El organismo ciudadano solicitó esclarecer si la empresa cometió delitos contra la democracia mediante la elaboración y difusión de encuestas electorales que, según sus argumentos, no cumplen los requisitos legales establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Bustos Sánchez explicó que buscan determinar si estos actos constituyen “fraude al sufragante, corrupción al sufragante o perturbación al certamen democrático”.

El presidente de la Red señaló que la preocupación central gira en torno a la publicación reiterada de sondeos electorales en condiciones que no respetan la normativa vigente. “Solicitamos que se investiguen los hechos y posibles responsabilidades penales de los representantes legales, directivos y financiadores”, puntualizó Bustos.

La organización enfatizó que el Consejo Nacional Electoral ya ha documentado irregularidades técnicas en la metodología de algunas encuestas promovidas por Atlas Intel SAS.

“Resulta indispensable establecer cómo se recaudó la información, bajo qué normas y si se violaron restricciones legales para su divulgación”, advirtió Bustos Sánchez. Para la Red de Veedurías, estos mecanismos pueden “desdibujar la imagen de los candidatos y alterar la libre decisión ciudadana a pocos días de la elección presidencial”.

El presidente de La Red de Veedurías reiteró su llamado a las autoridades para que “estas prácticas se detengan de inmediato”.

Esto dice el documento presentado a la Fiscalía por Pablo Bustos

La Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia penal interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, contra la firma AtlasIntel S.A.S., sus directivos y quienes resulten responsables, por la presunta utilización de sondeos no probabilísticos presentados como encuestas electorales durante el proceso presidencial colombiano de 2026.

El documento, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo, solicita abrir una investigación para determinar si estas prácticas constituyen delitos como fraude al sufragante, corrupción de sufragante y perturbación del certamen democrático.

https://drive.google.com/file/d/1--kL8ZIdD1qHk4QMHMxX4MAx2Bnhzxrv/preview

Según la denuncia, el núcleo del proceso radica en la presentación ante el público de estudios de opinión sin diseño probabilístico verificable, pero divulgados como si fueran encuestas representativas, lo que podría, según Bustos Sánchez, incidir de manera indebida en la voluntad de los votantes.

La Red de Veedurías de Colombia fundamenta su denuncia en la Ley 2494 de 2025, que distingue entre encuestas y sondeos y prohíbe la publicación de estos últimos cuando versan sobre intención de voto electoral. Durante la campaña presidencial, AtlasIntel habría difundido estudios de intención de voto por diversos medios, presentándolos como mediciones válidas del electorado.

“Los estudios fueron divulgados como mediciones técnicas que reflejaban la intención de voto de la ciudadanía”, señaló Bustos Sánchez en el escrito.

La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE) auditó varios estudios de la firma y concluyó en expedientes como el CNE-E-DG-2026-000755, que no existía un mecanismo de selección probabilístico verificable. Además, la Comisión observó que AtlasIntel mantuvo la misma metodología, pese a las advertencias, lo que configuraría una conducta reiterada y no un caso aislado.

“El método Atlas Random Digital Recruitment correspondía a reclutamiento digital orgánico, sin un diseño probabilístico documentado”, agregó la Comisión en el expediente CNE-E-DG-2026-014018.

La denuncia pide determinar si existió algún tipo de coordinación entre la empresa, medios de comunicación y campañas políticas, así como identificar si hubo pagos, contratos, beneficios o contraprestaciones relacionados con la publicación de los estudios.

Bustos Sánchez remarcó: “Es indispensable verificar quién contrató los estudios, quién los pagó y si alguna campaña o candidato obtuvo provecho electoral directo o indirecto”.

La organización ciudadana respalda su acusación con informes técnicos del CNE, expedientes oficiales, publicaciones periodísticas y fichas técnicas de los estudios en cuestión. La Fiscalía deberá evaluar si la presentación de estos sondeos constituyó una maniobra engañosa con capacidad de inducir a error al ciudadano sobre la viabilidad de las candidaturas y el sentido del voto.

El documento solicita a la Fiscalía adoptar medidas inmediatas para preservar evidencia digital y ordenar inspecciones judiciales, entrevistas, certificaciones y peritajes estadísticos independientes. Además, insta a establecer si se vulneraron deberes de transparencia, trazabilidad y reporte, y si la conducta de los responsables se adecua a los tipos penales de fraude al sufragante, corrupción de sufragante o perturbación del certamen democrático.

Un bebé de aproximadamente seis meses de edad permanecerá bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Ecatepec de Morelos, luego de que surgieran dudas sobre la identidad del hombre que aseguró ser su padre tras el abandono del menor en un taxi de aplicación.

El caso ocurrió cuando un conductor de plataforma solicitó apoyo a policías municipales al descubrir que un bebé había sido dejado solo dentro de su vehículo. De acuerdo con el reporte oficial, el chofer fue interceptado por la oficial María Teresa Reséndiz Ramírez mientras realizaba patrullajes en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección.

El conductor explicó que el pasajero abordó la unidad en la colonia Luis Donaldo Colosio con el menor en brazos y solicitó un traslado hacia la colonia Laureles. Durante el trayecto, el hombre pidió detenerse en un taller mecánico donde recogería una motocicleta.

Hombre escapó en motocicleta y dejó al menor dentro del vehículo

Según el testimonio del conductor, el pasajero solicitó al taxista que lo siguiera porque no podía transportar al bebé en la motocicleta. Sin embargo, al incorporarse a la Vía Morelos aceleró y escapó, dejando abandonado al menor dentro del automóvil.

Los policías municipales atendieron de inmediato al bebé, quien presentaba condiciones evidentes de descuido. La oficial detalló que el niño estaba mojado, sucio y con el pañal saturado, por lo que los elementos de seguridad le brindaron atención inmediata, consiguieron ropa limpia, pañales y alimento.

Además, dentro de la mochila del menor fueron localizadas dos botellas de alcohol y un biberón con atole en aparente estado de descomposición, situación que incrementó la preocupación de las autoridades sobre el entorno en el que se encontraba el niño.

Supuesto padre no pudo comprobar parentesco con el bebé

Tras el rescate, el menor fue trasladado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF municipal, donde quedó bajo protección institucional mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes.

Horas más tarde, un hombre identificado como Raúl Michell “N” acudió ante las autoridades y aseguró ser el padre del bebé. No obstante, no pudo acreditar el parentesco debido a que no presentó documentos oficiales como acta de nacimiento, CURP o algún registro que confirmara la identidad del menor.

La situación generó aún más dudas cuando, durante las diligencias, el sujeto mostró inconsistencias en sus declaraciones. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre no recordó la fecha de nacimiento del bebé ni pudo precisar si el niño contaba con registro oficial.

DIF de Ecatepec mantendrá al menor bajo protección

Ante estas irregularidades, el DIF de Ecatepec determinó mantener al menor bajo resguardo en la Casa Hogar municipal, mientras continúa el proceso legal para esclarecer los hechos y garantizar la restitución de sus derechos.

La procuradora Mariana Uribe Bernal informó que será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica del caso y deslinde responsabilidades sobre el abandono del menor y la posible omisión de cuidados.

Según informó Latina, las diligencias comenzaron alrededor de la una de la madrugada y comprendieron el allanamiento simultáneo de 18 inmuebles en diferentes localidades, entre ellas Tumbes, Zorritos, Casitas y Chiclayo. Entre los lugares intervenidos figuran la vivienda del alcalde y oficinas de la municipalidad de Zorritos.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional junto con fiscales especializados. Las autoridades investigan a una presunta organización criminal denominada “Clan de las Emergencias”, integrada presuntamente por funcionarios ediles y contratistas.

Fiscalía investiga presunta colusión agravada

De acuerdo con el citado medio, la tesis fiscal sostiene que funcionarios municipales habrían coordinado con contratistas para direccionar obras públicas a determinadas empresas allegadas, hecho que es investigado bajo el presunto delito de colusión agravada.

Entre los intervenidos figuran Freddy Campos Piñas, gerente de supervisión y liquidaciones; Edgar Benítez Jiménez, gerente de logística; Luis Francisco Hidalgo Romero, gerente de infraestructura; y Edgar Al Lama Oyola, contratista involucrado en las investigaciones.

Las autoridades también confirmaron la incautación de aproximadamente S/22 mil en efectivo encontrados durante los allanamientos. Parte del dinero fue hallado en viviendas de funcionarios y otros inmuebles intervenidos por la Policía y el Ministerio Público.

Dinero, celulares y documentos fueron incautados

Además del efectivo, los agentes incautaron computadoras, laptops, teléfonos celulares y diversa documentación que será incorporada a las investigaciones fiscales. Según reportó Latina, las diligencias continuaban durante la mañana debido a la cantidad de material hallado en los inmuebles allanados.

Las imágenes difundidas por el medio mostraron fajos de billetes sobre mesas mientras personal policial realizaba el conteo del dinero encontrado. También se observó a los investigados durante las intervenciones efectuadas en horas de la madrugada.

El Ministerio Público dispuso una orden de detención preliminar por 15 días contra los investigados mientras avanzan las diligencias relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones y ejecución de obras públicas en la provincia de Contralmirante Villar.

Operativo se realizó en varias ciudades del norte del país

Según informó Latina, el despliegue policial se ejecutó de manera simultánea en más de diez inmuebles ubicados en distintas ciudades del norte peruano. Las diligencias incluyeron el traslado de algunos investigados a dependencias de Medicina Legal y sedes policiales para continuar con las investigaciones.

El caso se suma a otros procesos abiertos en distintas regiones del país contra autoridades y funcionarios públicos investigados por presuntos delitos de corrupción y direccionamiento de recursos estatales. En este caso, las pesquisas buscan determinar si existió una estructura organizada para beneficiar irregularmente a determinadas empresas mediante obras financiadas con recursos municipales.

Las autoridades no descartaron que nuevos funcionarios puedan ser incluidos en la investigación conforme avance el análisis de la documentación y equipos electrónicos incautados durante el megaoperativo realizado en Tumbes.

La Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró la recuperación de dos barras de oro valorizadas en S/ 2′506.474,40, luego de que el Poder Judicial confirmara la sentencia de primera instancia.

Los lingotes, de aproximadamente 6.16 y 6.17 kilogramos cada uno, iban a ser enviados a la India a través de una intermediaria comercial contratada por Julio Chambi y Gomercindo Condori en agosto de 2022.

Ambos mineros estaban inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo). Sin embargo, no pudieron demostrar el origen legal del oro ni la posesión legítima de los lingotes, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio.

La investigación determinó que existía un vínculo entre los investigados, las barras y actividades de minería ilegal, por lo que el oro fue incautado y transferido a favor del Estado peruano.

El caso fue liderado por el fiscal adjunto superior Roger Solano Yauri, quien destacó la importancia del proceso para combatir el ingreso de recursos de origen ilícito al sistema económico formal.

El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de continuar las investigaciones y operativos para recuperar bienes provenientes de la minería ilegal en todo el país.

Minería ilegal

La minería ilegal se ha consolidado en los últimos años como una de las principales economías ilícitas en el Perú. Según datos del Instituto Peruano de Economía, las exportaciones de oro de origen ilegal superaron los US$ 11,500 millones en 2025, casi igualando el valor del oro legal exportado.

El precio del oro, que promedió US$ 4.695 por onza en abril de 2026, ha incentivado el auge de esta actividad. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a la minería ilegal se multiplicaron por diez desde 2019, reflejando el crecimiento de los flujos financieros asociados a delitos como el lavado de activos y el narcotráfico.

Regiones como Piura presentan retos adicionales por su ubicación fronteriza, facilitando la salida y entrada irregular de minerales y maquinaria. En esa región, los ROS vinculados a minería ilegal crecieron dieciséis veces entre 2019 y 2025.

Las denuncias por minería ilegal en Piura aumentaron 82.4% en el mismo periodo, con una concentración especial en las provincias de Sullana y Ayabaca. Además, la tasa de homicidios en la región pasó de ser la más baja a superar el promedio nacional, como resultado del avance de las economías ilícitas.

Un fenómeno recurrente y multimillonario

En diciembre del 2025, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio decomisó 5,77 kilos de oro doré, valorizados en S/ 2 003 713.92.

Mientras que, en octubre del mismo año, la Fiscalía recuperó cuatro lingotes de oro, valorizados en más de S/ 12 millones, que iban a ser exportados a India e Italia.

Frente a este panorama, especialistas advierten sobre la necesidad de fortalecer la trazabilidad del oro, la fiscalización y la cooperación transfronteriza, así como revisar el funcionamiento del Reinfo y los mecanismos de formalización minera.

El caso de la recuperación de las barras incautadas por la Fiscalía evidencia los desafíos que enfrenta el Estado para frenar la expansión de la minería ilegal y recuperar recursos para el país. El Ministerio Público sostiene que la lucha será sostenida y que la recuperación de bienes ilícitos seguirá siendo una prioridad en los próximos meses.

El accidente, ocurrido la madrugada del pasado martes 12 de mayo, dejó un saldo de tres personas fallecidas y ocho heridas. La investigación a cargo de la fiscal provincial María Jiménez León abarca los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros.

En el accidente, entre las víctimas mortales figuran dos miembros de la familia Torres Cárdenas, padre e hija, quienes estaban sentados junto a la puerta lateral de la miniván, expulsada tras el impacto. Una pasajera sobreviviente relató que el conductor habría perdido la atención al volante, lo que impidió evitar la colisión.

Según el informe del Ministerio Público, la miniván de transporte informal se desplazaba a excesiva velocidad pese a las advertencias de los pasajeros. Testigos del hecho señalaron que el conductor no atendió los pedidos para reducir la marcha antes del impacto. Las víctimas mortales fueron identificadas como José Arturo Flores Quiroz y dos personas más cuyos nombres aún no han sido confirmados oficialmente.

El camión involucrado, que trasladaba piedras, se encontraba detenido en un tramo oscuro de la autopista. El conductor del camión había dejado el vehículo estacionado para acudir a un grifo cercano y no habría colocado señalización apropiada, lo que dificultó su visibilidad. La miniván, con al menos doce pasajeros a bordo y destino a Pisco, impactó directamente contra el lateral del camión.

Informalidad y antecedentes en el transporte de pasajeros

El accidente de la madrugada del martes se suma a otra tragedia ocurrida 24 horas antes en el kilómetro 17 de la misma autopista, donde una miniván chocó contra la parte trasera de un bus cerca del paradero informal “Capilla”.

Ese incidente dejó dos muertos y doce heridos, incluyendo un adolescente de 16 años. En este caso, el conductor de la miniván huyó del lugar tras la colisión y registra una deuda de aproximadamente 22 mil soles en papeletas por infracciones de tránsito.

Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP) señalan que la causa de ambos accidentes estaría relacionada con la fatiga de los conductores y la falta de señalización adecuada en los vehículos detenidos.

El Cuerpo General de Bomberos y el SAMU atendieron a los heridos en ambos accidentes, trasladándolos a centros de emergencia cercanos. Tanto el conductor de la miniván como el del camión fueron llevados a la comisaría Mateo Pumacahua para la realización de las diligencias legales y las pericias respectivas.

La situación ha reavivado el debate sobre la informalidad en el transporte de pasajeros y la seguridad en la Panamericana Sur. Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado procesos para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias de los siniestros.

El presidente Gustavo Petro, volvió a lanzar fuertes críticas contra la Fiscalía General de la Nación durante el Consejo de Ministros realizado este 13 de mayo, en el que aseguró que la supuesta persecución judicial contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, terminó afectando directamente a su familia y derivó en la pérdida de un nieto.

En medio de una intervención relacionada con el sistema pensional y las discusiones sobre los fondos privados, el mandatario afirmó que Bonilla ha sido víctima de una persecución por parte del ente acusador debido a las decisiones adoptadas dentro del Gobierno.

“Bonilla no es ningún delincuente. Esa es la persecución de la Fiscalía. Casi hace matar a Bonilla y ya mató a mi nieto”, expresó Petro durante la transmisión oficial del Consejo de Ministros.

Petro relacionó a la Fiscalía con el aborto sufrido por Laura Ojeda

Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró que la presunta presión ejercida por la Fiscalía contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, habría provocado la pérdida del embarazo.

Según afirmó el mandatario, la fiscal encargada del caso habría amenazado con enviar a prisión a Ojeda, pese a que, según él, no tendría relación directa con los hechos investigados.

“Tal fue la persecución de la fiscal Laborde, por orden de la fiscal general, creo yo, que en su persecución, mostrando al niño de ella, diciendo que la iba a poner presa, que nada tiene que ver en el asunto, estaba embarazada y abortó. Y era mi nieto y el hijo de mi hijo”, manifestó Petro.

El presidente agregó que esa situación es una de las consecuencias que, según dijo, ha tenido que afrontar por impulsar un gobierno progresista en Colombia.

“Yo las aguanto, pero no la gente que no está acostumbrada a este tipo de represión y persecución, solo porque queremos poner un gobierno progresista”, señaló.

Petro ya había responsabilizado a la Fiscalía en un mensaje publicado en redes sociales

Las declaraciones del Consejo de Ministros se producen pocas horas después de un extenso pronunciamiento que el mandatario publicó en su cuenta oficial de X, donde confirmó públicamente la pérdida de su nieto y responsabilizó nuevamente a la Fiscalía y a sectores de la prensa.

En el mensaje, Petro calificó como una “barbarie” las actuaciones judiciales contra Laura Ojeda y aseguró que la presión mediática y judicial provocó el aborto.

“Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una Fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”, escribió el presidente.

Además, afirmó que la fiscal encargada del caso “odia” a su familia y que la fiscal general tendría conocimiento de lo ocurrido.

“La presión ejercida por la Fiscalía política y la prensa oligárquica le ha provocado el aborto. Mi hijo Nicolás ha perdido un hijo y yo un nieto”, añadió el mandatario en la publicación.

El jefe de Estado también envió un mensaje dirigido a los medios de comunicación y aseguró que no responderá con odio frente a la situación.

“Jamás dejaré crecer el odio en mi corazón, porque mataría mi propio corazón, pero la mejor venganza que les puedo ejercer es simplemente el olvido”, concluyó.

¿Qué pasa con la investigación contra Laura Ojeda?

La controversia ocurre en medio del proceso judicial que enfrenta Laura Ojeda, quien está siendo investigada por la Fiscalía por los presuntos delitos de violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos.

La investigación está relacionada con un supuesto hackeo a conversaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien ha sido una de las principales figuras dentro de los escándalos judiciales que rodean al hijo del presidente.

La audiencia de imputación de cargos que estaba programada para el martes 12 de mayo fue aplazada luego de una solicitud presentada dentro del proceso judicial.

En medio de esa coyuntura, Ojeda publicó un mensaje en X que generó múltiples reacciones por el tono utilizado.

“No hay peor enemigo que una madre dolida. Prepárense…”, escribió la barranquillera, sin entregar mayores detalles.

El mensaje fue interpretado por distintos sectores como una respuesta a la investigación que enfrenta y también a las declaraciones públicas de Day Vásquez, quien previamente había publicado en la misma red social: “Aquí escampó y allá diluvia… Las nubes cambian de lugar”.

El proceso penal incluye cargos por fraude procesal, prevaricato y abuso de autoridad, mientras los locales denuncian que se mantienen las deficiencias en la prestación del servicio público de aseo.

La acción judicial es liderada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, y se fundamenta en denuncias de usuarios que aseguran sentirse “secuestrados” por el operador actual. De acuerdo con la organización, desde septiembre de 2025 se han presentado miles de solicitudes de cambio de operador y solo 562 han sido autorizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero la empresa sigue sin ejecutar las desvinculaciones ordenadas.

El documento presentado ante la Fiscalía señala presuntas fallas estructurales en la recolección de residuos, con reportes de incumplimientos en frecuencias y horarios, deficiencias en el parque automotor y problemas en el mantenimiento de los vehículos; además, se mencionan episodios de contaminación ambiental por lixiviados y deficiencias en los servicios conocidos como Clus, que agrupan corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas y limpieza de zonas ribereñas.

Según la Red de Veedurías, miles de usuarios han solicitado la terminación de sus contratos cumpliendo con los requisitos legales y de pago, pero más del 95% de las solicitudes permanecen estancadas.

Cerca de 5.000 usuarios estarían en mora por devoluciones, ya que la documentación enviada por Nepsa del Quindío a la Superintendencia de Servicios Públicos habría sido incompleta. El organismo de control tampoco habría tomado los correctivos necesarios, lo que mantiene a los ciudadanos atados al operador actual.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, afirmó que la situación ha desencadenado una de las crisis más graves en la historia reciente del servicio público de aseo en esta zona del país. Los municipios de Circasia y Quimbaya, considerados estratégicos para la región del Quindío, concentran la mayor parte de las quejas ciudadanas. Líderes locales y organizaciones han advertido que la crisis afecta la salud pública, el turismo, el medio ambiente y la confianza institucional.

El presidente de la Red de Veedurías señaló a Luis Fernando Echeverri Parra, Luisa Fernanda Caro Arias y María Alejandra Taborda Montoya, junto a otros directivos como posibles responsables de fraude procesal, prevaricato por omisión, por acción y abuso de autoridad por actos arbitrarios.

El proceso penal se complementa con la preparación de una acción de grupo que buscará reclamar indemnizaciones por los daños económicos, ambientales y sanitarios derivados de las presuntas fallas en la prestación del servicio y la obstrucción del derecho a escoger un nuevo operador.

La organización argumenta que los usuarios han cumplido con todos los requisitos legales, pero enfrentan obstáculos administrativos que les impiden ejercer su derecho a la libre elección.

En el video que fue publicado en las redes sociales de la Red de Veedurías, Pablo Bustos pidió la ayuda de las autoridades para poder garantizar que los usuarios afectados comiencen a recibir un servicio eficiente y no tener que seguir “secuestrados” por una compañía que lleva varios años sin cumplir con sus obligaciones y sigue operando a pesar de las denuncias.

“Este caso abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la eficiencia, vigilancia y garantías de libre competencia en los servicios públicos domiciliarios, mientras miles de usuarios esperan respuestas de las autoridades judiciales y de control”.

El equipo legal del contralor general de la República, Anel Flores, negó categóricamente que el funcionario haya irrumpido ilegalmente en las instalaciones de las fiscalías anticorrupción durante una diligencia relacionada con la investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo por supuesto enriquecimiento injustificado.

Durante una conferencia de prensa, los abogados aseguraron que el ingreso de Flores y otros funcionarios de la Contraloría se realizó con autorización del personal del Ministerio Público y como parte de una actuación orientada a proteger los derechos de tres auditoras de la institución.

La investigación surgió luego de los hechos ocurridos el pasado 9 de abril, cuando el contralor acudió junto a un grupo de funcionarios a las fiscalías anticorrupción mientras se desarrollaba una diligencia de ratificación de informes de auditoría vinculados al caso contra Carrizo.

El Ministerio Público, dirigido por el procurador general Luis Carlos Gómez Rudy, presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia tras considerar que pudo haberse producido una irrupción o interrupción indebida en una actuación judicial.

Sin embargo, la defensa de Flores sostiene que las funcionarias de la Contraloría manifestaron sentirse incómodas con el tono de las preguntas realizadas durante la diligencia y temían pasar de testigos a investigadas.

Según los abogados, las auditoras comunicaron esa preocupación a sus superiores y fue entonces cuando se tomó la decisión de que acudiera un equipo legal de la Contraloría para salvaguardar sus derechos constitucionales y legales.

“No hubo ningún tipo de irrupción, como se ha querido plantear”, insistió uno de los representantes legales del contralor.

El equipo legal explicó que, de acuerdo con los videos extraídos por el propio Ministerio Público, el grupo de la Contraloría fue guiado por personal de seguridad hacia el piso donde se realizaba la diligencia y posteriormente atendido por fiscales encargados del caso.

Según la defensa, las imágenes muestran que el contralor no ingresó sin permiso ni alteró la diligencia, sino que esperó ser atendido antes de entrar al despacho correspondiente.

Los abogados también cuestionaron el procedimiento utilizado por la Procuraduría durante la extracción y fijación de imágenes de las cámaras de seguridad internas del Ministerio Público y de videos difundidos en redes sociales. Argumentaron que Flores debió ser notificado previamente de esas diligencias por tratarse de un funcionario con fuero especial, cuya investigación corresponde al procurador y eventualmente al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la conferencia, la defensa señaló que en la audiencia de control posterior realizada el 8 de mayo hicieron reclamos por supuestas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. Aunque la diligencia fue finalmente legalizada, los abogados sostuvieron que dejaron sentadas las bases para futuras acciones legales relacionadas con presuntas vulneraciones de derechos constitucionales.

La defensa insistió además en que el contralor mantiene un compromiso institucional en la lucha contra la corrupción y la fiscalización de fondos públicos.

Según los abogados, Flores acudió a las fiscalías como jefe de la institución, luego de que las auditoras manifestaran sentirse bajo presión durante la diligencia judicial. “No pasó sin permiso y no hubo interrupción de la diligencia”, reiteró uno de los representantes legales al responder preguntas de periodistas.

La controversia ocurre en medio de tensiones crecientes entre la Contraloría y el Ministerio Público relacionadas con el alcance de auditorías y procesos de investigación. En semanas recientes, el presidente José Raúl Mulino pidió públicamente a ambas instituciones resolver sus diferencias.

Mientras avanza esta investigación, Flores enfrenta además otras denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la Nación. El pasado 30 de abril, diputados de la bancada Vamos interpusieron una denuncia penal por presunta extralimitación de funciones y abuso de autoridad, relacionada con la suspensión de salarios de funcionarios de la Asamblea Nacional.

Días antes, trabajadores legislativos también presentaron acciones legales tras quedar en una especie de licencia sin sueldo que calificaron como arbitraria.

El equipo legal del contralor aseguró que Flores continuará colaborando con las autoridades y defendiendo la legalidad de sus actuaciones. Los abogados insistieron en que la investigación apenas se encuentra en una fase preliminar y recalcaron que hasta el momento no existe imputación formal contra el funcionario.

“No existe hecho punible alguno y confiamos en que la investigación así lo demostrará”, concluyó la defensa al cierre de la conferencia de prensa.

En una extensa comunicación, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud del Gobierno nacional para suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, incluido su máximo cabecilla, alias Chiquito Malo.

Según el ente acusador, antes de tomar una decisión es necesario confirmar la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de cada persona incluida en el listado enviado por el Gobierno.

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro afirmó que todos los requisitos exigidos por la ley se aplican rigurosamente en los procesos de negociación de paz que impulsa el Gobierno con este grupo armado.

El jefe de Estado explicó que las decisiones relacionadas con la suspensión de capturas cuentan con la intermediación y la garantía de gobiernos extranjeros. Según el presidente Petro, esta participación internacional busca asegurar transparencia y legitimidad en cada paso adoptado durante las negociaciones de paz.

El mandatario colombiano reiteró que el cumplimiento de las normas y la supervisión internacional forman parte de la estrategia oficial para avanzar en los diálogos con el Clan del Golfo.

“Todos los requisitos que exige la ley se aplican en los procesos de negociación de paz que adelanta el gobierno y están bajo la intermediación y garantía de gobiernos extranjeros para garantizar pulcritud (sic)”, señaló.

De este modo, el Gobierno sostiene que las acciones implementadas responden tanto a las exigencias legales colombianas como a la vigilancia de actores internacionales involucrados.

¿Qué dijo la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación ratificó que seguirán vigentes las órdenes de captura para 29 miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, entre ellos su líder, alias Chiquito Malo. Esta medida se mantendrá hasta que se verifique que los integrantes cumplen con las condiciones requeridas para su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

La decisión se produce después de que, el 8 de mayo, el Gobierno nacional solicitara la suspensión temporal de dichas órdenes, incluidas algunas solicitudes de extradición, como parte de los preparativos para iniciar diálogos formales con el grupo armado.

De acuerdo con la Resolución Occp No. 120, del 29 de abril de 2026, se autorizó el traslado inicial de 29 integrantes del Clan del Golfo hacia dos ZUT localizadas en los departamentos de Córdoba y Chocó. Estas zonas entrarán en funcionamiento el 25 de junio de 2026.

La coordinación de esta medida recae en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, con el objetivo de facilitar el sometimiento a la justicia, la desmovilización y el desmantelamiento de las estructuras ilegales.

Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que no suspenderá automáticamente las órdenes de captura antes de la fecha prevista. Insistió en que cada caso debe ser analizado individualmente para verificar la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de los integrantes incluidos en la lista enviada por el Gobierno.

“La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, indicó la Fiscalía.

En la lista entregada por el Gobierno figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo, buscado en extradición por Estados Unidos. Sobre él, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para su extradición en diciembre de 2025, aunque la decisión definitiva corresponde al presidente de la República.

La Fiscalía recalcó que, por ahora, la información proporcionada por el Gobierno solo da cuenta del compromiso de ingreso a las ZUT, pero no certifica que se hayan cumplido todas las condiciones pactadas ni el control sobre los integrantes del grupo armado.

La resolución fue notificada al Ministerio de Defensa, responsable de la seguridad durante los desplazamientos, y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp-OEA), encargada del monitoreo y verificación. El listado de 29 personas constituye la primera etapa, susceptible de ampliación a medida que avancen las coordinaciones y consultas internas.

El Gobierno de Gustavo Petro ha manifestado que busca crear condiciones para la transición hacia proyectos lícitos, la entrega de armas y el avance de un eventual proceso de paz con el Clan del Golfo. No obstante, la Fiscalía reiteró que los procesos judiciales y las investigaciones siguen activos, y solo se suspenderán las órdenes de captura cuando se confirme el cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

En medio de la conmemoración del 475° aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un grupo de estudiantes decidió tomar el campus de forma pacífica como medida de protesta por la reelección de rectores de la casa de estudios.

A raíz de estos hechos, la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, confirmó que se ha comunicado con la Fiscalía de Prevención del Delito para evitar que se produzcan acciones que puedan atentar contra el bienestar de los estudiantes por parte de las fuerzas del orden, como ha pasado en otras oportunidades.

“Yo lo que he hecho, de primera intención, es llamar personalmente a la fiscal provincial de prevención del delito, la doctora Lorena Villanueva. Ya se ha puesto ella en comunicación con los mismos estudiantes para que puedan ver las diligencias correspondientes. Pero precisamente para evitar cualquier exceso o cualquier medida de fuerza”, agregó.

Los estudiantes que mantienen la protesta exigen al Congreso que archive el proyecto de ley orientado a permitir la reelección de rectores y vicerrectores, una preocupación que consideran prioritaria ante el actual contexto universitario. Asimismo, solicitan que las elecciones universitarias, previstas para junio, se realicen en formato presencial y rechazan la virtualidad, modalidad que identifican como una iniciativa del rectorado actual.

La abogada Delia Espinoza expuso el fundamento de su inquietud y afirmó que “sabemos que hay situaciones, hechos anteriores de fechas pasadas en las que sí se llegó a verificar que habían entrado personas sin identificación alguna y que corresponden a lo que se conoce como matones, personas que son contratadas sin mayor formalidad, para que utilicen la fuerza y vulneren los derechos de las personas que pretenden ser desalojadas”, sostuvo ante el medio radial.

Toma de la UNMSM se realizó de forma pacífica

En relación a la situación dentro de la UNMSM, los estudiantes aclararon a RPP que, hasta el momento, “no se han reportado hechos de violencia” desde el inicio de la toma. Reiteraron que se mantienen abiertos al diálogo con la rectora Jerí Ramón para buscar soluciones a su pliego de reclamos y que no han impedido el acceso al campus a quienes lo necesiten, incluido el personal académico o administrativo, lo que ha sido verificado mediante registros diarios de ingreso.

Pese al desarrollo de la protesta, los manifestantes han anunciado que su medida de fuerza persistirá. Esta decisión se mantiene a pesar de la verbena institucional programada para conmemorar el aniversario, acto que contará con artistas invitados y que ha sido divulgado por organizadores y autoridades universitarias en las últimas horas.

Integrantes de la comunidad universitaria confirmaron que la seguridad en los accesos al campus incrementó desde el inicio de la ocupación, aunque continúan sin incidentes graves ni enfrentamientos reportados por los órganos internos de la institución.

Diversas facultades han expresado respaldo a los reclamos estudiantiles, aunque sectores institucionales sostienen la necesidad de restablecer la normalidad lo antes posible. Representantes del Congreso señalaron que el proyecto de ley sobre reelección de autoridades universitarias aún no ha sido declarado improcedente, por lo que se mantiene latente la preocupación entre los estudiantes.

Un mensaje publicado en redes sociales por Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, volvió a concentrar la atención pública tras el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos que tenía el martes 12 de mayo; la diligencia no se instaló luego de una solicitud presentada dentro del proceso judicial.

La jornada fue fijada para avanzar en la imputación de cargos en una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos. El expediente ubica a Laura Ojeda dentro de una línea de indagación relacionada con un supuesto hackeo a las conversaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.

Sin embargo, el hecho que marcó el día no estuvo en la noticia del aplazamiento de la audiencia, sino en la reacción de la propia Ojeda, que se pronunció en su cuenta en la red social X, pues su mensaje llamó la atención por el calibre de sus palabras.

La ácida advertencia de Laura Ojeda sobre su futuro judicial

La publicación de Ojeda fue con una advertencia directa: “No hay peor enemigo que una madre dolida. Prepárense…”. La frase apareció sin explicación adicional y rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde se interpretó en distintos sentidos dentro del contexto del proceso judicial que enfrenta.

Sus declaraciones se producen luego de conocerse su citación dentro del proceso en su contra. En ese mismo escenario, Nicolás Petro, que tiene un caso abierto aparte en la Fiscalía por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se pronunció sobre la situación.

En una publicación, señaló que la apertura de la investigación contra Laura Ojeda constituye un ataque contra una madre y una situación que expone a su hijo Luka, de dos años, de allí las palabras de la barranquillera.

Day Vásquez se ‘burló’ de la situación de Laura Ojeda

Aunque Ojeda no responde de forma directa a Day Vásquez, su mensaje puede entenderse como una reacción hacia ella, ya que el caso se abrió a partir de una denuncia presentada por la expareja de su compañero sentimental y sus palabras surgen después de un mensaje publicado por la propia mujer en la misma red social.

Y es que Day Vásquez había escrito en X: “Aquí escampó y allá diluvia… Las nubes cambian de lugar".

Aunque no hizo menciones directas ni señaló a nadie en particular, resultó evidente que el mensaje hacía referencia a este caso, teniendo en cuenta que Day Vásquez presentó una contrademanda contra Ojeda por los mismos delitos.

En un inicio, Laura Ojeda había afirmado que la ex de su pareja había accedido a sus conversaciones para verificar si Nicolás Petro le era infiel, aunque posteriormente esa misma denuncia se devolvió en su contra.

¿De qué se trata el caso contra Laura Ojeda?

La Fiscalía adelanta una investigación contra Laura Ojeda por presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos. El expediente señala que habría intentado obtener comunicaciones privadas de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, mediante la intervención de un tercero.

Según el material recolectado por los investigadores, en las propias conversaciones de Ojeda aparecen referencias sobre la búsqueda de mecanismos para acceder a esa información. Ese contenido proviene de la extracción de un dispositivo móvil que, de acuerdo con el proceso, estaba en su poder en ese periodo.

Dentro de la indagación también se menciona el pago de 250.000 pesos como parte de una gestión relacionada con ese supuesto intento de acceso. Con base en esos elementos, la Fiscalía sostiene que existen pruebas que sustentan la imputación de cargos en su contra, pero su defensa señala que todo es un intento para debilitar a la familia del presidente Gustavo Petro.

Un hombre de apellidos Gómez Pérez fue condenado a 38 años de prisión luego de que el Tribunal Penal de Heredia en Costa Rica lo encontrara culpable de cometer tres delitos de violación en perjuicio de su sobrina de 16 años de edad.

La sentencia fue dictada este 11 de mayo del 2026 tras un juicio en el que la Fiscalía Adjunta de Heredia logró demostrar la responsabilidad del imputado en una serie de agresiones sexuales ocurridas entre noviembre y diciembre del 2021 en las localidades de San Pablo y San Rafael de Heredia.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los primeros hechos ocurrieron el 27 y 28 de noviembre del 2021 en la vivienda de los abuelos de la víctima, lugar donde también residía el ahora sentenciado.

Según quedó acreditado durante el debate, la adolescente se encontraba durmiendo cuando el imputado llegó a la casa bajo los efectos del alcohol. Aprovechando la vulnerabilidad de la menor y la cercanía familiar, el hombre se dirigió hasta donde ella estaba y cometió la primera agresión sexual.

La Fiscalía sostuvo que el ataque provocó un profundo estado de miedo en la víctima, situación que posteriormente fue aprovechada por el agresor para volver a abusar sexualmente de la adolescente al día siguiente.

Las autoridades judiciales determinaron que Gómez Pérez obligó a la joven a ingresar a su habitación, donde perpetró la segunda violación.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y acreditar la responsabilidad penal del sujeto.

La investigación también permitió establecer un tercer ataque sexual ocurrido semanas después, en diciembre del 2021, esta vez en una vivienda ubicada en San Rafael de Heredia.

Conforme a la acusación fiscal, el imputado aprovechó que la adolescente se encontraba sola en su casa debido a que su madre estaba trabajando. Fue en ese momento cuando el hombre llegó al inmueble y cometió una nueva agresión sexual contra la menor.

La Fiscalía expuso ante el Tribunal que el acusado utilizó la relación de confianza y cercanía familiar para cometer los delitos, así como el temor generado en la víctima tras las primeras agresiones.

Luego de valorar toda la prueba presentada en el debate, el Tribunal Penal de Heredia concluyó que existían suficientes elementos para declarar culpable al imputado por tres delitos de violación.

Como resultado, los jueces impusieron una pena total de 38 años de cárcel.

Además de la condena, las autoridades judiciales ordenaron que Gómez Pérez permanezca seis meses más en prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza y se completan los procedimientos judiciales correspondientes.

El caso vuelve a poner en evidencia la gravedad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad dentro del entorno familiar, una problemática que continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades judiciales y organismos de protección de la niñez.

Especialistas han señalado que, en muchos casos, las víctimas enfrentan dificultades para denunciar este tipo de hechos debido al miedo, las amenazas o la relación cercana con el agresor.

En Costa Rica, la legislación contempla penas severas para quienes sean encontrados culpables de delitos sexuales contra menores de edad, especialmente cuando existe una relación de parentesco, convivencia o confianza entre la víctima y el imputado.

Las autoridades judiciales han insistido en la importancia de denunciar este tipo de casos para garantizar la protección de las víctimas y evitar que las agresiones continúen ocurriendo dentro de los núcleos familiares.

La sentencia contra Gómez Pérez aún no se encuentra en firme, sin embargo, el Tribunal determinó mantener al imputado descontando prisión preventiva mientras avanzan las etapas finales del proceso judicial.

La situación judicial del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ingresará a una nueva etapa el próximo 27 de mayo, fecha en la que el Poder Judicial evaluará el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en los reportes financieros entregados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La fiscalía ha solicitado una condena de 5 años y 4 meses de prisión contra el exministro, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la presidencia del partido político. El caso está relacionado con la supuesta presentación de información falsa sobre aportes, ingresos y gastos partidarios correspondientes a campañas y ejercicios financieros desarrollados entre 2018 y 2020.

Según información difundida por El Comercio, la acusación fue formulada por el fiscal Humberto Ruiz, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, quien atribuye a Sánchez los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre financiamiento político.

Fiscalía cuestiona reportes financieros de 2018, 2019 y 2020

La investigación fiscal sostiene que las presuntas irregularidades se habrían cometido durante distintos ejercicios financieros y campañas electorales entre 2018 y 2020. De acuerdo con la acusación citada por el mismo medio, Juntos por el Perú habría reportado ante la ONPE que no registró ingresos ni gastos en determinados procesos, pese a la existencia de movimientos económicos vinculados a actividades partidarias.

En el caso de las elecciones regionales y municipales del 2018, la fiscalía señala que Roberto Sánchez firmó documentos presentados el 21 de enero y julio de 2019 en los que el partido consignó que no había recibido aportes ni efectuado gastos de campaña. Sin embargo, la tesis fiscal sostiene que esa información no se ajustaría a la realidad.

Según la investigación, durante ese periodo se abrió una cuenta bancaria en el BCP a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial y entonces presidente del Comité Nacional Electoral de JP— donde se registraron ingresos y egresos por S/204.951,36. Pese a ello, el partido habría declarado “S/0.00” en la información financiera remitida ante la ONPE.

Cuentas y depósitos no reportados

La acusación también incluye observaciones sobre los ejercicios financieros correspondientes a 2019 y 2020. El Ministerio Público sostiene que otra cuenta bancaria mancomunada vinculada a integrantes del partido recibió depósitos por S/75.750 durante el proceso de las elecciones congresales extraordinarias del 2020.

De acuerdo con El Comercio, esos ingresos tampoco habrían sido reportados correctamente ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. La fiscalía sostiene que, nuevamente, la organización política declaró montos distintos a los movimientos detectados en las cuentas investigadas.

Asimismo, el requerimiento fiscal cuestiona un supuesto aporte en especie valorizado en S/27.400 por el uso de un local partidario durante el 2020. La acusación indica que el ciudadano consignado como aportante negó posteriormente haber realizado dicha contribución.

Roberto Sánchez niega irregularidades

Durante sus declaraciones ante el Ministerio Público, Roberto Sánchez rechazó haber cometido delitos relacionados con el manejo de aportes de campaña y cuestionó la interpretación fiscal sobre los depósitos observados en cuentas vinculadas al entorno partidario. El candidato presidencial sostuvo que los montos recaudados correspondían a actividades internas del Comité Electoral de Juntos por el Perú y no a fondos partidarios sujetos a supervisión de la ONPE.

“No ha existido cobro de tasas para los postulantes a candidatos en las elecciones del 2018”, declaró Sánchez durante las diligencias fiscales. Además, aseguró que William Ricardo Sánchez Palomino “nunca ha sido tesorero del Partido Político Juntos por el Perú”, en respuesta a la tesis fiscal que vincula cuentas bancarias manejadas por su hermano con presuntos aportes no reportados.

El exministro también afirmó que los vouchers y depósitos mostrados por la fiscalía correspondían a dinero administrado por el Comité Electoral Nacional, órgano que —según indicó— actuaba de manera autónoma dentro de la organización política. “Ese dinero no se puede considerar como fondos partidarios, ni se puede considerar como parte de la actividad financiera de la organización política que regula la ONPE”, manifestó Roberto Sánchez en su declaración ante el Ministerio Público, citada por El Comercio.

Exdirigente de JP explica cómo se depositaba al partido

Uno de los elementos incluidos en la investigación es la declaración del exdirigente de Juntos por el Perú, Leandro Afrade Cerna Herrera, quien explicó ante la fiscalía el mecanismo utilizado para recaudar dinero durante las campañas electorales.

Según su testimonio, los postulantes y militantes realizaban depósitos en una cuenta bancaria administrada por William Sánchez Palomino. Afrade afirmó que las bases regionales enviaban posteriormente los vouchers de depósito a Roberto y William Sánchez Palomino como constancia de pago.

“Ricardo Sánchez Palomino aperturó una cuenta en el Banco de Crédito y sacaron unas tasas entre comillas, para que todos los postulantes a nivel nacional depositáramos los montos”, declaró el exdirigente ante el Ministerio Público, según el diario.

Defensa rechaza acusación y plantea prescripción

La defensa legal de Roberto Sánchez sostiene que el Ministerio Público no ha demostrado que los recursos económicos observados hayan sido utilizados para beneficio personal del candidato presidencial. Carlos García Asenjo, abogado del dirigente político, afirmó que el dinero era destinado a actividades internas y gastos de campaña.

El abogado también indicó que parte de la investigación ya fue archivada anteriormente mediante una excepción de improcedencia de acción, mecanismo jurídico utilizado cuando se considera que los hechos investigados no constituyen delito.

Además, la defensa señaló a El Comercio que el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo podría prescribir en los próximos meses. No obstante, reconoció que el delito relacionado con el falseamiento de información sobre aportes partidarios todavía mantiene plazo vigente para continuar siendo investigado penalmente.

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de mantener vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, provocó reacciones desde distintos sectores políticos y del Gobierno nacional. Entre ellas estuvo la del alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, que se pronunció a través de su cuenta de X respaldando la postura de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.

El mandatario local aseguró que las órdenes judiciales y los acuerdos de extradición deben mantenerse y cuestionó la estrategia del Gobierno frente a los procesos de paz con estructuras armadas ilegales. “La justicia no se negocia. Celebro la decisión de la Fiscal General Luz Adriana Camargo, de negar las pretensiones de Petro y mantener las órdenes de captura contra los cabecillas del Clan del Golfo”, escribió Gutiérrez.

En el mismo mensaje, el alcalde añadió: “En Colombia no se puede premiar a quienes secuestran, extorsionan y asesinan a nuestra gente. Los acuerdos de extradición se cumplen. El narcotráfico y el terrorismo no pueden tener privilegios, ni convertirse en fichas de negociación política, menos en época electoral”.

También hizo referencia al proceso de acercamientos impulsado por el Ejecutivo con grupos armados ilegales. “El Pacto de la Picota de Petro solo nos ha dejado muerte y territorios entregados al crimen. Eso no es paz, es impunidad y complicidad. Que pronto cese la horrible noche”, concluyó el alcalde de Medellín.

La decisión de la Fiscalía se produjo luego de que el Gobierno nacional solicitara el pasado 8 de mayo la suspensión temporal de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, como parte de las medidas previas al avance de diálogos formales con esa estructura armada.

De acuerdo con la Resolución Occp No. 120 del 29 de abril de 2026, el Ejecutivo autorizó el desplazamiento preparatorio de 29 integrantes del Clan del Golfo hacia dos Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en los departamentos de Córdoba y Chocó. Según el documento, estas zonas comenzarán a operar el 25 de junio de 2026 y hacen parte de la estrategia orientada al sometimiento a la justicia, la desmovilización y el desmantelamiento de estructuras criminales.

La medida fue coordinada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, encabezada por Otty Patiño. Tras conocerse la determinación de la Fiscalía, la Consejería Comisionada de Paz emitió un comunicado público dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo en el que defendió la interpretación jurídica del Gobierno sobre la suspensión de las órdenes de captura.

En el documento, la entidad sostuvo que la Ley 2272 de 2022 establece que la suspensión de la ejecución de órdenes de captura durante el desplazamiento y permanencia en las Zonas de Ubicación Temporal “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

La Consejería señaló además que el parágrafo 3 del artículo 8 de esa ley dispone que, una vez acordadas las zonas, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura” durante el tránsito y permanencia de los integrantes de las estructuras armadas en dichos lugares.

Petro cuestionó la postura de la Fiscalía

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro también reaccionó públicamente a través de su cuenta de X. El jefe de Estado defendió la competencia del Ejecutivo en la conducción de la política de paz y aseguró que las zonas de concentración deben respetarse como parte de las decisiones presidenciales. “El presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respeta por orden del presidente. Ese es nuestro Estado social de derecho que establece la Constitución nacional. La paz es un derecho y un deber del pueblo colombiano y del Estado todo”, escribió el mandatario.

Petro también afirmó que no ha suspendido órdenes de extradición contra alias Chiquito Malo ni autorizado la inclusión de extraditables en las primeras etapas del proceso.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias Chiquito Malo, ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General”, manifestó.

El 3 de mayo, según informes y registros de cámaras de seguridad, una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna atropelló a un vigilante de 54 años en la urbanización El Golf, distrito de Víctor Larco. La víctima fue internada cinco días en la unidad de cuidados intensivos, permaneciendo en estado de muerte cerebral hasta que falleció debido a múltiples fracturas y traumatismos.

El proceso dio un giro judicial el pasado 8 de mayo, cuando la víctima falleció producto de las lesiones producidas en el incidente y la Fiscalía de La Libertad recalificó los hechos de lesiones culposas objetivas por una imputación de homicidio culposo agravado, por lo que se solicitó 5 años y 4 meses de prisión efectiva y una reparación civil de S/ 329.280 para los herederos de Martínez Torres.

Desde el inicio, agentes consignaron el caso como una “caída de altura”, pese a que imágenes y testimonios confirmaban el atropello. El general Ricardo Espinoza, jefe policial regional, declaró que los policías involucrados fueron separados de sus cargos y afrontan una investigación interna por falta de profesionalismo, a cargo de la Policía Nacional del Perú.

Familiares piden cárcel para conductora

El dosaje etílico practicado a la conductora arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado que supera el límite legal, de acuerdo a la Policía Nacional del Perú, que también acreditó que la licencia de Alfaro Cerna llevaba vencida por cuatro años al momento del incidente.

Durante el velorio de Juan Martínez Torres, familiares expresaron indignación y exigieron que Maricsa Alfaro Cerna sea encarcelada preventivamente, cuestionando su libertad ante el proceso en curso.

“No es posible que nos maten a un familiar, a un tío, un hijo, porque se está yendo feliz en su casa una persona que comete un asesinato”, manifestó una de las familiares de Martínez Torres al programa periodístico Ocurre Ahora durante su velorio. La hermana del vigilante fallecido también exigió justicia y que la conductora sea encarcelada. “Que se vaya presa porque él mató a mi hermano injustamente. Todo el mundo ha visto los gritos de auxilio que ha pedido mi hermano”.

La penalista Romy Chang advirtió que, tras el fallecimiento del vigilante, la acusada enfrenta consecuencias penales más severas: “Luego de su fallecimiento, ella tiene que aparecer, tiene que responder frente a todos los llamados que la fiscalía y el poder judicial hagan”. Chang precisó que la libertad de Alfaro Cerna podría ser revocada si la autoridad determina riesgo de fuga, dada la gravedad del delito: “Habrá que valorar que, al parecer, según reportan los vecinos, ella se subió a su vehículo con la intención de escapar”. Además, la abogada subrayó la importancia de que la procesada demuestre mantener su rutina sin cambios para probar que no existe peligro de fuga.

Fiscalía pide más de 5 años de prisión

El Ministerio Público fundamentó su solicitud de una condena de cinco años y cuatro meses de prisión y la inhabilitación definitiva para conducir en la conducción en estado de ebriedad, la falta de permiso vigente y agravantes por reincidencia, ya que Alfaro Cerna ya protagonizó un accidente vial en 2019 tratando de eludir a un camión. El vehículo implicado, vinculado a Grupo Forestal del Perú S.A.C., continúa bajo custodia para peritajes forenses.

La investigación también explora responsabilidades policiales y administrativas por el acta original que distorsionó los hechos. La familia de la víctima y sectores ciudadanos han rechazado cualquier posibilidad de “arreglo” extrajudicial, emprendiendo marchas públicas para exigir justicia y máxima transparencia durante el proceso.

Tras el cambio en la acusación y el aumento de presión social, el abogado Jorge Villavicencio renunció a la defensa de Maricsa Polet Alfaro Cerna, decisión que comunicó públicamente: “Cumplo con informar que mi participación como defensa técnica de la señorita Maricsa Polet Alfaro Cerna ha culminado oficialmente”, señaló Villavicencio, transmitiendo sus condolencias a los deudos y fundamentando su salida en razones profesionales y de prudencia.

La Fiscalía General de la Nación destinó más de seis millones de pesos a la protección y manutención de José Wilmer Ayola Lerma, vigilante condenado por falso testimonio en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Así lo reveló un informe de El Colombiano, que accedió a documentos oficiales y al expediente judicial del caso.

El caso Colmenares, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2010 en el parque El Virrey de Bogotá, concentró la atención nacional por la complejidad de las versiones y la cantidad de actores implicados. José Wilmer Ayola Lerma, vigilante de los conjuntos residenciales Bochica V y VI, fue presentado ante la opinión pública como un testigo clave. El medio informó que Ayola relató haber presenciado una agresión contra Colmenares y señaló a Carlos Cárdenas como supuesto agresor, versión que sostuvo ante el entonces fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida, Antonio Luis González Navarro, y la fiscal delegada Martha Lucía Zamora Ávila.

Las declaraciones de Ayola incluyeron descripciones minuciosas de una supuesta pelea, la participación de varios jóvenes y la intervención de una mujer, todo lo cual fue consignado en actas de preacuerdo y documentos judiciales.

Según el expediente citado por El Colombiano, el testimonio resultó ser falso y motivó decisiones judiciales erróneas, incluyendo órdenes de captura.

El desmoronamiento de la versión y la evidencia documental

En 2013, la fiscal Patricia Feria Bello estableció que Ayola no estuvo presente en el lugar de los hechos. De acuerdo con los registros y minutas firmadas por el propio vigilante, durante la madrugada del 31 de octubre de 2010 se encontraba cumpliendo su turno en los conjuntos Bochica V y VI, en la Calle 80 de Bogotá. Además, peritajes realizados por la Universidad de La Salle demostraron que Ayola tenía limitaciones visuales que le impedían observar los detalles que afirmó haber visto.

El medio detalló que la coartada de Ayola fue desmontada por la revisión meticulosa de registros laborales y dictámenes técnicos, que dejaron sin sustento su relato sobre la supuesta agresión en el parque El Virrey.

El costo de la protección estatal y la administración de recursos públicos

Durante la investigación, la Fiscalía consideró a Ayola un testigo protegido y lo incluyó en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos bajo el argumento de amenazas en su contra. Según los documentos administrativos obtenidos por el medio, la Fiscalía gastó $6.080.486 en transporte, manutención y alojamiento del vigilante, quien fue trasladado por casas de seguridad y alojado en establecimientos como el Hotel El Campín.

El informe detalla que Ayola fue ubicado en tres sedes de máxima seguridad durante 2012. Su estadía se estructuró en varias etapas, con ingresos y exclusiones intermitentes entre junio y noviembre de ese año, de acuerdo con las actas del Programa de Protección a Víctimas y Testigos.

El proceso judicial, la condena y el reintegro parcial de recursos

Cuando la evidencia contra Ayola se consolidó, el vigilante suscribió un preacuerdo en diciembre de 2013. Según el expediente revisado por El Colombiano, aceptó los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvenciones.

El juez fijó su condena en ocho años de prisión (96 meses) y lo obligó a reintegrar el 50% del incremento patrimonial, es decir, $3.150.000 pesos, además de una multa superior a 77 millones de pesos.

Inicialmente, Ayola obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria debido a la ausencia de antecedentes, pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida el 14 de mayo de 2015. En el fallo, los magistrados señalaron que su conducta representaba un riesgo social. El vigilante fue trasladado a la cárcel La Picota.

Otros implicados y decisiones posteriores en el caso Colmenares

El expediente judicial también incluyó a Jonathan Andrés Martínez y Jesús Alberto Martínez, sentenciados a siete años de prisión por cargos similares tras aceptar su responsabilidad. El Colombiano informó que Jesús Martínez falleció en 2018 en la cárcel La Picota, en un episodio atribuido a un posible envenenamiento.

La Corte Suprema de Justicia, según el reporte del medio, confirmó en 2024 la decisión que cerró la investigación contra el exfiscal González Navarro, al no hallar pruebas que desvirtuaran su inocencia. Las absoluciones de Laura Moreno y Jessy Quintero quedaron en firme, y Carlos Cárdenas había sido exonerado en 2014.

La decisión fue anunciada el 11 de mayo de 2026 por el ente acusador, que señaló que el actual directivo de la petrolera estatal deberá responder por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. No obstante, durante la audiencia, Roa se declaró inocente.

De acuerdo con la misma Fiscalía, Roa Barragán fue imputado en calidad de exgerente y administrador de los recursos de la campaña “Petro Presidente 2022”. Según la investigación, “habría permitido que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones para la primera vuelta y 276 millones de pesos para la segunda vuelta”.

Uno de los puntos señalados por los investigadores se relaciona con el reporte de los gastos ante las autoridades electorales. Aunque se entregaron informes en “Cuentas Claras” y al Consejo Nacional Electoral, estos no reflejarían la totalidad de los recursos ejecutados durante la campaña, según el expediente.

Dentro del análisis financiero también se identificaron múltiples conceptos que habrían contribuido al presunto exceso en los gastos. El documento de la Fiscalía General de la Nación menciona “ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato”.

El ente judicial además advirtió posibles inconsistencias en la forma de consolidar la información entre las dos vueltas presidenciales, por lo que se indicó: “Desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta; y muchas de las inversiones de segunda, en los registros de primera vuelta”.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que “la campaña habría ejecutado gastos reales por un valor de 29.924.592.727”, cifra que, según explicó, supera el límite de “28.536 millones” fijado por el Consejo Nacional Electoral mediante la resolución 0694 de 2022.

Agregó que esto habría generado “un exceso de 1.388.072.235 pesos” y advirtió que la rendición presentada “no refleja integralmente el gasto real de la primera vuelta”, ya que parte de los recursos ejecutados “no fueron incorporados en su totalidad en el informe presentado ante el Consejo Nacional Electoral, como era su obligación”.

Primera vuelta: el límite ajustado y las cuentas en disputa

El techo permitido para esta etapa era de $28.536 millones, pero los registros presentan dos lecturas distintas:

• Gasto total reportado por la campaña: $28.384.680.001.
• Hallazgos de Fiscalía y CNE: $29.924.592.727.

Desglose de rubros clave:

• Propaganda (TV, radio y redes):
• • Reportado: $19.534 millones (68%).
  • Hallazgo: omisiones en pauta digital no registradas completamente.
• Transporte aéreo:
• • Reportado: $4.155 millones (Sadi S.A.S.)
  • Investigación: $1.249 millones adicionales bajo revisión.
• Actos públicos:
• • Reportado: $1.694 millones.
  • Observación: No se incluyó el evento de cierre en el Movistar Arena ($100 millones aproximadamente).

La Fiscalía señala un posible exceso de $1.388 millones sobre el tope en primera vuelta, junto con gastos no reportados como aportes de la USO por $292 millones, contratos con Neuro Data para análisis de mercadeo político y omisiones en publicidad digital y logística de eventos masivos.

Segunda vuelta: ajustes finos y nuevas diferencias

El límite autorizado para esta fase era de $13.347 millones, una cifra que también aparece rebasada en los análisis oficiales.

• Gasto total reportado por la campaña: $13.199.709.794.
• Hallazgos de Fiscalía y CNE: $13.623.875.922.

Principales rubros observados:

• Propaganda electoral:
• • $9.243 millones (70% del total).
  • Incluye pagos a plataformas digitales como Google, gestionados a través de Colombia Humana.
• Transporte aéreo:
• • Aproximadamente $800 millones reportados.
  • Diferencias en facturación con la empresa Sadi S.A.S.
• Logística y testigos electorales:
• • Menos del 2% registrado oficialmente.
  • Se investiga posible subregistro de pagos masivos a testigos en mesas de votación.

La investigación señala un exceso estimado de $276 millones, además de posibles aportes no reportados de la USO por cerca de $740 millones que no figuran en los registros oficiales, junto con la revisión de contratos logísticos y pagos indirectos realizados a través de terceros.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y varios de sus ex y actuales funcionarios enfrentan actualmente una investigación penal a menos de un mes de la segunda vuelta electoral. La Fiscalía Anticorrupción anunció una reconstrucción detallada de los procedimientos previos a los comicios del 12 de abril, tras recibir nuevas denuncias por presunta falsificación de firmas y discrepancias en contrataciones, en el marco de presuntos delitos de favorecimiento contractual y fraude electoral.

El 23 de abril, un representante de Renovación Popular formalizó ante la Fiscalía una denuncia acompañada de un dictamen grafotécnico y una lista inicial de 59 actas sospechosas de adulteración de firmas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Áncash y Apurímac. La presentación se amplió el 27 de ese mes con dos listados adicionales de 236 actas y 291 actas observadasm, según informó el programa periodístico Punto Final.

Entre los documentos figura el acta 900090, correspondiente a la elección en El Cenepa, Amazonas, en la que se advierten supuestas inconsistencias en los nombres registrados como miembros de mesa; investigaciones periodísticas constataron, sin embargo, que los datos coinciden con los del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Sobre las firmas de los votantes, los casos de María Cubas Huilcamango, Lenny Villalobos Góngora, Royber Juntantuc Yabuit, Erika Campos Gómez y Jordan Peñas Estela quedaron en revisión para un peritaje oficial, luego de que se verificó que las rúbricas de las actas observadas presentan similitudes o diferencias respecto a las constancias registradas en el Reniec.

75 denuncias contra ONPE por supuestas irregularidades

En total, hasta el momento se cuentan 75 denuncias formales vinculadas a supuestas irregularidades electorales. El fiscal Reynaldo Abia informó que la investigación aplicará una metodología de «ingeniería inversa» sobre cada contrato, acta y decisión.

“Lo que estamos tratando de ver es toda la ingeniería de los procedimientos que se han realizado y el producto final que ha llevado a toda esta situación. En base a esa información que nos está suministrando la ONPE, todas las otras instituciones están haciendo las interrogantes para poder identificar o detectar dónde habrían los puntos débiles o las presuntas irregularidades, si no es que hay delito”, afirmó Abia a la prensa.

La investigación fiscal alcanzó la revisión de designaciones y contrataciones dentro de la ONPE. La hipótesis central es que Piero Corvetto, exjefe del organismo, nombró a José Samamé Blas como gerente de gestión electoral pese a su falta de experiencia en el área operativa. Posteriormente, Samamé designó a Juan Antonio Phang Sánchez como subgerente de producción electoral. Según la Fiscalía, ambos “jugaron un rol clave en la elaboración de requerimientos técnicos y términos de referencia”, supuestamente adaptados para beneficiar a la empresa Gálaga.

El Ministerio Público advierte una discrepancia objetiva en la capacidad de la empresa adjudicataria: Gálaga presentó una nómina de 70 conductores, aunque la planilla electrónica de febrero de 2026, consultada en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), solo acredita 13 empleados y 20 prestadores de servicios, para un total de 33 personas. Esta diferencia, para la Fiscalía, pondría en duda la operatividad real de la compañía durante la elección.

El fiscal Reynaldo Abia resaltó el enfoque de la pesquisa: “Lo que estamos haciendo en líneas generales es articular y sumar a lo que todos queremos: descubrir la verdad, no solamente si ha habido incidencias o irregularidades en el ámbito administrativo o quizás sospechas de la presencia de delitos”. Así lo declaró al medio Punto Final.

Inspección de dispositivos revela nuevos indicios en el proceso electoral

Durante la ejecución del contrato de transporte electoral, la Fiscalía señala que Samamé mantuvo vigente el acuerdo a pesar de inconsistencias entre la capacidad ofertada y la realmente ejecutada, sin disponer correctivos. El rol de Juan Phang Sánchez y otros funcionarios es objeto de investigación por su presunta validación y tolerancia de la deficiente prestación del servicio, la eventual manipulación de resultados y la posible permisividad ante irregularidades administrativas.

Tras la detención de Samamé el 13 de abril, se incautó su teléfono iPhone 17, lo que permitió, días después, descubrir una conversación activa desde esa línea durante el allanamiento efectuado en Lince el 24 de abril. Para la Fiscalía, este hecho puede indicar acceso ilegítimo al dispositivo, uso simultáneo de líneas o respaldo digital.

El análisis de mensajes y teléfonos permitió identificar coordinaciones reiteradas entre Phang Sánchez, Hilda Ottoya Alvarado y William García Velázquez, a pesar de que Ottoya debía garantizar controles autónomos del servicio. Además, la Fiscalía detectó la presunta alteración digital del acta de inicio de servicio, fechada el 10 de abril de 2026.

Se trata de Mayra Alejandra Díaz, esposa de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y de Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada. El alto funcionario señaló que al encuentro también asistió Yurley Pacheco, hermana de Jesús Antonio Pacheco.

“Me reuní con Yurley Pacheco y Mayra Alejandra Díaz, hermana y esposa de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y con Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada, ambos integrantes de la Dirección de Protección de la Fiscalía y secuestrados por el cartel criminal del ELN”, expresó Sánchez.

Según el jefe de la cartera de Defensa, con motivo del Día de la Madre se tomó la decisión de acompañarlas y escucharlas, con el mensaje de que no están solas.

“En el marco del Día de la Madre quise acompañarlas, escucharlas y reconocer su fortaleza. No están solas. Sabemos que, además de enfrentar esta ausencia, siguen siendo el pilar de sus hogares acompañando a sus hijos e hijas sosteniendo su mundo con amor y mantienen viva la esperanza de volver a abrazar a sus seres queridos”, aseveró.

Pedro Sánchez reconoció que son conscientes de que ninguna palabra puede llenar el vacío que deja tener un familiar secuestrado, pero precisó que continúan trabajando para lograr la liberación de los dos funcionarios de la Fiscalía.

“Sabemos que ninguna palabra llena ese vacío, pero sí queremos que sepan que seguimos trabajando con todas nuestras capacidades para traer a sus seres queridos de vuelta. No los olvidamos. Todo un país las reconoce y camina junto a ustedes. Hoy honramos su capacidad de seguir adelante, de cuidar y ser símbolo de fortaleza”, aseveró Sánchez.

El ministro de Defensa también compartió un video en el que ratificó que harán todo lo posible desde la cartera para recuperar la libertad de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

“Haremos todo lo necesario para que regresen. No solo vengo como ministro, también lo hago como persona, como colombiano, para decirles que no están solas. Como dice su camisa: la esperanza nunca se apaga”, expresó el funcionario.

Y agregó: “Sé que no pueden abrazar físicamente a sus hijos, a sus seres queridos, a sus hermanos, pero al menos reciban este abrazo de nuestra parte, con un sentimiento de compañía hacia ustedes. A pesar del dolor, no los olvidamos ni nos rendimos”.

Pedro Sánchez aseguró que está convencido de que los dos integrantes de la Fiscalía van a regresar a sus hogares, motivo por el cual les entregó una serie de obsequios a las mujeres.

“Estoy convencido de que ellos van a regresar. Por eso quiero entregarles unos pequeños detalles. Reciba esta virgen, que lleva una capa de la fuerza pública y representa la energía que esperamos llegue hasta donde se encuentran secuestrados nuestros miembros de la fiscalía, de la fuerza pública y todos los colombianos en esa situación. Que les brinde energía y una luz de esperanza. También le entrego este ramo. Feliz Día de la Madre. Sabemos que es un día difícil, pero si algo nos da tranquilidad es saber que están vivos y que seguirán presentes en nuestros corazones mientras así lo deseemos”, expresó.

Una de las mujeres le expresó al ministro Pedro Sánchez que por favor no se olviden de los secuestrados y que hagan todo lo posible para liberarlos.

“Mi petición, y creo que es la de toda la familia, es que no los olvidemos. Por favor”, indicó una de las mujeres.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comprometió a no olvidar a los funcionarios de la Fiscalía y a lograr su liberación.

“Me encargaré de eso. Haré todo lo posible, incluso una campaña, para que Colombia nunca los olvide. Son colombianos, además de padres, hermanos e hijos“, aseveró

La disputa, viralizada en redes sociales, escaló tras la publicación de imágenes donde la influencer detalló los daños en varias áreas del apartamento y mostró mensajes ofensivos escritos en las paredes, además de la presencia de residuos que denominó “desechos biológicos”.

También denunció la desaparición de pertenencias y sugirió una posible infidelidad de su expareja durante su ausencia en La casa de los famosos Colombia.

Decidida a formalizar las acusaciones, la creadora de contenido acudió a la Fiscalía y comunicó por sus redes que busca esclarecer los hechos y que se determine la responsabilidad correspondiente. Allí documentó el estado en que fue hallada la vivienda tras su regreso.

Jhorman Toloza minimizó las acusaciones y respondió a la demanda

En medio de la controversia, Jhorman Toloza intervino a través del programa La Corona TV, ya que en un audio difundido por el presentador Ariel Osorio, Toloza enfrentó las denuncias sobre el apartamento.

Declaró: “Eso se quita con agua y con jabón, la verdad, pero pues, qué podemos esperar de una muchacha que hace semejante espectáculo por unos dulces y ustedes se dieron cuenta en televisión nacional”.

Respecto al proceso legal iniciado por Alexa Torrex, Toloza calificó la denuncia como excesiva.

“Sobre la demanda, eso me parece una tontería más grande aún porque en la Fiscalía hay casos más importantes a los que prestarle atención o darle prioridad a una influencer malcriada que solamente se le dañó el maquillaje, la verdad y lo digo con toda la sinceridad del mundo”, afirmó en el mismo audio difundido por el programa de entretenimiento.

La reacción de Toloza provocó una nueva oleada de réplicas en plataformas digitales. Mientras algunos seguidores defendieron la postura de Alexa Torrex y reclamaron por los daños a la propiedad, otros calificaron el caso como un enfrentamiento mediático: “Los dos tienen la culpa, ninguno respetó la relación”; “Lo peor que pudo hacer Jhorman fue dejar esos mensajes, él tampoco la respetó a ella”, entre otros.

Por el momento, las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso legal iniciado por Alexa Torrex.

Así encontró Alexa Torrex su apartamento

En las imágenes difundidas por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se observa que el cuarto de maquillaje fue una de las áreas más afectadas.

En el espejo hay daños visibles y la palabra “Ramera” escrita en diferentes partes del mueble. Además, el video muestra que varios productos de maquillaje, como paletas, estaban rotos y esparcidos, evidenciando el nivel de destrucción en el espacio personal de Alexa.

En el video publicado por Alexa, la creadora de contenido señaló que no solo encontró daños materiales en su apartamento, sino que también notó la ausencia de varias de sus pertenencias. Alexa aseguró que algunas cosas habían sido sustraídas de la vivienda.

Entre los mensajes que generaron señalamientos directos hacia Jhorman, destacó uno escrito en una pequeña pizarra: “Felicidades, te ganaste a Colombia para perderme a mí”.

Durante una conversación con sus seguidores a través de una transmisión en vivo, Torrex confirmó que su expareja le estrelló la camioneta y encontró otros daños en la vivienda que no se vieron en el primer video que compartió.

Por ahora, los seguidores de la desarticulada pareja tras el paso de la cucuteña por la competencia tendrán que esperar a que se tome una decisión sobre si liman asperezas o finalmente se encuentran en los tribunales para llegar a un acuerdo por los daños que se hubieran efectuado previo a la separación.

La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados y judicializados seis presuntos integrantes de una red delictiva dedicada a la falsificación y tráfico de moneda y billetes de lotería en el territorio nacional.

Según el ente acusador, las capturas de las personas se realizaron en Bogotá, Cali y Medellín.

“La Fiscalía General de la Nación afectó a una red delictiva dedicada a la falsificación y tráfico de moneda y billetes de lotería, con la captura y judicialización de seis de sus presuntos integrantes en Bogotá, Cali (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia)”, señaló la entidad.

La Fiscalía señaló que se trata de Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas; Kevin Correa Cabrera; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas; y Dagoberto William León Ruiz, alias Dago.

“Se trata de Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas, quien sería el encargado de distribuir el dinero espurio; Kevin Correa Cabrera, señalado de diseñar y elaborar el material ilícito aprovechando su vinculación a un establecimiento de impresión; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, posible responsable de la adquisición de insumos para la producción ilegal; Dagoberto William León Ruiz, alias Dago, implicado en la fabricación fraudulenta de billetes de lotería”, informó el ente acusador.

Los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno también son mencionados por la Fiscalía, que tendrían una fachada de venta de juegos de suerte y de azar en Medellín.

“También están los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno, que tendrían a su disposición una fachada de venta de juegos de suerte y de azar en Medellín para comercializar los productos ilícitos, a través de loteros”, informó la Fiscalía.

Durante los operativos, las autoridades incautaron billetes falsificados en denominaciones de $20.000, $50.000 y $100.000 que, según la Fiscalía, sumaron más de $57 millones.

Además, se logró la incautación de 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos que iban a realizarse en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá.

“Durante las diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de estas personas se incautaron billetes falsificados en denominaciones de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos, que sumaron más de 57 millones de pesos; 56.330 dólares y la incautación de 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos que iban a realizarse en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otros”, precisó el ente acusador.

Según la Fiscalía General de la Nación, este tipo de actividades habría afectado de manera considerable la economía en Colombia.

“Estas actividades delictivas realizadas a gran escala habrían afectado la economía nacional, los recursos destinados al sistema de salud y el patrimonio de comerciantes y ciudadanos”, afirmó la entidad.

Así las cosas, un fiscal de la Dirección Especializada imputó a los presuntos responsables, de acuerdo con su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público.

“Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los presuntos responsables, de acuerdo con su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público”, expresó el ente acusador.

Finalmente, la Fiscalía indicó que cinco de los señalados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y uno más con detención domiciliaria.

En Colombia, la falsificación de moneda nacional o extranjera se sanciona con prisión de 96 a 180 meses. El tráfico de moneda falsificada acarrea penas de 48 a 144 meses de prisión, mientras que la fabricación, adquisición o tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda se castiga con penas de 48 a 108 meses de prisión.

El delito de concierto para delinquir, que consiste en asociarse con otras personas para cometer delitos, conlleva penas que pueden variar, pero suelen ubicarse entre los 48 y 108 meses dependiendo de la gravedad y el tipo de delitos asociados al concierto.

Dos niños de aproximadamente dos y tres años fueron encontrados viviendo solos en una carpa improvisada frente a la playa en Huacho, en la costa central del Perú. Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, el hallazgo ocurrió la madrugada del 7 de mayo y activó de inmediato la intervención de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia del Santa, que dispuso medidas urgentes para proteger a los menores.

La fiscal provincial Deidy Carretero Sarmiento solicitó al Poder Judicial la aplicación de una medida de protección urgente, la cual fue concedida horas después del hallazgo. Los menores fueron trasladados y actualmente permanecen bajo resguardo en la Maternidad de María, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar su identidad y localizar familiares que puedan asumir su cuidado.

Según la fiscalía, la intervención se inició a partir del aviso de una vecina de la urbanización El Trapecio, quien encontró a uno de los niños deambulando solo por la vía pública. Al ser interrogado por la policía, el menor solo pudo mencionar la palabra “playa”, lo que llevó a los agentes a recorrer la zona costera y descubrir la situación en la que ambos vivían.

Policía halló a dos pequeños solos en una carpa frente al mar

El hallazgo se produjo cuando una vecina de El Trapecio alertó a la policía sobre la presencia de un menor sin compañía adulta en los alrededores de la avenida La Costanera. El niño, de aproximadamente tres años, no pudo dar información precisa sobre su domicilio, limitándose a repetir la palabra “playa”. Guiados por esa referencia, los efectivos policiales recorrieron el sector y localizaron una carpa instalada sobre la arena, frente a una cevichería.

Dentro de la tienda de acampar hallaron a un segundo niño —de cerca de dos años— que también se encontraba solo. El entorno presentaba colchones, un coche de bebé, juguetes y prendas de vestir en mal estado, sin ningún adulto responsable a la vista. En ese momento, ambos menores fueron trasladados de urgencia a la Comisaría PNP La Libertad para iniciar las diligencias correspondientes.

Niños fueron llevados a un albergue temporal mientras ubican a sus familiares

Desde el primer momento, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú implementaron un protocolo de emergencia para identificar a los menores y localizar a sus familiares. Se realizaron coordinaciones con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y se llevaron a cabo exámenes médico-legales para verificar su estado de salud y buscar indicios de su procedencia.

Pese a estos esfuerzos, hasta el cierre de esta edición no se ha logrado identificar a padres, tutores ni familiares directos que puedan asumir la tutela de los niños. Por este motivo, la fiscal Carretero Sarmiento gestionó ante el Poder Judicial la medida de acogimiento residencial en la Maternidad de María, garantizando la protección integral de los menores mientras continúan las pesquisas.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que permitan ubicar a familiares o responsables legales. Toda información puede ser comunicada a la fiscalía o a la comisaría local.

Lo que dice el Código Penal sobre el abandono infantil

El ordenamiento jurídico peruano contempla sanciones penales para los casos de exposición o abandono de menores. El artículo 125 del Código Penal señala: “El que expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandona en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estén legalmente bajo su protección o que se hallen de hecho bajo su cuidado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”.

La fiscalía recordó que el abandono infantil constituye un delito perseguible de oficio y que cualquier persona con información relevante sobre la identidad o paradero de los padres o responsables debe comunicarlo a las autoridades. El objetivo es asegurar el derecho de los menores a un entorno seguro y libre de riesgos, así como identificar y sancionar a quienes resulten responsables del abandono.

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro Burgos, por su presunta participación en la interceptación ilegal de las comunicaciones de Day Vásquez, que fue su amiga y también expareja del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro.

La acusación del ente acusador plantea que Ojeda coordinó y pagó la clonación de una tarjeta SIM para acceder de forma ilícita a la información privada de Vásquez, lo que adquiere especial relevancia por su vínculo con el proceso penal que involucra al exdiputado del Atlántico.

Conforme a la documentación revelada por Semana, Ojeda habría contactado a un intermediario identificado como Miguel, con quien ya había realizado un encargo similar, para que, a través de un tercer individuo, consiguiera una copia de la tarjeta SIM de Day Vásquez.

El propósito era monitorear las conversaciones y actividades de la afectada. El intercambio se produjo en mayo de 2023, antes de la captura de Nicolás Petro, y refleja el ambiente de desconfianza y ruptura existente entre Ojeda y Vásquez, que mantenían conflictos recientes asociados a investigaciones judiciales.

Los detalles de la indagación oficial señalan que Laura Ojeda estableció contacto con Miguel para ejecutar el acceso no autorizado a la línea telefónica. En mensajes recuperados por la Fiscalía y divulgados por el medio citado, Ojeda pregunta si el procedimiento para obtener la SIM card se realizó correctamente. El intermediario le responde: “¿Cuánto van a dar por esa vuelta? Tú sabes que es delicado”. Tras acordar las condiciones, Ojeda fijó un pago de $250.000 a través de Nequi, transacción cuyo comprobante integra el expediente.

Paralelamente, la conversación, explica el documento, incluyó detalles sobre la consignación y los movimientos de la línea intervenida. En los mensajes posteriores, el intermediario comunica que la operación tuvo éxito y comparte evidencia de la actividad realizada. El término “gemelear” empleado en la comunicación se refiere a la práctica de clonar una tarjeta SIM para obtener acceso a las comunicaciones ajenas. Estas pruebas fueron obtenidas por la Fiscalía General de la Nación como parte de una extracción judicial al teléfono móvil de Ojeda y refuerzan la hipótesis sobre la interceptación sistemática a Day Vásquez.

Pruebas de la transacción y método utilizado

Las pruebas recabadas pusieron en evidencia la ruta del dinero. El pago de $250.000 se concretó mediante un servicio digital dirigido a un número de Nequi facilitado por el intermediario. El comprobante de la consignación, al que accedió Semana, constituye una evidencia clave en el caso.

Posteriormente, Laura Ojeda pregunta si se efectuó la entrega de la SIM card, a lo que Miguel responde que sí, adjuntando registros que muestran el cambio de chip ocurrido el 2 de mayo de 2023 y brindando información sobre las actividades recientes en esa línea.

Las comunicaciones interceptadas sugieren que no era la primera vez que se realizaba una acción de este tipo, ya que los implicados mencionan antecedentes previos. Esto refleja una continuidad en las prácticas de acceso ilegal a datos personales entre los involucrados en la trama investigada.

Proceso judicial y cargos contra Laura Ojeda

La evidencia reunida por la Fiscalía General de la Nación sustenta la decisión de imputar a Ojeda por los delitos de “violación de datos personales” y “acceso abusivo a sistemas informáticos”, de acuerdo con la tipificación jurídica colombiana. La audiencia de imputación fue programada para el 12 de mayo de 2026 y forma parte de la investigación que examina hechos relacionados con el entorno directo de Nicolás Petro.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso explicaron al medio citado que el órgano investigador no tiene entre sus planes solicitar medida de aseguramiento contra Ojeda, decisión que obedece al análisis de los elementos probatorios y a la importancia de obtener más información relevante para el proceso.

De igual manera, se informó que Day Vásquez, principal afectada por la interceptación, también es investigada por delitos de naturaleza similar, lo que añade complejidad al caso examinado por las autoridades.

Ambas denunciantes señalaron que el oficial habría utilizado su posición de jerarquía para realizar insinuaciones y acciones no consentidas en el contexto laboral, lo que derivó en cuestionamientos sobre la influencia del abuso de poder al interior de las Fuerzas Militares de Colombia.

Cuando expuso los cargos ante el Tribunal de Bogotá, la Fiscalía identificó públicamente a las denunciantes: la sargento Lina Suárez y la abogada Liliana Zambrano ―esta última se desempeñaba como asesora jurídica del Comando Cibernético de las Fuerzas Militares y es pareja del general Luis Esparza (lideró la famosa Operación Jaque en 2008, que liberó a 15 secuestrados de las Farc).

Según la investigación del ente acusador, tanto Suárez como Zambrano vivieron una serie de situaciones reiteradas de acoso por parte de Zapateiro mientras ocupaba cargos de poder en la institución, con gestos y comentarios que —de acuerdo al fiscal del caso— “excedían la interacción profesional e institucional”, así como con el envío de mensajes privados a través de WhatsApp.

Tras no acceder a las “pretensiones de índole sexual” del general, la sargento Suárez fue excluida de su proceso de escalafonamiento para oficial de las Fuerzas Militares, pese a haber superado las pruebas físicas y académicas, debido a evaluaciones psicológicas desfavorables.

Tres días antes de su exclusión, el mayor Vargas Garnica, ayudante de Zapateiro, le solicitó el número de radicado de sus carpetas relacionadas con este proceso, según la imputación revelada por el ente acusador.

Como relató el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Zapateiro habría aprovechado momentos a solas con la sargento Suárez para observarla “de manera persistente, lasciva e insinuante”, especialmente en situaciones como el ascensor dentro de las instalaciones militares.

Además, utilizaba expresiones como: “eres bonita, eres hermosa”, y le hacía preguntas del tipo: “cuándo nos vemos, cuándo vamos a salir”. El proceso contra el general contempla que, a raíz de la negativa de Suárez a acceder a sus propuestas, el excomandante empezó a desacreditarla en espacios laborales, cuestionando su profesionalismo y afirmando: “Usted tiene un problema mental, es usted la que tiene que corregir su problema institucional”, citó el fiscal del caso.

El papel de Liliana Zambrano como denunciante y el uso de la jerarquía

La abogada Liliana del Pilar Zambrano, especialista con maestría en ciberseguridad, denunció haber sido objeto de insistentes insinuaciones a partir de 2021 —cuando Zapateiro era comandante del Ejército Nacional—, en un contexto donde su dependencia funcional respecto al oficial era directa. El fiscal relató que el presunto acoso se inició cuando Zapateiro obtuvo su número personal sin consentimiento, tras un evento institucional realizado en agosto del mismo año.

A partir de ese momento, el general comenzó a escribirle mensajes por WhatsApp con frases como: “Se veía muy hermosa en el evento, me encanta tu pelo, mándame tu última foto del celular”. Según la investigación del ente acusador, estas solicitudes se acompañaron de requerimientos de videollamadas y fotografías en las que debía mostrar su físico.

Exclusión de Lina Suárez del proceso de ascenso militar tras rechazar pretensiones sexuales aribuidas a Zapateiro

Otro hecho central en la investigación lo constituye la exclusión de Lina Suárez del proceso para ser admitida como oficial en la Escuela Militar de Cadetes. La fiscalía precisó que, luego de un intercambio con el mayor Vargas Garnica —ayudante de Zapateiro—, Suárez fue retirada del proceso “tres días después de dicha comunicación” pese a haber superado las correspondientes pruebas físicas y académicas.

La conclusión de la investigación es que los resultados negativos en las evaluaciones psicológicas se produjeron tras su rechazo a las pretensiones sexuales atribuidas a Zapateiro.

La tensión entre la defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro Urrego y exdiputado del Atlántico, y la Fiscalía General volvió a escalar. Esta vez, el choque surgió por las actuaciones judiciales que rodean a Laura Ojeda, la pareja del hijo del mandatario.

El abogado de Nicolás Petro y del propio mandatario, Alejandro Carranza, que se hace llamar en las plataformas digitales “Hombre jurista”, afirmó que acudirá a todas las vías legales posibles tras considerar que existió una vulneración contra el hijo de la pareja, Luka, único nieto varón del presidente Petro.

Nicolás Petro denunció persecución contra Laura Ojeda y su familia

Las declaraciones aparecieron después de que Nicolás Petro publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó el actuar de la fiscal Lucy Marcela Laborde. El hijo del presidente Gustavo Petro sostuvo que la Fiscalía emprendió acciones contra su núcleo familiar tras su negativa a convertirse, según dijo, en “un arma” contra el mandatario.

Nicolás Petro reaccionó con dureza frente al avance de la actuación judicial en contra de su pareja, en un caso con Daysuris Vásquez, su exesposa. En su mensaje sostuvo que las decisiones de la Fiscalía afectaron directamente a su familia y lanzó cuestionamientos contra la fiscal Lucy Laborde.

“Como yo no decidí convertirme en un arma contra mi Padre, la Fiscalía decidió destruir a Laura y a mi bebé de dos años. Han violentado los derechos de un bebé de dos años. Miserables (sic)“, escribió el exdiputado en su cuenta en la red social X.

Nicolás Petro añadió a su publicación: “Como la Fiscal Lucy Laborde no ha podido conmigo ahora va por Laura (sic)”, escribió Nicolás Petro en su cuenta de redes sociales.

Alejandro Carranza anunció acciones internacionales contra la Fiscalía

Las palabras del hijo del presidente encontraron respaldo inmediato en su defensa. Alejandro Carranza publicó otro mensaje en el que señaló de manera directa a la funcionaria judicial y anunció acciones legales, debido a la defensa de Luka, el nieto del jefe de Estado.

“La fiscal Lucy Marcela Laborde debe ser objeto de investigación por vulnerar los derechos del menor”, expresó el abogado.

Carranza fue más allá y afirmó que no aceptará lo que calificó como un abuso contra la familia de su cliente: “No permitiré tal situación de abuso contra el nieto del Presidente, la fiscal Laborde debe respetar los niños, respetar la víctima y respetar la fiscalía (sic)”.

El jurista sostuvo además que acudirá a organismos internacionales: “Será llevada ante la justicia y recurriremos a la protección interamericana, dado que la Fiscal General la respalda con su opacidad en la violación de los derechos del niño”.

Este es el caso que provocó los fuertes mensajes de Nicolás Petro y su defensa contra la fiscal Lucy Laborde

La controversia surgió por el proceso que enfrenta Laura Ojeda, que comparecerá ante la justicia el 12 de mayo en Barranquilla. La Fiscalía le atribuye presuntas conductas relacionadas con violación de datos personales contra Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.

La investigación tomó fuerza tras la extracción forense que las autoridades practicaron al celular de Ojeda durante un allanamiento en Barranquilla. Ese procedimiento hizo parte de las pesquisas que avanzan contra Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según las indagaciones conocidas hasta ahora, en el dispositivo aparecieron elementos que, para la Fiscalía, apuntan a un supuesto acceso irregular a información privada de Day Vásquez. Entre los hallazgos figuran referencias a posibles interceptaciones ilegales y a una eventual clonación de SIM card para ingresar a conversaciones y aplicaciones de mensajería.

Uno de los aspectos que más llama la atención dentro de este expediente radica en que las actuaciones judiciales resultan recíprocas. El primer proceso surgió tras la denuncia presentada por Laura Ojeda contra Day Vásquez, luego de un presunto acceso ilegal a su teléfono celular, hecho que, según las versiones conocidas, habría tenido como propósito obtener evidencias relacionadas con una supuesta infidelidad de Nicolás Petro.

Esa situación dio paso a una investigación por presunta violación de datos personales. Ahora, el escenario judicial tomó un rumbo inverso, debido a que Laura Ojeda enfrenta un proceso por el delito similar contra Day Vásquez.

El Ministerio Público pidió una condena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva para Andrés Avelino Hurtado Grados por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado peruano. La fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero también solicitó que Hurtado, conocido como “Chibolín”, sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y pague 242 días-multa.

De acuerdo con RPP Noticias, la investigación sostiene que Hurtado, conocido como “Chibolín”, habría intervenido de forma irregular en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho Neira ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019, con el objetivo de facilitar la renuncia a su nacionalidad peruana y posibilitar su participación en el fútbol profesional de China. El documento de acusación fue presentado en Lima el 27 de abril de 2026 y puesto en conocimiento de las partes procesales el 5 de mayo, otorgándoseles diez días para responder.

Según la Fiscalía, Andrés Hurtado enfrenta cargos por presunto tráfico de influencias en el contexto de gestiones ante Migraciones para favorecer al futbolista Roberto Siucho en 2019. La acusación formal incluye la solicitud de prisión efectiva, inhabilitación y multa, y se sustenta en pruebas documentales, testimoniales y periciales aportadas por los propios involucrados y testigos del caso, como parte de la estrategia del Ministerio Público para combatir delitos contra la administración pública.

Andrés Hurtado afronta acusación con pedido de prisión e inhabilitación

La fiscal Mónica Silva Escudero, de la Fiscalía Anticorrupción, detalló que la solicitud contra Andrés Hurtado contempla 4 años y 8 meses de prisión, 10 años de inhabilitación y el pago de 242 días-multa. Para Frieda Roxana del Águila Tuesta, la acusación es por tráfico de influencias agravado, solicitándose 5 años y 4 meses de prisión, la misma inhabilitación y 487 días-multa.

La acusación fiscal fue derivada al despacho del juez Walter Huayaní, quien dispuso el traslado del documento a los abogados defensores y demás partes procesales. El Ministerio Público argumenta que existen elementos de convicción suficientes para sustentar la acusación, entre los que destacan registros de comunicación y testimonios que apuntan a coordinaciones indebidas en favor de Siucho.

Ambos imputados, Hurtado y Del Águila, afrontan restricciones para ejercer funciones públicas mientras dure el proceso, conforme a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía. El proceso se encuadra en la política institucional de persecución penal de los delitos de corrupción de funcionarios.

Hermanos Siucho entregaron pruebas que comprometerían a Andrés Hurtado

La acusación se fundamenta en los hechos ocurridos en 2019, cuando Roberto Siucho Neira gestionó ante Migraciones la renuncia a su nacionalidad peruana para incorporarse a un club de fútbol en China. Según la investigación, Andrés Hurtado habría intervenido para facilitar el trámite, presuntamente a través de contactos con funcionarios y la exsuperintendenta Del Águila.

Durante la investigación, los hermanos Iván y Roberto Siucho Neira entregaron a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos fotografías, videos y conversaciones de WhatsApp que involucrarían a Hurtado y Del Águila. Entre las pruebas presentadas figuran un video en el que Iván Siucho entrega dinero a Hurtado y capturas de pantalla de comunicaciones que hacen referencia a pagos y coordinaciones para la gestión ante Migraciones.

El fiscal adjunto supremo Denis Pérez Flores presentó también transcripciones de audios y mensajes en clave, así como registros de transferencias bancarias a la empresa AH Entertainment Company SAC, vinculada a Hurtado. Los peritos del Ministerio Público identificaron el uso de términos codificados como “cartones” para referirse a sumas de dinero y “chifa” para aludir a personas involucradas en la presunta red de tráfico de influencias.

Otro proceso penal pendiente contra Andrés Hurtado: presunto pago de coima y barras de oro

Andrés Hurtado no solo enfrenta este proceso judicial. Actualmente cumple mandato de prisión preventiva en el penal de Lurigancho por su presunta participación en otro caso de corrupción, que involucra el supuesto pago de una coima para recuperar barras de oro incautadas por el Ministerio Público a la empresa de Javier Miu Lei en 2020.

De acuerdo con la investigación, Hurtado habría actuado como intermediario entre Javier Miu Lei y la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta, a quien se le atribuye haber intervenido para devolver los bienes incautados. En este expediente, la Fiscalía sostiene que Hurtado utilizó su red de contactos para influir en la actuación de funcionarios públicos y facilitar la devolución irregular de las barras de oro.

El caso permanece en etapa de instrucción, mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas y testimonios. Tanto Hurtado como los demás implicados están sometidos a medidas restrictivas, en el marco de la lucha contra la corrupción en el sistema judicial peruano.

La Fiscalía General de la Nación reveló los delitos por los que será imputado el alcalde de Villa de Leyva, quien fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) la mañana del jueves 7 de mayo de 2026.

El mandatario, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue interceptado frente al edificio administrativo y el Museo Acuña en el centro histórico de la ciudad y trasladado a la sede principal de la Fiscalía en Bogotá.

En un comunicado oficial, la Fiscalía informó que la aprehensión se realizó como parte de una investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Según la entidad, “los elementos materiales probatorios indican que el mandatario habría sostenido reuniones presenciales y varias conversaciones por mensajería de texto y de voz con la representante legal de la empresa de inversiones”.

La autoridad judicial añadió: “En estas comunicaciones, al parecer, inicialmente le pidió contratar a una persona conocida, luego aumentarle el sueldo y finalmente le solicitó dinero”.

Según la Fiscalía, las presuntas exigencias de Gamboa Chaparro buscaban que la empresa obtuviera la licencia necesaria para avanzar en un proyecto urbanístico.

“Todo esto tendría como propósito favorecerla con el permiso que requería para avanzar en un proyecto urbanístico”, detalló el comunicado. La entidad judicial aseguró que, de comprobarse estos hechos, el funcionario habría incurrido en un exceso de sus funciones y una utilización indebida de su cargo.

“Para la Fiscalía General de la Nación, con estas posibles actuaciones ilícitas el exmandatario presuntamente se extralimitó en sus funciones y abusó del cargo”, se lee en el documento oficial.

La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará al mandatario los delitos de concusión y prevaricato por acción. “Será imputado por los delitos de concusión y prevaricato por acción”, precisó el comunicado distribuido desde la capital.

El operativo de captura fue reportado por Caracol Radio y generó gran expectativa entre los habitantes y visitantes de Villa de Leyva. Según testigos consultados por El Tiempo, el procedimiento se realizó a plena luz del día y causó conmoción en el municipio.

La investigación que involucra al mandatario se sostiene sobre una serie de actuaciones que, según la Fiscalía, incluyeron “reuniones presenciales y varias conversaciones” en las que se habrían realizado solicitudes irregulares a la representante legal de la empresa de inversiones. Entre las acciones descritas por la autoridad judicial figuran la solicitud de un nombramiento, el aumento salarial para un tercero y una suma de dinero a cambio de facilitar trámites administrativos.

La detención del alcalde de Villa de Leyva también se relaciona con una investigación por contratación irregular. De acuerdo con Caracol Radio, la Fiscalía indicó que el proceso involucra la adjudicación de un contrato a Javier Alexánder Múnevar González, quien, según el ente acusador, incumplió los requisitos legales y habría vulnerado el régimen de inhabilidades por omitir los principios de planeación y selección en la contratación pública.

El contrato cuestionado fue suscrito con Múnevar González, encargado de supervisar maquinaria amarilla, pese a ser hermano de la secretaria de Desarrollo Social local, Ángela Johana Múnevar González. Según la Fiscalía, “los estudios previos a la contratación fueron elaborados por la administración municipal tomando como base la propuesta que presentó Múnevar González tan solo dos días antes de la adjudicación”.

La entidad judicial señaló que este proceder impidió una evaluación objetiva e independiente conforme a la normativa, lo que supone una posible omisión a los principios de planeación y selección en la contratación pública. El reporte de Caracol Radio recordó que la Fiscalía imputó cargos al alcalde el 20 de enero de 2026 por presunta coautoría en delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y vulneración del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.

En el contexto local, se rumoraron otras posibles causas para la captura del mandatario, como procedimientos burocráticos o licencias de construcción, pero tanto Caracol Radio como El Tiempo coincidieron en que la Fiscalía General de la Nación no ha confirmado ningún motivo adicional más allá de la investigación por contratación irregular.

La causa, según la Fiscalía, se centra en hechos que “tendrían como propósito favorecer con el permiso requerido para avanzar en un proyecto urbanístico” y en presuntas exigencias ilícitas realizadas desde el cargo de alcalde. La investigación sigue abierta y la autoridad judicial mantiene la acusación sobre los delitos de concusión y prevaricato por acción contra Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.

La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (FENNAM) abrió una carpeta de investigación por la violación sexual de una joven de 22 años con síndrome de Down en la ciudad de Tampico, al sureste de Tamaulipas.

De acuerdo con la directora titular de la Dirección de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Tampico, Libby Zacil Adame Estrada, el caso fue reportado el pasado 5 de abril, luego de que la madre de la víctima solicitara apoyo institucional tras descubrir el embarazo de cuatro meses de su hija, durante una revisión médica.

Ante el hallazgo, la joven recibió apoyo psicológico, legal y médico, incluyendo el acceso a la interrupción legal del embarazo, por parte del Instituto de la Mujer de Tampico. En tanto, la denuncia formal fue presentada ante la FENNAM para el inicio de las diligencias correspondientes.

El marco legal que permitió la interrupción del embarazo

El artículo 361 del Código Penal de Tamaulipas establece que el aborto no es sancionable cuando el embarazo es producto de una violación. Bajo esa causal, el procedimiento se realizó en un centro de salud público con supervisión institucional, tomando en cuenta el tiempo avanzado de gestación y los riesgos médicos que esto representaba.

“En el caso de una violación, sí se puede abortar y también se le dio el apoyo. El producto ya no está dentro de la persona, ya se abortó y bueno… seguimos con los actos de investigación”, explicó Adame Estrada.

Autoridades buscan agresor

La carpeta de investigación permanece abierta en la FENNAM mientras las autoridades avanzan en la integración de pruebas. De acuerdo con la Dirección de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Tampico el siguiente paso es ampliar el testimonio de la víctima con el apoyo del perito especializado que aún se localiza.

“Estamos buscando a un perito en lenguaje de señas para que pueda hacer la traducción y seguir con los actos de investigación en la carpeta”, declaró Libby Zacil Adame Estrada, titular de la dependencia. La funcionaria subrayó que el perito también debe tener especialización en síndrome de Down, pues se trata de “un seguimiento especial”.

Las autoridades señalaron que este caso evidencia la situación de riesgo en que se encuentran las personas con discapacidad, especialmente quienes dependen de su entorno familiar o de terceros para su cuidado. La detección tardía del embarazo —ya en el cuarto mes— mostró la dificultad para identificar oportunamente indicios de abuso en esta población.

Las instituciones llamaron a la ciudadanía a denunciar ante los canales oficiales cualquier sospecha de violencia sexual contra personas con discapacidad. La atención integral —médica, legal y psicológica— es el eje de la respuesta institucional en este tipo de casos.

Hasta el momento, la Dirección de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Tampico mantiene el acompañamiento a la familia. La investigación continúa sin un detenido identificado hasta el momento.

El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X después de las declaraciones de Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, quien enfrenta un proceso judicial por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La exfuncionaria denunció supuestas presiones por parte de la Fiscalía General de la Nación para declarar contra los ministros del Gobierno nacional y calificó el proceso como “político”. “Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento”. señaló Ortiz.

En un breve mensaje, el presidente Petro afirmó que ya había denunciado el supuesto hostigamiento de la Fiscalía al Gobierno nacional por motivos políticos. Además, afirmó en su publicación que, supuestamente, se está encarcelando a quienes no denuncian a los ministros de su administración.

“Una fiscalía que persigue a un gobierno por política, tal como lo había denunciado. Meten a la cárcel si no denuncian ministros (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Detalles de la audiencia

El 6 de mayo de 2026, Sandra Ortiz, quien se desempeñó como alta exconsejera para las Regiones en la Presidencia de la República, compareció ante una audiencia judicial para denunciar presuntas presiones ejercidas por la Fiscalía General de la Nación.

Según Ortiz, estas presiones se extendieron por varios meses y tenían como objetivo que ella declarara en contra de ministros del gobierno de Gustavo Petro.

Durante su intervención, Ortiz relató: “Entregándoles mi celular, acudiendo, acudí muchas veces a la fiscalía antes de que me dieran la medida de aseguramiento. Y como se lo dije un die-- un día el coordinador de la fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, me dijo: ‘Si usted no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento’”. De acuerdo con la exfuncionaria, el mensaje que recibió fue claro: su negativa a colaborar con la Fiscalía la exponía a medidas judiciales más severas.

La exconsejera también manifestó que su vinculación al proceso judicial se explica por su trabajo y cercanía con el presidente Gustavo Petro. “Y si hoy estoy en esta situación, hoy se lo hablo y lo digo abiertamente, es un tema político, y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo. Y si está dividida-- dividida la judicatura y les pido disculpas por un tema político, se lo estoy viendo por el tema de la trazabilidad, como han actuado algunos jueces de garantías frente a mi tema probatorio”, denunció Ortiz.

Ortiz afirmó estar en posesión de pruebas para respaldar sus afirmaciones sobre supuestas irregularidades en el actuar de los investigadores. “Yo le quiero decir, señora juez, que una de las pruebas contundentes de las muchas pruebas que vamos a presentar en la preparatoria nos las acaban de entregar. Algo que yo ya sabía y sospechaba y sospecho muchas cosas, pero yo no se las puedo venir a ustedes y si yo no tengo un medio de prueba y que pase por un juez de garantías, incluyendo mis celdas”.

Durante la audiencia cuestionó la ausencia de ciertos registros: “¿Ustedes pueden creer que el señor Sneyder Pinilla no tenía celdas en ese momento? Eso nos contestaron ya. Nos contestaron las celdas de el señor Olmedo, del señor, del señor Senador Name, del señor Carlos Ramón, de mis celdas, de, de Pedro Castro. Nos dieron las celdas de todo el mundo”.

La defensa de Ortiz presentó una recusación contra la jueza al considerar que existía una enemistad manifiesta que podía afectar la imparcialidad del juicio. El abogado defensor relató que la presión a la que fue sometida su clienta llegó a tal punto que Ortiz rompió en llanto y expresó a la jueza: “Si quiere, condéname de una vez”.

A lo largo del proceso, los abogados han sostenido que Ortiz fue víctima de presiones indebidas, al punto de solicitar protección para su familia por el impacto emocional sufrido. Desde el inicio, Ortiz ha rechazado cualquier vínculo con actos de corrupción y ha puesto en duda la existencia de un caso válido en su contra, aunque posteriormente realizó declaraciones contra exministros, explicación que ahora atribuye a las presuntas presiones del ente investigador.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia adoptó nuevos lineamientos prioritarios para investigar crímenes y amenazas contra periodistas y trabajadores de medios, tras la expedición de la Resolución 00119 de 2026. El documento introduce medidas que buscan no solo acelerar, sino también fortalecer la respuesta estatal frente a homicidios, intimidaciones y otras agresiones vinculadas con el ejercicio informativo.

El eje central de la resolución reside en un mandato de diligencia reforzada para los fiscales, quienes ahora tendrán la obligación de actuar de manera exhaustiva y sin dilaciones injustificadas. Este nuevo estándar implica recolectar, preservar y analizar las pruebas de manera integral y con mayor rigor técnico.

El ente investigativo, reconoce que las agresiones a periodistas trascienden el daño individual y afectan de forma directa la libertad de expresión y el acceso a la información, pilares del debate público. Por esa razón, el protocolo demanda que la investigación contextualice cada caso.

Es decir, se deberá analizar tanto la agresión en sí como los hechos que el periodista venía denunciando o verificando, con el fin de identificar motivaciones relacionadas con censura o represalias por exponer intereses ilícitos.

Una de las novedades más relevantes radica en la inclusión de un enfoque diferencial. Esta directriz rechaza la exigencia de acreditaciones formales para reconocer la condición de periodista: cualquier persona que ejerza labores informativas —incluso en entornos digitales— será amparada por estos protocolos.

Este matiz busca contrarrestar los efectos de amedrentamiento o autocensura que puedan derivarse de amenazas, así como el impacto negativo en la circulación de información de interés público.

Entre las acciones operativas, la Fiscalía refuerza los procedimientos para recepción, registro y canalización de denuncias. Ahora, se pondrá especial atención a asegurar una identificación adecuada de la condición de la víctima y la existencia de un nexo entre los hechos denunciados y la actividad profesional periodística.

Además, las diversas dependencias y direcciones especializadas de la entidad estarán obligadas a coordinarse de forma más eficiente, lo que permitirá identificar patrones criminales con mayor efectividad y evitar la fragmentación de causas.

En los casos donde exista un riesgo actual o inminente para la vida, integridad física o el ejercicio periodístico, el documento exige a los fiscales priorizar la protección de las víctimas, verificar de inmediato el nivel de amenaza y poner en funcionamiento los mecanismos de prevención para impedir nuevas agresiones.

El reglamento también ordena la creación de un canal permanente de diálogo entre la Fiscalía y organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa de la libertad de prensa. El objetivo es fortalecer tanto los dispositivos de prevención como el acompañamiento a las víctimas, además de facilitar la obtención de datos relevantes para las investigaciones.

Como complemento, la institución prevé la implementación de planes de capacitación dirigidos específicamente a los fiscales y a quienes reciben denuncias, con miras a garantizar que el aparato de justicia esté preparado para aplicar eficazmente los nuevos protocolos.

Defensoría lanzó alerta por la libertad de prensa en Colombia

El ejercicio periodístico en Colombia enfrenta actualmente un contexto de creciente presión y riesgo, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. El pronunciamiento subraya el aumento de agresiones y la aparición de nuevas formas de intimidación, en especial hacia periodistas que cubren temas sensibles.

El informe detalla que durante 2025 se documentaron 469 agresiones a periodistas, incluyendo amenazas, hostigamientos, bloqueos para acceder a información y ataques en redes sociales. Estas situaciones afectan tanto a comunicadores en grandes ciudades como a reporteros en zonas apartadas, donde la presencia de actores ilegales y tensiones políticas locales agravan el escenario.

La Fundación para la Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras aportan datos complementarios. Según la Fundación, el número de ataques evidencia la constante presión sobre la profesión, mientras que Reporteros Sin Fronteras ubica a Colombia en el puesto 115 de 180 países evaluados en libertad de prensa, mostrando desafíos estructurales persistentes.

El informe destaca que la censura y la presión no se limitan a agresiones tradicionales, sino que también se manifiestan en campañas de desprestigio, ataques coordinados y difusión de información manipulada en entornos digitales. La Defensoría del Pueblo insiste en que la protección de la libertad de prensa debe ser integral y que las respuestas institucionales deben ir más allá de acciones reactivas, priorizando la prevención, protección y seguimiento.

El fiscal Mario Andrés Burgos presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General de la Nación y dejará oficialmente el cargo el próximo 11 de mayo de 2026. La salida del funcionario ocurre en medio de los cambios internos que atraviesa la entidad tras el reciente concurso de méritos adelantado para proveer miles de cargos de carrera administrativa.

Burgos, quien se desempeñaba como fiscal delegado ante el Tribunal de Distrito de Bogotá, comunicó su decisión mediante una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y a directivos del ente acusador. En el documento señaló que su retiro responde a motivos personales y profesionales.

Sin embargo, según reveló el diario El Tiempo, la salida del fiscal también se da en un contexto en el que su permanencia dentro de la entidad ya era incierta debido a los resultados del concurso de méritos adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con ese medio, fuentes internas indicaron que el cargo que ocupaba Burgos fue ganado por otro funcionario dentro del proceso de selección, por lo que su salida del ente acusador de todas maneras se perfilaba como inminente.

El concurso de méritos y los cambios internos en la Fiscalía

El reciente concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación hace parte de un amplio proceso de reorganización institucional con el que la entidad busca proveer cerca de 4.000 cargos de carrera administrativa en diferentes dependencias del país.

El proceso incluyó evaluaciones de experiencia, conocimientos y competencias para definir quiénes ocuparían cargos de planta dentro de la entidad bajo criterios de carrera administrativa.

En ese contexto, varios funcionarios que venían desempeñando determinados cargos quedaron a la expectativa de los resultados del concurso, debido a que otros aspirantes podían obtener mejores puntajes y quedarse oficialmente con las plazas ofertadas.

Según la información conocida por El Tiempo, el puesto que ocupaba Mario Burgos habría sido adjudicado a otro funcionario dentro de ese proceso, situación que coincidió con la presentación de su renuncia irrevocable.

Aunque Burgos explicó públicamente que su salida obedecía a decisiones personales y profesionales, la coincidencia temporal entre su dimisión y los cambios derivados del concurso ha generado atención en las redes sociales, especialmente por tratarse de uno de los fiscales con mayor exposición pública en los últimos años.

Fuentes citadas por ese medio dan a entender que, incluso si no se hubiera producido la renuncia, los movimientos internos derivados del concurso de méritos habrían impactado su continuidad en el cargo que venía desempeñando.

La renuncia será efectiva el 11 de mayo

En la carta fechada el pasado 4 de mayo, Burgos indicó que permanecerá en funciones hasta el próximo 11 de mayo con el propósito de entregar en orden los procesos y expedientes que estaban bajo su responsabilidad.

“Esta determinación responde a consideraciones de carácter personal y profesional que me conducen a culminar esta etapa de mi vida al servicio de la institución”, manifestó el fiscal.

Asimismo, aseguró retirarse con la satisfacción de haber cumplido sus funciones dentro del ente investigador.

“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí en el ejercicio de mis funciones”, agregó en el documento.

Solicitud urgente de medidas de protección

Uno de los puntos que más llamó la atención de la renuncia fue la advertencia sobre una situación de riesgo que, según Burgos, afecta tanto su seguridad como la de su familia.

En la comunicación enviada a la Fiscalía, el funcionario pidió la adopción inmediata de medidas de protección.

“Solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes, prioritarias y eficaces orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar”, señaló en la carta.

Hasta el momento no se conocen detalles específicos sobre las amenazas o circunstancias que motivaron la solicitud de seguridad.

Los casos que marcaron la carrera de Mario Burgos

Mario Burgos se convirtió en uno de los fiscales más visibles del país durante la administración del exfiscal general Francisco Barbosa, debido a su participación en investigaciones de alto impacto político, judicial y mediático.

Uno de los procesos más relevantes fue el caso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Burgos lideró la etapa inicial de la investigación y estructuró las solicitudes judiciales contra el exdiputado del Atlántico. Sin embargo, posteriormente fue apartado del expediente tras cuestionamientos de la defensa y decisiones internas de la Fiscalía.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial también le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del caso, entre ellas la supuesta filtración de material reservado y posibles presiones indebidas durante diligencias judiciales.

Pese a las controversias, Burgos defendió públicamente sus actuaciones y sostuvo que todas sus decisiones estuvieron enmarcadas en la ley.

El fiscal también tuvo un papel destacado en el caso del asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, proceso en el que intervino durante las audiencias contra Jhonier Leal, posteriormente condenado por el doble homicidio.

Asimismo, participó en la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, crimen que tuvo repercusión internacional y que llevó a la judicialización de varios responsables materiales.

En los últimos meses, Burgos también venía actuando como fiscal titular en el proceso por el asesinato de María Mercedes Gnecco, en el que el principal señalado es José Manuel Gnecco, pareja de la víctima.

En entrevista con Canal N, el fiscal provincial Joan Balladares explicó que la medida responde a las limitaciones establecidas en el Código Penal para el delito imputado. Según indicó, la investigación fue abierta por lesiones culposas agravadas, ilícito que contempla una pena de entre cuatro y seis años de prisión.

¿Por qué no se solicitó prisión preventiva?

Durante la entrevista, Balladares precisó que la legislación peruana exige una prognosis de pena superior a cinco años para solicitar prisión preventiva. “El delito que se le ha atribuido a la señora es un delito culposo, previsto en el artículo 124 del Código Penal, y tiene una pena de cuatro a seis años”, señaló.

El fiscal agregó que el requisito mínimo para aplicar prisión preventiva no podía cumplirse en este caso. “Sería imposible solicitar una prisión preventiva”, afirmó al explicar los criterios legales que impidieron requerir dicha medida contra la investigada.

Asimismo, indicó que la Fiscalía actuó dentro del marco del proceso de flagrancia, luego de que la Policía comunicara el caso aproximadamente dos horas después del atropello. Tras ello, se realizaron diligencias como el dosaje etílico, exámenes toxicológicos y otras actuaciones propias de la investigación.

Proceso continúa

El representante del Ministerio Público informó que el caso fue derivado a un proceso inmediato, mecanismo judicial que permite acelerar las investigaciones y obtener una sentencia en menor tiempo que un proceso ordinario.

“Hemos decidido incoar proceso inmediato para darle una respuesta rápida a la ciudadanía”, declaró Balladares a Canal N. Explicó que este procedimiento permite que, en un plazo aproximado de 15 a 30 días, el Poder Judicial programe la audiencia correspondiente para emitir sentencia.

La Fiscalía también confirmó que la conductora aceptó su responsabilidad en el hecho. Mientras continúa el proceso judicial, permanecerá bajo medidas restrictivas y reglas de conducta obligatorias impuestas por las autoridades.

Confirman estado de ebriedad

Las diligencias fiscales confirmaron que Maricsa Polet Alfaro Cerna se encontraba en estado de ebriedad al momento del atropello. Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que esta condición ya se encuentra contemplada dentro del tipo penal de lesiones culposas agravadas y no modifica el límite legal requerido para solicitar prisión preventiva.

Balladares explicó además que el caso habría tenido un tratamiento penal distinto si la víctima hubiera fallecido. “Si hubiera sido homicidio culposo, la pena se eleva de cuatro a ocho años”, sostuvo durante la entrevista con Canal N.

Según detalló, bajo la actual calificación jurídica, las facultades de la Fiscalía se encuentran limitadas por el marco legal vigente, motivo por el cual se optó por continuar el proceso bajo comparecencia con restricciones.

Conductora fue detenida por transeuntes

La Policía informó que la detención de la investigada fue posible gracias a la intervención de ciudadanos que presenciaron el hecho. Entre ellos, un repartidor de delivery y varios transeúntes bloquearon el paso de la camioneta utilizando una motocicleta para impedir que la conductora abandonara el lugar.

Para la Fiscalía, esta situación permitió asegurar la identificación y permanencia de la investigada durante las diligencias sin necesidad de una detención prolongada. Además, las autoridades señalaron que el cumplimiento de las restricciones impuestas será monitoreado constantemente.

Finalmente, Balladares indicó en Canal N que este caso representa uno de los primeros procesos inmediatos en libertad por lesiones culposas tramitados en la unidad de flagrancia de La Libertad. Añadió que la resolución final dependerá de la programación de la audiencia judicial correspondiente.

“Entregándoles mi celular, acudiendo, acudí muchas veces a la fiscalía antes de que me dieran la medida de aseguramiento. Y como se lo dije un die-- un día el coordinador de la fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, me dijo: “Si usted no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento””, expuso Ortiz.

Según sus declaraciones, “eso pasó. Yo tengo la carta que le envía la fiscalía y la trazabilidad que le envié en ese momento a mi abogado. O sea, nosotros, desde ese momento, yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”.

Incluso, señaló que las autoridades competentes se empeñan en privarla de la libertad por su trabajo y cercanía con el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Y si hoy estoy en esta situación, hoy se lo hablo y lo digo abiertamente, es un tema político, y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo. Y si está dividida-- dividida la judicatura y les pido disculpas por un tema político, se lo estoy viendo por el tema de la trazabilidad, como han actuado algunos jueces de garantías frente a mi tema probatorio”, denunció Ortiz.

La exfuncionaria del Gobierno Petro señaló que cuenta con las pruebas respectivas para sustentar sus acusaciones contra los investigadores vinculados con el ente acusador.

“Yo le quiero decir, señora juez, que una de las pruebas contundentes de las muchas pruebas que vamos a presentar en la preparatoria nos las acaban de entregar. Algo que yo ya sabía y sospechaba y sospecho muchas cosas, pero yo no se las puedo venir a ustedes y si yo no tengo un medio de prueba y que pase por un juez de garantías, incluyendo mis celdas”.

Ortiz manifestó en la audiencia: “¿Ustedes pueden creer que el señor Snyder Pinilla no tenía celdas en ese momento? Eso nos contestaron ya. Nos contestaron las celdas de el señor Olmedo, del señor, del señor Senador Name, del señor Carlos Ramón, de mis celdas, de, de Pedro Castro. Nos dieron las celdas de todo el mundo”.

A renglón seguido, dijo: “¿Pues sabe qué nos dijeron? Que las celdas de Snyder no existen. Y el día de mi imputación a mí me imputaron un recorrido con un señor que se llama Snyder Pinilla, que no tiene celdas. Entonces, fiscalía dígame, ¿de dónde está sacando esas celdas de ese señor? Doctor, doctor Mauricio, discúlpeme por adelantar muchas cosas. Tenemos una preparatoria, pero es eso”.

La defensa de Sandra Ortiz presentó una recusación contra la juez encargada de su caso al señalar que existe una situación de enemistad manifiesta que comprometería la imparcialidad del juicio, conforme a las declaraciones realizadas en la diligencia pública. El abogado defensor relató que, debido a la intensidad de las presiones ejercidas, su representada llegó a romper en llanto y, en un momento de angustia, pronunció ante la jueza: “Si quiere, condéname de una vez”.

A lo largo del proceso, los abogados han insistido en que Ortiz fue “constreñida”, e incluso solicitaron protección para su familia, dado el impacto emocional que habría padecido durante su comparecencia. Desde el inicio, la exconsejera para las regiones negó cualquier implicación en actos de corrupción y también puso en duda la existencia de un caso, aunque luego entregó declaraciones contra exministros, acto que atribuye ahora a las presuntas presiones del órgano investigador.

Por su parte, la Fiscalía solicitó el inicio de un proceso inmediato y la imposición de restricciones en contra de la conductora, esto debido a la gravedad de las lesiones de la víctima y su estado delicado de salud.

La Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de La Libertad formalizó una solicitud de proceso inmediato por lesiones culposas. Además, pidió que se ratificara la incautación de pruebas y que se impusieran comparecencias con restricciones a la investigada, según informó Exitosa.

Detalles del accidente ocurrido en Trujillo

La noche del domingo 3 de mayo, en la intersección de Los Tallanes con Las Capullanas, distrito de Víctor Larco, un vigilante resultó gravemente herido tras ser atropellado por un automóvil de alta gama. Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto del impacto, mientras el trabajador realizaba sus labores.

La Policía Nacional del Perú identificó a la conductora como Maritza Polet Alfaro Serna, de 32 años, quien tenía la licencia de conducir vencida desde 2022. El examen de alcoholemia resultó positivo. El vehículo involucrado está registrado como perteneciente a una empresa llamada Grupo Forestal del Perú S.A.C.

Sobre el estado de la víctima, esta sufrió policontusiones y lesiones de pronóstico reservado al ser empujado contra una pared. Vecinos auxiliaron al vigilante y lo trasladaron al Hospital Belén de Trujillo, donde permanece internado y sigue en estado crítico.

Víctima de atropello sigue en UCI

Juan Martínez Torres continúa en cuidados intensivos con diagnóstico de policontusiones y evolución clínica incierta. El parte médico señala un pronóstico reservado; permanece bajo estricta vigilancia médica, según Exitosa.

Familiares del vigilante expresaron su temor y exigieron que se determinen responsabilidades. “La situación de Juan es crítica y queremos justicia”, reclamaron públicamente.

La atención social sobre el caso en Trujillo se mantiene elevada, con creciente indignación por la decisión judicial y preocupación por la salud del lesionado.

En los próximos días se esperan nuevas definiciones de las autoridades respecto a la situación legal de la conductora. El proceso continúa y la expectativa pública se centra tanto en la evolución del caso como en la recuperación de la víctima.

¿Qué puedo hacer en caso de un accidente?

En situaciones de accidente de tránsito, sin importar si eres víctima o testigo, es primordial actuar con rapidez. Primero, la prioridad es contactar a los servicios de emergencia, utilizando los siguientes números:

• 110 para la Policía de Carreteras
• 116 para la Compañía de Bomberos
• 106 para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Las víctimas deben recibir atención médica sin importar si el vehículo tiene o no un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ya que existe un fondo de compensación asociado al SOAT que cubre los gastos médicos indispensables.

“¿Dónde se encuentra, señor?”, preguntó un agente policial durante la intervención. “En partes”, respondió el investigado, mientras otro efectivo insistía en obtener mayores detalles sobre la ubicación de los restos humanos. Las imágenes difundidas por Panamerica TV muestran el momento en que los agentes realizan preguntas al detenido dentro de la vivienda intervenida.

Prisión preventiva a los investigados

El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Cusco, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, quienes son investigados por el presunto homicidio de Rudy Benavides. Según la investigación preliminar, los restos de la víctima fueron hallados descuartizados y cocinados dentro de un inmueble.

El caso salió a la luz el 24 de abril, luego de que víctima fuera reportado como desaparecido tras varios días sin conocerse su paradero. La PNP ingresó a la vivienda debido a reiteradas denuncias de vecinos por fuertes olores fétidos provenientes del lugar. Durante la inspección, los agentes encontraron restos humanos y diversos elementos vinculados al crimen.

Detalles de la investigación

Durante la audiencia judicial, representantes del Ministerio Público señalaron que los investigados habrían intentado deshacerse de las evidencias tras el asesinato. “Comenzó a buscar transporte para deshacerse de las evidencias y, al no lograrlo, seccionó la cabeza y el abdomen y los puso en dos ollas”, indicó la Fiscalía durante la exposición del caso.

Asimismo, la Policía dejó constancia del hallazgo de partes humanas dentro de la vivienda. “Se encontró el torso de un cuerpo humano junto a la cama, así como dos ollas conteniendo una cabeza”, se informó durante las diligencias presentadas ante el Poder Judicial.

Más involucrados

En la audiencia también se mencionó la existencia de presuntos videos relacionados con el crimen. Según lo expuesto por la defensa y el Ministerio Público, las grabaciones mostrarían escenas posteriores al homicidio y podrían aportar nuevos elementos a las investigaciones.

La Fiscalía no descarta la participación de otras personas en el caso. De acuerdo con lo señalado durante la audiencia, existirían indicios que apuntan a que más individuos habrían estado presentes en el inmueble al momento en que la víctima se encontraba herida. Mientras tanto, las investigaciones continuarán durante el periodo de prisión preventiva.

Números de emergencia PNP

En Perú existen diversas líneas de emergencia que funcionan de manera gratuita las 24 horas del día para atender situaciones de riesgo y brindar asistencia inmediata a la población. Entre las principales se encuentran el 105 de la Policía Nacional, el 116 de los Bomberos y el 106 del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), destinados a reportar delitos, incendios, accidentes y emergencias médicas.

A estos servicios se suman otras líneas especializadas. El 110 corresponde a la Policía de Carreteras para incidentes en vías nacionales, el 115 de Defensa Civil atiende emergencias relacionadas con desastres naturales y el 113 de Infosalud ofrece orientación médica. Asimismo, la Línea 100 está habilitada para denuncias y atención de casos de violencia familiar y sexual, mientras que el 117 pertenece al servicio de ambulancias de EsSalud.

Las autoridades recomiendan mantener estos números registrados en los teléfonos móviles para facilitar una rápida comunicación ante cualquier incidente. También recuerdan que el uso indebido de las líneas de emergencia, como llamadas falsas o bromas, puede afectar la capacidad de respuesta y retrasar la atención de casos reales que requieren intervención urgente.

La Fiscalía General de la Nación fijó citación a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por el delito de violación de datos personales en el caso contra Daysuris Vázquez, el 12 de mayo a las 11:00 a. m.

La diligencia marca un nuevo capítulo dentro de una investigación que apunta a presuntos accesos no autorizados a información privada. La autoridad judicial atribuye a Laura Ojeda la supuesta participación en la obtención de datos sensibles de Day Vásquez, en un escenario donde las versiones de ambas alimentaron el expediente desde su apertura.

La Fiscalía sostiene que existen elementos que vinculan a la citada con la presunta consulta de información privada de quien hoy figura como contraparte en el proceso. De acuerdo con lo conocido por la autoridad, el caso tiene origen en hechos ocurridos en 2022.

En ese momento, Day Vásquez —que entonces estaba casada con Nicolás Petro— habría desembolsado alrededor de $20 millones para lograr la interceptación de las comunicaciones de Laura Ojeda, su amiga. La acción habría surgido a partir de una sospecha de infidelidad por parte de su pareja, lo que detonó el inicio de una serie de acusaciones recíprocas entre ambas barranquilleras.

El caso de Day Vásquez y Laura Ojeda que llegó a los tribunales

El 1 de agosto de 2023, el ente acusador formalizó la imputación contra Day Vásquez por el delito de violación de datos personales; la procesada no aceptó los cargos en esa primera diligencia, lo que abrió un camino judicial sin acuerdos inmediatos y con recolección de material probatorio adicional.

Durante 2024, el debate jurídico se trasladó al reconocimiento de la calidad de víctima y la defensa de Laura Ojeda -actual pareja de Nicolás Petro y madre de su hijo, Luka- insistió en su participación dentro del proceso, mientras la contraparte cuestionó ese rol.

En noviembre de ese año, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Barranquilla ratificó en segunda instancia que Laura Ojeda sí tenía esa condición, decisión que le permitió intervenir en las audiencias y ejercer oposición frente a eventuales beneficios para la imputada.

En el mismo expediente también se vinculó a Génesis Olave, allegada de Laura Ojeda, tras señalarse presuntas interceptaciones a su dispositivo móvil, es decir, que las dos habrían sido víctimas de este hackeo.

El 14 de mayo de 2025 se produjo otro punto de quiebre, ya que la Fiscalía General de la Nación confirmó la ausencia de un preacuerdo entre las partes respecto a este delito.

Aunque en otras líneas del caso Day Vásquez logró avanzar mediante un principio de oportunidad, la violación de datos personales quedó por fuera de ese beneficio ante la negativa de la víctima y la falta de consenso judicial.

Laura Ojeda pasó de víctima a victimaria luego de la contrademanda de Day Vásquez

La disputa judicial entre Day Vásquez y Laura Ojeda tuvo un giro tras la denuncia que la exesposa de Nicolás Petro presentó contra la actual pareja del hijo del presidente, en lo que se produjo un “efecto espejo”, es decir, se trata de la misma línea de denuncia que se abrió inicialmente, pero en este caso la propia denunciante aparece también como presunta víctima dentro del mismo tipo de hechos.

De acuerdo con la denuncia, Vásquez sostiene que también habría sido víctima de un hackeo en su información personal, presuntamente ejecutada desde el entorno de Nicolás Petro y con posible conocimiento de Ojeda.

La tesis que plantea Day Vásquez apunta a que, tras su ruptura sentimental, se habría activado un seguimiento a sus comunicaciones, movimientos y registros financieros.

Dentro de los elementos que se pusieron en conocimiento de las autoridades figuran chats y grabaciones que, según la defensa de Vásquez, evidenciarían intentos de acceso no autorizado a cuentas digitales. Ese material fue entregado a la Fiscalía como soporte para abrir una noticia criminal, que hoy avanza en etapa de indagación preliminar.

Por esa razón, Laura Ojeda deberá presentarse ante la justicia, pero es importante señalar que este hecho se suma a otro proceso en curso, mientras avanzan dos expedientes que comparten una misma base delictiva.

En paralelo, se desarrolla el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, donde Daysuris Vásquez figura como “testigo estrella” en el caso.

Un tribunal de Cusco ordenó 9 meses de prisión preventiva para dos jóvenes acusados de asesinato y canibalismo en el caso del trabajador del sector turismo Rudhy Benavides Charalla, generando conmoción en la región y marcando un precedente en el fuero penal.

El magistrado José Cáceres Pizarro ordenó el 28 de abril el internamiento de Gabriel Alexis Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, ambos de 21 años, en el penal de Qenccoro mientras se amplía la indagación judicial. El fiscal a cargo, Tamara Catacora Jara de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cusco, defendió el pedido no solo por la brutalidad del homicidio calificado, sino también en los cargos de hurto agravado y posesión de marihuana.

Durante la audiencia, se indicó que Rudhy Benavides Charalla había sido visto por última vez el 18 de abril, cuando salió de su vivienda hacia el centro histórico de Cusco, donde fue víctima del robo de su teléfono móvil antes de ser atacado. Los peritos establecieron la hora de la muerte en la madrugada del 19 de abril.

La víctima, según la investigación, fue agredida con un arma blanca y un tenedor en el cuello y gritó su nombre sin que nadie oyera sus pedidos de auxilio salvo los agresores. Parte de los hechos quedaron documentados en dos grabaciones: una muestra a Benavides agonizando y la otra, a un perro lamiendo su sangre.

Investigación por presunto canibalismo

Según la Agencia Andina, la investigación evidenció que los autores intentaron encubrir el crimen mutilando y cocinando el cuerpo, repartiendo partes a al menos siete perros pertenecientes a Condori Olmedo.

Según las investigaciones, uno de los móviles del canibalismo habría sido el hambre, ya que los sospechosos se encontraban varios días en estado de ebriedad y bajo los efectos de drogas sin ingerir alimentos.

El robo y la venta del celular por 110 soles permitieron a los investigados adquirir más alcohol y bolsas plásticas para almacenar los restos de la víctima; el dinero fue gastado inmediatamente, mientras uno de ellos, Franco Tinco, huyó temporalmente de la vivienda.

La policía y los familiares de Benavides Charalla descubrieron la escena el 25 de abril en una casa de adobe. Condori Olmedo fue detenido en ese lugar tras confirmar la presencia del cadáver y responder: «sí, y en partes» ante la pregunta sobre el paradero de la víctima.

La inspección policial halló dos ollas con la cabeza y la piel de Benavides y baldes que contenían vísceras. Al día siguiente, Franco Tinco fue arrestado en el mercado de Vinocanchón y se le incautó marihuana.

Según lo establecido en la audiencia, los imputados deberán permanecer internados en Qenccoro hasta que se esclarezca el móvil completo. Los familiares y allegados de Benavides Charalla, vinculados a varios colectivos sociales y patronales de Cusco, acompañaron su entierro en el cementerio de La Almudena con una concurrida muestra de duelo.

Según la valoración judicial, la pena que enfrentan Gabriel Alexis Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco por homicidio calificado y otras conductas asociadas no sería inferior a 15 años de cárcel, conforme a los parámetros establecidos en la investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cusco.

El Poder Judicial confirmó la autorización que permitió los allanamientos realizados el 10 de abril en la investigación sobre presuntas contrataciones irregulares durante el gobierno de José Jerí. Las diligencias fueron realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional en inmuebles relacionados con 23 personas luego de que se revelaran visitas de varias jóvenes al Palacio de Gobierno, quienes accedieron a contrataciones u órdenes de servicios en entidades estatales.

Mediante una resolución del 30 de abril, la Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima consideró que el juez Manuel Chuyo fundamentó la urgencia de los allanamientos y la incautación de bienes debido al interés público en esclarecer los supuestos beneficios indebidos otorgados en esa gestión, según el documento citado por RPP. El tribunal también concluyó que la medida no vulnera la inviolabilidad de domicilio ni el derecho de defensa, al buscar evidencias imposibles de obtener por medios convencionales.

El Ministerio Público investiga el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado por estos hechos. El 13 de febrero, además, la Fiscalía de la Nación, órgano del Ministerio Público, anunció una investigación preliminar a José Jerí por presunto tráfico de influencias vinculado a la contratación de jóvenes luego de reuniones privadas con el entonces mandatario.

Cinco mujeres implicadas en el caso

Según la resolución a la que accedió Infobae, existe un patrón sistemático de direccionamiento de contrataciones que iniciaba inmediatamente después de visitas, sobre todo al Despacho Presidencial. Las 5 mujeres implicadas son:

• Ledy Guadalupe Vela Ramírez: Sostuvo una reunión el 1 de noviembre en el Despacho Presidencial con Jerí. Tras estos encuentros, obtuvo órdenes de servicio en EsSalud por 6.330 soles y un contrato FAG en el Ministerio del Ambiente por 10 mil soles mensuales. También se investiga su contratación en el Ministerio de la Producción tras una visita de Jerí cuando este aún no era mandatario.
• Rubiel Cristina Beraún Rojas: Se reunió con Jerí en el Despacho Presidencial el 1 de noviembre de 2025. Posteriormente, fue contratada por dicha entidad en 2 oportunidades para servicios de comunicación interna y protocolo por un total de 21.500. La Fiscalía advierte una “inusual celeridad” en la presentación de sus propuestas económicas.
• Violeta Emperatriz Beas Otero: Visitó a Jerí el 1 de noviembre de 2025. El 24 de diciembre fue designada Secretaria Nacional de la Juventud en el Ministerio de Educación. Se cuestiona su nombramiento porque, tras revisar su currículum, no acredita los 8 años de experiencia general exigidos por ley para el cargo.
• Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez: Registró cinco ingresos al Despacho Presidencial entre octubre y noviembre de 2025. Obtuvo contratos por 11 mil y 16 mil soles tras presentar propuestas técnicas en menos de 20 minutos de recibida la invitación, lo que evidenciaría un direccionamiento previo.
• Alicia Alexandra Camargo Leiva: Se reunió con el mandatario el 14 de octubre de 2025. Fue contratada como locadora FAG por S/ 10,000 mensuales. La Fiscalía sostiene que se redujeron los estándares de experiencia mínima en los términos de referencia para adecuarlos a su perfil y cubrir funciones estructurales de forma irregular.

Más funcionarios involucrados

La Fiscalía también tiene en la mira a 18 funcionarios de distintos niveles y entidades. Estos serían autores del delito de negociación incompatible, al presuntamente haber utilizado sus cargos para viabilizar estos beneficios.

En el Ministerio de la Producción, José Manuel Ramos Aliaga, jefe de Gestión Empresarial; Christian Antonio Flores Magino, director de Programa Nacional Tu Empresa; y Sonia Mily León Rivera, responsable de Adquisiciones habrían activado los trámites a favor de Vela Ramírez tras la visita de Jerí.

En EsSalud, los funcionarios Juan Mael Palomino Espinoza, Joshua Raúl Quiroz Zevallos y Mauro Melgar Ríos son señalados por formular requerimientos a medida de la misma mujer.

En el Ministerio del Ambiente, Galo Omar Díaz Meléndez, exjefe de Asesores, y Edgar Anddy Sánchez de la Cruz, exsecretario General, habría facilitado el contrato FAG de Vela.

Por su parte, en el Ministerio de Educación, la secretaria general Doris Lorena Gavilano Iglesias y la jefa de RR. HH. Magali Ella Meza Mundaca serían las responsables de validar el perfil de Beas Otero pese a no contar con la experiencia requerida.

Finalmente, en el Despacho Presidencial, están involucrados el exsecretario general Benito Roberto Villanueva Haro, el exsubsecretario Hernán Piero Cuba García, el exjefe de Asesores Royer Azañero Álvarez y el exejecutivo de Protocolo José Antonio Torrico Obando habrían coordinado la contratación de Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva.

En Palacio también están involucrados Luis Abelardo Vera Tafur, Antuhanet Erica Leandro Reyes, Mirelia Liz Cano Gutiérrez y Yasmín Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo por sus intervenciones en las certificaciones de presupuesto y formalizaciones de contratos.

La fortuna de S/ 31 millones en cuentas bancarias de un capitán de la Policía Nacional del Perú ha activado una investigación fiscal por enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, dado el contraste con el salario que percibe como agente. Sin embargo, Román Vallejos Castillo intenta justificar sus ingresos millonarios con sus actividades empresariales pues sostiene que ese dinero procede de su negocio en la compra y venta de vehículos a través de la empresa Prama Cars SAC.

Vallejos detalló a Panorama que el dinero proviene del comercio de autos usados. “Yo compro y vendo vehículos y tengo mi empresa. Más de seiscientos que están en mis actas de transferencia”, aseguró el capitán, quien remarcó que puede cerrar operaciones por varios miles de soles en apenas un par de horas.

En conversación con el medio periodísticos, Vallejos insistió en que “20 firmas por 20 mil dólares son 400 mil dólares. En plata, más de un millón de dólares ¿Y cuánto te demoras para eso? 20 firmas, ponle dos, tres horas y ya vendiste cuatrocientos mil dólares”.

El capitán PNP insistió en que su actividad comercial hace viable ese movimiento de fondos, y negó vínculos personales con los otros investigados en el caso del “cambiazo de oro”.

Vallejos aseveró que su labor policial, desde 2024, transcurre en Apurímac, fuera de Lima, y rechazó haber recibido o distribuido ganancias ilícitas derivadas del oro sustraído. Manifestó también que posee documentación que prueba el origen lícito de los fondos, aunque no entregó dichas pruebas cuando fueron requeridas por el equipo de Panorama.

El capitán enfatizó que Prama Cars SAC fue constituida en 2022 y que los traspasos de vehículos están inscritos en registros oficiales.

Investigación fiscal y presunta red de robo de oro

La Fiscalía identificó discrepancias entre los ingresos justificables de Vallejos y lo hallado en sus cuentas, según reportes de La República. El oficial registró S/ 31,4 millones entre enero de 2023 y enero de 2025, con un ingreso oficial de solo S/ 4.000 mensuales y S/ 96.000 totales reportados durante el periodo investigado.

El Ministerio Público sostiene que la empresa relacionada, Prama Cars SAC, solo reportó la venta de 96 vehículos en el plazo analizado, con precios estimados entre USD 6.000 y USD 10.000, lo que no justifica las cifras millonarias detectadas. Panorama precisó que en 2023, el capitán recibió abonos en efectivo por más de S/ 8 millones, volumen que coincide con el momento del robo de oro en San Juan de Lurigancho.

La investigación describe un mecanismo en el que oficiales del área de Inteligencia sustraían lingotes, los cambiaban por parte de cobre y transferían las ganancias por canales personales o empresas pantalla. “Una vez que es apropiada la barra, esta es comercializada a través de otro capitán de la Policía Nacional de nombre Román Vallejos”, relató el fiscal Reynaldo Mina a Panorama.

El informe pericial indica que el supuesto blanqueo de capitales se estructuró a través del negocio de Vallejos, que habría funcionado como fachada para la legitimación de fondos de origen ilícito.

Detalles de la operación ‘cambiazo de oro’

De acuerdo con La República, el caso gira sobre un “cambiazo” documentado el 22 de mayo de 2023. Ese día, agentes de Inteligencia de la Policía sustrajeron un lingote valorado en 2 millones de soles durante un operativo en San Juan de Lurigancho, y, según la fiscalía, Vallejos fue quien canalizó la venta clandestina.

El procedimiento implicó la sustitución del oro por cobre y la posterior colocación del metal en el mercado ilegal, lo que permitió el reparto de beneficios entre los participantes. Un colaborador eficaz señaló que Vallejos blanqueaba el dinero a través de Prama Cars SAC y entregaba parte de las utilidades al capitán Jorge Benítez Gutiérrez, jefe en la División de Inteligencia y mencionado como cómplice.

Las autoridades detectaron que la fecha del robo coincide con un depósito de S/ 8,5 millones en las cuentas del capitán, cifra que corresponde al valor comercial del lingote sustraído. La fiscalía subraya la relación con episodios de minería ilegal y vínculos de clientes de Prama Cars con el transporte de oro, reforzando la hipótesis de una red interna en la Policía Nacional destinada al desvío de metales preciosos.

El peritaje financiero recoge además movimientos internacionales y sucesivos abonos en dólares, indicio de una operativa transnacional de blanqueo de capital.

Situación actual y continuidad del proceso

Vallejos fue detenido de forma preliminar por orden judicial durante siete días, pero terminó en libertad y continúa ejerciendo funciones en la Policía Nacional. El proceso penal sigue abierto por enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, mientras el Ministerio Público mantiene diligencias para determinar el origen de los fondos.

Fuentes fiscales indicaron a La República que los S/ 31 millones detectados en las cuentas de Vallejos podrían ser solo una parte de un esquema más amplio de robos y “cambiazos” de oro. Esta hipótesis se apoya en pruebas documentales, declaraciones de testigos protegidos y un flujo de dinero sin relación razonable con el sueldo y patrimonio del oficial.

A la espera de una resolución, el caso sigue bajo el escrutinio de la opinión pública. La figura de Vallejos ilustra el dilema entre la imagen de un empresario destacado y la de un funcionario rodeado de graves sospechas.

El hallazgo de más de S/31 millones movilizados en las cuentas bancarias del capitán Román Vallejos Castillo en apenas dos años ha ka sospecha de la Fiscalía sobre una posible relación entre operaciones contra la minería ilegal y oficiales que organizaban el robo de lingotes de oro que eran reemplazados por cobre en casos conocidos como “cambiazos”.

La suma investigada, S/31,4 millones según peritaje contable dado a conocer por La República, indica que resulta injustificable que el agente de la PNP haya amasado tal fortuna frente a los ingresos oficiales registrados por el capitán Vallejos, quien según declaraciones juradas de Bienes y Rentas, tenía un sueldo de S/4 mil mensuales y sumó únicamente S/96 mil en ingresos legítimos entre 2023 y 2025.

Esta discrepancia es el eje de la acusación fiscal que lidera Luis Mina Abanto, imputándole enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo. En la documentación figura que Prama Cars, empresa perteneciente a Vallejos, fue titular de 96 vehículos, pero las ventas no justifican la suma de S/31,4 millones, cifra que a la fecha sigue sin explicación.

El mecanismo empleado implicaría transferencias bancarias en Perú y el extranjero en apariencia legales, aunque de origen presuntamente ilícito. El levantamiento del secreto bancario arrojó que entre enero de 2023 y enero de 2025, Vallejos recibió abonos por 13,4 millones de soles en cuentas locales y movimientos adicionales en dólares durante el mismo periodo.

La red policial detrás del robo de oro: modus operandi y complicidades

El enriquecimiento de Vallejos se sustenta en una estructura criminal dentro de la Policía Nacional, compuesta por oficiales del Departamento de Inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la Brigada Especial contra la Criminalidad de San Juan de Lurigancho. Según La República el capitán sería el encargado de filtrar información de la Policía y disponía vehículos de Prama Cars para el transporte del oro que debía incautarse por las autoridades.

Uno de los episodios documentados por la fiscalía corresponde al 21 de mayo de 2023. Vallejos advirtió a su compañero de promoción, el capitán Jorge Benítez Gutiérrez —jefe del Departamento de Búsqueda de la División de Inteligencia de la Dirincri— que la empresa Key Transport Group trasladaba cuatro lingotes de oro valorizados en S/2 millones. Un día después, el equipo de Benítez y el coronel Rafael Morón Díaz realizó la intervención, pero los lingotes nunca llegaron a poder de la autoridad competente.

Un colaborador eficaz detalló que el oro fue reemplazado por barras de cobre y vendido en el mercado ilegal. Las ganancias eran repartidas entre los involucrados, con el capitán como organizador y encargado de los beneficios.

Según la misma fuente, el 10 de julio de 2023, durante un traslado al almacén de Servicios Aeroportuarios Andinos (SASAA), en el Callao, se sustrajo un lingote de oro. Los investigadores consignaron que el abono de S/8,5 millones en la cuenta de Vallejos coincide con el valor de un lingote robado por S/5,8 millones, reforzando la hipótesis fiscal de un enriquecimiento sin respaldo en la actividad formal de la empresa automotriz.

Prama Cars y las justificaciones del capitán Vallejos

La defensa de Vallejos atribuye sus millonarios movimientos bancarios a la compraventa de autos usados mediante Prama Cars, empresa constituida el 18 de marzo de 2022 con un capital de S/5 mil y la participación de su padre, Apolinar Vallejos Vásquez, según registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) citados por La República.

Sin embargo, la evidencia señala que la firma vendió apenas 96 vehículos en el periodo investigado, a precios unitarios de USD 6.000 a USD 10.000, un rango insuficiente para justificar el volumen de dinero detectado.

El colaborador eficaz y la red de relaciones en la Policía Nacional

El vínculo clave de Vallejos es el capitán Jorge Benítez Gutiérrez, su compañero en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional y pieza fundamental en los “cambiazos” de metales preciosos.

Según La República, un colaborador eficaz bajo protección fiscal colocó a ambos en el centro de una red dedicada a utilizar la institución para apropiarse de oro y desviar las ganancias ilícitas hacia cuentas personales y empresas pantalla.

El fiscal Luis Mina Abanto indicó a al diario que la investigación continúa y lo identificado no sería todo: el hallazgo de los S/31 millones en las cuentas de Vallejos sería un indicio de que habría más “cambiazos”.

Una adulta mayor que, aparentemente, no representaba un riesgo fue enviada a prisión domiciliaria. Así se estableció tras la divulgación de detalles del proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación, que la mañana del sábado 2 de mayo de 2026 confirmó la judicialización de Judith Elbertes Jay Cuervo.

Según el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, la detenida está acusada de liderar una serie de estafas denunciadas en Antioquia y Valle del Cauca.

La investigación indica que utilizaba supuestas subastas judiciales de inmuebles como fachada para no levantar sospechas. Además, se presentaba como abogada y simulaba tener influencias en entidades públicas y juzgados civiles, lo que le permitía convencer a sus víctimas de que podía intervenir a su favor en remates de bienes.

De acuerdo con lo que detalló el documento oficial, Jay Cuervo está implicada en al menos 12 eventos delictivos que dejaron 15 personas afectadas en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca).

La Fiscalía expuso en audiencia que la procesada solicitaba diversas sumas de dinero a sus víctimas con el argumento de agilizar trámites y garantizar la adquisición de fincas y viviendas en zonas urbanas. Entre los servicios ofrecidos figuraban la gestión de fichas catastrales y la supuesta aceleración de procesos en juzgados.

Tras recibir las consignaciones en sus cuentas bancarias, Judith Elbertes Jay Cuervo perdía contacto con los afectados, no devolvía los recursos entregados ni concretaba la entrega de las propiedades ofrecidas.

La maniobra dejó a varias familias sin el dinero invertido y sin acceso a los bienes que les habían asegurado.

Así actuaba la abuela estafadora: no respondía luego de que le consignaban

En uno de los apartes de la audiencia que compartió el ente investigador se conoció uno de los casos y cómo fue el accionar de la adulta mayor.

“Bajo la promesa de pujar y agilizar los trámites en dichos juzgados para la adquisición de estos bienes, tanto muebles como inmuebles, las víctimas consignan la suma o para iniciar de 64 millones de pesos a la cuenta de ahorros (de Judith Elbertes Jay Cuervo)”, explicó el fiscal.

Después de que la procesada obtenía el efectivo, el funcionario afirmó que “la señora (Jay Cuervo) desapareció con dicho dinero, lo que generó que las víctimas se dirigieran a los referidos juzgados donde le indicaron que no se estaban llevando a cabo esos remates y que los documentos, soportes que le había entregado la señora Judith a estas víctimas”.

Los ciudadanos víctimas quedaban estupefactos al verificar en que dichos soportes de estas transacciones vinculadas al trámite judicial “no eran o no correspondían a ese despacho judicial”, explicó el fiscal.

El otro ejemplo que se usó en medio de la diligencia judicial se presentó en octubre del 2025 para explicar las artimañas que utilizaba la procesada para quedarse con el dinero.

“La señora Judith se comunica nuevamente con esta víctima y le informa que el 27 de octubre tendrían diligencias de levantamiento de las medidas cautelares del embargo de dicho bien, que el 30 de ese mismo mes era el diligenciamiento de la notificación de resolución de adjudicación y el 7 de noviembre del 2025 sería o estaba programada la diligencia de escritura pública”, explicó el fiscal para mostrar qué clase de excusas se inventaba la mujer.

Pero lo que ella hacía era aprovecharse “para llevar a cabo esa maniobra engañosa y aprovechar nuevamente esa comunicación para ofrecerle un local en el municipio de Rionegro (Antioquia)”, detalló en funcionario.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Antioquia presentó a la mujer ante un juez de control de garantías que le imputó el delito de estafa agravada. Durante la audiencia, la procesada aceptó el cargo y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.

El ente reportó también que no era la primera vez que esta mujer tenía que responder ante la justicia por prácticas ilegales similares.

Lo anterior, debido a que Jay Cuervo ya había sido sentenciada a 42 meses de prisión por un juez de conocimiento en Marinilla (Antioquia) por actividades delictivas similares cometidas en el oriente antioqueño, es decir hay reincidencia es su conducta.

Por esta razón, al final las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que verifiquen la autenticidad de los procesos de remate de inmuebles y eviten entregar dinero a intermediarios no autorizados.

Al final, desde la Fiscalía se puntualizó que seguirán abiertas las investigaciones para identificar a posibles nuevos afectados y evitar que se repitan este tipo de estafas en la región.

La Fiscalía inició una investigación preliminar por presunta trata de personas luego de recibir denuncias sobre la captación de ciudadanos peruanos mediante supuestas ofertas laborales en Rusia.

Según las denuncias, los afectados viajaron tras firmar contratos para trabajar en actividades de seguridad, cocina o conducción y, al llegar, sus pasaportes fueron confiscados y se les obligó a participar en el conflicto armado contra Ucrania.

La investigación está a cargo de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte, que han dispuesto diligencias urgentes como la toma de declaraciones, el pedido de información a Cancillería y Migraciones, y la coordinación con la Policía Nacional.

En los últimos días, al menos 135 familias han presentado denuncias, aunque abogados que representan a los afectados estiman que el número real podría superar los 250 casos.

Se reportan testimonios en los que los contratos fueron suscritos en lugares informales, en ocasiones en idioma ruso, y que al arribar a territorio extranjero, algunos ciudadanos fueron entregados a grupos armados y sometidos a entrenamiento militar antes de ser enviados a la línea de combate.

Las familias de los afectados afirman que han perdido contacto con sus allegados, algunos desde hace más de dos semanas, y que existen casos de peruanos heridos y fallecidos en el frente de guerra.

Respuesta estatal y acciones internacionales

Ante la proliferación de denuncias, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Embajada de Rusia en Lima información sobre la ubicación y el estado de salud de los ciudadanos peruanos en la zona de conflicto.

La embajada rusa respondió que proporcionará datos en breve, en conformidad con la legislación vigente y en interacción directa con los familiares designados por los connacionales.

El gobierno peruano también instruyó a su embajador en Moscú a intensificar el diálogo con autoridades rusas para abordar esta problemática y dispuso la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, Defensa, Trabajo y Cancillería para articular acciones y dar seguimiento a los casos.

Los abogados de las familias denunciantes señalan que la mayoría de los peruanos captados carece de experiencia militar, y que fueron atraídos por ofertas de empleo difundidas en redes sociales, con promesas de salarios elevados.

Se reportan situaciones en que los afectados, tras llegar a Rusia, habrían sido forzados a firmar nuevos contratos y a permanecer incomunicados durante semanas. Algunos testimonios recabados incluyen audios enviados desde zonas de combate donde se solicita auxilio ante la falta de apoyo consular y la exposición al peligro.

El Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante ofertas laborales en el extranjero que carezcan de garantías verificables, para prevenir nuevas situaciones de captación y explotación.

Asimismo, reafirmó su compromiso de impulsar las investigaciones y coordinar, junto a entidades nacionales e internacionales, la protección y eventual repatriación de los peruanos afectados.

En paralelo, se han reportado casos similares en otros países de la región, donde ciudadanos fueron captados bajo modalidades similares para ser enviados a zonas de conflicto.

El hecho se habría producido en el contexto de la custodia de cuatro lingotes de oro incautados y posteriormente trasladados a una bóveda del Banco de la Nación. En ese proceso, uno de los lingotes habría sido reemplazado por una barra de bronce, pese a que inicialmente estaba registrado como material aurífero.

Acta de deslacrado y material incautado

El caso se sustenta en un acta de deslacrado, apertura de caja de madera y entrega de material aurífero, elaborada el 24 de mayo de 2023. De acuerdo con el citado medio, en dicho documento se consignó la verificación de los lingotes incautados, los cuales habían sido incautados en un operativo policial previo.

Una de las piezas identificada con el número 5398-2 fue registrada inicialmente como un lingote de oro de color dorado. Sin embargo, posteriores revisiones habrían determinado que se trataba de una barra de bronce, lo que activó las alertas dentro de la investigación fiscal.

En esa diligencia participaron dos policías investigados, una fiscal y el ingeniero químico Waldir Vásquez Calderón, quien estuvo a cargo del análisis físico-químico de las piezas de alto valor.

Presunta irregularidad en peritaje

La hipótesis del Ministerio Público señala que el perito habría aceptado una presunta propuesta del suboficial Hugo Mario Arce Pérez, consistente en recibir un beneficio económico indebido a cambio de consignar información que no se ajustaría a la verdad en su informe técnico.

Según informó Canal N, este elemento es considerado clave dentro de la investigación, debido a que el peritaje químico es uno de los principales soportes técnicos para determinar la naturaleza del material incautado. La posible alteración de dicho informe habría permitido que el cambio del lingote no fuera detectado oportunamente.

En paralelo, la investigación también alcanza a miembros de la Policía Nacional del Perú que habrían participado en la cadena de custodia del material aurífero, así como en la diligencia de verificación realizada en el Banco de la Nación.

Pedido fiscal y situación de los investigados

La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el coronel Rafael Morón y tres suboficiales de la Policía Nacional, quienes están comprendidos en la investigación por su presunta vinculación con el denominado “cambiazo”.

En total, el caso involucra a 12 investigados. De ellos, seis se encuentran bajo comparecencia simple, mientras que otros han enfrentado medidas restrictivas o han sido liberados durante el proceso de investigación fiscal.

Uno de los detenidos que obtuvo su libertad es el capitán Jorge Mauricio Benítez, quien, de acuerdo con la tesis fiscal, habría tenido un rol en la presunta organización del cambio del lingote de oro.

Defensa y controversia en la investigación

En conversación con Canal N, Stefano Miranda, abogado del coronel Rafael Morón, sostuvo que no existen elementos directos que vinculen a su patrocinado con el presunto delito, señalando que las imputaciones provienen principalmente de aspirantes a colaboradores eficaces y de testimonios indirectos.

Asimismo, el letrado cuestionó la consistencia de las declaraciones y afirmó que no se han precisado fechas ni entregas de dinero que sustenten la acusación. En esa línea, indicó que el coronel Rafael Morón rechaza las imputaciones y ha solicitado que la investigación se desarrolle con objetividad.

Por su parte, la defensa también expresó dudas sobre el hecho de que algunos implicados habrían recuperado su libertad, pese a que, según su postura, tendrían una participación directa en los hechos investigados. El proceso continúa en etapa de investigación preparatoria bajo supervisión del Ministerio Público.

Sobre el proceso de extinción de dominio de más de 400 locales comerciales de la marca Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando que superaría más de 730.000 millones de pesos, se confirmó que la administración de los bienes incautados fue asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Desde la entidad confirmaron que la administración incluye 405 locales, 40 inmuebles, vehículos y una sociedad con presencia en 59 ciudades, y uno de los objetivos principales es garantizar la sostenibilidad comercial y proteger los derechos laborales de más de 2.000 empleados durante la transición.

La SAE confirmó que las investigaciones revelaron que la empresa habría utilizado una red de sociedades ficticias para ingresar mercancía de manera irregular y simular operaciones legales; a pesar de ello, la intención del Estado es que los derechos de los empleados sean respetados, por lo que las tiendas permanecerán abiertas mientras avanza el trámite judicial.

Proceso contra Lili Pink podría replicar lo registrado con Drogas La Rebaja

Debido a que no es la primera vez que el Estado interviene una empresa reconocida en Colombia, el caso es comparado con lo registrado en su momento con Drogas La Rebaja, que era utilizada por el cartel de Cali para lavar sus activos.

Al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, Julio César Rivera, docente del Consultorio Jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano, recordó que un proceso de extinción de dominio no es una sanción automática ni una condena anticipada.

“Se trata de una acción judicial de carácter patrimonial que inicia la Fiscalía General de la Nación ante jueces especializados, con el objetivo de que estos determinen si los bienes fueron adquiridos o utilizados con dineros de origen ilícito. Es decir, lo que se discute no es la actividad comercial en sí misma, sino el origen de los recursos”.

Rivera anticipó que mientras esté abierto el caso, que podrían ser varios años, el proceso regular incluye que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sea administradora provisional de los activos, no como propietaria definitiva.

“Es clave entender que esta administración tiene un principio fundamental: proteger el valor económico y social de los bienes mientras se define la situación jurídica, y al mismo tiempo garantizar los derechos de terceros de buena fe. Entre esos terceros están, por ejemplo: los trabajadores, cuyos derechos laborales deben preservarse; los acreedores, que tienen obligaciones contractuales vigentes; los arrendadores de locales, que deben seguir recibiendo los cánones mientras los establecimientos estén operando; y los proveedores y contratistas que no hacen parte del litigio judicial”, explicó el docente.

El docente recordó que esto mismo se registró tras la intervención contra Drogas La Rebaja, que siguió funcionando debido a que se confirmó que la empresa generaba ganancias sin tener que depender de los activos ilegales de sus propietarios.

“En el caso de Lili Pink ocurre algo similar, ya que la intervención no implica el cierre de la empresa, ni una declaración de culpabilidad, sino una administración transitoria hasta que un juez determine si la Fiscalía tiene razón en sus señalamientos o si, por el contrario, no se configuran los presupuestos para la extinción de dominio”.

Sobre un posible desenlace en este caso, el experto mencionó que podría terminar con los bienes a favor del Estado, puesto que en estos procesos no se suele intervenir sin pruebas contundentes.

“Si el juez le da la razón a la Fiscalía, los bienes pasarán de manera definitiva al Estado; si no, la empresa puede ser restituida a sus propietarios. Precisamente por eso, se trata de una medida provisional y garantista, que busca equilibrio entre la persecución de economías ilícitas y la protección de la economía real, el empleo y los derechos de terceros”.

Por último, Rivera confirmó que las tiendas de Lili Pink no serán cerradas, puesto que la administración asumida por la SAE confirma que se trata de una empresa funcional.

“En conclusión, Lili Pink puede mantenerse operando porque el ordenamiento jurídico colombiano privilegia la continuidad empresarial bajo administración controlada, mientras se resuelve el proceso judicial, entendiendo que cerrar una empresa viable genera un daño mayor que administrarla correctamente durante ese período de definición”.

El Ministerio Público del Perú lanzó una nueva convocatoria laboral masiva para mayo de 2026 con más de 70 plazas disponibles bajo los regímenes CAS y 728, dirigidas a postulantes con distintos niveles educativos, desde secundaria completa hasta titulados universitarios. Se trata de una de las ofertas más amplias del sector público en las últimas semanas, con sueldos que pueden superar los S/ 7.200 mensuales, dependiendo del perfil y tipo de contrato.

Las vacantes están distribuidas en diversas regiones del país como Piura, Tacna, San Martín, Madre de Dios, Callao, La Libertad, Lambayeque y Ucayali. Un detalle clave que los postulantes deben tener en cuenta es que cada plaza tiene su propia fecha límite de postulación, por lo que revisar el cronograma específico es fundamental para no quedar fuera del proceso.

¿Qué vacantes ofrece el Ministerio Público en mayo 2026?

La convocatoria del Ministerio Público incluye una amplia variedad de perfiles, lo que permite que tanto profesionales como estudiantes accedan a oportunidades laborales en el sector justicia. A continuación, te presentamos un resumen organizado según nivel educativo:

Secundaria completa

• Asistente administrativo (conductor)
• Notificador
• Operario de limpieza: Sueldos desde S/ 1.494 hasta S/ 5.015

Estudiantes universitarios (desde 6.º y 8.º ciclo)

• Asistente administrativo
• Operador administrativo (informática y sistemas): Remuneraciones entre S/ 3.164 y S/ 5.015

Bachilleres universitarios

• Asistente en función fiscal (principalmente en Derecho)
• Especialistas administrativos (ingeniería, informática, etc.): Sueldos que van desde S/ 3.564 hasta S/ 6.105

Titulados universitarios

• Abogado
• Psicólogo
• Perito contable
• Asistente social
• Analista: Remuneraciones más altas, entre S/ 4.364 y S/ 7.236

Uno de los puestos mejor remunerados es el de analista en Lambayeque, con un sueldo de S/ 7.236 bajo el régimen 728, seguido de plazas para abogados y especialistas administrativos con ingresos superiores a los S/ 6.000.

En cuanto a la modalidad de contrato, las plazas CAS (Contrato Administrativo de Servicios) presentan sueldos más variables, mientras que las del régimen 728 suelen ofrecer mayor estabilidad laboral y mejores beneficios, lo que las convierte en altamente competitivas.

¿Cómo postular a estas convocatorias del Ministerio Público?

Si estás interesado en participar en este proceso, debes seguir una serie de pasos clave para asegurar una postulación correcta:

1. Revisar las bases oficiales: Cada puesto cuenta con requisitos específicos. Es indispensable descargar y leer las bases de la convocatoria para verificar si cumples con el perfil solicitado.

2. Preparar la documentación requerida: Esto incluye CV documentado, anexos, declaraciones juradas y otros formatos exigidos por la entidad. Un error común es omitir documentos obligatorios.

3. Respetar las fechas de postulación: Las convocatorias tienen cierres escalonados:

• 11 de mayo: algunas plazas en Lambayeque
• 12 y 13 de mayo: vacantes en La Libertad, Callao, Piura y Tacna
• 14 de mayo: puestos en San Martín y Madre de Dios
• 15 de mayo: últimas oportunidades en Piura

4. Enviar la postulación por los canales indicados: Generalmente, el Ministerio Público habilita plataformas virtuales o correos institucionales para el envío de expedientes.

5. Hacer seguimiento al proceso: Tras la postulación, es importante estar atento a las publicaciones de resultados, evaluaciones y entrevistas.

Un punto clave es que muchas plazas están orientadas a la carrera de Derecho, especialmente para el cargo de asistente en función fiscal, lo que refleja la alta demanda de profesionales vinculados al sistema judicial. Sin embargo, también hay oportunidades en áreas como informática, contabilidad, ingeniería y psicología.

Finalmente, la entidad recuerda que solo se evaluarán las postulaciones que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos, por lo que una revisión detallada previa puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera del proceso.

Esta convocatoria representa una oportunidad relevante para quienes buscan ingresar al sector público con sueldos competitivos y experiencia en una de las instituciones clave del sistema de justicia en el país.

La Fiscalía General de la Nación informó la mañana del jueves 30 de abril de 2026 que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda.

El proceso se adelanta por la presunta comisión del delito de acoso sexual, contemplado en el artículo 210A del Código Penal.

De acuerdo con el ente investigador, los hechos investigados estarían relacionados con posibles actos de asedio e intimidación de tipo sexual contra funcionarias de las fuerzas militares, durante el periodo en que Zapateiro se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

La fecha de la audiencia de imputación será definida próximamente por el Tribunal Superior de Bogotá.

Infobae Colombia pudo establecer que el caso se encuentra en etapa preliminar y continuará bajo reserva hasta la realización de la diligencia judicial.

Cabe resaltar que la última salida en público del excomandante del Ejército se produjo a finales de febrero de 2026.

En esa ocasión, el general retirado criticó al ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez luego del ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la base militar de San Lucas, situada en la zona rural de Montecristo, en el sur de Bolívar, y cuyo saldo fue de 14 soldados resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

En un mensaje publicado en la red social X, Zapateiro cuestionó la falta de operaciones nocturnas, sostuvo que la respuesta oficial se restringe a sistemas de recompensas y denunció la existencia de una “mala valoración de riesgos y cero acciones para su mitigación”, sin medidas preventivas para proteger al personal militar.

El hoy investigado precisó en ese entonces, 28 de febrero de 2026, que “con operaciones nocturnas se minimiza en altísimo porcentaje (%) este tipo de hechos. Dejaron perder el sur de Bolívar. Ahora pretenderán que ofreciendo una recompensa solucionan el tema. ¡No, ministro y mandos! ¿Se perdió la iniciativa?”

Según informó el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, la acción fue atribuida al ELN.

El alto oficial calificó el hecho como un intento por frenar el avance de las tropas en la zona y reportó que la evacuación de los heridos contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la División de Aviación Asalto Aéreo, aplicando protocolos de seguridad estrictos.

Procuraduría investiga a exedecán de Gustavo Petro por presunto acoso sexual

El caso del general (r) Zapateiro se suma a uno de los más recordados en 2025.

Todo por cuenta del anuncio de la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, exedecán del presidente Gustavo Petro, y tras la denuncia de una oficial del Ejército Nacional que lo acusa de acoso sexual y agresión física y verbal, tanto a ella como a su hijo menor de edad.

Los hechos habrían ocurrido el 13 de mayo de 2025, durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército, en Bucaramanga.

La decisión del ente de control se conoció dos días después de que la historia fuera divulgada en redes sociales medios nacionales.

Según lo que señaló la Procuraduría en su comunicadi, la queja fue presentada ante la Defensoría del Pueblo y señala que el mayor Rodríguez Lemus, presuntamente en estado de embriaguez, abordó a la oficial en su vehículo, donde le hizo insinuaciones de carácter sexual y después la agredió.

La denunciante relató que Rodríguez Lemus le preguntó: “¿Usted sabe hacer rico el amor?”, y, ante su rechazo, la tocó en el hombro y los senos, e intentó tocar de manera inapropiada a su hijo de 12 años.

La situación escaló cuando el mayor, según el testimonio recogido por W Radio, insultó y amenazó a la oficial con expresiones ofensivas y la intimidó con repercusiones laborales, refiriendo su vínculo con la Presidencia de la República.

La denunciante expresó temor por su seguridad y la de su familia, y solicitó que los hechos no queden impunes ni sean encubiertos por las autoridades.

La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública lidera la investigación y ha dispuesto la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si corresponde la imposición de sanciones disciplinarias.

El organismo reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género, destacando que toda conducta de este tipo será investigada y sancionada conforme a la ley.

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación penal contra Rodríguez Lemus por presunto acto sexual violento.

En este proceso, ya han sido recibidas declaraciones de testigos y de la denunciante, quien detalló la secuencia de los hechos y las amenazas recibidas.

La oficial señaló que el mayor intentó comunicarse con su esposo para persuadirlo de no reportar la situación a los superiores.

Por su parte, Rodríguez Lemus declaró que las acusaciones en su contra son un montaje.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso. La investigación disciplinaria y penal avanza mientras la denunciante pide garantías para su integridad y el esclarecimiento de lo ocurrido.

A falta de tres meses para que termine el Gobierno Petro, uno de los puntos negativos del Gobierno nacional es que no concretó ningún tipo de acuerdo de paz con los grupos armados con los que negoció en reiteradas ocasiones.

Uno de ellos fue con la facción del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc liderada por alias “Calarcá”, que en julio de 2024 fue capturado y horas más tarde fue liberado por tener beneficios como gestor de paz de un proceso de paz que meses más tarde fue suspendido.

Estos factores provocaron que la Fiscalía General de la Nación tomara la decisión de imputarle cargos por su presunta participación en conductas punibles de especial gravedad en el contexto del conflicto armado colombiano.

De acuerdo con el ente acusador, los delitos por los que se formularán cargos contra “Calarcá” incluyen desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado, lo que terminaría de alejar a este guerrillero de cualquier proceso de paz.

Lo que le espera a “Calarcá” en caso de ser capturado

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado David Sinitave explicó todo sobre los cargos que le serán imputados a “Calarcá”, que incluyen penas que varían según agravantes y el grado de participación del acusado.

Sobre el delito de homicidio en persona protegida, el abogado especificó que este tipo penal está entre los protegidos por el derecho internacional humanitario y para este delito se parte de 40 años de prisión como pena mínima.

Sinitave explicó que estas penas pueden incrementarse de una tercera parte a la mitad si el delito fue cometido contra una mujer, según lo establecido en el inciso final del artículo correspondiente.

Respecto a la desaparición forzada, Sinitave indicó que este delito está incluido en el título sobre delitos contra la libertad individual y otras garantías, y la pena podría ser de entre 26 y 45 años de prisión como pena máxima.

El abogado añadió que la pena podría incrementarse a 50 años de prisión si se encaja la conducta típica en una o más circunstancias de agravación punitiva contenidas en el artículo 166 del Código Penal.

Sobre el delito de concierto para delinquir agravado, Sinitave señaló que la pena para este delito, considerando el agravante de los fines de desaparición forzada y homicidios, así como la presunta condición de cabecilla del acusado, estaría partiendo de 12 años de prisión, con incrementos posibles si se presentan agravantes establecidas en la ley.

En el análisis, el abogado mencionó cómo se determinaría la pena final en caso de comprobarse la responsabilidad de Díaz Mendoza en más de uno de los delitos mencionados.

“La Fiscalía pretende imputar a alias Calarcá de los anteriores delitos, sin tener hasta el momento mayor información de la forma en que se atribuirán cada una de las conductas punibles, y las penas puestas de presente anteriormente pueden variar de acuerdo el grado de participación que se le impute, autoría o complicidad, toda vez que para el determinador o más conocido que la persona de atrás se tiene prevista la misma pena del autor material del delito”, afirmó Sinitave.

Para Sinitave, en caso de que se registre la detención de “Calarcá”, se toma la pena más grave y se suman por las demás, sin que la sanción final supere el tope máximo legal de 60 años de prisión que existe en Colombia.

El jurista destacó que a la hora de fijar la pena, el juez deberá basarse en el sistema de cuartos y ubicarse en el cuarto del cual partirá la pena, lo que depende de si hay circunstancias de mayor punibilidad.

“Deberá argumentar suficientemente los otros meses de prisión que se adicionarán por cada uno de los otros delitos, toda vez que no es constitucionalmente válido hacer una suma aritmética de las penas de cada delito”.

Sinitave también se refirió a la salida de Alexander Díaz Mendoza de la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional, mencionando que esta decisión “obedece a una potestad discrecional y exclusiva del Presidente de la República”.

De esta manera, la imputación de cargos contra “Calarcá” se registra según lo establecido en la legislación penal colombiana, pero su retiro como representante en la mesa de diálogo responde a disposiciones constitucionales y legales vigentes a cargo de Gustavo Petro.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido este jueves no renovar en el cargo a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que llevaba cinco años al frente de la jefatura y había optado a la reelección. El relevo se produce después de que Lastra declarara como testigo en el juicio contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz, en el que sostuvo que este había sido el responsable de la difusión de correos internos relativos a la investigación contra el entorno de Isabel Díaz Ayuso.

La decisión se ha formalizado en el último Consejo Fiscal con la actual composición, previo a la convocatoria de nuevas elecciones dentro de la carrera. Aunque el órgano vota las propuestas, su informe no es vinculante y la elección corresponde de forma discrecional a la fiscal general. En este caso, la no renovación de Lastra se daba por probable en distintos sectores de la Fiscalía, donde existía expectación por el desenlace tras su intervención en el proceso judicial.

El testimonio en el juicio y sus consecuencias

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, Lastra relató una conversación mantenida el 14 de marzo con García Ortiz, cuando ya se habían hecho públicos los correos de la investigación. Según su versión, le recriminó directamente la filtración y este respondió que “eso ahora no importa”. La sentencia condenatoria en ese procedimiento recoge su testimonio y señala que actuó con lealtad al advertir a su superior de lo ocurrido.

No obstante, dentro del ministerio fiscal existen interpretaciones divergentes sobre su actuación. Mientras algunos fiscales consideran que su testimonio fue determinante y ajustado a su deber, otros cuestionan su comportamiento ese mismo día, al no atender llamadas posteriores del entonces fiscal general en un momento en que se intentaba articular una respuesta institucional para desmentir informaciones difundidas desde el entorno político madrileño. El entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, atribuyó su declaración a una supuesta “animadversión” hacia el equipo de la Fiscalía General.

En este contexto, un sector de la carrera fiscal interpreta el relevo como una consecuencia directa de su papel en el juicio, mientras que desde la Fiscalía General se defiende que responde a criterios de organización y renovación.

La nueva fiscal superior de Madrid será Isabel Martín, hasta ahora destinada en la Secretaría Técnica. Ingresó en la carrera fiscal en 2006 y desarrolló parte de su trayectoria en Melilla, donde llegó a ejercer como jefa. Posteriormente, asumió responsabilidades en el sistema de información del Ministerio Fiscal y colaboró con la Audiencia Nacional en materia de terrorismo yihadista. Desde 2018 formaba parte de la Secretaría Técnica, donde ha trabajado con distintos fiscales generales. Fuentes fiscales destacan su perfil técnico y su capacidad para asumir responsabilidades complejas.

Otros nombramientos

El relevo en Madrid se enmarca en una amplia tanda de nombramientos que la fiscal general ha comunicado tras la audiencia al Consejo Fiscal y que incluye un total de 22 cargos del Ministerio Fiscal . Entre ellos figura la propuesta de nombramiento de María Pilar Fernández Pérez como teniente fiscal de la Fiscalía de Galicia, esposa de García Ortiz, dentro del mismo paquete de designaciones .

Además, Pilar Rodríguez, hasta ahora fiscal jefa en Madrid y subordinada de Lastra, ha sido promovida a la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde ocupará plaza en la sección de lo Social. Rodríguez había sido investigada en la misma causa que afectó a García Ortiz por revelación de secretos, aunque el Supremo archivó el procedimiento contra ella al no apreciar indicios suficientes.

Rodríguez ingresó en la carrera fiscal en 1993 y desarrolló una parte de su trayectoria en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente regresó a la Fiscalía, donde ha ocupado distintos puestos, incluidos en violencia de género y en la propia Fiscalía General, antes de asumir la jefatura en Madrid en 2018.

El paquete de nombramientos incluye también la continuidad de Pilar Martín Nájera en la sección civil del Supremo y la reelección de Pedro Crespo al frente de la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Asimismo, el fiscal Julián Salto no ha consolidado su plaza en la Audiencia Nacional, siendo sustituido por María Eugenia Hernández Fernández.

Otros nombramientos afectan a distintas fiscalías territoriales: María José Osuna asumirá la jefatura de la Inspección Fiscal; Adrián Salazar será fiscal superior de Baleares; Javier Serrano-Jover en Canarias; Emilio Manuel Fernández en Castilla-La Mancha; María Asunción Losada en Aragón; y Francisco Javier Montero en Extremadura.

En el seno de la carrera fiscal, el sector conservador ha expresado críticas hacia esta tanda de decisiones, al considerar que están condicionadas por el desarrollo del juicio contra el exfiscal general. Por su parte, fuentes de la Fiscalía General sostienen que los nombramientos responden a un intento de equilibrio entre sensibilidades, subrayando la distribución entre asociaciones profesionales y fiscales no adscritos dentro del conjunto de designaciones.

Tres hombres, de 23, 24 y 26 años, fueron detenidos de manera preliminar en Lima y Piura, acusados de producir, poseer y distribuir material de pornografía infantil, en algunos casos utilizando a menores de su propio entorno familiar como víctimas. Las intervenciones se realizaron en el marco del operativo internacional ‘Aliados por la Infancia VI’, ejecutado de forma simultánea en 15 países.

Detenciones en Lima: víctimas dentro del entorno familiar

En Lima, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Fistrap) ejecutó dos allanamientos con fines de detención en los distritos de Lince y Cercado de Lima.

El primer caso involucra a A. España (23), quien fue detenido en Lince. De acuerdo con la investigación fiscal, habría utilizado a una menor de 10 años de su entorno familiar para producir material de contenido sexual infantil dentro de la vivienda donde ambos convivían. Además de la fabricación y difusión de estos videos, la fiscalía no descarta que la menor haya sido víctima de abuso sexual reiterado.

El segundo detenido, de 26 años, fue intervenido en el Cercado de Lima. Está acusado de cometer el delito de pornografía infantil en agravio de su hermana de 13 años. Según las primeras indagaciones, el sujeto habría almacenado, producido y difundido material ilegal utilizando dispositivos electrónicos.

Ambos casos están siendo investigados bajo estricta reserva. Las autoridades no descartan que existan más víctimas ni que el material haya sido distribuido a nivel nacional o internacional.

Un aspecto clave de las investigaciones es que los implicados no habrían utilizado líneas telefónicas para cometer los delitos, sino principalmente cuentas de correo electrónico. Fue una alerta emitida por Google la que permitió detectar el intercambio de material ilícito y dar inicio a las diligencias en Perú.

Hasta el momento, se ha confirmado la posesión y producción de contenido pornográfico infantil. Sin embargo, aún se investiga a quiénes se enviaban estos archivos y si existe una red más amplia de distribución.

Rescate de las víctimas y medidas de protección

Durante los operativos, las autoridades lograron rescatar a las dos menores afectadas en Lima. Ambas serán puestas a disposición de la Unidad de Protección Especial (UPE), bajo medidas que garantizan su integridad física, psicológica y emocional, así como la reserva de su identidad.

Las diligencias se realizaron con apoyo de la Policía Nacional del Perú y la ONG internacional Our Rescue, especializada en la lucha contra la explotación sexual infantil.

Intervención en Piura

En paralelo, en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, fue detenido Y. Ruiz (24), investigado por el delito de pornografía infantil en agravio de dos menores de edad.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y otros elementos tecnológicos que serán sometidos a peritajes para determinar la magnitud de los hechos y la posible existencia de más víctimas o redes de distribución.

Operativo internacional

Las detenciones forman parte de la operación “Aliados por la Infancia VI”, una acción conjunta entre autoridades de 15 países para combatir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

Según el Código Penal peruano, el delito de pornografía infantil se sanciona con penas de entre 10 y 15 años de prisión. No obstante, si se comprueba el delito de abuso sexual contra menores de edad, la pena podría alcanzar la cadena perpetua.

Canales de emergencia

• La Línea 113 es una herramienta muy importante para brindar apoyo y esperanza a las víctimas de violencia de género. Además de la atención en casos de violencia, ofrece servicios en especialidades como medicina, psicología, enfermería, nutrición y obstetricia, disponibles para peruanos y extranjeros a nivel nacional. Aparte de la línea 113, en Perú, las personas pueden denunciar casos de violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar a través de los siguientes números de emergencia:
• Línea 100: Un servicio gratuito y confidencial que brinda información, orientación y soporte emocional las 24 horas del día.
• Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú - 105: Atiende emergencias policiales.
• Centros Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen atención integral y multidisciplinaria a las sobrevivientes de violencia, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social. Los CEM operan de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los ubicados en comisarías están disponibles las 24 horas.

Además, las víctimas pueden buscar asistencia en comisarías especializadas en violencia familiar o centros de salud, donde se ofrecen servicios integrales.

Cabe precisar que cada 25 de abril se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato infantil, con el objetivo de fomentar los derechos de los niños a nivel mundial y para concientizar a la sociedad sobre las consecuencias del maltrato en los niños.

El hallazgo se produjo tras la denuncia de un trabajador de la empresa EMSA Puno, quien informó la sustracción de su motocicleta la tarde anterior. Gracias al sistema de geolocalización instalado en el vehículo, las autoridades identificaron el inmueble donde permanecía el objeto sustraído, de acuerdo con información de Exitosa.

El operativo, realizado la noche del martes, permitió a los agentes acceder a la propiedad señalada por el GPS, inmueble que, según las primeras investigaciones, correspondería al alcalde de Alto Patacamaya. En el lugar, los policías encontraron a Julia Mamani Fernández, la única presente en ese momento, quien aseguró no conocer detalles sobre la procedencia de los vehículos ubicados en el interior.

Durante la intervención, los efectivos descubrieron cuatro motolineales y dos motocargas. Una de las motocicletas tenía una denuncia de robo registrada desde el año 2016, según los archivos policiales.

Además, las motocargas presentaban distintivos oficiales: una llevaba el logotipo de la Municipalidad de Cepita y la otra, el emblema del Gobierno Regional de Puno. La mujer no pudo justificar la presencia de estos vehículos con identificativos institucionales en la vivienda, según información del medio.

La Fiscalía Provincial Penal de Puno dispuso la detención de Julia Mamani Fernández bajo la acusación de receptación agravada en flagrancia. Las autoridades trasladaron a la intervenida a la sede policial para continuar con las investigaciones y determinar el vínculo con el presunto delito. Por su parte, el alcalde señalado como propietario del domicilio permanece en paradero desconocido y, hasta el cierre de esta nota, según señaló Exitosa, no se había presentado ante las autoridades para responder por los hechos.

El caso generó alerta en la comunidad y motivó el despliegue de equipos especializados para realizar las diligencias correspondientes en la zona. La intervención forma parte de una estrategia de respuesta inmediata ante denuncias de robo de vehículos menores, un delito que afecta de manera recurrente a los trabajadores del sector público y privado en la región.

Según fuentes policiales, el uso de tecnología de geolocalización resultó decisivo para recuperar los bienes sustraídos y ubicar el punto exacto donde permanecían ocultos. La rápida reacción permitió no solo recuperar la motocicleta robada el día anterior, sino también detectar vehículos con antecedentes de hurto y otros que forman parte del patrimonio municipal y regional.

Las investigaciones continúan para determinar si existe una red dedicada a la sustracción y almacenamiento de vehículos menores en la zona.

Aunque es un mito que se deban esperar 72 horas para reportar una desaparición, en algunos casos tras el reporte las autoridades deben seguir un conducto para iniciar con el proceso de búsqueda.

Es por ello que la Fiscalía General de la Nación anunció el 29 de abril el inicio de la estrategia “Alerta Rosa”, en la que junto con 16 entidades llevarán a cabo un mecanismo de búsqueda inmediata en casos en los que se denuncie la desaparición de menores de edad, adolescentes y mujeres.

Desde el ente acusador argumentaron que esta estrategia responde a la necesidad de actuar con rapidez en casos donde el tiempo es un factor determinante. A partir de ahora, una vez se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados, se activará una alerta temprana a través de canales oficiales, lo que permitirá movilizar de manera articulada a autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, comunidades religiosas, medios de comunicación y ciudadanía en general.

“Fortaleceremos así las labores de búsqueda en todo el territorio, incluidas zonas de frontera y terminales aéreas, terrestres y marítimas”, es parte del comunicado oficial.

Además de la localización, este mecanismo contempla la adopción de medidas de protección para brindar condiciones de seguridad al ciudadano ubicado, especialmente respecto a riesgos asociados a violencias basadas en género.

Durante el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa, la Fiscalía confirmó que las entidades que participarán de la estrategia son: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional y Migración Colombia.

“Desde la Fiscalía General de la Nación ejercemos el liderazgo de la Alerta Rosa con una convicción profunda: la búsqueda de personas desaparecidas no es solo una obligación legal, es una prioridad institucional. Como cabeza del Comité de Coordinación Nacional, nuestra responsabilidad es garantizar que este mecanismo funcione de forma articulada, rigurosa y eficaz, y que ninguna alerta se diluya entre competencias fragmentadas o respuestas tardías. La Fiscalía no coordina desde el escritorio; coordina desde la acción, desde el territorio y desde la urgencia que cada caso exige”, fue parte de las declaraciones que hizo la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón.

Los tiempos de respuesta y la desinformación son las claves de la estrategia

En los detalles de la iniciativa, se confirmó que se tratará de un mecanismo de búsqueda inmediata basado en acciones coordinadas entre instituciones y ciudadanía, que contemplará una alerta masiva multicanal para difusión rápida de los casos y una estructura de coordinación interinstitucional.

De la misma forma, comenzará a funcionar un componente educativo para la prevención de la desaparición y la activación del sistema, puesto que uno de los objetivos es eliminar mitos como la falsa creencia de que se deben esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de un niño, niña mujer, adolescente o joven reportado como desaparecido.

“Las labores de localización no se detienen hasta encontrar a la persona. Con este mecanismo se envía un claro mensaje: una persona desaparecida no es un caso, es una vida que debe ser encontrada y una familia que espera”, es como termina el comunicado.

Cifras de desaparición no han sido reducidas en el país

Cabe recordar que, entre 2020 y 2025, en Colombia se registró un aumento en los reportes de desapariciones, con cifras oficiales que se mantienen entre 125.000 y 130.000 casos sin ser resueltos desde el inicio del conflicto armado.

Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entre 2016 y 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 2.144 casos relacionados con el conflicto armado. En 2024, se reportaron 252 nuevas desapariciones en 19 departamentos, con mayor concentración en Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Chocó.

Al presentar la iniciativa, Camargo destacó la naturaleza diferencial del mecanismo: “Rosa no es solo una alerta para buscar, es una alerta para proteger de manera reforzada. Busca llegar más rápido, movilizar más actores, activar más capacidades, precisamente allí donde el riesgo es mayor“, afirmó la funcionaria.

Camargo insistió en que el carácter urgente de la alerta elimina la posibilidad de demoras institucionales. Ante diversas autoridades y actores sociales, puntualizó: “No hay excusas burocráticas y no hay lugar para la inacción cuando la vida y la libertad están en riesgo“.

Con esto, la alerta Rosa rompe con criterios previos que exigían requisitos formales o clasificación de gravedad, dejando claro que la respuesta debe ser inmediata.

La fiscal también mencionó la dimensión política de la medida: “La alerta rosa es una señal clara de ese compromiso político estatal“. Según la jefa del ente investigador, la intervención interinstitucional debe evitar distinguir entre lo urgente y lo grave: ”Tampoco hay lugar para las clasificaciones de qué es lo urgente y qué no lo es, o qué es lo grave y qué no lo es. O tampoco para las respuestas asociadas a la formulación formal de una denuncia“, señaló, al tiempo que reiteró la obligación de una acción coordinada e integral.

En su posicionamiento, la fiscal general también enfatizó la función colectiva de la alerta: “Cada caso de desaparición nos interpela como instituciones y como sociedad“.

Desde su perspectiva, el mecanismo requiere la movilización inmediata de todos los actores implicados: ”La alerta tiene que funcionar como su nombre lo indica, como un acto urgente, urgente que nos movilice a todos para iniciar lo más clave que es esa acción de búsqueda“, sostuvo Camargo.

Este lanzamiento marca un esfuerzo coordinado de 17 entidades nacionales, incluyendo el Icbf, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, con la meta de acortar los tiempos en la búsqueda inmediata de niños, adolescentes y mujeres desaparecidos en Colombia.

La presentación del sistema traduce un trabajo conjunto de dos años, según enfatizó Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al señalar: “Contra las violencias de las niñas hay que actuar juntos y actuar a tiempo”.

El compromiso de integración interinstitucional cobra fuerza ante la fragmentación histórica del Estado colombiano. A juicio de Cáceres, “Tenemos un Estado que ha sido fragmentado, que ha sido dividido por competencias”, una situación que ha dificultado ofrecer respuestas ágiles ante situaciones de emergencia.

En el contexto de esta articulación, la directora del ICBF insistió en la responsabilidad compartida para lograr la protección de los derechos de la niñez: “Todos tenemos un ejercicio en la protección integral de los derechos de los niños”, una idea vinculada al propósito de la Declaración de Bogotá, que emergió en una conferencia ministerial mundial donde Colombia fue sede.

El objetivo inmediato del sistema, según Cáceres, es claro: “Reducir los tiempos de respuesta ante crisis, poder llegar a tiempo. Y en el caso de los niños y las niñas, creo que significa la vida entera, que el Estado pueda llegar a tiempo”.

La Alerta Rosa impulsa una transformación en la manera en que el Estado colombiano aborda la desaparición de menores y mujeres, al priorizar la acción inmediata y la articulación de múltiples entidades. Esta iniciativa refuerza la responsabilidad colectiva y elimina barreras administrativas, con el fin de fortalecer la protección y garantizar respuestas oportunas ante situaciones de riesgo.

El exalcalde de Medellín y nuevo superintendente de Salud Daniel Quintero denunció a través de su cuenta en X el incremento de maniobras fraudulentas que, según sus palabras, afectan el sistema de salud en Colombia.

“Esto ya es el colmo del colmo”, sostuvo en el video difundido, subrayando el alcance de la problemática que involucra presuntos casos de sobornos, coimas y suplantación de identidad para manipular pagos y designaciones dentro de instituciones del sector.

De acuerdo con Quintero, apenas un día después de reportar el intento de soborno recibido por parte de un individuo que buscaba su intervención para gestionar pagos atrasados, comenzó a recibir nueva información sobre redes de fraude.

El funcionario aseguró que personas estarían haciéndose pasar por él y por miembros de su familia para exigir pagos a cambio de agilizar trámites ante Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), así como para supuestamente garantizar nombramientos como interventores en entidades bajo medida especial en todo el país.

“Otra denuncia de corrupción. Le he pedido a la fiscalía investigar una modalidad de estafa de personas que se hacen pasar por mis representantes para estafar a IPS y pedirles plata para gestionar el pago de facturas”, manifestó.

Según detalló Quintero en el video, estas prácticas ilícitas no son nuevas y han afectado al sector durante décadas. “La salud se la vienen robando hace 30 años, pero esto tiene que parar”, advirtió, haciendo un llamado urgente a la ciudadanía para actuar frente a estos delitos.

El exalcalde pidió que quienes sean víctimas de estas estafas recopilen pruebas, como chats o grabaciones de las conversaciones, y procedan a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud.

“El mensaje es claro: aquí no se vende nada, aquí no se cobra por nada. Cumplimos nuestra misión, la cumplimos bien y punto”, afirmó Quintero.

El exmandatario insistió en que estos hechos deben ser investigados con rigor y que las autoridades competentes deben identificar y sancionar a los responsables.

La denuncia puso en evidencia la complejidad de las redes que operan detrás de los sistemas de pago y administración hospitalaria, un problema que, según el exalcalde, requiere atención inmediata para frenar el impacto negativo en la atención médica de millones de ciudadanos.

Revelan identidad del presunto intermediario en caso de soborno al superintendente de Salud

Una investigación penal sacude al sistema de salud colombiano tras revelarse la identidad del presunto intermediario que habría ofrecido pagos irregulares al superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle.

El caso, difundido por El Tiempo, involucra un intento de soborno vinculado a una IPS de salud mental, con conexiones empresariales y políticas aún en revisión.

La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación señaló a Juan Nicolás Pérez Torres como remitente del mensaje. Según el equipo de Quintero Calle, el contacto ocurrió vía WhatsApp poco antes de una intervención pública del presidente Gustavo Petro el 27 de abril.

En el intercambio, Pérez Torres habría propuesto “un porcentaje sobre las facturas” a cambio de facilitar pagos pendientes dentro del sistema sanitario, frase que ahora es pieza central en el proceso judicial.

La atención se centra en la trayectoria y los nexos de Pérez Torres. Registros empresariales lo identifican como representante legal y accionista de Politech IA SAS, firma fundada en agosto de 2025 en Bogotá. La correspondencia entre el número telefónico usado para el mensaje y el registrado por la empresa permitió consolidar su identificación.

Pérez Torres mantiene presencia en ambientes políticos y sociales. En redes se describe como estratega político vinculado a La Nueva Ola Progresista y figura como presidente de la Fundación Construyendo Futuro Desde las Regiones, institución creada en 2024 en Cundinamarca.

Esta fundación comparte líneas de contacto con ofertas laborales en una IPS dedicada a salud mental, lo que refuerza la hipótesis de una red que conecta actividades empresariales, selección de personal y posibles intereses en la intermediación de pagos.

La Fiscalía investiga si la IPS vinculada a esas ofertas laborales corresponde a la mencionada en la denuncia. Para Quintero Calle, este tipo de acciones evidencian fallas profundas del sistema.

Según declaraciones recogidas por el medio citado, actores privados intentan lucrarse gestionando deudas y pagos atrasados, lo que afecta recursos fundamentales para la atención de pacientes.

Después de que en rueda de prensa la Fiscalía General de la Nación contó los detalles de la afectación estructural de una presunta red criminal transnacional que utilizaba una cadena de venta de ropa femenina (Lili Pink Colombia) como fachada para ingresar al país recursos de origen ilícito y de contrabando, se conoció un testimonio que generó polémica en redes sociales.

La investigación, de acuerdo lo que señaló Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado contra los Delitos Fiscales, la organización estaría involucrada en el lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, empleando importadoras y empresas proveedoras de papel para simular operaciones de comercio exterior.

Dicho modelo ilegal de negocio radicaría bajo pitufeo (smurfing), como se le conoce a una técnica de lavado de activos y evasión fiscal.

Los detalles de la rueda de prensa provocaron que un creador de contenido y que tiempo atrás laboró con la compañía investigada, identificado como Miller Arango Aguilar, contó cómo fue su mala experiencia laboral el periodo que permaneció allí.

“La peor marca en la que yo he trabajado en Colombia se llama Lily Pink. Y antes de yo ser creador de contenido trabajaba como la mayoría de los colombianos, en una oficina sentado”, inicia su testimonio el ahora influencer.

Arango explicó: “Yo soy ingeniero de sistemas y en esa época trabajaba allá en la 280, saliendo ya casi para Chía. Ganaba $3′200.000″.

Sin embargo, y en este punto del relato, el creador de contenido mencionó los detalles que le generaron sospecha en ese entonces, y que ahora reveló dada la coyuntura.

“Dos millones nada más me ingresaban legalmente. El otro $1′200.000 me lo depositaban (...) no sé ni cómo llamarlo, simplemente me lo depositaban. Claro, me imagino que por impuestos o liquidación, pues ellos no respondían por eso", expuso Arango.

En un segundo momento el creador de contenido mencionó cómo la cuestión de los horarios

“Tras de que la empresa queda casi saliendo de Bogotá, me tocaba llegar a las siete de la mañana. No había un horario de salida”, contó el creador de contenido.

Después, Arango se refirió a su jefe de ese momento, a la que calificó como “lambona que andaba detrás de los jefes”.

El cuarto aspecto que describió el influencer lo tituló como “la parte relacional entre lo comercial y lo operativo”, y para él, esto “no existía”, y el ambiente laboral lo detalló como “cada uno luchando para llevarse galardones”.

Al final, Arango aclaró: “Todo esto se los cuento porque es la peor empresa en la que yo he trabajado. Y sí, el día de hoy el CTI ha entrado a fiscalizarle, a revisarle y dicen que hasta expropiarle más de trescientas tiendas que ellos tienen en el país. Todo esto que digo es presuntamente. Y como me dijo la jefe hace cuatro años: buena suerte”.

Usuarios reprocharon a ‘influencer’ por arremeter en contra de Lili Pink: “Desagradecido”

La publicación provocó que una gran parte de los usuarios reaccionaran con comentarios en los que desaprobaron el accionar del creador de contenido.

“Por mas mala que haya sido la empresa guárdese sus comentarios y anécdotas, y después de tantos años cuando presuntamente la empresa esta en la mala ahora si sale a decir todo lo malo, en fin todo sea por el like al video”, escribió uno de los internautas.

“Oiga desagradecido tenía un empleo”, le reprochó otra de las ciudadanas que no compartió la forma en la que Arango contó su caso.

Otra de las usuarias que se mostró a favor del influencer destacó: “Qué gente tan hipócrita. Saben cuántas empresas no pagan la nómina completa y pagan por debajo de cuerda como bonos para que sus parafiscales no aumenten y que al final la liquidación salga más baja? Muchas y muchas. Él dice la verdad porque es su experiencia y no solo está empresa lo hace y lo normalizan. Sus derechos están por encima de los demás y la gente feliz”.

Al final, otro de los ciudadanos en contra escribió: “Hablar mal de una empresa donde uno ha trabajado es como hablar mal de una ex”; mientras que otro de los usuarios precisó que “a la @diancolombia le encantara está bonita confesión. Al aceptar Dinero fuera del salario sin reportar lo vuelve cómplice”.

La investigación a Lili Pink por parte de la Fiscalía: así era el ‘modus operandi’

El entramado, identificado por la Delegada contra las Finanzas Criminales y sus direcciones especializadas, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), consistía en el ingreso al país de mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos a través de sociedades fachada.

Estos productos eran distribuidos en el mercado nacional, otorgando apariencia de legalidad a las operaciones mientras se disimulaba el verdadero origen de los recursos, señala el comunicado oficial del ente investigador.

Las maniobras de la red incluían la fragmentación de transacciones, simulación de relaciones comerciales y estrategias para dificultar la trazabilidad del dinero, todo con el objetivo de facilitar la incorporación de recursos ilícitos al sistema económico formal.

En el proceso investigativo, la Fiscalía documentó conductas delictivas como lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones, y decomisos de mercancía realizados por la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) por un valor superior a los 54.000 millones.

Además, se estima por parte de la Fiscalía dentro de los detalles de la indagación revelados en la rueda de prensa a medios de comunicación que el contrabando asociado a la red supera los 75.000 millones de pesos.

Como resultado de las acciones judiciales, un juez de control de garantías de Bogotá expidió varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, que actualmente se están materializando.

En paralelo, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, todos vinculados con el conglomerado investigado.

Estos bienes quedarán sujetos a embargo y secuestro, pero continuarán sus operaciones habituales mientras se adelanta el proceso de extinción de dominio.

Las diligencias de ocupación contaron con el apoyo del Ejército Nacional y se realizaron de forma simultánea en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tenía presencia.

La investigación permanece abierta y las autoridades continúan con la judicialización de los responsables.

El Gobierno colombiano intensificó su presión sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tras la reciente declaración de Daniel Quintero, nuevo superintendente de Salud, que anunció la apertura de investigaciones a toda entidad que incumpla con la entrega de medicamentos y tratamientos a pacientes.

“He ordenado investigar a toda EPS que se niegue a dar medicinas y tratamientos en Colombia”, afirmó Quintero a través de un video difundido en la red social X.

La advertencia oficial incluyó un llamado directo a Nueva EPS, señalada por deficiencias en el cumplimiento de sus responsabilidades, aunque Quintero puntualizó que esta entidad “está lejos de ser la única o la peor”.

El funcionario mencionó a Sura, Savia, Sanitas, Compensar, Capital Salud y Promedical como prestadoras que presentan “aún peores desempeños” en indicadores de atención, lo que reforzó el mensaje de vigilancia estatal sobre el sector.

En el video, Quintero explicó que el Gobierno no limitará su respuesta a exhortos públicos.

“No mañana, hoy mismo, me reuní con todas las EPS intervenidas y antes de la semana voy a hacer lo mismo con el resto de las EPS”, subrayó. Este encuentro, según el funcionario, tuvo como propósito exigir la elaboración de planes de choque inmediatos que prioricen la atención a niños.

“La orden del presidente es clara: ningún niño, ninguno, puede quedarse sin medicinas o atención”, sostuvo Quintero.

La intervención gubernamental incluyó la exigencia de que cada entidad diseñe mecanismos concretos para garantizar la disponibilidad de fármacos y tratamientos, especialmente en casos pediátricos.

“Deben realizar planes de choque inmediatos, en especial para que los niños en Colombia reciban atención inmediata y no les falten medicinas”, insistió el funcionario.

De acuerdo con el mensaje divulgado, el Ejecutivo sostuvo que “el Gobierno está girando los recursos cumplidamente”, lo que refuerza la expectativa de que las EPS respondan sin demoras ni excusas a las necesidades de los usuarios.

Esta postura añadió presión sobre un sistema sanitario que enfrenta demandas crecientes y cuestionamientos públicos, tanto por la calidad del servicio como por la transparencia en la gestión de fondos.

Por último, Quintero reiteró que la instrucción es cumplir con los compromisos en tiempo y forma, sin excepciones.

Daniel Quintero asumió la Supersalud con promesa de combatir corrupción en el sistema de salud colombiano

Daniel Quintero Calle anunció su nombramiento como nuevo superintendente de Salud (Supersalud) de Colombia tras recibir la designación del presidente Gustavo Petro.

En un video difundido en la red social X, Quintero afirmó que asume la responsabilidad con el objetivo de garantizar que la salud en Colombia sea un derecho y no un negocio.

Durante su mensaje, Quintero relató una experiencia personal que marcó su gestión pública. “Mi hija tenía solo tres meses cuando me dijeron que iba a necesitar un trasplante”, expresó. Detalló que la noticia llegó mientras ejercía como alcalde de Medellín y enfrentaba la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Bajo ese contexto, el exalcalde señaló: “Luché por construir ventiladores, hospitales y camas de cuidados intensivos, sabiendo que mi propia hija iba a necesitar una de ellas”.

El nuevo titular de la Supersalud subrayó la importancia de la labor encomendada por el presidente Gustavo Petro, quien, según Quintero, lo eligió por su experiencia en tecnología y su disposición para enfrentar estructuras criminales.

“El presidente me eligió porque sabe que no me tembló la mano en Antioquia para enfrentar a las mafias”, afirmó. Además, sostuvo: “Voy a entregar mi vida para que la medicina llegue a todos los niños de Colombia”.

Entre los ejes de su gestión, Quintero prometió articular esfuerzos con la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para combatir el desvío de recursos públicos. “Vamos a rastrear cada peso con inteligencia artificial”, indicó, y advirtió que “los corruptos tienen los días contados”.

Por otro lado, anunció la implementación de auditorías permanentes en todas las EPS y enfatizó que “ningún gerente de EPS volverá a dormir tranquilo sabiendo que se robó la plata de la medicina de la gente”.

Quintero concluyó el anuncio reiterando su compromiso con la transparencia y la vigilancia en el sistema de salud: “La salud no es un negocio, es una orden. Y yo vengo a cumplirla”.

Una investigación iniciada desde los sistemas internos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) terminó por conectar una presunta red de contrabando textil con un proceso de extinción de dominio que hoy involucra a la marca colombiana Lili Pink, de ropa interior femenina.

El origen del caso se remonta a 2022, cuando un sistema de control digital interno, conocido como “el ojo de la Dian” —que monitorea en tiempo real el comportamiento de sus funcionarios y detecta irregularidades tributarias—, encendió las primeras alertas sobre movimientos irregulares dentro de la entidad.

Las señales aparecieron tras el cruce de información tributaria en tiempo real; de esta manera, el sistema detectó accesos inusuales a bases de datos oficiales y consultas que no coincidían con las funciones asignadas a varios funcionarios y a eso se sumaron solicitudes repetidas de devoluciones del Impuesto al Valor Agregado o Añadido (IVA) que no seguían los patrones habituales; ese conjunto de anomalías llevó a la entidad a concentrar la atención sobre posibles maniobras irregulares dentro del sector textil, de acuerdo con un reporte que realizó El Colombiano, en su momento.

El software de control operó como una vigilancia constante sobre los equipos institucionales y durante meses, el sistema identificó accesos a bases de datos que no correspondían con los cargos asignados y solicitudes que no seguían el flujo habitual de fiscalización. En varios casos, esas coincidencias conectaron a los funcionarios con empresas ubicadas en una misma dirección en Barranquilla, punto que terminó por orientar la investigación hacia una posible red de contrabando y manejo irregular de devoluciones tributarias para 2022.

El análisis posterior reveló que en esa dirección se constituyeron más de 30 empresas del sector textil durante dos décadas y es que todas compartieron un comportamiento similar: funcionaron como proveedoras, tramitaron devoluciones de IVA y luego dejaron de operar sin continuidad visible; ese ciclo se repitió como una constante dentro del mismo punto geográfico, reportó el diario en mención.

Así habría operado la marca de ropa, de acuerdo con los hallazgos de la Dian

En el caso de la reconocida marca Lili Pink, el presunto esquema se entiende como una cadena de engaños que se apoyaba en documentos falsos para mover dinero del Estado. Primero aparecían las llamadas “facturas de papel”, que eran documentos emitidos por empresas que no tenían actividad real o que solo existían en el registro, en esas facturas se hacía ver la venta de telas, insumos o servicios que nunca ocurrieron.

Luego venía la simulación de operaciones, en esas facturas incluían un IVA como si se hubiera pagado dentro de una compra legítima, pero al sumarlas en la contabilidad, las empresas mostraban gastos elevados y pagos de impuestos que en realidad no existían. Con ese soporte falso, al parecer se hacía la solicitud de devolución ante la Dian y el argumento era que la empresa había pagado ese impuesto en su cadena de producción y, por tanto, el Estado debía devolver ese dinero. Así, recursos públicos terminaban saliendo por operaciones inexistentes.

De acuerdo con el reporte que hizo El Colombiano en 2022, esas mismas facturas también habrían servido para dar apariencia legal a mercancía de contrabando, sobre todo textiles que habrían ingresado al país sin cumplir los requisitos aduaneros. Al mezclarse con papeles contables, la ropa ‘ilegal’ quedaba registrada como si hubiera sido producida o comprada de forma formal.

La Dian denunció este caso y otros ante la Fiscalía General de la Nación cuatro años atrás

Con esos indicios, la entidad ordenó la verificación de una de las compañías aún activas. El operativo terminó con un allanamiento que permitió encontrar una libreta con anotaciones detalladas; en ese registro aparecieron pagos asociados a presuntos sobornos dirigidos a funcionarios de la Dian. Los apuntes incluyeron cifras, porcentajes y nombres que señalaron una dinámica repetida de coimas.

Las evidencias permitieron a los investigadores reconstruir un modelo de operación que unía varias piezas, por lo que el esquema combinó el ingreso irregular de textiles al país, la creación de empresas de papel, la facturación con IVA simulado y la solicitud posterior de devoluciones tributarias sin respaldo real en la operación comercial.

Dentro de esa estructura también apareció la participación de funcionarios de la Dian, por lo que los registros apuntaron a su intervención en trámites que facilitaron la salida de recursos por devoluciones no justificadas, a cambio de pagos ilegales y fue ese componente interno lo que fortaleció la hipótesis de una red articulada.

Toda la información recopilada pasó a la Fiscalía General de la Nación en 2022; la entrega incluyó los hallazgos del software, los patrones detectados en las consultas y los resultados de los operativos. Sin embargo, las decisiones judiciales solo avanzaron cuatro años después.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, acudió al Senado de la República para presentar y explicar los alcances del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

La reunión se realizó ante la Comisión de Justicia, como parte del proceso legislativo para revisar y dictaminar el documento entregado el pasado 16 de abril.

El objetivo fue detallar el diagnóstico, las líneas de acción y los cambios propuestos para el funcionamiento de la institución.

El encuentro fue encabezado por el senador Javier Corral Jurado, quien señaló que el análisis del plan permitirá definir el rumbo de la procuración de justicia en los próximos años.

Cifra negra supera 90% y refleja problemas de seguridad

Durante su intervención, Godoy reconoció que en México persiste una cifra negra elevada, con niveles que superan el 90% y alcanzan hasta el 95% en algunos delitos, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Explicó que este indicador corresponde a los delitos que no son denunciados, lo que limita el conocimiento real de la incidencia delictiva y evidencia los desafíos en materia de seguridad.

La fiscal subrayó que este fenómeno preocupa tanto a autoridades como a la sociedad, debido a su relación con la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

Desconfianza institucional incide en la falta de denuncias

Godoy detalló que una de las principales razones por las que las víctimas no denuncian es la desconfianza hacia las autoridades.

De acuerdo con lo expuesto, factores como el trato recibido, los tiempos de espera y la percepción de ineficacia influyen en la decisión de no acudir ante el Ministerio Público.

Esta situación, señaló, impacta directamente en la capacidad del Estado para atender los problemas de seguridad, ya que una gran parte de los delitos no entra al sistema de justicia.

Plan propone cambios ante baja judicialización e impunidad

En su presentación, la fiscal también indicó que el porcentaje de carpetas de investigación que se judicializan es bajo, lo que representa un reto adicional.

Señaló que un alto nivel de no ejercicio de la acción penal puede traducirse en condiciones de impunidad, por lo que el plan propone fortalecer la integración de los casos.

El objetivo, explicó, es que las investigaciones se sustenten en pruebas técnicas y científicas, para que los casos que lleguen a tribunales tengan mayor solidez.

Coordinación y atención a delitos de alto impacto

El Plan Estratégico incluye acciones orientadas a mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Entre los temas prioritarios se encuentran delitos que inciden directamente en la seguridad de la población, como el feminicidio, la extorsión y la desaparición de personas.

Asimismo, se plantea avanzar hacia un modelo de investigación basado en inteligencia y priorización de fenómenos criminales.

Puntos relevantes del Plan de Procuración de Justicia

• Presentación del plan ante el Senado como parte de su proceso de análisis
• Reconocimiento de una cifra negra superior al 90% en diversos delitos
• Identificación de la desconfianza como factor que inhibe la denuncia
• Propuesta de fortalecer la investigación y judicialización de casos
• Impulso a la coordinación entre instituciones de seguridad y justicia
• Atención prioritaria a delitos de alto impacto

La comparecencia de la titular de la FGR se dio en un contexto marcado por desafíos en materia de seguridad, en el que el Senado analiza las propuestas para fortalecer la procuración de justicia y reducir los niveles de impunidad en el país.

La escena política de Colombia suma otro capítulo de tensión tras el cruce público entre Jota Pe Hernández, senador de Alianza Verde, y Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, entorno a la acusación de traición a la patria y la citación judicial que los enfrenta.

El conflicto se centra en la citación de la Fiscalía para que Hernández y Sanguino comparezcan este martes, 28 de abril de 2026, a las 9:00 a. m., en un contexto de acusaciones cruzadas y de investigaciones que también alcanzan al presidente Gustavo Petro.

En un video difundido a través de la red social X, Hernández dirigió un mensaje directo a Sanguino: “Señor Sanguino, sin cobardía. Lo espero este martes a las 9 de la mañana en la citación que hace la Fiscalía para que usted pruebe que el senador JP cometió el delito de traición a la patria”.

El senador insistió en que ya fue citado dos veces por la Corte Suprema de Justicia para confrontar a Sanguino y a representantes del presidente Gustavo Petro acerca de las denuncias relacionadas con la presunta solicitud de intervención extranjera contra el jefe de Estado.

Hernández sostuvo que “hay dos investigaciones abiertas en contra de Gustavo Petro” y añadió que el objetivo es esclarecer si existió traición a la patria al solicitar que se investigara al presidente por parte de autoridades de Estados Unidos, con el fin de determinar posibles vínculos con el narcodictador venezolano Nicolás Maduro.

“Ahí le doy la noticia por si no se ha enterado, ya que se la pasa haciendo payasadas”, expresó el senador en el video, donde también anunció que notificaría formalmente al Ministerio de Trabajo sobre la citación para evitar que Sanguino alegue desconocimiento.

Hernández, en su mensaje, concluyó: “Vamos a ver si usted logra probar que el senador JP cometió ese delito o, por el contrario, el que cometió el delito de calumnia fue usted y le va a tocar retractarse o asumir las consecuencias”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a través de la misma red social, refiriéndose al senador como “Honorable Parlamentario” y subrayó: “Alguien que hace las leyes de Colombia debe saber cosas elementales como: una denuncia penal por traición a la patria interpuesta por mí en su contra, no se responde con una denuncia suya por calumnia”.

El ministro recalcó que a Hernández le corresponde “responder ante la Corte Suprema de Justicia por pedir una intervención extranjera en contra del Presidente de la República”.

El titular de la cartera laboral hizo hincapié en que los ministros poseen fuero especial, de modo que cualquier denuncia en su contra debe ser conocida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

“Interpuso Ud la denuncia en el sitio equivocado y quien me cita para tramitar una conciliación con Ud no es competente para ello”, argumentó Sanguino, quien además se mostró inflexible ante la posibilidad de un acuerdo: “La citación de marras es para explorar una conciliación, que por supuesto no estoy dispuesto a aceptar. Me ratifico en mi denuncia penal en su contra por traición a la patria”.

El ministro Sanguino, en su respuesta, lamentó la citación: “No podré comparecer ante un fiscal que no es competente”. Añadió con ironía: “Ahh… y no sabía que en sus muchos ratos libres se ocupaba como notificador judicial”.

La disputa entre Jota Pe Hernández y Antonio Sanguino: origen y desarrollo del enfrentamiento judicial

El enfrentamiento entre el senador Jota Pe Hernández y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se originó tras la solicitud del congresista a autoridades estadounidenses para investigar al presidente Gustavo Petro.

Esta acción desencadenó la reacción de Sanguino, quien presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en enero de 2026.

Según el ministro, “pedir intervención extranjera sobre un jefe de Estado colombiano afecta la soberanía” y podría enmarcarse en delitos como menoscabo de la integridad nacional y hostilidad contra el orden constitucional.

Hernández respondió con una denuncia ante la Fiscalía, acusando a Sanguino de injuria y calumnia, al considerar que se le imputan delitos sin respaldo probatorio. Además, el senador sostuvo que las acusaciones del ministro constituyen “una falsa denuncia” y representan un uso indebido del aparato judicial para perjudicarlo en el terreno político.

La Fiscalía debe establecer si los señalamientos tienen fundamento o si Sanguino incurrió en excesos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla activó protocolos de prevención ante la difusión de un reto viral falso que alertó a la comunidad escolar sobre un supuesto tiroteo en planteles educativos.

La medida se tomó después de que circularan mensajes en redes sociales con amenazas que generaron preocupación entre madres, padres, personal docente y directivos escolares, según informó la propia institución en un comunicado.

El desafío, considerado falso por las autoridades, ha sido llamado “Tiroteo Mañana”.

La dependencia ministerial sostuvo que mantiene coordinación directa con la Secretaría de Educación Pública del estado.

El reto viral consiste en que presuntos estudiantes realizan pintas en los muros y baños de la escuela o escriben amenazas en libretas, posteriormente comparten imágenes de estos mensajes en redes sociales para advertir sobre un supuesto ataque armado en el plantel.

Esta dinámica ha generado preocupación entre la comunidad escolar, sobre todo luego de los recientes hechos de violencia ocurridos en Teotihuacán, Estado de México, donde se registró un ataque en la zona arqueológica que dejó como saldo dos personas muertas -entre ellas el tirador- y diversos heridos por disparos o caídas.

Las alertas sobre el reto no son exclusivas de Puebla, han estado presentes en diversos estados de la república como CDMX, Michoacán y Nuevo León.

Reunión para coordinar acciones

La SEP estatal y la FGE Puebla mantuvieron una reunión para tratar la situación.

En el encuentro interinstitucional, las autoridades coincidieron en la necesidad de actuar de manera oportuna frente a cualquier publicación, pinta o leyenda que pueda interpretarse como delito.

El objetivo es evitar la propagación de rumores y atender con rapidez los casos que puedan generar alarma social.

La Fiscalía de Puebla hizo un llamado a directivos, docentes y personal administrativo para que reporten de inmediato cualquier situación sospechosa o mensajes con apariencia de delito.

La dependencia reiteró la importancia de que los reportes sean canalizados de forma institucional para activar los protocolos de atención e investigación correspondientes.

El Ministerio Público es la instancia responsable de determinar las acciones legales y, si el caso lo amerita, solicitar la intervención de especialistas en seguridad escolar.

La Fiscalía subrayó que la confidencialidad de los datos personales y el respeto a los derechos de las y los estudiantes están garantizados en cada intervención.

Llamado a evitar difusión de rumores

Además, la Fiscalía General del Estado de Puebla exhortó a la ciudadanía a no difundir información no confirmada ni contribuir a la generación de alarma social.

El comunicado enfatizó que la colaboración entre autoridades educativas y ministeriales es fundamental para salvaguardar la seguridad en las escuelas y garantizar que cualquier situación de riesgo sea atendida con prontitud.

La dependencia pidió a madres, padres y tutores mantener comunicación directa con las autoridades ante cualquier emergencia y evitar compartir mensajes o publicaciones que no cuenten con confirmación oficial.

La Fiscalía del estado precisó que su intervención inicia únicamente después de recibir un reporte formal.

El protocolo establece que, una vez notificada la autoridad, el Ministerio Público determina las acciones legales a seguir y, de ser necesario, ordena la intervención de personal especializado en el caso.

El ingreso del personal ministerial o pericial a planteles, así como la solicitud de información adicional, se realizará bajo procedimientos legales y con respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, según la FGE Puebla.

La Fiscalía General de la Nación informó de la acusación contra Juan Francisco Solano Barrero, ficha clave en la estructura criminal que se encargaba de mover la mercancía de contrabando de alias Papá Pitufo en el Caribe.

El ente acusador sostuvo que el acusado, que es mencionado en las investigaciones como alias Pacho o Millos, sería el encargado de permitir la entrada y salida irregular de cargamentos por el puerto de Cartagena.

Este sujeto sería uno de los articuladores principales de una red de corrupción señalada de favorecer el ingreso de mercancía de contrabando al país y su posterior tránsito a diferentes ciudades. Además, sería el encargado de gestionar el traslado de la mercancía a países como Ecuador y Venezuela.

En la audiencia, el fiscal mencionó que los elementos materiales probatorios recopilados demuestran que este hombre tendría un vínculo directo con Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo, criminal que Colombia ha pedido en extradición a Portugal, donde está bajo libertad condicional desde mediados de 2025.

En la estructura criminal, “Millos” sería el encargado de contactar a funcionarios asignados al puerto de Cartagena, en Bolívar, y, a cambio de dádivas, convencerlos de permitir el ingreso de cargamentos de cigarrillos, textiles y otros productos provenientes de Panamá.

Los sobornados, que serían principalmente policías, también debían comprometerse a permitir la salida de los productos de la terminal marítima evadiendo los controles aduaneros. De esta manera, los productos eran transportados por vía terrestre a los lugares donde finalmente eran comercializados.

El ente acusador informó que en la investigación, que es liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se conocieron, al menos, seis hechos delictivos en los que “Millos” habría entregado 348 millones de pesos a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera para que facilitaran la entrada y tránsito de la mercancía de contrabando.

De igual manera, quedó en evidencia que presuntamente pagó tres meses de arriendo de un apartamento en Cartagena a un oficial para que este siguiera colaborando con la estructura criminal.

Por estos hechos, Solano Barrero fue acusado ante un juez penal especializado de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer en seis eventos.

‘Millos’ sería clave para demostrar la importancia de ‘Papá Pitufo’ en el ingreso de contrabando a Colombia

El puerto de Cartagena cumple un papel central en el comercio marítimo de Colombia y la región del Caribe. Su ubicación estratégica y el alto volumen de carga que recibe lo han convertido en una de las principales puertas de entrada para mercancías de todo tipo, incluidas aquellas que ingresan de manera ilegal.

A través de este puerto, el contrabando ha encontrado rutas propicias para el ingreso de productos que evaden controles aduaneros, afectando tanto la economía formal como la recaudación fiscal del país. El flujo constante de contenedores y la sofisticación de las redes criminales dificultan la detección de cargamentos ilícitos, que suelen ser camuflados entre mercancía legal.

En este contexto, el puerto de Cartagena ha sido señalado en diversas investigaciones como un punto recurrente para el ingreso de textiles, calzado, licores, cigarrillos y tecnología de contrabando. El dinamismo comercial y la dimensión de la infraestructura portuaria favorecen que organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas operen mediante sobornos, falsificación de documentos y alianzas con funcionarios corruptos.

Uno de los nombres que ha surgido en el marco de estos señalamientos es el de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. Este individuo ha sido vinculado a redes de contrabando que operan a gran escala en el puerto de Cartagena. Las acusaciones en su contra lo relacionan con el ingreso sistemático de mercancía ilegal, supuestamente facilitado por contactos estratégicos dentro del puerto. A pesar de que se le atribuye la organización de esquemas de ocultamiento y distribución de productos que burlan los controles oficiales, este sujeto se mantiene en Europa sin que las autoridades colombianas puedan judicializarlo.

El intercambio de ideas expuso diferencias sobre la conducción de las investigaciones penales, aunque ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener la coordinación institucional.

Durante su participación, Tomás Gálvez explicó a los congresistas cuáles son las responsabilidades y los límites tanto de la Fiscalía como de la Policía en las investigaciones de delitos.

El fiscal señaló que, según lo que también reconoció el general Arriola, la conducción de las investigaciones debe hacerse desde el inicio y puede estar en manos de la Fiscalía, pero siempre en coordinación con la Policía Nacional o desde el despacho del fiscal. Para Gálvez, el verdadero punto de discusión está en definir con claridad cómo y cuándo interviene cada institución en el proceso investigativo.

El ambiente se tornó tenso cuando Gálvez reclamó su derecho a exponer sin interrupciones. “Le voy a decir, pero déjeme hablar. Yo no he estado de acuerdo en cosas con usted (dirigiéndose a Arriola), ni he interrumpido jamás, pero también tenemos que aprender a discutir amigablemente, pues”, soltó, generando reacciones y risas entre los presentes. La mesa de la comisión intervino para restablecer el orden: “Evitemos el diálogo, por favor. En orden, en orden. Van a tener su tiempo para la réplica”.

A lo largo de la sesión, el fiscal de la Nación profundizó sobre las etapas de la investigación penal. “La verdadera investigación del delito es la investigación preparatoria. Ahí se va a producir los elementos de convicción que van a servir en el juicio oral para la condena”, explicó ante el Congreso.

Subrayó que la investigación preliminar solo busca “recabar pruebas indispensables que nos permitan iniciar la investigación preparatoria con un grado de sospecha determinado. Solo eso”.

Negaciones de enfrentamiento

Las versiones sobre un supuesto altercado entre los líderes de ambas instituciones circularon tras la sesión. Consultado sobre este punto, Tomás Gálvez negó cualquier enfrentamiento.

“No, ningún altercado. Lo que pasa es que el general es apasionado, nada más. No hay ningún altercado. Al final estamos de acuerdo”, afirmó en declaraciones recogidas por Canal N.

El fiscal insistió en que el diálogo y el consenso prevalecieron durante la discusión. “A veces cositas se malinterpretan, pero en el diálogo nos ponemos de acuerdo, como has visto, que prácticamente no ha habido ninguna objeción concreta, ninguna. El artículo cincuenta y uno, numeral cinco, pues lo discutimos y es normal. Y has visto que también la misma policía entiende que hay casos en que la propia fiscalía tiene que iniciar la investigación. Punto”, puntualizó.

Por su parte, Óscar Arriola desestimó cualquier altercado y defendió la vigencia de la actual ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público.

“Nuestra posición es única y exclusiva para atender las demandas de inseguridad de la ciudadanía, por las víctimas y por los agraviados que acuden a las comisarías y presentan una denuncia”, sostuvo el jefe policial ante los parlamentarios.

Recordó que antes de la Ley 31130, los procedimientos eran burocráticos y causaban demoras considerables, citando el caso de un alcalde que denunció retrasos de hasta un mes para que una denuncia avanzara de la comisaría a la fiscalía. “Fue un error grave”, remarcó.

El comandante general de la PNP reiteró que la coordinación con el Ministerio Público es esencial. “No podemos darnos el lujo de tener un altercado, ni mayúsculo, ni menor, en absoluto. Me une una gran amistad con el fiscal de la nación y con los fiscales con los que hemos trabajado”, afirmó Arriola,

Por último, describió la relación entre ambas instituciones como un “binomio perfecto”, orientado al éxito de los procesos judiciales. “El triunfo de cada caso es el triunfo de ambos, finalmente es el triunfo de la justicia, es el triunfo de la sociedad peruana”, expresó.

En este operativo, la Fiscalía de Prevención del Delito inspeccionó la documentación y los equipos involucrados en la gestión técnica de los comicios, verificando in situ la actuación de funcionarios y la trazabilidad de los procesos de entrega y resguardo del material electoral. La intervención fue confirmada por el Ministerio Público a través de sus canales oficiales, que difundieron imágenes de la diligencia en las inmediaciones del almacén de Lurín.

Fiscalización a la logística electoral y exigencias de documentación

Por otro lado, las autoridades fiscales han solicitado a la ONPE la entrega de los registros de visitas externas a las áreas de Producción Electoral y Gestión Electoral, así como el Plan Operativo Electoral (POE) correspondiente, para analizar los procedimientos que guiaron la organización técnica de las Elecciones 2026. Este requerimiento incluye también la presentación de copias certificadas de las guías de despacho de material electoral destinadas a los trece colegios donde no se instalaron mesas de sufragio por falta de insumos.

El alcance de la investigación abarca un peritaje sobre computadoras y teléfonos móviles —tanto personales como institucionales— empleados por varios funcionarios, entre ellos el exgerente de Gestión Electoral José Samamé Blas y el subgerente de Producción Electoral Juan Phang Sánchez. Se busca identificar posibles omisiones o anomalías en el manejo de la información y la ejecución de las tareas asignadas durante la jornada electoral del 12 de abril.

Investigación sobre el traslado y entrega de equipos

En paralelo, la Fiscalía ha solicitado a la ONPE los reportes completos del contratista encargado del transporte, Servicios Especiales Galaga. Entre la documentación requerida figuran placas de vehículos, nombres de conductores, datos de los comisionados de la ONPE y los horarios precisos de salida desde los almacenes de Lurín. Este control apunta a verificar si existieron irregularidades durante el traslado y la entrega del material electoral.

El operativo logístico incluyó la adquisición y distribución de 30.000 laptops, 30.000 impresoras y 4.538 módems, que fueron desplegados en 2.269 centros de votación de Lima Metropolitana y Callao. La fiscalía busca determinar si los procedimientos establecidos en el POE fueron respetados y si hubo alteraciones en los cronogramas que pudieran haber afectado el desarrollo del proceso electoral.

Declaraciones sobre retrasos y consecuencias para los electores

El subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, señaló ante la Contraloría General de la República que ya existían señales de retraso antes del proceso, debido a incumplimientos del cronograma previsto. Según el funcionario, la demora en la entrega de los equipos electrónicos fue la principal causa de incidentes durante los comicios. Estas fallas afectaron el funcionamiento de 15 locales de votación y dejaron sin votar a 63.300 personas, según datos oficiales difundidos tras la jornada.

Además, se requirió a la ONPE un informe exhaustivo sobre la elaboración y los cambios introducidos en los cronogramas de distribución del material electoral y los equipos informáticos. El objetivo es garantizar la trazabilidad de cada ajuste realizado y evaluar su impacto en la logística del proceso.

Ajuste de rutas y discrepancias en los tiempos de entrega

Según información recopilada por la Contraloría, el gerente de Gestión Electoral, Samamé Blas, modificó el cronograma de rutas en un intento de acelerar la entrega del material electoral. Sin embargo, el subgerente Phang Sánchez advirtió que los tiempos fijados —de tres horas y media a cuatro horas por ruta— no se cumplieron en la realidad, ya que la distribución llegó a requerir hasta ocho horas en algunas rutas. El ajuste implicó el despacho de insumos a 553 locales en 43 rutas, lo que generó diferencias significativas entre el cronograma planificado y los tiempos efectivamente alcanzados, afectando la fluidez de la jornada del 12 de abril.

La fiscalía profundizará la investigación de las fallas durante la jornada electoral del 12 de abril en Lima y Callao al disponer un peritaje informático integral sobre todos los dispositivos asignados a funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Bajo la dirección del fiscal Raúl Martínez Huamán, el análisis abarca computadoras y teléfonos móviles —personales e institucionales— utilizados por el exgerente de Gestión Electoral José Samamé Blas; el subgerente de Producción Electoral Juan Phang Sánchez; la funcionaria de logística Hilda Otoya Alvarado; el servidor Willian García Velásquez y la funcionaria Lilia Flores Bancho, quien deberá entregar la totalidad de sus correos electrónicos institucionales y personales, incluyendo mensajes enviados, recibidos, spam y papelera.

Según el diario La República, la investigación incorpora además la revisión de los dispositivos en busca de omisiones o anomalías asociadas a la jornada electoral investigada.

En paralelo a los preparativos para la votación complementaria del 13 de abril, la ONPE adquirió 30.000 laptops, 30.000 impresoras y 4.538 módems, equipos distribuidos en 2.269 centros de votación de Lima Metropolitana y Callao. Estos datos, contenidos en la disposición fiscal, son esenciales para dimensionar el operativo logístico y la escala de potenciales problemas detectados.

El fiscal solicitó, además, que la ONPE entregue los registros de visitas externas dirigidos tanto a la Subgerencia de Producción Electoral como a la Gerencia de Gestión Electoral, desde mayo de 2025 hasta el propio 13 de abril. También requirió el Plan Operativo Electoral (POE), elaborado por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, que estableció las directrices para la configuración de los sistemas utilizados en la votación.

Como parte de la documentación exigida, se incluyeron copias certificadas de las guías de despacho correspondientes a los trece colegios donde, por falta de material electoral, las mesas de votación no pudieron ser instaladas.

Declaraciones y documentación sobre los retrasos en la jornada electoral

Entrevistado por la Contraloría General de la República el 14 de abril, el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, señaló que las etapas previas al proceso ya mostraban señales de posibles retrasos debido a incumplimientos del cronograma establecido en el POE.

Según el funcionario, “la principal anomalía fue la demora en la entrega de los equipos electrónicos necesarios para la votación”. Estos retrasos generaron una serie de incidentes que impactaron el desarrollo normal de los comicios, de acuerdo con el acta de entrevista citada por La República.

La fiscalía exigió un informe detallado sobre la elaboración y las modificaciones al cronograma de distribución del material electoral y de los equipos informáticos. Se pidió identificar a las personas y áreas intervinientes, así como las fechas de cada ajuste, a fin de garantizar la trazabilidad de los cambios y evaluar su efecto en la operatividad logística.

Para aclarar si la ONPE implementó mecanismos adecuados de control y monitoreo sobre el traslado y entrega de equipos, se requirieron los reportes del contratista Servicios Especiales Galaga, quien tuvo a su cargo el transporte. Entre la información solicitada constan placas de los vehículos, nombres de los conductores, datos de comisionados de la ONPE y horarios completos de salida de los vehículos desde los almacenes de Lurín, siempre detallando el área responsable de la supervisión.

Ajuste de rutas y cronogramas en el proceso electoral

Un informe de la Contraloría General de la República recogió la declaración de Phang Sánchez, quien especificó que el gerente de Gestión Electoral, Samamé Blas, alteró el cronograma de rutas en un esfuerzo para agilizar la entrega del material electoral. No obstante, el subgerente advirtió que los tiempos estipulados en el nuevo cronograma “no se condicen con la realidad”, pues cada ruta abarcaba entre siete y diecisiete locales de votación y demandaba un promedio de ocho horas para su culminación.

Entre los datos provistos por la Contraloría, Phang Sánchez puntualizó que el ajuste implicó el despacho hacia 553 locales en 43 rutas, mientras que el rango estimado de llegada del material electoral y equipos de cómputo, entre tres horas y media a cuatro horas, no correspondió con los plazos realmente alcanzados. Esta diferencia afectó la fluidez del procedimiento en la jornada del 12 de abril, según fuentes de logística interna y registros citados por el diario peruano La República.

La crisis institucional que rodea a las elecciones generales de 2026 sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmara que el Ministerio Público del Perú solicitó la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, así como de los funcionarios José Samamé y Juan Fang, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al reciente proceso electoral.

Según explicó el titular del Ministerio Público en Canal N, la medida busca asegurar diligencias urgentes y recopilar documentación clave relacionada con decisiones administrativas adoptadas durante la organización de los comicios del 12 de abril, jornada que estuvo marcada por retrasos en la entrega del material electoral, mesas sin instalar y miles de ciudadanos que denunciaron no haber podido votar oportunamente.

Presunta manipulación de contratos electorales

De acuerdo con la tesis preliminar de la Fiscalía, existirían indicios de una posible concertación irregular en algunos contratos realizados por la ONPE para el transporte y despliegue del material electoral. El Ministerio Público sospecha que se habrían cambiado condiciones o reglas internas para favorecer a empresas que no contaban con la capacidad operativa necesaria para cumplir con el servicio.

Tomás Aladino Gálvez señaló que se investigan los presuntos delitos de colusión ilegal, omisión de deberes funcionales y delitos electorales. Asimismo, remarcó que deberá determinarse la eventual responsabilidad tanto de funcionarios públicos como de representantes de las empresas contratadas.

“Se presume que en algunos contratos realizados por la ONPE se habría incurrido en una supuesta concertación para defraudar al Estado. Se tiene que determinar la responsabilidad tanto de la empresa como de los funcionarios de la ONPE”, sostuvo.

Fiscalía apunta a posible conducta dolosa

Respecto al rol de Corvetto y otros funcionarios, el fiscal de la Nación afirmó que los hechos investigados no serían simples errores administrativos o accidentes logísticos. Según indicó, existía conocimiento previo de que parte del material electoral no llegaría a tiempo a diversos locales de votación, y pese a ello no se habrían adoptado medidas eficaces para evitar el perjuicio.

“Tenían el conocimiento de que no se iba a poder cumplir y no lo evitaron. Eso es suficiente para determinar la existencia de dolo”, declaró.

La tesis fiscal sostiene que estas omisiones afectaron directamente el derecho al voto de un importante sector de la población, especialmente en Lima Metropolitana, donde cientos de mesas registraron problemas de instalación durante la primera jornada electoral.

Contexto de la crisis electoral 2026

Las elecciones generales del 12 de abril quedaron marcadas por serios problemas logísticos, lentitud en el conteo oficial y denuncias sobre el manejo del material electoral. En los días posteriores también se reportó el hallazgo de cajas con actas y cédulas de la ONPE fuera de custodia oficial en Surquillo y Ucayali, lo que profundizó la desconfianza ciudadana.

En medio de esa presión política y pública, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la ONPE, siendo reemplazado interinamente por Bernardo Pachas, quien anunció cambios internos y medidas correctivas de cara a la segunda vuelta presidencial.

El Ministerio Público aclaró que las investigaciones se encuentran en etapa preliminar y que la responsabilidad penal de los implicados deberá ser determinada conforme avance el proceso. Asimismo, Tomás Aladino Gálvez precisó que cualquier pronunciamiento sobre un eventual fraude electoral corresponde exclusivamente al Jurado Nacional de Elecciones.

Un hombre de 32 años fue víctima de un brutal ataque en Ubaté (Cundinamarca) tras haber sido engañado mientras compartía con otros dos sujetos en un bar de ese municipio. De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, los agresores fueron identificados y privados de libertad de manera preventiva mientras avanza la investigación judicial y se determina una sentencia oficial.

Del mismo modo, se explicó que los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2026, en el momento en el que la víctima se encontraba departiendo con un amigo en un establecimiento comercial del barrio Cerrito. En ese lugar, conoció a Jerson David Forero Molina y Jairo Alberto Marroquín Passito, con los que entabló conversación y, al parecer, lo habrían engañado para cometer el fatal acto en su contra.

La versión oficial confirmada por los investigadores indica que la víctima y los dos desconocidos abandonaron el bar y se dirigieron en un vehículo a una zona boscosa de Ubaté, donde el hombre fue asesinado en circunstancias que aún se investigan.

El caso generó una reacción inmediata por parte de las autoridades que dispusieron medida de aseguramiento en centro carcelario para los presuntos responsables, aunque se mantiene activa la línea de investigación sobre lo ocurrido para conocer si existen posibles implicados adicionales.

Captura y proceso judicial de los implicados

La captura de los señalados se cumplió en el barrio San José, también en Ubaté, mediante un operativo de la Policía Nacional. La orden judicial fue ejecutada por uniformados conforme avanzan las diligencias.

Posteriormente, un juez penal con funciones de control de garantías decidió que Forero Molina y Marroquín Passito continuarán privados de la libertad. De este modo, ambos permanecen detenidos mientras se desarrolla el proceso judicial relacionado con el crimen.

Investigación y búsqueda de otros responsables

Las autoridades no descartan que existan más personas involucradas, por lo que la Fiscalía General de la Nación y los cuerpos de seguridad de Ubaté realizan actuaciones adicionales para esclarecer completamente los hechos.

El foco de la investigación está en determinar el motivo del homicidio y definir si hubo participación de terceros. El caso sigue bajo vigilancia judicial y policial, con diligencias abiertas para establecer nuevas responsabilidades y llevar claridad a la comunidad.

Mujeres trans fueron capturadas por matar a un hombre y lesionar a su compañero

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a dos mujeres trans, identificadas como Almendra y La Madre, por su presunta participación en la muerte de un hombre y las lesiones a otro en un lote baldío del sur de Cali el 6 de febrero de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía, el ataque ocurrió cuando las mujeres agredieron con un arma cortopunzante a dos personas, lo que causó el fallecimiento de una y heridas a la segunda. Del mismo modo, se confirmó que las víctimas del brutal ataque fueron despojadas de sus pertenencias durante el hecho.

La captura de Almendra y La Madre tuvo lugar el 20 de abril de 2024 en los barrios El Pondaje y Charco Azul, gracias a una operación conjunta entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional, informó la Fiscalía mediante un comunicado emitido en la jornada del 22 de abril.

Asimismo, se dio a conocer que un fiscal de la Seccional Cali imputó cargos a las implicadas por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada y hurto calificado agravado. Aunque las procesadas no aceptaron su responsabilidad en los hechos, continuarán vinculadas al proceso judicial.

Como se recuerda, apenas se produjeron las primeras denuncias de demoras en la instalación de mesas por falta de material electoral, la ONPE emitió un comunicado responsabilizando a Galaga por estas fallas. Según la entidad, la empresa incumplió con lo acordado y no realizó la distribución del material.

Al igual que Corvetto, Alvarado se retiró rápidamente y sin declarar a la prensa. Su salida fue caótica, pues algunos periodistas incluso cayeron al intentar obtener sus declaraciones. El empresario permaneció menos tiempo que el exjefe de la ONPE y, al salir, se dirigió directamente a su vehículo.

Cuestionamientos a la empresa Galaga

El día de las elecciones, tras el comunicado de la ONPE, se conoció que la empresa Galaga realizó una convocatoria en redes sociales para alquilar camiones y contratar choferes, lo que sugirió que no contaba con las unidades necesarias para trasladar el material electoral.

Asimismo, la Contraloría recordó que emitió un informe a la ONPE alertando sobre deficiencias detectadas en la empresa. Tras una revisión más detallada, también se conoció que, en el pasado, Galaga había sido sancionada por la propia ONPE por incumplimientos.

En ese contexto, surgió la interrogante de por qué se contrató a una empresa más costosa y con antecedentes de sanción.

En un primer momento, el gerente de la empresa, Juan Alvarado, optó por guardar silencio. Sin embargo, Galaga sí se pronunció mediante un comunicado, en el que desmintió a la ONPE y le exigió que se disculpe públicamente por afectar su imagen.

Juan Alvarado responde

El gerente y fundador de Galaga S.A.C., Juan Charles Alvarado, rompió su silencio y respondió a los cuestionamientos por los retrasos en la distribución del material electoral durante las elecciones del 12 de abril. En declaraciones al dominical Punto Final, el empresario responsabilizó directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las demoras y anunció que ha solicitado una rectificación pública.

Alvarado sostuvo que su empresa cumplió con proporcionar los vehículos y conductores necesarios para el traslado del material. Sin embargo, afirmó que el problema se originó en el área de despacho de la ONPE, donde —según dijo— el material no estaba listo a tiempo. Como ejemplo, indicó que el último camión salió recién el mismo día de la elección, a las 5:51 de la mañana.

El empresario explicó que decidió no pronunciarse en los días previos para no interferir en el proceso electoral. “Yo guardé silencio, me mordí la lengua. Mi silencio ha obedecido a que yo estaba en proceso de ejecución del servicio (...) La ONPE nos culpa a nosotros de no llegar a tiempo, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese salido a hablar?”, señaló.

Asimismo, detalló que la operación logística se vio afectada por los tiempos de despacho y la dinámica interna de los almacenes asignados por la ONPE. “La entidad nos brindó 3 almacenes, en Eucaliptos, Lúcumo y San Pedro Life. Las 400 unidades no pueden estar amontonadas dentro de un almacén”, afirmó. Según explicó, cada unidad requería entre 25 y 35 minutos para completar el proceso antes de salir a ruta, lo que extendía significativamente los tiempos de distribución.

Alvarado también indicó que advirtió a funcionarios de la ONPE sobre unidades que no habían cargado material y que, pese a ello, se les pidió esperar. “Ya va a salir el material”, fue la respuesta que recibió, según relató.

Finalmente, rechazó observaciones de la Contraloría sobre la experiencia de los conductores y aseguró que su empresa cumplió con entregar toda la documentación requerida. Galaga ha remitido información a la ONPE solicitando una rectificación, sin obtener respuesta hasta el momento.

En Colombia ha generado opiniones divididas que el jugador Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético Nacional, haya vuelto a entrenar con el equipo antioqueño mientras sigue abierto un proceso en su contra en el que una joven lo acusó de haberla violado junto a un primo del deportista.

Debido a que varios periodistas indicaron Rodríguez había regresado a los entrenamientos luego de que la Fiscalía desestimó las pruebas presentadas por la denunciante, el ente acusador respondió una solicitud a la defensa de la presunta víctima, encabezada por el abogado Francisco Bernate.

La Fiscalía informó que el proceso penal contra Nicolás Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, por presunto abuso sexual registrado el 15 de marzo en Rionegro, sigue en etapa de indagación y que hasta el momento no se ha realizado una imputación formal ni se ha tomado una decisión sobre su responsabilidad.

La denuncia de la joven que acusa a Rodríguez se mantiene activa y la Fiscalía confirmó que no ha sido desestimada. El ente acusador destacó que cualquier información difundida en redes sociales o medios sobre un posible cierre del caso no corresponde a la realidad procesal. Por último, se confirmó que fue recibido un informe forense psicológico solicitado por la defensa de la denunciante.

Debido a la polémica que se ha generado sobre este caso, en diálogo con Infobae Colombia el abogado penalista Jhoan Montenegro explicó que tanto el jugador como la otra persona vinculada al proceso mantienen la presunción de inocencia hasta que sean imputados.

“Están siendo investigados y hasta el momento no han sido ni imputados, ni acusados y mucho menos vencidos en juicio. Estas personas cuentan con la presunción de inocencia y hoy se entienden inocentes hasta que un juez de la República dicte lo contrario”, explicó el jurista al indicar que, en teoría, no hay ninguna restricción que evite que Rodríguez pueda seguir jugando fútbol profesional.

En segundo lugar, el especialista habló de las claves del caso y la importancia de la recolección temprana de pruebas en casos de presunto abuso sexual.

“En este caso eran importantes o son importantes las pruebas que se tomaban como de parte de alertas tempranas por parte de la Fiscalía, las pruebas de ADN, etcétera. Todo el material probatorio que es trascendente para poder tratar de vencer en juicio a la persona que se entiende cometió el delito”.

Montenegro añadió que la celeridad en la recopilación de pruebas resulta clave, lo mismo que debe registrarse en un proceso de esta índole con los informes o resultados de los mismos.

“Las pruebas que eran necesarias e importantes para poder probar la culpabilidad de los autores materiales de las presuntas agresiones sexuales, era clave que se tomaran temprano. No podían ser después, no podían demorarse años, era en ese momento”.

Montenegro indicó que si tras la recolección y valoración del material probatorio, este no permite demostrar la responsabilidad de los investigados, el caso sería concluido, pero esto no debe ser agilizado por presión de alguna de las partes.

“Lo que en derecho corresponde es que la Fiscalía archive o precluya, porque las pruebas no indican que estos son culpables”, respondió el jurista.

Por último, el abogado habló de un debate entre lo ético y lo legal, ya que afirmó que en estos momentos no hay nada que impida que Rodríguez pueda entrenar con Nacional. “Su espectro laboral no puede ser afectado por una investigación que se está llevando adelante”.

Montenegro entendió que al tratarse de una denuncia sobre un hecho grave, es normal que las empresas o en este caso, un club de fútbol, decidan alejar al señalado de sus labores; sin embargo, resaltó que con ello podrían estar vulnerando sus derechos laborales.

El fenómeno de las masacres, que durante décadas pareció una tragedia ajena y exclusiva de los Estados Unidos, ha comenzado a proyectar una sombra persistente y alarmante sobre México. No se trata solo de la violencia sistémica derivada del crimen organizado, sino de un patrón psicológico y cultural perturbador: la “Columbinización”.

Este término refiere a la admiración y mímica de los perpetradores de la masacre de la Escuela Secundaria de Columbine en 1999. El caso más reciente, ocurrido en las inmediaciones de las Pirámides de Teotihuacán, ha encendido las alarmas nacionales, no solo por la brutalidad del acto, sino por la simbología que el atacante dejó tras de sí, vinculándolo directamente con el mito de Eric Harris y Dylan Klebold.

Casos en México: Del Colegio Cervantes a la persistencia del patrón

La historia de estas tragedias en territorio mexicano tiene puntos de inflexión desgarradores. El caso más emblemático y directo fue el del Colegio Cervantes de Torreón en 2020. En este suceso, un menor de 11 años abrió fuego contra su maestra y compañeros antes de quitarse la vida. Lo más escalofriante fue la vestimenta del niño: una playera blanca con la leyenda “Natural Selection”, exactamente igual a la que vestía Eric Harris el día de la matanza en Colorado. Este evento rompió la burbuja de seguridad en la que se encontraba el sistema educativo mexicano respecto a este tipo de crímenes “imitadores”.

Otro antecedente relevante fue el tiroteo en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey (2017). Aunque las motivaciones iniciales se ligaron a grupos de internet como “Legión Holk”, el análisis posterior de los perfiles digitales de los involucrados mostró una clara obsesión con la estética y el desarrollo táctico de las masacres estadounidenses.

En México, estos jóvenes suelen encontrar en Columbine una estructura de “reconocimiento” ante la alienación social, replicando uniformes, manifiestos y la decisión final del suicidio como un acto de autorreivindicación nihilista. La facilidad de acceso a armas, sumada a la desatención de la salud mental, ha creado un terreno fértil para que el “efecto imitación” se consolide.

El incidente en Teotihuacán, donde un joven arremetió contra un grupo de turistas y estudiantes en un punto de gran carga simbólica para el país, reveló tras las investigaciones preliminares que el agresor consumía contenido en foros de internet dedicados a glorificar a los “natural born killers”.

La elección del escenario, aunque alejada de un aula tradicional, sigue la lógica del impacto mediático y el sacrificio simbólico que caracteriza a estos eventos, demostrando que la fascinación por Columbine ha mutado y se ha adaptado al contexto mexicano, cruzando la frontera de lo escolar hacia lo público.

El “Efecto Contagio” fuera de nuestras fronteras

La influencia de Columbine no se limita a Norteamérica; es una epidemia global que ha tocado diversos continentes, donde los perpetradores ven en Harris y Klebold a figuras casi mesiánicas de la rebelión violenta.

1. Masacre de Kerch (Crimea, 2018): Vladislav Roslyakov asesinó a 20 personas vistiendo una camiseta de “Odio” (en ruso), imitando la estética de Harris.
2. Masacre de Suzano (Brasil, 2019): Dos atacantes en una escuela cerca de São Paulo utilizaron máscaras y armas similares a las de Columbine, citando explícitamente el evento en foros.
3. Escuela Secundaria de Jokela (Finlandia, 2007): Pekka-Eric Auvinen se autodenominó un “selector natural” en su manifiesto antes de matar a ocho personas.
4. Masacre de Kauhajoki (Finlandia, 2008): Matti Saari, amigo digital de Auvinen, replicó el patrón apenas un año después, demostrando la cadena de inspiración.
5. Masacre de Kazán (Rusia, 2021): Ilnaz Galyaviev afirmó ser “un dios” y buscó superar el impacto mediático de sus “predecesores” estadounidenses.

La Fiscalía General de la Nación en Colombia comunicó el 20 de abril de 2026 que el proceso penal contra Nicolás Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, por presunto abuso sexual ocurrido el 15 de marzo en Rionegro, permanece en etapa de indagación y hasta el momento no incluye imputación formal ni decisión sobre su responsabilidad.

El documento oficial, firmado por la Fiscalía 01 Seccional Rionegro, subraya que tampoco se ha desestimado la denuncia presentada por la joven, quien alega haber sufrido “desorientación” tras ingerir licor con un grupo de hombres.

Abogados penalistas consultados para el análisis del caso señalaron que, de comprobarse penetración sin consentimiento por incapacidad de la víctima, el Código Penal Colombiano establece una pena de entre 12 y 20 años de prisión, con posibilidad de agravantes según las condiciones del hecho. Rodríguez permanece apartado del plantel profesional de Atlético Nacional, a la espera del avance judicial.

El oficio, dirigido al apoderado de víctimas Francisco Bernate, precisa que el caso está caratulado por acceso carnal violento, bajo el número de noticia criminal especificado.

En el texto, la fiscal María Vilma Villa Pérez informa: “Actualmente, se adelanta proceso penal bajo el número de noticia criminal de la referencia, el cual se encuentra en etapa de indagación, por el delito de Acceso carnal violento. En esta fase procesal, se están desarrollando las actividades investigativas correspondientes dentro del programa metodológico, con el fin de esclarecer los hechos materia de investigación”, según el documento difundido por el ente investigativo.

La respuesta oficial de la Fiscalía sumó un llamado de atención respecto a la información difundida en redes sociales y medios de comunicación.

A propósito del seguimiento mediático y versiones sobre un eventual cierre del caso, la fiscal señaló: “Se precisa de manera categórica que, a la fecha, no se ha adoptado decisión alguna tendiente a desestimar la denuncia presentada, ni se ha emitido pronunciamiento de fondo respecto de la responsabilidad penal de los ciudadanos presuntamente vinculados”, indicó.

La Fiscalía desmiente versiones extraoficiales y confirma que la denuncia sigue vigente

Al intervenir ante las versiones alternativas difundidas por plataformas digitales acerca del estado del proceso, la Fiscalía 01 Seccional Rionegro sostuvo:

“La información difundida a través de medios de comunicación y redes sociales es ajena a la realidad procesal, toda vez que por parte de este despacho NO se ha informado nada del impulso procesal; razón por la cual de manera respetuosa se recomienda acudir directamente a este Despacho para la verificación de cualquier información relacionada con el trámite de la actuación penal, antes de hacer conjeturas que pueden generar malos entendidos”, informó la fiscal Villa Pérez.

El documento oficial también confirmó la recepción del informe forense psicológico solicitado por la defensa de la joven denunciante. La fiscal añadió: “Respecto al informe forense psicológico allegado por su despacho, se deja constancia de su recepción, el cual será valorado conforme a las reglas de la sana crítica y pertinencia probatoria dentro del desarrollo de la investigación”, conforme consta en la comunicación obtenida por Infobae.

En el cierre de la carta, la funcionaria respondió sobre presuntas situaciones de hostigamiento citadas por el apoderado de la víctima. La Fiscalía sugirió: “Finalmente, en relación con las manifestaciones de hostigamiento referidas en su comunicación, se sugiere acudir ante la Fiscalía General de la Nación a fin de interponer la respectiva denuncia, con el propósito de que se adelanten las investigaciones a que haya lugar”.

El proceso penal contra Nicolás Rodríguez permanece en etapa de indagación. El futbolista continúa separado del plantel profesional de Atlético Nacional mientras la Fiscalía General de la Nación evalúa pruebas y testimonios para determinar la eventual responsabilidad o inocencia del jugador en la causa.

El agresor que atacó a turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán el 20 de abril destinó más de 41 mil pesos para adquirir un revólver, cartuchos y equipo táctico, según informó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, durante la conferencia matutina de este martes. Las autoridades confirmaron que el atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez, preparó su acción con antelación y actuó solo.

La Fiscalía de Edomex detalló que el arma empleada fue un revólver calibre .38 especial, por el que el agresor pagó cuarenta mil pesos.

Los cartuchos útiles, de fabricación nacional y marca Águila, costaron diez mil pesos y eran de uso policial, pero accesibles en el mercado informal. En total, el atacante portaba más de cincuenta cartuchos sin percutir, además de un cuchillo y diversos objetos personales.

Municiones de uso policial y rutas de adquisición

El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, explicó que los cartuchos adquiridos por el agresor eran de venta restringida, pero se comercializan en canales informales.

“Son cartuchos de fabricación nacional, de uso policial civil, pero con alguna connotación también de fuerzas civiles de seguridad, rayan en la línea de los reservados para uso exclusivo de las fuerzas armadas. Son más accesibles que los calibres de mayor poder (...) Entonces bajo este contexto, especulando, la fuente de adquisición pudiera ser desde un mercado informal o un mal elemento que se las facilitó, puntualizó Cervantes.

El agresor percutió al menos catorce cartuchos durante el ataque, según la reconstrucción de los hechos presentada en la conferencia. El resto de la munición se mantenía en la bolsa plástica que portó todo el tiempo.

El perfil del atacante y sus movimientos previos

De acuerdo con las declaraciones, Jasso Ramírez llegó a la zona tras hospedarse en un hotel cercano. Utilizó un vehículo de una plataforma para trasladarse hasta San Juan Teotihuacán.

En su mochila se hallaron manuscritos y literatura vinculada a hechos violentos ocurridos en Estados Unidos en 1999, lo que llevó a las autoridades a explorar la hipótesis de una imitación o copycat.

La investigación ministerial señaló que no existen indicios de colaboración externa: “Esta persona actuó sola, no se detectaron indicios que permitieran suponer la participación de alguien más”, dijo Castañeda Camarillo durante la conferencia. Además, los peritajes confirmaron que todos los indicios balísticos hallados corresponden al calibre .38.

Resguardo y seguimiento

Tras el ataque, la zona arqueológica fue desalojada y asegurada por más de trescientos elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

Las autoridades reiteraron que la investigación continúa para determinar los canales exactos de adquisición del armamento y las motivaciones del atacante, quien resultó herido por la Guardia Nacional y posteriormente se quitó la vida.

El fiscal adjunto Leonardo Rosales Zavala estableció la diligencia, que se realizará a las 16:00 en la sede del Ministerio Público. Corvetto participa en la investigación en calidad de testigo, según precisó la fiscalía.

Las irregularidades detectadas en la distribución de material electoral y en el desarrollo de los comicios del 12 de abril motivaron la citación, según informó la Fscalía.

Piero Corvetto llegó a la sede de la Fiscalía

El propio Corvetto llegó a la sede de la ONPE alrededor de las 7:10 a.m. desde su vivienda en Miraflores, acompañado por resguardo policial y seguridad privada. Está previsto que, durante la tarde, se traslade a la Fiscalía Anticorrupción para cumplir con la citación y entregar su pasaporte, tal y como lo ofreció al Ministerio Público en un escrito enviado por él.

Según Exitosa, el acceso vehicular restringido se mantiene este martes para la mayoría de vehículos, con ingreso exclusivo para personal previamente acreditado y residentes. El control peatonal, igualmente, solo permite el paso a trabajadores del organismo electoral y de edificios aleñados.

Corvetto, quien cuenta con protección de Seguridad del Estado las 24 horas y canceló sus vacaciones programadas entre el 7 y el 12 de mayo, también manifestó su disposición para que se levante el secreto de sus comunicaciones y para entregar su pasaporte vigente.

PNP había iniciado acciones para prevenir supuesta fuga

Previo a esta decision, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya había dispuesto medidas extraordinarias tras conocerse una posible solicitud de detención preliminar por siete días contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Según un documento, el Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, instruyó a los mandos policiales a desplegar acciones inmediatas para prevenir cualquierintento de evasión o salida del paíspor parte de Corvetto Salinas y otros funcionarios investigados.

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto

Infobae Perú accedió al oficio enviado al despacho de María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la JNJ, el pasado 17 de abril por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, en el que le solicita que “se evalúe de acuerdo a sus atribuciones la suspensión temporal o remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, en tanto culminen las investigaciones en su contra (...)”

El texto indica que el pedido del parlamentario de Perú Libre se debe la necesidad de “de garantizar la transparencia que todo proceso de votación y conteo debe tener desde su etapa inicial, hasta el final, independientemente de qué organizaciones políticas estén participando”

La sustracción de material biológico destinado a investigaciones por presunto manejo en estado de ebriedad activó alertas en la ciudad del Cusco. El hecho involucra a una oficial de la Policía Nacional del Perú que trasladaba muestras de sangre desde la provincia de La Convención hacia la capital regional.

El caso ocurrió en un contexto de operativos de control vinculados al delito de peligro común, en los que el dosaje etílico cumple un rol clave como sustento probatorio. La pérdida temporal de estas evidencias generó atención tanto en la institución policial como en el Ministerio Público, que ya tomó conocimiento de lo sucedido.

La información disponible detalla que el material sustraído corresponde a exámenes realizados a conductores intervenidos. La Policía sostiene que existen mecanismos de respaldo que permitirán continuar con los procesos sin afectar los resultados previstos.

Asalto durante traslado de muestras en zona urbana

De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró el 17 de abril cerca de las 22:45 horas, en inmediaciones de la institución educativa Comercio 41, dentro de la jurisdicción de Tahuantinsuyo. La mayor PNP Cyntia Melissa Medina Gonzales transitaba por el lugar cuando fue interceptada por dos sujetos.

Según la denuncia, los individuos la redujeron por el cuello y la obligaron a desplazarse hacia un sector con escasa iluminación. En ese punto, le arrebataron una mochila de lona negra que contenía 30 muestras de dosaje etílico, además de un teléfono móvil y documentos personales. Tras el ataque, los agresores escaparon en dirección al mercado Rosaspata.

El parte oficial señala que la agente se presentó horas después en la comisaría para formalizar la denuncia. El documento consigna que el caso se comunicó al representante del Ministerio Público, identificado como el fiscal César Tupac Condori, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa.

Material provenía de operativos en La Convención

El jefe de Orden y Seguridad de la Región Policial Cusco, coronel Carlos Guizado, confirmó el origen de las muestras sustraídas. “Se le ha sustraído su mochila y su celular. Dentro de la mochila había 30 muestras de dosaje etílico provenientes de Quillabamba”, indicó.

Las muestras estaban destinadas a análisis en la ciudad del Cusco, como parte de procedimientos vinculados a intervenciones por presunto estado de ebriedad en conductores. Estas pruebas forman parte de expedientes que requieren sustento técnico para determinar responsabilidades.

El traslado de este tipo de material se realiza bajo protocolos específicos, debido a su valor en procesos judiciales. Por esa razón, el incidente motivó la intervención de áreas de control interno dentro de la Policía Nacional.

Pese al robo, la institución policial informó que los procedimientos no se verán interrumpidos. El coronel Guizado precisó que existen muestras adicionales que garantizan la continuidad de los análisis. “Se cuenta con contramuestras, por lo que está garantizado el análisis correspondiente”, afirmó.

Este sistema de respaldo permite que las investigaciones no dependan de una única evidencia física. En casos de pérdida o deterioro, las contramuestras cumplen la función de asegurar la validez del proceso técnico.

La Policía no detalló el número exacto de muestras duplicadas ni su ubicación, aunque confirmó que forman parte del protocolo habitual en este tipo de intervenciones.

Investigación en curso y verificación de protocolos

El caso se encuentra en etapa de diligencias preliminares. El Ministerio Público inició acciones para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. En paralelo, la Inspectoría de la Policía Nacional abrió un proceso interno para evaluar si se cumplieron las medidas de seguridad durante el traslado del material.

Las autoridades buscan identificar a los responsables del asalto mediante acciones de investigación en la zona donde ocurrió el hecho. Hasta el momento, no se reportan detenciones vinculadas al caso.

Un reporte ciudadano también difundió información sobre el incidente, en el que se menciona la presunta comisión de delito contra el patrimonio bajo la modalidad de robo agravado. En ese documento se detalla la pérdida de las muestras, así como de un equipo móvil de alta gama y documentos oficiales.

El proceso se mantiene bajo el principio de presunción de inocencia, mientras las autoridades continúan con las diligencias orientadas a ubicar el material sustraído y establecer las circunstancias del hecho.

La Procuraduría General del Estado solicitó al Ministerio Público la inclusión de Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y de Edward Eloy Alarcón González, gerente de administración de la entidad, en la investigación preliminar por presunta colusión agravada vinculada a las irregularidades detectadas en la jornada electoral del 12 de abril.

El pedido de la Procuraduría —formulado por Mario Luna Ramos, procurador público especializado en delitos de corrupción (e)— plantea la “ampliación, precisión de hechos e identificación de presuntos implicados” dentro del caso que investiga acciones que impidieron a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto en Perú.

En comunicación dirigida a la Fiscalía Provincial Corporativa, el jefe de la ONPE manifestó además críticas hacia la Policía Nacional del Perú (PNP) por aumentar la vigilancia ante una posible salida suya del país, describiendo la medida como “un despropósito y un exceso”, dado que cuenta con seguridad permanente de Estado y reportes constantes al Comando de Operaciones Policiales a cargo del teniente general PNP, Luis Jesús Flores Solís.

Corvetto autoriza levantar el secreto de sus comunicaciones y entregar su pasaporte

Un documento difundido por RPP enviado por Corvetto al quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios indica que está disponible para las investigaciones que se tengan que realizar en su contra. “Apego a la misma en todos sus extremos y de ser necesario en mi condición de testigo”, indica el texto.

Corvetto también indicó al Ministerio Público que tomó dos decisiones para facilitar el proceso de lasa investigaciones: “Autorizar el Levantamiento del Secreto de mis Comunicaciones en el periodo que se requiera (...)” y “entregar mi Pasaporte Vigente (...)”. En ambos casos Corvetto solicitó a la Fiscalía que fije un día y hora para entregar el documento de identificación y firmar las actas correspondientes.

El jefe de la ONPE también solicitó formalmente a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional reprogramar su declaración testimonial, originalmente prevista para las 15:00 del viernes 17 de abril. Corvetto argumentó que el cronograma electoral aún requiere su presencia para la entrega de los resultados oficiales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

PNP había iniciado acciones para prevenir supuesta fuga

Previo a esta decision, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya había dispuesto medidas extraordinarias tras conocerse una posible solicitud de detención preliminar por siete días contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Según un documento, el Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, instruyó a los mandos policiales a desplegar acciones inmediatas para prevenir cualquier intento de evasión o salida del país por parte de Corvetto Salinas y otros funcionarios investigados.

Una posible pena efectiva por expresiones racistas y discriminatoriaspodría recaer sobre el streamer conocido como Cristorata, tras una investigación penal iniciada en Perú. El caso surge a raíz de declaraciones ofensivas contra votantes y pueblos originarios del sur del país, emitidas por el creador de contenido durante una transmisión en la plataforma digital Kick.

La denuncia, presentada por el abogado cusqueño Dennis Llamoca, avanza en el Ministerio Público, mientras entidades como el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Cusco ya manifestaron su rechazo público a los hechos.

El abogado Llamoca, quien interpuso la denuncia, precisó en entrevista con Exitosa que la causa progresa en la fiscalía, con diligencias en curso y el objetivo de formalizar. “Que se formalice la acusación, que formalice la etapa de investigación preparatoria y posterior a ello que se vaya a juicio y que sea bien sentenciado este señor”, expresó.

El letrado subrayó que la denuncia responde a actos discriminatorios dirigidos a la zona sur, a los pueblos originarios y a la colectividad.

Las diligencias incluyen la declaración de Cristopher Puente Viena, nombre real del streamer peruano, así como la realización de exámenes psicológicos. Trascendió que la fiscalía también revisará los videos en los que se emitieron las frases, consideradas por el abogado como “expresiones racistas”.

Según Llamoca, el artículo 323 del Código Penal peruano establece una sanción de dos a tres años de prisión para quienes incurran en actos de discriminación, y en situaciones agravadas, el fiscal puede solicitar una “pena efectiva”, es decir, cárcel.

Reacción social

Mientras revisaba el conteo por las Elecciones 206 en la web de la ONPE, Cristorata lanzó una serie de insultos contra la población andina durante una transmisión en vivo. “Que rabia estos hue** son andinos, burros oe. Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que le envíen una bomba”. Añadió frases como “No comprendo qué les pasa a estos serranos. Serranos de mie, come mote de mie**”, y otras expresiones dirigidas a la población del sur.

Las palabras de Cristorata provocaron un rechazo inmediato en redes sociales y entre líderes de opinión. Ante la presión, el creador de contenido publicó mensajes de disculpa en su cuenta de X (antes Twitter) y luego reiteró su arrepentimiento en un nuevo video, reconociendo el impacto negativo de sus comentarios en la audiencia. “A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”, declaró.

Medidas legales

El Ministerio de Cultura condenó públicamente las expresiones a través de un comunicado, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural. La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladó el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos para que se iniciaran las investigaciones preliminares, conforme al artículo 323.

Por su parte, la Municipalidad de Cusco declaró persona non grata a Cristorata. El abogado Dennis Llamoca celebró la decisión y afirmó que la ciudad no permitirá actos de racismo ni discriminación, especialmente hacia la zona de Cusco, Puno y Juliaca.

“Yo voy a ser uno de los primeros cuando aterrice aquí en el aeropuerto, ir con mi cartelón y poner un cartelón grande ahí, racista y discriminador a este sujeto cuando venga o quiera conocer Machu Picchu”, sostuvo Llamoca en declaraciones recogidas por Exitosa.

Delitos y sanciones

Durante la entrevista, Llamoca precisó que la acusación se fundamenta en el artículo 323 del Código Penal, que penaliza la exclusión, limitación o negación de derechos por motivos discriminatorios. El abogado remarcó que la conducta atribuida a Cristorata se considera agravada por haberse realizado ante millones de seguidores y por incidir en derechos de pueblos originarios y comunidades campesinas.

Consultado sobre la posibilidad de que las disculpas públicas influyan en la decisión judicial, Llamoca aclaró que en delitos de discriminación la retractación no exime de responsabilidad, a diferencia de los procesos por difamación.

“El delito ya se ha consumado y lo que se ha establecido en el artículo trescientos veintitrés con esas palabras racistas y discriminatorias por parte de este Cristorata”, enfatizó el denunciante.

Plazos del proceso

Sobre los tiempos previstos para el desarrollo judicial, Llamoca estimó que el proceso podría resolverse en un lapso de dos a cuatro meses, dado que las pruebas resultan evidentes y se plantea una acusación directa ante el juzgado de flagrancia. En este tipo de procedimientos, las audiencias suelen realizarse en cuestión de semanas, explicó el letrado.

La situación de Cristorata permanece bajo observación pública y legal a la espera de los siguientes pasos en la investigación fiscal. Tanto la reacción institucional como el avance del proceso penal mantienen el foco en las consecuencias sociales y jurídicas de actos discriminatorios durante procesos electorales y transmisiones en plataformas digitales.

Tres ciudadanos extranjeros recibieron una condena de 35 años de prisión en Lima tras ser hallados culpables de secuestro agravado, intento de homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego, según confirmó la Fiscalía Penal Corporativa de Lima Norte.

La sentencia, dictada en las últimas horas, incluye el pago solidario de S/ 50.000 a favor de la víctima, una empresaria secuestrada el 22 de junio de 2023 en San Martín de Porres.

Franyer Silva (34), Willie Alfonzo (32) y Anderson Méndez (29) fueron responsabilizados por interceptar el vehículo de la empresaria después de que ella dejara a su hijo en el colegio, obligándola a subir a otro automóvil bajo amenazas con armas de fuego. Durante el incidente, el agente de seguridad que la acompañaba resultó herido por disparos al intentar frustrar el secuestro, pero alcanzó a alertar a la Policía Nacional del Perú (PNP).

En respuesta, la PNP desplegó un operativo de cerco y localizó la unidad en la que se encontraba la víctima. Durante la persecución, los sentenciados abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron los ataques y concretaron la captura en Los Olivos cuando los delincuentes trataban de huir a pie. La empresaria fue rescatada ilesa en el interior del vehículo raptor, donde se incautaron armas de fuego utilizadas en el ilícito.

La Fiscalía Penal de Lima Norte fundamentó la acusación en actas de intervención, videos de seguridad, pericias forenses y testimonios de los agraviados, detalló el fiscal Yoel Valverde al sustentar los medios probatorios durante el juicio.

Secuestro frustrado

Según reportes de medios al momento del intento de secuestro en 2023 indican que, aunque la víctima salió ilesa, una vecina del distrito resultó herida por el impacto de una bala cuando salía a comprar pan.

“Mi madre resultó herida de bala en el lugar del secuestro. La tuvimos que traer nosotros mismos hasta la clínica para que la atiendan, yo quise llevarla a un hospital, pero los médicos me dijeron que está grave. Se está desangrando y la tienen que operar, yo no puedo costear los gastos. No sabemos si la bala es de los secuestradores o de la Policía que me ayuden por favor”, indicó la hija de la vecina herida según La República el día del incidente.

¿Quién es Frank Silva, el delincuente extranjero que intentó secuestrar a la empresaria?

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) en horas posteriores a la captura de los criminales, Frank Silva Romero tenía un requerimiento de captura en Chile también por un caso de secuestro y homicidio; así como también una alerta azul internacional, la cual sirve para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

Trascendió que el criminal era uno de los principales sospechosos de la muerte de Eudimar Pérez Marín, una mujer asesinada en Colombia. Según el coronel Jorge Carpio, entonces jefe de la División Antisecuestros de la PNP, los criminales pertenecerían a una facción de la banda de ‘Los Gallegos’, la cual tiene vinculación con el ‘Tren de Aragua’.

En medio de rumores sobre una posible salida del país a raíz de las investigaciones en su contra por su gestión en las Elecciones 2026, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y anunció que entregará su pasaporte al Ministerio Público.

Un documento difundido por RPP enviado por Corvetto al quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios indica que está disponible para las investigaciones que se tengan que realizar en su contra. “Apego a la misma en todos sus extremos y de ser necesario en mi condición de testigo”, indica el texto.

Corvetto también indicó al Ministerio Público que tomó dos decisiones para facilitar el proceso de lasa investigaciones: “Autorizar el Levantamiento del Secreto de mis Comunicaciones en el periodo que se requiera (...)” y “entregar mi Pasaporte Vigente (...)”. En ambos casos Corvetto solicitó a la Fiscalía que fije un día y hora para entregar el documento de identificación y firmar las actas correspondientes.

Jefe de la ONPE solicita aplazar su declaración ante la Dircocor

El jefe de la ONPE solicitó formalmente a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional reprogramar su declaración testimonial, originalmente prevista para las 15:00 del viernes 17 de abril. Corvetto argumentó que el cronograma electoral aún requiere su presencia para la entrega de los resultados oficiales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el escrito dirigido a la Fiscalía, Corvetto expresó su total disponibilidad para colaborar con las investigaciones, pero solicitó un plazo razonable para cumplir con sus funciones institucionales. Paralelamente, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar y otorgó al funcionario diez días hábiles para presentar sus descargos sobre las fallas logísticas y retrasos ocurridos el día de la elección.

En este contexto, la ONPE oficializó el relevo del gerente de Gestión Electoral, designando provisionalmente a Gustavo García Hidalgo en reemplazo de José Samamé, quien reconoció su responsabilidad en los retrasos que afectaron la instalación de mesas y el desarrollo de la jornada electoral.

PNP había iniciado acciones para prevenir supuesta fuga

Previo a esta decision, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya había dispuesto medidas extraordinarias tras conocerse una posible solicitud de detención preliminar por siete días contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Según un documento, el Director Nacional de Investigación Criminal, Teniente General Manuel Lozada Morales, instruyó a los mandos policiales a desplegar acciones inmediatas para prevenir cualquier intento de evasión o salida del país por parte de Corvetto Salinas y otros funcionarios investigados.

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto

Infobae Perú accedió al oficio enviado al despacho de María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la JNJ, el pasado 17 de abril por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, en el que le solicita que “se evalúe de acuerdo a sus atribuciones la suspensión temporal o remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, en tanto culminen las investigaciones en su contra (...)”

El texto indica que el pedido del parlamentario de Perú Libre se debe la necesidad de “de garantizar la transparencia que todo proceso de votación y conteo debe tener desde su etapa inicial, hasta el final, independientemente de qué organizaciones políticas estén participando”

La lucha contra la criminalidad organizada en Lima Noroeste sumó un nuevo capítulo tras la detención preliminar de 15 presuntos miembros de la organización ‘Los Despiadados II’. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, liderada por la fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra, coordinó de manera simultánea diversas acciones en el marco de una investigación por delitos de extorsión y sicariato.

La operación incluyó el allanamiento de 22 viviendas distribuidas en distintos puntos de la capital, así como la requisa de una celda en el penal de Juliaca, región Puno. En estos procedimientos, las autoridades incautaron celulares, dispositivos electrónicos y documentos considerados clave, entre ellos declaraciones juradas que vincularían a los detenidos con la estructura delictiva.

Según fuentes de la investigación, la organización venía operando desde mediados de 2023 y había logrado tejer una red de extorsión dirigida principalmente al sector transporte. Conductores de colectivos y buses interprovinciales eran obligados a pagar tarifas diarias de S/ 10 y S/ 20, respectivamente, bajo amenazas.

Además, la red exigía sumas que alcanzaban entre S/ 1.700 y S/ 2.000 a transportistas que cubrían rutas entre Lima y ciudades como Chancay, Huaral, Huacho y Barranca. Se estima que, a través de este sistema, la organización recaudó cerca de S/ 1.800.000 anuales.

Uno de los episodios más violentos de la investigación ocurrió en julio de 2025, cuando un individuo vinculado a una banda rival fue asesinado en el paradero Fundición de la Panamericana Norte, en Puente Piedra. Este crimen, que la Fiscalía atribuye a una disputa por el control territorial, marcó un punto crítico en la escalada de violencia que afecta a los transportistas de la zona norte de Lima.

El despliegue contó con el respaldo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, así como la presencia de representantes de la defensa pública para garantizar la legalidad de las diligencias. Las autoridades señalaron que la investigación permanece abierta y que no se descarta la identificación de nuevos implicados, así como la ampliación de las pesquisas hacia las finanzas ilícitas de la organización.

Con esta acción, la Fiscalía reafirma su compromiso de enfrentar de manera articulada a las redes criminales, proteger la seguridad de los ciudadanos y restablecer el control en sectores estratégicos afectados por la extorsión y el sicariato.

Canales de emergencia ante la extorsión

El Ejecutivo puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, confidencial y operativo las 24 horas, orientado a recibir denuncias de extorsión y ofrecer atención inmediata. Este sistema se encuentra integrado con la Central de Emergencias 105, lo que permite remitir rápidamente grabaciones, videos y otros elementos probatorios.

Adicionalmente, se han dispuesto diversos canales para reportar este tipo de delitos:

• Línea 1818: exclusiva para denuncias de extorsión.
• Celular 942 841 978: habilitado para reportes urgentes.
• Comisarías: disponibles en todos los distritos para denuncias presenciales.
• Depincri: divisiones especializadas en investigaciones de extorsión.
• Bomberos Voluntarios del Perú: 116.
• Centro de Emergencia Mujer: 100.
• SAMU (servicio de atención médica urgente): 106.
• Hospital Nacional de Emergencias: 113.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa detuvo a Juan Carlos “N”, también conocido como “El Taurus”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.

El influencer, propietario del negocio Carnitas Fit en Culiacán, fue arrestado después de que presuntamente agredió con un arma de fuego a una persona en su establecimiento el pasado 9 de abril.

Sin embargo, en días recientes “El Taurus” contó su versión mediante su cuenta de Tiktok, en la que señaló que él se defendió de una amenaza con arma de fuego por parte otro sujeto.

Según la FGE Sinaloa, la detención se realizó este 17 de abril a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, con apoyo de la Policía de Investigación del grupo Ares.

El caso se integró a partir de una carpeta de investigación de la Unidad del Ministerio Público de lo Penal de Tramitación Común, Región Centro, que recopiló las pruebas para solicitar la orden judicial.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, que deberá definir su situación jurídica.

La versión oficial de la FGE Sinaloa

La Fiscalía informó que el hecho investigado ocurrió en la colonia Emiliano Zapata, donde Juan Carlos “N” habría atacado a un hombre con un arma de fuego dentro de su negocio, hecho que fue denunciado.

Tras el incidente, la autoridad judicial giró una orden de aprehensión, cumplimentada por los agentes este mismo día, 17 de abril.

El comunicado no detalló el estado de la víctima ni precisó si hubo lesiones graves, pero confirmó que el delito se persigue bajo la figura de tentativa de homicidio calificado.

Las diligencias incluyeron la recopilación de testimonios y la revisión de la escena, según la carpeta de investigación de la FGE.

Testimonios en redes sociales

Antes de su detención, “El Taurus” subió diversos videos a su cuenta de TikTok para narrar su versión de los hechos.

En el primero, el empresario afirmó que el agresor entró a su negocio, lo amenazó con un arma y lo golpeó en la cabeza con la cacha. Relató que el intruso portaba un maletín con guantes, bolsas de plástico, cinta gris, martillo y un taladro.

Dijo: “El morro se metió aquí a apuntarme con un arma que me dijo que me iba a llevar la chingada, le apuntó a mi esposa con el arma. Ahora resulta que él es el ofendido y yo soy el responsable”.

En su testimonio, sostuvo que sólo se defendió dentro del local, y cuestionó que las autoridades lo consideraran responsable de los hechos.

Señaló que el joven agresor dijo ser carnicero.

El propio Taurus negó tener problemas con alguien y dijo: “Yo soy una persona de trabajo. No tengo vicios, no fumo, hago ejercicio, soy un hombre de familia”.

El impacto en su negocio

En un segundo video, Juan Carlos “N” agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que tanto él como su esposa se encontraban bien, pese a las lesiones sufridas.

Mostró una herida en la cabeza y reiteró que presentó una denuncia ante la autoridad.

“El Taurus” afirmó que la persona que entró a su negocio habría sido enviada por alguien más y que le ofrecieron veinte mil pesos para cometer la agresión.

Dijo textualmente: “A esa persona que fue y se metió a mi negocio, fue una persona que mandaron y le ofrecieron veinte mil pesos.”

El influencer señaló que su negocio Carnitas Fit continuó operando tras el incidente, aunque uno de sus trabajadores temió regresar.

Explicó que mantiene sus actividades laborales y negó tener deudas o conflictos con terceros: “Yo no tengo problemas con nadie. Al único que le debo es al banco”.

El Taurus concluyó su mensaje asegurando que su prioridad era proteger a su familia y empleados.

Según el Ministerio Público, el procedimiento responde a la necesidad de verificar la existencia y estado del material utilizado en los comicios del 12 de abril, en medio de denuncias sobre pérdida y hallazgo irregular de votos. El fiscal provincial Ricardo Walter López García encabezó la diligencia, solicitada por la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE.

"Un equipo liderado por el fiscal provincial Ricardo Walter López García, ante el requerimiento de la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE, participa en la constatación que efectuará dicho ente electoral a la ONPE sobre la existencia del material de sufragio utilizado en 12 de abril“, compartió el Ministerio Público en su cuenta de X.

Durante la elección, más de 55.000 personas no pudieron votar debido a retrasos y fallas del sistema implementado por la ONPE, lo que llevó a prorrogar el período de sufragio hasta el lunes siguiente. Este incidente, sumado a denuncias de presunto fraude y al hallazgo de material electoral en la vía pública, generó un clima de tensión y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Fiscalía y JNE intervienen almacén de la ONPE en Lurín

La intervención en el almacén principal de la ONPE movilizó a equipos de la Fiscalía y del JNE, quienes ingresaron al recinto pasadas las 12:00 horas. El despliegue incluyó la presencia de vehículos oficiales y personal identificado de ambas instituciones, que procedieron a revisar documentación, actas y sobres lacrados con votos. El operativo surgió tras reportes sobre la desaparición de material electoral y el hallazgo de cajas con sufragios en condiciones irregulares.

“La Dirección Nacional de Fiscalización del JNE en coordinación con los representantes del Ministerio Público, acuden a los almacenes de la ONPE en Lurín, para que, en el marco de sus funciones, se verifique el repliegue del material electoral que pueda hallarse en dicho lugar”, publicó el JNE.

Imágenes transmitidas por 24 Horas de Panamericana Televisión mostraron el ingreso de los fiscales, mientras la expectativa crecía sobre posibles incautaciones o hallazgos durante la diligencia. La labor principal fue constatar la integridad del material de votación y documentar cualquier irregularidad para sustentar las investigaciones en curso.

El Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus representantes, acompañó la diligencia en Lurín, subrayando la importancia de salvaguardar la cadena de custodia del material electoral, aspecto clave para la legitimidad del proceso. La intervención se suma a otras medidas adoptadas en sedes de la ONPE en Lima, donde también se investiga el retraso en la distribución de insumos a los locales de votación.

Fiscalía investiga retrasos en instalación de mesas de sufragio

El Ministerio Público abrió una investigación para determinar las responsabilidades detrás de las graves fallas logísticas que marcaron la jornada electoral del 12 de abril. Según datos oficiales, al menos 211 mesas de sufragio no fueron instaladas a tiempo, lo que afectó la votación en 75 instituciones educativas de Lima Metropolitana y Callao, especialmente en distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

La ONPE atribuyó el retraso a la empresa Gálaga, encargada del reparto de material, señalando que no cumplió con la entrega oportuna de equipos y documentos esenciales para habilitar los locales. Esta situación motivó que las autoridades ampliaran en una hora el horario de votación, aunque miles de ciudadanos se vieron obligados a sufragar en una jornada adicional el lunes siguiente.

El jefe de la ONPE Piero Corvetto enfrenta cuestionamientos y podría ser incluido en la investigación penal por omisión de funciones. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó una denuncia penal y solicitó la detención del funcionario, aludiendo a un supuesto intento de fraude. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas concretas que respalden tales acusaciones, según lo expresado por las autoridades electorales y judiciales.

Hallazgo de cajas con votos en un tacho de basura en Surquillo

La crisis se profundizó con el hallazgo de cuatro cajas lacradas con 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en el distrito de Surquillo, hecho que desató una fuerte controversia entre la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras la ONPE sostuvo que el incidente se debió a una negligencia en el traslado del material y defendió la existencia de custodia oficial en el proceso, el presidente del JNE, Roberto Burneo, desmintió esta versión ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Burneo afirmó que las cajas fueron transportadas en vehículos particulares sin la presencia de fiscalizadores ni efectivos policiales y que el comunicado de la ONPE era falso en cuanto a la cadena de custodia. El JNE anunció que se están elaborando informes que serán remitidos a la Procuraduría para que determine las acciones correspondientes.

Este hallazgo refuerza la preocupación sobre el manejo del material electoral y la transparencia del proceso, en un contexto donde las autoridades buscan esclarecer los hechos y restablecer la confianza pública en el sistema democrático peruano.

La violencia volvió a golpear a las instituciones de justicia en el Estado de México. Un agente del Ministerio Público fue asesinado mientras realizaba actividades relacionadas con su trabajo, en un hecho que ha generado condena por parte de las autoridades estatales.

La víctima fue identificada como Armando García Jiménez, funcionario adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien perdió la vida tras ser atacado a balazos en el municipio de Tenancingo, al sur de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el agente acudía a cumplir con una diligencia cuando fue interceptado y agredido de manera directa en un rancho ubicado en la comunidad de Tepetzingo.

El ataque ocurrió mientras el funcionario se encontraba en servicio, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una agresión directa vinculada con sus labores.

Hallazgo del cuerpo y primeras indagatorias

Tras la agresión, el cuerpo del agente fue localizado al interior de una camioneta en la zona. Elementos de la Fiscalía Regional acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación por homicidio.

Versiones preliminares señalan que al menos una persona habría sido detenida en relación con los hechos, aunque las autoridades no han detallado el avance de la investigación ni el posible móvil del crimen.

Condena oficial y promesa de justicia

A través de un comunicado, la FGJEM condenó el asesinato y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del funcionario.

La institución aseguró que no habrá impunidad y que se desplegarán todos los recursos necesarios para esclarecer el crimen y castigar a los responsables.

“Condenamos los cobardes hechos en los que fue privado de la vida”, señaló la dependencia, al reiterar su compromiso con la justicia.

Violencia contra funcionarios: un problema persistente

El asesinato de García Jiménez se suma a una preocupante tendencia de ataques contra personal de procuración de justicia en distintas regiones del país. En días recientes, otro hecho violento —una emboscada contra personal ministerial en Michoacán— dejó un saldo de un muerto y dos heridos.

Estos episodios reflejan los riesgos que enfrentan los funcionarios encargados de investigar delitos, especialmente en zonas donde operan grupos del crimen organizado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como órgano encargado de investigar y perseguir delitos del fuero común, enfrenta el desafío de operar en contextos de alta violencia, donde el ejercicio de la justicia puede convertirse en una actividad de alto riesgo.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos inició una investigación preliminar contra Christopher Puente Viena, conocido como Cristorata7, luego de que emitiera expresiones consideradas racistas durante una transmisión en la plataforma Kick.

El hecho ocurrió mientras se comentaban los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, celebradas el pasado domingo 12 de abril, generando reacciones inmediatas tanto en la esfera digital como en instituciones públicas.

La investigación fue anunciada por la Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, que señaló como fundamento el presunto delito de discriminación en agravio de la población indígena.

En el marco de las diligencias, se programó una evaluación psicológica al investigado, el análisis del video original y la transcripción de todo el contenido difundido en la transmisión, además de la declaración del streamer y otras acciones urgentes para esclarecer los hechos.

El caso se originó cuando Cristorata7, con una audiencia cercana a los 700 mil seguidores, reaccionó durante un en vivo al avance del escrutinio. Diversas frases ofensivas y peyorativas, dirigidas a electores de las regiones andinas, se viralizaron rápidamente.

En la víspera, el Ministerio de Cultura (Mincul) emitió un comunicado en el que rechazó públicamente las expresiones del streamer e informó que la Procuraduría Pública pondría el caso en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos, conforme al artículo 323 del Código Penal sobre actos de discriminación.

La entidad exhortó a la ciudadanía, y en especial a los creadores de contenido digital, a ejercer un uso responsable del lenguaje en medios de difusión y evitar expresiones que promuevan o normalicen la discriminación.

Reacciones y alcance digital

La magnitud del incidente se explica también por el alcance de la transmisión. Las plataformas de streaming se han consolidado como espacios de interacción directa, donde los mensajes pueden viralizarse en segundos.

El contenido ofensivo no solo fue replicado en redes, sino que alcanzó a un público amplio, multiplicando el impacto y las reacciones.

El caso volvió a abrir el dabte sobre el rol de los creadores de contenido frente a las audiencias y la necesidad de fortalecer la regulación y la autorregulación en el entorno digital. El Ministerio de Cultura insistió en la importancia de la diversidad cultural y la defensa de los derechos humanos, y subrayó el compromiso institucional de activar mecanismos para prevenir prácticas discriminatorias.

Disculpas públicas

Tras la ola de críticas, Cristorata7 se pronunció sobre lo ocurrido a través de sus cuentas en X y Kick. Reconoció la gravedad de sus palabras y ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados. Sin embargo, la polémica se mantuvo vigente y la discusión sobre los límites del lenguaje en internet cobró fuerza en el debate público.

“Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana. Estuvo mal y no tiene justificación. Hablé desde la molestia y terminé faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde. Me hago responsable por lo que dije. A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”, escribió en su cuenta de la plataforma antes conocida como Twitter.

Horas más tarde, Cristorata volvió a dirigirse a su audiencia, esta vez a través de su canal de Kick, para reiterar su arrepentimiento. “Pedirle disculpas a las personas que se han sentido ofendidas por mi comentario racista, la cagué no me voy a excusar”, fue lo que dijo.

La Fiscalía de Lima Norte ejecutó un allanamiento con fines de incautación y desposesión de un inmueble ubicado en el asentamiento humano-asociación de vivienda autogestionaria San Benito, en el distrito de Carabayllo. La medida se sustenta en la presunta adquisición del predio con dinero proveniente de un fraude informático.

La diligencia forma parte de una investigación por presunto lavado de activos que involucra a Gudelia Huancas. Según la tesis fiscal, los recursos utilizados en la compra del inmueble estarían vinculados a una operación irregular que habría generado millonarias pérdidas a una casa de apuestas deportivas.

Investigación por lavado de activos y fraude informático

El fiscal provincial Miguel Ángel Nonato Cierto, a cargo del caso, indicó que la intervención se enmarca en una investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos, específicamente en las modalidades de conversión y transferencia de dinero ilícito. Este proceso se originó tras detectarse movimientos financieros sospechosos relacionados con la imputada.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, entre octubre de 2022 y mayo de 2023, Carlos Guevara, pareja de la investigada, habría sustraído S/ 4.135.497,36 de una casa de apuestas, aprovechando su rol como analista de data. A partir de estos hechos, la Fiscalía de Ciberdelincuencia de Lima inició una investigación por fraude informático que también involucra a otras personas.

Movimientos de dinero y adquisición del inmueble

Las pesquisas fiscales detallan que, tras la presunta sustracción, se realizaron retiros por S/ 688.996,64 y S/ 354.145,50 a través de diversas pasarelas de pago, efectuados por Carlos G. y Gudelia H., respectivamente. Estos movimientos habrían permitido canalizar parte del dinero hacia cuentas vinculadas a la investigada.

En abril de 2023, Gudelia H. habría concretado la compra del inmueble en San Benito mediante cheques de gerencia. Para la Fiscalía, este mecanismo constituye un indicio relevante, ya que suele emplearse para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.

Indicios detectados y acciones del Ministerio Público

El caso fue comunicado en enero de 2026 al despacho especializado en lavado de activos, que dispuso una serie de diligencias para profundizar en el origen de los fondos. Como resultado, se identificó que la adquisición del predio ocurrió después de iniciadas las operaciones del presunto fraude.

Asimismo, se advirtió que los recursos utilizados fueron canalizados a través de cuentas asociadas a la investigada, quien no contaría con actividad económica lícita que respalde dichas transacciones. Estos elementos reforzaron la sospecha de que el inmueble habría sido adquirido con dinero ilícito.

Allanamiento y participación de entidades especializadas

Tras evaluar los elementos recabados, el fiscal Miguel Nonato solicitó una orden judicial de allanamiento con fines de incautación y desposesión, la cual fue concedida y ejecutada el 14 de abril. La intervención permitió asegurar el inmueble mientras continúan las investigaciones.

En la diligencia participaron la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos y el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). Esta última entidad asumirá la administración y custodia del predio durante el desarrollo del proceso penal.

El 16 de abril la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Laura Moreno y la prescripción penal a favor de Jessi Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares, registrada el 31 de octubre de 2010.

Durante la diligencia, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, identificó inconsistencias en la acusación contra Laura Milena Moreno en el caso Colmenares. Según Solórzano, la Fiscalía no logró definir si Moreno debía ser juzgada como coautora impropia del homicidio de Luis Colmenares o solo como testigo, y optó por imputarle el delito de homicidio sin fundamentar adecuadamente su responsabilidad como coautora.

Señaló que esta decisión parecía buscar que Moreno delatara a los presuntos autores materiales. Además, el magistrado advirtió que estos errores no fueron corregidos entre la imputación y la acusación, lo que generó constantes cambios en los cargos, tanto en los hechos imputados como en la calificación jurídica. Finalmente, indicó que la acusación fluctuó entre insinuar dolo eventual y concluir con una responsabilidad por comisión, reflejando una valoración errática de las pruebas y una falta de claridad en la construcción del caso.

Debido a que se trata de uno de los casos más seguidos en el siglo XXI en Colombia, en diálogo con Infobae Colombia, Alejandra Rubio y Julio César Rivera, líderes del Consultorio Jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano, explicaron cómo entender la decisión de la corte y lo que sigue para la familia de Andrés Colmenares.

En primer lugar, explicó que, para que se pueda estructurar un caso, la Fiscalía debe delimitar claramente cuáles son los hechos frente a los cuales se va a defender el imputado, lo que incluye cuál fue el rol que asumió esta persona en el actuar delictivo.

Es por ello que, en este caso, cuando se habla de la participación de Laura Moreno, el ente acusador no tuvo claridad para ejecutar la conducta de homicidio, dividiendo la responsabilidad o asumiendo que había un papel determinado para cada uno de los procesados, pero sin explicar cuál fue.

“Cuando se habla de coautor impropio, es cuando se determina que una persona asume un rol determinado en un delito; por ejemplo, uno es quien lo entretiene y otro es el encargado de empujarlo al caño”.

Rubio también explicó el alcance jurídico de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso Colmenares. Frente a la posibilidad de que la familia de la víctima quiera impugnar esta decisión, enfatizó que no existe una tercera instancia ordinaria y que el mecanismo disponible es la tutela contra providencias judiciales, que procede de manera excepcional y bajo circunstancias estrictamente definidas.

La acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales, como el debido proceso, el acceso a la justicia y a la verdad, cuando estos resultan vulnerados por decisiones judiciales. No tiene como fin reabrir debates probatorios ni controvertir la valoración de pruebas realizada por un juez, sino analizar si en el trámite judicial se presentaron afectaciones a derechos protegidos constitucionalmente.

Para que una tutela de este tipo sea admitida, es indispensable que el caso tenga relevancia constitucional, es decir, que no baste con una inconformidad jurídica, sino que se evidencie la ausencia de otros recursos ordinarios o extraordinarios y que se cumpla con el principio de subsidiariedad.

La solicitud debe respetar el principio de inmediatez, lo que implica que debe presentarse en un tiempo razonable tras conocer la decisión, preferiblemente no más allá de seis meses.

Rubio advirtió que la mayoría de tutelas contra providencias judiciales suelen ser rechazadas por no cumplir con los requisitos de procedencia. Si una tutela es aceptada y concedida, puede dejar sin efectos la decisión judicial impugnada y ordenar que se rehaga el trámite correspondiente.

Una vez agotado este mecanismo, el único recurso restante es acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí, la discusión no se centra en el fallo penal, sino en posibles vulneraciones de derechos por parte del Estado colombiano, a través de sus autoridades judiciales.

Entre los inmuebles intervenidos se encuentran las viviendas del actual alcalde, César Pérez, y del exburgomaestre Pedro Spadaro. Las diligencias responden a una investigación que abarca los años 2023, 2024 y 2025, periodo en el que las autoridades detectaron indicios de presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas, vinculados a la entrega de órdenes de servicio a determinados proveedores.

Allanamientos y sospechas por contratos direccionados en el Callao

De acuerdo con información oficial, la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) ejecutó el ingreso a más de 15 inmuebles, varios de ellos ubicados en el distrito de San Isidro, donde residen algunos de los investigados. Las acciones iniciaron alrededor de las 5:00 a. m., con presencia de unidades especializadas como la División Táctica Urbana, mientras fiscales y agentes policiales recababan documentos, equipos electrónicos y otros elementos de interés.

El objetivo principal de este operativo es obtener pruebas que permitan esclarecer una presunta red de favorecimiento en contrataciones estatales, en la que estarían implicados funcionarios y proveedores. Según las pesquisas, las órdenes de servicio habrían sido otorgadas de manera reiterada a determinadas empresas, lo que ha levantado sospechas sobre un posible direccionamiento de contratos dentro de la comuna chalaca.

Uno de los casos que concentra la atención de los investigadores es el de la empresa Glamour Style Salón Spa, la cual habría recibido órdenes de servicio por montos que superan los S/ 60 mil y S/ 90 mil, pese a cuestionamientos sobre la idoneidad de sus representantes. Este punto ha sido clave para sustentar la hipótesis de posibles nexos irregulares entre proveedores y funcionarios públicos.

El origen de la investigación se remonta a un reportaje difundido el 18 de agosto de 2025, en el que se expusieron presuntas irregularidades en la contratación de servicios en la Municipalidad del Callao. A partir de esa publicación, el Ministerio Público inició diligencias que hoy derivan en este operativo de gran escala.

Fuentes fiscales señalaron que el caso ha sido declarado complejo, por lo que se ha dispuesto una ampliación de la investigación por un plazo de hasta nueve meses. Durante este periodo, se continuarán ejecutando acciones para identificar a todos los involucrados y determinar el nivel de responsabilidad de cada uno.

Hasta el momento, no se ha confirmado si César Pérez o Pedro Spadaro se encontraban en sus viviendas al momento de la intervención.

Municipalidad del Callao asegura colaboración con Fiscalía y acusa trasfondo político tras allanamiento

La Municipalidad Provincial del Callao se pronunció tras las diligencias realizadas en sus instalaciones y en viviendas de autoridades, señalando que desde el inicio de la investigación, hace aproximadamente ocho meses, han brindado todas las facilidades a las autoridades. A través de un comunicado oficial, la gestión indicó que tanto el alcalde como los funcionarios han atendido los requerimientos del Ministerio Público y la PNP, en el marco del respeto al debido proceso y la transparencia institucional.

En el mismo documento, la comuna reafirmó su disposición de continuar colaborando con las investigaciones para esclarecer los hechos. No obstante, también deslizó que, por el contexto en el que se desarrollan estas acciones, existirían indicios de un posible uso político del caso con la intención de afectar la imagen de la actual gestión y de los involucrados. Pese a ello, reiteraron que mantendrán una actitud de apertura y respaldo a las diligencias, insistiendo en su compromiso con la legalidad y el trabajo en favor de la ciudadanía chalaca.

Antecedentes de Pedro Spadaro: investigaciones fiscales, pagos observados y denuncias en su trayectoria

Las investigaciones fiscales contra Pedro Spadaro no son recientes. En agosto de 2025, el Ministerio Público abrió una pesquisa preliminar por presunta colusión agravada, luego de que un reportaje periodístico revelara pagos por órdenes de servicio a favor de personas vinculadas a la empresa Glamour & Style Salon Spa. Entre los implicados figuraban también el entonces teniente alcalde César Pérez, así como representantes de dicha firma, lo que motivó diligencias a cargo del fiscal Wils Gonzáles por un plazo inicial de ocho meses, al tratarse de un caso declarado complejo.

Las indagaciones incluyeron la intervención de la sede de la Municipalidad Provincial del Callao, donde fiscales y agentes de la Dirección contra la Corrupción recabaron documentación y sostuvieron reuniones con funcionarios clave. Como parte de las acciones, se dispuso la revisión de libros societarios, inspecciones al local de la empresa involucrada y la toma de declaraciones.

Otro punto relevante en los antecedentes del actual alcalde chalaco está vinculado a una investigación por presunta malversación de fondos públicos durante su gestión previa en Ventanilla. Según informes fiscales difundidos en 2024, se evaluó el uso de millonarias transferencias destinadas a obras como la remodelación de losas deportivas y proyectos de infraestructura urbana. Estas inversiones, que superaban varios millones de soles, generaron cuestionamientos debido al estado posterior de las obras y al contexto político en el que fueron ejecutadas, coincidiendo con procesos electorales.

En paralelo, también surgieron denuncias de carácter personal que colocaron a Spadaro en el centro de la polémica mediática. En 2024, un periodista lo acusó públicamente de presunto acoso sexual, chantaje y tocamientos indebidos, señalando hechos ocurridos años atrás cuando el actual alcalde se desempeñaba como congresista. El denunciante presentó conversaciones y testimonios como sustento, mientras que el burgomaestre rechazó las acusaciones y las calificó como falsas, anunciando acciones legales.

La Fiscalía General de la Nación informó que acusó al exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov y otras tres personas por irregularidades en contratos de servicios durante la administración del ruso en la capital de Boyacá.

El ente acusador indicó que los hechos indebidos se registraron con el objetivo de que la persona contratada retirara una demanda de nulidad que había presentado en contra de Krasnov.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Tunja (Boyacá), Mikhail Krasnov; a la exdirectora de contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; a la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaria; y al particular Miguel Ángel Ruiz Suárez, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios”.

En el comunicado oficial se indica que los funcionarios son señalados de coordinarse para vincular a la Administración municipal al abogado Juan Sebastián Ramírez García, ya judicializado por estos hechos, con el propósito de que retirara la denuncia mencionada en noviembre de 2023.

En la audiencia, en la que Krasnov, nacionalizado colombiano, estuvo de manera virtual, la Fiscalía reveló que Ruiz firmó un primer contrato en febrero de 2024, por más de 19 millones de pesos, que no se ejecutó.

Meses más tarde fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios a favor del abogado, a través de la empresa pública Ecovivienda; en esa ocasión fue por más de 50 millones de pesos y se afirmaba que el objetivo era brindar apoyo jurídico y servir de enlace con la Alcaldía de Tunja.

El fiscal mencionó que los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal.

“Dan cuenta de que el mandatario habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato y a expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad”, mencionó el fiscal.

La Fiscalía confirmó que Krasnov, que fue destituido de la Alcaldía de Tunja, fue acusado por su posible responsabilidad en la acción indebida, puesto que hasta el momento no se tiene claridad de que tuviera conocimiento de la celebración de los contratos mencionados.

“En ese sentido, un fiscal de la Seccional Boyacá acusó al exalcalde, a los dos exdirectivos de su administración y al particular, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos”, es parte del comunicado oficial.

En Colombia, el delito de interés indebido en la celebración de contratos puede acarrear penas de cuatro a doce años de prisión. Las amenazas a testigos pueden sumar entre cuatro y ocho años adicionales. La condena definitiva depende de agravantes y de la decisión judicial en cada caso

¿Por qué un ruso fue alcalde de Tunja?

Mikhail Krasnov nació el 6 de agosto de 1978 en Sarátov, ciudad de la antigua Unión Soviética, hijo de padre ruso y madre ucraniana. Se formó como economista en Rusia y más tarde realizó estudios en Alemania, en la Universidad Humboldt de Berlín.

Krasnov llegó a Colombia en 2008 gracias a un convenio de intercambio académico entre la Universidad Humboldt y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc). Su intención inicial era permanecer solo un semestre, pero decidió establecerse en Tunja, donde se vinculó como profesor universitario.

A lo largo de los años, Krasnov se naturalizó colombiano y se integró en la vida académica y social de Boyacá. Habla seis idiomas, posee cuatro maestrías y un doctorado en sociología económica y demografía.

Su perfil académico lo llevó a postularse a la alcaldía de Tunja en 2023, logrando ser elegido para el periodo 2024-2027 con el aval del partido La Fuerza. Krasnov es conocido en la ciudad como “el profe” y se desconoce si continuará en Boyacá luego de ser destituido del cargo, además de que afronta varios escándalos por favorecer a terceros en licitaciones públicas en el municipio.

Durante la jornada del miércoles 15 de abril de 2026 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov y María Luisa Pedraza Canaria, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos en la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda) durante los años 2024 y 2025.

Tras la diligencia, voceros oficiales de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que fiscales de la Seccional Boyacá imputaron tanto al exalcalde como a Pedraza por los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y abuso de función pública.

De acuerdo con la investigación, el mandatario habría delegado a Pedraza Canaria funciones públicas relacionadas con la coordinación de procesos contractuales y la vinculación de personal, a pesar de que no tenía un vínculo laboral con la administración municipal.

Según la información que suministró la Fiscalía, Pedraza Canaria suscribió contratos sin procesos de selección, eligió contratistas que no cumplían los requisitos legales y organizó reuniones para agilizar desembolsos de dinero a proyectos que no presentaban los avances de obra pactados.

Desde el ente acusador también señalaron que la particular participó en la entrega de mejoramientos de vivienda e impartió instrucciones para la contratación de personal en Ecovivienda.

Tras la diligencia judicial, tanto Mikhail Krasnov como María Luisa Pedraza Canariasa no aceptaron los cargos. En la Fiscalía continuarán con el proceso judicial.

Un día antes de la audiencia de la imputación de cargos, el martes 14 de abril de 2026, la Fiscalía acusó formalmentea Krasnov, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos de prestación de servicios.

También fueron vinculados la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaria; y el exfuncionario Miguel Ángel Ruiz Suárez.

Los funcionarios habrían facilitado la contratación del abogado Juan Sebastián Ramírez García, que ya fue judicializado, con el propósito de que retirara una demanda de nulidad interpuesta contra la elección del alcalde en noviembre de 2023. Según la información oficial del ente de control, la vinculación del abogado no respondía a necesidades del servicio, sino a intereses particulares ligados a la defensa del mandatario.

Durante la audiencia de acusación, el juez rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del exalcalde y reconoció como víctimas a la Alcaldía de Tunja y a la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda). Además, la Sección Primera del Consejo de Estado impuso al alcalde Krasnov una multa de 17 millones de pesos por presuntas maniobras dilatorias en el proceso de nulidad electoral.

Consejo de Estado anuló la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

El 5 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027, luego de concluir que incurrió en una inhabilidad por la celebración de un contrato con una entidad pública en el año previo a las elecciones territoriales de 2023.

El proceso judicial se centró en la suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales número 2302 entre Krasnov y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), firmado el 6 de diciembre de 2022.

El acuerdo tenía como objeto la capacitación en revisión de documentos y redacción de artículos científicos a estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en Tunja.

Desde el Consejo de Estado descartaron la doble nacionalidad como causal de inhabilidad, tras analizar que la normativa vigente no impide a ciudadanos con varias nacionalidades acceder al cargo de alcalde. La decisión se basó exclusivamente en la inhabilidad por la contratación pública, señalada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994.

El hallazgo de un presunto “cuarto oscuro” dentro del Colegio Carrusel Magone, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en Puebla, encendió las alertas entre padres de familia, quienes denunciaron posibles casos de abuso sexual contra menores dentro del plantel.

De acuerdo con información de Periódico Central, fueron los propios tutores quienes localizaron el sitio tras ingresar al inmueble la noche del 13 de abril, luego de que algunos estudiantes señalaron ese espacio como un lugar al que eran llevados dentro de la escuela. En videos difundidos en redes sociales se observa una habitación oculta junto a un salón, donde fueron encontrados diversos objetos y ropa.

Padres de familia protestan y autoridades educativas atienden caso

El descubrimiento provocó la movilización de madres y padres de familia, quienes se manifestaron afuera del colegio para exigir la intervención inmediata de las autoridades y el esclarecimiento de los hechos, ante el temor de que existan más víctimas.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal inició una revisión administrativa del colegio privado, mientras que las clases presenciales fueron suspendidas de manera temporal en lo que avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos. En tanto, los padres de familia insistieron en que el caso se investigue a fondo y se garantice la seguridad de los menores.

Fiscalía de Puebla ya investiga

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya abrió una carpeta de investigación y desplegó personal ministerial para realizar diligencias en el inmueble, así como recabar testimonios de posibles afectados.

La dependencia indicó que busca identificar a posibles víctimas para proceder conforme a la ley y deslindar responsabilidades.

El recién nacido que fue encontrado al interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) este 14 de abril, murió el mismo martes. El hallazgo del menor, aún con el cordón umbilical y la placenta, ocurrió en un bote de basura dentro de los baños para mujeres del plantel educativo. A pesar del traslado urgente al Hospital General Dr. José María Rodríguez, el bebé murió horas después debido a las complicaciones derivadas de las condiciones en que fue abandonado.

Las autoridades municipales informaron que el personal de intendencia localizó al recién nacido alrededor de las 7:00 de la mañana, mientras realizaban labores de limpieza. El hallazgo generó una reacción inmediata: elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil de Ecatepec acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. El bebé, de sexo masculino, fue atendido en el lugar y después trasladado de emergencia al hospital, donde su estado de salud fue calificado como crítico.

El personal médico del Hospital General Dr. José María Rodríguez confirmó el fallecimiento del menor cerca de las 13:05 horas. Las primeras indagatorias apuntaron a que la falta de atención inmediata tras el parto y el sitio donde fue dejado influyeron en el deceso del recién nacido. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por el delito de abandono de persona y revisó las cámaras de videovigilancia del plantel para identificar a la persona responsable del abandono.

La comunidad educativa exigió mayor seguridad tras el hallazgo

El caso provocó reacciones entre estudiantes, docentes y vecinos del TESE, quienes manifestaron indignación y exigieron a las autoridades reforzar los protocolos de seguridad en la institución. Directivos del tecnológico aseguraron su colaboración con la Fiscalía del Estado de México y reiteraron su disposición para aportar cualquier información que facilite la investigación.

La comunidad expresó solidaridad con el menor y lamentó que hechos de este tipo se repitan en el Estado de México. El abandono de recién nacidos ocurre con cierta frecuencia en la entidad, aunque no se ha precisado cuántos casos similares han sido denunciados durante 2026.

Fiscalía estatal asumió la investigación y rastrea a la madre

La Fiscalía estatal intensificó la búsqueda de la madre o de los posibles responsables que habrían dejado al infante en la institución académica. Las autoridades no descartaron que la persona responsable pueda ser estudiante o trabajadora del propio tecnológico. Al cierre del día, la Fiscalía del Estado de México mantenía abiertas varias líneas de investigación mientras analizaba las grabaciones de las cámaras y recababa testimonios del personal y estudiantes presentes en el plantel.

La muerte del recién nacido en el TESE volvió a colocar en el centro del debate la urgencia de contar con mayores medidas de prevención y atención a madres en riesgo, así como la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional en los espacios educativos del Estado de México.

El 14 de abril se confirmó que la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el cantante Nelson Velásquez por su participación en una fiesta registrada en la cárcel de Itagüí sin permiso del Inpec.

A pesar de que el representante del artista indicó que se trató de una presentación convencional, en la que no tenían conocimiento de los asistentes a la celebración, el ente acusador buscará resolver por qué no se hicieron averiguaciones adicionales para determinar si su ingreso estaba autorizado y sobre la procedencia del dinero que le fue abonado.

Un fiscal de la dirección especializada contra organizaciones criminales de la ciudad de Medellín le compulsó copias a un fiscal especializado contra finanzas ilegales, solicitándole de esta forma investigar al cantautor. En el proceso se tendrá que revisar la actuación de los guardias del Inpec y de los demás funcionarios que permitieron que se llevara a cabo la fiesta en el centro de reclusión.

Los alcances de la investigación

En diálogo con Infobae Colombia, el profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana Edwin Chaves respondió la pregunta: ¿Por qué se puede abrir investigación contra Nelson Velásquez y por qué se habla de enriquecimiento ilícito?

“El delito de enriquecimiento ilícito se encuentra previsto tanto para servidores como para particulares. Respecto a estos últimos, el artículo 327 del Código Penal exige la obtención, directa o por interpuesta persona, de un incremento patrimonial injustificado que provenga de actividades delictivas. Además, se requiere el conocimiento de dicho origen ilícito”, indicó el docente.

El docente mencionó que en este caso sería necesario acreditar no solo que el pago tenía un origen ilícito, sino también que tal circunstancia era conocida por el artista. Asimismo, debe considerarse que cualquier remuneración que hubiese recibido se enmarcaría, en principio, en el ejercicio lícito de su actividad artística; es decir, no se trataría de un incremento patrimonial injustificado.

“Es relevante señalar que no le correspondía al cantante, ni estaba dentro de su ámbito de deber, verificar el cumplimiento de los controles y permisos para el ingreso o la realización de un concierto en el establecimiento carcelario. En consecuencia, las eventuales irregularidades que permitieron la realización de la actividad podrían comprometer a funcionarios o internos, pero no trasladan automáticamente responsabilidad penal al artista como presupuesto del delito de enriquecimiento ilícito”, afirmó Chaves.

Al hablar del proceso por los delitos de prevaricato por omisión en contra de los guardias del Inpec, el docente explicó que: “El delito de prevaricato por omisión, previsto en el artículo 414 del Código Penal, se configura cuando un servidor público omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones. En el caso ocurrido en la cárcel de Itagüí, resulta necesario determinar cuáles eran las actuaciones propias del cargo de los funcionarios involucrados y, en concreto, quiénes habrían incumplido tales deberes funcionales mediante su omisión”.

Por su parte, Julio César Rivera, docente del Consultorio Jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano, también abordó la importancia de los actos realizados por los funcionarios.

“Lo que pasó en la cárcel La Paz, de máxima seguridad de Itagüí, es un posible prevaricato por omisión de las autoridades o una falla en el servicio del Inpec. Y eso es tan grave que le cuesta el puesto al nuevo director de la cárcel, que presuntamente era una persona correcta. Incluso era uno de los directores que vivía dentro del penitenciario y no salía para evitar esto”.

Para Rivera, más allá del accionar indebido, esto es una muestra de los problemas que se tienen para controlar a los reclusos a nivel nacional. “Esto deja ver la falta de administración y de control que tiene el Estado frente a estos centros penitenciarios. Debemos tomar unas medidas, investigar la corrupción, el prevaricato por omisión y la falta de control que estamos teniendo en estas entidades”.

Por último, el docente indicó que la responsabilidad de la Fiscalía es poder investigar de manera correcta para que sea de conocimiento público la identidad de la persona que le pagó a Nelson Velásquez por su presentación.

“A la Fiscalía le correspondería probar que efectivamente el pago por el concierto de Nelson Velásquez o por la actividad que realizó ahí en el establecimiento La Paz viene de dinero ilícito. Hay que mirar si los funcionarios recibieron dinero y si el incremento en el patrimonio no es justificado, porque el hecho de que un bandido contrate con una persona particular no quiere decir que ese negocio sea ilícito. Lo que tenemos que justificar es el origen del dinero. Tiene que haber claridad sobre quién fue el que pagó los honorarios que cobra Nelson Velásquez por un concierto”, puntualizó.

El Ministerio Público de Arequipa inició una investigación preliminar por el presunto delito electoral en agravio del Estado, luego de que miembros de una mesa de votación abandonaran sus funciones sin concluir el escrutinio de votos durante las Elecciones Generales 2026. La intervención responde a la notificación de la fiscalizadora electoral, quien constató la ausencia de los responsables y la falta de resguardo del material electoral.

La investigación quedó a cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, que dispuso diligencias urgentes para determinar la responsabilidad de los involucrados. El caso se desarrolla tras la detección del abandono de la mesa de sufragio N.º 007497 en la institución educativa San Juan Bautista de la Salle, donde se hallaron las actas electorales sin custodia adecuada.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el incidente generó retrasos en el cierre del escrutinio y requirió la intervención inmediata de personal policial, fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y representantes de la ONPE, quienes aseguraron el material y procedieron a su embalaje conforme a los protocolos establecidos.

Fiscalía abre investigación por abandono de mesa de sufragio por miembros

La fiscalizadora asignada al local electoral detectó la ausencia total de los miembros de la mesa la madrugada del lunes 13 de abril. Encontró el aula vacía y el material electoral sin vigilancia, por lo que tomó fotografías como evidencia e informó de inmediato a las autoridades competentes. Ante la imposibilidad de localizar a los responsables en el recinto, se solicitó la intervención policial para constatar el abandono.

El fiscal provincial Herbert Rivera Begazo instruyó la apertura de la investigación preliminar por un plazo de 30 días, bajo la tipificación de delito electoral. Como parte de las diligencias, se ordenó tomar declaración al personal fiscalizador del JNE, empleados de la ONPE, miembros de mesa y agentes policiales asignados al local. El objetivo es esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades por la interrupción del proceso electoral.

Abandono en el aula de sufragio del colegio San Juan Bautista de la Salle

El caso más crítico se registró en el colegio San Juan Bautista de la Salle, en la mesa N.º 007497. La fiscalizadora electoral notificó que el material electoral —incluidas las actas de escrutinio— quedó expuesto sin resguardo, lo que constituye una vulneración de los procedimientos. La ausencia de los miembros de mesa se prolongó a pesar de los intentos de localización y comunicación.

Frente a esta situación, la ONPE, en coordinación con el JNE y la Policía Nacional, procedió al recojo del material electoral y su resguardo en el ánfora correspondiente. Estas acciones permitieron garantizar la continuidad del proceso y la validez de los votos, aunque provocaron demoras en la entrega de resultados en la mesa afectada.

El abandono de funciones durante la etapa de conteo de votos representa una infracción sancionable tanto en el ámbito administrativo como penal, de acuerdo con la legislación electoral vigente. La investigación busca establecer si hubo dolo o negligencia por parte de los miembros de mesa y determinar el impacto sobre la transparencia del proceso.

Multas de hasta S/ 275 y más sanciones por abandonar mesa de votación

Este incidente de abandono no fue un hecho aislado. Según reportes de la ODPE Cerro Colorado, se registró una situación similar en la institución educativa Romeo Luna Victoria, donde los miembros de la mesa N.º 005923 también abandonaron sus funciones durante el escrutinio. En ambos casos, la ONPE aplicó los protocolos establecidos en coordinación con el JNE y la Policía Nacional para asegurar la integridad del proceso y la custodia del material electoral.

Las normas electorales peruanas contemplan sanciones económicas para los miembros de mesa que incumplen sus funciones. La multa por abandono asciende a S/ 275 (soles peruanos, S/), equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente. Además, los ciudadanos que no cumplen con el deber de votar enfrentan sanciones que varían entre S/ 27,50 y S/ 110 (soles peruanos, S/), según el nivel de pobreza del distrito.

El Jurado Nacional de Elecciones aplica, por su parte, multas de hasta S/ 550.000 (soles peruanos, S/) para medios de comunicación y encuestadoras que transgreden la normativa durante la semana electoral. En casos de infracción por parte de funcionarios candidatos, las sanciones pueden recaer sobre las organizaciones políticas involucradas, con montos entre S/ 165.000 y S/ 550.000 (soles peruanos, S/).

La ONPE mantiene protocolos claros para enfrentar ausencias o abandonos en mesas de votación, que incluyen la intervención de personal de reemplazo y la coordinación con la Policía Nacional y el JNE. Estas medidas buscan garantizar la validez de los resultados y la continuidad del proceso, minimizando el impacto de incidentes como el registrado en Arequipa.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, por su presunta participación en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá”, afirmó el ente acusador.

Según la entidad, alias El Caleño habría sido la persona que contactó por vía telefónica al adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

“Este hombre, desde el lugar en el que permanecía privado de la libertad, habría contactado telefónicamente a un adolescente, convencido de realizar el ataque armado e indicado cómo debía vestir para pasar desapercibido”, se lee en el comunicado.

Jhorman David Mora Silva también es señalado de realizar una videollamada con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, el día de los hechos.

“Asimismo, es señalado de realizar una videollamada el día de los hechos con otros implicados, entre ellos, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, en la que el menor de edad recibió instrucciones sobre el atentado, además de la coordinación del transporte que lo llevaría al parque El Golfito”, precisó el ente acusador.

La Fiscalía General de la Nación informó que alias El Caleño haría parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá.

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por el grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá dan cuenta de que Mora Silva haría parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá”, preció la Fiscalía.

Así las cosas, el ente acusador indicó que Jhorman David Mora Silva fue acusado ante un juez penal especializado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Por lo anterior, fue acusado ante un juez penal especializado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, indicó el ente acusador.

La Fiscalía recodó que por el magnicidio del senador del Centro Democrático han sido condenados mediante preacuerdo Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González

“Por el magnicidio del precandidato Uribe Turbay han sido condenados mediante preacuerdo Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González”, puntualizó la Fiscalía.

Detalles de lo ocurrido

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y aspirante presidencial, falleció el 11 de agosto de 2025 luego de permanecer hospitalizado más de dos meses tras sufrir un atentado.

El ataque se produjo el 7 de junio en Bogotá, durante un acto de campaña. Un menor de 14 años abrió fuego contra Uribe Turbay mientras este se dirigía a sus simpatizantes, causándole heridas de gravedad en la cabeza y la pierna.

El senador fue trasladado inmediatamente a un hospital, donde se le practicaron procedimientos de neurocirugía y cirugía vascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Uribe Turbay permaneció en estado crítico y finalmente murió a causa de las lesiones sufridas en el ataque.

Las autoridades capturaron al atacante en el lugar de los hechos. Posteriormente, se arrestó a un hombre señalado como responsable de planear el atentado. En el proceso de investigación, se incautaron pruebas y el arma utilizada, que había sido adquirida legalmente fuera del país.

Miguel Uribe Turbay ocupó cargos en el sector público y aspiraba a la Presidencia de Colombia al momento del atentado. El caso llevó a la apertura de diversas investigaciones en torno a la seguridad de los candidatos y las circunstancias del ataque.

La violencia vinculada a redes de extorsión y secuestro vuelve a situarse en el centro del debate público tras una sentencia dictada en Lima Norte. El caso expone un patrón delictivo que combina seguimiento de la víctima, uso de vehículos de apoyo y presión sistemática sobre familiares mediante material audiovisual. La decisión judicial marca un punto relevante en la respuesta penal frente a este tipo de crimen organizado.

El Ministerio Público informó que el proceso permitió reconstruir la secuencia de los hechos y establecer responsabilidades directas. La investigación fiscal incluyó la participación de distintas especialidades periciales y el análisis de comunicaciones entre los implicados y el entorno de la víctima. La resolución judicial recoge esos elementos y fija la máxima sanción prevista para el delito imputado.

Condena por secuestro extorsivo con resultado de muerte

La Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, a través de su Cuarto Despacho, obtuvo una sentencia de cadena perpetua contra Francar Reaño, de 34 años, y Samir Noureddine, de 28. Ambos fueron hallados responsables del delito de extorsión agravada en la modalidad de secuestro extorsivo en agravio de un empresario de 51 años.

De acuerdo con la tesis fiscal, los sentenciados formaron parte de un grupo que planificó y ejecutó la privación de la libertad de la víctima con fines económicos. La exigencia de pago alcanzó los USD 300 000, suma que los captores reclamaron a cambio de la liberación del empresario. La fiscal provincial Carmen Ynes Gonzales Gonzáles estuvo a cargo de la sustentación durante el juicio oral.

Secuencia del secuestro en Independencia

La investigación determinó que el empresario fue interceptado en la calle Las Prensas, en el distrito de Independencia. Cinco sujetos encapuchados y armados lo redujeron mediante golpes y amenazas. Luego lo trasladaron a una camioneta con rumbo desconocido.

El Ministerio Público señaló que Francar Reaño cumplió funciones de supervisión durante el secuestro. Según lo expuesto en juicio, el sentenciado se encontraba en un vehículo que escoltaba la unidad donde trasladaron a la víctima. Este esquema evidenció una coordinación previa entre los integrantes del grupo.

Tras el secuestro, los captores contactaron al hijo mayor del empresario. La Fiscalía indicó que los delincuentes exigieron el pago bajo amenaza y remitieron contenido audiovisual que mostraba actos de tortura contra la víctima. Ese material buscó forzar una negociación inmediata.

En los días posteriores, otros familiares y trabajadores del empresario también recibieron videos con escenas de agresión. La fiscal sostuvo que ese mecanismo de presión formó parte de una estrategia para acelerar la entrega del dinero. Pese a las comunicaciones y exigencias, el monto solicitado no llegó a concretarse.

El proceso estableció que, ante la falta de pago, los secuestradores asesinaron a la víctima. El cuerpo fue abandonado en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Borja. La Fiscalía precisó que Samir Noureddine supervisó esta etapa del delito, desde un vehículo que escoltó el traslado del cadáver.

Este elemento permitió diferenciar roles dentro de la organización y reforzó la imputación contra los sentenciados. La reconstrucción de los desplazamientos resultó clave para ubicar a cada implicado en momentos específicos del hecho.

Pruebas presentadas en el juicio oral

secu

Durante el juicio, la Fiscalía presentó diversos medios probatorios. Entre ellos figuraron la denuncia policial, informes de inteligencia, el protocolo de necropsia y las declaraciones de los familiares. También se incluyó la visualización de los teléfonos celulares vinculados al caso.

A ello se sumaron registros de cámaras de seguridad y pericias de ingeniería forense, biología y balística. El análisis del recorrido GPS de los vehículos y las copias de contratos de alquiler de los autos utilizados como escolta completaron el conjunto probatorio.

La representante del Ministerio Público también obtuvo la detención preliminar de los implicados, quienes fueron capturados en el distrito de Lurín. Ese paso permitió asegurar su presencia en el proceso y avanzar con la formalización de cargos.

Tras la sentencia, el Ministerio Público reafirmó su política de persecución penal frente a delitos que afectan la vida y la seguridad de las personas. La institución destacó la articulación entre fiscalía y peritos especializados para sostener la acusación.

La fiscal Carmen Ynes Gonzales Gonzáles señaló durante el proceso que los elementos reunidos permitieron demostrar la responsabilidad penal de los acusados en cada etapa del delito. La resolución judicial recogió esa argumentación y estableció la cadena perpetua como sanción.

Miguel Germán Martínez Rangel, conocido como “El Mike”, habría sido detenido la tarde del pasado viernes 10 de abril tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales en la colonia Carranza del municipio de Mexicali.

“El Mike” es identificado como un líder de narcomenudeo ligado a “Los Rusos”, célula delincuencial del Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos”, la cual encabeza Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien EEUU ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó la tarde de este 11 de abril la detención de varios sujetos tras el operativo que duró mas de 18 horas. Además, la dependencia compartió un video donde se muestran tomas aéreas de los detenidos pecho abajo en el inmueble. En el material también fueron revelados algunos rostros difuminados, entre los que estaría “El Mike”.

La captura del integrante de “Los Rusos” fue reportada por medios nacionales como La Jornada, quienes basan su confirmación en revelaciones policiacas. Según los reportes del medio, además de Martínez Rangel, autoridades aseguraron a otros cinco hombres identificados como presuntos responsables del trasiego de drogas en la frontera para "Los Mayos".

El operativo donde presuntamente cayó “El Mike” fue reportado previamente por este medio, confirmando que las acciones policiacas dieron inicio durante la madrugada del pasado 10 de abril, cuando un reporte alertó a las agencias por la presencia de hombres armados y detonaciones durante una fiesta.

Según publicaciones previas del medio Zeta Tijuana, “El Mike” ya había sido detenido en agosto del año 2025. En dichos reportes, Miguel fue identificado como un operador de narcomenudeo a las ordenes de Carlos Alberto Villamán Luna, alias el 6-1 o “El Obama”.

Una fiesta, 18 horas de espera y el cateo

Todo comenzó cuando las autoridades recibieron el reporte de detonaciones en el cruce de las calles 89 y G durante una celebración. En respuesta, policías preventivos y estatales rodearon el inmueble desde la madrugada del 10 de abril y enfrentaron amenazas así como agresiones

Según Zeta Tijuana, presuntos integrantes de Los Rusos habrían disparado contra una estación de policía para distraer a los agentes, pero las corporaciones mantuvieron la vigilancia en el sitio, esperando 18 horas a que llegara una orden de cateo para ingresar al inmueble.

Tras el operativo, la FGE Baja California compartió un video de las acciones y un breve mensaje, en el que sostuvieron que el cateo se realizó como parte de una estrategia coordinada bajo la conducción de la fiscal estatal, la doctora Ma. Elena Andrade Ramírez.

La dependencia señaló que, tras presentar los argumentos ante la autoridad judicial, el Ministerio Público obtuvo la orden de cateo para intervenir el domicilio en la colonia Carranza, en Mexicali.

La diligencia contó con el apoyo de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El Mike de Los Rusos cuenta con al menos una detención previa

De acuerdo con reportes de Zeta Tijuana, Miguel Germán Martínez Rangel, alias “El Mike”, ya había sido detenido por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Mexicali el 7 de agosto de 2025.

El informe del medio señaló en aquel entonces que agentes estatales lo aseguraron junto con otro individuo y que, en esa ocasión, ambos portaban armas largas y cargadores.

La anterior detención, reforzó las hipótesis sobre el papel el papel de “El Mike” como operador relevante en el trasiego de drogas y actividades criminales de la organización en Mexicali.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó este sábado 11 de abril que agentes de investigación, acompañados por fuerzas federales y estatales, lograron desarticular a una banda identificada como "Los Ingobernables", dedicada a la venta de drogas y robo a transeúnte en el oriente de la capital del estado.

El operativo se realizó el pasado 10 de abril de tras una serie de denuncias anónimas y seguimientos de inteligencia, apuntando a un inmueble ubicado en la colonia El Porvenir, el cual, según los datos oficiales, era empleado como punto de distribución y almacén de sustancias ilícitas.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 56 dosis de crack -también conocido como piedra-, 12 de cocaína, 30 de cristal y 35 de heroína, además de una bolsa con hierba seca con características similares a la marihuana y dos básculas presuntamente utilizadas para el pesaje de drogas.

Seis personas fueron detenidas en el dispositivo de seguridad y fueron identificadas con los siguientes nombres:

• Alejandro “N”
• Higo Alberto “N”
• Alan “N”
• Geovanni “N”
• Álvaro “N”
• Angélica “N”

Las seis personas identificadas como integrantes de la banda fueron puestas a disposición del Ministerio Público estatal.

La investigación detectó el uso de una casa como centro de operaciones

La estructura de Los Ingobernables se consolidó mediante el uso de una vivienda que servía tanto de refugio como de centro logístico.

Según el informe oficial de la Fiscalía General del Estado de Puebla, los integrantes utilizaban ese sitio como base para almacenar, fraccionar y distribuir narcóticos, además de organizar actividades relacionadas con el robo a transeúnte en la zona oriente de la ciudad.

Reportes de medios nacionales como N+ confirmaron que la casa se encuentra en la colonia El Porvenir, específicamente sobre la calle Carrillo puerto. frente a la entrada del inmueble se encuentra una capilla a la Virgen de Juquila.

Las autoridades verificaron denuncias previas y realizaron vigilancia discreta para confirmar los movimientos en la propiedad señalada.

El despliegue de la FGE para cumplimentar la orden de cateo contó con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

En el lugar se encontraron elementos que refuerzan la hipótesis de una operación sistemática y continua de narcomenudeo.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público

Tras el aseguramiento de sustancias y la captura de los seis individuos, la Fiscalía General del Estado de Puebla indicó que la investigación sigue abierta para establecer la posible participación de más personas en esta célula delictiva, sin embargo, en el comunicado oficial del caso afirmaron que se desarticuló a “Los Ingobernables”.

Los indicios recopilados durante el cateo serán incorporados a la carpeta de investigación para sustentar las imputaciones correspondientes.

El Ministerio Público determinará la situación jurídica de cada uno de los detenidos en los próximos días, mientras se realiza el análisis de la evidencia y se evalúa la procedencia de nuevas diligencias en torno a la banda.

El 9 de abril la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en contra de Arnold Esteban Páez Herrera, Álvaro Andrés Gómez Méndez, Michael Andrés Chitiva Henao y Sergio David Vásquez Rivera, imputados como presuntos responsables del secuestro, hurto y posterior asesinato del profesor de la Universidad Externado Neill Cubides Ariza.

A pesar del material probatorio que fue expuesto en las audiencias que se han registrado del caso, los procesados no aceptaron cargos por los delitos de homicidio, hurto calificado y secuestro extorsivo, las tres conductas agravadas. Sumado a ello, la Fiscalía pidió que los individuos sean imputados por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El modus operandi de la estructura criminal

Al revelar detalles de lo registrado el 15 de enero en la localidad de Chapinero, Bogotá, en donde el profesor abordó un taxi y, poco después, varios hombres ingresaron de forma violenta al vehículo para agredirlo físicamente con armas cortopunzantes con el objetivo de obtener las claves de sus tarjetas bancarias, el ente acusador dejó en evidencia el modus operandi que habría repetido la estructura criminal con otras víctimas.

Según la investigación, tras ser forzado a entregar la información, el profesor fue asfixiado y su cuerpo abandonado en una zona rural de Usme, donde fue hallado por las autoridades.

Los investigadores reafirmaron que los detenidos formarían parte de una estructura criminal en Bogotá, que frecuentemente retenía a ciudadanos en vehículos para despojarlos de sus pertenencias bajo condiciones de violencia. El análisis del caso permitió identificar un patrón similar en otros delitos recientes en la ciudad, lo que sugiere la existencia de una organización con roles definidos y una logística planificada.

Además de la imputación, la Fiscalía confirmó que la investigación seguirá enfocada en establecer vínculos entre este hecho y otros casos similares registrados en la capital. La Fiscalía mantiene abierta la hipótesis de que el asesinato del profesor Cubides no constituye un hecho aislado, sino parte de una cadena de acciones delictivas como el “paseo millonario” contra un ciudadano europeo o el secuestro que sufrió la ciudadana Diana Ospina tras tomar un taxi en Chapinero.

Director de la Universidad del Externado realizó una petición al Gobierno nacional

En diálogo con Blu Radio, el rector de la Universidad del Externado, Hernando Parra, indicó que en la comunidad académica se mantiene el luto por la muerte del docente Cubides.

Parra aprovechó el anuncio de la Fiscalía para enviarle un mensaje al Gobierno n

acional, al que le pidió no convertir en gestores de paz a los capturados por el asesinato del profesor universitario y los demás casos de “paseo millonario” registrados en Bogotá.

Parra manifestó que la universidad espera que los avances alcanzados por las autoridades no se vean afectados por decisiones que pudieran otorgar beneficios a los presuntos integrantes de la estructura criminal vinculada al asesinato del docente.

“El profundo dolor que aqueja nuestra universidad por el asesinato del docente y colega Neill Cubides, crimen cuyos autores parecen haber sido descubiertos y la miserable banda desmantelada gracias a la labor de la Policía y la Fiscalía; nuestra comunidad espera y exige que ninguno de estos apreciables logros resulte frustrado por el eventual reconocimiento a todos o a cualquiera de esa banda del injustificable título de gestores de paz”.

Cabe recordar que en Colombia un procesado por homicidio agravado, hurto calificado agravado, secuestro extorsivo agravado y ocultamiento o destrucción de pruebas puede enfrentar penas que, sumadas, podrán superar los 40 años de prisión. La condena exacta depende de circunstancias específicas y de la valoración judicial de los agravantes, además de aspectos que se puedan registrar durante el juicio.

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) consideró este jueves que los nuevos titulares de la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, Larry Devoe y Eglée González Lobato, respectivamente, no son independientes y sus designaciones terminan de “desdibujar la frontera entre el poder político y la Justicia en Venezuela”.

“Al observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”, subrayó la organización en su cuenta de X.

En este sentido, indicó que es muy difícil que las víctimas sientan confianza cuando el nuevo fiscal “ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos bajo argumentos de defensa institucional”.

JEP aseguró que las evaluaciones para estos cargos fueron “a puerta cerrada, convirtiendo la participación ciudadana en un saludo a la bandera”, lo que genera una “sensación de orfandad jurídica” para cualquier venezolano.

“El fiscal debe ser quien controle la acción penal con objetividad y el defensor tiene que ser el primer escudo de los vulnerables. Si ambos están alineados con quien ejerce el poder, el ciudadano pierde su último refugio”, argumentó.

Para JEP, lo que se está viendo con estas nuevas designaciones es un sistema que se “cierra sobre sí mismo: el Estado investiga sus propios excesos y se absuelve a conveniencia”.

“Sin independencia real ni contrapesos, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política, dejando a la sociedad civil sin espacios donde exigir sus garantías básicas”, concluyó.

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, designó este jueves al nuevo fiscal y defensor del pueblo. Este proceso se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran a estos cargos en febrero pasado.

Entretanto, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, acusó al recién nombrado fiscal general de Venezuela, el abogado Larry Devoe, de ser “cómplice por años” de “todas las atrocidades del chavismo”.

Guanipa subrayó que en 2014 Devoe fue designado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que, según el opositor, “ignoró” y se “burló” de “miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo”.

En este sentido, afirmó que en 2014 y 2017 Devoe tampoco “dijo nada” sobre personas que fueron asesinadas en el marco de una serie de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Además, indicó que, en 2019, el nuevo fiscal le prohibió la “entrada a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)” para que no se reportara “todo lo que el chavismo le estaba haciendo a los venezolanos”.

Guanipa añadió que Devoe no se pronunció después de que Maduro se “robara” las presidenciales de 2024 y se desatara una crisis poselectoral que, aseguró, dejó a “más de 3.000” personas detenidas, incluyendo a menores de edad, y “más de 30” muertos.

“Venezuela necesita un fiscal general que ponga la ley primero que la política, no uno que tenga como política destruir la ley (...). Venezuela tiene que pasar, de una buena vez, la nefasta página de una Fiscalía usada para el poder”, manifestó el opositor.

(Con información de EFE)

Tras varios días de búsqueda de autoridades y familiares, se dio a conocer la localización sin vida de Óscar ‘Boru’ Granados, joven arquero del futbol amateur, impacta al municipio de Celaya, Guanajuato.

El deportista de 27 años fue reportado como desaparecido por sus seres queridos desde el pasado 31 de marzo, lo que inició una serie de movilizaciones para dar con su paradero.

No obstante, la confirmación del hallazgo ha provocado consternación entre la comunidad deportiva y habitantes de la región quienes se habían sumado a los trabajos de localización del joven.

Óscar Adrián Granados Borunda desapareció en la colonia Los Naranjos, ubicada en Celaya, donde residía. Su familia presentó la denuncia ante la autoridad, lo que activó una movilización inmediata.

Vecinos, amigos y miembros de la comunidad deportiva participaron en la búsqueda, difundiendo imágenes y datos del arquero en redes sociales y diferentes plataformas para tratar de dar con su paradero.

Despiden a Boru con mensajes de cariño

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Óscar Adrián Granados Borunda generó respuestas de solidaridad y luto en redes sociales. Diversos colectivos, aficionados y medios locales de futbol amateur compartieron fichas con su fotografía, extendiendo la búsqueda a varios barrios y colonias del municipio.

Entre los mensajes más destacados, Talacha Deportes compartió en redes sociales: “El arco se queda vacío, pero tu recuerdo lo llena”, reflejando el vacío que deja el portero entre quienes compartieron la cancha con él y reconocieron su aporte al futbol de barrio en Guanajuato.

¿Quién era Óscar Granados?

Granados Borunda era reconocido por sus habilidades bajo los tres postes y su participación constante en varios equipos del futbol amateur en Celaya. Además, se desempeñaba como maestro de educación física, lo que lo acercó a niños y jóvenes, creando lazos con familias tanto dentro como fuera del ámbito deportivo y posicionándose como un ejemplo para la comunidad de Los Naranjos.

Lo que se sabe hasta el momento

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado mantiene bajo reserva datos clave sobre el caso, como el lugar exacto donde fue localizado el cuerpo y la causa de su fallecimiento. Lo único confirmado es que el hallazgo se dio en el mismo municipio de Celaya, generando inquietud en la comunidad.

La reserva de información mantiene a familiares, amigos y seguidores del futbol atentos a que se esclarezcan las circunstancias del caso. Se espera que las autoridades continúen con las investigaciones y atiendan la demanda de justicia de quienes acompañaron la búsqueda y compartieron el duelo por la pérdida del joven arquero.

El impacto de la muerte de Granados Borunda se refleja en cada homenaje y mensaje de quienes valoran su legado como deportista y educador, reafirmando la importancia de quienes, como él, impulsan el desarrollo local desde el deporte.

Belmont, de 80 años, es un empresario y comunicador con una larga presencia en la vida política peruana. De acuerdo con firmación difundida por América Televisión, a lo largo de las últimas décadas ha participado en ocho procesos electorales, postulando a cargos como la alcaldía de Lima, el Congreso y la Presidencia de la República. En dos oportunidades fue elegido alcalde de la capital, en 1989 y 1993.

Su carrera también ha estado vinculada a los medios de comunicación, especialmente a la Red Bicolor de Comunicaciones (RBC), grupo que dio origen a RBC Televisión, actualmente conocida como Viva TV. Este proyecto mediático consolidó su presencia pública, aunque también es uno de los principales focos de controversia en torno a su figura.

Reclamos de accionistas y conflictos por RBC

Uno de los principales cuestionamientos contra Belmont está relacionado con el proyecto denominado “Canal del Pueblo”, impulsado en la década de 1980. Según informó el citado medio, más de 100.000 personas invirtieron en esta iniciativa, motivadas por la promesa de participación en el canal televisivo.

Con el paso de los años, al menos 56.000 accionistas comenzaron a reclamar la devolución de su dinero sin obtener respuesta. Según información publicada por la revista COSAS, un gran número de inversionistas denunció la falta de retorno económico, pese a que se habrían recaudado entre 6 y 7 millones de dólares. Incluso, algunos grupos iniciaron acciones legales. Los aportantes no recibieron retribución y muchos de ellos fallecieron esperando la devolución de sus aportes.

El control de RBC Televisión también ha estado marcado por disputas internas. Transferencias de acciones, decisiones judiciales y enfrentamientos familiares han caracterizado la historia de la empresa. En 2022, estas tensiones llegaron a incluir incidentes físicos relacionados con el control de la señal televisiva.

Financiamiento e investigaciones fiscales

En el ámbito electoral, Belmont ha reportado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ingresos por 133.000 soles, provenientes de aportes realizados a través de billeteras digitales y plataformas virtuales. Este mecanismo de financiamiento ha sido parte de su estrategia política en la actual campaña.

Paralelamente, el candidato registra al menos cuatro investigaciones fiscales en el Ministerio Público. Estas incluyen indagaciones por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y usurpación, las cuales continúan en etapa de evaluación por las autoridades competentes.

Los procesos en curso forman parte de los antecedentes que acompañan su candidatura y han sido mencionados en distintos reportes sobre su perfil político y empresarial.

Cuestionables propuestas de seguridad

En medio de este escenario, Belmont también ha expuesto sus propuestas en materia de seguridad ciudadana. En declaraciones recientes, planteó un enfoque centrado en el cambio social y educativo, con énfasis en la cultura y el deporte como herramientas para enfrentar problemas como la extorsión y el sicariato.

Sus planteamientos se dan en un contexto de incremento de la violencia en el país, donde se reportan más de 500 homicidios en los primeros meses de 2026 y una expansión de actividades delictivas en diversas regiones. Este panorama ha intensificado el debate sobre las estrategias necesarias para combatir la inseguridad.

Las propuestas del candidato han generado diversas reacciones en el ámbito político y mediático, en medio de una campaña electoral marcada por la confrontación de ideas y el análisis de las trayectorias de los aspirantes a la Presidencia.

Tras ser detenido en Lomas del Tecnológico, la Fiscalía de San Luis Potosí mantiene bajo resguardo al exluchador Alberto “N”, alias “El Patrón”, luego de que su pareja sentimental ratificara una denuncia por violencia familiar en su contra.

En este sentido, el proceso penal ya se encuentra en marcha y las autoridades integraron la carpeta de investigación por los hechos ocurridos el 6 de abril en la capital potosina.

El “Patrón” fue detenido en flagrancia por agentes de la Guardia Civil Estatal tras un llamado de auxilio al 911. La víctima presentó lesiones físicas y verbales documentadas por peritos, lo que llevó a que la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales tomara el caso y lo llevara a audiencia inicial.

Alberto del Río enfrenta proceso penal por violencia familiar

La investigación formal se abrió tras la ratificación de la denuncia y la presentación de pruebas de agresión. El Ministerio Público integró la carpeta y, tras la detención en Lomas del Tecnológico, el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial.

• Un juez determinará si Alberto “N” enfrentará el juicio en libertad o bajo prisión preventiva.
• La audiencia inicial se realizará en el penal de La Pila, donde se analizarán pruebas y argumentos de ambas partes.
• Por ahora, el exluchador permanece bajo resguardo y no se ha definido si el proceso será en libertad o detenido.

El avance del proceso dependerá de las pruebas presentadas y de las medidas cautelares que dicte la autoridad.

El Código Penal prevé hasta siete años en detención

De acuerdo con la legislación estatal, la violencia familiar puede ser castigada con hasta siete años de cárcel, dependiendo de la gravedad y los agravantes que determine el juez.

• El artículo 205 del Código Penal sanciona con entre uno y siete años de prisión a quien agreda física, verbal, psicológica, patrimonial o sexualmente a una persona con la que tenga relación familiar.
• Además de la cárcel, la sanción incluye multas económicas de entre 11 mil y 70 mil pesos.
• Si el juez identifica agravantes, la pena puede aumentar y contemplar la pérdida de derechos familiares como la patria potestad.

De esta manera, el resultado final dependerá de lo que se demuestre en el proceso penal y la decisión del juez tras la audiencia inicial.

El historial de Alberto del Río suma presión al caso

No es la primera vez que Alberto del Río enfrenta señalamientos de violencia familiar. Ya ha sido denunciado y detenido en México y Estados Unidos por episodios similares, aunque algunos cargos anteriores fueron desestimados.

• En 2020 fue arrestado en Texas, aunque la denunciante retiró los cargos y fue exonerado.
• El historial incluye denuncias por agresión física y verbal a exparejas como Paige, y sanciones disciplinarias en WWE y AAA.

Así, la Fiscalía estatal estaría manteniendo especial atención sobre el caso por este antecedente de conductas repetidas. El proceso penal en San Luis Potosí definirá si el exluchador recibe la pena máxima de siete años o una sentencia menor, según los elementos probatorios y la legislación vigente.

La audiencia de imputación contra Ricardo Roa fue aplazada este miércoles en el Juzgado 38 de Control de Garantías en Bogotá, según se reportó de la rama judicial.

Roa, quien se desempeña como gerente de Ecopetrol (en licencia) y fue responsable de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, es investigado por la Fiscalía por posible violación de los límites legales de gasto electoral.

La audiencia no pudo realizarse debido a que Roa no se conectó a la diligencia judicial.

“La aud de Ricardo Roa Barragán no se va a realizar porque el procesado no se conectó a la diligencia, la carpeta se devuelve al centro de servicios judiciales, para que Fiscalía solicite de nuevo la diligencia”, fue como se informó de la inasistencia del presidente de Ecopetrol.

La Fiscalía lo señala por haber supuestamente excedido los topes de gasto durante la campaña presidencial de 2022 y por no reportar ciertos aportes y facturas.

El caso investiga un posible exceso de $2.024 millones, de los cuales 451 millones corresponderían a aportes no declarados y 1.573 millones a gastos no reportados en rubros como hotel, publicidad y boletos aéreos.

Entre los fondos bajo escrutinio figuran $451 millones en aportes no notificados ante las autoridades electorales. El resto, equivalente a $1.573 millones, corresponde a gastos de hotel, servicios de publicidad y adquisición de boletos aéreos que, según los datos obtenidos, no habrían sido reportados oficialmente.

Antecedentes judiciales y otros investigados

Esta es la segunda imputación que enfrenta Ricardo Roa este año. En marzo, la Fiscalía presentó cargos por presunto tráfico de influencias relacionados con la compra de un apartamento en el barrio Chicó, en Bogotá.

El expediente sobre la financiación electoral está a cargo del fiscal Elkin Ardila y de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema.

El presidente Petro respalda a Ricardo Roa ante licencia en Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro se pronunció en defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras la decisión de la junta directiva de la petrolera de concederle vacaciones y una licencia no remunerada en medio de investigaciones judiciales.

A través de una publicación, el mandatario negó categóricamente que existieran presiones por parte de Estados Unidos sobre la compañía, e ilustró su postura relatando su reciente encuentro con el expresidente estadounidense Donald Trump el 3 de febrero de 2026, al que asistió Roa, en Washington.

Este episodio, difundido por el propio Petro en redes sociales, se utilizó como eje de su estrategia para desacreditar versiones sobre injerencias externas y dar señales de respaldo pleno a la gestión de Roa.

La junta directiva de Ecopetrol separó a Ricardo Roa tras cuestionamientos judiciales

La junta directiva de Ecopetrol —dominada por representantes designados por el Estado colombiano— autorizó que Ricardo Roa tomara vacaciones entre el 7 de abril y el 28 de mayo, seguidas de una licencia no remunerada hasta el 28 de junio.

La decisión responde a investigaciones por presunto tráfico de influencias en la adquisición de un inmueble, además de otros cuestionamientos por posibles irregularidades en los topes de gasto establecidos durante la campaña presidencial de 2022.

Mientras avanzan los procesos judiciales, Roa quedó separado de sus funciones ejecutivas con el fin de preservar la estabilidad de la empresa, evaluó Infobae, y reducir la presión pública sobre Ecopetrol, principal empresa estatal de Colombia. Esta medida mostró el nivel de tensión que enfrenta la gerencia de la petrolera en medio del escrutinio político y judicial.

Petro niega presiones de Estados Unidos y revela detalles de su encuentro con Donald Trump

En una publicación que incluyó una imagen del encuentro en Washington, Gustavo Petro rechazó la existencia de presiones desde Estados Unidos. Según citó Infobae, el presidente afirmó: “Nunca he oído una sola frase de alguien de Estados Unidos hostil a Ecopetrol”.

Petro relató que al encuentro con Trump asistieron, además de Roa, la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el embajador en Washington Daniel García-Peña.

El mandatario subrayó que una fotografía oficial de esa reunión —enviada por la oficina de prensa estadounidense— fue modificada por él para incluir un mensaje simbólico: según narró, agregó una “S” a una gorra con la palabra “Trump”, reflejando, en sus palabras, “la diversidad en América” y conectando ese gesto con su propuesta de un “gran pacto mundial por la vida”.

La imagen fue divulgada junto al mensaje de apoyo a Roa, indicando que la llamada “trampa” en la fotografía no consistía en señalar a Roa o al ministro, sino en un detalle que juzgó relevante para resaltar su política de integración continental.