El despliegue de los fiscales responde a una estrategia definida en coordinación con las juntas de fiscales superiores en cada jurisdicción. Gálvez detalló que, en el caso de Lima, la planificación involucró reuniones con las juntas de fiscales superiores de Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este.

“Con todos ellos hemos coordinado y son ellos los que han dispuesto el despliegue de los fiscales en cada uno de los locales de votación”, explicó el fiscal de la Nación en respuesta a preguntas sobre la logística del operativo.

Este esfuerzo busca cubrir todos los centros de votación del país, permitiendo que el Ministerio Público actúe de manera preventiva y reactiva ante posibles delitos. Según las declaraciones recogidas por diversos medios, Gálvez remarcó la importancia de la presencia institucional para preservar la transparencia y el respeto por las reglas democráticas.

Delitos electorales y sanciones previstas

El titular del Ministerio Público identificó los delitos más recurrentes que suelen presentarse durante los procesos electorales. “Justamente los delitos que se producen en estos actos, como ya lo dije, son la suplantación de identidades para emitir una persona el voto por otra y también realizar actos contrarios a la limpieza de las elecciones”, afirmó Gálvez.

Consultado sobre las sanciones aplicables, precisó que ante la detección de un delito, “se tiene que iniciar una investigación y luego se realizará la sanción correspondiente cuando ya se concluya un proceso penal”. El fiscal hizo hincapié en la obligación de respetar el procedimiento legal y en la función del Ministerio Público como garante del debido proceso.

Restricciones y criterios para detenciones durante la votación

El fiscal de la Nación abordó también la polémica surgida por la posibilidad de detenciones durante el acto electoral, un tema que generó debate luego de las declaraciones del defensor del Pueblo. Gálvez recordó que “la ley establece que nadie puede ser detenido durante el acto electoral”, aunque aclaró que la Policía Nacional del Perú puede establecer estrategias de seguimiento y actuar si lo considera necesario, siempre que no se impida el derecho al voto.

“Creo que ahí razonablemente tiene que actuar todas las autoridades porque se tiene que permitir o no impedir que los ciudadanos emitan su voto”, indicó el fiscal, quien reconoció la existencia de normas que limitan las detenciones, pero también subrayó la responsabilidad de la policía en el cumplimiento de sus funciones. Ante la consulta sobre el caso particular de Vladimir Cerrón, Gálvez sostuvo que no existe una solución única y que la decisión depende del criterio de la policía.

Problemas presupuestales y llamado a la ciudadanía

En cuanto a los recursos disponibles para la fiscalización, Gálvez admitió que los obstáculos presupuestales no han sido superados, aunque evitó profundizar en el tema para no afectar el desarrollo de la jornada. “Ahora estamos celebrando la fiesta electoral, que no queremos enturbiarlo con nada”, respondió el fiscal.

Finalmente, Tomás Aladino Gálvez dirigió un mensaje al electorado: “Invocamos a toda la ciudadanía a concurrir a sus mesas a votar, a respetar al opositor político y emitir su voto con toda tranquilidad, con todo respeto”. Reafirmó que el Ministerio Público está “con el pueblo, con la ciudadanía para que se respete el principio de legalidad y se cumpla con los deberes propios de la democracia”.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que enviará el pedido formal a la Cámara de Senadores para cubrir los cargos vacantes que hay en el Poder Judicial. Esto se da después de un nuevo encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei.

Según publicó en su cuenta de X, el titular de la cartera judicial señaló: “Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”.

Y agregó: “Se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. Con la decisión política del presidente @jmilei cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”.

Hoy por la mañana, el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el envío a la Cámara Alta y sostuvo: “Para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía. Hoy, 364 mil cargos de la Justicia Federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60 % de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”.

“Durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina”, continuó.

En una entrevista con Infobae, el propio Mahiques sostuvo que el Presidente "quiere una Justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, el presidente quiere saldarla y ese es su objetivo“.

Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde —según describió— la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.

En las últimas horas, el ministro también anunció que comenzarán a redactar un nuevo Código Penal por pedido del mandatario. De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el encuentro se realizó el martes por la tarde y contó también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Entre las figuras que se van a incorporar, y tal como había anticipado este medio, están temas “migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”.

Si bien era uno de los proyectos a tratar en estas sesiones ordinarias, antes de remitirlo para su tratamiento legislativo, el funcionario se propuso revisar el texto que había dejado preparado su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y optó por hacer varios cambios.

“El envío del proyecto se mantiene pero, conscientes de que es un proceso y que el nuevo código requiere revisiones, el Presidente considera que hay temas que no pueden seguir demorándose porque son delitos que están afectando el día a día”, explicaron fuentes calificadas.

Así las cosas, si bien la intención del Gobierno es presentar un texto integral en un futuro cercano, por el momento será un paquete más reducido.

“Van a debatir con el Presidente todos los puntos de la iniciativa, con la visión del ministro, pero la idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, señaló una persona al tanto de las conversaciones, momentos antes de la reunión.

Las críticas hacia el sorteo para la selección de algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura ocuparon un lugar central en el análisis del resultado de la consulta popular, principalmente porque detractores del Gobierno señalaron que este mecanismo podría comprometer la legitimidad y neutralidad de dicho órgano. Según informó el Ministerio del Interior italiano, el cierre de los centros de votación el lunes a las 15:00 horas (hora local) marcó el fin del referéndum en el que se preguntó a la ciudadanía si apoyaba la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni. Los datos preliminares reflejan una amplia respuesta en contra: el 54,54% de los electores optó por el rechazo de la propuesta gubernamental, frente a un 45,69% que votó a favor, con una participación del 58,51% durante los dos días habilitados para la consulta, informó el medio.

Tal como publicó el Ministerio del Interior y difundieron diversos medios italianos, la votación giró en torno a una iniciativa para modificar varios artículos fundamentales de la Constitución —específicamente los artículos 87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110— en relación a la estructura y funcionamiento del sistema judicial. La reforma contemplaba, entre otras medidas, la creación de consejos superiores de la judicatura separados para jueces y fiscales, con funcionamiento autónomo, y un nuevo consejo disciplinario común para magistrados, con el propósito de abordar problemáticas históricas como el “faccionalismo”.

El medio detalló que uno de los focos más controvertidos resultó ser el sorteo parcial de miembros del Consejo Superior de la Judicatura, composición que incluye 33 integrantes: 20 elegidos por los propios magistrados y 10 designados por el Parlamento. De acuerdo con el planteamiento gubernamental, el sorteo buscaría garantizar la neutralidad de los seleccionados, alejando la elección de posibles intereses corporativos o alianzas internas. Sin embargo, sectores opositores expresaron preocupación porque esta metodología sustituiría la representatividad tradicional sin asegurar verdadera imparcialidad, propiciando una disparidad significativa entre los consejeros elegidos por vías políticas y los provenientes del cuerpo judicial, quienes, según argumentaron, quedarían expuestos a influencias externas.

La reforma también proponía la separación definitiva de las carreras de jueces y fiscales. Bajo el modelo actual, la posibilidad de pasar de un puesto a otro está limitada a una ocasión y solo durante los primeros diez años de carrera, condicionada además a un cambio de distrito judicial o región. Según consignó el medio, la oposición sostiene que el sistema vigente ya prevé mecanismos efectivos para preservar la imparcialidad y que la propuesta de cambio responde a un problema inexistente en la práctica.

Distintas voces expresaron que convertir a los fiscales en un órgano autónomo, dotado de su propio consejo superior, podría modificar de manera relevante la relación entre jueces y fiscales, tradicionalmente caracterizada por una cultura profesional compartida. Esto, a juicio de los críticos recogidos por el medio, podría desencadenar una asimilación de los fiscales a figuras policiales orientadas únicamente a la obtención de condenas y detenciones, alejándose del enfoque judicial equilibrado.

Entre otros argumentos, la oposición señaló que la reforma incrementaría la burocracia y los costes administrativos del sistema judicial, al transferir funciones que hoy desempeña un solo organismo a tres entidades distintas. Según publicó el medio, esta fragmentación se consideró incapaz de resolver las actuales ineficiencias, y al contrario, introduciría nuevas dificultades operativas.

Quienes rechazan la iniciativa también pusieron en duda la pertinencia del referéndum como instrumento, ya que la separación de las carreras judiciales podría haberse acometido vía ley ordinaria, sin necesidad de reforma constitucional y consulta popular. Según reportó el medio, la consulta fue un referéndum confirmatorio, modalidad que no exige cumplir con un mínimo de participación para dar validez al resultado.

En el trasfondo de la votación se encuentra la génesis parlamentaria de la reforma. El texto de la iniciativa, promovido originalmente por Silvio Berlusconi durante su mandato al frente del Gobierno tras el caso ‘Manos Limpias’, ya había recibido el visto bueno de las cámaras en octubre de 2025. No obstante, al tratarse de una reforma constitucional y no haberse alcanzado en su momento la mayoría cualificada de dos tercios, la legislación requería ser ratificada por la ciudadanía mediante consulta popular, tal como marca la Carta Magna italiana.

El debate sobre el futuro del poder judicial en Italia ha exhibido profundas divisiones. De acuerdo con el medio, defensores de la reforma argumentaron la necesidad de limitar la cultura de facciones en el aparato judicial e incrementar la transparencia y la autonomía. Por su parte, opositores advierten que los ajustes propuestos podrían traducirse en mayor politización, vulnerar garantías de imparcialidad y acentuar los riesgos asociados a la fragmentación institucional. La votación, dada la alta participación y el resultado claro, deja abierto el interrogante sobre los próximos pasos del Gobierno respecto a posibles ajustes o nuevas propuestas para la administración de justicia en el país.

Espinoza había sido apartada del cargo en septiembre de 2025 y posteriormente inhabilitada por el Congreso en diciembre del mismo año. Sin embargo, se mantenía como fiscal de la Nación mientras no existiera una sanción firme. Con la ratificación de su destitución, se activó el mecanismo institucional para elegir a su reemplazo.

De acuerdo con la normativa vigente, el nuevo fiscal de la Nación será elegido por mayoría simple entre los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Es decir, el candidato que obtenga al menos tres votos será designado para un periodo de tres años, con posibilidad de reelección por dos años adicionales.

Los integrantes de la Junta y los posibles candidatos

La elección recaerá en uno de los cinco fiscales supremos que integran actualmente la Junta: Tomás Gálvez, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Luis Arce.

En los últimos años, dentro de la Junta ha existido un acuerdo no formal para evitar reelecciones y permitir que todos sus miembros accedan al cargo al menos una vez. No obstante, este criterio podría ponerse a prueba en esta elección.

Entre los nombres que suenan con mayor fuerza figuran Tomás Gálvez y Juan Carlos Villena, quienes ya han ocupado el cargo de manera interina. También aparece Patricia Benavides, quien buscaría retornar al puesto tras su salida en 2023, que considera injusta.

Por su parte, Luis Arce logró reincorporarse recientemente al Ministerio Público luego de que el Poder Judicial anulara sanciones en su contra. En tanto, Zoraida Ávalos, quien ya fue fiscal de la Nación, también forma parte del grupo que participará en la votación.

Cambios recientes en el Ministerio Público

Durante el periodo de interinato de Tomás Gálvez, el Ministerio Público ha experimentado una serie de cambios relevantes. Entre ellos, la desactivación de cuatro equipos especiales, incluido el equipo Lava Jato, que investigaba casos emblemáticos de corrupción.

Además, se impulsó la elaboración de un proyecto para una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, en un intento por reestructurar el funcionamiento interno de la institución. Estas decisiones han generado debate sobre el rumbo que podría tomar la fiscalía bajo una nueva gestión.

La elección del próximo fiscal de la Nación será clave para definir si estas medidas se consolidan o si se produce un giro en la conducción institucional. Cabe señalar que en lo últimos meses, el Ministerio Público se ha enfrentado a funcionarios políticos por las investigaciones que realizan.

Cuestionamientos y denuncias marcan la elección

El proceso de elección no está libre de polémica. Varios de los posibles candidatos arrastran cuestionamientos y denuncias que han marcado su trayectoria reciente.

Tomás Gálvez ha sido vinculado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, aunque las denuncias constitucionales en su contra fueron archivadas por el Congreso. También se le ha relacionado con la presunta organización Los Gánsters de la Política, investigación que no prosperó en el Parlamento.

Luis Arce, por su parte, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El proceso no llegó a juicio luego de que el Poder Judicial anulara lo actuado y el Congreso archivara la denuncia constitucional correspondiente.

Patricia Benavides enfrenta cuestionamientos por su gestión anterior. Fue destituida tras ser acusada de interferir en una investigación que involucraba a su hermana y de liderar una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público, en el caso Valkiria.

En tanto, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos fueron denunciados constitucionalmente por no acatar una ley que devolvía a la Policía la investigación preliminar. Sin embargo, ambos casos no prosperaron en el Congreso.

El Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, investiga cómo han llegado datos personales de centenares de jueces y fiscales españoles a uno de los foros clandestinos más peligrosos de la ‘dark web’ (Internet ilegal). Los datos de los magistrados y profesionales del ministerio público fueron colgados el pasado 3 de marzo en ‘Doxbin’, una plataforma utilizada por ciberdelincuentes para alojar publicaciones de ‘doxing’, es decir, la difusión no consentida de información privada con ánimo de señalamiento, presión o intimidación. Con casi 200.000 registros, funciona de forma similar a una red social: puedes registrarte, obtener una cuenta premium y acceder a beneficios adicionales. Junto al CNI (que apoya las pesquisas), la investigación oficial la lleva la Policía Nacional.

Los datos publicados son el nombre, el número de DNI, el teléfono móvil personal, y su dirección de correo electrónico profesional. Bajo el epígrafe de ‘Fuck Spain’, los datos aparecidos en ‘Doxbin’ suponen una importante brecha de seguridad en una de las estructuras más sensibles del Estado. El CNI investiga si la información obtenida procede de una hackeo de las bases oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cómo ha llegado a esta plataforma. Infobae ha podido comprobar que los datos señalados (como los teléfonos) en esta red son los que corresponden a sus respectivos usuarios. Un portavoz del CGPJ asegura que no les consta ningún ataque.

‘Estrella Digital’, que tiene un apartado de seguridad, explica que ‘Doxbin’ no es una red social convencional ni un simple repositorio de datos. En el argot digital, su nombre aparece vinculado desde hace años a publicaciones de ‘doxing’, una práctica que consiste en divulgar datos personales de terceros sin autorización. El objetivo puede variar, pero suele moverse entre el hostigamiento, la exposición pública, la intimidación o el intento de poner bajo presión a la persona afectada. “Es un hackeo serio. Hay que determinar el origen de la brecha y qué uso se puede hacer de la información una vez obtenida”, explican fuentes del CNI, que suele intervenir cuando los hackeos afectan a instituciones, organismos y cargos públicos importante del país. Obviamente, no hay datos oficiales de los ataques investigados por el Centro Criptólogico Nacional.

Luego está el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que gestionó a lo largo de 2025 un total de 122.223 incidentes de ciberseguridad que afectaron a empresas y ciudadanos, lo que supone un incremento del 26% respecto a 2024. El organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha alertado recientemente de la creciente exposición de sistemas vulnerables que pueden ser aprovechados por ciberdelincuentes. Sectores clave como banca (34%), transporte (14%) y energía (8%) fueron los más afectados. El propio INCIBE reconoció hace unos días que datos personales de antiguos y actuales empleados de su plantilla habían aparecido en plataformas de ‘doxing’. “La aparición de datos de una persona vinculada a una entidad concreta no demuestra, por sí sola, que haya existido una brecha en los sistemas de esa entidad”, se justifica INCIBE para señalar que el organismo no había sido víctima de un ciberataque.

Fiscalía General del Estado

El portal especializado ‘ADSLZone’ publicó la semana pasada que un grupo de hackers había robado los datos de al menos medio centenar de profesionales vinculados a la Fiscalía General del Estado tanto en el presente como en el pasado, y que los había puesto a la venta en la ‘dark web’. En este caso, el nivel de detalle de los datos ofrecidos era tan preciso que se publicaron incluso los portales, pisos y puertas de las direcciones concretas de los fiscales. Las mismas fuentes consultadas del CNI señalan que este paquete de datos ofrecido ahora (con centenares de datos personales) es distinto al que descubrió ‘ADSLZone’. Ahora también hay jueces.

La investigación por el asesinato de Saíd Lobo Bonilla y otros tres jóvenes hondureños podría ingresar en una etapa decisiva luego de que el Fiscal General de la República Johel Antonio Zelaya ordenara el envío de una comisión especial de fiscales a Estados Unidos para acceder directamente a las declaraciones de un presunto implicado capturado, dato confirmado por el Ministerio público.

El crimen, que ocurrió en circunstancias de gran impacto mediático y social, podría esclarecerse si el testimonio del detenido permite identificar a los autores materiales e intelectuales aún no procesados.

Según el comunicado oficial difundido, Gerson Cuadra Soto, conocido también como “Fantasma”, habría ofrecido información a agentes del FBI sobre su participación directa en el asesinato de Saíd Lobo Bonilla, José Salomón Vásquez Chávez, Norlan Enrique Rivera Rodríguez y Luis Armando Zelaya Rivera. El sospechoso también habría detallado la planificación del ataque y señalado a posibles responsables intelectuales.

La comisión especial designada tiene la tarea de mantener reuniones con funcionarios judiciales y de investigación estadounidenses. El objetivo central es recoger documentación y testimonios oficiales sobre las declaraciones de Cuadra Soto. Así, las autoridades hondureñas buscan verificar la veracidad de los datos provistos y determinar si estos aportan nuevos elementos para profundizar la investigación sobre el caso y dilucidar el móvil, así como identificar a otros posibles implicados.

El Fiscal General Zelaya indicó que la cooperación judicial internacional es esencial en delitos graves con posibles ramificaciones transnacionales, especialmente cuando involucran a detenidos fuera de Honduras.

Mientras la investigación avanza en el ámbito internacional, en Tegucigalpa el expresidente Porfirio Lobo Sosa se presentó este miércoles en las instalaciones del Ministerio Público para reunirse con el titular del ente acusador. El motivo de la visita fue informarse del estado de las pesquisas vinculadas con la muerte de su hijo Saíd Lobo Bonilla y los otros tres jóvenes.

Durante la comparecencia, el ex mandatario anunció la presentación de una denuncia para que se investigue la posible implicación del expresidente Juan Orlando Hernández en el crimen. En su declaración a los medios, afirmó: “La información que tengo es que la muerte de mi hijo había sido por órdenes de Juan Orlando Hernández a raíz de un tema con mi hijo que iba a declarar en un juicio. Yo no puedo dar fe de nada, por eso vengo acá a la fiscalía para que ellos puedan investigar”.

Lobo Sosa puntualizó que la denuncia responde a datos que ha recibido en torno al caso y solicitó que sean las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer si existe alguna relación directa entre los hechos y los señalados.

Agregó además que su hijo Fabio Lobo, residente en Estados Unidos, le comunicó haber recibido amenazas relacionadas con un eventual testimonio en un proceso judicial: “Fabio Lobo dijo que lo habían amenazado, que si iba a testificar en el juicio de Juan Orlando le iban a matar a alguien de la familia”. El expresidente insistió en la necesidad de que se verifiquen exhaustivamente estas versiones y se determine la verdad judicial detrás del crimen.

En la fase actual, el caso ya cuenta con sentencias firmes para cuatro personas, Ever Ezequiel Espinoza Martínez y Daniel Alejandro Almendárez Ordóñez fueron condenados a 96 años de prisión cada uno. Por su parte, Erick David Macías Rodríguez recibió 12 años de cárcel y Norma Alicia García fue sentenciada a 12 años y ocho meses por su participación en los hechos.

Saíd Lobo Bonilla poseía ciudadanía estadounidense, circunstancia que, según su padre, abre la posibilidad de intervención de autoridades de Estados Unidos si la investigación determina que existen elementos para ello. Lobo Sosa recordó que “si sufre una agresión, donde quiera que esté el que lo hizo va a tener su castigo”, en referencia a la capacidad de la justicia estadounidense para actuar cuando sus ciudadanos son víctimas.

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques anunció este domingo que la cartera que dirige iniciará el trámite para la cobertura de 200 vacantes de jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales en la Justicia Federal. Lo hizo a través de un comunicado oficial que compartió a través de sus redes sociales y las del ministerio a su cargo.

El funcionario indicó que se activa con los requisitos establecidos en el decreto 588/2003 “con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”.

Mahiques asumió esta semana en la cartera de Justicia. Tras la jura, el funcionario había adelantado que la cobertura de cargos para mejorar el funcionamiento y la celeridad en las causas que se tramitan en la Justicia federal aparecía entre sus primeros objetivos.

El Ministerio de Justicia inició un proceso para cubrir más de 200 vacantes federales. La falta de nombramientos impacta en la eficiencia y la celeridad de los tribunales. La medida implica verificar antecedentes penales y patrimoniales de los candidatos, siguiendo los pasos previstos en la normativa vigente.

El comunicado oficial y los pasos anunciados

“El Ministerio de Justicia de la Nación informa que ha decidido iniciar la verificación y actualización de todos los requisitos establecidos en el Decreto 588/2003 para las 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales existentes en el Poder Ejecutivo, con el objetivo de habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y el envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”, señala el comunicado difundido este domingo.

“En este marco, se solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de antecedentes penales de los ternados”, detalló la comunicación oficial. La verificación de estos antecedentes es un paso previo y obligatorio antes de cualquier avance en los nombramientos.

El Ministerio agrega: “Se verificará que la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas se encuentren debidamente informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero”.

Estas verificaciones forman parte de una secuencia de controles destinados a asegurar que quienes lleguen a la terna final hayan superado la revisión de antecedentes penales y patrimoniales.

El Decreto 588/2003 establece un mecanismo de transparencia y control ciudadano en el nombramiento de los magistrados federales y de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La normativa garantiza que la sociedad tenga la oportunidad de revisar los antecedentes y patrimonio de los candidatos propuestos antes de la selección presidencial.

El procedimiento exige que cada aspirante forme parte de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, asegurando la revisión y el examen de cada postulación por distintos organismos y habilitando la posibilidad de objeciones fundadas por parte de cualquier persona de la sociedad civil.

La falta de magistrados afecta directamente la operatividad y la celeridad de la Justicia Federal. El rezago en la cobertura de estos puestos ha incrementado las demoras en los procesos y la presión sobre los funcionarios judiciales que se mantienen en funciones. El procedimiento anunciado apunta a revertir este panorama, priorizando el control de integridad y la posibilidad de intervención ciudadana en todas las etapas del proceso de selección.

Según informó Infobae, la cantidad de vacantes en los juzgados llega al 40% y en las fiscalías nacionales y federales se extiende al 47%, ya que de los 367 cargos totales que hay, 174 están sin un titular. Hay 80 vacantes concursadas y 53 pliegos elevados en 20 concursos. Se trata de una deuda pendiente de la actual administración, que es la primera desde el regreso de la democracia que no logró aprobar ningún pliego en el Senado.

El presidente Javier Milei designó por decreto a Juan Bautista Mahiques como el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Con esto se abre una nueva etapa en la administración judicial libertaria, la cual estará signada por la rápida gestión que deberán tener para llenar las más de 300 vacantes que hay de jueces y fiscales nacionales.

Se trata de uno de los pedidos que Karina Milei y su entorno le hicieron al nuevo ministro en los días anteriores a asumir. También se lo puso como objetivo el Presidente. Tras ser anunciado como nuevo integrante del gabinete nacional, desde su entorno le contaron a Infobae que “va a tener que acelerar” para impulsar los primeros posibles magistrados y fiscales.

Por lo que pudo saber este medio, Mahiques todavía no estudió en profundidad el listado completo de candidatos que tiene a disposición Javier Milei para enviar al Senado. Cabe recordar que el Consejo de la Magistratura es quien hace los concursos y las evaluaciones para enviar la terna al Poder Ejecutivo, que posteriormente debe elegir a uno de ellos para elevarlo a la Cámara alta. El Ministerio Público Fiscal hace lo mismo para el caso de los fiscales.

Una fuente oficial del Consejo confirma que al Poder Ejecutivo le fueron enviadas 203 ternas diferentes. Mientras tanto, el órgano judicial tiene un número menor de concursos en distintas etapas de avance.

En el Gobierno existe cierta ambición por cuatro casilleros clave que todavía se dirimen en el Consejo: los Juzgados 6, 9, 11 y 12 de Comodoro Py, que hoy en día son subrogados por Daniel Rafecas, María Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini y Ariel Lijo, respectivamente. Los tres primeros todavía están en instancia de entrevistas personales a cada uno de los postulantes, mientras que la última ya está a consideración de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.

El interés y el nivel de impulso político que el Gobierno le puede imprimir a la movilización de ciertas candidaturas estará a cargo del nuevo secretario de Justicia, Santiago Viola, según comentaron a este medio fuentes inobjetables.

¿Cuáles serán las vacantes prioritarias de Mahiques para el comienzo de su gestión? El nuevo funcionario cree que los primeros puestos que deben comenzar a tratar son aquellos más fáciles de negociar, como los fueros de Familia. También se van a avanzar con los pliegos de los fueros Civil y Comercial y de Seguridad Social. En aquellos casos en los que la negociación política tenga que ser más sofisticada (puede servir como prenda de cambio con gobernadores), como los juzgados con competencia electoral, se dejarán para meses posteriores.

“La prioridad es dar cumplimiento a la cobertura de la cantidad de vacantes para que la Justicia comience a funcionar. Comenzaremos con lo que es más fácil de negociar. Hay otros juzgados que tienen una rosca más sofisticada que la iremos viendo con el equipo político”, afirma una fuente inobjetable a Infobae.

La cantidad de vacantes en los juzgados llega al 40% y en las fiscalías nacionales y federales se extiende al 47%, ya que de los 367 cargos totales que hay, 174 están sin un titular. Hay 80 vacantes concursadas y 53 pliegos elevados en 20 concursos. Se trata de una deuda pendiente de la actual administración, que es la primera -desde el regreso de la democracia- que no logró aprobar ni un solo pliego en el Senado.

El Presidente confirmó que en las próximas semanas dará luz verde para que se puedan enviar al Congreso aquellos cargos que requieren mayoría simple para ser aprobados. En esta categoría entran los jueces federales, fiscales generales y defensores varios. No así los ministros de la Corte Suprema, así como el Procurador General -quien es el jefe de los fiscales y titular del Ministerio Público Fiscal-, el Defensor General y el Defensor del Pueblo.

“En los que necesito mayorías calificadas, no. En los otros, sí. Porque no me implica tener que negociar con gente con la que no negocio ni cómo se saluda”, afirmó el Presidente en un reportaje reciente a LN+.

Pese a que el Gobierno había anunciado hace un año y medio que enviaría los pliegos para cubrir más de un centenar de vacantes en la Justicia, esta finalmente no se materializó. En la mesa judicial del oficialismo se enfocaron en negociar los dos puestos que estaban libres en la Corte Suprema nominando al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla. Aquello tampoco prosperó.

Dado que el año próximo serán elecciones presidenciales y habrá disputas en varios estamentos (provinciales y municipales), en la Casa Rosada están decididos a que es prioritaria la discusión de llenar la mayor cantidad de vacantes en las instancias previas a la Corte. “Son aquellos lugares que realmente deciden si uno va preso o no”, afirma una fuente libertaria consultada por Infobae.

La Libertad Avanza cuenta con 21 miembros luego de que Luis Juez se pasara a ese bloque la semana pasada. Para tener la mayoría de la cámara debe juntar unas 16 bancas más, algo que demostró haber podido en otras votaciones más controvertidas: como en las aprobaciones de la reforma laboral, de la Ley de Glaciares, el Régimen Penal Juvenil, entre otros.

Para que pueda prosperar, el Gobierno cree que puede negociar las vacantes en los juzgados que son de altísimo interés para los gobernadores. También aconsejan mirar que en el Consejo de la Magistratura hay cerca de 16 vacantes de altísima influencia en trámite: desde tribunales orales federales hasta juzgados de instrucción, cámaras federales y casación penal federal.

De cara a la negociación en el Senado, el lugar que ya es mirado con rigor por parte de los legisladores es la Comisión de Acuerdos, que tiene como presidente al senador de la Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Por la sensibilidad de los nombramientos, el oficialismo decidió poner ahí a sus principales espadas legislativas como Patricia Bullrich, Agustín Coto, Nadia Márquez y Juan Cruz Godoy.

En cuanto a la Procuración General, todavía ocupa el cargo de manera interina Eduardo Casal, figura respetada en los ámbitos judiciales, por lo que el Gobierno no tiene apuro en buscarle un reemplazante. “Si funciona así como está y si la Corte no nos hizo ninguna medida contraproducente por el momento, ¿por qué desgastar la negociación cuando podemos avanzar por lo grueso?”, se pregunta un integrante del oficialismo que está al tanto de este esquema. Esas negociaciones quedarán para una eventual reelección del Presidente.

El Ministerio Público atraviesa la peor crisis presupuestal de su historia, así lo advirtió Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. El fiscal alertó a la ciudadanía sobre la falta de fondos que podría generar que la Fiscalía quede inoperativa en abril.

En entrevista con RPP Noticias, Cotrina hizo un llamado al gobierno de José María Balcázar y al Ministerio de Economía y Finanzas para que autoricen el crédito adicional y así poder solventar los costos operativos.

Según indicó Cotrina, si el MEF no autoriza el desembolso del dinero, más de 4 mil asistentes se quedarían sin trabajo en marzo.

“Se nos ha comunicado, por el gerente general, que si no nos dan el crédito adicional que ha solicitado nuestra institución, 4 mil 700 asistentes de función fiscal y de apoyo administrativo, lamentablemente, van a tener que ser despedidos en el mes de marzo”, expresó.

El panorama se complicaría, pues además de los despidos, en abril ya no tendrían recursos para costear los sueldos de los fiscales. Este escenario se da en medio de la ola de inseguridad y el avance del crimen organizado que afronta el país.

“Estamos pasando por una crisis tan grave que se podría decir que la Fiscalía queda inoperativa, y esto es lamentable frente a una ola de criminalidad que estamos pasando”, recordó.

Llamado de atención por los pedidos del fiscal de la Nación

En la parte final de su mensaje, Chávez Cotrina pidió a los miembros del Ejecutivo que atiendan los pedidos que viene realizando el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, para obtener una partida presupuestal adicional.

El fiscal cuestionó que el Ejecutivo haga caso omiso a esta solicitud, precisamente en un contexto de violentos atentados que los fiscales deben atender diariamente.

“No es posible que estén debilitando y no estén atendiendo los pedidos que hace nuestro fiscal de la Nación y el gerente general para los créditos adicionales. Eso es sumamente importante que la población lo sepa”, expresó.

Cabe señalar que el problema presupuestal del Ministerio Público es una situación que se arrastra desde el gobierno de Dina Boluarte y que fue advertida anteriormente por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Crisis presupuestal desde la era Espinoza

En septiembre de 2025, la Junta de Fiscales Supremos advirtió que el Ejecutivo pretendía asignar al Ministerio Público un presupuesto menor al solicitado, pese a que previamente se habían realizado promesas públicas para otorgar mayores recursos a la institución. En ese momento, el pronunciamiento fue encabezado por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Juan Carlos Villena y Patricia Benavides.

Espinoza señaló que, aunque desde la Fiscalía se habían cumplido todos los trámites y pedidos formales ante el Poder Ejecutivo, no se concretó el compromiso de incrementar el presupuesto. “Para el año 2025, se nos recortó poco más de 123 millones de soles y para el 2026 se nos quiere reducir casi 145 millones de soles”, alertó en ese entonces.

Para 2025, el Ministerio Público contó con una partida de 2.921 millones de soles. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto para 2026 contemplaba una asignación de 2.870 millones, es decir, 50 millones menos respecto al año anterior. La advertencia se dio en un contexto en el que la institución defendía la necesidad de mayores recursos para sostener su operatividad.

En los meses posteriores hubo cambios en la conducción del Ministerio Público y Delia Espinoza fue destituida. Actualmente, el fiscal de la Nación es Tomás Aladino Gálvez, quien formó parte de la Junta que suscribió aquel pronunciamiento.

La Corte Penal Internacional (TPI) ha determinado que Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, tiene la facultad de decidir si asiste o no a las audiencias judiciales previas al proceso en su contra por presuntos crímenes contra la humanidad, relacionados con la campaña antidrogas ejecutada durante su mandato. Según reportó el TPI en un comunicado citado por Europa Press, dicha autorización responde a una solicitud formal presentada por el equipo legal de Duterte ante el tribunal con sede en La Haya.

De acuerdo con Europa Press, el tribunal aclaró que estas vistas previas al juicio no constituyen un juicio en sí, sino que representan una fase preliminar enfocada en determinar si existen pruebas suficientes para llevar el caso a la siguiente etapa. La Sala Primera de lo Preliminar de la corte agregó que, durante estas audiencias, los jueces no deliberarán sobre la inocencia o culpabilidad de Duterte, sino que se centrarán únicamente en valorar el material presentado para decidir la continuación del proceso judicial.

Europa Press detalló que las sesiones preliminares han sido programadas para los días 23, 24, 26 y 27 de febrero. Pese a la oposición expresa de la fiscalía y los representantes legales de las presuntas víctimas, los jueces avalaron la petición del equipo de Duterte. El tribunal se pronunció de esta manera: “Tras una solicitud de la defensa (...), los jueces han decidido que la audiencia se celebrará en ausencia del sospechoso”.

La investigación del TPI comenzó tras una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de personas fallecidas durante la operación antidrogas, según consignó Europa Press. La gestión de Rodrigo Duterte frente a la llamada “guerra contra las drogas” incluyó acciones que las autoridades filipinas cifran en aproximadamente 6.000 fallecidos. Este balance, ampliamente cuestionado por organismos internacionales y activistas por los derechos humanos, ha mantenido el debate sobre la responsabilidad de altos funcionarios en la política de seguridad filipina.

Las decisiones del TPI han surgido en el contexto de la retirada unilateral de Filipinas de la jurisdicción del tribunal en 2019, una medida adoptada por Duterte como respuesta a las investigaciones iniciadas desde La Haya, informó Europa Press. A pesar de la salida formal, el TPI argumentó que conserva la competencia para juzgar presuntos delitos cometidos durante el periodo en que Filipinas era parte del tribunal.

Según indicó el medio internacional, Duterte permanece bajo custodia en la ciudad neerlandesa de La Haya después de su traslado en marzo de 2025, fecha en la que quedó oficialmente a disposición del TPI. Familiares de las víctimas y diversas organizaciones han manifestado su desacuerdo con la decisión del tribunal, subrayando su demanda de justicia y de una comparecencia directa del expresidente en las vistas de la corte.

El caso centra nuevamente la atención global en el alcance de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y los límites de las obligaciones de comparecencia para personas señaladas por crímenes de alta gravedad. Los jueces del TPI fundamentaron su decisión en las normativas que contemplan la posibilidad de que el acusado esté ausente en fases preliminares, mientras que la fiscalía y representantes de las víctimas han objetado esta interpretación al considerar que afecta el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, según informó Europa Press.

La estructura de estas audiencias previas contempla, además de la exhibición de pruebas, la revisión por parte de los magistrados para determinar la solidez del caso antes de iniciar un proceso judicial completo. Europa Press puntualizó que, en cualquier caso, será en una etapa posterior donde se decida si existe responsabilidad penal individual por parte de Rodrigo Duterte, en función del análisis del material probatorio y de los testimonios que se presenten durante el juicio.

Las implicaciones de esta decisión se extienden al examen del papel de otros funcionarios y agentes estatales involucrados en la campaña antidrogas, ya que los procedimientos en la Corte Penal Internacional suelen abordar la responsabilidad no solo de altos cargos, sino también de mandos intermedios cuando existe evidencia que así lo amerite, según describió Europa Press en su cobertura del proceso.

Las relaciones familiares se han convertido en uno de los espacios donde los conflictos jurídicos más complejos y sensibles adquieren mayor relevancia. La violencia intrafamiliar, el abuso contra niños, niñas y adolescentes, los delitos de género y el incumplimiento de deberes familiares exigen hoy respuestas jurídicas sólidas, actualizadas y con una clara perspectiva internacional. En este escenario, el Derecho penal y la protección internacional de las relaciones familiares emergen como un ámbito estratégico de especialización profesional.

La interacción con el Derecho penal y con los tratados internacionales de derechos humanos resulta indispensable para una actuación eficaz, tanto en la defensa técnica como en la protección de las víctimas. Convenciones internacionales y criterios jurisprudenciales supranacionales inciden de manera directa en la práctica cotidiana de abogados, jueces, fiscales y asesores públicos.

Un ejemplo frecuente es el de familias atravesadas por violencia psicológica y económica reiterada: aun con medidas de protección dictadas por los tribunales de familia, el incumplimiento sistemático puede derivar en responsabilidad penal, activando además obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de protección de la infancia y de prevención de la violencia de género.

Formarse en este campo permite comprender cuándo y cómo debe intervenir el Derecho penal en el ámbito familiar, cómo articularlo con medidas civiles y administrativas, y de qué manera los compromisos internacionales condicionan las decisiones judiciales internas. Además, brinda herramientas concretas para abordar casos complejos con una mirada integral, evitando respuestas fragmentadas.

La especialización en Derecho penal y protección internacional de la familia no solo amplía oportunidades profesionales, sino que posiciona al jurista en un área de alta demanda y creciente impacto social. Se trata de una formación que combina técnica jurídica, sensibilidad institucional y enfoque en derechos humanos, respondiendo a las exigencias actuales de una justicia familiar más eficaz, responsable y alineada con los estándares internacionales.

Tras las agitadas sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei entre el 10 de diciembre y ayer -inclusive-, el Congreso ya se prepara para el receso y aguarda un nuevo llamado, en principio, para febrero. Para el 1 de marzo quedará la apertura del período ordinario, a cargo del jefe de Estado, y un lote de candidaturas sensibles que deberá tratar el Congreso -la mayoría deben ser enviadas por el Ejecutivo y analizadas sólo por el Senado-, donde la gran incógnita es con quién negociará el Gobierno: la oposición dialoguista o el kirchnerismo.

A las dos butacas de la Corte Suprema de Justicia -hubo un fallido intento de la Casa Rosada el corriente año- se suman el procurador general -jefe de fiscales-, centenares de pliegos judiciales, y los Defensores del Pueblo y del Niño, entre otros. En el último caso, la postulante fue aprobada por Diputados y resta el aval de la Cámara alta. Se trata de María Paz Bertero, quien trabaja en Buenos Aires, y está relacionada con la gestión de Axel Kicillof y con el exjefe del PJ bonaerense Máximo Kirchner.

Bertero llegó al final del concurso gracias a un acuerdo del cristinismo/peronismo con la Unión Cívica Radical (UCR) y la otrora macrista María Sotolano, que para ese momento ya había sido electa en las elecciones provinciales -que desdobló Kicillof- en la lista que encabezó, por la Libertad Avanza, el excomisario Maximiliano Bondarenko. Esto ocurrió hace un puñado de meses, nada más.

A cambio de las gestiones que llevó, como presidenta de la bicameral, la entonces diputada radical Natalia Sarapura soñó con ser entronizada como Defensora del Pueblo. Hablamos de estructuras siempre codiciadas para hacer política. Y picardías. Incluso, a pesar los hachazos al gasto público de la administración libertaria. No ocurrió. Además, otros candidatos del centenario partido tuvieron una exposición muy por encima de la jujeña. Los mejores muchísimas veces no llegan, en reiteradas ocasiones, con el Congreso y el Ejecutivo metidos en la trifulca.

Más conocido es el caso de la Corte Suprema, con un sinfín de aparentes ventanas de negociación que no existieron. Y los votos nunca estuvieron. La Casa Rosada aceleró a fondo y se encontró con una muralla opositora, que hierve de furia por la demora de Balcarce 50 para mandar centenares de pliegos judiciales.

En junio pasado, previo a aterrizar en el recinto del Senado, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos informó que había 330 espacios sin ocupar. Es decir, casi un tercio (31,25%) del total. En la Justicia nacional de la Capital Federal, el exfuncionario indicó 178 vacantes de 571; en la federal de la Capital Federal, 46 de 159; y en la federal del interior del país, 106 de 326.

Dos meses más tarde, algunos dialoguistas que integraban la comisión de Acuerdos de la Cámara alta alertaron: “Existen un total de 337 vacantes actualmente distribuidas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura. Específicamente, 184 de estas vacantes se encuentran ya elevadas al Poder Ejecutivo Nacional y 153 se encuentran en trámite dentro del Consejo de la Magistratura”.

“De las 153 en trámite, 138 corresponden a concursos ordinarios y 15 a concursos anticipados. A su vez, de aquellos en trámite, 136 son para tribunales habilitados y 17 para tribunales no habilitados. En múltiples anuncios el Gobierno Nacional ha declarado que remitiría prontamente al Senado de la Nación los pliegos en cuestión. Por ello la comisión de Acuerdos se ha mantenido atenta a ese envío con el fin de actuar con la mayor celeridad y responsabilidad en la tarea, entendiendo la urgencia y delicadeza que el tema conlleva”, agregaron los legisladores hace casi cuatro meses.

Otras pujas cercanas de definición apuntan a la Auditoría General de la Nación (AGN). En Diputados, los libertarios pactaron con el cristinismo y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en contra del PRO y la UCR. Se repartieron tres lugares. Perdieron los fervorosos defensores del “consenso” y la “rosca”, que preparaban el desembarco de Emilio Monzó. Resta saber qué hará el Senado.

“El Ministerio Público ‘tiene una estructura jerárquica muy marcada’ y un fiscal general ‘elegido por el Gobierno’. Por ello, ‘se da esa situación de dependencia jerárquica’”, afirmó Marien Ortega, nueva portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), al advertir sobre los riesgos de transferir la fase de investigación penal a los fiscales. Esta declaración se produjo tras su elección como portavoz en la 39ª Asamblea de la AJFV, que tuvo lugar en A Coruña el 14 de noviembre, según informó Europa Press.

Ortega, que asume la titularidad del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 13 de Sevilla, manifestó en una entrevista con Europa Press que, dadas las condiciones actuales, “no es el momento” para que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales. Esta posibilidad, recogida en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM) aprobado en Consejo de Ministros el 28 de octubre, representa uno de los cambios clave impulsados por el Gobierno en los últimos meses, tal como consignó la agencia.

Al exponer sus motivos, la magistrada explicó que la Fiscalía, al estar regida por una estructura jerárquica, limita la independencia de sus miembros. Ortega destacó que sus superiores pueden apartar a un fiscal de un caso o darles instrucciones directas. Añadió que, mientras la autonomía del Ministerio Fiscal no se fortalezca, no conviene trasladar a la Fiscalía las competencias de investigación, ya que esto podría comprometer la imparcialidad en la instrucción. La portavoz subrayó que actualmente el juez instructor cumple con las exigencias de imparcialidad y ofrece garantías para la ciudadanía que, en su opinión, no se mantendrían con la estructura vigente de la Fiscalía.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Ortega también se refirió a las recientes reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobadas por el Gobierno, indicando que estas modificaciones “no cambian la elección del fiscal general del Estado”, que sigue dependiendo del Gobierno, lo que mantiene intacto uno de los puntos que valora como críticos para resguardar la independencia.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la reforma calificándola como “absolutamente necesaria”, según recogió Europa Press. Bolaños argumentó que el objetivo es dar un “paso decisivo” en el refuerzo de la autonomía del Ministerio Fiscal y destacó que, aunque la institución ya cuenta con mecanismos para velar por dicha autonomía, la reforma incluye novedades para profundizarla.

Entre los cambios, el ministro detalló que el mandato del fiscal general del Estado, que antes coincidía con los cuatro años habituales del Gobierno, se extenderá a cinco años, desvinculando así la duración de ambos cargos. Además, la reforma impedirá la reelección para otro mandato, salvo si el periodo ejercido es menor a un año, con lo que una persona podrá ocupar ese cargo un máximo de seis años, reportó el mismo medio.

Respecto a la aplicación de la reforma, Bolaños indicó que las nuevas disposiciones relacionadas con la LECRIM van dirigidas a equiparar el estatus de los fiscales al de los jueces, con el propósito de habilitarlos para asumir la instrucción de investigaciones penales. La designación de los fiscales instructores corresponderá al fiscal jefe, quienes estarán sujetos a causas de abstención y recusación equiparables a las que aplican para los jueces y magistrados. Bolaños explicó que, por ejemplo, “una instrucción de un fiscal no podrá llevarla a cabo si tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con una de las personas que están investigando”, estándar que rige actualmente para quienes imparten justicia.

El medio Europa Press recogió también que, en línea con estas nuevas funciones, el Ministerio Fiscal asumirá competencias propias de los jueces, como imponer sanciones a quienes no colaboren con las investigaciones, además de hacerse cargo de la Policía Judicial.

Marien Ortega puso énfasis nuevamente en los riesgos de dependencia jerárquica en la Fiscalía y en la importancia de que la autonomía del Ministerio Fiscal se refuerce antes de proceder a cambiar la titularidad de la instrucción penal. Según sus apreciaciones, la estructura actual no garantiza la independencia requerida para la instrucción de causas penales, y transferir esa competencia supondría una merma en las garantías para la ciudadanía, insistió ante Europa Press.

Durante la reciente Asamblea de la AJFV en A Coruña, Ortega fue elegida portavoz nacional de la segunda mayor asociación judicial española por número de asociados. Su mandato inicia en un contexto marcado por el debate sobre la reforma del proceso penal y la reconfiguración del papel de la Fiscalía en el sistema judicial español. Sus declaraciones se suman así al conjunto de voces que plantean interrogantes sobre el alcance de las reformas y las condiciones necesarias para garantizar un equilibrio entre eficacia investigativa y garantías procesales, según detalló Europa Press en su cobertura del tema.

El debate continúa en el seno de las distintas asociaciones y estamentos judiciales, mientras el Gobierno mantiene el impulso legislativo con el objetivo de trasladar la investigación penal a la Fiscalía, sujeto a la condición de reforzar su autonomía y el marco de garantías que demanda el sistema judicial español, reportó la agencia.

A casi dos décadas del femicidio de Nora Dalmasso en el barrio Villa Golf de Río Cuarto, el viudo Marcelo Macarrón reiteró sus críticas hacia la investigación tras haberse confirmado que todos los fiscales que fueron parte del caso serán sometidos a un jury por mal desempeño y negligencia. “Tienen que ir presos”, aseguró.

La celebración del juicio político que tendrá en el banquillo de los acusados a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fue motivada por una denuncia presentada por la familia Macarrón-Dalmasso. Se trató del uno de los últimos recursos que podían impulsar, luego de que la Justicia considerara que el último acusado, el parquetista Roberto Bárzola, no podía ser juzgado porque la causa había prescripto.

Al ser consultado sobre la aprobación del jury, el médico traumatólogo cuestionó la actuación de los fiscales al comparar su responsabilidad con la de los profesionales de la salud. “Si lo han hecho por impericia tienen que cumplir con la ley. Yo opero a un paciente y hago una mala praxis voy preso, ellos tienen que ir presos de la misma forma”, ejemplificó.

“Yo creo que cometieron una mala praxis”, declaró el esposo de Nora durante una breve entrevista para el noticiero de El Doce. Incluso, Macarrón sostuvo que la investigación estuvo plagada de errores, desde la imputación de su hijo hasta su propio procesamiento en la causa como presunto homicida.

De esta manera, el viudo recordó las acusaciones infundadas que recayeron sobre su familia, tras considerar que “fue una locura, la imputación de mi hijo, la causa de imputación de mi hijo, la causa de mi imputación”. En el caso del hijo mayor de la víctima, se había llegado a plantear que la habría atacado para esconder su orientación sexual e, incluso, que la habría abusado antes del crimen.

Respecto a las acusaciones que recibió en su contra, Macarrón enumeró: “Primero que viajé en un vuelo fantasma, después que contraté un sicario que nunca dijeron quién era el sicario”. Tras remarcar su inocencia al rememorar que se encontraba en Uruguay ese fin de semana, manifestó: “Soy un hombre de bien, me sometí a un juicio injusto siendo inocente, pudiendo ir preso 25 años con perpetua”.

A pesar de esto, lamentó que los investigadores no hayan detenido al presunto asesino en el plazo inicial de la pesquisa. “Ellos no fueron capaces a los 30 días de atrapar al asesino de mi mujer, es injusto todo”, criticó al apuntar directamente contra Bárzola, como responsable del crimen.

“Es el asesino que no vieron y no quisieron ver nunca. Ellos lo sabían, pero no lo quisieron ver nunca“, recriminó el médico, luego de que un análisis de ADN realizado en diciembre de 2024 confirmara que había material genético del parquetista en el cinto de la bata de la víctima.

A lo largo de todos estos años, se trató de la primera prueba concluyente que se sumó al expediente. Sin embargo, el principal sospechoso fue sobreseído por prescripción a mediados de octubre de este año. El fallo fue emitido por la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto, tras argumentar que se había cumplido el plazo legal establecido en el Código Penal argentino.

Por esto, Macarrón expresó su frustración al afirmar: “Personalmente, les presenté una carpeta del FBI e hicieron oídos sordos. Siempre fueron en contra de la familia. En vez de ser las víctimas fuimos señalados con el dedo permanentemente”.

Finalmente, el esposo de Dalmasso instó a una autocrítica institucional: “La Justicia de Córdoba se tiene que llamar a una reflexión interna de los errores cometidos durante 15 años”. Y reiteró que, bajo su punto de vista, los investigadores “tenían el asesino a los 20 días y yo me tuve que someter bajo decisión propia a un juicio siendo un inocente”.

El equipo de fiscales de Chaco brindó este lunes una conferencia de prensa tras el veredicto del tribunal popular en el juicio por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, donde destacaron que lograron una sentencia condenatoria a pesar de la ausencia del cuerpo de la víctima. El caso, que mantuvo en vilo al país, culminó una de sus fases fundamentales con la declaración de culpabilidad para seis de los siete imputados, entre ellos el ex esposo de la víctima, César Sena, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

El procurador general de la provincia, Jorge Canteros, explicó ante la prensa que el desafío más importante de la investigación consistió en reconstruir el crimen sin la existencia de un certificado de defunción, el cual será solicitado por la jueza, y sin el cuerpo de la víctima. “Nos dijeron que sin certificado de defunción y sin cuerpo no iba a haber sentencia, no iba a haber culpables”, expuso.

Detalló que los restos calcinados de la mujer de 28 años -que fue vista por última vez el 2 de junio de 2023- hallados bajo la forma de cenizas, orientaron la investigación. “El cuerpo de Cecilia muerta, mutilada, quemada, convertida en cenizas, habló. Nos marcó lugares: el río donde fueron tiradas sus cenizas, se encontró el dije que fue una prueba fundamental en este proceso, se encontró su valija quemada que contenía los sueños de una chica emprendedora", manifestó Canteros. Y añadió: “una chica muy joven a la que le habían prometido otra vida en el sur del país”. A través de esos elementos recuperados, los fiscales sustentaron la hipótesis de que la mujer entró viva a la casa de la familia Sena y posteriormente fue retirada sin vida, “envuelta en una manta, en una camioneta y cubierta con bolsas de basura”.

Los dos imputados que quedaron en libertad

El proceso penal en el tribunal chaqueño tuvo como eje central la acusación contra César Sena, ex pareja de la víctima, declarado culpable por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también resultaron condenados en calidad de partícipes primarios del mismo delito.

El equipo de fiscales, integrado por Juan Martín Bogado, Jorge Omar Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez, resaltó que aún queda pendiente la audiencia de censura, donde se determinarán las penas a aplicar. Según explicó Bogado, la audiencia está programada para el 26 de noviembre a las 9 horas.

Respecto de Gustavo Melgarejo, el fiscal Bogado detalló que fue considerado culpable del delito de encubrimiento simple. A pesar de la condena, se le otorgó la libertad condicional, ya que había cumplido dos tercios de la pena máxima prevista para ese delito durante su detención preventiva. Al respecto, Bogado subrayó: “Cuando se cerró la audiencia aquí no hubo ni un planteo, pero después nos enteramos de que la juez, teniendo en cuenta esto, le había dado la libertad”. “El procedimiento no fue el adecuado, pero lo esencial es así”, señaló.

Otra de las preguntas apuntó al caso de uno de los acusados, quien fue declarado culpable de encubrimiento agravado. “Por Gustavo Obregón vamos a pedir la pena que entendemos corresponde; la pena máxima es de seis años”, explicó Bogado. La misma calificación fue considerada para Fabiana González.

En la misma línea, la fiscalía informó que Griselda Reynoso resultó la única imputada declarada no culpable por el jurado, motivo por el cual recuperó la libertad de inmediato. Según Bogado, la resolución fue “lo más lógico”, basándose en el veredicto.

Durante el contacto con la prensa, el procurador general adjunto, Miguel Fonteina, remarcó el contexto bajo el que se desarrolló todo el procedimiento. “Esta es una causa compleja no solamente por el delito, sino por los actores y por ser un hecho en el que intervienen cuestiones muy poderosas”, donde los acusados contaban con “influencias de todos lados” e incluso se recibieron amenazas en las primeras instancias de la investigación judicial.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha manifestado que la reforma para otorgar a la Fiscalía la dirección de la instrucción penal se alinea con los modelos europeos y responde a la necesidad de mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la justicia. Según detalló Europa Press, Bustinduy enfatizó la importancia de que el sistema judicial español avance hacia esquemas que ya operan en otros países de Europa, donde las investigaciones penales están bajo la responsabilidad del Ministerio Fiscal y no de los jueces. De acuerdo con el ministro, esta propuesta cuenta con un respaldo considerable en el seno del Ejecutivo.

Durante una entrevista concedida a TVE y recogida por Europa Press, Bustinduy expuso que Sumar respalda el traspaso de funciones a la Fiscalía debido a que permitiría agilizar los procedimientos penales. El titular de Derechos Sociales precisó que las demoras en las causas judiciales constituyen uno de los principales desafíos del sistema de justicia, por lo que consideró que esta modificación jurídica podría optimizar los tiempos y mejorar el acceso de la ciudadanía a una resolución más rápida. En palabras de Bustinduy, "todo lo que vaya en el sentido tanto de agilizar los tiempos de la justicia como de profundizar en la democratización del sistema judicial" resulta bienvenido.

El ministro explicó que la aprobación de la reforma está prevista por el Consejo de Ministros en la jornada siguiente a la entrevista. Aseguró, según Europa Press, que la iniciativa obtiene un “consenso bastante amplio” dentro del Gobierno, puesto que la medida responde a una demanda compartida de modernización del marco judicial. Bustinduy argumentó que adaptar el modelo español al de otros países europeos aportará mayor celeridad y actualización en la tramitación de las causas.

La reforma consiste en que la investigación penal pase a ser liderada por los fiscales, desplazando a los jueces de dicha función, estructura que predomina en sistemas judiciales europeos de referencia. A juicio de Bustinduy, citado por Europa Press, el objetivo central radica en conferir mayor eficiencia a la instrucción de los casos y garantizar una administración de justicia acorde a las demandas actuales. La medida, sostuvo, se inscribe en las políticas de modernización y democratización institucional que promueve el Gobierno.

Bustinduy indicó que el calendario para la entrada en vigor de la nueva normativa apunta al año 2027; una fecha que mencionó de manera tentativa, reservándose confirmarla hasta el pronunciamiento del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, en la sesión del Consejo de Ministros. Según recogió Europa Press, el titular de Derechos Sociales confirmó que espera obtener información precisa sobre los plazos durante esa comparecencia.

Por otra parte, el medio Europa Press consignó que, desde la perspectiva de Sumar, la iniciativa permitirá ‘ponerse a la par’ con los sistemas del continente que ya ejecutan la instrucción penal a través de la Fiscalía. Bustinduy defendió que esas prácticas internacionales han demostrado mayores niveles de agilidad procesal, lo que contribuye a un servicio judicial más ordenado y equitativo para los ciudadanos.

Europa Press también informó que la propuesta se presenta como parte de un conjunto de reformas que el Ejecutivo busca impulsar para actualizar las bases legales y procesales en España, promoviendo así una mayor eficiencia institucional y ajustando la actuación judicial a los parámetros mayoritariamente adoptados en los países miembros de la Unión Europea.

A lo largo de la entrevista, Bustinduy reiteró el respaldo de Sumar a la reforma, subrayando su convicción de que la transferencia de la fase de instrucción a los fiscales supondrá un avance significativo en términos de acceso, rapidez y transparencia en el sistema judicial. Expresó además su esperanza en que la medida reciba apoyo mayoritario en el Parlamento, ya que responde a demandas históricas de modernización y democratización de la justicia.

Una audiencia realizada el jueves último por la comisión de Acuerdos del Senado, que comanda la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires), volvió a poner en foco la crítica situación de la justicia argentina, con más de 330 vacantes que no cubre el Ejecutivo y que resiste enviar a la Cámara alta, donde La Libertad Avanza se encuentra en amplia minoría y está obligada a negociar con toda la oposición.

Durante el convite para extender, por cinco años, la labor de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones, Mirta Delia Tyden, senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Pro reiteraron las quejas contra la Casa Rosada y reclamaron una pronta solución a un asunto que, en principio, se sostendría hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre próximo.

“La provincia de Misiones es eminentemente fronteriza. El 80% de las fronteras son fluviales y el 20% son terrestres, y, desgraciadamente, el delito estrella en la provincia de Misiones es el contrabando y el transporte de estupefacientes. Para todo eso tenemos muy pocos jueces para juzgar”, detalló Tyden a la comisión.

Luego, la experimentada magistrada contó, que “un juez de primera instancia más o menos maneja de 15.000 a 18.000 causas, algo imposible de manejar con una atención primaria en esos expedientes”. Y añadió: “La Cámara está integrada por tres personas. Dos de ellas, en funciones; una, vacante, en concurso. También el Tribunal Oral, a partir del 1 de noviembre, se queda con un solo integrante en la jurisdicción, lo que hace muchas veces muy difícil el trabajo, con esa cantidad de expedientes, y la solución de los problemas”.

Tras la exposición de Tyden, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) manifestó: “La sesión pasada se acordó enviar un proyecto de comunicación para que se cubran las 337 vacantes que hoy existen y, como bien lo describió la doctora, su consecuencia es muy negativa para el servicio de Justicia. Por lo tanto, hay que regularizar esta situación. Entonces, quiero manifestar mi acompañamiento y resaltar la importancia de que las vacantes se ocupen”.

Abad luego advirtió: “Pero también la doctora se manifestó frente al nuevo Código Procesal Penal que se está tratando de implementar en la Argentina, porque tiene implementaciones dispares. Y si se aplica correctamente es un paso adelante, pero si esto no ocurre genera graves consecuencias, producto de que el Gobierno Nacional hoy no está destinando los fondos para producir los cambios que el nuevo Código Procesal establece. Por eso, acá tiene que haber un llamado de atención y debemos reclamarle al Ejecutivo Nacional que destine los fondos para que el Código Procesal Penal se pueda implementar y tengamos un avance en ese sentido”.

Tyden respondió: “Quisiera informar que, en la provincia de Misiones, el 18 de marzo, se va a poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal Federal de la Nación. El papel principal lo tendrán los fiscales. Justamente, en la parte de Fiscalía estamos con un solo fiscal. Haremos todo lo posible para la implementación, pero la verdad es que no sé cómo vamos a trabajar”.

Sobre el final, Tagliaferri enfatizó: “Desde esta Comisión de Acuerdos estamos a entera disposición del Poder Ejecutivo para poder resolver algo que es central, que no tiene que ver con el Poder Ejecutivo o con la Comisión de Acuerdos, sino con que la ausencia de magistrados, fiscales y defensores, a lo largo y a lo ancho del país, lo que hace es que haya una justicia que no llega para la gente, justicia que no llega para los delitos federales. Entonces esto no es una cuestión de política, es una cuestión de entre todos construir una justicia robusta, sólida y que pueda darles respuestas a los problemas de todos los argentinos”.

“Preocupa, además, como siempre hablamos, el tema de los jueces, pero claramente en esto del nuevo Código Procesal, hay que empezar a hablar también en voz alta de la necesidad de los fiscales. Porque es imposible que las provincias, o el ámbito federal, puedan desarrollar estos desafíos si no tienen no solamente los jueces y las juezas, sino también los fiscales”, agregó la senadora y legisladora porteña electa.

La Comisión de Constitución del Congreso continúa con el debate sobre el nuevo reglamento para el retorno al sistema bicameral. Aunque se retiró la propuesta de incremento de sueldos, los parlamentarios aún evalúan otras medidas que atentan contra la Constitución y el equilibrio de poderes.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo XI del dictamen, que plantea la inviolabilidad de los recintos e instalaciones parlamentarias. En la práctica, esto impediría que cualquier autoridad o miembro de la fuerza pública ingrese a las sedes del Legislativo sin autorización expresa de los presidentes de las cámaras de senadores o diputados.

La congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático, advirtió sobre los riesgos de esta propuesta, a la que calificó como un “manto de impunidad” para evitar futuras investigaciones.

“Innecesario y va en contra de lo que la Constitución señala, generando un manto de impunidad y espíritu de cuerpo ante casos que requieren allanamiento o diligencias por flagrancia delictiva u otros delitos”, señaló en su cuenta de X.

El cuestionamiento central es claro: si esta norma hubiera estado vigente en la actual legislatura, el Ministerio Público no habría podido ingresar al Congreso para recabar información en investigaciones sobre congresistas involucrados en presuntos actos irregulares.

Allanamientos y diligencias en despachos parlamentarios

La muerte de la ex trabajadora parlamentaria Andrea Vidal dio inicio a una investigación sobre una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso. En ese contexto, el Ministerio Público ingresó al Palacio Legislativo para recolectar información como parte de sus labores regulares.

No obstante, de haber estado vigente el principio de “inviolabilidad parlamentaria”, los fiscales y efectivos policiales no habrían podido ingresar sin la autorización del presidente del Congreso de ese entonces, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), bancada señalada en medio del escándalo.

Al igual que esta intervención, se realizaron otros operativos vinculados a casos de corrupción, contrataciones irregulares, el cobro de los llamados “mocha sueldos” e incluso una denuncia por violación. Estas diligencias no solo se efectuaron en la sede central del Parlamento, sino también en las oficinas de los congresistas ubicadas en la avenida Abancay. El texto actualmente en debate busca restringir este tipo de actuaciones fiscales y policiales.

Otras propuestas preocupantes

Si bien el reglamento del próximo Congreso bicameral aún se está debatiendo y debe ser aprobado por el pleno, hay varios puntos que generan preocupación.

Como por ejemplo, la controvertida propuesta sobre la figura de la suspensión presidencial, que —en ausencia de límites claros— podría permitir que un presidente sea apartado del cargo por tiempo indefinido. A diferencia de la vacancia que pone término definitivo al mandato, la suspensión ocurre por causas temporales y requiere solo 66 votos para ser aprobada.

Según el predictamen, el Congreso podría suspender al jefe de Estado si declara su incapacidad temporal, si enfrenta un proceso judicial, o si se presenta un “hecho objetivo público” que lo inhabilite —como una enfermedad grave o indagaciones por delitos graves como cerrar el Congreso, traición a la patria o impedir elecciones, contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

El principal problema radica en que el texto no establece ningún plazo máximo para la duración de esta suspensión y deja las causas abiertas a interpretación del próximo Congreso. Esto ha generado alarma, pues podría convertirse en una especie de vacancia encubierta, aumentando la inestabilidad política en lugar de corregirla.

Entre las germinaciones de problemas sin resolver y, en pleno asedio opositor contra el Gobierno libertario, senadores otrora dialoguistas y ex aliados de la comisión de Acuerdos presentaron un proyecto para que la Casa Rosada remita “con la mayor celeridad” a la Cámara alta “los pliegos correspondientes a las vacantes de magistrados del Poder Judicial de la Nación, como así también los pliegos relativos a fiscales y defensores nacionales”.

“La cobertura oportuna de dichos cargos resulta de vital importancia para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y el fortalecimiento de la institucionalidad de la República”, indica parte de los argumentos la iniciativa firmada por la senadora larretista y titular de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, quien desde diciembre ocupará una banca en la Legislatura porteña. El texto también fue firmado por el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) e integrante del Consejo de la Magistratura, Eduardo Vischi (Corrientes), así como el experimentado peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta).

En los fundamentos también se detalla que “resulta significativamente alarmante la cantidad de cargos vacantes existentes de magistrados, fiscales y defensores que, en su conjunto, conforman las tres partes fundamentales en un proceso judicial”. En esa línea, se advierte: “Contar con el gran número actual de Juzgados Nacionales y Federales, Defensorías y Fiscalías acéfalas no hace más que dañar el funcionamiento del sistema judicial, siendo la cobertura de vacantes y la agilización de los procesos esenciales para asegurar el pleno acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos de todos los habitantes de la Nación".

Por otra parte, Tagliaferri, Romero y Vischi indican que “en cuanto a las vacancias de magistrados del Poder Judicial, según un informe datado con fecha 14 de agosto del corriente año del Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de llevar adelante los concursos públicos para los cargos vacantes, al día de hoy existen un total de 337 vacantes actualmente distribuidas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura. Específicamente, 184 de estas vacantes se encuentran ya elevadas al Poder Ejecutivo Nacional (dos con Acuerdo del Senado otorgado, pero sin nombramiento efectuado) y 153 se encuentran en trámite dentro del Consejo de la Magistratura“.

Los legisladores luego manifiestan: “De las 153 en trámite, 138 corresponden a concursos ordinarios y 15 a concursos anticipados. A su vez, de aquellos en trámite, 136 son para tribunales habilitados y 17 para tribunales no habilitados. En múltiples anuncios el Gobierno Nacional ha declarado que remitiría prontamente al Senado de la Nación los pliegos en cuestión. Por ello la comisión de Acuerdos se ha mantenido atenta a ese envío con el fin de actuar con la mayor celeridad y responsabilidad en la tarea, entendiendo la urgencia y delicadeza que el tema conlleva”.

“Todos hemos hecho gestiones por los cargos pendientes; incluso, la señora presidenta. Sin ningún éxito hasta ahora; no hemos obtenido nada. No sé, pensemos acá. Hay dos posibilidades: o la Comisión hace una resolución instando al Poder Ejecutivo –y, si es que cabe, que mande los pliegos– o en el recinto aprobamos una resolución en igual sentido. No se me ocurre otra cosa más que una expresión política de la Comisión o del Cuerpo, porque en cuanto a la necesidad de cubrir los cargos estamos todos de acuerdo. Tal vez, por ahí, podemos evitar seguir con este bloqueo y aprobar algo de común acuerdo que sea positivo”, reflexionó Romero en la reunión de la comisión de Acuerdos, consumada el 20 de agosto pasado.

Recategorizaciones para quien hizo caer Ficha Limpia

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó días atrás una resolución para otorgar la categoría más alta a cuatro agentes temporales que responden a la senadora misionera renovadora Sonia Rojas Decut. Fue, junto a su colega Carlos Arce -quien contrató a una modelo y la removió en menos de 20 días, como contó meses atrás Infobae-, quienes dinamitaron en el recinto la ley de Ficha Limpia, pese que ambos se habían comprometido, con declaraciones públicas, a acompañar la iniciativa. La decisión oficial -decreto 457/25- está habilitada por los módulos que tiene a disposición dicha bancada.

Con el mecanismo judicial, el exmandatario busca conseguir su libertad mientras se resuelve su situación jurídica en segunda instancia, puesto que la jueza Sandra Liliana Heredia ordenó su detención domiciliaria inmediata tras dar a conocer la sentencia condenatoria.

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El magistrado en cuestión alegó dos causales que lo llevan a apartarse del caso; una de ellas tiene que ver con el nombramiento como fiscal local de Zipaquirá de su compañera sentimental, Luz Adriana Gutiérrez Mejía, por parte del ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, reconocido como víctima en el proceso penal contra el ex jefe de Estado. Para entonces (2013), el titular de la cartera fungía como fiscal General de la Nación. “La sala, sin él, tendrá que definir el fondo de esta tutela”, indicó Uribe al respecto.

Luego, expuso un listado de magistrados y fiscales que intervinieron en su caso y que, a su juicio, debieron hacer lo mismo que hizo el magistrado Riaño: declararse impedidos para conocer el proceso y tomar decisiones al respecto.

Quejas de Uribe contra fiscales y magistrados

Entre las personas que mencionó está la fiscal Marlene Orjuela, que estuvo al frente de la investigación durante el juicio oral, después de la acusación, y que pidió su condena. Según explicó, la funcionaria fue nombrada en el cargo por Montealegre, lo que implicaría un conflicto de intereses teniendo en cuenta la calidad de víctima del ministro.

En su lista incluyó también al magistrado César Reyes, que, de acuerdo con sus declaraciones, debió dar un paso al costado y no tomar ninguna determinación sobre el proceso penal que se surtía en su contra. “Hace cinco años ordenó mi encarcelamiento, se debió declarar impedido y no lo hizo”, aseguró.

Dicho impedimento debió efectuarse, toda vez que el togado fue compañero de trabajo de la esposa del senador Iván Cepeda, declarado víctima en el caso, y fue contratista del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos durante el proceso de paz que se adelantó con las extintas Farc-EP, al cual se opuso Álvaro Uribe.

Por otro lado, al igual que pasó con la fiscal Orjuela, el fiscal Gilberto Villarreal fue designado en dos cargos dentro del ente investigador por decisión del exfiscal y actual ministro Montealegre. El fiscal fue el responsable de acusar a Uribe formalmente por tres delitos, de los cuales dos prosperaron y derivaron en la condena.

Según explicó, Villarreal fue nombrado director de Fiscalías de San Gil en Santander y tiempo después fue promovido como delegado de la Fiscalía ante la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga.

“Imaginen esa cercanía con Eduardo Montealegre, que lo había nombrado y el señor no se declara impedido. Lo recusamos, una recusación tarde, porque le permitieron que presentara la acusación y lo trasladaron. Y después dijeron que ya era un hecho superado. Sí, a él lo trasladaron, pero me dejaron acusado. No sanearon la acusación”, detalló.

También mencionó a la magistrada Cristina Lombana para ejemplificar el caso contrario: fue recusada al inicio del proceso, pese a que, presuntamente, el expresidente no tuvo cercanía alguna con ella. El argumento que se utilizó entonces para apartarla del caso fue que la funcionaria judicial hizo parte del Ejército durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).

“Nunca nos conocimos, ella en el Ejército y yo en el ejercicio presidencial, ni tuvimos relación directa. El Consejo de Estado, en un recurso, confirmó esa recusación. Dijo que la circunstancia de estar en el Ejército y haber sido yo presidente en esa época violaba lo que se llama la imparcialidad objetiva. Esto es, así no nos conociéramos, no tuviéramos unas relaciones de familia, de negocios, una gran amistad”, indicó el expresidente.

La jurista Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, envió una carta a los convencionales reformadores de Santa Fe para pedir que se garantice la independencia de los fiscales en la próxima Constitución provincial, que se encuentra en proceso de reforma.

La comunicación se dio a partir de una solicitud previa de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), que también expresó preocupaciones por la vulneración de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En su misiva, Satterthwaite mostró su preocupación por el régimen disciplinario y la designación de fiscales vigente. La relatora de Naciones Unidas indicó que estas normativas no estarían en línea con los estándares internacionales.

La provincia de Santa Fe inició el 14 de julio la reunión de su Asamblea Constituyente, que tiene un plazo de 40 días corridos, prorrogables por 20 días más, para llevar adelante la reforma. La Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales -que preside Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas- es la encargada de debatir la nueva redacción de estos temas.

La relatora Satterthwaite consideró este momento como una oportunidad propicia para que la reforma constitucional garantice de forma efectiva la independencia del Ministerio Público de la Acusación. Aunque la comunicación no pretendió hacer un análisis exhaustivo de los proyectos constitucionales propuestos, se centró en el posible impacto de estos en el MPA y su compatibilidad con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, para llevar un aporte útil al proceso.

En el documento, al que accedió Infobae, la reconocida jurista y académica recordó que Argentina ratificó en 1986 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que incluye estándares internacionales sobre el derecho a un juicio justo y la independencia del Poder Judicial.

También trajo a colación la Constitución Nacional de la República Argentina. En su artículo 120, establece que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Esta formulación, según destacó en la carta, está más en línea con los estándares internacionales, por lo que invitó a Santa Fe a avanzar en esta dirección.

La actual Constitución de Santa Fe, en sus artículos 84 y 85, hace referencia al Procurador General como parte de la Corte Suprema de Justicia provincial y a los requisitos para ser fiscal de las Cámaras de Apelación, respectivamente. Sin embargo, no alude a las características que debe tener el MPA, dado que al momento de su dictado no regía aún el sistema acusatorio.

Cómo se sanciona a los fiscales

La ley orgánica provincial que organiza el MPA es la N° 13.013, que sufrió diversas modificaciones desde su sanción. Con las últimas actualizaciones se implementó un régimen disciplinario en el que los fiscales pueden ser sancionados y removidos de sus cargos por el Poder Legislativo. Aunque luego se flexibilizó el sistema para que los procesos no queden exclusivamente en manos de los legisladores, para los magistrados esto atenta directamente contra la división de poderes y sujeta la actuación de los acusadores a los intereses de la política.

La relatora especial de Naciones Unidas opinó al respecto que, a diferencia de lo que ocurre con las sanciones dictadas por el Tribunal de Disciplina –recurribles ante la justicia contencioso administrativa–, el régimen actual no prevé vía judicial alguna contra la decisión legislativa, lo que desde la perspectiva del derecho internacional podría suponer la negación de una apelación.

La designación de los fiscales

En cuanto a la designación de fiscales, el Decreto N° 3904/2012 había estructurado un sistema de selección basado en principios de transparencia, mérito, publicidad y participación ciudadana. Se establecía la creación de un Consejo de la Magistratura con integración plural, como órgano asesor del Poder Ejecutivo, encargado de llevar adelante concursos públicos. Este modelo garantizaba una etapa de evaluación técnica objetiva con un sistema de puntaje cerrado, y el orden de mérito resultante era vinculante, lo que significaba que el Poder Ejecutivo debía respetar el ranking al proponer candidatos.

Posteriormente, el Decreto N° 854/2016 introdujo una modificación sustancial: si bien mantuvo el sistema de concursos, el orden de mérito dejó de ser vinculante para el Ejecutivo, permitiéndole seleccionar a cualquiera de los integrantes de la terna elevada por el Consejo de la Magistratura.

La situación actual está regulada por el Decreto N° 659/2024, complementado por la Resolución N° 1223/2024 del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. Este nuevo régimen abandonó de forma definitiva la lógica de elección por orden de mérito, profundizando un modelo basado en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, alertó Satterthwaite.

La normativa vigente establece que los postulantes aprobados se incorporarán a una lista única provincial sin orden de mérito, la cual se remite al Gobierno por orden alfabético y sin indicar puntajes ni calificaciones. A partir de dicha lista, el Ejecutivo se encuentra habilitado para proponer nombramientos definitivos o designar directamente fiscales, sin obligación de justificación objetiva respecto de la elección del postulante.

La relatora señaló que el sistema actual permite al Poder Ejecutivo elegir a voluntad entre los aprobados, incluso para cargos subrogantes, sin dar razones ni sustento técnico, lo que erosiona la autonomía funcional del MPA y subordina la designación y permanencia de los fiscales a la voluntad del Ejecutivo.

Margaret Satterthwaite enfatizó que los estándares internacionales destacan que los fiscales desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia, y las normas que rigen sus funciones deben contribuir a un sistema penal justo y equitativo que proteja a la ciudadanía. La falta de autonomía e independencia, según expresó, puede minar la credibilidad de la autoridad fiscal y socavar la confianza pública en la Justicia.

Justicia responde así a las asociaciones que convocaron la huelga, después de que éstas calificaran de "burdo ejercicio de propaganda y manipulación" el dato ofrecido por el Ministerio, según el cual sólo 29 personas habrían comunicado oficialmente su participación en los paros.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha enviado una carta a las cinco asociaciones que convocaron la huelga: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

En ella, les pide que, si como responsables de la convocatoria y gestión de la huelga, tienen un listado "verificado y autorizado" de jueces y fiscales que la hayan secundado, lo envíen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) o al propio Ministerio "a la mayor brevedad para proceder a la deducción de salario".

Estas asociaciones denunciaron que el Ministerio de Justicia no había detraído aún los haberes correspondientes a los días no trabajados y advertían de que eludir esa obligación podría tener "consecuencias jurídicas, incluidas posibles responsabilidades en la gestión de fondos públicos".

Recordaron que en la anterior huelga del año 2018, los haberes fueron descontados de forma automática y sin objeciones, tal como establece la normativa vigente.

En su misiva, Olmedo expresa la preocupación del Ministerio "por hacer una adecuada gestión del dinero público" y recuerda que en la anterior huelga de 2018 tanto el CGPJ como la FGE remitieron a Justicia los listados de las personas que se habían adherido a la misma "practicándose acto seguido la correspondiente detracción de haberes".

En esta ocasión -detalla Olmedo- se solicitó formalmente tanto al CGPJ como a la FGE que dieran esta información a Justicia, mientras que se reclamó a las gerencias territoriales del Ministerio si habían recibido alguna comunicación directa de los participantes.

"Como resultado de estas gestiones, hemos obtenido los datos de seguimiento que han sido difundidos públicamente", consistentes en un juez que afirmó haber hecho uso de su derecho de huelga, otro juez que afirmó sumarse a la huelga pero informó de que estaba realizando servicios mínimos, y 28 fiscales, de los cuales 19 la secundaron 3 días, uno la secundó dos días y 8 lo hicieron un día.

El secretario de Estado de Justicia recuerda que el Ministerio es el órgano pagador, pero no el empleador, por lo que, al no tener poder de dirección sobre ellos, "no existen mecanismos autónomos para conocer de manera fehaciente y oficial el nombre de las personas que hicieron huelga esos días".

Así, asegura que sólo pueden obtener esta información de las comunicaciones realizadas formalmente por el CGPJ y la FGE y a las que quieran realizar voluntariamente jueces o fiscales a las gerencias territoriales. EFE

El equipo legal de Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, presentó una solicitud formal ante el tribunal para que se investigue y sancione a la fiscalía del distrito de Manhattan por lo que califican como una grave violación de la privacidad médica del acusado.

En un escrito judicial presentado el pasado jueves 17 de junio, la defensa sostiene que los fiscales obtuvieron y revisaron documentos médicos protegidos por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés), lo que habría comprometido derechos fundamentales del acusado. “El Fiscal del Distrito ha citado a la aseguradora médica del Sr. Mangione y, si su relato es cierto, revisaron parcialmente documentos confidenciales, privados y protegidos que ellos mismos reconocen están amparados por HIPAA”, señala el documento judicial.

Mangione se ha declarado no culpable del asesinato de Brian Thompson, ocurrido en diciembre pasado en una calle de Midtown. El acusado no tenía cobertura médica con UnitedHealthcare, y según la fiscalía, su objetivo habría sido enviar un mensaje en contra de la avaricia corporativa.

Defensa asegura que se violó el privilegio médico-paciente y exige sanciones

La defensa de Mangione acusa a la fiscalía no solo de acceder a información médica confidencial, sino de hacerlo de manera deliberada y con pleno conocimiento de que ello violaba derechos legales. “La violación va mucho más allá. También implica la transgresión intencional y consciente del privilegio médico-paciente”, afirmaron los abogados del acusado en la presentación ante el tribunal.

El equipo legal también reclama que la citación utilizada para solicitar los documentos a la aseguradora Aetna fue impropia y debe ser examinada a fondo. Argumentan que cualquier acceso, uso o revisión de dicha información por parte de los fiscales constituye una infracción directa a los derechos de su cliente.

Según documentos citados por ABC News, los fiscales admiten que solicitaron ciertos documentos médicos limitados, pero aseguran que la aseguradora Aetna les envió materiales adicionales por error. Una vez identificada la información confidencial que no correspondía, afirman que procedieron a eliminarla de inmediato y que notificaron tanto a la defensa como al tribunal.

El error se amplificó cuando la defensa reenvió los mismos documentos

Una fuente con conocimiento directo del caso explicó que la situación se agravó cuando los propios abogados defensores enviaron de nuevo a la fiscalía los mismos archivos que esta ya había eliminado, repitiendo la exposición de los documentos. Este hecho, aunque involuntario, ha generado una nueva línea de cuestionamientos dentro del proceso judicial en curso.

La fiscalía, por su parte, ha indicado que responderá de manera formal a estas acusaciones en los documentos judiciales que presentará próximamente. Mientras tanto, no se han emitido comentarios públicos adicionales desde la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.

El equipo legal de Mangione sostiene que el daño ya está hecho y que el acceso indebido a sus registros médicos no puede ser ignorado ni reparado con la simple eliminación de los archivos. Insisten en que el tribunal debe celebrar una audiencia específica sobre este asunto y considerar sanciones contra los fiscales responsables.

Antecedentes del caso: un crimen con motivación corporativa, según fiscales

Mangione está acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, sin una conexión personal o profesional directa con la víctima. El crimen, que sacudió a la ciudad de Nueva York a finales del año pasado, ocurrió en una zona transitada de Midtown, y según la fiscalía, fue motivado por un acto de protesta violenta contra lo que el acusado percibía como “codicia empresarial”.

De acuerdo con informes preliminares citados por ABC News, Mangione habría actuado en solitario y se declaró no culpable en la audiencia inicial. Desde entonces, su equipo legal ha mantenido una defensa activa que ahora gira también en torno a posibles irregularidades procesales por parte del Estado.

El juicio aún no tiene una fecha definitiva para comenzar, pero tanto la defensa como la fiscalía han estado intercambiando mociones relacionadas con pruebas, privacidad y procedimientos previos al juicio. El tribunal deberá decidir si convoca a la audiencia especial solicitada por la defensa para examinar las alegaciones de violación a la confidencialidad médica.

La aseguradora Aetna, en el centro de la controversia por entrega de documentos

Aetna, la aseguradora médica de Mangione, también se encuentra en medio de la disputa. Aunque los fiscales aseguran que solo solicitaron información específica, Aetna habría entregado un paquete más amplio de documentos, incluidos aquellos cubiertos por HIPAA, según lo declarado en el expediente judicial.

Hasta el momento, la aseguradora no ha emitido declaraciones públicas sobre cómo se produjo el error ni si se trató de un fallo administrativo interno o de interpretación de la citación. Tampoco se ha confirmado si Aetna ha adoptado medidas para evitar que una situación similar se repita en el futuro.

Mientras tanto, el caso de Luigi Mangione continúa generando atención por el carácter inusual del crimen, la naturaleza de las acusaciones y ahora también por las posibles infracciones legales cometidas durante la etapa de recolección de pruebas. Las próximas decisiones del tribunal podrían influir no solo en el proceso judicial inmediato, sino también en los estándares sobre el manejo de información médica confidencial en procedimientos penales de alto perfil.

Un total de 57 jueces y 2 fiscales ecuatorianos no han podido justificar el origen de sus patrimonios, según reveló el contralor general del Estado, Xavier Mauricio Torres, durante su comparecencia del 7 de julio de 2025 ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. El hallazgo es parte de una serie de auditorías a las declaraciones patrimoniales juradas que la Contraloría realiza a servidores del sistema de justicia.

Desde el inicio de su gestión, el 29 de noviembre de 2023, Torres ha impulsado una estrategia de control patrimonial que ya ha dado lugar a 110 informes sobre jueces, fiscales y funcionarios judiciales, de los cuales 59 —más de la mitad— derivaron en indicios de responsabilidad penal (IRP) por presunto enriquecimiento ilícito. Estos informes han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado.

“Estamos hablando de jueces que no pueden justificar montos de uno, dos o hasta tres millones de dólares”, explicó el contralor durante su intervención. Señaló que, si bien podrían existir errores menores, como montos no declarados de cinco mil o diez mil dólares, los casos que la Contraloría ha detectado involucran cifras “exageradas”, imposibles de justificar con los ingresos legales de los funcionarios auditados.

El análisis de las declaraciones patrimoniales se realiza con el apoyo de herramientas de aprendizaje automático y análisis de datos, que permiten detectar discrepancias entre los ingresos reportados y los activos de los funcionarios. Estas herramientas procesan información sobre bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, deudas e inversiones. En esta fase de control, la Contraloría también examina los patrimonios de los cónyuges e hijos menores de edad de los funcionarios investigados.

En total, además de los 110 informes ya emitidos, se encuentran en ejecución otras 60 auditorías a funcionarios del sistema judicial, y se han iniciado siete exámenes adicionales en el segundo semestre de 2025. Las provincias con mayor número de casos son Pichincha, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Según Torres, esta estrategia de control patrimonial no se limita al sistema judicial, sino que se ha extendido a otras entidades públicas, incluyendo la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas.

En respuesta a los cuestionamientos de los legisladores sobre la eficacia de las acciones de control, Torres reconoció que la Contraloría enfrenta limitaciones estructurales: actualmente cuenta con solo unos 700 auditores para fiscalizar más de 3.400 instituciones del Estado, lo que dificulta realizar auditorías de manera oportuna y exhaustiva. A pesar de estas limitaciones, anunció la implementación de auditorías forenses especializadas y el fortalecimiento de las unidades de auditoría interna, que habían sido eliminadas en administraciones anteriores.

El contralor también reconoció la existencia de corrupción interna dentro de la propia Contraloría. “Encontré vacunadores”, afirmó, refiriéndose a funcionarios que presuntamente extorsionaban a entidades auditadas para archivar o manipular informes. Torres aseguró que desde su llegada se han implementado procesos de depuración, se han removido directores que llevaban hasta 15 años en sus cargos y se han abierto procesos penales por irregularidades detectadas internamente.

Como medida de prevención, la Contraloría busca institucionalizar la auditoría judicial, un tipo de examen que no revisa el fondo de las sentencias, sino los tiempos procesales, cumplimiento de plazos y productividad de los jueces. Esta auditoría se realizará en coordinación con la Corte Nacional de Justicia y con apoyo técnico internacional.

El contralor cerró su comparecencia destacando que, aunque la Fiscalía es la encargada de procesar penalmente los casos, su institución hace un seguimiento permanente de los expedientes para evitar que se archiven. “Seguimos atrás verificando que la investigación avance”, dijo. No obstante, varios asambleístas expresaron preocupación por la lentitud del sistema judicial y pidieron que se informe públicamente sobre el estado procesal de los casos remitidos a la Fiscalía, algunos de los cuales tendrían años sin resolución.

Cientos de personas, entre ellos decenas de jueces y fiscales, se han concentrado este sábado frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.

La concentración ha sido convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal y ha servido como antesala de la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas asociaciones.

En la manifestación, diferentes portavoces de estas asociaciones han pedido la retirada de ambos proyectos, que en su opinión “amenazan” la independencia judicial, al grito de proclamas como “Sin Estado de Derecho no hay democracia” o “Fiscalía imparcial”.

Sobre el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, han indicado que “no responde a demanda social alguna” y que está siendo tramitado por vía de urgencia “sin ninguna razón para ello”.

Según defienden las organizaciones convocantes, esta reforma va a “rebajar la excelencia” de conocimientos en el acceso a estas carreras. Además, temen que la creación de un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno signifique la intervención del Ejecutivo en la selección de los miembros del poder judicial.

En cuanto al segundo anteproyecto, de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), han criticado que este aumente el poder del Fiscal General del Estado, quien es nombrado por el Gobierno “sin ningún filtro previo”, así como que elimine las garantías de autonomía de los fiscales, “reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes”. Además, han subrayado que a los fiscales se les asignará “el mando de la policía judicial y la investigación de los delitos” en sustitución de los jueces de instrucción.

Con todo, han indicado que estas reformas tienen lugar “en un ambiente de continuo ataque del poder judicial” con declaraciones políticas que “deslegitiman” las resoluciones judiciales, lo que “mina la confianza de los ciudadanos”.

“La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos”, reza el manifiesto, que también indica que estas reformas van encaminadas a “convertir el poder judicial en un poder con minúscula”. Así, de no retirarse los proyectos, han asegurado que “no tendrán más remedio que acudir a la huelga”.

Asimismo, han recordado una petición que se lleva repitiendo desde “hace lustros” que es la de que de una creación masiva de plazas judiciales y fiscales para mejorar la rapidez del servicio y han pedido disculpas “de antemano” por los perjuicios de la huelga.

Bolaños: “Ni una sola línea” afecta a la independencia de la Justicia

En una comparecencia ante los medios, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que “ni una sola línea” de la reforma judicial que impulsa el Gobierno afecta a la independencia de jueces y fiscales.

El ministro socialista ha considerado “infundadas” las críticas de estos colectivos contra esa reforma judicial y ha pedido respeto al poder legislativo.

Bolaños ha comparado esta reforma judicial con la aprobación hace dos décadas del matrimonio igualitario, y ha pronosticado que “con el tiempo, como ha ocurrido con el matrimonio igualitario, las críticas se mostrarán injustificadas”.

Noticia elaborada con información de agencias

Bolaños ha hecho este anuncio antes de participar en unas jornadas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre la reforma de la Carrera Judicial y Fiscal.

Ha detallado que el proyecto de ley de ampliación y de fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial contempla la regularización de jueces sustitutos, fiscales sustitutos y magistrados suplentes y lo hará a través de una enmienda que contempla la convocatoria de estas plazas.

En concreto, este proceso de regularización contará con 1.004 plazas, 673 para jueces y 331 para fiscales, mediante un concurso oposición "que estará ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad, según la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional", tal y como ha apuntado el ministro.

El proceso extraordinario se pondrá en marcha en los dos meses siguientes a la aprobación de la ley.

Bolaños ha destacado que gracias a esta reforma que ha emprendido el Gobierno, se van a crear en tres años casi 2.500 plazas nuevas de jueces y fiscales, "cumpliendo una reivindicación histórica de la carrera fiscal y judicial".

De ellas, casi 1.500 plazas en tres años serán mediante concurso oposición y a través del turno libre, a las que se añaden las 1.004 plazas que se van a cubrir a través del proceso de regularización extraordinario.

"Vamos a conseguir en tres años que nuestra carrera fiscal y judicial tenga un número adecuado de personas para que tengamos una carga de trabajo en la administración de Justicia que sea razonable", ha defendido. EFE

(vídeo)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este miércoles, en una reunión en Zaragoza de la Junta de Fiscales Superiores que "no hay otro camino que la colaboración, la lealtad institucional y servir a los ciudadanos". Al encuentro ha asistido también la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero.

En su intervención, García Ortiz ha señalado que a la Administración de Justicia le interesa "que la sensibilidad de los Gobiernos se pueda trasladar con potencia a quienes disponen de los medios materiales, que inciden tanto en la justicia material".

Ha observado que "la fiscalía carece de medios propios" y se sirve de las administraciones públicas, recalcando que "la institucionalidad es lo más importante", de ahí la importancia de la colaboración.

"La Junta de Fiscales Superiores es un órgano estatutario de nuestra norma fundacional y conjuga el espíritu de lo que es la fiscalía española; cada uno de los fiscales o fiscales superiores que están aquí son la máxima representación", ha continuado el fiscal general, para realzar "la importancia que tiene el mapa transversal de la fiscalía en todo el territorio del país: Estructuramos nada menos que una nación a través del derecho y de los principios constitucionales que informan nuestra capacidad".

"Somos tutelantes del derecho, guardianes de la ley y promotores del Estado social y democrático de derecho, nada menos, y eso lo hacemos 2.800 fiscales", indicando que los fiscales superiores de comunidades autónomas tienen "la más alta profesionalidad y la más alta dignidad".

"Las personas que estamos al frente de las instituciones somos contingentes y pasamos, pero las instituciones permanecen", ha enfatizado García Ortiz, haciendo notar que los fiscales superiores y el fiscal general del Estado representan "la esencia política, la arquitectura política de un Estado". "Sabemos que somos meros usuarios de nuestro puesto porque lo que persevera siempre son las instituciones", lo que "está en el ADN de cada uno de los fiscales".

De la carrera fiscal ha destacado "la excelencia jurídica, pero también el compromiso con una realidad cambiante, con unas instituciones cada día diferentes, con fenómenos criminales, humanos y sociales que se nos presentan en cada uno de los territorios y son tan diferentes en cada uno de los lugares de España".

"Aquí los ponemos en común, aquí somos capaces de llegar a soluciones, nos entendemos y nos comprendemos también en lo que no hemos sido capaces de resolver, en lo que demandamos".

García Ortiz ha elogiado a la vicepresidenta, Mar Vaquero, también consejera de Presidencia, Economía y Justicia, resaltando que es abogada.

Jueces y fiscales se han manifestado este miércoles con un paro de diez minutos a las 12.00 horas en las sedes judiciales de todo el país para reclamar la retirada de dos reformas impulsadas por el Gobierno que pretenden modificar el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía porque, a su juicio, buscan debilitar el Poder Judicial "en su función de contrapeso del poder político". Así, han avisado de que, si no se atiende su petición, no descartan ir a huelga.

A las puertas del Tribunal Supremo (TS) se han concentrado más de cien jueces y fiscales tanto de esta sede judicial como de la Audiencia Nacional (AN), así como de las fiscalías antidroga y anticorrupción. En su caso, los encargados de leer el manifiesto han sido el fiscal de la AN Vicente González Mota, de la APIF, y la fiscal antidroga Rosa Frías, de la Asociación de Fiscales (AF).

Entre quienes han secundado el paro en la cúpula judicial y fiscal se encontraban el presidente de la AN, Juan Manuel Fernández; magistrados de ese mismo tribunal como María Tardón, Antonio Piña, José Luis Calama o Eloy Velasco; magistrados del TS como Antonio del Moral, Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya o Manuel Almenar; fiscales del TS como Javier Huete y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Todos ellos, algunos toga en mano, han recibido el apoyo de decenas de personas que se han concentrado también en el Parque de la Villa de París para mostrarles su apoyo al grito de "valientes", "independencia judicial" y "libertad". "Solo nos quedáis vosotros y la UCO", han añadido.

Por su parte, y ataviados con sus togas a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, cinco representantes han leído el manifiesto minutos después de que sus compañeros de carrera les animaran al grito de "independencia judicial" y "si no hay justicia no hay libertad".

A la convocatoria han acudido, entre otros, el magistrado Adolfo Carretero, que actualmente investiga al exdiputado Iñigo Errejón y antes investigó el 'caso mascarillas'. También han estado presentes, aunque como público, dirigentes como Marta Castro (Vox) o la exintegrante de la formación Macarena Olona.

Además de jueces y fiscales, a Plaza de Castilla también han acudido más de un centenar de ciudadanos que, ondeando banderas de España, han protestado al grito de "No es un gobierno, es una mafia" o "Familia Castejón, todos a prisión". También han estado mostrando su apoyo sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Ese primer grupo de manifestantes se ha acercado a las puertas del juzgado y ha aprovechado para clamar por la salida del presidente del Gobierno. Cuando han entonado tanto "Pedro Sánchez, hijo de puta" como "Pedro Sánchez, a prisión", los jueces y fiscales ataviados con togas se han retirado, coincidiendo con el final de los 10 minutos de parón y tras haber leído el comunicado.

EL MANIFIESTO DE LAS ASOCIACIONES

Representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, han leído un manifiesto ante sus compañeros de carrera para exponer los argumentos por los que consideran que es necesario frenar las iniciativas legislativas defendidas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han recordado que la Constitución "implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía".

Y, al hilo, han advertido de que "esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".

Se refieren, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal --que el jueves se enfrenta a su primer examen en el Congreso-- y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). "Iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro", han incidido.

"No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente", alertan.

OPOSICIÓN A LA REFORMA DEL ACCESO A LAS CARRERAS

Las asociaciones han subrayado que la reforma de acceso a ambas carreras--"tramitado injustificadamente por vía de urgencia"-- "no responde a demanda social alguna". Y han recordado que, además, "ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

"Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", han apuntado.

También han criticado que el texto legislativo incluya medidas, "como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces", y que pretenda "crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".

Asimismo, reprochan al Ejecutivo que ponga "falsamente a Europa como excusa" para modificar la base de ambas carreras "convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".

EN CONTRA DE AUMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL FISCAL GENERAL

En el marco del manifiesto, las asociaciones también han criticado la redacción del anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. "Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo", señalan.

Y recalcan que ello, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

Las firmantes, además, lamentan que todas estas reformas tengan lugar en "un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos".

Cuando las asociaciones anunciaron su convocatoria de paro el pasado 23 de mayo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró en declaraciones a la prensa a la salida del Senado que los "temores" de las asociaciones eran "infundados".

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser procesado por el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Ángel Hurtado, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Está siendo objeto de un ataque sin precedentes en democracia, que algún día llevará a muchas personas a reflexionar seriamente sobre lo acontecido en estos tiempos", ha trasladado este lunes la UPF en un comunicado, recogido por Europa Press, ante la decisión de Hurtado de procesar al fiscal general, ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado mes de octubre.

El magistrado se basa en la filtración del 'email' donde el empresario se ofrecía a reconocer delitos para pactar, asumiendo que García Ortiz lo filtró a la 'Cadena SER' para "ganar el relato". Todo ello, dice, siguiendo "indicaciones" del Gobierno. Asimismo, Hurtado ha procesado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por la misma causa.

El auto, de 51 páginas, menciona un artículo del Código Penal (417, puntos 1 y 2) que podría suponer penas de cárcel de hasta 4 años y 5 de inhabilitación. No obstante, contra el mismo aún caben dos tipos de recursos: ante el propio juez y ante la Sala de Apelación.

Ante ello, la UPF ha asegurado que la "resistencia" de García Ortiz "en contra de lo que interesadamente se muestra deformado" no es, a su juicio, la de "una persona que se agarra a una silla" sino la de "un servidor público que pone a la institución a la que representa, y sobre todo a las personas que lo conforman, en primer término".

"Es nuestro último dique de contención frente a este desatino de consecuencias gravísimas. UPF traslada al fiscal Álvaro García Ortiz, que además es el FGE, nuestra máxima autoridad, todo nuestro agradecimiento, apoyo y solidaridad", ha sentenciado.

ADVIERTE DE UNA "ESTRATEGIA" CON LOS FISCALES "EN EL PUNTO DE MIRA"

La asociación ha recordado los "numerosos" comunicados que ha elaborado en relación a una causa judicial que, en su opinión, "nunca hubiera debido iniciarse", alegando que su tramitación "ha estado inundada de decisiones altamente cuestionables desde un punto de vista jurídico" y que parece que su resolución "ya estaba decidida de antemano: abrir juicio oral a cualquier precio a estos dos fiscales, que son también ciudadanos".

En este sentido, ha advertido a los fiscales que esta decisión judicial "avala" que, a partir de ahora, una estrategia posible de las defensas sea ponerles "en el punto de mira", lamentando que con dicha resolución "no sólo se causa un enorme daño personal, profesional y reputacional a estas dos personas" sino que también "coloca en una posición de enorme debilidad a los fiscales que cada día intervenimos en asuntos con trascendencia pública".

SOBRE LA RESOLUCIÓN: "MERA ELUCUBRACIÓN"

La UPF ha criticado que la resolución judicial dedica 53 páginas a "dar vueltas y más vueltas sobre sospechas y elucubraciones", recordando que "al menos 31 horas antes de que los correos electrónicos llegaran al FGE, toda la información contenida en ellos circulaba por la redacción de varios medios de comunicación".

"La única finalidad que el procedimiento ha podido acreditar en relación al comportamiento de los encausados fue la de elaborar una nota de prensa destinada a informar a la opinión pública en relación a la fabricación y divulgación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba a la independencia y profesionalidad de determinados fiscales y por ende de la Fiscalía como institución", ha explicado.

Con ello, ha reprochado que "lejos de hacer una valoración de tan importantes contraindicios" la resolución comience afirmando que el fiscal general procedió "a raíz de indicaciones de Presidencia del Gobierno", aseverando que no hay "ninguna motivación" para hacer dicha afirmación, así como ninguna "prueba" o "indicio" en las que apoyarse, sólo "mera elucubración".

Asimismo, ha reprobado que "con este nivel de garantías y motivación" se pretenda "sentar en el banquillo a dos fiscales" que "en este caso desempeñan funciones jerárquicas", y ha trasladado su apoyo a Rodríguez: "Pilar, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro compromiso en tu defensa, en todos los ámbitos".

"Estado de Derecho es sinónimo de existencia de un conjunto de garantías. Toda persona debe tener la tranquilidad de que no se puede abrir un juicio contra ella sólo porque el juez tenga la convicción de una autoría "porque sí", o porque lo que se observa o detecta es "una alternativa posible" según la subjetiva y personal visión del instructor. La instrucción debe ser capaz de acreditar indiciariamente que los hechos se produjeron de una sola forma y no de cualquier otra", ha concluido.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, han pedido al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que no les acusen de lanzar bulos o "fango" cuando critican las reformas anunciadas por el Ejecutivo sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal.

"Solicitamos que se nos mantenga al margen de calificaciones o etiquetas como bulo, fango o similares, y se nos permita seguir realizando nuestra función recibiendo el trato respetuoso que dispensamos", han reclamado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial e Independiente (FJI), y la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en un comunicado.

En el mismo, recogido por Europa Press, subrayan que, si bien "es perfectamente legítimo que el Gobierno acometa las reformas legislativas que tenga a bien, igual de legítimo es que las asociaciones que representan a jueces y fiscales valoren dichas reformas" en la medida en que les afecten.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha defendido este martes el principio de mérito y capacidad como "la mejor fórmula para conseguir una Justicia de calidad".

González se ha reunido este martes con representantes de las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado un paro de diez minutos para el 11 de junio como protesta contra la reforma del acceso a ambas carreras. En el encuentro también han participado el decano del Colegio de Barcelona, Jesús Sánchez, y el de Toledo, Ángel José Cervantes.

Además, han asistido los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco; de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Luis Ortiz; del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo; de la Asociación de Fiscales (AF), Rosa Frías, y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Santiago Sánchez.

En el encuentro, González ha señalado que "para garantizar un proceso de selección de jueces y fiscales riguroso y basado en mérito y capacidad es esencial para disponer de un sistema de Justicia sólido y eficiente, más aún en un contexto en el que los jueces españoles afrontan una presión creciente derivada de la alta carga de trabajo".

Asimismo, ha trasladado que "un cambio tan trascendental como el que se propone en esta reforma debería ser fruto del consenso y de una tramitación adecuada en la que se escuchen y participen todos los operadores jurídicos, máxime teniendo en cuenta que el informe del Consejo General del Poder Judicial ha sido muy crítico con la misma".

"Para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva es imprescindible que la planta judicial cuente con órganos suficientes para atender la función jurisdiccional, que esos órganos jurisdiccionales estén provistos de sus correspondientes titulares, y que estos titulares sean ciudadanos y ciudadanas que han accedido a dichos puestos sobre la apreciación de su mérito y capacidad, y en condiciones de igualdad", ha manifestado al término de la reunión.

CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO

El presidente también ha comunicado que se va a crear un grupo de trabajo en el Consejo para estudiar en profundidad la reforma anunciada y formular sus aportaciones al proyecto de ley que el Gobierno acaba de remitir al Congreso.

González informará sobre esta reunión al pleno del Consejo que se va a reunir en Jerez de la Frontera este miércoles antes de la inauguración de las novenas Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía.

Según ha informado la Abogacía, las últimas cifras facilitadas por el Poder Judicial ponen de relieve que la litigiosidad sigue aumentando en España, y que la sobrecarga de trabajo que asumen los jueces se sitúa en máximos históricos.

En su comunicado, el Consejo señala que las necesidades del sistema judicial en España están creciendo mucho más rápido que los recursos y nuevos órganos que se le asignan, por lo que considera que "es preciso establecer una hoja de ruta precisa sobre la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales para alcanzar un servicio público de justicia de calidad".

Esta asociación ha respondido así a la carta enviada el pasado 22 de mayo por el ministro Félix Bolaños a las asociaciones de jueces y fiscales en la que les invitaba a un debate "serio, riguroso y sosegado" sobre la ley de reforma de la carrera judicial, tras las críticas expresadas por estos colectivos.

La AJFV recoge en su misiva las principales objeciones a la reforma que prepara el Gobierno, como las críticas al sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal que, a su juicio, no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad o la regulación del 'cuarto turno' que opinan que posibilita un acceso "discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre".

Rechazan también el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos y sobre la creación de un centro público de formación de opositores, dependiente del Ministerio de Justicia, consideran que conlleva un "evidente riesgo de control ideológico" del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo.

En cuanto a las restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales, opinan que "imponer restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales no es garantía de independencia, sino una clara limitación de su capacidad operativa" y ven que la intención de salvaguardar la independencia "esconde el objetivo contrario: limitar nuestra actuación". EFE

La Fiscalía del Tribunal de Crímenes Internacionales (TCI), encargado de juzgar los delitos cometidos en el marco de las cruentas protestas del pasado verano contra la ex primera ministra Sheij Hasina, ha acusado a la exmandataria de orquestar las medidas "represivas" adoptadas durante las manifestaciones y que se saldaron con cientos de muertos.

Los investigadores y fiscales del tribunal especial --que juzga crímenes de guerra-- apuntan a que la propia Hasina habría estado detrás de las duras medidas ejercidas por las fuerzas bangladeshíes contra los manifestantes y la población civil y la acusan de haber dado órdenes al respecto.

Naciones Unidas ha alertado de que la cifra de fallecidos durante las protestas podría ascender a los 1.400 y señalan que las medidas adoptadas durante julio de 2024 constituyen un claro intento de "silenciar a la oposición", que solicitaba la dimisión del Gobierno y protestaban contra la ley de cuotas, que reservaba más de la mitad de los puestos en el funcionariado para familiares de veteranos de guerra.

Actualmente, Hasina permanece en territorio indio, donde continúa desde que huyó de Bangladesh hace ya diez meses y sigue desafiando la orden de arresto impuesta por Dacca por la comisión de crímenes contra la humanidad. Los investigadores consideran que Hasina es culpable de al menos cinco de los cargos impuestos en su contra.

A los manifestantes, en su mayoría estudiantes, se unieron simpatizantes del partido de la oposición, a los que la ex primera ministra bangladeshí ha responsabilizado de la violencia desatada entonces.

La Policía disparó granadas y balas cuando los manifestantes se enfrentaron a la los agentes y a los partidarios del sistema de cuotas en la capital del país. La situación dejó cientos de muertos, entre ellos varios periodistas.

“No, de ninguna manera estamos en guerra”, le responde un fiscal federal a Infobae ante la consulta sobre el momento que viven con el gobierno nacional de Javier Milei por la decisión de poner en marcha el nuevo sistema acusatorio el próximo 11 de agosto en los tribunales de Comodoro Py. Un secretario del fiscal era testigo de la conversación y quiso intervenir: “Si, estamos en guerra”. El fiscal sonrió.

La escena ocurrió la semana en Comodoro Py y describe el estado de ánimo de los fiscales federales que consideran que hoy no están dadas las condiciones -edilicias, humanas, tecnológicas- para que comience a funcionar en agosto el nuevo modelo, lo que quedó plasmado en una serie planteos que presentaron y en una nota que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le envió al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona: “Es imprescindible recalcar que la gravedad de la situación presupuestaria y de infraestructura del organismo no constituye una simple dificultad transitoria, sino que perjudica seriamente la eficacia de la reforma procesal en su conjunto”.

Del otro lado, en el Gobierno, también viven un clima de disputa. En el Ministerio de Justicia, que tiene a cargo la implementación del Código, dicen por lo bajo que ven algunos movimientos que les preocupan de lo que consideran las viejas prácticas de Comodoro Py y son firmes: “No hay ninguna posibilidad de postergación”.

En esa tensión conviven hoy el gobierno de Milei con una parte de Comodoro Py. La misma tensión que se generó en las regiones del país en las que ya se puso en marcha el sistema acusatorio. Pero con algunas diferencias que nadie desconoce. La más importante es el poder de los jueces y fiscales de ese fuero que manejan las causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos y a empresarios.

En 2014, el Congreso de la Nación aprobó el Código Procesal Penal Federal. Allí se estableció el sistema acusatorio para la justicia federal y nacional. Los cambios más importantes fueron dos. El primero que las investigaciones penales estarán a cargo de los fiscales y que los jueces pasarán a actuar en un rol de garantes del proceso. El segundo es que todo se resolverá en audiencias públicas y con plazos máximos de duración -tres años, o seis para las causas complejas- para que los expedientes no duren décadas como ocurre actualmente

El nuevo modelo se aprobó durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Pero recién se implementó en 2019 en el final de la administración de Mauricio Macri. Pero solo para Salta y Jujuy. Una comisión especial del Congreso iba a avanzar de manera progresiva en todo el país. Pero tampoco se avanzó durante el gobierno de Alberto Fernández.

Con la llegada de Milei eso cambió. Se llevó a gran parte del país. Hoy está también en las jurisdicciones de Santa Fe, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, que abarcan a 11 provincias y un sector de la de Buenos Aires. A partir del 11 de agosto llega a Comodoro Py y a la justicia en lo Penal Económico. Y desde diciembre a Chaco y Corrientes.

En todos los lugares hubo un mismo reclamo: más recursos de personal, de tecnología y de infraestructura para las fiscalías que tendrán todo el peso de las investigaciones.

Con la llegada del modelo a Comodoro Py nada de eso cambió. Pero todo se da con más voltaje. Los fiscales de todas las instancias de Comodoro Py y de Penal Económico le enviaron en las últimas semanas notas a Casal en las que plantearon sus posturas. Tienen puntos coincidentes. Todos están de acuerdo en el nuevo modelo porque entienden que, en principio, es mejor que el actual, y respeta lo que establece la Constitución Nacional. Pero sostienen que sin recursos, será inviable.

Detallaron que la tecnología que tienen es vetusta, que la cantidad de peritos para trabajar en las causas son pocos, que la demora en abrir un celular puede llegar a seis meses, que no hay salas de audiencias en la cantidad necesarias ni en su equipamiento y que tienen hasta cinco veces menos personal que los juzgados. “Existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen”, señalaron los fiscales de primera instancia.

Agregan otro punto, en el hacen más hincapié. Las causas que tramitan en la justicia federal de la Capital son más complejas en las de otras regiones del país. Concretamente porque tienen las causas de corrupción que -sin intereses políticos de por medio, que muchas veces los hay- presentan otras características que las de drogas o secuestros extorsivos: exhortos internacionales, peritajes complejos, el accionar de los defensores. Los fiscales de los tribunales orales también señalaron que todavía tienen pendientes grandes procesos -los juicios a la ex presidenta Cristina Kirchner- que llevan tiempo y que van a convivir con el nuevo modelo.

El viernes a la tarde Cúneo Libarona recibió un oficio de 18 página de Casal en el que plasmó la postura de la Procuración con todas las opiniones de los fiscales. Casal le dijo a Cúneo Libarona que su decisión de implementar el sistema acusatorio es “prematura” con “una marcada falta de previsibilidad” en el actual estado de situación. También le recordó que los pedidos de más presupuesto “permanecen en su gran mayoría insatisfechas”.

“El Ministerio Público Fiscal no cuenta con los medios tecnológicos, la estructura edilicia ni los recursos humanos y materiales necesarios para poder continuar implementando satisfactoriamente un nuevo sistema procesal que le otorga más funciones y obligaciones”, sostuvo en otro tramo y le aportó estadísticas del estado de situación edilicia, de personal y de causas.

Los fiscales apuestan a una postergación del inicio del nuevo modelo y algunos esperaban que Casal se lo pida formalmente al Gobierno. Pero no ocurrió. Sí el Procurador dijo en su escrito al Ministerio que “el tiempo restante hasta el 11 de agosto no será suficiente para realizar las adaptaciones que se requieren”.

“A partir de lo expuesto, se advierte que el cuadro de situación actual del proceso de instauración a la luz del diagnóstico que se acompaña al presente, resulta cuanto menos preocupante. Y mucho más preocupante aún es que no se advierta dicha circunstancia que viene siendo puesta en conocimiento de ese Ministerio recurrentemente en más de 20 presentaciones que intentaron ser resumidas en la del 7 de febrero pasado y que, claramente, no aparece siquiera considerada, cuando se tomó la decisión que ahora motiva este oficio”, cerró Casal la nota a Cúneo Libarona con el pedido de que el gobierno gestione más presupuesto. El jefe de los fiscales volvió a destacar que está a favor de la aplicación del sistema acusatorio.

En el Ministerio de Justicia la postura hoy es que no habrá cambios y que se mantiene la fecha del 11 de agosto. Sostienen que el Gobierno ayudó con todos los recursos que se le pidieron para el sistema acusatorio y que por el momento no tienen ningún pedido concreto. “Son todos planteos genéricos”, afirman en el Ministerio y recuerdan también que “no hay plata”. También consideran que muchos de los problemas son estructurales, de hace años (como el estado de los edificios), y que la solución no puede pasar por demorar el nuevo modelo de justicia.

Por lo bajo aparecen otras cuestiones. “El problema para muchos fiscales es que van a tener que ir todos los días y van a tener que trabajar”, dicen en el Gobierno. En Comodoro Py critican que la fecha del 11 de agosto haya sido inconsulta. “A Cúneo Libarona lo único que le dejaron como ministro es el acusatorio y pone todo en eso”, responden varios fiscales.

Muchos están releyendo normativas y hacen foco en el decreto 188 del 2024 que firmó Milei y todo el gabinete nacional. Allí se estableció que la implementación del sistema acusatorio pasaba del Congreso Nacional al Ministerio de Justicia. Los fiscales hacen foco en el artículo tres de ese decreto que establece las funciones del Ministerio. Una de ellas es “diseñar propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos”. Para los fiscales el Ministerio no lo está cumpliendo.

En el Gobierno hay luces de alerta por una causa judicial que tramita en Comodoro Py. Es por una denuncia que el fiscal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani presentó contra Cúneo Libarona por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario por la forma de la implementación del sistema y el uso de recursos. La causa fue delegada en el fiscal federal Carlos Stornelli que citó a declarar como testigo al subsecretario de política criminal del Ministerio de Justicia, Alberto Nanzer. El funcionario estuvo tres días declarando. En tribunales -donde inclusive algunos fiscales no comparten el avance del expediente en este contexto- la expectativa es si habrá imputaciones penales y en el Ministerio de Justicia observan con desconfianza por el momento en el que causa se tramita.

Quienes miran de cerca esta tensión son los jueces de Comodoro Py. Pasarán a tener otro rol con menos poder. En principio, no manejarán los tiempos de las causas. Muchos comparten las críticas de los fiscales sobre la falta de recursos y que el mejor escenario es contar con más recursos porque las causas que tramitan son más complejas que en el resto del país. Pero también sostienen que nunca es el momento ideal. “Hay que arrancar”, consideran algunos. La Cámara Federal dictó la semana pasada, por mayoría de sus jueces, una acordada en la que creó las áreas para el sistema acusatorio.

El reloj corre para el 11 de agosto. El escenario está abierto y con tensión.

Este viernes a las 9:00 hora local (13:00 GMT), los abogados del artista y la Fiscalía se reunirán con el juez del caso, Arun Subramanian, para descartar a varios de los 45 candidatos a jurado.

Ya con el jurado completo, está previsto que el próximo lunes comiencen los alegatos de ambas partes en el caso, que se espera que dure unas ocho semanas.

Combs, que fue detenido el pasado septiembre y permanece en una prisión de Brooklyn sin posibilidad de fianza, está imputado de cinco cargos: uno de conspiración con fines de extorsión; dos de tráfico sexual mediante la fuerza, el fraude o la coerción; y otros dos de transporte para ejercer la prostitución.

Los fiscales lo acusan de llevar a cabo "espectáculos sexuales elaborados", conocidos como "freak offs", en los que presuntamente obligaba a diversas mujeres a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos.

Según la acusación, en estos "freak offs", que tenían lugar con frecuencia y a veces duraban "múltiples días", Combs distribuía drogas a las víctimas para que obedeciesen a sus órdenes y además grababa los encuentros sexuales.

Uno de los detalles que más ha trascendido del caso es que cuando las autoridades allanaron sus viviendas en Los Ángeles y Miami encontraron 1.000 botellas de lubricante y aceite para bebés que presuntamente se usaban en estos "freak offs".

Encontrar a un panel de jurados que no conozca a Diddy y que no haya leído sobre estas acusaciones es un proceso difícil, ya que él es uno de los raperos estadounidenses más reconocidos del país y ha producido trabajos de artistas como Mariah Carey, Beyoncé, Britney Spears o Jay-Z.

De los preseleccionados, muchos han reconocido haber leído titulares sobre el caso o haber visto el vídeo en el que Combs golpea brutalmente a su exnovia, la cantante Cassie Ventura, en el pasillo de un hotel de Los Ángeles.

Además de por su música, Diddy era famoso por sus 'White Parties', unas fiestas que organizaba frecuentemente en su casa de East Hamptons (Nueva York) y a las que acudían personalidades de alto perfil como Leonardo Dicaprio, Justin Bieber, Jennifer López o Paris Hilton.

Durante la selección del jurado, el juez dio una lista a los candidatos con los nombres de múltiples celebridades que podrán nombrarse durante el proceso judicial, entre los que se encuentran los actores Michael B.Jordan, Michelle Williams y Mike Myers, y los artistas Kanye West y Kid Cudi.

Aunque Combs ha recibido en los últimos meses más de 50 denuncias por abuso sexual, este proceso concreto se centra en cuatro víctimas -una de ellas Cassie Ventura- que está previsto comparezcan ante el tribunal, aunque ayer la Fiscalía dijo no saber si una de ellas se presentará en la corte.

Por otro lado, Subramanian dijo el lunes que durante el juicio se proyectarán pruebas "gráficas" y vídeos sexuales "explícitos", aunque aún no se sabe si estos materiales se mostrarán a la prensa o solo al jurado.

Hasta ahora se sabe que, además de las víctimas y testigos que llevará al tribunal la Fiscalía, comparecerá un médico que indagará sobre los efectos que pudieron tener diversas drogas en el comportamiento de Combs. EFE

Los nueve fiscales federales de primera instancia de Comodoro Py criticaron al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por avanzar con la aplicación del nuevo sistema acusatorio “sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente” y advirtieron sobre un déficit de recursos que podría hacer fracasar el sistema.

“Debemos advertir que el panorama actual dista de ser auspicioso”, señalaron los fiscales en una nota que la semana pasada le enviaron al procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La firman Gerardo Pollicita, Paloma Ochoa, Eduardo Taiano, Alejandra Mangano, Franco Picardi, Carlos Rívolo, Carlos Stornelli, Guillermo Marijuán y Ramiro González, los nueve fiscales actuales de primera instancia de Comodoro Py.

Los fiscales señalaron que hoy no están los recursos tecnológicos, humanos y de infraestructura que se necesitan para el nuevo modelo: “De lo contrario, existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen”.

El planteo va en el mismo sentido que le hicieron llegar a Casal hace dos semanas los fiscales de Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, Mario Villar y Javier de Luca, y ayer la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN). Quienes también harán una presentación son los fiscales ante los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py, adelantaron a Infobae fuentes judiciales. Se espera para las próximas horas. Así, todos los fiscales del fuero habrán hecho planteo sobre el sistema acusatorio.

El ministro Cúneo Libarona dispuso que el 11 de agosto entre en vigencia en el fuero federal de la ciudad -Comodoro Py-, en el Penal Económico y en la jurisdicción de Corrientes el sistema acusatorio. El modelo establece que los fiscales serán los encargados de llevar adelante las investigaciones penales y que se aplicarán plazos más cortos para las investigaciones y audiencias orales para resolver los planteos. El objetivo es que haya una justicia más ágil.

El sistema se aplica desde 2019 en Salta y Jujuy y el gobierno de Javier Milei lo llevó desde el año pasado a otras regiones del país. Ya se aplica en Santa Fe, en Cuyo, en el sur del país y en la jurisdicción de Mar del Plata. Ahora desembarca en los tribunales más políticos de todos donde se investigan las acusas de corrupción que involucran a funcionarios públicos y a empresarios. Y donde sus actores -jueces y fiscales- tienen otro peso.

En la nota que le enviaron a Casal, y a la que accedió Infobae, los fiscales señalaron el “pleno respaldo al nuevo sistema acusatorio” porque entienden que es un modelo que respeta la Constitución Nacional en cuanto al rol de los fiscales.

Sin embargo hicieron varias advertencias. “La implementación de un sistema procesal sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente, en lugar de asentarse sobre un diagnóstico adecuado, la coordinación entre los actores del sistema y una apropiada planificación, resulta un riesgo cierto para su correcta puesta en funcionamiento”, dijeron sin nombrar a Cúneo Libarona pero en referencia al ministro que es el que encabeza la puesta en marcha del sistema.

Cúneo Libarona se ha reunido en los últimos tiempo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los jueces y fiscales de todas las instancias de Comodoro Py y con el propio Casal. En esas reuniones, el gobierno dijo que iba a colaborar en recursos para el nuevo modelo pero no para todo lo que se necesita, sino para los más urgente. Y ratificó que el 11 de agosto el nuevo modelo comienza. La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismos que encabeza Horacio Rosatti, también trabajan para aportar recursos.

Uno de los puntos centrales de la crítica de los fiscales es que en Comodoro Py tramitan causas complejas a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del país: “esta jurisdicción tiene competencia sobre la actuación de las principales autoridades nacionales por ser la sede central de los organismos públicos federales y la principal plaza económico-financiera de la República, lo que trae aparejado que se concentren aquí investigaciones de alta complejidad vinculadas con graves hechos de corrupción, delitos económicos, lavado de activos, criminalidad organizada, narcotráfico, trata de personas y otros fenómenos de particular gravedad y relevancia institucional”.

Por eso señalaron que la aplicación del sistema acusatorio “requiere de una adecuada planificación y la provisión de recursos humanos, herramientas tecnológicas, e infraestructura acorde a los fines del sistema. Solo así podrá garantizarse el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y el pleno cumplimiento de sus funciones en esta etapa clave de transformación del sistema judicial”.

Los fiscales explicaron que el nuevo modelo establece “plazos perentorios y estrictamente regulados, lo que constituye un avance significativo en términos de celeridad y eficiencia”. “Sin embargo, para que tales objetivos puedan cumplirse en la práctica -especialmente en causas de alta relevancia institucional-, resulta imprescindible contar con los recursos necesarios”, fue otra de las advertencias.

“De lo contrario, existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen y se vea comprometido el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, la criminalidad económica, el narcotráfico, la trata de personas y demás fenómenos delictivos complejos”, agregaron.

Los fiscales pusieron ejemplos sobre la falta de recursos. Señalaron que hoy para peritar un celular se tarda entre tres y seis meses o hasta 18 meses para hacer una búsqueda específica de voces o de palabras claves en un dispositivo. También que hay organismos especiales de peritos con los que trabajan a diario que tienen poco personal. Por ejemplo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones tiene solo 11 peritos contadores.

También hicieron referencia a la falta de espacio físico en el edificio de Comodoro Py y que la proporción de personal con los juzgados es de 1 a 5.

“La magnitud del desafío exige un refuerzo sustancial y estructural de los recursos humanos disponibles”, pidieron los fiscales: “En este sentido, advertimos con preocupación que, si no se adoptan medidas concretas y urgentes para revertir estas limitaciones, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el adecuado ejercicio de las funciones asignadas a quienes tenemos la obligación de promover la actuación de la justicia”.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) apoyó el reclamo del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para que el gobierno de Javier Milei aporte más recursos para la implementación del sistema acusatorio el próximo 11 de agosto en la justicia federal de Comodoro Py.

“La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación con motivo de los anuncios del Ministerio de Justicia sobre la implementación del sistema acusatorio en nuevas jurisdicciones del país, quiere reiterar y hacer expreso su acompañamiento a los reclamos presupuestarios del Procurador General de la Nación, Dr. Eduardo Casal, ya que estamos en pleno conocimiento que el Ministerio Público Fiscal viene funcionando, hace años, con partidas desactualizadas y sobre todo con precariedad edilicia y con exiguas herramientas tecnológicas de investigación, situación que se agrava en el interior de nuestro país”, sostuvo la entidad a través de un comunicado firmado por su presidente, Ricardo Toranzos, y por el secretario general, Alberto Gentili.

La AFFUN es la entidad que nuclea a los fiscales nacionales y federales. Con el sistema acusatorio los fiscales serán los encargados de llevar adelante las investigaciones penales. Ese es uno de los cambios del nuevo modelo además de que se aplicarán plazos más cortos para las investigaciones y audiencias orales para resolver los planteos. El objetivo es que haya una justicia más ágil.

El sistema se aplica desde 2019 en Salta y Jujuy y el gobierno de Milei lo llevó desde el año pasado a otras regiones del país. Ya se aplica en Santa Fe, en Cuyo, en el sur del país y en la jurisdicción de Mar del Plata. El próximo paso será el 11 de agosto en la justicia federal y Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires.

Casal, como jefe de los fiscales, viene reclamando mejoras de recursos para el Ministerio Público Fiscal para el nuevo modelo.

“Es inconcebible la independencia de la función judicial, y en particular del Ministerio Público Fiscal, que garantiza la Constitución Nacional y los tratados internacionales, con un presupuesto insuficiente para desarrollar de manera regular y eficaz las funciones encargadas legalmente”, apoyó AFFUN.

La entidad apoya la entrada en vigencia del modelo acusatorio en todo el país: “un avance para saldar la deuda con la comunidad, que pretende un servicio de justicia más eficiente, transparente y ágil, que supere los estándares del tratamientos de los casos de flagrancia; disminuya los altos índices de impunidad en los delitos de corrupción y que logre el desbaratamiento de las estructuras delictivas transnacionales”.

Pero insiste en “los reclamos razonables de recursos, humanos y técnicos, para asumir la tarea propia de cada jurisdicción, máxime en un nuevo escenario que requiere un modo diferente de organización y gestión, que no puede ser afrontado con presupuestos desactualizados”.

“La vorágine en la implementación en los últimos tiempos puso, aún más, de relieve la insuficiencia de las asignaciones económicas, exigiendo que las instituciones oficiales comprometidas (la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General de la Nación) coordinen, las acciones urgentes y mínimas, con medios que ya eran escasos, para asegurar su funcionamiento en más de nueve provincias”, reclamó.

“Así las cosas, exhortamos a las autoridades políticas a replantear sus posicionamientos en la determinación del presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial, de modo tal que estas transcendentes transformaciones procesales que están llevando a cabo, no se vean frustradas por la incomprensión de las herramientas necesarias para el cumplimiento regular y efectivo de una función esencial del Estado”, reclaman los fiscales.

En un comunicado, los jueces decanos se suman al comunicado de denuncia emitido por las promociones 72, 73 y 74 de la carrera judicial en el que advierten de que la reforma del Ejecutivo afecta "de manera grave" a las condiciones profesionales de todos los integrantes de las carrera judicial y fiscal y "comprometen la estabilidad" de su trayectoria profesional, así como la calidad del servicio público.

En particular, muestran su oposición a la reimplantación del traslado forzoso tras tres años en las categorías de magistrado o fiscal.

"Esta medida, que consideramos anacrónica, injusta y desproporcionada, supone un retroceso y un evidente perjuicio a la previsibilidad, arraigo en los juzgados y a los derechos a la conciliación personal y familiar", subrayan.

También rechazan la convocatoria extraordinaria de estabilización, un mecanismo que facilita el ingreso sin superar el proceso selectivo en condiciones de igualdad, y que a su juicio "compromete la legitimidad de la judicatura y socava la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad y preparación técnica de quienes ejercen estas funciones".

Advierten de que supone un "desprecio absoluto" a quienes dedican años de esfuerzo y sacrificio personal con la finalidad de superar un proceso selectivo.

Aseguran que no es aceptable que jueces que superan todos los requisitos exigidos para ser miembro de pleno derecho del poder Judicial se vean perjudicados por un proceso de estabilización "que beneficia a quienes accedieron en condiciones que no acreditan de modo alguno la igualdad, el mérito ni la capacidad que rigen nuestros procesos selectivos".

"Esta situación es profundamente injusta y erosiona la seguridad y la previsibilidad que debe caracterizar el desarrollo profesional en el ámbito judicial", indican.

Así, urgen que se tomen las medidas necesarias para garantizar un marco normativo que respete la estabilidad, la meritocracia y la independencia de la carrera judicial y fiscal. EFE

Los fiscales federales han negado que se haya espiado deliberadamente una conversación telefónica entre Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, y su abogada defensora.

Según informó ABC News, los fiscales aseguraron que ni el gobierno estatal ni el federal intervinieron directamente en la llamada, que fue grabada como parte de los procedimientos habituales en las cárceles.

Este caso ha generado controversia tras las acusaciones de la defensa sobre una supuesta escucha indebida.

Las acusaciones de la defensa

En una comparecencia reciente, la abogada defensora Karen Friedman Agnifilo afirmó que los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan habían escuchado una grabación de una llamada entre Mangione y su equipo legal.

La jueza Margaret Garnett solicitó una aclaración al respecto, lo que llevó a los fiscales federales a presentar un documento judicial explicando los hechos.

En este documento, los fiscales señalaron que las llamadas realizadas desde las cárceles suelen ser grabadas y que tanto el acusado como la persona con la que se comunica son notificados de esta práctica.

Supuesta escucha indebida de un asistente legal

De acuerdo con la presentación judicial, un asistente legal escuchó accidentalmente una llamada entre Mangione y Agnifilo, pero detuvo la reproducción tan pronto como identificó que se trataba de una conversación con un abogado.

Los fiscales también recordaron a la defensa que existen mecanismos para evitar que las llamadas entre abogados y clientes encarcelados sean grabadas. Esto sugiere que no era necesario tomar medidas adicionales en este caso.

Los cargos en contra de Luigi Mangione

La acusación, presentada por un gran jurado federal en Nueva York, menciona cuatro cargos, entre ellos dos por acoso, uno por posesión de armas y el más grave, asesinato con el uso de un arma de fuego. Estos señalamientos se originan en la muerte del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, ocurrido el pasado 4 de diciembre.

Según los informes, Thompson fue asesinado a tiros frente a un hotel en Midtown Manhattan mientras se dirigía a una conferencia de inversionistas.

Tras el crimen, Mangione permaneció prófugo hasta su captura en Altoona, Pensilvania, cinco días después. Luego de su aprehensión, las autoridades presentaron una denuncia federal inicial, preludio de esta acusación formal que lo coloca en una posición crítica.

En un tribunal federal de Manhattan, Luigi Mangione se declaró “no culpable”. Vestido con un uniforme de prisión color beige y esposado en los tobillos, enfrentó a la jueza federal Margaret Garnett mientras era observado por varias filas de quienes lo apoyan. Este proceso lo vincula con cargos que podrían llevarlo directamente a la pena de muerte.

El camino hacia la pena de muerte

En un intento por frenar la decisión, los abogados de Mangione han intensificado sus esfuerzos legales para evitar la aplicación de la pena de muerte.

Esta medida, respaldada directamente por la fiscal general Pam Bondi, coloca el caso en el centro de un debate más amplio sobre el sistema judicial y el uso de esta condena en los Estados Unidos.

Desde principios de mes, Bondi ha dejado claro su objetivo de avanzar con la sentencia capital contra Mangione.

Según un comunicado emitido por su oficina, la fiscal alineó su postura con lo que calificó como “la agenda del presidente Donald Trump para combatir el crimen violento y garantizar la seguridad del país".

El caso continúa en curso y los fiscales niegan violaciones tras las acusaciones

Este caso ha captado la atención pública debido a la gravedad de los cargos y las circunstancias del crimen, así como por las recientes disputas legales relacionadas con las grabaciones de las llamadas en prisión.

Los fiscales han insistido en que no hubo intenciones maliciosas ni violaciones deliberadas de los derechos del acusado.

Sin embargo, la defensa ha planteado preocupaciones sobre la posible interferencia en la confidencialidad de las comunicaciones legales, un tema que podría influir en el desarrollo del caso.

Mientras tanto, el juicio sigue avanzando bajo la atenta mirada de los medios y la sociedad, esperando respuestas sobre qué motivó este acto y qué determinación tomará la justicia en los próximos meses.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha manifestado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "está en una posición insostenible" y que existe "un clamor del que debería tomar nota".

En el transcurso de un acto oficial este martes en la localidad pontevedresa de Poio, el titular del ejecutivo gallego ha sido preguntado por los periodistas por la decisión del Tribunal Supremo de desestimar por unanimidad el recurso presentado por una asociación de fiscales contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz para el cargo en diciembre de 2023.

"Con independencia de lo que se diga de su nombramiento creo que el fiscal general del Estado está en una posición insostenible", ha manifestado Rueda, que ha apuntado a "todo" lo que "se está viendo", como "la destrucción de pruebas, lo de los móviles, el borrado de datos".

Para el mandatario gallego, "un fiscal general del Estado tiene que ser garante de todo lo contrario", por lo que ha censurado el "enrocamiento" por parte de Álvaro García Ortiz por "no querer darse cuenta" de lo que, a su juicio, "es una sensación general, de que así no podemos seguir". "Debería tomar nota, pero parece ser que no la está tomando", ha dicho.

Por último, el presidente de la Xunta ha asegurado que "al final" existe "un descrédito para el funcionamiento de la administración de justicia en general". "Si estamos viendo a su máximo representante, en lo que toca a la Fiscalía, comportarse así es muy difícil pedir a los ciudadanos que confíen en las instituciones, en algo tan importante como la Justicia", ha manifestado el titular de la Xunta.

"Hay un clamor ya sobre su situación del que debería tomar nota, con independencia de su situación judicial, ha concluido Alfonso Rueda.

Sumar ha reclamado que cese la "persecución" judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que "cambien las tornas" para que se ponga el foco en los presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha pronunciado el socio minoritario del Gobierno después de que el Tribunal Supremo (TS) haya rechazado este martes por unanimidad anular la renovación de Álvaro García Ortiz en el cargo.

La portavoz adjunta del grupo plurinacional y coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha destacado la importancia de que el Supremo haya rechazado la solicitud de revocación del nombramiento del fiscal general.

A su juicio, es "llamativo" que se esté "persiguiendo mucho más" a los que están intentando llegar a "una resolución sobre un delincuente confeso y no al propio delincuente confeso", en alusión a González Amador. "Creo que las tornas deben cambiar y aquellos que están, evidentemente, utilizando la ley a su favor o que están directamente ejerciendo casos de corrupción deben pagar un precio", ha zanjado.

Previamente, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha exigido también que se ponga fin a la "guerra judicial" contra el Gobierno y los intentos con fines políticos de "fulminar" al fiscal general del Estado.

LA IMPUGNACIÓN TENÍA CLARO "SESGO POLÍTICO"

A su juicio, la impugnación contra Álvaro García Ortiz cursada por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) tenía un "claro sesgo político" y ha denunciado la situación "muy grave" de "política de acoso" y" guerra jurídica" contra una institución del Estado, como es la Fiscalía General.

Una operación que, bajo su criterio, se ha emprendido cuando se ha "ha tocado a otra persona del ámbito familiar" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concretamente su pareja Alberto González Amador, cuando se ha investigado por sus supuestos "hechos ilegales".

Madrid, 27 ene (EFE).- Jueces y fiscales han impulsado un manifiesto (que suma cerca de 1.400 firmas) en contra de la reforma de la ley del Poder Judicial que prepara el Gobierno y que consideran una "propuesta anacrónica y gravemente lesiva para la concentración de la vida familiar y laboral".

Algunas de las principales asociaciones judiciales, como la Profesional de la Magistratura, la Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, han mostrado su apoyo al manifiesto elaborado por jueces de la 72 promoción de la carrera judicial, que se graduó hace un año.

En él denuncian varios aspectos del anteproyecto de ley en el que trabaja el Ejecutivo, como el restablecimiento del traslado forzoso por ascenso de categoría.

También critican la propuesta de Justicia para resolver la situación de los jueces sustitutos que, a juicio de los firmantes, no puede solventarse a costa de perjudicar a los jueces y fiscales que han accedido a sus carreras por turno libre, ni a los opositores que se sacrifican durante años.

Así, sobre el restablecimiento del traslado forzoso a los tres años de ascender a las categorías de magistrado o de fiscal, tachan la propuesta de "anacrónica" y "gravemente lesiva para la conciliación personal y familiar".

"Supone una movilidad geográfica obligatoria incompatible con la realidad social de la carrera judicial y fiscal, imposibilitando la continuidad del núcleo familiar en un mismo domicilio. Esta medida perjudica especialmente a los integrantes de las carreras judicial y fiscal pertenecientes a zonas del territorio donde hay pocas plazas de magistrado o fiscal disponibles, forzándoles a abandonar su residencia", denuncian.

Además, advierte de que el traslado forzoso provoca importantes perturbaciones en la vida personal y profesional y no se aplica a ningún otro funcionario público.

Creen que no contribuye a mejorar la situación precaria de la Administración de Justicia, sino que genera perjuicios al propio servicio ya que los cambios continuados en el destino en plazos cortos de tiempo impiden un conocimiento en profundidad de los asuntos del juzgado.

Recuerdan que es una medida que se eliminó en la carrera judicial en 2009 porque se consideraba no ajustada a la realidad de la judicatura hace 16 años. "No tiene ningún sentido que se recupere en 2025".

Sobre el ejercicio de la labor jurisdiccional, advierten de que requiere de una formación específica que solo se acredita a través de las vías de acceso existentes en la actualidad.

En cuanto a la estabilización mediante una convocatoria extraordinaria, opinan que no puede convertirse en una tercera vía de acceso a las carreras judicial y fiscal, y creen que debería regularse su situación mediante el ingreso por uno u otro sistema ya establecido.

"La entrada de jueces y fiscales por el proceso de estabilización y el posible reconocimiento de su antigüedad como sustitutos perjudica nuestras posibilidades de promoción y el desarrollo de nuestras carreras profesionales, al tiempo que desincentiva a los actuales opositores, que ven mermadas de forma significativa sus posibilidades de acceso", señalan.

Afirman también que la carencia de personal que sufre la Administración de Justicia en España (la quinta peor ratio de jueces de la Unión Europea, con 11 por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de 24) se debe solventar aumentando el número de plazas en el turno libre, garantizando que se cumplan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir siempre el acceso a la función pública. EFE

Las calles de Lima y otras regiones del país se han convertido en escenarios de violencia recurrente. A diario se registran muertes por encargo, extorsiones y robos, mientras las decisiones judiciales son cuestionadas con frecuencia por permitir la liberación de presuntos criminales. En este contexto, la población se siente desprotegida y, en muchos casos, opta por limitar sus desplazamientos o incluso considera abandonar el país.

El sondeo realizado por la empresa Datum para el diario El Comercio revela que la desconfianza hacia las autoridades del sistema judicial no es un fenómeno aislado. El 70% de los encuestados desconfían de la Policía Nacional y el 57% del Serenazgo, mientras que las Fuerzas Armadas logran una percepción más equilibrada, con un 49% de confianza frente a un 47% de desconfianza.

Las cifras muestran un deterioro continuo. En noviembre de 2024, el 19% decía confiar en los jueces y el 16% en los fiscales. Ahora, solo un 9% mantiene esa postura.

Crece percepción de impunidad

El 28% de los consultados considera que jueces y fiscales son los principales responsables del auge de la inseguridad. Esta visión fue alimentada desde el Ejecutivo y el Congreso, donde sectores conservadores responsabilizan directamente al Poder Judicial por la liberación de detenidos. La presidenta Dina Boluarte cuestionó públicamente decisiones judiciales.

“La PNP capturó a estos criminales y ¿qué hace el juez? Los libera. ¿Y qué creen que van a hacer estos delincuentes? ¿No van a seguir robando, matando y extorsionando?”, señaló la mandataria al referirse a un caso registrado en Huancayo, donde fueron detenidos los implicados en el asalto a una oficina de la Sunass. Un agente de seguridad resultó herido durante el atraco.

Extorsiones en aumento y ciudadanos atemorizados

La violencia se instaló en la rutina diaria. Según los registros del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), durante el primer trimestre del año se reportaron 2.656 casos de extorsión en Lima Metropolitana. Las cifras mensuales muestran un incremento constante: 880 denuncias en enero, 855 en febrero y 921 en marzo. Estos datos superan ampliamente los reportados en los mismos meses de 2022, 2023 y 2024.

La inseguridad también modificó los hábitos cotidianos. El 48% de los encuestados evita salir de casa o caminar por su barrio. Además, el 42% asegura que algún miembro de su familia ha sido víctima de un delito, cifra que en Lima alcanza el 50%. A esto se suma un 47% que conoce personalmente a alguien afectado por extorsión.

El impacto más dramático de la criminalidad se refleja en los homicidios. Hasta el 17 de abril, se registraron 640 muertes violentas, lo que representa un promedio de ocho fallecidos por día. De continuar esa tendencia, el año 2025 podría cerrar con cifras similares o incluso superiores a las de 2017, uno de los más críticos en materia de violencia.

Desde el inicio del actual Gobierno, el 7 de diciembre de 2022, los datos oficiales contabilizan 4.270 homicidios. La situación se ha intensificado al punto de que el 36% de los encuestados considera la posibilidad de emigrar por razones de seguridad. Se trata de un dato que revela la profundidad del problema y su impacto emocional en la población.

El estado de emergencia vigente en Lima y Callao no logra modificar la percepción pública. Según Datum, el 54% cree que esta medida no mejorará la seguridad y el 41% estima que la situación seguirá igual. La presidenta Boluarte ordenó una prórroga de la emergencia por 30 días más y anunció el fin del llamado “cuarto de guerra” en Palacio de Gobierno, donde se monitoreaban las acciones de respuesta a la criminalidad.

Canales de emergencia PNP

PNP recuerda a la ciudadanía la importancia de actuar con prontitud en situaciones urgentes. Para ello, se puede comunicar sin demora con la Central de Emergencias al número 105.

Con el fin de facilitar este contacto, la PNP ha implementado un canal adicional a través de WhatsApp. Los ciudadanos pueden enviar mensajes a los números 942 479 506 y 964 605 570, lo que asegura una respuesta rápida ante emergencias.

Es crucial que, si eres testigo o víctima de un delito o acto de violencia, lo reportes de inmediato. La PNP está comprometida a brindar una atención ágil y eficaz para garantizar la seguridad de todos.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha reprobado este jueves durante su discurso de despedida los "ataques infundados" contra funcionarios del Departamento de Justicia, después de que el presidente electo del país, Donald Trump, y algunos de sus aliados hayan criticado "erróneamente" esta oficina como politizada.

"Sé que ustedes han enfrentado ataques infundados simplemente por hacer su trabajo, al mismo tiempo que han arriesgado sus vidas para proteger a nuestro país de una variedad de amenazas extranjeras y nacionales. Pero la historia que han contado algunas personas fuera de este edificio sobre lo que ha sucedido dentro es errónea. Han trabajado para buscar la justicia, no la política. Esa es la verdad", ha asegurado.

Garland ha señalado que "se ha dicho mucho sobre este Departamento por parte de personas ajenas a él, sobre cuál es su trabajo y cuál no, y sobre por qué hacen su trabajo como lo hacen". "A lo largo de los años, algunos han criticado al Departamento, diciendo que ha permitido que la política influya en su toma de decisiones. Esa crítica a menudo proviene de personas con opiniones políticas opuestas entre sí", ha remarcado.

Además, el fiscal saliente ha subrayado la importancia de la independencia de su agencia, en medio del temor de algunos senadores demócratas de que la elegida por Trump para dirigir el departamento, Pam Bondi, reciba órdenes del inquilino de la Casa Blanca.

"Nuestras normas son una promesa de tratar los casos similares por igual, de que no tendremos una regla para los poderosos y otra para los débiles, una regla para los amigos y otra para los enemigos. (...) Esas normas incluyen nuestro compromiso de garantizar la independencia del Departamento de Justicia tanto de la Casa Blanca como del Congreso en lo que respecta a las investigaciones y los procesamientos policiales", ha remarcado.

Trump ha atacado repetidamente al sistema de justicia, calificándolo de politizado y corrupto, apuntando especialmente a los fiscales, a funcionarios del Departamento de Justicia y a los jueces que presiden los casos penales en su contra.

La Argentina no solo enfrenta una crisis económica: atraviesa una crisis aún más profunda, estructural e invisibilizada, que es la crisis de su sistema institucional. Y en el centro de esa fragilidad está la Justicia. Un país no se derrumba solo por falta de dólares, sino cuando se deshilachan sus normas, se debilitan sus controles y se vacían sus garantías.

“El republicanismo no puede esperar -advierte Santiago Kovadloff-, jamás el pragmatismo puede hacernos dejar de lado el republicanismo”. Cuando se renuncia a los principios para administrar la urgencia, “se está en un terreno de coyuntura”. El propio Kovadloff completa esa línea de pensamiento con una advertencia contundente y lúcida: “No podemos caer en la creencia de que con menos inflación tenemos más ciudadanía”.

La justicia no es solo un poder del Estado: es el pilar que sostiene el contrato social. Sin garantías, la legalidad se debilita; sin legalidad, la ciudadanía pierde sustancia. Allí donde la Justicia se ausenta, la República se vacía y el desarrollo se convierte en una promesa meramente retórica.

El deterioro estructural se manifiesta en datos objetivos que reflejan la magnitud de la crisis. De los 1002 juzgados que integran la Justicia Nacional y Federal, el 30% se encuentra vacante. Esta situación impacta directamente en la capacidad del sistema para brindar respuestas oportunas, especialmente en materias de alta sensibilidad institucional.

Si bien en 2024, el Consejo de la Magistratura aprobó 96 ternas, como resultado de consensos amplios entre los distintos estamentos, lo cierto es que, a lo largo del año pasado, el Poder Ejecutivo no remitió ningún pliego al Senado para su tratamiento, un hecho sin precedentes desde la creación del organismo.

A ello se le suma que el 42% de las fiscalías permanece vacante, y que en los últimos cinco años solo se han designado cinco fiscales. Fortalecer la cobertura de estos cargos resulta indispensable para asegurar un servicio de justicia continuo, profesional y eficaz.

A esta crisis de cobertura se suma la situación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya integración incompleta representa un foco de particular preocupación. Dos vacantes prolongadas han generado incertidumbre institucional y tensiones políticas en torno a su conformación.

La decisión del Poder Ejecutivo de cubrir estos cargos por decreto en comisión no resolvieron el problema. Por el contrario, evidenciaron la falta de consensos básicos y profundizaron la inestabilidad. Alcanzar los acuerdos necesarios para regularizar la integración del máximo tribunal es indispensable para garantizar la seguridad jurídica y preservar la autoridad institucional de la Corte.

En paralelo, la implementación del sistema acusatorio —diseñado para agilizar los procesos penales mediante la transferencia de la dirección de la investigación al Ministerio Público Fiscal y la promoción de la oralidad y la transparencia— avanza con dificultades estructurales significativas.

A las restricciones presupuestarias se suman deficiencias en infraestructura, escasez de personal capacitado y demoras en la adecuación organizativa. Todo ello se ve agravado por la ausencia de un Procurador General designado con acuerdo del Senado: tras ocho años de interinato, el Ministerio Público continúa sin conducción regular, lo que limita su capacidad de articular una política criminal consistente y debilita la proyección del nuevo modelo procesal.

En este mismo contexto de transformaciones estructurales aún inconclusas, la modernización tecnológica del Poder Judicial también requiere consolidación. Aunque se han incorporado algunas herramientas digitales y se creó un Comité de Innovación en el Consejo de la Magistratura, la ausencia de un sistema estadístico integral, la escasa apertura de datos y la demora en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la gestión judicial, como inteligencia artificial, evidencian la falta de una política sostenida en la materia.

Modernizar no es solo incorporar tecnología: implica revisar prácticas, transparentar procesos y garantizar un acceso equitativo al servicio de justicia, aun frente a resistencias internas y limitaciones estructurales.

Hablando de procesos inconclusos, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo un mandato constitucional pendiente desde 1994. La coexistencia de competencias federales y locales genera superposiciones funcionales y tensiones presupuestarias.

La Corte Suprema, en fallos como “Levinas”, ha reafirmado el carácter local de los conflictos que se tramitan en el fuero nacional con asiento en CABA. Avanzar en este proceso fortalecería el federalismo, consolidaría la autonomía porteña y permitiría focalizar al Poder Judicial de la Nación en materias de interés federal.

La desconfianza ciudadana en el sistema judicial es, en gran medida, el reflejo de esta suma de déficits institucionales. Más del 80% de la población manifiesta una percepción negativa sobre su funcionamiento. La falta de un código de ética para la Justicia Federal, la demora en la tramitación de denuncias contra magistrados y la baja cantidad de sanciones efectivas alimentan esa percepción.

Desde la creación del Consejo de la Magistratura, solo 19 jueces fueron destituidos. Fortalecer los mecanismos de auditoría, agilizar los procesos disciplinarios y afianzar una cultura de rendición de cuentas son pasos ineludibles para restaurar la legitimidad.

La justicia argentina refleja el estado general de nuestras instituciones: bloqueos políticos, falta de consensos y decisiones postergadas. Esta situación no puede relativizarse ni subordinarse a la coyuntura. Porque sin justicia no hay ley, sin ley no hay República, y sin República no hay desarrollo.

La recuperación de la confianza ciudadana exige más que discursos: requiere decisiones. Modernizar, nombrar, auditar, transparentar. La justicia no puede seguir atrapada en inercias políticas ni en estructuras que no dialogan con las necesidades del presente. Fortalecerla no es una opción ni una concesión: es la única vía posible para reconstruir la legitimidad institucional y garantizar un desarrollo que no sacrifique legalidad en nombre de la urgencia.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este viernes su apoyo a jueces y fiscales y ha recalcado que "merecen trabajar sin presiones". Además, ha avisado que no se puede "normalizar" que tengan que "defenderse de ataques del propio Gobierno" por "investigar presuntos delitos del entorno" del presidente del Gobierno.

Feijóo se ha hecho eco del comunicado que ha emitido la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, en el que rechaza que se atribuyan "sesgos políticos" a los jueces, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijera que el PP juega con las cartas marcadas porque cuenta con la ayuda de algunos jueces.

El jefe de la oposición ha indicado que "ninguna democracia puede normalizar que los jueces tengan que defenderse de ataques del propio Gobierno". A su entender, la Justicia "no es culpable de tener que investigar presuntos delitos del entorno del presidente".

"Mi apoyo a jueces, fiscales y tribunales que merecen trabajar sin presiones", ha afirmado Feijóo en un mensaje en la red 'X', que ha recogido Europa Press, que acompaña con el comunicado de Perelló recordando que la independencia judicial "constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho". Además, la presidenta del Supremo ha reivindicado que los togados puedan trabajar "sin presiones" de "ningún grupo de poder".

Los fiscales aseguran que fueron trasladados a puestos sin posibilidades de avance profesional como represalia directa por sus acciones. De acuerdo con la denuncia, Nancy Theberge y Brock Lunsford formaban parte de la Unidad de Revisión de Sentencias, donde participaron en reuniones sobre el caso Menéndez en octubre de 2024 y coescribieron un memorando que detallaba la justificación legal para la revisión de las condenas. No obstante, afirman que sus esfuerzos fueron recibidos con resistencia por la nueva administración.

Theberge denunció que, además de sufrir represalias, fue víctima de discriminación por edad y género. Según su reclamación, la trataron de manera desigual en comparación con colegas más jóvenes y hombres, lo que habría afectado su autoridad y reputación profesional. Como parte de las medidas en su contra, la reasignaron al Departamento de Defensores Públicos Alternativos el 19 de diciembre de 2024, un puesto que, según ella, representa el nivel más bajo dentro de la jerarquía de la fiscalía.

Por su parte, Lunsford fue trasladado el 14 de diciembre de 2024 a un cargo como abogado de calendario en el Tribunal de Norwalk, una función que había desempeñado años atrás y que, según su denuncia, no ofrece oportunidades de crecimiento. Ambos fiscales sostienen que estos cambios fueron un castigo por su participación en la revisión del caso Menéndez y su relación con George Gascón.

Tensiones políticas dentro de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles

Las denuncias también sugieren que las represalias están motivadas por cuestiones políticas. Según Theberge y Lunsford, la nueva administración, encabezada por el fiscal de distrito Nathan Hochman, los habría marginado debido a su apoyo público a George Gascón, quien dirigió la fiscalía antes de Hochman y promovió reformas en el sistema judicial.

El abogado de los fiscales, Justin Shegerian, declaró a NBC Los Ángeles que sus clientes actuaron conforme a la ley al abogar por la revisión de las sentencias de los Menéndez. “Nancy y Brock son abogados experimentados que siguieron la ley, la cual, según su interpretación, les exigía apoyar la revisión de las sentencias de los hermanos Menéndez”, afirmó Shegerian.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles no ha emitido declaraciones sobre el caso. Según NBC News, la administración de Hochman no ha respondido a las acusaciones de represalias ni ha indicado si tomará medidas al respecto.

El impacto mediático del caso Menéndez y la lucha por la revisión de sus sentencias

El caso de los hermanos Menéndez ha sido objeto de atención mediática durante décadas. En 1996, Erik y Lyle fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills. Desde entonces, la historia ha sido analizada en documentales y dramatizaciones, como la serie de Netflix “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” y el documental “The Menendez Brothers”.

En años recientes, los abogados defensores han argumentado que los hermanos deberían recibir sentencias de 50 años, lo que les permitiría optar a la libertad condicional de inmediato. George Gascón respaldó esta postura, afirmando que las penas podrían ser revisadas bajo nuevas interpretaciones legales.

Sin embargo, Nathan Hochman, el actual fiscal de distrito, aún no ha decidido si apoyará la reducción de las condenas. En declaraciones del mes pasado, Hochman aseguró que está revisando los expedientes judiciales y penitenciarios antes de tomar una postura definitiva. La decisión final dependerá de un juez, quien determinará si las sentencias de los Menéndez deben ser modificadas.

Un conflicto que refleja divisiones dentro del sistema judicial

Las denuncias presentadas por Theberge y Lunsford no solo han puesto de manifiesto la posibilidad de represalias dentro de la fiscalía, sino que también han evidenciado las tensiones políticas que atraviesan el sistema judicial en Los Ángeles. El enfrentamiento entre la administración de Hochman y quienes apoyaron a Gascón refleja el conflicto entre enfoques más conservadores y reformas progresistas dentro del ámbito judicial.

Mientras los fiscales afectados buscan compensaciones económicas y la restitución de sus cargos, el caso Menéndez sigue siendo un tema de debate. La posibilidad de que las condenas de los hermanos sean modificadas dependerá del análisis de los documentos judiciales y de la decisión que tome la corte en los próximos meses.

La Junta de Fiscales Supremos aprobó la renuncia de Freddy Christian Niño Torres, quien fue parte del desaparecido Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Hasta su dimisión, el funcionario se desempeñaba como fiscal adjunto provincial especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio en el Distrito Fiscal de Lima.

La resolución firmada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y publicada en el Diario Oficial El Peruano indica que Niño Torres presentó su carta de renuncia el pasado 13 de diciembre de 2024 y alegó “razones estrictamente personales” ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, que a su vez remitió la misiva a la titular de la entidad.

Sin embargo, hay que recordar que ese mismo día, Espinoza dejó sin efecto el nombramiento de Marita Barreto como coordinadora el Eficcop y dispuso que el personal fiscal y administrativo que integraba este equipo pase a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El 17 de diciembre, el funcionario pidió que su solicitud se vea con celeridad y su renuncia se haga efectiva el 1 de enero de 2025. Es así que la Junta de Fiscales Supremos, en una sesión extraordinaria realizada el pasado 28 de diciembre, acordó aceptar la dimisión de Niño Torres y ordenó remitir la resolución a la Junta Nacional de Fiscales para los procedimientos administrativos correspondientes.

Freddy Niño Torres fue nombrado fiscal adjunto provincial especializado en delitos de lavado de activos y perdida de dominio (supraprovincial corporativo) de Lima del Distrito Fiscal de Lima por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura en el 2017.

Casos

Durante su paso por el Eficcop, el fiscal Freddy Niño Torres participó en investigaciones de alto perfil, como el caso Valkiria, que involucra a la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y una presunta red criminal dentro del Ministerio Público.

También tuvo un rol clave en el caso Fondo Mivivienda, que indaga el presunto pago de sobornos por parte de la empresaria Sada Goray a funcionarios del Ministerio de Vivienda para beneficiar a su empresa, Marka Group, en licitaciones públicas. Estos hechos de corrupción habrían ocurrido en la gestión de Pedro Castillo.

Durante la audiencia en la que el Ministerio Público sustentó su pedido de 36 meses de prisión preventiva, Goray no ocultó su rechazo hacia el fiscal, lanzándole miradas y gestos de desaprobación. Su primera reacción se dio cuando Niño Torres afirmó que ella, junto al periodista Mauricio Fernandini y otros procesados, formaba parte de una organización criminal jerarquizada dentro del sector.

Un episodio similar ocurrió más adelante, cuando el fiscal la señaló como “integrante, coordinadora y operadora” de la citada red criminal

Cambios en el Ministerio Público

Con la llegada de Delia Espinoza al liderazgo del Ministerio Público, se han implementado una serie de cambios que han generado cuestionamientos tanto dentro de la institución como en la opinión pública.

El primero fue la designación de Víctor Cubas como vocero oficial, acompañada de una directiva que prohíbe a los fiscales brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Luego, se produjo la remoción de Rafael Vela y Jorge Chávez Cotrina como coordinadores de las fiscalías de Lavado de Activos y contra el Crimen Organizado, respectivamente.

Finalmente, se dispuso la desactivación del Eficcop, cuyos integrantes fueron reubicados en otras áreas para continuar con las investigaciones.

Respecto a su relación con el Congreso de la República, al igual que su predecesor, continúa tensa. Recientemente, Espinoza presentó una denuncia constitucional contra 11 parlamentarios por presuntamente haber impulsado un dictamen que favorecía con doble sueldo y pensión a los funcionarios que fueron parte de las Fuerzas Armadas y la PNP.

A diez años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) emitió un comunicado en el que reafirma su solidaridad con la familia del fiscal, especialmente con sus hijas, y califica el hecho como un “crimen aberrante”. El mensaje también destaca la importancia de esclarecer el caso para garantizar la legitimidad de las instituciones de la República.

En el texto difundido, la AFFUN subrayó que tras la muerte de Nisman, sus allegados enfrentaron numerosos ataques que buscaron desacreditar su figura y contaminar las investigaciones judiciales relacionadas con su trabajo. “Aún después de su fallecimiento, la persona del fiscal sufrió crueles ataques, muchas veces promovidos por la oficialidad, con la intención de desacreditar su trabajo y alterar el análisis de las pruebas recolectadas”, señala el comunicado.

El reciente informe del fiscal federal Eduardo Taiano, encargado de la causa que investiga la muerte de Nisman, fue un eje central en la declaración de la AFFUN. Según este documento, la muerte del fiscal fue consecuencia directa de su labor en la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. En aquel ataque, 85 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas, dejando una de las mayores heridas en la historia del terrorismo en Argentina.

Taiano ratificó que Nisman murió cumpliendo con su mandato legal y destacó su compromiso con la búsqueda de justicia, incluso enfrentando riesgos que desafiaron intereses de alto nivel tanto dentro como fuera del país. La AFFUN considera que este nuevo informe es una pieza clave para comprender las circunstancias de la muerte del fiscal y su relación con la causa AMIA.

El llamado a proteger la independencia judicial

En su comunicado, la AFFUN destacó que el esclarecimiento de la muerte de Nisman es un paso fundamental para garantizar la transparencia y la independencia del sistema judicial argentino. “Es vital para la legitimidad de las instituciones de la República que se investigue con objetividad y se condene a los responsables”, enfatizaron desde la asociación.

Además, el texto remarcó la necesidad de que los fiscales cuenten con garantías para desempeñar sus funciones sin intimidaciones ni presiones indebidas. En este sentido, la AFFUN expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan los funcionarios judiciales en un contexto de injerencias externas que pueden comprometer la búsqueda de la verdad.

Nisman, un símbolo para los fiscales

El comunicado finalizó reivindicando la figura de Alberto Nisman como un símbolo de los fiscales comprometidos con la justicia, tanto en Argentina como a nivel internacional. “Lejos de acallar sus convicciones, su muerte lo convirtió en un símbolo de aquellos que trabajan para honrar su compromiso con la verdad”, afirmó la AFFUN.

En este marco, el organismo reiteró su pedido de que las autoridades garanticen la seguridad de quienes integran el Ministerio Público Fiscal, resguardando su labor frente a posibles interferencias externas. La AFFUN concluyó su mensaje recordando que Nisman encarnó los valores de independencia y dedicación, imprescindibles para fortalecer la confianza en el sistema judicial.

El Ministerio Público continúa investigando las muertes y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la represión de las protestas contra Dina Boluarte, tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Como parte de una estrategia para agilizar los procesos y fortalecer la capacidad de resolución de casos fiscales, se han designado nuevos fiscales que brindarán apoyo al Equipo Especial encargado de estas investigaciones.

Amazonas, Arequipa, Cusco, Lambayeque, Piura y La Libertad serán los principales escenarios donde los fiscales recientemente asignados trabajarán para esclarecer los hechos relacionados con el estallido social ocurrido en diciembre de 2022 y enero de 2023.

Los funcionarios operarán en despachos especializados en derechos humanos e interculturalidad, con el objetivo de garantizar que las investigaciones respeten los estándares legales y los derechos fundamentales.

Los nombramientos y designaciones estarán vigentes desde la fecha de juramentación hasta el 30 de abril de 2025, lo que asegura un periodo de trabajo temporal pero crucial para la atención de estos casos. Sin embargo, los deudos de las víctimas han denunciado que los constantes cambios de fiscales a cargo de las investigaciones han provocado demoras en el proceso, aumentando la incertidumbre en la búsqueda de justicia y una sensación de impunidad.

Fiscales designados

María Luisa Pumayauri Rivera
Despacho: Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Amazonas.

• Luis Alberto Bautista Hernández
  Despacho: Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Arequipa.
  
• Yaneth Ñahue Gaona
  Despacho: Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Arequipa.
  
• Anghela Leidy Álvarez Rodríguez
  Despacho: Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Cusco.
  
• Luz Madeleyne Boza Quilca
  Despacho: Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Lambayeque.
  
• Miryam Sofía Vásquez De La Cruz
  Despacho: Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Lambayeque.
  
• Carlos Ramón Zevallos Torres
  Despacho: Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Piura.
  
• Roosmel Ronald Silva Domínguez
  Despacho: Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de La Libertad.
  
• Jhoselyn Brigitte Fernández Príncipe
  Despacho: Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de La Libertad.

Investigaciones abiertas

El julio del 2024, el Equipo Especial de Fiscales encargado de investigar las víctimas de las protestas sociales formalizó 18 investigaciones preparatorias. Estas abarcan casos de muertes y lesiones que afectaron a 267 ciudadanos en el contexto de graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En las investigaciones figuran 154 efectivos de la Policía Nacional y del Ejército del Perú como presuntos responsables.

En Ayacucho, se formalizó una investigación contra 27 miembros del Ejército por los hechos violentos del 15 y 16 de diciembre de 2022, cerca del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte, en Huamanga, que dejaron 55 afectados. Entre los investigados están altos mandos como Jesús Vera Ipenza, Jimmy Alex Vengoa Bellota, Carlos Vega Pérez y Antero Rosendo Mejía Escajadillo.

En Puno, se han abierto tres investigaciones contra 24 policías por la muerte de dos personas durante las protestas en Macusani, el 18 de enero de 2023, y contra 19 efectivos del Ejército y la Policía por los hechos ocurridos cerca del aeropuerto Inca Manco Cápac, donde murieron 18 personas y 108 resultaron heridas. También se investiga a tres policías por los incidentes registrados en San Román (Juliaca).

En Cusco, se iniciaron dos investigaciones. La primera involucra a 20 policías por los hechos del 11 de enero de 2023 en la avenida 28 de Julio, que dejaron 30 agraviados, mientras que la segunda se centra en otros dos agentes de la misma institución.

En Apurímac, se formalizaron dos casos: uno contra 15 policías por el enfrentamiento del 9 de febrero de 2023 en la carretera Nazca-Cusco, que dejó seis afectados, y otro contra seis policías adicionales por incidentes relacionados.

En Lima, se han iniciado cuatro investigaciones contra 12 policías, incluyendo una por la muerte de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca el 28 de enero de 2023. También se indagan hechos ocurridos en diciembre de 2022 y enero y marzo de 2023, en los que tres personas resultaron heridas.

En Ucayali, las investigaciones se centran en dos altos mandos policiales por lesiones graves, leves y abuso de autoridad contra ocho personas en los incidentes del 17 de diciembre de 2022 en Huipoca.

En Arequipa, la Fiscalía abrió tres investigaciones por los hechos que afectaron a 13 personas, incluyendo una por la muerte de Miguel Arcana el 12 de diciembre de 2022 y otras dos por lesiones leves durante las protestas en diciembre de 2022 y enero de 2023.

Finalmente, en La Libertad, se investiga a dos policías por la muerte de Carlos Huamán Cabrera y Segundo Sánchez Huaynacari, además de lesiones a tres personas, en las protestas del 13 y 20 de enero de 2023 en el distrito de Chao.

Un informe presentado por la Fiscalía Federal N°3, encabezada por Eduardo Taiano con la colaboración del auxiliar Hernán Kleiman, reafirma que el fiscal Natalio Alberto Nisman fue asesinado debido a su trabajo en la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA).

El documento sostiene que Nisman fue víctima de un homicidio vinculado a su denuncia sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán., que buscaba encubrir a los responsables del ataque a la mutual judía que dejó un saldo de 85 muertos.

La hipótesis central del trabajo judicial apunta a que el crimen fue ejecutado por actores que buscaron silenciar al fiscal, cuyos hallazgos en torno al pacto con Irán comprometían a altos funcionarios del gobierno argentino que en ese momento encabezaba Cristina Kirchner. “Se encuentran en curso medidas para determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron”, señala la fiscalía

El informe tiene 52 páginas y el contenido está dividido en siete capítulos que se enfocan en la reconstrucción de la escena del crimen, el análisis de la denuncia de Nisman contra funcionarios del gobierno argentino y un apartado específico que detalla los avances periciales obtenidos desde que la causa fue transferida al fuero federal. Y entre las medidas tomadas destaca pericias forenses, análisis de comunicaciones y entrevistas a testigos clave que consolidaron la tesis del homicidio como un acto intencional relacionado con las actividades del fiscal.

Tras haber asumido el trámite de la causa y analizado en detalle los elementos de prueba, el fiscal Taiano denunció la existencia de graves irregularidades en el procedimiento llevado a cabo entre los días 18 y 19 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado sin vida: “La primera hora y media desde que se ingresó al departamento estuvo repleta de entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina. Hasta el momento no se ha brindado ningún tipo de justificación o asignación a tarea específica que sustente este accionar, que atentó directamente contra la preservación de la escena”.

“En la escena del crimen circularon esa noche más de 80 personas. No hace falta ser un experto en la materia para advertir que esa cantidad de gente en la escena de un crimen no tiene justificación alguna”, se enfatiza.

Además, en el texto conocido hoy se recuerda que en la investigación de la muerte del fiscal, “se corroboró la participación activa de terceras personas, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo (a Nisman), lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015″.

“De inmediato -se agrega en el texto- se verificó que como parte del plan criminal tendiente a simular un suicidio fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear accesos y controles hasta el Dr. Nisman e inicialmente implantar la duda respecto del fatal desenlace -concepto conocido como “arma amiga”-. En el caso, el plan homicida se llevó adelante con la utilización de un arma registrada a nombre de Diego Ángel Lagomarsino”, quien era colaborador del fiscal y prestaba servicios en la UFI-AMIA.

Luego se repasa que el fiscal Taiano también analizó “la labor ineficiente de la custodia que debía proteger a Nisman en su departamento”. Y se destacó que “durante ese fin de semana los miembros de la Policía Federal Argentina que debían protegerlo abandonaron la consigna vigente en reiteradas ocasiones y por lapsos de tiempo prolongados. De esta forma, no sólo se vio facilitado el accionar homicida que terminó con la vida del fiscal, sino también la libertad de manipular la escena sin ningún tipo de control”.

Los capítulos del informe incluyen no sólo el relato de los hechos investigados, sino también los obstáculos encontrados en el proceso, como la falta de colaboración por parte de algunos organismos relevantes vinculados a los servicios de inteligencia y áreas del gobierno que manejaban información sensible sobre el atentado a la AMIA y sus posibles inteligencia

“Al día de hoy, sólo por mencionar un ejemplo evidente, no sabemos si los autores del homicidio pudieron haber salido del departamento por la vía de acceso ubicada en la cocina que nadie advirtió (o quiso advertir) durante los primeros momentos de la investigación”, se destaca en el escrito.

En ese sentido, se menciona que numerosos pedidos de acceso a documentos específicos fueron ignorados o demorados de manera injustificada, lo que dificultó avanzar en el esclarecimiento de la causa. Además, se denunció que algunos informes entregados por estas entidades llegaron incompletos o con información irrelevante, lo que generó suspicacias y potenció las sospechas sobre un ocultamiento deliberado.

Conclusiones finales

En el último capítulo del informe se apunta que, en el marco de las investigaciones actuales, el fiscal Taiano anunció que se están impulsando nuevas imputaciones contra sospechosos que podrían haber tenido participación en el homicidio de Nisman. Aunque no se dieron nombres específicos, el informe subraya la necesidad de esclarecer el rol de ciertos actores cuya vinculación con servicios de inteligencia podría ser clave para el caso.

En este contexto, se presentó un pedido formal de desclasificación de documentos de inteligencia que podrían contener información relevante para determinar las responsabilidades en la planificación y ejecución del crimen. Según el informe, estos documentos podrían arrojar luz sobre las conexiones entre organismos nacionales e internacionales involucrados en el encubrimiento del atentado a la AMIA y, por ende, en la posterior muerte del fiscal.

El trabajo de la fiscalía fue presentado pocos días antes de cumplirse el décimo aniversario de la muerte de Nisman, quien fue hallado sin vida el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero. En aquel momento, la noticia sacudió a todo el país, generando una enorme controversia sobre las circunstancias de su muerte y el impacto que podría tener en la investigación del atentado a la AMIA.

La causa inicialmente quedó en el fuero criminal ordinario, con hipótesis que fluctuaron entre el suicidio y el homicidio. Sin embargo, en 2016 la investigación pasó al fuero federal, y desde entonces la Fiscalía liderada por Eduardo Taiano ha trabajado en la recopilación de pruebas que ratifican la teoría del homicidio vinculado a la labor del fiscal en la UFI-AMIA.

El informe completo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este lunes a la Junta Directiva Nacional del PP con los trabajos de reconstrucción tras la DANA en el epicentro, si bien el Partido Popular quiere devolver el foco a "escándalos" que, a su juicio, rodean al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y alejarlo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

De hecho, la reunión de la plana mayor del PP --máximo órgano del partido entre congresos que congrega a 'barones' territoriales, parlamentarios de la formación y cargos territoriales-- se produce cuando se cumple un año de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"En 12 meses Sánchez ha aprobado la ley de amnistía, ha acordado cupo catalán con el independentismo, se ha imputado al fiscal general del Estado y le rodean casos de presunta corrupción como el 'caso Koldo", han señalado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo.

Según los 'populares', Sánchez ha conseguido un "récord de escándalos" en este último año que, a su juicio, retratan un "Gobierno en llamas". "Nunca un presidente de España ha tenido tantos casos de corrupción rodeándole y tan graves", dijo este fin de semana el vicesecretario de Política Territorial del PP, Elías Bendodo.

El PP quiere poner el foco en el jefe del Ejecutivo y con ese objetivo confirmó el pasado viernes su personación en la causa abierta contra su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, en el juzgado número 3 de Badajoz.

Coincidiendo con ese aniversario de la investidura de Sánchez, el PP ha difundido en redes sociales un vídeo en el que asegura que en un año de Gobierno de coalición "España retrocede y solo avanza la corrupción". Además, denuncia los "hachazos fiscales" de Sánchez, que haya "incumplido sus promesas de vivienda" y que España "doble la media europea de paro juvenil".

El PP asegura que en España hay un Gobierno "que no gobierna" y que "solo ha aprobado una amnistía inmoral y poner pinganillos en el Congreso", al tiempo que "cuenta por decenas sus derrotas parlamentarias". "¿Hasta cuándo vais a seguir haciendo perder el tiempo a los españoles?", termina el vídeo del PP.

TRES SEMANAS DESPUÉS DE LA DANA

La reunión de la Junta Directiva Nacional del PP se produce casi tres semanas después de la DANA, que ha provocado más de 220 fallecidos y cuantiosos daños materiales. Tras pedir disculpas y admitir que se pudo hacer mejor, Mazón se comprometió este viernes con la reconstrucción de la Comunidad Valenciana, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que esté "a la altura" de lo que necesitan los afectados y avanzó la creación de una comisión de investigación en las Cortes valencianas y otra en el Congreso.

Además, Mazón afirmó que si no es "capaz de liderar la reconstrucción" de las localidades de la provincia de Valencia arrasadas por la DANA del 29 de octubre, asumirá "las consecuencias políticas personalmente no optando a la reelección" como jefe del Consell.

Desde la dirección nacional del PP calificaron de "valientes" sus compromisos y anuncios, en especial que vincule su continuidad política a una gestión "ejemplar" de la reconstrucción en la Comunidad Valenciana, según indicaron a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo.

En el PP subrayan que Mazón ha sido el primero en ofrecer explicaciones en sede parlamentaria, a diferencia de Pedro Sánchez, que no lo hará hasta el 27 de noviembre (el próximo lunes y martes participa en la cumbre del G20 en Brasil). "El presidente del Gobierno comparece porque no tiene los votos necesarios para impedirlo", han subrayado fuentes 'populares'.

En 'Génova' buscan poner el foco en la responsabilidad del Gobierno tras la catástrofe y apuntan especialmente a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuya candidatura a comisaria europea piden retirar tras estar "desaparecida" en la DANA.

En la reunión de la Junta Directiva, Feijóo y sus cargos volverán a expresar su solidaridad y todo su apoyo a los afectados por la catástrofe, al tiempo que el PP reclamará de nuevo al Gobierno ajuste los decretos de ayuda porque, según los 'populares', hay "muchas lagunas".

EL PP CREE QUE SÁNCHEZ PREPARA UN "HACHAZO FISCAL"

Después de que el Gobierno forzara esta semana otro aplazamiento de su paquete fiscal por falta de apoyos, se prevé que Feijóo de nuevo denuncie este lunes ante los suyos las subidas impositivas que, a su entender, prepara el Gobierno.

"No están diseñando un paquete fiscal, sino que están preparando un hachazo fiscal", dijo el pasado viernes en Santiago, donde denunció la "competición bochornosa" entre los socios del PSOE para poner "trabas" a los contribuyentes.

El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha señalado que su partido apoyará el proyecto de ley fiscal del Ejecutivo si se ciñe al nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, que viene de una Directiva europea, pero no si supone un "hachazo fiscal" que implique subir tributos al tabaco, el diésel, los vapeadores o la banca. A su entender, la intención del Gobierno con esa ley es subir "más de 40" tributos.

La Justicia de Rosario reanudó este jueves las audiencias contra los diez policías del Comando Radioeléctrico de la mencionada ciudad santafecina, acusados de allanamiento ilegal, detenciones arbitrarias y robo, por los que fueron detenidos en diciembre pasado. A su vez, la fiscalía amplió las acusaciones al atribuir seis casos más de similares características.

Los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartocci, quienes se encuentran al frente de la investigación que atribuye a los oficiales la realización de operativos ilegales en domicilios particulares y comercios en los que los agentes robaron y golpearon a las víctimas, solicitaron a la jueza la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Dicho pedido recaería sobre todos los implicados identificados como Luis Alberto P. —jefe de tercio—, Marcelo Gabriel B., Gastón M., Brian Facundo P., Jaquelina R., Stella Maris C., Agustín M., Melani P., Gisela Lorena N. y María Eva T.

Los hechos, cometidos entre marzo de 2023 y noviembre de 2024, abarcan 14 episodios documentados en una investigación que revela patrones sistemáticos de abuso y falsificación de procedimientos oficiales. En la audiencia celebrada este jueves, Caterina y Bartocci ampliaron las imputaciones contra los agentes al incluir seis nuevos casos en la causa, reforzada por pruebas como registros de GPS de patrulleros, audios de llamadas al 911, videos de las víctimas y testimonios.

Posteriormente, la magistrada María Melania Carrara, resolvió pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta este viernes a las 8, donde será el turno de las exposiciones de las defensas de los agentes y la posible declaración de los acusados, tal como lo indicó el portal Aire Digital.

En octubre de 2024, un allanamiento ilegal en el barrio Puente Gallego resultó en el robo de seis millones de pesos y otros bienes de una despensa, según detallaron los fiscales.

Los agentes, que plantaron un arma en la escena para justificar su accionar, fueron acusados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de irregularidades graves en la redacción de las actas del procedimiento. Por el hecho, una mujer estuvo presa durante 90 días, después de la acusación penal, y varias personas que estaban en el negocio, habían sido golpeadas por los efectivos.

En diciembre del mismo año, el líder de la banda, Luis P. —quien acumulaba 14 causas por abusos de autoridad y falsificación de información— y Jaquelina R., ingresaron a una vivienda en el barrio Tío Rolo, plantaron armas y detuvieron a un joven, quien fue liberado al día siguiente tras denunciar el operativo ante Asuntos Internos. Según se conoció sobre jefe del tercio Beta del Comando Radioeléctrico,

Como parte de la acusación, se puso en consideración el hecho cometido en el barrio Santa Lucía en agosto de 2023, cuando el jefe y otros agentes ingresaron sin autorización a una vivienda vacía vinculada a una balacera previa. La fiscal señaló que los policías forzaron la puerta trasera, desconectaron cámaras de seguridad y robaron equipos electrónicos, justificando su accionar con un acta falsa que alegaba la persecución de un sospechoso.

Otro incidente ocurrió en septiembre de 2023, cuando tres personas fueron retenidas contra su voluntad en el barrio Gráfico. Tres de los implicados, sustrajeron mercadería, ropa de cama y otros bienes, además de causar destrozos. Las víctimas pasaron cinco días detenidas antes de que la investigación revelara que las pruebas contra ellas habían sido fabricadas.

Ante los mencionados hechos, el MPA solicitó prisión preventiva por dos años para los diez agentes, argumentando el riesgo de entorpecimiento de la causa y la gravedad de los delitos cometidos. Durante las cuatro horas de audiencia, los fiscales subrayaron que incluso los agentes con menos imputaciones están involucrados en al menos dos casos, lo que evidencia un patrón de conductas ilícitas sostenidas en el tiempo.

Madrid, 11 nov (EFE).- Mapfre dejará de prestar asistencia sanitaria a los miembros de Mugeju, la mutua que atiende a jueces, fiscales, empleados de Justicia y sus familiares, tras analizar el pliego de condiciones publicado recientemente, han informado a EFE fuentes de la aseguradora.

Tras analizar las condiciones que se ofrecían a las aseguradoras para la prestación del servicio, Mapfre ha considerado que, en esta ocasión, no se adaptan a "la estrategia" de la compañía, basada en ofrecer un servicio rentable y de calidad.

De esta forma, la entidad habría llegado a la conclusión de que no le sería posible obtener una rentabilidad suficiente para mantener un servicio de calidad a los mutualistas. EFE

La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, ha presentado un recurso de apelación contra los registros efectuados el pasado miércoles en los despachos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Fiscalía ha informado en una comunicación interna a la carrera fiscal de que Sánchez Conde ha presentado un recurso de apelación en el marco de las pesquisas que lleva a cabo el TS por la presunta revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press precisan que se trata de un recurso contra los autos de entrada y registro dictados por el instructor del caso, Ángel Luis Hurtado, que se materializaron el pasado 30 de octubre.

En el caso del despacho de García Ortiz, fueron más de diez horas de registro --desde las 12.30 y hasta las 23.00-- que culminaron con un volcado del contenido íntegro de sus dos teléfonos --el personal y el oficial--, un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y multitud de USB.

Además, el Ministerio Público ha anunciado a través de un 'infofiscalía' que García Ortiz ha hecho extensible al TS la abstención que ya acordó para este caso cuando estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en el Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid.

Esto supone que Sánchez Conde, que es su 'número dos', estará exenta de recibir órdenes de García Ortiz y de rendirle cuentas en lo relativo a este caso, garantizando así la independencia de la teniente fiscal en la toma de decisiones en este procedimiento judicial.

Cabe recordar que dos acusaciones populares --las ejercidas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y Manos Limpias-- han solicitado a Hurtado que suspenda cautelarmente de sus funciones a García Ortiz, precisamente, por la dependencia jerárquica de Sánchez Conde.

Lima, 31 oct (EFE).- Un proyecto de ley que planteaba sancionar a los jueces y fiscales peruanos que liberaran a delincuentes detenidos en flagrancia fue archivado este jueves por el Congreso de Perú, tras no recibir los votos necesarios para su aprobación.

El dictamen recibió, en segunda votación, 60 votos a favor, 19 en contra y una abstención, con lo que no alcanzó el mínimo legal de 67 votos que establece la ley para su aprobación.

La propuesta proponía modificar la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de la Carrera Fiscal "para optimizar la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad organizada", según señalaron sus impulsores.

Consideraba, en ese sentido, que cometía el delito de prevaricación, con condenas de 8 a 12 años de cárcel, el fiscal o juez "que incumpliendo dolosamente sus deberes funcionales" ordenase o dispusiese la libertad de una persona detenida en flagrancia por la comisión de delitos con penas mayores a cinco años de prisión.

Además, establecía como faltas "muy graves, disponer, omitiendo los deberes funcionales, la libertad de personas detenidas en flagrancia" por la comisión de delitos cuya condena sea mayor a cinco años de cárcel.

También, no formular el requerimiento de prisión preventiva para los detenidos en flagrancia por la Policía o por arresto ciudadano por la comisión de delitos con condenas mayores a cinco años y que contaran con los elementos de convicción suficientes, o al hacerlo, se omitieran pruebas.

Este proyecto se presentó como una serie de medidas legislativas que plantean incrementar las sanciones y adoptar otras medidas para combatir el embate de la delincuencia y el crimen organizado en el país, que es la principal exigencia que la población peruana hace a sus autoridades. EFE

Madrid, 22 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "socavar los controles democráticos" al estorbarle el Poder Judicial, los medios o la oposición porque "no buscaba otra cosa que la impunidad porque sabía que tarde o temprano todo iba a empezar a salir a la luz".

"Y esa es la mejor prueba de cargo contra un Gobierno con los pies de barro y con el prestigio embarrado", ha agregado Feijóo, que este martes ha denunciado los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo durante su intervención en las jornadas de 'Metafuturo', organizadas por Atresmedia en Madrid.

El líder de la oposición ha señalado que la "mala política" cuesta oportunidades y hace perder el tiempo a España, y que cada día de "maniobras de distracción" del Gobierno para "tapar sus escándalos" son recursos públicos que se van "por el sumidero", y cada día de un Ejecutivo "repleto de racionales sospechas de corrupción" es un día de descrédito internacional.

Ha sostenido además que es la fortaleza institucional "el principal factor para explicar la pujanza o decadencia de una nación" y ha advertido de que España tiene "instituciones vigorosas, respetadas y respetables" pero "están en peligro".

"Podríamos decir que la legislatura tiene un chasis, las piezas de momento aguantan, pero el coche no puede avanzar porque no hay motor, no hay proyecto de país. Si no queremos quedarnos atrás, necesitamos un Gobierno que pueda avanzar, que hoy parece una utopía", ha recalcado.

Feijóo ha señalado que España tiene dos urgencias: la democrática, porque merece un Gobierno "limpio" y un "presidente capaz de contestar las preguntas sobre los escándalos que le rodean" y libre para pedir el cese del fiscal general del Estado; y la reformista, porque España necesita "un Gobierno" y no una coalición con el "único pegamento" de que no gobierne el partido que ganó las elecciones.

"España atesora un enorme potencial que no podemos seguir dilapidando en el ensimismamiento político", ha apuntado.

E líder de los populares ha denunciado, además, la falta de presupuestos o los incumplimientos de los objetivos del Gobierno, y ha alertado de una política fiscal que busca "exprimir" a los ciudadanos y a las empresas, o de las medidas "ideológicas" que han "deteriorado el futuro energético" y la capacidad industrial de España".

"Pueden observar hoy los informativos y lo que opinan las empresas energéticas sobre su voluntad de invertir en España o llevar sus inversiones fuera", ha apostillado. EFE

La Junta de Fiscales Supremos en la mira de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Los congresistas José Cueto, de Honor y Democracia; Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y Alfredo Azurín de Somos Perú han presentado una denuncia constitucional contra los fiscales por presunta infracción constitucional por publicar un reglamento contrario a la norma que devuelve las facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los parlamentarios acusan a los fiscales Juan Carlos Villena, Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez de los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica por la publicación de estos lineamientos. La denuncia fue ingresada a la SAC, que es presidida por la congresista de Alianza Para el Progreso, María Acuña.

¿A qué se debe la indignación de los congresistas? El 14 de octubre, tras la oficialización de la norma que devuelve la dirección de las investigaciones preliminares a la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público emitió un comunicado en el que anunciaba la publicación de un reglamento destinado a uniformizar y optimizar la actuación fiscal en la investigación de delitos, en coordinación con la PNP.

Este reglamento fue publicado en el diario oficial El Peruano y según lo que indican los congresistas denunciantes, esto es una clara afrenta a la ley que días antes fue aprobada por ellos.

Demanda ante el TC

Cabe señalar que en el comunicado compartido por la Fiscalía, se hace hincapié a que la norma que regresa la dirección de la investigación a la PNP tiene demandas de inconstitucionalidad presentadas ante el Tribunal Constitucional, por lo que el reglamento es una directiva temporal, mientras el TC determina si la ley infringe o lo la Constitución.

En esa línea, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena señaló que esperarán el pronunciamiento de los magistrados del TC respecto a la polémica norma.

Desde la Fiscalía de la Nación ya se habían pronunciado en contra de esta norma debido a que consideran que limita las funciones del Ministerio Público. Además, indican que la PNP no cuenta con la capacidad para dirigir una investigación y a la larga, esta norma traería consecuencias negativas en los procesos judiciales.

El exfiscal supremo Martín Salas advirtió que el trabajo debe realizarse en conjunto entre el Ministerio Público y la PNP.

“Si ellos conducen las diligencias preliminares, corre el riesgo de que se materialicen acciones de investigación, actos de investigación sin presencia fiscal. Claro que eso, no se va a poder ser usado en un juicio porque no tienen las garantías suficientes que son la presencia del defensor de la legalidad, que es el Ministerio Público”, declaró en una entrevista a RPP.

En los próximos días, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, tomará una decisión crucial en el caso de Erik y Lyle Menéndez, quienes cumplen cadena perpetua sin libertad condicional tras ser condenados por el asesinato de sus padres en 1989. Gascón está evaluando si recomendar una nueva sentencia para los hermanos, casi 35 años después de su encarcelamiento, en un proceso que ha reavivado el debate sobre el impacto del abuso familiar y la rehabilitación.

Durante una entrevista con People el lunes 21 de octubre, Gascón afirmó que se basará en la información de las unidades de habeas corpus y de nueva sentencia de su oficina para tomar una decisión. “No solo escucharé la sesión informativa, sino también las recomendaciones de ambos equipos”, explicó. “Eso también influye, porque no son simplemente presentadores agnósticos. Presentarán lo que creen que debería ser el resultado”, añadió el fiscal, subrayando la importancia de evaluar todas las perspectivas en este caso tan mediático.

¿Un peligro para la sociedad?

Uno de los puntos claves en la discusión sobre una posible nueva sentencia es la evaluación de la peligrosidad de los hermanos Menéndez. Para Gascón, los hermanos no representan una amenaza para la sociedad, una opinión que ha sustentado a lo largo del proceso de revisión del caso. “Basándome en todo lo que sé, no creo que lo sean”, dijo Gascón a PEOPLE. “Francamente, probablemente no lo hayan sido durante mucho tiempo, si es que alguna vez lo fueron. No creo que anduvieran por ahí matando gente o robando a la gente en la calle”.

A pesar de la postura de Gascón sobre los hermanos, las opiniones dentro de su propia oficina están divididas. El tema del supuesto abuso sexual que José Menéndez habría ejercido sobre sus hijos antes de los asesinatos es una fuente de discordia. “Hay algunas personas en mi oficina que creen que no hay evidencia de abuso sexual. No estoy de acuerdo con eso, pero esa es ciertamente la posición que han adoptado algunas personas”, mencionó Gascón. Sin embargo, él sí cree en la veracidad de las acusaciones, argumentando que la existencia de pruebas de abuso y el largo tiempo que los hermanos han pasado en prisión son factores que deben considerarse.

Nueva evidencia en el caso

La posibilidad de una nueva sentencia para los hermanos Menéndez se ha intensificado tras la presentación de una petición de habeas corpus en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en mayo de 2023, la que cita nueva evidencia que podría cambiar el rumbo del caso. Entre esta nueva información, se incluyen las declaraciones de Roy Rosselló, exintegrante del grupo Menudo, quien acusó a José Menéndez de abuso sexual en la década de 1980. Además, se ha descubierto una carta que Erik Menéndez escribió a su primo, Andy Cano, meses antes de los asesinatos, en la que describe los presuntos abusos sexuales sufridos a manos de su padre.

Gascón ya había abordado esta nueva evidencia en una conferencia de prensa el pasado 3 de octubre, en la que dijo que su oficina estaba “manteniendo una mente abierta” sobre la solicitud de liberación de los hermanos Menéndez. Según el fiscal, las pruebas presentadas deben analizarse con detalle para determinar si habrían influido en el juicio original. “Tenemos la obligación moral y ética de revisar lo que se nos está presentando”, afirmó Gascón, reconociendo también que los hermanos “eran claramente los asesinos”.

¿Rehabilitación tras casi 35 años?

Otro aspecto que influye en la decisión del fiscal es la posible rehabilitación de los hermanos Menéndez. Después de pasar casi 35 años en prisión, Gascón ha señalado que la rehabilitación es un factor que debe ser considerado. “Treinta y cinco años es mucho tiempo para estar en prisión. Y especialmente cuando se analizan las circunstancias detrás de este caso, simplemente me parece que en algún momento tiene que haber un lugar para la redención y la rehabilitación”, expresó Gascón en la entrevista con People. Sin embargo, destacó que, a pesar de sus opiniones personales, su decisión final dependerá más de una evaluación legal que de si cree o no que los hermanos deben seguir en prisión.

El caso ha cobrado mayor relevancia pública debido al apoyo familiar que los hermanos Menéndez han recibido en los últimos meses. La semana pasada, algunos miembros de la familia realizaron una conferencia de prensa frente al Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles, pidiendo la liberación de Erik y Lyle. Durante la conferencia, varios familiares mencionaron los abusos sexuales que los hermanos alegan haber sufrido a manos de su padre. Karen VanderMolen, sobrina de Kitty Menéndez, fue una de las voces que se alzó en apoyo de los hermanos: “Desde el principio, creí que Lyle y Erik fueron víctimas del abuso de su padre”. “El abuso de su padre destrozó sus vidas, y el hecho de que el tribunal no reconociera su trauma solo agravó esa tragedia”, agregó.

El Ministerio Fiscal en España desempeña un papel crucial en la promoción de la Justicia y la defensa de la legalidad. Este organismo, que forma parte del Poder Judicial, actúa de manera autónoma y coordinada en todo el territorio nacional, asegurando la independencia de los tribunales y velando por el interés público.

El Ministerio Fiscal está estructurado jerárquicamente, con el Fiscal General del Estado a la cabeza, quien es nombrado por el Gobierno, pero actúa con independencia en el ejercicio de sus funciones. A esta figura, que a día de hoy es Álvaro García Ortiz, le asiste el Consejo Fiscal. Esta organización jerárquica garantiza que todas las actuaciones se realicen conforme a la ley y de manera imparcial. Entre sus funciones principales se encuentran la promoción de los derechos de los ciudadanos y la actuación en favor del interés social, ya sea de oficio o a petición de los interesados.

Los órganos que componen el Ministerio Fiscal incluyen la Junta de Fiscales de Sala, la Fiscalía del Tribunal Supremo, y la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, entre otros. Cada uno de estos órganos tiene responsabilidades específicas, como la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas y la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción.

El Ministerio Fiscal también se encarga de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se rige por la Ley Orgánica correspondiente. Este organismo es fundamental para asegurar la transparencia y legalidad en el manejo de los recursos públicos

Una de las oposiciones más exigentes

Para ser fiscal, se debe aprobar una serie de oposiciones que están muy ligadas al acceso a la Carrera Fiscal, uno de los cuerpos jurídicos más prestigiosos del país. Los primero de todo, es necesario tener el grado en Derecho o una licenciatura equivalente. Este es el requisito académico básico para poder presentarse a las oposiciones.

El acceso a la Carrera Fiscal se realiza mediante una oposición libre, convocada por el Ministerio de Justicia. El sistema de oposición se organiza en varias fases. La primera fase consiste en pruebas teóricas en las que se evalúan los conocimientos en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Civil, Derecho Administrativo, entre otros. Una vez superada la fase teórica, los candidatos deben pasar por una fase de pruebas orales, en la que exponen temas jurídicos ante un tribunal. Según explica el Ministerio Fiscal en su página web, la oposición para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal es conjunta. Tras superar las pruebas teóricas, los aspirantes eligen el ingreso en una u otra Carrera.

Superadas las fases anteriores, se debe realizar un curso teórico-práctico en el Centro de Estudios Jurídicos, donde tanto los futuros jueces como fiscales reciben formación práctica. Al terminar este curso, se realiza un período de prácticas supervisadas en juzgados y tribunales.

Tras completar exitosamente todas las fases del proceso, se obtiene el título de fiscal con el correspondiente juramento. Luego, el nuevo fiscal es destinado a una plaza en el Ministerio Fiscal, donde empezará a ejercer sus funciones. Si por algo se conoce este proceso es por ser altamente competitivo, ya que las oposiciones para ingresar en la Carrera Fiscal son de las más exigentes en el ámbito jurídico español, con un número limitado de plazas por convocatoria. A día de hoy, la plantilla del Ministerio Fiscal cuenta con un total de 2.683 plazas.

En cuanto a la estructura de la Carrera Fiscal, está formada por los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, quienes tienen un estatus equiparado al de los magistrados del alto tribunal. Fiscales y Abogados Fiscales. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo es considerado Presidente de Sala, mientras que el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica tiene la consideración de Fiscal de Sala bajo los términos previstos por la ley.

Rafael Martínez y Miriam Mejías.

Madrid, 16 oct (EFE).- En poco más de dos años como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz acumula polémicas y choques con el Tribunal Supremo, el CGPJ, partidos y parte de la carrera fiscal por sus nombramientos, las acusaciones de su cercanía al Gobierno y su posición respecto de la ley de amnistía.

A continuación, los acontecimientos más polémicos que se han sucedido desde su nombramiento en 2022 como fiscal general.

Este miércoles, García Ortiz se ha convirtido en el primer fiscal general imputado por el Supremo en democracia, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz llegó a la cúspide de la Fiscalía General tras unos años como fiscal jefe de la Secretaría Técnica, si bien su cercanía con su antecesora, la también exministra Dolores Delgado, hizo que fuese objeto de críticas políticas y de la carrera fiscal desde antes de su nombramiento.

El fiscal general recibió entonces el aval del Consejo General del Poder Judicial, ya caducado, como establece la ley, algo que no ocurrió un año después, cuando el Gobierno volvió a proponerle tras las elecciones generales. Por primera vez, el CGPJ, por un solo voto de diferencia- decidió que no era idóneo para el cargo. Tras ello, acusó al Consejo de actuar como "un tribunal de honor".

Si hay un asunto especialmente cuestionado en la trayectoria de García Ortiz ha sido su política de nombramientos, con frecuencia llevada al Tribunal Supremo por algunas asociaciones.

El alto tribunal ha revocado algunos de sus nombramientos más polémicos, como el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala, la máxima de la carrera, donde los magistrados vieron una "desviación de poder"; o su designación como fiscal de Sala de Memoria Democrática, cargo al que la volvió a proponer el fiscal general.

En alguna ocasión, desde la Fiscalía General se ha visto alguna resolución judicial del Supremo como "un claro ninguneo de las funciones del Consejo Fiscal".

Uno de los choques más mediáticos a nivel interno se produjo con los fiscales del 'procés', cuando estos se opusieron a acatar la orden de García Ortiz, de amnistiar todos los delitos a los líderes independentistas catalanes, -ellos dejaban fuera la malversación- por ser "improcedente" y "contraria a las leyes". Finalmente, la cúpula fiscal avaló por la mínima el criterio del fiscal general y como resultado, los cuatro fiscales se apartaron de la causa.

Con la amnistía a las puertas, la número 2 del Ministerio Público pidió al Supremo no investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic, desoyendo la posición de la cúpula fiscal y tras el cambio de criterio del fiscal del Supremo en su informe inicial, un asunto que parte de la carrera fiscal y de algunos partidos achacaron a García Ortiz. Semanas después, la causa fue archivada pero no fueron pocos los fiscales que hablaron entonces de un desgaste interno innecesario.

En la esfera política, su figura se ha convertido estos años en diana de críticas hacia el Gobierno, con alusiones habituales a él como "ministro número 23" y frecuentes peticiones de dimisión, que se han repetido este miércoles. El pasado mayo fue reprobado por el Senado, con la mayoría absoluta del PP.

18 fiscales del Supremo arremetieron contra él por "ignorar deliberadamente" la demanda de amparo de los fiscales del 'procés', por las alusiones al 'lawfare' (instrumentalización de la justicia) plasmadas en el acuerdo PSOE-Junts. Además, el CGPJ advirtió de su inacción ante la campaña de "ataques mendaces" contra esos mismos fiscales, mostrándose incluso "en sintonía" con sus promotores. Pero él siempre dijo que defendió el "trabajo diario de todos los fiscales" frente a las acusaciones de 'lawfare'.

En febrero de este año, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), muy crítica con su labor, recurrió ante el Supremo su designación como fiscal general del Estado, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno mostraban que su nombramiento no se ajustaba a la ley. El tribunal aún debe pronunciarse sobre este asunto.

En un hecho insólito, pidió la recusación de cuatro de los cinco magistrados que tienen que resolver el recurso contra su nombramiento, pero el alto tribunal inadmitió a trámite su petición no solo por "la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación" sino porque su formulación es "extemporánea". Su posición, aunque legítima, fue mal vista por una parte de la carrera.

El actual clima del Consejo Fiscal se define por la tensión y el enfrentamiento que mantiene con García Ortiz, con mayoría de las asociaciones conservadoras que cuestionan la política de nombramientos del fiscal general, al que se le acusa de favorecer a la Unión Progresista de Fiscales, la asociación de la que fue portavoz. Otro enfrentamiento vino por el no de García Ortiz a permitir que el Consejo se pronunciase sobre la Amnistía. EFE

Con 86 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 8507 / 2024-CR y 8959 / 2024-CR, que propone modificar la Ley 30483, Ley de Carrera Fiscal, para sancionar a fiscales y jueces que dejen en libertad a detenidos en flagrancia. También se plantea modificar la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial; el Nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal, a fin de mejorar la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad organizada.

La propuesta modifica el artículo 47 de la Ley de Carrera Fiscal e incorpora los numerales 17, 18, 19 y 20, que establecen nuevas faltas muy graves para los representantes del Ministerio Público que dispongan, “omitiendo sus deberes funcionales, la libertad de personas detenidas en flagrancia por la Policía Nacional del Perú o de personas bajo arresto ciudadano por la comisión de delitos cuya pena privativa de libertad es mayor de cinco años”.

Del mismo modo, se consideraría una falta muy grave cuando el fiscal no formula el requerimiento de prisión preventiva para las personas detenidas en flagrancia por la Policía Nacional o detenidas por arresto ciudadano por la comisión de delitos cuya pena privativa es mayor de cinco años, pese a que contaron con los elementos de convicción suficientes u omitiendo pruebas para que el juez declare infundado el requerimiento.

Fiscalías irían a la cárcel

En otra se incorpora el párrafo segundo al artículo 418 del Código Penal, que refiere al delito de prevaricato: “El fiscal o juez que incumpliendo dolosamente sus deberes funcionales ordena o dispone la libertad de una persona detenida en flagrancia por la Policía Nacional del Perú o detenida por arresto ciudadano por la comisión de delitos cuya pena privativa de libertad es mayor de cinco años, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años”.

La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita Alanoca (Perú Libre), quien sostuvo que la iniciativa busca reducir la criminalidad y que los representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial realicen mejor su trabajo.

Por su parte, la congresista Adriana Tudela (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno, sostuvo que, cuando se logra capturar a un delincuente, muchas veces la Fiscalía los libera por problemas en el proceso, no cumplir con los plazos legales o por casos corrupción, por ello, consideró que era necesaria una sanción. “Para abordar este problema se ha propuesto que las demoras reiteradas y descuidos en la tramitación de los procesos sean considerados faltas muy graves que conlleven a la destitución de los malos fiscales”, dijo.

A su turno, el legislador Alejandro Muñante (RP), autor de la propuesta, dijo que esta norma “sancionará a los malos jueces y fiscales”, que se valen de su autonomía e independencia para liberar a delincuentes detenidos en flagrancia.

Fiscal de la Nación rechaza ley

El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, expresó su rechazo a un proyecto de ley que propone sancionar a jueces y fiscales, argumentando que ya existen órganos de control, como la Junta Nacional de Justicia, encargados de investigar las inconductas funcionales. “Esos son los órganos a los que les corresponde investigar”, manifestó tras una ceremonia religiosa para los trabajadores del Ministerio Público.

El proyecto continuará siendo objeto de análisis y podría ser aprobado en segunda votación.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se reunió hoy junto a los fiscales federales acusados por el régimen de Nicolás Maduro por su actuación en la causa por el avión venezolano-iraní de la empresa Emtrasur retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

Casal convocó a los fiscales federales José Agüero Iturbe, Diego Iglesias, Cecilia Incardona y Carlos Stornelli a un encuentro de apoyo en la sede de la Procuración General de la Nación del que también participará el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel. Estuvieron todos presentes menos Carlos Stornelli que no pudo concurrir por motivos personales.

Incardona e Iglesias intervinieron en distintas etapas de la causa judicial, que se inició en la Justicia federal de Lomas de Zamora, cuando el avión llegó al país en 2022 y se lo retuvo para investigar si no tenía como objetivo tareas de inteligencia del terrorismo internacional. En febrero pasado la nave fue enviada a los Estados Unidos. La empresa Embrasur, dueña de la nave, apeló la decisión. Pero en agosto pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló el decomiso. El caso judicial fue archivado, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

En tanto, Agüero Iturbe y Stornelli solicitaron la captura internacional de Maduro y otros integrantes del gobierno de Venezuela por delitos de lesa humanidad cometidos allí y que la justicia de ese país no investiga. El planteo fue avalado por la Cámara Federal de Comodoro Py, que ordenó las detenciones.

En esa línea, la justicia de Venezuela ordenó la detención de una serie de funcionarios argentinos. Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, anunció que se han solicitado órdenes de aprehensión contra el diputado Gerardo Milman, los jueces Federico Villenas, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. La lista de personas buscadas se extiende a los fiscales y al diputado Ricardo López Murphy, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires Waldo Wolff, el legislador de la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro, la abogada María Eugenia Talerico, el abogado Leonardo Camicher, y a Franco Rinaldi, experto en aeronavegación comercial.

Según Saab, las acusaciones incluyen robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir. Semanas atrás el gobierno de Venezuela había ordenado la detención del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El caso por el cual el régimen de Maduro impulsa la captura de los funcionarios argentinos es el de un avión venezolano-iraní, cuyos tripulantes eran sospechosos de espionaje y que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año, tras la llegada de Milei a la Presidencia y por pedido de Washington.

El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, partió rumbo a Estados Unidos el 12 de febrero, pese a las objeciones y amenazas de Caracas, que se materializaron un mes después con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina.

Antes de la órdenes de hoy, la dictadura de Maduro ya había emitido una orden de aprehensión contra Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.

En ese entonces, Argentina respondió expresando su repudio a las órdenes de captura y destacando que el caso de Emtrasur fue “resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”.

“El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”, afirmó la Cancillería argentina en comunicado.

Comunicado de la Asociación de Magistrados

Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su preocupación por los pedidos de detención sobre los jueces y dijo que esa medida es para “horadar la labor de magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación, que actúan por imperio legal en el marco de su competencia funcional”.

“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su profunda preocupación con motivo de las decisiones adoptadas por el Ministerio Publico Fiscal del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, relacionadas con procesos judiciales que tramitan y/o tramitaron ante la justicia federal de nuestro país; y que sin duda se dirigen a horadar la labor de magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación, que actúan por imperio legal en el marco de su competencia funcional”, sostuvo la entidad en su comunicado.

En medio de negociaciones trabadas por distintos proyectos de ley, el Senado bonaerense le dio una buena noticia al Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof cuando este miércoles avanzó en la aprobación de 135 pliegos judiciales que llegan para reducir la vacancia en el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires.

El oficialismo consiguió el respaldo de la mayoría de los bloques que integran la Cámara alta provincial. Así fue que tras los dictámenes que emitió la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA)-tras las entrevistas a los postulantes- los bloques del PRO, la UCR y La Libertad Avanza (la bancada que preside Carlos Kikuchi y rompió con el esquema de Javier Milei) decidieron acompañar a Unión por la Patria en el recinto y se avanzó con los nombramientos. Los 135 pliegos aprobados en las últimas horas sumados a los 46 que se votaron en mayo de este año redujeron la vacancia en el ámbito judicial que pasó de un 25 a un 17%. Sin embargo aún quedan 463 lugares acéfalos y que están siendo subrogados.

Entre los nombres acordados hubo algunas polémicas que incluso fueron puestas en el recinto luego de la votación por la senadora del bloque de La Libertad Avanza, Florencia Arietto. La senadora pidió hacer uso de la palabra y planteó que en La Matanza “no hay ningún fiscal que aplique la ley” para evitar las usurpaciones.

“En González Catán hay una causa abierta con cinco asesinados en una usurpación porque el sistema funciona así. Hay una banda de bolivianos que usurpan tierras y estafan a sus compatriotas bolivianos; cuando compran esas tierras que son caras -10 mil dólares aproximadamente- llegan de su país y lo sacan una banda de paraguayos y argentinos a los tiros y no hay ningún fiscal que aplique la ley”. Planteó que sucede porque en “el último tiempo se nombraron jueces y fiscales en La Matanza para proteger al intendente -Fernando Espinoza- y no para proteger a los ciudadanos”.

Arietto también objetó la designación de Carlos Baccini; que fue designado como Fiscal General Lomas de Zamora. La legisladora adujo que Baccini tiene un “expediente disciplinario -previo al acuerdo iniciado- en la Procuración por parte un Fiscal General”. Además, remarcó que el nuevo Fiscal General de Lomas de Zamora es profesor en la Universidad del Oeste donde es vicerrector el senador de UP, Gustavo Soos.

Desde el peronismo le contestaron tanto Soos como el ex ministro de Seguridad bonaerense y actual legislador Sergio Berni. El primero planteó que “es absolutamente falso lo que dijo respecto de los fiscales de La Matanza. Decir que no hay un solo fiscal que haya avanzado en un desalojo en el partido de La Matanza no requiere del más mínimo análisis”.

Sobre Baccini, el legislador oriundo de Merlo reconoció que es docente tanto en la Universidad del Oeste como en la Universidad de Lomas de Zamora. “Los pliegos que hemos tratado en la Comisión de Acuerdos, fue por unanimidad. Para la integración de esas ternas vinculantes para el Gobernador, también fueron aprobadas por unanimidad. La totalidad de los pliegos que vinieron propuestos por el Gobernador a este Senado” explicó y agregó que “las ternas fueron confeccionadas por la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura”.

A su turno, Berni le agradeció a Soos por “echar claridad a la ensalada de frutas que hizo Florencia Arietto”, y arremetió contra la legisladora libertaria recordando “cuando era rubia y panelista estrella de 678 y era zaffaronista”.

Pese a los cruces en el recinto, lo cierto es que a los primeros pliegos que había girado el gobernador demoraron más de lo que habitualmente se acostumbra para llegar a la comisión de ACA que preside el camporista, Emmanuel González Santalla. De hecho, el legislador le remitió una carta a la vicegobernadora Verónica Magario para avanzar con el trámite. La situación también obligó la intervención del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena.

Todo se destrabó cuando al paquete inicial de 129 pliegos se le agregaron sobre el filo de la fecha más cargos referidos en su mayoría al distrito de La Matanza. La lupa se posó allí sobre el intendente de ese municipio, Fernando Espinoza; quien habría dado el visto bueno a los candidatos. Las versiones son cruzadas. En la última sesión se prestó acuerdo a 135 pliegos y en lo que había sido la reunión de comisión de ACA hubo cuatro nombres que no se incluyeron en la tira que se aprobó este miércoles y que quedarán para la próxima sesión.

Además de Arietto, tampoco acompañó la designación de los cargos judiciales la senadora del bloque Buenos Aires Libre, Betina Riva. La legisladora responde a la diputada nacional, Carolina Píparo que días atrás formalizó su regreso al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, ese movimiento legislativo no se replicó en el Senado bonaerense; aunque sí en la Cámara de Diputados provincial donde la diputada Jazmín Carrizo ya forma parte de lo que será el bloque ampliado de LLA que por estas horas mide fuerzas para ver si logra convertirse en la segunda minoría parlamentaria en ese recinto.

Sídney (Australia), 22 ago (EFE).- Australia castigará con hasta siete años de cárcel la publicación de imágenes sexualizadas ultrafalsas creadas sin consentimiento con inteligencia artificial (IA) u otros medios tecnológicos y digitales, según aseguró este jueves el fiscal general del país oceánico, Mark Dreyfus.

"El material sexualmente explícito que se comparte sin consentimiento es profundamente angustioso y afecta sobre todo a mujeres y niñas", dijo hoy Dreyfus en una entrevista con la cadena pública australiana ABC, para explicar una nueva ley para combatir este tipo de prácticas que contribuyen a la violencia de género.

El Parlamento de Australia aprobó el miércoles la Ley de Enmienda del Código Penal (material sexual de imitación) de 2024, que crea nuevos delitos penales para prohibir la publicación, intercambio y distribución de material sexual explícito no consentido que ha sido creado digitalmente utilizando inteligencia artificial u otra tecnología.

El Gobierno australiano considera que este tipo de material sexual explícito creado y alterado digitalmente es una forma de abuso que es utilizado muchas veces para degradar, humillar y deshumanizar a las víctimas, especialmente las mujeres y las niñas, según el comunicado publicado la víspera por la oficina de Dreyfus.

Por ello, la ley, que fue presentada ante el Parlamento el 5 de junio pasado, impone una pena hasta seis años por compartir sin consentimiento el material sexual ultrafalsificado, así como contempla que el castigo se eleve en un año más si el infractor también es el creador del material.

Por disposición del Ministerio de Justicia, desde las cero horas de este lunes entró en vigencia el nuevo sistema acusatorio en la jurisdicción de Mendoza, donde los fiscales tendrán a su cargo el impulso de la causa en un proceso con plazos más breves y regido por la oralidad. Se trata del Código Procesal Penal Federal (CPPF), recientemente aplicado en Rosario e implementado desde 2019 en las provincias de Salta y Jujuy.

La resolución 165/2024 firmada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona estableció en mayo pasado que este 5 de agosto entraría “en plena vigencia” el modelo procesal conocido como “adversarial-contradictorio”, a través del cual el Ministerio Público Fiscal y la defensa defienden sus posturas en una instancia oral -sin expediente de papel- y el magistrado controla y decide en función de la prueba labrada bajo el principio de inmediación. La medida apuntar a acelerar los tiempos de los trámites judiciales y otorgarle a la acusación mayores herramientas legales para la persecución de los delitos federales.

A fin de asegurar las condiciones mínimas para asegurar la operatividad del sistema acusatorio en la jurisdicción mendocina, la Cámara Federal de Casación Penal emitió en junio una serie de acordadas para integrar el Colegio de Jueces, tal como lo había hecho en el distrito federal de Rosario antes de que empezara a regir el nuevo CPPF. En rigor, los Colegios son agrupaciones de jueces que se articulan por los principios de flexibilidad y rotación de sus integrantes, lo que brinda una especial eficiencia y celeridad al sistema. Es una forma de trabajo diferente que no deja espacios vacíos o vacantes y permite a cualquier magistrado designado intervenir en las audiencias que se presenten.

En ese marco, por medio de la Acordada 4/24, Casación conformó tres Colegios: uno de Revisión constituido por los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, otro de Juicio formado por los titulares de los Tribunales Federales de Juicio de Mendoza, de San Juan y de San Luis, y un tercero de Jueces de Garantías compuesto por todos los magistrados de los Juzgados Federales con competencia penal y con asiento en las ciudades de Mendoza, San Rafael, San Juan, San Luis y Villa Mercedes.

A su vez, la Acordada 5/24 decidió reformar el Colegio de Garantías con magistrados del Colegio de Juicio en virtud de las vacantes existentes en la jurisdicción y el escaso número de jueces en la primera etapa del proceso penal (5), en contraposición con los de competencia en el juicio oral (11).

El CPPF, aprobado por la ley 27.063 en 2014 e implementado conforme a la ley 27.150 de 2015, tuvo su primera aplicación en Salta y Jujuy en 2019. Además, desde el 6 de mayo, funcionarios del gobierno nacional, de la Corte Suprema de Justicia, de la Casación, la Defensoría y la Procuración encabezaron la puesta en marcha de ese modelo acusatorio en Rosario, con el propósito de propiciar procedimientos judiciales rápidos y eficaces para enfrentar la violencia narcocriminal, los secuestros y la corrupción política, entre otros delitos graves del ámbito federal.

El nuevo modelo procesal le otorga a la responsabilidad a los fiscales para investigar e impulsar la causa. También le otorga mayores facultares para llevar a cabo acuerdos de conciliación y de reparación integral con la finalidad de evitar juicios y sobrecargar, así, la justicia penal con causas de menor complejidad. También les otorga la posibilidad de propiciar el decomiso de los bienes que hayan sido utilizados para cometer un determinado delito.

En esa línea, las principales claves del nuevo modelo procesal son las siguientes: oralidad -desaparece el expediente de papel y el juez resuelve en audiencia-; contradicción -método por el cual las partes exponen sus hipótesis del caso ante el magistrado imparcial-; concentración -apunta a la mayor actividad procesal posible en audiencias multipropósito-; inmediación -las pruebas se generan en presencia de los jueces-; publicidad -las audiencias son abiertas al público, salvo excepción legal-; simplicidad y celeridad -plazos breves en un proceso ágil y dinámico-; desformalización -erradicación de ritos excesivos-.

La implementación del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal y Nacional Penal depende del cronograma progresivo del Ministerio de Justicia, que prevé extenderlo a todo el país.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) organizará este domingo una evaluación de conocimientos para más de 3.200 postulantes, que incluyen magistrados, abogados y docentes universitarios. El objetivo es cubrir 490 plazas titulares de jueces y fiscales, y esta evaluación representa la primera de las cuatro etapas del proceso de selección.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) será el escenario donde se lleve a cabo la prueba, de 9 a 11 de la mañana. Los postulantes deben ingresar al campus universitario entre las 7 a. m. y las 8:30 a. m. con su DNI.

La entrada con celulares, relojes, joyas, maletines y bolsos está estrictamente prohibida. Todos los materiales necesarios para rendir el examen serán proporcionados en la universidad.

La evaluación de conocimientos representa el 25 % del total de la calificación del concurso. Este primer examen es crucial, ya que los postulantes dispondrán de dos horas para demostrar su dominio en diversas áreas del derecho.

Las preguntas abarcarán temas como derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos, teoría general del derecho, teoría general del proceso, interpretación y argumentación jurídica. También se evaluará el conocimiento en derecho civil, derecho penal y derecho administrativo, dependiendo de la especialidad a la que cada postulante aspire.

Para avanzar a la siguiente etapa, que es la evaluación curricular, los candidatos deberán obtener un puntaje mínimo de 66.66 sobre 100. Este puntaje es el umbral necesario para continuar en el proceso de selección y acercarse a ocupar una de las 490 plazas titulares disponibles para jueces y fiscales.

La relación de postulantes que continuarán en carrera se publicará el mismo día en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM), accesible en el portal institucional de la JNJ. Del total de inscritos, 1.552 son magistrados que aspiran a plazas superiores mediante dos convocatorias de ascenso y cuatro de acceso abierto. Además, participarán 1.704 abogados y 19 docentes universitarios.

Primera fase del concurso

En esta primera etapa, el concurso cuenta con la participación de 1.443 mujeres (44 %) y 1,832 hombres (56 %). El 76 % de los postulantes busca una plaza en el Ministerio Público y el 24 % en el Poder Judicial.

Dentro del Ministerio Público, las plazas con mayor interés son las de fiscal provincial, con 1.071 postulantes; fiscal adjunto provincial, con 886; y fiscal superior, con 518 aspirantes. En el Poder Judicial, las categorías más concurridas son juez especializado o mixto, con 338 postulantes; juez superior, con 296; y juez de paz letrado, con 166 interesados.

En términos de edad, el 24 % de los postulantes tiene entre 37 y 41 años, seguido por el grupo entre 42 y 46 años con un 21 %, y aquellos entre 32 y 36 años, que representan el 17 %. Este rango etario muestra la diversidad de experiencia y trayectoria de los aspirantes.

¿Qué es la Junta Nacional de Justicia (JNJ)?

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un organismo autónomo y descentralizado del Estado peruano, encargado de la selección, nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de jueces y fiscales a nivel nacional. Fue creada como parte de la reforma del sistema de justicia en Perú y así, reemplazó al antiguo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Entre sus funciones principales, la JNJ tiene la responsabilidad de:

• Garantizar la independencia y calidad del sistema judicial y del Ministerio Público.
• Seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales de todas las instancias.
• Evaluar el desempeño de jueces y fiscales.
• Sancionar, si es necesario, a aquellos que incurran en faltas o delitos, pudiendo incluso destituirlos de sus cargos.

Estas labores son fundamentales para asegurar un sistema judicial eficiente, transparente y justo, contribuyendo al fortalecimiento del estado de derecho en el Perú.

La fiscal general interina del Departamento Judicial de Morón, Karina Iuzzolino, tomó una decisión drástica: reasignar a los fiscales de la UFI N°6 de ese Departamento Judicial tras la denuncia de la secretaria de la fiscalía, Giselle Rima, por violencia de género, maltrato y abuso de poder.

Se trata de Walter Leguisamo y Nicolás Filippini, fiscal titular y adjunto, respectivamente. Aunque la medida es preventiva, la naturaleza de la presentación realizada por Rima impulsó a Iuzzolino a ordenar los traslados de los dos fiscales de forma inmediata. “Ello no resulta ser una tarea fácil, a sabiendas de lo que puede significar para el resto de las dependencias ajenas al conflicto”, aclaró la jefa de los fiscales de Morón en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Todo comenzó el 6 de junio pasado con una presentación de Leguisamo en la que solicitaba la desafectación y/o reemplazo de Rima, debido a “incompatibilidad de caracteres con el personal y reorganización de la planta laboral”.

Entonces, “se resolvió el traslado de la nombrada, bajo la órbita administrativa de esta Fiscalía General, al edificio de la calle San Martín 123 de esta localidad, donde funcionan las Fiscalías especializadas en la temática de género y abuso sexual intrafamiliar, a fin de que reciba las denuncias que allí se realicen, y otras tareas afines”, detalla el documento.

Pero esa acción generó un efecto bumerán para los representantes del Ministerio Público. Rima, en su descargo, los denunció, y la gravedad de su testimonio provocó que la cúpula de la UFI N° 6 fuera desintegrada. Al relato de la presunta víctima se sumó a la declaración, realizada el día anterior, de Fernando Fernández, instructor de la fiscalía.

Pesó en la consideración de Iuzzolino la conducta que mostraron ambos fiscales al intentar “ocultar el verdadero motivo de la solicitud de desafectación” de la secretaria. La resolución no lo dice, pero este medio pudo saber las razones que habrían movido el pedido.

“Leguisamo estaba en pareja con Rima. Su esposa, funcionaria judicial también, lo descubrió y lo intimó a que la aparte de la fiscalía. Él, obediente, acató y formalizó un pedido en la Fiscalía General argumentando razones funcionales. Para ello contó con el apoyo de Filipini, quien también opinó. Así, ella fue desplazada a tomar denuncias por violencia de género. Sin embargo, al hacer un descargo, narró situaciones de maltrato laboral por parte de los fiscales, fundamentalmente, de su ex pareja”, reveló una fuente judicial.

El informante puntualizó: “Al tomar conocimiento de la verdadera trama y cómo se le había ocultado el verdadero motivo, más el maltrato laboral, Iuzzolino decidió removerlos”.

De esta manera, a partir del 24 de junio, Leguisamo trabajará en la UFI N.º 2, descentralizada de Ituzaingó, bajo las órdenes de la fiscal María Alejandra Bonini. En tanto que Filippini fue reasignado para prestar sus funciones en la UFI N.º 8 departamental, a cargo de Adriana Elizabeth Suárez Corripio.

Por último, Fernando Manuel Siquier Rodríguez comenzará a desempeñarse como Agente Fiscal de la descabezada UFI N°6, junto a Patricio Javier Ventricelli.

Sídney (Australia), 2 jun (EFE).- El gobierno de Australia anunció este domingo su intención de tipificar como delito el intercambio no consensuado de imágenes sexuales ultrafalsas, con un castigo de hasta seis años de prisión.

"El material sexualmente explícito creado y alterado digitalmente que se comparte sin el consentimiento (de la persona) es una forma de abuso dañina y profundamente angustiosa", apuntó hoy en X el fiscal general del país oceánico, Mark Dreyfus.

El representante del gobierno de Camberra adelantó que pretende presentar la ley la próxima semana en el Parlamento.

"Sabemos que afecta de manera abrumadora a mujeres y niñas que son el objetivo de este tipo de comportamiento profundamente ofensivo y dañino", apuntó Dreyfus, que tomó el cargo en 2022 tras ser nombrado por el primer ministro, Anthony Albanese.

"El Gobierno de Albanese no tolera este tipo de comportamiento criminal insidioso", remarcó el fiscal general, al matizar que la nueva ley solo se aplica a los mayores de edad, ya que los menores están protegidos por una legislación separada sobre abuso infantil.

Además de la pena de hasta seis años por compartir sin consentimiento el material sexual ultrafalso, el castigo se eleva un año más si el infractor también es el creador del material.