La víctima había viajado desde el Valle del Cauca el 23 de junio de 2026, bajo la promesa de cerrar un acuerdo de venta de tierras destinadas a la minería en el sur de Bolívar.

El comerciante fue interceptado al llegar a la ciudad y trasladado a la fuerza hasta una vivienda en el barrio La Iguaná. Allí, según la Fiscalía General de la Nación, fue intimidado con armas de fuego y despojado de sus pertenencias, valoradas en 15 millones de pesos.

Durante la privación de la libertad, los familiares del comerciante recibieron llamadas extorsivas. Los secuestradores exigieron 800 millones de pesos como condición para su liberación.

El martes 30 de junio, una operación coordinada por el Gaula de la Policía Nacional permitió localizar y rescatar a la víctima en el mismo lugar donde había estado retenida. En el operativo, las autoridades capturaron a Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, señalados como los encargados de vigilar al secuestrado.

En el procedimiento también se incautaron un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 mm. Estos elementos se sumaron a las pruebas que ya poseía la Fiscalía.

Imputación de cargos y situación judicial

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales llevó el caso ante un juez de control de garantías, quien durante la audiencia expresó: “Por lo menos desde el día 23 de junio del año 2026, en el sector conocido como el barrio La Iguana, en la comuna siete de Medellín, Antioquia, en inmediaciones del sector conocido como el Cerro El Volador, ustedes, Michael Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, actuando de común acuerdo y con división funcional de trabajo criminal, junto con otras personas aún no identificadas, participaron en la privación ilegal de la libertad del ciudadano comerciante residente en la ciudad de Cali”.

Los capturados enfrentan imputaciones por secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas agravadas.

El fiscal detalló que “los hechos tuvieron origen el día 16 de junio del 2026, cuando la víctima fue contactada vía WhatsApp por una persona que se identificó como Julián, quien le propuso un supuesto negocio relacionado con explotación minera artesanal en el sur del departamento de Bolívar, acordándose una reunión presencial en la ciudad de Medellín para el día 23 de junio del 2026.

El funcionario agregó: “la víctima arribó al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, siendo recogido por un conductor enviado presuntamente por Julián, quien lo trasladó hasta el sector del barrio La Iguana. Una vez descendió del vehículo, fue abordado por aproximadamente tres hombres, quienes ocultaban sus rostros mediante capuchas, gorras y tapabocas, observando además la víctima que portaban objetos en las pretinas de sus prendas que asemejaban armas de fuego, circunstancia que lo intimidó y anuló cualquier posibilidad de resistencia”.

Fue así como se informó en la audiencia que “la víctima fue obligada a caminar por callejones, escaleras y senderos del sector hasta ser conducida a un inmueble improvisado, abandonado, ubicado en la parte alta del barrio La Iguana, donde fue encerrada en un cuarto sin ventanas, permaneciendo privada de la libertad desde aproximadamente las 3:00 p.m. del 23 de junio del 2026 hasta el 29 de junio del 2026, sin posibilidad alguna de abandonar el lugar, incomunicado, bajo constante vigilancia y sometido al control permanente de sus captores”.

Además, el fiscal informó: “Una vez retenida la víctima, sus captores le informaron que únicamente recuperaría su libertad cuando cancelara la suma de 800 millones de pesos, exigencias que fue ame-- fue efectuada bajo la amenaza permanente de causarle la muerte en caso de intentar escapar o realizar cualquier acción contraria a los intereses de sus captores, manifestándole expresamente que aquella zona se encontraba bajo su control y que atentarían contra su vida si intentaba huir”.

Las autoridades destacan que la rápida reacción y el trabajo conjunto entre Fiscalía y Policía Nacional permitieron evitar que el secuestro se prolongara o tuviera consecuencias más graves.

En una acción coordinada, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía ejecutaron un operativo en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

La intervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, con la participación de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Según información difundida por el Ministerio de Defensa (Mindef), la operación concluyó con la destrucción de 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas. Además, se interdictaron cinco motores, 130 metros de alfombra, así como otros bienes empleados en la minería ilegal. El valor total de lo destruido supera los 5,6 millones de soles.

Durante la intervención, las autoridades también incautaron 1,400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubo PVC y 1,400 metros de cable eléctrico, junto a una variedad de materiales utilizados para la extracción ilícita de oro.

Todo el material incautado fue destruido in situ, en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y bajo supervisión del Ministerio Público.

El operativo se suma a las acciones que, desde el sector Defensa, impulsan las Fuerzas Armadas para frenar el avance de la minería ilegal que impacta en áreas naturales protegidas y pone en riesgo la biodiversidad y los recursos ambientales de la región amazónica.

Estrategia nacional y resultados recientes

El golpe en Inambari forma parte de una estrategia nacional articulada para combatir la minería ilegal en la Amazonía peruana. Entre enero y mayo de este año, las fuerzas del orden lograron destruir maquinaria y equipos valorizados en más de 1,200 millones de soles en diferentes regiones.

Otras intervenciones recientes incluyeron la destrucción de dragas y bienes utilizados para la extracción ilegal de oro en las cuencas de los ríos Nanay, Amazonas, Marañón y Tigre, en la región Loreto.

Solo en la primera quincena de junio, un operativo en el sector Puca Urco resultó en la incautación y destrucción de equipos, motores fuera de borda, generadores eléctricos y combustible sin autorización.

El Ministerio de Defensa subrayó que estos operativos buscan proteger las áreas naturales y preservar el patrimonio ambiental. “Reafirma, además, el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental del país”, señaló en un comunicado oficial.

En estas acciones, la colaboración entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y las fuerzas del orden permite que la destrucción e incautación de bienes se realice bajo un marco legal estricto, minimizando la posibilidad de reincidencia. La incautación de combustibles y materiales, como cables y cilindros, busca cortar la cadena logística de la minería ilegal.

El impacto de los operativos en la región se refleja en la reducción de campamentos y equipos dedicados a la extracción ilícita, así como en el refuerzo de la presencia estatal en zonas tradicionalmente afectadas por actividades ilegales. Las autoridades reiteraron que estas intervenciones continuarán en todo el territorio amazónico, priorizando la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

El juicio oral por el naufragio del ARA San Juan ingresará este lunes, desde las 9, en su última semana con los alegatos de las defensas de tres de los cuatro acusados. El miércoles, una vez cumplida la instancia de las últimas palabras, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz quedará en condiciones de anticipar el veredicto.

Las presentaciones estarán a cargo de Ricardo Gastón Morillo, defensor del contralmirante retirado Luis López Mazzeo, y de la defensora pública oficial Leticia Diez, quien representa al capitán de navío retirado Héctor Alonso y al capitán de fragata retirado Hugo Correa.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los defensores objetarán que la fiscalía no explicó cómo los deberes que se imputan incumplidos incrementaron el riesgo para la navegación del submarino ni cómo ello se vinculó con las condiciones de su última zarpada y posterior naufragio, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

Con esas intervenciones concluirá la etapa de alegatos iniciada la semana pasada, durante la cual expusieron el Ministerio Público Fiscal, las dos querellas y la defensa del ex capitán de navío Claudio Javier Villamide.

El debate comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos y estuvo a cargo del juez Mario Reynaldi, junto con Enrique Baronetto y Luis Giménez. A lo largo de alrededor de 30 audiencias, el tribunal recibió declaraciones de submarinistas, técnicos, especialistas, antiguos comandantes y autoridades navales, además de incorporar documentación sobre el estado material de la unidad, las tareas de mantenimiento y las circunstancias de su última navegación.

Al momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; Alonso, jefe de Estado Mayor de esa estructura; y Correa, jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, con sede en Mar del Plata.

Los cuatro están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de la dotación.

Las penas reclamadas por la fiscalía

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación especial perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa.

La acusación afirmó que los imputados permitieron que el submarino cumpliera la misión en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”.

Para el Ministerio Público, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y un antecedente de ingreso de agua durante una navegación cuatro meses antes incrementó indebidamente los riesgos propios de la navegación submarina.

Los representantes de la fiscalía ubicaron a los acusados en una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes. Según su postura, debían advertir las deficiencias, disponer controles adicionales, limitar la actividad de la unidad o impedir su participación en la operación hasta que las condiciones consideradas riesgosas fueran subsanadas.

También plantearon que no era indispensable identificar con precisión el mecanismo final del naufragio si se acreditaba que los imputados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

La anulación de los pedidos de las querellas

Las dos querellas también formularon sus alegatos con sus respectivos pedidos de pena. Por un lado, intervino la querella unificada en manos de Valeria Carreras y Lorena Arias -también está incorporado el abogado Fernando Burlando-. Por el otro, expuso Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos y querellante por derecho propio y en representación de una decena de familiares.

Sin embargo, el tribunal oral dejó sin efecto sus pedidos de condena por una cuestión procesal: ninguna de las dos acusaciones particulares había presentado un requerimiento formal de elevación a juicio durante la etapa de instrucción.

Por ese motivo, las penas reclamadas por las querellas no podrán ser consideradas como sustento de una eventual condena.

El planteo de la defensa de Villamide

La semana pasada también alegó Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, quien pidió la nulidad de la acusación fiscal y, de manera subsidiaria, la absolución de su asistido.

El abogado cuestionó que no se hubiera podido determinar con certeza qué ocurrió durante la secuencia final de la navegación y sostuvo que esa falta de precisión impedía establecer cuál era el resultado concreto que su defendido debía evitar.

“No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”, planteó ante los magistrados.

Vigliero acusó además a la fiscalía de haber “parcializado, tergiversado, seccionado y amputado” la prueba producida durante el debate. Aseguró que los testigos declararon que el submarino estaba apto para cumplir la misión encomendada, correspondiente a la denominada Tercera Etapa de Mar, que incluía actividades de adiestramiento naval combinado y una patrulla de control de los espacios marítimos.

En ese marco, el ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y volvió a partir cuatro días después. Primero participó de un ejercicio antisubmarino que, según un informe elaborado por el comandante de la unidad, Pedro Martín Fernández, tuvo un resultado satisfactorio. Luego inició una patrulla destinada al control de la pesca ilegal y a la obtención de información marítima.

Durante el juicio, en efecto, no pudo determinarse qué llevó a la tripulación a perder el control de la nave hasta superar su profundidad de colapso. El submarino implosionó el 15 de noviembre a las 10.52 y sus restos fueron hallados un año después, a más de 900 metros de profundidad y unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

La última comunicación telefónica se produjo a las 7.19 de ese día entre el jefe de Operaciones del submarino, el teniente Fernando Villarreal, y el ahora acusado Correa. Durante ese contacto, Villarreal informó que la intención del comandante era descender a plano profundo para permitir el descanso de la tripulación, desgastada por el temporal en superficie, y luego revisar el tanque de baterías donde se había producido el principio de incendio para efectuar un control de daños.

Así las cosas, este lunes quedará completada la etapa de alegatos. El miércoles, López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa podrán pronunciar sus últimas palabras y se espera que los cuatro ejerzan esa facultad. Cumplida esa instancia, el tribunal estará en condiciones de cerrar formalmente el debate y adelantar si los considera culpables o inocentes. Los fundamentos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después.

Según la tesis del Ministerio Público, el grupo habría transferido ilegalmente S/ 9.984.793 que la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha (Ica), mantenía depositados en una cuenta administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con la información disponible, la detención forma parte de un operativo autorizado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, dentro de una investigación iniciada en 2024. La diligencia incluyó el allanamiento simultáneo de 12 inmuebles en Lima y Chincha. Mora, además, permanecerá siete días detenido en la sede de la Dirincri, en la avenida España.

La Fiscalía estaría solicitando más de cuatro años de prisión efectiva contra Mora por los delitos de fraude informático, banda criminal y lavado de activos.

El caso se volvió de alto interés público no solo por el monto involucrado, sino porque el nombre del exboxeador y empresario aparece ligado a una empresa en la que su hermana Noelia Ruth Mora Rodríguez, figura como gerente general, y porque la hipótesis fiscal sostiene que el dinero municipal habría terminado en cuentas bajo investigación antes de ser distribuido mediante cheques de gerencia a compañías consideradas de fachada.

“Los Arquitectos del Fraude”: la tesis fiscal sobre el presunto modo de operación

La investigación sostiene que la presunta organización criminal se acercó al alcalde de Pueblo Nuevo con una fachada: habrían asegurado ser asesores de la congresista Jeny López.

Para dar credibilidad al supuesto ofrecimiento, alquilaron una oficina por mil soles durante diez días en el piso 11 del edificio Polo Hunt II, ubicado en la cuadra 14 de la avenida La Encalada, y la presentaron como el despacho de la parlamentaria.

Con esa puesta en escena, siempre según la tesis fiscal, el burgomaestre habría entregado su DNI y el código de acceso a la plataforma del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF, bajo el argumento de brindar asesoría técnica para el desembolso de fondos destinados a un proyecto de agua y desagüe. El punto central de la acusación es que, una vez obtenidas las credenciales, los presuntos ciberdelincuentes bloquearon el acceso al SIAF a las autoridades municipales acreditadas y ejecutaron la transferencia del dinero.

En el expediente se menciona que los casi diez millones de soles tendrían origen en el canon minero asignado al distrito. Tras el movimiento principal, la Fiscalía plantea que los fondos terminaron en la cuenta de una empresa que aparece vinculada al entorno de Mora, lo que abrió la línea de investigación por presunto lavado de activos.

El dinero y la empresa investigada: FFC MMA SAC y el rol de su hermana

El documento fiscal presentado en un reportaje televisivo señala que el dinero fue trasladado desde la cuenta del Banco de la Nación de la Municipalidad de Pueblo Nuevo hacia la cuenta de la empresa FFC MMA SAC, cuya gerente general es Noelia Ruth Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora. A partir de allí, el dinero habría sido distribuido mediante más de diez cheques de gerencia a distintas compañías consideradas de fachada por la investigación.

La hipótesis del Ministerio Público agrega un elemento específico sobre el presunto rol de Mora: habría tenido “pleno conocimiento” del depósito y coordinado con un presunto cómplice, David Mesones Mazzini, para que los fondos ingresaran a la cuenta de FFC MMA SAC. Según las autoridades, el 23 de abril Mora fue captado en videos junto a su hermana y otros presuntos integrantes de la banda en las inmediaciones de una agencia del BCP en Miraflores, en un momento en el que el dinero ingresaba a la cuenta de la empresa.

La investigación también sostiene que, tras coordinar con Mesones, Mora habría instruido a Noelia para que ordenara los cheques de gerencia a nombre de las empresas receptoras.

FFC MMA SAC fue constituida en 2017 y, según información citada por un canal de televisión, desarrolla actividades vinculadas al reciclaje de desperdicios y servicios de entretenimiento. La documentación señala que las operaciones revisadas registran transferencias a favor de la empresa por conceptos vinculados a un supuesto proyecto de protección frente a riesgos de residuos sólidos y la creación de un servicio de práctica deportiva en el estadio municipal de Pueblo Nuevo. Además, se indica que Jackson Mora ejerció la gerencia general antes de que su hermana asumiera el cargo.

Detenciones, bloqueo de fondos y una intervención en Lima

El caso tuvo movimientos paralelos en Chincha y Lima. Según lo reportado, el 24 de abril el alcalde de Pueblo Nuevo solicitó al Banco de la Nación el bloqueo de la transferencia y ese mismo día declaró como testigo ante la Depincri de Chincha.

En Lima, se informó la intervención de Félix Víctor Saldarriaga Guerrero cuando intentaba retirar 400 mil dólares que, de acuerdo con la investigación, provenían de los fondos municipales. Esos hechos aparecen como parte de la reconstrucción fiscal sobre cómo se habría intentado movilizar el dinero tras la transferencia.

Durante el operativo del 2 de julio, Mora fue trasladado con chaleco policial y esposado. En la cobertura del caso, otro detenido identificado como César Mead fue consultado por la prensa y declaró: “Yo alquilo una oficina, nada más. Yo no he hecho nada malo”.

La conferencia de prensa donde se detalló el operativo contó con la participación del director de la Dirincri, Víctor Revoredo; el jefe de la División de Investigación de Estafas, Freddy Delgado de La Torre; y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola. Las diligencias, además, continuarán en Chincha con nuevas actuaciones.

Los delitos imputados y los años de prisión que pide la Fiscalía

En lo inmediato, el foco está en el pedido fiscal que, según la información proporcionada, apunta a más de cuatro años de prisión efectiva por fraude informático, banda criminal y lavado de activos.

Esa cifra se convirtió en el principal dato de lectura pública del caso: no se trata de una controversia o un conflicto privado, sino de una investigación por presunta organización criminal y por un monto millonario ligado a recursos de una municipalidad.

El nombre de Jackson Mora también adquiere otra dimensión en el ecosistema mediático por su trayectoria pública: es exboxeador, empresario y exesposo de Tilsa Lozano, lo que amplifica la atención sobre el proceso.

En paralelo, el material de referencia incluye otros episodios de controversias legales y denuncias previas en torno al exdeportista, como acusaciones públicas de exsocios en enero de 2026 sobre presuntos “arreglos” y “aceitadas” en una liga de MMA, además de disputas por propiedad y conflictos empresariales, hechos que Mora ha negado en distintos momentos.

El Ministerio Público de República Dominicana solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que declare inadmisible la petición de Juan Francisco Álvarez Carbuccia para la devolución de un teléfono móvil incautado, el cual figura como prueba esencial en el expediente judicial por corrupción administrativa que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez, según informó el organismo.

De acuerdo con el portal del Ministerio Público, la solicitud de Álvarez Carbuccia, quien fue enviado a juicio el pasado 5 de junio junto a Hugo Beras y Jochi Gómez, incluyó el pedido de devolución de un dispositivo móvil Samsung S3.

El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, representante del Ministerio Público en la audiencia, explicó a la prensa que el acusado pidió la devolución del equipo y, en caso contrario, una compensación de siete millones de pesos al Estado dominicano.

“Él pide la devolución de un equipo que está en la acusación del Ministerio Público, y en caso de que no, que condenen al Estado por siete millones de pesos por la devolución de ese equipo”, afirmó Pérez Fulcar.

El Ministerio Público argumentó que el teléfono móvil forma parte de las pruebas extraídas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y subrayó la importancia de este dispositivo en la investigación. El caso se encuentra a la espera de decisión, ya que la jueza Patricia Padilla reservó el fallo para el próximo 23 de julio, según el reporte.

El proceso judicial involucra acusaciones de corrupción administrativa, lavado de activos, testaferrato y sabotaje de la red semafórica en el Gran Santo Domingo. La acusación sostiene que Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación tanto de la red semafórica como del sistema de videovigilancia.

Por su parte, José Ángel Gómez Canaán figura como beneficiario de contratos irregulares con empresas como Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de ser señalado como responsable de controlar los sistemas semafóricos, la videovigilancia, el espionaje tecnológico y el sabotaje a la red semafórica.

El expediente judicial atribuye a Juan Francisco Álvarez Carbuccia la emisión de certificaciones presupuestarias falsas. Los restantes implicados enfrentan acusaciones por delitos relacionados con el lavado de activos, manipulación de licitaciones, decisiones irregulares en el Comité de Compras y falsificación de documentos para favorecer a empresas vinculadas al esquema de corrupción.

Las personas jurídicas involucradas habrían sido utilizadas para la obtención de contratos fraudulentos y el control técnico de la infraestructura semafórica.

Según el Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el 5 de junio bajo cargos de desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violaciones a la Ley de Armas.

La audiencia que decidirá el destino del teléfono móvil, considerado una pieza clave en el proceso, se realizará el próximo 23 de julio. El avance del caso mantiene la atención pública sobre la gestión de recursos y la transparencia en instituciones del Estado dominicano, mientras la justicia determina la validez y destino de cada una de las pruebas presentadas, entre ellas el dispositivo solicitado por la defensa.

La jueza penal especializada que avaló el preacuerdo consideró que las sanciones se ajustan a la normatividad vigente, pues “El Costeño” fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión y “El Hermano” a 21 años y 9 meses, por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió establecer que ambos organizaron reuniones en la localidad de Bosa y en otros puntos de la ciudad para planear las tareas relacionadas con el atentado. El organismo sostuvo que el día del ataque cada uno asumió un rol específico dentro de una distribución de trabajo criminal.

La Fiscalía confirmó que alias El Costeño o Chipi diseñó el plan para matar al senador

De acuerdo con la Fiscalía, Arteaga Hernández fue el encargado de trazar el plan criminal, asignó funciones a los demás implicados y realizó seguimientos a la víctima, además de verificaciones previas del lugar donde se cometería el ataque. También entregó el arma de fuego al menor que disparó contra el senador y supervisó de cerca la ejecución.

En el relato de la fiscal se indicó que Arteaga hizo una videollamada previa al atentado en la que participaron Jorman Mora, Halor Barragán y el menor de edad, con el fin de coordinar la acción. Ese mismo 7 de junio llegó a las inmediaciones del parque El Golfito en un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, se reunió con el menor y con Katherine Andrea Martínez Martínez, y los tres abordaron el automotor.

La misma reconstrucción indica que, dentro del vehículo, Martínez entregó una pistola Glock negra a Arteaga y este se la pasó al menor. Instantes después, el menor bajó con el arma y se dirigió al parque El Golfito, mientras Martínez y Arteaga caminaron detrás de él a pocos metros.

La Fiscalía agregó que Carlos Eduardo Mora permaneció en el sector mientras se cometía el homicidio, a la espera de instrucciones de Arteaga Hernández, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque tuvo apoyo logístico y seguimiento en tiempo real.

Las funciones de alias El Hermano

Sobre González Cruz, la Fiscalía sostuvo que se movió por la zona donde se cometería el atentado como campanero. Su función, según el organismo, era garantizar la huida de Arteaga Hernández y Katherine Andrea Martínez una vez consumado el ataque.

Además, se confirmó que vendió uno de los teléfonos celulares usados para coordinar y ejecutar el atentado con el propósito de entorpecer las labores de las autoridades.

Tras las investigaciones, se definió que la coordinación del atentado no fue improvisada, puesto que hubo reuniones previas, reparto de tareas, vigilancia del lugar, apoyo perimetral, rutas de escape y comunicaciones organizadas para ejecutar el crimen contra el senador y precandidato presidencial.

El atentado se coordinó por un grupo de WhatsApp

Los audios de la fiscal indican que para la coordinación del atentado se utilizó un grupo de WhatsApp llamado “Plata o Plomo” y señaló que, para esa operación, fueron encargados Arteaga Hernández, González Cruz y Harold Barragán Ovalles.

La Fiscalía afirmó además que la determinación de Arteaga Hernández y William González era que el autor material debía ser un menor de edad, preferiblemente menor de 14 años, para reducir el tiempo de privación de la libertad en caso de captura. Bajo esa lógica, sostuvo el organismo, Arteaga se ocupó de contactar a varias personas que aceptaron intervenir en el atentado y de asignar a cada una sus actividades.

De acuerdon con la Policía Nacional del Perú (PNP), los detenidos fueron señalados inicialmente como integrantes de la organización conocida como “Los Terribles de Breña”. Posteriormente, el caso pasó a ser identificado como “Fortuna 2026”, nombre que habría surgido a partir de un tatuaje que algunos de los investigados llevan en el cuello. Según informó 24 Horas, al menos cinco ciudadanos han presentado denuncias relacionadas con estos hechos.

Las víctimas sostienen que, además del robo de celulares, los presuntos implicados habrían accedido a la información almacenada en los equipos para contactar a familiares y amistades, a quienes les exigían depósitos de dinero haciéndose pasar por los propietarios de los dispositivos. Los montos solicitados, de acuerdo con los testimonios recogidos, iban desde 50 hasta 1.500 soles.

Fiscalía cuestiona actuación policial

El Cuarto Despacho de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Lima Cercado, Rímac, Breña y Jesús María expuso las razones por las que no fue posible continuar con la detención de los investigados.

De acuerdo con el documento, citado por 24 Horas, la Fiscalía advirtió que la documentación relacionada con la intervención policial fue entregada de manera incompleta y fuera del plazo correspondiente. Asimismo, indicó que entre las evidencias remitidas solo figuraban cascos de motociclistas, mientras que no se consignaban los teléfonos celulares que habrían sido incautados durante el operativo, incluidos varios equipos iPhone.

El Ministerio Público también señaló presuntas deficiencias en la cadena de custodia. Según precisó, algunos de los objetos no habrían sido debidamente lacrados, situación que comprometería este procedimiento indispensable para garantizar la validez de las pruebas durante la investigación.

Así operaba “Fortuna 2026”

Para los investigadores, el robo de celulares era solo el primer paso de un esquema delictivo más complejo. Según la investigación policial, los presuntos integrantes de Fortuna 2026 no solo se apoderaban de los equipos, sino que también lograban acceder a aplicaciones y cuentas de las víctimas para continuar obteniendo beneficios económicos. De acuerdo con el reportaje de Cuarto Poder, una vez que desbloqueaban los dispositivos, ingresaban a WhatsApp y otras plataformas para hacerse pasar por los propietarios y solicitar préstamos de dinero a familiares y amigos, quienes desconocían que el teléfono había sido robado.

Durante el operativo, la Diviac incautó una computadora portátil que, según la Policía, habría sido utilizada para la extracción, almacenamiento y gestión de información de los dispositivos. Además, en el inmueble intervenido se encontraron 22 teléfonos iPhone, cinco equipos Motorola y cuatro Redmi, entre otros objetos que forman parte de la investigación. Para las autoridades, estos elementos evidenciarían que el grupo no solo robaba celulares de alta gama, sino que también empleaba herramientas tecnológicas para prolongar el delito y multiplicar el número de víctimas mediante presuntas estafas.

Capturados en flagrancia y amenazando a víctimas

La investigación también señala que los presuntos integrantes de la banda fueron capturados en flagrancia durante un operativo ejecutado por agentes de la Diviac en un inmueble ubicado en Breña, luego de que una de las víctimas lograra rastrear la ubicación de su celular robado. En el lugar fueron intervenidos cuatro jóvenes que llevaban el tatuaje “Fortuna 2026” en el cuello, además de encontrarse decenas de teléfonos celulares y equipos tecnológicos. La Policía también investiga a Jorge Novoa Pereda, alias “Pocoyó”, quien sería uno de los presuntos cabecillas del grupo.

El caso también incorpora una presunta modalidad de extorsión. Según Cuarto Poder, en uno de los celulares incautados se hallaron mensajes en los que se amenazaba a las víctimas para que eliminaran el bloqueo de iCloud de sus equipos, advirtiéndoles incluso sobre posibles ataques contra ellos y sus familiares si no cumplían con las exigencias. Pese a que la Policía sostiene que los investigados fueron detenidos en flagrancia y que durante el operativo se incautaron diversos equipos tecnológicos, los presuntos integrantes de Fortuna 2026 afrontan las investigaciones en libertad mientras continúan las diligencias del Ministerio Público.

Un golpe a las redes de pornografía infantil internacional se conoció por parte de las autoridades de Colombia, en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), que identificaron y judicializaron a Alexander Vanegas Rojas.

El hombre de nacionalidad colombiana es señalado de almacenar y reproducir material sexual de menores de edad en plataformas digitales de varios países alrededor del planeta.

La investigación fue liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que de acuerdo con el reporte oficial, detallaron que la alerta internacional surgió el 5 de junio de 2024, cuando se reportó que el sospechoso sería responsable de enviar videos y fotografías de contenido explícito de niños, niñas y adolescentes a diferentes plataformas virtuales.

Las pesquisas permitieron ubicar su residencia en La Dorada, Caldas, y determinar que compartía el material desde distintas conexiones a internet.

Las evidencias recabadas muestran que, durante varios años, Vanegas Rojas presuntamente almacenó hasta 655 archivos con contenido sexual de menores en una nube digital y los remitía desde sus dispositivos tecnológicos a contactos en el exterior, utilizando correo electrónico y otros canales digitales.

Las autoridades realizaron su captura por orden judicial en el sector Corán, en Puerto Salgar, Cundinamarca, y durante el procedimiento incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis técnicos.

El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Seccional Caldas, que le imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Al final, el reporte por parte de la Fiscalía y la Policía hizo hincapié en que continuarán combatiendo el delito de explotación sexual infantil y recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con este tipo de conductas delictivas.

¿Cómo denunciar redes de explotación sexual infantil? Recomendaciones oficiales

La denuncia y el manejo adecuado de material con contenido de explotación sexual infantil es fundamental para proteger a las víctimas y facilitar la labor de las autoridades.

Ante la presencia de este tipo de archivos, ya sea en medios digitales o físicos, las autoridades entregan orientaciones claras para preservar la evidencia y evitar riesgos adicionales, destacó la Policía Nacional de Colombia en su sitio web.

El material de explotación sexual infantil comprende toda representación gráfica de niños, niñas o adolescentes en situaciones eróticas o sexuales, ya sea en archivos multimedia, imágenes, videos, transmisiones en tiempo real o simuladas.

Su posesión, almacenamiento o distribución es un delito grave sancionado por la legislación colombiana.

Recomendaciones clave después de registrar la denuncia

1. Si la conducta ocurrió a través de dispositivos tecnológicos

Conserve la información original, como archivos encontrados en celulares, memorias USB, computadores, tablets o CD’s.

No modifique, altere ni permita que otras personas manipulen estos dispositivos.

Espere el contacto de un funcionario de policía judicial, quien será el encargado de recibir el material y continuar con la investigación.

2. Si el hecho involucra redes sociales

• Cambie inmediatamente la contraseña de la cuenta afectada y no la comparta con terceros. Esto ayuda a preservar la integridad de la información y a evitar el acceso del victimario.
• Supervise el acceso de menores a redes sociales para evitar que borren evidencia o que el victimario sea alertado.
• No elimine el contenido de la información; permita que la policía judicial acceda a la evidencia original.

3. Si presencia la actividad en tiempo real (video chat en vivo)

• Realice capturas de pantalla que incluyan usuarios involucrados, detalles de la conexión, nombre de la página o plataforma y la imagen del niño, niña o adolescente.
• Guarde las imágenes y toda la evidencia en un dispositivo de almacenamiento seguro para entregarlas al investigador asignado al caso.

4. Si encuentra documentos impresos o fotografías físicas

• Guarde cuidadosamente estos materiales sin alterarlos.
• Manténgalos bajo custodia hasta que puedan ser entregados formalmente al investigador judicial.
• Importancia de la preservación de la evidencia.

Seguir estos pasos permite que la evidencia sea válida en un proceso judicial y ayuda a identificar a los responsables de la explotación sexual infantil.

Por todo lo anterior, las autoridades recalcaron que la colaboración de la ciudadanía es esencial para avanzar en las investigaciones y proteger a los menores víctimas de estos delitos a través de la dirección web https://www.policia.gov.co/sistema-nacional-denuncia-virtual-adenunciar.

Voceros de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que le imputaron, el miércoles 1 de julio de 2026, los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas al ciudadano británico Matthew Foster Martinson, señalado como presunto responsable de las agresiones físicas y posterior asesinato de la modelo y diseñadora gráfica Natalia Villalba Angarita en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, el 18 de junio.

Con un comunicado, desde el ente investigador se informó que a Foster Martinson se le atribuyó la autoría de los hechos, luego de que la mujer fue encontrada inerte en el interior de un apartamento del edificio Morph.

La investigación también ratificó que la víctima se hospedaba temporalmente en el inmueble y al momento de los hechos se encontraba sola. Las autoridades también establecieron que el sospechoso habría ingresado al lugar y la agredió con un objeto contundente en la cabeza, causándole la muerte.

El reporte de Medicina Legal

El cuerpo de Natalia Villalba Angarita fue hallado dentro de una maleta en el baño de la vivienda mencionada. Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, explicó en una rueda de prensa que la víctima, tras recibir el golpe fuerte en la cabeza, fue desmembrada para introducir su cuerpo en la maleta.

“Pues el cuerpo cuando una persona llega en una maleta es porque generalmente la persona es descuartizada, por partes es incorporada a la maleta y pues eso fue lo que sucedió con ella”, sostuvo el funcionario.

Durante la necropsia, en Medicina Legal se estableció que el cuerpo de la modelo presentaba condiciones que aceleraron su descomposición y que, al parecer, fue intencional dejarla bajo el agua corriendo de la ducha del baño, hecho que dificultó el proceso de identificación.

“Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad se demora más la descomposición. Cuando se usa agua, la descomposición del cuerpo es más rápida, lo que hace más difícil la determinación de temas como la toma de huellas dactilares”, detalló Cortés.

Por ende, el director de la entidad confirmó que la identificación de la víctima fue posible mediante técnicas forenses especializadas.

El proceso judicial contra Martinson avanza después de su captura en el aeropuerto de Quito, Ecuador. Según la Fiscalía, el extranjero fue identificado como principal sospechoso del crimen y detenido el 29 de junio por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, tras ser expulsado de territorio ecuatoriano. La detención se realizó en cumplimiento de una circular roja de Interpol.

Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad, se demora más la descomposición.

Los delitos y agravantes por los que responderá el europeo ante la justicia

De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía, al extranjero se le imputó formalmente el delito de feminicidio agravado, previsto en los artículos 104A y 104B del Código Penal colombiano.

Según la acusación, este delito se configura cuando se causa la muerte a una mujer por razones de su condición de género, o cuando concurren circunstancias como actos de instrumentalización de género, opresión o dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.

En este caso, desde la Fiscalía se sostiene que la conducta imputada a Martinson incluyó elementos de sevicia y aprovechamiento de la situación de indefensión de Natalia Villalba.

De acuerdo con la normatividad vigente, el feminicidio agravado contempla penas que oscilan entre quinientos (500) y seiscientos (600) meses de prisión si se acredita la concurrencia de circunstancias agravantes, como la sevicia o el aprovechamiento de una condición de indefensión, señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo 104 del Código Penal.

El hecho de que la víctima se encontraba sola en el apartamento donde se hospedaba temporalmente, según el ente acusador, colocó a la mujer en una condición de vulnerabilidad.

La Fiscalía de Coahuila confirmó que Elías “N”, el paramédico que reportó al 911 el hallazgo de un recién nacido dentro de una bolsa de plástico en Castaños, fue el padre biológico del bebé y que el supuesto abandono habría sido una simulación; por ese caso, él y la madre quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

El recién nacido había sido localizado el pasado 24 de junio junto a un contenedor de basura en la colonia Independencia. Tras las indagatorias, la autoridad estatal sostuvo que la versión inicial era falsa y que las declaraciones difundidas después del rescate no correspondían con lo ocurrido.

El reporte al 911 habría ocultado que el bebé era hijo del paramédico

El fiscal general Federico Fernández Montañez informó que las diligencias ministeriales permitieron establecer que el hombre que pidió ayuda a los servicios de emergencia no era un testigo ocasional, sino el propio padre del menor.

“Una vez realizadas las investigaciones y diversas diligencias ministeriales, puedo confirmar que no se trata de los hechos como inicialmente se habían reportado, sino más bien de una simulación con declaraciones falsas”, afirmó el titular de la Fiscalía. Después precisó que quien hizo el reporte sobre un recién nacido abandonado en Castaños fue el padre del menor.

De acuerdo con la investigación, la madre entró en labor de parto de manera inesperada cuando ambos viajaban a bordo de una ambulancia. Tras el nacimiento, presuntamente decidieron dejar al bebé en un predio de la colonia Independencia y después llamar al 911 para hacerlo pasar como un hallazgo fortuito.

Esa llamada provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad. La línea central del caso cambió cuando la Fiscalía estableció que el relato inicial no coincidía con los hechos que arrojó la carpeta de investigación.

La versión inicial del rescate contrastó con lo que concluyó la investigación

Después del rescate, Elías “N” había asegurado que el hallazgo lo conmovió. También dijo que, al encontrar al recién nacido, lo primero que hizo fue cubrirlo y brindarle atención para estabilizarlo.

En esas declaraciones, además sostuvo que desconocía quién podía haber abandonado al bebé y expresó su deseo de que la persona responsable reflexionara sobre sus actos. La autoridad estatal afirmó ahora que esa versión formó parte de un relato fabricado para ocultar lo ocurrido.

“Fue una sorpresa, pero es lo que hacemos de corazón sin esperar nada a cambio, nos llena el corazón de satisfacción. Me dio mucha impotencia y tristeza ver a un bebé indefenso en estas condiciones, soy padre de familia también, me llegó al corazón. Quise darle los cuidados que le hicieron falta, que sintiera el calor que le faltó de la familia, pensé que era uno de mis hijos”, se atrevió a decir tras abandonarlo.

La respuesta directa del caso fue esta: el paramédico que informó sobre el bebé abandonado resultó ser su padre biológico, y la Fiscalía de Coahuila sostuvo que el abandono no fue un hallazgo casual, sino una maniobra presuntamente planeada para engañar a las autoridades.

Fernández Montañez informó que tanto Elías “N” como la madre del recién nacido fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Ambos eran investigados por la presunta simulación de hechos y por los delitos que pudieran derivarse de las indagatorias, mientras seguía la integración de la carpeta.

El bebé quedó bajo resguardo y recibió atención médica especializada

El fiscal señaló que la prioridad institucional era garantizar la integridad del menor. “La prioridad para nosotros es garantizar la integridad del menor”, declaró.

El recién nacido permanecía bajo resguardo de las autoridades y recibía atención médica especializada para verificar su estado de salud. La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia mantenía el seguimiento del caso y de las medidas de protección correspondientes.

La investigación se concentraba en esclarecer la presunta simulación y en definir las responsabilidades penales de los padres. La situación jurídica de ambos quedaba sujeta a lo que determinara el Ministerio Público con base en las diligencias ministeriales ya integradas y las que continuaban en curso.

• La Fiscalía de Coahuila confirmó que Elías “N”, quien reportó al 911 el hallazgo del recién nacido, era el padre biológico del bebé.
• La autoridad sostuvo que el abandono en la colonia Independencia habría sido una simulación y que la versión inicial contenía declaraciones falsas.
• El paramédico y la madre del menor quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras el bebé permanecía bajo resguardo y con atención médica especializada.

El documento, titulado Atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y Callao vinculados a presuntos actos de extorsión, agosto 2024-mayo 2026, contabilizó 283 personas afectadas en ese periodo: 152 murieron y 131 resultaron lesionadas, según el balance presentado por la Fiscalía de la Nación.

El reporte delimita una secuencia sostenida de violencia contra unidades de transporte público —microbuses, combis y mototaxis— y expone tanto la magnitud del fenómeno como patrones operativos y horarios que se repiten en los atentados atribuidos a la dinámica de la extorsión.

San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores concentran más atentados

De acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, los atentados se concentraron principalmente en San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores. El reporte señaló que esos distritos también registran altos niveles de denuncias por extorsión, homicidio calificado y sicariato.

En términos de objetivo, el documento precisó que el 94,4 % de los atentados ocurrió directamente contra unidades de transporte público, lo que da cuenta de un foco persistente sobre el servicio en la vía pública. Esa concentración, además, se reflejó en los perfiles de los afectados: conductores, pasajeros y cobradores aparecen como los principales grupos expuestos.

La estadística, tal como fue presentada, busca aportar elementos para comprender cómo se distribuye el impacto de estos hechos dentro de Lima Metropolitana y el Callao, y en qué zonas se repite con mayor frecuencia el ataque contra el transporte.

Motocicletas, el principal medio de escape en los atentados

El reporte indicó que el 97,7 % de los ataques con víctimas fue perpetrado con armas de fuego, una proporción que marca el predominio de este medio en los atentados registrados durante el periodo analizado.

También se consignó que las motocicletas constituyeron el principal medio utilizado por los presuntos autores para ejecutar el atentado o huir del lugar, con un 60,3 % de incidencia. Este patrón aparece asociado a la rapidez de desplazamiento y a la posibilidad de escapar de manera inmediata tras el ataque.

En cuanto al momento del día, el estudio detalló que más de la mitad de los hechos (58,4 %) ocurrió durante la noche, un dato que describe una franja horaria de mayor recurrencia para estos atentados.

Conductores, las principales víctimas de los atentados

El Observatorio de Criminalidad señaló que los conductores concentraron el mayor porcentaje de víctimas, con 69,3 %. Les siguieron los pasajeros con 20,5 % y los cobradores con 5,3 %, según la distribución consignada en el documento.

La proporción sugiere que el impacto recayó principalmente sobre quienes sostienen el servicio de transporte público y quienes lo utilizan a diario. El reporte, además, cuantificó el total de afectados en 283 personas, diferenciadas entre fallecidos y lesionados.

Dentro del conjunto de atentados registrados, el Ministerio Público caracterizó el fenómeno como una modalidad que golpea a actores esenciales del funcionamiento del transporte en Lima Metropolitana y el Callao.

Datos específicos de los atentados en 2026 y nuevas tendencias en métodos de ataque

Como información complementaria, el Ministerio Público identificó 126 atentados entre enero y mayo de 2026. En ese tramo, 87 registraron víctimas fallecidas o lesionadas, mientras que 39 no dejaron víctimas, según el reporte.

En este último grupo —los atentados sin víctimas— el Observatorio de Criminalidad advirtió un incremento en el uso de artefactos incendiarios como modalidad de ataque. Sin embargo, el documento sostuvo que las armas de fuego continuaron siendo el principal medio empleado en el conjunto de hechos analizados.

El reporte fue presentado como un insumo estadístico para el análisis de la criminalidad vinculada a la presunta extorsión y para la articulación de estrategias de prevención y toma de decisiones frente a un fenómeno que afecta la seguridad ciudadana y la prestación del servicio de transporte público en Lima y Callao.

Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima (Quinto Despacho) logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para Walter Trujillo, investigado por los delitos de robo agravado, receptación y tenencia ilegal de armas por el asalto armado a un cambista al interior de la iglesia La Merced, en el Centro Histórico de Lima.

La decisión judicial corresponde a la investigación por el ataque registrado la mañana del último lunes dentro del templo Nuestra Señora de La Merced, ubicado en el jirón de la Unión. El caso reúne diligencias fiscales, registros de videovigilancia y actuaciones policiales destinadas a esclarecer la participación de los implicados y determinar las responsabilidades penales.

El episodio generó un amplio despliegue policial en una de las zonas con mayor tránsito peatonal del Centro Histórico de Lima. La intervención permitió la captura de uno de los presuntos involucrados, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para ubicar al resto de personas que habrían participado en el asalto.

Fiscalía obtuvo prisión preventiva por nueve meses

La medida coercitiva recae sobre Walter Trujillo Ramírez, quien enfrenta una investigación por los presuntos delitos de robo agravado, receptación y tenencia ilegal de armas. La resolución fue obtenida por la Sétima Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima, a través del Quinto Despacho.

Según la investigación fiscal, el asalto ocurrió cuando el cambista Julio de la Cruz Tagle, de 65 años, ingresaba a la iglesia con 52 mil soles en su poder. Durante el ataque recibió un disparo en el brazo, situación que motivó su traslado al Hospital Arzobispo Loayza para recibir atención médica.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público dispuso la recopilación de declaraciones de testigos, el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y la ejecución de pericias de absorción atómica y balística tanto al detenido como al arma incautada durante la intervención.

Captura ocurrió después de una persecución policial

Después del asalto, efectivos de la Policía Nacional iniciaron un operativo que culminó con la captura de Walter Trujillo Ramírez en el cruce del jirón Caylloma con la avenida Emancipación.

Los registros de las cámaras de seguridad muestran que el investigado opuso resistencia durante la intervención. Las imágenes también registran un forcejeo con policías y un sereno motorizado, mientras intentaba evitar su detención.

Otro video de videovigilancia evidencia que el detenido portaba un arma de fuego durante la persecución. De acuerdo con la información de la investigación, también habría despojado de algunas pertenencias a un integrante del serenazgo y agredido a un efectivo policial antes de ser reducido por los agentes.

Al finalizar la intervención, la Policía incautó un revólver calibre 38, elemento que forma parte de las pruebas incorporadas a la investigación fiscal.

Investigado rechazó las acusaciones

Pese a la medida de prisión preventiva y a los elementos reunidos durante las primeras diligencias, Walter Trujillo Ramírez negó cualquier participación en el asalto ocurrido dentro de la iglesia La Merced.

El investigado también rechazó las imputaciones formuladas en su contra. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para identificar y capturar a los demás integrantes de la presunta banda involucrada en el robo.

Reporte televisivo expuso antecedentes del detenido

Información difundida por Panamericana Televisión señala que Walter Trujillo Ramírez registra un amplio historial de antecedentes policiales. Según ese reporte, el detenido acumula más de diez procesos abiertos por delitos graves, entre ellos homicidio, tráfico de drogas y fabricación de explosivos.

El informe también indica que las cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima registraron parte del recorrido de escape después del asalto cometido en la iglesia La Merced. Las imágenes muestran al investigado mientras avanzaba por la avenida Emancipación con un arma de fuego.

De acuerdo con ese material audiovisual, durante la fuga amenazó a un agente del serenazgo y golpeó a un policía que intentó intervenirlo. Ese registro forma parte de los elementos que las autoridades evalúan dentro de las investigaciones que continúan en desarrollo.

La presunta existencia de una red dedicada en Panamá a la compra y venta de documentos para la obtención de permisos de armas de fuego ha dado pie a una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Se informó que las investigaciones preliminares reflejan que entre 2025 y 2026 se habría gestado un esquema de compra-venta irregular de la documentación necesaria para tramitar los permisos de portación y tenencia de armas, un proceso que por ley corresponde exclusivamente a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), del Ministerio de Seguridad.

La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública es la dirección responsable de garantizar el cumplimiento de las normas concernientes a armas de fuego, municiones y materiales relacionados, pirotecnias y explosivos, así como las agencias de seguridad privada.

La diligencia de allanamiento a la sede de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, enmarcada dentro del denominado "Caso Certificados“, permitió recabar indicios que el Ministerio Público calificó como clave para el avance de las pesquisas. El delito que se investiga es contra la administración pública, en su modalidad de corrupción de servidores públicos, reporta el diario Critica.

El reporte periodístico indica que el caso tomó impulso luego de que en febrero de este año la propia dirección de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, mediante su unidad de asesoría legal, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, lo que activó el proceso penal que ahora avanza con el allanamiento realizado.

Recientemente esta entidad había descentralizado por primera vez el servicio de renovación y reactivación de permisos de porte y tenencia de armas de fuego, para que ciudadanos de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas realizaran este trámite sin trasladarse a la ciudad de Panamá.

Una nota de prensa institucional explica que como resultado de la gira regional, se recibieron 111 solicitudes de renovación y reactivación, se entregaron 85 permisos y se atendieron 64 consultas.

Esto, agrega la comunicación, como parte de los esfuerzos del Ministerio de Seguridad Pública para descentralizar sus servicios y acercarlos a la ciudadanía.

Hasta ahora, prosigue, renovar o reactivar un permiso de porte y tenencia de armas en el país implicaba para muchos ciudadanos de las provincias recorrer cientos de kilómetros hasta la ciudad capital.

La descentralización de este servicio, siempre de acuerdo al Ministerio de Seguridad, “representa un nuevo paso en la modernización”.

“Más que trasladar un trámite al interior del país, el Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), acerca el Estado a las comunidades, elimina barreras de acceso y reafirma su compromiso de brindar servicios públicos más cercanos, eficientes y oportunos”, se afirma.

Citada por la nota institucional, la teniente de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, Marixenia Viquez, recordó que mantener vigente el permiso de porte y tenencia de armas constituye una obligación establecida en la Ley 57 y exhortó a los usuarios a realizar sus renovaciones dentro de los plazos previstos para evitar sanciones administrativas y penales.

En 2018, el Ministerio Público imputó cargos a varios funcionarios de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, por la manipulación de documentos para la obtención de permisos para portar armas de fuego, de acuerdo con el diario La Prensa.

La expedición de una resolución interna de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) generó solicitudes públicas para que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación realicen una auditoría urgente sobre los procedimientos contractuales de la entidad.

El exasesor ministerial Indalecio Dangond Baquero cuestionó la medida y advirtió que decisiones de este tipo podrían ser utilizadas para eliminar documentos que involucren al director de la ANT en presuntos delitos.

“Señores de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación: solicito una auditoría urgente a la Agencia Nacional de Tierras. Resoluciones como esta generan serias dudas y podrían estar siendo utilizadas para desaparecer documentos que comprometan al director en presuntos delitos (sic)”, indicó.

Según el medio El Pilón, Indalecio Dangond Baquero es una de las figuras que podría liderar el Ministerio de Agricultura en el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Detalles de la resolución

La polémica surgió tras la publicación de la Resolución No. 202660000412476, firmada el 26 de junio de 2026, en la que la Secretaría General de la ANT declaró hábiles los días sábado 27 de junio, lunes 29 de junio y sábado 4 de julio para adelantar trámites administrativos y contractuales. El texto de la resolución señala que la decisión responde a la necesidad de procesar cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios que finalizan el 30 de junio, así como otras gestiones pendientes en la entidad.

La periodista Katia Ospino aportó detalles sobre el contexto y las posibles consecuencias de la resolución. En un hilo publicado en redes sociales, Ospino explicó que la ANT habilitó días no laborables con el argumento de gestionar la enorme cantidad de contratos pendientes.

“La justificación es impactante: cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios vencen el 30 de junio y deben tramitarse prórrogas, adiciones, nuevas contrataciones y otros procesos en cuestión de días (sic)”, indicó.

Ospino planteó interrogantes sobre la planeación institucional y la transparencia en los procesos de contratación pública.

“Si una entidad llega al punto de habilitar fines de semana por el volumen de contratos pendientes, la pregunta es inevitable: ¿falló la planeación o se está normalizando la contratación de última hora? (sic)”, señaló la periodista.

Además, advirtió sobre la necesidad de un escrutinio riguroso: “Mientras mayor sea la urgencia, mayor debe ser la transparencia. Cada contrato, prórroga y adición debe poder ser escrutado por la ciudadanía (sic)”.

En la resolución, la Agencia Nacional de Tierras justificó la habilitación de jornadas extraordinarias con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios y el cumplimiento de sus funciones misionales. El documento expone que los contratos a prorrogar o renovar corresponden a servicios profesionales, de apoyo a la gestión y arrendamientos para el funcionamiento de sedes, además de licitaciones en curso como el proceso para contratar transporte terrestre y fluvial.

La resolución destaca el carácter prioritario de estos trámites y argumenta que la magnitud de la carga administrativa exige medidas excepcionales. Según el texto, la ANT busca asegurar la continuidad operativa y el desarrollo de políticas públicas de acceso, ordenamiento y administración de tierras. Sin embargo, la justificación dada por la entidad no disipó las inquietudes de diversos sectores.

La periodista Katia Ospino insistió en la importancia de la vigilancia ciudadana y el acceso a la información en procesos de esta magnitud.

“El país merece respuestas. ¿Quiénes son los 5.000 contratistas? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cuántos contratos serán prorrogados, cuántos serán nuevos y bajo qué criterios? La publicidad de estos procesos no puede ser una formalidad (sic)”, puntualizó.

Ospino también remarcó el papel de los entes de control frente a este tipo de decisiones administrativas. “Los organismos de control tienen el deber de hacer seguimiento. Cuando el volumen de contratación es de esta magnitud y se requieren jornadas extraordinarias para sacarlo adelante, la vigilancia debe ser igualmente extraordinaria”.

Un fiscal provincial de Pisco fue destituido tras ser hallado responsable de hostigar a una trabajadora bajo su cargo, según una decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El Pleno concluyó que el magistrado incurrió en actos de connotación sexual no consentidos y vulneró los deberes de conducta intachable exigidos en la función fiscal.

El caso se originó por una denuncia presentada por una asistente administrativa que se encontraba bajo supervisión jerárquica del investigado. De acuerdo con lo actuado, el episodio ocurrió en la sede de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco y quedó recogido en un expediente que incorporó registros digitales y testimonios sobre el estado emocional de la denunciante inmediatamente después de lo sucedido.

La destitución fue formalizada mediante la Resolución 006-2026-PLENO-JNJ, que determinó la responsabilidad disciplinaria de G. E. N. J., en su actuación como fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, Distrito Fiscal de Ica, por hechos calificados como actos de connotación sexual no consentidos en agravio de una asistente administrativa.

Fiscal hizo tocamientos y actos indebidos contra trabajadora en sede fiscal

Según la resolución difundida por LP Derecho, los hechos se produjeron el 3 de mayo de 2023, aproximadamente a las 20:00 horas, en las instalaciones de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, cuando la servidora realizaba la entrega de cargo por ser su último día laboral. En ese contexto, el investigado se aproximó a su escritorio, realizó tocamientos no consentidos y le dirigió frases de connotación sentimental sin su aprobación, entre ellas: “Tú me gustas hace tiempo” y “te voy a extrañar mucho”.

La imputación también sostuvo que el fiscal sujetó a la trabajadora y la besó contra su voluntad, y que continuó con conductas físicas no consentidas en espacios de la propia sede fiscal. La secuencia, siempre según el expediente, se extendió hasta alrededor de las 22:00 horas y dejó a la servidora en un estado de llanto y afectación emocional en el despacho.

Para sustentar la veracidad de lo imputado, el Pleno valoró pruebas documentales y digitales, como conversaciones de WhatsApp del mismo 3 de mayo de 2023. En esos mensajes, la servidora escribió a colegas frases como “pasó lo que temía que pasara” y “me besó a la fuerza… sentí asco”. También se consideraron testimonios: una fiscal adjunta provincial afirmó que encontró a la agraviada llorando, con la voz entrecortada, y un agente de seguridad señaló que la víctima salió de la oficina deprimida y con un evidente quiebre emocional.

Tres años demoró la decisión de la JNJ en el caso de acoso contra una trabajadora

El caso se inició formalmente el 4 de mayo de 2023, a partir de la denuncia presentada por la servidora. La Oficina Desconcentrada de Control de Ica abrió indagación preliminar de inmediato y, semanas después, instauró el procedimiento disciplinario correspondiente. En paralelo, se dispuso el apartamiento preventivo del fiscal de sus funciones.

Con el avance de las actuaciones, la instancia de control declaró fundada la queja y propuso la destitución, recomendación que fue posteriormente respaldada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La Junta de Fiscales Supremos también emitió opinión favorable antes de que el expediente fuera elevado a la JNJ.

Durante el proceso, el investigado sostuvo su defensa alegando la nulidad del procedimiento y la aplicación del principio de ne bis in idem, señalando que el caso penal había sido archivado. No obstante, la JNJ descartó dichos argumentos al precisar que la responsabilidad administrativa tiene naturaleza autónoma y se evalúa bajo estándares distintos al proceso penal.

Finalmente, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia determinó que el fiscal incumplió el deber de mantener conducta intachable, al incurrir en actos incompatibles con la dignidad del cargo. En consecuencia, resolvió su destitución, subrayando que la función fiscal exige estándares reforzados de respeto y responsabilidad frente a cualquier situación de abuso de poder.

Sigue la polémica en Colombia debido a que la Fiscalía General de la Nación citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez para el 24 de julio, por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, registradas en Antioquia entre 1996 y 1997, cuando se desempeñaba como gobernador de ese departamento.

Uribe criticó la decisión de la Fiscalía, argumentando que fue citado sin que se practicaran pruebas y calificó el llamado como un atropello. Sostuvo que se trata de una revancha política y negó haber estado involucrado en los hechos señalados.

La investigación formal se abrió el 17 de junio de 2026, tras recopilar testimonios de exparamilitares como Francisco Villalba y Salvatore Mancuso, que aseguraron que, en una reunión, de la que Uribe tuvo conocimiento, se impartieron órdenes relacionadas con los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña, que denunciaron la relación entre agentes estatales y estructuras paramilitares en las masacres.

Expertos jurídicos han recordado que el llamado a indagatoria no implica una condena, sino que hace parte de una etapa en la que Uribe podrá ejercer su defensa y la Fiscalía continuará recopilando pruebas antes de decidir si presenta una acusación formal contra el antioqueño.

Uribe afirmó que el proceso debería ser archivado

A menos de un mes para que se lleve a cabo la indagatoria, Álvaro Uribe Vélez habló con El Tiempo para rechazar la decisión de la Fiscalía, que se anunció días antes de los comicios presidenciales.

“Nada han encontrado contra mí. Y dos días antes de elecciones o tres me llaman a indagatoria. Si nada han encontrado contra mí, y necesitaban cerrar el proceso, ¿por qué no lo archivaron? Es la pregunta que me hago“.

El exmandatario se refirió a la hacienda Guacharacas, que fue una de las bases de las AUC en los 90, para recordar que ese predio fue vendido por su familia a los hermanos Gallón Henao (responsables del asesinato de Andrés Escobar), y que fueron ellos los que aceptaron haber financiado a las estructuras paramilitares de la región.

“Mi familia, ante la imposibilidad de tener la hacienda, la vendió, como está demostrado. Y después aparecen que dizque teníamos un grupo paramilitar. En ese proceso contra mí, por ese testigo Monsalve, si algo quedó claro es que mi familia nunca tuvo grupos paramilitares allá, ni los patrocinó”.

El expresidente defendió la honra de su familia y aseguró que ha sido víctima de una persecución judicial, a la que añadió el caso protagonizado por su hermano Santiago Uribe, condenado en última instancia por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

“Mi hermano es un hombre básico, de buena moral, fue buen hijo, buen hermano, es buen esposo, buen padre, y lo meten preso”, fueron las palabras de Uribe Vélez, que responsabilizó al Gobierno nacional por lo que está viviendo en la actualidad.

“A mí, como gobernador, me sorprendieron ambas masacres. No hay una sola prueba con la que puedan decir que yo tuve información anticipada de esas masacres... Para Petro es un trofeo dejarme preso. Ya pusieron preso a mi hermano. Ahora me toca a mí".

¿Cómo fueron las masacres de El Aro y La Granja?

La masacre de El Aro se registró entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango, Antioquia. Un grupo de aproximadamente 150 paramilitares ingresó a la zona, asesinó a por lo menos 17 personas, quemó viviendas y desplazó a decenas de familias.

Las víctimas fueron señaladas de colaborar con la guerrilla y sufrieron torturas y despojo de sus bienes. Además de los asesinatos, hubo saqueos y destrucción generalizada, lo que generó un desplazamiento masivo de los habitantes.

En la masacre de La Granja, registrada en junio de 1996, también en Ituango, paramilitares asesinaron a cinco personas, la mayoría de ellas líderes sociales y campesinos. Las víctimas fueron seleccionadas y señaladas por supuestos vínculos con grupos armados ilegales. Ambas acciones generaron temor, desplazamiento forzado y un profundo impacto social en las comunidades rurales afectadas.

Tras estos hechos, el abogado José María Valle denunció que había una alianza entre la fuerza pública y las AUC que permitía que el grupo paramilitar ejerciera varios tipos de violencia contra la población civil de la región, mientras la gobernación y las alcaldías municipales se mantenían en silencio. El 27 de febrero de 1998, dos sicarios ingresaron a su oficina en el centro de Medellín y le dispararon en varias ocasiones.

En la mañana del viernes 26 de junio de 2026 se confirmó que un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias Tom, y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas.

Los hoy detenidos son señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, y que habrían participado en el atentado terrorista que se perpetró el viernes 24 de abril contra el Cantón Militar Pichincha en Cali, Valle del Cauca.

Producto del ataque dos mujeres resultaron heridas, además de provocar daños materiales significativos.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Villalobos Aguilón habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar utilizada en el atentado, realizando el traspaso y facilitando el vehículo para que fuera acondicionado con cilindros bomba.

Por su parte, Freyde Tolimán es señalado de movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles policiales y garantizar así el desplazamiento del vehículo hasta el lugar donde se activaron los artefactos explosivos.

Ambos sujetos fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali.

En los operativos se incautaron bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, material impreso alusivo a las disidencias de las Farc y una motocicleta.

Asimismo, desde la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado se les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Ambos procesados no aceptaron los cargos mientras continúa el proceso judicial como parte de las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados en los hechos registrados en el Cantón Militar Pichincha de Cali.

Los detalles del operativo de captura de ‘Tom’ y ‘Trenzas’

El 20 de junio de 2026, las autoridades en Valle del Cauca capturaron a “Tom” y “Trenzas”, los dos presuntos responsables de los atentados con vehículos bomba contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en una operación que buscó frenar la acción de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país y avanzar en el esclarecimiento de los ataques.

Durante 2026, la Policía Nacional ha reportado la captura de 16 miembros del frente Jaime Martínez, la estructura a la que las autoridades vinculan con estos hechos, liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados del país.

La investigación sobre los atentados apunta a que la planeación se realizó en campamentos ubicados en zonas rurales de Jamundí, Timba y Buenos Aires, en el norte del Cauca y el sur del Valle.

“Trenzas” fue señalado como integrante de la columna Ricardo Velázquez, vinculada a ese frente de las disidencias de las Farc, como parte de la operación fue coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali.

Las autoridades la presentaron como el resultado de varias semanas de investigación sobre los movimientos de los implicados antes y después de las explosiones.

Más de 300 horas de video permitieron reconstruir el recorrido de los implicados

El seguimiento incluyó el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y seguridad. Con ese material, las autoridades reconstruyeron los desplazamientos de los sospechosos y el recorrido de los vehículos usados en los atentados.

Según la información oficial, alias Trenzas habría hecho labores de planeación, reconocimiento y verificación de los puntos atacados: el Cantón Militar Pichincha, en Cali, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira.

La investigación también se apoyó en denuncias y reportes de la ciudadanía, que reforzaron la recolección de pruebas.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que la captura respondió a información de inteligencia que advertía sobre un intento inminente de fuga de alias Trenzas fuera del área de influencia de las autoridades.

Los ataques fueron contra batallones de Cali y Palmira el 24 de abril

Los atentados del 24 de abril de 2026 consistieron en la detonación de vehículos bomba en los alrededores del Batallón Pichincha, en Cali, durante la mañana, y del Batallón Agustín Codazzi, en Palmira, durante la noche.

El alcalde de Cali Alejandro Eder valoró el resultado de la operación y ratificó la posición de su administración frente a estos hechos.

“En Cali el terrorismo no queda impune. Capturamos a dos de los terroristas que se atrevieron a atacar a Cali hace un mes largo. Quiero felicitar a la Policía y a la Fiscalía por esta importante captura de ‘Trenzas’ y del otro sujeto, que es el propietario de los dos vehículos que estallaron. Desde el primer momento fui muy claro en que no descansaríamos hasta dar con los responsables de este ataque terrorista”, dijo el mandatario local.

La Junta Nacional de Justicia abrió oficialmente una investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza por tres presuntas infracciones que habría cometido cuando era fiscal suprema y fiscal de la Nación, según indicó la JNJ en un documento.

Según la Resolución N.° 398-2026 de la JNJ, la indagación se concentra en tres hechos: una denuncia constitucional contra 11 congresistas, un presunto desacato a la Ley N.° 32130, que otorga facultades a la PNP para investigad delitos; además de una supuesta intervención para favorecer al entonces fiscal José Domingo Pérez.

La resolución le concede 10 días hábiles para presentar por escrito sus descargos y los medios probatorios que considere pertinentes. Después de esa etapa, el organismo decidirá si archiva el caso o si continúa con las actuaciones previstas por ley.

Denuncia contra 11 congresistas

El primer hecho que será materia de investigación para la JNJ es la denuncia interpuesta contra 11 legisladores que integraban la Comisión de Defensa del Congreso entre los años 2021-2022.

De acuerdo con el texto de la JNJ, la entonces fiscal de la Nación sustentó esa denuncia en la presunta comisión del delito de negociación incompatible por el tratamiento del Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR. El texto sustitutorio de esa iniciativa habría permitido que cinco parlamentarios accedieran al cobro simultáneo de pensión y remuneración por su doble condición de funcionarios públicos y pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Es precisamente este caso por el que se oficializó desde el Congreso la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos en contra de la exfiscal. La investigación preliminar de la JNJ buscaría determinar si, al promover aquella denuncia, Espinoza respetó los límites de la inviolabilidad parlamentaria o incurrió en un exceso funcional.

JNJ también revisa actuación en el caso Pérez

El segundo cargo se refiere a la Ley N.° 32130, publicada el 10 de octubre de 2024 en el diario oficial El Peruano. Esa norma modificó el Código Procesal Penal con el objetivo de “fortalecer” la función investigadora de la Policía Nacional y agilizar los procesos penales.

La JNJ recoge la denuncia de Luis Miguel Caya Salazar, excandidato a diputado por Lima en las elecciones internas del Partido Aprista, según la cual Espinoza habría dispuesto y manifestado públicamente la inaplicación de esa ley por considerarla inconstitucional, pese a que la norma tenía vigencia desde su publicación. Ese es el punto que el organismo examinará para establecer si hubo desacato.

El tercer hecho está vinculado con la suspensión de seis meses impuesta en abril de 2025 al fiscal José Domingo Pérez por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Luego de esa medida, Espinoza presentó una denuncia penal contra el jefe de ese órgano, Juan Fernández Jerí.

La resolución señala que la investigación deberá evaluar si esa decisión constituyó un intento de interferir o debilitar la autonomía del sistema disciplinario del Ministerio Público. El denunciante sostiene que la exfiscal cuestionó a la máxima autoridad de control no por un exceso funcional, sino por haber sancionado a un fiscal considerado “cercano” a su gestión.

La JNJ añade que, según publicaciones periodísticas incorporadas al expediente, la denuncia penal presentada por Espinoza invocó presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. El organismo deberá establecer si ese proceder respondió a una defensa institucional o, como plantea la denuncia, a la protección de vínculos personales y afinidades funcionales.

De momento, que la JNJ decida la apertura de una investigación preliminar no implica que la exfiscal tenga responsabilidad alguna en los hechos materia de evaluación. La Junta Nacional de Justicia primero recopilará información antes de decidir si el caso se cierra o avanza a una etapa posterior.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Héctor “N” y Miriam “N”, dos personas probablemente implicadas en un caso de extorsión agravada contra una servidora pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por hechos ocurridos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ambos fueron trasladados desde Guadalajara, Jalisco, y enfrentan prisión preventiva tras audiencias celebradas en distintas fechas ante un juez de control capitalino.

El engaño: un accidente falso y una menor que nunca existió

El 15 de junio de 2021, la víctima recibió una llamada telefónica en su centro de trabajo. Un sujeto le informó que su jefe había protagonizado un accidente automovilístico en el que una menor de edad había perdido la vida y que, debido a que la póliza de seguro estaba vencida, era indispensable realizar depósitos de dinero para evitar consecuencias legales contra su superior. Bajo esa presión, los extorsionadores escalaron gradualmente la cantidad exigida hasta alcanzar un millón de pesos.

Antes de descubrir que todo era falso, la trabajadora realizó seis transferencias bancarias por un total de $229 mil pesos a distintas cuentas. Solo al comunicarse directamente con su jefe confirmó que nunca había estado involucrado en ningún accidente y que la información recibida era completamente inventada.

El rastreo financiero que identificó a los imputados

Un juez de control vinculó a proceso a Héctor “N” y Miriam “N” por extorsión agravada en agravio de una servidora pública de la SRE. La investigación de la Fiscalía CDMX determinó que algunas de las cuentas bancarias que recibieron parte de los $229 mil pesos transferidos por la víctima estaban registradas a nombre de ambos imputados.

El análisis de los movimientos financieros, junto con otros actos de investigación, permitió al agente del Ministerio Público construir los elementos suficientes para solicitar y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes contra Miriam “N” y Héctor “N”.

Operativo en Jalisco: dos capturas en el mismo inmueble

Mediante el intercambio de información con instituciones de procuración de justicia y labores de seguimiento técnico, la Fiscalía de la CDMX estableció que ambos imputados se encontraban en Guadalajara, Jalisco.

En coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo y aprehendieron a Miriam “N”, quien fue trasladada de inmediato a la Ciudad de México.

Las indagatorias continuaron hasta localizar a Héctor “N” y fue el 17 de junio de 2026 cuando agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión en el mismo inmueble donde había sido detenida Miriam “N”, y procedieron a su traslado a la capital.

Audiencias separadas, mismo resultado: prisión preventiva

Tras el traslado de Miriam “N”, el agente del Ministerio Público presentó ante el juez de control los datos de prueba recabados durante la investigación. La autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por extorsión agravada y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

El caso de Héctor “N” siguió el mismo camino. Durante la audiencia celebrada el 22 de junio de 2026, la Fiscalía CDMX expuso los elementos de la investigación y obtuvo su vinculación a proceso por el mismo delito. El juez también le impuso prisión preventiva.

El mismo engaño, otra vez: call center en Guadalajara usaba el esquema del “accidente del jefe”

El caso de la trabajadora de la SRE no es un hecho aislado. En abril de 2026, la Fiscalía General del Estado de Jalisco desmanteló un call center clandestino en la colonia Antigua Penal de Oblatos, en Guadalajara, donde Luis Arturo “N” y Martín “N” operaban un esquema de extorsión telefónica con el mismo patrón: llamadas a empleados de empresas en las que se les informaba que su superior había sufrido un accidente automovilístico y que la póliza de seguro estaba vencida, por lo que debían realizar depósitos urgentes para evitar consecuencias legales.

Para hacer más creíble el engaño, los operadores recopilaban información previa sobre las víctimas. Al momento de la detención, uno de los imputados se encontraba en comunicación activa con una posible víctima. En el inmueble se aseguraron teléfonos, tarjetas SIM, libretas con datos personales, directorios telefónicos y una pistola de postas.

La condena de 35 años contra Erick Moreno Hernández alias ‘El Monstruo’, sería solo la primera de varias que podría llegar a tener a causa de los procesos abiertos en su contra. El fallo por los dos casos de extorsión agravada en marzo de 2020 se suma a un expediente más amplio que podría llevarlo a enfrentar más de una sentencia similar.

Según indicó el fiscal provincial Vladimiro Capcha Fuentes en conversación con Latina, la sentencia contra Moreno Hernández recién se cumplirá después de los 12 años de condena que Hernández ya tenía por un proceso judicial anterior y que cada caso es independiente.

“Cada caso es independiente. Como ha ocurrido en el presente caso, cuando se ha dictado los 35 años, esto lo va a cumplir después de los 12 años, que también ya tiene una sentencia anteriormente”, indicó el representante del Ministerio Público.

Por otro lado, Julio Corcuera, exviceministro del Interior, planteó que la condena puede marcar un punto de inflexión si el cabecilla decide aportar datos sobre su red, esto debido a que él mismo afirmó que es un “hombre de Dios”.

“Por más que haya sido un gran capo criminal, si realmente él quiere contribuir a cambiar la sociedad, como ha dicho, y ser un hombre de Dios y demás, ayudaría mucho que él revele una serie de información clave para la ciudadanía”, indicó el exfuncionario, aunque .

Corcuera también precisó cómo operan las condenas cuando una misma persona afronta varios procesos penales. A diferencia de Estados Unidos, las penas en Perú no se pueden acumular, sino que se cumple la de mayor duración.

“Digamos que en otra sentencia le ponen 50 años. Se va a aplicar la que tenga mayor pena, obviamente. No se puede sumar 50 más 30 más 80. Hay ciertas características y ciertas condiciones de la ley donde se va a sumar hasta un momento”, señaló el exviceministro. Agregó que en Estados Unidos “podrías tener cinco cadenas perpetuas y 500 años”.

¿Por qué condenaron al ‘Monstruo’?

Según el Poder Judicial, el caso por el que se condenó a Moreno Hernández a 35 años de prisión se originó el 12 de marzo de 2020, cuando uno de los empresarios fue interceptado por Manuel Azpilcueta, Eduardo Torres y otros sujetos aún en identificación, que vestían chalecos de la Policía. La víctima fue llevada a un inmueble de Ancón, donde, de acuerdo con la acusación, fue recibida y amenazada por Moreno y Yen Atalaya.

Al día siguiente, el segundo empresario fue secuestrado cuando se dirigía a la avenida San Felipe: un auto lo interceptó y hombres con chalecos policiales lo subieron por la fuerza y lo trasladaron bajo custodia de Azpilcueta y Torres. El Ministerio Público sostuvo que Moreno ordenó agresiones y grabaciones para exigir hasta USD 300.000 por la liberación.

La familia del primer empresario entregó parte del dinero el 15 de marzo de 2020, que dejó dentro de una caja en el puente El Tambo, en Comas, conforme al acuerdo con los secuestradores. La Fiscalía indicó que la Policía Nacional rescató a las víctimas y que en el operativo murió el agente William Ríos.

De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias inmediatas permitieron identificar a Moreno como responsable de planificar y dirigir el secuestro; luego se solicitó su captura internacional y su extradición para ser juzgado en el país.

Rogelio “N” fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado y violación agravada contra una menor, hija de su expareja en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El caso salió a la luz el 5 de junio de 2026, cuando la madre de la víctima notó que su hija presentaba lesiones y sangrado que requerían atención médica. La trasladó de inmediato a un hospital, donde la niña señaló a Rogelio “N” como su agresor.

Al día siguiente, el personal médico notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), que inició las indagatorias correspondientes.

Amenazas y silencio forzado

Durante la entrevista especializada realizada por personal capacitado de la institución, la víctima relató episodios ocurridos entre mayo y julio de 2024.

Según su testimonio, Rogelio “N” aprovechaba las ausencias de la madre para ingresar a la habitación de la niña, donde la agredía sexualmente. Para mantenerla en silencio, la amenazaba con hacerle daño a su madre. El miedo que le generaban esas conductas llevó a la menor a colocar seguro y bloquear la puerta de su cuarto como medida de protección, bloqueando la puerta de su cuarto para intentar impedir que Rogelio “N” entrara.

El miedo que le generaban esas conductas llevó a la menor a colocar seguro y bloquear la puerta de su cuarto ubicado en un domicilio de la alcaldía Xochimilco.

La captura y el proceso judicial

Los testimonios, dictámenes periciales y demás datos de prueba reunidos durante la investigación permitieron al agente del Ministerio Público solicitar una orden de aprehensión contra el imputado.

La Policía de Investigación (PDI) ejecutó esa orden el 21 de junio de 2026, al momento en que Rogelio “N” salía de una audiencia relacionada con otro proceso penal en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Al día siguiente, durante la audiencia inicial, la Fiscalía CDMX formuló imputación y presentó las pruebas recabadas. Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Rogelio “N” por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

La autoridad judicial determinó vincular a proceso a Rogelio “N” por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Protocolos para evitar la revictimización

La Fiscalía CDMX subrayó que la atención a la víctima se realizó mediante procedimientos diseñados específicamente para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Esos protocolos buscan evitar la revictimización durante el proceso judicial y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño. La institución indicó que continúa fortaleciendo la investigación en el caso.

El abuso sexual infantil en México: dimensión y cifras

En México, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sido víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 18 años, según estimaciones de la organización Early Institute. A pesar de esa magnitud, solo 1 de cada 100 casos llega a ser denunciado, de acuerdo con organizaciones civiles especializadas en protección de la infancia.

Dónde ocurre y quién agrede

El 75% de las agresiones sexuales contra menores registradas en 2024 ocurrió dentro de una vivienda, según la Secretaría de Salud. El agresor pertenece con frecuencia al entorno inmediato de la víctima: el 13.4% de los casos tuvo como responsable al padre o al padrastro, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La organización civil Te Protejo México recibió entre 2024 y julio de 2025 reportes de casi 30 mil víctimas identificadas. El 84.5% de los menores afectados en ese período tenían entre 3 y 13 años, y el 88.1% eran de sexo femenino.

Impunidad y acceso a la justicia

El panorama judicial agrava la situación. De cada mil casos de abuso sexual infantil en México, solo 10 llegan a juicio y apenas uno recibe sentencia condenatoria, lo que equivale a un índice de impunidad del 99%. En términos generales, el 97% de los delitos cometidos contra menores permanece impune.

Las penas que contempla la ley

El Código Penal Federal establece penas de entre seis y 13 años de prisión por abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años, incluso con su consentimiento. Si el delito se comete con violencia, la pena se incrementa en una mitad adicional sobre el mínimo y el máximo.

Por el delito de violación, la ley federal prevé entre ocho y 20 años de prisión. Cuando la víctima es menor de edad y existe una relación de confianza, parentesco o convivencia con el agresor —circunstancias que configuran la modalidad agravada—, las sanciones se elevan conforme a los códigos penales de cada entidad federativa.

Según el Ministerio Público, se pudo comprobar que el criminal conocido como ‘El Monstruo’ planificó y dirigió el secuestro de las víctimas, y exigió 300.000 dólares a cambio de sus liberaciones.

La sentencia contra Moreno Hernández no solo se limita a cumplir una pena privativa de la libertad, sino que también se ordenó el pago de S/ 91.400 por concepto de reparación civil a favor de las personas agraviadas.

Según el organismo, el caso se originó en hechos ocurridos el 12 de marzo de 2020, cuando uno de los empresarios fue interceptado por Manuel Azpilcueta, Eduardo Torres y otros sujetos aún en identificación, que vestían chalecos de la Policía. La víctima fue llevada a un inmueble de Ancón, donde, de acuerdo con la acusación, fue recibida y amenazada por Moreno y Yen Atalaya.

Al día siguiente, el segundo empresario fue secuestrado cuando se dirigía a la avenida San Felipe: un auto lo interceptó y hombres con chalecos policiales lo subieron por la fuerza y lo trasladaron bajo custodia de Azpilcueta y Torres. El Ministerio Público sostuvo que Moreno ordenó agresiones y grabaciones para exigir hasta USD 300.000 por la liberación.

La familia del primer empresario entregó parte del dinero el 15 de marzo de 2020, que dejó dentro de una caja en el puente El Tambo, en Comas, conforme al acuerdo con los secuestradores. La Fiscalía indicó que la Policía Nacional rescató a las víctimas y que en el operativo murió el agente William Ríos.

De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias inmediatas permitieron identificar a Moreno como responsable de planificar y dirigir el secuestro; luego se solicitó su captura internacional y su extradición para ser juzgado en el país.

Entre los medios probatorios mencionó denuncias policiales, actas de intervención y registro del inmueble, declaraciones de víctimas, agentes y testigos, certificados médico-legales, cámaras de seguridad y el análisis de teléfonos celulares.

La Fiscalía también informó que "José P. recibió una pena de 35 años de prisión efectiva, y que Azpilcueta, Torres, Atalaya, Rosa E. y Anderson R. fueron condenados a 30 años por su participación en los hechos".

El Ministerio Público ejecutó una orden de detención preliminar contra 25 integrantes de la presunta organización criminal “La Red del Silencio”, investigada por extorsionar a transportistas en el Callao y Lima Metropolitana. La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao y se desarrolló junto con diligencias complementarias, entre ellas el allanamiento de 21 inmuebles y la requisa de una celda en el penal de Lurigancho.

La medida judicial, dictada por 15 días, se sustentó en la hipótesis fiscal sobre un esquema delictivo que habría operado desde años anteriores, con una mayor incidencia durante el 2025. Para la Fiscalía, el núcleo de acciones se concentró en el sector de Oquendo, en el Callao, y se extendió a distritos como San Martín de Porres y Los Olivos, además de otros puntos de Lima Metropolitana.

Según la investigación, las principales víctimas fueron empresas de transporte público formal e informal, entre ellas Translima y Holding Real Express S.A. La lista de agraviados también incluyó a propietarios, choferes, cobradores y otros trabajadores del rubro. El despacho fiscal estimó que alrededor de 190 unidades vehiculares, distribuidas en distintas rutas, resultaron afectadas; entre los tramos mencionados figura la avenida Izaguirre.

Las pesquisas describieron un mecanismo de cobro basado en pagos diarios por unidad, con montos que oscilaban entre S/10 y S/40, con exigencias que en algunos casos llegaron a S/70 por día. Para sostener las presiones, los investigados habrían utilizado grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales desde donde enviaban mensajes intimidatorios dirigidos a los transportistas.

La Fiscalía sostuvo que esas comunicaciones incluyeron amenazas contra la vida, la integridad y el patrimonio de las víctimas. De acuerdo con la tesis fiscal, también incorporaron imágenes de armas de fuego y explosivos, además de advertencias orientadas a imponer miedo y asegurar el pago. En paralelo, el Ministerio Público investiga una posible vinculación de la red con atentados contra vehículos, disparos contra conductores y otros episodios de violencia que habrían tenido como finalidad reforzar el cobro de las cuotas extorsivas.

Con la ejecución de la detención preliminar, el Ministerio Público anunció que continuará con diligencias para establecer responsabilidades penales y precisar el alcance de las conductas atribuidas a los intervenidos.

Canales contra la extorsión

El Ejecutivo activó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio sin costo, confidencial y operativo las 24 horas. A través de esta vía, la población puede alertar sobre hechos de extorsión y solicitar protección policial inmediata. El sistema articula respuestas con la Central de Emergencias 105 y permite remitir elementos de prueba, como audios o videos.

• Línea 1818: canal de emergencia para denunciar extorsiones.
• Celular 942841978: número directo para reportes y avisos.
• Comisarías: sedes distritales para formalizar denuncias.
• Depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de las investigaciones.

La extorsión no afecta únicamente a choferes y compañías de transporte. También impacta a propietarios de negocios, como bodegas, gimnasios y otros comercios barriales, que reciben intimidaciones y exigencias de pago para seguir operando o evitar ataques. Entre las presiones figuran amenazas contra familiares, daños a locales y cobros de periodicidad semanal.

En la tarde del 23 de junio, la Fiscalía General de la Nación informó que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, pieza clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue acusado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio (por un caso diferente al del asesinato del candidato presidencial).

El ente acusador acusó a “Chipi” como posible responsable de ordenar el crimen de un hombre en la localidad de Engativá, registrado el 15 de junio de 2024.

Este hecho se habría perpetrado como parte de una disputa violenta por el control de las actividades de “narcomenudeo” en el occidente de la capital. De acuerdo con la investigación, “Chipi” habría contactado a una mujer a la que le ofreció cuatro millones de pesos para que asesinara a la víctima.

“Posteriormente, se reunió con ella en un billar para ultimar detalles, mostrarle una fotografía y pagarle dos millones de pesos como anticipo”, informó la Fiscalía.

En el comunicado oficial, el ente acusador reveló que el día que se registró el crimen, “Chipi” se encargó de ubicar a la víctima en un establecimiento comercial y contactó a la persona que cometió el asesinato.

“Horas más tarde, durante la madrugada, el homicidio fue perpetrado en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. Por lo anterior, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá acusó a Arteaga Hernández por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”.

‘Chipi’ fue condenado por asesinato de extranjero en Medellín

Cabe recordar que, en mayo de 2026, se confirmó que Arteaga Hernández fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de un comerciante mexicano en Medellín. En ese proceso, un juez penal avaló el preacuerdo suscrito ante la Fiscalía General de la Nación con “Chipi”, que fue acusado de articular una estructura delincuencial dedicada a cometer homicidios selectivos en distintas ciudades del país.

La negociación incluyó que Arteaga, que también es conocido como “El Costeño”, aceptó su responsabilidad en la planeación y ejecución del asesinato que se registró el 30 de junio de 2024 en El Poblado.

El ente acusador reveló que una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida comprobó que Arteaga viajó hasta Medellín para coordinar los detalles del crimen y definir el momento en el que debía ser cometido.

Sobre la víctima, se trataba de un comerciante de 54 años que vendía productos tecnológicos en un establecimiento de El Poblado, mismo lugar en el que fue asesinado tras recibir ocho disparos.

Arteaga sigue sin ser condenado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

A pesar de que la Fiscalía ha revelado que “Chipi” fue el coordinador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, aún no ha condenado a Arteaga por este crimen; además, confirmó que ha llegado a un preacuerdo para que este colabore con la justicia en la identificación de los autores intelectuales, lo que ha sido rechazado por la familia de Uribe Turbay.

En este caso fue acusado de cinco delitos por el asesinato del precandidato presidencial, que se registró el 7 de junio de 2026 en el parque El Golfito, en Bogotá. Según la investigación liderada por la fiscal Elsa Reyes, “Chipi” habría coordinado la logística del crimen desde el 4 de julio de 2025, realizando reuniones en localidades como Bosa y articulando los roles de los demás implicados.

La Fiscalía sostiene que “Chipi” entregó el arma de fuego al adolescente que disparó contra Uribe Turbay, tras recibirla de Katerine Martínez, alias Gabriela. El proceso penal atribuye a “Chipi” los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

A través de un comunicado, la entidad informó que la investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, culminó con la captura y judicialización de siete personas, incluidas dos infantes de marina en activo, por su presunta participación en actividades ilícitas junto a esta estructura criminal.

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Los capturados fueron presentados ante la justicia, donde un fiscal especializado les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Como resultado, un juez de control de garantías avaló la solicitud de imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Entre los implicados en esta supuesta alianza criminal figuran varios individuos clave en la estructura delictiva del Clan del Golfo y algunos miembros de la fuerza pública. Los detenidos incluyen a:

• José Albeiro Aguirre Aguirre, alias Luis, señalado cabecilla financiero de la subestructura Jairo de Jesús Durango Restrepo.
• Juan Diego Mosquera Saavedra, alias Pájaro, y Julián Arcenio Macías Cardona, alias Conejo, posibles articuladores de la subestructura Pacífico o Playas.
• Los infantes de marina Arlinton Morelo Correa y Fabián Mauricio Herrera Rendón.
• Román Antonio Rico García, alias RR, exintegrante de la Armada Nacional.

La Fiscalía señaló que el Clan del Golfo habría integrado a los uniformados procesados en su nómina ilegal, pagándoles hasta tres millones de pesos mensuales a cambio de información clave que permitiría a los cabecillas de la organización eludir las operaciones militares en la región y conseguir armamento, municiones y otros suministros.

Según la investigación, el exintegrante de la Armada Nacional, Román Antonio Rico García, alias RR, recibía una remuneración mensual de hasta diez millones de pesos a cambio de datos precisos sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública. Gracias a esta colaboración, el Clan del Golfo habría logrado evadir varias veces la intervención de las autoridades en la zona.

Operativos y material incautado

Las capturas se llevaron a cabo en varias operaciones de registro y allanamiento realizadas por la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional y la Armada Nacional en los municipios de Juradó, Bahía Solano y Nuquí, en Chocó. Durante estos procedimientos, las autoridades incautaron diversos elementos de prueba, incluyendo:

• Siete teléfonos celulares.
• Cerca de 24 millones de pesos en efectivo y 64 dólares estadounidenses.
• Un morral de campaña y dos cintelas militares.
• Un proveedor con munición calibre nueve milímetros.
• Un teléfono satelital.
• Implicaciones de la investigación

El Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es una de las principales estructuras armadas ilegales del país, dedicada al narcotráfico, la extorsión y el control territorial en varias regiones de Colombia. La organización se caracteriza por sus métodos de violencia y por la capacidad de infiltrarse en instituciones clave para sus actividades ilícitas.

Próximos pasos en el proceso judicial

La Fiscalía indicó que continuará con las diligencias investigativas para recolectar más pruebas y esclarecer la magnitud de esta red de complicidad. Además, se espera que la entidad realice un seguimiento exhaustivo a las comunicaciones y movimientos financieros de los implicados, a fin de establecer el alcance de la participación de otros posibles involucrados en esta alianza.

En cuanto a los procesados, el avance del proceso judicial determinará si se establecen responsabilidades individuales y si se confirman las hipótesis sobre la colaboración de otros agentes en activo de las fuerzas militares o policiales. De probarse la culpabilidad de los detenidos, el caso representaría un golpe significativo para las instituciones de seguridad en el país y abriría la discusión sobre la necesidad de reforzar los controles internos en las filas de la fuerza pública.

Una nueva acción legal se abrió en el contexto de las movilizaciones convocadas tras la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público presentó una denuncia penal contra nueve personas, entre ellas Antauro Humala, Claudia Cisneros y Hernando Cevallos, por la presunta comisión del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado peruano.

La denuncia también comprende a César Hugo Tito Rojas, Lucio Ccallo Ccallata, Pavel Yábar Gonzales, Andrea Lía Valderrama Campos, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar Miranda. El documento fue remitido al Ministerio Público para que evalúe el inicio de las investigaciones correspondientes y determine si existen responsabilidades penales.

De acuerdo con el oficio suscrito por el procurador público especializado, la denuncia fue registrada a través de la Mesa de Partes Electrónica del Ministerio Público y posteriormente derivada al Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, despacho que asumirá la evaluación del caso.

Investigación basada en informes policiales

La Procuraduría informó que la denuncia fue elaborada con base en información proporcionada por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, además de otros elementos recopilados durante las acciones realizadas por la institución.

Entre la documentación incorporada figuran oficios remitidos por la División de Inteligencia contra la Criminalidad, registros de publicaciones difundidas en plataformas digitales e informes técnicos emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Estos elementos serán valorados por la Fiscalía durante la etapa preliminar del proceso.

Asimismo, el procurador comunicó oficialmente la presentación de la denuncia a la Policía Nacional del Perú para que continúe actuando dentro de las competencias que le otorga la legislación vigente y en coordinación con el Ministerio Público.

Roberto Sánchez cuestiona la medida

Luego de conocerse la denuncia, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, manifestó su rechazo a la actuación de la Procuraduría y defendió las movilizaciones promovidas por su organización política.

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, sostuvo que la denuncia alcanza a dirigentes políticos, representantes sociales y ciudadanos vinculados a las protestas convocadas “en defensa de la democracia y de la voluntad popular”. En ese contexto, afirmó que “defender el voto ciudadano y la soberanía popular no es delito” y remarcó que “la protesta pacífica es un derecho constitucional“.

El candidato también señaló que no aceptará “la criminalización ni el amedrentamiento” de quienes participan en manifestaciones que, según indicó, buscan ejercer derechos democráticos. Mientras tanto, será el Ministerio Público el que determine si existen elementos suficientes para iniciar diligencias preliminares y continuar con la investigación contra las nueve personas denunciadas.

¿Cuál es la condena por este delito?

El delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, tipificado en el artículo 315-A del Código Penal peruano, establece una sanción de pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Este delito se configura cuando una persona o grupo realiza actos que alteran de forma grave la paz pública mediante acciones que generen alarma social o que difundan hechos falsos o situaciones que pongan en riesgo la vida, la integridad de las personas o el patrimonio público y privado.

Asimismo, la norma contempla agravantes. En caso de que el delito sea cometido por integrantes de una organización criminal o mediante la utilización de amenazas graves que generen temor colectivo, la pena puede incrementarse hasta un rango de 6 a 10 años de prisión. En ese sentido, el tipo penal busca proteger el orden público y la tranquilidad ciudadana frente a conductas que generen desestabilización, diferenciándose de las protestas o manifestaciones pacíficas, las cuales están protegidas por la Constitución.

Todo lo relacionado con Zulma Guzmán Castro, capturada en Inglaterra y vinculada en Colombia con el envenenamiento con talio de dos niñas que consumieron frambuesas con chocolate en Bogotá, genera interés de la opinión pública por los hallazgos que se han registrado en el caso.

Lo último que se había informado sobre el caso es que en la primera semana de junio se reveló que un informe de la Sijín mencionó que en el casillero 314 de Zulma Guzmán Castro en el Club El Nogal de Bogotá había frascos etiquetados como “azufre”, bolsas, guantes de látex usados y logotipos de una empresa de domicilios, señalada como el canal utilizado para el envío de las frambuesas.

Estos elementos serían sumados al proceso judicial contra Guzmán, actualmente detenida en el Reino Unido a la espera de ser extraditada a Colombia, en el que la Fiscalía busca establecer si el contenido del casillero sirvió para ocultar la manipulación de sustancias tóxicas.

El 18 de junio, Medicina Legal informó que sería entregado un reporte oficial a la Fiscalía General de la Nación sobre el contenido de los frascos encontrados en el casillero de Zulma Guzmán.

Dos días después, El Tiempo reveló detalles del documento que recibió el ente acusador, incluyendo la prueba que terminaría de involucrar a Guzmán con el envenenamiento de los dos menores.

De acuerdo con el medio citado, se encontró talio en el frasco que contenía polvo blanco, mismo contenido que tenía otro recipiente encontrado en el casillero del Club El Nogal, sustancia que fue vertida en las frambuesas con chocolate que consumieron los niños.

Esta prueba se sumará a la evidencia técnica y testimonial que tenía la Fiscalía para inculpar a Zulma Guzmán con la entrega de la fruta envenenada a la vivienda de Juan De Bedout, con quien, según el ente acusador, tuvo una relación extramatrimonial. El análisis forense expuesto por El Tiempo confirma la presencia de talio en un par de guantes de látex azul hallados en el casillero de Zulma Guzmán en el Club El Nogal.

Cabe recordar que las autoridades hicieron inspecciones en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá como parte del proceso de extradición de Zulma Guzmán. La revisión, realizada en conjunto por funcionarios colombianos y británicos, se centró en verificar las condiciones de reclusión y atención médica del penal, con el fin de cumplir estándares internacionales de derechos humanos exigidos por el Reino Unido. La defensa de Guzmán solicitó garantías sobre su seguridad y bienestar antes de su eventual traslado desde Londres, donde permanece detenida a la espera de la decisión sobre su extradición.

Lo que sigue en el proceso

Además del traslado de Guzmán a Colombia, el informe de Medicina Legal ayudará a que la Fiscalía presente más material probatorio contra la mujer de 54 años, que tendrá la oportunidad de defenderse durante las audiencias.

Cabe recordar que, tras abandonar Colombia, Guzmán viajó por varios países y fue ubicada en Londres, donde fue rescatada del río Támesis por la policía británica en diciembre de 2025. Sobre ella había orden de captura con circular roja de Interpol y actualmente permanece detenida bajo la ley de salud mental del Reino Unido, en espera de la decisión sobre su deportación o extradición.

En Colombia enfrentará cargos de homicidio agravado, con penas de hasta 40 años de prisión, que podrían ascender a 60 años. Aunque se suma la presunta tentativa de homicidio contra otros dos niños afectados por intoxicación, cabe recordar que la pena máxima en Colombia es de 50 años y que se pueden añadir hasta 10 más en situaciones en las que el condenado cometió más de un crimen.

La investigación que se estaba adelantando en la Fiscalía General Penal Militar y Policial en contra del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de protección del senador Miguel Uribe Turbay, precluyó luego de determinar que el atentado contra el entonces senador y precandidato presidencial fue resultado de una planeación “criminal y estructurada” que no estaba asociada con el equipo de seguridad.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía Penal Militar informó que la actuación del subcomisario Gómez durante el atentado ocurrido el sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia, “se ajustó a los protocolos de protección y respuesta inmediata”.

De acuerdo con la Fiscalía, el subcomisario Gómez fue informado del evento político en ese punto pocas horas antes de su realización. Ante la notificación extemporánea, el oficial activó coordinaciones operativas con personal policial de la jurisdicción y articuló acciones con otros esquemas de seguridad presentes en el lugar.

El material probatorio para sustentar las acciones que adelantó Gómez Velasco el día del atentado fueron sometidas a una verificación por parte del ente investigador que permitió concluir que el ataque contra el senador se programó con meses de anticipación, ejecutado por “una red delictiva con responsabilidades específicas, logística previa y determinadores concretos”.

En ese sentido, el hecho de que Uribe Turbay fuera atacado con arma de fuego —pese a toda la reacción operativa por parte del esquema de seguridad— obedeció a una operación de alta complejidad y “no a una conducta omisiva deliberada atribuible al jefe del esquema de seguridad”.

“La fuerza criminal de quienes venían planeando este magnicidio superó el esfuerzo del hombre de protección subcomisario Gómez Velasco”, dijo, citado por El Tiempo, el juez que lideró la audiencia de preclusión.

Agregó que “el elemento subjetivo del delito de prevaricato por omisión no puede ser inferido a partir de apreciaciones subjetivas ni de la mera ocurrencia de un resultado lesivo, sino que exige prueba concreta que permita establecer la existencia de una voluntad consciente y deliberada de omitir el cumplimiento de ese deber”.

Al contrario, se estableció que el subcomisario Gómez “aplicó los protocolos de protección al cubrir con su cuerpo al senador y facilitar su evacuación, mientras otros integrantes del dispositivo de seguridad repelieron la agresión, neutralizaron al atacante y apoyaron el traslado urgente de la víctima a un centro asistencial”, se leyó en la comunicación oficial.

En contraposición a hipótesis y denuncias en contra del sistema de protección del senador Uribe Turbay, ante una presunta abstención o inoperancia de sus responsabilidades, las autoridades vieron que “las actuaciones desplegadas evidenciaron una reacción inmediata orientada a la protección de la vida e integridad del protegido”.

La conversación y las risas entre dos implicados por magnicidio de Miguel Uribe en audiencia: “¿Cómo se siente?"

Durante una audiencia judicial relacionada con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, dos de los implicados, Elder José Arteaga, alias El Costeño, y “El Hermano”, protagonizaron un episodio que generó indignación al intercambiar saludos y risas mientras sus micrófonos y cámaras permanecían abiertos.

El incidente ocurrió durante un receso de la diligencia, cuando ambos, señalados por la Fiscalía como coordinadores del ataque, conversaron de manera distendida pese a la gravedad del caso y la presencia virtual de las demás partes.

En medio del diálogo, alias El Costeño preguntó a su compañero por su estado, a lo que este respondió: “Encanado”. El intercambio incluyó referencias a las condiciones de reclusión, bromas sobre “buscar el sueño americano” y comentarios sobre la precariedad del sitio de detención.

La intervención de uno de los abogados presentes solicitó prudencia ante la actitud de los capturados, recordando que la audiencia era pública y que familiares de la víctima se encontraban conectados.

El episodio tuvo lugar en la audiencia donde se evaluaba un preacuerdo entre la Fiscalía y Elder José Arteaga, que establece una condena de 26 años de prisión. La familia del senador solicitó al juez rechazar el preacuerdo, argumentando que la pena resulta insuficiente frente a la gravedad del asesinato del precandidato presidencial.

El 18 de junio, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con crímenes de lesa humanidad.

El ente investigador sostuvo que existen pruebas sobre la relación de Uribe, cuando era gobernador de Antioquia, con un grupo paramilitar que operaba en la hacienda Guacharacas, en donde se consolidó el bloque Metro de las AUC.

La Fiscalía señaló a Uribe como responsable por omisión en la masacre de La Granja y como presunto determinador de la masacre de El Aro; además, también deberá hablar sobre el asesinato del abogado Jesús María Valle, que era defensor de las víctimas de estos crímenes cuando fue asesinado.

Salvatore Mancuso podría ser clave en el caso

En diálogo con Blu Radio, Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas en este caso, afirmó que la justicia tiene una deuda con los familiares de quienes murieron en las masacres mencionadas.

El jurista mencionó las pruebas que hacen parte del expediente y anticipó que Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar que en la actualidad es gestor de paz, será llamado para hablar sobre dudas que tenga el ente acusador.

“Hoy tenemos una Fiscalía con independencia que ha optado precisamente por hacer un trabajo riguroso y, en ese sentido, la decisión va en el camino correcto. No puede ser posible que un llamado a indagatoria esté construido sobre la ausencia de piezas procesales. Todo lo contrario: existen declaraciones, videos, documentos y próximos testimonios también, porque la Fiscalía incluso ha decidido llamar nuevamente a Salvatore Mancuso para precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar”, afirmó.

Sobre la importancia de Mancuso en el proceso, el abogado de las víctimas aseguró que es una pieza clave por el conocimiento que tiene sobre lo registrado en las masacres de El Aro y La Granja.

“Esa es una de las declaraciones más importantes de un jefe paramilitar, que relaciona precisamente los hechos ocurridos en esos años con el despliegue de las fuerzas paramilitares. Se tiene prevista a futuro para el proceso también, y seguramente existirá la construcción de nuevos elementos materiales probatorios para fortalecer precisamente ese llamado a indagatoria”.

Esto es lo que ha dicho Mancuso sobre las masacres

En una audiencia de la JEP, registrada en 2023, Salvatore Mancuso indicó que la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos, fue calificada como un éxito para las Autodefensas Unidas de Colombia.

“La masacre fue vista como un logro para los paramilitares. Se cumplió la orden y, días después, en la región de La Caucana, nos reunimos varios comandantes para condecorar a quienes participaron en esa operación”.

En esa ocasión, el exjefe paramilitar aseguró que Álvaro Uribe Vélez, que era gobernador de Antioquia, tenía conocimiento de lo que pasaría el 22 de octubre de 1997.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”.

En una entrevista con Daniel Coronell, Salvatore Mancuso reafirmó su testimonio y añadió nuevos detalles sobre la participación que tuvo el exmandatario en el crimen de lesa humanidad que provocó el desplazamiento forzado de más de 1.000 personas en la región.

“Yo estuve en la zona en helicóptero, fui a llevar provisiones, municiones, a sacar heridos, muertos nuestros. Fue una operación bastante dura y estuve en el área, ingresé en helicóptero. Uribe sabía de la operación”.

La senadora Martha Peralta enfrenta una investigación liderada por la magistrada Cristina Lombana por supuestas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el escándalo de corrupción registrado durante el mandato de Gustavo Petro.

Como parte del proceso, la magistrada decidió restringir la libertad de Peralta mientras se desarrolla la diligencia de indagatoria, medida que permanece vigente hasta que se resuelva su situación jurídica.

Ante esta restricción, la defensa de Peralta presentó un recurso de hábeas corpus ante un juez de Bogotá, solicitando la revisión inmediata de la medida, argumentando posibles vulneraciones a sus garantías fundamentales, pero este fue rechazado.

Una de las claves de este proceso era el testimonio de Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres en la Ungrd y la persona que prendió el ventilador del caso; sin embargo, Pinilla se negó a declarar contra Peralta.

En la tarde del 19 de junio, la firma de abogados Gustavo Moreno, que defiende a Pinilla, emitió un comunicado en el que confirmó que, protegido por el derecho a guardar silencio, el santandereano, que tiene un preacuerdo con la Fiscalía, no declarará en el proceso contra Martha Peralta.

“La defensa insiste: el señor Pinilla ha colaborado con la justicia dentro de los marcos legales correspondientes. Pero esa colaboración no lo despoja de su condición de sujeto de derechos, ni habilita a que sea interrogado ilimitadamente sobre hechos funcionales, institucionales o privados que puedan comprometer su responsabilidad penal y que no estén cobijados por el objeto específico de su principio de oportunidad”.

Defensa de Pinilla hizo cinco solicitudes

En el comunicado, los abogados de Sneyder Pinilla solicitaron que el rechazo al interrogatorio sea una constancia procesal a favor del santandereano, al que piden que se le reconozca su derecho fundamental a guardar silencio frente a toda pregunta relacionada con hechos derivados de su actuación como exfuncionario de la Ungrd que no hagan parte de lo estipulado como cooperación y que se le respete su derecho a no autoincriminarse.

La defensa argumenta que un posible interrogatorio llevará a “preguntas derivadas de conversaciones privadas presuntamente extraídas del teléfono celular entregado voluntariamente por el señor Pinilla en el marco de su cooperación judicial”.

Además, la defensa de Pinilla afirmó que la decisión no demuestra que exista una falta de colaboración o evasión procesal de su cliente: “Que se deje constancia expresa en el acta de la diligencia de cada oportunidad en la cual la defensa invoque el artículo 33 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Ley”, es como termina el comunicado.

¿Por qué es tan importante el testimonio de Pinilla?

Sneyder Pinilla desempeñó un papel central en el entramado de corrupción que involucró a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd). Como ex subdirector de Manejo de Desastres, su firma figura en la mayoría de los documentos relacionados con el polémico contrato de carrotanques en La Guajira, lo que lo ubica como uno de los principales operadores del esquema.

A partir de su colaboración con la justicia y la aprobación del principio de oportunidad, Pinilla se convirtió en un testigo clave para exponer cómo funcionó la estructura y el funcionamiento de la red de corrupción, así como para señalar a altos funcionarios y congresistas.

Sus declaraciones han vinculado directamente a figuras del Congreso en la recepción de millonarias sumas de dinero y permitieron documentar el pago de sobornos, lo que ha dado paso a investigaciones y procesos contra otros responsables. Su testimonio ha tenido repercusiones políticas, provocando salidas de figuras relevantes de partidos afectados por los señalamientos. Su importancia radica en haber roto el silencio, facilitando la judicialización de quienes integraron la red de corrupción.

En la tarde del 18 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que fue citado por la Fiscalía General de la Nación a una indagatoria en la que tendrá que hablar sobre tres casos registrados entre 1996 y 1998.

“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Además de la importancia de la diligencia a la que tendrá que asistir Uribe, el anuncio hizo que se recuerde lo registrado en las masacres de El Aro, La Granja y lo relacionado con el asesinato del abogado Jesús María Valle.

Masacre de La Granja

El primero de los hechos se registró el 11 de junio de 1996 en el corregimiento de La Granja, del municipio de Ituango, en donde paramilitares asesinaron a cinco campesinos que fueron acusados de ayudar a las Farc.

Este hecho sigue siendo recordado porque los integrantes de las AUC ingresaron a las viviendas del corregimiento para identificar a los presuntos colaboradores de la guerrilla, a los que ejecutaron en espacios públicos para advertir a los demás pobladores sobre las consecuencias de tener algún tipo de vínculo con el grupo armado enemigo.

En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la masacre de La Granja, señalando que las autoridades no protegieron adecuadamente a la población civil ni investigaron de manera efectiva los hechos.

La masacre de El Aro

El segundo caso sobre el que hablará el exmandatario se registró entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango, Antioquia, en donde integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a 17 campesinos a los que acusaron de ser militantes de las Farc.

Antes de asesinar a las víctimas, los paramilitares torturaron a los campesinos para enviar un mensaje al resto de la población. Antes de dejar el corregimiento, incendiaron 60 viviendas y se robaron la producción de varios cultivos.

Las AUC reconocieron haber perpetrado la masacre para castigar a la población por ayudar a la guerrilla, lo que provocó el desplazamiento forzado de al menos 1.200 personas. En las investigaciones se mencionaron posibles omisiones por parte de la fuerza pública durante los hechos, motivo por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por no haber protegido a las víctimas.

Asesinato de José María Valle

Este crimen se registró el 27 de febrero de 1998 en Medellín, la víctima era un abogado y defensor de derechos humanos que se encargó de denunciar lo registrado en las masacres de El Aro y La Granja.

El jurista afirmó que había una alianza entre la fuerza pública y las AUC que permitía que el grupo paramilitar ejerciera varios tipos de violencia contra la población civil de la región, mientras la gobernación y las alcaldías municipales se mantenían en silencio.

A la par, el abogado denunció haber recibido amenazas, pero no recibió ningún tipo de protección. El 27 de febrero de 1998, dos sicarios ingresaron a su oficina en el centro de Medellín y le dispararon en varias ocasiones.

Las investigaciones posteriores identificaron vínculos entre el asesinato de Valle y estructuras paramilitares que operaban en Antioquia. En 2012, la Corte Suprema de Justicia condenó a un exparamilitar y a un exfuncionario por su participación en el homicidio.

El poder de las AUC en la hacienda Guacharacas

El expresidente también rendirá indagatoria sobre lo que sabe de la consolidación del bloque Metro de las AUC en la hacienda Guacharacas, una propiedad de 2.000 hectáreas ubicada en Antioquia.

Este inmueble fue propiedad de la familia Uribe Vélez entre 1978 y 1996, hasta que fue comprado por los hermanos Gallón Henao, responsables del asesinato del futbolista Andrés Escobar, que reconocieron haber financiado a las AUC.

En uno de los casos más mediáticos en estos momentos en Colombia, una jueza de control de garantías negó la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario al cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd; a su manager Santiago Jaramillo, “Dímelo Jara”; a la abogada Laura Moreno y a Julián Giraldo.

Los mencionados se encuentran vinculados a una investigación por una denuncia de presunto secuestro en Medellín, interpuesta por Andrés Felipe Sánchez, conocido como “Yo me llamo Ozuna”, que representaba al imitador del reguetonero cuando se registraron los hechos.

Como argumento principal, la jueza consideró que no existía una inferencia razonable para sostener la configuración del delito de secuestro extorsivo y que, por ende, los acusados podrán seguir vinculados al proceso en libertad.

Durante las audiencias que se han realizado hasta el momento, se confirmó que la investigación comenzó tras la denuncia de Sánchez, que afirmó haber sido retenido contra su voluntad, amenazado y presionado durante una reunión en la disquera del Blessd en Medellín. Según la Fiscalía, el manager del artista y otros miembros del equipo le habrían exigido firmar un contrato para impedir que organizara presentaciones del imitador del reguetonero colombiano.

Sánchez denunció que le quitaron el teléfono celular cuando intentó registrar lo sucedido, que fue agredido físicamente y amenazado con armas. También aseguró que recibió una llamada del cantante en la que lo amedrentó verbalmente.

La jueza, al analizar el caso, sostuvo que la Fiscalía no aportó suficientes elementos para demostrar que hubo una privación de la libertad que permitiera configurar el delito de secuestro extorsivo. Señaló que el ánimo de la reunión no era tender una trampa ni privar de la libertad a los asistentes, sino discutir el uso del nombre y la marca de Blessd. Además, resaltó que otro participante, identificado como Jefferson, el imitador del reguetonero, permaneció en el lugar bajo las mismas circunstancias y no denunció secuestro, lo que debilitó la hipótesis del ente acusador.

¿Qué seguirá en el caso contra Blessd?

En diálogo con Infobe Colombia, el docente jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano Milton Perdomo explicó el alcance de la reciente decisión judicial en el proceso penal contra Blessd. El jurista recordó que el proceso penal en Colombia consta de varias fases, entre ellas la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, que es lo que se ha registrado en este caso.

Perdomo aclaró que esta decisión no representa una resolución definitiva sobre la imputación de los hechos en investigación. La jueza únicamente estableció que no resulta necesario privar de la libertad a los investigados mientras avanza el proceso penal.

De la misma forma, el abogado resaltó que la decisión de fondo sobre la existencia del delito y la posible responsabilidad de los imputados quedará en manos del juez de conocimiento, que asumirá el caso en las siguientes etapas del proceso. Es decir, que los argumentos de la jueza no serán tenidos en cuenta en las próximas diligencias.

Perdomo explicó que el procedimiento que sigue es la fase de acusación, en la que la Fiscalía presentará formalmente los cargos y las partes podrán solicitar la práctica de pruebas. Posteriormente, se realizará la audiencia preparatoria, en la que se definirán los elementos probatorios que serán admitidos en el juicio oral.

El juez tendrá la labor de recibir y valorar los testimonios, documentos y demás pruebas presentadas por las partes, con el fin de establecer si existió una conducta delictiva, si esta conducta corresponde a la categoría penal de secuestro y si los hechos pueden atribuirse a los imputados en calidad de coautores.

El abogado subrayó que solo después del análisis de la prueba en juicio, el juez podrá determinar la existencia del delito y la responsabilidad penal de los investigados, conforme a la estructura y garantías del proceso penal colombiano. En caso de que los imputados sean declarados culpables, se exponen a una condena de entre 25 y 40 años de prisión.

En el marco de una ofensiva judicial histórica, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron los perfiles criminales de seis de los principales líderes de la pandilla Barrio 18.

Estos sujetos forman parte del grupo de 563 altos mandos de la estructura que serán sometidos a un juicio unificado por miles de crímenes cometidos en el país durante la última década.

La Fiscalía identificó formalmente a seis de los cabecillas nacionales e históricos que dirigen las operaciones de las dos facciones de la pandilla (Sureños y Revolucionarios), quienes acumulan expedientes por delitos de sangre, terrorismo y extorsión a gran escala:

• César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”: Considerado uno de los fundadores y cabecillas históricos de la estructura. Se le adjudica directamente la autoría de la masacre de junio de 2006 en Antiguo Cuscatlán (La Libertad Este), donde fueron asesinadas cinco personas, incluidos menores de edad. Enfrenta cargos por homicidio agravado, extorsión, narcotráfico y agrupaciones terroristas.
• Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”: Reconocido como el máximo corredor y líder criminal en el sector de La Campanera, en Soyapango (San Salvador Este), una de las zonas tradicionalmente más golpeadas por el accionar de esta pandilla.
• Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”: Con rango de “palabrero” y cabecilla, dirigía una sofisticada red de extorsión en el centro de San Salvador. Su modus operandi incluía instrumentalizar a menores de edad y jóvenes trabajadores ambulantes para recolectar y movilizar los pagos ilícitos.
• Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”
• Andrés Roberto Barillas, alias “Lágrimas”
• Víctor Antonio García, alias “Duke”

A estos cabecillas y sus subordinados se les vincula, además, con crímenes de alto impacto nacional, como la masacre de marzo de 2016 en San Juan Opico (La Libertad Centro), donde 14 trabajadores civiles fueron asesinados de forma violenta.

Un juicio histórico: 563 cabecillas al banquillo de los acusados

La presentación de los perfiles individuales se desprende de la solicitud de imposición de medidas entregada formalmente por la FGR ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

El Ministerio Público busca procesar de manera conjunta a 563 jefes de la pandilla, divididos en sus dos ramas: 275 de la facción Sureños y 288 de la facción Revolucionarios.

El requerimiento fiscal recopila un total de 14,488 delitos acumulados desde el año 2012 hasta la fecha, abarcando un catálogo de atrocidades que incluye homicidios, secuestros, violaciones, extorsiones, tráfico de armas y trata de personas.

Más allá de los delitos comunes y de terrorismo, el Ministerio Público ha sumado de forma contundente el delito de rebelión. Según explicó el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, este cargo se fundamenta en que los implicados intentaron “imponer un estado criminal paralelo” mediante el control territorial, el uso de las armas y el sometimiento de la sociedad.

“Vamos a saldar esta deuda histórica que teníamos como país y como Fiscalía. Ahora vamos a sentar en el banquillo de los acusados a los cabecillas de ambas fracciones para que respondan por todos los actos cometidos”, afirmó el fiscal Muñoz.

Las investigaciones apuntan a que este grupo de mandos ordenó y coordinó de forma directa al menos 269 atentados y ataques de gran envergadura contra la población civil honrada. El tribunal ha otorgado un plazo inicial de dos meses de instrucción para que la Fiscalía presente formalmente todas las pruebas científicas, periciales y testimoniales recopiladas.

Por lo tanto, la fecha exacta de la audiencia única todavía no ha sido programada con un día y hora fijos, pero la Fiscalía ha proyectado que el juicio masivo se realice dentro de este mismo año.

Durante este período de dos meses, el caso estará bajo el análisis de la jueza tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, quien, tras evaluar las pruebas del ministerio público, se encargará de fijar la fecha definitiva para sentar a los 563 cabecillas en el banquillo de los acusados.

Según la versión de sus padres, el adolescente fue intervenido durante la madrugada del sábado y trasladado a la dependencia policial sin que la familia fuera notificada. Dos días después, al acudir a la comisaría de Manchay tras conocer su paradero por vecinos de la zona, encontraron al menor inconsciente dentro de la carceleta policial. Aunque fue llevado a un establecimiento de salud cercano, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Familia denuncia golpes, omisión de aviso y una intervención llena de irregularidades

De acuerdo con el testimonio del padre, el adolescente había salido a una reunión con una amiga de colegio cuando fue acusado de haber ingresado a una vivienda con la intención de sustraer objetos. Tras la denuncia, personal de Serenazgo lo retuvo y luego fue trasladado a la comisaría de Manchay. Sin embargo, la versión de la familia es que nunca recibieron una llamada, notificación o visita oficial para informarles sobre la intervención.

Según relataron ante cámaras de Latina Noticias, recién tomaron conocimiento del paradero del menor gracias a vecinos que lo habían visto en un patrullero. A partir de ahí, acudieron a la dependencia policial, donde hallaron un panorama que califican de alarmante: el adolescente tenía visibles golpes en el cuerpo, llevaba la ropa rota y no tenía algunas de sus pertenencias, como zapatillas y medias. También afirmaron que el joven les alcanzó a decir que estaba siendo agredido dentro de la carceleta.

El padre aseguró que, al verlo en esas condiciones, pidió explicaciones a los efectivos, pero no recibió una respuesta clara. Incluso señaló que no logró hablar con el comisario, porque este no se encontraba en el lugar, mientras los agentes presentes se limitaban a decir que el caso sería visto por el personal de turno.

Otro de los puntos que ha despertado dudas es la aparición de una constancia de buen trato entre las pertenencias del adolescente. La familia sostiene que el documento no tenía la firma del joven, sino solo una huella dactilar, por lo que creen que pudo haber sido colocada cuando ya no estaba con vida.

Fiscalía de Lurín abre investigación y familia espera peritajes que aclaren la muerte

La situación se agravó cuando la familia lo encontró inconsciente dentro de la dependencia policial y exigió que fuera trasladado de inmediato a una posta médica. Según el relato del padre, el traslado no fue inmediato y los agentes alegaron demoras como la falta de llave del patrullero o la ausencia de orden para moverlo. Finalmente, el adolescente fue llevado en la tolva de una camioneta policial a un establecimiento de salud cercano, donde solo se confirmó su fallecimiento.

Los familiares también señalaron que, durante la madrugada, solicitaron que se practique una necropsia, pero les indicaron que debían esperar el traslado a la morgue y la intervención de la Fiscalía. De acuerdo con su testimonio, el Ministerio Público llegó recién varias horas después, cuando el cuerpo del menor ya había permanecido en la posta médica por un largo periodo.

Ante estos hechos, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de homicidio. Como parte de las diligencias, se dispuso el levantamiento del cadáver, la toma de declaraciones a los familiares y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir la secuencia de lo ocurrido desde la detención hasta el hallazgo del menor.

La familia insiste en que el adolescente no debió permanecer en las condiciones en las que fue hallado y cuestiona que no se hayan respetado los protocolos básicos de custodia para un menor de edad. También demandan que se revise el papel de los efectivos que estuvieron de turno en la dependencia policial y que se determine quién autorizó o permitió los actos que hoy forman parte de la denuncia.

Entre los testimonios recogidos, los padres describieron al joven como un muchacho estudioso, con talento para la música y con aspiraciones de convertirse en arquitecto. Según contaron, participaba en actividades artísticas y tenía proyectos personales que quedaron truncos tras su muerte.

La justicia de Cundinamarca logró un avance significativo en la lucha contra el microtráfico con la judicialización de ocho presuntos integrantes de la red conocida como Los Lampas, dedicada a la venta y distribución de drogas en Soacha.

La audiencia, realizada bajo estrictas medidas de seguridad, estuvo marcada por amenazas de muerte dirigidas al fiscal encargado del caso, lo que evidenció la presión e intimidación que ejercen estas organizaciones sobre los operadores judiciales.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de la Nación, “en medio de amenazas de muerte hacia el fiscal que los imputaba se cumplió la judicialización de los presuntos integrantes de una red de narcomenudeo en Cundinamarca. Se trata de ‘Los Lampas’, un grupo delincuencial señalado de vender estupefacientes en lugares públicos y a domicilio en Soacha (Cundinamarca)”.

Las investigaciones permitieron identificar a los ocho procesados, entre ellos Luis Miguel Moreno López, señalado como cabecilla de la organización, junto a Cristian Camilo Galeano Russi y Brayan Alexander Rodríguez Ordóñez, quienes, según los reportes, se encargaban de la seguridad y distribución de las sustancias. Jhon Albert López Bartolo habría sido el responsable de las entregas exprés, mientras que Luisa Fernanda Henao Trujillo dosificaba los estupefacientes.

El resto del grupo lo integran Danna Alejandra Fonseca Moreno, Anderson de Jesús García Castro y Fredy Junior Flórez Hernández, identificados como expendedores en distintos puntos del municipio.

La estructura operaba en barrios de alta concurrencia como Danubio, Prado Las Vegas y Hogares, además de dos centros comerciales sobre la Autopista Sur, donde ofrecían marihuana, bazuco, cocaína y tusibí tanto en puntos fijos como a domicilio. El fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca formuló cargos por delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y uso de menores para la comisión de delitos.

Durante la audiencia de imputación, uno de los procesados, Rodríguez Ordóñez, interrumpió el procedimiento y profirió amenazas de muerte contra el fiscal, hecho que le sumó una imputación adicional por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

El juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los implicados, quienes permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Operativo en el centro de Bogotá deja un detenido por microtráfico y hallazgo de estupefacientes

Las autoridades de Bogotá intensificaron su ofensiva contra el microtráfico en el centro de la ciudad, logrando la captura de un hombre que transportaba más de 200 dosis de estupefacientes y medicamentos controlados. El operativo se llevó a cabo en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, donde la Policía Metropolitana, en conjunto con la Secretaría Distrital de Seguridad y Migración Colombia, intervino varios pagadiarios utilizados como puntos de almacenamiento y venta de drogas.

Durante la inspección a uno de estos establecimientos, que funcionaba sin razón social, los uniformados ingresaron a habitaciones y áreas comunes. En el lugar encontraron 205 dosis listas para la venta, entre marihuana, bazuco y cocaína, además de 30 tabletas de Rivotril, un medicamento cuyo uso y comercialización están restringidos y que suele ser utilizado de manera ilegal en entornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

El individuo capturado fue sorprendido en flagrancia con la totalidad de los estupefacientes y quedó a disposición de la autoridad judicial para enfrentar cargos por tráfico, fabricación o porte de sustancias ilícitas. La intervención formó parte de un operativo más amplio enfocado en combatir no solo el microtráfico, sino también delitos relacionados como el homicidio y la extorsión en la zona.

Como resultado de la jornada, se revisaron los antecedentes de 70 personas y se realizó el control migratorio de 18 ciudadanos extranjeros, quienes presentaban irregularidades en su documentación. Asimismo, las autoridades lograron la recuperación de una bicicleta que figuraba como robada y que se encontraba en el interior de uno de los pagadiarios.

La Secretaría Distrital de Seguridad anunció que este tipo de acciones continuarán en áreas identificadas como prioritarias en el centro de Bogotá, con el objetivo de recuperar espacios públicos y reducir la incidencia de actividades delictivas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó formalmente ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador la solicitud de imposición de medidas en contra de 563 cabecillas históricos y nacionales de la pandilla Barrio 18. A los imputados se les atribuye un acumulado de 14,488 delitos cometidos desde el año 2012 hasta la fecha.

Este masivo proceso penal abarca a las dos divisiones de la organización criminal: 275 pandilleros pertenecientes a la facción Sureños y 288 a la facción Revolucionarios. De acuerdo con el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, este requerimiento marca el inicio de un proceso judicial que se proyecta ágil.

La institución prevé presentar el dictamen de acusación final en agosto, con el objetivo de celebrar la audiencia única abierta este mismo año para definir la situación jurídica de la cúpula de esta estructura. Con esta ofensiva legal, las autoridades judiciales buscan saldar una deuda histórica con la sociedad salvadoreña, llevando al banquillo de los acusados a los principales responsables de la zozobra y el luto en el país durante más de una década.

Entre los procesados figuran líderes históricos de alto rango, conocidos en la jerarquía criminal como:

• “Pilares nacionales”
• “Pilares de tribu”
• “Pilares históricos”.

Entre los nombres más destacados de la acusación se encuentran César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de los Palmas”, líder de la facción Revolucionarios, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, cabecilla de la facción Sureños.

A estos jefes criminales se les acusa formalmente de delitos graves que incluyen:

1. Rebelión
2. Pertenencia a organizaciones terroristas
3. Homicidio agravado
4. Extorsión agravada
5. Tráfico ilícito de drogas.

Bajo las reformas actuales del Código Penal salvadoreño, el delito de pertenencia a organización terrorista contempla penas severas que pueden alcanzar la cadena perpetua, lo que asegura que los procesados enfrenten décadas tras las rejas si son declarados culpables.

Atentados, masacres y el financiamiento del terror

La investigación fiscal detalla una serie de actos de barbarie y terrorismo que conmocionaron al país en años anteriores. Entre los casos documentados se encuentra la masacre de San Juan Opico, donde fueron asesinados 14 trabajadores, y una matanza interna ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.

Asimismo, se les vincula directamente con crímenes de alto impacto institucional, como el ataque con coche bomba contra el Ministerio de Seguridad, atentados terroristas en las inmediaciones del Centro Judicial Dr. Isidro Menéndez y asaltos armados a diversas sedes y delegaciones policiales.

El requerimiento también expone cómo estas facciones del Barrio 18 utilizaron el tráfico ilícito de marihuana y cocaína como su principal mecanismo de autofinanciación. Estos recursos económicos les permitieron adquirir armamento de uso privativo de la fuerza armada y organizar la logística necesaria para sostener sus actividades criminales a nivel nacional.

Para sustentar la robusta acusación, la FGR se apoyó de forma determinante en la herramienta legal de intervención a las telecomunicaciones. Estas escuchas telefónicas permitieron frustrar múltiples atentados planeados por los cabecillas en tiempo real. Uno de los casos más alarmantes revelados por el fiscal Muñoz fue el plan para detonar granadas militares contra la sede principal de la Fiscalía.

A través del monitoreo electrónico, las fuerzas de seguridad obtuvieron información precisa de que el armamento era transportado en un vehículo amarillo sobre la carretera Panamericana. La interceptación oportuna mediante controles vehiculares estratégicos logró incautar los explosivos antes de que llegaran a su destino.

Tras la recepción del caso por parte de la jueza tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado, se ha otorgado un plazo inicial de dos meses de instrucción para que el ministerio público presente formalmente toda la prueba científica y testimonial recopilada.

El proceso judicial que rodea el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans, que se originó el 4 de abril de 2025 en Bello (Antioquia), sigue causando revuelo en la comunidad con respecto al proceso judicial de los dos principales acusados.

Los responsables fueron señalados por raptarla, agredirla y, posteriormente, arrojarla a una quebrada, donde fue rescatada aún con vida, pero murió después por la gravedad de las heridas.

La indignación social creció al difundirse versiones sobre la posible excarcelación de los procesados, aunque la Fiscalía sostiene que el proceso se mantiene activo y los acusados continúan privados de libertad.

Ante las especulaciones, la Fiscalía General de la Nación respondió por medio de un comunicado, difundido por El Tiempo, afirmando que: “La Fiscalía, dentro de los términos de ley, ha surtido sus actuaciones y acusó formalmente a estas dos personas”.

Los autores señalados, Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta o Teté, y Juan David Echavarría, alias Chuky, permanecen detenidos y enfrentan cargos por homicidio agravado y tortura.

La investigación de la Fiscalía determinó que los acusados trasladaron a la víctima a una vivienda, la golpearon repetidas veces y le causaron heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo. La arrojaron a un cuerpo de agua, mientras amenazaban a los vecinos para impedir el auxilio. Finalmente, familiares y bomberos lograron rescatarla, pero Sara falleció en el hospital a causa de las lesiones.

En términos judiciales, ambos hombres fueron imputados en Medellín en 2025.

Estado actual del proceso judicial y medidas tomadas

Según el documento del ente investigativo, “El juez penal de conocimiento instaló la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó el acervo probatorio, el cual fue aceptado en su totalidad”. Este avance procesal fue apelado por la defensa, por lo que será el Tribunal Superior de Medellín el que resuelva el recurso antes de convocar las audiencias de juicio oral.

El ente acusador también aportó detalles sobre nuevas actuaciones: “Por otra parte, la Fiscalía vinculó recientemente a Muñoz Gaviria y a Echavarría Zapata a otra investigación por el delito de concierto para delinquir, como presuntos integrantes del grupo delincuencial El Mesa. La imputación se realizó el pasado 22 de mayo”.

En esa misma audiencia, a Echavarría Zapata se le imputó el cargo de homicidio por un hecho ocurrido en abril de 2020, también en Bello.

La Fiscalía General concluyó advirtiendo que, por estos nuevos procesos, Juan David Echavarría Zapata recibió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario. Mientras tanto, Juan Camilo Muñoz Gaviria continuará privado de la libertad por una condena vigente de nueve años y diez meses de prisión.

Antes de que la Fiscalía hiciera claridad con el estado del proceso, la senadora Paloma Valencia compartió un video en el que pidió hacer visible el caso para que la muerte de esta mujer no quede impune.

“¿Se acuerdan de Sara Millaray? Esa mujer trans a la que le partieron las piernas, la amarraron en un río y que después terminó muriéndose ante la agonía delante de todo el mundo y nadie la rescató. Pues ahora resulta que por vencimiento de términos, sus asesinos van a terminar libres. Alcemos la voz, porque la violencia no es admisible y mucho menos cuando está relacionada con la tortura y el maltrato a una población como la población trans, absolutamente afectada por una violencia de género inaceptable".

El caso ha puesto en el foco la violencia contra personas trans en Colombia y la respuesta de las autoridades judiciales ante estos crímenes. La Fiscalía insiste en que ha cumplido los plazos legales y que las decisiones sobre la libertad de los acusados están sujetas a la revisión judicial superior.

El 19 de mayo de 2026, en el pódcast A Fondo de María Jimena Duzán, fue revelado que las autoridades de Estados Unidos investigan la relación de Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, con Alex Saab, señalado como operador de redes de lavado vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con el informe, “Boliche”, exnarcotraficante y paramilitar colombiano, se convirtió en informante de la DEA y participó en operaciones de blanqueo y asesoría jurídica a Saab.

Se informó que parte de las transferencias de dinero involucraron a la firma del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que niega conocer movimientos irregulares de “Boliche”, pese a haber mantenido una relación cercana y recibir contratos lucrativos.

El académico Bruce Bagley también figura como intermediario en el manejo de fondos, cuyo destino final permanece bajo reserva judicial. Las investigaciones buscan esclarecer si De la Espriella y su equipo recibieron beneficios directos o indirectos. El proceso judicial contra “Boliche” continuará en una audiencia cuya fecha se definirá para mediados de agosto.

Fiscalía deberá entregar el historial del caso ‘Boliche’

El 12 de junio, Univisión informó que el juez que lleva el caso de alias Boliche ordenó que la Fiscalía entregue a la defensa toda la documentación disponible sobre la relación del colombiano con agencias federales.

El medio citado recordó que “Boliche” trabajó durante varios años como asistente legal de Abelardo de la Espriella en Miami, y que los informes podrían exponer todos los detalles de la relación laboral que se mantuvo durante ese tiempo, ya que la acusación incluye una presunta colaboración entre las partes cuando se cometieron los crímenes.

De acuerdo con el medio citado, la información que será entregada incluye reportes de recibos de pagos y desembolsos en los que queda en evidencia la relación que tuvo “Boliche” con la DEA, el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Cabe recordar que todos los documentos los tendrá la abogada de la defensa, Silvia Piñera Vásquez, y que estos se mantendrán bajo reserva si así lo quiere la jurista mientras avanza el caso.

Durante las audiencias se podrá conocer la información de los documentos, puesto que podrían ser claves para convencer al jurado; mientras que la defensa de “Boliche” insiste en que el acusado no firmará un acuerdo de culpabilidad.

Durante la acusación, la Fiscalía indicó que el colombiano trabajó durante 25 años como informante de Estados Unidos, mientras al unísono conspiró para lavar dinero y cometió un fraude electrónico al estafar a los capos que aceptaban someterse a la justicia.

“Él no entregaba los resultados prometidos a los traficantes y ellos frecuentemente recibían sentencias mucho más altas de lo que les fue prometido”, asegura la Fiscalía, que confirmó que hay al menos seis excapos que podrían testificar contra “Boliche”.

Así comenzó el proceso contra el excapo colombiano

La denuncia judicial contra Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, tiene origen en septiembre de 2020, cuando trabajaba como asistente legal para varias firmas, incluyendo De la Espriella Lawyers Enterprise, establecida en Miami en 2018. La acusación señala que, junto a un cómplice identificado como “Coconspirador 1”, presuntamente el abogado colombiano Daniel Peñarredonda, cercano colaborador y socio de Abelardo de la Espriella, ofrecían falsas promesas a narcotraficantes. Prometían conformar el “mejor equipo legal” de Estados Unidos y sentencias leves, aun en casos con penas mínimas de 10 años y máximas de cadena perpetua.

Hernández actuaba como enlace entre abogados y acusados, con clientes en Colombia, República Dominicana y Puerto Rico. El hoy candidato presidencial en Colombia ha negado que tuvo cercanía con “Boliche”, aunque fuentes del caso aseguran lo contrario y afirman que “Boliche” llegó a desempeñar funciones personales para el abogado. Hernández habría presentado a De la Espriella en el entorno de abogados dedicados a casos de narcotráfico y le facilitó contactos de clientes, recibiendo comisiones por estas gestiones.

El proceso se reactivó con la reaparición virtual del imputado ante la justicia peruana, mientras permanece recluido en la Base Naval del Callao. La sesión formó parte del juicio oral en el que se revisa la presunta estructura detrás del plagio y la cadena de comunicaciones dirigida a presionar a los familiares.

Según la tesis fiscal, durante el cautiverio se exigió un rescate que podía alcanzar USD 300.000. Para la Fiscalía, el acusado tuvo un rol clave en la fase de negociación y amedrentamiento.

En audiencia, se sostuvo que Moreno Hernández se encargaba de realizar llamadas a los parientes de los agraviados y que también elaboraba videos que luego se remitían como prueba de vida y como herramienta de coerción.

Por su parte, la defensa legal del Monstruo rechazó la imputación y cuestionó la consistencia de los elementos presentados por el Ministerio Público. “Ha quedado plenamente evidenciado, señor magistrado, que el Ministerio Público no ha logrado destruir la presunción de inocencia que ampara constitucionalmente a mi patrocinado, el señor Erick Luis Moreno Hernández”, señaló. Con ese argumento, buscó desacreditar la atribución de un rol directo en las comunicaciones y en la coordinación del secuestro.

El juicio ya tiene fechas próximas para los momentos decisivos. El 22 de junio, el acusado tomará la palabra durante la etapa oral. El 24 de junio, los jueces a cargo del caso anunciaron que emitirán sentencia, decisión que definirá si se acoge el pedido de la Fiscalía o si se impone un criterio distinto tras la evaluación de pruebas y alegatos.

El ascenso de Moreno Hernández

Según la versión policial, Moreno Hernández nació en Ica y llegó a Lima, donde inició actividades delictivas desde adolescente con robos menores, como celulares y equipos electrónicos. Con el tiempo, escaló a hurtos agravados de autopartes y luego al robo de vehículos. En 2017, fue detenido por integrar una banda dedicada a ese delito y recibió una condena de 12 años, pero solo permaneció preso dos años.

Tras recuperar la libertad, se instaló en Lima Norte, zona donde el control criminal lo ejercía Alan Smith Lucano Cotrina, alias “Jorobado”. La Policía atribuye a Moreno Hernández participación en secuestros y menciona casos como los de Raúl Luis Solís Pacheco, Lucero Almendra Trujillo Vargas, Valeria Vázquez, Adrián Padilla Cancho y Jacqueline Salazar Flores.

Luego de la captura y condena de Lucano Cotrina, el Monstruo habría ocupado el vacío de poder y amplió extorsiones contra transportistas, comerciantes y emprendedores.

La estrategia de las autoridades peruanos para su detención incluyó capturas progresivas, identificación de redes familiares, incautación de dinero y negocios ilícitos, además de cooperación internacional y una alerta roja de Interpol. La detención se concretó por la policía paraguaya con mandato internacional.

El 11 de junio se registró la imputación por el delito de secuestro extorsivo contra Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, artista colombiano al que la Fiscalía vincula con una denuncia sobre la privación de la libertad de una persona con el objetivo de obtener un beneficio económico.

De acuerdo con el denunciante, dos trabajadores de Blessd lo retuvieron tras asistir a un encuentro en el que le reclamaron por representar al imitador del reguetonero. En entrevistas a diferentes medios, la presunta víctima aseguró que el artista le envió un mensaje durante la retención en la que aseguraba que, de estar en el sitio, lo habría torturado. Esta situación se suma a las acusaciones de secuestro extorsivo, pues la víctima asegura que durante la retención le hicieron exigencias económicas y fue hostigado.

Durante la audiencia, que fue aplazada y continuará el 12 de junio, el fiscal indicó que el caso fue priorizado por la gravedad de los hechos y la notoriedad pública del implicado.

En la audiencia de imputación se expusieron los elementos que vinculan al artista con el caso, así como las circunstancias en las que se habría registrado el secuestro. Blessd, Sebastián Jaramillo Moran (su representante), Laura Moreno Restrepo (exabogada del artista) y Julián David Giraldo se declararon inocentes. En la siguiente diligencia, la Fiscalía evaluará si solicitará medidas de aseguramiento mientras avanza la investigación judicial.

¿De cuánto tiempo sería la condena si el artista es declarado culpable?

Aunque el proceso está comenzando, en Colombia genera interés el alcance del caso que protagoniza el reguetonero de 26 años, principalmente por el tiempo que podría pasar en prisión si es declarado culpable.

Para entender las posibilidades del caso, en diálogo con Infobae Colombia el abogado penalista Johan Montenegro habló sobre las características de la acusación contra Londoño y la posible condena.

“El delito de secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 169 del Código Penal. Esta conducta implica privar de la libertad a una persona con el propósito de obtener un provecho económico o de cualquier otra índole, ya sea para sí mismo o para un tercero. La pena prevista para este delito es de 25 a 40 años de prisión. Si el secuestro termina con la muerte o lesiones graves de la víctima, la condena sería mayor”.

El jurista explicó que existen variables legales que pueden incidir en la reducción de la pena; una de ellas es la aceptación de cargos, lo que provocaría una rebaja de entre el 33% y el 50% de la pena final, lo que se define dependiendo del momento procesal y la colaboración brindada por el imputado.

Aunque es algo que ya no se puede registrar en este caso porque los procesados no aceptaron cargos, el abogado afirmó que al hablar de colaboración eficaz se hace referencia a entregar información para esclarecer los hechos o identificar a más responsables, además del poder adquisitivo para reparar de alguna forma a la víctima.

En el caso de Blessd y su representante, que aseguran no ser responsables de los cargos que les fueron imputados, además de definir si son culpables o no, si se comprueba la existencia de agravantes, como la participación de varias personas, violencia excesiva, uso de armas o afectación a menores, la pena puede ser incrementada. Esto será definido tras la valoración de los elementos probatorios y las circunstancias particulares del caso, por lo que el experto cree que pasarán varios meses antes de que esto se registre.

Cabe recordar que los abogados Santiago Trespalacios y Andrés Arango, defensores de Blessd, emitieron un comunicado señalando que existe desinformación sobre el caso. Aclararon que Stiven Mesa Londoño no estuvo presente ni participó en la reunión registrada en junio de 2022.

Los juristas explicaron que los hechos investigados fueron por el uso no autorizado de la imagen del artista y que el caso fue reportado ante las autoridades en 2022, cuando la Fiscalía había planteado archivarlo. Añadieron que las partes acordaron justicia restaurativa, que el denunciante incumplió con ello y que la defensa ejercerá acciones tras la nueva imputación.

Según la información difundida por ATV, la red habría obtenido ganancias millonarias a partir de la apropiación, venta y alquiler de predios. La organización, conocida por las autoridades bajo la denominación vinculada al alias “Tío Luigi”, contaría con la participación de diversos actores que facilitaban el acceso a información y la ejecución de trámites relacionados con los inmuebles.

Las pesquisas también alcanzan a trabajadores de entidades públicas y profesionales que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían cumplido funciones específicas dentro del esquema investigado. El caso vuelve a poner en debate los mecanismos de protección de la propiedad y los procedimientos que deben seguir las familias tras el fallecimiento de un propietario.

Una modalidad centrada en inmuebles de personas fallecidas

De acuerdo con la información, la organización identificaba propiedades cuyos dueños habían fallecido. A partir de ese punto, los integrantes de la red presuntamente recurrían a documentación falsificada para aparentar derechos sobre los bienes y avanzar con su ocupación.

La investigación sostiene que los inmuebles eran utilizados posteriormente para actividades comerciales. Entre las modalidades detectadas figuran el alquiler, la venta y otras formas de explotación económica de las propiedades.

Las autoridades sospechan que estas operaciones se desarrollaron durante más de diez años. Según los datos difundidos en el programa televisivo, las ganancias obtenidas por la organización alcanzarían los 25 millones de dólares.

El papel atribuido a un trabajador de Sedapal

Uno de los nombres mencionados en la investigación es el de César Augusto Villanueva, trabajador de Sedapal. Según la versión expuesta en ATV, su función consistía en verificar inmuebles mediante información relacionada con el consumo de agua.

La hipótesis fiscal señala que esa información permitía detectar viviendas cuyos propietarios habrían fallecido o propiedades que permanecían sin actividad. A partir de esos datos, la organización iniciaba las acciones para intentar tomar control de los bienes.

Durante la entrevista, también se presentó una comunicación atribuida al padre del trabajador investigado. En ella se escucha el siguiente mensaje: “César, ¿cuándo vas a ir a ver el agua? Así encuentras casas botadas que no tienen dueño, que estén tiradas en sitios grandes. Avísame, pues”.

Consultado sobre las posibles consecuencias legales, el abogado inmobiliario Jair Peralta precisó que, si la existencia de una organización criminal llega a comprobarse, las personas involucradas podrían afrontar responsabilidades penales. “Definitivamente enfrentará un proceso penal y veremos cuáles son las consecuencias. Posiblemente termine él pagando años de cárcel”, indicó.

La presunta participación de funcionarios y abogados

La investigación también involucra a una funcionaria de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Según la información difundida por ATV, Carmen Martínez Galván habría intervenido en la validación de expedientes que luego permitían la transferencia de inmuebles.

El caso incluye además a abogados que, presuntamente, elaboraban documentación utilizada en las operaciones investigadas. Entre ellos figura José Luis Polo Ramos, quien fue intervenido durante las diligencias realizadas por las autoridades.

Peralta explicó que los profesionales del derecho tienen obligaciones vinculadas a la revisión de los actos jurídicos en los que participan. “Si yo voy a firmar y voy a sellar un documento, es mi responsabilidad saber qué es lo que hay detrás del documento, cuál es la operación que se está haciendo”, sostuvo.

El especialista añadió que la responsabilidad penal dependerá del grado de conocimiento y participación que cada persona haya tenido dentro de los hechos investigados.

El Ministerio Público informó que ejecutó 18.407 acciones preventivas en todo el país entre el 28 de mayo y el 8 de junio para garantizar la legalidad, el orden y el normal ejercicio del derecho al sufragio durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

Según el reporte oficial elaborado por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, cerca de 7.000 fiscales de Prevención del Delito y de otros subsistemas fueron desplegados a nivel nacional para supervisar el desarrollo de los comicios y atender de manera inmediata cualquier incidencia que pudiera afectar la transparencia del proceso.

La institución también reportó 116 incidencias de relevancia penal registradas entre el 6 y el 7 de junio y la detención de 72 personas por la presunta comisión de delitos vinculados al proceso electoral, casos que quedaron en atención conforme a las competencias institucionales.

Más de 18 mil acciones preventivas durante las elecciones

La Fiscalía de la Nación informó que cerca de 7.000 fiscales de Prevención del Delito y de otros subsistemas del Ministerio Público fueron movilizados en las regiones para acompañar el desarrollo de la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

La presencia fiscal se extendió antes, durante y después de la jornada de sufragio. El objetivo fue supervisar el cumplimiento de la normativa electoral, atender consultas, verificar posibles irregularidades y actuar con rapidez ante hechos que pudieran alterar el orden o afectar la transparencia del proceso.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público consolidó la información de las intervenciones, que totalizaron 18.407 acciones preventivas ejecutadas entre el 28 de mayo y el 8 de junio, según el reporte oficial difundido por la institución.

El Ministerio Público indicó que este despliegue buscó asegurar condiciones de legalidad y normalidad durante la segunda vuelta, como parte de su labor institucional en el marco de un proceso electoral de alcance nacional.

Fiscalía reportó 116 incidencias penales durante la segunda vuelta

Entre el 6 y el 7 de junio, el Ministerio Público registró 116 incidencias consideradas de relevancia penal y vinculadas con el proceso electoral. La institución señaló que los casos continuaron en evaluación y atención según las competencias fiscales correspondientes.

La mayor cantidad de reportes se vinculó a presuntas irregularidades relacionadas con actas de sufragio, con 86 casos. El informe también consignó 19 hechos de presunta suplantación de identidad.

El balance incluyó 3 denuncias por difusión de propaganda política durante el periodo de prohibición electoral y 3 casos por destrucción de material electoral. Además, se registró 1 intervención por incautación de material electoral presuntamente falso o adulterado y 1 caso por discriminación e incitación a la discriminación. Otras 3 incidencias fueron agrupadas como “otras ocurrencias”, de acuerdo con el reporte oficial.

Fiscalía reportó 72 detenidos por presuntos delitos electorales

Las intervenciones ejecutadas durante la segunda vuelta derivaron en la detención de 72 personas en distintos distritos fiscales del país, según el consolidado difundido por el Ministerio Público.

Las detenciones se distribuyeron en Amazonas (2), Áncash (3), Arequipa (1), Ayacucho (1), Cajamarca (5), Callao (6), Cusco (5), Huancavelica (1), Huánuco (3), Huaura (1), Ica (7), La Libertad (7), Lambayeque (2), Lima Centro (2), Lima Este (2), Lima Noroeste (3), Lima Norte (8), Loreto (1), Piura (2), San Martín (3), Santa (3), Sullana (1), Tacna (1) y Ucayali (2).

De acuerdo con el reporte institucional, los intervenidos son investigados por la presunta comisión de delitos vinculados al proceso electoral, entre ellos propaganda electoral prohibida, inducción al voto, venta de bebidas alcohólicas durante la vigencia de la ley seca, resistencia a la autoridad, impedimento del ejercicio del derecho al sufragio, suplantación de votantes y otros. El Ministerio Público sostuvo que estas acciones respondieron a su mandato de defensa de la legalidad y protección de la voluntad popular durante los procesos electorales.

La investigación por la muerte de cinco civiles en el distrito de Colcabamba, en la región Huancavelica, ingresó a una nueva etapa tras la decisión del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva contra ocho integrantes del Ejército del Perú. El caso se encuentra bajo la competencia de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín y se desarrolla dentro de una pesquisa por presuntas graves violaciones a los derechos humanos.

La medida fiscal se relaciona con los hechos ocurridos el 25 de abril, cuando un grupo de ciudadanos fue interceptado durante un operativo militar. Como resultado de esa intervención, cinco personas perdieron la vida y otras tres sobrevivieron. La solicitud de prisión preventiva por 18 meses deberá ser evaluada por el Poder Judicial, instancia que determinará si corresponde aplicar la medida mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, los investigados enfrentan cargos por homicidio calificado en agravio de cinco víctimas y por tentativa de homicidio calificado contra tres sobrevivientes. La fiscalía sostiene que existen elementos que justifican el requerimiento presentado ante las autoridades judiciales.

Ocho militares bajo investigación

La solicitud fiscal alcanza a ocho miembros de la Compañía Especial de Comandos N.° 31 del Ejército del Perú. Entre ellos figura el capitán Luis Joel Montenegro Pardo, quien se encontraba al mando del grupo durante el operativo.

La relación de investigados incluye además a Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.

Según el Ministerio Público, todos ellos formarían parte de los hechos materia de investigación. La fiscalía busca que permanezcan bajo prisión preventiva durante un periodo de 18 meses mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Las víctimas del operativo

La intervención militar terminó con la muerte de cinco personas. Entre ellas se encontraba Nilson Eduardo Montenegro Valencia, ciudadano colombiano que conducía el vehículo interceptado por los efectivos militares.

Las otras víctimas fueron identificadas como Cristian Vilcatoma Aguila, de 18 años; Jaime Bendezú Paraguay, de 28; Wilder Romer Sevipaucar, de 32; y William Núñez Soto, de 20 años.

Además de los fallecidos, tres ciudadanos sobrevivieron al operativo. Por ese motivo, la investigación también comprende el presunto delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de estas personas.

De acuerdo con la versión del Ministerio Público, los militares investigados habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante la intervención realizada en la zona de Colcabamba.

La tesis fiscal adquiere relevancia debido a los resultados obtenidos durante las diligencias posteriores al operativo. En un primer momento, desde las fuerzas del orden surgió la versión de que la acción tenía como finalidad la incautación de droga.

Sin embargo, según la información incorporada a la investigación, tras la intervención no se encontraron insumos relacionados con actividades de narcotráfico. Tampoco existe evidencia concluyente respecto a una presunta respuesta armada atribuida a las víctimas.

La información disponible menciona el hallazgo de cartuchos en el lugar de los hechos. No obstante, las diligencias no permitieron encontrar armamento que respaldara la hipótesis de un enfrentamiento con los jóvenes que resultaron afectados por la operación.

El equipamiento utilizado durante la intervención

Mientras la investigación analiza las circunstancias exactas de lo ocurrido, los documentos fiscales consignan el equipamiento que portaban los integrantes del destacamento militar.

Según la información difundida, los efectivos contaban con fusiles de asalto SCAR-L calibre 5.56×45 milímetros y un lanzagranadas FN Herstal acoplado. También disponían de cerca de 1.600 cartuchos distribuidos en cargadores de combate.

Entre los equipos registrados figuran además una mira nocturna NIVISYS UTAM-32, radios tácticos de las marcas SELEX e ICOM, un teléfono satelital IsatPhone 2 y un dispositivo GPS Spot.

La relación incluye igualmente granadas explosivas de 40 milímetros. Estos elementos forman parte de la documentación considerada dentro de la investigación que conduce la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín.

Pedido fiscal pasa a evaluación judicial

El requerimiento de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público será analizado por las autoridades del Poder Judicial, que deberán determinar si corresponde aplicar la medida cautelar solicitada.

La decisión judicial definirá la situación procesal de los ocho militares investigados mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de la intervención ocurrida en Colcabamba y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

El 7 de junio de 2025, durante un evento político se registró un atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano que falleció el 11 de agosto en la Clínica Santa Fe.

Por este crimen han sido capturadas siete personas; sin embargo, hasta el momento no se tiene claridad exacta sobre quién ordenó terminar con la vida del político que se proyectaba a ser el candidato del Centro Democrático en los comicios presidenciales.

La Fiscalía ha señalado a las disidencias de la Segunda Marquetalia, liderados por “Iván Márquez”, como principales responsables de la muerte de Uribe Turbay, motivo por el que han emitido órdenes de captura contra varios de ellos.

Se ha solicitado al juez de control de garantías que lleva el caso que alias Iván Márquez, alias John 40, alias Rusbel, alias Enrique Marulanda, alias Gonzalo, alias Yako y alias Zarco Aldinever sean declarados como personas ausentes y con ello que sean imputados para conocer cuál fue su importancia en el entramado criminal que desencadenó en la muerte de Miguel Uribe Turbay

¿Qué pasó con los capturados?

El joven sicario: La primera captura se registró minutos después del atentado, cuando un menor de 15 años fue interceptado por el esquema de seguridad del senador y una multitud de ciudadanos que en primera instancia intentó golpearlo. El menor fue clave para identificar a las demás personas que participaron del crimen y recibió una sanción de siete años, en todo momento su identidad fue protegida.

Alias El Viejo: Simeón Pérez Marroquín, que aceptó su responsabilidad en el crimen, fue condenado a 22 años de prisión. Durante la investigación se identificó que fue la persona que ordenó a “El Costeño” comenzar con el plan criminal y que previamente había seguido a Miguel Uribe Turbay durante un evento político en marzo de 2025.

Alias Harold: Harold Daniel Barragán Ovalle recibió una condena de 21 años y cuatro meses de prisión, fue mencionado como la persona que se encargó de inspeccionar el parque El Golfito antes del atentado y también habría participado en la selección del menor que tendría la misión de asesinar a Uribe Turbay.

Alias Gabriela: Katerine Martínez fue condenada a 21 años y dos meses de prisión por haber sido la encargada de transportar el arma con la que el menor de 15 años le disparó al senador. Durante las audiencias aseguró que no tenía información sobre quién sería la víctima. “Con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel. Sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario”, fueron las palabras de “Gabriela” tras ser condenada.

Alias El Veneco: Carlos Eduardo Mora González recibió una condena de 21 años de prisión, y aunque llegó a un acuerdo con la Fiscalía, la sentencia no fue disminuida por la instrumentalización de un menor para el asesinato; además, se comprobó que fue clave en la planificación del atentado y que fue el encargado de transportar a “El Costeño” hasta el lugar de los hechos.

Alias El Hermano: William González no ha sido juzgado por la justicia, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Cristian Camilo González Ardila: Sigue sin ser juzgado, de acuerdo con la Fiscalía, tenía la orden de recoger al menor de edad tras el atentado y escapar del lugar de los hechos en una motocicleta. En el pódcast Más allá del silencio, González negó ser parte de una estructura criminal y afirmó que no sabía para qué “trabajo” lo había contactado “El Costeño”.

Alias El Costeño: Es el caso más polémico, puesto que tras una negociación con la Fiscalía fue aceptado un preacuerdo por el que fue condenado a 21 años de prisión.

También conocido como “Chipi”, aceptó haber sido el principal responsable del entramado criminal para asesinar a Miguel Uribe Turbay, también asumió la culpa en el asesinato de comerciante mexicano en Medellín, confirmando de esa forma que aceptaba ese tipo de “trabajos” por encargo. Siendo el senador y precandidato uno de los “pedidos” que recibió como líder de una estructura criminal que las autoridades identificaron como Plata o plomo.

La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó el arreglo al que llegó este individuo con la Fiscalía y han pedido que la condena sea cambiada.

El pasado 17 de febrero, la atleta peruana Lizeth Marzano Noguera perdió la vida tras ser atropellada mientras practicaba deporte en la avenida Camino Real, en San Isidro. El conductor, Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, no detuvo el vehículo tras el impacto.

Las imágenes analizadas por las autoridades muestran que el automóvil cruzó una luz roja y cambió de trayectoria antes de embestir a la deportista. Luego del incidente, Villar se retiró del lugar sin prestar ayuda.

La investigación inicial se centró en la conducta del conductor antes y después del hecho. El registro de cámaras reveló el desplazamiento del automóvil y la secuencia de los hechos, mientras que el análisis del teléfono móvil de Villar permitió identificar llamadas realizadas tras el accidente. La primera comunicación registrada fue con su padre, lo que abrió una línea de análisis sobre la conducta posterior al siniestro.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Villar, medida que fue ratificada al desestimarse el recurso de apelación de la defensa. Se le imputan los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. La familia de la víctima sostiene que existen elementos para que la calificación penal sea revisada, en tanto la investigación continúa.

Pericias al vehículo cuatro meses después

Cuatro meses después del accidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía realizaron la prueba de luminol al auto Chevrolet involucrado en la muerte de Lizeth Marzano. La diligencia incluyó la inspección de las piezas del vehículo, que habían sido recogidas por familiares de la víctima en la ruta de escape de Villar. La revisión confirmó que los accesorios correspondían al automóvil utilizado el 17 de febrero.

La prueba de luminol, generalmente aplicada en condiciones nocturnas, arrojó resultado negativo para rastros de sangre en el capó, parabrisas, ruedas y otras partes. Ante ello, la defensa de la familia Marzano expresó su preocupación por la posibilidad de que el auto haya sido manipulado antes de las pericias. El abogado Julio Mendoza señaló que la entrega del vehículo se realizó dos días después del incidente, lo que podría explicar la ausencia de indicios biológicos.

La diligencia se desarrolló en el parque El Porvenir de La Victoria, a corta distancia de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. El auto, propiedad de la periodista Marisel Linares, permanecía bajo custodia desde su traslado a la unidad policial.

Durante ese tiempo, el vehículo fue objeto de un robo de emblema y permaneció cubierto para la prueba técnica. La defensa de Linares estuvo presente en la inspección, aunque no la representación legal de Villar.

¿Cómo va el proceso judicial?

En el plano judicial, la defensa de Villar argumentó que podría corresponder la suspensión de la pena conforme al decreto legislativo 1585, dado que el acusado es menor de 25 años y no tiene antecedentes. Sin embargo, el tribunal consideró que la huida del lugar y el cambio de vestimenta tras el accidente constituyen factores que impiden anticipar un pronóstico favorable de conducta futura.

Durante el proceso, el tribunal concluyó que la prisión preventiva es proporcional y necesaria dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. La expectativa ahora está puesta en que la Fiscalía concluya la investigación preparatoria, presente la acusación y avance hacia la etapa de juicio antes de la fecha de vencimiento de la prisión preventiva, fijada para diciembre de este año.

Finalizó la fase de incorporación de pruebas tras la reanudación de la Audiencia Única Abierta contra los cabecillas nacionales de La Mara Salvatrucha 13 (MS-13).

Este proceso abarca delitos cometidos entre 2012 y 2022 y detalla las operaciones atribuidas a los líderes de esta organización en diferentes zonas del país.

Durante la jornada se presentaron documentos, peritajes y declaraciones relacionados con acusaciones de homicidio, extorsión, tráfico de armas, drogas y trata de personas.

Se admitieron actas de víctimas, testigos, especialistas forenses y de otras áreas, así como álbumes fotográficos, perfiles de imputados y audios vinculados a los casos.

En la acusación se sostiene que los cabecillas de la MS-13 habrían intentado establecer un estado criminal paralelo al institucional. Las pruebas documentales y testimoniales buscan demostrar que la estructura ordenó y coordinó acciones que, según el expediente, afectaron el sistema democrático.

La teoría presentada por la Fiscalía indica que los líderes planificaron y dirigieron operaciones para lograr control territorial y político, mediante mecanismos propios de gobierno y justicia distintos a los estatales.

Durante la audiencia se incorporaron pruebas documentales y periciales, entre ellas declaraciones de víctimas, relatos de testigos, informes de analistas y dictámenes de peritos en criminalística, drogas y medicina forense.

También se agregaron álbumes fotográficos, actas de reconocimiento de implicados y perfiles de los procesados, además de registros de audios relacionados con los distintos casos.

Estas pruebas cubren hechos cometidos en varias regiones y reflejan el alcance nacional de la estructura investigada.

La acusación formal agrupa cargos por homicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas y trata de personas. Según la Fiscalía, los líderes de la MS-13 habrían dado órdenes relacionadas con estos delitos, que afectaron tanto a civiles como a miembros de cuerpos de seguridad.

Se busca vincular a los procesados con la autoría intelectual y la coordinación de hechos ocurridos en diferentes áreas del país, y se señala que estas acciones formaron parte de una estrategia sistemática de la organización.

El proceso judicial se desarrolla bajo la teoría del “hombre de atrás”, que atribuye responsabilidad penal a quienes, desde posiciones de liderazgo, ordenaron, autorizaron o facilitaron la ejecución de delitos.

La Fiscalía sostiene que la estructura jerárquica permitió a los líderes asumir un rol de coordinación y control, aunque sin participar directamente en la ejecución. El planteamiento apunta a establecer la responsabilidad de los imputados por la totalidad de los hechos investigados.

Las pruebas admitidas corresponden a diferentes regiones, en las que operaron las “clicas” de la MS-13. La investigación involucra los 32 programas identificados de la organización y describe cómo la estructura extendió su presencia a nivel nacional.

El expediente incorpora evidencia sobre actividades coordinadas entre distintas células y la cadena de mando que, según la acusación, facilitó la comisión de los delitos.

Con la conclusión de la fase de incorporación de pruebas, la Fiscalía tiene previsto presentar los alegatos finales. Se espera que en esa etapa se expongan los argumentos sobre las responsabilidades y se soliciten las penas máximas que prevé la ley para cada uno de los delitos imputados.

Los fiscales afirman que el caso fue estructurado para cubrir todos los aspectos de la acusación y respaldar las imputaciones presentadas ante el tribunal.

La criminalidad y la extorsión en la ciudad de Trujillo amenaza la economía familiar incluso en pequeñas organizaciones civiles. En un pequeño mercado, Gladys Saavedra y sus compañeras deben entregar más de S/ 900 cada mes a extorsionadores solo para seguir trabajando. Las amenazas llegan al punto de incendiar el mercado en junio del año pasado luego de que las socias se nieguen a pagar.

La historia de Saavedra también retrata la escalada del método: en agosto de 2024, su casa fue atacada con explosivos que destrozaron la puerta y parte del techo. Su hijo dejó de asistir por algunos días a la universidad. Ella entregó su celular a la policía como parte de la investigación; un mes después, se lo devolvieron sin identificar a los responsables. Saavedra, de 49 años, resume el efecto psicológico en una frase: la casa “es una cárcel sin rejas”.

Un informe de AP indica que en Trujillo, el pago del “cupo” se normalizó: en el barrio de El Porvenir, el dirigente Máximo Varas estimó que alrededor de 1.500 pequeños empresarios pagan una cuota solo para poder trabajar. Solo recorriendo las calles de la ciudad, se puede observar stickers extorsivos en buses, restaurantes, bodegas y escuelas como una forma de indicar que pagan a extorsionadores.

En el caso del empresario Iván Díaz, el castigo incluyó secuestro y tortura: en 2023 estuvo cautivo durante 11 días; sus captores exigieron USD 250.000 y le cortaron parte de dos dedos de la mano derecha para presionar a su familia. En mayo, la justicia sentenció a cadena perpetua a cuatro integrantes de Los Pulpos por el secuestro, según un reporte de AP.

El mapa de víctimas que registra el Ministerio Público

En Lima Metropolitana y Callao, la Oficina de Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público elaboró un registro administrativo específico porque sus sistemas informáticos no generaban reportes detallados sobre atentados vinculados a presuntos actos de extorsión en ese sector. El boletín identificó, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, 125 atentados con víctimas fallecidas o lesionadas, y contabilizó 169 víctimas: 93 fallecidas y 76 lesionadas.

La distribución anual muestra el incremento del fenómeno: 20 atentados ocurrieron entre agosto y diciembre de 2024 y 105 entre enero y diciembre de 2025. En ese periodo, septiembre concentró el mayor número de atentados: 29, con 40 víctimas (18 fallecidas y 22 lesionadas).

El perfil de las víctimas revela una violencia dirigida. Según el Ministerio Público, las principales víctimas fueron los conductores de transporte público (67,5 %), seguidos por pasajeros (22,5 %) y cobradores (4,1 %). En términos sociodemográficos, predominaron los hombres (87,6 %) y personas de nacionalidad peruana (85,8 %). La edad se concentró en el rango de 40 a 49 años (29,0 %), y casi la mitad de las víctimas eran padres de familia (47,3 %).

El boletín también describe patrones operativos: la mayoría de ataques ocurrió dentro de unidades de transporte, principalmente en buses (27,2 %), combis (23,1 %) y mototaxis (18,9 %). En el 97,6 % de los casos se usaron armas de fuego, y en el 71,6 % los atacantes se movilizaron en motocicleta o la emplearon para huir. La franja más frecuente fue la noche (61,5 %) y los días laborales, con concentración entre miércoles y viernes.

Denunciar o sobrevivir: el silencio que también es un dato

El Ministerio Público advierte que la persecución penal enfrenta límites específicos en delitos complejos: anonimato, escasez de pruebas y temor de las víctimas. En la respuesta institucional, el boletín señala que se iniciaron 117 investigaciones fiscales vinculadas a los atentados registrados. En la calificación de esos casos figuraron con mayor frecuencia homicidio calificado (39,3 %), homicidio simple (35,0 %), extorsión (19,7 %) y lesiones graves (12,0 %).

El avance procesal exhibe un cuello de botella: 77,8 % de las investigaciones quedó en etapa preliminar; 16,2 % fue archivado, principalmente por la imposibilidad de individualizar a los presuntos responsables; y solo 5,1 % formalizó investigación preparatoria.

Ese panorama se conecta con la reticencia a denunciar. El boletín, citando resultados de la ENAPRES, indica que en Lima Metropolitana y Callao 1 de cada 100 habitantes de 15 años o más fue víctima de extorsión (consumada o tentativa) en 2024.

Además, 28,2 % de víctimas no denunció por considerar que era una pérdida de tiempo y 19,6 % no lo hizo por temor a represalias. En el sector transporte, el reporte agrega otro indicador del subregistro: solo el 4,7 % de víctimas y el 20,0 % de empresas agraviadas registraban denuncias previas por extorsión en los sistemas informáticos del Ministerio Público.

La extorsión toma control de territorio

En Trujillo, la violencia asociada a la extorsión también se expresó en detonaciones de explosivos. El reporte de AP consignó que en 2025 hubo 136 detonaciones en esa ciudad, principalmente contra pequeños empresarios y también contra la Fiscalía. En marzo, una explosión a dos kilómetros de la plaza de armas dejó más de 40 heridos. Para las víctimas, el mensaje es el mismo: pagar o exponerse.

En Lima, la policía ha advertido un giro en las modalidades, con secuestros y violencia registrada en videos para presionar el pago del “cupo”, según un reporte previo de Infobae. En declaraciones a Latina Noticias, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, describió exigencias iniciales de 5.000 soles como “empadronamiento”, que pueden escalar hasta 10.000 soles si la víctima no cumple con pagos semanales.

En ese contexto, el boletín del Ministerio Público subraya que la violencia contra el transporte público tiene un impacto crítico: es un servicio esencial, masivo y altamente visible. El resultado no se mide solo en estadísticas, sino en el deterioro del espacio público: conductores, cobradores y pasajeros se convierten en blancos, mientras el temor y la informalidad reducen la capacidad de denuncia y la posibilidad de frenar a los perpetradores.

La historia de Gladys Saavedra vuelve entonces como síntesis: la extorsión no solo cobra dinero. Cobra días sin salir de casa, negocios que arden por negarse a pagar y un mercado que funciona bajo vigilancia permanente. El boletín del Ministerio Público aporta el otro lado de esa misma realidad: en Lima Metropolitana y Callao, los atentados contra el transporte público dejaron 169 víctimas en 17 meses.

El Ministerio Público anunció el despliegue de 7.000 fiscales en todo Perú para vigilar el proceso de sufragio durante la segunda vuelta electoral del próximo domingo 7 de junio, con una operación que busca prevenir delitos, supervisar la distribución del material de votación y evitar demoras como las registradas en la primera vuelta del 12 de abril.

El coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, dijo que la institución ya realiza acciones previas para verificar el cumplimiento de restricciones electorales, como la ley seca y la prohibición de propaganda política fuera de plazo. Según Barrenechea, el objetivo es dar a la ciudadanía la garantía de que el ejercicio del voto “va a ser respetado” y que el proceso mantendrá su legitimidad.

Barrenechea explicó que la Fiscalía no trasladará el material electoral porque esa tarea le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y a la Policía Nacional (PNP), pero sí supervisará que el despliegue se ejecute conforme al cronograma fijado por la ONPE.

Lima tendrá un fiscal en cada local de votación

Según Barrenechea, el despliegue nacional sube desde 6.835 fiscales movilizados en la primera vuelta hasta el tope de 7.000 en la segunda. La cobertura incluirá fiscales de prevención del delito, penales y especializados, además de representantes de otras áreas del Ministerio Público.

En Lima Centro se desplegarán más de 524 fiscales, todos identificados, para recibir denuncias ciudadanas y comunicar en tiempo real cualquier presunto delito a las fiscalías penales o anticorrupción.

El delito electoral más frecuente sigue siendo la suplantación de identidad, de acuerdo con el Ministerio Público. Barrenechea explicó que en las investigaciones se detectó que, en algunos casos, familiares intentan votar por otras personas para evitar el pago de multas por omisión al sufragio.

Sobre esos casos, Barrenechea afirmó que ya se han generado 29 procesos penales, algunos aún en trámite y otros con sentencia condenatoria. Añadió que, cuando los miembros de mesa advierten una presunta suplantación, comunican el hecho a la Policía y al fiscal presente en el local para iniciar actuaciones inmediatas.

Fiscalías vigilarán posibles delitos en la ONPE

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reggis Chávez, informó que el subsistema anticorrupción permanecerá atento a posibles hechos vinculados con la administración pública durante la segunda vuelta. Entre los delitos que podrían investigarse mencionó colusión agravada, omisión de actos funcionales, abuso de autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad.

Según Chávez, la investigación por presuntas irregularidades detectadas en la ONPE durante la primera vuelta sigue en trámite y fue reasignada a una fiscalía supraprovincial por la dimensión del caso, la cantidad de funcionarios involucrados y la cantidad de funcionarios involucrados. Afirmó que esa fiscalía no solo investiga el presunto acto de corrupción, sino también sus repercusiones a nivel electoral.

“La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios estará atenta a la noticia o a la información que pueda conocerse públicamente respecto a la comisión de delitos similares o análogos. Ya la investigación iniciada en el caso ONPE está en curso y ello evidentemente tiene que ver con el despliegue de la actividad de investigación”, indicó Reggis Chávez, fiscal coordinador de la fiscalías especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Chávez sostuvo que, hasta el momento, no se ha recogido "ninguna incidencia que pueda constituir una amenaza inminente o grave" para la votación del domingo.

La procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, reiteró el compromiso del Ministerio Público de continuar con la persecución de la corrupción, asegurando que la institución “no detendrá la lucha contra la corrupción bajo ninguna circunstancia”. Reynoso afirmó en un comunicado que este esfuerzo es tanto una obligación constitucional como una convicción personal, y enfatizó que la corrupción representa una grave violación a los derechos humanos.

La funcionaria explicó que cada recurso público desviado impacta directamente en la calidad de vida de la población, afectando servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad ciudadana.

“Cada recurso público desviado significa menos salud en nuestros hospitales, menos calidad en la educación de nuestros niños, menos seguridad en nuestras calles y un robo directo a las oportunidades de las presentes y futuras generaciones”, aseguró.

Sobre las recientes decisiones judiciales que han favorecido a imputados, Reynoso subrayó que el Ministerio Público ejercerá su deber de apelar, al contar con pruebas y testimonios suficientes para sostener las acusaciones. “He participado directamente en las investigaciones y conozco las pruebas de primera mano”, sostuvo. Añadió que permitir la validez de decisiones judiciales que no se sustentan en derecho sería injusto para el país, y que las pruebas y la acusación están disponibles para consulta pública.

Reynoso puntualizó que, en uno de los casos más recientes, un imputado admitió haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo (aproximadamente a $12,045,998) provenientes de actos de corrupción. “No podemos ignorar la verdad. Fuimos testigos de cómo un imputado, hoy favorecido con un no ha lugar, admitió en nuestra presencia y en la de sus abogados haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo, dinero proveniente de actos de corrupción”, detalló.

La procuradora insistió en que el Ministerio Público agotará todos los recursos procesales disponibles para asegurar que las pruebas y participaciones criminales sean conocidas en juicio de fondo. “Corresponderá a las demás instancias judiciales asumir, conforme al derecho, la responsabilidad que les toca”, expresó Reynoso.

En su declaración, Reynoso también se refirió a los ataques recibidos por parte de quienes, según sus palabras, apuestan a la impunidad, y aseguró que la institución mantendrá una postura firme y persistente.

“Quienes apuestan a la impunidad pueden seguir gastando millones en campañas, mentiras e intentos de desnaturalizar la verdad. Sin embargo, el país debe saber algo con absoluta certeza: jamás van a doblegar nuestra voluntad inquebrantable de hacer lo correcto”, señaló.

La procuradora destacó los logros alcanzados en la lucha contra la corrupción, como la acusación de 274 personas físicas y jurídicas, la obtención de 74 condenas, la apertura de 174 juicios y el decomiso de más de 6,000 millones de pesos a favor del Estado. Además, mencionó la aplicación de herramientas legales como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Compras y Contrataciones, así como el reconocimiento internacional del país en materia de combate a la corrupción.

Pese a estos avances, Reynoso reconoció la existencia de desafíos estructurales e históricos que persisten y que el Ministerio Público continuará enfrentando. “Ser pasivos ante los actos de corrupción equivale a permitir que nos roben el presente y el futuro de nuestra nación”, afirmó.

Finalmente, Reynoso subrayó que las acusaciones y pruebas presentadas son públicas y que la institución seguirá defendiendo una justicia centrada en las personas, con el objetivo de garantizar que el patrimonio del Estado beneficie a toda la sociedad y no a intereses particulares.

La incautación de un avión privado con 261 kilos de marihuana premium en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Paraguay, llevó a la detención de cuatro ciudadanos estadounidenses, entre los que se encontraba el copiloto Jabari Stephen Brown, conocido por haber ganado un concurso organizado por MrBeast.

Brown fue liberado posteriormente tras comprobarse que no tenía conexión directa con el cargamento, mientras que otros tres estadounidenses permanecen bajo prisión preventiva, según informaron EFE y AP.

Según relataron las autoridades locales, el avión privado procedente de Miami aterrizó el viernes en Asunción, capital de Paraguay. Al ser inspeccionado, las autoridades encontraron más de 261 kilos de marihuana de alta concentración de THC (tetrahidrocannabinol).

Por este motivo, se detuvo a cuatro estadounidenses: tres pasajeros y Brown, quien figuraba como copiloto. La fiscalía liberó a Brown el domingo, al concluir que no había indicios de participación, mientras que los otros tres enfrentan cargos por tráfico internacional de estupefacientes, de acuerdo con fuentes oficiales y medios como EFE, AP y ABC (diario paraguayo).

Hallazgo del avión privado con marihuana premium en Paraguay

Según EFE, la operación comenzó cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) interceptaron el avión, un modelo Challenger 604, en un hangar del aeropuerto Silvio Pettirossi. El decomiso se realizó el sábado, tras detectar que un tripulante intentó retirar equipajes con ocho paquetes donde se hallaron 262,6 kilos de marihuana premium.

El vuelo provenía de Miami con escala en Panamá antes de llegar a Paraguay. Las autoridades detuvieron a los cuatro estadounidenses, tres en hoteles de Asunción y al copiloto en el aeropuerto, siguiendo la cronología recogida por EFE y ABC.

De acuerdo con la investigación, Keith Siilats, piloto estonio y empresario tecnológico, figuraba como piloto y presunto propietario de la aeronave. Sin embargo, Siilats no fue localizado durante el procedimiento, ya que abandonó Paraguay en un vuelo comercial antes de la intervención, según reportó AP.

Los protagonistas tras el escándalo: influencer, empresario y tripulantes

La figura más visible del suceso fue Jabari Stephen Brown, copiloto estadounidense de 21 años reconocido internacionalmente por ganar un avión ejecutivo en un concurso de MrBeast, según EFE y ABC. Brown fue arrestado y luego liberado tras colaborar y demostrar que desconocía la existencia de la carga ilícita, tal como detalló la fiscal Ingrid Cubilla a EFE.

El piloto principal, Keith Siilats, es identificado como empresario tecnológico y cofundador de Bolt Mobility en Estados Unidos. No fue imputado y su partida del país poco después del aterrizaje fue calificada como “llamativa” por la fiscalía, de acuerdo con EFE.

Los pasajeros estadounidenses fueron identificados como Marisol Rivas (Nueva York, 39 años), Troy Anthony Vásquez (Florida, 42 años) y David Thomas Wise (California, 58 años).

Ellos fueron imputados y detenidos, según AP y ABC. Wise fue el responsable de alquilar la aeronave a través de una empresa de California por un monto de USD 91.485, informó la fiscal Cubilla, recogida por EFE.

Imputaciones, liberaciones y medidas judiciales contra los estadounidenses

El proceso judicial avanzó tras el decomiso del cargamento. EFE reportó que la jueza Rosarito Montanía dictó prisión preventiva para Rivas, Vásquez y Wise, basándose en la ausencia de arraigo en Paraguay. Los hombres permanecen en el Centro Nacional de Prevenidos de Asunción, y Rivas fue enviada al penal de Emboscada, en el departamento de Cordillera.

Brown recuperó la libertad al día siguiente, luego de que la fiscalía concluyera que “no existen elementos para hablar de sospecha de participación”, subrayando su colaboración para esclarecer la dinámica del vuelo, según EFE. Los demás imputados enfrentan cargos por “tráfico internacional” y “tenencia sin autorización” de estupefacientes, conforme a los artículos 21 y 27 de la Ley 1.340 de Drogas del país, informó ABC.

Por ahora, el origen y el destino final de la droga siguen bajo investigación, sin responsables identificados por las autoridades paraguayas.

Respuesta de las empresas involucradas y aclaraciones sobre Bolt

El caso tuvo impacto comercial por la mención de Bolt Mobility, la empresa estadounidense de micromovilidad vinculada a Siilats. La confusión surgió en Paraguay debido a la coincidencia de nombre con Bolt, la plataforma europea de transporte que también opera en el país.

ABC dio a conocer que Bolt, la firma europea, emitió un comunicado aclarando que no mantiene “ningún tipo de vínculo societario, operativo ni comercial” con Bolt Mobility. A su vez, Bolt Mobility precisó que ni la empresa ni sus operaciones estaban relacionadas con el suceso, según declaraciones recogidas por ABC.

Valor y destino del cargamento incautado

El decomiso consistió en “marihuana de alta concentración de THC”, una variedad producida a gran escala en Estados Unidos, indicó el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Jalil Rachid, citado por EFE y AP. En el mercado brasileño, este tipo de marihuana puede alcanzar un valor de hasta USD 14.000 por kilo.

Las autoridades descartaron a Paraguay como destino del alijo, atribuyendo la operación a la demanda en mercados limítrofes, donde la droga tiene un precio elevado, según EFE.

Paraguay y los desafíos del tráfico internacional de drogas

El caso vuelve a evidenciar el papel de Paraguay en el narcotráfico internacional de marihuana. Su ubicación estratégica y las conexiones aéreas han convertido al país en punto de paso para organizaciones criminales que trafican con estupefacientes hacia naciones vecinas, según resumió EFE.

El despliegue policial en este operativo muestra el esfuerzo de las autoridades locales para combatir el uso del territorio paraguayo en el tráfico internacional de drogas, un fenómeno relevante para la seguridad y la justicia en la región.

El desenlace del episodio refleja la rapidez de las actuaciones judiciales y la importancia de la cooperación de los investigados. La ayuda ofrecida por Brown resultó decisiva para definir su situación legal y para esclarecer parte de la ruta y operativa del vuelo intervenido.

De acuerdo con Semana, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio de un menor de 13 años cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural del municipio de La Victoria, en el norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Policía Valle, el hallazgo se produjo durante la mañana del lunes 1 de junio en un potrero ubicado en un sector apartado del casco urbano de esa localidad.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el cadáver presentaba múltiples lesiones ocasionadas, al parecer, con arma cortopunzante, por lo que el caso fue asumido por los organismos judiciales competentes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Hallazgo del cuerpo en zona rural de La Victoria

Tras recibir el reporte de la comunidad, unidades de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar señalado para verificar la información y adelantar las primeras diligencias judiciales.

En el sitio fue encontrado el cuerpo del adolescente en medio de la vegetación. De acuerdo con versiones conocidas por Noticias RCN, el menor vestía una bermuda de jean, camiseta color café y tenis blancos al momento del hallazgo. Además, se encontraba boca arriba, en medio de la maleza.

Una vez confirmada la situación, los uniformados acordonaron el área con el propósito de preservar la escena y facilitar la labor de los investigadores encargados de la inspección técnica.

Posteriormente, se llevaron a cabo los actos urgentes, la recolección de elementos materiales probatorios y el levantamiento del cuerpo, procedimientos que hacen parte de la investigación en curso.

La Fiscalía asumió la investigación

La Policía confirmó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la dirección de las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y determinar quiénes serían los responsables.

A través de un pronunciamiento oficial, la institución indicó que se trabaja en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

“La Fiscalía General de la Nación ya tiene conocimiento del caso con el fin de establecer lo ocurrido e identificar a los responsables”, informó el Departamento de Policía Valle según Semana.

Por el momento, las autoridades no han revelado hipótesis oficiales sobre las circunstancias que rodearon el crimen ni han reportado personas capturadas por estos hechos.

Buscan establecer cómo ocurrió el homicidio

Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar si el menor fue atacado en el mismo lugar donde fue encontrado o si su cuerpo fue trasladado posteriormente hasta ese sector rural.

Las autoridades también trabajan en la verificación de información que permita establecer los movimientos de la víctima antes de su muerte y la posible participación de terceros en el hecho.

Aunque algunas versiones conocidas de manera preliminar señalan que el adolescente habría sido degollado, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía ni por la Policía, por lo que las autoridades continúan a la espera de los resultados de los análisis forenses.

Investigan posible relación con otros casos recientes

Los organismos judiciales también buscan determinar si este homicidio guarda alguna relación con otros hechos violentos registrados recientemente en la región.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que vincule este caso con otros crímenes ocurridos en el departamento. Sin embargo, las autoridades analizan diferentes líneas investigativas para establecer si existe algún patrón o conexión entre los hechos.

La recopilación de testimonios, registros y demás elementos probatorios será clave para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Policía pidió información a la ciudadanía

El Departamento de Policía Valle reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con la Fiscalía para identificar a los responsables del homicidio.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos para que suministren cualquier información que pueda contribuir al desarrollo de las investigaciones.

“La institución lamenta profundamente este hecho que enluta a una familia y reitera su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades judiciales para esclarecer este homicidio”, señaló la entidad según el medio ya mencionado.

Las autoridades recordaron que las denuncias pueden realizarse a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin y aseguraron que se garantizará la reserva de la identidad de las personas que aporten información relevante.

El mandato actual, que abarca el período 2024-2029, fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño —controlado por su partido, Nuevas Ideas—, que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir de ese ciclo electoral.

Bukele no ha adelantado si se presentará a los comicios de febrero de 2027, pero a finales de 2025 dijo en una entrevista con un youtuber: "No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (...) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más".

Bukele llegó al 2026 con altos índices de popularidad que ha mantenido sin mayores variaciones a lo largo de sus 7 años consecutivos en el poder, respaldo que se basa principalmente en la reducción de los homicidios y en el régimen de excepción, medida que suspende garantías constitucionales.

Cuando Bukele asumió el Ejecutivo, después de arrasar en los comicios de 2019, el país sumaba al menos tres años seguidos de reducciones en los homicidios tras registrar en 2015 su año más mortífero con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El mandatario implementó su plan de "Control Territorial" y continuó la baja en los asesinatos, pero en marzo de 2022, con la ola de homicidios más cruenta de la historia reciente del país, con más de 80 víctimas en tres días, Bukele impulsó su medida más popular: el régimen de excepción.

El Congreso, a instancia de Bukele, ha extendido esta medida por 51 ocasiones en periodos de 30 días, con lo que las autoridades han detenido a más de 92.000 personas, entre ellas al menos a 8.000 inocentes, según ha reconocido el mismo mandatario.

El Ejecutivo de Bukele atribuye a su política de seguridad la disminución de los homicidios a 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025 y la desarticulación operativa de las pandillas o "maras", bandas criminales que operaban en casi todo el país con miles de miembros entre sus filas.

De acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos) publicada en febrero pasado, la aprobación de Bukele alcanzó al cierre de 2025 el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados del año.

En este contexto, varias organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y torturas, además de 530 muertes de personas en custodia estatal y la aplicación de las reglas procesales del régimen en la detención de activistas críticos de Bukele, como la reconocida abogada anticorrupción Ruth López.

La experta en derechos humanos Celia Medrano dijo a EFE que "poco puede esperarse a corto plazo en materia de garantías a derechos humanos en El Salvador".

"Si bien este escenario de regresión tiene características globales, no puede adjudicarse únicamente a este aspecto el que en El Salvador la violación a derechos humanos constituya prácticamente una política de Estado", dijo.

Medrano cuestionó las cifras dadas por las instancias estatales de seguridad, dado que organizaciones que monitorean la violencia han registrado solo en el primer trimestre del 2026 "el hallazgo de 35 cadáveres, de los cuales al menos 10 presentaban indicios de muerte violenta", pero "solo 5 fueron reportados por órganos oficiales".

Asimismo, lamentó que a las causas de la emigración en El Salvador se ha sumado la "persecución política" y que "han aumentado el número de solicitantes de asilo de origen salvadoreño en España, Alemania, México y aún en los Estados Unidos pese a las políticas antimigratorias actuales".

Bukele, al asumir su segundo mandato consecutivo, pese a que lo prohibía la Constitución, prometió el 1 de junio de 2024 "sanar" la economía tras curar al país del "cáncer" de la violencia.

Sin embargo, la situación de la economía se ha posicionado como el principal problema para los salvadoreños, por delante de la seguridad y las pandillas, de acuerdo con las encuestas.

El economista César Villalona dijo a EFE que "no ha mejorado la economía" y que un reflejo es el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.400 millones, y que eso "lo que está diciendo es que las finanzas públicas están mal".

A su juicio, una mejoría económica "implicaría una alta tasa de crecimiento de la economía y aquí no hay una alta tasa de crecimiento" y el "crecimiento promedio casi es el mismo de los últimos 10 años anteriores a Bukele, 2,8 %".

"El año pasado creció más (3,9 %, según medios locales) pero con un deterioro fuerte de los servicios, con caída tasa negativa en educación, en salud y en otros servicios", añadió y apuntó que bajo el mandato de Bukele la deuda estatal ha crecido en 14.500 millones de dólares.

"Aquí no hay una mejoría social, lo que hay es un gran endeudamiento público", acotó.

Hugo Sánchez

Un juez de control vinculó a proceso a tres personas acusadas de despojar de su vivienda a una adulta mayor en el Fraccionamiento San Javier, en Apodaca, Nuevo León, en un caso que expuso además la existencia de una organización que operaba con material apócrifo de la Fiscalía estatal.

La víctima, cuya identidad permanece protegida, adquirió la propiedad en agosto de 2014 mediante un contrato de compraventa con una de las ahora imputadas. Doce años después, en marzo de 2026, los tres acusados irrumpieron en el domicilio y le impidieron el acceso a su propia casa.

¿Quiénes son los detenidos y cómo cayeron?

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) capturó a Jorge “N”, de 66 años; Adriana “N”, de 42; y Dominga “N”, de 68. La operación se concretó tras una orden de cateo ejecutada en un inmueble de la colonia Del Vidrio, en Monterrey.

Ese domicilio albergaba a la autodenominada “Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales”, donde Jorge “N” y otras personas ofrecían presuntos servicios de investigación y gestión de denuncias. Dentro del lugar, los agentes hallaron insignias y logotipos exclusivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, materiales cuyo origen y uso se investigan.

El esquema del despojo

Dominga “N” fue quien vendió la propiedad a la víctima en 2014. Más de una década después, regresó al inmueble junto a Jorge “N” y Adriana “N” para expulsar a la dueña por la fuerza.

Los tres imputados dijeron ser integrantes de la supuesta organización civil, y portaban artículos apócrifos tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. La Fiscalía General de Justicia investiga si ese material se empleó para intimidar a víctimas o cometer fraudes.

Situación legal de cada imputado

El juez de control decretó prisión preventiva justificada para Jorge “N” y Adriana “N” por riesgo a la víctima, peligro de obstaculización a la investigación y riesgo de sustracción. Ambos permanecerán recluidos mientras avanza el proceso.

Dominga “N” enfrentará el juicio en libertad, pero con restricciones. El juez le ordenó presentarse a firmar cada quince días para acreditar su permanencia en el estado, le prohibió acercarse a la víctima y al lugar de los hechos, y le vedó cualquier forma de comunicación con ella.

Los cargos y los próximos pasos

Los tres imputados enfrentan cargos por el delito de despojo de inmueble. El tribunal fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía continúa las indagatorias para determinar si el grupo tuvo más víctimas. La procedencia del material institucional hallado en la colonia Del Vidrio forma parte central de esa línea de investigación.

El alcance de la organización

La “Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales” se presentaba ante el público como una entidad de servicios legales y de denuncia. La posesión de logotipos oficiales apócrifos sugiere que sus integrantes podían aparentar vínculos con autoridades del estado.

Las autoridades no descartan que otros afectados hayan recurrido a esta organización sin saber que operaba al margen de la ley. La investigación definirá en los próximos dos meses el alcance real de sus actividades.

Gustavo Domínguez Saldívar fue privado de la libertad en la capital de Zacatecas, y la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación porque el exdirector de la Policía de Investigación fue interceptado sobre la avenida San Marcos y, hasta el momento, no existe una exigencia de rescate ligada al caso.

La fiscalía estatal informó que la indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en el Combate de Delitos de Alto Impacto. La dependencia detalló que ya identificó un vehículo presuntamente relacionado con los hechos y que mantiene seguimiento operativo y análisis de información sobre esa unidad.

El caso ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 21:00, cuando Domínguez Saldívar estaba afuera de un negocio presuntamente de su propiedad. De acuerdo con la información oficial y los reportes incluidos en el texto fuente, hombres armados lo sometieron y lo obligaron a subir a un vehículo.

La fiscalía precisó que los hechos se registraron en la avenida San Marcos, en la capital del estado. También sostuvo que no se ha recibido ninguna comunicación vinculada con un cobro de rescate o una negociación por la liberación de la víctima.

La fiscalía ya rastrea un vehículo ligado a la privación de la libertad

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya confirmó la privación de la libertad durante una entrevista radiofónica citada en el texto fuente. Según esa versión, el seguimiento por videocámaras del C5i permitió establecer incluso la ruta de salida del vehículo identificado.

La Fiscalía de Zacatecas expuso en un comunicado que las primeras diligencias ministeriales y de inteligencia permitieron ubicar esa unidad. Añadió que el seguimiento continúa como parte de las acciones para localizar al exfuncionario y esclarecer lo ocurrido.

Al momento del secuestro, elementos del Ejército Mexicano y otras corporaciones desplegaron un operativo en colonias como Las Palmas y Minera, además de zonas aledañas. Ese despliegue no logró encontrar ni a la víctima ni a quienes participaron en la privación de la libertad, según el texto fuente.

La autoridad estatal también informó que mantiene coordinación interinstitucional para dar con el paradero de Domínguez Saldívar. La dependencia señaló que las tareas en curso combinan acciones operativas y trabajo especializado de investigación.

Un dato que la fiscalía subrayó desde sus primeras comunicaciones es que la víctima dejó de laborar en la institución hace un año y ocho meses. La dependencia sostuvo que esa condición no reduce ni modifica los esfuerzos desplegados para ubicarlo.

Ese punto responde a una pregunta central del caso: cuál es la situación institucional actual de Gustavo Domínguez Saldívar. De acuerdo con la propia fiscalía, ya no formaba parte de la corporación cuando ocurrió la privación de la libertad, aunque la búsqueda se mantiene con el mismo objetivo de localizarlo con prontitud.

Gustavo Domínguez encabezó la Policía de Investigación durante dos gobiernos estatales

Según los antecedentes incluidos en el texto fuente, Domínguez Saldívar fue director de la Policía de Investigación, antes llamada Policía Ministerial, durante todo el sexenio del exgobernador Miguel Alonso Reyes, de 2010 a 2016. Después permaneció en funciones durante parte del gobierno de Alejandro Tello Cristerna.

En febrero de 2019 fue relevado del cargo y pasó a encabezar la Unidad Antisecuestros dentro de la misma corporación. Más tarde dejó de laborar en la fiscalía estatal, de acuerdo con la precisión oficial difundida ahora por la institución.

El texto fuente también recupera antecedentes de 2020 sobre una presunta captura de Domínguez Saldívar en Matamoros, Tamaulipas, cuando aparentemente buscaba cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos con destino a Brownsville, Texas. Esa información se presentó entonces como una versión extraoficial.

En ese mismo periodo se mencionó de forma no confirmada que habría existido una investigación en su contra por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito por parte de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, adscrita a la FGR. La fiscalía zacatecana de ese momento negó que existiera una carpeta de investigación o una detención confirmada.

Otro antecedente disponible en el portal de la fiscalía, citado en el texto fuente, indica que el exmando fue vinculado con investigaciones internas por la dilación en la búsqueda de personas desaparecidas. Ese señalamiento aparece como parte del contexto de su trayectoria dentro de la corporación.

La información oficial difundida sobre el secuestro no establece, hasta ahora, un móvil para la privación de la libertad. La fiscalía se limitó a informar la apertura de la carpeta, la identificación de un vehículo, la ausencia de llamadas de rescate y la continuidad de los operativos de búsqueda.

La dependencia estatal reiteró que las acciones se desarrollan mediante coordinación entre distintas corporaciones. Al cierre de la información contenida en el texto fuente, el paradero de Gustavo Domínguez Saldívar seguía sin conocerse y la investigación continuaba abierta.

• La Fiscalía de Zacatecas confirmó que Gustavo Domínguez Saldívar fue privado de la libertad sobre la avenida San Marcos, en la capital del estado.
• Las autoridades identificaron un vehículo presuntamente ligado al caso y mantienen seguimiento operativo e inteligencia para localizar a la víctima.
• Hasta el momento no existe una exigencia económica por rescate y la fiscalía sostuvo que el exfuncionario dejó la institución hace un año y ocho meses.

El 29 de mayo, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó que se ejecutó un proceso de extinción sobre 42 inmuebles, incluyendo 14 hoteles, en los que durante cinco años defraudaron a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) por más de 1,2 billones de pesos.

Las autoridades identificaron que en estos lugares de los barrios Buenos Aires, Laureles y Belén, había inconsistencias en los cobros de los servicios públicos (agua, energía y gas).

Mediante una investigación, se confirmó que los medidores de las propiedades estaban alterados para que registraran un consumo menor al real; además, instalaban conexiones clandestinas para evadir controles técnicos de la alcaldía.

Para sorpresa de las autoridades, se identificó que los inmuebles pertenecían a un mismo clan familiar, junto con una alianza comercial que tenía participación de terceros.

El comandante de la Policía del Valle de Aburrá, el brigadier Henry Bello, confirmó que las propiedades están avaluadas en más de 96.000 millones de pesos.

“Adelantamos toda la investigación, la recolección de elementos materiales probatorios que permitieron identificar el perfil criminal. El patrón delictivo sistemático relacionado con la alteración ilegal de sistemas de medición de la energía, del acueducto y del gas de las Empresas Públicas de la ciudad de Medellín”.

Las autoridades también revelaron que los primeros hechos fraudulentos se concretaron en 2013; sin embargo, se tiene claridad de que esto fue algo sistemático desde 2020. Desde entonces, evadieron el pago de alrededor de 200.000 millones de pesos anuales en servicios públicos.

Otro aspecto denunciado durante la rueda de prensa fue que durante los cinco años pusieron en riesgo la seguridad de los habitantes de los barrios mencionados, puesto que las conexiones ilícitas podrían haber provocado incendios u otro tipo de emergencias.

Por el momento, los bienes intervenidos pasarán a la Fiscalía General de la Nación, que completará las diligencias pertinentes para que luego pasen a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El gerente de EPM, John Maya, confirmó que la primera denuncia se registró en febrero de 2026, que incluyó otros lugares que ya habían sido intervenidos por las autoridades, como una empresa de plástico reciclado que defraudó 450 millones de pesos en el servicio del gas.

“Eso lo tiene que haber hecho con túneles subterráneos, eso lo tiene que haber hecho gente de mucho conocimiento”, declaró el presidente de EPM, que anunció que hay otros procesos abiertos que serán expuestos cuando las autoridades intervengan, y recordó que este tipo de hechos provocan consecuencias penales y económicas para los responsables.

“Muchos se volvieron muy desafiantes cuando los llamaban a decir: ‘Si tiene una situación ilegal, venga arreglemos, pongámonos de acuerdo, le damos facilidad’. Respondían: ‘No, demándeme, es que yo le meto un abogado; mientras a usted le pago 500 millones, a un abogado le pago 100 y listo’. No habían prestado atención”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta de X sobre el desfalco que provocó billonarias pérdidas para la capital antioqueña.

“Se robaban el agua, la energía y el gas de Medellín y hoy les estamos quitando los bienes. Por primera vez en la ciudad se adelantó un proceso de extinción de dominio por defraudación de fluidos. Durante 16 meses de investigación, junto a EPM, la Policía y la Fiscalía, identificamos estructuras dedicadas a manipular ilegalmente servicios públicos en hoteles y establecimientos comerciales. Aquí no vamos a permitir que el crimen siga operando detrás de fachadas. Vamos a seguir golpeando a los delincuentes donde más les duele: en la plata y en sus bienes”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.

La propia colectiva sostiene que en Chiapas podría haber más de 3 mil personas desaparecidas, aunque las cifras oficiales se mueven entre 1,800 y 1,900 casos. Según las buscadoras, muchas familias no denuncian por miedo.

En Berriozábal, las madres llegaron a la cima de la montaña de la reserva Villa de Allende y encontraron osamentas humanas quemadas con al menos un año de antigüedad, esparcidas sobre tierra negra. De acuerdo con el texto fuente, hace un mes ocurrió un incendio que consumió una parte mínima de los árboles de esa Área Natural Protegida y, después del fuego, quedaron visibles un cráneo sin mandíbula, una cadera y lo que parecen fragmentos de columna.

Ese punto ya tenía antecedentes. Según el texto fuente, hace siete años pobladores reportaron en la zona una fosa clandestina con un cadáver.

El rancho El Cedro concentró el hallazgo más amplio para la colectiva

El caso que la colectiva considera el más grande desde que comenzó sus jornadas hace tres meses ocurrió en el rancho El Cedro, en la localidad de Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza. Ahí realizaron excavaciones durante cuatro días consecutivos y localizaron restos humanos calcinados, fragmentos óseos dispersos y casi dos cubetas llenas de casquillos percutidos.

Las labores comenzaron el pasado 18 de mayo, luego de varias llamadas anónimas que señalaban que dentro del predio había cuerpos enterrados. Isabel Torres, integrante de Madres Buscadoras de Chiapas, explicó que llegan a esos lugares por mensajes a sus redes, coordenadas o puntos exactos enviados de forma anónima.

Yoslin Chavarría, hija de Víctor Manuel Chavarría González, desaparecido desde el 8 de mayo de 2023, dijo que fueron “cuatro días de búsqueda, de excavación, de sufrimiento emocional y desgaste físico”. También detalló que, conforme avanzaron, encontraron capas de diésel, gasolina, petróleo, cal, carbón y leña.

Las excavaciones alcanzaron entre tres y cuatro metros de profundidad. Según Chavarría, en algunas zonas la tierra estaba compacta y en otras removida y blanda, y pese a que les decían que no encontrarían nada, siguieron excavando hasta ubicar fragmentos muy pequeños.

Torres afirmó que en el predio recogieron “casi dos cubetas de casquillos”, por lo que el sitio era visto por la colectiva no solo como un campo de exterminio, sino también como un posible campo de reclutamiento. Esa valoración corresponde a las madres buscadoras.

La FGE dice que los restos siguen bajo análisis genético

La FGE informó que la semana pasada un grupo interdisciplinario y colectivas de madres buscadoras estuvieron en el rancho El Cedro, en Pujiltic, donde se encontraron diversos restos óseos que están bajo análisis genético para determinar si son humanos. De acuerdo con la fiscalía estatal, los resultados se esperan en un lapso de 2 a 3 semanas.

La FGE también señaló que es la tercera vez que se visita ese predio con la brigada. Según la dependencia, hubo acciones de búsqueda el 26 de noviembre de 2025, cuando se encontraron indicios balísticos, y posteriormente el 19 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la propia fiscalía, en esas brigadas participan la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Protección Civil y áreas municipales.

La colectiva, por su parte, asegura que en visitas anteriores las búsquedas fueron superficiales por falta de herramientas. Durante dos días excavaron solo con picos, palas y machetes. Fue hasta el tercer día cuando la Comisión de Búsqueda llevó una retroexcavadora pequeña que no removió suficiente tierra, y el cuarto día consiguieron otra máquina mediante gestiones de la Secretaría General de Gobierno y Mediación.

Yoslin Chavarría dijo que sin esa maquinaria habría sido imposible continuar, porque el predio requería excavación profunda. Una antropóloga enviada por la Fiscalía comenzó a revisar los restos durante los trabajos y, según Isabel Torres, les dijo que algunos pedazos de cráneo corresponderían a tres personas distintas.

Los fragmentos localizados fueron entregados a servicios forenses para análisis y confronta genética. La colectiva pidió a las familias con personas desaparecidas en la región que acudan ante la Fiscalía para aportar muestras de ADN.

Las madres describen búsquedas marcadas por desgaste y trámites

Durante los últimos tres meses, Madres Buscadoras de Chiapas ha recorrido municipios, atendido llamadas anónimas y excavado terrenos señalados como posibles fosas clandestinas. Isabel Torres dijo que cada salida mezcla esperanza y miedo, porque salen a buscar con vida a sus familiares y regresan solo con restos.

Torres expresó: “Podrían ser cerca de 100 cuerpos pero las autoridades tienen que investigar. Nosotras salimos con la esperanza de buscar y no encontrar porque los queremos con vida y, desgraciadamente, regresamos solamente con restos”. En otra declaración, añadió: “Hay muchas fosas acá en Chiapas”.

La buscadora también afirmó que suelen acudir por su cuenta y con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, porque la Fiscalía les pide ingresar un oficio para acompañarlas y eso representa un trámite largo. Según Torres, en el caso reciente acudieron por un mensaje anónimo recibido en sus redes.

La última vez que la colectiva encontró osamentas antes del caso de Pujiltic fue en enero de 2025, en la comunidad San Isidro, municipio de Emiliano Zapata. Según el texto fuente, esos restos siguen sin ser identificados.

Las madres sostienen que todavía faltan numerosos municipios por recorrer, incluidas zonas de Berriozábal, donde habitantes han reportado posibles sitios relacionados con desapariciones. El texto fuente añade que ese municipio, gobernado por el alcalde morenista Jorge Acero, ocupa el lugar 11 con más personas desaparecidas en Chiapas.

Torres reconoció el efecto emocional de estas jornadas: “Sí nos quebramos al estar sacando esos restos”. También dijo: “Probablemente los huesitos que estemos limpiando sean de nuestros familiares”.

El texto fuente también refiere que un grupo armado entró el 8 de febrero de 2024 a una comunidad de Chiapa de Corzo, atacó a pobladores, los sacó por la fuerza de sus casas y desapareció a varios hombres que intentaron defender a sus familias. Según esa versión, los hombres armados usaban trajes tácticos.

Además, una madre buscadora identificada como Diana Orantes denunció públicamente en redes sociales que el Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas habría dado trámite a un beneficio para la persona que, según su dicho, intentó matarla a ella y a sus hijos hace siete años. En su mensaje responsabilizó al Tribunal y a los magistrados en turno de cualquier afectación a su integridad física y emocional si esa persona quedara en libertad.

El 27 de mayo, en la Comisión Séptima de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se abrió un espacio en el que los familiares de las víctimas del vuelo 203 de Avianca, que explotó luego de despegar con 107 personas a bordo en Bogotá y cuyos restos cayeron en el municipio de Soacha, pudieron pedir explicaciones al Estado por el crimen, que no ha sido esclarecido.

Uno de los compromisos del encuentro era que el colectivo escucharía la versión de la Fiscalía y la JEP, pero voceros de estas entidades no se presentaron y, en cambio, fueron leídos los informes del caso.

La indignación de los vinculados a la Fundación Memoria fue expuesta por Gonzalo Enrique Rojas Peña, que era un niño cuando su padre murió en el atentado. “No hay nada más doloroso que vivir con la incertidumbre de la injusticia. Acudimos a esta comisión con la convicción de que haya una luz que ilumine este camino de desesperanza, barreras e indolencia”, mencionó Rojas, que lleva más de 20 años liderando iniciativas para conocer la verdad sobre la bomba al vuelo de Avianca.

La diligencia terminó con el acuerdo de que se activará una mesa de trabajo para resolver las “cuentas pendientes” que tiene el Estado con las víctimas y que se citará a una sesión de seguimiento y control en el Congreso para conocer los avances de la misma.

Los descargos de las víctimas ante la ausencia de justicia

En diálogo con Infobae Colombia, Gonzalo Enrique Rojas Peña habló sobre los aspectos positivos que dejó el encuentro, al que reconoció como el primer espacio abierto para que el Estado escuche a las familias.

“Fue una jornada agridulce. Por un lado, tuvimos la presencia de dos entidades muy importantes en el proceso de reparación de víctimas, que es la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se comprometieron a activar unas mesas de trabajo y unos espacios de colaboración para que efectivamente las personas que están en el proceso de reparación puedan avanzar en esa ruta, sobre todo las que son población priorizada; además de seguir trabajando en materia con el museo y todos los temas de memoria”.

Además, cuestionó a la Fiscalía y la JEP por no participar en el encuentro y aprovechó el espacio para asegurar que no es la primera vez que se sienten “ninguneados” por el ente acusador.

“El tema de la ausencia de la Fiscalía y la JEP, lamentable, sobre todo de la Fiscalía, es un momento para mencionar que ha sido la gran responsable de que durante años no tengamos respuestas a muchos interrogantes que tenemos en materia de quiénes son los actores materiales e intelectuales del atentado y sobre todo, si hubo o no hubo participación del DAS. Mandaron un comunicado totalmente flaco en argumentos y en respuestas. Es muy decepcionante que al ser la autoridad que investiga los crímenes en este país, después de 36 años sigan sin respuesta”.

Para Rojas, es clave que las familias de las víctimas participen en este tipo de espacios, principalmente en casos que llevan más de 30 años sin ser esclarecidos y no existe ningún tipo de reparación.

“Este tipo de espacios son muy importantes para trabajar de la mano con el Gobierno de turno. Creo que la participación de las víctimas en los procesos de construcción de memoria, de reparación, de justicia, absolutamente todo, son supremamente valiosos porque tenemos la forma de aportar desde nuestra visión, desde nuestro acompañamiento, desde nuestra sabiduría, para que los procesos se muevan”.

Por último, el bogotano reclamó la ausencia de resultados en las investigaciones y afirmó que no es justificable que hayan pasado más de 36 años sin saber quién, por qué y con la ayuda de quiénes se llevó a cabo el atentado que fracturó a más de 100 familias.

“Cuando nos cierran las puertas, como ha sido el caso de la Fiscalía, que nos pone barreras para acceder a la verdad y a la justicia, se vuelve muy complejo poder generar espacios de articulación, porque precisamente, no hay interés por parte de ellos. Independientemente del gobierno que esté, siempre estamos prestos a trabajar, porque no es un tema de afinidades políticas, sino que es un tema de que 107 personas queremos la verdad, justicia y una reparación completa”.

La declaración ocurrió durante una audiencia virtual la mañana del 27 de mayo, ante el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, en medio del proceso que enfrenta tras su detención por un requerimiento internacional.

“Quiero empezar diciendo que Bélgica me deportó a Perú, número uno. Si hubiera habido alguna prueba (…) ¿por qué Bélgica no me retuvo? ¿Por qué me devolvió a Perú?”, dijo la exmodelo, quien insistió en que pasó una semana en un albergue de inmigrantes y que incluso tuvo contacto con la cónsul de Perú en ese país.

En paralelo, la Policía Nacional del Perú, a través de una jefatura de Inteligencia, sostuvo que el caso responde a una investigación seria y negó que se trate de una acusación fabricada por un conflicto personal.

Nadeska pide seguir el proceso en Perú

En su intervención, Widausky aseguró que la acusación es “muy fuerte” y pidió la oportunidad de enfrentar el proceso desde el Perú. “Le pido por favor que me dé la oportunidad de poder hacer el seguimiento desde aquí, desde Perú, porque tengo derechos”, declaró.

La exmodelo también puso como argumento su situación familiar. “Tengo un hijo, el que depende totalmente de mí y mi madre. Si a mí me pasa algo, ¿qué va a ser de ellos?”, dijo, al solicitar que se tome en cuenta su entorno cercano.

En esa misma línea, remarcó que no tiene redes de apoyo en Bélgica. “Yo allí en Bélgica no tengo familia, no tengo a nadie”, sostuvo.

“No están demostrando pruebas fehacientes”

Durante su exposición, la exmodelo insistió en que Bélgica “no está demostrando con pruebas fehacientes” lo que se le atribuye. Luego apuntó a una persona concreta como responsable de lo que considera un perjuicio: “Culpo a Jefferson Jordan Rubiños Olaya”, afirmó, y lo calificó como “un títere de su mujer”.

A partir de ahí, argumentó que en Bélgica sería “muy fácil” acusar a alguien para acceder a documentos migratorios. “Es muy fácil acusar a cualquiera y que te den papeles belgas (…) simplemente para que me den la tarjeta naranja”, sostuvo, y afirmó que esa sería la residencia temporal vinculada, según su versión, a la esposa del señalado, a quien identificó como Ivonne.

Widausky también dijo que ella pudo intentar esa vía, pero que no lo hizo. “Yo también hubiera podido pedir asilo (…) sin embargo, yo he querido ir por la vía correcta”, declaró, al afirmar que buscó asesoría legal para regularizar documentación en Europa.

Su versión sobre procesos previos: “Solo me acusan de un robo de celular”

La exmodelo mencionó un antecedente específico en Bélgica y negó que se trate de otros delitos. “Yo solamente tuve un proceso en Bélgica donde me acusan de un robo de celular, mas no extorsión, mas no drogas, mas no de otra cosa. Y se me sentenció por eso”, afirmó.

Luego aseguró que colaboró con las autoridades y que fue ella quien llamó a la policía. “Yo presenté mis pruebas donde fui yo misma la que llamé a la policía (…) Dejé mis celulares a disposición porque yo siempre he sido bien colaborativa”, sostuvo.

En el tramo final de su declaración, Widausky insistió en que no tiene intención de huir. “Yo no tengo por qué huir. Yo tengo una vida pública y yo la comparto en las redes sociales. Hasta hace dos días que estaba activa en las redes sociales”, dijo.

Y cerró con un pedido directo: “Déjeme, por favor, deme la oportunidad de yo poder defenderme desde aquí, por mi madre, por mi hijo, nada más”.

PNP rechaza que sea una “acusación falsa”

Mientras Nadeska sostiene que todo respondería a una denuncia sin sustento, desde la PNP se difundió una versión distinta. Víctor Rolando Morales, jefe de una división de Inteligencia, declaró a Latina que, en enero, Bélgica solicitó corroborar datos de una lista de personas y que en esa relación figuraba Widausky, información que se habría verificado y remitido.

El jefe policial también mencionó que, según la información manejada, habría víctimas captadas en Perú —con referencias a zonas como Tarapoto, en San Martín— y trasladadas a Bélgica con fines de explotación sexual.

En ese contexto, Morales rechazó la idea de una denuncia inventada: “Por los delitos y los hechos, exposición no es una falsa acusación. Esta es una investigación seria”, sostuvo, al descartar que se trate de un problema familiar o una represalia.

La muerte de Mía Cataleya, una bebé de seis meses en El Espinal, Tolima, a raíz de un posible caso de abuso sexual y lesiones físicas, llevó a un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, liderado por Iris Marín.

La entidad rechazó el fallecimiento de la menor y solicitó a la Fiscalía General de la Nación, así como a otras autoridades, agilizar las investigaciones del caso y mantener las acciones en la región para proteger a los menores de edad.

La Defensoría del Pueblo calificó como “dolorosa” la muerte de la menor de seis meses que estaba internada en el Hospital San Rafael y afirmó que se trata de una grave vulneración de los derechos de la infancia. Por esta razón, señaló que el caso debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades.

“Una niña de seis meses de edad que fue víctima de violencia sexual en el municipio de El Espinal falleció. La muerte de la menor de edad, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia. Este hecho debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades competentes”, se lee en el comunicado.

La entidad señaló que toda violencia contra menores de edad en Colombia es inadmisible y afirmó que la protección de la infancia en todos sus entornos debe ser una prioridad en el país.

“Toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible. Por eso su protección, en todos los entornos, debe ser una prioridad. La violencia sexual es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente”, informó la Defensoría del Pueblo.

Por este motivo, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades avanzar en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley”, indicó el comunicado.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a continuar con las acciones interinstitucionales de protección y prevención, y a fortalecer las rutas de atención para menores de edad.

“También hacemos un llamado a mantener las acciones interinstitucionales de protección y prevención en el territorio, así como a fortalecer las rutas de atención para niñas, niños y adolescentes en riesgo”, señaló la entidad.

La Defensoría del Pueblo indicó que seguirán haciendo seguimiento al avance de las investigaciones y acompañarán a la familia de la bebé de seis meses, recordando que los derechos de los menores debe prevalecerse y debe contar con el acompañamiento institucional.

“Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos haciendo seguimiento al avance de las investigaciones y a las medidas de protección y acompañamiento para la familia de la niña, recordando que los derechos de la infancia prevalecen y deben orientar toda actuación institucional”, expresó la entidad.

Finalmente, indicó que en la importancia de que las familias, comunidades, instituciones educativas y ciudadanía activen lo más pronto posible las alertas frente a cualquier riegos que afecten a los niños, niñas y adolescentes.

“Insistimos en la importancia de que familias, comunidades, instituciones educativas, entidades territoriales y ciudadanía activen de manera oportuna las alertas frente a cualquier riesgo que afecte a niñas, niños y adolescentes, y contribuyan a la construcción de entornos seguros y protectores para la infancia”, indicó la Defensoría del Pueblo.

La menor falleció a las 12:00 del mediodía del miércoles 27 de mayo de 2026 en una clínica de Ibagué, tras presentar fracturas asociadas a hechos de violencia física.

Leire Díez intentó recabar pruebas incriminatorias contra uno de los fiscales anticorrupción más importantes de este país, José Grinda González, que desde finales del año trabaja en Bolivia. La bautizada como ‘fontanera’ del PSOE recurrió a un ex alto cargo del Gobierno venezolano, Nervis Villalobos, para que una menor que había denunciado al fiscal por un delito sexual acudiera a la sede socialista para relatar su caso. Leire le dijo a la joven que “estaba preparando cosas contra el tiparraco” (en alusión a Grinda), una joven que incluso se llegó a reunir con Santos Cerdán, ex secretario de Organización.

Esta información aparece en el auto de la Audiencia Nacional que avaló este miércoles el requerimiento de documentación y registro de la sede socialista en la calle Ferraz. El juez Santiago Pedraz ha imputado al propio Cerdán y a la gerente del partido, Ana Fuentes, por ordenar pagos y la elaboración de facturas falsas que financiaron el trabajo de Leire, que, según el magistrado, montó una estructura para boicotear procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y a familiares de Pedro Sánchez (los de su mujer y hermano). También están siendo dos abogados muy próximos al PSOE, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, un ex capitán de la UCO y el empresario Javier Pérez Dolset.

El auto, que se centra en muchas de las estrategias de Cerdán y Leire para desbaratar los procedimientos judiciales que salpican al PSOE, se detiene también en el episodio del fiscal Grinda. Un episodio oscuro en el que hay que poner contexto. Grinda es un fiscal que se ha ganado muchos enemigos durante su carrera. “Grinda lo tiene que pagar” ha dicho Leire de él en una grabación. “A Grinda hay que matarlo”, le comentó María Dolores de Cospedal al comisario Villarejo en otra grabación. La mafia rusa ha intentado asesinarlo. También la mafia georgiana. Grinda ha llevado importantes causas en España, una de ellas llevó al banquillo de los acusados a Pérez Dolset, amigo de Leire, víctima de Villarejo y que asegura que le crearon cuentas falsas en el extranjero. Una causa, la de Dolset, que lleva muchos años sin avanzar.

Leire sabía que una joven llamada Miriam había denunciado a Grinda por un delito contra la intimidad sexual. Los hechos se remontan al año 2009. La madre de la chica, que entonces tenía 15 años, denunció ante la Guardia Civil que su hija “había establecido contacto con una persona por Internet, a través de Messenger, quien por medio de una cámara le había mostrado vídeos de contenido pornográfico y le había pedido que se desnudara”. Se supone que ese adulto era Grinda. El caso fue sobreseído provisionalmente en 2013 y terminó siendo archivado de forma definitiva en 2017 al considerarse prescrito el delito. Grinda quedó exonerado.

Un asunto que llegó al Constitucional

La joven intentó reabrir el caso, pero la Audiencia Provincial de Jaén (provincia donde se denunciaron los hechos) le denegó el acceso al expediente completo de la investigación contra el fiscal. ¿Por qué? La Fiscalía argumentó que existían “riesgos” de que las copias de las actuaciones terminasen siendo divulgadas “con el propósito” de lesionar “la dignidad” del fiscal por unos hechos de los que había sido exonerado, según publicó el periodista Alberto Sierra en The Objective. La joven recurrió entonces al Tribunal Constitucional, que en septiembre de 2022 falló que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva. El tribunal señaló que nunca le fue notificada a la joven el archivo de la investigación contra el fiscal, por lo que nunca pudo oponerse al cierre de la causa.

En toda esta historia es cuando entra el abogado Ismael Oliver (que fue uno de los primeros letrados contratados por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos). La Audiencia Nacional acusa ahora a Oliver de canalizar pagos, a través de su despacho, para financiar las ‘cloacas’ de Leire. Dinero que procedía del PSOE. Oliver fue también el abogado de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía en el Gobierno venezolano de Hugo Chávez. Villalobos ha estado investigado en varias causas de corrupción. Y el fiscal en algunos de esos casos era Grinda. El auto de juez Pedraz señala, sin dar más detalles, que Leire intentó ayudar al abogado Oliver para que su cliente Villalobos obtuviera la nacionalidad española. Se menciona una reunión producida en la sede del PSOE el 25 de octubre de 2024 “con el número tres del partido”, en alusión a Cerdán.

En ese pacto para beneficiar a Villalobos, aparece la joven Miriam, que al parecer el abogado Oliver puso en contacto con Leire como favor por el otro favor (la nacionalidad de Villalobos). Los mensajes incautados a Leire reconocen que Miriam se reunió con Cerdán y que Leire no solo se lo agradeció a Oliver, sino también al propio Nervis (que aparece con el nombre de Gerardo) por facilitar el encuentro con la joven que denunció a Grinda. Este fiscal no solo era ‘enemigo’ de Dolset, sino que Leire y su grupo lo consideraban un “medio para obtener información que afectase al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón”. Desde el PSOE siempre han considerado a Luzón un fiscal muy próximo al PP.

El auto del juez Santiago Pedraz relata que la trama liderada por Leire y Cerdán intentó que Grinda archivara varias causas que él investigaba o que aportara información sobre Luzón, ofreciéndole para ellos 300.000 euros. En una de las agendas intervenidas a Leire, aparece una anotación que recoge: “300 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”. Pedraz señala que este ofrecimiento económico le llegó a Grinda el 27 de octubre de 2025 a través de un conocido periodista catalán. Grinda denunció semanas después este intento de soborno. El auto no afirma que el dinero llegara a abonarse. El juez Pedra ha pedido a la UCO que recabe del PSOE todos los gastos que haya podido asumir (viajes hospedajes) a favor de la joven Miriam.

En solo 11 días de mayo, tres mujeres fueron halladas sin vida en Puerto Vallarta, cada una con una causa de muerte diferente: una por heridas de arma punzocortante, otra con indicios de envenenamiento y la tercera por asfixia por inmersión. La Fiscalía del Estado de Jalisco sostiene que esta diversidad en los mecanismos letales descarta la presencia de un agresor serial de mujeres en el municipio.

La institución precisó que las indagatorias realizadas hasta ahora no arrojan patrones coincidentes entre los tres eventos registrados los días 10, 15 y 21 de mayo, debido a que no hay evidencia que vinculen los casos.

De acuerdo con las autoridades, cada uno de los tres casos se investiga con apego a los protocolos correspondientes y bajo la perspectiva que el hecho particular requiere. El trabajo lo llevan a cabo de forma coordinada agentes del Ministerio Público, policías de investigación y personal pericial.

La Fiscalía también emitió un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de versiones no confirmadas. La institución advirtió que ese tipo de información puede generar desinformación y alarma entre la población.

Las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos. La Fiscalía reafirmó su compromiso de llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Los tres hallazgos que encendieron las alertas

El primer cuerpo apareció el 10 de mayo sobre la avenida Víctor Iturbide, en el rancho El Pirulí. La mujer vestía bermudas azules y una blusa blanca con líneas negras delgadas, y hasta la fecha no ha sido identificada.

El 15 de mayo, otro cuerpo fue localizado sobre la carretera federal 200, en el kilómetro 3.5, frente a Casa Salinas II y al hotel Hyatt Ziva. La mujer llevaba un short negro, blusa negra y un solo calcetín del mismo color; su identidad también permanece sin establecer.

El tercer hallazgo ocurrió el 21 de mayo en las inmediaciones del Fraccionamiento Parque Las Palmas, sobre la calle Camino Viejo a Mojoneras. Esa víctima fue identificada por el colectivo Una Luz Para Nuestros Desaparecidos Puerto Vallarta como Elizabeth Galindo Martínez, de 22 años.

Elizabeth había sido reportada como desaparecida el 29 de abril de 2026 en el Estado de México. El colectivo confirmó su identidad a través de sus tatuajes y características físicas.

La respuesta de los colectivos y las organizaciones

Ante los tres hallazgos, la agrupación Mujer Colibrí ONG México denunció en redes sociales que “la violencia está tomando Vallarta”. Más de diez organizaciones se sumaron a ese posicionamiento y publicaron un pliego petitorio dirigido a autoridades locales, estatales y federales.

De acuerdo con el portal Zona Docs, las organizaciones agrupadas en la Red Mujeres Distrito 05 Jalisco exigieron acciones preventivas inmediatas y sostenidas. Entre sus peticiones figuran la creación de un Mapa Municipal de Zonas de Riesgo, el fortalecimiento del presupuesto para atención a la violencia de género y la vinculación entre la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Municipal de la Mujer, el DIF, Protección Civil y la Fiscalía Regional.

Los colectivos cuestionaron los datos oficiales del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que citó mil 670 medidas de protección activas en los últimos dos años. Para las organizaciones, esas cifras “maquillaron la imagen de la región” mientras la violencia avanzaba.

La mujer aún sin identificar y el llamado a buscarla

Los colectivos Jóvenes Buscadores de Jalisco y Jóvenes Buscadores de Sonora informaron que la víctima del 15 de mayo permanece sin identificar en el Servicio Médico Forense de Puerto Vallarta. Sus señas particulares, incluidos dos tatuajes —uno de una figura similar a la Medusa y otro con las iniciales R y A sobre un electrocardiograma—, pueden consultarse en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Ambos colectivos hicieron un llamado a compartir la información. “A veces, una publicación puede hacer la diferencia y ayudar a una familia a encontrar respuestas”, señalaron el 25 de mayo.

La autocuidado como respuesta ante la omisión del Estado

Ante lo que describieron como “la evidente omisión del Estado”, Mujer Colibrí ONG México y el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta publicaron una serie de recomendaciones de autocuidado colectivo. Entre ellas destacaron compartir ubicaciones y trayectos con personas de confianza, no trasladarse solas de noche y configurar el SOS de emergencia en el teléfono.

“La colectividad y la autodefensa en comunidad son nuestras herramientas más fuertes”, concluyeron en su posicionamiento público. Las organizaciones reiteraron que, mientras las instituciones no garanticen resultados, el cuidado mutuo entre mujeres seguirá siendo la respuesta más inmediata disponible.

Hace un año, Nadeska Widausky y su pareja, Ítalo Farias, perdieron un departamento y un estacionamiento ubicados en el distrito de Jesús María. La decisión judicial, adoptada en abril de 2025, ordenó la incautación y posterior entrega de estos bienes al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

El valor de los inmuebles alcanzaba los 255.157,60 dólares. Según la información oficial, la acción respondió a una investigación impulsada por el Ministerio Público sobre el presunto origen ilícito de los fondos utilizados para la compra.

Los fiscales Luis Jesús Aguirre Naupari y Cecilia Paola Pérez Breña, responsables de la investigación, detallaron que la adquisición de los bienes estaba vinculada a delitos como lavado de activos, estafa y robo agravado. Un informe contable determinó que Widausky presentaba un desbalance patrimonial de 762.119,26 soles, mientras que el de Farias llegaba a 4 millones 356 mil 760 soles.

El proceso judicial culminó con la desocupación y transferencia de la propiedad a Pronabi. El dictamen subraya la intención de las Fiscalías de Extinción de Dominio de debilitar las estructuras económicas que sostienen delitos financieros y fortalecer la transparencia.

Así lo indica el comunicado oficial emitido tras la medida. “La recuperación de activos de procedencia ilícita refuerza el compromiso con la justicia y la transparencia, pilares para el desarrollo nacional”, se lee en el documento.

La incautación de los inmuebles marcó un punto de quiebre en la situación legal de la modelo, quien ya enfrentaba indagaciones abiertas por movimientos sospechosos en sus finanzas personales. Las autoridades consideraron que el nivel de desbalance detectado no podía justificarse con los ingresos declarados por Widausky y Farias en los años previos.

Nadeska Widausky fue detenida por la Interpol

El caso de Nadeska Widausky adquirió un nuevo giro al ser arrestada en la ciudad de Lima por efectivos de la Interpol, en cumplimiento de una orden internacional emitida por la justicia de Bélgica. La detención se realizó mediante una Notificación Roja, mecanismo que permite localizar y capturar personas buscadas en distintos países.

Las autoridades europeas requieren a la modelo por presuntos vínculos con redes de trata de personas y otros delitos que aún no han sido detallados públicamente. Hasta ahora, la información oficial no ha precisado el proceso que seguirá tras su captura, ni se han adelantado plazos para la posible extradición.

El arresto impactó en el entorno mediático y sorprendió a quienes seguían la actividad de Widausky en plataformas digitales. Días antes de la intervención policial, la modelo compartía imágenes desde la ciudad de Arequipa en sus redes sociales, lo que generó especulaciones sobre su paradero y su situación real con la justicia. Ahora enfrenta una audiencia en la que el Poder Judicial solicita 9 meses de prisión preventiva antes de ser extraditada.

La situación de Widausky reactivó los cuestionamientos sobre su entorno personal y profesional. Varios reportes periodísticos han recordado su relación con figuras del espectáculo vinculadas a investigaciones de crimen organizado, como Gerald Oropeza. La exposición pública de estos vínculos alimentó sospechas sobre la amplitud de las investigaciones en curso y sus posibles ramificaciones.

Mientras se resuelve su situación ante la justicia internacional, los antecedentes de incautación patrimonial y la reciente detención sitúan a Nadeska Widausky como una de las figuras más comentadas en los últimos meses en el cruce entre espectáculo y procesos judiciales de alto perfil. La evolución del caso continúa bajo la atención de las autoridades y la opinión pública.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia que inicien una investigación penal contra el dueño del Grupo Keralty, Joseba Grajales Jiménez, así como contra congresistas de la Comisión Séptima del Senado, por presuntos sobornos

La declaración del mandatario colombiano se dio en respuesta a un usuario en X que señaló que, tras el archivo de la reforma en 2024, personas cercanas a una de las senadoras que votó a favor de esa decisión supuestamente fueron contratadas por Keralty.

El usuario también vinculó a la misma senadora, cuyo nombre no mencionó, con supuestos beneficios institucionales y políticos tras el segundo archivo de la reforma laboral, que tuvo lugar en diciembre de 2025.

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro acusó a Keralty de supuestamente comprar congresistas para frenar la reforma a la salud en el Capitolio Nacional.

“Increíble la manera que Keralty dueño de Sanitas compró congresistas para detener la reforma a la salud en el Congreso (sic)”, indicó el jefe de Estado.

El jefe de Estado solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia que inicien una investigación penal sobre los congresistas de la Comisión Séptima del Senado y sobre el dueño de Keralty, Joseba Grajales Jiménez.

“La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia deberían comenzar la investigación penal sobre los congresistas sobornados y sobre el dueño de Keralty (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

En otra publicación, el presidente Petro afirmó que “ya se demostró” que el juez que “devolvió” Coosalud a quienes supuestamente la desfalcaron debe ser investigado por las autoridades competentes.

“Ya se demostró que el juez de Bolívar que le devolvió Coosalud a quienes la desfalcaron, debe ser investigado por la autoridad competente (sic)”, aseveró el mandatario.

También señaló que los jueces que supuestamente embargaron los recursos de la salud de la Nueva EPS deben ser investigados por las autoridades competentes.

“Los jueces que fueron capaces de embargar recursos de salud de la Nueva EPS deben ser investigados por la misma autoridad (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Antecedentes entre Petro y Keralty

En noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro participó en una alocución televisada como parte de una orden del Consejo de Estado, que le permitió rectificar declaraciones anteriores en las que había calificado de “criminal” al Grupo Keralty y a su presidente, Joseba Grajales.

Durante su intervención, Petro evitó una disculpa directa y reiteró sus críticas hacia la corporación, aunque buscó matizar sus palabras. Expresó que su señalamiento no iba dirigido exclusivamente contra una persona, sino contra el sistema de salud, al que calificó de problemático y urgió a transformar.

La respuesta de Joseba Grajales Jiménez no tardó en llegar. Mediante una carta pública, defendió la trayectoria de Keralty en el país.

“Queridos colombianos: Cuando algunos nos llaman ‘extranjeros’, olvidan una verdad sencilla pero profunda: Keralty llegó a Colombia hace más de cuarenta años, cuando la inmensa mayoría de los colombianos de hoy —incluidos los hijos y nietos de quienes nos critican— ni siquiera habían nacido. Llegamos cuando este país daba pasos inciertos y, mientras otros debatían, nosotros ya hacíamos. No vinimos de paso: vinimos a quedarnos. Vinimos a servir. Vinimos a cuidar. Vinimos a construir", indicó.

En su mensaje, Grajales resaltó la labor de Keralty al impulsar la formación de profesionales de la salud y la creación de espacios como universidades, clínicas, laboratorios y centros de atención, pensados para llegar a sectores históricamente desatendidos.

Estas afirmaciones respondieron a las declaraciones de Petro, quien insistió en que “está prohibido que una empresa como Keralty les pague a políticos, el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”.

Grajales concluyó su carta enfatizando la “vocación moral” de la compañía: “Nosotros no llegamos con promesas: llegamos con hechos. Y si alguien quiere hablar de patriotismo, que empiece por contar cuántas vidas ha salvado, cuántos empleos de calidad ha generado, cuántos impuestos ha pagado y qué ha construido para su país”.

Según explicó el representante de la Fiscalía, la acusación fiscal no solo abarca el caso “Las Gardenias”, sino también otros tres asesinatos ocurridos en 1990, 1991 y 1992. De acuerdo con la investigación, todos los hechos tendrían un mismo patrón: las víctimas pertenecían a la comunidad LGTBIQ+ y habrían sido atacadas como parte de una política de “limpieza social” impulsada por el MRTA.

“Advertimos que existe un patrón violatorio de los derechos humanos”, sostuvo Morales para el citado medio. El fiscal añadió que los hechos fueron cometidos “de forma sistemática” y que las víctimas habrían sido sometidas a ejecuciones extrajudiciales mediante disparos de arma de fuego.

Terrorismo no puede prescribir

Durante la entrevista, Morales explicó que la defensa de Polay Campos buscaba que el delito de terrorismo agravado fuera considerado un delito común para lograr su prescripción. Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que este tipo de actos no puede quedar impune debido a la gravedad de las violaciones cometidas.

“Hemos sustentado que el terrorismo como tal no puede ser considerado como un delito común”, afirmó el fiscal. Añadió que estos hechos vulneran “derechos inderogables” como la vida, la libertad, la integridad y la identidad de género, razón por la cual la Fiscalía defendió que el caso continúe en proceso judicial pese al tiempo transcurrido desde los hechos.

En ese contexto, el Ministerio Público solicita cadena perpetua para Víctor Polay Campos y los miembros del Comité Central del MRTA. “Para este hecho concreto del caso Gardenias y los otros tres asesinatos más, la pena de cadena perpetua para el señor Víctor Polay Campos y los integrantes del Comité Central del MRTA”, declaró Morales para Exitosa.

Juicio oral iniciará en junio

El fiscal recordó que el líder terrorista ya cumplió una condena previa de 35 años por terrorismo y homicidio calificado en el denominado megaproceso contra el MRTA. No obstante, precisó que el exlíder terrorista continúa recluido debido a una medida de prisión preventiva de 18 meses dictada específicamente por el caso “Las Gardenias”.

“Él actualmente se encuentra cumpliendo una medida de prisión preventiva por dieciocho meses, la misma que vencerá en junio del próximo año”, indicó Morales. Asimismo, confirmó que el juicio oral comenzará el próximo 17 de junio.

El representante del Ministerio Público señaló además que las investigaciones continúan recopilando pruebas documentales y testimoniales para acreditar la existencia de una política de persecución contra personas LGTBIQ+. Entre las evidencias analizadas figura una publicación atribuida al MRTA en un semanario de 1988, donde se hacía referencia a un supuesto plan de “limpieza social”, el cual luego habría sido ejecutado en los asesinatos investigados.

Fiscalía recopila testimonios

Morales indicó que la Fiscalía también viene reuniendo testimonios de personas que conocieron a las víctimas, así como documentos que acreditan las circunstancias de sus muertes. “Estamos recopilando medio de prueba documental relacionada justamente a demostrar y acreditar la existencia de esta política, de este plan de limpieza social”, explicó.

Asimismo, sostuvo que el patrón identificado en los cuatro casos investigados muestra similitudes en la forma de ejecución. Según precisó, todas las víctimas habrían sido asesinadas con proyectiles de arma de fuego en ataques atribuidos a integrantes del MRTA.

Finalmente, el fiscal se refirió a la denuncia presentada por Víctor Polay Campos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano por una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. Morales afirmó que el exlíder emerretista ha tenido acceso pleno a su defensa y participación en los procesos judiciales. “En ningún momento se ha advertido algún tipo de arbitrariedad o irregularidad”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro acusó a la Fiscalía General de la Nación de no investigar una supuesta alianza internacional que buscaría “incidir” en las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

En su cuenta oficial de X, el mandatario afirmó que el ente acusador no ha iniciado la investigación que solicitó sobre la supuesta “alianza internacional de ultraderecha”.

Según el jefe de Estado, existen supuestos dineros de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y también estarían involucrados el presidente de Argentina, Javier Milei, y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien ya había acusado de amenazar la democracia en Colombia.

El presidente Petro indicó que Netanyahu, Milei y Hernández supuestamente buscan derribar el progresismo en Colombia y México a través de la prensa y las redes sociales, según el mandatario colombiano.

“Urgente y atención. La fiscalía no ha iniciado la investigación que le pedí sobre la alianza internacional de ultraderecha que quiere incidir en la elecciones de Colombia. Dinero de Netanyahu, el genocida con Milei y el expresidente narcotraficante de Honduras, buscan el derrumbe del progresismo con medios de prensa y redes en México y Colombia (sic)”, afirmó Petro.

Por ese motivo, Gustavo Petro pidió a los colombianos cuidar y vigilar el voto apenas se cierren las urnas y comience el respectivo conteo.

“Por eso millones de personas a cuidar los votos apenas se cierren las urnas y se empiecen a contar los votos. La decisión libre del pueblo no debe ser defraudada por los estafadores de la misma mafia (sic)”, expresó el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro manifestó que el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández debería enfrentar la justicia en Colombia debido a una supuesta amenaza contra la democracia nacional.

Petro lo señaló como “narcotraficante” y anunció su intención de iniciar acciones legales en su contra. “Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y narcotraficante probado debe ser procesado en Colombia por su amenaza contra nuestra democracia. Presentaré denuncia contra este forajido extranjero (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

El mandatario hizo estas declaraciones tras la publicación de un mensaje en X, donde se mencionan grabaciones cuya autenticidad no ha sido confirmada. En ellas, distintas voces denuncian una presunta conspiración internacional dirigida a desestabilizar gobiernos progresistas en América Latina, supuestamente bajo la coordinación de Hernández.

Estas afirmaciones, que no cuentan con confirmación independiente, sugieren la existencia de un entramado de financiamiento y operaciones encubiertas con supuestos vínculos en Estados Unidos, Israel y Argentina.

El presidente Petro también solicitó a los ciudadanos movilizarse de forma masiva para proteger el voto y garantizar su transparencia, ante la denuncia de un supuesto fraude electoral vinculado al software de escrutinio en la última década.

El pronunciamiento del mandatario colombiano se produce después de que su abogado defensor, Alejandro Carranza, respondiera al registrador nacional, Hernán Penagos, y recordara la decisión del Consejo de Estado en 2018, que declaró un sabotaje informático en el software de la Registraduría.

En su publicación, el jefe de Estado señaló que ya existe investigación penal, personas detenidas y principios de oportunidad en la Fiscalía por este caso. Por ello, reiteró el llamado a movilizarse masivamente en defensa del voto para las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026.

“Es por esta trazabilidad durante la ultima década de fraude electoral gracias a un software de escrutinio durante la década vivida y que ya tiene investigación penal y detenidos y principios de oportunidad en la fiscalía que solicito al pueblo a movilizarse masivamente para cuidar el voto ciudadano y su transparencia (sic)”, indicó el mandatario.

El Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar contra Carmen López Chávez, una medida drástica que también alcanza a su madre, a su hermano y a otros supuestos miembros de una banda dedicada a la captación de “burriers” para transportar cocaína al extranjero.

Según la tesis del Ministerio Público, los nexos de la exmagistrada con las mafias iniciaron en el año 2022 a raíz de su relación sentimental con Juan Bonifacio Muñoz Tarazona, alias “Narizón”, un presunto narcotraficante que operaba en San Juan de Lurigancho.

Esta vinculación quedó al descubierto de forma violenta en abril de 2024, cuando la pareja fue interceptada por sicarios en un ataque armado. Muñoz Tarazona murió en el acto tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que López Chávez logró sobrevivir ocultándose de las balas, identificándose posteriormente ante la policía como la pareja del fallecido.

Lejos de alejarse del entorno delictivo tras el asesinato de su conviviente, las investigaciones policiales apuntan a que la entonces fiscal de flagrancia asumió un rol protagónico en la estructura criminal.

Antes del atentado, ella presuntamente coordinaba de la mano de su pareja la logística y la compra de pasajes hacia destinos como España e Italia para las mulas humanas. Sin embargo, tras la muerte del capo, López Chávez se habría volcado por completo al lavado de dinero, arrastrando e involucrando en el negocio ilícito a su propio núcleo familiar.

Actualmente, tras ser destituida de la Segunda Fiscalía Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este, la abogada permanece inubicable y las autoridades continúan con su búsqueda.

Por su parte, el Ministerio Público ha optado por mantener la reserva y no emitir declaraciones oficiales sobre este caso que quiebra la confianza institucional.

La policía la buscó en la Fiscalía y no la encontró

El intento de captura ocurrió la tarde del pasado 14 de mayo, cuando efectivos de la Policía Nacional, en coordinación con un representante de la Fiscalía, acudieron al despacho de la magistrada para hacer efectiva su detención en el marco de una investigación penal. Sin embargo, López Chávez ya no se encontraba en su puesto laboral.

Estrategia de fuga

Según fuentes institucionales, la fiscal intentó asegurar su huida ese mismo día presentando una solicitud de vacaciones urgentes del 15 al 23 de mayo. A pesar de que la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este declaró improcedente su requerimiento, la investigada decidió no presentarse a trabajar, consumando así su paso a la clandestinidad.

Ante esta situación de flagrante abandono de funciones, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este reportó formalmente la falta el pasado 15 de mayo y solicitó la conclusión inmediata del nombramiento de López Chávez en el cargo.

Carmen López Chávez había sido nombrada en su cargo el 6 de septiembre de 2024, teniendo bajo su responsabilidad la resolución de casos de alta peligrosidad, incluyendo a detenidos acusados de integrar organizaciones criminales.

El equipo de campaña de Carlos Eduardo Caicedo Omar denunció una “persecución judicial” por parte de la Fiscalía General de la Nación, a solo nueve días de la primera vuelta presidencial, tras la audiencia realizada ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá, en la que solicitó una condena en su contra por irregularidades en su administración, cuando estaba al frente de la Alcaldía de Santa Marta.

La tensión política se elevó en Colombia luego de que el equipo de Carlos Caicedo emitió un mensaje directo: la reciente actuación del ente investigativo contra el candidato presidencial no tendría fundamentos legales, sino objetivos políticos. Según el comunicado, los señalamientos contra Caicedo responden a una estrategia institucional que se activa en momentos sensibles de la campaña.

El comunicado enfatiza que la Fiscalía acusó al candidato de retrasar o impedir la construcción y puesta en marcha de varios centros de salud, argumentando que los fondos destinados a esas obras se habrían perdido.

Sin embargo, el equipo de campaña sostiene que tales afirmaciones son “absolutamente falsas” y sostiene que los centros de salud cuestionados no solo están entregados a la comunidad, sino que siguen prestando atención integral, como se demostraría “en los registros fotográficos adjuntos”.

Reconocimiento como víctima por la JEP

El documento añade un elemento inédito en el actual proceso electoral: Caicedo es el único aspirante presidencial formalmente reconocido como víctima por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según el Auto OPV-677 del 18 de junio de 2025, dictado en el marco del Caso Macro 08 (Subcaso Gran Magdalena), la JEP determinó que el candidato ha sido blanco durante más de 20 años de un patrón sistemático de hostigamiento político y judicial. El texto recalca que este acoso estuvo motivado, originalmente, por la defensa de derechos laborales universitarios y que, como consecuencia, Caicedo pasó cinco años privado de la libertad de manera injusta.

El comunicado advierte sobre una “sincronía” entre las actuaciones judiciales y los hitos electorales actuales. De acuerdo con el equipo de campaña, la Fiscalía repite el patrón ya visto bajo las gestiones de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, en las que —afirma el texto— se buscaron resultados electorales más que justicia.

Acusaciones y expectativa por el fallo

El informe del equipo de campaña destaca que la audiencia celebrada este 22 de mayo se limitó a la presentación de alegatos de conclusión y solicitudes de la Fiscalía, sin que esto signifique que haya una sentencia contra el candidato.

El comunicado enfatiza enérgicamente: “¡Por fin terminará la horrible noche en este caso! Corresponderá ahora al juez de la República dictar un fallo en el que, como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores, el doctor Caicedo quedará absolutamente exonerado de toda responsabilidad.”

A lo largo de los años, sostiene el comunicado, Caicedo ha enfrentado más de 700 acusaciones falsas, de las cuales “400 derivaron en procesos formales de investigación en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría; todas ellas… han sido desestimadas por la justicia”. El documento lamenta que, según el equipo de campaña, el “despliegue mediático masivo” que reciben las acusaciones nunca tiene un correlato igual en la cobertura del archivo de los casos por inocencia.

El texto es enfático: no existió perjuicio patrimonial alguno para el Estado ni para la ciudadanía. Señala que los centros de salud en cuestión —La Paz, Taganga, Bastidas y María Eugenia— “existen, están funcionando y prestan sus servicios a los usuarios”, insistiendo en que “nadie se robó el dinero” y que cualquiera puede comprobarlo de forma directa. La invitación se extiende tanto a la ciudadanía como a los entes de control y a la prensa.

El fallo del juzgado quedará en manos del juez, quien deberá pronunciarse en las próximas jornadas, mientras el equipo de Caicedo reclama: “¡Basta de manipulaciones! ¡Basta de mentiras!”

La investigación judicial sobre la muerte de Yulixa Toloza en Bogotá ha aportado nuevas piezas fundamentales luego de que Noticias Caracol revelara el contenido de declaraciones y documentos clave dentro del expediente oficial.

El caso, que involucra a la mujer de 52 años oriunda de Arauca, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación y está marcado por la existencia de rutas seguidas por los implicados, registros de cámaras de seguridad y testimonios que buscan establecer cómo se produjo la desaparición y fallecimiento de la paciente tras someterse a un procedimiento en un centro estético sin habilitación sanitaria.

De acuerdo con lo publicado por Noticias Caracol, el expediente incluye la declaración de la enfermera que atendió a Toloza en Beauty Láser L. M., establecimiento cuya propietaria, María Fernanda Delgado, de nacionalidad venezolana, permanece detenida fuera de Colombia. La Secretaría Distrital de Salud confirmó que este centro ofrecía servicios de manera ilegal, al no contar con la autorización correspondiente para operar en la ciudad.

La enfermera relató que Toloza llegó al centro estético una hora después de lo acordado, pero fue admitida en el lugar tras firmar un consentimiento y pagar 3.700.000 pesos colombianos.

“Yo me encuentro con la paciente Yulixa, le indico que se retire la ropa, que se coloque un panty y un top, gorro y polainas para tomarle las fotos y medidas. Luego pasa el doctor Leo, que es el anestesiólogo, la canaliza, le hace unas valoraciones previas y le realiza una serie de preguntas. Él termina de realizar su proceso, que es el de canalizar, y pasa al doctor David Ramos y le pregunta a Yulixa qué resultados quiere y qué expectativas tiene sobre los resultados de su procedimiento”, consta en el expediente al que accedió Noticias Caracol.

El testimonio de la trabajadora señala que la condición de Toloza comenzó a agravarse luego de las 3:00 p. m. “Yo ya estaba desocupada, voy y reviso a Yulixa antes de irme. Ingreso a verla y Yulixa estaba en la camilla acostada boca abajo, pero estaba muy somnolienta”, expresó en su declaración, recogida por el mismo medio.

Ante la gravedad del cuadro, la enfermera decidió advertir a Delgado, quien bajó a revisar a la paciente y solicitó la presencia del anestesiólogo, identificado como doctor Leo, además de pedirle a la enfermera que llamara nuevamente al médico David Ramos, ya que este se había retirado del lugar cerca de las 5 de la tarde.

“Llamo a María Fernanda y le digo que la paciente está muy somnolienta. María Fernanda baja y revisa a la paciente. Ella llama al Doc Leo y le indica que cómo está la paciente; el Doc Leo llega como a los 15 minutos y me pide que le busque un yelco, unas soluciones y un macrogotero. Y también llama al doctor David Ramos para que se devolviera, ya que se había ido como a las 5 de la tarde. Llega María Fernanda Delgado, quien es la enfermera. Llega el Doc David Ramos. Yo los vi a todos ellos con Yulixa”, detalló la enfermera en el expediente revisado por Noticias Caracol.

Dentro de la reconstrucción de los hechos, el testimonio de la esteticista del centro aporta una versión distinta sobre la reacción del personal frente al deterioro de la paciente. “María Fernanda me indicó que bajara la bala de oxígeno para colocársela a Yulixa y me preguntó que dónde estaban los doctores. Yo le dije que se habían ido y me indicó que los llamara, que cómo así que se habían ido. Yo llamé al doctor David Ramos y el señor Edinson llamó al doc Leo. Como a los 10 minutos llegaron los doctores y le dijeron a Nicole que le llevara una solución salina, yelcos y macrogoteros”.

A pesar de que la condición de Toloza empeoró, el anestesiólogo consignó en un documento que la paciente toleró el procedimiento y no presentó complicaciones. Este profesional, conocido como doctor Leo, es actualmente buscado por la justicia debido a su presunta implicación en el caso.

El expediente también deja constancia de la forma en que Delgado asumió el control de la situación, instruyendo a la enfermera sobre los pasos a seguir. “Me indica que cualquier cosa ella pide una ambulancia y llevan a la paciente por urgencias y que cualquier cosa me llaman para programar el turno del día siguiente”, relató la trabajadora en su declaración.

La Fiscalía General de la Nación continúa sumando material probatorio, que incluye no solo las declaraciones de los trabajadores del centro, sino también los seguimientos realizados a través de cámaras de seguridad y documentos relativos a la operación ilegal del establecimiento.

La muerte de un turista australiano en el Camino Inca a Machu Picchu, en Cusco, puso bajo la lupa la seguridad en una de las rutas turísticas más emblemáticas de Perú.

Matthew Cameron Patron, de 53 años, fue hallado sin vida el pasado jueves 21 de mayo luego de caer por una pendiente de aproximadamente 400 metros en el sector conocido como “50 gradas”, a la altura del kilómetro 107 de la legendaria ruta hacia la ciudadela incaica.

Su caída se produjo el miércoles, alrededor de las 13:30 horas, mientras Patron avanzaba con otros turistas y su guía por una de las zonas más transitadas del sendero.

Las primeras alertas surgieron cuando sus compañeros notaron su ausencia tras el accidente y notificaron a las autoridades de Machu Picchu. Su desaparición activó un operativo de búsqueda que involucró a la Policía Nacional del Perú (PNP), brigadas de rescate, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

El terreno escarpado, sumado a la densa vegetación y caminos estrechos, complicó las labores de rescate. El cuerpo fue localizado al día siguiente, suspendido en una parte intermedia de la pendiente, lo que requirió técnicas especializadas de progresión vertical para su recuperación.

El jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez Hurtado, indicó que el cuerpo presentaba lesiones y fracturas visibles, compatibles con una caída de gran altura.

El traslado de los restos se realizó con acompañamiento de un representante del Ministerio Público hasta la morgue central de Cusco, a la espera de la necropsia y los procedimientos consulares para la repatriación.

La víctima, quien había sido policía en su país, viajó a Cusco junto a su esposa y llevaba doce días recorriendo los atractivos de la región antes de decidir emprender el Camino Inca.

Fiscalía investiga

La Fiscalía Provincial Penal de Machu Picchu inició una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la caída de Matthew Cameron Patron.

La fiscal María Teresa Huaco Cateriano lidera las diligencias, orientadas a determinar si el accidente estuvo relacionado con el estado de la infraestructura del Camino Inca, en particular con la resistencia de una baranda de madera ubicada en el sector del accidente.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, afirmó que las pesquisas buscarán establecer si existieron irregularidades en el mantenimiento de las estructuras de seguridad.

“Se debe esclarecer las circunstancias en las que ocurrió esta caída de la persona, si existiera de pronto esta circunstancia del mantenimiento de una baranda o la que fuera el caso, tendrá que determinarse a través de las investigaciones correspondientes”, señaló el magistrado.

El protocolo establece que el ingreso de turistas al Camino Inca debe realizarse a través de agencias de viaje debidamente acreditadas y bajo la supervisión de guías oficiales. La investigación examina si se cumplieron todos los requisitos y si las condiciones del sendero cumplían con las normas para garantizar la seguridad de los visitantes.

Las autoridades indicaron que cada febrero se intervienen tramos del Camino Inca para revisar y mantener puentes y barandas, responsabilidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

Antes de que Pablo Escobar fuera el criminal más buscado de Colombia y un enemigo directo de Estados Unidos, el apellido Escobar Gaviria era conocido en Antioquia por Roberto Escobar, hermano mayor del que se convertiría en el capo más peligroso del mundo.

Mientras Pablo Escobar era un adolescente cuando comenzó a hacer “vueltas” para el ingreso de contrabando al país, su hermano participó en competencias nacionales de ciclismo profesional por las que comenzaron a llamarlo “El Osito”.

Durante una carrera, Roberto cayó de su bicicleta en una zona repleta de barro, cuando se levantó lo único que se podía observar de su rostro eran sus ojos y parte de su boca, motivo por el que el narrador de la competencia le puso el sobrenombre, que también fue utilizado por Escobar Gaviria para nombrar la fábrica de bicicletas que hizo popular en la región durante varios años.

A pesar de su éxito local, su hermano menor comenzó a tener riqueza producto de los negocios ilícitos, y con el paso de los años terminó involucrando a “El Osito” en el cartel de Medellín.

En el auge de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado, Roberto Escobar se entregó a las autoridades y meses después de la caída de su hermano, fue víctima de un atentado en el que una carta explotó al interior de la celda en la que estaba siendo custodiado, desde entonces “El Osito” perdió parte de la visión y tiene problemas para escuchar.

El ataque provocó que su sentencia fuera disminuida y tras salir de prisión protagonizó varios escándalos mediáticos, lo que incluyó una demanda a Elon Musk, la venta de cuadros que supuestamente había pintado en prisión y su nombre aparece en informes sobre la captura Olof Kyros Gustafsson, sueco que comercializó criptomonedas de Pablo Escobar y otros productos con el nombre del antioqueño para estafar a miles de incrédulos.

A la par, Roberto Escobar administró un museo en el que mostraba objetos que presuntamente pertenecieron a su hermano, hasta que en julio de 2023 las autoridades intervinieron el inmueble ubicado en Las Palmas tras confirmar que había sido adquirido por Pablo Escobar con dinero del narcotráfico.

Parte del inmueble fue demolido y a pesar de los mecanismos que utilizó Escobar Gaviria para recuperarlo, en mayo de 2026 se confirmó la extinción de dominio y la vivienda será entregada por la Sociedad de Activos Especiales a un proyecto para niños, niñas y adolescentes en Medellín.

Esa no fue la única propiedad que las autoridades le quitaron a Roberto Escobar en los últimos años, ya que en mayo de 2024 la Fiscalía General de la Nación intervino una finca ubicada en la vereda Obispo, en el municipio de Supía, Caldas, que durante varios años estuvo en poder del “Osito”.

Ese terreno fue adquirido por los hermanos Escobar en 1990 durante el auge del narcotráfico, siendo la unión de dos fincas que se conocían como El Trocadero y Las Piedras, que en conjunto superan 32 hectáreas, de las cuales solo 921 metros fueron construidos.

El interés por el predio comenzó porque se encuentra rodeado por árboles, lo que hacía que desde múltiples puntos fuera considerado un espacio baldío; además, su lejanía de la parte céntrica del municipio sirvió para que funcionara como escondite del cartel de Medellín.

El inmueble fue vendido a los Escobar por Hernán Jiménez Ramírez, que era conocido en la región por ser el antiguo propietario del parador Nebraska, que se encuentra a pocos minutos de lo que hoy es el Parque Temático Hacienda Nápoles.

Antes de la muerte de Escobar, la finca ya estaba a nombre de terceros, que eran hombres de confianza de los Escobar, luego pasó a ser una propiedad de la primera esposa del “Osito”, pero tras su separación, logró que el inmueble volviera a pasar a nombre de un tercero. Años más tarde vendió el inmueble a uno de sus familiares, pero en 2017 el hermano del capo apareció como dueño del inmueble nuevamente.

Tras perder el museo, Roberto Escobar, junto a su nueva pareja, se ha dedicado a promocionar planes turísticos en los que los extranjeros pueden visitarlo en un apartamento y compartir un café a cambio de un pago de aproximadamente 150.000 pesos.

El 21 de mayo la Fiscalía Penal Militar y Policial publicó un comunicado en el que confirmó que un patrullero de la Policía Nacional fue enviado a prisión por abandonar su sitio de trabajo y la custodia de privados de la libertad en una estación en Ipiales, Nariño.

En el documento se revela que el hecho se registró el 9 de abril, cuando el uniformado adscrito al Departamento de Policía de Nariño estaba cumpliendo funciones de custodia en el Centro de Retención Transitorio de Ipiales.

Durante su turno, el patrullero habría apartado de las celdas a dos mujeres privadas de la libertad sin ningún tipo de justificación y sin cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, minutos más tarde, fue sorprendido por otro uniformado cuando estaba en uno de los baños del lugar junto a una de las detenidas.

Se desconoce los motivos por los que las dos mujeres mencionadas estaban en el centro de detención o si alguna de ellas había cometido crímenes por los que podría ser considerada un peligro para la sociedad.

De acuerdo con el testimonio entregado por el policía que observó la situación, su compañero estaba semidesnudo, igual que la capturada, y estarían teniendo relaciones sexuales.

“Fue sorprendido en un baño contiguo, semidesnudo y en compañía de una de ellas, sosteniendo relaciones sexuales durante el servicio, por lo que fue capturado en flagrancia por la presunta comisión del delito de abandono del puesto”.

Tras el reporte sobre lo registrado, el policía fue presentado ante un juez de control de garantías y luego de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, este aceptó las acusaciones por el delito de abandono de puesto.

“Con fundamento en la investigación adelantada por la Fiscalía 2437 de Conocimiento y en los elementos materiales probatorios recaudados por la Policía Judicial, el Juzgado 1313 de Conocimiento profirió sentencia condenatoria de seis (6) meses de prisión por el delito imputado, decisión que quedó en firme al no ser recurrida”, informó la Fiscalía.

Fueron condenados dos soldados que vendieron arma del Ejército Nacional

El 21 de mayo la Fiscalía Penal Militar y Policial también informó sobre la condena contra dos soldados adscritos al Batallón de Policía Militar que sacaron un arma del Ejército Nacional de las instalaciones y luego la vendieron.

“Quienes cumplían una orden relacionada con la extracción de material de guerra para la toma de improntas, acordaron apoderarse de una pistola marca CZ de propiedad del Ejército Nacional, la cual se encontraba en adecuadas condiciones de funcionamiento, con el propósito de venderla a un tercero”.

Durante la investigación se comprobó que los uniformados vendieron el arma por 1.800.000 pesos a una persona que está siendo identificada. Tras la exposición de las pruebas, los imputados aceptaron cargos en su contra.

“Los implicados aceptaron mediante preacuerdo la existencia material de los delitos de hurto de armas y bienes de defensa, en concurso homogéneo sucesivo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos”.

Los soldados llegaron a un acuerdo avalado por el juzgado 1202 y recibieron una condena de tres años y siete meses de prisión por sus actos, lo que incluirá no poder tener funciones públicas, la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego y otros aspectos por el mismo tiempo del castigo.

“La Fiscalía General Penal Militar y Policial reafirma su compromiso con la protección de los bienes del Estado, la seguridad pública y el fortalecimiento de las acciones investigativas orientadas a combatir de manera efectiva las conductas delictivas que afecten a las instituciones y a la ciudadanía”, se lee en el comunicado sobre el tema.

La denunciante, Adriana Isabel Gómez, viajó hasta Bogotá para revelar detalles del presunto uso de recursos públicos y la afectación a un predio privado denominado “Puerto Rico”, identificado con folio de matrícula inmobiliaria.

La denuncia señala como presuntos responsables al alcalde municipal, la secretaria de Planeación Municipal, Deyanira Ortega Negrete; el secretario de Infraestructura, Jorge Eliecer Muñoz Castillo; los representantes legales del consorcio contratista y del consorcio interventor, así como a otras personas que puedan resultar comprometidas.

En el documento se mencionan posibles delitos como peculado por apropiación, contrato sin el lleno de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

La denuncia expone que el municipio de Tierralta celebró el contrato de obra pública LP-MT-020-2025 para la construcción de dos puentes en el corregimiento de Batata. Durante la ejecución contractual, se habría detectado que las obras se desarrollan dentro de un inmueble de propiedad privada, específicamente en el predio “Puerto Rico”.

Ante esta situación, la denunciante solicitó información a la Administración municipal sobre la naturaleza jurídica del terreno, sin obtener una respuesta clara. Por este motivo, se realizó un estudio topográfico particular que, según el documento, confirmó que las obras se encontraban en parte dentro del predio en cuestión.

La denuncia sostiene que la Secretaría de Planeación Municipal no suministró una respuesta definitiva sobre la titularidad del inmueble, trasladando la responsabilidad a otras dependencias. A pesar de la situación, la obra fue contratada, adjudicada e iniciada con recursos públicos que superarían los 6.000 millones de pesos.

De acuerdo con la denunciante, la administración municipal reconoció públicamente la necesidad de adquirir el área requerida para la obra, pero hasta el momento no ha sido contactada para acordar la adquisición ni ha manifestado un precio sobre su predio. También hace referencia a declaraciones públicas sobre la posible suspensión de la obra para adelantar procesos de expropiación, calificando estas acciones como insuficientes en términos de planeación administrativa.

De confirmarse que la obra fue proyectada y ejecutada sobre un predio privado sin los procedimientos legales de adquisición, expropiación, servidumbre o autorización, se tendría que verificar la titularidad del predio y su vocación de utilidad pública para conocer la gravedad de lo adelantado con la obra pública.

La denuncia solicita que la Fiscalía adelante una investigación integral sobre los hechos y señala la necesidad de practicar pruebas como la obtención del expediente contractual, los estudios previos, los diseños y planos, la realización de una inspección judicial al sitio de la obra, la práctica de peritajes topográficos independientes, la solicitud de información catastral y registral del predio, la incorporación de acciones de tutela relacionadas, la recepción de declaraciones de funcionarios, contratistas e interventores, la verificación de pagos y la determinación de si existieron procesos de compra, expropiación o constitución de servidumbres.

“Me vine desde Montería a la Fiscalía General de la Nación a denunciar. La propiedad en Colombia se respeta, tenemos que respetar nuestros derechos y estoy pidiendo que la Fiscalía General de la Nación ponga la lupa sobre este proceso. Nosotros no estamos en Venezuela, nosotros estamos en Colombia, nosotros no nos pueden quitar lo que con esfuerzo y con trabajo hemos luchado. Yo soy la dueña del predio y el alcalde jamás me ha llamado y dice ahora que me va a expropiar”, denunció Gómez en un video suministrado a Infobae Colombia.

La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación pidieron a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que se mantuviera en firme la condena impuesta a exfuncionarios y exdirectivos de la Universidad de Medellín por su participación en las irregularidades en la expedición del título de abogado de Julián Bedoya Pulgarín, exsenador del Partido Liberal.

Durante la audiencia ante el alto tribunal, los representantes de los organismos de control solicitaron que la sentencia contra los exfuncionarios por el delito de falsedad ideológica en documento público no fuera modificada.

Entre los condenados figuran Yolanda Cossio Rincón, exsecretaria y exjefa del programa de Derecho, y Juan Felipe Hernández Giraldo, exsubsecretario académico. Ambos fueron señalados de facilitar, de manera concertada, la expedición irregular del diploma de abogado de Julián Bedoya.

Según la Fiscalía, la actuación de los exfuncionarios no obedeció a errores aislados, sino a acciones planificadas con el objetivo de simular el cumplimiento de requisitos académicos inexistentes.

La fiscal del caso, Marlene Orjuela, sostuvo ante el magistrado Hugo Quintero Bernate que “es indiscutible que Hernández Giraldo permitió el extemporáneo reintegro de Julián Bedoya sin que se estudiara la convalidación de las asignaturas cursadas con anterioridad".

Y agregó: “Le permitió ser considerado como estudiante de la facultad, aspecto trascendente para que interviniera Yolanda Cossio quien fijó de manera exprés la presentación de múltiples pruebas, convocar a extraños jurados y de completar en alguna oportunidad el quórum calificador de los exámenes. Todo con la clara orientación de simular el cumplimiento de requisitos académicos inexistentes para que el funcionario competente pudiera consignar en documento público ese contenido”.

El proceso en casación incluyó la revisión de la sentencia que involucra a otros exfuncionarios como Jhon Mario Ferrer, Juan Carlos Hoyos, Julián Orlando Rendón, Néstor de Jesús Hincapié y Saúl Benítez.

La condena emitida el 15 de enero dispuso penas de hasta cinco años de prisión para algunos de los implicados, con la posibilidad de cumplir la sanción en modalidad de prisión domiciliaria. Además, los condenados recibieron inhabilidades de hasta 72 meses para ejercer funciones o cargos públicos.

La defensa de los exdirectivos presentó recurso de casación en busca de modificar la condena, argumentando supuesta falta de imparcialidad del tribunal y posibles influencias indebidas entre los magistrados. Sin embargo, la Fiscalía explicó que no hay pruebas de parcialidad y que la sentencia fue producto de una deliberación autónoma e independiente.

“Respecto a la presunta nulidad derivada de la falta de imparcialidad del tribunal, no existe vocación de prosperidad ya que la defensa especula sobre la supuesta influencia del magistrado Roldán Restrepo sobre los demás integrantes de la Sala. Sin embargo, de la revisión que se hace de la sentencia se advierte de una deliberación autónoma e independiente y el propio Roldán Restrepo aclaró el voto. Esto evidencia lo contrario a lo argumentado”, afirmó la fiscal en la audiencia.

De acuerdo con los organismos solicitantes, aunque algunos magistrados participaron en instancias previas del caso, no existe evidencia de que esa coincidencia haya influido en la decisión final ni de que un solo juez haya manipulado el resultado para favorecer una condena sin fundamento.

En la audiencia de casación, el procurador del caso expresó: “En mérito de lo expuesto, este representante de la sociedad solicita respetuosamente a esta corporación no casar la sentencia impugnada y en consecuencia, mantener incólume la condena impuesta a Yolanda Cossio y Juan Felipe Hernández Giraldo”.

La condena quedó sustentada en la existencia de una coordinación entre los exdirectivos para facilitar la obtención del título de abogado por parte de Julián Bedoya. La Universidad de Medellín fue la institución que solicitó la suspensión provisional tanto del acta de grado como del diploma que acreditaba al exsenador como egresado. Esta petición se sustentó en la supuesta violación de las disposiciones invocadas dentro de una reclamación judicial.

La decisión definitiva de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema se conocerá en las próximas semanas, una vez escuchados todos los argumentos de las partes involucradas.

Luego de la sorpresa general que se registró tras la intervención de Fiscalía General de la Nación en las instalaciones de las tiendas de Lili Pink por la presunta participación de la empresa en un entramado de contrabando y lavado de activos, los comercios fueron asumidos por la Sociedad de Activos Especiales.

Bajo la administración momentánea del Estado, que se mantendrá hasta que se concluya el caso, en las tiendas de ropa interior femenina se ha registrado un cambio que ha sido notado por los clientes, solo aceptan pagos en efectivo.

La explicación de ello es que, tras el escándalo, las autoridades deben tener un control total sobre las ventas que se hagan en estos lugares y para ello es fundamental dejar de utilizar las cuentas anteriores.

La empresa está siendo administrada, por designación de la SAE, por Sebastián Ulchur, que publicó un video en el que pidió que la ciudadanía siguiera apoyando los más de 400 locales de la marca.

Este caso ha hecho que se recuerde lo ocurrido con otras empresas intervenidas, como Drogas La Rebaja, pero a diferencia de la época en la que se registró la intervención de las farmacias, en la actualidad es crucial tener datáfonos en los comercios, lo que sería actualizado en las próximas semanas.

Otro motivo por el que se buscaría acelerar el proceso es que, de acuerdo con El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación tendría información sobre movimientos sospechosos que se están registrando en las tiendas de Lili Pink.

“Es casi imposible que se tenga control en tiempo real del efectivo que está ingresando a las 400 tiendas y a la Fiscalía llegó información según la cual los cerebros de la megaoperación de contrabando y lavado seguirían recibiendo dividendos”, informó una fuente al medio citado.

¿Por qué las tiendas de Lili Pink pueden seguir funcionando?

Lili Pink podrá seguir funcionando a pesar del proceso de extinción de dominio sobre más de 400 de sus locales por presunto lavado de activos y contrabando, debido a que la administración de estos bienes fue asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encargará de gestionar 405 locales, 40 inmuebles y vehículos y una sociedad con presencia en 59 ciudades, con el objetivo principal de garantizar la sostenibilidad comercial y proteger los derechos laborales de más de 2.000 empleados durante la transición.

La razón fundamental para que las tiendas continúen abiertas radica en que el proceso de extinción de dominio no implica una sanción automática ni una condena anticipada, sino que se trata de una acción judicial patrimonial, donde lo que se investiga es el origen de los recursos y no la actividad comercial en sí misma.

Por este motivo, mientras el proceso judicial avanza, la SAE administra provisionalmente los activos de la empresa, asegurando la continuidad operativa y la protección de terceros de buena fe, como trabajadores, proveedores, acreedores y arrendadores.

El caso de Lili Pink fue comparado con lo sucedido con Drogas La Rebaja, empresa que también fue intervenida por el Estado tras vínculos con actividades ilícitas, pero que siguió funcionando bajo administración oficial porque generaba ganancias lícitas y protegía empleos. En esta línea, la intervención sobre Lili Pink no supone el cierre de la empresa ni una declaración de culpabilidad, sino una administración temporal mientras un juez determina si existen fundamentos para la extinción de dominio.

En conclusión, Lili Pink podrá seguir funcionando porque la ley colombiana privilegia la continuidad empresarial bajo administración controlada, evitando el cierre de empresas viables y procurando el equilibrio entre la lucha contra actividades ilícitas y la protección de la economía real y el empleo.

Mientras Medicina Legal trabaja para confirmar si el cuerpo encontrado el 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca, es el de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que desapareció luego de someterse a una cirugía estética en un lugar irregular de Venecia, Bogotá, avanzan los procesos para legalizar la captura de dos individuos que serían claves en la desaparición de Toloza.

Estos fueron identificados como Jesús Hernández Morales, tío de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético en Bogotá, y Kelvis Sequera Delgado, ambos de nacionalidad venezolana.

Para entender lo que seguirá tras la detención, en diálogo con Infobae Colombia, el docente jurídico Julio César Rivera, vinculado a la Universidad Politécnico Grancolombiano, mencionó que lo primordial es que se oficialice la orden de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación, que se concretó en la mañana del 19 de mayo.

Respecto a los dos detenidos en Cúcuta, el jurista mencionó que es primordial conocer las acciones que podrían haber protagonizado después de la desaparición de Toloza.

“Me imagino que ayudarían en calidad de cómplices a desaparecer a esa persona. Estas personas tienen información importantísima para saber qué pasó con Yulixa. Segundo, como son los que podrían haber transportado el cuerpo o cadáver, son más que cómplices del potencial delito, sin que se tenga dominio total del hecho”.

Para el docente, es importante saber si estos sujetos ayudaron a identificar la zona en la que fue encontrado el cuerpo, siempre y cuando se confirme que es el de Yulixa Toloza.

“Lo que pasa es que aquí, como ellos saben qué pasó, pasarían de cómplices a coautores y van a responder por los delitos de desaparecimiento forzado y ocultamiento de pruebas, incluso, si ellos ayudan a encontrar el cadáver, ya estarían puestos a responder en homicidio, aunque no sé si podemos hablar de homicidio en este momento”.

Rivera habló de lo que serán las audiencias de legalización de la captura e imputación de cargos, para las que sería fundamental tener claridad de la identidad del cuerpo encontrado, puesto que esto podría hacer que el proceso cambie drásticamente.

“En la audiencia de control de garantías se verificará la legalidad de la captura, si hay inferencia razonable de autoría o participación de estas personas en el delito y si hay inferencia de algún delito. También se discutirá la posibilidad de imponer o no una medida de aseguramiento”.

En el caso de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético irregular, y su pareja, que también trabajaría en ese lugar, el jurista mencionó que, en su postura, deberían ser imputados como coautores de la desaparición de Toloza y los demás cargos que implicarían que la mujer esté muerta.

“La dueña del centro estético se expone al delito de desaparición forzada en calidad de coautora determinadora y su pareja también. Su pareja participó en el delito, recuerden que hay varias formas de participar en el delito, como autor, como autor material o autor inmediato. Hay que mirar qué clasificación se le hace, pero yo considero que harían parte de la coautoría y se les puede imputar directamente esos delitos, además del hipotético homicidio”.

Por último, el docente aclaró que “el artículo 29 y el artículo 30 nos habla de la autoría y coautoría. Es coautor quien con distribución de trabajo contribuye a la realización de un delito y todos son partícipes del delito”.

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que, tras el hallazgo del cuerpo en Cundinamarca, será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar la identidad del cadáver, lo que podría registrarse en las próximas horas.

El alcalde Carlos Fernando Galán reaccionó al hallazgo del cuerpo con rasgos similares a la víctima, que había sido reportada desaparecida desde el 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.

“A esto tenemos que llamarlo por su nombre. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, declaró Galán, que solicitó a Policía y Fiscalía “redoblar esfuerzos” para identificar a los responsables del asesinato de la ciudadana y garantizar su judicialización.

El reporte del mandatario de los capitalinos indicó que la Sijín y el Gaula desplegaron la búsqueda fuera de Bogotá desde el momento en que se confirmó la salida de Toloza de la ciudad la noche de su desaparición, siguiendo la prioridad de localización.

Del mismo modo, Galán aseguró haber contactado directamente a la madre de Yulixa, Nubia Toloza, para expresar solidaridad y entregar detalles de las acciones adoptadas en la investigación: “Le manifesté mi solidaridad y le informé sobre lo que hicimos para encontrar a su hija y lo que estamos haciendo para dar con el paradero de los responsables de su asesinato”.

Por otro lado, según información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el procedimiento de levantamiento del cuerpo fue realizado por personal de la Fiscalía cerca de las 1:00 p. m. y terminado sobre las 2:30 p. m. “Recibimos el aviso por parte de la Delegación Departamental de Bomberos sobre el posible fallecimiento de la señora Yulixa Toloza a las 3:05 p. m. Al llegar al lugar, el vehículo de la Fiscalía ya no estaba”, detalló el informe.

Los datos de la Fiscalía y los reportes de emergencias indican que el cuerpo fue hallado en la vereda El Copial, kilómetro 45 vía Anapoima.

Alcaldía de Bogotá reveló detalles del proceso de investigación

En la mañana del 19 de mayo, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió un comunicado en el que aclaró cómo se desarrollaron los hechos.

“El 13 de mayo, alrededor de las 23:00 horas, se recibió una llamada a la Línea 123 en la que se reportaba un caso de presunta negligencia médica. Frente a esto, unidades de la Estación de Policía de Tunjuelito acudieron al lugar señalado para verificar la información y se indicó que la persona habría sido trasladada al Hospital de Meissen. La verificación en ese centro médico no permitió encontrar a nadie con la identificación o características de Yulixa Toloza”, según explicó el reporte.

Posteriormente, la Policía Metropolitana de Bogotá conformó un grupo especial enfocado en la búsqueda de la señora Toloza y de los responsables de su desaparición. El trabajo incluyó la recolección y reconstrucción de información proporcionada por familiares y allegados sobre las horas previas al reporte inicial, así como la revisión de datos médicos.

Desde entonces, el grupo ha trabajado de manera ininterrumpida en la reconstrucción de los hechos, verificando identidades de ciudadanos extranjeros y sus movimientos, y recolectando información técnica relevante. Estos esfuerzos permitieron identificar un automóvil relacionado con el caso en la ciudad de Cúcuta.

Del mismo modo, las autoridades reiteraron que la protección de los datos de la investigación fue clave para avanzar en el proceso que habría terminado en la jornada del 19 de mayo, con el hallazgo de un cuerpo en Apulo, aunque las autoridades aún trabajan por establecer la identidad de la víctima y realizar la confirmación oficial.

En la tarde del 19 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación confirmó el hallazgo de un cadáver en el municipio de Apulo, Cundinamarca, con características que coinciden con Yulixa Toloza. La identidad y las causas exactas de la muerte solo serán determinadas por los resultados de los exámenes de Medicina Legal.

De acuerdo con lo reportado por Fiscalía General de la Nación, el cuerpo fue hallado a un costado de una carretera en el municipio, lo que terminaría con la búsqueda de la ciudadana que fue intervenida en una clínica estética ilegal ubicada en el barrio Venecia, en Bogotá.

La Fiscalía informó que el cuerpo será sometido a exámenes oficiales para esclarecer si corresponde efectivamente a la ciudadana: “A esta hora, unidades de la Sijín realizan las diligencias de inspección técnica a cadáver para posteriormente trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las labores de policía judicial continúan”.

Reporte oficial de la Gobernación

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles del caso tras el reporte sobre el hallazgo del cadáver: “Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá“.

Del mismo modo, expresó que se comunicó con el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, para solicitarle que “acompañe las labores de inspección y brindemos todo el apoyo que se requiera para atender esta lamentable situación”.

Por ahora, se sabe que las inspecciones técnicas y las diligencias judiciales fueron asumidas por la Sijín de la Policía Nacional. Este equipo especializado se encargó del levantamiento del cadáver y del cumplimiento estricto de los protocolos judiciales.

El reporte oficial de las autoridades indica que dos personas fueron capturadas y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de presentarlos ante un juez de Cúcuta que determinará su responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y alteración de material probatorio.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequeira Delgado, que están vinculados a la desaparición de la ciudadana que fue vista por última vez cuando fue sacada del centro médico para ser trasladada en un vehículo de placas UCQ 340 con rumbo desconocido.

Después de conocerse las primeras capturas, la Policía reveló que ya tiene en la mira a otras personas que habrían participado del procedimiento quirúrgico y que, presuntamente, se trasladaron hasta Venezuela después del deceso de la paciente.

Cabe mencionar que varias personas que se sometieron a intervenciones similares en el mismo lugar, llamado Beauty Láser, revelaron su experiencia, lo que demostró las malas prácticas del establecimiento y llevó al cierre del mismo.

“El lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni cuenta con concepto sanitario”, explicó Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, tras confirmar los resultados de las primeras intervenciones realizadas en compañía de las autoridades.

Llamado desesperado de los familiares de Yulixa Toloza

La noche anterior al hallazgo del cuerpo con los rasgos de la mujer desaparecida, la madre de la víctima, identificada como Nubia Luz Toloza, convocó a una velatón en honor a su hija e hizo un enfático llamado a las autoridades para movilizarse rápidamente y así terminar con el dolor que siente por no saber nada sobre su ser querido.

“Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado. Es un dolor muy grande de uno de madre, perder una hija así, miserablemente. Pido que por favor me colaboren buscando a mi hija todo lo que puedan, que yo soy una madre sola”, dijo en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

El nombramiento de Javier Sánchez Herrera como encargado del despacho de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de Chihuahua llega en uno de los momentos más complejos para el gobierno estatal de Maru Campos.

Todo comenzó el 19 de abril de 2026, cuando dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial, cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.

Lo que parecía un operativo antidrogas de rutina derivó en una crisis política de alto voltaje: el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua destapó la participación de agentes estadounidenses en operaciones en territorio mexicano. Fuentes consultadas por CNN indicaron que los cuatro extranjeros presentes eran oficiales de la Ground Branch o Rama Terrestre de la CIA, que ha estado intensificando sus operaciones en México.

La investigación y las contradicciones

Las pesquisas revelaron que la presencia de los agentes no fue casual ni espontánea. Nuevas pruebas indican que estas personas acudieron al menos en dos fechas distintas a las instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua antes del operativo. Uno de ellos fue detectado portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso.

El caso se complicó aún más por las versiones contradictorias de las propias autoridades chihuahuenses. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, primero informó que los estadounidenses regresaban de un operativo antidrogas, pero después aseguró que solo pidieron un “aventón” tras impartir un curso de drones.

La FGR ya integra dos carpetas de investigación: una por ejercicio ilícito de atribuciones —presencia de la CIA sin autorización federal— y otra para deslindar responsabilidades penales respecto del laboratorio. Han declarado 40 de 43 participantes; aún no han citado a la gobernadora Maru Campos ni al exfiscal César Jáuregui.

Las bajas: dos funcionarios y el exfiscal fuera del cargo

La crisis institucional derivó en una cadena de renuncias. El exfiscal general César Jáuregui fue el primero en salir. Luego le siguió Guillermo Arturo Zuany Portillo, titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, luego de que se le iniciara un procedimiento administrativo por posibles omisiones en el manejo del caso.

En su lugar, la gobernadora Campos designó a Javier Sánchez Herrera, quien hasta fechas recientes dirigía la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la FGE —el área responsable del Semefo en Chihuahua—. Durante su gestión encabezó proyectos clave como la adquisición de unidades de traslado de cuerpos y el Centro de Inhumación Forense en Ciudad Juárez, en respuesta a la saturación de morgues que reportaban alrededor de 440 cuerpos resguardados en los distintos Semefos estatales. Sánchez Herrera cuenta con licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y una maestría en Seguridad Ciudadana.

Morena marcha, juicio político en la mira

El escándalo detonó también en el plano político. La protesta fue convocada como parte de la ofensiva política de Morena contra Maru Campos. El partido acusa a la gobernadora de haber permitido la participación de agentes de Estados Unidos en operativos contra el narcotráfico en Chihuahua.

El 16 de mayo, la marcha fue encabezada por la dirigente morenista Ariadna Montiel y Andrés Manuel López Beltrán, quienes acompañaron el recorrido desde la glorieta Pancho Villa hasta el Palacio de Gobierno estatal. Entre las consignas de los asistentes destacaron frases como “Juicio político a Maru” y “Chihuahua exige justicia”

El PRI y el PAN han respaldado la estrategia de seguridad aplicada por Maru Campos para combatir al crimen organizado. Por su parte, la gobernadora respondió con un “¡Viva Chihuahua!” y reiteró que su gobierno combate el crimen “de manera frontal” y sin acuerdos “en lo oscurito”.

El relevo en la Fiscalía de Operaciones Estratégicas marca un nuevo capítulo en un caso que sigue sin cerrarse: con investigaciones federales en curso, presión política de la oposición y preguntas aún sin respuesta sobre el alcance real de la presencia de la CIA en suelo mexicano.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que este grupo fue capturado tras meses de investigación conjunta con la Policía Nacional.

Según los datos revelados porel ente investigador, los detenidos estarían relacionados con 26 asesinatos ocurridos en Bucaramanga y municipios cercanos. La fiscal del caso señaló que parte de estos crímenes corresponden a una disputa violenta por el control del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

La autoridad judicial resaltó la gravedad de los hechos. “Los elementos materiales probatorios indican que los demás detenidos serían los responsables de ejecutar los homicidios, cumplir actividades logísticas, de apoyo y vigilancia, entre otros roles”, expuso la Fiscalía.

El 25 de octubre del 2025, en el barrio Villa Esperanza de Floridablanca, tres personas fueron asesinadas en un ataque con arma de fuego.

Durante la audiencia, el fiscal señaló: “El día 25 de octubre del año 2025, en zona boscosa del asentamiento humano Villa Esperanza, del municipio de Floridablanca, Santander, Bryan Alejandro Javier Uranga Peña, como líder de la organización Tren de Aragón, ordenó matar a fin de tomar posesión de este territorio para la venta de sustancias estupefacientes, siendo los sicarios encargados de llegar al lugar en motocicletas. Yosmar Andrés García Salazar, alias Sarenita, Miguel David Núñez Machado, alias Lechuga o Colín, Reni Alexander Pérez Morales, alias Rino o Reni, y un menor. Las víctimas recibieron disparos en orificio en la región del antebrazo izquierdo, orificio en la región de palma izquierda de la mano, orificio en el tercio superior del brazo derecho de la región supramamaria izquierda, orificio en la región fosa ilíaca izquierdo, orificio en la región cervical derecha y orificio en la región masetérica izquierda".

Los elementos materiales probatorios recolectados por la Policía y la Fiscalía exhiben que los implicados habrían cumplido funciones de ejecución de homicidios, apoyo logístico y vigilancia. De acuerdo con la autoridad judicial, estas acciones responderían a una disputa violenta por el control del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras rentas ilícitas, además de buscar amedrentar a la población civil de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

El operativo conjunto permitió establecer que estos homicidios estarían relacionados con el amedrentamiento a la población civil y la disputa por el control de rentas ilícitas en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

“Fue ordenada por un sujeto denominado como alias Brian, uno de los líderes de la organización criminal El Tren de Aragua y que opera en Bucaramanga. Y fue por situaciones que se presentaron con el tío de la víctima de alias Iguano, a quien antes de disparar le hacen un videollamada exigiéndole a alias Brian la suma de diez millones de pesos para no quitarle la vida a su sobrino, y que al haberse cortado la comunicación con alias el Iguano, Brian da la orden de eliminarlo, la cual cumplen los sujetos Luis Fernando Alboca Santiago, quien era quien había llevado a la víctima al sitio y proporciona el arma de fuego con la que le disparan, Jean Carlo Guerra Romero, quien dispara, y Edwin Angen Mayen Junior Mendoza, alias Junior, quien no solo graba el video donde se le dispara y da muerte, sino quien también, ya estando la víctima en el piso, procede a disparar con arma de fuego en su contra”, indicó el fiscal del caso.

Con esta acción, las autoridades buscan frenar la escalada de violencia atribuida al Tren de Aragua y sus redes aliadas, responsables de generar zozobra en el área metropolitana de Santander. Los capturados permanecerán privados de la libertad hasta que concluyan las diligencias legales.

El Poder Judicial del Perú emitió una resolución de prisión preventiva en lengua awajún en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. La medida fue adoptada en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, donde las barreras lingüísticas y culturales suelen dificultar el acceso real a los procesos judiciales.

El fallo, emitido desde el juzgado de Yutupis, también se da en un contexto especialmente sensible: la zona está golpeada por múltiples denuncias de abuso contra menores y cuestionamientos al acceso a la justicia. La decisión incorpora un enfoque de justicia intercultural, en medio de alertas por el debilitamiento de servicios clave tras medidas del Ministerio Público del Perú que redujeron unidades especializadas en la misma provincia.

Resolución en lengua awajún y prisión preventiva por seis meses

El Juzgado Subespecializado de Investigación Preparatoria de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Yutupis-Río Santiago, liderado por el juez James Roberto Polo Tocas, dictó seis meses de prisión preventiva contra Wilde Jempe Nugkum (33), investigado por la presunta violación sexual de una menor de edad.

Lo que diferencia este caso de otros no es solo la medida coercitiva, sino la forma en que se comunicó: la parte resolutiva del fallo fue traducida y emitida en idioma awajún, con el apoyo de un intérprete. Esta decisión respondió a que tanto el representante de la víctima como el abogado del imputado se comunican en dicha lengua.

El juzgado aplicó el criterio de “comprensión del contexto”, reconociendo que los hechos ocurrieron dentro de dinámicas sociales y culturales propias de los pueblos indígenas. Esto implica que la evaluación de pruebas y testimonios no se limita a parámetros urbanos, sino que considera las particularidades del entorno.

En esa línea, el documento judicial precisa que la declaración de la menor fue analizada bajo este enfoque, entendiendo que el trauma en contextos indígenas puede manifestarse de formas distintas. Aun así, se enfatiza que, tratándose de un caso de presunta violación sexual, prevalece el interés superior del niño o niña por encima de cualquier práctica o norma ancestral.

Además, el juzgado ordenó medidas complementarias: el investigado deberá ser tratado en su lengua materna y se notificará a sus familiares mediante canales comunitarios. Paralelamente, se dispuso la protección integral de la víctima, en coordinación con el Centro Emergencia Mujer (CEM) y autoridades comunales, para evitar situaciones de hostigamiento o estigmatización.

Contexto crítico: denuncias, cierre de fiscalías y respuesta del sistema judicial

La decisión judicial ocurre en un escenario particularmente complejo en Condorcanqui. En febrero de 2026, el Ministerio Público del Perú oficializó la desactivación de fiscalías especializadas y unidades médico-legales en puntos estratégicos como Yutupis, Nieva y Huampami, argumentando falta de presupuesto.

Esta medida encendió alertas entre organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, debido a que la provincia registra cientos de denuncias de violencia sexual, muchas de ellas contra niñas y adolescentes de comunidades awajún y wampis. La eliminación de estas unidades implicó la reducción de personal especializado y mayores dificultades para acceder a peritajes y atención oportuna.

Frente a este escenario, el Poder Judicial del Perú ha buscado reforzar su presencia mediante la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres (SNEJ) en Condorcanqui.

Este sistema incluye juzgados de familia y penales subespecializados en delitos como violación sexual, feminicidio, lesiones y tocamientos indebidos, distribuidos en localidades como Santa María de Nieva, Yutupis y Huampami. Su objetivo es garantizar medidas de protección rápidas y procesos judiciales más eficaces en zonas de difícil acceso.

Asimismo, se han implementado recursos logísticos, como deslizadores fluviales, para que jueces y personal judicial puedan trasladarse a comunidades alejadas y atender casos en territorio, reduciendo las brechas geográficas que históricamente han limitado el acceso a la justicia.

La emisión de resoluciones en lengua originaria se enmarca en este esfuerzo por aplicar una justicia con enfoque intercultural, que no solo sancione delitos, sino que también sea comprensible y accesible para las poblaciones indígenas. En un contexto donde la violencia sexual sigue siendo una problemática crítica, estas medidas buscan responder a una demanda histórica: que el sistema judicial llegue, pero también que se entienda.

Las autoridades judiciales de Cundinamarca impusieron una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes, tras ser señalado de abusar sexualmente de varias de sus pacientes durante consultas privadas.

La Fiscalía General de la Nación detalló que el médico es investigado por hechos ocurridos en un consultorio del barrio San Rafael, en el municipio de Zipaquirá, entre 2024 y 2026. Según el organismo, el profesional habría aprovechado su posición de poder y la confianza de sus pacientes para someterlas a actos sexuales en contra de su voluntad.

Las investigaciones permitieron identificar a dos mujeres, de 19 y 30 años, que acudieron al consultorio y fueron víctimas de agresiones sexuales. Una de ellas denunció haber sido accedida carnalmente por el especialista. Los relatos de ambas resultaron fundamentales para avanzar en el proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, el profesional habría actuado “aprovechando el estado de indefensión de las mujeres, así como su posición dominante y de poder, y la confianza que generaba en ellas para agredirlas en contra de su voluntad”.

Así lo expresó una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), perteneciente a la Seccional Cundinamarca.

“De acuerdo con esta información, aparece claramente, señor Carlos Andrés Tena Reyes, que usted lejos de practicar un examen o un tacto respetuoso a la señora el día diez de febrero del año 2026 en su consultorio de especialista en ginecología, lo que hizo fue aprovechar esa confianza y esa, eh, autoridad que a usted le da la circunstancia de ser un médico especialista ginecólogo para, de manera agresiva, tal como ella lo relata, llegando usted a impedirle cualquier clase de movimiento o cualquier clase de reacción, dado que ella de una parte se encontraba absolutamente indefensa dentro del consultorio y además usted le colocó su brazo libre sobre el hombro, le impidió el movimiento. También su otra paciente, a quien se hallaba en total incapacidad de resistir, puesto que, como se ha descrito, ella llegó al consultorio, usted le solicitó desnudarse con la finalidad supuestamente de realizarle un tacto y de hacerle un examen y procedió a accederla carnalmente como ella describe”, dijo durate la audiencia.

El médico fue imputado por el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos que le fueron presentados por la Fiscalía.

El fiscal detalló que: “Debemos señalar entonces que para el presente caso nos hallamos frente a una máxima gravedad de las conductas en ambos casos que se dan dentro de un contexto donde deberían ser atendidas, protegidas y tratadas con la mayor dignidad. Y sin embargo, todo lo contrario. Es cuando procede el señor médico especialista en ginecología, no solamente a atacarlas como ellas describen, sino aparte de todo, a reírse de ellas. Y ello, su señoría, es una nueva violencia a la cual las somete y que efectivamente se encuentra en contraposición con los derechos de las mujeres y particularmente en esta situación a ser libres de toda clase de violencia, máxime cuando se trata de una atención médica".

La decisión del juez de control de garantías fue ordenar la reclusión preventiva del acusado, mientras avanza el proceso legal en su contra. Las autoridades destacaron que la medida busca proteger a la comunidad y evitar la reiteración de conductas similares.

El caso involucra a un profesional de la salud que, según la Fiscalía, habría utilizado su rol y el ambiente de consulta para vulnerar la integridad y libertad sexual de sus pacientes. Los hechos denunciados se investigan como parte de un patrón de abuso basado en la confianza y la posición dominante del acusado.

El organismo ciudadano solicitó esclarecer si la empresa cometió delitos contra la democracia mediante la elaboración y difusión de encuestas electorales que, según sus argumentos, no cumplen los requisitos legales establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Bustos Sánchez explicó que buscan determinar si estos actos constituyen “fraude al sufragante, corrupción al sufragante o perturbación al certamen democrático”.

El presidente de la Red señaló que la preocupación central gira en torno a la publicación reiterada de sondeos electorales en condiciones que no respetan la normativa vigente. “Solicitamos que se investiguen los hechos y posibles responsabilidades penales de los representantes legales, directivos y financiadores”, puntualizó Bustos.

La organización enfatizó que el Consejo Nacional Electoral ya ha documentado irregularidades técnicas en la metodología de algunas encuestas promovidas por Atlas Intel SAS.

“Resulta indispensable establecer cómo se recaudó la información, bajo qué normas y si se violaron restricciones legales para su divulgación”, advirtió Bustos Sánchez. Para la Red de Veedurías, estos mecanismos pueden “desdibujar la imagen de los candidatos y alterar la libre decisión ciudadana a pocos días de la elección presidencial”.

El presidente de La Red de Veedurías reiteró su llamado a las autoridades para que “estas prácticas se detengan de inmediato”.

Esto dice el documento presentado a la Fiscalía por Pablo Bustos

La Fiscalía General de la Nación recibió la denuncia penal interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, contra la firma AtlasIntel S.A.S., sus directivos y quienes resulten responsables, por la presunta utilización de sondeos no probabilísticos presentados como encuestas electorales durante el proceso presidencial colombiano de 2026.

El documento, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo, solicita abrir una investigación para determinar si estas prácticas constituyen delitos como fraude al sufragante, corrupción de sufragante y perturbación del certamen democrático.

https://drive.google.com/file/d/1--kL8ZIdD1qHk4QMHMxX4MAx2Bnhzxrv/preview

Según la denuncia, el núcleo del proceso radica en la presentación ante el público de estudios de opinión sin diseño probabilístico verificable, pero divulgados como si fueran encuestas representativas, lo que podría, según Bustos Sánchez, incidir de manera indebida en la voluntad de los votantes.

La Red de Veedurías de Colombia fundamenta su denuncia en la Ley 2494 de 2025, que distingue entre encuestas y sondeos y prohíbe la publicación de estos últimos cuando versan sobre intención de voto electoral. Durante la campaña presidencial, AtlasIntel habría difundido estudios de intención de voto por diversos medios, presentándolos como mediciones válidas del electorado.

“Los estudios fueron divulgados como mediciones técnicas que reflejaban la intención de voto de la ciudadanía”, señaló Bustos Sánchez en el escrito.

La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE) auditó varios estudios de la firma y concluyó en expedientes como el CNE-E-DG-2026-000755, que no existía un mecanismo de selección probabilístico verificable. Además, la Comisión observó que AtlasIntel mantuvo la misma metodología, pese a las advertencias, lo que configuraría una conducta reiterada y no un caso aislado.

“El método Atlas Random Digital Recruitment correspondía a reclutamiento digital orgánico, sin un diseño probabilístico documentado”, agregó la Comisión en el expediente CNE-E-DG-2026-014018.

La denuncia pide determinar si existió algún tipo de coordinación entre la empresa, medios de comunicación y campañas políticas, así como identificar si hubo pagos, contratos, beneficios o contraprestaciones relacionados con la publicación de los estudios.

Bustos Sánchez remarcó: “Es indispensable verificar quién contrató los estudios, quién los pagó y si alguna campaña o candidato obtuvo provecho electoral directo o indirecto”.

La organización ciudadana respalda su acusación con informes técnicos del CNE, expedientes oficiales, publicaciones periodísticas y fichas técnicas de los estudios en cuestión. La Fiscalía deberá evaluar si la presentación de estos sondeos constituyó una maniobra engañosa con capacidad de inducir a error al ciudadano sobre la viabilidad de las candidaturas y el sentido del voto.

El documento solicita a la Fiscalía adoptar medidas inmediatas para preservar evidencia digital y ordenar inspecciones judiciales, entrevistas, certificaciones y peritajes estadísticos independientes. Además, insta a establecer si se vulneraron deberes de transparencia, trazabilidad y reporte, y si la conducta de los responsables se adecua a los tipos penales de fraude al sufragante, corrupción de sufragante o perturbación del certamen democrático.

Un bebé de aproximadamente seis meses de edad permanecerá bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Ecatepec de Morelos, luego de que surgieran dudas sobre la identidad del hombre que aseguró ser su padre tras el abandono del menor en un taxi de aplicación.

El caso ocurrió cuando un conductor de plataforma solicitó apoyo a policías municipales al descubrir que un bebé había sido dejado solo dentro de su vehículo. De acuerdo con el reporte oficial, el chofer fue interceptado por la oficial María Teresa Reséndiz Ramírez mientras realizaba patrullajes en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección.

El conductor explicó que el pasajero abordó la unidad en la colonia Luis Donaldo Colosio con el menor en brazos y solicitó un traslado hacia la colonia Laureles. Durante el trayecto, el hombre pidió detenerse en un taller mecánico donde recogería una motocicleta.

Hombre escapó en motocicleta y dejó al menor dentro del vehículo

Según el testimonio del conductor, el pasajero solicitó al taxista que lo siguiera porque no podía transportar al bebé en la motocicleta. Sin embargo, al incorporarse a la Vía Morelos aceleró y escapó, dejando abandonado al menor dentro del automóvil.

Los policías municipales atendieron de inmediato al bebé, quien presentaba condiciones evidentes de descuido. La oficial detalló que el niño estaba mojado, sucio y con el pañal saturado, por lo que los elementos de seguridad le brindaron atención inmediata, consiguieron ropa limpia, pañales y alimento.

Además, dentro de la mochila del menor fueron localizadas dos botellas de alcohol y un biberón con atole en aparente estado de descomposición, situación que incrementó la preocupación de las autoridades sobre el entorno en el que se encontraba el niño.

Supuesto padre no pudo comprobar parentesco con el bebé

Tras el rescate, el menor fue trasladado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF municipal, donde quedó bajo protección institucional mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes.

Horas más tarde, un hombre identificado como Raúl Michell “N” acudió ante las autoridades y aseguró ser el padre del bebé. No obstante, no pudo acreditar el parentesco debido a que no presentó documentos oficiales como acta de nacimiento, CURP o algún registro que confirmara la identidad del menor.

La situación generó aún más dudas cuando, durante las diligencias, el sujeto mostró inconsistencias en sus declaraciones. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el hombre no recordó la fecha de nacimiento del bebé ni pudo precisar si el niño contaba con registro oficial.

DIF de Ecatepec mantendrá al menor bajo protección

Ante estas irregularidades, el DIF de Ecatepec determinó mantener al menor bajo resguardo en la Casa Hogar municipal, mientras continúa el proceso legal para esclarecer los hechos y garantizar la restitución de sus derechos.

La procuradora Mariana Uribe Bernal informó que será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica del caso y deslinde responsabilidades sobre el abandono del menor y la posible omisión de cuidados.

Según informó Latina, las diligencias comenzaron alrededor de la una de la madrugada y comprendieron el allanamiento simultáneo de 18 inmuebles en diferentes localidades, entre ellas Tumbes, Zorritos, Casitas y Chiclayo. Entre los lugares intervenidos figuran la vivienda del alcalde y oficinas de la municipalidad de Zorritos.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional junto con fiscales especializados. Las autoridades investigan a una presunta organización criminal denominada “Clan de las Emergencias”, integrada presuntamente por funcionarios ediles y contratistas.

Fiscalía investiga presunta colusión agravada

De acuerdo con el citado medio, la tesis fiscal sostiene que funcionarios municipales habrían coordinado con contratistas para direccionar obras públicas a determinadas empresas allegadas, hecho que es investigado bajo el presunto delito de colusión agravada.

Entre los intervenidos figuran Freddy Campos Piñas, gerente de supervisión y liquidaciones; Edgar Benítez Jiménez, gerente de logística; Luis Francisco Hidalgo Romero, gerente de infraestructura; y Edgar Al Lama Oyola, contratista involucrado en las investigaciones.

Las autoridades también confirmaron la incautación de aproximadamente S/22 mil en efectivo encontrados durante los allanamientos. Parte del dinero fue hallado en viviendas de funcionarios y otros inmuebles intervenidos por la Policía y el Ministerio Público.

Dinero, celulares y documentos fueron incautados

Además del efectivo, los agentes incautaron computadoras, laptops, teléfonos celulares y diversa documentación que será incorporada a las investigaciones fiscales. Según reportó Latina, las diligencias continuaban durante la mañana debido a la cantidad de material hallado en los inmuebles allanados.

Las imágenes difundidas por el medio mostraron fajos de billetes sobre mesas mientras personal policial realizaba el conteo del dinero encontrado. También se observó a los investigados durante las intervenciones efectuadas en horas de la madrugada.

El Ministerio Público dispuso una orden de detención preliminar por 15 días contra los investigados mientras avanzan las diligencias relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones y ejecución de obras públicas en la provincia de Contralmirante Villar.

Operativo se realizó en varias ciudades del norte del país

Según informó Latina, el despliegue policial se ejecutó de manera simultánea en más de diez inmuebles ubicados en distintas ciudades del norte peruano. Las diligencias incluyeron el traslado de algunos investigados a dependencias de Medicina Legal y sedes policiales para continuar con las investigaciones.

El caso se suma a otros procesos abiertos en distintas regiones del país contra autoridades y funcionarios públicos investigados por presuntos delitos de corrupción y direccionamiento de recursos estatales. En este caso, las pesquisas buscan determinar si existió una estructura organizada para beneficiar irregularmente a determinadas empresas mediante obras financiadas con recursos municipales.

Las autoridades no descartaron que nuevos funcionarios puedan ser incluidos en la investigación conforme avance el análisis de la documentación y equipos electrónicos incautados durante el megaoperativo realizado en Tumbes.

La Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró la recuperación de dos barras de oro valorizadas en S/ 2′506.474,40, luego de que el Poder Judicial confirmara la sentencia de primera instancia.

Los lingotes, de aproximadamente 6.16 y 6.17 kilogramos cada uno, iban a ser enviados a la India a través de una intermediaria comercial contratada por Julio Chambi y Gomercindo Condori en agosto de 2022.

Ambos mineros estaban inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo). Sin embargo, no pudieron demostrar el origen legal del oro ni la posesión legítima de los lingotes, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio.

La investigación determinó que existía un vínculo entre los investigados, las barras y actividades de minería ilegal, por lo que el oro fue incautado y transferido a favor del Estado peruano.

El caso fue liderado por el fiscal adjunto superior Roger Solano Yauri, quien destacó la importancia del proceso para combatir el ingreso de recursos de origen ilícito al sistema económico formal.

El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de continuar las investigaciones y operativos para recuperar bienes provenientes de la minería ilegal en todo el país.

Minería ilegal

La minería ilegal se ha consolidado en los últimos años como una de las principales economías ilícitas en el Perú. Según datos del Instituto Peruano de Economía, las exportaciones de oro de origen ilegal superaron los US$ 11,500 millones en 2025, casi igualando el valor del oro legal exportado.

El precio del oro, que promedió US$ 4.695 por onza en abril de 2026, ha incentivado el auge de esta actividad. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a la minería ilegal se multiplicaron por diez desde 2019, reflejando el crecimiento de los flujos financieros asociados a delitos como el lavado de activos y el narcotráfico.

Regiones como Piura presentan retos adicionales por su ubicación fronteriza, facilitando la salida y entrada irregular de minerales y maquinaria. En esa región, los ROS vinculados a minería ilegal crecieron dieciséis veces entre 2019 y 2025.

Las denuncias por minería ilegal en Piura aumentaron 82.4% en el mismo periodo, con una concentración especial en las provincias de Sullana y Ayabaca. Además, la tasa de homicidios en la región pasó de ser la más baja a superar el promedio nacional, como resultado del avance de las economías ilícitas.

Un fenómeno recurrente y multimillonario

En diciembre del 2025, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio decomisó 5,77 kilos de oro doré, valorizados en S/ 2 003 713.92.

Mientras que, en octubre del mismo año, la Fiscalía recuperó cuatro lingotes de oro, valorizados en más de S/ 12 millones, que iban a ser exportados a India e Italia.

Frente a este panorama, especialistas advierten sobre la necesidad de fortalecer la trazabilidad del oro, la fiscalización y la cooperación transfronteriza, así como revisar el funcionamiento del Reinfo y los mecanismos de formalización minera.

El caso de la recuperación de las barras incautadas por la Fiscalía evidencia los desafíos que enfrenta el Estado para frenar la expansión de la minería ilegal y recuperar recursos para el país. El Ministerio Público sostiene que la lucha será sostenida y que la recuperación de bienes ilícitos seguirá siendo una prioridad en los próximos meses.

El accidente, ocurrido la madrugada del pasado martes 12 de mayo, dejó un saldo de tres personas fallecidas y ocho heridas. La investigación a cargo de la fiscal provincial María Jiménez León abarca los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros.

En el accidente, entre las víctimas mortales figuran dos miembros de la familia Torres Cárdenas, padre e hija, quienes estaban sentados junto a la puerta lateral de la miniván, expulsada tras el impacto. Una pasajera sobreviviente relató que el conductor habría perdido la atención al volante, lo que impidió evitar la colisión.

Según el informe del Ministerio Público, la miniván de transporte informal se desplazaba a excesiva velocidad pese a las advertencias de los pasajeros. Testigos del hecho señalaron que el conductor no atendió los pedidos para reducir la marcha antes del impacto. Las víctimas mortales fueron identificadas como José Arturo Flores Quiroz y dos personas más cuyos nombres aún no han sido confirmados oficialmente.

El camión involucrado, que trasladaba piedras, se encontraba detenido en un tramo oscuro de la autopista. El conductor del camión había dejado el vehículo estacionado para acudir a un grifo cercano y no habría colocado señalización apropiada, lo que dificultó su visibilidad. La miniván, con al menos doce pasajeros a bordo y destino a Pisco, impactó directamente contra el lateral del camión.

Informalidad y antecedentes en el transporte de pasajeros

El accidente de la madrugada del martes se suma a otra tragedia ocurrida 24 horas antes en el kilómetro 17 de la misma autopista, donde una miniván chocó contra la parte trasera de un bus cerca del paradero informal “Capilla”.

Ese incidente dejó dos muertos y doce heridos, incluyendo un adolescente de 16 años. En este caso, el conductor de la miniván huyó del lugar tras la colisión y registra una deuda de aproximadamente 22 mil soles en papeletas por infracciones de tránsito.

Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP) señalan que la causa de ambos accidentes estaría relacionada con la fatiga de los conductores y la falta de señalización adecuada en los vehículos detenidos.

El Cuerpo General de Bomberos y el SAMU atendieron a los heridos en ambos accidentes, trasladándolos a centros de emergencia cercanos. Tanto el conductor de la miniván como el del camión fueron llevados a la comisaría Mateo Pumacahua para la realización de las diligencias legales y las pericias respectivas.

La situación ha reavivado el debate sobre la informalidad en el transporte de pasajeros y la seguridad en la Panamericana Sur. Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado procesos para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias de los siniestros.

El presidente Gustavo Petro, volvió a lanzar fuertes críticas contra la Fiscalía General de la Nación durante el Consejo de Ministros realizado este 13 de mayo, en el que aseguró que la supuesta persecución judicial contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, terminó afectando directamente a su familia y derivó en la pérdida de un nieto.

En medio de una intervención relacionada con el sistema pensional y las discusiones sobre los fondos privados, el mandatario afirmó que Bonilla ha sido víctima de una persecución por parte del ente acusador debido a las decisiones adoptadas dentro del Gobierno.

“Bonilla no es ningún delincuente. Esa es la persecución de la Fiscalía. Casi hace matar a Bonilla y ya mató a mi nieto”, expresó Petro durante la transmisión oficial del Consejo de Ministros.

Petro relacionó a la Fiscalía con el aborto sufrido por Laura Ojeda

Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró que la presunta presión ejercida por la Fiscalía contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, habría provocado la pérdida del embarazo.

Según afirmó el mandatario, la fiscal encargada del caso habría amenazado con enviar a prisión a Ojeda, pese a que, según él, no tendría relación directa con los hechos investigados.

“Tal fue la persecución de la fiscal Laborde, por orden de la fiscal general, creo yo, que en su persecución, mostrando al niño de ella, diciendo que la iba a poner presa, que nada tiene que ver en el asunto, estaba embarazada y abortó. Y era mi nieto y el hijo de mi hijo”, manifestó Petro.

El presidente agregó que esa situación es una de las consecuencias que, según dijo, ha tenido que afrontar por impulsar un gobierno progresista en Colombia.

“Yo las aguanto, pero no la gente que no está acostumbrada a este tipo de represión y persecución, solo porque queremos poner un gobierno progresista”, señaló.

Petro ya había responsabilizado a la Fiscalía en un mensaje publicado en redes sociales

Las declaraciones del Consejo de Ministros se producen pocas horas después de un extenso pronunciamiento que el mandatario publicó en su cuenta oficial de X, donde confirmó públicamente la pérdida de su nieto y responsabilizó nuevamente a la Fiscalía y a sectores de la prensa.

En el mensaje, Petro calificó como una “barbarie” las actuaciones judiciales contra Laura Ojeda y aseguró que la presión mediática y judicial provocó el aborto.

“Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una Fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”, escribió el presidente.

Además, afirmó que la fiscal encargada del caso “odia” a su familia y que la fiscal general tendría conocimiento de lo ocurrido.

“La presión ejercida por la Fiscalía política y la prensa oligárquica le ha provocado el aborto. Mi hijo Nicolás ha perdido un hijo y yo un nieto”, añadió el mandatario en la publicación.

El jefe de Estado también envió un mensaje dirigido a los medios de comunicación y aseguró que no responderá con odio frente a la situación.

“Jamás dejaré crecer el odio en mi corazón, porque mataría mi propio corazón, pero la mejor venganza que les puedo ejercer es simplemente el olvido”, concluyó.

¿Qué pasa con la investigación contra Laura Ojeda?

La controversia ocurre en medio del proceso judicial que enfrenta Laura Ojeda, quien está siendo investigada por la Fiscalía por los presuntos delitos de violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos.

La investigación está relacionada con un supuesto hackeo a conversaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien ha sido una de las principales figuras dentro de los escándalos judiciales que rodean al hijo del presidente.

La audiencia de imputación de cargos que estaba programada para el martes 12 de mayo fue aplazada luego de una solicitud presentada dentro del proceso judicial.

En medio de esa coyuntura, Ojeda publicó un mensaje en X que generó múltiples reacciones por el tono utilizado.

“No hay peor enemigo que una madre dolida. Prepárense…”, escribió la barranquillera, sin entregar mayores detalles.

El mensaje fue interpretado por distintos sectores como una respuesta a la investigación que enfrenta y también a las declaraciones públicas de Day Vásquez, quien previamente había publicado en la misma red social: “Aquí escampó y allá diluvia… Las nubes cambian de lugar”.

El proceso penal incluye cargos por fraude procesal, prevaricato y abuso de autoridad, mientras los locales denuncian que se mantienen las deficiencias en la prestación del servicio público de aseo.

La acción judicial es liderada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, y se fundamenta en denuncias de usuarios que aseguran sentirse “secuestrados” por el operador actual. De acuerdo con la organización, desde septiembre de 2025 se han presentado miles de solicitudes de cambio de operador y solo 562 han sido autorizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero la empresa sigue sin ejecutar las desvinculaciones ordenadas.

El documento presentado ante la Fiscalía señala presuntas fallas estructurales en la recolección de residuos, con reportes de incumplimientos en frecuencias y horarios, deficiencias en el parque automotor y problemas en el mantenimiento de los vehículos; además, se mencionan episodios de contaminación ambiental por lixiviados y deficiencias en los servicios conocidos como Clus, que agrupan corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas y limpieza de zonas ribereñas.

Según la Red de Veedurías, miles de usuarios han solicitado la terminación de sus contratos cumpliendo con los requisitos legales y de pago, pero más del 95% de las solicitudes permanecen estancadas.

Cerca de 5.000 usuarios estarían en mora por devoluciones, ya que la documentación enviada por Nepsa del Quindío a la Superintendencia de Servicios Públicos habría sido incompleta. El organismo de control tampoco habría tomado los correctivos necesarios, lo que mantiene a los ciudadanos atados al operador actual.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, afirmó que la situación ha desencadenado una de las crisis más graves en la historia reciente del servicio público de aseo en esta zona del país. Los municipios de Circasia y Quimbaya, considerados estratégicos para la región del Quindío, concentran la mayor parte de las quejas ciudadanas. Líderes locales y organizaciones han advertido que la crisis afecta la salud pública, el turismo, el medio ambiente y la confianza institucional.

El presidente de la Red de Veedurías señaló a Luis Fernando Echeverri Parra, Luisa Fernanda Caro Arias y María Alejandra Taborda Montoya, junto a otros directivos como posibles responsables de fraude procesal, prevaricato por omisión, por acción y abuso de autoridad por actos arbitrarios.

El proceso penal se complementa con la preparación de una acción de grupo que buscará reclamar indemnizaciones por los daños económicos, ambientales y sanitarios derivados de las presuntas fallas en la prestación del servicio y la obstrucción del derecho a escoger un nuevo operador.

La organización argumenta que los usuarios han cumplido con todos los requisitos legales, pero enfrentan obstáculos administrativos que les impiden ejercer su derecho a la libre elección.

En el video que fue publicado en las redes sociales de la Red de Veedurías, Pablo Bustos pidió la ayuda de las autoridades para poder garantizar que los usuarios afectados comiencen a recibir un servicio eficiente y no tener que seguir “secuestrados” por una compañía que lleva varios años sin cumplir con sus obligaciones y sigue operando a pesar de las denuncias.

“Este caso abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la eficiencia, vigilancia y garantías de libre competencia en los servicios públicos domiciliarios, mientras miles de usuarios esperan respuestas de las autoridades judiciales y de control”.

El equipo legal del contralor general de la República, Anel Flores, negó categóricamente que el funcionario haya irrumpido ilegalmente en las instalaciones de las fiscalías anticorrupción durante una diligencia relacionada con la investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo por supuesto enriquecimiento injustificado.

Durante una conferencia de prensa, los abogados aseguraron que el ingreso de Flores y otros funcionarios de la Contraloría se realizó con autorización del personal del Ministerio Público y como parte de una actuación orientada a proteger los derechos de tres auditoras de la institución.

La investigación surgió luego de los hechos ocurridos el pasado 9 de abril, cuando el contralor acudió junto a un grupo de funcionarios a las fiscalías anticorrupción mientras se desarrollaba una diligencia de ratificación de informes de auditoría vinculados al caso contra Carrizo.

El Ministerio Público, dirigido por el procurador general Luis Carlos Gómez Rudy, presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia tras considerar que pudo haberse producido una irrupción o interrupción indebida en una actuación judicial.

Sin embargo, la defensa de Flores sostiene que las funcionarias de la Contraloría manifestaron sentirse incómodas con el tono de las preguntas realizadas durante la diligencia y temían pasar de testigos a investigadas.

Según los abogados, las auditoras comunicaron esa preocupación a sus superiores y fue entonces cuando se tomó la decisión de que acudiera un equipo legal de la Contraloría para salvaguardar sus derechos constitucionales y legales.

“No hubo ningún tipo de irrupción, como se ha querido plantear”, insistió uno de los representantes legales del contralor.

El equipo legal explicó que, de acuerdo con los videos extraídos por el propio Ministerio Público, el grupo de la Contraloría fue guiado por personal de seguridad hacia el piso donde se realizaba la diligencia y posteriormente atendido por fiscales encargados del caso.

Según la defensa, las imágenes muestran que el contralor no ingresó sin permiso ni alteró la diligencia, sino que esperó ser atendido antes de entrar al despacho correspondiente.

Los abogados también cuestionaron el procedimiento utilizado por la Procuraduría durante la extracción y fijación de imágenes de las cámaras de seguridad internas del Ministerio Público y de videos difundidos en redes sociales. Argumentaron que Flores debió ser notificado previamente de esas diligencias por tratarse de un funcionario con fuero especial, cuya investigación corresponde al procurador y eventualmente al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la conferencia, la defensa señaló que en la audiencia de control posterior realizada el 8 de mayo hicieron reclamos por supuestas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. Aunque la diligencia fue finalmente legalizada, los abogados sostuvieron que dejaron sentadas las bases para futuras acciones legales relacionadas con presuntas vulneraciones de derechos constitucionales.

La defensa insistió además en que el contralor mantiene un compromiso institucional en la lucha contra la corrupción y la fiscalización de fondos públicos.

Según los abogados, Flores acudió a las fiscalías como jefe de la institución, luego de que las auditoras manifestaran sentirse bajo presión durante la diligencia judicial. “No pasó sin permiso y no hubo interrupción de la diligencia”, reiteró uno de los representantes legales al responder preguntas de periodistas.

La controversia ocurre en medio de tensiones crecientes entre la Contraloría y el Ministerio Público relacionadas con el alcance de auditorías y procesos de investigación. En semanas recientes, el presidente José Raúl Mulino pidió públicamente a ambas instituciones resolver sus diferencias.

Mientras avanza esta investigación, Flores enfrenta además otras denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la Nación. El pasado 30 de abril, diputados de la bancada Vamos interpusieron una denuncia penal por presunta extralimitación de funciones y abuso de autoridad, relacionada con la suspensión de salarios de funcionarios de la Asamblea Nacional.

Días antes, trabajadores legislativos también presentaron acciones legales tras quedar en una especie de licencia sin sueldo que calificaron como arbitraria.

El equipo legal del contralor aseguró que Flores continuará colaborando con las autoridades y defendiendo la legalidad de sus actuaciones. Los abogados insistieron en que la investigación apenas se encuentra en una fase preliminar y recalcaron que hasta el momento no existe imputación formal contra el funcionario.

“No existe hecho punible alguno y confiamos en que la investigación así lo demostrará”, concluyó la defensa al cierre de la conferencia de prensa.

En una extensa comunicación, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud del Gobierno nacional para suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, incluido su máximo cabecilla, alias Chiquito Malo.

Según el ente acusador, antes de tomar una decisión es necesario confirmar la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de cada persona incluida en el listado enviado por el Gobierno.

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro afirmó que todos los requisitos exigidos por la ley se aplican rigurosamente en los procesos de negociación de paz que impulsa el Gobierno con este grupo armado.

El jefe de Estado explicó que las decisiones relacionadas con la suspensión de capturas cuentan con la intermediación y la garantía de gobiernos extranjeros. Según el presidente Petro, esta participación internacional busca asegurar transparencia y legitimidad en cada paso adoptado durante las negociaciones de paz.

El mandatario colombiano reiteró que el cumplimiento de las normas y la supervisión internacional forman parte de la estrategia oficial para avanzar en los diálogos con el Clan del Golfo.

“Todos los requisitos que exige la ley se aplican en los procesos de negociación de paz que adelanta el gobierno y están bajo la intermediación y garantía de gobiernos extranjeros para garantizar pulcritud (sic)”, señaló.

De este modo, el Gobierno sostiene que las acciones implementadas responden tanto a las exigencias legales colombianas como a la vigilancia de actores internacionales involucrados.

¿Qué dijo la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación ratificó que seguirán vigentes las órdenes de captura para 29 miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, entre ellos su líder, alias Chiquito Malo. Esta medida se mantendrá hasta que se verifique que los integrantes cumplen con las condiciones requeridas para su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

La decisión se produce después de que, el 8 de mayo, el Gobierno nacional solicitara la suspensión temporal de dichas órdenes, incluidas algunas solicitudes de extradición, como parte de los preparativos para iniciar diálogos formales con el grupo armado.

De acuerdo con la Resolución Occp No. 120, del 29 de abril de 2026, se autorizó el traslado inicial de 29 integrantes del Clan del Golfo hacia dos ZUT localizadas en los departamentos de Córdoba y Chocó. Estas zonas entrarán en funcionamiento el 25 de junio de 2026.

La coordinación de esta medida recae en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, con el objetivo de facilitar el sometimiento a la justicia, la desmovilización y el desmantelamiento de las estructuras ilegales.

Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que no suspenderá automáticamente las órdenes de captura antes de la fecha prevista. Insistió en que cada caso debe ser analizado individualmente para verificar la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de los integrantes incluidos en la lista enviada por el Gobierno.

“La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, indicó la Fiscalía.

En la lista entregada por el Gobierno figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo, buscado en extradición por Estados Unidos. Sobre él, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para su extradición en diciembre de 2025, aunque la decisión definitiva corresponde al presidente de la República.

La Fiscalía recalcó que, por ahora, la información proporcionada por el Gobierno solo da cuenta del compromiso de ingreso a las ZUT, pero no certifica que se hayan cumplido todas las condiciones pactadas ni el control sobre los integrantes del grupo armado.

La resolución fue notificada al Ministerio de Defensa, responsable de la seguridad durante los desplazamientos, y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp-OEA), encargada del monitoreo y verificación. El listado de 29 personas constituye la primera etapa, susceptible de ampliación a medida que avancen las coordinaciones y consultas internas.

El Gobierno de Gustavo Petro ha manifestado que busca crear condiciones para la transición hacia proyectos lícitos, la entrega de armas y el avance de un eventual proceso de paz con el Clan del Golfo. No obstante, la Fiscalía reiteró que los procesos judiciales y las investigaciones siguen activos, y solo se suspenderán las órdenes de captura cuando se confirme el cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

En medio de la conmemoración del 475° aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un grupo de estudiantes decidió tomar el campus de forma pacífica como medida de protesta por la reelección de rectores de la casa de estudios.

A raíz de estos hechos, la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, confirmó que se ha comunicado con la Fiscalía de Prevención del Delito para evitar que se produzcan acciones que puedan atentar contra el bienestar de los estudiantes por parte de las fuerzas del orden, como ha pasado en otras oportunidades.

“Yo lo que he hecho, de primera intención, es llamar personalmente a la fiscal provincial de prevención del delito, la doctora Lorena Villanueva. Ya se ha puesto ella en comunicación con los mismos estudiantes para que puedan ver las diligencias correspondientes. Pero precisamente para evitar cualquier exceso o cualquier medida de fuerza”, agregó.

Los estudiantes que mantienen la protesta exigen al Congreso que archive el proyecto de ley orientado a permitir la reelección de rectores y vicerrectores, una preocupación que consideran prioritaria ante el actual contexto universitario. Asimismo, solicitan que las elecciones universitarias, previstas para junio, se realicen en formato presencial y rechazan la virtualidad, modalidad que identifican como una iniciativa del rectorado actual.

La abogada Delia Espinoza expuso el fundamento de su inquietud y afirmó que “sabemos que hay situaciones, hechos anteriores de fechas pasadas en las que sí se llegó a verificar que habían entrado personas sin identificación alguna y que corresponden a lo que se conoce como matones, personas que son contratadas sin mayor formalidad, para que utilicen la fuerza y vulneren los derechos de las personas que pretenden ser desalojadas”, sostuvo ante el medio radial.

Toma de la UNMSM se realizó de forma pacífica

En relación a la situación dentro de la UNMSM, los estudiantes aclararon a RPP que, hasta el momento, “no se han reportado hechos de violencia” desde el inicio de la toma. Reiteraron que se mantienen abiertos al diálogo con la rectora Jerí Ramón para buscar soluciones a su pliego de reclamos y que no han impedido el acceso al campus a quienes lo necesiten, incluido el personal académico o administrativo, lo que ha sido verificado mediante registros diarios de ingreso.

Pese al desarrollo de la protesta, los manifestantes han anunciado que su medida de fuerza persistirá. Esta decisión se mantiene a pesar de la verbena institucional programada para conmemorar el aniversario, acto que contará con artistas invitados y que ha sido divulgado por organizadores y autoridades universitarias en las últimas horas.

Integrantes de la comunidad universitaria confirmaron que la seguridad en los accesos al campus incrementó desde el inicio de la ocupación, aunque continúan sin incidentes graves ni enfrentamientos reportados por los órganos internos de la institución.

Diversas facultades han expresado respaldo a los reclamos estudiantiles, aunque sectores institucionales sostienen la necesidad de restablecer la normalidad lo antes posible. Representantes del Congreso señalaron que el proyecto de ley sobre reelección de autoridades universitarias aún no ha sido declarado improcedente, por lo que se mantiene latente la preocupación entre los estudiantes.

Un mensaje publicado en redes sociales por Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, volvió a concentrar la atención pública tras el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos que tenía el martes 12 de mayo; la diligencia no se instaló luego de una solicitud presentada dentro del proceso judicial.

La jornada fue fijada para avanzar en la imputación de cargos en una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos. El expediente ubica a Laura Ojeda dentro de una línea de indagación relacionada con un supuesto hackeo a las conversaciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.

Sin embargo, el hecho que marcó el día no estuvo en la noticia del aplazamiento de la audiencia, sino en la reacción de la propia Ojeda, que se pronunció en su cuenta en la red social X, pues su mensaje llamó la atención por el calibre de sus palabras.

La ácida advertencia de Laura Ojeda sobre su futuro judicial

La publicación de Ojeda fue con una advertencia directa: “No hay peor enemigo que una madre dolida. Prepárense…”. La frase apareció sin explicación adicional y rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde se interpretó en distintos sentidos dentro del contexto del proceso judicial que enfrenta.

Sus declaraciones se producen luego de conocerse su citación dentro del proceso en su contra. En ese mismo escenario, Nicolás Petro, que tiene un caso abierto aparte en la Fiscalía por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se pronunció sobre la situación.

En una publicación, señaló que la apertura de la investigación contra Laura Ojeda constituye un ataque contra una madre y una situación que expone a su hijo Luka, de dos años, de allí las palabras de la barranquillera.

Day Vásquez se ‘burló’ de la situación de Laura Ojeda

Aunque Ojeda no responde de forma directa a Day Vásquez, su mensaje puede entenderse como una reacción hacia ella, ya que el caso se abrió a partir de una denuncia presentada por la expareja de su compañero sentimental y sus palabras surgen después de un mensaje publicado por la propia mujer en la misma red social.

Y es que Day Vásquez había escrito en X: “Aquí escampó y allá diluvia… Las nubes cambian de lugar".

Aunque no hizo menciones directas ni señaló a nadie en particular, resultó evidente que el mensaje hacía referencia a este caso, teniendo en cuenta que Day Vásquez presentó una contrademanda contra Ojeda por los mismos delitos.

En un inicio, Laura Ojeda había afirmado que la ex de su pareja había accedido a sus conversaciones para verificar si Nicolás Petro le era infiel, aunque posteriormente esa misma denuncia se devolvió en su contra.

¿De qué se trata el caso contra Laura Ojeda?

La Fiscalía adelanta una investigación contra Laura Ojeda por presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos. El expediente señala que habría intentado obtener comunicaciones privadas de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, mediante la intervención de un tercero.

Según el material recolectado por los investigadores, en las propias conversaciones de Ojeda aparecen referencias sobre la búsqueda de mecanismos para acceder a esa información. Ese contenido proviene de la extracción de un dispositivo móvil que, de acuerdo con el proceso, estaba en su poder en ese periodo.

Dentro de la indagación también se menciona el pago de 250.000 pesos como parte de una gestión relacionada con ese supuesto intento de acceso. Con base en esos elementos, la Fiscalía sostiene que existen pruebas que sustentan la imputación de cargos en su contra, pero su defensa señala que todo es un intento para debilitar a la familia del presidente Gustavo Petro.

Un hombre de apellidos Gómez Pérez fue condenado a 38 años de prisión luego de que el Tribunal Penal de Heredia en Costa Rica lo encontrara culpable de cometer tres delitos de violación en perjuicio de su sobrina de 16 años de edad.

La sentencia fue dictada este 11 de mayo del 2026 tras un juicio en el que la Fiscalía Adjunta de Heredia logró demostrar la responsabilidad del imputado en una serie de agresiones sexuales ocurridas entre noviembre y diciembre del 2021 en las localidades de San Pablo y San Rafael de Heredia.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los primeros hechos ocurrieron el 27 y 28 de noviembre del 2021 en la vivienda de los abuelos de la víctima, lugar donde también residía el ahora sentenciado.

Según quedó acreditado durante el debate, la adolescente se encontraba durmiendo cuando el imputado llegó a la casa bajo los efectos del alcohol. Aprovechando la vulnerabilidad de la menor y la cercanía familiar, el hombre se dirigió hasta donde ella estaba y cometió la primera agresión sexual.

La Fiscalía sostuvo que el ataque provocó un profundo estado de miedo en la víctima, situación que posteriormente fue aprovechada por el agresor para volver a abusar sexualmente de la adolescente al día siguiente.

Las autoridades judiciales determinaron que Gómez Pérez obligó a la joven a ingresar a su habitación, donde perpetró la segunda violación.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y acreditar la responsabilidad penal del sujeto.

La investigación también permitió establecer un tercer ataque sexual ocurrido semanas después, en diciembre del 2021, esta vez en una vivienda ubicada en San Rafael de Heredia.

Conforme a la acusación fiscal, el imputado aprovechó que la adolescente se encontraba sola en su casa debido a que su madre estaba trabajando. Fue en ese momento cuando el hombre llegó al inmueble y cometió una nueva agresión sexual contra la menor.

La Fiscalía expuso ante el Tribunal que el acusado utilizó la relación de confianza y cercanía familiar para cometer los delitos, así como el temor generado en la víctima tras las primeras agresiones.

Luego de valorar toda la prueba presentada en el debate, el Tribunal Penal de Heredia concluyó que existían suficientes elementos para declarar culpable al imputado por tres delitos de violación.

Como resultado, los jueces impusieron una pena total de 38 años de cárcel.

Además de la condena, las autoridades judiciales ordenaron que Gómez Pérez permanezca seis meses más en prisión preventiva mientras la sentencia adquiere firmeza y se completan los procedimientos judiciales correspondientes.

El caso vuelve a poner en evidencia la gravedad de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad dentro del entorno familiar, una problemática que continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades judiciales y organismos de protección de la niñez.

Especialistas han señalado que, en muchos casos, las víctimas enfrentan dificultades para denunciar este tipo de hechos debido al miedo, las amenazas o la relación cercana con el agresor.

En Costa Rica, la legislación contempla penas severas para quienes sean encontrados culpables de delitos sexuales contra menores de edad, especialmente cuando existe una relación de parentesco, convivencia o confianza entre la víctima y el imputado.

Las autoridades judiciales han insistido en la importancia de denunciar este tipo de casos para garantizar la protección de las víctimas y evitar que las agresiones continúen ocurriendo dentro de los núcleos familiares.

La sentencia contra Gómez Pérez aún no se encuentra en firme, sin embargo, el Tribunal determinó mantener al imputado descontando prisión preventiva mientras avanzan las etapas finales del proceso judicial.

La situación judicial del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ingresará a una nueva etapa el próximo 27 de mayo, fecha en la que el Poder Judicial evaluará el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en los reportes financieros entregados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La fiscalía ha solicitado una condena de 5 años y 4 meses de prisión contra el exministro, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la presidencia del partido político. El caso está relacionado con la supuesta presentación de información falsa sobre aportes, ingresos y gastos partidarios correspondientes a campañas y ejercicios financieros desarrollados entre 2018 y 2020.

Según información difundida por El Comercio, la acusación fue formulada por el fiscal Humberto Ruiz, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, quien atribuye a Sánchez los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre financiamiento político.

Fiscalía cuestiona reportes financieros de 2018, 2019 y 2020

La investigación fiscal sostiene que las presuntas irregularidades se habrían cometido durante distintos ejercicios financieros y campañas electorales entre 2018 y 2020. De acuerdo con la acusación citada por el mismo medio, Juntos por el Perú habría reportado ante la ONPE que no registró ingresos ni gastos en determinados procesos, pese a la existencia de movimientos económicos vinculados a actividades partidarias.

En el caso de las elecciones regionales y municipales del 2018, la fiscalía señala que Roberto Sánchez firmó documentos presentados el 21 de enero y julio de 2019 en los que el partido consignó que no había recibido aportes ni efectuado gastos de campaña. Sin embargo, la tesis fiscal sostiene que esa información no se ajustaría a la realidad.

Según la investigación, durante ese periodo se abrió una cuenta bancaria en el BCP a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial y entonces presidente del Comité Nacional Electoral de JP— donde se registraron ingresos y egresos por S/204.951,36. Pese a ello, el partido habría declarado “S/0.00” en la información financiera remitida ante la ONPE.

Cuentas y depósitos no reportados

La acusación también incluye observaciones sobre los ejercicios financieros correspondientes a 2019 y 2020. El Ministerio Público sostiene que otra cuenta bancaria mancomunada vinculada a integrantes del partido recibió depósitos por S/75.750 durante el proceso de las elecciones congresales extraordinarias del 2020.

De acuerdo con El Comercio, esos ingresos tampoco habrían sido reportados correctamente ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. La fiscalía sostiene que, nuevamente, la organización política declaró montos distintos a los movimientos detectados en las cuentas investigadas.

Asimismo, el requerimiento fiscal cuestiona un supuesto aporte en especie valorizado en S/27.400 por el uso de un local partidario durante el 2020. La acusación indica que el ciudadano consignado como aportante negó posteriormente haber realizado dicha contribución.

Roberto Sánchez niega irregularidades

Durante sus declaraciones ante el Ministerio Público, Roberto Sánchez rechazó haber cometido delitos relacionados con el manejo de aportes de campaña y cuestionó la interpretación fiscal sobre los depósitos observados en cuentas vinculadas al entorno partidario. El candidato presidencial sostuvo que los montos recaudados correspondían a actividades internas del Comité Electoral de Juntos por el Perú y no a fondos partidarios sujetos a supervisión de la ONPE.

“No ha existido cobro de tasas para los postulantes a candidatos en las elecciones del 2018”, declaró Sánchez durante las diligencias fiscales. Además, aseguró que William Ricardo Sánchez Palomino “nunca ha sido tesorero del Partido Político Juntos por el Perú”, en respuesta a la tesis fiscal que vincula cuentas bancarias manejadas por su hermano con presuntos aportes no reportados.

El exministro también afirmó que los vouchers y depósitos mostrados por la fiscalía correspondían a dinero administrado por el Comité Electoral Nacional, órgano que —según indicó— actuaba de manera autónoma dentro de la organización política. “Ese dinero no se puede considerar como fondos partidarios, ni se puede considerar como parte de la actividad financiera de la organización política que regula la ONPE”, manifestó Roberto Sánchez en su declaración ante el Ministerio Público, citada por El Comercio.

Exdirigente de JP explica cómo se depositaba al partido

Uno de los elementos incluidos en la investigación es la declaración del exdirigente de Juntos por el Perú, Leandro Afrade Cerna Herrera, quien explicó ante la fiscalía el mecanismo utilizado para recaudar dinero durante las campañas electorales.

Según su testimonio, los postulantes y militantes realizaban depósitos en una cuenta bancaria administrada por William Sánchez Palomino. Afrade afirmó que las bases regionales enviaban posteriormente los vouchers de depósito a Roberto y William Sánchez Palomino como constancia de pago.

“Ricardo Sánchez Palomino aperturó una cuenta en el Banco de Crédito y sacaron unas tasas entre comillas, para que todos los postulantes a nivel nacional depositáramos los montos”, declaró el exdirigente ante el Ministerio Público, según el diario.

Defensa rechaza acusación y plantea prescripción

La defensa legal de Roberto Sánchez sostiene que el Ministerio Público no ha demostrado que los recursos económicos observados hayan sido utilizados para beneficio personal del candidato presidencial. Carlos García Asenjo, abogado del dirigente político, afirmó que el dinero era destinado a actividades internas y gastos de campaña.

El abogado también indicó que parte de la investigación ya fue archivada anteriormente mediante una excepción de improcedencia de acción, mecanismo jurídico utilizado cuando se considera que los hechos investigados no constituyen delito.

Además, la defensa señaló a El Comercio que el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo podría prescribir en los próximos meses. No obstante, reconoció que el delito relacionado con el falseamiento de información sobre aportes partidarios todavía mantiene plazo vigente para continuar siendo investigado penalmente.

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de mantener vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, provocó reacciones desde distintos sectores políticos y del Gobierno nacional. Entre ellas estuvo la del alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, que se pronunció a través de su cuenta de X respaldando la postura de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.

El mandatario local aseguró que las órdenes judiciales y los acuerdos de extradición deben mantenerse y cuestionó la estrategia del Gobierno frente a los procesos de paz con estructuras armadas ilegales. “La justicia no se negocia. Celebro la decisión de la Fiscal General Luz Adriana Camargo, de negar las pretensiones de Petro y mantener las órdenes de captura contra los cabecillas del Clan del Golfo”, escribió Gutiérrez.

En el mismo mensaje, el alcalde añadió: “En Colombia no se puede premiar a quienes secuestran, extorsionan y asesinan a nuestra gente. Los acuerdos de extradición se cumplen. El narcotráfico y el terrorismo no pueden tener privilegios, ni convertirse en fichas de negociación política, menos en época electoral”.

También hizo referencia al proceso de acercamientos impulsado por el Ejecutivo con grupos armados ilegales. “El Pacto de la Picota de Petro solo nos ha dejado muerte y territorios entregados al crimen. Eso no es paz, es impunidad y complicidad. Que pronto cese la horrible noche”, concluyó el alcalde de Medellín.

La decisión de la Fiscalía se produjo luego de que el Gobierno nacional solicitara el pasado 8 de mayo la suspensión temporal de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, como parte de las medidas previas al avance de diálogos formales con esa estructura armada.

De acuerdo con la Resolución Occp No. 120 del 29 de abril de 2026, el Ejecutivo autorizó el desplazamiento preparatorio de 29 integrantes del Clan del Golfo hacia dos Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en los departamentos de Córdoba y Chocó. Según el documento, estas zonas comenzarán a operar el 25 de junio de 2026 y hacen parte de la estrategia orientada al sometimiento a la justicia, la desmovilización y el desmantelamiento de estructuras criminales.

La medida fue coordinada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, encabezada por Otty Patiño. Tras conocerse la determinación de la Fiscalía, la Consejería Comisionada de Paz emitió un comunicado público dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo en el que defendió la interpretación jurídica del Gobierno sobre la suspensión de las órdenes de captura.

En el documento, la entidad sostuvo que la Ley 2272 de 2022 establece que la suspensión de la ejecución de órdenes de captura durante el desplazamiento y permanencia en las Zonas de Ubicación Temporal “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”.

La Consejería señaló además que el parágrafo 3 del artículo 8 de esa ley dispone que, una vez acordadas las zonas, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura” durante el tránsito y permanencia de los integrantes de las estructuras armadas en dichos lugares.

Petro cuestionó la postura de la Fiscalía

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro también reaccionó públicamente a través de su cuenta de X. El jefe de Estado defendió la competencia del Ejecutivo en la conducción de la política de paz y aseguró que las zonas de concentración deben respetarse como parte de las decisiones presidenciales. “El presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respeta por orden del presidente. Ese es nuestro Estado social de derecho que establece la Constitución nacional. La paz es un derecho y un deber del pueblo colombiano y del Estado todo”, escribió el mandatario.

Petro también afirmó que no ha suspendido órdenes de extradición contra alias Chiquito Malo ni autorizado la inclusión de extraditables en las primeras etapas del proceso.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias Chiquito Malo, ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General”, manifestó.

El 3 de mayo, según informes y registros de cámaras de seguridad, una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna atropelló a un vigilante de 54 años en la urbanización El Golf, distrito de Víctor Larco. La víctima fue internada cinco días en la unidad de cuidados intensivos, permaneciendo en estado de muerte cerebral hasta que falleció debido a múltiples fracturas y traumatismos.

El proceso dio un giro judicial el pasado 8 de mayo, cuando la víctima falleció producto de las lesiones producidas en el incidente y la Fiscalía de La Libertad recalificó los hechos de lesiones culposas objetivas por una imputación de homicidio culposo agravado, por lo que se solicitó 5 años y 4 meses de prisión efectiva y una reparación civil de S/ 329.280 para los herederos de Martínez Torres.

Desde el inicio, agentes consignaron el caso como una “caída de altura”, pese a que imágenes y testimonios confirmaban el atropello. El general Ricardo Espinoza, jefe policial regional, declaró que los policías involucrados fueron separados de sus cargos y afrontan una investigación interna por falta de profesionalismo, a cargo de la Policía Nacional del Perú.

Familiares piden cárcel para conductora

El dosaje etílico practicado a la conductora arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado que supera el límite legal, de acuerdo a la Policía Nacional del Perú, que también acreditó que la licencia de Alfaro Cerna llevaba vencida por cuatro años al momento del incidente.

Durante el velorio de Juan Martínez Torres, familiares expresaron indignación y exigieron que Maricsa Alfaro Cerna sea encarcelada preventivamente, cuestionando su libertad ante el proceso en curso.

“No es posible que nos maten a un familiar, a un tío, un hijo, porque se está yendo feliz en su casa una persona que comete un asesinato”, manifestó una de las familiares de Martínez Torres al programa periodístico Ocurre Ahora durante su velorio. La hermana del vigilante fallecido también exigió justicia y que la conductora sea encarcelada. “Que se vaya presa porque él mató a mi hermano injustamente. Todo el mundo ha visto los gritos de auxilio que ha pedido mi hermano”.

La penalista Romy Chang advirtió que, tras el fallecimiento del vigilante, la acusada enfrenta consecuencias penales más severas: “Luego de su fallecimiento, ella tiene que aparecer, tiene que responder frente a todos los llamados que la fiscalía y el poder judicial hagan”. Chang precisó que la libertad de Alfaro Cerna podría ser revocada si la autoridad determina riesgo de fuga, dada la gravedad del delito: “Habrá que valorar que, al parecer, según reportan los vecinos, ella se subió a su vehículo con la intención de escapar”. Además, la abogada subrayó la importancia de que la procesada demuestre mantener su rutina sin cambios para probar que no existe peligro de fuga.

Fiscalía pide más de 5 años de prisión

El Ministerio Público fundamentó su solicitud de una condena de cinco años y cuatro meses de prisión y la inhabilitación definitiva para conducir en la conducción en estado de ebriedad, la falta de permiso vigente y agravantes por reincidencia, ya que Alfaro Cerna ya protagonizó un accidente vial en 2019 tratando de eludir a un camión. El vehículo implicado, vinculado a Grupo Forestal del Perú S.A.C., continúa bajo custodia para peritajes forenses.

La investigación también explora responsabilidades policiales y administrativas por el acta original que distorsionó los hechos. La familia de la víctima y sectores ciudadanos han rechazado cualquier posibilidad de “arreglo” extrajudicial, emprendiendo marchas públicas para exigir justicia y máxima transparencia durante el proceso.

Tras el cambio en la acusación y el aumento de presión social, el abogado Jorge Villavicencio renunció a la defensa de Maricsa Polet Alfaro Cerna, decisión que comunicó públicamente: “Cumplo con informar que mi participación como defensa técnica de la señorita Maricsa Polet Alfaro Cerna ha culminado oficialmente”, señaló Villavicencio, transmitiendo sus condolencias a los deudos y fundamentando su salida en razones profesionales y de prudencia.

La Fiscalía General de la Nación destinó más de seis millones de pesos a la protección y manutención de José Wilmer Ayola Lerma, vigilante condenado por falso testimonio en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Así lo reveló un informe de El Colombiano, que accedió a documentos oficiales y al expediente judicial del caso.

El caso Colmenares, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2010 en el parque El Virrey de Bogotá, concentró la atención nacional por la complejidad de las versiones y la cantidad de actores implicados. José Wilmer Ayola Lerma, vigilante de los conjuntos residenciales Bochica V y VI, fue presentado ante la opinión pública como un testigo clave. El medio informó que Ayola relató haber presenciado una agresión contra Colmenares y señaló a Carlos Cárdenas como supuesto agresor, versión que sostuvo ante el entonces fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida, Antonio Luis González Navarro, y la fiscal delegada Martha Lucía Zamora Ávila.

Las declaraciones de Ayola incluyeron descripciones minuciosas de una supuesta pelea, la participación de varios jóvenes y la intervención de una mujer, todo lo cual fue consignado en actas de preacuerdo y documentos judiciales.

Según el expediente citado por El Colombiano, el testimonio resultó ser falso y motivó decisiones judiciales erróneas, incluyendo órdenes de captura.

El desmoronamiento de la versión y la evidencia documental

En 2013, la fiscal Patricia Feria Bello estableció que Ayola no estuvo presente en el lugar de los hechos. De acuerdo con los registros y minutas firmadas por el propio vigilante, durante la madrugada del 31 de octubre de 2010 se encontraba cumpliendo su turno en los conjuntos Bochica V y VI, en la Calle 80 de Bogotá. Además, peritajes realizados por la Universidad de La Salle demostraron que Ayola tenía limitaciones visuales que le impedían observar los detalles que afirmó haber visto.

El medio detalló que la coartada de Ayola fue desmontada por la revisión meticulosa de registros laborales y dictámenes técnicos, que dejaron sin sustento su relato sobre la supuesta agresión en el parque El Virrey.

El costo de la protección estatal y la administración de recursos públicos

Durante la investigación, la Fiscalía consideró a Ayola un testigo protegido y lo incluyó en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos bajo el argumento de amenazas en su contra. Según los documentos administrativos obtenidos por el medio, la Fiscalía gastó $6.080.486 en transporte, manutención y alojamiento del vigilante, quien fue trasladado por casas de seguridad y alojado en establecimientos como el Hotel El Campín.

El informe detalla que Ayola fue ubicado en tres sedes de máxima seguridad durante 2012. Su estadía se estructuró en varias etapas, con ingresos y exclusiones intermitentes entre junio y noviembre de ese año, de acuerdo con las actas del Programa de Protección a Víctimas y Testigos.

El proceso judicial, la condena y el reintegro parcial de recursos

Cuando la evidencia contra Ayola se consolidó, el vigilante suscribió un preacuerdo en diciembre de 2013. Según el expediente revisado por El Colombiano, aceptó los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvenciones.

El juez fijó su condena en ocho años de prisión (96 meses) y lo obligó a reintegrar el 50% del incremento patrimonial, es decir, $3.150.000 pesos, además de una multa superior a 77 millones de pesos.

Inicialmente, Ayola obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria debido a la ausencia de antecedentes, pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida el 14 de mayo de 2015. En el fallo, los magistrados señalaron que su conducta representaba un riesgo social. El vigilante fue trasladado a la cárcel La Picota.

Otros implicados y decisiones posteriores en el caso Colmenares

El expediente judicial también incluyó a Jonathan Andrés Martínez y Jesús Alberto Martínez, sentenciados a siete años de prisión por cargos similares tras aceptar su responsabilidad. El Colombiano informó que Jesús Martínez falleció en 2018 en la cárcel La Picota, en un episodio atribuido a un posible envenenamiento.

La Corte Suprema de Justicia, según el reporte del medio, confirmó en 2024 la decisión que cerró la investigación contra el exfiscal González Navarro, al no hallar pruebas que desvirtuaran su inocencia. Las absoluciones de Laura Moreno y Jessy Quintero quedaron en firme, y Carlos Cárdenas había sido exonerado en 2014.

La decisión fue anunciada el 11 de mayo de 2026 por el ente acusador, que señaló que el actual directivo de la petrolera estatal deberá responder por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. No obstante, durante la audiencia, Roa se declaró inocente.

De acuerdo con la misma Fiscalía, Roa Barragán fue imputado en calidad de exgerente y administrador de los recursos de la campaña “Petro Presidente 2022”. Según la investigación, “habría permitido que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones para la primera vuelta y 276 millones de pesos para la segunda vuelta”.

Uno de los puntos señalados por los investigadores se relaciona con el reporte de los gastos ante las autoridades electorales. Aunque se entregaron informes en “Cuentas Claras” y al Consejo Nacional Electoral, estos no reflejarían la totalidad de los recursos ejecutados durante la campaña, según el expediente.

Dentro del análisis financiero también se identificaron múltiples conceptos que habrían contribuido al presunto exceso en los gastos. El documento de la Fiscalía General de la Nación menciona “ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato”.

El ente judicial además advirtió posibles inconsistencias en la forma de consolidar la información entre las dos vueltas presidenciales, por lo que se indicó: “Desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta; y muchas de las inversiones de segunda, en los registros de primera vuelta”.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que “la campaña habría ejecutado gastos reales por un valor de 29.924.592.727”, cifra que, según explicó, supera el límite de “28.536 millones” fijado por el Consejo Nacional Electoral mediante la resolución 0694 de 2022.

Agregó que esto habría generado “un exceso de 1.388.072.235 pesos” y advirtió que la rendición presentada “no refleja integralmente el gasto real de la primera vuelta”, ya que parte de los recursos ejecutados “no fueron incorporados en su totalidad en el informe presentado ante el Consejo Nacional Electoral, como era su obligación”.

Primera vuelta: el límite ajustado y las cuentas en disputa

El techo permitido para esta etapa era de $28.536 millones, pero los registros presentan dos lecturas distintas:

• Gasto total reportado por la campaña: $28.384.680.001.
• Hallazgos de Fiscalía y CNE: $29.924.592.727.

Desglose de rubros clave:

• Propaganda (TV, radio y redes):
• • Reportado: $19.534 millones (68%).
  • Hallazgo: omisiones en pauta digital no registradas completamente.
• Transporte aéreo:
• • Reportado: $4.155 millones (Sadi S.A.S.)
  • Investigación: $1.249 millones adicionales bajo revisión.
• Actos públicos:
• • Reportado: $1.694 millones.
  • Observación: No se incluyó el evento de cierre en el Movistar Arena ($100 millones aproximadamente).

La Fiscalía señala un posible exceso de $1.388 millones sobre el tope en primera vuelta, junto con gastos no reportados como aportes de la USO por $292 millones, contratos con Neuro Data para análisis de mercadeo político y omisiones en publicidad digital y logística de eventos masivos.

Segunda vuelta: ajustes finos y nuevas diferencias

El límite autorizado para esta fase era de $13.347 millones, una cifra que también aparece rebasada en los análisis oficiales.

• Gasto total reportado por la campaña: $13.199.709.794.
• Hallazgos de Fiscalía y CNE: $13.623.875.922.

Principales rubros observados:

• Propaganda electoral:
• • $9.243 millones (70% del total).
  • Incluye pagos a plataformas digitales como Google, gestionados a través de Colombia Humana.
• Transporte aéreo:
• • Aproximadamente $800 millones reportados.
  • Diferencias en facturación con la empresa Sadi S.A.S.
• Logística y testigos electorales:
• • Menos del 2% registrado oficialmente.
  • Se investiga posible subregistro de pagos masivos a testigos en mesas de votación.

La investigación señala un exceso estimado de $276 millones, además de posibles aportes no reportados de la USO por cerca de $740 millones que no figuran en los registros oficiales, junto con la revisión de contratos logísticos y pagos indirectos realizados a través de terceros.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y varios de sus ex y actuales funcionarios enfrentan actualmente una investigación penal a menos de un mes de la segunda vuelta electoral. La Fiscalía Anticorrupción anunció una reconstrucción detallada de los procedimientos previos a los comicios del 12 de abril, tras recibir nuevas denuncias por presunta falsificación de firmas y discrepancias en contrataciones, en el marco de presuntos delitos de favorecimiento contractual y fraude electoral.

El 23 de abril, un representante de Renovación Popular formalizó ante la Fiscalía una denuncia acompañada de un dictamen grafotécnico y una lista inicial de 59 actas sospechosas de adulteración de firmas en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Áncash y Apurímac. La presentación se amplió el 27 de ese mes con dos listados adicionales de 236 actas y 291 actas observadasm, según informó el programa periodístico Punto Final.

Entre los documentos figura el acta 900090, correspondiente a la elección en El Cenepa, Amazonas, en la que se advierten supuestas inconsistencias en los nombres registrados como miembros de mesa; investigaciones periodísticas constataron, sin embargo, que los datos coinciden con los del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Sobre las firmas de los votantes, los casos de María Cubas Huilcamango, Lenny Villalobos Góngora, Royber Juntantuc Yabuit, Erika Campos Gómez y Jordan Peñas Estela quedaron en revisión para un peritaje oficial, luego de que se verificó que las rúbricas de las actas observadas presentan similitudes o diferencias respecto a las constancias registradas en el Reniec.

75 denuncias contra ONPE por supuestas irregularidades

En total, hasta el momento se cuentan 75 denuncias formales vinculadas a supuestas irregularidades electorales. El fiscal Reynaldo Abia informó que la investigación aplicará una metodología de «ingeniería inversa» sobre cada contrato, acta y decisión.

“Lo que estamos tratando de ver es toda la ingeniería de los procedimientos que se han realizado y el producto final que ha llevado a toda esta situación. En base a esa información que nos está suministrando la ONPE, todas las otras instituciones están haciendo las interrogantes para poder identificar o detectar dónde habrían los puntos débiles o las presuntas irregularidades, si no es que hay delito”, afirmó Abia a la prensa.

La investigación fiscal alcanzó la revisión de designaciones y contrataciones dentro de la ONPE. La hipótesis central es que Piero Corvetto, exjefe del organismo, nombró a José Samamé Blas como gerente de gestión electoral pese a su falta de experiencia en el área operativa. Posteriormente, Samamé designó a Juan Antonio Phang Sánchez como subgerente de producción electoral. Según la Fiscalía, ambos “jugaron un rol clave en la elaboración de requerimientos técnicos y términos de referencia”, supuestamente adaptados para beneficiar a la empresa Gálaga.

El Ministerio Público advierte una discrepancia objetiva en la capacidad de la empresa adjudicataria: Gálaga presentó una nómina de 70 conductores, aunque la planilla electrónica de febrero de 2026, consultada en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), solo acredita 13 empleados y 20 prestadores de servicios, para un total de 33 personas. Esta diferencia, para la Fiscalía, pondría en duda la operatividad real de la compañía durante la elección.

El fiscal Reynaldo Abia resaltó el enfoque de la pesquisa: “Lo que estamos haciendo en líneas generales es articular y sumar a lo que todos queremos: descubrir la verdad, no solamente si ha habido incidencias o irregularidades en el ámbito administrativo o quizás sospechas de la presencia de delitos”. Así lo declaró al medio Punto Final.

Inspección de dispositivos revela nuevos indicios en el proceso electoral

Durante la ejecución del contrato de transporte electoral, la Fiscalía señala que Samamé mantuvo vigente el acuerdo a pesar de inconsistencias entre la capacidad ofertada y la realmente ejecutada, sin disponer correctivos. El rol de Juan Phang Sánchez y otros funcionarios es objeto de investigación por su presunta validación y tolerancia de la deficiente prestación del servicio, la eventual manipulación de resultados y la posible permisividad ante irregularidades administrativas.

Tras la detención de Samamé el 13 de abril, se incautó su teléfono iPhone 17, lo que permitió, días después, descubrir una conversación activa desde esa línea durante el allanamiento efectuado en Lince el 24 de abril. Para la Fiscalía, este hecho puede indicar acceso ilegítimo al dispositivo, uso simultáneo de líneas o respaldo digital.

El análisis de mensajes y teléfonos permitió identificar coordinaciones reiteradas entre Phang Sánchez, Hilda Ottoya Alvarado y William García Velázquez, a pesar de que Ottoya debía garantizar controles autónomos del servicio. Además, la Fiscalía detectó la presunta alteración digital del acta de inicio de servicio, fechada el 10 de abril de 2026.

Se trata de Mayra Alejandra Díaz, esposa de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y de Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada. El alto funcionario señaló que al encuentro también asistió Yurley Pacheco, hermana de Jesús Antonio Pacheco.

“Me reuní con Yurley Pacheco y Mayra Alejandra Díaz, hermana y esposa de Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y con Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada, ambos integrantes de la Dirección de Protección de la Fiscalía y secuestrados por el cartel criminal del ELN”, expresó Sánchez.

Según el jefe de la cartera de Defensa, con motivo del Día de la Madre se tomó la decisión de acompañarlas y escucharlas, con el mensaje de que no están solas.

“En el marco del Día de la Madre quise acompañarlas, escucharlas y reconocer su fortaleza. No están solas. Sabemos que, además de enfrentar esta ausencia, siguen siendo el pilar de sus hogares acompañando a sus hijos e hijas sosteniendo su mundo con amor y mantienen viva la esperanza de volver a abrazar a sus seres queridos”, aseveró.

Pedro Sánchez reconoció que son conscientes de que ninguna palabra puede llenar el vacío que deja tener un familiar secuestrado, pero precisó que continúan trabajando para lograr la liberación de los dos funcionarios de la Fiscalía.

“Sabemos que ninguna palabra llena ese vacío, pero sí queremos que sepan que seguimos trabajando con todas nuestras capacidades para traer a sus seres queridos de vuelta. No los olvidamos. Todo un país las reconoce y camina junto a ustedes. Hoy honramos su capacidad de seguir adelante, de cuidar y ser símbolo de fortaleza”, aseveró Sánchez.

El ministro de Defensa también compartió un video en el que ratificó que harán todo lo posible desde la cartera para recuperar la libertad de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

“Haremos todo lo necesario para que regresen. No solo vengo como ministro, también lo hago como persona, como colombiano, para decirles que no están solas. Como dice su camisa: la esperanza nunca se apaga”, expresó el funcionario.

Y agregó: “Sé que no pueden abrazar físicamente a sus hijos, a sus seres queridos, a sus hermanos, pero al menos reciban este abrazo de nuestra parte, con un sentimiento de compañía hacia ustedes. A pesar del dolor, no los olvidamos ni nos rendimos”.

Pedro Sánchez aseguró que está convencido de que los dos integrantes de la Fiscalía van a regresar a sus hogares, motivo por el cual les entregó una serie de obsequios a las mujeres.

“Estoy convencido de que ellos van a regresar. Por eso quiero entregarles unos pequeños detalles. Reciba esta virgen, que lleva una capa de la fuerza pública y representa la energía que esperamos llegue hasta donde se encuentran secuestrados nuestros miembros de la fiscalía, de la fuerza pública y todos los colombianos en esa situación. Que les brinde energía y una luz de esperanza. También le entrego este ramo. Feliz Día de la Madre. Sabemos que es un día difícil, pero si algo nos da tranquilidad es saber que están vivos y que seguirán presentes en nuestros corazones mientras así lo deseemos”, expresó.

Una de las mujeres le expresó al ministro Pedro Sánchez que por favor no se olviden de los secuestrados y que hagan todo lo posible para liberarlos.

“Mi petición, y creo que es la de toda la familia, es que no los olvidemos. Por favor”, indicó una de las mujeres.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comprometió a no olvidar a los funcionarios de la Fiscalía y a lograr su liberación.

“Me encargaré de eso. Haré todo lo posible, incluso una campaña, para que Colombia nunca los olvide. Son colombianos, además de padres, hermanos e hijos“, aseveró