Una diligencia de embargo por presunto incumplimiento de arriendo derivó en la captura de Wendy Jeanette Durán Bocanegra, una creadora de contenido digital que tendrá que responder ante la Fiscalía cómo llegaron a su poder varias armas de fuego que los agentes encontraron en su domicilio.

El hallazgo de tres armas, municiones y divisas en su vivienda del sector de Pance, en Cali, provocó que la mujer fuera enviada a un centro carcelario luego de que un juez penal de control de garantías le impusiera medida de aseguramiento.

El operativo se originó a partir de una orden judicial de carácter civil, y en medio de la inspección de un clóset en el inmueble todo el procedimiento cambió de naturaleza.

Efectivos de la Policía Nacional encontraron material bélico que la propia Durán Bocanegra reconoció no tener autorización para poseer, lo que determinó su captura en flagrancia.

Entre los elementos incautados se encontraban un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, y que como explicó el ente investigador en su informe oficial, no forma parte del inventario de la fuerza pública colombiana (bajo tutela de Indumil), dos pistolas Glock calibre 9 mm con sus respectivos cargadores, y 977 cartuchos calibre 5.56, y que se suelen utilizar de forma habitual en armas de largo alcance.

El allanamiento a la vivienda también arrojó accesorios tácticos: dos miras holográficas, un adaptador de luz y láser, y un cargador adicional con 35 cartuchos.

Junto al armamento, las autoridades hallaron USD 4.844 en efectivo, una máquina contadora de billetes, dos básculas de precisión, dos computadores portátiles, un teléfono celular y estupefacientes.

El caso quedó en manos de un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que lideró la audiencia de legalización de captura de la influencer.

Así descubrieron las armas escondidas en casa de ‘influencer’ detenida en Cali

Un fiscal delegado describió en medio de la audiencia virtual que, “materializando la medida de embargo y secuestro ordenada por el Juzgado 33 Civil Municipal de Cali (...) en esas labores de relación de bienes muebles, es decir, los elementos de valor que estaban en su casa, que hacen parte de esa diligencia de embargo, se encontró en una de las mesas, pegado a un televisor, unas armas de fuego tipo pistola”.

Los agentes, detalló el funcionario judicial, le preguntaron a Durán Bocanegra “si tenía los permisos para tener esas armas en esa residencia, a lo cual usted le informó a la Policía Nacional, en presencia del juez, que usted no tenía esos permisos y continuaron la diligencia de embargo y secuestro”.

El fiscal aclaró que previo a su detención, miembros de la Policía Nacional le dieron a conocer sus derechos “como persona capturada por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y/o municiones”

La Fiscalía precisó que las investigaciones continúan para determinar si Durán Bocanegra tuvo participación en otros hechos delictivos, y para establecer tanto la procedencia como el destino previsto de los elementos hallados en la vivienda, y se le imputaron cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

La creadora de contenido no aceptó cargos y permanece tras las rejas mientras avanza su proceso judicial.

Operativo en Valle del Cauca dejó dos capturados

Además del caso de la creadora de contenido, el mismo viernes la Policía Nacional capturó a dos personas en Florida, Valle del Cauca, durante cuatro diligencias de registro y allanamiento contra una presunta red de actividad sicarial y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Uno de los detenidos tenía una orden judicial y el otro fue aprehendido en flagrancia, según informó la institución.

Entre los capturados está un hombre conocido como alias Chiqui, señalado de participar en hechos violentos y de haberse fugado en 2025 de una instalación policial de Pradera cuando estaba privado de la libertad.

Su aprehensión se produjo por el delito de fuga de presos.

Las autoridades también lo vinculan con presuntas amenazas contra habitantes del barrio Nuevo Horizonte, situación que habría provocado el desplazamiento de varias familias.

Además, es investigado por su posible participación en un homicidio en grado de tentativa ocurrido el 12 de octubre de 2026.

Durante los operativos fueron incautados un revólver calibre 38, una pistola traumática, seis cartuchos calibre 38, ocho cartuchos calibre 9 milímetros, un chaleco antibalas, 500 gramos de marihuana y 100 gramos de bazuco. También fue recuperada una motocicleta.

La operación fue realizada por la Policía Nacional, mediante la Seccional de Investigación Criminal, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, el Grupo de Operaciones Especiales y la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

Según los registros de la Fiscalía, los capturados aparecen relacionados con investigaciones por homicidio, porte y tráfico de armas y municiones, hurto calificado, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

La imagen de una página del pasaporte de Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro y primera dama durante su Gobierno, fue incluida en un informe entregado a la Fiscalía General de la Nación por parte de ella misma, en medio del proceso judicial que se adelanta, y con miras a controvertir denuncias relacionadas con supuestos traslados de drogas y armas en vuelos oficiales entre Colombia y Venezuela, hechas por la exconsejera presidencial Eva Ferrer.

De acuerdo con Red+ Noticias, que compartió la fotografía, el documento fue presentado por la defensa de Alcocer como uno de los elementos para sostener que la ex primera dama solo viajó dos veces a Venezuela en visitas oficiales.

La información busca responder a los señalamientos formulados por Ferrer, que había sido cercana a Alcocer y que después de las revelaciones que hizo a la revista Semana, anunció la entrega de un dosier a autoridades estadounidenses.

La imagen del pasaporte tendría sellos y registros de ingreso que permitirían cotejar los desplazamientos de Alcocer a territorio venezolano, y dichos movimientos migratorios serán objeto de verificación por parte de la Fiscalía.

La defensa de la ex primera dama también habría informado que el exministro del Interior Armando Benedetti no viajó con Alcocer a Venezuela, a pesar de que en ese período ejercía como embajador de Colombia ante el país vecino.

Eva Ferrer anunció que llevará un dosier a Estados Unidos

Ferrer viajaría a Estados Unidos el 28 de octubre para entregar pruebas ante el Departamento de Estado sobre sus denuncias.

En la versión que brindó la exconsejera, Ferrer sostiene que tiene información relacionada con un supuesto tráfico de drogas y armas en vuelos oficiales desde Colombia hacia Venezuela.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes citadas por el mismo noticiero, Ferrer no habría entregado pruebas materiales durante la declaración juramentada que rindió ante la Fiscalía en Colombia.

Esa diligencia se extendió por cerca de cuatro horas el miércoles 21 de octubre de 2026, y abordó en principio asuntos de contexto, entre ellos la forma en que conoció a Alcocer.

La declaración de Ferrer estaba prevista para continuar al día siguiente. Hasta ese momento, no se conocía que hubiera aportado documentos, registros, audios, fotografías u otros elementos que permitieran respaldar las acusaciones en territorio colombiano.

Penalista cuestionó que la información sea entregada en otra jurisdicción y no ante la Fiscalía

El abogado penalista Juan Felipe Criollo se refirió a la necesidad de que Ferrer entregue la información a todas las autoridades competentes, en caso de que tenga elementos relevantes para esclarecer presuntas conductas delictivas.

“No se puede discriminar a qué jurisdicción se le entrega la información o no, y menos cuando se están revelando unos hechos tan graves”, comentó el jurista al mismo medio.

El abogado dijo que quien hace revelaciones públicas sobre posibles delitos adquiere un compromiso con la sociedad y con las instituciones encargadas de investigar.

Qué incluye el dosier que Verónica Alcocer le entregó a la Fiscalía

La defensa de Verónica Alcocer entregó el 20 de octubre a la Fiscalía un dosier para controvertir las acusaciones de Eva Ferrer sobre un presunto traslado de estupefacientes desde Colombia hacia Venezuela y el ingreso de USD 2,5 millones en efectivo al país.

La documentación reconstruye el viaje de la entonces primera dama a Caracas del 31 de enero de 2023, organizado para conocer el sistema venezolano de formación musical impulsado por José Antonio Abreu.

La defensa calculó que esa suma, transportada en billetes de USD 100, habría requerido 25.000 unidades con un peso neto de 25 kilogramos, sin contar el embalaje.

Bajo la hipótesis de que el dinero fuera el pago de cocaína, el análisis estimó una carga cercana a 500 kilogramos de droga, distribuida en entre 15 y 25 maletas.

El expediente fue presentado por Ricardo Gaviria Ramírez, abogado de Alcocer, ante la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Según documentos revelados por la revista Cambio, el material reúne fotografías, videos, cálculos sobre el volumen de la carga atribuida y respuestas de integrantes de la delegación que viajó a Venezuela.

Ferrer había señalado a Alcocer por el supuesto traslado de droga hacia Venezuela y por el ingreso de dinero en efectivo a Colombia.

La defensa de la ex primera dama planteó que las dimensiones de la operación descrita no coinciden con los registros visuales ni con la capacidad de equipaje visible durante el desplazamiento.

La delegación cultural y el recorrido en Caracas

El viaje se realizó después de que el Gobierno colombiano recibiera una invitación de Venezuela para conocer el modelo de formación musical creado por el maestro José Antonio Abreu.

El entonces presidente, Gustavo Petro, autorizó el desplazamiento y designó a Alcocer para encabezar la comitiva.

La defensa sostuvo que la entonces primera dama no intervino en la organización del transporte ni en la elección de la aeronave asignada por la Fuerza Aérea Colombiana. El propósito de la visita era examinar una posible adaptación del sistema musical venezolano en Colombia.

La bitácora incluida en el dosier identificó a Jorge Ignacio Zorro Sánchez, entonces viceministro de la Creatividad del Ministerio de Cultura; las pianistas y pedagogas Clara Inés y Pilar Leyva Durán; el empresario español Manel Grau Pujadas; y la capitán Daniela Lozano, responsable de la seguridad de Alcocer.

Para los abogados de Alcocer, la composición de ese grupo respalda la naturaleza cultural de la visita.

Los registros revisados ubican a Alcocer en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, a las 11:24 a. m. del 31 de enero de 2023. Allí fue recibida por Diva Guzmán León, entonces ministra venezolana para la Mujer y la Igualdad de Género, y Tatiana Pugh, viceministra para Asia y Oceanía.

Las fotografías incorporadas muestran a Alcocer mientras desciende de la aeronave sin las dos maletas mencionadas por Ferrer en sus declaraciones públicas.

La secuencia, de acuerdo con la defensa, contradice la afirmación de que habría bajado del avión con equipajes que contenían estupefacientes.

El dosier también incluyó una imagen de la cartera naranja que Alcocer llevaba a su llegada a Caracas. El investigador contratado por la defensa examinó el bolso, de aproximadamente 30 centímetros de largo, 15 de ancho y 25 de alto, y concluyó que su capacidad no era compatible con las cantidades de dinero o droga atribuidas.

A las 11:58 a. m., la delegación llegó al Palacio de Miraflores, donde fue recibida por Cilia Flores y Delcy Rodríguez. Después se trasladó al Centro Nacional de Acción Social por la Música, situado a unos 3,5 kilómetros de la sede presidencial.

Hacia las 13:20 (1:20 p. m.), Alcocer y sus acompañantes asistieron a presentaciones musicales en ese centro cultural. Durante la actividad, Flores entregó una condecoración a la entonces primera dama colombiana.

La agenda incluyó además un encuentro con Nicolás Maduro en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Los videos entregados por la defensa muestran a los integrantes de la comitiva en actividades oficiales junto a autoridades venezolanas.

Los cálculos sobre el dinero, la droga y los controles del vuelo

El análisis sobre el efectivo tomó como referencia datos del Bureau of Engraving and Printing, organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de imprimir billetes.

La estimación utilizada por la defensa establece que cada billete de USD 100 pesa cerca de un gramo.

Para calcular el posible volumen de cocaína, el documento recurrió a estimaciones históricas atribuidas a InSight Crime, según las cuales un kilogramo de la droga podía comercializarse en países vecinos de Colombia por entre USD 4.000 y USD 6.000.

La defensa sostuvo que una carga de esa dimensión habría requerido una cantidad de equipaje que no aparece en las imágenes públicas del desembarque.

Otro apartado revisó el Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado, incluido el Racae 160. Esa norma prevé inspecciones a pasajeros, equipaje de mano, carga y equipaje de bodega, además de restricciones para ingresar a áreas operativas y sistemas de vigilancia y detección.

La defensa de Alcocer reafirmó que una operación clandestina de la magnitud denunciada habría tenido que superar esos controles. Sin embargo, el documento reconoce que aún deben obtenerse los registros técnicos y operacionales del vuelo para determinar qué procedimientos se aplicaron durante el desplazamiento.

El expediente incorporó un cuestionario enviado a Manel Grau Pujadas (el mismo que apareció en un video junto a Alcocer en Estocolmo, Suecia), a quien Ferrer identificó como fuente de sus afirmaciones sobre el presunto ingreso de dinero a Colombia.

El empresario catalán confirmó que fue invitado a conocer el sistema musical de Abreu y a explorar una eventual adaptación con participación del Ministerio de Cultura y la Fundación Batuta.

Grau explicó que fue incluido por su cercanía con la música clásica y la ópera, especialmente en Barcelona, y añadió que no tenía contrato ni cargo administrativo dentro del Gobierno colombiano.

La exasesora Eva Ferrer volvió a declarar ante la Fiscalía General de la Nación dentro de la indagación abierta tras la difusión de audios en los que habló de una presunta red de influencias alrededor de Verónica Alcocer.

La diligencia tiene como propósito contrastar sus afirmaciones con los documentos, registros y grabaciones que la exfuncionaria pretende entregar. La investigación busca establecer quiénes aparecen mencionados en el material y si hay elementos que justifiquen actuaciones adicionales.

Previo a la diligencia, Semana filtró un video de la exconsejera presidencial en el que juró decir la verdad durante el proceso.

Ferrer promete aportar grabaciones y documentos a la investigación

Esta será la segunda comparecencia de Ferrer ante el ente investigador. El 21 de octubre de 2026, la exasesora declaró de manera virtual desde España, en una sesión que, de acuerdo con su abogado, Jhony Batalla, se prolongó cerca de cuatro horas.

Batalla afirmó que su representada entregará elementos para sustentar sus denuncias. Durante la primera declaración, Ferrer habría presentado registros y audios vinculados con los hechos que expuso públicamente.

Los señalamientos incluyen supuestos movimientos de dinero, presuntas actividades irregulares relacionadas con vuelos oficiales a Venezuela y posibles anomalías en designaciones dentro de entidades estatales. Ninguna de esas acusaciones ha sido probada judicialmente.

La española también informó que viajará a Washington el 28 de octubre de 2026 para entregar material al Departamento de Estado y a la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. No precisó públicamente el contenido de los elementos que llevará ante las autoridades estadounidenses.

Por su parte, Verónica Alcocer rechazó las versiones difundidas por la exasesora. La ex primera dama sostuvo que los desplazamientos oficiales a Venezuela tienen respaldo en registros y agendas institucionales, y negó que esos vuelos hubieran transportado dinero o drogas.

La Fiscalía General de la Nación deberá revisar las declaraciones, documentos y grabaciones que reciba antes de definir si existen fundamentos para ampliar o continuar las actuaciones en este caso.

Verónica Alcocer entregó dosier a la Fiscalía para defenderse de las denuncias de Eva Ferrer

Verónica Alcocer presentó el 20 de octubre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación un dosier para controvertir las acusaciones de Eva Ferrer sobre un presunto traslado de estupefacientes a Venezuela y el ingreso de al menos USD 2,5 millones en efectivo a Colombia durante un viaje oficial realizado el 31 de enero de 2023.

La defensa calculó que esa suma, en billetes de USD 100, equivaldría a 25.000 unidades con un peso neto de 25 kilogramos, sin contar el embalaje. Si hubiera sido el pago por cocaína, el escenario hipotético planteado supondría cerca de 500 kilogramos de droga distribuidos en entre 15 y 25 maletas.

El abogado Ricardo Gaviria Ramírez entregó el informe preliminar de investigación de campo a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. El material reúne fotografías, videos, una reconstrucción del itinerario y cálculos sobre el volumen que habría ocupado la carga mencionada por Ferrer, según informó Cambio.

La visita a Caracas respondió a una invitación para conocer el sistema de formación musical creado por el maestro José Antonio Abreu. Alcocer sostuvo que el propósito era estudiar el modelo venezolano y analizar una posible adaptación en Colombia.

El entonces presidente Gustavo Petro autorizó el desplazamiento y designó a Alcocer para encabezar la delegación. Su defensa afirmó que su cliente no participó en la organización del transporte ni eligió la aeronave asignada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La bitácora incorporada al expediente identifica entre los viajeros al entonces viceministro de la Creatividad del Ministerio de Cultura, Jorge Ignacio Zorro Sánchez; las pianistas y pedagogas Clara Inés y Pilar Leyva Durán; el empresario español Manel Grau Pujadas, y la capitán Daniela Lozano, responsable de la seguridad de Alcocer. Para la defensa, esa integración respalda el carácter cultural de la misión.

Los registros revisados ubican a Alcocer en el aeropuerto internacional de Maiquetía a las 11:24 a. m. del 31 de enero de 2023. Allí fue recibida por Diva Guzmán León, entonces ministra venezolana para la Mujer y la Igualdad de Género, y Tatiana Pugh, viceministra para Asia y Oceanía.

Las fotografías muestran a Alcocer descender de la aeronave sin las dos maletas mencionadas por Ferrer. La defensa considera que esa secuencia contradice la afirmación de que habría bajado del avión con equipaje que contenía estupefacientes.

El dosier también incluye una imagen de la cartera naranja que llevaba durante su llegada. El investigador contratado por Alcocer estableció que el bolso medía aproximadamente 30 centímetros de largo, 15 de ancho y 25 de alto, por lo que su capacidad no sería compatible con las cantidades de efectivo o droga descritas en la acusación.

El hoy detenido es señalado por el presunto feminicidio de su compañera sentimental, una mujer que se encontraba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado dentro de un carro de mercado abandonado en un parque de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de feminicidio agravado, tortura agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y a pesar del material probatorio, incluido un video en el que se observa el recorrido que hizo antes de deshacerse del cuerpo, el procesado no aceptó los cargos.

El caso se remonta al 15 de marzo de 2026, cuando habitantes y autoridades encontraron el cuerpo de la víctima en inmediaciones del parque La Joya, en el barrio El Tesorito (Ciudad Bolívar).

De acuerdo con el reporte del ente acusador, el cadáver estaba cubierto con bolsas y otros elementos, dentro de un carro de mercado que algunos de los vecinos detectaron abandonado.

Medicina Legal halló lesiones asociadas con agresiones reiteradas

La investigación se apoyó en dictámenes forenses, registros de videovigilancia y análisis de telefonía celular.

Esos elementos permitieron a la Fiscalía establecer un posible contexto de violencia física y psicológica en la relación.

A su vez, el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que la mujer presentaba lesiones compatibles con agresiones repetidas, y la hipótesis que manejan las autoridades es que fue golpeada con objetos contundentes y que murió por asfixia.

Desde el ente acusador se sostuvo que las pruebas recopiladas permiten inferir que Vásquez Moreno habría sometido a la víctima a agresiones antes de causarle la muerte.

Otro de los detalles que arrojó la necropsia es que el cuerpo estaba atado de pies y manos.

Cámaras de seguridad registraron el traslado del carro de mercado

Durante las labores de policía judicial, agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) revisaron videos y realizaron verificaciones técnicas que permitieron identificar al presunto responsable.

Los registros muestran a Vásquez Moreno cuando trasladaba un carro de mercado hasta el sector cercano al parque La Joya. Allí habría abandonado el cuerpo para intentar ocultar lo ocurrido.

El análisis de esos videos, junto con los elementos forenses y los registros de telefonía, reforzó la hipótesis de que el investigado habría movilizado de forma clandestina el cadáver de su pareja después de las agresiones.

“Las actividades de investigación y el análisis de los registros videográficos permitieron documentar que con anterioridad a ese hallazgo, una persona se desplazó allí en el sector con un carro de mercado que contenía una bolsa negra de gran volumen, siguiendo una trayectoria hacia el parque La Joya. Posteriormente, los registros documentaron a una persona desplazándose por los senderos del referido parque sin llevar consigo el carro de mercado, en cercanías al lugar donde posteriormente fue encontrado, encontrado el cadáver”, detalló el fiscal en un fragmento de la audiencia.

La captura de Luis Fernando Vásquez Moreno ocurrió en Ciudad Bolívar

Vásquez Moreno fue capturado el lunes 19 de octubre en el sector El Recuerdo, también en Ciudad Bolívar. La Fiscalía presentó los elementos recopilados durante las audiencias preliminares y solicitó la imposición de una medida de aseguramiento.

La teniente coronel Elizabeth Erazo Benavides, oficial de Guarnición de la Mebog, señaló tras la detención de Vásquez Moreno que la víctima “sostenía una relación sentimental con el agresor”.

Además, se precisó por parte de la misma vocera de la institución que Vásquez Moreno “registra tres anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años”.

Luego de fue puesto a disposición de la Fiscalía, el juez aceptó la petición y ordenó su reclusión en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal.

“La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra la violencia basada en género y el esclarecimiento de los hechos que atentan contra la vida e integridad de las mujeres”, concluyó al final la coronel Erazo.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, informó que el documento fue firmado solo por congresistas hombres. Según explicó, la solicitud busca que el ente investigativo determine si los mensajes divulgados por Rincón pueden constituir conductas que ameriten una investigación.

El oficio menciona señalamientos sobre las donaciones por el terremoto

Pulido Hernández señaló que el influenciador ha formulado acusaciones sobre el manejo de las donaciones realizadas para ayudar a los afectados del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia, que involucran a la primera dama. También indicó que Rincón ha relacionado al presidente De la Espriella con presuntas actividades ilícitas.

El senador pidió que las autoridades revisen esas publicaciones. “Aquí la está calumniando, la está injuriando, la está insultando”, afirmó al referirse a Pineda. Añadió que, a su juicio, el creador de contenido también ha atacado al mandatario en mensajes difundidos en redes sociales.

Jota Pe Hernández pidió que el caso sea un mensaje contra las agresiones a las mujeres

Durante su pronunciamiento, Jota Pe Hernández sostuvo que la iniciativa pretende cuestionar los ataques contra las mujeres y solicitó a Camargo una actuación frente al caso. “Le estamos solicitando a través de este oficio que haga respetar a las mujeres. Queremos contar con el apoyo de la fiscal general de la Nación para que esto sea un mensaje contundente”, declaró.

El congresista considera un deber respetar a “las mujeres de Colombia, y en este caso a la primera dama de la Nación”. En esa línea, cuestionó expresiones que, según su postura, reproducen maneras de maltrato contra ellas.

“Este sujeto calumnió, injurió e insultó a la primera dama (representante de todas las mujeres en Colombia) La violencia contra la mujer tiene sus consecuencias, nosotros hicimos la ley, llegó la hora de cumplirla”, escribió en su cuenta de X.

La Fiscalía General de la Nación deberá evaluar el contenido remitido en el oficio y determinar si hay elementos para abrir una actuación.

El hombre que amenazó a la primera dama y a la familia de Abelardo de la Espriella

Un juez ordenó el jueves 22 de octubre de 2026 la reclusión en cárcel de Juan Carlos Buriticá Suárez, investigado por amenazas contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la familia del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. El acusado deberá responder por delitos relacionados con estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

La captura ocurrió el 19 de octubre a las 11:57 p.m., un día después de la denuncia por los mensajes amenazantes. La medida de aseguramiento no implica una declaración de responsabilidad penal, que será definida durante el proceso judicial.

El primer mandatario informó, además, que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a 91 personas privadas de la libertad desde cárceles de Montería, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla. La decisión formó parte de acciones para impedir que los establecimientos penitenciarios sean usados para mantener actividades delictivas.

La Fiscalía General de la Nación atribuyó a Buriticá Suárez el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, previsto en el artículo 376 del Código Penal, y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, contemplado en el artículo 188E.

El juzgado consideró procedente la detención intramural a partir de elementos recolectados por la Policía Nacional con el apoyo de su Centro Cibernético. La valoración judicial incorporó un enfoque de género sobre las circunstancias denunciadas.

El juez sostuvo que la privación de la libertad era necesaria ante la falta de una alternativa con la misma eficacia: “El despacho considera que no existe una medida menos invasiva que resulte igual de eficaz”.

Después de la audiencia se difundió un video que muestra el ingreso de Buriticá Suárez al centro penitenciario. Las imágenes registran su requisa, la toma de fotografías y el acompañamiento de guardas del Inpec hacia la celda donde permanecerá mientras avanza la causa.

El caso está a cargo del fiscal Oswaldo Taccsi. La Fiscalía informó que se encuentra recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos reportados y determinar las acciones que correspondan dentro de la investigación.

“Fiscalía inició investigación preliminar por presunta agresión en agravio de una menor de edad. Se recaban pruebas y testimonios para esclarecer los hechos”, comunicó la institución en sus redes sociales.

La investigación se conoció luego de que Juan Víctor Sánchez presentara una denuncia contra la exchica reality e influencer. De acuerdo con la información difundida, la denuncia está vinculada con una presunta agresión física y psicológica contra la menor que ambos tienen en común.

La denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez

Según el parte policial difundido por ‘Arriba mi gente’, la denuncia fue presentada el 20 de octubre a las 19.15. El documento señala que Andrea San Martín Pilares fue intervenida por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la modalidad de violencia física y psicológica contra integrantes del grupo familiar.

La acusación presentada por Juan Víctor Armando Sánchez Díaz incluye un presunto episodio entre la madre y la niña. De acuerdo con el documento policial, se reportaron supuestos jaloneos y el uso de palabras soeces durante el incidente.

La versión de Andrea San Martín también quedó registrada en la denuncia. Según lo consignado en el parte, la influencer sostuvo que la discusión habría comenzado debido a que su hija quería comer golosinas, aunque no quería ingerir los alimentos que se le habían servido previamente.

Esa explicación forma parte de su manifestación ante las autoridades. La versión deberá ser contrastada con las declaraciones, evaluaciones y demás elementos que reúnan la Policía y el Ministerio Público durante las diligencias.

Las diligencias en la comisaría y Medicina Legal

Tras la denuncia de Juan Víctor Sánchez, Andrea San Martín acudió a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, para brindar su versión de los hechos y participar en las diligencias, según el informe televisivo.

En ese contexto, la influencer quedó detenida bajo la figura de presunta flagrancia. El programa también mostró a Juan Víctor Sánchez dentro de la dependencia policial, donde conversó con representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Las cámaras registraron al padre de la menor mientras firmaba documentos ante los agentes que intervenían en el caso. Cerca de las 23.00, Sánchez se retiró de la comisaría junto con su hija y sin ofrecer declaraciones a los medios que aguardaban en los exteriores.

En las imágenes difundidas, se observa que Juan Víctor Sánchez llevaba una maleta al salir de la sede policial. El material no precisó detalles adicionales sobre las medidas adoptadas tras las diligencias desarrolladas esa noche.

Andrea San Martín anunció una conferencia de prensa

Horas después, Andrea San Martín salió de la comisaría acompañada por su abogado, Wilmer Arica. Luego abordó un vehículo policial con dirección a Medicina Legal II de Lima Este para continuar con los procedimientos correspondientes.

La influencer llegó a Medicina Legal esposada y con signos de haber llorado. Los reporteros le consultaron por la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez y por las diligencias relacionadas con su hija, pero evitó referirse al contenido de la acusación.

“Escuchen, no puedo responder nada, voy a terminar las diligencias que tengo que hacer y después voy a hacer una conferencia de prensa con todos”, declaró San Martín antes de ingresar a la sede.

Durante el traslado desde la comisaría de Santa Felicia, una reportera le preguntó sobre medidas de protección vinculadas con la menor. Andrea San Martín respondió: “Sí”, sin brindar precisiones sobre el alcance de esa respuesta ni sobre las disposiciones adoptadas.

“Mi conciencia está tranquila”, dijo la influencer

Después de completar su atención en Medicina Legal, Andrea San Martín volvió a dirigirse a los medios de comunicación. La exchica reality reiteró que brindará una conferencia de prensa, aunque indicó que debía concluir primero las diligencias pendientes.

Una reportera le preguntó si tenía la conciencia tranquila frente a la denuncia por presunta violencia física y psicológica contra su hija menor. La influencer respondió: “Por supuesto, mi conciencia está tranquila”.

Posteriormente, Andrea fue trasladada a la comisaría de Miraflores, donde permanecería detenida durante 48 horas, según el reporte de Arriba mi gente. La Fiscalía continúa con la investigación preliminar para esclarecer el caso.

Luego de conocerse por parte de la Fiscalía General de la Nación que el lunes 9 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 a. m., se desarrollará la audiencia de imputación de cargos a Zulma Guzmán Castro por su presunta responsabilidad en la muerte de dos menores de edad que consumieron frambuesas contaminadas con talio en Bogotá, otra decisión judicial se suma a la indagación en contra de la empresaria.

Así se determinó la mañana del jueves 22 de octubre, luego de que una fuente de la Fiscalía le confirmó a Infobae Colombia que, por solicitud de del mismo ente, un juez de control de garantías de Bogota prorrogó por un año la orden de captura vigente contra Guzmán Castro, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

La diligencia se realizará de forma virtual debido a que la investigada permanece detenida en el Reino Unido mientras avanza su proceso de extradición a Colombia.

El ente acusador anunció que formulará cargos por homicidio y tentativa de homicidio. La audiencia fue solicitada el 19 de octubre y corresponde a una etapa del proceso que se adelanta por la intoxicación ocurrida en abril de 2025.

Hasta el momento, Guzmán Castro ha negado cualquier relación con el caso y deberá responder ante la justicia colombiana dentro del proceso correspondiente.

Tres niñas y un adulto consumieron las frambuesas contaminadas

El caso se remonta al 3 de abril de 2025, cuando una encomienda llegó a la vivienda de la familia De Bedout, al norte de Bogotá. El paquete, que aparentemente correspondía a un regalo institucional, no generó sospechas entre las personas que lo recibieron.

Al día siguiente, cuatro personas consumieron las frambuesas que contenían talio: tres menores de edad y un adulto. Dos niñas, de 13 y 14 años, murieron como consecuencia de la intoxicación, mientras que las demás personas afectadas sobrevivieron.

Las indagaciones que abrió la Fiscalía apuntan a que Guzmán tendría relación con el envío de los alimentos contaminados.

La mujer habría sostenido entre 2017 y 2018 una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las menores fallecidas.

De acuerdo con el mismo ente investigador, De Bedout declaró que interrumpió esa relación antes de la muerte de Alicia Graham, su anterior esposa en 2021, y añadió que Guzmán intentó retomar el vínculo después de ese fallecimiento.

La Fiscalía menciona un presunto intento de intervenir un GPS

Dentro de los elementos conocidos del expediente, la Fiscalía señaló que Juan de Bedout expresó que Guzmán habría intentado intervenir un GPS instalado en su vehículo.

El padre de la menor también sostuvo que la mujer viajó por una temporada a Argentina, y que mostró molestia cuando él inició una nueva relación.

Estas referencias forman parte de la información que la Fiscalía tendrá en cuenta para sustentar la imputación. La responsabilidad penal de Guzmán deberá ser establecida por un juez durante las siguientes etapas del proceso.

La investigada, por su parte, ha reiterado que es inocente. Después de que el caso se hizo público en 2025, afirmó: “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”.

Guzmán fue detenida en Londres y permanece en una prisión de Reino Unido

Después de los hechos, Guzmán salió de Colombia y no se conoció su ubicación durante varios meses.

Su captura se reportó el 17 de diciembre de 2025 en Londres, luego de que fuera rescatada del río Támesis.

La mujer tiene vigente una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y luego de recibir atención hospitalaria, fue trasladada a la prisión de Bronzefield, una cárcel de mujeres ubicada en el Reino Unido.

El trámite de extradición se ha extendido debido a requerimientos de las autoridades británicas relacionados con las condiciones de reclusión y las garantías judiciales que recibiría en Colombia.

A su vez, la Procuraduría General de la Nación envió un concepto sobre esas condiciones, documento que será relevante para la solicitud de extradición.

El objetivo es que Guzmán pueda ser enviada al país y comparezca de manera presencial ante la justicia, en lugar de que la Fiscalía deba avanzar con un proceso en ausencia.

Las imágenes de un intento de secuestro en el distrito limeño de Chorrillos, donde un disparo frustró la operación de los delincuentes, reflejan la violencia que acompaña a esta modalidad delictiva. El caso se suma a una serie de hechos que han encendido las alertas sobre el incremento de los secuestros extorsivos en el país.

Secuestros extorsivos aumentan

El exviceministro del Interior Ricardo Valdés advirtió en el informe de ATV Noticias que el aumento de los secuestros marca un cambio respecto de años anteriores, cuando este delito había disminuido considerablemente.

“Hace muchos años que no veíamos este incremento de los secuestros”, señaló, al referirse a la reaparición de esta modalidad criminal con mayor intensidad.

Uno de los cambios identificados es la duración y la violencia de los plagios. Según Valdés, el secuestro exprés, que anteriormente consistía en retener a una persona para obligarla a retirar dinero de un cajero automático y liberarla poco después, ha dado paso a hechos más prolongados.

“Ya el secuestro exprés ha dejado de ser exprés. Se ha convertido realmente en un secuestro mucho más intenso, clásico”, explicó.

En estos casos, los delincuentes exigen sumas de dinero a los familiares de las víctimas a cambio de su liberación. Las comunicaciones telefónicas y las solicitudes de depósitos forman parte de la presión ejercida sobre los allegados, quienes deben afrontar la incertidumbre sobre el estado de sus familiares.

Bandas criminales apuntan a personas vinculadas con negocios informales

Otro aspecto señalado por Valdés es el perfil de las víctimas. De acuerdo con el exviceministro, las organizaciones criminales están dirigiendo su atención hacia personas relacionadas con negocios informales, a quienes consideran objetivos para exigir rescates.

El especialista mencionó el caso de Jens Lara, ocurrido en Trujillo, como ejemplo de esta tendencia. Según su análisis, los delincuentes pueden considerar que quienes desarrollan actividades económicas informales manejan dinero cuyo origen o movimiento resulta menos transparente.

“Esas personas se vienen convirtiendo en estos momentos en la víctima predilecta”, sostuvo Valdés.

Esta selección de objetivos evidencia que los secuestros extorsivos no solo representan un riesgo para la integridad física de las víctimas, sino que también afectan a sus familias y entornos económicos, sometidos a exigencias de dinero y amenazas durante las negociaciones para conseguir su liberación.

Lima Metropolitana registró tres secuestros en menos de 48 horas

La incidencia de estos delitos también quedó reflejada en Lima Metropolitana. Según el informe televisivo, el 25 de septiembre se reportaron tres secuestros en menos de 48 horas, todos vinculados con exigencias económicas para liberar a las víctimas.

A nivel nacional, las 463 denuncias contabilizadas durante septiembre representan un promedio de aproximadamente 15 reportes diarios. Esta cifra corresponde a denuncias registradas y no necesariamente al número total de víctimas, ya que los datos citados no precisan si cada denuncia corresponde a una persona distinta.

Gobierno recibió facultades legislativas en materia de seguridad

El incremento de los secuestros ocurre mientras el Gobierno de Keiko Fujimori recibió facultades legislativas solicitadas en materia de seguridad ciudadana, según lo señalado en el informe.

La administración deberá concretar las medidas anunciadas para enfrentar la delincuencia, en un escenario marcado por el avance de los secuestros extorsivos y la mayor violencia descrita por especialistas.

La información de la audiencia de imputación de cargos indicó que el ente investigador le atribuyó al joven —que se dedica a laborar como operador logístico— los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, previsto en el artículo 188E.

Por su parte, el jefe de Estado emitió un comunicado oficial en el que aclaró que un juez determinó que Buriticá Suárez fue cobijado bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad, de acuerdo con la diligencia judicial que se llevó a cabo el miércoles 22 de octubre de 2026. Según De la Espriella, la defensa del investigado apeló la decisión judicial.

Así habría sido la amenaza

La Fiscalía General de la Nación comunicó que el 18 de octubre de 2026, “el hoy detenido habría enviado el mensaje intimidatorio desde una cuenta anónima. Dicha publicación contenía señalamientos en contra de la vida e integridad de la esposa del presidente de la República y su familia. Inmediatamente, la situación fue denunciada y puesta en conocimiento de la Fiscalía”.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario indicó que la amenaza fue publicada a las 10:12 a. m. de ese mismo día, y la denuncia se presentó ese mismo día, a las 12:23 p. m. El operativo de allanamiento y la captura se efectuaron el 19 de octubre, a las 11:57 p. m. Durante esa diligencia, las autoridades habrían encontrado marihuana en poder del detenido.

El informe del mandatario coincide con la información de la Dijín, que indicó que en el operativo, adelantado en la Urbanización Santa Clara de Pereira, “los investigadores del Centro Cibernético Policial incautaron equipos de cómputo y telefonía móvil, además de varias dosis de marihuana”, con precisión, ​ocho bolsas plásticas de sello hermético.

La medida de aseguramiento no constituye una condena y el proceso continuará mientras las autoridades judiciales determinan la responsabilidad penal del joven. El presidente pidió protección para todas las familias colombianas.

En su mensaje, el jefe de Estado vinculó el caso con la necesidad de que las autoridades protejan a las familias que reciben amenazas.

“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, expresó el mandatario.

De la Espriella añadió que “mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria! ¡Bienvenido a la Patria Milagro, miserable! (sic)”.

El presidente cerró su declaración con un llamado para que los responsables de delitos enfrenten a la justicia. “Los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes”, sostuvo.

Ana Lucía Pineda reportó las donaciones con los recursos recolectados tras el terremoto del 10 de agosto

Los ataques a la primera dama de Colombia se incrementaron luego de que se conocieran cuestionamientos sobre el uso de los recursos recolectados por Ana Lucía Pineda, tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Sin embargo, desde la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por Ana Lucía Pineda, se presentó un informe sobre estos recursos destinados para atender a los afectados por el desastre natural. Según el documento, la campaña Colombia, un solo corazón recibió $54.589 millones en donaciones de personas naturales y jurídicas.

El reporte, que abarca del 7 de julio al 16 de octubre de 2026, señaló que la principal contribución correspondió a la familia Gilinski, con el 81% de los recursos y una destinación específica definida por los donantes.

La fundación indicó que los gastos administrativos ascienden a $11,9 millones y que el resto de los recursos permanece disponible para los proyectos de atención y reconstrucción.

De acuerdo con el informe, durante la primera etapa de respuesta a la emergencia se movilizaron 5.652,2 toneladas de ayuda, se atendió a más de 48.000 personas y se llegó a 80 municipios. La red incluyó más de 1.250 voluntarios, 30 centros de acopio, más de 100 empresas y entidades aliadas, además de 24 operadores de transporte y logística.

El reporte también registró la participación de cerca de 600 profesionales voluntarios en atención emocional y psicológica. Estos realizaron más de 4.500 consultas virtuales relacionadas con trauma, ansiedad, duelo, salud mental infantil y orientación a cuidadores.

Pineda afirmó que la campaña nació con el propósito de “convertir la solidaridad en acciones concretas”.

La segunda fase se concentra en la reconstrucción de infraestructura esencial. La Fundación priorizó seis instituciones de Cali: el Hospital Carlos Holmes Trujillo, la IPS Meléndez, las instituciones educativas Juan Pablo II, Eustaquio Palacios y Carlos Holguín Mallarino, además del Instituto para Niños, Ciegos y Sordos.

“La reconstrucción no se limita a soluciones de vivienda, sino que comprende la infraestructura destinada a la prestación de servicios esenciales para la comunidad”, señaló la primera dama.

Según el documento, la entidad cuenta con asesoría técnica y alianzas con empresas del sector de la construcción.

Un caso que dejó en evidencia el modus operandi de una adulta mayor, y que se presentó en Cali, llevó a Marly Tabares, de 54 años, tras las rejas, por haber cometido una serie de hurtos a 10 empresas de Cali.

Y es que Tabares hizo de las suyas, tal y como describió un fiscal delegado, que expuso al detalle cómo era que hacía la mujer para acceder a empleos en áreas financieras y contables, y desde allí obtenía información para realizar millonarias transferencias no autorizadas y retirar dinero en efectivo.

La investigación cuyos resultados se revelaron la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026, establece que los hechos ocurrieron entre el 19 de agosto de 2023 y el 17 de febrero de 2026.

Según el ente acusador, la procesada se postulaba para cargos vinculados con el manejo contable de empresas (con el cargo de auxiliar contable) y, aprovechando su aspecto que no generaba desconfianza entre sus compañeros de trabajo, se ganaba la confianza de sus empleadores y obtenía acceso a datos bancarios.

Una vez tenía acceso a esa información, Tabares obtenía las claves, tokens y contraseñas dinámicas para efectuar transferencias hacia cuentas que estaban bajo su control.

La Fiscalía le atribuye nueve casos asociados por el Grupo Contable del CTI

Expertos del Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali lograron asociar nueve hechos en los que estaría involucrada Tabares.

Además de las operaciones electrónicas, la Fiscalía señaló que la mujer también habría tomado dinero en efectivo procedente de actividades comerciales.

El organismo investigador indicó que la procesada registra 28 condenas por conductas similares.

La orden de captura fue ejecutada en Cali por servidores del CTI, con apoyo de la Policía Nacional.

“En desarrollo de dicha actividad y prevaliéndose del acceso a información financiera, medios de pago y cuentas bancarias de sus empleadores, se apoderó de sumas de dinero en efectivo provenientes de la actividad comercial de las empresas y adicionalmente efectuó múltiples transferencias electrónicas de recursos sin autorización ni consentimiento de sus titulares, desviando los fondos hacia cuentas bajo su control o disposición”, describió el fiscal delegado en medio de la audencia.

El funcionario relató además, cómo Tabares “en uno de los eventos investigados, utilizó sin autorización la tarjeta bancaria personal de uno de los empleadores para realizar retiros de dinero en efectivo, incorporando tales recursos a su patrimonio”, y que “causó un detrimento patrimonial a las sociedades y personas afectadas, obteniendo un provecho económico indebido, afectando de manera directa el patrimonio económico de las víctimas”.

Al menor descuido la mujer aprovechaba el factor de oportunidad

En otro de los fragmentos de la diligencia judicial se expuso cómo Tabares hacía de las suyas para quedarse con el dinero.

“Para la ejecución de estas conductas, la presunta responsable aprovechaba momentos de baja supervisión y no estaban empleados (...) permaneciendo sola en oficinas administrativas, áreas de caja o espacios donde se resguardaba la caja fuerte, dineros, tokens bancarios, claves de acceso o cheques de empresa, facilitando así la apropiación de los recursos”, sustentó el funcionario.

De esta forma, reseñó el fiscal, “una vez consumada la apropiación de dineros, (Tabares) abandonaba de manera repentina el lugar de sus labores sin previo aviso, cambiando o desactivando sus números de contacto, bloqueando a los empleadores en mensajería o evitando cualquier tipo de comunicación, lo que dificultaba su ubicación y posterior seguimiento a los hechos”.

Era tal el nivel de sofisticación de la mujer para no dejar huella que, en algunos casos, ella destruía “la documentación integrada ante el proceso de contratación, hojas de vida o soportes personales con el propósito de dificultar su identificación y rastreo”, concluyó el funcionario del ente investigador.

Un caso ocurrió en una plaza de mercado de Cali

Uno de los episodios investigados se remonta al 10 de diciembre de 2024. Para ese momento, Tabares trabajaba como secretaria recaudadora de una plaza de mercado y tenía bajo su responsabilidad las cuotas de administración que entregaban los comerciantes.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, la mujer habría guardado más de $38 millones en una bolsa. Después, habría introducido el dinero en su bolso personal y abandonó el lugar sin entregar los recursos que estaban bajo su custodia.

Ese hecho hace parte de la investigación por apropiaciones de dinero en efectivo, una modalidad distinta a las transferencias electrónicas que también detalló un fiscal de la Unidad de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali.

La procesada aceptó cuatro delitos y deberá permanecer recluida

La Fiscalía le imputó a Tabares los delitos de hurto agravado, hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático.

La procesada aceptó los cargos durante las audiencias preliminares, y esto llevó a que un juez de control de garantías ordenara medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.

Al final, desde el ente investigador se afirmó en el comunicado oficial que se continuará con las actuaciones para establecer el alcance total de las afectaciones económicas reportadas por las empresas.

La española Eva Ferrer amplia ante la Fiscalía General de la Nación sus denuncias contra Verónica Alcocer en una diligencia virtual desde el exterior, dentro de la indagación que surgió tras una entrevista donde cuestionó el entorno de la ex primera dama. Su defensa anunció la entrega de elementos materiales probatorios para respaldar sus afirmaciones.

El abogado penalista Johnny Batalla, integrante del equipo jurídico de Ferrer, afirmó a Semana que su representada asistiría a la citación programada para este miércoles 21 de octubre.

“En estos momentos estamos a la espera de que inicie la diligencia virtual. Tanto Eva Ferrer como su equipo de abogados están esperando que la diligencia empiece”, declaró.

El jurista afirmó que los documentos y demás soportes serán puestos a disposición del ente investigador bajo los protocolos correspondientes. “Vamos a entregar elementos materiales probatorios, respetando la cadena de custodia que determine la Fiscalía”, explicó.

La comparecencia hace parte de una investigación abierta después de las denuncias de Ferrer, quien en una reciente entrevista en Semana calificó como una presunta “mafia” al círculo cercano de Alcocer.

La exfuncionaria ha señalado supuestas irregularidades y posibles actividades ilícitas, acusaciones que deberán ser verificadas por las autoridades.

Entre sus versiones previas, Ferrer afirmó que una presunta red alrededor de la ex primera dama habría participado en delitos relacionados con drogas y armas. También mencionó supuestos viajes a Venezuela en los que, según su relato, se habrían trasladado estupefacientes a cambio de dinero. Esas afirmaciones no han sido establecidas judicialmente.

Ferrer ya había ratificado parte de sus señalamientos ante la Procuraduría General de la Nación. Su defensa indicó que prevé compartir el material con autoridades de Estados Unidos, con las que, según dijo, ya hubo contactos.

La Fiscalía General de la Nación deberá valorar los documentos, testimonios y demás datos que ingresen al expediente para determinar si existen elementos que permitan corroborar las acusaciones y definir eventuales actuaciones posteriores.

Esto fue lo que dijo Verónica Alcocer a las acusaciones de Eva Ferrer: “Jamás en mi vida”

Tras varios años sin conceder entrevistas, Verónica Alcocer negó las acusaciones de Eva Ferrer sobre presuntos traslados de drogas y dinero desde Venezuela. La ex primera dama respondió en una conversación con Noticias RCN a los señalamientos de quien fue asesora en el Gobierno de Gustavo Petro.

“Jamás en mi vida he tenido que ver con tráfico de drogas y dinero”, afirmó Alcocer. También rechazó haber regresado desde Venezuela con maletas que contenían USD 2,5 millones y sostuvo que nunca tuvo fondos en dólares en Colombia.

La ex primera dama indicó que viajó dos veces a Venezuela en 2023 dentro de comisiones oficiales y aseguró que esos desplazamientos figuran en registros públicos.

Alcocer negó financiar campañas o gestionar contratos

Alcocer admitió que conocía a Ferrer y a los ciudadanos españoles Manel Grau y Xavier Vendrell, aunque negó haber tenido negocios con ellos. “Yo nunca, jamás he autorizado ni a Manel ni a personas cercanas, ni a personas conocidas, ni desconocidas, a hablar en mi nombre”, afirmó.

La exesposa de Petro sostuvo que no tenía facultades para intervenir en nombramientos, contratos o decisiones administrativas. Añadió que, si alguna persona usó su nombre para realizar gestiones ante entidades estatales, deberá responder por sus actos.

También rechazó haber aportado recursos a la campaña de Mario Fernández Alcocer, su primo. “Yo nunca he financiado ni he ayudado a financiar, ni he conseguido financiación, ni para la campaña de Mario Fernández Alcocer, ni para ninguna otra campaña”, declaró.

Explicó de dónde procedían sus recursos

Ante las preguntas sobre su sostenimiento económico, Alcocer explicó que durante el mandato presidencial recibía dinero de Petro para cubrir gastos personales. “Mi esposo en ese momento, Gustavo, me pasaba una mesada para mis gastos personales”, dijo.

Sobre su situación actual, afirmó que vive del acuerdo de divorcio alcanzado con el expresidente. Además, defendió a Carolina Plata y Danilo Romero, personas mencionadas en versiones sobre su entorno financiero, y aseguró que la apoyaron por amistad durante momentos de dificultades económicas.

Alcocer también reivindicó las actividades sociales que realizó como primera dama, entre ellas visitas a hospitales y cárceles. “Para mí es una misión”, señaló. La exfuncionaria afirmó que acudirá a las autoridades con su defensa para esclarecer las denuncias.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un hombre señalado de enviar amenazas virtuales contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

El procedimiento se realizó en Pereira, Risaralda, tras una investigación por mensajes publicados el 18 de octubre de 2026 desde una cuenta anónima de Instagram.

El detenido será presentado ante un juez penal de control de garantías. Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos le imputará el delito de amenaza agravada, de acuerdo con el comunicado oficial difundido el 20 de octubre de 2026.

La entidad indicó que las labores investigativas permitieron identificar al presunto autor de una publicación realizada desde un perfil localizado en esa ciudad.

El mensaje, según la Fiscalía, “contenía señalamientos en contra de la vida e integridad de la esposa del presidente de la República y su familia”.

Según la información oficial, la cuenta desde la que se emitió el mensaje era anónima. Tras conocerse la publicación, la situación fue denunciada ante la Fiscalía, que asumió el caso a través de su dependencia especializada en delitos informáticos.

En un par de días se logró la captura, que fue resultado de una diligencia de registro y allanamiento ejecutada por la Policía Nacional en un inmueble de la capital risaraldense.

En el lugar, las autoridades incautaron un computador y un celular que, según el ente investigador, contienen elementos de interés para las verificaciones en curso.

El caso seguirá ante la justicia con la audiencia de imputación, en la que un juez definirá la situación procesal del capturado.

Ana Lucía Pineda respondió a ‘Matador’ y pidió sanciones por los ataques contra mujeres

El 18 de octubre de 2026, la primera dama de la Nación, en entrevista con Semana, afirmó que los ataques atribuidos al caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, no la intimidan ni la detienen. También pidió que las conductas de hostigamiento contra mujeres tengan consecuencias ante la justicia.

Pineda cuestionó en el diálogo que se utilice a mujeres como blanco de ataques para ganar visibilidad. “Siento lástima por una persona que tenga que utilizar a una mujer para ser vista, para ser escuchada, para hacerse visible”, declaró.

La esposa del presidente sostuvo que esas expresiones no corresponden a una caricatura. “Eso ni nombre tiene. Pero sí debe merecer un castigo”, afirmó.

Pineda señaló que el caso debe dejar un precedente y advirtió que la ausencia de sanciones puede facilitar la repetición de este tipo de conductas. Según dijo, las autoridades judiciales deben investigar y castigar los casos de matoneo y hostigamiento contra mujeres.

“Alzo la voz por mí y por todas las mujeres que en algún momento se han sentido atacadas”, expresó. Además, invitó a quienes enfrenten situaciones similares a no dejarse intimidar y a acudir a las instancias de denuncia.

“No podemos permitir que él ni nadie nos ataque”, agregó la primera dama, quien resaltó el papel de las mujeres en sus hogares, espacios de trabajo y comunidades.

Durante la entrevista, Pineda sostuvo que parte de los ataques que ha recibido responde a sectores opositores al Gobierno de su esposo. Afirmó que buscan utilizarla como un instrumento para cuestionar al presidente.

La primera dama defendió las actividades que, según señaló, ha realizado en zonas afectadas por el terremoto. Mencionó la entrega de kits escolares, mercados, elementos para la noche y carpas, además del acompañamiento a familias damnificadas en municipios apartados.

“Ninguna mentira va a poder opacar el trabajo que mi esposo y yo hemos venido haciendo de manera correcta por los colombianos”, aseguró. Pineda añadió que su propósito ha sido apoyar a comunidades que atraviesan situaciones difíciles.

El cabildante denunció la mañana del martes 20 de octubre que las descargas no solo habrían ocurrido durante el procedimiento policial en el barrio Caracolí (localidad de Ciudad Bolívar), en el límite entre el sur de Bogotá y Soacha (Cundinamarca), y también se habrían presentado dentro de la estación de Policía de Cazucá.

Avellaneda señaló que un patrullero de 27 años figura entre los principales investigados por el caso.

“¿Cómo es posible que un joven esposado, reducido y bajo custodia policial siga recibiendo descargas eléctricas dentro de una estación de Policía?”, cuestionó Avellaneda en un pronunciamiento divulgado la mañana del lunes 20 de octubre.

Balanta Paz, de 34 años, murió el 20 de septiembre después de permanecer detenido por uniformados que acudieron a Caracolí ante un reporte de discusión entre vecinos.

La Fiscalía General de la Nación informó el 19 de octubre sobre la captura de un mayor, un subintendente y dos patrulleros por su presunta participación en las agresiones y omisiones que habrían derivado en el fallecimiento.

La investigación apunta a que recibió tres descargas dentro de la estación de Cazucá

Según los detalles expuestos por Avellaneda, la investigación ha permitido establecer que Balanta Paz fue golpeado y sometido a varias descargas durante su captura.

Una vez trasladado a la estación de Cazucá, donde permanecía esposado y en una condición de indefensión, habría recibido otras tres descargas.

La Fiscalía ya había indicado que los elementos materiales probatorios permiten ubicar las agresiones durante la aprehensión y en las instalaciones policiales. Adémás, la entidad señaló que un subintendente y tres patrulleros habrían golpeado al ciudadano con puños y patadas en la cabeza y el abdomen, además de usar un dispositivo de descarga eléctrica.

El concejal cuestionó que la víctima, pese a estar bajo custodia de la Policía, no hubiera recibido asistencia inmediata cuando manifestó dificultades para respirar.

“La Policía tenía la obligación de proteger su vida, no de ponerla en mayor riesgo”, sostuvo Avellaneda, que agregó: “Donovan estaba bajo su custodia, pedía atención médica y, según la investigación, solo decidieron trasladarlo cuando perdió el conocimiento”.

Cuatro uniformados fueron detenidos y siete fueron suspendidos de forma temporal

Las órdenes de captura contra los cuatro policías fueron ejecutadas de manera simultánea en Soacha y Barbosa, Santander, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijin de la Policía Nacional.

La Fiscalía indicó que adelanta el caso con enfoque diferencial por la condición étnico-racial de Balanta Paz. La entidad busca determinar la responsabilidad de cada uniformado frente a las lesiones reportadas y a la posible omisión de asistencia médica, a pesar de los gritos de auxilio que habría emitido la víctima.

Días después de la muerte, el 23 de septiembre, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que siete uniformados fueron apartados temporalmente de sus cargos mientras avanzaban las investigaciones disciplinarias y judiciales.

La institución señaló entonces que las actuaciones de sus integrantes deben ajustarse a la Constitución, la ley y los estándares de derechos humanos, con respeto por los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza.

La familia sostiene que el joven fue confundido durante el procedimiento

La familia de Balanta Paz ha sostenido que el joven regresaba a su casa después de estar con su pareja y que los policías lo habrían vinculado de forma equivocada con las personas involucradas en el hecho que motivó la llegada de los agentes.

Marleny Paz, madre de la víctima, aseguró que su hijo lanzó una botella y que, después de eso, varios uniformados fueron tras él. Esa versión deberá ser contrastada con los registros audiovisuales, informes de los policías, testimonios y demás pruebas del expediente.

Los familiares han afirmado que Donovan fue alcanzado por los agentes, reducido y golpeado. También han denunciado que recibió descargas eléctricas cuando ya estaba esposado.

Avellaneda insistió en que el caso exige establecer responsabilidades por las agresiones y por el tiempo que habría transcurrido antes del traslado hospitalario. “Ninguna persona pierde sus derechos por estar detenida”, afirmó el concejal.

La discusión que antecedió al procedimiento policial en Caracolí

Los hechos comenzaron hacia las 2:15 p. m. del 20 de septiembre, cuando Elisair Guerrero, José Luis Guerrero, Ana Ruth Tovar Paz y Julieth Balanta permanecían frente a una vivienda del barrio Caracolí, en el sur de Bogotá.

Una discusión con una vecina llamó la atención de una patrulla de la Estación de Policía de Cazucá, integrada por dos uniformados que recorrían el sector.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, y que reveló El Espectador, uno de los policías habría dirigido comentarios racistas a las personas presentes. Elisair Guerrero le reclamó por esas expresiones y sus familiares lo llevaron al interior de la vivienda para evitar que la situación escalara.

El expediente recoge una amenaza que el uniformado presuntamente lanzó en ese momento: “Le voy a pegar dos tiros. Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”.

Unos 10 minutos después arribaron más patrullas, luego de que el mismo agente solicitara apoyo por una supuesta riña.

La tensión aumentó cuando los uniformados movieron la motocicleta de José Luis Guerrero. Al consultarles por qué intervenían el vehículo, los policías le exigieron los documentos y varios agentes lo rodearon.

Según la información recopilada por el mismo medio, un patrullero le habría aplicado tres descargas con un dispositivo tipo táser en la espalda. José Luis Guerrero cayó al suelo y fue detenido.

En medio del operativo apareció Donovan Balanta, amigo de José Luis y hermano de Ana Ruth y Julieth. Las versiones indican que habría lanzado un objeto contra los uniformados antes de salir corriendo. Los policías lo siguieron hasta interceptarlo en una calle inclinada del sector.

Los testimonios y videos incorporados al caso señalan que Balanta recibió golpes, patadas y descargas eléctricas cuando ya estaba esposado y reducido. Después, fue trasladado en un vehículo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) a la Estación de Policía de Cazucá.

“Como colectivo Justicia Racial, exigimos justicia pronta, oportuna, sin dilaciones. No vamos a permitir que este caso quede impune”, destacó en un video que compartió el mismo lunes 19 de octubre desde su cuenta de X el abogado defensor de la familia de Balanta Paz, Alí Bantú Ashanti.

El jurista agregó que “los demás policías que participaron en este acto no están exento de que pronto también se emitan órdenes de captura y un quinto policía también será capturado próximamente”.

La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente los delitos de acto sexual violento y acoso sexual al periodista y presentador deportivo Ricardo Orrego Arboleda, durante una audiencia de carácter reservado adelantada por un fiscal adscrito al Grupo de Tareas Especiales del ente investigador.

Durante la diligencia judicial, el comunicador no aceptó los cargos formulados por las autoridades y se declaró inocente de las conductas atribuidas por el organismo acusador.

El expediente de la Fiscalía identifica a cinco mujeres como presuntas víctimas de violencia basada en género cometida en el entorno laboral de los medios de comunicación. Las afectadas corresponden a tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria.

De acuerdo con el informe oficial del ente de control penal, las conductas materia de juzgamiento se habrían registrado de manera continua a lo largo de un periodo de doce años, comprendido entre julio de 2012 y junio de 2024.

“El comunicador en algunas ocasiones, al parecer, realizó contactos físicos sin consentimiento de las afectadas y les envió mensajes de carácter sexual a través de redes sociales”, informó la Fiscalía en su cuenta de X.

El uso de la posición laboral y la tipificación penal

El organismo de investigación señaló que el procesado se habría aprovechado de su trayectoria profesional y de su jerarquía dentro de la organización de medios para abordar a las trabajadoras y estudiantes.

“De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el entonces presentador deportivo, al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas y, en diferentes ocasiones, mantener contacto físico sin consentimiento, así como enviarles mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”, detalló la entidad en su reporte público.

Ante la pluralidad de episodios documentados en el proceso penal, la representación del ente acusador formuló cargos específicos agrupados en distintas modalidades delictivas: “En ese sentido, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación imputó a Orrego Arboleda los delitos de acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo”.

Así se destapó esta ‘olla podrida’ que también salpicó al periodista Jorge Alfredo Vargas

El proceso contra Ricardo Orrego forma parte de un expediente judicial que se destapó en marzo de 2026, cuando comenzaron a difundirse denuncias en redes sociales por parte de excolaboradoras de medios de comunicación como Caracol Televisión y RCN, quienes señalaron patrones de hostigamiento laboral, contacto físico no deseado y solicitudes impropias a cambio de estabilidad laboral.

La acumulación de testimonios de periodistas en ejercicio generó un movimiento de denuncias sobre las relaciones de poder en las salas de redacción, escenario que condujo a que Caracol Televisión iniciara indagaciones internas y decidiera finalizar de manera unilateral los contratos laborales de Ricardo Orrego, subdirector de Deportes, y de Jorge Alfredo Vargas, presentador del noticiero central y director radial de Blu Radio.

En su momento, Jorge Alfredo Vargas emitió un mensaje de respuesta argumentando que sus tratos personales solían ser de carácter afectivo y cercano, pronunciamiento que derivó en cuestionamientos por parte de la opinión pública antes de que la Fiscalía formalizara en julio de 2026 la imputación de cargos en su contra por el delito de acoso sexual frente a cuatro víctimas.

A medida que se conocieron los testimonios, surgió el movimiento “Yo te creo, colega”, impulsado por periodistas como Mónica Rodríguez, Juanita Gómez, Catalina Botero y Laura Palomino, entre otras. La iniciativa comenzó a recopilar evidencias y a acompañar a las presuntas víctimas en sus procesos legales, además de brindarles apoyo para hacer públicos sus casos y visibilizar sus denuncias.

La Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo definitivo de la investigación penal que el ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett había promovido en contra de Enrique Vargas Lleras —hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras—, en su condición de presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, y otros directivos de la institución.

La resolución judicial fue adoptada por la Fiscalía 381 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, despacho que determinó la inexistencia de las conductas punibles de destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento privado atribuidas a los integrantes de la corporación.

El trámite penal comenzó a partir de la acción interpuesta por Montealegre Lynett en representación de su cónyuge, Tania Marcela Malely Hernández Guzmán, quien ejerció como exvicepresidenta jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En el escrito acusatorio, la parte denunciante señalaba la ocurrencia de supuestas anomalías cometidas durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de la junta directiva celebrada el 30 de enero de 2025. No obstante, las verificaciones adelantadas por el ente acusador permitieron constatar que la documentación de la sesión no fue alterada, extraviada ni oculta por los directivos de la entidad mercantil.

El despacho judicial confirmó que el texto íntegro del acta se encuentra custodiado en el libro oficial de la Secretaría General y dispone de acceso público mediante las anotaciones del registro mercantil.

Las resoluciones de la Superintendencia de Sociedades y el sustento del archivo

Para fundamentar el cierre definitivo del caso, la Fiscalía tuvo en cuenta las decisiones previas emitidas por la Superintendencia de Sociedades en sede administrativa. El organismo de inspección, vigilancia y control desestimó las quejas en primera y segunda instancia —esta última ratificada el 24 de mayo de 2026— tras concluir que las actuaciones de la junta directiva se ajustaron a los estatutos de gobierno corporativo y a la normatividad vigente.

El dictamen formal del ente investigador concluyó que la parte acusadora no presentó elementos materiales probatorios ni evidencia física apta para sustentar la existencia de delitos, configurándose la atipicidad de los hechos denunciados.

La providencia judicial restableció la idoneidad legal y el nombre de los directivos vinculados al proceso: Enrique Vargas Lleras, Alberto Preciado Arbeláez, Guillermo Botero Nieto y Gustavo Andrés Piedrahita Forero.

Las declaraciones de Enrique Vargas Lleras en redes sociales

Tras ser notificado de la decisión que puso fin al proceso penal, el dirigente empresarial y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras se pronunció a través de una serie de publicaciones en su cuenta de la red social X para analizar el fallo a su favor.

“La estrategia de fabricar montajes en mi contra fracasó una vez más: no le funcionó a Petro ni a su amigo el exfiscal Montealegre. La justicia me dio la razón y archivó definitivamente la falsa denuncia que Eduardo Montealegre, como apoderado de su esposa Tania Hernández, interpuso contra mí y directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá”, afirmó el directivo en su primer mensaje de un hilo de tres partes.

En un segundo mensaje difundido en sus canales digitales, Vargas Lleras subrayó el alcance del dictamen emitido por la Fiscalía Seccional sobre las actuaciones del equipo directivo.

“El ente investigador determinó con total claridad que los denunciados jamás cometimos los delitos de destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado, prevaricato por omisión, ni falsedad ideológica. Se demostró que todas nuestras actuaciones fueron transparentes y conforme a la ley”, sostuvo el profesional del derecho.

Como último post, el presidente de la Junta Directiva concluyó su pronunciamiento haciendo referencia a la falta de soporte probatorio presentado por los denunciantes durante el curso del proceso.

“La Fiscalía confirmó que los denunciantes no aportaron una sola prueba ni evidencia física real. Ante la absoluta ausencia de motivos, se ordenó el archivo definitivo. Desenmascaramos otra maniobra de engaños que solo buscaba dañar mi buen nombre”, puntualizó Vargas Lleras.

La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud para imputar a Zulma Guzmán los delitos de homicidio y tentativa de homicidio por el caso del envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá.

El anuncio fue dado por Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, quien informó que la solicitud de audiencia fue presentada por los dos delitos mencionados y que se pidió programarla con anticipación para coordinar la participación de la oficina de asuntos internacionales.

“Hoy solicitamos la solicitud de imputación por homicidio en concurso homogéneo, en concurso con tentativa de homicidio agravado, por tratarse el motivo abyecto, por sevicia y por ser menor de trece años”, declaró la delegada en una rueda de prensa.

El ente investigador pidió que la audiencia se realice de forma virtual, debido a que Guzmán permanece en Reino Unido mientras avanza el proceso de extradición hacia Colombia.

“Solicitamos al juez que nos notificara (la audiencia) con el tiempo suficiente para coordinar a través de la Oficina de Asuntos Internacionales que la audiencia sería virtual y que la señora Zulma se pueda conectar desde el Reino Unido con nosotros en esa audiencia”, declaró.

Según el sistema judicial de Colombia, la acumulación de penas para este tipo de concursos delictivos tiene un límite estricto, fijando el tope máximo de reclusión en los 60 años de cárcel, respectivamente.

Investigación contra Zulma Guzmán

De acuerdo con el expediente del ente acusatorio, Zulma Guzmán es acusada por presuntamente gestionar el envío de frambuesas contaminadas con talio a una vivienda de Bogotá.

Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2025 cuando dos niñas de 13 y 14 años consumieron frutas bañadas en chocolate durante una reunión de adolescentes en Bogotá.

Ambas murieron tras ser trasladadas a la Fundación Santa Fe por síntomas de intoxicación; el episodio también afectó a otro menor y a un adulto, pero que sobrevivieron.

La investigación estableció que la causa de los fallecimientos fue una intoxicación aguda por talio. La Fiscalía sostuvo que la sustancia fue incorporada intencionalmente a los alimentos por sus características: es altamente tóxica, poco volátil, incolora e inodora.

Las primeras versiones señalaban que el alimento fue enviado mediante una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un regalo; no obstante, la Fiscalía señaló que esa descripción era falsa.

Un día antes de los hechos, un repartidor que presuntamente había sido contratado por Guzmán entregó frambuesas a la casa de la familia De Bedout. El obsequio habría sido destinado a los asistentes a la reunión y contenía el metal tóxico.

La Fiscalía atribuye a Guzmán la responsabilidad por el envío de los alimentos contaminados. La solicitud judicial incluye la imputación por la muerte de las dos adolescentes y por las intoxicaciones de las otras personas que consumieron el producto.

Los investigadores reconstruyeron el recorrido del envío mediante registros de plataformas digitales. También encontraron rastros de talio en un casillero vinculado a Guzmán en el Club El Nogal, en el norte de la ciudad.

Zulma Guzmán salió de Colombia después de la muerte de las menores y estuvo en Argentina, Brasil y Reino Unido. Tras ocho meses de investigación, la Fiscalía la señaló el 5 de diciembre de 2025 como presunta responsable de contaminar las frambuesas.

La mujer fue localizada el 17 de diciembre de 2025 en el río Támesis de Londres y detenida mediante una circular roja de Interpol. Permanece privada de la libertad en la prisión HMP Bronzefield mientras se resuelve su extradición a Colombia, un trámite que comenzó en enero de 2026 tras su presentación ante el Tribunal de Westminste, según el diario local The Sun.

La investigación también analiza si la empresaria está relacionada con otro caso de envenenamiento con talio que involucró a una familiar. En su momento, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, afirmó que los investigadores hallaron pruebas científicas sobre un método similar y advirtió que podrían estar ante un caso de asesinato serial.

“Tenemos evidencia cierta de otro caso que ocurrió aproximadamente hace un año y que involucra a una familiar de la señora Zulma. Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que muestra un episodio de envenenamiento con unas características muy similares, lo cual nos hace pensar en que podemos estar ante un episodio de asesinato serial”, dijo a la prensa nacional.

La exconsejera presidencial para la Reconciliación Eva Ferrer declarará ante la Fiscalía General de la Nación sobre los audios en los que calificó de “mafia” al círculo de Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia. Además, su equipo jurídico contactó a autoridades de Estados Unidos para entregarles las pruebas que presente ante los organismos colombianos, según informó Semana.

La diligencia ante la Fiscalía está prevista para la próxima semana, de acuerdo con el medio. La actuación se produce después de que Ferrer compareciera ante la Procuraduría General de la Nación el jueves 15 de octubre, durante una sesión confidencial de más de cuatro horas en la que, según la revista, no se retractó de sus acusaciones.

Eva Ferrer entregará pruebas

Ferrer reiteró ante la Procuraduría los señalamientos que había expuesto en una entrevista con Vicky Dávila y manifestó que entregará documentos y otros elementos para respaldar sus afirmaciones.

La diligencia se interrumpió por la hora en el extranjero y está previsto que se reanude la próxima semana. Entretanto, el equipo jurídico de la exconsejera sostuvo conversaciones con la fiscal del caso para establecer una metodología de investigación que permita examinar sus declaraciones.

La próxima comparecencia ante la Fiscalía estará centrada en los audios divulgados, en los que Ferrer se refiere al entorno de Alcocer como una “mafia”.

El medio también informó que los abogados de la exfuncionaria mantienen contacto con autoridades estadounidenses. La estrategia consiste en remitir a funcionarios internacionales las mismas pruebas que se entreguen a las autoridades colombianas.

Hasta el momento, la información publicada no precisa qué documentos serán aportados ni qué actuaciones se adelantan en Estados Unidos en relación con estas denuncias.

Los señalamientos de Ferrer contra el entorno de Verónica Alcocer

En sus declaraciones, Ferrer señaló a Alcocer como supuesta líder de un grupo del que, según su versión, harían parte personas de su círculo personal y político.

Entre los mencionados por la exconsejera figuran ciudadanos catalanes e italianos, Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama; el senador Agmeth Escaf y Carolina Plata, amiga personal de Alcocer.

Estas afirmaciones corresponden a las acusaciones formuladas por Ferrer y no constituyen, por sí mismas, hechos probados judicialmente.

Otro de los señalamientos está relacionado con un supuesto traslado de dinero desde Venezuela. Según la versión de Ferrer, Alcocer habría regresado de un viaje a ese país en enero de 2023 con cerca de 2,5 millones de dólares en efectivo, presuntamente destinados a financiar campañas políticas del entorno gubernamental.

La ex primera dama rechazó esa afirmación y negó haber transportado esa cantidad de dinero.

Verónica Alcocer respondió a las acusaciones de Eva Ferrer

En una entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, Alcocer desmintió los señalamientos de su antigua colaboradora y aseguró que su relación fue de carácter profesional.

“Eva Ferrer no era una persona de confianza mía. Era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común. La relación de Eva y mía era profesional”, afirmó, según el noticiero.

Alcocer explicó que recibió a Ferrer en su vivienda para trabajar en un proyecto de empoderamiento femenino. Sin embargo, sostuvo que la exconsejera comenzó a participar voluntariamente en reuniones políticas celebradas en su residencia durante la campaña electoral.

Sobre el supuesto traslado de dinero desde Venezuela, negó haber tenido los 2,5 millones de dólares mencionados por Ferrer y aseguró que durante ese viaje no llevó maletas, sino únicamente su cartera de mano.

También se refirió a las afirmaciones sobre presuntas gestiones para conseguir nombramientos o contratos en entidades públicas como Ecopetrol, ProColombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Alcocer negó haber intervenido en la designación de funcionarios o haber autorizado a otras personas para solicitar puestos y contratos en su nombre. Según explicó en la entrevista con el medio, las decisiones de contratación y desvinculación correspondían al presidente de la República.

La ex primera dama agregó que los señalamientos sobre sus viajes y las presuntas gestiones de terceros pueden contrastarse con registros oficiales, agendas e itinerarios de la fuerza pública.

El Poder Judicial revisará el jueves 12 de noviembre la situación judicial de Víctor Polay Campos, exdirigente del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), para determinar si continúa bajo prisión preventiva por el caso ‘Las Gardenias’. La diligencia está prevista para las 9:00 a. m. y se desarrollará de manera virtual.

La evaluación estará a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que examinará si todavía existen razones para mantener la medida impuesta el 5 de diciembre de 2025. Según informó RPP Noticias, el juzgado convocó a las partes procesales para escuchar sus posiciones antes de resolver sobre la continuidad de esta restricción.

El proceso penal se relaciona con el ataque ocurrido en mayo de 1989 en el bar ‘Las Gardenias’, en Tarapoto, región San Martín, donde se encontraban personas de la comunidad LGBTI. Por estos hechos y otros presuntos homicidios registrados hasta 1992, la Fiscalía solicita cadena perpetua para Polay y otros exdirigentes del MRTA.

PJ evaluará si Víctor Polay continúa bajo prisión preventiva por el caso Las Gardenias

La próxima audiencia permitirá al juzgado analizar si las circunstancias que llevaron a dictar la prisión preventiva contra Víctor Polay siguen justificando su aplicación. La medida se dictó en diciembre de 2025, en el marco de la investigación por los hechos atribuidos a integrantes del MRTA en el caso ‘Las Gardenias’.

La sesión fue fijada para las 9:00 a. m. y se realizará por videoconferencia. Durante la diligencia, los representantes de las partes involucradas podrán exponer sus argumentos, que serán considerados por el órgano jurisdiccional al momento de tomar una decisión.

Para garantizar la participación de Polay, el juzgado dispuso coordinar con la Dirección del Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao su traslado a la sala de audiencias del recinto militar. Desde allí podrá intervenir en la sesión virtual, de acuerdo con las disposiciones judiciales comunicadas sobre el caso.

Los criterios que determinarán la continuidad de la medida contra Polay

La evaluación periódica de esta medida responde a las disposiciones legales que regulan su duración durante un proceso penal. El juzgado tomó como referencia la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional y el artículo 3 del Decreto Legislativo 1585, promulgado el 22 de noviembre de 2023.

Este marco contempla que los jueces examinen cada seis meses si se mantienen las condiciones que sustentaron la imposición de la prisión preventiva. La revisión permite determinar si corresponde conservar la medida durante el desarrollo del proceso o si existen razones para modificar la decisión inicial.

Por tanto, la audiencia de noviembre no determinará por sí misma la responsabilidad penal de Polay ni anticipará el resultado del juicio oral. El análisis estará centrado en la vigencia de la medida cautelar, a partir de las condiciones del caso y de los argumentos que presenten las partes.

Fiscalía solicita cadena perpetua por el caso Las Gardenias

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima pidió cadena perpetua para Víctor Polay y otros exdirigentes del MRTA por el ataque perpetrado en mayo de 1989 contra personas de la comunidad LGBTI que se encontraban en el bar ‘Las Gardenias’, en la ciudad de Tarapoto.

El requerimiento fiscal también incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el periodo que determine la sentencia. La acusación comprende, además, otros presuntos homicidios cometidos hasta 1992, por los cuales los investigados afrontan el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con la información publicada por RPP Noticias, Polay se encuentra actualmente en juicio oral ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional. En ese contexto, la revisión de noviembre constituye una etapa procesal específica, distinta del pronunciamiento que deberá emitir la justicia sobre los cargos formulados por el Ministerio Público.

La Fiscalía anunció que acusó a los hermanos Víctor Quispe Palomino, alias “José”, y Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”, y solicitó la pena de cadena perpetua para ambos por liderar la organización Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entre los años 2002 y 2018. La solicitud también alcanza a otros integrantes de la organización Tarcela Loya, alias “Olga”; Teodoro Benites, alias “Dino”, y Eleachin Huamán, alias “Julio Pucañahui”, quienes integran el Comité Central.

Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio Público, el expediente fiscal tiene más de 2.000 páginas, reúne 74 expedientes y documenta 124 hechos delictivos atribuidos a Sendero Luminoso, según la Fiscalía.

Entre los casos figuran una emboscada contra la patrulla de Comandos n.º 19 del Ejército y la Marina, en 2003, que dejó siete fallecidos; el ataque contra la base de la DINOES en Ayacucho, en 2009, con cinco muertos, incluidos dos civiles; el secuestro de 39 trabajadores en el Vraem, en 2012, y el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú, que causó la muerte de la mayor Nancy Flores Paucar.

Los hermanos Quispe Palomino habían pertenecido a Sendero Luminoso antes de formar el MPCP a comienzos de los años 2000. La acusación comprende participación individual, autoría mediata y dirección de ataques contra bases militares, integrantes de las Fuerzas Armadas, agentes de la Policía Nacional del Perú y comunidades nativas de Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.

En el caso de Alexander Alarcón, alias “Renan”; Joel Chirote, alias “Roberto”, y Franklin Tello, alias “Lucio”, el Ministerio Público solicitó penas de entre 25 y 30 años de prisión por terrorismo agravado, además de S/ 38,5 millones de reparación civil a favor del Estado.

Jorge Quispe Palomino fue declarado muerto

El pedido de la Fiscalía se produce a pesar de que en marzo del año 2021, las propias Fuerzas Armadas confirmaron la muerte de Jorge Quispe Palomino, alias ‘Camarada Raúl.

Mediante un comunicado emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se indicó que el 29 de octubre del 2020 se realizó un operativo en el área territorial del VRAEM en la que se produjo un enfrentamiento entre miembros terroristas y las Fuerzas Armadas, que contó con apoyo de helicópteros y refuerzos aerotácticos.

El documento también informó que Jorge Quispe Palomino había sido herido en el enfrentamiento por parte del fuero aerotáctico y que una enfermedad crónica renal agravó su salud, lo que causó su fallecimiento.

“Producto del trabajo desplegado en la zona del VRAEM, el trabajo de inteligencia ha confirmado que el 27 de enero de 2021 el Camarada “Raúl” murió, como consecuencia de la afección renal crónica agravada por las heridas del ataque del 29 de octubre al campamento donde se encontraba”, se indica en el comunicado.

En 2023 la Fiscalía solicitó la captura de ambos hermanos, nuevamente a pesar de que uno ya había sido confirmado como fallecido.

La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de extorsión agravada por amenazar a 20 transportadores y obligarlos a pagar cuotas semanales de entre $22.000 y $50.000 pesos por vehículo a cambio de permitirles trabajar. Los tres procesados rechazaron los cargos.

La organización delictiva operó durante al menos dos meses en el paradero de una ruta de servicio público que conecta distintos barrios del municipio.

La Fiscalía identificó a los tres presuntos responsables: Yisseth Daniela De Diego Zarate y dos menores cuya identidad no se divulga por ser inimputables.

El esquema funcionaba con una metodología precisa: los conductores eran abordados físicamente en el paradero para obtener los números de teléfono de otros colegas que circulaban por el mismo trayecto. Luego recibían llamadas en las que personas que se identificaban como integrantes de un grupo delincuencial les comunicaban el monto a pagar.

Durante la audiencia, el fiscal del caso dijo: “El 28 de septiembre del año 2026, en el paradero de transporte público del barrio Rincón del Lago y municipio de Soacha, usted, Gise Daniela de Diego Zárate, junto con la adolescente de 16 años de edad, actuando de manera coordinada, abordaron al conductor informal quien prestaba servicio de transporte en dicho sector. Allí le exigieron el pago de una suma de dinero a cambio de permitirle continuar desarrollando su actividad laboral. Para respaldar dicha exigencia, le manifestaron pertenecer a una organización criminal y le facilitaron un teléfono celular mediante el cual se comunicó con un hombre que se identificó como el jefe de la organización, quien le exigió el suministro del número del jefe de ruta y posteriormente impuso el pago de cincuenta mil pesos por cada vehículo que operara en el sector, advirtiendo que quienes no efectuaran el pago no podrían trabajar y que sus vidas correrían peligro. En horas de la noche, ustedes regresaron al lugar acompañadas de un hombre que se movilizaba en motocicleta y reiteraron la exigencia económica, señalando que el dinero debía ser entregado a más tardar el dos de octubre del año 2026 y que a partir de esa fecha todos los conductores debían cancelar semanalmente la cuota impuesta bajo las mismas amenazas de impedirles trabajar y atentar contra su integridad”.

La Policía Nacional capturó a De Diego Zarate y aprehendió a los dos adolescentes en el momento exacto en que recibían $300.000 pesos. Según los elementos materiales probatorios reunidos por la Fiscalía, uno de los menores cumplía una función de control operativo: vigilar a los transportadores y supervisar la entrega del dinero.

El fiscal también indicó que: “El 5 de octubre del 2026, el conductor integrante de la ruta informal que cubre el recorrido Rincón del Lago a Sierra Morena recibió una llamada de un hombre que le exigió el pago de 22.000 mil pesos por cada uno de los 16 vehículos adscritos a la ruta, para un total de trescientos cincuenta y dos mil pesos, suma que debía ser entregada esa misma noche. El interlocutor le manifestó que de no cancelar dicha cuota, los conductores no recibirían la supuesta protección ofrecida y, por el contrario, no se les permitiría continuar trabajando. Los conductores reunieron la suma exigida y se la entregaron a despachadores de la ruta informal. Ese mismo día, usted se comunicó en varias oportunidades ordenándole trasladarse al paradero de Sierra Morena. Durante ese tiempo, observó una motocicleta ocupada por dos personas, entre ellas una menor de 16 años, quien bajaba como parrillero y sin casco. Momentos después, usted y Giselle, junto con la adolescente, descendieron de un vehículo de transporte público, se aproximaron a la víctima y recibieron de ella la suma de dinero correspondiente a la exigencia económica previamente impuesta”.

Como resultado de las medidas de aseguramiento, Diego Zarate quedó recluido en centro carcelario. Los dos adolescentes deberán permanecer en internamiento preventivo, figura aplicable a menores de edad en el sistema de responsabilidad penal juvenil colombiano.

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación preliminar por la incautación de $487.421.000 en efectivo que involucraba al alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, a quien era su esposa en 2015, Milene Jarava Díaz, y a Uriel de Jesús Botero Zuluaga y Yesith Rafael Prens Martínez.

La decisión se sustentó, conforme a la información suministrada por el ente de control sobre el expediente, en que no surgieron elementos para establecer la existencia de un delito.

De hecho, la Fiscalía aplicó el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 y ordenó devolver los recursos que habían sido incautados.

El caso se remonta al 23 de octubre de 2015, cuando las autoridades detuvieron una camioneta en la vía entre Sincelejo y Calamar, en la que se movilizaba Acuña Cardales. Durante el procedimiento hallaron el dinero en efectivo, cuya procedencia fue objeto de una indagación preliminar.

El ente de control informó que durante la actuación se presentaron soportes para explicar el origen lícito de los recursos. Entre ellos figuraban documentos vinculados con la venta de un apartamento en el edificio Verona, en Sincelejo, y con la negociación de un predio rural identificado como Villa Ángela o Las Sofías.

Las operaciones contaban con escrituras públicas y registros tramitados ante notarías de Sincelejo y Corozal y los recursos, además, habrían tenido como destino pagos pendientes de logística de la campaña de Acuña a la Gobernación de Sucre en 2015.

El expediente incluyó análisis grafológicos, verificaciones financieras, inspecciones en archivos notariales y estudios patrimoniales realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de acuerdo con el comunicado de la institución.

Los resultados de esas diligencias no permitieron identificar irregularidades que relacionaran el efectivo con actividades ilegales, según la decisión fiscal. La entidad concluyó que las conductas examinadas eran atípicas desde el punto de vista penal.

Con el archivo de la indagación, la actuación preliminar queda cerrada respecto de los hechos relacionados con la incautación de $487.421.000 ocurrida en octubre de 2015. La medida también dispone la devolución del dinero.

El presidente Abelardo de la Espriella, en una visita al departamento de Sucre, afirmó que su Gobierno reforzará los controles sobre los recursos públicos y mencionó al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. El mandatario aseguró que las inversiones para Sucre continuarán, aunque descartó entregar recursos sin mecanismos de supervisión.

“En Sucre se lo dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mirándolo a los ojos. Mi deber es proteger los recursos de la Nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria”, expresó De La Espriella.

Los expedientes de Yahir Acuña que pasaron a manos de la Fiscalía

El 15 de octubre de 2026, se conoció que el vicefiscal Gilberto Guerrero ordenó que cuatro investigaciones contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, pasen a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía en Bogotá.

La medida quedó consignada en una resolución del 13 de octubre, firmada por Guerrero en ejercicio de funciones de fiscal general. Los expedientes estaban asignados a la Seccional Sucre y ahora están concentrados en despachos de la capital especializados en delitos contra la administración pública.

La Fiscalía consideró que la naturaleza de los hechos denunciados, la posible afectación de recursos públicos y la cuantía de algunos contratos justificaban la intervención de una dependencia con capacidades técnicas y operativas específicas.

Uno de los procesos está relacionado con un presunto prevaricato por omisión por el trámite de vigencias futuras que, según la denuncia, no habría cumplido con todos los requisitos legales.

Una segunda investigación indaga un posible prevaricato por acción vinculado con la presentación del presupuesto de Sincelejo para 2025. El tercer expediente también se refiere a un eventual contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en este caso por actuaciones dirigidas a obtener la aprobación de vigencias futuras.

La cuarta indagación corresponde a un supuesto interés indebido en la celebración de contratos, por la intervención que se le atribuye a Acuña en un convenio de cooperación por $ 5600 millones.

Según informó El Tiempo, la decisión de trasladar los casos a Bogotá tuvo en cuenta que algunos de los hechos bajo revisión estarían relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El alcalde de Sincelejo ha rechazado los señalamientos en su contra y ha pedido que se respete la presunción de inocencia. En una reacción difundida en redes sociales, afirmó que pretenden convertirlo en un “falso positivo”.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias Lobo o “El Manuel”, señalado cabecilla de una estructura del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

El procesado es investigado por su presunta participación en homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos y ataques contra la fuerza pública en el norte de Antioquia.

De acuerdo con el comunicado divulgado por el ente acusador la mañana del sábado 17 de octubre de 2026, Zuleta Pulgarín fue capturado en la vereda La Paulina, en Valdivia, durante una operación conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

En el mismo procedimiento fue detenida Alexandra García Legarda, alias Samanta, a quien la Fiscalía atribuye labores de seguridad, enfermería y comunicaciones dentro de la estructura ilegal.

La Fiscalía lo vincula con el homicidio de una mujer en San Andrés de Cuerquia

Uno de los hechos que se le atribuyen a alias Lobo ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio El Recreo de San Andrés de Cuerquia.

De acuerdo con lo que indagaron los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asignados al caso, el señalado cabecilla ingresó armado a un establecimiento comercial junto con otra persona y disparó contra una mujer identificada como Dora Ángela Muñoz Betancourt, que murió a causa de las heridas.

La Fiscalía sostiene que el hombre se incorporó al grupo armado ilegal en 2022 y que, con posterioridad, asumió el control de un componente armado, que a la postre quedó en manos de “Calarcá”. Dentro de esa función, habría articulado diversas acciones delictivas en zonas del norte antioqueño.

“Tiene entonces información que Wilmer se concertó desde el año 2022, con ‘Guillermino’, con ‘Richard’, después con ‘Primo Gay’ y con otros integrantes del Gaor (Grupo armado organizado residual) 36 realizar conductas delictivas indeterminadas, entre ellas homicidios y extorsión”, detalló la fiscal delegada del caso.

La funcionaria mencionó además que el hoy detenido “se encargaba también de la colocación de artefactos explosivos y después de que ‘Guillermino’ es sacado de la zona, entonces queda bajo el mando de Alex Richard, con quien participó en varios homicidios en el municipio de San Andrés de Cuerquia”.

Los procesados enfrentarán cargos por homicidio, armas y concierto para delinquir

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos, de acuerdo con la responsabilidad individual que les atribuye, varios delitos.

Entre las conductas incluidas están concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso personal y utilización ilegal de uniformes e insignias.

También deberán responder por tráfico, fabricación o porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Respecto de García Legarda, el ente investigador mencionó que la imputación se realizó bajo el criterio de responsabilidad individual, por lo que los cargos y la participación que se les endilga pueden variar entre ambos procesados.

Los dos procesados no aceptaron los cargos imputados y un juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

“Este peligroso cabecilla sostenía una violenta campaña de terror en el norte antioqueño, con un prontuario macabro de extorsiones a comerciantes y ganaderos, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, secuestros y atentados con explosivos contra la Fuerza Pública. En la Patria Milagro la ofensiva no tiene tregua, vamos por todos aquellos que delinquen”, destacó el Ministerio de Defensa luego de confirmarse su captura, por medio de una publicación en X el 5 de octubre de 2026.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, precisó por medio de la misma red social luego de la aprehensión del cabecilla guerrillero: “Alias Lobo era el tercero al mando de esta estructura criminal que tanto daño ha causado en el norte de Antioquia. Es señalado de estar detrás de homicidios, cobro de vacunas, secuestros, ataques contra la Fuerza Pública y desplazamientos masivos en Briceño”.

Al final, el mandatario regional mencionó que el hoy detenido “hacía parte del anillo de seguridad y era hombre de confianza de alias Primo Gay, quien hoy delinque para el Clan del Golfo, y de alias Chalá, capturado por el homicidio del periodista Mateo Pérez”.

La situación judicial del futbolista costarricense Carlos Barahona Jiménez, defensor del Club Sport Cartaginés y jugador con experiencia en la Selección Nacional de Costa Rica, se complicó después de que la Fiscalía Adjunta de Heredia anunciara que solicitará prisión preventiva en su contra por su presunta vinculación con una estructura dedicada a otorgar préstamos informales y realizar cobros mediante amenazas e intimidaciones.

El Ministerio Público confirmó este jueves 15 de octubre de 2026 que pedirá la misma medida cautelar contra otros tres hombres detenidos durante los operativos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en distintas localidades de Cartago.

Los sospechosos fueron identificados con los apellidos Barahona, Artavia, Aguilar y Duarte, quienes son investigados por los presuntos delitos de extorsión cobratoria y legitimación de capitales.

Fiscalía investiga al futbolista por extorsión y legitimación de capitales

Las autoridades judiciales confirmaron que el expediente se tramita bajo el número 26-3327-0059-PE, en el que se investiga la presunta participación de los cuatro detenidos en actividades relacionadas con préstamos informales y cobros extorsivos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, los sospechosos habrían prestado dinero a particulares y posteriormente utilizado mecanismos de intimidación para exigir el pago de las deudas.

Entre las conductas investigadas figuran amenazas, visitas a viviendas, llamadas telefónicas y mensajes dirigidos tanto a los deudores como a sus familiares y conocidos.

Además de la presunta extorsión cobratoria, la Fiscalía confirmó que el grupo también es investigado por el delito de legitimación de capitales, conocido comúnmente como lavado de dinero.

La investigación contempla la hipótesis de que Barahona habría participado en operaciones relacionadas con dinero de posible origen ilícito, aunque todavía deberán determinarse los hechos concretos y la participación individual de cada sospechoso.

Una víctima habría acumulado una deuda de ₡16 millones

Uno de los detalles más relevantes de la investigación es el monto que habría llegado a adeudar una de las personas afectadas por los préstamos atribuidos al grupo.

Según informó La Nación, una víctima acumuló una deuda de aproximadamente ₡16 millones (USD 35 mil) como consecuencia de la operación investigada.

De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, Carlos Barahona habría aportado el dinero utilizado para los préstamos, mientras que otros integrantes de la presunta estructura se habrían encargado de exigir los pagos.

La investigación se originó después de que una persona adquiriera un préstamo en diciembre de 2025 y comenzara a recibir presiones relacionadas con el pago de los intereses.

Posteriormente, en abril de 2026, la víctima presentó una denuncia que permitió iniciar las diligencias policiales.

Las autoridades buscan determinar si los sospechosos actuaron de manera coordinada y cuáles fueron las funciones específicas de cada uno dentro de las presuntas operaciones de financiamiento y cobro.

La participación atribuida a Barahona como supuesto proveedor del dinero forma parte de la hipótesis de investigación y todavía no ha sido establecida judicialmente.

¿Qué significa la solicitud de prisión preventiva?

La decisión de la Fiscalía Adjunta de Heredia busca que el Juzgado Penal valore la posibilidad de mantener privados de libertad a los cuatro investigados mientras avanza el procedimiento penal.

La prisión preventiva es una medida cautelar, no una condena, y su aplicación requiere una resolución judicial fundamentada.

Para imponerla, el tribunal debe valorar los requisitos previstos por la legislación costarricense, incluida la existencia de elementos que sustenten la investigación y riesgos procesales que justifiquen la medida.

Entre los aspectos que pueden analizarse se encuentran el peligro de fuga, la posible obstaculización de la investigación y otros supuestos contemplados en la ley.

Sin embargo, el Ministerio Público no detalló públicamente cuáles de esos riesgos invocará específicamente contra Barahona y los demás sospechosos.

El juez también podrá analizar otras medidas cautelares si considera que resultan suficientes para atender los riesgos acreditados.

La investigación comprende hechos denunciados desde abril de 2026 y continúa abierta.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Everth Julio Hawkins Sjögren, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, delitos vinculados a un proyecto de mejoramiento urbanístico en el islote Haynes Cay valorado en 11.125 millones de pesos.

La acusación fue radicada el 15 de octubre de 2026 y se centra en una investigación que estima un presunto detrimento patrimonial superior a los 4.330 millones de pesos por sobrecostos, sumas no ejecutadas ni devueltas y omisión de descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas.

Hawkins ocupó la Gobernación del departamento insular entre 2020 y 2023. El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el líder habría incidido en la orientación del presupuesto, la selección del contratista y la modalidad de contratación empleada, pese a haber delegado formalmente la firma del contrato en el entonces secretario de Infraestructura.

Irregularidades en la contratación

La Gobernación suscribió un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que, según la investigación, no contaba con la experiencia técnica requerida para este tipo de intervención. La iniciativa, además, no figuraba en el banco de proyectos de la Gobernación ni tenía las autorizaciones correspondientes.

La ley exigía que la obra se adjudicara por licitación pública, pero se contrató de forma directa. El estudio de mercado previo fue calificado como insuficiente y el proyecto fue presentado como una gerencia estratégica cuando en la práctica se trataba de una obra de infraestructura.

La Aremca, a su vez, subcontrató tanto la ejecución de las obras como la interventoría, señaló el ente acusador en su documento de acusación.

Obra ejecutada sin permisos ambientales ni marítimos

Los trabajos comenzaron el 20 de abril de 2023 sin licencia ambiental de Coralina —la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago— ni permisos de la Dirección General Marítima (Dimar).

Se construyeron una plataforma y kioscos turísticos que enfrentan riesgo de demolición por carecer de aval. El muelle de acceso al islote, uno de los componentes centrales del proyecto, nunca fue ejecutado.

Dos días antes del inicio formal de las obras, el 11 y 12 de enero de 2023, la Gobernación ya había desembolsado 10.847 millones de pesos a una fiducia constituida por Aremca.

La Fiscalía sostiene que el exmandatario tenía conocimiento de las anomalías registradas durante el trámite, de los desembolsos efectuados y de la posterior suspensión de la obra.

El caso forma parte de una estrategia investigativa de la Fiscalía centrada en actos de corrupción relacionados con el Sistema General de Regalías. Un Grupo de Tareas Especiales, conformado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción, acumula en seis meses 28 personas judicializadas por el direccionamiento de más de 1.252 contratos cuyo valor supera los 3,7 billones de pesos.

Procuraduría también tenía proceso contra Hawkins

Previamente, el 1 de diciembre de 2025, la Procuraduría informó que abrió un proceso contra el exgobernador, “así como a otros dos exfuncionarios del departamento, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje escolar, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de $ 8.500 millones”.

“Los otros exservidores investigados son los entonces secretarios de Infraestructura, Alfredo Alarico Escalona Peterson (2022), y de Planeación, Nidia Angélica Hernández Vásquez (2022)”, señaló la entidad.

La Procuraduría informó que “la Gobernación habría contratado en 2022 a la Asociación Regional de Municipios del Caribe -Aremca- como entidad ejecutora de los trabajos, sin que para el momento de los hechos cumpliera, aparentemente, con la idoneidad, capacidad y experiencia necesarias para desarrollar el objeto del proyecto”.

“Obligó a su esposa a beber un líquido que contenía sustancias tóxicas, amenazándola con que si no lo hacía la mataría a golpes con un bate”. Tras sufrir un largo historial de violencia doméstica, María, nombre ficticio para proteger su identidad, no pudo hacer más para defenderse. Tras dos días de agonía perdió la vida en un hospital de San Vicente.

El responsable fue identificado cómo José Antonio Osegueda Rodríguez, condenado a 50 años de prisión por feminicidio agravado tras un largo proceso judicial.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador también le ordenó pagar $4,364 por responsabilidad civil a las víctimas secundarias, además de cumplir medidas de reparación para los padres e hijos de María.

La historia entre ambos había comenzado en 2007, cuando la víctima alcanzó la mayoría de edad. Desde entonces, según la investigación, María enfrentó agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales. Las autoridades encargadas del caso afirmaron que el condenado también la apartó de las personas cercanas a ella, limitó su uso de redes sociales y restringió sus posibilidades de comunicarse con otros.

Con el paso del tiempo, María buscó salir de esa relación. Inició un proceso judicial para separarse de Osegueda Rodríguez, pero el control no terminó. La Fiscalía señaló que el hombre mantuvo las presiones durante ese trámite a través de manipulaciones emocionales y promesas de cambio.

El 18 de diciembre de 2025, María fue citada con su esposo en un inmueble del barrio San Juan de Dios, en el distrito de San Vicente, donde funcionaba un taller de refrigeración. La noche avanzó hasta que la mujer quedó frente a una amenaza que, de acuerdo con el expediente fiscal, no le dejó margen para decidir.

Las autoridades explicaron que Osegueda Rodríguez le entregó un líquido que contenía sustancias tóxicas y le ordenó ingerirlo. Si se negaba, le dijo que la mataría con un bate. María tomó la sustancia bajo coacción y su condición de salud se desplomó en cuestión de horas.

No recibió atención médica de inmediato. Una persona que figura como testigo en el proceso la encontró al día siguiente y la llevó al Hospital Nacional Santa Gertrudis. Allí ingresó al área de máxima urgencia, pero murió durante la madrugada del 20 de diciembre de 2025.

La Fiscalía abrió la investigación por feminicidio agravado y presentó testimonios, documentos y peritajes ante el tribunal. Las autoridades señalaron que esas pruebas permitieron reconstruir los años de violencia que había vivido María y establecer la responsabilidad del acusado en la muerte.

“El caso permitió acreditar los antecedentes de violencia y la participación del imputado”, afirmaron las autoridades durante el proceso. La sentencia impuso la pena máxima prevista para el delito y reconoció a los familiares de la víctima como afectados por el crimen.

Al menos 17 mujeres fueron víctimas de feminicidio en El Salvador este año

El caso de María se conoce mientras organizaciones que monitorean la violencia contra las mujeres registraron al menos 17 feminicidios en El Salvador entre enero y agosto de 2026.

De ese total, el 59% habría sido cometido por parejas o exparejas de las víctimas. Los datos reflejan la persistencia de agresiones dentro de relaciones afectivas y familiares, donde el control, las amenazas y el aislamiento suelen aparecer antes de los ataques letales.

La condena contra Osegueda Rodríguez cierra el proceso judicial por la muerte de María, aunque sus padres e hijos continuarán bajo medidas de reparación ordenadas por el tribunal.

La Fiscalía CDMX inició el 13 de octubre la tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, con trabajos en la fosa 26 para recuperar restos de personas inhumadas sin identificación, establecer su identidad mediante análisis forenses y, cuando correspondiera, restituirlas de manera digna a sus familias.

La intervención se concentró en el nivel 13 de inhumación de la fosa 26, línea 2 Bis. Las labores se programaron del 13 al 17 y del 20 al 23 de octubre, con la participación de instituciones del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México.

Los elementos óseos recuperados durante las jornadas serían trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México para su análisis. El plan contempló el cruce de información documental y registros de identificación para formular y corroborar hipótesis sobre la identidad de las personas fallecidas.

La tercera etapa dio continuidad a las intervenciones de arqueología forense realizadas en noviembre de 2025 y marzo de 2026 en la misma fosa. En las dos primeras fases se recuperaron 45 individuos; de ellos, 12 fueron plenamente identificados y 25 contaban con hipótesis de identidad que seguían en proceso de corroboración.

La fosa 26 incorporó poleas y andamios para evitar daños a los restos

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México colaboró en el diseño e instalación de un sistema de poleas y andamios adaptado a las características de la fosa 26. El mecanismo permitió que el personal pericial descendiera para recuperar los restos sin colocarse directamente sobre las capas de tierra donde permanecían individuos aún no exhumados.

Con ese sistema, las instituciones buscaron evitar la compactación del terreno y reducir el riesgo de fragmentación de elementos óseos. La jornada de apertura fue encabezada por familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda; después, personal especializado comenzó la preparación y el retiro controlado de tierra.

Por parte de la Fiscalía CDMX, participaron agentes del Ministerio Público, personal pericial y elementos de la Policía de Investigación. También intervinieron especialistas en antropología de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y personal pericial del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

La operación incluyó a personal de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras y Servicios, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la alcaldía Miguel Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas participaron mediante labores de observación y acompañamiento.

Cuatro familias siguieron las hipótesis de identidad vinculadas con la fosa

Durante la primera jornada estuvieron presentes el comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete; el titular del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz; la coordinadora del Plan de Recuperaciones Controladas, Zacnité Minor Garduño, y la subdirectora de la Coordinación General de Implementación de la Fiscalía CDMX, Brenda Reyes.

La participación de familiares fue uno de los componentes del plan. Cuatro familias vinculadas con hipótesis de identidad de personas que podrían encontrarse en la fosa habían seguido las intervenciones previas y recibieron información sobre los avances de los trabajos.

Familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos y personas expertas independientes acompañaron las jornadas como observadores. Además, la Brigada de Cuidados brindó acompañamiento psicosocial con personal de la Fiscalía CDMX, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Como parte de ese acompañamiento, se realizaron talleres y ejercicios de memoria dedicados a las personas desaparecidas. El Plan de Recuperaciones Controladas formó parte de los 30 compromisos de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del Cartel de Cali, ofreció entregar información sobre más de 1.000 bienes que estarían relacionados con el patrimonio del extinto grupo criminal, incluidos activos localizados dentro y fuera de Colombia. El hermano de Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como alias Pacho Herrera, formalizó esa disposición en una carta enviada al presidente de la República, Abelardo de la Espriella y en una declaración ante la Fiscalía General de la Nación.

La información anunciada, en la misiva a la que accedió Blu Radio, comprende inmuebles, sociedades, inversiones, documentación y datos sobre personas naturales y jurídicas que, según Herrera, podrían ser contrastados con expedientes y registros oficiales. El exintegrante de la organización planteó que las autoridades definan, caso por caso, si hay elementos para impulsar o concluir procesos de extinción de dominio.

En la comunicación remitida a la Presidencia, Herrera solicitó que su decisión tuviera conocimiento institucional. El objetivo, explicó, es que las entidades competentes puedan adoptar las actuaciones que correspondan frente a la recuperación de activos y su eventual destinación social.

Herrera plantea entregar datos de activos en cinco países

La primera fase de la colaboración contempla información sobre más de 1.000 bienes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Herrera señaló que parte de esos activos y de las estructuras económicas vinculadas a ellos han sido objeto de investigaciones y controversias durante décadas.

El exintegrante del Cartel de Cali indicó en la carta que busca poner bajo control de las instituciones, los bienes asociados al denominado Clan Herrera. Según su planteamiento, la medida también pretende contribuir a que cese la violencia que históricamente habría rodeado esos patrimonios.

“El propósito es que bienes cuya historia se ha prolongado durante décadas y que han sido objeto de controversias, violencia y procesos patrimoniales puedan ser puestos definitivamente bajo conocimiento y control de las instituciones competentes del Estado”, escribió Herrera.

La solicitud no supone la entrega automática de los activos ni una definición sobre su origen. El propio remitente precisó que corresponde exclusivamente a las autoridades establecer la procedencia jurídica de cada bien y decidir si existen fundamentos para promover medidas de extinción de dominio.

La Fiscalía deberá verificar los datos con expedientes y documentos

Ante la Fiscalía General de la Nación, Herrera presentó su disposición como una “colaboración eficaz, directa, voluntaria y verificable con el Estado colombiano”. De acuerdo con su declaración, los elementos que entregue podrán confrontarse con documentos originales, registros públicos y privados, expedientes y otras pruebas disponibles de manera legal.

El anuncio incorpora referencias a sociedades, inversiones y personas que habrían intervenido en la administración de los bienes. Herrera aseguró que pondrá a disposición de la entidad los datos que conozca para permitir una verificación independiente.

“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación”, afirmó en el documento publicado por Blu Radio. El ente acusador deberá determinar la utilidad de ese material dentro de las investigaciones en curso o de eventuales actuaciones posteriores.

Los procesos de extinción de dominio permiten al Estado solicitar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes cuya adquisición, destinación o utilización esté vinculada con actividades ilícitas, siempre que una autoridad judicial lo decida conforme a las pruebas reunidas.

Las medidas sobre 42 bienes anteceden el anuncio de colaboración

La decisión de Herrera se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes avaluados preliminarmente en más de $ 44.900.000.000. Según la investigación, esos activos estarían ligados a uno de los presuntos grupos de testaferros que habría operado al servicio de “Pacho Herrera”.

Las acciones incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión. Con esos mecanismos, las autoridades buscan evitar que los bienes sean transferidos, ocultados o administrados por terceros mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, durante años se habrían usado personas y empresas de distintos sectores económicos para ocultar activos, administrarlos y darles apariencia de legalidad. La indagación intenta establecer si esos mecanismos también permitieron sustraer los bienes del control estatal.

La colaboración anunciada por Ramiro Herrera Buitrago podría ampliar la información disponible sobre esas estructuras patrimoniales. Sin embargo, la incorporación de cualquier activo a un proceso de extinción de dominio dependerá de la verificación de los datos, del análisis de los expedientes y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Luego de la polémica y el rechazo que recibió desde el Gobierno nacional por calificar de “ratita” a Ana Lucía Pineda, la primera dama de la Nación y esposa del presidente Abelardo de la Espriella, se conoció un nuevo capítulo judicial para el caricaturista y publicista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador.

El motivo obecede a que la Fiscalía General de la Nación le abrió una indagación para establecer si cumplió con las obligaciones de un contrato por $257 millones que firmó en 2023 con el Fondo Colombia en Paz para elaborar contenidos gráficos sobre la implementación del Acuerdo de Paz, durante la administración de Gustavo Petro.

La revisión se concentra en la ejecución de recursos públicos y en los productos que debían surgir de la estrategia de comunicaciones acordada entre el caricaturista y el Fondo, destacó un informe por parte de Noticias RCN el miércoles 14 de octubre de 2026.

El objeto contractual contemplaba la difusión de avances, acciones y resultados vinculados con la implementación del pacto firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El acuerdo contemplaba 12 meses de trabajo durante 2023

El contrato suscrito entre “Matador” y el Fondo Colombia en Paz tuvo una duración de 12 meses durante 2023. Su valor total ascendió a $257 millones, lo que representaba una asignación mensual aproximada de $21,4 millones.

De acuerdo con lo que destacó el informe, el caricaturista debía desarrollar una estrategia de comunicación basada en caricaturas y piezas gráficas.

El objetivo era acercar al público información relacionada con la puesta en marcha de compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

La tarea de los investigadores consistirá en revisar los entregables, las actividades reportadas, los soportes de ejecución y los resultados de la campaña. Para lo anterior, desde la Fiscalía se deberá contrastar esos elementos con las cláusulas y obligaciones incluidas en el contrato.

La Fiscalía busca establecer si hubo cumplimiento integral en contrato que firmó Matador con el Fondo Colombia en Paz

Uno de los puntos que deberá aclarar el organismo es si la estrategia diseñada por González llegó a ejecutarse de manera integral. La revisión incluye la cantidad de materiales elaborados, sus canales de divulgación (incluidas redes sociales institucionales) y el vínculo de cada producto con los objetivos institucionales establecidos.

La investigación también pretende establecer si las labores del contratista correspondieron a la naturaleza del acuerdo. El contrato tenía como fin impulsar contenidos sobre la implementación de la paz mediante un formato gráfico, por lo que los fiscales deberán determinar cómo se estructuró esa campaña y cuál fue su alcance.

El Fondo Colombia en Paz administra recursos destinados a apoyar programas y proyectos relacionados con la implementación del acuerdo firmado en 2016. Por esa razón, la ejecución de contratos de comunicaciones bajo su órbita queda sujeta a verificaciones sobre el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas acordadas.

La nueva actuación del ente investigador se conoce luego de que esa misma semana se iniciara otro procedimiento por señalamientos que Matador habría realizado contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, pero ambos asuntos tienen objetos distintos.

El resultado de la revisión dependerá de la documentación contractual, los informes de supervisión, las piezas gráficas que se hubieran producido y las pruebas sobre su divulgación. Con esos elementos, la Fiscalía definirá si archiva el caso, mantiene la indagación o avanza hacia otra fase procesal.

‘Matador’ no se mostró arrepentido por señalamientos en contra de Ana Lucía Pineda

‘Matador’ afirmó que no se arrepiente de los mensajes ofensivos contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, publicados tras cuestionar el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto del 10 de agosto en el Eje Cafetero.

El caricaturista sostuvo que la polémica obligó al Gobierno nacional a responder sobre los recursos destinados a las familias afectadas.

La controversia comenzó el domingo 11 de octubre, cuando González publicó en X un mensaje sobre los fondos recolectados por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que preside Pineda, para atender la emergencia en Pereira. En esa publicación utilizó los términos “ratita” y “patirraquítica” para referirse a la primera dama.

Tres días después, durante una entrevista con los periodistas Daniel Coronell y Yezid Daniel Baquero, el caricaturista rechazó retractarse.

Coronell le preguntó por qué recurrió a descalificaciones personales en una crítica política, pero González sostuvo que esas expresiones desplazaron la atención hacia los afectados.

“Sí, y le voy a explicar por qué, Daniel. Si no hubiese sido por ese trino, claro, desafortunado, palabras ofensivas, sí, la gente no tendría la mirada hoy en la gente de Pereira, en la gente de Manizales, en la gente de Dosquebradas, que son los que están sufriendo y que se quedan callados”, afirmó el publicista.

La exigencia de un balance sobre las ayudas en Risaralda

González diferenció el uso de “ratita” de una acusación directa de delito y negó haber llamado “rata” a Pineda. Según su explicación, el término aludía a un animal pequeño y no implicaba señalarla por una conducta penal.

“Yo no la llamé rata. Ratita, que es muy diferente. Es más ofensivo decir rata que ratita. Ratita es una rata pequeña. Yo simplemente le dije ratita. Las ratas tienden a embolatar las cosas, a llevarse cosas. A la gente le indignó más eso, pero hay que preguntarse por la gente que sufre”, dijo el caricaturista.

La Presidencia de la República calificó los comentarios como misóginos, sexistas y denigrantes. Además, en el pronunciamiento institucional se consideró que las publicaciones recurrieron a la animalización y a ataques contra la apariencia física de una mujer para descalificar su papel público.

El Gobierno nacional confirmó que puso las expresiones en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si las publicaciones constituyen conductas sancionables según el derecho penal.

La Primera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro inició una investigación preliminar por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de una deportista que denunció una agresión mientras corría por el malecón Cisneros, en Miraflores, la mañana del 11 de octubre.

Según la denuncia, un hombre que se desplazaba en scooter avanzaba en sentido contrario al de la joven. Luego retornó sobre su recorrido, se acercó por detrás y habría realizado tocamientos sin consentimiento. La denunciante registró con su teléfono los instantes posteriores y difundió el video en redes sociales, donde se aprecia al sujeto alejarse del lugar.

La atleta contó que el hecho ocurrió cuando salió a entrenar a las 5:30. “Me pongo mi short porque me quiero poner mi short, porque tengo calor y voy a correr. Estoy en mi espacio seguro de mi deporte y viene un tipo a hacerme eso”, expresó la joven. Tras la agresión, añadió, el hombre le hizo un gesto de beso volado.

La mujer formalizó la denuncia ante el Departamento de Investigación Criminal de Miraflores con acompañamiento de personal municipal, según la información difundida sobre el caso. Funcionarios de la comuna entregaron a la deportista imágenes de seguridad registradas en la zona, las cuales serán incorporadas a las diligencias para identificar al investigado.

La secuencia difundida muestra al conductor cerca del lugar por donde la deportista corría. De acuerdo con su versión, el hombre regresó por la misma vía, pasó junto a ella y luego aceleró el scooter. La grabación no permite apreciar con claridad el rostro del denunciado, por lo que los registros de videovigilancia resultarán relevantes para establecer su identidad.

Fiscalía ordenó diligencias y revisará las cámaras del malecón

El fiscal provincial Henry de la Cruz lidera las diligencias urgentes dispuestas por el Ministerio Público. Entre ellas figuran la declaración de la denunciante en cámara Gesell, el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en el malecón Cisneros y la solicitud de medidas de protección ante el Juzgado de Familia correspondiente.

La revisión de las grabaciones permitirá reconstruir el trayecto seguido por el hombre antes y después del presunto ataque. La Municipalidad de Miraflores señaló que existen otras cámaras cerca del punto donde ocurrió el hecho y que la tecnología disponible podría contribuir a su identificación.

“Espero que las cámaras de seguridad de la municipalidad de Miraflores nos permitan hacer el seguimiento de esta persona”, manifestó la deportista.

La joven también cuestionó la reacción del denunciado después de lo ocurrido. “Se cree inmune, que no le va a afectar nada, y me manda un beso volado después de afectarme, después de haberme tocado sin mi consentimiento”, afirmó.

La Fiscalía buscará contrastar esa versión con las imágenes y otros elementos que se incorporen durante la etapa preliminar. La investigación se centra en determinar la identidad del hombre y establecer si existen elementos que acrediten el presunto delito.

Las actuaciones fiscales también permitirán evaluar las medidas de protección solicitadas para la agraviada. La denunciante sostuvo que decidió acudir a las autoridades tras registrar el recorrido del scooter. “No nos podemos sentir vulnerables, pero hay que alzar nuestra voz”, manifestó.

Eva Ferrer no compareció el 14 de octubre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación porque, según su abogado Jhony Batalla, aún no recibió precisiones sobre las medidas de seguridad que le brindarán para declarar sobre una presunta red criminal vinculada con vuelos oficiales hacia Venezuela. La exasesora del gobierno de Gustavo Petro se encuentra fuera del país tras haber recibido amenazas de muerte.

“Haga la cita, pero no le dicen primero que todo cuál va a ser la seguridad de ella. Por eso, básicamente, vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar (...) Voy a garantizarle el debido proceso. Le voy a decir, señor fiscal, cómo me va a garantizar la seguridad de Eva para que ella venga acá y aporte el material”, mencionó el representante jurídico de la española a los medios de comunicación.

La cita estaba prevista para la mañana de ese miércoles. Batalla acudió a coordinar las garantías necesarias para que su clienta pueda rendir declaración y entregar las pruebas que asegura poseer.

El togado tampoco descartó que sus evidencias también sean presentadas ante la justicia de los Estados Unidos. “Está dispuesta a entregar declaración y evidencia tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos o donde la requieran, de acuerdo a las declaraciones que da, porque si ustedes ven la declaración, pues se puede inferir que hay delitos transnacionales”, comentó.

Luego de que la exasesora catalana no asistiera a la citación de la Fiscalía, el expresidente Gustavo Petro señaló que las personas que deben responder penalmente son los líderes de la revista Semana, medio de comunicación donde se publicó la entrevista de Eva Ferrer.

Para Petro, el propósito de la periodista Vicky Dávila y Gabriel Gilinski con la divulgación del artículo periodístico era desestabilizar su entorno familiar.

“Es la señora Victoria y el señor Gabriel Guillinsky, directora y propietario de la revista Semana quienes deben responder penal y civilmente por el exabrupto que han cometido al entregar hasta la portada para una calumnia solo con el objetivo de sembrar odio y cizaña contra mi núcleo familiar (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Por ello, “exijo la rectificación en la misma dimensión que usaron para la calumnia o asumir el proceso judicialmente”.

Petro respondió acusaciones de Eva Ferrer contra la ex primera dama sobre tráfico de armas, drogas y dólares en aviones oficiales

El expresidente de la República Gustavo Petro rechazó en sus redes sociales las acusaciones formuladas por Eva Ferrer contra la madre de sus hijas menores y aseguró que los aviones oficiales de su administración “jamás viajaron con armas clandestinas ni drogas”. También afirmó que apartó de sus cargos a funcionarios sospechosos de esas prácticas antes de su llegada al gobierno.

El dirigente sostuvo que la denuncia contra su familia carece de pruebas y cuestionó que se basara en un testimonio indirecto. “He solicitado a todas las personas afectadas por un infundio tan enorme y que cuenta como prueba con el dicho de Eva de que: ‘una persona me dijo’”, expresó en su cuenta de X.

Petro vinculó el conflicto con solicitudes de contratación que, según afirmó, no aceptó. “La acusación de Eva contra la madre de mis hijas menores, sin ninguna prueba, es de una maledicencia total”, dijo.

En esa misma línea, defendió a la familia de Alcocer y mencionó al abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer, a quien atribuyó apoyo en su lucha contra el narcoparamilitarismo en Sucre. Aseguró que esa familia se apartó del poder y la codicia durante el período de violencia y masacres contra campesinos en la región.

“Se de que lugar inmundo y sanquinario proviene el ataque a mi familia mostrándola como narcotraficante de drogas y armas, cuando conozco de la ayuda que me dio el señor, abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer en la lucha contra el narcoparamilitarismo de Sucre y del apoyo que recibe de Emilio Alcocer uno de los fundadores del departamento de Sucre, abuelo y bisabuelo de mis hijas, sin una mancha de corrupción en sus vidas públicas y profesionales (sic)”, expuso.

Petro afirmó que hace 37 años firmó un acuerdo de paz mediante el cual abandonó personalmente el uso de armas en la política. “He cumplido letra por letra”, sostuvo al negar que hubiera participado en negocios de armas, drogas o dinero mediante aeronaves estatales.

El líder de la oposición pidió que los afectados presenten denuncias ante los tribunales contra Eva, la directora y el dueño de la revista que difundió las acusaciones, en caso de que no exista una retractación pública con la misma difusión de la denuncia.

El hecho ocurrió el pasado 3 de mayo en la urbanización El Golf, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. La víctima, de 54 años, fue embestido por el vehículo conducido por Alfaro Serna y falleció después de permanecer varios días en agonía. El caso conmocionó a la población y provocó cuestionamientos sobre las circunstancias del atropello y las sanciones aplicadas.

En junio, la conductora recibió una condena de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva. Sin embargo, tras presentar una apelación, la Segunda Sala Penal de Apelaciones modificó el fallo y estableció una pena suspendida de poco más de dos años. La resolución fue cuestionada por los deudos, quienes consideran que la medida no corresponde a la gravedad de lo sucedido.

Familiares expresan indignación por la excarcelación

La decisión judicial provocó el rechazo de los allegados del vigilante, que cuestionaron la actuación de las autoridades y manifestaron su desacuerdo con la liberación de la responsable del atropello.

“Las autoridades no nos representan. Eso es lamentable, es lamentable que esa mujer esté libre”, expresó una familiar a las cámaras de ATV.

Entre los argumentos para modificar la condena, el Poder Judicial consideró que Alfaro Serna no registra antecedentes penales y colaboró con las autoridades desde el primer momento. La resolución también establece restricciones para la sentenciada: no podrá cambiar de domicilio ni volver a conducir vehículos.

Además, la sala incrementó a 400.000 soles el monto de la reparación civil que deberá recibir la familia de Martínez Torres. Sin embargo, el pago establecido no ha disipado el malestar de los parientes, quienes consideran que la modificación de la pena constituye un beneficio injustificado frente a la muerte del trabajador.

Otro familiar cuestionó directamente a los integrantes del tribunal que adoptó la decisión y sostuvo que el fallo refleja desigualdad en la aplicación de la justicia. A su juicio, la excarcelación transmite una sensación de impunidad y profundiza el dolor de quienes todavía reclaman una sanción proporcional a la pérdida sufrida.

“Lo único que pido es que estos tres jueces —Víctor Alberto Martín Burgos Mariño, presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones; Jorge Humberto Colmenares Cavero y Manuel Federico Loyola Florián— duerman en paz y tranquilos. Nosotros estamos en una balanza: de un lado está el pobre y del otro, el rico. Ganó la impunidad”, señaló.

Dosaje etílico y licencia suspendida

La gravedad del caso también está relacionada con las condiciones en las que se encontraba la conductora cuando ocurrió el accidente. El examen toxicológico determinó que tenía 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, una concentración superior al límite permitido para manejar en el Perú. Asimismo, su brevete estaba suspendido y, según el reportaje televisivo, registraba infracciones anteriores.

A estos cuestionamientos se suma la actuación policial posterior al atropello. Los efectivos que atendieron la emergencia consignaron inicialmente el hecho como una caída, de acuerdo con la información difundida en el informe periodístico. Este detalle generó interrogantes sobre el procedimiento aplicado durante las primeras diligencias.

Mientras Alfaro Serna permanece en libertad bajo las condiciones impuestas por la justicia, los familiares de Martínez Torres evalúan apelar la resolución. Su principal exigencia es que se revise la sanción y se establezca una respuesta judicial que consideren acorde con las circunstancias del caso.

Un operativo desarrollado en la frontera norte de Costa Rica permitió a las autoridades decomisar un cargamento de productos que habrían ingresado ilegalmente al territorio nacional, cuyo valor comercial podría superar los 37 millones de colones (USD 80 mil), según estimaciones preliminares del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La intervención fue realizada por oficiales de la Policía de Fronteras, quienes localizaron miles de medicamentos, zapatos, alimentos y dispositivos electrónicos en una zona montañosa de Peñas Blancas, cerca del río Sapoá, en el cantón de La Cruz, Guanacaste, próximo a la frontera con Nicaragua.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo ocurrió como resultado de labores de inteligencia, patrullaje y vigilancia fronteriza orientadas a combatir el contrabando y la evasión de impuestos.

Durante el recorrido, los oficiales sorprendieron a tres hombres que se encontraban cargando numerosos sacos con diferentes productos en un camión, situación que motivó su intervención inmediata.

Los sospechosos fueron detenidos en el lugar, mientras los agentes procedieron a coordinar con la Policía de Control Fiscal para realizar la revisión e inventario de la mercancía.

Las autoridades calificaron el hallazgo como uno de los mayores decomisos de productos ingresados sin el pago de impuestos realizados en esa zona fronteriza, debido tanto al volumen de los artículos como a su valor económico.

Más de 13,900 medicamentos entre los artículos decomisados

Uno de los aspectos más llamativos del operativo fue la gran cantidad de productos farmacéuticos encontrados entre la mercancía.

Según el inventario elaborado por los cuerpos policiales, se decomisaron 13,914 unidades de medicamentos de diferentes tipos, que representaban la categoría más numerosa dentro del cargamento.

Además de los fármacos, los policías localizaron 1,515 pares de zapatos, entre tenis y sandalias, así como 2,715 unidades de productos alimenticios, incluidos consomés, sopas, café y diferentes tipos de salsas.

El inventario también permitió identificar 76 artículos electrónicos, principalmente audífonos.

Tres detenidos y un conductor remitido a la Fiscalía

El procedimiento policial también dejó como resultado la aprehensión de tres hombres, quienes fueron sorprendidos mientras movilizaban los productos hacia el camión.

Después de realizar las coordinaciones correspondientes con el Ministerio Público, las autoridades determinaron que dos de los involucrados debían quedar a disposición de la Policía Profesional de Migración, debido a que se encontraban en condición migratoria irregular dentro del territorio costarricense.

Por su parte, el conductor del vehículo, identificado únicamente con el apellido Calero, fue remitido al Ministerio Público para la continuación de las diligencias judiciales.

Frontera norte registra otros decomisos recientes

El hallazgo se produjo en medio de una serie de intervenciones policiales desarrolladas durante los primeros días de octubre de 2026 para combatir el ingreso irregular de mercancías por la frontera con Nicaragua.

El 6 de octubre, las autoridades también informaron sobre la detección de compartimentos ocultos en un autobús que transportaba productos de contrabando cerca de Peñas Blancas.

En aquella intervención, los oficiales encontraron zapatos, sandalias, bebidas alcohólicas, cosméticos y medicamentos que eran trasladados sin cumplir con los controles aduaneros correspondientes.

En otro procedimiento durante la misma semana, la Policía de Fronteras decomisó 1,311 unidades de medicamentos, entre antibióticos, analgésicos, pastillas y jarabes, que eran transportados por una pareja de nacionalidad nicaragüense.

Según los reportes policiales de ese caso, los productos presuntamente iban a ser comercializados al menudeo en sectores de San José.

El contrabando y sus implicaciones para Costa Rica

El ingreso de mercancías sin cumplir con las obligaciones aduaneras representa un desafío para las autoridades fiscales, debido a que puede generar pérdidas en la recaudación tributaria y condiciones de competencia desiguales para los comerciantes que sí cumplen con los requisitos legales.

En el caso particular de los medicamentos, el comercio fuera de los canales autorizados también plantea interrogantes sobre las condiciones de almacenamiento, transporte, trazabilidad y cumplimiento de los controles sanitarios.

El exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) incurrió, según la investigación, en interés indebido en la celebración de contratos. El caso se centró en actuaciones que favorecieron a uno de los proponentes de una convocatoria privada abierta en 2017.

La condena se relaciona con la contratación de la auditoría y supervisión de un proyecto que preveía construir 4.678 viviendas en nueve departamentos.

El contrato finalmente suscrito tuvo un valor de 16.612 millones de pesos y quedó sujeto a un plazo que podía extenderse hasta el 30 de noviembre de 2018 o hasta que se agotaran los recursos disponibles.

El comité evaluador intervino en una convocatoria privada de Fonade

La entidad abrió la convocatoria para seleccionar a la firma encargada de la interventoría. Tres empresas recibieron invitación para participar en el proceso.

Entre los oferentes estaba un consorcio que había sido referenciado previamente por dirigentes políticos. “Rodríguez Mariano, como integrante del Comité Evaluador de Propuestas, comunicó a representantes de dicho consorcio los errores identificados en su oferta comercial y les indicó cómo subsanarlos”, indicó la Fiscalía General.

La entidad estableció que el entonces funcionario comunicó a representantes de ese consorcio los errores detectados en su propuesta. Además, les explicó la forma en que podían corregirlos para mantener su participación en la convocatoria.

La actuación cuestionada no se limitó al contacto con los representantes del proponente. El expediente también indicó que Rodríguez Mariano intervino ante otros integrantes del comité para favorecer la continuidad de la oferta.

La propuesta había sido rechazada en dos oportunidades

El consorcio recibió decisiones adversas el 6 y el 18 de abril de 2017. Pese a esos rechazos, el proceso continuó con una ampliación de los plazos previstos para presentar la documentación solicitada. Así lo confirmó el ente investigador: “También influyó en los demás evaluadores y facilitó la ampliación de los plazos para entregar la documentación requerida, pese a que la propuesta había sido rechazada el 6 y el 18 de abril de 2017″.

Esa extensión permitió que el oferente aportara los soportes requeridos. La investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción señaló que el exfuncionario facilitó esa alternativa, aun cuando la propuesta ya había sido descartada.

El caso también incluyó reuniones entre Rodríguez Mariano y directivos del proponente. En esos encuentros, el exservidor público se comprometió a acelerar la expedición de un concepto favorable para la oferta.

Al día siguiente de esas reuniones, el Comité Evaluador de Propuestas recomendó aceptar al consorcio. La secuencia de decisiones fue uno de los elementos examinados durante el proceso judicial.

El contrato de interventoría fue firmado el 8 de mayo de 2017

Fonade suscribió el acuerdo para supervisar el proyecto habitacional el 8 de mayo de 2017. La contratación abarcó la vigilancia de las obras destinadas a las viviendas gratuitas previstas en nueve departamentos.

La juez penal de conocimiento de Bogotá concluyó que la conducta de Rodríguez Mariano configuró el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La sentencia impuso una pena de prisión de cinco años y cuatro meses.

La Fiscalía General de la Nación señaló que el expediente no involucra únicamente al antiguo integrante del comité. Otras 13 personas, entre particulares y servidores públicos, recibieron condenas en distintas instancias judiciales por hechos vinculados con el mismo caso.

Entre los sentenciados figuran dos exsenadores. La investigación reunió actuaciones relacionadas con la evaluación de la propuesta, la ampliación de los términos y la posterior recomendación que derivó en la firma del contrato.

La liberación en España de Jimena Katherin Marset Cabrera, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en junio de 2025, vuelve a poner bajo la mira las actuaciones de la Fiscalía boliviana en las investigaciones relacionadas con la supuesta red criminal y tras la detención del ex fiscal general Roger Mariaca acusado de vínculos con el narcotráfico.

Marset Cabrera fue detenida el 10 de junio de 2025 en Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid, durante un operativo coordinado entre la Policía española e Interpol Uruguay. Sobre ella pesaba una orden de captura internacional solicitada por Bolivia, donde se la investigaba por presuntos vínculos con la organización de su hermano.

Sin embargo, apenas un par de horas después de su captura, Marset Cabrera recuperó su libertad, luego de que las autoridades bolivianas comunicaran a España que había sido beneficiada con un sobreseimiento fiscal y que la solicitud internacional había quedado sin efecto.

Si bien esta noticia fue de interés internacional, no tuvo amplia repercusión mediática en Bolivia. Ahora, con las pesquisas que se siguen contra Mariaca, el caso adquirió relevancia cuando la jueza Livia Alarcón, afirmó que la decisión no había sido emitida por el Órgano Judicial. “Hay una resolución fiscal firmada por estas autoridades en favor de Katherin Marset Cabrera”, señaló en una entrevista con el periódico El Deber.

Según una publicación anterior de ese medio, el sobreseimiento habría sido firmado por una comisión de fiscales conformada por Jorge Armando Caballero, Rubén Darío Ordóñez y Julio César Porras.

La declaración abre interrogantes sobre la actuación de los fiscales que intervinieron en el expediente y las circunstancias en que se dispuso el sobreseimiento que permitió levantar la orden internacional.

Una detención seguida de una liberación

La captura de Marset Cabrera en Madrid fue resultado de un intercambio de información entre los equipos de búsqueda de la Policía española y el Departamento de Capturas Internacionales de Interpol Uruguay.

La mujer, de 25 años en ese momento, había sido requerida por la Justicia boliviana después de ser identificada como una de las personas que escapó junto a Sebastián Marset del operativo policial fallido de julio de 2023 en Santa Cruz de la Sierra, cuando el narcotraficante logró eludir su captura presuntamente con ayuda de funcionarios estatales.

Según las investigaciones, Marset Cabrera permaneció en Uruguay hasta 2024 y posteriormente salió del país. Tras su detención en España, quedó a la espera de un eventual proceso de extradición a Bolivia, pero el sobreseimiento fiscal cambió su situación jurídica.

Su defensa sostuvo entonces que la decisión respondía a la falta de elementos suficientes para continuar el proceso y negó que existieran pruebas que acreditaran su participación en actividades delictivas vinculadas a su hermano.

El abogado Santiago Moratorio, representante de la mujer, añadió que ella se encontraba en España ayudando a la crianza de los hijos de su hermano, luego de que su cuñada, Gianina García Troche, quedara detenida en 2024.

La revisión de estos antecedentes se produce tras la detención del ex fiscal Roger Mariaca, quien dirigió la Fiscalía General del Estado desde octubre de 2024 hasta su destitución por la Asamblea Legislativa el pasado viernes.

La Justicia ordenó su detención preventiva por seis meses en una investigación en la que el Gobierno lo acusa de haber montado una “organización criminal” destinada a “proteger e incentivar el narcotráfico”. En el lapso de una semana se abrieron otros procesos por presunto enriquecimiento ilícito y portación ilegal de armas.

El ex fiscal ha rechazado las acusaciones y denunció intentos de interferencia en las investigaciones que conducía el Ministerio Público contra Fernando Cerimedo, ex asesor presidencial de Rodrigo Paz, y otros casos que pueden implicar al entorno del primer mandatario.

Mientras se desarrolla el caso, surgieron denuncias de pagos presuntamente realizados por Sebastián Marset al ex fiscal y a otros ex funcionarios públicos para permanecer impune en Bolivia.

La Fiscalía investigará posibles fallas en la vigilancia dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, mejor conocido como Maranguita, y revisará las imágenes de las cámaras ubicadas en los pasadizos cercanos al área de duchas, tras una denuncia por un presunto intento de agresión sexual contra un adolescente internado en el centro juvenil.

La denuncia señala que el hecho habría ocurrido el martes 6 de octubre, cerca de las 20:00, en el área de aseo. El adolescente acusado en este nuevo caso figura entre los internos vinculados a la investigación por la presunta agresión sexual contra un alumno del Colegio Liceo Naval Almirante Guise.

La fiscal provincial titular de la Décima Fiscalía Provincial de Familia de Lima dispuso diligencias por un plazo de 15 días. Entre las medidas previstas están la toma de declaraciones, la elaboración de un croquis del centro juvenil, la revisión del cuaderno de ocurrencias y la identificación del personal que estuvo a cargo del área.

Cámaras de los pasadizos podrían reconstruir el recorrido de los internos

Las duchas no cuentan con cámaras por razones de privacidad. No obstante, los dispositivos instalados en los corredores permitirían establecer quiénes ingresaron y salieron del lugar, así como los horarios en que se produjeron esos desplazamientos.

Cristian Solano, exdirector del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, explicó que los registros audiovisuales y administrativos formarán parte de la indagación fiscal. “Se pide los informes técnicos, se pide el cuaderno, cámara, grabación, la lista de las personas que han estado justamente a cargo de ese día”, afirmó a Arriba me gente, matinal de Latina Televisión.

Solano indicó que cada pabellón cuenta con un cuaderno de ocurrencias donde se anotan las actividades durante las 24 horas.

Investigación revisará la actuación del personal responsable

El exfuncionario señaló que la investigación deberá determinar si el personal de vigilancia estuvo presente en el área de duchas y si cumplió los protocolos establecidos. En Maranguita, los educadores se distribuyen por sectores del pabellón, entre ellos el patio, los dormitorios, los baños y los espacios de recreación.

“Habría que ver quién estuvo responsable y cuál fue la situación de por qué no dio aviso, no comunicó o no estuvo”, señaló Solano sobre la supervisión en el lugar donde habría ocurrido el presunto hecho.

Añadió que una ausencia, una salida por diligencia o cualquier otra situación deberá ser esclarecida a partir de los registros disponibles. “Todo va a estar grabado al respecto, así que eso va a ser bueno para toda la indagación”, manifestó.

Adolescente denunciado fue separado del presunto agraviado

Solano detalló que, ante denuncias de esta naturaleza, corresponde la separación inmediata entre el presunto agraviado y el adolescente señalado.

Según explicó, este último puede ser trasladado a un programa de intervención intensiva si el equipo técnico considera que se trata de una falta muy grave. “La víctima es el punto de atención y el agresor se le pone en otro patio o pabellón de manera automática”, indicó.

El especialista precisó que ese programa contempla una medida disciplinaria vinculada a la conducta del adolescente, sin perjuicio de la investigación judicial. “Cuando hay una falta muy grave como este caso, va al denominado programa de intervención intensiva”, sostuvo.

El caso investiga una presunta red orquestada para interferir en actuaciones judiciales, con la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como figuras centrales de la trama. Según fuentes jurídicas citadas por El País, Pedraz se ha inclinado por la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba precipitado dar ese paso mientras sigan abiertas diligencias por completar. El auto reconoce que existen indicios sobre la implicación del partido con sede en la calle Ferraz, pero califica de “prematura” cualquier imputación en este momento del proceso.

Pedraz espera nuevas diligencias antes de resolver sobre la imputación

El juez Pedraz descarta por el momento atribuir al PSOE la condición de persona jurídica investigada, aunque no cierra esa posibilidad si surgen nuevas pruebas. El sumario documenta un presunto plan para frenar las causas abiertas entre 2024 y 2025 contra figuras cercanas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre ellas el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y personas del entorno del presidente del Gobierno, como su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez.

El expediente recoge contactos entre Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset en busca de información para comprometer a fiscales, jueces y agentes de la Guardia Civil, con el objetivo de “erosionar” su “credibilidad”. También se investiga si desde la cúpula de la Guardia Civil se presionó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), encargados de buena parte de las pesquisas. Pedraz aún no ha tomado declaración a Díez ni a Santos Cerdán, que figura solo como testigo, como investigado. Resta también el informe de la UCO sobre 81 cuentas bancarias, seis del PSOE, para rastrear posibles pagos a la exmilitante.

El auto se apoya en el artículo 31 bis del Código Penal, que exige un principio de prueba sobre la responsabilidad autónoma del partido, no solo sobre la conducta de sus dirigentes. El juez señala cinco vacíos: si Cerdán actuó en nombre del PSOE; el origen y destino de los fondos usados en los pagos; si la organización obtuvo un beneficio directo; si hubo un fallo estructural de control interno, y la solidez de los nuevos delitos planteados por la acusación popular —malversación, blanqueo y financiación ilegal—, que aún requieren análisis documental. “No puede imputarse al PSOE automáticamente por los hechos de Cerdán o de la gerente”, sostiene el auto.

Pedraz y la Fiscalía coinciden en practicar antes las diligencias pendientes: analizar la documentación incautada al PSOE, revisar los movimientos patrimoniales y escuchar a Cerdán y otros investigados. El magistrado entiende que las sospechas justifican seguir investigando, pero que todavía no hay base suficiente para imputar formalmente al partido.

El PP pidió la imputación un día después de conocerse el adelanto electoral

La petición del PP llegó apenas veinticuatro horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral. Los populares, que lideran el bloque de acusaciones en la causa, reclamaron la imputación del PSOE como persona jurídica por cinco presuntos delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación. En su escrito, la formación que preside Feijóo argumentaba que “todas” las “actuaciones delictivas” atribuidas a la trama buscaban “proteger los intereses” del partido socialista, motivo por el cual, a su juicio, correspondía actuar de inmediato contra la formación como tal.

Los populares señalan directamente a Santos Cerdán y también a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que permanece investigada. Según plantea la acusación, el hecho de que personas con cargos de responsabilidad dentro de la formación estuvieran implicadas demostraría que no se trataba de actuaciones ajenas al partido. A ese argumento se suma otro: el PSOE habría carecido de mecanismos de control suficientes para impedir que sus responsables utilizaran recursos de la organización con fines delictivos.

El escrito sostiene que Cerdán tuvo capacidad para disponer de medios del partido sin que existiera un sistema interno que limitara o fiscalizara sus actuaciones. La formación socialista, por su parte, ha optado hasta ahora por circunscribir la responsabilidad de los hechos investigados a actuaciones individuales, con el foco puesto sobre su antiguo secretario de Organización.

El caso Éxodo, una de las investigaciones recientes más relevantes sobre presunta legitimación de capitales en Costa Rica, registró nuevos acontecimientos este jueves 8 de octubre de 2026, luego de que el reconocido productor de conciertos Don Stockwell recuperara su libertad, mientras la Fiscalía avanzó con las solicitudes de medidas cautelares contra los sospechosos detenidos durante el operativo desarrollado el miércoles.

La investigación, que involucra a empresarios del entretenimiento y a una organización presuntamente vinculada con el narcotráfico, busca esclarecer el origen de cuantiosas inversiones realizadas en conciertos internacionales y otras actividades comerciales.

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) confirmó que solicitará medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva contra Stockwell, después de analizar su declaración, las pruebas recopiladas y los posibles riesgos procesales.

La decisión no significa que el empresario haya sido absuelto o excluido del expediente judicial. Por el contrario, continúa como imputado y deberá atender los requerimientos de las autoridades mientras se desarrolla la investigación.

El proceso también involucra al productor Hugo Benavides Barboza, conocido como Hugo Barboza, quien permanecía detenido mientras se preparaba la discusión judicial sobre las medidas cautelares de los investigados.

Don Stockwell recuperó su libertad y calificó la investigación como un malentendido

Uno de los acontecimientos más importantes de las últimas horas fue la liberación de Frederick Don Stockwell, quien había sido detenido el miércoles 7 de octubre durante un allanamiento efectuado en su residencia, ubicada en un condominio de Pozos de Santa Ana.

Después de comparecer ante el Ministerio Público, el empresario abandonó las instalaciones judiciales durante la madrugada del jueves y posteriormente publicó un video en sus redes sociales para confirmar que se encontraba nuevamente en su vivienda.

“Ya estoy en casa, listo para luchar contra este malentendido”, manifestó el productor, quien aseguró haber proporcionado explicaciones sobre los hechos que motivaron su detención.

Stockwell también reconoció que la situación había representado un momento complicado para su familia y agradeció el acompañamiento de su defensa legal.

Horas después, al acudir a los tribunales de Goicoechea, el empresario volvió a referirse públicamente a los señalamientos.

“Me asocié con personas que yo no sabía que conocían a otras personas. Tengo la conciencia y la cabeza en alto”, expresó ante los medios de comunicación.

Con estas declaraciones, el productor defendió su actuación y sostuvo que desconocía determinadas relaciones de las personas con quienes había desarrollado negocios.

Su abogado, Daniel Brenes, aseguró que durante la declaración indagatoria se aportaron elementos que, según su valoración, permitieron disminuir los riesgos procesales considerados por la Fiscalía.

La defensa también sostiene que su representado no mantenía el vínculo criminal que le atribuyen los investigadores y ha manifestado su disposición a continuar colaborando con las autoridades.

Fiscalía descarta pedir prisión preventiva contra Stockwell, pero mantiene la acusación bajo investigación

La situación judicial del productor fue aclarada por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, que explicó que la decisión de dejarlo en libertad respondió a una valoración individual de las pruebas y de sus condiciones personales.

Entre los factores analizados figuran los arraigos del imputado, los posibles peligros procesales, su presunta participación en los hechos y los elementos probatorios disponibles.

A partir de esa evaluación, el Ministerio Público determinó que, por el momento, no solicitaría prisión preventiva contra Stockwell, sino otras medidas destinadas a garantizar su vinculación con el proceso penal.

Otra mujer quedó libre y 17 sospechosos enfrentan solicitudes de medidas cautelares

El Ministerio Público también confirmó la liberación de una mujer identificada con el apellido Corrales, quien había sido detenida como parte de las diligencias del caso.

En su situación, las autoridades determinaron que, por ahora, no solicitarán medidas cautelares, aunque continuará figurando como imputada.

Esta decisión se diferencia de la adoptada respecto a Stockwell, porque contra el productor sí se solicitarán restricciones judiciales, aunque distintas a la prisión preventiva.

Entre quienes continuaban bajo custodia judicial figuraba el empresario Hugo Barboza, cuya situación deberá ser resuelta por las autoridades competentes.

Debido a la cantidad de investigados y al volumen de información incorporada al expediente, la defensa de Stockwell estima que el procedimiento podría prolongarse entre dos y tres semanas.

Incluso, el despacho judicial reservó un período de hasta un mes para desarrollar las audiencias necesarias.

Las nuevas pruebas que complican la investigación de los productores

Mientras se define la situación judicial de los sospechosos, nuevas informaciones sobre el expediente revelaron comunicaciones y movimientos financieros que las autoridades consideran relevantes para establecer los presuntos vínculos entre los empresarios del entretenimiento y Edwin Vargas García, alias “Sobrino”.

De acuerdo con documentos judiciales divulgados por medios costarricenses, los investigadores recuperaron conversaciones de aplicaciones de mensajería, comprobantes de pago, fotografías de dinero y registros relacionados con inversiones en eventos.

Una de las pruebas corresponde a una videollamada realizada el 14 de septiembre de 2023 entre Stockwell y Vargas García, en la que ambos habrían conversado sobre una inversión de aproximadamente USD 250,000 para un espectáculo.

El registro forma parte de los elementos utilizados por el OIJ para sostener que la relación entre los investigados no habría sido únicamente circunstancial.

En otra comunicación, incorporada a la orden de allanamiento y relacionada con un concierto de Ricardo Montaner, aparecen referencias a una inversión de USD 130,000, ganancias netas superiores a USD 42,000 y un retorno del 37%.

Para los investigadores, esos mensajes indicarían que los productores conocían la participación de Vargas García como inversionista y discutían mecanismos para devolver el capital junto con las utilidades.

Estas interpretaciones corresponden a la hipótesis de las autoridades y todavía deberán ser valoradas dentro del proceso judicial.

Comprobantes de pago, dinero en efectivo y criptomonedas

Otra revelación divulgada este jueves corresponde a conversaciones de Snapchat que, según los investigadores, muestran intercambio de recibos, fotografías de fajos de billetes y comprobantes de transferencias.

En el expediente se mencionan movimientos asociados con el concierto de Ricardo Montaner, incluidos pagos por aproximadamente USD 191,753, compuestos por la recuperación del capital y ganancias relacionadas con entradas y patrocinios.

También aparecen registros de inversiones vinculadas con el espectáculo deportivo Nitro Circus, celebrado en el Estadio Nacional, cuyos montos investigados pasaron de aproximadamente USD 182,660 a USD 222,455.

Los agentes también identificaron comunicaciones relacionadas con el concierto de Aventura, celebrado en 2024, para el cual el supuesto inversionista habría destinado alrededor de USD 300,000, según documentos incorporados a la investigación.

Incluso se investiga una transferencia de USD 350,000, fechada en febrero de 2024, y comunicaciones posteriores sobre posibles mecanismos para movilizar recursos.

Las autoridades buscan determinar si estos movimientos correspondían a operaciones comerciales legítimas o si fueron utilizados para introducir en el sistema económico recursos de origen ilícito.

El FBI colaboró en la recuperación de conversaciones

La cooperación internacional también ha tenido un papel importante en el desarrollo del caso.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, confirmó que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) colaboró con las autoridades costarricenses para recuperar comunicaciones utilizadas por algunos de los investigados.

Según la Fiscalía, parte de los intercambios se desarrollaban mediante Snapchat, una plataforma que representaba dificultades técnicas para la obtención de información por parte de los investigadores nacionales.

Con la asistencia estadounidense fue posible recuperar conversaciones que posteriormente se incorporaron a la investigación.

La información permitió identificar contactos entre Vargas García y personas relacionadas con la organización de espectáculos, además de examinar cómo se negociaban aportes económicos y posibles ganancias.

Uno de los aspectos que deberán aclararse es el grado de conocimiento que tenían los productores sobre el origen de los recursos utilizados en los eventos.

Más de USD 850,000 en conciertos y negocios investigados

El Organismo de Investigación Judicial informó inicialmente que la organización atribuida a “Sobrino” habría invertido aproximadamente USD 859,000 en al menos tres espectáculos masivos.

Sin embargo, las diligencias también abarcan otras transacciones, comunicaciones y eventos cuya relación con la causa deberá determinarse.

La investigación no se limita a la industria del entretenimiento.

Según la información divulgada por el OIJ, la estructura presuntamente utilizaba distintas actividades económicas para movilizar e introducir recursos cuyo origen podría estar relacionado con la venta de drogas.

Entre los negocios investigados figuran operaciones de compra y venta de oro, adquisición de propiedades, inversiones ganaderas, préstamos informales y lotería clandestina.

Uno de los mecanismos bajo investigación estaría relacionado con la comercialización de oro extraído ilegalmente de Crucitas, en Cutris de San Carlos.

De acuerdo con la hipótesis policial, la organización habría utilizado establecimientos comerciales y operaciones de exportación para introducir ese material en circuitos económicos formales.

Durante los 22 allanamientos, las autoridades reportaron el decomiso de vehículos y motocicletas de alta gama, armas de fuego y dinero en efectivo.

Estas diligencias constituyen una nueva fase de una investigación que comenzó a desarrollarse a partir del denominado caso Granero, operativo que permitió la detención de Edwin Vargas García en enero de 2025.

La relación de los productores con figuras políticas también genera controversia

Las detenciones provocaron repercusiones fuera del ámbito judicial, especialmente por la circulación de fotografías de los productores investigados con figuras políticas nacionales.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, confirmó que asistió en marzo de 2026 al concierto de Grupo Firme, donde coincidió con Hugo Barboza y se tomó fotografías con él.

La mandataria explicó que la invitación le fue trasladada mediante el vicepresidente Francisco Gamboa, y afirmó que no conocía previamente al empresario ni tenía información sobre investigaciones en su contra.

Fernández defendió su actuación y señaló que desconocía los supuestos vínculos del productor con actividades ilícitas.

Por otra parte, el Partido Liberación Nacional (PLN) negó este jueves que Stockwell y Barboza figuraran como contribuyentes o proveedores de la agrupación en las campañas electorales de 2022 y 2026, después de que circularan fotografías de los empresarios con dirigentes de ese partido.

La existencia de fotografías, invitaciones o encuentros públicos no demuestra participación de dirigentes políticos en las actividades presuntamente delictivas.

Hasta esta actualización, las informaciones verificadas no establecen responsabilidad penal de la presidenta ni de las otras figuras políticas mencionadas por sus contactos sociales con los empresarios investigados.

Diana Milena Agudelo Salazar, conocida como alias La Morocha, fue capturada el 6 de octubre de 2026 en Cartagena del Chairá, Caquetá, junto con dos integrantes de su esquema de seguridad.

La operación estuvo a cargo del Ejército y la Policía, que incautaron una pistola y una escopeta. La detenida era señalada como cabecilla de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, facción liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Tras la detención de la líder guerrillera, se han conocido nuevos detalles sobre su historial criminal, así como los presuntos beneficios jurídicos que tenía previstos a recibir.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Aguilar, advirtió que, durante la administración del expresidente Gustavo Petro, las ordenes de captura en contra de Agudelo Salazar iban a ser suspendidas por la Fiscalía General de la Nación, debido a su vinculación con el proceso de paz con la estructura de ‘Calarcá’.

El mandatario departamental, en diálogo con NTN24, sostuvo que esa medida tenía el visto bueno del entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y detalló que solo sus advertencias ante el ente acusatorio impidieron dicho fin.

“Nosotros levantamos la voz cuando pretendían con el anterior comisionado de paz solicitar el levantamiento de las órdenes de captura de esta criminal. Nosotros levantamos la voz e hicimos unas denuncias con respecto a lo que pretendían hacer. Afortunadamente, no se dieron por parte de la Fiscalía el levantamiento de órdenes de captura a esta señora”, expresó el dirigente al noticiero citado.

Del mismo modo, Aguilar denunció que alias La Morocha había intimidado a la población de Cartagena del Chairá en los procesos electorales de 2023 y de 2026.

“A muchos, y sin temor a equivocarme, puedo decir que a la gran mayoría les tocó pagarle a estos bandidos para poder ingresar en el territorio. Les cobraban hasta 200 millones de pesos, eso valía la visa o el pasaporte para poder ir al sector rural a hacer campaña (...) Muchos dirigentes les tocaba ir a hablar con alias La Morocha para que les diera permiso para hacer campaña”, denunció.

A su vez, recalcó que el grupo armado, posterior a la campaña presidencial, siguen ejerciendo control sobre la población caqueteña.

“Yo siempre he dicho que el voto fusil continuaba y continúa, porque ahora después del proceso electoral se dieron a la tarea de buscar a los comerciantes, campesinos, a los empresarios, de ver sus redes sociales, de verificar si le hicieron campaña o no a Abelardo de la Espriella y llamarlos a colocarles una multa”, puntualizó.

Informe de inteligencia

Las instigaciones de alias La Morocha en la campaña electoral también fue alertado por el Ejército Nacional de Colombia.

De acuerdo con un informe de inteligencia revelado por Blu Radio, integrantes de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc usaban las Juntas de Acción Comunal para convocar habitantes de San Vicente del Caguán.

Esas convocatorias, según la institución castrense, se realizaron los días 13 y 14 de abril de 2026, en el que alias La Morocha, junto con un hombre identificado como alias Juan Carlos, habrían ordenado reunir al menos tres representantes por vereda, con sus propias provisiones, para participar en concentraciones prolongadas que buscarían realizar “asonadas para impedir el avance de las tropas”.

El informe también señalaba que la facción de alias Calarcá imponía fondos comunes para organizar y financiar mesas de votación autónomas.

En reuniones atribuidas a La Morocha se habría acordado la participación de unos 95 civiles, incluidos entre 30 y 40 integrantes de las llamadas guardias campesinas, con el objetivo de controlar las urnas y permitir que la estructura armada pudiera “auditar de primera mano el flujo de votantes”.

El documento fue elaborado cuando el general Erick Rodríguez era subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, pero que salió del cargo durante el Gobierno de Gustavo Petro, aunque fue reintegrado posteriormente bajo la administración de Abelardo de la Espriella y ahora ocupa el cargo de comandante general de la institución.

La captura volvió a poner el reporte en el centro de la atención, debido a que la información también describía mecanismos para movilizar comunidades y obstaculizar el ingreso de la Fuerza Pública.

Según el acta policial a la que accedió Panamericana Televisión, los hechos habrían ocurrido el martes 6 de octubre, alrededor de las 8 de la noche, en una de las duchas del recinto. La denuncia señala que otros cuatro menores se encontraban presentes durante el incidente. Sin embargo, el documento no precisa si estos adolescentes pertenecían al grupo relacionado con el caso del colegio naval o si se trataba de otros internos.

La madre del adolescente acudió el miércoles 7 de octubre a la comisaría de San Miguel para reportar lo sucedido. De acuerdo con su declaración, uno de los seis investigados por el caso anterior sería quien habría protagonizado esta nueva agresión. La progenitora expresó además su preocupación por posibles represalias contra ella y su hijo, quien permanece bajo custodia del centro juvenil.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía inició las diligencias correspondientes. Durante la madrugada, representantes del Ministerio Público llegaron hasta Maranguita para realizar las actuaciones vinculadas con el caso. La diligencia se prolongó durante aproximadamente dos horas y posteriormente los funcionarios se trasladaron a la dependencia policial de San Miguel, donde permanecieron cerca de 15 minutos antes de retirarse.

El Ministerio Público informó que la Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento de la denuncia presentada en San Miguel por una presunta agresión ocurrida dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La investigación está a cargo de la fiscal Rita Ajalcriña Cabezudo.

Los seis adolescentes vinculados con el expediente del Liceo Naval permanecían separados del resto de internos, según la información difundida por el medio. La nueva denuncia habría ocurrido cuando estos menores ya llevaban 18 días en el establecimiento. Este jueves cumplen 20 días de internamiento preventivo.

Además, para este viernes 9 de octubre está prevista una audiencia relacionada con dos de los tres adultos que estuvieron presentes durante los hechos investigados en el caso del Liceo Naval. La nueva denuncia se suma así a un expediente que continúa bajo investigación y que ahora comprende actuaciones adicionales dentro del centro juvenil.

La madre del adolescente afectado también sostuvo una entrevista con representantes del Ministerio Público. Su principal preocupación está relacionada con la protección de su hijo mientras permanezca internado. La Fiscalía deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio, identificar a los involucrados y establecer las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.

Comunicado del Pronacej

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) informó que el 7 de octubre recibió una alerta por una presunta agresión contra un menor dentro de un ambiente de uso reservado para el aseo del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

Según el comunicado, la institución activó de inmediato los protocolos y procedimientos establecidos tras tomar conocimiento del caso. Entre las medidas adoptadas figura el aislamiento del adolescente señalado como presunto responsable. Además, se dispuso la atención del menor afectado y el apoyo a su madre.

El Pronacej también señaló que colaborará con la familia denunciante y las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de facilitar las investigaciones y contribuir con la determinación de las responsabilidades que correspondan.

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de posible responsabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’, pero considera “prematuro” imputar al partido como persona jurídica. Así lo confirman fuentes de la investigación a Infobae, que señalan que el Ministerio Público ya ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el informe sobre la petición del PP y sostiene que, antes de tomar una decisión, todavía deben practicarse varias diligencias, entre ellas la declaración del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Anticorrupción no cierra la puerta a que el PSOE pueda acabar siendo investigado en la causa. Su posición, según las mismas fuentes, es que existen elementos que justifican seguir profundizando en la posible responsabilidad de la formación, pero que todavía no hay una fotografía completa de lo ocurrido como para dar ese paso. Falta, entre otras cuestiones, escuchar a Cerdán, una de las personas a las que los investigadores sitúan en el núcleo de la presunta trama.

El informe llega a la mesa del juez Pedraz después de que el PP reclamara el pasado martes la imputación del PSOE, apenas 24 horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Los populares, personados como acusación popular en el procedimiento, pidieron al juez que investigara al partido por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal, blanqueo de capitales y malversación.

Pedraz decidió entonces dar traslado de la petición a Anticorrupción antes de resolver. El juez ya tiene ahora la respuesta del Ministerio Público y deberá decidir si sigue su criterio y espera a completar las diligencias pendientes o si, por el contrario, adopta una decisión sobre la imputación del partido sin esperar a que terminen esas actuaciones.

La cuestión no es menor. La petición del PP pretende que la responsabilidad que se está investigando deje de estar limitada a las personas físicas que aparecen en el procedimiento y alcance también al propio PSOE. Para sostenerla, los populares defienden que la presunta trama habría actuado para proteger los intereses del partido y que algunos de sus responsables habrían puesto recursos de la organización a disposición de esas actuaciones.

Una trama que buscaba información sobre jueces, fiscales y agentes

El ‘caso Leire Díez’ investiga una serie de contactos y maniobras que, según la hipótesis que se está examinando en la Audiencia Nacional, tenían como objetivo obtener información comprometedora sobre personas relacionadas con investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

La investigación puso el foco inicialmente en la actividad de la exmilitante socialista Leire Díez, que habría mantenido contactos con diferentes personas en busca de información sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil. El objetivo, según los investigadores, habría sido encontrar elementos con los que cuestionar la credibilidad de quienes participaban en esas pesquisas y dificultar así investigaciones que podían perjudicar a dirigentes socialistas.

Una segunda línea apunta a los intentos de promover investigaciones internas dentro de la Guardia Civil. La finalidad habría sido generar un clima de presión sobre los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), precisamente una de las unidades que había participado en investigaciones que afectaban al entorno del PSOE.

En ese escenario aparece Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del PSOE es una de las piezas centrales del procedimiento y está investigado por su presunta participación en la estructura que se está reconstruyendo. La Fiscalía considera ahora que su declaración resulta necesaria antes de decidir si esos indicios pueden trasladarse también al partido.

El PP sostiene una interpretación más amplia. En el escrito que presentó ante Pedraz, al que tuvo acceso Infobae, la formación de Alberto Núñez Feijóo defiende que las actuaciones investigadas no beneficiaban únicamente a quienes las ejecutaban, sino que estaban dirigidas a proteger los intereses del PSOE. Por eso reclama que se examine la eventual responsabilidad penal de la organización.

Los populares apuntan directamente a Cerdán y también a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que permanece investigada en la causa. Según la acusación, la participación de personas que ocupaban puestos de responsabilidad dentro de la formación demostraría que no se trataba de iniciativas completamente ajenas al partido.

El PP añade otro argumento: que el PSOE habría carecido de mecanismos de control suficientes para impedir que sus responsables utilizaran recursos de la organización para cometer delitos. En su escrito, sostiene que Cerdán habría tenido capacidad para disponer de medios del partido sin que existiera un sistema interno que limitara o fiscalizara sus actuaciones.

La formación socialista, por su parte, ha limitado hasta ahora la responsabilidad por los hechos investigados a quienes pudieran haber actuado de manera individual y ha situado el foco sobre su antiguo secretario de Organización.

El Gobierno presentó ante el Senado un proyecto que plantea cambios en varias etapas de la investigación penal. Uno de los principales ajustes permitiría que la Fiscalía llegue a la acusación sin pasar obligatoriamente por la audiencia de formulación de imputación.

La iniciativa convertiría esa diligencia en una audiencia facultativa de terminación anticipada. Su propósito sería abrir una salida temprana cuando el procesado y la Fiscalía puedan acudir a mecanismos previstos por la ley.

Allí podrían discutirse el allanamiento a cargos, los preacuerdos, el principio de oportunidad y la reparación integral. El primero ocurre cuando el procesado acepta voluntariamente los cargos; los preacuerdos son una negociación entre Fiscalía y defensa; el principio de oportunidad permite suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en los casos autorizados, y la reparación integral busca compensar a la víctima por el daño causado.

Si ninguna de esas alternativas resulta aplicable, la Fiscalía podría avanzar directamente hacia la audiencia de acusación y solicitar que el caso continúe rumbo al juicio. De esta manera, la imputación dejaría de ser un paso obligatorio para todos los procesos.

Imputación y acusación tendrían nuevas reglas

El proyecto también modifica el papel de los jueces. El juez de control de garantías tendría un control material sobre la imputación y la acusación para verificar que los hechos correspondan al delito atribuido y que se respete el debido proceso. En la imputación, el estándar seguiría siendo una inferencia razonable de autoría o participación. Para la acusación se mantendría la probabilidad de verdad.

La audiencia de acusación quedaría a cargo del juez de control de garantías. Después, el expediente pasaría a reparto para que un juez de conocimiento asuma la audiencia preparatoria y el juicio oral. La medida separaría el control de legalidad de la decisión sobre responsabilidad penal. Si no hay audiencia de terminación anticipada, la vinculación formal ocurriría con la formulación de acusación o desde la captura, cuando esta haya sucedido primero. Al terminar la acusación, la persona adquiriría formalmente la condición de acusado.

El proyecto también modifica los referentes para la prescripción de la acción penal. Esta se interrumpiría con la imputación, cuando se realice, o con la acusación si se prescinde de esa etapa. Además, incorpora criterios para los tiempos de investigación y las causales de libertad por vencimiento de términos.

Los cambios alcanzan las medidas de aseguramiento. La detención preventiva podría solicitarse durante las distintas etapas procesales, incluida la audiencia de terminación anticipada. Si la Fiscalía pasa directamente a acusación, la solicitud se resolvería durante esa diligencia. En materia de bienes sujetos a registro, se mantiene la prohibición temporal de venderlos o transferirlos. El término de seis meses, actualmente relacionado con la imputación, comenzaría a contarse desde la audiencia de acusación cuando la Fiscalía avance directamente hacia esa etapa.

La propuesta establece plazos para las actuaciones posteriores. Finalizada la audiencia de terminación anticipada, la Fiscalía tendría 30 días para someter a control posterior de legalidad el allanamiento o el preacuerdo. Si esa salida no procede, dispondría de 90 días para formular la acusación o solicitar la preclusión. El plazo sería de 120 días cuando existan tres o más imputados o se trate de delitos de competencia de jueces penales de circuito especializados.

Después de la acusación, la audiencia preparatoria tendría que realizarse dentro de los 90 días siguientes. El juicio oral debería comenzar dentro de los 45 días posteriores a la terminación de esa audiencia.

La Fiscalía tendría plazos definidos para investigar

La iniciativa fija límites para la investigación. Como regla general, la Fiscalía tendría dos años desde que recibe la denuncia o conoce el posible delito para imputar, acusar u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. El término subiría a tres años si existe concurso de delitos o tres o más imputados, y a cinco años en casos de competencia de jueces penales de circuito especializados.

Para homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar y delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra menores de 18 años, el plazo sería de ocho meses, prorrogable una sola vez por seis meses más si existe una justificación razonable. Si los términos vencen sin imputación, acusación o archivo, el fiscal sería relevado y otro funcionario debería asumir el caso dentro de los tres días hábiles siguientes.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó el 3 de octubre de 2026 declarar insubsistente al capitán Germán Miranda, entonces director de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), después de la divulgación de audios en los que se alude a la revisión de un proceso penal y a gestiones relacionadas con documentos de esa entidad. El mandatario pidió que las autoridades competentes determinen el alcance de los hechos.

En uno de los audios, revelados por El Tiempo, se escucha a una persona identificada como Miranda conversar con el capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, sobre un expediente que, de acuerdo con el contenido de la llamada, podría afectar la situación jurídica de ese organismo de socorro.

Otro registro atribuido al exdirector contiene una conversación con una colaboradora sobre la búsqueda y recopilación de carpetas. En ese diálogo, la voz le pide que el asunto se mantenga en reserva: “Ayúdame con eso pero súper secreto, ¿listo? (...) Con calma, no vaya a comentar a nadie”.

Según los fragmentos difundidos, las conversaciones hacen referencia a la obtención de copias de un proceso, a contactos que podrían intervenir en un trámite ante la Fiscalía General de la Nación y a un eventual pago vinculado con el manejo del caso. “Primero tenemos que ver el monto, capi... y dependiendo del monto, arreglar eso”, se escucha en una de las grabaciones.

Miranda pidió que los organismos de control determinen qué ocurrió

En una entrevista con Caracol Radio, Germán Miranda dijo que respeta la decisión del Gobierno y sostuvo que la administración resolvió actuar ante cualquier situación que pudiera apartarse de sus lineamientos. “Hasta que los entes de control no verifiquen la veracidad de los hechos, no podemos dar un criterio específico de lo que pasó”, afirmó.

El exdirector defendió además la documentación que presentó para acceder al cargo. Señaló que la verificación incluyó requisitos ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y recordó que había ocupado previamente la dirección de Bomberos y la coordinación general de la entidad durante cerca de diez años.

“Curioso que en mis dos primeros periodos nunca hubo ninguna objeción a mi grado y experiencia”, manifestó Miranda al medio citado, que cuestionó que esos aspectos hayan surgido durante su último paso por la DNBC.

El exdirector también habló de irregularidades halladas en el empalme

Germán Miranda afirmó que, al recibir la entidad, el equipo de empalme detectó posibles anomalías en procesos de contratación. Dijo que esos hallazgos fueron remitidos a las entidades de control para que establezcan si existieron faltas.

Entre los asuntos que mencionó figuran presunto direccionamiento en los plazos para publicar pliegos y presentar ofertas, estudios de mercado que calificó como defectuosos, acceso a información reservada que habría facilitado sobrecostos y la división de licitaciones por lotes.

También aludió a pólizas de seriedad de oferta emitidas por el mismo intermediario. “Dos de las pólizas de seriedad de oferta son consecutivas. Eso quiere decir que las mismas empresas compraron consecutivamente las pólizas”, aseguró. Esos señalamientos, al igual que los audios que motivaron su salida, permanecen sujetos a la revisión de las autoridades competentes.

Ministerio del Interior habló sobre la salida de Miranda

Tras las declaraciones de Germán Miranda , el ministro del Interior, Rodrigo Lara afirmó en un comunicado que la salida del exdirector de Bomberos se dio por la pérdida de confianza por parte del Ejecutivo tras la divulgación de los audios.

A su vez, sostuvo que las revelaciones permitieron a la cartera recopilar pruebas para radicar “denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tras detectar, mediante auditoría forense, presuntos actos de corrupción en contrataciones directas de la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno anterior”.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación por los que se enfrenta a un juicio con jurado popular. El Ministerio Público considera que los hechos investigados por el ahora jubilado juez Juan Carlos Peinado durante más de dos años “no son constitutivos de infracción penal” y reclama la “libre absolución” de la esposa de Pedro Sánchez y de su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez.

Así lo recoge el escrito de conclusiones provisionales presentado por la Fiscalía de cara al juicio, al que ha tenido acceso Infobae. El fiscal mantiene que “sin delito no hay autor” y sostiene que no existen elementos que permitan atribuir responsabilidad penal a ninguna de las dos acusadas por las actuaciones desarrolladas en torno a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La petición no supone un cambio de criterio del Ministerio Público. La Fiscalía lleva defendiendo el archivo de la causa desde la instrucción y ya reclamó la absolución de Gómez en sus anteriores conclusiones. Ahora vuelve a hacerlo en el trámite que corresponde una vez terminada la investigación y abierta la vía al juicio oral. La diferencia es que la causa llega a este punto después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado que sea un jurado popular quien juzgue a la esposa del presidente y haya limitado los delitos que se le atribuyen a dos.

El fiscal dedica buena parte de su escrito a explicar por qué, a su juicio, la actividad de Gómez en la Complutense no puede considerarse delictiva. Y parte de una cuestión temporal: cuando comenzó su relación con la universidad, en 2012, Pedro Sánchez todavía no había llegado a La Moncloa.

Una actividad anterior a la llegada de Sánchez a La Moncloa

La Fiscalía recuerda que Begoña Gómez ya trabajaba en el sector privado del marketing y la consultoría y que su actividad académica en la Complutense comenzó seis años antes de que su marido se convirtiera en presidente del Gobierno. Durante ese periodo, señala el Ministerio Público, percibió unos 40.000 euros por distintas actividades académicas.

Ninguna de esas cantidades, precisa el fiscal, corresponde a la actividad desarrollada en la formación investigada en esta causa. La tesis de la Fiscalía es que no existe una conexión entre la llegada de Sánchez a la Presidencia y el inicio de la trayectoria de Gómez en la universidad que permita hablar de un aprovechamiento de su posición.

Tampoco considera que la cátedra extraordinaria que codirigió Gómez generase un beneficio económico indebido. El Ministerio Público explica que las cátedras extraordinarias son una de las fórmulas que utiliza la Complutense para captar financiación privada y sostiene que la universidad ha firmado numerosos convenios de este tipo con empresas, asociaciones y entidades de perfiles muy diferentes. El fiscal incide, además, en que la universidad no exige con carácter general una determinada titulación o currículum para dirigir una de estas cátedras. Por ello, considera que la ausencia de una titulación específica de Gómez no puede convertirse por sí misma en un indicio de delito.

La Fiscalía también descarta que las empresas que participaron en el proyecto obtuvieran un beneficio derivado de su colaboración. Según el escrito, ninguna recibió una remuneración por su participación ni existe una vinculación entre esa actividad y contrataciones posteriores en el sector público o privado. El Ministerio Público va un paso más allá y sostiene que tampoco consta que Begoña Gómez o las otras investigadas se beneficiasen económicamente de las actividades analizadas. Y no aprecia perjuicio patrimonial para la Universidad Complutense.

La institución universitaria mantiene, sin embargo, su propia posición en la causa y reclama 108.000 euros en caso de que se produzca una condena.

La otra pieza de la acusación: Cristina Álvarez

La Fiscalía tampoco aprecia delito en la actuación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que trabajaba como asistente de Begoña Gómez. El Ministerio Público considera que se trataba de un cargo de confianza encargado de acompañar a la esposa del presidente y organizar su agenda. Dentro de ese cometido, admite que Álvarez acompañó a Gómez o realizó algunas gestiones relacionadas con su actividad universitaria, pero entiende que esas actuaciones no supusieron un menoscabo de sus funciones ni un perjuicio para la Administración.

Es precisamente en este punto donde el relato de la Fiscalía vuelve a chocar con el que mantuvo el juez Peinado durante la instrucción. El juez consideró que la asistente había ido más allá de sus funciones institucionales y que prestaba a Gómez un apoyo continuado en sus actividades profesionales y académicas privadas. El magistrado llegó a describirla como algo más que una “mera acompañante ocasional” y sostuvo que ejercía como asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica de Gómez, pese a que su sueldo era abonado por la Presidencia del Gobierno.

La Fiscalía no comparte esa interpretación. Para el Ministerio Público, las actuaciones de Álvarez no alcanzan relevancia penal y forman parte de la relación propia de un puesto de confianza.

Ahora, con la presentación de las conclusiones de la Fiscalía, las partes disponen de 15 días para personarse ante la Audiencia Provincial y plantear las cuestiones previas que consideren oportunas. El nuevo magistrado que asuma el procedimiento deberá resolverlas y fijar los hechos que serán sometidos al jurado.

La Fiscalía solicita además la declaración de alrededor de una treintena de testigos durante el juicio. Una vez resueltas las cuestiones previas y concretados los hechos justiciables, quedará por señalar la fecha de la vista oral y constituir el tribunal del jurado.

El Ministerio Público informó que 165 personas fueron detenidas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM) en 28 distritos fiscales del país.

El balance, elaborado con datos del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple), reúne intervenciones por presuntos delitos electorales ocurridas entre el 1 y el 5 de octubre. La mayor parte de los casos se concentró el domingo 4, día de la votación.

De las 165 detenciones, 148 se produjeron el día central de los comicios. Las otras 17 fueron registradas el 1, 3 y 5 de octubre. La suplantación de votante encabezó la lista de intervenciones, con 59 personas detenidas.

La propaganda electoral en periodo prohibido sumó 31 casos, mientras que la publicidad ilegal sobre el sentido del voto acumuló 27. Los datos corresponden a reportes incorporados al registro oficial durante el monitoreo fiscal.

El informe también consignó nueve detenidos por presunto expendio de bebidas alcohólicas durante la restricción electoral. Ocho personas fueron intervenidas por atentados contra el derecho de sufragio y otras ocho por inducción a no votar o a hacerlo en determinado sentido. A esas cifras se añadieron siete detenidos por delitos contra el sufragio y seis por presunto porte de armas durante el periodo electoral.

Cusco, Áncash y Huánuco concentraron el mayor número de intervenciones

Cusco registró el mayor número de intervenciones, con 18 detenidos, seguido por Áncash, con 17, y Huánuco, con 14. Ayacucho sumó 12 casos y Cajamarca, 10. Los distritos fiscales de Lima Sur, Ica, Huancavelica y Arequipa informaron nueve detenciones cada uno.

Amazonas y Loreto registraron siete intervenciones por distrito fiscal. El reporte no precisa la situación procesal posterior de los detenidos ni las decisiones adoptadas en cada caso por las fiscalías competentes.

La Fiscalía de la Nación señaló que cerca de 7 mil fiscales permanecieron en alerta antes, durante y después de la jornada. La Oficina de Observatorio de Criminalidad contabilizó 14.110 actuaciones preventivas en el país, de las cuales 5.330 correspondieron al 4 de octubre.

Las verificaciones incluyeron la entrega de material electoral, la instalación de mesas, la ausencia de propaganda en los locales de votación y el cumplimiento de la prohibición de vender alcohol.

Además, los fiscales emitieron 2.351 exhortaciones, 1.535 recomendaciones y seis derivaciones durante las labores preventivas. Estas acciones se realizaron en coordinación con los organismos del sistema electoral, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

El despliegue incluyó orientación a los electores sobre situaciones que podían requerir una comunicación inmediata a las autoridades, como presuntas amenazas, ofrecimientos de dinero, reparto de propaganda o presión para condicionar el sufragio.

El fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, explicó durante la jornada que ciertas conductas pueden constituir presión sobre el elector.

Mencionó amenazas para votar por una candidatura y exigencias de mostrar una fotografía de la cédula como ejemplos que deben ser evaluados. También aludió a un caso informado a la Fiscalía sobre un ofrecimiento de S/ 100 para respaldar a un candidato y acreditar la elección con una imagen.

El exfiscal general Francisco Barbosa presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos seguimientos, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptaciones ilegales en su contra dentro de la DNI, y pidió una investigación para identificar a los responsables de las actividades de inteligencia que, según sostiene, lo habrían afectado durante el gobierno de Gustavo Petro.

La Fiscalía recibirá 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y varias tabletas que ya fueron sometidos a una auditoría, según indicó Barbosa. Los dispositivos y archivos corresponden a material que, de acuerdo con Semana, fue revisado tras una orden del presidente Abelardo de la Espriella.

Barbosa afirmó que su apoderado seguirá el avance del caso y reclamará resultados. “Es inadmisible, vuelvo y repito, que hayan montado una parafiscalía, que hayan montado una Fiscalía paralela. Y si se lo hicieron al fiscal general de la Nación, ¿qué puede esperar cualquier ciudadano de este país?”, expresó.

La denuncia señala que las actividades de inteligencia se ordenaban mediante instrucciones de trabajo o de forma verbal para evitar registros. Las consultas habrían abarcado bases de datos financieras, cambiarias, de abonados celulares, notariales, vehiculares, pensionales y migratorias.

Los resultados de esas búsquedas eran reportados semanalmente a la Presidencia, según consta en la presentación judicial. La investigación deberá establecer quiénes autorizaron las consultas, cuál fue el destino de la información y si existieron interceptaciones o seguimientos sin respaldo legal.

El exfiscal vinculó esos presuntos procedimientos con una campaña que, según su denuncia, buscaba afectar su honra, su buen nombre y el de su familia. Sostuvo que la ofensiva se intensificó hacia finales de 2023 en medios de comunicación y redes sociales, mediante la difusión de información falsa.

La presentación judicial busca determinar si los datos que llegaban a Gustavo Petro fueron suministrados por organismos de inteligencia y si pudieron haber servido como insumo para esa campaña. Barbosa había mantenido, de acuerdo con su relato, desacuerdos institucionales con el Gobierno por decisiones que debían ajustarse al orden constitucional.

El abogado Juan Camilo Caicedo, defensor del exfiscal, afirmó que la tensión coincidió con la oposición de su representado a los beneficios que el Gobierno pretendía otorgar a grupos dedicados al narcotráfico. “Esa campaña coincidió con la férrea oposición de mi poderdante a los beneficios que el Gobierno pretendía otorgar a grupos dedicados al narcotráfico, que derivó en un grave enfrentamiento institucional por la insistencia del gobierno Petro en suspender órdenes de captura”, señaló.

La auditoría forense de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), realizada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, advierte sobre presuntas escuchas y seguimientos contra opositores del gobierno Petro durante 2022-2026. Las acciones habrían buscado recopilar información de figuras que incomodaban a la Casa de Nariño mediante procedimientos que no se ajustaban a la legalidad.

El listado entregado por una fuente a la revista Semana que trabajó durante el gobierno Petro incluye a Margarita Cabello, exprocuradora general de la Nación; Carlos Felipe Córdoba, excontralor general de la República; los generales retirados Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas; y los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. También aparecen Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, el senador asesinado Miguel Uribe Turbay, Ramiro Bejarano y Vicky Dávila.

La auditoría también habría detectado reparos por el uso de gastos reservados, incluida la compra de un dron por $9.000 millones que sufrió un accidente en la zona del Catatumbo. Entre las operaciones cuestionadas figura además el sistema biométrico ABIS, que, según la denuncia, nunca funcionó.

“La gestión tecnológica y de seguridad digital de la Dirección Nacional de Inteligencia requiere una transformación estructural total”, concluyó la auditoría forense, que identificó fallas operativas, posibles filtraciones de información sensible, accesos no autorizados a datos y deficiencias en los protocolos de ciberseguridad.

El 8 de septiembre de 2026, poco antes de las 8:30 de la mañana, el comedor de la Benson Polytechnic High School de Portland, Oregón, se convirtió en el escenario de un ataque premeditado.

Según informó Fox News, un estudiante de 15 años llevó productos químicos desde su casa y los mezcló en el comedor durante el horario regular de clases.

El gas liberado intoxicó a compañeros y personal escolar, y dejó al propio autor hospitalizado en estado crítico.

El incidente no terminó ahí. Cuatro semanas después, la fiscalía presentó una acusación que los investigadores califican como una de las más graves en la historia reciente del sistema escolar de Oregón: 19 cargos penales que incluyen terrorismo doméstico e intento de asesinato en múltiples grados.

Al menos siete personas requirieron atención médica y más de 100 fueron evacuadas del establecimiento.

Los cargos y la postura de la fiscalía

Nathan Vasquez, fiscal de distrito del Condado de Multnomah, detalló los cargos durante una conferencia de prensa celebrada el 2 de octubre.

La lista incluye 10 cargos de intento de asesinato agravado, uno de intento de asesinato en primer grado y uno en segundo grado, además de terrorismo doméstico en primer y segundo grado.

Se suman cargos por fabricación y posesión ilegal de un dispositivo destructivo, portación de arma en un edificio público, uso ilegal de un arma y puesta en peligro imprudente de terceros.

“La seguridad en nuestras escuelas no es algo que pueda negociarse”, afirmó Vasquez en declaraciones recogidas por Fox News. “Esa violencia, o la amenaza de violencia en una escuela, no se queda dentro del edificio. Llega a los hogares de las familias. Se sienta con ellos en la mesa”.

Lo que encontraron los investigadores

Antes del incidente, investigadores de la Oficina de Policía de Portland ya habían identificado “comportamientos y declaraciones preocupantes” en el adolescente.

El gerente de información pública Mike Benner explicó, en la misma conferencia, que entre esos indicios figuraban un interés por agentes peligrosos, explosivos y violencia.

El sargento Jim DeFrain, supervisor de la investigación y de la Unidad Metropolitana de Eliminación de Explosivos, confirmó la presencia de sulfuro de hidrógeno como agente tóxico liberado.

Un equipo de la Guardia Nacional de Oregón coincidió con esa evaluación. El FBI incautó equipos electrónicos del menor y envió muestras del gas a su laboratorio para análisis adicionales.

El rol del personal del colegio

Fueron los docentes, los directivos y la enfermera quienes alejaron a los estudiantes del lugar e iniciaron la atención al adolescente antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El comandante asistente de investigaciones Franz Schoening señaló ante Fox News que “esos primeros momentos fueron decisivos para prevenir más daños y la pérdida de vidas”.

El debate sobre el sistema judicial juvenil

Vasquez aprovechó la conferencia para señalar una falla estructural en la legislación del estado: el sistema juvenil de Oregón deja de tener jurisdicción sobre una persona a los 25 años, aunque la persona aún pueda representar un riesgo para la sociedad.

“Creo que eso está mal”, sostuvo el fiscal ante Fox News, y aseguró que evalúa la peligrosidad de la conducta y lo que considera seguro para la comunidad a largo plazo.

Los abogados del menor negaron todos los cargos y confirmaron, tal como recogió The New York Times, que el adolescente se encuentra internado en una unidad de salud mental.

La investigación permanece abierta luego de la conferencia. Vasquez advirtió que cualquier otra persona con participación criminal en los hechos también podría enfrentar cargos.

La Procuraduría General de la Nación de Panamá capturó a un exejecutivo bancario señalado de presuntamente autorizar pagos irregulares de créditos fiscales dentro del denominado caso Pandora.

El operativo se suma a una causa que ya acumula más de veinte imputaciones y un perjuicio estimado en unos $40 millones contra el Estado panameño.

Se informó que la diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, con apoyo de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial.

El diario La Prensa identifica al exejecutivo bancario como Arnold Salgado Galeano, antiguo ejecutivo de BAC Panamá.

El sospechoso habría sido la persona que presuntamente desde una entidad bancaria daba luz verde a los desembolsos de los créditos fiscales manipulados.

A cambio, según la investigación, recibía beneficios económicos por facilitar esas transacciones.

Las autoridades lo localizaron durante un allanamiento en una residencia del sector de Condado del Rey, en la ciudad capital, donde se recuperaron equipos tecnológicos y documentos que ahora forman parte del expediente.

El caso Pandora es una investigación penal que se desarrolla en Panamá sobre una red de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares que presuntamente manipuló el sistema e-Tax 2.0 para convertir pagos de impuestos ya realizados en créditos fiscales falsos, cederlos de forma irregular y generar un perjuicio al Estado.

La organización criminal estaba conformada por particulares y funcionarios de la DGI, el organismo que administra la recaudación tributaria en Panamá bajo dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Entre sus funciones figuran la gestión de cuentas corrientes de los contribuyentes y la supervisión de los sistemas de facturación electrónica.

La plataforma e-Tax 2.0 funciona como el canal principal para declarar impuestos, pagarlos y gestionar créditos fiscales, tanto para personas naturales como jurídicas.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la red eliminaba cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado al fisco y transformaba esos registros en créditos fiscales disponibles para apoderarse de ellos.

Las pesquisas, apoyadas en auditorías internas de la DGI y en informes técnicos, identificaron al menos ocho grandes contribuyentes afectados. La mayoría de los créditos fiscales desviados terminaron en cuentas del BAC International Bank Inc.

De acuerdo con las autoridades los allanamientos que se han realizado hasta el momento permitieron reconstruir el presunto modus operandi de la organización.

A partir de esas diligencias se derivaron imputaciones contra más de veinte personas por blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos públicos.

El fiscal Emeldo Márquez, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, señaló en agosto que las diligencias desarrolladas hasta ese momento apuntaban a que el número de personas involucradas podría elevarse hasta 50 investigados.

El funcionario agregó que el perjuicio económico también superaría la estimación inicial de $40 millones.

Márquez sostuvo además que la organización habría procurado no dejar rastro del dinero obtenido. Según su versión, parte de las ganancias se distribuyó en efectivo para dificultar su trazabilidad.

Hasta ahora la Operación Pandora constituye, según las autoridades judiciales, uno de los mayores casos de presunta manipulación de un sistema tributario digital en la historia reciente de Panamá. La causa expuso una red que combinó a funcionarios de la DGI con particulares del sector privado, incluido el bancario.

El impacto del caso ya se refleja en decisiones administrativas. La Dirección General de Ingresos anunció la sustitución de e-Tax por una nueva plataforma de última generación, en paralelo a una revisión del marco regulatorio que rige la cesión de créditos fiscales.

El caso se convirtió en uno de los juicios por asesinato más seguidos del estado en lo que va del año, de acuerdo con ABC News.

Flynn, de 40 años, enfrenta desde 20 años hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia ante la jueza Jeannine Pratt está programada para las 3 p.m. (hora del Este).

El pasado 29 de septiembre, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos en su contra, entre ellos asesinato agravado y alteración de pruebas.

La noche del crimen y la versión que no le creyeron

La madrugada del 16 de febrero de 2026, Flynn alegó que un intruso había irrumpido en su casa al norte de Dayton y disparado a su esposa, Ashley Flynn, de 37 años. Fue detenido tres días después.

La fiscalía sostuvo que Flynn ejecutó a Ashley con dos disparos en la parte posterior de la cabeza mientras la víctima estaba en cama. Luego manipuló la escena: dañó una puerta lateral del garaje para simular una entrada forzada.

El fiscal auxiliar del condado de Miami, Matthew Joseph, fue terminante durante los alegatos finales. “La prueba no narra la historia de un intruso”, afirmó ante el jurado.

Además, señaló que las comunicaciones digitales y los registros de la noche del crimen “apuntan directamente al acusado”.

Por qué la fiscalía dijo que tenía razones para hacerlo

Alleigha Botner, la ex amante de Flynn, declaró como testigo de cargo durante dos jornadas. En ese tiempo, leyó en voz alta fragmentos de la extensa comunicación que ambos mantuvieron.

Uno de los mensajes, enviado por Flynn en mayo de 2025, resultó particularmente contundente: “Si pudiera literalmente matarla sin irme al infierno, lo haría de todo corazón”, tal como lo leyó la testigo en la sala, según recogió ABC News.

Al eliminar a su esposa, Flynn podía conservar su puesto de trabajo en la empresa familiar de Ashley, cobrar el seguro de vida de ella y mantener intacta su imagen como líder de adoración dentro de la iglesia, tal como expuso Joseph ante el tribunal.

Flynn no testificó en su propio juicio. La defensa tampoco llamó a ningún testigo.

El veredicto y la reacción de la familia de la víctima

Ese mismo día, el jurado lo halló culpable de asesinato agravado, tres cargos de homicidio, dos cargos de agresión grave y tres cargos de alteración de pruebas.

En siete de esas condenas, el jurado también determinó que Flynn empleó un arma de fuego, lo que implica un agravante sobre la pena.

El fiscal Paul Watkins agradeció públicamente al jurado “por su dedicación a la justicia en este caso”.

La familia de Ashley Flynn emitió una declaración leída por Watkins. “Nos negamos a que el mal que acabó con la vida de Ashley tenga la última palabra en su historia”, expresó la familia, que además destacó que la víctima “amaba a su gente, encontraba alegría por encima de las circunstancias y quería que su vida señalara a Jesús”. “Sobre todo, amaba ser mamá”, agregó el texto.

Qué pasó después del veredicto y qué viene ahora

El 1 de octubre, cuatro días antes de la sentencia, Flynn compareció ante la jueza Pratt en una audiencia de menos de seis minutos.

Allí fue notificado de que deberá inscribirse durante 10 años en el Registro de Delincuentes Violentos de Ohio, con renovación anual y obligación de informar al sheriff de cualquier cambio de domicilio en un plazo de tres días.

La defensa, encabezada por Patrick Mulligan, ya anticipó que presentará una apelación. “Anticipo plenamente que se presentará una notificación de apelación y que esta decisión será sometida a un examen riguroso ante el tribunal de apelaciones”, afirmó el letrado tras conocerse el veredicto.

El argumento central, informó ABC News, es la supuesta falta de pruebas sobre la premeditación del crimen.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó la captura de Víctor “N” como segundo implicado en el robo con violencia contra Karely Ruiz en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Policía Municipal realizaron el operativo, en el que solicitaron órdenes de aprehensión contra tres hombres más por su presunta participación en los hechos.

El asalto ocurrió el 29 de julio en la colonia Las Puentes, cuando un grupo armado ingresó a la vivienda de la influencer. Los delincuentes sustrajeron objetos y dinero con un valor estimado en 700 mil pesos.

Según las investigaciones, la autoridad precisó que el detenido habría ingresado junto con otros sujetos al domicilio de la influencer en la colonia Las Puentes.

La Fiscalía confirmó para Infobae México que el hombre participó en el sometimiento de las víctimas dentro de la vivienda. Los asaltantes se apoderaron de dinero en efectivo, joyas y otros objetos con un valor estimado en 700 mil pesos.

Sin embargo, esta no es la primera captura relacionada con el caso. El 5 de agosto la Fiscalía ya había detenido a Guillermo “N”, identificado mediante huellas dactilares halladas en objetos dentro de la casa.

Karely Ruiz se refirió al tema en sus redes sociales tras conocer la noticia. La influencer confirmó que las autoridades le notificaron sobre la detención de este segundo implicado.

La carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público contiene información adicional sobre el caso. Ese expediente permitió identificar a tres hombres más como probables participantes en el asalto.

La Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión contra esos tres sujetos para llevarlos ante la justicia. Las autoridades estatales continúan con las diligencias para lograr su captura.

Karely Ruiz no ha revelado públicamente si recuperó los objetos sustraídos durante el asalto. La modelo confirmó, sin embargo, que cambió de domicilio después del hecho.

El robo con violencia se perpetró el 29 de julio en San Nicolás de los Garza

Los hechos se registraron el 29 de julio en un domicilio de la colonia Las Puentes. De acuerdo con los primeros informes, un grupo integrado por al menos siete hombres armados y encapuchados ingresó al inmueble.

Al momento del atraco se encontraban en la vivienda la influencer, su pareja y la hija menor de ambos. Los delincuentes sometieron a los tres habitantes de la casa apenas lograron el ingreso.

Trascendió que los agresores habrían estado acechando previamente desde un parque cercano al sector. Esa vigilancia previa les permitió esperar el momento oportuno para cometer el robo.

La pareja de la modelo intentó poner resistencia ante los asaltantes. Los delincuentes lo agredieron a cachazos y le provocaron lesiones de consideración en la cabeza.

Los agresores exigieron a las víctimas que entregaran el dinero en efectivo disponible en la vivienda. El grupo armado se apoderó de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo durante el despojo.

Además del dinero en efectivo, los asaltantes sustrajeron diversa joyería de valor y aparatos electrónicos. Tras concluir el atraco, los siete hombres se dieron a la fuga del lugar.

El monto total estimado de lo sustraído en el robo asciende a 700 mil pesos. Esa cifra incluye el efectivo, las joyas y los objetos de valor tomados de la vivienda.

La Fiscalía mantiene abierta la búsqueda de tres sospechosos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene activa la investigación para capturar a los tres hombres restantes. El Ministerio Público ya integró en la carpeta la información necesaria para solicitar sus órdenes de aprehensión.

Las autoridades estatales no han precisado una fecha estimada para concretar esas detenciones. La Fiscalía continúa, de acuerdo con sus comunicados, atenta al desarrollo de las diligencias.

El caso se mantiene bajo investigación con el respaldo de la Agencia Estatal de Investigaciones. La dependencia utilizó inteligencia policial y modelos científicos de identificación para lograr las dos capturas realizadas hasta ahora.

Con la detención de Víctor “N” suman dos los implicados arrestados por el robo a la casa de la influencer. Guillermo “N” permanece detenido desde agosto por el mismo expediente.

La Fiscalía no ha informado si los dos detenidos enfrentan ya un proceso judicial formal. El organismo tampoco ha precisado los cargos específicos que se les imputan hasta el momento.

Tras una solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Costa Rica, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública suspendió de sus labores a una funcionaria del Poder Judicial, de apellido Esquivel, quien ocupaba de manera interina el puesto de Proveedora Judicial, como parte de una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con contrataciones y manejo de recursos públicos.

La funcionaria es investigada por los posibles delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, según confirmó el Ministerio Público. El expediente se tramita bajo el número 25-000239-1218-PE.

Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron allanamientos en el Departamento de Proveeduría y en la Dirección de Tecnologías de Información (DTI), ambos pertenecientes al Poder Judicial, con el objetivo de recopilar documentación y evidencia que permita ampliar la investigación.

La Fiscalía también mantiene bajo investigación a un contratista privado de apellido Fallas, identificado como el proveedor que presuntamente habría resultado beneficiado con algunas de las contrataciones cuestionadas. Sin embargo, el hombre no fue detenido durante el operativo.

Según la información suministrada por la FAPTA, la causa analiza al menos dos modalidades mediante las cuales se habrían producido las presuntas irregularidades.

La primera está relacionada con la adquisición de bienes, obras y mantenimientos mobiliarios, en los que se investigan aparentes precios superiores a los correspondientes y eventuales inconsistencias en los procesos de contratación.

La segunda línea de investigación apunta a la eventual sustracción directa de fondos públicos por medio de anticipos ficticios de caja chica, mecanismo que habría permitido girar recursos para supuestos gastos que ahora son examinados por las autoridades.

Auditorías alertaron sobre las irregularidades

El fiscal adjunto Miguel Ramírez explicó que el caso surgió a partir de información reciente y del trabajo realizado por las auditorías institucionales, cuyos hallazgos permitieron avanzar en las pesquisas.

Ramírez aseguró que se trata de una investigación que se ha desarrollado con rapidez y señaló que las auditorías tuvieron un papel relevante en la detección de las posibles anomalías.

“Esa es una denuncia muy reciente, es una denuncia del año anterior y parte de este año, donde las auditorías han realizado un aporte importantísimo en la investigación”, manifestó.

Según el fiscal, los hallazgos provocaron una reacción inmediata por parte de la FAPTA con el propósito de evitar que los hechos investigados pudieran continuar.

El funcionario explicó además que los allanamientos realizados en la Proveeduría y en la DTI tienen como finalidad encontrar información adicional que complemente las diligencias efectuadas previamente y los elementos obtenidos a partir de las auditorías.

“Tratamos de buscar una serie de información que alimente de alguna manera ya el trabajo hecho en las investigaciones anteriores y la auditoría en general”, indicó Ramírez.

Fiscalía destaca controles internos

El fiscal adjunto sostuvo que la actuación forma parte de las investigaciones que el Ministerio Público desarrolla independientemente de la institución o del cargo ocupado por las personas señaladas.

“El Ministerio Público, bajo la objetividad que reviste, acarrea un seguimiento a cualquier figura que se trate de funcionarios públicos y funcionarios judiciales”, afirmó.

Ramírez mencionó que anteriormente han existido investigaciones relacionadas con jueces, fiscales y oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y señaló que las pesquisas actuales alcanzan ahora el ámbito de la Proveeduría Judicial.

El representante del Ministerio Público destacó, además, la existencia de mecanismos internos dentro del Poder Judicial que permiten detectar situaciones sospechosas y trasladarlas a las autoridades competentes.

“Dentro del Poder Judicial encontramos alarmas institucionales, situaciones que nos determinan actos de corrupción e inmediatamente se ponen en conocimiento del Ministerio Público”, sostuvo.

El fiscal afirmó que esos controles permiten investigar posibles irregularidades incluso dentro de la propia estructura judicial.

“Hoy podemos decir que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen las alarmas necesarias para poder dar seguimiento a la corrupción interna”, agregó.

Tras su detención, Esquivel, fue cesada de su puesto de trabajo, deberá firmar una vez al mes, no podrá salir del país, ni comunicarse con testigos por un periodo mínimo de seis meses.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este viernes una ley que habilita la suspensión definitiva del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuando enfrente una imputación formal o una medida cautelar personal por delitos penales. La reforma apunta a resolver la situación del detenido e investigado por una presunta red de protección al narcotráfico. El jefe de Estado firmó la norma en un acto en el Palacio de Gobierno.

El texto modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público e incorpora un procedimiento para apartar de manera definitiva a la máxima autoridad de esa institución cuando esté “imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables” con prisión.

La ley establece que la Asamblea Legislativa podrá aprobar la suspensión con el voto de dos tercios de los legisladores presentes. Ese mismo cuerpo tendrá la facultad de designar una autoridad interina, que permanecerá en el cargo hasta la elección de un nuevo fiscal general. El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto por separado. El pleno legislativo tenía previsto reunirse el viernes para analizar la situación de Mariaca.

El fiscal fue detenido el miércoles, después de que el Gobierno boliviano lo acusara de presuntamente encabezar una “organización criminal” destinada a proteger al “narcoterrorismo” en el país. Junto con él, al menos otras 13 personas quedaron aprehendidas en el marco de la investigación, entre ellas tres fiscales.

La captura ocurrió dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera a Mariaca en una lista de altos cargos y exfuncionarios de tres países cuyos visados fueron revocados. Washington los acusó de ser “corruptos” y de “socavar Gobiernos elegidos democráticamente”.

Tras la detención, el Departamento de Estado estadounidense y los países de la coalición del Escudo de las Américas expresaron respaldo a la administración de Paz y reclamaron la continuidad de las investigaciones y los procesos contra las presuntas redes de protección al narcotráfico.

Sin aludir de forma directa al fiscal general, Paz sostuvo que los hechos conocidos durante los últimos días son resultado de una investigación previa. “Lo acontecido en estos días no es fruto de un anuncio que se dio el lunes”, afirmó, sino de “un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso”.

El mandatario vinculó ese proceso con la adhesión de Bolivia al Escudo de las Américas. “Ahora se puede entender el porqué este Gobierno tomó la decisión de ser parte del acuerdo del Escudo de las Américas, porque el crimen organizado no tiene Constitución, no responde a leyes”, manifestó.

Paz señaló además que Bolivia deja de ser la “isla” que fue durante los 20 años anteriores, “para que unas cuantas autoridades hicieran lo que les diera la gana de la patria”. También planteó la necesidad de “reconstruir” la Justicia boliviana ante la existencia de operadores que, según sostuvo, buscan controlar instituciones estatales mediante el crimen organizado.

Mariaca y otros tres acusados por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal debían comparecer este sábado ante un juez cautelar.

El Gobierno de Bolivia sostiene que Roger Mariaca tenía antecedentes de presunta protección a la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir ese cargo en octubre de 2024.

En julio de 2023, Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz cuando Marset logró escapar de un operativo destinado a capturarlo en esa región del este boliviano. El uruguayo permaneció prófugo hasta marzo, cuando una nueva operación, sin participación de la Fiscalía, derivó en su traslado a Estados Unidos, donde permanece detenido.

El nombre de Marset reapareció tras la detención de Mariaca por la difusión de un video en medios locales. En esas imágenes, cuya autenticidad no fue comprobada, el uruguayo supuestamente afirma que el fiscal general es su “amigo”.

(Con información de EFE)

La defensa del periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, liderada por la abogada Julieth Nataly Fiallo Gualdrón, se pronunció tras la formulación de una audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

A través de un comunicado oficial, la defensora judicial afirmó que el presentador acudirá a las diligencias judiciales a las que sea convocado, después de que la Fiscalía solicitó la diligencia por los presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

Fiallo Gualdrón sostuvo que “desde el primer momento se han realizado diferentes impulsos procesales y puesto de presente la disposición de atender los llamados que efectúen las autoridades judiciales y comparecer ante las instancias competentes”, señaló la representante legal.

La Fiscalía documentó de manera preliminar cinco presuntas víctimas por hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2024. La solicitud presentada por el organismo busca que un juez fije la fecha de la audiencia en la que se comunicarán formalmente los cargos que investiga.

La defensa pidió conocer los hechos para ejercer sus derechos

La abogada señaló en el comunicado que la defensa espera que los hechos se expongan de forma completa, “integral”, para determinar las circunstancias de los señalamientos.

“Existe un interés claro en que se precisen y se den a conocer integralmente los hechos para esclarecer las circunstancias que han dado lugar a los señalamientos hasta ahora desconocidos para ejercer así la defensa de mi representado”, indicó Fiallo Gualdrón.

La defensa también aseguró que el periodista aportará la información que corresponda dentro de las actuaciones judiciales. “El señor Ricardo Orrego acudirá a las diligencias para las cuales sea requerido y ejercerá sus derechos, aportando la información y los elementos que correspondan para contribuir al esclarecimiento de los hechos”, afirmó.

La abogada invocó la “presunción de inocencia”

La representante legal pidió que el proceso avance “con respeto” por las garantías judiciales y solicitó evitar conclusiones anticipadas sobre la responsabilidad penal del periodista.

“Es indispensable recordar que cualquier investigación debe desarrollarse con plena observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción y las demás garantías fundamentales que integran el proceso penal colombiano”, sostuvo.

Fiallo Gualdrón solicitó a los medios de comunicación y a la opinión pública permitir que continúen las actuaciones. También afirmó que Orrego “reitera su voluntad de comparecer, esclarecer los hechos y ejercer plenamente su derecho de defensa, con respeto por la administración de justicia y por los derechos de todas las personas involucradas”.

La defensora judicial agregó que una imputación constituye una etapa inicial del proceso penal y no equivale a una condena, de manera que la Fiscalía deberá exponer ante un juez los hechos jurídicamente relevantes y los elementos que sustentan su solicitud, mientras Orrego podrá controvertirlos a través de su defensa.

Las penas que podría enfrentar el periodista Ricardo Orrego

La solicitud de imputación contra el comunicador deportivo lo expone a penas que oscilan entre uno y 16 años de prisión, que dependen de la calificación de los hechos, las pruebas que presente la Fiscalía General de la Nación y las decisiones que adopte un juez.

El artículo 210-A del Código Penal colombiano establece una pena de uno a tres años de prisión para quien, en beneficio propio o de un tercero, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente a otra persona con fines sexuales no consentidos.

La norma exige que la conducta ocurra mediante el aprovechamiento de una relación de superioridad, autoridad o poder, o de una posición laboral, social, familiar o económica, entre otras circunstancias.

El mismo documento judicial establece, por su parte, que el delito de acto sexual violento, previsto en el artículo 206, tiene una pena de ocho a 16 años de prisión. La disposición se aplica a actos sexuales distintos al acceso carnal que se cometan mediante violencia

La diferencia entre ambas figuras será determinante en el proceso. La Fiscalía deberá individualizar los hechos que, según su hipótesis, configuran acoso sexual y los que corresponderían a acto sexual violento

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo sentenció a 35 años de prisión efectiva a Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como Jhonsson Pulpo, tras determinar su responsabilidad en el delito de robo agravado con subsecuente muerte de una comerciante en el distrito de El Porvenir. El acusado aceptó su participación en el hecho ocurrido en 2020.

La víctima fue Santos Juliana Eustaquio, de 60 años, una comerciante reconocida como la “Reina de la papa”. El crimen se produjo cuando culminaba sus compras en un mercado. Según los hechos atribuidos al sentenciado, Cruz Torres la interceptó con la intención de despojarla de sus pertenencias y, durante el asalto, le disparó, causándole la muerte.

Reconoció su responsabilidad

El proceso judicial concluyó luego de que el imputado admitiera su responsabilidad por el delito atribuido. Ante este reconocimiento, los magistrados del tribunal establecieron la pena privativa de libertad correspondiente y dispusieron que esta sea cumplida de manera efectiva.

La decisión judicial comprende específicamente el caso relacionado con el fallecimiento de Eustaquio, ocurrido durante el asalto registrado en Trujillo. De esta manera, el órgano jurisdiccional fijó en 35 años el periodo que Cruz Torres deberá permanecer privado de su libertad por este hecho.

Crimen ocurrió en 2020

Los hechos se remontan a 2020, cuando la comerciante se encontraba realizando sus actividades habituales en un centro de abastos del distrito. Al finalizar sus compras, fue abordada por el ahora condenado, quien habría utilizado un arma de fuego durante el intento de robo.

El ataque terminó con la vida de la mujer, cuya actividad comercial la había convertido en una persona conocida en la zona. La investigación permitió atribuir a Cruz Torres participación en el asalto que derivó en el fallecimiento de la víctima.

El reconocimiento de los hechos por parte de Cruz Torres fue considerado durante la etapa judicial que culminó con la imposición de la condena. Así, el tribunal dejó establecida su responsabilidad penal por el caso ocurrido en El Porvenir y determinó que la sanción deberá cumplirse en un establecimiento penitenciario.

La historia criminal de Jhonsson Pulpo

Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como Jhonsson Pulpo, estuvo vinculado desde su adolescencia con Los Pulpos, agrupación de origen familiar asentada en El Porvenir, Trujillo, en la región de La Libertad.

Su padre, John Cruz Arce, alias John Pulpo, fue señalado como uno de los principales cabecillas y en 2008 recibió una condena por un doble homicidio cometido tres años antes. Con el paso del tiempo, el ahora sentenciado habría asumido un papel de liderazgo dentro de la organización.

Durante los años que permaneció prófugo, Cruz Torres recorrió Chile y Bolivia, además de adoptar una identidad distinta. En territorio boliviano se presentó como empresario inmobiliario y residió en zonas de La Paz. Las autoridades de ese país sostuvieron que recurrió a intervenciones quirúrgicas para modificar sus rasgos físicos. Asimismo, en agosto de 2020 habría fingido su fallecimiento como parte de una estrategia para evitar su ubicación. Finalmente, fue capturado en Bolivia tras varios años de búsqueda internacional.

ACTUALIZACIÓN (2 de octubre de 2026): El médico Álvaro Leal Rodríguez, mencionado en esta nota, fue absuelto por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué mediante sentencia del 15 de abril de 2026, dentro del radicado 73-001-60-00432-2016-01688-00 (N.I. 70113). La decisión quedó ejecutoriada al no interponerse recursos y se dispuso el archivo definitivo del proceso.

Tres profesionales de Ibagué, Tolima, deberán responder por la muerte de dos pacientes tras ser hallados responsables por las autoridades.

Se trata de la psiquiatra Mónica Julieth Suárez Díaz, el médico Álvaro Leal Rodríguez y el enfermero Julián Edilberto Rincón Díaz, quienes fueron imputados por un despacho de la Unidad de Vida de la Fiscalía por el delito de homicidio culposo bajo responsabilidad médica, en dos investigaciones que de manera aislada adelanta el ente acusador.

El primer caso está relacionado con la muerte de Jorge Eduardo Rodríguez, un paciente que fue ingresado por sus familiares y la Policía Nacional a la sala de urgencias de un hospital de la capital tolimense el 10 de enero de 2018 tras presentar un estado psicótico agudo y agresivo.

Luego de ser valorado y sometido a una serie de exámenes, se ordenó su hospitalización en la unidad mental del centro asistencial y se le inició tratamiento con medicamentos como clonazepam, clozapina y midazolam, persistiendo en el paciente agitación sin mejoría, según explicó la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, el 13 de enero siguiente, la víctima se cayó mientras se bañaba y sufrió una herida en una de sus cejas, por lo cual requirió de cirugía.

Tres días después fue valorado por la psiquiatra Suárez Díaz, quien debido a que no evolucionaba incrementó la dosis de los medicamentos. El 18 de enero el paciente fue encontrado sin signos vitales en su cama en horas de la madrugada.

La Fiscalía General de la Nación estableció que la dosis ordenada por la psiquiatra supera lo establecido en las guías médicas, por lo que se presume que la muerte de Jorge Eduardo Rodríguez, debido a un paro respiratorio, habría sido consecuencia del incremento en dichos medicamentos.

Durante la audiencia de imputación la fiscal del caso señaló que la profesional no fue idónea en su evaluación con respecto al estado del paciente y al parecer, le faltó meticulosidad y diligencia en la evaluación clínica. Por lo anterior, consideró que se habría cometido un error que pudo ser evitado.

La funcionaria además añadió que el médico debe dedicar al paciente el tiempo necesario para evaluar e indicar los exámenes indispensables para precisar el diagnóstico y el tratamiento adecuado, lo que, a juicio de la Fiscalía, en este caso, no ocurrió.

Por lo anterior, el ente acusador imputó a Mónica Julieth Suárez Díaz por el delito de homicidio culposo.

Otra falla en la la medicación

El médico Álvaro Leal Rodríguez y el enfermero Julián Edilberto Rincón Díaz están siendo procesados por hechos que ocurrieron a partir del 13 de enero de 2016, cuando Eduardo Miranda Vargas fue programado para una cirugía de columna vertebral en una clínica de Ibagué, la cual se realizó en horas de la tarde.

Posteriormente, el anestesiólogo dispuso su trasladado a la Unidad de Cuidados Intermedios. Allí fue valorado por Leal, médico intensivista, quien sería el especialista responsable de su cuidado postoperatorio.

Durante la noche el paciente se quejó de falta de sensibilidad y motricidad en sus piernas, situación que informó el auxiliar de enfermería a su jefe Rincón Díaz, quien, de forma verbal le ordenó administrarle un ansiolítico oral, interpretando la queja como una manifestación de ansiedad. Orden que al parecer se impartió sin habérsele realizado un examen físico al paciente para tal medicación y sin que el médico lo hubiera valorado durante su turno para descartar otra causa.

El 14 de enero el paciente fue valorado nuevamente y se le encontraron signos de compromiso neurológico por lo que fue llamado el neurocirujano que le ordenó un TAC que mostró un sangrado epidural.

Por esta razón fue intervenido de urgencias y en medio de la cirugía se le detectó un hematoma epidural espinal que propició un daño medular irreversible que, a su vez, generó cuadriplejia en el paciente quien continuó hospitalizado por cerca de un mes más en cuidados intensivos con ventilación mecánica. Después de tres día de complicaciones derivadas de su estado neurológico falleció.

Para la fiscal encargada del caso, la atención recibida por el paciente fue deficiente, pues el objetivo principal de su hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos era el seguimiento neurológico, lo cual no se le habría brindado ni por el especialista ni por el jefe de enfermería.

En la historia clínica se evidenció que en el turno de la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero de 2016 no quedó registro de revista al paciente para determinar su condición neurológica.

En este caso, igualmente, para la fiscal hubo otra falla en el rigor médico por parte de ambos procesados, ya que ninguno habría dedicado al paciente el tiempo necesario para su evaluación adecuada para lograr un diagnóstico certero.

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La medida, adoptada el 1 de octubre de 2026, amplía el frente investigativo del macrocaso Ungrd más allá de los procesos penales: ahora el Estado busca despojar a los presuntos responsables de los activos que habrían acumulado gracias al desvío de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias. Los bienes están ubicados o registrados en Bogotá y nueve departamentos del país.

El ente investigativo determinó que esos 25 activos estarían vinculados a seis personas señaladas en el caso: los exdirectivos de la Unidad para la gestión Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio —dependencia de la Delegada para las Finanzas Criminales— ejecutó distintos actos de investigación para identificar y verificar el patrimonio de los presuntos implicados antes de solicitar las medidas cautelares. La extinción de dominio es una figura jurídica que permite al Estado apropiarse de bienes de origen ilícito sin necesidad de una condena penal previa.

Las propiedades se distribuyen en Bogotá, Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Pasto y Chachagüí (Nariño), Sopó y Tabio (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), Villavicencio (Meta) y Sabana de Torres (Santander).

Sobre Name Vásquez recaen cuatro de los activos afectados: uno en Bogotá, otro en Juan de Acosta (Atlántico), uno en Villavicencio y otro en Sopó (Cundinamarca). Respecto a este último, la medida cautelar cubre exclusivamente el 33% de la propiedad que le correspondería al exsenador.

Los cuatro inmuebles ubicados en Montería habrían integrado el patrimonio del exrepresentante Calle Aguas. Olmedo López tiene vinculado un bien en Medellín; Sneyder Pinilla, uno en Sabana de Torres; y el exasesor Rodríguez Melo, un predio en Tabio.

El contratista López Rosero concentra el mayor número de activos individuales: siete bienes entre Pasto, Chachagüí y Cúcuta, entre los que figuran sociedades comerciales que, según la Fiscalía, habrían servido para adjudicarse contratos en la Ungrd y para dar tránsito a los dineros recibidos.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con el Ejército Nacional, ejecutan las diligencias de materialización de las medidas. Esas diligencias incluyen la suspensión del poder dispositivo —es decir, la prohibición de vender o gravar los bienes—, el embargo, el secuestro y la toma de posesión de propiedades, haberes y negocios.

Qué es el escándalo de la UNGRD

El caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) investiga un presunto esquema de direccionamiento de contratos y desvío de recursos públicos destinados a atender emergencias en Colombia.

El episodio más conocido es la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, operación que presentó presuntos sobrecostos y fallas en los vehículos. La investigación se amplió a otros contratos y convenios que, según la Fiscalía, habrían servido para beneficiar a empresarios y financiar pagos ilegales.

Entre los principales involucrados figuran los exdirectivos de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de contratistas, exfuncionarios y dirigentes políticos. López y Pinilla han aportado información a la justicia sobre el supuesto funcionamiento de la red.

La Fiscalía también investiga a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, quienes enfrentan procesos por la presunta recepción de sobornos relacionados con el impulso de iniciativas legislativas del Gobierno. Ellos han negado los señalamientos.

Como actualización, el 1 de octubre de 2026 la Fiscalía informó medidas cautelares sobre 25 bienes, entre inmuebles y sociedades, vinculados con seis investigados. El valor preliminar de los activos supera los $20 mil millones. La medida alcanza bienes asociados a López, Pinilla, Name, Calle, el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, calificó la detención de 14 personas esta madrugada como un operativo para desmontar “una organización criminal enquistada en la Justicia”.

En una conferencia de prensa la mañana de este jueves, Oviedo afirmó que “el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Roger Mariaca, se volvió una organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

Entre los 14 detenidos figuran autoridades de nivel jerárquico del Ministerio Público: el fiscal general Mariaca, que asumió funciones en 2024 con más de 2/3 de apoyo en la Asamblea Legislativa, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos y el fiscal superior, Martín Irusta Flores; ambos designados por Mariaca. También se mencionó a un jefe policial, el mayor Rubén Aparicio Villarroel.

Los delitos por los que se los acusa son organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

El ministro no identificó a los demás aprehendidos, pero señaló que son sospechosas de autoría o complicidad de la supuesta red que favorecía al crimen organizado. Entre ellas figuran cuatro personas que habrían estado sacando “ingentes cantidades de dinero” en una ambulancia de la casa del fiscal Mariaca tras su aprehensión.

Poco después del operativo, circuló un video en el que se escucha al narcotraficante Sebastián Marset decir que el fiscal general era “su amigo”. Según la prensa local, hay acusaciones de que el capo uruguayo habría pagado a altos funcionarios bolivianos para radicar libremente en Bolivia.

Según el ministro Oviedo, en el año 2023 se detuvo por primera vez a Marset y se lo liberó horas después. “Estuvo detenido muy poco tiempo, lo dejaron salir y le devolvieron sus bienes incautados, ese es el tipo de modelo de narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia”, afirmó.

Esta versión da un giro en lo que hasta entonces se había informado oficialmente sobre ese operativo cuando se indicó que Marset escapó antes de que llegaran los agentes policiales.

El ministro evitó responder algunas preguntas de los periodistas locales. No informó quién dio la orden de aprehensión para capturar al fiscal general ni si los detenidos serán expulsados a Estados Unidos, en el marco del acuerdo de cooperación de seguridad del Escudo de las Américas.

El Gobierno descartó la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense en el operativo y señaló que los acusados fueron llevados a la ciudad de La Paz, donde van a pasar “a la justicia ordinaria”. Sin embargo, la situación jurídica de Mariaca genera incertidumbre porque por su cargo tiene derecho a un juicio de responsabilidades.

Finalmente, Oviedo descartó la aprehensión del exministro de Gobierno de Luis Arce, Eduardo Del Castillo, como se informó extraoficialmente algunos medios bolivianos pero afirmó que “se lo está buscando” y que espera tener “algún resultado en las próximas horas”.

Las aprehensiones se producen dos días después de que el Gobierno de Donald Trump publicara un listado de funcionarios y exfuncionarios bolivianos a quien les revocó la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico. Entre ellas figuraban tres de los detenidos en la madrugada: Mariaca, Zeballos e Irusta.

Washington sostuvo que el Fiscal General habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades de narcotraficantes y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Mariaca rechazó las acusaciones y las calificó como una forma de presión sobre su gestión, citó especialmente el caso que sigue contra el exasesor principal de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

Luego de la captura de Mariaca, la Fiscalía emitió un comunicado en el que se refiere a su “ausencia definitiva” y expresa su respaldo a Luis Montaño, quien se presentó como el nuevo fiscal general interino, citando leyes vigentes.

Eddie Duran, exagente adjunto del sheriff, disparó cinco veces contra Roger Fortson —aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 23 años— la noche del 3 de mayo de 2024, cuando el joven abrió la puerta de su apartamento en Fort Walton Beach con un arma legal en la mano derecha, el cañón apuntando al piso y el brazo izquierdo levantado.

El caso tensiona uno de los debates más persistentes en Estados Unidos: el uso de la fuerza letal por parte de la policía y los límites del derecho a la autodefensa dentro del propio hogar.

La investigación interna de la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa ya había concluido que la acción de Duran “no fue objetivamente razonable”, según consignó el Pensacola News Journal.

Lo que muestra el video de la cámara corporal

De acuerdo con el video de la cámara corporal de Duran, publicado por la Oficina del Sheriff, el aviador abrió la puerta con su pistola —de tenencia legal— en la mano derecha, con el brazo extendido hacia abajo y el cañón apuntando al piso.

Duran disparó a los pocos segundos de que la puerta se abriera, según informó WEAR TV.

Los proyectiles impactaron a Fortson en el pecho, el antebrazo y la mano. Murió a causa de las heridas.

En su descargo ante la investigación interna, Duran sostuvo que vio a Fortson armado, que el joven dio un paso hacia él y que tenía una expresión de agresión en el rostro.

El testimonio de la única persona que estaba con Fortson esa noche

Tytiana Hendrix, novia del aviador, fue una de las nueve personas que declararon el primer día de testimonio. Confirmó que estaba en FaceTime con Fortson cuando comenzaron los golpes en la puerta.

“No estábamos discutiendo”, aseguró ante el tribunal, según FOX10. Fortson preguntó quién era tras el primer golpe, pero no obtuvo respuesta.

Tras un tercer golpe, Fortson le dijo que iba a buscar su arma porque no sabía quién podía estar del otro lado, dejó el teléfono apoyado y fue a la puerta. Hendrix escuchó el disparo segundos después.

“Ya estaba en el suelo cuando el agente le gritó que soltara el arma. Roger dijo que no podía respirar”, declaró, según reprodujo WKRG. “No tenía el arma, y escuché al agente gritarle que la soltara, pero él ya no la tenía”, agregó.

Dos versiones irreconciliables frente al jurado

El punto central del juicio es si el aviador conocía o no la presencia policial antes de abrir la puerta.

Mark Alderman, fiscal auxiliar a cargo de la acusación, fue directo en su alegato de apertura: “La prueba demostrará que, aunque Eddie Duran no sabía que Roger estaba solo, sabía o debía saber que sus acciones hacían difícil o imposible que la persona del interior supiera que había un oficial de policía en su puerta”, afirmó ante el tribunal, tal como recogió ABC News.

“Simplemente abrió su propia puerta con un arma a un lado, por si la necesitaba. La prueba demostrará que el disparo no estaba justificado”, completó Alderman.

La defensa sostuvo una versión opuesta. El abogado Rod Smith dijo que, antes de que Duran se anunciara como agente del sheriff, su cliente escuchó ruidos desde el interior y captó dos palabras: “maldita” y “policía”.

Con ese argumento, Smith buscó instalar la idea de que Fortson sabía de la presencia policial y, aun así, eligió abrir la puerta con el arma en la mano. “El agente Duran creyó, con razones fundadas, que su vida estaba en peligro y reaccionó como fue entrenado para hacerlo”, sostuvo el defensor, según WEAR TV.

Duran declaró el 30 de septiembre y aseguró que cumplió con su entrenamiento al golpear la puerta y al identificarse. Afirmó que, tras el primer golpe sin aviso, oyó una expresión obscena seguida de la palabra “policía”.

El exagente sostuvo que el arma de Fortson apuntaba levemente hacia él cuando la puerta se abrió. Ante la fiscalía, que le mostró el video corporal con el cañón dirigido al suelo, respondió dos veces que no podía determinar si esa era la posición del arma en el momento de los disparos, de acuerdo con FOX10.

Duran dijo que disparó porque creyó que su vida corría peligro.

El largo camino del caso hasta llegar a un tribunal

La Oficina del Sheriff separó a Duran del cargo el 31 de mayo de 2024. En agosto de ese año, la fiscalía estatal presentó formalmente el cargo de homicidio culposo con arma de fuego, que lleva una pena máxima de 30 años de prisión.

Antes del inicio del juicio, los abogados de Duran intentaron obtener su inmunidad bajo la ley Stand Your Ground de Florida, que permite el uso de la fuerza letal en situaciones de legítima defensa.

El tribunal rechazó el planteo, según el Pensacola News Journal. La propia norma, sin embargo, establece de forma explícita que ese amparo no aplica en enfrentamientos con policías que actúan en el ejercicio de sus funciones.

El juicio también reconstruyó el origen de la llamada. Una vecina del piso de abajo declaró que contactó a la administración del edificio porque escuchó ruidos de una discusión desde el apartamento de arriba.

La administradora fue quien llamó al número no urgente del sheriff, y cuando se acercó al edificio antes de que llegara la policía, ya no escuchó ningún altercado, según informó FOX10.

El registro posterior del apartamento confirmó que Fortson estaba solo en el interior. El caso está en manos del jurado en el Tribunal de Circuito del condado de Okaloosa.

Según la SAE, el procedimiento tuvo lugar el domingo 27 de septiembre de 2026 y estuvo a cargo de la Fiscalía 9.ª Especializada de la Estructura de Apoyo, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), unidades anticorrupción y de delitos cibernéticos. La Procuraduría General de la Nación acompañó la diligencia.

La presidenta de la entidad, Diana Patricia Bravo Vélez, emitió una comunicación oficial en la que informó que la actuación judicial partió de información entregada a las autoridades sobre posibles hechos de corrupción dentro de Activos por Colombia.

“Estos actos propios de corrupción están siendo investigados”, aseguró Bravo Vélez. La funcionaria indicó que la alerta se refería a una posible intervención en los sistemas de información de la sociedad.

De acuerdo con la funcionaria, la información conocida por la entidad “advertía sobre una posible manipulación de los sistemas de información de la Sociedad de Activos por Colombia, que podría incluir la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos y otra información institucional”, declaró Bravo Vélez.

La SAE sostuvo que parte de esos datos posiblemente habría sido ocultada a la nueva administración designada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Por ende, la investigación deberá establecer si existió alteración, eliminación o manipulación de la información y quiénes tendrían responsabilidad penal.

Las autoridades incautaron equipos tecnológicos para análisis forenses

Durante la diligencia en Barranquilla, las autoridades incautaron equipos tecnológicos que pasarán a análisis forenses, de modo que la Fiscalía busca preservar los registros digitales y verificar la posible existencia de daños informáticos.

“Serán esos análisis técnicos y la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer si efectivamente existió manipulación, alteración o eliminación de archivos, correos, cuentas o cualquier información”, señaló la presidenta de la SAE.

La servidora agregó que un juez de control de garantías declaró la legalidad formal y material del procedimiento de registro y allanamiento, según la información oficial difundida por la entidad.

Bravo Vélez afirmó que la nueva administración de la SAE entregará la información que soliciten la Fiscalía, la Procuraduría y los demás organismos de control durante la investigación.

“Aquí no venimos a ocultar información ni a interferir en las investigaciones”, dijo la presidenta de la entidad, y añadió: “Nuestra instrucción es clara: preservar la información, garantizar absoluta transparencia y permitir que las autoridades lleguen hasta el fondo de lo ocurrido”.

La SAE sostuvo que los activos y la información bajo su administración hacen parte del patrimonio público. Los resultados de los peritajes a los dispositivos incautados definirán si hubo conductas delictivas y las eventuales responsabilidades.

Una de las polémicas de Activos por Colombia y su posible relación con Iván Cepeda

El 16 de mayo de 2026 se conoció que la Sociedad de Activos Especiales habría firmado en 2025, según reveló Semana, un convenio por $16.725.000.000 con la plataforma Activos por Colombia, dirigida en ese momento por Abraham Antonio Katime Orcasita, cuya actividad proselitista pública a favor del senador Iván Cepeda abrió cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en la comercialización de bienes incautados.

El acuerdo tendría vigencia de un año y habría habilitado a la entonces administración de más de 38.000 inmuebles. Las operaciones realizadas mediante subastas habrían superado los $100.000 millones y canalizaron recursos hacia más de 40 entidades del Estado, informó el medio.

No obstante, Katime Orcasita, gerente general de la plataforma con sede en Barranquilla, Atlántico, no solo ha sido visto en actividades políticas en la costa Caribe, con símbolos y camisetas del Pacto Histórico y de Iván Cepeda, sino que, al día de hoy, es activo en sus redes sociales con publicaciones en las que defiende al petrismo.

La controversia tiene que ver con la combinación de ese respaldo político del gerente con la conducción de la plataforma que interviene en la gestión de activos bajo control de la SAE.

El 29 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación confirmó que dos hombres fueron cobijados bajo la medida de prisión preventiva en medio de una investigación que adelantan en su contra por presuntos delitos sexuales contra menores de edad de su propia familia en Cartagena, Bolívar.

De acuerdo con el reporte oficial, los procesados, de 60 y 32 años, fueron imputados en audiencias preliminares y fueron asegurados mientras que continúan avanzando las pesquisas para determinar su responsabilidad en el delito.

El boletín emitido por el ente acusador indicó que las investigaciones fueron asumidas por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna).

Entre tanto, se reportó que los jueces de control de garantías adoptaron las medidas después de revisar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía.

Una de las víctimas es una niña de 9 años

El primer caso involucra a un hombre de 60 años, señalado de someter presuntamente a actos sexuales a su nieta, de 9 años, en el barrio 7 de Agosto de Cartagena.

Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre septiembre de 2025 y enero de 2026. Según la Fiscalía, el adulto habría aprovechado momentos en los que la niña dormía o permanecía sola para cometer las agresiones que se investigan.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hizo efectiva su captura el 24 de septiembre de 2026, en cumplimiento de una orden judicial. En las diligencias posteriores, el hombre fue imputado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, de acuerdo con la responsabilidad que la Fiscalía le atribuye de manera preliminar.

Sin embargo, la judicialización no constituye una declaración de responsabilidad penal, ya que será un juez, al término del proceso, el que determine si es necesaria una condena.

El segundo procesado es padrastro de la víctima

El otro caso corresponde a un hombre de 32 años, pareja de la madre de una adolescente de 17 años. La Fiscalía indicó que el investigado habría abusado sexualmente de la hija de su compañera sentimental en septiembre de 2025, en el barrio San Francisco (Cartagena).

Según la hipótesis, el hombre habría esperado a que su pareja saliera de la vivienda para quedarse a solas con la adolescente y allí cometer el acceso carnal violento. La captura se produjo el 8 de septiembre de 2026 en el sector de Canapote.

Los casos se conocieron en medio de los llamados de las autoridades a fortalecer la detección temprana y la denuncia de cualquier posible violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando los hechos ocurren en entornos familiares o cercanos.

Los cambios de conducta pueden ser una señal de alerta

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) indicó en su página oficial que no existe una única señal que permita confirmar un abuso sexual y que las reacciones pueden variar según cada niño, niña o adolescente. Sin embargo, algunos cambios físicos, emocionales o conductuales requieren atención oportuna. Entre las alertas se encuentran:

• Dolor, irritación, sangrado o lesiones en el área genital.
• Infecciones urinarias frecuentes.
• Pérdida del control de esfínteres.
• Enfermedades de transmisión sexual.
• También pueden presentarse alteraciones del sueño, pesadillas, aislamiento, tristeza persistente, cambios bruscos en el apetito, temor a determinadas personas o rechazo a quedarse a solas con alguien.

El Icbf reiteró entre las señales conductas sexuales que no corresponden a la edad, interés inusual por juegos sexuales, agresividad, autolesiones o dificultades para expresar emociones. Estas señales no prueban por sí solas un delito, por lo que es necesario que se tenga una escucha cuidadosa, acompañamiento profesional y la activación de las rutas de protección cuando exista sospecha.

Ante una revelación, la recomendación es escuchar sin presionar con preguntas, creer en el relato, evitar culpabilizar a la víctima y no confrontar por cuenta propia a la persona señalada. El organismo explicó que se debe buscar atención médica inmediata, ya que las instituciones de salud tienen el deber de brindar atención prioritaria a víctimas de violencia sexual.

Entre tanto, las autoridades recordaron que la denuncia es clave para activar medidas de protección, atención en salud, apoyo psicológico e investigación judicial. Cualquier persona que conozca un posible caso puede ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o el Icbf.

• La Línea 141 del Icbf es gratuita y está disponible las 24 horas para brindar orientación y recibir reportes sobre situaciones que afecten la integridad de menores de edad.
• La Fiscalía también dispone de la línea 122 para denuncias.

El alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz, fue capturado en las horas de la mañana del martes, 29 de septiembre de 2026, por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, por motivo de una investigación por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de unidades sanitarias.

La información fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, que expresó que el operativo de captura también incluyó la detención del exalcalde del municipio, Miller Aldana.

El actual mandatario confirmó el procedimiento a través de un comunicado, en el que afirmó que deberá rendir declaración e indagatoria por un proceso contractual que se inició durante la administración anterior.

“Con total sorpresa, en las primeras horas de esta mañana, servidores de la Fiscalía General de la Nación se presentaron en mi residencia para notificarme sobre un procedimiento de captura en mi contra”, expresó Muñoz.

El alcalde señaló que la medida está relacionada con “un contrato de unidades sanitarias correspondiente a la administración anterior”.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (SPCF) ofrecieron una disculpa pública a los familiares de Braulio Bacilio Caballero, adolescente que en 2016 fue registrado erróneamente como una persona desconocida tras morir atropellado y permaneció casi seis años sepultado en una fosa común sin que las autoridades lograran identificarlo.

El acto se realizó este lunes en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), ubicada en avenida Universidad, en cumplimiento de la Recomendación 08/2025, emitida el 29 de agosto de 2025 por ese organismo.

El reconocimiento de responsabilidad institucional

Durante la ceremonia, Omar Guadalupe Gutiérrez, titular de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía CDMX, calificó el caso como una desaparición administrativa y reconoció que la actuación institucional, entonces a cargo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, presentó deficiencias que vulneraron el derecho de Braulio a ser localizado e identificado oportunamente.

Braulio Bacilio, de 13 años, desapareció el 28 de septiembre de 2016 cerca del Metro Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza. Ese mismo día murió atropellado, pero fue registrado como una persona desconocida de aproximadamente 20 años y enviado a una fosa común. Su identidad se confirmó recién en 2022, mediante estudios genéticos, casi seis años después de que su familia comenzara a buscarlo.

“Frente a estos hechos, la Fiscalía CDMX reconoce la responsabilidad institucional que le corresponde. No pretendemos minimizar lo ocurrido ni presentar esta disculpa como una respuesta suficiente frente a las consecuencias que ustedes han tenido que enfrentar”, expresó Gutiérrez ante los padres de Braulio.

El funcionario detalló las fallas concretas y aseguró que “no fuimos capaces de vincular el cuerpo de Braulio que se encontraba en el INCIFO con la denuncia de desaparición presentada por su familia, no realizamos oportunamente un cruce de información distinto de la solicitud de datos por edad que nos permitiera identificarlo, no se aplicaron los protocolos homologados de búsqueda y el de búsqueda para niñas, niños y adolescentes”.

Una cadena de errores que duró seis años

El paramédico que atendió a Braulio tras el atropello lo registró con una edad estimada de 20 años, un dato erróneo que no fue corregido y se reprodujo en todos los documentos y certificados posteriores. Esa equivocación limitó su traslado y el ejercicio de pruebas específicas de identificación, entre ellas el perfil genético y la confronta correspondiente.

David Peña Rodríguez, representante legal de la familia, explicó durante el acto que el caso de Braulio constituye una forma de desaparición que no había sido documentada antes en México: la llamada “desaparición administrativa”, término que describe situaciones en las que una persona fallece pero las autoridades no logran identificarla ni informar a sus familiares sobre su paradero.

Peña Rodríguez señaló además que ya están identificados los servidores públicos que participaron en las distintas etapas del caso, aunque hasta la fecha ninguno ha sido sancionado.

Mientras tanto, Fernanda Mercedes Caballero y Miguel Bacilio, madre y padre del adolescente, buscaron a su hijo durante casi seis años sin saber que ya había muerto. Sus restos fueron localizados en el INCIFO en 2022 y restituidos a la familia ese mismo año.

La disculpa del INCIFO y los compromisos de cambio

Por su parte, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz, titular del INCIFO, reconoció deficiencias institucionales en materia de identificación, entre ellas la falta de estudios especializados y problemas en el procesamiento y la transmisión de información relevante.

“A nombre del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses expresó públicamente nuestro pesar y ofrezco una disculpa pública a Braulio, a su memoria y a su familia por las afectaciones derivadas de las deficiencias identificadas y reconocidas en la Recomendación 08/2025”, subrayó Cervantes Arroniz.

El director del INCIFO informó que la institución implementó acciones para fortalecer sus procedimientos, entre ellas la capacitación del personal pericial en métodos científicos de estimación de edad antropológica. Explicó que, cuando los resultados permitan considerar que se trata de un niño, niña o adolescente, se integrará de forma oportuna el archivo básico de identificación y se comunicará de inmediato a las autoridades a cargo de la investigación.

Cervantes Arroniz añadió que se unificó una base de datos con la Fiscalía CDMX sobre el registro de personas fallecidas en la capital, con el fin de fortalecer el intercambio oportuno de información y evitar que la falta de comunicación vuelva a constituir un obstáculo para la identificación forense.

Lo que sigue pendiente

Gutiérrez expresó la disposición de la Fiscalía CDMX para continuar con el cumplimiento de las medidas establecidas en la Recomendación 08/2025, particularmente las relacionadas con la reparación integral, la determinación de responsabilidades y la adopción de medidas de no repetición.

“Esto no concluye con este acto, aún quedan muchas acciones pendientes por hacer en el marco de la recomendación y de la memoria de Braulio para seguir construyendo una Fiscalía CDMX más diligente, más sensible y más comprometida con las víctimas y sus familias”, agregó.

La presidenta de la CDHCM, María Dolores González Saravia, reconoció las acciones realizadas por la Fiscalía CDMX para avanzar en el cumplimiento de la recomendación y destacó la importancia del reconocimiento de responsabilidad institucional.

“Una disculpa pública puede dejar constancia de la verdad y permitir que esta permanezca al alcance de la familia y de la sociedad. Que este acto no se confunda con el final del camino. La verdad, la reparación, la investigación de las responsabilidades y los cambios necesarios siguen siendo obligaciones presentes”, apuntó González Saravia.

La funcionaria informó que la CDHCM mantendrá el acompañamiento a la familia y sostendrá un diálogo cercano con los familiares y con las autoridades responsables para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación, que incluye la investigación de posibles responsabilidades de personas servidoras públicas.

Una mujer venezolana de 18 años recibió prisión por homicidio agravado como presunta responsable de la muerte de su hijo, un bebé de siete meses, en el municipio de Bello, Antioquia. La imputada no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía General de la Nación.

El niño, identificado como Emanuel Hernández Epinayuu, murió el martes 22 de septiembre en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. El caso quedó bajo investigación de un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Seccional Medellín.

El ente investigador sostuvo que la mujer habría agredido al menor durante varios días dentro de una vivienda del barrio Nueva Jerusalén, en Bello. Esas acciones le habrían causado distintos traumas en el cuerpo.

El informe médico señaló que el bebé sufrió un trauma craneoencefálico. El dictamen también indicó que las lesiones serían compatibles con una agitación violenta del cuerpo, conocida como zarandeo.

La investigación apunta a que el niño ingresó al hospital luego de que su madre lo llevara el 21 de septiembre. Según la Alcaldía de Bello, la joven afirmó entonces que el bebé había sufrido varias caídas accidentales dentro de la vivienda.

El equipo médico detectó lesiones que no coincidían con esa versión y notificó la situación a las autoridades. La administración municipal informó que el menor presentaba asfixia, insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.

La Fiscalía judicializó a la mujer tras establecer que el niño habría sufrido agresiones reiteradas antes de morir. Un juez de control de garantías ordenó que permanezca recluida en una cárcel mientras avanza el proceso por homicidio agravado.

La Alcaldía activó un protocolo para proteger al menor

Mientras el bebé permaneció internado, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana de Bello activó un protocolo junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“El equipo médico del centro hospitalario puso en conocimiento de las autoridades competentes la situación, ya que el menor presentaba múltiples lesiones, entre ellas, asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico, algo que era inconsistente con el relato de su madre”, constataba el reporte médico.

El objetivo era trasladar al niño a un hogar sustituto de cuidado especial. La medida no llegó a concretarse debido a que el menor murió durante el tratamiento médico.

La Alcaldía de Bello afirmó que el caso afecta a toda la comunidad y pidió que se determinen las circunstancias de la muerte. En su pronunciamiento, la administración manifestó que “no se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran afectaciones” que pongan en riesgo su seguridad.

La entidad municipal solicitó la intervención de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el ICBF. Las autoridades establecieron la responsabilidad penal de la madre y esclarecer los detalles de los hechos dentro de la vivienda de Nueva Jerusalén, en el municipio de Bello.

La captura ocurrió tres días después de la muerte del niño

Los servidores de la Policía Nacional capturaron a la mujer el viernes 25 de septiembre. Luego, durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó el delito por el que quedó privada de la libertad.

La mujer seguirá vinculada al proceso judicial bajo medida de aseguramiento intramural. La imputación no equivale a una condena, y será la justicia la que defina su responsabilidad por la muerte del bebé.

La Alcaldía pidió a la ciudadanía denunciar los casos de maltrato físico, moral o psicológico contra menores de edad. Las personas pueden comunicarse con la línea 141 del ICBF, la Línea 123 de la Policía Nacional o acudir a la Fiscalía, las comisarías de Familia y las personerías municipales.

California volvió a quedar en el centro de un debate que se repite: el estado liberó a un depredador sexual violento con antecedentes graves, lo supervisó con un monitor GPS y, aun así, lo perdió.

Merle Wakefield lleva más de dos días prófugo en San Diego y las autoridades aún no dan con su paradero. El caso expone una falla concreta en el sistema de libertad condicional, según coincidieron funcionarios locales y legisladores del condado.

Wakefield estaba bajo supervisión de 24 horas en un depósito de Rancho Bernardo —identificado por NBC San Diego como un centro de procesamiento de Amazon— cuando, cerca de las 3:30 a.m. del viernes, su monitor GPS activó la alerta. La teniente Aloha Peters, de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, confirmó los detalles del lugar al San Diego Union-Tribune.

Liberty Healthcare, la empresa privada contratada por el estado de California para supervisar a condenados bajo el Programa de Liberación Condicional, despachó a su personal de inmediato, pero al llegar encontró el dispositivo en el suelo y a Wakefield sin rastro. Una fuente policial citada por NBC San Diego afirmó que el condenado arrojó su teléfono celular entre unos arbustos y huyó en un Toyota Camry blanco modelo 2018.

El sistema de monitoreo alertó, pero Wakefield ya no estaba

El contratista notificó de inmediato a la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego y a la Policía de San Diego. Las autoridades confirmaron el domingo que la búsqueda continuaba activa y que el caso generaba preocupación en la comunidad.

“Llevamos más de 48 horas desde que Merle Wakefield se quitó el monitor GPS y se fue. Todavía está ahí afuera”, escribió el supervisor del condado Jim Desmond en su cuenta de Facebook. Desmond calificó a Wakefield de “abusador sexual de menores y violador violento condenado“ y acusó al estado de no haber comunicado públicamente la desaparición.

La agencia reconoció la inquietud de los vecinos. “Hemos trabajado con diligencia para localizarlo”, afirmó la empresa en un comunicado, en el que también pidió a la ciudadanía que reporte cualquier avistamiento o información útil.

Wakefield cargaba condenas desde 1980 y fue liberado en noviembre de 2024

Wakefield tiene dos condenas por delitos graves: una de 1980 por actos lascivos con un menor de 14 años y otra de 1991 por violación con uso de la fuerza. Desde noviembre de 2024 se encontraba en libertad condicional, una decisión que generó resistencia de autoridades locales mucho antes de que ocurriera su fuga.

En octubre de 2024, un juez de San Diego le otorgó una “liberación transitoria”, sin domicilio fijo. Esa determinación fue el tercer intento por parte del estado de ubicar a Wakefield en San Diego. Una propuesta anterior lo habría colocado en una vivienda en Poway, cerca de una escuela y un parque, lo que desató protestas vecinales.

El alcalde de Poway, Steve Vaus, se opuso a esa ubicación. “Es un juego de manos que pone en riesgo a la comunidad”, dijo Vaus, tal como recogió Fox 5/KUSI en su cobertura del caso.

La fiscalía del condado también se opuso, con el argumento de que era necesario garantizar condiciones de monitoreo y supervisión adecuadas.

La auditoría ya advertía: el 36% de los liberados violó las condiciones

El senador estatal republicano Brian Jones, del distrito de San Diego, había advertido sobre los riesgos del programa estatal que permite mantener bajo supervisión y en libertad a personas condenadas por delitos sexuales violentos, antes de que Wakefield desapareciera.

Jones impulsó una auditoría del programa que arrojó un dato contundente: el 36% de las personas incorporadas había incumplido las condiciones de su liberación.

El senador también cuestionó los costos del programa y planteó que el estado debería mantener a este tipo de condenados en hospitales psiquiátricos, en lugar de integrarlos a las comunidades. “Supuestamente, iba a tener un dispositivo de rastreo”, dijo Jones, según recogió Fox 5/KUSI.

El Departamento de Hospitales Estatales de California defendió el proceso y señaló que la decisión final sobre la liberación condicional de este tipo de condenados recae en los tribunales.

Además, aclaró que su programa de supervisión incluía monitoreo GPS, visitas domiciliarias sin previo aviso y vigilancia activa, y que el incumplimiento podía derivar en el retorno a un hospital estatal.

El propio Desmond retomó esa discusión tras la fuga. “He combatido estas liberaciones desde el primer día. Estas personas no pertenecen a la comunidad. Pertenecen a un hospital estatal o a la cárcel. Mientras la legislación de Sacramento siga permitiendo esto, las familias van a seguir pagando el precio”, escribió en Facebook.

Wakefield mide 1,78 metros, pesa unos 104 kilogramos y tiene ojos marrones. La Oficina del Sheriff informó el 27 de septiembre que la búsqueda cuenta con el apoyo de la Fuerza de Tareas contra Delitos Graves de Agresión Sexual y de la Fuerza de Tareas de Fugitivos, y que todas las agencias policiales de la región recibieron una alerta.

Ante cualquier avistamiento, las autoridades piden no acercarse al sospechoso, llamar al 911 o comunicarse de forma anónima con San Diego County Crime Stoppers al (888) 580-8477.

TRICARE es el seguro médico que cubre a más de nueve millones de militares en servicio activo, veteranos y sus familias en Estados Unidos.

Es, también, el programa que Kevin D. Curry usó como fuente de ingresos durante más de tres años: facturó tratamientos que sus pacientes nunca recibieron, sobornó a beneficiarios para que aceptaran terapias para las que no calificaban y se hizo pasar por médico ante quienes acudían a sus clínicas. El jueves 24 de septiembre, un jurado federal de Fort Worth lo declaró culpable.

Curry, de 64 años y residente de Frisco, Texas, es en realidad un consejero profesional licenciado, sin título médico.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), operaba tres clínicas bajo nombres corporativos y utilizó credenciales de médicos habilitados —sin su conocimiento ni consentimiento— para presentar reclamos ante TRICARE y mantener el esquema en funcionamiento.

El esquema defraudó más de USD 26 millones al programa de salud de las Fuerzas Armadas

Los fiscales federales sostienen que la modalidad central del fraude consistía en facturar tratamientos de estimulación magnética transcraneal (TMS) que eran innecesarios desde el punto de vista médico o que, en muchos casos, jamás se administraron.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, la operación habría funcionado entre septiembre de 2022 y finales de 2025.

Curry operaba tres clínicas de salud mental bajo las razones sociales Acuity TMS of Plano LLC y Acuity TMS of Fort Worth LLC, en Texas, y Emerald Coast TMS of Fort Walton Beach LLC, en Florida, según consigna el comunicado oficial del DOJ.

En conjunto, las tres clínicas pagaron más de USD 5,5 millones en sobornos ilegales para persuadir a militares activos, veteranos y familiares de que aceptaran tratamientos de TMS para los que no calificaban.

Curry instruyó a sus empleados para fabricar historias clínicas y justificar los cobros

El organismo federal detalló que, además de usurpar credenciales médicas ajenas, Curry ordenó a su personal fabricar registros clínicos para respaldar las facturaciones fraudulentas ante TRICARE.

TRICARE llegó a desembolsar aproximadamente USD 17 millones antes de que el esquema fuera desarticulado.

El acusado blanqueó parte del dinero en fiestas temáticas y una camioneta chapada en oro

Con parte de esos fondos, Curry realizó una serie de gastos ostentosos.

Según el mismo expediente, entre ellos se cuentan alojamientos en hoteles cinco estrellas, la compra de muebles de alto costo, la organización de una fiesta temática de casino para empleados y beneficiarios de TRICARE, y la adquisición de una Tesla Cybertruck chapada en oro valuada en más de USD 100.000, que terminó siendo presentada como prueba material durante el proceso judicial.

Las autoridades incautaron activos por un valor aproximado de USD 200.000, entre ellos USD 136.022 en efectivo y el propio vehículo, según el comunicado de imputación del DOJ del Distrito Norte de Texas.

“Este acusado explotó un programa de salud crítico destinado a militares en servicio activo y sus familias, desviando fondos de los contribuyentes para financiar lujos personales”, señaló el subsecretario de Justicia Colin M. McDonald, de la División Nacional de Enforcement contra el Fraude, en el comunicado oficial del DOJ.

Por su parte, el fiscal federal Ryan Raybould acusó a Curry de “aprovecharse sin escrúpulos de la confianza de militares, veteranos y sus familias”.

Curry enfrenta un máximo de 90 años de prisión, con sentencia pendiente

La sentencia será determinada por un juez federal en una audiencia aún sin fecha pública confirmada.

Cada uno de los nueve cargos contempla una pena máxima de 10 años de prisión, lo que representa un techo conjunto de 90 años, aunque el juez tomará en cuenta las Pautas de Sentencias Federales y otros factores establecidos por ley al momento de resolver, según el organismo federal.

En la noche del 19 de octubre de 2024, una estudiante de 20 años llegó a la casa de la fraternidad Chi Phi en el campus de Cornell, en Ithaca, Nueva York.

Lo que ocurrió entre esa noche y la madrugada del día siguiente —según su relato— fue una agresión sexual en grupo que se prolongó hasta las 5:45 de la mañana.

Durante dos años, ninguno de los siete hombres señalados enfrentó cargos penales. Ahora, la fiscalía del condado de Tompkins reabrió la investigación y prevé presentar el caso ante un gran jurado, según informó ABC News.

La fiscalía reactivó el expediente tras dos años sin cargos penales

El detonante fue una demanda civil de 101 páginas presentada el 14 de septiembre de 2026 ante la Corte Suprema del estado de Nueva York por la víctima, identificada como Jane Doe, contra la Universidad de Cornell, siete miembros de una fraternidad y otros codemandados, entre ellos un local nocturno de Ithaca, Moonies Bar & Nightclub, al que la demanda responsabiliza por haber servido alcohol a Doe antes del presunto ataque.

El escándalo que generó el escrito forzó al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, a reconocer públicamente que su oficina nunca realizó una investigación independiente: se había apoyado exclusivamente en las actuaciones de la Policía de Cornell.

“Queremos reexaminar si existe prueba que no conocíamos en noviembre de 2024 y que podría cambiar nuestra valoración del caso”, dijo el fiscal en declaraciones a ABC News.

Doe dice que fue drogada sin saberlo; la fiscalía sostiene que no lo declaró así en 2024

La brecha entre el expediente policial original y lo alegado en la demanda abre una de las tensiones centrales del caso.

El fiscal sostuvo que, en su declaración inicial, Doe admitió haber consumido drogas y alcohol de manera voluntaria y con conocimiento previo. También señaló que ella no afirmó haber sido forzada a realizar ningún acto ni indicó en ningún momento que estuviera inconsciente o incapacitada. Con base en esa declaración, la fiscalía concluyó que no había elementos suficientes para avanzar penalmente.

Thomas Giuffra, abogado de Doe, rechazó esa caracterización y apuntó directamente a las deficiencias del procedimiento.

Doe presentó su denuncia ante la policía universitaria el 8 de noviembre de 2024, casi tres semanas después del presunto ataque.

La investigación interna bajo el Título IX comenzó en enero de 2025. Según Giuffra, Doe nunca fue contactada por un detective especializado ni por la fiscalía tras realizar la denuncia: “Hablar con una sobreviviente de abuso requiere delicadeza, comprensión y formación especializada. Un oficial universitario promedio no tiene esas habilidades”, sostuvo.

El chat de Snapchat, una prueba que la fiscalía dice no haber recibido

Un elemento de peso en el escrito judicial es una captura de pantalla de un chat grupal de Snapchat en el que, según Doe, miembros de la fraternidad discutían los hechos de esa noche. Van Houten afirmó que ese material nunca llegó a su oficina.

Giuffra rebatió que fue entregado a las autoridades en 2024: “Mi cliente fue a la Policía de Cornell porque se cometió un crimen. Les entregaron el chat grupal que invitaba a los miembros de la fraternidad a violar a mi cliente. Era una prueba crítica. Aun así, no hubo seguimiento”.

La demanda identifica a los siete acusados por su nombre: Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.

Norris reconoció haber enviado un mensaje incluido en el escrito judicial, aunque negó haber participado en actividad sexual ni en el consumo de drogas y aseguró que Cornell no lo encontró responsable de las acusaciones de mayor gravedad.

Kretzschmar, por su parte, negó los hechos a través de su abogado, Jeremy Saland: “Scott jamás agredió sexualmente ni tocó a la demandante en ninguna forma. Esperamos confrontarla ante un tribunal”.

Cornell impuso sanciones pero la víctima dejó sus estudios

Tras una investigación que incluyó al menos 12 audiencias internas, según informó CBS News, Cornell determinó que dos de los siete acusados serían expulsados, mientras que otros recibieron suspensiones y medidas disciplinarias adicionales. La universidad también clausuró la sede de Chi Phi en Cornell y le prohibió seguir funcionando en el campus.

Sin embargo, la magnitud de las consecuencias institucionales contrasta con la situación de Doe, que abandonó la institución sin completar su carrera y, según Giuffra, “apenas logra sostenerse a raíz de lo que estos hombres le hicieron”.

La sede nacional de la organización emitió un comunicado en el que rechazó “inequívocamente” la violencia sexual y afirmó que sus principios fundacionales son incompatibles con ese tipo de conductas, aunque aclaró que no podía referirse a las acusaciones específicas durante el litigio civil en curso.

La universidad respaldó al fiscal y cuestionó la narrativa sobre sus sanciones

Cornell reaccionó al movimiento de la fiscalía con una declaración en la que respaldó la decisión de Van Houten de llevar el caso al gran jurado. Al mismo tiempo, rechazó las versiones que describían las consecuencias internas como menores.

“Cualquier insinuación de que la universidad no impuso castigos significativos es falsa”, señaló el comunicado, que también cuestionó que se haya afirmado públicamente que algunos de los acusados solo tuvieron que escribir ensayos como única consecuencia.

Trae Banuelos-Rovaris, representante de la Alianza Contra la Violencia Sexual, recordó que en Nueva York existen alrededor de 54 centros de atención a víctimas de agresión sexual orientados a trabajar con estudiantes universitarios.

La Fiscalía ha dejado por escrito sus reparos a las prisas del juez Juan Carlos Peinado. El Ministerio Público considera que la audiencia preliminar de Begoña Gómez y Cristina Álvarez del pasado 8 de septiembre se señaló con una celeridad poco habitual y llega a advertir de que “no es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”. En un escrito al que ha tenido acceso Infobae, el fiscal del caso cuestiona que se fijara la comparecencia cuando Álvarez se encontraba fuera de España y tenía previsto regresar el 28 de septiembre, aunque concluye que las circunstancias no provocaron una indefensión suficiente para anular lo actuado.

La audiencia había quedado señalada para las seis de la tarde del 8 de septiembre, apenas un día después de que Peinado diera por recibidos los escritos de defensa y convocara a las partes. El propio juez justificó la premura al acudir a la previsión de la Ley del Tribunal del Jurado de celebrar la audiencia “el día más próximo posible”. El calendario, además, estaba especialmente ajustado: Peinado cumplía 72 años a finales de septiembre y tenía prevista su jubilación el día 27.

El problema apareció enseguida. El abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, comunicó que no podía acudir a Madrid a la hora fijada porque tenía otro señalamiento judicial en Barcelona. Y la defensa de Cristina Álvarez informó de que la asesora se encontraba en Miami y no tenía previsto regresar a España hasta el 28 de septiembre. Ambas defensas solicitaron que se aplazara la vista.

Peinado decidió mantenerla. En el caso de Gómez, su abogado acabó consiguiendo llegar a Madrid después de reorganizar su agenda y viajar desde Barcelona. El juez aceptó finalmente retrasar el comienzo de las 18.00 a las 18.45 horas. Cristina Álvarez, en cambio, no acudió a la audiencia. Su defensa había advertido de que, aunque la presencia física de la acusada no era preceptiva, quería asistir personalmente al trámite.

Es precisamente esa situación la que ha terminado llegando de nuevo al juez, esta vez a través del recurso de la defensa y de la respuesta de la Fiscalía. Y es al analizarla cuando el Ministerio Público introduce una crítica poco habitual a los tiempos manejados por el instructor.

“No es usual, habitual ni normal”

La Fiscalía no considera que el viaje de Cristina Álvarez supusiera que la investigada se hubiera desentendido del procedimiento. El escrito es claro al respecto: “La salida de territorio nacional de la investigada en modo alguno supone un quebrantamiento ni supone colocarse fuera de la disposición del tribunal”.

El fiscal reconoce además que la audiencia debía celebrarse con rapidez. La propia Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece que, una vez presentados los escritos de las defensas, el juez debe señalarla “el día más próximo posible”. Ese es precisamente el argumento en el que se apoyó Peinado para fijar la vista con tan poco margen.

Pero la Fiscalía considera que una cosa es la obligación de actuar con celeridad y otra que cualquier plazo sea razonable por el mero hecho de ser rápido. Y ahí aparece el reproche al juez. “Tampoco es usual, habitual ni normal en los usos conocidos esta precipitación y celeridad en el señalamiento de ciertos trámites”, sostiene el fiscal.

No se refiere únicamente a la fecha. El escrito menciona también los horarios y las consecuencias prácticas que tuvo la forma de organizar las actuaciones. La Fiscalía considera que las partes y los profesionales quedaron en “situaciones ciertamente extrañas” y alude a los desplazamientos que tuvieron que realizar, hasta el punto de hablar de “intensos y afortunados viajes”.

La audiencia era, además, un trámite decisivo. Después de más de dos años de investigación, constituía el último paso antes de que el juez Peinado decidiera si abría juicio oral contra Gómez y Álvarez. La Fiscalía y las defensas reclamaron el archivo, mientras que la acusación popular, liderada por Hazte Oír, sostuvo la acusación.

La Fiscalía cuestiona las prisas, pero no pide repetir la vista

El escrito del fiscal introduce así una distinción importante. El Ministerio Público considera discutible la manera en la que se llegó a la audiencia, pero no cree que las circunstancias sean suficientes para borrar lo ocurrido el 8 de septiembre y empezar de nuevo.

La Fiscalía recuerda que la presencia de la investigada no era imprescindible para celebrar el trámite. Y aunque admite que Peinado pudo “extralimitarse y mostrarse de nuevo excesivamente sensible con el resto de intervinientes”, entiende que una eventual irregularidad procesal no conduce automáticamente a la nulidad.

Según el comunicado de la entidad, el crimen ocurrió el 17 de septiembre de 2026 en Popayán, Cauca. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Salamanca Reyes por el delito de “homicidio agravado”, cargo que el procesado no aceptó durante la audiencia.

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Johnny Stheban Salamanca Reyes, posible responsable de la muerte de Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera, líder y defensora de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, ocurrida el pasado 17 de septiembre en Popayán (Cauca)”, se lee en el comunicado.

Así mismo, el ente acusatorio recordó que integrantes de la Policía Nacional capturaron al investigado antes de que fuera presentado ante el juez, que ordenó su reclusión preventiva. La medida no implica una declaración de responsabilidad penal, que deberá definirse dentro del proceso judicial.

La Fiscalía indaga amenazas previas contra la lideresa trans

De acuerdo con la hipótesis expuesta por la Fiscalía, Roxxi Vanessa Astaiza Mosquera transitaba por una vía del barrio Pandiguando de Popayán cuando fue abordada por Salamanca Reyes y su compañera sentimental. Los elementos recogidos por los investigadores apuntan a que ambos la siguieron hasta acorralarla y luego la atacaron con un arma cortopunzante.

“La víctima transitaba por una vía pública del barrio Pandiguando cuando fue abordada por Salamanca Reyes y su compañera sentimental. Según las evidencias recopiladas, ambos la habrían perseguido hasta acorralarla y, posteriormente, atacado con un arma cortopunzante”, señaló la Fiscalía.

El ente acusador también reportó que, antes de la agresión, la mujer que acompañaba al imputado habría contactado a la víctima. Según la información oficial, le exigió abandonar la zona donde trabajaba y le advirtió que, si permanecía allí, “sería asesinada”.

Astaiza Mosquera integraba un colectivo de defensa de los derechos humanos y era candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres de Cauca. La Fiscalía afirmó que las labores de policía judicial continúan para establecer si otras personas participaron en el homicidio.

“Salamanca Reyes fue capturado por uniformados de la Policía Nacional. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó. Por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Las labores de policía judicial continúan para dar con otros posibles involucrados en el crimen”, indicó el ente acusador.

Detalles de lo sucedido

Roxxi Vanessa Astaiza, lideresa Lgbt+ e integrante de Mariposas Negras, murió el 17 de septiembre de 2026 en Popayán, Cauca, tras un hecho que permanece bajo investigación. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advirtió que podría tratarse de un presunto transfeminicidio.

Astaiza integraba una organización de mujeres trans dedicada a la defensa de derechos y a la prevención de violencias. Además, aspiraba al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca para el período 2026-2029.

Según Indepaz, la activista resultó herida durante un episodio que inicialmente fue descrito como una riña. Luego la trasladaron a un centro asistencial, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

El crimen ocurrió mientras la Defensoría del Pueblo mantenía alertas sobre riesgos para la población de Popayán. La Alerta Temprana 018 de 2026 identifica amenazas específicas en áreas rurales y urbanas del municipio.

El documento advierte sobre la presencia de grupos armados y disputas por el control territorial en zonas rurales. En el área urbana, señala que distintas estructuras buscan refugio, recursos y capacidad de incidencia.

La Defensoría formuló 27 recomendaciones para mejorar la prevención y la respuesta de las instituciones. Indepaz mencionó presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, de Los Comapan y de otras bandas locales.

Un expediente de la Fiscalía General de la Nación, conocido por revista Semana, y cuyos detalles se revelaron meses atrás por el medio alternativo Desigual, vinculan al rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, con una presunta organización dedicada al envío de cocaína hacia México, Estados Unidos y Europa.

Según los documentos citados, el académico aparece identificado con el alias de Kaloy y sería señalado como supuesto articulador financiero de la estructura.

El caso tomó peso luego de que el 17 de septiembre de 2026 el presidente Abelardo de la Espriella ordenó que se abriera una investigación en la Universidad de La Guajira. En esa ocasión, el mandatario pidió “que se revisen las actuaciones del señor rector”.

Las acusaciones corresponden a una investigación iniciada en 2023 y se basan en declaraciones de personas procesadas por narcotráfico que negociaron beneficios judiciales con las autoridades colombianas y estadounidenses. Robles ha rechazado los señalamientos y afirmó que está dispuesto a comparecer ante la justicia.

El expediente mencionado incluye referencias a una red denominada por los investigadores como “Cartel de La Guajira”, que habría tenido operaciones en varias regiones de Colombia y conexiones para mover cargamentos hacia el exterior.

La Fiscalía investiga una presunta red con alcance transnacional: rector de la Universidad de La Guajira fue señalado

Según los documentos divulgados por ambos medios, la organización bajo investigación habría coordinado la compra, transporte y despacho de cocaína desde zonas como La Guajira y Norte de Santander.

Los cargamentos, de acuerdo con las hipótesis de los investigadores, salían en aeronaves y lanchas rápidas hacia Estados Unidos.

Dicha red tenía presencia o contactos en Bogotá, Medellín, Montería, Cumaral (Meta), Turbo y Apartadó (Antioquia).

Además, la Fiscalía examina una posible conexión con rutas que llevaban droga hacia México para organizaciones vinculadas con el Cartel de Sinaloa.

Las autoridades habrían abierto la investigación tras la incautación de un cargamento de cocaína. A partir de ese caso se produjeron capturas y extradiciones de varios presuntos integrantes de la estructura, algunos de los cuales habrían aportado información a la Fiscalía y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según el reporte de la Fiscalía y la Policía Nacional, entre las personas investigadas aparece Kevin Simón López, exsecretario de Gobierno de Maicao, quien fue extraditado.

En el informe se plantea que la red habría usado contactos en entidades públicas, la comunidad académica y organismos judiciales para proteger sus actividades.

El rector Carlos Arturo Robles es señalado como presunto financiador de los envíos de droga

La Fiscalía habría incluido a Carlos Arturo Robles Julio en un organigrama de la presunta organización.

Según el expediente reseñado, su supuesto rol consistía en financiar la adquisición y el envío de sustancias ilícitas, mientras usaba como fachada su cargo al frente de la Universidad de La Guajira.

El reporte no da cuenta de una sentencia contra Robles ni de una acusación formal que haya sido presentada públicamente en su contra por estos hechos.

De igual forma, el rector sostuvo que los señalamientos en su contra obedecen a una “persecución”, y de paso agregó que no tenía temor de enfrentar una eventual actuación judicial en Estados Unidos.

Robles permanece al frente de la Universidad de La Guajira y fue reelegido para un nuevo período de cuatro años, y ya completa más de 14 años en la rectoría de la institución.

El expediente menciona una posible filtración de información judicial

La investigación también incluye referencias a una presunta red de colaboradores que habría facilitado información sobre procedimientos, investigaciones y operativos.

Entre los nombres citados aparece una funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Riohacha.

Según un informe de 287 páginas citado por la misma revista, esa persona habría tenido acceso a datos sometidos a reserva y supuestamente habría compartido información relevante con integrantes de la organización o personas de su entorno.

El documento plantea, además, que la funcionaria tendría vínculos personales con personas señaladas de pertenecer a estructuras narcotraficantes.

El mismo medio buscó una respuesta de la funcionaria mencionada, pero no obtuvo declaración.

Ministerio de Educación pidió priorizar otra investigación sobre presunta corrupción

Sumado a lo anterior, se conoció otro proceso distinto relacionado con la compra de un predio en el que habría participado la Universidad de La Guajira. Ese caso estaría bajo análisis por presuntas irregularidades en avalúos y porcentajes utilizados dentro del negocio.

El Ministerio de Educación solicitó a la Fiscalía una asignación especial para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con el documento citado, la cartera consideró necesario aplicar un criterio de priorización por la relevancia del caso y la necesidad de obtener resultados con rapidez.

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió en público a esas denuncias durante un evento en La Guajira y pidió que se investigaran los posibles hechos de corrupción. “Aquí nadie tiene corona”, destacó “el Tigre”.

La eventual compulsa de copias por ese negocio abriría una línea de investigación diferente a la relacionada con el narcotráfico. Ambas actuaciones, de acuerdo con la información disponible, se encuentran en etapa de indagación.

Las autoridades también indagan un posible lavado de activos

Los memorandos compartidos entre la Fiscalía colombiana y la DEA, citados por el medio, incluyen hipótesis sobre un posible esquema de lavado de activos mediante establecimientos comerciales y propiedades de alto valor.

Según esos documentos, los investigadores recibieron información sobre inmuebles que al parecer habrían servido para desarrollar actividades comerciales, ocultar recursos ilícitos o funcionar como viviendas de descanso adquiridas con dineros derivados del narcotráfico.

Las autoridades deberán establecer si esos bienes tienen relación con actividades ilegales, quiénes son sus propietarios reales y cuál fue el origen de los recursos utilizados para su compra, mientras que el caso sigue bajo investigación.

Una delicada de denuncia se conoció por medio de organizaciones sociales y de derechos humanos la tarde del viernes 25 de septiembre de 2026, y en la que se señala a miembros del Ejército Nacional de Colombia por parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, ubicada en jurisdicción del municipio de La Macarena (Meta).

De acuerdo con lo que menciona el comunicado emitido el 22 de septiembre de 2026, pero que solo días después resonó por medio de redes sociales y portales regionales, tropas del Ejército habrían retenido a una familia campesina en medio de un operativo en el que acabaron con la vida de un campesino identificado como Luis Carlos Mojica Guzmán, un vecino que se acercó al lugar para auxiliarlos, según la versión por parte de la JAC.

La denuncia se refiere a hechos ocurridos el mismo martes 22 de septiembre en una vivienda rural donde estaban Yuli Andrea Motta Tovar, Luis Carlos Guerrero Real y sus dos hijos menores de edad.

En el documento difundido por la comunidad, se relató que los militares llegaron hacia las 12:30 p. m. y retuvieron a los integrantes de la familia.

La Junta de Acción Comunal señaló que Motta fue abordada mientras ordeñaba y que, presuntamente, fue amarrada, golpeada e interrogada. El escrito también sostiene que los demás integrantes de la familia permanecieron bajo control de los uniformados dentro de la vivienda.

La comunidad afirma que un vecino recibió disparos al acercarse a la finca

Hacia las 3:35 p. m., Mojica Guzmán habría llegado en bicicleta al lugar tras advertir la presencia militar y la situación de la familia.

En su testimonio, la comunidad aseguró que el hombre no portaba armas y que su intención era verificar lo ocurrido.

Según la denuncia, los militares habrían disparado contra Mojica Guzmán sin mediar advertencia. Pero uno de los aspectos más delicados en el comunicado es que se afirmó que los uniformados le gritaban insultos al campesino mientras sonaban las detonaciones.

La Junta indicó que la víctima era un civil y miembro de la acción comunal de la vereda Puerto Cachicamo, y también cuestionó que, después del hecho, el cuerpo no fuera entregado a sus familiares ni a la comunidad.

“En horas de la tarde noche, la comunidad logra entrar al lugar de los hechos, en donde encuentran a una familia devastada, en estado de pánico, una madre y unos niños llorando aterrados por tan horrible suceso, la comunidad en su ejercicio de verificación de los hechos, encuentran casquillos, impactos de bala y rastros del asesinato del señor Luis Carlos Mojica Guzmán”, describieron los miembros de la JAC en el pronunciamiento.

La Junta pidió investigar un posible montaje contra la víctima

La organización comunitaria mostró su preocupación por el traslado del cuerpo por parte de las tropas y solicitó a las autoridades establecer si existió un posible montaje para presentar al campesino como integrante de un grupo armado.

En el comunicado se denuncia que, tras la muerte de Mojica Guzmán, se registraron disparos en el sector.

La comunidad detalló en su pronunciamiento que los militares habrían utilizado a la familia retenida como escudo humano (incluidos los dos menores) y que amenazaron a campesinos que intentaron intervenir para proteger a los menores de edad, y “violando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, menciona el documento.

Solicitan protección para la familia, los niños y los testigos

La comunidad pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo identificar a todos los militares que participaron en el procedimiento y establecer las responsabilidades por la muerte de Mojica Guzmán y el trato denunciado contra la familia.

Entre las solicitudes también figura una investigación sobre las presuntas agresiones contra Yuli Andrea Motta, medidas de seguridad para los niños, los testigos y los habitantes de la vereda, así como garantías para evitar represalias.

La Junta de Acción Comunal reclamó reparación para la familia y garantías de no repetición para la población campesina de Guaduales Nueva Esperanza. Además, solicitó que las instituciones nacionales realicen seguimiento al caso y esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido.

Indepaz le pidió una investigación a la Fiscalía luego de lo que ocurrió

Por medio de un mensaje desde su cuenta de X, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se refirió a la denuncia la misma tarde del viernes y destacó que “lo ocurrido debe ser esclarecido de manera urgente, independiente y transparente.

“Es necesario establecer las circunstancias de la muerte de Luis Carlos Mojica, identificar las unidades que participaron en la operación y esclarecer qué ocurrió con su cuerpo. Asimismo, deben garantizarse la protección de la familia, de los niños y de los testigos, evitando cualquier forma de presión o estigmatización”, añadió la publicación por parte de la ONG (Organización No Gubernamental).

Al final, desde Indepaz se solicitó “a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo verificar de manera urgente lo ocurrido, y al Ejército Nacional entregar información pública y suficiente sobre la operación y sobre la situación de Luis Carlos Mojica Guzmán”.

Hasta el momento, desde el Ejército Nacional se confirmó a Infobae Colombia que el caso se encuentra bajo investigación.

Santa Marta continúa con los operativos para atacar a las organizaciones criminales que operan en la costa Caribe, una de ellas son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), cuyos dos cabecillas fueron dados de baja por el gobierno de Abelardo de al Espriella en el último mes.

Sumado a eso, tres personas fueron capturadas por envío de cocaína a Estados Unidos, con fines de extradición a ese país y después de un trabajo articulado de la Fiscalía General, la Sijín y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional para dar con los responsables.

De otro lado, el Gobierno nacional continuará con el trabajo de la fuerza pública en Santa Marta para proteger a los ciudadanos ante las represalias de las Autodefensas Conquistadoras, que tiene a la población en medio del pánico por ataques armados en la región.

Los capturados por narcotráfico

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación mencionó que “César Augusto Hernández Mozo, Esneider Enrique Hernández Dimas y Víctor Alfonso Herrera de la Asunción habrían participado en el envío de cargamentos de cocaína ocultos en buques que salían de Santa Marta (Magdalena) hacia República Dominicana, desde donde serían transportados a Estados Unidos. Los tres son requeridos por autoridades judiciales del Distrito Este de Texas”.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, hizo efectivas las órdenes de captura con fines de extradición, en procedimientos coordinados con unidades de la Sijín y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional”, añadió.

Según la investigación del ente acusador, los tres responsables “habrían mantenido vínculos con el Frente Libardo Vergel, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura armada ilegal con presencia en la región”.

“En esta actividad, Hernández Mozo sería el encargado de coordinar con el grupo armado la salida de los estupefacientes del país; Hernández Dimas habría participado en la contaminación de las embarcaciones mediante las modalidades conocidas como ‘micos’ y caletas en los cuartos de máquinas; y Herrera de la Asunción se ocuparía de la logística para transportar la droga hasta el puerto marítimo de Santa Marta”, señaló la Fiscalía.

El comunicado finalizó al indicar que “los capturados quedaron a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con los trámites correspondientes a las solicitudes de extradición”.

“Le vuelve a propinar un golpe contundente a las Autodefensas Conquistadoras”

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, destacó las 13 capturas realizadas por la fuerza pública en operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en Santa Marta y Ciénaga, como parte del plan de choque del Gobierno nacional a esta estructura criminal.

Entre los detenidos está Yolima Johana Murgas Guzmán, alias Yolima, a quien las autoridades identifican como compañera sentimental de alias Pinocho, señalado como principal cabecilla de la organización.

Los operativos incluyeron seis allanamientos y permitieron incautar cocaína, municiones, teléfonos celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. La Policía Nacional y el Ejército participaron en las acciones, que Guerra presentó como parte de la coordinación institucional para mejorar la seguridad en el departamento.

“Quiero reconocer la labor del señor presidente, Abelardo de la Espriella, y de nuestra Fuerza Pública, que hoy le vuelve a propinar un golpe contundente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada con la captura de alias ‘Yolima’, compañera de alias ‘Pinocho’”, dijo la mandataria departamental, citada en un comunicado de la Gobernación.

Guerra aseguró que el departamento seguirá respaldando el trabajo de las autoridades en Santa Marta, Ciénaga y el resto del territorio magdalenense en las próximas semanas: “Seguimos firmes, sin dar tregua. ¡Los buenos somos más!”.

Una directora de colegio pidió S/100 a una madre de familia para asignar dos vacantes de primaria a sus hijos y le indicó que realizara el pago mediante Yape. El caso ocurrió en la Institución Educativa N.° 88232 “Santa Rosa”, ubicada en Santo Domingo de los Olleros, Huarochirí.

La solicitud ocurrió en diciembre de 2023 y la madre llegó a entregar un primer adelanto de S/50 a través de la billetera digital. Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó el depósito y otros elementos para acreditar que el dinero estaba vinculado con el trámite de las matrículas escolares.

Por este caso, Violeta Luyo, exdirectora del plantel, recibió una condena de cinco años de prisión suspendida por el delito de cohecho pasivo impropio. La sentencia también contempla tres años de periodo de prueba, cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una reparación civil de S/3.001 y 365 días-multa equivalentes a S/8.668,75.

Directora pidió S/100 para asignar dos vacantes de primaria

El pedido ocurrió el 16 de diciembre de 2023, cuando Luyo se desempeñaba como directora de la Institución Educativa N.° 88232 “Santa Rosa”, ubicada en el distrito de Santo Domingo de los Olleros, provincia de Huarochirí. De acuerdo con la acusación fiscal, la docente solicitó S/100 para asignar dos vacantes de nivel primaria para los hijos de una madre de familia.

Para realizar el pago, la entonces directora entregó un número de celular a la madre. El dinero debía ser enviado mediante Yape, según los elementos expuestos por la Fiscalía durante el juicio oral.

El primer adelanto se concretó el 19 de diciembre de 2023. La madre realizó un depósito de S/50, operación que posteriormente quedó incorporada al proceso como una de las principales evidencias para sustentar la acusación.

El Ministerio Público señaló que el cobro estaba relacionado con la asignación de las vacantes. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este sostuvo el caso durante el juicio oral.

Las pruebas que sustentaron la acusación contra la exdirectora

Entre las pruebas consideradas para sustentar la responsabilidad de la exdirectora figura la impresión del depósito realizado mediante Yape desde un agente bancario. El documento permitió incorporar al proceso la constancia del primer pago efectuado por la madre de familia.

Otro elemento presentado fue la Resolución Ministerial N.° 447-2020-MINEDU, utilizada para acreditar que la matrícula escolar en instituciones educativas públicas es gratuita. Este documento fue considerado por el Ministerio Público dentro de los elementos que respaldaron su acusación.

La Fiscalía también presentó el Informe N.° 281-2025-UGEL08C, mediante el cual se acreditó que Luyo era la única responsable del sistema SIAGIE en la institución educativa. Esta función fue incorporada como parte de la evidencia sobre su intervención en el trámite de las vacantes.

A ello se sumaron las declaraciones de la madre de familia y de la titular de la cuenta que recibió el dinero. La Fiscalía señaló que estos elementos permitieron acreditar durante el juicio la responsabilidad de la exdirectora por el delito de cohecho pasivo impropio.

Sentencia contempla inhabilitación y una reparación civil

Tras evaluar los argumentos presentados durante el juicio oral, el Poder Judicial impuso a Violeta Luyo una condena de cinco años de pena privativa de libertad suspendida. La medida quedó sujeta a un periodo de prueba de tres años y al cumplimiento de reglas de conducta.

La sentencia también establece cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. De esta manera, el fallo contempla una restricción adicional vinculada con el ejercicio de funciones en el Estado.

En el aspecto económico, la exdirectora deberá pagar una reparación civil de S/3.001 a favor del Estado. Además, se le impusieron 365 días-multa, equivalentes a S/8.668,75, según la información difundida por el Ministerio Público.

La Fiscalía destacó que el caso se relaciona con un cobro para acceder a vacantes en una institución educativa pública y señaló que este tipo de prácticas afecta el acceso de los estudiantes a la educación gratuita. La condena corresponde a una sentencia de primera instancia.

La fiscalía sostiene que le disparó dos veces en la nuca mientras dormía y montó la escena para simular un robo.

El miércoles declaró como testigo de cargo Alleigha Botner, de 24 años, la ex amante de Flynn. Su testimonio situó la noche del 16 de febrero de 2026 en Tipp City bajo una nueva luz: horas antes de que Ashley apareciera muerta, Flynn le había prometido a Botner que ese día sería libre.

“Te elijo a ti, soy libre”: el mensaje que la fiscalía pone en el centro del caso

Esa madrugada, antes de la llamada al 911, Caleb Flynn le envió a Botner un mensaje de texto que decía: “Te elijo a ti. Soy libre. Las acciones vendrán mañana”, de acuerdo con lo que planteó la fiscalía durante las declaraciones de apertura.

Botner interpretó esas palabras como una señal de que Flynn hablaría con su esposa sobre el divorcio.

Cuando se enteró de la muerte de Ashley Flynn, la joven declaró ante el jurado que “el corazón le empezó a latir con fuerza”. “Parecía demasiada coincidencia”, aseguró durante su testimonio del miércoles.

Botner dijo que llegó a creer que estaba enamorada, pero que hoy lo odia

La ex amante relató que conoció a Flynn en 2022 durante una pasantía en la iglesia donde él se desempeñaba como líder de alabanza.

La relación sentimental comenzó en mayo de 2024. Botner reconoció ante el tribunal que mantuvo ese vínculo a pesar de saber que él era casado.

“Me encontré en un lugar en el que nunca pensé que estaría”, dijo. “Nunca lo justifiqué moralmente. Simplemente lo hice, aunque sabía que estaba mal”.

La relación incluyó conversaciones sobre matrimonio y tatuajes a juego de un rayo —una referencia a la saga de Harry Potter—. Flynn se hizo el suyo en la axila “para que Ashley no lo viera”, según el testimonio de Botner.

Cuando el fiscal le preguntó qué sentía por Flynn en la actualidad, respondió sin titubeos: “Lo odio”. Consultada sobre el motivo, fue directa: “Porque creo que asesinó a su esposa”.

Botner también declaró que Flynn se refería habitualmente a Ashley con términos despectivos y que en más de una ocasión expresó deseos de que ella estuviera muerta.

“Decía que si pudiera matarla sin ir preso, lo haría”, relató la testigo, que describió haber intercambiado más de 100.000 mensajes de texto con el acusado en ese período.

La defensa admite los mensajes, pero niega que sean prueba de un crimen

La relación atravesó al menos una crisis importante cuando Ashley descubrió mensajes durante un crucero que el matrimonio había realizado para celebrar sus 15 años juntos. Entonces, se contactó con Botner para pedirle una reunión.

La joven no aceptó el encuentro. “No creía poder enfrentarla, sabiendo que tenía una relación con su marido”, dijo a los abogados de la fiscalía.

Tras ese episodio, Botner le fijó un ultimátum: si Flynn no dejaba a su esposa antes del 11 de enero, ella seguiría adelante con su vida. Él prometió hacerlo, pero no cumplió. El mes siguiente, volvió a decirle que tramitaría el divorcio, aunque Botner aclaró que ya no le creía.

Un día antes del homicidio, el 15 de febrero, Botner le envió a Flynn capturas de pantalla generadas con ChatGPT sobre cómo funcionan los procesos de divorcio cuando existe una infidelidad probada, y también instrucciones para borrar mensajes del teléfono.

Lo hizo por temor a que una demanda de divorcio expusiera los mensajes que Ashley ya había visto. “Estaba preocupada por mi reputación y por perder mi trabajo”, admitió.

Flynn enfrenta cargos de asesinato agravado, homicidio, agresión grave y alteración de pruebas. Se declaró no culpable en todos los casos.

La fiscalía del condado de Miami sostiene que mató a su esposa para quedarse con su ex amante, con la custodia exclusiva de sus hijas, con su empleo en la empresa familiar de Ashley y con su rol como líder religioso.

“También se convertiría en una víctima”, afirmó el fiscal Paul Watkins durante las declaraciones de apertura, en referencia a la escena del crimen que el acusado habría montado para quedar como blanco del ataque.

La defensa, encabezada por la abogada Emily Smith, reconoció que su cliente dijo cosas “feas y hirientes” en los mensajes, aunque argumentó que lo hizo para complacer a Botner y que mintió para mantenerla cerca.

“Un hombre puede fallarle a su esposa sin ser un asesino y puede tomar decisiones egoístas sin cometer un crimen”, planteó Smith ante el jurado. Smith también señaló que no existe prueba directa que vincule a Flynn con el crimen, como el arma de fuego utilizada en el disparo.

El testimonio de Botner se interrumpió cuando el tribunal levantó la sesión del miércoles. Está previsto que retome su declaración el jueves.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha dado cinco días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión de la querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente -hermana del ministro de Transportes- por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la aplicación de la conocida como ‘ley de nietos’. La magistrada ha incorporado al procedimiento documentación de otra causa en la que también aparece la actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y, una vez reciba el informe del Ministerio Público o expire el plazo concedido, decidirá si admite la querella y abre formalmente la investigación.

La decisión figura en una providencia dictada el pasado 21 de septiembre a la que Infobae ha tenido acceso. El documento corresponde a las diligencias previas que se siguen en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 35. El trámite es todavía previo a la admisión de la querella. La jueza Inmaculada Lova Ruiz no ha acordado por el momento investigar formalmente a Puente, sino que ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si procede admitir la acción penal presentada por la asociación. El plazo fijado es de cinco días y, una vez transcurra, el juzgado resolverá lo que corresponda, haya recibido o no el informe del Ministerio Público.

La causa gira alrededor de una decisión adoptada hace casi cuatro años por Sofía Puente, cuando estaba al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. Fue ella quien firmó el 25 de octubre de 2022 la instrucción que fijó las directrices para aplicar el derecho de opción a la nacionalidad española previsto en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, la norma que popularmente se conoce como ‘ley de nietos’. El documento fue publicado en el BOE al día siguiente y lleva la firma de Puente.

La disposición adicional octava había abierto una vía para que determinados descendientes de españoles nacidos en el extranjero pudieran adquirir la nacionalidad española. Entre otros supuestos, contemplaba a los hijos o nietos de españoles que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. También incluía otros casos, como los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución y los hijos mayores de edad de personas que hubieran obtenido la nacionalidad por determinadas vías de la legislación de memoria histórica.

La instrucción de Puente tenía precisamente como objetivo trasladar esa disposición legal al funcionamiento de los registros civiles y establecer los criterios para tramitar las solicitudes. Sin embargo, la interpretación que hizo entonces la Dirección General se convirtió posteriormente en el núcleo de una disputa judicial. Hazte Oír sostiene que aquella instrucción amplió por vía administrativa los supuestos previstos por el legislador y que, con ello, Puente pudo incurrir en un delito de prevaricación. Esa es la tesis de la querella que ahora tiene sobre la mesa el Juzgado de Instrucción número 35 y que todavía está pendiente de admisión.

Una polémica que ya había pasado por los tribunales

La actuación de Puente no llega por primera vez a los juzgados. La instrucción de 2022 ya había sido objeto de impugnaciones y de actuaciones en la jurisdicción penal. En 2023, la justicia madrileña rechazó la suspensión cautelar de la instrucción y posteriormente se presentó una querella por prevaricación contra Puente. Aquella vía terminó archivada después de que un juzgado de instrucción y, posteriormente, la Audiencia de Madrid descartaran que existieran elementos suficientes para apreciar un delito de prevaricación.

Ese antecedente es especialmente relevante para la situación actual. La nueva querella de Hazte Oír vuelve a poner el foco en la misma actuación administrativa de 2022, aunque la asociación ha ido incorporando nuevos argumentos y documentación a su iniciativa. De hecho, durante septiembre ha ampliado la querella y ha aportado nuevos elementos relacionados con las instrucciones dictadas por Puente y con las consecuencias de su aplicación.

La propia Sofía Puente ha pedido al Juzgado de Instrucción número 35 que inadmita la querella al considerar que los hechos ya fueron examinados judicialmente. Su defensa sostiene que existe un antecedente penal sobre la misma actuación y que aquella causa terminó archivada.

La juez del Juzgado de Instrucción número 35 ha recibido documentación de uno de los procedimientos anteriores relacionados con Puente. El nuevo documento judicial deja constancia de que el 21 de septiembre llegó al juzgado el testimonio solicitado al Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid y que la magistrada decidió incorporarlo a las diligencias previas antes de pedir el pronunciamiento de la Fiscalía.

Infobae ha tenido acceso a ese segundo documento, un testimonio de 75 páginas correspondiente a unas diligencias previas iniciadas en 2024 contra Sofía Puente por un posible delito de descubrimiento de secretos. El procedimiento, tramitado inicialmente por el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, no se refiere a la ‘ley de nietos’, sino a una denuncia presentada por Pablo Martínez Muñoz contra Puente por su supuesto acceso a unas actuaciones judiciales declaradas secretas.

El denunciante sostenía que Puente había tenido conocimiento de unas diligencias que se tramitaban en Valladolid cuando todavía estaban bajo secreto y que había utilizado esa información para presentar posteriormente una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valladolid. En concreto, la denuncia señalaba que Puente había afirmado conocer la existencia de otro procedimiento judicial por hechos similares antes de que se levantara el secreto de las actuaciones.

Aquel procedimiento terminó con la inadmisión de la denuncia y el archivo provisional de las actuaciones. El Juzgado de Instrucción número 25 consideró que los hechos denunciados no estaban suficientemente justificados como constitutivos de una infracción penal.

La Fiscalía también se había pronunciado en ese procedimiento. En un escrito incorporado al testimonio, el Ministerio Público sostuvo que no quedaba acreditado que Puente hubiera obtenido de un funcionario público la información sobre la existencia de aquellas diligencias y que el simple conocimiento de que existía un procedimiento judicial no constituía por sí mismo un secreto o información privilegiada con relevancia penal.

Ahora, toda esa documentación ha sido incorporada a la causa que estudia la querella de Hazte Oír por la ‘ley de nietos’. La juez ha querido disponer de esos antecedentes antes de tomar una decisión sobre la admisión y, por ello, ha dado traslado del conjunto de documentos a la Fiscalía durante cinco días.

Más de seis años después de su primera condena, Harvey Weinstein enfrenta hoy una nueva sentencia en Nueva York por agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en su apartamento de SoHo en 2006.

Los fiscales del Distrito de Manhattan piden 20 años de prisión para el productor de 74 años, pena que equivaldría, en la práctica, a una condena de por vida, informó AP News.

La audiencia de este miércoles ante el juez de la Suprema Corte de Manhattan, Curtis Farber, cierra el capítulo neoyorquino de una causa que atravesó tres juicios, dos absoluciones parciales y una anulación de condena. Por ese cargo de agresión sexual, Weinstein podría recibir hasta 25 años.

El jurado lo volvió a condenar por la misma víctima en 2025

Weinstein fue condenado por primera vez en 2020 por agredir a Haley y violar a la aspirante a actriz Jessica Mann, y recibió una pena de 23 años.

El tribunal de apelaciones de más alto rango del estado anuló ese veredicto en 2024 al determinar que el productor no había tenido un juicio justo: el testimonio de mujeres cuyas denuncias no formaban parte del caso lo había perjudicado.

En el segundo juicio, celebrado el año pasado, el jurado volvió a condenarlo por agresión sexual contra Haley, pero lo absolvió de otro cargo relacionado con una tercera mujer y no llegó a un acuerdo sobre la acusación de violación contra Mann.

El juez Farber ordenó un tercer juicio sobre ese cargo pendiente antes de pronunciar sentencia.

Un tercer jurado quedó trabado y la fiscalía retiró el cargo de violación

En mayo pasado, un tercer jurado también quedó trabado en el cargo de violación. La Fiscalía del Distrito de Manhattan, encabezada por Alvin Bragg, decidió entonces retirar la acusación contra Weinstein y descartó un cuarto juicio, en parte porque Mann manifestó que no podía soportar volver a testificar.

Esa decisión despejó el camino para la audiencia de este miércoles. Haley, representada por la abogada Gloria Allred, tiene previsto hacer una declaración de impacto ante el tribunal; Weinstein también se dirigirá al juez, según confirmó su portavoz, Juda Engelmayer.

Tras la condena del año pasado, Haley había expresado su alivio fuera del tribunal. “Es un gran alivio para todos. Estoy contenta de haberme presentado a pesar de algunas tácticas de intimidación por parte de la defensa”, dijo entonces la víctima, según recogió The New York Times.

Las acusaciones en su contra detonaron el movimiento #MeToo en 2017

Las primeras denuncias contra Weinstein fueron publicadas en 2017 por The New York Times y The New Yorker, y encendieron el movimiento #MeToo, que sacudió a la industria del entretenimiento y se extendió a otros sectores de la sociedad.

La presión pública y la revelación de que la Fiscalía había declinado previamente actuar ante una denuncia de agresión contra el productor llevaron al entonces fiscal Cyrus R. Vance Jr. a presentar cargos formales en 2018.

Weinstein, cofundador de Miramax y productor de filmes ganadores del Óscar como Pulp Fiction y Shakespeare in Love, negó de manera consistente haber agredido a alguna de las mujeres que lo acusaron. Sus abogados sostuvieron que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

En California también fue condenado y enfrenta una nueva audiencia de pena

La causa neoyorquina no es la única que pende sobre el productor. En California fue condenado por cargos similares y sentenciado a 16 años de prisión, aunque un tribunal de apelaciones determinó en junio pasado que deberá ser resentenciado en ese estado.

Según medios locales, podría ser extraditado a California para cumplir primero esa condena antes de que se ejecute la pena neoyorquina.

A eso se suma una nueva demanda civil presentada la semana pasada en un tribunal estatal de Manhattan.

La masajista Kellye Croft acusó al productor de haberla agredido sexualmente, en el marco de una serie de cargos que también involucran al magnate de medios y propietario de los Knicks de Nueva York, James L. Dolan.

Croft había interpuesto una demanda similar en 2024 ante un tribunal federal de Los Ángeles, que fue desestimada.

El portavoz rechazó esas alegaciones en nombre del productor; una vocera de Dolan calificó la nueva demanda de infundada, según AP News.

A 10 años de prisión fue condenado un hombre por su vinculación al delito de abigeato, cometido en perjuicio de una finca dedicada a la actividad ganadera, ubicada en Chilibre, provincia de Panamá.

La sentencia la logró la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Cuarta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana.

La información judicial manifiesta que en el juicio oral la Fiscalía sustentó la teoría del caso mediante pruebas testimoniales, documentales y periciales.

Entre ellas, información relacionada con las operaciones ganaderas, documentación de subasta ganadera, registros de traslado y comercialización de reses, cheques y documentación bancaria, logrando que el Tribunal concluyera que estos elementos permitieron acreditar la participación penal del acusado.

El individuo fue declarado penalmente responsable como autor de hurto pecuario, con la agravante relacionada con su condición de trabajador o administrador de la actividad ganadera.

Como pena accesoria se le impuso la inhabilitación para ejercer oficio, actividad o comercio relacionado con la administración, custodia, traslado o comercialización de ganado por 10 años, una vez cumplida la pena principal.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio oral, el hoy condenado mantenía funciones relacionadas con el manejo, alimentación, traslado y control de las reses en una finca ubicada en Najú, corregimiento de Chilibre.

Aprovechando esa posición y el acceso que mantenía sobre los animales, realizó actos de disposición y comercialización de ganado sin autorización de su propietario.

La investigación de los fiscales permitió acreditar operaciones realizadas entre el 31 de julio de 2020 y el 26 de febrero de 2021, mediante las cuales el condenado intervino en la venta y comercialización de reses identificadas como hurtadas, recibiendo pagos producto de dichas operaciones.

En julio las autoridades de la Fiscalía Regional de la provincia de Veraguas logró que el Tribunal de Apelaciones de Coclé y Veraguas emitiera una condena de 96 meses (8 años) de prisión para un hombre 44 años de edad, por el delito de hurto pecuario agravado en perjuicio de un empresario y ganadero.

La Fiscalía demostró durante el juicio la culpabilidad del condenando mediante pruebas testimoniales, científicas y documentales.

Al individuo también se le impuso como pena accesoria luego de cumplida la condena principal, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de 2 años.

Los hechos se dieron en el corregimiento de Guarumal, distrito de Soná, específicamente en la finca Dos Bocas, donde el condenando era el capataz de la finca, aprovechando su cargo para apoderarse de cuatro cabezas de ganado raza cebú, valoradas cada una en $850.00, para luego ser comercializadas.

En los últimos años, la presión de gremios como la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) y las estadísticas del Ministerio Público sobre miles de cabezas de ganado sustraídas han impulsado reformas sucesivas al Código Penal y al Código Procesal Penal.

Estos cambios han elevado la severidad de las sanciones, han ampliado el alcance de las conductas punibles, incluyendo a quienes adquieren o comercializan ganado hurtado, y han reforzado la respuesta frente a redes organizadas dedicadas al hurto, traslado y comercialización clandestina de reses.

Paralelamente, la prensa nacional ha documentado un aumento en condenas significativas, con penas que van desde 8 hasta 15 años de prisión en casos emblemáticos ocurridos en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Veraguas y otras zonas ganaderas.

Mientras, las cifras oficiales muestran que entre 2019 y 2023 se hurtaron 3,970 reses, en tanto que el 2024 cerró con 1,003 bovinos sustraídos y que solo entre enero y febrero de 2025 se reportaron 174 animales hurtados.

El hurto pecuario produce una lesión patrimonial de miles de dólares para los productores, afecta la seguridad jurídica sobre la propiedad de los animales y amenaza la sostenibilidad de proyectos ganaderos, especialmente en explotaciones de tamaño mediano y pequeño.

El exfuncionario sostuvo que una persona ingresó virtualmente al proceso con su nombre y que el hecho fue detectado por el juzgado.

En un video difundido a través de su cuenta de X, Quintero explicó que había evitado responder a acusaciones en torno a ese expediente por consideración hacia el juez que conduce el caso de su hermano. “Por respeto al juez, me quedé callado”, expresó al comienzo de su intervención.

El exdirigente político también señaló que soportó cuestionamientos dirigidos contra él y contra su hermano sin hacer declaraciones públicas. Afirmó que decidió hablar después de conocer que alguien habría usado su identidad ante el mismo despacho judicial.

“Cuando usan mi nombre para engañar a ese mismo juez, se acabó el silencio”, manifestó Quintero, quien dejó la Alcaldía de Medellín hace casi tres años.

Quintero vinculó el episodio con su disputa política con Federico Gutiérrez

En su mensaje, Quintero acusó al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de impulsar una persecución en su contra desde que asumió el gobierno local. “Desde entonces, Federico Gutiérrez no ha gobernado, ha perseguido”, dijo.

El exmandatario aseguró que, durante la campaña electoral, Gutiérrez prometió enviarlo a prisión por el caso del predio de Aguas Vivas y las investigaciones relacionadas con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Quintero sostuvo que un proceso en su contra fue anulado y que luego las actuaciones se enfocaron en su hermano.

“Como no pudo conmigo porque anularon el proceso, fue por mi hermano”, afirmó.

Quintero ubicó el presunto caso de suplantación en una audiencia que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2026. De acuerdo con su versión, ese día circuló la información de que él habría ingresado de forma reservada a la diligencia de su hermano, quien en está siendo investigado por el presunto escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El exalcalde rechazó esa versión y afirmó que varios medios publicaron la presunta presencia suya en la audiencia. “Era falso. Yo no estaba ahí”, sostuvo.

A continuación, planteó que otra persona sí participó en la sesión virtual bajo su nombre. “Alguien sí estaba, con mi nombre”, agregó, antes de señalar que el hecho habría sido detectado por el propio juzgado.

El juzgado citó el ingreso de un perfil identificado con un periodista de Caracol Radio

Para respaldar su acusación, Quintero reprodujo un fragmento de una intervención atribuida al despacho judicial. En ese registro, se escucha que el juzgado advirtió la participación de un perfil asociado al canal de YouTube de Sebastián Estrada Ramírez, identificado como periodista de Caracol Radio.

“El despacho pudo advertir” que ese perfil ingresó a la primera fecha de la audiencia “utilizando el nombre del señor Daniel Quintero C.”, se escucha en la cita divulgada por el exalcalde.

Quintero sostuvo que el periodista habría utilizado su identidad para acceder a la diligencia y para emitir contenido que, de acuerdo con su relato, el juez había ordenado no transmitir. “Entró con mi nombre” y “transmitió lo que el juez había prohibido”, aseguró.

El exalcalde añadió que, tras detectar la situación, el juzgado retiró al usuario de la sala virtual. Calificó ese episodio como una suplantación ante una autoridad judicial y sostuvo que esa conducta puede constituir un delito en Colombia.

“Eso no es periodismo”, declaró Quintero. También afirmó que no se trató de un ingreso casual y pidió establecer quién habría dado la autorización, quién lo habría ordenado y a quién pudo favorecer la utilización de su nombre.

El exalcalde pidió que la Fiscalía establezca responsabilidades

Quintero indicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que solicitó una investigación sobre el ingreso registrado durante la audiencia. “Hoy lo denuncié penalmente ante la Fiscalía”, afirmó en el video.

El exfuncionario pidió que la investigación determine si existieron otras personas involucradas. “Quién ordenó, quién autorizó y quién se benefició”, planteó al referirse a la presunta suplantación.

También sugirió que el caso podría estar relacionado con eventuales irregularidades adicionales, aunque no presentó pruebas concretas sobre otros episodios. “Esto apenas es lo que el juzgado alcanzó a descubrir”, afirmó.

La salida al mercado de este inmueble generó expectativa inmediata tanto en el sector inmobiliario como en el ámbito político e institucional del país. La promoción de la propiedad se conoció mediante un video publicitario acompañado por la canción I Like It, de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin, en el que se exhiben las dependencias del lujoso lugar.

En las imágenes comerciales se observan detalles distintivos del entorno personal del exfuncionario, como la escultura de una iguana —por la empresa que presidió— ubicada en el comedor de la terraza, con la cual posó en diversas fotografías públicas, así como la presencia de sus mascotas, los gatos Oslo y Gales.

“Acaba de salir al mercado el penthouse más exclusivo de Museo Chicó para renta. Una propiedad que difícilmente se repite en Bogotá”, señala textualmente el anuncio comercial que promociona el arrendamiento del lugar, realizado por Pizo Estudio en sus redes sociales.

La publicación del aviso suscitó inquietud en varios sectores sobre si Ricardo Roa planea salir del país y sobre la viabilidad legal de una eventual salida del territorio nacional.

Esta es la razón por la que el penthouse de Ricardo Roa es investigado por la Fiscalía

El polémico penthouse 901 es motivo de juicio e investigación contra Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias. El ente acusador señala que el exdirectivo habría obtenido un beneficio económico injustificado al adquirir este inmueble por $1.800 millones de pesos, un valor 34% inferior a su precio real de mercado (estimado en $2.700 millones), además de recibir facilidades de pago atípicas mediante la intermediación del empresario Juan Guillermo Mancera.

La justicia indaga si este “gangazo” respondió a un presunto intercambio de favores e influencias ligadas a su posición y relaciones dentro del sector energético y la estatal Ecopetrol.

Para la Fiscalía, la irregularidad radica no solo en el precio con descuento, sino en la red de relaciones tras la propiedad: el penthouse pertenecía originalmente a una firma vinculada al empresario petrolero Serafino Iacono, y los giros de dinero se realizaron diferidos a lo largo de meses a través de firmas intermediarias, generando sospechas sobre el verdadero origen e intención del negocio.

Mientras avanza el proceso penal en los tribunales y la defensa de Roa busca la nulidad del caso argumentando la legalidad de la transacción, la controversia se reactivó tras conocerse que el exfuncionario puso la lujosa propiedad en oferta de arriendo por $40 millones mensuales.

El inmueble que hoy está en el centro de esta investigación penal es un exclusivo penthouse dúplex, caracterizado por sus 400 m² construidos, 190 m² de terraza en herradura con jacuzzi y vista al Parque Museo Chicó, además de tres habitaciones con baño privado, cocina italiana, ascensor directo con puertas de seguridad y seis parqueaderos privados.

Estas mismas prestaciones de alto lujo son las que sustentan las acusaciones sobre las incongruencias entre su valor real de mercado y las condiciones ‘privilegiadas’ con las que Roa logró adquirirlo.

¿Qué dijo el abogado de Ricardo Roa sobre el arriendo?

Frente a las dudas planteadas por la puesta en renta del inmueble, la representación legal del exdirectivo descartó que la decisión de arrendar el inmueble responda a un intento de evasión a la justicia colombiana.

En diálogo con el diario El Tiempo, Juan David León, apoderado de Roa, aseguró que, tal como lo ha pasado antes, el expresidente de Ecopetrol va a seguir respondiendo ante las autoridades y que el hecho de que el apartamento salga a la renta (y no a una enajenación) es una decisión de carácter personal.

Cuando fue consultado por el medio sobre si el bien inmueble continúa embargado por la compañía Sociedad Aérea de Ibagué SADI SAS, el abogado explicó que él no adelantaba ese proceso en específico. No obstante, precisó que si existiera esa limitación jurídica sobre el predio, solo habría restricción para enajenarlo, es decir, para sacarlo a la venta, mas no para entregarlo en arrendamiento.

La Fiscalía General de la Nación citó a diligencia de interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas presidenciales de Iván Cepeda y Carolina Corcho que estuvieron a cargo durante la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.

La citación fue ordenada por una fiscal adscrita a la estructura anticorrupción dentro de una investigación penal que busca verificar presuntas irregularidades administrativas en la rendición de cuentas de ambas precandidaturas.

El objetivo de las citaciones judiciales es determinar si las campañas incurrieron en la omisión deliberada de reportes financieros obligatorios ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El ente acusador investiga los soportes contables relacionados con el registro de gastos de logística, préstamos bancarios, créditos personales y donaciones privadas que recibieron los precandidatos durante la contienda que buscaba definir la candidatura oficial a la Presidencia de la República.

Las citaciones quedaron programadas para llevarse a cabo de manera presencial los próximos 23 y 24 de septiembre en las instalaciones del búnker principal de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en Bogotá.

Entre las personas llamadas a rendir explicaciones en la sede del organismo judicial figuran los responsables directos de la administración financiera del congresista Iván Cepeda. Para este caso, la Fiscalía citó a Carlos Saúl Garzón Urrea, que ejerció como gerente oficial de la campaña, y a Sandra Yurany López Cortés, que figuraba como contadora encargada del balance de ingresos y egresos.

Por el lado de la precandidatura de la exministra y actual senadora Carolina Corcho, el ente de control penal citó al ciudadano Nelson Emiro Linares Zárate, encargado de la gerencia general de su equipo de campaña, junto con Libardo Hinestroza Palacios, que se desempeñó como profesional contador durante el proceso electoral del partido político.

La investigación de la Fiscalía anticorrupción se centra en constatar la veracidad de los libros contables radicados ante las autoridades electorales y verificar si los montos declarados coinciden con los movimientos bancarios reales ejecutados durante la plaza pública y la publicidad digital.

El CNE establece que las precandidaturas que participan en consultas populares e internas de partidos políticos están sujetas a topes de financiación y a la obligación legal de registrar todos los aportes dentro de los plazos fijados por la norma electoral colombiana.

La diligencia de interrogatorio constituye una actuación previa en la que los citados, acompañados por sus abogados defensores, podrán entregar sus explicaciones técnicas, aportar certificaciones bancarias y ejercer su derecho a la defensa frente a las hipótesis investigativas del ente acusador.

Y es que es importante señalar que la consulta del Pacto Histórico se realizó el 26 de octubre de 2025 para definir la candidatura presidencial y las listas al Congreso (tanto Cámara como Senado). Participaron Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, aunque este último había retirado su aspiración; la jornada registró cerca de 2,75 millones de votos.

Cepeda y Corcho reportaron más de $2.393 millones en gastos para la consulta del Pacto Histórico

De acuerdo con los reportes financieros registrados en Cuentas Claras del CNE, las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho reportaron en conjunto más de $2.393 millones en ingresos y egresos relacionados con la consulta interna del Pacto Histórico.

En el caso de Iván Cepeda, el reporte registra $964,8 millones, de los cuales $839,7 millones correspondieron a donaciones y aportes de particulares y $125,1 millones a recursos propios y familiares.

El principal gasto fue la publicidad política, con $776 millones, seguido de gastos administrativos por $92,4 millones y actos públicos y cierres de campaña por $68,8 millones.

Por su parte, Carolina Corcho reportó $1.428,9 millones. De este monto, $1.407,5 millones correspondieron a créditos en dinero otorgados por particulares y $21,4 millones a donaciones. Sus principales gastos fueron actos públicos y logística, con $738,7 millones; gastos administrativos y de oficina, con $415,6 millones; y propaganda electoral, con $171,2 millones.

Según el CNE, el tope de gastos establecido para cada campaña en esta consulta nacional fue de $6.080,3 millones. Con base en los reportes registrados, tanto Cepeda como Corcho se mantuvieron por debajo del límite fijado para la contienda.

Durante la diligencia, las defensas de los exministros cuestionaron las pruebas de la Fiscalía General de la Nación, con las que el organismo busca llevar a juicio a los exfuncionarios.

Alejandro Carranza, abogado defensor del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, cuestionó las pruebas y aseguró que algunos archivos estaban cifrados y que, según afirmó, nadie pudo abrirlos.

“Que la copia sea fiel no significa que la evidencia esté completa. El Blu-ray de extracción del buzón no pudo copiarse. Hay carpetas que ambas partes constataron vacías, hay archivos cifrados que nadie ha podido abrir y hay documentos sin carpeta de texto que la propia Fiscalía ofreció escanear de nuevo”, expresó.

El abogado de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, también cuestionó las pruebas y formó la siguiente pregunta: “¿Para qué descubría la Fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?”.

Ricardo Bonilla, por su parte, expuso una teoría sobre el proceso que viene realizando la Fiscalía General de la Nación en su contra y aseguró que cierta información no tiene “ningún sentido” y quiere, según las declaraciones del exministro “reducir la capacidad de la defensa”.

“Siento a la Fiscalía inundándonos de información de la que, tal como lo acaba de decir el abogado Carranza, mucha no tiene ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

Pronunciamiento de la Fiscalía

La fiscal a cargo del caso contra los exministros calificó de “equivocadas” las intervenciones de las defensas sobre el supuesto ocultamiento de pruebas.

“Ningún elemento fue ocultado, sustraído, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa. Por el contrario, dentro del descubrimiento efectuado se incluyeron, incluso, aquellos archivos digitales que se encontraban protegidos mediante mecanismos de seguridad que impedían su apertura, precisamente para garantizar la máxima transparencia posible con relación a todo aquello que hacía parte del expediente investigativo”, indicó la fiscal del caso.

La fiscal sostuvo que la discusión no se centra en una presunta omisión en la entrega de las pruebas, sino en que varios de esos elementos estaban protegidos con contraseñas y otras medidas de seguridad que las defensas debían conocer.

Plazo de tres semanas

Ante lo sucedido, la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera le dio tres semanas a la Fiscalía General de la Nación para que destape todas las pruebas.

“Debemos recordar que el deber que le impone a la Sala el numeral primero del artículo 356 de la Ley 906 de 2004 es verificar que el descubrimiento probatorio se realice de manera completa. Por lo tanto, le solicito adelantar las gestiones necesarias para que las defensas puedan acceder a toda la información que le permitió estructurar su caso, en particular a aquellos documentos que no se pueden abrir, pues su contenido es fundamental para los defensores”, indicó el magistrado.

Por esta razón, el magistrado Caldas Vera invitó a los defensores y a la fiscal a mantener un diálogo fluido.

“Invito a los defensores y al fiscal a mantener un diálogo fluido, a fin de que los apoderados y la Fiscalía indiquen puntualmente las falencias del descubrimiento probatorio. De ello, solicito enviar a la Sala el acta correspondiente para su verificación. Igualmente, invito al señor fiscal a que, de acuerdo con su rol constitucional, preste el acompañamiento correspondiente para facilitar y concluir el descubrimiento probatorio”, aseveró.

Ante esta situación, la Corte Suprema aplazó la audiencia preparatoria del juicio contra Velasco y Bonilla. Además, otorgó tres semanas a la Fiscalía y a las defensas para revisar en conjunto la totalidad de las pruebas del proceso.

“La Sala otorgará tres semanas para cumplir con el cometido que se acaba de anunciar. Por ello, les pido que, a partir de la fecha, estén atentos a las actividades y labores que les corresponden para finiquitar el descubrimiento probatorio de la Fiscalía”, puntualizó.

Un juzgado de Ceuta investiga las denuncias presentadas por ocho menores migrantes no acompañadas que aseguran haber sufrido presuntos malos tratos, vejaciones y amenazas durante su estancia en centros de acogida habilitados por la Ciudad Autónoma. Las jóvenes, que habían llegado a la ciudad durante la entrada masiva de finales de julio y fueron trasladadas a estos recursos a comienzos de septiembre, acudieron a la Policía después de varias fugas y relataron episodios de golpes, insultos, castigos y falta de atención médica.

La Fiscalía de Menores de Ceuta ha remitido al órgano judicial las actuaciones de las que tuvo conocimiento, pero ha hecho una precisión importante: no existe una investigación general sobre los centros de menores de la ciudad ni sobre supuestos abusos sistemáticos en estos recursos. Según fuentes del Ministerio Público citadas por EFE, se trata de denuncias concretas presentadas ante la Policía y posteriormente puestas a disposición judicial.

La decisión de trasladar el asunto al juzgado responde, según esas mismas fuentes, a “razones estrictamente funcionales y de organización”, ante la extraordinaria carga de trabajo que soporta actualmente la Fiscalía de Ceuta. El objetivo es evitar que unos mismos hechos sean investigados de forma paralela y que las diligencias queden en manos del órgano competente, según explicó el Ministerio Público a EFE.

Las denuncias se producen después de que varias adolescentes abandonaran los centros habilitados en las Naves de El Tarajal y regresaran a los asentamientos informales donde habían permanecido durante las semanas posteriores a su llegada a Ceuta. Allí, según relató El País, algunas de ellas contaron a vecinos y organizaciones que habían decidido escapar por las condiciones en las que se encontraban en los recursos de acogida.

Las denuncias: golpes, insultos y amenazas

Los hechos que ahora debe esclarecer el juzgado se remontan a los primeros días de septiembre, cuando las menores fueron trasladadas a dos instalaciones situadas en el polígono de las Naves de El Tarajal y gestionadas por las entidades Samu y Engloba. Hasta entonces, algunas habían permanecido durante más de un mes en campamentos improvisados levantados por vecinos de Ceuta para atender a las personas migrantes que habían llegado a la ciudad.

Según la información publicada por El País, las menores denunciaron ante la Policía haber sufrido insultos, castigos físicos, amenazas con ser devueltas a Marruecos y falta de atención médica. Una de las adolescentes aseguró al diario que los trabajadores las llamaban “putas”, las golpeaban y las castigaban cuando pedían utilizar el teléfono móvil o disponer de una almohada.

Las jóvenes también relataron que algunas presentaban lesiones. Una de ellas mostró un moratón en el muslo que, según aseguró, era consecuencia de una supuesta agresión por parte del personal del centro. Otras menores presentaban magulladuras y heridas que fueron fotografiadas e incorporadas, según El País, al atestado policial.

Una de las acusaciones más graves se refiere a la atención sanitaria. Las menores aseguraron que en algunas ocasiones no eran trasladadas al médico cuando tenían problemas de salud. Una de ellas relató al diario el caso de otra adolescente que habría llegado a vomitar sangre sin recibir asistencia médica. Estas afirmaciones forman parte de las denuncias y deberán ser contrastadas durante la investigación judicial.

También se investiga un episodio ocurrido, según las denunciantes, durante la noche del 10 de septiembre. Dos hombres uniformados de seguridad habrían entrado en la zona donde dormían las jóvenes y, según sus testimonios, habrían proferido insultos de carácter sexual y amenazas explícitas de violación.

La Policía identificó a los dos vigilantes señalados por las menores, fueron relevados de sus funciones y sustituidos por mujeres. También fue identificada una educadora a la que las adolescentes atribuyen presuntos golpes reiterados.

Fiscalía activa la protección y el caso pasa al juzgado

El jueves, la Fiscalía de Menores recibió el informe policial acompañado de documentación médica y psicológica y tomó declaración a las jóvenes. Ese mismo día intervino el área de menores de la Ciudad Autónoma, que ostenta la tutela de las adolescentes.

Como primera medida de protección, las menores denunciantes fueron separadas de los recursos en los que habían relatado los supuestos abusos y se buscó para ellas una nueva ubicación. La Fiscalía abrió expedientes de protección y el Ministerio Público permanece especialmente atento a cualquier situación que pueda afectar a la integridad, seguridad o derechos de los menores bajo tutela.

La vinculación de un quinto presunto implicado en la desaparición y muerte del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes permitió avanzar en la reconstrucción judicial de los hechos ocurridos en abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

Se trata de lo que dijo el joven, conocido con el alias de “Se Lo Juro”, que aceptó el cargo de desaparición forzada agravada y entregó una versión sobre el secuestro de la víctima.

Según reveló El Tiempo, el procesado, identificado como Juan Diego Echavarría Arango, tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos y será juzgado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Ya se encontraba privado de la libertad en Santa Rosa de Osos por otros procesos cuando fue vinculado a esta investigación, de acuerdo con la publicación.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, había judicializado antes a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado El Mesa: Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa; Weimar Alexander Castillo, alias 300; Willinton Ortiz, alias Willy, y Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo.

Peláez, de 26 años, había llegado a San Andrés de Cuerquia el 3 de abril de 2022 como contratista vinculado a labores relacionadas con Hidroituango. Se hospedó en un hotel del municipio y salió durante la noche, sin que se volviera a tener contacto con él.

Durante las audiencias contra los primeros capturados, la Fiscalía sostuvo que el ingeniero fue interceptado en el parque principal en la madrugada del 4 de abril por un grupo de cerca de cinco personas. Según la reconstrucción expuesta por el ente acusador, fue golpeado y subido a un vehículo que conducía alias 300.

“Después de golpearlo, lo subieron a un vehículo”, relató un delegado de la Fiscalía en una audiencia citada por el medio. El funcionario agregó que la víctima fue vista luego con lesiones, atada de manos y en compañía de algunos de los señalados, antes de ser llevada hacia una zona rural.

El testimonio cambió la hipótesis sobre los lugares de retención

La versión conocida inicialmente señalaba que Peláez habría sido conducido directamente a una vivienda del casco urbano de San Andrés de Cuerquia que, según la investigación, funcionaba como punto de expendio de estupefacientes para El Mesa.

Sin embargo, el testimonio de alias Se Lo Juro indicó que, antes de llegar a ese inmueble, el ingeniero habría sido llevado a una finca vinculada a un hombre conocido como alias Caníbal. Allí habrían comenzado las agresiones, de acuerdo con la información divulgada por el diario.

Después, los presuntos responsables habrían trasladado a Peláez a la vivienda urbana, donde continuó retenido. La Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron inspecciones y excavaciones en ese inmueble durante agosto, como parte de la búsqueda de evidencia.

La versión apunta a una exigencia económica

De acuerdo con el testimonio atribuido a Echavarría por El Tiempo, los integrantes de El Mesa habrían perdido un millón de pesos en medio de disputas por el control del microtráfico en la región.

La publicación señaló que el grupo habría planeado secuestrar al ingeniero para exigir inicialmente esa suma y que luego elevó la petición a 10 millones de pesos. Peláez habría indicado que no contaba con ese dinero ni tenía cómo conseguirlo.

Según esa versión, la víctima murió durante el cautiverio. El diario informó que, después, los presuntos implicados habrían intentado ocultar los restos para evitar que fueran hallados por las autoridades. Esos hechos deberán ser contrastados dentro del proceso judicial y con los resultados de las labores forenses.

La madre de Andrés Camilo, Claudia Yepes Upegui, reaccionó tras conocer la nueva versión. Tras años de fielmente publicar, día tras día, un mensaje de auxilio con la búsqueda de su hijo, escribió estas palabras en sus redes sociales:

“#DondeEstaCamilo #AndresCamiloNoAparece: Dios 1.628 días ausente, secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por un grupo de bandidos que quisieron usarlo para cobrar extorsión, a tan solo dos cuadras del comando de policía de San Andrés, una casa de vicio y terror”.

La defensa pidió reforzar la seguridad del joven que declaró

El abogado Miguel Ángel del Río Malo, representante de la madre de Peláez, Claudia Yepes Upegui, pidió proteger a alias Se Lo Juro, al considerar que su declaración puede ser relevante para establecer la participación de otros integrantes de la estructura criminal.

“Es fundamental que se garantice la seguridad de alias ‘Se Lo Juro’”, afirmó el abogado en declaraciones citadas por el medio. El penalista advirtió que el joven permanece recluido en un establecimiento de mínima seguridad.

La Fiscalía prepararía escritos de acusación contra los detenidos y avanzaría en nuevas órdenes de captura contra otros supuestos miembros de El Mesa, entre ellos quien sería el cabecilla de la célula que operaba en el Norte de Antioquia, según informó el medio.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nació les imputó el delito de homicidio agravado. Los ahora procesados fueron identificados por la Fiscalía como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra.

El ente acusador, en medio del esclarecimiento de los hechos, confirmó que Díaz Castro recibió una herida con arma cortopunzante y fue trasladada por otros integrantes del equipo de seguridad a un centro asistencial. Sin embargo, murió por la gravedad de la lesión.

Según la Fiscalía, Acevedo Sánchez habría atacado al guarda con una navaja durante la discusión que se produjo por el ingreso irregular a la estación Terreros; además, Díaz Sierra presuntamente instigó a su pareja para que continuara con la agresión. Esa es la hipótesis que sustentó la imputación contra ambos por homicidio agravado.

“Usted, señor Deivid Gabriel Acevedo Sánchez, identificado previamente, mató al señor guarda de seguridad del sistema de TransMilenio, utilizando para ello un arma cortopunzante tipo navaja, causándole una herida en el quinto espacio intercostal izquierdo, es decir, en el torso a la altura del corazón la cual le causó la muerte. Ataque desproporcionado que usted realizó por una razón insignificante, como es que la víctima impidió que usted y la señora Angie Natalia Díaz Sierra ingresaran a la estación de Transmilenio sin pagar el pasaje, que tiene un costo de $3.350”, fue la narración textual del fiscal encargado.

La muerte fue instigada por usted, señora Angie Natalia Díaz Sierra, toda vez que en los momentos de la confrontación le decía a Deivid que apuñalara al señor, logrando que el señor Deivid realizara el ataque y la agresión que le causó la muerte", agregó.

La Policía Nacional capturó a la pareja en flagrancia en vía pública y les incautó el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque, precisó la entidad. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.

La mujer capturada por el asesinato de Cristian Garzón tenía anotaciones por hurto y tráfico de drogas

Anngi Natalia Díaz Sierra, la mujer capturada junto con el presunto agresor de Cristian David Garzón Castro, a su vez, ya registraba anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico y fabricación de estupefacientes y violencia intrafamiliar, según información publicada por El Tiempo.

Tras la agresión contra Díaz Garzón, sus compañeros lo trasladaron a la IPS Virrey Solís de Soacha, pero murió minutos después.

TransMilenio lamentó el homicidio en un comunicado y señaló que colaborará con las autoridades. “Con profundo dolor, nos unimos en luto por la pérdida de Cristian David Garzón Castro, uno de nuestros vigilantes de la escuadra antievasión”, indicó la empresa.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el crimen y pidió avanzar en el esclarecimiento de los hechos. “Una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”, manifestó.

El mandatario local agradeció el trabajo de la Policía, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación. También llamó a evitar la violencia: “A los habitantes de Soacha les hago un llamado firme: más respeto por la vida, más tolerancia y cero violencia”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que la captura de los dos sospechosos permitirá avanzar en el caso. “No es aceptable que se trunque de esa forma la vida de este joven de 27 años”, declaró.

La Fiscalía ha pedido que la Audiencia Nacional procese a Mohamed A.E.K.B. por cuatro intentos de asesinato terrorista cometidos en Vallecas el 22 de noviembre de 2025, al atribuirle una motivación yihadista dirigida contra cristianos. La petición, dirigida a la jueza María Tardón, se basa en los apuñalamientos de tres viandantes y en el ataque posterior a un agente de la Policía Nacional durante su detención.

El escrito del fiscal José Perals sitúa tres agresiones aleatorias a viandantes en Vallecas a las 13:45 horas del 22 de noviembre de 2025 y atribuye al investigado un cuarto intento de asesinato contra un policía durante su detención, tras un aviso familiar por su comportamiento agresivo.

Perals sostiene que el investigado, “como consecuencia de sus creencias religiosas islámicas y con la finalidad de atacar a los cristianos en general, decidió matar con un cuchillo al azar a personas que se encontraban en la vía pública”. Horas antes de los ataques, en una videollamada hecha a las tres de la madrugada, dijo a su madre: “Voy a morir. Este es el final para todos, tengo que matar cristianos, mamá ayúdame, me tengo que purificar, tú te tienes que purificar”. La mujer observó arañazos en los brazos de su hijo.

Los tres ataques en Vallecas

Dos de las agresiones ocurrieron casi de forma simultánea en la calle Martínez de la Riva. El acusado se acercó por detrás, de forma rápida y sorpresiva, a una primera víctima y le clavó el cuchillo en la parte superior de la espalda; la herida no tuvo mayor gravedad porque la persona llevaba levantada la solapa de la chaqueta. El segundo viandante recibió una cuchillada en la zona occipital de la cabeza tras ser abordado también por la espalda. Fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde recibió atención por las lesiones.

El tercer ataque tuvo lugar pocos minutos después en la calle del Párroco Don Emilio Franco. El investigado intentó clavar el arma a la altura del corazón a un hombre que caminaba por la vía pública, pero la víctima bloqueó la cuchillada con el antebrazo y sufrió una lesión superficial en el tórax.

La agresión ha dejado a ese viandante un trastorno por estrés postraumático. El documento de la Fiscalía, citado por EFE, encuadra los tres episodios en una misma secuencia de ataques elegidos al azar. A las 16:45 horas de aquel día, cuatro agentes de la Policía Nacional acudieron a una vivienda de la calle Peña de la Atalaya después de recibir el aviso de que había una persona muy agresiva en su interior. El hermano del sospechoso les explicó que había sido expulsado de la casa y que temía por su integridad física.

El asalto a los policías

Los policías vieron desde una ventana que el investigado llevaba un cuchillo. Cuando uno de los agentes trató de hablar con él, respondió: “Os voy a matar a todos, vais a morir hoy, entrad que vais a morir o voy yo a por vosotros, Allahu Akbar”. El hermano abrió la puerta con sus llaves para facilitar la entrada de los agentes. En ese momento, el acusado salió de una habitación y permaneció en el marco de la puerta del salón con actitud amenazante.

Los policías cerraron la puerta para impedir que el sospechoso les atacara o huyera, pero este rompió el cristal de una ventana que daba al patio de la corrala e intentó acometer con el cuchillo contra uno de los agentes situados en esa zona. Después regresó al dormitorio, comenzó a rezar en árabe en voz alta y salió corriendo hacia la entrada con el arma levantada.

Al abalanzarse sobre el escudo de un agente, el policía que estaba a su lado efectuó dos disparos con su arma reglamentaria. La Fiscalía describe una situación de extrema violencia en la que los agentes y el atacante estaban cuerpo a cuerpo.

Mohamed A.E.K.B. cayó abatido y fue trasladado al hospital, donde permaneció ingresado hasta que meses después fue enviado a prisión. Durante la intervención llevaba también un Corán en la otra mano y gritó: “El profeta Mahoma me ha hablado y me ha dicho que hoy es el día del juicio final, no me fio, sois muchos, os voy a matar, ya he vivido mucho, entrar y pegarme un tiro, vosotros sois los culpables de todo lo que está pasando en Palestina y por eso tenéis que morir todos”.

En el registro de la vivienda, los agentes encontraron el Corán verde que portaba, abierto por la sura Al Bakara, también llamada sura de la Vaca. El fiscal destaca que se trata de una de las suras “más empleadas por los violentos en justificación de la yihad”. La investigación también halló un manuscrito en árabe sobre curación islámica, basada en la lectura de versículos coránicos y definida como un “exorcismo islámico” destinado a “echar los espíritus malos”.

El hermano facilitó además un vídeo grabado con su móvil poco antes de la actuación policial, en el que el investigado profiere consignas islámicas y repite que es el día del juicio final. Ante la jueza Tardón y el fiscal, el acusado alegó que había actuado bajo los efectos de las drogas y afirmó que aquel día había fumado más de 20 porros.

La guerrilla del ELN continúa con su accionar criminal en Colombia, esta vez con la práctica del secuestro, en especial de personas que llevan más de un año de cautiverio y a la espera de encontrar una solución con el Gobierno nacional para recuperar la libertad, como ocurre con dos funcionarios del CTI.

Los trabajadores de la Fiscalía aparecieron en un video como prueba de vida, en la que hablaron acerca de cómo ha sido su vida en los últimos meses bajo poder del grupo guerrillero, pero también para solicitarle al presidente Abelardo de la Espriella que los ayude.

Cabe recordar que el Gobierno dio la orden de no iniciar ni continuar ninguna mesa de negociación con grupos criminales ni organizaciones armadas en Colombia, con lo que acabó con la política de Paz Total que fue llevada a cabo por la administración de Gustavo Petro, pero que dejó muy pocos resultados.

Pruebas de vida de los secuestrados

El Frente de Guerra Oriental del ELN difundió este viernes 18 de septiembre nuevas pruebas de supervivencia de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, dos agentes de protección y seguridad de la Fiscalía General de la Nación secuestrados desde el 8 de mayo de 2025 en Arauca, cuando ambos viajaban en una camioneta adscrita al CTI por la vía entre Fortul y Arauquita, y hombres armados los interceptaron en la vereda La Esmeralda.

Jesús Pacheco, agente de Protección y Seguridad, afirmó que lleva 27 años al servicio de la institución y aseguró que permanece cerca de 16 meses sin valoración de un médico especialista. Dijo que ha recibido algunos medicamentos durante el cautiverio, pero que tiene pendiente una intervención médica que no ha podido realizarse.

El funcionario también habló de su hijo, quien tenía cinco años cuando salió de su casa para cumplir una orden de trabajo. Según relató, el niño le pregunta a su madre cuándo regresará su padre. Pacheco pidió al Estado adelantar acciones para garantizar la vida, los derechos y la liberación de las personas secuestradas.

López Estrada solicitó al presidente buscar alternativas para avanzar hacia una salida al conflicto: “Quiero pedir al señor presidente de la República que busque la manera de encontrar la paz”. También pidió escuchar a los colombianos y continuar las gestiones para lograr su regreso a la libertad.

En otro momento, el funcionario envió mensajes a su hijo, su esposa, su madre, sus hermanos y los habitantes de Arauca. Mostró fotografías del cumpleaños y la graduación de su hijo, además de cartas recibidas durante el cautiverio, y afirmó: “Estoy pegado a la mano de Dios”.

Rechazo a los “juicios revolucionarios”

La Procuraduría General rechazó el secuestro en mayo de 2026 y cuestionó que el grupo armado pretendiera aplicar los denominados “juicios revolucionarios” a servidores de la Fiscalía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de López Estrada y Pacheco Oviedo mediante la Resolución 61/2026, adoptada el 8 de agosto. El organismo consideró que ambos enfrentaban una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable sobre sus derechos.

La CIDH confirmó que los funcionarios permanecían retenidos desde mayo de 2025, cuando cumplían labores en Fortul. La decisión internacional fue mencionada por López Estrada en su nuevo mensaje para solicitar que organismos de derechos humanos examinen alternativas de una salida humanitaria.

Las imágenes divulgadas este 18 de septiembre no son las primeras que el ELN entrega sobre los dos agentes. La primera prueba de supervivencia se conoció en julio de 2025, dos meses después del secuestro, cuando ambos solicitaron la intervención del Gobierno, la Fiscalía y entidades humanitarias. El Frente de Guerra Oriental publicó otra grabación en julio de 2026, registrada el 10 de ese mes y divulgada varios días más tarde.

El registro muestra dos momentos. El primero captó al presunto criminal con la niña como acompañante en la parte trasera del vehículo, el 14 de septiembre de 2026, a las 10:29 a. m. Cerca de media hora después, las imágenes muestran al mismo hombre, pero ya sin la niña.

Las autoridades manejan la hipótesis de que este registro fílmico sería en el sector donde posteriormente fue hallado el cuerpo de Ana Lucía dentro de una alcantarilla. Las imágenes hacen parte de los elementos que analiza el CTI de la Fiscalía General de la Nación en medio de la investigación por la muerte de Ana Lucía.

El ente acusador también señaló que el investigado se habría desplazado desde Mosquera, Cundinamarca ―donde residía la menor en ese momento―, hasta el sur de Bogotá con la niña.

“Una investigación de la Fiscalía permitió establecer la ruta que habría seguido una niña de 9 años antes de ser encontrada sin vida en un canal de aguas lluvias de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Según las evidencias recopiladas, el 14 de septiembre Shenner José Rojas Lárez habría sacado a la menor de edad de un inmueble en Mosquera (Cundinamarca), luego de una discusión con su pareja, hermana de la víctima. Posteriormente, la trasladó a Fontibón y, al día siguiente, a Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte mediante asfixia”, es la información oficial del ente investigador.

El relato de un juez de la Fiscalía sobre el caso

Un juez de control de garantías fue el que envió a prisión a José Rojas Lárez, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del feminicidio agravado y de actos sexuales agravados contra la pequeña Ana Lucía González.

Durante la primera audiencia judicial, una funcionaria del ente acusador sostuvo que el crimen habría sido cometido como una aparente represalia sentimental.

La Fiscalía expuso que el investigado habría actuado bajo una hipótesis de violencia vicaria, dirigida contra su compañera sentimental. “Hay efectivamente esa violencia vicaria que se presenta con el fin de hacer daño por parte del señor a su compañera sentimental”, señaló la fiscal del caso.

La representante del ente acusador indicó que los hechos habrían comenzado el 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca, donde la hermana mayor de Ana Lucía convivía con el procesado.

Según lo expuesto durante la diligencia, la mujer habría sido víctima de agresiones físicas, violencia psicológica y dependencia económica. La Fiscalía sostuvo que, tras una discusión y mientras ella acudía a un CAI para pedir ayuda, el hombre habría salido del lugar con la menor en una motocicleta.

“La sube en la moto, la traslada allí en esa moto del municipio de Mosquera y entran a la ciudad de Bogotá por la localidad de Fontibón. Allí en Bogotá, ese día 14 de septiembre, la deja”, relató la fiscal ante el juez.

Además, de acuerdo con la investigación, el procesado habría utilizado el casco de su pareja, un elemento que permitió a las autoridades avanzar en su identificación.

Este habría sido el recorrido del señalado agresor

La Fiscalía señaló que Rojas Lárez volvió a Bogotá entre las 10:00 a. m. y las 11:00 a. m. de la mañana, para recoger a la niña. Después, presuntamente la llevó al barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.

“Al día siguiente retorna nuevamente a la ciudad de Bogotá. Y entre las 10 y 11 de la mañana de ese día recoge a la menor del lugar donde la había dejado y es llevada al barrio Juan José Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar. Y estando a solas con esta, presuntamente le causa la muerte”, afirmó la fiscal.

El ente acusador indicó que la causa preliminar de muerte fue asfixia y que existen elementos que apuntan a posibles actos sexuales contra la menor. Rojas Lárez fue imputado por feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

La familia pidió una condena contra el procesado

Luz González, hermana de Ana Lucía, pidió al juez que el caso no quede impune. “Queremos justicia, que este crimen no quede impune. Ella solo era una niña, era un angelito que recién estaba empezando a vivir. Quiero que lo condenen para siempre”, manifestó durante la diligencia.

Ana Lucía se encontraba en Colombia de vacaciones junto a su familia y tenía previsto regresar a Venezuela, donde retomaría sus clases. Su madre reconoció el cuerpo ante las autoridades y pidió que se lo entregaran con rapidez.

“Le pido a la autoridad que se haga justicia”, expresó la mujer. A su vez, Rojas Lárez no aceptó los cargos imputados. La investigación continúa mientras Medicina Legal adelanta los análisis técnicos sobre la muerte de la niña.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para seis estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, investigados por una presunta violación sexual contra un compañero de 16 años. La denuncia se refiere a hechos ocurridos el pasado martes 15 de septiembre en San Borja, dentro de un bus que trasladaba a alumnos de la institución.

El pedido fue presentado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández, quien recabó elementos que, según la Fiscalía, vinculan a los adolescentes con una infracción a la ley penal.

Entre esos elementos figuran las declaraciones de los menores involucrados, de los policías que intervinieron y de los padres que denunciaron el caso, además del reconocimiento médico legal practicado a la víctima.

El requerimiento deberá ser evaluado por el juzgado de familia luego del vencimiento de la retención en flagrancia. La medida busca garantizar que los seis investigados permanezcan a disposición de las autoridades durante las diligencias. La fiscalía deberá sustentar ante el despacho judicial los indicios reunidos y la necesidad de aplicar esta restricción, prevista en el sistema de responsabilidad penal juvenil.

Cuatro alumnos del Liceo Naval fueron liberados

Diez adolescentes fueron retenidos inicialmente en la comisaría de familia Bertha González Posada Eyzaguirre, en el Cercado de Lima.

Antes de que se cumplan las 48 horas de retención, cuatro adolescentes quedaron libres, mientras que seis salieron de esa dependencia policial para ser llevados a la sede del juzgado de familia de la avenida Abancay.

Durante el traslado, los estudiantes cubrieron sus rostros y cuerpos con sábanas, frazadas y mantas antes de subir a un bus de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras la salida del primer grupo, cuatro adolescentes continuaban en la comisaría. El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima recibió a los investigados después de que la Fiscalía los pusiera a disposición de ese despacho.

Medidas de protección y restricción

Durante la tarde del viernes 18, se conoció por parte del Poder Judicial que el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó diversas medidas de protección preventivas en favor de la víctima del Liceo Naval Almirante Guise.

Entre estas medidas figuran prohibir que los presuntos agresores utilicen espacios, privados o redes sociales (WhatsApp, Facebook, entre otras) contra el agraviado, así como terapias psicológicas obligatorias para ellos.

“Este órgano jurisdiccional también dispone el patrullaje constante de forma periódica semanal a cargo de la comisaría del sector en el domicilio de la víctima”, se lee en su comunicado.

Hasta 6 años de internamiento

La investigación se desarrolla bajo las reglas aplicables a adolescentes. Por ello, la responsabilidad penal juvenil deberá definirse de forma individual, a partir del grado de participación que se establezca para cada investigado.

Las autoridades deberán esclarecer quiénes habrían intervenido directamente, quiénes habrían colaborado y qué función tuvieron los demás alumnos que estuvieron presentes en el vehículo durante el episodio denunciado.

La abogada María Elena Portocarrero explicó a Infobae Perú que una eventual medida de internamiento puede llegar hasta seis años, aunque el tiempo no tendría por qué ser el mismo para todos.

Portocarrero también señaló que corresponde examinar la actuación de los adultos responsables del traslado. La investigación deberá determinar qué conocían los profesores, qué observaron y si adoptaron alguna medida frente a una situación de riesgo.

La letrada mencionó una posible investigación por omisión de socorro, cuya calificación dependerá de los hechos acreditados. Además, planteó revisar si existieron denuncias o reportes previos sobre violencia en el colegio.

Respecto del estudiante afectado, sostuvo que deben aplicarse medidas de protección física y emocional. Una eventual reparación económica se definirá después, cuando la investigación establezca las responsabilidades que correspondan.

Familiares, amigos y habitantes del sector ubicado en la población vecina a la capital, realizaron una velatón la noche del miércoles 16 de septiembre, además de marchar para exigir justicia por la crimen de la niña que había sido reportada como desaparecida desde el lunes 14 de septiembre.

La investigación avanza con base en registros de cámaras de seguridad y otros elementos recolectados por la Fiscalía, que la misma noche del miércoles confirmó la detención en Bogotá de Shenner José Rojas Lárez, de 29 años y nacionalidad venezolana.

La menor vivía con su familia en ese sector de Cundinamarca de manera temporal debido a que se encontraba próxima a regresar con su familia al vecino país.

La comunidad se reunió frente a una parroquia del municipio con velas, globos blancos y camisetas para acompañar a los familiares de la víctima. El reclamo común fue que el caso no quede sin sanciones.

El tío de la menor pidió que el responsable responda ante la Justicia

Rafael González, tío de la niña y vocero de la familia, afirmó en diálogo con Citynoticias de las 8 que su principal petición es que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y adopten medidas contra quien resulte responsable.

“Mi llamado es que la persona que hizo esto pague y que le caiga todo el peso de la ley”, expresó el familiar en medio del desconsuelo, y también pidió que la investigación no sea archivada ni termine en la impunidad.

“Si una persona, si no tiene suficientes pruebas, a los dos o tres días lo dejan en la calle, lo sueltan, entonces sigue cometiendo más crímenes”, cuestionó el tío de Ana Lucía, que solo espera que las autoridades no los abandonen en medio de este episodio complejo en sus vidas.

González alertó sobre el temor de que una persona vinculada al caso pueda recuperar la libertad por falta de pruebas. “Hoy somos nosotros, mañana puede ser otro familiar, otros niños”, señaló.

La familia de origen venezolano tenía previsto regresar a Venezuela antes del inicio de las actividades escolares de Ana Lucía.

Cámaras registraron el recorrido de la niña desde Mosquera hacia Bogotá

La información preliminar indica que la menor salió de su vivienda después de una discusión entre su hermana mayor y la pareja sentimental de ella. Ese hombre (Rojas Lárez) figura como principal sospechoso de la desaparición.

Sobre el comportamiento del hoy detenido, González contó que “tuvo un comportamiento muy agresivo hacia ella (su pareja y hermana de Ana Lucía), donde él le rompió todas sus pertenencias en el apartamento donde ellos compartían. Y en ese momento ella baja a pedir ayuda, se dirige hacia el CAI, que se encuentra ubicado en el barrio (Porvenir) Río, (...) ahí tampoco no le prestan atención al llamado al socorro que ella pide”.

Por su parte, el alcalde de Mosquera, Nelson Parra, indicó que los investigadores tienen individualizadas a las personas que estuvieron en el entorno familiar de la niña.

Según Parra, cámaras de seguridad registraron que la niña salió en una motocicleta con la pareja de una familiar. El recorrido habría comenzado en el barrio Porvenir Río, continuó por el cruce del río Bogotá y llegó a la localidad de Fontibón, en el sector de Casandra.

Las autoridades buscan reconstruir el trayecto entre Fontibón y Ciudad Bolívar, donde fue localizado el cuerpo. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) participan en las diligencias de policía judicial.

Medicina Legal continúa con el proceso de identificación

El alcalde señaló que una familiar reconoció preliminarmente a la menor, aunque el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa con el proceso formal de identificación y las pruebas para establecer las circunstancias de la muerte de la niña, a quien conocían también como Roxana en Mosquera.

La Fiscalía deberá analizar las imágenes de videovigilancia, los testimonios y los demás elementos recolectados durante la investigación. Por ahora, no se han informado capturas y las autoridades mantienen reserva sobre los avances del expediente.

Los alumnos del Liceo Naval Almirante Guise pasarán temporalmente a clases virtuales hasta el lunes 21 de septiembre, en medio de la investigación por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. La medida fue anunciada por Cornelio Gonzales Torres, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

El cambio de modalidad se produce mientras la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro desarrolla diligencias para esclarecer lo ocurrido dentro de un bus escolar durante el retorno de una actividad deportiva. Diez estudiantes de quinto de secundaria permanecen comprendidos en la investigación, según la información difundida por el Ministerio Público.

La DRELM también anunció una intervención en el plantel para recoger información de padres de familia y estudiantes, además de revisar posibles antecedentes relacionados con situaciones de violencia o bullying. Las autoridades deberán establecer las circunstancias del caso y las responsabilidades que correspondan.

UGEL avanzará con las investigaciones sobre el caso ocurrido en el bus escolar

La decisión busca mantener separados a los estudiantes mientras avanzan las investigaciones por la denuncia presentada por el adolescente. De acuerdo con la información difundida, el hecho habría ocurrido el 15 de septiembre, cuando escolares retornaban de un campeonato interliceos de futsal desde Surco hacia San Borja.

En conversación con RPP Noticias, Gonzales Torres señaló que la UGEL intervendrá para recoger información de la comunidad educativa. “La UGEL va a intervenir para hacer encuestas a los padres de familia, también a los estudiantes”, declaró el funcionario.

El director de la DRELM explicó que las autoridades buscan conocer si existieron denuncias o situaciones que no fueron atendidas anteriormente por la institución. “Debemos conversar con ella para detallar cada denuncia que ella pueda tener y que no se haya atendido en su momento por la institución”, indicó a RPP.

El funcionario precisó que el colegio cuenta con alrededor de 1.800 alumnos de todos los niveles. La modalidad virtual será temporal y está prevista hasta el lunes 21 de septiembre, mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

Fiscalía continúa con las diligencias por la denuncia en el bus escolar

La Fiscalía investiga a 10 estudiantes de quinto de secundaria por la denuncia presentada por un alumno de 16 años. Los adolescentes fueron intervenidos por la Policía Nacional y trasladados a una comisaría de familia para las primeras actuaciones.

Entre las diligencias dispuestas figura la toma de testimonios de los estudiantes comprendidos en la investigación. También se contempla la declaración del adolescente denunciante mediante cámara Gesell, además de otras actuaciones destinadas a reconstruir lo ocurrido durante el traslado.

La investigación también considera la presencia de adultos dentro del vehículo. La Defensoría del Pueblo informó que en el bus viajaban el chofer y dos representantes del colegio, quienes deberán brindar información a las autoridades sobre lo ocurrido durante el trayecto.

Gonzales Torres confirmó a RPP que eran dos profesores los adultos encargados del cuidado de los escolares durante el viaje. “Eso también la Fiscalía tiene que llamarlos para declarar y ver responsabilidades directas”, manifestó el director de la DRELM.

DRELM revisará posibles antecedentes de violencia escolar

Además del cambio temporal a la virtualidad, la DRELM anunció que recopilará información sobre la convivencia escolar en el Liceo Naval Almirante Guise. Las encuestas a estudiantes y padres permitirán conocer si existieron situaciones previas que requieran ser revisadas.

La medida también responde a las referencias sobre posibles episodios anteriores de bullying. La entidad educativa regional buscará verificar esta información mediante documentos, reportes y otros antecedentes que pueda proporcionar el plantel.

En paralelo, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, una docente y el entrenador de fútbol mientras continúan las investigaciones. La medida tiene carácter temporal y se mantiene mientras las autoridades determinan las circunstancias del caso.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda asistencia legal y apoyo psicológico al adolescente y su familia. Mientras las diligencias continúan, las autoridades mantienen bajo reserva la información que pueda identificar a los menores involucrados.

La Policía de Tránsito de Costa Rica realizó 11,351 pruebas de alcohol en carretera entre enero y agosto de 2026, de las cuales 1,218 registraron niveles suficientemente altos para que los conductores fueran presentados ante la Fiscalía por el presunto delito de conducción temeraria por alcohol.

Los datos divulgados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) muestran además un aumento en los controles realizados este año. En comparación con el mismo período de 2025, los oficiales aplicaron 3,036 pruebas adicionales.

De esta forma, durante los primeros ocho meses de 2026 se efectuaron, en promedio, unas 47 alcoholemias por día, lo que equivale aproximadamente a una prueba cada 31 minutos.

El total de pruebas positivas representa aproximadamente un 10.7% de todas las pruebas aplicadas durante el período.

La legislación costarricense establece diferentes consecuencias según la concentración de alcohol detectada y las características del conductor, por lo que no todas las pruebas positivas terminan en una causa penal.

Precisamente, otras 185 personas recibieron una multa de ₡363,000 (USD 793) y acumularon seis puntos en su licencia de conducir, según los datos suministrados por las autoridades de Tránsito.

En otros 248 casos, los dispositivos también detectaron presencia de alcohol; sin embargo, los niveles registrados fueron suficientemente bajos como para que no correspondiera aplicar una sanción.

En conjunto, los datos reportados indican que al menos 1.651 pruebas dieron algún resultado positivo, tomando en cuenta los casos remitidos a la Fiscalía, aquellos sancionados administrativamente y los registros positivos que no alcanzaron el umbral para imponer una consecuencia.

Esto significa que cerca del 14,5% de las alcoholemias practicadas entre enero y agosto detectaron algún nivel de alcohol en los conductores examinados.

Más controles que en 2025

El incremento en la cantidad de pruebas constituye otro de los datos destacados por las autoridades.

Si entre enero y agosto de este año se practicaron 11,351 alcoholemias, y la cifra representa 3.036 más que en el mismo período de 2025, durante los primeros ocho meses del año anterior se habían realizado aproximadamente 8,315 controles.

La diferencia supone un incremento cercano al 36.5% en la cantidad de pruebas realizadas respecto del mismo período del año pasado.

Los controles de alcoholemia forman parte de las labores que desarrolla la Policía de Tránsito en carretera para detectar conductas que incrementan el riesgo de accidentes.

Además de las consecuencias administrativas, conducir con niveles elevados de alcohol puede llevar a que el caso sea trasladado al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales.

El MOPT acompañó la divulgación de las cifras con un llamado directo a los conductores para evitar ponerse al volante después de consumir bebidas alcohólicas.

“Pórtese bien, es por su bien, nada cuesta”, indicó la institución en el mensaje con el que compartió los resultados de los operativos.

Los registros de los primeros ocho meses de 2026 muestran así dos elementos: por un lado, un incremento considerable en la cantidad de controles efectuados en carretera y, por otro, más de un millar de conductores que alcanzaron niveles de alcohol que motivaron su presentación ante las autoridades judiciales.

La cifra equivale a un promedio aproximado de cinco conductores por día remitidos a la Fiscalía durante el período analizado por presunta conducción temeraria vinculada con el consumo de alcohol.

De acuerdo con lo explicado durante el programa, la Fiscalía habría determinado, después de aproximadamente un año de investigación, que no correspondía formalizar y continuar con una investigación preparatoria respecto de los principales delitos denunciados contra Salcedo. En el documento también se habría dispuesto que el extremo referido a lesiones leves sea derivado para el trámite correspondiente.

La noticia generó una inmediata reacción de la abogada Gabriela Navarro, quien ejerce la defensa de Christian Rodríguez Portugal. La letrada cuestionó duramente la decisión y anunció que presentarán un recurso para que una instancia superior del Ministerio Público revise nuevamente los elementos reunidos durante la investigación.

Fiscalía no formaliza investigación contra Gustavo Salcedo

Según lo expuesto por Magaly Medina, el Ministerio Público “acaba de declarar que no procede formalizar y continuar con investigación preparatoria después de un año”. La conductora detalló que las imputaciones contra Gustavo Salcedo por los diferentes delitos denunciados fueron archivadas, mientras que el extremo correspondiente a lesiones leves tendría una derivación específica.

La decisión fiscal se produce luego de una investigación que, según la defensa de Rodríguez Portugal, se extendió durante aproximadamente un año. Los hechos investigados se remontan al 26 de septiembre del año anterior, fecha en la que ocurrió el episodio de agresión denunciado por el productor.

La determinación no significa, según lo explicado en el programa, que se haya establecido que los hechos denunciados nunca ocurrieron, sino que la Fiscalía habría considerado que los elementos recopilados no eran suficientes para atribuir penalmente a Salcedo los delitos investigados y formalizar una investigación preparatoria.

Defensa de Gustavo Salcedo cuestionó los elementos presentados

Durante el programa también se difundió la posición del abogado que representa a Gustavo Salcedo, identificado por Magaly Medina como el doctor Jorge Petrozzi. El letrado explicó algunos de los argumentos considerados por la Fiscalía para no atribuirle determinados delitos a su patrocinado.

En relación con los mensajes de WhatsApp que habrían sido enviados por Christian Rodríguez Portugal, el abogado señaló que existían algunos mensajes procedentes de Salcedo, pero sostuvo que estos no contenían amenazas o expresiones que permitieran configurar delitos como acoso, reglaje o amenazas.

“Dos o tres son de Gustavo Salcedo, pero ninguno amenaza, ninguno acosa, ninguno hace reglaje”, sostuvo el abogado durante la conversación difundida en el espacio televisivo. Otro de los puntos discutidos fue la existencia de GPS que, según la denuncia, habrían sido utilizados para realizar seguimiento a determinados vehículos. El abogado sostuvo que el peritaje realizado no permitía vincular esos dispositivos con Salcedo.

Según su explicación, no se habría podido acreditar que los GPS fueran de propiedad de Gustavo Salcedo, que él hubiera ordenado su instalación o que hubiera contratado a una empresa para realizar un monitoreo mediante esos dispositivos. “Para poder construir una imputación penal se necesita no solamente el dicho de una persona y ningún fiscal va a denunciar o va a formalizar una investigación preparatoria con un simple dicho”, señaló el abogado.

El audio sobre el supuesto seguimiento como supuesta prueba principal

Uno de los elementos que Magaly Medina volvió a poner sobre la mesa fue una grabación que forma parte del archivo de su programa. En el audio se escucha a una persona describiendo los horarios y lugares donde supuestamente se movilizaba Christian Rodríguez.

“Él sale a correr los martes y jueves en el malecón, como a las cinco y media de la tarde. Los lunes y miércoles juega pádel al costado del Almendariz en Miraflores”, se escucha en la grabación. La voz también menciona el vehículo de Rodríguez y hace referencia a la existencia de supuestos dispositivos GPS.

“Tengo GPS en su carro. Tengo GPS en su carro, en el carro de su esposa”, señala el audio difundido por el programa. Posteriormente, la voz hace referencia directamente al seguimiento de Christian Rodríguez: “Cristian está corrido, está guardado, porque a Cristian yo lo estuve trackeando”. El contenido fue presentado por Magaly Medina como parte de los elementos que, desde su perspectiva, deberían ser considerados para evaluar lo ocurrido.

Magaly Medina cuestiona qué otras pruebas serían necesarias

Tras reproducir el audio, Magaly Medina cuestionó que las declaraciones atribuidas a Salcedo no fueran consideradas suficientes dentro de la investigación. La conductora sostuvo que, si una persona reconoce haber realizado determinadas acciones, ese elemento debería ser tomado en cuenta por las autoridades al momento de determinar si corresponde continuar investigando.

La abogada Navarro coincidió con esa interpretación y sostuvo que el propio documento fiscal establecería que las expresiones realizadas por el investigado no podían ser tomadas de manera aislada para atribuirle la colocación de dispositivos, los seguimientos o los mensajes. “¿Qué más prueba necesita?”, cuestionó Magaly Medina durante el programa.

La conductora también recordó otros elementos que, según su versión, forman parte del archivo periodístico que su equipo recopiló durante la cobertura del caso.

Defensa anuncia recurso para revisar la decisión

Frente a la decisión del Ministerio Público, Gabriela Navarro anunció que la defensa de Christian Rodríguez Portugal no dará por cerrado el caso. La abogada informó que presentarán un recurso de elevación de actuados, con el objetivo de que el caso sea revisado por un fiscal superior. “Vamos a ir hasta el final”, sostuvo Navarro al explicar la posición de la defensa.

La letrada aseguró que consideran que existen “pruebas contundentes” que deben ser evaluadas nuevamente. Entre ellas mencionó las declaraciones atribuidas a Salcedo, el supuesto reconocimiento de seguimientos, las referencias a personas que habrían participado en esas acciones y las fotografías enviadas durante la fecha de la agresión.

La defensa también afirmó que existe un parte policial en el que estarían identificadas varias personas relacionadas con los hechos investigados. Navarro cuestionó que, desde su perspectiva, durante el año de investigación la Fiscalía pudo haber realizado mayores diligencias para determinar la trazabilidad de los elementos denunciados.

La defensa sostiene que hubo amenazas contra la familia

Durante su intervención, la abogada también recordó las amenazas que, según la denuncia, habrían recibido Christian Rodríguez y su entorno.

Entre las frases mencionadas se encuentran: “La próxima pasará algo peor” y “La próxima está en riesgo tu familia”. Navarro sostuvo que las amenazas no habrían estado dirigidas únicamente al productor, sino también a su esposa y a su hijo menor. Además, recordó que el menor habría estado presente durante el episodio de agresión contra su padre.

La defensa relaciona estos elementos con la imputación inicial por homicidio en grado de tentativa, al sostener que el delito no llegó a consumarse y que existieron circunstancias que, según su versión, justificaban continuar con las investigaciones.

No obstante, estas afirmaciones corresponden a la posición de la defensa y forman parte de los hechos denunciados, no de una condena judicial contra Salcedo

Las autoridades de Bogotá informaron que la joven Alana Sofía Castañeda, de 14 años, fue ubicada este miércoles 16 de septiembre de 2026 en un parque de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, cuatro días después de que su familia denunciara su desaparición.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá indicó que la adolescente fue encontrada sin afectaciones a su integridad. De acuerdo con la información oficial, la mujer fue vista por última vez el sábado 12 de septiembre en el barrio Clarelandia, en la localidad de Bosa. Desde entonces, sus familiares y las autoridades iniciaron labores para establecer su paradero.

“La rápida investigación del CTI, seccional Bogotá de @FiscaliaCol, en el marco de la #AlertaRosa permitió ubicarla”, informaron las autoridades.

Antes de que se confirmara el hallazgo, la madre de la menor había relatado a Noticias RCN que la adolescente se encontraba cerca de un parque y que, tras un descuido, salió caminando del lugar. Una cámara de seguridad registró el momento en que abandonó la zona, aunque las imágenes no permitieron determinar hacia dónde se dirigió.

La familia recorrió el sector y pidió información a vecinos y habitantes de la zona durante los días posteriores a la desaparición. La denuncia ante las autoridades activó la ruta institucional de búsqueda.

El caso de Alana Sofía Castañeda Chávez también se hizo conocido por los plantones que realizó su familia frente a la institución educativa distrital Colegio Argelia, en Bosa, para exigir a las autoridades una búsqueda intensiva.

Tras conocer la ubicación de la joven, la Secretaría de Seguridad de Bogotá recordó que las personas pueden comunicar de inmediato los casos de desaparición a las líneas 122 de la Fiscalía General de la Nación y 123 de emergencias.

La Secretaría Distrital de Seguridad señaló que la búsqueda de las otras personas reportadas como desaparecidas continúa. En algunos expedientes no se ha podido actualizar el estado, pues hubo un contacto inicial con las familias, pero no se obtuvo una nueva respuesta.

La entidad recordó que las desapariciones deben reportarse de forma inmediata a la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, a la línea de emergencias 123 o al AIDE, en el número 601 377 9595, extensión 1137.

Hallaron con vida a otros dos menores reportados como desaparecidos en Bogotá durante la última semana

En medio de la alerta que despertó la desaparición del joven de 15 años Josephe Santiago Santamaría Jiménez, las autoridades reportaron que, aparte de Alana Sofía, ubicaron a dos menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en Bogotá.

El Distrito informó el 16 de septiembre que el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) recibió 19 reportes de desaparición durante la última semana. De ese total, 12 personas fueron encontradas con vida. La mayoría de los casos corresponde a menores de edad y, en varios de ellos, se identificaron situaciones relacionadas con conflictos familiares.

El primer caso correspondió, efectivamente, a Josephe Santiago Santamaría Jiménez, de 15 años, reportado como desaparecido desde el 10 de septiembre. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo encontró en el centro de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia no entregó detalles adicionales sobre las circunstancias en las que el adolescente fue localizado.

El segundo caso es el de Angie Jimena Arévalo, de 16 años, que volvió a su casa la noche del 15 de septiembre por sus propios medios, según informó la entidad distrital. La Secretaría indicó que la joven apareció en buenas condiciones de salud. Su caso hace parte de los reportes que permanecían activos durante la semana y que fueron atendidos por el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia.

La pesquisa fiscal apunta a un supuesto esquema de direccionamiento y fraccionamiento de contrataciones por más de S/4 millones. Entre los hechos bajo investigación figura un proyecto cuyo valor inicial fue establecido en S/4 millones 107.799,95, además de presuntas irregularidades relacionadas con el uso de viáticos para comisiones de servicio en el extranjero.

El despliegue policial se realizó bajo el nombre de “Los Saqueadores de la UNU” y contó con agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali.

El rector de la universidad, Edgardo Leoncio Braúl Gomero, figura en la hipótesis fiscal como presunto líder de la organización investigada. Durante el operativo no pudo ser ubicado y permanece como no habido, mientras las autoridades realizan diligencias para determinar su ubicación y esclarecer la participación de los investigados.

Cuatro detenidos durante el operativo

La intervención permitió detener a Gustavo Adolfo Igreda Vadillo, director general de Administración de la UNU; Jhon Uldarico Meza Martel, director de la Oficina de Infraestructura; José Manuel Aquino Lara, jefe de la Unidad de Abastecimiento; y Andrés Marchand Ramos, empresario investigado en el caso.

Marchand Ramos fue intervenido en el aeropuerto de Pucallpa cerca de las 7 de la noche. Según la información expuesta por las autoridades, el empresario contaba con un pasaje para viajar a Lima, situación que llevó a la Policía a adelantar parte del operativo.

Los agentes también realizaron allanamientos en ocho inmuebles vinculados con la investigación. Entre los lugares intervenidos se encuentra un inmueble relacionado con el rector de la universidad, donde se buscó documentación y otros elementos que puedan aportar información sobre las presuntas irregularidades.

Fiscalía investiga contrataciones por más de S/4 millones

Uno de los principales puntos de la investigación corresponde a un proyecto valorizado inicialmente en S/4 millones 107.799,95. De acuerdo con la hipótesis fiscal, su ejecución estuvo vinculada con contrataciones que se habrían dividido para favorecer a determinados proveedores.

La Fiscalía investiga los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y otros ilícitos. Las pesquisas buscan establecer si funcionarios y particulares coordinaron desde distintas áreas administrativas de la universidad para beneficiar a determinados proveedores mediante los procesos de contratación.

El caso también comprende el presunto otorgamiento y uso irregular de viáticos destinados al rector y a trabajadores de la UNU para supuestas comisiones de servicio fuera del país. La investigación busca determinar si esas actividades realmente se realizaron y cuál fue el destino de los recursos entregados.

Rector permanece como no habido

Edgardo Braúl Gomero no fue encontrado durante la ejecución de la orden judicial. La Policía inició acciones para determinar cómo el rector pudo conocer previamente detalles del operativo y salir del alcance de los agentes.

El jefe de la Divico-Dircocor, coronel PNP José Santillán, señaló que existe una línea de investigación sobre una posible filtración de información. “Existe la posibilidad y eso lo vamos a investigar caiga quien caiga, señores. Si sea miembro de cualquier institución, vamos a hacer que caiga todo el peso de la ley”, declaró durante una rueda de prensa.

Santillán explicó que los equipos policiales desplazados desde Lima modificaron el momento de ejecución debido a información de inteligencia sobre el movimiento de los objetivos. “Entonces, tuvimos que adelantar nuestro trabajo. Por eso es que no ha sido un operativo como siempre lo hacemos”, indicó.

La Policía también incautó un teléfono celular de Marchand Ramos y realizó un allanamiento en el inmueble de la esposa del rector. Según Santillán, estos elementos serán incorporados a las diligencias destinadas a determinar si existió una filtración desde alguna de las instituciones involucradas en el proceso.

Investigación alcanza a funcionarios y particulares

La Fiscalía y la Policía mantienen abierta la investigación para establecer el nivel de participación de cada persona comprendida en el caso. El expediente incluye tanto a funcionarios de áreas administrativas de la universidad como a particulares vinculados con las contrataciones bajo investigación.

Las diligencias también buscan determinar la eventual responsabilidad de quienes participaron en los procesos cuestionados y esclarecer el destino de los recursos relacionados con las operaciones examinadas.

El operativo se desarrolló mientras la Universidad Nacional de Ucayali atraviesa una crisis institucional vinculada con una huelga que, según la información proporcionada, se extendió por más de cien días. Durante ese periodo se registraron manifestaciones estudiantiles y la toma de las instalaciones universitarias.

En ese contexto, la Policía también mantiene bajo investigación el incendio de tres vehículos de la universidad. Las cámaras de seguridad registraron a personas encapuchadas que habrían utilizado combustible para provocar el fuego. Este hecho forma parte de otra línea de investigación de las autoridades.

La Fiscalía de Ceuta pone el foco en la actuación del delegado del Gobierno durante la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio. La fiscal jefe, Silvia Rojas, considera que las decisiones adoptadas por Miguel Ángel Pérez Triano —y también las posibles omisiones— pudieron influir en el desarrollo de la crisis y en la exposición al riesgo de las personas que intentaron alcanzar la ciudad autónoma a nado desde Marruecos. Por eso, avala que las denuncias presentadas contra el delegado sean investigadas por la Audiencia Nacional, dentro de la causa que instruye la jueza María Tardón para esclarecer lo sucedido aquellos días.

“Las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos”, señala Rojas en un escrito adelantado por El Confidencial fechado el pasado miércoles. La fiscal no da por acreditada ninguna responsabilidad del delegado, pero considera que existen elementos suficientes para que su actuación sea examinada judicialmente junto al resto de circunstancias que rodearon la llegada masiva de personas.

El planteamiento de la Fiscalía parte de una idea: no se puede analizar por separado a quienes organizaron o facilitaron la entrada y a quienes tuvieron que responder a ella desde el lado español de la frontera. Ambas actuaciones, sostiene Rojas, forman parte de una misma secuencia y deben estudiarse conjuntamente para determinar qué ocurrió, qué se sabía antes de que comenzara la crisis y si las decisiones tomadas pudieron tener alguna incidencia en sus consecuencias.

La cuestión adquiere especial relevancia por la información que las autoridades españolas recibieron en las horas previas. El 29 de julio, un responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó de que en redes sociales se estaba preparando una convocatoria para entrar masivamente en Ceuta al día siguiente. El aviso advertía de que la movilización podía aprovechar la menor presencia de las fuerzas marroquíes en la zona con motivo de la Fiesta del Trono. Los grupos utilizados para difundir la convocatoria acumulaban, según la información trasladada, alrededor de 180.000 seguidores.

Lo que ocurrió con esa alerta se ha convertido en uno de los puntos de fricción de la investigación. El delegado del Gobierno ha mantenido que su entonces jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, no le trasladó la información que había recibido del CNI. Sanz sostiene lo contrario. De hecho, el pasado viernes presentó su dimisión y, en su despedida, aseguró que sí había comunicado a Pérez Triano el contenido de la advertencia. También dejó constancia de que existen pruebas sobre la transmisión de esa información a distintos departamentos ministeriales.

La Fiscalía pide mirar toda la secuencia

Las denuncias contra Pérez Triano habían llegado inicialmente a los juzgados de Ceuta, después de que distintas organizaciones, entre ellas Manos Limpias y Hazte Oír, cuestionaran su actuación durante la crisis. En ellas se plantea su eventual responsabilidad por las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción y la gestión de la situación una vez comenzó la llegada masiva.

La Fiscalía de Ceuta considera que esas diligencias no deben permanecer separadas de la investigación principal. “No se trata de hechos aislados o independientes”, sostiene Rojas, sino de actuaciones que presentan “una unidad de contexto, de tiempo, de espacio y de finalidad”.

La fiscal insiste en que la conexión entre unas actuaciones y otras no depende únicamente de que las personas investigadas hubieran actuado juntas o hubieran mantenido contacto directo. Lo relevante, según su razonamiento, es que todas las conductas se desarrollaron alrededor de un mismo acontecimiento y que unas pudieron condicionar el desarrollo de las otras.

La Fiscalía incluye también entre las cuestiones a esclarecer la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección. En concreto, señala que será necesario analizar si se adoptaron todas las medidas que, a la vista de la información disponible antes de los hechos, podían resultar necesarias para prevenir o evitar determinados resultados lesivos.

El escrito de Rojas se alinea con la decisión adoptada por la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional. En un auto del pasado 7 de septiembre, la magistrada defendió que la investigación debía abarcar “todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con la entrada masiva”, incluida la articulación de los medios de respuesta ante las informaciones y alertas que advertían de su posible llegada.

La tesis de la Fiscalía es que investigar por separado cada una de esas actuaciones podría impedir reconstruir correctamente la secuencia de los acontecimientos. También podría provocar, según advierte, una duplicidad de diligencias o incluso resoluciones contradictorias sobre cuestiones fundamentales como la previsibilidad del riesgo.

El registro audiovisual fue presentado por el Ministerio Público durante la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, y otros investigados por el secuestro del empresario y el asesinato de sus acompañantes. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad incorporó el video como parte de los elementos de la investigación.

Las imágenes fueron extraídas del celular de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 22 años, quien fue detenido en Bolivia junto con el señalado cabecilla de Los Pulpos. El contenido permitió identificar distintas etapas del seguimiento realizado durante la madrugada del 30 de agosto.

La fiscal Andrea Lavado Pérez explicó ante el Poder Judicial que el uso del equipo aéreo formó parte de la logística empleada para ejecutar el delito. “Que esta gran inversión, en este caso concreto, inclusive, ha permitido el uso de un dron, un dron que ha podido captar en tiempo real la secuencia de este evento [...] y que ello ha quedado, y me adelanto un poco, corroborado porque está como un video en el celular de uno de los intervenidos que en este momento estamos sustentando la prisión”, señaló durante la audiencia.

El dron siguió la ruta de la víctima

Según la información expuesta por la Fiscalía, el dispositivo registró la camioneta Ford de placa CZ1-019 desde su salida de la discoteca Nosso. En el vehículo se encontraban Jenss Lara, Andrea Monzón Lingán, Nadia Urtecho Rodríguez, Luis Rojas Ramos de Rosas y Christopher García Álvarez.

El seguimiento permitió registrar el desplazamiento del vehículo por la avenida Fátima y otros puntos de su recorrido. Las imágenes también muestran la presencia de una camioneta Toyota Hilux blanca vinculada con los sujetos que participaron en la interceptación.

El registro continuó hasta las 2.43 a. m., cuando la camioneta de Lara circulaba por las inmediaciones de la capilla Inmaculada Corazón de María, en la avenida Húsares de Junín. Poco después, el vehículo fue alcanzado por la unidad utilizada por los falsos policías.

El ataque quedó registrado desde el aire

Las imágenes incorporadas a la investigación muestran a tres sujetos que descendieron de la Toyota Hilux blanca. Los individuos portaban armas de fuego y apuntaron contra los ocupantes de la camioneta Ford.

La interceptación ocurrió en la esquina de la cuadra tres de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla. En ese lugar fueron asesinados los cuatro acompañantes de Lara y el empresario fue llevado por la fuerza.

El material audiovisual permitió registrar el ataque y el secuestro desde una posición aérea. La investigación fiscal sostiene que el dron también permitió verificar los desplazamientos del empresario y advertir sobre la eventual presencia de efectivos policiales durante la operación.

La Fiscalía investiga a 13 integrantes de la organización por su presunta participación en el secuestro de Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes. Para ellos, la fiscal Andrea Lavado Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva.

Los Pulpos ya utilizaban drones para vigilancia

El caso del empresario también expuso otro uso de esta tecnología atribuido a Los Pulpos. En una investigación desarrollada en Trujillo, la Policía identificó a Carlos Yampier Córdova García, alias ‘Yampi’, como operador de un dron empleado para vigilar establecimientos y viviendas.

Según las diligencias, el dispositivo era utilizado para realizar marcajes aéreos y comprobar la presencia de patrullas antes de ataques con explosivos. El operador sobrevolaba bodegas, farmacias y viviendas para proporcionar información a los integrantes encargados de ejecutar las acciones.

Durante una intervención en El Porvenir, los agentes detuvieron a Córdova García y decomisaron el dron junto con material explosivo. La investigación también detectó comunicaciones entre el detenido y un recluso conocido como Quendo, recluido en el penal El Milagro.

Las pesquisas sobre el uso del dron también están relacionadas con un atentado que no llegó a ejecutarse. Agentes de la comisaría de Nicolás Alcázar intervinieron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta por el jirón Atahualpa con una bolsa que contenía 20 cartuchos de dinamita.

Entre los intervenidos estaba Antoni Rodríguez Curcuera, de 18 años. Según la investigación, el material explosivo debía ser utilizado frente a la vivienda de un empresario.

Las diligencias establecieron que los responsables esperaban una confirmación visual antes de activar los explosivos. El plan contemplaba utilizar la información obtenida desde el aire para verificar las condiciones de la zona y facilitar la salida de los atacantes.

Cinco meses de prisión preventiva para el operador

El Poder Judicial impuso cinco meses de prisión preventiva contra Carlos Yampier Córdova García tras su captura por agentes de la Depincri Este de El Porvenir.

En paralelo, el Ministerio Público dispuso la liberación de Juan Manuel Bocanegra Enríquez, de 23 años, antes de la instalación de la audiencia. Las pericias detectaron un mensaje de WhatsApp en el que se le solicitaba eliminar información de su equipo, pero los análisis iniciales no encontraron mensajes directos ni vínculos con los demás investigados.

La audiencia contra Jhonsson Cruz Torres y los demás investigados continúa dentro de la investigación fiscal por el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.

El padre de la víctima, Pablo Muñoz, mantiene desde entonces una búsqueda constante de justicia. En diálogo con Latina Noticias, relató el estado actual del expediente y las irregularidades que, según sostiene, marcaron la investigación desde sus inicios.

Expediente fue archivado tres veces

El feminicidio ocurrió en diciembre de 2019, cuando Joshuany Muñoz fue encontrada sin vida en la habitación que alquilaba, cerca de su lugar de trabajo en Chorrillos. Desde entonces, la investigación fue cerrada en tres ocasiones distintas pese a contar con un sospechoso principal.

Actualmente, tras un escrito presentado junto a las organizaciones Familias por Justicia y Manuela Ramos, el expediente fue elevado a la Segunda Fiscalía Superior de Lima Sur, instancia que evalúa una eventual reapertura del proceso.

“Después de presentar un escrito ya se ha elevado los actuados al fiscal superior de Lima Sur para que él tome una decisión justa y reabra el caso”, afirmó Muñoz. “Ahorita estamos en espera de que el fiscal tome en cuenta y dicte o vea una solución que realmente mi hija alcance justicia”, agregó.

Pericia y cámaras de seguridad

En la escena del crimen, la policía halló un mensaje escrito en el espejo de la habitación: “No te metas con el Veneco”. Una pericia grafotécnica determinó que la escritura coincidía con la de un vecino del inmueble, identificado como Rodrigo Arístides Araujo Estrada, quien al momento de los hechos tenía 17 años.

“Según las investigaciones que hizo el policía de la avenida España, el que hizo todas las investigaciones, dio que la letra de la escritura que dejaba en el espejo coincidía con el menor de edad”, indicó el padre de la víctima a Latina Noticias.

Por su condición de menor de edad, el caso fue derivado a la Fiscalía de Familia de Chorrillos, instancia que no dispuso su detención ni procesamiento. Una cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda registró además el ingreso y la salida reiterada del sospechoso en el horario del crimen, sin que se detectara el paso de personas ajenas al inmueble, mientras que la cerradura de la habitación no presentaba señales de haber sido forzada. “Sale, entra, vuelve a entrar, sale, varios movimientos sospechosos que realmente se piensa que él sabe todo”, relató el padre de la víctima.

Diligencias pendientes y otros posibles implicados

El padre sostuvo que, a su criterio, el joven no actuó solo en el crimen de su hija. Señaló como posibles implicados a la encargada del alquiler de las habitaciones y a su esposo, quien permaneció en la vivienda ese día. “Tengo bien claro que la persona que sabe también es la encargada de que alquilaba los cuartos. Y también ahí incluyo a su esposo, porque hay mucha coincidencia que en ese día él se queda haciendo trabajos en su vivienda”, afirmó.

A ello se sumaron fallas señaladas durante la entrevista con Latina Noticias: no se realizó el levantamiento de las comunicaciones telefónicas de la víctima, un procedimiento que habría permitido identificar contactos previos al crimen, y tampoco se convocó de manera efectiva a los testigos que vivían en el mismo inmueble al momento de los hechos.

Recurrirá a instancias internacionales

Pablo Muñoz dirigió un pedido directo a las autoridades judiciales y al Gobierno para que se agilicen las investigaciones en casos de feminicidio, incluidos aquellos cometidos por personas ajenas al entorno familiar de la víctima. “Pido a las autoridades, a los fiscales, a los jueces, y también pido a la presidenta que realmente tomen en cuenta a todas las personas asesinadas por feminicidio, porque la muerte no puede ser tan solo por su pareja, por su esposo, por su enamorado, también puede ser por un desconocido”, declaró.

El padre de la víctima advirtió que, de no obtener una respuesta favorable en el ámbito nacional, recurrirá a instancias de justicia internacional. “Si yo al momento no encuentro justicia y me niegan, diré a la justicia internacional”, sostuvo. Durante la transmisión, Latina Noticias vinculó además el caso de Joshuany Muñoz con otros procesos judiciales marcados por diligencias pendientes y demoras similares, entre ellos el de Sol Siret, en referencia a la reiteración de fallas en las investigaciones de feminicidio en el país.

Durante la vista pública adelantada ante un juez de control de garantías, el ente acusador formuló cargos contra la exfuncionaria de Gustavo Petro por las conductas de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso.

Al finalizar la lectura del expediente de imputación y tras recibir la explicación formal de las opciones procesales por parte del estrado, Laura Sarabia ratificó de forma clara su determinación de no allanarse a la acusación planteada por el organismo investigador.

“Muchísimas gracias, su señoría. Sí entendí perfectamente los hechos y lo narrado en esta audiencia. Ya tengo una decisión previamente consultada con mi defensa”, dijo Sarabia en el inicio de su respuesta a la funcionaria judicial.

Seguidamente, la jueza de garantías procedió a tomar la declaración formal frente a la imputación formulada por el representante del Ministerio Público en la audiencia virtual: “El despacho le pregunta: ¿Acepta o no acepta los cargos que la Fiscalía General de la Nación le ha imputado por las tres conductas penales con las circunstancias de mayor y menor punibilidad para el delito de abuso de función pública y constreñimiento ilegal a título de autora y en la modalidad dolosa y para el último tipo penal, peculado por uso contenido en el artículo 398 a título de determinadora, conforme al artículo 30 del Código Penal y en la modalidad dolosa?”.

Ante el requerimiento directo de la autoridad judicial, Laura Sarabia contestó de manera tajante: “No acepto los cargos narrados por la Fiscalía General”. Lo que deja cerrada la puerta a un acuerdo con el ente judicial.

El caso que comenzó con una maleta llena de dinero y terminó en una investigación penal

El caso judicial que en la actualidad enfrenta Laura Sarabia, que para ese momento se desempeñaba como jefa de gabinete de la Presidencia, ante la justicia tiene su origen a finales de enero de 2023, cuando denunció el hurto de una maleta con dinero en efectivo desde su residencia privada en Bogotá. La cuantía del robo generó diversas versiones que fluctuaron entre los 4.000 y más de 20.000 dólares.

Este suceso desencadenó una cadena de actuaciones presuntamente irregulares por parte de organismos de seguridad del Estado en contra de Marelbys Meza, que trabajaba como niñera en la vivienda de la exfuncionaria tras haber laborado previamente con la familia de Armando Benedetti, exministro del Interior.

El 29 de enero de 2023, la empleada doméstica fue trasladada a las instalaciones del Edificio Galán, una sede oficial vinculada a la Casa de Nariño, en los sótanos. De acuerdo con las indagaciones del ente acusador, en ese lugar la trabajadora fue despojada de su teléfono celular, retenida durante varias horas e interrogada sin la asistencia de un abogado defensor.

Durante la diligencia se le practicó una prueba de polígrafo con equipos y personal oficial destinados a la seguridad nacional, bajo presiones y amagos de judicialización. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional confeccionaron informes falsos para incluir su línea telefónica en un expediente contra el Clan del Golfo bajo el alias de “La Madrina”, lo que facilitó la interceptación ilegal de sus llamadas durante semanas.

La gravedad de las actuaciones llevó a la Fiscalía a vincular a múltiples oficiales e integrantes del círculo cercano de la exfuncionaria:

• Andrés Parra (exesposo de Laura Sarabia): Habría participado en los reportes iniciales del hurto y en las verificaciones del dinero.
• Coronel Carlos Feria (jefe de Protección Presidencial): Imputado por ordenar el traslado de la niñera y autorizar el uso de recursos institucionales para un asunto particular.
• Capitán Elkin Gómez y mayor Duperly Arciniegas: Oficiales que intervinieron en la ejecución directa del procedimiento de polígrafo dentro del Edificio Galán.
• Coronel Óscar Dávila (fallecido): Coordinador de Protección de la Presidencia que se quitó la vida en junio de 2023 en medio del despliegue mediático e investigativo del caso.

Sarabia se ‘paseó’ por el poder durante el gobierno Petro

A pesar de los cuestionamientos legales que provocó este episodio desde su inicio, Laura Sarabia se mantuvo como uno de los perfiles de mayor confianza política y poder de decisión durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Su paso por la administración pública estuvo marcado por un recorrido ascendente a través de cinco de los cargos más relevantes de la estructura estatal.

Sarabia inició el cuatrienio como jefa de gabinete de la Presidencia de la República, rol desde el cual coordinó la agenda del jefe de Estado, la gestión interinstitucional con los ministerios y los accesos al despacho presidencial.

Tras su retiro temporal a mediados de 2023 debido al escándalo de Meza, retornó en septiembre de ese mismo año para asumir la Dirección del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de la ejecución del gasto social y los programas de subsidios.

Meses después, en febrero de 2024, fue nombrada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), retomando el control operativo de la Casa de Nariño y la coordinación general del equipo de gobierno.

En esa misma etapa asumió en diversas ocasiones funciones como canciller encargada de la República, liderando compromisos internacionales de la agenda exterior, pero sobre todo, el proceso de los pasaportes. Finalmente, cerró su trayectoria en el Ejecutivo tras ser designada como Embajadora de Colombia ante el Reino Unido, posición diplomática que ocupó antes de ser llamada a responder formalmente ante los estrados judiciales.

Laura Sarabia tendrá un cambio de fiscal durante la audiencia de imputación de cargos por el caso del polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza en enero de 2023. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la fiscal titular del caso, Marcela Abadía, no estará en la diligencia debido a unas vacaciones que había programado con anterioridad.

En esta etapa del expediente, la actuación estará a cargo de Patricia Hernández, también fiscal delegada ante la Corte Suprema. La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana de este lunes 14 de septiembre, de manera virtual, ante los juzgados del Complejo de Paloquemao de Bogotá.

El cambio de fiscal para la diligencia es una de las novedades conocidas por el medio para la jornada en la que Sarabia deberá comparecer dentro de la investigación relacionada con el procedimiento realizado a su exniñera.

Fiscalía imputará cargos a Laura Sarabia

El pasado 1 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que Laura Sarabia fue llamada a responder por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

Sin embargo, según conoció el diario, durante la audiencia también está previsto que el ente investigador le lea el delito de peculado. De esta manera, la exfuncionaria deberá responder en la diligencia por tres cargos.

La investigación es adelantada por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema, que tiene bajo análisis las actuaciones relacionadas con el polígrafo practicado a Marelbys Meza.

Sarabia fue una de las funcionarias más influyentes del Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y para el momento de los hechos se desempeñaba como jefa de gabinete del mandatario.

Marelbys Meza fue llevada a una sede de inteligencia

En la investigación está acreditado que el 30 de enero de 2023, Marelbys Meza fue trasladada a la Casa Galán, sede de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño, para ser sometida a una prueba de polígrafo.

Meza había trabajado como niñera de Laura Sarabia. El procedimiento ocurrió después de que en la vivienda de la entonces alta funcionaria se registrara el robo de dinero en efectivo que estaba guardado en una maleta.

Posteriormente, la exniñera denunció que su traslado a la Casa Galán se realizó de manera irregular y que durante el procedimiento fue sometida a presiones.

El caso se conoció públicamente en mayo de 2023 y dio lugar a investigaciones penales relacionadas tanto con el polígrafo como con las interceptaciones telefónicas que se realizaron posteriormente.

Las interceptaciones a Marelbys Meza y Fabiola Perea

El episodio también quedó relacionado con las interceptaciones de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quien también trabajaba con Laura Sarabia.

Según la información reportada, ambas fueron ubicadas como sospechosas del robo y policías habrían hecho incurrir en error a un fiscal para conseguir que se interceptaran sus comunicaciones.

En ese procedimiento, las dos mujeres habrían sido presentadas de manera irregular como integrantes del ‘Clan del Golfo’. Además, les asignaron los alias de ‘la Madrina’ y ‘la Cocinera’, con el propósito de justificar las interceptaciones.

El caso de las llamadas interceptadas también avanzó en la justicia y, de acuerdo con la información suministrada, ya existen policías condenados por esos hechos.

Sarabia ha negado actuaciones ilegales

Durante los tres años transcurridos desde los hechos, Laura Sarabia ha sostenido, por medio de sus abogados, que no actuó de manera ilegal en las interceptaciones ni en el procedimiento del polígrafo practicado a su exniñera.

La investigación de la Fiscalía, sin embargo, tiene acreditado el traslado de Marelbys Meza a la Casa Galán el 30 de enero de 2023 para la realización de la prueba.

La audiencia de imputación se produce después de que las investigaciones adelantadas por la Fiscalía avanzaran sobre las actuaciones relacionadas con el procedimiento.

Mario Iguarán asumió la defensa de Sarabia

La defensa de Laura Sarabia también ha cambiado durante el desarrollo de la investigación. Inicialmente estuvo a cargo del penalista Jorge Mario Gómez y posteriormente fue asumida por el exmagistrado José Fernando Reyes. Y actualmente, la defensa está en cabeza del exfiscal general Mario Iguarán.

De acuerdo con el medio, desde que la Fiscalía abrió una indagación contra Sarabia, sus defensores intentaron llegar a un acuerdo conciliatorio con el propósito de evitar que se abriera un proceso penal en los estrados judiciales.

Esas negociaciones no llegaron a buen término. Más recientemente, cuando Iguarán ya ejercía la defensa, se presentó ante la Fiscalía General una propuesta de preacuerdo.

Las condiciones planteadas por la defensa no convencieron a los investigadores y, por esa razón, la imputación continúa en firme.

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, pidió que la justicia determine responsabilidades por los hechos que la llevaron a someterse a un polígrafo, antes de la audiencia de imputación anunciada para este lunes 14 de septiembre de 2026 contra la exembajadora de Colombia en Reino Unido.

En una entrevista con Semana, Meza evitó referirse a los detalles del proceso que involucra a Sarabia y sostuvo que esos asuntos deberán discutirse ante las autoridades. No obstante, reclamó que se establezca quiénes deben responder por lo ocurrido.

“Si ella hizo algo indebido, tiene que pagar, poner la cara, poner el pecho”, afirmó Meza al medio. La exniñera agregó que fue ella quien enfrentó las consecuencias de este caso y que espera que la investigación avance hasta esclarecer los hechos.

Meza dijo que su vida cambió tras el episodio

Según relató Meza a Semana, desde que comenzó el proceso no volvió a comunicarse con Sarabia. También aseguró que recibió amenazas y que un esquema de protección le generó dificultades, por lo que decidió rechazarlo.

La exniñera afirmó que ahora evita salir con frecuencia por temor a que alguien pueda atacarla. Dijo que la reconocen en la calle y que esa exposición alteró su vida cotidiana.

“Yo no salgo casi a la calle; aburrida, no quiero saber de nadie, no quiero hablar con nadie”, declaró. También señaló que ha tenido problemas de salud, entre ellos episodios de sangrado nasal y afectaciones en su rostro, que atribuyó a las consecuencias de la situación que atravesó.

La información publicada por Semana indicó que Meza figura como víctima en un expediente que ya tuvo varias condenas. El medio también recogió la versión de un oficial implicado, según la cual Sarabia habría dado la orden para practicar el polígrafo a quien entonces trabajaba como su niñera.

La exniñera cuestionó la falta de apoyo del Gobierno Petro

Meza dirigió además un mensaje al presidente Gustavo Petro. Según dijo, apoyó su campaña porque creyó en la propuesta política del cambio, pero afirmó que no recibió acompañamiento después de los hechos que denunció.

“El presidente nunca me dijo: ‘Oiga, venga, una carta o una llamada, un mensaje en Twitter’, nunca”, expresó Meza en declaraciones recogidas por el medio. También aseguró que no cuenta con una vivienda propia y que su hija paga el lugar donde reside.

La exniñera relató que obtiene ingresos mediante la venta de empanadas, pasteles y comidas, además del cuidado de mascotas. Afirmó que esas actividades le permiten cubrir algunas necesidades básicas.

Laura Sarabia se pronunció tras conocerse la decisión de la Fiscalía General de la Nación de avanzar con la imputación. En sus redes sociales, manifestó que sus abogados manejan el asunto jurídico y que serán ellos quienes se refieran a las decisiones de las autoridades.

Laura Sarabia, exfuncionaria cercana al expresidente Gustavo Petro, intentó negociar con la Fiscalía General de la Nación antes de la audiencia por el caso de Marelbys Meza, su antigua empleada. La conversación no habría prosperado, según informó Semana.

La exdiplomática deberá comparecer el lunes 14 de septiembre, desde las 9:00, para responder por abuso de función pública y constreñimiento ilegal. La investigación examina la presunta orden de someter a Meza a pruebas de polígrafo.

La Fiscalía propuso que Sarabia llegara a la diligencia con aceptación de cargos. Esta alternativa podría reducir hasta en 50% una eventual pena, conforme a las normas colombianas sobre preacuerdos. La defensa habría descartado esa opción.

Sin un entendimiento, el organismo acusador seguirá con la imputación, que vinculará formalmente a Sarabia al expediente abierto tras la denuncia de Meza. El proceso volvió a concentrar atención por el papel que la entonces jefa de gabinete tuvo en el Gobierno.

Otra vía evaluada fue un principio de oportunidad. Ese mecanismo exige colaboración efectiva con la justicia e información sobre eventuales responsables. Los fiscales pretenden determinar si otras personas participaron en la supuesta persecución contra Meza o en la presunta aplicación irregular del polígrafo.

Un hombre de 23 años fue condenado a dos años, dos meses y dos días de pena privativa de la libertad tras intentar sustraer productos de un supermercado en Ayacucho. La sentencia se dictó en menos de 48 horas, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad y llegara a un acuerdo de terminación anticipada con la Fiscalía.

El hecho ocurrió el 22 de agosto de 2026 en un establecimiento ubicado en la avenida Cusco, en el distrito de San Juan Bautista, Huamanga. El sentenciado ingresó acompañado de un adolescente de 17 años y ambos ocultaron entre sus prendas productos como dentífricos, cepillos, champú y snacks, con la intención de retirarse sin pagar.

La maniobra fue detectada por el personal de videovigilancia del local antes de que pudieran abandonar el supermercado. Los productos, valorizados en S/82.40, fueron recuperados en su totalidad y el adulto quedó a disposición de las autoridades. La Fiscalía lo declaró responsable como coautor del delito de hurto agravado en grado de tentativa.

Las cámaras captaron al hombre cuando ocultaba los productos entre sus prendas

El hombre llegó al establecimiento acompañado del adolescente y ambos se dirigieron al área de cuidado personal. Mientras recorrían los pasillos, comenzaron a seleccionar diferentes productos y a esconderlos entre sus prendas.

Entre los artículos que intentaron sacar del local había dentífricos, cepillos, champú y snacks. La Fiscalía estableció que la intención era retirarlos del establecimiento sin pasar por caja ni realizar el pago correspondiente.

El movimiento fue advertido por el personal encargado de las cámaras de seguridad. Desde la sala de videovigilancia observaron la maniobra y activaron la alerta para evitar que los productos fueran sacados del supermercado.

La intervención ocurrió antes de que el acusado pudiera abandonar el establecimiento. Con apoyo del personal edil y policial, se realizó su retención y se recuperaron los bienes, cuyo valor total ascendía a S/82.40. Al no concretarse la sustracción, el delito quedó en grado de tentativa.

El acusado aceptó su responsabilidad y recibió una condena en menos de 48 horas

Tras la intervención, el caso pasó a la Unidad de Flagrancia Delictiva de Ayacucho, donde la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga realizó las diligencias correspondientes. El fiscal adjunto provincial Edher Rusbel Chipana Huacce estuvo a cargo del caso.

La evidencia recogida durante la intervención permitió avanzar con el proceso inmediato. En este contexto, el acusado aceptó su responsabilidad y llegó a un acuerdo de terminación anticipada con el Ministerio Público.

El acuerdo permitió que el caso culminara con una sentencia de dos años, dos meses y dos días de pena privativa de la libertad. El hombre fue declarado responsable como coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado en grado de tentativa.

La condena se produjo en menos de 48 horas desde la intervención. El caso fue tramitado mediante los mecanismos de simplificación procesal previstos para hechos ocurridos en situación de flagrancia, lo que permitió una respuesta rápida de las autoridades.

El adolescente de 17 años quedó bajo investigación de la Fiscalía de Familia

El adolescente de 17 años que ingresó al supermercado junto con el ahora sentenciado también quedó involucrado en las diligencias. Debido a su edad, su situación pasó a ser evaluada por la fiscalía especializada en materia de familia.

El caso del menor quedó a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Huamanga. La representante del Ministerio Público dispuso las medidas correspondientes para continuar con las actuaciones relacionadas con su participación.

Como parte de estas medidas, se ordenó su ingreso al Programa Justicia Juvenil Restaurativa, por lo que su situación seguirá un procedimiento diferente al aplicado al adulto.

Mientras el caso del adolescente continúa bajo la justicia especializada, el proceso contra el hombre de 23 años culminó con la condena acordada con la Fiscalía. La intervención del personal de seguridad permitió recuperar los productos antes de que salieran del supermercado.

Esta noche, un operativo de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía estatal generó temor entre trabajadores y pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSET en Villahermosa, Tabasco.

Un grupo de al menos 14 integrantes de las corporaciones accedieron armados al inmueble para la captura de una enfermera, la cual estaría relacionada con una orden de aprehensión por presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

La movilización de los elementos acaeció durante una jornada natural. Dentro del hospital se atendía a derechohabientes cuando, de pronto, ocurrió el ingreso de las fuerzas de seguridad con pacientes, familiares y empleados siendo testigos de la detención de una de las trabajadoras del hospital.

Al entrar al edificio, algunas personas decidieron evacuar el lugar. De acuerdo a varios reportes, algunos derechohabientes temieron que se tratara de un posible enfrentamiento en el interior del Hospital Regional debido a la presencia de las fuerzas armadas de corporaciones federales y estatales.

La dirigencia sindical del ISSET señaló que los elementos no informaron al hospital el motivo de su presencia. Asimismo, el sindicato también cuestionó el ingreso armado al área médica, debido a la incertidumbre que provocó entre pacientes y personal.

Tras varios minutos, los agentes se retiraron del lugar con la trabajadora de enfermería, identificada como Juana “N”, quien fue esposada y subida a una unidad oficial.

De manera preliminar, se informó que el arresto de la enfermera estaría relacionada con una orden de aprehensión por el presunto incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Esa versión aún requiere confirmación de la Fiscalía estatal o de la autoridad judicial que habría emitido el mandato.

Se espera que la Fiscalía estatal informe si Juana “N” fue puesta a disposición de un juez, los cargos que se le imputarían y las razones por las que el cumplimiento de la orden de aprehensión se realizó dentro del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSET.

¿A qué se refiere con incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar?

En términos generales, significa a no proporcionar los recursos necesarios para la subsistencia de las personas a quienes se tiene el deber legal de mantener. Usualmente se relaciona con el incumplimiento del pago de pensión alimenticia para hijas, hijos, ex pareja u otros dependientes económicos.

En Villahermosa, Tabasco, el artículo 206 del Código Penal contempla este delito cuando una persona deja de cubrir alimentos o se coloca deliberadamente en insolvencia para evadir esa obligación.

La sanción prevista es de seis meses a dos años de prisión, multa y suspensión de derechos familiares; si el incumplimiento desobedece una resolución judicial, la pena puede aumentar una tercera parte. También se contempla el pago de las cantidades alimentarias que no se entregaron oportunamente.

La dirigencia sindical del ISSET cuestionó que las corporaciones realizaran el despliegue con personal armado dentro del hospital sin informar previamente a la institución. Hasta el momento no se ha detallado si hubo coordinación con directivos del centro médico ni si la atención a derechohabientes resultó afectada.

Patrulla de la Guardia Estatal deja varios policías heridos en Huimanguillo

En otro orden de idas, en el municipio de Huamanguillo, el más grande en extensión territorial del estado de Tabasco,la volcadura de una patrulla. sobre la carretera Villahermosa-La Isla, frente al Hospital Juan Graham, dejó heridos a varios elementos de la Secretaría de Seguridad y Portección Ciudadana (SSPC).

Según reportes, el conductor de la unidad habría perdido el control hasta impactar con otro vehículo. Tras el accidente, efectivos del Ejército Mexicano, policías municipales de Huamanguillo y personal de cuerpos de emergencia, acudieron para asistir a los agentes y llevarlos al hospital más cercano sin precisar la gravedad de sus lesiones.