación de empresas fachada, simulación de operaciones comerciales y fragmentación de transacciones financieras, junto con movimientos de dinero entre sociedades vinculadas, para encubrir el origen de los recursos y evadir los controles aduaneros y tributarios.

“(...) Así es como se logró determinar que estos ciudadanos estaban concertados con la finalidad de cometer delitos de contrabando para la introducción de mercancía extranjera a territorio aduanero nacional, mercancía que posteriormente era vendida, materializándose de esta manera el delito de lavado de activos y obteniendo entonces, de esta manera también, un incremento patrimonial para sí o para otros, dependiendo también de la imputación que se realizara con antelación”, dijo la fiscal del caso durante la diligencia.

La funcionaria agregó que “se identificaron también unas empresas panameñas que cumplían entonces el rol de ostentar la titularidad del 100% de las operaciones de las empresas comercializadoras en Colombia, así como también se logró determinar la constitución de proveedores nacionales, esto intentando dar apariencia de que se tercerizaba”.

Por tanto, el ente acusador presentó cifras que explicarían presunto lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, un posible enriquecimiento ilícito cercano a 430.000 millones de pesos y actividades de contrabando estimadas en 75.000 millones de pesos.

Según el reporte de la audiencia, la Fiscalía adelantó medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

No aceptaron los cargos

Pese a las acusaciones y a la presentación de material probatorio, la defensa insistió en la audiencia que no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades penales y que las operaciones de las empresas cuentan con soportes de importación y pago.

No obstante, la audiencia de imputación fue solo una de las primeras etapas del proceso penal y en próximas diligencias se van a exponer los elementos probatorios por parte de la Fiscalía, mientras los abogados de los señalados controvertirán los argumentos del ente acusador.

En el proceso también fue capturado Walter Francisco Martínez Martínez, abogado y representante de importadoras, a quien se le imputaron delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.

A su vez, desde la defensa judicial de Fast Moda S.A.S. se precisó que Martínez no formó parte de sus órganos directivos, sino que fue proveedor en años anteriores. Este procesado no aceptó los cargos, al igual que los otros ocho empresarios señalados por la Fiscalía, que no reconocieron su presunta participación en los delitos imputados.

A ocho meses de la desaparición de Jeshua, Cisneros, estudiante de la UNAM de 19 años, una búsqueda en Teoloyucán abrió una nueva pista sobre el caso: la madre del joven recibió un audio anónimo que ubica el sitio donde presuntamente habría sido arrojado a un canal de aguas negras por policías de Cuautitlán Izcalli, una versión que empuja la investigación hacia una posible desaparición forzada.

La pista que detonó esa búsqueda señaló un punto geográfico específico. Cuando la familia acudió al lugar junto con integrantes del colectivo, llevó excavadoras y equipo para reforzar las labores en una zona donde ahora se acumulan lodo y basura por las lluvias intensas.

Cabe mencionar que durante la jornada en el canal de Santa Bárbara, el colectivo Lirios Buscadores de Cuautitlán encontró los restos de un adulto mayor en la compuerta.

Si bien el hallazgo no corresponde a la búsqueda de Jeshua, sí muestra como el canal puede ser usado para arrojar cuerpos que nadie busca.

Un audio anónimo ubicó el canal donde presuntamente fue arrojado

Karla Lechuga, madre de Jeshua, difundió en redes sociales el contenido del mensaje que recibió. En ese testimonio se sostiene que policías estatales detuvieron al joven, que “se les pasa la mano” y que después lo arrojaron al canal.

La madre relató así lo que le dijeron: “Pues textual decían que lo detienen los policías estatales, que se les pasa la mano y que lo arrojan a este canal de aguas negras.

Específicamente mencionan que es un golpe en la cabeza, lo que supuestamente le quita la vida a mi hijo y pues nada, que lo arrojan al canal”.

Esa versión también señala de manera anónima a cuatro policías como presuntos responsables de la desaparición y posible muerte del joven. De acuerdo con la publicación, el audio refuerza la principal teoría de la familia: que Jeshua fue interceptado por patrullas estatales y del municipio sobre la autopista México-Querétaro.

La unidad señalada es la patrulla ME29OA5. La acusación apunta a que los cuatro agentes que la tripulaban habrían participado en la presunta desaparición forzada del estudiante.

Jeshua desapareció el 13 de noviembre en la zona industrial de Cuamatla

Jeshua Cisneros desapareció el pasado 13 de noviembre en Cuautitlán Izcalli. El joven se dirigía a la zona del Parque Industrial de Cuamatla, en el Estado de México, donde se perdió su rastro.

La última vez que lo vieron con vida, de acuerdo con su ficha de búsqueda, fue cerca de la empresa Alpura. A esa compañía le han exigido mostrar los videos en los que estaría registrado el último rastro del joven.

Otra referencia de ubicación lo coloca en Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli. Desde el arranque de la búsqueda, las primeras versiones sobre su desaparición apuntaban a policías.

La ficha también describe cómo iba vestido: tenis de choclo negros con letras rojas, pantalón cargo azul holgado y sudadera gris. Como señas particulares, usaba lentes graduados y tenía una perforación en el labio inferior, otra en la nariz del lado derecho y una en cada ceja.

El objetivo de la jornada en Teoloyucán era localizar a Jeshua. Lo que sí apareció fue el cuerpo de un hombre cerca de las compuertas, un hallazgo que abrió otro proceso de identificación para determinar quién era la víctima.

El colectivo Lirios Buscadores expresó su solidaridad con la familia de esa persona. En su posicionamiento, pidió que la identificación permita dar certeza y contribuir al derecho a la verdad.

La organización también advirtió que cada hallazgo remite a una familia que espera respuestas y exhibe la urgencia de fortalecer las acciones de búsqueda en el Estado de México. Más adelante, añadió:

“Mientras existan personas desaparecidas, cada jornada de búsqueda seguirá siendo una necesidad impostergable. No podemos permitir que esta realidad se normalice. Detrás de cada hallazgo hay una historia, una familia y una deuda de verdad y justicia que el Estado tiene la obligación de atender”.

Cronología del caso Jeshua Cisneros, desaparecido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México

• 13 de noviembre de 2025: Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, desaparece después de salir de la casa de un amigo y dirigirse de regreso a su domicilio en Cuautitlán Izcalli. La última comunicación con su madre, Karla Lechuga, es ese mismo día, cuando le avisa que ya regresa a casa. Cámaras lo captan caminando en la zona industrial de Cuamatla, cerca de la lateral de la Autopista México-Querétaro. Testigos aseguran que en la zona se encontraba una patrulla estatal.
• Días y semanas posteriores: La familia y colectivos de búsqueda inician labores para localizar a Jeshua. Se reporta que la patrulla estatal con número económico “ME-290A-2”, tripulada por cuatro policías estatales, estuvo en el perímetro donde desapareció el joven. Posteriormente, la misma patrulla ha sido vista vigilando a la familia durante las labores de búsqueda, aunque no pertenece a las unidades asignadas oficialmente para estos trabajos.
• Meses siguientes: La madre de Jeshua y colectivos como Lirios Buscadores Izcalli, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Guardia Nacional organizan búsquedas en el municipio. Un mensaje anónimo señala el canal de Santa Bárbara como posible lugar donde policías estatales habrían detenido a Jeshua, lo golpearon en la cabeza y lo arrojaron a aguas negras. La búsqueda se extiende hacia el río Cuautitlán y se planea continuar hacia el lago de Guadalupe, donde el cauce conecta.
• Julio de 2026: Se cumplen ocho meses de la desaparición. No existen pistas sólidas, pero la principal línea de investigación es la de desaparición forzada, presuntamente a manos de policías estatales. Las autoridades mantienen mesas de trabajo, pero la familia de Jeshua señala falta de resultados y continúa la búsqueda por su cuenta. Esta semana se llevan a cabo labores de localización con maquinaria pesada en el canal de Cuautitlán.

La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima encendió la alarma sobre la ocupación de la franja marginal del río Rímac. El fiscal provincial Roldán Soto Salazar encabezó diligencias en los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, donde se detectaron construcciones precarias como viviendas, piscinas y chancherías en zonas consideradas intangibles.

Según explicó la fiscalía, estas edificaciones dificultan e impiden la limpieza y descolmatación del cauce, trabajos indispensables para reducir riesgos de desbordes en la temporada de lluvias.

“Se exhorta a las personas intervenidas a respetar la intangibilidad de la franja marginal del río Rímac y evitar nuevas ocupaciones”, subrayó la fiscal adjunta provincial Beatriz Martínez Peralta. La advertencia cobra especial relevancia ante la eventual llegada del Fenómeno El Niño, evento climático que ya mantiene en alerta a las autoridades nacionales.

Durante el operativo, representantes del Ministerio Público precisaron que el crecimiento del caudal en el río Rímac podría desencadenar inundaciones y daños en la infraestructura local. Se pidió a las autoridades cumplir con la Ley n.° 30230 para recuperar extrajudicialmente estos espacios de dominio público y garantizar la ejecución de acciones de prevención.

El despliegue contó con la participación de funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Sedapal, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), así como las municipalidades de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo.

Fenómeno El Niño amenaza la Carretera Central

El impacto potencial del Fenómeno El Niño mantiene en vilo a los municipios de Lurigancho-Chosica y Huarochirí. Según informaron los alcaldes de ambas jurisdicciones a Canal N, el avance de la erosión del río Rímac ya compromete la estabilidad de un tramo de la Carretera Central, clave para el transporte y el abastecimiento de productos hacia Lima.

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, detalló que el punto más crítico se ubica en el kilómetro 29,7, donde el río ha erosionado la base de un talud de cerca de 40 metros de altura.

“El río Rímac está horadando la parte inferior de todo ese talud, que está prácticamente entre dos y cuatro metros de distancia de la Carretera Central. Con un crecimiento del caudal esto puede afectar y provocar el colapso de la vía”, advirtió Vargas.

El funcionario remarcó que el riesgo se incrementa si el caudal alcanza los 120 metros cúbicos por segundo durante las lluvias, por lo que urge que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) aceleren las obras previstas.

Las autoridades locales han identificado al menos 32 puntos críticos en la Carretera Central, además de más de cien zonas vulnerables en las quebradas y el cauce del río. “Cada quebrada tiene por lo menos cinco puntos críticos. Si sumamos las quebradas y el río, estamos hablando de más de cien zonas vulnerables”, explicó Vargas.

El alcalde de Santa Eulalia, Luis Ñahui, hizo hincapié en la urgencia de instalar mallas de protección y reforzar la defensa ribereña para evitar deslizamientos y daños a la infraestructura. “Si no hacemos los trabajos de prevención que le corresponde al ANIN y al ANA, vamos a terminar en más desgracia”, declaró Ñahui a Canal N.

La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial de la Policía Nacional del Perú Luis Nazario, investigado por la muerte de un niño de ocho años que recibió un disparo en la cabeza durante una intervención policial en Huacho.

Según el Ministerio Público, el disparo del arma de reglamento del agente de la PNP habría sido desproporcionado y se realizó "sin previa advertencia ni situación de riesgo real" que lo amerite.

El requerimiento fue presentado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura, que atribuye al agente el presunto delito de homicidio culposo en agravio del menor. El Poder Judicial deberá evaluar la solicitud mientras continúan las diligencias.

De acuerdo con las indagaciones del fiscal adjunto Fernando Ayala Borja, el efectivo del Escuadrón de Emergencia de Huacho “causó la muerte de la víctima tras disparar su arma de reglamento” durante una intervención en la avenida Mercedes Indacochea, en esa ciudad.

El hecho ocurrió el último fin de semana, tras una alerta ciudadana por una mototaxi que circulaba a gran velocidad, según información recogida por RPP. Los agentes llegaron al lugar y discutieron con el conductor del vehículo, quien presuntamente manejaba ebrio, mientras el niño y su madre viajaban como pasajeros.

Un video difundido en redes sociales, citado por ese medio, muestra que Nazario portaba el arma en la mano antes de escucharse un disparo. Luego se observa al menor caer al suelo.

¿Qué ocurrió en Huacho?

La jornada del niño y su madre había comenzado con una visita a la feria de Huaura. Al regresar, ambos viajaban en una mototaxi que, por causas aún no esclarecidas, se volcó sobre la Avenida Mercedes Indacochea. Testigos reportaron que minutos después del accidente arribaron al lugar serenos municipales y agentes de la PNP, quienes procedieron a intervenir a las personas involucradas para realizarles el dosaje etílico.

Durante la intervención se produjo un altercado verbal entre algunos de los presentes y los efectivos policiales. En ese contexto, el suboficial Luis Nazario Chumbe accionó su arma de fuego. Según las primeras versiones, el proyectil habría rebotado en el lugar antes de impactar en la cabeza del menor, aunque estos detalles permanecen bajo investigación.

Tras el disparo, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Huacho. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Pediátrico de La Victoria en la capital. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, las heridas resultaron fatales. La familia relató que el niño sangraba profusamente y permanecía inconsciente tras el disparo. “Hijo, levántate, levántate”, se escuchó clamar a su madre en medio de la desesperación.

La muerte de Junior provocó consternación en la comunidad educativa del colegio “Pasitos de Jesús” en el distrito de Hualmay, donde cursaba la primaria. Compañeros, docentes y vecinos expresaron su pesar y acompañaron el pedido de la familia para que se esclarezcan las circunstancias del hecho y se sancione a los responsables. Los deudos exigen que se realice una exhaustiva investigación que establezca si existieron irregularidades o exceso en el uso de la fuerza por parte de la PNP.

El caso ha quedado a cargo de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que deberán determinar cómo sucedieron los hechos y si se respetaron los procedimientos establecidos en las normas sobre el uso de la fuerza. El Decreto Legislativo N.º 1186 regula los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad para el empleo de armas de fuego por parte de los efectivos policiales.

Infobae Colombia pudo confirmar que la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación tras recibir una denuncia sobre un presunto plan para atentar contra el presidente electo Abelardo de la Espriella. La reacción de la entidad fue inmediata, al asignar el caso a un fiscal delegado de la seccional del Atlántico, que coordina las acciones en curso.

En este momento, la Policía Judicial desarrolla labores de esclarecimiento para determinar la veracidad y los detalles del supuesto atentado. La institución también confirmó que ya existe una noticia criminal registrada oficialmente, lo que permite desplegar actividades de verificación y recopilación de pruebas de manera formal.

La apertura de la indagación responde a la gravedad de la denuncia, presentada en las últimas horas.

Alertan sobre presunto plan millonario de las guerrillas para atentar contra el presidente electo

El equipo de seguridad del presidente electo fue el que presentó la denuncia. Los reportes de inteligencia que manejan señalan que estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc habrían ofrecido hasta $3.000 millones como recompensa para ejecutar un atentado durante los recorridos regionales de empalme. Estos informes fueron entregados a las agencias estatales y han servido de base para ajustar los protocolos de protección.

En respuesta a la pregunta sobre la situación de seguridad del mandatario electo, las autoridades investigan la posible existencia de un plan criminal que, según inteligencia técnica, estaría enfocado en afectar los eventos públicos y las mesas de trabajo que adelanta el equipo de De la Espriella en diferentes regiones del país. La Fiscalía ya abrió un proceso y la fuerza pública modificó los esquemas de control en recintos y plazas donde asisten comunidades y prensa.

Los informes internos también advierten sobre la posibilidad de intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades con público, especialmente en encuentros donde participan niños y adultos mayores. El comunicado oficial insiste en que estos escenarios serían utilizados para intentar perpetrar una acción violenta.

El equipo de prensa de De la Espriella subrayó que “Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”. Además, enfatizó que el mandato popular obtenido en las urnas se mantendrá firme ante cualquier presión proveniente de grupos armados al margen de la ley.

Las autoridades, por su parte, revisan y refuerzan los procedimientos de ingreso y seguridad en cada evento programado. Se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre el avance de la investigación, mientras la administración entrante mantiene su postura: los grupos ilegales tendrán hasta el 7 de agosto para someterse a la justicia o enfrentarán la respuesta de la fuerza pública.

Álvaro Uribe y el Centro Democrático expresaron su solidaridad

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el partido Centro Democrático emitieron mensajes de apoyo al presidente electo Abelardo de la Espriella tras las denuncias sobre un supuesto plan de atentado en su contra.

La alerta surgió luego de que el equipo de seguridad de De la Espriella informara sobre datos de inteligencia que señalaron una oferta millonaria a organizaciones criminales para atentar contra el mandatario electo.

En respuesta a la denuncia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó en su cuenta oficial de X: “Toda la solidaridad con el Presidente Electo Abelardo de la Espriella”. La frase, publicada en la red social, fue interpretada como un respaldo directo frente al clima de tensión que rodea la transición de gobierno.

El partido Centro Democrático, por su parte, difundió un comunicado en el que afirmó: “El Centro Democrático expresa su solidaridad con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y condena enérgicamente cualquier amenaza o plan criminal que pretenda atentar contra su vida”.

El respaldo de Uribe y de su partido se suma a una serie de pronunciamientos similares de otros actores políticos y sociales. Las expresiones públicas buscan fortalecer la legitimidad institucional frente a intentos de desestabilización por parte de grupos armados ilegales.

El padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, solicitó que la Fiscalía General de la Nación convoque al expresidente Gustavo Petro para que rinda declaración sobre la muerte de su hijo.

De acuerdo con el también ex precandidato presidencial, el llamado busca que Petro aporte información relevante en la investigación, una vez que pierda el fuero presidencial tras el 7 de agosto.

Según Uribe Londoño, el jefe de Estado debe responder como ciudadano común sobre lo que conoce en torno al crimen. De acuerdo con las declaraciones que emitió en una entrevista con Semana, afirmó que, en ese sentido, ya no contará con la protección legal del cargo y estará obligado a comparecer ante la justicia ordinaria.

“Él tiene que ir, él puede ir. Que los fiscales le pregunten: ‘¿Y usted qué sabía? ¿Y todos esos tiros que este puso. ¿Y usted por qué dijo que fue la junta del narcotráfico? ¿Y usted por qué dijo que fueron los esmeralderos?’“, alegó.

Esas afirmaciones de Petro luego del atentado y de la muerte de Uribe Turbay darían señales de que el jefe de Estado saliente “ha tratado por todos los medios de desviar la investigación, de que no se llegue a un punto”.

“Estamos a punto, yo creo que se está a punto de llegar a quién dio la orden, pero él ha tratado de evitar eso y tiene gente también en los organismos que pueden estar ayudando para que eso suceda”.

Uribe Londoño indicó en la entrevista que, además de que hará la solicitud a Gustavo Petro, también pedirá una autorización a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que se realice la audiencia.

De hecho, insistió en que no se debe autorizar la extradición de Gustavo Petro —de acuerdo con la iniciativa del presidente electo, Abelardo de la Espriella— antes de que declare ante la justicia sobre el caso de su hijo.

“Él sabe mucho, él conoce todo ese entramado, él sabe quiénes son los de la Segunda Marquetalia”, señaló. Además, pidió que se investigue por qué durante el Gobierno de Petro no se solicitó a Venezuela la ejecución de las circulares rojas de Interpol contra los líderes de la Segunda Marquetalia, quienes, según Uribe, permanecen refugiados en territorio venezolano.

El senador sostuvo en el diálogo que incluirá a otras instancias competentes después del cambio de mando presidencial. Reiteró, además, que el esclarecimiento del magnicidio requiere la colaboración de todos los actores involucrados.

Miguel Uribe Londoño rechazó el preacuerdo que redujo la condena del autor intelectual del asesinato de su hijo

Uribe Londoño también criticó duramente a la Fiscalía General de la Nación tras la aprobación del preacuerdo que permitió reducir de 60 a 26 años la condena de Élder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o “El Chipi”, señalado como coordinador y determinador del magnicidio.

El fallo de la jueza novena Penal del Circuito de Bogotá, que avaló la negociación entre el ente acusador y el responsable del magnicidio, provocó la indignación de la familia de la víctima, que exige justicia completa.

Arteaga Hernández recibió una pena de 26 años y 3 meses de prisión tras aceptar cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y utilización de menores en la comisión del crimen.

La familia de Uribe Turbay rechazó el acuerdo al considerarlo insuficiente y alejado de la gravedad del delito: “Es inaceptable que una condena de 60 años por el magnicidio de mi hijo Miguel sea reducida por la Fiscalía y el juzgado a 26 años”, expresó Uribe Londoño en sus redes sociales. También sostuvo que el responsable del crimen no colaboró con la justicia y que la reducción de la pena no responde a la necesidad de verdad y reparación.

La Fiscalía también acordó una condena de 21 años y 9 meses para William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, considerado cómplice en la planeación y ejecución del homicidio. Ambos sujetos, según el ente investigador, fueron pieza clave en la coordinación del ataque y en la definición de los roles de los demás implicados, incluida la utilización de un menor de 15 años como autor material.

El abogado de la familia, Víctor Mosquera, se opuso a la decisión de la jueza, sumándose a las voces que consideran que el caso exige sanciones ejemplares, ya que el asesinato de Uribe Turbay fue declarado crimen imprescriptible y de lesa humanidad.

“Tiene que ir a juicio y enfrentar la máxima pena que contempla la ley por el atroz crimen que ha sido declarado de lesa humanidad. Esta decisión no tiene en cuenta a las víctimas, que somos muchos colombianos afectados por la falsa paz total. No se ha impartido justicia como debe ser. Los colombianos exigimos que se deje de premiar a los criminales”, afirmó Uribe Londoño.

Un caso de maltrato animal que conmocionó al país en noviembre de 2025 derivó en la condena a 20 meses de prisión que un juez le impuso al ciudadano Fernando Alonso Oviedo Sánchez.

El acto generó indignación nacional tras viralizarse en redes sociales por medio de un video. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Jacinto del Cauca, departamento de Bolívar, cuando Oviedo Sánchez fue grabado azotando brutalmente a su perro con un látigo, luego de que el animal se comiera un pedazo de carne.

La investigación, liderada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, determinó que Oviedo Sánchez inmovilizó al perro y le propinó una golpiza que le causó lesiones de consideración.

El ataque fue captado en video por un vecino, material que resultó clave para el desarrollo del proceso judicial, que en principio apuntaba al lugar de los hechos en el municipio de Sonsón, Antioquia, pero días después se aclaró que la agresión al can no se presentó allí.

Tras la difusión de las imágenes, el caso provocó una ola de rechazo en todo el país y reavivó el debate sobre la protección de los animales y las sanciones para los agresores.

Según lo que resolvió el ente investigador en su comunicado, el procesado aceptó los cargos de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal, en la modalidad agravada.

Sumado a todo lo anterior, la evidencia en video permitió a las autoridades demostrar la responsabilidad de Oviedo Sánchez, quien actuó con violencia tras descubrir que el perro había tomado la carne de un mesón.

Además de la pena de prisión, el juez impuso al condenado una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También fue inhabilitado por 63 meses para adquirir, tener, cuidar o refugiar animales y por cinco años para ejercer derechos y funciones públicas.

La difusión del video generó inicialmente confusión sobre el lugar exacto de los hechos. En un primer momento se creyó que el ataque había ocurrido en Yarumal (Antioquia), pero posteriormente las autoridades confirmaron que fue en el sur de Bolívar, específicamente en Montecristo. La reacción pública llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa para dar con el responsable, lo que finalmente motivó que Oviedo Sánchez se presentara ante las autoridades.

Así fue el proceso judicial luego de que el hoy procesado entregó al perro que maltrató

En medio de la investigación preliminar, el hombre entregó un perro, y surgieron versiones que apuntaban a que el animal agredido había muerto y que el canino entregado era diferente.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que se trataba del mismo perro, que logró sobrevivir a la golpiza.

Este episodio se presentó el 3 de noviembre de 2025, y el 12 de noviembre se conoció que Oviedo Sánchez fue imputado por la Fiscalía en Bolívar después de admitir que golpeó a su perro porque se comió un trozo de carne de su almuerzo.

El expediente quedó en manos de una fiscal del Gelma, de la Seccional Bolívar, luego de precisarse que los hechos ocurrieron en una finca.

La investigación reconstruyó que la agresión incluyó golpes con un látigo, que el perro fue lanzado al piso y que también recibió patadas, con lesiones graves en su cuerpo y su organismo.

Este caso se suma a otros episodios de violencia contra animales que han provocado acciones judiciales y sociales en Colombia.

La condena representa un nuevo precedente en la aplicación de la ley de protección animal, que prevé sanciones penales para quienes atenten gravemente contra la vida y la integridad de los animales de compañía.

En qué casos si aplicaría la Ley Ángel que castiga el maltrato animal en Colombia

En este caso no se aplicó la Ley Ángel, aprobada por el Congreso de Colombia a finales de febrero de 2025 como una norma que eleva las penas de prisión y las multas por maltrato animal y que, tras su conciliación entre Cámara y Senado y la sanción del presidente Gustavo Petro, cambiará el tratamiento penal, policivo y pedagógico de las agresiones más graves contra los animales en el país.

La nueva regulación fija multas de 15 a 30 salarios mínimos en casos de lesiones graves y de 30 a 60 salarios mínimos cuando el hecho cause la muerte del animal. También incorpora un procedimiento sancionatorio para los casos de maltrato que no constituyan delito y castiga el abandono.

La pena privativa de la libertad se aplicará para quien mate con dolo a un animal, lo lesione gravemente o lo someta a abuso sexual superará los tres años de prisión. Ese umbral implica que esas conductas dejarán de ser excarcelables.

La Fiscalía General de la Nación informó el 17 de julio de 2026 que los bienes, valuados en más de $45.000 millones y que, según documentos oficiales, habrían sido adquiridos como parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, más conocido como Charlie Zaa, estarían vinculados a operaciones del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La acción tiene como detonante la estrategia ilegal que, conforme al proceso, habría organizado Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, antiguo jefe del Bloque Tolima. El documento revela que este exjefe paramilitar recurrió a intermediarios para movilizar recursos y canalizarlos hacia inversiones inmobiliarias, objetivo que buscaba “ocultar el origen ilícito y evitar que fueran destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado.”

El alcance de la operación

Para materializar la ocupación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron inspecciones y documentación registral de todas las propiedades. La Fiscalía detalló que el proceso incluyó “inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables” con el propósito de reconstruir la trazabilidad de los activos.

El resultado fue la determinación de que los bienes forman parte de un entramado ilegal orquestado para encubrir capitales del paramilitarismo.

El caso corresponde a una decisión de primera instancia adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, lo que significa que todavía están habilitados los recursos legales de apelación. Según la Fiscalía, “las medidas cautelares decretadas corresponden a una decisión de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.”

Mientras el proceso judicial avanza, se prevé que los inmuebles oficialmente ocupados pasen al inventario estatal para iniciar los trámites de administración por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, en línea con el mandato de justicia transicional que opera para los crímenes y daños ocasionados por las Autodefensas Unidas de Colombia.

Ordenan extinción de dominio sobre una propiedad de René Higuita

La justicia colombiana ordenó la extinción de dominio sobre una propiedad de René Higuita en Medellín al concluir que el inmueble fue adquirido con recursos del narcotráfico, una decisión que no implica una condena penal contra el exarquero pero sí el traspaso del bien a la administración estatal tras un proceso que se extendió por más de dos décadas.

El predio está ubicado en el barrio El Poblado y tiene aproximadamente 1.253 metros cuadrados. Según la Fiscalía General de la Nación, la vivienda hizo parte de una cadena de transferencias diseñada para ocultar bienes vinculados al Cartel de Medellín.

La medida fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, que valoró testimonios, documentos y dictámenes periciales presentados por la Fiscalía. Entre esas pruebas apareció un estudio grafológico que concluyó que una firma en una escritura pública era falsa.

Ese elemento, de acuerdo con la investigación, permitió identificar maniobras usadas para encubrir la procedencia real del inmueble. El expediente reconstruyó la ruta de transferencias hasta establecer que la vivienda terminó registrada a nombre de Higuita y de un familiar.

De acuerdo con la Fiscalía, la propiedad fue adquirida inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, señalado de actuar como testaferro de los hermanos William y Gerardo “Kiko” Moncada. La investigación los ubicó como integrantes del Cartel de Medellín, con funciones en rutas de narcotráfico y en la administración de propiedades de Pablo Escobar.

La sentencia sostiene que el origen ilícito del bien, y no una responsabilidad penal atribuida a Higuita, es la base de la extinción de dominio. Por eso, la decisión recae sobre el inmueble y sobre la secuencia de traspasos que buscó dificultar su rastreo.

En diálogo con Infobae Colombia, Wilson Devia y Giovanni Gallo, presidentes de dos sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), denunciaron que llevan casi dos años esperando que avance una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas en su contra que vendrían del interior de la entidad mencionada.

Debido a que restan pocos días para que termine el Gobierno Petro, Devia y Gallo decidieron hablar sobre lo que ha pasado al interior de la UNP durante la administración de Augusto Rodríguez y cómo han sido perseguidos de diferentes formas por resaltar aspectos indebidos en la entidad.

Los líderes sindicales revelaron que las amenazas en su contra comenzaron en 2023, motivo por el que el 9 de agosto de ese año radicaron una denuncia contra el director de la UNP ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta la fecha el proceso judicial no ha tenido avances.

Según los líderes sindicales, las intimidaciones surgieron después de hacer públicas sus críticas a la administración de Augusto Rodríguez. “Fuimos perseguidos, hostigados por esta administración”, afirmó Devia, que recibió mensajes en los que le advertían que le iban a “cortar la cabeza” y que iban a atentar contra sus seres queridos.

Los mensajes amenazantes, enviados a través de WhatsApp y mensajes de texto, incluían frases como “si no pueden desaparecerlos, vamos a armar falsos positivos judiciales”. Una de las capturas de pantalla entregadas como prueba a la Fiscalía muestra el mensaje: “Entregue lo que tiene y no hay problema, las cosas pueden cambiar”, que según Devia, hacía alusión a la información que tenía sobre irregularidades al interior de la UNP.

Los líderes sindicales han denunciado reformas internas en la entidad y señalaron al director de la UNP como responsable del seguimiento del que han sido víctimas, lo que ha provocado que deban cambiar sus vehículos personales y hayan tenido que contratar seguridad privada, puesto que afirman no confiar en la dirección actual de la UNP.

Giovanni Gallo relató que durante un mitin nacional en febrero de 2023, miembros de los sindicatos recibieron amenazas donde se advertía que sus vidas corrían peligro y que los iban a desaparecer. Gallo denunció además seguimientos a vehículos, llamadas sospechosas y la infiltración de personas en las actividades sindicales. Ambos líderes manifestaron que, ante la falta de respuesta institucional, han decidido hablar ante los medios.

Según consta en el expediente de la Fiscalía, las amenazas y hostigamientos incluyeron llamadas desde números desconocidos, mensajes intimidatorios y seguimientos tanto a los dirigentes como a sus familias.

“Las evidencias ya están en la Fiscalía, pero el tema ha quedado quieto. Incluso tras el cambio de fiscal general hemos sido hostigados, amenazados, nos escribían por qué llamábamos a ciertas personas a contar lo que nos pasaba”.

A punto de que se cumplan dos años de la radicación de la denuncia, Gallo y Devia piden que la Fiscalía tome cartas en el asunto y se registre algún tipo de avance en la investigación, puesto que creen que, tras la salida de Rodríguez de la UNP, el proceso será cerrado. Ambos dirigentes hicieron un llamado a las autoridades para que se investigue y se garantice la protección de quienes denuncian irregularidades al interior de la entidad.

“Queremos exaltar que con el cambio de gobierno tenemos muchas esperanzas de que esta situación acabe, pero también tenemos miedo de los peligros porque ya quedan libres para ejercer cualquier tipo de atentado”, advirtió Gallo.

La denuncia, respaldada con capturas de mensajes y testimonios, permanece a la espera de avances por parte de la Fiscalía General de la Nación, mientras los líderes sindicales insisten en la urgencia de medidas de protección y acción institucional.

La investigación por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, registra un nuevo avance. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura de Fabricio Fiestas Susanival, alias “Fabri” o “F”, señalado por la Fiscalía como el presunto autor material del ataque armado que acabó con la vida de la autoridad edil el pasado 21 de mayo en la región Piura. El joven permanecía en condición de no habido desde que se inició la investigación.

La detención se produce semanas después de que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva contra la regidora Patricia Niño Febres y otros investigados por el caso. Según la hipótesis fiscal, el crimen habría sido planificado por una organización que coordinó el atentado contra el burgomaestre, mientras que Fabricio Fiestas habría integrado el grupo encargado de ejecutar el ataque. Con esta intervención, ya son siete los detenidos vinculados a uno de los casos de sicariato que más conmoción ha generado en Piura durante este año.

PNP capturó en Talara a Fabricio Fiestas, señalado como autor material del crimen

El Ministerio del Interior informó que agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Piura lograron ubicar y capturar a Fabricio Fiestas Susanival (19) en la ciudad de Talara, luego de un trabajo de inteligencia que permitió establecer el lugar donde permanecía oculto.

De acuerdo con la información policial, el investigado era buscado por su presunta participación en el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el 21 de mayo de 2026, y también es investigado por el presunto delito de lesiones graves en agravio de Jorge Chau Aranda, chofer de la autoridad edil, quien resultó herido durante el atentado.

Las investigaciones sostienen que alias “Fabri” habría sido quien participó directamente en la ejecución del ataque armado. Según las carpetas fiscales y las declaraciones de otros implicados, el joven habría integrado el grupo que interceptó la camioneta del alcalde y se desplazaba como copiloto de la motocicleta desde donde se realizaron los disparos.

Tras su captura, la PNP dispuso su traslado bajo estrictas medidas de seguridad hacia la ciudad de Piura, donde quedó a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) para continuar con las diligencias en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades consideran que la detención permitirá continuar con la recopilación de información sobre la estructura criminal que habría participado en la planificación y ejecución del atentado.

La captura ocurre mientras avanzan las investigaciones contra Patricia Niño y otros implicados

La caída de Fabricio Fiestas ocurre en medio de las investigaciones que ya mantienen con prisión preventiva a varios presuntos involucrados en el caso.

El pasado 22 de junio, el Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia de Piura ordenó 18 meses de prisión preventiva contra la regidora Patricia Niño Febres y William Tesén Gonza, alias “Pochola”, investigados como presuntos coautores del delito de sicariato agravado.

Durante esa audiencia, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción, entre ellos las declaraciones de investigados que apuntan a una presunta planificación del asesinato. Alias “Pochola” declaró que la regidora habría mantenido comunicaciones con el alcalde antes del crimen y sostuvo que ella tendría responsabilidad en los hechos.

Posteriormente, un nuevo testimonio incorporado a la investigación complicó aún más la situación de Patricia Niño. Un detenido aseguró ante las autoridades que la regidora le entregó 2.500 dólares en efectivo para realizar un seguimiento a Víctor Hugo Febre antes del atentado. Según su declaración, el dinero fue entregado personalmente y tenía como finalidad vigilar los desplazamientos del entonces alcalde de Veintiséis de Octubre.

La hipótesis del Ministerio Público señala que el asesinato habría sido ejecutado por una organización integrada por varios investigados. Además de Patricia Niño y alias “Pochola”, continúan siendo investigados Deyvis Gallo Lozada, John Ponce Torres, Derian Gallo Lozada, Stefanie Criollo Aguirre y Miriam Rosales Torres, quienes recientemente solicitaron la revisión de la medida de prisión preventiva dictada en su contra.

Con la captura de Fabricio Fiestas Susanival, las autoridades elevan a siete el número de detenidos relacionados con el caso. La Fiscalía busca establecer con precisión el rol que desempeñó cada uno de los investigados, desde la presunta planificación del atentado hasta su ejecución, así como esclarecer las coordinaciones que habrían permitido concretar el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido mientras regresaba a su domicilio en el distrito de Veintiséis de Octubre.

La Fiscalía CDMX obtuvo dos nuevas vinculaciones a proceso contra Saúl “N” y Xavier “N”, señalados por su probable participación en secuestro agravado contra dos operadores de transporte público por hechos ocurridos en 2024, de acuerdo con la propia institución.

En la audiencia del 14 de julio de 2026, el Ministerio Público presentó datos de prueba que llevaron a la autoridad judicial a vincularlos a proceso y a ratificar la prisión preventiva. La fiscalía informó que el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación también identificó a ambos imputados como presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con “La Unión Tepito”, además de que los relacionó con otras indagatorias por extorsión y cobro de piso contra operadores de transporte público, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Fiscalía CDMX detalló que el secuestro exprés agravado se cometió el 29 de noviembre de 2024 en la alcaldía Venustiano Carranza, donde Saúl “N” y Xavier “N” presuntamente privaron de la libertad a dos operadores mediante amenazas y actos de violencia. El objetivo, de acuerdo con las indagatorias, fue exigir dinero a sus familiares a cambio de liberarlos.

Tras la privación de la libertad, las víctimas fueron trasladadas a la alcaldía Cuauhtémoc, donde Saúl “N” presuntamente las amagó con un arma de fuego e hizo llamadas a los familiares para exigir un pago. La fiscalía señaló que, luego de recibir 31 mil pesos y una motocicleta, los probables agresores liberaron a los operadores.

La institución indicó que, a partir de la denuncia de las víctimas, se realizaron diligencias de reconocimiento, entrevistas, análisis de cámaras de videovigilancia, dictámenes periciales y otros actos de investigación. Con esos datos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión contra los dos imputados.

Las órdenes, precisó la Fiscalía CDMX, fueron cumplimentadas por agentes de la PDI el 9 de julio de 2026 al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Para entonces, Saúl “N” y Xavier “N” ya estaban internos desde el 1 de agosto de 2025, después de haber sido vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Tras la nueva vinculación por secuestro agravado, la fiscalía sostuvo que mantuvo abiertas líneas de investigación para ubicar y llevar ante la justicia a integrantes de grupos delictivos generadores de violencia. También afirmó que continuó con indagatorias relacionadas con extorsión, cobro de piso y otros delitos que afectan a la ciudadanía, además de buscar el acceso a la justicia para las víctimas.

La Fiscalía CDMX recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas en el caso se consideraron inocentes y fueron tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declarara su responsabilidad mediante sentencia de la autoridad competente.

• La Fiscalía CDMX obtuvo dos vinculaciones a proceso por secuestro agravado contra Saúl “N” y Xavier “N”, presuntos integrantes de una célula vinculada con “La Unión Tepito”.
• El secuestro habría ocurrido el 29 de noviembre de 2024; la fiscalía señaló que recibió 31 mil pesos y una motocicleta a cambio de liberar a las víctimas.
• El juez ratificó la prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria tras la audiencia del 14 de julio de 2026.

El exfiscal de Cibercrimen Esteban Aguilar confirmó que buscará convertirse en el próximo fiscal general de la República, una vez que la Corte Suprema de Justicia abra el concurso para designar a la persona que ocupará el cargo a partir del vencimiento del actual período de Carlo Díaz, previsto para el próximo 31 de octubre.

La aspiración fue confirmada por Aguilar en declaraciones brindadas al programa No Mientas El Show, donde aseguró que cuenta con la experiencia y los atestados necesarios para dirigir el Ministerio Público.

“Existe de mi parte un interés absoluto en poder manejar de manera transparente esta institución y de otorgar justicia pronta y cumplida a todos los costarricenses”, manifestó.

El abogado recordó que su interés por ocupar el puesto no es reciente, sino que lo anunció públicamente desde inicios de este año.

“Debo indicar que esto es correcto, tal y como lo hice de manera pública a inicios del presente año 2026”, señaló.

Aguilar explicó que el vencimiento del nombramiento de Carlo Díaz obligará a la Corte Plena a abrir un concurso público, salvo que los magistrados decidan reelegir al actual fiscal general para un nuevo período.

“Ello implicará que se abra necesariamente un concurso público, en caso de que él, como espero no ocurra, sea nuevamente nombrado por un período adicional por parte de los magistrados”, afirmó.

Asimismo, indicó que presentará formalmente su candidatura para que sea analizada por la Corte Suprema de Justicia.

“Es mi derecho, así como el de otras personas que tenemos los atestados para poder participar, remitirlos para que sean revisados por la Corte Plena y que finalmente sea este órgano quien tome la decisión de quién ocupará el futuro cargo de fiscal general de la República”, expresó.

Una candidatura en medio de una confrontación con Carlo Díaz

La intención de Aguilar de dirigir el Ministerio Público se da en un contexto de crecientes diferencias con el actual fiscal general.

La semana anterior, el exfiscal presentó una denuncia administrativa ante la Inspección Judicial contra Carlo Díaz y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, por una presunta beligerancia política y posibles infracciones al reglamento sobre conflictos de interés del Poder Judicial.

En la gestión, Aguilar solicitó investigar si diversas declaraciones públicas realizadas por ambos jerarcas judiciales comprometieron el deber de imparcialidad que exige la función jurisdiccional. Respecto de Carlo Díaz, cuestionó manifestaciones relacionadas con la situación política del país, referencias al expresidente Rodrigo Chaves, al partido oficialista y al futuro de la Asamblea Legislativa, al considerar que podrían interpretarse como opiniones incompatibles con la neutralidad que debe guardar el fiscal general.

La denuncia también hace referencia a expresiones de la magistrada Patricia Solano sobre el desempeño económico del país, las cuales, según Aguilar, igualmente ameritan una investigación para determinar si constituyen una posible infracción disciplinaria. Como parte de la prueba, solicitó preservar entrevistas, publicaciones periodísticas y registros audiovisuales donde constan las declaraciones de ambos funcionarios.

Esa no ha sido la única diferencia pública entre Aguilar y Díaz. Desde su salida del Ministerio Público, el exfiscal ha denunciado en reiteradas ocasiones haber sido víctima de persecución y acoso laboral durante la administración del actual fiscal general, señalamientos que han sido rechazados por Díaz.

La decisión estará en manos de Corte Plena

La elección del próximo fiscal general corresponde exclusivamente a la Corte Plena, integrada por los 22 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados deberán decidir, antes del vencimiento del actual período, si optan por reelegir a Carlo Díaz o si designan a un nuevo jerarca para dirigir el Ministerio Público durante los próximos años.

El proceso adquiere especial relevancia debido a que el fiscal general es la máxima autoridad del Ministerio Público y tiene a su cargo la dirección de la política de persecución penal, la coordinación de las fiscalías del país y la representación institucional en investigaciones de alto impacto.

Hasta el momento, Aguilar es una de las primeras figuras en confirmar públicamente su intención de competir por el cargo. No obstante, se espera que una vez abierto el concurso otros fiscales y abogados con los requisitos legales también presenten sus candidaturas.

La Corte Suprema deberá definir la designación a más tardar el 31 de octubre, fecha en que concluye el período constitucional de Carlo Díaz como fiscal general de la República.

Esteban Aguilar es hermano del actual ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.

La justicia panameña dictó detención provisional para un hombre de 38 años acusado de violencia doméstica en perjuicio de su madre, tras un incidente ocurrido hace unos días en el sector de Mano de Piedra, corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, la medida fue solicitada por la Sección de Familia y el Menor de la Fiscalía Regional de San Miguelito y avalada por el Juzgado de Garantías, debido a los riesgos procesales detectados durante la audiencia.

De acuerdo con el reporte oficial, la Fiscalía argumentó la necesidad de la detención inmediata ante el peligro de fuga, la posible afectación de medios de prueba y la amenaza que el imputado representa para la víctima.

La gravedad del delito fue uno de los factores determinantes para la decisión judicial, según detalló la Procuraduría.

Datos recientes muestran que la provincia de Panamá es la que registra el mayor número de denuncias por violencia familiar y delitos sexuales con 550 casos reportados hasta mayo de 2026, cifra que supera a los 432 del mismo período del año anterior, según información recopilada por Infobae.

Otras regiones con elevados índices son Chiriquí, con 406 denuncias, y Panamá Oeste, con 340 casos, además de la comarca Ngäbe Buglé, donde los reportes aumentaron a 299. Estas estadísticas reflejan el incremento sostenido de denuncias en el país y la urgencia de fortalecer las políticas de prevención.

La violencia doméstica, especialmente contra personas mayores y mujeres, continúa representando un problema de salud pública y seguridad en Panamá.

Instituciones como la Procuraduría General de la Nación insisten en la importancia de la denuncia y el acompañamiento judicial para garantizar la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de la ley.

La detención provisional dictada por el Juzgado de Garantías en San Miguelito destaca la respuesta del sistema judicial ante estos hechos, en un contexto donde la demanda social exige mayor transparencia y eficacia en la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por la violencia familiar.

La violencia contra personas de la tercera edad en Panamá muestra un incremento preocupante durante 2026, con casos de agresión, maltrato y homicidios que involucran a adultos mayores en distintos puntos del país.

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional de Panamá, se han registrado episodios reiterados de maltrato físico y psicológico, así como delitos patrimoniales y homicidios cuyas víctimas son personas de edad avanzada.

Durante julio, la Policía Nacional detuvo a un sospechoso de homicidio en Chame, quien contaba con antecedentes previos por maltrato al adulto mayor. Esta detención renovó el enfoque de las autoridades sobre la situación de vulnerabilidad que enfrenta este grupo poblacional en el país.

El Ministerio Público de Panamá ha procesado en las últimas semanas a individuos por delitos de violencia doméstica y maltrato contra sus propios progenitores de edad avanzada.

El impacto de la violencia hacia adultos mayores no se limita al entorno privado. Las estadísticas policiales muestran que los delitos patrimoniales y las estafas también afectan de forma recurrente a este grupo etario.

Las autoridades reportaron casos en los que adultos mayores fueron víctimas de robos, fraudes y apropiaciones indebidas, muchas veces perpetrados por personas de confianza o familiares.

Uno de los casos más recientes involucró la detención provisional de un hombre acusado de agredir a su madre, mientras que una mujer fue ingresada a prisión y otro hombre es buscado por no intervenir para proteger a una adulta mayor de agresiones.

La Fiscalía de Oaxaca detuvo al presunto asesino del alcalde de San Miguel Yogovana en menos de 48 horas tras el crimen, gracias a un operativo conjunto con la Policía Estatal y el Gabinete de Seguridad del estado.

El sospechoso, identificado como M. M. G., originario de Santa Lucía Miahuatlán, fue capturado durante la tarde del lunes después de que las autoridades procesaron la escena del crimen y establecieron líneas de investigación que permitieron su plena identificación.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Policía Estatal y los demás integrantes del Gabinete de Seguridad coordinaron el despliegue que culminó con la aprehensión de M. M. G. durante la tarde del lunes, a menos de 48 horas de cometido el delito.

La FGEO destacó que la velocidad de la detención fue posible gracias a la articulación entre las labores periciales, las tareas de inteligencia y el operativo de campo ejecutado por las instituciones de seguridad estatales.

El caso se inscribe en un patrón de violencia documentado contra autoridades municipales en Oaxaca. La entidad acumula al menos seis alcaldes asesinados desde 2022; a nivel nacional.

El detenido, a disposición del juez

M. M. G., originario de Santa Lucía Miahuatlán, será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente en las próximas horas. Será el juez quien determine su situación jurídica y, en su caso, dicte las medidas cautelares que procedan.

Atacado mientras vigilaba su comunidad

La FGEO no precisó en su comunicado si M. M. G. tiene vinculación con los dos detenidos iniciales ni aclaró el estado de salud del agresor herido trasladado al hospital bajo custodia.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del domingo en San Miguel Yogovana, agencia del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca. La víctima, el alcalde de la agencia, realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio.

Al solicitar apoyo policial para verificar el estatus de las unidades, el presunto agresor y sus acompañantes salieron de la vivienda. Lejos de someterse al escrutinio, atacaron al edil con armas de fuego y lo privaron de la vida en el lugar.

Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes resultó herido de gravedad y fue trasladado bajo custodia al Hospital IMSS-Bienestar de Miahuatlán de Porfirio Díaz, según reportó Julio Astillero. Dos personas más fueron detenidas en el lugar y puestas a disposición del Ministerio Público.

Las motocicletas que delataron a los agresores

La intervención inmediata de peritos y agentes de investigación en la escena resultó determinante. Los especialistas lograron identificar el inmueble desde el cual salieron los atacantes y confirmaron que las dos motocicletas aseguradas pertenecían a los agresores.

Ese hallazgo aportó los datos de prueba necesarios para focalizar la búsqueda e iniciar las labores de inteligencia que derivaron en la captura. Según la carpeta de investigación, el rápido procesamiento del lugar de los hechos permitió establecer líneas sólidas desde las primeras horas.

Una agencia municipal en la Sierra Sur

San Miguel Yogovana es una agencia del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca. Se trata de una comunidad pequeña donde las autoridades locales suelen asumir funciones de seguridad ante la limitada presencia de corporaciones policiales.

Esa realidad coloca a los alcaldes en una posición de exposición directa frente a cualquier conflicto local, tal como quedó documentado en este caso: la víctima realizaba personalmente labores de vigilancia en las calles de su comunidad cuando fue asesinada.

La Fiscalía de Sonora ofrece hasta 1 millón de pesos de recompensa por cada uno de los tres reclusos que se evadieron del Centro de Reinserción Social (CERESO) 2 de Hermosillo. Los tres hombres cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes por delitos de alto impacto y su captura es considerada prioritaria por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) publicó acuerdos formales de recompensa con el objetivo de obtener información útil, veraz y oportuna que permita localizar y capturar a los evadidos. La dependencia garantiza la confidencialidad de los datos que proporcione cualquier ciudadano que decida colaborar.

Los tres hombres buscados

El primero de los objetivos es Francisco Manuel Romero Carranza, conocido por el alias “El Meny”. El segundo es Omar Milán Tena, también registrado como Omar Millán Tena, quien responde a los alias “El Mike” o “Myke”. El tercero es Paúl Alexis Téllez Olguín, identificado como “El Güero”.

Por cada uno de estos tres hombres, la Fiscalía ofrece una recompensa de hasta 1 millón de pesos a quien aporte datos que conduzcan a su ubicación y posterior detención.

Los tres permanecen evadidos de la justicia tras escapar del CERESO 2 de Hermosillo. Cada uno tiene órdenes de reaprehensión vigentes por diversos delitos de alto impacto, aunque la FGJES no especificó la naturaleza exacta de los cargos que enfrenta cada individuo.

Confidencialidad y procedimiento para reclamar la recompensa

La FGJES subrayó que quienes aporten información no verán comprometida su identidad. La dependencia garantizó la confidencialidad de los datos proporcionados y tiene establecido un procedimiento formal para el otorgamiento de la recompensa una vez que la información resulte útil para la captura.

Este mecanismo busca ampliar la red de colaboración ciudadana en casos donde las labores de inteligencia institucional no han logrado dar con el paradero de los evadidos.

La oferta económica apunta a incentivar la denuncia en un contexto en que los tres individuos siguen prófugos.

Riesgo social y coordinación entre instituciones

La Fiscalía de Sonora advirtió que las tres personas representan un riesgo para la sociedad. En ese marco, la FGJES señaló que mantendrá todas las acciones operativas y de investigación hasta lograr la captura y presentación de los evadidos ante la autoridad judicial.

Para ello, la dependencia trabaja en coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. La articulación interinstitucional forma parte de la estrategia para dar con el paradero de Romero Carranza, Milán Tena y Téllez Olguín.

Un llamado directo a la ciudadanía

La FGJES hizo un llamado explícito a la población para colaborar con datos que contribuyan a ubicar a los tres evadidos. La institución no precisó canales de contacto específicos en el comunicado, pero la publicación de los acuerdos formales de recompensa implica un procedimiento institucional ya establecido para recibir y procesar la información.

Un sistema penitenciario con historial de fugas

La evasión del 11 de julio no es un hecho aislado. Desde mayo de 2025, el Sistema Estatal Penitenciario de Sonora acumula cuatro fugas La más resonante fue la del CERESO 1 de Hermosillo, donde el presunto líder criminal Saúl Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis”, escapó el 4 de mayo de 2025 apenas 40 días después de su detención, con presuntas complicidades internas que le permitieron salir por su propio pie. Ese caso derivó en la detención de seis personas, entre ellas el entonces coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, Gerardo Chavero Bernal, y el comandante del recinto, Manuel Márquez Loya.

En agosto del mismo año se registró otra fuga en ese mismo penal, esta vez de un recluso de bajo perfil. Al historial se suma el asesinato de tres custodios del CERESO 1, que el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez atribuyó a integrantes de grupos delictivos con presencia dentro del recinto.

La manifestación fue difundida por América Noticias. Mora se identificó ante los fiscales como promotor de espectáculos de artes marciales mixtas (MMA), entrenador y mánager, y explicó que su empresa, FFC MMA SAC, de la cual es accionista mayoritario, fue el vehículo utilizado para recibir ese dinero. Según su versión, todo comenzó con una propuesta de negocios que, en apariencia, le resultó legítima.

¿Cómo llegaron más de S/9 millones a su empresa?

De acuerdo con la declaración recogida por América Noticias, Daniel Jesús Mesones Massini le planteó a Mora la posibilidad de “alquilar” su empresa para participar en una licitación de venta de productos electrónicos con la Municipalidad de Pueblo Nuevo. La oferta incluía una comisión del 10% sobre el valor total de la operación.

“Me dijo que había una posibilidad que mi empresa gane la buena pro y también me indicó que tenía llegada al alcalde de Pueblo Nuevo, en Chincha, y por el alquiler de mi empresa tendría una ganancia del diez por ciento del valor de la venta total”, declaró Mora ante la Fiscalía.

El promotor aceptó la propuesta y entregó la documentación de FFC MMA SAC. El 23 de abril, según su relato, Mesones Massini le comunicó que los fondos ya habían sido depositados en la cuenta de su empresa y le indicó que debía acudir de inmediato a un banco en Miraflores junto a su hermana Noelia Ruth Mora Rodríguez, gerente general de la compañía.

Lo que ocurrió en esa sucursal bancaria quedó consignado en detalle en su manifestación. “Daniel Mesones estaba imprimiendo las facturas de las empresas Torrico y Mugaburu para ser entregadas en el banco y así generar diez cheques de gerencia que oscilaban entre los ochocientos y novecientos mil soles. Una vez que mi hermana tenía las facturas y con las recomendaciones de Daniel Mesones, fue al banco para hacer estos trámites. Dos horas después, salió del banco con los cheques y se los entregó a Daniel Mesones”, relató.

Cuando la Fiscalía le preguntó si su hermana conocía los detalles del supuesto alquiler de la empresa, Mora la eximió de responsabilidad: “Que no, porque ella solo cumplía mis indicaciones, ya que mi persona es la que lleva el manejo de las empresas”.

Sobre los motivos que lo llevaron a aceptar el trato, el promotor fue directo: “Una fue porque confiaba en él y dos, porque la empresa y mi persona estábamos pasando por una situación económica muy difícil. Y tres, porque pensé que estaba todo en orden y el dinero que iba a ganar me iba a ayudar a solventar mis deudas personales y de la empresa”.

Al término de las operaciones, en la cuenta de FFC MMA quedó un saldo de aproximadamente S/ 818.000, monto que, según afirmó, correspondía a la comisión del 10% que esperaba recibir por haber facilitado el uso de su empresa.

Prisión preventiva y defensa ante el juez

El 11 de julio, el juez Valery Raúl Romero Palacios, del V Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de La Molina, declaró fundado en parte el requerimiento del Ministerio Público (MP) y ordenó 15 meses de prisión preventiva contra Mora y otros siete investigados. El MP había solicitado 18 meses.

La medida alcanza también a César Antonio Nepo Soya, Daniel Jesús Mesones Massini, Giovanni Jeremy Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantaleán, Fiorella Milagros Gallo Roncaya y Máximo Salomón Ojeda Cisneros.

En la audiencia, Mora rechazó los cargos y apeló a su trayectoria pública para cuestionar la hipótesis fiscal. “¿Qué persona va a cometer ese delito dando su nombre, dando su imagen? Porque tengo una imagen como deportista, como mánager, como promotor, como empresario”, dijo ante el juez. También señaló que no tendría sentido poner en riesgo a su hermana ni a su propia carrera.

El promotor afirmó haber colaborado con las autoridades desde el primer día de su detención, ocurrida el 2 de julio en su domicilio en San Borja, durante un operativo de la División de Investigación de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) que incluyó el allanamiento de 12 inmuebles en Lima y Chincha.

Según dijo, entregó voluntariamente su teléfono y sus claves de acceso, y apoyó en la interpretación de las conversaciones que obran en la investigación. “Yo desde el día uno, desde el día de la detención, colaboré en todo lo que la policía me solicitaba. Me pedía el celular, le di las claves, me senté con ellos día a día para transcribir y apoyar qué significaba cada conversación”, sostuvo. Pese a ello, el juez mantuvo la medida de prisión preventiva.

La radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía por parte del equipo jurídico de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, ha puesto en la mira la polémica contratación de asesorías en el sector petrolero nacional.

El caso, que involucra a la filial Cenit de Ecopetrol, gira en torno a un contrato adjudicado a la firma Gesycobro SAS, el cual superó los 21.108 millones de pesos y resultó favorecido frente a reconocidas firmas del sector.

La denuncia sostiene que existen presuntas irregularidades en la adjudicación de este contrato de asesoría jurídica. Según el abogado Germán Calderón España, quien lidera el equipo dorado anticorrupción del proceso de empalme, se habrían detectado posibles delitos relacionados con la celebración del contrato.

El señalamiento apunta a supuestas relaciones políticas entre miembros de la firma beneficiada y el entonces vicepresidente jurídico de Cenit, Jorge Edilson Murcia, quien previamente se desempeñó como representante a la Cámara por el Huila.

La controversia se centra en la presunta ausencia de idoneidad de la firma adjudicataria y en la sospecha de vínculos políticos que, de acuerdo con los denunciantes, influyeron en el proceso de selección.

Calderón España comunicó que la denuncia va respaldada por los respectivos contratos, informes de auditoría forense, reportes de prensa y advertencias emitidas por la Contraloría General de la República.

“Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la Contraloría acatados por el gobierno saliente”, señaló el abogado.

El documento presentado destaca que Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. es una sociedad de economía mixta, regulada bajo un régimen especial como entidad adscrita a Ecopetrol. Esta característica implicaría consecuencias específicas en materia penal, disciplinaria y fiscal para los responsables de la gestión contractual.

La denuncia está ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá decidir si abre una investigación formal sobre el caso. Mientras tanto, el equipo jurídico de Abelardo de la Espriella insiste en que los hallazgos presentados constituyen una muestra concreta de la labor de auditoría forense impulsada durante el proceso de empalme.

“El 11 de julio de 2004, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) emitió una advertencia ordinaria al gestor fiscal consistente en un estudio sectorial para lo minero-energético. En ella, se identificaron cuatro (4) riesgos: (i) el de una baja significativa en los ingresos de la Nación; (ii) el impacto fiscal que la mitigación de costos a través de subsidios tendria; (iii) el de la disminución de la inversión extranjera directa (IED) en el pais y (IV) incrementando el déficit del PTEC”, señala la denuncia.

La otra denuncia en marcha por contrato de tierras: 500.000 millones y ejecución nula

El primer expediente presentado se refiere a un convenio entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), orientado a la adquisición y entrega de predios dentro del programa de Reforma Agraria.

El equipo de empalme sostiene que el valor del acuerdo asciende a 500.000 millones de pesos, de los cuales el 80% ya habría sido desembolsado. No obstante, el informe revela que la ejecución material sería inexistente, ya que la obligación principal era entregar los bienes debidamente escriturados y, hasta el momento, según el análisis, “no existe escritura alguna”.

Esta denuncia plantearía un riesgo inmediato: los beneficiarios del programa podrían recibir terrenos sin títulos idóneos, lo que compromete la seguridad jurídica y la efectividad de la Reforma Agraria. El Equipo Dorado Anticorrupción considera que este tipo de irregularidades debe ser investigado en profundidad por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

En medio del empalme, el grupo anticorrupción del presidente electo ha interpuesto denuncias penales, disciplinarias y fiscales sobre la gestión de fondos públicos, señalando posibles delitos y omisiones en la ejecución de programas clave. Las pruebas incluyen documentos contractuales, análisis forense y reportes oficiales, con el objetivo de que las autoridades determinen responsabilidades y tomen medidas.

La Fiscalía General de la Nación informó que judicializó a nueve personas presuntamente involucradas en una red dedicada a captar mujeres en condición de vulnerabilidad para trasladar cocaína y marihuana ocultas en el cuerpo hacia distintos países y cárceles colombianas.

Según la entidad, un juez impuso una medida de aseguramiento en un centro carcelario para todos los procesados.

“Contactar mujeres en condición de vulnerabilidad, convencerlas de viajar e instrumentalizarlas para que llevaran estupefacientes a diferentes países y cárceles colombianas habría sido la modalidad delictiva utilizada por una red narcotraficante que tenía injerencia en Medellín (Antioquia) y San Andrés Islas”, indicó el ente acusador en su comunicado.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los señalados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las investigaciones indican que la organización tenía presencia en Medellín y San Andrés Islas, y habría recurrido a jóvenes para transportar droga al exterior y a centros de reclusión en Colombia.

La Fiscalía señaló que la investigación se realizó con enfoque diferencial y de género y permitió identificar la preparación y salida de mujeres con estupefacientes ocultos en el cuerpo hacia destinos como España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana. Según la información oficial, esta actividad expuso a las mujeres a riesgos para su salud y su integridad y ocasionó la muerte de una de ellas.

De acuerdo con la Fiscalía, las mujeres transportaban diversas cantidades de cocaína y marihuana y eran convencidas por la estructura para realizar los traslados.

Entre las personas procesadas, la Fiscalía identificó a Carlos Gary Ruiz Taborda, alias El Mago; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias El Negro; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias Margara; María Salomé González, alias Salo; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias Mochita.

“Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los posibles involucrados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por disposición de un juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, indicó el ente acusador.

Las evidencias recopiladas por la Fiscalía señalan a Ruiz Taborda como presunto cabecilla y encargado de la elaboración, camuflaje y dirección de la distribución nacional e internacional de los estupefacientes. La entidad atribuye a Gallardo Hudgson la compra de la droga y la coordinación de los envíos desde San Andrés al extranjero. Tamayo Valencia habría ubicado a las mujeres, mientras que alias Salo y alias Mochita habrían trasladado pequeños cargamentos a centros de reclusión.

La Fiscalía indicó que los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y junio de 2026. El proceso contó con la participación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), lo que permitió exponer el funcionamiento de la organización y los delitos atribuidos a sus integrantes.

“El trabajo articulado de la Fiscalía, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), permitió poner en evidencia a esta estructura criminal y conocer diferentes hechos delictivos en los que estaría vinculada, ocurridos entre 2022 y junio de 2026″, aseveró la entidad.

Recientemente, en una operación realizada en el sur del país, la Policía Nacional y el Ejército de Colombia localizaron y desmantelaron una instalación destinada al procesamiento de clorhidrato de cocaína en una zona rural de Rosario, Nariño.

El anuncio fue realizado por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, el 11 de julio de 2026 a través de su cuenta oficial en X.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 423 kilos de cocaína junto con una importante cantidad de precursores químicos, lo que evitó la fabricación mensual de aproximadamente tres toneladas de esta droga.

En el lugar, las fuerzas de seguridad confiscaron 764 galones de cocaína en solución, 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste consiguió que se amplíe la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, para que sea procesado en el Perú por los presuntos delitos de organización criminal, tentativa de homicidio, lesiones graves seguidas de muerte y extorsión.

La medida fue obtenida por el Equipo 3 de dicha fiscalía, a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, luego de reunir nuevos elementos de convicción que vincularían al investigado con diversos hechos delictivos ocurridos en los distritos de Ancón, Independencia y Puente Piedra.

La ampliación de la extradición permitirá que se incorporen nuevos hechos al proceso judicial contra Moreno, quien es señalado por el Ministerio Público como presunto líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, dedicada presuntamente a actividades como extorsión y actos de violencia.

Investigan liderazgo criminal de ‘El Monstruo’

De acuerdo con la investigación fiscal, Erick Moreno habría encabezado esta red criminal y ordenado diversos ataques registrados entre los años 2024 y 2025. Las autoridades sostienen que la organización operaba mediante amenazas y acciones violentas contra transportistas y ciudadanos.

Entre los hechos investigados figura el atentado contra un conductor de transporte colectivo ocurrido en Ancón durante 2024. Asimismo, la Fiscalía atribuye a la organización el presunto cobro de cupos semanales de S/ 40 a choferes que brindaban servicio en esa zona de Lima Norte.

Además, el Ministerio Público señala que Moreno habría participado en actos de extorsión contra particulares y una empresa de transporte en 2025, a la que presuntamente exigió el pago de S/ 60 000 a cambio de no atentar contra su flota de vehículos.

‘El Monstruo’ afronta nuevas acusaciones

La investigación también incluye el asesinato de un conductor de colectivo ocurrido a inicios de 2025, hecho que forma parte de los delitos que podrán ser procesados luego de la aprobación de la ampliación de extradición.

Erick Moreno fue capturado en Paraguay en octubre de 2025, después de permanecer prófugo de la justicia peruana desde 2023. Posteriormente, fue extraditado al Perú el 28 de enero y se le dictó tres años de prisión preventiva por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal.

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ también tenía una condena previa de 32 años de prisión por delitos como secuestro, hurto, homicidio y sicariato. Durante una audiencia judicial, Moreno pidió perdón por los asesinatos cometidos, aunque negó haber participado en algunos de los hechos que ahora se le atribuyen.

Proceso contra Erick Moreno seguirá en Perú

La Fiscalía indicó que la ampliación de la extradición fue posible gracias a los elementos obtenidos durante la investigación, los cuales vinculan al detenido con los nuevos delitos incorporados al expediente.

Con esta decisión, las autoridades peruanas podrán avanzar con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad penal de Moreno por los hechos investigados en Lima Norte.

El caso continuará bajo seguimiento del Ministerio Público, mientras se desarrollan las etapas del proceso judicial contra quien es considerado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del crimen organizado en la zona norte de Lima.

El 22 de julio de 2026 comenzará en Bogotá el juicio contra cuatro policías procesados por el caso de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, una causa en la que la Fiscalía General de la Nación busca demostrar cómo operó una red de contrabando y corrupción que, según el ente acusador, recurrió a sobornos, infiltración institucional y agentes encubiertos para mover mercancía ilegal por distintas regiones de Colombia.

La audiencia se realizará en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, informó Caracol Radio. La práctica de pruebas arrancará con el testimonio del mayor Kevin Castaño Flórez, a quien la Fiscalía identifica como investigador líder del caso.

Los acusados son Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, Mario Andrés Sarmiento Rojas, Alexander Galeano y José Helí Alzate Moncayo, tres oficiales y un suboficial de la Policía Nacional. Enfrentarán juicio por concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer.

La acusación del organismo investigativo sostiene que los procesados entregaron cerca de $900.000.000 en vehículos, celulares de alta gama, hospedajes y otros beneficios injustificados a servidores públicos. El objetivo, señala el expediente, era facilitar el paso de mercancía de contrabando y evitar controles aduaneros.

La Fiscalía abrirá el caso con el testimonio del mayor Kevin Castaño Flórez

El mayor Kevin Castaño será el primer testigo del ente acusador. Su declaración está prevista para exponer los fundamentos que justificaron el uso de la figura del agente encubierto, los riesgos de esa operación y la necesidad, utilidad y proporcionalidad de esa estrategia investigativa.

Cabe recordar que la Fiscalía en carta dirigida a la Policía Nacional advirtió que la participación del oficial era determinante para el avance de los juicios contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en medio de la preocupación por un eventual traslado del uniformado al departamento de Arauca.

“Al haber fungido como investigador líder, tuvo a cargo la estrategia para la infiltración de la organización criminal y expondrá en cada uno de los juicios el estudio que efectuó”, puntualiza la comunicación citada por Caracol Radio.

La Fiscalía sostiene que ese trabajo permitió la desarticulación de la organización criminal de alto nivel liderada por Diego Marín Buitrago. También anticipó que llevará como testigo al exministro de Comercio Industria y Turismo (CIT) y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes, reveló el medio referenciado.

El ex alto funcionario será clave en el caso, puesto que sostuvo públicamente que la red logró infiltrar entidades como la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera.

La red habría operado entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 en varias ciudades y puertos

El escrito de acusación, al que tuvo acceso la emisora, ubica la operación de la estructura entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. Según la Fiscalía, en ese período la organización actuó bajo el liderazgo nacional de Diego Marín Buitrago y contó además con un papel relevante de Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho o Millos, quien coordinaba las operaciones de contrabando en Bolívar.

La red tenía presencia en Bogotá, Cartagena, Cali y Buenaventura. Su finalidad, sostuvo el ente acusador, era introducir ilegalmente al país cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y calzado a través de los puertos, para después transportar y distribuir esa mercancía en distintas regiones de Colombia e incluso hacia Venezuela y Ecuador.

El documento recoge además esta descripción: “Sarmiento Rojas, Galeano Ardila y Alzate Moncayo contactaron a los nuevos funcionarios, ofreciendo y entregando fuertes sumas de dinero, dádivas como hospedajes en apartamentos pagados por la organización, celulares y vehículos de alta gama, teniendo su operación desplegada en todo el territorio nacional”.

Otro de los hallazgos consignados por la Fiscalía indica que la organización suministraba teléfonos de alta gama a sus integrantes para comunicarse mediante la aplicación Cellcrypt. El expediente agrega que el pago de sobornos a agentes encubiertos, dentro de una operación autorizada por la Policía Nacional, permitió empezar a destapar la red de corrupción.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras reunir pruebas que los vinculan con la fuga de un ciudadano venezolano, señalado de integrar el grupo delictivo transnacional Tren de Aragua.

El escape se registró el 1 de abril de 2025 en la cárcel La Picota de Bogotá, donde el interno permanecía bajo custodia con fines de extradición a Perú por el delito de homicidio agravado.

Según los resultados de la investigación, los servidores públicos habrían facilitado la evasión del privado de la libertad a cambio de una suma cercana a 500 millones de pesos. Los implicados fueron identificados como el dragoneante José Daniel Yunda Fajardo y el inspector Édgar Alfredo Melo Forero. Ambos enfrentan cargos por los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio, luego de que el fiscal del caso presentara los elementos materiales probatorios ante una juez de control de garantías.

El análisis de las circunstancias reveló una serie de omisiones durante el turno de vigilancia en la noche del escape. Según el expediente, los funcionarios dejaron abierta la puerta de la lavandería, omitieron los controles obligatorios de conteo y no activaron la alerta de fuga ni registraron novedades en la minuta de servicio. La ausencia del interno solo fue detectada al día siguiente en horas de la mañana, cuando se verificó que la celda estaba vacía.

El mecanismo utilizado para la huida consistió en una cuerda artesanal confeccionada con sábanas y prendas de vestir, que permitió al interno descender desde la ventana de su celda y abandonar el penal sin ser detectado. El recluso, requerido por las autoridades peruanas, permaneció prófugo durante más de un mes y fue recapturado el 8 de mayo en la ciudad de Medellín (Antioquia), en un operativo conjunto de la Policía y la Interpol.

Las pesquisas arrojaron que los funcionarios judicializados habrían recibido el dinero a cambio de facilitar el escape y omitir sus deberes de vigilancia y control, permitiendo la salida del hombre considerado de alto valor para las autoridades internacionales. El caso puso en evidencia las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad penitenciaria y la existencia de redes de corrupción dentro de algunos establecimientos carcelarios del país.

En audiencia pública, la Fiscalía presentó la evidencia recopilada y expuso que las acciones de los funcionarios no respondieron a una negligencia casual, sino a una conducta deliberada y concertada con el objetivo de favorecer la fuga a cambio de una retribución económica. Por estos hechos, la juez de control de garantías impuso a Yunda Fajardo y Melo Forero medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Durante la diligencia, los procesados no aceptaron los cargos imputados, por lo que la investigación continuará en etapa de juicio, en la que la Fiscalía buscará demostrar la comisión de los delitos de corrupción y de facilitación de la evasión carcelaria.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en los penales de máxima y mediana seguridad en Colombia, así como sobre los mecanismos internos de control y vigilancia. Las autoridades penitenciarias han anunciado una revisión de los protocolos en La Picota y otros establecimientos, así como la implementación de nuevas medidas para prevenir la repetición de incidentes similares.

La fuga del integrante del Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región, generó alerta entre las autoridades nacionales e internacionales. El proceso judicial en curso contra los funcionarios busca sentar un precedente para la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario y garantizar la integridad de los procedimientos de extradición y custodia de personas de alto perfil criminal.

La Fiscalía reiteró su compromiso de perseguir y sancionar la corrupción en todos los niveles, especialmente cuando afecta la seguridad y la confianza en las instituciones encargadas de la custodia de la población privada de la libertad.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó la mañana del viernes que se presentó un escrito de acusación contra del excomandante del Ejército Nacional Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual en concurso homogéneo sucesivo.

Según el ente investigador, los hechos bajo indagación corresponden a acciones repetidas de hostigamiento con fines sexuales no consentidos, por acciones cometidas presuntamente contra dos mujeres subordinadas dentro de la estructura militar entre 2019 y 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, el oficial habría aprovechado su posición de autoridad y jerarquía para solicitar fotografías personales, enviar mensajes de contenido íntimo, realizar insinuaciones de carácter sexual y proponer encuentros a solas.

El comunicado señala que estas conductas generaron escenarios de temor a posibles represalias laborales y contractuales para las víctimas ante eventuales rechazos a las pretensiones del oficial.

Al final se precisó que la fecha de la audiencia de acusación será definida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión se emitió luego de que el miércoles 8 de julio la defensa del general retirado le pidió a la Fiscalía frenar la imputación por presunto acoso sexual y revisar de nuevo el expediente, con el argumento de que 14 pruebas incorporadas durante la investigación cambiaron el panorama probatorio y deben ser valoradas antes de que continúe el trámite pendiente ante el Tribunal Superior de Bogotá.

La solicitud quedó consignada en un memorial de 29 páginas radicado por el abogado Jhonny Mercado González, que además reclama la preclusión de la actuación penal.

Según el documento, la investigación avanzó con nuevos elementos que obligan a establecer si todavía existe base suficiente para sostener una eventual sentencia condenatoria.

Dentro de lo que se detalla en el escrito, la defensa pidió a la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la tesis central es que esos elementos desvirtúan la hipótesis con la que el ente acusador promovió cargos por presunto acoso sexual contra una funcionaria jurídica del Comando Cibernético de las Fuerzas Militares.

El proceso contra Zapateiro Altamiranda dio un paso a finales de abril de 2026, cuando un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación.

Esa diligencia debe realizarse ante el Tribunal Superior de Bogotá, que ejercerá funciones de control de garantías para escuchar los cargos contra el excomandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

La defensa sostiene que la evidencia actual ya no es la misma que sustentó la imputación

En el memorial, Mercado reconoce que la imputación “constituye un acto procesal válidamente realizado”.

Aun así, sostiene que la etapa actual exige otro análisis porque una eventual acusación requiere un estándar probatorio más exigente y una lectura actualizada de todas las pruebas incorporadas durante la actuación penal.

El abogado afirma que la prueba sobreviniente debilitó aspectos relevantes de la teoría del caso de la Fiscalía. Por eso, plantea que el escenario probatorio ya no es el mismo que existía cuando se decidió solicitar la audiencia de imputación.

Uno de los documentos anexados es una certificación de la Escuela Superior de Guerra. Según la defensa, ese documento indica que Zapateiro no asistió a la denominada “Cátedra Colombia” del 16 de julio de 2021, actividad que, de acuerdo con el memorial, había sido incluida por la Fiscalía dentro de la reconstrucción de los hechos.

El escrito también suma declaraciones juramentadas de oficiales activos y en retiro. Según la defensa, esos testigos dijeron “no haber recibido instrucciones” del entonces comandante del Ejército para intervenir en procesos de selección, evaluaciones psicológicas o decisiones administrativas relacionadas con una de las denunciantes.

Para Mercado, esos testimonios respaldan la tesis de que no existió un uso indebido de la autoridad para ejercer presiones o influir en la situación laboral de las presuntas víctimas.

Ese es uno de los puntos con los que la defensa busca desmontar la hipótesis de una intervención irregular del oficial retirado.

La Fiscalía Regional Coatzacoalcos vinculó a proceso penal a ocho personas detenidas como presuntas responsables del homicidio doloso calificado de la comunicadora R.B.G.R., ocurrido el 2 de junio de 2026 en la colonia Primero de Mayo del municipio de Nanchital, en el estado de Veracruz.

El órgano jurisdiccional determinó, durante la audiencia de continuación, que existen datos de prueba suficientes para establecer la presunta participación de los ocho imputados en el crimen. Como medida cautelar, ratificó la prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 365/2026.

Quiénes son los ocho vinculados a proceso

Los imputados fueron identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) con sus nombres de pila y alias operativos. El primero es Javier Iván “N”, quien opera bajo el alias “Delta 1”. Le siguen José del Carmen “N”, conocido como “Delta 7”, y Luis Arturo “N”, identificado como “Delta 11” o “El Pelón”.

También fue vinculada Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”. Los cuatro restantes son Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, cuyos alias no fueron dados a conocer por la FGE.

Cómo se logró la captura

Las detenciones fueron producto de investigaciones ministeriales, de gabinete y de acciones coordinadas de seguridad encabezadas por la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

La captura de los ahora vinculados se concretó mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión otorgadas por el órgano jurisdiccional, con base en la probable responsabilidad de cada uno en la comisión del delito.

La FGE no detalló el lugar ni las circunstancias específicas en que fueron detenidos los ocho imputados, ni si todos fueron capturados en un mismo operativo o en acciones separadas.

El proceso legal tras las detenciones

Una vez detenidos, los ocho imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Ante ese órgano se desarrollaron las etapas procesales previstas por la ley, según informó la FGE, que subrayó que en todo momento se garantizó el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los detenidos.

Durante la audiencia de continuación, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que los ocho imputados permanecerán en reclusión mientras avanza el proceso penal 365/2026, sin posibilidad de enfrentar el juicio en libertad.

El crimen que derivó en la investigación

El homicidio de la periodista R.B.G.R. ocurrió el 2 de junio de 2026 en la colonia Primero de Mayo del municipio de Nanchital, localidad del sur de Veracruz cercana a la zona conurbada de Coatzacoalcos.

La FGE tipificó el delito como homicidio doloso calificado, una figura que implica que el crimen fue cometido con intención y bajo circunstancias agravantes.

La postura de la Fiscalía General del Estado

Con la vinculación a proceso de los ocho imputados, la FGE reafirmó su compromiso de fortalecer las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. La dependencia señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir la impunidad, en estricto respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

La Fiscalía Regional Coatzacoalcos tuvo a su cargo la conducción de la investigación que derivó en las detenciones y, posteriormente, en la audiencia ante el órgano jurisdiccional que determinó la vinculación a proceso de los presuntos responsables.

La Fiscalía de La Molina solicitó 18 meses de prisión preventiva para Jackson Mora Rodríguez y otros ocho implicados, quienes habrían conformado una organización criminal dedicada al fraude informático en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, Chincha.

Según la investigación, los acusados vulneraron los sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), logrando ejecutar la transferencia ilegal de más de 9.9 millones de soles a cuentas vinculadas a empresas privadas.

El expediente fiscal sostiene que, el 13 de abril, una supuesta comitiva de asesores parlamentarios visitó al alcalde de Chincha, Abel Sánchez Cahuana, con el pretexto de ofrecer asesoría técnica.

En realidad, esta visita habría servido para obtener claves y datos personales, facilitando así el acceso al sistema electrónico SIAF-MEF asociado al DNI electrónico del alcalde. De acuerdo con la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla, los fondos transferidos fueron primero enviados a la cuenta de FFC MMA SAC, representada por Noelia Ruth Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora, y luego canalizados a través de empresas de terceros.

Las operaciones bancarias, según la fiscalía, se realizaron en 41 movimientos y parte del dinero terminó en cuentas de Inversiones Torrico EIRL y Servicios Mugaburu EIRL, empresas representadas por Félix Víctor Saldarriaga Guerrero.

La investigación señala como presuntos cabecillas de la red a César Antonio Nepo Zolla y Daniel Mesones Mazzini, alias “Jeshu”, vinculados a la estructura conocida como “Los Arquitectos del Fraude”.

Pruebas, allanamientos y descargo de los implicados

La solicitud de prisión preventiva presentada por el fiscal José Luis Pumasunco Herhuay se apoya en los elementos de convicción reunidos durante allanamientos y registros domiciliarios realizados en 11 inmuebles de Lima y Callao.

En estos operativos, autorizados por el Poder Judicial, se incautó documentación, equipos electrónicos y otros elementos que serán analizados para esclarecer la ruta de los fondos desviados y la estructura de la presunta organización criminal.

Entre los investigados se encuentran también Fabia C. Reyes Salas, Roy L. Chauca Tantalean, Fiorella M. Gallo Roncalla, Máximo S. Ojeda Cisneros y Álvaro A. Vacacela Guerrero. El Ministerio Público informó que continuará desarrollando diligencias para determinar responsabilidades penales, “en estricto respeto del debido proceso”.

Sobre el caso, Jackson Mora negó todas las acusaciones tras cumplir con la detención preliminar de siete días. Ante los medios, aseguró: “No tengo ninguna responsabilidad en los hechos que me atribuyen”. El empresario insistió en que colaborará con las investigaciones y expresó su confianza en que “las autoridades esclarezcan los hechos en el menor tiempo posible”.

El informe policial indica que, hasta la fecha, se recuperó más de 8 millones de soles de los fondos transferidos, pero la investigación sigue bajo reserva mientras se analizan los hallazgos obtenidos en las diligencias. La Fiscalía sostiene que los implicados utilizaron empresas y cuentas bancarias para ocultar el origen del dinero y facilitar su disposición.

La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Jackson Mora y los demás involucrados está pendiente de programación en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de un hombre que fue señalado de acosar a varias mujeres dentro de los baños femeninos de un centro comercial ubicado en la localidad de Kennedy.

El hecho, ocurrido el martes 6 de julio, generó alerta entre clientes y personal del establecimiento. Las autoridades informaron que la detención se realizó tras la intervención de los guardias de seguridad y la denuncia de al menos tres mujeres.

Según la información oficial, el hombre habría ingresado a un baño de mujeres cerca de las 11:25 a. m. y fue sorprendido por varias usuarias. De acuerdo con los testimonios iniciales, se le acusa de realizar actos obscenos mientras observaba a quienes se encontraban en ese espacio. Las mujeres afectadas decidieron alertar de inmediato al personal de seguridad privada del centro comercial.

El personal de vigilancia actuó reteniendo al señalado hasta la llegada de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según el reporte policial, revelado por El Tiempo, la captura se llevó a cabo por el presunto delito de injurias por vías de hecho.

Fuentes oficiales precisaron que los hechos continúan bajo investigación y que la situación jurídica del capturado será determinada por las autoridades competentes. Mientras tanto, la Policía mantiene abiertas las indagaciones para establecer si existen otras posibles víctimas relacionadas con el caso. Las primeras declaraciones coinciden en que al menos tres mujeres denunciaron haber visto al hombre realizando estos actos dentro del baño.

El episodio generó inquietud entre los visitantes del centro comercial y motivó la rápida intervención de los guardias y la Policía, quienes destacaron que la reacción de las mujeres permitió la detención inmediata del implicado. La figura penal aplicada no se relaciona con acoso sexual sino con injurias por vías de hecho, una herramienta legal que se utiliza para proceder en situaciones de flagrancia, como ocurrió en este caso.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier comportamiento sospechoso en lugares públicos y recordaron la importancia de la colaboración entre usuarios y personal de seguridad para prevenir hechos similares. El proceso judicial sigue su curso y se espera que en los próximos días se conozca la decisión sobre la situación legal del capturado.

¿Cómo denunciar caso de acoso sexual?

Las mujeres que sufren acoso sexual en Bogotá disponen de varias entidades oficiales para presentar denuncias y acceder a protección y acompañamiento. Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, las denuncias pueden realizarse de manera presencial en cualquiera de sus sedes, así como a través del módulo de denuncia virtual disponible en el portal oficial (www.fiscalia.gov.co). Este servicio permite iniciar el proceso penal sin necesidad de desplazamiento y garantiza la confidencialidad de los datos suministrados.

La Policía Metropolitana de Bogotá es otro canal clave. Cualquier estación o CAI recibe denuncias y activa protocolos de atención inmediata. Además, la línea 123 está habilitada las 24 horas para responder emergencias relacionadas con violencia sexual o acoso. La intervención policial incluye protección, orientación y remisión a las entidades judiciales competentes.

La Secretaría Distrital de la Mujer brinda asesoría jurídica y acompañamiento psicológico gratuito a través de la Línea Púrpura (018000112137 y WhatsApp 3007551846). Las mujeres pueden acercarse, además, a las Casas de Igualdad de Oportunidades, ubicadas en distintas localidades de la ciudad, donde reciben orientación sobre sus derechos, rutas de denuncia y medidas de protección.

Las Comisarías de Familia funcionan en cada localidad y están habilitadas para recibir denuncias, emitir medidas de protección y ofrecer atención integral a las víctimas. En el caso de menores o hechos ocurridos en entornos escolares, la Secretaría de Educación de Bogotá activa la Ruta de Atención Integral, conforme a la Ley 1620 de 2013. Los colegios públicos y privados deben reportar los casos al Sistema de Alertas, asegurando el seguimiento y respaldo a las víctimas.

Estos canales oficiales, respaldados por normativas nacionales y distritales, buscan garantizar que toda mujer en Bogotá tenga acceso a la justicia, protección y acompañamiento durante el proceso de denuncia.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla identificó a un hombre como presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl y entregó a la FGE los resultados de su investigación para que solicitara la orden de aprehensión, en un caso que acumuló agresiones contra automovilistas desde inicios de 2026 y que mantenía vigilancia permanente en una de las avenidas más transitadas del estado.

Hasta el 21 de junio, la fiscal de Puebla Idamis Pastor Betancourt contabilizó 10 casos ligados al presunto agresor y siete carpetas de investigación: seis por daño en propiedad ajena y una por lesiones. Sin embargo el 26 de junio se llevó a cabo otra agresión similar de disparos a un auto blanco a la altura de Plaza Solesta y el CIS de Angelópolis, por lo que en la actualización del expediente, la Fiscalía investigó 11 hechos sustentados con denuncias, entrevistas, dictámenes periciales y otros indicios.

El secretario de Seguridad Pública del estado Francisco Sánchez González informó este miércoles 8 de julio de 2026 que las labores de inteligencia ya habían concluido. Explicó que la dependencia estatal agotó esa etapa y que a partir de ese momento correspondía al Ministerio Público integrar la carpeta y judicializar el caso.

“Toda la labor de investigación e inteligencia que hicimos la aportamos a la Fiscalía Metropolitana. Ellos están cerrando la investigación para generar lo que sigue, que es la orden de aprehensión”, dijo el funcionario tras una comparecencia a puerta cerrada ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla.

La investigación apuntó a un solo atacante

Sánchez González sostuvo que, con base en los datos reunidos por la SSP, todos los ataques registrados en la Vía Atlixcáyotl habrían sido cometidos por una sola persona. Añadió que la corporación tenía identificado a un masculino y que ese presunto responsable habría actuado sin cómplices.

“De acuerdo con nuestras investigaciones, creemos que es una persona. Nosotros tenemos identificado a un masculino. Es lo que les puedo decir ahorita”, afirmó. El secretario evitó revelar la identidad del sospechoso para no afectar la indagatoria.

Sobre el paradero del presunto agresor, el funcionario señaló que todavía no existía certeza. También indicó que, si ya no se encontrara en territorio poblano cuando se emitiera la orden de captura, las autoridades tendrían que buscarlo donde estuviera.

“No lo sabemos. Habrá que hacer el procedimiento por parte de la Fiscalía y dar a conocer quién es el presunto responsable. Si ya no estuviera en el estado, habrá que buscarlo donde esté”, declaró.

El caso volvió a tomar fuerza tras una agresión ocurrida la madrugada del 17 de junio. Desde entonces, las autoridades mantuvieron abiertas distintas líneas para establecer trayectorias, distancias, tiempos y posibles puntos de disparo.

El niño de 8 años cuya bala se alojó en el hueso de su mandíbula

El niñ{om de ocho años que fue baleado en enero fue identificado como Jesús Elías, su madre junto a sus dos hijos cuando alían de la escuela pasaron por en el Periférico Ecológico de Puebla cuando fueron atacados.

Su madre al ver la sangre en su boda se dirigió al hospital donde le dijeron que era mejor dejarle la bala en su mandícula ya que se había insertado en el hueso, dijo la mamá en una entrevista con el podcast Historias de la vida real.

Hubo reconstrucciones de hechos y un operativo con más de 70 elementos

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades realizaron dos reconstrucciones de hechos sobre la Vía Atlixcáyotl. Una se llevó a cabo a la altura del Hospital para el Niño Poblano y otra frente al centro comercial Solesta.

Esas acciones buscaron analizar trayectorias balísticas, ángulos de disparo, distancias y tiempos. La SSP también participó en esos trabajos y después entregó la información reunida a la fiscalía para fortalecer el expediente.

En paralelo, se mantuvo un operativo permanente de vigilancia con más de 70 elementos de distintas corporaciones. El despliegue incluyó patrullas, motocicletas, una torre móvil de videovigilancia conectada al C5, sobrevuelos y binoculares para revisar edificios y puntos elevados.

La información disponible sobre el arma usada por el atacante apuntó a un calibre nueve milímetros. En una etapa previa de la investigación, el delito que seguía la fiscalía era daño en propiedad ajena, no homicidio en grado de tentativa.

Ese criterio se sostuvo porque, durante varios de los ataques documentados, los impactos de bala se concentraron en automóviles. En ese momento, autoridades ministeriales señalaron que no se había confirmado un saldo fatal asociado al caso.

Uno de los episodios más graves dejó herido a un menor

Aunque en un tramo de la investigación se habló de daños a vehículos como constante, uno de los casos más graves ocurrió el 12 de enero. Ese día, un menor de edad resultó herido por un disparo mientras viajaba con su madre sobre Camino Real a Cholula y Periférico Ecológico.

De acuerdo con los datos oficiales, el proyectil impactó la mandíbula del menor. Los hechos vinculados al presunto tirador ocurrieron entre 2025 y 2026 en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula.

Sánchez González compareció ante legisladores como parte de su obligación legal de acudir una vez al año al Congreso del estado. En esa reunión respondió preguntas sobre los resultados en seguridad y sobre las repercusiones del caso dentro de la estrategia estatal.

Durante esa misma comparecencia, el secretario expuso cifras generales de la administración. Señaló que en los primeros 18 meses del gobierno estatal habían detenido a más de 6,243 probables responsables de delitos, capturado 141 objetivos prioritarios y sumado 720 nuevos policías, además de registrar una tendencia a la baja en 12 delitos de alto impacto.

El funcionario confió en que la FGE emitiera un pronunciamiento en los días siguientes sobre el avance del proceso y sobre si los elementos reunidos bastaban para solicitar la orden de aprehensión contra el presunto agresor.

• La SSP identificó a un hombre como presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl y entregó el caso a la FGE para solicitar su captura.
• La investigación acumuló 11 casos hasta el 21 de junio, siete carpetas abiertas y después 11 hechos bajo análisis ministerial.
• Las autoridades realizaron dos reconstrucciones de hechos y mantuvieron un operativo con más de 70 elementos para ubicar al atacante.

Acusan a estudiante de prestigiosa universidad de ser el atacante

Habitantes de Geo Villas Santa Clara aseguraron haber identificado al presunto tirador de la Atlixcáyotl después de 11 ataques contra automovilistas y motociclistas, un caso que ya escaló a la primera denuncia formal por daños y que mantuvo el temor entre familias de la zona durante meses.

El ataque más reciente ocurrió durante una madrugada, alrededor de las 4:00, cuando un automovilista circulaba con dirección a Atlixco sobre el bulevar del Niño Poblano. En el trayecto escuchó un impacto en su vehículo, no detuvo la marcha hasta llegar a un lugar seguro y después confirmó los daños en la unidad.

Ese afectado acudió a presentar su denuncia por los daños. Con ello, el caso se convirtió en la primera denuncia formal relacionada con estos hechos, porque los reportes anteriores solo se habían difundido en redes sociales.

Vecinos ubicaron el origen de los disparos en un departamento de la Torre Nducha

Los vecinos señalaron, a partir de videos difundidos en redes, que un joven fue captado mientras hacía presuntas detonaciones desde un departamento ubicado en la Torre Nducha. También sostuvieron que se trataba del mismo hombre al que atribuyeron los disparos registrados en la zona de la Vía Atlixcáyotl.

Según los testimonios de residentes, en las imágenes se observó al ocupante del inmueble manipulando lo que aparentemente sería un arma y apuntando hacia viviendas cercanas. Los habitantes afirmaron que varios disparos impactaron en ventanas, tinacos y vehículos, con saldo de daños materiales, informó el medio local Diario Cambio.

Otro inluencer fue señalado

Erik Núñez, un influencer poblano, afirmó a través de un video en sus redes sociales, no ser el “Tirador de la Atlixcáyotl” tras señalamientos por usar públicamente en sus redes sociales un láser hacia vehículos desde su ventana sobre esta avenida principal.

Justificó su actitud refirieron que usa el dispositivo para señalar a ladrones de autopartes en la zona.

El senador electo del Pacto Histórico Alejandro Ocampo presentó un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de que ambas instituciones certifiquen oficialmente si las personas cuyos números de cédula figuran como jurados de votación en los formularios E-14 de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio corresponden a ciudadanos vivos o a personas fallecidas.

La solicitud, formalizada el 9 de julio de 2026, responde a la inquietud generada por denuncias sobre posibles irregularidades en la designación de jurados y busca despejar dudas que afectan la confianza en el proceso electoral colombiano.

En su comunicado, Ocampo explicó que la petición se sustenta en casos que él mismo ha expuesto públicamente y que han originado un amplio debate nacional.

El congresista destacó: “Algunos medios de comunicación han afirmado que la Registraduría me desmintió. Por eso he decidido solicitar una certificación oficial. Lo único que pido es que la Registraduría le diga al país si las cédulas que aparecen en los formularios E-14 que he aportado corresponden a personas vivas o a personas fallecidas”.

Como respaldo a su solicitud, Alejandro Ocampo entregó copias de los formularios E-14, documentos oficiales que contienen tanto firmas como números de identificación de quienes ejercieron la función de jurados durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El representante insistió en que estos formularios, al ser públicos, pueden ser consultados por cualquier ciudadano o medio de comunicación.

“Los E-14 son documentos públicos. En ellos aparecen los números de cédula y las firmas de quienes actuaron como jurados. Lo único que se está pidiendo es una respuesta oficial, clara y verificable sobre la identidad de esas personas”, indicó.

El congresista también solicitó que las autoridades expliquen los casos en los que existan inconsistencias en los formularios, como la aparición de números de cédula de personas fallecidas o de ciudadanos no registrados en las bases de datos públicas.

Para Ocampo, es fundamental conocer si estos hechos efectivamente ocurrieron, cuál es su alcance y qué situación legal presentan los involucrados.

En el comunicado, Ocampo subrayó que su petición incluye la verificación de todos los números de cédula que ha divulgado, de modo que tanto las autoridades como la ciudadanía puedan contrastar la información y despejar cualquier duda sobre la legitimidad de los jurados de votación. Además, solicitó que si se encuentran diferencias entre los tres ejemplares de un mismo formulario E-14, las autoridades expliquen el motivo de esas discrepancias.

“Si llegara a encontrarse información distinta entre los tres ejemplares de un mismo E-14, esa situación también merece una explicación por parte de las autoridades, porque todos esos documentos deben reflejar exactamente la misma información”, concluyó el parlamentario.

El representante enfatizó que la transparencia y la rigurosidad en el esclarecimiento de estos hechos resultan esenciales para la confianza pública en el sistema electoral.

“Mi propósito es que las autoridades electorales y judiciales brinden respuestas oficiales que permitan esclarecer las dudas planteadas y fortalezcan la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral”, reiteró Ocampo al finalizar su declaración.

Por último, el representante recordó que para cada mesa de votación se elaboran tres ejemplares del formulario E-14, todos completados por los mismos jurados y que, por tanto, deberían contener información idéntica. Cualquier diferencia entre los ejemplares, advirtió Ocampo, amerita una revisión minuciosa y una explicación detallada de las autoridades responsables.

Registraduría desmintió denuncia de Alejandro Ocampo sobre jurado fallecido en elecciones en EE.UU

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a una denuncia difundida en redes sociales por el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien aseguró que un ciudadano fallecido habría actuado como jurado de votación en un consulado de Estados Unidos durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 donde Abelardo de la Espriella se consagró como el nuevo mandatario de los colombianos.

“Este jurado de votación que firma aquí falleció hace 22 años, pero resucitó para la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos. Esa es la patria milagro, los muertos votan y son jurados. Más corrupción en el video”, escribió Ocampo en X, lo que provocó reacciones entre usuarios y cuestionamientos sobre la transparencia electoral en el exterior.

La Registraduría revisó los registros y desmintió la acusación, precisando que el ciudadano señalado “no ha fallecido y sí participó como jurado durante la jornada electoral”. La entidad atribuyó la confusión a un error en el diligenciamiento del formulario E-14, donde “el jurado omitió un dígito en su número de identificación”, según explicó oficialmente.

Tras la verificación de documentos, la Registraduría afirmó que el proceso se realizó de manera regular y que no existió ninguna afectación en la votación. El registrador nacional advirtió que difundir datos sin verificar puede impactar la confianza ciudadana y pidió presentar denuncias solo por canales oficiales.

La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien representaba a la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, interpondrá una acción de tutela y solicitará medidas cautelares tras ser relevada del caso y del cargo que ocupaba en la entidad.

La información fue revelada por Noticias RCN y Minuto60, medios que señalaron que la funcionaria considera que la decisión vulnera sus derechos fundamentales, por lo que acudirá a un juez constitucional para solicitar la protección de sus garantías. La medida se conoce cuando el proceso contra Nicolás Petro se encuentra a las puertas de la etapa preparatoria del juicio.

La tutela se fundamentará en su condición de prepensionada

Según informó Minuto60, uno de los principales argumentos que expondrá Lucy Laborde en la tutela es que está próxima a pensionarse, por lo que considera que cuenta con la protección del denominado fuero prepensional.

De acuerdo con ese medio, esta garantía tuvo origen en la Ley 790 de 2002, creada inicialmente para proteger a los servidores públicos y posteriormente extendida al sector privado. La figura establece una protección para quienes se encuentran a tres años o menos de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización para acceder a la pensión, con el fin de evitar que sean desvinculados sin justa causa antes de consolidar ese derecho.

No obstante, el medio también advirtió que la situación de Laborde deberá ser objeto de análisis, debido a que la funcionaria ocupaba el cargo bajo la modalidad de provisionalidad, aspecto que será determinante dentro del estudio que realice el juez que conozca la acción de tutela.

Por su parte, Noticias RCN señaló que expertos consultados por ese medio sostuvieron que las personas cobijadas por el denominado retén prepensional cuentan con una protección especial e, incluso, indicaron que no deberían ser sometidas a concursos de méritos mientras permanezcan bajo esa condición.

La explicación de la Fiscalía sobre la salida de Laborde

La versión oficial de la Fiscalía difiere de la planteada por la funcionaria. De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, el ente acusador aseguró que la salida de Lucy Laborde obedece al proceso de provisión de cargos mediante concurso de méritos adelantado por la entidad.

Según esa explicación, la fiscal ocupaba un cargo en provisionalidad y no participó en el concurso, por lo que debía ser reemplazada por una persona que sí obtuvo el derecho a ocupar esa plaza.

La Fiscalía también precisó, según Minuto60, que la funcionaria no fue declarada insubsistente, sino que simplemente terminó el nombramiento provisional que desempeñaba, y sostuvo que la decisión no afecta su condición de prepensionada.

Además, fuentes del ente acusador indicaron a ese medio que Lucy Laborde aún permanece en la entidad, mientras espera la decisión judicial sobre la tutela que presentará. De acuerdo con esa información, la funcionaria cumpliría las semanas requeridas para acceder a la pensión durante el próximo mes de febrero.

La resolución que formalizó su salida

La salida de Lucy Marcela Laborde quedó formalizada mediante la Resolución No. 30000-03611, expedida el 6 de julio de 2026 por el director ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Giraldo López.

El acto administrativo dispuso la terminación automática de varios nombramientos provisionales a partir de la posesión de las personas elegibles dentro del concurso de méritos.

La resolución también establece que la decisión será comunicada por las dependencias competentes de la entidad y precisa que contra ese acto administrativo no procede ningún recurso, de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La salida se produce en una etapa clave del caso Nicolás Petro

El relevo de Lucy Laborde se produce cuando el proceso contra Nicolás Petro Burgos está próximo a iniciar la etapa preparatoria del juicio. Según recordó Noticias RCN, la funcionaria había preparado y recopilado el material probatorio que serviría de base para la actuación de la Fiscalía en esa fase.

Por su parte, Caracol Radio señaló que el avance del expediente no depende únicamente de la Fiscalía, sino también de las decisiones del juez, encargado de fijar el cronograma de audiencias y resolver los recursos que se presenten durante el proceso.

Las últimas decisiones del proceso

Días antes de la salida de Laborde, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla negó la solicitud de la Fiscalía para imponer cinco días de arresto a Nicolás Petro y a su abogado, Alejandro Carranza, al considerar que no existían fundamentos para esa medida.

En la misma audiencia, el despacho judicial ordenó compulsar copias contra la fiscal Lucy Laborde para que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la exhibición de fotografías del hijo menor de Nicolás Petro durante una diligencia reservada.

Mientras tanto, el juicio permanece suspendido a la espera de que instancias superiores resuelvan los recursos de apelación sobre varias pruebas excluidas del expediente, al tiempo que la justicia deberá pronunciarse sobre la tutela que anunció la funcionaria contra la decisión de la Fiscalía.

El exjugador de la NBA Lamar Odom prevé cerrar un acuerdo con la fiscalía por un caso de conducción bajo los efectos del alcohol en Las Vegas, según dijo su abogado defensor, Michael Becker, a AP.

La defensa adelantó que Odom, de 46 años, se declarará “no culpable sin impugnar” los cargos, una fórmula con la que buscará que la acusación se reduzca de conducir ebrio a conducción temeraria.

En la práctica, según la explicación de Becker, el objetivo es cerrar el proceso bajo condiciones acordadas con la Fiscalía del Condado de Clark sin una admisión formal de responsabilidad. La modalidad, tal como fue descripta por la defensa, le permitiría al exjugador aceptar los términos del acuerdo sin reconocer culpabilidad en la audiencia en la que se formalice la declaración.

La audiencia prevista para el martes en el Tribunal de Justicia de Las Vegas se pospuso y fue reprogramada para finales de este mes. En esa nueva fecha, Odom deberá formalizar su declaración de culpabilidad o inocencia dentro del expediente abierto por el episodio, un paso procesal clave para que el tribunal determine cómo continuará el caso.

Becker sostuvo que no se espera que Odom comparezca en persona y que, si se concreta el acuerdo, aceptará los términos propuestos por la Fiscalía del Condado de Clark sin admitir culpabilidad. El abogado indicó que esa presentación se encuadrará en la audiencia reprogramada para finales de este mes, cuando quede asentada la declaración del exjugador y se definan los próximos pasos.

Cómo se originó el caso

El caso se originó tras el arresto de Odom el 17 de enero, cuando, según el parte policial, fue detenido y luego acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y no mantenerse en su carril. La secuencia derivó en la apertura de un expediente en la Justicia de Las Vegas y en la posterior imputación, en función de lo que el agente interviniente consignó en el informe de arresto.

En marzo, Odom se declaró inocente de los cargos. Esa instancia fijó su primera posición formal ante el tribunal, mientras su defensa avanzaba en conversaciones orientadas a alcanzar un acuerdo que, de concretarse, modificaría el encuadre de la acusación principal.

La Fiscalía del Condado de Clark, de acuerdo con lo informado por AP, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la posibilidad de un acuerdo y el estado de las conversaciones con la defensa. Ese silencio público dejó el escenario en manos de lo que la representación legal del exjugador comunicó sobre la estrategia de resolución del caso y sobre el eventual formato de la declaración.

El informe de arresto y las pruebas de sobriedad

Según el informe de arresto citado en el expediente, un agente de la Patrulla de Carreteras de la Policía Estatal de Nevada observó a Odom conduciendo a exceso de velocidad por una autopista del área de Las Vegas y cambiando de carril sin señalizar. Ese comportamiento al volante fue la base de la intervención inicial y del procedimiento que siguió en la ruta.

En esa descripción, el agente consignó indicios físicos y de conducta que, a su criterio, justificaron la detención: señaló que el conductor tenía los ojos inyectados en sangre y que percibió olor a marihuana.

Odom, siempre según el documento, negó haber bebido alcohol y atribuyó el consumo al pasajero que iba con él, una respuesta que también quedó asentada en el registro de la detención.

El procedimiento incluyó pruebas de sobriedad en el lugar que el oficial calificó como “insatisfactorias”. De acuerdo con el reporte, Odom no pudo tocarse la punta de la nariz con el dedo y perdió el equilibrio durante la evaluación.

El informe incorporó esas observaciones como parte de la reconstrucción de lo ocurrido durante el operativo.

Ese desempeño fue incorporado al informe como parte de la prueba reunida por el agente interviniente, en el marco del procedimiento que derivó en la detención y en la posterior imputación por conducción bajo los efectos del alcohol. Además, el expediente incluyó las infracciones vinculadas a la velocidad y a la circulación dentro del carril, tal como fueron detalladas en el parte policial.

De acuerdo con lo expresado por Becker a AP, la salida que negocia la defensa apunta a que el caso se encauce hacia una reducción del cargo principal. En ese esquema, la declaración de “no culpable sin impugnar” aparece como la herramienta para sellar el acuerdo con la fiscalía, al tiempo que evita una admisión formal de culpabilidad en los términos habituales.

Las declaraciones sobre su salud y el antecedente de 2015

El documento también incorporó afirmaciones del propio Odom sobre su historial médico, en un tramo que quedó registrado como parte de las manifestaciones realizadas durante el contacto con la autoridad. En ese pasaje, el exjugador aseguró haber sufrido 12 derrames cerebrales y seis infartos, según el informe al que hizo referencia la cobertura.

Según el mismo reporte, sostuvo que había sido “envenenado en el burdel de Pahrump”, en referencia a un episodio de salud ocurrido en 2015 durante una estadía en el burdel legal de Nevada Love Ranch. Esa mención apareció incorporada en el informe como parte de lo que el propio Odom expresó durante el procedimiento.

Con la audiencia reprogramada para finales de este mes, el expediente quedó a la espera de la formalización de la declaración de Odom y de la eventual confirmación del acuerdo anticipado por su defensa.

Si se concreta el entendimiento, el tribunal deberá dejar constancia de la fórmula elegida, del alcance de los términos aceptados ante la fiscalía y de la resolución del caso en el marco del proceso abierto en la Justicia de Las Vegas, de acuerdo con lo informado por AP.

La víctima había viajado desde el Valle del Cauca el 23 de junio de 2026, bajo la promesa de cerrar un acuerdo de venta de tierras destinadas a la minería en el sur de Bolívar.

El comerciante fue interceptado al llegar a la ciudad y trasladado a la fuerza hasta una vivienda en el barrio La Iguaná. Allí, según la Fiscalía General de la Nación, fue intimidado con armas de fuego y despojado de sus pertenencias, valoradas en 15 millones de pesos.

Durante la privación de la libertad, los familiares del comerciante recibieron llamadas extorsivas. Los secuestradores exigieron 800 millones de pesos como condición para su liberación.

El martes 30 de junio, una operación coordinada por el Gaula de la Policía Nacional permitió localizar y rescatar a la víctima en el mismo lugar donde había estado retenida. En el operativo, las autoridades capturaron a Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, señalados como los encargados de vigilar al secuestrado.

En el procedimiento también se incautaron un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 mm. Estos elementos se sumaron a las pruebas que ya poseía la Fiscalía.

Imputación de cargos y situación judicial

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales llevó el caso ante un juez de control de garantías, quien durante la audiencia expresó: “Por lo menos desde el día 23 de junio del año 2026, en el sector conocido como el barrio La Iguana, en la comuna siete de Medellín, Antioquia, en inmediaciones del sector conocido como el Cerro El Volador, ustedes, Michael Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, actuando de común acuerdo y con división funcional de trabajo criminal, junto con otras personas aún no identificadas, participaron en la privación ilegal de la libertad del ciudadano comerciante residente en la ciudad de Cali”.

Los capturados enfrentan imputaciones por secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas agravadas.

El fiscal detalló que “los hechos tuvieron origen el día 16 de junio del 2026, cuando la víctima fue contactada vía WhatsApp por una persona que se identificó como Julián, quien le propuso un supuesto negocio relacionado con explotación minera artesanal en el sur del departamento de Bolívar, acordándose una reunión presencial en la ciudad de Medellín para el día 23 de junio del 2026.

El funcionario agregó: “la víctima arribó al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, siendo recogido por un conductor enviado presuntamente por Julián, quien lo trasladó hasta el sector del barrio La Iguana. Una vez descendió del vehículo, fue abordado por aproximadamente tres hombres, quienes ocultaban sus rostros mediante capuchas, gorras y tapabocas, observando además la víctima que portaban objetos en las pretinas de sus prendas que asemejaban armas de fuego, circunstancia que lo intimidó y anuló cualquier posibilidad de resistencia”.

Fue así como se informó en la audiencia que “la víctima fue obligada a caminar por callejones, escaleras y senderos del sector hasta ser conducida a un inmueble improvisado, abandonado, ubicado en la parte alta del barrio La Iguana, donde fue encerrada en un cuarto sin ventanas, permaneciendo privada de la libertad desde aproximadamente las 3:00 p.m. del 23 de junio del 2026 hasta el 29 de junio del 2026, sin posibilidad alguna de abandonar el lugar, incomunicado, bajo constante vigilancia y sometido al control permanente de sus captores”.

Además, el fiscal informó: “Una vez retenida la víctima, sus captores le informaron que únicamente recuperaría su libertad cuando cancelara la suma de 800 millones de pesos, exigencias que fue ame-- fue efectuada bajo la amenaza permanente de causarle la muerte en caso de intentar escapar o realizar cualquier acción contraria a los intereses de sus captores, manifestándole expresamente que aquella zona se encontraba bajo su control y que atentarían contra su vida si intentaba huir”.

Las autoridades destacan que la rápida reacción y el trabajo conjunto entre Fiscalía y Policía Nacional permitieron evitar que el secuestro se prolongara o tuviera consecuencias más graves.

En una acción coordinada, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía ejecutaron un operativo en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

La intervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, con la participación de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Según información difundida por el Ministerio de Defensa (Mindef), la operación concluyó con la destrucción de 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas. Además, se interdictaron cinco motores, 130 metros de alfombra, así como otros bienes empleados en la minería ilegal. El valor total de lo destruido supera los 5,6 millones de soles.

Durante la intervención, las autoridades también incautaron 1,400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubo PVC y 1,400 metros de cable eléctrico, junto a una variedad de materiales utilizados para la extracción ilícita de oro.

Todo el material incautado fue destruido in situ, en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y bajo supervisión del Ministerio Público.

El operativo se suma a las acciones que, desde el sector Defensa, impulsan las Fuerzas Armadas para frenar el avance de la minería ilegal que impacta en áreas naturales protegidas y pone en riesgo la biodiversidad y los recursos ambientales de la región amazónica.

Estrategia nacional y resultados recientes

El golpe en Inambari forma parte de una estrategia nacional articulada para combatir la minería ilegal en la Amazonía peruana. Entre enero y mayo de este año, las fuerzas del orden lograron destruir maquinaria y equipos valorizados en más de 1,200 millones de soles en diferentes regiones.

Otras intervenciones recientes incluyeron la destrucción de dragas y bienes utilizados para la extracción ilegal de oro en las cuencas de los ríos Nanay, Amazonas, Marañón y Tigre, en la región Loreto.

Solo en la primera quincena de junio, un operativo en el sector Puca Urco resultó en la incautación y destrucción de equipos, motores fuera de borda, generadores eléctricos y combustible sin autorización.

El Ministerio de Defensa subrayó que estos operativos buscan proteger las áreas naturales y preservar el patrimonio ambiental. “Reafirma, además, el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental del país”, señaló en un comunicado oficial.

En estas acciones, la colaboración entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y las fuerzas del orden permite que la destrucción e incautación de bienes se realice bajo un marco legal estricto, minimizando la posibilidad de reincidencia. La incautación de combustibles y materiales, como cables y cilindros, busca cortar la cadena logística de la minería ilegal.

El impacto de los operativos en la región se refleja en la reducción de campamentos y equipos dedicados a la extracción ilícita, así como en el refuerzo de la presencia estatal en zonas tradicionalmente afectadas por actividades ilegales. Las autoridades reiteraron que estas intervenciones continuarán en todo el territorio amazónico, priorizando la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan ingresará este lunes, desde las 9, en su última semana con los alegatos de las defensas de tres de los cuatro acusados. El miércoles, una vez cumplida la instancia de las últimas palabras, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz quedará en condiciones de anticipar el veredicto.

Las presentaciones estarán a cargo de Ricardo Gastón Morillo, defensor del contralmirante retirado Luis López Mazzeo, y de la defensora pública oficial Leticia Diez, quien representa al capitán de navío retirado Héctor Alonso y al capitán de fragata retirado Hugo Correa.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los defensores objetarán que la fiscalía no explicó cómo los deberes que se imputan incumplidos incrementaron el riesgo para la navegación del submarino ni cómo ello se vinculó con las condiciones de su última zarpada y posterior naufragio, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

Con esas intervenciones concluirá la etapa de alegatos iniciada la semana pasada, durante la cual expusieron el Ministerio Público Fiscal, las dos querellas y la defensa del ex capitán de navío Claudio Javier Villamide.

El debate comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y estuvo a cargo del juez Mario Reynaldi, junto con Enrique Baronetto y Luis Giménez. A lo largo de alrededor de 30 audiencias, el tribunal recibió declaraciones de submarinistas, técnicos, especialistas, antiguos comandantes y autoridades navales, además de incorporar documentación sobre el estado material de la unidad, las tareas de mantenimiento y las circunstancias de su última navegación.

Al momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; Alonso, jefe de Estado Mayor de esa estructura; y Correa, jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, con sede en Mar del Plata.

Los cuatro están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de la dotación.

Las penas reclamadas por la fiscalía

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa.

La acusación afirmó que los imputados permitieron que el submarino cumpliera la misión en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”.

Para el Ministerio Público, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y un antecedente de ingreso de agua durante una navegación cuatro meses antes incrementó indebidamente los riesgos propios de la navegación submarina.

Los representantes de la fiscalía ubicaron a los acusados en una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes. Según su postura, debían advertir las deficiencias, disponer controles adicionales, limitar la actividad de la unidad o impedir su participación en la operación hasta que las condiciones consideradas riesgosas fueran subsanadas.

También plantearon que no era indispensable identificar con precisión el mecanismo final del naufragio si se acreditaba que los imputados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

La anulación de los pedidos de las querellas

Las dos querellas también formularon sus alegatos con sus respectivos pedidos de pena. Por un lado, intervino la querella unificada en manos de Valeria Carreras y Lorena Arias -también está incorporado el abogado Fernando Burlando-. Por el otro, expuso Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos y querellante por derecho propio y en representación de una decena de familiares.

Sin embargo, el tribunal oral dejó sin efecto sus pedidos de condena por una cuestión procesal: ninguna de las dos acusaciones particulares había presentado un requerimiento formal de elevación a juicio durante la etapa de instrucción.

Por ese motivo, las penas reclamadas por las querellas no podrán ser consideradas como sustento de una eventual condena.

El planteo de la defensa de Villamide

La semana pasada también alegó Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, quien pidió la nulidad de la acusación fiscal y, de manera subsidiaria, la absolución de su asistido.

El abogado cuestionó que no se hubiera podido determinar con certeza qué ocurrió durante la secuencia final de la navegación y sostuvo que esa falta de precisión impedía establecer cuál era el resultado concreto que su defendido debía evitar.

“No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”, planteó ante los magistrados.

Vigliero acusó además a la fiscalía de haber “parcializado, tergiversado, seccionado y amputado” la prueba producida durante el debate. Aseguró que los testigos declararon que el submarino estaba apto para cumplir la misión encomendada, correspondiente a la denominada Tercera Etapa de Mar, que incluía actividades de adiestramiento naval combinado y una patrulla de control de los espacios marítimos.

En ese marco, el ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y volvió a partir cuatro días después. Primero participó de un ejercicio antisubmarino que, según un informe elaborado por el comandante de la unidad, Pedro Martín Fernández, tuvo un resultado satisfactorio. Luego inició una patrulla destinada al control de la pesca ilegal y a la obtención de información marítima.

Durante el juicio, en efecto, no pudo determinarse qué llevó a la tripulación a perder el control de la nave hasta superar su profundidad de colapso. El submarino implosionó el 15 de noviembre a las 10.52 y sus restos fueron hallados un año después, a más de 900 metros de profundidad y unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

La última comunicación telefónica se produjo a las 7.19 de ese día entre el jefe de Operaciones del submarino, el teniente Fernando Villarreal, y el ahora acusado Correa. Durante ese contacto, Villarreal informó que la intención del comandante era descender a plano profundo para permitir el descanso de la tripulación, desgastada por el temporal en superficie, y luego revisar el tanque de baterías donde se había producido el principio de incendio para efectuar un control de daños.

Así las cosas, este lunes quedará completada la etapa de alegatos. El miércoles, López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa podrán pronunciar sus últimas palabras y se espera que los cuatro ejerzan esa facultad. Cumplida esa instancia, el tribunal estará en condiciones de cerrar formalmente el debate y adelantar si los considera culpables o inocentes. Los fundamentos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después.

Según la tesis del Ministerio Público, el grupo habría transferido ilegalmente S/ 9.984.793 que la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha (Ica), mantenía depositados en una cuenta administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con la información disponible, la detención forma parte de un operativo autorizado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, dentro de una investigación iniciada en 2024. La diligencia incluyó el allanamiento simultáneo de 12 inmuebles en Lima y Chincha. Mora, además, permanecerá siete días detenido en la sede de la Dirincri, en la avenida España.

La Fiscalía estaría solicitando más de cuatro años de prisión efectiva contra Mora por los delitos de fraude informático, banda criminal y lavado de activos.

El caso se volvió de alto interés público no solo por el monto involucrado, sino porque el nombre del exboxeador y empresario aparece ligado a una empresa en la que su hermana Noelia Ruth Mora Rodríguez, figura como gerente general, y porque la hipótesis fiscal sostiene que el dinero municipal habría terminado en cuentas bajo investigación antes de ser distribuido mediante cheques de gerencia a compañías consideradas de fachada.

“Los Arquitectos del Fraude”: la tesis fiscal sobre el presunto modo de operación

La investigación sostiene que la presunta organización criminal se acercó al alcalde de Pueblo Nuevo con una fachada: habrían asegurado ser asesores de la congresista Jeny López.

Para dar credibilidad al supuesto ofrecimiento, alquilaron una oficina por mil soles durante diez días en el piso 11 del edificio Polo Hunt II, ubicado en la cuadra 14 de la avenida La Encalada, y la presentaron como el despacho de la parlamentaria.

Con esa puesta en escena, siempre según la tesis fiscal, el burgomaestre habría entregado su DNI y el código de acceso a la plataforma del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF, bajo el argumento de brindar asesoría técnica para el desembolso de fondos destinados a un proyecto de agua y desagüe. El punto central de la acusación es que, una vez obtenidas las credenciales, los presuntos ciberdelincuentes bloquearon el acceso al SIAF a las autoridades municipales acreditadas y ejecutaron la transferencia del dinero.

En el expediente se menciona que los casi diez millones de soles tendrían origen en el canon minero asignado al distrito. Tras el movimiento principal, la Fiscalía plantea que los fondos terminaron en la cuenta de una empresa que aparece vinculada al entorno de Mora, lo que abrió la línea de investigación por presunto lavado de activos.

El dinero y la empresa investigada: FFC MMA SAC y el rol de su hermana

El documento fiscal presentado en un reportaje televisivo señala que el dinero fue trasladado desde la cuenta del Banco de la Nación de la Municipalidad de Pueblo Nuevo hacia la cuenta de la empresa FFC MMA SAC, cuya gerente general es Noelia Ruth Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora. A partir de allí, el dinero habría sido distribuido mediante más de diez cheques de gerencia a distintas compañías consideradas de fachada por la investigación.

La hipótesis del Ministerio Público agrega un elemento específico sobre el presunto rol de Mora: habría tenido “pleno conocimiento” del depósito y coordinado con un presunto cómplice, David Mesones Mazzini, para que los fondos ingresaran a la cuenta de FFC MMA SAC. Según las autoridades, el 23 de abril Mora fue captado en videos junto a su hermana y otros presuntos integrantes de la banda en las inmediaciones de una agencia del BCP en Miraflores, en un momento en el que el dinero ingresaba a la cuenta de la empresa.

La investigación también sostiene que, tras coordinar con Mesones, Mora habría instruido a Noelia para que ordenara los cheques de gerencia a nombre de las empresas receptoras.

FFC MMA SAC fue constituida en 2017 y, según información citada por un canal de televisión, desarrolla actividades vinculadas al reciclaje de desperdicios y servicios de entretenimiento. La documentación señala que las operaciones revisadas registran transferencias a favor de la empresa por conceptos vinculados a un supuesto proyecto de protección frente a riesgos de residuos sólidos y la creación de un servicio de práctica deportiva en el estadio municipal de Pueblo Nuevo. Además, se indica que Jackson Mora ejerció la gerencia general antes de que su hermana asumiera el cargo.

Detenciones, bloqueo de fondos y una intervención en Lima

El caso tuvo movimientos paralelos en Chincha y Lima. Según lo reportado, el 24 de abril el alcalde de Pueblo Nuevo solicitó al Banco de la Nación el bloqueo de la transferencia y ese mismo día declaró como testigo ante la Depincri de Chincha.

En Lima, se informó la intervención de Félix Víctor Saldarriaga Guerrero cuando intentaba retirar 400 mil dólares que, de acuerdo con la investigación, provenían de los fondos municipales. Esos hechos aparecen como parte de la reconstrucción fiscal sobre cómo se habría intentado movilizar el dinero tras la transferencia.

Durante el operativo del 2 de julio, Mora fue trasladado con chaleco policial y esposado. En la cobertura del caso, otro detenido identificado como César Mead fue consultado por la prensa y declaró: “Yo alquilo una oficina, nada más. Yo no he hecho nada malo”.

La conferencia de prensa donde se detalló el operativo contó con la participación del director de la Dirincri, Víctor Revoredo; el jefe de la División de Investigación de Estafas, Freddy Delgado de La Torre; y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola. Las diligencias, además, continuarán en Chincha con nuevas actuaciones.

Los delitos imputados y los años de prisión que pide la Fiscalía

En lo inmediato, el foco está en el pedido fiscal que, según la información proporcionada, apunta a más de cuatro años de prisión efectiva por fraude informático, banda criminal y lavado de activos.

Esa cifra se convirtió en el principal dato de lectura pública del caso: no se trata de una controversia o un conflicto privado, sino de una investigación por presunta organización criminal y por un monto millonario ligado a recursos de una municipalidad.

El nombre de Jackson Mora también adquiere otra dimensión en el ecosistema mediático por su trayectoria pública: es exboxeador, empresario y exesposo de Tilsa Lozano, lo que amplifica la atención sobre el proceso.

En paralelo, el material de referencia incluye otros episodios de controversias legales y denuncias previas en torno al exdeportista, como acusaciones públicas de exsocios en enero de 2026 sobre presuntos “arreglos” y “aceitadas” en una liga de MMA, además de disputas por propiedad y conflictos empresariales, hechos que Mora ha negado en distintos momentos.